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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 287, de 07/10/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 287
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO Y LEDO
Sesión núm. 17
celebrada el martes, 7 de octubre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Defensa (Serra Rexach), para informar
sobre:
--El presunto secuestro de personas por parte de miembros del Centro
Superior de Información de la Defensa (CESID), al objeto de ser sometidas
a experimentación de sustancias en su organismo, así como de las medidas
de esclarecimiento de los hechos y posibles responsabilidades iniciadas
por su departamento. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
213/000107) (Página 8258)
--Motivos y alcance de la reestructuración del Centro Superior de
Información de la Defensa (CESID), que ha dado como resultado el cese de
28 miembros de dicho servicio. A solicitud del Grupo Parlamentario
anterior. (Número de expediente 213/000205) (Página 8258)
--Posición del Ministerio en relación con la petición del coronel don
Diego Camacho López Escobar y el teniente coronel don Manuel Rey Jimeno,
ex agentes expulsados del Centro Superior de Información de la Defensa
(CESID), para eximirlos del deber de reserva y poder así informar sobre
actividades presuntamente delictivas de los servicios de información y
ejercer su derecho a la
defensa en su expediente disciplinario. A solicitud del mismo Grupo
Parlamentario. (Número de expediente 213/000264) (Página 8258)
--Conversaciones y acuerdos internacionales sobre las minas
antipersonales, así como las líneas generales del Gobierno respecto a su
fabricación, exportación, control y regularización para la eliminación de
dichos sistemas. A petición propia. (Número de expediente 214/000034)
(Página 8268)
--Previsiones del Gobierno en relación al desarrollo legislativo del
control sobre el comercio y exportación de armamento, así como líneas
generales de la futura legislación de prohibición de la fabricación y
exportación de minas antipersonales y la posición del Gobierno en la
próxima conferencia internacional sobre tal materia. A solicitud del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
213/000306) (Página 8268)
--Posición mantenida y propuestas presentadas por la Delegación del
Gobierno en la Conferencia de Oslo para la negociación del tratado de
prohibición total de las minas terrestres antipersonales (19-9-97). A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
213/000351) (Página 8268)
--Prohibición total de las minas antipersonales y destrucción de los
stocks existentes. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente 213/000364) (Página 8268)
--Situación de las tropas desplegadas en Albania. A petición propia.
(Número de expediente 214/000042) (Página 8278)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA (SERRA REXACH), PARA INFORMAR
SOBRE:
--EL PRESUNTO SECUESTRO DE PERSONAS POR PARTE DE MIEMBROS DEL CENTRO
SUPERIOR DE INFORMACION DE LA DEFENSA (CESID), AL OBJETO DE SER SOMETIDAS
A EXPERIMENTACION DE SUSTANCIAS EN SU ORGANISMO, ASI COMO DE LAS MEDIDAS
DE ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y POSIBLES RESPONSABILIDADES INICIADAS
POR SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
213/000107.)
--MOTIVOS Y ALCANCE DE LA REESTRUCTURACION DEL CENTRO SUPERIOR DE
INFORMACION DE LA DEFENSA (CESID), QUE HA DADO COMO RESULTADO EL CESE DE
28 MIEMBROS DE DICHO SERVICIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
ANTERIOR. (Nnúmero de expediente 213/000205.)
--POSICION DEL MINISTERIO EN RELACION CON LA PETICION DEL CORONEL DON
DIEGO CAMACHO LOPEZ ESCOBAR Y EL TENIENTE CORONEL DON MANUEL REY JIMENO,
EX AGENTES EXPULSADOS DEL CENTRO SUPERIOR DE INFORMACION DE LA DEFENSA
(CESID), PARA EXIMIRLOS DEL DEBER DE RESERVA Y PODER ASI INFORMAR SOBRE
ACTIVIDADES PRESUNTAMENTE DELICTIVAS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y
EJERCER SU DERECHO A LA DEFENSA EN SU EXPEDIENTE DISCIPLINARIO. A
SOLICITUD DEL MISMO GRUPO PARLAMENTARIO. (Número de expediente
213/000264.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.
Vamos a comenzar el desarrollo de esta sesión de la Comisión de Defensa,
que, como pueden observar por los puntos del orden del día, tiene una
serie de comparecencias, todas ellas del ministro de Defensa, aquí
presente, a quien damos la bienvenida a la Comisión una vez más.
Como verán, en el orden del día hay tres comparecencias que de una u otra
manera tienen como tema el Cesid; otras cuatro, de la cuatro a la siete,
que tienen como tema las minas terrestres antipersonales, y una última,
la ocho, que tiene como motivo la explicación de la situación de las
tropas desplegadas en Albania o de lo que ha sido el balance de la
operación en Albania.
Vamos a hacer un bloque con las tres primeras, advirtiendo que, en la 2,
la Mesa del Congreso entendió --a pesar de que figura todavía-- que no se
admitía a trámite el último punto, ese que dice: así como las causas de
las sanciones impuestas al coronel don Diego Camacho y al teniente
coronel don Manuel Rey.
Pasamos al desarrollo de estas tres comparecencias, que leo a efectos de
que conste en el «Diario de Sesiones».
La primera es: Comparecencia del ministro de Defensa ante la Comisión de
Defensa para informar sobre el presunto secuestro de personas por parte
de miembros del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), al
objeto de ser sometidas a experimentación de sustancias en su organismo,
así como de las medidas de esclarecimiento de los hechos y posibles
responsabilidades iniciadas por su departamento. La segunda:
Comparecencia del ministro de Defensa ante la comisión para conocer los
motivos y el alcance de la reestructuración del Centro Superior de
Información de la Defensa (Cesid), que ha dado como resultado el cese de
veintiocho miembros de dicho servicio. Y la tercera: Comparecencia del
ministro de Defensa ante la Comisión para dar cuenta de la posición de su
ministerio en relación con la petición del coronel don Diego Camacho
López Escobar y el teniente coronel don Manuel Rey Jimeno, ex agentes
expulsados del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), para
eximirles del deber de reserva, poder así informar sobre actividades
presuntamente delictivas de los servicios de información y ejercer su
derecho a la defensa en su expediente autodisciplinario.
Para el desarrollo de estas comparecencias, tiene la palabra el señor
ministro. (El señor Meyer Pleite pide la palabra.)
Señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, no tengo inconveniente en que se
agrupen las tres comparecencias pedidas por Izquierda Unida, siempre y
cuando el tiempo de la intervención sea proporcionado al conjunto de las
tres.
El señor PRESIDENTE: El señor Meyer sabe que esta Mesa suele ser muy
benigna en cuanto al tiempo y por lo tanto sí va a tener tiempo
suficiente.
El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Buenos días, señorías.
Tal y como ha indicado el señor presidente, paso a exponer la posición
del Ministerio de Defensa sobre las tres primeras informaciones,
relativas genéricamente al Centro Superior de Información de la Defensa.
Por lo que respecta al presunto secuestro de personas por parte de
miembros del Cesid al objeto de ser sometidas a experimentación de
sustancias en su organismo, y a las medidas de esclarecimiento de los
hechos y posibles responsabilidades iniciadas hay que decir que, nada más
tener conocimiento de las informaciones aparecidas en un diario nacional
sobre el asunto encargué personalmente al director del Centro Superior de
Información de la Defensa que abriese una investigación sobre tales
presuntos hechos. Del resultado de dicha investigación se concluyó la
ausencia total de constancia de que en el pasado se hubieran producido
los citados acontecimientos u otros de naturaleza similar.
En cuanto al presente y el futuro del Cesid, tengo la certeza de que
hechos de esta índole están absolutamente alejados del centro. El Cesid,
como saben SS. SS., tiene unos objetivos informativos, lo cual quiere
decir que cuando en el Cesid se habla de objetivos se habla de objetivos
de los que se puede obtener información. Estos objetivos informativos
tienen que estar acordes con las directrices que, como es público y
notorio, por primera vez el Ministerio ha fijado y ha trasladado al
Centro Superior de Información de la Defensa. De tal modo, señorías, que
cualquier actuación no encaminada a la consecución de alguno de los
objetivos informativos fijados por el Gobierno sería un acto que pudiera
calificarse de desviación de poder.
En segundo lugar, las actividades del centro están sujetas, como las de
cualquier otro organismo del Estado o cualquier ciudadano, al imperio de
la ley y en cualquier caso existe una serie de mecanismos de control
interno sobre su personal, mecanismo que se ha robustecido en los últimos
tiempos y que se extiende a los recursos financieros y a todas las
actividades desarrolladas, de tal modo que permite garantizar la
actuación correcta y ajustada a la ley, tanto del Cesid como de todos sus
miembros.
De la reestructuración del Cesid, que se menciona que ha dado como
resultado el cese de 28 miembros, hay que decir, en puridad de términos,
que lo que ha habido ha sido una nueva pauta de conducta al Cesid, a su
equipo de dirección y a todos los miembros, una adaptación que comenzó
tras el cambio de Gobierno.
Había en marcha algunas medidas. Primero, hubo que dar cumplimiento a una
modificación de la estructura básica del centro, establecida por decreto
del año 1996, que permitió elevar de rango la unidad de seguridad y darle
categoría de división. Como decía hace un momento, señorías, de lo que se
trataba es de que el organismo encargado de la seguridad del centro,
donde se habían observado fallos de público y notorio conocimiento, fuera
reforzada, para evitar en la medida de lo posible que acontecimientos de
esta índole se repitieran en el futuro. Segundo, la nueva dirección
procedió, como es lógico, tras un período razonable de toma de contacto,
a la realización de los nombramientos de confianza en los puestos de más
alta responsabilidad del centro. Tercero, el centro fue aplicando
progresivamente su estatuto de personal, estatuto aprobado por el Real
Decreto-ley 1.324/1995, de 28 de junio. En virtud de este decreto,
señorías, el personal del Cesid se sometería a un proceso para evaluar su
idoneidad y, en su caso, ofrecerle la posibilidad de integrarse en el
centro con carácter permanente. El considerado no idóneo causaría baja en
el centro. Como consecuencia de estas evaluaciones, varios miembros que
prestaban sus servicios en el Cesid han causado baja, al no ser
considerados idóneos para el puesto de trabajo.
En estas evaluaciones que se han ido realizando en varias tandas ha
habido un total evaluado de 1.259 personas; de ellas, se han considerado
no idóneas 33; se han profesionalizado 1.219 y han presentado su renuncia
voluntaria siete. El proceso, como digo, se ha realizado en tres tandas.
En la primera, se evaluaron 774 y quedaron declarados no idóneos 26; en
la segunda, se evaluaron 202 y se declararon
no idóneos solamente tres, en la tercera se evaluaron 283 y se declararon
no idóneos cuatro. El resultado, repito, ha sido de 33 no idóneos sobre
un total de 1.259 personas.
La competencia para la valoración de la idoneidad del personal se la
atribuye la ley al director general, que debe proponer al ministro de
Defensa el nombramiento y asignación de puestos de trabajo al personal
que se integre de forma permanente. La objetividad de estas medidas es
extremar la prudencia. Esta competencia, que por ley está atribuida al
director general del centro, según acabo de decir, se estableció a través
de una junta de evaluación, constituida por personal de más alta
cualificación del centro, que ha solido tomar todas las decisiones por
unanimidad.
En cualquier caso, la baja en el centro no es ni ha sido una medida
arbitraria o caprichosa. Se encuentra perfectamente reglada. De hecho,
alguno de los afectados ha acudido a la vía contencioso-administrativa,
ámbito donde debe dilucidarse cualquier controversia al respecto. Las
causas, como ya tuve oportunidad de exponer, de que no se consideraran
idóneas 28 personas han sido estrictamente profesionales. En esas
evaluaciones se tiene en cuenta la calidad profesional, las
circunstancias personales del afectado, personalidad, competencia,
rendimiento. Todo ello está sometido a una normativa casuística y
prolija, pero que pretende ser perfectamente objetiva, y como
consecuencia de ella se declararon no idóneas las personas que he
mencionado. Entre esas personas, y con eso paso, señor presidente, a la
tercera cuestión, hubo dos, el coronel don Diego Camacho López Escobar y
el teniente coronel don Manuel Rey Jimeno, a las que se declaró no
idóneas por causas, repito, estrictamente profesionales, que nada tiene
que ver con la política.
Y voy a explicar la posición del Ministerio para eximirlas del deber de
reserva. Este tema, señor presidente, señorías, fue ya objeto de una
pregunta del señor diputado Meyer el pasado 4 de junio. Tal y como señalé
en aquella respuesta, dada la naturaleza de la infracción disciplinaria
cometida, se ha entendido que la denegación de la petición de exención
del deber de reserva no perjudicaba al interés de la defensa; es decir,
no causaba indefensión. Creo, señorías, que aquí se ha podido producir un
malentendido. Se ha atribuido una conexión que no tenía en absoluto,
conexión entre el objeto de la imputación de los expedientes
disciplinarios y el resultado no positivo del proceso de evaluación al
que antes he hecho referencia. Se entendió, señorías, que había una
conexión entre ambos y eso dista notablemente de la realidad.
Los expedientes disciplinarios se abrieron por haberse realizado
declaraciones a los medios de comunicación social contrarias a la
disciplina, por cuanto no contaban con la pertinente autorización para
hacerlas y porque, además, debieron haberse utilizado los cauces
jurídicos que señala el título V de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas
Armadas y no se hizo así. Por otro lado, como he explicado antes, la no
profesionalización definitiva tenía unas causas estrictamente
profesionales, derivadas de la competencia, rendimiento, aptitud y
profesionalidad en el desarrollo de su trabajo en el centro.
Es inevitable preguntarse por qué, si había hipotéticas conductas
delictivas en el momento en que supuestamente llegaron al conocimiento de
tales oficiales, no se hicieron. Hay que recordar que, en sus
declaraciones públicas, ambos ex agentes dijeron no tener conocimiento de
supuestas conductas delictivas, sobre las que después parece ser que
habían recuperado la memoria. Vuelvo a recordar que sigue sin impedirse a
tales personas que ejerciten la denuncia de cualquier posible actuación
delictiva que conozcan, debiendo para ello utilizar los cauces
reglamentarios, lo cual se ha hecho saber, como ya se dijo a los
interesados, a través de los respectivos jefes de Estado Mayor.
Señorías, estimo de verdad que, en el expediente disciplinario seguido
contra los citados coronel y teniente coronel, se ha observado de modo
escrupuloso la legalidad vigente. Se han respetado, como no podía ser de
otra manera, los derechos de los expedientados. Resulta obvio que, si
éstos no lo entendieran así, tienen abierta la vía jurisdiccional
contencioso administrativa para hacer valer sus argumentaciones.
Por último, por si fuera preciso, sobre los miembros del Cesid pesa el
deber impuesto por la legislación de secretos oficiales, específicamente
el señalado en el artículo 38 de su estatuto de personal, de guardar
secreto profesional y estricta reserva de las informaciones que conozcan
por razón de su pertenencia al servicio. Es decir, que, no teniendo
conexión alguna el expediente disciplinario con el resultado negativo del
proceso de evaluación, mal se puede deducir que hubiera menoscabo alguno
del derecho de defensa, al que tienen perfecto derecho por estar
reconocido en la legislación vigente; además, era un procedimiento
perfectamente reglamentado el que se siguió en el procedimiento de
evaluación.
Con esto, señor presidente, está fijada la posición del ministerio en
estos tres asuntos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, solicitante
de estas comparecencias, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor ministro, el hilo de mi intervención parte
de una convicción política profunda de Izquierda Unida al día de hoy, y
es que los servicios de información de inteligencia y contrainteligencia
en España siguen sin estar homologados en una sociedad democrática y que
el compromiso adquirido por su partido, el Partido Popular, en campaña
electoral, en el sentido de reestructurar, controlar y limpiar los
servicios de inteligencia de todas las personas vinculadas con la guerra
sucia al día de hoy no se ha hecho. A partir de esa convicción profunda,
la pregunta que lanzamos al aire es qué pasa con estos servicios de
información, que, desde la transición para acá, ningún gobierno ha sido
capaz de homologarlos, controlarlos y ponerlos al servicio de lo que
tiene que hacer un servicio de inteligencia y contrainteligencia:
sencillamente preservar el interés general, sin pasar la raya de la
legalidad y no creando un Estado dentro de un Estado.
Es posible que lo que esté ocurriendo es que el volumen de dossieres, de
información acumulada, de grabaciones,
etcétera, sea de tal envergadura que estos servicios de inteligencia y
los anteriores han tenido la habilidad de neutralizar las más altas
magistraturas del Estado y sus representantes. Lo importante de esta
comparecencia es que se pongan encima de la mesa los distintos criterios.
El criterio de Izquierda Unida es que al día de hoy estos servicios de
inteligencia, por su estructuración, por su falta de control, por su
dependencia orgánica no se pueden homologar a unos servicios de
inteligencia de un país moderno y democrático. Todo lo referente a la
información que da el propio servicio de inteligencia, mientras no se
aborde esta reestructuración, nosotros lo ponemos sencillamente en el
congelador.
Paso al conjunto de las peticiones de comparecencia. En primer lugar,
quiero manifestar mi sorpresa de que esta Comisión pueda debatir una
petición de comparecencia más de un año después de su registro. Dice poco
de la rapidez con la que esta Comisión debiera responder ante hechos muy
graves, muy graves, que en su momento causaron una gran alarma social.
Para su información, señor ministro, aunque no le compete, esta
iniciativa fue registrada el 27 de septiembre de 1996, y más de un año
después la tratamos aquí. Fue la operación que se vino en denominar
operación Mengele, operación sobre la que, según usted dice, en su
momento se abrió una información y el propio servicio del centro y su
director, señor Calderón, manifestó que nada había de esa información.
Pero lo cierto, señor ministro, es que hay una investigación judicial en
marcha.
Como sabe, el caso Oñaederra se divide en tres causas de investigación:
el asunto Mengele, el asunto Cela-Seoane y las cartas bombas de HB. Son
tres investigaciones que ya adquieren un cuerpo propio a partir de un
mismo hilo conductor. El caso Mengele, es decir, la investigación del uso
del pentotal sobre mendigos indigentes para poder ser utilizado en un
posible secuestro a Josu Ternera forma parte ya de esa investigación.
Causa gravísima. Usted dice que ya se ha abierto una investigación por
los servicios de inteligencia y que los propios servicios dicen que no
hay nada de eso.
Decía en la primera parte de mi intervención que mientras no estén
homologados estos servicios de inteligencia, las investigaciones que
puedan realizar ellos mismos sobre ellos mismos las vamos a poner en
cuarentena. Nos vamos a fiar mucho más de lo que va a ser la
investigación judicial. Los hechos investigados que se relatan son muy
graves. Es ese intento de secuestro de Josu Ternera en 1989. Y,
previamente a ese intento de secuestro, parte de la documentación sobre
los intentos de recoger a personas de ETA en Francia para trasladarlos a
España ha sido publicada en las famosas fichas ya desclasificadas. Ese
intento de utilizar y experimentar el uso del pentotal sobre un posible
terrorista para trasladarlo al Estado español se experimentó con tres
personas indigentes, dos hermanos toxicómanos y una persona que, al
parecer --y está pendiente de investigación--, murió precisamente al
serle administrado el pentotal.
La operación de Josu Ternera no sigue adelante, como ustedes saben,
porque el 19 de enero es detenido por la policía gala, pero lo que está
pendiente de investigación es si la entonces ala 25, según se ha
publicado, los señores Losada, Jambrina, Zarca, Perote, Galante, Carpio,
Oporto y Valeriola, al frente el jefe de la agrupación operativa Ureña,
si este ala 25, digo, fue la que suministró este componente químico, el
pentotal, con resultado de muerte.
Si esto es así, el propio funcionamiento del servicio de inteligencia
tuvo que ser autorizado por el señor Manglano, que entonces estaba al
frente del Cesid. Tuvo que ser así. En aquellos momentos al frente del
área de coordinación estaban los señores Losada y Jambrina; por lo tanto,
a partir de esa autorización, tuvieron que formar parte de este
operativo. Que en aquellos momentos estaba vinculado en el ala 25 el
ahora capitán Gómez Nieto, involucrado en el caso Lasa y Zabala. Que
parece, y así consta, que la operación incluso se denominó Operación
Aneto-Esfera-Shuto. Me refiero a la experimentación de estas sustancias
sobre mendigos, para después poder ser utilizadas sobre presuntos
terroristas. Que, al parecer, fueron incluso robados tres automóviles en
julio de 1988, automóviles que han permanecido en los garajes del centro
hasta hace bien poco y forman parte de esa investigación. En concreto,
dos Renault 21 y un Ford Sierra. Esto es lo que está pendiente de
investigación judicial, señor ministro.
