CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 30



POLITICA SOCIAL Y EMPLEO



PRESIDENTE: DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO



Sesión núm. 2



celebrada el miércoles, 19 de junio de 1996



ORDEN DEL DIA



Aprobación de la delegación en favor de la Mesa, a la que hace referencia
la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983,
en relación con el artículo 44 del Congreso de los Diputados. (Número de
expediente 042/000004) (Página 472)



Aprobación de la celebración de las comparecencias del señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra), a propuesta de la Mesa de
la Comisión, acordada en su reunión del día 29-5-96. (Números de
expediente 213/000008 y 213/000028) (Página 472)



Comparecencia del señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra), para informar sobre:



--Previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento. A
solicitud del Grupo P. Socialista. (Número de expediente 213/000008)
(Página 472)

Página 472



--Líneas generales y proyectos a desarrollar en su Departamento. A
solicitud del Grupo P. IU-IC. (Número de expediente 213/000028)
(Página 472)



--Líneas generales de la política del Departamento, a petición propia.

(Número de expediente 214/000014) (Página 472)



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




--APROBACION DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE HACE
REFERENCIA LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA DE 2 DE NOVIEMBRE
DE 1983, EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000004)



El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de
Política Social y Empleo con el punto 1.o del orden del día: Aprobación,
en su caso, de la delegación en favor de la Mesa a la que hace referencia
la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983,
en relación con el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los
Diputados.

La Mesa y los portavoces de esta Comisión se han reunido y quiero hacer
una propuesta en su nombre, con el fin de evitar este trámite formal en
el futuro. La propuesta es que, por la Comisión, se delegue en la Mesa y
portavoces la decisión acerca de las solicitudes de comparecencia que se
formulen por alguno de los grupos, de manera que sean la Mesa y los
portavoces los que decidan por mayoría. En el supuesto de que la
solicitud no sea aceptada por la mayoría de la Mesa y portavoces, el
grupo que no viese satisfecha su petición por esa decisión tendría el
derecho de plantearla ante la Comisión, que sería la que decidiría, en su
caso. Reitero que la propuesta que presentamos es, en definitiva, la
solicitud de delegación de las normas previstas en el artículo 44 del
Reglamento del Congreso de los Diputados --que lo doy por conocido por
todos ustedes--, así como de la norma interpretativa dictada por la
Presidencia de esta Cámara el 2 de noviembre de 1983.

Esta es la propuesta que someto a su aprobación. (Pausa.) Se aprueba por
asentimiento.




--APROBACION DE LA CELEBRACION DE LAS COMPARECENCIAS DEL MINISTRO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (ARENAS BOCANEGRA), A PROPUESTA DE LA MESA DE
LA COMISION, ACORDADA EN SU REUNION DEL DIA 29-5-96. (Números de
expediente 213/000008 y 213/000028.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto 2.o, que es la aprobación de la
celebración de las comparecencias del Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, números de expediente 213/000008 y 213/000028, a propuesta de
la Mesa de la Comisión, acordada en su reunión del día 29 de mayo de
1996.

¿Se aprueba? (Pausa.)
Se aprueba igualmente por asentimiento



COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (ARENAS
BOCANEGRA), PARA INFORMAR SOBRE:



--PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000008.)



--LINEAS GENERALES Y PROYECTOS A DESARROLLAR POR SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO IU-IC. (Número de expediente 213/000028.)



--LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DEL DEPARTAMENTO, A PETICION PROPIA.

(Número de expediente 214/000014.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º, que es la celebración de las
siguientes comparecencias del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don
Javier Arenas Bocanegra, para informar de las previsiones y líneas
generales a desarrollar en su departamento, formuladas por el Grupo
Socialista, número de expediente 213/000008, por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, número de expediente
213/000028, y a propia petición del Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, número de expediente 214/000014.

Quiero dar la bienvenida, en nombre de todos los miembros de esta
Comisión, al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y señalarle que
estamos todos muy interesados en escuchar las líneas generales que va a
seguir su departamento en la presente legislatura, dado el elevado
interés que para la sociedad presentan las decisiones que se adopten por
su departamento.

Bienvenido de nuevo y, sin más, tiene la palabra el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, don Javier Arenas Bocanegra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, tengo que agradecer las palabras



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de bienvenida del Presidente de la Comisión de Política Social y Empleo y
decirles que para mí es un honor comparecer ante esta Comisión como
miembro del Gobierno y manifestarles ya, desde este momento, mi plena
disposición para facilitar la tarea de control del Gobierno y, desde
luego, comprometerme a facilitar el cumplimiento de ese deber de control
del Gobierno a los miembros de la Cámara, desde mis responsabilidades al
frente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

También querría empezar esta intervención reconociendo públicamente el
esfuerzo y la dedicación de mis antecesores, don José Antonio Griñán y
doña Cristina Alberdi, y agradecerles personalmente la cordialidad con la
que se llevó a cabo el proceso de transmisión de funciones. Creo, con
toda sinceridad, que esa actitud refleja la madurez democrática con que
estamos construyendo el futuro de la sociedad española.

Como saben SS. SS., el Gobierno ha decidido la fusión de los ministerios
de Trabajo y Seguridad Social y de Asuntos Sociales en el actual
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Quiero dejar bien claro desde
el principio que se trata de una fusión de ministerios y no de la
absorción de un ministerio por otro. En la absorción una de las dos
partes es dominada por la otra y en la fusión cada una de ellas preserva
su personalidad y sus programas de acción política.

La fusión de ambos ministerios en uno solo no significa la desaparición
de ninguna de sus políticas generales; al contrario; además de producir,
en nuestra opinión, una mayor racionalidad administrativa, una más
adecuada homogeneidad competencial y un menor gasto público, unificará en
una estrategia común toda la política del Gobierno en torno a tres
cuestiones básicas: el empleo, la protección social y la iniciativa
solidaria.

Señorías, creo que al menos en una cuestión estaremos todos absolutamente
de acuerdo: el primer problema que tiene planteado hoy la sociedad
española es el problema del empleo. Es verdad que no es un problema
específicamente español y que la Unión Europea y todo el planeta, en su
conjunto, sufren asimismo sus consecuencias; pero también es cierto que
España vive más dramáticamente que la mayoría de los países europeos la
persistencia de un elevado índice de desempleo, que manifiesta una
particular resistencia a reducirse significativamente, incluso en épocas
de crecimiento económico. No es gratuito recordar que, lamentablemente,
Europa sigue manteniendo el índice de paro más elevado de la Unión
Europea, con una tasa de ocupación que no alcanza el 40 por ciento.

Duplicamos a la Unión Europea en tasa de paro y casi triplicamos la media
de los países de la OCDE.

La temporalidad en el empleo afecta a uno de cada tres ocupados; uno de
cada dos parados lo es de larga duración; el paro femenino está por
encima del 30 por ciento, y el paro juvenil rebasa el límite del 40 por
ciento. En un millón de hogares españoles todos sus miembros están
desempleados.

La creación de empleo estable no es sólo un objetivo del Gobierno que
preside José María Aznar, sino que me atrevería a significar que es la
obsesión de ese Gobierno. Su Presidente, José María Aznar, en el discurso
de investidura ya señaló que el principal objetivo de la política
económica y social es la creación de empleo.

Conseguir un modelo de crecimiento económico que sea capaz de generar
empleo estable, garantizar el bienestar social y profundizar en una
sociedad solidaria es la prioridad fundamental del Gobierno y muy
específicamente la tarea del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La
solidaridad es una palabra que viene siendo utilizada tan frecuentemente
que, a veces, pierde su sentido esencial. La solidaridad es un valor que
puede ser entendido de diferentes modos. No hay una única manera de ser
solidarios, como querrían algunos dogmáticos. En todas las actuaciones
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales quiero imprimir un sentido
activo a la solidaridad. Ser solidario no consiste en mantener al otro en
una situación de dependencia, sino procurar que salga de ella y adquiera
la autonomía precisa para afrontar la vida con dignidad.

Creo que en las actuales circunstancias de la vida española tan solidario
es mantener el nivel de las prestaciones sociales como promover
activamente la creación de empleo. Es más, estoy convencido, señorías, de
que la mejor política social es aquella que crea efectivamente empleo
estable. El paro no es simplemente un problema económico y social; no es
una cifra inscrita en una relación estadística; el paro significa, de
hecho, un sufrimiento personal y familiar para muchísimos españoles y
españolas.

Podremos reducir las consecuencias económicas y sociales de ese
sufrimiento mediante las prestaciones por desempleo, pero no podremos
eliminar las sensaciones de fracaso y marginación que produce el paro.

Por ello, la mejor salida para una situación de paro nunca será la
autosatisfacción de la prestación, por necesaria que ésta sea, sino un
puesto de trabajo digno y estable.

En esta dirección, el Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales aceptarán toda sugerencia, venga de donde venga, sin apriorismos
estériles o sectarios. No cabe duda de que el mundo vive la peor crisis
de empleo desde los años 30. Más de 900 millones de trabajadores están en
paro o subempleados; las instituciones democráticas y la cohesión social
sufren por esta causa presiones que la encaminan hacia el desequilibrio.

Europa, que tuvo una baja tasa de paro tras la Segunda Guerra Mundial,
subió hasta el 12 por ciento en estos últimos años y entre sus parados
una elevada proporción lo son de larga duración. Europa es hoy una
sociedad con 18 millones de parados, con 54 millones de ciudadanos que
viven en la pobreza y en la que uno de cada cinco jóvenes tarda dos años
en acceder al trabajo.

La economía, señorías, es ya una realidad mundial internacionalizada y
las empresas deberían tener muy presente el factor sobrevenido de una
competencia, no ya regional, sino global. No creo que el mejor mercado
laboral de los posibles sea aquel en que el único principio rector de las
acciones se articule en torno a la competencia, sin más, dejada en estado
salvaje. Esa posibilidad no sólo no está contemplada en nuestra
Constitución, sino que va en contra de las reflexiones europeas
realizadas, de manera conjunta, desde la firma del Tratado de Maastricht.

Como conocen



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SS. SS., los cinco puntos estratégicos establecidos en la cumbre de Essen
están siendo aplicados en los planes elaborados por los Estados miembros
de la Unión Europea y los seguiremos desarrollando con toda intensidad
desde este Gobierno.

En ese sentido, ya les anticipo cinco líneas básicas en las que
profundizaremos. Primera, el fomento de las inversiones en formación
profesional. Segunda, el aumento de la intensidad de creación de empleo a
partir del crecimiento mediante una organización más flexible del
trabajo, una política salarial que propicie inversiones generadoras de
empleo, e iniciativas de empleo en nuevas áreas, como medio ambiente y
servicios sociales. Tercera, la reducción de costes salariales
accesorios, de modo que se favorezca la contratación, en especial, de los
trabajadores no cualificados. Cuarta, el mayor incremento de las medidas
de políticas activas de creación de empleo, y quinta, el reforzamiento de
las medidas en favor de los grupos particularmente afectados por el
desempleo. Estas líneas creo que constituyen la columna vertebral de la
estrategia común europea en la lucha contra el desempleo.

El pasado 28 de abril el Presidente de la Comisión Europea proponía un
pacto de confianza para el empleo y definía que el mayor riesgo ante la
situación que sufre Europa es no hacer nada. El señor Santer aducía como
causas de la tardanza en la solución del problemas del empleo que no se
han movilizado todos los actores que debieran y que falta audacia en la
soluciones diseñadas. Ciertamente, Europa dispone de una sólida base
científica y tecnológica, un elevado nivel de educación y un sistema
político estable, pero para el proyecto de una sociedad europea que
afronta ya los retos del siglo XXI debemos resolver el problema del
empleo, y uno de sus pilares tiene que ser la modernización del mercado
laboral. Creo firmemente que el modelo social español tiene que conseguir
que el progreso económico y el progreso social sean dos caras del mismo
modelo de desarrollo y que, por ello, logremos integrar la realidad de la
competitividad con la exigencia de la solidaridad.

La estrategia general del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en
materia de creación de empleo irá encaminada a la unificación de esos dos
grandes criterios o conceptos. Para que ello pueda tener lugar es
imprescindible recuperar el diálogo social como fórmula permanente de
contraste de pareceres. Este Gobierno y este Ministerio han dado ya
pruebas evidentes de su voluntad en este sentido, y ya se han constituido
varias mesas para estudiar y afrontar los problemas que obstaculizan la
creación de empleo en España.

He de decir también con toda claridad que este Gobierno y este Ministerio
están haciendo frente a sus responsabilidades desde el primer momento. Si
este diálogo, establecido en algunas facetas entre sindicatos y
empresarios, no produce los frutos deseados en un tiempo razonable,
Gobierno y Ministerio seguirán haciendo frente a sus responsabilidades en
la dirección que consideren más adecuada para la defensa de los intereses
generales de todos los ciudadanos; y si fracasaran los acuerdos
bilaterales, el Gobierno, por supuesto, mantendrá diálogo con los
sindicatos y empresarios sobre las propuestas que formulen.

Como saben SS. SS., el Gobierno y las organizaciones empresariales y
sindicales aceptaron el pasado 28 de mayo la formalización de una serie
de mesas que concretan el diálogo social iniciado. Tres de ellos son
trilaterales y dedican sus esfuerzos a la seguridad y salud en el
trabajo, a la solución extrajudicial de los conflictos laborales y a la
utilización e impulso de la formación profesional. Asimismo, se han
puesto en marcha mesas bilaterales para el tratamiento del plan de empleo
rural y el debate y análisis en torno al sector público empresarial.

Ayer mismo el Gobierno ha iniciado conversacioes con empresarios y
sindicatos para que, simultáneamente a los trabajos parlamentarios
previstos, puedan contribuir al desarrollo de las 15 recomendaciones
previstas en el Pacto de Toledo, Pacto al que me referiré nuevamente más
adelante. es decir, señorías, que el Gobierno espera frutos fecundos de
este diálogo abierto sobre el mercado de trabajo entre empresarios y
sindicatos, que seremos muy receptivos a los posibles pactos que se
puedan alcanzar y que no tomaremos la iniciativa sobre la reforma del
mercado laboral sin contar con el resultado de ese diálogo social y con
la opinión de los sindicatos y empresarios. Creo que, por necesaria que
fuera una reforma unilateral de las relaciones laborales, sin los
acuerdos sociales suficientes no conseguiría totalmente las metas
deseadas o, en todo caso, mermaría sus objetivos si no existiera ese
diálogo social intenso.

Las orientaciones y medidas que se propone poner en marcha este
Ministerio quieren hacer frente a dos divisiones objetivas que se dan hoy
en la población española. Hasta hace pocos años la división esencial en
la población española se daba entre los que trabajaban y los que no
trabajaban. Ahora, en la existente, se da otra división: los que tienen
empleo estable y los que disponen de un empleo precario. Supeditadas al
diálogo social permanente, las reformas estructurales que el Gobierno
tiene el propósito de llevar a cabo están encaminadas al cumplimiento de
los siguientes objetivos. En primer lugar, favorecer la acción de las
empresas, creando un marco en el que se pueda cumplir un papel esencial
en una economía productiva, maximizando su potencial de creación de
empleo. En segundo lugar, vamos a estimular la inversión y a incrementar
los recursos destinados a la investigación y desarrollo y a desarrollar
decididamente la formación profesional. Nos proponemos asimismo
desarrollar un marco jurídico estable que elimine la falta de confianza
que penaliza, de hecho, la creación de empleo. En cuarto lugar,
apoyaremos firmemente a las pequeñas y medianas empresas, de las que
depende la creación de la mayor parte del empleo en nuestra economía,
mediante la mejora de su tratamiento administrativo, financiero y fiscal,
y en esta dirección, señorías, ya han ido algunas de las medidas
contenidas en el decreto-ley aprobado por el Gobierno en Consejo de
Ministros el pasado 7 de junio, que se refiere al plan sobre el fomento
del empleo y liberalización de la economía.

Vamos a actualizar el programa nacional de formación profesional.

Pretendemos modificar los programas anuales de fomento de empleo,
orientándolos claramente hacia la creación de empleo estable. Nos
proponemos transformar



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el contrato de aprendizaje y el de prácticas, para convertirlos en
instrumentos que reúnan, realmente, el trabajo y la formación profesional
efectiva, si bien no tomaremos la iniciativa mientras se desarrolla el
diálogo social en sus diferentes mesas. Tenemos preparadas las
modificaciones legales que afectan a estos contratos, pero insisto en que
no las presentaremos mientras no se den a conocer o termine el diálogo
entre sindicatos y empresarios sobre el diagnóstico y análisis del
funcionamiento del mercado de trabajo.

Por último, pretendemos agilizar las relaciones laborales aplicando,
entre otras medidas, el acuerdo de solución extrajudicial de los
conflictos alcanzado recientemente entre los interlocutores sociales.

Además, mi departamento tiene la intención de trabajar en una serie de
líneas específicas dirigidas a la mejora de las condiciones para la
creación de empleo. Entre ellas, quiero destacar las siguientes: la
voluntad de reducir el excesivo número de modalidades de contratación hoy
existentes; la renovación de las políticas activas de formación continua,
en parte sujetas a los pactos de investidura y gobernabilidad; el fomento
de la contratación estable, especialmente en el caso de los parados de
larga duración y mayores de 45 años, que ya ha tenido desarrollo parcial
inicial en el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, que
incluye a los discapacitados en su ámbito de aplicación. En este momento,
el Gobierno trabaja en una serie de medidas que afectan a la contratación
aplicada a jóvenes y mujeres. Queremos propiciar una política salarial
que relacione incrementos salariales con productividad, y estudiaremos la
reducción progresiva de los costes no salariales del trabajo, priorizando
los empleos de baja cualificación y los sectores de actividad más
intensivos en mano de obra. Reforzaremos la conexión empresa-formación e
incentivaremos la formación permanente en las empresas.

Señorías, en lo que hace referencia a lo que se conoce como el Plan de
Empleo Rural, quiero decir con toda claridad que somos partidarios de su
mantenimiento, y en ese sentido se ha expresado tanto este Ministro como
el Presidente del Gobierno. En este sentido hemos tomado ya algunas
medidas que plantean su aplicación más efectiva para 1996 y, desde luego,
nos proponemos introducir modificaciones que lo vinculen más a las
políticas activas de creación de empleo, que lo vinculen más a la
formación, pero siempre vamos a plantear estas modificaciones en el marco
del diálogo específico con los agentes sociales y en combinación con los
exigibles planes de desarrollo rural de las comunidades autónomas
afectadas. Tengo que decir también que el Gobierno no se plantea la
modificación de lo que se conoce como sistema PER sin oír las opiniones,
como es lógico, de las comunidades autónomas afectadas.

Señorías, la mejora del Plan de Empleo Rural evitará efectos negativos
que ha supuesto su aplicación para Andalucía y Extremadura, precisamente
dos de las comunidades autónomas españolas más alejadas de las medias que
ponderan la riqueza y el bienestar en España y en Europa. Asimismo,
pretendemos con la modernización del Plan de Empleo Rural la
dignificación de todo el colectivo de trabajadores afectado por sus
medidas. La aplicación realizada hasta ahora de este plan ha conducido a
casos determinados de fraude, conocidos por todos, y que han
convulsionado el mundo rural andaluz y extremeño. Como también es verdad
que la gestión de los fondos destinados al Plan de Empleo Rural ha
supuesto, de hecho, en ocasiones una peligrosa transgresión de la
neutralidad política exigible, que debe tratar a todos los ciudadanos por
igual, independientemente de sus creencias y actitudes políticas. Este
Gobierno se propone analizar a fondo el actual sistema, origen de
frecuentes irregularidades, y quiere devolver la neutralidad política a
la gestión de unos fondos que tienen como objetivos prioritarios mantener
o complementar rentas rurales en Andalucía y propiciar en estas
comunidades la mejora de sus infraestructuras.

Respecto al Instituto Nacional Empleo, quiero decir que mi pretensión es
que, de una vez por todas, se transforme en un organismo centrado en las
políticas activas de formación y empleo, estableciendo convenios de
cooperación con el sector privado y con los sindicatos. Queremos extender
un sistema de información y orientación profesional a todos los parados
registrados en las oficinas de empleo, dando prioridad en este
tratamiento a los mayores de cuarenta y cinco años.

Deseamos, señorías, culminar los procesos de estudio sobre la ubicación
definitiva de las prestaciones por desempleo en el Instituto Nacional de
la Seguridad Social. Es nuestro propósito vincular, como es natural y
exigible, el cobro de las prestaciones a la realización de cursos de
formación, a la disponibilidad de parados para aceptar un empleo adecuado
a sus características profesionales y a su propia situación económica,
con el fin de promover e impulsar su reinserción en el mercado laboral.

Paralelamente, el propio Gobierno se propondrá las acciones que estime
necesarias para facilitar la reorientación y la recalificación
profesional de los que sufren una situación de desempleo.

En virtud de los pactos de investidura alcanzados y en virtud de nuestra
convicción política, mi departamento emprenderá el traspaso de los
servicios de colocación del Inem y de las políticas activas de empleo;
asimismo, cofinanciará, junto con el Gobierno de Canarias, el plan
integral de empleo para esta comunidad, siempre en el marco de las
condiciones de convergencia del Tratado de Maastricht.

Igualmente, se garantizará la participación de las comunidades autónomas
en el Consejo General de la Formación Profesional. Los pactos suscritos
prevén, además, la regulación de la formación ocupacional por parte de la
Generalidad en el marco del programa de formación profesional a nivel
estatal y sin menoscabo de la plena integración en los sistemas de
empleo.

Mi departamento cumplirá escrupulosamente todos los acuerdos suscritos en
su momento y que son conocidos como pacto de investidura y
gobernabilidad. Y también quiero decirles que, independientemente de esos
acuerdos, ya hemos iniciado conversaciones con el conjunto de comunidades
autónomas, muy especialmente para analizar el posible traspaso de las
políticas activas de empleo.

El Ministerio en un breve plazo, probablemente a lo largo del mes de
julio (ya saben ustedes que está constituida la Conferencia Sectorial de
Mujeres y de Asuntos Sociales),



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tiene previsto que se constituya la conferencia sectorial laboral dentro
del departamento para analizar cuestiones que afectan al conjunto de las
comunidades autónomas.

Hasta este momento, señorías, he analizado someramente cuál es la
situación del empleo en nuestro país y cuáles son las líneas políticas
esenciales en las que se apoyará la acción de este Ministerio; voy a
señalar ahora algunas iniciativas legislativas que van a ocupar de manera
inmediata el interés de este departamento.

El Gobierno, de acuerdo con los resultados del diálogo social, procederá
al desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Pretende, además, elaborar un anteproyecto de ley de ordenación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social que adapte la vigente ley a la
actual estructura del Estado y a la creciente complejidad del sistema de
protección social, proporcionando plena cobertura legal a las actuaciones
del cuerpo de controladores laborales.

También está en estudio el proyecto de real decreto sobre asistencia
sanitaria a emigrantes españoles, trabajadores por cuenta propia y
familiares, así como el anteproyecto de ley de disolución de los fondos
de promoción de empleo, que será consultado con los agentes sociales.

Se estudia actualmente el anteproyecto de la ley general de cooperativas,
que tiene por finalidad principal la promoción de empleo y un proyecto de
regulación de las fundaciones laborales.

Igualmente, analizamos un proyecto de real decreto regulador de la
composición de la comisión nacional de seguridad y salud en el trabajo,
la culminación del proceso de sustitución de las derogadas ordenanzas
laborales y la elaboración de un proyecto de ley, previamente consensuado
con organizaciones empresariales y sindicales, sobre un asunto que tenía
muy avanzado el anterior titular del departamento sobre derecho de
información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de
empresas de dimensión comunitaria.

