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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 292, de 13/10/1997
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 292



DE REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA



Sesión núm. 11



celebrada el lunes, 13 de octubre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998. (Número de expediente
121/000082.)



Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.




COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998 (Número de expediente
121/000082):



--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(FERNANDEZ DIAZ). A SOLICITUD DEL



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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente
212/000955) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA (número de expediente 212/001030).




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados. Abrimos
la sesión de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas para
desarrollar el orden del día relativo a la comparecencia de autoridades
del Ministerio de Administraciones Públicas en relación con el proyecto
de ley de presupuestos para 1998.

Vamos a seguir el siguiente orden, que ha sido acordado por la Mesa y
Junta de Portavoces. En primer lugar, van a intervenir los portavoces de
los grupos parlamentarios solicitantes de las comparecencias; después de
la contestación del compareciente se abrirá un nuevo turno en cada una de
las comparecencias, para el que pido la mayor brevedad, para los grupos
parlamentarios que deseen intervenir, hayan solicitado o no la
comparecencia. Insisto en la brevedad porque tenemos que desarrollar un
orden del día bastante amplio. Finalmente, cerrará la intervención el
compareciente.

Sin más, vamos con la comparecencia correspondiente al secretario de
Estado para las Administraciones Territoriales, a quien de nuevo damos la
bienvenida en esta Comisión. Su comparecencia ha sido solicitada por el
Grupo Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el diputado señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: El Grupo Socialista quiere darle la bienvenida al
señor Fernández Díaz. Al mismo tiempo, he de indicar que compartiré este
turno del Grupo Socialista con doña Amparo Rubiales, para hablar de dos
temas relacionados con las comunidades autónomas.

El Grupo Socialista ha solicitado la presencia del señor secretario de
Estado para las Administraciones Territoriales porque entiende que en los
programas que afectan a esta Secretaría de Estado, que son el programa
124.A, desarrollo de la organización territorial del Estado y sus
sistemas de colaboración, y el programa 912.B, cooperación económica
local del Estado, existen una serie de dudas que, de cara al
planteamiento de nuestras enmiendas y a la tramitación de este proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para 1998, consideramos necesario
que se aclaren en su intervención, y, si no puede ser, que nos remita los
datos por escrito, tal y como establece el Reglamento de la Cámara, con
la finalidad de disponer de ellos en las próximas fechas.

Respecto al primero de los programas al que he hecho referencia, que es
desarrollo de la organización territorial del Estado, sus sistemas de
colaboración, programa 124.A, nos llama la atención que esta Secretaría
de Estado, en este programa, vaya poco a poco perdiendo su capacidad;
porque si en 1996 había 592 millones y en 1997 había 566, en 1998 hay 482
millones de pesetas; es decir, hay una disminución respecto a 1997 de un
15 por ciento que tiene su trascendencia en personal, desde el momento en
que se produce una disminución del 11,35 por ciento, y en gastos
corrientes de un 7 por ciento.

En el conjunto del presupuesto del Ministerio llama la atención que sea
ésta el área en la que se produce una disminución de personal y gasto
corriente, porque en cuanto al resto de las áreas, de las secretarías de
Estado, da la impresión de que ese compromiso, ese objetivo que tenían
ustedes de austeridad y que tanto nos criticaban a nosotros respecto al
gasto corriente y al abundante número de personas que trabajaban en el
Ministerio, ahora resulta que han cambiado de rumbo, de dirección y fijan
en otros programas unos gastos corrientes que tienden a satisfacer, como
es lógico, aquellas necesidades que se plantean en el desarrollo de la
función administrativa, circunstancia que ustedes negaban y que ahora veo
que reconocen.

Me gustaría saber por qué razón se produce esta disminución y en qué se
basa el que se produzca en este programa que afecta a su Secretaría de
Estado, que es importante para el desarrollo de nuestro Estado en función
de las atribuciones competenciales que tiene cada una de las
administraciones. Nos gustaría que nos diera esa explicación y si tiene
algún dato que aportar relacionado con las diferencias que hay entre 1997
y 1998, en qué aspectos se produce esa reducción de una manera más
concreta, con cifras y con tantos por ciento, rogaría que nos lo hiciera
llegar en los próximos días.

Respecto al segundo de los programas al que he hecho referencia, 912.B,
cooperación económica local del Estado, también se produce una situación
bastante atípica. Viene motivada porque, efectivamente, este año hay un
aumento de los 20.000 millones de pesetas que había en 1997 a los 23.000,
casi 24.000 millones de pesetas que hay en 1998. También es cierto que se
parte de que en el presupuesto presentado y no aprobado de 1996 había una
cuantía fijada de 27.823 millones de pesetas. Se ha producido un descenso
en 1997 y ahora un ligero ascenso en 1998. Sin lugar a dudas, es una
cuantía bastante insuficiente porque habría que entroncar esto con lo que
su propio Ministerio a nivel global está elaborando y que tiene que ver
con el pacto local en el que hay que tener en cuenta no solamente las
cantidades que se aportan a los pequeños municipios para el desarrollo de
sus obras de infraestructura y para otras atenciones, sino también otras
aportaciones del Estado respecto a los programas que figuran en la
sección 32 y a los que hacen referencia a cantidades que también aumentan
algo este año, pero que no son de cuantía suficiente como para vislumbrar
que el pacto local al que he hecho referencia tenga algún porvenir en
1998.

Como he dicho, este programa 912.D tiene un incremento de un 14,4 por
ciento y aquí sí que varía la tendencia. Efectivamente se produce un
incremento del 5 por ciento en personal y un aumento del 3 por ciento en
gastos corrientes. Nos gustaría saber a qué se debe este aumento en esos
dos capítulos. También nos gustaría saber, en transferencias de capital,
por qué razón se produce una disminución de 40.000 millones de pesetas a
18.000 millones, por el diferencial de tipos de interés por préstamos
concedidos



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por el Banco de Crédito Local con ocasión de pérdidas por inundaciones.

Nos gustaría saber en qué se basa esta reducción o si va a haber alguna
compensación con cargo a otros programas o iniciativas que puedan
plantear el Gobierno y el Ministerio.

Nos llama la atención que, en el conjunto de este programa, también se
habla de dos cifras: una, de 2.595 millones de pesetas, a la Generalitat
para el plan único de obras y servicios de Cataluña; y, otra, de 20.579
millones de pesetas para el resto de España, imagino que para financiar
inversiones de entidades locales por cooperación económica local del
Estado. Lo que a mí me gustaría saber es si en estos 20.579 millones de
pesetas está incluido algún tipo de obras de la Generalitat --me imagino
que no, pero me gustaría que usted lo dijera-- y que nos dijera cómo se
distribuyen estos 20.579 millones de pesetas, de qué manera llega este
recurso a los ayuntamientos y se distribuyen entre diputaciones
provinciales; cómo se distribuyen entre comunidades autónomas, para
establecer una comparación entre unas y otras, y ver de qué manera se
está realizando la distribución de estos recursos.

Pensamos, no obstante, que esta diferencia con 1997, que supone un 4 por
ciento, es escasa. En esta nueva regulación que han hecho de la
cooperación económica local del Estado, a través del Real Decreto
1328/1997, de 1 de agosto, mantienen unos programas y, sin embargo, hacen
desaparecer otros. Desaparece el programa de la red viaria local, al
menos con este nombre, y a mí me gustaría saber si tienen alguna
compensación que hacer a los ayuntamientos para que atiendan a este tipo
de necesidades. Me gustaría que dijera por qué desaparece el programa de
prevención y extinción de incendios con este epígrafe porque, por mucho
que se pueda decir que está comprendido en otro tipo de actuaciones, es
cierto que la denominación de programas es bueno que se mantenga porque,
al fin y al cabo, lo que hace es marcar el destino de unos recursos. Nos
gustaría que nos hicieran llegar algún desglose de este programa para
cotejarlo, vislumbrarlo y para que nos sirva de fundamento a nuestras
enmiendas en estos presupuestos.

Observo que en esta nueva regulación que ustedes hacen --como es lógico,
tienen presentes los recursos que proceden de los programas operativos
comunitarios-- no afrontan, tal y como debe ser, el desarrollo de
nuestros municipios; el desarrollo de todas aquellas actividades que
están más próximas al ciudadano; el que los municipios que están escasos
de recursos puedan atender a esas necesidades inmediatas, y nos estamos
encontrando con que los ayuntamientos --de los que ustedes han sido
ardorosos defensores y han planteado por activa y por pasiva el que
necesitaban un apoyo más explícito de las administraciones públicas-- no
van a ver atendidas sus necesidades con este tipo de iniciativas. Antes
(hace tres o cuatro años, en los que había más recursos, cuando estábamos
nosotros gobernando) los ayuntamientos percibían de la Administración
central del Estado, con cargo a estos programas o a otros similares, unos
recursos que les permitían ir atendiendo poco a poco sus necesidades.

Además, venían complementados por unos recursos procedentes de las
comunidades autónomas a través de los fondos de cooperación local o
fondos locales.

Si todos hacen como en Aragón, desde luego, mal vamos. El problema que se
está planteando en los ayuntamientos es la propia financiación de sus
gastos corrientes. ¿Por qué? Porque a los ayuntamientos se les está
incitando para que asuman nuevas cotas de responsabilidad, de gestión,
que hacen inviable su atención con sus propios recursos. En estas
atenciones que prestan a los ayuntamientos en este programa
concretamente, o en el conjunto del presupuesto si hacemos una
comparación con otros años y con las cifras de los distintos programas,
lo que ustedes están haciendo es delimitar mucho las finalidades o
recursos y hacer programas específicos que lo único que consiguen es
generar una inversión --en algunos casos, no mucha-- que trae consigo un
gasto corriente que después no pueden desarrollar ni ejecutar porque no
tienen recursos suficientes. Señor Fernández Díaz, ustedes podían haber
hecho un esfuerzo mayor en el desarrollo de estos programas a los que he
hecho referencia.

Si su propio programa administrativo tiene una disminución y vemos que el
programa 912.B sufre un incremento escaso, más bien ridículo, lo que
observamos es que no goza usted de las mejores condiciones para que los
ayuntamientos tengan satisfechas con cargo a este programa sus
necesidades en función de lo que demandan los ciudadanos. Nosotros vamos
a atender a sus explicaciones y vamos a ver de qué manera justifica esta
situación de la que deriva el presupuesto. Espero que nos ofrezca los
datos que hemos solicitado por escrito, tanto de distribución de
diputaciones provinciales, como de los programas por provincias o
comunidades autónomas, y a la vista de la documentación que nos mande
prepararemos, como es lógico, las iniciativas parlamentarias pertinentes
para presentar enmiendas e intentar por todos los medios que se corrija
esta deficiente situación.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rubiales.




La señora RUBIALES TORREJON: Quiero darle la bienvenida al señor
Fernández Díaz por su comparecencia en esta Comisión.

El otro día en su intervención en la presentación del libro de Pi i
Sunyer en el Senado, en los teletipos de prensa que aparecieron decía el
señor Fernández Díaz que defendía la necesidad de debatir sobre los
riesgos que determinadas disfunciones pueden suponer para el sistema
autonómico y, entre estas disfunciones, citó la necesaria adopción y
consolidación de un sistema de financiación que responda a los retos de
nuestra estructura territorial compleja, al margen de las coyunturas
electorales, las garantías de atención a los desequilibrios territoriales
y la corresponsabilidad en la administración de los intereses generales.

Mi grupo parlamentario y esta portavoz que les habla coinciden con estas
afirmaciones del señor Fernández, así como con el resto de su afirmación.

Por eso hoy le formulo



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una pregunta --que empieza a ser ya la pregunta del millón-- y espero
(producto de estas palabras que me conceden la esperanza) que el señor
Fernández me pueda decir hoy, porque ya ha hecho el Gobierno algunas
previsiones para el año 1997, cuál es el coste de la financiación
autonómica y cuánto le corresponde a cada comunidad autónoma.

Como usted sabe, señor Fernández, llevamos más de un año preguntando por
este tema. Desde la investidura hemos hecho preguntas parlamentarias,
orales y escritas, en el debate del estado de las autonomías, diferentes
interpelaciones, tenemos dos Presupuestos Generales del Estado, un real
decreto-ley... De la lectura del desorden autonómico en el que estamos
inmersos y del análisis del proyecto de presupuestos que hoy nos trae
aquí, se deduce que han hecho ustedes de la confusión una forma de
ejercicio del poder. Queremos hoy una respuesta concreta, con datos
inteligibles para el ciudadano normal, pero también, señor Fernández,
para los especialistas porque hoy ni siquiera los especialistas se
aclaran. Ejemplos hay muchos, pero voy a citar solamente el último, el de
la semana pasada. El ministro de Administraciones Públicas (su superior,
el señor Rajoy) dijo en el Senado que las comunidades autónomas que no
aceptaron el modelo perderán casi 24.000 millones de pesetas, mientras
que, por el contrario, en el informe de Pi i Sunyer, a cuya presentación
usted acudió y al que me he referido anteriormente, se revela que con la
cesión del treinta por ciento del IRPF Cataluña (que usted sabe muy bien
que aceptó el modelo y fue la patrocinadora del mismo) pierde posiciones
en los ingresos por habitante, y en el proyecto de presupuestos se prevé
que durante 1998 los ingresos de las comunidades autónomas por su
participación en el IRPF crecerán tan sólo en un 0,4 por ciento, a pesar
de que el crecimiento total del impuesto se situará en un 5 por ciento.

Por qué todo este lío. Nos podría aclarar, de una vez cuál es el coste de
la financiación autonómica.

La segunda pregunta, señor Fernández, tiene también que ver con la
financiación autonómica. A las comunidades autónomas que no han aceptado
el modelo en el proyecto de presupuestos que estamos viendo hoy se les
aplica de forma unilateral y discrecional por parte del Gobierno el
anterior modelo, el modelo 92/96, y no se les ha fijado por ley, como
dice la Lofca, ni previo acuerdo de las comisiones mixtas. ¿Cuál es la
razón? ¿Por qué el Gobierno les aplica este modelo incumpliendo los
preceptos de la legislación vigente? ¿Cuáles son las razones que llevan
al Gobierno a saltarse a la torera las disposiciones legales hoy en
vigor?
La tercera pregunta hace referencia a cuál es la razón por la que la
variable población no se ha realizado según el padrón de 1996, aunque
fuera de manera provisional. El miércoles pasado, en una pregunta
parlamentaria en el Pleno, el ministro de Economía, señor De Rato, dijo
que en tres meses estaría aprobado definitivamente (no provisionalmente)
el padrón de 1996. Hoy me han dicho que el ministro de Economía ha
afirmado que ese padrón no está todavía aprobado y que ésa es la razón
por la que no se ha publicado. Yo quiero decirle al señor secretario de
Estado que publicado, efectivamente, no está, pero si los datos de mi
grupo parlamentario, que yo tengo ahora en mi poder, no están
equivocados-- y creo que no lo están porque han sido obtenidos de la
publicación de Internet del propio Consejo de Ministros--, en la
referencia del Consejo de 11 de julio de 1997 aparece aprobado el real
decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población
resultante de la renovación del padrón municipal referidas a 1 de mayo de
1996. ¿Cuál es la razón por la que no se ha publicado este real decreto,
por la que no se han tenido en cuenta las cifras de población del año
1996 y por la que se calcula la financiación autonómica con arreglo al
censo de 1988?
La cuarta pregunta, señor secretario de Estado, hace referencia a por qué
no se recoge la denominada deuda histórica para Andalucía y Extremadura,
tal y como recogen sus estatutos de autonomía, disposiciones adicionales
segunda y transitoria segunda, garantizando así el nivel mínimo en la
prestación de los servicios tal y como fue acordado por anteriores
comisiones mixtas? ¿Puede el Secretario de Estado, señor Fernández,
proporcionarnos los datos que sirvieron de base para afirmar que el ITAE
evoluciona en 1997-98 con un crecimiento del 8,58 por ciento y el PIB con
el 5,69 por ciento? ¿Tiene el secretario de Estado la evolución de los
ingresos impositivos? ¿Puede el secretario de Estado informarnos de la
razón por la que el ITAE utilizado en el cálculo de la sección 32 para
las comunidades autónomas que aceptaron el modelo es del 8,10 por ciento
y no del 8,58 por ciento como dijo el ministro Rajoy? En los textos que
nosotros tenemos aparece el 8,10 y el ministro habló del 8,58 por ciento.

¿Conoce el secretario de Estado que ninguna de las comunidades autónomas
que aceptaron el modelo tiene una previsión de ingresos de la PIE más el
IRPF en unos dos tramos superior al 5,69 por ciento de la previsión del
crecimiento del producto interior bruto? ¿Conoce el secretario de Estado
las razones del hundimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, que se estima con un crecimiento del 0,36 por ciento?
Por último, señor secretario de Estado --y si a alguna de estas
preguntas, como ha dicho mi compañero, no me la puede responder en este
momento, le rogaría que lo hiciera por escrito para así poder formular
las enmiendas--, ¿puede suministrarnos la información numérica que
justifique la participación en el Fondo de Cooperación Interterritorial
de las comunidades autónomas incluidas en el mismo? ¿Cómo se ha
determinado la cuantía de la inversión nueva del Estado? ¿Conoce el
secretario de Estado si existe algún estudio sobre la nivelación de
servicios por el que las asignaciones individuales pasa a ser un fondo?
¿Desconoce las competencias del Senado para controlar el empleo de esa
partida, así como su cuantificación en 10.000 y 12.000 millones para 1997
y 1998? Finalmente, ¿cuándo piensa el secretario de Estado que se
dispondrá de unos criterios consensuados para distribuir esos fondos de
nivelación?
Señor Fernández, usted sabe cuál es la opinión de mi grupo parlamentario
respecto al sistema de financiación autonómica. No lo voy a repetir, pero
me parece que éste



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es el momento para aclarar muchas de las dudas hoy pendientes con el fin
de poner un poco de orden entre todos en el desorden autonómico que ahora
mismo ustedes tienen.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Siempre que discutimos un presupuesto los grupos
parlamentarios intentamos conocer con mayor profundidad los datos que nos
han aportado en todas las propuestas presupuestarias. Sin embargo, me
gustaría previamente conocer algunos detalles, porque el tema se ha
zanjado con la presentación de un librito donde figuran todos los
Presupuestos Generales del Estado y la liquidación del presupuesto. Para
poder ver cuáles son los movimientos de todos los programas de la sección
que estamos analizando, administraciones públicas, deberíamos conocer
cuál es la liquidación del presupuesto, cuáles han sido las previsiones
que los presupuestos anteriores tuvieron, el grado de ejecución y de qué
manera se está actuando. Me gustaría que el señor secretario de Estado
nos pudiera decir los programas que él controla, de los que rinde cuentas
que, aunque sean dos, deberían ampliarse al FCI, el Fondo de Compensación
Interterritorial, aunque esté en la sección 33 y la distribución de la
participación de las comunidades autónomas. Nos gustaría que nos
facilitara el estado de liquidación detallado, por lo menos respecto de
los programas que estamos discutiendo y en los distintos capítulos de los
programas, con el fin de poder hacer esas valoraciones. Todo ello sería
bueno para ver las innovaciones que se añaden. Si comparamos la
literatura del libro del año pasado con la del libro de éste, podríamos
cerrarlo, porque la literatura es, si no idéntica, bastante parecida y yo
creo que esa discusión no nos corresponde realizarla aquí. La primera
idea es solicitar información, una mayor precisión de la liquidación del
presupuesto que se nos ha entregado.

Respecto al programa 124.A y al trabajo de la Secretaría de Estado de
Administración Territorial, algo se ha dicho antes, pero a mí me choca,
aunque la minoración se debe a que hacen una distribución interna entre
el programa de cooperación económica local y el programa de desarrollo de
la organización territorial. Me gustaría conocer alguna de las razones,
porque es bueno cuadrar algunos números aunque sólo sea por hacer un
ejercicio matemático, por un funcionamiento numérico ajustado. En su
programa 124.A tiene un alto cargo menos; el año pasado se destinaban 14
millones y este año hay siete, por tanto, un alto cargo pasa a
cooperación local; tiene menos funcionarios, había 410 millones y este
año tiene 357, después de subirles el 2,1 y, sin embargo, tiene más
dinero en productividad, en incentivos al rendimiento. ¿A qué obedece
esto? ¿A qué obedece el incremento de los incentivos de rendimiento
cuando hay menos funcionarios y menos altos cargos? Se mantiene una
experiencia anterior y es que ustedes proponen pagar de cuotas,
prestaciones sociales y gastos sociales, 30 millones de pesetas, pero
después destinan a la Seguridad Social 29,6 millones. ¿Cuál es la cifra,
29 o 30 millones? Sería bueno saberlo para que cuadren los números a la
hora de sumar y saber qué es lo que deberíamos contabilizar aquí. Tienen
menos funcionarios y, sin embargo, la Seguridad Social nos cuesta más
cara: el año pasado eran 27 millones y este año 30. El problema puede
residir en la evolución del presupuesto. Sería bueno tener la liquidación
del presupuesto para saber a qué obedece esta distribución del dinero.

Por último, respecto a la distribución de lo que pudiéramos llamar gastos
de funcionamiento, hay una minoración en conservación, pero los gastos
son más o menos similares. En suma, ustedes van a gastar menos recursos
en propuestas presupuestarias en este programa que en años anteriores, me
imagino que será por una optimización de recursos. Si la información que
usted nos da nos sirve, nosotros presentaremos enmiendas que puedan
corregir esta situación.

Respecto al programa de cooperación local, vuelve a sucedernos lo mismo
que en el caso anterior. Me gustaría que nos explicara por qué por
primera vez hay una transferencia de capital a algo que se llama plan
único de obras y y servicios en Cataluña, por un valor de 2.595 millones
de pesetas. Es la primera vez que figura esa cantidad, no estaba el año
pasado y me imagino que obedecerá a algún criterio que desconocemos y que
no se nos ha explicado. Se nos dice que se incrementan esas
transferencias de capital. Mientras esto sucede se reduce de 40 millones
a 18 todo lo que se va a entregar como pago al Instituto de Crédito
Oficial y se mantiene, como transferencia, el dinero de Ceuta y Melilla.

Hay algo positivo: introducen ustedes una transferencia de 27 millones a
la Federación Española de Municipios y Provincias. No sé si la cuantía es
la ajustada o no, pero la cifra es buena para que pueda funcionar la
cooperación con la Federación Española de Municipios.

Me gustaría que en relación con este programa nos pudiera facilitar con
mayor detalle el previsible acuerdo --y si va a tener proyección en el
ejercicio presupuestario-- de política local, cooperación local que usted
va a gestionar desde esa acción de colaboración, que es uno de los dos
pilares de su trabajo. Por último, le voy a preguntar, también en
cooperación local, por un programa de la sección 32 que ha surgido como
consecuencia de los dos programas relativos a transferencias, entes
territoriales. Me refiero a los programas 912.A y 912.C. Uno hace
referencia a la coordinación con las haciendas territoriales. Sobre este
tema nos gustaría conocer algunos datos con mayor precisión.

La cifra que figura es de 1,2 billones de pesetas y, sin embargo, la
distribución tiene un funcionamiento dispar. La liquidación de
participación en los ingresos del Estado de las corporaciones locales se
reduce de 65.000 a 52.000 millones. ¿Cuál es la razón de esa reducción?
¿Van a participar menos o se va a proceder a otro funcionamiento? Es
verdad que estas cifras corresponden al ejercicio de 1997 y anteriores.

Después hay un incremento, de unos 100.000 millones de pesetas, para
transferencias a los ayuntamientos; 40.000 millones van destinados a
cabildos insulares y provincias, a diputaciones, y el resto a todos los
municipios. ¿A qué obedece ese crecimiento desigual? Porque si sumamos
los 8.000 municipios y los cabildos insulares y



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diputaciones, tienen un peso diferente. Me gustaría conocer cuál es la
razón de ese crecimiento y por qué se conceden 40.000 millones para
algunas instituciones y 60.000 millones para el resto.

En cuanto a las aportaciones a las corporaciones locales, este volumen es
pequeño, pero hay una cosa significativa que antes se ha resaltado en la
intervención del portavoz del Grupo Socialista y que me gustaría conocer
también. Había una partida, una transferencia corriente en el artículo
46, de 1.150 millones de pesetas por compensaciones que puedan
reconocerse a los municipios. Este año la han dejado en 255 millones. Es
una reducción no diría que alarmante, pero si algo hacían ustedes con
esto, este año lo van a dividir por un poco más de cuatro, si las
matemáticas no fallan. ¿Qué ocurre, que en la liquidación del presupuesto
no se ha demandado eso, no se ha procedido a ningún reconocimiento, o se
trata simplemente de un ajuste contable? Aunque la cifra no es muy
cuantiosa, es bastante importante.

Sin embargo, tienen ustedes un movimiento también desigual dentro de
algunas partidas de este programa de cooperación local. Por poner un
ejemplo, doblan la cuantía de un programa, el de transporte colectivo,
que ahora es de 3.000 millones cuando antes había 1.500 millones. Sin
embargo, en otros mantienen la cifra tal cual. ¿A qué se debe ese
movimiento? Porque estos 3.000 millones de pesetas van, por un lado, a
los cabildos insulares de Canarias. Sin embargo, donde figura:
corporaciones locales, para cofinanciar transporte colectivo urbano en
todos los municipios, el año pasado había 6.200 millones y este año 6.100
millones. ¿Acaso se va a coger menos este año el transporte colectivo
urbano en todos los demás municipios y en estos insulares va a aumentar,
o se trata de algún tipo de argumentación que se me escapa? Tendrán toda
su razón en cuanto a lo que es la evolución presupuestaria, pero no
alcanzo a verlo. Son volúmenes importantes a la hora de enmendar una
partida, y saben SS. SS. que a la hora de hacer las enmiendas tenemos
problemas para ubicar y localizar el dinero. Por ello, queremos saber de
dónde podemos reducir, para que luego no nos digan que hemos dejado sin
coche a la mitad de una ciudad.

Voy a lo que he dejado para el final, que es lo que se llamaría ajuste y
desarrollo del sistema de financiación, ajuste presupuestario de los
apoyos presupuestarios y, por tanto, de legislatura. Además, han surgido
cosas nuevas. Yo sé que esto no lo administra usted, sino más bien el
Ministerio de Economía, que estamos a caballo entre los que tienen los
cuartos y los que realizan la tarea política y lo cuantifican por otro
lado, pero me choca este crecimiento dentro de las transferencias de
financiación de entes territoriales, cómo van cobrando peso determinadas
partidas que reciben unas comunidades autónomas y no reciben otras. Le
voy a poner un ejemplo: Castilla y León este año va a recibir una
transferencia para la autovía León-Burgos de 3.000 millones de pesetas.

¿Por qué Castilla y León sí y las demás comunidades no reciben esta
transferencia? Después vamos siguiendo la evolución que han tenido
algunas partidas, en concreto, una para Galicia, la del Consorcio Ciudad
de Santiago de Compostela, que en este año subimos en 200 millones de
pesetas; lo que el año pasado eran 1.800 millones lo dejamos en 2.000
millones. Hay una serie de partidas destinadas a transportes
ferroviarios, que me imagino obedecerán a algunos criterios; hay
transferencias para transportes a entes públicos de Cataluña, Valencia y
Madrid, pero me salto esa actuación. Y existe una transferencia de la que
me gustaría conocer la prioridad: ¿por qué este año son 10.000 millones
para la policía catalana y el año pasado eran 5.000? ¿Se trata de un
calendario que tenemos previsto? ¿Ultimamos el gasto de la policía
autonómica en Cataluña? Y así podíamos seguir con otros casos.

