Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 38, de 26/06/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 38
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles, 26 de junio de 1996
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre medidas para la protección del origen y del método de elaboración
de la variedad de vino conocida como «vino manzanilla» de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
161/000001) (Página 678)
--Relativa a la denominación de origen «Manzanilla-Sanlúcar de
Barrameda». Presentada por el Grupo Socialista. (Número de expediente
161/000068) (Página 678)
--Por la que se insta al Gobierno a que modifique la normativa
vitivinícola para que se consideren denominaciones de origen algunas
denominaciones tradicionales, sean o no geográficas. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000070) (Página 678)
--Sobre modificación de los Reales Decretos 1573/1985, de 1 de agosto;
157/1988, de 22 de febrero, y 728/1988, de 8 de julio, por los que se
regulan denominaciones genéricas y específicas y denominaciones
de origen de productos agroalimentarios vínicos y no vínicos. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000083)
(Página 678)
--Sobre defensa ante la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM)
de frutas y hortalizas de la producción española de espárragos y adopción
de medidas para evitar su caída. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 161/000043) (Página 682)
--Sobre modificación de la normativa de cultivos herbáceos. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000072)
(Página 688)
--Relativa a la inspección y control de los barcos comunitarios sobre los
pesqueros españoles. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número
de expediente 161/000049) (Página 694)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL ORIGEN Y DEL METODO DE ELABORACION
DE LA VARIEDAD DE VINO CONOCIDA COMO «VINO MANZANILLA» DE SANLUCAR DE
BARRAMEDA (CADIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000001.)
--RELATIVA A LA DENOMINACION DE ORIGEN «MANZANILLA-SANLUCAR DE
BARRAMEDA». PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/000068.)
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE MODIFIQUE LA NORMATIVA
VITIVINICOLA PARA QUE SE CONSIDEREN DENOMINACIONES DE ORIGEN ALGUNAS
DENOMINACIONES TRADICIONALES, SEAN O NO GEOGRAFICAS. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000070.)
--SOBRE MODIFICACION DE LOS REALES DECRETOS 1573/1985, DE 1 DE AGOSTO;
157/1988, DE 22 DE FEBRERO, Y 728/1988, DE 8 DE JULIO, POR LOS QUE SE
REGULAN DENOMINACIONES GENERICAS Y ESPECIFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS VINICOS Y NO VINICOS. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000083.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión.
Debate y votación de las proposiciones no de ley. Previamente, damos la
palabra al portavoz del Grupo Popular.
El señor MADERO JARABO: En el orden del día figura el debate y votación,
en su caso, de una serie de proposiciones no de ley. En nombre del Grupo
Popular pido a la Mesa y propongo al resto de los portavoces que se
efectúen sucesivamente los distintos debates de las proposiciones no de
ley, acumulando las votaciones para la hora que la Mesa determine, al
final de la mañana, para hacer un poco más asequibles los distintos
debates y contactos que pueda haber entre los grupos parlamentarios a lo
largo de la sesión.
El señor PRESIDENTE: ¿Están SS. SS. de acuerdo? (Asentimiento.) Entonces,
se procederá a la votación conjunta a las doce y media. Si a esa hora no
se hubiesen debatido todas las proposiciones no de ley, pospondríamos la
última votación a la una y cuarto, aproximadamente, o hasta que hubiese
pleno en esta Comisión.
En la reunión de la Mesa y junta de portavoces se tomó el acuerdo de que
las cuatro proposiciones no de ley presentadas se tramitasen
conjuntamente, con un texto único. Por lo tanto, iniciaremos la defensa
de las proposiciones por orden de presentación y, al final, se votará el
texto único propuesto por la Mesa y, sobre todo, por los portavoces. ¿Hay
alguna objeción a este acuerdo de la Mesa y junta? (Pausa.) ¿Están todos
los portavoces de acuerdo? (Pausa.)
Iniciamos el debate por la defensa de la proposición del Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Nuestro grupo parlamentario se felicita de
que esta proposición no de ley haya llegado a la Comisión de Agricultura
del Congreso de los Diputados con un grado de unanimidad que nos
permitirá que salga aprobada con este carácter.
Como saben SS. SS., el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tenía presentada con anterioridad una proposición no de ley
para que se reconociese la denominación de origen «Manzanilla de Sanlúcar
de Barrameda», pero, en aras de obtener un texto unitario decidimos
retirar de la Comisión dicha proposición no de ley y nos avinimos al
texto de tres grupos parlamentarios, el Grupo Popular, el Grupo
Socialista y el Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
vamos a debatir en el día de hoy.
A este respecto, quiero decir que ha sido para nuestro grupo
absolutamente ilustrativo el informe elaborado por el Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda, informe muy exhaustivo, en el que se insta al
Parlamento de Andalucía, al Congreso y al Senado, a tomar una serie de
medidas de modificación legislativa a efectos de que esa denominación de
origen sea protegida con toda su intensidad.
Es paradójico hablar de la protección del vino manzanilla cuando es una
de las denominaciones de origen más antiguas en el Estado español, pues
ya el Estatuto del Vino de 1932 y la Ley que posteriormente se elaboró,
de 1933, en su artículo 34, señalaba específicamente que quedaba
protegida como denominación de origen «Vino Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda».
El problema, señorías, ha sido suscitado, como ustedes ya saben, por la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 12 de
febrero de 1996, que daba la razón a un empresario para poder inscribir
una determinada marca de vino con el término de manzanilla, por
considerar dicho nombre como genérico sin que, dice la sentencia, pudiera
deducirse la identidad de manzanilla con el manzanilla Sanlúcar de
Barrameda, que es la que está realmente protegida.
Todo ello, señorías, contra la resolución de la Oficina Española de
Patentes y Marcas y contra lo que establece el Consejo regulador de las
denominaciones de origen Jerez, Sherry y Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda, que consideran este vino protegido como denominación de origen
por la Ley 25/1970, de 23 de diciembre, del Estatuto de la viña, del vino
y de los alcoholes, y por el reglamento de dicha denominación de origen.
Señorías, ya se suscitó un conflicto similar cuando se produjo el
reconocimiento del reglamento del Consejo regulador de Denominación de
Origen de Huelva, en 1963, y la resolución fue que, al existir en la zona
de producción un pueblo que también se llamaba Manzanilla, para no
generar confusión, por Orden Ministerial de 1964, se señaló que a efectos
vitivinícolas la palabra manzanilla define un vino característico
elaborado en Sanlúcar de Barrameda, reconocida su denominación de origen
en el artículo 34 del Estatuto del vino, de la viña y de los alcoholes.
Nuestro grupo, al igual que los demás, considera, señorías, que la
confusión se establece porque el título tercero del vigente Estatuto del
Vino, en su artículo 79, identifica denominación de origen con un
determinado nombre geográfico, sin tener en cuenta que actualmente hay
denominaciones de origen genéricas y específicas con reconocimiento y
prestigio en los mercados y cuyo nombre está compuesto por denominaciones
tradicionales y geográficas o sólo genéricas, como es el caso del cava.
Es necesario, por tanto, modificar la normativa, puesto que la situación
de nuestros mercados vitivinícolas es muy difícil, es muy complicada en
este momento y por ello es necesario proteger aquellos vinos, aquellos
caldos que a lo largo del tiempo se han ganado un prestigio y un
reconocimiento nacional e internacional.
A este respecto es ilustrativo lo que señala el Ayuntamiento de Sanlúcar
de Barrameda en relación con las nefastas consecuencias que la asunción
de esta sentencia comportaría y el rechazo que ha suscitado tanto a nivel
político como de los agentes sociales, al no considerar que la crianza
del vino manzanilla sólo es posible en el término municipal de Sanlúcar y
que, por tanto, constituye también un atentado no solamente contra la
denominación de origen, sino contra el derecho de los consumidores.
Esto es tanto más paradójico, señorías, cuando el Derecho comunitario ha
avanzado definitivamente en la resolución de este problema. El reglamento
2081/92 del Consejo, de fecha 14 de julio de 1992, de protección e
indicaciones geográficas y de origen, señala que se considerarán
denominaciones de origen algunas denominaciones tradicionales,
geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio de una
región o de un lugar determinado.
También el reglamento comunitario 823/87 del Consejo, que fue modificado
en 1989, tras señalar la necesidad de designar la región determinada con
su nombre geográfico, reconoce, por ejemplo, el blanket, vinho verde y
cava, indicando que se reconocerán como de regiones determinadas
reguladas por los Estados miembros.
En suma, señorías, y para acabar, puesto que es una posición unitaria y
todo el mundo tenemos conocimiento de sus términos, lo que se pretende es
que se produzcan las modificaciones normativas, legislativas que se
incluyen en el propio texto de la proposición no de ley, para que el
término manzanilla a estos efectos vitivinícolas defina el nombre
tradicional dado a un vino generoso característico, que sólo se elabora
en Sanlúcar de Barrameda, que dicho término esté protegido como
denominación de origen y que asimismo, la Junta de Andalucía pueda
prohibir la utilización del mismo a todas aquellas bodegas que no estén
enclavadas en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y, por tanto, no estén
inscritas en los correspondientes registros del Consejo regulador de
dicha denominación de origen.
Esta es la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que estamos seguros, convencidísimos de
que compartimos con al menos tres grupos de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Tomamos conciencia de la retirada.
En principio le hubiese correspondido al Grupo Socialista. Rogamos
disculpas a este grupo por esta aceleración en cuanto a su intervención y
damos en este momento la palabra a la portavoz del Grupo Socialista, la
señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señor Presidente, va a intervenir como portavoz en
esta iniciativa el Diputado don Sergio Moreno.
El señor PRESIDENTE: Le damos la palabra al señor Moreno.
El señor MORENO MONROVE: Gracias, señor Presidente, por el reconocimiento
de que en el propio orden del día estaba la retirada de una de las
proposiciones no de ley y ello producía una alteración en el orden de
intervenciones. Es una iniciativa que básicamente está tomada por
unanimidad. Aunque no es una iniciativa conjunta, sí es de textos
idénticos por parte de los tres grupos, Izquierda Unida, Grupo Popular y
Grupo Socialista; por tanto, no tiene tanta importancia, pero sí era
bueno resaltarlo.
Cuando mi grupo presenta esta proposición no de ley lo hace en base a que
una sentencia de un tribunal de justicia de Madrid reconoce un derecho al
registro de una marca manzanilla para un vino que no está producido en
Sanlúcar de Barrameda. Nosotros creemos que la causa de fondo de la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid radica en el hecho
de que la regulación de las materias de denominación de origen en nuestro
país es actualmente confusa y fundamentalmente aquella que recoge un
título tercero del vigente Estatuto del Vino, en el que, en su artículo
79, identifica el concepto de denominación de origen con un determinado
nombre geográfico, no siendo así ya en el Derecho comunitario, donde está
mucho más avanzada la concepción de denominaciones de origen y, en la
práctica económica, el reconocimiento de los derechos de uso de
determinadas marcas, sean o no indicativas de una extensión geográfica,
de una zona geográfica.
Dicha sentencia ha dado lugar a un recurso de casación ante el Tribunal
Supremo por los organismos competentes, pero a nosotros como Cámara
legislativa nos corresponde tomar iniciativas para, por lo menos desde
nuestro punto de vista, evitar que en el futuro se puedan producir
sentencias como ésta y además, para, modificando la normativa
correspondiente, ser capaces de introducir elementos de seguridad
jurídica para todos aquellos poseedores de derechos de explotación de
marcas y para aumentar la seguridad jurídica, también de los
consumidores, y para rellenar las posibles lagunas que tenga nuestro
ordenamiento jurídico en estas materias.
Por tanto, y al margen de como concluya el procedimiento judicial
iniciado, lo que mi grupo parlamentario ha evidenciado es que, aunque no
hay lo que en sentido estricto pudiéramos llamar un vacío legal en
nuestro ordenamiento jurídico, sí nos parece imprescindible realizar
algunas modificaciones normativas para que la interpretación de los
preceptos que regulan las materias que estamos tratando sea absolutamente
clara y se refuercen, como decía antes, los mecanismos de seguridad
jurídica en un terreno tan tremendamente sensible y tan difícilmente
interpretable como el de los signos distintivos y la competencia.
Como antecedente parlamentario, cabe recordar a esta Comisión que el
Senado aprobó una moción por unanimidad el día 15 de marzo de 1994, para
promover la elaboración de una normativa básica respecto de las
denominaciones de origen, específicas y genéricas de productos
agroalimentarios, modificando la Ley 25/1970 del Estatuto del vino y
alcoholes. Yo aprovecho esta intervención para reafirmar la necesidad de
que se cumpla el contenido de esta moción y para reafirmar la necesidad
de modificar de manera un poco más profunda esta Ley Básica del Estatuto
del vino y alcoholes.
Por otra parte, aun siendo una iniciativa que surge de la provincia de
Cádiz como consecuencia de un problema que afecta a ese territorio,
siendo el origen de la proposición una sentencia sobre la denominación de
origen de la provincia de Cádiz, nuestro grupo quiere resaltar que con
esta iniciativa se refuerza todo un conjunto de normas que afectan a
todas las denominaciones de origen, sean o no vinícolas, protegiéndolas y
reforzando, como he insistido varias veces ya, la seguridad jurídica ante
procesos como el que en estos momentos está abierto y estamos viviendo.
Por tanto, señorías, instamos, y afortunadamente por unanimidad, al
Gobierno a que modifique, en concordancia con la fundamentación de la
exposición de motivos, tres reales decretos: el 1573/1985, por el que se
regulan las denominaciones genéricas y específicas de productos
agroalimentarios; el 157/1988, por el que se establece la normativa a que
deben ajustarse las denominaciones de origen y las denominaciones de
origen calificadas de vino y sus respectivos reglamentos, y el 728/1988,
por el que se establece la normativa a que deben ajustarse las
denominaciones de origen específicas o genéricas de productos
agroalimentarios no vínicos para adaptarlos a la normativa comunitaria,
en el sentido --y esto creemos que es lo más básico-- de que habrán de
considerarse asimismo como denominaciones de origen, denominaciones
genéricas o denominaciones específicas, algunas denominaciones
tradicionales, sean o no geográficas.