Ya se ha tomado declaración a personas en relación con este caso, una de
ellas importante, la del doctor Figuera, que fue jefe del servicio de
cirugía interna de corazón y pulmón de Puerta de Hierro. Parece que este
doctor visitó en su día el Cesid para hablar con los médicos del centro
del uso del pentotal.
A partir de esta riada, digamos, de cosas por investigar, hay algunas
preguntas. Soy consciente de esa convicción profundamente firme de
Izquierda Unida de que, mientras estos servicios de información no sean
reestructurados y homologados a una sociedad democrática en cuanto a su
dependencia, reestructuración y control, son unos servicios de
información cuya propia investigación no nos merece demasiada confianza.
Sí, lógicamente, nos interesa conocer su opinión sobre algunos temas.
La primera pregunta es si las personas investigadas en el caso Mengele,
esas personas relacionadas con esa operación, han sido consideradas
idóneas para trabajar en el Cesid. Segunda, cuántas de estas personas han
sido promocionadas. Tercera, si puede usted, señor ministro, asegurar que
ni la división de apoyo operativo ni la de apoyo técnico han realizado
ningún tipo de operación ilegal. Cuarta, ¿una de las personas vinculadas
a esas operaciones no está en la actualidad al frente del departamento de
dirección operativa? ¿Es cierto, señor ministro, que el señor Calderón
tuvo que tranquilizar a las personas presuntamente vinculadas a este
caso, tras declarar el 22 de octubre de 1996 ante el juez Garzón, por la
inquietud que manifestaban en relación con esa investigación abierta?
Esto, señor ministro, se refiere la primera parte de la comparecencia.
Y paso a la segunda, tal vez la que mayor importancia debería tener en el
sentido de los compromisos políticos que se tengan que alcanzar para
efectivamente homologar todos los servicios de inteligencia a los de un
país democrático y moderno como es el Estado español.
Quiero manifestarle que la reestructuración de diciembre se ha intentado
vender por parte de la administración, por parte del Gobierno, por parte
del Partido Popular, como la reestructuración comprometida en campaña
electora, en el sentido de limpiar los servicios de información de toda
la guerra sucia y de homologar estos servicios de inteligencia y
contrainteligencia a los de un país democrático. Lo que pasa, señor
ministro, es que algo debió ocurrir porque la operación les salió mal. Se
intentó vender en diciembre, al hilo de la separación del servicio de
estos 28 agentes, que esa operación era la de la limpieza,
posteriormente, en el mes de mayo, el propio Ministerio de Defensa
reconoce que, en el caso del coronel Camacho y el teniente coronel Rey,
en esos dos casos concretamente, estas personas en efecto no están
vinculadas para nada con los casos de ilegalidad. Por tanto, aquí hay una
regla de tres que al día de hoy nadie aclara. Si la reestructuración de
diciembre nada tiene que ver con la limpieza de los servicios,
comprometido como estaba el Partido Popular, porque a estas personas se
les reconoce, en escrito al que posteriormente me referiré, que nada
tienen que ver con la actividad ilegal, esa regla de tres concluye que
las personas vinculadas con la guerra sucia siguen en el centro, siguen
en los servicios de información y algunas de ellas están siendo
promocionadas.
Señor ministro, los escándalos de la guerra sucia, escuchas ilegales,
corrupción, acaecidos en el Centro Superior de Información de la Defensa
durante la etapa anterior, del anterior Gobierno, llevaron a su partido,
al Partido Popular --llevaron al Partido Popular, porque me parece que
usted no es afiliado al Partido Popular--, a incluir en su último
programa electoral una premisa de actuación básica con referencia a los
servicios de inteligencia. Venía a decir en el programa que los
escándalos hacen necesaria una reforma de los servicios de seguridad;
folio 253 del programa electoral del Partido Popular. Este juicio de
intenciones ha sido refrendado desde entonces por miembros cualificados
de dicha formación política, del Partido Popular, y baste como botón de
muestra las declaraciones de don Francisco Alvarez-Cascos el 11 de
febrero de 1996. Decía textualmente: Yo he dicho y repito que el PP no va
a avalar ningún comportamiento que no sea respetuoso con el Estado de
Derecho; los aficionados a traspasar sus fronteras, en las Fuerzas de
Seguridad, deben estar preocupados por nuestra llegada al Gobierno.
Yo no sé el grado de preocupación que se tendrá en estos momentos en el
Cesid al hilo de la información que tenemos y con la reestructuración
realizada. Y ahí está el propio comentario del actual presidente de la
Comisión de Defensa, don Alejando Muñoz-Alonso, que decía que tenemos un
Gobierno que está aplicando las fórmulas necesarias para que nunca vuelva
a repetirse tanta desvergüenza y que también se han limpiado muy a fondo
los distintos equipos de agentes: La entrevista al presidente del
Gobierno, concedida a Pilar Urbano y publicada el 30 de diciembre de
1996, decía textualmente: Esa criba era conveniente para la operatividad,
para la limpieza y para la credibilidad de nuestros servicios de
inteligencia. Y, por último, la voluntad política de adecuar la actuación
del Cesid a la legalidad ha vuelto a ser expuesta por el presidente del
Gobierno el 5 de mayo. Viene a decir lo siguiente: Tienen --en relación
con los servicios de inteligencia-- órdenes de actuar dentro de la
legalidad absolutamente en todos los terrenos. No dudaría en actuar con
contundencia si descubriera que se producen desviaciones respecto a esas
órdenes.
Este era el compromiso, señor ministro, el punto de salida de este
Gobierno y, transcurridos bastantes meses desde la designación --más de
un año-- del director del Cesid, puede afirmarse que la tan aludida
limpieza de este organismo se ha limitado, primero, a elevar a la
categoría de división el antiguo departamento de seguridad; a agrupar en
una nueva división los departamentos de acción operativa e
infraestructura operativa; a unificar en una sola división las anteriores
divisiones de personal y de administración y servicios; y la separación
del servicio de estos más de 30 agentes que nada tienen que ver con los
escándalos, según el propio ministro y el ministerio han explicitado.
Por tanto, estos mínimos cambios son efectos cosméticos que nada tienen
que ver con la reestructuración, la homologación y el control de los
servicios de inteligencia. Resulta patente e incuestionable que la
afirmación del presidente Aznar sobre la limpieza efectuada en el Cesid
se ha convertido en una absoluta irrealidad. Por eso, señor ministro,
interesa a Izquierda Unida conocer, en relación con esta llamada
reestructuración entre comillas, primero, si ha causado baja en el Cesid
y, en caso afirmativo, en qué fecha, el capitán don Pedro Gómez Nieto,
presuntamente implicado en distintas operaciones de guerra sucia, tal y
como se relata en varios sumarios judiciales. Segundo, cuántas personas
presuntamente relacionadas con la guerra sucia se han visto promocionadas
profesionalmente o han sido confirmadas en sus puestos de responsabilidad
por el director Calderón. Tercero, ¿ha sido cesado alguno de los jefes de
área del gabinete del general Manglano o, por el contrario, han sido
todos promocionados? ¿En qué razones objetivas fundamenta el actual
director del Cesid el ascenso profesional de su hija y de su sobrino
carnal a jefes de área? ¿Qué motivos existen para promocionar y amparar a
don Emilio Jambrina, persona que ha sido señalada por intentar involucrar
a la UCD en la guerra sucia de estar imputado en el sumario Oñaederra y
coordinar la acción operativa del caso Mengele?
En contraposición con este estado de cosas, ¿por qué razones se cesa a
personas que tienen una conducta profesional y ética intachable y que el
23 de febrero fueron encargadas de la investigación y depuración de la
trama civil y militar del golpe? ¿Por qué se utiliza un doble lenguaje al
intentar explicar la expulsión de más de 28 agentes del Cesid? Primero se
dice que es consecuencia de la limpieza y depuración del Cesid y más
tarde se habla de profesionalización en el caso de la idoneidad del
servicio. ¿Qué ha sucedido con las personas presuntamente implicadas en
las escuchas ilegales? ¿Siguen en el centro? ¿Continúan en el Cesid las
que a la llegada de Javier Calderón aún permanecían en él? ¿Qué cambios
se han producido en los procedimientos de adquisición audiotécnica,
habida cuenta de las
posibilidades que ofrecen los medios técnicos de que dispone el Cesid?
¿Se han destruido o precintado los aparatos de interceptación de
comunicaciones con los que contaba el Cesid a la llegada del actual
director? ¿Cómo es posible que el anterior jefe de seguridad del Cesid,
con todos los escándalos que han ocurrido, así como los subdirectores de
la época del general Manglano, entre ellos el antiguo responsable de la
jefatura de apoyo operativo, hayan sido considerados idóneos por el
director Calderón? ¿Puede garantizar el señor ministro que ni don José
Luis Cortina Prieto ni personas de su entorno inmediato, entre otros,
actúan como asesores informadores del Cesid o de algún miembro del
Gobierno?
Señor ministro, desde el nombramiento de don Javier Calderón como
director interesa conocer si ha causado baja en dicho organismo alguna de
las personas presuntamente implicadas en los escándalos que la opinión
pública, la clase política y los medios de comunicación social
identificaban con el Cesid.
Finalmente espero que algún día iniciemos los cambios legislativos para
homologar los servicios y que el director del centro comparezca ante las
Cámaras, incluso que el nombramiento político que necesite pase por este
trámite parlamentario. A la espera de que llegue ese día y efectivamente
podamos hablar de que tenemos unos servicios de inteligencia como los de
otros países, en los que la cabeza visible sea civil, tenga que
comparecer aquí, y se limite el mandato y los objetivos del mandato en
sede parlamentaria, nos gustaría conocer las razones que tuvo en cuenta
el Gobierno del Partido Popular a la hora del nombramiento de don Javier
Calderón como director general del Cesid. Nos interesaría conocer los
motivos. ¿Por qué? Porque se da una realidad bastante contradictoria.
Como ustedes conocen, don Javier Calderón en el momento del golpe de
Estado del 23 de febrero era secretario de lo que entonces era el Cesid y
tardó en abrir una investigación sobre lo sucedido más de treinta y seis
días. Usted dice que no, yo digo que sí. Las personas que fueron
separadas en el mes de diciembre de los servicios de inteligencia,
fundamentalmente el coronel Camacho y el teniente coronel Rey, fueron los
que encabezaron esa investigación, personas de intachable conducta
democrática. Sin embargo, el entonces secretario de los servicios de
inteligencia está hoy al frente de los servicios de información.
Por tanto, señor ministro, aunque me diga que no con la cabeza, además de
hacer esto creo que hay que dar una explicación pública sobre los motivos
por los que don Javier Calderón está hoy al frente del Cesid, una persona
vinculada o por lo menos, para ser más exactos, que estuvo al frente de
los servicios de inteligencia y contrainteligencia el día del golpe del
23 de febrero. Alguna explicación habrá que dar a la sociedad, al
conjunto de las fuerzas políticas, por lo menos a ésta que sí está
absolutamente comprometida con que nuestros servicios de inteligencia
nada tengan que ver ya hoy con la guerra sucia del pasado, y que hablemos
de unos servicios de inteligencia que hayan sido limpiados literalmente
de todas las personas vinculadas con la guerra sucia; unos servicios de
inteligencia que estén reestructurados de manera que la dependencia
orgánica no recaiga en el Ministerio de Defensa; que el director del
centro sea civil; que el mandato y la explicitación del mandato necesiten
pasar por sede parlamentaria, como la mayoría de los servicios de
inteligencia de Europa; que se separen los servicios de inteligencia de
interior y exterior en al menos dos agencias distintas, coordinadas por
una cabeza visible civil que dé la cara ante los medios de comunicación,
ante la sociedad, ante la Cámara de representantes.
Por tanto, mientras no llegue ese día, le anuncio, señor ministro, como
usted bien sabe, que Izquierda Unida registró el 7 de mayo de este año
una proposición no de ley que quiere ir en este sentido de instar al
Gobierno a reestructurar y homologar los servicios de inteligencia del
Estado español definitivamente a los de una sociedad democrática.
Nuestros servicios de inteligencia son la única parte del Estado desde
1997 que no se puede homologar a un servicio de inteligencia democrático
al día de hoy y, por tanto, esa asignatura pendiente interesa al conjunto
de la sociedad. Ya está bien de que la suma de información acumulada por
estos servicios de inteligencia poco controlados sea capaz de neutralizar
a gobiernos, sea incapaz de garantizar que nadie es escuchado
ilegalmente, que nadie está siendo filmado ilegalmente, nadie está siendo
perseguido ilegalmente, que nadie está siendo espiado ilegalmente. No hay
ninguna garantía al día de hoy. Izquierda Unida no la tiene, señor
ministro.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, vaya terminando.
El señor MEYER PLEITE: Voy acabando. Como decía que son tres en una,
estoy intentando medir el tiempo.
Unos servicios de inteligencia, señor ministro, en los que efectivamente,
una vez acabada la guerra fría, se abre una reflexión sobre la adecuación
al nuevo momento. Se tiende a disminuir sus efectivos, a darles un
contenido cada vez menos secreto. Hoy la sociedad civil reclama cada vez
más que lo secreto, lo opaco sea una parte ínfima, minoritaria de la
sociedad, y tenemos la sorpresa de que estos servicios de información en
los presupuestos para este año van a pasar de 700 a 1.000 millones de
pesetas, por tanto hay una subida de más de un 40 por ciento en cuanto al
gasto.
Y quería concretarle una preocupación por la importancia que tiene en
alguno de sus aspectos, y responsabilizarle a usted directamente de una
cuestión. Mire usted, una vez que ya se pasó todo lo que fue el famoso
asunto de los papeles de Perote, la publicación de las microfichas,
etcétera, se ha publicado el 1 de junio de 1997 una relación con nombres
y apellidos de agentes, con sus verdaderos nombres y apellidos, no con
los nombres llamados de guerra o supuestos, que han realizado misiones en
el sur de Francia. Uno de ellos, el señor Rando, efectivamente aparece en
esa publicación. El señor Rando es uno de los agentes del Cesid que
fueron cesados en diciembre, y en el momento en que apareció su nombre
vinculado a operaciones de contrainteligencia en el sur de Francia, este
señor se dirigió a usted personalmente mediante escrito pidiéndole
amparo,
dada la gravedad de la publicación --que a un agente con nombres y
apellidos que puede ser encontrado en una guía telefónica se le vincula
con operaciones de contrainteligencia en el sur de Francia, con todos los
datos-- y pidiéndole que se le garantice una doble identidad, una
protección, y la contestación suya ha sido sencillamente negativa. Esta
es una de las personas que fueron cesadas en diciembre del pasado año.
Pues bien, señor ministro, en esta comparecencia le quiero hacer a usted
directamente responsable de la suerte de este ex agente, directamente a
usted. Me parece gravísimo que las personas de las que el propio
ministerio ha dicho que se han comportado desde el punto de vista
profesional ética y limpiamente, como son éstas, aparezcan con nombres y
apellidos en publicaciones sobre actuaciones y operativos en el sur de
Francia y que una vez que son publicadas, cuando estas personas piden
amparo, se las abandone a su suerte. Me parece gravísimo y, por tanto,
aprovechando la comparecencia, quería a usted hacerle responsable directo
de la suerte de esta persona.
Además, otra cuestión, ¿por qué no se ha investigado la publicación de
estos datos, que no es la información de Perote, sino que es otra
información que se publica con nombres y apellidos completos de agentes
sobre operaciones en el sur de Francia y no se abre ninguna
investigación? ¿Es que no interesa esa investigación? ¿No interesa
depurar las responsabilidades de las personas que han sido capaces de
filtrar esta información vital y muy grave en la lucha de los servicios
de inteligencia y contrainteligencia?
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Sí, señor presidente.
Señor presidente, las personas que fueron separadas del servicio en el
mes de diciembre tienen una pequeña gran satisfacción, y usted mismo se
la ha dado con la hoja de 16 de mayo de 1997, firmada por el general jefe
del gabinete. A través de ella esas personas han tenido la pequeña gran
satisfacción, al menos de recibir por parte del ministerio esta
comunicación que viene a decir lo siguiente: Los motivos de la separación
del Centro Superior de Información de la Defensa están fundados
exclusivamente en motivos de estricta índole profesional apreciados por
la junta de evaluación constituida al efecto y bajo ningún concepto
obedece a motivos o causa alguna relacionada con cuestiones políticas,
hipotéticos casos de índole corrupta o delictiva o conductas que puedan
ser consideradas como demérito de su honor o su prestigio. Me parece que
esta resolución del ministerio viene a restituir, en parte, el daño
producido a estas personas, a su profesionalidad, y que este mismo
documento da tranquilidad a estas personas, al coronel Camacho, al
teniente coronel Rey y al señor Rando, pero deja una gran intranquilidad
al resto. Si estas personas no eran, ¿dónde están las personas
relacionadas con la corrupción de los servicios de inteligencia y
contrainteligencia?
Por tanto, señor ministro, decía al principio de mi intervención que
partíamos de una convicción política que, al día de hoy, seguimos
manteniendo en Izquierda Unida: que los servicios secretos no se han
reestructurado, no se han limpiado, no se han homologado a los de un país
democrático en cuanto a su estructura y su control; que esperamos, en la
presentación de la proposición no de ley, que el conjunto de las fuerzas
democráticas y, sobre todo, el Partido Popular, que estaba comprometido
con esa limpieza y esa reestructuración, seamos capaces de homologar
definitivamente los servicios de inteligencia a los de una sociedad
democrática, asignatura pendiente desde 1977; que al día de hoy tenemos
un Estado dentro del Estado; que los miembros del servicio de
inteligencia se rigen más por la fe ciega al director del centro que a
cualquier otra razón o causa; que los dossieres, las grabaciones, hoy a
una personalidad política, mañana a un periodista, etcétera, se utilizan
como un arma política y de control sobre la propia sociedad civil y que,
por tanto, al hilo de ese debate, esperemos que tengamos todos la
garantía o la posibilidad, al menos, de avanzar hacia esa homologación.
Termino hablando sobre la petición que hicieron en su día estos
profesionales para que se les levantara el deber de la reserva. Estos
agentes tuvieron que defender su trayectoria democrática, antigolpista,
profesional y limpia en solitario; estos agentes fueron...
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, ha sobrepasado cualquier tiempo
imaginable, medido de la manera más generosa, o sea que haga el favor de
terminar.
El señor MEYER PLEITE: Sí, señor presidente. No se preocupe. Yo creo que
debe haber una flexibilidad.
El señor PRESIDENTE: Le estoy diciendo que usted ha sobrepasado cualquier
límite de tiempo; o sea que termine, por favor.
El señor MEYER PLEITE: Sí. Muchas gracias, señor presidente. En todo
caso, quiero repetir lo que decía al principio. Desde ese convencimiento,
esperamos a que en el debate de la proposición no de ley todas las
fuerzas democráticas nos retratemos y, desde luego, esta fuerza
democrática va a trabajar en la línea de dar la máxima tranquilidad para
que el día de mañana, cuando estén homologados estos servicios de
inteligencia, tengamos todos las garantías de que están para lo que
tienen que estar.
El señor PRESIDENTE: El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señor Meyer, no sé qué es
más de admirar en S. S., si la ingenuidad con la que se cree cualquier
texto publicado o la facilidad para repartir patentes de culpabilidad o
inocencia con una simplicidad, señoría, que me causa estremecimiento. En
su larga disertación ha impartido condenas de culpabilidad y veredictos
de inocencia y dignidad sin ni siquiera utilizar no ya las garantías que
da un Estado de Derecho constitucional, sino las primitivas garantías del
más
rudimentario sistema jurídico, que es escuchar al acusado. Me causa
estremecimiento, como también me lo causa la facilidad con la que dice
que no están homologados simplemente porque a S. S. no le plugan o no le
plazcan los servicios de inteligencia que hoy presiden la organización de
servicios de inteligencia de Europa. Pero no le importa que sean los
servicios objeto de atención, de reconocimiento en el seno de la Alianza
Atlántica. A S. S. no le parece homologable y, como alguien le dio a S.
S. la facultad de otorgar patentes de homologación, simplemente no están
homologados. No están homologados, dice S. S., por la falta de control;
no están homologados, dice S. S., por la dependencia orgánica. En muchos
países a los que estoy seguro y presumo que S. S. no tacharía de
antidemocráticos, los servicios de inteligencia dependen del Ministerio
de Defensa, y lo que es más sorprendente, no son homologables por su
estructura.