Todo esto, junto con lo que es plan de obras y servicios a Cataluña y a
Canarias, huele --permítame que se lo diga-- a pagos compensados anuales
del apoyo político, porque si se generalizan obedecerían a políticas
globales, pero cuando se hace expresamente para uno sólo más bien parece
una pequeña negociación cuantificada que unas veces se produce en
carreteras y otras veces en otras cosas.

Respecto a la financiación, me gustaría que precisara tres cosas sobre la
financiación autonómica y el desarrollo autonómico, porque el año pasado
tardamos seis meses en conocer la distribución de la participación en los
ingresos del Estado, porque empezamos en septiembre a discutir de ello y
hasta marzo, y gracias al decreto-ley que nos mandaron, no conocimos una
distribución. ¿Va a funcionar este año el sistema de financiación del 30
por ciento para las comunidades autónomas? ¿Se ha generalizado la
transferencia de educación en el año 1998? Respecto de las comunidades
autónomas que no tengan transferidas a enero de 1998 las competencias de
educación --algunas gobernadas por el partido que usted representa, por
poner un ejemplo no muy lejano, Murcia, Asturias, Madrid--, ¿cómo va a
funcionar el sistema de financiación? Aquí se hablaba antes de las dos
patas del sistema: las comunidades que se acogieron al sistema de
financiación y las castigadas, las tres que no se acogieron. Pues ahora
hay que añadir las medianas, las que no sabemos cómo van a ver el sistema
de financiación.

El tramo autonómico, al que luego me referiré, no está recogido aquí
porque se cuantificará en función de la gestión que tengan, de los
desarrollos legislativos que haga cada una de las comunidades autónomas,
pero ustedes llevan aquí una participación en IRPF para todas las
comunidades autónomas y una participación en los ingresos generales del
Estado, comunidad autónoma a comunidad autónoma, y así salen 1,9 billones
de pesetas que van a transferir a las comunidades autónomas.

Se ha hablado antes del censo. Se está hablando de poco dinero, apenas de
90.000 millones de pesetas que tendrían de financiación adicional si
tenemos un censo y otro. ¿Qué sentido tiene aplicar un censo del año 1988
cuando tenemos el de 1996? Incluso tenemos uno de 1991 y otro de 1992? ¿A
qué se debe el que no se pueda trasladar ese nuevo empadronamiento que se
hace cada diez años --en el año 1980, en el año 1990-- al sistema de
financiación? ¿De qué manera va a funcionar, porque aunque no esté
preparado ahora mismo, de qué manera lo harán ustedes si esto se aprueba?
No quiero entrar a discutir sobre si tardan



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quince días o no; aunque tarden dos meses en aprobarlo, si no se
establecen los cuartos, ¿qué harán ustedes para que esto se aplique,
aunque sea una partida abierta a expensas de que se ultime, como figura
ahí? Insisto en que estamos hablando de poco dinero, 90.000 ó 95.000
millones, según sea una distribución u otra. No sé si será esa cifra u
otra más alta, me refiero de financiación adicional, pero la que sea, más
menos, se distribuye entre lo que ya haya en previsión.

En cuanto al IRPF, como la política en impuestos directos funciona de
manera distinta y las exenciones fiscales también se dan en los impuestos
directos más que en otros, lógicamente las recaudaciones no son estables.

No obstante, me gustaría que usted precisara las variaciones en las
transferencias del programa 911.B, de participación en los ingresos del
Estado, que cada comunidad autónoma va a tener, porque aquí aparece
maquillado. Le voy a poner un ejemplo de las comunidades que no se han
incorporado al sistema de financiación como Castilla-La Mancha,
Extremadura y Andalucía, que este año tienen una cuantía muy superior:
456, participación en los ingresos del Estado, 79.000 millones en el caso
de Castilla-La Mancha. En el año pasado fue de 62.000 millones, pero no
se nos dice lo que debería percibir por el 15 por ciento del IRPF o por
su porcentaje de IRPF. Al final, aquí aparece como primada, con más
dinero, frente a Canarias, que va a recibir la misma cuantía que el año
pasado, 144.000 millones de pesetas. La de este año en esas tres
comunidades vemos que han aumentado, sin embargo, fíjense en que mientras
en unas pone: participación en los ingresos territoriales del Estado del
IRPF, en las otras sólo figura: participación en los ingresos del Estado,
se les aplica el sistema antiguo, el que tenían con anterioridad a este
nuevo modelo.

Hay comunidades para todo tipo de análisis. Por ejemplo, Asturias tiene
una evolución menor en cuanto a transferencia con los dos conceptos y
pasa de 19.000 millones de pesetas el año pasado a 11.000 millones en
éste. Murcia pasa de 16.000 millones a 13.000 millones. En suma, este
baile de cifras que tienen, ¿cómo cuadra al final? Podrían darnos una
hojica en la que figure el tramo autonómico: previsión, tanto; tramo del
Estado de IRPF, 15 por ciento; participación en los ingresos del Estado,
tanto. Y lo veríamos todo divino, cuadrado. (Risas.) Sería bueno que lo
tuviéramos para que no fuéramos a un lío de intereses, de confrontaciones
que en nada benefician a unos y a otros.

Termino, señor presidente, porque me he alargado. Voy a referirme al tema
de la deuda histórica. El año pasado tampoco figuraba la deuda histórica
de las dos comunidades que las tienen en su disposición adicional,
Andalucía y Extremadura. A lo largo de toda la discusión presupuestaria
se introdujo una enmienda, y al final lo aceptamos como una especie de
discusión. ¿Qué razón lleva a que no venga esa continuidad de la deuda
histórica? Porque si el año pasado se recogió es porque se reconocía que
había un volumen y que la deuda histórica era una parte de un volumen
mayor. No sé la cifra porque la desconozco en su totalidad. En cuanto al
desarrollo del artículo 15 de la Lofca, ese fondo de compensación, una
pregunta sencilla: 10.000 millones este año, ¿se deslizan, se queman o se
quedan? Al año que viene son 12.000 millones. ¿Quiere decir que este año
tendremos 10.000 millones del año 1997 deslizados más 12.000 que van este
año, o estos 12.000 millones sustituyen a los 10.000 millones del año
pasado? Esto en los números es muy importante tenerlo en cuenta, porque
no es lo mismo una cifra que otra o, por lo menos, yo no la veo igual. Yo
sé que es una cifra más o menos irrisoria, pero lo cierto y verdad es que
parece que los 10.000 millones del año pasado se pusieron por ponerlos.

Yo sé que están trabajando las comisiones, pero ¿para cuándo va a
distribuirse lo previsto en el artículo 15 de la Lofca, que yo separo de
la deuda histórica?
En cuanto al FCI ¿a qué se debe esa cuantía? ¿A un porcentaje de la
inversión nueva? Yo tengo aquí la cifra de la inversión nueva del Estado,
pero la distribución de esa inversión nueva del Estado no es porcentual.

¿A qué se deben los criterios? ¿Se mantiene la Ley del fondo para toda la
distribución de todos los dineros del FCI, o se aplica una política de
compensación global de todo el sistema de financiación? Lo cual sería
injusto, porque lo que no te doy por aquí, te lo doy por allá, pero no te
preocupes que te subo 300 millones en el FCI. Es importante tenerlo en
cuenta porque estamos hablando de 136.000 millones de pesetas. Es una
cifra mayor a la del año pasado; aproximadamente creo que son unos 8.000
ó 7.000 y pico millones de pesetas más.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Quiero dar las gracias a SS. SS. por las preguntas que
me han formulado. Intentaré cumplir la finalidad y el objeto de este
trámite parlamentario, que es aclarar dudas que concita el proyecto de
ley de presupuestos en orden a que los diferentes grupos parlamentarios,
una vez escuchadas la explicaciones, puedan enmendar el proyecto de ley
de presupuestos sobre la base de unas explicaciones que presuntamente
tienen que servir para aclarar algunas dudas. Confío en que les aclararé
algunas dudas y confío en hacerles cambiar de opinión. Otra cosa es que
confíe en cambiarles su intención de voto, que son cosas distintas.

Con la venia del señor presidente y tanto del señor Morlán como de la
señora Rubiales y del señor Ríos, en la medida en que, como es lógico,
han planteado preguntas que se proyectan sobre cuestiones de los
programas 124.A y 912.B y con independencia de la literalidad de la
pregunta, como básicamente responden a una serie de cuestiones
equivalentes y también hacen referencia a la financiación autonómica,
responderé en bloque, sin perjuicio de que si me he dejado alguna
pregunta en concreto sin contestar en el siguiente turno me lo
manifiesten. Lo digo porque la señora Rubiales me ha ido haciendo muchas
preguntas y es posible que ni me haya dado tiempo material de recoger
alguna de ellas.

En relación con los Programas 124.A y 912.B hay una cuestión general. Me
atrevo a decir, con su venia, que la explicación que les voy a dar les
puede convencer porque



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entiendo, además, que sin esta explicación no se entienden algunas de las
cifras que se derivan de la lectura de los números que aportan en el
proyecto de ley de presupuestos estos dos programas que gestiona
directamente la Secretaría de Estado de la que soy titular. Ha habido una
reestructuración de la Secretaría de Estado muy profunda que ha provocado
que la Dirección General de Cooperación Territorial y la Dirección
General de Régimen Jurídico y Económico Territorial pasen a denominarse
Dirección General de Cooperación Autonómica y Dirección General para la
Administración Local de tal manera que, manteniendo el número global de
subdirecciones en siete, se han producido unos trasvases de
subdirecciones para propiciar una gestión más razonable desde nuestro
punto de vista de lo que son las competencias de la Secretaría de Estado.

Así, por ejemplo, se explica el que aparentemente se haya reducido un
alto cargo, un director general.

Inicialmente, cuando se constituyó el actual Gobierno, esta Secretaría de
Estado tenía tres direcciones generales que estaban agrupadas por áreas
funcionales: la Dirección General de Cooperación Territorial, la
Dirección General de Régimen Jurídico Territorial y la Dirección General
de Régimen Económico Territorial. Dentro del programa de austeridad y de
restricción del gasto público y de supresión de unidades administrativas
que formuló el Gobierno, de tres direcciones generales se pasó a dos. Se
unificaron, como he dicho, la de régimen jurídico y la de régimen
económico territorial. Un trabajo organizado por programas en la
Secretaría de Estado sobre la base de tres centros directivos tenía pleno
sentido, pero si vamos a dos hay que distinguir entre lo autonómico y lo
local porque lo otro hace que el trabajo de la Secretaría de Estado sea
absolutamente disfuncional.

En los presupuestos del año anterior, por ejemplo, debido a que las dos
direcciones tenían solapadas competencias, es decir, la Dirección General
de Cooperación Territorial tenía cooperación autonómica y cooperación
local y la de Régimen Jurídico y Económico Territorial tenía autonómico y
local, se producía que por una cuestión meramente presupuestaria los dos
directores generales tuvieran imputadas sus retribuciones a una de las
dos direcciones generales, concretamente la que gestiona el programa
124.A, y aparecían dos altos cargos en una y ninguno en el programa
912.B. Fruto de esta reestructuración aparece ahora un alto cargo, un
director general, en el programa 124.A y otro en el programa 912.B, y eso
pasa con carácter general en lo que hace referencia a los funcionarios.

No se ha incrementado ni se ha disminuido el número de funcionarios, en
absoluto. Es el mismo que hay. Se ha producido una redistribución interna
y por eso en esta primera lectura puede aparecer, como decía don Víctor
Morlán, que efectivamente disminuye el programa 124.A en un 15 por
ciento, que se produce la pérdida de un director general, etcétera.

Insisto, la explicación es la que acabo de dar. La Dirección General de
Cooperación Autonómica tiene cuatro subdirecciones generales: la de
cooperación bilateral y sectorial, la de cooperación de las comunidades
autónomas con las comunidades europeas, la de seguimiento normativo de
las comunidades autónomas y la de análisis económico de las comunidades
autónomas; y la Dirección General para la Administración Local tiene la
subdirección general de cooperación de régimen jurídico local, la
subdirección general de ordenación local y la de análisis y seguimiento
económico de las entidades locales. Esta reestructuración es la que
explica esos bailes que, repito, no tienen más que esta justificación.

Por tanto, desde mi punto de vista no hay motivo para la queja. Otra cosa
es que ustedes con las enmiendas consiguieran que todavía tuviéramos más
dotación,y yo se lo agradecería, pero repito que es la misma cantidad
distribuida de manera distinta.

En lo que hace referencia al programa 124.A, como muy bien sabe don
Víctor Morlán, en el presupuesto por programas se incluyen los gastos de
inversión que ese programa conlleva y el gasto necesario para la gestión
del mismo. El programa 124.A hoy se correspondería con la Dirección
General de Cooperación Autonómica, que fundamentalmente tiene que
contribuir desde la Administración del Estado al desarrollo de la
organización territorial del Estado. Sabe S. S. perfectamente --me consta
que lo sabe-- cuál es el trabajo de esa dirección general. Efectivamente,
es una dirección general muy importante desde la perspectiva de la
organización territorial del Estado y de la propia Administración general
del Estado, y va a seguir cumpliendo las anteriores funciones, si cabe
algunas más. Por ejemplo, vamos a incidir más en el seguimiento del
análisis económico de las comunidades autónomas, puesto que ahora, en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en congruencia con el
pacto de estabilidad y crecimiento y el programa de convergencia para el
período 1998-2000, es evidente que el control del déficit y de la deuda
de las comunidades autónomas es especialmente importante. Todos sabemos
cuáles son los controles que hay que pasar en Bruselas desde la
perspectiva del Estado en sentido amplio y, por tanto, integrando las
diferentes administraciones públicas, y es verdad que la parte que afecta
directamente a la Administración general del Estado o al subsector
Administración central, que sería Estado propiamente dicho más Seguridad
Social y organismos autónomos y entes públicos, es controlada
directamente por la Administración del Estado, y el vicepresidente
económico del Gobierno ya ha manifestado --y consta en el proyecto de ley
de presupuestos-- cuál es la visión de déficit, etcétera, que controla
directamente, insisto, el Gobierno en lo que hace referencia a la
Administración central del Estado.

En cuanto a las comunidades autónomas y corporaciones locales,
lógicamente no hay esa dependencia jerárquica y, de acuerdo con los
principios de cooperación y con el título competencial que reserva al
Estado el artículo 156 de la Constitución, de coordinación de la Hacienda
central con las haciendas territoriales, en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera se pactan los escenarios del Programa de
Convergencia. Recientemente, en el mes de septiembre, tuvo lugar el
plenario del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se
establecieron precisamente a nivel multilateral entre el Gobierno y las
comunidades autónomas los objetivos globales que, por ejemplo,



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para el año 1998 se concretan en un 0,24 por ciento para las
administraciones territoriales sobre el PIB, mientras que ese 0,24 se
distribuye dos tercios para las comunidades autónomas y un tercio para
las corporaciones locales. Lógicamente, entre el Ministerio de Hacienda,
el Ministerio de Administraciones Públicas y las comunidades autónomas se
pactan los escenarios bilaterales de consolidación presupuestaria, dentro
de ese límite global al que he hecho referencia de 0,16 por ciento de PIB
para el conjunto de las comunidades autónomas para el ejercicio de 1998.

Todo eso obliga a una mayor dedicación por parte de la Administración del
Estado, que en el ámbito de esta Secretaría de Estado se traduce en una
intensificación de las funciones de la Dirección General de Cooperación
Autonómica y, en definitiva, en una nueva reestructuración, pero no en un
incremento de medios personales. El señor Ríos prácticamente me planteaba
las mismas cuestiones en relación con el programa 124.A, y creo que ya se
lo he aclarado.

En cuanto a las cuotas a la Seguridad Social, como sabe, el equivalente a
la cuota empresarial lo tiene que pagar el Estado y, salvo que tenga una
información defectuosa, que creo que no es el caso, el aumento de esos 27
a 30 millones a los que aludía es debido al incremento del 2,1 por ciento
de las retribuciones, que lógicamente tiene su traducción inmediata en
las cotizaciones a la Seguridad Social porque la base de cotización, como
sabemos, son las retribuciones que percibe el personal. Si éstas se
incrementan, las cotizaciones también. En todo caso, no tendría ninguna
explicación extraña, si me permiten la expresión, más allá de lo que
acabo de señalar. Esto en lo que hace referencia al Programa 124.A, con
carácter general. Vale lo mismo en cuanto a gastos de funcionamiento o de
gestión del programa 212.B, que sería el programa de cooperación
económica local o el programa de cooperación económica del Estado a las
inversiones de las entidades locales, que hasta ahora se desarrollaba
según el Real Decreto 665, del año 1990, y que, como muy bien han
señalado SS. SS., ahora se regula por el Decreto 1.328/1997, de 1 de
agosto, por el que se deroga el anterior y se gestiona este programa de
una manera distinta.

En relación con ese programa, lo primero que tengo que decir es que se
incrementa el capítulo 7, transferencias de capital, en relación con el
año 1997 exactamente en un 17,08 por ciento. Ese es el incremento que
tiene el programa en el año 1998 en comparación homogénea con 1997. Si
tenemos en cuenta que el presupuesto de gastos del proyecto de ley de
presupuesto se incrementa en un 3,8 por ciento, en términos relativos
hemos de decir que el esfuerzo presupuestario es importante. Es verdad
--y me anticipo ya seguramente a alguna pregunta o alguna crítica que
pueden hacer-- que aun así no se llega al nivel de dotación
presupuestaria del año 1996. Pero no es menos cierto --repito-- que se ha
hecho un esfuerzo importante en términos relativos, incrementándolo en un
17,08 por ciento, en unos presupuestos que incrementan el gasto en un 3,8
por ciento. Luego me referiré a eso porque también veremos que en el año
1997, por la vía del pago del diferencial de la paridad pesetas-ecus y en
lo que hace referencia a los 90.000 millones de dotación del programa
operativo local para el sexenio 1994-1999, las corporaciones locales
tuvieron unas transferencias adicionales en este ejercicio de más de
4.500 millones de pesetas. Por tanto, en este año 1997, que es cuando más
ha caído la dotación del programa de cooperación económica local, lo
cierto es que se ha compensado por esa vía, de tal manera que la suma de
las subvenciones que han recibido o van a recibir las corporaciones
locales en este año 1997, sumando las del programa operativo local y, en
general, las incluidas en el marco comunitario de apoyo a las
corporaciones locales más la económica local, ascienden a las del nivel
del año 1996.

Me preguntaba don Víctor Morlán por qué bajábamos de 40 a 18 millones los
intereses del ICO. Ese es el diferencial que hay que pagar al ICO por la
compensación de intereses que dio el ICO al Banco de Crédito Local por
las inundaciones de 1989. Pagar 18 millones es abonar lo que corresponde
este año. Están previstas las obligaciones derivadas de ese pago de
intereses, que el año pasado eran 40 millones y éste 18 millones. Repito
que son obligaciones derivadas de las inundaciones de 1989 y los
intereses preferenciales que otorgó el Banco de Crédito Local a la
corporaciones locales, cuyos diferenciales se abonan al ICO.

En relación con el programa 912.B, me preguntan don Pedro Antonio Ríos y
don Víctor Morlán que por qué aparecen por primera vez 2.595 millones de
pesetas a la Generalitat de Catalunya para el plan único de obras y
servicios de Cataluña. Es verdad. Como he dicho, hay una nueva regulación
de este programa; antes se hacía por el Decreto 665 y ahora por el 1.328.

Haré mención expresa a cuáles son las principales novedades que aporta
este decreto y el porqué de esta regulación de este programa frente a la
que teníamos hasta ahora. Les diré que lo que hemos hecho ha sido recoger
en el decreto las previsiones de la nueva redacción de la Ley General
Presupuestaria, en concreto del artículo 153, apartado 2, regla 9.ª, que
aprobaron las Cortes Generales el 30 de diciembre del pasado año, con la
Ley de medidas para 1997, si no estoy equivocado. Esa nueva redacción del
artículo 153.2, regla 9.ª de la Ley General Presupuestaria es congruente
con lo que prevé al efecto el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tengo
que decir, ya que se habla tanto de hechos diferenciales, que un hecho
diferencial de carácter jurídico que tiene el Estatuto de Autonomía de
Cataluña en relación con otros estatutos es precisamente éste: la
cooperación económica del Estado en las inversiones de las entidades
locales. Es el único estatuto de autonomía que incorporó en una
disposición transitoria los decretos de 1978 y que pasaron a conocimiento
público como los decretos fruto de los acuerdos --y utilizo terminología
periodística y política-- Suárez-Tarradellas. El Decreto de 1978 de
traspasos incluyó, como competencia de la Generalitat, entonces
provisional, la gestión del plan único de obras y servicios de Cataluña,
que hasta ese momento se ejercía a través de las cuatro diputaciones
catalanas. En virtud de una disposición transitoria del estatuto de
autonomía, ese decreto de traspaso se ha incorporado como propio al
Estatuto de Cataluña, de tal manera que ésa es una competencia propia



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que tiene la Generalitat en virtud de su estatuto de autonomía. El
Decreto 665 no respetó esta competencia de la Generalitat y eso produjo,
entre otras cosas, litigiosidad ante el Tribunal Constitucional,
requerimientos de incompetencia primero y después conflictos positivos de
competencia de la Generalitat en relación con el Estado que todavía están
pendientes de resolución del Tribunal Constitucional. La modificación que
la Ley de medidas hizo de la Ley General Presupuestaria pacificó ese
problema, de tal manera que el decreto lo que ha hecho, en virtud del
principio de jerarquía normativa, es llevar al decreto lo que ya era una
obligación establecida --insisto-- en la Ley presupuestaria por la Ley de
medidas de 1997, y en cuya virtud no se debían territorializar
exclusivamente las subvenciones destinadas al plan de obras y servicios,
sino las tres secciones que hasta ahora contenía el Decreto 665, es
decir, la sección llamada especial, correspondiente a las zonas de acción
especial, y la sección sectorial correspondiente a equipamientos de
prevención y extinción de incendios y red viaria local. De tal manera
que, como dice la Ley presupuestaria, ahora hay que territorializar todas
las subvenciones del Estado destinadas a las corporaciones locales de
Cataluña derivadas de este programa y no sólo una sección. Hasta este
año, de esos 2.595 millones, una parte --si les interesa les digo la
dotación completa--, la correspondiente al plan de obras y servicios, sí
que se libraba con una subvención a gestionar por la Generalitat de
Cataluña desde el Estado, puesto que en Cataluña no había zonas de acción
especial, mientras que la subvención correspondiente a la sección
sectorial, básicamente red viaria local, se libraba a las diputaciones
catalanas. La subvención que hasta ahora se libraba a las diputaciones
catalanas, y que debería librarse si no se hubiera modificado el decreto
y no se hubiera modificado previamente la Ley presupuestaria se ha sumado
a la que ya recibían por la vía del plan único de obras y servicios. Eso
es lo que conforma los 2.595 millones de pesetas, que es lo que le
corresponde a Cataluña del total de 23.289 millones. Y con esto contesto
también a don Pedro Antonio Ríos. Es decir, que cuando aparecen 23.289
millones de pesetas en la dotación del programa, 2.595 millones para la
Generalitat de Cataluña, resto de España, 20.000 millones, debe
interpretarse así. El programa en Cataluña lo gestiona la Generalitat y
en el resto de España lo gestionan las diputaciones, los cabildos, los
consejos insulares y las comunidades autónomas uniprovinciales, que a
esos efectos, como saben, tienen subsumidas en su seno lo que serían las
diputaciones provinciales y, en consecuencia, sus competencias. Entiendo
que con esto queda aclarada esta cuestión.

Me preguntan si les puedo dar las cifras correspondientes a la
distribución de este programa por comunidades autónomas y su distribución
por provincias o por islas. Si quieren se las doy. Las tenemos porque,
entre otras cosas, según establece el decreto, esta cuantía total debe
distribuirse en función de unos indicadores socioeconómicos y unos
coeficientes de ponderación de esos indicadores; y esos indicadores y sus
coeficientes de ponderación los debe informar preceptivamente la Comisión
Nacional de Administración Local como máximo órgano de cooperación entre
la Administración local y la Administración general del Estado. Este
trámite lo hemos cumplido; el 9 de septiembre se reunión el pleno de la
Comisión Nacional de Administración Local que, por unanimidad de la
representación del Estado y de las corporaciones locales a través de su
representación, la representación de la FEMP en la CNAL aprobó los
indicadores y su ponderación. Diré más, la representación de la FEMP en
la CNAL nos solicitó una pequeña variación en los coeficientes de
valoración, de ponderación de algunas de esas variables, y se lo
aceptamos. En consecuencia, eso está absolutamente consensuado con las
corporaciones locales. Lo que le corresponde a cada provincia o a cada
isla es proyectar esos indicadores, esos índices de ponderación al caso
concreto de cada provincia o isla, y entonces se le libra al presidente
de la diputación, del cabildo, del consejo o consejero respectivo que
gestiona el programa en las comunidades autónomas uniprovinciales. Y
desde la semana pasada ya lo tienen todos esos presidentes, puesto que de
acuerdo con el decreto les envié un escrito a todos ellos comunicándoles
que, de acuerdo con la previsión presupuestaria, la dotación del programa
y los acuerdos de la CNAL, les corresponde a ellos la cuantía que les
corresponde. La tengo aquí, por lo tanto, si luego quieren, se la
detallo. En todo caso, significa un incremento del 17,08 por ciento como
promedio, de tal manera que no hay ninguna institución, ni cabildo ni
consejo ni comunidad autónoma ni diputación que pierda dinero, sino que
todas ganan, unas más que otras en función de lo que se deriva de esos
indicadores socioeconómicos y su ponderación.

Me parece que un dato de interés en relación con este programa podría ser
--ya que hablaban de este programa y su incidencia en el pacto local, que
son cosas distintas aunque tienen una relativa conexión-- constatar el
efecto arrastre que sobre otras subvenciones de otras instituciones
tiene, de manera que por cada peseta de subvención del Estado se produce
un efecto multiplicador por cinco del total de las subvenciones, que
afectan fundamentalmente --como saben-- a pequeños y medianos municipios.

En general, los menores de 50.000 habitantes, y muy especialmente los
menores de 20.000 habitantes. Puedo decirles que programadas y en
ejecución en este año 1997, a fecha de 2 de octubre, tenemos 6.542 obras,
que significan un volumen de inversión total de prácticamente 91.000
millones de pesetas, y esto creo que es muy importante. Concretamente, en
estos momentos hay 6.542 obras, 90.893 millones de pesetas en inversión
como consecuencia de este programa, y de estas 6.542 obras son
subvencionadas por el Estado un total de 4.055. Sectorialmente, un 23,74
por ciento de obra son para carreteras; 17,76, para abastecimiento de
agua; 31,53, pavimentación y urbanización; saneamiento, 12,44; prevención
y extinción de incendios, centros socioculturales, instalaciones
deportivas, así hasta cien. Por lo tanto, es evidente que este programa
tiende enormemente a mejorar las infraestructuras y los equipamientos
locales de los pequeños y medianos municipios españoles y, en
consecuencia, a elevar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en
esos municipios.