Voy a exponer, señorías, a continuación, lo que constituye el núcleo
fundamental de la política del Gobierno respecto al sistema de protección
social.

Existe un pacto constitucional, por la solidaridad y el bienestar general
recogido en los capítulos II y III de la Constitución, y muy
especialmente expuestos en los artículos 27, 41 y 50. Como saben SS. SS.,
la Constitución española consagra un sistema de protección social, además
de una educación y una sanidad gratuitas y universales.

A pesar de tantas intencionadas insinuaciones electorales y a pesar del
persistente cultivo de la sospecha política que han desarrollado algunos
grupos de la oposición, el Gobierno y este ministerio afirman una vez más
que, no sólo no van a renunciar al mantenimiento de lo ya establecido,
sino que se comprometen con la mejora del acuerdo de solidaridad de base
constitucional. Y quiero aprovechar este momento para pedir, si es
posible, que nunca más se pongan en cuestión principios y normas que
configuran el sistema de convivencia ya asentado, afortunadamente, entre
todos los españoles.

En orden al cumplimiento de este gran objetivo general, este Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales se propone actuar en tres frentes bien
definidos: primero, consolidación del actual Sistema de Seguridad Social,
según las directrices aprobadas en el Parlamento. Segundo, desarrollo
íntegro de las recomendaciones del Pacto de Toledo, con el apoyo
parlamentario necesario y la colaboración de los agentes sociales.

Tercero, garantía, ya expresada por el Presidente del Gobierno en su
discurso de investidura, de mantener el poder adquisitivo de las
pensiones.

La actual situación de la Seguridad Social invita, señorías, a una serena
preocupación, debido, sobre todo, a sus actuales mecanismos de
financiación. No obstante, creo que sus actuales problemas pueden ser
superados si las fuerzas políticas y sociales mantienen el consenso
necesario para articular el contenido de las reformas diseñadas en el
Pacto de Toledo.

En esta dirección, el Gobierno propiciará la mejora y adaptación de la
Seguridad Social mediante la separación y clasificación de sus fuentes de
financiación, de forma que las cotizaciones sufraguen las prestaciones
contributivas y sean financiadas con cargo a los presupuestos generales
del Estado las prestaciones no contributivas y universales.

Pretendemos, asimismo, flexibilizar la edad de jubilación con carácter
voluntario; las mejoras de las bases de cotización; desarrollar técnicas
de cálculo de las pensiones contributivas que permitan en el futuro que
similares esfuerzos de cotización alcancen prestaciones equivalentes en
orden a la equidad del sistema; incentivar los sistemas complementarios
de pensiones, que figuran expresamente mencionados en la Constitución; la
formación de reservas que permitan mantener el equilibrio del sistema
contributivo; la lucha contra el fraude y la morosidad, de lo que ya
hemos dado prueba reciente, y la mejora de los mecanismos de gestión del
sistema en su conjunto.

Naturalmente, mantendremos el poder adquisitivo de las pensiones; haremos
un esfuerzo por simplificar e integrar los regímenes especiales, así como
por modificar su financiación y seguiremos analizando y siguiendo la
evolución del sistema en su conjunto, en estrecho contacto con los grupos
parlamentarios y los agentes sociales.

Asimismo, mejoraremos de manera selectiva, teniendo en cuenta las
disponibilidades económicas del sistema, la situación de determinados
colectivos en mayor medida desfavorecidos.

Desde un punto de vista legislativo, entre las medidas que, de manera más
inmediata, van a ser adoptadas por este Ministerio, figura el desarrollo
del real decreto por el que se regula el registro de prestaciones
sociales públicas, que permitirá la interrelación y el tratamiento
automatizado de toda la información relacionada con prestaciones sociales
públicas. Tenemos en estudio medidas inmediatas contra la morosidad
pública y privada. No parece sensato, ni conveniente, que la deuda que
mantienen las administraciones públicas y las entidades privadas con la
Seguridad Social supere los presupuestos de la mayoría de las comunidades
autónomas españolas. Entre todas las administraciones públicas deben a la
tesorería de la Seguridad Social una cantidad superior al cuarto de
billón de pesetas. Las entidades privadas, por su parte, adeudan a la
misma



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más de un billón de pesetas, si bien 500.000 de éstos están provisionados
en los presupuestos como fallidos.

Una situación así, en nuestra opinión, es sencillamente inadmisible y
este Ministerio va a acometer en un plazo corto de tiempo medidas que
concluyan con determinadas irresponsabilidades, que han dado origen a un
endeudamiento que debilita el conjunto del Sistema de Seguridad Social,
si bien estas medidas, como es lógico, también queremos tratarlas en el
seno de la discusión de los Pactos de Toledo con los grupos
parlamentarios y con los agentes sociales.

Quiero decirles que, también en el ámbito de la Seguridad Social, se van
a seguir desarrollando una serie de programas que básicamente estaban
puestos en marcha por la anterior etapa y que nos parece que son de mucha
eficacia. Creemos que el programa Icaro logrará una mayor inmediatez y
seguridad en el reconocimiento de las pensiones. Mediante el programa de
gestión telefónica aproximaremos los servicios del Instituto Nacional de
la Seguridad Social a los ciudadanos. Mediante el programa TASS, que
sustituirá la tarjeta actual conformando una tarjeta única de Seguridad
Social, queremos mantener ese proyecto de tarjeta única, tan querido en
la anterior etapa, si bien nos parecen imprescindibles las negociaciones
oportunas con las comunidades autónomas y con el Ministerio de Sanidad.

Voy, señorías, a ocuparme ahora del tercer gran núcleo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Como dije al principio de mi intervención,
que dos ministerios se fusionen no significa que desaparezcan sus
políticas, y éste es el caso claro del área de Asuntos Sociales. Queremos
caminar hacia una sociedad solidaria, pero, como ya expresé en la parte
de mi intervención referente al empleo, en mi concepción de la
solidaridad priman sus aspectos activos sobre sus aspectos pasivos. Una
política de solidaridad debe girar, a mi entender, sobre tres ejes
básicos. Primero, hay que propiciar, animar, impulsar y favorecer las
iniciativas de solidaridad que surgen dentro de la propia sociedad con el
menor intervencionismo del Estado. Segundo, hay que reflexionar sobre un
comprobado fenómeno: las políticas pasivas de solidaridad, aunque mitigan
el dolor social, no avanzan suficientemente hacia la desaparición de sus
causas. Tercero, queremos potenciar también en este campo el diálogo
concreto y fluido con las organizaciones no gubernamentales a las que
consideramos junto con otras asociaciones instrumentos idóneos para el
desarrollo y la gestión de las políticas de solidaridad. En esta
dirección el Ministerio quiere potenciar el voluntariado social. El
voluntariado, señorías, está siendo, sin duda, una gran fuerza de futuro
en nuestro país. Desde este Ministerio vamos a estimular la creación y
consolidación de asociaciones, fundaciones, ONG y entidades sin ánimo de
lucro que proyecten programas que incluyan el voluntariado social.

Pretendemos poner en marcha un plan nacional de apoyo y fomento del
voluntariado social que permita el ejercicio de la solidaridad activa, en
especial de los jóvenes, de modo que les capacite para el mejor
desarrollo de sus fines y objetivos sociales, y, al mismo tiempo, vamos a
exigir decididamente el cumplimiento escrupuloso de los fines que se fije
cada organización o asociación, de modo que se evite el derrame de un
dinero público que finalmente no es utilizado para resolver los problemas
originarios.

Señorías, hace ya años que en este país no se habla en profundidad de la
familia. En España no se ha apoyado suficientemente a la familia. El
informe de la Comisión sobre Protección Social en Europa 1995 refleja con
claridad que España es uno de los países junto con Grecia que menor apoyo
ha prestado a su política familiar --un 0,2 por ciento sobre el PIB
frente a un 3,3 por ciento de Dinamarca, un 2,6 por ciento del Reino
Unido o un 2,4 por ciento de Francia--. Desde este Ministerio vamos a
apoyar y coordinar las políticas activas en favor de la familia que
eviten el desarraigo familiar de nuestros mayores, que faciliten la
formación profesional de las personas que abandonaron su trabajo por
atender cargas familiares y que tengan en cuenta el número de miembros
que componen la unidad familiar en una serie de medidas, también en los
tamaños de las viviendas de protección oficial. Asimismo, colaboraremos
en la consecución de un sistema de garantía de pago de las pensiones
establecidas por sentencia judicial en caso de separación o divorcio
cuando haya carencia de recursos en el cónyuge que tiene los hijos a su
cargo y colaboraremos en la tarea de disminuir las trabas que dificultan
la adopción y solución de los problemas de los menores afectados.

Una sociedad solidaria no puede, señorías, dar la espalda al problema de
la droga que en sus diversas modalidades, viejas y nuevas sustancias, y
en nuestro país lleva años adquiriendo niveles alarmantes. Este
Ministerio, en el ámbito estricto de sus competencias, se propone
impulsar campañas decididamente preventivas para fomentar el rechazo de
la droga y desarrollará programas de rehabilitación y ayuda a los
drogodependientes. Tenemos que hacer frente a la prevención del consumo
de drogas de síntesis que está incrementándose a un ritmo muy acelerado
entre los sectores más jóvenes de la población. Del mismo modo,
especialmente en materia de drogodependencias, continuaremos las
políticas de protección eficaz de los menores, que son --no puede
olvidarse-- sujetos de derechos, en cuanto a programaciones televisivas y
campañas publicitarias que no sólo propician actitudes desequilibradas en
los menores, sino que, a veces, anulan en ellos la receptividad a los
valores propios del sistema democrático.

Una de nuestras inquietudes la constituyen los jóvenes tutelados que, al
alcanzar la mayoría de edad, quedan desprotegidos y sin una cualificación
profesional para hacer frente a una vida autónoma.

Asimismo continuaremos apoyando las medidas que favorezcan la atención de
los derechos de nuestros mayores, especialmente en el ámbito de la
sanidad y los servicios sociales específicos, en coordinación con el
movimiento de voluntariado social.

Como saben SS. SS., las mujeres españolas son, constitucional, teórica y
legalmente iguales, que los hombres, pero, en la práctica, como todo el
mundo sabe, son menos iguales. Por tanto, no se trata tanto de un
problema de reconocimiento legal --sí tendríamos mucho que hablar en los
ámbitos reglamentarios--, sino de consideraciones generales y etéreas. Se
trata de asegurar esa igualdad con menos



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retórica, con más efectividad. Se trata de que hablemos de igualdad de
hecho y no solamente de igualdad de derecho. Las mujeres españolas
soportan hoy una tasa de paro doble que la tasa de los varones, más aún
entre las mujeres jóvenes. Sigue sin erradicarse culturalmente el sexismo
y sin solucionarse los problemas derivados de las discriminaciones
salariales y profesionales. Siguen siendo postergadas laboralmente por su
condición de madre o continúan, como esbocé hace un momento, sin
respetarse en algunos casos sus derechos legales en el caso del pago de
las pensiones alimenticias fijadas en casos de separación o divorcio en
sentencias judiciales. Vamos a adoptar medidas conducentes a la mejora
del acceso de la mujer al mundo laboral, vamos a incrementar la
capacitación técnica y profesional de las mujeres en las zonas rurales, y
permítanme que les diga que en el caso de las políticas de igualdad en
relación con la mujer vamos a prestar especial atención a la mujer en el
ámbito rural que es donde creemos que se producen las mayores
discriminaciones y las mayores desigualdades.

La juventud está siendo duramente castigada por los cambios operados en
la sociedad europea y española. Incluso el propio Presidente de la
Comisión Europea, el señor Santer, se ha hecho eco recientemente de este
problema que conduce a la autoconsideración de las generaciones jóvenes
como generaciones sacrificadas. La acción del Ministerio respecto a los
jóvenes tendrá tres ejes principales: primero, promover eficazmente su
incorporación al mundo laboral --ya he dicho que reformaremos las
modalidades de contrato que les afectan especialmente en consonancia con
los resultados del diálogo social-- impulsando la calidad y el prestigio
de la formación profesional; segundo, potenciando los programas de
empresa joven que desarrollen sus capacidades empresariales, y, tercero,
animando su incorporación al voluntariado social como elemento
enriquecedor de la sociedad solidaria.

Quiero referirme ahora a las personas que tienen algún grado de
minusvalía. Siendo como son ciudadanos iguales en derecho y deberes, este
Ministerio quiere posibilitar que la libertad y la igualdad que exigen
sean reales y efectivas. Para ello apoyaremos las fundaciones e
iniciativas sociales en este sentido y pondremos en marcha las
actuaciones dirigidas a su integración laboral mediante la exigencia del
cumplimiento de medidas ya existentes, la educación integrada
suficientemente dotada y la supresión de las barreras que obstaculizan su
integración global. Todo ello tiene que estar inscrito en una política
coordinada entre todas las administraciones públicas, coordinada también
con las asociaciones e iniciativas sociales y enmarcada en los programas
de la Unión Europea.

España, señorías, ha dejado de ser un país de emigración, pero todavía
hay muchos españoles de primera y segunda generación que residen fuera de
nuestro país. Este Ministerio quiere mantener una política de apoyo a los
emigrantes españoles en el extranjero, posibilitando el mantenimiento de
sus vínculos con su tierra de origen. España es asimismo un país receptor
de inmigrantes que frecuentemente terminan por formar parte de la
marginación social que desgraciadamente padecemos. Queremos promover la
aplicación del convenio de Schengen en el marco de la política europea de
inmigración. Intensificaremos la colaboración con el Acnur y
estableceremos convenios con las ONG especializadas para aplicar los
mecanismos de inserción social y de alojamiento para los acogidos.

Quiero referirme ahora especialmente a la minoría gitana. Procedo de una
tierra, la andaluza, que ha comprendido claramente la aportación cultural
y estética que ha hecho el pueblo gitano, a pesar de haber sufrido
persecuciones seculares e incomprensiones que todavía hoy perduran.

Señorías, los derechos de los ciudadanos de raza gitana son los mismos
que los de todos los españoles. Me parece incluso ofensivo tener que
hablar de este modo a punto de entrar en el siglo XXI. Tengo el firme
propósito en el marco de mis competencias de considerar especialmente la
integración social y la promoción de esta parte de la ciudadanía
española.

Quiero ahora esbozar brevemente, y voy terminando, señor Presidente, las
medidas de índole legislativa o normativa que este Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales tiene en estudio en estos momentos referidas a la
última parte de mi intervención.

El Gobierno tiene en estudio el anteproyecto de ley de asociaciones en el
que colabora este Ministerio y que debe actualizar la regulación en esta
materia que data de 1964 y cuyo contenido está implícitamente derogado
por la Constitución. Igualmente está en fase de estudio el proyecto de
real decreto-ley elaborado en la legislatura anterior por el que se crea
el Consejo estatal de organizaciones no gubernamentales de bienestar
social. Vamos a estudiar el plan gerontológico de acuerdo con las
comunidades autónomas y modificaremos el real decreto de Constitución del
Consejo estatal de mayores. Asimismo, estudiamos la elaboración de un
anteproyecto de ley de protección jurídica de los derechos de las
personas mayores. Presentaremos el plan de acción integral para personas
discapacitadas. Elaboraremos el plan nacional de apoyo y fomento del
voluntariado social, que se articulará como un instrumento de la
solidaridad y del compromiso de los jóvenes para participar en la
sociedad civil, y queremos fomentar el trabajo voluntario en el seno de
las ONG y destinar recursos para la cofinanciación de proyectos.

Estudiamos el texto, ya elaborado, de anteproyecto de ley penal juvenil.

Elaboraremos de manera inmediata el tercer plan para la igualdad de
oportunidades de las mujeres, para el que solicitaremos compromisos de
todos los ministerios, y ejecutaremos los compromisos contraídos en la IV
Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada el año
pasado en Pekín. En este sentido, ya anticipo a SS. SS. que he solicitado
comparecer en la Comisión Mixta Congreso-Senado.

A pesar de que tengo expresa conciencia de que esta exposición ha sido
larga, comprendan SS. SS. que son muchas las materias a tratar y que, a
pesar del esfuerzo de síntesis, hay muchas de ellas que deberían ser
ampliadas en sucesivas comparecencias en el ámbito parlamentario.

Quiero terminar parafraseando las palabras de un pensador español que
consideraba una obra de misericordia no escribir libros inútiles. Espero
que esa misma misericordia



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pueda ser aplicada a los discursos parlamentarios. He pretendido definir
las ideas fundamentales que van a inspirar mi acción al frente de este
Ministerio y tengo la esperanza de que este esfuerzo de explicación no
haya sido inútil. Siempre he pensado que no sólo se gobierna desde el
Gobierno, sino que también un buen gobierno es reflejo de una buena
oposición. Espero de SS. SS. la crítica necesaria, el control responsable
de la acción de nuestro Ministerio y del conjunto del Gobierno y les
quiero anticipar que no tengo otro objetivo político que impulsar unas
líneas programáticas que logren, como decía al principio, la creación de
empleo estable, la mejora del bienestar general de los ciudadanos y el
camino incesante hacia una sociedad solidaria en el seno de una nueva
Europa que mantenga vivas sus mejores aportaciones culturales y morales.

Espero de SS. SS., como les decía, la crítica necesaria, el control
necesario y también, cómo no, la ayuda necesaria para el trabajo del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.




El señor PRESIDENTE: A continuación tienen la palabra los portavoces de
los grupos parlamentarios que así lo soliciten. En primer lugar, y
siguiendo las normas de funcionamiento, intervendrá el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, que ha solicitado la comparecencia, a
continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y después el resto de los grupos, que lo
harán siguiendo el orden de menor a mayor.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Griñán.




El señor GRIÑAN MARTINEZ: Señor Ministro, le damos nuestra más cordial
bienvenida. Le agradezco personalmente también las palabras que ha tenido
para con sus antecesores. Quiero devolverle el cumplido diciendo, también
públicamente, que se ha portado usted como una persona de bien con las
personas que estuvieron antes en la responsabilidad del departamento. Por
esa razón y por muchas otras le diré que la crítica la haremos siempre
sin que afecte para nada a las relaciones personales, en el respeto a las
personas y a las ideas, pero, claro, defendiendo las nuestras propias.

Colaboraremos también en los objetivos fundamentales que ha planteado
usted en su intervención: crear empleo, mantener el sistema de
solidaridad, en definitiva, cumplimiento del artículo 9 de la
Constitución para conseguir que las libertades que están escritas en el
texto constitucional sean reales y efectivas. En esa línea sin duda va a
tener aritmética parlamentaria y colaboración del Grupo Socialista.

Permítame, sin embargo, que le manifieste un cierto esceptismo por mi
parte y también por parte de mi grupo, no por lo que usted ha dicho, sino
por el Gobierno del que forma parte, por las cosas que oímos de personas
que forman parte de la estructura de su Gobierno y por algunas decisiones
que ya ha tomado el Gobierno.

La semana pasada leíamos en «The Times» la siguiente frase: El Gobierno
conservador de José María Aznar ha aprobado un paquete de medidas para
tratar de liberalizar la economía. Las medidas de ayer han sido
calificadas de adiós a la democracia social. Como era previsible, han
provocado protestas sindicales y oposición sindicalista. No obstante, los
empresarios son todo alabanzas hacia estas medidas.

He preferido utilizar el testimonio imparcial de alguien ajeno a nuestra
realidad para ver cómo un diario británico califica las primeras
decisiones que va tomando este Gobierno. Porque es verdad que esas
primeras decisiones han ido dirigidas fundamentalmente a beneficiar a los
menos, que normalmente también son los económicamente más fuertes, y que
no son medidas que se dirijan a reactivar la economía productiva, sino a
favorecer determinadas operaciones financieras y, en general, a aliviar
la carga fiscal de determinadas rentas de capital.

Hablábamos antes de empleo y protección social. Quiero decirle, señor
Ministro, que a mí me importan mucho las medidas que sean ciertamente
reactivadoras del empleo. Creo que no lo han sido y pienso que ustedes
creen que tampoco lo son, en la medida en que, como ya le dije en el
Pleno la semana pasada y le insisto ahora, al modificar ustedes el cuadro
macroeconómico, al establecer las previsiones de creación de empleo
durante 1996, han planteado algo que me parece preocupante, y es que en
los ocho últimos meses de este año se va a perder empleo. Fíjense que
hacen una previsión de promedio de empleo para 1996 de 12.168.400
personas en población ocupada, siendo así que según los últimos datos del
cuatrimestre primero de este año ya hay en el empleo 12.235.300 personas.

Es decir, que si en los cuatro primeros meses el empleo era ya de esa
magnitud, para que el promedio final del año sea, como ustedes dicen, de
12.168.400 personas, tienen que perderse 101.000 empleos en los últimos
ocho meses, si no no podría salir el promedio. No es que se vaya a
aumentar el paro porque se incorpore población activa; es que según sus
previsiones en los ocho últimos meses del año se va a destruir empleo. Me
parece grave, porque además prevén en el cuadro macro un crecimiento de
la economía superior en los ocho últimos meses del año. Estamos hablando
de que partimos en el primer trimestre de un dos por 100 de crecimiento
y, sin embargo, de una creación de empleo de 30.000 puestos de trabajo,
compatible con las tendencias que muestra últimamente nuestra economía de
ser capaz de crear empleo con unos crecimientos menores que en otras
épocas, y sin embargo anuncian que con un cambio de tendencia donde se
puede incrementar el crecimiento en los próximos meses se va a producir
una depresión del empleo. Eso sí me parece particularmente grave y poco
coherente con un programa de reactivación económica, cuyas medidas fueron
aprobadas por el Gobierno el pasado día 7.

Es verdad que se habla mucho de empleo y es verdad también que hablan
todas las instituciones, todas las personas, todos los partidos
políticos, empresarios, sindicatos, asociaciones financieras religiosas,
todos hablan del empleo. Parecería muy fácil que nos pusiéramos todos de
acuerdo en este objetivo si no fuera porque tengo la impresión de que el
acuerdo es meramente verbal. No todos estamos diciendo lo mismo. Es
cierto que en los últimos años, como le decía, se ha producido una
modernización



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fundamental en el mercado de trabajo español, que ha permitido que con
menores crecimientos económicos se produzcan mayores crecimientos del
empleo. Lo dice el informe que van a ver la próxima semana en la cumbre
de Florencia los jefes de Estado y de Gobierno. Lo dice afirmándolo
concretamente, como usted sabe muy bien, del caso de España. Es verdad
que se ha producido como consecuencia de la transformación económica en
definitiva que ha tenido lugar en nuestro país. Fíjese que cuando
nosotros nos incorporamos a la Unión Europea el 18 por 100 del empleo que
había en España era empleo agrario. Estoy hablando de 1985. Hoy estamos
en el ocho y pico por ciento. Piense usted también que en 1983 había las
mismas mujeres en el mercado de trabajo que en 1973. Sin embargo, en los
años inmediatamente siguientes se incorporaron más de dos millones de
mujeres. Cesó también la emigración, España se convirtió en un país de
inmigración, y todos esos cambios cualitativos han conseguido que en los
últimos años sea más normalizada la situación del mercado de trabajo y
por lo tanto, sea más capaz de traducir los crecimientos económicos en
creación de empleo. Entre el segundo trimestre de 1994 y el primero de
1996 se han creado en España aproximadamente, con los criterios que
podamos establecer de medición del paro, más de medio millón de empleos,
y lo que es más importante, de 395.000 asalariados, 322.000 son
indefinidos. Por lo tanto, se ha producido ese crecimiento que espero que
continúe en los próximos meses.