En la larga disertación, S. S. ha dicho una vez presunto; todas las demás
veces, reconociendo, como dijo al principio, que son objeto de
investigación judicial, no ha habido ni un presunto. Eso sí, ha repartido
condenas, pero ni un presunto. Yo tengo la enorme tranquilidad de vivir
en un Estado de Derecho donde se presume la inocencia de las personas
mientras no se demuestre su culpabilidad. Me sorprende que se pueda
actuar en sentido contrario y estar presumiendo que hemos ascendido,
evaluado o promocionado a gente que ha sido condenada. ¿En qué juicio,
señoría? Es verdad que hay distintos procedimientos judiciales en curso
ante los que al ministro de Defensa no le cabe otra posición que la de
respetar los procedimientos, y se abstendrá mucho de condenar o absolver
en tanto que sobre el procedimiento judicial no recaiga sentencia firme.
Habla S. S. de si se han limpiado los servicios de inteligencia. Señoría,
a ver si se puede entender. El Gobierno del Partido Popular ha limpiado
lo servicios de inteligencia; no ha hecho purgas, pero ha limpiado, y se
hace atribuyendo los puestos de responsabilidad a las personas que
parecen más capaces, más competentes y más respetuosas con la ley.
Además, se ha preparado una ley, sobre la que hay conocimiento público de
ella para que, cuando se estime oportuno, se traiga a la Cámara el
correspondiente proyecto, en la que se establecen unos criterios para
reforzar los mecanismos que desde el primer minuto el Gobierno del
Partido Popular, el Gobierno del presidente Aznar, dio a los servicios de
inteligencia, y, como ha leído S. S., en unas declaraciones del pasado 4
de mayo, el presidente del Gobierno hizo público que hay una orden
tajante para que se actúe siempre dentro del más estricto respeto y
cumplimiento de la ley.
Lo siento, señoría, pero no voy a complacerle haciendo una réplica
personal y detallada a cada uno de las decenas o centenares de nombres
que ha dado, pero permítame que haga una porque al ministro que le habla
le duele en el alma: que se permita el lujo de poner en tela de juicio la
honestidad, la eficacia, la transparencia y la ejecutoria ejemplarmente
democrática del teniente general Calderón. Fue el brazo derecho durante
larguísimos años del capitán general Gutiérrez Mellado. Tiene acreditado
convicciones firmes democráticas desde antes que llegara la democracia. Y
es --permítamelo señoría-- perverso intentar mezclarle en sucesos de los
que fue una de las víctimas cualificadas.
El Gobierno, señoría, ha dado la orden no sólo genérica de actuar dentro
de la ley, sino de señalar al centro cuáles con los objetivos
informativos que debe perseguir. El Gobierno ha cambiado toda la cúpula
del Centro Superior de Información de la Defensa, empezando por su
antiguo director general, ha cambiado a toda. Ha fijado los objetivos, ha
dicho cuáles son los modos de actuación para que se ejecuten todos los
objetivos que fija el Ministerio de Defensa. Y si hay una responsabilidad
judicial, naturalmente el Gobierno será el primero en cumplirla porque es
al primero que le beneficia.
Yo comprendo que la tranquilidad es algo muy subjetivo, pero le garantizo
a S. S. que los servicios de inteligencia del Gobierno están actuando
para objetivos que en la mayoría de los casos son públicos; y ninguno de
ellos tiene por objeto perseguir otra cosa que no sean conductas que
atenten contra la seguridad de todos los ciudadanos.
Pregunta S. S.: ¿se han cambiado los métodos para obtener escuchas e
información? Se habrán cambiado los objetivos: comprar sistemas
receptores para adquirir información; no son en sí ni buenos ni malos, se
puede permitir la utilización legal o ilegal de los mismos, pero en sí
mismos no son ilegales. Se han dado órdenes de a qué escuchas, qué
frecuencias hay que hacer y para qué hay que hacerlas. Lo que se ha
producido no es tanto que se haya realizado una actividad, sino que haya
habido conocimiento de unas actividades que nunca deberían haber sido
reflejadas. Señorías, en los procedimientos para escuchas de frecuencias,
todo lo que no es relevante para la seguridad del Estado debe ser objeto
de inmediata destrucción en caso de que se haya reproducido. Se produjo,
con daño grave para personas individuales, la fuga de unas informaciones
que nunca deberían haberse obtenido. Y este tipo de prácticas --no los
aparatos-- es lo que se ha prohibido desde la llegada del Gobierno al
poder.
He reiterado hasta la saciedad los casos del coronel y teniente coronel y
cuáles han sido las causas de su no profesionalización y, por tanto, no
sé por qué dice S. S. que ha habido contradicción. Desde el primer
momento este ministro dijo que las causas de la no profesionalización de
un porcentaje --antes les he dado las cifras-- eran exclusivamente, como
su propio nombre indica, por falta de profesionalidad, y no tiene nada
que ver para erigir en héroes, mártires políticos, a unos señores que una
junta de diez personas nombradas recientemente ha estimado no oportuno,
en virtud del expediente personal de cada uno, no proceder a su
profesionalización y, por tanto, no adquirir carácter permanente su
pertenencia al centro de información, sino, por el contrario, que
volvieran, en el caso de que fueran militares, a su ejército de
procedencia. Creo que hacer víctimas de un procedimiento en el que cabe,
como no podía ser de otra manera, el recurso contencioso --que está
siendo, por otra parte utilizado en determinados casos--, no es motivo de
alarma o intranquilidad.
Le reitero que hay un proyecto de ley, le reitero cuál es el
funcionamiento actual de los servicios y le garantizo, señoría, que puede
estar tranquilo porque los servicios secretos no están para generar
intranquilidad, sino exactamente lo contrario, tranquilidad de todos los
españoles.
De todos los informes que hay, de todos, publicados y no publicados, hay
víctimas, muertes de personal del Cesid en acto de servicio. No hay ni
una sola muerte --en lo que este ministro sabe y se ha hecho una
investigación exhaustiva-- causada por miembros del Cesid. Hay, repito,
víctimas anónimas de personas del Cesid que han muerto en el cumplimiento
de su deber. Por tanto, explicado en la primera parte de mi intervención
las causas de las distintas preguntas, solamente me resta añadir,
señoría, que el propósito del Gobierno desde el primer momento ha sido,
como le he reiterado, la absoluta subordinación a la ley. Por fortuna
vivimos en un Estado de Derecho. Ha dicho S. S. que no están bajo
control. Están bajo control del Ejecutivo y, por tanto, del Legislativo y
bajo control de los tribunales, y la mejor prueba de que están bajo
control de los tribunales, señoría, es que usted ha reiterado varios
casos en los que por presuntas --yo sí digo presuntas-- actividades
irregulares o ilícitas, hay actuaciones judiciales referentes a los
servicios de información. Creo que cualquier prueba de control, después
de que haya procedimientos judiciales en curso, es obvia. (El señor Meyer
Pleite pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, sabe perfectamente S. S. que en este
trámite no hay derecho a réplica. Le concedo dos minutos para que realice
alguna puntualización.
El señor MEYER PLEITE: Como ha sido costumbre desde que soy
parlamentario, siempre hemos tenido derecho a réplica y espero que en
esta ocasión, por el tema que nos ocupa, también.
El señor PRESIDENTE: Insisto, señoría, en que si consulta el Reglamento,
verá que en las comparecencias no hay turno de réplica, pero le concedo
dos minutos para que puntualice.
El señor MEYER PLEITE: Para su información, señor presidente, le diré que
sería la primera vez que no ocurre así desde que soy diputado.
Señor ministro, el estremecimiento se produce cuando cualquier servicio
de información participa en escuchas ilegales, participa en no
neutralizar guerra sucia contraterrorista. Eso es lo que produce un
verdadero estremecimiento a una sociedad democrática, que sean grabados
ilegalmente desde el Rey hasta el último corresponsal de prensa. Ese es
el verdadero estremecimiento.
Señor ministro, usted dice que están homologados. Yo digo que no, señor
ministro. Cualquier persona mínimamente informada en los servicios de
inteligencia puede concluir que estos servicios de inteligencia no están
homologados. En todos los países democráticos las necesidades
informativas del Estado se satisfacen en, al menos, dos servicios de
inteligencia independientes. Todos: en Estados Unidos, el FBI y la CIA;
en el Reino Unido, el SS y el SIS; en Francia la DST y la DGSE; en
Alemania, la BFV y el BND; en Italia, el SISMI y el SISDE. Solamente
Marruecos tiene la misma estructura que España en sus servicios de
inteligencia. Además, en todos los servicios de inteligencia modernos y
homologados de los países democráticos, la cara visible es un civil que
se dirige y se coordina directamente con Presidencia o Vicepresidencia
del Gobierno, que obligatoriamente tiene que venir a la Cámara de
representantes para limitar y especificar su mandato y el control se
ejerce directamente por las Cámaras, por los jueces y por los tribunales
de cuentas. Por tanto, señor ministro, no están homologados, y no es una
intervención perversa.
Dice que los servicios de inteligencia ya han sido limpiados. Eso
significa que en el paquete de los 33, de diciembre, ahí están.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, ha sobrepasado el tiempo que le di. Le
ruego que termine en este mismo momento; la Mesa le dice que termine en
este momento. Está usted repitiendo argumentos; ha tenido tiempo
suficiente para explicitarlos. Le retiro la palabra.
El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, me parece inaceptable.
El señor PRESIDENTE: Le retiro la palabra, señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Una vez más, parece que el poder omnímodo de los
servicios de información nos impide actuar con transparencia y con todo
rigor.
El señor PRESIDENTE: Le retiro la palabra.
El señor MEYER PLEITE: No se me ha contestado a las preguntas y, si usted
me retira la palabra, además de, como presidente de esta Mesa, retrasar
un año esta iniciativa, tengo que entender que es el primer interesado en
que este tema no se debata.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señoría. Usted puede opinar lo que le
parezca oportuno; yo no voy a entrar en sus opiniones. Le retiro la
palabra. Muchas gracias.
El señor MEYER PLEITE: Pediré amparo al presidente de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Voy a ser muy breve y, en ese sentido,
puedo compensar la intervención de mi compañero; porque creo que, aunque
se retrasen
las cuestiones, merece la pena escuchar temas que son bastante
importantes.
Dicho esto, no voy a entrar en ninguna valoración por cortesía
parlamentaria. Por razones ajenas a mi voluntad, no he podido oír la
explicación primera del ministro y no me parecería cortés contestar a
algo que no he oído, pero sí quiero señalar que el señor ministro sabe
que los dos temas que se han tratado aquí han sido considerados por la
formación que represento con la importancia suficiente como para haber
realizado iniciativas en el Congreso y en el Senado. Por eso, me limito
simplemente a esas iniciativas, por las que solicitamos información sobre
ese presunto o ese supuesto experimento que parecía que podía haberse
realizado, así como sobre el asunto de los 27 agentes que habían sido
separados del Cesid. (Rumores.)
En cualquier caso, como observación general --no sé si están muy atentos
a otras cosas; yo sigo con lo mío para evitar que se dilate más el
tema--, quiero señalar que no nos tiene que sorprender que este tipo de
cuestiones genere, primero, expectación; segundo, una cierta
consideración, y, tercero, una cierta preocupación a veces. A la vista
están determinadas cuestiones muy recientes y, como los servicios de
inteligencia son algo que no es fácilmente controlable, no nos puede
extrañar que nos causen preocupación --no sé si estremecimiento o
simplemente preocupación--, porque creo que es algo que está en la propia
esencia. El pasado está todavía muy cercano y creo que no sería
desdeñable tratar este asunto de vez en cuando sin ningún problema y sin
ningún reparo. En cualquier caso, se ha demostrado nuestra preocupación
por estos temas y, sin más cedo la palabra a otro grupo, ya que, repito,
por cortesía parlamentaria no puedo contestar a algo que no he podido
escuchar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Yo también voy a se muy breve, ya que mi grupo
entiende que el motivo que nos trae a este debate, la iniciativa del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
es estar viviendo --por supuesto, con el atraso parlamentario que hay en
estos asuntos-- el esperpento que generó el paso por el Cesid del coronel
Perote.
Por tanto, mi grupo no va a entrar en la casuística de toda esta
información, que, como digo, muchas veces ha trascendido a los medios
informativos por vía del esperpento, y confía en el principio de
subordinación a la ley que tiene el organismo. La experiencia que tiene
este diputado y la información que ha recibido después de estos sucesos
--por la dinámica generada por el señor Perote y adláteres--, tanto del
actual ministro de Defensa, señor Serra, como de su antecesor en el
cargo, el señor Suárez Pertierra, me dan la confianza de saber que
siempre se ha mantenido el principio de subordinación a la ley y el deseo
de que el organismo estuviera plenamente ajustado a la misma, dentro de
la dificultad que entraña la actuación del día a día y las operaciones
que se montan en el Cesid, con las correspondientes circunstancias, tanto
internas como externas.
Quiero decir también que lo deseable es que pronto tengamos en esta
Cámara un proyecto de ley, remitido por el Gobierno, sobre los servicios
secretos españoles. Este diputado, como consta en el «Diario de Sesiones»
--lo he reiterado y lo saben las personas que han estado al frente del
ministerio de Defensa, así como el actual titular--, ha mantenido siempre
criterios muy especiales sobre que los servicios de inteligencia, como
ocurre en otros países occidentales, tuvieran distintas responsabilidades
en cuanto a su adscripción administrativa en los ministerios, y desearía
que el ministro de Defensa informase de los problemas que tenga, siempre
que se puedan comunicar públicamente en una Comisión abierta, en relación
con la inteligencia militar, así como tiene que haber otra inteligencia
referida a los delitos económicos, la droga, el narcotráfico, tal como
tienen Estados Unidos u otros países y que en coordinación con otros
países que lo tengan, a través del presidente del Gobierno o del primer
ministro, sea algo articulado y no genere conflictos dentro del propio
colegio de ministros de un Gobierno. Lo que se pide es eficacia y, dentro
de un sistema democrático de derecho, como es el nuestro, subordinación a
la ley. A este diputado no le queda ninguna sombra de duda sobre el
rigor, la exquisitez y el celo que los ministros de Defensa, en las
competencias que han tenido --el actual y los anteriores--, han puesto,
sobre todo las dos personas que he citado, en velar por esta
subordinación a la ley y el orden interno. Lo demás es aplicación
estricta de una disciplina militar o una disciplina legal y una
disciplina del propio organismo. Eso es lo que deseo para el bien de la
seguridad de España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Yo también voy a ser breve, señor presidente.
En primer lugar, el ministro ha hecho un declaración expresa del
resultado de un informe interno realizado por el Cesid, que ha concluido
con la ausencia total de prácticas de la naturaleza de las denunciadas.
Ante esta afirmación, mi grupo manifiesta su satisfacción por la
conclusión de ese informe y por la conclusión en esa línea que acaba de
expresar el señor ministro.
Quiero hacer tres manifestaciones con respecto a la satisfacción que
tiene mi grupo porque el informe haya concluido con esa afirmación que
acaba de hacer el señor ministro. En primer lugar, que el Grupo
Socialista no pone ni tiene por qué poner en tela de juicio la
credibilidad del informe que ha realizado el propio Cesid. Con frecuencia
hablamos de que hay que generar crédito en las instituciones. Mi grupo
entiende que una manera de no generar crédito en las instituciones es no
dar ningún crédito a los informes que hace una institución determinada.
Entiendo que si queremos que la sociedad tenga credibilidad en una
institución tan delicada para la seguridad del Estado como es ésta, lo
mínimo que se puede hacer es dar crédito a los informes que genera esta
institución. Me parece completamente ingenuo,
inapropiado y fuera de lugar pensar siquiera que solamente tienen crédito
unos informes cuando se alcanza un umbral determinado en lo que se
denomina homologación. Es decir, cuando los servicios adquieren el perfil
que un grupo o una persona determinada entiende que deben tener y se
desarrollan con arreglo a ese perfil, a partir de ese momento, todo lo
que genere ese servicio de información es creíble; hasta que no alcance
ese umbral que un grupo defiende que debe alcanzarse, ningún informe es
creíble. Me parece una afirmación burda. Yo creo que los servicios de
información deben estar perfectamente encajados, dentro del ordenamiento
constitucional y del Derecho comparado, con lo que son otros servicios de
información extranjeros, y la discrepancia legítima que pueda tener
cualquier grupo sobre que el perfil debe ser más acá o más allá, puede
ser legítimo, pero, desde luego, no puede llevar a que, mientras el
perfil no sea como ese grupo dice, no se puedan creer los informes. Me
parece que eso no tiene ningún sentido.
Por tanto, nosotros no ponemos en tela de juicio esos informes, sino que
les damos crédito. Creemos que hay que dar crédito a los informes de una
institución que está trabajando seriamente en sus misiones y,
consiguientemente, y para generar ese crédito en la sociedad, creemos que
los grupos políticos somos los primeros que debemos cooperar en esa
dirección.
En segundo lugar, estando abierta una investigación judicial no tiene
sentido ni nos parece responsable extraer a priori ningún tipo de
conclusiones.
En tercer lugar, mi grupo tampoco va a dejar caer insinuaciones más o
menos explícitas en relación con conductas, personas, etcétera; no nos
parece serio. Habiendo un informe, como lo ha habido, y estando abierta
una investigación judicial, como lo está, hacer a boleo este tipo de
insinuaciones nos parece absolutamente injustificado y fuera de lugar.
Segundo tema: reestructuración y cese de los 28 miembros del Cesid como
consecuencia de la misma. En primer lugar, tengo que decir que el
ministro ha hecho una constatación descriptiva de los sometidos al
proceso de idoneidad y del número de personas que han quedado excluidas
después de ese proceso de idoneidad. Nosotros entenderíamos que atribuir
a los excluidos la categoría conceptual de personas demócratas y a los
que se han quedado de personas no demócratas; a los que se han ido la
categoría de personas que han luchado por determinados principios y a los
que se han quedado personas que no han luchado por ellos, es un juicio de
intenciones absolutamente injusto.
Por tanto, no vamos a hacer ninguna consideración desde el punto de vista
de la valoración, entre los admitidos y no admitidos dentro de ese
proceso de idoneidad. Pensamos que se han respetado, y se han debido
respetar, los criterios que el estatuto de personal tenía puestos encima
de la mesa para realizar ese proceso y por ello confiamos en que el
proceso ha seguido la normativa vigente para su realización.
En ese sentido, quiero hacer también un apunte que ha expresado ya el
señor ministro, pero como responsable del Grupo Socialista quiero hacer
justicia a los datos. La reestructuración arranca ya de la última fase
del Gobierno Socialista; ahí está el decreto de enero de 1996, que pone
en marcha todo un proceso de reestructuración que demuestra que el
Gobierno Socialista ya llevaba trabajando en ello varios meses antes, que
después lo lleva al Consejo de Ministros y lo aprueba. El estatuto de
personal de noviembre de 1995 es el que da cuerpo a una amplia
reestructuración y reajuste y también es de la fase final del Gobierno
Socialista. Con ello quiero decir que ha habido también una colaboración
para esta reestructuración y para esta adecuación a las misiones de la
naturaleza del servicio por parte del Gobierno Socialista.
En tercer lugar --y termino--, en relación con el expediente sancionador
de las dos personas mencionadas por declaraciones públicas no respetando
los cauces legales, cuando tuvieron lugar estas declaraciones, yo
recuerdo que al Grupo Socialista se le pidió por distintos medios de
comunicación una valoración inmediata sobre esa cuestión. Yo, de entrada,
dije que me parecía obvio, y me sigue pareciendo obvio, en la medida en
que un servicio secreto, por su propia naturaleza, si tiene que ser
escrupuloso es en la guarda del deber de la confidencialidad y del
secreto de los comportamientos y de lo que se conoce en el centro en
definitiva, salvo que se trate de comportamientos delictivos que se
conozcan, en cuyo caso se está obligado por los cauces pertinentes a dar
conocimiento de ello. Sin embargo, no tratándose de conductas delictivas,
todo lo demás entra en el ámbito de la información confidencial y secreta
que deben respetar los agentes del centro. Si no se respetaron y se abrió
un expediente sancionador al amparo del artículo 38 de estatuto de
personal, mi grupo no tiene nada que decir. ¿Qué va a decir?, simplemente
que era obvio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señorías, señor ministro de
Defensa, voy a ser muy breve también.
En primer lugar, quiero darle las gracias por su comparecencia en esta
mañana por hablar de este tema, lo cual probablemente deje claro que no
existe tanto oscurantismo ni tanta falta de control hacia las cuestiones
que pasan dentro del Cesid.
En segundo lugar, quiero decir que, en relación con la primera
comparecencia sobre un presunto secuestro para realizar experimentos con
sustancias en sus organismos, el ministro de Defensa lo ha dicho con toda
claridad, se ha encargado una investigación y en ella se ha observado la
ausencia de pruebas en este sentido.