Quiero asimismo resaltar, señorías, que la identidad de las proposiciones
no de ley presentadas por Izquierda Unida, el Partido Popular y el PSOE
ponen de manifiesto un altísimo grado de acuerdo sobre el asunto de la
manzanilla en particular y sobre la necesidad de reformar la normativa
vigente en materia de denominaciones de origen en general, superando
aspectos estrictamente locales. Desde esta Cámara tenemos que hacer lo
que afortunadamente estamos haciendo. Los grupos parlamentarios de la
provincia de Cádiz nos hemos puesto de acuerdo con el Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda y estamos apoyando su posición, pero ésta,
transformada en esta iniciativa parlamentaria, va más allá de la estricta
respuesta a un problema concreto y posibilita, como decía al principio,
el reforzamiento normativo de los instrumentos de protección de los
productos cuyas denominaciones no hagan referencia estrictamente a
indicaciones geográficas, evitando, como decimos en la exposición de
motivos, fatales consecuencias económicas para determinados sectores que
elaboran productos de enorme calidad y que gozan de prestigio nacional e
internacional.
Espero que esta proposición no de ley goce de la unanimidad de esta
Comisión para que así refuerce su eficacia frente al Gobierno de la
nación.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
interviene su portavoz, señor Sánchez Ramos.
El señor SANCHEZ RAMOS: Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda es una de las
denominaciones de origen más antiguas de España, y así lo consagra el
primer Estatuto del vino de 1932. El reglamento de la denominación de
origen Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, en su
artículo 15 atribuye al vino amparado unas características que serían
sólo aplicables al vino que se produce con esta denominación en Sanlúcar
de Barrameda. Lo define así: El vino amparado por esta denominación es el
conocido tradicionalmente con el nombre de manzanilla y cuyas
características son las siguientes: Vino fino, muy pálido, de aroma
punzante, característico, ligero al paladar, seco y poco ácido, con
graduación alcohólica comprendida entre 15,5 y 17 grados. Las especiales
características de este vino son el resultado del proceso de crianza en
flor a que es sometido en bodegas de su específica zona de crianza. Este
vino generoso puede utilizar la denominación de origen
Jerez-Xerez-Sherry. También el artículo 2 del mismo reglamento fija la
protección a cada uno de los dos nombres que componen la denominación y,
además, prohíbe en vinos no amparados la utilización de nombres, marcas,
términos y expresiones que pudieran inducir a confusión por su similitud
fonética u ortográfica con los términos amparados. También la tabla de
vigencias y derogaciones del Estatuto del Vino declara que la palabra
manzanilla define un tipo característico elaborado en Sanlúcar de
Barrameda que está reconocido como denominación de origen.
La situación de amparo legal, como se ve, parece abundante y clara. Sin
embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid pone en evidencia que es preciso reforzar normativamente los
instrumentos de protección de productos cuyas denominaciones no hagan
referencia estricta a indicaciones geográficas. Ni nuestro grupo ni el
Ministerio de Agricultura compartimos los criterios utilizados en la
mencionada resolución judicial, que, a nuestro juicio, tiene los
siguientes errores: La sentencia considera que estamos en presencia de
dos marcas en litigio, cuando en realidad lo que se pretende es inscribir
en el registro correspondiente una determinada marca en la que se incluye
un nombre ya protegido como denominación de origen. Otro error es
considerar la manzanilla como un tipo de vino blanco, cuando los
artículos 12 y 17 del Estatuto del Vino diferencian los vinos de mesa y
los generosos, y sólo el artículo 12 contempla el vino blanco dentro de
los vinos de mesa, siendo la manzanilla un vino generoso según el
artículo 17.
Considera la sentencia --lo que también es un error-- que pueda haber dos
tipos de manzanillas. Uno, protegido, manzanilla-Sanlúcar de Barrameda;
otro, distinto, genérico, es decir manzanilla con añadidos de apellidos o
lugares geográficos, cuando, como ya hemos visto legalmente, la palabra
manzanilla no es un tipo de vino, sino una denominación de origen. Otro
error es considerar que el concepto denominación de origen está
indisolublemente vinculado a una zona y nombre geográfico, cuando hay
denominaciones de origen compuestas por nombres genéricos o tradicionales
y un indicativo geográfico, caso del chacolí Vizcaya, Vizkaiko o
chacolina, o bien de una denominación genércia sin indicativo geográfico,
como es el cava.
Demasiados errores, señorías, en una sentencia para una normativa
abundante y que debería ser clara en materia de denominaciones de origen
que, además, tiene importantes consecuencias; consecuencias económicas,
en este caso para numerosos productores de la ciudad de Sanlúcar de
Barrameda, con derechos legales e históricos frente a los intereses de un
particular; puesta en peligro no sólo de esta denominación de origen,
sino de todo el sistema español de protección de los derechos de
explotación. Por último, conculcación de los derechos del consumidor,
pues éste compraría como manzanilla un producto así etiquetado, pero que
no lo es.
Todo lo expuesto anteriormente ha motivado la unanimidad de los grupos
proponentes. Incluso Izquierda Unida ha retirado una proposición no de
ley inicial en aras de esta unanimidad. Hemos logrado evitar la
dispersión de esfuerzos concentrando el objetivo final y renunciando a
protagonismos políticos para conseguir el propósito de esta propuesta que
traemos. También es de destacar la receptividad del Ministerio de
Agricultura. Esta vez sí vamos a tener éxito, pues después de varias
iniciativas de distintos grupos en este tema y un fallo garrafal del
Gobierno socialista en el año 1989, cuando se adoptó el reglamento
europeo de vinos de calidad y España no propuso la inclusión de la
manzanilla, aunque estaba protegida desde 1932 en el Estatuto del Vino,
ha tenido que ser un gobierno de Partido Popular el que lo proponga al
Comité de Agricultura de la Unión Europea, que lo ha aprobado por
unanimidad, por lo que la manzanilla pasa a formar parte del grupo de
vinos de calidad producido en regiones específicas, junto a los blanquet,
de Francia, el vinho verde, de Portugal, y el cava español, cuyos nombres
sólo pueden ser usados por vinos de las regiones a las que están
vinculados.
Esta buena noticia, junto a las medidas propuestas en esta proposición no
de ley para adaptarnos a la normativa comunitaria, y esperando que el
Supremo ponga las cuestiones legales en su sitio, harán que este
excelente producto de calidad que es la manzanilla de Sanlúcar de
Barrameda y otros muchos productos agroalimentarios se vean protegidos y
amparados en aras de la calidad, que es su principal característica y
razón de ser.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo de los que ha intervenido desea fijar
posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: De entrada hay que felicitarse por el hecho
de que tengamos encima de la mesa una proposición no de ley que sea el
resultado de la unanimidad de todas las fuerzas políticas con
representación en el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
No obstante, si analizamos con más profundidad vemos, como suele ocurrir
en estas ocasiones, que esta coincidencia general es más bien el
resultado de una situación de clara injusticia hacia el sector afectado.
Como parlamentario interesado en temas agrarios, me da pena que haya
tenido que ser el juez del Tribunal Superior de Justicia
en Madrid el que cuestione la eficacia de la legislación vigente en
materia de protección de productos de calidad, evidentemente, situando al
sector productor en una posición que, como mínimo, podríamos calificar de
difícil.
La agricultura en toda la Unión Europea, si quiere sobrevivir de las
fuertes tensiones comerciales a que está expuesta, tiene que hacer un
esfuerzo especial en la línea de buscar la diferenciación entre sus
productos y los que pueden convertirse en sus más directos competidores.
Esta diferenciación de las mercancías es el valor añadido y éste es el
resultado de la combinación de dos factores: la calidad de la producción
y las técnicas de transformación del mismo. Por lo tanto, las políticas
ligadas a las denominaciones de origen, «Q» de calidad, por ejemplo, en
el caso de Cataluña, ya sea en la producción o en los procesos de
transformación para obtener un producto final de alta calidad, deben ser
absolutamente prioritarias, tanto para los responsables de las
comunidades autónomas como a nivel de Administración central.
Lo que me parece realmente grave es que el Ministerio de Agricultura, con
todos sus asesores y con todos sus directores generales al frente, no se
haya dado cuenta de que la normativa que existe hasta este momento es
insuficiente y haya tenido que ser un juez, como antes he dicho, quien, a
través de la aplicación de la normativa vigente, inspirada en el propio
Ministerio, ponga en jaque toda una serie de productos que por su calidad
reconocida no tienen que tener problemas, en principio, con las grandes
producciones de la Unión Europea.
A estas alturas, después de los problemas que tuvimos cuando, por
ejemplo, se prohibió la utilización de la denominación «champagne» a
nuestro cava, que se había utilizado siempre, hemos de aceptar que la
legislación que tenemos en defensa de los intereses del sector es, como
mínimo, confusa, por lo tanto, me atrevería a decir que manifiestamente
mejorable ya que cuando la ley no cumple con sus objetivos lo que hace, a
nuestro entender, es perjudicarlos.
A raíz de la sentencia nos damos cuenta de la producción de nuestros
productos de mayor calidad, de mayor valor añadido, los más dinámicos,
los que en general tienen más posibilidades de exportarse, los más
competitivos están desprotegidos, con el agravante de que a nivel de
Unión Europea la problemática está perfectamente resuelta con la
aplicación de los reglamentos 823/1987, 2049/1989 y, de forma especial,
el 2081/1992, de 14 de julio.
¿Por qué se ha esperado tanto en modificar nuestros reales decretos
1573/1985, 157/1988 y 727/1988? ¿Por qué no se analiza en profundidad los
reglamentos comunitarios o alguien se cree que cuando la Unión Europea
produce legislación ésta no obedece a ningún fin concreto?
Nuestro grupo votará a favor de la proposición no de ley en la misma
línea en que se ha pactado con los diferentes grupos políticos del
Congreso. También por ese motivo no hemos presentado ninguna enmienda de
adición, pero sí que nos gustaría, y seremos insistentes de cara al
futuro, que desde el Ministerio de Agricultura se potencie un grupo de
trabajo que, con la participación de las comunidades autónomas y de los
sectores implicados, no sólo analice puntualmente los nuevos reglamentos
comunitarios sino que tenga iniciativas al respecto y de forma especial
trabaje en la puesta al día de la legislación vigente para evitar que ese
tema se vuelva a producir.
--SOBRE DEFENSA ANTE LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM)
DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA PRODUCCION ESPAÑOLA DE ESPARRAGOS Y ADOPCION
DE MEDIDAS PARA EVITAR SU CAIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000043.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la proposición
número 5 del orden del día sobre defensa ante la reforma de la
Organización Común de Mercado de frutas y hortalizas de la producción
española de espárragos y adopción de medidas para evitar su caída.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Señor Presidente, antes de empezar a tratar
lo que es el tema concreto que nos ocupa, del espárrago, en esta
proposición no de ley, me gustaría hacer una reflexión previa sobre la
actual política agraria comunitaria. Y es en el sentido de que la Unión
Europea, una vez conseguido su objetivo de autosuficiencia alimentaria,
sigue en una fase de expansión dirigida a los mercados internacionales de
los países en vías de desarrollo, acentuando el desequilibrio entre
países desarrollados y en vía de desarrollo.
También he de decir que algunos productos mediterráneos se encuentran en
desventaja con respecto a los ya consolidados del resto de la Unión
Europea y, por ello, entendemos que la política proteccionista de la PAC
no debe limitarse exclusivamente a una simple actividad abastecedora de
materias primas para la industria y el consumo, sino que una verdadera
política agraria debe tender a diversificar su producción, buscar el
equilibrio territorial y preservar también el medio ambiente.
La liberalización de mercados con los acuerdos de la Organización Mundial
de Comercio ha supuesto la entrada en Europa de una serie de productos,
uno de ellos el espárrago, sin ningún tipo de aranceles debido al acuerdo
preferencial suscrito entre la Unión Europea y algunos países, entre
ellos, en concreto, con los países andinos. La finalidad de este acuerdo
era sustituir el cultivo de coca por el de espárrago. Parece ser que la
bondad de la medida ha fracasado y se ha convertido en una opción
industrial en la que incluso participan empresas españolas, perjudicando
los intereses nacionales tanto de la industria de transformación como
agraria.
Las cifras de importaciones de espárrago a partir de los acuerdos
preferenciales se disparan situándose de 50.000 toneladas, en 1989, a
122.000 toneladas, en el año 1994. Como consecuencia de la pérdida de
competitividad de
nuestro producto en los mercados nacionales e internacionales, pérdida de
competitividad frente a mano de obra barata, el cultivo del espárrago se
encuentra en plena regresión produciéndose un descenso en las superficies
cultivadas y en el número de toneladas recogidas de este producto. De
101.800 toneladas, en 1990, pasamos a 77.100 en 1995. Hay que decir que
el descenso es desigual en las distintas comunidades, teniendo incidencia
en el valle del Ebro, Navarra, Rioja y Aragón, donde este producto se
comercializa con denominación de origen de Navarra y está al 50 por
ciento de su producción en este momento respecto a 1990.
El cultivo de espárrago en España mantiene una actividad económica y
social muy importante teniendo en cuenta que a la producción agraria se
une la industria transformadora de este producto. El montante económico
en salario está cifrado en 25.000 millones de pesetas generando un empleo
próximo a 100.000 puestos de trabajo, según las estadísticas.
Las 5.000 hectáreas de esparragueras arrancadas en los últimos años, que
no se han sustituido, suponen la pérdida de más de 14.000 puestos de
trabajo. Para evitar estas pérdidas tanto en la Comunidad de Navarra como
en la de Aragón han concedido ayudas para incentivar la compra-venta de
espárragos a las empresas transformadoras acogidas a los contratos
homologados del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En definitiva, entendemos que el espárrago reúne todas las condiciones
para establecer mecanismos de ayuda y protección frente a terceros y,
además, es el momento oportuno, al estar dándose el debate de la reforma
de la OCM de frutas y hortalizas, en la cual España debe defender este
producto importante para la economía y la sociedad sin olvidar que el
espárrago es un producto con arraigo cultural y gastronómico digno de
tener en cuenta.