Le decía que cuando todos hablábamos de empleo lo hacíamos quizá de cosas
distintas. El empleo es verdad que es el objetivo prioritario de todos,
pero debemos convenir también qué empleo queremos crear y, a partir de
ahí, ponernos de acuerdo. No olvidemos nunca que el empleo es un
objetivo, pero también es un territorio de conflicto, donde
históricamente se viven situaciones de contradicción entre intereses muy
distintos. Por tanto, el empleo también necesita pactos y acuerdos, que
nosotros siempre potenciaremos, y le apoyaremos en la medida en que
quiera conseguirlos.

Me van a permitir, señorías, una pequeña complicidad corporativa con el
Ministro, porque es verdad que es muy difícil, desde el cargo que usted
ocupa, que se pueda producir creación de empleo. Usted puede favorecerlo
y, por consiguiente, es un cargo muy ingrato y lo es fundamentalmente
porque cuando se cree empleo, los méritos serán del Ministro de Economía
y, cuando se pierda empleo y aumente el paro, serán de usted las
responsabilidades. Eso ocurre siempre con los ministros de Trabajo, pero,
de todos modos, desde el Ministerio, usted sabe que se pueden hacer cosas
y muchas tienen que ver con el discurso. Todos debemos saber, y me
gustaría que usted también coincidiera en lo que le digo, que el empleo
hoy se está convirtiendo en nuestro país en una especie de coartada que
utilizan muchos grupos sociales para hacer legítimas sus reivindicaciones
concretas, que afectan más al interés particular de quienes las formulan
que al interés general. Hoy el empleo es una especie de coartada que
justifica y otorga respetabilidad social a cualquier propuesta
reivindicativa que se ponga sobre la mesa: desde la desgravación de las
plusvalías a la promoción de los fondos de pensiones, desde la
privatización de las empresas públicas a la supresión del seguro de
desempleo, desde el abaratamiento del despido a cualquier recorte social.

Hoy se oye mucho que todo eso es bueno, porque, al final, crea empleo.

Eso nunca se sabe. Esas son reivindicaciones de parte, legítimas, y me
parece muy bien que se pongan encima de la mesa como reivindicaciones
legítimas y que se discuta y se negocie, pero, ¡ojo!, no le demos el
carácter generalista de que esas reivindicaciones particulares son buenas
porque crean empleo, porque nunca ha estado demostrado que esas
reivindicaciones concretas creen empleo; sencillamente, son buenas para
un sector determinado de nuestra sociedad. Porque es verdad que hoy están
saliendo de las piedras en nuestro país, señor Ministro, personas que,
disparando siempre hacia las mismas trincheras, nos dicen que sus
vetustas reivindicaciones son buenas porque siempre, a partir de ellas,
se puede crear empleo. A mí me preocupa esto, porque puede entorpecer el
diálogo social. Y me preocupa cuando salen de algunas trincheras próximas
al Gobierno.

Yo quiero decirle que apoyo su idea de basarse en el diálogo social,
apoyo plenamente lo que usted nos decía de que no quería hacer ninguna
modificación normativa --textualmente creo que ha dicho: No tomaremos
iniciativa legal sin contar con el resultado del diálogo social-- y me
hubiera gustado vivir esa misma situación por parte de la oposición. Yo
le recuerdo que el 5 de agosto de 1993 --puede ir al «Diario de
Sesiones»--, cuando el anterior Gobierno llevaba menos de tres semanas,
en un Pleno del Parlamento, el hoy Vicepresidente económico, señor Rato,
decía: El Gobierno quiere que sean los interlocutores sociales los que se
comprometan en la reforma del mercado laboral y en la protección social.

Cabe preguntarse --añadía-- si el señor Griñán cree que ha sido nombrado
Ministro de Trabajo exclusivamente para regocijo y orgullo de sus
familiares y si no piensa tomar ninguna decisión. Poco después de las
vacaciones, el día 10 de septiembre, el señor Aznar decía: El pacto
social es políticamente inaceptable. El Gobierno debe adoptar las medidas
económicas con o sin pacto. Las decisiones tienen que tomarse ya. Todo lo
demás es jugar a la ocultación. Y ahora, recientemente, el 19 de mayo de
1996, el Secretario de Estado de Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio,
decía: Espero que nadie quiera desprenderse de sus opiniones anteriores.

Pues yo les felicito de que se desprendan ustedes de sus opiniones
anteriores; les felicito y les apoyo y les digo: no les va faltar
aritmética parlamentaria si se mantienen en esa posición. El Grupo
Socialista les va a apoyar si mantienen esa posición, por muchas
presiones que reciban, aquí mismo, en el Parlamento o fuera del
Parlamento. Por tanto, me parece muy bien que se mantenga ese nivel de
diálogo, que yo apoyo sin duda, y vamos a ver cómo puede fructificar el
diálogo, porque es verdad que, a veces, con las cosas que se oyen, me
temo que sea muy difícil que se puedan conseguir esos acuerdos.

De las cosas concretas que ha dicho, yo me voy a ceñir exclusivamente a
los aspectos políticos, menos a los administrativos o reglamentos o,
simplemente, medidas que adopte el Gobierno en desarrollo de
disposiciones reglamentarias



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anteriores; me voy a referir a algunos aspectos políticos que sí me
parecen importantes, y lo digo en el espíritu de colaboración que quiero
que tenga mi intervención.

La precariedad también, cuando se habla del mercado de trabajo, debe
contar con un consenso sobre lo que queremos decir. Cuando hicimos la
reforma de 1984, el Grupo Popular decía que el interés del país exigía
que quien deseara contratar a un trabajador lo hiciera por el tiempo que
quisiera. En el año 1990, el Grupo Popular decía: «Los contratos
temporales son seguros, en el sentido de que protegen a los trabajadores,
son estables en su duración y están firmados.» Añadían: «Es precario el
trabajo de la economía sumergida. Las medidas de 1984 son positivas.»
Decían esto en 1990, y entre 1988 y 1989 se destruyeron en España,
creándose mucho empleo, 818.000 contratos indefinidos. Sin embargo, ahora
se oye mucho hablar de precariedad en muchos sitios y, curiosamente, como
le decía, desde 1994 a marzo de 1996, lo que ha hecho ha sido aumentar el
empleo por tiempo indefinido, según la encuesta de población activa,
exactamente en 322.000 personas. Por tanto, ¡cuidado!, no sea también la
precariedad una coartada.

Al hablar del Inem, le quiero decir que me preocupan algunos puntos, y se
los señalo como reflexión que podamos o no compartir. Por ejemplo,
políticas activas. Se lo voy a exponer tal y como yo lo pienso. La
política activa que se desarrolle para mejorar el mercado de trabajo debe
ser en cada Administración consecuencia de algo en lo que creo
profundamente: la autonomía financiera. Una comunidad autónoma, el Estado
o el Gobierno de España deben tener autonomía financiera y destinar los
recursos que crean convenientes para políticas en su respectivo ámbito.

Creo que la transferencia de las políticas activas es un error. Me parece
muy bien compartir políticas activas. En España, ahora mismo --lo digo
para su información--, hay más de 400 normas de fomento de empleo
dictadas por comunidades autónomas. Yo no sé si es bueno o malo; lo
podríamos discutir, pero forma parte de su autonomía financiera. Las
políticas activas forman también parte de la autonomía financiera del
propio Gobierno de España, que se compromete a unas determinadas
políticas. ¿Se ha de transferir, por ejemplo, el PER como política
activa? ¿Los convenios del Inem con corporaciones locales? ¿Las
escuelas-taller? ¿Por qué? Son políticas del Estado. Pueden también las
comunidades autónomas hacerlas en el momento en que tengan autonomía
financiera y puedan desarrollar sus políticas a partir de esa autonomía
financiera.

Me preocupa también otra cosa: la intermediación. Yo creo que en la
intermediación hay que mantener siempre el principio fundamental de los
amplios mercados, no vayamos a hacer, en los albores del siglo XXI, una
ley de términos municipales que impida la libre circulación de personas
por el territorio.

Luego me preocupa otra cosa, en la que también entono el mea culpa,
porque nuestro grupo, el Grupo Socialista, también incurrió
históricamente en esta contradicción; nosotros incluso lo pusimos en una
ley de presupuestos: transferencia de las prestaciones de desempleo al
Instituto Nacional de Seguridad Social. Al final no lo hicimos y dimos
explicaciones en el Parlamento de por qué no, entre otras cosas, porque
la introducción de políticas activas que puedan establecerse por el
Gobierno utilizando los recursos pasivos nos lleva a que sea el mismo
órgano que desarrolla las políticas activas aquel que tenga encomendadas
también las pasivas. No solamente lo digo yo, lo ha dicho la Unión
Europea y lo ha dicho el G-7 recientemente: situar las políticas activas
allí donde esté encomendada también la gestión de las políticas pasivas.

Yo le pediría que reflexione un poco más sobre este asunto, porque la
fuente de conocimiento mayor que tiene un órgano que se encarga de la
promoción y fomento del empleo es, entre otras, la información que dan
las prestaciones por desempleo.

Hay otra serie de cuestiones. Usted ha citado como objetivos
fundamentales el desarrollo de las políticas de Essen. Me gustaría saber
también el cómo, no solamente el qué. Es evidente que formación
profesional, flexibilidad, reducción de costes indirectos, políticas
laborales activas, ayuda a personas con especiales dificultades, forman
parte del elenco de medidas que todos estamos desarrollando en Europa,
pero habría que profundizar en ellas, ver las medidas concretas, y
estamos dispuestos a verlas una por una y, en el momento en que las
veamos, dar también nuestra opinión. Hoy tenemos menos, porque,
efectivamente, las que hemos podido oír son todavía bastante escasas.

Hablaba en Seguridad Social del gran consenso básico que se ha
establecido en nuestra sociedad, y es cierto. La Seguridad Social es un
consenso básico de la sociedad española que da confianza en el futuro a
los ciudadanos. Existe también sobre la Seguridad Social no solamente un
consenso social básico, sino, además, un consenso político que hemos
plasmado en el Paco de Toledo. Yo creo que ese consenso no se va a romper
de ninguna de las maneras. Aquellos en los que nos interesa de verdad que
se consoliden en el futuro las conquistas sociales de nuestro sistema de
protección social tenemos que seguir manteniendo ese consenso.

Yo solamente le voy a decir cuatro cosas que mi grupo entiende que son
absolutamente imprescindibles. La primera la están haciendo, que es el
diálogo con los sindicatos. En el diálogo con los sindicatos también le
digo otra cosa, que no haya interferencia política ni parlamentaria. Ayer
escuchaba a la salida de la reunión decir al Secretario General de la
Patronal que éste era un tema de la soberanía popular que residía en el
Parlamento. Bueno, sí, pero eso no significa que se pueda renunciar al
diálogo con ellos. Por eso tengo dudas muy fundadas de si es conveniente
o no mantener abierta aquí una ponencia sobre el pacto social mientras se
está manteniendo un diálogo con los sindicatos.

En segundo lugar, queremos que el desarrollo del Pacto de Toledo se haga
a través de un proyecto de ley. Un proyecto de ley significa que no sea
decreto-ley, punto primero, y un proyecto de ley significa, al mismo
tiempo, que recoja globalmente las medidas sobre pensiones, no todas las
del Pacto de Toledo, las medidas sobre pensiones públicas que están
contenidas en el Pacto de Toledo y que necesiten una ley, porque algunas
no la necesitan en su desarrollo.




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El tercer aspecto es que sea, y ya se lo he dicho, un solo proyecto, que
sea un proyecto específico. No lo incorporen ustedes ni a los
presupuestos ni a una ley de acompañamiento, porque entonces va a ser más
difícil el consenso, porque entonces vamos a tener serias dificultades
para establecer un consenso global. Si va acompañada de otras medidas,
vamos a tener problemas. Por eso queremos que sea una ley específica que
lo desarrolle globalmente y con relativa urgencia, porque es verdad,
señor Ministro, que, con tantas cosas como se oyen últimamente, uno, no
uno sino muchos pueden tener cierta preocupación. Yo leí una entrevista
suya el 16 de junio en la que decía que era preocupante la intervención
del señor Anguita en el discurso de investidura sobre el Pacto de Toledo
y también la que se había hecho desde algún sector del Partido
Socialista. Yo no sé qué intervención se ha podido hacer desde algún
sector del Partido Socialista, pero las que me he leído son las del
Secretario de Estado de la Oficina Presupuestaria, que depende
directamente del Presidente del Gobierno, y ésas sí pueden ser
preocupantes. Porque, fíjese usted, éstas no solamente están fuera del
Pacto de Toledo, sino que, como sabe usted, señor Ministro, las hace
casi, casi como una ametralladora, cada día es una nueva. (Risas.) No sé
cuál va a ser la de mañana, pero sé la de ayer y la de anteayer. La de
hoy todavía no la conocemos, pero no desespere, señor Ministro, porque
leyendo los teletipos encontrará alguna. De verdad, sinceramente, no
entiendo muy bien qué significa eso de tener que crear ahora mismo un IPC
específico para la tercera edad si no nos ponemos todos de acuerdo en que
eso pueda ser cierto. No está en el Pacto de Toledo, son reflexiones
aparte.

No es gracioso el tema, y se lo digo de verdad, señor Ministro, porque es
una persona con muy alta responsabilidad. Quiero decir que no le pido que
lo desmienta, porque no puede tener capacidad para desmentirlo porque no
depende de usted, señor Ministro, depende del Presidente del Gobierno.

Por tanto, no puede desmentirlo. Usted puede tener una opinión distinta.

El único que puede desmentirlo es el Presidente del Gobierno. Por tanto,
esperemos que el Presidente del Gobierno nos diga que no van a ser 40
años los que se van a tratar de pedir para computar la pensión en su
grado máximo, que no se va a hacer toda la vida profesional, que la edad
de jubilación no van a ser 70 años, que no va a haber un IPC distinto...

Esperemos que todo eso se quede en el terreno de las especulaciones de
una persona que no se da cuenta que ya no es profesor de universidad sino
Secretario de Estado, que depende, insisto, directamente del Presidente
del Gobierno.

Sobre la ponencia que vamos a ver la semana que viene le quiero expresar
mis dudas hoy aquí. En la propuesta que se va a ver en el Pleno la
próxima semana, tal y como viene redactada, se dice que el Pleno acuerda
la creación en la Comisión de Presupuestos de una ponencia que tendrá por
objeto recibir la información de las medidas que el Gobierno adopte. Yo
no estoy de acuerdo con esto. Yo creo, primero, que este mes debe ser un
mes de negociación con los agentes sociales sin interferencias
parlamentarias. Segundo, las medidas que el Gobierno adopte deberán ser
conocidas con publicidad, no en una ponencia; deberán ser conocidas o
aquí o en el Pleno, pero no en una ponencia. Las ponencias son
instrumentos buenos para estudiar un problema, para analizarlo, no para
desarrollar normativamente un problema o una cuestión. Por tanto, les
digo: colaboración. Cuantas veces me llame, donde usted quiera voy a ir,
y cuantas veces que me proponga una medida que sea desarrollo del Pacto
de Toledo, le voy a prestar el acuerdo concreto. Pero no hagamos ahora
una ponencia que lo único que va a hacer es demorar y, quizá, perturbar
el diálogo social.

Hablaba usted también de los fondos de pensiones y de que había que
fomentar los sistemas complementarios. A mí me parece muy bien que usted
lo piense así, pero no se preocupe, porque ya los fondos de pensiones se
promocionan ellos solos y bien. Como Ministro de Trabajo lo que le pido
es que defienda al sistema público frente a ciertas agresiones que en
determinadas oportunidades oímos de entidades financieras que, so
pretexto de defender los fondos de pensiones, lo que hacen es sembrar la
incertidumbre en los ciudadanos sobre el futuro del sistema público. Por
tanto, como Ministro de Trabajo, defienda sobre todo el sistema público
de pensiones y deje que los que van a hacer negocios con los fondos de
pensiones defiendan su producto, que me parece muy bien, si tiene
mercado, ésa es su misión. Yo le quiero decir una cosa, los fondos de
pensiones están en el Pacto de Toledo, y, por tanto, nos vamos a oponer a
que cualquier medida de fiscalidad de los fondos de pensiones ponga,
sitúe en los fondos de pensiones una fiscalidad más favorable que para
las pensiones públicas, y ya me temo que estamos por ese camino con el 20
por ciento de gravamen de las rentas de capital. Si eso es así nos vamos
a oponer. Un fondo de pensión no puede tener un privilegio fiscal
respecto a las pensiones públicas. Por tanto, que haya un equilibrio en
eso. Estamos dispuestos a favorecer los fondos de pensiones, pero no a
darles un trato de privilegio fiscal respecto a las pensiones públicas
que se obtengan como consecuencia del ejercicio de una vida laboral.

Me parece muy bien que tratemos de desarrollar el PER, aunque no voy a
estar de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho, porque no son
verdad. Lo que se ha hecho en los últimos años en el PER ha sido
fundamentalmente desarrollar un sistema de protección de acuerdo siempre
y en todo caso con los sindicatos, siempre y en todo caso. Todas las
disposiciones del PER se han producido en ese sentido con acuerdos con
los sindicatos. Por tanto, vamos a mantener esa línea que usted se
propone, y ya verá como manteniendo esa línea, estaremos todos de acuerdo
también. El PER es una parte de la protección social, no la más
importante. Yo comprendo que usted sea Diputado por Andalucía y yo
también lo soy, pero gastamos más en la protección por desempleo. (El
señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Arenas Bocanegra: No soy
Diputado.) Bueno, es Ministro y es andaluz.

En todo caso, el PER, el subsidio agrario más que el PER, por si SS. SS.

no lo saben, tiene menos beneficiarios ayer y anteayer de los que tenía
hace seis o siete años. Sin embargo, en prestación por desempleo en el
Régimen General



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no es así. Por tanto, algo ha ocurrido cuando han disminuido los
beneficiarios de la prestación por desempleo agrario y, sin embargo, no
en las otras ramas. Es verdad que se ha producido la transformación
cualitativa que antes le decía de la actividad productiva que ha hecho
que se hayan perdido efectivos agrarios a costa de incrementar los
efectivos en otros sectores económicos.

En cuanto a la existencia del Ministerio de Asuntos Sociales decía usted
que no se ha producido un proceso de absorción sino un proceso de fusión.

Me alegraría mucho de que así fuera, pero me queda una duda y es que
cuando han creado el Ministerio de Medio Ambiente han empleado el mismo
argumento pero al contrario: que la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente en otro ministerio sería al final fusionada, sería al final
absorbida por las materias de ese departamento. El argumento vale lo
mismo para un roto que para un descosido, pero me imagino que, en este
caso, entre todos vamos a hacer que la política que desarrollaba el
Ministerio de Asuntos Sociales antes y que hoy realiza su Ministerio
pueda seguir desarrollándose, porque es la más importante desde el punto
de vista que antes le decía de favorecer que las libertades fundamentales
que están señaladas en la Constitución sean reales y efectivas. Además,
creo que la existencia del Ministerio --se lo digo sinceramente-- era
importante en la medida en que daba un carácter horizontal a estas
políticas y, desde un propio departamento, se podía coordinar claramente
la actuación de otros muchos en las políticas concretas que desarrollaba
ese Ministerio, hoy Secretaría General de Asuntos Sociales. Está pedida
la comparecencia de la Secretaria General y tendremos tiempo de hablar de
las políticas concretas, pero sí le diré algunas cosas.

Hay un Plan de Juventud muy valorado por la Unión Europea durante la
Presidencia española --la propia Comisaria, la señora Cresson, así lo
hizo-- que, al mismo tiempo, está perfectamente definido y desarrollado
por el Consejo de la Juventud. Creo que las cinco áreas de desarrollo:
autonomía, igualdad de oportunidades, calidad de vida, prevención y
participación, deben continuar con el mismo impulso que hasta ahora.

¿Va a seguir el Ministerio desarrollando estas políticas y manteniendo
esta concepción de plan integral? Como el señor Ministro también va a
comparecer en la Comisión Mixta sobre los derechos de la Mujer, ése será
el momento de poder formularle los requerimientos concretos. Le diré que
es importante el desarrollo del plan gerontológico en lo que se refiere a
una serie de actividades, y que hay que mantener las dotaciones
presupuestarias para poder impulsarlo en el futuro. Exactamente lo mismo
le digo con respecto a los discapacitados y las minorías.

Me va a permitir, señor Ministro --el tiempo se me acaba--, que
simplemente le haga una reflexión sobre una fusión, que sí me parece
absorción, de un área competencial de su Departamento, que creo que es de
extraordinaria importancia. Me refiero a la política de migraciones en su
doble sentido, ya que, si es verdad que en los años ochenta cambió el
sentido migratorio en España y pasamos de ser un país de emigración a ser
un país de inmigración, también es cierto que hay muchos españoles que
continúan viviendo fuera de España. Esta es una política que, por su
propia naturaleza, nunca va a dejar de ser competencia del Estado.

Además, es una política que tiene algo que ver, no le digo que no, con el
empleo y con el trabajo, pero que no es una política de empleo y trabajo.

Por tanto, me parece que esa Dirección General de Empleo, Trabajo e
Inmigración que se ha creado en su Departamento va a tener serias
dificultades para poder mantener una situación lejana a la esquizofrenia
y que realmente va a ser muy complicado poder atender en su justa medida
la política de migraciones. En este ámbito hay una serie de competencias
que tiene que desarrollar a partir de esa unidad significativa que
existió hasta este momento.

Ha hablado del voluntariado social. Tengo que decirle que yo también
comparto su preocupación y simplemente me gustaría saber si el Plan
concertado de Prestaciones de Básicas va a estar cofinanciado por la
Administración del Estado además de por las administraciones autonómicas
y locales. Sería la manera de mantenerlo vivo y desarrollar también en el
medio local, en el medio rural, la actuación del voluntariado social.

Termino en la misma línea que empecé y, por tanto, vuelvo al principio.

Quiero decirle, señor Ministro, que en todo lo que sea aumentar los
niveles de empleo, mantener el sistema de protección social, consolidarlo
en el futuro y hacer que las libertades sean efectivas en nuestro país,
va a contar con la colaboración del Grupo Socialista. Quiero insistirle
en que las contradicciones que se puedan vivir en su propio grupo, fuera
de su grupo o fuera de este Parlamento no deben preocuparle. No deben
preocuparle determinadas afirmaciones que se hacen por ciertas personas
que están disparando permanentemente sobre la misma trinchera: la culpa
del paro la tiene siempre el trabajador; cuando tiene trabajo, porque
cobra demasiado; cuando no tiene trabajo, porque cobra un desempleo
demasiado alto. Esas personas están dando consejos muy interesados. No
los siga, señor Ministro, y tendrá aritmética parlamentaria, porque el
Grupo Socialista le va a prestar el apoyo.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, saben que las
comparecencias de miembros del Gobierno están reguladas por el artículo
203 del Reglamento, pero tratándose de una comparecencia de un
biministro, por razón de la fusión de dos ministerios anteriores, he sido
y voy a ser generoso respecto a la utilización del tiempo, con el fin de
que puedan abordar todos los temas planteados en la comparecencia por el
señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Por esta razón, he llegado a conceder 30 minutos al portavoz del Grupo
Socialista, que es lo que ha empleado en su intervención. A continuación,
tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, don Pedro Vaquero del Pozo.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Ministro, enhorabuena por su cargo.

Hoy no le voy a hacer la pequeña broma que le hacía el otro día en el
Pleno, aunque creo que su contenido es verdad. Hoy en su exposición nos
ha dado varias de cal y bastantes



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de arena, y le tengo que decir que me parece que usted está prisionero
del síndrome de Santa Teresa, ya que me parece que es a Santa Teresa a
quien atribuyen --también se lo atribuyen a San Juan de la Cruz-- aquello
de vivo sin vivir en mí (Risas.) Efectivamente, hay muchas atribuciones.

