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DS. Senado, Pleno, núm. 100, de 19/12/1995
Año 1995 V Legislatura
Núm. 100
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 19 de diciembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 28, 29 y 30 de noviembre de 1995.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de los Senadores
Excmos. Sres. don Lluís Armet i Coma, don Ramón Camp i Batalla, don Angel
Colom i Colom, don Joan Rigol i Roig, don Joan María Roig y Grau, don
Josep María Sala i Griso y don Alejo Vidal-Quadras i Roca. (Números de
expediente 500/000313, 500/000315, 500/000317, 500/000312, 500/000316,
500/000314 y 500/000318).
Preguntas:
--De doña Josefa Luzardo Romano, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si ha estudiado el Gobierno las repercusiones que tendría
la prevista reducción del cincuenta por ciento en 1995 y del cien por
cien en 1996 de las partidas presupuestarias destinadas a las
subvenciones para la desalación de agua del mar en la Comunidad Autónoma
de Canarias (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre de 1995). (Número
de expediente 680/000563.)
--De don Antonio García Correa, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si existe un calendario para el inicio de la explotación del yacimiento
minero denominado Agua Blanca, en Monesterio (Badajoz), garantizando el
trabajo en la nueva mina a los trabajadores excedentes que la empresa
pública Prerreducidos Integrados del Suroeste de España, S. A. (PRESUR),
tiene en las minas de Cala (Huelva) y en Fregenal de la Sierra (Badajoz)
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 358, de fecha 18 de diciembre de 1995). (Número de expediente
680/000574.)
--De don Alfonso Garrido Avila, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la postura del Gobierno en las negociaciones con la Comisión Europea en
orden a la ampliación de capital de la compañía Iberia, Líneas Aéreas de
España, S. A. (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre de 1995). (Número
de expediente 680/000575.)
--De don Alvaro Antonio Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre el conocimiento que tiene el Gobierno de la implicación de
funcionarios y ciudadanos españoles en el contrabando de plutonio
realizado el verano de 1994 desde Moscú (Rusia) a Munich (Alemania)
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 358, de fecha 18 de diciembre de 1995). (Número de expediente
680/000587.)
--De doña María del Mar Agüero Ruano, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre los resultados del Plan Marco de Competitividad del
Turismo Español (Plan Futures) (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre
de 1995). (Número de expediente 680/000581.)
--De doña Elena Flores Valencia, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la valoración que hace el Gobierno de la conclusión del Acuerdo
firmado el 15 de diciembre de 1995 entre los Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea con sus homólogos de los países del Mercado
Común del Cono Sur (MERCOSUR) (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre
de 1995). (Número de expediente 680/000576.)
--De doña Ana María Sánchez de Miguel, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno de los resultados de
la Conferencia Euromediterránea, celebrada en Barcelona los días 27 y 28
de noviembre de 1995 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre de
1995). (Número de expediente 680/000577.)
--De doña María Teresa de Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre los criterios que aplica el Gobierno para la asignación
de subvenciones al tratamiento de aceites usados para su reutilización
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 358, de fecha 18 de diciembre de 1995). (Número de expediente
680/000580.)
--De don Isidro Fernández Rozada, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la evaluación que hace el Gobierno acerca del desarrollo y
aplicación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre de 1995). (Número
de expediente 680/000582.)
--De don José Luis Sáinz García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las razones que avalan que en el proceso de actualización
del Proyecto Integrado de Interconexión de Recursos Informáticos
(RedIRIS) se encuentren las Universidades de Castilla y León en el último
lugar, cuando esta Comunidad tiene cinco universidades y el mayor número
de alumnos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre de 1995). (Número
de expediente 680/000583.)
--De don Jesús Sepúlveda Recio, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las razones del incumplimiento del Convenio firmado entre
el Ministerio de Cultura y la Región de Murcia sobre infraestructuras y
operadores culturales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre de
1995). (Número de expediente 680/000585.)
--De don Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los proyectos que tiene previstos el Gobierno para el
Hospital de Cieza (Murcia) (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre
de 1995). (Número de expediente 680/000586.)
--De don Manuel Jaime Barreiro Gil, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si dispone el Gobierno de información acerca de las actividades
desarrolladas por Herri Batasuna (HB) u otras organizaciones como es el
caso de Jarrai, con el objetivo de extender fuera del País Vasco las
tácticas de agitación callejera y guerrilla urbana que ya practican en
dicha Comunidad Autónoma (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre de
1995). (Número de expediente 680/000573.)
--De don Juan Angel Iglesias Marcelo, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en orden a que en el seno
de los países de la Unión Europea desaparezca el delito político en los
procesos de extradición (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre de
1995). (Número de expediente 680/000578.)
--De don Alfredo Prada Presa, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las razones que han motivado que el Gobierno no haya tenido
en consideración las peticiones de la última memoria de necesidades del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en cuanto a la creación
de nuevos órganos judiciales en la referida Comunidad
Autónoma (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre de 1995). (Número
de expediente 680/000579.)
--De don Gustavo Alcalde Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la fecha prevista por el Gobierno para acometer las obras
de remodelación del edificio de los juzgados de Zaragoza (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 358,
de fecha 18 de diciembre de 1995). (Número de expediente 680/000584.)
Interpelaciones:
--De don Arturo Esteban Albert, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que está realizando y tiene previstas el
Gobierno para prevenir y combatir la proliferación de actitudes violentas
entre algunos grupos de jóvenes (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre
de 1995). (Número de expediente 670/000159.)
--De don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la opinión y los propósitos del Gobierno en relación con la actual
situación de precariedad del empleo en nuestro país (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 358,
de fecha 18 de diciembre de 1995). (Número de expediente 670/000158.)
--De don Alvaro Antonio Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la opinión del Gobierno acerca de las propuestas contenidas en el
Informe sobre el actual sistema de financiación autonómica y sus
problemas, así como sobre sus intenciones y planes para la posible
plasmación de dichas propuestas en normas legislativas e instrumentos
reales para la financiación de las Comunidades Autónomas (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 358,
de fecha 18 de diciembre de 1995). (Número de expediente 670/000160.)
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Protocolo por el que se modifica el Tratado de extradición y asistencia
mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mejicanos de 21 de noviembre de 1978, firmado en la ciudad de Méjico el
23 de junio de 1995. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 175, de fecha 1 de diciembre de 1995). (Número de expediente
S. 610/000175.) (Número de expediente C. D. 110/000185.)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo sobre la gratuidad de visados
entre España y Marruecos, realizado en Rabat el 15 de julio de 1991. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 187, de fecha
7 de diciembre de 1995). (Número de expediente S. 610/000187.) (Número de
expediente C. D. 110/000177.)
--Denuncia del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y
Túnez sobre gratuidad de visados, realizado en Madrid el 13 y 15 de julio
de 1992. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 188,
de fecha 7 de diciembre de 1995). (Número de expediente S. 610/000188.)
(Número de expediente C. D. 110/000180.)
--Acuerdo entre los Gobiernos de la República Francesa, la República
Federal de Alemania, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
el Reino de España y el Reino de Bélgica relativo al Programa AIRBUS
A330/A340, hecho en Dresden el 25 y 26 de abril de 1994. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 189, de fecha 7 de diciembre
de 1995). (Número de expediente S. 610/000189.) (Número de expediente C.
D. 110/000186.)
--Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kirguistán, por
otra, firmado en Bruselas el 9 de febrero de 1995. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 190, de fecha 7 de diciembre de
1995). (Número de expediente S. 610/000190.) (Número de expediente C. D.
110/000188.)
--Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kazajstán, por
otra, firmado en Bruselas el 23 de enero de 1995. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 191, de fecha 7 de diciembre de
1995). (Número de expediente S. 610/000191.) (Número de expediente C. D.
110/000189.)
--Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Belarús, por otra,
hecho en Bruselas el 6 de marzo de 1995. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 192, de fecha 7 de diciembre de 1995). (Número
de expediente S. 610/000192.) (Número de expediente C. D. 110/000190.)
--Acuerdo de asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Letonia, por otra, firmado en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 193, de fecha 7 de diciembre de 1995). (Número
de expediente S. 610/000193.) (Número de expediente C. D. 110/000194.)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República Argelina Democrática y Popular sobre supresión de visados de
salida a residentes y régimen básico de visados, realizado «ad
referendum» en Argel el 14 de diciembre de 1994 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 176, de fecha
4 de diciembre de 1995). (Número de expediente S. 610/000176.) (Número de
expediente C. D. 110/000176.)
--Acuerdo entre el Reino de España y la Federación de Malasia relativo a
la supresión parcial de visados, firmado «ad referendum» en Kuala Lumpur
el 4 de abril de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 177, de fecha 4 de diciembre de
1995). (Número de expediente S. 610/000177.) (Número de expediente C. D.
110/000178.)
--Acuerdo sobre transporte internacional por carretera entre el Reino de
España y la República de Letonia, firmado en Riga el 26 de junio de 1995
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 178, de fecha 4 de diciembre de 1995). (Número de expediente
S. 610/000178.) (Número de expediente C. D. 110/000179.)
--Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Reino de
España y los Estados Unidos de América y Anexo, firmado «ad referendum»
en Madrid el 10 de junio de 1994 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 179, de fecha 4 de diciembre
de 1995). (Número de expediente S. 610/000179.) (Número de expediente C.
D. 110/000181.)
--Constitución y Convenio de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, firmado «ad referendum» en Ginebra el 22 de
diciembre, así como Declaraciones a formular por España (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 180,
de fecha 4 de diciembre de 1995). (Número de expediente S. 610/000180.)
(Número de expediente C. D. 110/000182.)
--Convenio entre el Reino de España y la República de Nicaragua para el
cumplimiento de condenas penales, firmado «ad referendum» en Managua el
18 de febrero de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 181, de fecha 4 de diciembre de
1995). (Número de expediente S. 610/000181.) (Número de expediente C. D.
110/000183.)
--Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre el Reino de
España y la República de El Salvador, firmado «ad referendum» en San
Salvador el 14 de febrero de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 182, de fecha 4 de
diciembre de 1995). (Número de expediente S. 610/000182.) (Número de
expediente C. D. 110/000184.)
--Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre la
segunda reunión de expertos jurídicos y técnicos (7 al 11 de febrero de
1995) y la IX reunión ordinaria de las Partes Contratantes para la
revisión del Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la
contaminación y sus Protocolos conexos (Barcelona, 5 al 10 de junio de
1995) (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 183, de fecha 4 de diciembre de 1995). (Número de
expediente S. 610/000183.) (Número de expediente C. D. 110/000187.)
--Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre
el Reino de España y la República Islámica de Pakistán, firmado en Madrid
el 15 de junio de 1994 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 184, de fecha 4 de diciembre de
1995). (Número de expediente S. 610/000184.) (Número de expediente C. D.
110/000191.)
--Protocolo de modificación del artículo 3 del Convenio de nacionalidad
entre España y Guatemala, firmado «ad referendum» en Guatemala el 10 de
febrero de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 185, de fecha 4 de diciembre de
1995). (Número de expediente S. 610/000185.) (Número de expediente C. D.
110/000192.)
--Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre
el Reino de España y la República Gabonesa, firmado «ad referendum» en
Madrid el 2 de marzo de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 186, de fecha 4 de diciembre
de 1995). (Número de expediente S. 610/000186.) (Número de expediente C.
D. 110/000193.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 28, 29 y 30 de noviembre de 1995 (Página 5215)
Se aprueba el acta.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE LOS SENADORES
EXCELENTISIMOS SEÑORES DON LLUIS ARMET I COMA, DON RAMON CAMP I BATALLA,
DON ANGEL COLOM I COLOM, DON JOAN RIGOL I ROIG, DON JOAN MARIA ROIG I
GRAU, DON JOSEP MARIA SALA I GRISO Y DON ALEJO VIDAL-QUADRAS I ROCA
(Página 5215)
El señor Armet i Coma promete acatar la Constitución.
El señor Camp i Batalla promete acatar la Constitución.
El señor Colom i Colom promete acatar la Constitución.
El señor Rigol i Roig promete acatar la Constitución.
El señor Roig i Grau promete acatar la Constitución.
El señor Sala i Griso promete acatar la Constitución.
El señor Vidal-Quadras i Roca jura acatar la Constitución.
PREGUNTAS (Página 5216)
De doña Josefa Luzardo Romano, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si ha estudiado el Gobierno las repercusiones que tendría
la prevista reducción del cincuenta por ciento en 1995 y del cien por
cien en 1996 de las prtidas presupuestarias destinadas a las subvenciones
para la desalación de agua del mar en la Comunidad Autónoma de Canarias
(Página 5216)
La señora Luzardo Romano formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray Ucelay). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Luzardo Romano. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray
Ucelay).
De don Antonio García Correa, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si existe un calendario para el inicio de la explotación del yacimiento
minero denominado Agua Blanca, en Monesterio (Badajoz), garantizando el
trabajo en la nueva mina a los trabajadores excedentes que la empresa
pública Prerreducidos Integrados del Suroeste de España, S. A. (PRESUR),
tiene en las minas de Cala (Huelva) y en Fregenal de la Sierra (Badajoz)
(Página 5217)
El señor García Correa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray Ucelay).
De don Alfonso Garrido Avila, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la postura del Gobierno en las negociaciones con la Comisión Europea en
orden a la ampliación de capital de la compañía Iberia, Líneas Aéreas de
España, S. A. (Página 5219)
El señor Garrido Avila formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray Ucelay). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Garrido Avila.
De don Alvaro Antonio Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre el conocimiento que tiene el Gobierno de la implicación de
funcionarios y ciudadanos españoles en el contrabando de plutonio
realizado el verano de 1994 desde Moscú (Rusia) a Munich (Alemania)
(Página 5220)
El señor Martínez Sevilla formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Westendorp y Cabeza).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Martínez Sevilla. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores
(Westendorp y Cabeza).
De doña María del Mar Agüero Ruano, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los resultados del Plan Marco de Competitividad del Turismo
Español (Plan Futures) (Página 5221)
La señora Agüero Ruano formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Comercio y Turismo (Gómez-Navarro
Navarrete). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Agüero
Ruano. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Comercio y
Turismo (Gómez-Navarro Navarrete).
De doña Elena Flores Valencia, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la valoración que hace el Gobierno de la conclusión del Acuerdo firmado
el 15 de diciembre de
1995 entre los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con sus
homólogos de los países del Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR) (Página 5223)
la señora Flores Valencia formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Westendorp y Cabeza).
De doña Ana María Sánchez de Miguel, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la valoración que hace el Gobierno de los resultados de la
Conferencia Euromediterránea, celebrada en Barcelona los días 27 y 28 de
noviembre de 1995 (Página 5224)
La señora Sánchez de Miguel formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Westendorp y
Cabeza). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Sánchez de
Miguel.
De doña María Teresa de Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los criterios que aplica el Gobierno para la asignación de
subvenciones al tratamiento de aceites usados para su reutilización
(Página 5224)
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Isidro Fernández Rozada, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la evaluación que hace el Gobierno acerca del desarrollo y
aplicación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) (Página 5225)
El señor Fernández Rozada formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Educación y Ciencia (Saavedra Acevedo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Fernández Rozada. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Educación y Ciencia (Saavedra
Acevedo).
De don José Luis Sáinz García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las razones que avalan que en el proceso de actualización
del Proyecto Integrado de Interconexión de Recursos Informáticos
(RedIRIS) se encuentren las Universidades de Castilla y León en el último
lugar, cuando esta Comunidad tiene cinco universidades y el mayor número
de alumnos (Página 5226)
El señor Sáinz García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Educación y Ciencia (Saavedra Acevedo).
De don Jesús Sepúlveda Recio, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las razones del incumplimiento del Convenio firmado entre
el Ministerio de Cultura y la Región de Murcia sobre infraestructuras y
operadores culturales (Página 5227)
Esta pregunta ha sido retirada.
De don Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los proyectos que tiene previstos el Gobierno para el
Hospital de Cieza (Murcia) (Página 5228)
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Manuel Jaime Barreiro Gil, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si dispone el Gobierno de información acerca de las actividades
desarrolladas por Herri Batasuna (HB) u otras organizaciones, como es el
caso de Jarrai, con el objetivo de extender fuera del País Vasco las
tácticas de agitación callejera y guerrilla urbana que ya practican en
dicha Comunidad Autónoma (Página 5228)
El señor Barreiro Gil formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barreiro Gil.
De don Juan Angel Iglesias Marcelo, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en orden a que en el seno
de los países de la Unión Europea desaparezca el delito político en los
procesos de extradición (Página 5229)
El señor Iglesias Marcelo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe).
De don Alfredo Prada Presa, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las razones que han motivado que el Gobierno no haya tenido en
consideración las peticiones de la última memoria de necesidades del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en cuanto a la creación
de nuevos órganos judiciales en la referida Comunidad Autónoma (Página 5231)
El señor Prada Presa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Prada Presa. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe).
De don Gustavo Alcalde Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la fecha prevista por el Gobierno para acometer las obras
de remodelación del edificio de los juzgados de Zaragoza (Página 5232)
El señor Alcalde Sánchez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Alcalde Sánchez. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe).
INTERPELACIONES (Página 5234)
De don Arturo Esteban Albert, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que está realizando y tiene previstas el
Gobierno para prevenir y combatir la proliferación de actitudes violentas
entre algunos grupos de jóvenes (Página 5234)
El señor Esteban Albert realiza la interpelación. En nombre del Gobierno
le contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Bertrán i Soler,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Esteban
Albert, por el Grupo Popular.
De don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la opinión y los propósitos del Gobierno en relación con la actual
situación de precariedad del empleo en nuestro país (Página 5241)
El señor Lobo Asenjo realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán
Martínez). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Bertrán i Soler, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, y Lobo Asenjo, por el Grupo Popular. Interviene de nuevo el señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez)
De don Alvaro Antonio Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la opinión del Gobierno acerca de las propuestas contenidas en el
Informe sobre el actual sis-tema de financiación autonómica y sus
problemas, así como sobre sus intenciones y planes para la posible
plasmación de dichas propuestas en normas legislativas e instrumentos
reales para la financiación de las Comunidades Autónomas (Página 5246)
El señor Martínez Sevilla realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro para las Administraciones
Públicas (Lerma Blasco). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra
los señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto; Cambra i Sánchez, por
el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Barreiro Gil, por
el Grupo Socialista. Los señores Martínez Sevilla, Barreiro Gil y
Garzarán García intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Nuevamente interviene el señor Ministro para las Administraciones
Públicas (Lerma Blasco). Por alusiones interviene de nuevo el señor
Martínez Sevilla. Contesta el señor Ministro para las Administraciones
Públicas (Lerma Blasco).
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5258)
Protocolo por el que se modifica el Tratado de extradición y asistencia
mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mejicanos de 21 de noviembre de 1978, firmado en la ciudad de Méjico el
23 de junio de 1995. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5258)
El señor Garrido Avila consume un turno a favor. En turno de portavoces,
hace uso de la palabra el señor López Henares, del Grupo Popular.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo sobre gratuidad de visados entre
España y Marruecos, realizado en Rabat el 15 de julio de 1991.
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5261)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Denuncia del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Túnez
sobre gratuidad de visados, realizado en Madrid el 13 y 15 de julio de
1992. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5261)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre los Gobiernos de la República Francesa, la República
Federal de Alemania, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
el Reino de España y el Reino de Bélgica relativo al Programa AIRBUS
A330/A340, hecho en Dresden el 25 y 26 de abril de 1994. PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Página 5261)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kirguistán, por
otra, firmado en Bruselas el 9 de febrero de 1995. PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Página 5261)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kazajstán, por
otra, firmado en Bruselas el 23 de enero de 1995. PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Página 5261)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Belarús, por otra,
hecho en Bruselas el 6 de marzo de 1995. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(Página 5261)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Letonia, por otra, firmado en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5261)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República Argelina Democrática y Popular sobre supresión de visados de
salida a residentes y régimen básico de visados, realizado «ad
referendum» en Argel el 14 de diciembre de 1994 (Página 5262)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Reino de España y la Federación de Malasia relativo a la
supresión parcial de visados, firmado «ad referendum» en Kuala Lampur el
4 de abril de 1995 (Página 5262)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera entre el Reino de
España y la República de Letonia, firmado en Riga el 26 de junio de 1995
(Página 5262)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Reino de España
y los Estados Unidos de América y Anexo, firmado «ad referendum» en
Madrid el 10 de junio de 1994 (Página 5262)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
firmado «ad referendum» en Ginebra el 22 de diciembre, así como
Declaraciones a formular por España (Página 5262)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y la República de Nicaragua para el
cumplimiento de condenas penales, firmado «ad referendum» en Managua el
18 de febrero de 1995 (Página 5262)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre el Reino de España
y la República de El Salvador, firmado «ad referendum» en San Salvador el
14 de febrero de 1995 (Página 5262)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre la
segunda reunión de expertos jurídicos y técnicos (7 a 11 de febrero de
1995) y la IX reunión ordinaria de las Partes Contratantes para la
revisión del Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la
contaminación y sus Protocolos conexos (Barcelona, 5 al 10 de junio de
1995) (Página 5263)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre el
Reino de España y la República Islámica de Pakistán, firmado en Madrid el
15 de junio de 1994 (Página 5263)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo de modificación del artículo 3 del Convenio de nacionalidad
entre España y Guatemala, firmado «ad referendum» en Guatemala el 10 de
febrero de 1995 (Página 5263)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República Gabonesa, firmado «ad referendum» en
madrid el 2 de marzo de 1995 (Página 5263)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Se suspende la sesión a las veintinua horas y cinco minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 1995.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Entramos en el punto primero del orden del día, lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 28,
29 y 30 de noviembre de 1995.
Los señores Portavoces han recibido el acta. ¿Alguna observación al
respecto? (Pausa.)
Se aprueba.
--JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE LOS SENADORES
EXCELENTISIMOS SEÑORES DON LLUIS ARMET I COMA, DON RAMON CAMP I BATALLA,
DON ANGEL COLOM I COLOM, DON JOAN RIGOL I ROIG, DON JOAN MARIA ROIG I
GRAU, DON JOSEP MARIA SALA I GRISO Y DON ALEJO VIDAL-QUADRAS I ROCA.
(500/000313, 500/000315, 500/000317, 500/000312, 500/000316, 500/000314 Y
500/000318.)
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al segundo punto del orden del día,
vamos a tomar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de los
Senadores designados por la Comunidad Autónoma de Cataluña,
excelentísimos señores don Lluis Armet i Coma, don Ramón Camp i Batalla,
don Angel Colom i Colom, don Joan Rigol i Roig, don Joan María Roig i
Grau, don Josep María Sala i Griso y don Alejo Vidal-Quadras i Roca.
De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de la Cámara ruego a sus
señorías que, por el orden en que les he citado, comparezcan ante la
tribuna.
Muchas gracias.
El señor Secretario (Rojo García) procede al llamamiento del Senador don
Lluis Armet i Coma.
El señor PRESIDENTE: ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor ARMET I COMA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Podéis retiraros.
El señor Secretario (Rojo García) procede al llamamiento del Senador don
Ramón Camp i Batalla.
El señor PRESIDENTE: ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor CAMP I BATALLA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Podéis retiraros.
El señor Secretario (Rojo García) procede al llamamiento del Senador don
Angel Colom i Colom.
El señor PRESIDENTE: ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor COLOM I COLOM: Sí, prometo por imperativo legal.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Podéis retiraros.
El señor Secretario (Rojo García) procede al llamamiento del Senador don
Joan Rigol i Roig.
El señor PRESIDENTE: ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor RIGOL I ROIG: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Podéis retiraros.
El señor Secretario (Rojo García) procede al llamamiento del Senador don
Joan María Roig i Grau.
El señor PRESIDENTE: ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor ROIG I GRAU: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Podéis retiraros.
El señor Secretario (Rojo García) procede al llamamiento del Senador don
Josep María Sala i Griso.
El señor PRESIDENTE: ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor SALA I GRISO: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Podéis retiraros.
El señor Secretario (Rojo García) procede al llamamiento del Senador don
Alejo Vidal-Quadras i Roca.
El señor PRESIDENTE: ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor VIDAL-QUADRAS I ROCA: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Podéis retiraros.
PREGUNTAS:
--DE DOÑA JOSEFA LUZARDO ROMANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI HA ESTUDIADO EL GOBIERNO LAS REPERCUSIONES QUE TENDRIA
LA PREVISTA REDUCCION DEL CINCUENTA POR CIENTO EN 1995 Y DEL CIEN POR
CIEN EN 1996 DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DESTINADAS A LAS
SUBVENCIONES PARA LA DESALACION DE AGUA DEL MAR EN LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS. (680/000563.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día.
Pregunta de la Senadora Luzardo Romano, del Grupo Popular, sobre si ha
estudiado el Gobierno las repercusiones que tendría la prevista reducción
del 50 por ciento en 1995 y del cien por cien en 1996 de las partidas
presupuestarias destinadas a las subvenciones para la desalación de agua
del mar en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tiene la palabra la Senadora Luzardo.
La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el día 2 de noviembre su señoría anunció al Consejero de
Industria del Gobierno de Canarias su intención de recortar para 1995 el
50 por ciento de la subvención que su Ministro destina al metro cúbico de
agua desalada, así como que en el futuro esta subvención tendría que
desaparecer. ¿Ha estudiado el Gobierno las repercusiones negativas que
para Canarias tendrá esta reducción?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias,
señor Presidente.
Señora Senadora, efectivamente, hace algún tiempo tuve ocasión de hablar
con el Consejero de Industria del Gobierno de Canarias a propósito de
estos problemas y creo que volveré a entrevistarme en breve de nuevo con
él. Espero poder decirle algo que tiene bastante poco que ver con el
texto de su pregunta.
Naturalmente, el Gobierno ha analizado --y no aisladamente-- todas y cada
una de las repercusiones de la política del agua, de la política de
desalación y también de la política presupuestaria, algo que se
corresponde muy mal con el texto de su pregunta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, Senadora Luzardo.
La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me imagino que usted sabrá de las comunicaciones que
envían los miembros de su Ministerio. Don Alberto Lafuente ha remitido
durante estos días una comunicación al Consejero del Gobierno de
Canarias, indicándole que la rebaja podría oscilar en torno a los 1.300
millones de pesetas, de los 1.881 millones de pesetas presupuestados
inicialmente y aprobados por las Cortes en los presupuestos de 1995.
Aprovechando esta pregunta, quiero hacer hincapié en que usted sabe que
desde 1990 esta subvención está congelada, y según las cifras que maneja
el Gobierno autónomo necesitaríamos actualizarla en alrededor de 3.500
millones de pesetas para poder equiparar el precio del agua de Canarias
con el de la Península.
También me imagino que habrá recibido una serie de cartas de su propio
partido político, el PSOE, instándole a que rectifique esta decisión
inicial que usted manifestó al Consejero. En este sentido, ha sido
precisamente su partido político el que ha instado a órganos de Comisión
de Gobierno y ayuntamientos y, en este caso, al Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria y al Cabildo de Gran Canaria, para que usted
rectificase.
Creo que es injusto por su parte decir que los canarios no estamos
preocupados, porque da la impresión de que después de los recortes que
han sufrido la pesca, las exportaciones agrícolas, o las subvenciones al
transporte, ahora le llega el turno al agua. Y al final, la justificación
siempre es la misma; parece que un Gobierno que, por cierto, está en
funciones, intenta arañar presupuestos de donde puede.
Quiero recordarle que usted sabe muy bien que tanto la Constitución como
nuestro Régimen Económico Fiscal establecen un sistema de compensaciones
para Canarias, y no es de recibo que se elimine. Precisamente, el
artículo 11 establece mantener los precios equivalentes a los del resto
de la Península, y usted sabe que en nuestro caso el agua es energía y
que en Canarias hay dos opciones: o llueve, o tenemos agua desalada. Por
eso, a lo largo de estos 25 años hemos desarrollado una tecnología punta.
Le pediría, pues, señor Ministro, que estudie bien las repercusiones de
esta medida --porque, al final, quienes las van a pagar serán los
canarios, ya que la tarifa tendrá que aumentar--, que rectifique y que de
ninguna manera establezca esta reducción, sino que intente actualizarla.
Ya sé que los presupuestos de 1995 están prorrogados, pero me imagino que
desde ahora a marzo hablaremos al respecto, y a lo mejor no son ustedes
los que tendrán que elaborar ese presupuesto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias,
señor Presidente.
Señora Senadora, ignoraba que hubiera algún Gobierno --no sé si regional,
o de algún otro país de la Unión Europea-- en funciones; en todo caso, no
es el Gobierno español. Probablemente tenga usted que refrescar sus
conocimientos constitucionales.
En segundo lugar, la política de desalación de agua de mar ha sido
llevada a cabo --y sigue siéndolo-- a instancias del Ministerio de
Industria y Energía desde hace muchos años, y es una política en la que
hemos hecho grandes avances. Una buena parte de lo que se ha realizado en
Canarias tiene mucho que ver con la política tecnológica del Ministerio
de Industria y Energía. Recuerde, además, que buena parte de las
instalaciones se han hecho a través de empresas que han formado, y siguen
formando, parte del patrimonio empresarial público dependiente del
Ministerio de Industria y Energía.
En tercer lugar, son inexactas las cifras que usted ha citado en su
pregunta sobre las reducciones en las subvenciones. Lo que hemos
comunicado --y espero poder confirmárselo al Consejero tan pronto venga a
Madrid-- es que, de los 1.800 millones inicialmente previstos en los
presupuestos para este año, al menos será posible disponer de 1.300
millones, una cifra totalmente distinta de la que usted ha citado, de 500
millones, como cifra remanente.
En cuarto lugar, quiero señalarle que la política presupuestaria, las
restricciones presupuestarias y las reducciones en los créditos
disponibles del Ministerio de Industria y Energía y de otros Ministerios
operan en todas las partidas, y finalmente quiero decirle que la política
del agua, desde la prioridad, acordada en Canarias como en otros lugares,
tiene que tener un tratamiento singular, un tratamiento al que hemos
contribuido mediante la aprobación de un decreto que hace posible el
tratamiento conjunto de la producción de electricidad y agua desalada
precisamente para propiciar que en lugares donde no hay otras fuentes
alternativas, como es el caso de Canarias, se pueda producir agua en
condiciones naturalmente adecuadas, algo que, naturalmente, no exime de
pagar los costes correspondientes y de tener las subvenciones oportunas,
que deben ser repartidas entre las distintas instituciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DEL SENADOR DON ANTONIO GARCIA CORREA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI EXISTE UN CALENDARIO PARA EL INICIO DE LA
EXPLOTACION DEL YACIMIENTO MINERO DENOMINADO AGUA BLANCA, EN MONESTERIO
(BADAJOZ), GARANTIZANDO EL TRABAJO EN LA NUEVA
MINA A LOS TRABAJADORES EXCEDENTES QUE LA EMPRESA PUBLICA PRERREDUCIDOS
INTEGRADOS DEL SUROESTE DE ESPAÑA, S. A. (PRESUR), TIENE EN LAS MINAS DE
CALA (HUELVA) Y EN FREGENAL DE LA SIERRA (BADAJOZ). (680/000574.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta del Senador don Antonio García
Correa, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si existe un calendario
para el inicio de la explotación del yacimiento minero denominado Agua
Blanca, en Monesterio (Badajoz), garantizando el trabajo en la nueva mina
a los trabajadores excedentes que la empresa pública Prerreducidos
Integrados del Suroeste de España, S. A. (PRESUR), tiene en las minas de
Cala (Huelva) y en Fregenal de la Sierra (Badajoz).
Senador García Correa, su señoría tiene la palabra.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, creo recordar que el 26 de octubre de 1983 una Comisión
de políticos y sindicalistas de la Unión General de Trabajadores nos
reunimos en la Moncloa con el Presidente del Gobierno y con el entonces
señor Ministro de Industria y Energía, don Carlos Solchaga. El motivo no
era otro que desbloquear la problemática que había en la zona minera de
Cala y Fregenal con motivo de la paralización de las minas y la situación
por la que atravesaba aquella comarca minera. Fue una reunión bastante
larga; terminamos a las tres de la madrugada, porque recuerdo que aquel
día fue la invasión de la isla de Granada por parte de las tropas de los
Estados Unidos, y el Presidente del Gobierno, don Felipe González, se
tuvo que quedar hasta la una y media de la madrugada para convencer a
Fidel Castro de que retirara las tropas cubanas y no hubiera una masacre
en la isla de Granada. La reunión terminó a las cuatro de la madrugada,
como digo, pero fue muy positiva, ya que se desbloqueó y el Gobierno dio
luz verde al proyecto Presur.
El Presidente del Gobierno dijo entonces a los que estábamos presentes en
esa reunión que no iba a consentir que se mantuviera una mina si perdía
dinero, si no era rentable, por lo que se pondrían en marcha medidas para
diversificar la actividad económica en la zona. Y una de las medidas que
se puso en marcha fue la de investigación minera, una investigación que
llevó a cabo la empresa Presur y que, afortunadamente, dio con un
yacimiento de níquel importante en el término de Monesterio (Badajoz).
Una vez descubierto el yacimiento se firmó un consorcio entre el Estado
español y la empresa privada Río Tinto minera al 50 por ciento, consorcio
que ha llevado a cabo esta investigación y que después de terminar los
últimos 16.000 metros de sondeo y abrir una galería para muestra de unos
70 metros aproximadamente, parece ser que está ya mismo en condiciones de
saber con exactitud qué mina tenemos, qué cantidad de mineral, qué ley de
níquel tiene y qué tecnología hay que emplear para el beneficio de ese
mineral. Pero hay una preocupación en la zona, sobre todo en los mineros
de Cala y Fregenal, ya que ellos quieren que sea una empresa pública la
que explote el yacimiento, y si no pública al cien por cien, que sea la
misma que está ahora, el consorcio al 50 por ciento, pero que, como
mínimo, un 50 por ciento sea de la empresa pública que ha descubierto
esta importante mina, que es Presur.
