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DS. Senado, Comisiones, núm. 46, de 10/12/1993
Año 1993 V Legislatura
Comisiones. Núm. 46
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
COMISION DE PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DE DON CLEMENTE SANZ BLANCO
Sesión celebrada el viernes, 10 de diciembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
--Dictaminar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1994 (número de expediente 621/000007).
(Continúa en el Diario de Sesiones número 47, del lunes, 13 de diciembre
de 1993.)
Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Como saben sus señorías, vamos a dictaminar en Comisión el proyecto de
ley de presupuestos para 1994. Como también saben sus señorías, la
Comisión se desarrollará hoy viernes desde las diez de la mañana hasta
que finalicemos todo el articulado. Continuaremos el lunes a las diez de
la mañana e igualmente el martes y el miércoles, ajustándonos, en lo
posible, al calendario que se ha repartido a los diferentes portavoces de
los grupos, al objeto de que los ponentes que hayan de intervenir sepan
el horario adecuado y exacto. En ningún caso, en el día de hoy pasaremos
del debate correspondiente al articulado, y el lunes entraremos a debatir
las secciones.
Empezaremos con el debate de los vetos. Habrá cinco minutos por veto y
una intervención en contra, que podrá ser de cinco minutos, o bien de
veinte minutos acumulados. A continuación, habrá un turno de portavoces
de tres minutos exactamente para cada uno. Y, una vez terminados los
vetos, entraremos en la votación de los mismos. Las enmiendas se
debatirán agrupadas y por títulos, y los grupos tendrán un tiempo de
cinco minutos para su defensa, con un minuto por enmienda y hasta un
máximo de diez. El turno de portavoces será de tres minutos. Las
enmiendas individuales dispondrán de un mínimo de tres minutos, con un
máximo de cinco, y con un minuto por enmienda.
En cada Título se intervendrá siempre comenzando por los enmendantes
individuales por orden alfabético, interviniendo a continuación los
grupos de menor a mayor, simulando el debate en Pleno. Para el turno en
contra, habrá un mínimo de cinco minutos y un máximo de veinte. Las
votaciones las haremos así: las de los vetos, a continuación de los
mismos, y todos los días a partir de la una y media, por la mañana, y de
las ocho de la tarde.
La Mesa tiene el deseo de que el debate sea lo más fluido posible. Será
además lo más flexible posible, sobre todo con las denominadas enmiendas
individuales, ya que dichas enmiendas, por un acuerdo entre los
diferentes grupos, no se defenderán en el Pleno, por lo que parece lógico
que los enmendantes individuales tengan un tiempo cronológico que se
acomode al tiempo psicológico que necesita el propio enmendante. Lo que
sí desearía y pediría a sus señorías es que fueran lo más estrictos
posible en la acomodación de los tiempos. Como decía Horacio: «Quidquid
praecipies, esto brevis.» Aquello que se empiece a hacer ha de ser
necesariamente breve para que sea claro y sintético.
¿Alguna sugerencia por parte de algún portavoz en relación con la
estrategia señalada? (Pausa.)
Me parece que ha sido entregada el acta de la sesión anterior. ¿Se puede
aprobar por asentimiento? (Pausa.) Se aprueba.
Los portavoces, igualmente, tienen una corrección del artículo 50,
correspondiente a la aprobación por el Congreso del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994. Creo que podemos evitarnos
su lectura.
Por tanto, pasamos al debate de los vetos.
Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
El veto que el Grupo Parlamentario Popular presenta a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 1994 se resume en unas pocas palabras:
pensamos que estos presupuestos son continuistas de una mala política
económica; son poco creíbles en los estados de ingresos y gastos que
incluyen y, además, contribuyen a empeorar las expectativas económicas
para 1994.
El Gobierno ha calificado, como todos sabemos, el ejercicio de 1993 como
un ejercicio atípico en materia presupuestaria para justificar el
desbordamiento del déficit público, que superará como mínimo el 7,2 por
ciento del PIB, y también para justificar la pobre previsión que de
ingresos y gastos del Estado y de la Administración central se realizó en
los Presupuestos Generales del Estado para 1993. Estamos convencidos de
que tan atípico como el ejercicio presupuestario de 1993 resultará, sin
duda, el presupuesto que se ejecute en 1994, basado en este proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esto lo pensamos por las
siguientes razones: en primer lugar, estos presupuestos para el año 1994
continúan con la misma política económica que viene aplicando el Gobierno
y que ha dado lugar a una tasa de paro que ya alcanza el 23 por ciento de
la población activa, a tasas muy negativas de inversión, que descienden
en 1993, en lo que a bienes de equipo se refiere, al 13 por ciento, a la
destrucción del tejido productivo y a la crisis sectorial en la
industria, así como a la disminución en la producción y las rentas
generadas en el total de la economía de este país.
El déficit público en 1994, de cumplirse las previsiones del Gobierno, se
situaría a niveles próximos al 7 por ciento del PIB. Nosotros pensamos
que este nivel de déficit público hará muy difícil la reducción de los
tipos de interés, lo que unido al abultado nivel de deuda pública bruta
--que pensamos que superará el 60 por ciento del PIB a finales del año
1994--, a la pobreza de las medidas de la inversión empresarial incluidas
en este proyecto de ley y en el proyecto de ley de acompañamiento, el de
medidas financieras, a la carencia de una política industrial y a la
demora en las reformas estructurales que nuestra economía necesita,
principalmente en el mercado laboral, en transportes y comunicaciones y
en actividades inmobiliarias, dará lugar a la destrucción de empleo --el
Gobierno reconoce casi cien mil empleos perdidos para el año 1994--; dará
lugar al aumento del paro --el Gobierno reconoce, como mínimo, 160.000
nuevos parados para 1994-- y a una tasa de crecimiento económico
insatisfactoria en todo caso, que nosotros creemos que estará por debajo
del uno por ciento del PIB y no en el 1,3 por ciento que señala el
Gobierno.
Junto a esta valoración de la política económica implícita en esos
presupuestos, una segunda motivación para nuestra enmienda de veto es que
no se encuentra en el proyecto de presupuestos para 1994 medida alguna
que garantice que el crédito del gasto público se va a limitar, por fin,
a lo que el texto de los presupuestos que se aprueben indica. Recuérdese
que en los cuatro ejercicios presupuestarios pasados el Gobierno dijo
exactamente lo mismo que ahora nos dice. Con distintos matices se nos
señalaba que los presupuestos son restrictivos, moderadamente
restrictivos, y que el gasto público, por fin, se contenía, se limitaba
en su crecimiento a las cifras previstas presupuestariamente. La realidad
año tras año ha desmentido estas afirmaciones.
Hemos llegado al ejercicio de 1993 y el Gobierno no ha tenido más remedio
que calificarlo de atípico, porque la desviación de gasto público para
todas las administraciones centrales asciende ya a 2,4 billones de
pesetas, constituyendo un mal precedente, digamos que un mal récord en
cuanto a las desviaciones que usualmente el Estado está registrando en la
ejecución de los presupuestos. Como decimos, nada hay en este proyecto de
ley que indique que se puedan evitar desviaciones de gasto público en el
año 1994.
En tercer lugar, pensamos que los presupuestos para el año 1994 tampoco
son creíbles por el exceso de voluntarismo en el que incurre el Gobierno
al establecer las previsiones macroeconómicas en las que estos
presupuestos se fundamentan. Es muy improbable que la inversión privada
pueda cambiar de signo en 1994 y crecer en el agregado de formación bruta
de capital al 1,5 por ciento real, con el deterioro de expectativas
económicas que se está registrando y al que tanto ha contribuido este
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. De la misma forma
que el aumento de cotizaciones por desempleo, la insuficiencia de las
medidas dirigidas a la reactivación de la inversión y los retrasos que
está imprimiendo el Gobierno a las reformas estructurales hacen prever
para el año 1994 un crecimiento económico bastante inferior al previsto
por el Gobierno.
Como resultado de lo anterior, estimamos que los ingresos fiscales serán
inferiores a los previstos en al menos 400.000 millones de pesetas,
mientras que los gastos crecerán por encima de lo presupuestado, y es
fácil que nos encontremos a finales del ejercicio 1994 con un déficit
público, como mínimo, igual al del año 1993, precisamente por estos
errores cometidos en las previsiones macroeconómicas que fundamentan a
los Presupuestos.
Por último, entendemos que los Presupuestos para 1994 suponen una nueva
vuelta de tuerca sobre los empleados públicos, que por segundo año
consecutivo ven reducidos sus salarios reales. Este mismo espíritu de
austeridad en la fijación de salarios públicos inspiró la reducción que
ya contenían los Presupuestos Generales del Estado del año pasado e
inspira también las intenciones del Gobierno manifestadas en estos
Presupuestos Generales del Estado respecto de las rentas que perciben
pensionistas y desempleados y también respecto de las restricciones que
se producen en inversión pública, que no crece respecto del año anterior,
aunque en la memoria que acompaña a los Presupuestos se pretenda hacer la
comparación respecto de lo ejecutado y demostrarnos lo contrario.
Por tanto, mientras que en el conjunto de los gastos no financieros del
sector público central el gasto público crece respecto de los
Presupuestos de 1993 al 10,1 por ciento, según el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado --no olvidemos que esta tasa duplica la
tasa de crecimiento del PIB--, observamos que al mismo tiempo este
crecimiento excesivo del gasto público se produce a costa de determinados
sectores de la población española, que verán disminuir sus rentas, y a
costa de la inversión pública.
En conclusión, estos Presupuestos demuestran --por lo menos así nos lo
parece-- que el Gobierno, con su política de los últimos ejercicios, ha
entregado la política presupuestaria a una espiral de crecimiento del
gasto público que no puede limitar a pesar de las restricciones que
impone en determinadas partidas y a determinados colectivos, y al mismo
tiempo demuestran también los titubeos y las contradicciones en la
política presupuestaria del Gobierno, como se pone de manifiesto, por
ejemplo, en la intención primera de hacer incompatible la percepción de
prestaciones de desempleo con las indemnizaciones por despido, que
posteriormente se anuló en favor de un aumento de las cotizaciones
sociales por desempleo que contribuirá muy poco a la creación de empleo
o, por lo menos, a frenar la destrucción de empleo en nuestro país.