Con relación a la segunda comparecencia, cese de veintiocho miembros para
la reestructuración del centro, lo único que ha hecho este Gobierno ha
sido la readaptación de la nueva estructura del centro y simplemente se
ha limitado a elevar a rango de división a la de seguridad, cumpliendo un
decreto de enero del año 1996, y ha procedido, también de acuerdo con
otro real decreto de noviembre de
1995, al nombramiento de personal de confianza en aplicación de los
estatutos del centro.
Este punto quizá está totalmente relacionado con la tercera
comparecencia, la que se refiere a dos personas que han recibido, como
reconocía el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, un
escrito en el que, para su satisfacción, se les exime de cualquier tipo
de responsabilidad que pudiera dejar en duda su actuación a lo largo de
los años en el centro. Lo que sí conviene recordar es que con el cambio
que se ha producido en la dirección del centro, probablemente el director
del mismo tenga total libertad y todo el derecho para poder elegir a sus
colaboradores más íntimos, como puede ser su jefe de gabinete o el
secretario de su secretaria particular, entre otras cosas porque parece
obvio que, aunque sean personas muy respetables quienes venían
desempeñando esos cargos, a partir del cambio en la cúpula del centro no
tiene nada de particular que uno pueda escoger a sus colaboradores más
directos entre personas de su total confianza.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que en un año y medio de Gobierno
del Partido Popular se han encarrilado los problemas que venía padeciendo
el Centro Superior de Información de la Defensa; estamos convencidos de
que sí están homologados a nivel internacional y creemos que han entrado
en el buen camino, puesto que cada día que pasa no se habla de los
problemas que haya podido generar el centro de un año y medio a esta
parte, sino que estamos tratando de dar solución y contestación a
problemas generados con anterioridad a la entrada del actual Gobierno. En
cualquier caso, yo creo que el Gobierno está en el buen camino y todos,
incluidos nosotros también, esperamos esa proposición de ley que el
ministro de Defensa ha anunciado ya en esta misma Comisión y de nuevo
agradecemos su comparecencia en la sesión de esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Quiero agradecer a todos los
que han hecho uso de la palabra sus frases de agradecimiento y también de
elogio y respetabilidad de los servicios secretos, teniendo en cuenta lo
delicado de la función que deben realizar.
Quería empezar tranquilizando a la señora Lasagabaster. He intentado
decir en la primera contestación, como han repetido luego distintos
portavoces, que del expediente realizado (que es obligación del
Ejecutivo, con respecto a la independencia judicial, que es la que debe
dar el pronunciamiento final y al que nos debemos atener todos) no se
deduce que haya constancia de la existencia de prácticas como las que han
sido objeto de la pregunta.
En toda la labor que ha realizado este ministro desde que tiene la
cartera no ha habido el más mínimo indicio de que haya habido ninguna
víctima a consecuencia de las actuaciones del Cesid. He repetido,
señoría, que en el Cesid, en sentido contrario, las ha habido, pero, en
lo que este ministro sabe, nunca como consecuencia de ninguna actuación y
desde luego no como consecuencia de la llamada operación Mengele, todo a
salvo del pronunciamiento judicial final que, entre otras cosas, tendrá
más medios de los que cuenta el Ministerio, que debe limitar
objetivamente su investigación a los medios de que dispone y a los
organismos que dependen de él.
Decía, señoría, que mientras yo sea ministro y el Gobierno sea del
Partido Popular --estoy seguro de que con otros gobiernos será igual--,
puede estar tranquila de que el objetivo de los servicios de seguridad es
la protección de la seguridad de los españoles y no al contrario. Yo creo
que podemos estar más tranquilos, porque tenemos servicios secretos que
tienen la orden implícita general y explícita concreta de no vulnerar
nunca los límites que marca el ordenamiento jurídico.
Al representante de Coalición Canaria, señor Mardones, tengo que decirle
que coincido mucho con él respecto a la etiología, al origen de los
problemas que ha habido. Efectivamente, la subordinación a la ley está
señalada explícitamente por el ministro de Defensa desde la primera
comunicación al Cesid. Además, hay dos cosas que querría decir con
relación a su intervención. Está preparado un proyecto de ley, repito,
que depende de la oportunidad política, que juzgará el presidente del
Gobierno, pero no hay que esperar a la publicación de la ley para
asegurar que todos los medios a nuestro alcance, que son muchos, para que
se cumplan las previsiones del Gobierno de actuación dentro de la ley y
del debido control, al menos gubernativo, de toda la actuación del
centro.
Hay una polémica en el mundo sobre si debe haber un servicio de
inteligencia o debe haber más. Normalmente los países más ricos tienen
más de uno y hay países que tienen tres, cuatro o más servicios de
inteligencia. Creo que cuando se crearon los servicios de inteligencia en
España el legislador pensó que era más conveniente, probablemente por
razones de eficacia y economía, que hubiera uno, si bien debe tener una
actuación que atienda a intereses de distintos departamentos. Defensa,
Exteriores e Interior son clarísimos destinatarios de la información que
proporciona el centro, pero también hay algunos otros. La situación
actual estratégica demanda, exige, una mayor aportación de los servicios
de inteligencia, y tan es así que lo que se está diciendo es que se está
pasando de la inteligencia de la guerra a la guerra de la inteligencia,
en una situación donde han disminuido las amenazas y han aumentado los
riesgos, en una situación donde, después de la llamada guerra fría, en la
que en suelo europeo no hubo ni una sola víctima, son decenas de miles de
víctimas las que ha habido en suelo europeo desde el final de la guerra
fría. Y para atajar una situación de estas características parece que lo
mejor es conocer el riesgo lo antes posible. Los sistemas de armas que
pueden impedir que las poblaciones sufran daños como consecuencia de
cualquier acción bélica contra ellas son extraordinariamente caros y de
dudosa eficacia; parece mucho más barato conocer en el origen, lo más
cerca posible del origen, la aparición de un riesgo para eliminarlo, si
es posible, o al menos disminuirlo. Por eso, casi todos los países del
mundo están aumentando este tipo de misiones de inteligencia, porque
entienden que en la relación coste-eficacia es el más idóneo para hacer
frente a la situación actual, al mismo tiempo que se adoptan otras
medidas
en sentido contrario en otros departamentos encargados de la seguridad.
Agradezco su intervención al portavoz socialista y coincido con él en que
es difícil poder averiguar la verdad si, de antemano, a unos se les da un
crédito que a los otros se les niega. La averiguación de la verdad tiene
que ser una labor de ir escogiendo, seleccionando, lo que parece que
tiene más credibilidad. De antemano eliminar la credibilidad de unos y
aumentar la de otros no parece que sea el mejor sistema para esclarecer
la verdad.
Coincido y mucho --y ya lo he dicho antes-- en que el respeto de todos a
la independencia de la justicia exige que este caso que ha sido objeto de
tratamiento hoy aquí lo dejemos a la definitiva manifestación del Poder
Judicial, a la sentencia donde se esclarecerán inocencias y culpas. Es
verdad, y lo he dicho, que el proceso de reforma fue iniciado antes de la
llegada del Gobierno popular, en la última etapa del Gobierno socialista,
pero estamos implementando las medidas de la profesionalización del
personal del centro, que parecía una medida que contribuiría, interna y
externamente, a la mayor eficacia de los mismos.
También coincido absolutamente en que unos servicios secretos dejan de
serlo si no tienen capacidad de mantener el secreto. Las manifestaciones
públicas con autorización están, repito, exigidas por la legislación
general militar, por las Reales Ordenanzas, pero en el caso de los
servicios secretos el artículo 38 del estatuto impone un especial deber
de reserva porque, si no, nadie tiene menos capacidad de obtener
información que aquel que no es capaz de conservarla.
Por último, al portavoz del Grupo Popular, señor Fernández de Mesa,
quiero manifestarle nuestro agradecimiento por sus palabras y decirle que
coincidimos respecto al control. Creemos que la mejor prueba del control
es, por un lado, que aquí está el ministro de Defensa compareciendo ante
ustedes y contándoles lealmente cuál es el resultado de las
investigaciones habidas y, en segundo lugar, que hay más de un
procedimiento judicial para esclarecer las responsabilidades que, en su
caso, se hubieran derivado de los hechos relatados.
--CONVERSACIONES Y ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE LAS MINAS
ANTIPERSONALES, ASI COMO LAS LINEAS GENERALES DEL GOBIERNO RESPECTO A SU
FABRICACION, EXPORTACION, CONTROL Y REGULARIZACION PARA LA ELIMINACION DE
DICHOS SISTEMAS. A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000034.)
--PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION AL DESARROLLO LEGISLATIVO DEL
CONTROL SOBRE EL COMERCIO Y EXPORTACION DE ARMAMENTO, ASI COMO LINEAS
GENERALES DE LA FUTURA LEGISLACION DE PROHIBICION DE LA FABRICACION Y
EXPORTACION DE MINAS ANTIPERSONALES Y LA POSICION DEL GOBIERNO EN LA
PROXIMA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE TAL MATERIA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO). (Número de expediente
213/000306.)
--POSICION MANTENIDA Y PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA DELEGACION DEL
GOBIERNO EN LA CONFERENCIA DE OSLO PARA LA NEGOCIACION DEL TRATADO DE
PROHIBICION TOTAL DE LAS MINAS TERRESTRES ANTIPERSONALES (19-9-97). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
213/000351.)
--PROHIBICION TOTAL DE LAS MINAS ANTIPERSONALES Y DESTRUCCION DE LOS
STOCKS EXISTENTES. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número
de expediente 213/000364.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo bloque de comparecencias, que
tienen como tema central las minas antipersonas, que voy a leer.
Comparecencia, a petición propia, del ministro de Defensa ante la
Comisión para explicar las conversaciones y acuerdos internacionales
sobre las minas antipersonales, así como las líneas generales del
Gobierno respecto a su fabricación exportación, control y regularización
para la eliminación de dichos sistemas. Insisto, es una comparecencia
solicitada por el Gobierno.
Segunda. Comparecencia del ministro de Defensa ante la Comisión para
informar sobre las previsiones del Gobierno en relación al desarrollo
legislativo del control sobre el comercio y exportación de armamento, así
como las líneas generales de la futura legislación de prohibición de la
fabricación y exportación de minas antipersonas y la posición del
Gobierno en la próxima conferencia internacional sobre tal materia. Es
una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Tercera. Comparecencia del ministro de Defensa ante la Comisión para que
informe sobre la posición mantenida y propuestas presentadas por la
delegación del Gobierno en la Conferencia de Oslo para la negociación del
tratado de prohibición total de minas terrestres antipersonas. Ha sido
solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Finalmente, la cuarta y última es la comparecencia de don Eduardo Serra
Rexach, ministro de Defensa, ante la Comisión de Defensa para informar
sobre la prohibición total de las minas antipersonas, así como de la
destrucción de los stocks existentes. Es una comparecencia solicitada por
el Grupo Socialista.
Para el desarrollo de estas comparecencias, tiene la palabra el señor
ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señorías, el motivo de haber
solicitado la primera de las comparecencias que acaban de ser leídas es
despejar con carácter definitivo las dudas que pudieren quedar sobre la
posición y actuación del Gobierno en este asunto de la prohibición de las
minas antipersonas, con lo que también daré respuesta, o intentaré darla,
a las peticiones de los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto.
Digo que puedan quedar despejadas con carácter definitivo porque el señor
presidente del Gobierno, en contestación a una pregunta del diputado don
Pablo Izquierdo Juárez, en el Pleno del Congreso de los Diputados del
pasado día 24 de septiembre, dejó absolutamente claro que la postura del
Gobierno es, y siempre ha sido, impulsar el movimiento internacional que
pretende lograr la prohibición del uso, la fabricación, el almacenamiento
y la transmisión de estas minas.
Asimismo, el vicepresidente segundo del Gobierno, el pasado día 19 de
febrero, también en respuesta a una pregunta parlamentaria en el Pleno
del Congreso, relativa a la exportación de material de defensa, en
especial de minas antipersonas, recordó que el Gobierno, nada más tomar
posesión, decidió prohibir por tiempo indefinido la exportación de todo
tipo de minas antipersonas a ningún destino, anticipándose con ello a
decisiones posteriores del Consejo de la Unión Europea.
Yo mismo, el pasado 17 de septiembre, he contestado dos preguntas orales
en el Pleno del Congreso y una en el Senado en las que también intenté
aclarar cuál era la posición y actuación, tanto interna como exterior,
del Gobierno en este asunto.
Señorías, el Gobierno lleva mucho tiempo trabajando para lograr la
eliminación total de estas minas e intentando que esta prohibición tenga
carácter universal. Pero no sólo trabaja activamente en el ámbito
diplomático, sino que en el terreno de los hechos ya se han tomado
medidas que demuestran lo anterior. Incluso se han iniciado la
destrucción del stock existente y se está planeando el proceso de la
destrucción del resto.
Con relación a adquisiciones de estas minas antipersonas, las últimas
realizadas por nuestro ejército lo fueron en 1991. Con ello creo que nos
estamos adelantando al cumplimiento de los términos de la futura ley de
prohibición de las minas antipersonas, a los términos de la convención
que España firmará el próximo mes de diciembre en Ottawa y a las
decisiones que pueda tomar el Consejo de la Unión Europea en el marco de
la acción común.
En lo que se refiere en concreto a la posición del Gobierno en la
Conferencia de Oslo, no podía ser otra que la marcada por la proposición
no de ley aprobada el pasado mes de febrero. Por ello, el Gobierno ha
intentado lograr un acuerdo sobre prohibición y eliminación de este tipo
de armas que fuera lo más universal posible además de verificable. Es
decir, pretendíamos trascender el ámbito de las meras declaraciones para
pasar al terreno de los hechos.
Hay que ser conscientes de que el resultado que se ha obtenido en esta
Convención de Ottawa ha sido que los principales países del mundo,
productores, fabricantes y exportadores de estas minas no han firmado la
convención. Países de la importancia de Estados Unidos no la han firmado.
Hay que aclarar también que de lo que se trataba era de la fabricación,
exportación, tenencia, comercio, de estas minas, respecto a lo que
oscilaba el plazo de tres a cinco años. Le parece al ministro que
comparece hoy ante SS. SS. que, además, sería extraordinariamente
importante el desmontaje de minas, más de diez millones de minas
esparcidas por el mundo que están explotando diariamente. Señorías, en
Bosnia, todas las semanas hay víctimas de este tipo de armas. Por tanto,
la pretensión del Gobierno era trascender las declaraciones y llegar al
terreno de los hechos.
En ese sentido, quizá pudieran malinterpretarse unas posiciones que,
aparentando ser más flexibles, lo que pretendían era lograr un mayor
número de países firmantes de esta convención para que fuera más eficaz,
más efectiva, la prohibición de estos sistemas de armas. Con
independencia de cuál sea el número final de países signatarios, el
Gobierno español va a firmar la convención. Repito que el deseo del
Gobierno sería que esta convención alcanzara el grado de mayor
universalidad posible para acabar con dichas armas.
Ha habido dos aspectos puntuales debatidos en Oslo. En primer lugar, el
plazo. España, al igual que otros muchos países, propuso establecer un
plazo de cinco años para la destrucción de los stocks existentes, al
objeto de dar tiempo para realizarla a los países que cuentan con menos
medios, o con menos voluntad de hacerlo, y facilitarles con ello su
adhesión a la convención. Repito que se trata de una cuestión técnica
que, digamos, afecta al derecho humanitario en segunda derivada, ya que
estas minas no pueden producir daños al estar almacenadas en países que
han firmado la convención y que, en consecuencia, se han comprometido a
no utilizarlas. Repito que hay que tener en cuenta que el plazo para
destruir las minas colocadas en el terreno es de diez años prorrogables
por otros diez, y es evidente que éstas son las que resultan
inmediatamente dañinas y peligrosas. Finalmente, se ha adoptado un plazo
de cuatro años, que ha sido el intermedio entre las dos posiciones
mantenidas, de tres y cinco.
La segunda cuestión era incluir una disposición transitoria para poder
emplear minas antipersonas en circunstancias excepcionales para la
seguridad nacional, que no sería de aplicación en conflictos entre Estado
parte de la convención. Es decir, pensábamos que si un país no firmaba la
convención podía tener el riesgo de que a él se le opusiera este tipo de
armas y entonces ser una medida disuasoria para que también fuera mayor
el número de países adheridos. Pareció que la propuesta no tenía visos de
ser aceptada y fue retirada. Repito que tenía carácter transitorio y que
pretendía persuadir de la firma al mayor número posible de países.
Por otro lado, el Gobierno considera que esta conferencia debe ser
compatible con el tratamiento de la cuestión de estas armas en el foro de
la Conferencia de desarme de Ginebra, por tener ésta un carácter más
universal. Insisto en que los países libres en la producción de este
armamento, como China o la Federación Rusa, no se han involucrado en la
Conferencia de Oslo, donde se negocia el texto del Convenio de Ottawa. Lo
mismo ocurre con algunos países del Magreb, por citar sólo a los más
próximos a nuestro entorno. En el mapamundi que publicó algún medio de
comunicación se veía que era mayor
la superficie de países del planeta que no han firmado la convención.
De manera que, unilateralmente, España va a firmar. Con toda
probabilidad, no agotaremos el plazo dado para la destrucción del stock;
lo haremos antes, pero tampoco levantamos las campanas al vuelo, porque
no se ha conseguido el grado de universalidad, el grado de rigor, el
grado de verificación que el Gobierno español pretendía para esta
conferencia.
El señor PRESIDENTE: Voy a a dar la palabra a los grupos que solicitaron
las comparecencias por el orden temporal de presentación de las
iniciativas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Quiero agradecer las explicaciones que ha
dado el señor ministro. En los debates que se produjeron en el Pleno hace
quince días, a raíz de algunas preguntas parlamentarias del Grupo
Socialista y del Grupo Vasco (PNV), se avanzó sobre algunos de estos
aspectos. Hoy, el señor ministro ha explicado de una manera más precisa
las posiciones que se mantuvieron en Oslo por parte de la delegación
española.
A mí me gustaría hacer una serie de comentarios, partiendo del hecho de
que todos los grupos de esta Cámara -- y el mismo ministro así lo ha
expresado-- estamos satisfechos de que en Oslo se haya concluido un
tratado que en los próximos meses se va a poder ratificar y de que la
posición del Gobierno español sea que en el mes de diciembre se firme ese
tratado. Este es un elemento positivo que a nadie se le puede escapar y
que, además, concuerda perfectamente con la literalidad de las
proposiciones no de ley que se aprobaron el 5 de marzo en el Pleno del
Congreso.
Estamos ante una sensibilidad que no sólo se expresa en el Congreso de
los Diputados, sino en la calle, y las ONG que encabezan la campaña
«Eliminemos las minas» son la demostración más evidente. Además, supera
las fronteras del Estado español y se sitúa en el terreno internacional.
No estamos solamente ante una demanda social en el Estado español, sino
ante una demanda social de alcance internacional, que incluso va más allá
de las propias actividades de las ONG y que implica al conjunto de
Estados. Creo que la cuestión de las minas antipersonas constituye un
elemento fundamental de referencia de la opinión pública y, en estos
últimos meses, ha estado en el primer lugar de la agenda del conjunto de
los ciudadanos. Además, forma parte también de un cambio de mentalidad
profundo, que se va imponiendo en el conjunto de nuestras sociedades, en
relación a cómo tratar los temas de defensa y de seguridad.
Por tanto, estamos entrando en una nueva dimensión y el propio desarrollo
de la Conferencia de Oslo, con la presencia activa de las ONG en los
debates que se sucedían, también da esa dimensión diferente. Nuestro
grupo, el 8 de mayo, planteó la necesidad de esta comparecencia porque
nos parecía interesante, desde la perspectiva de la conferencia
preparatoria de la de Oslo, la de Bruselas, tener la posibilidad de
debatir en el seno de la Comisión cuál iba a ser la posición española en
ese proceso. Los trámites parlamentarios son los que son y, hasta hoy, no
hemos podido entrar a discutir estas cuestiones.
Entre los meses de mayo y septiembre de 1997 sucedieron cosas. El proceso
de Ottawa avanzó; en Oslo se llegó a firmar ese tratado y una serie de
Estados europeos ha avanzado en sus medidas unilaterales. Hoy, Bélgica,
Italia y Austria tiene ya sus legislaciones prohibicionistas en esta
materia. El contexto internacional avanza de manera acelerada hacia ese
prohibición total, que me parece que era lo que exigíamos el 5 de marzo
en el Pleno del Congreso.