Ante la incertidumbre que hay en la zona, tanto de los alcaldes de los
pueblos de Badajoz, Sevilla y Huelva, como de la Unión General de
Trabajadores y de los Comités de Empresa de Fregenal y de Cala de la
empresa pública Presur, este Senador le formula la siguiente pregunta:
¿existe calendario para el inicio de la explotación del yacimiento minero
de Agua Blanca garantizando el trabajo en la nueva mina a los
trabajadores excedentes que la empresa Presur tiene en las minas de Cala
(Huelva) y en Fregenal de la Sierra (Badajoz)?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Senador, creo que con satisfacción compartida le puedo decir que,
efectivamente, de aquellos antecedentes del año 1983 nos podemos situar
ya en unas condiciones bien diferentes, un yacimiento ciertamente no
rentable que puede ser sustituido por la aparición de un nuevo yacimiento
y de unas nuevas fuentes de riqueza en la comarca, de riqueza ya en este
momento económicamente explotables.
Quiero confirmarle, señor Senador, que de acuerdo con las evaluaciones
hechas, después de cubiertas las etapas correspondientes fundamentalmente
a la fase de exploración, estando ya en la fase de desarrollo, y todavía
previas a la fase de explotación minera, tenemos un yacimiento
económicamente explotable y un yacimiento en el cual hay minerales de la
suficiente ley en níquel y en cobre, aparte de otros, como para dar paso
a una explotación minera que en este momento se está analizando en qué
manera llevarla a cabo de la forma más adecuada posible.
Quiero igualmente confirmarle, señor Senador, de acuerdo con las
conversaciones que bien recientemente he mantenido con el propio Comité
de Empresa, que el Estado hará valer sus derechos del 50 por ciento en la
forma más conveniente para configurar la estructura societaria de la
sociedad que haya de explotar esa mina de tal manera que los
trabajadores, naturalmente los de Presur y los de la comarca, puedan
beneficiarse de esa explotación. Creo que tenemos todavía que dar algunos
pasos ulteriores, los de configurar técnicamente las modalidades de la
explotación, pero creo que estamos en condiciones de tranquilizar a la
opinión pública de esas comarcas, de la comarca de Extremadura y de la
comarca lindante también de Andalucía, en el sentido de que esta
explotación será viable, que permitirá garantizar empleos y que permitirá
que un horizonte de pérdida de actividad económica como consecuencia de
la falta de rentabilidad de las anteriores minas de piritas pueda ser
sustituida por una explotación de otro tipo de minerales que ciertamente
podrá llevarse a cabo o no a
partir de Presur, pero en todo caso en la que el Estado hará valer sus
derechos para garantizar no solamente los empleos, sino la máxima
difusión de riqueza en las comarcas afectadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON ALFONSO GARRIDO AVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA POSTURA DEL GOBIERNO EN LAS NEGOCIACIONES CON LA COMISION EUROPEA EN
ORDEN A LA AMPLIACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA IBERIA, LINEAS AEREAS DE
ESPAÑA, S. A. (680/000575.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Garrido Avila, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la postura del Gobierno en las
negociaciones con la Comisión Europea en orden a la ampliación de capital
de la compañía Iberia.
El Senador Garrido tiene la palabra.
El señor GARRIDO AVILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el 13 de diciembre, 12 más uno que dirían otros, en el
tiempo prefijado por los acuerdos de la Mesa, se presentaba esta pregunta
sobre cuál era en ese momento el estado de las negociaciones con la
Comisión a efectos de la autorización de la ampliación de capital
absolutamente necesaria para la viabilidad de la Compañía Iberia.
Afortunadamente, según las informaciones de prensa que hemos tenido los
españoles, parece que las cosas han cambiado el derrotero que llevaban en
esos días. No ha querido el Senador que le interpela, señor Ministro,
retirar la pregunta porque creo que era bueno que en sede parlamentaria,
que es donde tiene que ser, ésta fuese la primera ocasión en que su
señoría pudiese contarnos para su debida constancia en el «Diario de
Sesiones» cuál es ese resultado que al parecer definitivamente se ha
tenido con la Comisión o ese principio de acuerdo del que se habla.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro de Industria y Energía tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Senador, no siempre uno tiene que contar dificultades, también a
veces tiene que explicar que tras un año largo y lleno de obstáculos y de
tensiones con la propia Comisión Europea, finalmente hemos llegado a un
acuerdo que tendrá que plasmarse jurídicamente a través de una decisión
de la Comisión Europea. Pero es verdad que la incertidumbre que pesaba
sobre Iberia por razón de las dudas o de las dificultades para que la
Comisión autorizase la ampliación de capital que se había instado han
desaparecido en este momento, lo cual me parece que es un elemento
absolutamente clave para resolver otros problemas que sigue teniendo
Iberia como son los del acuerdo con el conjunto de los trabajadores y
notablemente con el del sindicato de pilotos, al cual vuelvo a reiterar
una llamada a la sensatez de una vez y por todas.
Pero en relación con la ampliación del capital me parece que el acuerdo
es satisfactorio. Uno nunca obtiene el cien por cien de lo que solicita,
y esto lo sabemos todos quienes tenemos que negociar y lo que tienen o
han tenido que negociar alguna vez; pero si tuviéramos que explicarlo de
alguna forma o dar alguna calificación, si usted compara la autorización
de Bruselas que vendría a significar 87.000 millones, más 20.000 millones
adicionales, esto es 107.000, con los 130.000 millones que se habían
solicitado, significa el 82,3 por ciento de lo que se había demandado.
También significa que hay que hacer --y formaba parte de los propios
deseos desde el punto de vista empresarial-- una operación de reducción
de las participaciones de Iberia en América Latina a partir de la
configuración de un traspaso de acciones a una sociedad formada por
bancos de inversiones, en concreto Bankers Trust y Merril Lynch, con
participación al 40 por ciento de Teneo, de buena parte de los activos
latinoamericanos, con una opción de recompra en determinadas
circunstancias y, en todo caso, con la posibilidad, como es también
voluntad de Teneo y de Iberia, de seguir manteniendo la gestión de esas
compañías y, por lo tanto, la operación y a la vez poder utilizarlas
dentro de un paquete global de negociación de una alianza como la que
para el caso de Iberia se lleva largo tiempo buscando y negociando. Por
consiguiente, creo, señor Senador, que es un acuerdo más que razonable,
un acuerdo bastante satisfactorio, o razonablemente satisfactorio para no
ser en absoluto triunfalista.
Si me lo permite, me gustaría volver a insistir en algo que pienso que es
importante: Iberia no se soluciona solamente con medidas de
capitalización, sino, sobre todo, con la responsabilidad de todos quienes
en Iberia intervienen. El accionista, por supuesto, que es un accionista
público y que utiliza dinero de todos los españoles, aun cuando no
provenga este dinero de los presupuestos, pero sí dinero, el de Teneo,
que es público al cien por cien y, en segundo lugar, con la
responsabilidad de todos quienes intervienen en la compañía, los
trabajadores de un tipo u otro y también quienes ejercen la tarea de la
gestión. Por lo tanto, no es solamente tiempo de congratularnos, sino de
seguir haciendo un llamamiento para que el esfuerzo de tantos y de tanta
gente para hacer viable Iberia no quede esta vez puesto en cuestión.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Garrido.
El señor GARRIDO AVILA: Muchas gracias, señor Ministro.
Mi Grupo se alegra, y creo que algunos otros de la Cámara también --no sé
si todos, aunque me gustaría--, de
este acuerdo, al que finalmente, después de muchos esfuerzos del Gobierno
que hace cosas bien se ha llegado. Ojalá, señor Ministro, esa
responsabilidad y esa sensatez, a la que usted hace un llamamiento, de
los agentes sociales de la compañía haya que se encuentre un acuerdo, que
no necesitaba, a entender de este Senador y de su Grupo, llegar a unos
arbitrajes, porque despejado el tema de la ampliación de capital, en la
sensatez de las partes debe estar buscar esos otros acuerdos necesarios
para la viabilidad de la compañía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON ALVARO ANTONIO MARTINEZ SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE EL CONOCIMIENTO QUE TIENE EL GOBIERNO DE LA IMPLICACION DE
FUNCIONARIOS Y CIUDADANOS ESPAÑOLES EN EL CONTRABANDO DE PLUTONIO
REALIZADO, EN EL VERANO DE 1994 DESDE MOSCU (RUSIA), A MUNICH (ALEMANIA).
(680/000587.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Martínez Sevilla, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre el conocimiento que tiene el Gobierno de la
implicación de funcionarios y ciudadanos españoles en el contrabando de
plutonio.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MARTINEZ SEVILLA: En el verano de 1994 se realiza la operación
ADE, montada, según todos los indicios, por el BND, Servicio de espionaje
alemán, con oscuros propósitos y que culmina con la detención de dos
ciudadanos españoles y un colombiano en Munich el 10 de agosto de 1994 y
la aprehensión de una maleta conteniendo 363 gramos de plutonio 239 y 201
gramos de litio 6. Al parecer, la mercancía iba a ser comprada por
agentes alemanes por 276 millones de dólares USA, una cantidad que supera
los 30.000 millones de pesetas. Sin embargo, la historia comienza en
Madrid, donde dos agentes colaboradores del BND, Rafael Fernández, Rafa,
y V. Eric Schnell, alias Roberto, introducido en el hampa madrileño, se
interesan por la compra de hasta cuatro kilogramos de plutonio.
En este contexto, señor Ministro, ¿cuál es el conocimiento por parte del
Gobierno de la implicación de funcionarios y ciudadanos españoles en el
asunto del contrabando de plutonio, realizado el verano de 1994 desde
Moscú a Munich?
El señor PRESIDENTE. Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores, a quien, antes
de que comience, quiero dar la bienvenida a esta Cámara y desearle
aciertos en su gestión.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Westendorp y Cabeza): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, para mí es un placer comparecer por vez primera como Ministro
de Asuntos Exteriores en el Senado, y con mucho gusto voy a pasar a
responder a la pregunta del señor Martínez Sevilla.
Los dos ciudadanos españoles implicados en el caso de contrabando de
plutonio, frustrado, en agosto de 1994 de Munich, son los señores Javier
Bengoetxea Arratibel y Julio Oroz Díaz, condenado el primero a tres años
de prisión y el segundo a tres años y nueve meses por violación de la Ley
Federal de Control de Armas de Guerra de 29 de agosto de 1961. Cumplen en
la actualidad su condena en la prisión de Landsberg, donde, por medio del
Consulado General de España en Munich, se les presta regularmente la
asistencia prevista para estos casos. Las condiciones de detención fueron
absolutamente correctas.
El Gobierno no tuvo conocimiento de la operación de contrabando en
cuestión sobre materiales nucleares ni tampoco de la implicación de
ciudadanos españoles hasta la detención de las personas mencionadas y
posteriormente a la condena a la que acabo de referirme.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para réplica, tiene la palabra el señor Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Ministro, yo también quiero felicitarle
sinceramente por esta primera intervención en la Cámara y desearle toda
suerte de parabienes en su futura labor. Si no lo he hecho en la
intervención anterior, es porque pensaba que el señor Ministro Belloch
iba a ser el encargado de dar esta respuesta, ya que, obviamente, la
pregunta se dirige más hacia funcionarios de su departamento y de su
competencia que a usted mismo; en definitiva, no sabía quién iba a ser el
Ministro que iba a responder. Pero, dicho esto, le deseo toda suerte de
aciertos en su labor y espero que no sea la última vez que le veamos por
esta Cámara. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señor Ministro, me ha decepcionado ciertamente su respuesta. Realmente,
lo único que ha comentado ha sido lo que diversos medios de comunicación
ya han publicado respecto a la implicación de dos ciudadanos españoles,
pero no todo lo que ya sabemos sobre este asunto. Por ejemplo, señor
Ministro, le voy a plantear seis cuestiones a las que yo esperaría que
usted diera respuesta porque se refieren realmente al fondo de la
cuestión.
En primer lugar, hay un miembro de la Guardia Civil, Rafael Ferrera
Fernández, del Departamento de su colega Belloch, supuestamente dado de
baja por enfermedad. ¿Cuándo supieron el Gobierno español y la policía
española que la BKA, la Agencia Federal de lo Criminal alemana, tenía la
intención de iniciar desde Madrid una compra ficticia de plutonio?
Existen indicios, señor Ministro, que apuntan a la existencia de
preparativos de una acción conjunta contra traficantes de plutonio por
parte de...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sevilla, ruego a su señoría --y estoy
descontando el tiempo-- que abrevie
y que no formule nuevas preguntas porque reglamentariamente no es
posible.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, eran con relación al fondo
de la cuestión.
El señor PRESIDENTE: Pero el fondo de la cuestión se plantea en la
primera pregunta, y no cabe más que una.
Tiene su señoría la palabra.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, insistiré sobre esa pregunta
planteada.
Señor Ministro, en definitiva, tanto la Comisión de Investigación del
Bundestag como los datos de que disponemos en la actualidad permiten
asegurar que un miembro de la Guardia Civil española, Rafael Ferrera
Fernández, funcionario, ha estado implicado en el asunto del contrabando
de plutonio; que este miembro ha sido prácticamente asumido por los
servicios secretos alemanes BND, de acuerdo con la propia dirección de la
Guardia Civil, por aquel entonces el señor Roldán; y que además ha sido
contratado por los servicios secretos alemanes un miembro de seguridad
del Gobierno español, planteando, por tanto, un acto hostil desde
Alemania. ¿Cómo puede pasar esto sin que repercuta sobre las relaciones
germano-españolas? Y además apuntando en la propia ficha de Rafa, del
señor Rafael Ferrera Fernández, en el BND que se podría convertir en un
escándalo internacional o para las relaciones germano-españolas el que se
conociesen su asunción por los servicios secretos del BND.
Por otra parte, señor Ministro, también hay serias sospechas de
implicación de funcionarios españoles, en concreto del Cesid en este
caso. El coordinador de los servicios secretos en Bonn y Ministro de la
Cancillería Federal, señor Schmidt Bauer, ha tenido reiteradas relaciones
con el señor Alonso Manglano, antiguo jefe de los servicios secretos
españoles, sobre este tema. Es más, se han intercambiado cruces, se han
intercambiado méritos, el último de ellos muy recientemente. ¿Ha recibido
este señor, el señor Manglano, un dossier por parte del BND en este caso?
(Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Y, finalmente, señor Ministro, ¿cuáles son al día de hoy las acciones que
ha iniciado el Gobierno español para facilitar la declaración de estos
funcionarios implicados en el asunto del contrabando de plutonio en la
Comisión Federal de Investigación del Bundestag?
Todas estas son las preguntas a las que se espera que responda, señor
Ministro. (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Westendorp y Cabeza): Muchas
gracias, señor Presidente.
A mí me hubiera gustado corresponder al señor Martínez Sevilla en mi
respuesta con la misma longitud que sus preguntas. Lamentablemente, la
contestación que le tengo que dar es mucho más breve: que el Gobierno
español en ningún momento tuvo conocimiento de los hechos a los que alude
su señoría, ni en su gestación ni en su desarrollo. Por lo tanto, los
hechos han sido conocidos por el Gobierno español una vez que se han
realizado las investigaciones oportunas por parte del Tribunal Federal
Alemán y una vez realizadas las condenas a las que se alude.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
--DE LA SENADORA DOÑA MARIA DEL MAR AGÜERO RUANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS RESULTADOS DEL PLAN MARCO DE
COMPETITIVIDAD DEL TURISMO ESPAÑOL (PLAN FUTURES). (680/000581.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora doña María del Mar Agüero
Ruano, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados
del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan Futures).
Tiene la palabra la Senadora Agüero.
La señora AGÜERO RUANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, durante los últimos años se ha venido produciendo un
cambio estructural en los mercados turísticos, que obligaron a plantear
una nueva estrategia en el sector turístico español para lograr la
consolidación del turismo, que es uno de los sectores clave de la
economía española.
Con la aprobación del Plan Futures, los objetivos que se han querido
alcanzar han sido, a grandes rasgos: consolidar la importante posición
con que España cuenta en el turismo tradicional, el de «sol y playa»;
aprovechar las nuevas oportunidades que surjan y desarrollar un sector
turístico empresarial competitivo.
Por ello, señor Ministro, con la realización de los diferentes programas
que se han ido desarrollando en el cuatrienio 1992-95, queremos
preguntarle cuáles han sido, a su juicio, los resultados del Plan de
Competitividad del Sector Turístico Español (Plan Futures).
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Ministro de Comercio.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señora Senadora, como usted sabe, el Plan Marco de Competitividad del
Turismo Español (Plan Futures), nace en el año 1991 en medio de una
crisis importante del sector turístico. Y lo hace en un momento en el que
el sector --quizá por primera vez en su historia-- adopta o es capaz de
asumir algún papel autocrítico, porque el sector turístico ha sido muy
complaciente consigo mismo. Cuando ha tenido problemas, siempre ha
buscado a alguien a quien echarle las culpas: en muchas ocasiones a la
Administración;
en otras, a problemas con distintos países. En 1991, por primera vez, es
un sector más maduro y que asume un papel autocrítico, reconociendo que
debe replantearse algunos aspectos de su estrategia. Y ese papel de
reflexión lo lidera la Secretaría General de Turismo. Se hace un programa
que yo calificaría de muy positivo, con un análisis bastante profundo de
cuáles son los puntos positivos y negativos del sector turístico y qué
medidas y qué acciones hay que desarrollar.
¿Cómo se ha desarrollado dicho Plan a lo largo de esos cuatro años? Yo
creo que ha tenido un efecto fundamentalmente positivo, aunque más tarde
me referiré a los aspectos negativos y críticos, en mi opinión, del
desarrollo de dicho Plan. Se han invertido 9.114 millones de pesetas en
1.966 proyectos, dirigidos, fundamentalmente, a los siguientes campos:
diagnóstico y análisis de empresas o destinos turísticos, formación de
recursos humanos, innovación y fortalecimiento del tejido empresarial,
desarrollo de los productos y promoción de la oferta turística; y por una
auditora se ha llevado a cabo el estudio y evaluación acerca de cómo ha
funcionado el Plan Futures y qué objetivos se han cumplido.
Yo creo que, respecto de los objetivos, se han cumplido la mayor parte;
pero, sobre todo, ha habido algo muy importante que antes el sector no
tenía claro y hoy lo tiene al cien por cien: se ha difundido la cultura
de la calidad; se ha difundido una cultura de la innovación y de la
competitividad.
Por lo tanto, señoría, yo creo que el sector es hoy consciente acerca de
por dónde hay que caminar. Hoy nadie pone en duda que el futuro del
turismo español está en la calidad y no en el precio exclusivamente, como
sucedió en muchos momentos de su historia. En 14 destinos turísticos se
han puesto en marcha planes globales de recuperación o desarrollo
turístico enfocados a la mejora de la calidad, tanto empresarial como del
entorno urbano y medioambiental.
¿Cuál es el aspecto negativo? El aspecto en el que debemos ser
autocríticos es que el programa ha tenido lo que podríamos denominar
exceso de dispersión, es decir, ha intentado abarcar demasiado:
demasiados proyectos con cantidades pequeñas que han dificultado el
control y el seguimiento de las propias acciones y que han dispersado
excesivamente el enfoque. Por lo tanto, de cara al futuro hay que
continuar en lo que ha sido un éxito, esto es, en los programas de
calidad, pero al mismo tiempo hay que concentrar el esfuerzo en programas
más reducidos y en un número menor de actuaciones posibles que permitan
un mejor seguimiento y desarrollo del Plan.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Agüero.
La senadora AGÜERO RUANO: Gracias, señor Presidente.
La verdad, señor Ministro, para qué le voy a decir lo contrario, me ha
gustado su respuesta, porque no es corriente que vengan aquí un Ministro
en nombre del Gobierno y que no solamente diga cosas positivas, sino que
diga también las negativas. Con su respuesta me ha descuadrado un poco
porque yo iba a referirme a las cosas negativas y usted me las ha
reconocido.
Efectivamente, no me duelen prendas reconocer, como usted ha dicho, que
el Plan Futures no ha sido negativo, sino todo lo contrario: ha sido
bastante positivo porque ha servido de aliciente a todo el empresariado
turístico no solamente para ilusionarse en tiempos difíciles --como usted
ha manifestado--, sino también para invertir en nuevos proyectos, sobre
todo en algo que era importante como mejorar la calidad de lo que ya se
tenía, así como para elevar el nivel profesional de los recursos humanos
del propio sector, conservar el entorno natural y urbano, etcétera. Pero
reconózcame, señor Ministro, que la parte negativa del Plan no solamente
se ha debido al exceso de la dispersión, como usted acaba de decir.
En algunas ocasiones se han hecho declaraciones que han sido más de
buenas intenciones que de realidades, porque en el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que establecía el volumen
de recursos presupuestarios destinados al desarrollo del Plan aparecían
48.209 millones para cuatro años y creo recordar que usted ha dicho que
se han invertido 9.000 millones aproximadamente. Lo cierto es que al
principio se pensó que esa cantidad de 48.209 millones era para el Plan
Futures, pero me da la impresión de que en ese presupuesto estaba
incluida toda la promoción exterior de España y otros gastos de la
Secretaría General. De todas maneras, no es malo, por supuesto, haber
invertido en el sector turístico, pero nos pareció --y éste es el punto
negativo que yo quería comentarle-- que existía una desconexión absoluta
entre las dotaciones que figuran en ese Acuerdo que aprueba el Plan
Futures y las subvenciones presupuestadas y concedidas, al menos según
los datos que nosotros manejamos y por las respuestas a las preguntas
parlamentarias que les hemos hecho en reiteradas ocasiones y que el
tiempo me impide enumerarlas todas.
Por lo tanto, señor Ministro, espero que para el Plan Futures del próximo
cuatrienio --que sé que lo ha presentado ya-- se aprenda de los errores
que se han cometido en este Plan Futures y que, como usted ha dicho, no
se den tantas cantidades pequeñas para contentar a todo el mundo, sino
que se realicen grandes proyectos en beneficio de todo el sector
turístico.
Gracias, señor Ministro, por asistir a este último Pleno y muchas
felicidades por las próximas Navidades.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Conociendo el buen gusto de la señora Senadora, felicito al Ministro de
Comercio, quien tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Muchas
gracias, señor Presidente.
En primer lugar, muchas gracias, Senadora, por su intervención y quiero
darle una primicia: esta mañana hemos
tenido Conferencia Sectorial y se ha aprobado el Plan Futures de los
próximos años. Ello quiere decir, por tanto, que esta mañana la
Conferencia Sectorial, de la que forman parte las Comunidades Autónomas,
ha dado el visto bueno a un proyecto que llevábamos tiempo debatiendo
sobre el enfoque de la modificación del Plan Futures hacia el futuro
--aunque sea reiterativo--, que contempla que nos concentremos en menos
proyectos tras la experiencia del pasado. El sector está hoy mucho más
maduro para, inclusive, llevar adelante los proyectos que inicialmente se
planteaban y, por lo tanto, el Plan Futures de los próximos años será
todavía más productivo de lo que ha sido el del pasado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DE DOÑA ELENA FLORES VALENCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LA CONCLUSION DEL ACUERDO
FIRMADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 1995 ENTRE LOS JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO DE LA UNION EUROPEA CON SUS HOMOLOGOS DE LOS PAISES DEL MERCADO
COMUN DEL CONO SUR (MERCOSUR). (680/000576.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora doña Elena Flores Valencia,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace el
Gobierno de la conclusión del Acuerdo firmado el 15 de diciembre de 1995
entre los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con sus
homólogos de los países del Mercado Común del Cono Sur.
Senadora Flores, tiene la palabra.
La señora FLORES VALENCIA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda la
primera comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores en esta Cámara
para sumarme a las palabras de bienvenida del señor Presidente y, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, expresarle nuestra más
calurosa y sincera felicitación y los mejores deseos de éxito en su
gestión.
A continuación, paso a formularle la pregunta.
El pasado día 15 de diciembre ha tenido lugar en Madrid un hecho de gran
relevancia como ha sido la firma solemne del Acuerdo Marco Interregional
de Cooperación Económica y Comercial entre la Unión Europea y los países
del Mercado Común del Cono Sur (Mercosur). Señor Ministro, quisiéramos
conocer la valoración que hace el Gobierno de la conclusión de este
acuerdo marco y de su alcance.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Westendorp y Cabeza): Muchas
gracias, Presidente.
Señoría, contesto con mucho gusto.
El acuerdo firmado a raíz del Consejo celebrado en Madrid entre la Unión
Europea y Mercosur tiene el alcance de un acuerdo de trascendencia
histórica. Es, por así decirlo, la culminación de un proceso de
acercamiento gradual, paulatino y paciente, desarrollado por España,
desde que es miembro de la Unión Europea, en favor del acercamiento de
las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica. Unas relaciones
que, cuando entramos en Europa en 1986, se encontraban en un grado
prácticamente nulo, prácticamente inexistente. Poco a poco, de forma
paciente, se ha ido edificando un esquema de relaciones con los países
latinoamericanos, sea con los de centroamérica, sea con los del Pacto
Andino --intervención del Banco Europeo de Inversiones, concesión del
sistema de preferencias generalizadas, un profundo esquema de ayuda al
desarrollo en los países de centroamérica, convenios de cooperación
individualizada con distintos países--, que fueron elevando poco a poco
la categoría de las relaciones de la Unión Europea. Pero este esquema no
podía estar completo hasta que no se realizara algo que para la Unión
Europea es totalmente pionero. Es la primera vez que un grupo de países
alejados de la frontera inmediata de la Unión Europea, a través de un
marco interregional, realizan este acuerdo con Europa que, como digo, es
totalmente una novedad.
La Unión Europea es para Mercosur el primer socio comercial, el primer
inversor y el primer donante de Mercosur. Por este acuerdo se pretende
lograr, en primer lugar y a corto plazo, una liberalización comercial
sustancial y, a medio y a largo plazo, una zona de librecambio. Para ello
se ha diseñado una estrategia gradual y realista con el objetivo de que
los intereses de las partes puedan ser perfectamente salvaguardados.
Pero no es solamente un aspecto comercial el que tiene el acuerdo de
Mercosur, sino también un acuerdo eminentemente político. El diálogo
político que se establece en este acuerdo está al mismo nivel que el
diálogo político que se establece con otras zonas de otros países
tradicionalmente ligados a la Unión Europea por vínculos ya
tradicionales. Es un vector de las relaciones trasatlánticas, como decía
el Presidente del Gobierno español, que está orientado precisamente hacia
el sur del continente americano como complemento del segmento
noratlántico que ha venido hasta ahora presidiéndolas. Por lo tanto,
señorías, en el Gobierno estimamos que el Acuerdo Interregional con
Mercosur, además de cumplir uno de los objetivos fundamentales de la
Presidencia española, representa una experiencia única y hasta cierto
punto revolucionaria en las relaciones exteriores de la Unión Europea. No
solamente es con una zona con hondas raíces culturales en Europa, con los
mismos valores y principios, no es solamente un acuerdo económico, es
también un acuerdo de profundo calado político y, sin duda alguna,
revertirá en favor del bienestar y la prosperidad de los ciudadanos de
los dos continentes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Senadora Flores? (Pausa.) Gracias.
--DE LA SENADORA DOÑA ANA MARIA SANCHEZ DE MIGUEL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LOS
RESULTADOS DE LA CONFERENCIA EUROMEDITERRANEA, CELEBRADA EN BARCELONA LOS
DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 1995. (680/000577.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Doña Ana María Sánchez de
Miguel, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace
el Gobierno de los resultados de la Conferencia Euromediterránea,
celebrada en Barcelona los días 27 y 28 de noviembre de 1995.
Tiene la palabra.
La señora SANCHEZ DE MIGUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, uno de los logros más destacados en este semestre, en el
que España ha presidido el Consejo de la Unión Europea, ha sido la
Conferencia Euromediterránea celebrada en Barcelona con la participación
no sólo de los quince países miembros de la Unión Europea, sino también
de los doce países socios de la Ribera sur del Mediterráneo.
Las expectativas creadas entre los países a los que atañen los resultados
de esta Conferencia quedan, desde mi punto de vista, satisfechas con los
contenidos de la Declaración de Barcelona, que lanza una nueva asociación
global euromediterránea.
En este sentido, me gustaría saber qué valoración hace el Gobierno de los
resultados de la Conferencia Euromediterránea celebrada en Barcelona los
días 27 y 28 de noviembre.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Westendorp y Cabeza): Muchas
gracias, señor Presidente.
Esta aprobación por unanimidad y sin reservas, después de una sesión
difícil y con un cierto suspense a última hora de una declaración y un
programa de trabajo, ha desembocado en un proyecto ambicioso y de gran
envergadura, que es la creación de un gran espacio euromediterráneo, una
gran asociación euromediterránea de nuevo cuño, que está cimentada, sobre
todo, en tres pilares.
En primer lugar, un pilar político, de diálogo político, de acercamiento
de valores, respeto de fronteras, garantías territoriales, derechos
humanos, una serie de principios que forman la base de nuestra
civilización común.
En segundo lugar, un pilar económico, gracias a la instalación progresiva
y gradual de una zona de libre comercio, no solamente entre la Unión
Europea y los países del Mediterráneo, sino también entre los países del
Mediterráneo, hasta ahora con unas relaciones prácticamente inexistentes.
Además, estas relaciones comerciales se sustentan en acuerdos de
asociación individualizados con cada uno de los países y en un generoso
programa de ayuda, que se denomina MEDA, dotado de 4.800 millones de ecus
en el próximo quinquenio.
Finalmente, tiene un aspecto social, un aspecto cultural, cimentando el
entendimiento entre las concepciones del mundo a las dos orillas del
Mediterráneo, porque solamente a través de ese entendimiento, del
intercambio de personas, del intercambio de estudiantes de formación
profesional, de científicos, será posible que caiga cualquier tipo de
barreras mentales entre las dos orillas, que es algo absolutamente
fundamental para todo el proceso.
El espíritu de Barcelona es un espíritu global, que abarca a todos los
países de la cuenca del Mediterráneo. Por primera vez en estos aspectos
de cooperación se ven sentados en torno a la mesa de negociación Siria,
Líbano, Israel o la Autoridad Palestina y, además --esto es quizá lo más
importante--, para Europa la región mediterránea cobra una verdadera
atención, una atención prioritaria, ya no es solamente la Unión Europea
la que está preocupada por el este de Europa, por la vecindad del este,
sino que también se preocupa, sobre todo, pro la vecindad del sur.
Ya tenía algunos antecedentes esta operación, como el diálogo cinco más
cinco, el proyecto de pacto de estabilidad en el Mediterráneo. La
Declaración de Barcelona culmina este proceso, pero no lo concluye, sino
que lo empieza; será continuado con un mecanismo ligero de seguimiento y,
lo que es más importante, en la Cumbre de Madrid se acordó por unanimidad
entre todos los jefes de Estado y de Gobierno que esta Declaración de
Barcelona acabe constituyendo finalmente un pacto por el Mediterráneo,
semejante al pacto de estabilidad firmado con los países del centro y del
este de Europa.
Por lo tanto, señorías, estimo que la Declaración de Barcelona es uno de
los pasos más importantes de política exterior dado por la Unión Europea
en los últimos años.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Sánchez tiene la palabra.
La señora SANCHEZ DE MIGUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro, por la amplitud de su respuesta y
permítame que yo también le felicite por su nombramiento tan cercano en
el tiempo y que le desee que su trayectoria política como Ministro de
Asuntos Exteriores sea tan fecunda, al menos, como lo ha sido su
actividad en el mundo diplomático.
--DE DOÑA MARIA TERESA DE LARA CARBO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LOS CRITERIOS QUE APLICA EL GOBIERNO PARA LA ASIGNACION
DE SUBVENCIONES AL TRATAMIENTO DE ACEITES USADOS PARA SU REUTILIZACION.
(680/000580.)
El señor PRESIDENTE: De la pregunta de la Senadora de Lara ha sido
aplazada su contestación por el Gobierno. Se formulará de acuerdo con las
previsiones reglamentarias.
--DE DON ISIDRO FERNANDEZ ROZADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA EVALUACION QUE HACE EL GOBIERNO ACERCA DEL DESARROLLO Y
APLICACION DE LA LEY ORGANICA DE ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
(LOGSE). (680/000582.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Fernández Rozada, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre la evaluación que hace el Gobierno acerca
del desarrollo y aplicación de la LOGSE.
Tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Educación, el Libro Blanco estableció un calendario
sobre la aplicación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
que, como muy bien sabe, ha sido reformado por la publicación de la
propia ley y varios decretos posteriores. Es decir, como mínimo, ha
habito cuatro cambios en seis años de implantación de la reforma. Ante
esta situación de continua improvisación, se produce un cambio radical en
la aplicación de la ley y para el próximo curso, sin centros, sin la
suficiente información y presupuesto, se está imponiendo a padres,
profesores y alumnos.
¿Qué evaluación hace el Gobierno acerca del desarrollo y aplicación de la
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Gracias,
señor Presidente.
Como su señoría sabe, la LOGSE, en la disposición adicional primera,
establece un plazo de diez años para su aplicación. Llevamos cinco años
de puesta en marcha y la valoración que tenemos es claramente positiva,
ya que podemos afirmar que al final de los diez años, es decir, en el año
2000, cuando se generalice la implantación del nuevo sistema educativo,
se habrán cumplido los compromisos adquiridos por el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Senador.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Ministro, por ese
esfuerzo tremendo. En un afán constructivo en el que va la pregunta y
ante la situación real que está viviendo el estamento escolar resulta,
cuando menos, chocante, que después de varios años sin haber aplicado las
reformas que la propia ley prevé, diga que espera que lo van hacer en el
poco tiempo que queda.
