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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 26, de 18/06/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 26
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET
Sesión núm. 2
celebrada el martes, 18 de junio de 1996
ORDEN DEL DIA:
Aprobación de la delegación en favor de la Mesa, a la que hace referencia
la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983,
en relación con el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los
Diputados. (Número de expediente 042/000004) (Página 354)
Aprobación de la celebración de las comparecencias de la señora Ministra
de Educación y Cultura. A propuesta de la Mesa de la Comisión, acordada
en su reunión del día 29-05-96. (Números de expedientes 213/000003,
213/000009 y 213/000032) (Página 354)
Comparecencia de la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil
de Biedma) para explicar la reforma educativa, temporalidad,
financiación, coordinación, posibles consecuencias derivadas e
intervención de los agentes sociales. A solicitud del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 213/000003)
(Página 354)
Comparecencia de la señora Ministra de Educación y Cultura para informar
de las previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento. A
solicitud del Grupo Socialista. (Número de expediente 213/000009)
(Página 355)
Comparecencia de la señora Ministra de Educación y Cultura para dar a
conocer las líneas generales y proyectos a desarrollar por su
Departamento. A solicitud del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 213/000032) (Página 355)
Comparecencia, a petición propia, de la señora Ministra de Educación y
Cultura, para informar sobre las líneas generales de la política de su
Departamento. (Número de expediente 214/000006) (Página 355)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
--APROBACION DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE HACE
REFERENCIA LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA, DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983, EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000004.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados. Vamos a
dar comienzo a la sesión que se sustanciará, como todos ustedes pueden
entender, de acuerdo con el orden del día que les ha sido previamente
remitido. Como dicho orden del día prevé la posibilidad de un acuerdo de
concesión de delegación a favor de la Mesa, que, en su caso, si alguno lo
solicitara, podría ser objeto de debate y de votación, es conveniente, si
a ustedes no les parece mal, que pasemos lista por si acaso hay alguna
señora o señor Diputado que son sustituidos en esta Comisión por algún
otro compañero de su grupo. A dicho fin le rogamos a la Secretaria de la
Mesa, doña Olga Mulet, tenga la amabilidad de pasar lista.
(Por la señora Secretaria de la Mesa se procede a dar lectura de la lista
de miembros de la Comisión, presentes y sustituidos.)
El señor PRESIDENTE: No habiéndose solicitado por ningún grupo la
sustitución de ningún Diputado, entendemos que está debidamente
constituida la Comisión y comenzamos a debatir el orden del día.
Como saben ustedes, la solicitud de comparecencia de cualquier autoridad
ante esta Comisión tiene que ser objeto de aprobación por la misma. Para
evitar tener que andar reuniendo a la Comisión para que así lo acuerde es
práctica habitual, y así se ha venido haciendo en todas las legislaturas,
solicitar desde la Mesa a la Comisión la correspondiente delegación para
que aquélla pueda llevar adelante esas comparecencias sin tener que
molestar a todas sus señorías. Dicha solicitud se hace en los estrictos
términos del siguiente acuerdo que se propone a sus señorías:
«A las reuniones de la Mesa, cuando se trate de comparecencias, se
convocará a los portavoces de los grupos parlamentarios representados en
la Comisión. Si hay acuerdo entre los miembros de la Mesa, oídos los
portavoces, sobre las comparecencias, se procederá inmediatamente a la
convocatoria de la Comisión para la correspondiente sesión. Si el acuerdo
mayoritario de la Mesa, oídos los portavoces, es contrario a alguna
comparecencia, el grupo parlamentario que ha promovido la solicitud
tendrá la legitimación para solicitar ante la Comisión que ésta avoque la
competencia delegada en la Mesa para decidir sobre esa comparecencia.»
¿Están claros los términos del acuerdo? (Pausa.) ¿Asienten SS. SS. a
prestar esta delegación a la Mesa, considera alguna de SS. SS. necesario
que se abra debate o discusión o se da por aprobada por asentimiento?
(Asentimiento.)
En ese sentido se da por aprobada.
--APROBACION DE LA CELEBRACION DE LAS COMPARECENCIAS DE LA SEÑORA
MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA. A PROPUESTA DE LA MESA DE LA COMISION,
ACORDADA EN SU REUNION DEL DIA 29 DE MAYO DE 1996. (Números de expediente
213/000003, 213/000009 y 213/000032.)
El señor PRESIDENTE: Como la Mesa no gozaba todavía de la facultad de
delegación que acabamos de aprobar y es la Comisión la que tiene que
decidir, entramos en el segundo punto del orden del día, que es la
aprobación de la celebración de las comparecencias de la Ministra de
Educación y Cultura con arreglo a la propia petición y la de aquellos
grupos parlamentarios que lo han solicitado. Lógicamente, esto se hace a
propuesta de la Mesa de la Comisión, acordada en su reunión del día 29 de
mayo pasado.
¿Están SS. SS. de acuerdo en que reclamemos la presencia de la señora
Ministra para evacuar el trámite? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
Por favor, tengan la amabilidad de avisar a la señora Ministra para que
ocupe su lugar en la Mesa. (Pausa.)
--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (AGUIRRE Y
GIL DE BIEDMA) PARA EXPLICAR LA REFORMA
EDUCATIVA, TEMPORALIDAD, FINANCIACION, COORDINACION, POSIBLES
CONSECUENCIAS DERIVADAS E INTERVENCION DE LOS AGENTES SOCIALES. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 213/000003.)
--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA PARA
INFORMAR DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU
DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 213/000009.)
--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA PARA DAR A
CONOCER LAS LINEAS GENERALES Y PROYECTOS A DESARROLLAR POR SU
DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000032.)
--COMPARECENCIA, A PETICION PROPIA, DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION Y
CULTURA PARA INFORMAR SOBRE LAS LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE SU
DEPARTAMENTO. (Número de expediente 214/000006.)
El señor PRESIDENTE: Nos informan que la ausencia de nuestra
Vicepresidenta, la señora Amador, no obedece al incumplimiento de sus
obligaciones parlamentarias, dado que se va a poner esto muy rígido, sino
que simplemente está retenida en el aeropuerto por razones de tráfico.
Por tanto, se incorporará en cuanto pueda. Hagamos esta aclaración en
beneficio de ella y en perjuicio de los incumplidores, si los hubiere.
Muchas gracias, señora Ministra, por su presencia aquí. Creo que, en
nombre de toda la Comisión, le puedo hacer patente nuestro reconocimiento
y nuestro afecto por su amabilidad al comparecer, y, en consecuencia,
tiene usted la palabra para proceder a explicar lo que le parezca
conveniente en cuanto a las previsiones y líneas generales a desarrollar
en su departamento.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, al comparecer en esta
Comisión para exponer las líneas fundamentales de la política educativa y
cultural del Gobierno, quiero ante todo expresar a SS. SS. mi voluntad y
la de los altos cargos del departamento de Educación y Cultura de
mantener las relaciones más estrechas y fecundas con esta Comisión. Me
parece obligado no sólo en estricto cumplimiento de las reglas del
sistema parlamentario, sino también porque, como tendré ocasión de
exponer a lo largo de mi intervención, son muchos y muy fundamentales los
problemas con que se enfrenta nuestro sistema educativo y nuestra vida
cultural, que nos demandan los acuerdos parlamentarios más amplios
posibles. Por otra parte, el Estado de las autonomías supone una gran
descentralización en materia educativa y cultural, lo que nos obliga a
todos los poderes públicos y a todas las fuerzas políticas, en el respeto
escrupuloso de nuestras respectivas competencias y atribuciones, a una
permanente coordinación de nuestras tareas, lo que a su vez exige un
permanente espíritu de compromiso. Si no fuera así, difícilmente podrán
los poderes públicos cumplir con eficacia sus deberes para con la
sociedad española. Y las Cortes Generales, como institución que
representa al pueblo español, deben ser en todo caso la sede privilegiada
del debate político para poder lograr los acuerdos pertinentes.
Yo creo, señorías, que todos los problemas fundamentales de una sociedad
moderna como la española, todos los que tiene planteados en materia
educativa y cultural han de ser abordados ante la opinión pública en esta
Cámara, con la máxima transparencia y con el mejor espíritu de alcanzar
los mayores compromisos. Nada que afecte al derecho a la educación, a la
libertad de la enseñanza, a la calidad del sistema educativo, a la
promoción de la igualdad de oportunidades, a la unidad básica del sistema
educativo o al progreso de la cultura o la comunicación cultural puede
ser ajeno a las preocupaciones de esta Cámara, y otro tanto cabe decir de
los desafíos científicos y tecnológicos o del desarrollo de la práctica
deportiva. Aquí debemos encontrar las mejores soluciones posibles en cada
momento al servicio de la sociedad española.
Quisiera comenzar por explicar una de las novedades de la composición del
actual Gobierno, que ha sido la fusión de los ministerios de Educación y
Cultura. Quería referirme brevemente a las razones que han impulsado a
adoptar esta decisión. Se trata de una opción que tiene sólidos
precedentes, que atiende a poderosas razones conceptuales y que responde,
creemos, a los perfiles del Estado de las autonomías. En el pasado, en
efecto, la acción cultural que desarrolló el Estado estuvo incardinado en
el Ministerio encargado de las competencias educativas. La Dirección
General de Bellas Artes fue el centro directivo que en el seno del
Ministerio de Instrucción Pública ejercía las tareas estatales para la
protección del patrimonio cultural y para el fomento de las artes y de
las manifestaciones culturales. Cultura y Educación forman un ámbito de
acción de los poderes públicos con tantas vinculaciones e implicaciones
entre sí que resulta enormemente operativo que estén presididos por la
unidad de acción de un departamento. Por eso, la fusión entre Educación y
Cultura no es una cuestión de ahorro presupuestario o administrativo sino
una exigencia de la racionalidad. Las políticas educativas, culturales,
científicas y deportivas son en definitiva una misma política global
dirigida a lograr que los españoles puedan ser capaces por igual de
enriquecerse intelectualmente. En definitiva, ni la cultura puede
concebirse sin una buena política educativa, ni la educación es separable
de su esencia transmisora del legado cultural.
Señorías, la nueva etapa política que en España acaba de comenzar debe
caracterizarse por un nuevo estilo de gobernar y de administrar que se
base en el talante de austeridad, de transparencia, de cercanía a los
ciudadanos y de diálogo. La Administración, también en las materias
propias del Ministerio, debe limitarse a emprender aquellas tareas que
los individuos y la sociedad por sí solos no son capaces de acometer. No
debemos, pues, interferir en las parcelas que al dinamismo de la sociedad
corresponden, sino limitarnos a cumplir, con la mayor eficacia, las
tareas que la Constitución y las leyes nos encomiendan, que no son
pequeñas y que hoy, desgraciadamente, no siempre se llevan a cabo con la
eficacia a que tienen derecho los ciudadanos.
La austeridad en el manejo del dinero de los contribuyentes va a ser una
obligación que nos impongamos con el necesario rigor, y a ello no sólo
nos fuerza la imperiosa necesidad de reducir las magnitudes económicas,
que como el déficit y la deuda ahogan nuestra economía e impiden nuestra
convergencia con las demás naciones europeas, sino que este Gobierno cree
firmemente que la Administración pública debe extremar la cautela en el
gasto, por la sencilla razón de que los fondos que emplea son recursos
que se detraen coactivamente a los ciudadanos, y ello nos exige evaluar
con exquisito cuidado la oportunidad y la necesidad de cada gasto y
asimismo vigilar con atención si éste produce o no los resultados que
perseguía.
Por otra parte, la distribución de competencias entre las distintas
administraciones del Estado reduce necesariamente el papel de la
Administración general del Estado, y por eso el papel del Gobierno y de
la Administración del Estado debe concentrarse en las tareas que, si bien
son fundamentales, no van a exigir en el futuro grandes estructuras
administrativas. Eso es lo que sucederá al departamento, especialmente a
la parte de Educación, que disminuirá significativamente su tamaño cuando
culmine el proceso de transferencias a aquellas comunidades autónomas que
todavía están pendientes de asumirlas.
Finalmente, la transparencia es el complemento necesario de la austeridad
en la actuación administrativa y en el gasto público, y la cercanía a los
ciudadanos y el diálogo con la sociedad es igualmente un punto de
referencia que considero imprescindible para la actuación de los poderes
públicos. El respeto por los administrados, la comprensión de sus
problemas y la voluntad permanente de no interferir en la libre
iniciativa individual más allá de lo estrictamente imprescindible serán
para este Ministerio criterios permanentes de comportamiento.
Se propone, además, este departamento, en el ámbito de sus competencias,
profundizar en el reconocimiento y la articulación de la realidad plural
de España, de las nacionalidades y regiones cuya autonomía está
constitucionalmente consagrada. El diálogo fecundo y eficaz con las
comunidades autónomas será una constante, en especial en las materias
educativas y culturales cuya transferencia está en curso o pendiente de
realizarse.
Señoras y señores Diputados, procederé a continuación a exponer las
líneas generales de actuación que me propongo desarrollar a lo largo de
esta legislatura en las materias propias del Ministerio de Educación y
Cultura. Intentaré trazar con suficiente claridad y detenimiento nuestras
políticas para los próximos cuatro años, sin perjuicio de que cada uno de
ustedes pueda en sus respectivos turnos formularme cuantas preguntas
considere oportuno, que intentaré responder con la máxima concreción y
con todo el detenimiento que la cuestión requiera.
Dado que la primera solicitud de comparecencia presentada en el Registro
de la Cámara por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya se refería a cuestiones educativas, me parece procedente
abordar en primer término esta materia.
Señoras y señores Diputados, cualquier política educativa debe partir de
un análisis de la realidad en la que nos encontramos. Me parece
indispensable exponer a SS. SS. los datos y los elementos que considero
más relevantes.
Comenzaré por resaltar que es justo señalar el enorme esfuerzo que
nuestra democracia ha realizado en favor de la expansión de la educación
en España. Al comienzo de la transición, hace ahora diecinueve años,
España todavía padecía un significativo déficit de puestos escolares que
hacía necesario emprender una vigorosa tarea de escolarización. Quiero
recordar el gran impulso dado en los años 1977 a 1979, gracias a los
pactos de la Moncloa, fruto del acuerdo de la mayoría de las fuerzas
políticas presentes hoy en esta Cámara y que permitió la creación de
800.000 puestos escolares en los niveles básico y medio.
Este esfuerzo de escolarización continuó en los años sucesivos hasta
lograrse, ya a comienzos de los años ochenta, unas tasas de
escolarización prácticamente del cien por cien en la enseñanza básica
obligatoria. En las enseñanzas medias la tasa de escolaridad también
experimenta un crecimiento altamente significativo a lo largo de los años
ochenta y del primer quinquenio de los noventa, hasta alcanzar en la
actualidad la práctica generalizada de la escolarización hasta los
quince, con una tasa cercana al 90 por ciento en la edad de los dieciséis
años.
También se muestra la gran expansión de la escolarización en el aumento
de la educación superior. El número de alumnos universitarios ha rebasado
ya la cifra del millón y medio, mientras que veinte años antes, tan sólo
en el curso 1975-1976, era de algo más de medio millón.
El esfuerzo realizado por los gobiernos de la democracia en materia
educativa se muestra también en la evolución del gasto público en
educación. Si en 1976 el gasto en educación representaba el 1,94 por
ciento del producto interior bruto, en 1993 alcanzaba el 4,75 por ciento
del PIB. Quiero hacer notar en este punto que al gasto público en
educación hay que agregar el gasto que realizan las familias, si queremos
saber realmente cuánto dinero dedica España a la formación, y el gasto de
las familias se sitúa en torno a los 919.000 millones, según datos
estimados por el Instituto Nacional de Estadística para el año 1995. El
gasto total nacional en educación es, por tanto, de 4,5 billones, es
decir, el 5,95 por ciento del PIB, que, en consecuencia, está casi en el
umbral del 6 por ciento del PIB.
Es cierto, sin embargo, que el crecimiento del gasto público educativo se
ha interrumpido en los años 1994 y 1995, años en los que ha descendido
del 4,75 al 4,68 y al
4,61 por ciento, respectivamente, como consecuencia de la política
presupuestaria que llevó a cabo el Gobierno anterior en los últimos años.
Y no traigo a colación aquí la quiebra del proceso de expansión del gasto
público educativo por un afán crítico a la conducta del Gobierno
anterior, sino para señalar que sería incorrecto o en todo caso injusto
acusar a este Gobierno de ser el responsable de limitar los recursos
presupuestarios dedicados a educación. Podemos debatir esta cuestión, y
la debatiremos seguramente en esta sesión o en aquella que quieran sus
señorías, pero lo que me parece obligado es pedir coherencia en este
aspecto a los grupos parlamentarios. Ciertamente que la política de
reducción del déficit público, que es una prioridad nacional, compartida
por la inmensa mayoría de los grupos de esta Cámara, ha afectado y va a
afectar a la evolución del gasto público educativo, y si ha condicionado
la política educativa de los dos últimos años, necesariamente la ha de
condicionar en los dieciocho meses que nos quedan para lograr el
cumplimiento de los criterios de convergencia. Lo que me preocupa, y a
ello me tendré que referir más adelante, es que algunas decisiones
adoptadas en los dos últimos años en materia educativa no han sido
coherentes, creo yo, con las exigencias de lucha contra el déficit
público que el propio Gobierno había adoptado.
Y quisiera referirme ahora, después del factor presupuestario, a lo que
considero el segundo factor que va a condicionar la política educativa de
los próximos años. Este no es otro que el factor demográfico. España,
como saben sus señorías, se encuentra inmersa en un profundo y
vertiginoso proceso de mutación demográfica derivado de la disminución
acelerada de nuestras tasas de natalidad y fecundidad que se inició en
los años setenta y que nos ha colocado ahora en el puesto número uno de
los países con el más bajo índice de natalidad del mundo. En virtud de
este proceso, ya en el decenio de 1982 a 1992, la población española de
tres a dieciocho años disminuyó en casi dos millones de personas, y en el
cuatrienio 1992-1996 la disminución ha alcanzado a 1.064.000 personas, y
de la situación actual de 1996 hasta el año 2000, vamos a perder otras
790.727 de entre tres y dieciocho años.
Es evidente que esta dinámica demográfica ha afectado ya y va a afectar a
la realidad de nuestro sistema educativo en el próximo futuro. La
sociedad española tiene que conocer estos datos y reflexionar sobre
ellos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística el descenso de
la población afecta a todas las comunidades autónomas, si bien de manera
desigual. Superan la media nacional de descenso las comunidades autónomas
de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia,
Madrid, Navarra, País Vasco y Rioja. En cuanto a grupos de edades, la
disminución mayor hasta el año 2000 corresponderá a las edades
comprendidas entre los doce a los quince años, es decir, precisamente a
quienes cursan la enseñanza secundaria obligatoria, que reducirá su
población en 328.646 personas. La disminución del tramo de edad entre los
dieciséis y los dieciocho va a ser también muy importante, pues supondrá
una pérdida de población de 309.280 personas.
Es evidente que estos datos que sucintamente les he expuesto y que no
quiero pormenorizar para no prolongar demasiado mi exposición constituyen
un condicionante básico de todas las decisiones que tengamos que adoptar
en el departamento, como también de las que adopten las comunidades
autónomas con competencias en gestión en materia educativa en los
próximos años. Debemos, en primer lugar, ser enormemente cuidadosos en la
previsión de los efectivos, tanto profesionales como en lo que a
instalaciones y medios materiales se refiere. Me parece obligada una
seria reflexión por parte de todas las administraciones educativas, y en
tal sentido me propongo plantear el asunto en el marco de la conferencia
sectorial de educación para coordinar al máximo posible los criterios de
programación de los próximos años.
En todo caso, quería adelantarles ya que me parece indispensable proceder
a una reconsideración de la red de centros, que tenga como finalidad
adoptar una dimensión acorde con las previsiones demográficas, y evitar,
en la medida de lo posible, que se produzcan excesivas concentraciones
que afecten a áreas demasiado extensas del territorio, especialmente en
el medio rural. Dadas las enormes diferencias de las condiciones
geográficas y de tipo de hábitat, no será posible adoptar criterios
rígidos y generales, sino que habrá que actuar con la máxima
flexibilidad, teniendo en cuenta siempre la opinión de las comunidades
autónomas afectadas. Atender a las características de la España urbana y
de la España rural obligará, a mi juicio, a soluciones de carácter
diverso, porque en todas ellas debemos siempre hacer lo posible para que
las exigencias de la calidad de la enseñanza no supongan una merma en la
calidad de vida.
Señoras y señores Diputados, en los próximos años España se enfrenta con
un reto importante en materia educativa, la progresiva implantación del
nuevo sistema educativo, aprobado por esta Cámara hace seis años en
virtud de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo,
Logse. Seis años después de la aprobación de esta reforma se ha aplicado
ya hasta el precedente curso en toda la enseñanza primaria, y en el curso
1996-1997 procederá la implantación generalizada en el primer curso de la
enseñanza secundaria obligatoria.
Ustedes saben que mi partido no aprobó en aquel momento la ley y que
formuló críticas a algunos de sus planteamientos y a la inexistencia de
una financiación suficiente. Nos encontramos ahora en la mitad del camino
de la puesta en práctica de la reforma. ¿Qué hacer ante esta situación?
Creemos que un sentido de la responsabilidad desaconseja en este momento
una modificación radical y global de la reforma contenida en la ley de
1990. Nos mueve a ello pensar que una sociedad no podría asimilar cambios
bruscos en sus estructuras básicas educativas en tan breve plazo de
tiempo; pensar que una misma generación de españoles pudiera estar
estudiando conforme a tres planes de estudio diferentes es una hipótesis
que produce, cuando menos, desazón. Por ello, debo decir a SS. SS. que
nos proponemos aplicar la ley en vigor y continuar su proceso de
aplicación. Creemos que algunas de sus novedades fundamentales, como la
extensión de la obligatoriedad hasta
los dieciséis años, son factores positivos para la modernización del país
y para la ampliación del principio de igualdad de oportunidades, pero
quisiera recordar, al mismo tiempo, que el mismo preámbulo de la ley
señala que la reforma habrá de ser un proceso continuo, una permanente
puesta en práctica de las innovaciones y de los medios que permitan a la
educación alcanzar los fines que la sociedad le encomienda. Por ello,
estamos ante una ley con un nivel de ductilidad suficiente para asegurar
el marco preciso y la orientación apropiada, pero también para permitir
adaptaciones y desarrollos ulteriores. Flexibilidad en la aplicación es
una de las características de la propia ley que, a nuestro juicio, habrá
de potenciarse al máximo.
Es esta orientación, la de explorar las posibilidades de mejora que
ofrece la ley, a fin de adaptarla a las nuevas necesidades y
sensibilidades de la sociedad española, cuyo carácter evolutivo resulta
indiscutible, la que vamos a explorar. Creo, señoras y señores Diputados,
que lo peor que podría ocurrir en nuestro sistema educativo sería que se
iniciase una polémica estéril entre fundamentalistas y adversarios de la
reforma. Yo les ofrezco otro camino: el camino de la aplicación flexible
de la ley, de la búsqueda de sus mejoras cuando ello resulte conveniente,
de su adaptación a una sociedad que por moderna está en permanente
proceso de mutación. Invito a SS. SS. a que adopten este espíritu
constructivo, pues es el único, creo yo, que nos permitirá avanzar hacia
la construcción de un sistema educativo perfectamente compatible con las
exigencias de la sociedad española.
En todo caso, el proceso de implantación de un nuevo sistema educativo es
una tarea compleja que ha de llevarse a cabo con los criterios necesarios
para el logro de los fines propuestos. La tensión medios-fines se halla
presente en todos los ámbitos del quehacer humano, y la enseñanza no es
una excepción. Por ello, no quiero dejar de señalar mi enorme perplejidad
ante el modo en que en los últimos años se ha llevado a cabo el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo por
el Ministerio de Educación y Ciencia en el territorio de gestión.
Para el próximo curso 1996-1997 la anticipación preparada con
anterioridad a nuestra toma de posesión afecta ya al 88,7 por ciento del
segundo ciclo de la enseñanza pública en territorio MEC. Este dato quiere
decir que en el próximo curso no sólo se procede a la implantación
generalizada del primer curso de la educación secundaria, sino también a
una implantación de extraordinaria dimensión en el segundo ciclo de la
enseñanza secundaria obligatoria, de modo que sólo se aplicará el
calendario previsto en el Real Decreto respecto a la mayoría de los
centros privados y a una muy exigua minoría en los centros públicos. En
efecto, ello obligará a implantar el primer año de bachillerato en la
inmensa mayoría de los centros públicos en el curso 1997-1998, es decir,
un año antes de lo previsto por el calendario. Estas decisiones de
anticipación de la reforma se adoptaron por la administración educativa
en los años 1994 y 1995, en los que por imperativos de la política
presupuestaria ya les he dicho antes que se disminuyó el gasto público
educativo en relación con el PIB. Creemos que cualquier persona sensata,
a la vista de las limitaciones del gasto disponible, hubiera procedido a
una aplicación más prudente de la nueva ordenación educativa; sin
embargo, se produce esta que llamaríamos huida, hacia adelante, sin tener
en cuenta las necesidades de financiación del nuevo sistema. Las
consecuencias de todo esto las van a padecer las estructuras educativas
de la enseñanza pública, justamente en el delicadísimo momento de la
implantación de la nueva ordenación educativa. Este es, desde luego, el
primer y grave reto al que se enfrenta la administración educativa.
Recapitulando, nos encontramos ante un curso crucial, el 1996-1997, en el
que no sólo se va a implantar con carácter general el primer curso de la
enseñanza secundaria obligatoria, sino que también, de modo casi general,
en la enseñanza pública se va a implantar el segundo ciclo de la
enseñanza secundaria obligatoria. Yo sé que pedir comprensión ante estas
dificultades les puede parecer una ingenuidad por mi parte, pero lo voy a
hacer, en especial al grupo de esta Cámara que sostuvo las decisiones de
la administración educativa que me ha precedido. Debo decir con toda
sinceridad que yo no las hubiera tomado, no hubiera tomado estas
decisiones, pero no las he revocado, porque a la altura de preparación
del próximo curso que ya tenemos en puertas, pienso que hubiera provocado
una alarma indeseada en el mundo educativo y en la población afectada que
yo no he querido propiciar, y he optado por afrontar estas dificultades
sabiendo que exigirán a la nueva administración educativa un esfuerzo
organizativo y de gestión de considerable magnitud. Confío también en la
profesionalidad de los docentes y en su actitud de plena colaboración
para superar estas dificultades en el próximo curso y en el sucesivo.
Señoras y señores Diputados, en la implantación generalizada del primer
curso de la enseñanza secundaria obligatoria se ha producido el conflicto
que ha afectado a algunas zonas rurales de España y que conocen
perfectamente sus señorías. La raíz del conflicto estriba en la protesta
de las asociaciones de padres de alumnos de centros ubicados en zonas
rurales por la decisión de que la escolarización de los alumnos del
primer ciclo en los institutos de enseñanza secundaria suponga el
traslado de los niños y niñas afectados a municipios que en algunos o en
muchos casos están alejados de su residencia.
No se me oculta que nos encontramos ante un problema complejo, con muchos
perfiles, y respecto del cual deberíamos abandonar cualquier actitud
demagógica. La decisión que ha adoptado mi Departamento ha sido la de
abrir un diálogo en profundidad con los sectores afectados, especialmente
con los padres, con la finalidad de estudiar y atender, en la medida de
lo posible, sus demandas.
El mundo rural español, sobre todo en algunas áreas de nuestra geografía,
sufre de manera dramática las consecuencias de la mutación demográfica a
la que antes me he referido. Ello provoca actitudes de desazón y un
cierto sentimiento de abandono y de incomprensión, y creo que los poderes
públicos no podemos adoptar actitudes insensibles a estos problemas.
Sería injusto que así lo hiciéramos.
Examinados los datos del problema hemos adoptado la decisión de extender
la posibilidad, allí donde sea razonablemente
viable, de que la impartición del primer ciclo de la enseñanza secundaria
obligatoria pueda realizarse en los centros en donde se hubiera impartido
las enseñanzas de 7.º y 8.º de EGB, es decir, en los colegios de
primaria.
Tengo que señalar que esta solución estaba ya prevista por la anterior
administración educativa respecto a 1.856 centros de educación primaria
del total de los 4.297 que existen en España, lo que representa
--atención al dato porque creo que es importante-- un 43,19 por ciento
del total de los centros y que afecta a más del 50 por ciento de los
alumnos a quienes se les imparte el curso; es decir, que ya estaba
previsto por nuestros antecesores que en el 43 por ciento de los centros,
que representa el 50 por ciento de los alumnos, el primer curso de la ESO
se impartiera en los antiguos colegios de EGB.
Quiero añadir que se trata de un tipo de solución adoptada también por
otras administraciones educativas, entre ellas, por ejemplo, la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Una vez que abrimos la vía del diálogo y en el
marco de esta fórmula, se está concretando en esta semana la lista
definitiva de los centros en los que se podrá impartir el primer ciclo de
la secundaria. Tengo que agradecer en este punto la colaboración prestada
por la Federación Española de Municipios y Provincias, así como por las
comunidades autónomas, para la resolución de este problema. La verdad es
que para mí ha sido una satisfacción enorme comprobar cómo ante problemas
educativos que nos afectan a todos, la colaboración de los distintos
poderes públicos, basada en el diálogo y en la comprensión mutua, haya
resultado tan fecunda, y también quiero resaltar la actitud de
colaboración de los diferentes sindicatos y asociaciones de profesores,
cuyo reconocimiento me parece justo destacar en estos momentos.
Pero mi intervención hoy aquí, señoras y señores Diputados, quiere
centrarse en la exposición de los objetivos fundamentales de la política
educativa que me propongo desarrollar a lo largo de la legislatura. Dos
son los ejes fundamentales de esta política: en primer lugar, conjugar
armónicamente el derecho a la educación y la libertad de la enseñanza y,
en segundo lugar, pero no menos importante, al mismo nivel, mejorar la
calidad del sistema educativo español en beneficio de la modernización de
la sociedad española.
Como la doctrina constitucionalista ha subrayado ya, en el artículo 27 de
la Constitución se proclaman simultáneamente la libertad de la enseñanza
y el derecho a la educación como derechos públicos subjetivos. Es
evidente que el desarrollo legislativo y la política educativa serán
tanto o más fieles a la Constitución cuanto mejor logren armonizar el
ejercicio de los derechos antedichos.
Desde mi punto de vista, señorías, la educación es la formación de
ciudadanos libres, y un régimen de educación en libertad exige la
suficiente garantía de estas tres dimensiones esenciales de la libertad
de la enseñanza que señalo a continuación: primero, la libertad de elegir
el tipo de educación, lo que implica la elección de centro educativo;
segundo, la libertad de expresión docente, o libertad de cátedra en su
sentido más amplio, y, tercero, la libertad de crear y dirigir centros
escolares, integrando a docentes y escolares en torno a un proyecto
educativo.