El Grupo Parlamentario Popular --y con esto concluyo, señor Presidente--
pretende con sus enmiendas en el Senado simplemente mejorar los
Presupuestos Generales del Estado para 1994; no hacemos nuestros estos
Presupuestos, ni siquiera con la inclusión de todas y cada una de las
enmiendas que hemos presentado, en el caso hipotético de que se
aprobaran. Estas enmiendas, que superan la cifra de 1.150, incluyendo las
presentadas por el Grupo Parlamentario y por cada uno de los Senadores
que lo integran a título individual, podrían resumirse en una serie de
apartados que, muy sucintamente, para respetar el tiempo que se me ha
asignado en esta intervención, podríamos englobar en una limitación del
endeudamiento público mediante un límite medio billón de pesetas inferior
al previsto en el proyecto de Presupuestos para la emisión de deuda
pública por parte del Estado; medidas de control y limitación del gasto
público; incremento de las retribuciones de empleados públicos por debajo
de la inflación prevista --3,5 por ciento--, pero que en definitiva
podría suponer una compensación, aunque no llegaría a mantener los
salarios reales; una serie de medidas de austeridad en las que
incluiríamos la supresión de contratos blindados y otras fórmulas que
dentro de la Administración parece ser --puesto que, por más que hemos
preguntado, no se nos ha dado información cumplida sobre este extremo--
que se están practicando en la Administración central y en empresas y
entes públicos; un método de cálculo de revisión de pensiones que permita
a los pensionistas no perder capacidad adquisitiva; impulso a la
actividad productiva y reparto equitativo de cargas fiscales mediante una
serie de propuestas en material fiscal que favorecerían a determinados
sectores: en primer lugar, a todos los contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de Personas Físicas y algunas
actividades concretas, como la agricultura, la inversión a través de
«leasing», etcétera; ayuda a la situación financiera de los municipios,
fundamentalmente a través de determinadas modificaciones fiscales y, por
último, una ampliación importante en la inversión, sobre todo en la
inversión territorializada a realizar por el Estado y sus organismos en
el año 1994, incidiendo en especial en infraestructuras de transporte.
Como puede apreciarse del sentido de esta intervención, creemos que estos
Presupuestos no van a lograr el objetivo principal que hay que exigirles,
que es crear expectativas favorables que no han creado estos
Presupuestos, que nacen ya muertos y que incluso antes de ser aprobados
ya han sido rechazados por los agentes económicos, y al mismo tiempo
permitir priorizar el gasto público de tal manera que se cumplan los
objetivos que en materia de redistribución de rentas y de relanzamiento
económico son propios de los Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Pasamos, a continuación, al debate de la defensa del veto del Grupo
Mixto.
Tiene la palabra el Senador Cuevas González.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para dar por defendido el veto en los términos en que se ha
presentado y publicado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.
Veto a título individual del Senador Cuevas González y de la Senadora
Vilallonga Elviro.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
En el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya teníamos la
impresión de que el debate de los Presupuestos debería ser uno de los más
importantes en cualquier curso político, y hasta ahora así ha sido más o
menos, pero creemos que este año se ve bastante desvirtuado, porque los
Presupuestos van a ser enmendados por algunas leyes.
Se ha conformado algo así como el triángulo de las Bermudas entre el
debate de los Presupuestos, la Ley de medidas financieras y las nuevas
leyes laborales que se han aprobado ya, con lo que se pretende hacer
desaparecer el incipiente Estado del bienestar que hasta este año
creíamos que teníamos los españoles.
El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta este veto
por varios motivos, pero creemos que el más importante es que estos
Presupuestos, junto con la Ley de medidas financieras, necesitan de una
reelaboración para conseguir unos nuevos Presupuestos que estén en
sintonía con el gran pacto social que creemos que está demandando en la
actualidad la sociedad española. Pero un pacto social que no venga por
imposición del Gobierno, como hasta ahora, sino del diálogo con las
fuerzas sociales, con los sindicatos, con las formaciones políticas, es
decir, de una rectificación de la política económica del Gobierno. Este
es uno de los elementos por los que el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya presenta veto a estos Presupuestos.
En segundo lugar, presentamos veto a estos Presupuestos por falta de
credibilidad, y no se trata de creer o no creer, sino que el propio
Presidente del Gobierno, en su reciente viaje a Estados Unidos para
visitar al Presidente Clinton, ha dicho y ratificado que cambiar de
política económica sería una irresponsabilidad. Por tanto, él mismo nos
estaba anunciando --aunque ya lo sabíamos-- que estos Presupuestos para
el año 1994 serían una continuidad de la política que hasta ahora se ha
llevado, y es por eso por lo que no nos pueden merecer credibilidad,
porque en cada aprobación de Presupuestos, en cada intervención del
Gobierno en esta Cámara, cuando ha hablado de política económica ha hecho
unas propuestas concretas, en ellas justificaba su política económica y
al final los resultados eran los contrarios; eran como el hombre el
tiempo, que cuando anuncia lluvia hay que coger el jersey de manga corta
y cuando anuncia calor hay que coger el paraguas. Por tanto, por falta de
credibilidad en el tiempo y en los resultados, estos Presupuestos deben
ser reelaborados, y ése es otro de los elementos por los que los
componentes del Grupo Mixto de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña
pedimos la devolución de los Presupuestos.
En tercer lugar, estos Presupuestos consagran la situación actual. Es
decir, el Gobierno, que en todo momento hizo suya la política de pleno
empleo, al final tira la toalla y nos trae unos Presupuestos en los que
reconoce que la situación es irreversible y, por tanto, no va a haber una
situación de pleno empleo o, por lo menos, de mejorar la capacidad de
empleo. Se conforma con lo que hay, y a tirar para adelante.
En cuarto lugar, tampoco hay una política que empiece a generar tejido
industrial y un crecimiento sostenible; simplemente, lo que se hace en
muchos casos es ahondar en el cierre de empresas. Desde nuestra
perspectiva de izquierda, el Gobierno consagra en estos Presupuestos algo
que nos temíamos: renuncia al papel que el Estado tiene que jugar en el
reequilibrio. Además, renuncia al papel en el tema económico, porque
mediante empresas públicas se podría hacer un esfuerzo importante para
generar empleo. El Gobierno renuncia a todo esto, renuncia a gestionar lo
que es del propio Estado y se entrega en manos de no sé quién para hacer
no sé qué. Con esto queremos decir que estas
líneas --en el veto en el Pleno nos extenderemos algo más-- son
fundamentalmente las causas y los motivos políticos por los que Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya pide la devolución de los Presupuestos,
para que, como decía al principio, sean elaborados nuevamente dentro de
un gran pacto social donde intervengan las fuerzas sindicales y sociales,
que esté acorde con las necesidades del país y no con otras
circunstancias.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cuevas.
Veto del Senador Petrizán Iriarte, que tiene la palabra por un tiempo de
cinco minutos.
El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender en esta Comisión, y en nombre de
Eusko-Alkartasuna, el veto de totalidad al proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 1994. La razón primera y fundamental que nos ha
llevado a la presentación de este veto es precisamente que estos
Presupuestos, en nuestra opinión, no suponen en absoluto un cambio en la
política económica del Gobierno. Este cambio en la política económica lo
consideramos imprescindible, porque si bien la crisis es un hecho que
supera ampliamente los límites del Estado --es casi un hecho
planetario--, la política económica del Gobierno ha contribuido a
agravarla y no a poner los cimientos necesarios para superarla.
El momento de profunda crisis que padecemos hace más necesario un
esfuerzo de generosidad de los diversos Grupos políticos para plantear
una estrategia común de lucha contra esta crisis y para paliar sus
efectos más graves. En este sentido, el partido del Gobierno --y el Grupo
Socialista, lógicamente-- tienen, en nuestra opinión, una especial
responsabilidad por no haber propiciado un gran acuerdo entre los Grupos,
pero al parecer --y tenemos experiencia de otros años-- no le ha
interesado hasta ahora y sigue sin interesarle, aunque este año, por
motivos del guión, haya logrado un acuerdo presupuestario con otro Grupo.
El Grupo que represento, Eusko-Alkartasuna, piensa que esto es lo que el
ciudadano y la ciudadana medios estaban esperando de sus representantes
políticos: acuerdos en momentos prácticamente de emergencia. Y si bien
todos tendremos alguna responsabilidad en la falta de acuerdo, es el
Grupo Socialista el que se lleva la palma con una falta de disposición,
siguiendo su trayectoria, desgraciadamente ya tradicional.
Tras esta reflexión, voy a enumerar las razones más concretas de nuestra
postura a favor de la devolución de este proyecto. En primer lugar,
reiteramos que este proyecto de ley significa la continuación de una
política económica que ha supuesto retrocesos importantes en dos
capítulos fundamentales, como son la capacidad productiva y unas
reducciones muy significativas en el empleo. En segundo lugar, y aunque
se anuncia de forma notable la austeridad presupuestaria, ésta viene
condicionada por los errores de la política económica en el pasado, y
como ejemplo no hay más que ver el desmesurado incremento de los gastos
de atención a la deuda pública. En tercer lugar, tenemos que referirnos a
las prestaciones sociales, que si bien conservan su puesto como principal
política de gasto, no traspasan el umbral de lo que nosotros
consideraríamos aceptable, porque en el mejor de los casos los
pensionistas mantendrían su poder adquisitivo, mientras que los
desempleados pierden cobertura de protección individual, ya que se tendrá
que dar protección a 150.000 parados más según las previsiones. En cuarto
lugar, no se podrá decir que estos Presupuestos susciten una gran
credibilidad, ni en los diferentes agentes económicos ni en la sociedad
en general. Las desviaciones entre las cifras previstas y la realidad del
gasto han superado todos los récords hasta el momento; la cifra de dos
billones de desviación genera, precisamente, esta falta de credibilidad a
la que aludíamos. En quinto lugar, hablaríamos de la situación actual de
difícil control del déficit público. Coincidimos con otros Grupos en el
hecho de que el déficit público no es sinónimo de bondad o de maldad; el
problema es que el déficit público está financiando el gasto corriente, y
no la inversión productiva, que sería un claro factor de relanzamiento
económico. En sexto lugar, no tenemos más remedio que no estar de acuerdo
con la falta de abordaje, de forma decidida y eficaz, de una política de
corrección del fraude fiscal, que alcanza ya el 5 por ciento del PIB.
Todas éstas son nuestras razones, lógicamente sin ánimo de ser
exhaustivos, que nos hacen solicitar la devolución de los Presupuestos
Generales del Estado para 1994.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Petrizán.
Tiene la palabra el Senador Ramón i Quiles para la defensa de su veto.
El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre de Esquerra Nacionalista Valenciana me propongo
defender el veto a los Presupuestos provisionales Generales del Estado.