La aplicación de la LOGSE es traumática, dicen los padres, y hoy está en
la gran mayoría de los medios de comunicación como consecuencia de los
problema derivados de la puesta en marcha del ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria. Y usted, señor Ministro, lo sabe. Yo esperaba, de
verdad, que pudiera referirse a ello, cuando menos, para evitar con sus
palabras, en alguna medida, la crispación en el ámbito educativo ante
tanta confusión sobre el desarrollo y la implantación de la LOGSE.
Como usted sabe, señor Ministro, se anticipa al conjunto del ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria y no sólo, como consta en la
legislación, al primer año. Es decir, no sólo a los actuales alumnos de
sexto de EGB, sino que también a los de séptimo se les pretende pasar al
segundo año del ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en lugar de
hacer el octavo, como era lo normal, y con ello finalizar los estudios
básicos.
Señor Ministro, o el calendario está mal o se está incumpliendo. En
Asturias, por ejemplo, se quiere implantar el 95 por ciento del total del
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. ¿No sería mejor, señor
Ministro, que los alumnos de sexto de EGB pasasen al primer año del ciclo
séptimo --que hay tiempo para ello-- hiciesen el octavo y no pasasen al
segundo de la Educación Secundaria Obligatoria? Porque si la enseñanza es
cíclica, como se establece, ¿cómo se puede iniciar un ciclo por segundo
año, como va a ocurrir con los actuales alumnos de séptimo, a los que se
les hace pasar a ese curso en lugar de al octavo de la EGB?
Por otra parte, el señor Ministro, están los problemas que sé que
continuamente le están llegando a su despacho: la elaboración del mapa
escolar en las provincias; las plantillas de Primaria y Secundaria sin
definir; no está estudiada la red de transporte y su coste, precisamente
como resultado de la aplicación de este ciclo en el primer año, porque va
a traer graves problemas.
Se está haciendo una planificación para todo el ciclo, cuando usted sabe
muy bien, que lo más inminente para dentro de unos meses es el primer año
de ese ciclo y no lo tenemos estudiado todavía. La adaptación de las
plantillas en el primer ciclo para los maestros es otro grave problema en
el que merecía la pena hacer un gran esfuerzo.
Finalmente, señor Ministro, y esto es grave también, el 50 por ciento de
los alumnos que actualmente estudian sexto de Educación General Básica y
van a pasar a primero del ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, lo
van a tener que hacer en centros de primaria, porque la falta de
previsión imposibilita que puedan hacerlo en centros de secundaria. Por
lo tanto, no me diga que todo se va a cumplir cuando, y son datos
objetivos, la triste realidad es otra.
A todo ello se une el problema de la financiación, problema que siempre
sacamos aquí y que es esencial para el cumplimiento de los objetivos y de
las reformas que los socialistas han emprendido hace tantos años. Si se
analizan los programas que afectan directamente a la LOGSE, los
crecimientos son claramente descendentes. Analícelos y lo podrá
comprobar. ¿Cómo vamos a poner en marcha aulas de tecnología que son
necesarias para la aplicación del ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria si no hay medios económicos ni
para cumplir con el mínimo de los requisitos establecidos en cada uno de
los niveles?
El señor PRESIDENTE: Senador Fernández Rozada, concluyó su tiempo.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Termino, señor Presidente.
Señor Ministro, todo ello implica que haya confusión y crispación. Preste
un poco más de atención en esta época en la que se está estudiando la
toma de medidas muy importantes para el próximo curso y no nos deje todo
para nuestro futuro Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y
Ciencia.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Fernández Rozada, no estaba en mi ánimo darle una información
breve, simplemente, era porque tengo dos turnos de intervención
parlamentaria. Voy a tratar de ampliar y satisfacer la curiosidad de su
señoría.
En primer lugar, usted ha hecho referencia a Asturias y, precisamente, si
hay una Comunidad Autónoma en la que se encuentren las infraestructuras
adecuadas y disponibles para poner en marcha totalmente la aplicación de
la LOGSE ésa es Asturias, que es una de las principales Comunidades con
mejor dotación.
Paso a hablar de las distintas fases de la reforma educativa. Por
ejemplo, en relación con la Educación Infantil, a pesar de no tratarse de
una etapa de escolarización obligatoria, el incremento de las tasas de
escolarización ha sido muy importante. En este momento están
escolarizados el cien por cien de los alumnos de cuatro y cinco años y
cerca del 70 por ciento de los alumnos de tres años que lo solicitan.
En cuanto a la Educación Primaria, este curso concluye la aplicación
plena de esta etapa, es decir, en el próximo mes de junio. En un 90 por
ciento de los casos tenemos profesores especialistas de educación física
y lengua extranjera. El porcentaje en el caso de los especialistas de
música, y lamento decirlo, es sensiblemente menor; en torno al 50 por
ciento, por la razón que supongo que su señoría conoce de la escasa
presencia entre el profesorado que ya ha accedido a la función pública de
docentes con la preparación y titulación necesarias. No obstante, seguro
que en los cinco años que todavía faltan para desarrollar la ley este
compromiso se habrá cumplido igualmente.
Respecto a la Educación Secundaria Obligatoria, la implantación comienza
el próximo mes de septiembre u octubre. En consecuencia, no empecemos a
anticiparnos con problemas que todavía están en fase de solución y para
los que hay previsión. Es posible que no haya los recursos con los que
todos desearíamos contar para la aplicación inmediata y general de la
Educación Secundaria Obligatoria, pero previsión existe. Por tanto, todos
los alumnos iniciarán en el próximo curso esta etapa. Sin embargo, para
su satisfacción, hemos llegado a una situación muy favorable, ya que en
el presente año el 70 por ciento de los institutos están impartiendo ya
esta etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, y este porcentaje
aumentará en un 16 por ciento el curso que viene. En la implantación de
esta etapa se han cumplido igualmente los compromisos adquiridos; el
establecimiento de un ratio de 30 alumnos, ampliación de la plantilla de
profesores; aula de tecnología y creación de los departamentos de
orientación.
El bachillerato no se generalizará hasta el curso 1988-1989. Sin embargo,
una vez más el Ministerio también ha hecho un esfuerzo de anticipación y
para el curso 1995-1996 están ya impartiendo el bachillerato 344 centros
y en el próximo curso este número ascenderá a 454.
Puedo seguir haciendo relación de la previsión de formación profesional a
través de la aprobación de los títulos de las distintas familias que se
concluirá en los dos próximos consejos de Ministros. Y, además, tenemos
el resto del curso para planificar toda la adaptación y preparación de
aulas para la puesta en funcionamiento de la formación profesional
prevista por la LOGSE.
Finalmente, quiero hacer una referencia también a la educación especial,
cuya normativa, como sabe, ha sido actualizada, de acuerdo con la LOGSE,
en el Decreto 696, de 28 de abril del presente año, al que acompañará
otro decreto sobre compensación de las desigualdades, que está
finalizando su tramitación reglamentaria.
En definitiva, comparto el interés que tiene en que se aplique la LOGSE,
porque eso me da tranquilidad y, en consecuencia, supongo que coincidimos
en los valores que la reforma educativa supone y que lo único que
inquieta a su señoría es que no se cumplan estrictamente todas las
previsiones de la LOGSE. Insisto en que las previsiones existen y, si no
hay recurso, habrá que adaptar aulas o institutos, sin ninguna duda, para
que no queden frustrados alumnos en la aplicación normativa del próximo
curso, cuando corresponde su entrada en vigor.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON JOSE LUIS SAINZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS RAZONES QUE AVALAN QUE EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION
DEL PROYECTO INTEGRADO DE INTERCONEXION DE RECURSOS INFORMATICOS
(RedIRIS) SE ENCUENTREN LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEON EN EL ULTIMO
LUGAR, CUANDO ESTA COMUNIDAD TIENE CINCO UNIVERSIDADES Y EL MAYOR NUMERO
DE ALUMNOS. (680/000583.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Sainz García, del Grupo
Popular, sobre las razones que avalan que en el proceso de actualización
del Proyecto Integrado de Interconexión de Recursos Informáticos se
encuentren las Universidades de Castilla y León en el último lugar.
Senador Sainz, tiene la palabra.
El señor SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Ministro.
Su Ministerio y la Compañía Telefónica firmaron recientemente un convenio
tecnológico para convertir la RedIRIS en la mayor y más avanzada de
España, en una autopista de la comunicación de última generación que
permitirá las más avanzadas aplicaciones informáticas a más de 40.000
usuarios y 140 instituciones de investigación y científicas.
La nueva autopista de la comunicación IRIS contará el próximo año con
diez conexiones y en una banda ancha de hasta 34 megabits. Los
compromisos económicos del convenio, en su conjunto, de cuatro años de
duración, son superiores a los mil millones de pesetas. La información
facilitada a través de esta nueva autopista de la comunicación tendrá
carácter gratuito para la comunidad científica y universitaria y las
conexiones se realizarán, en virtud de este convenio, a un precio
significativamente inferior al actual. Además, según dicho acuerdo, con
el reciente lanzamiento de nuevos servicios, como el de conexión a
Internet y al Infovía, a través de los servicios de Informía, la red IRIS
se constituirá en un proveedor de servicios de información para la
comunidad académica y científica. Asimismo, cualquier usuario de la red
podrá establecer una conexión de acceso, tanto directo a Internet, como a
través de Telefónica, así como con otros proveedores de conexión de
España, evitándose el tráfico de rutas internacionales cuando los
extremos de la comunicación están en nuestro país. Esta autopista jugará
un papel destacado en la nueva sociedad de la información e
interconectará bibliotecas electrónicas nacionales e internacionales,
integrando textos gráficos, imágenes fijas, sonido y vídeo, con la
posibilidad de incorporar la recuperación de hiperdocumentos.
El problema ha surgido al conocer el plan de actuación y comprobar que
las cinco universidades de Castilla y León, según las previsiones del
Gobierno, son las últimas en incorporarse a esta red, dentro de cuatro
años.
Señor Presidente, señor Ministro, no me gusta hacer estudios comparativos
y mi estilo no es ése, pero, al estudiar la planificación de las fases,
se contempla que las universidades de Castilla y León, por su volumen,
por su número de alumnos, no merecen estar junto a otras que tienen un
menor número de alumnos y un menor nivel de investigación.
Es por ello por lo que este Senador pregunta, señor Ministro, qué razones
avalan para que en el proceso de actualización de la RedIRIS se
encuentren las universidades de Castilla y León en el último lugar,
cuando son cinco universidades y cuentan con el mayor número de alumnos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Muchas
gracias, señor Presidente. Gracias a usted también, señor Sainz García,
por formularme una pregunta que creo que tiene máximo interés.
La red IRIS proporciona una serie de servicios apoyados por una
infraestructura en la que se establece un nodo por cada Comunidad
Autónoma. En el caso de Castilla y León está situado en la Universidad de
Valladolid, siendo las Comunidades o las organizaciones afiliadas quienes
deben costear su propia infraestructura y líneas de acceso al nodo de la
red IRIS.
La Comunidad de Castilla y León no ha desarrollado suficientemente dicha
infraestructura, dándose incluso el caso de que sea León la única
universidad pública de España que aún no está conectada a la red IRIS. No
obstante, no es cierto que esa Comunidad esté en el último lugar, como su
señoría afirma o insinúa, sino en un segundo bloque en cuanto a velocidad
de conexión, junto con otras nueve Comunidades Autónomas. La Comunidad
Autónoma de Castilla y León podrá acceder al primer nivel de mayor
velocidad de conexión cuando desarrolle su infraestructura interna y
aumente su demanda de utilización de la red IRIS.
Efectivamente, el pasado 13 de septiembre se firmó el convenio entre la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología con Telefónica de
España, convenio que ha abierto la posibilidad de mantener un crecimiento
de las velocidades disponibles en los troncales de la red. El convenio
contempla una serie de fases de ampliación de la infraestructura troncal
y su diseño se realizó utilizando criterios de ocupación de líneas, de
disponibilidad de previsiones de planta de Telefónica en algunas fases y,
además, se tuvo muy en cuenta la infraestructura ya operativa propia de
cada Comunidad o sus previsiones para la misma.
La conexión al nodo de la red IRIS, situado --como decíamos-- en el caso
de Castilla y León en la Universidad de Valladolid, se realiza mediante
líneas desde Salamanca y Burgos. En estos momentos la línea de
comunicación está muy saturada y no hay planes claros de infraestructura,
o al menos este Ministerio los desconoce, en Castilla y León. En
cualquier caso, la evolución prevista en el convenio anteriormente citado
no es algo absolutamente inamovible o cerrado, por lo que, en función de
las necesidades y siempre que sea viable desde el punto de vista
económico, se podrían realizar variaciones en algunos casos, como podría
ser el de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Comprenderá entonces
que desde el cinco de septiembre hasta la fecha es breve el tiempo
transcurrido y no podemos considerar que ha habido marginación ni ningún
tipo de agravio comparativo, simplemente hay la flexibilidad suficiente
para analizar y ver la posibilidad de mejorar y facilitar la conexión de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Muchas gracias también a
usted, Senador Sainz García.
--DE DON JESUS SEPULVEDA RECIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS RAZONES DEL INCUMPLIMIENTO
DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA REGION DE MURCIA
SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y OPERADORES CULTURALES. (680/000585.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta del Senador Sepúlveda ha sido retirada.
--DE DON ADOLFO FERNANDEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LOS PROYECTOS QUE TIENE PREVISTOS EL GOBIERNO PARA EL
HOSPITAL DE CIEZA (MURCIA). (680/000586.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta del Senador Fernández Aguilar ha sido
aplazada, por lo que se le aplicará lo previsto en la Junta de
Portavoces.
--DE DON MANUEL JAIME BARREIRO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI DISPONE EL GOBIERNO DE INFORMACION ACERCA DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR HERRI BATASUNA (HB) U OTRAS ORGANIZACIONES, COMO ES EL
CASO DE JARRAI, CON EL OBJETIVO DE EXTENDER FUERA DEL PAIS VASCO LAS
TACTICAS DE AGITACION CALLEJERA Y GUERRILLA URBANA QUE YA PRACTICAN EN
DICHA COMUNIDAD AUTONOMA. (680/000573.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Barreiro, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si dispone el Gobierno de información
acerca de las actividades desarrolladas por Herri Batasuna u otras
organizaciones, como es el caso de Jarrai, con el objetivo de extender
fuera del País Vasco las tácticas de agitación, etcétera.
Senador Barreiro, tiene su señoría la palabra.
El señor BARREIRO GIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, desde hace muchos meses ya mi Grupo parlamentario ha
manifestado su preocupación por la situación de agitación callejera,
especialmente en grupos jóvenes, en el País Vasco que todos los medios de
comunicación y medios de opinión política coinciden en identificar como
una estrategia premeditada de los grupos vinculados a Herri Batasuna, sea
cual sea su denominación.
Mi preocupación de este momento no es la que acontecía a aquel personaje
que relataba Bertolt Brecht y que sólo se preocupaba de que viniesen
cuando llegaban a por él. Desde entonces es la preocupación, pero también
es cierto que en Galicia hemos sentido recientemente una acentuación de
los temores que aquella primera preocupación de lo que sucedía en Euskadi
generó en todos los españoles.
En los últimos meses los medios de comunicación han informado acerca de
la presencia, colaboración, coordinación o intercambio de experiencias
entre grupos radicales actuantes en Euskadi en ese clima de premeditada y
desestabilizadora agitación callejera, con grupos especialmente de
jóvenes radicales gallegos.
Entre los problemas políticos o reivindicativos que están teniendo lugar
en mi tierra en los últimos meses se han producido inesperadas e
inexplicables radicalizaciones del conflicto. Por ejemplo, en las
protestas de los trabajadores del sector pesquero de la zona sur de
Galicia se han producido exageradas reacciones violentas al verse
interrumpidas las carreteras por incendios premeditados, al ser destruido
el mobiliario urbano o al destruirse las instalaciones de las
infraestructuras, acciones que todos los sindicatos gallegos se
apresuraron a denunciar como prácticas ajenas a su actuación sindical.
Más recientemente, las juventudes socialistas de Galicia han presentado
una denuncia ante el juzgado de guardia poniendo en conocimiento de las
autoridades el hecho de que grupos gallegos y grupos vascos de jóvenes
radicales intercambiaban documentación, cursos, enseñanzas o prácticas de
igual estrategia de agitación callejera --guerrilla urbana han llegado a
llamarlo incluso los protagonistas--, seguramente con el ánimo de crear
una situación de grave desorden social y político en la esperanza de los
malos pescadores, es decir, en la de arrojarse a las aguas revueltas y
obtener provecho.
Mi pregunta, señor Ministro, señores miembros de la Cámara, está
relacionada con la pretensión de que podamos disponer de cuanta
información pueda existir respecto de estos riesgos, con el ánimo sincero
de que tanto yo como mi Grupo Parlamentario nos ponemos a disposición de
las instituciones para prevenir las graves consecuencias que esta loca y
desesperada carrera de agitación, de desestabilización y de
irresponsabilidad en el grado más agudo en que pueda calificarse, pueda
significar de deterioro de la vida ciudadana, de atentados contra la
estabilidad de la democrática y, en definitiva, de puesta en riesgo de la
esperanza y convivencia ciudadana entre todos los españoles.
Muchas gracias, señor Presidente y señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, efectivamente, el mero hecho del planteamiento de su pregunta ya
es particularmente útil en una política de prevención de esta clase de
conductas.
Es una evidencia que las organizaciones juveniles dependientes de HB, y
en particular Jarrai, son instrumentos de una organización terrorista,
son instrumentos de ETA. Eso no lo han podido acreditar los tribunales en
términos judiciales, pero en términos policiales y políticos es una
evidencia.
Son puros instrumentos de una estrategia global de KAS que ha asignado a
estos sectores en particular una parte concreta del trabajo, la de
acentuar o crear un clima de enfrentamiento civil en el País Vasco o en
Navarra, pero también, y en segundo lugar, como su señoría ha indicado
en el texto de su pregunta, con la pretensión de extender sus zonas de
influencia a otras zonas de España, y a ser posible --si pudieran--, con
la de extender mecanismos de conflictos a otras Comunidades Autónomas de
nuestro país.
Realmente éste es el marco general, marco que, además, responde a una
estrategia precisa en la que, objetivamente, le interesa a ETA lograr
extensiones en otras Comunidades Autónomas. Le interesa desde diversas
perspectivas: por un lado, desde la de la creación de estructuras de
apoyo, incluso para mecanismos de participación electoral, simplemente
cuando se presentan, por ejemplo, a elecciones europeas. En segundo
lugar, también les interesa como mecanismo de fomento de cualquier
planteamiento antisistema, lo que forma parte de su estrategia global, y
a ese respecto pueden aceptar impulsar o apoyar cualquier movimiento
aunque éstos no estén directamente relacionados con sus objetivos
políticos o estratégicos. Si se trata de movimientos antisistema,
funcionan dentro de su estrategia global. En tercer lugar,
desgraciadamente en muchas ocasiones --no es el caso de Galicia, no
tenemos ningún dato a ese respecto-- incluso esos grupos, esas
organizaciones son utilizadas como mecanismos para la obtención de
información, información, naturalmente, para poder realizar mejor
atentados terroristas. Además, en algunos casos su pretensión final
sería, lógicamente, encontrar estructuras de apoyo o acogida de los
terroristas.
Esas tres líneas son las que determinan la estrategia y las que asimismo
determinan que estén trabajando en diversas Comunidades Autónomas. En el
caso de Galicia, efectivamente, hay dos datos concretos a los que ha
hecho referencia su señoría, que son dignos de tener en cuenta.
No quiero alarmar excesivamente --porque tampoco tenemos datos que nos
permitan afirmar que se trata de organizaciones precisas, concretas--,
pero es verdad que ha habido distribución de publicaciones entre
colectivos de jóvenes radicales, normalmente vinculados a formas
ultranacionalistas. Por otro lado, también es cierto que ha habido
desplazamientos de jóvenes pertenecientes a colectivos violentos --de
Galicia y otras partes de España-- al País Vasco, donde tienen contactos
con este tipo de organizaciones. Hay algunos detalles --sobre las formas
de operación de estas actuaciones-- de tipo policial que con mucho gusto
daría a su señoría, pero no me parece adecuado hacerlos públicos en este
acto.
Frente a eso, la estrategia de la Secretaría de Estado de Interior es,
desde hace muchos meses, crear una estructura de información específica
de este fenómeno. En este punto, la información policial --en su sentido
de inteligencia-- es un elemento clave del proceso. Afortunadamente,
tenemos un mapa muy completo de estos grupos, de estos movimientos, de
manera parecida a lo que ocurre con los grupos de extrema derecha, de
xenófobos y de naturaleza, en general, propiciadora de ideologías
radicales.
Junto a la información hay una labor de prevención. En este sentido, me
gustaría decir algo que me parece central. Las instituciones, todos, el
conjunto de la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad directa de
la Secretaría de Estado de Interior, pueden hacer un trabajo
perfectamente útil, como es la identificación y aislamiento de esas
personas en los núcleos urbanos concretos donde viven. Cada vez que una
operación de este tipo se realiza, se logra la neutralización efectiva
del grupo. Por tanto, en ese trabajo deben colaborar, sin duda, las
Administraciones, los responsables políticos, porque no es posible que
estos jóvenes vivan en un clima en el que su núcleo de población no
entienda hasta qué punto son el último eslabón de una cadena estratégica
que tiene su origen en ETA, por muy alejado que parezca el último eslabón
del primero.
Finalmente, sin duda, está la acción represiva. En este campo, sin
embargo, hay que tener un criterio muy claro. Se trata de lograr
resultados eficientes, de la proporción entre los medios y los resultados
obtenidos.
Esto es lo que, en términos generales, puedo contestar a su señoría, sin
perjuicio de que podríamos proporcionarle información si así lo solicita,
sobre cualquier tema concreto de orden policial que le interese de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, Senador Barreiro.
El señor BARREIRO GIL: Gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro. Desde luego, me pongo a su disposición
para cualquier tipo de colaboración que sea necesaria en este terreno,
con la voluntad, como digo, de colaborar en el saneamiento de los
comportamientos democráticos de todos los ciudadanos y, especialmente, de
estos sectores. Creo que puedo decirlo no sólo en mi nombre y en el de mi
Grupo Parlamentario porque, sinceramente, pienso que los parlamentarios
gallegos que estamos en esta Cámara compartimos la preocupación y la
voluntad de ser útiles al país también en este terreno.
Gracias.
--DE DON JUAN ANGEL IGLESIAS MARCELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN ORDEN A QUE EN EL SENO
DE LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA DESAPAREZCA EL DELITO POLITICO EN LOS
PROCESOS DE EXTRADICION. (680/000578.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Iglesias Marcelo, del Grupo
Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en orden a
que en el seno de los países de la Unión Europea desaparezca el delito
político en los procesos de extradición.
Tiene la palabra, Senador Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como es sabido, en el contexto de la Unión Europea existe
todavía la posibilidad de negar la extradición de un país miembro de la
Unión a otro país
miembro de la Unión por motivos políticos, es decir, por la consideración
de que existe un delito político; consideración que realizaría el país
requerido respecto del contenido de la demanda del país requiriente.
Es evidente, y en ello mantenemos una posición muy firme, que carece
totalmente de sentido hablar de delitos políticos en el contexto de los
países de la Unión Europea. Todos los Estados miembros coinciden en que
el respeto a los derechos humanos y a las libertades políticas
constituyen elementos esenciales de los sistemas democráticos. Por tanto,
cuando se habla de delitos políticos en realidad se habla de delitos
comunes, muchas veces conexos con delitos de terrorismo, bajo los cuales
se pretende camuflar con calificativos políticos actividades que
violentan brutal y frontalmente el significado verdadero del sentido
político.
Nos parece evidente, y hay que decirlo, que el conjunto de los tratados
de extradición entre los países de la Unión, sin negar el principio de
territorialidad que rige las normas penales, va constituyendo poco a
poco, a medida que se perfecciona, algo así como un mínimo común penal
que es un objetivo deseable entre países que intentan construir una unión
política de profundo alcance. Por ello, no deja de sorprendernos que
existan todavía, o que se mantengan, los delitos políticos como motivos
para negar extradiciones solicitadas por países miembros, y es por ello
por lo que pregunto al Gobierno por los propósitos y las actuaciones que
en orden a resolver el problema planteado tiene pensado realizar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e
Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, en efecto comparto sus planteamientos, y los comparte España
desde hace mucho tiempo, concretamente desde la firma del Tratado de
Maastricht. Hace ya dos años y medio largos empezó España a plantear esa
batalla, concretamente cuando no teníamos la Presidencia, y la batalla
continúa dos años y medio después y no está, desgraciadamente, ultimada.
¿Cuál es el nivel de la situación? El planteamiento inicial que hizo
España hace dos años y medio era estrictamente solitario, España lo
sostenía prácticamente en solitario, fue una reflexión nueva en el marco
de la Unión Europea afirmar, en último término, en línea con lo que decía
en su planteamiento, que el propio marco constitucional de Maastricht es
difícilmente conciliable, por descontado, con la figura del delito
político, pero también lo planteábamos en su momento con relación al
asilo y al refugio.
A lo largo del tiempo esa posición ha dejado de ser minoritaria para
convertirse en la posición mayoritaria en el marco de la Unión Europea,
pero no se ha logrado la unanimidad, por lo menos en la construcción
conceptual que su señoría ha planteado y que es la que sostiene España,
porque algún país ha mantenido que sus esquemas constitucionales le
obligan a realizar una reserva sobre esa concepción.
Yo pienso que eso es discutible y que simplemente se trata de que el
proceso no ha madurado aún lo suficiente. Sin embargo sí que se ha dado
un paso que creo que es, a los efectos de política interna española, el
paso decisivo. Concretamente, como saben sus señorías, hasta este momento
en el Convenio de Extradición, en sus sucesivas reformas, se optó por un
modelo en el que la extradición por motivos terroristas está en función
de un sistema de listas, que generaba, ha generado de hecho, en la
jurisprudencia de más de uno de los países de la Unión Europea, la
posibilidad de que supuestos de actividades de carácter terrorista
pudieran beneficiarse de esa categoría abstracta del delito político.
Pues bien, donde sí que se ha logrado ya la unanimidad a quince,
incluidos los países que sin embargo consideran imprescindible seguir
manteniendo la categoría de delito político para otros temas, es en que
en ningún caso los delitos terroristas podrán tener la consideración de
delitos políticos, no en base a una lista abierta de tipos sino a la
categoría misma de terrorismo, principio que además se va a completar con
el planteamiento de la no exigencia de doble incriminación, es decir que
baste que el Estado requirente configure la actividad como delito
terrorista. Ese es el paso sobre el que ya existe cristalizado un acuerdo
que se ha logrado en el marco de la Presidencia española, y que, en
definitiva continuará su trabajo de materialización durante la
Presidencia italiana. Sin embargo, no se ha logrado ese otro paso que
conceptualmente es más profundo. Es verdad, sin embargo, que los
intereses vitales de España se satisfacen fundamentalmente con la
exclusión con que no quede ningún hueco en este momento a la posibilidad
de que un delito terrorista pueda quedar enmarcado en la categoría de
delito político.
La propuesta inicial de España llegaba más allá, pero, por lo menos se ha
logrado que a quince exista esa conformidad. Creo, además, que en la
Presidencia Italiana se va a dar otro paso a la conveniencia, aunque esto
ya no sea estrictamente a los efectos de lo que hablamos, pero
íntimamente relacionado, de la conceptualización del terrorismo como una
manifestación más de la delincuencia internacional organizada, no como
algo específico, sino como un elemento integrado en las mismas políticas
del narcotráfico y blanqueo del dinero, definitiva de todo lo que supone
delincuencia trasnacional.
Ese paso, que traerá además una aceleración de los tiempos y de los
plazos para la integración en Europol de los objetivos del terrorismo,
como también se ha subrayado en el Consejo Europeo, va a completar en el
marco policial el paso que se va a dar en el marco judicial. Por tanto,
creo que en este campo los pasos son importantes y que van a tener una
consolidación definitiva en la Presidencia italiana.
Eso es todo, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. Gracias, Senador
Iglesias.
--DE DON ALFREDO PRADA PRESA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS RAZONES QUE HAN MOTIVADO QUE EL GOBIERNO NO HAYA TENIDO
EN CONSIDERACION LAS PETICIONES DE LA ULTIMA MEMORIA DE NECESIDADES DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON, EN CUANTO A LA CREACION
DE NUEVOS ORGANOS JUDICIALES EN LA REFERIDA COMUNIDAD AUTONOMA.
(680/000579.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Prada Presa, del Grupo Popular,
sobre las razones que han motivado que el Gobierno no haya tenido en
consideración las peticiones de la última memoria de necesidades del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en cuanto a la creación
de nuevos órganos judiciales en dicha Comunidad.
El Senador Prada tiene la palabra.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, el Consejo de Ministros del pasado día 13 de
octubre acordó, entre otras cosas, la creación de diversos juzgados y
diversas plazas de Magistrados en Audiencias provinciales y Tribunales
Superiores de Justicia de toda la Administración de Justicia de nuestro
país. Casualmente, ninguna de estas plazas corresponden a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y es por ello por lo que quiero formular la
siguiente pregunta: ¿Qué razones han motivado que el Gobierno no haya
tenido en consideración las peticiones de la última memoria de
necesidades del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en
cuanto a la creación de nuevos órganos judiciales en la referida
Comunidad Autónoma?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prada.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Primeramente voy a hacer una aclaración puramente formal, la memoria pasa
del Tribunal Superior al Consejo, y lo que se manda es la memoria del
Consejo, no la del Tribunal Superior.
Hecha la aclaración, trataré brevemente de indicarle tema por tema los
motivos.
Audiencia Provincial de León: la situación de la Audiencia Provincial de
León cuenta en la actualidad con siete magistrados distribuidos en dos
secciones mixtas. Su planta prevista no es de siete, sino de nueve, pero
lo cierto es que está por debajo ligeramente de la media nacional en
cuanto a número de asuntos ingresados por magistrado tanto en materia
civil, como en materia penal. Esa es la razón. No obstante, en este caso
concreto se está analizando la posibilidad de que como un mecanismo para
completar la puesta efectiva del funcionamiento del Jurado pudiera ser
conveniente desde esa óptica general, no ya para León, sino para el
conjunto de las Audiencias Provinciales, el llegar a secciones de cuatro
integrantes. Sería en esa óptica, la de un planteamiento general respecto
del juicio del Jurado en que se podría producir alguna modificación de
manera inmediata en este tema.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción: la carga media de los
Juzgados actualmente en funcionamiento en los Partidos Judiciales de
Zamora, Arenas de San Pedro y Soria está también por debajo de los
módulos establecidos como idóneos por el Consejo General del Poder
Judicial, que son 400, 450 asuntos contenciosos; 1.400, 1.600 diligencias
previas en materia penal. En el Partido Judicial de Villarcayo el único
que sí que está con una ligera sobrecarga respecto de la media y, por lo
tanto, la creación del Juzgado número 2 en Villarcayo sí que va a ser una
prioridad a medio plazo, no de manera inmediata porque existían otros
Juzgados con más sobrecarga, pero éste sí que está caracterizado como un
juzgado que ha superado ya ese mínimo.
Respecto de los Juzgados de lo Penal: las cargas de trabajo de los
Juzgados de los Penal de las tres circunscripciones que estaban incluidas
en la relación de necesidades del Consejo: León, Palencia y Valladolid,
se hallan dentro de lo que se considera módulos aceptables del Consejo,
600, 700 asuntos ingresados anualmente. Las dos restantes, Burgos y
Zamora se encuentran bastante por debajo de los módulos y de la media
nacional.
Juzgados de lo Social: lo mismo ocurre con los solicitados Juzgados de lo
Social en Ponferrada, Valladolid y Zamora. El número de asuntos
ingresados anualmente se ajusta exactamente a los módulos considerados
idóneos, 1.200 en el caso de Ponferrada, mientras que en los de
Valladolid y Zamora están por debajo de lo que se considera el módulo
adecuado. También aquí, sin embargo, habría una excepción, Burgos. Burgos
requiere efectivamente de un juzgado de lo social a corto plazo. En este
caso la constitución del Juzgado número 3 debe abordarse de manera
inmediata y si no se ha hecho en esta primera es exclusivamente porque
además de los criterios de estar por encima de las cargas de trabajo,
necesitábamos, para garantizar la puesta efectiva en funcionamiento,
contar con locales adecuados. La creación de ese Juzgado sólo depende de
que logremos, lo cual entra en la programación inmediata del año 1996,
locales adecuados para su creación. El Juzgado número 3 de Burgos será
una realidad a medio plazo.
En materia de Vigilancia Penitenciaria sabe que la situación es que hay
un juzgado que se creó y que no se ha puesto en funcionamiento que es el
de Burgos. Ello se debe sustancialmente a la modificación del mapa
penitenciario, concretamente ha entrado en funcionamiento la prisión de
Topas, dentro de poco lo hará la de Dueñas y también la de Mansilla de
las Mulas. (Termina el señor Belloch.)
En la actualidad, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria comprende en
Burgos una población penitenciaria que en términos de parámetros o de
valores medios es muy pequeña, concretamente 636 internos, lo que
determina que sea razonable que se haga cargo de la materia uno de los
magistrados de la Audiencia Provincial. Es verdad que en
este campo la puesta en funcionamiento de las prisiones marcará el marco
de las nuevas necesidades.
Este es sustancialmente, uno por uno, el conjunto de relaciones y las
razones que han determinado la no inclusión en la norma a que su señoría
ha hecho referencia. Con mucho gusto le podré dar detalles más concretos
comparativos, juzgado por juzgado, en relación con cualquiera otro de los
creados y su señoría comprobará cómo dentro de la restricción
presupuestaria que existía en la creación de plazas siempre se ha tenido
en cuenta crear aquellos órganos que superan con creces los parámetros,
los valores fijados como mínimos o indispensables por parte del Consejo
General del Poder Judicial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Senador Prada, tiene la palabra.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, la Memoria de necesidades que llega al Consejo
de Ministros es la Memoria que prepara el Consejo General del Poder
Judicial, pero, como el señor Ministro sabe perfectamente, es el Tribunal
Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma el que elabora esa
Memoria de necesidades, recogiendo el sentir de todas y cada una de las
audiencias provinciales.
