CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 19



INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE



PRESIDENTE: DON JESUS POSADA MORENO



Sesión núm. 2



celebrada el jueves, 30 de mayo de 1996



ORDEN DEL DIA



Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de ésta para la
adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento,
concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de
noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000004) (Página 136)



Aprobación de la celebración de las comparecencias de la señora Ministra
de Medio Ambiente, a propuesta de la Mesa y portavoces de la Comisión.

(Números de expediente 213/000005 y 213/000027) (Página 136)



Comparecencia de la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga), para informar sobre:



--Previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento. A
solicitud del Grupo Socialista. (Número de expediente 213/000005) (Página 136)



--Líneas generales y proyectos a desarrollar por su Departamento. A
solicitud del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 213/000027) (Página 136)



--Líneas generales de la política de su Departamento, a petición propia.

(Número de expediente 214/000011) (Página 136)

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Se abre la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos de la
mañana.




--DELEGACION EN LA MESA DE LA COMISION DE LA COMPETENCIA DE ESTA PARA LA
ADOPCION DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO,
CONCORDANTE CON RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 42/000004.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de
Infraestructuras.

En el orden del día el punto número uno es la delegación en la Mesa de la
Comisión de la competencia de ésta para la adopción de los acuerdos a que
se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con resolución de
la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983.

En reuniones que hemos tenido Mesa y portavoces hemos establecido un
criterio que paso a manifestar a la Comisión, para el que les pediría su
aprobación.

La Mesa de la Comisión, con el parecer conforme de los representantes de
los grupos parlamentarios en la misma y según lo dispuesto en la
resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983, ha
acordado proponer a la Comisión que ésta le delegue la competencia para
adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento.

Teniendo en cuenta que las reuniones de la Mesa de la Comisión se
celebrarán con asistencia de los representantes de los grupos
parlamentarios, si se manifestara oposición al acuerdo adoptado por la
Mesa en virtud de dicha delegación, se podría someter a la Comisión la
avocación del acuerdo. Asimismo, la Mesa de la Comisión podrá acordar,
con respecto a las solicitudes de comparecencia de señores Ministros, que
comparezca en su lugar otra autoridad en idénticos términos y con las
mismas limitaciones que los previstos en el párrafo anterior. ¿Da la
Comisión su aprobación a esta propuesta? (Asentimiento.)
Queda aprobada por asentimiento.




--APROBACION DE LA CELEBRACION DE LAS COMPARECENCIAS DE LA SEÑORA
MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE. A PROPUESTA DE LA MESA Y PORTAVOCES DE LA
COMISION. (Números de expediente 213/000005 y 213/000027.)



El señor PRESIDENTE: De acuerdo con esta aprobación que hemos hecho, el
punto número dos sería: aprobación de la celebración de la comparecencia
de la excelentísima señora Ministra de Medio Ambiente, a propuesta de la
Mesa y portavoces de la Comisión. ¿Se da por aprobado? (Asentimiento.)
Muy bien.




COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (TOCINO
BISCAROLASAGA), PARA INFORMAR SOBRE:



--PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000005.)



--LINEAS GENERALES Y PROYECTOS A DESARROLLAR POR SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 213/000027.)



--LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE SU DEPARTAMENTO, A PETICION PROPIA.

(Número de expediente 214/000011.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto número tres, que es la
comparecencia de la excelentísima señora Ministra de Medio Ambiente para
informar sobre las previsiones y líneas generales a desarrollar en su
departamento, según petición del Grupo Socialista; las líneas generales y
proyectos a desarrollar por su departamento, a petición del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y lo mismo a propuesta de la
propia compareciente o del propio Gobierno.

Antes de darle la palabra, quiero manifestar aquí el agradecimiento de la
Mesa, y creo que de la Comisión, a la señora Ministra por las facilidades
que ha dado para comparecer ante esta Comisión en la primera ocasión que
hemos tenido, y agradecerle también el que hayamos podido trasladar la
reunión de la Comisión, que estaba fijada para esta tarde, precisamente a
esta mañana al terminar el Pleno, lo cual yo creo que es bueno para
todos.

Sin más preámbulos, la señora Ministra de Medio Ambiente tiene la
palabra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señoras y
señores Diputados, al comparecer por primera vez ante SS. SS. en calidad
de Ministra de Medio Ambiente del Gobierno presidido por don José María
Aznar, deseo, en primer término, casi como cuestión preliminar, pero
desde luego no superficial, hacer unas breves consideraciones de tipo
personal sobre el significado que para mí tiene esta comparecencia
parlamentaria.

Vengo siendo Diputada nacional, por tanto compañera de muchas de SS. SS.,
durante los diez últimos años, y he compartido las labores parlamentarias
durante este tiempo con muchos de ustedes, señoras y señores Diputados.

He ocupado también la presidencia de una comisión permanente, como la que
hoy me coge como Ministra, y créanme, los buenos resultados de la labor
parlamentaria, junto con las quejas que en otras intervenciones
formulábamos a los miembros del Gobierno que comparecían, van a estar
siempre presentes en lo que va a constituir para mí, desde este momento,
asumir el otro lado de la información parlamentaria.




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Realizo hoy, ante esta Comisión, mi primera comparecencia pública, y ello
también tiene un concreto significado político que deseo subrayar. Si
afirmamos con convicción democrática que el Parlamento es el eje de la
vida política nacional, estamos obligados éticamente a hacer efectivo con
nuestra conducta política concreta el contenido de dicha manifestación.

Por eso he querido que mi primera comparecencia pública, es decir,
política, tuviera lugar en el seno de esta Comisión, no sólo por
afinidad, identificación o afecto a la tarea parlamentaria, sino por un
sentimiento profundo de cumplimiento de un deber y una convicción
democrática sincera.

Por eso, voluntariamente me he mantenido callada, encerrada, según dicen
algunos, en una labor previa que me parecía esencial: definir cómo, en
qué términos y con arreglo a qué marco institucional y organizativo
debería establecerse la asunción de competencias parciales, aunque de
gran importancia todas ellas, que desde el antiguo Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y Medio Ambiente; del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación; del Ministerio de Industria y Energía, o hasta del
Ministerio de Sanidad, iban a reagruparse ordenadamente en el nuevo
Ministerio que hoy me corresponde dirigir. Esa es, pues, mi voluntad
política: vincular los compromisos y objetivos de mi departamento a la
información parlamentaria en esta hora de creación, por primera vez en la
historia de España, de un Ministerio de Medio Ambiente, que era ya una
realidad en el conjunto de las administraciones públicas de la Unión
Europea.

Salvo contadas excepciones, las prioridades que establecen los estados y
gobiernos a nivel internacional encuentran difícil encaje o directamente
difieren de las que se fijan a nivel nacional. En el caso del Medio
Ambiente, y desde la perspectiva del Gobierno del Partido Popular, la
política medioambiental, prioridad internacional y prioridad global
reconocida por su radio transnacional de influencia, es también una
inequívoca prioridad nacional. En ese sentido, la creación de un nuevo
Ministerio de Medio Ambiente es el reflejo de un cambio social y cultural
profundo, que expresa hasta qué punto la protección medioambiental es en
la actualidad no sólo una preocupación emergente, sino una demanda, una
exigencia permanente de nuestra sociedad. Quiero, por ello, que mi
experiencia como Diputada sirva para establecer, desde este primer
momento, unos lazos de comunicación transparente y abierta; y me pongo a
su disposición para cuanta información puedan requerir SS. SS. de mi
Departamento.

Como antes apuntaba, hasta ahora la gestión de los recursos naturales ha
estado excesivamente dispersa entre unidades o servicios administrativos
de diferente rango inscritos en distintos ministerios. Entendíamos, por
ello, necesario en esta nueva etapa agrupar, coordinar y gestionar con
mayor claridad y sentido las distintas políticas y actuaciones
medioambientales residenciadas anteriormente en varios ministerios u
organismos administrativos.

Establecer, pues, una organización administrativa adecuada, dentro de
unos criterios de austeridad en el gasto y reducción de cargos públicos,
propios de la Administración del Presidente Aznar, pero que fuera al
mismo tiempo capaz de crear las condiciones necesarias para ofrecer
instrumentos y mecanismos eficaces para la protección del medioambiente,
ha sido mi segundo objetivo, en el que me he empleado a fondo tratando de
implicar en tan ambicioso proyecto a las personas que me han parecido las
más competentes dentro de cada área.

Se trataba, pues, en primer término, no sólo de crear un nuevo Ministerio
de Medio Ambiente, a fin de atender un importante compromiso planteado y
exigido por nuestros electores, sino de constituir, sobre la base de un
gran esfuerzo de racionalidad administrativa e inspirado bajo el
principio de cooperación y coordinación con las demás administraciones
del Estado, un auténtico ministerio para servir al medio ambiente.

Prioridad nacional y exigencia comunitaria también que nos obliga a hacer
realidad en España los principios y a atender los objetivos de la
política ambiental comunitaria expresados desde el informe del Club de
Roma y la Conferencia de Estocolmo de 1972 hasta el V Programa de acción
de la Unión Europea, titulad, como saben SS. SS., «Hacia un desarrollo
sostenible», hoy en vigor. Prioridad nacional que encuentra, igualmente,
en nuestra Carta Magna de 1978 el amparo constitucional en su artículo 45
cuando establece el derecho del ciudadano español a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo, e impone la obligación a los poderes públicos de velar por
la utilización racional de los recursos naturales.

Señoras y señores Diputados, al comparecer ante ustedes esta mañana del
penúltimo día de mayo, cuando apenas han transcurrido veintitrés días
desde mi juramento y toma de posesión como Ministra de Medio Ambiente,
creo poder encontrarme en condiciones de exponer ante SS. SS. no sólo las
competencias y estructuras que finalmente componen este ministerio, sino
muy fundamentalmente los objetivos generales que me propongo alcanzar a
lo largo de esta legislatura y para lo cual me voy a apoyar en unos
principios que serán como el hilo conductor de la labor que me propongo
desarrollar, y para lograrlo les haré partícipes a SS. SS. de los
instrumentos de que me voy a valer: iniciativas legislativas, planes de
trabajo y programas de actuación concreta, que me comprometo a poner en
marcha, previo debate con sus señorías.

El Ministerio de Medio Ambiente, que hoy me corresponde el honor de
presentar ante SS. SS., tiene como objetivos fundamentales conservar,
proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, contribuir a la
protección de la salud de las personas, garantizar una utilización
prudente y racional de los recursos naturales y, para lograrlo, queda
constituido en una Secretaría de Estado de Aguas y Costas, de la que
dependen dos direcciones generales: la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de Aguas y la Dirección General de Costas. Y, a su
vez, tiene también una Secretaría General de Medio Ambiente que asimismo
tiene dos direcciones generales: la Dirección General de Conservación de
la Naturaleza y Biodiversidad y la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental, con sus correspondientes subdirecciones generales, en
función de las competencias que cada una de ellas aglutina.




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De la Secretaría de Estado de Aguas y Costas dependen las Confederaciones
Hidrográficas, y todo ello se completa con una subsecretaría del
ministerio con sus órganos de apoyo correspondientes, destacando el peso
que tendrá la Secretaría General Técnica.

Asimismo, forma parte de este Ministerio el Instituto Nacional de
Meteorología, la Comisión Nacional del Agua y el Foro Consultivo del
Medio Ambiente.

Siguiendo los objetivos señalados por el Tratado de la Unión Europea, el
Ministerio de Medio Ambiente se propone promover un medio ambiente
dirigido a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, apoyar la
iniciativa privada y hacer protagonista de la política ambiental a toda
la sociedad a través de la información y la educación ambiental y el
diálogo con los sectores sociales y las ONG interesadas desde una
responsabilidad compartida.

En materia medioambiental cabe recordar que al Estado le corresponde la
normativa básica, mientras que las comunidades autónomas desarrollan
dicha normativa básica, pudiendo establecer medidas adicionales de
protección. También les corresponde a ellas la competencia de gestión en
todo aquello que no afecta a las competencias de gestión municipales que
también tienen asignadas en materia de medio ambiente.

Respeto absoluto, pues, a las competencias de las comunidades autónomas y
de los ayuntamientos desde una actuación del Ministerio nada dirigista ni
intervencionista y sí, en cambio, con el compromiso de mejorar las
actuaciones tendentes a la cooperación y coordinación, a la utilización
de criterios comunes y a la realización de actuaciones coordinadas en las
distintas áreas de la política medioambiental. Porque lo que pretendo,
señorías, es reducir la actual complejidad administrativa, aunando
criterios, pero sobre la base de mejorar la coordinación con las demás
administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos. A tal fin, me
propongo potenciar la coordinación interadministrativa y la acción
concertada con las comunidades autónomas, a través de la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, como órgano de coordinación multilateral.

Me propongo a continuación, señorías, pasar a enumerar, en función de las
competencias que a este Ministerio corresponden y sobre la base de la
organización administrativa del mismo, que acabo de describirles, las
líneas programáticas de actuación a lo largo de esta VI Legislatura.

Comencemos por las competencias de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas.

El problema del agua en España afecta a la cantidad y calidad de los
recursos hídricos, al futuro socioeconómico de grandes regiones españolas
y al futuro medioambiental del país entero. El agua, superficial o
subterránea, es un elemento esencial para la vida, la agricultura y la
conservación de nuestros ecosistemas y paisajes que, además de constituir
un gran patrimonio nacional, influye significativamente en una de
nuestras actividades económicas más importantes como es el turismo. El
agua es un bien social, económico y público, limitado aunque renovable. Y
por ser un elemento básico en la ordenación del territorio y elemento
imprescindible tanto para la vida de las personas como para la actividad
económica, la infraestructura hidráulica necesita un margen de cobertura
suficiente, que debe constituir un compromiso de Estado para todos los
partidos políticos y gobiernos. Sin embargo, la enseñanza del largo y
reciente período de sequía extrema que ha padecido el conjunto de la
Nación española nos hace ver que no existe esa garantía razonable de
mantenimiento de una cobertura capaz de hacer frente a situaciones
excepcionales, aunque previsibles.

Nuestro sistema hidráulico actual, junto a los equipamientos de gran
fragilidad, nos hace ver que no somos capaces de atender la demanda
nacional en momentos problemáticos. A esta insuficiencia de
infraestructuras debe añadirse una gestión deficiente de los recursos
hídricos en los últimos años, que ha obligado incluso a recortes de agua
en reiteradas ocasiones que han afectado a millones de españoles, que
padecieron severas restricciones de agua durante el pasado verano de
1995, así como daños en zonas de regadío, generando graves problemas
medioambientales. Entiendo que se han perdido unos años preciosos desde
la aprobación de la vigente Ley de Aguas de 1985, para dar cumplimiento y
efectividad a los instrumentos en ella previstos, que habrían evitado
carencias e improvisaciones como las que hemos vivido en estos últimos
años.

Ante la irregularidad temporal y espacial de las lluvias propias de un
clima mediterráneo, como es el de la mayor parte de España, es urgente
plantearnos, por tanto, una política de agua diferente de la que se ha
seguido hasta ahora. Por esta razón, el gran reto en materia de gestión
hidráulica del nuevo Ministerio de Medio Ambiente va a ser precisamente
el poner orden en la gestión del dominio público hidráulico, incentivando
el ahorro en los usos de tan escaso recurso y la optimización de las
infraestructuras disponibles para sacar el máximo rendimiento. Es decir,
que este Ministerio, antes de embarcarse en costosísimos proyectos de
nuevas construcciones de infraestructura, va a sacar el máximo
rendimiento de las infraestructuras disponibles. Me estoy refiriendo, por
ejemplo, al compromiso que asume este Ministerio de poner orden en las
administraciones encargadas de la gestión del dominio público hidráulico,
las confederaciones hidrográficas, que pasan en estos momentos por una
fase de crisis de identidad, fruto de la falta de claridad en su
dependencia orgánica y funcional respecto al Ministerio, así como en sus
fuentes de financiación y autonomía de decisión. Para acabar con la
indeterminación hoy existente, las confederaciones hidrográficas quedarán
adscritas a la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

Asimismo, a fin de avanzar hacia la suficiencia financiera de las
confederaciones, que hoy padecen una incapacidad crónica para recaudar en
un grado razonable los cánones y tasas previstos en la ley vigente, por
falta de medios y de rigor en el planteamiento de la gestión del cobro,
pondremos el acento en la aplicación del sistema de financiación vigente
conforme a la Ley de Aguas, quizás con alguna modificación en el
reglamento de desarrollo, pero con el compromiso de mejorar la gestión de
los cánones por parte de las confederaciones hidrográficas para que hagan



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real el cobro de tales cánones y tarifas, exigencia que nos parece de
justicia y solidaridad social cuando se trata de un recurso tan básico y
tan desigualmente distribuido.

Entendemos que la garantía de cobro de dichos cánones será el instrumento
imprescindible para que las confederaciones cuenten con los recursos
necesarios para cumplir con sus obligaciones de protección y guarda de
las aguas españolas. A tal fin, y para mejorar la calidad
técnica-jurídica con la que hasta ahora se vienen determinando y girando
por algunas confederaciones los actuales cánones, el Ministerio dictará
una instrucción que incorpore la doctrina establecida por el Tribunal
Económico-Administrativo Central.

Además de conseguir la suficiencia financiera de las confederaciones,
resulta imprescindible, y en ello nos volcaremos, aumentar su
operatividad a través de una mayor tecnificación de su gestión, sobre la
base de mayores apoyos técnicos y humanos, con el fin de que desarrollen
una verdadera labor de protección y conservación de las aguas y cauces
superficiales en materias como ecología acuática, incorporando también a
sus funciones la gestión de las aguas subterráneas.

Pilar básico de la gestión de los recursos hídricos va a ser la política
de ahorro del agua, en su doble dimensión de modernización y
rehabilitación de las redes de distribución del agua y, asimismo, de
sensibilización de la opinión pública sobre la necesidad de un consumo
racional que evite tanto despilfarro. Para ello, realizaremos campañas de
información entre los distintos usuarios, para fomentar el ahorro y el
uso racional del agua y disminuir su contaminación.

Y para lograr un aumento de la eficiencia en las redes de transporte y
distribución, tanto agrarias como urbanas e industriales, se modernizarán
los sistemas de riego, para mejorar su eficiencia global, y se apoyará el
desarrollo de técnicas industriales que reduzcan los consumos de agua y
las pérdidas que puedan producirse en dichas redes.

En esta misma línea de ahorro, pero sabiendo que el agua es un elemento
fundamental para nuestro sistema agroalimentario, el mantenimiento de la
población en el medio rural y, de este modo, la adecuada ordenación del
territorio, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), se estudiará el Plan Nacional de Regadíos, con
planteamientos técnicos y económicos sobre la viabilidad de sus
previsiones, para coordinar armónicamente los razonables desarrollos del
regadío en España, sabiendo lo escaso que es el recurso agua.

Todos sabemos que las posibilidades de reducir el consumo mediante el
ahorro, basado en hábitos culturales y en mejora de infraestructuras, no
es la única solución para las zonas deficitarias. Pero todavía se puede
avanzar mucho en nuestro país en la modernización de obsoletas
infraestructuras y en la mentalidad, aún existente, del agua como recurso
gratuito e inacabable, al menos en una parte de España.

Sin embargo, señorías, todas estas medidas, y otras muchas que sin duda
abordaremos porque son imprescindibles en el momento actual, no pueden
desviar nuestra atención del gran reto que tenemos por delante en esta
legislatura, derivado de la vigente Ley de Aguas, y que el anterior
Gobierno no fue capaz de culminar. Me estoy refiriendo al tan traído y
llevado Plan Hidrológico Nacional, que debe dar soporte para los próximos
años al desarrollo de las obras hidráulicas capaces de garantizar el
abastecimiento de las poblaciones y la cobertura de las necesidades de la
agricultura, como corresponde a un país europeo a finales del siglo XX.

Quiero afirmar, aquí y ahora, en mi primera comparecencia como Ministra
de Medio Ambiente, que el Plan Hidrológico Nacional constituye para este
Gobierno, y concretamente para quien les habla, un compromiso y una
prioridad, y a él estamos dedicando ya nuestros mejores esfuerzos.

Para conseguir este objetivo, que pretendo consensuar a todos los niveles
del Estado, con todos los sectores implicados y con la sociedad entera,
atenderemos en esta Cámara todos los debates que se juzguen necesarios y,
en todo caso, me comprometo a que la propuesta definitiva de los citados
planes cuente siempre con un soporte objetivo de estudios contrastados
sobre la viabilidad y coste económico de todas y cada una de las medidas
que se propongan, a fin de que, cuando el Plan Hidrológico Nacional
llegue al Parlamento, celebremos un debate serio y sobre posibilidades y
criterios para solucionar las necesidades existentes de presente y de
futuro con respecto a un recurso básico para la economía nacional y la
calidad de vida de nuestros ciudadanos, entendiendo que, por ser una
cuestión de Estado, debemos obtener un consenso razonable de todas las
fuerzas parlamentarias, por encima de las posibles discrepancias
ideológicas, pero desde la racionalidad, la previsión y el rigor técnico.

Quisiera decirles que es propósito de quien les habla no realizar planes
ni propuestas sin una conocida, y sometida a debate público,
fundamentación de todas las obras que se propongan. Y si en alguna
ocasión hubiéramos de adoptar una decisión al proyectar alguna obra que
tenga una cierta incidencia negativa en algún aspecto del medio ambiente,
la opinión pública conocerá la realidad que nos lleva a adoptar tal
decisión y sabrá con detalle por qué asumimos el sacrificio de
determinados bienes y en beneficio de qué interés general. Porque,
insisto, la línea básica de mi actuación será siempre la transparencia,
pilar sobre el que pretendo generar un principio de solidaridad
interterritorial entre las distintas comunidades de España, a la hora de
entender que el agua, que constituye un bien de dominio público, ha de
estar a disposición de todos los españoles, sin que nadie tenga un
derecho particular a apropiárselo, en detrimento de otras personas o de
otras zonas, fuera del marco de solidaridad territorial definido por la
política hidráulica. Este punto de partida lo considero absolutamente
irrenunciable en un planteamiento moderno de dicha política hidráulica.

Respecto a la debatida cuestión de si los planes de cuenca deben ser
aprobados antes o después que el Plan Hidrológico Nacional, me parece que
el tema puede haber quedado ya un tanto obsoleto. En cualquier caso, me
comprometo a tramitar conjuntamente ante el Consejo de Ministros la
aprobación definitiva de los planes de cuenca y la



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aprobación del proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional, así como el
Plan Nacional de Regadíos, que deberá ser analizado por el Consejo
Nacional del Agua a la vez que los distintos planes hidrológicos, pues
nos parece imprescindible mantener esa estricta coordinación de
previsiones entre unos y otros.

Respecto a la debatida y a veces conflictiva política de trasvases,
quiero afirmar que me propongo afrontarla sólo cuando sea indudable que
se trata de recursos excedentarios en la cuenca de origen, y una vez que
se hayan agotado las posibilidades de racionalización del uso del recurso
hídrico en la cuencas deficitarias que serían beneficiarias del agua a
trasvasar. Sólo en estos casos.

En tales condiciones, los trasvases pueden quedar justificados y pueden
ser incluso necesarios. Y si así se acredita técnica y económicamente,
afrontaremos su aprobación, a pesar del carácter polémico que pudiera
llevar en ocasiones una decisión en este sentido.

Por otra parte, se atenderá a la mejora en la adquisición de datos
hidrológicos (aguas superficiales y subterráneas, calidad y cantidad,
ecología acuática), y en su accesibilidad a todos los organismos
interesados y al gran público. Nuestro deseo es que en muy pocos años
cualquier ciudadano pueda acceder a los bancos de datos de la
administración hidráulica, por Internet o sistema similar.

Estableceremos también un programa para conseguir en un plazo razonable
la limpieza de nuestros ríos, embalses y costas, siempre hasta donde el
presupuesto económico nos lo permita.

En cuanto a las aguas subterráneas, se dotará a las confederaciones de
los medios personales y técnicos suficientes para cumplir las tareas
legalmente encomendadas, confiándoles de forma decidida también esta
faceta de la gestión del dominio público hidráulico.

Se completarán cuanto antes el registro y el catálogo de aprovechamiento
de aguas subterráneas. Datos que también quedarán fácilmente accesibles a
cualquier persona interesada.

Fomentaremos las comunidades de usuarios de aguas subterráneas como medio
imprescindible para poner fin a las situaciones de sobreexplotación,
vinculándolos, en la medida de lo posible, a los de regantes para
optimizar alternativamente uno u otro uso.

Estableceremos cuanto antes un inventario de los acuíferos contaminados y
elaboraremos un programa de zonas o perímetros de protección de los
abastecimientos urbanos.

Y, por último, se impulsará y ampliará el programa de recursos hídricos
de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.

Por lo que se refiere al actual programa de saneamiento y depuración de
aguas, saben SS. SS. que es consecuencia de la aplicación de la directiva
correspondiente.