Sin duda, el fundamento del sistema ha de encontrarse en la primera de
estas decisiones --la libertad de elegir el tipo de educación--, puesto
que la misma razón de ser de cualquier proceso educativo está en el
sujeto receptor de la educación, esto es, en el alumno. De nada serviría
la existencia de las otras dos dimensiones de la libertad de la enseñanza
si no se pudiera ejercer suficientemente la primera. Y resulta indudable
que la expansión de la libertad que nuestra Constitución postula será
tanto mayor cuanto mayores sean las posibilidades del pluralismo escolar,
cuanto más amplia y variada pueda ser la oferta escolar. Es el pluralismo
escolar en una sociedad abierta el mejor camino de la innovación, el
mejor compromiso con la calidad. Ello constituirá el más eficaz estímulo
para lograr fórmulas educativas que den mejor respuesta a las
preferencias de todos los protagonistas de la educación, en especial, de
los alumnos y de los padres.
Nos proponemos, pues, de acuerdo con las consideraciones esquemáticamente
expuestas, promover las condiciones para que el ejercicio de la libertad
de la enseñanza pueda desarrollarse sin trabas ni obstáculos, y lo
hacemos con el convencimiento de que ello es no sólo una exigencia de
nuestro modelo constitucional, sino también un factor de modernización y
de progreso de nuestra sociedad. Creo sinceramente que con ello se
responde una demanda creciente de la sociedad española.
La libre elección de centro escolar constituye un movimiento
internacional que alcanza a los países más desarrollados. Durante los
años 80 y principios de los 90, un buen número de países desarrollados
consideraron que la libertad de elección de centro no debería estar
vinculada necesariamente al ejercicio de la libertad de conciencia, sino
que era preciso extenderla tanto al seno del sector privado como al seno
del sector público. De este modo se superaba esa visión restringida de la
libertad de educación, inspirada en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y en el que luego se inspiró nuestra
LODE, en donde se reconoce únicamente el derecho por parte de los padres
a elegir centros diferentes de los sostenidos con fondos públicos. Y
también el socialismo europeo se ha abierto decididamente a este nuevo
espacio de libertad para los ciudadanos. Este es el caso, por ejemplo, de
Francia. Es igualmente el caso de Australia o de Nueva Zelanda, en donde
los gobiernos laboristas, impulsores de las políticas de libre elección,
han hecho posible que la libertad de elección de centro fuera
gradualmente implantándose. Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos, entre
otros, se han sumado al movimiento y algunos países del Este tratan por
este medio en estos momentos de adaptarse igualmente a los nuevos valores
emergentes en las sociedades modernas.
Señoras y señores Diputados, el análisis internacional comparado pone de
manifiesto, sin concesiones, que la ampliación de este espacio de
libertad de los ciudadanos no es ya en las sociedades avanzadas una
cuestión de ideología, sino, ante todo, una cuestión de modernidad. En
España, el derecho que asiste a los padres a elegir libremente
la educación que consideren más adecuada para el desarrollo intelectual y
moral de sus hijos se apoya en el texto constitucional. Sabemos que la
calidad de las enseñanzas y la proximidad geográfica son, por este orden,
los argumentos principales que manejan los padres a la hora de decidir
sus preferencias educativas. Por ello no pretendemos eliminar
completamente la zonificación --esto es, la adscripción de alumnos a
centros en razón del domicilio de los alumnos--, sino flexibilizar y
ampliar las zonas de influencia para que sea posible la elección sin
problemas de transporte para la mayoría de los alumnos. De este modo
podrán ser satisfechos a la vez ambos criterios fundamentales de elección
de centro por parte de las familias, es decir, calidad y proximidad.
La libertad de la enseñanza, en los términos descritos, nunca tiene que
contraponerse al derecho a la educación, que es un derecho de prestación
básica en el Estado social de Derecho. La educación se configura en la
Constitución como un derecho económico-social especialmente reforzado,
porque es el único de esta naturaleza que se encuadra entre los derechos
y libertades de máxima protección. El derecho a la educación se concreta,
en el artículo 27, en un derecho a la gratuidad con carácter universal
para la enseñanza básica, que es asimismo declarada obligatoria por el
texto constitucional. De este modo, la gratuidad de la enseñanza básica
queda configurada como un derecho de todos los ciudadanos que no debe
estar condicionado a la imposición de un determinado tipo de centro para
poder ejercer ese derecho. La gratuidad de la enseñanza básica, de este
modo, debe ser compatible con la libertad de la enseñanza y ello tendrá
como consecuencia la obligación fundamental de los poderes públicos de
financiar la educación básica y obligatoria, tanto si ejercen la libertad
de opción en favor de un centro de titularidad pública como de
titularidad privada, con tal de que éstos se acomoden a las condiciones
que establece el artículo 27.7 de la Constitución, conforme a lo que
tiene declarado ya el Tribunal Constitucional.
El programa electoral, con el que mi partido concurrió a las últimas
elecciones del 3 de marzo, asume la fórmula de los conciertos, que ha
venido funcionando ya en nuestro sistema educativo durante más de diez
años. Es un modelo válido con tal de que quede garantizado el carácter
propio de los centros como contenido esencial de la libertad de enseñanza
y de que no se establezcan diferencias de trato injustificadas en cuanto
a la impartición de la enseñanza en estos centros.
El ejercicio del derecho a la gratuidad va a tener a lo largo de esta
legislatura una significativa expansión, como consecuencia de la
ampliación de la obligatoriedad hasta los 16 años de edad que establece
la Logse. Conforme al calendario establecido de ampliación del nuevo
sistema, a partir del curso 1998-1999 se implantará el tercer curso de la
enseñanza secundaria obligatoria con carácter general, y, como es lógico,
eso producirá la ampliación de los conciertos educativos para estas
edades. Aunque en la ordenación general de nuestro sistema educativo la
educación infantil no tiene carácter obligatorio, en su segundo ciclo, el
que corresponde a los niños de tres a seis años, la verdad es que se ha
producido una escolarización casi generalizada, que alcanza una tasa de
cerca del ciento por ciento en las edades de cuatro y cinco años. Este
dato creemos que refleja la gran demanda de la sociedad española por
escolarizar a sus hijos en esta etapa y, por otra parte, entendemos que
en el mundo pedagógico hay un fuerte consenso en torno a los beneficios
que proporciona a los niños y niñas el desarrollo formativo en la escuela
en esta etapa.
Por ello, es propósito del Gobierno que, a lo largo de la legislatura, se
promuevan las medidas para extender el derecho a la gratuidad en el
segundo ciclo de la educación infantil, con posibilidad de elección de
centro del modo en que se está llevando a cabo en varias comunidades
autónomas que hoy tienen ya plenas competencias educativas. Por exigencia
de la política de consolidación fiscal y de reducción del déficit, éste
será un objetivo que habrá de implantarse de manera gradual a lo largo de
la legislatura.
En una sociedad moderna y abierta como la española no tiene el menor
sentido enfrentar polémicamente la escuela pública con la escuela
promovida por la iniciativa social. Es un viejo litigio que me gustaría
que enterráramos definitivamente. A mí me resulta evidente que el modelo
de pluralismo escolar que garantiza la Constitución es perfectamente
posible en una convivencia armónica de uno y otro tipo de centros, que
contribuyen conjuntamente a la elevación del nivel educativo y cultural
en España.
La escuela pública tiene una gran tradición en nuestro país y constituye
el elemento fundamental del sistema educativo. En los centros públicos se
escolarizan la inmensa mayoría de los ciudadanos y, por ello, constituye
una oferta cuya calidad han de garantizar los poderes públicos. Por
tanto, cuando hablamos de libertad de elegir centro educativo incluimos
en este propósito --y yo diría que como elemento fundamental-- la
libertad de elegir en qué centro, sostenido con fondos públicos, desean
los padres matricular a sus hijos. No se trata sólo de que opten entre
centros públicos y centros concertados, sino de permitir que los
ciudadanos escojan aquello que consideran mejor para sus hijos, incluso
entre los propios centros públicos.
La convivencia de los centros de uno y otro tipo de titularidad tiene que
constituir un hecho caracterizador de nuestro modelo educativo, y ha de
ser así por respeto a la voluntad de los ciudadanos que, en el ejercicio
de su libertad, son quienes deciden el centro en el que van a formarse
sus hijos. Los poderes públicos y las administraciones educativas tienen
la obligación de respetar al máximo las decisiones de las familias, pues
es a ellas a las que primariamente corresponde elegir el tipo de
educación que quieren para sus hijos.
Los retos de todos los centros son los mismos; son unos retos que, en la
actualidad, se pueden resumir básicamente en la búsqueda de la calidad.
Desde principios de los ochenta, los países más desarrollados vienen
dirigiendo insistentemente su mirada hacia los sistemas nacionales de
educación y formación con el propósito de mejorar la calidad. En el
ámbito de la OCDE el lema de una educación de calidad para todos se ha
convertido en algo más que una consigna y, en la actualidad, constituye
la regla global prioritaria que los países avanzados asignan a sus
sistemas
educativos. El Gobierno español se propone, también en esto, promover la
convergencia con los países de cabeza en la Unión Europea, y mi
Departamento hará de la mejora de la calidad de la educación el norte de
sus políticas y su objetivo primordial.
Desde una concepción política que pretende revalorizar el protagonismo de
los ciudadanos y de la sociedad, la calidad de la educación ha de
vincularse obligatoriamente a la satisfacción de las necesidades y de las
expectativas razonables de los usuarios del servicio y de sus
protagonistas: padres, profesores y alumnos. El nivel de satisfacción de
las familias respecto a la educación que sus hijos reciben constituye,
pues, una primera y fundamental medida de calidad educativa, pero también
lo ha de ser el grado en que quedan satisfechas las expectativas
profesionales de los profesores. Y, sin menoscabo de lo anterior, sino
más bien como su complemento, el Estado, en defensa de los intereses de
la sociedad, de su presente y de su futuro, ha de garantizar la calidad
educativa mediante la definición de una amplia colección de indicadores
de calidad evaluables y medibles. Si no somos capaces de evaluar y medir
el nivel de calidad de nuestro sistema educativo, difícilmente podremos
acometer la tarea de mejorarlo.
Por tal motivo, señorías, nos proponemos poner en marcha una evaluación
de diagnóstico global de nuestro sistema. Para ello nos apoyaremos en el
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, que será convenientemente
reforzado en colaboración con todas aquellas autonomías con competencias
plenas en educación que, en sus ámbitos de actuación propios, deseen
sumarse al proyecto. El propósito de este análisis de la calidad será
conocer los resultados que logra nuestro sistema educativo.
Ciertamente, es importante saber si los recursos se asignan bien, en
cantidad suficiente, si las aulas tienen los medios que necesitan u otros
indicadores, pero lo realmente importante es saber si los alumnos
aprenden. La calidad educativa no es una cuestión que afecte únicamente
al Gobierno, es algo que concierne a la sociedad entera y, por ello,
abriremos un gran debate nacional sobre los resultados obtenidos, sobre
el análisis de su consecuencia, sobre la implicación de todos, padres,
profesores, alumnos, instituciones, agentes sociales, y sobre la
consecución o no de esos objetivos de mejora. Ofrecer a todos los alumnos
una igualdad de oportunidades ante la educación y hablar de calidad de un
sistema educativo supone atender a aquellos que tienen más necesidades,
bien sea por sus condiciones personales de discapacidad o de
sobredotación intelectual o por encontrarse en situación de desventaja
para el acceso, permanencia y promoción en el seno del sistema educativo.
Es intención de mi Departamento avanzar en las políticas de atención a
los alumnos con necesidades educativas especiales en todas las etapas y
niveles, así como hacer posible que el derecho a la educación no se vea
obstaculizado por factores relacionados con la desigualdad social, la
creciente multiculturalidad del alumnado o el medio rural.
En esta búsqueda de la calidad educativa que ya han emprendido los países
más avanzados, los centros escolares constituyen un objeto de atención
muy especial, toda vez que los procesos primarios de la calidad tienen
lugar en su seno. Contra los muros de los centros y contra las puertas de
las aulas se estrellan demasiado a menudo buena parte de los proyectos de
mejora diseñados desde los despachos ministeriales. Los centros tienen
que convertirse en organizaciones modernas, capaces de aprender tanto de
sus errores como de sus éxitos, como de los éxitos y errores de otros, y
de orientar sus acciones a las exigencias marcadas por un contexto
dinámico.
Para ello disponemos de un profesorado competente, que debe constituirse
en protagonista de los procesos de mejora mediante una acción cooperativa
orquestada por una buena dirección. No es posible una buena escuela, un
buen colegio o un buen instituto sin un buen director. Por tal motivo,
impulsaremos las acciones necesarias para mejorar las competencias
profesionales de los directores de los centros públicos, todo ello con la
convicción, avalada por una evidencia empírica abrumadora, de que la
calidad de la dirección escolar es un factor crítico en la mejora de la
calidad educativa.
Por otra parte, la fórmula de la gestión centralizada del sistema
educativo está dejando lugar, incluso en los países de larga tradición
centralista, a la de la autonomía de gestión, concediendo la prioridad de
acción a la unidad más restringida, según la conocida expresión de
resonancias maastrichtqueanas. Esta va a ser también la dirección de mi
Departamento en lo que a gestión de centros educativos respecta: la mayor
autonomía de gestión de cada centro, sin perjuicio del ejercicio de la
función de tutela, que concierne al Estado. Vamos a estimular la
autonomía de gestión de los centros facilitando la asunción de su propio
protagonismo.
Esa autonomía de los centros constituye --creemos-- el complemento
indiscutible de la libertad de elección y viceversa. La autonomía hace
más efectiva la libertad de elección al facilitar soluciones y propuestas
que se adecuen mejor a las características de la demanda y, a su vez, la
libre elección estimula el desarrollo de la autonomía.
Si bien es cierto que una dirección de calidad constituye condición
necesaria para una escuela de calidad, no es de ningún modo condición
suficiente, el profesorado constituye en esta materia pieza fundamental.
Alguna vez se ha atribuido al profesorado las dificultades con las que
tropieza la implantación de la Logse, recurriendo al viejo tópico del
corporativismo. Yo creo que tal afirmación cuanto menos es injusta.
Nosotros nos proponemos, de conformidad con el programa de Gobierno del
Partido Popular, elaborar un marco jurídico de la función docente, que
regule adecuadamente los diferentes aspectos contenidos en la gestión
moderna de los recursos humanos del profesorado. No obstante lo cual, en
tanto este marco jurídico no esté elaborado, avanzaremos en las
direcciones que inspiran su contenido, a saber: mejorar la fiabilidad de
los procedimientos de acceso, actuando sobre la formación permanente,
valorando los progresos de los profesores mediante políticas de
reconocimiento y de mejora de los profesionales, promoviendo la
evaluación como mecanismo de ayuda que facilite la mejora del individuo,
que detecte sus necesidades de formación, que haga posible su promoción y
que contribuya en definitiva a la calidad del sistema.
Llegados a este punto quisiera detenerme en lo relativo a la formación
permanente del profesorado. Los centros de profesores y de recursos,
conocidos coloquialmente como Ceps en atención a su anterior
denominación, han constituido, si bien no en exclusiva, el principal
instrumento de formación permanente del profesorado. A él se le ha
dedicado en el anterior ejercicio económico una partida presupuestaria
global del orden de los 10.000 millones de pesetas y, sin embargo, los
resultados de las evaluaciones efectuadas por organismos independientes
han puesto reiteradamente de manifiesto la valoración claramente
insuficiente que los propios usuarios hacen de este tipo de servicio. La
imagen de esta clase de instrumentos de formación está francamente
depreciada entre nuestros docentes. En definitiva, los profesores podemos
decir que suspenden globalmente a los Ceps porque, en general, su oferta
formativa no cubre las necesidades ni satisface sus expectativas.
El Ministerio, consciente de la dimensión estratégica de la formación
permanente del profesorado y de la importancia de su impacto sobre la
mejora de la calidad de todo el sistema, se ha propuesto redefinir la red
de profesores y de recursos e implantar progresivamente la puesta en
marcha de institutos de formación permanente del profesorado, que son una
figura reconocida en la Logse y que hasta el momento está inédita. Estos
institutos serán concebidos como centros de alta cualificación donde se
acumule la experiencia inteligente y el conocimiento disponible sobre las
prácticas docentes.
El nuevo equipo del Ministerio de Educación y Cultura se encuentra con
una reforma educativa global en plena fase de aplicación cargada de
problemas y a cuya solución hemos tenido que dedicarnos de modo urgente y
casi, diría yo, absorbente. Hemos tenido que hacer frente a consecuencias
de decisiones que otros habían tomado, y ahora nos corresponde encauzar
este proceso cuyas complejas incidencias y cuyo coste no parecen haber
sido objeto de las debidas previsiones. Pero, como ya hemos dicho, no
tenemos intención de empeñarnos en el alumbramiento de una nueva gran
ley. El criterio que va a presidir nuestra actuación es el desarrollo y
la aplicación de la Logse, pero, eso sí, con flexibilidad, tal y como el
propio preámbulo de la Logse reconoce. Esta flexibilidad se da tanto en
la determinación de la red de centros como en la ordenación académica.
En lo que se refiere a educación primaria para mejorar su calidad, nos
proponemos adoptar medidas como cubrir los puestos del profesorado por
especialidades, a la vez que se les facilite la necesaria formación,
hacer el mayor esfuerzo posible para atender la enseñanza de idiomas, así
como la iniciación al lenguaje informático, arbitrar medidas de
coordinación con los centros de educación infantil y de educación
secundaria obligatoria para facilitar de la mejor manera posible los
sucesivos pasos de nivel del alumnado. También en la educación primaria
es preciso que hagamos una seria reflexión sobre los métodos de
aprendizaje más válidos para lograr los objetivos educativos de cada
etapa.
Respecto a la educación secundaria nos enfrentamos en los próximos años a
una implantación generalizada, y es el criterio mencionado de
flexibilidad el que tendremos que aplicar, como lo hemos hecho y como ya
sabe la opinión pública, para hacer frente a los problemas concretos con
que nos hemos encontrado en la implantación de la ESO especialmente en el
medio rural.
La ley permite fórmulas diversas para establecer la ESO en los distintos
tipos de centro, según las posibilidades y necesidades de cada caso y sin
merma del grado de calidad previsto. Junto a los centros de enseñanza
secundaria, que impartan la totalidad de la obligatoria, hemos de
plantearnos la posibilidad de que el primer ciclo pueda ofrecerse en
centros de educación primaria, en tanto que el segundo ciclo se haga en
los institutos. Por otra parte, también es nuestra intención introducir
ya en este ciclo una diversidad de modalidades y opciones en beneficio de
los alumnos y de acuerdo con sus intereses, vocaciones, necesidades y
posibilidades.
La consideración conjunta de las necesidades de escolarización y de
diversificación curricular, bajo el principio de flexibilidad, permitirá
un mayor ajuste entre la oferta educativa y la demanda real de las
distintas opciones formativas.
Con el mismo criterio de flexibilidad queremos plantear la reorientación
del segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria y la
reordenación de los currículos y, en particular, de los criterios de
evaluación, de modo que no se favorezca un descenso sistemático de los
niveles de exigencia y esfuerzo, sino que, por el contrario, se estimule
y se favorezca el esfuerzo, sin perjuicio de la atención a los casos
especiales de alumnos afectados por circunstancias de uno o de otro orden
que obliguen al empleo de tratamientos educativos y criterios de
orientación y promoción especiales.
En este momento, no cabe plantearse una nueva reforma estructural para
establecer un bachillerato de más de dos años. Quiero decirlo con toda
claridad. No obstante, en el marco de esta reorientación del segundo
ciclo de la educación secundaria obligatoria, queremos una mayor
presencia de las humanidades porque consideramos que son elemento
fundamental para la formación de la personalidad y también para la
integración del individuo en la sociedad.
Este fenómeno se está produciendo ya en muchos países europeos y también
en los Estados Unidos. La enseñanza de la lengua, de la literatura, de la
historia, de la historia del arte, de la filosofía y de las lenguas
clásicas, mantendrá un lugar destacado en el sistema educativo, a fin de
contribuir al desarrollo cultural en el sentido más amplio, sin caer en
la enseñanza de lo estrictamente contemporáneo o de lo efímero.
Al hilo de estas últimas consideraciones que acabo de realizar ante SS.
SS. a propósito de la formación humanística de los alumnos, quiero
referirme ahora a una cuestión que está muy presente en los últimos días
en los medios de comunicación, que es la enseñanza de valores éticos o
religiosos. Señorías, el artículo 27.3 de la Constitución protege el
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Con
este espíritu se dictaron
las órdenes de 16 y 28 de julio de 1979 sobre enseñanza religiosa, y se
dispuso la posibilidad de que los padres eligieran la formación que
querían para sus hijos: los católicos, una formación católica, los de
otras confesiones, las de sus religiones respectivas, a cuyo fin se han
ido suscribiendo los correspondientes convenios (los hay ya con la
religión judía y con la religión islámica); y a los que carecieran de
convicciones religiosas de ningún tipo o, sencillamente, a los que lo
prefirieran así, una formación ética puramente laica. Con arreglo a este
sistema se han formado durante muchos años los alumnos de nuestros
colegios. De hecho, los que hoy están en los colegios y en las escuelas y
no están afectados por la aplicación de la Logse siguen hoy mismo siendo
evaluados en la asignatura de religión o en su alternativa laica.
Quince años después, en el marco de la aplicación de la Logse, el Real
Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, vino a alterar este estado de
cosas, y la Orden de 3 de agosto de 1995, sobre actividades alternativas
a la religión, remachó, a mi juicio, esta desafortunada reforma,
disponiendo ya las célebres alternativas del parchís y los juegos de
mesa. Recurridas estas reformas ante los tribunales, se han dictado ya
sentencias que no tenemos más remedio que cumplir.
Mi punto de vista, señorías, es el siguiente. Debemos recuperar el
consenso constitucional en esta materia. La Constitución, los acuerdos
internacionales y las sentencias de los Tribunales de Justicia tienen que
ser respetados íntegramente. Quien no quiera formar a sus hijos en
ninguna convicción religiosa está en todo su derecho y yo les aseguro que
ese derecho estará perfectamente garantizado. Para los padres que no
quieran que sus hijos reciban enseñanza de ninguna religión o de ninguna
cultura religiosa, estamos estudiando que exista, si ellos lo demandan,
una asignatura plena y puramente laica, pero que forme a los alumnos en
unos valores éticos que tengan por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana, el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Por tanto, hemos
abierto un proceso de estudio en el que rechazamos «a priori» cualquier
tipo de imposición y en el que queremos propiciar un diálogo tan amplio y
fructífero como sea posible en esta materia.
En otro orden de cosas, quisiera mencionar la necesidad urgente de
mejorar también el estado de las enseñanzas artísticas, especialmente de
las musicales. En este campo tiene que hacerse absolutamente patente la
unidad conceptual de educación y cultura, que es susceptible de ser
llevada a la realidad en nuestro sistema educativo. Nos proponemos abrir
un gran debate en todos los sectores implicados en el aprendizaje de las
artes, y entre todas las administraciones públicas, a fin de mejorar
sustancialmente el actual modelo, buscando para ello el mayor consenso
posible.
Respecto a las enseñanzas de música y danza proponemos la figura del
centro integrado, que habrá de promover la compatibilidad de estos
estudios artísticos con la enseñanza secundaria obligatoria y con el
bachillerato, facilitando de esta forma el logro de la calidad artística
de los más dotados. Asimismo, es propósito de este Gobierno acometer con
urgencia las reformas normativas necesarias que permitan proveer a los
centros superiores de enseñanzas artísticas de una estructura adecuada a
los fines que les son propios, a través de una norma específica que
regule su gobierno y funcionamiento, en coherencia con el grado académico
otorgado por la ley a estas enseñanzas.
Señoras y señores Diputados, a la inspección educativa le corresponde un
papel relevante en el desarrollo y funcionamiento del sistema escolar y,
consecuentemente, en la mejora de la calidad de la enseñanza. Concebimos
la inspección como elemento básico de apoyo y orientación a la comunidad
escolar y como eje conductor de las relaciones entre la Administración y
los centros escolares. Para que ello sea posible creemos necesario
superar ya el largo período de indefinición y de fluctuación en los
modelos de organización de estos servicios inspectores y el propio status
profesional de los inspectores. En definitiva, se trata de definir con
claridad las funciones de los inspectores como requisito imprescindible
para poder desarrollar sus actividades con la máxima eficacia.
Señoras y señores Diputados, quisiera dedicar ahora unos momentos a un
capítulo de extraordinaria relevancia en la política de educación, y es
el que hace referencia a la formación profesional. Creemos que los
criterios que se han aplicado hasta ahora se han demostrado ineficaces
para contribuir a paliar el gran drama nacional de España, que es el
paro, y, muy singularmente, el juvenil.
La situación actual de la oferta de enseñanzas de formación profesional
promovida por el Ministerio de Educación y Cultura y las comunidades
autónomas con competencias en educación es, en general, fruto de la
evolución que impone la implantación de la Logse. En concreto, el 18 por
ciento de la oferta del momento corresponde a enseñanzas renovadas en el
marco del nuevo sistema educativo, lo que respecto al calendario previsto
en la aplicación de la Logse supone un importante avance, pero, en
relación a las necesidades del mundo productivo, significa una cobertura
insuficiente y no siempre adecuada a los requerimientos más perentorios
de los centros de trabajo. Recordemos que es con las empresas,
especialmente con las pequeñas y medianas, con quienes hay que contar en
el futuro para el desarrollo económico y social del país, cuyo desafío
está precisamente en la adecuación de estos recursos humanos.
Como pilares básicos de la formación profesional que queremos impulsar y
ofertar a los ciudadanos, querría destacar los siguientes: Primero, la
creación de una cultura que apoye el espíritu empresarial y emprendedor
de los individuos o de los grupos de individuos. Segundo, la búsqueda de
la homologación de sus titulaciones y certificaciones profesionales, como
referente de la estabilidad de los trabajadores ante la flexibilidad de
las empresas. Tercero, la integración de las ofertas formativas. Cuarto,
la mejora de los códigos de prácticas, sobre todo en el caso de los
reconocimientos de créditos de las actividades ya desarrolladas por el
trabajador, lo que implica enlazar los centros educativos con las
empresas y la existencia de un único sistema de cualificaciones
profesionales, que ordene
la oferta y la demanda de la formación profesional, independientemente de
las administraciones que tengan asignado su desarrollo y su gestión.
Los objetivos de la Dirección de Formación Profesional y Promoción
Educativa serán la revisión y reajuste del programa nacional de formación
profesional, la creación del sistema nacional de cualificaciones, el
relanzamiento y posible redefinición de la unidad interministerial de
coordinación y la reforma del Consejo General de la Formación
Profesional, especialmente en lo relativo a la participación de las
comunidades autónomas con competencias plenas en materia educativa. La
implantación progresiva de las nuevas titulaciones aprobadas, que
permitan dar respuesta a las necesidades demandadas por los sectores
productivos, elaborar el marco jurídico adecuado para garantizar la
realización de un período de formación en centros de trabajo --prácticas
formativas-- y fomentar la autonomía de los centros en la gestión de los
recursos de que disponen para su adecuado funcionamiento, así como
definir el perfil del director o directora de un centro en que se
impartan enseñanzas de formación profesional, perfil que creemos que,
además de los objetivos docentes de cualquier otro director de centro
educativo, tiene que reunir las condiciones de un gestor con particulares
dotes para las relaciones con las empresas y con el mundo productivo.
También queremos impulsar la formación del profesorado que inicia su
actividad docente en estas enseñanzas, estimulando su disposición a
relacionarse con el mundo de la empresa, regular la implantación de los
programas de garantía social, asociándolos a los contratos de aprendizaje
para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos previstos, mejorar
los mecanismos de utilización y justificación de los recursos procedentes
del Fondo Social Europeo y potenciar los centros de formación, innovación
y desarrollo de la formación profesional. Se trata, como ven
SS. SS., de retos de gran calado, en el sentido de que implican un cambio
sustancial en la filosofía de la formación profesional. De ninguna manera
una enseñanza como ésta puede seguir caminando separada del mundo laboral
empresarial, en el que tienen que tener su destino natural los jóvenes
que pasan por este tipo de formación.
Como conclusión, señorías, quería decirles que nuestra política educativa
va a estar presidida en todo momento por el diálogo. Creo que nuestras
primeras actuaciones son buena prueba de la seriedad con que afirmamos
este propósito. Y no se trata de acudir al diálogo como recurso para
diferir la solución a los problemas pendientes o para transferir a otros
las responsabilidades que recaen en quienes tenemos la obligación de
gobernar. No rehuimos nuestras responsabilidades, pero para ejercerlas
con fundamento y acierto necesitamos el contacto con la realidad
educativa. El diálogo que queremos mantener no va a reducirse al que
tiene su cauce institucionalizado --por ejemplo a los consejos escolares
en cada centro o al Consejo Escolar del Estado--, lo que vamos a hacer es
potenciar, en cuanto de nosotros dependa, esos cauces, pero nuestra
actitud de diálogo con madres y padres de los alumnos se asienta en la
total convicción de que es a los padres a quienes corresponde, de modo
absolutamente preferente, el deber y el derecho de educar a sus hijos.
Pero igualmente estamos convencidos de que la educación institucional
sencillamente no funciona sin unos profesores que estén tan bien
preparados como socialmente reconocidos y bien considerados. Por eso
quiero, en el diálogo con todos ellos, conocer los datos de la situación,
a veces muy dura, en que tienen que desarrollar sus tareas docentes y
encontrar fórmulas más eficaces para ir dando pronta y adecuada solución
a los muy diversos problemas que les afectan. Es necesario que los
propios profesores, víctimas a veces de un cierto discurso demagógico,
recuperen la conciencia de su identidad y la más alta conciencia de su
autoestima.
No es que los alumnos sean sólo la última razón de ser del entramado
institucional de la educación sino que son sujetos de la propia
educación. También tenemos que contar con ellos mediante el diálogo. La
educación tiene que ser necesariamente educación para el diálogo y a
dialogar se aprende, precisamente, dialogando. Por eso, nuestra política
educativa estará marcada --no puede ser de otro modo-- por una referencia
constante al modelo autonómico con que se configura constitucionalmente
el Estado, que ha de tener una de sus manifestaciones más importantes y
notorias en el terreno de la educación.
Es propósito de este Ministerio intensificar las relaciones de
coordinación y cooperación con las comunidades autónomas, porque creemos
que en los momentos actuales en que nos enfrentamos a una complejísima
tarea de implantación de una reforma educativa, es necesario mantener
intensos y constantes contactos para garantizar la máxima coherencia
posible en las actuaciones y decisiones que corresponde adoptar a cada
administración en su respectivo ámbito de gestión.