Yo le decía, señor Ministro, que casualmente a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León no le había concedido ninguno de los órganos,
concretamente 13, que se solicitaba por parte del Tribunal Superior de
Justicia de esa región. Le decía que casualmente, porque nos parece una
casualidad que no se tenga en consideración, a pesar de sus argumentos y
de la carencia de presupuestos que comprendemos, por ejemplo, la
necesidad, que viene recogida en esa Memoria, de la creación de un
juzgado de lo penal para Ponferrada, sabiendo, como debe saber el señor
Ministro, que todas las semanas se tiene que desplazar un juez de lo
penal de León para celebrar los juicios en el Juzgado de lo penal de
Ponferrada. O, por ejemplo, como bien se ha referido el señor Ministro,
no se haya recogido, no se haya aprobado ya --a pesar de que
recientemente el señor Ministro participó en la inauguración de la
macrocárcel de la provincia de Salamanca, en donde se van a albergar más
de 1.000 internos-- y no se haya decidido de forma inmediata, esperando a
que surjan los conflictos y los problemas, un juzgado de vigilancia
penitenciaria para Salamanca.
A juicio de mi Grupo, nos parece que es un cúmulo de casualidades que
también pueden enmarcarse con la casualidad --también debe ser una
casualidad-- de que la Comunidad Autónoma de Castilla y León esté
gobernada desde hace más de ocho años por el Partido Popular o que el
primer Presidente del Partido Popular de esa Comunidad Autónoma sea el
hoy candidato a Presidente de Gobierno por nuestro partido, don José
María Aznar, o también puede ser la casualidad de que los nueve
presidentes de la Diputación Provincial o los nueve alcaldes sean mujeres
y hombres del Partido Popular.
Cuando todo este cúmulo de casualidades se convierten en realidad, nos
parece, a nuestro juicio, que en la política de su Ministerio faltan dos
criterios fundamentales en la distribución o en la adjudicación de estos
órganos judiciales, como sería el caso de tener una falta de objetividad
o de imparcialidad por su parte. Cuando la casualidad, señor Ministro, se
convierte en una realidad, nos damos cuenta de que usted está marginando
con su actividad a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y seguramente
esto tiene una explicación, y es que la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, los castellanos y leoneses no benefician los intereses electorales
del partido que sustenta al Gobierno
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): He intentado,
pero he visto que es completamente inútil, darle toda la información y no
acudir al mecanismo clásico de rebatirla en réplica, porque pensaba que a
lo mejor, por casualidad en este caso requería información y es evidente
que no, que iba a decir usted su discurso pasara lo que pasara. Por lo
tanto, lo más lógico sería no contestarle, pero por cortesía
parlamentaria debo hacerlo, sólo para indicarle una cuestión: no se trata
de ninguna casualidad. Si su señoría tuviera información, quizá ni
siquiera habría hecho la demagogia que ha hecho. Yo he tratado de
proporcionársela y le he dicho que le puedo acreditar --se lo he dicho y
después se lo puedo acreditar-- cómo todas y cada una de las creaciones
de los juzgados, cuando se han realizado en otras Comunidades Autónomas,
se deben a la simple razón de que tienen motivos objetivos para su
creación, que no concurren en los órganos judiciales de Castilla y León.
Y nada más. A partir de ahí, sin embargo, usted prefiere no escuchar
argumentos y soltar ese discurso, que francamente me parece muy poco
serio, señoría.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON GUSTAVO ALCALDE SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA ACOMETER LAS OBRAS
DE REMODELACION DEL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DE ZARAGOZA. (680/000584.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Alcalde Sánchez, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre la fecha prevista por el Gobierno para
acometer las obras de remodelación del edificio de los juzgados de
Zaragoza.
Senador Alcalde, tiene su señoría la palabra.
El señor ALCALDE SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted sin duda conoce, el pasado día 11 de diciembre
los funcionarios que trabajan en el edificio viejo de los juzgados de
Zaragoza iniciaron una protesta consistente en trasladar todos sus
enseres al vestíbulo del edificio anexo de dicho juzgado, como queja ante
la carencia de calefacción, la escasez de medios, las deficiencias en la
instalación eléctrica y la ausencia de medidas contra incendios.
Por ello, señor Ministro, y fundamentalmente por la lamentable situación
por la que pasan los juzgados citados de Zaragoza, le formulo la
siguiente pregunta: ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno acometer las
obras de remodelación del edificio de los juzgados de Zaragoza?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Gracias, señoría. Lo primero que tengo que decir es que los funcionarios
en gran parte tenían razón, porque ciertamente no funcionaba el sistema
de calefacción, tema, en cualquier caso, que sí se está resolviendo esta
misma semana. Pero ése es un problema coyuntural en el que la protesta de
los funcionarios era una lógica manifestación de queja ante la ausencia
de un servicio esencial. Este tema, insisto, se ha empezado ya a resolver
y estará resuelto antes de que termine esta semana.
Pero el problema, efectivamente, es mucho más de fondo: el problema es
que el conjunto del edificio no resiste y que hay que abordar, por tanto,
una reforma en profundidad. Hasta tal punto eso es evidente que frente al
planteamiento inicial que hicimos en marzo de una reforma parcial por un
importe de 80 millones de pesetas, tras un estudio en profundidad de la
situación real del edificio, ha habido que modificarlo radicalmente y
sustituirlo por un proyecto mucho más ambicioso, por un total de 230
millones de pesetas; en definitiva, se va a renovar la totalidad del
edificio porque tiene profundas deficiencias.
Concretamente, se van a licitar las obras en febrero y se iniciarán en el
mes de abril. En el año 1996 tendrá lugar la primera fase de las obras,
por un importe de 100 millones de pesetas, y la segunda en 1997, por un
importe de 130 millones de pesetas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Alcalde tiene la palabra para réplica.
El señor ALCALDE SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, gracias por sus explicaciones, así como por reconocer que
los funcionarios tienen razón. No obstante, tengo que recordarle aquellas
palabras de Brenda Francis, que decía que la mejor forma de librarse de
un problema era resolverlo. Pues bien, el Ministerio que usted dirige
lleva años para resolver este problema, quizá porque ustedes consideran,
como Ortega, que en España nada es problema hasta que adquiere carácter
de motín. Pues ya tienen ustedes, o han tenido estos días, un motín,
señor Belloch, y todos ustedes y los zaragozanos tenemos un problema. Un
problema que no nace precisamente ayer o anteayer, sino al menos hace
cuatro años --y no lo digo yo, sino que son palabras del juez decano de
Zaragoza--: un edificio que lleva esperando una remodelación desde «in
illo tempore», en principio aplazada por la construcción de un nuevo
edificio de juzgados anexos, pero cuya demora, desde la inauguración de
éste en marzo de 1993, no tiene justificación alguna, y así lo reconocía
su antecesor en el cargo, señor de la Quadra, comprometiéndose en dicha
inauguración, hace más de dos años, como decía, a afrontar inmediatamente
la remodelación del edificio viejo.
Usted ahora puede justificarse en cuestiones presupuestarias, en
cuestiones técnicas de ampliación de la remodelación, pero el problema
está ahí, y no es precisamente baladí. El edificio está desde febrero de
1995, final del invierno pasado y lo que llevamos de éste, sin
calefacción, al no reunir ni la caldera ni la instalación las condiciones
necesarias de seguridad. Como consecuencia, la red eléctrica, ya de por
sí anticuada e insuficiente, se ha visto sobrecargada por la instalación
de estufas eléctricas, con lo que continuamente se producen cortes de
luz, paralizándose ascensores, ordenadores y, por supuesto, el
funcionamiento de los juzgados, sin que se permita contratar una mayor
potencia. Eso sí, el Ministerio se permite el lujo de pagar alrededor de
40 millones de pesetas por el alquiler de unos locales para los juzgados
de lo social, juzgados que deberían estar ubicados en este edificio.
Más grave todavía, señor Ministro, es que la instalación eléctrica está
sometida a un recalentamiento, lo que provoca continuos incendios en los
cuadros de luces, con lo que esto supone de riesgo para la seguridad de
funcionarios y usuarios, sobre todo si hacemos caso de las afirmaciones
de la Junta de Personal sobre falta de medidas contra incendios. Sin ir
más lejos, según los medios de comunicación, ayer mismo se producía un
incendio en el cuadro de luces del Juzgado número 7, de Primera
Instancia, quedándose éste sin luz y, por lo tanto, sin poder trabajar
los funcionarios. Además, el último viernes también se quemó un
transformador.
En definitiva, señor Belloch: la situación en los Juzgados de la Plaza
del Pilar de Zaragoza es deplorable y vergonzosa, atentatoria contra la
dignidad de los funcionarios y ciudadanos que acuden a ellos. Por si
fuera poco, además, es insegura; y, lo que es peor, no es única, pues la
de los Juzgados de Jaca, Monzón, Calamocha y La Almunia, por citar otros
casos en Aragón, es tan lamentable o más, si cabe, como así lo reconocía
en su reciente comparecencia ante las Cortes de Aragón el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad, o incluso lo reconoce
hoy mismo en la prensa el propio Secretario de su Ministerio, señor
Escribano, admitiendo que el Juzgado de La Almunia es el que peores
condiciones reúne de todo el territorio español.
Ahora, señor Ministro, cuando ha estallado el motín, tiene usted que
correr y buscar medidas urgentes, incluso chapuceras, como la instalación
de acumuladores, que se
plantea para esta misma semana. Pero, de hecho, aunque cumplan ustedes
sus promesas, cuando quieran empezar las obras será, como usted mismo ha
reconocido, el mes de abril, y, mientras tanto, ahí seguirán los
funcionarios trabajando en precarias condiciones, trabajando con abrigo,
como yo mismo los he podido ver esta semana, víctimas de la inoperancia,
cuando no de la ineptitud de los responsables del Ministerio que usted se
honra en dirigir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, me parece muy mal que una legítima protesta de los funcionarios
públicos se califique como motín. Una legítima y justificada protesta de
los funcionarios públicos que ha sido resuelta, porque, efectivamente,
tenía razón. A partir de ese supuesto, lo que nosotros hacemos, en vez de
hablar como usted, es licitar las obras en febrero y empezarlas en abril.
Y en vez de hablar, triplicar el proyecto inicial para lograr una
remodelación completa. Y en vez de hablar, haber realizado en 1993, como
sí ha reconocido su señoría, un edificio judicial en Zaragoza, lo que
constituye un esfuerzo absolutamente serio dentro del marco de
limitaciones presupuestarias que tenemos. Y, además, antes de 1997 va a
estar resuelto definitivamente el problema de los Juzgados de Zaragoza.
Esa es la única respuesta que creo que debo darle, señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES:
--DE DON ARTURO ESTEBAN ALBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTA REALIZANDO Y TIENE PREVISTAS EL
GOBIERNO PARA PREVENIR Y COMBATIR LA PROLIFERACION DE ACTITUDES VIOLENTAS
ENTRE ALGUNOS GRUPOS DE JOVENES. (670/000159.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el segundo punto del orden del día,
pasamos a las interpelaciones.
Tal y como ha sido acordado por la Mesa, en primer lugar, interpelación
de don Arturo Esteban Albert, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que está realizando y tiene previstas el
Gobierno para prevenir y combatir la proliferación de actitudes violentas
entre algunos grupos de jóvenes.
Tiene la palabra el Senador Esteban Albert, por el tiempo establecido.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, en el ocaso de esta legislatura pudiera
pensarse por algunos que presentar mi Grupo esta interpelación a la
Cámara, a través de mi persona, sería porque no se trata de un problema
de primera índole, o, sencillamente, que al acabar esta legislatura se
puede estar intentando hacer algo de política electoral, cuando es todo
lo contrario: lo que nos ha impulsado --no al final de esta legislatura,
sino desde el principio-- tanto en esta Cámara como en el Congreso de los
Diputados, ha sido intentar remediar un problema que se viene dando en la
sociedad española, créanme, con un sector de la misma que es y debe ser
el horizonte y proyección de todas nuestras actuaciones, porque, en
definitiva, la juventud en nuestro país no es, ni más ni menos, que lo
que va a ser el futuro del mismo.
Señor Presidente, vivimos momentos de una evidente tensión política
jalonada de incidentes que nos hablan de un componente tensional, también
al nivel de la calle. A los lamentables actos de barbarie cometidos desde
el terrorismo de ETA, que tan recientemente han dejado una profunda
secuela de muerte y dolor en las calles de Madrid y Valencia, se suman
también aquellos que, protagonizados por jóvenes, ponen en tela de juicio
todo el sistema social, político y convivencial de nuestro país. Hoy en
día, resulta difícil asomarse a las páginas de sucesos de algunos de los
medios de comunicación nacionales o provinciales sin descubrir titulares
como éstos: grupo de jóvenes asesina salvajemente a un muchacho de 18
años a la salida de una discoteca; o este otro: joven heroinómano hiere
gravemente a una anciana, a la que roba 300 pesetas; o aquel que rezaba:
estudiante de 15 años muere al arrojarse al vacío desde un viaducto. Es
cierto que los canales de información han colaborado a la hora de que
conozcamos sucesos como éstos, que en otros tiempos quedaban ocultos a la
mayoría, pero no lo es menos que cualquier estadística que consultemos o
cualquier estudio sociológico al que accedamos indican un incremento
notable de tales hechos y del carácter agresivo en lo físico y en lo
psíquico que los determinan. Y así, señor Ministro, en estos momentos
cabría hacerse la siguiente pregunta --supongo que toda la sociedad se la
está haciendo--: ¿qué ocurre en parte de nuestra juventud española, qué
está ocurriendo con la juventud española?
Si yo quisiera hacer una generalización de la problemática de la juventud
sin duda, señor Ministro, que estaría usted autorizado a recriminármelo
porque habría corrido un riesgo incontrolado de lo que representa un
fenómeno limitado a ciertos sectores sociales, económicos o culturales de
la juventud española. No toda la juventud son «skin», ni todos pertenecen
a tribus urbanas, ni todos beben alcohol y toman drogas; hay una buena
parte de la juventud española que no insiste en estos comportamientos
sociales y que tiene una determinada norma de conducta acorde con los
principios que inspiran la convivencia social en nuestra sociedad. Sin
embargo, no es menos cierto que por ello podamos volver la espalda a
éstos que sí lo son y que de unos años a esta parte se vienen
estableciendo una serie de factores de todo tipo que condicionan el
comportamiento social de nuestros jóvenes, factores que en un momento
dado
pueden afectar a cualquiera de ellos aun cuando en un principio no se
encuadrasen en los grupos de riesgo clásicos a los que antes hacía
referencia.
Sé que al hablar de juventud y hacerlo además de violencia juvenil
arriesgo que se me acuse, o se nos acuse a mi Grupo y a mí, de un cierto
intervencionismo o dirigismo ante ese núcleo de la sociedad y,
probablemente, se nos catalogue también de que hacemos catastrofismo
político. No es, señor Ministro, señorías, créanmelo, no es esa mi
intención ni la de mi Partido al formular esta interpelación, pues ni
considero que el joven se aleje de las líneas de conducta en las que nos
movemos los adultos --con lo cual no puedo personalizar en ellos el
fenómeno de la violencia--, ni pretendo afirmar que ésta sea una
expresión amplia de la juventud española. Muy al contrario, al debatir
políticamente sobre la violencia juvenil pretendo que represente uno más,
no sé si de los más importantes, de los medios a través de los cuales se
puedan conocer las causas que hoy mueven a algunos de nuestros jóvenes a
hacer uso de la violencia como vehículo de expresión de sus inquietudes,
de sus demandas y también de sus carencias, y sobre la base de estas
causas intentar articular entre todos aquellos que debemos dar respuestas
políticas a la sociedad las soluciones más idóneas y sus vías de
aplicación. Una pretensión y un deseo que nacen de la necesidad de
encontrar un mejor futuro para una sociedad como la nuestra, amenazada
desde distintos flancos, que debe tener precisamente en los jóvenes de
hoy su soporte no sólo humano, sino también ideológico, cultural, ético,
además de económico y laboral, como expresión irrenunciable que debe ser
de un futuro mejor, más próspero y más limpio para nuestra sociedad.
Por tanto, entiendo que nos compete hablar de los problemas que afectan a
los jóvenes, porque hemos sido y seguiremos siendo nosotros, los menos
jóvenes, quienes hemos dado forma, y seguiremos haciéndolo, al hábitat en
el que se están desarrollando y en el que se generan esos mismos
problemas. Un hablar de los jóvenes que no puede entenderse sin contar
con ellos, y ahí sí que interviene la propia responsabilidad política de
quienes en esta Cámara nos congregamos, en el sentido de recoger esa
información que nos lleva a debatir desde la objetividad y no desde la
visión meramente personal de un escaparate que oculta elementos de mucho
más valor que nos descubriremos si no nos introducimos en el interior del
establecimiento.
Recuerdo, señor Ministro, señor Presidente, unas declaraciones de hace
meses del Jefe del Servicio de Documentación del Instituto de la
Juventud, quien decía, casi literalmente: Jamás hemos tenido en este país
una juventud más sensata, en mejor estado físico y moral que la que
tenemos ahora; los niveles educativos, los niveles de salud y
cualesquiera otros son récord histórico.
Por contrapunto a estas declaraciones, cabe también traer aquí las
opiniones del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre la Droga,
señor López Riaño. Se alertaba sobre el grave riesgo en el que se
encontraba nuestra juventud en relación a los elevados índices de consumo
de drogas y de alcohol. Igual ocurre en materia de violencia juvenil.
Esta realidad caleidoscópica no es sino indicativa de la incapacidad real
de los poderes públicos, tanto para valorar la problemática y sus causas
en su justa medida, como para abordar las soluciones que ésta requiere.
Una problemática que tiene su caldo de cultivo en elementos sociales tan
definidos como la familia, la educación, el entorno laboral, la religión
e, incluso, la política. Es por ello por lo que me llama hoy la atención,
señor Ministro, que sea usted el miembro del Gobierno que ha tenido a
bien venir a contestarme esta interpelación porque, como observará de mis
palabras, no va precisamente la violencia sobre el tema y tratamiento de
represión desde Interior --que si usted quiere también lo tocamos--, sino
de las causas que llevan a nuestra juventud a comportarse violentamente,
porque nuestra juventud no es violenta ni en sí misma ni por esencia.
Establecer de forma general cuál de estos elementos es primario
resultaría un vano ejercicio de afirmación carente de confirmación real.
En cada caso, unos prevalecen sobre otros, intrincándose en la mayoría de
las ocasiones una serie de factores capaces de desencadenar la distorsión
personal o social que lleva a la violencia. El ser humano, el joven que
en este caso nos ocupa, desde su infancia está recibiendo sensaciones que
van integrando el complejo puzzle de la personalidad. Aquellas que recibe
en el entorno familiar son evidentemente las primeras y sobre las que, de
alguna manera, van sedimentando las demás. Es por ello por lo que las
dificultades que viven las unidades familiares influyen decididamente en
el carácter violento de algunos jóvenes.
La precariedad en el empleo del cabeza de familia, las dificultades
económicas, el difícil acceso a una vivienda digna son, entre otros,
elementos que provocan un clima de tensión familiar que, si es vivido por
el niño de forma violenta en lo psíquico y, a veces, también en lo
físico, le condicionan, como es natural, conductas posteriores.
A ellas se suman, señorías, las carencias culturales y educativas de
muchos padres que, en este sentido, van creando también un hábitat en el
niño, difícil de superar en otras etapas de su vida. Habría quien estaría
tentado de argumentar que, en tiempos pasados, el desempleo, las
dificultades económicas, la precariedad en la vivienda o las carencias
culturales y educativas existían tal vez en mayor medida sin que por ello
habláramos de violencia juvenil. Pero es necesario decir en este supuesto
que, desde entonces hasta ahora, ha variado sustancialmente la sociedad,
pasando a unos elevados índices de confort y de competitividad que, si no
son procurados, provocan reacciones adversas en quienes no llegan a
alcanzarlos, muy al contrario de entonces, cuando estos índices se
situaban en dinteles mucho más bajos y, por tanto, más accesibles y menos
generadores de frustración.
En el otro polo se sitúa aquel tipo de unidad familiar en la que una
excesiva dedicación al trabajo fuera del hogar, bien sea por la necesidad
del pluriempleo o por la presión empresarial que hoy se ejerce, marca,
bien una disminución del diálogo entre miembros de esa unidad o bien un
clima de tensión debido al exceso de trabajo que incide de manera directa
en el carácter violento de los hijos como
mecanismo de rechazo de tal situación. Pero es que, señorías, a los
problemas laborales, económicos, educativos y de relación en el seno
familiar, se suman otros llegados del exterior y que potencian aquéllos.
Señor Presidente, señor Ministro, la televisión, ese invitado a veces
impertinente que toda familia sienta sin excepción a la mesa y a las
tertulias o a los ratos de ocio, se ha convertido en un claro aliado de
la violencia y, en la mayoría de los casos, en decidido inductor de ella,
uno ya no sabe, ante la falta de toma de medidas efectivas, si con una
finalidad preestablecida de antemano. La realidad es que, aun a pesar de
las distintas recomendaciones de carácter nacional y europeo, a pesar de
los serios trabajos realizados por la Comisión Especial para el Estudio
de los Contenidos Televisivos creada en esta Cámara, la violencia en
televisión, en sus múltiples matices, sigue siendo un factor negativo de
persuasión hacia nuestros jóvenes o, al menos, ese factor neutro que nos
lleva a pensar que tanta violencia es un elemento natural y consustancial
a nuestra sociedad y con la propia esencia humana y, por tanto, no
extraño a ella y a los comportamientos del ser humano.
También fuera del hogar, en las escuelas y colegios, en las etapas
básicas y preuniversitarias o preformacionales profesionalmente
encontramos factores incitadores o desencadenantes del espíritu agresivo
de algunos jóvenes en los elevados índices de fracaso escolar. Un fracaso
que no viene marcado por el número de alumnos que abandonan sus estudios,
aunque es un dato que hay que tener en cuenta, sino por la escasa
integración de éstos en los mismos y las carencias que el sistema
educativo presenta tanto a la hora de establecer una relación más
personalizada e ilusionante entre educador y alumno, como el momento de
generar expectativas de futuro para quienes cursan tales estudios.
Señor Ministro, es necesario recordar aquí que hay en España actualmente
50.000 universitarios que están realizando estudios universitarios que no
han elegido. Esto da una buena idea de en qué situación se encuentra el
sistema educativo.
Un sistema educativo en el que se han abandonado fórmulas clásicas de
potenciación de valores éticos, morales, participativos, religiosos y
deportivos que, no lo dudemos, ayudan al joven a enfrentarse a las
dificultades que la sociedad le va a poner, respondiendo a ellas desde el
equilibrio y no desde la expresión desequilibrada de la fuerza.
Un sistema educativo que culmina en la fractura social que hoy representa
nuestra formación profesional y la propia Universidad; una fractura que
se produce en las aulas y también fuera de ellas, una vez que los alumnos
han culminado sus formaciones o sus carreras universitarias, una vez que
se enfrenten al mundo laboral, con un bagaje formativo cada vez más
deficiente, fruto de la escasez de medios y unas expectativas de trabajo
que les hacen refugiarse de nuevo en el entorno familiar como único medio
de subsistencia. Un refugio que en demasiadas ocasiones encuentra puerta
de escape en el desarraigo familiar, el alcohol, las drogas y la
violencia.
A ese cúmulo de condicionantes que inciden sobre nuestros jóvenes
llegándolos a veces a estigmatizar, hemos de sumar el ejemplo ético que
desde la sociedad establecida, desde la sociedad política y la dominante
en lo económico, cultural o religioso, les estamos dejando a nuestros
jóvenes.
La pérdida de valores éticos y morales, la relajación de todo tipo de
costumbres positivas para el hombre, el hedonismo practicante, la falta
de solidaridad entre clases, las indefiniciones ideológicas por causa de
los intereses personales, la pérdida de sinceridad y diálogo en nuestra
sociedad, la llamada cultura del «pelotazo» o del todo vale con tal de
abrirme paso, están dañando de manera irreversible a nuestra juventud y
poniendo los cimientos de una España futura en la que nuestros errores y
vicios pueden marcar la pauta de actuaciones que, si no somos capaces de
poner en marcha un proceso evolutivo que enganche de nuevo a nuestros
jóvenes en un proyecto formativo, educativo, cultural, laboral y ético,
sean capaces de llenar estas inquietudes que hoy, en algunos casos, se
ven saciadas desde otros sectores.
Señor Ministro, el Gobierno ha tenido trece años para preparar ese
terreno, y no sólo para ello, sino para recoger también sus frutos. Los
titulares de prensa, cualquier imagen del gol-sur o norte de nuestros
estadios de fútbol o, incluso, el tono de las conversaciones entre padres
e hijos en muchos de nuestros hogares hablan bien a las claras de que ni
sembraron trigo ni cuidaron su crecimiento.
Recientemente, el Informe de la Comisión Especial de Juventud creada en
el Senado, firmado también por su Grupo Parlamentario, hacía 26
recomendaciones a los poderes públicos de cara a actuaciones completas en
el campo de nuestros jóvenes, tendentes a mejorar situaciones como la de
la violencia juvenil. Veintiséis recomendaciones que seguro que usted no
sólo habrá leído, sino estudiado profundamente, y que espero que haya
integrado en las actuaciones de su Ministerio en este tema.
Señorías, la juventud no es sólo el cómputo de pocos años de vida, es un
estadio en nuestras vidas, donde se forjan las ilusiones, pero también
los ideales, donde se forman las personas y quedan los cimientos de toda
una vida. Es donde nos proyectamos hacia el futuro, hacia una familia,
hacia un trabajo, donde nos preparamos para dar lo mejor de nosotros
mismos a la sociedad. En definitiva, es una fase decisiva en nuestras
vidas, pero también es necesario decir que es una fase muy frágil.
Desde aquí, mi Grupo y yo manifestamos nuestra confianza en la juventud
española. Démosles razones para que ellos también confién en nosotros,
señor Ministro, y así podamos forjar con ellos, con nosotros y con todos
el mejor futuro para España.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señoras y señores Senadores, como saben sus señorías, el
artículo 48 de la Constitución Española establece que los poderes
públicos están obligados a promover las condiciones para la participación
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural. Estas condiciones, en términos generales, han sido
desarrolladas e instrumentadas a través de distintas acciones políticas y
de programas desde el año 1978.
En el momento actual, señoría, vivimos una crisis en nuestro modelo de
sociedad que afecta a su conjunto y, sin duda, también a la población
juvenil. Además, las crisis, en mi opinión, inciden en el conjunto
institucional de manera más grave que en otros países de nuestro entorno,
quizá por ser la sociedad española más joven que aquellas otras. A ello
hay que unir las condiciones de formación de la juventud ya que, en su
gran mayoría, los padres han tenido una educación inferior a la de los
hijos en duración y en calidad. Esto, que es una conquista de la
sociedad, supone una pérdida relativa y temporal del valor de la
«auctoritas» en el sentido romano clásico del término, es decir, el
«auctoritas» de los padres frente a los hijos.
Por ello, sin duda es particularmente importante el papel ejemplarizante
de padres, de instituciones y de personas --y me permitirán que indique
en este momento como homenaje un ejemplo particular--, como don Manuel
Gutiérrez Mellado. Qué duda cabe que personas de esa trayectoria
individual de servicio, sin búsqueda de beneficio personal, político,
partidario o electoral de clase alguna, guiado por su propio altruismo y
por su vocación de servicio a los demás, especialmente a los jóvenes
--hay que recordar que en los últimos años de su vida trabajaba
especialmente en el tema de la droga en relación con los jóvenes--, son
modelos perfectamente entendibles y respetados por la juventud. Esa
ejemplaridad es lo que constituye un valor seguro y constante que
deberíamos ofrecer, sin duda, todos los que tenemos responsabilidades
políticas, administrativas o públicas en general en cualquier ámbito,
máxime en tiempos como los actuales en los que en ocasiones hay exceso de
confusión.
Por ello, creo que es particularmente importante --y en eso creo
coincidir con algunos de los planteamientos que su señoría ha realizado--
la actitud de los responsables políticos, de los gestores de la sociedad,
de los educadores en las actividades y en las actitudes específicas
ligadas a comportamientos violentos, porque la adecuada canalización o
realización de ese conjunto de valores podría suponer un cambio drástico
en las condiciones de la violencia juvenil.
Hecha esta observación muy general, me gustaría centrar la intervención
en dos aspectos. Por un lado, las acciones del Gobierno a largo plazo, en
particular el Segundo Plan de la Juventud --que cubre el período
1994-97-- y, en segundo lugar, algunas aplicaciones concretas --planes a
corto plazo-- o, si lo prefieren, simplemente manifestaciones o
consecuencias de ese Plan de la Juventud. El segundo Plan Integral de la
Juventud, que comprende actuaciones de distintos Ministerios, fue
coordinado y presentado en su día por la Ministra de Asuntos Sociales --a
quien supongo esperaba su señoría esta tarde--. De ese Plan voy a
resaltar algunos de los extremos que se refieren a esta interpelación.
Si con alguna palabra hubiera de definirse la reacción de la sociedad
frente a los comportamientos violentos de algunos grupos de jóvenes, esas
palabras deberían ser tolerancia y solidaridad. Son, sin duda, las dos
palabras claves y la antítesis de la violencia. La tolerancia y la
solidaridad son actitudes profundamente desactivadoras de la violencia
juvenil y su articulación en ese Plan se realizan mediante una serie de
programas muy concretos: el proyecto de ley del voluntariado, las
modificaciones en materia de prestación social sustitutoria, la actividad
en torno a la prevención del racismo y de la intolerancia, los programas
específicos hacia las minorías y la creación de hábitos de vida
saludables.
El proyecto de ley del voluntariado fue presentado en agosto de 1995 y
viene a apoyar e impulsar la participación, principalmente de la
juventud, en iniciativas solidarias. La prestación social sustitutoria,
después de las modificaciones experimentadas tras el plan de reforma de
la misma, es hoy en día un desarrollo de la solidaridad, que siendo
alternativo al Servicio Militar, incide especialmente en el servicio de
la comunidad. El funcionamiento, mejorado sin duda, de la gestión de la
prestación social sustitutoria está ya empezando a sentirse en el
conjunto de la comunidad, con la ampliación de plazas y de servicios
prestados desde este ámbito.
En tercer lugar, respecto a la prevención del racismo, de la intolerancia
y de la violencia se ha articulado en una campaña que se inició el 21 de
marzo. Sin duda, vamos hacia una sociedad multicultural que tiene que
asumir la entrada de otras comunidades, de otras razas, la convivencia
entre personas y cultural distintas. Su continuidad ha quedado plasmada
en el Convenio que el Instituto de la Juventud ha suscrito con el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad Complutense de Madrid
para la prevención del racismo y la intolerancia.
En cuanto a la sensibilización ante los colectivos más desfavorecidos,
las minorías y la prevención de la marginación, se ha hecho un especial
esfuerzo con el proyecto de ley de protección jurídica del menor, que
espero y deseo pueda ser aprobado en el Congreso de los Diputados
próximamente, y con la inclusión en el Código Penal, ya aprobado, de un
tratamiento específico, que sus señorías conocen, de la apología, de los
comportamientos racistas, xenófobos o contra minorías, por cierto, con
enmiendas muy importantes aprobadas en esta misma Cámara. En ella,
además, se incorporó un régimen de cumplimiento de condena mediante
trabajos sociales en la comunidad, especialmente indicado para los casos
de actitudes violentas juveniles que rayen en la conducta de carácter
delictivo.
Finalmente, en cuanto a los hábitos de vida saludable, es evidente que la
juventud es un período de tiempo especialmente vulnerable ante el consumo
de alcohol o drogas. No se puede olvidar que en el comportamiento de los
grupos violentos, neofascistas, neonazis, racistas que, por cierto, son
la mayoría del número global, cuantitativa y cualitativamente los más
importantes de los comportamientos violentos, y en el fenómeno de
violencia deportiva, el grado de la violencia está en un altísimo grado
de ocasiones en directa proporción con el grado de consumo de alcohol o
de drogas. Los hábitos de vida saludable están tratando de ser
incentivados en el plano escolar a través de
contenidos trasversales en las asignaturas y forman parte de las acciones
que también comprende el Plan contra la Droga de la Delegación del
Gobierno. En esta área concretamente se ha logrado formar 20.000 agentes
de mediación social para el tema concreto de la prevención del
alcoholismo.
También me gustaría indicar alguna acción a corto plazo, y en ese campo
aludiré, aunque sea de pasada, a la actividad desplegada a la prevención
de riesgos de violencia en espectáculos ciudadanos. La Comisión Nacional
de Violencia en Espectáculos Deportivos, en febrero de este año acordó,
como sus señorías sin duda conocen, una serie de medidas de tipo
administrativo y también de impacto social que ciertamente han
funcionado. Se trataba de mejorar el control de la violencia en los
espectáculos deportivos y lo cierto es que estadísticamente es una
evidencia que se ha experimentado una disminución notable de los
incidentes de violencia deportiva en el año 1995, a pesar de que, por
cierto, se ha incrementado, también de manera notable, el público que ha
asistido este año a esa clase de acontecimientos. Se trata de planes
específicos que efectivamente puestos en marcha se constata que
funcionan.