He de decir que la proposición no de ley que hoy tratamos en su punto
primero es una petición de organizaciones profesionales, sindicatos y
consejerías de comunidades autónomas de Aragón, La Rioja, Extremadura y
Navarra.
Por todo esto, ante esta situación, es por lo que hoy presentamos la
proposición no de ley en la que incluimos tres puntos que dicen así:
Primero, defiéndase en el marco de la actual propuesta de reforma de la
OCM de frutas y hortalizas, y dentro de la propuesta de reglamento de
frutas y hortalizas transformadas, la inclusión del espárrago en el anexo
1 en el que se relacionan los productos con los que se establece ayuda a
la transformación con un umbral de garantía de, al menos, 45.000
toneladas. Segundo, pongan en marcha un plan de ayuda para la
transformación que permita al agricultor tener la garantía de un precio
estable. Y, tercero, adopten las medidas adecuadas para dar protección a
nuestra producción frente a la importación de terceros.
Nosotros entendemos que éstas son medidas que pueden contar con el apoyo
de la mayoría de los grupos y, en caso de haber discrepancias en cuanto a
alguno de los puntos que hoy estamos defendiendo, pediríamos que la
votación se hiciera por separado. Porque, en definitiva, hay un punto que
consideramos que es vital, tanto para el cultivo como para la defensa de
este producto, que es el punto primero, que nosotros esperamos que goce
del apoyo mayoritario en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean fijar sus posiciones?
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Burballá.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, nuestro grupo valora especialmente la situación de grave
amenaza que existe para el espárrago en España. Evidentemente se trata de
un tema de una enorme dimensión social, tanto por los puestos de trabajo
directos o indirectos que se crean como por el importe económico en
jornadas y salarios. La situación de grave afectación se inicia a
principios de los noventa, cuando empieza una fuerte presión al alza de
las importaciones comunitarias, sobre todo de China y Perú, con prácticas
propias del dumping social y sin apoyos ni compensaciones para los
productores comunitarios.
En el actual proyecto de reforma de la Organización Común de Mercado de
frutas y hortalizas transformadas no se incluye ningún tipo de referencia
al espárrago, al no estar incluido este proyecto en el anexo I del citado
proyecto. De aprobarse así la nueva OCM podría suponer la desaparición de
este cultivo y con ello poner en peligro la supervivencia de todas
aquellas familias que directa o indirectamente tienen en este cultivo su
principal fuente de ingresos económicos.
En consecuencia y en razón de la gran importancia social y económica que
tiene el cultivo del espárrago para conserva en muchas de las comunidades
de España, este grupo parlamentario está de acuerdo en que se inste al
Gobierno a que realice las gestiones oportunas para que se incluya al
espárrago en el anexo I de la propuesta de la reforma de la OCM de frutas
y hortalizas transformadas, para facilitar de esta forma que se incluya
entre los productos con derecho a ayudas para la transformación como
única posibilidad de garantizar la continuidad de este cultivo.
Nuestro grupo no entiende que deban contemplarse los umbrales, porque
esto viene delimitado también y afectado por los acuerdos del GATT, que
son los que son, nos guste o no, y en definitiva nos parece que el punto
segundo no procede en cuanto a que este plan de ayudas ya está en marcha
por parte de las instancias estatales españolas. En ese punto, nuestro
grupo votará a favor de que se defienda, como he dicho, la incorporación
del espárrago en la reforma de la OCM de frutas y hortalizas en los
términos que he expresado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista para fijar nuestra posición con respecto a la proposición no
de ley que se ha formulado ante esta Comisión por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre
la defensa, ante la reforma de la OCM de frutas y hortalizas, de la
producción española de espárragos y la adopción de medidas para evitar su
caída. El objeto de esta proposición queda resumido y definido en el
propio título de propuesta, que se compone de tres medidas concretas: en
la primera se solicita la inclusión del espárrago en el anexo número I y
fija un umbral de 45.000 toneladas; en la segunda se pide la puesta en
marcha de un plan de ayudas para la transformación, y en la tercera se
pide la adopción de medidas de protección a la producción frente a la
importación de terceros países.
El debate y planteamiento de propuestas relativas a la protección de la
producción de frutas y hortalizas, y más concretamente del espárrago, ya
ha sido objeto de iniciativas y mociones de distintos grupos y aprobadas
todas ellas por consenso. La más reciente es la formulada por el Grupo
Parlamentario Socialista, que fue aprobada por unanimidad en el Pleno
celebrado el pasado día 11, después de incorporar las enmiendas
presentadas por los demás grupos.
La propia Ministra de Agricultura manifestaba a los medios de
comunicación el pasado día 23 de junio que no iba a permitir que en la
reunión que iba a mantener el lunes --es decir, anteayer-- en Luxemburgo
se discriminasen los productos mediterráneos sobre los continentales, y
explicitaba aún más, que iba a solicitar la ampliación del anexo I con
inclusión del espárrago.
Como ya se señala en la exposición de motivos de esta proposición, el
cultivo del espárrago en España supone un montante económico muy
importante, que genera empleo directo e indirecto, tanto en su producción
como en el proceso de transformación. Quiero incidir sobre ello y
resaltar el hecho de que en algunas comunidades que ya se han citado,
como Navarra, La Rioja y Aragón, el espárrago adquiere una especial
relevancia, se eleva a la categoría de producto singular de alta
incidencia económica, dada la dependencia que de este producto tiene la
industria agroalimentaria que allí se halla implantada.
En estas regiones, en sus comarcas, en sus pueblos, el espárrago se
convierte en un cultivo reequilibrador del territorio, en un cultivo
social, en un cultivo solidario, en un cultivo socializante e
igualitario, por tratarse de un cultivo predominantemente de explotación
familiar, que ha permitido a los agricultores ocupar una gran parte de su
tiempo de trabajo en épocas en las que el campo no ofrece otras
alternativas; ha contribuido a mejorar su renta agraria total, ha
permitido además la implantación de industrias conserveras en estos
lugares, que aportan un importante volumen de puestos de trabajo, sobre
todo femenino, en aquellos ámbitos rurales donde existen pocas
alternativas para las mujeres; también ha generado trabajo para
temporeros de otras regiones con menos oportunidades de ocupación en sus
lugares de origen y ha evitado el despoblamiento masivo de las
mencionadas zonas rurales. Pero durante estos últimos años se está
produciendo un descenso progresivo, alarmante, diría yo, en la superficie
cultivada y en el número de toneladas recogidas en todas las zonas
españolas productoras de espárrago.
En un principio, de los años ochenta a los noventa, más que descenso lo
que se producía era un trasvase regional; mientras en Navarra, Rioja y
Aragón descendía, en Andalucía y Extremadura se incrementaba en igual
superficie y toneladas, equilibrando, a nivel nacional, la balanza
productora. Pero a partir de 1991 y hasta hoy el progresivo e
ininterrumpido descenso en Navarra, Rioja y Aragón viene incrementado por
la importante reducción que se está produciendo en las zonas del sur de
España. Como ejemplo, en Navarra, en tan sólo seis años, se ha perdido un
60 por ciento de la superficie cultivada, quedando reducida a 3.400
hectáreas y 12.000 toneladas.
Esta crisis y caída en la producción del espárrago es preciso analizarla
desde una óptica global, para concluir que tiene su origen en varias
causas que alguno ya ha mencionado: la liberación de los mercados
internacionales, creciente, progresiva, imparable y que tiene su origen,
como ya se ha dicho, en los acuerdos del antiguo GATT --hoy Organización
Mundial del Comercio--, donde hoy en día aún no se encuentran China y
Taiwán, países productores y exportadores a Europa de espárrago, pero no
será mucho el tiempo que estos países tarden en estarlo. En Europa, como
datos relevantes, en 1992 la importación de espárrago chino se situaba en
49.944 toneladas y en 1994 ha crecido hasta casi los 78.000.
Otro de los elementos que ya se han citado son los acuerdos
preferenciales suscritos por la Comunidad Económica Europea con los
países andinos, y ya se ha descrito que los efectos que se perseguían con
estos acuerdos no han dado resultado, sino todo lo contrario: empresas,
incluso empresas españolas, que tenían su producción centralizada en
España, y más concretamente en el Valle del Ebro, han trasladado no sólo
la producción, no sólo sus explotaciones, a estos países andinos, sino
que incluso están en un proceso de traslación de las propias empresas
transformadoras.
La caída de los precios es otro de los elementos que marcan la retirada
de esta explotación. Esta caída de los precios y su evolución a la baja
han adquirido en los últimos tiempos unas magnitudes alarmantes. Los
precios del espárrago español, y más concretamente el de las zonas de
Navarra, Rioja y Aragón, han sido fijados para esta campaña entre 305 y
315 pesetas kilo. Pues bien, el espárrago peruano, que ha venido hasta
ahora incrementando poco a poco sus precios y que se situaba en 1994 en
273 pesetas, tiene un especial competidor ya incluso en el espárrago
asiático, cuyo precio estaba situado en 1994 en 142 pesetas, menos del 50
por ciento del precio de espárrago español. Estos menores costes de
producción de los países andinos y asiáticos, unidos en el primer caso a
la exención de aranceles, suponen la mayor carga económica que soporta el
espárrago nacional, y están teniendo consecuencias muy negativas para
nuestra propia producción.
El objetivo del sistema de ayudas de la Unión Europea es o debe ser
proteger el producto comunitario mediante la compensación necesaria de
los desequilibrios de precios y equiparar el nivel de competencia.
El espárrago, siendo un producto estacional, exige a sus productores unas
fuertes inversiones iniciales en la plantación y soportar unos gastos
anuales muy importantes de puesta en cultivo primero y de labores de
recolección después.
Nuestros agricultores necesitan alguna garantía de que esas inversiones
que se ven obligados a hacer van a poder ser rentabilizadas adecuadamente
y no estar sujetos, además de a la incertidumbre de la climatología, cosa
inherente a la agricultura, a las fluctuaciones de un mercado cada vez
más marcado por las importaciones. Nuestro objetivo es invertir la
tendencia de arranque de esparraguera dejando las actuales
incertidumbres, para generar empleo en el sector agrario y
agroindustrial.
Analizando los tres puntos de la proposición, vemos que en el primer
punto se viene a explicitar en cuanto al espárrago lo que ya ha quedado
consensuado con anterioridad y forma parte de las propuestas españolas e
incluso de la propia Comisión.
Cabría corregir lo que creo que es un error de mecanografía, sustituyendo
la palabra concepto por la palabra concreto.
En cuanto al umbral de producción de 45.000 toneladas fijado en la
proposición, no consideramos que sea determinante en estos momentos de la
negociación. Quizá una fórmula alternativa sería la que se propuso en su
día desde el Ministerio de Agricultura: y con una cuantía que compense
las diferencias de coste con los países competidores.
En cuanto al segundo punto, relativo a la puesta en marcha de un plan de
ayudas para la transformación, hemos interpretado --creemos que
generosamente-- que se refiere a defender ante la Unión Europea la
concesión de dichas ayudas y que no se trata de algo distinto de ámbito
nacional, que sería incompatible.
El tercer punto, referido a las medidas de protección de nuestra
producción frente a la importación de terceros países, que es una de las
causas más importantes de la crisis del sector, ha sido ya abordado y
discutido con anterioridad. Teniendo en cuenta que nos movemos en el
marco del GATT y de la Unión Europea, cualquier acción de tipo protector
que se pretenda abordar viene limitada por la incompatibilidad con los
compromisos internacionales y acuerdos preferenciales y, por ello, en su
día se defendió ante las instancias europeas la aplicación de una medida
de salvaguardia por la que se limite la importación de estos productos a
una cantidad máxima obtenida como media de las cantidades importadas en
los tres años anteriores y que la Comisión no consideró por el momento
porque no se daban las condiciones necesarias para imponer esas
restricciones cuantitativas. Debemos contribuir al desarrollo de terceros
países, pero salvaguardando adecuadamente los intereses de las ciudadanas
y ciudadanos españoles, sobre todo si, como en este caso, se trata
precisamente de sectores cuyas rentas están sustentadas básicamente en
las rentas agrarias.
Las ayudas a la transformación son necesarias y reclamadas por las
comunidades autónomas como complemento indispensable para sus políticas
agrarias regionales, sobre todo por los pequeños agricultores con
explotaciones familiares, por las organizaciones agrarias y por la mayor
parte de las industrias conserveras, como sistema adecuado de apoyo y
protección al cultivo del espárrago, para mantener el empleo agrario y
evitar la pérdida progresiva de rentas.
La inclusión del espárrago en el Reglamento de frutas y hortalizas
transformadas dentro de los productos con ayudas a la transformación
supondrá el mantenimiento, e incluso la creación, de puestos de trabajo
directos e indirectos, tanto en producción, cultivo y recolección como en
transformación y comercialización del producto en conserva, lo que
permitirá promover la expansión de este cultivo en España, con la
consiguiente generación de riqueza y empleo en el medio rural.
Estamos convencidos de que el espárrago puede y debe mantener su
potencial e incluso la importancia social y económica que ha tenido y
tiene en el sector agrario de nuestro país y, en particular, en la zona
del valle del Ebro. La decisión está en manos de la Unión Europea y de
nuestra Ministra de Agricultura; de cómo negocie la OCM va a depender la
supervivencia o desaparición de este producto, manantial de riqueza y
empleo en otro tiempo en varias comunidades y que, si no lo remediamos,
desaparecerá de nuestros campos.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere contribuir una vez más al
desarrollo agrario y no ha querido presentar enmiendas que, sin duda,
hubieran completado y mejorado la proposición presentada, y anuncia ya su
voto favorable aun en el caso de que los tres puntos se voten de forma
separada.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Intervengo para fijar la posición del Grupo Popular
respecto a la proposición no de ley presentada por Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en defensa del espárrago.