En este sentido, debo manifestar que es objetivo prioritario del
Ministerio --puedo asegurar que también lo es de las restantes
administraciones educativas-- conseguir que la aplicación de las nuevas
enseñanzas se lleve a cabo en las condiciones más adecuadas y que, en
modo alguno, se produzcan desequilibrios territoriales en la consecución
de una mejora de la calidad de la enseñanza.
Por lo que respecta a las comunidades que accedieron a su autonomía por
la vía prevista en el 143 de la Constitución, los traspasos están
condicionados al calendario de aplicación de la reforma del sistema
educativo, tal como quedó establecido ya en el Acuerdo autonómico de
febrero de 1992. En todo caso, el Ministerio irá adoptando las medidas
necesarias para que, en su momento, el proceso de traspaso se lleve a
cabo en las mejores condiciones, de manera que no afecte al normal
funcionamiento del sistema educativo en su conjunto.
El espíritu de colaboración, que de modo expreso me han manifestado los
responsables de las administraciones educativas autonómicas y que quiero
agradecer públicamente aquí, constituye, creo yo, la base más sólida para
avanzar de modo armónico, y dentro del respeto a las diferentes
peculiaridades autonómicas, hacia un significativo incremento de la
calidad, sobre la base de unas condiciones que garanticen la igualdad y
la libertad de todos los españoles en el ejercicio del derecho
fundamental de la educación, reconocido en el artículo 149.1, 1.ª de la
Constitución.
Quiero reiterar aquí públicamente mi agradecimiento por estas
manifestaciones de cooperación que, desde el primer momento, me han
expresado los responsables de educación de todas las comunidades
autónomas.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, a continuación quisiera
exponer las líneas generales de mi Departamento en materia de
universidades.
La enseñanza universitaria ha desempeñado una función importante en la
incorporación de España al ámbito de las sociedades industriales y de la
ciencia moderna. Por otra parte, en España, al igual que en todos los
países desarrollados, se ha producido en las últimas décadas un
crecimiento extraordinario del sistema de enseñanza superior, que en
nuestro caso es fundamentalmente enseñanza universitaria. Como
consecuencia de esta expansión, la función de la Universidad ha adquirido
nuevas dimensiones sociales y económicas. Sigue siendo una institución
responsable de la formación de profesionales que han de desarrollar su
actividad profesional en una sociedad abierta y compleja y mantiene,
además, su compromiso con el progreso en el conocimiento, la creación, la
difusión y la transmisión de saberes. El sistema español de enseñanza
superior debe responder a los desafíos anteriores y, en este empeño, la
Universidad debe conservar su natural vocación de excelencia cultural,
científica y tecnológica.
Con permiso de SS. SS., me gustaría poner sobre la mesa algunos rasgos
del actual sistema universitario español.
El número de universitarios en el curso 1995-1996, es de 1.550.000; en el
curso 1990-1991, el número de universitarios era de 1.140.000. La tasa
bruta de escolarización universitaria referida a la población de 18 a 22
años en diciembre de 1995, está próxima al 45 por ciento. La tasa
específica de escolarización universitaria para los alumnos de 18, en
diciembre de 1995, es del orden del 22,5 por ciento. Hay que tener en
cuenta que, en diciembre de 1989, su valor era del 16,5 por ciento y del
17,5 en diciembre de 1991. Por tanto, las tasas han ido incrementándose
de una manera muy importante.
Hasta aquí, los datos. Vemos ahora alguna de las características.
Un parámetro importante para caracterizar el funcionamiento o el sistema
universitario español es el que expresa la relación porcentual entre el
número de alumnos egresados anualmente con respecto al número total de
universitarios de este mismo año o con respecto al número total de
estudiantes existentes cuatro años antes. Ambos indicadores son, para
España, de los más bajos entre los países de la OCDE. Solamente Italia
ofrece indicadores inferiores. Un resultado muy parecido se obtiene al
considerar la tasa de titulados universitarios respecto al número de
estudiantes a los que por edad correspondería concluir sus estudios.
Disponemos, pues, de un sistema universitario integrado por muchos
estudiantes, pero que proporciona, comparativamente, muy pocos titulados.
Este es un dato que, creo yo, debe invitarnos a la reflexión.
Con el fin de proporcionar una imagen lo más objetiva posible del sistema
universitario español, antes de hacer referencia a sus carencias
mencionaremos algunos de los logros importantes conseguidos por el
sistema universitario español en las dos últimas décadas. Entre ellos,
según nuestro criterio, hay que resaltar los ya citados del aumento
espectacular del número de estudiantes universitarios, así como el
incremento de los recursos destinados a la enseñanza universitaria.
La institución universitaria española se ha internacionalizado mediante
el intercambio de profesores, investigadores y alumnos, el desarrollo en
colaboración con centros y universidades extranjeras de programas de
investigación, redes de laboratorio, cursos de doctorado, congresos,
etcétera. Otro tanto cabe decir del impulso a la investigación en general
y al desarrollo tecnológico, a la renovación y ampliación del catálogo de
titulaciones y a la elaboración de los nuevos planes de estudio o a la
autonomía universitaria.
Sin embargo, tenemos que saber también que la demanda de estudios
universitarios en España en el próximo decenio se verá afectada por los
factores siguientes.
Primero, los datos demográficos, que indican que el primer corte de edad
es sensiblemente inferior al anterior, en que teóricamente se deberían
iniciar los estudios universitarios en el curso 1996-1997. Es decir, por
primera vez, el descenso de natalidad se verá reflejado en los que
ingresen en la Universidad en este próximo curso. Segundo, la experiencia
internacional indica, sin embargo, que en ninguno de los países
desarrollados ha disminuido significativamente el número de estudiantes
universitarios.
El número de alumnos en las universidades españolas podría variar
significativamente mejorando la eficiencia del sistema, aumentando la
oferta de titulaciones más acordes con el mercado laboral y más
atractivas para jóvenes y propiciando que la estructura de la población
universitaria tienda a la observada en los países desarrollados, es
decir, dos tercios de estudiantes cursando carreras de ciclo corto y un
tercio cursando carreras de ciclo largo. Ya saben SS. SS. que en España
la proporción es exactamente a la inversa.
En cuanto a los problemas y las carencias, creo que ha transcurrido ya
más de una década desde que se promulgó la Ley de Reforma Universitaria y
considero que es un período más que suficiente para que se hayan puesto
de manifiesto las carencias del sistema universitario que implanta.
Por otra parte, algunos de los resultados de la reforma no pueden ser
evaluados aún por cuanto no se ha llegado a ellos, a pesar de los años de
vigencia de la Ley. En concreto, no ha finalizado todavía la elaboración
de los planes de estudio y, en consecuencia, no se tiene referencia de la
preparación de los nuevos egresados.
Asimismo, el catálogo de titulaciones, cuya naturaleza, es cierto, tiene
que ser dinámica, no ha incluido, o ha tardado demasiado en incluir,
titulaciones vinculadas a ámbitos a los que la sociedad es
particularmente sensible, por ejemplo, patrimonio histórico-artístico,
medio ambiente u otros. Estas y otras importantes cuestiones que a
continuación esbozaré deberán ser objeto, y están siéndolo ya en algunos
casos, de debate por parte del Consejo de Universidades.
Las acciones concretas que el Gobierno lleve a cabo en torno a los
grandes temas que preocupan a la comunidad universitaria habrán de tener
muy en cuenta, en todo caso --y probablemente las haremos nuestras--, las
reflexiones y sugerencias que surjan de este debate, abierto ya en el
seno de la Universidad española.
Sobre los órganos de gobierno de la Universidad, el Consejo de
Universidades ha celebrado, apenas hace unos días, un seminario en Ciudad
Real, concretamente la semana pasada. La Ley de Reforma Universitaria
optó por un modelo colegiado de gobierno, en el cual los órganos
unipersonales tienen un carácter representativo. Este sistema requiere,
para su funcionamiento, una verdadera constelación de órganos colegiados,
que unas veces dificultan el itinerario, aunque a veces también lo
enriquecen. Como resultado, el proceso es lento y sin garantía de que el
acuerdo alcanzado sea el más beneficioso para la Universidad. Además,
exige, y esto lo reconocen todos ellos, un soporte burocrático
enormemente grande. La composición de los órganos colegiados está
integrada por representantes de todos los estamentos de la comunidad
universitaria, independientemente de las competencias del órgano y de la
naturaleza de los asuntos a estudiar.
A la luz de la experiencia adquirida en estos años, parece conveniente
revisar el modelo de gobierno de la Universidad, sin que ello deba
representar menoscabo del derecho, y también de la obligación, de todo
miembro de la comunidad universitaria a participar en el gobierno de la
institución universitaria, pues la Universidad moderna tiene que ser, por
definición, participativa. La participación debe estar en relación con la
responsabilidad que a cada uno corresponde y con la naturaleza del
aspecto a gobernar. También la actividad docente muestra una serie de
carencias, como el elevado número de alumnos por aula en algunas
enseñanzas, especialmente en la práctica totalidad de las titulaciones
jurídico-sociales, en muchas de carácter científico o técnico y en
algunas en el ámbito de las humanidades.
Los planes de estudio no siempre han alcanzado el triple objetivo de la
innovación, la modernización y la interdisciplinariedad, por lo que será
preciso revisarlos con las experiencias obtenidas, así como ultimar
también la revisión del catálogo de áreas de conocimiento.
Las nuevas tecnologías tampoco tienen aún la presencia debida en las
aulas. Impulsar la calidad de la docencia mediante los programas que cada
universidad establezca y del Plan Nacional de evaluación de la calidad es
otra de las cuestiones que el Gobierno considera prioritarias para que la
universidad pueda alcanzar en España el grado de excelencia que todos
deseamos.
Respecto al profesorado, la normativa vigente no contempla los concursos
de traslado directos de una universidad a otra, lo que representa una
situación muy peculiar en el ámbito de la función pública. El sistema de
acceso al profesorado es muy endogámico --esto está reconocido por toda
la comunidad universitaria-- y se pierde así el enriquecimiento, tanto de
la institución universitaria como del profesorado, resultado de su
estancia en las distintas universidades. Los concursos de acceso o de
mérito no contemplan prueba alguna que garantice el conocimiento de la
materia a que hace referencia la plaza de profesor a que se opta. Sin
embargo, la docencia es fundamental para la formación de los nuevos
egresados y, a nuestro juicio, no está adecuadamente valorada en los
concursos de acceso o de mérito.
El retraso que ha sufrido la modificación del Título V de la Ley de
reforma universitaria --cuyo borrador ya había sido entregado al Congreso
de los Diputados en marzo de 1993-- ha llevado, creemos, a desvirtuar
alguna de las figuras del profesorado y a la indefinición de la carrera
docente. Los becarios de investigación, titulados con las mejores
calificaciones, encuentran muchísimas dificultades para incorporarse a un
departamento una vez que ha finalizado el período de su beca. Es
necesario alentar y favorecer la renovación y actualización del
profesorado, tanto respecto a sus conocimientos como a la metodología de
la docencia. El Gobierno considera que, en este sentido, es
imprescindible la promoción de los cursos de reciclaje, formación
continuada y formación permanente para el profesorado.
En cuanto al alumnado, existe una opinión generalizada acerca de la
conveniencia de modificar el sistema de acceso a la universidad, la
llamada selectividad. Tanto el Consejo de Universidades como la
Conferencia de Rectores han iniciado ya sus reflexiones sobre este
asunto. En esta línea, nos proponemos abrir un gran debate nacional sobre
posibles alternativas a una selectividad que a nadie gusta. Nos gustaría
que se lograra un amplio consenso en esta materia, y éste va a ser el
objetivo del Gobierno. El porcentaje más alto de fracaso de los
estudiantes se observa en el primer curso y, para paliar este problema,
podría permitirse al alumno de nuevo ingreso una matrícula parcial,
mínima, en el primer curso, así como la implantación progresiva de la
figura del profesor tutor. También creemos que es necesaria la
racionalización de los horarios, y entiéndanme bien. Es muy elevado el
porcentaje de alumnos que deben permanecer cerca de treinta horas
semanales en el centro. Si a ellas les sumamos las horas empleadas en los
traslados, la pregunta que surge no es cuándo realiza otras actividades
para completar su formación, sino, sobre todo, cuándo estudia este
alumno. Esas dos cuestiones, en las que las universidades podrían
flexibilizar sus criterios actuales y que el Gobierno desea que sean
consideradas como posibles tendencias a seguir en la modificación de los
planes de estudio, ya están siendo analizadas por el Consejo de
Universidades. La necesidad de facilitar la creciente tendencia a la
movilidad de los estudiantes implica avanzar hacia un espacio
universitario único europeo en materia de becas. Las becas, en este
contexto, habrán de servir para cursar estudios en las universidades de
todo el espacio europeo que tengan planes de estudio homologables.
Señoras y señores Diputados, no es mi propósito entrar a fondo, en el
transcurso de esta comparecencia, en la problemática de la ciencia y de
la investigación, dado que ya hay constituida una Comisión Mixta
Congreso-Senado cuya labor se centra precisamente en ello. En cambio, sí
quisiera hacer saber a SS. SS., si me lo permiten, siquiera
sea brevemente, algunas reflexiones y propuestas en voz alta. Uno de los
principales objetivos de la Ley de la Ciencia de 1986 era el fomento de
la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como la
creación y consolidación de grupos de investigación en todos los ámbitos
del saber. Como resultado, el sistema científico español ha
experimentado, en la última década, un crecimiento cierto. No obstante,
los recursos destinados por España a I+D, expresados en porcentaje del
PIB, son, si exceptuamos a Grecia y a Portugal, los más bajos de toda la
Unión Europea. La inversión española en investigación y desarrollo ha
pasado del 0,48 por ciento del PIB, en 1982, al 0,9 por ciento, en el año
92, lo cual es un crecimiento significativo. Sin embargo, la política
presupuestaria del anterior Gobierno detuvo esta progresión en los años
1993 y 94, y aún no ha retomado el ritmo de crecimiento de la última
década. Si el impulso a la ciencia en España retomara el ritmo mantenido
durante la última década, necesitaríamos del orden de 30 años, según
dicen los expertos, para alcanzar el impacto medio europeo. En los
ámbitos de las ciencias humanas y de las ciencias jurídico-sociales se
observa un apoyo creciente, aunque no tan decidido como en el caso de la
naturaleza y de la técnica. Así, en la asignación de recursos destinados
a la investigación en humanidades, especificados en el programa general
del conocimiento, se ha pasado de 145 millones de pesetas, en 1988, a 618
millones de pesetas, en el año 1993. Y uno de los desafíos para la
próxima década lo constituye precisamente el impulso y estructuración de
la actividad investigadora en estos sectores de conocimiento.
Señorías, como les decía, no pretendo detallarles en esta comparecencia
la política del Gobierno en este campo --salvo que SS. SS. lo demanden
durante el curso del debate--, pero sí les diré que se va a basar en
criterios de carácter general, que orientarán todas las iniciativas e
impregnarán las líneas estratégicas de actuación. Fundamentalmente, esos
criterios serán: la mejora en la coordinación del sistema
ciencia-tecnología-empresa. En el tradicional planteamiento lineal de la
cadena que va de la actividad científica hasta la utilización económica
de los resultados, se debe prestar especial atención a la optimización
global, con políticas específicas para cada uno de los actores de la
misma. Es aquí donde el concepto de la I+D consorciada se convierte en un
factor clave para la consecución del objetivo global. En cierto modo, se
ha de priorizar el cómo se hace algo y no en qué se hace. La coordinación
debe abordarse desde diferentes perspectivas: desde los departamentos de
los diferentes ministerios, por la obligada rentabilización de los
esfuerzos, pasando por las diferentes políticas de I+D de nuestras
comunidades autónomas o por la necesidad de un posicionamiento uniforme
ante la postura internacional, como máximo exponente de nuestro entorno
competitivo para nuestras industrias y nuestros grupos de investigación.
En este sentido, como saben, el Gobierno ya ha sentado las bases para que
en un futuro se estreche la coordinación de las actividades científicas
de la Administración. Este proceso requiere, para su culminación, un
detenido análisis y la conciliación de entidades no homogéneas aun dentro
del mismo y común propósito científico. Además de la mejora de la
coordinación, mejoraremos los elementos de selección y de priorización de
las acciones de investigación y desarrollo. Se han de intensificar los
esfuerzos por establecer criterios objetivos en definición, evaluación y
ejecución de las acciones. Los potenciales participantes, universidades,
centros de investigación y desarrollo, centros tecnológicos y empresas
han de ser conscientes de que los criterios de selección y priorización
se aplicarán, asegurando su objetividad a lo largo de todo el proceso; es
necesario --yo creo imprescindible-- un debate sobre los criterios
aludidos para que, de este modo, se pueda enmarcar la valoración de los
resultados en aquellos criterios que dieron origen a las acciones
emprendidas; y, en tercer lugar, habrá que asegurar la participación de
los agentes involucrados.
Aun cuando puede seguirse una estrategia de arriba a abajo en la
definición de acciones I+D, su carácter no lineal y el complejo modelo de
relaciones entre los agentes obligan a involucrar, desde el principio, a
los actores, promotores, financiadores y evaluadores en los procesos de
definición de los mismos. Estos criterios --y con esto termino la breve
referencia que no quería dejar de hacer a esta importante cuestión de la
ciencia, la investigación y el desarrollo-- impregnarán y servirán de
marco de referencia a todas las iniciativas y a las políticas concretas
que el Gobierno lleve a cabo en este área.
Señoras y señores Diputados, les pido perdón por lo necesariamente
extenso de esta comparecencia, pero me parece imprescindible que, en esta
primera ocasión, tengamos al menos una visión general de lo que
pretendemos llevar a cabo a lo largo de esta legislatura.
El señor PRESIDENTE: Las señoras y señores Diputados agradecen el
esfuerzo absolutamente inocultable de la señora Ministra, y cuenta usted
con que son partícipes de él.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
¡Pobrecillos! Yo se lo agradezco.
¿Y el aire acondicionado, no puede...? (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Ahí no creo que lleguen las competencias de la Mesa.
(Risas.)
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Señoras y señores Diputados, hasta el momento les he venido exponiendo
las líneas generales de formación e investigación; es decir, las
condiciones previas que se necesitan para que la cultura tenga una base
sólida sobre la que sustentarse. Bien saben SS. SS. que el servicio de la
cultura es objeto de una atención muy especial por parte de este
Gobierno. Lo dijo el Presidente del Gobierno en su investidura y se ha
repetido ya en más de una ocasión.
La cultura española es una de las grandes culturas del mundo. Al igual
que España, la cultura española es plural. Para el Gobierno la defensa de
la pluralidad de las lenguas y de las manifestaciones culturales, así
como la
garantía de la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, de
acuerdo con ellas, es un firme compromiso. La atención a la cultura no
debe ser un compartimiento estanco dentro de la acción de gobierno, sino
que debe impregnar la gestión de todos los departamentos. Sin embargo,
ello no quiere decir que el Estado deba ser el protagonista de la vida
cultural. Al contrario, la acción cultural y singularmente la creación
artística deben nacer de la propia sociedad y deben ser
irrenunciablemente libres, sin condicionamientos, ni partidismos de
ninguna clase.
La cultura se construye con el esfuerzo de cada individuo, por eso el
creador es insustituible. Los poderes públicos no pueden, no deben,
intervenir en el proceso creativo más que proporcionando el marco de
libertad que éste necesita y protegiendo eficazmente los derechos que se
derivan de la propiedad intelectual. Su misión ha de centrarse, y así lo
haremos desde este Ministerio, en dar las máximas facilidades para que la
propia sociedad desarrolle sus valores culturales.
Señorías, nuestra política cultural se centrará en torno a cuatro
cuestiones básicas: primero, la conservación del patrimonio histórico;
segundo, la promoción de las artes e industrias culturales; tercero, el
diálogo interior; y cuarto, la proyección exterior de la cultura
española. Les informaré seguidamente sobre nuestro proyecto de actuación
en cada una de estas cuestiones.
En cuanto al patrimonio, como SS. SS. saben muy bien, existe un mandato
constitucional a favor de la conservación y promoción y también del
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los
pueblos de España. Por tanto, no se trata de algo estático, sino que el
patrimonio tiene una consideración de algo dinámico que se enriquece
constantemente. Se trata, pues, de una faceta significativa del derecho a
la cultura libre y plural. Un derecho de los ciudadanos al que el
Gobierno se siente profundísimamente vinculado.
Asimismo, es afortunadamente cierto que en la sociedad actual, y más aún
en la futura que ahora columbramos, tanto el patrimonio cultural, como
las bellas artes tradicionales, como cualesquiera otras manifestaciones
culturales o artísticas, ofrecen amplias posibilidades de desarrollo en
el marco social y económico.
El compromiso del Gobierno con la defensa y conservación del patrimonio
ha de estar íntimamente ligado a la imperiosa necesidad de difundir la
sensibilidad de todos hacia un legado que nos sitúa en el primer plano de
la cultura universal. Por ello, reforzaremos la actividad del Consejo del
Patrimonio Histórico que, como ustedes saben, es el formado por el
Director General de Bellas Artes y los consejeros de cultura de las
comunidades autónomas, acentuando su importancia como máximo instrumento
de coordinación en esta materia entre el Estado y las comunidades.
En la política concerniente al patrimonio histórico buscaremos también el
diálogo y el entendimiento con entidades especialmente significativas, y
aquí hay que hacer especial referencia, por razones obvias, en lo
concerniente al patrimonio monumental, a la Iglesia Católica.
Las actuaciones del Ministerio en cuanto a la protección del patrimonio
monumental se centrarán, con carácter general, en los inmuebles propiedad
del Estado y en aquellos otros cuyas competencias recaen en las
comunidades autónomas con las que existe o bien un convenio de
colaboración o bien una solicitud por parte de la comunidad de la que se
trate, para que intervenga el Instituto del Patrimonio Histórico Español.
En estas líneas se encuadran también las actuaciones previstas en el
patrimonio arqueológico. Respecto a las intervenciones arqueológicas en
el extranjero su continuidad se examinará caso por caso, en función de
los resultados obtenidos. También el Instituto de Conservación del
Patrimonio llevará a cabo acciones específicamente dirigidas al cuidado
del patrimonio etnográfico español.
En cuanto al Plan Nacional de Catedrales, se le va a dar un impulso
decisivo. Para ello es necesario que sea nuevamente acogido por el
Consejo del Patrimonio Histórico y así dotarle de unidad, tanto en lo que
se refiere a los criterios de actuación, como en lo que respecta a su
financiación. Tras las conversaciones con la Conferencia Episcopal
Española la intención del Ministerio es otorgarle una importancia y una
relevancia muy especial al asunto del Plan Nacional de Catedrales.
En cuanto a los museos, señorías, desarrollaremos también una política
integral, coordinada con las diferentes entidades públicas y privadas que
concurren en esta oferta cultural.
Sin entrar en detalles, museo por museo, quisiera destacar, al menos,
alguno de los proyectos que el Ministerio considera de especial
relevancia: El programa de conservación y restauración, que va a tener
por objetivo el conocimiento y aplicación de las medidas de conservación
preventiva. En relación con los fondos museográficos, la elaboración de
la disposición normativa oportuna para la salida de obras a exposiciones
temporales cuyo proceso de ingreso y salida de fondos se va a
racionalizar y al que se le van a aplicar técnicas de integración de
datos y mecanización de procedimientos. También la difusión de los fondos
de nuestros museos, a través de catálogos y monografías, que se impulsará
potenciando la participación de patrocinadores privados para su
publicación. También habrá que mejorar sensiblemente los programas
pedagógicos de los museos y profundizar en su número y en el contenido de
las actividades de esta naturaleza. El público de los museos del futuro
será el que ahora sensibilicemos hacia el mundo de la creación en sus
diferentes épocas y estilos.
Como ya les dije, no es mi intención, salvo que SS. SS. así lo requieran
en sus intervenciones, entrar en el detalle de problemas y planes de
actuación previstos para cada museo, pero sí quisiera dedicar unos
minutos siquiera sea al Museo del Prado y al Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, yo no creo pecar de
exageración al decir que el Museo del Prado es la primera institución
cultural de España. Conforme con el espíritu del acuerdo parlamentario,
que ya se alcanzó en esta Cámara en la anterior legislatura, el Museo del
Prado ha sido objeto de una acción reformadora de gran alcance,
auspiciada personalmente, tengo que decirlo, por el Presidente del
Gobierno.
Tras la publicación del decreto sobre reorganización del Museo se han
puesto las bases de una estructura administrativa que nos permite
legítimamente hablar de una nueva etapa en la historia del Museo. Esta, y
no sólo el nombramiento del nuevo director, ha sido la principal reforma
acometida con respecto al Museo.
El Real Patronato, del que no se ha modificado ni su estructura ni sus
componentes, ha aparecido, sin embargo, reforzado en su autoridad y sus
funciones, y ha pasado a ser el órgano central en las decisiones
capitales para la buena marcha del Museo. El Director tiene como misión
fundamental el control y la conservación de las colecciones del Museo.
Este papel se refuerza de forma decisiva con un nuevo mecanismo, y es que
los departamentos científicos han aumentado, se han desdoblado en su
mayoría, y han pasado de uno a cuatro los departamentos dedicados a
pintura española en el Museo. Por otra parte, y esto es muy importante,
se ha descargado al director de todas las competencias de gestión, que en
este decreto se atribuyen a la gerencia del organismo, y que a los
anteriores directores les había ocupado una gran parte de su tiempo. Así
se consigue reforzar la autonomía y la autoridad del Patronato, que era
una necesidad largamente sentida y pedida muy reiteradamente desde
diversos sectores y también se consigue una mejor división de las tareas
y competencias inherentes a un museo moderno que pronto se va a ver
inmerso en un proceso de reforma --va a haber obras para las nuevas
cubiertas que van a ser de ejecución inmediata--, y también de ampliación
cuando se resuelva el concurso internacional que ha sido convocado al
respecto.
Creemos que la reforma organizativa llevada a cabo responde plenamente al
espíritu del acuerdo parlamentario que se logró en la anterior
legislatura, y mantiene, por tanto, el compromiso de no inmiscuir al
Museo del Prado en los avatares de la controversia política.
En cuanto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, señorías, el
Estatuto del Organismo Autónomo del Museo se aprobó en el Real Decreto
318, de 23 de febrero de 1996; es decir, justo unos días antes de las
elecciones generales del 3 de marzo. Actualmente procedemos al estudio y
al análisis del citado Estatuto, por si fuera preciso realizar alguna
modificación específica para su adaptación a las nuevas estructuras del
Ministerio.
El Reina Sofía acaba de presentar la nueva instalación de su colección
permanente, de acuerdo con las directrices del Real Patronato del
Organismo Autónomo. Hay que reconocer, y no me duelen prendas en hacerlo
así, que aún existen lagunas en la colección permanente. Afortunadamente,
gracias a la acción del Estado y a las generosas aportaciones de algunos
artistas, de algunos mecenas o de algunos herederos, la verdad es que la
situación hoy ha mejorado con respecto a nuestros grandes maestros:
Picasso, Dalí, Miró. Pero, dentro de las posibilidades presupuestarias,
la política de adquisiciones se va a orientar a completar las lagunas
existentes y a evitar que esta situación pueda repetirse en las décadas
futuras. Esta política de adquisiciones tiene que completarse con una
eficaz gestión para obtener los máximos rendimientos posibles en la
aplicación de la Ley del Mecenazgo.
El programa de exposiciones temporales ha logrado mantener una línea de
equilibrio entre la revisión histórica y la contemporaneidad que, aun
siendo susceptible de mejora, yo creo que es un buen punto de partida
como muestra de la amplitud de objetivos que concurren en un museo
nacional. El intercambio y la cooperación con otras instituciones
museísticas, tanto nacionales como foráneas, debería constituirse en
norma común de funcionamiento por encima de las coyunturas
circunstanciales.
Quisiera hacer una referencia brevísima a la creación de la nueva
Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, desde donde se
impulsarán y se coordinarán de manera efectiva las actividades
relacionadas con las bellas artes en conexión con otras instituciones y
sectores. En concreto, sus labores se van a centrar en la coordinación
técnica y artística de las exposiciones programadas por el Ministerio de
Educación y Cultura, en el apoyo a los creadores y en el fomento de su
obra. También se acometerá la elaboración de programas de becas y ayudas
para la formación, se propondrá la participación de artistas españoles en
bienales y salones de carácter nacional e internacional, y también
representará al Ministerio las ferias del mundo del arte.
Quiero entrar ahora, señoras y señores Diputados, en un asunto
importante, que me parece una prioridad máxima del Ministerio de
Educación y Cultura, que es la de elevar el número de lectores.
Incrementar los fondos de las bibliotecas públicas con las grandes obras
de la literatura universal, y muy especialmente los autores españoles e
hispanoamericanos, y asegurar el extraordinario acervo histórico,
jurídico y documental que representan los archivos españoles, van a ser
las tres líneas maestras de la política actual del Ministerio en el área
del libro, archivos y bibliotecas. Y es que, señorías, la del libro, creo
yo, que es una política de Estado. Por el libro y la lectura se trabaja a
medio y a largo plazo. Leer es un hábito, un noble hábito que se debe
aprender en la escuela, y por ello lo que vamos a promover es la
celebración de semanas del libro en centros de enseñanza secundaria y las
campañas de animación a la lectura en las escuelas. Creo que ésta es una
buena muestra también de la importancia de la unificación en un solo
Ministerio de los de Educación y Cultura, porque me parece esencial para
la potenciación del libro y de la afición a la lectura el que la
Dirección General del Libro tenga una especial incidencia en las
escuelas. La industria editorial española constituye una realidad
tangible, de extraordinaria proyección interior y exterior, y será labor
de este Ministerio prestar oídos a las demandas e iniciativas de los
sectores relacionados con el libro. Se participará en ferias y
exposiciones, nacionales e internacionales, y se ayudará, con criterios
objetivos, al fomento de actividades culturales relacionadas con el libro
y la lectura. El Ministerio promocionará especialmente aquellas
actividades encaminadas al conocimiento de las letras españolas que
redunden en un aumento de la lectura, y prestaremos particular atención a
la difusión de las letras españolas, dentro y fuera del país, mediante
encuentros literarios, exposiciones,
mesas redondas y debates. El Ministerio quiere poner especial énfasis en
la difusión exterior de la creación y el pensamiento en las diversas
áreas culturales y en todas las lenguas de España. Y para ello,
apoyaremos la realización de programas de cooperación cultural
internacional en el ámbito de las letras y participaremos en los
programas de la Unión Europea en este ámbito.