La competencia en materia de saneamiento y depuración corresponde a las
administraciones locales y no al Ministerio. El Ministerio ha impulsado y
seguirá impulsando el programa porque, frente a la Unión Europea, el
responsable de que la directiva se cumpla es el Estado. Además, el Estado
tiene la obligación de informar a la Comisión Europea del seguimiento del
cumplimiento de dicha directiva cada dos años.

Debemos advertir también que la política de calidad de las aguas no puede
abordarse sólo en este programa, y a tenor de lo dispuesto en la
Directiva 91/271 entendemos que debe ampliarse a otros campos de
actuación, y en particular al fomento de la reutilización de las aguas
depuradas y a la mejora de la calidad técnica de las depuradoras que
ahora se instalan.

El Ministerio se propone impulsar nuevos programas y actuaciones en
materia de calidad de las aguas, aprovechando la experiencia existente y
en colaboración con las comunidades autónomas para que se permitan nuevas
actuaciones conjuntas.

En cuanto a la política de costas, el Ministerio, de acuerdo con lo
exigido por la vigente Ley de Costas de 1988, proseguirá los trabajos
para culminar el deslinde completo del dominio público
marítimo-terrestre, que me comprometo a tener concluido antes del final
de la presente legislatura y, de acuerdo con el resto de las
administraciones territoriales, se realizarán trabajos de regeneración y
rehabilitación de los espacios costeros históricamente degradados, con
una clara perspectiva medioambiental y con actuaciones preventivas de los
procesos de degradación de la costa.

Una preocupación singular del Ministerio va a ser estimular la
implicación de los factores medioambientales en todo el proceso de
defensa, conservación y rehabilitación del demanio costero. A tal fin
abriremos auténticos foros de diálogo en las administraciones
territoriales y con los grupos ecologistas para escuchar sus propuestas
sobre las actuaciones de la costa y política de vigilancia de la misma.

Corresponde, por otra parte, a este Ministerio --y ya se han dado las
órdenes pertinentes para comenzar los trabajos en tal dirección-- poner
en marcha el mecanismo para el estudio de un proyecto de ley de reforma
de la vigente Ley de Costas, tal y como expresamente se prevé en los
pactos suscritos entre el Partido Popular y Convergència i Unió al
comienzo de la presente legislatura.

Respecto a esta reforma de la Ley de Costas debo aclarar que no tiene
como objetivo una disminución de la actual protección legislativa de las
costas españolas desde un punto de vista administrativo y ambiental, sino
una redefinición de los respectivos ámbitos competenciales, las distintas
administraciones con competencias concurrentes sobre la costa y las zonas
de protección y servidumbre.

Puedo asegurar, en consecuencia, que no se va a mermar la actual
protección medioambiental de las costas españolas, sino que se promoverá
(en línea, por cierto, con lo ya establecido por el pronunciamiento del
Tribunal Constitucional sobre la Ley vigente y su reglamento de
aplicación) una mayor asunción por las comunidades autónomas y, en su
caso, las corporaciones locales, de las competencias en materia de medio
ambiente que constitucional y estatutariamente les corresponden.

Señorías, tal y como les anunciaba al principio de mi intervención, el
Ministerio de Medio Ambiente ha creado una Secretaría General de Medio
Ambiente con dos direcciones



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generales: la Dirección General de Conservación de la Naturaleza y la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Hablemos de la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Bajo este amplio e
interesante epígrafe se encierra toda la política que sobre espacios
naturales protegidos y biodiversidad, así como política forestal y
erosión, va a desarrollar este Ministerio de nueva creación.

Los espacios naturales constituyen el principal elemento regulador de
nuestros recursos naturales y del régimen hidrológico de nuestras cuencas
fluviales; representan lo mejor de los sistemas naturales de nuestro país
y tienen una enorme importancia desde el punto de vista de la salud
pública, la investigación, la cultura, la estética y belleza
paisajística, como centro de origen de usos tradicionales. Son, pues, una
pieza esencial en la estrategia de conservación y uso racional de la
biodiversidad, la modernización de España y la creación de empleo.

La experiencia demuestra que el actual modelo de parques nacionales no ha
funcionado convenientemente, quizá en gran medida debido a un excesivo
protagonismo de la administración pública, que ha seguido unas líneas
directrices y un modelo de gestión, a nuestro juicio excesivamente
intervencionista, que ha llevado a sustituir en gran medida a los
antiguos propietarios por el desaparecido Icona como dueño de las fincas.

Por el contrario, desde este Ministerio queremos promover una política
medioambiental con la participación activa de los ciudadanos,
integrándoles en la vida de los espacios naturales, asegurando su
presencia en los patronatos. Por esta razón el Ministerio de Medio
Ambiente pretende cambiar la concepción en la gestión de los parques
nacionales, para iniciar una política mucho más acorde con los convenios
internacionales que España tiene suscritos en esta materia.

Queremos, por ello, establecer medidas que incentiven y estimulen a los
propietarios, a las empresas, a las fundaciones y las ONG a participar en
el trabajo de conservación del espacio, reduciendo, pues, la presencia de
la administración en los patronatos para incrementar la representación
social.

De igual modo, acatando la reciente sentencia del Tribunal
Constitucional, de 26 de junio de 1995, y de acuerdo con las comunidades
afectadas, me propongo completar la red de parques nacionales, a fin de
que represente a todos los ecosistemas singulares y de excepcional
importancia de nuestro país que aún no están representados. De hecho,
sería catalogar como parques nacionales los mejores parques naturales
declarados como tal por las comunidades autónomas de España. Hay algunos
ejemplos que ya tenemos en estudio y que se irán dando a conocer
paulatinamente, una vez se haya acordado con las comunidades autónomas
correspondientes, con cuyos consejeros me propongo reunirme a partir de
la próxima semana.

Pretendemos, por tanto, hacer de alguna zona de los parques nacionales
laboratorios de investigación, en colaboración con las universidades,
creando reservas científicas, al modo de la estación biológica de Doñana.

Por lo que a la conservación de la diversidad biológica se refiere, y en
cumplimiento de los compromisos adquiridos por razón del Convenio de
1992, firmado en Naciones Unidas, queremos garantizar la riqueza de
nuestra biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y
de la fauna y flora silvestres, redactando la estrategia española para la
conservación de la diversidad biológica, en coordinación siempre con las
comunidades autónomas, en el marco de la red ecológica europea Natura
2000, y concretaremos dicha red con una lista nacional de zonas de
especial conservación, que España deberá tratar de incluir en dicha red,
ya que, tal y como quedó acordado en la última reunión de Bruselas, sólo
tendrá financiación, sólo se llegarán a financiar a través del programa
Life aquellos proyectos que estén incluidos en las listas nacionales.

En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente pretende promover planes
de restauración del tejido natural español deteriorado: vías pecuarias,
zonas de ribera, bosques de galería, cinturones verdes en municipios,
zonas húmedas, entorno de embalses, playas y otras áreas, como objetivos
de conservación y de esparcimiento para los ciudadanos y como factor
dinamizador de empleo con la finalidad de rescatarlos, esfuerzo que ha de
considerarse no como un gasto, sino más bien, diría yo, como una
inversión para crear un activo de futuro como es la naturaleza española.

Queremos destacar, a continuación, la importancia que desde el punto de
vista territorial tienen en nuestro país los ecosistemas forestales, que
afectan, como saben SS. SS., prácticamente al 50 por ciento de la
superficie nacional. El alto grado de terreno forestal desarbolado, la
propiedad privada forestal que supera el 66 por ciento del territorio y
el papel social y ambiental que tienen los montes municipales catalogados
como de utilidad pública, nos lleva a pensar que si la rentabilidad
económica es baja y el ciclo productivo largo, se produce una tasa de
descapitalización que lleva a que la aportación del sector forestal a la
economía nacional sea muy baja.

Sin embargo, como todos sabemos, la rentabilidad, de cara a la protección
del medio ambiente, por funciones ecológicas que el bosque proporciona,
es tan importante que me propongo definir desde el Ministerio una
política forestal coordinando a las comunidades autónomas, utilizando
como instrumento una ley básica forestal para establecer una estrategia
nacional de reforestación de nuestro territorio que alcance el mayor
consenso social y político.

La rápida progresión sobre nuestro territorio de fenómenos como la
erosión, la desertización o los efectos del cambio climático y sus graves
consecuencias ambientales y económicas, hacen de esta estrategia nacional
de reforestación una prioridad inaplazable. El marco de referencia en el
que se encajarán estos principios, fines y objetivos de la estrategia
nacional, será el que ya nos viene definido por los diversos convenios,
tratados y declaraciones que tiene suscritos el Reino de España.

La conservación de la biodiversidad de nuestros bosques, la protección de
especies amenazadas, la preservación de hábitat singulares, son
exigencias que el Ministerio de Medio Ambiente está dispuesto a
contemplar como imprescindibles



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en dicha estrategia nacional. Además de fomentar la conservación de masas
forestales de especies autóctonas y potenciar la reforestación con estas
especies, me propongo crear por ley la red de bosques primarios
españoles, a modo de un catálogo que recoja, proteja y conserve lo mejor
de los ecosistemas forestales españoles.

A fin de lograr una adecuada planificación de los espacios forestales,
estableceremos unas directrices básicas a nivel nacional que permitan una
posterior redacción de los planes de ordenación de los recursos naturales
de las distintas masas forestales, exigencia de la Ley de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, para gestionar
los recursos naturales de forma sostenible.

Nuestros bosques son los principios y los principales reguladores del
recurso de agua y tenemos que conservarlos conociendo adecuadamente sus
características, para lo cual proporcionaremos fuentes de investigación.

Desarrollar una investigación forestal propia, ajena a modelos foráneos,
y ver, efectivamente, la repercusión en el medio físico y en la economía
española de los procesos de erosión y desertificación, exige esa
investigación; por ello, la creación de un centro de investigación sobre
la silvicultura mediterránea quizá no sea descartable.

La vinculación de los habitantes del entorno con la protección,
conservación y la economía generada alrededor del bosque, será igualmente
un objetivo prioritario de esta política forestal. La adjudicación de los
trabajos forestales a las cooperativas o a las pequeñas y medianas
empresas locales o comarcales, implicará a sus habitantes en la
conservación del bosque y fijará la población en estas zonas rurales
económicamente marginales. De esta forma, se reducirá la figura de la
empresa pública colaboradora.

Entre los instrumentos que utilizaremos para desarrollar esta política, y
en cumplimiento de lo establecido por nuestra Constitución en el artículo
149.1.23ª, que dice: «El Estado tiene competencia exclusiva para dictar
la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías
pecuarias...», el Ministerio de Medio Ambiente presentará ante esta
Cámara, en esta legislatura, una ley forestal.

Entendemos que el silencio estatal, que se ha venido prolongando después
de nuestra Constitución española, ha llevado a que en la actualidad
existan ya seis comunidades autónomas que han dictado su propia
legislación en materia forestal, en ocasiones con ciertos criterios
contradictorios que propician constantes tensiones competenciales que la
Ley estatal podría disminuir o incluso eliminar. Porque, además, quiero
decir, señorías, que la ausencia de esta legislación no está favoreciendo
la existencia de esos mecanismos de coordinación que hagan posible una
auténtica política forestal y de conservación de la naturaleza en todo el
ámbito nacional. Impulsar el desarrollo, la conservación y el
aprovechamiento sostenido de los bosques será una prioridad de este
Gobierno para hacer frente al fenómeno de la desertificación y favorecer
la disminución del efecto invernadero y, en general, para reconocer el
papel crucial de los bosques en el equilibrio ecológico.

Por ello es urgente aprobar el Programa Nacional de Lucha contra la
Desertificación derivado del Convenio Internacional de junio de 1994, que
se refiere a procesos físicos, químicos y biológicos de degradación de
tierras secas. España es el país europeo que conoce mayores riesgos y
procesos de desertificación.

Impulsar, pues, la reforestación con el empleo de especies ecológicas
adecuadas, asegurando la permanencia de la población rural a través de
las prestaciones que genera el bosque, será otra de nuestras prioridades,
poniendo en práctica el compromiso que venimos manteniendo de hacer
protagonista a la sociedad en todas las estrategias para hacer efectiva
esta participación. Para ello nos proponemos incentivar lo que llamamos
la movilización del voluntariado ambiental. En este sentido es nuestro
propósito, en coordinación con las comunidades autónomas, establecer
talleres de restauración de la naturaleza, que pueden absorber grupos de
población en situación de desempleo, ya que la experiencia en materia de
patrimonio histórico-artístico de este tipo de talleres realmente ha
resultado estimulante. Pensemos que las actuaciones, que pueden resultar
restauradoras, que se emprendan de estos talleres pueden ser idóneas para
la creación de empleo estable, ya que surgirán actividades propias del
aprovechamiento sostenible de las áreas recuperadas.

Encauzar e impulsar el turismo rural como fuente generadora de riqueza
también será una atención de este Ministerio. Volver a conferir un papel
activo al CENEAM como instrumento para la educación ambiental, elaborando
y difundiendo información de contenido ambiental a distintos sectores
sociales, también lo trataremos en este Ministerio.

Por último, querría decirles en este mismo apartado que el Consejo Asesor
de Medio Ambiente tendrá que ser adaptado a su dependencia actual de este
Ministerio, puesto que ya no depende de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, que ha desaparecido, y será, efectivamente, el órgano
consultivo de participación y asesoramiento de los distintos sectores
sociales y ONG implicadas.

Para terminar este apartado de la Secretaría General de Medio Ambiente,
fijémonos en cuáles van a ser las líneas maestras de actuación de este
Ministerio en la política de calidad y evaluación medioambiental, que
vamos a agrupar en tres grandes áreas: en primer lugar, potenciar el
desarrollo normativo mediante la participación de todos los sectores
implicados en las ONG, administraciones públicas y agentes sociales y
económicos en la definición de los principios básicos que informen
cualquier proyecto de disposición general que se apruebe a iniciativa de
este Ministerio; en segundo lugar, aprobar cuantos incentivos financieros
y económicos sean necesarios en el marco de una política ambiental que
trata de alcanzar a medio plazo el cumplimiento del principio de
desarrollo sostenible, y, en tercer lugar, desarrollar una política de
información y difusión de los principios medioambientales que tenga como
fin un incremento de la concienciación ciudadana hacia la naturaleza y el
medio ambiente.

En este contexto, entendemos que las actuaciones de mayor urgencia
deberían ser las siguientes: en primer lugar, la aprobación del proyecto
de ley básica de residuos.

La obligación de trasposición de la denominada «Directiva-marco» de
Residuos debió de haberse llevado a



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cabo desde hace más de tres años, situación que nos obliga, por tanto, a
que el Ministerio realice un importante a la hora de impulsar la
tramitación de este proyecto.

El proyecto, una vez aprobado, tendrá fuertes repercusiones en la
economía nacional, debido a que en materia de residuos sólidos urbanos,
la legislación actualmente vigente es obsoleta.

Paralelamente a la tramitación de la ley, el Ministerio trabajará en la
elaboración del Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos, que resultará
de la integración de los planes elaborados por las comunidades autónomas.

Igualmente este departamento procederá a evaluar la posible revisión de
los planes nacionales de residuos peligrosos y de recuperación de suelos
contaminados.

La aprobación y promulgación de un real decreto-ley de envases y residuos
de envases es otro de los temas en el que estamos trabajando puesto que,
como saben SS. SS., la fecha límite para trasponer esta directiva vence
el 30 de junio, es decir, en este mes que comienza. A pesar de que dicho
plazo en sí mismo no supone un riesgo inmediato frente a la Unión
Europea, la urgencia se fundamenta en el hecho de que en dos países
europeos de gran peso específico como son Francia y Alemania existen ya
implantados desde el año 1993 determinados sistemas propios de
tratamiento de residuos de envases. Esto obliga a que los productos
envasados españoles vendidos en esos países paguen una cantidad
económica, que, sin embargo, no tienen que abonar los productos envasados
en esos países que se vendan en España, por lo que estamos ante una
evidente distorsión de la competencia desde el punto de vista
medioambiental. El contenido de este real decreto podríamos enumerarlo,
pero pienso que después puede ser objeto de preguntas de SS. SS. o de
otra posible comparecencia. Se establece, por tanto, la necesidad de
elaborar un programa nacional de recuperación de envases y residuos de
envases con validez para todo el territorio nacional, que se va a incluir
en el plan nacional de gestión de residuos sólidos urbanos.

También nos proponemos modificar la actual reglamentación en materia de
evaluación de impacto ambiental, puesto que la incorporación a nuestro
ordenamiento interno de la Directiva Comunitaria sobre esta materia ha
planteado la necesidad de modificaciones en el texto aprobado por razones
de conformidad del mismo con el contenido de fondo de la normativa
comunitaria, sabiendo que el plazo de adaptación vence en el año 1997.

La adaptación de la Directiva sobre incineración de residuos peligrosos,
con un plazo de trasposición que finaliza el 31 de diciembre, también
será otra de las acciones que pondremos en marcha. Igualmente, uno de los
objetivos prioritarios del Ministerio a medio plazo es la elaboración de
un proyecto de ley de contaminación atmosférica y del ruido, actualizando
la Ley del año 1982, hoy todavía vigente, que necesita una adecuación
interna al marco de competencia derivado de la Constitución y de los
estatutos de autonomía con la normativa de la Unión Europea y los demás
convenios internacionales que ya ha suscrito el Reino de España.

A grandes rasgos este proyecto de ley deberá regular el uso del aire,
controlando su calidad e igualmente habrá de fijar los criterios de
calidad del ambiente sonoro, regulando tanto el ruido emitido por las
diversas fuentes, como la protección de los receptores.

Adicionalmente el Departamento, en materia de política atmosférica,
deberá tener presente el seguimiento puntual e impulso de los convenios
internacionales en materia de contaminación atmosférica, entre los que
debe destacarse el Convenio sobre Cambio Climático y el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. En este
sentido hay que definir en colaboración con los departamentos
ministeriales afectados --Industria y Energía, Fomento y Agricultura-- la
estrategia española en cada uno de los sectores económicos y sociales que
se ven afectados por tales convenios, de forma que nos permita,
salvaguardando nuestros intereses nacionales, mantener una postura
concorde con el marco de actuación que se está configurando en la Unión
Europea.

Conviene, en último lugar, poner de manifiesto que el conjunto de las
medidas descritas debe enmarcarse en un objetivo común, cual es el del
control integral de la contaminación y del medio ambiente, siendo, por
tanto, necesario llevar a cabo una política de medio ambiente no
diferenciada por sectores o aspectos temáticos concretos, sino enfocada
con un sentido de globalidad y de interrelación mutua. A este propósito
el Ministerio, a largo plazo, analizará la conveniencia de presentar un
proyecto de ley básica del medio ambiente que regule los aspectos que
inciden sobre el medio ambiente de una forma horizontal, teniendo en
cuenta la propuesta de directiva sobre prevención y control integrado de
la contaminación.

Decíamos que la segunda línea de actuación era aprobar cuantos incentivos
financieros y económicos sean necesarios en el marco de una política
ambiental que trata de alcanzar a medio plazo el principio del desarrollo
sostenible, y de acuerdo con lo establecido en el Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea y los compromisos adquiridos por la Unión Europea y
los Estados miembros en la conferencia de Río, la política económica debe
procurar seguir unas orientaciones que respeten el medio ambiente de una
forma sostenible en el futuro. Por dicha razón, la necesidad de integrar
la dimensión medioambiental en la política económica y en el ámbito
financiero es uno de los objetivos básicos de este Ministerio. Objetivo
básico que exige potenciar los instrumentos de carácter económico y
financiero que complementen y posibiliten las medidas de carácter
legislativo y administrativo de regulación directa del mercado, a los que
haremos referencia en el momento adecuado. Este tipo de medidas pueden
ser sistematizadas de la siguiente manera.

En primer lugar, financiación, con cargo a fondos públicos, de proyectos
medioambientales, porque entendemos que el problema del medio ambiente es
de todos y afecta a todos. Por tanto, creemos necesario que cada
ciudadano, en la medida de sus posibilidades y en función de su actividad
económica, se comprometa de forma decisiva en acometer una política
medioambiental activa y constructiva. Las dificultades presupuestarias en
que nos encontramos y la necesidad de reducir el déficit público
determinan una merma de la capacidad de inversión. Destacando,



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por otra parte, la profesionalidad de los funcionarios y del personal que
hemos encontrado en este Ministerio de reciente creación, hemos de poner
de relieve que la herencia del Gobierno anterior, en lo que a este
Ministerio se refiere, se resume en el hecho de que el margen de maniobra
de que disponemos es muy reducido, prácticamente el 95 por ciento del
crédito presupuestario del Capítulo VI dedicado a inversiones, del
conjunto de los organismos que configuran el Ministerio del Medio
Ambiente se halla a estas fechas comprometido. Y no sólo por lo que se
refiere al ejercicio en curso, sino que en la política de planes
plurianuales está comprometido en un porcentaje muy elevado con créditos
vinculados a ejercicios presupuestarios futuros. Esta limitación del
margen de actuación, que tendrá alguna reducción en las posibilidades de
decisión presupuestaria, les garantizo que no nos va a desanimar, sino
que, por el contrario, trataremos de que nos sirva de acicate para
mejorar los criterios de selección que debamos realizar con cargo a las
cantidades de que podamos disponer en el futuro por una u otra vía.

En este sentido, es fundamental mejorar la eficiencia y eficacia de los
programas financiados con cargo a fondos comunitarios, programas
medioambientales, objetivo prioritario de la Comunidad Económica Europea.

La paulatina implantación del principio recogido en el Tratado de la
Unión Europea de que quien contamina, paga, nos llevará también a
analizar los criterios seguidos en la implantación de tributos de
carácter medioambiental. Es el V Programa Comunitario de Política y
Actuación en Materia de Medio Ambiente el que puso de relieve cómo el uso
de instrumentos económicos y fiscales está llamado a convertirse en una
parte cada vez más decisiva del enfoque general cuando se trata de fijar
correctamente los precios y generar unos incentivos basados en el
mercado.

En definitiva, la utilización de este mecanismo de política
medioambiental en su conexión tributaria requiere un profundo esfuerzo de
estudio técnico, de sistematización, de clarificación y, en todo caso, de
implantación progresiva, sin olvidar que como mecanismo o instrumento
puede ser de gran utilidad en un futuro próximo.

Por último, la tercera línea de actuación de esta Dirección General será
la aprobación de medidas de estímulo a políticas empresariales de
inversión y actuaciones privadas que mejoren el entorno medioambiental,
siempre sin perder de vista el principio de que quien descontamina cobra.

El Ministerio de Medio Ambiente tiene intención de completar los
instrumentos tendentes a exigir gravámenes a quien contamina, con
políticas que favorezcan el libre estímulo individual y la creatividad
empresarial. En este sentido, articularemos diversas medidas que quizá no
sea el momento de plantear, pero que con mucho gusto someteré a la
consideración de SS. SS., en lo que también podrían denominarse
contribuciones especiales negativas; es decir, permitiendo la
recuperación económica del coste asumido por el particular que
voluntariamente realiza gastos o inversiones en materia medioambiental
que produzcan beneficios o externalidades positivas para el resto de la
sociedad.

El desarrollo de una política de información, difusión y promoción de los
principios medioambientales y de la concienciación ciudadana sobre el
respeto al medio ambiente y a la naturaleza, nos llevará a regular el
derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, creando
una base de datos del medio ambiente que no sólo tenga información
relativa a la situación real, sino que incluya datos sobre normativa
ambiental, relación de industrias y empresas que puedan ofrecer bienes y
servicios en esta materia, oportunidades y proyectos y actuaciones en la
Unión Europea, etcétera, facilitando su utilización a toda persona
interesada, de forma que, a modo de ventanilla única, sirva de
información en materia de medio ambiente.

Llevar a cabo las políticas necesarias para una perfecta integración del
Ministerio de Medio Ambiente en la Agencia Europea de Medio Ambiente será
otra de nuestras actividades prioritarias, así como colaborar con el
Ministerio de Educación y Cultura para elevar el nivel de enseñanzas
ambientales en la educación obligatoria, secundaria y de formación
profesional, a fin de mejorar la regulación de las enseñanzas técnica y
profesionales.

Señor Presidente, señoras y señores Diputados, es evidente que todas las
políticas, acciones y compromisos planteados en esta primera
comparecencia en buena medida son la traducción técnica de unas
convicciones políticas por las que mi gobierno y las formaciones
políticas que le apoyan quieren trabajar sin reservas en esta nueva
legislatura; convicciones medioambientales apoyadas ya en principios
universalmente reconocidos y, lamentablemente, no siempre bien
practicados.