En cualquier caso, es usted prisionero del síndrome que consiste en estar
presionado por distintos sectores, pero especialmente por aquellos que se
creen con derecho a patrimonializar el éxito electoral de su partido, y
me explicaré, a lo largo de mi intervención. Veamos algunos aspectos de
su intervención que a mí me parecen especialmente reseñables.

Señor Ministro, usted ha confesado su fe en que el crecimiento del empleo
va a estar en función del crecimiento económico. Si duda ésta es una idea
que se repite en muchos discursos, pero permítame que le diga que es una
idea que no responde a la realidad. Sin duda, como bien dice el Banco de
España, desde 1991 hasta 1995 ha habido un crecimiento del PIB del 4,5
por ciento, y en ese mismo período ha habido un descenso del empleo, un
crecimiento de paro del 4,5 por ciento. En cualquier caso, en la época de
mayor crecimiento de España hemos estado en un 14 por ciento de paro
estructural. Por tanto, son problemas estructurales de nuestro tejido
productivo lo que generan el desempleo tan abultado que existe en nuestro
país respecto a otros de la Unión Europea y, en consecuencia, deben ser
medidas relativas a ese tejido productivo, a la competitividad de
nuestras empresas, a nuestras posibilidades de competir con el exterior,
las que deben primarse a la hora de intentar crear empleo, pero,
lógicamente, esto no sólo depende de su Ministerio, sino que son las
medidas del Gobierno en su conjunto, fundamentalmente las de política
económica y financiera, las que, junto con las suyas, van a hacer crecer
el empleo.

Respecto a este asunto me preocupa, en primer lugar, esa fe en relación
con esa idea, que, como le digo, sin duda no se contrasta con la
realidad, y me preocupa también una afirmación, que, de alguna manera,
liga la creación con la protección social de forma contradictoria. Deberá
explicar mejor a la opinión pública y a los miembros de esta Comisión su
concepto de solidaridad, pues es verdad que el primer objetivo debe ser
crear empleo, pero nunca en detrimento de la protección social.

Ha hablado de modernizar el mercado de trabajo, y de modernizarlo en
distintos sentidos con distintas líneas, algunas de las cuales ya han
sido experimentadas y utilizadas por Gobiernos anteriores. La línea de la
flexibilización ha generado --lo sabemos-- no un crecimiento de empleo
estable, sino una precarización tan abultada como la que tenemos hoy, y
la línea de la reducción de los costes salariales, constantemente
reiterada por distintos gobiernos, ha generado --eso sí-- una situación
desahogada por parte de los empresarios, pero permítame que ponga en duda
que esa línea de reducción de los costes salariales sea la salida y la
solución para los problemas de nuestra competitividad.

Por esa línea de reducción de los costes salariales nunca se va a crear
un empleo que genere productos de calidad que puedan competir, sino más
bien productos que puedan competir por su intensidad en el mercado, pero
las externalidades y la consecuencias negativas para los trabajadores, y
para nuestra competencia en último término, son elementos que hay que
considerar y ponderar a la hora de propiciar políticas de este tipo.

Entre las de cal, la más importante es el papel que usted otorga al
diálogo social. Se han abierto distintas mesas --por lo que nos
felicitamos todos, y a usted en primer lugar--, pero nosotros tenemos la
seria preocupación de que, si al final ese dilema acaba por dar la razón
a aquellos que le presionan en un sentido muy concreto, ese diálogo
social pueda llegar a alguna parte. Nosotros creemos que los sindicatos
van a hacer esfuerzos por llegar a acuerdos en los temas que usted ha
planteado, en la ley de seguridad de los riesgos laborales, en la
solución extrajudicial de los conflictos, en la formación profesional y
en tantos temas como se deben tratar. Ahora bien, en la medida en que
usted no tenga controladas otras variables de la política económica, en
la medida en que usted no libre una batalla también en el seno de su
Gobierno, sin duda alguna, los sindicatos también verán otros elementos
colaterales de la política económica y social que les harán reflexionar
respecto a la viabilidad de las soluciones acordadas. Por tanto, en este
sentido, yo espero una disposición clara de controlar esas variables y,
de alguna manera, de hacer callar las voces que no solamente generan
alarma social, sino que impiden que el diálogo social se desarrolle por
los cauces más normales y más resolutivos.

En su exposición no ha hablado usted del tema del despido; al menos
explícitamente. Sí ha hablado, y muy profusamente, en la prensa, en días
anteriores. Tiene usted una preocupación por el precio del despido en
España, que comparte sin duda alguna el Consejo Económico y Social, pero
al mismo tiempo no comparte el diagnóstico respecto a ese precio, porque
ha solicitado un estudios para que los datos estadísticos sean
efectivamente solventes. En cualquier caso, permítame que le diga que la
creación de un marco jurídico estable, que usted va a propiciar en su
Ministerio, que evite la penalización de la creación de empleo por parte
de los empresarios, en cualquier caso no deberá apoyar una línea que, en
último término, abra la caja de una segunda reforma del mercado de
trabajo, que a nuestro juicio se ha mostrado bastante inútil para
resolver los problemas estructurales del paro en España.

También se ha hablado --y es un compromiso del discurso de investidura
del Presidente del Gobierno que acaba de ratificar usted-- de un
compromiso para modificar el contrato de aprendizaje y de prácticas, con
el fin de darle una mayor efectividad. ¿Pero en qué sentido? No lo ha
concretado demasiado, pero a mí me gustaría sugerirle que debe
modificarse, al menos, en dos aspectos: en la recuperación de los
derechos de Seguridad Social para los aprendices y, al mismo tiempo, en
que el salario sea el mínimo interprofesional, pues existe una
discriminación clara en este ámbito.

Respecto al PER existe también una cierta indeterminación, que me
gustaría que subsanase. Estamos de acuerdo en el objetivo de mantener el
sistema y racionalizarlo, de evitar el clientelismo político, que tan
lesivo ha sido, no ya



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para una u otra fuerza política, que ése no es el caso, sino para la
conciencia colectiva e individual de miles y miles de hombres y mujeres,
en los pueblos de Andalucía, de Extremadura, etcétera. Pero al mismo
tiempo que se trate de erradicar el clientelismo político que existe, se
puede caer en el clientelismo social de poner en manos de empresarios la
gestión del PER, propiciando una línea que, al fin y al cabo, sea la
colateral de ese clientelismo político. Si los alcaldes no van a
gestionar el PER --cosa que me parece correcta--, ¿quién va a
gestionarlo? ¿Se va a atrever usted a establecer las comisiones locales
de empleo, donde participen todos los agentes sociales y donde se
recupere el ámbito de conocimiento concreto de la realidad, que erradique
efectivamente el fraude?
Hay interrogantes sobre cómo va a quedar el INEM después de estas
reformas que se anuncian y nos preocupa que se desmantele definitivamente
el servicio público que cubre hoy el INEM, en la medida en que hay una
dispersión legislativa, de gestión, operativa en último término, respecto
a las funciones residuales de los servicios transferidos.

Usted conoce nuestra posición en relación al bloque de la protección
social. Yo quiero decir que cuando hablaba Julio Anguita, unos y otros
oímos cosas distintas al parecer. En cualquier caso, debo ratificar que
la posición de Izquierda Unida respecto al Pacto de Toledo es la que, en
más de una ocasión, he expresado yo mismo en la tribuna del Pleno del
Congreso. Nosotros estamos por la aplicación consensuada y global del
Pacto de Toledo y, sin duda alguna, nos preocupa la insistencia en la
aplicación muy concreta de determinadas medidas del Pacto y muy genérica
respecto de otras. Este es un tema que tendremos ocasión de discutir en
la ponencia, porque estamos de acuerdo en que efectivamente es ahí donde
se puede participar mejor, aportar ideas y, en definitiva, transaccionar
las medidas que el Gobierno vaya a proponer. Por tanto, es allí donde
tendremos ocasión de establecer los acuerdos o los desacuerdos respecto a
este tema.

En todo caso, y también dentro del bloque de la protección social, no nos
ha parecido muy explícito, señor Ministro, respecto al capítulo de las
prestaciones por desempleo. Es un capítulo que, en su lenguaje
--contable, que no político--, genera mucho déficit en los presupuestos.

Pues bien, nosotros entendemos que es algo que, en la medida en que
subsista la situación de paro creciente, en la medida en que nuestro
tejido productivo no genere más empleo, es necesario ampliar la cobertura
de los hombres y mujeres que están en esta situación. Por supuesto,
también nos hacemos eco de una alarma social que se ha generado en
función de esos expertos que pretenden echarle una mano al Gobierno y
que, sin duda alguna, intentan inducir conductas, inducir líneas de
actuación que, en cualquier caso, van a tener nuestro modesto rechazo
pero que también pueden propiciar un no tan modesto rechazo social.

Respecto a la absorción o fusión de los dos ministerios conoce usted que
nuestra posición era propicia a la fusión de ambos. Por tanto,
inicialmente, nos satisface el que así se haya realizado. Sin embargo, el
que sea fusión o absorción va a depender de los contenidos que se den a
las figuras, a los planes y a los programas que se realicen en este
capítulo de los asuntos sociales.

Permítame que le transmita dos preocupaciones. En primer lugar, las
políticas de familia, de las que su partido ha hecho bandera, no
encuentro que se vean muy explicitadas. Se han dicho generalidades, pero
me permitiría sugerirle que respecto a esto, antes de que fallen esas
expectativas, tendrán ustedes que fajarse mejor en la explicitación de
las medidas y en el consenso de las mismas.

Sucede lo mismo respecto de los otros capítulos. Se ha hablado de un
proceso de intenciones generoso respecto a la droga, a los mayores, a la
mujer, a la juventud, a los minusválidos, a los emigrantes, a los
ciudadanos de raza gitana, pero son meros enunciados. Tendremos que
verlo, lógicamente, en el desarrollo legislativo y programático de las
acciones de su Ministerio; hay que conceder los cien días --y algunos
más-- de cortesía.

Hay otra cuestión que quisiéramos poner de relieve como preocupación de
nuestro grupo. Nosotros estamos satisfechos --y las propiciamos-- de
todas las acciones del voluntariado, vengan de donde vengan, porque
entendemos que son la expresión de una conciencia colectiva y generosa,
preocupada por los problemas de la comunidad y de colectivos específicos
de la misma. Sin embargo, ya hemos asistido a determinadas utilizaciones
no tan generosas por parte de administraciones públicas, y de otras
instituciones, del voluntariado social. En cualquier caso, espero me
confirme con sus palabras y con la práctica de este Ministerio que el
voluntariado social no debe servir para eludir la responsabilidad del
Gobierno respecto a la cobertura y satisfacción de las necesidades de
todos estos colectivos específicos. Es decir, se trata de poner en primer
lugar la acción pública, la acción del Ministerio y, en segundo lugar,
como complemento, la acción del voluntariado, de las ONG y, vengan de
donde vengan, de todas aquellas personas que quieran colaborar, pero de
forma subsidiaria y no principal. Sin duda alguna, éste también será un
criterio de valoración de los balances de gestión que tenga que realizar
su Ministerio ante esta Cámara, así como ante la opinión pública y el
electorado.

En último término, señor Ministro, hay luces y sombras en su discurso. Se
han oído muchas cosas últimamente y algunas de ellas obtienen
contestación, pero otras no. A nosotros nos ha agradado oírle decir que
no es usted neoliberal y hacer gala del carácter centrado de su persona
y, posiblemente, del Gobierno al que pertenece y de su partido. Pero
tenga en cuenta que es fácil estar centrado cuando surgen tantas voces
que les sitúan a ustedes en el centro; voces que nos gustaría que, en
función de ese carácter y de esa claridad, fueran desestimadas, fueran
rechazadas, por su Gobierno y por usted en concreto. Sin embargo, hasta
ahora hemos visto desmentidos, pero por personajes con responsabilidades
concretas en el Gobierno, o de su entorno; se debería hacer algo más que
desmentidos, porque la alarma social que están generando es algo que no
propicia la convivencia en nuestro país ni el desarrollo de las
soluciones en torno a un clima de diálogo social.

Por consiguiente, creemos que debe seguir resistiendo las presiones y, en
cualquier caso, debe tener en cuenta



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que: presiones, haberlas haylas, pero que son en dos sentidos diferentes
y que el ceder a las presiones de unos puede generar el que se
incrementen las presiones en sentido contrario. Me estoy refiriendo,
lógicamente, a que nadie desea, ni es algo natural --no lo es, no debe
serlo-- la generación de conflictos sociales y la generalización de estos
conflictos, pero señor Ministro, para evitar eso tendrá que estar
avispado con las presiones que le vienen en el sentido contrario de las
de los agentes sociales que, dicho sea de paso, son muy comedidos a la
hora de plantear sus reivindicaciones.

Por tanto, señor Ministro, en el Grupo de Izquierda Unida tendrá usted
una ayuda para todo aquello que vaya a favorecer el mantenimiento del
Estado del bienestar, de las políticas de prestación social, el
mantenimiento e incremento de los servicios sociales en función de las
necesidades crecientes de una población de finales de siglo. También va a
tener usted nuestra ayuda si estima conveniente reorientar las políticas
de creación de empleo con otro tipo de filosofía y otro tipo de políticas
económicas más adecuadas, al menos desde nuestro punto de vista, que de
alguna forma le he sugerido, pero también va a tener la ayuda de nuestro
control, de nuestra crítica, que será serena, que será constructiva en
todo caso, pero que será radical y contundente en la medida en que
entendamos que las políticas de su Ministerio no van a favorecer la
solución de los problemas que en este momento tiene la creación de empleo
en nuestro país, como también los tienen los trabajadores, los
empresarios y, sobre todo, las capas más desfavorecidas de nuestra
población.




El señor PRESIDENTE: Una vez que han intervenido los portavoces de los
dos grupos parlamentarios que habían solicitado la comparecencia del
señor Ministro, con el fin de ordenar el debate, quisiera conocer el
deseo del señor Ministro de contestar a los dos grupos que han solicitado
la comparecencia o de hacerlo globalmente, una vez que intervenga el
resto de los grupos.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, salvo que lo consideren imprescindible los dos grupos que han
intervenido, me gustaría contestar a la globalidad. Si lo considerasen
imprescindible me sometería, por cortesía parlamentaria, a sus deseos,
pero me gustaría contestar a la globalidad, si es posible.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro contestará al final, globalmente,
a cada grupo.

Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Para una intervención breve.

En primer lugar, como es de rigor, quiero felicitar al señor Ministro por
su nombramiento. Desde el Bloque Nacionalista Galego debo decirle que en
lo que usted ha expresado respecto a su intención de conseguir empleo
estable, bienestar ciudadana y solidaridad, desde luego contará con
nuestro apoyo. En todo caso, a mí me parece que su intervención ha sido
una declaración de intenciones y, como se suele decir, por sus hechos lo
conocerán. Quiérese decir que habrá que esperar a ver en qué se concretan
este tipo de declaraciones de intenciones.

A mí me preocupa una cosa y es que no sé si últimamente se habla con
demasiados eufemismos. No sé si estamos hablando por hablar al referirnos
a una política de empleo sin cuestionar de alguna manera la política
económica. Digo esto porque soy Diputado por una provincia, por un país,
y no estoy muy seguro si con la política económica que se pueda hacer en
este momento conseguiremos disminuir el paro. La pregunta que hago es si
los sectores productivos que tenemos en Galicia, que no pueden
desarrollarse para producir más, donde se cierran empresas públicas y no
se consiguen buenas vías de comunicación para hacer una economía
competitiva, pueden generar más empleo.

Usted mismo afirmó que estamos en la más grave crisis de empleo desde los
años treinta. También hizo referencia a cosas que a mí sí me gustaría que
se aplicaran, como que no se puede admitir la competencia sin más --es
decir, llegar a la competencia en estado salvaje porque debería haber
límites a eso-- y que la tendencia actual no parece que vaya en el
sentido de disminuir ese tipo de situaciones sino de aumentarlas. Digo
esto porque, por un lado, asistimos a declaraciones, en general, de
buenas intenciones, no ya sólo suyas, sino que prácticamente son de todo
el mundo, referidas a luchar contra el desempleo, mantener la protección
social, preocuparse por jóvenes, mujeres, todo ese tipo de cuestiones
sobre las que se habla una y otra vez. Por otro lado, también asistimos a
una realidad que camina justo en sentido contrario. Asistimos a
declaraciones, incluso a medidas, que avanzan en eso que se llama
flexibilizar el empleo, abaratar el despido. Se nos afirma también que,
por ejemplo, la Seguridad Social, no se puede mantener tal como está, lo
cual es muy llamativo; que hay que caminar a sistemas de pensiones
privados, que la protección social necesariamente disminuirá; incluso se
habla de que el Estado debe estar reducido a su mínima expresión y, por
lo tanto, volver a los tiempos en que el mercado por sí mismo se regule o
tome las medidas que sean necesarias, sin que el Estado intervenga para
nada. Creo que si no cambia la situación cada vez habrá más desempleo,
más marginación y exclusión social, etcétera.

Las tendencias que había en Europa de ese modelo de capitalismo social
creo que en este momento se están abandonando, y estamos pasando a una
situación en la que se va sacralizando más y más un modelo, donde se nos
habla que la internacionalización de la economía es algo inevitable, que
la competencia debe primar sobre todo; se habla de la desregulación del
mercado de trabajo, de la deslocalización de empresas, de este tipo de
cuestiones que en la práctica, por decirlo sin tanta teoría para llevarlo
a la práctica, nos llevan a situaciones como que determinadas empresas
cada vez producen en terceros países más barato y a costa --hay que
decirlo también porque estos términos ya no están de moda ni se emplean--
de la explotación brutal de los trabajadores en esos lugares. Para
adaptarse a esas situaciones aquí hay que hacer prácticamente lo



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mismo: cobrar menos, bajar los salarios, etcétera. Digo esto porque
luego, cuando se acepta como algo inevitable, uno puede oír en los medios
de comunicación informaciones acerca de que en tal país se pagan 14
pesetas la hora y eso no se puede tolerar y deberíamos boicotear la
compra de ese tipo de productos, o sea poniendo nosotros mismos cara de
póker ante este tipo de situaciones como si no fuera con nosotros.

Creo que si no hay un cambio en la tendencia actual --lo digo así con
toda tranquilidad y ojalá me equivoque-- la situación no va a mejorar,
sino que más bien va a empeorar y que, por tanto, también eso hay que
decirlo, la crisis que en teoría se padece descargue cada vez más sobre
los trabajadores, que sean éstos los que paguen y apenquen con lo
fundamental de esa crisis. Esta es una percepción que uno tiene, no sé si
acertada o equivocada, el tiempo nos lo dirá, pero tiempo tendremos de
discutir este tipo de cuestiones y, desde luego, sí que le deseo éxito en
sus intenciones de conseguir que hay empleo estable, bienestar ciudadano
y solidaridad en nuestra sociedad.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación el portavoz del
Grupo Parlamentario Coalición Canaria don Paulino Rivero.




El señor RIVERO BAUTE: En primer lugar le deseo suerte al señor Ministro
al frente de su gestión para estos próximos años en un Departamento tan
complejo como el de Trabajo y Asuntos Sociales. También quiero pedir
disculpas tanto al señor Ministro como al resto de SS. SS., porque no he
podido estar en la primera parte de su intervención dado que, como
perteneciente a un grupo pequeño, he tenido que cubrir otros frentes en
la Comisión de Fomento.

No he escuchado la exposición del señor Ministro, pero sí he leído de
forma rápida y con mucha atención su intervención ante la Comisión. En la
línea de lo expuesto por el señor Ministro, nosotros valoramos muy
positivamente los primeros pasos que se han dado al frente del Ministerio
y que, básicamente, han estado orientados en dos pilares importantes que
nosotros consideramos que son vitales para mejorar nuestra actual
situación de alta tasa de paro en el Estado. Primero, el diálogo social.

Entendemos que esa predisposición mostrada por el Ministro al diálogo en
su toma de posesión es un factor que en estos momentos nosotros valoramos
positivamente.

En segundo lugar, caminar hacia la concertación social. Creemos que ésa
es la línea del diálogo encaminada a la búsqueda de la concertación
social, que debe llevar al país a salir de la difícil situación que
atravesamos en estos momentos. Estas líneas están básicamente entroncadas
en dos de los compromisos que el Presidente Aznar insistió más en su
discurso de investidura y que están en la línea también de lo que era el
programa de gobierno de cara a las elecciones de Coalición Canaria,
compartido con otras fuerzas políticas de apoyo al Partido Popular para
esta legislatura. Esas dos líneas son la lucha decidida contra el
desempleo y mantener el actual Estado del bienestar.

De momento celebramos desde Coalición Canaria las medidas adoptadas por
el Consejo de Ministros el 7 de junio. Esas medidas, que nosotros
entendemos que están orientadas a dinamizar la economía española, sobre
todo en lo que se refiere a la reducción de escalas fiscales de
empresarios y trabajadores autónomos, necesariamente tienen que conducir
a un mayor ahorro e indefectiblemente tiene que llevar a una mayor
inversión y, por lo tanto, a la generación de puestos de trabajo.

Un segundo aspecto de ese acuerdo al que hago referencia del Consejo de
Ministros de 7 de junio es la aprobación de los incentivos a la
contratación de desempleados mayores de 45 años. Es éste un aspecto
importante, porque nos estamos refiriendo a un colectivo de ciudadanos
españoles de más de un millón y es ésta una posibilidad de reinsertarlos
al mundo del trabajo en una edad difícil, compleja, en la que es bastante
difícil ser un trabajador atractivo para las empresas, salvo que se creen
incentivos en la línea de los aprobados por el Consejo de Ministros.

Por ello, demandamos desde Coalición Canaria que se mantengan esas líneas
de actuación, cuyos primeros pasos ha comenzado a dar el Ministerio, de
diálogo entre los agentes sociales. Ese diálogo con los agentes sociales
debe llevar, en la medida que sea posible --entendemos que deben hacerse
todos los esfuerzos--, a adquirir los compromisos necesarios con
empresarios, sindicatos y el propio Gobierno en aras de llegar a esa
anhelada concertación social.

Nosotros apostamos desde Coalición Canaria por llegar a fraguar un
acuerdo estatal por el empleo. Entendemos que es necesario realizar
políticas coordinadas que nos lleven a ese acuerdo estatal por el empleo
que nos permita afrontar altas tasas de desempleo que en este momento nos
sitúan en ese no deseable primer puesto entre los países de la Unión
Europea.

Sugerimos al Ministro como prioridad la constitución de la conferencia
sectorial del trabajo. Creo que tenemos experiencia en el Estado español
por la conferencia de servicios sociales y a lo largo de los años se ha
visto lo positivo que es realizar políticas coordinadas entre la
Administración central, comunidades autónomas y corporaciones locales.

Esta línea de coordinación debe llevarnos a la utilización de los
recursos y a territorializar las acciones que consideramos
extraordinariamente positivas en aras de conseguir los objetivos que se
ha marcado el Ministerio.

Uno de los primeros frutos de esa conferencia sectorial, ya lo ha
apuntado el Ministro en la exposición que ha hecho a la Comisión, es el
traspaso de las competencias del Inem a las comunidades autónomas.

Nosotros no solamente lo celebramos y lo compartimos porque esté en la
línea de los acuerdos a los que han llegado Coalición Canaria y el resto
de las fuerzas políticas con el Partido Popular para darle apoyo en esta
legislatura, sino que entendemos que el Inem se ha convertido en un
mastodonte administrativo poco eficaz y que no ha sido capaz de coordinar
las distintas políticas de empleo en las comunidades autónomas, y en este
sentido el que desde las propias comunidades autónomas se puedan
impulsar, se puedan coordinar



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las políticas gestionando el Inem, puede y debe ser eficaz en la lucha
contra el desempleo.