Como se ha dicho aquí esta mañana, España es prácticamente el único país
productor de la Unión Europea, con casi el 90 por ciento de la producción
de la Unión, y también es una realidad que este producto se desarrolla
exclusivamente en cinco comunidades autónomas que han sido citadas aquí
esta mañana, y de una forma especial en la región por cuya
circunscripción ha sido elegido este Diputado y en todo el valle del
Ebro.
Es verdad, y así lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones a lo largo
de los últimos años, que la producción del espárrago es una producción
eminentemente social, dada la gran cantidad de mano de obra, de puestos
de trabajo que emplea, tanto para su producción en el campo como para su
transformación en conserva, como es verdad también que, en los últimos
años, se ha reducido la superficie nacional de explotaciones agrarias
productoras de espárragos en casi un 50 por ciento, fruto de la dejación
por parte del Ministerio de Agricultura en la defensa de nuestros
productos en los organismos comunitarios y de los acuerdos adoptados a
nivel internacional por parte de la Unión Europea, así como por la
liberalización de los mercados y, producto de todo ello, las
importaciones que la Unión Europea ha venido haciendo de terceros países,
puesto que éste no era un producto por el que el resto de los socios
comunitarios fueran a competir con nosotros.
En estos momentos, la Unión Europea está produciendo en torno a las
25.000 toneladas, de las cuales España produce alrededor de las 22.000.
Frente a ello, las importaciones que hace la Unión Europea son
fundamentalmente de China, 80.000 toneladas, con arancel, y de Perú,
fruto de aquellos acuerdos con los países andinos de los que tantas veces
hemos hablado en esta Comisión --por cierto, siempre a iniciativa del
Grupo Popular--, por las condiciones en que se nos decía que se habían
hecho, con el fin de intentar reducir la producción de coca e iniciar a
los productores de aquellos países hacia estos cultivos, cuando podíamos
demostrar a la Unión y al Ministerio de Agricultura que la producción de
coca se producía a unas alturas determinadas en las que no se podía
producir el espárrago. Ahora hemos comprobado cómo por parte de la Unión
Europea se están importando en torno a las 38.000 toneladas con arancel
cero.
Todo esto nos demuestra que no parece que el tema del arancel sea el
problema fundamental, sino que en este momento, con un mundo abierto, con
una economía abierta, son los costes de producción que tienen las
explotaciones españolas respecto a las condiciones de mano de obra que
tienen las explotaciones chicas o peruanas. En ese sentido, siendo
conscientes del problema, creo que nuestras propuestas de solución deben
ir en la línea de intentar recuperar la superficie dedicada en nuestro
país al cultivo del espárrago y mantener la producción de los últimos
años. La preocupación del Grupo Popular por este producto en los últimos
seis años ha sido intensa.
Ya en la IV Legislatura este mismo Diputado defendió diversas iniciativas
tendentes a mejorar las condiciones del sector, y, por cierto, siempre,
salvo en algunas escasas ocasiones que fueron consensuadas con todas las
fuerzas políticas, fueron rechazadas estas iniciativas por el Grupo
Socialista. Hasta el punto que en aquella IV Legislatura se llegó a
decir, por el representante entonces del Grupo Socialista, que este
sector era un tanto elitista y privilegiado, y que en los últimos años se
le había triplicado el precio del espárrago. Por aquellos vientos ahora
estamos recogiendo las actuales tempestades, en las que todos coincidimos
en su diagnóstico.
Tanto en el Congreso como en el Senado hemos defendido múltiples
iniciativas, siempre dirigidas a proteger expresamente el espárrago. En
concreto, yo recuerdo que el 14 de septiembre de 1994 defendíamos una
proposición no de ley, idéntica a la que hoy estamos defendiendo, a
iniciativa, en esta ocasión, de Izquierda Unida, en aquella ocasión a
iniciativa, como casi siempre, del Grupo Popular, pidiendo la inclusión
del espárrago en el documento de reflexión sobre la reforma de la
organización común de mercado de frutas y hortalizas, cuyo primer punto
fue aprobado por unanimidad. Por tanto, es obvio que vamos a seguir
apoyando esta iniciativa, como no podía ser de otra manera, en esta
ocasión también, siendo consecuentes desde nuestros planteamientos en la
oposición, y en estos momentos apoyando y respaldando al Gobierno.
Había un segundo punto muy importante, que fue aprobado también en
aquella ocasión por unanimidad y consensuado in voce en aquella Comisión,
en el que se pedía al Gobierno que en caso de que los precios cayeran por
debajo de una determinada cantidad, en concreto los precios de la media
de los últimos seis años, el Gobierno debería pedir la cláusula de
salvaguardia para impedir la entrada del producto en un tiempo
determinado y se regenerara el propio sector.
El 18 de octubre de 1995 se defendió una interpelación por José Ramón
Pascual, cuya moción fue aprobada también el 7 de noviembre de 1995,
moción tantas veces citada y que ha supuesto el referente para la nueva
Ministra de Agricultura al defender y hacer suyo este asunto, así como el
resto de la propuesta de la OCM de frutas y hortalizas en Bruselas. Por
otra parte se presentó otra nueva interpelación y moción en el Senado en
noviembre del mismo año 1995.
Es verdad y lo digo con orgullo especial, que en el Comité Europeo de las
Regiones, el actual Presidente del Gobierno de La Rioja, con el apoyo de
todos, absolutamente todos, indistintamente del color político de los
presidentes regionales españoles, se consiguió aprobar por unanimidad la
inclusión del espárrago dentro de la organización común de mercado de
frutas y hortalizas.
Ya en esta legislatura, con el nuevo Gobierno, hemos tenido en esta
Cámara declaraciones solemnes y contundentes ante SS. SS. de la nueva
Ministra de Agricultura en el sentido de hacer suya la moción defendida
por José Ramón Pascual en nombre del Grupo Popular y aprobada por
unanimidad en esta Cámara, por tanto, por la soberanía popular. Pero,
insisto, la Ministra de Agricultura hizo suya la moción, y en el Consejo
de Ministros que se está llevando a cabo en estos momentos en Luxemburgo,
al que luego me referiré, está haciendo la petición formal de la
inclusión del espárrago en la organización común de mercado.
Por todo ello, señorías, creemos que los problemas que viene padeciendo
el sector están motivados fundamentalmente por la falta de competitividad
de nuestro sector respecto de los productores de terceros países. Al
mismo tiempo por la no aplicación de la famosa preferencia comunitaria, a
la que tantas veces también nos hemos referido en esta Cámara, bien por
los acuerdos preferenciales con terceros países por los acuerdos del
GATT, viene descafeinándose, por decirlo de alguna manera, esta
importante cláusula de preferencia comunitaria.
Al mismo tiempo, otro de los problemas, como decía anteriormente, son las
importaciones intensas, procedentes fundamentalmente de China, con unos
sistemas de producción mucho más competitivos que los nuestros.
Por todo ello, lo que habría que conseguir son ayudas a la producción que
permitan competir en calidad-precio, frente a los menores costes de
producción de nuestros propios competidores. Estas ayudas, sin duda,
vendrán dadas por el amparo de la organización común de mercado de frutas
y hortalizas y por la inclusión en su anexo primero de la OCM del
espárrago. Finalmente quiero decir que el Gobierno, como decía
anteriormente, ya ha solicitado esa inclusión.
Mientras en esta Comisión de Agricultura estamos debatiendo este asunto
de la inclusión que a todos nos preocupa --y sinceramente no dudo que nos
preocupa a todos
los miembros de esta Cámara y, en concreto, de esta Comisión--, el lunes
día 24 comenzó la celebración del Consejo de Ministros de Agricultura
donde, a instancias de la Presidencia italiana, se está debatiendo la
reforma de la organización común de mercado de frutas y hortalizas.
Quiero decir en esta Comisión que nuestra Ministra está defendiendo, como
nosotros hemos dicho siempre, a lo largo de los años que hemos estado en
la oposición, en un organismo comunitario la propuesta española de
incluir el espárrago dentro de la organización común de mercado de frutas
y hortalizas. Quiero decir también que se ha encontrado sola en esa
defensa, si bien es cierto que, fruto de las negociaciones que se están
llevando a cabo en estos debates, en estos momentos podemos anunciar que,
a pesar de haber terminado a las tres y media de esta madrugada, tenemos
ya el apoyo de Francia, Portugal y prácticamente, de una manera
implícita, de Alemania, que se ha sumado, en el caso de que los países
del sur no estuvieran de acuerdo, a apoyar también a España en nuestros
planteamientos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, vaya finalizando y fijando su posición.
El señor ISASI GOMEZ: Yo he asistido pacientemente, como no podía ser de
otra manera a las exposiciones de S. S. y ruego que, al menos, tengan el
mismo comportamiento con este portavoz. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio para que termine el señor
Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias,
señorías, por su paciencia.
El punto primero de la proposición no de ley, como no podía ser menos, y
como he anunciado a lo largo de mi intervención, vamos a apoyarlo, porque
coincide con lo que hemos venido defendiendo a lo largo de estos seis
últimos años. En la última línea, hasta donde dice: «... establece ayuda
a la transformación», ahí pondríamos punto y aparte. Es lo que nosotros
estaríamos dispuestos a votar. Retiraríamos «... con un umbral de
garantía de al menos 45.000 toneladas».
Yo no sé si se me entiende, señor Presidente. (Varios señores Diputados:
Sí, sí.) Muchas gracias.
El segundo punto entendemos que no procede, puesto que ya iría implícito
en el primero y, además, quiero pensar que no estaríamos pidiendo ayudas
nacionales que a todos nuestros productores les vendrían muy bien, pero
que son incompatibles con la política agraria común y con los acuerdos
del GATT. Por tanto, pediría al Grupo proponente que retirara el punto.
Si no acceden a esta petición del Grupo Popular, nos veríamos obligados,
lógicamente, a votar en contra.
En el tercer punto, prácticamente está implícito el acuerdo al que yo
hacía referencia anteriormente, el acuerdo del 14 de septiembre de 1994,
sobre la cláusula de salvaguardia, pero que también, en todo caso, iría
implícito con la inclusión del espárrago dentro de la organización común
de mercado de frutas y hortalizas.
Para terminar, señor Presidente, y dada la coincidencia de la celebración
de esta Comisión con el Consejo de Agricultura de la Unión Europea, donde
se está defendiendo esta misma cuestión, me atrevería a pedir a la
Presidencia, con el beneplácito de la Comisión, que se enviara a la
Ministra un telegrama de apoyo de la Comisión de Agricultura en defensa
de los intereses de todos los españoles. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Creo que por los diferentes grupos se han
manifestado opiniones diferentes en los tres puntos de la proposición
presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El primer
interviniente, el portavoz de Izquierda Unida, incluso ha hablado de la
posibilidad de separar el primero del resto, hacer una votación
diferente. Por los distintos grupos también se han manifestado posiciones
favorables y desfavorables con respecto a los tres puntos.
Yo propondría al Grupo de Izquierda Unida votar independientemente cada
uno de los tres puntos. Por último, quisiera saber si aceptan o no, en
ese primer punto, lo que proponían, parece ser, el Grupo Socialista y el
Grupo Popular, que era eliminar el texto siguiente a «transformación». Es
decir: «... con un umbral de garantías de al menos 45.000 toneladas». ¿Lo
acepta el grupo proponente? (Asentimiento.) Por asentimiento, se elimina
a partir de «transformación».
Aparentemente, también existe un error gramatical; en lugar de «concepto»
es «concreto». Se modifica también «concepto» por «concreto».
Por último, preguntamos si se votan los tres puntos uno por uno o en dos
bloques.
Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
señor Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Nosotros ya manifestamos con anterioridad que
en beneficio de lo que estamos tratando, que es un asunto importante,
estamos dispuestos a suprimir estas palabras a las que se ha hecho
referencia; es decir a eliminar el texto a partir de «... un umbral de
garantía». Seguimos entendiendo que es un aspecto importante, pero en
aras al consenso estamos dispuestos a eliminarlo.
Con respecto a los dos puntos siguientes, podríamos votar por separado
los tres puntos y así los distintos grupos políticos podrán fijar su
posición.
Respecto al segundo punto, en el que se hace una interpretación de ayudas
a través de la Comunidad, entiendo que las ayudas que propone ya existen
en la actualidad a través de los contratos homologados del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Por tanto, lo que hay es una voluntad
de que mientras este producto tenga las dificultades que existen en la
actualidad, se siga manteniendo. Desde ese punto de vista, sí nos
parecería interesante mantener también el segundo punto.
Por tanto, aceptamos las sugerencias que se han hecho y proponemos que la
votación de los distintos puntos sea separada.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Habíamos quedado en votar a partir de las doce y media. Como no son las
doce y media y no da tiempo a debatir el siguiente punto del orden del
día, muchos grupos parlamentarios nos han solicitado votar a la una menos
cuarto. Yo les propondría suspender esta sesión hasta la una y cuarto y
continuarla a partir de esa hora. (Rumores.)
Seguiremos con el siguiente punto del orden del día y votaremos a partir
de la una y cuarto. ¿Están de acuerdo SS. SS.? (Pausa.) ¿Alguna
manifestación en ese sentido? (Pausa.)
Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora RIVADULLA GRACIA: A efectos de no cambiar otra vez la hora de
votación, pienso que lo más idóneo sería que votásemos cuando se acabase
la defensa de las dos proposiciones no de ley que restan.
El señor PRESIDENTE: Se acepta esta propuesta de la portavoz. Se
debatirán las dos proposiciones no de ley que restan, y se votará a
partir de la una y cuarto.
--SOBRE MODIFICACION DE LA NORMATIVA DE CULTIVOS HERBACEOS. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000072.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. Punto sexto,
proposición no de ley sobre modificación de la normativa de cultivos
herbáceos.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor
Torres Sahuquillo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Hay una vieja frase que dice que la ocasión
la pintan calva, y yo no la quiero desaprovechar. Simplemente quiero
decir que se halla presente en la sala un viejo Diputado por Lleida, un
antiguo Diputado socialista por Lleida, que ha sido Presidente de esta
Comisión durante muchos años, don Josep Pau i Pernau. En nombre de mi
grupo, y estoy seguro de que en nombre de todos los grupos y de la propia
Mesa, quiero darle la bienvenida y un saludo muy cordial.