En cuanto a los archivos y bibliotecas, los españoles representan un
extraordinario acervo histórico, jurídico, documental y bibliográfico,
cuya trascendencia no puede en modo alguno ser obviada. El extraordinario
valor histórico de nuestro patrimonio bibliográfico, la importancia para
la memoria histórica de nuestros pueblos de los testimonios documentales
contenidos en archivos públicos y privados, nos exige trabajar en serio,
de manera exhaustiva, tanto en su conservación como en facilitar su
acceso a los investigadores que así lo deseen. Señorías, es necesario
perfilar y consensuar con las comunidades autónomas un modelo de
biblioteca pública, a semejanza de las que existen en nuestros países de
nuestro entorno, que permita consolidar la red de bibliotecas públicas
del Estado. La red de bibliotecas públicas y la Biblioteca Nacional han
de actuar de manera coordinada hasta alcanzar la plena integración del
servicio bibliotecario español. De extraordinaria importancia
consideramos en este contexto impulsar programas de incorporación de
nuevas tecnologías a la red de archivos y bibliotecas, así como, por
supuesto, mantener y consolidar los programas ya iniciados, que algunos
están muy bien, para la digitalización de documentos y accesibilidad de
los catálogos a través de las redes de telecomunicaciones existentes.
Quisiera dedicar dos palabras a la Biblioteca Nacional y decir que va a
ser objeto de un importante impulso y proceso de modernización, de
acuerdo con el lugar privilegiado que le corresponde como cabecera de la
red de bibliotecas del Estado y principal sede de nuestro patrimonio
bibliográfico. En este sentido, en ella será de especial importancia la
conclusión de las labores de actualización de sus equipos y programas
informáticos, que facilitarán el intercambio de información con el resto
de bibliotecas de la red y permitirán dar a los investigadores y usuarios
en general un servicio de la más alta calidad. Se va a modificar su
organización y funcionamiento y se le dotará de un reglamento que, junto
con la nueva ley del depósito legal, que presentaremos en esta Cámara en
el transcurso de la legislatura, permitirá aprovechar el alto potencial
de tan insigne institución.
El catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico también es un proyecto
cultural de ámbito nacional, que consiste en el inventario y descripción
de todos los fondos y colecciones depositados en bibliotecas españolas,
públicas o privadas, que por su antigüedad, riqueza o singularidad,
constituyen nuestro patrimonio bibliográfico.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, otros importantes
objetivos que el Ministerio se marca en este ámbito son el desarrollo del
reglamento de los archivos de titularidad estatal y del sistema español
de archivos, y los trabajos para la elaboración del censo de los archivos
españoles. Es voluntad de este Ministerio adoptar una rigurosísima
pulcritud en relación a la sección Guerra Civil del Archivo Histórico
Nacional, ubicado en Salamanca, por cuanto existe un mandato de esta
Cámara para que sea la Junta Superior de Archivos la que elabore un
dictamen en los próximos meses, con el objetivo de disponer de la
información, descripción y valoración técnica adecuadas. En este sentido,
ya están convocados los integrantes de la Junta y los trabajos están en
curso de realización.
Paso, a continuación, señorías, a la política cinematográfica y de las
artes audiovisuales. En este campo vamos a sustituir una política
principalmente proteccionista por una política basada en la confianza en
el cine español. Además de refundir y armonizar la normativa
reglamentaria vigente, la política del Departamento se estructura en
torno a las siguientes líneas de actuación:
Primero, fomentar la creación, incrementar la producción y favorecer la
reactivación del mercado interior, para que las producciones
audiovisuales respondan a las necesidades y a las demandas de los
espectadores.
Segundo, promover la difusión exterior de la producción audiovisual,
especialmente en los países hispanohablantes --en toda Sudamérica y en
Estados Unidos--, estimulando la vocación exportadora de las empresas a
todo el mundo.
Tercero, mejorar el grado de competencia de las empresas, favoreciendo la
implantación de sistemas innovadores de gestión y modernizando sus
estructuras de organización.
Cuarto, recuperaremos, restauraremos, conservaremos y difundiremos el
patrimonio cinematográfico español.
Finalmente, incentivaremos la aplicación de las nuevas tecnologías.
Como ustedes saben, señorías, el Grupo Popular se opuso a la Ley de 8 de
junio de 1994 básicamente por la no supresión de las subvenciones
anticipadas, que considerábamos poco objetivas, y por la permanencia de
las licencias de doblaje. Sin embargo, con posterioridad y por
solicitudes sin duda de la industria, la política de ayudas a la
producción se cambió y se hizo más automática, tal y como nosotros
habíamos pedido. La política de ayuda a la producción cinematográfica del
Ministerio se basará en que todas las ayudas sean, primero,
proporcionadas a la inversión que arriesga el propio productor; segundo,
aplicadas con carácter objetivo; y, tercero, que respondan a la demanda
de los espectadores.
En el terreno de la distribución creemos necesario fomentar mecanismos
que logren la difusión, promoción y distribución del cine español dentro
de nuestro territorio, pero también en el exterior. La distribución y
difusión de las películas desempeña un papel esencial en el desarrollo de
los mercados y en el incremento de las demandas y, por eso, la
interdependencia de los sectores de la producción, distribución y
exhibición debe tenerse presente en todas las acciones que se acometan,
ya sea desde instancias públicas o a instancias privadas. Además debe
tenerse presente el gran mercado potencial para la distribución
cinematográfica que representa para nosotros --y en esto somos distintos
del resto de la mayoría de los países de la Unión Europea-- toda la
América hispana.
En cuanto a la exhibición, las salas comerciales están consideradas como
el primer punto de venta de las películas. Las medidas que se adopten
sobre ellas estarán orientadas a apoyar no sólo al empresario titular de
las mismas para que desarrolle su actividad de forma idónea, permanente y
activa, sino también al espectador, que, en último extremo, es quien con
su presencia en las salas ha de financiar a todo el sector audiovisual.
El sector de la exhibición es el único que está actualmente en un
crecimiento claro y las ayudas se han canalizado hasta ahora --y no
pretendemos cambiarlas-- en forma de créditos más que mediante
subvenciones. Las licencias de doblaje, como ustedes saben, está previsto
que desaparezcan dentro de dos años y medio, de acuerdo con la Ley de 8
de junio de 1994. Nosotros consideramos que son un mecanismo anacrónico y
que actualmente no representan ninguna acción beneficiosa para el cine
español.
Dada la hora que es y la paciencia que tienen SS. SS., no voy a hablarles
de los festivales ni de las coproducciones ni de la filmoteca --si alguno
de ustedes quiere que hagamos hincapié en ello posteriormente, así lo
haremos--, por lo que paso directamente a ocuparme de las cuestiones que
afectan al teatro.
En cuanto al teatro, señor Presidente, señoras y señores Diputados,
nosotros queremos que los organismos estatales dedicados a impulsar la
creación y la difusión de nuestra cultura dramática estén dotados de su
pleno sentido de servicio público. Desde unos años atrás la dramaturgia
ha perdido en España una porción significativa de su público; yo creo que
es innegable y que lo tenemos que reconocer. Sea por erráticas políticas
públicas, por la competencia de otros espectáculos o por efecto de las
dificultades económicas, lo cierto es que llevamos ya un período
prolongado de cierre de locales y una lenta pero continua desaparición de
empresas de compañía y de producción, así como un descenso continuado en
la cifra de espectadores que acuden a las salas. Por ello, consideramos
objetivo prioritario de nuestra política teatral favorecer la
recuperación de los espectadores y la captación de nuevos públicos. Esta
labor de captación de nuevos públicos, de públicos futuros amantes de
nuestro teatro, nuestra música o nuestra danza, exige el esfuerzo de
acometer desde las unidades del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM) competentes en cada caso programas culturales y
educativos especialmente dedicados al público infantil y juvenil;
estimular la producción de teatro infantil y juvenil; fomentar las
iniciativas y experiencias del teatro aficionado y, sobre todo, la
elaboración de un programa de educación y teatro --he aquí otra de las
ventajas de la unificación del Ministerio-- que busque la inclusión del
juego dramático y del teatro en la actividad escolar. Estas van a ser
algunas de nuestras prioridades en este campo.
Desde las unidades de producción del INAEM se abordarán iniciativas
escénicas de interés general donde se atienda al gran teatro universal y
se fomente la dramaturgia española. También queremos abrir el Centro
Dramático Nacional a las coproducciones con los centros autonómicos y
municipales, al intercambio con teatros de otros países extranjeros,
especialmente a los de habla hispana, y a la incorporación en prácticas,
en la medida de lo posible, de los alumnos de la Escuela de Tecnología
del Espectáculo.
Si ustedes quieren, me detengo en explicarles la red de teatros, la
política de rehabilitación de locales y el desarrollo del Centro de
Documentación Teatral, pero les diré simplemente que vamos a mantener los
aciertos, que los ha habido y muchos, de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico y la labor que, junto con festivales como el de Almagro, se ha
llevado a cabo en la difusión del teatro clásico español. Impulsaremos y
reformaremos el desarrollo de sus programas educativos; reformaremos
aquello que haya que reformar pero mantendremos lo mucho de bueno que ya
tiene. Finalmente, en materia de política teatral, los medios de
comunicación de masas van a ser uno de los pivotes básicos de nuestra
política de difusión de la cultura y la creación artística. Es propósito
de este Ministerio elaborar un programa de teatro y medios de
comunicación social que garantice la adecuada atención a nuestro teatro
en dichos medios, particularmente en la radio y en la televisión pública.
Respecto a los consejos de música, teatro y danza, la Orquesta y Coro
Nacionales de España, la Joven Orquesta Española y otras instituciones
musicales, yo, con mucho gusto, les detallo estas cuestiones pero, sin
duda, van a tener ustedes más interés --dada la hora que es-- por la
situación de la Fundación del Teatro Lírico.
La Fundación del Teatro Lírico será la cabecera de la política lírica del
Ministerio y su actitividad estará en conexión con el gran teatro del
Liceo y con los otros teatros líricos españoles mediante acuerdos que
favorezcan mutuamente a estas instituciones. Quiero expresamente
asegurarles el firme propósito de este Ministerio de que se cumpla con la
fecha prevista de inauguración del Teatro Real, a saber: 18 de octubre de
1997. El Teatro de la Zarzuela será, además del centro por antonomasia
dedicado a la difusión de nuestro patrimonio lírico, un importante foco
de acción para la danza.
En cuanto a los ballets nacionales, vamos a desarrollar y profundizar la
acción del Ballet Nacional y de la Compañía Nacional de Danza, sin
olvidar por ello que la danza española es, más allá de estas compañías,
fruto precisamente de la iniciativa privada que pretendemos, el eje
fundamental del relanzamiento de la actividad cultural.
En cuanto a la propiedad intelectual, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, creemos que la defensa de los derechos de propiedad
intelectual no es sólo un acto de estricta justicia para con los autores
y artistas, sino también una necesidad para la financiación de las
industrias culturales y las entidades de difusión, elementos esenciales
para posibilitar el acceso efectivo de los ciudadanos a la cultura. Por
ello la propiedad intelectual es un tema al que se quiere dedicar una
especial atención por parte del Ministerio.
Finalmente, en cuanto a la cooperación y comunicación cultural, señorías,
no hay que olvidar que el artículo 149.2 de la Constitución señala el
deber del Estado de facilitar la comunicación cultural entre las
comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Uno de los objetivos
principales de este Ministerio en política cultural es llevar a efecto
este
mandato hasta ahora, creemos, no suficientemente atendido. Estudiaremos
los convenios suscritos por el antiguo Ministerio de Cultura que se
hallen vigentes, con el fin de proceder a ejecutar lo estipulado en ellos
y analizar cuáles son las líneas de colaboración que necesitan ser
reforzadas. Pero el auténtico protagonismo de la cultura debe estar,
creemos, en la sociedad y por ello vamos a dar especial prioridad a la
política de cooperación con particulares y con entidades, ya sean con
ánimo de lucro --fundaciones o asociaciones-- o empresas o industrias
directamente relacionadas con el mundo de la cultura. Y la cooperación y
la comunicación culturales no pueden quedarse reducidas dentro de
nuestras fronteras.
España es una gran potencia cultural en el mundo y el Ministerio de
Educación y Cultura tiene entre sus objetivos prioritarios lograr la
máxima difusión de nuestra amplísima riqueza cultural desde su pluralidad
en todo el mundo. Al mismo tiempo haremos un gran esfuerzo en la Unión
Europea por coordinar nuestra política cultural con otros países
miembros, puesto que consideramos una prioridad del actual Gobierno la
proyección exterior de la cultura española y muy especialmente con
aquellos países con los que hemos compartido gran parte de nuestra
historia y con los que hoy nos sentimos hermanados por la lengua, la
cultura y el patrimonio histórico. Estas acciones exteriores se
coordinarán con el Instituto Cervantes, la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, a fin de que la acción
cultural exterior de España alcance el nivel y significación que merece y
se coloque a la altura de la potencia cultural que objetivamente es
España en el panorama internacional.
En cuanto a las fundaciones y el mecenazgo, señorías, se ha dictado
recientemente el Reglamento que desarrolla la Ley de Fundaciones de 1994,
con lo que, en principio, se completa la nueva normativa que regula estas
importantes instituciones y que viene a sustituir, a simplificar y a
actualizar una maraña normativa que ya era centenaria. Sin embargo,
quiero decirles, señorías, que tanto la ley, en cuya aprobación se
abstuvo el Partido Popular por considerarla excesivamente
intervencionista, como sobre todo el Reglamento de desarrollo, que
incrementa aún más las trabas y controles administrativos a las
fundaciones, no son, a juicio del nuevo Gobierno, satisfactorios. Por eso
nos proponemos estudiar, junto con las fundaciones y el resto de las
fuerzas políticas, la necesidad de reformar la normativa actualmente
vigente y decidir si es imprescindible una modificación legislativa o si
bastaría con algunas enmiendas en el Reglamento que la desarrolla. En
cuanto al mecenazgo, la Ley de 1994 también nos parece insatisfactoria,
no tanto por los incentivos que la ley prevé y que consideramos
cicateros, sino por la filosofía que subyace en ella, una filosofía de
desconfianza y de temor a una disminución en la recaudación de impuestos,
en vez de contemplar el mecenazgo como un mecanismo deseable y como un
alivio para los presupuestos públicos. Nosotros creemos que si se
desgravan fiscalmente las actividades de interés general no sólo se hace
justicia y reconocimiento social de una importante labor que realizan los
particulares, sino que los presupuestos públicos, puesto que es una labor
de interés general y la están realizando los particulares, van a
ahorrarse una significativa cantidad de dinero. Por tanto, el apoyo del
Estado al mecenazgo particular debe empezar por una actividad asesora en
la relación con las áreas y los proyectos de interés general hacia los
que éste puede orientarse, así como la cooperación y la participación
conjunta en la financiación y en la ejecución de éstos.
Señorías, quiero referirme ahora a la política deportiva, y en materia de
política deportiva quiero comenzar mostrando mi satisfacción por lo que
es un hecho real, y así lo reconocemos todos: que el deporte español goza
de buena salud, mejorable, ciertamente, y a ello nos dedicaremos con
ahínco durante la presente legislatura, pero los logros alcanzados
suponen una importante página en la historia del deporte español y han
sido posibles gracias al esfuerzo y tesón de nuestros deportistas y
también de muchos otros agentes sociales e individuos que lo han hecho
posible. Es, por tanto, responsabilidad del Gobierno --y les aseguro que
esta Ministra lo asume con enorme ilusión como un importante reto--
conseguir que el deporte español adquiera la calificación de excelente,
manteniendo aquellos aspectos de la política deportiva que han demostrado
su capacidad de generar buenos resultados y reorientando adecuadamente
aquellos otros que resulte aconsejable mejorar. Por eso, el objetivo que
perseguiremos será que al término de la legislatura la salud del deporte
español no sea sólo buena, como ahora, sino que sea excelente.
Las cuatro líneas de actuación que vamos a perseguir en esta materia van
a ser: en primer lugar, el cumplimiento y la mejora de la Ley 10/1990,
del Deporte. En segundo lugar, la promoción de programas de fomento de la
práctica deportiva en los centros escolares y en la universidad. En
tercer lugar, afianzar y favorecer los programas de alta competición, en
colaboración con federaciones deportivas españolas o con cuantas
entidades sociales lo hagan posible. También con el apoyo de
patrocinadores privados, a los que se va a seguir animando a contribuir
en la mejora del nivel competitivo de nuestros deportistas. Y, por
último, en cuarto lugar, a favorecer los hábitos deportivos de los
españoles, en colaboración con las comunidades autónomas, ayuntamientos y
otras entidades públicas o privadas.
Permítanme, señorías, aunque sea brevísimamente, porque soy consciente de
la hora que es, detallar algunos programas concretos en que se van a
desarrollar estas cuatro líneas de actuación.
El nuevo marco jurídico. La nueva Ley del Deporte ha prestado, junto a la
Ley 13/1980, de la Cultura Física y del Deporte, de extraordinaria
importancia en su momento, un fundamental servicio para el desarrollo de
la política deportiva española actual. Sus principios de actuación se han
basado en la Carta Europea del Deporte para Todos, de 1975, y, aun sin
ser una norma con efectos jurídicos, constituye base sólida sobre la que
elaborar una política deportiva europea. Pero el desarrollo normativo de
la Ley del Deporte, tras el fuerte impulso de sus inicios, ha sufrido una
cierta ralentización y algunos efectos no deseados en los últimos años en
los ámbitos del deporte profesional y
del deporte-espectáculo que aconsejan, creemos, una reforma delmarco
jurídico. El Gobierno se propone llevar a cabo una modificación
legislativa, para la que se va a buscar el consenso de esta Cámara,
adaptada a la última realidad del deporte español. En este sentido, es
nuestra intención limitar las competencias de la Administración del
Estado en materia deportiva y establecer un firme control de las
subvenciones, que serán otorgadas con criterios objetivos. Aseguraremos
la independencia del Comité Olímpico Español y de federaciones,
asociaciones y clubes y se garantizará que los derechos y deberes de las
sociedades anónimas deportivas y de sus accionistas y administradores
sean similares a los del resto de las sociedades anónimas, complementados
por las particularidades deportivas que establezcan sus federaciones. Se
continuará trabajando en la implantación de enseñanzas y titulaciones de
técnicos deportivos. La correcta definición de estos problemas y
fundamentalmente de los cambios sustanciales a introducir será en todo
caso objeto de estudio y reflexión con los sectores implicados. El
protagonismo en el deporte ha de corresponder a los deportistas y a las
federaciones que los agrupan y es firme propósito de este Ministerio
eliminar todo intervencionismo que limite la libre iniciativa en el mundo
deportivo.
En cuanto al segundo objetivo, el fomento del deporte en las escuelas y
en las universidades, ninguna escuela pedagógica digna de tal nombre
olvida la consideración de la educación física y del deporte como una
parte esencial de la formación integral del ser humano. Por ello, el
fomento del deporte en las escuelas y universidades forma parte del
programa de cualquier Gobierno civilizado, sea cual sea su signo
político.
El llamado plan de extensión de la educación física y la práctica
deportiva en el sistema educativo tenía prevista su finalización en 1988.
Hoy, transcurridos todos estos años, continúa en fase de ejecución. A 16
de enero de este año, sólo se había finalizado el 77,75 por ciento de las
instalaciones programadas. Es cierto, señorías, que la ejecución del plan
no ha estado exenta de cierta complejidad y que ello ha hecho preciso
armonizar las competencias del Ministerio, de las comunidades autónomas,
de las diputaciones, de los ayuntamientos, pero lo cierto es que el
actual Gobierno se compromete a culminar el plan previsto en un tiempo
razonable y a elevar sus resultados a esta Cámara.
El Gobierno impulsará también programas destinados a facilitar el interés
de las entidades sociales por la promoción y práctica del deporte en
centros escolares en horarios no lectivos; a favorecer los campeonatos de
España cadete, nacional e infantil por equipos en centros escolares, así
como a la participación española en competiciones internacionales del
deporte escolar; a desarrollar programas de perfeccionamiento e
iniciación técnico-deportiva a través de actividades veraniegas; a
impulsar el Programa 2.000 del deporte infantil de verano y a fomentar el
asociacionismo y voluntariado deportivo en las enseñanzas primaria y
secundaria.
En cuanto al deporte universitario, la ordenación y organización de las
actividades corresponde a las propias universidades. El Comité Español de
Deporte Universitario (CEDU) es el órgano de participación de los
sectores vinculados al deporte en la universidad, que presta su
asistencia y colaboración al Consejo Superior de Deportes en el
desarrollo de las competiciones deportivas universitarias. El Gobierno,
con el apoyo y el asesoramiento del CEDU, acordará anualmente con las
universidades, asociaciones deportivas universitarias y comunidades
autónomas, los planes de actuación que se hayan de desarrollar para
promover la práctica deportiva en la universidad, incluyendo
competiciones, promoción de escuelas y equipos, equipos federados
universitarios y programas de cooperación a través de convenios, para
dotar de infraestructuras deportivas a todos los campos universitarios.
Los programas de alta competición, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, que son la tercera de las grandes líneas de actuación de este
Gobierno, la política deportiva va a ir destinada a mejorar el nivel de
preparación de nuestros deportistas de alta competición. El deporte de
alta competición --tenemos que tenerlo siempre presente-- contribuye a
crear la imagen de España en el exterior, y es el medio idóneo para crear
un clima favorable que estimule la participación de los ciudadanos en las
actividades y prácticas deportivas. Afortunadamente, es éste un ámbito en
que las federaciones deportivas, fundaciones y clubes, junto a los
patrocinadores, tienen un importante papel vertebrador, y el Gobierno lo
que hará es impulsar la contribución de empresas patrocinadoras a través
del Programa ADO, que ya está funcionando, y colaborará activamente con
estas entidades en sus labores en favor del deporte de alta competición
española.
En el ámbito del deporte federado, de acuerdo con las federaciones
deportivas, se consolidarán, según las disponibilidades presupuestarias,
los programas para jóvenes promesas; se potenciarán los programas de
intercambio internacional, incluyendo, entre otras, actividades de
formación de técnicos deportivos españoles en el extranjero y se apoyará
la participación de representantes españoles en las federaciones
internacionales.
Los centros de alto rendimiento existentes en España, tres
multideportivos y cuatro especializados, posibilitan que la preparación
técnico-deportiva de los deportistas de alto nivel españoles tenga lugar
dentro de nuestras fronteras. Este es un compromiso claro e inequívoco de
este Gobierno. El interés por la conservación, mantenimiento y mejora de
la calidad técnica y de sus servicios y por alcanzar rendimientos y
niveles de ocupación elevados, son otras prioridades del Gobierno en
materia deportiva.
Además, el Gobierno apoyará activamente, en el ámbito que le corresponda,
el Plan ADO 2000 (Asociación de Deportes Olímpicos) de cara a los Juegos
Olímpicos de Sydney en el año 2000 y, por supuesto, respaldará la
organización de la Universiada, en Palma de Mallorca, en 1999 y la
promoción de la candidatura a sede olímpica de la ciudad de Sevilla para
el año 2004.
Señorías, llego a la última de las cuatro grandes líneas de actuación que
les esbozaba al comienzo de la parte deportiva de mi exposición. Y no la
he dejado para el final por considerarla más o menos importante que las
otras tres, sino porque en realidad es el resumen de la política
deportiva
de cualquier Gobierno que se precie. Se trata, ni más ni menos, que de
favorecer los hábitos deportivos de los ciudadanos en general, cualquiera
que sea su edad y condición. En este contexto, quiero destacar el
compromiso del Gobierno por hacer efectiva y real la atención a las
federaciones polideportivas encargadas de promover y fomentar el deporte
de las personas con minusvalía física, psíquica, sensorial y mixta.
Finalmente, señorías, el programa deportivo del Ministerio se
desarrollará, como en otros ámbitos, desde el diálogo, la mutua
colaboración y la corresponsabilidad con otras entidades públicas y
privadas implicadas en el fomento de la práctica deportiva. Las
competencias del Estado en esta materia pasan necesaria y lógicamente por
la coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Estos
últimos son, en realidad, los principales gestores de los servicios
públicos deportivos y son, además, quienes principalmente han favorecido
el desarrollo y el fomento de la actividad deportiva a través de las
escuelas deportivas municipales, patronatos, sociedades, consorcios,
etcétera. El Gobierno considera necesario establecer un entendimiento
entre las distintas administraciones que posibilite una eficaz
colaboración en el diseño y puesta en práctica de sus políticas de
fomento del deporte entre los españoles.
Termino ya, señorías. Les acabo de enunciar las líneas generales de lo
que va a ser la política del Ministerio de Educación y Cultura en esta
legislatura. He concluido una exposición necesariamente extensa, por la
que les pido disculpas, de objetivos ambiciosos que estoy segura que
pueden deparar un mejor futuro para los españoles. Señorías, seamos
optimistas, creamos con Voltaire que las grandes cosas son normalmente
más fáciles de lo que se piensa. Así será si actuamos con inteligencia,
con voluntad de alcanzar acuerdos y con el diálogo del que este
Parlamento, el Congreso de los Diputados, es la sede por excelencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tal y como está previsto, porque necesita usted un merecido descanso y
los demás portavoces un tiempo para preparar su intervención, vamos a
suspender la sesión por el improrrogable plazo de quince minutos. A los
quince minutos se reanudará de forma automática.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Como todos ustedes saben, además de la comparecencia
a solicitud de la señora Ministra, había dos peticiones de comparecencias
hechas respectivamente por el Grupo Parlamentario Socialista y por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Hemos
acordado darle a todo un tratamiento conjunto; por lo tanto, llegado el
momento de intervención de SS. SS. podrán explayarse tanto en lo
particular como en lo general.
Vamos a proceder de la siguiente manera. En primer lugar, daremos
preferencia a quienes habían solicitado la comparecencia y le daremos la
palabra al Grupo Parlamentario Socialista, después a Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y seguidamente, en el orden en que está
previsto en el Reglamento, de menor a mayor, al resto de los grupos.
Por lo tanto, en primer lugar, tiene la palabra don Joan Romero.
El señor ROMERO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, señora Ministra...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Romero.
No les he querido hacer ninguna ordinaria apelación hacia el horario en
la confianza absoluta de que su sentido de la moderación va a hacer
completamente innecesaria ninguna intervención por el sentido de la
economía con que ustedes van a producirse.
Muchas gracias.
El señor ROMERO GONZALEZ: De nada, señor Presidente.
Señora Ministra, en primer lugar, deseamos agradecerle la exposición, que
nunca es excesivamente larga cuando se habla de política general del
sistema educativo español, naturalmente. Cuenta, como es lógico, y lo
digo de antemano, con el margen de confianza que a todo Gobierno se le
debe dar; cuenta, y lo digo de antemano, con los niveles de consenso que
en aquellos temas que sean susceptibles de consensuar puedan producirse
en esta Cámara, y dicho esto, debo manifestarle que su intervención,
aunque general, ha provocado un buen nivel de inquietud en algunos, en
bastantes temas de los que usted ha planteado hoy aquí.
Déjeme que comience, en todo caso, con una observación previa, y es que
ha aludido demasiadas veces al Estado español, a la política educativa
española, a la política cultural, a la política de investigación, a la
política de deporte, y usted sabe muy bien, señora Ministra, que, salvo
en educación, donde usted es reponsable del 40 por ciento de la gestión
directa del sistema educativo del Estado en el territorio que todavía
gestiona el Ministerio de Educación, el resto de las competencias están
transferidas hace mucho tiempo a las demás comunidades autónomas, de
manera que en este sentido las referencias deben hacerse siempre en ese
contexto.
Coincido con usted en que el sistema educativo español tiene una buena
salud. El sistema educativo español tiene en este momento una buena salud
que es debida al esfuerzo sostenido desde la transición y sobre todo
durante el mandato de los diversos gobiernos socialistas, en incremento
del gasto público, en incremento de inversiones, en incremento de
capítulo de profesorado, en incremento de gastos de sostenimiento de los
centros y en el desarrollo de aquellas leyes que han situado a este país
en los niveles de modernidad que otros países de nuestro entorno tenían
desde hacía décadas.
Ha ocultado, ha sido cicatera en el reconocimiento de este último extremo
y me parece innecesario. Es verdad
que en este momento España destina ya un porcentaje muy elevado de su
producto interior bruto a educación. Es verdad que en gasto por alumno
respecto a la proporción de producto interior bruto por habitante España
se sitúa en el nivel de Francia en este momento, por encima de Irlanda,
pero, señora Ministra, este país arrancó con mucho retraso, este país
tiene décadas de retraso, en algunos casos probablemente siglos, pero,
desde luego, décadas de retraso en cuanto al destino de recursos públicos
para un sistema educativo.
Digo esto porque, a diferencia de la apelación que usted ha hecho a la
moderación del gasto, mi grupo piensa que en España será necesario seguir
realizando esfuerzos sostenidos en gasto educativo durante los próximos
años, incluso en porcentajes sobre el producto interior bruto por encima
del gasto que otros países de nuestro entorno destinan, por una razón muy
elemental: porque estos países ya lo han destinado durante tres o cuatro
décadas en el pasado, y nosotros no. El sistema educativo español era
raquítico en 1977, el sistema educativo español ha hecho un ingente
esfuerzo, pero todavía le falta un tramo importante por recorrer.
Atendiendo la propuesta del Presidente, he intentado agrupar algunas de
las cuestiones que usted ha planteado aquí. Señora Ministra, ustedes han
adoptado ya cuatro importantes decisiones en el mes que llevan de
Gobierno, de las cuales quiero enfatizar cuatro.
En primer lugar, han enfocado como han podido para su ámbito de gestión,
para el territorio que ustedes gestionan, la solución al mantenimiento
del primer ciclo de secundaria obligatoria en zonas rurales. He atendido
con mucho interés las palabras que usted ha dicho aquí. Calidad, igualdad
y flexibilidad, sin duda alguna, deben ser las fórmulas con que abordar
esta cuestión. Pero solamente le quiero decir una cosa, señora Ministra.
Las zonas rurales, sea cual sea la solución que se adopte en el ámbito de
gestión en el que usted es competente, han de tener las mismas garantías
para chico y chicas que las zonas urbanas, y en este sentido mucho nos
tememos que no va a ser posible. Y además me sugiere bastantes preguntas,
pero le señalaré solamente tres. ¿A qué poblaciones afectará finalmente?
Estamos a 18 de junio y todavía no se sabe. ¿Por cuánto tiempo, señora
Ministra? ¿Habrá incremento presupuestario para garantizar la igualdad de
condiciones y la calidad en las zonas en las que ustedes decidan mantener
el primer ciclo de secundaria en las zonas rurales? ¿Cuál será ese
incremento? ¿Cuándo van a comunicar al profesorado que se destine a esos
centros en esas zonas rurales que van a quedarse en ellas? ¿Cuántos
especialistas tendrán que asignar, señora Ministra? ¿Van a modificar el
concurso de traslados?
La segunda decisión que han tomado tiene que ver con las inversiones y el
recorte en educación. Nuestro grupo es contrario al recorte que ustedes
han introducido en educación, y de nada sirve que usted se cure en salud
argumentando que en los años 1994 y 1995 había habido una minoración en
el gasto en educación, en el territorio que usted gestiona, porque el
resto de las administraciones, como usted sabe, lleva una dinámica muy
diferente. Señora Ministra, ustedes han introducido un recorte de 10.000
millones en educación y en cultura, un recorte que tiene una
característica, y yo le voy a preguntar aquí. ¿Por qué han recortado en
inversiones en el sector público y en profesorado y en gastos de
sostenimiento del sector público, y no han recortado ni una sola peseta
en subvenciones a centros concertados? ¿No es igual, el mismo recorte
para todos, aun estando en contra de la filosofía del recorte? ¿Por qué
los recortes que me ha enviado directamente el Secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes, es decir, su propio Gobierno, afectan
solamente a los capítulos 1, 2 y 7, y no afectan al capítulo 4, que son
subvenciones a centros concertados? Ni una sola peseta, señora Ministra.
