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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 269, de 25/06/1997
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 269



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENTE: DON JULIO PADILLA CARBALLADA



Sesión núm. 28



celebrada el miércoles, 25 de junio de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Secretario de Estado de Seguridad (Martí Fluxá)
para informar sobre:



--Las actuaciones policiales que tuvieron lugar en Tenerife contra
manifestantes, con ocasión de la visita a la Isla del Presidente del
Gobierno. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 212/000416) (Página 77587
)




--Si el testigo protegido 1964/S del llamado «caso Lasa-Zabala» ha vuelto
a ser objeto de seguimiento y amenazas semanas después de haber sido
apaleado y torturado, así como si existe unaComisión policial que, en
colaboración con el juez encargado del caso, investiga los hechos. A
solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente
212/000437) (Página 7768)



--Planes del Gobierno en relación con el despliegue policial en
Andalucía, para una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia,
para informar de los resultados en la lucha contra el narcotráfico, sobre
las razones de los nombramientos de abogados del Estado, sustitutos,
guardias civiles y del Cuerpo Nacional de Policía, para atender las
causas judiciales que atañen a las Fuerzas



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y Cuerpos de Seguridad del Estado. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 212/000455) (Página 7771)



--Informaciones de que dispone su Departamento acerca de la existencia de
una red de corrupción relacionada con la jefatura de policía de Zaragoza
durante los últimos años, así como de las investigaciones que se hayan
realizado y las conclusiones de las mismas. A solicitud del Grupo
anterior. (Número de expediente 212/000544) (Página 7778)



--Actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del
Gobernador Civil de León en relación con los sucesos ocurridos el pasado
día 10 de abril de 1997 en la concentración que tuvo lugar contra el
vertedero de Villamartín de Don Sancho (León), en la que resultaron
personas heridas y diez detenidos. A solicitud del mismo Grupo
Parlamentario. (Número de expediente 212/000575) (Página 7780)



--Dotación de medios en la lucha contra el narcotráfico en Campo de
Gibraltar. A petición del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 212/000616) (Página 7789)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MARTI FLUXA)
PARA INFORMAR SOBRE:



--LAS ACTUACIONES POLICIALES QUE TUVIERON LUGAR EN TENERIFE CONTRA
MANIFESTANTES, CON OCASION DE LA VISITA A LA ISLA DEL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000416.)



El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión. Comparecencia del Secretario de
Estado de Seguridad para dar cuenta de las actuaciones policiales que
tuvieron lugar en Tenerife contra manifestantes, con ocasión de la visita
a la isla del Presidente del Gobierno.

Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Los días 29 y
30 del pasado mes de noviembre tuvo lugar una visita del Presidente del
Gobierno a Santa Cruz de Tenerife. Coincidiendo con esas fechas se
comunicó a la Delegación del Gobierno la celebración de sendas
manifestaciones por el colectivo que reivindica el 0,7 por ciento y por
Izquierda Unida Canaria en representación de la denominada Plataforma por
la desmilitarización de las islas y contra la OTAN.

Igualmente, señorías, se tuvo conocimiento de que, al tiempo, diversos
grupos radicales habían convocado a sus militantes y simpatizantes a
concentrarse en la tarde-noche del día 29 en los lugares en los que
estaba prevista la presencia del Presidente del Gobierno. Estas últimas
convocatorias, que coincidían con las otras dos manifestaciones a las que
antes me he referido, no habían sido comunicadas previamente a la
Delegación del Gobierno, por lo que incumplían lo dispuesto en la
legislación reguladora del derecho de reunión.

Por los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía en
Tenerife se tuvo conocimiento de que una serie de agrupaciones radicales,
antimilitaristas e independentistas habían acordado solidarizarse con la
plataforma por la desmilitarización de las islas y contra la OTAN y
manifestar de forma enérgica su protesta ante el responsable del
ejecutivo.

Señorías, en el escrito que con fecha 28 de noviembre dirige al
Gobernador de la provincia resulta muy revelador que el representate de
Izquierda Unida que efectúa la comunicación de la manifestación a la
Delegación del Gobierno declina textualmente asumir personalmente toda
responsabilidad por los actos de cualquier tipo cometidos por persona a
título individual que desobedezcan los criterios comunicados previa y
expresamente a los participantes de la citada concentración, como si
pudiera prever las actuaciones de otros grupos que sin conexión alguna
con su organización quisieran instrumentalizar la manifestación con otros
fines.

Por todos los problemas que podían haberse derivado y que parecía que
iban a derivarse de las circunstancias expuestas, se reunió la Junta de
Seguridad para proceder al estudio y elaboración del correspondiente
dispositivo de seguridad en torno al hotel Mencey y al Ayuntamiento
tinerfeño, lugares éstos en los que estaba previsto que se celebraran
actos institucionales con motivo de la citada visita del Presidente del
Gobierno.

En la tarde del día 29, y cuando se estaba celebrando la recepción
oficial en el referido hotel, un grupo de personas se concentró en las
inmediaciones provocando ruido con objetos diversos y profiriendo gritos
contra la política gubernamental.




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Este grupo penetró en la zona de seguridad, por lo que los responsables
del dispositivo policial le hicieron saber que debían alejarse. Ante la
negativa fue preciso establecer un cordón policial para obligarles a
desplazarse, produciéndose un leve forcejeo entre policías y
manifestantes.

A lo largo de la tarde, el grupo de personas concentradas se fue
incrementando y desplazándose hacia el Ayuntamiento. Al igual que en el
hotel Mencey, en el Ayuntamiento se había establecido el correspondiente
dispositivo de seguridad mediante la colocación de vallas protectoras.

Estas fueron arrojadas al suelo por los manifestantes y vueltas a colocar
por efectivos de la policía.

Tal y como estaba previsto, en la misma tarde del día 29 tuvo lugar la
manifestación del colectivo que reivindica el 0,7 por ciento. Esta
transcurrió de forma totalmente pacífica y sin ningún incidente. Al final
de la tarde de ese mismo día, y aunque el acto institucional con
presencia del Presidente del Gobierno del día 29 había concluido, un
grupo reducido de manifestantes permaneció ante el Ayuntamiento, en cuyo
edificio se seguía manteniendo el dispositivo de seguridad. Este grupo
arrojó piedras y otros objetos contundentes contra la policía, que tuvo
que protegerse con los elementos necesarios para estos casos. Asimismo,
algunos policías de paisano fueron acorralados por los manifestantes,
siendo preciso intervenir para su protección.

Señorías, en el transcurso de estos incidentes resultaron heridos tres
policías, uno de ellos con fractura ósea de la que tuvo que ser atendido
y escayolado. No se tiene conocimiento de que ninguno de los
manifestantes sufriera lesión alguna.

Durante estas actuaciones se practicaron tres detenciones, instruyéndose
las oportunas diligencias policiales que fueron remitidas a la autoridad
judicial, a cuya disposición pasaron dos de los detenidos. El tercero fue
entregado en la comisaría de policía a sus padres al ser menor de edad
penal.

Concluyo el relato de los hechos significándoles que el día 4 de
diciembre pasado fue convocada otra manifestación sin la comunicación
preceptiva al Gobierno Civil en protesta por la actuación policial del
día 29 de noviembre. Los funcionarios policiales integrantes del
dispositivo de seguridad intervinieron a un manifestante diferentes armas
arrojadizas. Esta persona fue identificada, levantándose acta de dicha
intervención que fue remitida a la Delegación del Gobierno a efectos de
tramitación del correspondiente expediente administrativo de sanción.

Conocidos los hechos, y de manera pormenorizada, el Ministerio de
Interior considera que las actuaciones policiales que se produjeron en
días pasados en Santa Cruz de Tenerife fueron ponderas y ajustadas a las
circunstancias. El dispositivo policial fue el correcto en el plano
preventivo, fue debatido en la Junta de Seguridad y planificado con
detalle; tal dispositivo fue ordenado, coordinado y seguido con
minuciosidad por la autoridad gubernativa competente.

La actuación operativa de la policía para garantizar y restablecer la
seguridad ciudadana se produjo dentro del más estricto cumplimiento de
sus obligaciones legales y reglamentarias, con escrupuloso respeto a las
leyes y ajustada en todo momento a los principios de prudencia,
proporcionalidad, congruencia y racionalidad que debe presidir toda
acción policial.

Por otro lado, las diligencias policiales instruidas como consecuencia de
los hechos relatados, los expedientes administrativos incoados y las
detenciones realizadas lo fueron fundamentadas en supuestos jurídicos
amparados por la ley y en cumplimiento de obligaciones legales y
reglamentarias. En todo momento, señorías, se respetaron los derechos
fundamentales de las personas, y especialmente de las que fueron
detenidas y puestas a disposición judicial.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: El señor Meyer, por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra.




El señor MEYER PLEITE: Una cuestión previa antes de hablar de esta
manifestación y de estos incidentes, y es mostrar la preocupación del
Grupo de Izquierda Unida por qué en los últimos meses, desde Tarifa,
pasando por el estrecho de Tenerife, Oviedo, León (en una actuación que
después trataremos), y la última de Astilleros de Santander, Astander, se
evidencia que desde nuestro punto de vista está habiendo una
desproporción a la hora del tratamiento del derecho a la manifestación;
una lectura claramente regresiva en los operativos policiales para
proteger o controlar ese derecho de manifestación. Estos ejemplos que he
puesto son cinco que en los últimos meses se han dado con actuaciones
policiales claramente desproporcionadas, con resultado de heridos, con
uso de las armas en operativos policiales que no se corresponden. En el
último, como decía, el más grave, el de Astander, hemos pedido también
--en su momento la tendremos-- una comparecencia en la Comisión de
Justicia e Interior para analizar ese incidente gravísimo. Estas
colisiones que está habiendo en relación con el derecho de manifestación
requerirían una rectificación de las orientaciones que se están dando por
parte del Ministro de Interior a la hora de proteger ese derecho, y de
una manera equilibrada entre el derecho de manifestación y otros derechos
civiles. Por tanto, requerirían, desde el punto de vista de Izquierda
Unida, que hubiera una rectificación y unas órdenes muy claras en cuanto
a cómo se deben de montar los operativos policiales para que no se
conviertan en operativos desproporcionados que creen una gran alarma
social en un país que tiene por costumbre que las manifestaciones, todas
ellas, se hagan de forma ordenada, con muy pocos incidentes; es decir, no
hay una costumbre de convertir las manifestaciones en una algarada ni en
enfrentamientos, sino de alguna manera mostrar con total civismo las
protestas, sean cuales sean éstas.

Ya entrando en detalle, el 29 de noviembre nosotros entendemos que hubo
una carga brutal y desproporcionada, absolutamente desproporcionada;
estamos hablando de 500 ó 600 personas que se manifestaban pacíficamente
delante del Gobierno Civil, y al final prácticamente de la manifestación,



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y sin venir a cuento, se produce esa carga policial que lesiona a 20
personas, de 6 ó 7 se hicieron partes médicos en el hospital, hay
testimonios gráficos de esos partes, de las lesiones producidas por los
enfrentamientos con la policía, y una de ellas requirió hospitalización
por fractura de tabique nasal. Se producen, efectivamente, las
detenciones, pero bastantes horas después de realizada la manifestación;
en concreto se producen esas tres detenciones a bastantes kilómetros de
donde se realiza el incidente, y horas más tarde de la manifestación.

Entre ellos, como usted ya ha dicho, hay un menor que fue puesto después
a disposición de la justicia, e inmediatamente bajo tutela de los padres.

Nosotros entendemos que en este caso, como después diremos también en el
de León y como ya hemos planteado en otros incidentes producidos en los
últimos meses, no se corresponde la actuación policial con la
manifestación convocada por la plataforma canaria por la paz de manera
pacífica, de manera cívica, y que esa actuación desproporcionada pone en
riesgo precisamente ese derecho de manifestación. Nosotros entendemos,
repito, que se debería rectificar y dar claramente instrucciones desde el
Ministerio de Interior para que no se lesione el derecho de manifestación
y para que los operativos policiales no se conviertan, finalmente, en
operativos que provocan, por su propia dinámica situaciones que nadie
desea. Es decir, que no se puedan convertir los operativos policiales en
provocadores de situaciones que nadie desea; que las manifestaciones
transcurran con absoluta normalidad, en paz, de forma cívica, como es la
tónica general del conjunto de las miles de manifestaciones que se
realizan en nuestro país.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Sanjuán.




El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Digamos que mis referencias a lo que es el
objeto específico de la comparecencia de S. S. van a ser más bien
escasas.

Su señoría nos lee y nos explica lo que desde los servicios del
Ministerio de Interior le han informado de lo que ocurrió en Tenerife. Y
esta explicación a mí me importa, diríamos, relativamente poco. Lo que de
verdad preocupa al Grupo Parlamentario Socialista --y ha hecho referencia
a ello, si bien parcial, el señor Meyer-- es lo que está ocurriendo en el
conjunto de España con las manifestaciones y otra serie de actuaciones de
tipo policial.

A ese respecto yo significo al señor Secretario de Estado --sin duda ya
tiene conocimiento de ello-- que el Grupo Socialista ha pedido una
comparecencia del Ministro ante esta Comisión para que nos informe de los
cambios que se están produciendo en la política de seguridad ciudadana,
cambios que tienen su expresión fundamental en actuaciones que
desarrollan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en relación con
las manifestaciones y otra serie de actuaciones. Es decir, nosotros
estamos viendo con preocupación que se está produciendo un cambio en la
política de la seguridad ciudadana, lo signifiqué y lo señalé a S. S.

hace ya tiempo, con ocasión de los disturbios, vamos a llamarlos así, que
ocurrieron (y provocados no sé por quién) en Marbella, cuando las fuerzas
de seguridad del Estado intervinieron en el Ayuntamiento de aquella
ciudad, y que en aquel momento se nos dijo que era para proteger la
realización de un pleno, etcétera.

Pero esto ha sido un continuo, y creemos que se está produciendo un
cambio en esa política de seguridad ciudadana que evidentemente nos
preocupa. Podríamos poner muchos ejemplos, podríamos poner muchos casos,
los ha citado el señor Meyer: Oviedo, Tenerife, Santander, León, Málaga,
okupas, manifestación en Madrid con ocasión de protestar personas en
defensa de la escuela pública, interviniendo entonces la Guardia Civil de
una manera extraña para proteger esa manifestación --desde luego no
creemos que las manifestaciones se protejan sabiendo anteriormente qué
personas van a ir a la misma--, etcétera. Son un cúmulo de circunstancias
y de hechos que pondremos de manifiesto cuando sea esta comparecencia que
hemos solicitado del Ministerio del Interior porque nos preocupan.

Obviamente, esta comparecencia no se va a ver hasta septiembre. El
Ministerio del Interior tiene dos meses para ir corrigiendo una política
que creemos que no va por el buen camino, que creemos que va cambiando de
manera importante lo que han sido las pautas de la política de seguridad
seguida en España. Quizá si tomamos nota veamos que todos lo incidentes
ocurridos durante este año, un año que llevan ustedes, poco más, todas
las actuaciones policiales durante ese año son, en cuanto al número de
detenidos, en cuanto al número de personas lesionadas, en cuanto a
alteraciones del orden y de la seguridad existente, muy superiores a las
de los últimos cinco años durante el Gobierno socialista. Se lo significo
y señalo a S. S., porque ha habido además procesos muy importantes, a
veces de reconversión, que han originado protestas muy graves que no
olvidamos, que recordamos también. Tome nota S. S. y revise la política
de seguridad que están siguiendo, porque se está modificando, se está
cambiando y puede afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Muy sumariamente señalar, en relación con el objeto
en sí de esta comparecencia tres ideas que nos parecen fundamentales.

En primer lugar, que en los hechos objeto de la misma previamente se
apreció un riesgo evidente de posibilidades de que se pudieran producir
altercados violentos, no sólo por los servicios de información
correspondientes, sino, como hoy ha destacado el señor Secretario de
Estado, al parecer por alguno de los propios convocantes en la medida en
que previamente a los hechos en sí dejaba constancia de su no asunción de
responsabilidades por cualquier incidente aislado que se pudiera
producir. En segundo lugar, nos parece adecuado señalar que hubo una
aplicación de un servicio de seguridad de carácter preventivo, acorde
precisamente con las posibilidades de riesgo que estos hechos pudieran
plantear. Y, finalmente, que se produjo una intervención policial que en
todo caso no fue sino consecuencia



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de las acciones violentas que pudieron producir un grupo muy reducido de
manifestantes.

En ese contexto, los hechos objeto de la comparecencia de hoy no podemos
sino calificarlos como, en lo que afecta a la actuación policial,
ponderados y ajustados a las circunstancias que se plantearon a esa
propia fuerza policial actuante, y no sólo por la propia fuerza policial,
sino por los hechos y las conductas de terceros, y desde luego acorde en
todo punto con los límites legales que la legislación vigente establece
en orden a la definición de las actuaciones de estas fuerzas policiales.

Nos parece oportuno señalar, para concluir, dos cuestiones al hilo de
intervenciones anteriores. No compartimos, desde luego, alguna valoración
casi literal que se ha hecho desde Izquierda Unida, cuando se dice que
los últimos meses se aprecia una desproporción regresiva en las
operaciones policiales referentes al derecho de manifestación. Creemos
sinceramente que esa valoración, que es legítima en la medida en que la
formula un grupo parlamentario, nosotros no la podemos compartir,
insisto, porque entendemos que no es acorde con la realidad del conjunto
de hechos. Y finalmente, sí que compartimos íntegramente una valoración,
hecha también desde el propio Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
cuando señala que afortunadamente en nuestro país las manifestaciones en
general no son algaradas; eso es rigurosamente cierto. Pero siendo cierta
esa consideración, esa valoración general, convendría que nadie olvidara
que, efectivamente, en aquellas circunstancias mínimas, en aquellos casos
absolutamente aislados en que una manifestación en su final, en sus
consecuencias últimas, deriva en pequeñas o grandes algaradas, la
responsabilidad de eso en ningún caso, porque no son quienes la promueven
ni las provocan, corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la
fuerza policial presente, sino precisamente a individuos o grupos
aislados que utilizan esa manifestación para poder provocar algún género
de hecho violento, tal como, insisto, en el caso de los acontecimientos
que son objeto de esta convocatoria, parecía intuir alguno de los propios
solicitantes o convocantes de la misma.

También quiero señalar que no podemos compartir, como es natural, desde
este grupo parlamentario alguna valoración general que pretende señalar,
como se ha hecho desde el Grupo Socialista, que en estos momentos se
produce una regresión, un cambio a peor en materia de política de
seguridad ciudadana, entre otras cosas porque no existe voluntad política
por parte del Gobierno en ese sentido. Pero es que además hay un marco
legal, que es el que en todo caso se debe aplicar, que no permitiría,
desde luego, producir ningún género de regresión en este sentido.

Nosotros creemos, y volvemos a insistir en la misma valoración que hemos
hecho antes, que las alteraciones del orden y de la seguridad en lo que
supone el ejercicio del derecho de manifestación nunca son derivaciones
de las que se pueda responsabilizar a la fuerza policial actuante, sino
precisamente a aquellos, siempre grupos pequeños, siempre actuaciones
individuales; a aquellos, repito, que utilizan el derecho de
manifestación legítimo de otros para convertir eso en una algarada ajena,
sin lugar a duda, a la propia significación y a la propia construcción
jurídica vigente del derecho de manifestación. Nos parece, en todo caso,
un argumento de autoridad poco afortunado haber citado aquí ejemplos de
reconversión, quizá porque siendo como soy Diputado por Valencia recuerdo
muy bien las prácticas policiales, nunca evidentemente responsabilidad
--porque quiero ser coherente con el planteamiento que acabo de hacer--
de la fuerza policial actuante, pero recuerdo perfectamente, insisto,
ciertas prácticas en orden a las protestas que legítimamente quienes se
veían afectados por una reconversión muy dura intentaban plantear. Y
vuelvo a ser coherente con el mismo planteamiento que acabo de hacer: en
el ejercicio de un derecho de manifestación pacífico por parte de la
generalidad de los convocantes y participantes en aquellos actos, sin
ninguna culpa de la actuación policial correspondiente, que en todo caso
lo era conforme a las instrucciones recibidas y a la aplicación del
ordenamiento jurídico vigente, pero algo tendrían que decir en aquella
ocasión las autoridades políticas.

Yo creo que es francamente inconveniente intentar en esto establecer
políticas o batallas de buenos y malos. Aquí no hay más que la aplicación
de la legislación vigente en ordene precisamente a garantizar a todos los
ciudadanos (a los que participan y a los que no participan) que el
ejercicio del derecho de manifestación es siempre un ejercicio pacífico y
legítimo. Intentar reabrir el viejo discurso de las últimas semanas, el
viejo discurso de «este Gobierno es un gobierno atentatorio contra las
libertades, etcétera», probablemente case muy poco con el sentido de
algún magno acontecimiento que alguna fuerza política ha realizado este
fin de semana, y que yo creo que abre una nueva etapa en esa fuerza
política y en su discurso.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado de Seguridad, tiene la
palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señorías, en el
ejercicio del derecho de reunión y en el derecho a la libertad de
expresión es necesario que exista un equilibrio positivo entre libertad y
seguridad. De esta forma, el respeto a los derechos y libertades ha de
ser siempre compatible, señorías, con el cumplimiento de los deberes
constitucionales que corresponden al Gobierno como garante, como
responsable en materia de seguridad ciudadana.

Me habla el señor Meyer de una desproporción evidente, de una clara
quiebra entre el número de manifestantes, el tipo de manifestación y la
reacción policial. Yo lo que le puedo decir al señor Meyer es que jamás,
en los 14 meses que llevamos al frente del Gobierno, y yo concretamente
al frete de la Secretaría de Estado de Seguridad, hemos dado orientación
alguna, hemos dicho de la forma que hay que actuar con determinada
fortaleza, o con determinada fuerza, o con determinados medios. Nos hemos
limitado a cumplir la ley. Los cuerpos y fuerzas se han limitado a
cumplir la ley.

Por otra parte, durante esos mismos 14 meses hemos gozado de una
situación de paz social envidiable, señor



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Sanjuán. Hemos tenido probablemente un número de manifestaciones muy
inferior al de otras épocas probablemente mucho más tormentosas por
cuestiones industriales, por cuestiones de la reconversión o cualquier
otro supuesto. Y ello porque simplemente ha habido determinados vientos
económicos de la historia o determinado buen hacer que nos han sido
favorables en este momento. Por eso probablemente las estadísticas en
este momento sean más favorables que en otros.

Pero yo no creo que sea buena esa especie de dialéctica de decir: antes
se pagaba más, ahora se paga menos; antes se pagaba menos, ahora se pega
más; antes se actuaba con mayor fortaleza, ahora con menos, etcétera.

Simplemente nos tenemos que ceñir a qué es lo que sucedió, y lo que
sucedió es una manifestación en las que los propios responsables de
Izquierda Unida Canaria preveían que iba suceder algo, y así lo
manifiestan por escrito ante el entonces Gobernador Civil de la
provincia, lavándose las manos, de alguna forma, de cualquier posible
incidente que pudiera ocurrir.

Estas intervenciones evidentemente tuvieron que realizarse. Cuando la
policía interviene, y los que han tenido responsabilidades en materia de
seguridad y orden público son plenamente conscientes de ello, tiene que
ser en el último de los supuestos, cuando ya la necesidad es
absolutamente perentoria. Y cuando interviene ya las reacciones, las
actuaciones muchas veces son muy difícil de controlar en los resultados.

Y cuando hablamos de los heridos, las fracturas óseas se producen en
responsables de los cuerpos y fuerzas, es decir, que son agredidos sin
lugar a dudas por parte de los manifestantes.

Señorías, tal y como les he expuesto con anterioridad, tal como les ha
expuesto el Ministro, se han producido, y los ha enumerado el señor
Sanjuán y el señor Meyer, los supuestos y en las ciudades que han citado.

Ha habido diferentes manifestaciones que han producido este tipo de
resultados, resultados que lamentamos. Hemos actuado en algún caso
claramente contra los que habían permitido con su actuación la existencia
de esos actos. De cualquier forma, creo que no podemos continuar con esa
idea de presunción de libertades. Lo he dicho por activa y por pasiva, y
probablemente lo tendré que repetir muchas veces: el Ministerio de
Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad en ningún caso van a
permitir que se produzcan ese tipo de restricciones. Lo he repetido en
muchas ocasiones y vuelvo a decir que lo repetiré tantas cuantas veces se
me pregunte. La primera de las responsabilidades que tiene el Secretario
de Estado es la garantía de las libertades, incluso por encima de la
garantía de la seguridad ciudadana, concepto que me resulta mucho más
familiar y mucho más próximo que la idea del orden público, que me parece
una idea absolutamente periclitada y obsoleta. Pero no por ello podemos
permitir que nuestros cuerpos y fuerzas sean agredidos, que la seguridad
ciudadana sea atacada, que diferentes manifestaciones puedan hacer
peligrar la limpia y libre convivencia. Si se han producido casos --y
como es lógico esos casos han sido denunciados en este Parlamento--, los
hemos explicado en la medida de nuestras posibilidades.

Me decía el señor Sanjuán que yo leo un papel que me preparan y que me
creo una versión que me dan. En principio, y a priori, no me creo ninguna
versión, como tampoco probablemente se las creerían del todo ninguno de
mis antecesores en el cargo; tenemos que indagar, tenemos que ver
exactamente qué es lo que hay detrás de todo ello, y nos esforzamos en
hacerlo. Evidentemente, no nos encontrábamos ni en Málaga, ni en
Marbella, ni en Santander, ni tampoco en Tenerife. Por ello siempre me
cabe el beneficio de la duda sobre la versión que me dan; no tengo por
qué dudar cuando me dan estos resultados.

Yo creo, de cualquier forma, señorías, en lo que se refiere a la
valoración de la actuación policial en este caso, que hay una serie de
datos que tienen que quedar muy claros. En primer lugar, es que el día 29
de noviembre de 1996 se preveían incidentes, como se preveían también
incidentes en los otros casos a los que antes se han referido el señor
Meyer y el señor Sanjuán. Y en este caso concreto, Izquierda Unida
Canaria declinaba por escrito asumir responsabilidades por hechos que
pudieran producirse ocasionados por unos elementos radicales que nada
tenían que ver, repito, con las justas y lógicas razones que amparaban
las manifestaciones por ella convocadas. Actuaron aquí algunos elementos
radicales que produjeron hechos violentos, con conductas claramente
premeditadas, como lo demuestra el hecho de que acudieran a esa limpia y
libre manifestación con objetos contundentes, con piedras, con bolas de
cristal y acero y con otro tipo de elementos arrojadizos. Esas personas,
que van claramente con una idea evidente de producir una serie de
incidentes de los que los organizadores de la manifestación se quieren
mantener aparte, realizan una serie de destrozos y producen heridos,
fundamentalmente, repito, entre los policías, no entre los manifestantes,
lo que da también forma y sentido a la idea de ponderación con la que
actúa la unidad de intervención de la policía que estaba presente en este
momento.