Lo de provisionales, desde luego, no ha sido un lapsus, sino que viene a
cuento porque entendemos que el Gobierno del Estado nos ha remitido un
proyecto de ley en el que él mismo no tenía ninguna fe. Prueba de ello es
la gran cantidad de enmiendas, casi de vetos, a sus grandes apartados,
convertidos en proyectos de ley sucesivos que tendremos que ver en esta
Cámara. Es decir,
de alguna manera, el Gobierno del Estado nos ha venido a dar la razón en
que estos Presupuestos Generales del Estado son merecedores de veto.
Nuestro veto lo planteamos fundamentalmente en diversos puntos. El
primero de ellos es que consideramos que estos Presupuestos provisionales
Generales del Estado continúan manteniendo las diversas Administraciones
con toda su crudeza; pasamos de aquel Estado centralista a un Estado
autonómico, y se continúan manteniendo absolutamente solapadas las dos
formas del Estado. Todo ello nos parece que encarece suficientemente los
gastos generales como para provocar, por sí mismo, crisis.
Creemos también que las medidas sociales que nos propone el Gobierno
Socialista no son las más adecuadas, porque frente a una excesiva presión
fiscal, incluso yo diría que hasta una insolidaria situación de
cotización a la Seguridad Social, nos encontramos con que no se ponen
contrapartidas para evitar la economía sumergida, que eso sí que es una
gran competencia desleal y la gran lacra de la sociedad española, así
como tampoco vemos medidas suficientes como para reactivar la economía
sin cargar más al contribuyente.
Pensamos que la situación que la sociedad bancaria está gestionando cara
a los empresarios, cara a los particulares, debería estar más sujeta
constitucionalmente, reavivando esa arcaica Ley de Usura que, por lo
antiguo, por lo viejo, no está actualizada en estos momentos.
Como representante del Partido Nacionalista Valenciano, también tengo que
reclamar la falta de infraestructuras en nuestra nación. A pesar de
habernos dicho continuamente que ya era la hora de Valencia, hemos visto
pasar años y años, 12 en concreto, sin las inversiones suficientes como
para que la economía valenciana pudiera resurgir.
En resumen, señoras y señores Senadores, pensamos, al igual que el
Gobierno, que éstos no son los Presupuestos Generales del Estado; que,
como mucho, podrían ser unos Presupuestos provisionales que,
indudablemente, habrá que enmendar.
Y, si me permite, señor Presidente, me gustaría dar por defendidas las
enmiendas al articulado en este turno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ramón i Quiles.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Granados.
El señor GRANADOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Los imperativos que hacen que el Senado, en virtud de la Constitución,
discuta los Presupuestos Generales del Estado en un mes de plazo obligan
a que se debatan los vetos de las diferentes formaciones políticas en
Comisión, lo cual es un contrasentido porque, en puridad y en buena
técnica parlamentaria, la discusión de los vetos tendría que ser previa,
en el Pleno, a la consideración de las enmiendas particulares. Esto hace
que tengamos en Comisión un debate atípico de los vetos que, además, por
razones de tiempo, nos obliga a todos los portavoces a pasar casi de las
simplificaciones a las simplezas en las argumentaciones, y nos obliga a
intentar reducir en unos términos prácticamente imposibles lo que debe
ser un razonamiento más sensato y más ponderado, que sin duda se
producirá en el próximo Pleno de la Cámara.
Por tanto, tengo que empezar por decir que éste es casi un debate de
trámite, en el sentido de que todos nos reservamos argumentaciones para
el debate de los vetos que debe producirse en el Pleno del Senado, y que,
como tal, habría que solventarlo haciendo una apelación a dicho trámite:
es necesario rechazar los vetos para que el Senado pueda --como dicen
bien las señorías que me han precedido en el uso de la palabra-- mejorar
el Proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno aprobando las
enmiendas que los diferentes Grupos presenten y que cuenten con el apoyo
mayoritario de la Comisión, como han contado ya con el apoyo mayoritario
de la Ponencia algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
No obstante, hay que hacer algunas reflexiones sobre la situación ante la
que nos encontramos y cuáles son los objetivos del Presupuesto para
desmentir las afirmaciones de los Grupos que apoyan los vetos a estos
Presupuestos. Y hay que empezar por decir que en el año 1993 la economía
española ha sufrido la situación de una crisis económica internacional en
los mismos términos en que la han sufrido el resto de las economías de
los países de nuestro entorno: en todos los países se ha incrementado el
déficit público --y en algunos países que, incluso, han reducido el gasto
público se ha incrementado el déficit público más que en España--, en
todos los países se ha producido un incremento del desempleo y en todos
los países se ha producido una disminución, una retracción de la
actividad económica.
Lógicamente, en una situación de inversión de la tendencia, pasando de
una situación de crecimiento a una de crisis, todas las previsiones
económicas han adolecido de una cierta imprevisión. En todos los países
--y las previsiones de los organismos internacionales no se han hecho
ajenas a esta realidad-- ha habido dificultad para poder presupuestar en
sus justos términos lo que iba a ser el impacto de la crisis en los
ingresos y los gastos del Estado, porque la crisis supone que, por un
lado, disminuyen los ingresos del Estado por la retracción de la
actividad económica y, por otro lado, se incrementan los gastos del
Estado por los estabilizadores,
que hacen que, en materia de política social, especialmente por el
aumento de las necesidades sociales en protección al desempleo o en otro
tipo de materias, el gasto del Estado deba ser mayor para compensar,
precisamente, la crisis económica y para compensar, en alguna medida, la
disminución de ingresos que sufren familias, ciudadanos concretos,
etcétera.
Los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra han
hecho, lógicamente, el discurso de la crisis desde su punto de vista. Han
señalado cómo en una época de crisis es más difícil atender a las lógicas
y justas necesidades sociales porque disminuyen los ingresos del Estado
y, sin embargo, han señalado cómo en una época de crisis también es
necesario que el Estado contribuya a la recuperación de la actividad
económica en la medida de lo posible, disminuyendo las aportaciones que
exige a los ciudadanos, a los sectores más activos de la economía, para
subvenir a sus gastos.
En este sentido, ¿cuál es la situación de la economía española y qué
grandes objetivos persiguen estos Presupuestos? Lo primero que tenemos
que decir es que a finales del año 1993 la situación de la economía
española, que no es ajena a la crisis internacional, empieza ya a apuntar
claramente a lo que va a ser una recuperación de la actividad económica,
que en estos momentos es lenta pero que la mayor parte de los analistas
configuran como buena.
En el año 1993 España ha sufrido el incremento del desempleo y la
disminución de la actividad, como el resto de los países europeos, pero
las medidas económicas que ha puesto en marcha el Gobierno de la nación
están permitiendo que la economía española aborde esta situación de
crisis económica mucho mejor a como tuvo que abordar la de comienzos de
los años 80, cuando el Partido Socialista Obrero Español, en virtud de
las elecciones generales de 1982, ocupó el Gobierno de la nación. Y
tenemos que señalar que algunas de las grandes necesidades que nos impone
esta crisis económica están ya en estos momentos empezando a satisfacerse
de manera adecuada: está disminuyendo la inflación, y especialmente está
disminuyendo la inflación subyacente, que ha bajado más de punto y medio
desde el año pasado hasta el momento; está disminuyendo nuestro déficit
comercial de manera absolutamente espectacular, con una reducción de un
35 por ciento, y si lo hacemos en términos de balanza de pagos podemos
señalar cómo el déficit por cuenta corriente del Estado español en estos
momentos es inferior en la mitad al déficit por cuenta corriente el año
pasado, y si pedimos otro tipo de indicadores económicos sobre
recuperación de la actividad económica en tasas intertrimestrales vemos
que están apuntando, asimismo, como positivos, y estamos viendo cómo
existe una cierta recuperación, iniciada ya en el tercer trimestre de
este año, que, sin duda, va a continuar en el cuarto trimestre y que
esperamos que continúe en años sucesivos.
En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado intentan que la
recuperación, iniciada ya por la economía española en el segundo semestre
del año 1993, cobre fuerza en el año 1994. Para ello el Gobierno de la
nación ha presentado un Proyecto de Presupuestos que intenta, en primer
lugar, reducir el déficit público. Los Presupuestos suponen una apuesta
valiente en la reducción de este déficit público asumiendo los costes
sociales y políticos de algunas medidas que, evidentemente, no son
populares, pero son necesarias. Y así, hemos tenido que congelar, una vez
más, el salario de las retribuciones de los funcionarios públicos, este
año han subido un 1,8 por ciento y en el año 1994 no subirán, y la Oferta
Pública de Empleo se congelará para atender únicamente las circunstancias
más necesarias, suponiendo esto un esfuerzo de constricción del capítulo
de personal de los Presupuestos que es muy importante y que la sociedad
española ha sabido entender perfectamente, al contrario que algunos
Grupos Parlamentarios.
Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en cuanto a la reducción del
capítulo de gastos en bienes corrientes y de servicios. Si se aprueban
los Presupuestos Generales del Estado tal como han sido presentados por
el Proyecto del Gobierno y por las enmiendas parciales que han sido
incorporadas ya en Ponencia, el Estado español gastará menos, bastante
menos, en bienes corrientes y servicios, un 5 por ciento menos que lo que
ha gastado en el año 1993. Pero si hacemos la comparación teniendo en
cuenta lo que supone el año 1994 de reconocimientos de deudas que se
venían arrastrando históricamente en los últimos ejercicios en esta
materia, la reducción sería mucho más importante todavía, incluso
hablaríamos de una reducción del 10 por ciento en un capítulo que, desde
luego, incorpora gastos tan inevitables y tan convenientes como son los
del funcionamiento de los servicios públicos más elementales, la sanidad
y la educación, por poner algunos ejemplos.
Sin embargo, los Presupuestos, que intentan reducir el déficit público,
que se plantean un objetivo realista de reducir en medio punto el impacto
del déficit público sobre la economía, mantienen el esfuerzo inversor del
Estado español en la línea de un esfuerzo que es muy superior al del
resto de los países europeos y que, de alguna manera, persigue corregir
el diferencial que todavía tenemos en materia de infraestructuras
públicas con el resto de estos países europeos, como lo hemos ido
consiguiendo en los últimos años. Y no solamente pretendemos mantener ese
esfuerzo inversor, sino también mantener la protección social, que en
España en los últimos 10 años se ha incrementado tan notablemente que se
puede decir que España ha hecho el mayor esfuerzo de todos los países
europeos en el
incremento de sus gastos sociales, acercando estos gastos sociales del
Estado español de forma muy importante a la media de los gastos sociales
de los países de la Comunidad Económica Europea.
Todo ello, además, manteniendo una política de consolidación
presupuestaria que, si bien no permite en situaciones de crisis disminuir
los ingresos del Estado por la reducción demagógica de algunos impuestos,
sí permite en la práctica el incremento de los beneficios fiscales, de
los incentivos a la inversión y de todos aquellos incentivos que está en
manos del Estado dar para permitir que la actividad económica se
recupere, apoyando la inversión de los entes privados.