Entro en materia, señor Presidente. La reforma de la política agraria
común en el sector de cultivos herbáceos, como SS. SS. saben se plasma en
el Reglamento 1675/92, del Consejo de 30 de junio. Este Reglamento ha
sido reformado en muchas ocasiones para ir adaptándolo a las dificultades
de aplicación de una normativa tan compleja en los distintos países
europeos.
¿En qué se basa esta reforma o esta normativa sobre cultivos herbáceos?
Fundamentalmente en la reducción paulatina de los precios de los cultivos
herbáceos durante tres campañas, 1993/94, 1994/95 y 1995/96, con una
compensación, un pago fijo, por hectárea, según la producción media de
cada región, con un aumento paulatino también en las tres campañas, a fin
de ir compensando la disminución de precios que antes comentaba.
Para tener derecho a los pagos compensatorios, se ha de producir
obligatoriamente por parte de los agricultores una retirada de tierras de
cultivo, lo que se llama en argot comunitario el «set aside»,
inicialmente fijada en el 15 por ciento; esta retirada de tierras también
está subvencionada. Ese 15 por ciento también ha sufrido variaciones a lo
largo de las modificaciones que ha tenido el propio Reglamento.
Junto a esto, hay una compensación adicional al trigo duro, como saben
también SS. SS., siempre y cuando no sobrepasemos una superficie de
siembra de 570.000 hectáreas para España, y un tratamiento específico
para el girasol que consiste, básicamente, en un pago compensatorio muy
superior al del resto de los cultivos herbáceos.
Esta reforma se basa en dos instrumentos clave: las superficies de base y
el plan de regionalización productiva. Esto traducido a España significa
que en España tenemos 17 superficies base de secano, que se corresponden
con el territorio de las 17 comunidades autónomas. En total una
superficie base, cultivable, para cultivos herbáceos en secano, de
8.096.000 hectáreas, y una superficie base regadío que integra a su vez
dos superficies, una para el maíz, de 403.000 hectáreas y otra parte el
resto de cultivos herbáceos, de 720.000. En total 1.123.000 hectáreas en
superficie de base de regadío.
El plan de regionalización productiva en España consiste en once regiones
de producción en secano, con unos rendimientos que oscilan entre 0,9
toneladas por hectárea el más pequeño y 4,1 toneladas por hectárea el más
grande, y nueve regiones de producción en regadío; nueve para el maíz,
con unos rendimientos mínimos del 3 hasta el máximo 10,9 toneladas por
hectárea y otro para los otros cultivos herbáceos, también nueve regiones
de producción, que van desde 2,5 toneladas hectárea, la producción más
pequeña, hasta 6,5 toneladas por hectárea.
Las tres campañas prácticamente han finalizado. Sus señorías saben que la
campaña de comercialización de cultivos herbáceos va desde el 1 de julio
al 30 de junio. Pues bien, éste es un momento oportuno para hacer balance
de cuál es el resultado de la aplicación de esta normativa comunitaria y,
por tanto, saber si la situación actual y la evolución del problema ha
ido resolviendo adecuadamente las distintas dificultades o si todavía
persisten algunas que conviene corregir.
El balance, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista,
es muy positivo en cuanto al mantenimiento de las rentas agrarias, a
pesar de cuatro años de pertinaz sequía. Sin duda, señorías, el pago
compensatorio por hectárea por el barbecho blanco, ha supuesto para los
agricultores que, a pesar de las bajas cosechas producidas por la sequía,
hayan podido mantener y aun aumentar su renta agraria. Por tanto, es muy
positivo el balance desde el punto de vista de la renta agraria. Sin
embargo, este balance es desigualmente positivo o desigualmente negativo,
según como SS. SS. lo quieran interpretar, en cuanto a lo que ha sido la
distribución de los recursos. Hemos podido constatar cómo casi el 90 por
ciento de los agricultores perciben menos de dos millones de media de
pago compensatorio por hectárea, mientras que esos mismos agricultores,
casi el 90 por ciento, repito, reciben sólo el 40 por ciento del total de
las ayudas.
Esto tiene que ver --no se les oculta a SS. SS. y lo saben tan bien como
yo-- con que no hay índices correctores en la política agraria
comunitaria, no hay modulación de ayudas, y por tanto no hay límites por
arriba a las grandes explotaciones. Este es un debate que hoy no quiero
plantear, simplemente lo indico, pero que sin duda mi grupo planteará en
ocasiones sucesivas.
Finalmente, respecto al balance hemos descubierto o se han descubierto
problemas de desajuste estructural en cuanto a su desarrollo y
aplicación. Me explicaré. La aplicación de esta reforma sin duda ha sido
mediatizada o ha tenido una influencia muy importante sobre ella, sobre
todo en España, la sequía de las últimas tres campañas. Esta sequía ha
producido, como es lógico, en el secano unos bajos rendimientos y en
regadío ha producido también un efecto no deseable o malicioso, no
achacable, naturalmente, a los agricultores, y como consecuencia de la
disminución de recursos hídricos ha habido un desplazamiento de cultivos;
es decir, desde los cultivos que necesitan más agua ha habido un
desplazamiento hacia los cultivos que necesitan menos recursos hídricos y
eso ha hecho que se haya producido una descompensación en la superficie
de base de regadío y un rebasamiento en esta superficie.
Consecuencia, por tanto, de estos desajustes estructurales son: primero,
un rebasamiento en la superficie de base de regadío, que ha sido
sistemático y creciente a lo largo de las tres campañas, de 50.000
hectáreas en la primera --hablo siempre aproximadamente--, de 140.000 en
la segunda, y de 250.000 en la tercera. Sin embargo se ha producido un
excedente de superficie de base de secano a nivel de todo el Estado de
830.000 hectáreas la primera campaña, 510.000 la segunda y 430.000 la
tercera. Es verdad que ha ido aumentando paulatinamente la superficie,
pero todavía estamos lejos de cubrir los 8.096.000 hectáreas que tenemos
de superficie de base de secano.
Junto a este excedente a nivel nacional en la superficie de base de
secano se ha producido un rebasamiento también sistemático en algunas
comunidades autónomas y concretamente en Aragón, Castilla y León, sobre
todo, pero también en el País Vasco, fundamentalmente en estas tres. ¿Eso
qué ha significado? El riesgo de penalización por rebasar la superficie
de base de secano a estas tres comunidades autónomas, cuando, sin
embargo, el país en su conjunto no ha alcanzado la superficie concedida o
aprobada en el Reglamento por la Unión Europea.
Es verdad que estamos hablando de un riesgo que afortunadamente no se ha
producido, porque el Gobierno español se ha visto obligado
permanentemente a negociar con la Unión Europea la no penalización como
consecuencia de no rebasar al final en su conjunto la superficie base de
secano. Esto, además, ha supuesto pérdidas de ayudas en las demás
comunidades autónomas que no han alcanzado la superficie base de secano,
no han sembrado toda la superficie, que podemos calcular en unos 40.000
millones de pesetas de pérdida de ingresos para España.
La tercera consecuencia es que hemos visto que, a pesar de que se han ido
ajustando los índices de producción en las distintas comarcas o términos
municipales, es necesario seguir ajustando todavía en algunas que faltan
que no están, digamos, al nivel medio de producción habitual en esas
comarcas. Sin duda SS. SS. saben que el principio de neutralidad
productiva y financiera, que es de obligado cumplimiento en la Comunidad,
ha sido un impedimento importante a la hora de poder subsanar estas
pequeñas diferencias que todavía quedan.
Como decía antes, todo esto ha traído como consecuencia que el Gobierno
se haya visto obligado a negociar año a año la no penalización por el
rebasamiento de la superficie en regadío y la no penalización por el
rebasamiento en algunas comunidades autónomas de superficie de base de
secano. Parece evidente, pues, señorías, que se ve necesaria una nueva
reforma del reglamento 1765/92. Parece que éste es el momento de
abordarla, puesto que, repito, las tres campañas de adaptación de la
nueva normativa terminan ahora.
En consecuencia, el Ministro de Agricultura anterior, don Luis Atienza,
ya planteó a la Unión Europea una reforma de este Reglamento. El Consejo
de Agricultura del 25 y 26 de septiembre de 1995 se comprometió con el
entonces Gobierno español a producir esa reforma del Reglamento y ¿para
qué? Fundamentalmente para dos cuestiones: primero, para la retirada de
tierras --que ya, por cierto, ha sido aprobada en el Reglamento 2989/95
del Consejo de 19 de diciembre de 1995, por tanto es un tema zanjado de
alguna manera--; segundo, también se comprometió a modificar las
superficies de base, es decir, a establecer superficies de base con
carácter nacional que integrarían superficies de base con referencia
comunitaria, tanto en regadío como en secano. Esto, señorías, está
pendiente, no ha sido resuelto todavía.
Pues bien, como la Comisión se comprometió también a posibilitar que la
aplicación de estas medidas --en este caso fue la Comisión, no el
Consejo, que no se comprometió-- se pudieran aplicar en la campaña de
comercialización de 1995/96, es evidente que esta reforma urge y es
también evidente, por desgracia, que probablemente no dé tiempo a que se
pueda aplicar en esa campaña 1995/96. Por eso en nuestra proposición no
de ley, como más tarde comentaré, proponemos que se pueda aplicar para la
siguiente.
En base a lo expuesto, señorías, debemos señalar lo siguiente. Proponemos
que para la entrada en vigor en la campaña 1996/97 la Comisión reforme el
Reglamento y en su reforma se apliquen los compromisos que adquirió el
Consejo con el Gobierno español. Por tanto, instamos al Gobierno español
desde esta proposición no de ley a que, una vez que se haya producido esa
reforma, establezca una superficie base nacional de secano con referencia
a 17 superficies de base regional, de tal manera que cuando algunas
comunidades autónomas superen su superficie base de secano --estoy
hablando de secano-- si no hemos superado la superficie base nacional de
secano establecida por la reforma que pedimos, no haya penalización y si
se superara esa superficie total nacional, sean las comunidades autónomas
afectadas o responsables, digamos, de la superación, las que se vean
penalizadas. Ese es el primer punto
que proponemos, y todo esto naturalmente teniendo en cuenta las
condiciones climáticas y agroambientales.
El segundo punto de nuestra proposición no de ley se refiere al regadío,
al objeto de incrementar la actual base superficie de regadío y que siga
siendo una superficie base nacional, también con una modificación, y es
que en vez de 9 superficies base de regadío nosotros lo que queremos es
que haya una referencia a 17 bases regionales para el maíz y para los
otros cultivos herbáceos en regadío, de tal manera que se actúe
exactamente igual que en el secano; que cuando haya un rebasamiento de la
superficie nacional sean las comunidades autónomas responsables las que
tengan que sufrir las penalizaciones. Es evidente que hay que conseguir
que estas superficies de base de regadío aumenten, pasando, parece
lógico, de superficie base de secano a superficie base de regadío,
teniendo en cuenta, aunque no lo decimos en nuestra proposición no de
ley, que en cualquier caso el Gobierno español deberá defender y
conseguir que la superficie total de base de regadío más secano para
España no disminuya como consecuencia de este cambio.
El tercer punto de nuestra proposición no de ley se refiere a que hay que
ajustar también los rendimientos en comarcas, subcomarcas o términos
municipales --muy poquitos quedan ya por ajustarse-- precisamente para
adecuarlos a la realidad productiva y estructural de esas comarcas.
El cuarto punto, precisamente como consecuencia del tercero, lo que pide
es que, a efectos de la aplicación del estabilizador presupuestario, el
rendimiento medio asignado a España deba incrementarse. El rendimiento
medio asignado a España en la actualidad es de 2,64 toneladas por
hectárea. Es lógico que si es de obligado cumplimiento, como dije antes,
la neutralidad productiva y financiera, para aumentar los rendimientos en
alguna comarca hay que producir un aumento de los rendimientos a nivel
nacional porque si no no es posible.
Como quinto punto pretendemos que se impulse la modificación del
reglamento 1765/1992, es decir, la norma básica sobre cultivos herbáceos,
para permitir en situaciones de sequía la inaplicación de penalización
por superación de las superficies de base, de conformidad con el
compromiso adoptado por el Consejo de Ministros Europeo el 25 y 26 de
septiembre de 1995.
Voy a terminar rápidamente, señor Presidente. En base a lo expuesto yo
quiero decir lo siguiente. No sé cuál va a ser la posición de los demás
grupos respecto a esta razonable y razonada petición, pero por si la
mayoría tuviera la tentación de votar en contra, argumentando que lo que
solicitamos ya se está haciendo, me voy a permitir hacer dos o tres
consideraciones al respecto. Lo que conocemos al respecto sobre lo que el
Gobierno está dispuesto a hacer es lo que hemos oído a la señora Ministra
de Agricultura en su comparecencia del 12 de junio en esta Comisión de
Agricultura. La señora Ministra, en su amplia disertación, sólo hace dos
escasísimas y brevísimas referencias a los cultivos herbáceos.
Concretamente dice que hay que pasar 300.000 hectáreas de superficie base
de secano a regadío y que, además, hay que modificar el plan de
regionalización productiva, atendiendo a las reivindicaciones de los
agricultores en comarcas y subcomarcas que quedan pendientes. Por cierto,
ambas propuestas, como pueden SS. SS. comprobar, están contempladas en
nuestra proposición no de ley y, por tanto, estamos básicamente de
acuerdo con la señora Ministra en las dos. Lo que ocurre es que, si
ustedes observan, el primer punto de nuestra proposición no de ley la
señora Ministra no lo menciona. Es decir, convertir en una superficie
base nacional de secano con referencia a 17 superficies base
regionalizadas, y no como ahora que tenemos 17 superficies base
regionalizadas, la señora Ministra no lo menciona. Por tanto, nosotros no
estamos seguros de que esté dispuesta a asumir esta proposición no de
ley, que es básicamente la posición del Gobierno anterior, que ya
solicitó en su día a Bruselas. Por tanto, no es baladí votar a favor de
esta proposición no de ley, ya que si no lo hiciéramos estaríamos
diciendo al Gobierno que aceptamos sus dos escasa y reducidas propuestas
y no el resto, que son fundamentales para los cultivos herbáceos en
España.