Tercera decisión que han tomado, que han anunciado aquí esta mañana:
libre elección de centro. Mire, señora Ministra, debo aclararle que
nuestro grupo está a favor, siempre lo ha estado, de la libre elección de
centro cómo no podía ser de otra manera, pero el problema no se plantea
ahí, como usted sabe muy bien; el problema, señora Ministra, se plantea,
cuando en un centro hay más peticiones que plazas, cuál es el papel que
compete a la Administración. El Gobierno tiene el deber democrático de
planificar los recursos, señora Ministra. El Gobierno tiene el deber
democrático de garantizar la libertad y el libre acceso en condiciones de
igualdad. Hay un análisis internacional comparado. Usted ha señalado
alguna parte del análisis internacional comparado en materia de libertad
de elección de centro, pero ha ocultado la parte que esos análisis
subrayan en torno a las consecuencias negativas de las pocas experiencias
que en el contexto internacional se están llevando a cabo en materia de
libre elección. Las consecuencia negativas son, y está constatado ya,
señora Ministra, fragmentación social, discriminación, cierre de escuelas
públicas. Estas son las tres consecuencias que se están ya evaluando en
el Reino Unido, al que usted citaba, por cierto --veo que es realmente
admiradora de la política ultraconservadora en materia educativa de los
conservadores británicos--, pero yo le adelanto ya las consecuencias que
ha tenido la poca aplicación de esta cuestión. En relación con ello, debo
decirle que, si ustedes pretenden que sean los centros los que elijan a
los alumnos, van a tener enfrente al Grupo Parlamentario Socialista y me
temo que a una buena parte del sistema educativo de este país. Si no es
así, todo lo que usted ha dicho aquí no sirve para nada; si después de lo
que ha dicho, la única cosa que puede haber detrás es esto y usted me
dijera después que no, entonces lo que ha dicho no sirve para nada. No
obstante, le voy a hacer tres preguntas sobre esta cuestión. ¿Van a
modificar el artículo correspondiente de la LODE en materia de admisión
de alumnos? ¿Sí o no? ¿Van a modificar los criterios de admisión, es
decir, renta de las familias, proximidad al centro y hermanos en el
centro? ¿Sí o no, señora Ministra? En el caso de que, sea cual sea su
decisión como Gobierno, finalmente opten por la vía de la diversidad, por
la vía de incrementar la financiación a los centros concertados
modificando la zona, como usted ha apuntado aquí, la pregunta sería: ¿van
a cerrar los centros o unidades públicas a las que la supuesta admisión
de alumnos en ese sentido pudiera perjudicar?
La cuarta decisión que han tomado tiene que ver con la religión. Señora
Ministra, usted debe saber que un tercio de las familias españolas no
desean que sus hijos estudien religión en ningún caso, y, además, en una
peculiar lectura de la libertad que hacen ustedes, pretenden, al menos
pretendían hasta ayer, no solamente que se garantice el estudio de la
religión para aquellos hijos cuyas familias lo deseen, sino imponer, por
la vía de la coerción académica, a aquellas familias que no desean este
estudio una actividad complementaria evaluable, una actividad
complementaria que sea académicamente tenida en cuenta. Nuestra posición
al respecto es la de que ésta es una lectura peculiar de la libertad, muy
peculiar en esta cuestión, que, naturalmente, no contará con el apoyo,
sino con la posición contraria, de nuestro grupo.
Señora Ministra, en el primer mes, la valoración que hace mi grupo
parlamentario es la de que, con algunas de las decisiones que usted, hoy,
tímidamente ha apuntado aquí, de una manera muy general por cierto,
estamos volviendo a 1970. Llega usted aquí con propuestas que llevan ya
15 años de retraso; llega usted aquí con propuestas que hace mucho tiempo
que sabemos las consecuencias que han tenido en aquellos ámbitos en los
que se han instrumentado: el Reino Unido y Estados Unidos.
Hay un segundo bloque que usted ha comentado y que yo sintetizo de la
siguiente forma. Usted ha hecho una referencia muy genérica a lo que mi
grupo entiende que es la prioridad número uno de cualquier país
occidental, de cualquier país de la OCDE en este momento: la formación
profesional. Lo ha citado usted de pasada, después de dieciséis temas, se
supone que por orden de prioridad para usted, señora Ministra, y le ha
dedicado exactamente cuatro minutos. La formación profesional, como usted
sabe bien, con independencia de los gobiernos de la Europa occidental, es
la prioridad fundamental para cualquier país, y, en este sentido, no me
han quedado claros dos aspectos: en primer lugar, ¿cuál va a ser el
impulso que se va a dar a la puesta en marcha de los ciclos formativos de
grado medio y superior? ¿En qué nivel, en su ámbito de gestión
naturalmente? ¿Cuál va a ser la importancia y el despliegue que se va a
hacer de los programas de garantía social, auténtico mecanismo de
compensación de desigualdades y de lucha efectiva contra el abandono
escolar? ¿Cuál va a ser en esta materia --un aspecto que usted ni
siquiera ha citado, señora Ministra, y que en Bélgica, en Suecia, en
Alemania, donde usted mire, es atención preferente de estos gobiernos; le
insisto, señora Ministra, ni ha citado-- su política en materia de
formación de adultos, que no ha citado ni una sola vez? Formación de
adultos es empleo, señora Ministra, como formación profesional, y usted
debe saber --aunque quizá no lo sepa, porque ha dado a veces demasiados
datos estadísticos sobre el sistema educativo, etcétera, ha omitido uno
que me parece muy relevante-- que pese al esfuerzo de los últimos 15 años
en educación en este país, aún hay 6 millones de personas analfabetas o
sin estudios --por cierto, un 60 por ciento de ellas, mujeres--, pese a
los enormes esfuerzos, ¿y sabe por qué? Porque ésta es la población que
tiene más de 45 ó 50 años y que no fue a la escuela después de la guerra
civil. Es el resultado de décadas de no política en materia de educación
de los gobiernos de la derecha de este país. Y la formación de adultos es
para mi grupo una opción y una posición prioritaria, señora Ministra. Nos
duele que ni siquiera haya hecho una sola mención a la importancia
estratégica que los países más desarrollados de nuestro entorno están
desplegando en torno a esta materia. Ya le adelanto que nuestro grupo va
a desarrollar, va a traer a esta Cámara iniciativas en materia de
formación de adultos, habida cuenta de que, en la primera presentación de
la política general del Gobierno del que usted forma parte, ni siquiera
se encuentra en la última de las prioridades.
En materia de profesorado, ha citado diferentes aspectos que tienen que
ver con la formación, que tienen que ver con los CEP. Yo no sé si es
porque lleva usted poco tiempo en el Ministerio, probablemente, y porque
también desconoce el resto de la política de formación del profesorado
del Estado español, de las comunidades con competencias, señora Ministra,
la formación del profesorado no se desarrolla exclusivamente en los
centros de profesores. Hace mucho tiempo que la formación del profesorado
se despliega en centros de profesores y en combinación o en colaboración
con las universidades; hace mucho tiempo de esto. De manera que no
descubre usted nada nuevo ahí, sino que despliega una política
estrictamente continuista. De todos modos, le voy a hacer una pregunta
referida al profesorado, porque no lo ha comentado. ¿Va a cumplir el
acuerdo vigente entre el Ministerio de Educación y Cultura y las
centrales sindicales? ¿En qué se concreta esa alusión genérica que usted
ha hecho al desarrollo profesional de las condiciones laborales?
No ha citado un real decreto en vigor, señora Ministra, el real decreto
de atención a colectivos desfavorecidos, aprobado por el anterior
Gobierno, que es muy importante y que, precisamente, es uno de los
aspectos que enlaza con algunas de las políticas que en materia de
educación se están llevando en los países de nuestro entorno. Se trata de
hacer una discriminación positiva con aquellos centros que están ubicados
en zonas marginales o en zonas periféricas y que tienen más dificultades
de adaptación con el entorno y del entorno con el conjunto de la
estructura social. La pregunta que le hago es: ¿va a mantener la
aplicación de este real decreto de atención a colectivos desfavorecidos?
¿Qué va a hacer con esto?
Un aspecto al que usted tampoco ha aludido en absoluto, señora Ministra,
desde luego, no me refiero al sentido que usted le daba. Usted hace una
mezcla realmente incomprensible para mí entre religión y valores, y no es
así, pero, en fin, no me refiero yo a esto. Me refiero a los programas
que las administraciones educativas con competencias y el propio
Ministerio desarrollan en lo que se conoce como educación en valores, es
decir, actividades transversales que, al amparo de la Logse, se
despliegan en los centros educativos. Debería usted saber, señora
Ministra, que en este momento, más de un 80 por ciento de las familias
españolas desean que sus hijos tengan algunas actividades de educación en
valores, como, por ejemplo, educación en prevención de drogodependencias,
educación ambiental, educación vial, etcétera. Y le diré más, el
Senado trabajó durante más de un año en una Comisión muy importante, a la
que usted no ha hecho referencia alguna, que tiene que ver con los
contenidos televisivos, con la educación a través de la televisión, con
la violencia en televisión. ¿Ha pensado usted algo al respecto? Por lo
que ha dicho aquí, no, porque no lo ha citado, señora Ministra, y ha
tenido mucho tiempo para establecer prioridades, porque ha citado cosas
muy secundarias del sistema educativo, y, en cambio, éstas no han
merecido su atención.
Respecto de su programa electoral, naturalmente ya nos ha quedado claro a
nuestro grupo, y nos felicitamos por ello, que la Logse es una ley que no
van a modificar, contrariamente a lo que han venido diciendo durante
muchísimos años. Debo decirle que las calificaciones que ha hecho de
improvisación, de falta de prevención, de falta de organización, de
aplicación anticipada de esta ley, indican que tiene usted un importante
desconocimiento, señora Ministra, perdóneme, respecto de cómo se ha
implantado anticipadamente esta ley por las administraciones educativas.
No ha sido el Ministerio de Educación solamente, señora Ministra; ha sido
Galicia, ha sido Navarra, ha sido Cataluña, ha sido Valencia, ha sido
Andalucía... ¿Usted sabe que, en el campo de la implantación anticipada,
en Navarra está implantada al cien por cien y en Cataluña al 47 por
ciento? Por tanto, en este sentido ha sido una tarea conjunta de las
administraciones educativas, señora Ministra, y ha sido una tarea
positiva, salvo que usted piense que todos los consejeros de Educación en
los gobiernos regionales con competencias han sido todos unos
imprudentes. Naturalmente, no es ésta nuestra posición.
En su programa, además de la modificación o no de la enseñanza secundaria
--que ya ha quedado claro que no-- y de la ampliación del bachillerato
--que ha quedado claro que no--, hay un compromiso al que no ha hecho
aquí ninguna mención, como a casi nada relativo a la formación
profesional. Ustedes tienen un compromiso que indica que se podrá pasar
de ciclos formativos de grado medio a superior sin haber cursado el
bachillerato. La pregunta que le hago es la siguiente. ¿Mantienen este
compromiso? ¿Cómo lo harían en el caso de que lo mantuvieran? ¿O tampoco
mantienen este compromiso?
El campo de la educación infantil, señora Ministra, es un campo
importante. Todos los partidos, desde luego el Grupo Parlamentario
Socialista tiene compromisos muy explícitos respecto de ampliar ese gran
logro que usted ha reconocido aquí, que ha sido prácticamente escolarizar
a los niños y niñas de cuatro años en la red del sistema educativo
sostenida con fondos públicos, en la red pública, ampliándolo hasta los
tres años. Usted ha realizado aquí un compromiso más, que consiste en
ampliar la gratuidad, desde los tres años, en los centros concertados.
Señora Ministra, ¿sabe cuál es el coste? El Gobierno que usted representa
aquí ¿está dispuesto a asumir ese coste, no sólo para el territorio que
usted gestiona sino en este caso para todas las administraciones con
competencias? ¿Cómo haría efectivo este cumplimiento, señora Ministra?
¿Piensa reducir alguna otra partida presupuestaria para asumir ese coste,
en el caso de que se ampliara la gratuidad en los centros concertados,
que no es inferior a los 200.000 millones de pesetas?
En universidades, de nuevo hemos podido comprobar cómo su compromiso
electoral no se puede ver cumplido en este caso, señora Ministra. Ya no
hay --como dicen en su programa-- concursos nacionales para acceder a
plazas de profesorado, ya no hay concursos nacionales, no ha hecho
ninguna mención a este tema, o si los hay, le ruego que me lo explicite
ahora. No ha quedado claro si mantienen o no los concursos de traslado.
Ha quedado difuso qué van a hacer con los órganos de gobierno de las
universidades. ¿Los van a modificar? ¿En qué sentido? ¿Van a modificar la
Ley de Reforma Universitaria en esa materia, señora Ministra?
En materia de planes de estudio, no solamente es que haya estudios y
deben ustedes esperar a que los haya, como ha dicho anteriormente, ya hay
estudios concluidos, señora Ministra, tanto propuestas de la conferencia
de rectores de las universidades españolas como de la propia subcomisión
encargada al efecto por el Consejo de Universidades. En este sentido
quiero preguntarle de una manera explícita sobre cuestiones que ya están
en el seno de las universidades españolas, porque han sido discutidas
hasta la saciedad, y las preguntas son exactamente las siguientes. ¿Tiene
intención, en breve plazo --porque las primeras promociones de acuerdo
con los nuevos planes, acaban ahora--, de abordar la revisión de los
nuevos planes de estudio, señora Ministra? ¿Está prevista, por parte de
su Ministerio, la financiación para terminar el proceso de reforma de los
planes? ¿Piensa el Gobierno modificar el catálogo de titulaciones, señora
Ministra? ¿Piensa el Gobierno propiciar la revisión del número de
créditos para algunas titulaciones?
Ha hablado de selectividad. Respecto de este tema debo decirle que cuenta
con el consenso de mi grupo para explorar formas satisfactorias que
resuelvan esta cuestión. Cuenta con el consenso. Esperemos que, entre
todos, en el Parlamento español seamos capaces de buscar una solución que
vaya perfeccionando el actual sistema. No podemos adelantar nada más
porque usted tampoco ha dicho nada más respecto de este tema.
Naturalmente, contará también con el consenso en el caso de que traigan a
la Cámara unas propuestas que mejoren el actual sistema de becas,
nacionales o internacionales, lógicamente, respetando el sistema de
autonomía universitaria en su integridad.
En materia de política científica, señora Ministra, para ser muy
sintético y para no alargar la intervención, en atención a lo que nos
decía el señor Presidente, debo comentarle que han empezado muy mal. Le
cabe el honor de ser la primera Ministra que no lleva el calificativo de
ciencia en el nombre de su departamento en toda la democracia. Este es un
indicador, igual que en Cultura, de la poca importancia que tal vez den
ustedes a esta cuestión. La única competencia que tienen ustedes en
política científica la han modificado. Se han ocupado de suprimir la
secretaría general del plan. Esta es la única competencia que tienen,
señora Ministra. Paradójicamente, mantienen una dirección general de
universidades --fíjese bien, señora Ministra-- para la Uned y para la
Menéndez y Pelayo, porque no
tienen ninguna otra universidad bajo su competencia. Paradójico, en estos
aires de contención del gasto y de recorte de unidades a los que ustedes
aludían con anterioridad. Por último, respecto a la decisión de
integración en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
todos los organismos de investigación de la Administración pública es,
como mínimo, extravagante, señora Ministra. Será un puro lío. Lo es ya,
problablemente por desconocimiento de la medida que usted o su Gobierno
tomó. Temo por la política científica española, por los primeros signos
que ustedes han presentado aquí.
En el ámbito de cultura he de decir lo mismo. ¿Qué aporta la supresión
del Ministerio de Cultura? Dice usted que no es una cuestión
presupuestaria. Realmente no debe serlo, porque la reducción no supera
los diez millones de pesetas, de mantenerlo o no. Es una pequeñísima
diferencia. Es otra cuestión. Pues para ustedes era la prioridad segunda
de su programa electoral. No parece que se compadezca bien con la
decisión que han tomado. Por otra parte, en cultura hay un recorte de
2.300 millones de pesetas, señora Ministra. ¿Dónde se va a producir este
recorte?
Le voy a formular dos preguntas más, aparte de que según los papeles que
usted ha leído no tiene muy claro que la Ley de Fundaciones y la de
Mecenazgo son la misma. ¿Va a haber alguna aplicación respecto de la Ley
de Propiedad Intelectual? ¿Va a romper el acuerdo entre administraciones,
que, por cierto implica a otro miembro de su partido, como es el
Presidente de la Comunidad de Madrid, referido a la dirección del Teatro
Real. ¿A espaldas del Patronato, señora Ministra?
En temas de consenso y temas de Estado, en cuanto al Museo del Prado, ¿se
van a seguir resolviendo estas cuestiones por decreto, señora Ministra?
Aquí ha dicho usted ahora mismo lo contrario, pero ustedes han resuelto
una cuestión de manera uniliteral, incluso ignorando claramente el
acuerdo parlamentario.
Concluyo, señora Ministra, haciendo referencia a algunas de las
cuestiones que usted ha planteado aquí, diciendo que tenemos mucha
inquietud; que no tienen claras sus prioridades sobre qué es lo que
necesita el sistema educativo español para el siglo XXI; que han omitido
muchas prioridades fundamentales en las que otros países de nuestro
entorno están volcados. Además de eso, señora Ministra, además de
enunciados públicos llenos de sonrisas, etcétera, ustedes no están
preparando el curso próximo; por lo menos la información de que yo
dispongo dice que todavía no han distribuido con claridad las plantillas
de los centros, que el tema del transporte está paralizado, que no han
agilizado las inversiones para que muchos centros estén terminados el 28
de septiembre; que no sabemos ni nosotros en el Parlamento ni los
profesores ni las familias en muchas ciudades y localidades dónde va a
impartirse el ciclo 12/14. Y estamos a 18 de junio. Por tanto, en este
sentido le transmito la preocupación. Le encarezco a que prepare el
próximo curso, porque su improvisación, señora Ministra, está creando
inseguridad, mucha inseguridad ya, en profesores, en familias, en
administraciones, y probablemente puede ser un comienzo de curso con
muchas dificultades.
Termino diciendo que la mejor noticia que usted nos ha facilitado aquí
esta mañana, señora Ministra, es que no va a aplicar su programa porque
no tiene mayoría suficiente, afortunadamente para este país
probablemente, desde nuestro punto de vista. No puede modificar leyes de
modernización fundamentales para el sistema educativo español, como
estaba en su programa. No va a modificar la Logse, según ha anunciado
aquí, pero, paradójicamente, va a tener que aplicar una ley en la que no
cree, porque no la apoyaron.
¿Qué me preocupa de todo esto, señora Ministra? Que va a gobernar con un
programa en el que en el fondo no cree, y me preocupa también el hecho de
que hay medidas que usted ha anunciado aquí esta mañana, aspectos que sin
tocar la ley pueden ustedes introducir, que nos van a llevar de nuevo a
1970.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Romero.
Tiene la palabra, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
doña María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor Presidente, mi grupo en el espíritu de
otra forma de hacer política utilizará un criterio colectivo en las
intervenciones, para el cual yo, como portavoz de Educación, intervendré
en ese tema, el Diputado Centella en Cultura y la Diputada Sabanés en
Deporte.
Antes de iniciar mi intervención, quiero agradecer a la Ministra el
resumen del intento de tesis doctoral que ha esbozado en las dos horas y
media que, sin paciencia y con agradecimiento, le hemos escuchado.
Señora Ministra, señor Presidente, señorías, creo que estamos ante una de
las comparecencias de mayor envergadura de esta legislatura, preocupados,
por qué no decirlo sinceramente, en primera instancia por sus
declaraciones hoy y en los medios de comunicación, casi siempre sesgadas
(yo quiero ser muy honesta y decir las cosas como las están viviendo el
conjunto de las comunidades educativas y el conjunto de Izquierda Unida)
en temas de privatizaciones, de confesionalidad dura, en temas de falsas
libertades, en temas de flexibilidad y en temas de generalidades y de
declaración de intenciones.
Quiero decir, como no puede ser de otra manera (usted lo debe saber, me
imagino que habrá leído todos los programas), que nuestro objetivo parte
de hacer de la educación un instrumento para los cambios sociales,
superando el concepto reproductor de las desigualdades territoriales y
sectoriales, por lo que comprenderá que el discurso de investidura del
señor Aznar a nosotros desde luego, señora Ministra --me imagino que
igual que a la mayoría de la Cámara--, no nos dejó perplejos, sino
simplemente que sus escasas alusiones a los temas educativos indican la
no prioridad de la cuestión. Por otro lado, dentro de su baja sintonía
--la del señor Aznar, no la suya, señora Ministra--, el acento lo puso en
la libertad de enseñanza, lo que indica claramente su ya conocida
filosofía política conservadurista y neoliberal, que ni siquiera solapó.
En este marco, señora Ministra, quiero formularle algunas cuestiones que
usted ha esbozado pero, a mi entender, son insuficientes.
En mi opinión, señora Ministra, ha dedicado casi todo su tiempo a la fase
de análisis de la situación y a justificar su falta de iniciativas en la
difícil situación heredada --aunque ustedes son tremendamente
continuistas con lo heredado--. Segundo, apenas sí ha esbozado sus
iniciativas y líneas de trabajo cuando, sin embargo, los problemas de la
educación y de la investigación son viejos conocidos de esta Comisión y
de la comunidad educativa. Por tanto, señora Ministra, con la brevedad
que nos ha pedido el Presidente, y saltando muchas cosas, le voy a hacer
algunas preguntas que espero que sean contestadas hoy, si es posible.
¿Piensa, señora Ministra, con los recursos públicos financiar los centros
privados, bien por vía del incremento de las subvenciones, a la segunda
etapa de la educación infantil, de tres a seis años --algo ha dicho--, o
al bachillerato, fórmula preferida por las patronales FERE y CECE de
religiosos, bien por vía de conceder rango de desgravaciones fiscales a
los gastos en educación en centros privados, fórmula, como usted muy bien
sabe por su cercanía con la patronal ACADE?
Como es obvio, nuestra prioridad iría dirigida a invertir los recursos en
los centros públicos. Usted lo sabe, y sabe, doña Esperanza, que es
realmente injusto lo que supone el módulo de desgravación e incremento de
conciertos que sólo en la segunda etapa de infantil podemos evaluar
--usted ya ha debido hacerlo-- en más de 50.000 millones de pesetas al
año. Eso parece que no es calderilla, doña Esperanza.
Pregunto, señora Ministra. La revisión de la reciente normativa para
cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la enseñanza de la
religión y de la moral católica impartida de manera confesional en todos
los centros públicos --hable usted claro, yo necesito oírlo, la comunidad
educativa también--, ¿es una imposición de la Conferencia Episcopal?
Todos sabemos que Monseñor Yanes se ha visto con el señor Aznar y hay
presiones. ¿Va a contar la nota de la religión para becas y expedientes
de selectividad? Yo quiero saber si hay presiones serias de la
Conferencia Episcopal. Quiero saber hasta dónde ha llegado Monseñor Yanes
en sus conversaciones con el señor Aznar en el tema de la religión. Hay
alarma social, doña Esperanza. Nuestra posición, usted la debe saber, es
que la enseñanza religiosa se imparta fuera del ámbito de la educación.
Nosotros conocemos --la mayoría de este país hemos leído los programas--
la filosofía programática del PP y sabemos --y además usted lo ha
esbozado con mucha honestidad, desnudándose públicamente (Risas.)-- que
va a potenciar una educación más elitista, usted lo ha dicho con
claridad. Ha hablado usted de las clásicas, etcétera. Aquí la mayoría
somos docentes y sabemos de lo que estamos hablando. Ha dicho que usted
va a potenciar una educación más elitista: retoques en la asignatura y
áreas de secundaria, etcétera.
¿Nuevo marco jurídico de la función docente ha dicho usted, doña
Esperanza? ¿Habla usted algo de una arbitraria profesionalización de la
inspección? Vamos a aterrizar. Vamos a intentarlo si no, no es posible
ese diálogo que usted preconiza, aunque parece que solamente con una
parte.
Nueva estructura orgánica del Ministerio de Educación. ¿Cuál? Porque ya
le hemos visto las orejas al labo en una parte. Desde luego nosotros
tajantemente rechazamos parte de esa nueva estructura, que es la
supresión de la Dirección General de Renovación Pedagógica y de los
centros y unidades que incluya, al ser, en pleno proceso de implantación,
instrumentos de apoyo a la red provincial de asesoramiento y a los
propios centros que implantan las nuevas enseñanzas, como usted muy bien
sabe, doña Esperanza.
¿En qué programa se va a llevar a cabo el recorte del MEC? Porque según
tengo entendido, y usted algo ha esbozado tímidamente, afecta a
inversiones, a gastos corrientes, pero a gastos corrientes no en su
Ministerio, doña Esperanza, sino en los institutos y en los colegios, y
en ningún caso a las subvenciones. Vamos a aclararnos. Vamos a aterrizar.
Estamos hablando de 8.102 millones de recortes en educación, pero con una
trampa, porque hay que unirle la muy importante cifra de 135.206 millones
de pesetas que ya recortó el anterior Gobierno socialista. Se le ha
olvidado a usted esa cifra; es Gobierno continuista. Esto significa que
en educación en 1996 y después de los últimos recortes, tenemos un
presupuesto que supone una reducción del 11 por ciento respecto a 1995.
Alarma social. Esto ocurre en un año en el que el próximo septiembre
todos los alumnos de once años deberían empezar el primero de secundaria
en los institutos y sólo va a poder hacerlo el 47 por ciento. También
algo ha dicho usted. ¿Asume la Ministra el recorte protagonizado por el
Gobierno anterior? Dígalo claro. ¿Lo asume o no? Si no lo asume, medidas
correctoras. Ese es un principio del abecedario en política, ya lo
sabemos. ¿Lo asume o no la Ministra el recorte protagonizado por el
Gobierno socialista?
Si el PP votó a favor de la convalidación del RD de prórroga de los
presupuestos de 1995 para este año, ¿por qué no se gasta el dinero
presupuestado sin generar déficit alguno, puesto que ya estamos hablando
de continuidad, que en pesetas reales son inferiores a las del año
pasado? Eso lo debe usted saber y si no, sus asesores deben informarle.
¿En qué han quedado las negociaciones del 18 de mayo (yo estoy muy
interesada en saberlo, porque han sido muchas las nueces y mucho el
ruido) con los portavoces de la Administración, en algunos sectores
sospechosamente convocados y en otros lealmente convocados, si sólo se ha
retocado la red de centros haciendo que 200 colegios más impartan el
primer ciclo de ESO? Yo creo que estamos ante modificaciones de menor
cuantía, aproximadamente el 5 por ciento del total de los colegios del
MEC, y la implantación se seguiría haciendo con el nuevo Gobierno, con
los mismos recursos: la prórroga de los presupuestos de 1995, calendario
y red de centros. Denunciamos, pues, que la mitad de los alumnos no
estudiarán el primer ciclo en condiciones adecuadas --ésas son las
noticias que tenemos y están constatadas--, careciendo de instalaciones,
recursos y plantilla de especialistas.
¿Cómo se puede hacer recorte en educación si en su programa (yo me lo he
releído hasta la saciedad, doña Esperanza) figura, en la página 97, que
van a acercar el porcentaje de gastos educativos y de investigación a la
media de los países de la Unión Europea? Esto habrá que explicarlo, sin
filosofía, con datos.
¿Qué política de Estado, no sólo de gestión del territorio MEC, y no sólo
de forma declarativa, como usted está muy costumbrada a hacer desde que
tomó posesión, va a hacer la Ministra ante unas condiciones tan
desiguales (si a usted no le aparece nosotros sí tenemos información)
como las que van a ser la implantación y generalización del primer curso
de la ESO el próximo septiembre de 1996?
¿Va a tener usted una política de Estado activa? Diga cuál, no solamente
diga que la va a tener, diga cuál, por favor, que estamos francamente
interesados en saberla. ¿Va a empezar a preparar desde el último
trimestre de este año las transferencias educativa a las comunidades
autónomas que aún no las tienen? ¿Va a crearse, doña Esperanza, una
comisión, con la participación de los representantes de la comunidad
educativa, que haga el estudio y seguimiento de las condiciones en las
que se va a realizar la asunción de las nuevas competencias? Porque usted
habla de diálogo, pero usted nunca aterriza; debe tener miedo a volar
sobre la tierra. ¿Cuál es la situación financiera de las universidades
recién transferidas: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Madrid, Zaragoza, La Rioja? Por ejemplo --y usted lo sabe, o
si no yo se lo digo--, en la de Asturias ya hay un enorme déficit causado
por el sistema y la forma de realizar las transferencias y el modo de
calcular los costes. ¿Va a revisar esta cifra? ¿Se va a tomar el esfuerzo
de revisar esta cifra?
Durante estos últimos años --usted lo sabe--, el PP de la oposición --que
hay una diferencia-- se dedicó a hacer preguntas sobre los presupuestos
motivos de la tardanza en el cobro de las becas de educación. ¿Qué
iniciativas, ahora que están ustedes en el Gobienro, van a adoptar para
mejorar el sistema y adelantar los pagos, doña Esperanza? ¿Están haciendo
la misma política ahora cuando están en el Gobierno que cuando estaban en
la oposición?
¿Va a desbloquear la situación de contratos de nuevos investigadores en
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la Universidad?
¿A qué razones de nueva política investigadora y de I+D responde --yo
estoy absolutamente anonadada, usted me lo explicará-- la acumulación de
todos los organismos públicos de investigación en su Ministerio? Con
mucha brevedad --hago un esfuerzo importante--, ¿va a llevar a cabo el
Gobierno, a iniciativa de su Ministerio, un próximo proyecto de ley en el
que se retome la reforma de la Ley de Reforma Universitaria? Pero
explíquenoslo, no diga solamente que tiene intención de... Va a pasar
usted a la historia como la Ministra de las intenciones.