En resumen, los Presupuestos Generales del Estado persiguen mantener la
política de protección social, mantener el poder adquisitivo de los
pensionistas, mantener la situación de subsidio de desempleo a las
familias que han perdido su puesto de trabajo, incentivar la inversión
privada, la inversión generadora de empleo a través de una política de
mayores deducciones, de menor carga impositiva y de mayor apoyo del
Estado a esta inversión productiva; mantener también la inversión pública
para hacer que España se siga acercando en infraestructuras a la media de
los países comunitarios y disminuir el déficit público, disminuir el
impacto que este déficit tiene sobre la economía nacional para permitir
un mayor crecimiento económico.
Todo ello, con unas previsiones, o unas presupuestaciones, valga la
redundancia, bastante realistas. Nuestra previsión de crecimiento es la
misma que otorgan a España para el año 1994 organismos como el Fondo
Monetario Internacional, y no difiere en mucho de las previsiones de
otros organismos internacionales. Nuestras previsiones de ingresos y
gastos están sólidamente fundadas y, desde luego, si existe alguna
deficiencia en la presupuestación, esa deficiencia habrá de corregirse en
la práctica con mayores ingresos y probablemente con menores gastos,
porque estamos comprometidos en una tarea que es la reducción de déficit
público, imprescindible en estos momentos para abordar la salida de la
crisis.
Además, estos Presupuestos son una parte de la política económica del
Gobierno, que está abordando en otras medidas legislativas, o en otras
medidas de política económica, la corrección de algunos de los
desequilibrios tradicionales de la economía española; por ejemplo, la
rigidez del mercado de trabajo, que hace que en España, con crecimientos
muy superiores a la de otros países europeos, sin embargo se cree menos
empleo que en estos países. La coherencia de esta política económica, que
ha permitido un crecimiento muy superior en los años precedentes a la
economía española; la conveniencia del mantenimiento de una política de
protección social, que es la tradicional de los socialistas y que
solamente se ha llevado a cabo en España en los diez últimos años, y que
ha permitido el logro de importantes beneficios y mejoras en bienestar
social en la sociedad española; la posibilidad que dan estos presupuestos
a la creación de empleo, con el incremento importante de los incentivos a
la inversión productiva de los entes privados, y las medidas de
austeridad; de austeridad en el Capítulo I de Gastos de Personal, de
austeridad en el Capítulo II de Gastos en Bienes corrientes y Servicios,
es lo que hace que estos Presupuestos sean los que en estos momentos
necesita la sociedad española para conseguir que en el año 1994 se
realice con más fuerza, se incentive con más fuerza esta recuperación,
todavía débil, pero ya iniciada, de la economía en 1993.
Por estas razones vamos a rechazar los vetos y, una vez rechazados los
vetos que han planteado las diferentes fuerzas políticas --esperamos que
por la mayoría de la Comisión--, vamos a entrar en el debate de las
enmiendas particulares para intentar, en la medida de nuestras
posibilidades, seguir mejorando el proyecto de Presupuestos del Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado.
Pasamos, a continuación, al turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Ramón i Quiles.
El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.
Realmente, la intervención del Portavoz socialista ha sido la
intervención que cabía esperar del Grupo que sustenta al Gobierno. Una
intervención en la que, a ojos cerrados, se afirma y se reafirma que
estos Presupuestos son los que necesita el Estado.
Nosotros, por el contrario, habida cuenta de que no han sido debatidas ni
rebatidas ninguna de las cuestiones que planteábamos, pensamos que estos
Presupuestos Generales del Estado no son los adecuados. Además, insisto,
no lo decimos solamente nosotros, el propio Gobierno lo ha dicho cuando
nos ha presentado una enmienda a la totalidad, un veto a las Secciones 32
y 33. Es decir, en lo que hoy vamos a debatir aquí el propio Gobierno del
Estado ya no cree.
Por tanto, pensamos que, a pesar del esfuerzo que ha hecho el Portavoz
Socialista, éstos son los Presupuestos que vamos a aprobar, en
definitiva, porque inmediatamente van a ser reformados y, en
consecuencia, no son los Presupuestos que en esta Comisión deberíamos
aprobar. Por todo ello, estos Presupuestos, tal y como vienen planteados,
deberían ser devueltos al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ramón i Quiles.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Mixto, Senador Petrizán Iriarte.
El señor PETRIZAN IRIARTE: Gracias, señor Presidente.
Decía hace un momento el Portavoz Socialista que este debate era un poco
de trámite que, efectivamente, el debate se hace en el Pleno; yo diría
que todo el debate en el Senado, desgraciadamente, es de trámite, y si
alguna actualidad ha tenido el debate presupuestario ha sido en la otra
Cámara y no precisamente en ésta.
Tras de decir esto, nos planteaba unas reflexiones diciendo que en 1993
hemos sufrido una crisis, o estamos inmersos en ella, igual que los demás
países, y yo no puedo estar de acuerdo. Los efectos de la crisis está
claro que nos han llevado a un pozo bastante más profundo que al resto de
los países circundantes, mirando, por ejemplo, la tasa de desempleo o
cualquier otro indicador.
Como no podía ser menos, el Portavoz Socialista insiste en el modelo, en
el modelo que sustenta la política económica del Gobierno, y no nos
resignamos a tener este modelo de política económica que da los
resultados que tenemos. Y no sólo lo decimos ahora, que es fácil hacerlo
por la situación de crisis, sino que anteriormente, incluso en los años
de bonanza económica, lo hemos reiterado.
Hablaba también el Portavoz Socialista de la recuperación iniciada en
este segundo semestre, y yo lo que no sé es si se confunden deseos y
realidades. Desde luego, no está nada clara esta recuperación de la que
estaba hablando.
En resumen, ha dado una respuesta absolutamente optimista de la
situación, por lo menos defensora de la situación de la política
económica, y yo simplemente le diría que los vetos presentados
precisamente no describen catástrofes, que creo que es a lo que ha
respondido, a un cierto catastrofismo, sino sencillamente exigen y
pretenden que se realicen unos cambios en profundidad en la política
económica del Gobierno.
Nada más; muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Petrizán Iriarte.
Tiene la palabra el Senador Cuevas González, por tiempo de tres minutos.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Sin ánimo de increpar, creo que el Portavoz del Partido Socialista ha
estado hablando de otro país, no del que vivimos. Yo sé que la crisis es
mundial, es europea, pero con diferencia, mientras que Europa llora con
un ojo, al Estado español ya no le quedan lágrimas; por tanto, la
diferencia no es de lágrimas, sino de economía.
Nosotros no queremos hablar de la catástrofe, pero cuando el Portavoz del
Partido Socialista describe la realidad me gustaría recordarle que en
enero va a haber una huelga general, y no es una huelga general porque
Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez estén aburridos, sino porque hay una
situación política y social que se respira en la calle, que no tiene nada
que ver con lo que decía el Portavoz Socialista.
Efectivamente, reducir el déficit público es objetivo de todas las
fuerzas políticas que estamos aquí sentadas. La diferencia está en que
reducir el déficit público a costa de los más desamparados no es una
posición muy de izquierdas ni sumamente progresista.
Cuando se habla de las lagunas económicas que existen en el Estado y el
propio Gobierno reconoce que hay 400.000 millones de fraude fiscal,
tenemos que empezar a pensar algunas cosas; o cuando, por ejemplo,
reconoce que la deuda de las empresas privadas con la Seguridad Social
está próxima al billón de pesetas, me parece que este billón va a
repercutir en los recortes sociales.
Y, además, como bien decían mis compañeros del Grupo Mixto, estos son
unos presupuestos que ustedes mismos han enmendado con las leyes que yo
he citado anteriormente y que, por tanto, no corresponden a la realidad.
Yo creo que cuando se hizo el plan de convergencia para converger en la
Europa de Maastricht se hicieron unas previsiones que no respondían a la
realidad; era la bulla de Maastricht, y así nos ha ido. Incluso el propio
Delors, que no es nada sospechoso de no ser progresista, se ha planteado
la cuestión de la convergencia como un elemento de creación de empleo. Yo
creo que el portavoz del Grupo del PSOE no puede afirmar que estos
presupuestos generan empleo cuando el propio Presidente y su Gobierno,
que además es el Gobierno de todos, ha reconocido que estos presupuestos
no van a generar ningún tipo de empleo.
Y la cantilena --entiéndase la expresión-- de que hemos entrado en una
etapa de recuperación económica la llevamos oyendo durante dos años. En
la última campaña electoral se estaba recuperando la economía, al final,
el propio Presidente del Gobierno, y el otro día el Vicepresidente,
decían que la recuperación se posponía hasta finales del año 1994. Yo
creo que de tanto posponer y de tanto enfriar, vamos a coger una enorme
pulmonía en los temas sociales.
Nosotros creemos que hay otra forma de hacer política y otra política
económica, y la prueba de ello es que desde Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya más de una vez le hemos tendido una mano y la respuesta que
hemos recibido ha sido la bofetada.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Senador Cuevas, ¿renuncia a su intervención para defender otro de los
vetos? (Pausa.)
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo disiento de la opinión que han manifestado algunos
de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra respecto a
que este acto y todo el proceso de elaboración y discusión del proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado en el Senado sea un mero
formulismo o trámite. Pienso que, por el contrario, nuestro sistema
político-constitucional ha consagrado el bicameralismo como una garantía
en cuanto a la solidez, la consistencia, la valoración y las aportaciones
que una segunda lectura de determinados proyectos, y éste principalmente,
puede suponer en el Senado. Por tanto, de forma institucional yo rechazo
esta valoración, tanto en Pleno como en comisión, de los Presupuestos
Generales del Estado en el Senado, como un mero trámite.
Pienso que el portavoz socialista ha recurrido a dos tópicos, en el
sentido positivo; es decir, a las dos cuestiones que nos están repitiendo
desde hace ya bastantes meses, y que no constituyen más que coartadas y
falsas esperanzas respecto de la situación de nuestro país. En primer
lugar, todo, y en particular los males de España, se imputan a la crisis
internacional. Y así, se nos acaba de decir que en todos los países se
está perdiendo empleo; que en todos los países la actividad económica se
está reduciendo y que en todos los países también está aumentando el
déficit público. Siendo esto cierto, también lo que es que en España se
está perdiendo mucho más empleo, se ha reducido más el nivel de actividad
económica y ha aumentado mucho más el déficit público. Cualquier
comparación que utilicemos, que sea medianamente homogénea, precisamente
nos indica que esto es así y que esta realidad de los datos permite poca
discusión.