Señorías, en este caso concluyo insistiendo de nuevo en que la actuación
policial para garantizar y restablecer la seguridad ciudadana se produce
dentro del más escrupuloso respeto a la ley. Una ley y unas normas que
están ahí y que nosotros no hemos hecho nada ni para acentuarlas, ni para
agravarlas, ni para pedir actuaciones que vulneren la libertad ni ningún
otro tipo de seguridad de los ciudadanos. (El señor Meyer Pleite pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, muy brevemente, porque el orden del día
es largo.




El señor MEYER PLEITE: Con mucha brevedad quiero decirle al señor
Secretario de Estado, en primer lugar, que la fórmula que se emplea en
las manifestaciones a la hora de pedir autorización es una fórmula
genérica, en donde los organizadores se hacen responsables siempre de la
manifestación que solicitan, no de incidentes que puedan ocurrir fuera de
la misma. Es una fórmula genérica, repito, que emplean todas las fuerzas
políticas y todas las fuerzas sociales convocantes. Por tanto, de ahí no
se puede deducir de que ya se tenía preparado, que ya se podía prever un
incidente. En segundo lugar, no nos ha convencido



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su exposición. Y, en tercer lugar, yo creo que su servicio de información
falla, y eso debía de corregirlo, porque hubo heridos de consideración
por parte de policías y por parte de manifestantes; ése es un dato
fundamental a la hora de valorar el resultado de una manifestación.

Finalmente, también quiero decirle que la intervención no se debió de
producir, porque era al término de una manifestación pacífica que ya se
iba a disolver por sí sola. Y si hasta ahora ustedes no han intervenido
para dar orientaciones, yo creo que el conjunto de hechos que se están
produciendo, de actuaciones equivocadas de la policía, deberían
corregirlo y empezar a dar instrucciones para que, efectivamente, los
operativos policiales sean proporcionados y que la actuación policial
siempre tenga en cuenta los riesgos de una mala utilización de ese
operativo. Si hasta ahora no lo han hecho, repito, deberían dar
instrucciones en ese sentido, porque la última de Astander, habla por sí
sola. Eso podría haber terminado en una gran tragedia; afortunadamente no
ha sido así pero podía haber sucedido. Por tanto, no, ya no de ésta, sino
de la última de Astander, yo creo que merecería la pena hacer una
reflexión por parte del Ministerio del Interior y dar instrucciones muy
claras de cuándo hay que intervenir, cómo hay que intervenir, qué
material hay que emplear, etcétera.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor Meyer,
probablemente la información que me han dado no es completa, y de su
versión y la mía me creo la suya, que probablemente está igual o mejor
informado de lo que estoy yo.

La iniciativa que me da de dar unas nuevas normas sobre ese tema no lo
echo en saco roto. Yo creo que podemos considerarlo y estoy plenamente
dispuesto a estudiar esa posibilidad, siempre, le vuelvo a decir, con los
inconvenientes que supone los resultados de una manifestación. A una
manifestación pacífica no se llevan, como usted puede imaginarse, ni
piedras ni objetos contundentes ni se causan heridos dentro del campo
policial, pero sí pueden producirse, a veces, porque en esa manifestación
se introducen elementos que no son queridos por los propios
organizadores. Comprendo la fórmula genérica, pero hay veces que pase a
esa fórmula genérica, en un caso concreto, porque se prevén determinados
incidentes, porque hay una situación de tensión específica, porque se
supone que puede haber ese tipo de actuaciones, así se producen.

Vuelvo a decir que no hay nada más ajeno a la voluntad del Ministerio de
Interior que se produzcan incidentes de ningún tipo. Es decir, la
situación idílica para un responsable de este Ministerio es que las
manifestaciones se produzcan con flores, con pancartas y simplemente con
vivas a España. Pero esas cosas, en principio, no son siempre posibles, y
habrá muchas veces manifestaciones en contra de un manifestado o con
vivas a Cataluña. Lo que sí le quiero decir es que muchas veces esos
incidentes son con gritos contra el Gobierno, contra un determinado
ayuntamiento, contra un determinado miembro del Gobierno, o contra un
determinado miembro de la oposición. Todo ello es perfectamente asumible.

Lo que sí le puedo decir es que no podemos permitirnos que exista
violencia en las manifestaciones, que los manifestantes puedan acudir a
esas pacíficas demostraciones con armamento contundente, con elementos
arrojadizos.

Por ello, y si bien reitero la buena voluntad de mi departamento para
hacer normas de ese tipo o para dictar unas circulares que de cualquier
forma ordenen más la proporcionalidad a una agresión, le vuelvo a decir
que ante esas dificultades yo creo que tiene que haber buena voluntad por
todas las partes, y comprensión muchas veces por los organizadores de las
manifestaciones y buen orden y buen hacer por la policía.




--SI EL TESTIGO PROTEGIDO 1964/S DEL LLAMADO «CASO LASA Y ZABALA» HA
VUELTO A SER OBJETO DE SEGUIMIENTO Y AMENAZAS SEMANAS DESPUES DE HABER
SIDO APALEADO Y TORTURADO, ASI COMO SE EXISTE UNA COMISION POLICIAL QUE,
EN COLABORACION CON EL JUEZ ENCARGADO DEL CASO, INVESTIGA LOS HECHOS. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente
212/000437.)



El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: comparecencia del
Secretario de Estado de Seguridad para explicar si el testigo protegido
1964/S del llamado caso Lasa y Zabala ha vuelto a ser objeto de
seguimiento y amenazas semanas después de haber sido apaleado y
torturado, así como si existe una comisión policial que, en colaboración
con el juez encargado del caso, investigue los hechos, a solicitud del
Grupo Parlamentario Vasco, PNV.

Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor
Presidente, señoras y señores diputados, como conocen SS. SS., el pasado
día 8 de noviembre un testigo protegido del denominado caso Lasa y Zabala
fue secuestrado, agredido y torturado en la localidad de San Fernando de
Cádiz por unos desconocidos que le amenazaron por haber colaborado con la
Justicia.

El citado testigo protegido puso en conocimiento de la autoridad judicial
datos que conocía en relación con el caso Lasa y Zabala. De estos hechos
dio cumplida información el Ministerio de Interior en una comparecencia
que se celebró a petición propia el pasado día 27 de noviembre.

Con fecha 4 de noviembre de 1996, señorías, el juez Gómez de Liaño dictó
un auto relativo a una serie de testigos protegidos, entre ellos el
1964/S. En la parte expositiva, en el número 2, párrafo d), del referido
auto de decía textualmente: «Se informa a este juzgado de cualquier
sospecha de peligro que pueda darse sobre la vida, integridad física o
intimidad de dichas personas.» En este sentido, he de significar a SS.

SS. que las únicas amenazas recientes de las que se tiene conocimiento
sufridas por el testigo protegido



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1964/S, son las que a través de llamadas telefónicas se recibieron en el
domicilio de su madre el pasado 10 de diciembre. Del contenido de estas
amenazas, y de las verificaciones y comprobaciones realizadas al efecto,
se dio traslado a la autoridad judicial competente.

Al citado testigo y a los miembros de su familia se les presta
actualmente protección policial a cargo del Cuerpo Nacional de Policía.

Esta protección es permanente y se le presta tanto en su domicilio
habitual como en los desplazamientos que realiza a Madrid motivados como
consecuencia de su condición de testigo del citado procedimiento
judicial.

Todas las diligencias, señorías, que está realizando el Ministerio de
Interior se practican en el ámbito del procedimiento judicial que
instruye la Audiencia Nacional.

Sí puedo decirles que además de las diligencias propias de la policía y
de los funcionarios adscritos al caso, existe una comisión especialmente
adscrita al caso. Se han remitido al juzgado informes tan exhaustivos
como periódicos. Como pueden comprobar ante la misma Audiencia Nacional,
éstos se envían con fecha 16 de noviembre, 5 de diciembre, 10 de
diciembre, 26 de diciembre, 22 de enero y 9 de marzo, que son las últimas
fechas en que se han enviado los informes correspondientes por parte del
Ministerio de Interior.

En este momento, señorías, se encuentra pendiente el informe
correspondiente a las últimas indagaciones. Y para prestar la mayor de
las garantías posibles a ese testigo protegido, y de acuerdo con la
autoridad judicial, se le ha dado una nueva identidad, protección
personal y se han cubierto los gastos derivados de traslado de domicilio
y otros gastos particulares.

Los requerimientos a la autoridad judicial encargada del caso son
atendidos de manera puntual en cada momento por la unidad policial
competente.

Señorías, quiero manifestar, y de una forma inequívoca y firme, que la
postura de este departamento, en éste como en cualquier otro supuesto que
pueda plantearse, no puede ser otra que la del estricto cumplimiento de
la legalidad vigente, actuando con prontitud a través de la Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en cualquier investigación y aportando a
la autoridad judicial las pruebas necesarias que le permitan adoptar la
decisión oportuna.

Como conocen SS. SS., la Ley de protección a testigos y peritos en las
causas criminales diseña un sistema que confiere al juez o tribunal la
apreciación racional del grado de riesgo de peligro y la aplicación de
las medidas legales que considere necesarias, previa ponderación, a la
luz del proceso, de los distintos bienes jurídicos constitucionalmente
protegidos. La ley, en suma, tutela los derechos fundamentales inherentes
a los testigos, a los peritos y a sus familiares.

Como conclusión, señorías, quiero manifestarles que al testigo protegido
1964/S y a su familia se les dispensa la protección necesaria de acuerdo
con las indicaciones formuladas en el auto ya citado del juez de la
Audiencia nacional, don Javier Gómez de Liaño. Asimismo, se da
conocimiento a la autoridad judicial, y de forma puntual, como ya he
dicho, de cuantas investigaciones policiales se llevan a cabo y se
atiende a cualquier requerimiento del juez, todo ello dentro del más
estricto cumplimiento de la legalidad vigente en estas materias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra la señora
Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias al señor Secretario de Estado por su
presencia en la Comisión.

En cuanto a la segunda parte de la cortesía parlamentaria, que suele ser
agradecer la pronta respuesta al interrogante planteado por un grupo, me
permitirá que no pueda hacerlo, ya que esta cuestión se expuso ante la
Cámara en el mes de enero, si bien es cierto que es la agenda de esta
Comisión y no la voluntad del Secretario de Estado la que ha motivado
este retraso, puesto que su amabilidad y disposición nos es conocida, y
así se lo queremos decir en este acto.

Efectivamente, a principios de enero del año en curso fue noticia el
acontecimiento que motivaba su petición de comparecencia de que el
testigo protegido 1964/S había sido nuevamente objeto de amenazas, y
usted ha explicado, a mi juicio de manera adecuada, las condiciones que
concurrieron en el evento al que me refería.

Entonces era todavía relativamente reciente, cuando yo formulaba la
petición de comparecencia, la que anteriormente se había producido del
señor Ministro en esta Comisión, a la que usted ha aludido, el 27 de
noviembre, a petición propia y de dos grupos de la Cámara para informar
de los hechos que habían acaecido con este mismo testigo en San Fernando
de Cádiz.

En esa comparecencia, a mi grupo le pareció interesante alguna de las
manifestaciones que se hicieron por el señor Ministro, reconociendo que
desde el Ministerio del Interior, decía: somos los más interesados en el
total y absoluto esclarecimiento de los hechos; hemos puesto y pondremos
a disposición del juez todos los medios humanos y materiales necesarios
para el esclarecimiento de estos hechos. Se afirmaba también que es
evidente que el Gobierno tiene el deber de garantizar la protección
eficaz de algunos testigos en causas judiciales susceptibles de sufrir
coacciones y agresiones que les impiden el derecho y el deber de
colaborar con la justicia. Y, finalmente, se llegaba a reconocer por el
Ministro una cierta quiebra o fracaso del Estado de Derecho a la hora de
no haber sido capaz de dar respuesta a un acto tan sagrado como es la
testificación de un testigo en estas condiciones.

Desde entonces, si se me permite manifestarlo así por el señor Secretario
de Estado, desde que yo pedí esta comparecencia se han producido, o así
por lo menos lo han informado los medios de comunicación, numerosas
noticias referidas a situaciones de testigos protegidos. Le leo algunas:
«Abandona su colaboración un testigo del caso Lasa y Zabala», leída la
noticia lo era por sentirse insuficientemente protegido; o dificultades
de otros testigos que habían actuado infiltrados en el llamado caso
Nagores, en el que se inculpa por narcotráfico y otros delitos a
destacados miembros de la Guardia Civil en Donostia; o finalmente, el 26
de mayo, y entresaco de todas las noticias de que dispongo,



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porque sólo le cito algunas, se hablaba de dos guardias civiles
procesados por espiar a un testigo protegido.

Como la iniciativa legislativa a la que se circunscribe la protección de
los testigos de que estamos hablando, la Ley 19/1994, se aprobó por la
Cámara fruto de una iniciativa del Grupo Vasco, me atribuyo, si se me
permite, una cierta maternidad en el texto origen de la iniciativa, y
creo que desde entonces no ha desplegado las virtualidades que se
depositaron en el texto inicial. Bien es cierto que la iniciativa, cuando
se planteaba por el Grupo Vasco, era más completa; incluía o pretendía
incluir la situación de los correos que se arrepienten y también lo que
ahora he visto que se presenta por el Grupo Socialista como iniciativa
novedosa y ha debido tener entrada en la Cámara, que es la protección que
debe dispensarse a los denunciantes. El texto inicialmente presentado por
el Grupo Vasco incluía a los denunciantes en el objeto de la protección,
y fueron precisamente los servicios jurídicos del departamento del
entonces Ministerio de Justicia e Interior y del que era portavoz del
Grupo Socialista, los que pusieron como condición ineludible para su
tramitación el que desapareciese esta figura. A dónde voy con todo esto,
se preguntará el señor Secretario de Estado, pues iba a que creo que el
texto legal, o no se aplica, o no ha despertado, no se ha utilizado
suficientemente en todas sus virtualidades, o tiene lagunas importantes
que merecerían ser abordadas.

En fecha reciente se ha contestado por el propio Ministerio del Interior
una pregunta del Diputado de esta Comisión, señor Navas, que formulaba
por escrito y que pedía se le dijera en cuántas ocasiones se habían
solicitado del Ministerio del Interior la protección a la que alude la
ley, la posible facilitación de nueva identidad o la concesión de medios
económicos para poder cambiar de residencia, y por el Ministerio se le
contestaba que en dos veces se había solicitado, sólo en dos ocasiones.

En una se había concedido (evidentemente debe ser la que usted nos ha
manifestado del testigo 1964/S), y la otra estaba todavía en estudio.

A mi grupo le parece que si constatamos esta respuesta con la realidad
social en la que los ciudadanos tienen miedo hasta de ser jurado en
determinadas causas criminales, o también cuando se trata de esclarecer
tramas presuntamente vinculadas a los aparatos del Estado, o incluso en
la propia delincuencia común, es sorpredente que, sin embargo, no se
soliciten o no se desplieguen las virtualidades que la ley prevé. Si bien
es cierto que son los jueces quienes deben acordarlas, a solicitud de las
partes, también creemos que al Ministerio le incumbe el ejercitar la
iniciativa legislativa para que, una vez detectadas estas deficiencias o
insuficiencias en el texto de la ley, puedan corregirse, y sobre todo que
cuanto antes, tal y como ya solicité con ocasión de la comparecencia
anterior del señor Ministro, se proceda a efectuar los desarrollos
reglamentarios. Mi grupo ofrecía entonces colaboración para su estudio y
plasmación, que como ya le consta al Ministerio hemos aportado en otros
procedimientos legislativos, y nos gustaría que así fuera, porque creemos
que si no es un instrumento inútil.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBO: Querría empezar mencionando lo mismo que ha
comentado la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, que aunque
evidentemente no es imputable al señor Secretario de Estado, y a lo mejor
tampoco es imputable a la Mesa de esta Comisión en sentido estricto, sí
que creo que es algo que debe ser destacado, y es que no tiene
absolutamente ningún sentido, y es un síntoma de que hay algo que no
funciona en esta Cámara, que una iniciativa de control pueda ser
planteada en el mes de enero y sea resuelta o sustanciada en el mes de
junio, con el riesgo de que si se llega a retrasar 24 ó 48 horas más
hubiera sido sustanciada en el mes de septiembre. Es absurdo y, por
tanto, creo que lo primero que hay que hacer es dejar clara nuestra
constatación de que aquí hay un defecto de sistema; no sé si sólo hay un
problema de agenda en los horarios y en la disponibilidad de salas por
parte de las actividades de esta Comisión como para hacer posible que una
actividad de control, de mayor o menor trascendencia --por lo que se ve
tampoco es que fuera un problema gravísimo en este sentido--, pero sí una
actividad de control al ejecutivo en un tema de seguridad ciudadana, se
retrase durante 5 ó 6 meses. Evidentemente no es una responsabilidad del
Secretario de Estado; sí puede serlo del grupo mayoritario, en la medida
en que es mayoritario; puede serlo de la Comisión que estudia la
modificación del Reglamento, no lo sé. Simplemente no puedo dejar de
poner sobre la Mesa la constatación de que aquí hay un defecto de sistema
gravísimo, que puede llegar a provocar una situación tan kafkiana como
ésta, y es que la petición de la comparecencia del Secretario de Estado
de Seguridad se retrase durante 5 ó 6 meses en un asunto de este calibre.

Yendo al fondo de lo que motiva la comparecencia, simplemente quería
intervenir en nombre de mi grupo para dejar claro que no somos
indiferentes ante lo que provoca esta comparecencia, como es el riesgo en
general o la sensación de inseguridad que pueden tener determinados
testigos protegidos.

Comparto bastante las afirmaciones de la portavoz del Grupo Nacionalista
Vasco de que la Ley 19/1994 no ha sido desplegada o no está siendo
utilizada en toda su virtualidad. Hay miedo en el ámbito de los testigos,
según los indicios o comentarios que nos pueden llegar. Nosotros tenemos
la inmensa fortuna de ver este problema con una lejanía muy superior a
otros grupos, y eso es algo que no es un inconveniente, sino más bien una
ventaja. Afortunadamente no es en nuestro ámbito geográfico ordinario de
actuación en el que se encuentran los principales problemas que suscitan
o que requieren la protección de testigos; más bien es en otros ámbitos
del territorio del Estado donde eso ocurre, por tanto, la información que
tenemos es habitualmente de referencia. Pero constatamos la inquietud que
tiene el Grupo Nacionalista Vasco y la apoyamos, porque nos parece en
este caso, también en muchos otros pero en éste muy particularmente, que
la opinión



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que pueda tener el Grupo Nacionalista Vasco de cómo se está afrontando
este tema de la protección de los testigos es una opinión sensata, es una
opinión prudente que no nace de un exabrupto o de una decisión política
de fondo, sino que nace de la proximidad al problema y del conocimiento
directo que tienen del problema. Y desde este punto de vista merece
nuestro apoyo esa inquietud y merece nuestro apoyo la llamada a que esa
inquietud sea resuelta.

Extendiéndolo no sólo a lo que son estrictamente los testigos protegidos,
sino más al fondo o más a la raíz de la cuestión, citaba la portavoz del
Grupo Nacionalista Vasco el miedo que hay a formar parte de determinados
jurados, miedo constatado recientemente en Euskadi en un caso que todos
tenemos muy presente en la cabeza, y en el que en principio parecía que
todas las personas que formaron parte de ese jurado, que finalmente
terminó por absolver al procesado en ese momento; en principio, digo,
todos los integrantes de ese jurado estaban protegidos por el anonimato.

Sin embargo, apenas dos o tres semanas después del fallo, tremendamente
polémico y sobre el que no vamos a volver, un periódico dio datos tan
detallados sobre cada uno de los miembros de ese jurado que yo creo que
el detective privado más inútil sería perfectamente capaz, con un listín
de teléfonos bajo el brazo y un par de horas por cada uno de los miembros
del jurado, de identificar su puesto de trabajo y su perfecta
localización. Eso es un defecto que hay que corregir.

En este momento quiero subrayar nuestra inquietud por esa cuestión. Creo
que ni es el momento ni estoy en condiciones de proponer o de poner sobre
la mesa cuáles son las soluciones, pero quería intervenir expresamente
para mostrar que no somos indiferentes a este tema, que consideramos que
es importante en el ámbito de los testigos y, en general, en lo que es la
participación de los ciudadanos con la Administración de justicia en
temas sensibles. Esta sería la denominación global de toda esta cuestión,
que aglutina efectivamente a comunicantes, a testigos, a miembros del
jurado y a otras personas, y que es responsabilidad del estado, aplicando
o desplegando toda la eficacia de la norma que ya existe. Y si esa norma
resulta ser ineficaz en alguno de sus extremos, que se propongan las
iniciativas legislativas que le corresponden, las medidas legales que
sean necesarias, para que efectivamente los ciudadanos puedan cooperar
con la Administración de Justicia sin miedo y sin ningún temor acerca de
su integridad o de la de sus personas queridas.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Por el Grupo
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: En primer lugar, aunque no es responsabilidad del
Ministro de Interior, lógicamente, quiero manifestar mi preocupación
porque la investigación de la agresión al testigo al día de hoy, después
de transcurridos bastantes meses, no haya aportado absolutamente nada.

Estamos a cero en esa investigación de un testigo que ya estaba
catalogado como tal testigo protegido y, sin embargo, fue fácilmente
agredido, brutalmente agredido. Y por lo tanto, manifiesto mi
preocupación porque hasta el día de hoy esa investigación haya dado por
resultado cero, sencillamente no sabemos ni los móviles, ni los
responsables de esa agresión.

En segundo lugar, coincido plenamente con que la legislación en relación
con testigos protegidos hay que mejorarla sensiblemente, porque la propia
realidad nos está indicando que no se resuelven bien los dos sentidos que
se pretenden resolver: en primer lugar, las garantías legales para la
protección; y por otro lado, alentar a los ciudadanos, bien sean
delincuentes, bien ciudadanos normales que tienen información suficiente
para poner en marcha investigaciones o para impedir determinados actos
delictivos, y que tengan todas las garantías legales de que si dan ese
paso el Estado va a responder plenamente garantizando su integridad y su
futuro. Yo creo que los hechos demuestran que esto hoy no es así. En
primer lugar, la identidad del testigo 1964/S fue publicada en todos los
medios de comunicación, se sabe quién es con nombres y apellidos.

Segundo, no se resuelve ni el cambio de identidad, ni se resuelve la
convalidación de estudios de las personas de la nueva identidad, ni la
protección ni la ayuda económica hasta que esas personas inicien una
nueva vida con ese nuevo cambio de identidad; la ley no lo resuelve bien.

Por lo tanto, son lagunas, junto a la laguna fundamental de que se
garantice su protección prácticamente hasta que no tenga ningún riesgo en
cuanto al testimonio, o en cuanto, una vez realizado el testimonio, a un
período de vida suficiente para que se le pueda garantizar. Esas faltas
de garantías nos hacen ver que hace falta ese cambio, esa modificaciones
legales, para lo que en otros países se resuelve bien, y es que el Estado
dé plenas garantías. Si cualquier delincuente se pasa para el lado del
fin de la ilegalidad, o no para delincuentes, sino personas que por
determinadas circunstancias conocen de información suficiente para
aclarar investigaciones pendientes o para impedir actos delictivos, esas
personas deben tener la plena garantía de que no van a recibir a cambio
un maltrato o que van a tener dificultades en su vida por realizar ese
servicio, unos desde la delincuencia que pasan a la legalidad, u otras
personas que no son delincuentes y simplemente que pueden aportar con su
testimonio información suficiente para impedir actos criminales,
delictivos o aclarar investigaciones pendientes. A partir de este caso,
podríamos hablar de otros que han tenido dificultades a la hora de
testificar, incluso han sido espiados por determinados servicios de
información de la Guardia Civil. Esto indica que desde el Legislativo
tendríamos que hacer un esfuerzo por modificar claramente la actual ley
para garantizar lo que todos queremos, y es que efectivamente los
testigos protegidos sean protegidos y que la ciudadanía entienda que
cualquier persona, sea delincuente o no, si tiene información suficiente
para esclarecer delitos, etcétera, tiene la garantía del Estado.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.




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El señor CUESTA MARTINEZ: Quisiera empezar mi intervención ratificándome
en la preocupación que ya mi grupo parlamentario --en aquel momento
representado por quien hoy ostenta la Presidencia de la Comisión--
expresaba en la comparecencia del Ministro de Interior en la sesión del
27 de noviembre de 1996, con motivo del conocimiento de las agresiones y
las torturas sufridas por el testigo 1964/S. Efectivamente mi grupo, como
cualquier grupo que defienda el Estado de Derecho y que defienda con gran
sensibilidad y profundidad todos los designios derivados y principios de
las garantías fundamentales de la persona, no puede menos que ratificarse
de una preocupación ante hechos lamentables que han podido significar que
los mecanismos jurídicos de los que nuestro ordenamiento consta o tiene
no funcionan a satisfacción en todas las ocasiones; hay quiebras
importantes y nos parece que en la lucha contra el crimen organizado, la
Ley de protección de testigos es una ley necesaria, es una ley que debe
ser aplicada, a la que no se deben negar esfuerzos ni medios. En este
sentido también quiero manifestar mi coincidencia con las preocupaciones
de otros grupos en el sentido de estudiar a fondo la necesidad de
corregir las deficiencias que fueren necesarias a la hora de mejorar la
aplicación de esta ley. Y en ese sentido también quiero ofrecer la
colaboración de nuestro grupo parlamentario.

Me alegro también de las palabras del Secretario de Estado, de los
anuncios de refuerzo de las medidas de protección, de compromiso de la
aplicación de la Ley de protección de testigos en éste y en otros casos y
en ese sentido nuestro grupo no puede menos que manifestar su
satisfacción por lo que intuye a la vista de sus manifestaciones, que es
una adecuada aplicación de la ley y sobre todo celeridad por parte al
menos de las autoridades del Ministerio en la investigación y en la
colaboración con la investigación judicial. Nos ha relatado el señor
Secretario de Estado la existencia de una serie de informes policiales.

En este sentido nos habla de un último informe de 9 de marzo de 1997.