Es verdad que la señora Ministra habla de trasladar 300.000 hectáreas de
secano a regadío, y podríamos decir que la primera parte de nuestro punto
2 está subsumida en ella, pero no así la segunda parte, donde también
hablamos de 17 bases regionales de referencia para maíz y otros cultivos
herbáceos que nos evitarían muchos problemas.
Es evidente que el punto 3 de nuestra proposición no de ley también lo
asume la señora Ministra. Por tanto, asume básicamente dos, que es el de
los ajustes de los rendimientos comarcales, pero desconocemos que asuma,
no está en su intervención, los otros dos puntos, el 4 y el 5. Es decir,
parece que no va a plantear un incremento del rendimiento medio para
España, que es necesario para poder mantener la neutralidad productiva
financiera, y tampoco parece que vaya a asumir el que en condiciones de
sequía no se penalice a España, o a otros países comunitarios, por el
rebasamiento de la superficie de base.
Por tanto, señorías, lo que les quiero solicitar es que, estando nosotros
de acuerdo con la señora Ministra en las dos propuestas que realiza en la
comparecencia de la Comisión, nos parece fundamental que éstas vayan
acompañadas por el resto de propuestas que contiene nuestra proposición
no de ley. Solicitaría a los grupos de la mayoría que la votaran
favorablemente, en el bien entendido de que es beneficiosa para nuestro
país y para el conjunto de la Unión Europea. Si su argumentación es que
ya se está haciendo, les quiero comentar que los demás grupos no tenemos
por qué saberlo, puesto que cuando la Ministra ha tenido la ocasión de
decirnos lo que quiere hacer nos ha mencionado dos escasas cosas y no el
resto.
El señor PRESIDENTE: Permítanme también unirme a las palabras del señor
Torres Sahuquillo dándole la bienvenida al antiguo Presidente de esta
Comisión, el señor Pau i Pernau, y reiterarle y repetirle lo que dijimos
en aquella sesión constitutiva de la Mesa de esta Comisión: reconocerle
el trabajo desarrollado a lo largo de los últimos años, trabajo
desarrollado con enorme eficacia y brillantez, y de alguna manera
agradecerle su visita a esta Casa, que
me imagino, y nos uniremos todos a ella, que será siempre suya.
¿Qué portavoces desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Por lo que se refiere a la proposición no de
ley que ha presentado el Grupo Socialista, en la línea de la modificación
de la normativa sobre cultivos herbáceos, nuestro grupo está a favor de
mejorar todo lo mejorable. A poco que uno sea mínimamente autocrítico, a
nuestro entender creemos que es bastante lo que se puede mejorar.
Tenemos constancia de que hay una propuesta aprobada por el Consejo de
Ministros de la Unión Europea, de noviembre de 1995, para la modificación
del Reglamento 1765/92, al objeto de, primero, poder adecuar las
superficies base de carácter estatal con las superficies de referencia
autonómica. Incluso permite el ajuste, en algunas zonas, de los
rendimientos asignados a área productiva. Esto permitiría un
aprovechamiento más coherente de los fondos del Feoga. También nos consta
que esta propuesta está pendiente de aprobación en estos momentos por la
propia Comisión. Por tanto, el compromiso en este momento del Consejo
está en marcha y esperemos que la Comisión, en el plazo más breve
posible, termine aprobando la modificación de este Reglamento.
Por lo que se refiere a la iniciativa que debe tomar el Ministerio de
Agricultura en el plazo más breve posible, tras la aprobación de la
modificación de la normativa comunitaria, nos consta que ya el ex
ministro de Agricultura, señor Atienza, comenzó a trabajar en la
modificación, a nivel del Estado español, de la aplicación de la
modificación de este Reglamento de la Comunidad. En la misma línea de
actuaciones también nos consta que el sábado pasado la Ministra de
Agricultura se reunió con los consejeros de Agricultura de las diferentes
comunidades autónomas para hablar, entre otras cosas, de este tema.
Nuestro grupo, si bien está de acuerdo con los términos generales de la
propuesta, entiende que --como ya ha adelantado el portavoz del Grupo
Socialista y tampoco tiene mucho mérito porque ya he señalado también
nuestra posición-- no es el momento adecuado para la presentación de esta
proposición no de ley, ya que el espíritu de la misma es instar al
Gobierno para que adapte una normativa que aún no existe y en
contrapartida, a nuestro entender, el Ministerio está trabajando ya en su
adaptación. Por tanto, no tiene sentido instar a que se haga una cosa que
ya se está haciendo.
Por tanto, aunque globalmente la propuesta nos parece de carácter
positivo, nuestro voto será en contra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, en primer lugar quisiera
añadir mi bienvenida a la que ya han pronunciado el Presidente de la
Comisión y otros grupos de la Cámara a don Josep Pau i Pernau, cuya
presencia en esta Comisión demuestra que se trabaja con un apasionamiento
que hace que realmente, entre un pequeño «mono» y haya la necesidad de
venir aquí de vez en cuando. Por tanto, nuestro saludo y bienvenida.
En segundo lugar, en relación a la proposición no de ley, señorías, he de
decir que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya va a votar a favor de la misma, porque nos satisface
expresamente lo que se recoge en la exposición de motivos en el sentido
de la necesidad de introducir elementos correctores en la normativa de
cultivos herbáceos. (Rumores.) Lo único que lamentamos es que esa
sensibilidad que ahora demuestra el Grupo Socialista, en relación al
desajuste que se produce en el reparto de las ayudas, no se hubiese
tenido en la anterior legislatura, puesto que nuestro grupo parlamentario
lo expresó en varias ocasiones. (Rumores.) Señalamos que se necesitaban
datos para saber cómo una mínima parte de los titulares de la explotación
recibían el mayor grueso...
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, silencio. No podemos escuchar a
la Diputada de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora RIVADULLA GRACIA: Estaba diciendo, señor Presidente, que
lamentamos que en la anterior legislatura no se hubiese sido sensible a
este tema puesto que nuestro grupo lo planteó en muchas ocasiones.
Cuantas veces compareció aquí el Ministro Atienza señalábamos que se
necesitaban elementos correctores en la normativa del reparto de las
ayudas de las primas por superficie, puesto que se evidenciaba que muy
pocas explotaciones estaban recibiendo ese grueso de las ayudas y que no
ayudaba a la mejora de estructuras ni a las rentas del sector. También
señalábamos, cuando se daba las rentas medias por explotación, el hecho
de que podía falsearlas precisamente la forma tan indiscriminada con que
estas ayudas se repetían y que favorecían, sobre todo, a las grandes
explotaciones.
Pensamos que, efectivamente, hay que introducir elementos correctores,
que hay que modular esas ayudas para que no se favorezca a rentistas,
especuladores y meros tenedores de la tierra, porque eso provoca graves
desajustes; provoca rebasamientos, provoca penalizaciones y no logramos
que esas ayudas vayan a los profesionales agrarios fundamentalmente y a
las explotaciones familiares agrarias. Por tanto, saludamos esta voluntad
decidida del Grupo Socialista; ahí nos vamos a encontrar, y todas las
iniciativas que se plantean en ese sentido van a tener nuestro apoyo,
como no podía ser de otra manera.
En relación con el texto de la proposición no de ley, nuestro grupo
comparte la totalidad de los puntos que en ella se expresan. Hemos
manifestado también en otras ocasiones la necesidad de modificar el plan
de regionalización en el sentido de revisar al alza el rendimiento medio
nacional, porque actualmente no se corresponde con la producción real.
Tampoco se corresponden en el momento actual las superficies base de
secano y las de regadío. Hay que incrementarlas. Por otra parte, se debe
establecer una base a
nivel nacional para secano con superficies de referencia para comunidades
autónomas, como el propio texto de la proposición no de ley recoge ya.
Asimismo, pretendemos que no se establezcan penalizaciones si no se
rebasa el límite nacional. La modificación de la normativa permitiría que
eso se produjera.
Señorías, en otras ocasiones también hemos dicho que se deben rebajar los
índices comarcales de barbecho porque son excesivos para determinadas
zonas.
Y en el último punto de la proposición no de ley socialista, creo que se
recogió ya en el Decreto de sequía a instancias del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que en el caso de desviaciones
de cultivos fuera del régimen de pagos compensatorios hacia cultivos PAC,
debido a la sequía, habría que descontar la superficie desplazada a
efectos del cálculo del eventual rebasamiento de la superficie de base.
Eso, señorías, creo que ya quedó recogido en los últimos decretos de
sequía. Por tanto, en cuanto al texto de la proposición no de ley estamos
en disposición de votar todos y cada uno de los puntos.
En relación a las argumentaciones que se puedan producir sobre que esto
ya forma parte de la voluntad del Gobierno, debo decir que lo que abunda
no daña y que, por otra parte, sería bueno también para la Ministra tener
un texto en el que el conjunto de las fuerzas políticas de la Cámara la
respalden en esa negociación o para instar a la Comisión para que proceda
a la modificación de la normativa de cultivos herbáceos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, celebro que mi primera
intervención como portavoz del Grupo Popular en la Comisión sea
precisamente para sumarme a las palabras de bienvenida y reconocimiento a
quien fue Presidente de esta Comisión, nuestro compañero y, sin embargo,
amigo, don Josep Pau, del cual todos tenemos un magnífico recuerdo. Sea
bienvenido a esta su Casa.
En relación con la proposición no de ley que nos presenta el Grupo
Socialista referente a la modificación de la normativa de cultivos
herbáceos, quisiera señalar que su portavoz, el señor Torres, nos ha dado
una perfecta explicación del Reglamento 1765/92. Creo que ha sido
absolutamente acertada, como también lo han sido sus palabras de que
había que hacer un balance de tres campañas, balance que, por cierto, las
instancias comunitarias, según se ha señalado y es conocido, han
realizado en primera instancia y están en el empeño de las subsiguientes
modificaciones.
Quisiera decir, porque figura además en el primer párrafo de la
motivación de esta proposición no de ley, que no quisiéramos hacer
cuestión de honor ni, por supuesto, de discusión en este momento sobre lo
que siempre se afirma desde el Grupo Socialista de que la reforma de la
PAC y sobre todo el Reglamento 1765/92, tantas veces citado, y que es el
alma de la reforma de la política agraria comunitaria, han supuesto para
España una elevación sustancial de las rentas de los agricultores y
ganaderos. Indudablemente, ha aportado muchos elementos positivos y es un
Reglamento beneficioso para España pero con el tema de las rentas, señor
Torres, siempre estamos en la misma situación. Si la producción final
agraria es la que es, incluso en años de dura climatología, de sequía
acusada, como hemos tenido en las campañas anteriores, indudablemente la
reforma de la PAC y el Reglamento que nos ocupa han supuesto, repito, un
beneficio importante para España pero no, lamentablemente, la elevación
de las rentas del sector, porque esa producción final agraria cada año se
divide por un número menor de personas que están en el sector primario.
Y, como además, estas ayudas van a las hectáreas y no a los cultivadores
--estamos hablando de la agricultura, no de la ganadería--,
indudablemente, siempre, cada año, la elevación de las rentas podrá
producirse porque en la división que hacemos el divisor cada vez es
menor, con lo cual el número resultante surge ficticiamente superior. Por
tanto, sugiero que el tema de las rentas lo apartemos del debate. Sin
embargo y de manera positiva, al hacer un balance de este Reglamento, el
propio Consejo en su reunión de los días 25 y 26 de noviembre del año
pasado detectó una serie de desajustes estructurales que, por otro lado,
todos los estados miembros o, al menos de manera importante España, había
planteado para su eventual corrección. Para corregir estos desajustes,
repito, reconocidos en el Consejo de Ministros, se encarga a la Comisión
la redacción de una serie de medidas correctoras que están ya en marcha.
Están reconocidas, incluso, las actuaciones por parte de todos, desde el
Ministerio de Agricultura, tanto del anterior titular como de la actual,
tanto del señor Atienza como de la señora De Palacio.
En la comparecencia que el 27 de septiembre del año pasado tuvo el señor
Atienza ante esta Comisión ya apuntó que algunas cifras de la superficie
base, tanto nacional como de cada comunidad autónoma, y tanto de secano
como de regadío, no estaban bien. No se trata ni entonces ni ahora,
entonces nosotros ni siquiera lo pretendimos ni, por supuesto, ahora, de
buscar responsables o culpables. Simplemente se han visto unos desajustes
y hay que ver cómo se corrigen. Pero el señor Atienza dijo además, y
nosotros lo suscribimos, que esos desajustes en cierto modo vinieron
provocados posteriormente por el comportamiento errático de parte de
algunos agricultores o de sectores de agricultores en algunas zonas de
España, motivado por la diferencia de la cuantía de los pagos
compensatorios, sobre todo de las oleaginosas respecto a los cereales, y
además incidieron, para provocar una mayor confusión, los acuerdos «Blair
House», dentro del seno del GATT, sobre oleaginosas. Son palabras del
Ministro que hicimos nuestras; efectivamente ésa era la realidad, y en
definitiva todos coincidíamos en que debía modificarse el sistema a dos
bandas. Así lo propuso el entonces Ministro y así ha sido asumido
posteriormente por la actual titular. Es decir, había que modificar el
sistema trabajando, por un lado, a nivel nacional con las comunidades
autónomas y, por otro lado, en el seno de la Unión Europea, para
modificar eventualmente el Reglamento 1765/92, tantas veces citado.
Tengo apuntado en mis notas --leo textualmente-- que dice: «en ello se
está». Es que tampoco se puede dar otro argumento, señor Torres. Cuando
se está trabajando sin solución de continuidad de una administración a
otra, cuando a lo largo de este último año se ha producido un cambio en
la titularidad del Ministerio de Agricultura, eso no significa de ninguna
manera que se interrumpan los trabajos que se estaban haciendo cerca de
la Comisión y del Consejo de Ministros. Es más, desde el 25 de septiembre
pasado el Ministerio de Agricultura, repito, sin solución de continuidad
--y es conocido por todos los que de alguna manera estamos dentro del
sector, al título que sea y dentro del sector que sea--, se sigue en esa
línea de poder reformar el 1765, aportando precisamente todos los
elementos que aquí se señalan en la proposición no de ley del Grupo
Socialista.