Relacionado con esta hipótesis de la crisis internacional, surge y
desaparece --es una discusión tipo Guadiana-- el debate sobre los
estabilizadores automáticos que todo presupuesto incluye. Lo cierto es
que recuerdo cómo en algunos debates de presupuestos de años anteriores
el ex Ministro de Economía y Hacienda, señor Solchaga, condicionaba toda
la política económica-presupuestaria a la propia existencia de
estabilizadores automáticos, y así justificaba que el déficit coyuntural
se fuera a las nubes mientras que no se restringía el déficit estructural
presupuestario; pero hay otros años, por ejemplo éste, en que si
hiciéramos caso a los estabilizadores automáticos, el presupuesto tendría
que ser de otra manera. Por tanto, este año la teoría de los
estabilizadores automáticos no sirve a nivel de previsión presupuestaria,
luego ya veremos la ejecución; y ésta ya se encargará de demostrarnos que
estas previsiones de ingresos y gastos públicos no son compatibles con
las previsiones de la economía española.
En definitiva, por un lado está la hipótesis de crisis internacional
vinculada a estos estabilizadores automáticos y, por otro --es la segunda
cuestión a la que hacía referencia--, la creencia en la recuperación
económica. Yo todavía recuerdo cómo el anterior Secretario de Estado de
Economía, en la primavera de 1992, nos anunciaba la recuperación
económica de forma inminente basándose no sé si en el indicador de ventas
de grandes superficies, en el consumo de gasolina o en el uso de
cementos. Ahora se nos dice que la mayoría de los analistas --yo quisiera
saber cuáles-- indican que la recuperación se ha iniciado. Yo, en este
sentido, quisiera corregir al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
diciéndole que no; lo que la mayoría de los analistas ha dicho es que nos
estamos arrastrando por el fondo de la crisis pero, desde luego, atisbos
de recuperación, ninguno. Y mucho menos en base a los datos del tercer
trimestre, porque una cosa es comparar cómo evoluciona la economía en un
trimestre concreto, el tercero, respecto del segundo, con lo cual
ciertamente se produce una pequeña reactivación que no es fruto más que
de la estacionalidad de la actividad económica, el tercer trimestre es
siempre mejor que el segundo; y otra cosa es comparar el tercer trimestre
de este año con respecto al tercer trimestre de 1992, y entonces
observamos que el producto interior bruto en este país está cayendo a
tasas del 1 por ciento, que superan las previsiones que incluyen los
presupuestos del 0,8 por ciento de caída de actividad para el año 1992.
Por tanto, ya quisiéramos nosotros percibir esa recuperación, pero los
indicadores de los que actualmente disponemos no permiten pensar que esto
sea así.
Por otro lado, se nos ha señalado que estos presupuestos fundamentalmente
proponen una reducción del déficit público. En nombre de mi Grupo, yo
diría que si este es el objetivo principal, se va a fracasar; y se va a
fracasar a pesar de las contenciones salariales que incluyen estos
presupuestos; a pesar de la restricción aparente en gastos por
adquisiciones de bienes corrientes y servicios que se nos ha dicho que se
reducen en el 5 por ciento. Le recuerdo al portavoz socialista que
también se redujeron en el presupuesto para 1993 y en un porcentaje
mayor, lo cierto es que en el mes de septiembre la ejecución de esos
gastos indica una desviación al alza del 25 por ciento. Es decir, lo que
se presupuestó de una forma muy restrictiva está resultando ser una
ejecución excesiva, por encima de lo presupuestado del 25 por ciento.
En cuanto al sistema fiscal, ya hablaremos con más detenimiento al llegar
al Título VI, pero a nosotros nos da la impresión de que el Gobierno en
estos presupuestos se limita a pasar la boina a los españoles, no
ajustando las tarifas del impuesto sobre la renta, no ajustando
deducciones, no ajustando, en definitiva, el sistema tributario al puro
paso del tiempo y a las necesidades objetivas que esta economía tiene de
un sistema tributario coherente y racional. Como eso no se hace, en estos
presupuestos está implícito un aumento de la presión fiscal, y si ese es
el caso, repito, lo que está haciendo el sector público es trasladar
parte de su crisis fiscal a los bolsillos de los contribuyentes.
El portavoz del Grupo Socialista también señalaba que en el caso de que
se produzcan desviaciones, y nosotros creemos que se van a producir,
habrá que proceder a un reajuste a lo largo del ejercicio: en los
ingresos fiscales al alza, en los gastos públicos a la baja. Y yo lo que
afirmo es que el reajuste ya se ha producido, y se ha producido desde que
se presentó el proyecto de presupuestos sin esperar incluso a que se
aprueben éstos. Y se ha llevado a cabo por el propio Gobierno; así por
ejemplo, ha sido noticia hace un par de semanas que el Gobierno está
elaborando un plan de reactivación económica --que yo sepa, todavía no se
ha aprobado y, por tanto, no está vigente-- en el cual se contemplan
medidas como créditos blandos, reducir los beneficios fiscales de las
PYME mediante un nuevo retoque en los módulos, etcétera. En definitiva,
esto nos indica que la política económica implícita en estos presupuestos
suscita desconfianza, incluso al propio Gobierno, que tiene que
acompañarlos de unas medidas que todavía no están bien definidas, pero
que son medidas de reactivación añadidas a los presupuestos.
Para mayor abundamiento, también se nos ha anunciado que en el mes de
enero se elaborará un plan de exportaciones porque los contenidos de
estos presupuestos no permiten pensar que se vayan a reanimar
suficientemente, porque no debemos olvidar que el modelo de crecimiento
de la economía española tiene que orientarse precisamente hacia las
exportaciones y la inversión.
Y por añadir más, también nos van a ajustar desde la Comunidad Europea,
donde la Comisión está investigando las aportaciones que los Presupuestos
realizan a las empresas del INI --y no olvidemos que en los Presupuestos
para 1994 hay más de 200.000 millones de pesetas de aportación al INI--,
porque esto se está considerando ya como quiebra del principio de libre
competencia. Por otro lado, también sabemos --es información pública--
que el grupo Teneo está pensando ya en vender una participación
significativa de Endesa, no porque haya un plan nacional de
privatización, no porque se esté en línea de privatizar para obtener
ingresos para con ello contribuir a la financiación del déficit público o
para utilizarlo en otros casos, sino sencillamente para cubrir pérdidas
de algunos otros grupos empresariales del INI, como es, por ejemplo, el
caso de Iberia; es decir, se está vendiendo para tapar agujeros dentro
del propio sector de empresas públicas. O, por ejemplo, nos han ajustado
--aunque esta medida, justo es reconocerlo, ya estaba incluida en el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado-- cuando el Tribunal
Supremo declara sin vigencia el sistema de pagos fraccionados que
realizan empresarios y profesionales y que desde el Grupo Parlamentario
Popular ya veníamos denunciando desde hace bastantes años.
En definitiva, creo que hay motivos más que suficientes para mantener el
veto al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, entre otras
cosas porque nos da la impresión de que el propio Gobierno ha perdido
confianza en estos Presupuestos y tiene que acompañarlos, no ya con las
medidas financieras, porque eso así se decidió y a nosotros nos parece
bien, sino con otras medidas que demuestran precisamente la
insuficiencia, las carencias en materia de política económica que
incorpora el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año
1994.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Aunque el orden de factores no altera el producto, habíamos pasado el
turno de portavoces del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos y, si no hay inconveniente por parte del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular y de los otros portavoces, doy la palabra al de
aquel Grupo, por un tiempo de tres minutos.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiéramos utilizar este turno de portavoces para exponer el sentido de
nuestro voto posterior.
Nuestro Grupo entiende que el proyecto de Ley de los Presupuestos
Generales del Estado en el trámite legal periódico más importante del
Parlamento, donde se presupone la ejecución política del próximo año, los
objetivos, las líneas maestras, con sus correspondientes
cuantificaciones.
Como miembro del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
quisiera hacer alguna consideración de cuál es nuestro papel y nuestra
responsabilidad frente a los Presupuestos para 1994. Tenemos presente la
situación más preocupante en este momento, que es el paro laboral y la
falta de soluciones claras frente a la crisis económica. Es la primera
vez que en muchos años nuestro Grupo no ha presentado propuesta de veto,
en coherencia con una postura adoptada en la defensa de la coyuntura
actual. Hasta este año denunciábamos el Presupuesto, proponiendo su
devolución al Gobierno, pues no cumplía con aquellos mínimos que requería
nuestro entramado industrial, de infraestructura, etcétera. Se nos había
indicado la posibilidad de entrar en un Gobierno para realizar una labor
importante, construir entre todos un Gobierno fuerte, un Gobierno que se
moje, con el compromiso de sacar a la sociedad de su estancamiento
cuando, además, el Partido mayoritario que sostiene el Gobierno había
perdido su poder de mayoría absoluta. Sin embargo, nada de lo que hubiera
sido deseable para nosotros en la defensa de propuestas previamente
aprobadas en relación a los acontecimientos, como la defensa de la
cornisa cantábrica o la solución industrial, eran tenidas en cuenta una
vez más; nada de lo que se aprobó en el debate de la convergencia de
Europa se
tenía en cuenta. A mayor abundamiento, en el orden macroeconómico no se
ha adoptado una postura radical para realizar un salto cualitativo, las
medidas han sido justo para pagar los intereses de la deuda y las
amortizaciones, pero no para responder a la creación del producto
interior. No se ha procurado una reducción drástica del gasto público y
sólo se ha preocupado de obtener mayores ingresos a través de la
extorsión fiscal o pretendiendo eliminar el fraude.
De esta forma, hemos observado que temas como las exenciones fiscales
propuestas en Euskadi han sido rechazadas, y peor aún, suplantadas por
otras similares pero cuyos objetivos serán completamente distintos.
Frente a un interés en la creación de bienes y servicios por parte de las
empresas vascas, cualitativa y cuantitativamente interesantes para
competir y fomentar el empleo, se han expuesto a nivel del Estado otras
ventajas fiscales similares para intentar emerger la economía subterránea
existente en otros territorios, tema interesante para obtener ingresos y
pagar las deudas, amortizaciones e intereses, pero faltos de garra para
realizar el salto cualitativo requerido.