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El promedio de la subvención del Ministerio de Administraciones Públicas
a ese programa es de prácticamente un 20 por ciento, exactamente un
19,89. Las diputaciones aportan casi un 40 por ciento, los ayuntamientos
un 20,56, las comunidades autónomas un 3,88; las ayudas comunitarias
derivadas del POL, del programa operativo local, para el período
1994-1999 más el programa Regis para Canarias y el programa para las
regiones Objetivo 5.B para ayudas al desarrollo rural aportan el 3,88 por
ciento. En definitiva, 90.000 millones de inversión en ejecución en este
año 1997; programadas y ejecutadas 6.542 obras en municipios básicamente
de menos de 20.000 habitantes. Por tanto, nos damos cuenta de que es un
programa que efectivamente tiene mucha importancia para que los pequeños
y medianos municipios españoles mejoren sus infraestructuras, sus
equipamientos. En consecuencia, la finalidad del programa, según la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, es el cumplimiento del artículo
26 en cuanto a que esos municipios estén dotados de los servicios
obligatorios con carácter mínimo.

La modificación de la gestión de ese programa que se ha efectuado por el
Decreto 1328/1997, entre otras cosas, obliga a que se endeuden menos los
ayuntamientos puesto que la subvención del Estado pasa de ser de hasta un
35 por ciento a ser de hasta un 50 por ciento. Simplifica los trámites
administrativos y mejora, en consecuencia, las posibilidades de
incrementar el nivel de ejecución del programa, e incrementa la autonomía
de las corporaciones locales en la medida en que de tres secciones
pasamos a una única sección. Con eso quiero, señor Morlán, aclarar alguna
duda que he leído a través de ciertas intervenciones en medios de
comunicación de algunos responsables políticos que criticaban que
desaparecieran las zonas de acción especial. Ahora usted me pregunta por
qué desaparecen con dotación específica dentro del programa las
subvenciones destinadas a la red viaria local o a los equipamientos de
prevención y extinción de incendios. Lo que se hace es incrementar la
autonomía local porque la misma cantidad de dinero se pone ahora a
disposición de las corporaciones provinciales, sin que el Estado, a
través del Ministerio de Administraciones Públicas y esta Secretaría de
Estado, diga qué cantidad de la dotación total han de destinar a declarar
zonas de acción especial, a mejorar la red viaria de titularidad de las
diputaciones, etcétera. Es decir, que les damos la misma cantidad pero
con unas reglas generales de funcionamiento, que son las que aparecen en
el decreto, que les posibilita mayor nivel de decisión. Creo que eso va
claramente en la línea --creo, pero no afirmo-- de incrementar la
autonomía de las corporaciones locales, de incrementar la autonomía
local, y por eso la representación de la FEMP en la CNAL informó
positivamente y por unanimidad el proyecto del decreto 1.328, porque
entendieron que eso era así.

Se ha dicho, por ejemplo, que ahora no habrá zonas de acción especial y
que, en consecuencia, el Gobierno se desentiende de aquellas zonas del
territorio que pudieran estar en un nivel de desarrollo muy por debajo de
lo que sería el promedio nacional. Eso no es así, y se deriva claramente
de lo que acabo de decir. Otra cosa es que el Estado se haya limitado
voluntariamente en el margen de discrecionalidad política que tenía para
designar algunas zonas, algunos territorios, algunas comarcas como de
acción especial, detrayéndolo del montante total del programa, y que
ahora se lo deje a la autonomía de las diputaciones, cabildos y consejos,
que entendemos que están en mejores condiciones que el Ministerio de
Administraciones Públicas para decir qué zonas de su territorio
provincial o insular son las que por estar en estas condiciones requieren
una actuación intensiva de este programa. Y otra cosa es que no podíamos
seguir generalizando ese instrumento puesto que lo estábamos
desnaturalizando, ya que al final todo el territorio nacional sería zona
de acción especial. Les puedo decir que desde el año 1990, fecha de
promulgación del Decreto 665, el 24 por ciento de la superficie del
territorio nacional había sido declarado zona de acción especial y se
habían declarado 81 zonas de acción especial, y ahora tenemos vivas para
el ejercicio de 1998 todavía 34 zonas de acción especial. Estaremos de
acuerdo en que declarar zona de acción especial el 24 por ciento de la
superficie del territorio nacional da una idea de que se estaba
generalizando el instrumento, lo cual llevaba a que lo desnaturalizáramos
y que tuviéramos que destinar casi todo el programa a la subvención
correspondiente a la previa declaración por Consejo de Ministros de unas
zonas como de acción especial, con lo cual al final ni las diputaciones
ni los cabildos ni los consejos podían hacer una cooperación económica
efectiva, ya que no les quedaba prácticamente margen de actuación. Ahora
lo podrán hacer si ellos lo estiman oportuno.

En cuanto a la red viaria local, lo mismo. La única limitación que se ha
establecido en el decreto es que hasta un máximo del 30 por ciento de la
subvención la pueden destinar a la mejora de la red viaria local; con ese
máximo del 30 por ciento pueden destinar a la mejora de la red viaria
local aquella cantidad que estimen oportuno. Teniendo en cuenta que ahora
el Ministerio no tiene que producir una aprobación provisional del plan
de obras y servicios sino sólo la definitiva, y en la medida en que
integre programas subvencionados por el Estado, creo que convendremos en
que este decreto lo que hace es intervenir menos desde el Estado en las
corporaciones locales, incrementar su autonomía de decisión política y,
al mismo tiempo, hacerlo incrementando las dotaciones del programa con
una cuantía que en términos relativos es importante, ya que --como
señalaba al principio de mi intervención-- significa el 17,08 de
incremento frente a un 3,8 por ciento de incremento del presupuesto de
gastos del Estado. Creo que con eso, señorías, les he contestado a la
mayoría de las preguntas que me han formulado en relación con los
programas 124.A y 912.B.

Con la venia del señor presidente, me voy a referir a la financiación
autonómica, partiendo de la base de que, como muy bien señalaba don Pedro
Antonio Ríos, ni el programa 912.A ni el 912.C ni la sección 32 ni la
sección 33, correspondientes al título VII, capítulos I y II de la ley de
presupuestos, los gestiona esta Secretaría de Estado. Los gestiona
fundamentalmente el Ministerio de Economía y Hacienda. Yo, desde una
perspectiva más política, si



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quiere le respondo, sobre todo porque es verdad que en el seno del
Consejo de Política Fiscal y Financiera la representación del Estado se
integra por el ministro de Economía, que preside el Consejo, por el
ministro de Administraciones Públicas, el secretario de Estado de
Hacienda y un servidor, y que actúa como secretario del Consejo el
director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, que es
el centro directivo, dentro de la Secretaría de Estado de Hacienda, que
gestiona estos programas. Lo cual significa que a algunas cosas en
concreto yo no le puedo contestar. En alguna de las cuestiones que me ha
formulado, sobre todo en relación con unas declaraciones que yo hice la
semana pasada en la presentación del informe Pi y Sunyer sobre las
comunidades autónomas para los años 1995 y 1996 que no lo hice, aunque lo
decían así los medios de comunicación, señora Rubiales, y no fue en el
Senado sino en la sede del INAP, en el Instituto Nacional de
Administración Pública, que, como sabe, es un organismo adscrito al
Ministerio de Administraciones Públicas. Lo digo porque de la misma
manera que no fue en el Senado se ponen en mi boca algunas afirmaciones
que no son tampoco exactamente así, aunque haya algunas cosas en las que
sin duda me voy a ratificar si llega el caso.

Empezando por el principio, como decían los clásicos, usted me citaba,
según los medios de comunicación, y decía que algunas de las disfunciones
que tenía nuestro Estado autonómico era conseguir un modelo de
financiación de alguna manera estable, es decir, que no estuviera
expuesto al albur de más o menos coyunturas electorales.

Eso lo dije, lo he dicho y lo mantengo, pero eso es absolutamente
compatible con el hecho de que es una experiencia que todos deberemos
acumular en el escenario del año 2001 cuando finalice el período, el
quinquenio de vigencia del actual modelo de financiación autonómica para
el quinquenio 1997-2001; desde la experiencia acumulada sobre todo al
haber pasado un modelo de financiación autonómica que dotaba de muy poca
autonomía financiera de ingreso a las comunidades autónomas, y que no
tenía en absoluto corresponsabilidad fiscal a un modelo como el actual
que duplica más que en general, en relación con el anterior, la autonomía
financiera de ingresos de las comunidades autónomas y que introduce como
novedad fundamental la corresponsabilidad fiscal, que se proyecta en la
disposición de los recursos procedentes de hasta el 30 por ciento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los tributos cedidos y
una capacidad normativa sobre los tributos cedidos y en el Impuesto sobre
la Renta a las Personas Físicas en ese tramo del 30 por ciento de la
tarifa.

En relación con esto, me formula la señora Rubiales diversas preguntas, y
también el señor Ríos. Por una parte, me preguntaban sobre el 15 por
ciento o el 30 por ciento si estaba a expensas o no de que las
comunidades autónomas del 143 asumieran la educación. El acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera del 23 de septiembre de 1996
estableció que la tarifa autonómica sería de hasta el 30 por ciento en el
momento que esas comunidades asumieran la educación. El calendario
previsto por el Gobierno es que a lo largo del año 1998, esas diez
comunidades autónomas puedan asumir la transferencia de competencia en
educación no universitaria, concretamente puedo decir que en las próximas
semanas, seguramente antes de un mes puesto que hay un acuerdo de base,
podremos celebrar pleno de la Comisión Mixta de Transferencias con
Baleares para transferirles esa competencia y las negociaciones están muy
avanzadas en relación con la Comunidad Autónoma de Aragón entre otras. En
todo caso, en casi todas las comunidades, esas diez comunidades
autónomas, se han constituido las ponencias técnicas y el calendario del
Gobierno es que unas comunidades autónomas asuman esa competencia con
efectos de 1.º de enero de 1998 y otras con efectos 1 ó 31 de julio de
1998. En todo caso, si a lo largo del año 1998 no todas las comunidades
autónomas asumieran la educación lo razonable sería que se volviera a
convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ver si el hecho de
que exista alguna comunidad autónoma que no hubiera asumido la educación
debería ir en perjuicio de todas aquellas que sí la han asumido y que
están en condiciones de asumir también el 30 por ciento del IRPF. En todo
caso, la tarifa autonómica del 15 por ciento para el año 1998, es
considerada como un impuesto cedido y, como muy bien señalaba el señor
Ríos, por eso la llamada TIR no aparece en la Sección 32 de los
presupuestos del Estado y sólo aparece la participación territorial en
los ingresos de IRPF, que es en general del 15 por ciento para todas las
comunidades autónomas, menos para Madrid, que no lo tiene, y Aragón,
Asturias y Baleares, que es del 5 por ciento. Eso es lo que aparece en la
Sección 32.

Insisto, la previsión es que para el 1.º de enero de 1999 tengan todos el
30 por ciento del IRPF. Si lo impidiera la situación del traspaso de
educación, siempre estaríamos en condiciones de celebrar un nuevo
plenario el Consejo de Política Fiscal y Financiera y si el plenario del
Consejo revocara su acuerdo de 23 de septiembre, estaríamos a resultas de
ese nuevo acuerdo. En principio, ése es el planteamiento. Por tanto, la
capacidad normativa de las comunidades autónomas sobre el IRPF se
proyecta sólo sobre el 15 por ciento durante el año 1998, y en todo caso
no podrá serlo sobre el 30 hasta el 1.º de enero de 1999, si todas las
comunidades han asumido la educación, y si no la hubieran asumido, previo
nuevo acuerdo en ese sentido del pleno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

Me preguntan a continuación, ¿cómo es que se producen esas disparidades
en cuanto al incremento de las entregas a cuenta de las comunidades
autónomas que no aceptaron el modelo y las que lo aceptaron, y, aun así,
entre las que sí aceptaron el modelo, y entre las que no lo aceptaron?
¿Lo he interpretado bien, señor Ríos? (Asentimiento.)
Eso tiene una explicación muy clara. Las comunidades autónomas que no
aceptaron el modelo --usted dice que están castigadas--, se castigarían a
sí mismas; el Gobierno no puede imponer, como usted sabe, un modelo de
financiación a ninguna comunidad autónoma, se establece mediante acuerdo
que se formaliza en comisión mixta, y por tanto si usted considera que
han sido castigadas porque tienen menos recursos, será que se han
castigado a sí mismas esas comunidades autónomas, porque el Gobierno no
puede imponer un modelo y, por tanto, si no lo han asumido



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es porque no lo han querido asumir. Esa terminología no es correcta
jurídica ni políticamente. Aquí no se castiga a nadie. Quien acepta el
modelo, lo vota y se acuerda en comisión mixta; quien no acepta el
modelo, como el Gobierno no lo puede imponer, según el artículo 84.2 de
la Ley de Presupuestos de 1997, para financiar a esas comunidades
autónomas, como financiación incondicionada fuera fondo, se les dota de
unas entregas a cuenta del 98 por ciento de la cantidad que les
correspondería aplicándoles a estos efectos como provisional y prorrogado
el modelo de financiación anterior, hasta que haya un modelo definitivo
nuevo que pueda pactarse con esas comunidades autónomas.

Hay un nuevo modelo y doce comunidades se han acogido al modelo. A esas
comunidades autónomas ahora explicaremos cómo se les dota de recursos
para financiarse en la Ley de presupuestos.

Las que no han aceptado modelo, no tienen modelo porque a ninguna
comunidad autónoma se puede imponer un modelo. También vale decir que
ninguna comunidad autónoma puede imponer al Gobierno otro modelo; se
tiene que acordar en comisión mixta, por tanto acuerdo de las dos
administraciones, y si una comunidad autónoma entiende que porque el
Gobierno no se pone de acuerdo con ella es culpa del Gobierno, el
Gobierno puede entender también que es por culpa de que la comunidad
autónoma no quiere ponerse de acuerdo con el Gobierno.

Si hablamos de perjudicar, insisto, se estarían perjudicando a sí mismas
las comunidades autónomas. Sin duda, se están perjudicando, porque yo voy
a ratificar ahora los datos y los voy a aclarar si es preciso, donde se
demuestra que las entregas a cuenta que para el año 1998 van a percibir
las tres comunidades autónomas que no han aceptado el modelo, son
inferiores a las entregas a cuenta que hubieran percibido si hubieran
aceptado el modelo nuevo.

Por supuesto, voy a dar los datos en términos homogéneos, es decir, como
si no se hubieran producido más traspasos, una comparación homogénea
porque evidentemente el coste efectivo derivado de los traspasos se
integra en el porcentaje de participación en ingresos del Estado, en la
PIE, y Andalucía, por ejemplo, que asumió en enero de este año el
traspaso de los medios materiales y personales al servicio de la
Administración de justicia con un coste efectivo de más de 20.000
millones de pesetas, eso hace que su entrega a cuenta, en lugar de
incrementarse el 5,69 por ciento, previsión del PIB nominal en
presupuestos 1998, se le incrementa en el 9,08 por ciento, y esa
diferencia del 5,69 al 9,08 son los 20.000 millones del traspaso de
justicia. Como Extremadura y Castilla-La Mancha no han tenido ningún
traspaso hasta la fecha, el incremento es el 5,69 por ciento.

Por eso, yo evidentemente deflacto ese incremento derivado de los
traspasos y hago una comparación en términos homogéneos. Con las mismas
competencias entre un año y otro, la Comunidad Autónoma de Andalucía en
el año 1997, Real Decreto-ley 7/1997, incrementó sus entregas a cuenta el
6 por ciento, que era la previsión del PIB nominal para este año 1997.

Por cierto, el 98 por ciento entrega a cuenta de la liquidación
definitiva, y ya anticipo que el PIB nominal para este año no va a ser el
6 sino el 5,2, es más el 98 por ciento de 6 que el 100 por ciento del
5,2; por tanto, que cada uno vaya haciendo sus cuentas. Las comunidades
autónomas que aceptaron el modelo, como la PIE inicial, la participación
de ingresos del Estado, como usted sabe, se divide en tres tramos. La
tarifa autonómica, 15 por ciento, como impuesto cedido evoluciona como
evoluciona en la recaudación por renta en el territorio de la comunidad
autónoma respectiva; participación en ingresos territoriales del IRPF, 15
por ciento el conjunto de las comunidades autónomas, cero Madrid, incluso
tiene un porcentaje de participación negativo, tiene retorno, y Aragón,
Asturias y Baleares 5 por ciento. Eso tiene otro índice de evolución.

Finalmente, la diferencia entre la PIE, restricción financiera del
sistema en el año 1996, año base, PIE de partida menos el 15 por ciento
de TIR, de tarifa autonómica y el otro 15, 10, 5 o cero por ciento, me da
la participación en ingresos del Estado resultante, que evoluciona según
los ITAE, porque el índice de crecimiento del nuevo modelo de
financiación autonómica son los ITAE, y la previsión de ITAE para el año
1998 es el 8,1 por ciento. Entonces, ponderando para las comunidades
autónomas del año 1997 el crecimiento de la tarifa autonómica, la
participación en ingresos territoriales de IRPF y la PIE resultante dan
un promedio en el año 1997 para las comunidades que aceptaron el modelo
del 7,04 por ciento, frente al 6 de las que no lo aceptaron, previsión
del PIB nominal.

Diré más, he dicho que en relación con las que no aceptaron el modelo, la
liquidación se va a hacer sobre un PIB nominal del 5,2, frente a una
previsión inicial presupuestaria del 6 por ciento, por tanto, la
liquidación va a ser la baja, mientras que la liquidación de las
comunidades que aceptaron el modelo y que se les ha dado una entrega a
cuenta, que en promedio significa incrementar el 7,04 por ciento, va a
ser al alza porque la previsión de incremento de recaudación por IRPF de
1997 sobre 1996 era en presupuestos 6,68 por ciento y está siendo del 7,4
por ciento; por tanto, la liquidación previsiblemente será al alza.

He hablado de crecimiento promedio de las doce comunidades autónomas,
porque, obviamente, se lo tengo que decir así. Hay comunidades autónomas,
como Madrid, que no tienen participación en ingresos territoriales, otras
como Aragón, Asturias y Baleares, que tienen el 5 por ciento y porque,
además, la tarifa autonómica evoluciona según evolucionan los ingresos
por renta en cada territorio; pero el promedio es del 7,04 por ciento.

Año 1998, ley de presupuestos. Como hasta que haya un modelo pactado con
ellas en comisión mixta, esas comunidades autónomas no tienen modelo de
financiación, simplemente con la consideración jurídica de entrega a
cuenta de la liquidación definitiva que se haga el día que haya un modelo
de financiación pactado bilateralmente en comisión mixta entre el Estado
y esa comunidad autónoma, como entrega a cuenta se le da el 98 por ciento
de lo que les correspondería de considerar prorrogado provisionalmente el
modelo anterior, tengo que decir que si consideran que el modelo anterior
era tan bueno, no se entiende por qué lo critican tanto ahora. No puede
ser bueno y malo



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a la vez. De considerar prorrogado el modelo a estos efectos nada más, el
crecimiento que tiene en sus entregas a cuenta según ley de presupuestos
de 1998, es la previsión PIB nominal, que es el criterio prevalente entre
los tres índices de crecimiento de la PIE que daba el modelo del
quinquenio 1992-96, que eran los ITAE, el gasto equivalente y el PIB
nominal. El PIB nominal para este año 1998 es 5,69; por tanto, se
incrementa en 5,69. Andalucía, 9,08, pero ya he explicado que es por el
tema de la justicia, mientras que las 12 comunidades que aceptaron el
modelo, la previsión de crecimiento promedio, señor Ríos, es el 8,58, la
resultante de aplicar a cada una de esas doce comunidades autónomas los
tres tramos, tarifa autonómica, participación en ingresos territoriales e
IRPF. La PIE resultante evoluciona según ITAE (8,10), sin contar
traspasos, porque también aquí hay comunidades autónomas como Aragón,
señor Morlán, que crece el 13,45, pero es que Aragón ha tenido muchos
traspasos. Por eso digo que en términos homogéneos crece mucho más, pero
hago la comparación en términos homogéneos para que sea real y correcta.

Se incrementa 8,10 la PIE resultante. El tramo de participación en
ingresos territoriales crece el 0,36 y el tramo de tarifa autonómica
crece en unos porcentajes variables. El promedio para las doce
comunidades es el 8,58 por ciento, en términos de homogeneidad. Creo que
lo he aclarado, por lo menos lo he intentado; y en otro caso, ya me
preguntarán.

Termino este capítulo señora Rubiales. El modelo de financiación
autonómica del quinquenio 1997-2001 se concreta, como S. S. sabe, en una
serie de acuerdos que adoptó, cual conferencia sectorial, el Consejo de
Política Fiscal y Financiera y que se materializa jurídicamente con la
reforma de la Lofca, con la reforma de la Ley de cesión de Tributos y con
la Ley de cesión de Tributos a cada comunidad autónoma. Después, en un
acto de voluntad política, se concreta en los plenos de las comisiones
mixtas de transferencias.

El modelo 1997-2001, el vigente, se puede aceptar total o parcialmente.

Una comunidad autónoma, Andalucía por ejemplo, puede decir: acepto la
capacidad normativa sobre los tributos cedidos y no la acepto en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Eso se puede hacer
porque son acuerdos distintos, y unos se pueden votar a favor y otros en
contra. Lo que pasa es que las tres comunidades autónomas, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Andalucía, votaron todo en contra, sin establecer
distinciones, en un acto que cada cual calificará como quiera, pero que
tenía como mínimo alguna connotación de carácter partidista, porque no
era razonable pensar que tres comunidades autónomas distintas votaran
globalmente en contra de los seis acuerdos en que se desarrollaba el
modelo de financiación. Como se demuestra ahora, no era muy razonable
puesto que han dejado de percibir en total, entre 1997 y 1998, como
entregas a cuenta 23.687,3 millones de pesetas. Ya que me lo preguntaba
S. S., se los voy decir desglosado por comunidades autónomas y por años.

Andalucía en el año 1997, por no haber aceptado el modelo como entrega a
cuenta percibe 3.762 millones de pesetas menos de los que hubiera
percibido si se hubiera acogido al nuevo modelo; y en el año 1998, como
entrega a cuenta, percibirá 19.976,9 millones de pesetas menos de los que
como entrega a cuenta hubiera percibido de haber aceptado el modelo. En
total, entre los dos años dejará de percibir como entrega a cuenta
20.738,9 millones de pesetas. Castila-La Mancha en el año 1997 deja de
percibir como entrega a cuenta por no haber aceptado el modelo, 414,4
millones; año 1998, 552,8 millones; total, 967,2 millones. Extremadura,
333,8 millones este año y el año que viene, 1.647,4 millones; total,
1.981,2. Total las tres comunidades autónomas, en los dos años dejarán de
percibir como entrega a cuenta, 23.687,3 millones de pesetas, derivado,
en definitiva, de no haberse acogido al nuevo modelo de financiación
autonómica.

Preguntaba la señora Rubiales cuál es la posición política del Gobierno.

Aquí hay un modelo de financiación autonómica: el aprobado por las Cortes
Generales en la Ley de Presupuestos, en la ley que reforma la Lofca y en
la Ley de cesión de Tributos en coherencia con la recomendación del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, apoyado por la inmensa mayoría
de comunidades autónomas. Unas comunidades autónomas no lo aceptan y
otras sí; pero como para que haya aceptación, se requiere la voluntad
concurrente de las dos administraciones, la del Estado y la de la
comunidad autónoma respectiva, la Administración del Estado a través del
Gobierno manifiesta que no está de acuerdo en pactar modelos que no
signifiquen uno nuevo total o parcialmente, porque, en otro caso, lo que
hará será, como ha hecho en la Ley de Presupuestos, es ir dando unas
entregas a cuenta de una liquidación definitiva que se tiene que hacer en
el momento que haya un modelo pactado nuevo. Por tanto, la posición del
Gobierno es que se acepta el modelo nuevo total o parcialmente. Otra
situación nos llevaría a lo que usted califica de desorden autonómico. No
tenga ninguna duda, señora Rubiales, un modelo válido para el conjunto de
las comunidades autónomas, beneficia más a unas que a otras. Eso es
impepinable (perdón por la expresión); no puede haber un modelo de
financiación autonómica que partiendo de realidades económicas, sociales,
territoriales, etcétera, distintas en su proyección sobre ellas dé los
mismos resultados. Iríamos a un modelo de financiación que desaparecería,
porque habría 17 modelos de financiación autonómica. Eso sí sería el
desorden autonómico. Partiendo del bloque de la constitucionalidad, el
Gobierno dice: aquí hay dos comunidades autónomas, las del régimen foral,
que tienen un sistema de relaciones económicas, financieras y tributarias
con el Estado, basado en un sistema de concierto de convenio, y el resto
de comunidades autónomas que tienen un sistema de financiación común
modelo Lofca. Esa es la posición del Gobierno; y su posición política,
señora Rubiales, está llevando a que no haya un modelo de financiación
para el conjunto de las comunidades autónomas, sino que haya un modelo
para cada una de las comunidades autónomas. Le hago la siguiente
reflexión en voz alta: ¿usted cree que si el Gobierno pactara un modelo
de financiación bilateral con Andalucía, Extremadura y Castilla-La
Mancha, las doce comunidades que se han acogido al modelo común no
pedirían uno específico para ellas, siempre mucho mejor que el común?



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Esa es la dialéctica a que nos llevan ustedes, que haya 17 modelos de
financiación, y eso es el desorden y el caos autonómico. Lo que está
intentando conseguir el Gobierno; y es la racionalidad y la cohesión del
Estado autonómico; la dinámica y dialéctica política a que nos llevan
ustedes, hace que salte por los aires un modelo de financiación común,
basado en la Lofca, que es lo que quiere el Gobierno y lo que
supuestamente querían también ustedes. Es una reflexión que les hago.

Para facilitar el trabajo a las comunidades autónomas, sepan que lo
pueden aceptar total o parcialmente. Pueden aceptar unas cosas del modelo
nuevo y otras no; lo que no pueden es esperar un modelo a la carta,
pactado bilateralmente entre el Gobierno y ellas. Esta es la posición
clara.

Deuda histórica. Empezamos por decir que los propios representantes
políticos de Extremadura y Andalucía no aceptan esa terminología.

Hablamos de la adicional segunda del estatuto. La posición del Gobierno
es muy clara: España no está en deuda consigo misma y el actual Gobierno
no reconoce jurídica ni políticamente la existencia de deudas históricas.

Lo ha dicho públicamente el ministro, Mariano Rajoy, y yo lo ratifico. El
Gobierno no reconoce jurídica ni políticamente la existencia de deudas
históricas. Otra cosa es el desarrollo de la disposición adicional
segunda de los estatutos de Andalucía, Extremadura (perdonen señora
Rubiales y señor Ríos) y de muchos otros estatutos; por ejemplo, la
transitoria quinta del Estatuto de Galicia y muchos otros. Si no recuerdo
mal, hay nueve estatutos de comunidades autónomas que en una edición más
o menos equivalente hacen referencia a supuestas deudas históricas que en
opinión del Gobierno son obligaciones de dotar de fondos de nivelación en
los Presupuestos Generales del Estado para conseguir una dotación mínima
en todo el territorio nacional a las comunidades autónomas para la
gestión de los servicios públicos fundamentales en la comunidad,
identificando a estos efectos como dotación mínima la dotación promedio
nacional.