Las organizaciones internacionales, la Unión Europea, el gran y
estimulante número de organizaciones no gubernamentales que existe hoy en
día en apoyo de un medio ambiente para el desarrollo, para crecer sin
demoler, han contribuido a crear un conjunto de referencias jurídicas,
éticas y políticas generalmente aceptadas por todos. Los principios de
prevención, de responsabilidad ante el perjuicio, de información o de
integración de la política, medidas o acciones medioambientales en las de
signo económico o industrial, aparecen firmemente consagradas en textos o
compromisos a los que no cabe sustraerse.

No hablaré, pues, más de ellos. Por el contrario, trataré de seguirlos
con la acción política en la tarea diaria. Pero aunque no desarrolle hoy
su contenido material, sí quiero enunciarlos para que todos entiendan con
claridad y sin ambigüedades que ante la degradación ambiental,
promoveremos su renovación; ante la apremiante contaminación, lucharemos
con los instrumentos jurídicos apuntados por su progresiva y enérgica
limitación; frente a la destrucción, se encontrará, sin escudos, la
amenaza legítima de la sanción. Y si, como esperamos, aumenta en esta
época, apoyada en formulaciones políticas y normativas precisas, una
mayor colaboración de personas físicas o jurídicas o de los grupos de
ciudadanos, propondremos, como justa retribución, medidas de apoyo,
estímulo o incentivación, como hemos comentado respecto a alguna de las
cuestiones ya aludidas.

La situación del medio ambiente en España, como conocen bien SS. SS., no
es especialmente satisfactoria. Bien



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al contrario, hay mucho que hacer y, sin lugar a dudas, también mucho más
por rehacer. Sin embargo, a esta apasionante misión queremos entregarnos,
sin limitaciones, en esta etapa política nueva. Será una acción política
reformista, que no olvide sin embargo los perfiles positivamente
revolucionarios que la preocupación medioambiental en esta altura final
del siglo XX tiene para la mayoría de los ciudadanos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra, por su exposición
extensa y detallada.

Vamos ahora a entrar en los turnos de portavoces.

Comenzarán los portavoces de los grupos que han pedido la comparecencia,
continuará el resto de los grupos, culminando el Grupo Popular en último
extremo.

Como portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, señora Ministra, por su primera
intervención ante esta Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente y
por la claridad con la que ha expuesto lo que son las líneas de actuación
que prevé desarrollar en su Departamento.

Yo quisiera decirle, en primer lugar, que, a título personal, agradezco
el reconocimiento que ha hecho de la labor de los funcionarios que hoy
integran ese Ministerio, básicamente procedentes de la anterior
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura,
funcionarios que pueden prestarle un extraordinario apoyo para llevar a
cabo los temas en los que ha mostrado su compromiso.

De hecho, quisiera decirle que, en cuanto a los principios que usted ha
enunciado, en aquello que se refiere a coincidencia de los mismos con los
principios enunciados desde los organismos internacionales y desde la
Unión Europea, no podemos más que coincidir. Evidentemente, en materia de
política ambiental sería difícil que España discrepara en los objetivos,
estando como está sometida al proceso de integración en la Unión Europea
con normas muy claras al respecto.

Posiblemente, no estaremos tan de acuerdo en cómo pretende alcanzar esos
objetivos, y desde luego tengo que señalar que la gran mayoría de los
temas que ha presentado en su exposición tienen no solamente una historia
reciente, sino también una base de trabajo ya realizada que podría
parecer ausente de sus palabras, sobre todo cuando usted, al final de su
intervención, se refiere a su futura labor como una labor reformista o
como un ingente trabajo por rehacer en medio ambiente.

El medio ambiente en España, por supuesto, no está en las condiciones que
desearíamos quienes nos sentimos comprometidos con el mismo, pero ha
mejorado de una forma muy significativa durante los últimos años, tanto
en lo que se refiere a los datos que arrojan determinadas facetas del
medio ambiente, como puede ser la depuración de las aguas residuales
urbanas, que pasó del año 1983, en que se situaba apenas en un 30 por
ciento de la población servida con tratamientos de depuración, a más del
60 por ciento en estos momentos, con un Plan Nacional de Depuración,
aprobado y en fase de ejecución. Por supuesto, también ha habido un
avance espectacular en lo que se refiere a la reducción del déficit
normativo respecto al marco europeo en donde hemos conseguido, en la
última legislatura, reducir a menos de la mitad las directivas que
estaban pendientes de trasposición o con una trasposición incompleta. En
la mayoría de los aspectos que usted ha tocado en su intervención, como
digo, existen anteproyectos o proyectos muy avanzados de legislación en
los que usted podrá encontrar la posibilidad de introducir aquellas
modificaciones que, de acuerdo con sus criterios y con la orientación del
Gobierno que preside el señor Aznar, consideren oportuno introducir, pero
desde luego ustedes no parten de cero prácticamente en ninguna de las
tareas que ha anunciado en su intervención. Más bien me toca hacer alguna
pregunta en lo que se refiere a la modificación de algunos criterios que
estaban siendo incorporados en la anterior legislatura a las normas
aprobadas o en fase de aprobación y en los planes de actuación
actualmente en ejecución.

Con carácter general, quisiera destacar nuestra no coincidencia con la
reiterada afirmación de la necesidad de disminuir la intervención de la
Administración pública en la gestión de la política ambiental. No se
pueden resolver las cuestiones medioambientales sólo con el diálogo. El
diálogo es fundamental y nosotros hemos intentado encauzarlo, tanto en lo
que se refiere al diálogo con las administraciones competentes en esta
materia en la Conferencia sectorial de Medio Ambiente como en el Consejo
asesor de Medio Ambiente, pero es evidente que sólo a partir del diálogo
y sin un mínimo de intervención, que no de intervencionismo, poco se
puede hacer para evitar que las empresas contaminen, que las empresas
incumplan de manera grave lo que son sus obligaciones en materia
medioambiental. Y cabría dar en ese sentido numerosos ejemplos. Algunos
usted los conoce por su vinculación a Cantabria. Tenemos casos de
empresas que se resisten a dejar de contaminar, existiendo un marco
normativo que les es de aplicación y que hacen de alguna forma chantaje
en materia del empleo que podría verse afectado en el momento en que se
introdujeran modificaciones que evitaran la actual contaminación. Me
estoy refiriendo a un caso concreto que usted conoce, el de Sniace, pero
podría darle muchos otros.

Igualmente, veo difícil el diálogo como instrumento principal respecto de
determinados sectores del mundo agrícola. Cuando ha hablado de la
necesidad de llevar a cabo inventarios de los acuíferos sobreexplotados,
y por cierto, los estudios correspondientes se están llevando a cabo
precisamente en varios de los acuíferos sobreexplotados o en vías de
sobreexplotación, me gustaría que me dijera concretamente qué opina de la
petición de Asaja, en Castilla-La Mancha, sobre una especie de amnistía
general en relación con las extracciones ilegales o con la utilización no
idónea del dominio público hidráulico que se lleva adelante en esta zona,
con grandes dificultades de encontrar un diálogo con los sectores
afectados, a pesar de que existen medidas de apoyo, de las cuales se
están beneficiando dichos agricultores, que permitirían una modificación



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en sus prácticas agrarias y un ahorro en la extracción de agua.

Es verdad que el diálogo es necesario, pero también lo es que tiene que
existir control por parte de las administraciones y una normativa que
permita clarmente la protección del medio ambiente, que permita exigir su
cumplimiento. En ese sentido, he echado en falta en su intervención, y
perdóneme si lo ha dicho y no lo he escuchado, una modificación en la
fiscalidad. La introducción de impuestos que penalicen la utilización de
sustancias contaminantes o de procesos que se consideren abusivos, en lo
que se refiere al uso de recursos naturales, no sabemos en estos momentos
si queda al margen de lo que ha denominado estímulos a la inversión
privada y que he creído entender que se refería básicamente a estímulos
en el sentido positivo, desde el punto de vista empresarial, de recibir
ayudas, ayudas que por otro lado ha encontrado usted vigentes a través
del establecimiento de programas de apoyo a la inversión pública, tanto
procedentes del anterior Ministro de Industria y Energía como de la
anterior Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Quisiera conocer también cuál es su posición en relación con el debate
que se está llevando a cabo en la Unión Europea sobre la denominada
simplificación de la normativa, en el caso en que ésta afecte
precisamente a la política ambiental.

Respecto del informe Molitor, me gustaría saber cuál es la posición de la
actual Ministra de Medio Ambiente y cuál será, por tanto, su postura
cuando sobre él haya que adoptar una postura como Gobierno español.

Hay algunas otras cuestiones que desearía conocer en relación con la
anunciada revisión, tanto por usted como en el programa electoral del
Partido Popular en las pasadas elecciones, de los planes nacionales de
depuración de aguas residuales, de residuos peligrosos y de recuperación
de suelos contaminados.

Cuando habla de revisión quisiera saber si significa una revisión en
cuanto al cambio de criterios y, por tanto, a los criterios de prioridad
a la prevención de la contaminación y no a la creación de
infraestructuras de eliminación de residuos peligrosos --por darle un
dato preciso respecto de uno de los criterios sobre los que me gustaría
conocer su opinión--, o si se trata de una revisión en el sentido de los
mecanismos de financiación en cuanto al porcentaje que quedó establecido
en los acuerdos con las comunidades autónomas sobre el total de la
inversión pública a desarrollar durante los períodos que cubren los tres
planes a los que me he referido.

Por lo que respecta al comentario que ha hecho sobre el grado de
ejecución de algunas inversiones de lo que es el desarrollo del capítulo
VI y lo que he entendido como una apreciación negativa de que exista en
estos momentos del año un compromiso del 95 por ciento de las cantidades
que en el Presupuesto prorrogado estaban disponibles, no sé si esto debe
entenderse como una crítica. Normalmente, cuando hay un elevado grado de
compromiso presupuestario significa que se es capaz de gastar dinero en
algo tan básico como el medio ambiente.

Si a lo que se refiere es a la escasez, hay que recordar que no se pudo
aprobar en la Cámara el proyecto de presupuestos para 1996 que
contemplaba incrementos significativos en la dotación presupuestaria, en
concreto, de la Dirección General de Calidad de las Aguas o integrada con
la Dirección General de Obras Hidráulicas y también las partidas
correspondientes a los planes de residuos peligrosos y de
descontaminación de suelos. Por tanto, querría saber si va a culminar las
modificaciones presupuestarias que habíamos dejado en fase de tramitación
para permitir que este año, igual que el año pasado, se atiendan los
compromisos en relación con los planes pactados con las comunidades
autónomas.

En la política sobre parques naturales, seguramente discreparemos, señora
Ministra, de lo que desde el Partido Popular se entiende como un mayor
protagonismo de la sociedad. Si ese mayor protagonismo tiene algo que ver
con los recursos interpuestos respecto al Parque Nacional de Picos de
Europa o del Parque Nacional de Cabañeros, donde había determinadas
posiciones defendidas por el Partido Popular que venían a coincidir en
este segundo caso con los intereses particulares de los propietarios de
determinadas fincas, seguramente no estaremos de acuerdo. Es posible que
esté usted pensando en corregir las actuaciones de algunas comunidades
autónomas de gobiernos del Partido Popular y eso nos daría bastante
satisfacción, tanto en los temas que he mencionado como en otros que
considero todavía más graves, como fue en su momento la modificación de
la Ley de Espacios Naturales, realizada por el Gobierno balear para poder
aumentar la edificabilidad de terrenos situados en Las Salinas de Ibiza y
propiedad de personas vinculadas a la familia del señor Cañellas. Nos
gustaría que estas cosas se corrigieran gracias a la existencia de un
Ministerio de Medio Ambiente con los objetivos que usted, de forma muy
clara, ha enunciado.

Con respecto a los parques nacionales, también me gustaría preguntarle si
en el nuevo modelo de gestión, en lo que se refiere a la participación en
la misma de las comunidades autónomas, van a ir ustedes hacia lo que ha
sido su compromiso con Coalición Canaria, que es la transferencia del
cien por cien de la gestión de los cuatro parques nacionales que existen
en el territorio de esta comunidad autónoma o si, por el contrario,
estará más en línea la reforma del modelo de gestión con lo que se
pretende desde Convergència i Unió y desde la Generalitat de Catalunya en
el sentido de reintegrar parques transferidos a la red nacional, de forma
que la gestión siga dentro del ámbito competencial autonómico, pero la
inversión sea con cargo a fondos estatales. Quisiera saber cuál de las
dos opciones, o una tercera, es la que está pensando plantear a los
consejeros de Medio Ambiente, que, por cierto, están pendientes, como es
obvio, de mantener el primer contacto con usted para hablar de algunos
casos concretos de parques nacionales que, como usted misma ha señalado,
estaban en fase de estudio previo a su calificación como tales.

Quisiera también preguntarle respecto a su visión como Ministra de Medio
Ambiente de algunas políticas de contenido económico que, desde el
Gobierno del señor Aznar, parece que van a ser impulsadas. En particular,
la orientación



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de una mayor liberalización del suelo y de una mayor liberalización del
sector de la energía.

En el primer caso hay un elemento de preocupación que quiero manifestarle
en relación con algunas modificaciones que en la Generalitat de Valencia
se plantean respecto de la Ley del Suelo en vigor, aprobada por el
anterior gobierno autonómico socialista, en el sentido de evitar lo que
son las restricciones a la edificabilidad en suelo rústico, que han sido
ya planteadas por los nuevos responsables en Valencia, en ese proceso de
liberalización del suelo, en cuya apreciación no coincidimos en el
sentido de que pueda llevar hacia ciudades más sostenibles, hacia
ciudades más respetuosas precisamente con el medio ambiente.

Querría asimismo, en materia de energía y sobre el anuncio que hace de un
trabajo conjunto para atender los compromisos del convenio de cambio
climático, preguntarle si existe en estos momentos en su partido alguna
mayor definición del escenario que usted, como Ministra de Medio
Ambiente, va a tener que presentar como posición del Gobierno español en
el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea a finales de junio,
en el sentido de las previsiones del Gobierno español en el escenario del
año 2000 y las posteriores previsiones, que ya han sido solicitadas por
la Unión Europea a partir del año 2000, dentro del compromiso global, en
este segundo escenario, de proceder a una reducción y no sólo
estabilización de las emisiones de CO2.

Quiero recordarle en este sentido que el compromiso del Partido
Socialista en la campaña electoral fue precisamente un compromiso
concreto de llegar a la estabilización en el año 2000 en relación con lo
que es el compromiso de la Unión Europea en su conjunto, con un
incremento menor entre el año 1990 y el año 2000 del que se había
previsto inicialmente en el Plan Energético Nacional, con un aumento sólo
del 15 por ciento y no del 25 por ciento. Igualmente nuestro programa
electoral recogía el compromiso, a partir del año 2000, de un nivel
estabilizado a partir de ese año y en disminución a partir del año 2010.

Quisiera saber si, en este sentido, existe por su parte alguna concreción
y cual va a ser la posición que va a defender en la Unión Europea.

Hay algunas otras cuestiones que usted ha presentado como retos
inmediatos donde, como le señalaba al principio de mi intervención, ha
encontrado usted los suficientes borradores para elegir el que más le
guste. Me refiero, en particular, a la ley de envases y embalajes, donde
el Ministerio actual no tiene que hacer un gran esfuerzo para encontrar
el borrador que pueda ser de mayor agrado de la CEOE, que evidentemente
no coincidía en su apreciación con el borrador que dejamos cerrado y a
falta exclusivamente del informe del Consejo de Estado, después de haber
sido sometido a las comunidades autónomas y a la Comisión Nacional de
Administración Local. Sabemos que la CEOE discrepaba, y lo hacía por
algunas cuestiones que espero que no constituyan parte de su posición
como Ministra de Medio Ambiente.

Le recuerdo simplemente que la CEOE discrepaba, por ejemplo, del hecho de
que en el proyecto que habíamos elaborado se concretara un objetivo
global para el país de reducción de los envases producidos y puestos en
el mercado, y no solamente compromisos de reciclaje, reutilización o de
valorización de los mismos. La CEOE entendía que esa reducción de envases
iba en contra del desarrollo económico del país y era inabordable,
cuestión en la que no estamos en absoluto de acuerdo, como tampoco
aceptaba la CEOE la exigencia de una gradual reducción de mayor
intensidad de la utilización del PVC en los envases alimentarios.

En este sentido, la Ministra de Medio Ambiente tendrá a su disposición,
en fechas próximas, los trabajos que dejamos encargados desde una
Comisión interministerial de estudio sobre la posible incidencia
ambiental y en la salud del PVC, incidencia que ha sido ya ratificada por
estudios internacionales y que han llevado en varios países occidentales
a la gradual desaparición del uso de este material en los envases.

También me gustaría preguntarle cual es su opinión al respecto. La CEOE
tampoco compartía nuestra idea de que apareciera, como lo hace la
directiva, una referencia explícita a la posibilidad de introducir
impuestos que garantizaran el cumplimiento de las exigencias en materia
de envases y embalajes en los próximos años. Tampoco estaba muy de
acuerdo en el modelo autonómico que naturalmente se incorporaba en esta
norma, como en el resto de las normas que hemos elaborado en la última
legislatura.

Asimismo quisiera saber si cuando usted habla de adaptación del Consejo
asesor de Medio Ambiente está pensando sólo, como ha anunciado en su
discurso, en que, en lugar de depender de la presidencia ejercida hasta
ahora por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
dependa de la presencia de la Ministra de Medio Ambiente, o si la
adaptación del Consejo asesor de Medio Ambiente significa una
modificación de su actual composición o de sus actuales funciones.

Voy a terminar haciendo alguna referencia a las cuestiones que usted ha
enunciado como grandes prioridades del Departamento en lo que se refiere
a la gestión del agua. Yo creo que nadie, absolutamente nadie puede estar
en contra de que en la política del agua se busque la eficiencia, el
ahorro, la coordinación y la participación de los afectados. Estos son
principios con los cuales, evidentemente, coincidimos, creo, desde
cualquier fuerza política representada en esta Cámara. Otra cosa será
cómo se llevan a cabo. Me ha sorprendido en particular el hecho de que ha
definido como obsoleto el problema suscitado a lo largo de la anterior
legislatura por la resolución de las Cortes en el sentido de que los
planes de cuenca se aprobaran con anterioridad al Plan Hidrológico
Nacional. No sé si cuando usted ha dicho que la tramitación es conjunta
significa que todo se va a aprobar al mismo tiempo, no teniendo en cuenta
la prelación que la Cámara quiso dar en su resolución.

He echado también en falta, entre las peticiones que desde el Parlamento
se nos formularon para la correcta aprobación del Plan Hidrológico
Nacional, la existencia de estudios ambientales previos de todos y cada
uno de los eventuales trasvases. Cuando ha hablado de los trasvases, si
no he tomado mal nota, usted ha hablado de hacer análisis



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de carácter técnico, de viabilidad y de carácter económico, pero quiero
recordar que entre las cuestiones que la Cámara nos pedía estaba, en el
caso concreto de los trasvases, un análisis de carácter ambiental de los
mismos, que debería ser en su caso clarificado.

En materia de agua, es verdad, no podemos decir que la Ley de Aguas se
haya desarrollado plenamente y por tanto todo lo que se haga desde el
actual Gobierno en cuanto a su correcto desarrollo tendrá nuestro apoyo
desde el Grupo Parlamentario Socialista. Cuando usted ha anunciado
modificaciones sin concretar en lo que se refiere a régimen económico o a
control en el cobro de los distintos cánones quizás ahí no estemos en
coincidencia o en sintonía, pero en lo que es la plena realización de la
Ley de Aguas tendrá siempre nuestro total apoyo.

Usted se ha encontrado con algunos elementos básicos para que esa Ley de
Aguas se pueda aplicar, a los que no ha hecho referencia en su
intervención, como es un sistema de vigilancia tanto de la calidad de las
aguas como desde el punto de vista de la cuantía de los caudales, que en
estos momentos está prácticamente implantada en todas las cuencas
hidrográficas y que entendemos que es el soporte idóneo para llevar a
cabo estas labores. Hay que seguir avanzando en el dominio público
hidráulico, pero usted se encuentra con un programa de deslinde del mismo
y con un programa de redacción de los catálogos correspondientes a las
aguas subterráneas que me alegro sinceramente de que lo considere como
algo que debe ser atendido con prioridad.

En materia de agua esperamos, por tanto, lo que creemos que debe ser una
urgente convocatoria del Consejo Nacional del Agua para que se vean los
planes de cuenca que están pendientes de ser analizados, pero están
aprobados, a falta, como digo, de la información del Consejo Nacional de
Cuenca, así como también una clarificación por su parte, si es posible,
respecto a su referencia al plan nacional de regadíos. Antes de finalizar
la legislatura hubo una aprobación en conferencia sectorial del plan
nacional de regadíos propuesto por el Ministerio de Agricultura y
quisiera saber si la referencia que ha hecho a este plan supone que
pretenden una nueva redacción del mismo o se trata de completarlo o
modificarlo en algún sentido.

En temas de aguas hay alguna pregunta concreta que quizás no me pueda
contestar todavía, en relación con la transferencia que estaba ya
decidida de la Confederación Hidrográfica del Sur a la Junta de
Andalucía, cuestión sobre la cual hemos dejado los informes
correspondientes y la voluntad política manifestada en su momento de
atender lo que era una reivindicación obvia por parte de la Junta de
Andalucía. Hay también una serie de reivindicaciones que el Partido
Popular ha formulado en las comunidades autónomas donde gobierna, en
cuanto a gestión compartida con las comunidades autónomas de los órganos
de las confederaciones hidrográficas. Me gustaría saber si, aparte de dar
más presencia a los usuarios del agua en las confederaciones
hidrográficas, pretende también una modificación en lo que es la
participación de las comunidades autónomas en la gestión de las mismas.

No sé cuánto he consumido de mi tiempo, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Está agotándolo.




La señora NARBONA RUIZ: Entonces me va a permitir alguna pregunta en
relación con los criterios y las prioridades en materia de utilización
del Fondo de Cohesión.

Nos hemos encontrado con una evolución en el Fondo de Cohesión,
afortunadamente positiva, en cuanto al volumen de recursos que se ha
conseguido aplicar en España en materia de proyectos ambientales. Les
recuerdo que en 1993 sólo conseguimos que el Fondo de Cohesión aportara
algo más de 16.000 millones de pesetas (en ese momento el 25 por ciento
del total del Fondo de Cohesión para España), mientras que en 1995 la
cantidad ascendió ya a 92.000 millones de pesetas, lo que suponía el 48
por ciento del Fondo. Actualmente están pendientes de aprobación por
parte de la Comisión los proyectos remitidos este año, que supondrían,
para proyectos ambientales, el 50 por ciento del Fondo de Cohesión, con
una cantidad próxima a los cien mil millones de pesetas. Me gustaría
saber si respecto de la utilización de los fondos de cohesión, además del
resto de los fondos estructurales, desde su departamento entiende que
deben realizarse modificaciones respecto al proceso que hemos venido
desarrollando hasta ahora y que creo que ha tenido resultados
satisfactorios.

En cuanto a costas, me alegra escuchar que las modificaciones que se
pretende abordar serán modificaciones que en absoluto reducirán la
protección del dominio público marítimo terrestre, desde el punto de
vista ambiental. Esto significa que no aceptarán ustedes redacciones de
esa nueva ley de costas que se parezcan a la primera propuesta que
Convergència i Unió trajo a esta Cámara en la anterior legislatura, donde
quedaba supeditada la protección del medio ambiente a la legislación
urbanística en vigor, en el caso del planeamiento de la zona de
protección. En ese sentido, le reitero mi satisfacción de un compromiso
expresado ante esta Comisión que, según usted, lleva simplemente a
modificar la distribución de las competencias. Supongo que lo que ha
querido decir la Ministra es modificar las formas de gestión, porque las
competencias están perfectamente definidas por la sentencia del Tribunal
Constitucional en lo que son las correspondientes a la Administración
General del Estado y las que corresponden a las comunidades autónomas.

Por tanto, no creo que en este sentido se trate de modificar por parte
del Gobierno actual el marco competencial, sino de avanzar en un proceso
de mayor coordinación o de gestión transferida o delegada a las
comunidades autónomas, respetando básicamente el marco actual. Si eso es
así, me gustaría saber si hay algún otro aspecto de modificación de la
Ley de Costas que pueda adelantarnos. Porque si sólo se trata de delegar
las funciones de gestión, ni siquiera hace falta una modificación de la
Ley de Costas. Se pueden hacer acuerdos de delegación de gestión con los
informes correspondientes de los órganos que existen en estos momentos en
el Estado.