Sin embargo, hemos considerado que para este año sería mejor hacer un
Presupuesto nuevo que una prórroga del anterior, donde las desviaciones
han sido tan importantes que superaban los dos billones de pesetas. Hemos
obviado, pues, el veto, pero hemos presentado enmiendas parciales
suficientemente justificadas y valoradas, tanto las que nos han propuesto
los diversos grupos de colectivos afectados negativamente, como los
empresarios individuales, mutilados de guerra, entidades voluntarias de
previsión social, asociación de municipios vascos, Eudel, asociaciones en
la defensa de apoyo a los países tercermundistas, colectivos con los que
nuestro Grupo Parlamentario ha mantenido relaciones para valorar los
razonamientos. Y no digamos nada de aquella iniciativa propia,
defendiendo posturas en que manifiestamente se nos olvida o se nos
margina, como son los compromisos de competencias exclusivas del Gobierno
Central.
También tenemos que hacer alusión al proyecto de Ley de medidas fiscales,
de la función pública y desempleo como la medida más disgregadora y
eficiente manipulación de no comprometerse a nada, introduciendo una ley
paralela que se verá en una Comisión de Economía y Hacienda con
competencia plena. Da la sensación de utilizar la dispersión, la alevosía
y la nocturnidad. En definitiva, son unos presupuestos, unas medidas
fiscales que se procuran descafeinadas en el método y en la forma.
Hemos escuchado con detenimiento las propuestas de veto, así como su
defensa, y, por tanto, en coherencia con lo que hemos manifestado
previamente, nos vamos a abstener respecto de todas ellas, valorando las
distintas posturas, aun a pesar de estar de acuerdo en múltiples aspectos
que se han vertido en esta Comisión. Y en este trámite de la Alta Cámara
esperamos algo más que la pedrea, esperamos que al menos algunas
enmiendas propuestas sean aprobadas.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Por empezar y por aclarar una afirmación anterior, creo que ha sido mal
comprendida por los señores Portavoces, diré que cuando señalaba el
debate de los vetos como un debate de trámite me refería a la
particularidad, que no es muy común en el trámite parlamentario, de que
un veto en el Senado se discuta dos veces. Los vetos se suelen discutir,
parlamentariamente hablando, una única vez y, por mor del debate
parlamentario de los Presupuestos en el Senado, tenemos que discutirlos
primero en Comisión y después en Pleno. A esto es a lo que me refería
cuando hablaba de un trámite respecto del acto en que nos encontramos en
este momento, el debate de los vetos en Comisión.
El debate de los Presupuestos en el Senado no es ningún trámite. De
hecho, en la ponencia de la Comisión del Senado ya hemos introducido, si
las enmiendas de ponencia son aprobadas por la Comisión, más
modificaciones a los Presupuestos Generales del Estado que las producidas
en el Congreso de los Diputados en el trámite de la ponencia, Comisión y
Pleno. Solamente en la ponencia en el Senado hemos modificado bastante
más los Presupuestos, y en ese sentido las aportaciones que sin duda
produciremos en Comisión y en Pleno seguirán modificando los Presupuestos
y mejorándolos, gracias, entre otras cosas, a que se rechazan los vetos.
No sé si los señores portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra viven en el mismo país que yo; pero, desde luego, sin ser
optimista, sí tendría que decirles que parece que tienen la mitad de la
vista tapada, son solamente capaces de ver los problemas de la crisis que
nos afecta en España, como en el resto del mundo. Se reconoce que la
crisis es internacional --lo cual no es poco--, se reconoce que en todos
los países se incrementa el déficit público, que en todos los países se
está destruyendo empleo, pero a continuación se añade: en España, más. Y
no es verdad. En España, por desgracia, se destruye más empleo, pero, por
ejemplo, la evolución de la balanza de pagos, de nuestras exportaciones o
de nuestra tasa intertrimestral de actividad es mucho mejor que en otros
países de nuestro entorno.
Cuando se hace referencia a la estacionalidad de algunas tasas, la
previsión que en estos momentos está barajando el Gobierno para la tasa
intertrimestral de actividad para el último trimestre del año 1993 es de
un crecimiento de un 1,1 por ciento sobre el tercer trimestre del año
1993. Es decir, estamos confirmando una recuperación que sigue siendo
exasperantemente lenta, como se ha dicho en esta Comisión precisamente en
las intervenciones que precedían al debate presupuestario, pero, desde
luego, ya ha empezado en España, y los tratadistas de instituciones
privadas así lo han reconocido.
Yo les plantearía a los señores portavoces de los Grupos que han
planteado vetos a los presupuestos que quizá lo que sucede es que ellos
no tienen ninguna confianza en la capacidad de la economía española para
recuperarse o, en todo caso, que no tienen demasiada confianza en el
Gobierno, lo cual tampoco es de extrañar. Pero, evidentemente, su
desconfianza hacia el Gobierno no es demasiado interesante a efectos de
argumentar el veto al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado,
porque los cambios en profundidad que se reclaman de la política
económica del Gobierno se traducen en una doble vertiente: por un lado es
necesario incrementar los gastos y disminuir los ingresos del Estado, y,
por otro lado, es necesario disminuir el déficit público. Lo cual,
tampoco es decir demasiado, más bien no es decir nada, porque es decir
dos cosas que son profundamente incompatibles entre sí.
Según esto, tampoco tiene demasiado sentido afirmar que con los
Presupuestos el Gobierno desconfía de sí mismo, porque no toda la
política económica del Gobierno está en los Presupuestos, o no todas las
medidas políticas de reincentivación de la actividad económica están en
los Presupuestos. Lógicamente, los Presupuestos Generales del Estado
permiten que el Gobierno desarrolle posteriormente esas actividades de
política económica, que ni pueden ni deben estar contenidas en lo que es
un debate de estados cuantitativos, que es a lo que se refiere el debate
de los Presupuestos Generales del Estado.
Tampoco tiene demasiado sentido, cuando se pide alguna concreción de por
dónde iría esa política económica pretendidamente alternativa, hablar de
cuestiones tan pintorescas como la extorsión fiscal --que yo rogaría al
Senador Torrontegui que no utilizara esa expresión porque me parece
francamente injusta; en este país todos sabemos quién extorsiona, y no es
precisamente el Estado, sino algunas bandas de terroristas o de
mafiosos--, o hablar de la racionalidad en las privatizaciones públicas
por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Me gustaría recordar que el Grupo Parlamentario Popular es el que ha
planteado su plan de privatizaciones como vinculado a la disminución del
déficit público. Por contra, lo que hemos dicho siempre los socialistas
es que la privatización de algunas empresas públicas estará guiada de
consideraciones de política económica, y nunca vinculada a que el Estado
tenga o no déficit; si hay que privatizar una empresa, lo será por
razones de eficiencia o de no justificación de la actividad del Estado en
un sector concreto de la economía, nunca por razones de déficit. Ha sido
precisamente el Grupo Parlamentario Popular el que ha vinculado la idea
de privatización y reducción del déficit, y es curioso que su portavoz
ahora precisamente achaque esto al Gobierno socialista.
Por concluir con alguna afirmación de carácter general --porque éste es
un debate general-- y por no entrar demasiado en casuísticas concretas,
los Presupuestos del año 1994 plantean medidas concretas de reducción o
constricción de gastos públicos. Se han adoptado medidas para reducir el
impacto de las prestaciones por desempleo, se han adoptado medidas que
permitirán que no vuelvan a producirse desviaciones en los gastos de
bienes corrientes y de servicios, se ha congelado la oferta pública de
empleo, o se han congelado las retribuciones de los funcionarios. Por
otro lado, se están incentivando claramente las medidas de inversión de
los agentes privados, lo cual es fundamental para la creación de empleo,
se mantiene una inversión en una tasa mucho más alta que la de los países
de nuestro entorno y se mantiene un nivel de protección social al que
nunca hubiéramos llegado si los socialistas no hubiésemos estado
gobernando este país desde hace once años por voluntad popular.
En este sentido, los Presupuestos que presenta el Gobierno son necesarios
y convenientes para la reactivación de la actividad económica, contienen
las suficientes medidas para que esta reactivación se produzca y tampoco
parece muy justo --y con esto termino-- utilizar una sentencia del
Tribunal Constitucional, que obliga al Gobierno a presentar una ley de
medidas de acompañamiento, una ley de medidas de política económica y de
reforma de la función pública, por entenderse que algunos de los
preceptos ya no pueden estar en la Ley General de Presupuestos, sino que
tienen que estar en una ley general, para intentar plantear que el
Gobierno tiene una desconfianza en los Presupuestos o que el Gobierno
está hurtando el debate a las Cámaras o que está planteando con alevosía
algunas de las medidas para su discusión en el Parlamento.
El Gobierno tiene confianza en sus presupuestos. La obligación de
presentar esta ley de medidas es una obligación inexorable derivada del
cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, y parece que
cuando se utilizan argumentos tan sesgados y tan viciados utilizando una
cuestión meramente formal para intentar deducir de ella una cuestión
material faltan otro tipo de argumentos más consistentes para justificar
los vetos a los Presupuestos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado.
Vamos a continuación a pasar a votar los vetos de los correspondientes
Grupos.
Antes, la Mesa desearía saber por parte del Grupo Parlamentario Mixto
quién es el que sustituye a la vocal en la Comisión (Pausa.)
Es el Senador Cuevas. Muchas gracias.
Pasamos en primer lugar a votar el veto del Grupo Parlamentario Popular.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en
contra, 16; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Veto del Grupo Parlamentario Mixto, del Senador Cuevas González. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en
contra, 16; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Veto del Senador Cuevas González y Senadora Vilallonga Elviro. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en
contra, 16; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Veto del Senador Petrizán Iriarte. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en
contra, 16; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Veto del Senador Ramón i Quiles. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en
contra, 16; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a continuación al debate del articulado. Artículos uno a once y
Anexos I y II.
En primer lugar las enmiendas correspondientes al Senador Cuevas González
y Senadora Vilallonga Elviro, correspondientes a las números 806 a 814.
Tiene la palabra el Senador Cuevas González por un tiempo de cinco
minutos.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado varias enmiendas
al Título I, artículos uno a once, que van sobre todo encaminadas a que
haya una mayor transparencia en los Presupuestos.
Es muy habitual que los Presupuestos se aprueben de una forma y terminen
de otra, con unas modificaciones de gastos que algunas veces ni siquiera
conocemos ni el Congreso ni el Senado, y sobre todo, también las partidas
que van destinadas a Administraciones u órganos de la Administración
Central que están en las Comunidades Autónomas, que muchas veces se nos
escapan del control de las Cámaras. En este sentido se han presentado
estas enmiendas y algunas otras, con las que pretendemos una aportación
de 50.000 millones para Radiotelevisión Española para el cumplimiento del
contrato-programa que se ha establecido.
Quería decirle al señor Presidente si me admitía defender todas las
enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentadas al
articulado, de una forma conjunta.
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Cuevas, puede defender el resto de las
enmiendas.