¿Qué va a hacer el MEC ante las numerosas facultades de muchas
universidades que no han presentado en plazo los nuevos planes de
estudio? ¿Va a imponerles el propio MEC un plan de estudios tal y como
dice la ley? Este es el caso, como usted sabe, de la de Medicina, la
Universidad de Alcalá, Veterinaria, en Murcia, etcétera. Doña Esperanza,
¿va a modificar la selectividad? ¿En qué términos? ¿Con quién va a contar
para modificarla? No siga solamente con su síndrome declarativo. Yo sé
cosas por la prensa, algo ha esbozado, pero usted está en ese síndrome de
esbozar, y por eso le pregunto que si va a modificar --y explíqueme en
qué términos-- la selectividad que da acceso a la universidad, si de
acuerdo con las leyes vigentes: la LRU, la Logse. Este acceso debe
regularse por ley. ¿Qué protagonismo van a tener las Cámaras? ¿Qué
incremento va a sufrir la tasa universitaria el próximo curso? ¿Va a
respetar usted el acuerdo al que llegaron los sindicatos y asociaciones
de estudiantes con el anterior Gobierno de que no --recuerde-- suban por
encima de la inflación prevista? ¿Se van a mantener programas de
integración de la mayoría de alumnos con necesidades educativas, tal y
como se está haciendo en la actualidad, con un gran respaldo social? Ahí
sí que se consiguió un gran respaldo social. Yo estoy interesada en
saberlo. Quisiera saberlo hoy, si es posible y si usted lo sabe, si no,
plazos hay. ¿Va a financiar la universidad privada? ¿Sí o no?
¿Qué iniciativas tiene para regularizar la situación del gran número de
profesores asociados que hay en las universiades y que no responden ni al
perfil ni a las características de tal tipo de profesor? Usted ha dicho
que no va a modificar la Logse en esta legislatura, pero usted siempre
introduce elementos correctores de flexibilidad, en esta parte sí, en
esta parte no, con contemporalidades y sin creérselo. Hacer las cosas sin
creérselo es muy complicado en política. Yo quiero saber si por la puerta
falsa usted va a modificar la Logse. Por la puerta grande de los leones,
no; por la puerta de servicio, ¿sí o no, doña Esperanza? ¿Y los reales
decretos de currículum, los va a modificar usted?
Según el calendario de la Logse, en septiembre comienza la implantación
de las enseñanzas del grado superior de los conservatorios, tema que
usted ha pasado por alto y sobre el que están absolutamente preocupados
los compañeros que trabajan en el tema de los conservatorios. Se ha
publicado el Real Decreto de aspectos básicos, pero aún no se conoce ni
siquiera el borrador del currículum, ¿qué piensa hacer el MEC para
abordar este problema? En los conservatorios --usted lo sabe, me consta
que su gabinete le habrá informado-- la reforma se está aplicando con
vacío jurídico y disfunciones en el funcionamiento. Así, no hay un RD de
adquisición de las nuevas especialidades, no se convocan oposiciones
desde hace años, a pesar de que usted sabe que el 60 por ciento del
profesorado es interino y, además, no se ha regulado el acceso a cátedra.
¿Qué plan de trabajo y qué plazos existen para subsanar esos vacíos?,
porque alguno tiene que existir. En los conservatorios no hay todavía un
reglamento orgánico de centros continuado, regulándose, como usted sabe,
a través de instrucciones anuales. ¿Por qué no se regula, doña Esperanza,
transitoriamente por lo menos, y se aplica a estos centros el reglamento
de los institutos, qué menos? En varias ocasiones Izquierda Unida y el PP
--sin pinzas-- en la oposición han votado conjuntamente a favor de la
incorporación del grado superior de los conservatorios a la universidad,
haciéndose eco de diversas iniciativas ciudadanas. ¿Cuál será
ahora la postura del PP en el Gobierno en este tema? La de antes la
conocimos y la votamos juntos, y ahora, ¿qué van a hacer ustedes?
Con motivo de la implantación --y voy terminando-- del primero y segundo
de la ESO y de la consiguiente supresión del séptimo y octavo de EGB se
reducirá por debajo de cinco el número de algunas escuelas unitarias de
algunos pueblos. ¿Va a cerrarles el MEC? Diga claramente si las va a
cerrar.
Voy terminando, de verdad. Las soluciones de los 200 pueblos que negocian
en la actualidad y de los más de 1.800 colegios que tienen que asumir la
enseñanza de primero de ESO en sus locales, son provisionales, ya que la
ley dice que la secundaria se estudia en los institutos. ¿Qué tiempo
durará esta provisionalidad? Temporalice con rigor, doña Esperanza. ¿Va a
hacer oferta de comedor y transporte, en su caso, gratuito para los
alumnos que lo necesiten en la nueva enseñanza obligatoria? Hace unos
días, me entrevisté con la Ceapa, que ya sabe usted que representa a
12.000 APA, y me decían que Solana cuantificó en tres billones la reforma
educativa hasta el 2001. ¿Está dispuesto el Gobierno a trabajar con estos
indicadores o va a modificarlos? Y si trabaja con otros indicadores, ¿con
cuáles? Tengo entendido --no sé si estoy acertada en mis informaciones
oficiosas-- que se va a firmar un concierto con la Concapa. ¿Van a dejar
al resto de las organizaciones fuera de cualquier concierto? ¿Van a
excluir al resto? ¿Solamente van a firmar ustedes con las afines?
Igualmente, me reuní con la coordinadora de interinos y me señalaron la
gran preocupación que tienen por cómo el sistema actual está destruyendo
sistemáticamente los méritos y la experiencia cada vez que se convocan
oposiciones, y que eran sometidos siempre a los vaivenes de las notas. Me
comentaba la coordinadora de interinos, doña Esperanza, que si usted se
mantiene en lo que parece que ha previsto, nos va a costar a los
españoles mil millones de pesetas el desempleo de los dos años de paro
previsto para 8.000 profesores, que son los que se calcula van a salir.
En el territorio MEC hay 15.000 interinos, en el resto del Estado
español, 35.000, y usted sabe que cuando se aprueban oposiciones, el 60
por ciento son interinos. El conjunto de la comunidad educativa estamos
absolutamente interesados en que nos indique qué política va a mantener
con respecto a este sector en concreto de los interinos.
Por último, señora Ministra, señorías, haciendo un gran esfuerzo de
autocontrol, y esperando que otro día podamos dedicar más tiempo, tanto
nosotros como usted, quiero indicarles mi talante y el de mi grupo. Me
tendrá siempre a su lado cuando la búsqueda del consenso sea para mejorar
la calidad educativa de la enseñanza pública y la defensa de los sectores
más desfavorecidos. Y doña Esperanza, me tendrá y tendrá a Izquierda
Unida de oposición firme y contundente cuando quiebre los principios
fundamentales de libertad, pluralidad, democracia, participación y
auténtica financiación. Usted, doña Esperanza, no lo olvide, tiene sólo
la penúltima palabra, pero no olvide que la última la tienen las Cámaras
y la comunidad educativa.
El señor PRESIDENTE: Don José Luis Centella tiene la palabra.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señora Ministra, en primer lugar, como no puede
ser menos, quiero agradecerle su presencia en esta Comisión. Yo creo que
usted será consciente de que hoy el mundo de la cultura está pendiente de
esta su primera comparecencia en el Congreso, y está pendiente no
solamente por el interés lógico que despierta cualquier comparecencia de
su Ministra, sino también porque hay expectación para ver cómo se
reflejaba en la cultura esa nueva etapa política de la que ustedes tanto
hablan. Pues bien, con toda sinceridad, quiero empezar reconociéndole que
su intervención ha despejado bastantes dudas. Su intervención por lo
menos a nosotros nos ha dejado claro que ustedes pretenden resolver
siempre las contradicciones que se presenten entre sus buenas
intenciones, aquí expresadas, y la realidad, desde las recetas del
liberalismo económico. En este sentido, su receta liberalizadora aplicada
al cine y a la cultura en general nos llena de preocupación. ¿Usted se
imagina, señora Ministra, cuántas obras de arte, cuántas películas --ya
que usted ha hablado de cine-- no se habrían realizado si se hubieran
tenido en cuenta las demandas de los espectadores de cada tiempo en la
historia? ¿Usted se imagina cuántas obras de arte hubiésemos perdido si
se hubieran tenido en cuenta el criterio de los espectadores, de los
habitantes de aquella época?
En su intervención apreciamos que sobran llamamientos a la rentabilidad
económica y que faltan propuestas para defender valores solidarios. Con
toda sinceridad, las recetas del señor Barea creo que se llevan bastante
mal con la cultura. Por el contrario, nosotros tenemos una visión de la
sociedad en la que los valores de la solidaridad, del desarrollo
humanista de la persona deben anteponerse al individualismo y al
consumismo. Es cada vez más evidente la necesidad de una política que
rechace la pretensión de dejar únicamente al mercado regir la vida
cultural. De esta manera, se convierte a la mayoría de la población en
simples consumidores de una cultura que se les ofrece precocinada,
mientras que son selectas minorías las que con intereses económicos
concretos determinan la acción cultural.
A menudo, ustedes atacan a la intervención pública en el sector cultural
llamándole dirigismo. Nosotros creemos, por el contrario, que promover la
cultura desde el Estado no es sino desarrollar el artículo 44 de nuestra
Constitución, cuando dice que los poderes públicos promoverán y tutelarán
el acceso a la cultura a la que todos los españoles tienen derecho.
Con esta premisa, una política cultural debe basarse, a nuestro modo de
ver, en dos grandes ejes fundamentales: participación y
descentralización. Por participación entendemos que sean los ciudadanos
quienes decidan la forma en la que desarrollar su creatividad y disfrutar
activamente de la vida cultural, tratando de aplicar aquello que dice
nuestra Constitución, en su artículo 9.2, de que corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones de libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra, de manera que éstas sean
reales
y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social.
El otro eje, como decía, debe ser la descentralización, entendiéndose
esto por cómo lograr que los ciudadanos encuentren en sus barrios,
distritos y pueblos los medios que les permitan su desarrollo cultural.
Ustedes hablan mucho de libertad de elección, pero ustedes deben saber
que la mayoría de los españoles, la mayoría de la población no tiene los
medios para hacer efectivo ese derecho.
Sobre estos dos ejes existen una serie de posibilidades y de objetivos
que entendemos deben ser tenidos en cuenta, pero que, repito, una vez
más, chocan radicalmente con la receta económica que ustedes aplican a la
cultura. Entendemos, por tanto, que el primer paso debe ser la
elaboración de una política cultural que contemple las medidas
imprescindibles a llevar a cabo en toda gestión cultural, de manera que
se subsanen las carencias actuales, que se resuelvan las demandas más
importantes que existen en cada uno de los estadios culturales.
En este sentido, quisiéramos avanzarle algunas propuestas, por si ustedes
tienen a bien desarrollarlas. En primer lugar, la conservación y la
protección del patrimonio cultural y su puesta al servicio de toda la
colectividad, desarrollando planes de rehabilitación, pero también --y
usted esto no lo ha dicho-- poniendo freno, mediante la elaboración de
una legislación, a la articulación y al abuso que la están deteriorando
evitando, por tanto, su expolio y su destrucción.
En segundo lugar, un apoyo a la creación artística, destinando mayores
recursos y estableciendo una relación no clientelar entre los poderes
públicos y los creadores. Creemos que su programa de cultura va a tener
un examen, que será en los próximos Presupuestos Generales del Estado; en
esos presupuestos veremos qué tratamiento dan ustedes a la cultura.
También entendemos que es necesario el apoyo a la difusión cultural,
tanto la realizada por los medios tradicionales, bibliotecas, teatros,
museos, etcétera, como aquella desarrollada a través de libros y
publicaciones periódicas, así como instrumentos masivos de difusión
sociocultural. Pero no se engañe usted, no por llevar más libros a las
bibliotecas se va a leer más; si no se crea un ambiente, una sociedad que
desarrolle valores que no sean los de la competitividad, que no sean los
meramente económicos, difícilmente se podrá hacer que se lea más.
También es necesario, desde la acción pública, facilitar una mayor
posibilidad, como decía antes, de acceder a los bienes culturales,
atendiendo a las necesidades culturales, fundamentalmente de aquellos
sectores más populares, de aquellos sectores que posiblemente no sean
rentables económicamente, porque son aquellos que en esta sociedad sufren
una mayor marginación.
La promoción y la cooperación cultural, con instancias locales,
autonómicas o nacionales, así como internacionales, permitirá el
conocimiento de otras manifestaciones culturales y el establecimiento de
vínculos duraderos entre los pueblos.
Es fundamental, y usted ha hecho poca alusión a ello, promover la
conciencia crítica y la voluntad democrática de los ciudadanos. Hay que
fomentar los valores solidarios, tolerantes, ecologistas y pacifistas. De
esto, repito, se le ha oído poco. Luego, el fracaso del Ministerio de
Cultura en una de las cosas que más directamente se puede ver, como es
cuando vemos que en la juventud empiezan a florecer valores racistas,
valores insolidarios; ésa es una de las evidencias de que la política
cultural al final no alcanza su objetivo. El desarrollo del principio de
la libertad de creación nos lleva a decir que la cultura es libertad. En
ese sentido, nos gustaría saber también si usted va a promover un
desarrollo e integración de las enseñanzas artísticas en la Logse.
También queremos defender los derechos de los profesionales en el
ejercicio de su profesión, el derecho al trabajo, el derecho a la
práctica de la ética en el trabajo cultural, así como la participación de
los trabajadores y subvenciones en la gestión cultural.
Todos estos objetivos entendemos que deben planificarse si queremos
aprovechar los recursos del sector público y también si queremos integrar
y coordinar con estos recursos la iniciativa privada. En este sentido,
nuestro grupo promoverá la aprobación de una ley que regule la creación
del consejo estatal de cultura; que lo regule como órgano consultivo y de
encuentro, así como de participación, donde los diversos sectores del
mundo cultural tengan la posibilidad de expresar sus opiniones e ideas,
así como de participar activamente en la elaboración de la política
cultural.
De esta manera entendemos que se crearán las bases para un desarrollo
integral de los ciudadanos y ciudadanas en un entorno respetuoso con las
diferencias culturales, étnicas, sociales y sexuales. También se
fomentará una cultura abierta y cambiante, sensible a cualquier
enriquecimiento; se pondrán las bases para la creación de espacios y
tiempos, que sean elementos que articulen los distintos movimientos
culturales.
Izquierda Unida, por último, téngalo usted claro, será combativa frente a
cualquier intento de situar su acción ministerial al servicio de la
política neoliberal que defienden usted y sus compañeros de Gabinete con
tanto ardor. Y digo esto porque neoliberalismo no es sólo hacer unas
recetas económicas; el liberalismo en estos momentos es, sobre todo, un
conjunto de valores sociales y culturales, en los que impera la
competitividad de los mercados como fuente de toda legitimación. En ese
concepto de política que usted defiende, solamente es admisible aquello
que es rentable económicamente.
Estas son, señora Ministra, nuestras ideas de lo que debe ser una
política cultural. Usted tiene la responsabilidad, también como Ministra
de Cultura, de no degradarla, sino de convertirla en un instrumento para
el desarrollo integral de los hombres y de las mujeres de nuestro país.
Tenga usted seguro que en ese camino siempre encontrará a Izquierda
Unida.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por último, por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, doña Inés Sabanes.
La señora SABANES NADAL: Señora Ministra, en primer lugar, quiero
felicitarla por sus nuevas responsabilidades, agradecerle su presencia en
esta comparecencia y agradecer también su disposición al diálogo.
Todo ello, no es óbice para que le exprese cierta preocupación,
fundamentalmente por lo que ha expresado en lo que se refiere a política
deportiva y a sus competencias de carácter estatal, dado que las
competencias del deporte están prácticamente transferidas en su totalidad
a las diferentes autonomías.
Compartiendo muy genéricamente la buena salud del deporte, nosotros
valoramos, sin embargo, que éste es un momento muy complicado para el
equilibrio del modelo deportivo, considerando que globalmente está muy
condicionado en este momento por la evolución del deporte profesional,
del deporte espectáculo y, en menor medida, pero también, del deporte de
alta competición.
Una modificación como la que ha anunciado, precipitada, de la ley en
términos de eliminar lo que supuestamente tiene de intervencionista,
podría significar, si no se aclaran muy bien temas como la financiación,
el control de la fiscalidad, el nivel de deuda y la capacidad de
endeudamiento de los clubes, la propiedad y la adecuación de las
instalaciones deportivas, o con el deporte de representatividad a nivel
de selecciones, etcétera, podría generar realmente una involución y un
desequilibrio del modelo, del que se acabaría resintiendo,
fundamentalmente, el deporte para todos o el derecho de toda la
ciudadanía a la práctica deportiva, dado que hoy todos sabemos que la
tradicional estructura piramidal del deporte que hemos venido conociendo
está modificándose con mucha rapidez y no están conectadas las diferentes
facetas del deporte profesional, alta competición o el deporte para
todos.
En este sentido, además, como los recursos son limitados, hay que tener
especial cuidado en las estructuras que establezcamos en un futuro. En
este sentido, y por brevedad, le quería plantear preguntas muy concretas
que creo que afectan más a lo que usted no ha planteado que a lo que
usted ha planteado. ¿Está previsto liquidar y cómo la deuda pendiente del
plan de saneamiento del fútbol? ¿Se van a modificar las competencias
establecidas hoy por ley a la liga profesional? ¿Cuál sería el
replanteamiento global de la financiación del deporte profesional? ¿Se
cambiaría el reparto actual de las quinielas? Si no es así, ¿qué va a
pasar en este momento con los posibles contratos y negociaciones
individuales que los clubes y las televisiones están desarrollando, y que
no se recoge lo establecido en la Ley del Deporte, al menos mientras dure
el actual plan de saneamiento? Finalmente, ¿qué criterios reales tendría
su Ministerio con respecto a las inversiones y viabilidad de grandes
equipamientos deportivos, como olimpiadas u otros acontecimientos?
El señor PRESIDENTE: Concluido el tramo que corresponde a los grupos
parlamentarios que habían solicitado la comparecencia, volvemos al orden
natural de las intervenciones.
Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: No vamos a negar que usted tiene un amparo en
su política de privatización de la enseñanza con fondos públicos en un
paradójico artículo de la Constitución española, que usted se encargó de
citar, y que realmente fue un artículo muy llamativo porque se elaboró en
un momento histórico del Estado español, cuando pasábamos de un Estado
prácticamente totalitario, que, sin embargo, había apoyado grandemente la
promoción de la enseñanza pública y, con gran tolerancia, siendo
confesional el Estado, no había promocionado para nada la enseñanza
privada.
Realmente, es llamativo que, con el proceso democrático, se encuentren
ustedes en una situación en la que, efectivamente, puedan amparar una
política abiertamente antisocial. Usted habló de que su política se iba a
aplicar en un momento de grave crisis demográfica, sobre todo en algunas
zonas del Estado español, como, por ejemplo, en el país al que yo
pertenezco, que se llama Galicia, y también de crisis económica, aunque
usted no lo llamó así, sino que dijo que era de restricción del gasto
público.
A nosotros nos gustaría saber cómo es posible llevar a cabo un impulso
decidido en la enseñanza privada y al mismo tiempo mantener
armoniosamente la enseñanza pública si no es a través de un
estrangulamiento del servicio público por cuenta del Estado, porque los
números no valen precisamente para amparar todo tipo de políticas.
Realmente es grave que en un momento de retroceso demográfico ustedes no
vayan a utilizar al cien por cien las infraestructuras con las que cuenta
la enseñanza pública del Estado, que no vayan a utilizar al ciento por
ciento a un profesorado que muchas veces se va a ver obligado a
reciclarse y otras incluso a jubilarse anticipadamente por la vía de
hecho; o que estén cerrando comedores o no atendiendo debidamente el
transporte de la enseñanza pública mientras que, correlativamente, los
colegios privados van abriendo comedores y organizando transportes, cosas
que garantizan su alta competitividad en relación con los públicos, sobre
todo en los medios urbanos. A nosotros nos gustaría saber si ésta no es
una política que conduce cada vez más a una agrupación social, clasista,
a la jerarquización, y no por motivos de carácter científico, sino a la
jerarquización social, a la desigualdad e incluso a la burocracia en el
funcionamiento de los centros y en la formación del profesorado y, por
último, si con alguna de sus medidas no van a provocar una mayor
ideologización de la enseñanza, porque lo que ustedes van a intentar
--esperemos que fracasen-- es una recatolización de las conciencias en la
mejor tradición de la restauración borbónica del siglo XIX.
Usted debería pensar que en este momento ya hay alumnos de enseñanza
primaria, niños de seis, siete u ocho años, que están gravísimamente
marginados en la red pública, y ya no voy a hablar en la privada,
viéndose obligados a permanecer en solitario o bien acompañados de sus
compañeros, mientras ellos reciben una clase de religión católica y no
tienen opción posible de ningún tipo. Son niños señalados con el dedo,
con lo cual no sé hasta qué extremo se está haciendo incluso un grave
daño a su dignidad como personas, a su sensibilidad como personas, cuando
precisamente no tienen muchos medios para autodefenderse.
En segundo lugar, me gustaría saber si a usted no le parece gravísimo que
los centros privados, y específicamente los religiosos o bien aquéllos de
elite aunque pertenezcan a otros grupos sociales, mantengan en el mismo
centro a los alumnos desde la educación infantil hasta prácticamente la
selección universitaria, con lo cual su competitividad social es
muchísimo mayor que la de la red pública, que prácticamente tiene todo
diseminado y no hay manera de que ningún centro mantenga ese tipo de
estructura. No digo que esto sea desacertado, sino que ésta es la
realidad que se está empezando a producir en cantidad de ciudades del
Estado español.
Por último, me gustaría saber si a usted no le parece demasiado
científico someter a enseñanza reglada, e incluso a examen o evaluación,
asignaturas como la religión o la moral. Esto no tiene justificación en
cuanto al aprendizaje riguroso, científico o coherente desde ningún punto
de vista.
En definitiva, ¿qué libre elección van a hacer los padres en el Estado
español o los niños, que es mucho peor, cuando estamos conduciendo a la
red pública a que atienda solamente el campo, que se va despoblando
--caso de Galicia--, o cuando, en las ciudades, cualquier padre, si tiene
un sentido competitivo tal como se lo están metiendo en la cabeza, puede
observar que al colegio público le retiran el comedor, le funciona mal el
transporte público, no tiene actividades extraescolares --inglés, música,
baile y otro tipo de actividades-- porque hay que pagarlas con un plus,
que en la enseñanza privada se paga por otras vías y los padres, además,
están muy contentos? Incluso se puede comprobar cómo en el caso, por
ejemplo, de una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular la
enseñanza infantil, que no es obligatoria, pero sí gratuita y universal,
solamente la están ofreciendo los colegios concertados, porque el Estado,
la red pública, va cerrando progresivamente estos colegios, muchas veces
pretextando que solamente hay cinco alumnos y otras pretextando que no es
obligado y, por tanto, que no tiene por qué hacerlo. Incluso hay centros
que, debiendo acoger a alumnos que viven cerca de donde están ubicados,
se niegan a hacerlo, y tienen muchos recursos para portarse de esta
manera si no les conviene el origen social o cultural del alumno. Esto se
da en ciudades, como, por ejemplo, La Coruña, demostrado con datos
fehacientes enviados a la inspección.
Por tanto, señora Ministra, pensamos que estamos ante un problema
gravísimo de selección social que ustedes van a agudizar y no a reducir,
y no ante un problema de calidad, por lo que le hago a usted y a todos
los miembros de esta Comisión la siguiente pregunta: ¿Ustedes creen que,
desde el punto de vista de la calidad, es mejor la calidad del
profesorado de la enseñanza privada, en términos generales, que el de la
enseñanza pública, cuando el de la enseñanza pública --y hablo como
norma; por supuesto, tengo en cuenta muchísimas excepciones-- accedió a
través de un concurso oposición y tiene una remuneración más alta que el
de la enseñanza privada? Porque, por lo dicho, en la mecánica de
competitividad social, imagino que todas aquellas personas que deseaban
tener un mejor status laboral y académico optaron por la enseñanza
pública. ¿Por qué razón, habiendo este profesorado, lleva las de ganar la
enseñanza privada? ¿Por qué razón, cuando se miran las notas de la
selectividad, son los colegios de los centros de las ciudades, más bien
privados que públicos, los que alcanzan mayores notas? ¿Eso se debe a la
mala docencia de los centros periféricos? ¿Por qué razón --y usted misma
aludió a un hecho como el de la Universidad-- está ligado siempre a la
calidad de la enseñanza el que haya tantos suspensos como hay al final
--usted misma dijo que muy pocas personas acababan las carreras--, es que
ya están gravísimamente seleccionadas, prácticamente desde sus últimos
años del bachillerato?
En definitiva, nos tememos que lo que ya eran graves síntomas
burocráticos, jerarquía, selección y evaluación del profesorado, ahora se
conviertan en males muchísimo mayores. Llama la atención cómo a ustedes
no les preocupa para nada la calidad de la enseñanza teniendo una
oportunidad --que el anterior Gobierno no practicó-- de adecuar la Logse
a los estudios universitarios. Es decir, que todo el profesorado, desde
los tres a los dieciocho años, tuviera la misma titulación, y ahora,
cuando se rebajaron las carreras a cuatro años, era una ocasión óptima
para que en todas las escuelas de magisterio se diera ese tipo de
titulación y así nos homologarían ustedes a todos y habríamos dado un
primer paso, científica y pedagógicamente importante para la homologación
de todo el sistema educativo con las diversas especialidades. Es curioso
que esta medida no se tome y, sin embargo, ustedes vayan por la vía de
reforzar burocráticamente las direcciones, la inspección, cosas que ya se
sabe a dónde conducen, nunca a la mejora de la calidad de la enseñanza,
sino a la falta de debate y de espíritu creativo en los profesores.
Señora Ministra, nosotros pensamos, y le vuelvo a repetir que en este
momento de crisis su política es grave, que así no va a obtener una
salida que conduzca a una mayor justicia social.
Para terminar, porque no puedo ocupar más tiempo, le diré que usted habló
de la endogamia de la Universidad. Tengo que decirles que con sus
actitudes --las del Gobierno-- esta endogamia va a aumentar, no se va a
rectificar. En todo caso, va a haber una mayor desigualdad entre todas
las universidades, que es el proceso que se está dando hora. Los padres
que tienen dinero mandan a sus hijos donde les parece y esto realmente es
un síntoma grave, que conduce a los Estados Unidos de América o a Gran
Bretaña, sin serlo, como ya antes se dijo. Nos parece que esto es un
retroceso en el Estado español.
Respecto a la cultura, como usted seguramente tiene influencia, le
rogaría que cuando hablen del patrimonio histórico-artístico del Estado
español tenga en cuenta que hay bienes muy importantes de interés
cultural que hoy están en manos del Ministerio de Defensa. Le ruego que
abogue para que se transfieran a la Administración pública y no se vendan
en pública subasta. Por otro lado, en relación con la Iglesia Católica,
le diré que cuando restauren las catedrales establezcan unos convenios
que por lo menos lleven consigo algún tipo de utilidad pública. Digo esto
porque hay
muchísimas catedrales que no se pueden visitar en determinadas zonas e
incluso iglesias reconstruidas por Patrimonio que no tienen horario de
visita al público.
Respecto de la política cinematográfica, usted habló de que la política
de doblajes no valía. Yo quiero decirle algo muy importante: Estados como
el francés, que hoy está en una situación filosófica parecida a la del
Gobierno de nuestro Estado, tiene una gran política proteccionista con su
cine. No hay otra manera de defenderse del enemigo yanqui (Risas.) que
con la protección de la pantalla. Es la única forma de que resurja un
audiovisual del Estado español pluralista, que espero que también cuente
con el audiovisual catalán, gallego y vasco.
Y nada más, señora Ministra. Yo no le voy a desear suerte en su cometido,
sino desear que en los aspectos más negativos de su política no consiga
llevarla adelante. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Burballá i Campabadal.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señora Ministra, permítame que en nombre
de mi grupo le agradezca su presencia y le transmita la felicitación por
su nombramiento, al mismo tiempo que le desea acierto en su gestión,
acierto que necesitará para tratar con sensibilidad a las personas y con
rigor los problemas.
En esta legislatura se nos plantea un gran reto, que es el de no
retroceder en los logros alcanzados y progresar en un campo que tanto
tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos. Tendremos que
hacerlo sin dejar de contribuir al esfuerzo en que también todos estamos
concitados.
Será por ello indispensable actuar en una doble dirección: el diálogo
constante con la sociedad, esa sociedad del bienestar que nosotros
preconizamos, sustituyendo ese concepto del Estado del bienestar, y la
máxima optimización de los recursos. Por lo tanto, agradecemos sus buenas
intenciones en estos dos aspectos, señora Ministra.
En este esfuerzo hay que involucrar a todo el mundo. Evidentemente,
tendría que involucrar, en primer lugar, a su equipo, a los funcionarios,
a los educadores, y, si consigue transmitir a la sociedad, a la comunidad
educativa y, en general, a todo el mundo de la cultura y el deporte, la
necesidad de hacer esfuerzos, creo que no sucumbirá en el empeño.
Voy a plantearle a S. S. algunas consideraciones respecto a nuestra
posición en lo que hace referencia a la política deportiva, para dejar
que mi compañera de grupo, doña Carmen Laura Gil, desarrolle los temas
referentes a la educación y a la cultura.
Nuestro grupo es consciente de la importancia que tiene el deporte en
nuestra sociedad. Lo considera como una actividad básica que debe
promoverse, incidiendo tanto en la práctica deportiva de los grandes
sectores de la población como ejercicio físico y finalidades recreativas
de mantenimiento de mejora de la salud, como en la práctica del deporte
de elite; en definitiva, en esa amplia gama de actividades.
Agradecemos, señora Ministra, sus palabras al reconocer el esfuerzo que
se ha hecho en los últimos años, tanto para poner a disposición de los
centros maestros especialistas en educación física, como en las
licenciaturas en ciencias de actividad física y deporte y también en el
plan de dotación de equipamientos deportivos a los centros escolares,
aunque no está terminada. Le tomamos la palabra en el sentido de que
piensa seguir y acabar con el plan.
También creemos que su Ministerio debería intentar, de forma coordinada
con las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias
exclusivas en materia de deporte, entrar en el análisis de la incidencia
de la reforma educativa en el deporte, las titulaciones, la utilización
de las instalaciones escolares fuera de los horarios lectivos o la
organización de competiciones. Usted ha hablado de esto y en ese camino
nos va a encontrar.
Señora Ministra, realizar un análisis profundo de cuáles son o pueden ser
las perspectivas de futuro de la Ley 10/1990, de 15 de octubre,
denominada del Deporte, de ámbito estatal, no resulta superfluo o
precipitado, puesto que desde su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» han pasado más de cinco años y éste resulta un tiempo más que
suficiente para reflexionar sobre su incidencia, su acierto o desacierto
y su proyección de futuro.
Cuatro creemos que deben ser los aspectos a contemplar en esta reflexión:
aquellos cambios debidos a que la temática no se encuentra
suficientemente tratada y resuelta en la legislación actual; aquellos
cambios debidos a la ley natural del péndulo y aquellos aspectos
novedosos debidos a la evolución del deporte en la sociedad y que no han
sido tratados o lo han sido de forma prácticamente testimonial.