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Quisiera decirle, para terminar, que le reitero mi desconfianza ante el
instrumento de la máxima capacidad de diálogo, no porque no creamos en
él, como lo hemos manifestado hasta ahora y hemos intentado aplicar, sino
por lo que tiene de lectura negativa respecto de la intervención del
Estado. Y le voy a dar un caso muy concreto, señora Ministra. El actual
Secretario General de la Federación de Industrias Alimentarias, don Jorge
Jordana, candidato frustrado a ser secretario general en el Ministerio de
Agricultura, puesto que al parecer aspiraba por lo menos a ser secretario
de Estado, no quiso firmar con el anterior Gobierno --en nombre de la
Federación de la que es Secretario General-- el plan sectorial de
regularización de vertidos, que está basado en el Real Decreto aprobado
en su momento, para llevar adelante un plan de reducción real de la
contaminación del sector alimentario, y no lo quiso firmar porque no
existía en ese momento la capacidad de prometer a las industrias
alimentarias cantidades importantes y significativas de apoyo económico
para que hicieran lo que tienen que hacer. Descontaminar es una
obligación. Evidentemente debe haber incentivos para que las empresas
puedan hacerlo, pero no nos pareció tolerable que no se aceptara un plan
de regularización sectorial de la industria alimentaria por pedir como
condición inexcusable 20.000 millones de pesetas en ayudas con cargo a
los presupuestos del Estado. Si ése es el reflejo de un principio de
apoyo a la iniciativa privada, también en este sentido tengo que
manifestarle que no podremos, en absoluto, estar de acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Continuamos ahora con la intervención del portavoz
del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor
Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Bienvenida, señora Ministra, a esta Comisión, y
espero que tenga suerte en esta función. Lamento que..., lamento no,
constato que una organización de derechas o de centro derecha ha tenido
que crear en España concretamente un Ministerio de Medio Ambiente. Creía
que había un patrimonio de la izquierda que tenía que ser más ágil y
rápido en el momento de poner en marcha determinadas medidas. En mi grupo
nos congratulamos, por tanto, en primer lugar, de que exista el
Ministerio y, en segundo lugar, de que este Ministerio tenga
competencias.

Yo vengo también con una serie de preguntas, cuestiones que ni tan
siquiera pretendo que hoy las conteste de forma exhaustiva. Yo creo que
habrá tiempo, porque también reconozco que en una primera comparecencia
no se podrán abordar de forma exhaustiva, en profundidad, todos los temas
que se plantean, aunque sí me gustaría que hubiera respuestas políticas
de carácter genérico sobre los principales temas, que naturalmente van a
coincidir con temas que han sido ya planteados o preguntados por parte de
la señora Narbona, como es lógico, o que han sido expuestos
anteriormente, en su primera exposición.

Pasando a las cuestiones concretas, voy a hablar de los parques
nacionales. Lo que usted ha dicho me suena bien --hay muchas cosas que me
suenan bien; me suena bien la música--, aunque luego se tiene que ver
cómo se concreta, porque yo he tenido dos experiencias negativas en el
último período, en dos semanas, en relación a dos proposiciones de ley
sobre envases y residuos de envases y sobre información sobre medio
ambiente, y es que ni tan siquiera hubo sensibilidad para decir: Señores
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, les recogemos el papelito,
que seguramente no sirve para nada, pero lo llevamos a la Comisión para
trabajar también sobre él, para tenerlo en consideración en el momento
que se pongan en marcha las leyes, leyes que, según ha explicado la
señora Ministra y según explicó el portavoz del Partido Popular en su
momento, van a ser puestas en marcha, aunque no van a tener en
consideración, parece ser, una elaboración --que ya hay bastante
avanzada-- que hizo el anterior Ministerio, una elaboración que en
algunas partes nos parece no sólo aprovechable, sino absolutamente válida
para la nueva etapa que se abre.

En relación a los parques nacionales ustedes se han mostrado contrarios
al de los Picos de Europa. Ha habido tres comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular (Asturias, Cantabria y Castilla y León)
que han presentado recursos de inconstitucionalidad en relación a la
declaración por parte de este Parlamento de los Picos de Europa como
parque nacional.

Es verdad que se alegaba que esto era vulneración de competencias de las
comunidades autónomas, cosa que siempre se puede salvar. A nosotros nos
va a encontrar, señora Ministra, los más autonomistas del mundo, porque
es una cosa que la llevamos en los genes, en la sangre, porque la lucha,
las reivindicaciones nacionales en este país, la autonomía ha sido
tradicional de nuestra organización y de las organizaciones que dieron
luz a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por tanto, en la defensa
de las competencias autonómicas nos va a encontrar, señora Ministra, en
primera fila.

Cuando las cosas derivan hacia lo que nosotros consideramos cierta
protección de intereses particulares, entonces las cuestiones cambian y
no puede buscar la solidaridad de nuestro grupo porque, naturalmente, no
estaremos en esta vía.

Por tanto, una primera cuestión sería saber qué piensan hacer en relación
a esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional sobre el recurso
promovido por su partido. El Tribunal Constitucional, como sabe la señora
Ministra, ha dictaminado que la Ley del Parque Nacional de Picos de
Europa debe corregirse solamente en lo que hace referencia a la
participación de las comunidades autónomas. Yo no sé si tiene que ver ni
tan siquiera con la reforma de la ley sino que se puede hacer de un modo
muy normal, tal como ha explicado también la señora Narbona anteriormente
en relación a la Ley de Costas. Yo creo que podría seguirse el mismo
método. Naturalmente, no tengo conocimientos jurídicos para afirmar esto
con toda rotundidad, pero me da la impresión de que podría funcionar en
el mismo sentido.

El tercer punto de relación a los trece que voy a plantearle, trece temas
importantes sobre los cuales no voy a extenderme tampoco de forma
exhaustiva, es con relación



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al agua. Sobre el agua usted ha explicado algo sobre el Plan Hidrológico
Nacional. Yo concreto más la pregunta porque ha habido cierta ambigüedad.

Cuando ustedes han planteado el tema del agua, no me ha quedado claro si
va a potenciarse en segunda etapa --inicialmente no porque van a
potenciar ahora el ahorro-- una buena gestión pública, el máximo
rendimiento de las infraestructuras existentes, la modernización del
sistema de riego, con la cual estaríamos plenamente de acuerdo ya que
tenemos un sistema de riego que data prácticamente de hace dos milenios y
el sistema como tal no es válido actualmente en un país donde hay escasez
de agua. En definitiva, ¿ustedes van a promover grandes trasvases,
grandes obras o políticas de ahorro pero concretas, muy concretas?
Solicitamos una concreción inmediata. Es un trabajo sobre el que,
independientemente de la aprobación o no del Plan Hidrológico Nacional,
se pueden tomar medidas concretas ya. También la mejora de la calidad del
recurso, que usted ya ha anunciado; pero aquí aparece una contradicción
importante. ¿Qué piensa de la privatización efectuada por el alcalde de
Oviedo que supone hipotecar por más de 50 años el servicio de este bien
público en este caso concreto? ¿Apoya usted este tipo de gestión? ¿Es su
modelo? Parecen churras y merinas, pero esta privatización tiene mucho
que ver con lo que discutimos. Además no establece mecanismos suficientes
que impidan abusos tarifarios y que ha provocado en Oviedo, donde Gabino
de Lorenzo tiene mayoría absoluta para el gobierno del municipio, tres
movilizaciones ciudadanas bastante importantes; no minoritarias ni
marginales, sino bastante importantes.

Creo que se tiene que poner de acuerdo el plan global, la filosofía, todo
lo que en un momento determinado está a la cabeza, en los papeles para
desarrollar en un plazo de tiempo prudente con lo que son las prácticas
concretas en la gestión de comunidades autónomas o de municipios.

Le pregunto --tampoco pido que sea exhaustiva hoy; en todo caso, hay
tiempo para eso-- sobre los cinco grandes embalses: Itoiz, cómo se
desarrollará, qué piensan hacer; Irueña, Andévalo, Atance y Nava. Cinco
grandes embalses que tienen una determinada conflictividad y sobre los
cuales nosotros preguntamos para saber qué se va a hacer.

Como cuarto punto, quisiéramos saber qué va a hacer con la disciplina de
la Ley de Costas, en el sentido de utilización de policía para verificar
el cumplimiento de la ley. Dentro de los planes ya existentes o que va a
poner en marcha, ¿cuáles van a ser los límites de protección de acuerdo
con el pacto hecho con Convergència i Unió, que en su momento presentó
enmiendas prácticamente a la totalidad de la Ley de Costas, lo que
promovió una actitud contraria por parte de casi todo el movimiento
ecologista? ¿Qué ocurrirá con las edificaciones cerca de la costa? Le
hago preguntas concretas para saber si habrá posibilidades de
continuación de la degradación de espacios muy degradados ya o esta Ley
de Costas, que es una ley de bases, servirá para que dicha degradación no
continúe.

El quinto apartado de las preguntas que pienso hacerle es en relación al
bloque de residuos. Ha hablado usted también del Plan nacional de
residuos sólidos urbanos y debo recordarle que ya hay una propuesta que
viene de la anterior Administración. ¿Qué se va a hacer con esta
propuesta? Sabemos que también en este caso parte de las competencias son
de las comunidades autónomas, por lo que es necesario coordinar e
interrelacionar el trabajo que se haga y, en la medida en que hay una
responsabilidad de las comunidades autónomas y una responsabilidad del
Gobierno central, efectivamente esto funcionará mucho mejor. En este caso
tampoco estamos en contra de lo que son las competencias específicas de
las comunidades autónomas, pero al mismo tiempo nos parece fundamental e
interesante que la protección se haga también desde la Administración
central.

Van a continuar planes de incineración ya en marcha, como los que hay,
por ejemplo, en Madrid y que han promovido movilizaciones ciudadanas
bastante importantes y razonadas, no desde el punto de vista político, en
general, sino desde el punto de vista científico concreto, con nuevos
datos que han aportado los últimos estudios sobre la contaminación
atmosférica, sobre el papel de la incineración y los residuos que la
incineración deja, o bien van a intentar --en la línea de lo que han
planteado ustedes con relación al Plan Hidrológico Nacional; el agua, en
definitiva-- poner en marcha eso que ha señalado la señora Ministra como
nueva cultura, cuyo primer exponente es la puesta en marcha del
Ministerio de Medio Ambiente, pero que luego se tiene que plasmar en
políticas concretas en la línea de lo que el movimiento ecologista llama
las tres erres, es decir, reducción, reutilización y reciclaje, frente a
la incineración, puesto que los nuevos avances científicos en la
detección de sus contaminantes están demostrando que no es lo más eficaz,
ni siquiera desde el punto de vista económico, para hacer frente a las
necesidades de eliminación de residuos que tienen los países. Exactamente
igual le pregunto respecto a los residuos industriales, con independencia
de que usted ya lo haya planteado.

En cuanto a los planes de prevención de las comunidades autónomas, que se
tendrían que haber hecho y que van ligados también a esta visión global,
debo recordar que, según mis datos --a lo mejor me equivoco--, sólo
existen en Cataluña, Aragón, País Vasco y están en proceso de desarrollo
en Navarra.

Sexto bloque. ¿Qué pasa con el PVC, señora Ministra? En este caso
concreto, no es que haya una ofensiva muy fuerte, sino una realidad que
hasta este momento se ha impuesto y que no ha tenido contestación
importante por parte de las organizaciones empresariales, ya que les
interesa mantener el PVC porque es barato, porque tiene un amplio margen
de beneficios, etcétera, frente a otras tesis del movimiento ecologista
que plantean la necesidad de cambios sustanciales en esta cuestión y la
desaparición gradual del PVC, en un proceso que no represente una erosión
importante para el sistema económico español, por ser altamente
contaminante. Nos interesaría conocer su opinión al respecto.

¿Qué pasa con la directiva de hábitat como otro gran apartado? Usted
también ha hablado, y me imagino que tendrá en cuestión, sobre las dos
partes que puede tener esta directiva de hábitat, una de especies y otra
de espacios.




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En esta dirección, le pediría simplemente que expusiera, de forma muy
sucinta, las grandes líneas de trabajo en relación a todo lo anterior.

Octavo apartado, ¿qué piensa hacer con el consejo asesor de medio
ambiente, que ya sabe usted que es consultivo? En su momento, lo creó el
Gobierno socialista con participación social y, en un instante
determinado, se salieron bastantes organizaciones del movimiento
ecologista, del movimiento social, por decisiones tomadas por el
Ministerio, por el MOPTMA, porque no estuvieron de acuerdo con estas
decisiones. ¿Será un consejo eficaz o no? ¿Se piensa reconstruir? ¿Se
piensa dar este margen y emplearlo y enriquecerlo, si es necesario, como
elemento, como instrumento o como lugar de participación del movimiento
social, para poder exponer todos los puntos que se consideran necesarios?
Noveno apartado: Hoces del Cabriel. ¿Qué harán ustedes? Hay un conflicto
ambiental planteado. Ha habido posiciones muy diferentes en el anterior
Gobierno. ¿Qué van a hacer ustedes en concreto? Es un asunto bastante
urgente.

Décimo apartado, en relación al cambio climático, ¿qué instrumentos
piensan tener en cuenta para evitar la continuación de este cambio
climático, a través de las emisiones que se expulsan a la atmósfera,
etcétera? Usted ha hablado algo de ello, pero yo quisiera que concretara
al máximo, porque sobre esto, al menos, había habido una filosofía por
parte del Partido Popular contraria a todo lo que representa, por
ejemplo, una ecotasa. ¿Se piensa en una ecotasa o no? ¿En qué tipo de
impuestos se piensa? ¿Qué se va a hacer? ¿Una ecotasa que grave la
energía o que grave las emisiones de carbono? Desde Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya defendemos la ecotasa, un impuesto que
grave la energía más que la contaminación, que es irreversible. Se tenía
que haber traspuesto la directiva a finales de 1994. ¿Lo harán ustedes?
¿Lo harán con cierta urgencia?
En relación a los programas de ahorro energético en edificios públicos
(estoy hablando de todas las cuestiones que están en marcha,
prácticamente, en todos los países de la Unión Europea, en unos más que
en otros), ¿qué piensan hacer?
Undécimo apartado. En la directiva que se discute ahora en el Parlamento
Europeo sobre calidad del aire, y la pregunta está vinculada a otra que
le he hecho, ¿qué actitud van a tomar ustedes? ¿Van a hablar sobre las
dioxinas que se producen a través de las incineradoras? ¿De compuestos
orgánicos volátiles producidos por las gasolinas? ¿Qué medidas concretas
van a tomar para participar específicamente en este debate que hay en la
Unión Europea en relación a la directiva que se está discutiendo en el
Parlamento Europeo.

Duodécimo apartado. ¿Quedará bajo su competencia la seguridad nuclear o
será competencia del Ministerio de Industria y Energía? Nos parecería
importante que quedara bajo su competencia, bajo la competencia del
Ministerio de Medio Ambiente, porque es un tema fundamental,
independientemente de que el Ministerio de Industria pueda tener las
competencias que le correspondan en relación a su funcionamiento
concreto.

Finalmente, el último apartado está en relación con los residuos
radiactivos. ¿Qué prevén hacer ustedes con los residuos de alta
actividad? ¿Buscar un depósito definitivo con urgencia, planteamiento que
se ha barajado, pero que no se ha concretado? ¿Construir rápidamente un
cementerio provisional, por ejemplo, en Trillo, cosa que también se ha
barajado? ¿Qué se piensa hacer? Y, dentro de este mismo apartado, ¿qué
pasa con los fondos de Enresa, sobre los que, si no me funcionan mal mis
informaciones, son aproximadamente de 200.000 millones de pesetas? ¿Será
empresa pública o se privatizará? ¿Entrará en otro apartado? Dentro de la
música de lo que ha planteado usted como Ministra de Medio Ambiente, que
como ya le he dicho me ha sonado bien, hay algo, sin embargo, que me ha
sonado extremadamente mal, y es la reducción de la participación pública,
es decir, de la empresa colaboradora como figura pública, en todo este
apartado. A nosotros nos parece bien que haya una corresponsabilidad de
todo el sector privado (empresarios, organizaciones sociales,
organizaciones de todo tipo), pero al mismo tiempo nos parece fundamental
que continúe habiendo una responsabilidad que tenga que rendir cuentas de
forma periódica en este Parlamento para que podamos verificar cómo desde
la responsabilidad pública, desde la responsabilidad de la
representatividad democrática, se tratan estos temas.

En los casos que sean necesarios se persiguen las vulneraciones, algunas
de ellas muy graves, que se hacen en relación al medio ambiente, para que
éstas no prosigan y se corrija. Por tanto, nosotros pediríamos un
mantenimiento, seguramente una serie de reformas de la gestión, pero, en
todo caso, un reforzamiento de lo que es el papel del sector público en
todo lo que afecta al medio ambiente.

Finalmente, y aunque usted ha recogido ya en su exposición inicial al
menos una parte de la filosofía y de la elaboración y volveremos a ello
en su momento, nos gustaría saber qué opina usted en conjunto, porque es
una elaboración bastante concreta, aunque se haya resumido en un papelito
de pocas páginas, en relación a lo que el conjunto de las organizaciones
del movimiento ecologista, prácticamente todas, decidieron y presentaron
públicamente el Día de la Tierra una declaración solemne en la cual
hablan de cosas que yo no voy a hablar porque pienso tener esto como
biblia de actuación en esta Comisión de Medio Ambiente en relación a
transporte, residuos, energía, etcétera. Por tanto, como vamos a volver
sobre ello no quiero recargar lo que sería un abuso, sería excesivo por
mi parte, y quisiera, en definitiva, que hubiera cierta concreción aunque
genérica de todas las cuestiones que la he planteado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Frutos.

Tiene ahora la palabra el portavoz de Convergència i Unió, que me parece
va a compartir su turno.

Tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.




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Muchas gracias, señora Ministra. Agradezco su primera comparecencia ante
esta Comisión. Quiero felicitarla por su nombramiento, porque no he
tenido ocasión de hacerlo, y desearle, sobre todo, mucha suerte y mucho
acierto en la gestión de este nuevo ministerio (Ministerio de Medio
Ambiente), que sabe usted, señora Ministra, es un ministerio cuya
creación constituye una decisión legítima del Gobierno del Partido
Popular, pero sabe también usted, porque lo manifestamos reiteradamente
en la anterior legislatura en el momento de fijar la posición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante iniciativas en este
sentido del Grupo Popular, que su constitución no era sentida como una
necesidad por parte de nuestro grupo parlamentario.

Sin embargo, también pensamos que la creación de este ministerio puede
suponer --y nosotros lo aplaudiremos si es así-- una mayor
racionalización de las competencias ambientales que se ejercen por la
Administración Central, y también un mayor compromiso en la aplicación de
políticas generales que tengan en cuenta el respeto ambiental. (El señor
Vicepresidente Morlán Gracia ocupa la presidencia.)
También debo manifestarle que nos preocuparía que la creación del
ministerio significara un papel creciente de la Administración central en
lo que es estrictamente la gestión que no le corresponde.

Debo decirle llegado a este punto que su intervención nos ha
tranquilizado en ese sentido. Es decir, recibimos con cierta satisfacción
la exposición global que usted ha realizado, especialmente cuando la
misma se circunscribe a un reparto de las competencias en materia de
medio ambiente que, en principio --y reitero en cuando a su enunciado--,
compartimos con usted.

Ahora bien, el hecho de que las competencias de gestión correspondan a
las comunidades autónomas entendemos --y así lo hemos manifestado
reiteradamente y lo hicimos en la anterior legislatura-- que no es óbice
para que a la Administración central le continúe correspondiendo un papel
determinante en lo que es la política de medio ambiente.

Pero quiero subrayar --y con ello termino esta introducción-- que el
papel de la Administración central, ahora con ministerio, debe ser el
mismo que era antes --hablando de competencias-- cuando no existía un
ministerio estricto de medio ambiente, sino que la competencia recaía en
un ministerio con un ámbito mucho más amplio de actuación.

El papel del ministerio, de la Administración central en el Estado de las
autonomías, le decía hace un momento, entendemos nosotros que es
determinante para avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente.

Le corresponden una serie de competencias y de líneas de actuación que
nosotros no sólo le pedimos que las ejercite sino que, además, a lo largo
de la legislatura, se lo iremos recordando e insistiendo cuando creamos
conveniente.

Insistiremos, por ejemplo, en la trasposición puntual de las directivas,
dentro del tiempo que corresponde. En ese sentido nos satisface la
manifestación que ha realizado de la urgente trasposición de la directiva
sobre envases y residuos de envases, que entendemos debe realizarse con
respeto al principio de responsabilidad de los productores de envases en
la financiación de la gestión de los residuos.

Soy consciente de la dificultad de trasponer esta directiva comunitaria.

He insistido hace un momento en su urgencia y soy consciente de la
cantidad de importantes intereses que hay en juego. Ahora, estoy
convencido, señora Ministra --y tendrá nuestro apoyo en ello--, de que la
decisión que se tome va a tener como principal referente la defensa del
interés público general.

En segundo lugar, entiende nuestro grupo parlamentario --y también
recibimos con satisfacción sus palabras, porque ha constituido una parte
importante de su discurso-- que hay que apelar al instrumento de la
fiscalidad como un elemento fundamental de cualquier política
medioambiental.

Nosotros creemos que hay que reflexionar, y con profundidad, sobre la
conveniencia de incorporar tasas que financien el tratamiento de los
residuos o la contaminación que generan determinados productos, como las
aguas residuales, los residuos urbanos, industriales o ganaderos y
también corresponde a su ministerio evitar que se instalen en el Estado
paraísos ambientales por la no aplicación de la fiscalidad sobre estos
productos. De hecho en un Estado en el que todavía revisten una
importancia relativa, sí existen ya estos paraísos y existen desde el
momento que en algunas comunidades autónomas se empieza a aplicar el
canon de saneamiento, como ha sucedido en varias; la primera fue Cataluña
hace ya más de una década.

También entendemos que es importante la adopción de medidas fiscales que
favorezcan las inversiones empresariales, la adecuación a estándares
ambientales cada vez más competitivos internacionalmente a través de
tecnologías de producción limpia.

Le corresponde --y le insistiremos en que adopte medidas--, lo que debe
ser una política de coordinación y asesoramiento de los distintos órganos
de la Administración central que haga las políticas sectoriales
coherentes con la política ambiental. Siempre hemos defendido, y lo
continuaremos haciendo, que la política de medio ambiente que se realice
desde cualquier ministerio --en el caso que nos corresponde esta
legislatura desde el Ministerio de Medio Ambiente-- ha de ser una
política de tipo horizontal, que influencie todas las actuaciones del
Ejecutivo. Estoy convencido de que usted tendrá trabajo a menudo para
imponer a sus compañeros de gabinete los puntos de vista medioambientales
que le corresponde defender, pero sepa que en esa ardua tarea va a contar
también siempre con el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán.

Otra cuestión que no corresponde exactamente a su ministerio, pero
pensamos nosotros es importante que usted la tome como algo suyo, es el
desarrollo de una política de cooperación norte-sur. Desde la conferencia
de la Tierra, la Conferencia de Río, del año 1992, quedó puesto de
manifiesto que uno de los ejes fundamentales de la política
medioambiental a nivel mundial era el desarrollo de los países
empobrecidos.

Tenemos ante nosotros un reto muy próximo y muy inmediato que surge de la
Conferencia de Barcelona del mes



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de noviembre, y es la política euromediterránea, impulsar una política de
desarrollo sostenible de los países empobrecidos de la ribera sur del
Mediterráneo.

El compromiso que surge de la Conferencia de Barcelona nos obliga a un
desarrollo posterior a su concreción y a la adopción de una serie de
políticas, donde no hemos de esperar que la responsabilidad corresponda
exclusivamente a la Unión Europea, a la política euromediterránea --es
una política impulsada desde la Unión--, sino que los distintos Estados
comunitarios y muy especialmente los Estados Mediterráneos deberán jugar
un papel importante.

También le corresponde, insistiremos en ello, dictar normas adicionales
de protección y poner fondos a disposición de estas políticas. Asimismo,
es competencia de su ministerio la representación y defensa ante los
foros internacionales y muy especialmente ante la Unión Europea. En este
sentido, pensamos que hay que avanzar en la participación de las
comunidades autónomas en las relaciones con la Unión Europea. Los
representantes estatales ante las distintas instancias de la Unión han de
ser capaces de trasladar las sensibilidades y planteamientos de las
autoridades ambientales, que a menudo son las comunidades autónomas, y
deberá materializar las fórmulas de participación de los responsables de
las comunidades autónomas en la representación oficial española y
arbitrar mecanismos de consulta previa a la adopción de la posición
oficial española en los temas que afectan a su competencia.

Ayer, señora Ministra, le interpelaba en el Pleno de la Cámara en
relación al programa comunitario Medwet, o Medhum, como le hemos llamado
aquí. Recuerdo que usted me respondió que los fondos a disposición del
Icona se habían utilizado en la elaboración de un manual y de un informe;
que nos habíamos gastado el millón doscientos mil ecus en un manual, en
un informe, que supongo deben ser maravillosos y que supondrá una
contribución definitiva y decisiva a la protección de los humedales
mediterráneos.