Hay otro tema que me gustaría indicar: las jornadas de convivencia
ciudadana, en este caso, organizadas en el ámbito del Ministerio del que
soy titular. Se organizaron en Mollina, Málaga, unas jornadas de
reflexión sobre la juventud ante la violencia urbana. Esas jornadas
fijaron una serie de líneas estratégicas que en este momento son ya
líneas estratégicas también del Gobierno.
En primer lugar, se pretende transmitir que la violencia es un problema
de toda la sociedad, aunque se trate de actos aislados; se pretende
transmitir la evidencia de que la violencia genera violencia y que frente
a ella hay que mantener una actitud rotunda, sin frases vagas, sin
paliativos.
En segundo lugar, sin duda, se trata de sensibilizar a los padres para
eliminar la superprotección de los hijos, para que pongan límites y sepan
decir no cuando hay que hacerlo, para que comprendan que un adolescente
requiere de ellos tanto tiempo, si no más, que el imprescindible en la
fase de la infancia, así como que deben preocuparse realmente por la vida
escolar de sus hijos, deben coeducarles, integrarse e integrarlos en el
tejido social que nos rodea.
En tercer término, cambiar las pautas educacionales, buscando no sólo el
desarrollo de capacidades de conocimiento, sino el equilibrio con las
capacidades emocionales y afectivas, la integración de los jóvenes en
actividades compartidas en la escuela, así como potenciar una concepción
del profesor, no como transmisor de información, como transmisor de meros
contenidos académicos, sino como educador.
En cuanto a los medios de comunicación --su señoría ha hecho alusión al
tema profusamente--, es indudable que los expertos destacaron su
importancia, la prioridad, incluso, que debe darse a la víctima en la
formación escrita y audiovisual, la conveniencia de resaltar la imagen,
que es la más real, la imagen, en definitiva, positiva de la juventud,
evitando el abuso de imágenes violentas o la generalización de
comportamientos parciales, que, sin embargo, pueden llegar a impregnar
una falsa imagen sobre nuestra juventud. Es, desde luego, deseable en
este campo una mayor responsabilidad y objetividad en los contenidos
informativos, evitando el sensacionalismo, evitando las alusiones a sexo,
raza o marginalidad, en definitiva, al conjunto de alusiones que puedan
incitar a la violencia o a la discriminación.
Un punto central de la reflexión estratégica es, sin duda, la
configuración de la Policía como un servicio público, como una función
preventiva, que necesita de verdadera información en esta materia,
superando, desde luego, el concepto, la interpretación peyorativa del
término informador. También supone vencer el clima social de desconfianza
hacia las instituciones representativas y hacia las instituciones de las
distintas administraciones públicas, prestigiando --y también aludía a
ello su señoría-- la actividad política y, sobre todo, la cultura
democrática, logrando hacer ver, tratando de transmitir a todos que la
confrontación política es o debe ser una cultura no violenta, una cultura
inteligente, no agresiva, evitando señales y signos que puedan entenderse
como manifestación de lo contrario.
Junto a ello, finalmente, cerraría esas líneas estratégicas una respuesta
rápida del sistema judicial frente a los delitos ya producidos y también
frente al tema de las detenciones.
Un último tema que me gustaría tocar, aunque sea brevemente, es el
tratamiento de la violencia urbana en los centros educativos. Está en
fase muy avanzada de elaboración un proyecto de convenio entre las
Secretarías de Estado de Interior y de Educación, un proyecto de
prevención específica frente al racismo y frente a la violencia urbana.
Ese programa se realizará, en colaboración, insisto, con la Secretaría de
Estado de Interior, en los centros de enseñanza secundaria y dentro del
marco competencial, como es lógico, del Ministerio de Educación y
Ciencia. Para su elaboración se está utilizando uno de los modelos que
creo que más interés tiene de los actualmente en funcionamiento. Me
refiero al establecido entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el
Ministerio de Educación y Ciencia, que comprende un conjunto de acciones
bien dirigido, bien planteado hacia padres, hacia profesores y hacia
alumnos.
Para finalizar, destacaría a su señoría que, sin duda, he centrado mi
intervención, pese a ser titular de Justicia e Interior, en los aspectos
preventivos y no represivos de la violencia juvenil, de conformidad,
creo, con el espíritu central de la propia interpelación que se me ha
formulado, al margen de que el tema de la represión de la delincuencia o
violencia juvenil ha sido más tratado en otras varias ocasiones e,
incluso, hace bien poco se aprobó una moción en el Congreso de los
Diputados sobre este extremo. Tampoco he querido examinar en mi
intervención, porque es un problema muy específico --que está ahí, sin
duda--, el de los grupos radicales juveniles próximos a Herri Batasuna,
entre otras cosas porque hoy contestaba a un Senador una pregunta en la
que se ponía de relieve el punto de vista del Ministerio sobre ese
fenómeno. (El señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la Presidencia.)
No he mencionado, pero por lo menos quiero dejar constancia de ello, que
el conjunto de las actuaciones supone
un alto grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión
Especial de Juventud del Senado cuyos trabajos son, indudablemente, muy
estimables.
Por último, quisiera precisar que en la violencia juvenil la solución
--todos lo sabemos-- nunca será algo que dependa exclusivamente de las
distintas administraciones públicas. El Gobierno o los gobiernos, las
demás administraciones, pueden estimular o coordinar respuestas, pero
ciertamente es un problema que afecta y concierne al conjunto de la
sociedad. Las instituciones deben, mediante un funcionamiento eficaz,
permitir la recuperación de esa «auctoritas», la misma que convendría que
tuvieran padres y educadores, mediante el ejemplo individual y, sin duda,
el conjunto de la sociedad identificando y aislando los gérmenes de
violencia. Creo que todos tenemos, por lo tanto, un papel relevante que
cumplir.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Ministro.
¿El Senador interpelante desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Gracias.
Pasamos entonces al turno de portavoces.
¿Grupos que deseen hacer uso de este turno? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo quiere intervenir para manifestar que el Senador Esteban ha
hecho un buen resumen de diversas actividades parlamentarias, tanto de la
Comisión Especial de Juventud como de otros estudios sobre la violencia.
Precisamente, creo que ha sabido definir y delimitar con acierto una
grave preocupación de toda la sociedad y, por supuesto, de los
representantes de esta sociedad.
Es cierto que la juventud tiene verdaderas dificultades para encontrar
modelos de referencia en la población adulta que les ayude a dirigir o
encaminar su voluntad de formarse en competencia, en tolerancia, en
solidaridad, en convivencia, en voluntad de ser y en voluntad de
comprometerse con una identidad. Pero también es cierto que la gran
mayoría de la juventud --y esto es lo que opina Convergència i Unió-- no
puede ser analizada por la actitud de algunos grupos marginales que
actúan con violencia, con intolerancia y con xenofobia, y que en absoluto
pueden considerarse como algo distinto de lo que son: grupos aislados e
incontrolados que requieren una atención específica al margen, quizás, de
la que requiere la juventud en general. No obstante, la juventud en
general requiere medidas de prevención, principalmente --como han dicho
el Senador interpelante y el señor Ministro-- a través de la educación
para incitarles a un cambio en los estilos de vida; cambios en los
estilos de vida que únicamente serán posibles si el modelo referencial de
los adultos favorece este proceso de cambio.
Es muy cierto lo que dice el Senador Esteban sobre que se produce un
caldo de cultivo que puede provocar climas de violencia. Conviene
recordar que en patología psicosocial es, precisamente, la crispación de
ánimos la precursora de la violencia. Quizás fuera conveniente que todos
--y la palabra «todos» significa la totalidad de las personas--
tuviéramos muy en cuenta que es necesaria una moderación de nuestra
incitación a la crispación, precisamente, para prevenir actitudes
violentas.
Pueden someterse a debate las cuestiones más importantes, más
trascendentes, sin tener ninguna necesidad de recurrir a métodos que
parece ser que se han puesto de moda, pero que en absoluto están
justificados desde la óptica de la inteligencia, la moderación y la
prevención de la violencia.
Estamos de acuerdo en que son necesarias medidas de prevención de la
violencia de grupos de jóvenes, pero no podemos estar de acuerdo con
algunas terminologías que proponen combatir la proliferación de actitudes
violentas porque la expresión «combatir» ya encierra en sí misma
violencia.
Por último, señor Presidente, señorías, nosotros entendemos que la
prevención desde la educación, desde este cambio de estilos de vida,
desde este cambio de modelos referenciales de la población adulta, sin
duda alguna puede ser la clave capaz de cambiar las actitudes dado que lo
importante son las actitudes.
Pero sobre todo quiero añadir, en relación con nuestra juventud --en la
que coinciden el presente y el futuro de nuestra sociedad--, y dada la
situación actual, que el ánimo que debe presidir la sociedad respecto de
nuestra juventud, es el de que la que tenemos es mayoritariamente sana y
mayoritariamente entusiasmada por proyectos de futuro, lo que hasta
cierto punto es lógico ya que cuando ellos observan la realidad del
presente no siempre pueden dejar de sucumbir al desánimo. Por tanto, creo
que esta juventud debe tender a luchar, a tener coraje con vistas a
situaciones de futuro, actitud que creo es mayoritaria entre ellos.
Hemos escuchado también con atención lo que decía el señor Ministro en
relación con nuevas iniciativas. Creo que ésta es una de esas cuestiones
tan importantes y tan principales --y seguramente el Senador interpelante
me dará la razón--, que todos los grupos parlamentarios deberíamos
ponernos rápidamente de acuerdo para que jamás sea utilizada en función
de otras motivaciones que no sean la de llegar a este consenso que
favorezca la salud global física y psíquica de nuestra juventud.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Por el Grupo Popular tiene la
palabra el Senador Esteban.
El señor ESTEBAN ALBERT: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera decirles que el haber subido a esta tribuna se debe a
que me parecía un acto algo descortés contestar de espaldas desde el
escaño a las amables palabras del Portavoz de Convergència i Unió. Es
decir, el que yo haya subido a esta tribuna no debe considerarse de
ningún modo como una actitud prepotente, antes al contrario, es una
actitud de diálogo ante la exposición que acaba de hacer su señoría.
En primer lugar, quiero agradecer el tono en que esta interpelación va
discurriendo. También quiero agradecer que, efectivamente, este tema sea
de nuestra máxima preocupación.
Pero, una vez dicho esto, empieza para mí otro temor --podríamos decirlo
así-- al preguntarme si esta preocupación que todos tenemos por este
problema concreto terminará al concluirse el trámite de esta
interpelación.
Estoy de acuerdo con su señoría en que ésta es quizá una de las cosas más
importantes en que todos los grupos políticos podemos trabajar. En esta
Cámara se creó una Comisión Especial de Juventud en la que se
presentaron, como he dicho, 26 propuestas de resolución para que el
Gobierno las asumiera en su momento.
En relación con esta cuestión se han realizado diferentes estudios. Uno
de ellos se ha hecho en Inglaterra por dos expertos, y en él se habla
precisamente de que una de las causas de la violencia juvenil --no
solamente en España sino en otros países europeos-- viene derivada de lo
que usted, señor Ministro, ha puesto también de relieve, de la
permisividad a que se ha llegado por diferencias intelectuales o
culturales entre padres e hijos, aunque hay que decir que, por el
contrario, los propios sociólogos españoles que han analizado este
estudio niegan la mayor en relación con que ésa pueda ser la verdadera
causa.
¿Qué deberíamos hacer en primer lugar? Analizar y definir cuáles son las
verdaderas causas que llevan a ese problema. Señorías, yo creo que el
simple hecho de decir que en relación con la juventud española no se debe
generalizar, no debería llevarnos a un conformismo en función del cual
digamos que tenemos una buena juventud, que esto no es problemático, que
se trata tan sólo de grupúsculos juveniles y que todo ello no pasa de
ahí.
Yo quisiera leerle, con las estadísticas en la mano, lo que dice el
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas: el 78 por
ciento de los jóvenes entre 14 y 18 años reconoce que bebe con
frecuencia. El Gobierno da la alarma ante las drogas de diseño. Se han
decomisado tres millones 65.000 pastillas en lo que va de año --es decir,
hemos pasado de 500 pastillas, en 1987, a tres millones--. Emerge en
España un nuevo adicto del LSD. Drogas de diseño y alcohol en los fines
de semana. Los protagonistas son jóvenes sobre los 23 años, según la
Memoria del Plan Nacional.
Por tanto, tenemos un problema que nos gustaría no tener, pero lo
tenemos. Y ante el anuncio de colaboración que usted ha hecho, puedo
decirle que contestamos positivamente. En este sentido, algo que me
parece que está absolutamente fuera de duda es que, una vez que se
celebren las próximas elecciones generales en marzo, salga elegido el
Gobierno que sea --producto, como no puede ser de otra forma, de la
soberanía nacional--, es necesario que todos nos pongamos a trabajar en
este tema, porque esta sociedad no va a ir mucho hacia adelante si estas
conductas se van generalizando y ahora, que todavía estamos a tiempo, no
somos capaces de eliminarlas.
Voy a referirme a varios puntos que someto a su consideración, porque
usted ha aludido a una serie de medidas al hablar del II Plan, del plan
contra el racismo, etcétera, con las que se atajan las consecuencias.
Pero no tiene ningún sentido elaborar planes --aunque está bien que se
haga contra el racismo o la xenofobia, porque existen--, sino que hay que
combatir los orígenes que llevan a esas prácticas de la juventud en una
cultura como la española, que nunca ha sido proclive a esas actitudes.
En la evaluación de las políticas desarrolladas sobre juventud por las
Administraciones públicas se observa, señor Ministro, una falta de
continuidad en muchos programas y prestaciones. Se hacen muchos
programas, se conceden muchas prestaciones, pero se acaban a los cuatro
días. Es necesario que el joven perciba que las políticas que se ponen en
sus manos son estables, que cuentan efectivamente con el apoyo de la
clase política, de todas las Administraciones públicas, y que están
dotadas con el dinero suficiente para que se pueda encontrar seguro en su
salida a la vida.
A nuestro juicio, la creación de empleo debe ser el eje prioritario de la
política de juventud. Corresponde a la Administración pública un papel
importante en la promoción de empleo para jóvenes, pero con programas
específicos que se encardinen en la política económica del país.
En el cambio de hábitos culturales, es necesario generar una cultura que
fomente la asunción del riesgo empresarial por los jóvenes, desde el
sistema educativo hasta los incentivos fiscales. Todas estas políticas
llevarán --supongo-- a un cambio de actitud de nuestros jóvenes, que
viven el presente sin mucha fe en el futuro.
Por otro lado, hay que fomentar el acceso de los jóvenes a la vivienda a
través de la promoción de la propia Administración, así como fomentar la
construcción de viviendas en alquiler para ellos.
Es necesario reducir los niveles de fracaso escolar --algo fundamental--,
la atención personalizada del sistema de orientación a cada alumno y la
eliminación de dificultades, ya que los problemas educativos de hoy son
los problemas sociales del mañana. Sería recomendable que se sigan
adecuando las enseñanzas de nuestro sistema educativo a la necesidad del
mercado de trabajo y su evolución. Se debe promocionar con ahínco el
acceso de los jóvenes a las actividades culturales, sin que esto suponga,
como es natural, un grave quebranto de su economía.
La creación de comportamientos sociales alternativos a los empleados por
aquellos jóvenes que ven en el alcohol y el consumo de productos tóxicos
una forma de vida se hace absolutamente necesario y prioritario.
Afirmar que el deporte es una actividad no sólo ya saludable, sino un uso
alternativo del comportamiento social, es a nuestro juicio, señor
Presidente, un punto inexorable de partida para cambiar la mentalidad de
nuestros hijos.
Por último, el problema de las tribus urbanas y la marginalidad juvenil
que se extiende por los barrios más desfavorecidos exigen una especial
atención de los poderes públicos a través de actuaciones integrales, que
abordarían desde el fracaso escolar en las familias desestructuradas, a
planes de actuación urbanística --muy importantes-- y la prevención de la
delincuencia, junto con actuaciones protagonizadas por los propios
jóvenes y sus asociaciones.
Termino, señor Presidente, manifestando lo que dije al final de mi
primera intervención: la confianza de mi Grupo y la mía por la juventud
en España.
Muchísimas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Esteban.
--DE DON JAIME LOBO ASENJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE LA OPINION Y LOS PROPOSITOS DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA ACTUAL
SITUACION DE PRECARIEDAD DEL EMPLEO EN NUESTRO PAIS. (670/000158.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos a la interpelación de don
Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la
opinión y los propósitos del Gobierno en relación con la actual situación
de precariedad del empleo en nuestro país.
Tiene la palabra el señor Lobo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, no es la primera vez, como muy bien sabe su
señoría, que mi Grupo se dirige a la Cámara para poner de relieve algo
referente a lo que sigue siendo prioritaria preocupación de los
españoles, es decir, el paro y el desempleo. Aun reconociendo, señor
Ministro, cierta mejoría en determinados meses del año que ahora acaba, y
mostrando por ello nuestra satisfacción, intervenimos en esta ocasión no
sólo por los preocupantes datos referidos en los últimos tres meses a la
negativa evolución del paro registrado, sino que lo hacemos por la no
menos preocupante y negativa evolución que viene produciéndose en lo que
se refiere a la precariedad de los empleos, precariedad cuyo índice
registrado en el tercer trimestre de este año arroja la más alta tasa de
temporalidad hasta ahora.
Hemos pasado, señorías, de una forma ininterrumpida, del 15,7 de tasa de
temporalidad en 1987 a un 35 por ciento en la actualidad, tasa casi
cuatro veces superior a la medida comunitaria. Y estos datos, señor
Ministro, son, entre otros, datos que han servido para evaluar las
políticas de empleo de los Estados miembros de la Cumbre de Madrid,
recientemente celebrada y de la que, por cierto, el documento salido de
la misma ha sido calificado por los agentes sociales, al menos por los
agentes más representativos, de lamentable, raquítico, rutinario y
superficial para un asunto tan importante para todos como es el empleo.
Desde nuestra posición, señor Ministro, creemos que su larga etapa se ha
caracterizado en el ámbito del empleo por una serie de constantes que han
venido a demostrar, yo creo que de forma más o menos irrefutable, más
bien más, que su modelo de relaciones laborales no ha sido un modelo que
se haya caracterizado precisamente por ser un modelo generador de empleo
y generador de un empleo duradero. Y digo esto, señorías, señor Ministro,
porque en vez de haberse creado más empleo y de que éste haya sido más
estable, la realidad, la cruda realidad que se nos presenta, a nuestro
juicio al menos, viene a demostrar exactamente todo lo contrario, que de
una tasa de paro del 16 por ciento en 1982 se pasa en 1994 al 24 por
ciento, y al 22,6 en 1995, mejoría que, como decía antes, pese a
satisfacernos es más de la media europea y el triple de la de los países
de centroeuropa. En los quince países de la Comunidad es del 10,6 por
ciento. Si en 1982, de cada cien españoles en edad laboral, trabajaba el
40 por ciento, en 1994 sólo trabaja el 37,1 por ciento. Y, como decía al
principio, de una tasa de temporalidad en las contrataciones del 15 por
ciento en 1987, hemos pasado al 35 por ciento en 1995, que, por cierto y
repito, es cuatro vece la media europea que no llega al 9 por ciento.
Este proceso, señor Ministro, lo inician ustedes desde nuestro punto de
vista con la primera reforma del Estatuto de los Trabajadores en 1984, al
introducirse en el mismo entre las modalidades de contratación, la
contratación temporal de fomento del empleo, medida que les obligó a
ustedes al tiempo a suavizar las consecuencias sociales de esta
flexibilidad --entre comillas-- con la reforma de la protección al
desempleo. En definitiva, con estas medidas y contramedidas en la
contratación temporal inician ustedes el tránsito de una sociedad de
activos a una de pasivos, dualizando el mercado de trabajo. Han dado
ustedes, señor Ministro, prioridad a la cultura del subsidio sobre la
cultura del trabajo, habiendo llegado incluso a conectar de hecho la
prestación por desempleo a partir de los 45 años con las jubilaciones
anticipadas.
Por otra parte, la carencia de políticas activas de colocación y
formación ha sido caldo de cultivo para el crecimiento del desempleo, así
como el no haber reformado a tiempo el INEM a pesar de la modificación
introducida en la Ley General de Presupuestos de 1993, lo que supone que
este organismo apenas ha podido realizar la función de intermediación que
tiene asignada, habiendo gestionado en 1994 solamente el 8,3 de las
calificaciones, así como las funciones de calificación, información y
orientación profesional de las personas inscritas en sus oficinas, que
tampoco lo ha realizado. En 1994 solamente se calificaron el 7 por ciento
de los parados y se prestaron servicios individualizados de orientación
profesional a menos del 4 por ciento.
La no aplicación del programa nacional de formación profesional, aprobado
por el Gobierno en marzo de 1993 y sobre el que se basaban las ayudas del
Fondo Social Europeo en el período 1994-1999, ha supuesto, señor
Ministro, que la oferta formativa prestada por el INEM haya beneficiado
sobre todo a los grupos sociales con un mayor nivel de instrucción en
perjuicio de los trabajadores parados con niveles formativos más bajos.
Igualmente el retraso en la presentación que sufrieron los proyectos de
reforma laboral han sido, que no le quepa duda, lo que ha impedido la
creación de más empleo debido, entre otras razones, al mal funcionamiento
del mercado de trabajo, al no facilitar un empleo estable y adaptable a
los cambios tecnológicos y a los modos de producción.
Las vacilaciones y contradicciones de su Gobierno en la materia han sido
evidentes, como lo demuestra que ya en el mismo año 1993 en el documento
sobre la reforma del mercado de trabajo se reconocía la necesidad de
cambiar de modelo, sobre todo en contratación y en prestaciones por
desempleo.
Por otra parte, la disminución de los gastos destinados a políticas
activas de empleo en relación con los que había en 1982 presentan el
siguiente panorama: mientras en Europa los recursos destinados a
políticas de empleo desde 1982 han ido en ascenso, disminuyéndose los
dedicados a desempleo, en nuestro país ha ocurrido exactamente lo
contrario.
En la Unión Europea en empleo se pasó del 0,28 del producto interior
bruto al 0,23, mientras que en desempleo se pasó del 1,8 al 1,5.
En España en desempleo se pasó del 0,19 del producto interior bruto al
0,15, mientras que en desempleo se pasó del 2,9 al 3,8; crecimiento
desorbitado del gasto de desempleo que provocó, por otra parte, el
recorte de las prestaciones en los años 1992 y 1993 y, de otro, tener que
equilibrar el presupuesto del INEM en 1993, como muy bien recuerdan sus
señorías, en la macrocifra de un billón 200.000 millones de pesetas.
Para finalizar, señor Ministro, si analizamos los contratos registrados
por el INEM desde enero de 1994 hasta septiembre de 1995 nos encontramos
con que de los 6.040.602 contratos registrados tan sólo el 2,46 por
ciento en 1994 son fijos y el 2,88 por ciento en 1995.
El contrato de aprendizaje ha descendido en 1995 con respecto a 1994,
pasándose del 2,61 al 2,51 por ciento de las contrataciones, habiéndose
estancado en cifras muy inferiores a las del contrato de formación, al
que vino a sustituir.
El programa de fomento de la contratación indefinida de jóvenes y mayores
de 45 años basado en subvenciones, ha resultado, señor Ministro, un
estrepitoso fracaso, pues su media anual es de 500 contratos de mujeres,
1.500 de jóvenes y 5.000 de mayores, y los contratos temporales que se
han consolidado son los ya existentes de obra o servicio y suponen el 60
por ciento de la contratación en 1994 y el 67 por ciento en 1995.
Por todas estas razones, señor Ministro, hemos querido interpelar al
Gobierno para que nos exponga su opinión y propósitos en relación con
esta situación de precariedad y de temporalidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Lobo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, Senador Lobo, hace un año en esta Cámara nos encontrábamos
debatiendo la Ley de Presupuestos para 1995. En aquel entonces, el
Gobierno, cuando presentaba la Ley de Presupuestos, decía textualmente:
con un crecimiento del 2,8 por ciento la economía española será capaz de
crecer entre 175.000 y 200.000 empleos, con una tasa de crecimiento del
empleo entre el 1,5 y el 1,7 por ciento. Yo voy a hacerle la caridad de
no repetir lo que dijeron ustedes sobre esta previsión del Gobierno.
El caso es que esta previsión del Gobierno se ha quedado muy
conservadora. En el último Boletín Económico, de noviembre, del Banco de
España podemos leer lo siguiente: según la encuesta de población activa,
durante el tercer trimestre de 1995 se crearon 110.000 puestos de trabajo
netos, lo que ha permitido un aumento en el nivel de empleo de 367.000
personas a lo largo de los nueve primeros meses del año, cifra comparable
con la registrada en 1988 y 1989, cuando la economía española alcanzó un
máximo histórico en términos de crecimiento de la ocupación en un
contexto de fuerte dinamismo de la actividad económica.
Y el Banco de España añade: el actual crecimiento de la actividad
productiva se ha traducido, por tanto, en un fuerte aumento del empleo,
favorecido por la reforma del mercado de trabajo introducida en 1994 y
por la modernización salarial que se ha registrado el pasado año. Como
ve, no le estoy leyendo una afirmación que haga el Gobierno de forma
partidista, sino el último, de hace unos días, informe del Boletín
Económico del Banco de España.
Y no solamente lo dice el Banco de España, señoría, sino la Comisión
Europea --por cierto, no en el informe al que usted hace referencia, sino
en el informe de seguimiento del empleo previsto en la Cumbre de Essen,
no el que usted ha manejado--, que dice que es evidente que se está
creando empleo en España en un volumen mayor del que se está creando en
otros países de la Unión Europea. Textualmente dice lo siguiente: en la
mayor parte de los Estados miembros la expansión del empleo es aún lenta,
pero en cuatro de ellos --España, Finlandia, Irlanda y Reino Unido-- el
crecimiento es particularmente notable. En 1995 y 1996 el empleo crecerá
en todos los Estados miembros, especialmente, con índices de crecimiento
elevados, en Dinamarca, Grecia, España y Francia. Hay otras muchas citas
en ese informe. Hoy mismo se ha conocido el avance del informe de la
OCDE, que confirma los datos que le acabo de exponer.
Es evidente, por tanto, señoría, que se está creando empleo, más del que
el Gobierno previó, mucho más del que ustedes creían posible. No sé si
mucho más del que ustedes querían, pero mucho más del que creían posible.
Nueve meses después de empezar 1995 había 367.000 personas en España más
con empleo de las que había cuando empezó este año.
Ahora su señoría nos habla de empleos precarios. ¿De verdad cree su
señoría que estas 367.300 personas con nombre y apellidos, que están
ahora en una situación de empleo, están en una situación más precaria de
la que estaban cuando acabó 1994? Precariedad y temporalidad. Parece que
quiere su señoría que éste sea hoy el debate. Pero si queremos hacer este
debate, me va a permitir que le diga que es bueno que se manejen
correctamente los datos y sobre todo que los datos que se utilicen
también sean los correctos. Porque cuando usted maneja los datos, utiliza
el informe anual sobre empleo de la Unión Europea, que recoge
los datos de la encuesta de fuerzas de trabajo correspondientes a 1994.
Eso sí, cuando lo utiliza su señoría omite --y omite cuidadosamente-- que
la propia Comisión, al señalar estos datos, también indica que tienen que
ser utilizados con prudencia, ya que las variaciones que muestran son un
claro trasunto de las diferencias que existen en las regulaciones
jurídicas entre los diferentes estados miembros. Cautela que, por otra
parte, viene haciendo siempre la OCDE cuando suministra datos
comparativos. La conclusión, dice la OCDE, es que cuando comparemos los
datos de contratación entre uno y otro Estado habrá que tener en cuenta
también que la variación de la legislación nos puede conducir, en estas
comparaciones, a conclusiones equivocadas.
La pregunta que yo le haría, señoría, --y se la hago no retóricamente,
sino para que la conteste--, sería la siguiente: ¿Qué comparamos cuando
afirmamos que España tiene un mayor índice de precariedad? ¿Qué estamos
comparando? ¿Comparamos cantidades o magnitudes homogéneas? ¿Comparamos
realidades equiparables? ¿Es lo mismo un contrato indefinido en Alemania
que en Grecia, España o Italia? ¿Es lo mismo un contrato que usted llama
precario o temporal en el Reino Unido que en Portugal, Suecia, Dinamarca
o España? ¿Es precario, señoría, el empleo a tiempo parcial?
Yo creo que habría que contestar a estas preguntas y a otras muchas.
¿Cómo mide, por ejemplo, su señoría, a efectos de precariedad, los
contratos con una duración inferior a dos años en países como el Reino
Unido y Portugal, que, como usted sabe, tienen durante esos dos primeros
años de vida del contrato rescisión o despido libre? ¿Cómo lo mediría su
señoría? ¿Son éstos contratos precarios? ¿Son temporales? Según las
encuestas, no. Pero, ¿en la realidad lo son? ¿Son precarios o no lo son?
¿Cómo mide usted el más de un millón de contratos de aprendizaje que hay
en Alemania? ¿Son precarios? Según las encuestas, no. Según usted, ¿lo
son? ¿Cómo mide el empleo a tiempo parcial en los diferentes países de la
Unión Europea? ¿Son para usted precarios? En las encuestas, no; ¿lo son
para usted, señoría?
Yo le rogaría que volviera a ese informe anual que usted ha manejado.
¿Qué ve en él, además de ese dato de temporalidad que usted señala? Por
ejemplo, contratos a tiempo parcial, 1994: España, 6,9 por ciento del
total de las contrataciones; media europea, 15,3 por ciento; Dinamarca,
21 por ciento; Alemania, 15,8 por ciento; Bélgica, 12,8 por ciento;
Francia, 14,9 por ciento; Irlanda, 10,8 por ciento; Reino Unido, 23,8 por
ciento; Holanda, 36,4 por ciento; España, 6,9 por ciento. Lo dice también
esa encuesta que usted maneja.
Podríamos hacer muchas más preguntas. ¿Cómo mide el empleo, en términos
de precariedad, en aquellos países en que el despido, por ejemplo, es más
barato que la indemnización española por finalización de un contrato
temporal? ¿Cómo es ahí el contrato? ¿Es precario? ¿No es precario?
¿Cuántos asalariados trabajan en España en sectores como el primario, la
construcción o los servicios, que son sectores de temporalidad? Se los
voy a dar yo: 1.700.000 solamente en este tipo de actividades.
Pero no solamente, señoría, ha utilizado usted mal los datos, es que los
propios datos que utiliza son incorrectos. Yo le haría dos preguntas
también aquí: tras la reforma laboral, ¿hay más o hay menos contratos
indefinidos? Es la pregunta que yo le hago: ¿hay más o hay menos
contratos indefinidos? Primera pregunta.
Segunda pregunta: La legislación actual, la legislación vigente, ¿es más
o es menos permisiva con los contratos temporales? Esas dos preguntas hay
que contestarlas. Y yo se las voy a contestar muy brevemente. La primera
de ellas es cómo medimos la temporalidad. La única fuente que tenemos,
como usted sabe, es la encuesta de población activa, y la mide desde
1987. Vea usted: desde entonces, de manera constante, han venido
disminuyendo los contratos por tiempo indefinido. A finales de 1990 había
64.000 menos; a finales de 1991, 188.000 menos; a finales de 1992,
249.000 menos; a finales de 1993, 172.000 menos; a finales de 1994,
110.000 menos; en septiembre de 1995, 145.000 más. Más, señoría: 145.000
contratos indefinidos más que a principio del año. Por tanto, había
367.000 españoles más con empleo, de los cuales 145.000 tenían contrato
indefinido. La única fuente de conocimiento que tenemos nos dice que no
se puede omitir o no se debe omitir.
Pero, ¿por qué nos plantea usted esta pregunta ahora, cuando están
creciendo los contratos indefinidos? Por cierto, le vuelvo a leer el
informe del Banco de España, de noviembre: Atendiendo a las modalidades
de contratación, los datos del tercer trimestre confirman la
consolidación del crecimiento del empleo fijo. Boletín del Banco de
España. ¿Por qué lo plantea ahora su señoría? Antes no decían ustedes
esto. Antes no lo decían: cuando crecía, decían lo contrario. Cuando
disminuían los contratos indefinidos, ¿qué decían ustedes?
Por ejemplo, en el año 1984, el portavoz de su Grupo decía lo siguiente:
El interés del país exige que quien quiera contratar a un trabajador lo
contrate por el tiempo que quiera. ¿Qué decían ustedes en el año 1990?:
Los contratos temporales son seguros en el sentido de que protegen a los
trabajadores, y son estables en su duración. Y están firmados. Yo
llamaría trabajo precario al de la economía sumergida. Esto lo decían
ustedes en 1984-90. Y ahora, en 1995, cuando crecen los contratos
indefinidos, hablan ustedes de precariedad. Me parece, como mínimo, que
es algo que tendrán que explicar, sobre todo cuando por primera vez, como
le digo, reconoce este hecho el informe del Banco de España.
Por lo tanto, señoría, estamos asistiendo a un camino nuevo. Un camino en
el que se está creando empleo, bastante más empleo del que se preveía y
mucho más empleo fijo del que se había creado en los últimos años. Y,
además, señoría, no podía ser de otra manera, porque la legislación
laboral, desde la entrada en vigor de la reforma, es muchísimo más
restrictiva con los contratos temporales. Sabe su señoría que desde la
reforma laboral los contratos temporales de fomento de empleo genéricos
han desaparecido. Y los únicos que permanecen son los contratos
temporales de fomento de empleo para colectivos determinados: jóvenes sin
formación, jóvenes sin experiencia, parados de larga duración --por
cierto, en el total de la contratación son
exactamente el 6 por ciento--; el resto de los contratos temporales son
contratos temporales causales; y si no fueran causales porque le dieran
un uso fraudulento a la legislación, hay una cautela en la ley: se
convierten, por su propia naturaleza, en contratos por tiempo indefinido.