En cuanto a los insuficientemente tratados, le apuntaré el arbitraje, la
conciliación, el deporte universitario, el deporte de alto nivel en
algunos aspectos, el régimen jurídico aplicable a los entrenadores,
árbitros y directivos no remunerados, las titulaciones y el estatuto
profesional de los licenciados en ciencias de la actividad física y del
deporte y el tema de los equipamientos.
Por lo que se refiere a los asuntos no resueltos por la legislación
actual, nuestro grupo cree que debería entrarse en el análisis de la
redefinición del marco competencial, la adecuación a la normativa
europea, la representatividad de los entes deportivos y el engarce con
las estructuras internacionales del deporte.
En aquellos aspectos que podríamos decir están sujetos a la ley del
péndulo, creemos que debería hacerse especial reflexión en la
yuxprivatización del deporte de competición y sobre la autonomía del
movimiento deportivo.
Sobre los nuevos aspectos a contemplar, nuestro grupo cree que debería
entrarse en la organización de eventos de espectáculos deportivos, los
medios de comunicación, publicidad y derechos de imagen, el régimen del
voluntariado deportivo, servicios deportivos al público y al impacto
medioambiental del deporte. Algunos de estos aspectos, señora Ministra,
los ha citado en su intervención y quizás no ha querido entrar en más
detalle para no hacer más extensa su intervención, pero nuestro grupo
entiende que deberían también contemplarse. Esto en el ámbito de lo que
podría ser el futuro planteamiento de modificación
legislativa. En cuanto a sus aportaciones, hay un aspecto que en el
deporte interesa muchísimo; el desarrollo de la Ley llamada del
Mecenazgo, Ley de los incentivos fiscales a la participación privada en
actividades de interés general y de fundaciones.
El deporte es un sector económico, señora Ministra, con presencia
contrastada en el producto interior bruto. Las relaciones laborales en el
deporte presentan, en algunos casos, como ciertos aspectos del régimen de
los jugadores profesionales y muchas situaciones del deporte no
profesional, disfunciones que es preciso analizar. El deporte necesita
también medidas fiscales e incentivadoras de la creación de puestos de
trabajo. La Ley del Mecenazgo --y no volveré a repetir toda la
nomenclatura de la misma-- debe convertirse en un instrumento que
profundice en la potenciación del asociacionismo deportivo, entre otros,
y que pueda ser un elemento coadyuvante en la aportación de recursos
económicos para las entidades deportivas. Debemos también analizar si
esto sucede y, de no ser así, plantear una reforma legislativa que
actuara en esa dirección. Esperamos de su Ministerio este tipo de
actuaciones y tenemos previsto pedir la comparecencia, por la importancia
del tema, del Secretario de Estado para el Deporte.
En definitiva, señora Ministra, sepa que en el camino del análisis, de la
reflexión y de aportar soluciones a los temas, encontrará siempre la
respuesta de nuestro grupo en cuanto a iniciativa y colaboración.
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señora Ministra, y paso
la palabra a doña Carmen Laura Gil.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Carmen Laura Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Nuestro comentario se basará en el ámbito de la
educación y de la cultura, temas sobre los que tenemos una muy probada
sensibilidad y que para Cataluña y nuestro Gobierno son de especial
prioridad.
Educación y cultura son ámbitos indisolublemente unidos y los pilares en
que se asienta la política de nuestro partido y el proyecto de gobierno
de la Generalitat de Cataluña.
La cultura es para nosotros el conjunto de todos aquellos elementos que
conforman nuestra personalidad nacional: el derecho propio, las
relaciones sociales, los valores permanentes de integración, tolerancia y
respeto, la creación artística y, como elemento aglutinante y
cohesionador de la cultura social, nuestra lengua propia, la catalana.
Entendemos que la educación formal y no formal es el vehículo
privilegiado para transmitir y consolidar nuestros propios códigos
culturales.
Consideramos oportuno este preámbulo porque querríamos que desde el
primer día de este encuentro sea explícito el alcance de nuestros
objetivos, el significado claro de nuestro discurso y la firmeza de
nuestra convicción de que el encaje de Cataluña en el Estado español sólo
se acomoda en la aceptación de que la realidad del Estado es
plurinacional, plurilingüe y pluricultural. Hoy nuestra exposición es
generalista, tiempo habrá para discutir y tratar temas apuntados y no
explicitados; hoy no preguntamos, también nosotros sólo exponemos.
Seguro que usted, como Ministra de Educación y Cultura, está de acuerdo
en que toda sociedad se construye conforme a un orden simbólico que
incluye aquellos elementos homogeneizadores que definen una identidad
colectiva, una nación y que, a su vez, la diferencian de cualquier otro
pueblo. Cataluña y el pueblo catalán se definen de este modo.
Por esta razón, nosotros, como grupo nacionalista, queremos que nuestro
Gobierno, la Generalitat, ejerza en su total extensión sus competencias
en materias cultural y educativa; que gestione y se adueñe del patrimonio
cultural que le es propio, ya que éste es el legado del pasado y forma
parte de nuestro futuro común.
Creemos que es el momento del cambio. La realidad plurinacional obliga a
un cambio de actitud inteligente y el Gobierno del Estado tiene un
cometido preciso en materia cultural: gestionar, desde el presente, el
futuro posible; diseñar, conjuntamente con las comunidades autónomas, el
escenario de la sociedad del próximo milenio, y proyectar,
internacionalmente la imagen real de España como un Estado pluricultural
y plurilingüe.
Su exposición, respecto de la política educativa, de la aplicación de la
Logse se ha basado en soluciones a presuntas dificultades que ha
observado o impresiones que ha sufrido al conocer la situación escolar
del territorio sobre el que el Ministerio ejerce competencias de gestión.
Soluciones y objetivos tácticos que son locales y de ninguna manera
generalizables, que nos ha interesado escuchar, pero que pensamos que no
nos conciernen directamente, de acuerdo con las competencias de nuestro
Gobierno. En cualquier caso, desde el Grupo Catalán, que es la coalición
del Gobierno catalán desde hace 16 años, nos dirigimos a usted no en
calidad de gestora de una administración educativa territorial sino como
Ministra del Gobierno del Estado español.
Nos ha satisfecho escuchar, señora Ministra, que el nuevo sistema
educativo no universitario proseguirá su camino y que su estructura no
será transformada. Nos satisface porque en Cataluña y desde Cataluña
creemos en la fuerza y necesidad de este nuevo sistema, que responde a
nuestra creencia de que la educación es un instrumento de igualación
social y no un instrumento seleccionador o clasificador. La Logse no fue
nuestra ley --nuestra ley hubiera sido otra porque Cataluña tiene un
modelo cultural y social genuino--, pero en la Logse hay sin duda parte
de nuestros planteamientos socio-pedagógicos.
Los excesivos años de experimentación han puesto de manifiesto la
necesidad de retoques y cambios que no menoscaban su esencia pero que,
quizá, mejorarían su práctica y llenarían vacíos que se han conformado;
por ejemplo, el tratamiento de la formación profesional, que en estos
momentos es ambiguo, confuso y quizá no flexible; el desarrollo de
ciertas diplomaturas universitarias, pero que entran dentro del terreno
de la enseñanza secundaria; cierta rigidez normativa que, quizá cicatera
con la capacidad competencial y técnica de las comunidades autónomas,
imposibilitó el establecimiento, de manera decidida, de un sistema
educativo pluricultural.
La planificación del nuevo mapa escolar elaborado en Cataluña puso de
manifiesto, hace ya años, lo que era intuido de manera universal y que
usted ha apuntado, los problemas financieros, ya que un sistema educativo
bien conformado no avanza sólo sobre intenciones y voluntades, por buenas
que éstas sean --y lo han sido-- sino también sobre recursos económicos.
Este es un tema abierto, difícil de resolver a entera satisfacción en
tiempos de obligada, y asumida por nuestra parte, austeridad
presupuestaria, pero que creemos que debe abordarse, aunque asumiendo
también con fuerza que es sólo una dificultad y que jamás --aunque no se
resolviera-- sería una causa que imposibilitara el cambio hacia el nuevo
sistema educativo.
La promulgación de las leyes tiene lugar cuando las necesidades se
encuentran ya instaladas como demandas universales en el sistema social.
Por ello, cuando la realidad se transforma es preciso sustituir lo viejo
por algo nuevo. Así ocurre con la Ley de Reforma Universitaria. Es
necesaria una nueva ley para el gobierno de las universidades, una ley de
mínimos, no uniforme, respetuosa y estimulante con la autonomía de
aquéllas, y no sólo con las competencias constitucionales y estatutarias
de nuestro Gobierno sino con la capacidad de asumir las más altas cotas
de soberanía.
Deberá articularse también la sustitución del Consejo Escolar del Estado,
que nació con la LODE en 1985, cuando sólo seis gobiernos autónomos
habían recibido sus competencias en materia educativa.
Nuestro grupo espera nuevas actitudes de su Gobierno. En esta legislatura
esperamos avances sustanciales sobre educación y cultura, puesto que
habrá nuevas cosas y deberán crearse no sólo nuevos nombres sino nuevas
estrategias para su desarrollo.
A nuestro parecer, esta Comisión es enormemente importante. Usted, señora
Ministra, ustedes, señorías, la Comisión de manera colectiva y cada uno
de sus miembros tenemos el honor y la gran responsabilidad de gestionar
el futuro. Hay muchas comisiones en este Congreso, pero ninguna como
ésta. La organización administrativa es modificable y sustituible; la ley
del mercado cambiará; la ciencia y la tecnología evolucionarán; la
calidad de los servicios mejorará, sin duda; pero sólo con el ejercicio
de la cultura y la práctica de la educación se conformará un futuro mejor
para las generaciones que han de llegar. De nosotras y nosotros quizá
depende el goce de la convivencia pacífica, el enriquecimiento de la
tolerancia y comprensión entre las naciones y pueblos del Estado español.
Habrá progreso social que legar si desde nuestros grupos políticos
admitimos generosamente, como inherentes al debate político, las
contradicciones y las diferencias, y si queremos hallar el consenso,
dentro del convencimiento, de que el Estado del futuro es plurinacional,
pluricultural y plurilingüe, de que el acceso al saber y el concepto de
la educación, entendido como un servicio público, son derechos para la
ciudadanía y deberes para las diferentes administraciones. El Grupo
Parlamentario Catalán trabajará para este acuerdo con todos los grupos y
esperamos de su Gobierno, señora Ministra, energía política y decisión
para conseguir el consenso.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia pide expresa disculpa a don Paulino
Rivero por no haberse apercibido de su presencia y, con la anuencia del
resto de los grupos, le da la palabra para que consuma su turno en nombre
de Coalición Canaria.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra. Mucha suerte al frente del departamento que ocupa en
esta legislatura, sobre todo siendo un departamento muy complicado, donde
siempre son insuficientes los recursos que se le destinan cuando han de
conciliarse con una etapa de duro ajuste económico.
He escuchado con mucha atención lo profuso y denso de su intervención, en
la que prácticamente ha dado un repaso a todos los temas relacionados con
el mundo de la educación, de la cultura y del deporte que tan presentes
están en estos momentos en nuestro país. De esa densa intervención
nuestro grupo valora muy positivamente el nuevo estilo con el que usted
quiere afrontar su posición en el Ministerio, sobre todo con esa
disposición al diálogo y el acercamiento a los ciudadanos en busca del
consenso necesario en estas materias tan importantes para nuestra
sociedad.
Valoramos también muy positivamente el esfuerzo de transparencia que
quiere aplicar a su gestión al frente del Departamento, así como ese
reforzamiento en la disposición a mantener, a pesar de la situación
coyuntural económica, el nivel de calidad de enseñanza en nuestro país.
La coordinación con las comunidades autónomas no sólo la valoramos
positivamente sino que nos parece necesaria e imprescindible para
optimizar los recursos de ambos niveles administrativos. También nos
parece muy acertado --y así lo valoramos-- la disposición por parte del
Gobierno a intentar, en materias tan importantes como las educativas y
las culturales, la búsqueda del consenso entre el grupo mayoritario en la
Cámara y el resto de los grupos o formaciones políticas con
representación parlamentaria.
He escuchado con preocupación el anuncio hecho por la señora Ministra de
que el cumplimiento de los criterios de convergencia va a suponer también
un ajuste en su departamento. Lo he escuchado con preocupación porque,
desde luego, si ese ajuste viene dado por una mayor eficacia, por un
mayor control del gasto, por controlar el despilfarro en su departamento,
va a contar con el apoyo decidido del Grupo de Coalición Canaria para que
pueda ser así. Si, por contra, lo que se piensa es realizar un ajuste
económico que pueda dañar la universalidad y el nivel de la calidad de
enseñanza en nuestro país, lo tendremos mucho más difícil para podernos
entender.
Nos parece muy positivo y prudente el anuncio hecho por la señora
Ministra sobre la Logse. A pesar de que esta ley no obtuvo el apoyo de su
grupo parlamentario en el Parlamento, parece que tenemos bastante
confusión en estos momentos en el país, en relación con las materias
educativas, como para intentar una reforma en profundidad en la mitad de
su implantación. Por eso parece positivo el apoyo del Grupo Popular y del
Gobierno a esta ley
aprobada en el pasado. Apela, sin embargo, a la flexibilidad en su
aplicación y a la adaptación a la nueva realidad social y económica del
país, y en ese sentido quería pedir a la señora Ministra que por lo menos
me aclare lo siguiente. La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo tiene un plazo de diez años para su implantación. El decreto
que regulaba el calendario de implantación fijaba que cada año se iba
aplicando de dos en dos cursos. Por necesidades presupuestarias se varió
ese calendario, de tal forma que en estos momentos se está implantando
curso a curso. Para cumplir la implantación en los diez años es necesario
que en 1998-1999 y 1999-2000 volvamos de nuevo al sistema de dos en dos
cursos; es decir, el tercero de ESO y primero de bachillerato, cuarto de
ESO y segundo de bachillerato. Estamos hablando de un nivel de la
enseñanza superior respecto a la primaria. Es una enseñanza mucho más
cara. Por una parte estamos hablando de reajuste económico, de cumplir
los criterios de convergencia. Por otra parte estamos hablando del
cumplimiento de la Logse. La pregunta es la siguiente: La adaptación, la
flexibilidad a la que se refiere la señora Ministra ¿implica también la
variación del calendario de implantación de la Logse, lo que lleva
implícito la modificación de la ley, ampliando su periodo de
implantación?
Respecto a los problemas que se están produciendo con la implantación de
la enseñanza secundaria obligatoria, creo que es un gesto muy positivo la
disposición al diálogo con la comunidad educativa, fundamentalmente con
los padres, que se ha tenido desde el Ministerio. Nos ha mostrado la
señora Ministra la decisión de su Ministerio de intentar, para resolver
la problemática originada, utilizar los centros de enseñanza primaria
para impartir el primer ciclo de la ESO. Ha informado a la Comisión que
incluso el 50 por ciento de los alumnos ya estaba escolarizado mediante
este mecanismo por la administración socialista, que ha gobernado el país
hasta estos momentos. Con esta decisión, tanto de la administración
anterior como la de la Ministra respecto a la enseñanza secundaria
obligatoria, hay una modificación del Real Decreto 1004/1991, de
requisitos mínimos de centros escolares, en el sentido de que aparece una
nueva figura de centro; un centro donde van a coexistir la enseñanza
primaria y la enseñanza secundaria. Pregunto a la señora Ministra si va a
haber alguna modificación de esta normativa para crear este nuevo tipo de
centros, tal y como en estos momentos se prevé en la comunidad catalana,
denominados de educación básica u obligatoria para los privados; es
decir, centros donde puedan coexistir la enseñanza primaria y la
secundaria. ¿Qué solución piensa adoptar de futuro el Ministerio de
Educación y Ciencia para impartir la ESO en las pequeñas localidades?
¿Piensa crear la figura del profesor itinerante en secundaria? Desde
luego, con la modalidad coyuntural a la que se va apostando, si se le va
a dar permanencia en el tiempo, la figura del profesor itinerante parece
necesaria para adaptar el profesor al número de alumnos que tenemos en
cada uno de los centros. ¿Qué medidas piensa tomar en cuanto a la
regulación de las condiciones laborales de este profesorado?
Ha dicho la señora Ministra en su exposición que una de las propuestas
que va a realizar en esta legislatura será fortalecer el papel de las
direcciones de los centros escolares. Esto significa una modificación de
la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros
Docentes, de la Lopeg. El criterio de Coalición Canaria es que esta ley
fue aprobada con mucha precipitación por el Gobierno anterior y adolece
de algunas lagunas que es preciso modificar. Por ejemplo, la renovación
de los consejos escolares por mitades donde sólo existe un representante;
es decir, en las escuelas unitarias, en los pequeños colegios, se prevé
la renovación por mitad de los consejos escolares. Aquí no está previsto
cómo se resuelve este tema en las unitarias.
La designación de directores acreditados en escuelas de pocos profesores
también es un problema que habrá que afrontar y aclarar. Y también la
resolución de problemas tan elementales para cuando se ven fuera de la
comunidad educativa, pero tan importantes dentro de la misma, como es la
adjudicación de las cafeterías en los institutos. En estos momentos, con
la Ley de Contratos del Estado, donde se piden una serie de requisitos a
los adjudicatarios y con los beneficios que generan estas cafeterías,
todas quedan desiertas, y las que no, se adjudican de forma irregular. La
pregunta es: ¿Piensa el Ministerio adoptar un marco normativo de
transición para resolver los problemas que ha creado la implantación de
la Lopeg o realizar alguna modificación en esta ley al respecto?
El Ministerio de Educación y Ciencia ha llegado a un acuerdo con los
sindicatos para llevar a cabo una reducción del horario de atención
directa del profesorado de primaria que acceda al primer ciclo de la ESO.
Por otra parte, los alumnos de ESO tienen tres horas lectivas más de las
que tenían en primaria. Esto quiere decir que tenemos una ampliación de
los recursos humanos en los centros, que significa un incremento del
gasto. La pregunta es: ¿Quién va a correr con el gasto que genera el
aumento del profesorado en las comunidades autónomas, dado que es un
acuerdo del Ministerio de Educación y Ciencia con los sindicatos?
Nos congratulamos del anuncio hecho por la Ministra acerca del compromiso
de presentar en la Cámara un marco jurídico de la función docente.
Entendemos que éste es un anuncio realizado por anteriores gobiernos que
no se ha llevado a la práctica y que en este momento es una gran demanda,
tanto de las organizaciones sindicales como del profesorado. Para este
estatuto de la función docente, que entendemos que es de urgente
implantación en el país, puede contar con el apoyo decidido del Grupo de
Coalición Canaria.
En el convenio Iglesia-Estado, en relación con las enseñanzas religiosas,
la evangélica y la islámica, se prevé el pago del profesorado que va a
impartir estas materias. Está previsto que en aquellos centros públicos
donde se encuentre un profesor que está dispuesto a impartir estas
materias lo lleve a cabo ese funcionario. La pregunta a la señora
Ministra es: ¿Cómo y quién va a financiar estos gastos de profesorado? Si
para cubrir la enseñanza religiosa, tanto en estas confesiones, significa
que vamos a utilizar
un funcionario docente, habrá que sustituirlo por otro profesor. ¿Cómo se
va a afrontar el pago de estos profesores?
Ha hablado la señora Ministra, y yo creo que de una manera acertada, de
la disminución de la natalidad y de los problemas que está planteando,
por una parte, y de los beneficios, por otra, a todo el país. Esta
disminución empieza a ser espectacular entre la población de 3 a 18 años.
Ha indicado que esto condiciona de alguna manera las decisiones que en
materia educativa hay que adoptar en los próximos años, y yo creo que
está en la línea acertada. Por otra parte se ha referido, y también lo
compartimos, al gran esfuerzo que se ha hecho en toda esta etapa
democrática para escolarizar a todos los niños en la enseñanza
obligatoria y que ese esfuerzo se ha intensificado desde el año 1977
hasta estos momentos, de tal forma que al inicio de la década de los
ochenta prácticamente estaba escolarizado el cien por cien en la
educación básica obligatoria. Sin embargo, la situación de algunas
comunidades como la canaria es bien diferente. Sigue habiendo una tasa de
natalidad muy alta. Los centros que se recibieron con motivo de las
transferencias del Estado estaban en situaciones precarias. Ese
mantenimiento en la natalidad ha implicado no solamente la mejora de los
centros transferidos sino la construcción de una importante red de nuevos
centros que no estaba prevista en la transferencia que en su momento se
hizo desde el Estado a la Comunidad canaria, de tal forma que, hablando
de déficit en materia educativa con la implantación de la Logse, el de
Canarias está evaluado en 75.000 millones de pesetas en los diez años. El
anterior Gobierno socialista ha afrontado la deuda histórica con otras
comunidades de muy diversas maneras. La pregunta es: ¿Cómo piensa su
departamento afrontar la deuda histórica con la educación canaria?
Por último, señora Ministra, quisiera hacerle una pregunta en relación a
un tema deportivo. Quisiera saber si piensa cumplir su departamento el
artículo 4.3 de la Ley 10/90, de 15 de octubre, del Deporte, que dice
textualmente lo siguiente: Atender con carácter obligatorio los
desplazamientos de equipos y deportistas de las islas Canarias y Baleares
y poblaciones de Ceuta y Melilla participantes en competiciones de
carácter nacional. Esto es lo que dice la ley y esto es lo que se ha
venido incumpliendo sistemáticamente. Quisiera saber de la señora
Ministra si la disposición del Gobierno es cumplir la Ley del Deporte en
este punto.
El señor PRESIDENTE: Por último tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Presidente, desearíamos dividir en dos
la intervención de nuestro grupo. Es decir, la parte de cultura la
realizaría la señora Rodríguez-Salmones y el resto, educación y deporte,
yo mismo.
El señor PRESIDENTE: Si a quien ofrece usted el reparto está de acuerdo,
por nuestra parte no hay inconveniente.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Estamos de acuerdo, señor Presidente, e
incluso lo estamos en la brevedad, dada la hora que es y que todavía no
hay comedor escolar en el Congreso de los Diputados. (Risas.)
Quiero agradecer a la señora Ministra la exposición amplia que ha hecho.
Es indudable que para hacer una exposición amplia primeramente tiene que
definir la situación en que se encuentra la educación, y por eso los
datos que ha dado nos parecen muy importantes. En segundo lugar, yo creo
que ha hecho una exposición en la cual ha hablado todo el tiempo de
diálogo, de necesidad de concertación de los diferentes grupos y que esta
Cámara, como es así constitucionalmente, tendrá la última palabra. Me ha
extrañado muchísimo que algunos que han intervenido hablen de los años
setenta. A mí me suena eso a prehistoria. Aquí se ha hablado --y la
señora Ministra ha hecho referencia a ello-- única y exclusivamente de la
Constitución, del artículo 27 de la Constitución. Algún Diputado ha
dicho: el paradójico artículo de la Constitución. Para mí no hay ningún
paradójico artículo, sino la Constitución, que es la norma de convivencia
de todos los españoles.
Entro a continuación, señor Presidente, en los temas más importantes que
ha expuesto la señora Ministra y sobre los que los diferentes grupos
parlamentarios han indicado su preocupación. En primer lugar, el primer
ciclo de la ESO. Yo quiero decir que el Gobierno se encontró con una
patata caliente que estaba sin resolver. Y perdónenme SS. SS. si utilizo
el término «patata caliente» en la Comisión de Educación y Cultura.
Indudablemente ese problema estaba ahí y se debería, si no haberlo
resuelto, por lo menos haber enfocado en los meses de octubre, noviembre
y diciembre de 1995, ya que indefectiblemente el curso del primer ciclo
de la ESO empezaba en 1996-97.
Por otra parte, el primer ciclo en las zonas rurales yo creo que ha sido
un acierto y un ejemplo de diálogo entre el Ministerio, las APA y las
comunidades autónomas, no sólo de las comunidades autónomas que tienen el
mismo signo político que el Ministerio, sino, como muy bien ha dicho la
señora Ministra, de las comunidades autónomas como Andalucía que lo han
resuelto de manera similar a como lo ha hecho el Gobierno. Por otro lado,
no es necesario modificar nada. El reglamento orgánico de los IES, de los
Institutos de Enseñanza Superior, prevé la situación de centros de
primaria adscritos a IES, donde impartir el primer ciclo de la ESO, por
lo que no hay que modificar nada.
Me gustaría aclarar algo porque algunos de los intervinientes no conocen
--creo-- la problemática del mundo rural. Más de 30.000 personas se han
alzado en una manifestación en Madrid y los que provenimos de una
circunscripción de núcleos rurales teníamos una enorme preocupación
porque había alumnos que se tenían que trasladar 25 ó 30 kilómetros, lo
que significaba media hora más de horario lectivo, por lo menos de estar
fuera de sus casas. Además, nos consta, y lo conocen muchos de los que
han intervenido, que muchos de los institutos no estaban preparados en lo
que concierne a comedores escolares ni estaba solucionado el tema del
transporte. Por eso me cabe,
señora Ministra, en nombre del Grupo Popular, no solamente apoyarla sino
felicitarla por cómo se ha resuelto el tema en las zonas rurales. Yo le
puedo decir, señora Ministra, aunque lo conoce, que muchos de los
Diputados de aquí, la mayoría, provenimos de zonas rurales y ésta ha sido
una preocupación que se ha resuelto acertadamente.
Yo quisiera seguidamente entrar en el tema de la elección de centro.
Nuestra Constitución es clara al respecto, pero yo comprendo
perfectamente que cuando se habla de elección de centro a veces es
absolutamente imposible. En las mismas zonas rurales el niño no puede
elegir más que un centro porque el otro estaría a mucha distancia. Yo he
debido entender mal o algunos de los que han hablado antes que yo se
habían preparado su intervención antes de las manifestaciones de la
Ministra porque yo le he oído y he apuntado exactamente: flexibilización
de la zonificación. Flexibilización de la zonificación quiere decir que
esto no sea algo exacto. Voy a poner un ejemplo y no de un colegio
concertado. El Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, en donde algunas
señorías --no sé si de las presentes pero sí de las que están en esta
Cámara-- han tenido el honor de cursar su bachillerato, tenía la fama de
ser el primer instituto público en calidad de enseñanza. Pues yo he
conocido problemas de hijos de familias con pocos ingresos que querían ir
al Instituto Ramiro de Maeztu y, sin embargo, por estar situado en una
zona de alto poder adquisitivo no han podido ir. Este es un ejemplo de lo
que yo creo que debe ser la flexibilización. Por otra parte, éste no es
un tema thatcheriano. Algunas de las señorías que han intervenido creo
que no conocen el tema, porque en Inglaterra prácticamente toda la
primaria se ofrece en escuela pública, o en un 85 por ciento. Pero yo
querría decir que, por ejemplo, en París, donde yo hace unos meses
pregunté por este tema, ya no hay zonificación de los liceos públicos. Es
decir, en París, un ciudadano que vive en el quinto «arrondissement» o en
el sexto, por poner dos ejemplos de tipos de nivel de vida diferente,
elige el instituto público al que puede ir.
Por tanto, no entremos en algo que ha dicho la señora Ministra y que yo
subrayo. No empecemos, por favor, porque está superado absolutamente en
nuestro país, la guerra entre la escuela pública y centros de iniciativa
social. Eso está absolutamente superado actualmente en países como Suecia
y en otros, que ha citado la señora Ministra, que están dirigidos por
gobiernos socialistas.
Quisiera hacer hincapié seguidamente en la formación profesional. Yo
creo, señora Ministra, que si no en toda su amplitud, la formación
profesional será uno de los temas que se tocará concretamente en el mes
de septiembre, aunque sea el mes de los malos estudiantes. Ha hecho una
exposición de la formación profesional que por lo menos a mi grupo le ha
satisfecho. Yo creo que éste es uno de los campos --y hay que decirlo
clarísimamente, igual que la señora Ministra ha señalado los avances que
se han producido en diferentes materias de educación-- más abandonados
por los gobiernos anteriores. Esto hay que decirlo y subrayarlo, porque
no hay más que preguntar y hacer una pequeña encuesta para saber cómo
está la formación profesional. Ni siquiera se ha cumplido la normativa
vigente, ni en dotación ni en profesorado, etcétera. Indudablemente es
uno de los hándicap que tiene nuestro país --y ahí aliento a la señora
Ministra-- de cara a la Unión Europea y de cara a la competitividad --y
no solamente de nuestros universitarios, que es otro capítulo-- que
nuestros chicos no van a estar preparados en formación profesional, para
cuadros medios, etcétera, en competencia con las formaciones
profesionales que se están dando en estos momentos en los países de la
Unión Europea. A mí me gustaría extenderme más sobre este tema, pero
comprendo que no es el momento. Además, el señor Presidente, a quien yo
tengo respeto desde hace muchísimos años, me hace una indicación que para
formación profesional, otro día.
Hay también otro tema sobre el que no me gustaría pasar excesivamente
rápido, que es la educación de adultos. Efectivamente, la Ministra no se
ha referido a la educación de adultos, y yo podría decir otras seis o
siete cosas que no ha tocado, porque su exposición hubiera sido mucho más
larga. Pero es curioso que la educación de adultos se haya puesto como
ejemplo de algo que no ha dicho la señora Ministra cuando ha sido
realmente una de las cenicientas de gobiernos anteriores. El único sitio
de España en donde se ha hecho una política importante de formación de
adultos ha sido Galicia, y eso lo pueden aseverar incluso Diputados que
no pertenezcan al Partido Popular. Por darles un ejemplo diré que el
señor Marchesi, cuando era Director de renovación pedagógica, aunque no
es de adultos, suprimió la educación especial. Y entre los adultos, por
desgracia, todavía hay bastantes analfabetos, que heredamos, con edades
yo no diría de 45 años --quizá porque se acerca más a lo mía--, sino de
alrededor de 70 años, entre los que hay todavía un problema de
analfabetismo, respecto al que estoy seguro de que la señora Ministra
hará alguna indicación.
Con relación a las universidades ha planteado dos problemas que en mi
opinión son importantes. Primero: un tercio de los estudiantes españoles
solamente cursa el ciclo medio de tres años y, en cambio, dos tercios
estudian el ciclo superior de cinco años, ahora de cuatro años. Esto es
lo contrario de lo que ocurre en Europa y creo que va a haber que
profundizar en ello porque nuestras universidades están sacando un tipo
de licenciados que no es el que la sociedad está demandando en estos
momentos.
Señor Presidente, el tema deportes no lo voy a tocar porque creo que el
Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha pedido la comparecencia del
Secretario de Estado de Deportes --que me parece muy buena idea--, y
espero que, con la máxima rapidez posible, si no es ahora, en septiembre,
también podrá comparecer aquí el Secretario de Estado de Universidades.