Bien, hasta aquí quiero constatar estos hechos, estas deficiencias y este
principio de colaboración de mi grupo en lo que sea la necesidad de
corregir y mejorar los instrumentos del Estado de Derecho sobre todo en
la lucha contra el crimen organizado. Compartimos en su momento aquellas
declaraciones que el propio Ministro de Interior formuló y expresó ante
la Comisión de Justicia e Interior el 27 de noviembre, cuando decía que
este tipo de agresiones afectan seriamente a los pilares en los que se
asienta nuestro Estado de Derecho, por reproducir la expresión literal
del Ministro de Interior. El propio Ministro nos habló también de que no
iban a regatear esfuerzos en la investigación de estos hechos, y también
nos recordaba que la comisión de investigación policial sobre estos
hechos está presidida por el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de
la Audiencia Nacional que, según el Ministro, está actuando con plena
responsabilidad. Por tanto, nos presenta un escenario de una
investigación policial judicializada. De la misma manera se manifestó el
Ministro cuando el 23 de abril este Diputado que les habla formuló una
pregunta oral en el Pleno interesándose por qué grado de conocimiento,
qué conclusiones tenía el Ministro de Interior en torno al
esclarecimiento de estos hechos. En aquel momento el Ministro nos
ratificó su compromiso de colaboración y nos volvió a recordar, por un
lado, el carácter judicializado de la investigación y, por otro lado, el
carácter secreto de las actuaciones judiciales, y por lo tanto no podía
lanzar más que en el recordatorio del carácter secreto de las actuaciones
judiciales. No obstante, quisiéramos expresar ante este hecho, señor
Secretario de Estado, nuestra preocupación, porque estamos ante una
historia que tiene sus puntos extraños, una historia curiosa por la que
hemos preguntado y en la que hemos observado demasiados silencios y
secretos que contrastan a veces con demasiadas ligerezas y publicidades.

El testigo protegido 1964/S, no olvidemos, acude al diario El Mundo para
denunciar, según sus propias palabras, que comparece ante un medio, ante
el medio en el que declara, para denunciar hechos de lo que él calificaba
como trama antiterrorista. Y el propio testigo, según se hace eco el
propio diario El Mundo, explica la razón de su proceder, dice: «Acudo a
este diario porque mi única garantía sois vosotros.» Este es uno de los
hechos importantes. Días más tarde comparece, después de acudir ante esa
garantía que era el diario El Mundo, ante la Audiencia Nacional
acogiéndose a la Ley de protección de testigos. El 8 de octubre, el
Ministerio de Interior, el juez Gómez de Liaño y el testigo 1964/S
acuerdan un sistema de seguridad o servicio de contravigilancia. El 7 de
noviembre de 1996 el Ministerio recibe auto completo del juez Gómez de
Liaño pidiendo el refuerzo de medidas de seguridad para varios testigos
protegidos, entre otros para el que nos ocupa, para el testigo 1964/S. En
la mañana del día 8 de noviembre se inicia el dispositivo de seguridad
ordenado por el juez Gómez de Liaño después de que el Ministerio
recibiera un auto incompleto y posteriormente se completa este auto. Y
ese mismo día 8, antes de que se ponga en marcha el dispositivo de
seguridad o de que se pueda aplicar ese dispositivo de seguridad, a las
22 horas el testigo es objeto de un secuestro en la localidad de San
Fernando sufriendo gravísimas torturas. La policía, según se informa por
el Ministerio, y lo podemos entender como razonable, no tuvo tiempo
material para evitarlo a la vista de la cronología de los hechos. El día
8 de noviembre el testigo, ya digo, es objeto de secuestro en la
localidad de San Fernando sufriendo gravísimas torturas. Y ese día el
juez Gómez de Liaño había ordenado reforzar las medidas de protección.

Según informó el Ministro al Parlamento, la decisión de no darle
protección personal a ese testigo en San Fernando o con motivo de su
viaje a San Fernando es porque así lo había pedido el propio interesado,
aunque bien es cierto que el propio interesado con posterioridad, en un
medio de comunicación, desmiente las manifestaciones del Ministro que
dice que en ningún momento renunció a la protección policial.

Con posterioridad al secuestro efectivamente se le dan las medidas de
protección e incluso los medios económicos que ha relatado el señor
Secretario de Estado y que, según algún medio de comunicación, se
complementan con una retribución de unas 400.000 pesetas al mes. (El
señor



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Secretario de Estado, Martí Fluxá, hace signos negativos.) No sé si ese
extremo es cierto o falso, pero en todo caso el propio Secretario de
Estado nos ha relatado la adopción de una serie de medidas económicas que
probablemente sean lógica aplicación de la legislación vigente en materia
de testigos protegidos. Recuerdo, y vuelvo a insistir, que todos los
grupos parlamentarios expresamos en su momento nuestra preocupación y
condena política ante el secuestro en aquella comparecencia del 28 de
noviembre de 1996.

A raíz de esa comparecencia empiezan a surgir determinadas noticias,
noticias relativas a imputaciones y a puntos un tanto oscuros. En algunos
medios de comunicación, entre otros en el diario ABC (en este caso no es
el diario de El Mundo), empiezan a surgir informaciones relativas a este
testigo. El testigo narra su suplicio: «No me voy a echar atrás»,
manifiesta el testigo. «El secuestro es un montaje, según medios
policiales», dice ABC. «El testigo secreto es acusado en Guatemala de
extorsión, estafas, intentos de secuestro», dice también el diario ABC.

«Orden de búsqueda y captura. En Guatemala se plantea pedir la
extradición de ese testigo», y otras múltiples acusaciones.

Yo tengo aquí informaciones de medios de comunicación muy curiosas.

Vuelvo a citar al diario ABC, lunes 18 de noviembre de 1996: «El testigo
1964/S, protegido de Liaño, implicado en un posible caso de secuestro en
Guatemala». El domingo 1 de diciembre de 1996, también el diario ABC
titula «Nuevos testimonios escritos revelan las actividades irregulares
del testigo protegido 1964/S», y aquí nos sorprenden con una serie de
ellas: «Aseguran que se hacía pasar por un alto mando militar español o
por miembro de los servicios secretos. Según una de las denuncias, en una
ocasión intentó vender un coche blindado a la embajada española. El
oficial de comunicaciones de la embajada de España en Guatemala, Pablo
Alberto Iglesias, señala en una declaración que está dispuesto a
ratificar donde fuere necesario.» Y relata «Este testigo 1964/S se hizo
identificar en entradas de discotecas y otros lugares como guardia civil,
teniendo una placa que enseñaba. Otras veces enseñaba un carnet que le
acreditaba como de operaciones especiales de la Armada española, y
finalmente otras veces decía que era de la embajada Española. Este señor
dejó su casa en Guatemala con una deuda de dos meses de alquiler y al
menos 250.000 pesetas de teléfono sin pagar; pagó con cheque sin fondos.

Está acusado asimismo del robo de una tarjeta de crédito en
Guatemala...». El propio diario ABC añade «Contó ese testigo protegido
que, siendo jefe de un grupo antiterrorista contra ETA, fue secuestrado
por esta organización que lo torturó salvajemente, y cuando le iban a dar
el tiro de gracia una persona mató al terrorista». Son relatos que se
desprenden del diario ABC. O del diario La Vanguardia: «Guatemala pedirá
la extradición del testigo protegido de Liaño».

Es decir, existen, ya digo, demasiados puntos extraños, no sé si obrarán
también en los informes policiales. Lo que sí quisiera recordar al
Secretario de Estado es que, como consecuencia de las primera diligencias
policiales en la investigación de este caso, el teniente Lorenzo Barez,
destinado en la embajada de España en Guatemala, fue acusado el propio
día 4 de noviembre por el juez Gómez de Liaño de inducción al secuestro y
tortura del mencionado testigo. Se detuvo al teniente Lorenzo Barez, se
le trajo a España, se adoptaron medidas cautelares, y el 3 de diciembre
de 1996 se levantaron tales medidas, reincorporándose de nuevo a su
puesto en Guatemala.

La pregunta que nos surge es: ¿qué se ha hecho por parte del Ministerio
para compensar a un miembro de la Guardia Civil por el vilipendio público
y el público escarnio sufrido a la vista de aquellas declaraciones y
diligencias? Aquí el Gobierno ha permanecido en silencio, incluso sobre
esta injusta persecución aparente, aparente porque a la vista de la
resolución judicial que levanta las medias cautelares y devuelve a
Guatemala al teniente Lorenzo Barez, parece que ha recibido un
tratamiento injusto. Es verdad que los testigos protegidos corren
riesgos, pero a veces también generan injustos riesgos y consecuencias a
algunas personas, en este caso a una persona que, desde nuestro punto de
vista, no ha recibido el amparo suficiente por parte del Ministerio de
Interior.

Estamos ante hechos que afectan seriamente a los pilares sobre los que se
asienta nuestro Estado de Derecho. Nos preocupó mucho una afirmación que
hizo en su día también el Ministro de Interior, diciendo: «Si hubiera
sido el GAL el testigo estaría muerto.» Son afirmaciones un tanto
curiosas. No sé qué grado de conocimiento tiene el Ministro para formular
estas afirmaciones. Lo que en todo caso quiero manifestar es que han
pasado más de siete meses desde los hechos; que sigue habiendo un extraño
silencio sobre este asunto; que existen demasiados puntos oscuros; que
existen demasiadas acusaciones extrañas sobre la vida, milagros e
identidad de este testigo protegido; que el último informe policial es de
9 de marzo, según las palabras del Secretario de Estado; que el tema
sigue siendo declarado secreto en las actuaciones judiciales; que
contrasta este secreto, ya digo, con la publicidad en otros temas, y que
a nosotros, al lado de manifestar nuestra preocupación por las necesarias
medidas que potencien, mejoren y corrijan la aplicación de la Ley de
protección de testigos, también nos plantea esta situación alguna duda:
¿qué hay detrás de este presunto secuestro?



La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Con toda brevedad quiero referirme primero a una
cuestión de procedimiento --puesto que se ha planteado al hilo de esta
comparecencia--, cuestión de procedimiento en la que no vamos sino a
resaltar algo que parece evidente, y es que por parte de este Gobierno, y
en su conjunto por parte del Ministerio de Interior específicamente, y
desde luego por parte del Grupo Parlamentario Popular como grupo
mayoritario de esta Cámara, nadie podrá decir que en algún caso ha habido
ningún tipo de iniciativa obstruccionista para el desempeño de cualquiera
tarea o de cualquier iniciativa de control.




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Yo quiero recordar, en el ámbito específico de lo que hoy nos ocupa, que
es precisamente el ámbito específico del Ministerio de Interior, no
solamente la celeridad con la que el Ministro de Interior, el Secretario
de Estado, los directores generales, han comparecido cuando han sido
inmediatamente requeridos, sino el ofrecimiento de este portavoz y de
este grupo parlamentario, habida cuenta de las dificultades de agenda y
de salas con las que tropezamos en el desarrollo de nuestra tarea
parlamentaria, de habilitar cualquier tipo de vías para poder llevar a
cabo esa tarea de control. En todo caso, no aceptando el que se pudiera
ni siquiera establecer mínimamente, entre comillas, una supuesta
responsabilidad del grupo mayoritario en este ámbito, simplemente quiero
decir que evidentemente ésta es una situación que a todos nos produce
insatisfacción, en la que la responsabilidad no es específica de nadie,
sino probablemente de todos, y en la que todos tenemos que hacer un
esfuerzo, unos, probablemente, por intentar superar ciertas dificultades
materiales, fundamentalmente de espacio; otros, a lo mejor también, para
poder desarrollar un proceso más selectivo en cuanto a la definición de
las tareas de control a través de una u otra fórmula reglamentaria,
porque evidentemente hay cuestiones que a lo mejor suscitadas por vía de
pregunta escrita o pregunta oral permitirían sin lugar a dudas agilizar
esa tarea de control que todos deseamos y este grupo mayoritario de la
Cámara, este Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno, en ningún caso
han impedido ni en ningún caso impedirán.

Y entrando ya en lo que afecta al fondo del asunto, al objeto de esta
comparecencia, quiero señalar muy sintéticamente dos cuestiones
fundamentales. En primer lugar, en términos prácticos, en relación con el
fondo de este asunto, nosotros valoramos como impecable la colaboración
que se está produciendo por parte del Ministerio de Interior con el
órgano jurisdiccional competente, y en el marco de esa colaboración
impecable se han adoptado las medidas de protección oportunas para
garantizar la protección de dicho testigo, a partir de las instrucciones,
de las situaciones y de las consideraciones que ya hizo el Ministro de
Interior en su comparecencia una vez se conocieron determinados hechos
que a todos nos produjeron evidentemente una notable repulsión. Pero
quiero señalar también la fase que puede quedar más abierta, es decir, la
determinación final del qué pasó y cómo pudo pasar aquéllo, es decir, la
fase de investigación, como han recordado muy bien todos los grupos
parlamentarios, porque, señor Secretario de Estado, estamos ante una
cuestión que tiene sede e impulso judicial, en la que el Ministerio de
Interior no puede hacer si no exactamente lo que está haciendo, es decir,
poner todos los medios a disposición de ese órgano jurisdiccional para
colaborar con él en lo que es su responsabilidad directa, esto es, el
desarrollo definitivo de esa investigación.

Y en segundo lugar, y con ello termino, en orden a alguna valoración
general, quiero decir que a este grupo parlamentario le parecen
interesantes, sin lugar a dudas, ciertas consideraciones realizadas por
la señora Uría, en relación con la legislación vigente en materia de
protección de testigos, que desde luego creemos que merecen una reflexión
en los próximos meses, una reflexión por parte de todos y que a todos nos
corresponde llevar a cabo. Y desde luego, esa reflexión y las
conclusiones que puedan surgir de esa reflexión deben serlo en función
precisamente de la naturaleza de la materia a estudiar, deben serlo con
el máximo grado posible de consenso. Y desde luego en la búsqueda de ese
consenso se encontrará siempre al Gobierno y al Grupo Parlamentario
Popular. Anticipadamente damos las gracias a todos los grupos por la
expresión y la voluntad de alcanzar ese consenso o esa reflexión general
de la que han hecho gala en esta sesión.

Voy a decir algo que parece obvio y que no pretende ser ni irónico ni
vindicativo, simplemente pretende ser, pura y sencillamente, obvio, esto
es, que al hilo de alguna intervención, debo recordar que desde luego el
actual Ministro de Interior no sabe nada de nada, nada absolutamente
nada, sobre el GAL.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor Secretario de
Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Yo creo que en
este tema y en las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios
hay dos grandes grupos, dos grandes zonas a las que podríamos referirnos.

En un primer lugar tal vez habría que destacar la aplicación de la Ley
19/1994 de testigos protegidos, en lo que se refiere a su difusión y en
lo que se refiere a su puesta en práctica. Evidentemente el número de
testigos protegidos es todavía pequeño, y la autoridad judicial
competente y correspondiente en cada caso muchas veces es una figura que
no aplica, que no utiliza. Hay otras figuras que tienen la misma suerte,
que corren más o menos la misma suerte. Una de ellas es fundamentalmente
todo o relativo a las penas, nuevas penas que establece nuestro nuevo
Código Penal como, por ejemplo, el arresto de fin de semana. Hemos tenido
diferentes peticiones y he comparecido en el Senado en muchas ocasiones
para explicar todo lo referente a los depósitos municipales para hacer
frente a este requerimiento. He acudido muchas veces, y seguiré acudiendo
con mucho gusto a dar este tipo de explicaciones pero, para darles nada
más que un detalle, creo que en este momento el número de veces que se ha
aplicado el arresto de fin de semana parece que está en torno a las 56,
57 veces, mientras que los lugares que tenemos preparados pasan de 1.000
para hacer frente a estas necesidades. Es decir, que todavía la propia
autoridad judicial no se familiariza con una figura que ya está
establecida en un Código Penal como el nuestro.

En el tema de los testigos protegidos creo que sucede algo similar, es
decir, no se aplica con la suficiente frecuencia o tal vez no con la
necesidad que se requiere. Pero también quiero hacer ver un punto sobre
esta cuestión que es lo relativo a la propia personalidad muchas veces de
estos testigos protegidos.

Es enormemente difícil, señorías, dar, otorgar, conceder seguridad a
quien no quiere tener esa seguridad, a quien muchas veces, por un
determinado tipo de personalidad, se escapa de esa misma protección.

Hemos tenido muchísimos



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casos, y soy informado con frecuencia de escapadas, de poca disciplina de
testigos protegidos, o en algún caso de algún arrepentido en temas de
narcotráfico. ¿Eso sugiere que por ello el Estado tiene que renunciar a
esa obligación? Evidentemente, no. Yo creo que el Estado, como es lógico,
tiene que velar cuidadosamente para que la protección de ese testigo, la
protección de ese arrepentido sea total, absoluta y sin fisuras. Y en
este caso, por desgracia y por una serie de circunstancias, como bien
decía don Alvaro Cuesta, se produjeron. Es decir, hay una serie de
disfunciones en unas comunicaciones y eso produce una situación de
indefensión del testigo. Un testigo que, por otra parte, en la localidad
de San Fernando no había requerido hasta ese momento una protección, pero
no porque él no la hubiera requerido no teníamos que dársela; muy
probablemente y pese a su negativa hubiéramos tenido que dársela pese a
todo.

Hay una serie de temas conectados con esa iniciativa parlamentaria,
probablemente para modificar la ley en el sentido que decía doña
Margarita Uría; evidentemente tenemos que hacerlo, y estoy seguro que el
Grupo Parlamentario Popular estará absolutamente dispuesto, como bien
decía don Ignacio Gil Lázaro, a continuar por la vía de hacer más
efectiva esa Ley de protección de testigos para difundir esta figura y
para evitar que se produzcan casos como el que ahora contemplamos.

La investigación, señorías, por ahora ha aportado pocos datos. Muchas
veces tenemos la sorpresa --y yo creo que todos los que han tenido en
algún momento responsabilidades en el Gobierno estarán de acuerdo
conmigo-- de que te enteras por el periódico de investigaciones que se
han realizado incluso antes, o declaraciones de un testigo, incluso, por
extraño que parezca, hasta declaraciones de algún policía o de algún
responsable de la Guardia Civil, que antes muchas veces de tener
conocimiento de ellas y poder transmitirlo por vía reglamentaria a sus
superiores, decide que es mucho mejor tener el momento de gloria que
supone una filtración a un periódico. Bueno, es una situación que
evidentemente repudio, que evidentemente hacemos todo lo posible por
evitar y que evidentemente también se toman medidas cuando se descubre
quién lo hace, pero que muchas veces también te encuentras, por una
parte, con la voracidad de la prensa y, por otra parte, con la
generosidad por parte de algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
tener ese momento de gloria de llamar a un periodista y de contar una
historia, muchas veces tampoco cierta, pero en fin, se cuenta.

Y en este caso concreto del testigo protegido 1964/S, todo el relato de
los hechos ha sido un prodigio de noticias, y en este caso no puedo estar
más de acuerdo con don Alvaro Cuesta, en el sentido de que nos
sorprendemos con situaciones previas, nos sorprendemos con una vida
pasada atormentada o tormentosa, con una vida futura probablemente
igualmente atormentada y tormentosa, pero está ahí. De cualquier forma
todos y cada uno de esos datos está siendo objeto de investigación y
espero que esa investigación un día tenga un resultado.

También aquí quiero incidir en la frustración muchas veces --lo he dicho
en alguna otra ocasión-- de los responsables del Ministerio de Interior.

Nos gustaría que el resultado de esas investigaciones fuera inmediato; es
decir, que un caso de esta violencia, como las torturas que sufre este
testigo, pudiera ser resuelto de forma inmediata, que inmediatamente
hubiera unos testigos presenciales que pudieran denunciar a quienes
perpetraron el hecho o incluso algún cómplice que, avergonzado por lo que
sucede, de forma inmediata denuncie ante la Policía o Guardia Civil lo
que ha sucedido, pero por ahora no ha sido el caso. Las diligencias, como
bien decía el representante del Partido Socialista así como el
representante del Partido Popular, han sido declaradas secretas por el
juez Gómez Liaño. Nosotros lo que podemos hacer, en la medida de nuestros
medios, es darle más medios, y así lo estamos haciendo. Me he referido a
una serie de informes y probablemente el último que he dicho es del 9 de
marzo, pero ha habido un informe posterior de fecha de 10 de abril, lo
acabo de comprobar. Pese a todo, incluso a ese informe de 10 de abril,
hay más datos, hay más investigaciones, hay más declaraciones del testigo
protegido y de algún otro testigo en torno a esta situación, pero tampoco
arroja ningún dato concreto.

En el caso del teniente Barez, al que también se refería el señor Cuesta,
hay un tema muy concreto. El señor juez levantó las medidas cautelares,
pero no es el procesamiento. Por lo tanto, una declaración por parte del
Ministerio de Interior avalando una conducta tampoco lo podemos hacer en
cuanto que todas las declaraciones, como bien decía, son enormemente
confusas, implican a unos, implican a otros, y llega un momento en que no
se sabe muy bien quién es quién y qué hacía en cada situación. Y en la
situación en la embajada en Guatemala hay varias versiones, en las que en
un caso aparece el testigo protegido como un empresario que se dedicaba a
reanudar una nueva vida tranquilamente en Guatemala, y otras veces
aparece como una especie de cuña metida por no se sabe quién ni se sabe
cómo para conseguir no se sabe qué fines.

Por todo ello y pese a que hace ya más de siete meses de los hechos, esos
puntos oscuros todavía perviven. Todavía perviven, y vuelvo a decir,
frente a nuestra frustración, como también pervive nuestra frustración
frente a fenómenos como secuestros todavía sin resolver, o como
asesinatos absolutamente repugnantes como los de las niñas de Alcasser,
todavía sin resolver, y con una serie de ideas, de noticias y de
investigaciones todavía no concluidas.

Espero que este tema pueda resolverse de una forma favorable, sobre todo
por esa sensación de inseguridad absoluta que puede llegar a dar que un
testigo protegido no pueda ser debidamente defendido frente a unas
agresiones que pueda sufrir. Frente a ello, y con ello concluyo, estamos
en el Ministerio en la mejor de las disposiciones para apoyar a todos y
cada uno de los grupos en esos cambios de la Ley de protección de
testigos, la Ley 19/1994, y para tomar todas las medidas que estén a
nuestro alcance para que esa protección sea cada día más efectiva y cada
día más real. (La señora Uría Echevarría pide la palabra.)



La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señora Uría.




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La señora URIA ECHEVARRIA: Muy brevemente. Como solicitante de la
comparecencia quisiera agradecerle lo que he entendido como cierto
compromiso del señor Secretario de Estado de completar o proceder a los
desarrollos reglamentarios de la ley y cuanto antes corregir también las
lagunas que se hayan podido detectar en cuanto a la situación de correos
y denunciantes. Esto en general. Pero en el concreto asunto que nos traía
hoy a la Comisión, quería señalar que, frente a las manifestaciones
hechas por el representante del Grupo Socialista y en torno a ellas,
evidentemente las manifestaciones en la prensa sobre las vidas o las
situaciones personales de los testigos protegidos llevan a una cierta
confusión, pero debe plasmarse la idea de que para ser testigo protegido
no hace falta ningún certificado de vida honorable, ni de ciudadano
ejemplar ni de colaborador en pías instituciones. En muchos casos son
correos, han participado en la trama criminal, y simplemente después
deciden colaborar con la justicia. Pero a lo que yo iba es que en todo
esto y en el mero hecho de que trascienda a la prensa, alguien incumple
un contenido que sí incumbía averiguar o controlar, a mi modo de ver, al
Ministerio de Interior. La ley prevé graves penas, y el Código Penal
nuevo así lo recoge, para quien viole el deber de sigilo en estos casos,
sea el propio testigo protegido, sea funcionario policial o judicial.

Quien cuenta a los periódicos estas historias o quien promueve que se
difundan, el funcionario policial o judicial que da pábulo a que existan
este tipo de rumores y que lleguen a los medios de comunicación, está
cometiendo un delito que lleva aparejadas graves penas y como
averiguación de delito que es, yo creo que sí es un cometido del
Ministerio de Interior en el que se debe poner especial cuidado por el
propio buen funcionamiento del instituto.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor Secretario de
Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): En el aspecto
de completar el desarrollo complementario de la ley tiene la voluntad más
completa y absoluta por parte del Ministerio de Interior. Sin embargo, no
quiero incidir en las competencias de mis colegas del Ministerio de
Justicia, que pueden calificarme de intrusismo. Para evitar ese
intrusismo, estoy de acuerdo en que de común acuerdo podemos hacer todo
lo posible, junto con los grupos parlamentarios, para desarrollar esta
ley.

Igualmente estoy plenamente de acuerdo con la dureza con la que hay que
actuar contra aquellos funcionarios que violan ese deber de sigilo, un
deber que es absolutamente fundamental, pero que muchas veces también es
muy difícil saber quién es que lo viola.




--PLANES DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL DESPLIEGUE POLICIAL EN
ANDALUCIA, PARA UNA MAYOR EFICACIA EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA,
PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO, SOBRE
LAS RAZONES DE LOS NOMBRAMIENTOS DE ABOGADOS DEL ESTADO, SUSTITUTOS,
GUARDIA CIVILES Y DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA, PARA ATENDER LAS CAUSAS
JUDICIALES QUE ATAÑEN A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000455.)



La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Pasamos a la
siguiente comparecencia planteada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya para dar cuenta de los planes del Gobierno
en relación con el despliegue policial en Andalucía, para una mayor
eficacia en la lucha contra la delincuencia, para informar de los
resultados en la lucha contra el narcotráfico, sobre las razones de los
nombramientos de los abogados del Estado, sustitutos, guardias civiles y
del Cuerpo Nacional de Policía, para atender las causas judiciales que
atañen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO SE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Mi intervención
tendrá que ser forzosamente larga --y pido excusas por ello-- por el gran
número de elementos a los que se refiere la pregunta de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Me referiré a la primera parte de la pregunta y comenzaré mi intervención
aportando, aunque sin intención de abrumarles con estadísticas, algunos
datos en la evolución de la delincuencia en Andalucía. En 1995 el total
de infracciones entre delitos y faltas se elevó a 291.774; en 1996, el
dato subió a 320.728. Así pues, señorías, se produjo un incremento en
infracciones del 9,94 por ciento. Por provincias, está a la cabeza
Sevilla, seguida de Málaga, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Huelva y en
último lugar, y como provincia más segura, Jaén. Por lo que se refiere al
índice de delitos por 1.000 habitantes, la Comunidad Autónoma de
Andalucía ofreció un porcentaje del 22,38 por ciento, siendo la media
nacional del 23,14 por ciento. Es decir, Andalucía, si bien se acerca a
esa media nacional, todavía se encuentra por debajo. El índice más alto
lo dio Málaga, en lo que se refiere a incidentes por cada 1.000
habitantes, y el más bajo, repito, Jaén. Respecto a detenidos, el dato
referido a 1995 nos dio una cifra total para toda la comunidad autónoma
de 37.309, pasándose en 1996 a 39.769, produciéndose un incremento del
6,5 por ciento. En lo que se refiere a la eficacia policial, resulta
importante cuando se habla de delincuencia y se refiere a la relación
porcentual entre los delitos esclarecidos y los conocidos. Este índice en
1996 fue del 26,07 por ciento. Quiero aclarar, señorías, que este
porcentaje resulta indicativo, desde el punto de vista cuantitativo, no
así del cualitativo, ya que en los derechos más graves este índice se
sitúo entre el 80 y el 90 por ciento. Para resumir esta primera parte de
mi intervención querría concretar los siguientes



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puntos. En primer lugar, las infracciones en delitos y faltas se
incrementaron en un 9,9 por ciento; aproximadamente el 75 por ciento de
los delitos se produjeron en áreas urbanas; en torno a un 86 por ciento
de los delitos fueron contra la propiedad. La cifra de delitos por 1.000
habitantes demostró que las provincias andaluzas están por debajo de la
media nacional. Y éstas son las ideas fundamentales que quería decir.