Esa es la legislación. ¿Qué hay que modificar en ella, señoría? ¿Por qué
ahora plantea su señoría esta pregunta, cuando se crea empleo? Y cuando
se crea empleo fijo. ¿No será que con el pretexto de la temporalidad
quieren ustedes «meter en el barco» de polizón alguna otra cuestión, como
el abaratamiento del despido, o la llamada «ultraactividad de los
convenios»? Contésteme, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Ministro.
Señor Lobo, tiene su señoría la palabra. (Pausa.) ¿La pide su señoría por
el artículo 87? (Pausa.)
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Bertrán i Soler.
El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con brevedad, señorías, para fijar la posición del Grupo de
Convergència i Unió.
Escuchando al señor Ministro y al Senador interpelante, es obvio que
ambos tienen --y se les debe reconocer-- una gran habilidad en el manejo
de las encuestas. Y mientras les escuchaba pensaba en una reflexión de
Niels Bohr, que decía que a veces las verdades profundas y demostradas
pueden ser contrarias a otras verdades que también son profundas y
demostradas. Y esto, quien más lo acreditan son precisamente los que
saben el manejo de los datos de las encuestas.
Pero claro, cuando hablamos de un tema tan preocupante como es la
precariedad del empleo, uno entiende --y mi Grupo también-- que debería
centrarse, porque es verdad lo que dice el señor Ministro en las
reflexiones que ha hecho, todos manejan cifran ciertas, pero también es
cierto que pueden mejorarse mucho las condiciones para reducir esta
precariedad que, evidentemente, está en unas cifras que deben mejorarse;
las que manejamos en Cataluña, sobre todo en el sector privado, podrían
estar llegando a niveles francamente alarmantes.
Yo debo constatar y manifestar en esta intervención que en la reunión que
tuvieron el Presidente Pujol y el Conseller de Treball con la Permanent
del Consell de Treball de Catalunya, se constató la actitud de los
empresarios en cuanto a rechazar el establecimiento de contratos
indefinidos, sobre todo por las rigideces del mercado laboral.
Por este motivo los empresarios se defienden realizando contratos
temporales, hasta el punto de que la precariedad, vuelvo a insistir, ha
experimentado un aumento muy preocupante. Y es por esta razón que el
Govern de la Generalitat ha propuesto un contrato estable, que es una
nueva modalidad de contrato de trabajo, al mismo tiempo estable y
flexible, la duración del mismo sería indefinida, pero la indemnización
legal por despido tendría una cantidad fija y previamente pactada por las
partes; claro está que este despido sólo se produciría por necesidades
técnicas, económicas o de producción, siempre en aras de la
competitividad empresarial. Con este proyecto se promueve la contratación
estable de trabajadores, se vería sensiblemente disminuida la
contratación temporal y, en consecuencia, el índice de temporalidad y de
precariedad.
Señor Presidente, señor ministro, Senador interpelante, John Kenneth
Galbraith, en su teoría de la satisfacción, anunció y denunció una
posibilidad de que las instancias políticas atendieran única y
exclusivamente a unos intereses en función de unas voluntades distintas a
las propias de los representados. Esta denuncia de Galbraith, que en el
caso de esta interpelación puede ser un elemento de reflexión, quizá da
pie a precisar que lo que se requiere en esta cuestión son soluciones y
que estas soluciones son un común denominador tanto por parte de los
empresarios como de los trabajadores. Pero no se puede poner todo el peso
y la fuerza reivindicativa en uno de los platos de la balanza, ya que en
la situación actual es necesario encontrar un equilibrio que module las
lícitas reivindicaciones de los trabajadores con las no menos lícitas
reivindicaciones del mundo empresarial, que si no puede conservar una
competitividad de sus empresas, estas empresas van a dejar de existir,
con lo cual ya no es que aumente la precariedad del trabajo, sino que van
a dejar de existir muchos puestos de trabajo. En este equilibrio entre
estos dos platos de la balanza debe haber una capacidad de adaptación y
es por ello --y con esto termino, señor Presidente-- que Convergència i
Unió continúa defendiendo un debate en el que si no es este modelo de
contrato estable, será preciso encontrar otro tipo de soluciones que
favorezcan el proceso, precisamente, para disminuir la precariedad en el
mundo laboral.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Bertrán.
Señor Lobo, tiene la palabra en este turno de portavoces.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro. Lo primero que debería decirle es que ha
confundido usted su turno, señor Ministro; el turno de interpelar y el
turno de preguntar es el mío y el suyo es el de responder a las
cuestiones que aquí se le plantean. Nuestra petición era clara: pedíamos
su opinión -- que la ha dado vagamente-- y, sobre todo, queríamos conocer
los propósitos del Gobierno en relación con la actual situación de
precariedad. ¿O quizá el señor Ministro piensa que no hay precariedad?
Eso no concuerda con unas declaraciones del señor Griñán que ayer leía en
la prensa en las que decía que estaba altamente preocupado por la
situación de precariedad.
Pero yo me esperaba ya una intervención como ésta, sobre todo después de
haber tenido la oportunidad en días pasados de escuchar en esta Cámara al
Secretario General de Empleo, señor Marcos Peña, y me sospechaba que iba
a
decir usted algo parecido a lo que ha dicho. Pero hay cosas, señor
Ministro, que usted no ha dicho y que, al menos a mi entender, a mí me
parecen irrefutables. A mí me parece irrefutable, entre otras cosas, que
los últimos datos sobre el paro registrado en las oficinas del INEM
--seguramente los datos de la EPA serán peores-- han caído sobre la
población como un mazazo. ¿O no, señor Griñán, o han caído bien en la
población? Y han caído así no tanto por las cifras en sí mismas --que son
muy serias--, sino por las falsas expectativas que con intervenciones
como la suya esta tarde ustedes se empeñan una y otra vez en hacer
concebir a la población. Porque las cifras relativas al paro, pese a lo
que ustedes dicen, han venido a demostrar que la recuperación económica
no se traduce en una mayor y más estable ocupación; que el aumento del
número de contratos responde --como usted muy bien sabe, aunque tampoco
lo ha dicho-- a una mayor rotación en el mercado laboral y que el que no
existan más personas ocupadas obedece, sin duda alguna, a esta rotación
que, por otra parte, lleva aparejada un mayor costo social y tampoco
incentiva al consumo, sino que más bien lo retrae. A mí, señor Ministro,
me parece también irrefutable decir que de los 349.800 empleos creados en
el último año, el 60 por ciento son temporales. ¿O no lo son?
Deseo mostrar mi preocupación por el incremento de la eventualidad que se
refleja en los últimos datos, que son los que he dado reiteradamente esta
tarde, y que son que la tasa de trabajadores con contrato laboral
respecto al conjunto de asalariados ha subido hasta un 35 por ciento, es
decir, un punto más que hace un año y que, además, es el porcentaje más
alto registrado hasta la fecha. A mí me parece que es irrefutable, señor
Ministro, que la contratación temporal en cifras absolutas ha alcanzado
su techo en el tercer trimestre de 1995, con 3.187.400 contratos, así
como, en cifras relativas, en las que el ascenso ha sido ininterrumpido
--también lo reitero-- desde 1987. Y si evaluamos los datos del período
de vigencia de la reforma laboral, nos encontramos con que, en el lapso
que va desde el tercer trimestre de 1994 al de 1995 en la tasa de
temporalidad, se pasa del 34,4 por ciento al 35,2; que las mujeres pasan
del 37,7 al 38, que los jóvenes entre 16 y 29 años ocupan el 57,7 por
ciento de los contratos temporales en 1994, descendiendo cuatro décimas
--es justo reconocerlo-- en 1995; y que la duración del contrato temporal
es inferior a 6 meses en el 52,5 por ciento de los casos en 1994,
pasándose al 55,9 por ciento en 1995.
Usted antes pedía que se establecieran comparaciones. Hay algunas, en lo
que se refiere al nivel comparativo con Europa, que en este momento están
muy de moda. Los cuatro indicadores básicos hablan bien claro de la
precariedad de nuestro empleo pues, primero, la tasa de temporalidad es
casi cuatro veces la de las eurodoce; la tasa de paro juvenil y la de la
mujer son superiores al doble de la media europea; el 70,5 por ciento de
nuestros parados cuenta con un nivel educativo inferior al secundario,
frente al 55,5 por ciento europeo y el paro de larga duración es de 4,6
puntos superior a la media europea.
Por otra parte y en otro orden de cosas, señor Ministro, el paro en la
agricultura se ha incrementado de forma notable. Los españoles que
perdieron su empleo hace tres años o más han aumentado, encontrándose en
esta situación casi 700.000 compatriotas. Y como usted sabe muy bien, ha
aumentado de forma considerable el número de parados que aceptarían un
empleo aunque éste implicase un cambio de residencia, ingresos inferiores
o trabajar en un puesto de cualificación inferior a la suya. Son muchos
los españoles dispuestos a vender su alma al diablo --laboralmente
hablando, naturalmente-- por un puesto de trabajo. Es decir, señor
Ministro, que muchas cosas se dan para poder sentirse optimistas y mucho
menos triunfalistas, como parece que se sienten ustedes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Lobo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, yo no he dicho ni he manejado argumentalmente estadística
alguna. He empleado --y no suelo hacerlo-- argumentos de autoridad, es
decir, ajenos a mí. He empleado frases del Banco de España, que
convendrán ustedes conmigo en que son imparciales, es decir, que no lo
ven todo bien como el Gobierno, ni todo mal como la oposición; lo ven,
teóricamente, con el análisis del prestigio del Servicio de Estudios del
Banco de España. Por lo tanto, las frases que he empleado son frases del
Boletín Económico de noviembre de 1995.
No es que yo lo esté interpelando, señoría, es que si usted está dando
datos está en la obligación de decirnos cómo maneja los datos que da, a
menos que empecemos a pensar que utiliza usted los datos simplemente como
munición, sin preocuparse ni siquiera del rigor que encierran esos datos,
que es lo que me temo que hace, señoría. Eso es lo que yo me temo que
hace, porque vuelve a insistir en las tasas de temporalidad, pero no
contesta a la pregunta que yo le hago. Si una persona empieza a trabajar
en Portugal, o en Inglaterra, o en otros muchos países, aunque diga que
el contrato es indefinido y lleva un año y medio, ¿qué situación es la
suya, sabiendo que en los dos primeros años se le puede despedir
libremente, sin indemnización alguna? ¿Eso es temporalidad o qué es?
¿Cómo me mide la tasa de temporalidad, señoría? ¿Cómo la mide?
Esta es la cuestión que tiene que explicarnos, porque no puede hacer una
afirmación y luego no contestar a su medición. Yo sí le digo cómo hago
las que hay y, además, utilizo, insisto, fuentes de autoridad, como es el
Banco de España, que es quien dice explícitamente que se continúa la
tendencia de creación de empleo fijo.
Me asusta, de todos modos, algo que ha dicho su señoría. Que haya más
españoles dispuestos a cambiar su residencia por encontrar un empleo lo
interpreta su señoría como persona que venden su alma al diablo. ¿Tiene
usted un concepto de mercado de trabajo tan estrecho como para decir lo
que ha dicho? ¿Le he escuchado bien, señoría? ¿Es verdad que su señoría
cree que una persona, por el hecho
de que se vaya a trabajar de Barcelona a Gerona, está vendiendo su alma
al diablo? ¿Cree usted que los mercados de trabajo deben ser de pueblo?
¿Deben ser locales? De las pocas cosas que la encuesta de población
activa dice, a veces positivamente, es ésta, que hay españoles que
estarían dispuestos a moverse geográficamente porque, entre otras cosas,
los mercados de trabajo tienen ofertas insatisfechas en determinadas
Comunidades, mientras que esas mismas demandas se están planteando sin
atención en otras Comunidades. Queremos mercados de trabajo amplios,
incluso de tamaño europeo, señoría.
Hablaba usted --y esto sí que me interesaría contestárselo-- de los datos
de paro registrados del otoño y dice que son preocupantes. Le empiezo por
decir que todo dato de paro es preocupante, todo dato de paro es
alarmista y todo dato de paro debe preocuparnos, pero también el paro
importa porque hay personas que están en paro, importa, por lo tanto,
medir si está mejor o peor, eso es lo que importa realmente del paro.
Los meses de octubre y noviembre ha aumentado el paro, según el paro
registrado en España, en 34.600 personas. El año pasado en 38.200 en esos
meses; el año anterior en 147.000; el año anterior en 127.000; el año
anterior en 74.000; el año anterior en 47.000. La media de los doce
últimos años se incrementó el paro en esos dos meses en 91.000 personas;
en estos dos meses últimos 34.600.
Y no voy a comparar simplemente con un promedio; voy a comparar con un
año que puede ser un paradigma de comparación con 1995, por ejemplo, con
1986. En 1986 el PIB creció el 3,2 por ciento. ¿Qué pasó en octubre y
noviembre de 1986? Que el paro registrado aumentó en 157.000 personas.
Este año, insisto, en 34.600.
Por tanto, señoría, si quiere usted utilizar datos utilícelos
correctamente, solamente le pido eso. 34.600 es un aumento de paro, sin
duda, pero, en términos comparativos, es un aumento del paro relativo muy
inferior a lo que ha ocurrido otros años. Y le digo más, ¿significa que
en el año 1986 cuando aumentó el paro en octubre y noviembre en 157.000
personas fue la puerta de un nuevo año 1987 en que se destruyó empleo? En
1987 se crearon 572.000 empleos, señoría; y en 1986, en octubre y
noviembre el paro aumentó en 157.000.
Estos son datos que hay que manejar para calibrar cuál es la realidad y
la temperatura de la situación que estamos viviendo.
Por lo tanto, señoría --perdóneme que le interpele--, pero me gusta que
los datos se empleen con rigor porque, si no, tengo el legítimo derecho a
pensar que a su señoría no le importa el paro, sino utilizar las cifras
del paro; que a su señoría no le importan los parados, sino manipular las
cifras del paro; que a su señoría no le importa el empleo, sino hacer
ejercicios demagógicos sobre el empleo. Esa es la impresión que me da
cuando se malutilizan los datos, ya que, a fin de cuentas, hay personas
--y se lo dije una vez-- que utilizan las estadísticas como los borrachos
las farolas.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Ministro. (El señor
Lobo Asenjo pide la palabra.) Desde luego, señor Lobo, ha sido discutido
en sus argumentos, de forma que tiene pleno derecho a utilizar el turno
que le concede el artículo 87.
Tiene su señoría la palabra, por tiempo de cinco minutos.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
Unicamente deseo decirle al señor Ministro que, desde luego, los datos no
me los he inventado yo, los datos salen de algo tan serio --me parece a
mí que deben ser serios, aunque sean discutibles-- como del Instituto
Nacional de Empleo; salen de la Encuesta de Población Activa, han salido
de la Encuesta sobre la Fuerza del Trabajo 1994, han salido de Eurostat
30-6-95, etcétera. No tengo por qué facilitarle a usted dónde me
documento, señor Ministro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias también por su
brevedad.
--DE DON ALVARO ANTONIO MARTINEZ SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL
INFORME SOBRE EL ACTUAL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA Y SUS POSIBLES
PROBLEMAS, ASI COMO SOBRE SUS INTENCIONES Y PLANES PARA LA POSIBLE
PLASMACION DE DICHAS PROPUESTAS EN NORMAS LEGISLATIVAS E INSTRUMENTOS
REALES PARA LA FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. (670/000160.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos a la interpelación de don
Alvaro Antonio Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
opinión del Gobierno acerca de las propuestas contenidas en el Informe
anual sobre el actual sistema de financiación autonómica y sus problemas,
así como sobre sus intenciones y planes para la posible plasmación de
dichas propuestas en normas legislativas e instrumentos reales para la
financiación de las Comunidades Autónomas.
Tiene la palabra el señor Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, la interpelación que trae mi Grupo
Parlamentario trata de un tema de contenido neto de esta Cámara, como es
el sistema de financiación autonómica, uno de los más grandes --quizá el
mayor-- problemas que ahora mismo recaen sobre el Estado de las
Autonomías.
Desde 1978, desde la aprobación de la Constitución hasta la actualidad,
en el Estado español se ha protagonizado un importante proceso de
descentralización de gastos públicos. Sin embargo, hay todavía un
importante cuello de botella a partir del cual esta descentralización de
ingresos no se ha producido, de tal manera que tenemos un proceso
muy acelerado de descentralización de gastos y, por contra, un proceso
muy poco desarrollado de descentralización de ingresos.
Esta es una cuestión bastante compleja, sobre la que el Consejo de
Política Fiscal y Financiera se ha manifestado en diferentes ocasiones.
En concreto, en su reunión de 7 de octubre de 1993, y pretendiendo
avanzar en el diseño de un nuevo sistema en el que la corresponsabilidad
fiscal fuera un hecho real entre las Comunidades Autónomas, se adoptó el
acuerdo de realizar un estudio sobre la financiación de las Comunidades
Autónomas por un grupo de expertos, que debería estar concluido el 30 de
junio de 1994. Sin embargo, dicho estudio no fue concluido hasta hace
escasos meses, en concreto hasta abril de 1995.
Las opciones por las que han optado las administraciones autonómicas ante
el problema de la financiación son diversas. Unas Comunidades Autónomas
han optado por presionar directamente a la Administración Central; otras
por endeudarse; otras por limitar su autonomía política, algunas --las
más-- por una combinación de estos tres factores. Sin embargo, para
muchas Comunidades Autónomas, la comodidad de gastar sin hacer frente a
la obtención de esos ingresos necesarios ha hecho que las presiones sobre
la Administración Central sean de alguna manera la moneda corriente y la
opción más fácil y más directa de utilizar de cara a la obtención de
recursos y, en menor medida, cuestionar el propio sistema de financiación
autonómica que es, en definitiva, el problema central, el problema raíz
sobre el que había que actuar. Y este problema raíz se deduce a partir de
la observación histórica --reciente, por cierto-- de que en el Estado
español hay una acelerada descentralización del gasto pero hay un acusado
centralismo financiero.
Por tanto, desde mi punto de vista, los principios sobre los que debería
pivotar la financiación de las Comunidades Autónomas serían cuatro:
autonomía, suficiencia, solidaridad y coordinación. De tal manera que
parece que buena parte de los implicados, fundamentalmente Comunidades
Autónomas y Administración Central, estarían de acuerdo en desarrollar
los instrumentos para ello, aunque hay diferencia a la hora de valorar
dichos instrumentos. Mientras que unas Comunidades enfrentan claramente
unos principios con otros, la autonomía frente a la solidaridad, el
Gobierno de la nación es el que normalmente hace que el principio de
autonomía sea casi siempre el más perjudicado y, a veces, también el
principio de solidaridad.
Respecto al principio de suficiencia, cabría decir que quizá ha sido uno
de los más controvertidos. Dicho principio trataría de garantizar la
financiación adecuada o suficiente para la gestión y el desarrollo de una
determinadas competencias cedidas. El problema naturalmente va a comenzar
cuando se produce una descentralización de gasto a favor de las
Comunidades Autónomas y cuando los mecanismos de financiación aún
mantienen un centralismo que supone precisamente el cuello de botella que
antes comentábamos. Las Comunidades Autónomas al no tener siquiera
capacidad normativa en cuanto a la legislación de los tributos cedidos,
al no poder recargar siquiera en algunos tributos estatales hasta fechas
muy recientes, han tenido que recurrir al recurso de la deuda que ha sido
uno de los recursos de más constante aplicación. De tal manera que, la
mayoría de las Comunidades Autónomas estiman hoy la importancia de
reducir déficit y deuda, pero a cambio o a través de una mayor
participación en ingresos estatales no cedidos. Sin embargo, la
Administración Central señala el inadecuado modelo de reparto de los
fondos estructurales europeos, fondos que, por otra parte, suponen una
financiación adicional para las Comunidades Autónomas.
Desde este punto de vista, el principio de suficiencia ha supuesto la
base principal que de alguna manera ha impulsado a todas las partes y,
fundamentalmente a las Comunidades Autónomas, a reducir todos estos
problemas a uno sólo, en definitiva, al problema de la negociación que se
ha traducido en constantes tensiones dentro del propio Consejo de
Política Fiscal y Financiera y dentro del propio sistema de financiación
autonómica.
Respecto al principio de la autonomía o el principio por el cual una
Hacienda autónoma puede tomar las decisiones que crea convenientes acerca
de la estructura y de la cantidad de sus ingresos, se ha convertido en un
principio fundamental, en la pieza clave. La descentralización de los
ingresos públicos, sin embargo, ha sido constantemente frenada a partir
de una actitud completamente cicatera por parte de la Administración
Central que ha agravado las tensiones a que antes aludíamos.
En este sentido, acerca del principio de autonomía habría que señalar la
consecución importante de algunas metas. En primer lugar, la eliminación
de los condicionantes sobre el gasto en cuanto a la competencia; en
segundo lugar, aumentar el porcentaje de recursos que tienen su origen en
la recaudación tributaria de la región; en tercer lugar, la participación
de las Comunidades Autónomas en la normativa de los tributos cedidos; en
cuarto lugar, la participación de las Comunidades Autónomas en la gestión
de los tributos que afectarán a los ingresos de la propia región; en
quinto lugar, el sometimiento a reglas sobre la relación entre las
haciendas, la coordinación, que no es la dependencia y, en sexto lugar,
la clarificación de las ventajas o inconvenientes de los condicionantes y
de la cofinanciación en los gastos de la ejecución de las políticas de
desarrollo regional.
Por tanto, con estos principios como principios rectores de la autonomía
podremos llegar a la idea de que casi todas las Comunidades Autónomas
están de acuerdo en que hay un instrumento adecuado para incrementar su
autonomía, pero que pasa por una participación en ingresos de tipo
territorializado de los dos tributos más importantes, el IVA o el IRPF.
No obstante, buena parte de las preferencias podrían señalar el IRPF como
un impuesto más progresivo, ya que grava sobre rentas y no sobre consumo.
Sin embargo, la aplicación sobre una tasa de territorialización con
respecto al IRPF, en concreto, el Acuerdo de 30 de junio de 1994, de
cesión del 15 por ciento del IRPF, ha dado lugar a un sinfín de críticas,
de opiniones, de controversias, de polémica y de matices. Se ha llegado a
hablar del riesgo de perder la progresividad, se ha llegado a hablar de
una tarifa autonómica del impuesto y se ha llegado a hablar también
de una participación en la cuota líquida del mismo, y todo esto, con el
temor añadido de la falta de los mecanismos de solidaridad, de la falta
de los mecanismos de nivelación que debieran compensar de alguna manera
esas participaciones territorializadas en el IRPF.
Como tercer principio cabría mencionar el principio de solidaridad. Y es
evidente, desde este punto de vista, que las diferentes Comunidades
Autónomas tienen una visión muy distinta acerca del mismo. Existe un
doble elemento de la solidaridad en el sistema financiero-autonómico. Por
un lado, tenemos el Fondo de Compensación Interterritorial, Fondo que,
sin embargo, se desarrolló para lo que podíamos llamar o para lo que el
libro blanco de la reforma para el sistema autonómico llama el período
transitorio, que abarca desde 1978 a 1986, y Fondo que no ha
evolucionado, en lo sustancial, desde esa época; Fondo que en el período
1986-1992 y desde 1992 a 1996, en los dos períodos subsiguientes, apenas
se ha retocado y ha conservado de alguna manera las características del
período inicial, a veces cargándolas de nuevos vicios o vicios añadidos,
como es, en cierto modo, la confluencia con la inversión nueva. Por
tanto, este elemento de solidaridad, el Fondo de Compensación
Interterritorial, ha venido a menos. Por otro lado, como otro elemento de
solidaridad, existe el compromiso de ofrecer un nivel homogéneo de
prestación de los servicios públicos esenciales, mediante asignaciones
recogidas en el artículo 15 de la ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas.
Aun con esto, sin embargo, la aparición de los fondos europeos en 1992,
con la firma del Tratado de la Unión Europea, ha supuesto una nueva
distorsión en el sistema de financiación autonómica, ya que se ha
producido una demanda generalizada de los mismos por parte de todas las
Comunidades Autónomas. Todas aspiran a converger con las áreas de mayor
renta de la Unión Europea y, sin embargo, al haberse decidido que los
gastos en inversión nueva se incorporan al Fondo de Compensación
Interterritorial, como antes comentaba, los mecanismos de solidaridad del
Fondo se han convertido en algo ciertamente complejo, cuando no en algo
deteriorado. Por tanto, el Fondo ha dejado de ser el instrumento esencial
de la solidaridad, para convertirse en un instrumento de financiación
añadida de las Comunidades Autónomas y en muchas ocasiones también sujeto
al principio de negociación al que muchas Comunidades Autónomas han
llevado la financiación autonómica.
En cuanto a la nivelación de los servicios públicos ofrecidos a los
ciudadanos, es decir, a la valoración de las competencias asumidas, la
intención general pasa por ofrecer los servicios en la misma intensidad
para todos los ciudadanos, vivan donde vivan. De todas maneras, hay
Comunidades Autónomas, como, por ejemplo, la andaluza, donde se piensa
que tendría que haber una discriminación positiva, es decir, que aquellas
Comunidades Autónomas más atrasadas, más pobres tuvieran la posibilidad
de una mayor dotación por servicios públicos, precisamente para cubrir
todos aquellos déficit arrastrados desde el pasado. Por tanto, el
principio de solidaridad en la actualidad tiene una estructuración
deficiente y un cubrimiento de objetivos bastante escaso.
El cuarto principio que debe regir el sistema de financiación autonómica,
el principio de la coordinación, también ha fallado estrepitosamente. El
único organismo de coordinación de la hacienda central con las haciendas
autonómicas que en la actualidad tenemos en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera, donde participa el propio Ministro de Economía y Hacienda,
junto con los Consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas. Sin
embargo, si lo que se busca es la optimización del sistema fiscal del
Estado español en su conjunto, hay que llegar a la conclusión de que este
Consejo de Política Fiscal y financiera ha tenido todos los defectos de
la descoordinación y pocas de las ventajas que cabría suponerle. En
concreto, las Comunidades Autónomas se declaran favorables a participar
en algo así como una administración tributaria común --que dista mucho,
por cierto, de la que tenemos en la actualidad-- y, por tanto, tendríamos
la necesidad de tener un organismo de coordinación que no estableciera
relaciones de dependencia entre las haciendas sino que hiciera participar
a cada una de ellas en una mencionada administración tributaria común, de
tal manera que tendríamos que buscar un consenso para vigilar el
desenvolvimiento de los servicios básicos, como la sanidad, la educación,
la vivienda, o, incluso, otros como los servicios sociales o, incluso,
servicios de infraestructura.
Desde este punto de vista, es imprescindible la coordinación acerca del
déficit y la deuda autonómica, así como si existen o no criterios
respecto a los límites de endeudamiento autonómico, o, por ejemplo, la
discriminación sobre las emisiones de deuda pública que algunas
Comunidades Autónomas están lanzando, de tal manera que todos estos
mecanismos de coordinación aún están por concretarse, aún están por
definirse en el futuro sistema de financiación del Estado autonómico.
Señor Ministro, con este análisis del escenario, que naturalmente es
somero para una realidad tan compleja como es la financiación autonómica,
tan somero como permite esta interpelación el Libro Blanco de la Reforma
del Sistema Autonómico ha llegado a una serie de conclusiones;
conclusiones que en buena medida reafirman lo que ya algunos veníamos
manteniendo desde hace tiempo y desde diversas Comunidades Autónomas: en
particular, que hay un agotamiento del actual sistema de financiación
autonómica que responde básicamente a las necesidades del período
transitorio 1978-1986, que era un período de traspaso de servicios, de
fase de transferencia de servicios, y que, por tanto, hay necesidad de un
nuevo modelo acorde plenamente con la estructura territorial del Estado
que define la Constitución española. No valen, por tanto, las soluciones
fragmentarias. No es razonable territorializar si no lleva aparejado un
mecanismo de nivelación, es decir, una pieza que compense las
deficiencias que esta territorialización puede causar a los ciudadanos y
a la prestación de servicios a los mismos. Por tanto, hay que ir a un
diseño global. Esto es lo que pretendía el Libro Blanco del sistema de
financiación autonómico, Libro Blanco que tenía que tener como fase
inicial una importante, una ineludible, discusión política para plasmar
acuerdos políticos, acuerdos del conjunto de fuerzas parlamentarias y del
conjunto
de fuerzas autonómicas sobre la financiación autonómica; acuerdos que
pudieran desembocar, de un lado, en reformas estructurales y, de otro, en
reformas normativas, en la reforma jurídica. En concreto, que, en primer
lugar, pudieran hacer converger los regímenes forales con los regímenes
que están regulados por la Lofca, pues los regímenes forales pueden
parecer en la actualidad, y de hecho lo son, agravios comparativos en
unos momentos en los que hay Comunidades Autónomas con unos déficit de
nivelación de servicio grandes. En segundo lugar, que respondan a los
compromisos de autonomía y solidaridad, ya que un incremento de la
autonomía financiera no tiene por qué conllevar la disminución de la
solidaridad, sino todo lo contrario: hay que negociar políticamente estos
dos principios, el de autonomía y solidaridad, para que ambos sean, de
alguna manera, compensados y ambos, además, puedan sacarnos del anclaje
centralista en que se mueven las finanzas en el Estado español en este
momento. No son, pues, términos antitéticos. En tercer lugar, que hagan a
las Comunidades Autónomas responsables de sus ingresos, por tanto, que
haya una masa crítica --como define el Libro Blanco-- de
corresponsabilidad; masa crítica que tiene que pasar por la autonomía
financiera, por la conveniencia de la creación de impuestos autonómicos
normalizados o por la conveniencia de la creación de una mayor capacidad
fiscal de las haciendas autónomas, con precios, tasas, tributos propios,
etcétera; y, finalmente, que hagan a la Hacienda central responsable de
la aplicación del principio de solidaridad.
La nivelación es la contrapartida de la descentralización y es la única
contrapartida que, además, evita las suspicacias que necesariamente
surgen entre Comunidades Autónomas en todo proceso de descentralización
financiera. Ya se han dado bastantes de estas suspicacias en todo este
período. Por tanto, hay que definir criterios de equidad explícitos. Hay
que definir y articular coherentemente esos criterios de equidad con
políticas redistributivas y hay que tomar las decisiones políticas al
respecto. El propio Libro Blanco propone, al menos, dos de estos grandes
criterios de equidad. Es, además, necesario que sometamos esos criterios
a la discusión consecuente de cara a lograr ese acuerdo político sobre la
financiación autonómica.
Finalmente, diré que es necesaria una descentralización que dote de
estabilidad al sistema y, por supuesto, es necesario que las
transferencias de nivelación se articulen con fondos de desarrollo, que
se refuerce el Consejo de Política Fiscal y Financiera y los organismos
de coordinación y que se vaya hacia la reforma de la Ley Orgánica de
Financiación de Comunidades Autónomas.
Sólo un acuerdo político de amplio espectro, sólo un acuerdo político de
envergadura, puede desembocar en una reforma de la Lofca que algunos
creen ya que está completamente obsoleta, que otros pensamos que tiene
algunos elementos susceptibles de aprovechamiento, pero que no obstante,
no responde al modelo de financiación que sería deseable desde un punto
de vista jurídico.
Por tanto, señor Ministro, nuestra intención es abrir un debate que ya
está tardando en abrirse, un debate entre el conjunto de fuerzas
políticas estatales o autonómicas sobre la financiación autonómica, un
debate que debiera abrirse lo antes posible para culminarlo con una serie
de acuerdos que permitan instrumentar, de un lado, los mecanismos de
financiación y, de otro lado, la normativa jurídica correspondiente
aparejada; mecanismos que debieran llevarnos a la consolidación del
Estado de las autonomías por la vía más importante: la consolidación de
la descentralización de los ingresos y, por tanto, la responsabilización
de las Comunidades Autónomas plena, la responsabilidad plena de la
capacidad de gasto que llevan aparejada. Un sistema, en definitiva, señor
Ministro, que de no lograr que se estabilice, se van a continuar
sucediendo las tensiones, los problemas, los encontronazos sucesivos
entre las Comunidades Autónomas y la Hacienda central y entre las propias
Comunidades Autónomas, y en el que se van a seguir provocando unas
tensiones en absoluto necesarias para la vida pública española.
Este es el motivo de la interpelación y, por tanto, la urgencia para que
se desarrollen esos mecanismos de debate político y, en definitiva, esos
mecanismos tributarios, financieros y jurídicos para el sistema de
financiación autonómica.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Martínez Sevilla.
Tiene la palabra el señor Ministro para las Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma Blasco):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Martínez Sevilla, en respuesta a su interpelación he de decir que,
como todas sus señorías conocen, y dado que el método para la aplicación
del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas está vigente
después del acuerdo hasta 31 de diciembre de 1996, el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, tal y como usted mismo ha dicho, aprobó en el Pleno
de 7 de octubre de 1993 el encargo de un informe a un grupo de expertos
para que sirviera de base al Consejo para la regulación de un nuevo
método de financiación a partir de 1997, informe que, como todas sus
señorías saben y usted mismo ha dicho también, ya ha sido elaborado.
La síntesis de dicho informe podría efectuarse diciendo que el mismo
consta de dos partes. En la primera se repasa la trayectoria histórica
del sistema para, de paso, identificar los problemas principales de los
que adolece. La segunda tiene por objeto recoger las medidas que se
consideran necesarias para el próximo quinquenio de cara a la reforma del
sistema para corregir los problemas detectados.
Según el informe, el actual sistema de financiación tiene
fundamentalmente dos problemas. La solución de acometerse como condición
necesaria para dotar a las relaciones financieras entre las dos
Administraciones, la central y la autonómica, de estabilidad, automatismo
y equilibrio financiero.