Pues bien, señora Ministra, la segunda semana de junio tiene lugar en
Venecia la reunión de balance del programa Medwet, o Medhum y creo que la
celebración de esta conferencia sería una buena oportunidad para empezar
a poner en práctica, en este sentido, una política de colaboración con
las comunidades autónomas, porque al fin y al cabo en la mayoría de los
casos corresponde a las comunidades autónomas la gestión de los humedales
mediterráneos; por tanto, las decisiones que ahí se puedan tomar serán
fundamentales en la aplicación de sus políticas.

Estos mecanismos entendemos que también deberían aplicarse en los órganos
de seguimiento, cuando los haya, de los convenios de ámbito no
estrictamente comunitario: el Convenio Ransar, el Convenio sobre cambio
climático, el Convenio sobre biodiversidad, el convenio de Barcelona para
la protección del mediterráneo, etcétera. Entendemos importante que se
incorporen las sensibilidades de las comunidades autónomas, porque, como
decía, son las administraciones a quienes a menudo corresponde la
gestión.

También le corresponde la adopción de medidas que favorezcan la
utilización de material reciclado y reciclable, tanto en el consumo
general como en los procesos productivos y la elaboración de la
legislación básica, incluso vamos más allá, señora Ministra, le
corresponde también la elaboración de leyes que no tengan carácter
básico, pero que puedan ser de aplicación en aquellas comunidades
autónomas que no hayan dictado normas en uso de sus competencias. Creemos
que usted también tiene un ámbito importante de actuación en la
legislación de carácter supletorio.

Pasando a un terreno más concreto, quisiera hacerle tres apuntes, señora
Ministra, y alguna pregunta. Nosotros creemos que hay que revisar la
legislación de seguridad nuclear y de protección radiológica, lo que pasa
es que en este momento no tenemos claro a quién correspondería la
iniciativa.

No sabemos si, finalmente, esas competencias van a recaer en su
Ministerio o si van a continuar residiendo en el Ministerio de Industria
y, por tanto, la iniciativa legislativa correspondería al Ministerio de
Industria.

Pensamos también que se debe reformar la Ley de Costas, a la cual se
referirá mi compañero, el señor Sedó, pero también la Ley de Minas, en la
línea de profundizar en las competencias autonómicas y mejorar la
protección medioambiental.

También le solicitamos que tome nota de la necesidad de hacer cumplir los
caudales hidrológicos. Tendremos ocasión de ello cuando debatamos el
esperado Plan Hidrológico, pero, mientras tanto, anote señora Ministra
que es una asignatura pendiente el cumplimiento de los caudales
hidrológicos por parte de los organismos de control y gobierno de las
cuencas hidrográficas.

En cuanto a la conferencia de finales del mes de junio en relación al
Convenio sobre Cambio Climático, nuestro grupo parlamentario piensa --y
lo hemos defendido reiteradamente-- que es necesario actualizar el límite
de las normativas de emisiones a la atmósfera, evidentemente de acuerdo
con el resto de los países de la Unión Europea. Yo creo que es una
cuestión fundamental para el futuro del bienestar --no puedo decir de
nuestro país sino de la humanidad en general-- prevenir el cambio
climático y nosotros pensamos que en este momento existen las suficientes
evidencias, aunque no concluyentes, que hacen necesario tomar medidas que
refuercen la prevención de este problema, tal y como se decidió en la
Cumbre de la Tierra con ocasión de la aprobación del Convenio sobre
Cambio Climático.

Consideramos, señora Ministra, que hay que avanzar hacia un modelo en el
que las comunidades autónomas sean la administración ordinaria en temas
ambientales o, utilizando un lenguaje más propio de su partido, el
Partido Popular, hacia un modelo de administración única en materia
medioambiental. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario sería
partidario --y lo hemos dicho muchas veces, pero hoy lo reiteramos
solemnemente-- de que se traspasaran a las comunidades autónomas las
competencias de gestión que todavía residen en la Administración central,
como pudiera ser el control de calidad de aguas continentales, como
pudiera ser la declaración de impacto de todas las infraestructuras --y
quiero recordar una queja reiterada del anterior Ministerio y es que no
tenía medios suficientes para poder realizar en tiempo las declaraciones



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de impacto de las infraestructuras que le correspondían pero, en cambio,
se negaban a la colaboración de las propias comunidades autónomas--,
también de los servicios del Instituto Nacional de Metereología, la
política de regeneración de playas o el cumplimiento y despliegue del
convenio-marco.

Termino, señor Presidente, señora Ministra, diciéndole que nosotros
pensamos que, con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, se tiene
la oportunidad de rectificar la política, a menudo ignorante, que no
quiere decir beligerante, de la realidad autonómica que se ha mantenido
en los años anteriores. Es necesaria una apuesta convencida, que usted
vea en los consejos autonómicos de medio ambiente sus aliados y
colaboradores y no sus subordinados o rivales, como a menudo ha sucedido;
que haya un trato frecuente y un diálogo permanente. Sólo de esta forma
podremos avanzar en una mayor protección del medio ambiente desde el
respeto a la pluralidad, a la diversidad pero, también, desde la voluntad
de eficacia y progreso.

Y antes de cederle la palabra a mi compañero, el señor Sedó, termino como
he comenzado, señora Ministra: le deseo mucha suerte y mucho acierto en
su gestión.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Muchas gracias, señor Recoder.

Señor Sedó.




El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, quiero reiterar la bienvenida y la felicitación que le
ha dado mi compañero. Le deseo de verdad suerte y éxitos, pues ellos
repercutirán en beneficio de la sociedad, y puede estar segura que en
mayor grado de beneficio que otros éxitos que se puedan tener en otros
departamentos; en el suyo pueden ser verdaderamente muy importantes.

Al inicio de la exposición de su programa ha dedicado sus explicaciones
al agua. Me ha extrañado un poco, porque me hubiera parecido más lógico
que el agua hubiese quedado en segundo lugar, ya que usted es titular del
Ministerio de Medio Ambiente, y después está todo el contenido del agua.

El tema del agua es una de las funciones de una secretaría de Estado;
precisamente para agua es secretaría de Estado, y para medio ambiente es
secretaría general. Quisiera que, si puede --simplemente es una cosa
anecdótica--, nos explicara el porqué de esa diferencia.

Nos habla usted de que quiere ir hacia una política distinta de aguas y
poner orden en la actual, mejorar, dar impulso, renovar, aprovechar más y
mejor las infraestructuras existentes. Eso nos parece muy bien. Y nos ha
hablado también mucho del plan de ahorro del agua. Ya le digo que nos
parece muy bien, pero a pesar de que después usted nos habla de las
intenciones de la propuesta definitiva del Plan Hidrológico, nos entra la
duda, dado que todavía sobre los planes de cuenca no tenemos cosas
totalmente resueltas, dado que el Plan de Regadío no es más que un
documento inicial que fue entregado hace poco, pero que no es tal Plan de
Regadío, puesto que hay que completarlo, muy mucho, con los estudios de
los técnicos --para cuyo estudio se dedicó una importante cantidad
presupuestaria-- y dado que la señora Ministra ha hecho referencia a los
trasvases (y ello nos parece bien, porque, según la opinión pública o
publicada parece que el Plan Hidrológico se desarrollará a base de
trasvases y eso no es así), el plantemiento que ha hecho la señora
Ministra como punto de partida, me da la impresión de que va a retrasar
la puesta en marcha de dicho Plan.

No nos ha dado la señora Ministra posibles fechas sobre la propuesta
definitiva del Plan Hidrológico. Nosotros, francamente, dudamos muchísimo
que se pueda llegar a realizar un Plan Hidrológico. Llegar a un consenso
y a un pacto de Estado --tema que hemos tratado en muchas intervenciones,
tanto en Comisión como en Pleno--... son palabras que todos los grupos
decimos pero después, a la hora de la verdad, es muy difícil realizarlo,
dentro de los mismos grupos, e incluiré el mío. Por tanto, nos preocupa
este tema y vemos que el desarrollo del Plan Hidrológico va para largo.

Además, señora Ministra, creo que no ha mencionado para nada el Plan
Director de Infraestructuras, sobre el que todos los grupos trabajamos en
la anterior legislatura con un cierto consenso, y en el cual el Plan
Hidrológico era un punto básico. Por tanto, me preocupa el tema, aunque
mi preocupación queda algo diluida al conocer que dedicarán todo su
esfuerzo para que lo que actualmente está funcionando, funcione bien.

Esto ya es algo positivo.

Y añadiría que, ya que el Plan Hidrológico todavía está muy en sus
inicios (porque, por lo que nos ha dicho, veo que todo está en sus
inicios) me gustaría saber si desde su Ministerio se puede llegar a
pensar en lo siguiente. Como España es un país válido para que lo
atraviese, por ejemplo, el gas desde Africa a toda Europa, si Europa
tiene aguas sobrantes, posiblemente habría que pensar en un plan
hidrológico de Europa, mediante el cual España, que es el sur, pudiese
recibir las aguas sobrantes del resto de Europa. (Rumores.)
Dejo aquí el tema del agua. Me referiré a continuación un momento a la
Ley de Costas. Nuestro grupo está de acuerdo con todo lo que ha dicho la
señora Ministra. La Ley de Costas hay que revisarla en los puntos que
usted ha mencionado. Otro portavoz de la Comisión ha citado la primera
redacción; todos sabemos que la primera redacción no fue afortunada, pero
existía una segunda redacción en la que se pretendía una reforma de la
gestión, sin modificar las normas de protección. Además, en los últimos
meses, en las últimas semanas de la anterior legislatura, se había
consensuado ya con el grupo mayoritario de la Cámara, con el Grupo
Socialista, que esta segunda redacción será válida, con los retoques que
se hicieran cuando aquel texto fuese tomado en consideración, puesto que
había algunas cosas que no eran aceptables por el grupo mayoritario y
otras propuestas nuestras que sí. Pero, como digo, por circunstancias
especiales que no sabemos --sí sabemos, pero es mejor decir que no--, la
toma en consideración en el Pleno de esta segunda redacción no prosperó.

Alguien la bloqueó; pero, que conste, los grupos parlamentarios sí
estaban de acuerdo.

Por tanto, en la línea de la reforma de la Ley de Costas, de acuerdo en
esa segunda redacción y con las cosas que



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ya veíamos que había que reformar en ella, nosotros aceptamos lo que
usted nos ha presentado.

Nos ha dicho una cosa que me preocupa y me preocupará más en relación con
un tema concreto. Usted nos ha dicho que prácticamente el 95 por 100 del
presupuesto de inversiones lo tiene comprometido, que incluso tiene
muchos compromisos plurianuales. Esto hace que se nos presente un
problema muy puntual, no sé si puede haber algún otro en el ámbito del
Estado. El problema es el siguiente. En octubre de hace dos años hubo un
accidente en Tarragona, en la desembocadura del río Francolí, ocasionado
por un desbordamiento causado por unas lluvias torrenciales. Hubo
inundaciones graves en la margen derecha, una zona industrial, y en la
margen izquierda, en una zona habitada. Hubo acuerdos entre el Ministerio
de Obras Públicas y Medio Ambiente y la Conselleria de Política
Territorial, que fueran valorados de forma positiva, pero que afectan al
puerto de Tarragona. El puerto de Tarragona fue ampliándose, fue
expandiéndose, y ello obligó a que el río Francolí, que tenía una
desembocadura recta hacia el mar, desde hace muchos años, al llegar a la
zona del puerto, hacía un codo de 90 grados y se iba desviando hacia la
derecha. Es decir, que al ir ampliando el puerto, más lejos quedaba la
desembocadura del río, y perdone que hable de un caso tan particular,
pero después verá que voy a una cuestión de conjunción de
administraciones. Entonces, y en relación con esto, hay unos proyectos
aprobados, quizá un poco con retraso, porque el CEDEX ha dado el visto
bueno de todas las pruebas que se hicieron más tarde de lo que en
principio se había dicho, pero esto no tiene importancia, el problema
está en que esta obra sigue siendo necesaria.

¿Hay obras parecidas en el resto de España? No lo sé. Y parecidas ¿a qué?
¿Será competencia de su Ministerio, porque es el encauzamiento de un río
y, por tanto, una obra relacionada con el agua? ¿Dónde queda esto, en el
Ministerio de Obras Públicas, en este momento en el Ministerio de
Fomento? Es un asunto que nos preocupa porque, verdaderamente, tiene un
impacto social importante. Se han hecho trabajos preliminares de limpieza
del río, pero el tema está ahí y quisiera que, al menos, usted tuviera
conciencia del riesgo que entraña esta situación y, por tanto, que se
aclarase si esto corresponde a su Ministerio, al de Fomento o a los dos,
pero, repito, que no se deje esto completamente al margen.

Por fin, respecto a residuos nucleares, algo de lo que ya ha hablado mi
compañero --tenga en cuenta que yo soy Diputado por Tarragona; usted ha
estado en mi ciudad, en Reus, varias veces en campaña electoral; este
mismo año estuvo allí en su campaña; allí residimos dos Diputados, que
somos los que más cerca tenemos una central nuclear o, mejor dicho, no
una, sino una parada, una en funcionamiento y dos más a 70 kilómetros,
por lo que el tema nuclear nos preocupa muy mucho--, sabemos que toda la
temática del Consejo de Seguridad Nuclear está, por ley, dentro del
Ministerio de Industria. La producción de electricidad puede quedar allí,
pero nos preocupa que no haya ligazón entre su Ministerio, el Ministerio
de Medio Ambiente, y el de Industria si la Empresa Nacional de Residuos
Radiactivas --Enresa-- queda en ese Ministerio de Industria. La gente
puede estar verdaderamente preocupada porque algo tan importante como son
los residuos nucleares quede fuera de toda la temática de medio ambiente.

Quisiera saber si hay alguna modificación en esto o si va a quedar como
está.

Nada más. Simplemente quiero reiterarle nuestro deseo de suerte y éxitos
en su función.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Por el Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra don Paulino Rivero Baute.




El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora Ministra, por esta primera
comparecencia ante la Comisión. Desde el Grupo de Coalición Canaria le
deseamos todo tipo de suerte al frente de un ministerio tan complejo y
tan difícil como es el Ministerio de Medio Ambiente, porque difícilmente
va a ver la señora Ministra los resultados positivos de la política de
calidad medioambiental en el corto plazo y sí va a ver frecuentemente las
duras críticas que en temas medioambientales surgen como consecuencia de
incumplimiento de la legislación vigente.

En primer lugar, quisiera valorar positivamente desde mi grupo la
creación de este ministerio, porque entendemos que resuelve parte de los
problemas medioambientales que hasta este momento estaban planteados en
el Estado español. Por una parte, el ministerio sirve, como bien decía la
señora Ministra, de aglutinador de las distintas competencias que se
repartían en diferentes ministerios y, por otra parte, entendemos que,
teniendo un órgano aglutinador como es el ministerio, se resolverá uno de
los principales problemas que, a nuestro juicio, ha tenido la
consolidación o el mantenimiento de una mejor calidad medioambiental en
todo el Estado por una falta de coordinación entre las distintas
administraciones.

Creo que es de valorar muy positivamente el esfuerzo que hace su
departamento desde un primer momento consistente en anunciar a la
Comisión la presentación de distintos proyectos de ley. Nosotros
entendemos que es un esfuerzo importante, por lo que le ofrecemos nuestro
reconocimiento y valoración positivos, pero, al mismo tiempo, avisamos
que el problema de la calidad ambiental en todo el Estado no es un
problema básicamente de leyes, es un problema fundamentalmente de
incumplimiento de la legislación que actualmente tenemos en vigor, y
reconocer que ese incumplimiento de la legislación actual no es sólo un
incumplimiento del Estado, no es solamente un incumplimiento del Gobierno
de España, sino que ahí todos tenemos que asumir las culpas y, en ese
sentido, también son culpables las comunidades autónomas, probablemente
por la falta de esos mecanismos de coordinación con las políticas de
Estado, y culpables son también los ayuntamientos, como administración
más cercana al ciudadano, que, muchas veces por falta de recursos
económicos, ceden a la presión de la inversión necesaria para captar
recursos y, en otras condiciones, ya en términos menores, ceden también a
la presión, debido a razones político-electorales ante determinadas
actitudes de los ciudadanos.




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Por eso, entiendo que parte de estos problemas creados entre los
distintos niveles de la administración, Gobierno, comunidades autónomas y
ayuntamientos, vamos a dar un paso importante para su resolución a través
de ese mecanismo de coordinación interadministrativa que la señora
Ministra ha anunciado y, sobre todo, a través de ese anuncio que nos ha
hecho de reforzar los mecanismos de colaboración con las comunidades
autónomas y los ayuntamientos.

Como criterio general, difícilmente se puede diferir algo de un programa
de intenciones que nos ha presentado la señora Ministra para esta
legislatura, porque difícilmente se puede estar en contra en política de
agua, en impulsar el Plan Hidrológico Nacional, en llevar a cabo
políticas de ahorro de agua, en llevar a cabo políticas de regadío, sobre
todo cuando, además, se persigue con ello, entre otros fines, el intentar
evitar el despoblamiento del campo, o cuando nos anuncia políticas
solidarias para realizar trasvases de agua de unas cuencas a otras o de
unas comunidades a otras (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) y,
sobre todo, cuando ha anunciado a la Comisión su intención de seguir
apoyando el programa existente de saneamiento y depuración de aguas
puesto en marcha por el Gobierno anterior.

Coincidimos plenamente, cuando habla de la política de costas, en que la
regeneración de los espacios costeros es una necesidad vital en estos
momentos en toda la costa española. Asimismo, abrir el diálogo con el
resto de las administraciones y con grupos implicados en la conservación
de la naturaleza y, fundamentalmente, de las costas, es una asignatura
importante. En las costas se ha producido una difusión de competencias y
responsabilidades entre los distintos niveles de la Administración. Unas
corresponden a los ayuntamientos, otras a las comunidades autónomas y
otras al Estado, lo que ha dificultado llevar a cabo políticas
coordinadas. Por eso es muy importante abrir este diálogo. También
valoramos muy positivamente la propuesta que ha hecho de modificación de
la Ley de Costas, sobre todo cuando el objetivo fundamental que se
persigue es la reasignación de competencias entre administraciones.

El anuncio que nos ha hecho de implicar a la representación social de una
forma más participativa en la gestión de los parques nacionales y el
objetivo de ampliarlos, nuestro grupo lo comparte. Otro objetivo muy
importante, y que me gustaría que no pasara desapercibido, es el anuncio
que ha formulado de utilizar nuestros parques nacionales y nuestros
montes como verdaderos centros de investigación. Creo que una de las
tareas más importantes es la concienciación ciudadana en la
profundización de los distintos problemas que tiene la conservación de la
naturaleza y la misma se puede llevar a cabo a través de estos centros de
investigación.

El aprovechar, en la misma medida que en la política de regadíos, la
reforestación como uno de los muchos objetivos para mantener a la
población en el campo y evitar así el despoblamiento, nos parece muy
acertado. Asimismo, la creación de talleres para dedicarlos a la
restauración de la naturaleza, al hilo de los que actualmente tenemos en
materia de restauración del patrimonio histórico-artístico, que han
venido funcionando perfectamente a lo largo de los últimos años, también
nos parece afortunado.

También compartimos básicamente el anuncio que nos ha hecho sobre los
programas de acústica y contaminación del ruido.

Esperamos que la información que nos ha dado la señora Ministra en cuanto
a la falta de recursos económicos, debido a la hipoteca del presupuesto,
no solamente para 1996, sino para las futuras anualidades, no sirva de
excusa política para que España deje de afrontar los graves problemas que
en estos momentos tiene, a pesar --y hay que reconocerlo-- de los
esfuerzos y avances que se han efectuado en los últimos años en materia
medioambiental.

Si mi fuerza política representara en estos momentos a una opción de
territorio continental, podría compartir prácticamente en un cien por
cien el programa que ha presentado la señora Ministra ante la Comisión,
pero me he quedado muy preocupado cuando he visto que en el esbozo que ha
hecho respecto del programa de actuación para estos próximos años no ha
habido ni una sola referencia a los territorios diferentes a los
insulares. Nosotros entendemos que hay dos territorios sobre los que,
tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista de
adopción de medidas específicas, hay que contemplar la acción del
Gobierno y la del Parlamento. Uno es la España continental y otro es la
España peninsular. Como muchas veces éstas parecen palabras huecas,
palabras interesadas de una opción política que representa a un
determinado territorio, voy a dar solamente unas pinceladas para que se
vea claramente esa diferencia en materia medioambiental entre el
territorio continental y el territorio insular.

Por una parte, en Canarias, como a la señora Ministra no le habrá pasado
desapercibido, existe una gran variedad de paisajes y ecosistemas. Esta
gran variedad de paisajes y ecosistemas canarios se derivan,
fundamentalmente, de la naturaleza volcánica del territorio de las islas,
del aislamiento propio de las islas y de la cercanía del desierto
sahariano. Todo este conjunto de cosas implica que más del 50 por ciento
del territorio de las islas sea territorio protegido. Este es un dato
relevante que pone de manifiesto, en primer lugar, el carácter
diferencial del Archipiélago porque, cuando hablamos del conjunto del
Estado, tenemos protegido un 5,7 por ciento del territorio, y hablando
del Archipiélago un 50 por ciento. Parece que la diferencia es muy
notoria y que debemos tenerla en cuenta. Pero es que, además, en el
territorio del Archipiélago, de los nueve parques nacionales, cuatro
están enclavados en el archipiélago canario: una reserva de la biosfera,
veintiséis espacios protegidos de la zona de aves, un espacio natural
patrimonio de la humanidad y más de cien espacios protegidos de carácter
regional.

En este escenario hay que situar también la presión demográfica que
soportan las islas. En este momento, la densidad de la población de
Canarias en territorio útil es diez veces mayor que la que tenemos en el
territorio continental. Con esa presión demográfica sobre el territorio
de las islas, tenemos que buscar el equilibrio necesario entre dos
cuestiones que parecen fáciles, pero que son muy complicadas cuando
hablamos de materia de medio ambiente.




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El motor económico más importante de las islas es el turismo. Nuestra
dependencia de ese sector está en torno a un 75 u 80 por ciento. En torno
a él gira toda la economía canaria. Por una parte decíamos que más del 50
por ciento de nuestro territorio es protegido. El que los turistas vayan
a Canarias es, más que por sus playas, por sus paisajes. La necesidad de
mantener el equilibrio entre el necesario desarrollo turístico, que es el
verdadero creador de puestos de trabajo en una comunidad que en este
momento tiene más del 23 por ciento de paro de la población activa, y el
mantenimiento de esos espacio protegidos, es difícil, complicado y hay
que arbitrar medidas singulares para ello.

En cuanto a las costas, no parece que pueda haber diferencias notorias
entre lo que es un territorio continental y el insular. Sin embargo,
cuando conocemos las islas y vemos dónde están enclavadas las ciudades y
los núcleos de población más importantes, precisamente por tener un
territorio importante protegido, y vemos que todos esos asentamientos
poblacionales están en la costa, vemos que esa superpoblación de las
zonas costeras necesita unas medidas, un tratamiento diferenciado.

¿Qué decir de la actividad a la que antes me refería, la actividad
turística? La actividad turística requiere una serie de medidas, una
serie de infraestructuras que, en muchos casos, dañan el medio ambiente.

El paso de los petroleros entre América y Europa, que se hace por
Canarias, a pesar de que los vertidos se hacen en aguas internacionales,
tampoco se nos puede escapar el perjuicio que supone para las costas
canarias, en cuyo principal enclave se hacen los vertidos.

En cuanto a la eliminación de los residuos sólidos, es un tema que parece
de poca importancia; cosas tan elementales como pueden ser las pilas o
las chatarras de los coches, son un auténtico problema en un territorio
como el insular.

¿Qué decir de la erosión del suelo? En un territorio continental, en
general, la tierra es aprovechable. La erosión que se produce en la
orografía de un territorio insular hace que la tierra se deposite en el
mar, lo cual significa una pérdida de calidad paulatina de nuestro
territorio. El bosque, el monte, tiene, por tanto, una doble función: el
mantenimiento del suelo y también la captación de recursos hídricos, esta
última importante en Canarias.

¿Y qué decir si queremos hablar del agua y del carácter diferencial entre
el territorio continental y el insular? No existen ríos, no hay
trasvases. Nuestros problemas no los podemos resolver con trasvases;
nuestros problemas se agudizan cada día, debido a la disminución del
acuífero; nuestros problemas de agua solamente tienen una vía de
solución, que es la industrial, con lo que significa de sobrecosto para
un elemento básico para la población y la agricultura como es el agua. Me
gustaría saber, señora Ministra, si en su programa, si en su plan de
actuación para esta legislatura contempla usted estas diferencias entre
el territorio continental y el territorio insular, y si prevé medidas
tanto legislativas como de los distintos programas a llevar a cabo para
territorios diferentes.