Por tanto, la posición del Gobierno es que, sin perjuicio de la
negociación bilateral que exige el desarrollo de todo estatuto de
autonomía, eso se tiene que trasladar a un foro multilateral de
negociación que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la
previsión constitucional y legal es el artículo 15 de la Lofca. Es más,
la adicional segunda del Estatuto de Extremadura, a mayor abundamiento,
cita expresamente la Lofca, cita el artículo 15 de la Lofca; por tanto,
si hubiera alguna duda de la íntima conexión que existe entre ese
concepto denominado deuda histórica y el 15 de la Lofca el Estatuto de
Extremadura lo contiene y otros muchos estatutos también.

Entonces, efectivamente, hay una dotación en los presupuestos de este año
de 10.000 millones para el 15 de la Lofca y 12.000 para el año 1998. Me
pregunta el señor Ríos, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en el último
Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se aprobó el pacto de
austeridad del programa de convergencia 1998-2001, el vicepresidente
económico del Gobierno, a pregunta de algunos consejeros, manifestó que
en la próxima reunión del pleno del Consejo que ha de entender del
dictamen que el grupo de trabajo constituido para informar sobre la
financiación de la sanidad, el Gobierno, si no hay acuerdo del grupo de
trabajo constituido al efecto, hará una propuesta de distribución
provisional de los 10.000 millones de este año.

Pero les diré más, en los acuerdos autonómicos de 1981 había una
previsión de desarrollar por ley el artículo 15 de la Lofca y me consta
que el Gobierno a través del ministro de Administraciones Públicas se ha
dirigido a algunos responsables políticos de sus partidos para intentar
consensuar un desarrollo del artículo 15 de la Lofca que afecta
nuclearmente al desarrollo del Estado de las autonomías. Por tanto, creo
que he contestado la pregunta que ustedes me formulaban y queda claro que
los 12.000 millones son con independencia de los 10.000 millones que
tenemos compromiso de distribuir provisionalmente en este ejercicio para
que no se pierdan esos millones que fueron dotados por primera vez en la
Ley de Presupuestos, cuando el 15 de la Lofca data de esa ley, es decir,
de septiembre de 1980. Hemos estado 17 años sin dotar el 15 de la Lofca,
por primera vez se ha dotado este año y, por tanto, es algo que también
modestamente habrá que reconocerle a este Gobierno.

Me falta el FCI y el padrón; el coste del modelo. Mire, señora Amparo
Rubiales, a mi ministro, el señor Rajoy, se lo han preguntado no sé
cuántas veces y a mí también. De entrada le diré que no tiene sentido
decir cuánto va a costar el modelo. Es como si le digo cuánto van a
costar los presupuestos del Estado del año 2001. La pregunta tiene
trampa, si me permite la expresión. Decir: ¿Cuánto va a costar el
presupuesto del Estado en el año 2001? No sé lo que va a costar el
presupuesto del Estado en el año 2001. ¿Quiere esto decir que no habrá
presupuesto en el año 2001? Claro que lo habrá pero no me pida usted que
yo le diga ahora cuánto va a costar el presupuesto del Estado en el año
2001. Es una cosa equivalente.

¿Qué entiende usted por coste? ¿El diferencial del coste respecto al
modelo anterior en cifras absolutas? Es que las palabras no son pacíficas
y si me dice coste, ¿qué quiere decir con coste del modelo? ¿Que en el
quinquenio sumando la financiación que tendrán las comunidades autónomas
cuál será la cantidad resultante, compararlo con lo que hubiera resultado
de la prórroga del anterior modelo y decir que la diferencia sería el
coste del modelo en más o en menos? ¿Es eso? Le tengo que decir que cada
año --entre comillas-- se sabe su coste, porque cada año sabemos cuáles
son los ITAE, sabemos cuál es el PIB nominal, sabemos la evolución del
IRPF y si usted me sabe decir en estos momentos en el año 2000 cuáles
serán los ITAE, me dice cuál será la evolución del IRPF en relación con
el año 1999 y cuál será además el crecimiento del IRPF en el año 2000 por
comunidad autónoma, le podré decir previsiblemente en términos
homogéneos, sin traspasos, cuánto costará o con cuánto estará dotada la
sección 32 de los presupuestos para unas comunidades autónomas y para
otras. Si usted me dice, insisto, cuánto son los ITAE, PIB nominal, gasto
equivalente, crecimiento del IRPF en esos años y su traducción por
comunidad autónoma, si no evidentemente ni el Gobierno ni nadie lo puede
decir, porque los recursos



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derivan de esas variables, y no las conocemos. Otra cosa es que el
Gobierno, a través de este modelo de financiación autonómica, garantiza
recursos suficientes para gestionar las competencias y, además, a través
de las garantías establecidas en el modelo garantiza que los recursos de
que dota el sistema al conjunto de las comunidades autónomas no se
separan entre sí, de tal manera que no hay unas comunidades autónomas a
las que el sistema les proporciona muchos recursos y a otras pocos,
porque el modelo dice que como mínimo todas las comunidades autónomas
tendrán unos recursos que se incrementarán en el 90 por ciento, como
mínimo, del crecimiento promedio que los recursos del sistema den al
conjunto de comunidades autónomas o que la financiación per capita no
será en ningún caso para ninguna comunidad autónoma el 90 por ciento.

Partiendo de la neutralidad financiera del sistema en el año base de
1996, el modelo genera recursos suficientes y establece unas garantías de
crecimiento ordenado y de recursos que no son dispares en cuanto a su
proyección final a cada una de las comunidades autónomas. Lo otro es
jugar con las bolas de los magos, porque sería tanto como especular con
los ITAE y la ratio para dentro de dos, tres o cuatro años, que un
Gobierno serio evidentemente no puede decirlo.

Perdón por haberme alargado, señor presidente, pero había muchas
preguntas. De todas formas, si hubiera alguna más con mucho gusto
contesto.




El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos consumido una gran parte del tiempo
de nuestra sesión. Voy a sujetarme a las instrucciones que antes, al
comienzo de ella, les indicaba, pero ahora sí les ruego la mayor
brevedad.

Señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias por sus explicaciones, señor
Fernández Díaz; la verdad que es un hombre de fácil verbo, lo que pasa es
que a veces el verbo no lo tiene acertado.

Indudablemente, en mi petición de información, he intentado que me sacara
usted de dudas sobre la configuración de estos dos programas y el primero
de los programas, el 124.A usted ha dicho que era una simple
redistribución de la estructura administrativa para llevar a cabo los
objetivos del programa, y la verdad es que le puedo creer en el sentido
de que usted no va a cambiar unos funcionarios por otros ni va a aportar
funcionarios que no estén, pero sí es cierto que por mucho que usted me
diga que queda todo igual no es del todo así; queda todo igual porque los
recursos que tiene son menores y por esa razón son escasos para llevar a
cabo lo que ustedes tienen planteado el año próximo. Me gustaría que
cuando redactaran las memorias de presupuestos las acoplaran algo más a
lo que usted está diciendo aquí porque la verdad es que no tiene nada que
ver o casi nada lo que usted ha dicho con lo que viene recogido en la
memoria y el programa 124.A veo que para lo que ha de ser el desarrollo
del pacto local que ustedes han planteado, lo que ha de ser el desarrollo
de un pacto que como está ubicado en su propio ministerio tiene que ver
con el conjunto de problemas que se plantean en los ayuntamientos, tiene
que ver con la aportación del Estado, que efectivamente crece el 4 por
ciento este año, tiene que ver con esa otra aportación complementaria al
programa 912.C que ha disminuido y se ha quedado en cifras similares a
las de hace dos años y tiene que ver con este programa 912.A, que aunque
directamente no esté implicado sí es cierto que forma parte en su
desarrollo de todos aquellos problemas y expectativas que se generan en
las corporaciones locales.

En la explicación que me ha dado del 912.A, con independencia de decirme
que está muy bien recogido que haya una consignación explícita de los
planes de obras de la Generalitat de Cataluña, nos gustaría tener
conocimiento --y espero que nos lo facilite ahora o lo mande por
escrito-- de cuál es por provincias esa distribución a que usted ha hecho
referencia. Pero me llama la atención que desaparezcan esos dos programas
que he comentado, porque vienen recogidos por el real decreto y no se
puede decir nada, nada más que si no te gusta decirlo y yo lo estoy
diciendo en este momento, pero dan una autonomía tal a las diputaciones
provinciales que me preocupa porque si antes los ayuntamientos tenían la
garantía de que parte de esos recursos podían ir a atender sus programas
de atención de la red viaria local o podían atender a otro tipo de
problemas relacionados con la extinción de incendios o zonas de acción
especial, sí es cierto que con esta autonomía que se les da a las
diputaciones mucho me temo que el margen de discrecionalidad de que van a
disponer, por no decir otra cosa peor, es bastante fuerte e importante y
ahí pueden surgir agravios comparativos que no me gustaría que surgieran.

Ustedes no garantizan que esos agravios no se produzcan; lo único que
están diciendo es que las diputaciones provinciales pueden dedicar hasta
un máximo del 30 por ciento para hacer trabajos o proyectos en la
subvención que hay para la red viaria local pero no dicen que alguien no
pueda darla y no le toque el 30 por ciento y creo que ese margen de
discrecionalidad antes no existía y ahora sí existe.

Voy a acabar ya, señor presidente. Creo que con los comentarios que ha
hecho el señor secretario de Estado hay algunas dudas que han sido
despejadas; hay otras dudas que sigo manteniendo y las haré patentes en
la interpretación política que hagamos del debate presupuestario; y hay
otras dudas que darán pie a enmiendas, que espero sean aceptadas, porque
entendemos que el programa que aquí se presenta es un programa que, desde
luego, en modo alguno va a atender a las necesidades de los ayuntamientos
de este país.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado,
también brevemente, si es tan amable.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Señoría, la distribución total de los 23.289 millones
de dotación presupuestaria, según los acuerdos que adoptó la Comisión
Nacional de Administración Local en orden a los indicadores, su
ponderación por unanimidad, insisto, y recogiendo además alguna
modificación de indicadores y ponderación que nos hicieron en relación
con el



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número de núcleos de población, que se incrementó en 5 centésimas y se
bajó la variable de población a petición de la FEMP, al final, las
diputaciones andaluzas tendrán 2.986,94 millones; Aragón, 1.671,09;
Asturias, 638,96; Baleares, 567; Canarias, 1.293; Cantabria, 356;
Castilla y León, 3.254; Castilla-La Mancha, 1.589; Cataluña, a través de
la Generalitat, 2.595; Extremadura, 1.171; Galicia, 2.682; Madrid, 794;
Murcia, 337,61; La Rioja, 384,58; Comunidad Valenciana, 1.206; y Ceuta y
Melilla, 13,78 cada una. Esta es la distribución y yo, con mucho gusto,
se la puedo pasar, si ustedes lo desean, porque, insisto, lo conoce la
CNAL, lo conoce la FEMP y lo conocen ya todos los presidentes de
diputaciones, cabildos y consejos insulares.

Antes se me olvidó, señor presidente --y termino, con su venia, si no hay
más intervenciones--, hacer una referencia al padrón y al censo. En
relación con las informaciones que he dado respecto del modelo de
financiación autonómica, el anterior modelo, el del quinquenio 1992/1996,
utilizó como año base del modelo el año 1990, como usted sabe, y la
población del año 1988. La verdad es que entre 1988 y 1996 hay una
diferencia de ocho años, en medio hubo revisiones censales y padronales y
no se planteó la actualización del censo de población. Quiero decir con
ello que en esos momentos, para el quinquenio 1997/2001, lo que se ha
hecho es tomar como año base, año de neutralidad financiera, el año 1996,
es decir los ingresos que obtienen las comunidades autónomas en el año
1996, último año del anterior modelo, y los que perciben por el nuevo
modelo tienen que ser iguales, aunque por conceptos distintos y, a partir
de ahí, evolucionan según las reglas de cada uno de los respectivos
modelos, independientemente ya de la población.

De la misma manera que le he explicado, no sé si con fortuna o sin ella,
lo que yo entendía que tenía de imposible la pregunta del millón, la del
coste de financiación autonómica, le podría decir algo equivalente en
relación con la población. El actual modelo no tiene, en principio, nada
que ver con la población, parte de una neutralidad financiera y la
población ya ha sido tenida en cuenta en el origen del modelo. Otra cosa
es que el modelo actual --no se escandalice, señora Rubiales, se lo voy a
explicar--, a diferencia del anterior, tiene una garantía que no tenía el
anterior modelo y que es absolutamente lógica. Al final, a igualdad de
nivel competencial, unas comunidades y otras no deben tener una gran
disparidad de la financiación per capita, porque todos estamos de acuerdo
en que la variable de población, a la hora de financiar las comunidades
autónomas, debe tener un gran peso. Usted sabe perfectamente, señora
Rubiales, que es infinito el debate respecto a qué otras variables y con
qué coeficientes de ponderación lo introducimos, porque si unos hablan de
la dispersión territorial, del número de unidades administrativas o del
esfuerzo fiscal, otros hablan de la concentración urbana, la dispersión
territorial, etcétera. Lo cierto es que en el año 1992 se llegó a un
consenso entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno, y lo que ha
hecho este Gobierno es mantener ese consenso, no tocar esas variables ni
esos coeficientes, porque tocar esas variables o esos coeficientes
significaba hacer imposible el consenso. Lo que hicimos fue respetar el
consenso del año 1992 y establecer una garantía en el último año de
vigencia del modelo, de tal suerte que ninguna comunidad autónoma, a
igualdad de nivel competencial, tendrá una financiación per capita que
sea inferior al 90 por ciento de la financiación per capita promedio. En
otro caso, se producían situaciones como la de la región de Murcia, que
está absolutamente penalizada y castigada con el modelo anterior, porque
es la comunidad autónoma en la que se da la concurrencia de dos
características: en renta, está por debajo de la renta promedio nacional,
y en financiación per capita está a la cola de la financiación per
capita. ¿Cómo se puede explicar que una comunidad autónoma sea de las más
pobres --entre comillas-- y, al mismo tiempo, tenga en igualdad de nivel
competencial una financiación per capita que esté también en la cola? Esa
es una injusticia seguramente no querida por el anterior modelo, pero
provocada por el anterior modelo, y eso con el nuevo modelo se corrige de
tal manera que, insisto, ninguna comunidad autónoma, a igualdad de nivel
competencial, tendrá financiación per capita que difiera en más del 10
por ciento de la financiación per capita promedio. Esa es una garantía de
solidaridad personal e interterritorial indudable, y así lo han aceptado
la mayoría de comunidades autónomas, inclusive aquellas comunidades
autónomas más desarrolladas, las del denominado arco mediterráneo, que
propugnaban un modelo de financiación autonómica basado únicamente en la
población. Repito, como se dio cuenta el Gobierno de que era imposible el
consenso en torno a otras variables y otros coeficientes de ponderación,
lo que hizo fue mantener como criterio de solidaridad el consenso
anterior, el del año 1992, y adicionar esta garantía, al final de la
vigencia del modelo, en torno a la financiación per capita.

Por tanto, señora Rubiales, contesto a su pregunta, sin perjuicio de
decirle además que hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional en
relación al censo y el padrón que pacifica bastante, en términos
jurídicos, la discusión planteada.




El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, no había visto su petición de palabra.

Ahora la tiene brevísimamente, y luego se la daré a la señora Rubiales.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, el señor secretario de Estado
ha reabierto debate sobre contenido político y no solamente sobre
contenido numérico. Es para mí muy apetitoso entrar en controversia con
él sobre la distribución, la financiación, etcétera. Hay una parte de la
demanda de información sobre elementos concretos que sería bueno poder
precisar y no se ha entrado en la propia explicación que ha dado el
secretario de Estado.

Señoría, los números es bueno cuadrarlos; ante toda esa teoría que ha
dicho, es bueno cuadrar hasta los números chicos. Yo le insisto: no es
posible que en un programa, cuando baja personal en 50 millones, suba la
Seguridad Social, y en otros que sube personal, baje la Seguridad Social,
porque es la misma cotización. La explicación que ha



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dado a mí me parece muy bien, muy razonable, pero en los justos términos
o en la propia distribución.

En cuanto al tema municipal, a mí me gustaría que precisara si es posible
conocer cuáles son las razones de por qué los municipios van a recibir
52.000 millones de pesetas en concepto de liquidación definitiva en los
ingresos del Estado a corporaciones locales de ejercicios anteriores, por
qué si el año pasado había 65.000 millones, este año son 52.000 millones;
por qué hay distribución de un incremento de 100.000 millones de pesetas
entre municipios, en el programa 912.A, 40.000 a cabildos insulares y
60.000 a municipios; por qué para el transporte colectivo urbano en toda
España, corporaciones locales baja 100 millones de pesetas y sube 1.500
para transportes colectivos en cabildos insulares de Canarias; por qué en
los programas de compensación para municipios, el año pasado había 1.150
millones y este año hay 255; por qué aparecen en la financiación de
comunidades autónomas programas compensatorios en ferrocarril, en policía
o en carreteras que no existen para otras comunidades. Permítame le diga
que con la teoría hay muchas formas de recibir dinero del Estado: se
participa directamente con ingresos, con obras o con compensaciones, y
eso es malo, porque toda la virtualidad que usted ha explicado, luego
tiene muchos agujeros que se compensan con múltiples partidas. Por eso,
cada vez que discutimos los presupuestos estamos buscando a ver quién le
apoya. ¿Sabe por qué? Porque en función de que sea una cuantía u otra, le
apoyo o no le apoyo. Será por algo, y yo quiero buscar cuál es el algo
para poder enmendar o discutir sobre los presupuestos.

En el tema de la deuda histórica, o ustedes han incumplido esa filosofía
este año al pagar los 25.000 millones de pesetas anteriores, o el
silogismo que ponen de que España no está en deuda con ella misma es
falso, porque España no está en deuda con ella misma, no; es que dinero
que debiendo haber sido administrado por una Administración, ha sido
administrado por otra. Esa es la deuda histórica.

Es verdad que no son solamente dos comunidades autónomas. Puede haber
otras que tengan transferido el desarrollo del artículo 15. La
disposición adicional del Estatuto de Andalucía dice que en el momento en
que se reciben las competencias --al margen del artículo 15--, para una
diferencia de valoración de cómo recibo y las condiciones en que recibo
unas transferencias, necesito una compensación. No se trata --insisto--
de que unos debamos a otros, sino que unos han administrado recursos que
deberían haber administrado otros en ese momento, por eso las condiciones
son ésas. En todo caso, a mí me vale cualquier razonamiento, lo que pasa
es que eso sí es unilateral. Hay una forma muy sencilla de discutir de
modelo de Estado: hablar y dialogar o consensuar.

En cuanto a la financiación autonómica y los anticipos a cuenta, si es
con cargo, alguien está administrando recursos que les corresponden a
otros. Es decir, ustedes al dar más o menos dinero como anticipo están
utilizando recursos que, en teoría, podían ser de una comunidad en el año
uno, en el año dos, en el año tres y para pagarlo ya veremos. Es como una
especie de retención anticipada. Lo podrán vestir como ustedes quieran.

En el tema de la población, sí incide en el sistema de financiación, y
los servicios hay que prestarlos al número de ciudadanos. No vale decir
que la actualización de la población o del padrón, como usted quiera, no
va a afectar al sistema de financiación. Sí afecta. Yo ya dije que había
que actualizar variables y no se actualizaron cuando discutimos el
modelo. El problema es que el modelo tenía muchos pequeños agujeros no
cerrados.

Le agradezco, de todas formas, las explicaciones que nos ha dado. Por lo
menos algunas cosas pueden haber quedado más o menos precisadas. Sigo no
teniendo clara la precisión de las cuantías, porque me mezcla usted
porcentajes, medias, cuando me habla, por ejemplo, de las comunidades que
se han acogido a una media de 8,58, aunque habrá otras que tengan 8,70.

No, los cuartos uno a uno. Es decir, al año que viene por este concepto
tanto, por este tanto, por este tanto. Sé que al final no se lo voy a
decir, pero sí le puedo dar ya dos años, 1997 y 1998, y sacar el coste
para esos dos años. Yo no le pido que me saque usted el coste hasta el
año 2001, para los cinco años del modelo, pero para los dos que han
pasado, ¿cuál va a ser el coste?



El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, por favor, en un minuto.




La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, voy a tratar de hacer caso
a su ruego. Rápidamente me referiré a algunas cosas muy breves.

Yo dije al principio que ustedes están haciendo de la confusión una
manera de hacer política y, evidentemente, si en alguna cosa es
paradigmático es en el tema de la financiación autonómica, señor
Fernández. Lamento que esas declaraciones que usted hizo, no en el Senado
sino en el INAP, no fueran relativas al tema que estamos tratando para
decirle que estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha formulado.

En la financiación de las comunidades autónomas están utilizando ustedes
sistemas diferentes; por tanto, las cantidades no son homogéneas, y no
son sumables. Usted me dice cuánto van a perder las comunidades autónomas
que no se han acogido al sistema y, sin embargo, no es capaz de decirme
cuánto le va a corresponder a cada una --lo que acaba de decir el señor
Ríos--, cuánto el año pasado, cuánto éste, y qué previsión hay para un
modelo que tiene un plazo de duración de cinco años. No dicen para nada
qué están haciendo con eso. Además, están aplicando ilegalmente el
sistema de financiación a las comunidades autónomas que no han aceptado
el modelo, porque el Gobierno ha decidido unilateralmente que prorroga el
modelo del 1992-1996. ¿Por qué han decidido eso y no han decidido otra
cosa? Porque el Gobierno no tiene potestad para establecer cuál es el
modelo aplicable a una comunidad autónoma. La Lofca, el ordenamiento
jurídico español --la Constitución-- dice que se integran en el bloque de
constitucionalidad las leyes de desarrollo y los estatutos de autonomía,
que la financiación tiene que ser pactada entre las comunidades autónomas
y el Estado y que tiene que ser establecida por ley para cada comunidad
autónoma, previo acuerdo de las comisiones mixtas respectivas.




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Entonces, ¿por qué está el Estado saltándose esto a la torera?
Además, fijan ustedes el PIB nominal para las comunidades autónomas que
no han aceptado el modelo, como me ha dicho muy bien, en lugar de, como
dice el artículo 15 de la Lofca, la recaudación de los impuestos
estatales no cedidos, con lo cual están ustedes castigando
voluntariamente a unas comunidades autónomas que no han pasado por el aro
de aceptar el modelo porque consideraron legítimamente que era
inconstitucional, injusto e insolidario. Por eso ustedes deciden,
voluntariamente, aplicarles el modelo que quieren, y eso, señor
Fernández, no es posible hacerlo con el ordenamiento jurídico vigente.

De la misma manera que no se puede obviar el problema de la población con
el razonamiento que usted ha dado. Dice que no se hizo así en el año
1992, pues en algún momento hay que adecuar la financiación autonómica a
la población real existente en cada lugar del territorio. ¿Cuál es la
razón, señor Fernández, de que esté aprobado el real decreto desde julio
de 1996 y todavía no haya sido publicado por el Gobierno? ¿Cuál es la
razón? ¿Están tratando justamente de que pase el trámite de los
Presupuestos Generales del Estado para después aprobarlo y que ya no
tenga vuelta de hoja, porque no está consignado presupuestariamente?
¿Cuál es la razón de esta ocultación de unos datos que están elaborados
por el Instituto Nacional de Estadística, que el propio vicepresidente
del Gobierno ha reconocido que es así y que, además, se aprueba en
Consejo de Ministros el 11 de julio? ¿Qué están ustedes tratando de hacer
sino ocultar realmente la realidad de la que se está partiendo para no
dar satisfacción a aquellas comunidades autónomas que no aceptaron el
modelo?



El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, vaya terminando, por favor.




La señora RUBIALES TORREJON: Termino, señor Presidente.

Y dése usted cuenta de esto, señor Fernández, no están ustedes castigando
a los gobiernos de unas comunidades autónomas que no aceptaron el modelo;
están ustedes castigando, y muy duramente, a los ciudadanos que viven en
esas comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, para cerrar su
comparecencia, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Empezaré por lo que ha dicho al final la señora
Rubiales. En todo caso, quien está castigando a esos ciudadanos son los
gobiernos de esas comunidades autónomas, haciendo primar, en función de
los resultados, intereses partidistas sobre intereses generales de los
ciudadanos. Yo le he dado las cifras, y usted dice que el Gobierno está
imponiendo ilegalmente. El Gobierno, no; en todo caso, las Cortes
Generales. Son tres leyes --aprobadas por las Cortes Generales-- las que
han desarrollado el modelo a nivel jurídico. La ley de presupuestos de
1987 en su artículo 84.2 desarrolla cómo percibirán las comunidades
autónomas que no han adoptado el modelo recursos para financiar sus
competencias.

Lo que hemos de dejar claro aquí es que hay tres comunidades autónomas
que no tienen en estos momentos modelo de financiación: Andalucía,
Castilla-La Mancha y Extremadura. Pero es evidente que el que haya tres
comunidades autónomas que no tengan modelo de financiación, no quiere
decir que esas comunidades no tengan contraídas muchas obligaciones que
se derivan de gestionar las competencias que tienen asumidas de acuerdo
con sus estatutos de autonomía. El Gobierno lo que hizo en el proyecto de
ley, ahora ley (por tanto, no lo ha hecho el Gobierno, sino las Cortes
Generales), en el artículo 84.2, fue lo siguiente: puesto que esas
comunidades autónomas no tienen modelo de financiación y hemos de darles
dinero entre tanto, como entrega a cuenta se les dará una cantidad que
sería la que se derivaría de considerar el anterior modelo prorrogado.

¿Usted me está diciendo a mí que aplicarles el anterior modelo que aprobó
el Gobierno del Partido Socialista significa castigar a esas mismas
comunidades autónomas que ahora se niegan? ¿Me está diciendo eso, señora
Rubiales? Porque eso es lo que estamos haciendo; les estamos dando como
entrega a cuenta el 98 por ciento de la cantidad que les correspondería
de aplicarles el anterior modelo que, insisto, lo aprobó Andalucía, lo
aprobó Castila-La Mancha, lo aprobó Extremadura y lo aprobó el Gobierno.

Usted me está diciendo que aplicarles esto es castigarlas. En ese caso
está diciendo que aplicarles el modelo que ustedes entonces aceptaron, y
el Gobierno del Partido Socialista impulsó, es castigarlas, porque eso es
lo que estamos haciendo y no ilegalmente, sino legalmente, con leyes
aprobadas por estas Cortes.

Otra cosa es que esas comunidades autónomas hayan recurrido esas leyes
ante el Tribunal Constitucional, pero aceptará que ni usted ni yo decimos
si una ley es constitucional o no, lo dice el Tribunal Constitucional.

Por tanto, acépteme que por respeto al Tribunal Constitucional, ya que
han sido admitidos a trámite esos recursos, se pronuncie el mismo. Entre
tanto, el Gobierno no ha hecho nada ilegal. Está aplicando unas leyes
aprobadas por las Cortes Generales y esas leyes --insisto-- lo que
quieren decir es que provisionalmente, en tanto tengan modelo, se les da
lo que les correspondería por el modelo que --entendemos-- no deben
considerar tan malo cuando lo aceptaron antes. Si eso para usted es
castigarlas, saque sus propias conclusiones. Lo que decimos también es
que el nuevo modelo les hubiera dado más dinero. No diga usted que las
estamos castigando, porque eso es la consecuencia de una decisión de esos
gobiernos autonómicos, que consiste en aplicarles --insisto-- unas
cantidades que se derivan del anterior modelo. Si el anterior modelo era
muy bueno, porque lo aprobaron, no me diga usted que se las está
castigando.