El primer problema detectado es, sin duda, la excesiva dependencia --tal
y como usted ha dicho-- de las Haciendas autonómicas respecto de la
Hacienda estatal. En la situación
actual los ingresos de las Comunidades Autónomas, consistentes en
transferencias financieras desde los Presupuestos del Estado, superan el
70 por ciento de sus ingresos totales. En consecuencia, con ello se
considera que en el sistema actual existe un grado de corresponsabilidad
fiscal muy escaso.
El principio de autonomía financiera se cumple aceptablemente en el área
del gasto, donde cada Administración decide desde sus respectivos
servicios, pero existe una menor autonomía en el ingreso, como es
evidente, con lo cual resulta una asimetría en el sistema.
El segundo problema es la dilatada situación del sistema como una
construcción incompleta o inacabada debido a la falta de aplicación del
mecanismo de nivelación y garantía regulado en el artículo 15 de la Lofca
y según el cual deben establecerse transferencias en los presupuestos del
Estado para asegurar que el nivel de prestación de los servicios públicos
fundamentales alcanza en cada territorio como mínimo el nivel medio que
tenga en el Estado.
Es ésta una cuestión que ha sido objeto de tantos intentos de darle
solución como ocasiones ha habido en que se ha revisado el sistema, sin
que hasta ahora se haya conseguido, especialmente por las dificultades
técnicas que plantea la puesta en práctica de este mecanismo.
Para resolver estos dos problemas, el informe, como usted conoce, propone
dos medidas principales y diversas medidas de carácter complementario.
Las dos medidas principales pueden definirse como una sustitución de los
dos mecanismos financieros del sistema actual. Los tributos cedidos deben
sustituirse por los tributos compartidos; las participaciones
territorializadas y la participación en los ingresos del Estado debe
sustituirse por las transferencias de nivelación.
En relación con esto hay que decir que el primero de los mecanismos, los
tributos compartidos, trata de una figura que, obviamente, no está
contemplada en la normativa vigente, lo cual exigiría la reforma mediante
la modificación de la Lofca, sustituyendo el concepto y características
del tributo cedido por el de tributo compartido.
Estos tributos compartidos representarían el instrumento para dotar al
sistema del máximo grado de corresponsabilidad fiscal, ya que para
algunas o para alguna Comunidad serían la única fuente de recursos del
sistema regular, lo que significa que los ingresos estimados como
necesarios para la prestación de los servicios a su cargo se obtendrían
en su totalidad por esta vía.
En cuanto a las restantes Comunidades, percibirían además los recursos
proporcionados por el segundo mecanismo, las transferencias de
nivelación, con objeto de proporcionarles un nivel de financiación
similar a las anteriores.
De acuerdo con lo que su propia denominación sugiere, los tributos
compartidos se definirían como aquellos que financian a ambos niveles de
la Administración, es decir, aquellos cuyo rendimiento en cada territorio
se distribuye entre la Hacienda central y la respectiva Comunidad
Autónoma, en la proporción que se establezca en el sistema.
En estos tributos compartidos se proponen dos modalidades de aplicación,
en función de que sobre ellos se reconozca o no poder normativo a las
Comunidades Autónomas. Los primeros serían los tributos compartidos
propiamente dichos, que permiten un alto grado de corresponsabilidad, en
tanto que en el segundo supuesto se trataría de participaciones
territorializadas de las respectivas Comunidades Autónomas en la
recaudación del impuesto. Esta figura es análoga a la actualmente
existente en el IRPF y se considera un grado de corresponsabilidad
obviamente menor.
No me extenderé en las consideraciones que hace el informe respecto de
cada uno de los tributos, y sólo a título de ejemplo diré que en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en cuyo rendimiento
territorial actual se atribuye a cada Comunidad Autónoma una
participación del 15 por ciento por la aplicación del acuerdo de 7 de
octubre de 1993, esta participación sería suprimida para que el Impuesto
se integrase en el grupo de los tributos compartidos, a cuyo efecto el
Estado reduciría su tarifa en un porcentaje determinado, que podría ser
fijo para todos los tramos, o variable, siguiendo el criterio de
progresividad. Y esta disminución sería ocupada por la respectiva
Comunidad, estableciendo su propio tipo.
La segunda medida que propone el informe es la de establecer
transferencias de liberación en favor de las Comunidades que no cubran
sus necesidades de gasto con el rendimiento de los tributos compartidos y
las participaciones territorializadas. Estas transferencias tendrían por
objeto suplir la diferencia entre la capacidad de gasto determinada para
Comunidad y su capacidad fiscal o de obtención de recursos.
Para determinar las transferencias de nivelación se comienza con la
determinación de las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma. En
el sistema actual este cálculo se efectúa distribuyendo una masa global
de recursos por medio de determinadas variables socioeconómicas:
población, superficie, número de provincias, dispersión de la población,
o insularidad, y corrigiendo el resultado con otras dos variables:
pobreza relativa y esfuerzo fiscal.
Para el próximo quinquenio se aconseja sustituir este complejo cálculo
por la asignación a cada Comunidad de sus necesidades de una forma más
simple, pero que simultáneamente sea también congruente con la obligación
de garantía del nivel medio de los servicios exigida en el artículo 15 de
la Lofca. Con ello, el sistema respondería de esta obligación, además de
cumplir el principio de suficiencia de recursos, indicándose algunas
posibilidades respecto de la variable que ha de servir de indicador para
establecer la cifra de necesidad de gasto.
Una vez establecido este mecanismo, el informe considera que el artículo
15 de la Lofca carece de aplicación y propone su supresión a través de la
reforma de esta Ley Orgánica. No obstante, parece en algunos puntos que
se deja una puerta abierta --aunque bastante lejana, es verdad-- a la
posibilidad de establecer transferencias de nivelación de carácter
específico en los casos en que quede demostrado que existen razones
excepcionales para su establecimiento.
Estas dos medidas principales van acompañadas en el informe de numerosas
propuestas que implican cambios
en la sistemática actual en todas sus fases, tanto en el procedimiento
formal, como en la instrumentación material, e incluso en las
competencias propias de cada Administración.
Estas medidas complementarias hacen referencia al tratamiento del
déficit, a las funciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y al
establecimiento de una Administración tributaria integrada, tal y como
usted ha mencionado en su intervención.
Se proponen también en el informe otras tareas de coordinación, en
especial, respecto de la programación y ejecución del gasto mediante el
establecimiento de planes conjuntos de inversiones, considerando que
además del sistema general de financiación pueden existir otras fuentes
de recursos de las Comunidades Autónomas que merecen permanente atención,
como usted mismo mencionaba, como era el Fondo de Compensación
interterritorial y los fondos europeos.
Tras la entrega del informe se ha constituido en la Secretaría de Estado
de Hacienda, como sabe su señoría, un grupo de estudio cuya tarea
consiste en realizar un análisis exahustivo de las medidas de reforma
propuestas con el objeto de identificar exigencias y obstáculos que
puedan existir para su aplicación, así como las exigencias normativas, su
coste y los efectos de otro orden que puedan derivarse de ello.
Actualmente, el grupo de estudio se encuentra finalizando la primera fase
de la tarea, por lo que sería seguramente prematuro aventurar una
conclusión. En cualquier caso, aunque las medidas complementarias
parecen, en principio, difíciles de llevar a la práctica por las
exigencias y problemas que generan respecto a las medidas principales
propuestas en el informe, puede avanzarse lo siguiente.
Primero, parece que puede admitirse como planteamiento general la idea
del informe de que debe dotarse al sistema de un mayor grado de
corresponsabilidad. En cuanto a la vía para conseguirlo, lo único que se
puede decir, en principio, es que el establecimiento de los llamados
tributos compartidos, las participaciones territorializadas y las
transferencias de nivelación complementarias constituyen teóricamente una
posibilidad, pero plantean serios problemas en cuanto a las exigencias de
reforma normativa y de otros órdenes, que solamente será posible valorar
cuando se haya realizado totalmente el estudio en curso.
Existe una parte del informe que, al menos aparentemente, resulta
divergente con la línea encomendada en su día por el propio Consejo. Se
trata de la propuesta de supresión del artículo 15 de la Lofca, cuya
propuesta de supresión no se ha acompañado, como parece que sería
conveniente, de un estudio detenido del precepto legal que profundice en
todos los aspectos que plantea y establezca fundamentos sólidos de dicha
propuesta. Si quedase finalmente demostrada la superfluidad del artículo
15 de la Lofca debe considerarse que cualquier medida que incremente el
grado de corresponsabilidad fiscal del sistema por la vía de
territorialización de los recursos tributarios debe ir acompañada, como
contrapeso, de una correlativa potenciación del principio de solidaridad,
puesto que en otro caso quedaría alterado el equilibrio preexistente
entre los dos principios que deben informar al sistema de financiación.
En este orden de ideas conviene recordar que los Estatutos de autonomía
de dos Comunidades Autónomas, uno al que usted ha hecho referencia, el de
Andalucía, y otro el de Extremadura, recogen sendas disposiciones
adicionales con la necesidad de efectuar asignaciones complementarias en
los Presupuestos Generales del Estado para garantizar que los servicios
transferidos pueden ser prestados con un nivel mínimo, y que a petición
de la Junta de Andalucía, la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma ha
creado un grupo de trabajo que está celebrando reuniones periódicas para
identificar cuáles pueden ser los servicios a que se refieren las
disposiciones adicionales citadas, buscando criterios que permitan una
evaluación de la insuficiencia de recursos para alcanzar el nivel mínimo.
Para terminar diré que el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el
Pleno celebrado el pasado día 3 de octubre creó un grupo de trabajo
integrado por el conjunto de las Comunidades Autónomas, el Ministerio de
Economía y Hacienda y el Ministerio para las Administraciones Públicas
con el objeto de analizar las propuestas del Libro Blanco y comenzar el
diseño de un nuevo sistema de financiación que deberá discutirse de
acuerdo con lo aprobado a lo largo del próximo año 1996.
Concluiré, por tanto, señalando sobre las intenciones y planes del
Gobierno para la plasmación de las propuestas del informe en normas e
instrumentos concretos que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera
de las Comunidades Autónomas, órgano idóneo creado para ello en la Lofca
y en el que se encuentran representadas además del Gobierno, la totalidad
de las Comunidades Autónomas, el que a la vista de la situación expuesta
ha de elevar al Gobierno, previsiblemente en el último trimestre de 1996,
la propuesta del nuevo sistema de financiación a aplicar a partir del 1.º
de enero del año 1997, encontrándose la opinión del Gobierno en estos
momentos abierta a valorar y calibrar las distintas posibilidades
existentes en la reforma del sistema.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Ministro.
Abrimos turno de portavoces.
¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, esperaba un debate de más contenido político que una mera
lectura del análisis que los técnicos de su Ministerio le hayan hecho
sobre el Libro Blanco de la Reforma del Sistema Autonómico, Libro que,
por otra parte, yo al menos entiendo después de su lectura que llega más
allá de donde dice el señor Ministro; en concreto dice que en la primera
parte hace un análisis del sistema y en la segunda el desarrollo de las
estrategias consecuentes a ese sistema. Sin embargo no es sólo así. Que
yo recuerde, hay cuatro capítulos, un primero introductorio; un segundo
de
análisis de los tres períodos en que se desarrolla el sistema de
financiación autonómica, 1978-86, 1986-92, 1992-96; un tercero donde las
Haciendas autónomas y la central dan su punto de vista sobre el problema
de la financiación autonómica, y un cuarto capítulo importante sobre la
oferta de un modelo global de financiación autonómica, es decir, sobre
las claves de un diseño de un modelo global de financiación autonómica.
Es más, el propio Libro Blanco dice en un momento determinado: vamos a
seguir estudiando, vamos a seguir desarrollando las claves de ese diseño
del sistema de financiación autonómica que proponemos en el Capítulo IV.
Pero no tiene sentido aventurarse por ese camino, si antes no hay un
acuerdo político sobre las claves, sobre las direcciones generales del
sistema de financiación autonómica. Por tanto, podremos hacer un
ejercicio académico, podremos hacer un ejercicio retórico, podremos hacer
un ejercicio técnico, podremos desarrollar con absoluta extensión cómo
van a ser los tributos compartidos, qué criterios de equidad vamos a
tomar, qué criterios vamos a adoptar sobre tasas, tributos, recargos,
exacciones, etcétera, pero primero tendremos que llegar a un acuerdo
político sobre cuáles son las líneas maestras del sistema de financiación
autonómica futuro, y una vez que hayamos llegado a ese acuerdo político
--creo recordar que hasta el propio Libro lo dice en un momento
determinado-- el resto de las cuestiones técnicas, el resto de las
cuestiones sobre tributación vendrá dadas como vienen dados los
ejercicios al final del capítulo de un libro de texto; así creo que lo
dice literalmente el Libro.
Por tanto, el problema no es desarrollar los ejercicios de final de
capítulo, el problema es un problema político, el problema es lograr un
acuerdo político que no puede ser un acuerdo de una mayoría relativa, ni
un acuerdo siquiera de una mayoría escasa, sino que tiene que ser un
acuerdo de más amplio rango, un acuerdo que abarque al conjunto de
fuerzas constitucionales, lograr un acuerdo político para diseñar un
sistema estable --ése es el reto--, para diseñar un sistema que abarque
al conjunto no sólo de los próximos cuatro o cinco años, sino al conjunto
de los próximos 20 ó 25 años, y hay que recordarle al señor Ministro que
vamos ya camino de los 18 años de financiación autonómica con un sistema
en principio transitorio. Ese es el debate que yo quería tener con el
señor Ministro. Es decir, por dónde empezamos a debatir los criterios
políticos que, en definitiva, queremos las distintas fuerzas aplicar a la
reforma del sistema de financiación autonómico, porque una vez que nos
hayamos puesto de acuerdo en ello, se podrá reunir a todos los grupos de
expertos, de trabajo, de estudios o de lo que sea que hagan falta, y
ellos se encargarán de instrumentar esos acuerdos políticos, naturalmente
con supervisión parlamentaria. Por ese y no otro es el problema.
En concreto, señor Ministro, y por hacer referencia a algunas cuestiones
que naturalmente hay que ir debatiendo: ¿qué hay respecto a la
conveniencia de los impuestos autonómicos normalizados? Esta es una fase
o es un tipo de impuesto que el propio Libro Blanco entiende que puede
ser útil y que puede ser útil, además, para de alguna manera dar no sólo
una capacidad normativa, sino además también dar una capacidad
recaudatoria a las Haciendas autónomas. ¿Hay o no hay la decisión
política de ponerse de acuerdo en que deben establecerse impuestos
autónomos normalizados? Es una versión efectivamente distinta de los
recargos, giraría además sobre la base del impuesto en lugar de girar
sobre la cuota. ¿Pero hay acuerdo o no hay acuerdo político al respecto?
Es un tema a debatir políticamente, no es un tema a resumir de un libro.
En segundo lugar, ¿las haciendas autónomas van a decir todo el tipo de
los impuestos y consecuentemente el volumen de los ingresos?, ¿van a
decir, en concreto, sobre precios, sobre tasas y sobre tributos,
completamente? Esa es también una cuestión política sobre la que habrá
que ponerse de acuerdo.
En tercer lugar, ¿cuál es el margen normativo de las Haciendas autónomas
respecto a todo este tipo de tributación propia? Quedaría la financiación
del gasto total.
En cuarto lugar, en 1996 tendremos una prórroga del acuerdo por el que se
excede la participación territorializada del 15 por ciento del IRPF,
acuerdo que no es satisfactorio, que no supone un avance real en
corresponsabilidad, como se ha demostrado, que no lleva aparejadas las
garantías de solidaridad y sobre todo es un acuerdo con el que nadie está
contento, ni los que lo demandaban ni los que no lo querían, porque se
entiende que es un acuerdo que no funciona en la dirección adecuada y con
las garantías que debía tener.
Por tanto, ¿estamos poniendo impuestos autonómicos sobre la renta, de
carácter proporcional, con un importante que fuera deducible, por
ejemplo, de la cuota correspondiente del impuesto estatal? Si estamos de
acuerdo, habrá que llegar a un acuerdo político sobre ese tema. ¿Estamos
de acuerdo en impuestos autonómicos sobre el consumo o en la cesión
parcial a las Comunidades Autónomas de impuestos autonómicos sobre el
consumo? Con qué determinación, con qué reglas y con qué normativa se
hacen los tipos impositivos que resulten de los recursos que se obtengan
a partir de esos ingresos, que desaparecerían conjuntamente, como los
ingresos del Estado, en función de que se fueran determinando tipos
impositivos para esos impuestos autonómicos cedidos o compartidos.
En quinto lugar, habría que revisar el estatus de los tributos cedidos en
la actualidad. El Libro Blanco no apuesta por la eliminación de los
tributos cedidos, sino por la revisión de su estatus. Toda la recaudación
va a corresponder a las Comunidades Autónomas. Señor Ministro,
¿aplicaremos dos cuotas, una para la Hacienda central y otra para la
Hacienda autonómica, sobre los tributos cedidos? ¿Aplicaremos dos cuotas
o sólo una? Todo eso habrá que discutirlo políticamente. ¿Qué mecanismos
de colaboración habrá a través de la Agencia Tributaria, señor Ministro?
Todo esto exige un debate político más en profundidad que las propuestas
de gran altura, sin duda, de trabajo extenso y de gran solidez que avanza
el grupo de expertos. El grupo de expertos no puede suplantar el debate
político. El grupo de expertos formula propuestas técnicas, sobre las
cuales tenemos que decidir explícitamente en los órganos
correspondientes, que son estos Parlamentos.
El señor VICEPRESIDENTE: (Ortí Bordás): Señor Martínez Sevilla, le ruego
que vaya concluyendo. Ha excedido con mucho su tiempo.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Voy concluyendo, señor Presidente.
El caso más claro: el propio grupo de expertos avanza dos criterios de
equidad y dice que éstos son dos criterios de equidad posible. Nosotros
se lo decimos y ustedes decidan sobre ello. Y dice que el primer criterio
de equidad es igualar la capacidad de gasto por habitante de todas las
Comunidades Autónomas, es decir, asignar todos los recursos totales
proporcionalmente al número de habitantes de cada Comunidad. Este es el
primer criterio de equidad.
El segundo criterio de equidad es que todas las Haciendas autónomas
dispongan, como mínimo, de un volumen de recursos que les permita
financiar el nivel de prestación de servicios que la Hacienda central
garantiza en todo el territorio español. Es algo así como decir que a
igual esfuerzo fiscal, iguales servicios. Y para aquellas Haciendas
autónomas que con su esfuerzo fiscal no cubran el volumen de gasto que
necesitan para financiar los servicios que demandan, la Hacienda central
les suplementará con la parte correspondiente.
Señor Ministro, ¿qué nivel de equidad escogemos? Se lo digo ya. Mi Grupo
Parlamentario apuesta claramente por el segundo. No igualar la capacidad
de gasto por habitante a todas las Comunidades Autónomas, sino a igual
esfuerzo fiscal, iguales servicios. ¿Por qué? Porque todos sabemos que
hay muchas diferencias entre Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en el
gasto de sanidad, que es uno de los temas que queda como punto pendiente,
como punto desgajado del sistema de financiación autonómica, ¿cómo va a
ser lo mismo el gasto sanitario de una Comunidad Autónoma con una
pirámide de población envejecida que el de una Comunidad Autónoma con una
pirámide de población joven? No puede ser igual. De la misma manera que
no puede ser igual el gasto sanitario de una Comunidad como la de
Andalucía, que ahora mismo tiene un déficit de camas, con respecto a
otras Comunidades Autónomas que son completamente distintas. No puede ser
igual.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señor Martínez Sevilla, le ruego
que concluya.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Voy concluyendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señor Martínez Sevilla, le pido
que concluya, a pesar del interés evidente de este turno.
Muchas gracias.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Concluyo, señor Presidente.
Todo este tipo de preguntas es el debate político que demando de usted,
señor Ministro, esta tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, por su
comprensión, señor Martínez Sevilla.
Tiene la palabra el señor Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, intervengo muy brevemente para fijar nuestra
posición política y concreta referente a esta interpelación y referirme a
dos aspectos también muy concretos. Por un lado, voy a comentar muy
esquemáticamente unas limitaciones importantes de las que entendemos
adolece el Libro Blanco sujeto a esta interpelación y, por otro, voy a
exponer también muy esquemáticamente nuestra propuesta de financiación
autonómica.
Creemos que el Libro Blanco adolece de una serie de limitaciones por una
serie de puntos. Primero, porque debería haberse estudiado el marco
general de la financiación de las haciendas públicas que pusiera de
relieve el concepto de solidaridad inherente a la Hacienda pública
española, tanto a nivel personal como territorial, a fin de clarificar la
acepción que se hace de ese término cuando se tratan los temas relativos
a la financiación de las Comunidades Autónomas. De esta forma se habría
evitado el tratamiento dado a los esquemas de nivelación por el informe,
y que se reduce a los artículos 13 y 15 de la Lofca, sin contemplar los
flujos interregionales globales que se realicen a través de la
Administración central.
Segundo, debería haberse hecho un análisis comparativo entre los
regímenes común y foral de los recursos, de financiación disponibles para
el ejercicio de las competencias previstas en los Estatutos de Autonomía
y de los esquemas de solidaridad subyacentes en los mismos.
Tercero, debería haberse hecho un cuadro comparativo de los recursos
totales disponibles por las Comunidades Autónomas para la financiación de
sus competencias procedentes de los tributos cedidos y de la
transferencia del Estado y de la Unión Europea.
Cuarto, debería haberse hecho un análisis valorativo de la distribución
de recursos entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas
para el ejercicio de respectivas competencias y de las limitaciones
derivadas de la aplicación de la metodología del coste efectivo.
Por último, habría que hacer un análisis de los problemas derivados de la
política del desarrollo regional y de la corrección de los desequilibrios
económicos interterritoriales, así como el estudio de la conexión de las
competencias del Estado en esta materia y de los recursos.
En cuanto a cuáles entendemos que han de ser los principios o puntos en
que se basaría nuestra propuesta de financiación autonómica, les diré muy
brevemente que son los seis siguientes. Primero, similares recursos por
habitante para iguales competencias, ya que la población es un índice
sencillo y solidario de distribución de recursos. En todo caso, podrían
caber factores de coste con índices contrastados: salario, precio,
vivienda, etcétera, o nivel general de precios, pero nunca que las
diferencias de coste se fundaran en índices supuestos. Segundo, hay que
analizar los recursos provenientes de las subvenciones condicionadas y,
en su caso, incluirlos en la financiación incondicionada. Tercero, en
cuanto a los fondos de desarrollo, Fondo de Compensación Interterritorial
y Fondos Estructurales Europeos, hay que considerarlos en la financiación
ordinaria, ya que el objeto material es el mismo que los otros
fondos y se convierte en una financiación adicional e importante para
algunas Comunidades Autónomas. Cuarto, en cuanto a fuentes financieras,
se debe potenciar la corresponsabilidad fiscal, potenciando la
participación en el IRPF --siempre la cuota líquida-- y también en el IVA
y otros impuestos especiales. Al mismo tiempo, se debe potenciar la
capacidad normativa de las Comunidades Autónomas, tanto en los tributos
cedidos como en los compartidos --caso del IRPF--. Quinto, el esquema,
modelo o como quiera llamarse debe ser sencillo y comprensible. Y sexto,
hay que aproximar los recursos de las Comunidades Autónomas de régimen
común a los de régimen foral, y para ello no vemos otra vía que las
Comunidades Autónomas de régimen común participen en la progresividad del
sistema fiscal.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Cambra.
Tiene la palabra el señor Barreiro.
El señor BARREIRO GIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Debería poder saludar la oportunidad de la interpelación, porque es sana
la intención de abrir un debate, como expresamente manifiesta el
interpelante, sobre cuestión de la importancia política del sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas. Me tomo, sin embargo, la
libertad de recordar al interpelante que semejante debate está abierto en
esta Cámara, por acuerdo de su Pleno, desde hace ya muchos meses; que ha
sido llevado a la práctica por la Comisión General de las Comunidades
Autónomas, que ha constituido en su seno una Ponencia específica para
estudiar y debatir este tema, y que, yo creo que con sentido común
admirable, ha suspendido sus trabajos en los últimos meses, por razones,
como dicen, ajenas a la voluntad del protagonista. Recuerden sus señorías
que en los últimos meses se ha producido la convocatoria de elecciones
autonómicas. Se han modificado las mayorías parlamentarias como resultado
de la celebración de elecciones autonómicas. Han cambiado muchos
gobiernos autonómicos. Se están concluyendo todavía --ayer-- los debates
presupuestarios de las Comunidades Autónomas, con problemas políticos
nuevos en el contexto de las finanzas autonómicas. Y todavía está en
tránsito de constitución el último Gobierno autonómico resultado de esos
procesos electorales. Y puesto que esa Ponencia se había dotado de un
sistema de funcionamiento que es tradicional en esta Cámara, que en esta
cuestión los protagonistas principales son los representantes de los
gobiernos de las Comunidades Autónomas, hemos decidido que, mientras no
concluya el proceso de constitución de los nuevos gobiernos autonómicos,
la Ponencia estaría a la espera de dicha constitución para proseguir sus
trabajos escuchando sus opiniones.
Al día de hoy, los miembros de la Cámara --también el interpelante--
tienen a su disposición en los servicios de la misma las tomas de
posición sobre el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas
del Ministro para las Administraciones Públicas, del Ministro de
Hacienda, del señor Secretario de Estado de Hacienda, de todos los
consejeros de Economía de las Comunidades Autónomas españolas, de los
autores del Libro Blanco, encomendado por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y de algunos otros profesionales universitarios que han tenido
a bien aportarnos su conocimiento al respecto. Así, pues, señorías,
tenemos el debate más que abierto.
Quizá por eso se ha producido un elevadísimo nivel de coincidencia en las
intervenciones que se han realizado en la tribuna, a pesar de que se
hayan forzado los elementos de disidencia. Los debates son ricos para
poner de manifiesto los elementos que nos diferencian, pero son igual de
ricos e igual de lícitos para remarcar los elementos que nos acercan.
Hubo posicionamientos muy similares entre el interpelante y el miembro
del Gobierno respecto de algunas de las estructuras fundamentales del
sistema de financiación, respecto de corresponsabilidad, respecto de
coordinación, respecto de nivelación. Es cierto que luego, en las
explicaciones que intentan darse las posiciones, me he perdido en alguna,
por ejemplo, cuando se pregunta: ¿Debemos decidir si en un tributo cedido
va a haber una cuota para la Administración Central y otra cuota para la
Administración autonómica? Por definición, el tributo es cedido. No ha
lugar a que quien cede un tributo se quede con una parte. Hubo algunas
cuestiones técnicas --seguramente no es éste el lugar de discutirlas-- en
donde hemos enmarañado un poco el debate que se ha producido. Pero hay un
marco de trabajo de coincidencia política sobre el sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas en el que sí podemos empezar a
obtener acuerdos políticos importantes en la medida en que pueda avanzar
el trabajo de la Ponencia.
Me parece recordar que la primera comparecencia que teníamos pensado que
se produjese era, de nuevo, la del señor Secretario de Estado de Hacienda
para que nos explicase el resultado de los trabajos del grupo de estudio
al que el señor Ministro se ha referido en la tribuna y que está
concluyendo una valoración crítica; también debería hacerse una lectura
crítica del Libro Blanco que el Consejo de Política Fiscal y Financiera
presenta, para que se medite, no para que se sintetice y se tome posición
entre la alternativa A y la alternativa B sin más. Todas las cosas hay
que leerlas con un cierto sentido de construcción y, por lo tanto, con
una cierta voluntad crítica para obtener criterios, además de
posicionamientos, sobre la A y la B. Si dicen: Nosotros nos posicionamos
sobre la A. Bueno. Veremos, al final, sobre qué somos capaces de
posicionarnos todos. Y hay una cuestión que hemos reiterado en muchas
ocasiones en la Ponencia, que no ha salido a la luz en este debate de hoy
y que para los miembros de la misma era muy importante: la necesidad de
establecer una mayor vinculación entre los procesos de toma de decisión
de los responsables autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y del órgano parlamentario que al final asume la
responsabilidad política firme de dar viabilidad legal a los acuerdos que
se asuman. Eso es más que seguro que está viéndose en la Ponencia que
estudia la reforma de la Constitución para la reforma de esta
Institución, que debe profundizar,
acentuar, su capacidad de representación política directa de los
problemas autonómicos. Ese debate, en los términos planteados y
reposicionando a los protagonistas políticos verdaderos de la cuestión en
el lugar donde deben estar, es el que va a posibilitar que el acuerdo
político de mayor envergadura que busca el interpelante pueda producirse
también de una manera más sistemática, menos entregada al debate
político-circunstancial --a veces incluso la demagogia, aunque no sea la
voluntad expresa-- y más vinculado a las necesidades cotidianas,
inmediatas, de quien gestiona administración. Porque es fácil que nos
posicionemos sobre alguno de los factores importantes que afectan hoy a
las Comunidades Autónomas pero es muy difícil que en realidad seamos
nosotros los que posibilitemos una decisión al margen de la voluntad de
acuerdo, convicción y trabajo coordinado de los consejeros de las
Comunidades Autónomas y la representación del Gobierno central. Las dos
cosas no pueden separarse.
Otra cuestión en la que hemos insistido todos los miembros de la Ponencia
--respecto de cuyos trabajos, por cierto, la intervención de hoy del
Grupo Parlamentario Mixto es innovadora, puesto que el Grupo
Parlamentario Mixto nunca ha sido capaz de concretar ninguna posición en
la Ponencia de la manera en que hoy lo ha hecho el interpelante, lo cual
celebro, aunque sea con estas deficiencias formales y técnicas-- era la
que hacía referencia a que si queremos acabar siendo capaces de tomar
decisiones políticas sensatas sobre los problemas de financiación --que
llevan implícitos también los de ortodoxia presupuestaria, si se me
permite decirlo con esa expresión--, será necesario que las
Administraciones asuman con mayor intensidad la voluntad de introducir la
contabilidad analítica en todos sus procesos de actuación económica, de
tal manera que tengamos constancia fidedigna de cuál es el asunto sobre
el que estamos decidiendo con todas sus implicaciones, cuantitativas y
cualitativas, lo cual enriquecería sobremanera también la capacidad del
debate político.
Y hay, por fin, una última cuestión --que el señor Ministro ha puesto
también sobre la tribuna de nuevo--, que es la profundidad, y seguramente
el carácter ineludible, del debate que afronte la discusión acerca de la
reforma o no reforma del artículo 15 de la Lofca, con las implicaciones
de constitucionalidad --si es ésa la expresión que puedo utilizar
correctamente-- que implica semejante reforma, que seguramente exige algo
más que consenso a dieciocho y, por lo tanto, una gran dosis de serenidad
para plantear la conveniencia del debate y para desarrollarlo, sin que
nadie pretenda acelerar un paso por delante de otro, o abrir debates
antes que otros, o posicionarse de ninguna manera específica, no
necesariamente requerida.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señor Barreiro, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor BARREIRO GIL: Concluyo, señor Presidente.
Tengo la convicción de que los que estén sentados en esta Cámara a partir
del día no sé cuántos de marzo --al menos es tal mi deseo-- estarán de
acuerdo en que se reconstituya inmediatamente la Ponencia sobre el
estudio del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas en el
seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para proseguir y
en la medida de lo posible concluir a finales de 1996, en el ámbito de la
colaboración interinstitucional, la elaboración de un nuevo sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas que tenga consenso a dieciocho.
Muchas gracias. (El señor Martínez Sevilla pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Barreiro.
¿Me pide la palabra, señor Martínez Sevilla?
El señor MARTINEZ SEVILLA: Por el artículo 87, Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señor Martínez Sevilla, tiene la
palabra por dos minutos.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, Presidente.
Debo manifestar, por supuesto, que cuando se hace una interpelación uno
interpela al Gobierno sobre la posición del Gobierno en ese momento
determinado y que, precisamente, la Comisión General de Comunidades
Autónomas no ha sido un modelo ni de participación respecto al proceso de
territorialización en esta Cámara ni, por supuesto, de avance en el
sistema de financiación autonómica.
A este respecto, tengo que recordarle que tras el debate del Estado de
las Autonomías del año pasado se contrajeron algunos compromisos. Uno de
ellos fue que el Consejo de Política Fiscal y Financiera presentaría un
informe sobre el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas
ante la Comisión General de Comunidades Autónomas y todavía estoy
esperando ese informe; todavía, señor Barreiro, estoy esperando ese
informe. Otro fue que la propia Comisión celebraría sesiones para
discutir acerca de esto y no se han celebrado esas sesiones. Por tanto,
no me ponga como modelo de participación o de desarrollo del sistema de
financiación autonómica una Comisión que en los últimos tiempos ha tenido
plomo en las alas, ha estado lastrada, ha estado con poca capacidad de
actuación, y precisamente han sido únicamente algunas de las Ponencias
más activas, la de reforma constitucional o la de enclaves territoriales,
de las pocas que han funcionado. Y si no dígame usted cuál fue la última
reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas en pleno no
reglamentario en la que hubo un orden del día de discusión de asuntos
económicos. Por tanto, no sólo es perfectamente legal y legítimo, sino
además absolutamente necesario abrir ese debate político sobre el sistema
de financiación autonómica, debate político que va, naturalmente, mucho
más allá de los acuerdos a dieciocho a que usted se refiere. No sólo es
necesario un acuerdo entre las diecisiete Comunidades Autónomas o
Haciendas autónomas y la Hacienda central, sino también un acuerdo con el
conjunto de fuerzas políticas autonómicas, con el conjunto de fuerzas
políticas regionales y con el conjunto de fuerzas políticas de
ámbito estatal. Diseñar un sistema de financiación autonómico no es sólo
una cuestión técnica que competa, por tanto, a Comunidades Autónomas o a
Haciendas autónomas y central, sino en general a todo el sistema de
representación política.