Tiene la palabra su señoría.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Las doy por defendidas, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cuevas.
La enmienda del Senador Ramón i Quiles la dio por defendida, así lo
anunció en el veto.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, una simple cuestión de
orden. Yo creo que la enmienda del Senador Ramón i Quiles --he intentado
decíserlo antes al señor Senador, pero como la ha dado por defendida no
lo hice-- está planteada a otro proyecto de ley; hay una enmienda del
Senador Ramón i Quiles que está en la ley de acompañamiento y que por
error se ha incorporado al trámite de presupuestos. Yo no sé si sería
procedente que desde la Mesa se hiciera llegar al señor Senador la
posibilidad de que retirara su enmienda, para evitar la discusión de la
misma cuando no procede.
El señor PRESIDENTE: Es otra enmienda.
Defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, números 1.851 y 1.828. La enmienda número 1.851 ha
sido incorporada al dictamen de la ponencia.
Tiene la palabra el Señor Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, la enmienda número 1.851 ya está incorporada en el
dictamen de la ponencia.
Paso a defender la enmienda número 1.828; es una enmienda a los efectos
de adicionar un nuevo párrafo al final del apartado tres del artículo 11.
Esta enmienda pretende establecer un mecanismo de participación
automática y simultánea en las desviaciones del INSALUD para todas las
Comunidades Autónomas cuya gestión está transferida. Tiene por objeto que
los mecanismos que existen para poder cubrir las desviaciones que pueda
tener el presupuesto de gastos del INSALUD
también se apliquen a las Comunidades Autónomas a partir del momento en
que se les transfieran los servicios de sanidad. Es un tema que nuestro
Grupo repetidamente ha venido planteando y, como ocasiona un grave
problema a esas Comunidades Autónomas, pedimos, a través de esta
enmienda, la comprensión de todos los grupos para que se enfoque una
solución definitiva.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
números 1.175 y 1.176.
El portavoz del Grupo parlamentario de Coalición Canaria tiene la
palabra.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Vamos a defenderlas conjuntamente. Son dos enmiendas relativas a créditos
ampliables sobre temas muy importantes para Canarias debido a su
situación de lejanía y a su clima, que ocasiona la falta de agua. Con
estas enmiendas únicamente pretendemos que estos dos créditos, que se
encuentran expresados en estas partidas, se consideren también créditos
ampliables como el de la subvención al transporte de pasajeros. Porque el
transporte de mercancías y la producción de agua potabilizada de
Canarias, repito, son tremendamente importantes para nosotros, y
siguiendo los cauces legales y la normativa aplicable, pedimos que se
consideren como ampliables para que en ningún momento queden desfasadas
estas cantidades.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
A continuación pasamos al debate de las enmiendas números 42, 43 a la 65,
y 222 a la 224, ambas inclusive.
El Senador Alierta tiene la palabra, por tiempo de diez minutos.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Dado el tiempo disponible trataré de sintetizar lo más posible y dar una
idea de las numerosas enmiendas que hemos presentado.
El Título I habla de la aprobación de los Presupuestos y de sus
modificaciones. Incluye las cifras globales de los Presupuestos y más
concretamente su Capítulo I. Por las razones expuestas en el debate de
veto se entiende que hayamos presentado tanto enmiendas de veto al Título
I como al Capítulo primero, tradicionalmente por algunas de las enmiendas
parciales que están integradas en este Capítulo primero. De ellas citaré
aquella por la que se propone que el estado de ingresos se devuelva para
que venga con las cifras que en estos momentos se consideran que
corresponderán al ejercicio que viene. Es de todos conocido que en 1993
ha habido una gran desviación en la recaudación con respecto a las
previsiones iniciales que había para los presupuestos de este año. Pues
bien, en estos momentos y teniendo en cuenta cuál es la evaluación de la
recaudación a lo largo del ejercicio de 1993 y los crecimientos
previsibles a las cifras finales para el ejercicio de 1994, puede
estimarse que en 1994 los ingresos --y por sintetizar-- están
sobreestimados en los presupuestos en una cifra del orden de los
quinientos o seiscientos mil millones de pesetas; es decir, una cifra del
orden del 1 por ciento del PIB. En consecuencia, los ingresos reales
habría que disminuirlos en esta cantidad que hoy es la previsible, con lo
cual aumentaría el déficit público.
Otras enmiendas, señor Presidente, tratan de que se introduzca en los
presupuestos una cláusula por la que se informa sobre los beneficios
fiscales. En una de ellas se rechazan los presupuestos de Radiotelevisión
Española, de acuerdo con la posición que normalmente ha venido
manteniendo el Grupo Popular, así como la petición de mayor información
sobre las inversiones y las infraestructuras de Aeropuertos Nacionales y
Puertos, que al salir de los organismos autónomos y pasar a entidades
públicas han desaparecido los anexos de inversiones y, en consecuencia,
disponemos de poca información sobre sus inversiones.
Referente al Capítulo segundo del Título I, que habla de la modificación
y ejecución de los créditos, hemos presentado varias enmiendas que tienen
por objeto eliminar las facultades que en la Ley de Presupuestos se
introducen en cuanto a modificaciones de la Ley General Presupuestaria.
Entendemos, en líneas generales, que la Ley de Presupuestos no deber ser
una ley en la cual se introduzcan modificaciones a esta Ley que debe
tener un cierto carácter permanente. En consecuencia, hay enmiendas en
ese sentido, y concretamente para aquellos artículos que recogen
modificaciones de artículos concretos de la Ley General Presupuestaria.
Asimismo, entendemos que las modificaciones de créditos que afectan a
diversos Departamentos deben ser autorizadas por el Consejo de Ministros
y no por el Ministerio de Hacienda y, en consecuencia, se proponen sendas
enmiendas, así como otra por la cual se solicita información sobre estas
modificaciones que se pueden justificar en el hecho de que el importe de
las modificaciones presupuestarias en los últimos ejercicios ha alcanzado
cifras, como es de todos conocido, muy importantes.
Otras enmiendas, presentadas dentro del Capítulo segundo, van encaminadas
a introducir mayores precisiones en el contenido del artículo 10; como es
conocido, en este artículo se regula la limitación de que las
obligaciones reconocidas en 1994 no superen las previsiones inicialmente.
Nosotros proponemos que esto se desglose tanto para operaciones
corrientes, como para
operaciones de capital; que estas limitaciones se operen en el caso de
los organismos autónomos, y que si tiene que haber créditos
extraordinarios o suplementos de créditos que se apliquen a los
organismos autónomos y que se haga mediante las oportunas leyes, y no
mediante las autorizaciones; también que se informe adecuadamente sobre
esta petición anterior referente a organismos autónomos y que no exista
la posibilidad de derogar este artículo, salvo por ley expresa. Es de
todos conocido que la desviación presupuestaria que se ha producido
durante 1993 ha conducido a la derogación del equivalente a este
artículo, que en este momento estamos debatiendo, y a la limitación para
los créditos extraordinarios del 3 por ciento, que aparecía en la vigente
Ley de Presupuestos, y que en el momento de su debate se señaló en la
misma Comisión y en el Pleno como una de las incorporaciones más notables
de la Ley de Presupuestos para 1993. Pues bien, en una Disposición
Derogatoria Final, en un Decreto-ley sobre un crédito extraordinario, se
deroga esta limitación, con lo cual se ha permitido o se ha justificado o
ha dado cauce legal a una desviación enorme de los gastos del Estado.
Las enmiendas al artículo 11, que se refiere a las modificaciones
presupuestarias de la Seguridad Social, tratan, fundamentalmente, de
evitar la práctica que se está introduciendo de financiar la Seguridad
Social, y concretamente el INSALUD, en lugar de con transferencias y
fondos que le transmite el Estado, con préstamos que se le conceden; esta
fórmula financiera podría ser admisible desde un punto de vista ortodoxo,
pero entendemos que si tradicionalmente se ha venido haciendo con
transferencias, no hay lugar a estos préstamos que tienen un efecto
adicional, que creemos que es el que se le busca. Las transferencias
corrientes es un gasto que se integra en el déficit de caja, que es la
cifra que normalmente es conocida por la opinión pública y, en cambio,
los préstamos, por ser activos financieros, no se integran como gastos
corrientes, y por tanto no aparecen en el déficit de caja. Es decir, que
si en 1994 el préstamo que se concede en un apartado es de 140.000
millones de pesetas, y por medio de otro apartado se conceden 345.000
millones de pesetas para prevenir desviaciones en el presupuesto del
Insalud en 1994, tenemos una cifra del orden de 500.000 millones de
pesetas. Evidentemente aparecerá en las cuentas. Por supuesto que
aparecerá en las cuentas, pero en el déficit de caja por operaciones no
financieras no aparecen estos 500.000 millones de pesetas y, en
consecuencia, cuando se nos dice desde el Gobierno que el déficit de caja
va a alcanzar el año que viene el 5 por ciento, realmente, si habláramos
en términos de necesidad de endeudamiento o necesidad de financiación,
que son otros conceptos, habría que incrementarlos en estos 500.000
millones de pesetas. Como estos dos últimos conceptos de déficit no
suelen llegar a la opinión pública, creemos que se están introduciendo
unas prácticas que distorsionan la imagen sobre el déficit que llega a la
opinión pública. Creemos que estos préstamos a la Seguridad deberían
hacerse de forma más ortodoxa --no pretendemos decir con eso que no sea
una fórmula legal-- mediante las transferencia corrientes, como
tradicionalmente se ha venido haciendo.
Finalmente, señor Presidente, quedan las enmiendas números 222, 223 y
224, que hacen referencia al anexo II, en el cual se establecen los
créditos ampliables. Es de señalar la gran extensión que alcanzan los
créditos ampliables incluso en el proyecto de ley, cuya sola enumeración
alcanza varias páginas. Los créditos ampliables, señor Presidente, han
sido una de las fuentes más importantes de desviaciones en la ejecución
de los Presupuestos en los últimos ejercicios y, en consecuencia, si se
pretende controlar el gasto público de alguna forma o, por lo menos, que
éste se ajuste a las previsiones presupuestarias que se aprueban en las
Cámaras, es conveniente que se limite al máximo la utilización de los
créditos ampliables dado que su proliferación significa que la ejecución
va a verse desbordada por la utilización de este tipo de créditos que,
adicionalmente, impide que los Presupuestos que se aprueben en esta
Cámara tengan una verdadera significación en cuanto que son sólo un
indicio de lo que pueden ser y no de lo que acabarán siendo. Un ejemplo
de este tipo de desviaciones nos lo proporcionan los resultados que se
han ido produciendo a lo largo del ejercicio de 1993, para el que se
habían previsto unos créditos iniciales de 14,7 billones de pesetas y,
sin embargo, el avance de liquidación va a ser de 16,7 billones, es
decir, que va a haber una desviación del orden de 2 billones de pesetas.