También es cierto que en los debates de Oslo la posición de la delegación
española fue como mínimo equívoca, en el sentido de que la percepción que
los ciudadanos españoles tenían de aquello que defendía la delegación
española no se ajustaba exactamente a las posiciones que había aprobado
el Congreso de los Diputados. Quizás falló la política de información del
Gobierno, porque las informaciones que llegaban a los medios de
comunicación y a la opinión pública del Estado español eran las que se
generaban desde las propias ONG, o quizá algunas de las posiciones que se
mantuvieron no fueron las más acertadas en relación a aquello que
constituía la demanda del Congreso de los Diputados. En concreto, la
enmienda que se retiró, y nosotros creemos que se hizo bien en retirar
por parte de la delegación española, de propuesta de disposición
transitoria para permitir en circunstancias excepcionales para la
seguridad nacional, y en el caso de que una de las partes no fuese
signataria de la convención, la posibilidad de utilizar las minas
antipersonas, introducía suficientes elementos de duda para entender que
tenía el riesgo de vaciar de contenido el tratado de Oslo, el próximo
tratado de Ottawa. En este sentido, insisto, yo creo que podemos entender
la voluntad del Gobierno de que ese texto fuese universal, pero el riesgo
del carácter universal era quitarle el contenido que ese tratado debería
tener, y esa enmienda, en dicho sentido, era especialmente significativa.
Creo que el Gobierno hizo bien en rectificar y en retirar la enmienda.
Hubiera sido interesante, y ésta es una valoración seguramente muy
opinable, que el Gobierno español --el ministro dijo en el debate
parlamentario con el Grupo Socialista y con el Grupo Parlamentario Vasco,
PNV, que no había querido optar por una posición demagógica o poco
viable-- se hubiese alineado con aquellos Estados más contundentes en la
necesidad de conseguir este tratado, porque yo creo que la principal
virtud del proceso de Ottawa es que es un proceso profundamente
alternativo a los procesos habituales de desarme y que se sitúa en un
contexto internacional diferente. Por primera vez, Estados que no son las
grandes potencias mundiales están impulsando una toma de decisiones de
alcance internacional y con voluntad de que sea aplicable. Y es evidente
que el tratado va a tener el inconveniente de que los grandes productores
de minas no van a estar ahí y va a tener el inconveniente de que Estados
Unidos tampoco va a estar ahí de momento. Pero yo creo que, como aquellos
Estados, aquellas ONG, aquellos grupos políticos y sociales, tenemos la
fuerza de la razón y de la ética, tenemos la fuerza de voluntad de
defender
la vida, la fuerza de oponernos a una situación que es profundamente
inhumana, y ello va a llevar de manera inevitable a que esos grandes
productores, y Estados Unidos, se sumen a ese tratado. Pienso que en esta
materia tendríamos que haber primado el sentido ético de nuestra
actuación política en Oslo, porque, seguramente, y dándole un margen de
confianza al Gobierno, ese sentido de la responsabilidad para evitar que
ese tratado quedase débil por no tener el carácter universal quizá nos
alejaba de ese sentido ético que creo que estaba en la razón profunda de
la sensibilidad de la opinión pública española en esta materia y que
ligaba con el carácter alternativo del proceso.
Hoy, desde la satisfacción de que el Gobierno ha anunciado que va a
ratificar el tratado y, por tanto, desde la satisfacción también del
contenido de los acuerdos de Oslo, la prohibición absoluta, la definición
de lo que se entiende por las minas, la limitación al máximo de las
excepciones, tan sólo para entrenamiento de los profesionales que se
dediquen a su desmantelamiento, la destrucción de los stocks en 4 años,
nos parece que son avances positivos. Y nos parece que el Gobierno
español debería presentar incluso antes de diciembre el proyecto de ley
en el sentido que se le indicó por el Pleno del Congreso, en la línea de
Italia, Austria y Bélgica, que tienen ya sus legislaciones en esta
materia.
El ministro ha anunciado que el proceso de destrucción de stocks se había
iniciado. Si son ciertas las informaciones publicadas en el El País hace
cuestión de unas semanas sobre que el número de minas en el stock español
es de 600.000, entendemos que el proceso de 4 años lo podemos agotar con
muchísima tranquilidad y que en un año o en un año y medio podemos estar
en condiciones de haber destruido nuestras minas. Nos gustaría conocer la
opinión del ministro al respecto.
Nos gustaría, asimismo, que en este proceso de elaboración de la ley se
diese activa participación a las ONG. He de decir que el otro día,
hablando con personas de OGN (Intermond y Greenpeace) que estuvieron en
Oslo, nos comentaban que algunas delegaciones oficiales de Estados, como,
por ejemplo, la de Bélgica, estaban acompañadas también por
representantes de las ONG. Yo creo que en esta visión nueva debemos ir
incorporando estas cuestiones. Va a ser importante que el Gobierno se
arriesgue y que dé entrada en la propia elaboración del proyecto de ley a
la gente que ha sido más activa en esta materia.
Finalmente, vamos a pedirle al ministro que el Gobierno sea activo, que
continúe siendo muy activo, si quiere usted, en esa suma de nuevos
Estados a esa prohibición de carácter universal.
Es habitual en los discursos del ministro Serra, y yo creo que todos
coincidimos en ello, el reclamar una homologación del Estado español en
todos aquellos procesos que nos sitúen en una perspectiva europea
occidental avanzada; ello forma parte de su discurso habitual en materia
de defensa. Pues bien, nos parece que hoy, en esta materia, un Gobierno
español activo y moderno que se sitúe en avanzada ha de ser un Gobierno
que actúe presionando a Estados Unidos, que es un aliado nuestro,
presionando a los grandes productores de minas para que se sumen a este
proceso. Yo creo que es lo que nuestra sociedad, nuestra opinión pública
hoy está demandando. Y el Gobierno ha de saber que en esta línea va a
encontrar nuestro apoyo --un apoyo exigente-- para que el proyecto de ley
se presente antes de diciembre, nuestro apoyo para que en diciembre se
ratifique el tratado, nuestro apoyo para iniciar el proceso de
destrucción de las minas, nuestro apoyo para que las ONG participen en la
definición de este proyecto de ley y nuestro apoyo para que el Gobierno
español mantenga una posición activa. El Gobierno debe estar tranquilo en
el sentido de que, si existen presiones, de quien sea, para impedir el
avance, va a encontrar en Convergència i Unió un aliado; vamos a ser un
aliado para que el Gobierno tenga mano firme para dar satisfacción a la
opinión pública.
Quisiera decir también que en esta comparecencia planteábamos otra
cuestión en relación con la proposición no de ley que se aprobó el 25 de
marzo, que hacía referencia a la transparencia en el comercio de armas.
Vamos a esperar que las próximas semanas el Gobierno cumpla aquello que
el Congreso le mandató y le vamos a pedir también que mantenga una
posición activa en el escenario europeo en relación al desarrollo de lo
que se conoce como el código de conducta con respecto al comercio de
armas. Hace cuestión de unas semanas --15 días creo-- el ministro de
Asuntos Exteriores británico anunció que va a ser una prioridad del
Gobierno británico conseguir en el conjunto de la Unión Europea una mayor
definición homologable de cuáles son los criterios que pueden permitir la
exportación de armas en Europa. También nos gustaría que el Gobierno
español en esa materia fuese de los que van delante, que fuese de los que
en su política internacional situase como una prioridad el conseguir que
el conjunto de Estados de la Unión Europea tuviese una política avanzada
y homologada para impedir que el comercio de armas continúe siendo un
elemento de generación de conflictos y desgracias en el conjunto del
planeta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Coincido, como es lógico, con las
anteriores manifestaciones del representante de Convergència i Unió, dado
que éste es un tema en el que no es muy habitual que haya una cierta
unanimidad y aquí la ha habido en la Cámara por parte de todos los grupos
parlamentarios.
Aunque mi solicitud de comparecencia se refería a las posiciones
planteadas o defendidas por el Gobierno del Estado español en la
Conferencia de Oslo, a la vista de la comparecencia solicitada por el
propio Gobierno (que agradezco que haya sido así, porque me parecía muy
importante), haré una referencia a la globalidad de la situación, no
obstante brevemente.
Mi exposición la divido en tres fases. En primer lugar, se llega a esa
resolución, a esa proposición no de ley aprobada por unanimidad --vuelvo
a señalar que es algo que no suele ser frecuente-- el 25 de febrero, por
una unanimidad que responde a criterios humanitarios, especialmente,
y yo creo que a una solicitud muy clara por parte de la sociedad civil,
aunque a veces suele ser difícil el reflejo de dicha sociedad, pero yo
creo que en este caso sí que lo era. En ese sentido, por razones que no
vamos a volver a entrar ahora a señalar, claramente se hablaba de las
graves consecuencias en la población, especialmente en la sociedad civil,
que es quien resulta más afectada --el 80 por ciento-- por las minas
antipersonales o antipersonas. Ciertamente vemos que no es solamente un
problema para la propia integridad física de las personas, que ya sería
suficiente, sino también un problema económico, un problema de desarrollo
en la agricultura, en la minería o incluso en las infraestructuras. Y a
nada que uno conozca mínimamente no sólo las consecuencias finales, sino
incluso las explicaciones e instrucciones que, por ejemplo, se nos
dieron, junto con alguna compañera, en Bosnia, en el antiguo IFOR
británico, de cuáles podrían ser las consecuencias si pisábamos una mina,
es suficientemente espeluznante como para determinar que algo había que
hacer.
De ese debate y de esa concienciación, yo creo que generalizada, surge un
mandato muy claro, y es el de que se inste al Gobierno a que remita un
proyecto de ley que regule --leo literalmente-- la prohibición de la
fabricación, almacenamiento, comercialización, exportación y
transferencia de tecnología de todo tipo de minas antipersona, bombas de
racimo y armas de efecto similar, así como de sus componentes, regulando
igualmente la destrucción del sotck actual.
Pasamos a una segunda fase, que hubiera exigido dos requisitos. La
presentación, yo creo que de forma inmediata --la inmediatez siempre es
muy relativa-- o urgente, dado que tenía un apoyo unánime de la Cámara,
de un proyecto de ley que recogiera claramente esa serie de cuestiones. Y
además, dentro de esa segunda fase que yo delimitaría de febrero hasta la
actualidad o hasta el final de la conferencia de Oslo, qué posición iba a
mantener el Gobierno en relación con los trabajos que allí se estaban
desarrollando. Lógicamente la posición que cabía esperar, que venía
siendo respaldada por parte del Congreso, de todos los representantes de
la sociedad era de avanzada, y muy radical en cuanto a la defensa de los
criterios que habíamos aprobado.
Respecto a la primera cuestión nos encontramos con que al día de hoy
todavía no se ha presentado un proyecto de ley, cosa que, cuando menos
hemos de resaltar, porque nos parece que ese proyecto de ley, con las
bases que se habían establecido en esa proposición no de ley, no era
problemático y hubiera sido fácil haberlo presentado, o al menos unas
líneas generales del anteproyecto.
En segundo lugar, respecto a la posición planteada por el Gobierno del
Estado nos han sorprendido las explicaciones, las hemos escuchado varias
veces atentamente y, aunque sólo sea a efectos dialécticos, no
compartimos todas las apreciaciones. En primer lugar, la posición del
Gobierno español es la presentación de una disposición transitoria en la
que claramente abre una puerta, amplia, por decirlo de manera gráfica, a
multitud de excepciones. El hecho de establecer situaciones de
excepcionalidad --no recuerdo exactamente cómo es, pero lo tengo por
aquí, y no se lo voy a leer porque usted lo sabe mejor que yo-- en esa
disposición transitoria abre una puerta excesivamente amplia. Las razones
que se dan son que eso permitiría una mayor universalidad de la
convención. No estamos de acuerdo, porque realmente, si la universalidad
nos iba a llevar a que ese tratado hubiera quedado apenas sin efecto o su
contenido tan desvirtuado que casi no serviría a unos o a otros, no nos
interesa esa universalidad. Es cierto que en toda convención,
especialmente en esta materia, hay que hacer un esfuerzo lo más grande
posible o que fuera insuperable para tratar especialmente a aquellos
países productores o aquellos que puedan utilizarlas que se adhieran a la
convención, que firmen y posteriormente lo ratifiquen. Pero si ese
esfuerzo lleva consigo desvirtuar realmente el contenido, es una cuestión
en la que al menos tenemos que resaltar que no estamos del todo de
acuerdo. Eso para empezar. Esa excepción era una interpretación jurídica;
si alguien se quisiera acoger a esta excepción, tendría muy pocas
dificultades para ello. ¿Qué son circunstancias excepcionales? ¿Qué es
seguridad nacional?
Respecto de otras posiciones planteadas, como el ampliar de 3 a 5 años,
lógicamente no estamos de acuerdo en la medida en que el propio debate
del Congreso se hablaba de prohibirlas y distruirlas y, de hecho, como
está señalando el ministro, el Gobierno ya había dado pasos para llevarlo
a cabo anteriormente, incluso, al 25 de febrero. Por eso, ambas
posiciones parecen un poco contradictorias. En ese sentido no entendemos
el porqué plantear de 3 a 5 años, aunque finalmente hubiera quedado en 4.
Hay otra serie de cuestiones que fueron apoyadas por los representantes
del Gobierno español que nos han sorprendido, como el establecer
excepciones geográficas. ¿Por qué apoyar una posición --no sé si de
Estados Unidos, no recuerdo bien-- de establecer excepciones geográficas,
cuando ciertamente ni por criterios humanitarios que guiaron la posición
del Congreso, representante de los ciudadanos, ni tan siquiera por
razones no ya humanitarias sino estratégicas o tácticas --no sé como se
dice en lenguaje militar--, hay muchos que cuestionan incluso que la
utilización de minas sirva para algo? Puede servir, a lo más, para ganar
una batalla, pero desde luego no una guerra. Incluso en el tema de Corea,
como señalaban expertos australianos, no va a impedir cualquier actuación
de Corea del Norte. Es decir. ¿por qué establecer situaciones
geográficas, o a qué correspondería que el Estado español apoyara esa
cuestión? ¿Se trata de algo concreto que nos afecte o es una cuestión
genérica?
Hay otra serie de aspectos, en los que no quiero alargarme, y apoyos que
se han realizado a determinados asuntos planteados allí que realmente han
sorprendido --y lo digo sinceramente--, aunque no estuviera en el ánimo
del Gobierno, que han sorprendido, repito, a la sociedad civil e incluso
a los representantes que votamos tan unánimemente esta proposición. Yo
creo que tiene que quedar muy claro, si no era esa la intención del
Gobierno, que no se ha traducido correctamente. Realmente no era una
cuestión exclusiva de un propuesta presentada por España sino de los
sucesivos apoyos a determinadas proposiciones que ni
desde aquí ni por ningún otro aliado en la Unión Europea han sido
comprendidos.
Paso a la tercera fase. Nos encontramos en este momento con que hay que
hacer algo constructivo. El Gobierno tiene la obligación de presentar un
proyecto de ley. Yo creo que si antes podía ser urgente ahora tiene una
urgencia meteórica. Tiene que presentar un proyecto de ley por varias
razones. Primero, porque se lo ha pedido el Congreso y creo que ésa ya es
una cuestión ineludible. Segundo, porque si va a firmar en Otawa el 3 ó 4
de diciembre o posteriormente, esperemos que sea de los primeros, los
acuerdos a los que se ha llegado en Oslo, el proyecto de ley tendría que
ser inmediato. Por otra parte, entendemos que ambas cuestiones, los
refuerzos multilaterales que pueda desarrollar el Estado español y los
esfuerzos unilaterales, cual es la presentación de un proyecto de ley, no
tienen que ir necesariamente acompasadas. Yo creo que para llegar a lo
que se ha logrado han sido necesarios todos los esfuerzos unilaterales, y
también multilaterales, por parte de determinados países. Creo que en el
Estado español ambas cosas se pueden realizar acompasadamente y con gran
rapidez. Si no es posible la firma y ratificación inmediata, sí se puede
hacer el esfuerzo unilateral que ya había pedido el Congreso.
En ese sentido me gustaría, aprovechando esta comparecencia solicitada
por el propio Gobierno, que nos señalara qué tipo de cuestiones van a ser
planteadas dentro de ese proyecto de ley. ¿Qué definición de minas
tendrá? Entendemos que será la que se ha recogido en lo acordado en Oslo.
¿Cuál será el plazo de destrucción? Al parecer técnicamente no hay
mayores dificultades. Pedimos que exista transparencia, puesto que lo
acordado en Oslo --artículo 7-- exige dar conocimiento acerca de cuál es
el stock existente de minas, incluso las zonas minadas en la jurisdicción
de determinados Estados. Nos gustaría saber cuándo se va a producir esa
información al Congreso, pues somos los representantes, y qué mecanismos
se prevé utilizar para que haya una información completa de cómo se va
produciendo esa destrucción. También sería de interés conocer las
perspectivas del Gobierno en otras cuestiones, por ejemplo: qué
asistencia puede haber; en dónde se encuentran, si existen, en este
momento minas en territorios que pudieran estar bajo la jurisdicción o
que fueran parte del territorio del Estado y otra serie de cuestiones
tales como de qué modo se va a ratificar, cuándo se va a firmar,
etcétera. Creo que son elementos claves que deben estar presentes y que
nos tienen que llevar a todos a tener el ánimo constructivo de adelantar,
de acelerar estos temas con la máxima urgencia, dado que, cosa bastante
difícil, tenemos la unanimidad de todos los representantes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, aunque ya lo hicimos el
pasado día 17 en el Pleno, querríamos aquí, en el ámbito de la Comisión,
felicitarnos por el acuerdo alcanzado en Oslo, acuerdo que supone la
puesta en marcha de un tratado para la prohibición total de las minas
antipersona. En él esta prohibición se hace sin ningún tipo de reservas
ni de ambigüedades. Naturalmente al mismo tiempo tenemos que lamentar que
esa iniciativa, y el ministro lo describía al hablar del mapa, no cuenta,
al menos por el momento, con el respaldo, con el compromiso de países muy
importantes en el mundo, países de nuestro entorno con los que
compartimos alianzas y países también de nuestro propio entorno
geoestratégico, lo cual no deja de preocuparnos --y algo así se
desprendía de las palabras del ministro-- porque, evidentemente, el
concepto de seguridad compartida es muy importante. Eso nos lleva a
pensar en la necesidad de que se haga un esfuerzo desde ahora hasta el
mes de diciembre, y posteriormente, para intentar que se incorporen
países que no se han comprometido en Oslo con la firma del tratado.
No voy a entrar, señor ministro, en cuál ha sido la voluntad, la actitud
del Gobierno. Ha habido circunstancias desafortunadas en la forma en que
se ha informado o realizado la actuación del Gobierno en este tema.
Tuvimos precisamente una incidencia de este tipo por problemas, al
parecer, de carácter burocrático, de los que evidentemente no es este
diputado, tampoco lo es el señor ministro, responsable. Echémosle la
culpa a los secretarios de Estado que para esto están, ya sea el de
Comunicación o el de Relaciones con las Cortes. Pero le voy a decir algo,
y entiéndamelo en el sentido en que se lo digo: al día de hoy es
políticamente irrelevante cuál ha sido la posición del Gobierno. Lo
importante es que el Gobierno, en un antes y un después de la reunión que
se mantenía en Génova, adopta una posición de no mantener ningún tipo de
obstáculos a la firma del tratado en Oslo, y eso facilita que se alcance
ese acuerdo. Esto, para mí, es lo sustancial, y ahora tenemos que mirar
hacia el futuro. El Gobierno nos viene a decir que va a firmar el
tratado. Entiendo de sus palabras que con eso considera que se cumple el
mandato parlamentario de enviar un proyecto de ley. En circunstancias
normales, tal vez, señor ministro, pero ahora creo que no, y se lo digo
por dos razones: la primera, porque no basta con firmar el tratado. En
este caso el Gobierno español sería el único que haría algo tan inusual
como, por haber firmado simplemente un tratado, que no entra en vigor
hasta que haya sido firmado por un determinado número de países, lo
trasladara al Parlamento para su ratificación, con lo que nos estamos
situando en un horizonte de mediados del año próximo.
Creo que el Gobierno aún no ha entendido el porqué se produce el acuerdo
de febrero de este año en el Parlamento, que es el resultado de un
movimiento sociopolítico que nos desborda a todos; que damos un salto
tremendo de lo que eran las discusiones y la negociación de la convención
sobre armas dañinas, donde el tipo de discusiones que se mantenían era
sobre si podían aceptarse las mal llamadas minas inteligentes o no, sobre
si era posible incorporar un pedacito de metal a las minas indetectables
para que lo fueran, a un movimiento que arrasa con todo eso, pasa por
encima --y alguno de los portavoces lo ha descrito-- y va hacia un
régimen de prohibición total, sin ningún tipo de concesiones, sin ningún
tipo de limitaciones más que las normales de establecer unos plazos para
la destrucción.