Asimismo, esta conferencia sectorial del trabajo serviría para reforzar
acciones tan importantes como la formación continua, sobre todo las que
se desarrollan en materia laboral. Hay que poner en común las diversas
iniciativas de formación que se realizan en el Estado y mantener el
principio de caja única de los recursos con un instrumento de solidaridad
interterritorial; habrá que buscar fórmulas que permitan, además de la
necesaria formación de los trabajadores autónomos, los del sector
agrario.

Entendemos que tanto el sector de los trabajadores autónomos como el de
los agrarios ha estado desatendido en la línea de la formación continua y
poco eficaces serán las políticas incentivadoras o creadoras del
fortalecimiento de los autónomos si, al propio tiempo, no se lleva a cabo
una labor formativa importante para poder luchar contra el desempleo.

A nuestro juicio, una de las lacras más importantes a las que está
conduciendo el alto porcentaje de desempleo que tiene el país es el crear
importantes bolsas de pobreza en el Estado. Para luchar contra la
pobreza, no hay otra fórmula en este momento que la de recursos y la de
recabar la solidaridad de todos. Incluso aquí apostamos claramente por
realizar un plan global de lucha contra la pobreza en el que se recabe la
solidaridad de la Unión Europea para intentar que tenga el fin que todos
nos proponemos.

Uno de los aspectos de esa lucha contra la pobreza, que hasta ahora se ha
demostrado como un instrumento eficaz, es el plan concertado de servicios
sociales, donde la acción coordinada entre la Administración central,
comunidades autónomas y las corporaciones locales ha hecho ver que ésta
es una línea loable y que debemos fortalecer en estos próximos años.

En Canarias, señor Ministro, el problema del paro y la pobreza es aún si
cabe muchos más agudo que en el resto del territorio nacional. La
economía canaria crece y lo hace a un ritmo igual o superior a las
comunidades que más crecen en el resto del territorio nacional, pero cada
año se incorporan al mundo del trabajo, o entran en edad de incorporarse
al mundo del trabajo en Canarias, alrededor de 10.000 jóvenes. Esto hace
que, por mucho que crezca nuestra economía, sea imposible poder absorber
esta mano de obra joven que se incorpora al mundo del trabajo. Las cifras
son muy contundentes, porque, de un millón y medio de habitantes que
tiene en este momento el territorio canario, aproximadamente 500.000
están por debajo de los treinta años. Esto hace muy difícil que esos
puestos que se van creando en Canarias puedan absorber esa importante
mano de obra.

Por otra parte, un problema importante también que tenemos en Canarias
--y creo que no se escapa al conocimiento de SS. SS.-- es la falta de
cualificación, de formación de nuestra gente para ser competitivos con
esos puestos que se están creando; fundamentalmente el sector turístico
crea un importante número de puestos de trabajo que son ocupados por
inmigrantes de la Unión Europea por la falta de cualificación, la falta
de formación que tiene la juventud canaria para ser competitivos en estos
puestos.

En ese ánimo de formación, de cualificación de nuestra gente, está
sustentado el PIEC, que ha sido fruto del diálogo social, del acuerdo
social entablado en Canarias hace unos años entre empresarios,
sindicatos, universidades. Del PIEC (Plan Integral de Empleo Canario)
tiene conocimiento el Parlamento del Estado, y en el debate del estado de
las autonomías, llevado a cabo en el Senado, tuvo el reconocimiento de
esa diferencia, en este caso negativa, de Canarias y ha encontrado la
solidaridad de todos los grupos para poder combatir ese déficit, esa
carencia que tiene Canarias en este momento.

En esa línea, valoramos positivamente que en la exposición del Ministro
se haya recogido esa vieja reivindicación de Canarias que, más que un
aspecto localista o de un acuerdo de dos partidos para llegar a una
fórmula de gobierno, es una situación de justicia ya reconocida por el
resto de las formaciones políticas en la Cámara.




El señor PRESIDENTE: Tiene a continuación la palabra el portavoz del
Grupo Nacionalista Vasco, don Emilio Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Ministro, hago mías las palabras de
salutación y de protocolo de los compañeros que me han precedido en el
uso de la palabra y también le deseo suerte en un Ministerio difícil que
a usted le ha tocado la suerte de tener que gestionar y que, además de
ser difícil, no tiene tampoco el brillo rutilante de otros ministerios
como son los económicos o los de justicia e interior. Yo creo que usted,
con su capacidad, incluso como comunicador, por utilizar esta expresión,
está en condiciones de conseguir regenerar un poco la calidad, la
perspectiva de imagen de un ministerio cuyas competencias no se conocen
bien, cuya relevancia en la vida social es de una gran dimensión, pero no
es así percibido por los ciudadanos, y al que hay que revalorizar
políticamente, señor Ministro. Le deseo suerte también en este ámbito y
le creo en condiciones idóneas de acometer esta importante función.

He escuchado con atención sus palabras y he escuchado con atención las
palabras de los demás portavoces que han intervenido --palabras
relevantes--, y han tenido una dimensión económica de cierta notoriedad.

Ha sido un debate en gran parte económico el que se ha articulado aquí, y
yo, entre las expresiones que he escuchado, me quedo con una del portavoz
de Izquierda Unida --me ha parecido interesante y relevante, y es una
obviedad, en cierto modo también, desde la perspectiva de la ciencia
económica-- cual es la de que el crecimiento económico no garantiza el
crecimiento del empleo, eso es verdad, si además no se acometen reformas
estructurales que la economía pueda requerir, como pueden ser rigideces
en el mercado del trabajo, que hay que remover, como pueden ser
liberalización de mercados que funcionan en régimen de monopolio,
oligopolio, ajenos a la libre competencia, como pueden ser algunas de las
medidas de liberalización de la economía que su Gobierno acaba de aprobar
en un reciente Consejo de Ministros, como pueden ser otras que se tienen
que aprobar. Se les olvida siempre a los representantes de Izquierda



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Unida, no sé por qué, decir que, sin embargo, el crecimiento económico sí
es una condición inevitable e indispensable para conseguir el crecimiento
del empleo. No creo que sea un lapsus lingüe freudianoideológico,
seguramente es un mero olvido, una mera no consideración de que se tiene
que decir en este momento, pero la perspectiva del crecimiento económico
tiene que ser una perspectiva, un objetivo absolutamente indispensable
para lograr crecimiento del empleo, coordinado, armonizado con estas
otras medidas de actuación económica que consensuadamente tenemos que ir
acometiendo entre todos y, fundamentalmente, el Gobierno.

Esto me lleva ya al problema del empleo, señor Ministro, que es el que
requiere atención prioritaria por parte de todos los portavoces, y aquí
usted utiliza una expresión que yo no entiendo bien, que yo no soy capaz
de comprender bien, cual es la necesidad de acometer nuevas
modernizaciones o complementarias modernizaciones del mercado de trabajo.

Nos gustaría saber conceptualmente qué significa esto, porque ésta no es
una cuestión baladí, desde luego, aunque se endosen al pacto social los
elementos conceptuales que han de servir de fundamento a estas
modernizaciones. Estas no son palabras neutras, en términos del derecho
del trabajo, del derecho laboral, o en términos de la política que se
gestiona en este ámbito, en el ámbito de esta Comisión de Política Social
y Empleo. Es más, la modernización puede tener interpretaciones
alternativas diversas y no todas asumibles ni desde una perspectiva de
requerimientos constitucionales que son muy claros en nuestra
Constitución. Modernización desde la perspectiva de su Ministerio, señor
Ministro, significa que hay que acometer nuevas desregulaciones del
mercado del trabajo o del derecho del trabajo, o privar al derecho del
trabajo de algunas de sus esencias axiológicas, como son su carácter
tuitivo, su carácter protector del trabajador, puesto que el trabajador
en el momento de concertar su relación contractual con el empresario no
está en una situación de igualdad jurídica ni económica, sino en una
situación de subordinación, tanto jurídica como económica. Privar hoy,
relativizando alguna de las esencias tuitivas que justificaron el propio
nacimiento del derecho del trabajo, ¿significa proveer de más dimensión
todavía la negociación colectiva? El Partido Socialista, o el Gobierno
Socialista y con el consenso de distintos grupos, presentó varios
proyectos de ley de reforma del mercado del trabajo que consistían
esencialmente en fortalecer la negociación colectiva laboral. De hecho,
en lo que consistía era en atribuir a la negociación colectiva laboral 37
nuevas materias consideradas hasta el momento de derecho necesario, de
derecho indisponible y que en ese momento se transformaban en materias de
derecho disponible y susceptibles de ser negociadas en convenios
colectivos. Esta negociación, o la negociación colectiva que se ha
articulado tras la reforma laboral, no ha realizado o no ha acometido,
desgraciadamente en mi opinión y afortunadamente en opinión de otros
seguramente, todos estos elementos de reforma que a la negociación
colectiva se atribuyeron, que a los interlocutores sociales se
atribuyeron definitivamente a través del instrumento de la negociación
colectiva. La liberalización o la remoción de algunas de las rigideces
que se pensaba hacer a través de ese procedimiento, desgraciadamente, en
mi opinión, no se está haciendo a través de la negociación colectiva. Y
desde esa perspectiva, la pregunta, señor Ministro, sería: ¿cómo se
piensa implementar una aplicación más eficiente de la reforma laboral, en
definitiva, en los ámbitos aquellos que suponen una desregulación del
derecho del trabajo, atribuyendo a los interlocutores sociales, a través
de los convenios colectivos, la remoción de algunas de las rigideces que,
efectivamente, están impidiendo que el crecimiento económico se
transforme en creación de empleo en este país? Y ésa sería la primera
cuestión sobre la cual nos gustaría que usted proporcionara explicaciones
más prolijas, más detalladas y, sobre todo, que nos dijera si piensa
continuar con reformas laborales o con presentación de proposiciones o de
proyectos normativos que supongan nuevas reformas laborales, sobre todo
--y esto es lo que más se discute en este momento en el ámbito de los
medios de comunicación, por lo menos, y de los interlocutores sociales--
en el ámbito del despido, que parece ser la gran cuestión en este
momento, y si usted baraja conceptualmente la posibilidad de ir buscando
nuevas fórmulas contractuales, como la del denominado contrato estable, o
nuevas fórmulas que prevean la disminución o la moderación de lo que
algunos califican excesivo precio, excesivo valor del despido en nuestro
país, también como elemento de pretendida dinamización de la economía.

Nos gustaría conocer desde esta perspectiva cuáles son sus procedimientos
en estos ámbitos y también, en el ámbito de los despidos colectivos, si
usted estima que se deben incorporar nuevos elementos a la ya muy
reciente --la última reforma laboral-- regulación jurídica de los
despidos colectivos.

Ha comentado también que entre sus propuestas está reformar los llamados
contratos en prácticas y de aprendizaje. Me gustaría saber si, en
relación al contrato de aprendizaje, las reformas que su Ministerio va a
propugnar van a ser reformas basadas en su dignificación y en su ajuste a
requerimientos jurídicos que, en mi opinión, la reforma laboral
presentada por el Partido Socialista no respeta en materia salarial y en
materia de protección de contingencias sociales, en definitiva, de
cobertura social. La dignificación del aprendizaje, desde estas
perspectivas, y que por lo menos el salario sea el de convenio colectivo
o que también los niveles de protección social sean los previstos en los
convenios colectivos para los trabajadores de los sectores económicos que
requieran la contratación de aprendices.

En los proyectos normativos, señor Ministro, yo no le he escuchado si
está entre las líneas o entre los objetivos de su Ministerio presentar un
proyecto de ley regulador del ejercicio del derecho de huelga. Usted sabe
cómo en materia de huelga todavía estamos con normativa
preconstitucional. Yo no considero que, en un Estado donde la vigencia de
la Constitución es ya de 18 años, puedan estar todavía en materias y en
derechos de tal dimensión y de tal relevancia jurídica configurados y
fundados en normativa preconstitucional --en el Real Decreto-ley de
1977--, y me gustaría saber cuáles son las pretensiones de su Ministerio,
y si es la que yo sospechar de endosar también al



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pacto social, a la negociación con los interlocutores la posible
regulación, y vamos a acabar de jugar como el gato y el ratón con la
presentación de los proyectos de ley, y luego su retirada del Parlamento
de la regulación jurídica y posconstitucional del derecho de huelga. A mí
nunca me han parecido bien estas jugarretas consistentes en que, cuando
los interlocutores sociales incrementaban el nivel de su crítica a la
política económica del Gobierno, casi como respuesta desde el Gobierno se
presentaba un proyecto de ley regulador del derecho de huelga, y si esto
tenía el efecto dulcificador pretendido de moderar o dulcificar las
críticas de los interlocutores sociales, por argucias reglamentarias u
otras, se retiraba ese proyecto de ley regulador, atendiendo a ese axioma
de algunos interlocutores sociales consistente en decir que el mejor
derecho de huelga o la mejor ley de huelga es la que no existe. Me
gustaría saber, en definitiva, si vamos a plantearnos más en serio en
esta legislatura este importante problema constitucional --porque es un
problema constitucional--, y si entre sus proyectos normativos está la
presentación de un proyecto regulador de este importante derecho, tanto
para los trabajadores como para todos los ciudadanos en su consideración
más colectiva.

En materia de formación profesional, me parecen muy bien las referencias
que ha hecho, señor Ministro; yo creo que sintonizan con lo que se debe
hacer, con lo que se está haciendo en los países que mejor están
configurando la formación profesional en este momento. En materia de
formación de trabajadores ocupados, en la formación profesional continua,
sólo me gustaría saber una cosa: si va a haber el año que viene más de un
acuerdo interprofesional, si desde el Gobierno se va a atender
presupuestariamente la existencia de esos diversos o más de un acuerdo
profesional, o si vamos a seguir soportando lo que está sucediendo con la
Forcem en estos momentos, que legítima y legalmente se niega a transferir
los fondos presupuestarios que la existencia de un acuerdo en Euskadi
sobre formación profesional continua está requiriendo. Nos gustaría saber
si este problema se va a solucionar.

El nuevo artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, como usted sabe,
señor Ministro, da la misma relevancia jurídica a los acuerdos
interprofesionales de ámbito estatal que a los acuerdos
interprofesionales de ámbito inferior al del Estado, de ámbito autonómico
en este caso. Dice más el artículo 84, por lo cual yo quiero felicitar a
los autores de la reforma; dice que, en caso de concurrencia de acuerdos
colectivos, incluso prevalecen, sistema de concurrencia contraria al
previgente, los acuerdos colectivos de ámbito inferior al estatal a los
acuerdos colectivos de ámbito superior al estatal. En este momento, desde
la FORCEM española se está cometiendo un auténtico acto de desafuero, un
acto de ilegalidad, un acto posiblemente delictivo, impidiendo el
cumplimiento de requerimientos que están claros en el derecho del
trabajo, en el Estatuto de los Trabajadores y que están claros en el
derecho presupuestario, en la disposición adicional segunda del Real
Decreto-ley que luego prorrogó los Presupuestos Generales en este momento
vigentes. Nos gustaría saber cuál es el talante y la predisposición del
Ministerio, ante la eventualidad de que puedan existir el año que viene
más de un acuerdo, posiblemente dos, en virtud de la configuración de los
interlocutores sociales en distintas comunidades autónomas, para atender
a la posible o eventual existencia de más de un acuerdo interprofesional
sobre formación profesional continua.

En relación a la formación profesional ocupacional, señor Ministro, si le
he entendido bien, usted va a desagregar del Instituto Nacional de Empleo
esta competencia, la va a dar una dimensión mayor, la va a integrar un
poco en el sistema educativo y un poco también en las políticas de acción
formativa que se articulen desde el Ministerio de Trabajo.

Le aconsejaría, señor Ministro, que en esto tenga un talante muy abierto,
muy negociador, muy flexible intelectualmente, no sólo con los
interlocutores sociales, que lo debe tener, sino también con los demás
grupos parlamentarios. Le aseguro que algunos, los que pertenecemos a
algunas comunidades autónomas donde se está actuando, yo creo que con
razonable eficiencia, en esta materia, estaremos en condiciones de
hacerle aportaciones muy sugerentes sobre cómo se debe configurar la
formación profesional ocupacional, es decir, la formación profesional
destinada a trabajadores sin empleo, que es la que nos debe preocupar
también prioritariamente.

Sin embargo, señor Ministro, no le he entendido muy bien qué va a suceder
con el Inem como institución, como organismo. Parece que se van a
desagregar sus competencias, privándole de forma muy notable de identidad
administrativa. Algunas de las competencias, si los elementos de reforma
que han sido comentados por usted son ciertos, la del pago de
prestaciones y su reconocimiento en concreto, pasarían a las entidades
gestoras normales de la Seguridad Social, particularmente al Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Lo que va a suceder con la formación
profesional ocupacional ya lo hemos comentado.

En cuanto al proceso de colocación, que ya está parcialmente desregulado
también, ya no es un monopolio institucional o administrativo de la
autoridad laboral, puesto que ésta y el Inem tienen que competir,
entrecomillando la expresión, con agencias privadas de colocación y con
empresas de trabajo temporal, nos gustaría saber de forma más concreta y
pormenorizada qué va a suceder con el proceso de colocación, como
competencia pública administrativa, y si parcialmente lo va a seguir
siendo, o si se va a desproveer a la autoridad laboral, la autonómica o
la estatal (nosotros estimamos que ésta es una competencia autonómica
clara, no discutible en cuanto a títulos competenciales estatutarios)
absolutamente, o cuasi absolutamente de competencias en esta materia que,
en mi opinión tiene que tener siempre, y ya le adelanto la opinión de mi
grupo parlamentario, un componente publicista o administrativo. Esta no
tiene que ser nunca una función exclusivamente privada y absolutamente
desregulada. En todo caso, sí quiero felicitarle por el anuncio que ha
hecho de transferencia de esta competencia a las comunidades autónomas
que tienen título competencial en la materia.

En cuanto a las demás materias, señor Ministro, nos gustaría saber (y los
grupos nacionalistas ya sabe que



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siempre hacemos este tipo de preguntas, y sin ánimo de molestar, además;
lo hacemos con espíritu honesto, la mirada franca y sin ningún tipo de
reserva mental, sin más que el puro conocimiento y la pura reivindicación
de algo que está en la Constitución, y no tendrían que considerarse por
nadie como excéntricas estas solicitudes de opinión, de información y
estas pretensiones) qué piensa usted respecto a otras competencias que,
en opinión de mi grupo parlamentario, tienen que ir negociándose y
transfiriéndose.

Hay títulos competenciales en estatutos de autonomía, como el Catalán y
el de Euskadi, artículo 18, artículo 41, disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía de Euskadi, por ejemplo, que posibilitan la
transferencia de entidades administrativas de dependencia tutelar o
directa del Ministerio de Trabajo, como pueden ser las entidades gestoras
de la Seguridad Social que, si bien se financian parafiscalmente con
cotizaciones y cuotas, se pueden transferir también mediante la
utilización, no de la fórmula del concierto económico, pero sí de la
fórmula de convenios económicos ad hoc que permitan la transferencia de
los entes administrativos, pero también la competencia de financiación,
en definitiva, mediante la recaudación de las exacciones parafiscales que
sirven para su financiación.

Comprendo que éste es un debate inmaduro todavía, señor Ministro, y es
adelantarse mucho a los acontecimientos sociales y a las posibilidades
políticas que estamos en condiciones de considerar como razonables en
este momento. Pero nosotros vamos a seguir indagando, porque tenemos la
legitimidad que nos da el Título VIII de la Constitución y diversos
preceptos de nuestro estatuto de autonomía.

Lo que no puedo comprender, y todavía nadie me ha explicado
razonablemente, es por qué todo aquello que no se financia con
presupuestos generales del Estado, con fiscalidad o con tributos, o como
se quiera llamar, sino que se financia de forma parafiscal a través de
cuotas o cotizaciones obligatorias, es por su propia naturaleza
intransferible. Igual usted lo sabe, igual lo sabe alguien aquí. A mí
nadie me ha podido explicar todavía si esto es por la natura rerum, por
la esencia de las cosas. Si todo lo que se financia parafiscalmente es
intransferible, entonces que se me explique por qué hay en la
Constitución y en algunos estatutos de autonomía títulos competenciales
que posibilitan la transferencia de entidades como el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, como la Tesorería, como el Instituto Social de la
Marina, como el Fogasa, como el propio Instituto Nacional de Empleo, que
también tiene un componente de financiación parafiscal, y como otros
órganos cuya financiación se basa en la parafiscalidad. En definitiva,
hablaremos más despacio de todo esto en el contexto de las discusiones
del Pacto de Toledo.

Una última reflexión, señor Ministro. Estamos dispuestos a comprometernos
hasta el final con el desarrollo del Pacto de Toledo y con la mayor
lealtad posible. Pero una cosa le quiero decir, señor Ministro: el
artículo 41 de la Constitución española admite una exégesis que, en mi
opinión, es absolutamente indiscutible, que consiste en la afirmación de
los siguientes principios. Primero, que el sistema de protección social
del Estado español tiene que ser público. Y que sea público quiere decir,
aunque parezca una palabra tautológica, que no puede ser privado. En
segundo lugar, tiene que ser suficiente. Quiere decir que tiene que ser
suficiente cuantitativamente. Y tiene que ser también suficiente
cualitativamente, y me estoy refiriendo desde esta perspectiva a las
condiciones de acceso o períodos de carencia que se deben cubrir para
llegar a la protección de las distintas contingencias que el sistema
público de Seguridad Social protege. En tercer lugar, se puede deducir
del artículo 41 de la Constitución que tiene que ser universal, que no
hay un solo ciudadano del Estado español, y éste es otro de los
paradigmas del Estado del bienestar que entre todos nos tenemos que
comprometer a defender, que se vea fuera de los ámbitos de protección
previstos por el sistema público de Seguridad Social. Y en cuarto lugar,
tiene que ser irregresivo, señor Ministro. Esto quiere decir que
cualquier reforma legislativa que se acometa tiene que respetar el
sistema de protección previgente. Podrá incrementarlo, podrá mantenerlo
en el mínimo de los casos, pero no puede nunca reducirlo, ni desde la
perspectiva de la cuantía de la protección, ni desde la perspectiva de
las condiciones de acceso a las contingencias protegidas. Con esos
presupuestos, señor Ministro, cuente con nosotros. Vamos a ir hasta el
final, porque no es fácil.

Me ha sorprendido lo que el representante del Bloque Gallego decía sobre
que se está comentando, como cosa sorprendente, cómo se va a reformar el
sistema ya que no se puede mantener el sistema de Seguridad Social tal
como está. ¡Claro que no se puede mantener el sistema de Seguridad Social
como está! Para eso se ha hecho un Pacto de Toledo con todos los grupos
parlamentarios, para ver cómo se tiene que reformar para que se puedan
mantener los principios axiológicos o fundamentales de este sistema. Pero
esos principios son indiscutibles, señor Ministro, y si todos nos
comprometemos con lealtad al respeto de estos principios, puede contar
con nuestro grupo parlamentario para garantizar, y eso es ya mucha
pretensión, la cobertura para el futuro de nuestro sistema de pensiones.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADES: El Grupo parlamentario Catalán también se
une a las felicitaciones del resto de los grupos parlamentarios
deseándole suerte. Entendemos que el Gobierno ha puesto al frente de un
Ministerio sensible e importante, como se destacaba ahora, a un seductor.

(Risas.) Nos parece que hay que seducir al conjunto de la sociedad para
llevar adelante las políticas que se están reclamando. En este sentido,
entendemos que su seducción va a ser importante en esta Cámara y en la
sociedad.