En relación con este asunto, usted alude al artículo 14 de la Lofca.

Entiendo, señora Rubiales, que se refiere al artículo 13, que habla de la
participación en los ingresos del Estado de las comunidades autónomas.




La señora RUBIALES TORREJON: He dicho el 15.




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El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): El 15 es el de los fondos de nivelación. Yo he
interpretado el 13.




El señor PRESIDENTE: No entren en diálogo, señorías. Continúe, señor
secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): En cuanto a los recursos que tienen provisionalmente,
el artículo 13 de la Lofca dice que la financiación de las comunidades
autónomas será a través de una participación en los ingresos del Estado.

La forma de concretar esa participación en los ingresos del Estado la
hizo el anterior modelo de financiación autonómico, concretándolo en un
criterio de prevalencia entre tres índices: el gasto equivalente, los
ITAE y el PIB nominal. Aplicando esos tres índices surge el PIB nominal.

Por tanto, lo que hemos hecho es desarrollar el artículo 13 de la Lofca
de acuerdo con el Consejo de Política Fiscal y Financiera y las leyes que
desarrollaron el anterior modelo. Eso es lo que se ha hecho. Usted me
preguntaba y yo le aclaro qué es lo que se está haciendo. Eso gustará o
no, pero es absolutamente ortodoxo desde el punto de vista jurídico y me
atrevo a decir que desde el punto de vista político. La controversia que
la resuelva el Tribunal Constitucional, en su caso, que para eso se han
presentado 18 recursos de inconstitucionalidad contra unas leyes que
desarrollan un modelo y que, por otra parte, lo que hacen es aplicarles
el que aprobaron, hasta tanto no tengan un modelo las comunidades que no
lo han aceptado, con lo cual presentan 18 recursos de
inconstitucionalidad contra unos modelos que, en su día les dieron el
visto bueno.

En cualquier caso, señora Rubiales, le diré que el Gobierno ha
manifestado reiteradamente que está dispuesto a negociar un modelo
definitivo con las comunidades autónomas que no han aceptado. Pero para
que haya un acuerdo tienen que estar conformes las dos partes. El
Gobierno manifiesta su voluntad de llegar a un acuerdo y, además, dice
cuál es el marco. El marco es el nuevo modelo, total o parcialmente. Ahí
sí que hay una discrecionalidad de las comunidades autónomas. Lo que el
Gobierno no hace es pactar un modelo a la carta, y por eso lo manifiesta,
porque eso sería tanto como llevar el caos al Estado autonómico.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Damos
por finalizada la comparecencia y pasamos a la siguiente.




--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (RODRIGUEZ-ARANA
MUÑOZ), A PETICION DE LOS GRUPOS SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de
expediente 212/000956), POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente
212/001003) E IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de
expediente 212/001007).

El señor PRESIDENTE: Bienvenido a esta Comisión, señor subsecretario.

Continuamos, señorías, desarrollando nuestro orden del día. La
comparecencia del señor subsecretario de Administraciones Públicas ha
sido solicitada por el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fernández González.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: El Grupo Parlamentario Popular ha
solicitado la comparecencia del subsecretario de Administraciones
Públicas. Voy a tratar de justificar brevemente el porqué de la solicitud
y qué pretendemos desde el Grupo Parlamentario Popular a través de su
presencia y de la clarificación de algunas cuestiones que nosotros
entendemos que ayudará al debate presupuestario y a que todos podamos
contar con una información adecuada que, sin duda alguna, el señor
subsecretario pondrá en conocimiento de todos los miembros de la Comisión
de Administraciones Públicas.

La principal novedad que desde el Grupo Parlamentario Popular observamos
en la estructura presupuestaria, de la cual debe responder el señor
subsecretario (dentro de los programas tradicionales el 121A, dirección y
servicios generales de la Administración general del Estado), es que hay
unos criterios similares a los del ejercicio anterior, con un incremento
valorado aproximadamente en un 16 por ciento. Por lo que se refiere al
siguiente programa presupuestario, el 121D, apoyo a la gestión
administrativa de la Jefatura del Estado, experimenta un incremento
similar y, por tanto, parámetros muy homogéneos con respecto al programa
presupuestario del año anterior. Y el programa 800X, transferencia entre
subsectores, no experimenta ningún tipo de incremento con respecto al
ejercicio presupuestario anterior y, por tanto, no nos plantea ninguna
cuestión y ninguna duda en este trámite presupuestario. Pero sí queremos
llamar la atención --y en este sentido, solicitamos la comparecencia--
sobre la creación de un nuevo programa presupuestario. Me estoy
refiriendo, concretamente, al programa presupuestario 121E, sobre
Administración periférica.

Efectivamente, este programa, al ser de nueva creación, no admite ninguna
comparación, ni en términos relativos ni casi en términos absolutos, con
referencia al ejercicio anterior. Desde el Grupo Parlamentario Popular
entendemos que la creación de este programa presupuestario, del 121E,
obedece fundamentalmente a la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de la Ley de organización y funcionamiento de la Administración
general del Estado. En definitiva, se trata de una remodelación de la
Administración periférica, coherente con todo el desarrollo autonómico, y
una asignatura pendiente que no se había planteado y, por tanto, no se
había aprobado por responsables de gobiernos anteriores en esta materia.

Existen una serie de principios básicos, y así se justifica en el propio
programa y en los objetivos del mismo, que se contienen en los
Presupuestos Generales del Estado, con descripción de la estructura de
los servicios periféricos, así



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como también las diversas áreas funcionales y la planificación y gestión
de los servicios integrados. Nos gustaría que el señor subsecretario nos
clarificase o abundase más en la información que se nos ha remitido a
través del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y concretamente
de la sección 22, donde se contiene el mencionado programa, sobre la
incidencia que van a tener otros departamentos ministeriales; de la
aplicación y puesta en funcionamiento de la Lofage, y tendente a esa
Administración única o a esa Administración común qué consecuencias van a
tener una serie de transferencias al Ministerio de Administraciones
Públicas, así como que nos explique también lo que podríamos calificar
como dos columnas en el capítulo estrictamente presupuestario: de un
lado, lo que se pueden denominar los servicios periféricos con una
cuantificación de 24.000 millones de pesetas; de otro lado, lo que se
pueden denominar los servicios centrales, por tratar de sintetizar un
poco el lenguaje presupuestario y entender a qué nos estamos refiriendo,
que pueden llegar a unos 33.000 millones de pesetas.

En definitiva, estamos ante un nuevo programa presupuestario y al Grupo
Parlamentario Popular le gustaría conocer todas las implicaciones
funcionales, estructurales y, por supuesto, presupuestarias que se
derivan de la puesta en práctica y en funcionamiento de la Lofage. Un
importante logro político, a nuestro juicio, y una asignatura pendiente,
como decía antes, en el desarrollo autonómico de nuestro país lleva
aparejado una nueva estructura económica, y para ello requerimos la mayor
información, a través de esta comparecencia, del señor subsecretario a
fin de clarificar más, si cabe, el posterior debate presupuestario.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Quería dar las gracias al señor subsecretario por
su presencia en esta Comisión, en la que hablamos del presupuesto del
Ministerio de Administraciones Públicas. Si en 1997 era un presupuesto
consolidado de 194.000 millones de pesetas, ahora pasa a 230.000 como
consecuencia de la creación de este nuevo programa al que ha hecho
referencia la portavoz del Grupo Popular al final de su intervención.

Con la finalidad de ser breve, señor subsecretario, ya que nos hemos
extendido mucho en la anterior comparecencia y quizás el señor presidente
me llame la atención si me descuido, quisiera plantearle una serie de
temas que creo que es conveniente que usted nos aclare.

En el programa 121A se produce una progresión en el incremento de
presupuesto desde 1996, que era de 2.749 millones de pesetas, a 1997, que
eran 2.964 millones, hasta 1998, cuando prevén que haya 3.440 millones de
pesetas. Es decir, hay un incremento importante, tanto en personal como
en gasto corriente, así como en inversiones reales, no en la cuantía,
pero sí en el porcentaje. Con esto se rompe esa teoría de la austeridad
que han planteado en los últimos tiempos y parece que se acercan más a
unas posiciones por las que entienden que el gasto corriente tiene que
obedecer a las necesidades de la prestación del servicio y no con la
finalidad de que ese servicio se pueda prestar. Esperemos que sigan
pensando de esta manera y así no nos encontremos con dificultades, como
ha pasado en algunos momentos. Sin embargo, me gustaría saber con qué
objetivo se hace este aumento que experimenta el programa, qué objetivos
se han marcado y por qué razón se produce este presupuesto en este
programa concreto.

Voy a plantear también, señor subsecretario, otro tema que ya tuvo cierta
incidencia en una pregunta parlamentaria el último miércoles, que hace
referencia a los secretarios de Estado. Me imagino que usted me podrá
decir algo de este aspecto. Nosotros planteamos en el Pleno que, a
diferencia del resto de la Administración pública, donde había solamente
un incremento del 2,1 por ciento a los funcionarios, los secretarios de
Estado iban a tener un incremento superior, iban a tener un complemento
de productividad. Nos gustaría saber en base a qué se plantea ese
complemento de productividad, si usted lo sabe, que espero que lo sepa, y
si este complemento va a sustituir las compensaciones que reciben estos
altos cargos por su pertenencia a consejos de administración. Lo digo
porque el señor Rato, cuando contestó al señor Rodríguez Zapatero, hizo
la siguiente referencia: En cuanto a los secretarios de Estado, lo que
puede pensar es que el Gobierno entiende que las retribuciones que
recibían como consejeros de empresas públicas deben ser más
transparentes. Yo no sé si esto quería decir que las tenemos que conocer
todo el mundo o bien que van a ser sustituidas por otras, por una prima
de complemento de productividad, tal y como recogen los presupuestos. Por
ello, nos gustaría que usted nos lo aclarara y que nos remitiera el
listado de secretarios de Estado que están en consejos de administración
y qué compensaciones perciben por su pertenencia a ellos.

Usted, dentro de su órbita, como número 2 del Ministerio, al menos a
nivel administrativo, estará pendiente de todo lo que está pasando en el
Ministerio y me podrá decir, con independencia de que después el señor
secretario de Estado para la Función Pública también me lo diga, qué
sucede con los acuerdos con los sindicatos. Hasta 1997, había unos
acuerdos que ahora no existen. Ustedes dicen que están hablando en
distintas mesas de la Función Pública y que hay diversos acuerdos. Me
gustaría saber de qué manera esos acuerdos tienen su plasmación
presupuestaria.

Respecto al programa 121E, Administración periférica del Estado, que para
1998 está consignado con 24.651 millones de pesetas, da la impresión, de
acuerdo con el desarrollo de la Lofage y con el Real Decreto de 1 de
agosto, de que puede ser bastante aceptable desde el momento en que
ustedes quieren concentrar, dependiendo de Administraciones Públicas,
diversos organismos periféricos que en estos momentos, por el número de
funcionarios o por las competencias que tienen asumidas, es bueno que
dependan de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Eso choca
con algunas circunstancias atípicas que se producen, por lo que estoy
observando, en la periferia. Me explicaré.

Quisiera que me aclarara las dudas que tengo. ¿Supone esto que los
funcionarios de los Ministerios de Interior, Fomento, Educación y
Cultura, Trabajo y Asuntos Sociales,



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Industria y Energía, Agricultura, Pesca y Alimentación, Sanidad y
Consumo, que están en todas las provincias, van a pasar a depender de las
subdelegaciones del Gobierno? Si es así, no tengo nada que decir. Si no
es así, dígame qué funcionarios son los que se quedan fuera y por qué
razón se pueden quedar fuera. Porque no se ve muy claro que la
adscripción de algunas áreas, de algunos servicios de la Administración
periférica del Estado, dependientes de ministerios, sea el Ministerio de
Administraciones Públicas, sino que siguen dependiendo de su propio
Ministerio a niveles retributivos y de funcionamiento. Me gustaría que me
contestara qué tipo de personal va a pasar. ¿Va a pasar el eventual, va a
pasar el funcionario, va a pasar el laboral?
Sobre el personal de confianza que hay en las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno, me gustaría saber su cantidad, a ver si nos
aclaramos en las cifras. Si hacemos caso de los datos, estamos hablando
de 400 ó 500 personas, cifra que parece estar en el clamor público. Me
gustaría que nos dijera exactamente cuánto personal de confianza va a
pasar a depender, a partir del primero de enero, me imagino, del
Ministerio de Administraciones Públicas. ¿En qué condiciones va a pasar
este personal al Ministerio de Administraciones Públicas y qué
dependencia va a tener de sus Ministerios de origen? ¿Va a haber una
doble dependencia, van a ser dirigidos en sus funciones por los
subdelegados del Gobierno, por los delegados del Gobierno en las
comunidades autónomas y por sus propios Ministerios a través de los
servicios provinciales de las direcciones generales correspondientes? ¿Se
va a producir una integración física en las delegaciones y
subdelegaciones o van a estar ubicados en sus propios edificios? Si eso
fuera así, habría problemas de uso del patrimonio porque habría edificios
que podrían quedar vacíos o habría subdelegaciones o delegaciones del
Gobierno en las que posiblemente la acumulación de funcionarios traería
un entorpecimiento de la labor y no dispondrían de las condiciones
mínimas que ha de tener todo funcionario en la prestación de sus
servicios. ¿Se van a desvincular estos funcionarios de su organismo de
origen? ¿Van a pasar a Administraciones Públicas y ser funcionarios de
Administración Públicas o van a ser funcionarios del Ministerio de
procedencia y van a depender económicamente de Administraciones Públicas?
¿En qué medidas les van a afectar las ofertas públicas de empleo cuando
se produzcan?
Hay una cosa que me llama la atención en este programa. A pesar de ser un
programa nuevo, en un año que, me imagino, como poco va a ser de
adaptación a esta nueva situación de reubicación de todos los
funcionarios en los distintos edificios de las administraciones, se
plantean unas inversiones importantes. ¿A qué obedecen estas inversiones?
¿Qué necesidades hay para acometer estas inversiones?
Por mí nada más, señor presidente. Si dejamos de hablar, vamos más
rápidos y podremos acabar la sesión en el tiempo previsto inicialmente,
aunque con un ligero retraso.




El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco, señor Morlán.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Le agradezco por anticipado las respuestas porque
espero que, siendo usted el que administra los números del Ministerio, lo
que no pueda decirnos hoy nos lo aporte por escrito a través de la
Presidencia para tenerlo como mínimo en el plazo de que disponemos los
grupos para presentar enmiendas.

Me gustaría hacer dos precisiones de índole general de todo el
Ministerio, por eso se lo solicito a usted y no a otros altos cargos.

Primero, si es posible que nos detallen el presupuesto objetivado. En la
explicación de cada uno de los programas, ustedes hacen una distribución
de actividades de cada programa derivada de cada uno de los objetivos;
incluso se plantean un cuadro de lo que pudiéramos llamar objetivos e
indicadores de seguimiento, que tiene una precisión tremenda, pues nos
dicen hasta las disposiciones relativas al régimen de personal que van a
hacer en 1998, los informes preceptivos que van a hacer --treinta--, las
consultas preferenciales, las escritas, las telefónicas. Explican al
detalle cada uno de los objetivos. Mi pregunta es más sencilla: ¿Nos
puede objetivar el volumen global del programa, cuál es el volumen de
esfuerzo? Yo no le pido que me diga tanto de personal, tanto de lo otro,
porque serán porcentajes. La misma secretaria trabajará para una cosa y
para otra, pero sí el volumen, porque ésa es la presupuestación por
programas. Si no, es falso. Aquí no estamos presupuestando por programas.

Estamos haciendo presupuestación orgánica que después transformamos en
funcional a la hora de distribuir los números. Hay un presupuesto por
programas en la medida en que los objetivos se cuantifican. El
cumplimiento o no de los objetivos no está en la literatura, está en los
números, si se han cumplido o no.

La segunda precisión es si sería posible que usted en grandes cifras nos
aportara la liquidación anticipada de su presupuesto a 31 de agosto de
1997. ¿Por qué? Porque la liquidación del presupuesto que yo tengo aquí
es tan sencilla que figura en un renglón, más el INAP que va aparte. Aquí
hay una rayita que dice: 38.000 millones; obligaciones reconocidas,
35.000; pagos realizados, 29.000 millones. Si esto es así, ustedes no van
a tener dinero para pagar el sueldo a los funcionarios en los próximos
tres meses. Ya cuentan como reconocido lo que es un gasto comprometido,
pero no es lo mismo. No es lo mismo un gasto comprometido que una
obligación reconocida que un pago realizado. Eso nos daría un detalle de
cómo están gestionando ustedes y podríamos valorar qué grado de
inversión, qué rigor tienen las partidas presupuestarias, cuáles son los
pequeños agujeros de su propuesta presupuestaria que después utilizan
para moverlos, para sacar de allí y llevar allá, porque con la ley de
presupuestos que ustedes tienen luego lo mueven para arriba y para abajo
y no lo conocemos. Es decir, lo que aprobamos es una cosa indicativa,
pero lo que se ejecuta y se liquida es otra totalmente distinta.

A mí me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la distribución del
presupuesto de los tres programas que usted tiene a su cargo. Uno que
tiene a su cargo, pero más a su carga que a su cargo, es el de la
Jefatura del Estado:



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Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado. Después le
preguntaré sobre este punto, porque hay algunos datos cuya evolución me
sorprende.

En cuanto al programa de los servicios generales del Ministerio y su
Secretaría, que es el suyo nítido, programa 121.A, me gustaría que me
explicara cuáles son las cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo
del empleador que no son a la Seguridad Social. Ustedes proponen gastarse
este año 163 millones de pesetas destinados a la Seguridad Social. Sin
embargo, el conjunto del artículo 16 son 244 millones de pesetas. ¿Cuáles
son las otras cuotas? Como no se ponen aquí no las puedo sumar. No me
salen. Yo estoy acostumbrado a sumar todas las partidas de los
subconceptos y luego de los conceptos y me salen los artículos. Este es
el único artículo que no me sale. Los conceptos no los puedo sumar y no
me sale el artículo 16. En el artículo 16 figuran 244 millones. Sin
embargo, a la Seguridad Social solamente corresponden 163.

¿Cuál es la razón para que el artículo 15, incentivos al rendimiento,
crezca en casi 50 millones de pesetas? ¿Cuál es la razón para que la
productividad pase de 147 millones a 208? Fueron 147 el año pasado
(previsión inicial) y son 208 este año. ¿Qué productividad llevamos
aparejada en esa cifra, que es muy importante? ¿Cuántos funcionarios más
tiene usted en este programa? El año pasado tenía usted 1.000 millones de
pesetas en el artículo 12; este año tiene usted 1.261. Aunque le añada el
2,1 por ciento, me faltan todavía muchos millones, que no sé si se
refieren a más funcionarios, personal que se traslada de un sitio a otro
o qué. ¿Cuál es el número de funcionarios que usted tiene presupuestado?
A mí me gustaría que usted me dijese cuáles son las vacantes de su
Ministerio y si piensa amortizar alguna, por si acaso así podemos sacar
una cifra de lo que va a ser la liquidación del presupuesto.

En cuanto al gasto corriente, me gustaría conocer las razones del
incremento tan alto en teléfono y transportes. El año pasado figuraba un
gasto en teléfono de 190 millones y este año es de 225. También me choca
que el combustible baje de siete millones a seis, pero el transporte suba
de 25 a 35 millones. ¿Van a contratar ustedes transporte o es una
concesión? ¿A qué obedece que el transporte suba esa cifra de 25 a 35
millones de pesetas?
Me gustaría preguntarle por la inversión nueva. En inversión nueva
asociada, relativa al fondo bibliográfico, ya sé lo que ustedes van a
gastar, seis millones; eso no es. Me refiero a que ustedes tienen un
incremento de 108 millones de pesetas en inversión de reposición. Uno que
es precavido, por si acaso había una lista, se ha ido al anexo de
inversiones y ha mirado en qué se van a gastar ustedes estos 200 millones
de pesetas, pero me he quedado exactamente igual. Bueno, tengo mayor
precisión. En muebles y enseres van a gastarse ustedes 30 millones de
pesetas. ¿Me puede decir qué muebles va a comprar por 30 millones de
pesetas? Y también figuran 132 millones de pesetas en algo que se llama
mejoras ambientales y funcionales de centros de trabajo. ¿Qué centros de
trabajo se van a mejorar y cuáles son las mejoras ambientales y
funcionales? ¿Por qué le pregunto esto? Porque son 100 millones de
pesetas más que el año pasado y yo a lo mejor puedo presentar una
enmienda reduciendo esos 100 millones y dedicándolos a otras cosas.

Quiero enterarme de qué van a hacer nuevo, porque no encuentro más
detalles. Sería bueno conocer el grado de precisión para poder hacer las
enmiendas.

En el programa de Jefatura del Estado, al margen de los 1.000 millones
que tiene en su sección correspondiente, también hay un incremento. ¿Por
qué se incrementa de seis millones de pesetas que había el año pasado
para personal eventual a 60 millones este año? ¿Hay más personal
eventual? ¿Es un personal eventual de libre designación? ¿Cuál es este
personal? También se incrementa la productividad y los incentivos al
rendimiento en cifras muy altas, de 73 millones de pesetas a 83 millones
de pesetas. ¿Cuál es el motivo de que las indemnizaciones por razón del
servicio pasen de cinco millones a 25 millones de pesetas? El presupuesto
total son 625 millones de pesetas, es poco; 625 millones es poco dinero,
pero a mí me choca este incremento. Lo he mirado en la literatura por si
acaso estaban dadas las razones, pero en lo que se nos explica ahí
tampoco he encontrado las razones. Supongo que obedecerá a algunos
criterios. Yo sé que éste es uno de los programas que más que decidido
está acompasado para que usted lo administre, porque me imagino que serán
transferencias a un ente que administre eso.

Termino con el programa que yo creo más importante y al que tanto la
portavoz del Grupo Popular como el del Grupo Socialista han hecho
referencia. Me refiero a este programa que añade un volumen importante de
personal, que es el correspondiente a la Administración periférica del
Estado y que ustedes van a coordinar. Ustedes reciben de siete
Ministerios, según la hoja que nos han dado, un volumen total de 24.600
millones de pesetas, que es un incremento importante, en capítulo 1,
capítulo 2, etcétera. Si es posible, a mí me gustaría conocer --tampoco
aparece en el anexo-- cuál es el volumen de personal que se mueve. Altos
cargos es un volumen; personal eventual es otro; funcionarios, otro;
laborales, donde hay 3.500 millones de pesetas. ¿Cuál es el volumen de
personal que se mueve y cuál es la fórmula de funcionamiento? Porque
algunos de ellos vienen de organismos públicos dependientes de las
distintas administraciones. ¿Va a haber una especie de homologación o
sólo es una ubicación meramente funcional a la hora de mandarle pero no
de administrarle en su totalidad?
A mí me gustaría que también nos dijera, si es posible, el grado de
inversión pública que aquí proponen. Este año proponen ustedes 914
millones de pesetas. He hecho lo mismo. Lo he buscado y lo he encontrado.

Pone: acondicionamiento y dotación de medios ambientales. Y en la otra
pone: reformas y reposición de medios materiales de la Administración
periférica. A mí me gustaría conocer qué edificios, qué locales, qué
departamentos, bien sea por regiones o por provincias, dependiendo de
cuál sea el detalle que usted pueda darme para ese grado de inversión,
porque en los demás sitios están más desagregadas las inversiones que
aquí pudiéramos dar.

Termino, en cuanto a lo que es este programa, preguntando si esta
adscripción aquí va a significar un funcionamiento



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de eso que llaman Administración única, según decían antes, aunque yo soy
menos pretencioso; si va a servir para lo que se podría llamar ventanilla
única, es decir, que tengamos que ir a un solo sitio a presentar papeles.

Administración única sería que además los tramitara ella sola. Yo me
conformo con saber si esto va a facilitar lo de esa ventanilla única de
la Administración. En todo caso...




El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, vaya terminando, por favor.




El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor presidente.

En todo caso, mi búsqueda no es de literatura, presidente. Lo digo para
así poder luego entrar en la literatura.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rodríguez-Arana
Muñoz): Señor presidente, señoras y señores diputados, es la segunda vez
que tengo el honor de comparecer ante esta Comisión y el año pasado
recordaba, al inicio de la misma --reflexión que me voy a permitir, con
la benevolencia del presidente, hacer muy brevemente--, que hacia unos
meses que había tenido que renunciar a mi escaño como diputado provincial
por La Coruña y tenía la duda de si se está mejor en este lado de la mesa
o en el lado de las señoras y señores diputados. Esta mañana cuando venía
para preparar la comparecencia me volví a hacer la misma pregunta y pensé
que a lo mejor un año después resulta que cambian las cosas, pero tengo
que confesarles que no, que se está bastante mejor del lado de quien
pregunta que de quien es preguntado.

Dejando este comentario desenfadado, Karl Loewenstein decía que el
presupuesto es la expresión económica de unos objetivos o de unas
decisiones políticas, y yo le agradezco a la portavoz del Grupo Popular
que me haya preguntado precisamente por este programa 121.E, de nueva
constitución, porque por primera vez la tan debatida y pendiente cuestión
de la reforma de la Administración periférica del Estado tiene ya
traducción presupuestaria, no es solamente una cuestión que se queda en
el tintero o en la alta especulación, sino que tiene un reflejo
presupuestario claro, y por eso el primer proyecto que este Gobierno
envió a las Cortes fue el proyecto de ley de organización y
funcionamiento de la Administración general del Estado, como
manifestación política de que la reforma de la Administración periférica
del Estado era una necesidad, era una consecuencia de aplicar la lectura
de la Constitución sobre el esqueleto y sobre la planta de las
administraciones públicas. En este sentido esa ley de abril de 1997
consagra, como aquí bien se ha recordado, ese principio de la
Administración única o común, que lo que pretende es ni más ni menos que
disponer de la estructura periférica necesaria para que el Estado cumpla
con sus funciones, de acuerdo con el modelo autonómico, de acuerdo con
las competencias de las comunidades autónomas y también haciendo una
manifestación explícita de que no es un proceso que tiene una sola
dirección, sino que tiene varias, que también se refieren, como es
lógico, a las administraciones y a los entes locales que son al final los
entes públicos que tienen más proximidad con los ciudadanos y que, por
tanto, son los que deben de gestionar muchas competencias de naturaleza
administrativa. Dicho esto, la consecuencia presupuestaria de la
aprobación de la ley y la de este programa 121.E ha sido la de muchos
meses de negociación, de reuniones del Ministerio de Administraciones
Públicas con los distintos ministerios y una cuestión muy clara --y con
esto voy a intentar contestar algunas preguntas del portavoz del Grupo
Socialista y del portavoz de Izquierda Unida-- y es que la propia norma
establece en su artículo 32 que se adscriben orgánicamente a
Administraciones Públicas las delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno, y manifiesta que se irán integrando paulatinamente, en función
de algunos criterios que el legislador señala, distintos servicios
periféricos de la Administración del Estado. ¿Por qué? Por una razón muy
sencilla y es que el Ministerio de Administraciones Públicas, como el
Ministerio horizontal sobre el personal y sobre la organización
administrativa, debe tener la autoridad única en esta materia de toda la
Administración del Estado.