Por otra parte, en términos generales, globalmente para todo el Estado,
me gustaría saber qué política va a llevar a cabo el Ministerio con
relación a uno de los grandes azotes del medio natural que tenemos en el
país, como es el de los incendios forestales. Me gustaría también
conocer, si se piensa desarrollar algún programa para atacar a uno de los
grandes depredadores del medio: las obras públicas que se han llevado a
cabo en esta etapa de desarrollo en todo el Estado. Todos sabemos que a
pesar de la normativa sobre el necesario estudio de impacto de evaluación
ambiental, tal y como está regulado en estos momentos, en el sentido de
que se presente cuando ya está redactado el proyecto y cuando la
financiación de la obra está ya conseguida, difícilmente se paran las
inversiones porque el estudio de impacto sea en uno u otro sentido. A
pesar de que desde Coalición Canaria vamos a traer a la Cámara una
iniciativa de modificación de esta normativa, queríamos saber, señora
Ministra, si se piensa afrontar algún plan para regenerar lo que ha sido,
hasta estos momentos, uno de los azotes más importantes en el territorio:
las obras públicas, fundamentalmente en carreteras, puertos, costas y en
la conducción de aguas y de energía.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular,
señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Al inicio de esta intervención forzosa, obligada
y consuetudinariamente más breve que la de los que me han precedido en el
uso de la palabra, como corresponde al grupo parlamentario que apoya al
Gobierno, mis primeras palabas, señora Ministra, tienen que ser
obviamente de bienvenida a esta Comisión y de agradecimiento.

Agradecimiento no sólo por su comparecencia en sí sino por la prontitud
de la misma. Como ha subrayado la señora Ministra, tan sólo veintipocos
días después de su incorporación al Ministerio comparece en la Cámara, en
esta Comisión, para exponer las líneas maestras, los ejes básicos de la
política de su departamento. Agradecimiento también porque sus primeras
manifestaciones sobre la política de su departamento, que podrían haber
tenido lugar en otros foros o en los medios de comunicación, ha querido,
como ha expresado, que sean ante la representación de la soberanía
nacional, esto es ante el Congreso de los Diputados. Y agradecimiento
finalmente por la amplitud de su intervención y de su exposición que sin
querer, supongo, ser exhaustiva, aunque han sido exhaustivas las
preguntas que se le han hecho, se ha querido ceñir a las líneas o ejes
básicos y fundamentales de la política de su departamento, y a estos
efectos es obvio que su intervención da una idea clara de cuáles van a
ser estos ejes fundamentales de actuación.

Estamos en presencia de un fenómeno nuevo en el mapa de la Administación
del Estado, y es la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, de
acuerdo con el programa electoral y de gobierno del Partido Popular, de
acuerdo con el discurso de investidura del señor Aznar. Ello
evidentemente responde a un propósito, que ha sido subrayado y acogido
positivamente por todos los grupos que me han precedido en el uso de la
palabra, de una mayor y mejor coordinación interadministrativa, de una
mejor coordinación en el seno de la propia Administración central y de
que la problemática del medio ambiente tenga



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orgánicamente un nivel adecuado de cara a los foros internacionales, que
son muchos e importantes en esta trascendental materia que es el medio
ambiente. Hay que decir que esta fórmula orgánica de un ministerio mejora
sustancialmente los precedentes históricos, mejora sustancialmente la
fórmula de las comisiones interministeriales. Tuve ocasión de presidir la
Comisión Interministerial de Medio Ambiente allá por los años 1981 y 1982
y hay que decir que esa fórmula no dio fruto porque permanecían los
distintos departamentos ministeriales en la dispersión de sus criterios y
de sus políticas de alguna manera autónomas o independientes. Tampoco ha
dado los resultados apetecidos y sin duda deseados la fórmula de una
Secretaría de Estado, y con esto naturalmente no quiero hacer una
valoración personal refiriéndome a la portavoz del Grupo Socialista, sino
una valoración institucional. Esta fórmula no ha dado los frutos que era
de esperar y desde luego sería insuficiente por falta de nivel adecuado
en los organismos internacionales.

Por otra parte, esta fórmula de Ministerio de Medio Ambiente da solución
al problema de la coincidencia en el mismo ámbito administrativo del
regulador y el regulado, del controlador y el controlado. Si tenemos en
cuenta que el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
por su condición de ministerio que encarna lo más importante de las
inversiones públicas, es al mismo tiempo controlador y controlado, es
obvio que la creación de un Ministerio de Medio Ambiente dará una
perspectiva estrictamente medioambiental que permitirá valorar las
iniciativas, los proyectos, los planes y programas de otros departamentos
ministeriales en cuanto puedan tener incidencia medioambiental. Por esta
razón me sumo, como es natural, a la valoración positiva que ha merecido
por parte de los demás grupos la creación del Ministerio de Medio
Ambiente.

Por otro lado, estoy seguro, conociendo el perfil personal, político y
profesional de la titular, de que no hay que augurarle éxito, sino
apostar claramente al acierto con que va a desempeñar su importantísima
función.

Mi grupo quiere manifestar claramente una múltiple coincidencia con la
intervención de la señora Ministra y con sus líneas o ejes fundamentales
de actuación. Coincidencia, primero, en el diagnóstico de la situación
medioambiental española, que ha quedado patente en la frase, al final de
su intervención, de que es mucho lo que hay que hacer y probablemente es
más lo que hay que rehacer. Pasar revista a los tres ámbitos más
importantes de su departamento, el específicamente medioambiental, el
ámbito de las costas y el ámbito del agua, pone en evidencia, a pesar de
los esfuerzos de la portavoz del Grupo Socialista por constatar que no se
parte de cero, que hay mucho hecho, que en materia de depuración de
aguas, por ejemplo, se ha pasado de un 30 a un 60 por ciento de
municipios que cuentan con elementos de depuración, pone en evidencia,
repito, y reitero las palabras de la señora Ministra, que es mucho lo que
hay que hacer y también es mucho lo que hay que rehacer.

Coincidencia también en el repertorio de planes, programas y proyectos de
normas a que la señora Ministra ha hecho referencia. No voy a aludir,
evidentemente, a todos ellos, pero sí subrayar aquellos que son más
llamativos o que tienen un cierto aire novedoso: la optimización de
infraestructuras hidráulicas para obtener su máximo rendimiento mejor que
acudir a más y nuevas inversiones faraónicas, la modernización y
rehabilitación de las redes de distribución de agua, el apoyo a técnicas
industriales que reduzcan el consumo, poner fin a las situaciones de
explotación de los acuíferos, fomentar la reutilización de aguas
depuradas y mejorar la calidad técnica de las depuradoras, y todo ello en
el marco de esa aventura a la que nunca se ha puesto punto final, que es
el Plan Hidrológico Nacional, son elementos con los que no se puede sino
estar de acuerdo. Y muy particularmente en lo que concierne a la política
de aguas y en el marco del Plan Hidrológico, la insistencia en el ahorro,
por una parte, y la configuración de los trasvases como solución de
última instancia y cuando quede claro que los recursos son excedentarios
en la comunidad autónoma que ha de efectuar el trasvase.

En otro orden de cosas, nuestra coincidencia en abandonar la política de
adquisiciones y expropiaciones de los parques nacionales por otra que
incentive y estimule a los propietarios. Definir una nueva política
forestal a través de una ley básica forestal, ya que hay que decir con
toda claridad que hasta ahora no ha existido, o si ha existido no la
hemos conocido. Potenciar la reforestación con especies autóctonas. Las
medidas y exenciones para conseguir la conservación del bosque privado
que significa nada menos que el 66 por ciento del total forestal y la
adjudicación de los trabajos forestales a las pymes, locales o
comarcales, lo que implicará a los habitantes en la conservación del
bosque.

En otro apartado, el voluntariado ambiental, el impulso al turismo rural,
la modificación de la actual reglamentación en materia de evaluación de
impacto ambiental, la adaptación a las directivas comunitarias en la
medida en que son numerosos los casos en los que está pendiente, y muy en
particular sobre incineración de residuos peligrosos, así como la
aprobación de incentivos fiscales y económicos en la política ambiental,
sin perjuicio de la utilización de la fiscalidad en los términos que
estoy seguro serán coincidentes con los que ha planteado el Grupo de
Convergència i Unió.

Finalmente, el anuncio del Real Decreto-ley de envases y residuos de
envases y la modificación de la Ley de Costas, poniendo el acento en que
se persigue un objetivo de redefinición de competencias coincidentes y
convergentes, sin que esta modificación signifique de ninguna manera una
desprotección de nuestras costas.

Coincidencia, por tanto, en este repertorio, al que me he referido muy
rápidamente, de normas, planes y programas. Congratulación por la
coincidencia de estas líneas de actuación con el programa electoral y de
gobierno del Partido Popular. Cuando la señora Ministra estaba hablando
ojeaba yo las páginas de nuestro programa que se refieren a medio
ambiente y he advertido enseguida una coincidencia casi puntual en los
distintos renglones de nuestro programa.




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Coincidencia también en dos o tres criterios fundamentales. En primer
lugar, en un criterio de respeto a las competencias de las comunidades
autónomas. Los grupos nacionalistas deben desechar toda preocupación de
que la aparición en la escena política de un Ministerio de Medio Ambiente
vaya a significar una merma de sus competencias. Retomo las palabras del
señor Recoder en el sentido de que estoy seguro de que la señora Ministra
verá en los consejeros de Medio Ambiente no antagonistas, no rivales,
sino elementos claramente colaboradores. Estoy seguro de que la lectura
que va a hacer la señora Ministra de los artículos 148 y 149 de la
Constitución va a ser absolutamente respetuosa, no sólo con la
Constitución misma sino con el bloque constitucional.

Coincidencia también y natural discrepancia con la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en la filosofía inspiradora de la política
medioambiental. Una política menos intervencionista y que está en
correlación con el peso que el Partido Popular, y naturalmente su grupo
parlamentario, da a la sociedad en relación con el Estado. Entiendo la
discrepancia natural del Grupo Socialista. Ellos quieren más Estado y
menos sociedad. Nosotros queremos más sociedad y menos Estado. Este peso
de la sociedad frente al Estado ha estado presente en toda la exposición
de la señora Ministra. No me resisto, en esta línea del criterio de más
sociedad y menos Estado como inspirador de la política del nuevo
Ministerio de Medio Ambiente, a replicar, correcta y cortésmente pero con
firmeza, a la insinuación que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista
de la posibilidad de que, detrás de la reducción del intervencionismo
administrativo que ha inspirado su actuación, haya una connivencia o
correlación --no sé cuál es la palabra que tengo que utilizar-- con
intereses particulares. Ni es el estilo del Grupo Parlamentario Popular y
del partido al que sirve, ni es el estilo --estoy seguro-- del Ministerio
de Medio Ambiente ni de su titular.

Finalmente, hay una coincidencia en los planteamientos ideológicos que
subyacen en la exposición que ha hecho la señora Ministra, como no podía
ser menos. Coincidencia en el espíritu y la motivación que inspira su
política, a juzgar por la exposición que nos ha hecho esta mañana. Estoy
seguro de que la política medioambiental se va a mover lejos del
fundamentalismo, por una parte, contrario al desarrollo, y de la
pasividad, que ha caracterizado no pocas de las actuaciones del Gobierno
anterior. El objetivo es claro --está enunciado en el frontispicio de su
intervención-- es preservar y mejorar el medio ambiente en beneficio del
conjunto de los ciudadanos españoles.

De las intervenciones de los demás portavoces --no tema, señor
Presidente, que vaya a crear un debate entre portavoces, porque se trata
de valorar la exposición que ha hecho la señora Ministra-- quiero decir
que se han movido bien entre la justificación de actuaciones en el
pasado, de políticas pasadas, como obviamente ha sido el caso del
portavoz socialista, más que en la valoración de los proyectos de futuro,
o en algo así como el examen de la asignatura a la Ministra recién
compareciente en esta Cámara, con algunas manifestaciones, preguntas o
interrogaciones que tienen que ver con la condición de Diputado de alguna
provincia concreta, como el señor Sedó, quien en legítimo derecho de su
uso de la palabra ha hecho unos planteamientos absolutamente concretos
sobre determinados temas que no sé si tienen su lugar en esta
comparecencia o en otro momento posterior.




El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, le ruego que, como usted mismo dice, se
centre en la contestación a la señora Ministra.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Voy a ser fiel a las indicaciones de la
Presidencia.

Tampoco me resisto --a riesgo de las iras del señor Presidente-- a una
puntualización a una referencia que ha hecho la portavoz socialista a la
ley del suelo valenciano. Nuestra valoración es bien distinta. A mi grupo
le parece que es la agresión más importante que ha sufrido el derecho de
propiedad urbana en los últimos años.

Señor Presidente, no quiero incurrir más en sus iras. Tiempo habrá para
abordar estos temas concretos y mi naturaleza batallona tiempo tendrá
para manifestarse.

Señora Ministra, quiero concluir como empecé, agradeciéndole su
comparecencia ante nosotros y, como he dicho, no augurándole éxito, sino
estando seguro de su acierto, en la certeza de que la política
medioambiental --y quiero desmentir al señor Frutos-- no es de derechas
ni de izquierdas, es una política más de servicio a España.




El señor PRESIDENTE: Corresponde a la señora Ministra un turno para
replicar a todos los portavoces. Yo comprendo que es una tarea
prácticamente imposible, pero le ruego a la señora Ministra que intente
conjugar el contestar a cada uno de los portavoces de la forma más
detallada que le parezca conveniente con una cierta brevedad general en
su intervención. Sé que no es una tarea fácil, pero le ruego que haga
todo lo posible. La señora Ministra tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
Presidente, como usted muy bien dice y lo avanzado de la hora parece que
lo impone, trataré de contestar a todas las preguntas que se me han hecho
e intentaré, como usted me sugiere, conjugarlo con una administración del
tiempo controlada. En cualquier caso sí quiero recordar, antes de empezar
a contestar, que efectivamente ésta era la primera presentación de lo
que, como dije al principio de mi intervención, son las líneas maestras,
los objetivos y los instrumentos con los que pretendo desarrollar esos
principios del Ministerio de Medio Ambiente. Como he dicho además que el
pilar de esta gestión va a ser la transparencia y la información, y les
recordaba, como bien dijo ahora mismo el portavoz del Grupo Popular señor
Ortiz, mi vinculación a esta Cámara y que aquellas críticas que desde la
oposición hacíamos al Gobierno de que hay que ser transparentes y hay que
informar las tengo muy presentes en la mente en este momento, yo ahora
les vuelvo a repetir que cuantas iniciativas hoy les he anunciado no las
tomaré en solitario ni tampoco encerrada, como dicen algunos, sino que
vendré a la Cámara porque,



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como les digo, el Parlamento es la institución democrática por
antonomasia en una democracia parlamentaria.

En este contexto quiero responder, en primer lugar, a la portavoz del
Grupo Socialista, señora Narbona, y quiero agradecer muy sinceramente sus
palabras y el tono de su intervención, reconociendo que efectivamente en
esta primera intervención --y pretendo que sea en todas de la misma
manera-- la claridad en la exposición, la transparencia en lo que el
Ministerio está haciendo y se propone hacer sea una consigna en todas y
cada una de mis intervenciones. Celebro también que la antigua Secretaria
de Estado de Medio Ambiente haya visto que de lo que yo voy haciendo en
este momento para organizar los trabajos tan importantes, tan complejos,
de este Ministerio de nueva creación esté trascendiendo una idea de que
no voy a hacer una política sectaria sino una política de eficiencia, una
política de rigor. En este sentido he reiterado, y lo digo nuevamente,
que estoy encontrando unos funcionarios de una gran calidad, de una gran
competencia, con una gran experiencia, y que están siendo realmente
pilares esenciales en esta primera andadura en la que, como ustedes
saben, lo que le corresponde a una Ministra de Medio Ambiente es tomar,
adoptar las decisiones políticas acerca de los informes técnicos.

La señora Narbona recordaba esos principios a los que yo hacía alusión,
que son los propios de la Comunidad Europea, que nosotros compartimos,
como no puede ser de otra forma, por lo que me gustaría destacar que
quizá España necesita insistir muchísimo en la sensibilidad, en la
sensibilización ante toda la problemática medioambiental, y no solamente
porque la Unión Europea ya tiene ministerios específicos de medio
ambiente antes que España sino, en general, porque la opinión pública ya
se ha tomado mucho más en serio que no cabe un desarrollo sostenible si
no es conjugando el desarrollo económico con lo que evidentemente tiene
que ser la protección al entorno medioambiental, por lo que me gustaría
que la gestión de este Ministerio se caracterizara por hacer mucho más
partícipe a toda la sociedad de esa problemática medioambiental para
encontrar las soluciones entre todos.

La señora Narbona dice que poco menos nos hemos encontrado en el
Ministerio con todo el trabajo realizado. Yo quiero decirle simplemente
que de las propuestas que ustedes mismos hacían, de la serie de promesas
que el antiguo Ministro señor Borrell hacía en sus comparecencias, yo
tengo aquí una serie de incumplimientos de los que, por no ser muy
prolija, mencionaré los siguientes: un programa nacional para el medio
ambiente y un fondo nacional para el medio ambiente, que no fue
presentado; el instrumento financiero para canalizar los fondos de
cohesión por los que la señora Narbona se preocupa en este momento, que
no se ha creado; el Plan Hidrológico Nacional, tan anunciado desde el año
1993, que no se ha presentado; un plan puente de obras hidráulicas que
tampoco se ha presentado. También se ha incumplido la actualización de la
Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, la puesta en marcha de
un sistema de información global de medio ambiente y la creación del
instituto español de medio ambiente.

Me sorprende que la señora Narbona pueda no digo yo presumir, pero por lo
menos recordar la magnífica gestión que se venía haciendo en el control y
calidad de aguas, porque desde luego el proyecto Saica, que fue vendido a
la opinión pública como la apuesta realmente en cabecera de todos los
países de nuestro entorno en materia de calidad de aguas, por lo que yo
he investigado hasta ahora, me da la impresión, señora Narbona, que ha
sido un absoluto fracaso. Se han invertido ya 10.000 millones de pesetas
y está prevista la necesidad de un mantenimiento que costará del orden de
5.000 millones de pesetas cada tres años. Y a pesar de este coste
desorbitado, lo que sí he podido comprobar es que, desde que entró en
funcionamiento este proyecto, han disminuido los expedientes por
infracción; que, por otra parte, también han dejado de publicarse
informes anuales de calidad de aguas y que, en este sistema, no se han
detectado vertidos que se han ido reconociendo por otras fuentes de
información. El responsable de este proyecto Saica --del que la señora
Narbona se enorgullece-- ha sido fulminantemente cesado por su jefe, que
a su vez ha dimitido y ha abandonado el Ministerio. Todo esto antes de
que quien les habla en este momento ocupara el despacho del nuevo
Ministerio. Con todo esto quiero decir que me ofrece serias dudas la
viabilidad técnica de este proyecto Saica y que va a ser, por descontado,
objeto de un análisis minucioso y de una especial consideración.

También podría decir que, aunque todavía no he podido entrevistarme
personalmente con la señora Comisaria de Medio Ambiente, sí he tenido
ocasión de tener una larga conversación telefónica con ella y la verdad
es que España no brilla precisamente por sus cumplimientos
medioambientales en el contexto de la Unión Europea. Si todos hemos
reconocido que la política medioambiental se dirige y organiza
fundamentalmente desde la Unión Europea, y a continuación se nos pide que
traspongamos esas directivas comunitarias y que hagamos un seguimiento y
un cumplimiento exacto de lo que desde Europa se nos está encomendando,
sinceramente he de decirle que hay varias sentencias pendientes de
cumplimiento. En este momento lo que me propongo es conocer la situación
de todas esas cuestiones para tratar de demostrar que hay un interés muy
específico de seguir más de cerca nuestro cumplimiento de la normativa
vigente en la Unión Europea.

La señora Narbona pregunta qué se va a hacer con posturas como las de
Asaja, que pide una amnistía por la extracción ilegal de dominio público
hidráulico. Me parece que la contestación es obvia. Ya he dicho antes que
las aguas son bienes de todos, pero no en exclusiva, y, por descontado,
la legalidad es lo primero que ha de ser aplicado. Todavía no he recibido
a Asaja, pero tengo previsto convocarles en los próximos días o semanas,
y desde luego, una vez que les haya escuchado, les transmitiré con mucho
mayor detalle lo que en este momento estoy comunicando en respuesta a la
pregunta que me hace su señoría.

Ha dicho S. S. que le preocupa la fiscalidad del medio ambiente, y
efectivamente creo que tenemos que ocuparnos de ella, puesto que
podríamos decir que el uso de instrumentos económicos y fiscales es ya
uno de los motivos esenciales contemplados en el quinto programa
comunitario



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de política y actuación en materia de medio ambiente. El principal
objetivo consiste en la incorporación de todos los costes ambientales
externos durante toda la vida de un producto, desde la fuente, pasando
por la producción y distribución, hasta que se constituya lo que
podríamos denominar un producto ecológico. De aquí surge a veces la
terminología de aplicar o no impuestos ecológicos. Desde luego, yo afirmo
desde ahora mismo que las políticas ambientales no son gratuitas y, como
no son gratuitas, lo que tendremos que hacer será elegir los instrumentos
de política ambiental que sean más eficaces y, lógicamente, con el menor
coste posible. En este sentido tienen un cierto interés los impuestos
ecológicos. En primer lugar, porque todos hemos aceptado el principio de
que quien contamina, paga; además, pueden inhibir comportamientos
perjudiciales al medio ambiente, y creo que esto es positivo en la línea
de un principio de prevención que me propongo aplicar también desde este
Ministerio. En cualquier caso, y en cuanto a la concreción de cómo se van
a plasmar estos impuestos ecológicos concretamente en nuestro sistema
tributario, quiero decirle que eso va a exigir una adaptación de los
regímenes fiscales e inclusive de los regímenes de la Seguridad Social.

Por lo tanto, a mí me parece que esa posible introducción de impuestos
ecológicos va a coincidir con la necesidad de que este Gobierno --ya lo
propuso en su programa electoral el Partido Popular-- tenga que hacer una
revisión en profundidad del sistema fiscal, y creo que también habrá que
conseguir un gran consenso social en lo relativo a los impuestos
ecológicos.

En cualquier caso, yo quiero decirle que me parecen positivos, porque
incorporan al precio del producto esos costes ambientales externos y
porque permiten inhibir esas actuaciones. Pero también quiero decirle que
hay que analizarlo con cierto detalle, porque podemos incurrir en algunos
riesgos, algunos riesgos de la llamada parafiscalidad, es decir, que
pudiéramos estar entrando en una dinámica de impuesto tras impuesto, en
la que, al final, como en algunos casos ocurre, se acabará financiando un
determinado tipo de estructuras burocráticas que, en realidad, no están
respondiendo a la finalidad para la que el tributo se puso en marcha.

También me he encontrado con que es necesario ir no digo que lentamente,
pero sí pausadamente, porque podemos encontrarnos con que la propia
naturaleza jurídica de los distintos tributos ambientales puede
inducirnos a ciertos errores en algún momento, y por ello habrá que saber
de qué estamos hablando: de un canon, de una tasa, de una contribución
especial, de un impuesto indirecto, porque, como muy bien sabe S. S.,
todo eso puede llevar a una incorrecta delimitación del hecho imponible
que tendremos que analizar previamente, lo cual no significa que, también
incluso en el contexto de esa reforma que tenemos que poner en marcha y
de la corresponsabilidad fiscal y de acuerdo con las competencias de las
demás Administraciones públicas, analicemos ese tema en profundidad,
porque también entendemos que la ausencia de una armonización previa, de
unas ciertas directrices básicas, puede hacer que algunas comunidades
autónomas impongan ya determinado tipo de impuestos ecológicos que, en
ocasiones, pueden ser contradictorios.

Por tanto, quiero decirle que, desde mi punto de vista, no vamos a tratar
de aumentar la carga impositiva, pero sí de reorganizarla, porque creemos
que ese desarrollo económico que todos estamos propugnando hay que
hacerlo compatible con el medio ambiente y, por tanto, es fundamental
tener la posibilidad de una repercusión de estos tributos en las acciones
medioambientales.

Me preguntaba S. S. a continuación por las aguas residuales. Quiero
decirle que fundamentalmente la competencia en materia de saneamiento y
depuración, como sabe muy bien S. S., corresponde a las Administraciones
locales y no al Ministerio, y que lo que hace el Ministerio, como ya he
enunciado, es impulsar y hacer el seguimiento de cómo se cumple ese
programa de la directiva comunitaria, ya que sí incumbe al Estado español
hacer el seguimiento sobre cómo se pone en marcha, y sobre todo, dar
cuenta cada dos años del cumplimiento que ha habido.

En cuanto a cómo se va desarrollando este programa, yo puedo decirle que
lo que este Ministerio pretende, en colaboración con las comunidades
autónomas, es comprometerse y, efectivamente, hacerse cargo del 25 por
ciento del importe de las inversiones a realizar, pero que ese 25 por
ciento no se va a materializar en una cofinanciación de obras, sino que
el Estado lo que hace directamente son las depuradoras, por un importe
total de un 25 por ciento.