Dicho esto, ha hecho usted afirmaciones que compartimos. La obsesión por
la generación de empleo y por acabar con la precariedad no es tan sólo
obsesión del Gobierno, sino de todos los grupos políticos y también de
todos los grupos sociales y de los ciudadanos en concreto. Compartimos



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con usted la idea de que ser solidario hoy es luchar contra el paro. Por
tanto, una política solidaria ha de ser básicamente una política que
entienda que la disminución de los índices de paro y de precariedad es
fundamental. Compartimos también con usted que, sin lugar a dudas, la
política económica y social hoy tiene esta doble cara, como el dios Jano.

Por tanto, cualquier modelo de desarrollo ha de tener estas perspectivas.

En estas consideraciones generales coincidimos con lo expresado por el
señor Ministro.

Nuestro grupo cree que en estos momentos hay que dar pleno apoyo al
diálogo social; la puesta en marcha de estas mesas es, sin lugar a dudas,
positiva. Por tanto, las propuestas de nuestro grupo parlamentario en
materia de empleo, que son conocidas por el Gobierno, por el resto de los
grupos políticos presentes en esta Cámara, así como por los grupos
sociales, se quedan en el cajón a la espera de que el diálogo social
llegue a buen puerto. Nuestra esperanza es que este diálogo social llegue
a buen puerto y que, por tanto, cuando en esta Cámara discutamos lo que
haya que discutir, lo hagamos sobre la base de aquello que se haya podido
acordar con los agentes sociales. Nos parece que ésta es una mecánica
lógica que funciona en el conjunto de los países democráticos
occidentales, y en ello estamos. Si, finalmente, este diálogo social no
llega a buen puerto, el Gobierno y los grupos parlamentarios tendremos
que asumir nuestras responsabilidades y trabajar en la línea correcta.

Yo creo --como ha dicho anteriormente el señor Olabarría-- que la reforma
del mercado laboral de 1994 dio posibilidades a los agentes sociales para
solucionar algunas cuestiones importantes, pero que en estos años no ha
sido posible aprovechar todas aquellas posibilidades que estaban en el
ámbito de los agentes sociales para crear empleo y para disminuir la
precariedad de nuestro mercado laboral.

Dicho lo anterior, me gustaría hacer dos comentarios más. Hace pocos
días, el Gobierno aprobó el decreto-ley sobre medidas urgentes de
carácter fiscal, de fomento y de liberalización de la actividad
económica, que, a nuestro entender y en lo que hace referencia a las
contrataciones de nuevos trabajadores con carácter indefinido, para que
no computen en el cálculo del rendimiento neto de la actividad
empresarial acogido a módulos de IRPF, y a la introducción de la
deducción de un millón de pesetas a las empresas no sujetas a módulos que
contraten con carácter indefinido a mayores de 45 años o minusválidos,
son decisiones que van en la línea correcta. Son decisiones que usted
sabe que formaban parte también del proyecto filosófico y político de
nuestro grupo; que inciden en el colectivo de las pequeñas y medianas
empresas, que entendemos que son las principales creadoras de empleo, y
que inciden además, en una tendencia de discriminación positiva, en dos
colectivos que, en línea con lo que se ha marcado en la cumbre de Essen
por parte de las instituciones comunitarias y de otras experiencias que
existen en otros Estados de la Unión Europea y que van en buena
dirección. En esta línea, al margen del diálogo social, es necesario que
el Gobierno mantenga esta iniciativa y que se tengan en cuenta otros
sectores sociales.

También sería importante, y no tengo sensación de que haya profundizado
en esta cuestión el señor Ministro en su primera intervención, que se
avance hacia el apoyo de la autoocupación o el autoempleo, no
exclusivamente hacia el empleo asalariado. Recordemos que un 20 por
ciento de la población activa del Estado español formaría parte de este
colectivo: microempresas, economía social organizada en cooperativas y
sociedades laborales. Nosotros le proponemos que se estudie, y en todo
caso ésta puede ser una iniciativa de nuestro grupo parlamentario, la
capitalización del desempleo como fórmula para favorecer el empleo
autónomo. Nos parece que ahí existe la posibilidad de liberalizar
sectores importantes de nuestra economía y de nuestra sociedad; que
habría que plantearlo de manera que no afectase a los recursos que hoy
tiene el Inem, y, por tanto, esta capitalización se podría situar entre
el 60 o el 70 por ciento del subsidio que se perciba del Estado. Creemos
que es una medida que puede activar la generación de empleo desde ese
sector que hoy puede originar empleo.

Nuestro grupo parlamentario, en el ámbito del Ministerio de Trabajo en
sentido estricto, entiende que la aplicación del principio de
Administración única en Cataluña en temas de trabajo, empleo y formación
en básica y fundamental. Ese ha sido el elemento clave del acuerdo
político que hemos suscrito el Partido Popular y Convergència i Unió. Voy
a hacer un repaso de cinco cuestiones que son primordiales para aplicar
ese principio en el caso de Cataluña: el traspaso del Inem en lo que hace
referencia a las políticas de intermediación y empleo; los servicios de
intermediación y de colocación; el registro de contratos; la autorización
de agencias de colocación, y una cuestión importante, el reconocimiento
del derecho a cobro de las prestaciones. Nos parece que en Cataluña, el
pleno traspaso del Inem pasa por que las 46 oficinas que existen y los
1.600 funcionarios que trabajan en el Inem dependan del Gobierno de la
Generalitat, así como las políticas activas del Inem. Una política eficaz
de lucha contra el paro en Cataluña ha de pasar por que la Generalitat
asuma competencias en el ámbito de las escuelas-taller, de las casas de
oficio, de las medidas de apoyo a las actividades empresariales, para
desempleo, etcétera. Creemos que este paquete global es el que da sentido
a la actuación eficaz del Gobierno de la Generalitat en estos temas. Hay
que avanzar en el traspaso de los conocidos como centros nacionales
dependientes del Inem. Hay que modificar la normativa vigente con
respecto al Fondo Social Europeo, para que la Generalitat de Cataluña sea
la oficina única de recepción y registro de solicitudes y única instancia
promotora en Cataluña y hay que modificar la composición y las funciones
--creo que el Ministro lo ha dicho-- del Consejo General de la Formación
Profesional, con participación de la Generalitat en el mismo. Creemos que
este paquete de cuestiones son las que dan sentido a que en Cataluña, en
política de trabajo, empleo y formación, el Gobierno de la Generalitat
sea Administración única.

Por lo que hace referencia a la otra parte de su Ministerio, al antiguo
Ministerio de Asuntos Sociales, existe un principio fundamental, que creo
que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara comparten que es el
del mantenimiento



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de las prestaciones sociales. Yo no voy a entrar en la cuestión del Pacto
de Toledo, pero en la anterior legislatura se llegó a un acuerdo de base
importantísimo, que fue impulsado por nuestro grupo parlamentario, y
tendremos que encontrar las fórmulas parlamentarias, políticas y
gubernamentales que nos permitan continuar avanzando en los principios
constitucionales que nos parece que en estos momentos nadie en el Estado
español cuestiona.

Asimismo, en materia de asistencia social y servicios sociales en
general, hay que apostar también por el principio de Administración
única. La eliminación de duplicidades creemos que es importantísima y,
además, pensamos que, en este sentido, hay que trabajar sobre una
cuestión de cuyo tratamiento en anteriores legislaturas por parte del
Gobierno socialista nosotros nos sentimos descontentos, que es por la
igualación de los servicios esenciales para todos los ciudadanos. Nos
parece que los recursos que reciben no el Gobierno de Cataluña como
unidad administrativa sino los ciudadanos de Cataluña son claramente
insuficientes y discriminatorios para los problemas sociales que hay
planteados en nuestra sociedad. Y en estas dos cuestiones, en la
aplicación del principio de Administración única y en la aplicación de la
idea de la igualación de servicios esenciales, nosotros entendemos que
las transferencias correspondientes a los centros especiales de trabajo,
a los colectivos, por tanto, de disminuidos, las transferencias del
Inserso, el programa de vacaciones para las personas mayores y el
programa de termalismo, esencial también para las personas mayores, son
elementos básicos para esta aplicación del principio de Administración
única en política social.

Quiero recordar que para nuestro grupo va a ser importante resolver en
sentido positivo la reivindicación del 0,52 por ciento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas que los ciudadanos quieren destinar a
otras finalidades. Son instrumentos necesarios para que el Gobierno de
Cataluña pueda desarrollar una política social eficaz de cara a los
problemas que tienen planteados nuestros ciudadanos.

Quiero exponer cuatro cuestiones muy puntuales, para finalizar. Desearía
saber si va a ser voluntad del Gobierno modificar la actual Ley del
Voluntariado. Nosotros entendemos que la ley aprobada en la anterior
legislatura es una ley profundamente equivocada, puesto que se aleja de
las inquietudes que hoy tienen, principalmente, los colectivos del
voluntariado. Pregunto al señor Ministro si tienen previsto en su agenda
--no lo ha dicho en su intervención-- desarrollar alguna legislación en
relación a la integración de los colectivos de emigrantes. Nos parece que
la actual legislación, especialmente la Ley de Extranjería, no ayuda a
esa integración. Nos gustaría conocer su opinión. Desearía conocer si el
Gobierno, especialmente desde su Ministerio, en relación al proyecto de
ley que el Gobierno anterior había elaborado para el reconocimiento de
las parejas de hecho, tiene alguna previsión al respecto. Para acabar, en
cuanto a la directiva comunitaria que crea el comité de empresa a nivel
europeo, le preguntaría el cuándo tienen previsto realizar su aplicación
a la legislación del Estado español.

Finalmente, quiero insistir en lo que decíamos al principio todos los
portavoces que estamos interviniendo. Este es un Ministerio sensible,
éste es un Ministerio que toma decisiones que afectan de verdad al
conjunto de los ciudadanos, y por tanto, en el esfuerzo que ha hecho
usted esta mañana en su primera intervención para situarse en un espacio
central en el que todos seamos capaces de encontrar soluciones, va a
encontrar, como siempre, el apoyo de nuestro grupo parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Por último, en este turno obviamente, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Popular, don Rafael Hernando Fraile.




El señor HERNANDO FRAILE: Señor Ministro, quiero que mis primeras
palabras sean, al igual que las de los otros grupos, para felicitarle no
sólo por su exposición sino por su presencia hoy aquí y por su
nombramiento al frente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Entenderán los demás portavoces de los grupos que mi felicitación sea más
intensa que las suyas por la pertenencia del señor Ministro a mi partido
después de haber ocupado el cargo durante trece años y medio un ministro
socialista. Por tanto, esto no sólo es una alegría, sino que, a la vista
de su exposición, entendemos que es un cambio trascendente, que puede y
debe convertirse en un cambio trascendente no sólo para este Parlamento
sino también obviamente para el resto del país.

Usted ha establecido unas líneas generales de su Gobierno para el futuro
y para esta legislatura basadas en el discurso de investidura del
Presidente y en tres temas fundamentales: el empleo, la protección social
y la iniciativa solidaria. Ha comenzado por el primero de los temas y ha
establecido una radiografía de la situación que implica que nuestro país
parte en el tema del empleo de una situación que no es la más deseada, lo
que hace que la creación de empleo sea el objetivo prioritario para el
Gobierno del Partido Popular.

Se ha puesto aquí en evidencia por otros portavoces que el crecimiento de
producto interior bruto no es única y exclusivamente lo que produce
crecimiento en el empleo, eso es evidente, porque en España, a pesar de
que nuestro crecimiento ha sido superior al de otros países del resto de
la Unión Europea, no se ha creado más empleo. Existen otros elementos de
gran trascendencia que inciden en el sector en la creación de empleo,
elementos como el mantenimiento del IPC y de la inflación en unos niveles
adecuados, elementos como el sostenimiento del déficit público también en
unos márgenes equilibrados y elemento de gran trascendencia como es que
el déficit comercial español respecto a la balanza comercial, al nivel de
exportaciones e importaciones, no sea superior al 3 por ciento.

Es indudable que, a nuestros juicio, el cambio de Gobierno ha producido
el desbloqueo de una situación política y que eso ha tenido ya
trascendencia en el mercado laboral y ha producido unos datos muy
positivos en los últimos meses. Nuestro grupo cree que la anterior
situación de incertidumbre política tenía una incidencia especial en el



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mercado de trabajo y así lo denunciamos durante la anterior legislatura.

El señor Griñán nos ofrecía unos datos relativos a los cambios en el
mercado de trabajo. Es evidente que se ha producido una disminución del
sector agrario en la tasa de actividad de España, y eso se viene
produciendo no desde hace 13 años sino desde principios de siglo, pero, a
pesar de ello, lo que nos preocupa a nosotros es que la tasa de actividad
en España sigue siendo una de las más bajas de toda Europa y que la
temporalidad en los últimos años se ha triplicado hasta llegar al 30 por
ciento, lo que nos coloca en una de las situaciones más preocupantes por
su diferencia con el resto de Europa.

Usted ha hablado de algunos asuntos importantes, como es la necesidad de
la reactivación económica. Nosotros coincidimos con usted. Usted, como
miembro del Consejo de Ministros, quizá luego pueda explicarnos la
incidencia que van a tener en el mercado de trabajo esa últimas medidas
adoptadas por Consejo de Ministros; medidas referentes a las
bonificaciones del 95 por ciento en el Impuesto sobre Sucesiones, que, a
nuestro juicio, favorecen la transmisión de padres a hijos en
explotaciones y empresas y, por tanto, la pervivencia y permanencia de
las mismas, en su mayoría pequeñas y medianas empresas en nuestro país.

Están también en esas medidas la regularización de balances, la
modificación del sistema de módulos, la reducción de los costes
energéticos o de los servicios. Esto implica que vamos o que debemos de
ir por el camino adecuado y va a favorecer uno de los elementos
trascendentales que tiene que afrontar a lo largo de los últimos años la
economía y es la internacionalización de la misma. Yo estoy de acuerdo
con los portavoces de otros grupos políticos en que para ello, y así lo
ha adoptado y lo ha tenido presente desde el principio el Gobierno, es
indudable el consenso y el diálogo social, diálogo social que se ha
iniciado de forma intensa, a nuestro juicio más intensa de lo que ha sido
en anteriores ocasiones.

Agradezco el impulso y las nuevas intenciones que el señor ex Ministro,
el señor Griñán, tiene respecto de este tema. Me alegro de que haya
recuperado su fe por el diálogo social. Ya vimos que el 28 de septiembre
de 1993 en su comparecencia en esta misma Comisión hacía incidencia en
este asunto. Decía el señor Griñán que pretendía avanzar hacia la
creación de empleo combinando esas estrategias de competitividad con un
diálogo social continuado e ininterrumpido. Parece ser que llegó un
momento en que ese diálogo social e ininterrumpido se interrumpió y fue
cuando el Gobierno presentó un programa de empleo recogiendo los acuerdos
de la Cumbre de Essen sin consultar con los agentes sociales, acordado en
Consejo de Ministros, sin que hubiera constancia de ese plan de empleo en
la referencia del Consejo de Ministros, con clara voluntad de ocultarlo a
los agentes sociales y al Parlamento, y que incluso al señor Griñán le
llevó al problema de tener que reconocer, dos meses después y después de
reiteradas preguntas por parte de nuestro grupo parlamentario, la
existencia real de este plan de empleo, existencia que reconoció
ciertamente de forma lacónica.

Se han planteado algunos asuntos más. Estoy de acuerdo con el portavoz
del PNV en que otro de los asuntos que tendremos que acometer a lo largo
de esta legislatura serán aquellas reformas que afecten a las rigideces
laborales.

Otro de los temas que se han planteado es el PER. Yo en el tema PER me va
a permitir al señor Ministro que dé también una opinión con conocimiento.

Soy Diputado por Almería y he visto cómo se ha utilizado el PER. Una de
las últimas medidas del anterior Gobierno que a nosotros más nos chocaron
fue que en Almería, mientras que la Diputación Provincial era del Partido
Socialista tenía unas dotaciones presupuestarias importantes, pero cuando
ésta pasó a manos del Partido Popular, de repente los fondos que percibía
la Diputación Provincial ya no fueron los mismos. Parte esos fondos se
transfirieron a la universidad de Almería que estaba controlada por un
rector del Partido Socialista. No entendemos tampoco que la universidad
sea el ámbito normal de desarrollo del plan de empleo rural y que tenga
que ver con esos fondos. Por tanto, sí ha existido, a nuestro juicio, ese
maniqueísmo y ha existido, por qué no decirlo, la utilización política de
los fondos del PER jugando con las necesidades sociales de muchas
personas que vivían y viven en el ámbito rural andaluz y extremeño.

Ha hablado usted, señor Ministro, de la formación profesional. Para
nosotros éste es un asunto de extraordinaria trascendencia. Es notoria, y
usted lo ha reconocido y anunciado, la reforma del plan de formación
profesional, reforma en la que coinciden en su necesidad todos los grupos
de esta Cámara y así lo han venido manifestando. Creemos que es necesario
acercar mucho más el mundo de la empresa al mundo de la educación.

Estamos de acuerdo con aquellos grupos que han puesto en evidencia la
utilización y el abuso del contrato de aprendizaje, que en algunas
ocasiones ha sido utilizado más como sistema de contrato de mano de obra
barata que como un contrato de acercamiento de los jóvenes al mundo
laboral. En este sentido, será necesario adoptar medidas.

Es necesario apoyar las medidas de reinserción en el mercado laboral para
los colectivos más desprotegidos; en el tema de los minusválidos y de los
mayores de 45 años ya se han tomado medidas. La formación y la
cualificación son elementos de extraordinaria importancia, y por eso
también concedemos una extraordinaria importancia a la reforma del Inem.

Desde hace mucho ha sido reconocido en esta Cámara por el Grupo
Socialista y por el señor Griñán que el Inem se había convertido en un
mero intermediario del pago de prestaciones. Es más, el señor señor
Griñán decía textualmente que el Inem no llegaba a realizar el 10 por
ciento del total de las colocaciones y, respecto al resto de sus
actividades, que lo único que hacía era gestión burocrática. Hubiera sido
deseable que durante estos dos años hubieran aceptado las propuestas de
resolución que nuestro grupo parlamentario ha ofrecido en distintos
debates sobre el estado de la nación solicitando la revisión y la reforma
del Inem.

En cuanto al paquete legislativo que usted ha apuntado, estamos de
acuerdo. Entendemos que algunas de las leyes aprobadas durante la
anterior legislatura necesitan un desarrollo



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urgente de sus reglamentos, porque si no se hacen inaplicables, y en ese
orden va el desarrollo reglamentario que usted anuncia de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

Respecto al Pacto de Toledo --saltando a otro asunto--, nosotros dijimos
ayer, y lo hemos dicho siempre --lo ha dicho usted, lo ha dicho este
portavoz, lo ha dicho el Presidente del Gobierno--, que la intención de
nuestro grupo parlamentario y del Gobierno es ser leales al Pacto de
Toledo y aplicarlo. A mí me extraña que el señor Griñán diga ahora que no
está de acuerdo con la creación de una ponencia en el seno del
Parlamento, en el seno de la Comisión de Presupuestos, cuando
precisamente la decimoquinta recomendación del Pacto de Toledo hablaba de
la necesidad de establecer mecanismos de evaluación y seguimiento en el
Parlamento, no sólo en el Gobierno --de lo cual usted podrá hablarnos más
adelante--, sino también en el Parlamento. Por eso, no entendemos,
repito, que el Partido Socialista diga ahora que no están de acuerdo con
que se cree la ponencia. Nosotros entendemos que es el marco adecuado y
así lo vamos a proponer, y no sólo nosotros, sino el resto de los grupos.

Me parecer ver que lo que hay por parte del Grupo Socialista es un cierto
distanciamiento de ese consenso, de esa lealtad que todos hemos mantenido
antes, durante y después de la firma del Pacto de Toledo.

Respecto a política social, es indudable que es necesario y deseable
favorecer la iniciativa privada. El voluntariado y el asociacionismo
siguen siendo dos temas pendientes en cuanto a su desvinculación de la
financiación exclusivamente pública y, por tanto, el anuncio de la
búsqueda de sistemas de cofinanciación es un anuncio que consideramos
positivo.

También entendemos que es necesario el desarrollo de la Ley del
Voluntariado, aprobada en la legislatura pasada, y valoramos
positivamente las medidas anunciadas por parte del Gobierno y del señor
Ministro respecto a algunos sectores, sobre todo aquellas que hacen
referencia a mayores, mujeres, jóvenes, emigrantes, acceso a la vivienda,
etcétera.

En cuanto a la cooperación y ayuda al desarrollo y las organizaciones no
gubernamentales, pensamos que es necesario buscar una mayor calidad de
nuestra prestación, de nuestra ayuda oficial al desarrollo, para lo cual
es necesario el control y la evaluación de los programas que se realizan.

Solamente a través del control y la evaluación podrán modificarse algunos
programas que no son los más adecuados y que han sido financiados con
fondos públicos exclusivamente. En esto, nuestro grupo parlamentario
sigue defendiendo el respeto de los acuerdos de la Conferencia de
Copenhague, de Naciones Unidas, referente al asunto 20/20, es decir, que
la ayuda al desarrollo vaya dedicada a programas sociales en un 20 por
ciento a cambio de que también los fondos destinados por los gobiernos
perceptores alcancen en un 20 por ciento ese tipo de programas.

Creo, señor Ministro --y con esto termino--, que su exposición ha sido
bastante extensa; espero que todos los grupos tendremos ocasión de entrar
en el desarrollo de la misma. Le deseamos, por supuesto, el mayor de los
éxitos y el mantenimiento de los programas y propuestas que nos ha
permitido conocer hoy con su comparecencia. Este es uno de los
ministerios más importantes, aunque algunos lo pongan en duda. A mí quizá
me parezca el más importante, precisamente porque tiene que acometer la
solución del problema más importante que en estos momentos tiene España.

Confío en su éxito, que, estoy seguro, va a ser el éxito de todos los
grupos.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a los distintos portavoces, tiene la
palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Aunque inicialmente había solicitado una pausa para armonizar las
respuestas, dada la hora, es mejor avanzar en las respuestas a los
distintos argumentos.

Quiero empezar dando las gracias a todos los portavoces de todos los
grupos parlamentarios por sus palabras de bienvenida, por su deseo de
éxito en la gestión. Por el bien de los intereses generales esperemos
que, efectivamente, la gestión sea exitosa. La verdad es que las palabras
de bienvenida y felicitación han tenido distintas dimensiones, pero todas
ellas muy gratas, y para situar esas dimensiones quizá haya que
reflexionar sobre lo que significa una de las primeras afirmaciones del
señor Vaquero, que me calificaba como posible prisionero, para terminar
reflexionando sobre la afirmación de don Carles, que me situaba como
posible seductor. Entre esas dos dimensiones podemos situar la intensidad
de las felicitaciones, pero, en cualquier caso, muchas gracias por sus
palabras y deseos de éxito.

En segundo lugar, si estamos hablando del conjunto de la sociedad
española y de que el primer problema de la sociedad española, de la
sociedad europea, es sin duda el empleo, al final es muy difícil que eso
no se convierta en un debate sobre el conjunto de la sociedad. En este
sentido me gustaría hilar la afirmación hecha por el señor Vaquero y la
matización que hacía el señor Olabarría sobre esa afirmación. ¿Cuál es
realmente el problema? El problema es que hace falta crecer. El gran
problema que tenemos en España, a diferencia de otros países
industrializados, es que el crecimiento económico no se traduce
automáticamente, miméticamente, en creación de empleo. Ese tiene que ser
el objetivo del conjunto de las políticas del Gobierno: que el
crecimiento económico se produzca y se traslade a un crecimiento de
empleo.