A continuación, me referiré, señorías, a actuaciones policiales en
relación con el tráfico de estupefacientes. En 1996 la cifra de detenidos
en relación con este delito fue de 7.953 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, lo que supuso un 46,8 por ciento del total de detenidos a
nivel nacional. La cifra total de detenidos a nivel nacional la
concretamos en 17.175 en este momento. En este mismo año los decomisos se
elevaron a 14.162 en Andalucía, lo que supone un 7,5 por ciento del total
nacional, cifrado en 63.253. En lo que se refiere a sustancias
aprehendidas los datos fueron los siguientes: heroína, 66 kilos, que
supone el 12,2 por ciento del total nacional; cocaína, 241 kilos, 1,7 por
ciento del total nacional; hachís, 158.510 kilos, 80,2 por ciento del
total nacional. Todos los datos que les he venido aportando, así como los
análisis estratégicos realizados, nos conducen a la evidencia de que
existen asentamientos de delincuencia organizada en el área geográfica de
Andalucía y más concretamente en las costas malagueña, almeriense y
gaditana.

Como tuve ocasión de informarles en la comparecencia anterior, la
elección de este litoral como lugar de asentamiento de los grupos de
delincuencia organizada obedece fundamentalmente a la especial
configuración de esta costa, que por sus especiales características
geográficas, climatológicas, urbanísticas, de población y de nivel de
vida, constituyen el lugar de vida, la zona de asentamiento ideal para
que se instalen grupos de delincuentes con distinto nivel de organización
o sin organización alguna, y procedentes de muy diversos países. Como les
indiqué en una anterior comparecencia, en una primera fase suelen elegir
la zona como lugar de descanso y refugio; posteriormente la utilizan como
base de operaciones y concluyen preparando las acciones criminales en la
propia zona de asentamiento o fuera ya de la misma.

Con el objeto de afrontar la lucha contra la criminalidad y contra la
delincuencia organizada, la Dirección General de la Policía diseñó un
plan integral que en el caso de Andalucía se concretó en el reforzamiento
de las unidades existentes mediante el incremento y la especialización
del personal policial adscrito a las mismas. Así el pasado mes de
noviembre se adscribieron 30 nuevos efectivos a la zona sur de la Costa
del Sol. Tanto este nuevo personal, como el que ya estaba destinado,
recibió formación específica y relativa en lo que se refiere al blanqueo
de capitales. Asimismo se elaboró también un plan sobre investigaciones
patrimoniales con el fin de sistematizar esta técnica investigadora como
forma de desestructurar en lo posible el entramado económico de los
grupos criminales.

Dentro del plan integral que les comentaba se está procediendo al
desarrollo de estructuras policiales específicas contra la droga y la
delincuencia organizada, con atención preferente a los aspectos
económicos y financieros relacionados con las actividades criminales.

Estas nuevas unidades policiales incardinadas en las actuales brigadas
provinciales de policía judicial tendrán la denominación de Udyco, es
decir, unidades de droga y crimen organizado, y actuarán bajo los
principios de especialización delictiva y coordinación operativa
conformándose en las zonas geográficas de asentimiento y actuación de
estos grupos criminales. Está previsto, por el momento, su despliegue
prioritario en la Costa del Sol y en el Campo de Gibraltar.

En lo que se refiere al despliegue de la Guardia Civil en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, están previstos los incrementos que les indico a
continuación. Se van a crear una serie de equipos de policía judicial en
las compañías que en la actualidad carecen de los mismos, y la previsión
es de 22 nuevos equipos; está previsto también incrementar, dentro del
servicio a la protección de la naturaleza, el número de patrullas y
equipos, así como un destacamento en el parque de Doñana, lo que supone
un total de 15 patrullas, 6 equipos y un destacamento. Por lo tanto, las
plantillas de los actuales grupos de investigación fiscal se van a
incrementar en 100 efectivos. Dependiente del servicio marítimo
provincial de Huelva está también la entrada en funcionamiento del
destacamento en Cádiz, con un total de 19 nuevos efectivos; las compañías
que carecen de intervención de armas van a ser dotadas, con lo que se
crearán 16 nuevas unidades de intervención de armas.

Quiero completar la información facilitándoles el número de efectivos
policiales, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y policías locales.

El Cuerpo Nacional de Policía tiene en este momento 8.144 efectivos, lo
que supone 16,06 por ciento del total nacional; la Guardia Civil, 9.780
efectivos, lo que supone un 13,43 por ciento del total nacional; y las
policías locales, 10.298 efectivos, el 20,25 por ciento del total
nacional.

Como he tenido ocasión de informar en otra comparecencia, quiero indicar
a SS. SS. que el pasado 24 de enero el Consejo de Ministros aprobó un
plan de medidas para luchar contra las drogas, plan en el que, junto a
medidas de carácter preventivo y asistencial, se recogieron diversas
actuaciones a desarrollar en el ámbito de la lucha contra la oferta, el
narcotráfico y el blanqueo de capitales. Estas medidas que se dividen en
tres partes: por una parte, medidas normativas; por otra, creación de una
oficina central nacional; y en tercer lugar, unidades especiales. En el
seno de estas unidades especiales y tal como les he informado, se
insertan las unidades de droga y crimen organizado, las Udyco, a las que
antes me refería. Por otro lado, quiero destacar aquí la importancia de
la creación de esta oficina central nacional. Una oficina central
nacional que potenciará la coordinación operativa de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Respecto a medidas normativas quiero señalarles que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado en el registro del Congreso de los
Diputados una proposición de ley encaminada a la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en los siguientes aspectos. En primer lugar, se
completa la regulación de la entrega vigilada, que hasta ahora



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estaba referida exclusivamente al delito de tráfico de drogas, para
extenderla también a las investigaciones relacionadas con unos delitos de
blanqueo de bienes y de comercio ilícito de precursores. En segundo
lugar, se añade a la Ley de Enjuiciamiento Criminal un nuevo artículo que
proporciona habilitación legal a la figura del agente encubierto en el
marco de las investigaciones relacionadas con la denominada delincuencia
organizada. Y finalmente, se faculta al agente encubierto para utilizar,
bajo estricto control judicial y fiscal, medios complementarios de
investigación.

Dentro del plan aprobado por el Consejo de Ministros se creó ese
observatorio especial sobre drogas. Es un centro que constituirá un
barómetro que permitirá medir la situación de las drogas en todos y cada
uno de los momentos en nuestro país. Igualmente, en lo que se refiere a
la cooperación exterior, se impulsará la unidad de drogas de Europol que
coordina a las distintas policías de los diferentes países que trabajan
en drogas y blanqueo de capitales.

Señorías, también, y a este respecto, la puesta en funcionamiento del
Plan de Policía de proximidad es asimismo un instrumento importante en la
lucha contra la delincuencia, ya que se traducirá en una mayor y mejor
actuación ante el tráfico de estupefacientes a pequeña escala y en una
mayor presencia policial activa. La Policía de proximidad funciona
incardinada en los barrios y en colaboración con las policías locales, lo
que permite una actuación descentralizada y marcar prioridades en la
lucha contra la droga.

A continuación, señorías, paso a informarles sobre la segunda parte de la
comparecencia, relativa a la asistencia letrada por parte de miembros de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como conocen las señoras y
señores diputados, la representación y defensa de los funcionarios
públicos, y de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, puede
atribuirse al abogado del Estado. Esta situación es aplicable a los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por cuanto que
se trata igualmente de funcionarios públicos. Hasta ahora, y en aquellos
supuestos en los que se han venido encargando de la representación y
defensa de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
la experiencia y resultados han sido satisfactorios. No obstante, se han
dado unas circunstancias que las secretarías de Estado de Justicia y
Seguridad han analizado y estudiado con la intención de encontrar
soluciones alternativas al planteamiento hasta ahora seguido. Estas son
en síntesis las siguientes: primero, en los últimos tiempos se ha
producido un notable incremento de los asuntos judiciales en los que debe
intervenir el abogado del Estado en defensa de funcionarios; por otro
lado, hay que tener en cuenta la escasez de recursos humanos con que
cuenta en estos momentos el cuerpo de abogados del Estado. Asimismo, y
para la Secretaría de Estado de Seguridad, la asistencia letrada a los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos, cuando éstos se ven encausados en
procedimeintos penales y por actos cometidos en el ejercicio de las
funciones que constitucionalmente tienen atribuidas, constituye una
actuación prioritaria. La solución de acudir siempre a contratación de
abogados, amén de costosa se ha revelado menos operativa que la defensa
de funcionarios por parte de quienes también lo son. Así, señorías, y sin
renunciar a esa contratación en casos puntuales de un letrado libre y de
un colegio de abogados de cualquier lugar de España cuando así sea
requerido --y no excluimos esta fórmula-- será restrictiva también por
motivos presupuestarios. Quiero hacer también notar que entre los
funcionarios de la Policía y la Guardia Civil hay magníficos funcionarios
de Derecho, lo que nos permite, sin costes adicionales, dar respuesta al
problema y aprovechar convenientemente los recursos humanos de que
disponemos que, sumados a los ya existentes, se traducen en una mayor y
mejor asistencia letrada de nuestros funcionarios.

La instrucción que en este momento está en vigor en relación con estos
temas indica que la asistencia letrada podrá ser atendida por
funcionarios facultativos licenciados en Derecho del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Guardia Civil. Su asignación se hace a propuesta de los
directores generales de los dos cuerpos, por el director general del
Servicio Jurídico del Estado y quedan habilitados para realizar
determinadas actuaciones en sustitución del abogado del Estado. Estamos
en presencia, señorías, de un sistema de defensa cualificado que exige el
cumplimiento de determinados requisitos para su concesión, entre los que
cabe destacar la previa solicitud del interesado, la referencia de los
hechos que han dado lugar a la actuación judicial, su relación con la
actividad profesional, la imputación que se hace y el informe del jefe
del que depende. Quiero informarles que desde la entrada en vigor de la
instrucción de la asistencia letrada se han prestado 221 asistencias a
miembros de la Guardia Civil y 423 a miembros de la Policía. Pienso que
la puesta en práctica de esta instrucción de asistencia letrada nos ha
conducido a una solución que es nueva, que es imaginativa, pero que no
tiene coste alguno adicional para el Estado. Las evaluaciones sucesivas
nos permitirán seguir conociendo resultados y establecer mecanismos
correctores en caso de que fueran necesarios.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Por el grupo
proponente de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra
el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Quiero agradecer al señor Secretario de Estado la
información detallada y completa de lo que se requería, y a partir de esa
información plantear algunas cuestiones que nos preocupan sobre los datos
que usted ha explicitado, que ya conocíamos, sobre el índice de la
delincuencia, las tramas organizadas, ubicadas fundamentalmente en tres
provincias dentro de la comunidad --Málaga, Cádiz y Almería-- y el
volumen de entrada de estupefacientes, fundamentalmente hachís,
proviniente del norte de Africa hacia el Estado español, y más allá del
Estado español hacia el consumo europeo.

En primer lugar, a mí me parece importante el paso que se da en relación
a la creación de las unidades de droga y crimen organizado, las Udyco,
ubicadas en la Costa del Sol y Campo de Gibraltar. A mí me parece que son
insuficientes, es decir, que esa ubicación es insuficiente, dado el
volumen



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de la entrada de estupefacientes por las tres provincias, Almería, Málaga
y Cádiz, y que, por lo tanto, sería muy importante ampliarlas para
abordar lo que significa desmontar y perseguir todo el patrimonio
ilegalmente acumulado por los narcos, que yo creo que es lo fundamental a
la hora de impedir que a partir de ese capital acumulado ilegalmente se
pueda seguir cometiendo todo tipo de delitos, ya no solamente de
narcotráfico, sino más allá de narcotráfico. La utilidad de ese capital
sirve muchas veces para hacer operaciones de blanqueo de dinero en alta
escala, para comprar voluntades, para crear incluso zonas oscuras en las
propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que pueden ser susceptibles de
compra y venta de esas voluntades, es decir, lo que significa una trama
organizada, mafiosa, que se introduce en el tejido social. A partir de
ese dato, esas unidades habría que ampliarlas más. Yo creo que
efectivamente en el Campo de Gibraltar, por las especiales condiciones
que tiene de zona geográfica, sí es necesaria esa unidad, pues la
provincia de Cádiz, la propia Bahía de Cádiz, la desembocadura del
Guadalquivir, es una zona también muy caliente, entre comillas, de
entrada de estupefacientes.

Desde ese punto de vista, señor secretario de Estado, yo creo que en las
zonas de Almería, Cádiz y Málaga se debía de intensificar tanto la
dotación personal como la material, y material tecnológico que tenga el
mismo nivel que el de los narcos, porque emplean el material más
sofisticado en cuanto a comunicaciones, vía satélite, en cuanto a visores
nocturnos de alta precisión, en fin, todo lo que significa dotar en esas
zonas, las zonas calientes de Andalucía, de más material humano, de más
material técnico, material sofisticado para erradicar, perseguir e
impedir la entrada de ese 80 por ciento de hachís para el consumo del
Estado español y para el europeo. A partir de ahí, es decir, de esa
reflexión de pedir más medios y valorando positivamente la creación de
esas unidades, porque son fundamentales para perseguir todo el patrimonio
acumulado ilícitamente del narcotráfico, quiero plantear algunas
cuestiones más.

Yo creo que sería importante que en las zonas calientes que usted mismo
ha planteado en esas tres provincias, los mandos policiales --me refiero
a Cuerpo Nacional de Policía-- en esas zonas sean mandos con cierta
movilidad, porque esto dentro de la Guardia Civil se consigue bien, es
decir, hay una movilidad establecida, pero en el Cuerpo Nacional de
Policía se da el caso de que en esas zonas calientes hay comisarios que
llevan muchos años, y en esas zonas yo creo que había que intentar que
esos mandos tuvieran una movilidad para que esa movilidad ayude a que
nadie tenga tentaciones (porque estamos hablando de muchos miles de
millones de pesetas) a la hora de comprar o vender voluntades. Yo creo
que es una consideración que habría que estudiar y habría que ver.

En relación con los datos que usted ha dado, nos interesaría conocer cuál
está siendo la coordinación entre el Ministerio de Interior y la Junta de
Andalucía en relación con la puesta en práctica de esa policía autonómica
incipiente, que indudablemente desde la comunidad andaluza se va a
reivindicar para que la comunidad tenga su propia policía autónoma, y
cuáles son las previsiones, en cuanto a coordinación se refiere, entre la
futura policía autónoma andaluza y los Cuerpos de Seguridad del Estado,
es decir, si ya se están evaluando, si se está trabajando con las
autoridades andaluzas, con la Junta de Andalucía, ese despliegue
operativo.

Por tanto, quiero plantear que, desde ese punto de vista, por el volumen
de delitos y de faltas cometidos en Andalucía, se deduce que no estamos
en una situación alarmante, que estamos por debajo de la media de los
delitos que se producen a nivel nacional. Pero dada la extensión
territorial de Andalucía (Andalucía es Portugal, una Portugal ladeada),
inmediatamente nos requiere a todos un mayor esfuerzo para plantear que
aunque esos delitos o esas faltas en cuanto a proporción con el resto del
Estado son los que son, haría falta una atención preferente, sobre todo
en esos casos que hemos comentado de narcotráfico, porque efectivamente
yo creo que castiga no solamente ya a lo que significa la salud, sino que
crea un entramado económico y financiero mafioso en esas tres zonas que
distorsiona claramente la vida social, la vida ciudadana. En esas tres
provincias (Málaga, Cádiz y Almería), fundamentalmente en Cádiz, Campo de
Gibraltar, requieren una atención muy especial por lo que significan, ya
hemos tenido ocasión otras veces de plantearlo y el Gobierno en su
momento nos expuso una serie de medidas a debatir en los foros
internacionales para garantizar que el Peñón de Gibraltar no se utilice
como una zona que ayude al blanqueo de dinero producido por el
narcotráfico. Por todo ello, en esas zonas se requiere, desde mi punto de
vista, una mayor atención por parte del Ministerio de Interior, con más
medios humanos y más medios técnicos.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Barrero.




El señor BARRERO LOPEZ: Mi intervención va a ser obligadamente breve.

Quiero mostrar, en primer lugar, el agradecimiento de mi grupo a su
presencia en la Cámara una vez más, en esta Comisión para informar de un
tema que no deja de preocuparnos, especialmente a aquellos diputados que
pertenecemos o que nuestra circunscripción es Andalucía.

El autor de esta iniciativa es el Grupo de Izquierda Unida, también
preocupado por la misma materia, y no quisiéramos nosotros ensombrecer la
autoría ampliando excesivamente nuestra intervención, pero sí poner de
manifiesto algunas cuestiones que van a obligarnos, señor Secretario de
Estado, a que con alguna frecuencia estemos en esta Comisión hablando de
este tipo de temas y de la región que nos ocupa, de la nacionalidad que
nos ocupa.

Hay algunos datos que hace meses tuvimos ocasión de poner de manifiesto
ante usted, como era el incremento de la delincuencia en zonas concretas
de la Costa del Sol, por tanto en Andalucía, y también del Campo de
Gibraltar, de zonas cercanas a Cádiz y de Cádiz misma. No hace mucho,
hace apenas un mes, día 2 de junio, poníamos también de manifiesto
nuestra preocupación al Director General de la



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Policía por una serie de datos que nos resultan inquietantes y que no han
sido objeto de la comparecencia. Insisto en que no queremos ampliarla más
allá de lo que ha solicitado el autor de la misma, pero queremos dejar
aquí una mínima reflexión que dará lugar a solicitud de datos más
adelante.

Por ejemplo, a pesar de su optimismo, que bueno es que lo tenga porque
estando en el Ministerio que está sólo faltaría que fuera un hombre de
carácter depresivo; pero a pesar de su optimismo, repito, en Andalucía ha
aumentado de manera importante la delincuencia. En datos que ustedes
mismos aportaron a un Diputado de Granada del Grupo Parlamentario
Socialista, don Rafael Estrella, recogían que la delincuencia de carácter
pequeño, esta delincuencia que lleva a lo que se ha venido en llamar
inseguridad personal o inseguridad subjetiva, ha aumentado de manera
importante comparando cifras del año 1995 al 1996; es decir, ha aumentado
en el año 1996 de manera importante. Ya alguna responsabilidad política
deberían tener ustedes durante ese año en que han estado gobernando.

Ese aumento existe, y además es especialmente desagradable porque se
refiere, por ejemplo, a aumentos en la sustracción de vehículos, en
tirones, en pequeñas lesiones, en pequeños y medianos delitos contra la
propiedad, sobre todo en zonas costeras, cuando las casas que suelen ser
habitadas durante la época del estío, la época del verano, no se ocupan
durante el resto del año. Ahí ha habido un incremento importante del
allanamiento de moradas, de delitos contra la propiedad, de sustracción
de vehículos, etcétera, hasta tal punto importante que quiero recordar
(yo estoy hablando de cifras de memoria) que me parece que superan el 25
o el 30 por ciento con referencia al año anterior. Pero no quisiera dar
este dato como algo que pudiera resultar no correcto a poco que se vieran
las cifras. Sólo sé que el incremento tiene interés.

No nos consta que se haya reducido la delincuencia, y no nos consta,
porque no se nos ha informado de ello, de nuevas capturas o algo por el
estilo de la delincuencia de tipo ya más mafioso, más organizada, en la
Costa del Sol, y no sólo en la zona de Cádiz y Almería, como decía el
Diputado de Izquierda Unida, sino también en la zona de Huelva,
desgraciadamente para los que representamos aquella circunscripción. Y no
se ha comentado lo que en Andalucía preocupa porque, aparte de ser
original, últimamente es macabro, y es que durante este año hemos tenido
problemas también de terrorismo. Parece que ETA ha golpeado a los
andaluces, no sólo en el País Vasco, que suele hacerlo --por cierto,
muchos de los golpeados en el País Vascon son andaluces--, sino que
golpea a andaluces en Andalucía, lo que también resulta preocupante.

No se me ocurriría para nada hacer de esto materia de confrontación
política, pero sí quiero mostrar la preocupación por que el Delegado de
Gobierno, por ejemplo, en lugar de sentirse inquieto por esto y dedicarse
a tranquilizar a los ciudadanos y a defender su institución, que es para
lo que cobra y para lo que está en nombre del Gobierno, dedica más su
tiempo a hacer oposición frente a la Junta de Andalucía. Y en este tipo
de temas, un delegado de seguridad no se debe dedicar a la oposición,
sino que tiene que prevenir el delito, es decir, tiene que dar seguridad
mediante la prevención, y lo que da es inseguridad a los ciudadanos
mediante la confrontación estrictamente política o partidaria. Ya hace un
tiempo solicitamos su comparecencia para tranquilizar el ánimo de este
buen hombre, excitado, imagino, por el triunfo electoral del 3 de marzo;
no pudo ser, no pudimos tener el honor de poder escuchar aquí cómo
entiende él las relaciones institucionales y la seguridad que tiene la
obligación de dar a los ciudadanos andaluces, y aprovechando que usted es
su jefe, pues le mostramos nuestra preocupación. Me temo que terminará
viniendo como siga provocando una inseguridad a todos los ciudadanos que
él mismo tiene obligación política de prevenir y de evitar.

Qué duda cabe que, a pesar del rasgo optimista que, insisto, no le
enjuicio de manera incorrecta, me parece bueno, somos desgraciadamente la
comunidad con un mayor tráficos de drogas, sin duda alguna, a nivel
español, y no parece que eso haya bajado excesivamente, al menos no
tenemos datos que así lo confirmen, y sí tenemos datos que nos preocupan.

Por ejemplo, no hace mucho ha habido dos anécdotas en la zona de Tarifa
que fueron objeto en su día de comparecencia del Secretario de Estado y
que nos informó, además con brillantez y con amplitud, pero lo que ha
habido hasta ahora es una clara descoordinación entre distintos cuerpos
que se dedican al control y a la persecución de la droga, como es en los
propios cuerpos de seguridad y los de aduanas.

Señor Secretario de Estado, voy a pedirle alguna información. No deja de
ser preocupante la situación de Andalucía, a nuestro entender, y no es
malo además mantener un cierto grado de preocupación, eso nos tendrá en
tensión, y también a ustedes, y tendremos resultados más brillantes. De
acuerdo con eso, y a la espera de que seguramente solicitaremos
comparecencias más concretas de temas que nos preocupan en concreto, sí
me gustaría si es posible hacerle alguna pregunta, más que nada una.

Hace un mes, creo que se lo he comentado al inicio de la intervención, el
Director General de Policía, creo que fue el 2 de junio, compareció para
hablarnos de un nuevo modelo de policía en el tema concreto de su
proximidad, y no de la policía de barrio sino del plan de proximidad;
habló de 22 ciudades donde se iba a empezar a ejecutar este plan.

Nosotros aplaudimos, lógicamente, esa iniciativa, le animamos a
ejecutarla con rapidez, por cierto, y le advertimos que no era mala
época, sobre todo en la zona mediterránea y andaluza, el iniciarlo
también en época estival, donde la gran afluencia de ciudadanos, entre
ellos delincuentes, como no puede ser menos, hacen preocupantes los
problemas de seguridad y que el ciudadano se sienta más inquietado por
ellos. Por tanto, ese plan de proximidad, que va dirigido a dar
tranquilidad a los ciudadanos al ver el acercamiento de las fuerzas de
seguridad, incluso el acercamiento físico por las aceras, por las calles
peatonales, por las zonas turísticas, nos parece un buen plan. De esas 22
ciudades --insisto en que esto no es objeto de comparecencia, por tanto,
obviamente, es una petición que le hago por la preocupación que tenemos
al inicio de la temporada estival-- me gustaría saber cuáles son
andaluzas, de estas 22 ciudades, repito, que nos dijo el Director General



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de la Policía con las que se iba a iniciar el plan de proximidad, y si
alguna de ellas son costeras.

Y otro tema, que tampoco, insisto, es objeto de comparecencia, pero si
tuviera datos nos gustaría que nos los facilitara, y en todo caso que nos
los facilitara más adelante y por escrito, me gustaría conocer,
aprovechando su comparecencia, cuál es el plan estival del aumento de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se suele dar en temporada
de verano en las zonas costeras andaluzas. Usted recuerda perfectamente
que en esta época, y a partir de ya mismo, la afluencia, multiplicada por
siete u ocho, de la población asentada en invierno en las zonas costeras
lleva a planes del Ministerio del Interior que hacen que aumenten las
dotaciones policiales en distintas zonas. Me gustaría saber si ya está
cerrado ese plan, si nos podría hablar de él y, en todo caso, si nos
podría remitir, como grupo, un detallado informe sobre el mismo, que
también es nuestra obligación, como diputados de las distintas zonas --yo
lo soy de una zona costera y andaluza-- tranquilizar a la gente para que
se sepa que el Ministerio del Interior, que es de todos, va a trabajar
para prevenir el delito en zonas de especial afluencia en época estival.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Seco.