Creo que el Gobierno debiera ser consciente de la dimensión que tiene la
posición adoptada por la Cámara en aquella fecha y del impacto social que
tiene el rechazo a las minas antipersona, princesas al margen y antes de
las princesas. Porque la sociedad española, como el resto de las sociedad
europea y de otros países, ha estado viendo esas imágenes terribles de
muerte, de mutilación, en Camboya, en Angola, en Mozambique, en Ruanda,
en Bosnia-Herzegovina, y ahí está un poco la raíz. Eso ha sido lo que ha
generado ese sentimiento de decir: basta ya, no tiene ningún sentido y es
moralmente indecente estar hablando de minas inteligentes o no, cuando
está pasando esto. Me parece que esto tiene que tener una expresión
también política, que no es la mera firma y remisión al Parlamento de un
tratado, sino que es mucho más, es un compromiso político. Del mismo modo
entiendo, señor ministro --y es un ofrecimiento que hacemos a los grupos
parlamentarios, siquiera sea como gesto porque el Gobierno tiene otras
vías de conseguir el dinero para ello--, que en los presupuestos que
ahora comienzan a debatirse en la Cámara sería importante políticamente
que se incorporase una línea, dotando una partida para la destrucción de
las minas antipersona. Este es un ofrecimiento que hacemos a los grupos
parlamentarios. Si no hay consenso sobre ello el Grupo Socialista
probablemente lo planteará como iniciativa suya, pero con una vocación de
mantener ese acuerdo en el que estamos todos embarcados e involucrados.
Le pediría que reflexionase sobre esa dimensión sociopolítica que no se
rellena, ni mucho menos, con el tecnicismo de esperar a la tramitación de
un tratado, tratado que, insisto, entraría en vigor dentro de unos
cuantos meses.
Hay otra dimensión que a mí me gustaría oír del ministro. Hay la
sensación de que nuestro país, algunas personas en su ministerio
--también en otros ministerios, e incluso en los medios de comunicación--
defienden la necesidad de mantener una dotación de minas para garantizar
la seguridad del territorio nacional. En la doctrina actual, después del
fin de la guerra fría y la caída del muro, como por ejemplo la OTAN, a la
que España pertenece, en su doctrina no mantiene el uso de minas
antipersonas como un elemento de su política de defensa, pese a que es
una alianza defensiva. A mí me gustaría saber, señor ministro, si en la
posición española, en la posición del Gobierno y que elabora su
ministerio, en el Plan estratégico conjunto o en los documentos
vinculados con el planteamiento de la defensa, las minas antipersona se
contemplan o no como un elemento de la defensa del territorio nacional.
Porque uno tiende a pensar que cuando no existen amenazas directas a
nuestra seguridad, cuando nosotros tenemos una doctrina de defensa que
contempla distintas opciones para la defensa de nuestro territorio --son
más profundas y de más largo alcance-- no parece que las minas
antipersona sean un elemento de nuestra doctrina de defensa. Me gustaría
conocerlo y que lo aclarase usted.
El otro elemento es la destrucción de las minas antipersona. El cómo, el
cuándo y el cuánto de esa destrucción. El ministro ha hablado de que será
necesario un cierto plazo. No sé cómo lo van a hacer países como Alemania
o Canadá, que se han comprometido a destruirlas para final de año, para
cuando se ponga a la firma en Ottawa el tratado. A lo mejor habría que
enterarse para ver si por esa vía España puede acelerar esa destrucción.
Tiene usted razón cuado dice que si un país se ha comprometido a no
usarlas o si, como es el caso de España, buena parte de las minas que
tiene en stock son ilegales, de acuerdo con la convención de armas
dañinas, porque son indetectables, las tiene en stock y, por tanto, no
las va a utilizar porque su utilización sería ilegal, eso debería de dar
una cierta garantía por un período de tiempo. Pero le insisto en esa
dimensión sociológica de una sociedad que quiere percibir la desaparición
de las minas. Por tanto, me gustaría saber qué mecanismos de destrucción
están previstos, qué tipo de instalaciones, si requiere unas
instalaciones especiales o no, etcétera, manteniendo nuestro ofrecimiento
de un acuerdo para que en los presupuestos se contemple una partida a
este fin, para dar visibilidad a la voluntad de destruir las minas
antipersona.
Tendría que hacerle una pregunta, señor ministro. Pienso que España por
la información que yo tengo, no produce actualmente minas antipersona y
que no es un país exportador de las mismas, pero en documentos como éste,
que procede de una ONG canadiense, que está bajo la cobertura del
Gobierno canadiense, aparece una lista de países --y estoy hablando de
junio de 1997-- productores de minas antipersona en la que figura España.
Pienso que esta información es incorrecta, por eso qué mejor foro que
éste para que usted nos diga, con rotundidad, si España produce o no
minas antipersona y si desde España se exportan o no minas antipersona o
sus componentes. Con eso clarificamos este tema. Los servicios de su
ministerio podrían facilitar a esta ONG, que tiene una dirección en
Internet, la documentación correspondiente.
Señor presidente, tan sólo quiero decir dos palabras sobre el otro
aspecto que se introducía en la petición de comparecencia del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y es que nos unimos a su
petición de que el Gobierno remita cuanto antes el real decreto sobre
transparencia y control del comercio de armas, tal y como se aprobó por
el Congreso en marzo de 1997. También queremos pedir que se defina la
posición española ante la pretensión de establecer un código de conducta
europeo en la materia.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor ministro, en primer lugar tenemos que
hacer una doble felicitación. Todos los grupos parlamentarios se han
felicitado a sí mismos y nosotros también lo hacemos, porque está Cámara
manifestó en su momento una posición inequívoca, porque el Gobierno ha
manifestado reiteradas veces, no solamente hace dos semanas, sino hace
prácticamente un año, una posición inequívoca en el proceso y en la
posición de España en el concierto internacional para eliminación de
minas antipersona. Pero tenemos que hacer otra doble felicitación a S.
S., señor ministro de Defensa, primero por comparecer
a petición propia en esta Cámara y por esta cuestión y, segundo, porque
nos aprestábamos --por utilizar un término militar, ya que estamos en la
Comisión de Defensa-- los grupos parlamentarios a discutir, el 25 de
febrero, aquellas proposiciones no de ley. Por cierto, todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara presentaron proposiciones no de ley;
entraron en el Pleno del Congreso creo que las de tres grupos
parlamentarios, pero la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) fue desviada por cuestiones reglamentarias a la Comisión de
Defensa, que es la que vemos hoy, y la del Grupo Parlamentario Popular
fue desviada --y luego retirada-- hacia la Comisión de Cooperación y
Ayuda al Desarrollo, porque entendíamos que podía ser tratada allí. El
caso es que todos los grupos parlamentarios teníamos proposiciones
similares. Nos aprestábamos, como digo, a la negociación y a consensuar
un texto conjunto, y a nadie se le escapará, señorías, que el grupo
parlamentario que apoya al Gobierno está en coordinación con el Gobierno,
recibe sus instrucciones y hace sus sugerencias. ¿Por qué digo que he de
felicitarle personalmente? Porque fue el Gobierno y personalmente el
ministro de Defensa quien indicó al Grupo Parlamentario Popular, y a su
vez el Grupo Parlamentario Popular indicó al resto de los grupos
parlamentarios de la Cámara, la voluntad inequívoca del Gobierno de
España, y por tanto de su propio Ministerio, de tener en España un
proyecto de ley de prohibición de minas antipersona.
Recordarán los grupos parlamentarios que aquellas proposiciones no de ley
estaban muy bien, estaban todas orientadas en el mismo sentido, pero
ninguna proposición no de ley de ningún grupo parlamentario, ni siquiera
la del Grupo Parlamentario Popular --desviada, como he dicho hacia la
Comisión de Cooperación--, indicaban la posibilidad de que España tuviera
una ley de prohibición de minas antipersona y, por tanto, se pusiera en
aquel momento, en el mes de febrero de este año, como se ha dicho por
otros portavoces, a la vanguardia del concierto internacional en este
tema. Por tanto, reitero, señor ministro, la felicitación, porque al
Grupo Parlamentario Popular no le cabe duda, no ha tenido nunca duda de
la posición inequívoca del Gobierno de España, del Ministerio de Defensa
y del propio ministro de Defensa en esta cuestión. Tanto es así, señorías
--lo ha dicho el ministro y yo creo que tengo la obligación de
recordarlo--, que recién comenzada esta legislatura el Gobierno de
España, siete días después de tomar posesión el presidente Aznar y el
nuevo Gobierno, amplió la moratoria que estaba vigente en España, por una
decisión política unilateral y personal, sin ni siquiera ningún tipo de
obligación internacional para hacerlo, adelantándose a las
recomendaciones en ese sentido de la propia Unión Europea, como ha dicho
el ministro. Siete días después de tomar posesión un Gobierno amplía una
moratoria, porque hasta mayo de 1996, señorías, convendrán ustedes
conmigo, con independencia de los datos de los documentos oficiales o no
y de cuestiones que entendemos que son más bien confidenciales, España
tenía la posibilidad de exportar minas a determinados países, los
firmantes del Protocolo 2 de la convención de Ginebra, y además de
fabricar minas de las llamadas inteligentes. Lo ha dicho muy bien el
portavoz del Grupo Socialista: en estos momentos vivimos un proceso que
nos ha superado a todos. No, no, al Gobierno de España no le ha superado
ese proceso. No, señor Estrella, en mayo se tomó la decisión unilateral,
decisión política por otro lado, de ponerse a la vanguardia de ese
proceso, probablemente sin alharacas, probablemente sin ocupar primeras
planas en rotativos internacionales. Recuerdo que un recién elegido
primer ministro de un país amigo y aliado nuestro, poco tiempo después de
tomar posesión hizo una declaración sobre las minas antipersona, un país
que estaba especialmente sensibilizado en esta cuestión por referencias
de comunicación que todos conocemos y que no creo que deba yo reiterar
hoy aquí, porque además han sido bastante trágicas y dolorosas. En
consecuencia, la posición del Gobierno de España ha sido siempre
inequívoca, y además ha conducido y ha aportado cuestiones
particularmente interesantes al proceso de conjunción de iniciativas que
en este Parlamento se hizo.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que ése era el mandato
parlamentario y también el mandato del propio Gobierno a la delegación
española en Oslo. Los planteamientos que hace el Gobierno de España desde
la responsabilidad y desde la prudencia entiendo que son las dos mejores
recetas en el concierto internacional. En el ámbito de las negociaciones
de los convenios internacionales lo que se pretende y está bastante claro
es que el mayor número de países se sumen a este tratado internacional de
prohibición de minas. Es verdad que España está apoyando --aunque se
mantengan ciertas dudas al respecto, que yo creo que son más bien
estratégicas, no son serias-- decididamente una posición ética como los
países más avanzados en esta cuestión. Y es verdad también que España
mantiene, junto con esos países, una posición de prudencia para intentar
que el acuerdo sea verificable, como ha dicho el señor ministro, y que
sea viable. Porque, señorías estaríamos ante un monumental engaño, aunque
líderes políticos en el concierto internacional ocuparían primeras
páginas, quedarían muy bien ante sus propias y respectivas opiniones
públicas, ganarían probablemente adeptos y votos y el beneplácito de
organizaciones no gubernamentales que, por cierto, están haciendo un
extraordinario trabajo en este aspecto; empezaron a hacerlo en 1994.
Recuerden, señorías la conferencia convocada al efecto por el Comité
Internacional de la Cruz Roja. Entonces España --y lo digo con todo el
respeto y con toda la prudencia, porque en estas cuestiones el Grupo
Parlamentario Popular siempre ha mantenido una posición institucional de
Estado-- no mantuvo esa posición tan avanzada y tan ética; se aprobó una
moratoria que no era completamente universal. ¿Es que acaso la
solidaridad o la causa de la justicia internacional, del derecho
humanitario tiene hoy componentes especiales a los que tenía en 1994?
Pues yo creo, señorías, sinceramente que no, y que éste es un proceso que
ha de continuar con serenidad en el tiempo y en el que todos hemos de
avanzar desde la prudencia, como he dicho, y desde la responsabilidad.
Por tanto señorías, entiendo que, desde posiciones estratégicas, al
Gobierno del Partido Popular nadie lo va a arrinconar.
Hago otro paréntesis, porque se me ha olvidado antes mencionarlo. En la
legislatura pasada, señorías, ustedes recordarán que fue el Partido
Popular el que pidió en esta Cámara la prohibición total de las minas
antipersona, de todo tipo de minas antipersona; y se aprobó por consenso
--ciertamente a la baja en aquel momento; un texto propuesto por el
Gobierno de entonces desde la prudencia que aconsejaban las posiciones de
aquel Gobierno.
Por tanto, señorías --voy a terminar con esto--, no es equívoca la
posición del Gobierno de España; es una posición de vanguardia y
prudente. Prudente también en ese sentido ha sido traer a esta Cámara,
entiendo yo --el ministro se expresará seguramente en este sentido
después-- un proyecto de ley cuando España estaba negociando un tratado
internacional, un tratado internacional que es de rango superior a una
ley y que probablemente conformará la ley que el Parlamento pueda hacer.
Se puede traer, porque el proyecto de ley con toda seguridad pienso que
está preparado; el mandato parlamentario está ahí y el texto de la
convención, que se firmará en Bruselas y que tendrá que ser
posteriormente ratificada por los parlamentos nacionales, también está
ahí y no va a haber sustanciales variaciones. Se puede traer haciendo un
ejercicio de comunicación, entre comillas, si se quiere, pero no deja de
ser nada más que un ejercicio de comunicación. La realidad es que España
tiene una posición inequívoca en Oslo y tendrá una posición inequívoca y
de vanguardia el 3 de diciembre en Ottawa. Lo prudente, lógicamente, es
que una vez ratificado el texto del tratado internacional su texto
completo se introduzca en la ley específica española. Algún portavoz ha
hecho referencia a que existen ya, señorías, leyes nacionales, como la de
Austria, que establecen también esa prudencia sobre las cuestiones de la
seguridad y la establecen no por unas cuestiones de seguridad --el
ministro me corregirá porque no soy experto en la materia, más bien soy
lego-- sino también porque existe una voluntad específica en esa ley
austriaca de que el acuerdo sea universal y verificable. Las
legislaciones nacionales de esos países avanzados, a los que se ha hecho
referencia, también establecen ese tipo de condicionantes, que no son
condicionantes a la abolición total de las minas sino condicionantes al
efecto de la abolición de la minas, que queremos que sea lo más universal
posible.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Permítanme, señor
presidente, señorías que comience tomando pie en las últimas palabras que
ha dicho el representante del Partido Popular, señor Izquierdo. Desde la
responsabilidad que da llevar años ocupándose de temas de defensa,
señorías, creo que todos tenemos constancia de que la guerra es una
realidad espantosa, cualquier tipo de guerra es una realidad espantosa.
En el mundo de hoy, algunas manifestaciones tienen una mayor plasticidad
pero no nos pueden hacer olvidar cuál es la realidad, la razón de ser de
los ministerios de defensa de los Gobiernos amantes de la paz, y ésa es
la más importante responsabilidad que todos tenemos sobre los hombros.
Poder ver --como se ha podido ver-- cuáles son los resultados de las
minas antipersona ha hecho que brote un sentimiento espontáneo,
--sociopolítico lo llamaba el representante del Partido Socialista--.
Pero para los que tenemos responsabilidades públicas --y en cierta medida
considero que todos los que estamos aquí las tenemos-- eso no es más que
la manifestación de una realidad mucho más profunda e igualmente
espantosa: la muerte de un niño inocente, por cualquier tipo de arma, es
una realidad espantosa. Yo creo que el señor Izquierdo ha hecho una
exposición de cuál era la voluntad primera del Gobierno, --y estoy seguro
que la del Gobierno anterior. La defensa de España tiene que ser, en
primer lugar, para que eso no nos pase a nosotros y, en la medida de lo
posible, para que no le pase a nadie.
La señora Lasagabaster hablaba de la excepción de Corea. Señoría, si
hubiéramos conseguido que la llamada excepción Corea asegurara que en
ningún lugar del mundo ningún niño moriría por minas excepto en esa
región del mundo, a juicio del que habla sería mejor que la situación que
tenemos, y es que no está asegurado, en ningún sitio del mundo, que nadie
muera como consecuencia de la explosión de una mina antipersona.
A mí me ha gustado mucho una palabra que ha utilizado el señor Izquierdo,
la alharaca. El propósito firme del Gobierno --si se me permite la
expresión vulgar-- no es ser un bien queda, es que no mueran niños
inocentes como consecuencia de la explosión de minas antipersona y eso
era más factible de conseguir con algunas de las enmiendas que tratamos
de introducir (algunas no han salido) que aparentando --pero las
apariencias muchas veces engañan, señoría-- una voluntad renuente de
cumplir encerraban un propósito de que el cumplimiento fuera lo más
universal y lo más verificable posible.
Se ha hablado de ética y me gusta oírlo. ¿De qué estamos hablando en el
fondo? No tanto de quedar bien con unas ONG o con unos determinados
grupos, de lo que estamos hablando es de una realidad que ninguno tenemos
derecho a manipular para intentar aprovecharlo en beneficio propio. La
realidad es espantosa y eso es lo que hemos estado intentando, con mejor
o peor fortuna, hacer desde el primer momento. Se ha dicho que desde los
siete días y no hay ninguna manifestación que haga un Gobierno
responsable en siete días si no lo lleva pensando desde tiempo atrás. Eso
es lo que nos ha traído. Era preferible que sólo hubiera peligro de que
explotaran en una región del globo a como estamos --con las medallas que
quieran--: en cualquier lugar del globo hoy hay riesgo --riesgo real--
porque hay millones de minas puestas. Las Fuerzas Armadas españolas están
desactivando minas en Bosnia; en Nicaragua estamos dando dinero para que
se desactiven minas. No se trata de medallas --nadie tiene derecho a
colgarse una medalla por esto--; se trata de una realidad que sería
antiético manipularla en beneficio propio. Todo esto comprendo que ha
producido un debate del que nos congratulamos. Creo que es especialmente
benéfico para todos
el que se hayan oído felicitaciones desde distintos puntos de vista.
Todos estamos de acuerdo en la finalidad última y estamos debatiendo
modalidades. Es verdad que la percepción fue engañosa. Por sus frutos los
conoceréis es quizá la frase opuesta, o la frase concordante, a las
apariencias engañan.
Se ha hablado hace un momento de credibilidad de las informaciones. No
podemos ser responsables de cualquier hoja que salga en Internet, aunque
intentaremos hacer saber que, no por este Gobierno, en el año 191 España
dejó de adquirir minas. Este Gobierno ha prohibido la exportación. Hoy en
España --señora Lasagabaster, no tenga miedo-- no hay ni una sola mina
enterrada, ni una sola enterrada por los organismos del Estado. ¿Dónde
están, dónde no están? En los arsenales almacenadas, preparadas y
dispuestas para ser destruidas progresivamente. Ni una sola está
desplegada. No se producen, no se han comprado desde 1991; está prohibida
la exportación; no se necesitan especiales instalaciones para proceder a
su destrucción. Se decía: en casos excepcionales --dirían los juristas
que eso es un concepto jurídico indeterminado--, en grave peligro de la
seguridad del Estado. Se pueden hacer muchas clasificaciones de los
países del mundo. Hay dos clases de países en lo que respecta a este
tema: los que tienen opiniones públicas con peso, con tal peso que
influyen en los gobiernos, que normalmente coinciden con los sistemas
democráticos y con los países que respetan la vida humana; y hay otra
clase de países, que no tienen sistemas democráticos, en los que la vida
humana no merece ningún respeto, la opinión pública no cuenta, que saben
fabricar, producir, exportar, consumir y colocar minas antipersona. No se
trataría sólo de que los buenos se reafirmaran en ser buenos, sino que
los buenos llevaran a los menos buenos a que nadie fabricara minas
antipersona. Puede ser difícil de explicar, puede que las apariencias
engañen, pero el propósito ha sido inequívoco desde el principio. ¿Por
qué se dice que por razones excepcionales, cuando afecten o pongan en
grave riesgo a seguridad nacional de países no firmantes del convenio?
Porque era una medida de presión para países no democráticos, para países
que no respetan los derechos humanos, que no respetan la vida humana y
que fabrican y colocan minas antipersonas, para que dejaran de hacerlo,
porque, por lo menos, obtenían un beneficio: contra ellos no se podrían
utilizar. Quizá la información no ha sido correcta, pero no le quepa la
menor duda de cuál era la voluntad de los representantes del Gobierno
tratando de introducir medidas de ese tipo.