En cuanto a lo que me preguntaba sobre qué criterios se van a seguir, yo
creo que sería un poco prolijo detallar aquí, ahora, en qué sentido y de
qué forma se va a revisar ese plan nacional de saneamiento y depuración,
sobre el que con mucho podré informarles en cualquier otro momento, pero
yo creo que todos esos acuerdos que se han establecido de coordinación y
cooperación con las comunidades autónomas, es muy necesario que se hagan
públicos, para que sepamos dónde se sitúan los intereses o las
necesidades de cada una de las comunidades autónomas y de las entidades
locales que estén afectada en esa situación.

Me pregunta también S. S. por los espacios naturales, y le sorprende, y
decía muy bien el señor Ortiz que no sería para sorprenderse porque eso
ya forma parte de lo que es una manera de estar y de hacer política del
Partido Socialista o del partido que en este momento está en el poder, la
participación de la sociedad, de la iniciativa privada y muchísimo menos
intervencionismo de la Administración. Concretamente, cuando se sorprende
S. S. de lo que yo he dicho, de cómo, desde mi punto de vista, no se han
gestionado muy adecuadamente los espacios naturales, yo podría decirle
que ejemplos hay bastantes de cómo, en este momento, en esa política
sobre la que yo decía que hay mucho que hacer y mucho que rehacer, por
ejemplo, en los parques naturales --sin ir más lejos, Daimiel y Doñana--,
me parece que tendremos que rehacer muchas cosas. Habrá que restaurar los
impactos negativos que se han producido en este momento en el medio
natural, y rehacer, es decir, restaurar, reestablecer las relaciones
armoniosas con los propietarios y con los habitantes del entorno.

No creo que se le escape a S. S. que se ha realizado cierta destrucción
de la que no está exenta la Administración con su afán intervencionista.

Pensemos, por ejemplo, en esa pérdida de bosques autóctonos debido a que
se imponía



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a los propietarios plantaciones de eucaliptos y en cambio ahora volvemos
a promover la recuperación de masas forestales con esas especies
autóctonas; o cuando se proponía la desecación de humedales para poner la
tierra de regadío y ahora se están abandonando esas tierras por
improductivas; o pantanos como el de Riaño, al que desde luego tampoco
acabamos de ver tanta utilidad cuando hubo familias que verdaderamente se
vieron perjudicadas y tampoco nos parece que a lo mejor se preservó tanto
el valor ecológico.

Por eso nos proponemos, en esa gestión distinta de los parques naturales,
dar menos participación a la Administración, que al final no sea una
especie de enfoque nada más de las administraciones interesadas en saber
cuáles son los problemas que les afectan o los intereses que cada una de
ellas tiene, sino qué es lo que beneficia a esos habitantes que tienen
que, valga la redundancia, beneficiarse de lo interesante que es tener un
parque natural a su alrededor.

Cuando me pregunta por la liberación del suelo y de la energía, permítame
que no le pueda responder porque no está en las competencias de este
Ministerio y, por tanto, serán los Ministros de Fomento y de Industria
quienes podrán contestarla en cualquier otra ocasión.

Me preguntaba sobre las previsiones del cambio climatológico. Usted sabe
muy bien que hay unos niveles de emisión previstos hasta el año 2000, que
tenemos asumidos, y es uno de los temas que tengo en la agenda para
entrevistarme próximamente con la Comisaria, porque efectivamente, España
aunque tenga esa tendencia a ese control de emisiones de CO2, sin
embargo, no podremos estar en la primera línea de cumplimiento exhaustivo
de aquí al año 2000. Por tanto, creo que será uno de los temas que
tendremos que negociar para que en esas políticas medioambientales que
nos imponen desde la Unión Europea, puesto que no es una política que se
decida por unanimidad, sino por mayoría cualificada, por lo menos se oiga
nuestra voz en contra cuando creamos que ésta u otras políticas no son
favorables no solamente a los intereses sino, en definitiva, a las
exigencias y a los requerimientos de la situación medioambiental que vive
España en ese momento concreto.

Me pregunta S. S. por la directiva de envases. Quiero decirle que me ha
parecido verla excesivamente preocupada por la CEOE. Yo creo que alguien
más que la CEOE va a tener que hablar, y el Ministerio tendrá que decidir
y tendrá que trasponer una directiva comunitaria, que además he de
decirle que es de las asignaturas pendientes que hemos heredado para
anteayer. Como sabe S. S. el 30 de junio es urgentísimo ya, por las
consecuencias que yo decía antes de posibles diferencias en nuestros
productos con relación a esos países que ya van a aplicar esa directiva
comunitaria, que en el sistema integrado de envases usados podamos tener
verdaderas dificultades en colocar nuestros productos porque no estemos
cumpliendo esta normativa.

Quiero decirle que tenemos que aprobarla con rango de ley y que lo vamos
a hacer antes del 30 de junio. Estamos estudiando con los sectores
implicados cuál puede ser su problemática, porque tampoco queremos que se
imponga una directiva sin haber consultado con los sectores realmente
afectados, pero también le digo que existe el sistema de devolución y
retorno y existe también ese sistema integrado de gestión de residuos de
envases y envases usados que yo creo que se prestaría a lo que, como sabe
muy bien S. S., se llaman convenios voluntarios entre industria y la
Administración que podrían dar la posibilidad de utilización de
determinados instrumentos flexibles dentro de ese mercado, que
permitirían a esos agentes implicados analizar las situaciones menos
costosas de acuerdo con las características concretas.

En cualquier caso, esa directiva va a marcar unas pautas de aquí a
finales de junio y tendremos, sin duda, ocasión de plantearnos más en
profundidad qué es lo que se adopta en esta directiva y, lo que es
todavía mucho más importante, el desarrollo de la misma, porque una cosa
es, como sabe muy bien S. S., el día que se traspone la directiva
comunitaria y otra, todavía mucho más importante, es el seguimiento y el
cumplimiento de esa misma directiva.

Me preguntaba por el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Quiero decirle lo
que he dicho en mi primera intervención: es un Consejo que necesita una
reorganización, en primer lugar, para adaptarlo a la estructura orgánica,
antes era una secretaría de estado de medio ambiente y ahora va a
depender de un ministerio, y sobre todo lo que quiero es que funcione y
que sea operativo. Quiero que se convoque, quiero escuchar a las partes
que constituyen ese Consejo Asesor de Medio Ambiente y me gustaría --lo
preguntaba antes el señor Frutos-- que incluso organizaciones que
marcharon de este Consejo Asesor pudieran verse nuevamente interesadas
por su funcionamiento y pidieran nuevamente la participación y pudieran
incorporarse, porque creo que en esta política de diálogo, que tanto le
sorprende a S. S., es fundamental escuchar e inclusive asesorarse por
personas que, como en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, se supone que
son las más expertas para ser oídas en cualquier materia que el
Ministerio tenga posteriormente que decidir.

Me comentaba el problema de los planes de cuenca, que he dicho que es
obsoleto. Mire, a lo que está ya acordado el nivel de comunidades
autónomas y cuya tramitación está ya establecida por el Senado no me voy
a oponer; es decir, los procedimientos que aquí se han adoptado los voy a
respetar, porque soy muy respetuosa con el Parlamento. Créame que ocurre
lo mismo en el Plan Hidrológico Nacional que en los planes de cuenca, voy
a seguir y voy a utilizar todos los estudios que realmente se hayan
avanzado ya. O sea que no es que estemos ahora en pañales para hacer un
plan hidrológico nacional, lo que ocurre es que tengo la sensación de que
no se llegó a establecer este plan hidrológico nacional porque a lo mejor
faltaba diálogo --nuevamente-- y faltaban nuevos estudios de sectores
implicados. Esto es lo que me propongo hacer: escuchar a todas esas
partes de una forma muy sectorial, porque el problema del agua lo mismo
afecta a sanidad que puede afectar a temas de educación y hasta a
colegios profesionales en alguna ocasión. Lo que quiero es reunir
sectorialmente a todas las partes afectadas e inclusive a todos los
sectores implicados, distintas administraciones públicas



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y organizaciones no gubernamentales que también tienen que decirnos cómo
ven el problema del agua. Creo que todo esto, unido a lo que se haya
venido trabajando, tengo la impresión de que es lo que va a llevar a que
efectivamente ese plan hidrológico nacional sea una realidad en esta
legislatura.

El problema de los trasvases. Creo que es francamente obvio, y más con la
problemática que se nos ha planteado --la controvertida política de
trasvases--, que esos análisis técnicos también implican análisis de
impacto medioambiental, porque si no no tendría mayor sentido hablar de
trasvases desde un ministerio de medio ambiente.

Del sistema de vigilancia de calidad de aguas ya le he hablado.

Del plan nacional de regadíos he dicho que se elaborará en colaboración
con el Ministerio de Agricultura, porque es una de las competencias que
queda en el Ministerio de Agricultura. Por tanto, este Ministerio,
digamos, regulará el agua, pero en concierto con él se elaborará este
plan nacional de regadíos.

Me pregunta por las confederaciones hidrográficas y concretamente por el
paso de la Confederación Hidrográfica del Sur a la Junta de Andalucía. Le
puedo decir que en este momento estamos teniendo reuniones con los
directores generales, con los comisarios de aguas de las diferentes
confederaciones hidrográficas y es uno de los temas sobre los que
queremos también --antes de tomar una decisión que había quedado
pendiente y que no prejuzgo ahora mismo cuál va a ser, si en un sentido o
en otro-- tener información; queremos conocer la situación real de las
confederaciones hidrográficas, también de ésta del Sur, para
posteriormente tomar la decisión correspondiente, si es la de su paso a
la Junta de Andalucía
En cualquier caso, sí que puedo decirle que lo que pretendo es que tengan
mucha mayor participación las comunidades autónomas en lo que es la
gestión del agua in situ. Realmente los que pueden gestionarlo son los
que están más cerca de ese recurso.

En cuanto a los fondos de cohesión lucharemos realmente y apoyaremos que
esos proyectos de medio ambiente, en una cuantía del 50 por ciento, sean
una realidad, porque hasta ahora lo que hemos podido ver (quizá una de
las consecuencias de no tener un específico ministerio de medio ambiente
es que se solapaban en ocasiones los proyectos de infraestructuras) es
que había un cierto desnivel en lo que estrictamente podía entenderse con
fondos de cohesión específicos para el medio ambiente. Siempre la
calificación de medio ambiente era tan amplia que hasta por una vía de
impacto ambiental podría, a lo mejor, pensarse que un recurso que no era
específico de los fondos de cohesión hacia el medio ambiente tenía una
parte en infraestructuras y ya quedaba solapada una situación con la
otra. Pero queremos deslindar, ahora que tenemos dos ministerios, en esta
como en otras materias, lo que tienen que ser fondos de cohesión
específicos en materia medioambiental que, como les decía al principio,
tiene competencias suficientes y suficientemente importantes para que
estos fondos de cohesión puedan ser presentados y asignados al Ministerio
de Medio Ambiente.

Dice que le preocupa el problema de las costas. Desde mi punto de vista,
es una preocupación que no tiene mayor sentido, porque vuelvo a
reiterarle lo que he dicho en mi primera intervención: en los pactos con
Convergència i Unió se establece un proyecto de ley de reforma de esta
vigente Ley de Costas. Lo que va a hacer allí es una redefinición de esos
ámbitos competenciales de las distintas administraciones que en ocasiones
pueden estar teniendo en la práctica competencias concurrentes sobre la
costa y sobre determinadas zonas. Pero, vuelvo a repetir, no va a mermar
para nada la actual protección medioambiental de las costas españolas,
sino que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, vamos
a promover realmente esa mayor asunción por las comunidades autónomas y,
en su caso, por las corporaciones específicas en materia de medio
ambiente y, por descontado, también en toda la problemática de la Ley de
Costas.

En este sentido, puedo decirle que se han empezado ya los trabajos de
esta Ley de Costas y, a grandes rasgos, podría decirle cuáles pueden ser
un poco los principios que motivan esta reforma: mejorar esa
compatibilidad y coordinación entre las disposiciones de la actual Ley de
Costas y la legislación en materia de urbanismo, que tanto le preocupaba
a S. S., en relación con la ordenación del litoral y del territorio, que
es competencia de las comunidades autónomas, pero queremos que se
produzca de una forma armónica y en coordinación para no dañar toda esa
política territorial de las costas y de su entorno.

En segundo lugar, tenemos previsto desarrollar los mecanismos de
aplicación de lo que se ha denominado la administración única, por los
que preguntaba antes el representante de Convergència i Unió. Desde
luego, esto, que es un concepto acuñado por el Partido Popular, se va a
ver muy claramente en el ejercicio de las competencias, precisamente en
esta nueva Ley de Costas que articulará lo que tiene que ser una gestión
del dominio público marítimo-terrestre en zonas de su protección.

Podríamos decir también que se va a hacer un reconocimiento a las
comunidades autónomas de la facultad de ejercicio de determinadas
competencias, que la Ley las está atribuyendo ya a la Administración,
pero que en algún momento en su aplicación han podido quedar confusas.

Por tanto, insisto, la preocupación que tiene su señoría no tiene
sentido, no tiene por qué tener ningún miedo, porque no vamos a rebajar,
en absoluto, esa protección medioambiental actualmente existente en las
costas.

Terminaba la señora Narbona planteando que le parecía que había hablado
demasiado de diálogo y que cree que éste va a ser un Ministerio
simplemente dialogante y que no va a poner en marcha ninguna legislación
o que se va a dejar llevar un poco por ese diálogo, sin ejecutar
absolutamente nada. Quiero decirle que en los principios que han sido la
característica de esta intervención he dicho que nosotros estamos
dispuestos, efectivamente, a dialogar, pero que en todo aquello que tenga
que ser la sanción por un incumplimiento no nos va a temblar la mano
pensando que no tenemos realmente que aplicarlo. Por tanto, quiero decir
que se va a llevar a cabo con absoluto rigor el cumplimiento de la
legalidad vigente y la reforma de todos aquellos



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planes que tengamos que hacer. Pero eso no va a suponer una merma del
diálogo y del consenso al que esperamos llegar y con el que contamos, y
agradecemos la buena disposición de S. S., manifestada en su intervención
de esta mañana.

Al señor Frutos, representante de Izquierda Unida, ya le ha contestado
también el portavoz del Grupo Popular en el sentido de que no tiene por
qué lamentar quién ha traído a España un Ministerio del Medio Ambiente.

Era una necesidad que se sentía en la sociedad española. El Partido
Popular, que no hace programas de laboratorio sino que sondea y es
sensible a lo que en la calle se está viviendo, sabía que era una
exigencia, y la plantamos en lo que se llamaba nuestro programa electoral
pero que realmente era un programa de Gobierno. Me siento muy orgullosa
de pensar que eso que era un compromiso del Partido Popular durante la
campaña electoral se ha plasmado en una realidad de Gobierno y de que me
haya correspondido articular esta creación del nuevo Ministerio, que no
va a ser patrimonio de nadie, ya que no va a ser cuestión de ideologías
sino de sensibilidad en la materia de medio ambiente y de eficacia en la
gestión.

Ha preguntado ampliamente por los parques nacionales, y se refiere
concretamente a los Picos de Europa. Yo sé que es un problema que suscita
muy distintas sensibilidades de muy distintas administraciones públicas.

Todo lo que puedo contarle al día de hoy es que tengo previsto no
solamente reunirme con los consejeros de las tres comunidades autónomas
en litigio en este momento sino que, además, voy a visitar aquel lugar
para conocer con cierta calma la situación real que vive el Parque
Nacional «Picos de Europa» y, posteriormente, antes de tomar una
decisión, yo les aseguro que podremos tener también un debate más
monográfico sobre ese importante tema que son los espacios naturales y
los parques nacionales dentro de la filosofía de este Ministerio.

Le preocupa el Plan Hidrológico Nacional y la política de trasvases.

Bueno, yo creo que también he sido muy clara en mi exposición. Le he
dicho que la política de trasvases no va a ser el objetivo prioritario en
el sentido de que vamos a hacer trasvases alegremente, sino que sólo en
aquellos supuestos en los que se entienda que va a estar justificado que
la cuenca beneficiaria no tiene ya ninguna posibilidad, mediante una
gestión ordenada de sus propios recursos, de obtener ese recurso tan
escaso como es el agua, por polémica que resultara la decisión del
Ministerio de adoptar un trasvase, tendría que adoptarse, pero solamente
en estos casos. Por tanto, no tema S. S. que vayamos a abrir la mano
ampliamente en los trasvases. Sí le puedo decir que esa política de
ahorro y de sensibilidad hacia un bien tan escaso como es el agua nos va
a llevar también a exigir una realidad en la aplicación de ese concepto
tan manido de la responsabilidad solidaria. Y en estos casos concretos
explicaremos a la opinión pública, efectivamente cuando haya que hacerlo,
cómo y por qué se hace un trasvase determinado.

Por lo que se refiere a la privatización del agua, me ha preguntado
concretamente por la gestión de un ayuntamiento. No me corresponde a mí
entrar --y además he dicho que voy a ser tremendamente respetuosa con las
competencias de las demás administraciones-- a juzgar lo que ha sido la
decisión autónoma de una administración local, pero, por si le
tranquiliza, yo le puedo hablar de lo que está siendo, por otra parte,
ese debate sobre el precio del agua. Yo entiendo que sí va a ser positivo
generar hábitos de consumo que incentiven el ahorro, como le decía en mi
intervención, pero, al mismo tiempo, que los precios o tarifas de
suministro del agua incorporen al menos los costes de las
infraestructuras necesarias para posibilitar tal suministro. Será una
política que también llegará a los ayuntamientos correspondientes, pero
ya digo que no es una competencia en la que yo pueda ni deba entrar.

Respecto a la política de residuos, le reitero lo que he dicho en mi
primera intervención. Yo creo que lo más novedoso de la directiva-marco
en la que se está trabajando es el cambio de filosofía en la regulación
de los residuos en cuanto que ya rompe con la anterior concepción de
considerar por un lado los residuos sólidos urbanos y los residuos
peligrosos por otro. Estamos en una política mucho más integrada de la
contaminación y, por lo tanto, hacia esta línea tenemos que caminar
nosotros. Para eso el Ministerio lo que va a hacer en esa política de
prevención es desarrollar medidas que puedan llevar a la promoción de
tecnologías y productos limpios; es decir, no es que no nos preocupen los
residuos que ya existen, que son muchísimos, sino que queremos ir mucho
más allá y promover e impulsar esas tecnologías y utilización de
productos limpios, lo mismo que promoción de circuitos de reciclaje y
reutilización con el uso de los instrumentos económicos adecuados. En
esta línea le aseguro que aplicaremos también ese principio de la
responsabilidad del productor de esos residuos porque, efectivamente,
necesitamos la colaboración de los agentes económicos y sociales pero
estableciendo siempre ese principio de que quien contamina, paga. En ese
sentido he dicho que hablaremos de esa revisión del Plan Nacional de
Residuos Industriales que en este momento estamos viendo que es muy
necesaria.

Me pregunta S. S. por el Hábitat 2000. En el día de ayer, como decía el
señor Recoder, tuve ocasión de responder a una pregunta y le puedo decir
que lo más urgente es elaborar una lista --que también será consensuada
con las administraciones correspondientes-- sobre cuáles tienen que ser
esos espacios protegidos. Sabe S. S. muy bien que según el instrumento
financiero de la Unión Europea para el medio ambiente, el Proyecto Life,
solamente podrán acceder a ese tipo de ayudas aquellas zonas que estén
incluidas en la lista. Por tanto, ésa es una urgencia para situar los
espacios que nosotros queramos en el Hábitat 2000.

Sobre el Consejo Asesor del Medio Ambiente acabo de contestar a la señora
Narbona.

Respecto a las Hoces del Cabriel, repito lo que he dicho hace un momento.

Sabe muy bien S. S. que no es competencia exclusiva de este Ministerio.

En primer lugar me propongo recibir al Presidente de Castilla-La Mancha,
señor Bono; voy a visitar las Hoces del Cabriel en su situación actual y,
posteriormente, también mantendré reuniones con el Ministro de Fomento y
con el Presidente de la Comunidad Valenciana, señor Zaplana.




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Respecto al cambio climático, ya me he pronunciado en la respuesta a la
señora Narbona. Este tema tenemos que analizarlo con mucho cuidado,
porque pretendemos que en Europa se sepa que estamos queriendo cumplir la
normativa europea y, al mismo tiempo, queremos optimizar la explotación
de las redes de vigilancia para que vean que, efectivamente, vamos a
cumplir esos parámetros que nos están queriendo aplicar. Por otra parte,
he de decirle que tendremos que agilizar también el intercambio de datos
en cuanto al cumplimiento de todas las obligaciones internas que tienen
relación con ese convenio sobre cambio climático. En este momento no
estoy en disposición de decir cuáles van a ser los niveles ni mucho menos
el acuerdo que adoptaré después de mi entrevista con la Comisaria de
Medio Ambiente.

A las preguntas que me plantea el señor Frutos sobre ahorro energético,
sobre seguridad nuclear y sobre residuos radiactivos, lamento no poder
contestarle porque no van a ser competencia de este Ministerio. Por
tanto, será el Ministro de Industria quien en otras comparecencias pueda
contestar a todas sus inquietudes, por ejemplo, respecto a los residuos
radiactivos, Enresa, etcétera. Estos temas me son conocidos, pero no debo
pronunciarme sobre ellos porque no forman parte de las competencias de
este Ministerio. Quiero agradecerle, una vez más, señor Frutos, el tono
de su intervención. Me alegra pensar que la música, por lo menos, le
suena bien, yo desearía no desafinar. Para ello le pido su colaboración.

Creo que si las intervenciones que podamos tener van en la línea del
diálogo y de la colaboración, estoy segura de que, en unas ocasiones con
más dificultad y en otras con un sentido de responsabilidad muy
solidaria, podremos, entre todos, crear ese medio ambiente más sano para
una España mucho más habitable.

Agradezco la felicitación del señor Recoder, así como que me desee suerte
y acierto en la gestión, porque cuanto más se profundiza en estos temas
uno se da cuenta de las competencias, de las dificultades de la
coordinación, de lo complejos que son tantos intereses y tantos sectores
en ocasiones enfrentados, pero le aseguro que ilusión, ganas de trabajar
y de acertar no me van a faltar. Por ello agradezco esta colaboración en
esta mi primera comparecencia.

Puede estar S. S. muy tranquilo, porque le recuerdo lo que ha sido mi
primera intervención. Soy muy consciente --y así lo establece la
Constitución Española-- de cuáles son las competencias; creo que
suficientes son y no quiero entrar a invadir competencias de nadie, me
basta con las que el Ministerio va a tener y soy muy consciente del papel
fundamental, por otra parte, que desde la Administración central puede
desarrollar un Ministerio de Medio Ambiente que, como usted decía a lo
largo de su intervención, es un papel determinante, y solamente en
colaboración y en coordinación con las competencias de gestión que tienen
las comunidades autónomas y los ayuntamientos, podremos hacer que este
Ministerio funcione de la manera más eficiente posible.

Con relación a la directiva de envases, ya he dicho por dónde va a ir
nuestra defensa de intereses, intereses no de los sectores implicados,
sino del interés público general. Ahí tendremos ocasión de ver cómo actúa
el Ministerio y cómo hace el seguimiento del cumplimiento posterior de
esta directiva.

Sobre la fiscalidad, y por no abundar más en lo que ya he dicho, creo
que, efectivamente, S. S. tiene una primera impresión de qué es lo que
realmente pienso con relación a las tasas, a las ecotasas, a los
impuestos ecológicos, etcétera. Desde luego, no aceptaría bajo ningún
concepto que dentro de España se pudieran crear lo que usted denominaba
paraísos ambientales.

Estoy completamente de acuerdo en que la política de medio ambiente es
una política transversal que, por tanto, afecta a todas las grandes
políticas que se tienen que poner en marcha en este país. En
consecuencia, la coordinación con los demás ministerios y el alzamiento
de la voz de esta Ministra en el Consejo de Ministros cuando sea
necesario créame que se hará, puesto que considero que la labor de
mentalización es muy importante, que no podremos avanzar en ese
crecimiento económico, que no podremos lograr ese desarrollo si no nos
preocupamos realmente del entorno medioambiental.