Si me permiten, diré que en los últimos tiempos hay un segundo problema
añadido, al que yo hacía referencia, con la división. En el conjunto de
la sociedad tenemos una división dramática: aquellas personas que acceden
al mercado de trabajo y aquellas que no acceden. Hoy tenemos una segunda
división: aquellos que acceden al mercado del trabajo a través de un
empleo estable y aquellos que en este momento están perjudicados por un
empleo precario. Si me permiten, creo que podríamos situar en esas dos
perspectivas los grandes objetivos del Gobierno.




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¿Cuándo se habla de política de empleo y cuándo se habla de política
económica? Es difícil diferenciarlo y, desde luego, quiero señalar que
estos objetivos no son los objetivos del Ministro de Trabajo, sino del
Presidente del Gobierno y de todo el Gobierno. Tengo que decirle
cariñosamente a mi colega, el señor Griñán, que yo he tomado buena nota
de que no hay que adjudicarse los datos de empleo ni los de paro. Usted
decía que, tradicionalmente, los datos de empleo se los adjudica el
Ministro de Economía y los de paro se los adjudican al Ministro de
Trabajo. Yo tengo la esperanza de que, en ese aspecto, los datos de
empleo se los adjudiquemos a la sociedad y los de paro los compartamos,
en cuanto a preocupación, con la sociedad. Me parece que es devaluar el
papel de la sociedad, de los sindicatos, de los empresarios, de los
empleadores y de los trabajadores decir que es el Gobierno el único y
exclusivo responsable de la evolución económica. A mí me parece que
cuando hay empleo es que las cosas están funcionando bien; que
probablemente hay acierto en las medidas que toma un gobierno, pero
también hay que significar que hay empleo porque hay empresarios que
notan la confianza necesaria para invertir y porque hay también
trabajadores que están comprendiendo los problemas que tiene la inversión
en unos tiempos como los que corren.

Quiero decirle al señor Griñán, con toda sinceridad, que defiendo con
toda energía las medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros
y que se refieren al fomento del empleo y modernización de la economía.

Si queremos trabajar soslayando o aminorando el problema del paro en
España, sin duda hace falta que se mueva el dinero, que haya fomento de
la actividad económica y que haya fomento del empleo. Se han hecho dos
críticas básicas a las medidas que en su día aprobó el Consejo de
Ministros. La primera es que eran unas medidas pensadas para unos pocos.

Quiero decirle, con toda rotundidad, que no podemos aceptar esa crítica
bajo ningún concepto. ¿Por qué no podemos aceptarla? Porque plantearse
que la reducción del 95 por ciento en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, para cónyuges y descendientes, de viviendas y empresas
familiares son para unos pocos, es desconocer la realidad. No se puede
hacer esa afirmación cuando los propios sindicatos están reconociendo que
ha sido muy positiva la medida que se plantea en la redacción del 15 por
ciento en el sistema de módulos e incentivos y a los nuevos contratos
indefinidos. Y ahí tenemos un punto de encuentro entre las
reivindicaciones de sindicatos y de empresarios. Señorías, no se puede
decir que es una medida que afecta a unos pocos aquella que, recogiendo
una propuesta básica de Convergència i Unió, plantea la deducción de la
cuota de un millón de pesetas para aquellos contratos indefinidos que se
refieran a parados mayores de 45 años o a discapacitados. Eso no se puede
calificar como medidas para unos pocos.

El segundo gran argumento que se ha expuesto es que las medidas
planteadas por el Gobierno, al final, representaban una contradicción con
los planteamientos de restricción, pensando en Maastricht, porque
suponían un agujero fiscal. Pues bien, yo les digo, señorías, que tal
como se ha planteado la modificación del régimen de plusvalías; que tal
como se ha planteado la actualización de balances, con su correspondiente
peaje del 3 por ciento, el Gobierno está totalmente convencido de que no
se produce, en absoluto, una minoración de los ingresos. Y muy
especialmente, si alguien se refiere a las plusvalías, tenemos que decir
que en el pasado las plusvalías no han tenido ninguna significación
presupuestaria en los aspectos de ingreso. Eso lo reconoce cualquiera que
estudie los presupuestos.

El segundo aspecto que afecta a las medidas se refiere a la
liberalización de servicios y desregulación. Nosotros, desde el Gobierno,
estamos absolutamente convencidos de que estas medidas producen fomento
de la actividad económica, que la competencia produce fomento de la
actividad económica y que el resultante del conjunto de estas medidas va
a significar, para todos los ciudadanos, mejores precios y servicios de
mayor calidad. Estoy absolutamente convencido de que, cuando decimos que
desregularizamos suelo, estamos haciendo una brillantísima contribución a
la lucha contra la especulación que se ha producido en torno al suelo y a
la vivienda en España. Estoy convencido de que las medidas que se han
tomado en telecomunicaciones, en energía y combustible, al final van a
suponer mejores servicios y mejores precios para los ciudadanos. Al fin y
al cabo, lo que no se puede hacer es afirmar que el Gobierno, a estas
alturas, tendría que reconocer que sus medidas no han funcionado, cuando
apenas han transcurrido unos días, señorías, desde que adoptamos estos
acuerdos en el Consejo de Ministros. Yo soy Ministro desde hace muy poco
tiempo, y durante los primeros quince días, señorías, ya oí que el
Gobierno no hacía nada. Me temo que las críticas ahora van porque el
Gobierno hace mucho. En cualquier caso, el Gobierno está orgulloso y
satisfecho de las medidas que ha tomado y nos parece que, en nuestra
historia reciente, también económicamente suponen pasos muy importantes.

A estas alturas, el Gobierno ya le ha dicho a la sociedad española que
quiere cambiar la Administración, en línea de austeridad, el Gobierno ya
le ha dicho a la sociedad española que quiere mantener un diálogo social
profundo y el Gobierno ya le ha dicho a la sociedad española que quiere
liberalizar nuestra economía, manteniendo sectores estratégicos de la
misma --y ahí está el discurso de investidura del Presidente del
Gobierno-- para que haya más competencia y mayor actividad económica.

El señor Griñán se refería a un editorial de The Times en el que se
afirmaba «Adiós a la democracia social». Con toda sinceridad, cuando hay
un Gobierno que dice que está dispuesto a hacer recortes, que está
dispuesto a ser austero, pero que no va a tocar ni una peseta en los
gastos de protección social, no sé cómo se puede titular «Adiós a la
democracia social». El señor Griñán, para aseverar su afirmación, se
refería a que quienes habían escrito eso, eran personas muy objetivas, y
ha dicho textualmente que eran personas ajenas a la propia realidad.

Desde luego, a mí me parece que hay que estar ajenos a la propia realidad
para titular «Adiós a la democracia social», por las medidas que el
Gobierno adoptó en su día.

Le quiero decir también que comparto su preocupación por lo que
significan nuestras tasas de temporalidad. Tengo



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que decir a SS. SS. que el primer trimestre de 1996, no siendo un buen
trimestre en crecimiento económico, sólo un 2 por ciento (España --y
volvemos al debate anterior-- está creciendo hoy por encima de la media
comunitaria; sin embargo, eso no tiene una repercusión directa sobre el
empleo), sí ha habido una ligera disminución en la tasa de temporalidad,
y me parece, sinceramente, que eso es positivo. Pero tengo que decir eso
sin ningún ánimo de triunfalismo, porque creo que es un dato muy puntual,
que traslado a SS. SS., pero que en ningún caso es significativo para que
nos lleve a ningún tipo de alegría.

Habla el señor Griñán de los intereses legítimos y de lo que significan
las presiones desde esos intereses legítimos. Yo quiero ser muy claro.

Los empresarios defienden intereses legítimos sectoriales, los sindicatos
defienden intereses legítimos y el Gobierno sólo defiende intereses
generales del conjunto de la sociedad. En ese sentido, si alguien
pretende presionarnos, estará en su pretensión legítima, pero el Gobierno
nunca se va a sentir ni prisionero --vive cómodo en sí--, ni se va a
sentir, en absoluto, presionado. El Gobierno no es correa de transmisión
de ninguna organización patronal y el Gobierno no es correa de
transmisión de ninguna organización sindical. Una periodista española muy
importante me preguntaba si me sobraban asesores. Usted sabe, señor
Griñán, que a un Ministro de Trabajo hay algo que no le falta, que son
asesores espontáneos permanentes. Pues con toda sinceridad le tengo que
decir que a mí no me sobran asesores. Todas las opiniones las estudio,
pero no me siento vinculado por las opiniones, no me siento presionado
por las opiniones, porque la misión de un Gobierno es defender
exclusivamente los intereses generales de los ciudadanos.

El señor Griñán ha hecho referencia a algunas afirmaciones del señor
Aznar y del señor Rato, cuando él ponía en cuestión tomar una serie de
medidas, dejándolas en suspenso, del posible diálogo social. Con toda
sinceridad, creo que en las anteriores etapas se han hecho esfuerzos en
torno al diálogo social, pero me parece que las anteriores etapas no son
ejemplares en el diálogo social y en sus resultados. Así que todas las
sugerencias que ustedes me planteen en torno al diálogo social, yo las
voy a estudiar con mucha profundidad, pero ya les anticipo que creo que
no son ustedes los mejores maestros en esa materia, si nos atenemos a lo
que han significado los últimos años en la relación con los sindicatos y
con los empresarios. Ya sabe el señor Ministro que cuando uno viene a
estas comparecencias, siempre hay alguien de su gabinete que le prepara
frases contradictorias de intervenciones en las Cortes, en los medios de
comunicación, que su adversario político puede plantear en el debate.

Tengo aquí todas estas frases de S. S. --me da la impresión de que estas
carpetas se incrementan en relación directamente proporcional al tiempo
que uno está en el cargo--, pero yo no voy a referirme a esas
contradicciones que se han puesto de manifiesto. Sí le digo que es
voluntad decidida del Presidente del Gobierno, y voluntad decidida de
todo el Gobierno, en dos direcciones. El Gobierno gobierna siempre: el
Gobierno está estudiando propuestas que afectan al mercado de trabajo; el
Gobierno está estudiando las potencialidades de la reforma anterior --y
estoy de acuerdo con el señor Olabarría en que no se han desarrollado
todavía con eficacia--; el Gobierno está todos los días trabajando y
estudiando propuestas. Ahora bien, el Gobierno tiene mucha confianza en
las organizaciones sociales; cree que las organizaciones sociales en
España son muy maduras. Antes he dicho que el Gobierno no es correa de
transmisión de sindicatos y de empresarios, pero a mí me parece --y
quiero significarlo en esta Comisión-- que es muy positivo que el
sindicalismo en España sea cada vez más autónomo; que es muy positivo que
el sindicalismo en España no sea un sindicalismo claro de partido --eso
es muy positivo--, y creo que le hemos dado un ejemplo claro a la
sociedad. Había quien alentaba los prejuicios ideológicos, quien decía:
¿Cómo con un Gobierno de derechas...? Por cierto, yo pertenezco a un
Gobierno centrista y a un Gobierno reformista. Tambien algún asesor nos
dice siempre que somos un Gobierno de derechas conservador, pero será la
opinión de un asesor. Yo pertenezco a un Gobierno centrista y a un
Gobierno reformista. Pues bien, se ha alentado que no hubiera diálogo
desde prejuicios ideológicos, entre los sindicatos y un Gobierno
centrista y reformista. Afortunadamente, el diálogo se ha puesto en
marcha y se está demostrando, como se ha demostrado en la transmisión de
funciones, que en España tenemos unas organizaciones sociales
extremadamente maduras. El Gobierno confía en los posibles acuerdos que
adopten esas organizaciones sociales. Y digo más. Si en la mesa de
mercado de trabajo se analizan los temas sin considerar ninguno de ellos
como tabú, si en la mesa de mercado de trabajo no se centra el debate,
exclusivamente, sobre las banderas de las partes, estoy convencido de que
el diálogo puede ser fructífero.

Se han referido, en muchas de sus intervenciones, al Instituto Nacional
de Empleo. Aquí tengo que significar, con toda claridad, que en los
últimos años el Instituto Nacional de Empleo, en mi opinión, no ha
funcionado como debería y que, paulatinamente ha ido perdiendo peso,
sobre todo en la función de intermediación. El Instituto Nacional de
Empleo ha estado demasiado centrado en lo que significaban las
prestaciones en las políticas pasivas y ha ido perdiendo, según todos los
datos, peso en la función de intermediación.

Pues bien, si este Gobierno dice que está dispuesto a analizar en
profundidad las transferencias en políticas activas y si a la vez dice
que está pensando el traslado de las prestaciones por desempleo al
Instituto Nacional de la Seguridad Social, efectivamente, señorías, hay
que plantearse el futuro del INEM y la construcción de un nuevo sistema
de empleo en el Estado. En este sentido, les quiero decir lo siguiente.

El señor Olabarría se refería a las empresas de trabajo temporal si mal
no recuerdo; se refería también a las agencias privadas de colocación, y
preguntaba qué componente publicista --creo fue lo que dijo, yo prefiero
decir público si me lo permite-- deberían tener los servicios de empleo.

En mi opinión, tiene que existir un servicio público de empleo; tiene que
haberlo. Y entre todos tenemos que diseñar en España un servicio integral
de empleo mucho más moderno. Además, creo que hay un



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elemento base para ese diseño, que es la actualización del programa
nacional de formación profesional. Como he garantizado al principio, con
la presencia de las comunidades autónomas en el Consejo General de la
Formación Profesional, tenemos un instrumento y un vehículo
extraordinarios para diseñar ese futuro servicio integrado de empleo, que
necesariamente tiene que tener una gran coordinación con las comunidades
autónomas y que necesariamente tiene que estar en perfecta sintonía con
lo que significa el servicio europeo de empleo, pensando en lo que va a
ser una realidad: el mercado de trabajo en Europa. Me gustaría que
trabajáramos juntos en el diseño y he pedido específicamente a los
sindicatos y a los empresarios que abordemos esa cuestión. Tienen que
entender que es lo que significan los diseños futuros. El Gobierno debe
plantear dos planos: la conversación con los agentes sociales y la
conversación institucional con las comunidades autónomas o los
ayuntamientos, dependiendo del asunto de que se trate. Pero que quede
claro: servicio público de empleo, sí; necesario un servicio integrado de
empleo, también, y, desde luego, renovación de lo que significa
actualmente el Instituto Nacional de Empleo.

Creo que, dentro del ámbito de lo que es la ideología socialista, tampoco
llamarán mucho la atención las propuestas que estoy haciendo. Y no
llamarán mucho la atención porque en el Ministerio de Trabajo, en la
etapa anterior, hubo un proceso de negociación con las comunidades
autónomas en esta dirección. Tenemos que decir que ese proceso de
negociación no dio resultado fecundo, pero lo cierto es que el Ministerio
de Trabajo, en la etapa anterior, no fue ajeno, en absoluto, a la
posibilidad de transferencia de las políticas activas. Y de hecho eso ha
formado parte de la leal transmisión de funciones de que he sido objeto
por parte del señor Griñán. No falto a la lealtad, en absoluto, pero ha
formado parte de lo que ha sido la transmisión de funciones.

Además, tengo que significarle que en comunidades autónomas tan
importantes y tan queridas para mí como Andalucía, en la tabla de
reivindicaciones que se plantea hacia el Gobierno también está la
transferencia de las políticas activas. Por tanto, no creo que desde
ningún ámbito ideológico se pueda uno llevar las manos a la cabeza
porque, como muy bien ha dicho el señor Griñán en su intervención
anterior, ya en 1993 --y tuvo reflejo en la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos, si no me corrigen-- se planteó por parte del Departamento
el traslado de las prestaciones por desempleo al Instituto Nacional de la
Seguridad Social. En este caso de lo que estamos hablando es de un diseño
futuro, de mayor firmeza del Gobierno en la toma de decisiones, pero,
desde luego, no de cuestiones que puedan resultar extrañas en el ámbito
de esta Comisión o ajenas a lo que ha significado el último devenir del
Gobierno anterior.

Plan de Empleo Rural. Como decía el señor Griñán, vulgarmente se habla
del Plan de Empleo Rural, pero en realidad se está hablando de tres
cuestiones bien distintas. Se está hablando del plano de la formación; se
está hablando de las obras PER vinculadas a las posibles peonadas, y se
está hablando del subsidio. Yo quiero ser muy claro: el PER tiene que
mantenerse. El PER tiene que modificarse. El PER tiene que vincularse
mucho más a la formación. El PER tiene que vincularse mucho más a las
políticas activas de empleo en otras direcciones, que comentaré ahora. Y
tengo la obligación con los sindicatos de revisar el sistema, porque el
sistema produce fraude. Hay un diagnóstico unánime sobre que el sistema
produce fraude. Otra cosa distinta será si hay unanimidad o no a la hora
de hacer propuestas para modificar el fraude, pero el diagnóstico de que
el actual sistema produce fraude es evidente por parte de todos. Hay
quien propone la supresión total de las peonadas; hay quien propone que
trabajemos en otra dirección. En cualquier caso, será necesaria la
negociación con los sindicatos, oír a las organizaciones agrarias y oír a
la Junta de Andalucía y a la Junta de Extremadura en esta materia,
diciéndoles también lo siguiente: el PER ha sido un elemento de
equilibrio de rentas agrarias --lo que se conoce como PER, perdonen SS.

SS., porque tiene tres patas como decía--, el PER ha sido un elemento
importante para que mejoren los servicios y la calidad de las
infraestructuras en los municipios andaluces y extremeños, pero el PER no
ha sido ningún elemento que sirva para reducir el desempleo en el ámbito
rural ni para crear empleo en el mismo. He ahí la cuestión pendiente.

Para mí es muy importante, y creo que debería ser un compromiso de todos,
pues tanto en la Comunidad Autónoma de Andalucía como en la Comunidad
extremeña llevan muchos años anunciando lo que ellos califican como
planes de desarrollo rural. Sería muy importante que en esa conversación
leal entre las Administraciones nos pusiéramos de acuerdo en qué futuro
PER queremos y en qué futuros planes de desarrollo rural se pueden poner
en marcha en Andalucía y en Extremadura.

Pacto de Toledo. Creo que hay unanimidad. Tenemos que trabajar en la
dirección de las 15 recomendaciones acordadas. Y quiero tranquilizar al
señor Griñán: fondos de pensiones, Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo
apoyaba el tema del Fondo de Pensiones y no nos vamos a salir de él.

Ahora bien, sí le pediría algo. Estamos hablando de un asunto de fondo.

Estamos hablando de un asunto que afecta --creo-- al sistema de pensiones
en estos momentos y en el próximo siglo. Yo le pediría que por una
cuestión de forma no introduzcamos elementos de ruptura en el consenso.

Me explicaré.

En mi opinión, el Pacto de Toledo debe negociarse, simultáneamente, en
dos ámbitos. Para el Gobierno tiene el máximo interés el consenso
parlamentario en torno al Pacto de Toledo, pero para el Gobierno también
tiene el máximo interés la negociación con los sindicatos. No tenemos
tiempo, señorías, si queremos que algunas de las medidas del Pacto de
Toledo estén en vigor en 1997. Por eso les pediría que simultaneemos la
negociación política parlamentaria con el diálogo social. Les pido que no
rompamos un debate de fondo por una cuestión de forma.

Señorías, hay medidas del Pacto de Toledo que no tienen que venir a
tramitación parlamentaria. Son medidas del Gobierno. Algunas de ellas se
refieren a la morosidad, por citar algún tipo de ejemplo. También hay
medidas que requieren un tratamiento legislativo. Yo le quiero devolver



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el guante: no descarto que tengamos un proyecto de ley como usted
solicita; no descarto que se introduzcan algunas medidas en la ley de
acompañamiento, y no descarto que, previo consenso, tomemos medidas en el
ámbito administrativo, en el ámbito reglamentario. Pero sí pediría a S.

S., si es posible, que no nos centremos en la cuestión de forma de la
tramitación parlamentaria como una cuestión que, en principio, vaya a
marcar una ruptura en el camino del Pacto de Toledo. Y ya le digo que el
Gobierno no descarta que haya un proyecto de ley específico. Lo que sí
aplaude con toda contundencia el Gobierno es que haya una ponencia para
discutir esos asuntos; que haya un ámbito para discutirlos en el
Parlamento. (El señor Griñán Martínez: En esta Comisión.) Me dice el
anterior Ministro que aquí, en esta Comisión, pero no vamos a romper el
diálogo sobre si la ponencia es en la Comisión de Presupuestos, ¿no?,
estamos hablando de una cuestión muy seria. Si la mayoría de los grupos
parlamentarios entienden que el ámbito de discusión es la Comisión de
Presupuestos, al final dejamos usted y yo, si quiere, para un seminario
de fin de semana, si debe ser aquí o en la Comisión de Presupuestos, pero
lo importante es que se contemple el asunto y que las cuestiones de forma
no nos impidan abordar las cuestiones de fondo.

Ministerio de Asuntos Sociales. Coincido al 100 por cien con don Pedro
Vaquero en las afirmaciones que ha hecho. El asunto no es si hay
absorción; el asunto es si las políticas se mantienen. El asunto es si la
fusión administrativa conlleva la desaparición de las políticas, y en ese
sentido, señorías, tienen ustedes precedentes para todo. Hay gobiernos
autonómicos que tienen consejerías de asuntos sociales separadas;
gobiernos autonómicos que tienen consejería de bienestar social;
gobiernos autonómicos que tienen esa consejería junto con otras;
gobiernos autonómicos que hacen coincidir esa consejería con la de
trabajo; gobiernos autonómicos que hacen coincidir esa consejería con la
de educación y cultura. Hay todo tipo de precedentes, pero me parece que
no es de recibo la afirmación de que haya una renuncia a las políticas
sociales porque se produzca la fusión de dos ministerios. Si aceptáramos
esa afirmación, por parte de alguien, llegaríamos a la conclusión de que
hasta que el anterior Gobierno no decidió la creación del Ministerio de
Asuntos Sociales no tuvo política de asuntos sociales. Claro que la tuvo,
aunque no tuviera Ministerio de Asuntos Sociales. Les digo aquí en
privado que me parece sabia la decisión de la vinculación al Ministerio
de Trabajo, pero siempre he entendido las políticas de asuntos sociales
sobre todo como políticas en torno a la desigualdad, y realmente la
desigualdad donde se produce es en origen, en torno a la formación, en
torno a la educación, en torno a la cultura. Creo que hay un debate
abierto sobre si los asuntos sociales deben estar vinculados a trabajo o
también tienen una ubicación acertada en lo que significan las áreas de
cultura, las áreas de educación de un gobierno.

Confieso con toda sinceridad que no estoy satisfecho con la ubicación que
tiene en este momento la antigua Dirección General de Migraciones, y es
un tema que tenemos en estudio en el Gobierno y en el Ministerio. Esa
Dirección General de Migraciones fue objeto de supresión en el ámbito del
primer acuerdo del Consejo de Ministros, que planteó la reducción de
muchos centros directivos. Tomé la decisión de que estuviera vinculada a
la Dirección General de Trabajo. No consideré acertado que estuviera
vinculada a la Dirección General de Acción Social. Me pareció mejor
vinculada al ámbito de trabajo, pero les digo con toda sinceridad que
estoy abierto a cualquier sugerencia porque considero que ese asunto no
está bien cerrado.

Creo que hoy tenemos un marco excelente de diálogo con los emigrantes
españoles a través del Consejo General de la Emigración, que tenemos un
marco excelente a través de los respectivos CRES en torno a las ciudades
más importantes y que tenemos que trabajar mucho en política de
emigración. El hecho de que las comunidades autónomas desarrollen
políticas de emigración no debe ser en absoluto obstáculo para que haya
política estatal de inmigración. Eso a mí me parece muy importante y creo
que el asunto no está resuelto, reconociendo que nuestro país en los
últimos años tiene que resolver problemas en torno a la inmigración. No
está bien resuelto el asunto y esperamos resolverlo.