Algo parecido se puede decir, y lo he intentado explicar, respecto del
plazo. En el mundo hay dos clases de minas: millones de minas colocadas,
potencialmente a punto de explotar, y las minas guardadas en los
arsenales. Entre las segundas están las que tiene España, cuya
utilización no está prevista, ni en los planes estratégicos ni en ninguna
otra medida. Por ello la destrucción es simplemente cuestión de tiempo,
pero, señorías, le preocupa menos al Gobierno si tardamos tres años y
seis meses o un año y seis meses, porque ésas no van a explotar, que las
medidas que adopte la comunidad internacional para que los millones de
minas que pueden explotar no exploten. Por lo tanto, de la raíz del
problema, en la que creo todos estamos absolutamente de acuerdo, podemos
pasar a las incomprensiones, a las modalidades y a las prioridades. En
definitiva, yo creo que sería una discusión feliz. Todos estamos de
acuerdo en el fin y podemos discrepar en alguna de las modalidades.
Haciendo referencia a la ética, de la que ya hemos hablado, en la
posición española ha habido una subordinación de la retórica a la
eficacia y ha sido mal entendida. Creo que en eso todos podemos estar de
acuerdo. El ministro que les habla prefiere siempre, cuando estamos
hablando de realidades, como ahora, la eficacia a la retórica, y eso, con
mayor o menor acierto, ha movido todos los pasos que el Gobierno ha dado.
Se ha solicitado un proyecto de ley y el Gobierno lo está redactando,
ahora con la firmeza que da la Convención de Oslo, que será firmada en
diciembre. Podemos especular sobre quién se apunta o no el tanto, se
puede utilizar este argumento, pero no les quepa la menor duda, en lo que
tenemos capacidad de decisión, el peligro real es cero; estaremos
hablando de modalidades.
Se ha hablado también, señor presidente --aunque no es competencia de mi
departamento, aunque naturalmente influye, y con respeto a su titular me
referiré a ello-- de las medidas sobre el comercio de armas. La señora
Lasagabaster se ha referido a tres etapas. Yo creo que ya se ha hablado
de las discrepancias en cuanto al plazo, lugar geográfico, medidas de
presión o medidas cautelares. Estamos en la redacción del proyecto de
ley, creo que ya hay elementos suficientes para poderlo hacer con la
firmeza que hubiera sido imposible antes de la Convención de Oslo.
Naturalmente que podríamos haberlo hecho, pero nos sonaba más a colocarse
medallas que a ser eficaces. Ahora que ya tenemos los elementos lo
traeremos con carácter inmediato.
Señor Estrella, después del malentendido que tuvimos en el Pleno, donde
creo que quedó clara la voluntad del Gobierno no sólo de hacer lo que ha
hecho sino de informar, puedo decirle que los secretarios de Estado no
están para que se les echen las culpas, no la tiene ninguno de ellos,
dejémoslo en malentendido neutro.
Respecto a la destrucción me preguntaba S. S. cómo, cuándo y cuánto. El
costo no es elevado. Sobre el cuánto, paradójicamente, la convención
permite que se tenga un pequeño stock para adiestramiento del personal
para poder desactivar minas que países no firmantes de la convención, o
firmantes y que incumplan, puedan haber colocado. En todo caso será un
stock mínimo; todo lo demás será destruido. Digo paradójicamente porque
esas minas, con el tiempo, habrá que comprarlas a países no firmantes de
la convención.
Hemos hablado de la credibilidad de las informaciones y creo que es
suficiente lo dicho.
Les expreso, señorías, mi gran satisfacción por ver que en esta medida
todos hemos sido absolutamente de consuno en la finalidad esencial, que
es lo que más nos importa a todos, y, como ha dicho el señor Izquierdo,
la posición del Gobierno desde un principio era inequívoca. He
intentado explicar las causas de los malentendidos y les puedo asegurar
que en un plazo muy breve tendrán el proyecto de ley enviado por el
Gobierno para que pueda ser debatido y definitivamente aprobado por la
Cámara.
--SITUACION DE LAS TROPAS DESPLEGADAS EN ALBANIA. A PETICION PROPIA.
(Número de expediente 214/000042.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día,
comparecencia, a petición propia, del ministro de Defensa para explicar
la situación de las tropas desplegadas en Albania.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señorías, la situación de
inseguridad en la que se encontraba Albania llegó a trascender el ámbito
nacional de ese país hasta convertirse en otro peligroso foco de
inestabilidad en la región de los Balcanes que no sólo amenazaba con una
situación de desastre humanitario para la propia población civil sino a
países limítrofes que, como Grecia, son miembros de la Alianza. La
situación se agravó cuando alcanzó, incluso, a la próxima Italia, donde
la llegada masiva y descontrolada de refugiados llegó a tomar dimensiones
preocupantes. Ante este deterioro de la situación interna en Albania, el
Consejo de Ministros de la Unión Europea, en su reunión del 24 de marzo
de 1997, reafirmó su determinación de ayudar a dicho país a recobrar la
estabilidad política, a restaurar la seguridad interna, a proporcionar
ayuda humanitaria y a colaborar con las instituciones internacionales
para propiciar amplias reformas económicas. Asimismo acogió
favorablemente los esfuerzos para establecer, a solicitud del Gobierno de
Albania, una Fuerza multinacional de protección que permitiera el
establecimiento de una situación que asegurase la distribución de la
ayuda internacional.
Por su parte, el Consejo permanente de la Organización para la Seguridad
y Cooperación en Europa, en su reunión de 27 de marzo de 1997 y en
respuesta a la petición oficial de las autoridades albanesas a
determinados países para contribuir a resolver la situación en Albania,
expresó su decisión de proporcionar el asesoramiento y el marco de
coordinación dentro del cual otras organizaciones internacionales
pudieran cumplir con las obligaciones que les corresponden en sus
respectivas esferas de competencia.
Asimismo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la resolución
1101, de 28 de marzo, ante la solicitud presentada por el representante
permanente de Albania ante aquella organización y el ofrecimiento del
representante permanente de Italia ante el mismo organismo y a la vista
de la decisión 160 del Consejo permanente de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa, acogió --y cito literalmente--
complacido el ofrecimiento de establecer una Fuerza de protección
multinacional temporal y limitada para facilitar la entrega de ayuda
humanitaria en condiciones de seguridad y sin demora y para ayudar a
establecer un medio resguardado para las misiones de las organizaciones
internacionales en Albania. Así se recoge en el texto de la citada
resolución.
España, como miembro solidario de las Naciones Unidas y con el fin de
demostrar una vez más su apoyo decidido a las misiones humanitarias y de
mantenimiento de la paz, deseó contribuir con unidades militares al
establecimiento de la fuerza multinacional contemplada en la citada
resolución, que actuase de conformidad con lo establecido en el capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas, en salvaguardia de su seguridad y
de su libertad de circulación. En consecuencia, el Consejo de Ministros,
en su reunión del día 4 de abril, acordó autorizar la participación de
unidades militares españolas en la Fuerza de protección multinacional,
con una limitación temporal de tres meses contados a partir de la fecha
en la que la fuerza española quedase desplegada en la zona. Además,
nuestra participación, señorías, pretendió ser consecuente tanto con
nuestra condición de miembros de la Alianza, cuando el territorio de sus
aliados comenzó a verse envuelto en el problema, como con nuestra
ejecutoria de país mediterráneo profundamente interesado y empeñado en la
seguridad del área y, por ello, también afectado por el nuevo foco de
inestabilidad que había surgido. Si a esto se le añade, señorías la
petición que hacía una nación con la que nos unen tan antiguos, sólidos y
profundos lazos como es Italia, estaba clara cuál debía ser la voluntad
del Gobierno y así se expresó en la resolución que acabo de citar.
Es para el ministro de Defensa una obligación y además un placer poder
comparecer ante SS. SS. para darles cuenta de cuáles han sido la
evolución y los resultados de la participación de las tropas españolas en
esta fuerza multinacional.
La llamada operación Alba ha sido planeada y ejecutada con la
participación del Estado Mayor de la Defensa español, cuyo Jefe asumió el
mando operativo de las fuerzas españolas, bajo el control operativo del
Jefe de Estado Mayor de la Defensa italiano. Quizás a SS. SS. les pase
desapercibido que estamos hablando de jefes de Estado Mayor de la
Defensa. A nuestro juicio, esto es una prueba de que, por un lado, cada
vez es más necesario y, por otro, estamos pudiendo hacer frente a los
requerimientos de que la actuación de los ejércitos sea conjunta y, por
tanto, el mando operativo debe ser atribuido, como así se hizo, al Jefe
de Estado Mayor de la Defensa, español en el caso de nuestras tropas y,
en el caso de la operación conjunta, italiano. El control y seguimiento
de la operación se llevó a cabo a través de un comité de coordinación
constituido en dos núcleos, uno de representantes de las capitales,
responsable de las decisiones a nivel gubernamental y de rendir informe a
Naciones Unidas quincenalmente, y otro constituido por representantes de
las respectivas embajadas en Roma, responsable del seguimiento de la
ejecución de los acuerdos. También la frecuencia de las reuniones fue
quincenal; semanalmente se alternaba uno y otro grupo.
El contingente español del Ejército de Tierra que participó en la
operación Alba lo componían el Grupo táctico Serranía de Ronda, formado
por 259 hombres sobre la base del 4.º Tercio de la Legión, y el Escalón
logístico avanzado,
constituido por 75 hombres del Mando de apoyo logístico de la Zona
interregional centro; además cuatro oficiales superiores de Ejército de
Tierra se integraron en el Cuartel General de la Fuerza multinacional de
protección (Comalba) desplegado en Tirana. La Armada proporcionó las
fuerzas y medios necesarios para desplegar y replegar las unidades
militares españolas, consistentes en los buques de desembarco Aragón,
Hernán Cortés y Pizarro, así como una compañía de Infantería de Marina,
en previsión de las necesidades de un repliegue de la fuerza. Por su
parte, el Ejército del Aire proporcionó aviones T-10 y T-19 para la
realización de estafetas y vuelos de transporte especial, con un total de
52 vuelos entre España y Tirana.
El desarrollo de la operación podría dividirse en las siguientes fases.
La primera, la preparación y embarque, se realizó en un tiempo récord, ya
que en el plazo de una semana (del 1 al 7 de abril) hubo que alterar y
reorganizar una unidad de Infantería ligera y equiparla con vehículos
mecanizados BMR, en cuyo manejo ya estaba instruida. El día 8 del mismo
mes se concentró en el puerto de salida (Málaga) y el día 9 se embarcó en
los buques anfibios Aragón y Hernán Cortés, de la Armada, zarpando rumbo
a Brindisi (Italia). Estas medidas de preparación y embarque suponen una
experiencia de la que no teníamos precedentes en las Fuerzas Armadas
españolas.
La segunda fase fue la de proyección. Mientras los buques se hallaban de
travesía rumbo a Brindisi, el equipo de reconocimiento se trasladó en
avión Hércules del Ejército del Aire hasta Tirana para localizar posibles
zonas de despliegue del grupo táctico. El día primero de abril el
contingente español se integró en la Fuerza multinacional de protección y
el día 15 se produjo el desembarco en el puerto de Durres (Albania)
formando parte de la primera oleada de la Fuerza multinacional de
protección. El día 22 el Escalón logístico avanzado embarcó en Valencia
en el buque Pizarro y desembarcó también en el puerto de Durres el día 25
de ese mismo mes.
La tercera fase fue el despliegue en la zona de operaciones. Los buques
de la Armada, a su llegada a Brindisi, se integraron en la fuerza
internacional junto a buques franceses e italianos bajo mando táctico del
Comandante en jefe de la Escuadra Naval italiana, que fue el que dirigió
el desembarco administrativo en el puerto albano, en Durres.
Inicialmente, el grupo táctico se estableció en las inmediaciones de este
puerto, comenzando su traslado hasta la base de Shengjin el día 22 de
abril y finalizando esta operación el día 28 con la incorporación del
último convoy del Escalón avanzado logístico (Ealog). El despliegue ocupó
la zona norte del país, en un amplio sector que englobaba una buena parte
de la principal vía de comunicaciones del mismo con las ciudades de
Skoder y Lezhe como núcleos más importantes de población. El Hernán
Cortés permaneció en el puerto de Durres para prestar apoyo logístico
--comida fresca, agua potable, combustible y aeroevacuación en
helicóptero-- al contingente español hasta el día 22 de abril.
La cuarta fase fue la protección de entrega de ayuda humanitaria. Durante
la misma, que se puede enmarcar entre el 30 de abril (primera misión) y
el 17 de julio (la última), el Spalbat dio protección a las actividades
de cuatro organizaciones de Naciones Unidas --United Nations World
Education Program (un wep), Unicef y OMS--, a las de la Cruz Roja, a las
de cuatro organizaciones religiosas y a las de 21 organizaciones no
gubernamentales. En total se dio protección a la distribución de 1.270
toneladas de alimentos, 60 toneladas de medicamentos y kits médicos, 70
toneladas de maquinaria diversa y material de recogida de basura, así
como 72 toneladas de ropa y material escolar.
También hubo una fase de apoyo a la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa, que duró desde el 27 de junio al 14 de julio. En
ella se prestó apoyo no sólo a la OSCE, sino también a todo lo que
constituyó el proceso electoral. Se proporcionó seguridad a 48 equipos de
la organización, y a los 13 asignados a Lezhe se les proporcionó
alojamiento, asistencia sanitaria, cartografía e información de la zona.
También se dio protección a las jornadas electorales del 29 de junio y
del 6 y 13 de julio. Para poder cubrir estas misiones el batallón español
fue reforzado con una compañía italiana. Este aumento de efectivos
permitió establecer el destacamento de Skoder durante el período
electoral.
La penúltima fase fue la preparación del repliegue. Comenzó el 12 de
julio y culminó el día 21 con el abandono definitivo del destacamento de
Shengjin. Debido a la imposibilidad de realizar el reembarque desde el
puerto de Shengjin, el Grupo táctico y el Escalón avanzado logístico al
completo tuvieron que desplazarse hasta Durres para desde allí embarcar
hacia España. Durante esta fase se continuó a ritmo reducido con el mismo
tipo de misiones de protección de agencias de ayuda humanitaria hasta el
17 de julio, fecha de la última acción del batallón español en la
operación Alba. La última fase fue el redespliegue y disolución tanto del
Grupo táctico como del Escalón logístico avanzado, que abarcó desde el
día 22 hasta el 30 de julio. Cubre este período el embarque en Durres en
los buques Aragón, Pizarro y Hernán Cortés y el traslado a los puertos de
Almería y Valencia. El coste total de la operación, señorías, ascendió a
1.553 millones de pesetas.
¿Cuál es la valoración? La participación del contingente español en la
operación Alba es considerada por el Gobierno altamente positiva, puesto
que ha permitido una vez más poner de manifiesto en el ámbito
internacional (la fuerza multinacional la formaban diez países) la
preparación y la capacidad profesional y de organización de nuestros
hombres y mujeres. Para dar una idea sobre los resultados obtenidos en
las diversas acciones ejecutadas por el batallón español basta con
referir las felicitaciones por escrito recibidas de diversas
organizaciones y autoridades, tanto locales como internacionales, de
entre las que cabe resaltar la World Health Organization (Organización
Mundial de la Salud), Movimiento para la Paz, el Desarme y la Liberación,
Intersos, Vías sin Fronteras, Comandante del Batallón turco (Comturbat) y
el propio Comalba.
En el plano estratégico estimamos que la participación de España en esta
operación de forma clara y decidida desde su comienzo ha servido para
confirmar una imagen inequívoca a nuestros aliados sobre la forma en
que España interpreta sus compromisos internacionales y para mostrar
nuestra solidaridad especialmente con los vecinos mediterráneos ante un
problema que puede llegar a tener muchas similitudes con posibles
situaciones a las que países mediterráneos y entre otros el nuestro
pueden tener que enfrentarse en el futuro. Se estima que la oportuna
intervención en Albania, antes de que la situación de crisis se
transformara en conflicto armado entre las partes, unido al claro mensaje
emitido por la dirección política de la fuerza multinacional sobre la
corta duración de la operación, que proporcionaría una única oportunidad
a las autoridades locales para solventar sus problemas, ha favorecido en
gran medida el positivo resultado final.
En el plano operacional, generar un contingente y proyectarlo en una
semana, desplegarlo en una segunda zona de operaciones y sostener dos
operaciones en curso simultáneamente ha sido una experiencia sin
precedentes para nuestras Fuerzas Armadas de la que hemos sacado buena
enseñanza de cara al futuro inmediato, de cara a permitir como un posible
escenario estratégico la participación simultánea en dos teatros de
operaciones. En cualquier caso, se ha puesto de manifiesto lo mucho que
se ha avanzado en este campo.
En el plano táctico esta misión ha permitido poner en práctica las
lecciones aprendidas hasta la fecha por la operación de
Bosnia-Herzegovina y extraer otras nuevas para el futuro, tanto en el
tema de material como en el campo de la instrucción y adiestramiento.
Por último, señor presidente, señorías, quiero resaltar que, como es
habitual en la ejecutoria de nuestras Fuerzas Armadas durante sus ya
numerosas y prolongadas actuaciones en misiones de paz, además del
cumplimiento cabal de las misiones recibidas, nuestras tropas --y a esto
el ministro que les habla le da una importancia de primer orden-- no
tardaron en ganarse el aprecio de la población por el componente humano,
la comprensión, el espíritu de sacrificio y la capacidad de relación con
los desafortunados habitantes de la zona. Este talante abierto y
espontáneo presidió también las relaciones con las autoridades locales,
tanto nacionales como municipales, o con representantes de organizaciones
civiles y religiosas, a las que, con independencia del mandato, siempre
se les prestó espontáneamente la ayuda o colaboración que necesitaron.
Todo ello es la explicación concisa pero detallada de lo que ha sido la
operación Alba llevada a cabo por las Fuerzas Armadas españolas. No hay
que olvidar que al socaire de la misma se han realizado importantísimas
acciones humanitarias con niños con gravísimos problemas de salud, a los
que se les ha facilitado la ayuda médica que era imposible de obtener
allí, se les ha traído a España, se les ha proporcionado la ayuda, en
muchos casos con curaciones sorprendentes y definitivas, y se les ha
repatriado. Hay todavía algún problema burocrático derivado de la rigidez
para este tipo de operaciones por parte de las autoridades albanesas,
pero no por ello se puede olvidar el enorme esfuerzo complementario que
con motivo de la operación Alba ha realizado el Gobierno español.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Voy a ser muy breve.
Desde el estricto campo en el que el ministro ha hecho su intervención,
es decir, la presencia española en Albania, no queda otra cosa, además
lógica y no por ello de menor interés, que felicitar a las Fuerzas
Armadas y al Ministerio de Defensa por lo que ha representado nuestra
presencia en Albania, ya que ha supuesto la congelación de una crisis que
subyace, pero que al dilatarse en el tiempo permite soluciones más
adecuadas o factibles. También podemos comprobar que una parte del
ejército tiene una capacidad suficientemente importante para desplegarse
en los momentos en que sea necesario. La experiencia de Bosnia ha
permitido que nuestra intervención o nuestra presencia en Albania sea un
elemento claro, sin grandes problemas, porque hemos contado claramente
con la experiencia previa de otras ocasiones. Por tanto, señor ministro,
quiero felicitar al Ministerio y al ejército por esta actuación
humanitaria dentro del campo de la globalización a la que estamos
abocados.
No obstante, señor ministro, si quiere usted desde la heterodoxia,
permítame que hable de otra cosa, aprovechando que está usted aquí y sin
ánimo, señor presidente, de crear ningún problema en el desarrollo de la
Comisión. Señor ministro, ha explicado muy bien cuál es la situación de
los vecinos del Mediterráneo. He encontrado a compañeros diputados muy
preocupados, incluso dentro de mi partido, por las ONG, por las minas,
por todas estas cosas que significan la Conferencia de Oslo. Las minas me
preocupan mucho. La muerte es una de aquellas cosas que todo el mundo
tiene que rechazar, sobre todo la muerte en sí misma como consecuencia de
una actuación innecesaria. El principal valor de un Ministerio de Defensa
es prevenir la muerte y evitarla, previniendo la guerra y evitándola. Las
labores de las ONG son respetables e, incluso, mi compañero y buen amigo,
el diputado señor Estrella, viendo lo que dice Internet sobre una ONG
canadiense, cumple un servicio. No obstante, observo mucha ONG, mucha
mina, mucha Bosnia, mucha Albania, que valen la pena, que son
importantísimas, pero aquí nadie recuerda que hace tres días en Argelia
un conductor fue degollado y dieciséis escolares asesinados. Esto, señor
ministro, está más cerca que Albania, más cerca que Bosnia y no veo ni
organizaciones no gubernamentales ni preocupación internacional y me
gustaría, si lo cree conveniente, que compareciera quizá acompañado de
otros ministros, en este ámbito y nos explicara cuál es nuestra posición
definitiva respecto de Argelia, situación mucho más preocupante en estos
momentos que la de Albania. Las minas son peligrosísimas, ojalá no se
hubieran creado nunca, pero sería prudente que nos preocupáramos que no
se dieran nunca situaciones como las de esta especie de ideologías
fundamentalistas, que a cuatro millas de nuestra casa están matando no
con minas sino con un cuchillo, degollando a dieciséis niños en un
autobús hace cuatro días.