Hay muchos temas que ha expuesto la señora Ministra a los que me gustaría
referirme, pero estaríamos dos horas y, además, lo haría con mucha menor
preparación que lo ha hecho la señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Beatriz Rodríguez-Salmones.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora Ministra, por
su intervención, que
realmente ha sido larga, exhaustiva. Yo querría --espero hacerlo en un
minuto, señor Presidente-- resaltar el equilibrio en la exposición de la
señora Ministra. Es indudable que a nuestro grupo le toca quizá el turno
de las alabanzas. Hay compañeros portavoces aquí a los que las palabras
flexibilidad y reflexión les parecen anatemas. Y agradezco que hayamos
salido de la política de los dogmas. Hasta ahora todo eran dogmas y aquí
ha aparecido una Ministra que sabe decir que tiene confianza en la
sociedad --hablo concretamente de la materia de cultura--, confianza en
la iniciativa social, que cree que hay que apoyar, que cree que hay que
hacer pactos --pacto de Estado, incluso-- en el Museo del Prado, y que al
mismo tiempo ha actuado con enorme rapidez, siguiendo la línea marcada
por el Congreso y por esta Comisión, para darle una enorme estructura al
Prado. Es decir, esta sensación de equilibrio y de huir de los dogmas, yo
creo que a nuestro grupo le produce una especial satisfacción, saliendo
un poco de donde salimos y, además, viendo las intervenciones de otros
dos portavoces.
Yo querría decir dos cosas --no quiero entablar, en este momento no creo
que sea nuestra función, debate con los otros grupos-- y expresar a la
señora Ministra que, en dos cuestiones en las que ha hecho hincapié, me
parece que tenemos una gran oportunidad en el momento en que los dos
ministerios pasan a estar dirigidos por una sola persona. Me refiero a la
lectura. Lo que ha llamado incrementar el número de lectores no es ya la
política del libro. Antes que la política del libro es la lectura, y ésta
se hace desde la escuela. Sabemos todos que en este país nuestro déficit
en esta materia es muy grande, y yo diré que está en la raíz de muchos de
los problemas, y no sólo de los problemas culturales. En la misma
dirección, poder fomentar la lectura desde la escuela, favoreciendo la
política de apoyo al libro, a las bibliotecas, y poner el libro al
alcance de los ciudadanos me parece que es una oportunidad importante. No
querría dejar de señalar aquí también el apoyo necesario no sólo a todo
lo que la Ministra ha dicho, sino también a las pequeñas librerías.
Comprendo que quizá en una política de mercado, éstas tienden a
desaparecer. Creo que son algo especialmente importante y a lo mejor en
la política general de las pymes se encuentra un apoyo a una estructura
mínima que está desapareciendo.
Igual que creo que es muy importante --y lo ha dicho la señora Ministra--
el apoyo a la lectura, pienso que tenemos otra oportunidad de apoyar, al
estar el Ministerio de Educación y de Cultura juntos por primera vez, las
enseñanzas artísticas. Hasta ahora, el ejercicio de las bellas artes en
su conjunto, tanto de la música como del teatro, la danza o cualquier
ejercicio, estaba separado de su enseñanza y que podamos tener la
política de conservatorios, por ejemplo, en música, unida a la enseñanza
en la escuela y, al mismo tiempo, a la política de conciertos de
orquestas y de infraestructuras de música me parece especialmente
importante. Es decir, creo que parte de las lagunas que todos detectamos
y que hemos visto una y otra vez en las actitudes culturales de los
españoles --no quiero decir cuáles son las buenas y las malas-- en
general, tanto en la lectura como en las prácticas artísticas, vienen de
que en la escuela no han recibido el apoyo suficiente. En este momento
creo que hay una oportunidad para ello.
Una cuestión que en este momento no viene muy al caso y que me parece muy
importante, particularmente en el deporte --la Ministra lo ha mencionado
y creo que nuestro grupo va a insistir mucho en ello--, es que hay una
población especialmente sensible a las enseñanzas artísticas y a la
práctica de todas ellas que son las personas con minusvalías. Hacer un
esfuerzo, compartido con la sociedad, para ayudar --hablo ahora mismo de
los niños porque estamos más centrados en ellos-- a niños y adultos a la
práctica de las bellas artes en su conjunto o de cualquier manifestación
artística y al disfrute de todo ello por una población que es
especialmente sensible y para la cual, posiblemente, la mejor manera de
vehicular y de llevar la educación es fomentar unas prácticas para las
que están dotados de una especial sensibilidad y que ahora les están
vetadas prácticamente al cien por cien, creo que sería obligatorio por
nuestra parte y estoy segura de que la señora Ministra, igual que lo ha
explicitado en el deporte, lo hará llevar a cabo.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que hemos tenido hoy prueba palpable de cuál
es la acuciosidad laboral que embarga a SS. SS. y al propio Ministerio,
aunque quizás algunos dejándonos dominar por el intento de agotar en el
día de hoy la legislatura. (Risas.) Parece ser que sería conveniente que
sometiéramos a cierta corrección esa propensión, entre otras cosas
porque, si no, acabarían cerrando la Casa, lo cual no sería bueno para
nadie. Por tanto, yo les voy a proponer que haya una contestación por
parte de la señora Ministra, en la forma que ella quiera, pero
recordándole que es práctica también de esta Casa que a las preguntas
concretas, que ella podrá lógicamente rememorar cuando repase el «Diario
de Sesiones», les va a poder dar una contestación, consultando sus
archivos, a lo mejor mucho más satisfactoria para quienes van a
recibirlas. Por ello podría contestar en general a las intervenciones que
en algún momento haya podido considerar que no eran excesivamente
cariñosas, y a continuación los portavoces tendrían, dado que no pueden
achacar a la Mesa ni a la Presidencia que hayamos sido cicateros con el
tiempo y tenemos una cierta autoridad, la inconmensurable medida de un
minuto cada uno para responder.
Señora Ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Tomo
buena nota de la alusión que ha hecho al tiempo que he empleado y lo
lamento. Voy a seguir la práctica de esta Cámara de contestar a las
preguntas concretas por escrito, pero tendré que ordenar necesariamente
las respuestas en razón de las intervenciones.
En primer lugar, el portavoz del Partido Socialista, señor Romero, dice
que hay una cierta inquietud en cuanto a las decisiones que hemos tomado
en el Ministerio y a las declaraciones que hemos efectuado. Yo creo que
el señor Romero y el Grupo Socialista deben tranquilizarse. No hay
inquietud manifiesta, pienso yo; para inquietud la que me
encontré yo en la calle el primer sábado que estuve en el Ministerio con
más de 50.000 manifestantes por razón de una implantación de la enseñanza
en las zonas rurales que, como mínimo, no había sido suficientemente
dialogada.
Dice el señor Romero que la educación goza de buena salud. No he usado yo
ese término para la educación, sino para el deporte. Lo que he dicho es
que tendremos que hacer una evaluación general de la calidad de la
enseñanza y de lo que nuestros hijos están aprendiendo y, una vez que
tengamos esa evaluación, abrir un gran debate nacional para ver si está
cumpliendo o no las expectativas que todos hemos puesto en la reforma
para conseguir una mayor calidad.
La apelación a la moderación en el gasto no la he hecho yo. La moderación
en el gasto a la que yo me he referido era la reducción en términos
porcentuales respecto del PIB que había hecho el Gobierno que nos ha
precedido desde el año 1993 hasta este mismo año.
En cuanto al recorte de las inversiones, sin perjuicio de darle cumplida
respuesta porque usted dice que el dato se lo ha dado el señor Michavila
y ha dicho que no vamos a recortar nada en el capítulo IV, tengo que
decirle que o el señor Michavila no le ha dado bien los datos o usted no
los ha tomado bien o no ha querido darlos claramente aquí, porque en el
capítulo IV hay un recorte importantísimo cuya cuantía exacta le mandaré
por escrito para no colmar la paciencia del señor Presidente. Le puedo
decir de entrada que transferencias corrientes, capítulo IV, en cultura
son 759 millones y en educación 1.328 millones, el 0,53 por ciento del
total del 0,8 por ciento que representa en este Ministerio.
Pregunta usted qué va a pasar con el recorte en las inversiones. También
se lo especificaré concretamente, pero para tranquilizarle ya de entrada
le diré que se trata de solares que no han podido ser cedidos por
problemas de titularidad, de obras que no han podido ejecutarse por
retrasos en la licitación y de otro tipo de problemas que en modo alguno
afectan a obras urgentes, a obras imprescindibles ni desde luego a la
calidad de la enseñanza.
En cuanto a su preocupación de que vayan a ser los centros los que elijan
a los alumnos, le digo que todo lo contrario: la voluntad de este
Gobierno es que sean los alumnos y sus padres los que elijan los centros,
y no entiendo por qué les preocupa eso a ustedes tanto. Dice que si voy a
modificar la LODE. Pues mire usted, no voy a modificar la LODE, se lo
dije el otro día cuando me hizo la misma pregunta en el hemiciclo. La
LODE, en su artículo 20, reconoce el derecho de los padres a escoger
centro, sin perjuicio de que los poderes públicos tengan que hacer una
planificación. Lo que pasa es que por vía reglamentaria ustedes han
desnaturalizado este derecho a escoger. Nosotros no tenemos ninguna
necesidad de modificar la LODE, lo que tenemos que hacer por vía
reglamentaria es hacer posible en la realidad que haya más padres y
alumnos que puedan escoger el tipo de centro que la propia LODE prevé en
su artículo 20. Por tanto, no vamos a modificar la LODE.
¿Vamos a imponer por vía de coerción la religión? No, creo que lo he
dejado clarísimo en mi anterior intervención, pero por si acaso se lo
repito: en absoluto. Aquí la libertad religiosa está consagrada en la
Constitución y lo único que está estudiando el Ministerio es la
posibilidad de atender a las sentencias de los tribunales que dicen que
el parchís y los juegos de mesa no deben ser una alternativa a la
religión. Vamos a ver cómo se implementa eso, y en el momento que lo
tengamos lo primero que haremos será traerlo a esta Cámara.
Dice usted que yo he afirmado que los centros de formación profesional no
son exclusivamente los que imparten. Por supuesto que no, yo he dicho que
no eran exclusivamente ésos, pero que en ellos se han invertido 10.000
millones de pesetas y que, sin embargo, los resultados no han sido los
que esperaban los profesores, y de hecho me parece que he dicho que los
profesores habían suspendido a este tipo de centros.
El resto parece que son más bien preguntas concretas. Su señoría dice que
no he citado el acuerdo del Senado. No lo puedo citar todo, pero es
evidente que estamos por el cumplimiento del acuerdo del Senado en
relación a la Selectividad.
Dice usted que se ha anticipado la implantación de la ESO en otras
comunidades autónomas. Yo tengo que decirle que en el territorio del
Ministerio la anticipación de la ESO ha sido del 88 por ciento. Usted
mismo ha citado otras comunidades como ejemplo de anticipación que no
superan el 40 por ciento.
Sobre el coste de la educación infantil, que S. S. cifra en 200.000
millones, no sé de dónde se saca ese dato porque la portavoz de Izquierda
Unida en esta materia lo ha cifrado en 50.000 millones, y ésta es la
cifra que nosotros manejamos.
Sobre si vamos a modificar la Ley de Reforma Universitaria, cuestión que
han planteado muchas de SS. SS., tengo que decir que la Ley de Reforma
Universitaria entra en vigor en 1983, que ha transcurrido un largo plazo
de tiempo desde entonces en el que ni siquiera se habían realizado las
transferencias de las universidades y que hay un gran debate que prevé
que convendría modificar algunos aspectos de la ley de Reforma
Universitaria. Cómo, cuándo y en qué medida, serán ustedes los primeros
en saberlo.
Dice que se ha suprimido el nombre de Ciencia del Ministerio.
Evidentemente, yo creo que las cuestiones nominalistas no son las que
tienen relevancia. Lo importante es la política que se va a hacer en
relación con la ciencia, la importancia estratégica que nosotros
concedemos a esta ciencia y la voluntad política del Gobierno de invertir
la tendencia que desde 1992 hay en relación a la parte del presupuesto
que se destina a la ciencia, que está cayendo desde el año 1992. La
voluntad de este Gobierno es invertir la tendencia, hacer un punto de
inflexión que, si no puede ser en 1997, que probablemente no podrá ser,
se hará en 1998, y puedo garantizárselo a S. S. En cuanto a cuestiones
concretas sobre la política de formación profesional, creo que lo mejor
es que le conteste a todas y cada una de ellas por escrito, como ha
señalado el señor Presidente.
Paso a contestar la intervención de doña María Jesús Aramburu, por parte
del Grupo de Izquierda Unida. Su señoría
dice que la mayoría de la Cámara se quedó sorprendida por el discurso del
Presidente Aznar. Yo creo que la mayoría de la Cámara apoyó el discurso
de investidura y, por tanto, poca sorpresa le pudo producir la defensa
del Presidente Aznar de la libertad de la enseñanza. Creo que fue al
contrario. A mí me sorprende que a S. S. no le guste la libertad de la
enseñanza y tengo que recordarle que esto no solamente está recogido en
la Constitución, sino también en la LODE, y este Gobierno no va a abdicar
de su voluntad de aplicarla. Su señoría pregunta si vamos a destinar
recursos públicos para financiar centros privados. Esta es una cosa que
se viene haciendo, no es algo que nosotros vamos a inventar, y garantiza,
creo yo, la libertad de elegir el centro docente.
Pregunta si tenemos presiones de la Conferencia Episcopal. Le tengo que
decir que no. Garantizo a S. S. que no tenemos ninguna presión de la
Conferencia Episcopal. Si, en cambio, ustedes lo que quieren es que se
modifiquen los acuerdos con la Santa Sede, pídanlo donde corresponda,
porque a nosotros lo que nos corresponde es aplicar la legislación
vigente y los acuerdos son legislación vigente.
Luego me dice S. S. que aterrice y pregunta si asumo el recorte. Pues sí,
señoría, asumo el recorte. Lo asumo porque es mi obligación hacerlo, como
lo asumen todos los grupos de esta Cámara, y no sólo el mío, que ha sido
menor del 0,8 por ciento en relación al Presupuesto. El recorte del
Gobierno anterior, de 135.000 millones, fue un recorte importante que yo
asumo, porque creo que la prioridad de todos los grupos de esta Cámara es
que logremos desprendernos de los lastres de la deuda y del déficit, en
que nos han sumido los gobiernos anteriores, y que desgraciadamente nos
han conducido a tener el nivel de paro más elevado de toda Europa.
Su señoría ha preguntado que cómo han quedando las conversaciones con las
APAS rurales. En la intervención del portavoz del Grupo Popular, que yo
aprovecho para agradecer, esto se ha sintetizado. Pero fundamentalmente
se ha quedado en que en aquellos lugares donde se vea que por razones
geográficas, demográficas o por razones de especialidad de cada uno de
los municipios sea imprescindible continuar impartiendo el primer ciclo
de la ESO en los antiguos colegios de Enseñanza General Básica, así se va
a hacer. Pero esto no es una novedad que nosotros hayamos impuesto, sino
una cuestión que nuestros antecesores en el Ministerio habían decidido ya
para el 43 por ciento de los centros, que representan más del 50 por
ciento de los alumnos. Por tanto, no hay que rasgarse las vestiduras, y
es exactamente lo mismo que está haciendo el señor Peci en Andalucía.
La señora Aramburu pregunta si vamos a hacer transferencias. Pues, sí.
Estamos en un proceso de transferencias y confiamos que, en el plazo más
breve posible, todas las comunidades autónomas que ya han asumido las
competencias educativas pasen a ejercerlas efectivamente.
¿Por qué acumulamos los organismos de investigación en el Ministerio?
Porque creemos, señoría, que responde a una política científica seria. De
hecho, tengo que confesarles aquí que el anterior Secretario de Estado de
Investigación me confesó que a ellos les hubiera gustado hacerlo, pero
que nunca se habían atrevido a tanto. Por lo tanto, creo que ello
responde a una política acertada que vamos a realizar, con mucha
reflexión y diálogo, porque se trata de cuerpos y escalas diferentes y de
ninguna manera vamos a realizarlo por imposición ni sin el suficiente
debate flexible. Le garantizo a S. S. que se va a llevar a cabo como el
resto de los temas en el Ministerio, con gran atención a los diferentes
puntos de vista en esta materia.
Me pregunta S. S. si voy a cambiar la selectividad. Lamento que no se me
haya entendido bien, lo he dicho con toda claridad: la selectividad
actual no gusta a nadie. Por tanto, vamos a implementar los sistemas que
sean necesarios para modificarla.
Pregunta si vamos a modificar la Logse. No tenemos intención de modificar
la Logse. Eso sí, queremos hacer una aplicación flexible que la propia
Logse prevé, como así figura en su preámbulo.
Quiere saber qué tiempo de provisionalidad va a tener la ESO. Ya en las
disposiciones que han dictado quienes me han precedido en el Gobierno se
contenía precisamente la facultad del Ministerio de mantener, cuanto
tiempo se considerara necesario, la implantación del primer ciclo de la
ESO en las escuelas de primaria.
Al final de su intervención me dice que la tendré a su lado para la
defensa de la calidad. Yo se lo agradezco. Esté segura S. S. que la
defensa de la calidad es uno de los principales objetivos del Ministerio.
Sin embargo, me dice que la tendré a usted enfrente cuando no defienda la
libertad, la pluralidad, la participación y la democracia. Le puedo
asegurar que libertad, pluralidad, participación y democracia son
objetivos que, al menos en el mismo grado que S. S. --yo diría que aún
mayor-- son objetivos para esta Ministra.
A don José Luis Centella, y respecto al tema de la cultura, he de decirle
que el cine es un espectáculo y, como tal, no he hablado de mercado pero
sí del espectador porque creo que es un criterio al que tenemos que
conceder importancia.
A doña Inés Savanés, a la que me alegro mucho volver a encontrar aquí,
después de haberla conocido en el mundo deportivo municipal, quiero
agradecerle el tono de su intervención y decirle que, efectivamente, es
muy delicada la reforma legislativa en materia deportiva que tenemos por
delante. No quiero anticipar nada porque va a comparecer el Secretario de
Estado de Deportes y creo que él podrá decirle de una manera más completa
que yo en este momento cuáles son las modificaciones que vamos a hacer.
Al señor Rodríguez Sánchez, del Bloque Nacionalista --que al parecer no
le gusta el artículo 27 de la Constitución, pero lo acata, menos mal--,
dice que yo he dicho que vamos a dar un impulso decidido a la enseñanza
privada. No, señoría. Lo que yo he dicho que vamos a impulsar es la
libertad de elegir, y esa libertad de elegir está consagrada en la
Constitución y en la LODE. Por tanto, no es algo que yo me invente, sino
que simplemente se trata de aplicar la legislación vigente. De hecho, los
datos son que en el territorio del Ministerio hay un 70 por ciento de
alumnos que se educan en la enseñanza pública y tan sólo un 30 por ciento
que se educan en la enseñanza privada.
Tomo buena nota de que le parece más atractivo para los padres que los
niños estén desde los 3 años hasta los 18 en el mismo centro y que eso se
da en la enseñanza privada y no en la pública. Y también tomo buena nota
de que los bienes del Ministerio de Defensa no se vendan en subasta
pública. Desconozco si se ha vendido alguno, pero tomaremos buena nota
para que no ocurra con los que pertenezcan al Patrimonio Histórico.
Respecto al convenio con la Iglesia Católica en relación a las
catedrales, tenga la garantía S. S. de que se hará para que sean más
accesibles al gran público de forma que pueda disfrutarlas y
contemplarlas con mayor libertad.
Finalmente, cuando dice que copiemos al cine francés para librarnos del
enemigo yanqui, quisiera decirle que nuestra situación, gracias a Dios,
es enteramente diferente de la situación francesa. Por ello al hablar de
cine he empezado diciéndole que vamos a pasar de una política
proteccionista a una política de gran confianza en nuestro cine. El
problema de los franceses es aparte. El nuestro es el de una comunidad
que tiene 400 millones de seres que hablan el español y, por lo tanto,
creo que la situación de nuestro cine es francamente diferente y que
nosotros tenemos una gran confianza en las posibilidades que tiene el
cine español de expandirse por toda Iberoamérica.
Quiero agradecer, tanto al señor Burballa como a doña Laura Gil, el tono
de su intervención y los temas que han especificado. Las cuestiones
deportivas, a las que ha hecho referencia el señor Burballa, seguramente
van a ser tratadas por el Secretario de Estado de Deportes. En cuanto a
la Ley de Fundaciones y Mecenazgo, tomo buena nota de su intervención,
porque nosotros tenemos la misma visión de la necesidad de mecenazgo
también en los deportes.
A doña Carmen Laura Gil quiero agradecerle el que nos diga que la
educación y la cultura están indisolublemente unidas. Nosotros
compartimos totalmente esa visión. Creemos que ésa es una de las razones
por las que se han unido ambos Ministerios en un solo Departamento.
También quiero aclararle que la reforma de la Ley de Reforma
Universitaria --valga la redundancia-- es necesaria y desde luego en
nosotros encontrará la energía política y la decisión para tratar de
lograr el consenso de los grupos de esta Cámara para atenderlo en la
medida en que ello vaya a contribuir a la mejora de la calidad de nuestro
sistema universitario.
Al señor Rivero, de Coalición Canaria, quiero agradecerle el tono, sus
palabras y el apoyo a la posición de diálogo, de cercanía y de
transparencia de este Gobierno, y tranquilizarle por su preocupación
sobre el ajuste presupuestario. El ajuste presupuestario está hecho, se
viene haciendo desde el año 1993. Por tanto, en este momento simplemente
se han ajustado algunas partidas que no iban a necesitarse en este año y
que en modo alguno afectan a la calidad de la enseñanza --y aprovecho
para decir, frente a lo afirmado por doña María Jesús, que no se trata en
absoluto de dinero que se fuera a dar a los institutos, sino de partidas
del propio Ministerio--. Esos son los ajustes que se han hecho, que no
van a afectar en absoluto a la calidad.
En cuanto al resto de las preguntas concretísimas que ha formulado, yo
creo que lo mejor es responderle por escrito, porque me parece que sería
en estos momentos abusar de SS. SS.
Agradezco las intervenciones del señor Guerra Zunzunegui y de la señora
Rodríguez Salmones, especialmente la del señor Guerra en relación al
diálogo que hemos mantenido para tratar de resolver el problema del mundo
rural en relación con la implantación de la enseñanza secundaria.
Señora Rodríguez Salmones, la lectura y las enseñanzas artísticas son una
muestra de la razón de la unificación de los dos Ministerios en un solo
Departamento, porque son cuestión fundamental para una política que esté
estrechamente ligada. Finalmente, señora Rodríguez Salmones, la
sensibilidad de esta Ministra y de las personas que forman parte del
mismo por los problemas de las personas con minusvalía es enorme, también
en lo que se refiere a las enseñanzas artísticas. Lo he mencionado en el
deporte y también en la educación y la formación profesional, pero en las
enseñanzas artísticas es verdad que no lo había mencionado y es muy
importante para este tipo de personas.
Finalmente, señorías, el Ministerio tiene puesto todo su empeño en que la
aplicación de la reforma que en materia educativa nos coge en un momento
crucial se haga con el máximo diálogo, con la máxima implicación de todos
los sectores afectados --ya lo hemos demostrado así--, con los padres,
con los profesores, con los municipios, con las comunidades autónomas que
están implicadas en esta reforma. Creemos que se va a hacer de la mejor
manera posible. Evidentemente, tiene muchísimas dificultades, para las
que les hemos pedido comprensión, pero no vamos a renunciar a aplicar los
principio que yo les he enunciado a lo largo de la intervención.
El señor PRESIDENTE: Don Joan Romero, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra por un minuto.
El señor ROMERO GONZALEZ: En primer lugar, señora Ministra, dos veces ha
aludido al recorte de la anterior Administración. Debe usted saber --y si
no, que le preparen bien los papeles-- que el recorte al que usted alude,
de 175.000 millones, no es ni más ni menos que una dada de baja de las
transferencias de universidades a las administraciones con competencias.
No hubo tal recorte. Sí lo hay por el nuevo Gobierno por valor de casi
10.000 millones en la Nueva Administración.
Señora Ministra, ha dicho usted ahora que hay recorte en el capítulo IV.
Unicamente quiero decirle que éste es el Parlamento español, que usted
forma parte de un Gobierno del Reino de España y que el Presidente de la
Cámara dispone de un escrito, remitido a los miembros de la Comisión de
Presupuestos, en el que dice cuál es el recorte por Departamentos, que se
está estudiando en este momento en esta Casa, y dice: Capítulo IV,
Educación y Cultura, cero pesetas. De manera que, señora Ministra,
aclárense. Es su Gobierno el que dice esto, no nosotros.
No me ha respondido a la pregunta sobre admisión de alumnos, si se van a
modificar los criterios o no. Espero que me llegue por escrito. No hay
una clara posición por
parte de su Gobierno en cuanto al desarrollo de la Formación Profesional.
Sigue sin referirse a la formación de adulto, incomprensiblemente, a
pesar del capote que le ha echado su compañero de partido.
La implantación de la educación secundaria obligatoria, señora Ministra,
se ha hecho anticipadamente al cien por cien en Navarra. Más que el
Ministerio. Por cierto, ¿sabe a iniciativa de quién? Del Partido Popular.
En materia de universidades, no ha hecho referencia a nuevos planes de
estudio. No sabemos qué van a hacer. Tengo claro que no van a cumplir su
programa en universidades, porque no podrán aplicarlo ni en materia de
LODE ni en materia de Logse, afortunadamente para el sistema educativo
español.
Habida cuenta de que ha ocupado todo el tiempo que requería, porque el
tema lo merece, y de que han quedado muchas cosas en el tintero, anuncio
en nombre de mi grupo la petición hoy mismo de comparecencia de la señora
Ministra para que informe en materia de aplicación de la Logse, de
formación profesional, de formación de adultos y de cultura.
El señor PRESIDENTE: La señora Aramburu, en nombre de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra por un minuto.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Aunque la señora Ministra no me ha agradecido
el tono de mi intervención, quiero decirle a doña Esperanza que yo, como
portavoz de Izquierda Unida, trato de representar a los sin voz, con la
firmeza que tiene en estos momentos la comunidad educativa. Por lo tanto,
siento que no le haya gustado el tono de mi voz, pero nos iremos
conociendo.
Ante la indefensión de esta portavoz de responder en un minuto --cosa que
considero que franca desigualdad con respecto a la Ministra--, me reservo
para próximas comparecencias y para el hemiciclo y espero que tenga el
rigor y la transparencia de responderme por escrito en los términos que
le he planteado.
Yo sí, doña Esperanza, le agradezco su buen consejo sobre la revisión de
los acuerdos con la Santa Sede. Lo consideraremos, doña Esperanza.
También me tranquiliza que la Conferencia Episcopal no sea un poder
fáctico en su Ministerio.
El señor PRESIDENTE: El señor Rodríguez Sánchez tiene la palabra por un
minuto.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Le agradecería a la señora Ministra que igual
que tiene tanta perspicacia para observar mi espíritu contrario al
artículo 27 de la Constitución, tenga la valentía de asumir que defiende
la enseñanza privada. Porque de todo su discurso se deduce ese axioma. Es
simplemente una cuestión de claridad expositiva. También debe quedar eso
claro frente a la opinión pública.
Una aclaración respecto a los centros que cuentan con todos los ciclos y
niveles. Es una manera de conducir cada vez a más gente a la enseñanza
privada. Es una política que se inició larvadamente por parte de
anteriores gobiernos y que ustedes van a agudizar. Otra cosa son los
límites de la realidad, que sin duda los tiene.
Siento no ser optimista y decirle que el mercado iberoamericano está
tanto o más controlado como lo está el español por los Estados Unidos de
América. En el mercado francés habrá 40 millones de señores, pero con una
política basada en la soberanía nacional, a su manera, y el Estado
español en el aspecto cultural y en el mundo audiovisual, concretamente
en el terreno del cine, necesita una política proteccionista, si es que
se quiere conservar algo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rivero, en nombre de
Coalición Canaria.
El señor RIVERO BAUTE: Señora Ministra, me tranquiliza la manifestación
que hace ante la Comisión de que los recortes presupuestarios no van a
afectar a la calidad de la enseñanza. Como las preguntas que realizaba
eran muy concretas, la posición sobre esos asuntos la tomaremos en el
momento en que conozcamos la respuesta de la señora Ministra. En
cualquier caso, reitero la disposición absoluta de Coalición Canaria, en
la línea de los acuerdos que tenemos firmados, a darle el máximo apoyo en
esta legislatura que acaba de comenzar.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea hacer uso de la palabra la representante del
Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Las preguntas que hemos formulado han sido
contestadas. Unicamente queremos hacer una petición a la señora Ministra,
y es que más adelante, en una de sus comparecencias, haga una exposición
sobre la formación de adultos. Lo cual no ha sido un capotazo mío, sino
más bien un farol en términos taurinos del anterior interviniente.
El señor PRESIDENTE: Señora Ministra, ¿tiene usted algo que añadir?
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Si
me lo permite, señor Presidente, le aseguro que será brevísimo. En un
minuto.
El señor PRESIDENTE: En ese entendimiento.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): En
primer lugar, no me duelen prendas en pedirle excusas al portavoz del
Grupo Socialista por el lamentable error que se ha producido, pienso yo,
que en los papeles que se han facilitado a esta Cámara en relación al
Capítulo IV. Se los facilitaré y se aclarará. En los papeles que tengo
yo, por desgracia, figura que la declaración de no disponibilidad en el
Capítulo IV, en educación, es de más de 1.300 millones. Ojalá no fuera
así, pero tengo que anticiparle que así es.
En cuanto a que pedirá mi comparecencia porque no he profundizado lo
bastante en la aplicación de la Logse y en otras cosas, pues en dos horas
no he podido hacer más, pero con muchísimo gusto dedicaré las que sean
necesarias.
Por lo que se refiere a la señora portavoz de Izquierda Unida, en
absoluto he dicho nada sobre su tono, que me parece estupendo, y si
representa S. S. a los sin voz, pues los sin voz están muy bien
representados. (Risas.) Yo creo, sin embargo, que los ciudadanos me han
colocado a mí aquí con su voto y me han dado el tiempo, que me parece que
es libre, y en cambio a usted la han colocado ahí, y eso es evidente que
ha sido así y son las reglas de la democracia.
En cuanto al portavoz del Grupo Mixto, señor Rodríguez Sánchez, quiero
decirle que yo defiendo la libertad de elegir. Si la libertad de elegir
conduce a los ciudadanos a ir a la privada, a mí me parece estupendo. En
cambio, a usted le parece muy mal. Pero reconozca que usted no defiende
la libertad de elegir, y que ésa está garantizada en la Constitución y en
la LODE y, por tanto, yo pienso seguir defendiéndola.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra; muchas gracias,
señoras y señores Diputados; muchas gracias a los medios de comunicación
y a los servicios técnicos de la Casa. Se levanta la sesión
apercibiéndoles de que hay muchísimas posibilidades --para que queden
ustedes lo suficientemente amenazados-- de que haya una próxima Comisión
el día 27 a las cuatro de la tarde.
Eran las tres y diez minutos de la tarde.