Nosotros hemos encargado y estamos haciendo un análisis de inmuebles de
todo el Estado. De tener y gestionar diez edificios en las proximidades
de la Castellana hemos pasado a más de 500 inmuebles y lógicamente antes
de ponernos a la obra para analizar cómo se pueden gestionar mejor esos
inmuebles, hemos hecho visitas de inspección y hemos ido conociendo la
situación en la que se encuentran muchos arrendamientos, edificios del
Estado y llegamos a la conclusión de que la disposición de la norma era
correcta, porque con una sola autoridad es más fácil que se puedan
acometer procesos de racionalización y de economía del gasto público,
siguiendo también el mandato del artículo 31.2 de la Constitución. Este
programa presupuestario, pues, era necesario, no va a llevarnos a que
todas las áreas funcionales que se van integrando se pierdan en la
nebulosa de un solo programa, sino que en el Ministerio vamos a
instrumentar un sistema de seguimiento de todas las áreas funcionales
para ir haciendo economías e ir viendo lo que se gastaba en los años
anteriores en Industria, en Sanidad, en Fomento y aplicar esos principios
de la Constitución. En este sentido las áreas funcionales que aparecen
enumeradas según Decreto de 20 de agosto de 1997, que desarrolla la
Lofage, no son más que la manifestación de esa tarea gradual y progresiva
de ir integrando distintos servicios.

También aprovechando la pregunta que me hacía la portavoz del Grupo
Popular creo que se puede contestar a otra cuestión que planteaba el
portavoz del Partido Socialista y es que nosotros hemos concebido esa
integración desde una perspectiva orgánica y funcional; es decir, que,
orgánicamente, todos esos funcionarios de Interior, Fomento, Industria,
Sanidad, Agricultura y la alta inspección, donde la tengan, se integran
en el Ministerio de Administraciones Públicas y funcionalmente seguirán
dependiendo del ministerio correspondiente, tal y como reza la propia
norma. Esto es por una razón evidente y es que en el



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mundo moderno en los modelos de reformas administrativas ese punto de
equilibrio de la dependencia funcional y orgánica es básico y por eso el
Gobierno lo llevó al texto que presentó a las Cortes y el legislador lo
hizo suyo, de manera que las políticas públicas sectoriales van a seguir
siendo competencia del propio ministerio, que es el ministerio, vamos a
llamarle así, matriz u origen, pero todas las cuestiones de personal y de
organización administrativa van a quedar en manos del Ministerio de
Administraciones Públicas como lógica consecuencia de la necesidad de
contar para todo el Estado con una sola autoridad que pueda velar por la
racionalidad y por la economía del gasto público, cumpliendo los
preceptos de nuestra Constitución.

Me preguntaba la portavoz del Grupo Popular si podía hacer una
comparación de los servicios periféricos y los servicios centrales.

Efectivamente este Ministerio va a tener un aumento muy significativo de
presupuesto, lo que es, digamos, el departamento, excluidos el INAP y
Muface. El Ministerio, en gastos de personal, tiene este año 5.860
millones en servicios centrales y va a tener en periferia 19.757
millones, que es casi el 373 por ciento. Sube en total el 94,5 por ciento
en todo lo que son los gastos del propio Ministerio. Para la
Subsecretaría el asunto político fundamental de todo este año 1998 es
intentar gestionar todos estos conceptos y gastos que, como usted bien
decía, vienen de los otros ministerios. Lo que se ha hecho es hacer una
minoración en Fomento, Industria, etcétera, en los capítulos
correspondientes de personal, capítulos 2 y 6, y pasarlo a
Administraciones Públicas, sin que haya aumento de gasto. Es más, en el
total del presupuesto del Ministerio de Administraciones Públicas, si no
tenemos en cuenta la subida que se ha planteado en el capítulo 7, del
16,08 por ciento, de la que habló el secretario de Estado, y tenemos en
cuenta una disminución del capítulo 6 en relación con inversiones en
informatización del registro de personal, porque ya se han realizado en
su mayoría este año y para el que viene sólo hace falta una cantidad más
pequeña de la que había este año, resulta que lo que son los gastos de
funcionamiento del Ministerio solamente experimentan un incremento del
0,6 por ciento, exceptuando la periferia y exceptuando el capítulo 7, que
son, digamos, los capítulos que tienen una mayor incidencia sobre el
presupuesto.

Planteaba también, en relación con la periferia, cuánto recibíamos de
otros ministerios y se lo puedo decir con mucho gusto. De Interior
recibimos 14.609 millones, porque el Ministerio del Interior es el que
más contribuye a la reforma, al pasar a Administraciones Públicas las
delegaciones, subdelegaciones y todo el personal burocrático y
organizativo que está inmerso en ella; de Industria y Energía, 495,6
millones; de Sanidad y Consumo, fundamentalmente las áreas en el
exterior, 3.269 millones; de Fomento, 2.213 millones; de Educación y
Cultura, 590 millones; de Agricultura, Pesca y Alimentación, 3.379
millones y de Trabajo y Asuntos Sociales, 133 millones, porque las
oficinas de extranjería de las delegaciones o subdelegaciones, donde las
hay, se cubren con gastos procedentes de este Ministerio. De todas
maneras en el decreto que desarrolla la Lofage se establece que Trabajo,
hasta que no se apruebe por las Cortes la ley de la Inspección de
Trabajo, todavía no se va a integrar, pero se da el plazo de seis meses
para hacer efectiva la integración. Lo que me suscita la lectura de estos
datos es que Interior es el Ministerio, como es lógico, que más
contribuye en esta operación.

Estas son las cuestiones que me han suscitado las preguntas de la señora
representante del Grupo Popular.

Paso a responder las preguntas del Grupo Socialista, aunque he intentado
reconducir las que se refieren al programa 121.E, a efectos de no
incurrir en una administración doble en el uso de la palabra. Comenzaría
diciendo al representante del Grupo Socialista que, si exceptuamos los
gastos de periferia y los gastos del capítulo 7, el crecimiento de gastos
del Ministerio, si computamos ese descenso del capítulo 6, de inversiones
reales, que era una inversión muy importante, es del 0,6 por ciento.

Ahora bien, vamos al capítulo que usted me planteaba, como también lo
hacía el representante de Izquierda Unida. Lo del 17,3 por ciento es por
una razón muy sencilla. El Ministerio del Interior ha transferido a
Administraciones Públicas 75 funcionarios de sus servicios centrales, de
la Subsecretaría del Ministerio, para poder gestionar con un mínimo de
dignidad y de una manera razonable 447 edificios nuevos, más de 5.000
funcionarios: en total, 4.448, más 1.035 que tiene el Ministerio, 5.523,
es decir, que se multiplica casi por cinco el número de efectivos.

Después de diferentes reuniones se ha llegado al acuerdo de que se
potencien en la Subsecretaría de Administraciones Públicas las áreas de
inspección, de subdirección de personal y la oficialía mayor. Del
Ministerio del Interior ha pasado una subdirección entera, la
Subdirección de gestión económica y patrimonial, que es la que se encarga
precisamente de las reparaciones y de que los edificios estén en
condiciones normales de funcionamiento. Por eso hay 75 funcionarios más y
aumenta el capítulo 1 y la productividad, porque vienen con
productividad. Nosotros hemos mantenido la tesis, y la seguimos
manteniendo, de lo que el personal se integre en las mismas condiciones
que lo está. Esta cuestión la asume Administraciones Públicas durante el
año 1998, por tener personal de distintos ministerios, y procederá a una
homogeneización razonable retributiva para que en el presupuesto de 1999
no haya diferencias en relación con el mismo trabajo y la misma
cualificación. En el año 1998 se ha tomado la decisión política, y creo
que se entenderá fácilmente, de que se integre en las mismas condiciones
todo el personal que viene de estos ministerios que, repito, se van
integrando en un proceso gradual; ahora hemos integrado al personal de
cinco ministerios, pero habrá una segunda y tercera fase, con el objetivo
final de que el Ministerio de Administraciones Públicas sea ese
Ministerio horizontal del personal y de la organización administrativa y
que se puedan tomar medidas que, por ejemplo, puedan evitar situaciones a
las que no hace al caso referirnos ahora en relación con inmuebles que
existen en este momento y que ofrecen unas condiciones de poca economía
en el gasto público. Sin embargo, como antes esos inmuebles eran
gestionados por distintos ministerios, ahora, al haber una única
autoridad que pueda proceder a ello, resulta más



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sencillo. Nosotros el 31 de diciembre vamos a aprobar una resolución
conjunta con Economía y Hacienda para tomar medidas con el fin de
racionalizar los gastos que van por el capítulo 2 relativos a estas
situaciones. Por ejemplo, algunas delegaciones o subdelegaciones de
Gobierno han trasladado las comisarías y nos encontramos con que hay
delegaciones que tienen un espacio disponible. ¿Por qué no vamos a llevar
a las delegaciones y subdelegaciones, donde hay espacio disponible,
servicios por los cuales el Estado está pagando ahora una cantidad muy
importante? Pues bien, esto lo vamos a hacer. Lo estamos analizando en
toda España. Hemos escrutado, por decirlo así, tres cuartas partes de la
geografía nacional y, en un plazo de tiempo razonable --el 31 de
diciembre-- vamos a presentar un programa para hacer alguna obra en esa
delegación o subdelegación de Gobierno para que las delegaciones o
subdelegaciones dispongan de una oficina única de registro, de una
oficina única de información y que al final el ciudadano, que es el dueño
de la Administración y es el que manda realmente en la misma, cuando vaya
a la Administración del Estado sepa las competencias y las funciones que
la propia Administración del Estado puede ofrecerle.

Sobre el personal de confianza no le voy a contestar ahora. Si quiere se
lo contesto por escrito, pero creo que no le va a resultar muy
satisfactoria la contestación, si lo comparamos con otros años, ya que se
ha reducido notablemente este personal. Yo se lo contesto con mucho gusto
por escrito.

Sobre el programa nuevo, al que también se ha referido el representante
de Izquierda Unida, que ahora no está...




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor subsecretario, el señor Ríos me ha
pedido disculpas porque ha tenido que ausentarse un momento. Puede
contestarle, dirigiéndose a esta Presidencia, o no hacerlo.




El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rodríguez-Arana
Muñoz): Le contesto con mucho gusto.

En el capítulo 6 esos 914 millones están repartidos en distintos
ministerios y fundamentalmente esas inversiones se van a ir planteando en
todas estas cuestiones relativas a los inmuebles. Se distribuyen de la
siguiente forma: Interior, que es el que consume más capítulo, porque el
Ministerio del Interior tiene más de 200 inmuebles, 251 millones; Sanidad
y Consumo, 183 millones; Fomento, 79 millones. En total, 914 millones que
es a lo que asciende este subcapítulo dentro del programa 121.E.

El señor Ríos planteaba dos cuestiones que ya planteó también el año
pasado. Con mucho gusto, en la medida de lo posible, le enviaremos los
documentos que él demanda, en relación con el programa por objetivos y
también con la liquidación anticipada, aunque yo le adelantaría que, a 31
de septiembre, este año tenemos en fase A el 72 por ciento del
presupuesto ejecutado.

También ha planteado algunas cuestiones en relación con el programa 121.D
de apoyo administrativo a la Jefatura del Estado, que también planteó el
año pasado y sobre lo que con mucho gusto paso a contestarle. El régimen
jurídico de la Casa del Rey data del Real Decreto-ley 324/1988, donde se
establece que todo el personal que se integre en la Casa del Rey es
personal de naturaleza eventual, de libre nombramiento. Desde el año
1988, en distintos acuerdos que se hicieron con el Ministerio de
Administraciones Públicas por ese decreto, Administraciones Públicas
asume la RPT y también el pago de esas partidas de funcionarios y
laborales.

Veo que entra en la sala el señor Ríos y, si quiere, le hago un resumen
de lo que acabo de decir.




El señor PRESIDENTE: No hace falta, señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rodríguez-Arana
Muñoz): Estaba explicando que en el programa 121.D, de la Casa Real,
desde el año 1988 y por acuerdos a los que yo he tenido acceso a través
del anterior Subsecretario, la RPT se ha ido haciendo con el paso del
tiempo y se llegó a un acuerdo, hace dos años, para que se cubrieran
solamente algunas plazas, pero en previsión de que si la realidad
demandara otra cosa se pudiera plantear. Esto es lo que ha pasado, se ha
incrementado en 11 personas y por eso aumenta ese capítulo. Esta es la
única razón que se puede dar.

Sobre el 121.A, le digo lo mismo que le contesté al representante del
Partido Socialista. Esos aumentos son porque han pasado 75 funcionarios
del Ministerio del Interior al Ministerio de Administraciones Públicas.

Como consecuencia de la Lofage, como consecuencia de la integración de
los servicios y como consecuencia, lógicamente, de que toda la carga
burocrática y organizativa de Interior, delegaciones y subdelegaciones,
la asume el Ministerio de Administraciones Públicas, la propia
Subsecretaría del Ministerio los ha puesto a disposición --hace dos días
o la semana pasada firmamos el subsecretario de Interior y yo una
resolución conjunta reasignando esos efectivos-- y aunque los efectos
económicos son desde el 1 de enero, han pasado ya al Ministerio de
Administraciones Públicas, para potenciar las áreas de la Subdirección de
personal; he dado los datos del número de funcionarios que va a tener el
nuevo Ministerio de Administraciones Públicas, por decirlo así, en total
5.523; también he dado los datos de los inmuebles, vamos a pasar de 32 a
447 inmuebles, lo cual supone una carga de trabajo importante, y lo vamos
a hacer en las mismas condiciones y con el mismo presupuesto y el mismo
personal que tenían, lógicamente, para esta tarea los distintos
ministerios que se integran. Pues bien, esos 75 funcionarios explican el
aumento del presupuesto y también en el concepto 160, además de la acción
social, en el sentido de las cuotas, va también todo lo que es, en
sentido estricto, el 0,8 por ciento, que este Ministerio de
Administraciones Públicas no solamente lo cumple, sino que lo supera en
32 millones. Es el 0,8 por ciento de atención social a los funcionarios,
que está en el subapartado 16 o subcapítulo del programa 121.A, con los
incentivos y el rendimiento, si bien los funcionarios vienen con la
productividad, por una razón, y es, como he dicho antes, porque el
Ministerio de Administraciones Públicas ha señalado



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que se integran en las mismas condiciones en las que estaban.

Sobre los incrementos del capítulo 2 a los que ha hecho referencia el
representante de Izquierda Unida, la telefonía ha aumentado por una razón
obvia y es que las previsiones que teníamos el año pasado de teléfonos no
fueron todo lo atinadas que tenían que ser, pero no es la razón más
importante; lo más importantes es que en los gastos de comunicación y
transporte con la periferia, si resulta que el Ministerio aumenta el 94,5
por ciento su presupuesto y pasa de 1.300 funcionarios casi a 6.000, y
hay una unidad de gestión económica y patrimonial y una unidad de
relaciones con las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, es lógico
pensar que a lo mejor nos hemos quedado cortos en la ampliación del gasto
telefónico. En cualquier caso, este año también nos servirá de ensayo y
procuraremos ajustarnos el año que viene a lo que se plantee durante este
ejercicio.

También comentaba los problemas de la inversión nueva, de los 33
millones. Con mucho gusto le contestó; lo tengo cuantificado. Le puedo
decir que la Subsecretaría, a través de la oficialía mayor y de la
Subdirección general de gestión económica y patrimonial, va a gastar 167
millones, de los cuales, para obras, se han presupuestado 133; para
mobiliario y enseres, 33, y 4 millones para un plan informático.

Comprenderá usted que 75 personas nuevas en el Ministerio nos obliga a
una readaptación de algunos edificios que teníamos y que el año pasado no
se utilizaron, con un ahorro del 34 por ciento del capítulo 2 en
arrendamientos, y que este año, necesariamente, vamos a tener que
utilizar para reacomodar a este personal que, como digo, viene a
potenciar y a robustecer la Subsecretaría como órgano común, cuando,
efectivamente, vamos a tener que gestionar un presupuesto que es
histórico para este Ministerio, que no supone aumento de personal, sino
dotarnos de los medios necesarios para esta tarea.

Para terminar, en relación con el capítulo nuevo, el capítulo periférico,
que es el que se ha creado para gestionar toda esta cuestión, ya que
usted preguntaba por el personal le diré que altos cargos son 19,
delegados del Gobierno; funcionarios, 4.280; laborales fijos, 1.565;
laborales eventuales, 185; total, 6.154. Es decir, si teníamos 1.200,
resulta que el aumento es considerable, pero también lo es el esfuerzo
que están haciendo el Ministerio y la Subsecretaria para que esto se
pueda realizar.

Me habré olvidado de alguna cuestión. Les pido disculpas. En todo caso,
con mucho gusto remitiremos a SS. SS. los datos que quieran.




El señor PRESIDENTE: ¿Desean intervenir SS. SS.? (Pausa.)
Tiene palabra, brevísimamente, el señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor subsecretario, por su
información, aunque no ha sido completa, porque se ha dejado un tema que
le he planteado relativo a los secretarios de Estado. Si no quiere
contestarme ahora, le agradeceré que me mande la famosa relación de los
secretarios de Estado con su pertenencia a los consejos de administración
correspondiente y las compensaciones que perciben por su asistencia.

También le he preguntado, aunque a lo mejor se lo tengo que preguntar al
secretario de Estado de Administraciones Públicas, qué repercusión
presupuestaria tiene, según el presupuesto que tiene el Ministerio, el
acuerdo con los sindicatos de la Función Pública. Respecto al personal de
confianza, no me asusta la comparación. Lo que le he pedido, bien ahora o
en el plazo que marca el Reglamento del Congreso, es la relación de este
personal, qué número del personal de confianza existe, en qué condiciones
pasan y en qué condiciones van a estar en el Ministerio de
Administraciones Públicas. Por último, ha hecho referencia ahora a
grandes cifras por provincias y por ministerios o por áreas. Me
explicaré. En la información que uno va detectando poco a poco en los
niveles que puede, se encuentra con sorpresas cuando dicen que de algún
ministerio no pasan todos, sino algunos; que del Ministerio de Fomento no
pasan los de Carreteras ni los de Telecomunicaciones y pasa algún
personal administrativo, y que en otros ministerios puede suceder tres
cuartos de lo mismo. Por ello, me gustaría que explicara si es una pauta
que se va implantar de manera definitiva, para que estos funcionarios
sigan dependiendo del Ministerio de Fomento, o van a ser incorporados a
Administraciones Públicas en sucesivas etapas. Es un dato que me imagino
que también alarmará al personal que depende de estos ministerios, que
tendrá claro de dónde procede y dónde van, con independencia de que,
además puede plantearse algún tipo de agravio comparativo en el momento
de su paso del ministerio de procedencia a Administraciones Públicas,
porque con eso de equilibrar retribuciones se puede producir alguna
situación en la que los funcionarios se encuentren con retribuciones
menores.

Lo que sí les digo es que pueden tener toda la buena intención del mundo,
pero el follón en el que se han metido es más que regular. Veo que va a
haber muchísimas dificultades para compatibilizar retribuciones, puestos
de trabajo, ofertas públicas de empleo, dependencias o funciones
orgánicas y que se pueden plantear bastantes dificultades que no sé si
ustedes con estos presupuestos la están solucionando de manera aceptable
para el conjunto de los funcionarios.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, brevemente, el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Quisiera pedir excusas por no haber estado en la
primera parte de la contestación del señor Subsecretario.




El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia ya ha pedido las excusas
públicamente por usted, señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Según las cifras que da en la argumentación del
programa 121.E, la distribución de 24.651 millones de pesetas es la cifra
exacta que se traslada al programa Administración periférica del Estado.

Entiendo por ello que cuando dicen: distribución por capítulo 1,
Ministerio del Interior, tanta cifra; Fomento, tanta



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cifra; Educación, tanto; Agricultura, tanto, la cifra que pasa al
capítulo 1 es de 19.975 millones. En la respuesta me ha dicho que va a
haber 75 personas más. Mi pregunta es ¿vienen además de esta cifra? Es
decir, ¿además de la distribución de estos ministerios, hay otras
personas que estando en el aparato central de los ministerios se suman a
ustedes? Si es así, se verá reflejado en la minoración del aparato
central de los otros ministerios, porque si no se produce un incremento
de personal. En la explicación que ustedes dan para la creación de este
programa --yo comparto la filosofía de producir este movimiento de
simplificación que decía la Lofage--, dicen que se integran en las
delegaciones del Gobierno todos los servicios territoriales de la
Administración del Estado, con la excepción de aquellos que resulte
aconsejable mantener su dependencia. Mi pregunta sería: ¿Qué volumen es
el que ha pasado al Ministerio de Administraciones Públicas y, por tanto,
a este programa? ¿Qué volumen se queda en cada ministerio y en su sitio?
¿Qué volumen se reduce? ¿Qué volumen se transfiere? Hablamos de
transferir a las comunidades, pero cuál es la raya para que unos pasen y
otros no, en servicios, porque en Fomento es fácil; la demarcación de
carreteras que exista en cada comunidad se queda en el Ministerio de
Fomento, parecer ser; a lo mejor viene vivienda, no lo sé, u otros
ministerios. ¿Por qué le pregunto esto? Porque así veremos si de verdad
se simplifica, se reduce, se facilita la coordinación o lo único que
estamos haciendo es reubicando, pero manteniendo la misma estructura, con
los problemas que nos puede ocasionar de centros de decisión diferentes,
de tratamiento administrativo funcional distinto, incluso de salarios
distintos. Esas serían mis dos preguntas concretas.

En cuanto al programa de jefatura, los RPT del año pasado serían los RPT
del año pasado, pues este año hay más personal dedicado a este programa,
que el año pasado no estaba, aunque estuviese previsto, o pendiente de
años anteriores. Pero eso pasa con todos, hay una decisión de incrementar
unos gastos.

Seguridad Social. Mi pregunta es una idea de hacer coincidir las cifras.

He hecho referencia al 160, Seguridad Social. Por favor, todo lo que sea
del artículo 16 póngamelo debajo, 161, 167, el que corresponda, para que
sume, porque si no yo tengo que adivinar; el 0,8 que en este caso será 1.

Es que en su Ministerio pasa en muchas secciones, las cifras no se
acompasan. No quiero entrar en la controversia de antes, de si bajan los
funcionarios porque sube esto, o a la inversa; ése es otro problema
distinto. Me gustaría esa precisión del 0,7, porque hay partidas de apoyo
o fomento que están en otros lugares; si es aquí, que se ponga la
cuantía.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rodríguez-Arana
Muñoz): Telegráficamente, porque ya va avanzada la tarde. Sobre la
cuestión de los secretarios de Estado ya ha habido distintas
manifestaciones de miembros del Gobierno y creo que el secretario de
Estado para la Administración Pública, que tiene más autoridad política
que yo en esta cuestión, le podrá, si lo estima oportuno, hacer el
comentario que prefiera.

Por lo que se refiere a lo que preguntaba sobre si pasan todos de
Fomento, es una pregunta razonable, es lógico que se haga y tiene una
contestación, porque la integración de servicios periféricos --de paso,
voy a intentar dar contestación también al señor Ríos-- es un proceso
complejo, gradual y progresivo. El propio legislador, en el artículo 32
de la Lofage, plantea que como regla --me parece que interpretando lo que
quiere decir la mens legislatoris-- deben integrarse todos los servicios
periféricos del Estado, pero establece como excepciones que, por la
naturaleza de la actividad y por las especiales singularidades de
determinados servicios, ésos no se van a integrar. La propia Lofage, en
sus disposiciones adicionales, excluye algunos servicios u organismos
públicos, entes de derecho público, de esa intervención; pocos, pero
algunos excluye.

Es un proceso gradual, es un proceso progresivo. El horizonte final es
que el Ministerio de Administraciones Públicas pueda tener la autoridad y
la capacidad política y administrativa para gestionar todo el personal y
la organización administrativa del Estado. Cuando explico esto, siempre
pongo el mismo ejemplo, y son las situaciones que ahora mismo se producen
en España de algunos inmuebles, que, a lo mejor, tienen dos funcionarios
y tienen 500 metros cuadrados; vamos a tomar las medidas para que esto
desaparezca, para que pueda desaparecer. Creo que es un ejemplo claro que
permite entender el sentido que tiene la integración, que, como digo, es
un proceso gradual y progresivo, y que en este momento sólo afecta a la
dirección provincial de Fomento. No se ha decidido todavía integrar la
demarcación de carreteras; está siendo analizado, porque hay una segunda
fase que está trabajando sobre este particular, pero, ahora, los que se
integran son los funcionarios de las direcciones provinciales de Fomento
en sentido estricto. El Ministerio de Administraciones Públicas, que está
intentando hacer la reforma de manera dialogada con los funcionarios,
desde hace ya seis meses, todos los lunes se desplaza a todas las
provincias del Estado español para ir viendo estas cuestiones, para ir
hablando con la gente, para ir incorporando algunas cuestiones que muchos
funcionarios con gran experiencia nos pueden suscitar. En este momento,
lo que se integra es la dirección provincial de Fomento, la dirección
provincial de Sanidad, la dirección provincial de Industria, la dirección
provincial de Agricultura y la inspección de Educación, donde tenga el
Estado todavía esa competencia.

Los problemas de las retribuciones los asumimos con mucho gusto. Sabemos
que no es una tarea fácil proceder a toda esta actuación, pero en casi 20
años no se había hecho, alguien tenía que hacerlo; nos ha tocado a
nosotros y con mucho gusto intentaremos que esto se plantee a través de
los objetivos y de los criterios constitucionales, que son los que
presiden toda la reforma administrativa.

Señor Ríos, le contesto telegráficamente. El 121.A crece porque hay 75
personas que pasan a servicios centrales, no están en el 121.E; hay 75
funcionarios que Interior



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nos ha pasado a los órganos comunes de Administraciones Públicas para
potenciar las unidades comunes de la subsecretaría, singularmente, la
asociación de personal, la oficialía mayor, los servicios
presupuestarios, la subdirección de gestión patrimonial, que pasa íntegra
de Interior a Administraciones Públicas. En ese sentido se explica el
problema que usted puede tener para no encajar las cifras del 121.A en el
121.E.

Asimismo, le explico con mucho gusto --y con ello termino-- los gastos de
contenido social. Son 163 millones para Seguridad Social, 7,9 para
pensiones y 71,7 para acción social y formación, gastos en los que en
este Ministerio siempre se ha comprometido a superar el 0,8 por ciento,
de acuerdo con los pactos sindicales, y que este año supera en 32
millones.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, muchas gracias por su presencia
y por su información.

Le ruego que los datos que tenga que enviar a petición de los señores
diputados los haga llegar a esta Comisión por conducto de la Presidencia,
para que, a su vez, los remita a los grupos parlamentarios.




--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (VILLAR
GARCIA-MORENO). SOLICITADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número
de expediente 212/000954) Y POR EL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA (número de expediente 212/001009).




El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión con la comparecencia
del señor secretario de Estado para la Administración Pública.

Bienvenido, señor secretario de Estado.