El señor SECO GORDILLO: Quiero agradecer la información que ha aportado a
esta Comisión de Justicia e Interior el señor Secretario de Estado de
Seguridad, y comenzar mostrando la satisfacción que al Grupo
Parlamentario Popular le merecen los datos que nos ha dado, especialmente
en lo que se refiere al despliegue policial y a las medidas para
incrementar la eficacia de la asistencia letrada de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

En relación con el despliegue policial, me parece de justicia destacar el
plan integral, que en Andalucía se concreta en un especial esfuerzo en la
medida en que se dota de 39 nuevos efectivos a la zona sur, especializada
en blanqueo de capitales; se ponen en marcha las Udyco, como ha dicho el
Secretario de Estado; la creación de 22 nuevos equipos de policía
judicial de la Guardia Civil; el incremento de cien efectivos en los
grupos de investigación fiscal, o la puesta en marcha de la policía de
proximidad, cuyo trabajo, en coordinación con las policías de barrio de
las unidades de policía local evidentemente tiene que conseguir una mayor
eficacia en la lucha contra la delincuencia. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.)
De las intervenciones que se han producido en relación con otros grupos,
me gustaría destacar solamente dos aspectos de las mismas. Por un lado,
en relación con lo que se ha dicho acerca de la movilidad de los mandos
policiales, el Grupo Parlamentario Popular está convencido de que la
actuación del Gobierno en materia de movilidad de los mandos policiales
se rige por estrictos criterios de eficacia en la lucha contra la
delincuencia, y en ningún caso por otros planteamientos relacionados con
hipotéticas tentaciones de caer en actos no muy lícitos en relación con
dichas actuaciones. No tiene otro sentido que la eficacia en la lucha
contra la delincuencia la movilidad de los mandos policiales, por lo que
nos parece además injusto que desde algún grupo parlamentario se plantee
la movilidad por esta razón, al mismo tiempo que es contrario a la propia
eficacia policial.

Referente a las manifestaciones que se han vertido por algún grupo
parlamentario relativas al Delegado del Gobierno en Andalucía, quiero
destacar la curiosidad que nos produce la obsesión, la fijación que algún
grupo muestra con el Delegado del Gobierno en Andalucía, y concretamente
con su actuación, y la extrañeza que nos produce que se hagan
valoraciones desde otros grupos parlamentarios sobre el actual Delegado
del Gobierno en Andalucía, cuando ese mismo grupo tiene un «brillante
historial», entre comillas, en sus delegados, los delegados de Gobierno
que nombró para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En cuanto a la información que nos ha facilitado el Secretario de Estado,
me gustaría también hacer una brevísima referencia a que dichas medidas
deben ponerse en marcha en coordinación, cuando así lo requieran las
mismas, con la Junta de Andalucía, puesto que ésta tiene asumidas
competencias en materia de medios materiales de la Administración de
justicia, por tanto, también la Junta de Andalucía tendrá que poner de su
parte, y desde aquí hacemos un llamamiento a la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía para que ponga los medios y haga un esfuerzo, al
menos igual al que se está haciendo desde el Ministerio del Interior,
para que las unidades de policía judicial y los equipos de policía
judicial de la Guardia Civil tengan los medios necesarios para la
eficacia en su labor.

Quiero concluir mostrando la satisfacción que al Grupo Parlamentario
Popular le merece el esfuerzo que está realizando el Ministerio del
Interior en relación con el incremento de medios materiales y humanos
para la lucha contra la delincuencia en Andalucía, mostrando, asimismo,
la esperanza que en el grupo mayoritario de esta Cámara tenemos porque
dicho esfuerzo que se está realizando desde el Ministerio del Interior se
traduzca en una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia, y
poner de manifiesto que, aunque todos los medios son pocos, nos parece
que con los que tiene el Ministerio del Interior se está desarrollando un
esfuerzo especialmente importante en relación con la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Nada más.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): En los temas de
seguridad siempre tiene uno la sensación de que se queda corto, y
nosotros tenemos, desde el Ministerio, que administrar unos bienes
(bienes humanos y materiales) que son susceptibles de empleos
alternativos, y en ese empleo alternativo intentamos siempre hacer lo que
nos parece humanamente posible y lo que nos parece en cada momento que es
necesario para conseguir una sociedad más segura y que no tenga ese tipo
de problemas de delincuencias.




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Nos preocupan enormemente las cuestiones relacionadas con Andalucía, y yo
creo que lo hemos demostrado no sólo con nuestras diferentes
comparecencias aquí, sino también con nuestras acciones. Nos preocupa el
tema de las tramas organizadas, y aquí he comparecido para establecer y
para determinar cuáles son las grandes líneas que vamos a seguir y para
exponer también las grandes bases en las que se va a fundamentar nuestra
actuación en Andalucía.

Igualmente, nos preocupa el volumen de entrada de estupefacientes, pero
tal vez no sea Andalucía en estos momentos la número uno en cuanto a
tráfico. Si tráfico es paso por, en este momento también plantearía mis
dudas porque el aeropuerto de Barajas es, como bien saben ustedes, un
importante foco de entrada de todo tipo de material estupefaciente.

Almería, Cádiz y Málaga son tres ciudades absolutamente fundamentales,
vamos a estar en esas tres y en esta zona particularmente muy alerta para
que puedan disminuir esos índices de criminalidad, que sin duda son
preocupantes. Son índices preocupantes, repito, y somos plenamente
responsables de ello, y en cierta forma contesto al señor Barrero.

Naturalmente que somos responsables del incremento de esos índices, y
espero que también seamos responsables si las diferentes iniciativas que
hemos ido adoptando van teniendo un fruto positivo.

En lo que se refiere a la policía autonómica, es uno de los puntos a los
que no se había referido en su primera intervención y en la solicitud de
comparecencia el señor Meyer. Creo que se refiere al tema de las unidades
adscritas de polícía. Esas unidades adscritas de policía se están
desarrollando de acuerdo con la Junta de Andalucía, con las
conversaciones que tenemos con la Consejera de Gobernación e Interior,
doña Carmen Hermosín, y han sido fijados en torno a los 200 nuevos
efectivos; nuevos efectivos que serán puestos a disposición de la Junta
en poco tiempo, una parte creo que ya han sido puestos a su disposición.

La coordinación es importante, y espero que se haga de la forma más
eficaz posible. Nuestra experiencia con esas unidades adscritas es que
tenemos que seguir muy de cerca la coordinación que se desarrolla, porque
es un drenaje importante de efectivos por parte del Cuerpo Nacional de
Policía y queremos ver muy de cerca en qué aspectos, en qué facetas
desarrollan sus funciones. Este será el despliegue operativo fundamental,
pero por la experiencia que hemos tenido en otras comunidades autónomas,
se destinan muy especialmente a cuestiones relacionadas con impacto
medioambiental, con delitos ecológicos, y no muy directamente a los
aspectos relativos a la seguridad ciudadana.

En lo que se refiere a la intervención del señor Barrero, evidentemente
soy optimista. Si no fuera optimista, si fuera de carácter pesimista, mi
paso por el Ministerio del Interior hubiera sido de horas. Pero ese
optimismo no está basado en frivolidad u optimismo puro y duro, sino que
simplemente tengo optimismo en el buen hacer de la policía, tengo
optimismo en las Udyco y tenemos buenos resultados en la policía de
proximidad.

Lo que no se puede pedir nunca a un Secretario de Estado de Seguridad es
la inactividad y la resignación. Si tenemos un problema debemos hacer
todo lo posible por poner los medios a nuestro alcance por resolverlo. Y
en ese aspecto creo que estamos en el buen camino. Creo que las
iniciativas que estamos teniendo son insuficientes, que sin duda podrían
ser todavía mayores, pero son los medios que tenemos y no podemos tampoco
vestir un santo desnudando a otro.

Me preocupa también el terrorismo en la zona de Andalucía. La posible
presencia de un comando en la zona de Granada, un comando itinerante o un
comando informativo, es un foco de preocupación y estamos actuando en ese
sentido. Son muchas las comunidades que han sido azotadas por el
terrorismo y eso lo saben igual que yo. Andalucía últimamente, bien es
cierto, ha tenido dos o tres actuaciones que han sido preocupantes y que
así las estamos considerando.

Me hacía una petición muy concreta de información en lo que se refiere a
la policía de proximidad. La policía de proximidad, si recuerdo bien, se
va a desarrollar en 22 ciudades, entre ellas en Sevilla, en Málaga y en
Córdoba. Estoy seguro de esas tres. Creo que también en Cádiz, si no en
este primer momento probablemente en un segundo momento, pero en esas
tres que digo con toda seguridad ya han sido presentadas y van a
desarrollar sus actividades.

Respecto al plan estival de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendré mucho
gusto en hacer llegar a su grupo, en lo que se refiere a la totalidad de
España, un informe detallado con todo lo que se va a hacer, que será en
las líneas de lo que hicimos el año pasado y lo que se ha venido haciendo
de forma tradicional. En este caso quiero incidir, diríamos de una forma
importante, intensa, en lo que se refiere a la coordinación entre cuerpos
y fuerzas.

En los próximos días voy a firmar un acuerdo de cooperación con el
Servicio de Vigilancia Aduanera, y especialmente con el Secretario de
Estado responsable de este Servicio, el Secretario de Estado de Hacienda.

Nos preocupan esas posibles descoordinaciones, de las cuales tenemos
todos noticia, y también me preocupa que no podamos usar, de la forma más
eficaz posible, el magnífico material de que dispone el Servicio de
Vigilancia Aduanera; servicio que por estar posiblemente encardinado en
el Ministerio de Hacienda tiene unas dotaciones presupuestarias
proporcionalmente muy superiores a las que disponemos en el Ministerio
del Interior, y espero que ahí podamos tener, de esa colaboración, buenos
éxitos.

Otro tema que me gustaría también señalar aquí, en lo que se refiere a la
seguridad en las zonas costeras, es una nueva iniciativa que vamos a
inaugurar de presencia en las playas de policía o de Guardia Civil,
mediante unas pequeñas oficinas --todavía no están determinados los
lugares en los que vamos a hacer este primer despliegue--, para con esta
presencia dar más seguridad, insuflar más esa sensación de seguridad a
los que concurran a las zonas costeras.

Esta es, en principio, mi contestación. Creo que no me ha quedado ningún
punto en este momento por contestar. Simplemente voy a decir una cuestión
muy puntual, y es que si yo soy optimista, no soy tan poderoso como cree
S. S., en el sentido de que los delegados del Gobierno ya no dependen



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de mí, sino del Ministro para las Administraciones Públicas, don Mariano
Rajoy, después de la Lofage. De todas formas tomo buena nota.




--LAS INFORMACIONES DE QUE DISPONE SU DEPARTAMENTO ACERCA DE LA
EXISTENCIA DE UNA RED DE CORRUPCION RELACIONADA CON LA JEFATURA DE
POLICIA DE ZARAGOZA DURANTE LOS ULTIMOS AÑOS, ASI COMO DE LAS
INVESTIGACIONES QUE SE HAYAN REALIZADO Y LAS CONCLUSIONES DE LAS MISMAS.

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000544.)



El señor PRESIDENTE: Punto cuatro del orden del día: comparecencia del
Secretario de Estado de Seguridad para dar cuenta de las informaciones de
que dispone este departamento acerca de la existencia de una red de
corrupción relacionada con la Jefatura de Policía de Zaragoza durante los
últimos años, así como de las investigaciones que se hayan realizado y
las conclusiones de las mismas, a iniciativa del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señorías, en
relación con la posible existencia de una red de corrupción en la
Jefatura Superior de Policía de Zaragoza, quiero informarles que la
Unidad de Asuntos Internos, en su día, llevó a cabo una operación
judicial como consecuencia de presuntos hechos delictivos cometidos por
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía destinados en la ciudad de
Zaragoza.

A continuación pasaré a exponerles, a desarrollar el proceso cronológicos
de los hechos, que se producen en tres fases.

En una primera fase, las investigaciones que se inician en el mes de
junio de 1995 a requerimiento del propio Jefe Superior de Policía de
Zaragoza y del Jefe de la Comisaría del distrito de San José, trataban de
investigar las posibles actividades delictivas que podían estar
realizando funcionarios policiales de esa jefatura en connivencia con
conocidos traficantes de droga en aquella ciudad.

El 6 de septiembre de 1995 se puso en conocimiento de la autoridad
judicial el motivo de la investigación a realizar, conociendo del caso el
Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, que asume hasta la fecha la
investigación sumarial.

En esta primera fase se empieza a conocer la existencia de una relación
posiblemente delictiva entre diversos particulares y funcionarios
policiales destinados en la Comisaría del distrito de Centro de la ciudad
de Zaragoza. Esta red estaría encaminada a facilitar el tráfico de
estupefacientes a estos particulares por parte de los citados policías.

A finales del año 1995, como consecuencia de las investigaciones
policiales y sin todavía haberse deducido testimonio, se tuvo
conocimiento de la posible implicación en actividades delictivas de otros
cuatro funcionarios policiales, destinados esta vez no ya en la Comisaría
de Centro, sino en la Comisaría del distrito de San José, adscritos todos
ellos al grupo de extranjeros.

Estos últimos hechos están en relación con la estancia ilegal de mujeres
extranjeras dedicadas a ejercer la prostitución en nuestro país. Es una
actividad que no tenía relación con el asunto por el que se inició la
operación policial y consistía en proporcionar la estancia ilegal en
España a mujeres extranjeras a cambio de dinero o de determinados favores
de tipo sexual, así como en avisar con antelación de posibles actuaciones
policiales contra establecimientos donde ejercían la prostitución con el
propósito de eludir la expulsión a sus respectivos países. Estos hechos
fueron puestos también inmediatamente en conocimiento de la autoridad
judicial, quien ordenó la continuación por separado de todas las
investigaciones.

Señorías, la operación policial de todo cuanto les he descrito hasta el
momento se desarrolla entre septiembre de 1995 y comienzos de 1997. Dio
como resultado la instrucción de 19 atestados policiales, remitidos al
Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, que ha incoado por todo ello
las diligencias previas números 3.747 a 95 a) y ordenó la detención de 5
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, tres destinados a la
Comisaría de San José y dos a la de Centro.

Los delitos imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número 1
de Zaragoza a estos funcionarios fueron los siguientes: delito contra la
salud pública, delito de prevaricación, delito de cohecho, delito de
revelaciones de secretos y delito de tenencia ilícita de armas.

Asimismo, se procedió a la detención de más de 30 particulares de
nacionalidades española y extranjera por tráfico de drogas y por delitos
relacionados con la estancia ilegal de extranjeros. Igualmente se detuvo
a 18 mujeres de nacionalidad extranjera que se hallaban en nuestro país
en situación ilegal.

Señor Presidente, señorías, me parece importante destacar que el Director
General de la Policía acordó, como medida cautelar, la suspensión
provisional de funciones de todos los funcionarios imputados. Suspensión
que fue levantada por el Tribunal Superior de Aragón en relación con
cuatro de ellos al estimar los respectivos recursos interpuestos por los
mismos.

En una segunda fase --ya hemos terminado esta primera-- de la
investigación, en diciembre de 1995, se detectaron contactos entre uno de
los policías relacionados con los hechos anteriores y dos de los
particulares detenidos. A este policía le acusó una súbdita brasileña de
haberle exigido el pago de cantidades de dinero para evitar los
diferentes procedimientos de expulsión iniciados contra ella.

En una tercera fase, y como consecuencia de las averiguaciones realizadas
durante la instrucción sumarial, el titular del Juzgado de Instrucción
número 1 acordó, a petición del ministerio fiscal, la deducción de
testimonio de particulares por hechos de los que podría derivarse
responsabilidad atribuible al comisario principal, jefe superior de



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Policía de Zaragoza en aquellas fechas, aunque sin relación de conexión
con todas y cada una de las actividades anteriormente referidas. Las
posibles actitudes delictivas imputables al jefe superior de entonces
estarían incluidas, de acuerdo con lo reflejado en el correspondiente
auto, en el artículo 408 del Código Penal, que es dejar intencionadamente
de promover la persecución de delitos de los que habría tenido
conocimiento y también el cobro de comisiones de dos entidades. Hasta
este momento no se han realizado imputaciones contra este funcionario por
los mencionados hechos. El ex jefe, hasta ahora comisario provincia de
Ciudad Real, fue relevado de este puesto el día 17 de marzo de 1997, a
petición propia, para que su situación personal no interfiriera en el
desempeño de este cargo, encontrándose actualmente a disposición de la
jefatura de personal de la Dirección General de Policía.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el grupo promotor de la iniciativa, tiene la
palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Yo creo que la información que usted nos ha dado
evidencia que efectivamente a veces sucede que miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad son susceptibles de entrar en tramas delictivas,
tramas mafiosas, como es el caso que nos ocupa en Zaragoza. En Zaragoza,
efectivamente, por esa información que usted nos da, de las 24 personas
investigadas la mitad son funcionarios de policía. El ex jefe superior de
Policía de Zaragoza está siendo acusado por parte de algunos sindicatos
policiales de que efectivamente su gestión no ha sido la mejor de las
posibles. A su juicio, desde 1988 a 1996 se ha caracterizado por ser un
jefe superior cuya gestión no fue precisamente brillante, con errores
importantes, como fue el atraco efectuado por los Grapo en 1993, cuando
este jefe tardó más de 6 horas en cercar Zaragoza, así como las
comisiones que se le imputan, a través de empresas interpuestas, de
cooperativas, etcétera. Es decir, que hay una serie de valoraciones que
desde dentro los propios funcionarios de Policía venían indicando que
había una mala gestión. Indudablemente eso, cruzado con los testimonios
que se aportan de funcionarios implicados en tráfico de droga y
prostitución, incluso estando en medio un senador, un senador que su
fuerza política, una vez que salió en los medios de comunicación esa
conexión entre la trama policial y el senador, actuó como se tiene que
actuar en estos casos, es decir, aplicándole rápidamente las medidas
sancionadoras y separándolo de esa fuerza política. El volumen que
adquiría y que adquiere este entramado yo creo que pone en evidencia dos
cosas. Primero, que tal habría que plantearse que desde las policías, de
asuntos internos habría que tener una mayor rapidez en los seguimientos
de estas conductas presuntamente delictivas y que por tanto, desde esa
reflexión, la Policía de asuntos internos debería tener más medios o más
posibilidades de actuación para actuar en cuanto se detecte la más mínima
irregularidad. A mí me consta que muchas veces, como es este caso,
incluso a inspectores de policía que comunicaban al ex jefe superior
determinadas tramas no se les hacía caso; que se puso en conocimiento de
la propia policía de asuntos internos y que no actuó con la celeridad y
con la prontitud que se requiere en estos casos para que no dé lugar a
que determinadas actuaciones, presuntamente delictivas, al no responder
desde dentro de la propia Policía, deriven finalmente en auténticas
tramas que después son mucho más difíciles de erradicar y de perseguir, y
que por el volumen que adquieren indudablemente no ayudan a dar una buena
imagen, y sobre todo no ayudan al objetivo fundamental de la policía, que
es perseguir el delito.

A partir de ahí, también la propia reacción de la Dirección General de la
Policía creo que fue muy lenta en la actuación. Yo creo que se debería
haber dado una respuesta mucho más rápida, mucho más enérgica, porque
indudablemente a los propios funcionarios de Policía es a los que más
interesa que la reacción de la Administración sea absolutamente
contundente y preventiva ante la más mínima sospecha de funcionarios que
estén implicados en tramas, como es el tráfico de droga y la
prostitución.

Por lo tanto, si hay que sacar alguna enseñanza de esta penosa historia
ubicada en Zaragoza, yo creo que es que los agentes de asuntos internos
tengan más operatividad, tengan mucha más capacidad de información,
tengan un control mucho más permanente sobre la realidad de los
funcionarios policiales del conjunto del Estado, que se sea más receptivo
ante denuncias que muchas veces hacen funcionarios sobre sospechas de
compañeros, con todo lo que significa poner en evidencia una actuación
delictiva de un compañero, pero que muchas veces no se está atento a ese
tipo de denuncias. Y finalmente que la Dirección General de Policía ante
hechos como éste o parecidos que puedan venir --esperemos que no--, tenga
una respuesta mucho más contundente y mucho más enérgica.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.




El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, para que no deje de escucharse
la voz del Grupo Parlamentario Socialista en un tema que nos parece
importante, aunque no ha sido a instancia nuestra, queremos decir que
estamos muy de acuerdo con la solicitud de información que ha planteado
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por
lo que quisiéramos poner de manifiesto algo muy claro y muy concreto.

Vamos a estar apoyando al Gobierno y al Ministerio de Interior, como no
puede ser de otra manera, a la hora de que por parte del Gobierno y del
Ministerio se persiga, se aporten las pruebas necesarias para intentar
destruir o que desaparezca esta posible trama de delincuentes dentro de
la Policía, en la doble vía, que estoy seguro que el Gobierno tiene
sensibilidad para mantenerla, de ser respetuoso con la presunción de
inocencia, la legitimidad en principio de las actuaciones de todo
funcionario como servidor público, y a la vez perseguir de manera
especial los delitos cuando un servidor público los comete, mucho más en
el caso de las Fuerzas y



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Cuerpos de Seguridad que tiene la labor de prevenir el delito, no de
producirlo, como parece bastante evidente.

Por tanto, nuestro apoyo al Ministerio para que profundice en la
investigación, aporte las pruebas necesarias en los tribunales, se
persiga el delito y se condene a las personas que han trastocado de tal
forma, si fuera así, su proyecto vital, que es servir al público, y lo ha
trastocado en producir inseguridad a los ciudadanos por medio del delito.

Por tanto, nuestro apoyo al Gobierno en lo que pueda aportar para
profundizar en la investigación y en su caso la condena.




El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro, por el Grupo Popular, tiene la
palabra.




El señor GIL LAZARO: Tres ideas fundamentales tan sólo.

En primer lugar, expresar nuestra plena confianza y credibilidad en las
tareas de los grupos de asuntos internos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. En segundo lugar, resaltar la referencia al
carácter mínimo en el conjunto de dichas Fuerzas y Cuerpos de seguridad
del total de funcionarios sujetos a procedimientos por actividades
ilícitas, lo que redunda, y debe decirse, en el admirable estado de salud
moral, si se me permite esa expresión, de los funcionarios pertenecientes
a dichas Fuerzas. Y en tercer lugar, desde luego apoyar
incondicionalmente los esfuerzos que desde el Ministerio de Interior se
vienen realizando para esclarecer y sancionar en su caso cualquier atisbo
de conducta irregular por parte de funcionarios policiales, precisamente
para evidencia en ese contexto el carácter general de la conducta
ejemplar de la inmensa mayoría de dichos funcionarios, sin que, por
tanto, las desviaciones de unos pocos puedan en ningún caso manchar el
limpio historial de conjunto de los más.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Mi intervención
en este caso tiene que empezar, y todavía más que las anteriores, con
palabras de agradecimiento, de agradecimiento por lo que supone el
interés de todos y cada uno de los grupos por el esclarecimiento de unos
hechos que son sin duda lamentables pero que también son absolutamente
puntuales.

Por la Policía, señor Presidente, igual que en cualquier otro grupo
social, aparecen problemas y pueden aparecer casos aislados de
corrupción. La Policía afortunadamente tiene suficientes recursos, el
Gobierno tiene suficientes medidas para poder evitar que se produzcan
estos casos, para luchar eficazmente contra ellos. La gestión en general
de la Policía en la Jefatura Superior de Zaragoza no era sin duda
positiva, y por ello fue trasladado el entonces jefe superior. Ese
traslado fue a Ciudad Real. Hubo un momento también de observación, y
luego nuevos hechos supusieron que el propio funcionario solicitara pasar
a disposición de la dirección de la Policía para poder defenderse mejor
de las acusaciones que en ese momento se le hacían. De cualquier forma la
causa está sub iudice. Nosotros hemos actuado creo que con rapidez sobre
las posibles conductas delictivas, y en lo que se refiere a la actuación
de asuntos internos, y para evitar posibles dudas o para evitar cualquier
posible derivación por un corporativismo excesivo de uno u otro cuerpo,
se decidió crear en la Secretaría de Estado una inspección general que
depende directamente del Secretario de Estado, que supone un paraguas
sobre Guardia Civil y sobre Policía, y que es también competente para
realizar este tipo de investigaciones; por tanto, conseguiremos con ellos
una mayor operatividad y un menor corporativismo. Pero, señorías, lo que
quiero afirmar, de manera inequívoca y con toda rotundidad, es que en la
Jefatura Superior de Policía de Zaragoza no existe hoy ninguna red
generalizada de corrupción. Nos encontramos frente a unos comportamientos
presuntamente delictivos, protagonizados por un reducido número de
funcionarios, completamente aislados que como les he informado, han sido
ya puestos en conocimiento de la autoridad judicial. Estamos hablando de
un grupo de poco más de una docena frente a un colectivo que se aproxima
a los 1.100 policías en Zaragoza capital, y que supera los 1.350 en el
ámbito de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza. Por otro lado, las
actuaciones que se han llevado a cabo en relación con los posibles
implicados se han efectuado con la prontitud necesaria y dentro del más
estricto y escrupuloso respeto a la legalidad vigente.

Señor Presidente, señorías, la inmensa mayoría del personal de la
Jefatura Superior de Zaragoza, la práctica totalidad, cumple con su
trabajo con la ejemplaridad que caracteriza la institución policial,
siendo su comportamiento desde el punto de vista ético y profesional
absolutamente correcto. Y por otro lado me parece importante destacar la
circunstancia de que es la propia unidad de asuntos internos de la
Dirección General de la Policía la que asume la investigación de los
hechos y la puesta a disposición de la autoridad judicial de todo lo
actuado. Esto constituye una clara demostración de que es interés
prioritario del departamento, de la Secretaría de Estado y de la
Dirección General de la Policía, esclarecer y erradicar cualquier
conducta de sus funcionarios sospechosa de delito y no ajustada al
ordenamiento jurídico.




--ACTUACIONES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y DEL
GOBERNADOR CIVIL DE LEON EN RELACION CON LOS SUCESOS OCURRIDOS EL PASADO
DIA 10 DE ABRIL DE 1997 EN LA CONCENTRACION QUE TUVO LUGAR CONTRA EL
VERTEDERO DE VILLAMARTIN DE DON SANCHO (LEON) EN LA QUE RESULTARON
PERSONAS HERIDAS Y DIEZ DETENIDOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 212/000575.)



El señor PRESIDENTE: Punto 5 del orden del día: comparecencia del
Secretario de Estado de Seguridad para



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explicar y dar cuenta de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad del Estado y del gobernador civil de León en relación con los
sucesos ocurridos el pasado día 10 de abril de 1997 en la concentración
que tuvo lugar contra el vertedero de Villamartín de Don Sancho (León) en
la que resultaron personas heridas y diez detenidos, solicitada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): En este caso, y
una vez más, señor Meyer, tendré que comenzar mis palabras hablando de
esa frontera siempre complicada, siempre difícil de determinar, entre
seguridad y derechos de manifestación, derechos de reunión. Una vez más
tengo que manifestar que siempre es complicado, siempre es difícil
determinar esos límites y ver cuándo es proporcionada o no la
intervención de unos Cuerpos y Fuerzas. Y en este caso, una vez más,
comenzaré con la exposición pormenorizada de los hechos.