Respecto a las cuestiones que ha planteado don Pedro Vaquero, ya he hecho
algún comentario sobre la prisión, y quiero decirle una cosa muy clara.

Usted ha dicho que yo tengo fe en el crecimiento de empleo, en el
crecimiento económico, y que se convierta el crecimiento económico en
crecimiento de empleo. Más que fe, lo que tenemos es un objetivo. No es
una cuestión de fe a la que probablemente usted haya seguido tras la
primera apelación en torno a Santa Teresa. No se trata de una cuestión de
fe, sino que más bien se sitúa en un gran objetivo del Gobierno.

Ha hecho alguna referencia a la creación de empleo y a la solidaridad.

Creo que el gran reto de las sociedades modernas es la vinculación de la
competitividad con la solidaridad. Ha hecho alguna referencia a la
flexibilidad y también a la moderación salarial. A mí me parece --y entro
en parte en la contestación que tenía que dar al señor Olabarría-- que
son dos elementos fundamentales. Creo con toda sinceridad que es un error
ceñir el debate del mercado de trabajo al abaratamiento del despido. Hace
falta un debate global, un debate mucho más amplio, y ya les anticipo que
en ese debate global y amplio a mí la flexibilidad, la mayor capacidad de
las empresas en la organización de su actividad productiva, el
fortalecimiento de la negociación colectiva tras la derogación de las
viejas ordenanzas y el capítulo que hace referencia a la moderación
salarial, me parece un elemento muy importante. El actual Gobierno y la
sociedad española tienen que contemplar con mucha atención la afirmación
de los sindicatos en el sentido de que están planteando sacrificios
importantes en el crecimiento de los salarios. Creo que es importante
vincular ese crecimiento de los salarios a la productividad y, sobre
todo, que funcionaría bien la relación moderación salarial-empleo
estable-empleo indefinido. Esa es una línea interesante en la que tenemos
que trabajar y así lo van a hacer las organizaciones sociales en el
diálogo que tienen emprendido.

Creo que se aprende siempre en la vida. Cuando se es ministro se aprende
--hay que hacer un PPO acelerado--



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especialmente porque uno, sobre todo, tiene que medir mucho que las
afirmaciones que se hacen cuando uno está en la oposición no tienen la
misma dimensión que cuando se está en el Gobierno. Sobre todo hay una
cosa más que medir, y es que a veces cuando se hace una mera descripción
de la realidad por parte de un ministro, eso a continuación puede ser
interpretado no como la descripción de una realidad, sino como la
intención de un ministro. Sobre ese tema he contestado a una pregunta,
según los datos que poseía, en el sentido de que en España teníamos el
despido más caro de Europa. Tenga en cuenta que en mis niveles
autocríticos mediré un poco más las respuestas en el futuro. La mera
descripción de la realidad se puede convertir, en la interpretación de
algunos, como una intención, y le quiero decir que la base de mi
afirmación ha estado en un informe hecho por la Dirección General de
Previsión y Coyuntura, en octubre de 1995. Estamos trabajando sobre ese
asunto y me parece muy positivo que el CES, como usted ha dicho, estudie
la cuestión y, desde luego, que quede una cosa clara, y es que el
Ministro de Trabajo ha hecho esa afirmación. No voy a desmentir a ningún
periodista, por cierto muy prestigioso en este caso. Lo que sí digo es
que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno no tienen ningún compromiso de
abaratamiento del despido, ni en el debate de investidura, ni en el
programa electoral, ni en el programa de acción de gobierno. También
afirmo que creo que no sería bueno que en el diálogo sobre el mercado de
trabajo ningún asunto dejara de abordarse por considerarse un tema tabú,
pero creo que ese diálogo debe ser global y no sectorial.

En cuanto al PER, creo que he contestado anteriormente. Aparte de lo que
se ha dicho, usted ha hecho una referencia muy importante: debate
comisiones comarcales, debate comisiones locales. Ese es un asunto muy
importante que marca la posible modificación del control en el futuro. Yo
le quiero ser muy sincero, el PER se va a mantener. Hay muchas personas
que han dicho en el pasado en mi tierra que el PER lo daba don Felipe
González. Yo no tengo el objetivo de que digan que el PER lo da José
María Aznar ni el Ministro de Trabajo, Javier Arenas. Yo tengo el
objetivo de que el PER sea neutro políticamente y que deje de ser un
instrumento de política partidista. Cuando estamos hablando del PER
estamos hablando de personas que están en el paro, de personas que tienen
índices de pobreza muy altos, y la dignidad de esas personas nos debe
llevar a no considerar el PER un instrumento político, se llame como se
llame en el futuro, porque hoy está distorsionado incluso el nombre.

Estamos hablando de PER y son tres fenómenos distintos. Hay también un
hecho muy importante. A mí como andaluz me duele que algunas personas
hayan utilizado el PER para desprestigiar a Andalucía. Incluso habrá que
estudiar el cambio de ese nombre con los nuevos enfoques que el
Ministerio quiere darle a ese Plan de Empleo Rural en el futuro.

Por lo que se refiere al señor Vaquero, creo que le he contestado, aunque
de salto en salto, básicamente a las preocupaciones que me había
sugerido. Me ha hecho usted también el alegato en torno a las presiones
en dos sentidos. Yo le confieso que me he dado cuenta muy rápido de que
las presiones son en dos sentidos, pero una cosa es que se tenga
intención de presionar y otra es sentirse presionado, y yo, con toda
sinceridad, no me siento presionado. Quiero decirle que yo pertenezco a
un Gobierno centrista y reformista, y creo que ésa va a ser la pauta de
comportamiento de todo el Gobierno y es la línea que marca su Presidente.

Le agradezco su intervención al Diputado señor Vázquez, del Bloque
Nacionalista Galego. Comparto la globalidad de la intervención en lo que
hacía referencia a la internacionalización de la economía y a la
vinculación empleo-economía, y le agradezco el tono de la misma.

Con respecto a don Paulino Rivero, de Coalición Canaria, le agradezco sus
palabras de felicitación por las medidas que hemos tomado. A S. S. le
preocupaba la conferencia sectorial de trabajo, y quiero decirle que está
previsto constituirla en el mes de julio. Sí estaba funcionando --como he
dicho anteriormente-- la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y la
Conferencia de la Mujer. Cuenta con mi opinión favorable el plan
concertado de servicios sociales, al que ha hecho también referencia en
su intervención.

Quiero aprovechar este momento, ya que me habla usted del plan concertado
de servicios sociales, para decir que una de las razones que ha llevado a
la fusión de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales es la
situación de transferencias que afectan a esas políticas. Tengo que
manifestar que prácticamente todo el Ministerio antiguo de Asuntos
Sociales ha sido objeto de transferencia a las comunidades autónomas y
que quedan muy pocas competencias en lo que es la Dirección General de
Acción Social, Menor y Familia; del Instituto de la Mujer prácticamente
no quedan competencias; en el Instituto de la Juventud, salvo la
coordinación, prácticamente no quedan competencias en materia de
relaciones internacionales; el Inserso está prácticamente transferido. A
este Ministro le toca ahora estudiar con mucha profundidad el papel en el
futuro del Inserso, pero básicamente las políticas están transferidas.

Digo esto también como argumento de aval a la decisión de la fusión de
ambos Ministerios.

Por lo que se refiere al Plan Integral de Empleo, he hecho referencia al
cumplimiento íntegro de los compromisos del pacto de investidura y del
pacto de gobernabilidad. Ese Plan Integral de Empleo tiene un consenso
muy amplio en Canarias y va a contar con el apoyo y el respaldo del
Gobierno. Sabe que ya hemos tenido las primeras conversaciones con
miembros del Gobierno canario y que mantendremos esa relación muy fluida.

Con respecto a la intervención de don Emilio Olabarría, le agradezco
también, por supuesto, el tono de la misma, así como la felicitación. Le
he contestado parcialmente a lo que significa qué entendemos por
modernización del mercado de trabajo: flexibilidad y fortalecer la
negociación colectiva. Le tranquilizo a usted y al señor Vaquero, que lo
planteó anteriormente, en cuanto al contrato en práctica y de
aprendizaje. La orientación de la reforma va en dirección Seguridad
Social, en dirección protección social y en dirección formativa. Tenemos
el documento hecho y yo les pido excusas porque el Gobierno en este
momento no quiere plantear propuestas de modificación contractual



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mientras esté abierto el diálogo social entre sindicatos y empresarios.

Creo que tenemos que trabajar en la movilidad funcional de manera muy
significativa.

Creo que es importante para el futuro estudiar las causas en la extinción
laboral, y creo que es muy importante que estudiemos cualquier tipo de
propuesta que se plantee.

Es muy novedosa y de mucha polémica pública la propuesta de contrato
estable que viene de la mano del Conseller Farreras en Cataluña; la
estamos estudiando; la encontramos inconvenientes jurídicos y la
Generalitat --y yo lo agradezco mucho-- ha tomado la decisión de no
plantearla formalmente al Gobierno en apoyo del diálogo social. Quiero
hacer público mi agradecimiento a la Generalitat por esa decisión que ha
tomado.

Comparto lo dicho por el señor Olabarría en torno al derecho de huelga y
creo que la ubicación es el pacto social y no someternos a espectáculos
anteriores de traer, marcha atrás, etcétera.

He dicho anteriormente cumplimiento escrupuloso de los pactos de
investidura y gobernabilidad. Con eso resuelvo una de las cuestiones que
ha planteado relativa a las políticas de formación.

Coincido con usted también al cien por cien en que las políticas de
formación tienen que verse de forma integral, y en ese sentido hemos
empezado ya reuniones de coordinación, fundamentalmente con el Ministerio
de Educación. No tiene sentido que haya diversos tipos de formación en
marcha en estos momentos desde orientaciones que no estén coordinadas.

Ha hecho algún calificativo extraordinariamente duro con respecto al
Forcem; ha calificado su postura prácticamente de delictiva. Yo a usted
le respeto mucho intelectualmente y seguro que va a mantener su
afirmación, pero me permitirá que no la comparta en ese calificativo y
que a la vez le diga que vamos a cumplir escrupulosamente los acuerdos
que tenemos planteados en torno al pacto de investidura. En ese sentido,
ya me he reunido con el Consejero Jáuregui y en los próximos días tendré
también reuniones con otros miembros del Gobierno.

Título VIII de la Constitución, transferencias de las entidades gestoras.

De todo lo que ha dicho usted en ese capítulo en lo que estamos más o
menos de acuerdo es en que el debate está muy inmaduro. La posición del
Gobierno es contraria, caja única de seguridad social. Comprendemos sus
alegatos en ese sentido. El Gobierno cree que su posición tiene también
un amplísimo respaldo jurídico, incluso a través de sentencias del
Tribunal Constitucional, y ahí sabe que no estamos en línea de acuerdo,
respetando yo mucho sus opiniones por cómo las formula y por quién las
formula.

Quiero decirle a don Carles Campuzano que ya no entro en la cuestión de
la seducción, que la hemos resuelto anteriormente. Que agradezco los
calificativos en torno al diálogo social. Que comparto con él que la
reforma de 1994 tiene potencialidades que aún no están desarrolladas,
sobre todo en el contexto de los acuerdos de los agentes sociales y de la
negociación colectiva. Que hay que reconocer que la posición de
Convergència i Unió ha sido muy importante en la deducción del millón de
pesetas para parados mayores de 45 años y discapacitados. Que tomo nota
de algunas medidas que ha planteado en torno a la capitalización del
desempleo, para estudiarlas. En el caso del Instituto Nacional de Empleo,
ya he resuelto anteriormente la política global, pero hemos tenido una
conversación amplia. Que vamos a tener en los próximos días una
conversación en Cataluña, en la que también espero saludar al President
de la Generalitat, y que desde luego vamos a cumplir escrupulosamente
todo lo que está en el acuerdo de investidura.

Es consciente de que, en los asuntos que ha citado, uno no está en los
acuerdos de investidura, que es el que se refiere al reconocimiento de
las prestaciones, y los demás están situados en el acuerdo de investidura
y los vamos a desarrollar. La idea del Ministerio es que, en el mes de
septiembre, haya ya algún paso claro, definitivo, en ese camino que
tenemos que emprender de diálogo institucional con los representantes de
la Generalitat. Ese es nuestro plazo, el mes de septiembre.

Ha hablado de la necesidad de la nivelación de los servicios básicos.

Creo que ésa es una reivindicación, no sólo de Cataluña, sino de muchas
comunidades autónomas, y que tiene que articularse en el ámbito del
Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Le aseguro que vamos a convocar una conferencia sectorial de asuntos
sociales en el mes de julio. Que en esa conferencia uno de los temas que
queremos tocar es el del 0,5 por ciento, que viene siendo una
reivindicación de algunas comunidades autónomas. Pronto tendré la
oportunidad, ya he visto al Conseller Farreras, de ver al Conseller Comas
para hablar también de esa cuestión.

Luego están las cuatro preguntas finales que me ha planteado. Sobre ley
de extranjería y nacionalidad debo decirle que no es una competencia
directa del departamento y que estamos trabajando en una comisión
interministerial con los Ministerios de Justicia e Interior. Quiero
decirle que vamos a plantear la renovación del plan del voluntariado; yo
he estudiado el debate anterior que se produjo con respecto a la ley de
voluntario anterior y estamos dispuestos a analizar posibles
modificaciones de la Ley del Voluntariado.

Con respecto a las parejas de hecho, tengo que decirle también con toda
sinceridad que hay un proyecto elaborado por parte de la Ministra
anterior y su equipo, que ese proyecto en la anterior etapa de Gobierno
no fue prioritario y que, en este momento, por parte del Ministro no se
considera como una prioridad dentro del departamento la regulación de las
parejas de hecho, que ya tienen algún reconocimiento a través de alguna
legislación y también a través de registros municipales y de registros
autonómicos. No se considera una prioridad dentro del departamento.

Con respecto al Comité de Empresas Europeo, que también lo ha planteado
como última cuestión, si no he tomado mal las notas, debo decirle que ahí
hemos heredado un trabajo muy importante del señor Griñán, hecho en la
etapa anterior; que en este momento se encuentra pendiente del dictamen
del Consejo de Estado y que esperamos solicitar la declaración de
urgencia en la tramitación parlamentaria para que, en la época que está
prevista, que



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es el mes de septiembre, tengamos la trasposición de la directiva en el
plazo establecido.

Muchas gracias, señor Presidente. Pido perdón por si he ido muy rápido,
pero, sobre todo, estaba pensando en el almuerzo de sus señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Estamos dentro del artículo 203 y, dada la excepcionalidad de la primera
comparecencia del Ministro, se abre un turno muy limitado en el tiempo,
dos minutos exclusivamente, para formular preguntas o pedir aclaraciones
sobre la información facilitada.

¿Algún portavoz quiere hacer uso de este turno? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Griñán.




El señor GRIÑAN MARTINEZ: Con la brevedad que me pide la Presidencia, no
tanto para hacerme dueño de mis propias palabras, ni tampoco para
contestar por alusiones al señor Hernando, que, sin duda, tras su larga
trayectoria en la oposición, ha venido aquí convencido de que quien
comparecía era yo, pero no comparecía yo, sino el Ministro, señor Arenas.

En todo caso, señor Ministro, sí le haré dos aclaraciones, en términos
generales, para manifestarle también en eso mi espíritu de colaboración.

Por ejemplo, el Pacto de Toledo. Sigo insistiendo: miren cómo ustedes han
presentado una proposición no de ley en la que piden que se acuerde crear
en la Comisión de Presupuestos una ponencia que tendrá por objeto recibir
información de las medidas que el Gobierno adopte. Las medidas que el
Gobierno adopte se verán en Comisión o en Pleno, no en una ponencia que
tenga que estudiar cosas. Por tanto, no podemos compartir esta
proposición no de ley, y se lo digo sinceramente; nada tiene que ver con
los acuerdos de Toledo en el seguimiento que se dijo que haría el
Parlamento. Por consiguiente, entiéndame lo que le quiero decir: diálogo,
todo el que quiera, pero no para que vengan aquí a una ponencia a ver lo
que ustedes han hecho ya.

En segundo término, le diré que las medidas económicas que han adoptado
son medidas económicas que darán el resultado que hayan de dar, y como
sobre eso no vamos a discutir, porque pertenece al futuro, simplemente le
diré que hay una contradicción entre lo que dicen ustedes de esas medidas
económicas y la previsión de empleo que hacen, que es lo que le he dicho;
hay una contradicción flagrante. Y ahí creo, señor Ministro, de verdad,
que le ha metido un gol el Ministerio de Economía haciendo unas
previsiones en el cuadro marco que nada tienen que ver con la realidad, y
lo va a ver usted. No se puede decir que esas medidas sean reactivadoras
simplemente porque se mueva el dinero; si el dinero se mueve muy deprisa
y se mueven muy deprisa los fondos de inversión, le aseguro que no se
crea empleo. No es así. Y las medidas de fomento de la contratación
indefinida sustituyen a otras anteriores. (El señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Arenas Bocanegra, pronuncia palabras que no se
perciben.) ¿Ah, son complementarias? Entonces, ¿van a dar el millón de
pesetas de desgravación, más las 500.000 pesetas por contrato indefinido,
más el 50 por ciento de las cotizaciones sociales? ¿O son sustitutivas?
Digo yo que cuando lo regulen será una cosa u otra, porque si no ahí
tenemos dos millones por cada contrato. Además, el efecto que tuvieron no
fue muy grande.

Tampoco pretende el Grupo Socialista, de ninguna manera, dar lecciones de
diálogo social. Simplemente he querido decirle que ustedes no creían en
el diálogo social al principio de la anterior legislatura; que ustedes al
principio de la anterior legislatura nos decían que no jugáramos a la
ocultación del diálogo y tomáramos decisiones. Lo que yo le estoy
diciendo es lo contrario: dialogue y no tome decisiones sino después del
diálogo, que es lo que usted ha dicho; es decir, no pongan en mi boca
cosas que yo no he dicho. Simplemente he recordado lo que ustedes decían
en su momento.

Nada más. Tendremos tiempo de vernos aquí, o en el Pleno, para ver cómo
van evolucionando las medidas que ustedes vayan adoptando. Sí me gustaría
que todas estas buenas intenciones se fueran viendo luego en decisiones
concretas que vayan adoptando a lo largo del tiempo. Si se traducen en
mayor crecimiento del empleo y en mejor protección social, estaremos de
acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Griñán.

El portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Vaquero,
tiene la palabra.




El señor VAQUERO DEL POZO: Con muchísima brevedad. Me siento no
contestado sobre el tema de las prestaciones por desempleo. Me gustaría
oír la orientación que va a tener el Ministerio.

Y, para terminar, quisiera comentarle una cuestión. Si yo le dijera a
usted que las subvenciones para crear empleo se las embolsa el empresario
y, al final, no se crea empleo, posiblemente el señor Olabarría me diría
que eso es un lapsus freudianoideológico. Pero no se lo digo yo, sino el
Presidente Chirac, y yo participo de esa susceptibilidad también. Yo creo
que por ahí no deben ir los tiros. En cualquier caso, es algo que someto
a su consideración para futuras medidas económicas y su participación
respecto a ellas.




El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
señor Olabarría, tiene la palabra.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Ministro, una aclaración sobre la Forcem.

Yo cuando califico actuaciones de delictivas o de presuntamente
delictivas --ésa es la expresión al uso y la pertinente-- lo estoy
haciendo desde una perspectiva muy clara. Usted sabe que hay un acuerdo
interporfesional en Euskadi que debe ser financiado con fondos que debe
transferir la Forcem, por mandato de la legislación laboral, por mandato
de la legislación presupuestaria. Cuando se incumple ilegítimamente y se
contradice un precepto que obliga a una transferencia de fondos, se está
produciendo lo que el Derecho penal llama y tipifica como delito, en
ocasiones --si así lo aprecia un juez-- retención indebida o ilegítima de
fondos. Desde esa perspectiva, esa concreta actuación de la Forcem --no
la actuación de la Forcem in genere-- pudiera resultar incluso delictiva.




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Quiero en todo caso quitar hierro y desdramatizar estas expresiones que,
no por el acaloramiento que esporádicamente puedan producir, nos deben
llevar a elementos de fricción que a nada conducirían. Yo lo que quiero
es que este tema se resuelva en el futuro, y ya he conocido su talante y
con esto me doy por satisfecho.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Si el señor Ministro quiere hacer uso de la palabra,
la tiene.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Con
mucha brevedad, señor Presidente. Quiero agradecerle la benevolencia que
ha tenido conmigo en toda la sesión.

Quiero decirle al señor Griñán que no se sorprenda por la intervención
del señor Hernando, porque los que hemos sido portavoces de la oposición
ya sabíamos que el portavoz del grupo mayoritario se dedicaba más a
nosotros que al compareciente. No le sorprenda, porque eso lo hemos
sufrido durante mucho tiempo.

También quiero decirle dos cuestiones que me parecen importantes. He
hablado antes de la reducción de modalidades contractuales. Otra cosa de
las que está haciendo en este momento el Ministerio es sistematizar todo
lo que significan bonificaciones a la Seguridad Social, lo que significan
subvenciones y desgravaciones fiscales para poder poner todo eso en orden
y no resulta fácil.

Y quiero dejarle clara una cuestión. El señor Rato y el departamento de
Economía no ha dicho que vaya a haber más paro en el año 1996. Lo que ha
dicho textualmente es que el escenario macroeconómico que habían diseñado
ustedes en la etapa anterior era extraordinariamente positivo y
extraordinariamente optimista. De hecho, le tengo que decir que, con el
crecimiento económico del primer trimestre de 1996, ya me contarán
ustedes a qué ritmo hay que crecer en el segundo trimestre y en el
segundo semestre para que se consiga el crecimiento económico que tenían
ustedes previsto. Eso es absolutamente inviable. Y le quiero decir a S.

S. una cosa. Si al final el gol que me ha metido el señor Rato consiste
en crear mayor empleo en el año 1996, le voy a pedir al señor Rato que,
de esos goles, nos meta goleada. (Rumores.) Sí, porque ustedes nos están
diciendo que lo que hemos hecho ha sido infravalorar el escenario
macroeconómico y de crecimiento para apuntarnos, posteriormente, el
resultado final. Eso nos están diciendo desde algunos ámbitos; a mí me lo
ha dicho en el Congreso un compañero suyo.

En segundo lugar, como bien sabe S. S., la encuesta de población activa
está sometida a revisión en este momento, y ése será otro de los temas en
los que incidan, como le demostraré con ocasión de cualquier pregunta
parlamentaria o de alguna comparecencia que usted me solicite.

Finalmente, quiero decirle al señor Vaquero que no me he referido
anteriormente a las prestaciones por desempleo, que le pido excusas, pero
que le adelanto que no hay ningún tipo de problemas en ese sentido. Hoy
hay un Instituto Nacional de Empleo, que presentó superávit en el año
1995, que no refleja los niveles de preocupación del año más alto de
cotizaciones, tanto en contributivas como en no contributivas, que fue en
1993 --si no me falla la memoria--; está ordenado, no tiene problemas
económicos, no está previsto alterar prestaciones por desempleo --le
tranquilizo en esa dirección-- y sí le digo que el año pasado, con motivo
de la prórroga presupuestaria, en el Instituto Nacional de Empleo se tomó
un acuerdo de no disponibilidad que afectó a 400.000 millones, y que el
superávit y los remanentes relativos al año 1995 no se incorporaron al
presupuesto de 1996. Por tanto, no tenemos un presupuesto tan fuerte como
el de 1995, pero le reitero que no hay ningún tipo de problema.

Para concluir, quiero agradecer, si me lo permite el señor Presidente,
las palabras y la intervención del portavoz del Grupo Popular, con las
que estoy totalmente de acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Gracias, señoras y señores Diputados.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.