Han pedido la comparecencia los grupos Socialistas e Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias por su presencia, señor secretario
de Estado, en esta comparecencia que nuevamente le trae para hablar sobre
la Función pública española y sobre cuál es su presupuesto.

Le tengo que decir que, a la vista de los programas de su secretaría de
Estado, llama la atención la disminución que tiene el programa 121.B,
desde el momento en que hay una reducción en su conjunto de casi un 17,9
por ciento, según mis cálculos casi un 20 por ciento, motivado porque
disminuye el capítulo de inversiones reales y aumenta un poco, un 2 por
ciento, el personal, y algo más en gastos corrientes. Veo que se suma
usted, en su secretaría de Estado, el aumento en el gasto corriente y que
la teoría de la austeridad o, al menos, la crítica que ustedes nos hacían
sobre la austeridad, parece que va perdiendo fuerza conforme vamos
observando los distintos programas y cómo quedan plasmados en este
capítulo concreto los gastos corrientes.

Señor secretario de Estado, hay una serie de temas que preocupan a mi
grupo y que tienen que ver con la negociación colectiva con los
funcionarios públicos. Usted sabe como yo, incluso mejor que yo, que en
este año 1997 el acuerdo que había entre los sindicatos y la
Administración pública ha vencido y que ahora se está a la expectativa de
entrar en un nuevo acuerdo entre la Administración pública y los
sindicatos, a través de la Mesa de la Función pública, para hacer todo lo
posible para que la Administración funcione, para que el trabajador de la
Administración, el empleado público, goce de unas condiciones de trabajo
que le permitan desarrollar con absoluta eficacia su labor y, por tanto,
que haya una negociación con los sindicatos, bajo nuestro punto de vista,
es un aspecto fundamental en el desarrollo de la Función pública. Ya
llegará el momento de evaluar cuál es nuestra actitud respecto a las
relaciones que tienen ustedes con los sindicatos y, en función de sus
explicaciones, veremos cómo lo evaluamos de cara a la formulación de
enmiendas o alternativas a los presupuestos o en otro tipo de
iniciativas. Nos gustaría saber en qué momento se encuentra esa
negociación con los sindicatos, en qué aspectos de la negociación hay
acuerdo y qué plasmación presupuestaria tiene, dentro de los distintos
programas del presupuesto que afectan a su secretaría de Estado, en qué
temas piensan que va a haber acuerdo, en función de las negociaciones que
ustedes dicen que están manteniendo con los sindicatos, y qué previsiones
tienen ustedes sobre esos posibles acuerdos a nivel presupuestario, en
caso de que se produzcan. Nos gustaría saber en qué condiciones se va a
plantear la oferta de empleo público y a qué área, servicios o
departamentos va a afectar.

Respecto al estatuto de la Función pública, que ustedes están
dinamizando, por las declaraciones que ha hecho, aunque no haya
plasmación específica en estos momentos sobre cuál va a ser el futuro de
ese estatuto, ¿se va a poder aprobar en 1998? Si eso es así, nos gustaría
saber qué incidencias va a tener en el presupuesto y si lo han
contemplado en el programa. Porque si es así, puede experimentar
suficientes variaciones como para que el presupuesto lo contemple, y
espero que así sea en el caso de que ese acuerdo se plasme.

Hay otro tema en el que el señor subsecretario le ha echado la pelota a
usted. Yo se lo planteo a los dos, para que alguno me conteste, si es
posible. Si no, habrá que ir a otra fórmula, a otra iniciativa, ante otra
Comisión, ante otro Ministerio, o acudir a la propia Presidencia del
Gobierno para que nos diga qué sucede. El otro día, cuando nuestro grupo
formuló la pregunta al vicepresidente segundo del Gobierno, señor Rato,
lo hizo con el interés de conocer lo que está sucediendo cuando las
informaciones de que disponemos nos dan unos datos que nos preocupan y
que nos gustaría que se aclararan. La contestación del señor
vicepresidente no fue la más correcta y la más adecuada para que nosotros
sepamos qué es lo que pasa. Yo no quiero que usted se moje --por decirlo
de alguna manera-- más de lo necesario; lo único que quiero saber es si
en los presupuestos hay complemento de productividad para los secretarios
de Estado, cuánto supone ese complemento de productividad o cantidad
similar que van a cobrar



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los secretarios de Estado en el próximo año 1998, por qué razón se
plantea ese complemento de productividad, si es que se plantea. Y lo que
sí le pido es que haga el favor de remitirnos una relación de los
secretarios de Estado que forman parte de consejos de administración de
diversas empresas y qué compensaciones cobran por ello. No le digo que me
dé los nombres y los apellidos, lo dejo a su albedrío, porque en el
momento en que nos diga cuáles son los secretarios de Estado no habrá
ninguna dificultad en saber quiénes son. Indudablemente, nos gustaría
conocerlo para dar salida a esta diferencia de criterios y opiniones que
existe entre ustedes y nosotros; se clarificaría mucho la contestación
del señor vicepresidente primero del Gobierno al señor Rodríguez Zapatero
--si estaba presente en la sala ya lo habrá oído, pero si quiere lo
repito--: En cuanto a los secretarios de Estado, lo que puede pensar S.

S. es que el Gobierno entiende que las retribuciones que recibían como
consejeros de empresas públicas deben ser más transparentes. Si eso es
así, como es lógico, nosotros queremos que todo sea transparente y claro
y queremos ver cuánto van a cobrar los secretarios de Estado por
complemento de productividad, si es que van a cobrar algo, y cuánto
cobran por pertenecer a consejos de administración los que estén en
ellos. Creo que éste es un buen momento para conocer esos datos e,
indudablemente, para entender que es bueno que se ponga de manifiesto en
este debate lo que ustedes han predicado durante mucho tiempo sobre la
transparencia y la claridad en las cuentas públicas y en los objetivos,
en las actitudes, en los criterios, que debe tener el documento
presupuestario. Espero que sus contestaciones, tanto orales como
escritas, serán cumplidas, para que este grupo parlamentario pueda
formular las alternativas o enmiendas que considere oportuno o llevar a
cabo las iniciativas correspondientes.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a hacerle dos bloques de preguntas: uno de
preguntas numéricas, cuantificadas, en relación con el programa 121.B,
que serán ajustadas en las cantidades en la medida en que tenga
información, y otro de información general, dado que el título de su
Secretaría de Estado es para la Administración Pública. Algunas preguntas
para el director general de Función pública me las han trasladado para
que se las hagamos a usted, por lo que le voy a hacer esas preguntas de
carácter general sobre la Función pública, con el fin de conocer la
proyección que tienen en los presupuestos.

La primera pregunta es la siguiente: ¿En qué medida el Gobierno fija una
subida del 2,1 en la propuesta presupuestaria para todos los funcionarios
o para unos sí y para otros no? ¿De qué manera todos los empleados
públicos, sean funcionarios o laborales, trabajen para uno u otro
organismo, van a tener esa subida? La segunda pregunta es si esa subida
es discutida, dialogada, pactada y qué compensaciones puede tener ese
pacto. ¿Por qué? Porque en la Función públia ya hubo el año pasado una
congelación salarial, a pesar de que había un compromiso entre los
sindicatos y el Gobierno --el Gobierno anterior a usted, pero el Gobierno
del país--, para evolucionar la pérdida de capacidad adquisitiva. En
concreto, me gustaría saber cómo se compagina eso que ha dicho el señor
Montoro de que habrá empresas públicas en las que sus trabajadores, si
son deficitarias, no tendrán subida de sueldo; dónde está la igualdad en
el trato para las personas cuando hay un IPC. Yo creía que los salarios y
el IPC tenían alguna relación, ahora ya no; ahora depende de que las
empresas estén bien o mal gestionadas. ¿En qué medida eso que se ha dicho
se ha quedado en declaración y usted me puede decir que toda persona que
se relacione con un organismo público, con un ente público empresarial o
una empresa pública y un funcionario o trabajador va a recibir una subida
del 2,1, que es el IPC? ¿En qué medida eso va a ser así? Y, en la
previsión para hacer frente a las clases pasivas, a los jubilados y
pensionistas de la Administración pública, ¿en qué medida la subida va a
ser del 2,1 sobre la subida del año anterior? ¿Esa previsión del Gobierno
de la subida del IPC va a verse afectada para 1998 con la liquidación
definitiva del IPC en el año 1997, que es el último que hemos liquidado?
En suma, quisiera saber si se les va a subir el 2,1 sobre lo que ya
cobran y no se va a producir ninguna modificación de baja del exceso
subido en el año anterior.

La segunda cuestión que me gustaría conocer es cuál es el número de
vacantes que la Función pública actual tiene. Hay un catálogo de puestos
de trabajo --nos lo ha adjuntado-- ministerio a ministerio, dirección a
dirección; en ese catálogo de puestos de trabajo, unos están cubiertos y
otros están vacantes. Queremos saber el volumen de capítulo I que tenemos
gastado y el que, aunque esté presupuestado --todo puesto de trabajo
tiene que estar presupuestado--, al final de ejercicio no lo va a estar.

Y de esas vacantes cuáles piensan amortizar o cuáles piensan cubrir.

Mejor dicho, cuáles van a dejar de existir como vacantes y como puestos
de trabajo y cuáles continuarán, a pesar de que se cubran o no.

La última parte sería cuál es el volumen de oferta pública de empleo que
ustedes, como Administración, van a hacer, para conocer si esa oferta
pública de empleo afecta a todas las vacantes o no. Ya le he dicho que es
posible que pueda tener mayor o menor nivel de precisión, pero le
agradecería que después, al no tenerlo ahora, nos lo pudiera hacer
llegar, aunque fuese en cifras distribuidas por ministerios, ni siquiera
por programas, porque sería muy difícil; por ministerios, por organismos
autónomos, o por organismos comerciales.

En cuanto a los números, usted tiene un programa de dirección y
organización de la Administración pública bastante consolidado con
respecto al anterior. Los movimientos son escasísimos; en los
funcionarios, la cifra es prácticamente el 2,1 de subida salarial, o si
hay alguna otra previsión será muy pequeña; en cuanto a laborales, de 81
millones pasa a 87; prácticamente igual; en cuanto a incentivos del
rendimiento, sube un poquitín, de 166 a 170.

Me gustaría que me dijese si el incremento de productividad afecta a más
de una persona, si los 4 ó 5 millones de incremento de productividad
afectan a todas las personas o solamente a un bloque.




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Seguridad Social. ¿Cómo es que se reduce la cotización? Si todas las
partidas suben el 2,1, ¿cómo es que la previsión de Seguridad Social que
usted nos propone es 2 millones menos que el año pasado? Aquí se cuadran
las cifras de Seguridad Social, y no están las cuotas del 0,7 y del 0,8
por ciento, porque es menor. ¿Han bajado la cotización a la Seguridad
Social para la Función pública --me refiero a laborales que es lo que
está recogido-- u obedece simplemente a una liquidación presupuestaria
que a lo mejor el año pasado estaba más o menos desviada?
Querría que nos precisara la diferencia que hay entre 373 millones del
artículo 22, que es material, suministro y otros. Solamente nos
especifica un concepto, que es Telefónica, por importe de 75 millones, y,
por cierto, hay 10 millones más. Por lo visto, el incremento de personal
conlleva un aumento de 10 millones en todos los departamentos, porque es
gracioso que todos los programas suban 10 millones de pesetas en
teléfonos. Pero la pregunta no es ésa. Lo que yo quiero es que me detalle
los subconceptos, el 222 y otros, porque sólo han puesto uno, pero son
373 millones. Me gustaría también conocer el detalle de esas cifras.

¿Cuál es la razón de subir 50 millones de pesetas el gasto corriente? Y
en cuanto a la inversión, ya lo ha dicho anteriormente el portavoz del
Grupo Socialista, se reduce casi a la mitad, de 945 millones pasa a 497.

Querría conocer cuál es la razón de esa reducción --si es que se han
terminado actuaciones-- y el detalle posible, porque los datos que
tenemos son globalizados. Si es posible; si no, más adelante nos lo
podría hacer llegar. El objetivo es conocer la atribución de estos
dineros, el rigor que tienen para poder enmendar a la hora de subir o
bajar esas partidas presupuestarias.

Estoy convencido de que los datos obedecen a una literatura que es el
programa que se nos ha adjuntado. De lo que es la literatura del
programa, en el apartado 2, los objetivos los agrupa en dos bloques: la
organización de Administraciones públicas, por un lado, y la inspección
de servicios, por otro, al que añade otros cuatro o cinco objetivos.

Quería conocer si se podía hacer un volumen de gastos a esa inspección de
servicio, global; yo no estoy pidiendo un programa especificado, pero sí
quiero conocer el volumen de recursos que destinamos, cuantificados en
dinero, a esa inspección de servicios. Tampoco hace falta conocer el
detalle, recursos humanos u otros recursos, pero sí qué se invierte en
esa inspección de servicios.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Villar
García-Moreno): Muchas gracias a los representantes del Grupo Socialista
y del Grupo de Izquierda Unida por su amabilidad en las preguntas.

Voy a empezar a contestar al señor Morlán, que me hablaba de la
disminución --también coincide con la pregunta del representante de
Izquierda Unida-- del programa 121.B. El programa 121-B no es demasiado
amplio y, como dice el señor Ríos, está bastante consolidado, y su
disminución en un 9,9 por ciento viene dada fundamentalmente por la
reducción en las inversiones. Las inversiones se reducen un 47,4 por
ciento, casi el 50 por ciento, y es debido a que el año pasado en el
capítulo VI se pusieron 700 millones para el registro central de
personal, la inversión mayor se ha hecho; ahora sólo se ponen 497
millones en el proyecto de 1998. De todas maneras, si lo comparamos con
el anterior, quedan 273, casi lo duplica, pero estos 497 millones se
desglosan de esta manera: al sistema de información y gestión, registro
central de personal, la segunda parte, aparte la inversión mayor de este
año, se asignan 265 millones. Aprovecho para decir a SS. SS. que, como
saben, el registro central de personal funcionaba como un registro
administrativo puro, se iban registrando de forma lenta todas las
incidencias administrativas de los funcionarios; y ahora hemos creado
tres subsistemas nuevos: uno, actualizado, para hacer las funciones de
registro administrativo y otros dos subsistemas, uno, de apoyo de
decisión, con el fin de que el que tiene que tomar la decisión pueda ir
al registro, tomar datos y que le sirvan para la gestión, y después un
subsistema de gestión de personal. Este es uno de los programas más
importantes que estamos desarrollando. El proyecto de ventanilla única se
lleva 80 millones de pesetas; la adaptación al euro y el cambio de
milenio, 67 millones; la informatización de la dirección general de la
Función pública, 28 millones, y la informatización de la Inspección
General de Servicios, 32 millones de pesetas. Este es el desglose del
capítulo VI que me pedía el señor Ríos.

En cuanto al aumento del capítulo II sí tiene una justificación real y,
desde luego, no es porque hayamos perdido la austeridad. Yo no digo que
no la hayamos perdido un poco y que, en general, el capítulo II, como S.

S. sabe perfectamente, no esté en los límites que estaba el año pasado,
sino que ha sufrido un aumento en el conjunto de los presupuestos
generales. En concreto, en este programa es debido a que tenemos
elecciones sindicales en el año 1998 y hay 101 millones dedicados a este
precepto en el capítulo II del programa 121.B. No tiene otro sentido.

En la negociación sindical --yo creo que éste es un tema importante y me
gustaría detenerme un momento-- he de decir que el acuerdo
Administración-sindicatos del año 1994-1997 no ha concluido, termina en
diciembre de 1997. Desde que hemos llegado al Gobierno se ha establecido
contacto con los sindicatos; se quedó ya en que, al finalizar la última
Mesa general de Función pública y una vez concretadas las retribuciones,
empezaríamos con la discusión de la formalización de un nuevo acuerdo
Administración-sindicatos para el año 1998 y siguientes.

Tipo de negociación. Le diré que hemos mantenido a nivel institucional
una Mesa general de Función pública --me refiero a discusión de niveles
retributivos-- el 17 de junio; ya se empezó a hablar de las retribuciones
del año 1998. Hemos mantenido otra reunión el 22 de julio; otra, el 23 de
septiembre, donde ya se llegó al 2,1 de subida según el IPC salarial para
todos los funcionarios, que, como SS. SS. saben, es en torno al 3 por
ciento, con las desviaciones que normalmente se dan.




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Aparte de esto, en la última mesa general de negociación, como no podía
ser de otra forma según el acuerdo del año 1994 entre la Administración y
los sindicatos, se quedó en cumplir el Capítulo VIII, en el que se dice
que se revisará el poder adquisitivo de los funcionarios entre 1995 y
1997, comparando la masa salarial en términos homogéneos de los años
1995, 1996 y 1997. Como no es posible tener esto antes del primer
trimestre del año 1998, se ha quedado con las centrales sindicales que en
el primer trimestre del año se empezará con la negociación de a qué
conclusión llegamos en cuanto a si ha habido o no pérdida de poder
adquisitivo por parte de los funcionarios. Por otra parte, hemos seguido
con grupos de trabajo continuos.

También me hacía una pregunta sobre dos acuerdos que yo creo son
importantes y tenemos que enmarcarlos. Uno, hacer un convenio marco sobre
el personal laboral. Como sabe S. S., hay 51 convenios laborales en la
actualidad y se va a hacer un convenio marco. Se va a hacer una subida de
los niveles mínimos de los funcionarios de la Administración general del
Estado, siendo en la Administración periférica donde más influyen estos
niveles mínimos, pertenecientes a los grupos E, D y C. Estos dos acuerdos
sí están presupuestados; en la sección 31 hay una cifra que son 17.000
millones, existiendo 6.000 millones para dichos acuerdos, el acuerdo
marco del personal laboral y los niveles mínimos.

A mí me gustaría llamar la atención sobre la serie de acuerdos que se han
firmado en la reunión de la mesa del 22 de julio. Yo creo que es un
tópico decir que no se negocia y que no se llega a acuerdos con los
sindicatos. Se ha firmado un acuerdo de funcionarización que pone en
marcha un proceso de funcionarización que llevaba nueve años parado. El
acuerdo que se ha firmado es para funcionarizar a los 14.000 laborales
que tenemos actualmente en la Administración.

Se ha firmado un acuerdo de consolidación de empleo temporal, que creo es
histórico. Como saben SS. SS., el año pasado la Ley de Presupuestos
impuso el tope del 25 por ciento de la tasa de reposición y consolidación
y de los 17.000 puestos que existen en la actualidad, que se consideran
son puestos estructurales y que no deberían estar ocupados por personal
interino o temporal, se ha hecho una consolidación de 4.300 puestos. Como
ejemplo, puedo decir a SS. SS. que, desde el año 1994 en que se firmó el
acuerdo de la Administración con los sindicatos, hasta esta fecha sólo se
habían hecho 1.900 y en un año hemos alcanzado 4.300.

Se ha llevado a cabo un acuerdo de promoción. Es la primera vez que la
Administración y los sindicatos firman un acuerdo de promoción que no sea
del grupo D al C; va a haber promoción del E al D, del C al B y del B al
A.

Se ha firmado un acuerdo de prevención de riesgos laborales y otro de
transferencias, el cual establece los cauces y la información para
suministrar a las organizaciones sindicales cuando se produce alguna
transferencia, y se ha firmado un acuerdo, que yo creo es clave para los
funcionarios y para la Administración, por supuesto, que es la solución
extrajudicial de conflictos. Se ha firmado un preacuerdo que remite la
estructuración de la solución extrajudicial de conflictos al Estatuto
básico de la función pública.

Aprovecho y enlazo para hablar del Estatuto básico de la función pública,
que también era uno de los temas que me habían pedido. El Estatuto básico
de la función pública, como todos ustedes saben, lleva desde el año 1978
encima de la mesa. No me extraña que lleve desde 1978; por el trabajo que
nos ha dado a nosotros; comprendo perfectamente que lleve esos años y no
se haya resuelto. Es un proyecto de ley en el que intervienen una serie
de agentes que además son absolutamente contrapuestos. Por una parte
están las comunidades autónomas; por otra parte, la Administración local;
por otra, los sindicatos; también algunos colectivos dentro de la
Administración, partidos políticos, etcétera. Hemos hecho una negociación
en la que llevamos once meses. Mañana celebramos una mesa con todos los
consejeros de Presidencia de Función pública de las comunidades autónomas
en la que se va a cerrar un texto en cuanto a las administraciones
autonómicas se refiere. En relación con la Administración local, el texto
está cerrado con la Federación Española de Municipios y Provincias. Hemos
tenido contactos con los partidos políticos y estamos en fase final con
las centrales sindicales. No me atravería a afirmar si el proyecto va a
acabar en esta casa o no; nuestra intención es que sí. (El señor Ríos
Martínez: ¿Y si no acaba?) Yo insisto que está en la fase final y que le
queda muy poco tiempo para, por lo menos, poder tomar la decisión de si
enviarlo o no. Nuestra intención sería enviarlo el mes que viene a esta
casa, que se pudiera debatir durante los próximos meses y estuviera en la
calle antes del verano del año que viene. Esa es la intención del
Ministerio de Administraciones Públicas.

Me ha preguntado sobre la oferta de empleo público. Si se me olvida algo
les ruego que me lo recuerden y lo contesto después. Como saben, la
oferta de empleo público se vuelve a hacer como el año pasado. Se
restringe el 25 de la tasa de reposición de efectivos en cuanto a entrada
de funcionarios nuevos. Se exceptúan unos colectivos como son las Fuerzas
Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el personal de Justicia, las
Fuerzas y cuerpos de las comunidades autónomas que tienen policía propia
y la Logse. Creo que no me olvido de ninguno. Estas son las excepciones.

(El señor Ríos Martínez: ¿Y sanidad?) No, ahí no.

Aparte de esto, lo que el año pasado tenía el tope del 25 por ciento de
consolidación de empleo este año no la tiene. Luego, en una negociación
con las centrales sindicales, que yo creo va a ser fructífera, vamos a
poder llegar a una planificación de los recursos humanos de la
Administración en cuanto a evitar el empleo precario en aquellos casos
que sea necesario y esté demostrado que sea estructural.

En cuanto a los secretarios de Estado, le contestaré que, como SS. SS.

saben, la ley de Gobierno, que está en el Senado y volverá a esta casa en
breve, aclara definitivamente que los secretarios de Estado no son
miembros del Gobierno. Esa ha sido la razón de dejar de estar con el
presidente, vicepresidentes y ministros y pasar al régimen retributivo
normal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en vez de



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figurar en el presupuesto del Estado con diez millones o un poco más, tal
como figuraba en 1997, ahora figuramos con sueldo base, complemento
específico y complemento de destino. Sí les puedo asegurar que no vamos a
cobrar ni una peseta más, y si se molestan en hacer la suma verán que
este secretario de Estado no va a cobrar el año 1998 más que lo que
cobraba en 1997, salvo el IPC.

En cuanto a la relación de los secretarios de Estado en los consejos de
administración, yo creo que traje no hace mucho tiempo a esta Cámara el
listado completo (no sé si S. S. quiere que se lo actualice o sirve el
que mandé) donde figuraban todos los secretarios de Estado y todos los
consejos que tenía cada uno; es público, de todas maneras, y si S. S.

quiere se lo remitiré actualizado. (El señor Morlán: No, si no hay
variación.) Es muy difícil de saber, pues aunque yo lo quisiera mandar
ahora actualizado tampoco le podría jurar que está actualizado al día de
hoy, porque como sabe S. S. puede haber cambio de algún consejo de
administración, baja o alta en otro, y tardan aproximadamente un mes en
comunicárnoslo. De todas maneras, si S. S. quiere el listado actualizado
no tengo ningún problema. Creo que al señor Morlán no le queda ninguna
pregunta por contestar, si queda alguna luego se la contesto.

En cuanto al señor Ríos, el 2,1 por ciento de subida es para todos, la
subida es para todos los funcionarios, para todos los empleados públicos.

Lo único que hay en el presupuesto que no es el 2,1 son las dos
actuaciones puntuales que he señalado al señor Morlán, que son los
niveles mínimos y el acuerdo marco.

En cuanto al acuerdo de congelación, que decía el señor Ríos, veníamos de
una congelación y de una rotura del acuerdo, creo que ya hemos discutido
muchísimas veces que nosotros consideramos que no se ha roto ningún
acuerdo. El año pasado, efectivamente, por necesidades coyunturales hubo
una congelación salarial pero, como no podía ser de otra forma, el
acuerdo Administración-sindicatos dejaba claramente la posibilidad de que
por las necesidades económicas se dejara abierta la posibilidad de que
hubiera cualquier tipo de subida o ninguna subida.

En cuanto a las empresas que me preguntaba el señor Ríos, lo único que
viene especificado claramente es que para aquellas empresas que tengan
subvenciones a la explotación, el tope es 2,1, entendiendo subvenciones a
la explotación, no subvenciones de capital, con lo cual creo que hay sólo
cuatro empresas en las que cabría esta posibilidad, son muy pocas.

Incluso no dice que vaya a haber congelación salarial, lo único que se
dice es que en este tipo de empresas el tope será el 2,1 por ciento, e
insisto que son empresas que tengan subvenciones a la explotación.

En cuanto a las vacantes, no sé la cifra exacta de vacantes de la
Administración, además es imposible porque es un proceso dinámico. Tan
dinámico es el proceso que me acaban de dar ahora el estado de cómo van
las jubilaciones, porque teníamos hecho un estudio hasta junio, y para
septiembre ha cambiado radicalmente. A veces por jubilaciones o por otro
tipo de bajas, las vacantes que existen en la Administración es un
proceso variable. Aproximadamente es un 15 por ciento de las plazas
vacantes, pero no le puedo asegurar cuántas plazas vacantes van a ser
cubiertas y cuáles no porque eso es una capacidad de cada departamento.

Nosotros el año pasado --y ya lo expliqué aquí-- igualamos las RPT para
que estuvieran presupuestadas y no hubiera vacantes sin presupuestar; en
la actualidad las vacantes están presupuestadas y, por tanto, depende de
las necesidades de cada departamento la capacidad de cubrirlas o no
cubrirlas.

En cuanto a la oferta de empleo público, ya se lo he explicado. Respecto
a las cosas concretas me dice que aumentan un poco los laborales, y es
verdad porque se extinguió el CREI, un centro de informática que existía,
y han pasado cuatro o cinco funcionarios a laborales, pero es una
cantidad mínima.

La productividad no creo que haya subido. Si se refiere al artículo 15,
incentivos al rendimiento, aumenta el 2,1, sube el IPC, no sube ni una
peseta más.

En cuanto a la Seguridad Social, le tengo que confesar que no lo sé. Es
una bajada muy pequeña --el 1,8 tengo yo aquí--, pero no sé por qué baja
la Seguridad Social. Se lo contestaré, seguro, porque tengo yo también
curiosidad por saber por qué baja la Seguridad Social el 1,8 por ciento,
pero creo que en este momento es lo único que no le puedo contestar.

Respecto a los datos del capítulo 2 que me pedía, de material,
suministros y otros, tengo que decir que hay una baja del cien por cien
en arrendamientos porque había 43 millones el año pasado y para 1998 se
presupuesta cero, porque la inspección general de servicios se trasladó
del local que tenía alquilado a nuestro edificio en la calle María de
Molina, donde están ya las tres direcciones generales. Baja también la
partida de reparaciones y mantenimiento, el 13,2 por ciento, por la misma
causa. Suben los 101 millones de pesetas de las elecciones sindicales.