A principios del presente año, y como consecuencia del cierre del
vertedero que se encontraba en la localidad de Santovenia de la
Valdoncina, en la provincia de León, un depósito en donde se vertían los
residuos del ayuntamiento leonés de Alfoz, se hizo necesaria por parte de
dicha corporación la búsqueda de un emplazamiento para la instalación de
un centro de tratamiento de residuos. A comienzo del mes de marzo se hizo
pública la decisión de construir en el paraje del Picón de la Cota, en el
término municipal de Villamartín de Don Sancho, a 50 kilómetros de León,
una planta de tratamiento de residuos sólidos de la mancomunidad. Este
proyecto fue inmediatamente contestado con la creación de la denominada
coordinadora antivertedero, como muchas otras iniciativas han sido
contestadas frente a decisiones de gobiernos anteriores. Esta
coordinadora viene protagonizando manifestaciones y actos de protesta, al
margen de lo prescrito en la Ley reguladora del derecho de reunión. Así
tuvieron lugar graves alteraciones de la convivencia ciudadana en la
referida localidad, insultos y apedreamientos a las casas de los
concejales y alcalde de Villamartín de Don Sancho.

Todas estas actividades, todas estas actuaciones, dieron lugar a que
desde el Gobierno Civil se requiriera por escrito a los responsables de
la coordinadora, con el fin de que acomodasen el ejercicio del derecho de
reunión y manifestación a las vigentes prescripciones legales. Como
tendrán ocasión de comprobar por la descripción de los hechos y sucesos
posteriores, este requerimiento del Gobierno Civil resultó completa y
absolutamente infructuoso. Ante esta situación el día 7 de abril el
alcalde de Villamartín de Don Sancho se dirigió al Gobierno Civil
poniendo de manifiesto su preocupación por las perturbaciones que se
estaban produciendo en la normal convivencia de la localidad y
solicitando la adopción de las correspondientes medidas de protección y
salvaguarda del orden público y de la seguridad.

Señorías, los primeros trabajos para la construcción de la planta de
tratamiento de residuos sólidos se iniciaron el día 9 de abril. Una
empresa adjudicataria del proyecto desplazó a sus técnicos para proceder
a una toma de muestras del terreno. Estos técnicos fueron acompañados por
seis vigilantes de seguridad contratados por la propia empresa.

Inmediatamente se personaron en el lugar un grupo de personas que llegó a
alcanzar un número aproximado de 150, grupo que portaba objetos
contundentes y diferentes tipos de armas arrojadizas. El mismo grupo
obligó a los técnicos a retirar una máquina excavadora y a entregarles
las muestras de tierra que previamente habían tomado. Estos últimos
hubieron de retirarse de la zona protegidos por las fuerzas del puesto de
la Guardia Civil de Almanza, de León. En la misma fecha, el día 9 de
abril, la empresa adjudicataria solicitó del gobernador civil la
protección necesaria para poder llevar a cabo los trabajos, protección
que fue ordenada por el gobernador a la Comandancia de la Guardia Civil.

Ante esta situación que he descrito a SS. SS., y como quiera que se hacía
preciso reanudar los trabajos, en la mañana del día 10 se celebró en el
Gobierno Civil una reunión presidida por el Gobernador y a la que
asistieron los concejales de seguridad y medio ambiente del Ayuntamiento
de León, un representante de la empresa adjudicataria, los técnicos
encargados de los sondeos y tomas de muestras, el teniente coronel jefe
de la Comandancia y el capitán jefe de la Primera Compañía. El objeto de
la reunión fue la coordinación de los servicios a prestar y el
establecimiento del adecuado dispositivo de seguridad, con el fin de
garantizar el orden público y la debida protección de personas y bienes,
habida cuenta de que estaba previsto reanudar los trabajos esa misma
tarde.

El dispositivo de seguridad acordado en la reunión que se celebró en el
Gobierno Civil fue el siguiente. Los técnicos de la empresa adjudicataria
y el material necesario para la iniciación de los trabajos se desplazaría
al lugar con protección de las fuerzas de la Primera Compañía
Territorial. En segundo lugar, y en el Picón de la Cota, que era el lugar
de realización de los trabajos, se dispuso un servicio al mando del
capitán jefe de la Primera Compañía. Igualmente, y ante la violencia de
los incidentes que se habían producido con anterioridad, se desplazó una
unidad básica de actuación de los grupos rurales de seguridad. Y en
tercer lugar, se dispuso la prohibición temporal de acceso de vehículos
particulares a la zona de los trabajos, dado que en la misma se había
situado un grupo de personas portando diferentes armas arrojadizas y en
actitud claramente agresiva. (La señora Vicepresidenta, Fernández de la
Vega Sanz, ocupa la Presidencia.)
A continuación informaré a SS. SS. de los hechos que tuvieron lugar a lo
largo de la tarde del citado día 10 de abril, después de haberse
establecido este dispositivo. El capitán jefe de la Primera Compañía
recibió comunicación telefónica en el sentido de que tres vehículos
particulares habían conseguido eludir los controles de entrada y se
dirigían a la zona donde estaba previsto iniciar los trabajos. Ante esta
situación el capitán, auxiliado por un sargento, intentó detener el
avance de los vehículos. Los dos primeros se detuvieron y sus ocupantes
se apearon y continuaron el camino a pie; el tercero, al recibir la señal
para que se detuviera, aceleró el motor y se dirigió hacia el oficial
haciéndole



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gestos inequívocos de que se apartara pues iba a continuar su marcha. Se
indicó al conductor que estacionara el vehículo y a los ocupantes que
descendieran del mismo; si bien estos últimos accedieron, el conductor se
negó reiteradamente y trató de continuar la marcha en varias ocasiones,
lo que no logró por la interposición de miembros de la Guardia Civil.

Finalmente el capitán jefe de la Primera Compañía ordenó su detención y
traslado al puesto de la Guardia Civil de Almanza, no sin antes
informarle verbalmente del motivo de su detención --desobediencia grave a
agente de la autoridad-- y de los derechos que en su calidad de detenido
le otorgan el artículo 17 de la Constitución y el 520 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

La concentración que se produce a continuación, en número aproximado de
200, impide el paso del personal de la obra y de la maquinaria necesaria
para el comienzo de las obras. Por ello el propio capitán de la compañía
da orden de despejar la zona de trabajo, y por el teniente al mando de la
unidad básica de actuación se hacen las correspondientes advertencias por
megafonía. Los congregados, lejos de seguir esas indicaciones, comienzan
a lanzar piedras contra los miembros de la Guardia Civil a la vez que les
agreden con los objetos que portaban. La Guardia Civil ante tal actitud
procede a dispersar a los congregados mediante la utilización de botes de
humo y procede a detener a las personas que portaban objetos contundentes
y las armas arrojadizas que se consideran más peligrosas. Se practicaron
un total de nueve detenciones y a los detenidos se les ocuparon los
siguientes objetos: barras de hierro, hachas, barras antirrobo de
vehículos, cable de teléfono, diferentes palos, etcétera.

A pesar de las detenciones y a que se logró la dispersión de los
congregados, un grupo de jóvenes continuó lanzando piedras. Esos
lanzamientos son repelidos mediante el empleo de pelotas de goma. Como
consecuencia de estos hechos resultaron heridos un cabo, cuatro guardias
civiles y cuatro manifestantes. Todos ellos fueron atendidos en el puesto
de la Guardia Civil de Almanza por un equipo del área de salud que se
trasladó a requerimiento de la Guardia Civil. Tan sólo uno de los
manifestantes hubo de ser evacuado al complejo hospitalario de León por
precisar puntos de sutura. De todos estos hechos se instruyeron las
diligencias oportunas que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción
de Sahagún. Todos los detenidos fueron puestos en libertad ese mismo día
10 por orden del juez de instrucción. Y tras los incidentes se iniciaron
los trabajos previstos que continuaron los días sucesivos bajo la
protección de la Guardia Civil y sin que se haya producido ningún tipo de
alteración.

Señor Presidente, se trata una vez más de saber juzgar, de saber
exactamente cuál es ese límite, cuál es esa frontera entre la
proporcionalidad o no proporcionalidad del medio empleado para repeler
una actuación violenta por parte de grupos manifestantes.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Por el Grupo
proponente Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Meyer.

El señor MEYER PLEITE: Señor Secretario de Estado, en este caso, la
frontera ha sido ampliamente sobrepasada. Nosotros entendemos que la
batalla campal del 10 de abril de 1997 que se produce en Villamartín de
Don Sancho obedece a una decisión política equivocada del señor alcalde
de León, don Mario Amilibia, y con una actuación policial brutal y
desproporcionada contra unos vecinos que estaban defendiendo su monte
comunal, monte comunal no desafectado, por lo tanto su monte, su
propiedad, en un intento de situar en ese monte, en un robledal
centenario, de 130 hectáreas, el monte Picón, esa planta de residuos
contraviniendo, en primer lugar, esa propiedad; en segundo lugar
contraviniendo todas las recomendaciones medioambientales de asociaciones
como Greenpeace, como Adenat, etcétera, que indican que la distancia en
la ubicación de ese vertedero, a 50 kilómetros de León, y el alto interés
de ese robledal de más de 100 años, desde luego no lo hacen el lugar más
apropiado. Lo que hicieron los vecinos ese día fue defender esa propiedad
de ese monte comunal en un proceso que no se había desafectado y defender
ese interés ecológico, interés indudablemente general no solamente para
los leoneses sino para todos los españoles.

A partir de aquí, señor Secretario de Estado, se produce esa carga
violenta, brutal y desproporcionada. Le decía al principio de mi
intervención en esta primera comparecencia, que si hasta ahora el
Ministerio de Interior no está dando orientaciones claras sobre cómo
actuar ante determinados conflictos, es hora ya de que empiece a hacerlo,
porque sumado a los conflictos de Tarifa, Astander, Tenerife y éste,
indudablemente hay un denominador común, y es la desproporción.

Le voy a leer el testimonio de uno de los vecinos. Un vecino que
participó en los enfrentamientos describía así lo sucedido: «He visto
cómo a un viejo con 70 años le partieron las narices; cómo a una chavala,
porque se sentó en el suelo y no se movía, la arrastraban por el pelo
pegándola fuertemente; cómo un capitán de la Guardia Civil decía a otro
paisano nuestro, amenazándole con su arma, quítese que le pego un tiro.»
Y estamos hablando lógicamente de una batalla que duró cuatro horas para
despejar a los 200 vecinos congregados que querían evitar efectivamente
que unas máquinas de la empresa multinacional francesa Onix hicieran
catas sobre el terreno, sobre su terreno, sobre su monte comunal. Y a
partir de esa firme decisión de los vecinos, decisión que cuenta con la
solidaridad del Grupo de Izquierda Unida --es como si Izquierda Unida
estuviese allí presente con los 200 vecinos--, se produce esa carga
brutal y desproporcionada.

En ese sentido yo quiero decirle que de forma simbólica, porque ya no es
gobernador civil, ni siquiera delegado del Gobierno, el señor Galo
Barahona, de forma simbólica le pedimos su dimisión aunque ya no ejerza.

Y desde luego nuestra más absoluta reprobación de una persona, en este
caso en funciones de gobernador civil, que no solamente con este
incidente sino con los incidentes de los mineros leoneses, se distinguió
fundamentalmente por unas prácticas, a la hora de la actuación policial,
que nada tienen que ver con la sociedad democrática, y este



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hecho que nos ocupa nada tien que ver con la sociedad democrática.

No se pueden amparar desde la Policía actuaciones de esta contundencia,
de estas características, sobre personas indefensas, estamos hablando de
viejos, de jóvenes, de mujeres, que efectivamente estaban allí
defendiendo lo suyo, y lo defienden, si uno es leñador, pues con un
hacha, con lo que pueden, ante una agresión de esas características,
desproporcionada, brutal, etcétera. Por tanto en este caso, señor
Secretario de Estado, una decisión política equivocada precipita una
actuación policial desproporcionada; creo que ésta es la única lectura
posible, y a partir de aquí las consecuencias.

El Grupo de Izquierda Unida está con los vecinos de Villamartín de Don
Sancho. Ese robledal hay que preservarlo; imagino que habrá otros lugares
donde se podrá ubicar esa planta de residuos y desde luego lo que no
entendemos que se pueda producir es que se intente por la fuerza y en
contra de la voluntad de los vecinos, en contra de la voluntad de todas
las asociaciones ecologistas más prestigiosas del Estado español, por el
capricho del señor alcalde de León, por la fuerza y utilizando la fuerza
y como escudo a la Guardia Civil, instalar esa planta en ese lugar
privilegiado, ese robledal centenario.

Se da un hecho además curioso que yo creo que había también que evitar en
el futuro. El operativo policial previo al 10 de abril de 1997
efectivamente se prepara en la sede del Gobierno Civil, donde asiste el
gobernador, el capitán de los cuerpos rurales de seguridad, y dos
representantes de la empresa multinacional francesa. Yo no sé qué pintan
en esa reunión, sinceramente se lo digo, dos representantes de una
multinacional francesa para preparar un operativo policial para el día 10
de abril. Además, y no quiero hacer demagogia de esto, justo en esas
fechas se estaban produciendo los asaltos a nuestros transportistas en
Francia y no creo yo que ninguna multinacional española estuviera
preparando los operativos con la policía francesa. Creo yo que no, no es
costumbre, no es costumbre en una sociedad democrática. La empresa
multinacional que se dedique a lo suyo y los funcionarios y autoridades
del Ministerio del Interior a lo que les corresponde. No se casa esa
reunión preparatoria con la multinacional francesa; es inaceptable; no es
recomendable, hay que denunciarla y hay que evitar en el futuro que en
actuaciones policiales u operativos policiales, determinadas empresas que
tengan interés en determinada obra formen parte de asesores del
Ministerio del Interior. Eso no tiene nada que ver con el interés
general, y hay que trazar una raya inequívoca de incompatibilidades en
este sentido.

Señor Secretario de Estado, nosotros creemos que nunca se debió de haber
producido esa carga policial. Esta polémica social no solamente afecta a
León, afecta al conjunto de las personas preocupadas por el medio
ambiente en el Estado español, y ese litigio, que todavía no está cerrado
y que está pendiente de tribunales, la desafectación del monte, se debía
de haber producido desde el máximo respeto a los intereses interpuestos,
con la prudencia necesaria, esperando un tiempo razonable para que los
tribunales decidan, y desde luego evitando lo que ocurrió, y es que
ancianos, mujeres y niños fueran forzados, fueran heridos --hay 20
heridos y 10 detenidos en aquella ocasión--; esto desmerece absolutamente
cualquier actuación de cualquier responsable de un Ministerio del
Interior. Es decir, esto no es de recibo, esto no se puede plantear como
que se ha buscado el equilibrio entre el derecho de manifestación y la
seguridad ciudadana; se ha roto claramente ese equilibrio en contra del
derecho de manifestación, en contra de los intereses generales, y por
tanto el Ministerio del Interior debe de dar instrucciones claras,
nítidas, para que en casos como este que nos ocupa prevalezca el sentido
común. Y si verdaderamente hay un litigio sobre un monte de una propiedad
comunal, donde incluso los propios tribunales están actuando para ver si
efectivamente se puede desafectar o no, si interesa o no acabar con este
robledal centenario, atender a las peticiones de los ecologistas, de la
propia sociedad leonesa; yo creo que si todo eso existe, repito, hay que
considerarlo antes de lanzar a una compañía de CRS a meterles en ese
berenjenal, en esa batalla campal de cuatro horas, porque al final, señor
Secretario de Estado, quien queda lesionado ante la opinión pública --en
este caso ante la opinión leonesa-- no es la autoridad política que toma
una decisión equivocada, sino los propios guardias civiles, ésos son los
que quedan absolutamente lesionados ante la sociedad --en este caso la
sociedad leonesa, insisto--, y por rebote ante la sociedad española.

En resumen, esos CRS que han recibido la orden de actuar en un operativo
en donde una multinacional francesa, junto con el capitán y el Gobernador
lo preparan, son los que quedan muy lesionados ante una opinión pública,
mientras que el señor alcalde, el señor Amilibia, queda de rositas. Yo
espero que políticamente esa actuación sea reprobada y desde luego
merezca una desautorización por parte de una sociedad, la sociedad
leonesa, que sin duda alguna tiene que ver que la ubicación no es la
apropiada, que la actuación no es la apropiada, y que la cabezonería de
un alcalde no puede poner en peligro un paraje como éste ni la propia
convivencia ciudadana.




La señor VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): ¿Grupos que van a
intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Rodríguez Zapatero.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Quisiera precisar inicialmente que, en torno
a esta cuestión, el Grupo Socialista, a través de este Diputado, había
presentado una pregunta días después de los hechos ocurridos, y anuncio
ya que vamos a retirarla porque evidentemente no tiene mucho sentido que
le hagamos volver aquí a repetir este debate. Es verdad que ello me va a
permitir, con la flexibilidad de la Presidencia y la comprensión del
Secretario de Estado, que aunque no sea el titular de la iniciativa el
Grupo Socialista, pero que intente entrar al fondo de la cuestión, máxime
dada la circunstancia de que soy Diputado por León y que obviamente
conozco al dedillo todo lo que ha pasado y algunos datos intentaré
corregirlos.




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El Grupo Socialista coincide en buena parte con los argumentos que ha
dicho el portavoz de Izquierda Unida, pero quiere profundizar un poco más
en alguna cuestión.

Señor Secretario de Estado, aquí estamos ante dos temas preocupantes, muy
preocupantes. El primero es que la actuación que ha autorizado el
Ministro del Interior, en aquel entonces el Gobernador Civil --que por
cierto ya no está en el cargo para el buen funcionamiento del Ministerio
del Interior en la provincia de León y les felicito por la decisión--, se
ha producido sin título habilitante. Es decir, no hay un título
habilitante que justifique de forma legal el amparo de la realización de
esas obras o de esas pruebas sobre el terreno en que se producían. No
había licencia de obras ese día y yo le quiero preguntar, en primer
lugar, si el Gobernador tuvo en su poder o tuvo conocimiento, como es
lógico, para amparar la actuación de una empresa privada en un terreno
público; tuvo conocimiento, repito, de la preceptiva licencia de obras
del Ayuntamiento de Villamartín.

Le quiero advertir que hay un procedimiento penal sobre una posible
falsedad y otros posibles tipos penales de una licencia que apareció
posteriormente y que desde luego reviste unos perfiles
extraordinariamente preocupantes, junto a un procedimiento administrativo
de cesión de terrenos a la empresa adjudicataria, como usted ha dicho,
pero que en principio no lo es porque simplemente es la empresa que tiene
la adjudicación de la recogida de los residuos sólidos de la ciudad de
León y a la que, también por la vía de hecho, se lo ha dicho que busque
un terreno para hacer un vertedero o una planta o un centro de
tratamiento de residuos en algún sitio de la provincia, lo que está (se
lo puedo advertir y creo que éste va a ser un problema ante el que se
puede encontrar su Ministerio a través de este procedimiento, que es un
poco absurdo) provocando reiteradamente contestaciones populares en toda
la provincia, porque evidentemente es un tema muy delicado y muy
complejo.

Pero nuestra primera preocupación que yo quiero que usted me aclare es
cuándo toma la decisión el Gobernador Civil, no sé si instigado, en el
buen sentido de la palabra, por alguien. También nos sorprende mucho qué
hacía la empresa en esa reunión y qué hacía el Concejal de Seguridad del
Ayuntamiento de León, porque estamos hablando de una situación y de unos
hechos que se producen en un ayuntamiento que está a 50 kilómetros de la
ciudad de León, que obviamente nada tiene que ver el Concejal de
Seguridad.

Ha sido público en León cómo se había preparado toda la operación y todo
el dispositivo, y le puedo asegurar que ha provocado una honda
preocupación en la opinión pública leonesa por la forma de actuar, una
honda preocupación. Y la profunda preocupación yo creo que usted la va a
comprender perfectamente porque un mes antes, cuando sale a la luz
pública que el vertedero se va a realizar posiblemente en ese municipio,
hay una declaración del Alcalde de León y Presidente Provincial del
Partido Popular --entre otras cosas amigo mío-- que dice que al
Ayuntamiento de León no le va a temblar la mano a la hora de poner en
marcha el proyecto. Insisto en que está realizada esta declaración
pública casi un mes antes de que se empezara el proceso de las obras, y
esto ha causado una profunda preocupación.

El procedimiento ha sido toda una chapuza, desde el punto de vista
jurídico, y los tribunales lo dirán. Se ha actuado por la vía de hecho, y
yo creo que el ministerio del Interior se ha dejado «seducir», entre
comillas también, por la imperiosa necesidad política de buscar un
vertedero. Y esto, aunque estemos hablando del partido político que
sustenta al Gobierno, que es el caso que nos ocupa, creo que en ningún
caso puede ser admitido, y seguro que comparte esta presunción con el
Grupo Socialista.

Hay una perentoriedad política, que es verdad que la tiene el Alcalde de
León, pero las cosas no se pueden hacer vulnerando de inicio a fin el
ordenamiento jurídico, porque ese mismo día hubo alguna denuncia ya ante
la previsión de lo que iba a pasar por fax al Seprona, a la Confederación
Hidrográfica del Duero y a Medio Ambiente, puesto que una empresa
privada, sin ningún título en su poder, se metía en un monte a hacer
excavaciones y a deteriorar. Por cierto que se ha deteriorado --yo he
estado allí lógicamente días después-- mucho el medio ambiente en esa
zona porque ya sabemos todos lo que provoca. Y esto es lo que a mí me
produce, en este caso como Diputado, la mayor preocupación: que se haya
producido una actuación de las fuerzas de orden público y de seguridad
del Estado, en esta caso de la Guardia Civil, sin un título habilitante.

No había ningún desorden; el desorden era el ambiente de que por la vía
de hecho y a la voz de ya y de no me temblara la mano se iban a hacer
allí las pruebas, y la impresión general era que ya se iba a hacer allí
el vertedero. Quiero decir, y me gustaría que no echara en saco roto mis
palabras, que va a ser muy difícil que allí se construya ese centro de
tratamiento de residuos.

Yo no sé si el Gobierno está dispuesto a enfrentarse a esta situación. Yo
he estado allí y he visto a centenares de personas y la mayoría sobrepasa
los 60 años. Desgraciadamente es una zona de las más envejecidas por
despoblamiento; es una zona de tierras de campos, y con el clima y con el
ambiente que hay allí, sabemos que estas cosas son difíciles de llevar a
cabo; es difícil destruir su monte, que es un monte por cierto precioso.

Yo ya se lo he transmitido personalmente al propio Alcalde de León, que
no se pueden hacer las cosas de esta manera porque pueden afrontar, y se
lo quiero advertir desde aquí al Gobierno, puede afrontar, insisto una
situación que seguramente nadie desee. Sin un mínimo consenso, este tipo
de actuaciones y de decisiones no se pueden tomar, y el no me temblará la
mano yo creo que usted puede compartir que es un elemento de provocación
y que está en el mal camino.

Ya para redondear el contexto, que seguramente usted no tiene por qué
conocer, ya que no sé si conoce aquella zona, le advertiré que estamos
hablando de una región donde el Partido Popular obtiene el 70 por ciento
de los votos. En este Ayuntamiento ni siquiera hay lista del Partido
Socialista, para que quede clarísimo que no hay detrás ni el más mínimo
móvil político, porque el problema en términos políticos lo tiene
planteado en aquella zona el Partido Popular. Pero a mí lo que me
preocupa sinceramente es



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que si esto sigue adelante con estas maneras podamos tener una situación
muy difícil en esa zona donde además es muy querida la Guardia Civil;
allí se han producido numerosos guardias civiles, como en toda la
provincia de León, y policías nacionales; es un dato bastante conocido y
la verdad es que era un poco duro ver lo que opinan ahora allí de la
Guardia Civil personas de esta edad. No sé si usted ha revisado todos los
partes de la actuación de la Guardia Civil, pero hay personas con más de
60 años con heridas, contusiones y demás. Yo he estado con ellos y no
quiero extremas un pelo la demagogia, pero me parece, y es la segunda
consideración, que la actuación que se produjo fue excesiva, sabiendo
cual era el contexto, sin la garantía de un título habilitante para la
intervención de la fuerza pública. Al menos el tema estaba muy vidrioso,
y que se hayan utilizado de una manera tan desproporcionada las fuerzas
de orden público no tiene explicación política. La única explicación
política es que vale todo, que por llevar adelante un proyecto político
se puede poner en riesgo la seguridad de las personas.

Le quiero decir también que ha habido algo más grave todavía y usted ha
dicho algún dato que un poco sitúa el contexto y es que durante semanas
ese pueblo ha estado tomado por la Guardia Civil. Me gustaría que hablara
usted con sus vecinos, porque eso no es comprensible, no es explicable.

Es intolerable en el sistema democrático que cada vez que un vecino
llegaba con su coche fuera parado por la Guardia Civil, y que aún días
después le fuese pedida o requisada la documentación y le miraran la
maleta y demás. Y parece ser que la única arma contundente que tenían los
vecinos era un hacha y algunos bastones de los ancianos, que
evidentemente por la edad los llevan frecuentemente.

Todo esto ha producido una situación de grave impacto en la opinión
pública. Yo no sé quién ha sido el responsable político, supongo que el
Gobernador, y como está cesado ya no le vamos a exigir más
responsabilidades, evidentemente, pero ha sido algo kafkiano el que por
la posible construcción de un vertedero hayamos asistido a las escenas
que se ha asistido. Le puedo decir que el mismo día que yo acudí a
visitar aquella zona detrás de mi coche iba siempre un coche de la
Guardia Civil. No me saludaron, a pesar de mi condición de parlamentario.

Yo no he vivido nunca algo parecido, y llevo varios años de Diputado y ha
habido situaciones difíciles en mi provincia, que usted sabe que tiene
ciertos elementos conflictivos por determinadas vertientes
socioeconómicas. Quiero decir que ése era el clima y los vecinos han
estado realmente en una situación de profunda incomprensión, por utilizar
un término bastante generoso. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Y la tercera consideración que le quiero hacer es que valore el Gobierno
todo esto, a pesar de que haya un interés político por medio y un interés
social. Yo no le voy a dejar de reconocer que la provincia de León
necesita un centro de tratamiento de residuos y además que nuestro grupo
ha lanzado una oferta de consenso al Partido Popular por la que esperamos
llegar a un acuerdo. Pero de verdad que si el Ayuntamiento de León y el
alcalde persisten en hacer así las cosas, el Gobierno debe valorar muy
seriamente las posibles consecuencias de la situación que allí se pueda
producir.