Por otro lado, naturalmente, señor Barreiro, en la página 163 podrá usted
leer cómo respecto a los tributos compartidos se habla muy claramente de
que debería plantearse igualmente en este caso la existencia de dos
cuotas: una para la Hacienda central y otra para las Haciendas
autonómicas. Por tanto, señor Barreiro, es el propio Libro Blanco --y en
este caso soy yo el que lo sigue con fidelidad-- el que habla de la
existencia de dos cuotas. Si usted no lo ha entendido así es que usted no
lo ha leído con ese detenimiento. Le remito a la página 163 del informe.
De tal manera que...
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Martínez
Sevilla. (El señor Barreiro Gil pide la palabra.) El señor MARTINEZ
SEVILLA: Gracias, Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Tiene la palabra el señor Barreiro
durante dos minutos.
El señor BARREIRO GIL: Uno, señor Presidente, y muchas gracias por su
comprensión.
Agradezco al señor Martínez Sevilla que haya corregido ahora su
intervención anterior respecto a las dos cuotas. Cuando habló en la
tribuna lo hizo de los tributos cedidos, no de los compartidos. En ese
caso estamos de acuerdo, y saludo su corrección.
Por cierto, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre
ese informe del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas era
encargar a expertos neutrales --si se puede utilizar la palabra neutral--
la elaboración de un informe sobre el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas que el señor Martínez Sevilla dice que no ha
llegado, pero que él ha sido capaz de sintetizar muy acertada y
correctamente en la tribuna, y al que sigue haciendo referencias párrafo
por párrafo. Sí se ha cumplido ese compromiso. Lo que estamos haciendo es
desarrollar el contenido práctico y técnico de ese compromiso para llegar
a un acuerdo político, a conclusiones políticas en las que, hasta ahora,
todos los miembros de esta Cámara, incluso los que mantenían una mayor
discrepancia sobre la filosofía central del sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas, por ejemplo, los representantes del Grupo
Mixto en la ponencia que estudiaba esta cuestión, que eran partidarios
única y exclusivamente de la generalización del sistema foral, incluso
ellos, hacían un cotidiano esfuerzo de búsqueda de coincidencias o, al
menos, de terrenos comunes. Lamento que ya no sea así.
Gracias. (El señor Martínez Sevilla pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): No, señoría. Ya no hay más turnos
de palabras. El artículo 87 da opción a un único turno. Lo lamenta mucho
la Presidencia.
Tiene la palabra el señor Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
la interpelación presentada por el señor Martínez Sevilla en nombre de
Izquierda Unida me va a permitir expresar en nombre de mi Grupo algunas
cuestiones, algunas meditaciones en voz alta sobre lo que ha venido
desarrollándose en la inconclusa ponencia sobre financiación de las
Comunidades Autónomas creada en el seno de la Comisión de las Comunidades
Autónomas como consecuencia del debate y votación de la moción aprobada
con motivo del debate del Estado de las Autonomías efectuado en
septiembre de 1994.
La importancia de la cuestión a debatir es incuestionable. Además, el
Senado, como Cámara territorial, es la adecuada, pero, ¿es el momento
adecuado, señor Martínez Sevilla? Cuando hay una disolución de las Cortes
Generales en ciernes, un proceso electoral y, previsiblemente, un nuevo
Gobierno, permítame, señor Martínez Sevilla, que no entienda, que no
comprenda esta interpelación ahora.
Por otra parte, voy a hacer abstracción de esta circunstancia para entrar
en el fondo de la cuestión.
La necesidad de la reforma del sistema de financiación autonómico ha sido
reconocida por el Gobierno de la nación, por esta Cámara, por las propias
Comunidades Autónomas, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y
esta conclusión viene avalada por los siguientes hechos: Una autonomía
competencial sin la adecuada y correspondiente y adecuada autonomía
fiscal; una autonomía amplia en el gasto sin los adecuados mecanismos de
contrapeso, tanto desde el punto de vista político como recaudatorio; un
escaso peso de los ingresos tributarios sobre el cómputo total de los
ingresos autonómicos; una importante cuantía de transferencias económicas
condicionadas en el gasto; una inadecuada regulación de los instrumentos
y mecanismos de nivelación; una insuficiente aplicación del espíritu y la
letra del artículo 138 de la Constitución; una asimetría en el desarrollo
competencial de las distintas Comunidades Autónomas; un desequilibrio de
la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas de régimen foral y
las llamadas de régimen ordinario, y una política de coordinación general
del endeudamiento de las Comunidades Autónomas poco exigente.
Como resultado de todo ello se ha producido que las Comunidades Autónomas
sientan que, a pesar del elevado volumen de recursos que manejan, sus
decisiones no se traduzcan en un grado de capacidad de decisión política
satisfactoria y, como consecuencia, una desincentivación de la
responsabilidad política, y han optado por trasladar los problemas
financieros al Estado central.
Cuando se plantea una demanda por los ciudadanos de un mejor servicio o
de más servicios, aquéllos no son conscientes de lo que cuesta, ya que
las Comunidades Autónomas reclaman al Estado más dinero para ello. Si lo
consiguen, siempre se debe a una excelente gestión y si no, se establece
un conflicto con Madrid, lo cual siempre es rentable, o se recurre al
endeudamiento.
No da tiempo a analizar en profundidad las graves consecuencias que para
el Estado en su conjunto y para las propias
Comunidades Autónomas este camino ha supuesto. Es evidente que hay que
reformar el sistema de financiación y que hay que desbloquearlo, además,
a través de los instrumentos financieros que se tienen.
El Libro Blanco en este sentido es un buen instrumento para el debate, es
una buena base de discusión, un buen cimento de consenso, y eso puede ser
muy útil. Pero también es muy importante que todas las Comunidades
Autónomas hablen el mismo lenguaje, que nos pongamos de acuerdo, por
ejemplo, en cuáles son los servicios básicos garantizados; qué significa
corresponsabilidad fiscal y otros conceptos básicos, porque no siempre
las Comunidades Autónomas expresan con los mismos términos cosas iguales,
sino criterios distintos muchas veces con intereses diversos, pero me
atrevería a decir que el nuevo sistema debe tener, al menos, los
siguientes principios básicos: autonomía financiera, corresponsabilidad
fiscal, suficiencia financiera, solidaridad con transferencias de
nivelación, igualdad, coordinación presupuestaria, cooperación y
coordinación administrativa, y unidad fiscal.
Para que el sistema financiero diseñado sea eficaz, además son
imprescindibles niveles competenciales similares. No es posible
establecer un sistema de financiación estable si no se equilibran los
desarrollos competenciales, hay que tomar, pues, decisiones políticas de
gran trascendencia que afectan a la Lofca, a las funciones del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, al bloque de constitucionalidad y que
implican hasta a las propias funciones y reformas del Senado. Por esto,
mis dudas sobre la oportunidad de su interpelación en este momento.
Pero, indudablemente, este modelo tiene que servir para todos, de amplio
consenso, tanto de los partidos políticos como de las Comunidades
Autónomas y que cuenten con la voluntad política de llevarlo a cabo y el
respaldo popular necesario, que sea, además, simultáneo y simétrico en
todo el territorio, fundamentado, como digo, en el diálogo y en el
consenso.
La posición del Partido Popular es que este tema de la financiación
autonómica tiene una gran trascendencia política y económica, tanto para
el Estado central como para las Comunidades Autónomas, que es necesaria
la reforma del mismo, que el actual sistema no satisface las perspectivas
de las Comunidades Autónomas, endeuda a las mismas, no permite la
autonomía financiera y sin autonomía financiera limita la autonomía
política e impide que los ciudadanos perciban de forma clara el coste de
los servicios que se prestan y, por tanto, desconozcan la eficacia de las
inversiones que las opciones políticas efectúan en las Autonomías.
El Libro Blanco sobre financiación autonómica es un buen instrumento de
trabajo, dado que los temas son trascendentes a todos los niveles, pero
debe ir precedido del diálogo y del consenso amplio entre los partidos
políticos y, asimismo, con las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Garzarán.
El señor Ministro para las Administraciones Públicas tiene la palabra.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma Blasco):
Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para decirle al Senador Martínez Sevilla que de la complejidad
del hecho creo que ha dado sobrada cuenta el debate que aquí hemos
tenido.
Señor Martínez, creo que no hace falta que nadie me explique ni me
describa los acontecimientos vividos por el sistema de financiación
autonómica. He tenido ocasión de sufrir personalmente los rigores de ese
sistema, y como que los he sufrido y además específicamente en una
Comunidad Autónoma, seguramente discreparía bastante de la interpretación
que usted da al funcionamiento del sistema, pero como de lo que se trata
es de intentar poner de acuerdo a las 17 Comunidades Autónomas y al
Estado, tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación y también de
entendimiento para lograr un sistema que acabe nivelando los servicios y
siendo solidario y favoreciendo globalmente a todos, a las Comunidades
Autónomas y al Estado. Y eso es lo que pretende y por eso se encargó el
informe sobre el sistema de financiación.
No sirve de nada ni tomar actitudes políticas, ni descalificar al
adversario en este tema, porque finalmente nos tendremos que enfrentar a
la responsabilidad de poner de acuerdo a 17 Comunidades Autónomas y a que
el Estado sea capaz de garantizar un trato igualatorio para todos.
En definitiva, lo que tenemos que buscar son consensos y acuerdos que
hagan posibles todas esas realidades, y seguramente usted habría sido el
primero en que si su Grupo Parlamentario fuera más numeroso tendría que
haber puesto de acuerdo, primero, al Grupo Parlamentario que usted
representa, porque ciertamente las posiciones expuestas por usted aquí no
coinciden en nada con las que sostiene gente de su Grupo Parlamentario en
algunas otras Comunidades Autónomas.
Habrá que hacer un esfuerzo para sintetizar esas posiciones y lograr un
consenso, con las que tenemos, no cabe duda, una responsabilidad y, sobre
todo, un año por delante de tranquilidad para poder lograrlo. Yo estoy
seguro de que el informe de los expertos es una buena base a criticar
--como yo mismo he hecho en esta intervención-- pero, en cualquier caso,
seremos mucho más precisos cuando concluyamos el informe que el grupo de
trabajo que hay en estos momentos en la Secretaría de Estado de Hacienda
está realizando para todos.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Ministro. (El señor
Martínez Sevilla pide la palabra.) ¿Señor Martínez Sevilla, pretende
solicitar la palabra por el artículo 87? ¿Sabe que el artículo 87 exige
que se pueda conceder por tiempo no superior a cinco minutos y por una
sola vez? Por lo tanto, señor Martínez Sevilla, en este turno la
Presidencia no le puede conceder la palabra. (El señor Martínez Sevilla:
Por alusiones.) Por alusiones, tiene la palabra por tiempo de un minuto.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quería empezar mi intervención agradeciendo al señor Ministro la
disposición al diálogo; una disposición que entiendo es franca y que no
debe quedarse sólo en disposición al diálogo, sino que debe plasmarse en
actitudes concretas: en la apertura de foros de debate políticos y en la
utilización de los que ya tenemos abiertos para, en definitiva, avanzar
en un acuerdo global sobre el sistema de financiación autonómica. Por lo
tanto, debo mostrar un agradecimiento tanto por el tono de su
intervención como por su disposición al diálogo. Naturalmente, no ha sido
éste el caso de otras intervenciones que esta tarde hemos tenido
oportunidad de escuchar en esta Cámara.
Finalmente, señor Ministro, debo decirle que no se preocupe usted por la
formación política de Izquierda Unida a la que represento; no se preocupe
usted tanto. Mi formación política tiene un completo grado de coherencia
y de unanimidad respecto al sistema que aquí le he expuesto hoy. Si usted
se refiere en concreto a algunas otras formaciones políticas que están
confederadas con la mía, por ejemplo, a Iniciativa per Catalunya, le diré
que su apuesta también encaja perfectamente dentro de ese sistema, que es
el de la convergencia de los sistemas autonómicos de tipo generalizado
con los de tipo foral. Señor Ministro, más bien preocúpese en este caso
de algunas otras diferencias que sí que he notado --notoria y
estentórea-- entre miembros de su Partido, como el señor Rodríguez Ibarra
u otros destacados miembros del mismo que sí que tienen diferencias
notables con la exposición que usted ha mantenido aquí esta tarde.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Martínez
Sevilla.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma Blasco):
Muchas gracias.
Quisiera contestar a esta supuesta alusión en el sentido de decirle que
no me preocupa nada Izquierda Unida, porque estoy convencido de que no
sabe demasiado de lo que está hablando su representante en este foro, y
sí le diré que puedo poner a su disposición, si quiere, propuestas que no
encajan en absoluto con lo que estamos aquí definiendo.
En todo caso, quiero reiterarle no sólo mi disposición, sino también mi
voluntad de impulsar el diálogo entre todas las Comunidades Autónomas
para avanzar en una propuesta que dé satisfacción a las aspiraciones de
las Comunidades Autónomas. No se le olvide al señor representante de
Izquierda Unida en el Senado que los representantes de las Comunidades
Autónomas son representantes de las Comunidades Autónomas, que
representan no a su partido, sino al conjunto de los ciudadanos de la
Comunidad Autónoma y que velan fundamentalmente --al menos en los casos
que yo conozco-- por las aspiraciones de la inmensa mayoría de esos
ciudadanos y no por satisfacer a los afiliados de cada partido, como
puede ser el caso del señor representante de Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Ministro.
--CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL TRATADO DE EXTRADICION Y ASISTENCIA
MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS
MEJICANOS DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1978, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MEJICO EL
23 DE JUNIO DE 1995. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S.
610/000175.) (C. D. 110/000185).
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos al punto cuarto del orden
del día, relativo a conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios
Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados. En primer
término, vamos a debatir el protocolo por el que se modifica el Tratado
de extradición y asistencia mutua en materia penal entre el Reino de
España y los Estados Unidos Mejicanos, de 21 de noviembre de 1978,
firmado en la ciudad de Méjico el 23 de junio de 1995.
¿Turno a favor? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Garrido.
El señor GARRIDO AVILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo creo que la práctica de la Cámara es que, solamente en
contadas ocasiones, intervenimos los grupos en turnos, bien a favor o de
portavoces, cada vez que se somete a conocimiento y, en su caso, a
ratificación por la Cámara, cualquier instrumento de ratificación de
convenios y tratados internacionales. Es excepcional porque sólo se deja
para esas solemnidades, para esos casos en que, por razón de la materia,
por la transcendencia del asunto, o no lo neguemos tampoco, por razón de
aquellos países que se ven concernidos, se hace necesario remarcar desde
la tribuna esa circunstancia.
Este caso que nos ocupa, a juicio de mi Grupo, y así parece de otro Grupo
solicitante, demandaba que se pasase por la tribuna a remarcar la
importancia de este protocolo por el que los Estados Mejicanos y el Reino
de España modificamos nuestro Tratado de Extradición y Asistencia Mutua
en Materia Penal que ya data del 21 de noviembre de 1978.
Técnicamente este Protocolo que modifica el Tratado tiene importancia por
razón de la materia. Fue objeto de una laboriosa negociación entre las
cancillerías de ambos países, no en balde, por razón de aquellos
contenidos que finalmente han quedado reflejados en el texto definitivo
que ahora conoce la Cámara.
Hay una mejora importante en la agilización de los trámites, en el
procedimiento de entrega y en la forma de intercambio documental para la
entrega de los extraditables. Hay una ampliación en materia de delitos
fiscales, incrementando la protección de ambos Estados para perseguir y
poder extraditar a quienes cometan delitos financieros en materia de
tasas, impuestos, aduanas o cambios monetarios. En el régimen de entrega,
no solamente de procedimiento,
se llega hasta la simplicidad más absoluta, como ha podido incluso verse
en fechas recientes con las últimas entregas que se produjeron por falta
de documentación administrativa de algunos súbditos españoles que
residían en Méjico. Y, sobre todo, señorías, la particular importancia
del Tratado, a juicio de mi Grupo, se refiere a lo que en el texto
original se denominan delitos políticos y a las exenciones que para las
extradiciones se contenían en el primitivo texto.
En el primitivo texto, en su redacción de 1978, la única exención era la
que consideraba excluible de la calificación de delito político o conexo
a efectos de extradición a los atentados contra la vida o integridad del
Jefe de Gobierno o de Estado y de su familia.
Fruto de ese interés manifestado por España a lo largo del tiempo, donde
es justo hacer un particular reconocimiento del trabajo, sin perjuicio
del de la cancillería desde los servicios centrales de la diplomacia del
Reino de España en Madrid, es el importante esfuerzo que ha hecho nuestro
embajador don Juan Pablo de la Iglesia para la feliz consecución de este
texto. Y como es de justicia para un dignísimo representante del Gobierno
de España, aquí queda reconocido por mi Grupo ese loable esfuerzo.
Señorías, decía que ha sido un loable esfuerzo porque la ampliación que
se ha conseguido en esta materia en el texto del Protocolo afecta a los
actos de terrorismo.
Yo creo que en estos días no hace falta ser particularmente fino para
hablar de ello; ni se necesita, porque creo que tampoco es bueno,
extenderse en demasía sobre lo que esta Cámara se ha pronunciado tantas
veces, sobre lo que se han pronunciado los españoles en general, los
madrileños muy en particular, los vascos muy recientemente, y ayer mismo
los valencianos sobre aquello que los demócratas consideramos como una
lacra.
Por tanto, señorías, sólo debo decir aquí y ahora que los actos de
terrorismo también podrán ser objeto de procedimiento de extradición ágil
y con un buen sistema de entrega. Esta parcela enturbiaba un poco las
relaciones entre los Estados Unidos Mejicanos y el Reino de España y
ahora creo que sólo el enunciado sirve para justificar porqué mi Grupo
quería subir a esta tribuna y remarcar la importancia del texto.
Y no quiero terminar, señorías, sin hacer una última alusión que creo
importante a la labor de la Cámara, a la labor parlamentaria, a la labor
que los parlamentarios también hacemos que es la diplomacia
parlamentaria.
Recientemente, parlamentarios españoles tuvimos la ocasión de asistir a
la VII reunión de las delegaciones de ambos Parlamentos y esta vez
coincidía tener que visitar --feliz y gratamente-- a nuestros hermanos
mejicanos. Y la sensibilidad de los mejicanos, del Gobierno de los
Estados Unidos Mejicanos, del Parlamento de Méjico y, sobre todo, de su
Senado, competente casi con exclusividad en materia de Asuntos
Exteriores, hizo que, según uno de los acuerdos de nuestras delegaciones
parlamentarias que se recogía en el artículo 5, esto es, estiman
convenientes los parlamentarios signatarios el impulso y la ratificación
por ambos poderes legislativos del Protocolo de modificación del Tratado
de extradición suscrito entre ambas naciones, muy pocos días de la vuelta
a España de nuestra delegación, el Parlamento mejicano, en trámite de
urgencia también, al igual que nosotros, aceptase esta ratificación del
Protocolo de modificación, con el contenido que he intentado extractar
ante la Cámara.
Por tanto, quería terminar, señorías, haciendo notar esa otra importante
labor que han tenido también los parlamentarios españoles en un
territorio, en un país de tradición de asilo como es Méjico, y sabemos
bien los españoles lo que esto significa; haciendo notar, digo, el
esfuerzo de nuestra diplomacia, la de la Cancillería, el buen hacer y
entender del Gobierno de Méjico y sus parlamentarios y también, por qué
no --mirémonos también con gratificación a nosotros--, la diplomacia
parlamentaria de nuestros compañeros del Congreso de los Diputados y de
los que en nombre de esta Cámara asistimos a esta reunión
interparlamentaria de ambos países, que también ayudaron a remarcar la
importancia --insisto, señorías-- que mi Grupo no quería dejar pasar de
forma desapercibida, sino, por el contrario, remarcando, ciertamente, el
agradecimiento a Méjico y la importancia que tiene el Protocolo que hemos
suscrito.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Garrido.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupos que deseen hacer uso de este turno? (Pausa.)
El Senador López Henares tiene la palabra.
El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, señorías, el portavoz del Grupo
Socialista en la defensa que ha hecho de este Protocolo ha descrito ya su
contenido y, por tanto, felicitándole por su intervención, me evita el
tener que hacer una pormenorizada descripción del mismo.
Sin embargo, señor Presidente, la razón de que, en nombre de mi Grupo,
suba en estos momentos a la tribuna en el turno de portavoces es porque,
en estos momentos de consternación por los atentados terroristas
cometidos en estos días y ante la extendida y profunda exigencia de la
opinión pública reclamando un combate más eficaz, dentro de la ley,
contra estos actos criminales que perturban nuestra convivencia
democrática, parece obligado, a una Cámara que representa a la soberanía
nacional, ser sensible a un Protocolo de tal importancia, como acaba de
destacarse.
Es reconfortante, señor Presidente, someter, en estos momentos de dolor
que todos tenemos, a la aprobación de la Cámara este Protocolo que
modifica el Tratado de extradición de asistencia mutua en materia penal
entre el Reino de España y Méjico. El terrorismo es una de las grandes
lacras de violencia y degradación humana de nuestro tiempo, hasta el
punto de que en todas las reuniones internacionales de dirigentes y
cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno se formulan declaraciones en tal
sentido, puntualizándolo como uno de los tres o cuatro grandes males de
nuestra época. Así ha sucedido, por citar los más recientes, en la
reunión euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en
Barcelona y en el Consejo Europeo
de los pasados días 15 y 16 de los corrientes, donde los Jefes de Estado
y de Gobierno de la Unión Europea, asumiendo la declaración de La Gomera,
han afirmado que uno de los objetivos prioritarios de la cooperación en
materia de Justicia e Interior debe ser la colaboración en materia de
terrorismo.
Conviene recordar el contenido de tal declaración cuando, partiendo de la
afirmación de que el terrorismo es una amenaza para la democracia y para
el libre ejercicio de los derechos humanos, los más elementales y
fundamentales, como es el de la vida, y para el desarrollo económico y
social, formula como medios de prevenir y combatir las repulsivas
acciones terroristas el intercambio de información, la cooperación entre
las autoridades judiciales, la eliminación del riesgo de la impunidad y
la puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes a los
responsables terroristas mediante la extradición de conformidad con los
tratados internacionales.
El protocolo que hoy se somete a nuestra aprobación está impulsado,
precisamente, por este movimiento de cooperación internacional y, por
tratarse de un acuerdo de un país iberoamericano como Méjico, está
apoyado en los estrechos vínculos entre nuestros países y, además, en el
perfeccionamiento de la experiencia adquirida en la aplicación del actual
tratado de extradición, tal y como se dice en la breve exposición de
motivos.
Al terrorismo, señor Presidente, hay que combatirlo --la trágica
experiencia de estas décadas lo pone de manifiesto--, en primer lugar,
aislándole, por supuesto, de todas las fuerzas democráticas y, en segundo
lugar, con tres o cuatro vías absolutamente necesarias: la actuación
eficaz de la policía de conformidad con la ley; la oposición a que sus
actos se cubran bajo el ropaje --un ficticio ropaje dicho sea de paso--
de que hay móviles políticos en estas acciones, que siempre es un
solapado argumento para atenuar la responsabilidad, y la cooperación
internacional para evitar la huida a otros países como procedimiento para
evadir el cumplimiento de la justicia.
El Protocolo que nos ocupa tiene una especial importancia respecto de la
segunda de estas consideraciones anteriores que claramente señala, aunque
la extradición puede ser no concedida por delitos políticos --así se
dice--, con toda rotundidad que jamás se considerará delito político el
que se alegue simplemente el motivo político en la comisión del crimen.
Además, los actos de terrorismo como tales quedan expresa y
terminantemente excluidos de la consideración de delitos políticos.
Dentro de un Estado democrático donde existe la libertad de expresión y
asociación, garantizada por la ley y los tribunales, donde no existe la
pena de muerte como sanción para un delito de cualquier naturaleza, ni
siquiera, como es en nuestro caso, por aprobación unánime de la Cámara en
caso de guerra, de conformidad con la justicia militar, el asesinato
despiadado no es sólo un delito nauseabundo, es una contradicción
ontológica que sitúa a quienes practican o apoyan tales delitos al margen
de la condición humana, sensible y civilizada.
Habría que analizar profundamente, señor Presidente, señorías, cuáles
pueden ser los orígenes recónditos que pueden conducir a tal nivel de
envilecimiento y de degradación humana. Por ello, no pueden ser excusa
los supuestos móviles políticos, ya que, aparte de no tener la más
elemental justificación en un Estado de Derecho, mancharían hasta la
palabra «política» en sí, que a nosotros debería afectarnos por
dedicarnos a ella, cuando se invoca este pretexto e, incluso, afectaría y
mancharía a los propios fines y móviles que intentan perseguir con tales
enloquecidas acciones.
Tal es el criterio del principio de la actuación de todos los estados
europeos que firmaron el convenio de 27 de enero de 1977 en el que se
dice claramente que a los efectos de extradición ninguno de los delitos
que figuran en el artículo 1.í se considerarán delitos políticos. Entre
estos delitos figuran los siguientes: los constitutivos como ataques
graves a la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas,
así como, entre otros, los que implican la utilización de bombas,
granadas, cohetes, armas de fuego, cartas o paquetes con explosivos
ocultos en los casos en que dicha utilización representa un peligro para
las personas.
La tercera circunstancia, señor Presidente, a que aludo como necesaria
para el combate de esta lacra es, efectivamente, la cooperación
internacional. Resulta --y debíamos pensar en esto-- una enorme
contradicción que en un momento en que hablamos de la globalización de
las relaciones internacionales, en que se suprimen fronteras, en que,
efectivamente, no existen tales fronteras en muchos casos para el paso de
personas, bienes y servicios, sin embargo, estas fronteras sean muros
impenetrables para amparar cómodos refugios de estos delincuentes de lesa
humanidad.
Este ha sido también el criterio fijado en los más variados ámbitos
internacionales, en la Declaración 108 de la sesión plenaria de las
Naciones Unidas, que condenó inequívocamente --hay que decirlo-- todos
los actos, métodos y prácticas de terrorismo, calificándolos de
criminales donde quiera y por quienquiera que sean cometidas dichas
acciones.
Esta positiva y necesaria cooperación internacional, y de exclusión de
toda consideración política en los delitos de terrorismo como
entorpecimiento contra la extradición, son las aportaciones básicas de
este Protocolo, el cual responde, por las razones anteriormente
expuestas, a los principios recogidos en las Naciones Unidas.
El Grupo Parlamentario Popular apoya decididamente la aprobación de este
Protocolo, felicitándose de que el Gobierno y sus agentes, como se ha
dicho antes, hayan colaborado a su realización, como también lo han hecho
nuestros compañeros a través de estas misiones parlamentarias.
Por eso, señor Presidente, en estos momentos constituye también una
esperanza más a añadir a las muchas acciones que todavía tenemos que
realizar para conseguir eliminar esta lacra que padecemos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor López
Henares.
Después de haber oído el turno a favor y la intervención del señor López
Henares en turno de portavoces, ¿se entiende que la Cámara aprueba este
Protocolo por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO SOBRE GRATUIDAD DE VISADOS ENTRE
ESPAÑA Y MARRUECOS, REALIZADO EN RABAT EL 15 DE JULIO DE 1991. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000187.) (C. D. 110/000177.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Canje de Notas constitutivo de
Acuerdo sobre gratuidad de visados entre España y Marruecos, realizado en
Rabat el 15 de julio de 1991.
¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y
TUNEZ SOBRE GRATUIDAD DE VISADOS, REALIZADO EN MADRID EL 13 Y 15 DE JULIO
DE 1992. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000188.)
(C. D. 110/000180.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Denuncia del Canje de Notas
constitutivo de Acuerdo entre España y Túnez sobre gratuidad de visados,
realizado en Madrid los días 13 y 15 de julio de 1992.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA FRANCESA, LA REPUBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA, EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,
EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE BELGICA RELATIVO AL PROGRAMA AIRBUS
A330/A340, HECHO EN DRESDEN EL 25 Y 26 DE ABRIL DE 1994. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000189.) (C. D. 110/000186.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Acuerdo entre los Gobiernos de la
República Francesa, la República Federal de Alemania, el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Reino de España y el Reino de
Bélgica relativo al Programa Airbus A330/A340, hecho en Dresden el 25 y
26 de abril de 1994.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE KIRGUISTAN, POR
OTRA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 9 DE FEBRERO DE 1995. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000190.) (C. D. 110/000188.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Acuerdo de colaboración y
cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros por una
parte, y la República de Kirguistán por otra, firmado en Bruselas el 9 de
febrero de 1995.
¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE KAZAJSTAN, POR
OTRA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 23 DE ENERO DE 1995. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000191.) (C. D. 110/000189.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Acuerdo de colaboración y
cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros por una
parte, y la República de Kazajstán por otra, firmado en Bruselas el 23 de
enero de 1995.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE BELARUS, POR OTRA,
HECHO EN BRUSELAS EL 6 DE MARZO DE 1995. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA. (S. 610/000192.) (C. D. 110/000190.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Acuerdo de colaboración y
cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros por una
parte, y la República de Belarús por otra, hecho en Bruselas el 6 de
marzo de 1995.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS
MIEMBROS,
POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE LETONIA, POR OTRA, FIRMADO EN LUXEMBURGO
EL 12 DE JUNIO DE 1995. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S
610/000193.) (C. D. 110/000194.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Acuerdo de asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros por una parte, y la República
de Letonia, por otra, firmado en Luxemburgo el 12 de junio de 1995.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA Y POPULAR SOBRE SUPRESION DE VISADOS DE
SALIDA A RESIDENTES Y REGIMEN BASICO DE VISADOS, REALIZADO «AD
REFERENDUM» EN ARGEL EL 14 DE DICIEMBRE DE 1994. (S. 610/000176.) (C. D.
110/000176.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Canje de Notas constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y
Popular sobre supresión de visados de salida a residentes y régimen
básico de visados, realizado «ad referendum» en Argel el 14 de diciembre
de 1994.
¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACION DE MALASIA RELATIVO A
LA SUPRESION PARCIAL DE VISADOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN KUALA LUMPUR
EL 4 DE ABRIL DE 1995. (S. 610/000177.) (C.D. 110/000178.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Acuerdo entre el Reino de España y
la Federación de Malasia relativo a la supresión parcial de visados,
firmado «ad referendum» en Kuala Lumpur el 4 de abril de 1995.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LETONIA, FIRMADO EN RIGA EL 26 DE JUNIO DE 1995.
(S. 610/000178.) (C. D. 110/000179.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Acuerdo sobre transporte
internacional por carretera entre el Reino de España y la República de
Letonia, firmado en Riga el 26 de junio de 1995.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ANEXO, FIRMADO «AD REFERENDUM»
EN MADRID EL 10 DE JUNIO DE 1994. (S. 610/0000179.) (C. D. 110/000181.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Convenio de Cooperación Científica
y Tecnológica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América y
Anexo, firmado «ad referendum» en Madrid el 10 de junio de 1994.
¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--CONSTITUCION Y CONVENIO DE LA UNION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN GINEBRA EL 22 DE
DICIEMBRE, ASI COMO DECLARACIONES A FORMULAR POR ESPAÑA. (S. 610/000180.)
(C. D. 110/000182.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Constitución y Convenio de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, firmado «ad referendum» en
Ginebra el 22 de diciembre, y Declaraciones a formular por España.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MANAGUA EL
18 DE FEBRERO DE 1995. (S. 610/000181.) (C. D. 110/000183.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Convenio entre el Reino de España
y la República de Nicaragua para el cumplimiento de condenas penales,
firmado «ad referendum» en Managua el 18 de febrero de 1995.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento de la Cámara? (Pausa.)
Se autoriza.
--TRATADO SOBRE EL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN SAN
SALVADOR
EL 14 DE FEBRERO DE 1995. (S. 610/000182.) (C. D. 110/000184.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Tratado sobre el traslado de
personas condenadas entre el Reino de España y la República de El
Salvador, firmado «ad referendum» en San Salvador el 14 de febrero de
1995.
¿Quiere intervenir algún grupo? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--CANJE DE CARTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) SOBRE LA
SEGUNDA REUNION DE EXPERTOS JURIDICOS Y TECNICOS (7 A 11 DE FEBRERO DE
1995) Y LA IX REUNION ORDINARIA DE LAS PARTES CONTRATANTES PARA LA
REVISION DEL CONVENIO PARA LA PROTECCION DEL MAR MEDITERRANEO CONTRA LA
CONTAMINACION Y SUS PROTOCOLOS CONEXOS. (S. 610/000183.) (C. D.
110/000187.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Canje de cartas constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre la segunda reunión de expertos
jurídicos y técnicos y la IX reunión ordinaria de las Partes Contratantes
para la revisión del Convenio para la protección del Mar Mediterráneo
contra la contaminación y sus Protocolos conexos.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ISLAMICA DE PAKISTAN, FIRMADO EN MADRID
EL 15 DE JUNIO DE 1994. (S. 610/000184.) (C. D. 110/000191.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Acuerdo para la promoción y
protección recíprocas de inversiones entre el Reino de España y la
República Islámica de Pakistán, firmado en Madrid el 15 de junio de 1994.
¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--PROTOCOLO DE MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL CONVENIO DE NACIONALIDAD
ENTRE ESPAÑA Y GUATEMALA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN GUATEMALA EL 10 DE
FEBRERO DE 1995. (S. 610/000185.) (C. D. 110/000192.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Protocolo de modificación del
artículo 3 del Convenio de nacionalidad entre España y Guatemala, firmado
«ad referendum» en Guatemala el 10 de febrero de 1995.
¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA GABONESA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN
MADRID EL 2 DE MARZO DE 1995. (S. 610/000186.) (C. D. 110/000193.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Y, por último, Acuerdo para la
promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España
y la República Gabonesa, firmado «ad referendum» en Madrid el 2 de marzo
de 1995.
¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza.
Se suspende la sesión hasta mañana a las diez.
Eran las veintiuna hora y cinco minutos.