Suben un poco las indemnizaciones por razón de servicio porque hemos
tenido en cuenta la periferia. Se supone que tendremos algún movimiento
más en cuanto a la relación con delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno. Hay una pequeña cuota que pagamos al comité de investigación,
al CITI, y también una pequeña partida para la organización de Tecnimap
98. Creo que del capítulo 2 no hay nada más que desglosar.

En cuanto a la inversión, antes la detallé. La inversión más importante
se hizo con el Registro central de personal. Este año se han dejado sólo
265 millones para completar y acabar los tres subsistemas del registro;
para el proyecto de ventanilla única, 80 millones; para el euro y el
cambio de milenio, 67 millones; para informatización de las
administraciones públicas y la mejora de la inspección, 28 y 32 millones,
respectivamente. Ese es el desglose de las inversiones.

El volumen de gasto de la inspección de servicios en este momento no lo
sé. Además, creo que en este programa 121.B es muy difícil desglosar los
gastos que tiene cada dirección general. Habría que examinar el capítulo
1, separar del resto todo el personal de esa dirección general, ver los
gastos corrientes y añadirle, por ejemplo, esta inversión de la
informatización. Si S. S. tiene interés especial en saber lo que gasta la
inspección general de servicios, se lo puedo remitir.




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El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, brevemente.




El señor MORLAN GRACIA: Solamente para dar las gracias al señor
secretario de Estado por su información y pedirle que remita a esta
Cámara la relación de los secretarios de Estado, con las compensaciones
económicas que perciben por su pertenencia a esas empresas públicas.




El señor PRESIDENTE: Señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Además de agradecer la explicación del señor
secretario de Estado, quería pedirle una precisión. No me ha respondido
la pregunta sobre la amortización de plazas, aunque ha dicho que las
vacantes son el 15 por ciento. Entiendo que un proceso de amortización
supone dejar de ser vacante y anular la plaza. Si eso se tiene medido
como voluntad política, se puede sacar ese dato; si no, es difícil poder
cuantificar. Le he pedido la distribución de los 373 millones del
artículo 22, en el que hay 75 millones en telefonía.

En cuanto a la explicación que ha dado sobre la negociación, quiero
decirle que el problema de una negociación y de un acuerdo es que no se
pueden interpretar unilateralmente. Cuando dos pactan, lo interpretan
dos, no lo interpreta uno; igual que cuando dos se pelean es porque los
dos quieren, porque si uno no quiere, dos no se pelean. ¿A qué me
refiero? A que cuando hay un pacto firmado, lo deben interpretar ambas
partes y, por desgracia, esa interpretación que el Gobierno hizo de lo
pactado no fue la interpretación de la parte sindical. Es una pena, pero
lo interpretó el Gobierno. En cuanto a la negociación actual, solamente
me he dirigido a la negociación para la cuantía retributiva. He
preguntado: ¿Se ha negociado esa previsión del 2,1 por ciento? Me ha
respondido; pero la verdad es que, como los dos somos buenos amigos, ha
unido la explicación de los seis acuerdos que ha negociado. Por su
talante espero que siga negociando muchas más cosas, incluso el estatuto
de la Función Pública.

Me ha gustado la explicación que ha dado sobre las empresas públicas. La
lectura que yo había sacado era distinta. Fíjese que las empresas que
reciben subvención a la explotación, en muchos casos puede estar ligada a
la generalización o universalización de servicios públicos, por poner
alguna, del transporte, que podíamos poner. Si el tope es hasta 2,1 de
máximo, es una explicación; ahora bien, que no tendrán, es otra
explicación diferente. Es verdad que hay muchas empresas públicas que
pasan del 2,1 en su negociación colectiva, como Astilleros, etcétera,
pero es otra argumentación.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Villar
García-Moreno): No hay ninguna voluntad, ninguna intención, ni nada
previsto en cuanto a amortización de nuevas vacantes. Eso es así de claro
y concreto.

En cuanto al acuerdo retributivo, insisto que se ha negociado. Otra cosa
es que en un acuerdo retributivo donde una parte, por las circunstancias
que son evidentes y claras, al final tiene que acabar imponiendo porque
no tiene más remedio, siempre se puede decir que se ha negociado poco,
que se ha negociado mal. Hay una mesa de retribuciones y empleo que se ha
reunido más de 30 veces durante este año. Nos hemos reunido con los
sindicatos en cuatro mesas generales de Función Pública, hemos tenido
infinidad de reuniones para hablar de retribuciones. Si se trata de decir
que sólo ha habido negociación cuando nosotros decimos el 2,1, ellos el
3, y quedemos en el 2,5... (El señor Ríos Martínez: Eso es negociar.)
Pero ya sabe S. S. que en las retribuciones es un poco complicado.

En cuanto a los pactos, me gustaría decir para que no haya problemas de
si la interpretación de una parte del pacto es una y la otra parte tiene
distinta interpretación, que podemos llegar felizmente a un acuerdo en la
solución extrajudicial de conflictos y se puede llamar a alguna parte
para que venga a mediar o a arbitrar.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado, por las
explicaciones y por su comparecencia en esta Comisión.




--DEL SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(ALVAREZ CONDE). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/001031.)



El señor PRESIDENTE: Continuamos con la comparecencia del director del
Instituto Nacional de Administración Pública.

Buenas tardes, señor director general. Le damos la bienvenida a la
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas para su
comparecencia que ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

El portavoz, señor Ríos, tiene la palabra para exponer sus preguntas al
señor compareciente.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar ser breve, y en la medida de lo
posible conciso.

La verdad es que preguntar sobre el Instituto Nacional de la
Administración Pública, un organismo que debe jugar un papel en todo lo
que es promoción, mejora, formación del personal de la propia
Administración, inclusive en algunos elementos de lo que está siendo el
centro (antes hemos hablado del estatuto de la Función Pública o del
desarrollo que pueda tener) no quisiera que se tomase en cuanto a lo que
son los números, que es donde me voy a centrar al pedir las explicaciones
y, en la medida de lo posible, también a algo que he intentado antes y no
he logrado que se nos explicara, y es la objetivación de los números o de
la actividad que se piensa realizar con esta propuesta de dinero en los
tres grandes bloques de trabajo que pueda tener el instituto.




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Mi primera pregunta va dirigida a lo que pudiéramos llamar el volumen de
personal del capítulo 1 que tiene este instituto ya que hay un
crecimiento, en cuanto al personal, aproximadamente de 40 millones de
pesetas. Me gustaría conocer si hay un incremento de personas, si es
simplemente una previsión en función de actuaciones o de vacantes que
pueda haber, o si obedece a una ampliación de ese volumen de personal.

El capítulo total tiene un problema que ya lo he preguntado antes a los
demás, y es sólo en este Ministerio donde sucede. El artículo 16, cuotas
de prestaciones de Seguridad Social, está en 181 millones, pero la
precisión es: Seguridad Social, 148 millones. Qué otras cuotas,
prestaciones o gastos sociales existen y en qué cuantía para justificar
los 181 millones de pesetas, porque no viene especificado y lo
desconozco.

En cuanto a los gastos corrientes, hay una cosa que llama mucho la
atención, y es el incremento de casi el doble de indemnizaciones por
razón de servicio. A qué se debe este incremento tan importante en
indemnización por razón de servicio, cuando el volumen de personal, salvo
la explicación que se me dé a ese incremento de personal, prácticamente
viene a ser el mismo. En laborales es el mismo y la iniciativa para
rendimientos viene a ser la misma del año pasado.

En cuanto a la distribución de los gastos de material, se produce una
evolución distinta. El teléfono aquí va a bajar; el año pasado eran 40
millones, y este año 38 millones, a pesar del funcionario. Es el único
que he encontrado que va a gastar menos en teléfono en los programas que
tenemos delante; en su conjunto el gasto corriente, salvo la precisión
que hacía antes, se mantiene. Estamos hablando de que antes había 625
millones y ahora hay 656. Existe una traslación en cuanto a teléfono o
transporte, que, por ejemplo, sube, o en combustible que baja. Antes lo
he preguntado, y tampoco se me explicó, por qué baja combustible y, sin
embargo, sube transporte. Un millón más en transporte y en combustible
baja casi dos millones de pesetas. Me imagino que obedecerá a algún
criterio que desconozco.

En cuanto a las transferencias corrientes, que al final viene a ser la
política de distribución, hay dos cosas que llaman muchísimo la atención
y me gustaría que se dieran las razones. El año pasado en becas,
subvenciones y ayudas para funcionarios, alumnado, etcétera, había
25.500.000 pesetas, este año hay ocho millones. ¿A qué se debe esa
reducción? ¿Por qué hay una transferencia a una fundación en especial, la
Fundación Pi i Sunyer, de estudios autonómicos y territoriales, y no la
hay para otras? Es nueva, el año pasado no existía esa subvención y este
año se pone. Hay un incremento del doble. La verdad es que se mezclan los
datos. El año pasado hablaba de la cuota de la Fundación
Centroiberoamericana y este año habla del Instituto Iberoamericano, pero
se duplica la cuantía; hay diez millones más.

Por último, el tema de la inversión. La cuantía es la misma; como esto se
produce a través de transferencia de capital de la Administración, no es
un gasto del Ministerio, tengo la distribución y la precisión, y salvo lo
que son sistemas abiertos y aplicación de nuevas tecnologías, que eso sí
está claro y preciso, hay otro tipo de actuaciones que no tienen mayor
precisión.

Termino con la parte de ingresos. Este instituto tiene un volumen de
gasto de 2.000 millones de pesetas y, sin embargo, el Estado le
transfiere 1.500; hay un volumen que debe percibir de su propio
funcionamiento. En la partida de ingresos hay una que me llama la
atención porque al final es como un dinero que me sobró del año pasado y
que no devuelvo. Es lo que llaman remanente de tesorería, que son 198
millones de pesetas. El remanente de tesorería, me imagino, del año 1997,
pasa a 1998, y son 198 millones de pesetas.

En cuanto a los distintos ingresos, los volúmenes están ajustados. Me
gustaría preguntarle por la liquidación. Hay un tomo que explica la
liquidación del presupuesto de ingresos de este organismo y las cifras no
se ajustan a lo que es su propuesta de ingresos. A mí me gustaría conocer
la evolución que tiene la liquidación del presupuesto de ingresos para
ver si su propuesta de ingresos autónomos se ajusta a lo realizable, a lo
previsible, si están hechos a la baja o hay una previsión al alza. Ese es
el objetivo de la pregunta, conocer estas cosas, porque la liquidación de
este instituto en cuanto a ingresos da cifras que no se ajustan a la
realidad, porque dice que por capítulo 4 van a ingresar ustedes 8.500
millones de pesetas y yo veo que tiene 2.000 de presupuesto. En fin, le
han puesto un numerito de más, que no está mal para el que tiene que
ingresar. La verda es que esto es una liquidación global de todos los
organismos públicos y puede estar elevada a un número alto.

Termino, señor presidente, interesándome por la colaboración de este
organismo con otras instituciones que puedan dedicarse a la misma tarea,
desde centros de formación o de administración pública en las comunidades
autónomas hasta otros organismos que puedan colaborar; esto está
fusionado con la administración local y, por tanto, está uniendo los dos
organismos que había a nivel del Estado. Pregunto de qué manera se
colabora, de qué manera se hacen los convenios o conciertos para hacer
efectivo y sacarle mayor utilidad a lo que ahora mismo puede ser un
trabajo de conjunción.




El señor PRESIDENTE: El señor director general tiene la palabra.




El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(Alvarez Conde): Con la venia, señor presidente, mis primeras palabras
tienen que ser necesariamente de agradecimiento al representante de
Izquierda Unida por haber solicitado la comparecencia del director del
INAP, lo cual me permite cumplir con mi obligación de rendir ante esta
Cámara las cuentas del organismo. Además es una satisfacción personal
porque tanto el señor presidente como S. S. que ha solicitado la
comparecencia, y otros miembros de esta Comisión, profesionalmente
pertenecen al mundo de la docencia, con lo cual quizás entenderán mucho
mejor lo que es la dirección de un centro como el INAP, que
fundamentalmente se dedica a la formación de funcionarios. Dada la hora
en que nos encontramos, voy a centrarme exclusivamente



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en las preguntas que ha planteado S. S. y a las que voy a tratar de dar
respuesta satisfactoria a todas. No sé si le convenceré, pero creo que es
una respuesta que en algún caso quizá le sirva de explicación para lo que
ha planteado.

En relación con la primera cuestión sobre el volumen del personal, es
evidente que el aumento presupuestario que figura en el capítulo I no
significa aumento de personal. Esa cantidad se refiere a los funcionarios
en prácticas previstos para el año que viene en función de la oferta de
empleo público y que afecta tanto a cuerpos de la Administración general
del Estado como de la Administración local. Fíjese usted que para
determinados cuerpos de funcionarios de la Administración local
previsiblemente se van a convocar pruebas selectivas que no se convocaban
hace seis años, lo cual conduce a este aumento. Las pruebas de selección
son las que producen el aumento del presupuesto de este año del INAP, que
se cifra en aproximadamente 98 millones de pesetas. Si usted repasa las
diferentes partidas presupuestarias, verá que la inmensa mayoría de este
aumento presupuestario va a esas pruebas selectivas y a los cursos de
perfeccionamiento, una vez que se han celebrado esas pruebas selectivas.

En relación con la segunda cuestión, yo creo que aquí sucede lo
contrario, no lo que me decía usted sobre la Seguridad Social. Aumenta la
Seguridad Social en un 8 por ciento --me parece-- en función de una razón
evidente, porque es previsible el aumento de los funcionarios en
prácticas del grupo A. Es decir, hay una perfecta correspondencia entre
ese previsible aumento de plazas de funcionarios en prácticas y el
correspondiente aumento de cuotas de la Seguridad Social.

La tercera cuestión, las indemnizaciones por razón de servicio, que
también experimentan un aumento importante, van orientadas en la misma
línea. Por un lado, ese aumento que equivale en algún caso al 5,9 por
ciento se refiere a los aspectos materiales de las pruebas selectivas y,
por otro lado, el aumento que existe en otras indemnizaciones se refiere
a los tribunales de oposiciones. Fíjense que está previsto celebrar
pruebas de selección en más de siete cuerpos y van a ser varios miles de
posibles candidatos los opositores a esos cuerpos. Es decir, una vez más,
en el ámbito de la Administración local vamos a asistir a la masificación
de esas oposiciones.

Es cierto que el teléfono baja en un millón de pesetas, pero le puedo
decir también que aumentan los gastos de correo; aumentan en menor
proporción pero aumentan. Me permitirá usted que le diga --acudo a su
condición de funcionario docente-- que el género epistolar es mucho más
agradable, mucho más adecuado que el teléfono.

En cuanto a las transferencias corrientes, hay tres cuestiones
importantes que S. S. ha planteado. Por un lado, la reducción del
capítulo 480, referente a becas, subvenciones y ayudas a instituciones
sin ánimo de lucro, que se reduce de 22,5 millones a 8.300.000 pesetas.

La razón de esta partida presupuestaria era la formación elaborada por
las propias centrales sindicales. En este sentido quiero hacerle constar
lo siguiente. Ya ha salido una orden ministerial del señor ministro, y
una resolución de este director general en las que se produce esa
adjudicación de dinero, lo cual no se producía en años anteriores. Este
Instituto, de acuerdo con las centrales sindicales, estima que esta
subvención a la formación de las centrales sindicales no tiene sentido
por la cantidad ridícula que en sí misma es, teniendo en cuenta
fundamentalmente los enormes gastos que el Estado tiene en la formación
continua. Es decir, tanto desde el Instituto como desde las centrales
sindicales se ha concluido que prácticamente esta partida como tal no
tendría razón de ser para financiar formación a las centrales sindicales,
que ya se financia a través de la formación continua. Esa es la razón de
ser de la disminución de esta partida presupuestaria.

Al propio tiempo, indicaba S. S. que se crea una nueva partida con una
cuota a la fundación Pi i Sunyer por la ingente cantidad de dos millones
de pesetas y que ésta no existía en el presupuesto anterior. Su señoría
tiene razón de forma parcial porque, históricamente, en otros
presupuestos del Instituto sí que existía esta aportación a la misma
fundación porque había un convenio de colaboración entre el INAP y la
fundación Pi i Sunyer sin otra finalidad que la potenciación de las
competencias del Instituto en materia autonómica. Así, el propio consejo
rector del Instituto, en su sesión del día 1 de octubre pasado,
estableció potenciar los estudios, las investigaciones en materia
autonómica que, como saben ustedes, es una de las competencias que se ha
ampliado, por el Real Decreto 2617/1996, de 20 de diciembre, al
Instituto. Análoga explicación requeriría el aumento de la cuota de la
fundación Instituto Iberoamericano de Administración Pública. Esta
fundación, que es nueva en su origen, está creada entre el INAP y la
Agencia Española de Cooperación Internacional, a fin de configurar un
instrumento ágil para la cooperación con el mundo iberoamericano. A S. S.

no se le escapa que el Instituto Nacional de Administración Pública, a lo
largo de su historia, tiene más de 4.000 alumnos que creo que constituyen
un caudal humano importante de relaciones de política exterior del Estado
con América Latina y hemos pensado crear ese instrumento que permite una
mayor agilidad presupuestaria que es una fundación y no un organismo
autónomo.

En cuanto a los ingresos, quisiera partir de una filosofía. El INAP, como
organismo autónomo, recibe una cantidad de transferencia del Estado que
no son 1.500 millones de pesetas, como ha dicho usted, son ciento y pico
millones de pesetas más que figuran en los ingresos; es decir, serían
aproximadamente unos 1.700 millones del total del presupuesto que tiene
el Instituto. Yo creo que un organismo autónomo de la naturaleza del INAP
ha de tener la flexibilidad presupuestaria suficiente como para generar
ingresos propios, y en esta tarea nos encontramos en este momento: buscar
el mecanismo más adecuado, teniendo en cuenta la Ley de Tasas y Precios
Públicos, que permita a este organismo generar ingresos propios, a fin de
ir detrayéndolos de las aportaciones del Estado.

En cuanto a la liquidación presupuestaria, en líneas generales, con fecha
1 de octubre del presente año nos encontramos en un 86 o un 87 por ciento
de liquidación presupuestaria del Instituto. Aquí se plantea el problema
que ha expuesto S. S. sobre si se ha corrido una cifra o no en



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los presupuestos del INAP, y son los presupuestos de la formación
continua. Como S. S. sabe, los presupuestos de la formación continua, que
en este ejercicio han ascendido a 7.000 millones de pesetas, figuran en
los presupuestos del Inem, desde el Inem se transfieren al INAP, por ello
aumenta en su presupuesto, globalmente considerado, de 2.000 a 9.000
millones en el Instituto Nacional de Administración Pública y con esos
7.000 millones cumple dos funciones importantes. En primer lugar, ser el
gestor de esos 7.000 millones para los diferentes promotores que
presentan los planes de formación continua, para lo cual el INAP, según
acuerdo de la mesa de formación continua, dispone de un 1 por ciento, es
decir, unos 70 millones de pesetas, para divulgar e investigar sobre esos
planes de formación continua. En segundo lugar, el INAP también es un
promotor de formación continua, como el resto de los promotores, lo que
supone al Instituto Nacional de Administración Pública,
presupuestariamente hablando, en este ejercicio, unos 230 millones de
pesetas adicionales para la formación que no figuran como tal en ese
presupuesto. Quiero hacerle constar que a estas alturas, y pese a las
dificultades que ha tenido la puesta en práctica de esos 7.000 millones
de pesetas, nos encontramos con que en el mes de octubre prácticamente el
85 o el 90 por ciento de los presupuestos de formación continua ha sido
ya destinado por el Instituto a los diferentes promotores, entre los
cuales se encuentran fundamentalmente las centrales sindicales, las
corporaciones locales y las comunidades autónomas.

Finalmente --si me olvido de algo S. S. me lo hará saber--, la última
cuestión que me planteaba es la colaboración con otras instituciones de
diferentes ámbitos en materia de formación. Soy consciente --y S. S.

estoy seguro de que también-- de que en este país se invierten enormes
cantidades en materia de formación. El otro día el señor ministro
señalaba que la formación global en este país ascendía, aproximadamente,
a 80.000 millones de pesetas, y a veces todos individualmente tenemos la
sensación de que esos dineros no se gastan como quisiéramos. En ese
esfuerzo por hacer cada vez más real que la ingente inversión en
formación redunde en la mejora de nuestros funcionarios nos encontramos
todos. En este sentido quisiera señalarle que la colaboración con otros
institutos, fundamentalmente de las comunidades autónomas, ha
experimentado un auge notorio, y le voy a poner un ejemplo. Existe una
comisión, que preside el director del INAP, formada por el Instituto y
las diferentes escuelas de las comunidades autónomas. Si no recuerdo mal,
esa comisión no se reunía desde el año 1994. Pues bien, en el año y tres
meses que llevo de director del INAP ha tenido ya dos reuniones: la
primera, en Madrid, y la segunda, descentralizada, en Canarias. Yo creo
que hay una franca línea de colaboración entre todas las escuelas de las
comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Administración Pública.

Incluso se puede decir que muchos de los cursos que realiza el INAP,
especialmente los que son para directivos, van a ser implantados en las
comunidades autónomas. Es más, un curso en el que S. S. fue protagonista,
el curso sobre ética pública, celebrado en el mes de abril, va a ser
reproducido en diversas comunidades autónomas, en concreto, la primera de
ellas, el próximo mes en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

No sé si con esto he respondido a las preguntas de S. S., pero estoy a su
disposición para lo que estime conveniente.




El señor PRESIDENTE: ¿Desea alguna aclaración el señor Ríos?



El señor RIOS MARTINEZ: Sí, señor presidente, muy brevemente. Agradezco
la explicación detallada, pero me va a permitir que le vuelva a solicitar
alguna precisión. Me gustaría conocer qué número de funcionarios en
prácticas se ven afectados por este incremento, porque el año pasado
también habría funcionarios en prácticas. Este año hay un incremento de
40 millones de pesetas para este concepto. Por tanto, habrá más
funcionarios en prácticas o se estará sacando otro volumen.

Respecto a la Seguridad Social, yo no me refería a la cuantía. Sigue sin
decirme en qué se gasta la diferencia que hay entre 148 y 181 millones.

Artículo 16: cuotas, prestaciones y gastos de Seguridad Social, total
181. Debajo pone: Seguridad Social, 148. ¿Qué falta? Seguro que falta
algo, si no no sale 181.

Estoy de acuerdo con la explicación que se ha dado en cuanto a las becas
y subvenciones, pero el Instituto y toda esta documentación existía
antes. El año pasado era un centro, el centro iberoamericano. El año
pasado dedicamos para esa misma actividad 10 millones de pesetas y ahora
destinamos 20 millones. Lo mismo ocurre con el tema europeo. El año
pasado destinamos 15 millones y este año destinamos 22 millones. Mi
pregunta no se refería al tipo de organismo que se haya creado, que es
más autónomo como instituto, sino que estamos primando un mayor volumen
de actividad con esa decisión. Esa era la pregunta.

Respecto al remante de tesorería no he encontrado explicación. Las
transferencias corrientes del Estado son por un valor de 1.583 millones.

Las transferencias de capital del Estado son 105 millones, que es la suma
a que antes se refería el director del INAP. Es verdad que entonces la
cifra de ingresos autónomos era 169 millones, pero el año pasado la
previsión de esos ingresos autónomos era 266 millones. Se ha reducido. Le
he preguntado por el remanente de tesorería porque era una cifra alta
para lo que estamos hablando, porque del volumen total de los trescientos
y pico millones que ingresan ustedes la cifra mayor era ésta. Por eso le
he preguntado si es estable, si se produce solamente este año, si es
simplemente una evolución normal en un organismo autónomo, como ocurre
con otros organismos similares. Esa era la pregunta.

El tema relativo a la formación continuada del Inem y la liquidación ya
lo estudiaré, pero hemos mezclado los 8.200 millones con los 7.000 que
vienen de allá y que se suman a los que tenemos. No se preocupe por la
cifra de la liquidación presupuestaria. Cuando usted me ha respondido que
es el 86 por ciento, yo he entendido que se refería al presupuesto de
ingresos, que está liquidado. Esa era la pregunta. Por lo demás, vendrá
el organismo, usted participará, pero lo más importante era saber que el
mayor porcentaje de ingresos autónomos está liquidado. Por tanto, es



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previsible que sea cierta esa cuantía en cuanto a los ingresos, que se
ajustó el año pasado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director.




El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(Alvarez Conde): Muy brevemente voy a tratar de contestar a aquellas
cuestiones que anteriormente no he respondido totalmente.

Respecto al remanente de tesorería, ese aumento de los ingresos propios
del Instituto, que se cifra no en 198 millones sino en 98 millones porque
los 100 millones ya existían en el presupuesto anterior, debe
interpretarlo --me perdonará pero yo lo interpreto así-- como la propia
capacidad de ahorro del Instituto, como organismo autónomo. Por acuerdo
del Consejo de Ministros, posteriormente desarrollado por una resolución
del subsecretario, se ha establecido en el Instituto una serie de medidas
--una de ellas, por ejemplo, es el teléfono al que nos referíamos-- de
ahorro de ese centro.

En cuanto a las subvenciones, le voy a llevar la contraria en un tema
puntual que le puedo argumentar documentalmente. El anterior centro
iberoamericano de administración pública nunca llegó a existir
legalmente. Quiero decirle (se creó antes de que yo estuviera en este
cargo) que simplemente se constituyó mediante una escritura pública ante
notario, pero nunca recibió la inscripción del registro del Ministerio de
Educación y Ciencia. Es decir, jurídicamente, ese centro nunca llegó a
existir. Precisamente lo que se ha hecho bajo mi dirección es que ese
centro exista legalmente y que se ponga en funcionamiento, para lo cual
hemos estimado necesario el aumento de esa dotación presupuestaria.

En cuanto al Instituto Europeo --efectivamente aumenta su dotación--, la
explicación es muy sencilla. En el presupuesto del año pasado se bajó de
22 millones a 15 millones y lo único que hemos hecho es volver a la
cantidad anterior, que permite que haya expertos españoles --por cierto,
ya los hay y no los había desde hacía dos años-- en ese instituto y que,
con la aportación española, nos convirtamos en uno de los países que
toman las decisiones en ese centro. Quiero significarle que somos el
tercer país en aportación a ese instituto después de los Países Bajos, de
Alemania y de la Comisión Europea, y eso se ha reflejado en la presencia
del instituto y en las actividades desarrolladas en el centro.

En cuanto a los funcionarios en prácticas, no le puedo precisar el número
exacto, como usted puede entender, porque la oferta de empleo público del
año que viene todavía no ha sido fijada, pero sí le puedo decir que
aumentará considerablemente el número con un solo dato: que se van a
convocar en la Administración local todas esas plazas que no se
convocaban en años anteriores. A título de ejemplo, y aunque estoy
hablando de memoria, quiero recordar que, de entrada, se han convocado 75
plazas de secretarios, lo cual ya revela una cantidad importante que
justifica esos gastos y esas situaciones.

En cuanto a la Seguridad Social, me remito a la explicación que le he
dado, no conozco otra, pero si S. S. quiere se la puedo remitir
rápidamente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director, por su comparecencia
y por sus explicaciones. Gracias, señorías.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las ocho y treinta minutos de la noche.