Como la responsabilidad política está saldada con la sustitución o el
relevo (no sé cómo calificarlo porque como el procedimiento ahora de los
subdelegados es un poco atípico) del Gobernador. Quiero concluir
pidiéndole que ni una vez más se produzca este tipo de situaciones,
porque sería muy interesante que usted pudiera hablar con los vecinos y
le contaran lo que vieron allí, lo que vivieron los días y las semanas
después. No es explicable, no es tolerable, y le pido que se tome este
tema, desde su responsabilidad, con la máxima preocupación y atención
porque, y posteriormente lo podremos comprobar, si sigue esto así podemos
tener una situación nada deseable para nadie en León.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Evidentemente, esta sesión, que estaba siendo una
sesión absolutamente constructiva y para algunos pudiera parecer en esos
términos una sesión tediosa en lo que el Grupo Parlamentario Popular
entiende que es función esencial de un Parlamento en democracia, que es
construir, por tanto el hecho de la construcción no puede ser en modo
alguno tediosa; esta sesión, decía, a juicio de este portavoz se altera
por alguna expresión que se ha vertido hoy aquí y que nos parece
esencialmente grave, muy grave por lo que tiene de significación de fondo
y por lo que puede tener, de alguna forma, de una manipulación torticera
de conceptos que son absolutamente claves para la vertebración de
cualquier sociedad democrática.

El Secretario de Estado ha comparecido, como no podía ser menos,
estableciendo un planteamiento abierto en relación con los sucesos objeto
de esta comparecencia. Ha comenzado y ha terminado su intervención
estableciendo una duda, si quieren SS. SS. metódica, que es positiva y
que es sana porque en definitiva viene a reforzar ese principio de avance
y de profundización democrática, que ha sido decir: señorías, siempre, al
final, en el contexto de hechos como el que nos ocupan, queda la duda de
si se está o se ha estado a un lado u otro de esa frontera de la
proporcionalidad que debe marcar siempre la actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en defensa de los derechos de todos y en
defensa, por tanto, de los valores y principios fundamentales de una
sociedad y de una convivencia democrática. Y frente a esa manifestación
del Secretario de Estado han habido algunas posiciones que yo alabo sin
lugar a dudas. Ha habido una posición crítica por parte del Grupo
Parlamentario Socialista que nosotros no compartimos en algunos de sus
planteamientos, pero que yo creo que se ha hecho sin poner comillas, como
sí han hecho otros en algunos conceptos que no se pueden manejar
interesadamente. Evidentemente, no compartimos esa discrepancia sobre las
valoraciones de hechos, o más que sobre las valoraciones de hecho sobre
el cómo se produjeron los hechos; en esa discrepancia manifiesta entre
unos grupos y la versión dada por el Secretario de Estado nosotros
queremos inicialmente, y no por el carácter político de



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quién lo da sino por lo que hay detrás, es decir, la propia presunción a
favor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, queremos, decía,
respaldar esa versión de hechos que nos da el Secretario de Estado.

Sin embargo, ha habido otra valoración, otra intervención de un grupo
Parlamentario, en este caso del grupo solicitante de la comparecencia,
que nos ha producido una cierta y grave inquietud en algún concepto
manifestado. Porque yo quiero pensar, y mucho más conociendo la indudable
trayectoria democrática, la incuestionable trayectoria democrática del
Grupo Federal de Izquierda Unida, y particularmente, cómo no, del señor
Meyer, actuante hoy aquí como portavoz; quiero pensar, repito, que ha
sido simplemente un lapsus linguae. Pero afirmar que se comparte que
frente a la defensa de un derecho o de una convicción quepa todo,
incluida la defensa con un hacha, pues nos parece que es francamente
grave, porque es establecer algo que en democracia no se puede
establecer, que es la legitimación de la fuerza en función de si esa
legitimación de la fuerza conviene o no conviene interesadamente a una
posición política. En democracia, el uso legítimo de la fuerza sólo es
instrumento del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho tiene además
limitaciones clara y contundentemente establecidas en el ejercicio de esa
vis coactiva, de esa fuerza legítima para que tampoco sea una fuerza
absoluta. Por si se admite, siquiera sea como una cuestión puramente
dialéctica, si se admite o se llega a admitir que la fuerza puede ser
socialmente utilizada en la reivindicación de derechos o de convicciones
propias de una manera particular y al margen de las limitaciones que
establece el Estado de Derecho, no estamos si no negando la esencia misma
de ese Estado de Derecho y negando, por tanto, el cimiento más profundo
de toda convivencia democrática.

Insisto que estoy absolutamente convencido, y lo digo sin género alguno
de reticencia, desde la profunda e incuestionable trayectoria y fe
democrática del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y
particularmente, cómo no, del señor Meyer, de la que ha dado sobradas y
reiteradas pruebas siempre en su trabajo Parlamentario; estoy
absolutamente convencido, repito, de que ha sido simplemente un lapsus
linguae. Pero ese lapsus linguae, que no debe tener ninguna otra
transcendencia, sí que nos debe servir a todos en este caso para una
reflexión, y esa reflexión estriba en que en democracia todos los
derechos, todas las opiniones, todas las manifestaciones son
reivindicables siempre dentro del margen de la ley. Se puede o no estar
de acuerdo sobre si existe o no título habilitante para la actuación de
una determinada fuerza policial, y se puede estar en contra, pero siempre
dentro del margen de la ley. Se puede también estar en contra de la
conveniencia o inconveniencia de una decisión política en orden a la
situación o no de un determinado vertedero, como es este caso (por cierto
que no es ése el objeto de esta comparecencia, sino la proporcionalidad o
no de la actuación de la fuerza policial frente a los hechos que allí se
suscitaron), pero en todo caso la defensa de ese criterio se puede y se
debe hacer sólo dentro del margen de la ley.

Yo creo que es malo establecer criterios de habilitación de la fuerza
según me convenga o no, por más que esa fuerza se utilice al margen de lo
que son los requerimientos y de lo que son las limitaciones propias del
Estado de Derecho. Y si en esta Comisión de Justicia e Interior, como
corresponde a su función misma, todos los grupos siempre, no en esta
legislatura sino desde hace muchísimos años, desde el momento mismo del
restablecimiento democrático, hemos insistido en la necesidad de que los
instrumentos legítimos de fuerza al servicio del Estado no pueden ser,
porque no son, un valor absoluto, sino que están orientados al servicio
de la comunidad democrática, y por tanto limitados por la propia
comunidad democrática en función del ordenamiento jurídico existente, no
podemos decir frente a eso que las hachas, los palos, las piedras, los
intentos de atropellamiento o cualquiera otra circunstancia de hecho
merece nuestra solidaridad, la de quien sea, porque no pueden merecerla
en momento alguno. Otra cosa es que legítimamente este o aquel grupo
parlamentario sea solidario con el ejercicio y la reivindicación pacífica
de cualquier opción o de cualquier opinión.

Quiero hacer llegar a la consideración de todos que cuando a veces
intentamos plantear un escenario idílico de protesta pacífica y serena
--contraponiéndolo evidentemente de una manera torticera y yo creo que
profundamente maniquea-- frente a una fuerza brutal que intenta cargar de
manera desproporcionada, olvidamos en el discurso de algunos que quienes
visten esos uniformes son trabajadores al servicio del Estado y de la
comunidad democrática y que su convicción personal, la de todos y cada
uno de esos trabajadores, su misión como cuerpo, y desde luego las
instrucciones políticas que reciben, es que en modo alguno pueden
trasgredir la legalidad, porque no existen como tal valor absoluto sino
que existen como cuerpo al servicio de la convivencia, y el servicio de
la convivencia democrática exige, en todo caso, el respeto a la ley y la
aceptación pacífica de los conflictos, la resolución pacífica de los
conflictos.

Decía al principio de esta sesión y con esto concluyo, en términos de una
intervención parecida a ésta, que no son las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado los que acuden a un determinado lugar a buscar la
provocación o la comisión de hechos que puedan calificarse después como
actuaciones brutales y desproporcionadas; que ése no es nunca el
espíritu, el deseo o la vocación de las fuerzas y cuerpos como tales
fuerzas y cuerpos y de los hombres y mujeres que las integran, y que a
veces, cuando el ejercicio del derecho pacífico de manifestación por
parte de los más deriva interesadamente en actuaciones torticeras de
terceros que provocan la violencia o provocan el traspasar ese límite del
derecho pacífico de la manifestación o de la reunión, la actuación de las
fuerzas y cuerpos de seguridad, siempre dentro de los límites legales
establecidos, es una actuación que en todo caso los mandos policiales y
los hombres y mujeres que participan en ese operativo hubieran deseado
que nunca se hubiera tenido que producir.

Tengo que concluir, señor Secretario de Estado, diciendo que si hay algo
que no es de recibo es establecer apriorismos sobre quién puede, en un
caso determinado, tener o no tener la razón; sobre quién puede, en un
caso determinado, haber tenido una actuación brutal o desproporcionada;



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sobre quién, en un caso determinado, juega el papel del bueno y quién
juega el papel del malo. Me parece mucho más saludable y mucho más
enriquecedor el cuestionamiento abierto que ha hecho el Ministerio del
Interior diciendo: Nuestra preocupación es y será siempre definir
adecuadamente esa barrera de la proporcionalidad en la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Porque eso, en definitiva,
supone un compromiso permanente de autoexigencia, de mejoramiento en el
funcionamiento y en la reacción de esas fuerzas y cuerpos de seguridad
ante hechos concretos. Y eso supone, al final, avanzar y profundizar en
la democracia. Yo creo que la democracia no se construye nunca con
actuaciones desmedidas y desproporcionadas de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, pero no se construye tampoco dando legitimidad al uso de
hachas, piedras, palos, porras o atropellamientos, porque el uso de la
fuerza fuera del marco de la legalidad y la legitimación de ese uso de la
fuerza es lo que históricamente ha derivado en fórmulas tan inútiles
históricamente y que a todos nos repugnan como el fascismo.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): En este tema
tendremos que hacer dos grandes apartados. En primer lugar, y en relación
con la intervención del señor Rodríguez Zapatero, lo que se refiere a
título habilitante o no de determinadas actuaciones.

El entonces Gobernador Civil partió de una premisa, y es que esos suelos
eran propiedad del Ayuntamiento de Villamartín de Don Sancho y que, como
tal, el Ayuntamiento era plenamente capaz para tomar una decisión sobre
un monte de libre disposición y concedió una serie de autorizaciones
municipales. Por lo que veo, y por lo que me dice muy especialmente el
señor Rodríguez Zapatero, es una cuestión que está, primero, sub iudice,
y segundo, mucho más importante que sub iudice, sujeto a una enorme
contestación en toda la comarca y en toda la zona.

Yo creo que a nadie nos interesa que unos montes de robles puedan ser
convertidos en vertedero; probablemente existirán en la zona otros
lugares más susceptibles para este tipo de aplicaciones. Yo creo que con
la actuación constructiva y solidaria del Grupo Parlamentario Socialista
y del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de León se podrá llegar a algún
tipo de acuerdo sobre esas cuestiones, pero además, por otra parte, se
encuentra sub iudice; por ello no quiero pronunciarme sobre la idoneidad
o no del título habilitante y sobre la idoneidad o no de una licencia de
obras que al parecer presenta algún tipo de mácula en cuanto a su
legalidad. En cambio, sí quiero pronunciarme en lo que se refiere a la
batalla campal que señalaba el señor Meyer.

Pienso como mi compañero, el señor Gil Lázaro, que una decisión política
equivocada se contesta de muchas formas, se contesta con los medios
políticos oportunos, se contesta en determinados foros, se contesta
acudiendo a la opinión pública, y se puede contestar hasta con
manifestaciones pacíficas, pero no se contesta en modo alguno tirando
piedras, ni se contesta agrediendo a un guardia civil, ni se contesta
luchando con hachas, aunque el hacha no fuera de grandes dimensiones, ni
se contesta con cachavas, aunque fueran ancianos que tienen que acudir al
bastón para poder seguir luchando. Pero sí quiero decir que la Policía y
la Guardia Civil no actúan en principio de forma brutal si no se les
agrede de forma brutal. Yo creo que, afortunadamente para todos nosotros,
afortunadamente para todos los españoles, esos tiempos están
periclitados. Es decir, a la Guardia Civil, cuando actúa, no se le va la
mano con una porra y si causa una serie de lesiones es porque muy
probablemente el manifestante que está enfrente ha actuado de una
determinada forma o ha tenido una determinada actitud. Por ello, quiero
en ese aspecto romper una lanza en favor de la Guardia Civil y de su
actuación. Creo que en estas actuaciones nunca se puede partir de la
precipitación y nunca se puede partir de la perentoriedad política.

Tenemos que buscar otros medios, tenemos que buscar foros donde llegar a
un acuerdo y tenemos que evitar por todos los medios el tan traído y
llevado trágala, que no ha sido sino una muestra de mal hacer político y
ha sido una forma de crear resquemores, de crear tensiones y de crear mal
espíritu entre unos y otros. Por ello yo creo, y quiero que estas últimas
palabras sean de concordia, que tenemos que buscar un camino, tenemos que
buscar una forma para que actuaciones como esta de la Guardia Civil no se
produzcan más; para que en ningún caso en ningún municipio un vertedero,
una cárcel, o cualquier otro tipo de elemento absolutamente
imprescindible en nuestra estructura social sea contestado de esta forma
tan absoluta. Es decir, busquemos concordia, busquemos puntos de
encuentro y no impongamos por la fuerza pública ningún tipo de actuación.

Por ello, repito, quiero que estas últimas palabras mías sean de
concordia, esperando que logremos ese punto de encuentro para evitar que
se produzcan situaciones como las que se produjeron en León.




El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, muy brevemente.




El señor MEYER PLEITE: A mí me parece que cualquier intento de intentar,
valga la redundancia, vender que a las personas de este paraje se le
intentara presentar como gente armada con los bastones de las personas
ancianas y con un hacha, la famosa hacha, merece la más absoluta de las
repulsas, sobre todo cuando se dirime lo de un hacha, pero en fin, parece
que no hay ningún funcionario agredido por una hacha ni hay lesiones
producidas por esa famosa hacha. Es decir, cualquier intento de intentar,
valga la redundancia, repito, vestir la contundencia de la Guardia Civil
porque estábamos ante personas armadas, produce una cierta hilaridad;
eran personas mayores, mujeres, niños, es decir, gente de paz. Y yo
quiero dejar muy claro que cuando a la gente de paz se la molesta en su
propiedad social o comunal, siempre va a haber por parte de la gente de
paz una reacción de defensa, y en esa reacción de defensa, Izquierda
Unida siempre va a estar con esta gente, en este caso con la gente que
nos ocupa de un pueblo de León, o con cualquier otra; siempre vamos a
estar del lado de esta gente.




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Lógicamente el día 10 se produciría el siguiente hecho. El señor Gil
Lázaro, sin lugar a dudas, el día 10 estaría con los CRS, pero este
portavoz estaría con los vecinos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas se
produciría esa ubicación, es decir, el señor Gil Lázaro, estaría con los
CRS, indudablemente. Pero yo no, ni mi grupo, estaríamos con los vecinos.

Por tanto yo creo que cualquier consideración de intentar hacer una
disquisición sobre la fuerza, el uso de la fuerza, si quiere entramos en
ese debate, apasionante, pero desde luego una manifestación democrática
es un acto de fuerza, de fuerza democrática, y a la gente de paz no se le
puede molestar, no se le puede violentar. Lo que nos está ocupando hoy es
un mal uso de la fuerza del orden público, eso es lo que nos ocupa, y por
supuesto saquemos todas las conclusiones para que este hecho lamentable
no se repita.




El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: No sé si de su intervención, aunque ha sido
breve, señor Secretario de Estado, puedo percibir que en efecto este tema
va a estar en su preocupación principal, en atención al clima que le he
transmitido. Solamente le quería matizar algo que me parece importante,
porque usted ha dicho que la Guardia Civil no actúa intentando utilizar
la fuerza desmedida, y yo lo comparto plenamente, pero el problema aquí
es otro, en el que usted hábilmente no ha entrado, y es que tenían la
orden política de que fuera como fuera las máquinas tenían que pasar y
hacer las pruebas oportunas. Y fíjese que estamos hablando de ciudadanos
que estaban allí, que son sus pastos, porque los tenían arrendados varios
de ellos, donde pasta su ganado, y de repente comprueban que unas
máquinas --además sitúese usted en la escena-- de una multinacional,
entre comillas, de repente les toman el monte con 50 ó 60 guardias
civiles. El problema no es la Guardia Civil, conozco muy bien al capitán
que mandaba esa fuerza y sé que el problema no es la Guardia Civil, es la
increíble orden política que en ese contexto se somete, porque no estamos
hablando de que se fuera a salvar ninguna vida o de que hubiera una
situación de emergencia, sino de unas pruebas en un terreno para ver si
era apto, y se somete a un pueblo a esa tensión. Creo que debería haber
una censura política, creo que algo habrá tenido que ver el relevo del
gobernador con este tema, pero la diferencia está ahí. Que quede claro
que el Grupo Socialista no ha criticado la actuación de la Guardia Civil
como tal, sino de quien ha dado la orden, evidentemente, y les han dicho
que como sea las máquinas tenían que pasar, además de todo el conflicto
jurídico que había. Nada más.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, dos minutos.




El señor GIL LAZARO: Muy brevemente. Yo sigo diciendo que, con
independencia de lo que son los hechos concretos objeto de esta
comparecencia, respecto de los cuales se pueden hacer valoraciones, con
las que se esté o no de acuerdo, como ha hecho el señor Rodríguez
Zapatero, una cosa son los hechos y otra cosa son los conceptos, y
trascender los conceptos puede ser muy peligroso, porque si se puede
decir que se legitima el uso del hacha para defender un concepto
subjetivado a su vez, se puede decir, como se ha dicho en la segunda
parte, una expresión que es tremendamente peligrosa. Mire usted, cuando
se dice que a las gentes de paz si se les molesta en su propiedad se
defienden, eso puede llevar a derivaciones muy, muy peligrosas. Yo estoy
convencido de que algunos que se sientan alrededor de una determinada
mesa y que son muy amigos, si no dirigentes, de gente que se pone las
capuchas, es decir, los señores de HB, se sienten perfectamente
identificados con el concepto de gentes de paz que se les molesta en su
propiedad y, por tanto, se defienden.

Y vuelvo a repetir, por tanto, que subjetivar conceptos en democracia es
peligrosísimo. Las reglas de la convivencia en democracia solamente se
vertebran a través de conceptos objetivos, y esos conceptos objetivos son
los que el pueblo, a través de sus instituciones, se da, es decir, a
través del ordenamiento jurídico democrático. Y la defensa de cualquier
reivindicación en democracia solamente se puede hacer dentro del margen y
del campo de la ley y utilizando intensamente y hasta sus últimas
consecuencias, sin lugar a dudas, política y jurídicamente, los
instrumentos que da la ley. Pero la fuerza, convertido su uso en un valor
subjetivo, lleva siempre a discursos muy peligrosos. Eso es lo que he
querido advertir en términos de valoración de conceptos. Vuelvo a repetir
que nada tienen que ver con la aplicación concreta o la traducción
concreta de los hechos objeto de esta comparecencia.

Y por eso digo, y con esto concluyo, señor Presidente, que me parece
saludable, profundamente saludable, desde un punto de vista de avance en
el compromiso democrático, la actitud del señor Secretario de Estado, que
viene a ser la actitud del Ministerio de Interior. Estaremos siempre en
la búsqueda del perfeccionamiento de la actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado para que, aunque son los únicos que
tienen el monopolio legítimo de la fuerza, nunca, ni en ningún caso
concreto ni en ninguna circunstancia mínima, puedan hacer de ese uso de
la fuerza un valor absoluto.

En esa línea, señor Secretario de Estado, animo a que S. S. y el conjunto
del Ministerio de Interior sigan actuando, porque eso es velar porque
nuestra convivencia democrática se cimente en conceptos puramente
objetivos y no en la interpretación subjetiva de los mismos, que pueden
llevar a interpretaciones y a desviaciones tremendamente peligrosas.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Contesto
primero, y también muy brevemente, al señor Rodríguez Zapatero.

Evidentemente va a estar en mi preocupación. Es un tema que es
enormemente importante en cuanto que puede ser generador de violencia.

Las imposiciones son siempre peligrosas, y en este caso no creo que
convenga a ninguno de nosotros hacerlo. No voy a entrar en las
valoraciones de orden político, ni lo hice antes ni lo voy a hacer ahora.

Yo creo que el



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mero transcurso de los hechos más recientes contestan sobradamente, sin
necesidad de que ahora me tenga que pronunciar más. Quien dio las órdenes
ya no está entre nosotros, por lo tanto, no nos refiramos a este tipo de
órdenes.

Más concretamente al señor Meyer también puedo decirle que me mueve las
más profunda y absoluta repulsa hacia la violencia. Me mueve la repulsa,
pero me merecen también repulsa los ataques a los cuerpos armados, me
merece repulsa la falta de diálogo, me merece la repulsa más absoluta el
que no seamos capaces, y asumo la parte de culpa que nos corresponde, de
llegar a un acuerdo sobre determinados medios.

No sólo está Izquierda Unida con los vecinos. Con los vecinos estamos
todos los españoles, está el Gobierno, estamos todos, pero estamos con
los vecinos en paz, estamos con los vecinos que quieren buscar un
diálogo, estamos con los vecinos que quieren llegar a un acuerdo sobre un
problema que tienen; con los que no podemos estar nunca, ni nosotros y
estoy seguro que tampoco Izquierda Unida, es con los vecinos armados, con
los vecinos que tiran una serie de piedras, sean mayores, sean menores,
sean un grupo de sesentones o sean unos jóvenes aguerridos dispuestos a
llevarse por delante a la Guardia Civil. No quiero entrar en ese tipo de
disquisiciones, en lo que sí quiero entrar es en el concepto. Nosotros no
podemos permitir nunca ese tipo de actuación violenta. Nosotros, ni una
sociedad democrática y civilizada nos podemos permitir el lujo de este
tipo de manifestaciones. Tenemos que llegar a acuerdos previos, no
tenemos que poner a los vecinos en la situación que les vaya a llevar
bien a la muerte, a la guerra o a la violencia. ¡En qué país vivimos! Ese
tipo de cuestiones tienen que estar perfectamente claras en nuestras
mentes.

Por ello vuelvo a decir que en la medida de nuestros medios, tenemos que
hacer todo lo que tengamos a mano para evitar que se produzcan esas
situaciones, para evitar que tenga que intervenir la Guardia Civil, para
evitar que se den órdenes que sean manifiestamente contrarias a derecho,
si es que en este caso lo han sido. Tenemos que hacer todo lo que esté en
nuestra mano para lograr una sociedad más civilizada, en suma, en la que
no aparezcan manifestaciones violentas y en la que no tenga nadie que
manifestase de forma violenta para hacer valer unos determinados
derechos.




--DOTACION DE MEDIOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO EN CAMPO DE
GIBRALTAR. A PETICION DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 212/000616.)



El señor PRESIDENTE: El último punto del orden del día es la
comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad para informar sobre
la dotación de medios en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de
Gibraltar, con la indicación de la Presidencia de que aquella parte que
es coincidente o que pudiera serlo con la que se sustanció antes, en el
curso del orden del día, relativa a la del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, que hacía también alusión a informar de los resultados
en la lucha contra el narcotráfico, sea sintetizada en lo posible por el
señor Secretario de Estado, que tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señorías, la
zona del territorio español conocida como comarca del Campo de Gibraltar,
comprende una serie de municipios. Se trata de lugares próximos al
Estrecho y en el centro de la comarca se encuentra la colonia de
Gibraltar, con una serie de puertos comerciales y deportivos que
constituyen espacios aptos para el asentamiento de grupos organizados y
especializados en la introducción de mercancías estancas y prohibidas.

La problemática existente en la zona del Campo de Gibraltar deriva
básicamente de los siguientes factores: en primer lugar, de la presión
migratoria, que se produce por parte de ciudadanos del norte de Africa,
Magreb y zonas subsaharianas, y que pretende la entrada en el territorio
de la Unión Europea a través de las costas del Estrecho y a través de las
ciudades de Ceuta y Melilla; en segundo lugar, del tráfico de
estupefacientes, especialmente de hachís, que procedente de Marruecos
tiene en esta zona importantes rutas de introducción en Europa; y, en
tercer lugar, la existencia de la colonia inglesa de Gibraltar, una
colonia que favorece el asentamiento de redes delictivas dedicadas al
blanqueo de capitales y al contrabando.

Señorías, en el contexto europeo, España y los Países Bajos constituyen
dos puntos principales de tránsito y redistribución de hachís para el
resto de los mercados centroeuropeos. Y en lo que se refiere a España
concretamente, nuestra posición geográfica con respecto a Marruecos, país
productor de esta sustancia, condiciona en gran medida la estrategia a
aplicar por los efectivos policiales dedicados a la lucha contra el
tráfico ilegal de este tipo de drogas, tradicionalmente la comunidad
británica de Gibraltar, y por otra pare se ha revelado como un punto
ideal para el asentamiento de organizaciones dedicadas al contrabando de
tabaco. Algunos de estos grupos han reconvertido su actividad de tráfico
de drogas, fundamentalmente de hachís, y uno de los factores principales
que han hecho de esta colonia un enclave adecuado para esas
organizaciones ha sido la facilidad para reconvertir o blanquear los
beneficios procedentes de su comercio ilícito.

Señorías, la delincuencia organizada de la zona utiliza mayoritariamente
lanchas rápidas. Sus propietarios residen en gran parte en la Roca y las
lanchas rápidas les permiten un transporte ágil y seguro de géneros y
sustancias ilegales entre las costas del norte de Marruecos y las playas
del litoral del Campo de Gibraltar. Las limitaciones establecidas en el
Real Decreto 1119/1989, de 15 de septiembre, que regula el tráfico de
embarcaciones especiales de alta velocidad en aguas marítimas españolas,
tuvo como consecuencia que las planeadoras que tenían su base en los
puertos españoles se trasladasen a la colonia y actualmente estas lanchas
rápidas atracan en los puertos de la Roca. Por otro lado, y según consta
en el informe anual de Interpol referido a 1996, las autoridades
gibraltareñas promulgaron en junio de 1995 una legislación referida a la
prohibición y



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decomiso de lanchas rápidas, así como a una mayor represión contra los
traficantes de tabaco y cannabis que actúan en el Campo de Gibraltar. No
obstante, estas medidas parece que no han tenido por el momento la
repercusión deseada en la lucha contra grupos criminales dedicados a
estas actividades delictivas.

Señorías, el Gobierno, consciente de este problema y con el firme
propósito de erradicarlo, ha tratado por todos los medios posibles
incrementar sus respuestas desde distintos ámbitos para paliar, en la
medida de lo posible, las consecuencias de estas actividades ilegales. Ya
me he referido con anterioridad a muchas de estas medidas, pero en las
políticas de lucha contra el narcotráfico se ha tenido presente la
extraordinaria importancia que revisten las actuaciones integradoras y la
coordinación de las actividades que pueden efectuarse por los distintos
departamentos ministeriales. De esta forma, y por decisión del Gobierno,
corresponde a la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas
la coordinación de la actuación entre las diferentes unidades de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes en la materia, y de
éstas con otros servicios cuya competencia específica puede repercutir en
el tráfico ilícito de drogas.