Señor ministro, dentro de la heterodoxia que me ha permitido el señor
presidente --y acabo--, reclamaría su atención sobre este tema.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
De Puig.
El señor DE PUIG I OLIVE: Quien me ha precedido en el uso de la palabra
ha situado sobre la mesa una tragedia de tal magnitud que es difícil
sustraerse a hacer una mención. Todos, desde el señor ministro a los
representantes de los grupos parlamentarios, estamos totalmente
anonadados por lo que está pasando en Argelia y es bien cierto que habrá
que hablar del tema, desde la posición de España con respecto a lo que
está sucediendo en este país, hasta las acciones que pueda tomar la Unión
Europea y las instituciones en las que estamos, aunque quizá --no me meto
en temas de Reglamento-- esa comparecencia correspondería más al ministro
de Asuntos Exteriores. En cualquier caso, en esta Comisión o en la de
Asuntos Exteriores, habrá que tratar el asunto, aunque ya lo hemos hecho
en diversas comparecencias, pero no solamente hay que hablar de los
dieciséis niños, sino de los doscientos muertos de hace quince días y de
los demás, porque se trata de una tragedia enorme. No obstante, esa
tragedia, con ser enorme, no debe hacernos olvidar otros temas y por eso
ha sido tan oportuna la comparecencia del señor ministro a petición
propia sobre la operación en Albania.
Lo primero que quiere hacer mi grupo es felicitar al señor ministro por
comparecer para hablarnos de ello. En segundo lugar , queremos
congratularnos con los demás grupos por el éxito de esta operación. No
hay nada que criticar. Mi grupo suscribe el cien por cien de cuanto nos
ha dicho el ministro en cuanto a las informaciones, de las que no tenemos
por qué dudar, y en cuanto a las valoraciones, porque ha sido una
operación bien hecha de principio a fin. En primer lugar, está la
decisión, que compartimos todos y que ejecutó el Gobierno y, además, bien
ejecutada, en su logística, en su tiempo, en su celeridad, en su urgencia
y en su humanidad, como nos ha señalado el señor ministro. Una vez más
las tropas españolas han demostrado que era cierta esa fama que se iban
ganando, que se ganaron ya en Bosnia y en otras operaciones
internacionales, de que conectaban con la población y tenían una
sensibilidad y, a diferencia de tropas de otros países en las que
aparecían ciertos conflictos que todos hemos conocido, las tropas
españolas se ganaban esa fama de humanitarias, de prestadoras de ayuda,
de capacidad para establecer una conexión con la gente, y no precisamente
de miedo sino de cooperación, y en Albania se ha vuelto a demostrar, por
lo menos las noticias que tenemos son ésas, con lo cual nos hemos de
felicitar como españoles y como representantes de la soberanía popular, y
el Gobierno lleva su parte de mérito, sin ningún tipo de paliativos por
nuestra parte, en haber ejecutado esta operación.
Sí me permitirá, señor ministro, un par de comentarios al hilo de la
operación Alba, porque, como ha dicho usted, podemos sacar algunas
conclusiones y lecciones, yo creo que algunas negativas y otras
positivas. El señor ministro sabe y los comisionados también, porque ya
tuve una intervención en esta Comisión al respecto, que algunos quizá
hubiéramos querido que la actuación ante la crisis albanesa se hubiera
dado de otra manera. En primer lugar, nosotros pensábamos que hubiera
podido ser una operación europea, desde el punto de vista institucional,
que la UEO podía haber jugado el papel de una operación tipo Petersberg,
porque, en realidad, venía a ser eso. No fue así. En segundo lugar, se
llegó un poco tarde. A toro pasado quizás es más fácil decirlo, pero
incluso sin ser a toro pasado, desde el momento en que se produce la
crisis hasta que se llega a tomar la decisión de que un grupo
multinacional va a ir a Albania pasa prácticamente un mes con desgracias
tan graves como lo que sucedió con el famoso barco y el gran número de
muertos que se produjeron, y durante este mes hubo una situación de
provisionalidad y de no saber al final qué decisión íbamos a tomar los
europeos. Esto no es un fallo que yo achaque al Gobierno español. Fue un
problema, ustedes lo saben, porque el Consejo de la UEO no tomó ninguna
decisión y prefirió que la tomara la Unión Europea y la Unión Europea
necesitó tres reuniones de ministros de Asuntos Exteriores para tomar la
decisión de no ir en tanto que Unión Europea. Tampoco se trata ahora de
remover las cosas. A mi juicio fue un error. Luego se toma la decisión de
la operación Alba. Yo creo que hemos de sacar todo lo positivo que tiene,
porque, una vez se ha decretado esta actuación, a pesar de que quizá
hubiera sido mejor otra, el objetivo era que fuera eficaz, y lo ha sido y
ha sido un ejemplo, como ha señalado el señor ministro, en algún caso
operativo no negligible, como dirían los franceses, es decir, el hecho de
la rapidez con que se ha actuado en operaciones simultáneas en dos sitios
distintos y la coordinación de las tropas, que no parecía tan clara,
porque ahí han actuado también naciones nuevas que no estaban en las
instituciones, ni en UEO ni en OTAN, demuestra que ha funcionado; incluso
hay una experiencia, que me parece muy interesante, que es haber
trabajado bajo la idea de una nación líder o de una nación marco, en este
caso Italia. De esta operación y del éxito de la misma hemos de sacar las
conclusiones más positivas. También deberemos sacarlas del hecho de haber
llegado un poco tarde y de no haberlo hecho a tiempo y de una manera más
satisfactoriamente europea, digamos, institucionalmente, lo que quizá
hubiera sido mejor.
Ahora bien, el éxito es total y yo creo que, además, debemos valorar para
qué ha servido, porque en cierta medida hemos resuelto el problema.
Después de unos meses delicados ha habido unas elecciones que todo el
mundo ha juzgado mínimamente correctas y en estos días, aunque todavía
estamos con el boicot de la oposición, el canciller Vranitzky, que ha
dirigido la operación de OSCE, según nos dicen los teletipos de los
últimos días, considera terminada totalmente la operación de OSCE, que se
ha normalizado y que con los compromisos a los que ha llegado,
compromisos democráticos del nuevo Gobierno y de su presidente, y con los
compromisos también de desarrollo económico, internos y externos, hemos
terminado una operación de crisis y estamos avanzando hacia la
normalidad. Quedan un par de temas y sobre ellos le voy a dirigir
mis dos últimas preguntas --y van a ser preguntas-- señor ministro.
En primer lugar, la UEO no intervino con tropas pero, al final, ha
mandado a la policía, y hay un destacamento que empezó con 20 policías,
ahora son 60 y desde Tirana, hace un par de días, se nos ha dicho que van
a llegar a ser 90 los policías que están adiestrando a una policía
albanesa que hay que levantar de nueva planta y de nuevo cuño, porque las
costumbres y los hábitos de esta institución no eran los que deben ser,
por lo que se ha realizado un esfuerzo en tanto que UEO. En ese sentido,
la pregunta sería, si es que lo sabe en este momento el señor ministro,
si va a participar también alguna fuerza policial o de la Guardia Civil
española en esa operación que, además, terminaría a final de año, es
decir, sería algo totalmente coyuntural.
En segundo lugar, sabe el señor ministro que uno de los problemas básicos
de la situación que se había generado era el reparto universal de armas
al pueblo, armas que fueron robadas de los cuarteles. Nos gustaría saber
si, según su información, ese armamento sigue en manos de la gente, si se
ha devuelto en gran parte o si se ha podido paliar un poco una situación
extraordinariamente extraña, la de que había un ejército sin armas y todo
el mundo tenía sus armas en casa, lo que era algo absolutamente
irregular. Ya sé que la misión de las tropas españolas y de las demás
tropas de la operación Alba no era incautar las armas, pero es cierto que
hemos conocido que se han entregado muchas y que se han requisado otras y
quisiera saber si me puede hacer algún comentario a ese respecto.
Nada más, señor ministro, sino agradecerle su presencia y sus palabras.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Gutiérrez Molina.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Señor ministro, quisiera empezar
agradeciéndole la oportunidad --aunque ya se ha dicho, no es ocioso que
el Grupo Popular lo enfatice-- de su comparecencia en esta Comisión,
quizá --y permítame que le coja una frase prestada-- porque es una buena
ocasión para, una vez más, subordinar la retórica a la eficacia y poner
de manifiesto, en sede parlamentaria, esa subordinación, sobre todo en
este tipo de actuaciones, que viene a implementar una preocupación que el
señor ministro ya ha expuesto reiteradamente en sucesivas comparecencias,
primero de mayor conocimiento de las misiones, desde el punto de vista
humanitario, que nuestras Fuerzas Armadas realizan dentro y fuera de
España y, en segundo lugar, de favorecer lo que es --S. S. lo ha dicho
alguna vez-- la cultura de la defensa nacional. Creo que estas ocasiones
son importantes para recalcar estos aspectos que le estoy señalando.
Fíjese, señor ministro, que me parecía que era oportuna su comparecencia
en esta Comisión, a petición propia, para explicar la intervención de
España en el contingente de la Fuerza internacional de protección
desplegado en Albania. Usted sabe, señor ministro, que el Grupo Popular
ha sido bastante sensible a este tipo de intervención, y de ahí las
preguntas que yo mismo tuve ocasión de hacerle en la Cámara respecto al
Escalón médico avanzado, así como las de otras señoras y señores
diputados del Grupo Popular y de otros grupos, tanto orales como por
escrito, que demuestran el interés de todos los parlamentarios en este
tipo de actuaciones.
Señor ministro, en nombre del Grupo Popular, quiero decir que en el
estadio de tres meses, más o menos, que ha durado la intervención, me
parece que el balance, como S. S. ha dicho, no puede ser más positivo, y
en esto el Grupo Popular coincide con la apreciación y con la valoración
que usted ha hecho aquí, porque del enorme desorden social del que
tuvimos conocimiento a partir de marzo, sobre todo los días 12 y 13,
hasta que se autoriza la llegada del contingente de la fuerza
internacional, creo --y es mi apreciación, en la que puedo disentir de
otros grupos-- que no es que haya pasado mucho o poco tiempo; es que era
el tiempo posible, según las explicaciones que S. S. ha tenido a bien dar
aquí, sobre todo, compartiendo la valoración positiva, porque, por la
detallada exposición que usted ha hecho, creo que se ha evitado algo del
riesgo que usted señaló en la Comisión de Defensa del día 7 de mayo
cuando se trató este tema. Me refiero a que se evitara a toda costa el
error de sustituir el cometido propio de esta Fuerza internacional de
protección por cometidos propios de fuerzas policiales, tales como
restaurar el orden o desarmar a la población. En la comparecencia del día
7 de mayo tuvimos ocasión de escuchar a S. S. que ése era un riesgo que
aleteaba en estos primeros albores de la intervención de España en la
Fuerza internacional de protección, y creo que del relato que usted ha
hecho aquí ha quedado absolutamente o, por lo menos, en gran parte
obviado.
También quería señalarle que ha primado por encima de otro considerando,
y en esto estamos todos los grupos políticos de acuerdo, la protección de
ayuda en una zona que estaba al borde de la guerra civil, en el sentido
de que, aparte de enfriar, entre comillas, el conflicto, no cabe la menor
duda que se ha asegurado la llegada y la entrega de la ayuda humanitaria
en la zona noroeste, donde estaba situado el destacamento español, y se
ha garantizado, sobre todo, la seguridad de la Comisión internacional
para la asistencia a Albania y de las organizaciones no gubernamentales.
Permítame la deformación profesional de médico, señor ministro, pero hay
que felicitar no solamente al Escalón médico avanzado, que ha realizado
una plena incorporación de dicho Escalón logístico en el entramado de
toda la Fuerza internacional de protección, sino también, como S. S. ha
demostrado, que se haya llegado, inclusive en situaciones muy precarias,
a diagnósticos diferenciales de patologías verdaderamente raras. Todos
sabemos que los niños de las naciones localizadas en aquella topografía
europea tienen una serie de malformaciones congénitas, de difícil
diagnóstico en centros especializados cuanto más en un Escalón médico
avanzado. En este sentido, me permito señalar la propuesta del Ministerio
de Sanidad, que se ofreció a paliar no solamente la escasez de
medicamentos, sino también a facilitar medios de diagnóstico propios con
independencia de los que ya tenía el Ministerio de Defensa en sus
magníficos hospitales. Por tanto, es bueno que así se
haga y también es bueno señalarlo para dejar una vez más la retórica y
dar paso a la eficacia.
Termino, señor ministro. En este tiempo, sobre todo en el balance de los
dos primeros meses de intervención del período total, el hecho de que el
Escalón español haya respondido aproximadamente en 300 misiones y, sobre
todo, que se respondiera, como aquí se ha señalado también, al deseo de
los albaneses y de sus autoridades con respecto a esa intervención de
protección y seguridad, en el sentido de que, aunque quizá la actuación
tuviera unos tintes distintos, puesto que no había desplazados, como
podía pasar, por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina, donde se tenía, además,
indefectiblemente, esa especie de nueva patología de la situación, como
eran las operaciones retorno y las operaciones de desplazamiento de
colectividades a sus casas, es lo cierto que coincidimos en la valoración
francamente positiva que el señor ministro ha hecho.
No me puedo sustraer, porque aquí ha sido nombrado, al problema argelino,
siendo de aplicación las palabras recogidas en el Eclesiastés de que hay
tiempo para todo, de que hay tiempo para toda situación. Esperamos, como
el señor ministro ha dejado entrever, que el tema también se aborde con
otros grupos políticos en su momento, en su lugar y de la forma adecuada.
En resumidas cuentas, señor ministro, quiero agradecerle la oportunidad
de la comparecencia y destacar el aspecto positivo de la valoración que
S. S. ha hecho en la mañana de hoy en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Quiero comenzar agradeciendo
las felicitaciones de los grupos parlamentarios, esta vez por unanimidad,
especialmente a las Fuerzas Armadas, a las que, con la mayor premura
posible, se las haré llegar, porque seguro que serán extraordinariamente
bien acogidas.
Esta es una operación que en lo que respecta a España, y lo digo sin
ninguna clase de chovinismo, ha salido muy bien. No puede decirse lo
mismo, recogiendo las observaciones del señor De Puig, de la Fuerza
multinacional considerada en sí misma. Otra vez, por desgracia no es la
primera, y ojalá fuese la última, el proceso de toma de decisiones en lo
que afecta a la seguridad de la defensa de Europa deja mucho que desear.
Como hay que hacer de la necesidad virtud decimos que ha sido buena la
experiencia de país líder. Yo creo que el que situaciones como las que
nos ocupan, la que había en Albania a principios de año, requieran tantas
reuniones para no llegar a un acuerdo o para llegar a acuerdos no activos
por parte de organizaciones europeas, es algo que nos debe llenar de
preocupación y, al mismo tiempo, animarnos para corregir en el futuro esa
falta de agilidad.
En el aspecto militar, sin embargo, creo que la rapidez ha sido
extraordinaria. El Consejo Permanente de la Seguridad y Cooperación de
Europa se reunió el 27 de marzo, el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas el 28 de marzo, el Consejo de Ministros el 4 de abril. Es decir,
más rapidez no ha cabido. Señorías, aunque no sean unos efectivos muy
numerosos, el estar desplegados en una semana, el poder trasladarnos a
miles de kilómetros del territorio nacional, la coordinación de los tres
ejércitos, el que no haya habido ningún fallo, son motivos para
felicitarnos muy sinceramente por la eficacia de nuestras Fuerzas
Armadas.
No puedo, señor presidente, dejar de hacer una referencia al tema
suscitado por el representante de Convergència i Unió y luego recogido
por los demás parlamentarios. Antes hablábamos de que el fondo y la forma
de la tragedia que está sucediendo en un país vecino nuestro no debería
dejar tranquilo a nadie. Sin embargo, algún diputado, no recuerdo cuál,
ha dicho que no es competencia del Ministerio de Defensa. Les puedo
asegurar que el Gobierno está muy preocupado por la situación de Argelia.
Supongo que el ministro correspondiente vendrá con la mayor rapidez
posible para explicar cuál es la situación, al menos cómo se ve desde
España la situación de ese país.
Yo creo que, si se pone de manifiesto que lo que ha sido tardanza en
organizaciones europeas ha sido rapidez en España, que lo que ha sido
falta de eficacia en algunas instancias exteriores a España ha sido un
ejemplo de eficacia por parte de las Fuerzas Armadas, todos serán motivos
de satisfacción y para congratularnos. Sin embargo, hay un aspecto, señor
presidente, señorías, en el que quisiera hacer algún apunte muy breve. Lo
ha hecho alguno de ustedes y me gustaría reforzarlo. Las Fuerzas Armadas
españolas no sólo están dando ejemplo de operatividad y de eficacia, sino
de humanidad. Permítanme que les cuente dos breves anécdotas que este
ministro ha conocido, y que han acaecido en estos últimos meses. Una es
relativa a Bosnia. Visitando en Sarajevo a las tropas españolas, un
oficial de las mismas comentó que, ante un grave trastorno de orden
público, un convoy de la fuerza de estabilización de la Alianza fue
atacado y como único medio para evitar la agresión a su vehículo se les
ocurrió sacar la bandera de España, momento en el que desapareció el
riesgo de agresión hacia ellos.
La segunda anécdota se refiere a la visita que giró al Ministerio de
Defensa un grupo de periodistas de Bosnia-Herzegovina, de las tres
etnias, que, después de una visión absolutamente pesimista, por no decir
catastrofista, en cuanto a las posibilidades de arreglo definitivo en la
zona, comentaron que la raíz estaba en que eran incapaces, porque no
tenían voluntad, de llegar a acuerdo en nada, pero que paradójicamente
había una cosa en la que estaban de acuerdo, y es que decían literalmente
y cito: El Ejército español era el mejor ejército del mundo.
Ante la sorpresa manifestada por algunos de los asistentes, explicaron
que cuando una anciana tenía dificultades para atravesar una calle, el
único soldado que se acercaba a ayudarla era un español, o cuando un niño
tenía hambre, las únicas que compartían su rancho eran también las tropas
españolas.
Yo creo que es una dimensión que no debemos olvidar, como ha dicho muy
acertadamente el señor Gutiérrez Molina, especialmente cuando queremos
hablar de cultura de defensa. Estamos intentando, como se ha dicho aquí,
por todos los medios a nuestro alcance, evitar la guerra aquí y donde sea
posible y eficaz la colaboración española, y estamos
intentando transmitir lo mucho que merece la pena defender lo que tenemos
y cómo somos.
No querría terminar, señor presidente, sin hacer una referencia, aunque
me temo que no puedo dar una respuesta muy cumplida, a las dos preguntas
formuladas por el señor De Puig. En primer lugar, en cuanto a la fuerza
de policía, que fue un acierto. Una de las claves del éxito de la
operación militar es que no se involucraran en misiones policiales ni en
misiones de desarmar a la población civil, porque es una tarea
extraordinariamente compleja, extraordinariamente dura, que requiere
tiempo. Hay una fuerza de policía que --esta vez sí-- está dirigida por
instancias europeas, para la que, por lo que yo conozco, aunque no soy
del departamento afectado, no ha sido requerida la española. Como saben
SS. SS., tenemos problemas porque las Fuerzas de Seguridad del Estado
están prestando colaboración en muchos países, intentando adiestrar una
policía civil, y eso nos hace poner en riesgo atenciones para las que en
España están las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En segundo lugar, si se ha procedido al desarme. Según las noticias que
tenemos, muy poco se ha devuelto de lo que se incautó, de lo que se
apropió indebidamente parte de la población, pero creo que es una de las
labores que deberá tener encomendada la policía civil. Como también se ha
dicho, la garantía es que hay un Estado, yo he tenido conversaciones
últimamente, en Roma y en Maastricht, con representantes albaneses,
parece que por el momento tienen la voluntad acreditada de tranquilizar
la situación, y ése es el mejor caldo de cultivo para que la operación de
desarme de la población civil pueda llevarse a efecto.
Señor presidente, quisiera terminar como empecé, agradeciendo las
felicitaciones unánimes. Me felicito de la sensibilidad compartida que
los grupos y el Gobierno tenemos ante problemas que son comunes.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Agotado el orden del día, agradecemos al señor ministro de nuevo su
presencia en esta larga sesión de la Comisión. Muchas gracias, señores
comisionados.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.