Efectivamente, cuando dice el señor Torres que no parece razonable o
razonada la posición --entonces lo decía de manera eventual, ahora lo
puede decir de manera certera-- de decir que ya se está haciendo, es que
ése es el argumento esencial, porque aquí de lo que se trata, en
definitiva, es apoyar a la Administración y no enredar ni examinar. Por
tanto, si ya se está haciendo, ¿para qué aportar un texto que puede, si
no sembrar confusión, al menos sí encorsetar la postura de la
Administración española en su negociación ante las instancias
comunitarias?
Decía el señor Torres que alguna de estas cosas, solamente alguna, se
habían citado en la comparecencia de la señora Ministra cuando vino a
exponer su programa de Gobierno ante esta Comisión. Indudablemente, si
tiene un Ministro que explicar los pormenores de todos y cada uno de los
puntos, sobre este Reglamento, sobre los regadíos, sobre los secanos,
sobre la ganadería, sobre tantas y tantas normativas nacionales y
comunitarias, aunque cuando se celebró esa Comisión hace varios días fue
larguísima, dudo que a estas horas hubiéramos terminado si hubiese osado
la Ministra exponerlo de la manera tan pormenorizada que ahora se indica.
En todo caso, señor Torres, pienso que hubiera dado igual, porque incluso
dos puntos que sí citó resulta que también se incluyen en la proposición
no de ley. Pues menos mal que no citó los ciento y pico, doscientos o
miles de puntos, porque si no esta proposición no de ley hubiera tenido
esos cientos o miles de puntos, porque incluso aquello en lo que estamos
de acuerdo también lo vuelven a poner.
Puesto que no existen discrepancias de fondo, sino en todo caso de forma,
pensamos que en estos momentos aceptar esta proposición no de ley en los
cinco puntos que se nos plantean supondría de alguna manera distorsionar
y estorbar en la posición negociadora y dialogante en la que están todos
los Estados miembros para lo que es un acuerdo común de todos, y así lo
expresaron en el Consejo de Ministros, repito, del 25 de septiembre de
1995, y es reformar el Reglamento 1765.
Para que no haya ninguna duda, el señor Torres sabe igual que yo, el
Grupo Socialista sabe igual que el Grupo Popular, que hay ciertas cosas
que tampoco conviene en estos momentos afirmar, porque o no son ciertas o
no ayudan en la negociación. Por ejemplo, no parece correcto afirmar que
las comunidades autónomas que no hayan superado su superficie de base de
secano hayan tenido pérdida de posibilidades. Sabemos, señor Presidente,
señorías, que los agricultores han tomado sus decisiones libremente, sin
penalización alguna --por cierto, hecho achacable de manera positiva a la
antigua Administración, al Ministro Atienza--, entre otras cosas porque
se jugaba, dentro de la climatología, con la retirada de tierras, ese
«set aside», ese barbecho, sea rotatorio o no, sea obligatorio o
voluntario. Tampoco puede reivindicarse de una manera genérica un ajuste
de los rendimientos comarcales, ya que esto supondría de alguna manera
una distorsión importantísima que en estos momentos, aunque hubiera
algunas modificaciones puntuales --y en ello se está--, no se puede
reivindicar de manera general.
Por otro lado, los dos compromisos políticos adquiridos por el Consejo y
la Comisión, el primero la modificación del Reglamento base en la línea
sugerida por España y el segundo la exención de penalizaciones por la
superación de dicha superficie base como consecuencia de la sequía
padecida en campañas anteriores, han sido estudiados por la propia
Comisión, aprobando la propuesta en su reunión del 12 de junio del
presente año, y esto lo conocemos. La propuesta aprobada deberá ahora ser
remitida al Consejo y al Parlamento.
En líneas generales las autoridades españolas, tanto de la anterior
Administración socialista como de la actual, el Ministerio de Agricultura
en definitiva y representando a España, iniciaron y continúan un sistema
que es, sin solución de continuidad, muy parecido, acordado por
unanimidad, que goza del apoyo de esta Cámara y que conocemos y cito muy
por encima, sin entrar en cifras muy detalladas. Por un lado, el
mantenimiento del conjunto de superficie base en una cifra igual que la
que tenemos ahora --la tengo aquí apuntada, 9.219.713 hectáreas--;
transferir cerca de 300.000 hectáreas --lo citó la Ministra y todos lo
sabíamos, porque además era voluntad de la Administración anterior-- de
superficie base de secano a regadío; establecer una superficie base de
secano de carácter nacional con una referencia de carácter autonómico, a
efectos de aplicación de las penalizaciones a las comunidades autónomas
responsables que eventualmente superaran la superficie acordada;
mantenimiento de la superficie base de maíz en regadío, que está en el
orden de las 400.000 hectáreas; la superficie base de regadío de cultivos
herbáceos distintos del maíz se vería aumentada en esas eventuales
300.000 hectáreas transferidas del secano, quedando en torno al millón de
hectáreas, con referencias autonómicas en caso de posibles
penalizaciones, etcétera.
Yo creo que lo conocemos todo, y me van a permitir que a mayor
abundamiento señale, adhiriéndome a las palabras de la portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que no se entiende muy bien
cómo en diez años de pertenencia de España a la Unión Europea, antes
Comunidad Económica Europea, el Grupo Socialista no haya presentado
ninguna petición en este sentido, efectuándola y teniendo entrada esta
petición en esta Cámara cuando la actual Ministra de Agricultura llevaba
24 días en el cargo. Nos parece que más que espíritu de colaborar o de
apoyar
es más bien de examinar, lo cual nos parece lícito, pero creemos que no
es el momento de examinar ni de estorbar, sino de apoyar.
Finalmente, señor Presidente, nos parece que instar al Gobierno a una
cosa que ya está haciendo, éste y su antecesor, no es oportuno, y por
ello, también con ánimo de colaborar, mi grupo ofrece al resto de los
grupos, en la forma que la Mesa entienda oportuna, un texto transaccional
de apoyo a las negociaciones que la actual Administración, en definitiva
el Estado español, está llevando en Bruselas, tanto ante el Consejo como
ante la Comisión, en el bien entendido de que se pretende la reforma
positiva y posible para España del Reglamento 1765/92 en los términos que
aquí se expresan, pero dicho de forma que reflejen un apoyo y no un
examen.
El señor PRESIDENTE: Yo no sé si el Grupo Socialista tiene el texto
escrito para que lo conozca y vea si lo acepta o no.
Tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Yo agradezco al señor Madero la cantidad de
argumentos que ha dado para poder votar a favor de esta proposición no de
ley, con independencia de cuál sea su posición, que yo siempre respetaré,
como es lógico, pero no conocemos el texto. Aunque es verdad que he
hablado antes con él ha sido un minuto antes de empezar mi intervención,
por tanto no hemos podido concretar. Si el texto fuera sustancialmente
parecido o igual a lo que nosotros proponemos, no tendríamos ningún
inconveniente en aceptarlo, pero necesitamos un tiempo para poderlo leer
y valorar. Si la Presidencia lo cree oportuno, lo haremos mientras se
discute la siguiente proposición no de ley e intentaremos ver si es
posible llegar a un acuerdo.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Torres. Se les entrega el texto y
posteriormente daremos paso al siguiente punto del orden del día para que
puedan ustedes conocerlo, criticarlo, debatirlo, en definitiva aprobarlo
o no.
--RELATIVA A LA INSPECCION Y CONTROL DE LOS BARCOS COMUNITARIOS SOBRE LOS
PESQUEROS ESPAÑOLES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número
de expediente 161/000049.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente punto del orden del
día, proposición no de ley relativa a la inspección y control de los
barcos comunitarios sobre los pesqueros españoles. Para su defensa, tiene
la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): La mayoría de SS. SS. ya
conocen que la situación de la flota pesquera española, la gallega en
particular, en aguas comunitarias, no es la mejor posible. Todo el mundo
sabe que vio reducido el número de efectivos, que vio también dificultado
el acceso a estas aguas durante años, que muchas veces no se respetan sus
derechos históricos, a diferencia de lo que se hace con otros países, que
es una flota que está agredida incluso verbalmente. Aunque no tenga mucho
que ver con lo que estamos planteando, conviene decir que recientemente
el propio Secretario de Pesca británico volvió a hacer declaraciones en
el sentido de expulsar literalmente a nuestra flota de las aguas
comunitarias. Se hacen campañas también destinadas a creer que la flota
española es una auténtica flota pirata de depredadores, que somos los
únicos que devastamos los recursos oceánicos. En esencia, algunos países
yo creo que empiezan a darse cuenta de la importancia de un mercado cada
vez mayor y tratan de poner cuantos más obstáculos mejor a nuestra
presencia en estas aguas.
Por lo tanto, esta flota también se ve acosada muchas veces a nivel de
inspección por patrulleras fundamentalmente irlandesas, y yo creo que se
debe a que tampoco hay unas normas claramente definidas sobre inspección.
Hubo incidentes en el pasado, hubo alguno reciente y no se puede
descartar desde luego que vuelva a haberlos en el futuro.
Es evidente que nosotros no nos oponemos a que se realicen inspecciones
sobre nuestros buques, que procuren evidentemente el cumplimiento de las
cuotas de pesca, etcétera, y, en consecuencia, que garanticen la
continuidad del recurso, pero la falta de desarrollo de una normativa
sobre inspección de buques pesqueros hace que a veces el comportamiento
de estos inspectores de países comunitarios a bordo de nuestros barcos no
sigan ni un orden lógico ni un comportamiento adecuado.
Por tanto, se trata de dar solución a estos problemas que se plantean,
que en el fondo creo que beneficiarán a todos y permitirán, por un lado,
evitar los abusos, y, por otro, dejar las cosas claras cuando se produzca
una infracción. Eso es lo que proponemos con esta proposición no de ley,
desarrollar por lo tanto el artículo 5.º del Reglamento 2847/93, porque,
efectivamente, tres años después de su aprobación, aún no se han
desarrollado las normas de procedimiento sobre inspección, normas
referentes a la identificación de los inspectores, al procedimiento a
seguir cuando un inspector se proponga realizar una inspección a bordo o
también los comportamientos a seguir con los inspectores, una vez a
bordo.
Por lo tanto, presentamos esta proposición no de ley, en el sentido de
que el Congreso inste al Gobierno a exigir el cese del agresivo
comportamiento de los barcos inspectores comunitarios, especialmente
irlandeses, con los pesqueros españoles y a tomar las medidas necesarias
para garantizar que las labores de inspección y control de los barcos
comunitarios sobre los pesqueros españoles se realice atendiendo a
condiciones acordes con las aguas internacionales.
En consecuencia, el Gobierno español se dirigirá a los correspondientes
órganos de la Unión Europea reclamando el desarrollo del artículo 5.º del
Reglamento 2847/93 en ese sentido.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Blanco López.
El señor BLANCO LOPEZ: En efecto, el Grupo Parlamentario Socialista
presentó una enmienda con la que, compartiendo la preocupación que se
describe en la proposición no de ley presentada por el Bloque
Nacionalista Galego, y tratábamos de que se clarificaran, con una
enmienda que es básicamente técnica, los términos de la proposición no de
ley.
A lo largo del debate parlamentario, hemos llegado a un acuerdo de
enmienda entre el Partido Popular, el proponente y el Grupo Parlamentario
Socialista. Por lo tanto, nuestro grupo retira la enmienda presentada
para sumarse a la propuesta que se hará llegar a la Mesa.
Si el Presidente lo considera oportuno, paso a fijar la posición del
Grupo Socialista y continúo con la intervención o fijo la posición en el
momento que procedimentalmente considere el Presidente.
El señor PRESIDENTE: Continúe, señor Blanco López.
El señor BLANCO LOPEZ: En efecto, existe una reglamentación comunitaria
derivada del Reglamento 2847/93, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común y también existe un
Reglamento que desarrolla alguna parte de éste, que es el 897/94, de 22
de abril, que establece las disposiciones de aplicación en lo que
respecta a los proyectos pilotos de localización continua de los buques
comunitarios, referida a los procedimientos aplicables para garantizar
dichas labores de inspección, su necesaria adecuación, así como los
efectos o mecanismos de posible incumplimiento.
Cabría decir muy brevemente que la normativa comunitaria establece un
principio de cooperación entre los Estados miembros en la realización de
la inspección en el mar de las actividades pesqueras. En concreto, en su
exposición de motivos se habla de hacer posible una inspección eficaz y
el apartado 4 del artículo 1.º se establece la obligación de los Estados
miembros de coordinar sus actividades de control con programas comunes de
inspección.
La mencionada normativa fija también las medidas de control y, en
particular, un sistema de comunicación de desplazamiento en su artículo
3.º, que está desarrollada mediante el Reglamento 897/1994, al que hacía
referencia, y, por otra parte, un sistema de información periódico a la
Comisión acerca de las actividades de inspección y de las medidas
adoptadas como consecuencia de las disposiciones comunitarias, así como
los mecanismos para la aplicación y verificación del control del
cumplimiento del Reglamento.
Es también obligación por parte de los Estados miembros enviar un informe
anual sobre la aplicación del Reglamento comunitario, incluyendo
divulgación de los medios técnicos y humanos empleados y de las medidas
aplicables para paliar las deficiencias observadas. En este sentido, la
Comisión elabora un informe anual y comunica a cada Estado miembro la
información que le corresponda, tomando debida nota de las respuestas que
se incluyen en dicho informe, así como las propuestas de medidas para
paliar las deficiencias.
También existe, según el mencionado Reglamento, un comité de gestión del
sector de la pesca y de la acuicultura, que actúa por propia iniciativa o
a instancia del representante de un Estado miembro, que informa sobre las
medidas a adoptar en esta materia, y, específicamente, en el
procedimiento relativo al desarrollo de los apartados b), c) y d) del
artículo 5.º, en cuanto a las condiciones que deben seguir los
inspectores y los capitanes cuando se efectúa una inspección a bordo.