Agradezco mucho sus datos y su preocupación por esa política de
cooperación Norte-Sur. Incluso porque, como sabe S. S., mi procedencia en
esta Casa, como Diputada parlamentaria, viene precisamente de los foros
internacionales, como portavoz y presidenta que he sido de la Unión
Europea, créame que de las primeras cosas que ya he puesto en marcha han
sido esos contactos internacionales. Tuve una creo que importantísima
reunión, de cierta extensión, con el Vicepresidente Al Gore, a quien no
solamente le preocupan los temas medioambientales, sino que, como ha
trabajado tantos años en ello, tiene ideas, ideas que está dispuesto a
compartir con nosotros, y hemos acordado celebrar posibles próximas
reuniones. Además, mi especial sensibilidad hacia la Unión Europea, como
Estado miembro de la Unión Europea, me ha llevado a tener un intercambio
telefónico de momento con la Comisaria. Posiblemente podamos reunirnos en
Roma a primeros de junio y, en cualquier caso, antes del Consejo de
Ministros de Medio Ambiente, a finales de junio, yo tendré la
oportunidad, si no en Roma, en Bruselas, de dialogar ampliamente con ella
de cuál es la situación que se ve desde la Unión Europea de los problemas
medioambientales españoles y de la disposición de cumplimiento riguroso
por nuestra parte de todo aquello a lo que estemos obligados por los
convenios que hemos firmado, por los acuerdos internacionales que se han
adoptado y, por descontado, por las directivas de la Unión Europea.

Ayer tuvimos ocasión de hablar del programa Medwet y yo le reitero lo que
le dije, que me he encontrado con esos cuatro volúmenes de información
que se van a presentar a esa conferencia de Venecia. Y lo que sí le digo
es que a partir de ahora queremos que el Ministerio tenga la posibilidad
de plantear que estos fondos puedan llegar a algunos objetivos --yo le
decía el otro día las albuferas o incluso la política de costas--, que
haya un poco más de capacidad de destinatarios, con el fin de sacar una
mayor rentabilidad a estos fondos.




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Como he dicho anteriormente, no puedo responderle en relación con la
seguridad nuclear y la protección radiológica por las razones que le he
explicado y, en cuanto a su preocupación por los caudales hidrológicos,
le diré que contesté a una pregunta de su Grupo en el Senado en la que
vimos que en esto las competencias son compartidas y, por tanto, lo que
se refiera a cumplimiento estricto de las confederaciones hidrográficas
dependerá de mi competencia, de mi Ministerio y, en cambio, en los
supuestos tan concretos como aquel del que hablaba su compañero señor
Sedó, de encauzamiento de un río, habrá que trabajar en colaboración no
sólo con el Ministerio de Fomento, sino con las comunidades y las
asociaciones más afectadas en ese momento por el impacto social y
medioambiental que se produzca en ese caso concreto.

Creo que ya he contestado a su pregunta sobre la administración única.

Quizás habrá un poco más de dificultad cuando el señor Recoder me habla
de la transferencia de competencias, ha insinuado algo así como el
impacto medioambiental en infraestructuras, sobre lo que tendremos que
hablar con algo más de calma, porque, como sabe S. S., ahí hay una
competencia clara de la Administración central en aquellos casos en los
que las infraestructuras excedan de lo que es territorio de una única
comunidad autónoma. Y aquí no es que el medio ambiente quiera imponer una
normativa distinta, sino que, como explicaré a S. S. cuando llegue el
momento, estamos cumpliendo una de las competencias concretas de la
Administración del Estado.

El señor Sedó al principio parecía sorprendido de por qué este ministerio
se plantea una Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Primero, he de
decirle que no he podido plantear otra Secretaria de Estado de Medio
Ambiente, que también me hubiera gustado, porque, como ya he dicho al
principio, estamos en una política de austeridad en el gasto y de una
reestructuración de la Administración. Por lo tanto, ese encerramiento de
que me acusaban algunos sectores de la prensa, créanme que era para los
objetivos que me marqué en un principio, de limitar competencias, que
esto no fuera, como algunos decían, el ministerio de los recortes, ni de
los recortables, ni el ministerio María, ni el de que lo que nadie quiere
que pase a Medio Ambiente. Creo que se han conseguido unas competencias
importantes y ahora nos corresponde gestionarlas adecuadamente.

En segundo lugar, tuve que pelear --valga la expresión-- por una
estructura orgánica adecuada, que por muy mermada que quedara siempre me
sirviera para poder dar juego a todos esos objetivos y los instrumentos
que quiero poner en marcha desde el ministerio.

Precisamente, usted mismo se contestaba a su sorpresa cuando a
continuación ponía en dudas la posible realización de un Plan Hidrológico
Nacional. Creo que en estas dos observaciones está la contestación a su
pregunta. Precisamente, porque desde este Ministerio se quiere dar un
carácter prioritario a esa nueva política de gestión del agua y se quiere
que el Plan Hidrológico Nacional sea un compromiso firme de este
Ministerio --y créanme que no es una palabrería hueca, ni vacía de
contenido--, que sea una realidad en esta VI legislatura, es por lo que,
a veces también en políticas de gestos, he lanzado ese mensaje de que,
sin abandonar, sino todo lo contrario, dando prioridad a toda la política
medioambiental con el importante peso que concedemos a las dos
direcciones generales que les he definido con anterioridad, la prioridad
va a estar en esa profundización en cuantos estudios de toda índole, de
todo tipo, y con todas las administraciones y sectores afectados que
necesiten coordinarse, para que el Plan Hidrológico Nacional sea una
realidad en esta legislatura.

Ese es mi compromiso en el día de hoy, ése es el mensaje que he querido
transmitir con una Secretaría de Estado de Aguas, sin tener que olvidar
que mucho me hubiera gustado haber conseguido también, y mucho me he
peleado por ello, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que al final
no pudo ser.

Veo que entiende realmente lo que pueden ser las líneas maestras de una
nueva Ley de Costas y creo que aquí no es el momento de profundizar, ni
siquiera de decir cuáles van a ser los criterios; ocasiones tendremos de
comentar en esta Comisión, escuchando a todas SS. SS., por dónde creemos
que debe ir la nueva Ley de Costas.

Yo comprendo que le sorprenda y le preocupe que los presupuestos estén
comprometidos, pero comprometidos están y en planes plurianuales están,
sobre todo en lo que se refiere a la partida de inversión. Lo que yo les
decía es que no vamos a escudarnos en que, como no hay presupuestos, este
ministerio se va a cruzar de brazos y va a poder hacer muy poco. Yo les
decía que nos tiene que servir como acicate precisamente para ser mucho
más selectivos y mucho más rigurosos a la hora de decidir qué programas
son prioritarios, y, a partir de ahí, ser muy austeros en el gasto,
gestionarlo con una transparencia absoluta. Dentro de las dificultades
que supone encontrarnos con un presupuesto al día de hoy prácticamente
agotado y con dificultades, por qué no decirlo, que se derivan de lo que
tiene que ser no una bifurcación, sino una creación de un nuevo
ministerio, que no puede ser satélite de ningún otro ministerio, estamos
trabajando ya de cara a los presupuestos del año que viene en lo que
tienen que ser dos presupuestos que no tienen que ver el uno con el otro
(y eso no existía hasta ahora, es una de las reivindicaciones que estamos
teniendo también desde el ministerio con el Consejo de Ministros), y yo
espero que, dentro de las limitaciones presupuestarias, podamos realizar
una gestión eficaz.




El señor PRESIDENTE: Señora Ministra, le ruego vaya terminando.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Voy
terminando, señor Presidente.

No puedo contestar a su pregunta sobre residuos nucleares, por lo que
comentaba anteriormente.

Señor Rivero Baute, de Coalición Canaria, agradezco muchísimo sus
palabras, no solamente de felicitación, sino de acompañamiento, al menos
en esta primera comparecencia, en lo que para todos está siendo una tarea
ilusionante. Yo le pediría que nos ayude a sensibilizar a la opinión



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pública de lo importante que es mantener y yo diría adelantarnos a
establecer esa calidad medioambiental.

Se me ha echado el tiempo encima, pero agradezco que se haya fijado en la
importancia que este Ministerio va a dar a la reforestación y las
políticas concretas que pondrá en marcha para conseguirla.

Por último, he decirle que soy muy sensible a la idiosincrasia de los
ecosistemas canarios y no debe tener ningún miedo, no solamente porque
este Ministerio no se va a olvidar de las especificidades, también de las
Canarias, sino porque, desde ese diálogo y participación con las
administraciones territoriales, cuenta S. S. ya con que en este momento
su grupo y el mío tenemos un pacto de coalición y a ese pacto y a la
última reunión que han tenido el presidente de la Comunidad Canaria y el
Presidente del Gobierno, señor Aznar, puedo remitirme para seguir en
estas relaciones.

Quiero agradecer al señor Ortiz sus palabras de felicitación y su
comprensión desde la experiencia de que era necesario estructurar un
Ministerio con estas características, reconociendo asimismo ese apoyo que
nos va a dar para que se pongan en marcha estas políticas, porque reitero
que de lo que se trata es de servir al país. He dicho antes, y lo
reitero, que éste va a ser un Ministerio para servir al medio ambiente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra, por esa
contestación tan detallada, que es algo que se debe resaltar.

Aquí terminaría la comparecencia de la señora Ministra. Por si ha quedado
algo por decir, voy a dar un turno a los portavoces, pero insisto en que
es un turno de cinco minutos como máximo. No se trata de entrar en
polémica con lo que ha mantenido la señora Ministra, sino de señalar
insatisfacciones, algo que ha quedado en el tintero, algún desacuerdo,
etcétera. Pero reitero que no es un nuevo turno de réplica y advierto que
ahora sí voy a ser muy estricto en los cinco minutos por portavoz que
quiera utilizar el turno de palabra.

La señora Narbona tiene la palabra.




La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, señora Ministra, por su extensa
contestación. Intentaré ser muy breve.

Ministerio de Medio Ambiente existía ya en este país; existía un Ministro
de Medio Ambiente que presidía la Conferencia sectorial de Medio
Ambiente, que acudía a las reuniones del Consejo de Ministros de la Unión
Europea y que era el presidente del Consejo asesor de Medio Ambiente.

Aunque me ha llamado en dos ocasiones ministra, yo sólo era la Secretaria
de Estado que trabajaba para un Ministro que era de Obras Públicas y de
Medio Ambiente. Lo que ustedes han hecho es una reorganización, que me
parece interesante, de competencias medioambientales, pero había un
Ministro de Medio Ambiente en este país. Si ahora hay un Ministerio de
Medio Ambiente incurre en alguna de las contradicciones que el propio
señor Ortiz ha señalado en su intervención. Es, al mismo tiempo,
regulador y regulado en alguno de sus aspectos en cuestión, por ejemplo,
de infraestructuras, salvo que las obras hidráulicas hayan dejado de ser
infraestructuras, por el hecho de estar dentro de un Ministerio que se
denomina de Medio Ambiente. Por lo tanto, lo que hay es una
reorganización y no la aparición de una categoría administrativa que no
existiera antes. Ya había ministro, no ministra, y me alegro de que en
esta ocasión sea una mujer la que ostenta esta responsabilidad.

Por otra parte, no sé si es la mejor de las reorganizaciones
administrativas posibles, puesto que al final parece que la seguridad
nuclear no estará en el marco de sus competencias. Hubiera sido deseable.

En la mayoría de los ministerios de los países occidentes que tienen la
competencia de medio ambiente, la seguridad nuclear está incorporada
dentro de esa definición.

Yo no he dicho que hayamos hecho todo y que tenga una satisfacción plena
de lo que hemos realizado, en absoluto. He querido simplemente
agradecerle que usted misma reconozca que se encuentra hecho un trabajo
de base y unas personas capacitadas en el apoyo a la labor que usted va a
realizar. Ahora están ustedes gobernando y, por tanto, si están
gobernando en gran medida es porque hemos cometido errores y no lo hemos
hecho todo perfecto; si no, no estarían ustedes gobernando. Dentro de
algunos meses ya no tendrán el mismo crédito abierto por parte de los
ciudadanos, porque no sólo servirá hablar de los errores cometidos en el
pasado. Créame que le deseo que haya muchos aciertos, porque recordarnos
los incumplimientos y no tener en cuenta que se encuentra un trabajo de
base hecho me parece que no sería correcto por su parte y, además, no lo
he entendido así, sinceramente.

Ha mencionado, por ejemplo, el Saica. Hemos cesado a los responsables del
Saica en su momento, en primer lugar, a un director general y, después, a
un subdirector general precisamente porque la gestión de ese programa no
era la gestión que yo como responsable más directa consideraba el óptimo.

Pero tienen ustedes una infraestructura instalada que es una
infraestructura de una enorme calidad tecnológica, que está siendo objeto
de análisis y posiblemente de oportunidades de inversión de empresas
españolas en el exterior y será muy acertado si en la revisión y en la
orientación de ese programa ustedes avanzan y corrigen los errores que se
hayan podido cometer y que, por lo que me corresponde, intenté, en cierta
medida, reconducir eliminando a las personas que tuvieron responsabilidad
y no cumplieron acertadamente con la misma.

Por lo que se refiere a los planes y normas ya aprobados y respecto de
los cuales ustedes han anunciado revisiones, vuelvo a manifestar
preocupación porque esas revisiones pueden significar orientaciones
distintas en cuanto a criterios que hemos considerado importantes. Y
ahora sí que me ha producido una gran preocupación con la Ley de Costas,
señora Ministra, porque si primero me dice usted que no quiere opinar
sobre la propuesta de liberalización del suelo impulsada desde el
Gobierno del señor Aznar y después me dice que en la reforma de la Ley de
Costas lo que se va a intentar es armonizar la normativa urbanística con
la protección de litoral, teniendo en cuenta que la Ley del Suelo actual
está recurrida y



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pendiente de una respuesta por parte del Tribunal Constitucional y los
antecedentes en esta misma Cámara de proyectos de modificación, déjeme
que le diga que ahora sí que estoy preocupada hasta que vea las
propuestas que nos presentan.




El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, le ruego concluya.




La señora NARBONA RUIZ: Estoy terminando. Presidente, usted sabe que no
he sido excesiva en el uso del tiempo en mi primera intervención.




El señor PRESIDENTE: Pero ahora he dicho cinco minutos, porque es otro
tipo de intervención.




La señora NARBONA RUIZ: Enseguida termino.

Simplemente deseo que la Ministra ejerza como Ministra de Medio Ambiente
en el sentido más pleno con su presencia en la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos respecto de los departamentos que tienen materias
competenciales de industria, de energía y en materia de suelo, porque en
esas materias será donde se verá si efectivamente la política ambiental,
como anunció el señor Aznar, es un eje de la acción pública de este
Gobierno y no sólo por la creación de un ministerio diferente de la
estructura administrativa que ya existía.

Por último, ustedes siempre ponen en contradicción lo público y lo
privado con unos tintes de valoración negativa de la intervención pública
frente a la actuación de la sociedad, donde nunca estaremos de acuerdo.

Nosotros creemos que lo público es precisamente la representación de los
intereses de todos y no de algunos. No hago una insinuación. Afirmo que
el Partido Popular en muchas ocasiones ha estado más próximo a la defensa
de intereses particulares que a la defensa de intereses generales.

Espero que desde su competencia no tengamos en esta materia que
encontrarnos en situaciones de grave discrepancia. Le deseo muchísima
suerte, señora Ministra, y espero que la tengamos reiteradas ocasiones en
esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere intervenir? (Pausa.)
Señor Frutos, le recuerdo que tiene un tiempo de cinco minutos.




El señor FRUTOS GRAS: Menos, señor Presidente.

No me satisface que seguridad nuclear no esté en el Ministerio de Medio
Ambiente y he entendido que los residuos radiactivos, tampoco. Puede
haber división de competencias entre unos ministerios y otros, cada uno
lo suyo, pero, en todo caso, Medio Ambiente tendría que tener en sus
competencias estos asuntos que me parecen importantes.

No me ha contestado, aunque no le pido la respuesta hoy, en relación al
PVC, a Itoiz y cuatro embalses más.

Eso de que lo que me duele a mí es lo de Ministerio de Medio Ambiente, no
es porque se haya creado, y porque lo haya creado un partido de
centro-derecha, como dicen ustedes. A mí me parece muy bien que lo hayan
creado y, además, deseo que tenga mucha suerte. No es mi vocación, ni la
de mi Grupo, cuanto peor, mejor. En absoluto. Cuantas más soluciones
tengan los problemas concretos de la gente, mejor, aunque el portavoz
socialista de la Mesa parece que está recordando la pinza, está pensando
que el fantasma recorre esta Comisión, como siempre, pero no tiene
importancia. A veces sí que son cuestiones de ideología, pero esto lo
veremos muy rápidamente cuando, ante la esfinge de lo que representa el
señor Cuevas, en relación a determinados intereses, la señora Ministra, o
sus secretarías, etcétera, decidan unas cosas u otras, atiendan más unas
unas recomendaciones o reconvenciones que otras. Esto ya se verá en el
transcurso. Hoy simplemente me limito a apuntar esto.

En segundo lugar, espero que visite pronto los Picos de Europa y decida
la cuestión, cuestión que no es muy complicada. Simplemente el Tribunal
Constitucional ha decidido en relación a las competencias. Nada más. Lo
otro está correcto. La ley que se aprobó en la pasada legislatura está
correcta y yo creo que debería funcionar, sin más.

Finalmente, como usted ha hablado del agua como bien común, me he animado
a pensar que el agua de Oviedo también sería un bien común. En el momento
que se privatiza (y una privatización siempre tiende a tener en cuenta el
beneficio particular en primer término, antes que el beneficio público,
cuando además no hay demasiados controles para verificar que no haya
subida de las tarifas por encima de lo normal, en Oviedo no se han
establecido los controles), mostramos nuestra preocupación, intentando
siempre que haya esta visión global de una misma filosofía y de un mismo
programa, cuando se aplica en el ayuntamiento, en la comunidad autónoma y
a nivel general. Yo simplemente intentaba ayudarle en su trabajo, en la
mejora de su trabajo, valga la redundancia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Brevísimamente, pero creo que por cortesía
debo agradecer a la señora Ministra la respuesta a nuestras
preocupaciones, en nombre propio y del señor Sedó. Ya tendremos tiempo
suficiente, a lo largo de la legislatura, para debatir con mayor
profundidad todos y cada uno de los temas que han surgido hoy en esta
primera comparecencia; temas, algunos de ellos de una grandísima
importancia.

Para terminar, señora Ministra, quiero decirle, en relación a lo que ha
constituido el eje de mi intervención, enmarcar las competencias de cada
uno de los distintos niveles de la Administración en este nuestro Estado
de la Autonomías; estoy seguro que, si usted antepone la efectividad al
protagonismo, no tendrá ningún tipo de problema en su relación con los
distintos niveles de Administración.




El señor RIVERO BAUTE: Quiero agradecer a la señora Ministra su
intervención exhaustiva y detallada en la que ha contestado a los
distintos grupos.




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Efectivamente, estamos en un acuerdo de Gobierno que tiene la vocación de
que alcance toda la legislatura y que cuenta, de antemano, con nuestra
confianza y con nuestra voluntad para llevar a cabo los importantes retos
que hoy ha planteado a la Comisión como objetivos de su Ministerio.

Espero que la señora Ministra y el resto de los señores Diputados, cuando
nos refiramos a Canarias, sobre todo en materias medioambientales, donde
la singularidad es patente, arbitren medidas que sean en razones de
justicia y reconocimiento a ese territorio español singular y no fruto de
ningún tipo de acuerdo político.

Le deseo muchísima suerte al frente de este Ministerio y que la claridad,
la transparencia, el rigor y la voluntad de diálogo que ha manifestado
hoy ante la Comisión sean la bandera que lleve en esta gestión.




El señor PRESIDENTE: ¿El portavoz del Grupo Popular quiere intervenir?



El señor ORTIZ GONZALEZ: El portavoz del Grupo Parlamentario Popular
quiere leerle una cita nada menos que de Gramsci --supongo que no es
sospechoso-- a la señora portavoz del Grupo Socialista, y dice así
--naturalmente estaba previsto que iba a hacerla--: Poner lo público como
pretexto para defender la burocracia y lo privado como tentación de
intereses particulares es no entender la dinámica política de la
izquierda de nuestro tiempo.




El señor PRESIDENTE: Como era una polémica completamente al margen de lo
que estamos hablando, del fondo del tema, tiene la palabra para cerrar la
comparecencia la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente, y le garantizo que ahora con toda brevedad.

Quiero decir a la señora Narbona que lo que ha hecho esta nueva
administración presidida por el señor Aznar es elevar a la máxima
categoría administrativa y política un Ministerio de Medio Ambiente que
no existía como tal, que era una parte más de un polifacético ministerio
que abarcaba absolutamente todo y que al final había unas partes que
atendía más que otras. Y le reitero la situación que lamentablemente
todavía España está viviendo hoy de cara a la Unión Europea, donde
asistía el señor Borrell a los consejos, en el tema de medio ambiente.

Señora Narbona, del estilo de quien le habla en este momento, no en el
día de hoy, sino siempre, no es mirar para atrás, ni la censura ni la
crítica. Si yo he hablado concretamente del proyecto Saica ha sido cuando
S. S. se felicitaba de la gestión de calidad de aguas que había llevado a
cabo la anterior Secretaría de Estado. Y le he dicho: por ejemplo, el
proyecto Saica. Y soy yo quien le ha recordado que usted misma tuvo que
cesar a quien estaba al frente de ese proyecto.

Dice la señora Narbona que le preocupan las revisiones que estamos
anunciando. Yo le diría que, puesto que todavía no las conoce,
simplemente le ocupen, pero que no le preocupen. Vamos a conocer el
contenido de esas revisiones y luego ya veremos si son motivo de
preocupación o, aunque a veces a lo mejor pueda decirlo con la boquita
pequeña, de cierta satisfacción, como yo espero.

Seré muy respetuosa con las competencias de mis compañeros de Gabinete y
por tanto quien tenga que hacerse cargo de la revisión de la Ley del
Suelo tendrá que hacerlo, y en la medida en que interfiera en todo lo
referente a impacto medioambiental créame que yo soy la Ministra de Medio
Ambiente, pero que no seré yo quien organice esa reforma de la Ley del
Suelo.

En cualquier caso, yo quiero decirle, señora Narbona, que no solamente la
campaña ha terminado, sino que me parece un poco rápido empezar una nueva
campaña estableciendo otra vez los límites entre lo público y lo privado
para decir que el Partido Popular siempre ha hecho una valoración
negativa de lo público alabando las excelencias de lo privado. Nosotros
nunca estamos en compartimentos estancos. Lo que usted tiene que
reconocer es que uno de los grandes agujeros de nuestra economía se ha
producido por la malísima gestión de muchas empresas públicas. Por tanto,
nosotros no tenemos ninguna animadversión a lo público ni ensalzamos
porque sí lo privado, pero sí le digo que estamos cerca, desde el control
y desde la observación de la legalidad más absoluta, de una participación
real de la sociedad frente al Estado, y eso al final termina en una mayor
participación de la iniciativa privada, y es la que desde este
Ministerio, nada intervencionista, me propongo desarrollar.

Al señor Frutos le agradezco mucho sus palabras nuevamente y siento
defraudarle porque este Ministerio al final no tenga la competencia de
los residuos radiactivos y del tema de centrales nucleares. Quiero
decirle que eso no significa que en todo aquello que tenga relación con
el medio ambiente no tengamos que estar muy ojo avizor y muy en contacto
con quienes diseñan toda esa política nuclear. Como yo le decía antes,
estamos caminando hacia una política mucho más integrada en el terreno de
los residuos peligrosos, de los residuos tóxicos, de los residuos
industriales, y no tenga usted la menor duda de que encontraremos los
procedimientos para saber también qué está pasando con el enorme
problema. Y créame que algo conozco de esta materia de los residuos
radiactivos.

Para terminar, he de decirle que el Ministerio de Medio Ambiente no es
cuestión de ideologías, sino de ideas y de ideas creativas, y yo sé que
ahí también el señor Frutos nos va a aportar las suyas. No tengan ningún
miedo, no hemos asumido ninguna recomendación de la CEOE y yo no me he
encontrado que hubiera ninguna asumida. Por consiguiente, tampoco se
ponga el parche antes de la herida, déjenos actuar y después ya
juzgaremos la gestión.

Lo mismo le comento con el tema de las privatizaciones. No vamos a entrar
en esa dinámica de bloques compactos y enfrentados. Actuemos y demos
posibilidades al individuo que también tiene ganas de crear más
desarrollo económico, y utilicemos el cauce del medio ambiente para que
sea un verdadero motor del desarrollo económico, en la medida que se
puedan crear también en esta nueva actividad medioambiental nuevos
puestos de trabajo,



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pues estoy segura de que en eso coincidimos el señor Frutos y yo.

Al señor Recoder le agradezco muchísimo sus palabras y aseguro que vamos
a buscar la eficacia y la efectividad más que el protagonismo, ni
siquiera personal, ni siquiera del medio ambiente. Reitero que es un
ministerio para servir al medio ambiente y para servir a todos, no para
servirse de ningunos intereses.

Al señor Rivero, agradecerle también sus palabras y decir que para
alcanzar con eficacia esos retos también le pido la colaboración de su
grupo parlamentario.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.

Después de esta extensa y creo que muy buena intervención... (Rumores.)
El Presidente ha estado reteniéndose durante cuatro horas y al final hace
un juicio; tampoco me parece tan excesivo.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.