A continuación pasaré a informar a SS. SS. sobre la dotación más
específica de efectivos y medios policiales de que se dispone para la
lucha contra el narcotráfico en la comarca del Campo de Gibraltar. En lo
que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad Central de
Estupefacientes de la Dirección General, y como oficina central nacional,
dispone de efectivos con un alto grado de especialización en la lucha
contra el tráfico organizado de drogas. Estos efectivos, con frecuencia,
y en virtud de investigaciones concretas, se desplazan a puntos
neurálgicos del territorio nacional, cooperando con los efectivos
policiales de las unidades territoriales y del Cuerpo Nacional de Policía
que lo precise. La Unidad Central de Estupefacientes tiene actualmente
desplegados funcionarios en el Campo de Gibraltar investigando a diversas
organizaciones implicadas en el tráfico de hachís. Esta presencia de
funcionarios de la Unidad Central en la zona es permanente, al margen de
investigaciones concretas.

Por otro lado, los órganos periféricos de la Dirección General de la
Policía en esta zona son la Comisaría Provincial de Cádiz y las
comisarías locales de La Línea de la Concepción y Algeciras, y todas
ellas cuentan con unidades específicas dedicadas a la lucha contra el
tráfico de drogas. Igualmente, y en el marco de medidas elaborado por la
Delegación del Gobierno para el plan, se han creado en la Dirección de la
Policía las unidades de droga y crimen organizado, Udyco, a las que antes
me refería, con la finalidad específica de combatir a las organizaciones
delictivas especializadas en el tráfico de drogas y las conductas
punitivas anexas.

En lo que se refiere a la Guardia Civil, la provincia de Cádiz está
estructurada, como saben SS. SS., en dos comandancias, una con cabecera
en Cádiz y otra en Algeciras. Esta última abarca los siete municipios que
conforman el Campo de Gibraltar, que son: Tarifa, Algeciras, Los Barios,
San Roque, Castellar, Jimena y La Línea de la Concepción. Comprende 110
kilómetros de costa entre el límite con la provincia de Málaga al este y
el término municipal de Barbate al oeste. La comandancia de la Guardia
Civil de Algeciras está estructurada en cuatro compañías y dispone de un
nutrido grupo de reserva con capacidad para establecer controles en
puntos sensibles de la costa o en las distintas vías de comunicación. Por
otro lado, el servicio marítimo provincial, con base en Algeciras y
Tarifa, dispone de cuatro patrulleras y está coordinado con servicios
análogos en Cádiz y Málaga. Este dispositivo está apoyado por
helicópteros de la Guardia Civil con base en Sevilla y destacamento en
Málaga. Los distintos servicios antidroga establecidos en esta comarca se
prestan a lo largo de las 24 horas del día, fundamentalmente en la costa.

Así, patrullas móviles de puertos y costas con especial preparación
fiscal recorren continuamente la zona de costa asignada, así como los
puertos deportivos y refugios de yates que carecen de puntos habilitados
de aduanas. A estos medios humanos y materiales, señorías, hay que sumar
el apoyo prestado por otras unidades de la Guardia Civil, como los grupos
rurales de seguridad y los grupos de actividades subacuáticas. Como
conclusión puedo decirles que los servicios prestados por la Guardia
Civil en la comarca del Campo de Gibraltar se llevan a cabo con eficacia
por los 218 efectivos que a diario y sin interrupción desarrollan sus
trabajos de lucha contra el narcotráfico en esta zona.

Por último paso a informar a SS. SS. de los medios de que dispone el
Servicio de Vigilancia Aduanera, como saben dependiente del Ministerio de
Economía, en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

Las embarcaciones de la zona del Estrecho serán atendidas por 35
funcionarios marítimos, operativos en Algeciras, 40 en Cádiz y 55 en
Málaga. El Servicio dispone además de un helicóptero Argos, con base en
Málaga, y un aviocar con base en Morón. Y respecto a funcionarios, el
Servicio de Vigilancia Aduanera cuenta con 20 funcionarios en Algeciras,
16 en Cádiz y 22 en Málaga.

Señorías, el reto que tenemos para luchar contra este problema en el
Campo de Gibraltar, como en otras zonas de España, es lograr una mayor
eficacia, una mayor rotundidad en nuestras actuaciones y, en la medida de
nuestras posibilidades, evitar que siga proliferando este problema en
esta zona de España.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
De la Encina.




El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señor Secretario de Estado, por su
comparecencia. Comparto plenamente la primera parte de su exposición,
referida a la descripción perfecta que ha hecho del Campo de Gibraltar,
zona próxima al Estrecho, que es un punto ideal para el asentamiento de
las organizaciones delictivas, presión migratoria, en definitiva caldo de
cultivo para el desarrollo, como ocurre desgraciadamente, del
narcotráfico y del blanqueo de dinero. Quizá discrepe profundamente en la
segunda parte, referida a lo que son las dotaciones y los medios humanos
y materiales de que se dispone para la lucha contra este fenómeno.




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Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos sido y somos
conscientes de que cualquier decisión de incremento de dotación de
medios, ya sean materiales o humanos, en la lucha contra la droga, contra
el narcotráfico o contra el blanqueo de dinero, es voluntad y es objetivo
de cualquier Gobierno, de todos los grupos del arco parlamentario porque
estamos convencidos además de que es la mejor forma de luchar contra la
droga, contra el crimen organizado, y somos conscientes de ello porque
como Gobierno hicimos un esfuerzo tremendo en dotar a esta zona de los
medios de los que dispone actualmente. También somos conscientes de que
en las decisiones de incremento sobre las dotaciones materiales o humanas
para atajar en lo posible o atacar con mayor eficacia este problema se
deben tener en cuenta factores muy diversos para una mejor optimización
de los servicios que se prestan con los escasos medios, siempre escasos
medios aunque importantes, que tenemos que tener para hacer frente a esas
organizaciones potentes, organizaciones que cuentan con un sinfín de
medios económicos. De ahí la matización de escasos, lo cual no quiere
decir que con ello se esté permanentemente en desventaja.

Y somos conscientes por tanto, de que el actual Gobierno, el Gobierno del
Partido Popular, está en esa línea de incrementar en lo posible todos los
medios materiales y humanos. Pero me parece que lo que no podemos aceptar
es que la irresponsabilidad que se tuvo en cierta medida por responsables
del Partido Popular en esta materia en el pasado se siga teniendo en el
presente, ahora desde el Gobierno, con anuncios que se hacen en la
provincia de Cádiz por representantes del Gobierno y por muy altos
representantes del partido que sustenta al Gobierno.

Me va a permitir el Secretario de Estado que le exponga una serie de
ejemplos, alguno de ellos gráficos. Me va a permitir también que le lea,
incluso, las redacciones de las direcciones y de los periodistas
especialistas en este tema para ilustrarle lo que viene pasando en la
provincia de Cádiz, para que se tenga conocimiento desde la Secretaría de
Estado, con anuncios referidos al incremento de estos medios.

Digo esto, señor Secretario de Estado, porque en el pasado, cuando el
Partido Popular estaba en la oposición, se hizo demagogia de este tema,
diciendo a los ciudadanos que el Gobierno del entonces Partido Socialista
no ponía todos los medios suficientes para atajar la situación que usted
antes describía, sobre todo teniendo en cuenta que nos cogió una época
muy difícil en la que desde Gibraltar el Primer Ministro de alguna manera
toleraba la situación del narcotráfico y de blanqueo de dinero. Digo que
toleraba porque ha habido, y hay que reconocerlo, un cambio radical desde
que entró el nuevo Primer Ministro, Peter Caruana. Todo el mundo recuerda
la situación. Era un espectáculo diario ver las planeadoras cruzando de
una parte del Estrecho a otra, con hechos que dieron origen incluso a
pérdidas de vidas humanas, a secuelas importantes en personas que estaban
en la playa, entonces en La Línea. Las planeadoras que cruzaban, fíjese
lo que le digo, cortaron el pie a alguna persona que estaba en la playa.

Es un ejemplo gráfico de hasta qué punto se llegó, a pesar de tener un
despliegue muy importante, porque no se colaboraba desde Gibraltar, que
es donde fundamentalmente se asienta el paraíso fiscal y, por tanto,
donde se cometen la mayoría de los hechos de que estamos hablando. Eso
fue aprovechado políticamente por representantes del Partido Popular,
alguno de ellos presente en esta Cámara. Ahora, puesto que están en el
Gobierno, hacen anuncios de incorporaciones que nunca se producen y que
luego concretaré.

Son, y se lo digo así sinceramente, son muchas las personas y colectivos
que me dicen --sin más, por ejemplo, el Presidente de la Federación
comarcal de lucha contra la droga-- que se les está tomando el pelo con
el anuncio de incremento de medios materiales y humanos que luego no se
producen.

Como le decía, le voy a aponer una serie de ejemplos gráficos. El 19 de
marzo, el entonces Gobernador Civil de Cádiz, en lo que fue también una
kafkiana rueda de prensa, anunciaba a bombo y platillo que en 15 días se
pondrían en marcha las Udyco, las unidades especiales en la lucha contra
la droga y el blanqueo de dinero. Y digo kafkiana porque, ante la
pregunta lógica de los periodistas sobre qué novedades iban a tener esas
Udyco en su composición --aumento de medios materiales, humanos,
etcétera--, el señor Gobernador Civil, hoy no está allí --a lo mejor
también fue éste uno de los motivos, quién sabe, como el de León--, no
supo dar respuesta, lo cual conllevó una serie de críticas, porque es
intolerable hacer un anuncio de este tipo a bombo y platillo y luego no
dar una sola prueba de en qué se iba a mejorar la eficacia en la lucha
contra la droga con esta puesta en marcha de las Udyco.

Pero lo sorprendente fue que una semana más tarde la cúpula provincial
del Partido Popular, con representantes que también están en esta Cámara,
se trasladaban a La Línea, ciudad que por cierto sufre desgraciadamente
el azote del tema que estamos tratando. El 28 de mayo de 1997, hace 14
días, se recoge en los medios de comunicación la necesidad de aumentar la
seguridad ciudadana por el tema que estamos tratando. Son miles de firmas
las que se están recogiendo y las manifestaciones son también masivas. No
lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación Y lo digo yo también
porque vivo allí y conozco, por tanto, el tema. Como decía, se desplaza
la cúpula del Partido Popular una semana más tarde para anunciar a bombo
y platillo lo que ya había dicho el Gobernador.

A la fecha de hoy, los ciudadanos, las instituciones, los partidos
políticos, los medios de comunicación, plantean situaciones como las que
me van a permitir que les lea: Por mucha rueda de prensa pomposa que se
convoque y por muchos compromisos que se adquieran, lo cierto es que el
concurso general de vacantes ha terminado siendo un auténtico fiasco para
la población, y como se venía denunciando desde este mismo medio, el
especial para la nueva unidad de lucha contra la droga y el crimen
organizado (vaya nombrecito para denominar a partir de ahora lo que era
la Brigada de Estupefacientes) ni se convoca, y mucho me temo que no se
convocará en lo que resta de año.

Usted acaba de hacer mención, como un pilar fuerte, a las Udyco como una
de las formas de atajar el problema. Las Udyco hasta ahora, me va a
permitir que se lo diga señor



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Martí Fluxá, en lo que afecta al Campo de Gibraltar han tenido una única
incorporación. ¿Sabe usted cuál ha sido? Siete perros adiestrados sin sus
adiestradores. Y también el cambio del nombre de Brigada de
Estupefacientes por Udyco. No ha tenido ni una sola más.

Si ustedes antes --estoy poniendo un ejemplo y luego le pondré más, sin
querer ser muy exhaustivo-- usaron demagógicamente este tema contra el
Gobierno socialista, exigiéndole una y otra vez mayores dotaciones, y
hasta ahora a lo que se han limitado, en este aspecto al menos, ya
veremos luego en otros, es a la incorporación de siete perros sin sus
adiestradores, me imagino que poco se puede haber aumentado en la
eficacia que antes no existía, según ustedes, y que, como digo,
plantearon una y otra vez. Este quizá sea un ejemplo que ilustre, pero no
es completo. Hay muchos más, más graves todavía.

Decía que lo de la historia no se terminaba porque ante la manifestación
que le acabo de decir que se convocó en el centro de lo que es el punto
más caliente de la lucha contra el narcotráfico, que es La Línea, en el
Campo de Gibraltar, ante esa reacción de miles de personas
manifestándose, exigiendo al Gobierno mayores medidas en medios
materiales y humanos, el responsable de Udyco se traslada desde la
Jefatura Superior de Sevilla y vuelve a dar otra rueda de prensa, la
tercera, anunciando que ya vienen en camino. Quizá vayan andando desde
Madrid hacia allí los aumentos humanos. En cuanto a los medios
materiales, no sé desde dónde irán porque el viaje es tan largo que no
llegan. A fecha de hoy no ha llegado absolutamente nada.

Además, señor Secretario de Estado, resulta que la precariedad de los
medios de determinadas compañías de la Guardia Civil está impidiendo el
desarrollo normal de sus funciones. Según fuentes de máxima solvencia (yo
no quiero pensar de dónde, pero seguro que uno lo puede saber fácilmente
cuando no se identifica; desde luego, no a través de este partido, porque
ha sido responsable al máximo con este tema y lo va a seguir siendo, y
esto que se dice aquí, en sede parlamentaria, no se dice ni siquiera en
los medios de comunicación), ha sido denunciada --no quiero decir por
quién, pero me lo huelo-- la reducción de más de un 25 por ciento del
presupuesto de la Guardia Civil de las comandancias de la zona, y lo
tengo aquí por si lo quiere leer. También ha sido denunciado que el
servicio marítimo, al que usted se refería, tiene restringido el
presupuesto, hasta el punto de que las misiones de carácter ordinario --y
así se me ha reconocido en una pregunta parlamentaria--, aunque no las de
carácter extraordinario, no pueden en determinados momentos efectuarse
porque no existe dinero para comprar gasolina. Aquí tiene usted también
un ejemplo gráfico de lo que le estoy diciendo.

Me va a permitir que lea de nuevo lo que dice un periodista especializado
en el tema en el Campo de Gibraltar, el 26 de febrero de 1997, después de
la visita del Director General de la Guardia Civil, señor López
Valdivielso. Dice así: Quienes digan que el Estrecho está vigilado por
tierra, mar y aire, o es un iluso o es --perdón, pero viene así-- un
tremendo gilipollas. Los patrulleros no tienen dinero ni para gasoil, ni
para mantenimiento; los puestos carecen de medios, llegando al punto de
que los propios vehículos se caen de puro viejos y las parejas de
guardias civiles se disputan la única linterna del destacamento. Así las
cosas, lo más que se puede hacer es poner lo que ponen, que es su buena
voluntad.




El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.




El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Voy concluyendo ya.

Le podría decir que esta situación se pinta tan de color de rosa que
luego en la realidad los que conocemos y vivimos este problemas de cerca
y nos toca hablar a veces nos extralimitamos en el tiempo y a veces hasta
nos apasionamos, porque nos resultad intolerable que se haya usado en el
pasado, y ahora se quiera seguir usando, que se está luchando eficazmente
con el aumento --no digo que no se luche eficazmente, en absoluto-- de
las dotaciones de los medios humanos y materiales a gran escala, con la
venta del Plan nacional contra la droga, que usted ha dicho
anteriormente, a través de las Udyco, y que se ve en el corazón de la
ciudad que sufre el mayor azote en este tema, que es La Línea, lo que le
estoy describiendo.

Le voy a decir algo más que me trasladan las coordinadoras contra la
droga, que están cansadas de sufrir la muerte de muchas personas en este
tema. Si el País Vasco tiene un problema desgraciadamente de terrorismo y
se destinan medidas especiales para combatirlo lo más posible, es
necesario trasladar el convencimiento de que esa zona tiene un problema
especial de tal calibre --el narcotráfico y el blanqueo de dinero-- que
está llevando muchas desgracias personales a muchas personas, y a su vez
una sensación, entre los que viven allí, de impotencia, de conocimiento
de una zona que tiene otros muchos atractivos industriales, ecológicos,
que es necesario que el Gobierno se conciencie, y que esos medios,
anunciados una y otra vez por los responsables del Gobierno y del Partido
Popular, se concreten de verdad, que ya está bien de esperar esos
aumentos de dotaciones que nunca llegan.

Termino, señor Presidente, porque así me lo pide, diciendo que queremos
reconocer el esfuerzo, la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, porque a pesar de no contar con esos medios (que no
digo que sean escasos, pero que sí son insuficientes en relación a las
importantes redes que existen allí de narcotráfico y de blanqueo de
dinero) día a día dan prueba de su efectividad con la aprehensión de
droga, como anteayer mismo con una operación importantísima. En ese
sentido queríamos resaltar la profesionalidad de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por último, instamos al Gobierno a que esos anuncios de compromisos de
aumentos de dotaciones se ejecuten de una vez por todas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Seco.




El señor SECO GORDILLO: Para mostrar, en primer lugar, la extrañeza que
nos produce la intervención del señor De la Encina, y en segundo lugar,
hacerle un ruego acerca de



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si la situación tan dramática que ha descrito se produce sólo a partir
del 3 de marzo de 1996 o si existía con anterioridad a esa fecha, porque
de su intervención parece deducirse que todo esto se ha producido en el
último año y pico.

Señor Presidente, no estamos aquí para controlar al Partido Popular de
Cádiz, ni mucho menos a su alcaldesa. Para controlar a la alcaldesa de
Cádiz está el Ayuntamiento de Cádiz, y para controlar al Partido Popular
de Cádiz están las urnas, y las urnas en Cádiz dijeron que el Partido
Popular gobernara con mayoría absoluta.

En cualquier caso, me gustaría agradecer al Secretario de Estado de
Seguridad la información que ha trasladado a esta Comisión de Justicia e
Interior del Congreso de los Diputados porque demuestra que el Ministerio
de Interior conoce perfectamente la situación del Campo de Gibraltar y de
toda su problemática en relación con el narcotráfico, así como que pone
los medios para solucionarlo. Los medios y la situación son los que son,
y no me gustaría hablar de herencias, por más que el señor De la Encina
me invite a ello.

Quizá le haría una sola pregunta. ¿Se ha preguntado el señor De la Encina
por qué no hay dinero para la gasolina de las patrulleras? A lo mejor esa
respuesta sería muy indicativa de la situación.

Quiero señalar que la eficacia de la lucha contra el narcotráfico exige
un esfuerzo común, un esfuerzo de todos, y que las declaraciones que se
han venido produciendo en torno a este tema, motivadas muchas veces por
actitudes y actuaciones que podríamos calificar casi de agitadoras, no
contribuyen precisamente a ese esfuerzo común.

La confianza es requisito imprescindible, a mi juicio, en la lucha contra
la delincuencia. Antes decía el señor Barrero en esta misma sesión de la
Comisión de Justicia e Interior que determinadas actitudes o
declaraciones del Delegado del Gobierno en Andalucía provocaban
inseguridad. Me temo que tengo que denunciar aquí la incoherencia del
Partido Socialista, porque la intervención del señor De la Encina provoca
más inseguridad todavía. Sólo faltaría que a la carencia de medios con la
que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Campo de
Gibraltar se añadiera la incomprensión de la población, la incomprensión
de todos los sectores respecto a su actuación y sobre los medios de que
dispone para esa lucha contra el narcotráfico. Pero mucho más grave sería
aún que esa incomprensión hacia los medios, hacia las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, viniera motivada o animada por intereses
políticos más o menos confesables.

Por eso me gustaría concluir haciendo un llamamiento a la tranquilidad y
a la unidad de todos los grupos y partidos políticos y a todas las
instituciones y sectores interesados; unidad y apoyo hacia la actuación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, prescindiendo de
demagogias como las que se están produciendo en este caso.

Quiero agradecer al señor Secretario de Estado la información que nos ha
trasladado.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Una vez más,
señorías, una vez más, señor De la Encina, tengo que decir y tengo que
confesar los problemas enormes que tenemos --personales, materiales--
para hacer frente a todas las necesidades.

Tenemos medios escasos y muchos problemas de seguridad en nuestro país.

Tenemos 52.000 policías, aproximadamente, unos 70.000 guardias civiles,
aproximadamente, y unas organizaciones potentes de crimen frente a
nosotros. Frente a ello no podemos actuar nunca ni con pesimismo ni con
excesivo optimismo, pero tampoco con la inactividad. Por ello, todas y
cada una de las actividades que hemos iniciado son precisamente para
dotar de una mayor eficacia, de una mayor realidad a una serie de
iniciativas que son imprescindibles, y la lucha contra el narcotráfico en
el Campo de Gibraltar es una de ellas.

No voy a meterme en lo que se refiere a presentaciones más o menos
triunfales o triunfalistas de actuaciones del Gobierno. No creo que haya
sido ése el deseo del Ministerio del Interior. Tanto el Ministro del
Interior como yo mismo hemos intentado sembrar en todas nuestras
comparecencias una idea de concordia, alejada de todo triunfalismo y de
una serie de ideas que pueden suponer un excesivo optimismo que no
compartimos en grado alguno.

Por otra parte, señor De la Encina, no podemos concretar tampoco un
particularismo total. (La señora Vicepresidente, Fernández de la Vega
Sanz, ocupa la Presidencia.) El problema del narcotráfico en el Campo de
Gibraltar es serio, es importante; es uno de los problemas más
importantes que tenemos en lo que se refiere a la lucha contra el
narcotráfico.

Una vez más insisto, como he dicho en otra de mis intervenciones, Madrid,
el aeropuerto de Barajas, es otro foco importantísimo de entrada de
narcotráfico, es otro foco importantísimo de entrada de estupefacientes.

Tenemos también que dotar al aeropuerto de Madrid, igual que al
aeropuerto de Barcelona, al aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria y a
otras serie de lugares por los que entra, por desgracia, la droga en
nuestro país de este tipo de material y personal.

Nosotros durante el último año hemos incrementado considerablemente la
eficacia en el Campo de Gibraltar en lo que se refiere a aprehensiones.

Si hubo un total de 1.995 detenidos en 1995, este año hemos aumentado en
un 8,9 por ciento este número. Si hubo unos decomisos importante en 1995,
en este año también se han aumentado. Las cantidades intervenidas en el
año 1996 han sido de 79.969 kilos. Es decir, nos encontramos con un
planteamiento que no puede para nada tener unas aristas catastrofistas ni
un planteamiento de abandono por parte de la actuación del Estado, sino
todo lo contrario. Si todavía el despliegue no ha sido desarrollado en su
totalidad, esperemos que se produzca en los próximos meses.

En este caso quiero decirle que tenemos que hacer entre todos un enorme
esfuerzo de coordinación. Un esfuerzo de coordinación que permita
utilizar racionalmente todos los medios que están a nuestro alcance. A
nadie se nos oculta las dificultades que entraña esta comarca en la lucha
contra el narcotráfico. Su situación geográfica condiciona la afluencia
de sustancias estupefacientes, pero quiero llevar a su convencimiento que
la complejidad de la situación ha



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hecho que el Ministerio del Interior estudie todos y cada uno de los
mecanismos necesarios para erradicar el narcotráfico de la zona. Es una
zona que, además, no hemos hecho nada más que empezar y que continuaremos
dedicándole todos los esfuerzos y el trabajo necesarios sin escatimar
ningún tipo de medidas.

Y para concluir, me gustaría quedarme también con sus últimas palabras,
que han sido una demostración de confianza, una demostración de apoyo a
nuestros cuerpos y fuerzas. Eso es lo que necesitamos hacer entre todos
nosotros: el apoyo a nuestros cuerpos y fuerzas; que se sientan
perfectamente respaldados, en el sentido de que sólo con ese respaldo
podrán ser totalmente eficaces.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor De la Encina,
muy brevemente, por favor.




El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muy brevemente, señora Presidenta.

Solamente quiero aclarar que yo en absoluto he hecho catastrofismo, todo
lo contrario. He descrito una realidad que viene contrastada en los
medios de comunicación. Yo no digo que no se dispongan de medios; se
disponen, y suficientes. Lo que pasa es que, como usted mismo dice,
siempre son escasos en relación a lo que tenemos detrás. Como síntesis,
digo que no es tolerable que antes se usara demagógicamente este tema,
exigiendo más y mejores medios, y ahora se diga, también demagógicamente,
a los ciudadanos y a los colectivos que se promete en el futuro mayores
dotaciones de medios que nunca llegan. Eso es lo que he dicho.

Por último, señora Presidenta, repudio las palabras del señor Seco
referentes a por qué no se tiene dinero para la gasolina de las
patrulleras. Ya está bien de utilizar este tema también demagógicamente
como arma arrojadiza, y le recuerdo que fue el Gobierno socialista quien
a esa persona la puso donde está, en la cárcel, y con un juicio pendiente
de sentencia, mientras que ustedes manifestaban que estaba en el fondo
del mar.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor Seco, muy
brevemente también, por favor.




El señor SECO GORDILLO: Muy brevemente, porque lo que me gustaría
destacar de este debate, o de esta comparecencia del señor Secretario de
Estado, como dato positivo, es la confianza que todos debemos dar a los
medios y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha
contra la droga. Ya he dicho con anterioridad que necesitan del apoyo de
todos y no parece que en este caso se esté contando con él.

Ha leído unos recortes de prensa. Si quiere el señor De la Encina vamos a
ver la composición accionarial de las sociedades propietarias de esos
medios de comunicación, pero no creo que sea el problema de este debate.

Vamos a dejarnos de demagogia, señor De la Encina, vamos a procurar
ayudar a todos a la confianza que debe rodear la actuación de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, señor De la Encina, la historia es
la historia.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor Secretario de
Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Unas breves
palabras para concluir.

Creo que en Gobierno y en oposición, señoría, todos tenemos obligaciones
y todos tenemos derechos. Lo que tiene que hacer --lo está usted haciendo
muy bien-- es recordarme mis obligaciones, recordarme que tengo que
hacerlo, sin hacer demagogia como la está haciendo; recordarme que existe
un problema y recordarme a mí como Gobierno que tengo que estar
cumpliendo en todos y en cada uno de los momentos con mis obligaciones,
que es dar más medios; recordarme que existe ese problema, porque si no
lo resuelvo será cada día mayor. Probablemente el Partido Popular se
dedicaba a hacer lo mismo cuando estaba en la oposición, que era
simplemente hacer esa labor recordatoria.

Usted en su labor de recordatorio, y yo ahora intentando hacer todo lo
posible para resolver el problema, cumpliremos con nuestras obligaciones.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Quiero dar las
gracias al Secretario de Estado por su comparecencia, y también muchas
gracias a todos.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.