Es cierto, señorías, que a pesar de la reglamentación comunitaria al
respecto, todavía en muchas ocasiones podemos observar algunos
incumplimientos por parte de los Estados miembros de la Unión Europea o
incluso de las inspecciones comunitarias que no se adecúan razonablemente
a lo previsto en la normativa comunitaria. No es menos cierto también que
es necesario abordar un reglamento que desarrolle lo previsto en los
apartados b), c) y d) del artículo 5.º al que yo hacía referencia.
Por todo ello, al Grupo Parlamentario Socialista le parecía oportuno
adoptar una posición por parte del Gobierno de instar a la Comisión de la
Unión Europea para que se cumpla lo previsto en este Reglamento y para
que se desarrolle ese artículo 5.º en aras a lograr mayores garantías y
una eficacia en las labores de inspección.
Por eso, vamos a votar favorablemente al texto acordado por los tres
grupos parlamentarios, en la espera de que esta normativa se cumpla,
esperando, además, que se desarrollen estas normas que supongan una mayor
garantía para nuestros pescadores y también para nuestros buques y, así,
dar respuesta a un sector que, si bien es cierto que en estos momentos no
plantean demasiados problemas, es conveniente, a través de una
legislación complementaria, evitar que en el futuro se puedan plantear
problemas derivados de la falta de concreción de algunos aspectos de este
Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que ha sido retirada esa enmienda; hay un
nuevo texto que se nos hará llegar y los grupos podrán fijar su posición
con respecto al mismo.
¿El grupo proponente tiene algo que manifestar, señor Vázquez, o se
acepta ese texto?
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): El problema, en todo caso, será
dar a conocer el texto, no sé. Nosotros aceptamos el texto que
consensuamos ahí, supongo que habrá que leerlo para ver si estamos todos
de acuerdo. Yo no sé cuál es el mecanismo, pero habrá que conocer el
texto públicamente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Vamos a fijar la posición de los
diferentes grupos parlamentarios. ¿Grupos parlamentarios que desean
manifestarse? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán tiene la palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor Presidente, señorías, la fijación
de nuestra posición, en todo
caso, incidirá implícitamente en el texto de la redacción final que hemos
consensuado con los otros tres grupos parlamentarios proponentes.
Nuestro grupo, señor Presidente, señorías, está dispuesto a dar apoyo a
cualquier propuesta que signifique aumentar la seguridad y las
condiciones de trabajo de los pescadores españoles en el Box irlandés o
en cualquier otro caladero, ello siempre con antecedentes en el respeto a
las normas internacionales y comunitarias, la constatación de
infracciones por parte de las autoridades responsables de la vigilancia e
inspección, dentro de las correspondientes aguas sometidas a jurisdicción
por si, en todo caso, existen, asegurando la correspondiente reciprocidad
en el cumplimiento de la normativa comunitaria.
No sería tolerable, en ningún caso, maniobras y/o procedimientos por
parte de las autoridades comunitarias responsables de la inspección, que
gratuitamente tuvieran como objetivo obstaculizar el normal desarrollo de
las labores de los pesqueros españoles, debidamente autorizados a faenar
en el Box irlandés. Incidir, por tanto, en los procedimientos y en el
desarrollo de la jurisprudencia al Grupo Catalán (Convergència i Unió) le
parecería lo pertinente.
Nos consta que por parte de la Unión Europea han existido asignaciones
para dotar de material a los Estados miembros con responsabilidades de
vigilancia e inspección. Por tanto, no deberían producirse situaciones
conflictivas derivadas de la mala señalización o utilización de material
inadecuado.
Nuestro grupo aceptaría una redacción --ya hemos hecho referencia a él--
en la que, sin referirse a comportamientos agresivos, profundizase en
solicitar al Gobierno que velase por la seguridad de los pesqueros
españoles, incluso alcanzando a términos como la responsabilidad en caso
de producirse daños como consecuencia de incumplimiento de la normativa
comunitaria. En todo caso, instar al desarrollo de los apartados b), c) y
d) del artículo 5.º del Reglamento 2847/93, de la Comunidad Europea, en
lo que concierne a los procedimientos en que debe realizarse la
inspección.
En todo caso, para apoyar al Gobierno, para que la defensa que haga este
Gobierno de un sector como el pesquero, especialmente maltratado en la
negociación para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea,
se dé en las mejores condiciones y también para no dar por buenas las
palabras de algún responsable de pesca comunitario al afirmar que hay dos
formas de sacar dinero del mar: sacando pescado, o sacándoselo a los
españoles cuando vengan a pescar.
Por todo ello, y anticipando en el inicio de mi intervención cuál es la
posición del Grupo de Convergència i Unió, en aras al consenso hemos,
conjuntamente con los otros tres grupos parlamentarios antes citados,
redactado un texto que es el que se elevará a la Presidencia.
Señorías, no quisiera terminar esta intervención sin sumarme a la
bienvenida que ha dado la Comisión al ex presidente, señor Pau i Pernau,
porque nos consta que su labor al frente de la misma durante todos estos
años ha sido aceptada unánimemente como positiva y ello, a los que somos
de su tierra, nos place especialmente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Mantilla Rodríguez
tiene la palabra.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Faltaría más, para unirme a las palabras que
han dicho los demás portavoces de saludar al señor Pau y lamentar
profundamente que bajo su Presidencia no hayamos terminado esta Ponencia
de pesca, a la que tantas horas hemos dedicado y que poco nos faltaba
para haberla rematado.
Referente al tema que nos trae a debate, la proposición presentada por
don Guillerme Vázquez, tengo que decir que es inoportuna en el tiempo,
porque en estos momentos, y desde hace ya varios meses, la situación en
el Box irlandés es totalmente tranquila. Las inspecciones se realizan con
una absoluta normalidad; no hay ningún tipo de apresamiento, y si hubo
dos a lo largo del año también puede ocurrir que estos dos tuviesen o no
lógica. Decíamos que, por tanto, nosotros consideramos inoportuna por lo
menos la redacción, no la exposición que ha hecho el señor Vázquez, en la
que ha modificado sensiblemente la exposición de motivos que traía en su
propuesta inicial. En la misma hablaba de abordajes, de actuaciones
inadecuadas de los inspectores etcétera, y tenemos que decir que eso en
absoluto está ocurriendo en estos momentos. Es más, eso sí ha ocurrido en
otras épocas, y de ahí que la postura del Grupo Popular en este caso sea
adherirse a la proposición que hemos consensuado entre los cuatro grupos
parlamentarios, porque si no ocurre ahora, es posible que pueda ocurrir
en el futuro, y no está de más que se desarrolle el famoso Reglamento, al
que todos nos referimos, en su artículo 5.º, apartados b), c) y d).
Decíamos que éste es un tema en el que ya este portavoz en su día y ante
esta misma Comisión, en el «Diario de Sesiones» número 507, del 1 de
junio de 1995, denunciaba la actitud de determinados inspectores en la
inspección de los buques pesqueros en el Box irlandés. Repito que en
estos momentos no está ocurriendo así. Hay un entendimiento total entre
la Administración irlandesa y la española y, por tanto, nos felicitamos
de que la exposición de motivos que el señor Vázquez había dispuesto en
su momento, la haya superado con su exposición.
Para ser positivos en el futuro, los cuatro grupos hemos acordado una
propuesta alternativa, la cual, descartando toda referencia a la
agresividad, hemos consensuado. Esperemos que esta decisión sea asumida
por el Gobierno para bien de nuestra flota pesquera.
El señor PRESIDENTE: El señor Vázquez tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Para decir que efectivamente
aceptamos una nueva redacción consensuada entre el Bloque Nacionalista
Galego, Convergència i Unió, Partido Popular y Partido Socialista. Creo
que conviene proceder a leerla y luego le hago entrega de ella.
Quitar el primer párrafo y mantener el segundo en estos términos: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas
necesarias para garantizar que las labores de inspección y control de los
barcos comunitarios, de los pesqueros españoles, se realice atendiendo a
las condiciones acordes con las normas comunitarias e internacionales. En
consecuencia, el Gobierno español se dirigirá a los correspondientes
órganos de la Unión Europea instando al desarrollo del artículo 5.º del
Reglamento 2847/93 en ese sentido, y a participar activamente en la
formulación de propuestas.
El señor PRESIDENTE: El señor Madero tiene la palabra.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, antes de pasar a las votaciones
quisiera comunicar a la Presidencia, en nombre de mi grupo, que, una vez
que el resto de los portavoces han conocido el texto transaccional que
habíamos ofrecido en la proposición no de ley sobre eventual modificación
del Reglamento de cultivos herbáceos de la política agraria comunitaria,
ha habido aceptación con una pequeña modificación, que también he
comunicado a la Mesa en estos momentos.
En este sentido, el texto de la proposición no de ley quedaría definido
en los tres puntos siguientes. Primero, se insta al Gobierno a que siga
defendiendo ante el Consejo la aprobación de la propuesta de la Comisión.
Segundo, que siga defendiendo la posibilidad de que la Comisión pueda
reducir o suprimir las penalizaciones económicas derivadas de la
superación de las superficies base. Un tercer punto con cuatro apartados,
que están reseñados en el documento que la Presidencia tiene en estos
momentos. Lo comunico a efectos de la votación subsiguiente que tendrá
lugar dentro de breves momentos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Como somos los autores de la proposición no
de ley, parece normal que podamos opinar si aceptamos o no la propuesta y
en base a qué. Nosotros vamos a aceptar la propuesta que el Grupo Popular
ha hecho, que va a suscitar, por tanto, la unanimidad de la Cámara, lo
cual nos parece positivo. Estamos empeñados en demostrar que desde la
oposición también se puede construir, y queremos además construir desde
la oposición, pero quiero hacer una matización. Hemos añadido a la
propuesta original escrita a máquina del Grupo Parlamentario Popular, tal
y como su portavoz, el señor Madero, acaba de decir, un nuevo punto que
dice: Revisión del estabilizador de rendimientos a nivel estatal.
Nosotros hemos propuesto en esta negociación que se hablara de revisión
al alza del estabilizador. Al Grupo Popular le ha parecido inoportuno
ponerlo, pero aunque sólo sea a los efectos de que quede clara la
posición del Grupo Socialista en el «Diario de Sesiones», interpretamos
que esta revisión sólo podría darse al alza, ya que si fuera para
disminuirla sería un auténtico desastre. Por tanto, aunque no conste en
el texto de la proposición no de ley, queremos decir que nuestra
interpretación de este punto es que la revisión tiene que ser siempre al
alza. Naturalmente, votaremos a favor de esta propuesta alternativa, es
decir, del texto definitivo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor
Companys.
El señor COMPANYS SANTFELIU: Intervengo sólo para adherirnos a la
propuesta que ha hecho el Grupo Popular. Nos gustaría que la Secretaría
de la Mesa la leyera para que quedase constancia exactamente de lo que
vamos a aprobar. En todo caso, nos parece altamente positivo que una vez
más, en temas importantes, como el de los cultivos herbáceos, se haya
llegado a un consenso.
El señor PRESIDENTE: Yo les propondría también a SS. SS. que autorizaran
a los servicios jurídicos de la Cámara a mejorar cuestiones semánticas
dentro del texto propuesto por sus señorías. Si autorizan y dan un voto
de confianza al Letrado de la Cámara, mejorará el texto.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, como autor inicial del texto,
no solamente tienen los servicios de la Cámara la autorización, sino que
son requeridos de manera amable, porque, efectivamente, la premura del
tiempo hace que la semántica a veces deje mucho que desear.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Antes de votarla leeremos esta
proposición no de ley en su texto completo.
Iniciamos la votación de las proposiciones no de ley números 2, 3 y 4, de
idéntico contenido y prácticamente idéntico texto, habida cuenta de la
retirada de la proposición no de ley número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la proposición no de ley número 5, en el apartado número 1,
cambiando la palabra «concepto» por «concreto» y eliminando texto a
partir de: traslación; es decir «... con un umbral de garantía de al
menos 45.000 toneladas». Por tanto, votamos este primer punto de esta
proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el segundo punto de esta proposición no de ley en su texto
primitivo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto número 3 de la proposición no de ley número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a dar lectura a la proposición no de ley número 6 con el texto
definitivo consensuado por los Grupos Parlamentarios Socialista y
Popular. Lo va a leer el señor
Letrado.
El señor LETRADO DE LA COMISION: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que: Primero, siga defendiendo ante el Consejo de la Unión
Europea la aprobación de la propuesta de la Comisión de modificación del
Reglamento 1765/92, con el objeto de permitir la existencia de
superficies de base nacionales, con referencia de bases regionales, que
permitan, en el caso de la superación de la superficie de base nacional,
la imputación de las penalizaciones correspondientes a las comunidades
autónomas responsables de la superación.
Segundo. Siga defendiendo la posibilidad de que la Comisión pueda reducir
o suprimir las penalizaciones económicas derivadas de la superación de
las superficies de base cuando éstas sean debidas a condiciones
climáticas excepcionales.
Tercero. Una vez aprobado el reglamento correspondiente, que
eventualmente modificaría el 1765/92, inicie las necesarias relaciones
con las comunidades autónomas y los servicios de la Comisión, para
definir un nuevo sistema de superficies de base y de regionalización
productiva de los cultivos herbáceos en España, que debería incluir las
siguientes características:
a)Transferencias de una parte de la superficie de base de secano a
regadío.
b)Establecimiento para el secano y para el regadío de una superficie de
base nacional con referencias de carácter autonómico, a efectos de la
aplicación de las penalizaciones.
c)Revisión del estabilizador de rendimientos a nivel estatal.
d)Resolución de los problemas de mayor sensibilidad para algunas
comarcas, a efectos de la asignación de rendimientos en la
regionalización productiva.
El señor PRESIDENTE: Una vez que se ha dado lectura por parte del señor
Letrado al texto definitivo, pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de la proposición no de ley relativa a la inspección y control
de los barcos comunitarios, con el texto leído por el portavoz del Grupo
Mixto.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.