Señor Presidente, si se hubieran mantenido las previsiones que se
hicieron en la Ley de Presupuestos con respecto a los gastos de que éstos
no superarían en obligaciones reconocidas las previsiones iniciales; si
los créditos extraordinarios no hubieran superado el 3 por ciento
previsto en la propia ley, habríamos tenido que los gastos a fin de
ejercicio no habrían podido superar la cantidad de 15,1 billones de
pesetas, muy inferior a la que realmente va a ser. De esta forma,
podríamos comprender mejor cuál es la evolución financiera de la
actividad del Estado en el capítulo de gastos. Es decir, que si
comparamos los gastos previstos para el ejercicio que viene con esta
cifra, que sería la que teóricamente debería haberse realizado en este
ejercicio, de cumplirse las previsiones incluidas en la propia ley de
Presupuestos, los aumentos habrían sido muy superiores, del orden del 8 o
del 9 por ciento, en lugar de producirse la disminución que a veces se
pretende.
En consecuencia, por todas estas razones que hemos explicado y por las
aportadas en el debate sobre el veto que hemos mantenido en este proyecto
de ley de Presupuestos, es por lo que se presenta el veto al Título I del
proyecto de ley de Presupuestos para 1994.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
Dado que las enmiendas números 1.887 y 1.888, del Grupo Socialista, han
sido incorporadas al informe de la ponencia, pasamos al turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como es lógico, sólo voy a hacer uso del turno en contra para responder
sobre las enmiendas que han sido defendidas.
En primer lugar, están las dos enmiendas presentadas por el Grupo de
Coalición Canaria, que pretenden que sean incorporados en créditos
ampliables las subvenciones del Estado al transporte de mercancías entre
la Península y las Islas Canarias, así como al coste del precio del agua
en esta Comunidad.
Lo primero que tendríamos que señalar es que las consignaciones
presupuestarias mantenidas en los ejercicios precedentes se han
manifestado como básicamente ajustadas a las necesidades que plantean
ambas cuestiones. Lo segundo, es que las razones evidentes de restricción
de la política económica no aconsejan la proliferación de créditos
ampliables. En este sentido, el Gobierno ha hecho un esfuerzo en estos
Presupuestos por no declarar ampliables más que aquellas materias que
entiende que, de forma inexorable, deben ser consideradas como ampliables
y, en este sentido, perder el carácter limitativo del crédito
presupuestario en el proyecto de Presupuestos para 1994. Y, desde luego,
entendemos que, por estas razones de técnica presupuestaria, no sería
bueno declarar ampliables estos dos créditos, ya que nos parece que las
necesidades que abordan están relativamente satisfechas con las
consignaciones que en estos momentos figuran en el proyecto de ley.
En cuanto a la enmienda mantenida por el Grupo de Convergència i Unió,
debo decir que el Grupo Socialista comparte la preocupación que se
contiene en la enmienda y los criterios que la sustentan. Nosotros
estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario buscar un sistema
mediante el cual las desviaciones que se produzcan en la evolución del
gasto sanitario en el Insalud puedan repercutir de manera automática en
los presupuestos de las Comunidades Autónomas que tengan competencias
exclusivas sobre la sanidad. Lo que sucede es que, más que buscar una
fórmula en la ley de Presupuestos, tal vez deberíamos dejar que el grupo
de trabajo que, en la última reunión del Consejo Interterritorial de
Salud, se acordó constituir en fecha breve --incluso se decidió que iba a
ampliar su programa de trabajo para estudiar conjuntamente el sistema de
financiación de la sanidad en todas las Comunidades Autónomas en las que
se han producido transferencias-- estudie la cuestión y busque la fórmula
más adecuada, que podría ser la que en estos momentos nos sugiere el
Grupo de Convergència i Unió, o bien otra distinta. Por tanto, no
queremos prefigurar lo que deben ser las conclusiones del grupo de
trabajo, y aun compartiendo con el Grupo de Convergència i Unió la
preocupación que se manifiesta en la enmienda, y compartiendo también con
el Grupo de Convergència i Unió la necesidad de dar una solución a este
problema, pediríamos a dicho Grupo que, aceptando esta especie de
compromiso político que existe ya en el Consejo Interterritorial de
Salud, y que el Gobierno de la nación ha explicitado en varias ocasiones,
retire la enmienda para dar la posibilidad a este grupo de trabajo de que
busque la mejor solución.
Entramos ya en las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que son las
defendidas, señalando que dichas enmiendas podrían englobarse en varios
apartados.
En primer lugar, las enmiendas proponen la supresión de todo el Título I,
de alguno de sus capítulos o de alguno de los apartados de la ley. En
realidad, creo que estas enmiendas son complementarias de la enmienda de
veto porque, en la práctica, de aprobarse, surtirían el mismo efecto que
la enmienda de veto, es decir, que la no aprobación de los capítulos
primero y segundo, del Título I de la ley, o de algunos de sus artículos
más significativos obligaría, como es lógico, a la devolución del
proyecto al Gobierno, que sería la finalidad última del veto. En este
sentido, la discusión es la del veto. Si no se aprueba el veto, no
deberían aprobarse estas enmiendas.
En segundo lugar, el Grupo Parlamentario Popular plantea diferentes
modificaciones a diferentes apartados del Título I de la ley, que tienen
un doble carácter. Se opone a algunas modificaciones puntuales que hace
el proyecto de ley de la Ley General Presupuestaria por considerar que
estas modificaciones no deben producirse en la ley de Presupuestos y, a
la vez, propone modificar la misma Ley General Presupuestaria en algunas
de sus restantes enmiendas. Hay una cierta incoherencia en criticar, por
un lado, que el proyecto de ley de Presupuestos modifique la Ley General
Presupuestaria para, a continuación, proponer modificaciones a dicha Ley.
Por tanto, creo que deberíamos abandonar ese principio general y entrar a
discutir casuísticamente cada una de las enmiendas para ver si es
procedente o no la modificación que se nos propone. Debo señalar además,
con carácter general, que la elaboración de la nueva Ley General
Presupuestaria está introducida en el programa electoral con el que el
Partido Socialista ganó las elecciones del pasado 6 de junio, que es
necesaria y que también está introducida en el programa de medidas de
relanzamiento democrático que ha propuesto el Gobierno de la nación, y
que esperamos que se produzca en la fecha más breve posible porque,
evidentemente, tampoco es ésta una discusión
que admita mucha premura, ya que la Ley General Presupuestaria, como bien
dicen sus señorías en algunas de sus justificaciones, debe tener vocación
de pervivir y, por tanto, debe estar elaborada con la suficiente mesura.
Esperamos, por tanto, llegar a un acuerdo con los grupos políticos para
conseguir una Ley General Presupuestaria consensuada y adecuada a la
realidad española en estos momentos.
Lo que sucede es que hasta que se elabore la nueva Ley General
Presupuestaria hay algunos preceptos contenidos en ella que es necesario
modificar. Así, por ejemplo, de aceptar la supresión que propone la
enmienda del Partido Popular al artículo siete, punto uno, primera, de la
ley nos encontraríamos con una serie de dificultades para que la Ley
General Presupuestaria autorizara las modificaciones de crédito que son
imprescindibles para producir los traspasos de funciones y servicios en
virtud de la modificación de los estatutos de autonomía de las
comunidades autónomas. En este sentido, debe mantenerse el precepto de la
Ley General Presupuestaria, entre otras cosas, para facilitar estos
decretos de transferencias a las comunidades autónomas.
La enmienda 51 pretende que solamente puedan modificarse los créditos de
los Capítulos sexto y séptimo dentro del mismo capítulo. De ser aprobada
esta enmienda, una simple modificación de un convenio que tenga el
Gobierno de la nación con una comunidad autónoma o con un ayuntamiento
que implique un cambio de gestión en un determinado proyecto de inversión
sería imposible de realizar porque no podría producirse la necesaria
modificación presupuestaria entre el Capítulo sexto y el Capítulo
séptimo. En este sentido, no podemos aceptar la enmienda en sus propios
términos.
La enmienda número 52 intenta la supresión del artículo siete, punto
tres. El artículo siete comienza diciendo que las modificaciones de los
créditos presupuestarios tendrán solamente vigencia para 1994. La
enmienda no tiene esa consideración. Pretende la modificación de la Ley
General Presupuestaria que no se espera que tenga sólo vigencia en el año
1994. La enmienda añade a la Ley General Presupuestaria una mera
precisión técnica: la posibilidad, que es absolutamente razonable, de que
una aportación del Estado a un organismo autónomo genere créditos en el
presupuesto de gastos del organismo autónomo. La Ley General
Presupuestaria, que tiene una redacción un tanto confusa del precepto que
está modificado del artículo 71, no lo permitiría con su actual
redacción.
La enmienda número 53 pretende que cualquier modificación de crédito que
se produzca en el Capítulo I no suponga un aumento de la suma total de
los créditos. Pues bien, es imposible de ser cumplida porque algunas de
estas modificaciones se realizan en función de sentencias de los
tribunales y otras en función del cambio de régimen de previsión social
de algunos funcionarios que ocupan plazas concretas. En este sentido es
absolutamente imposible que no se produzca en casos excepcionales y muy
limitados algún incremento en la dotación de algunos créditos
presupuestarios del Capítulo I. No obstante, el Gobierno ya ha
manifestado reiteradamente su voluntad de que la suma total de gastos del
Capítulo I se mantenga en los límites que figura en el proyecto de ley de
presupuestos para 1994. Se han congelado las retribuciones de los
funcionarios; se ha congelado la oferta pública de empleo y existe
voluntad del Gobierno de mantener este límite en los créditos del
Capítulo I. Pero la enmienda del Grupo Parlamentario Popular no permite
su aprobación en los propios términos.
La enmienda número 54 realiza una modificación de carácter exclusivamente
técnico. Lo único que hace es añadir la expresión «operaciones
corrientes» a un artículo de la Ley General Presupuestaria, incluso a una
letra de la Ley General Presupuestaria que se refiere a las operaciones
corrientes, porque la siguiente letra del propio artículo de la LGP hace
referencia a las operaciones de capital. En este sentido, no aprobar la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular es inevitable porque sólo se
produce una mera corrección técnica en el texto de la Ley General
Presupuestaria.
En la enmienda número 55 del Grupo Parlamentario Popular propone
modificar la Ley General Presupuestaria para declarar la vinculación, a
nivel de concepto e incluso de subconcepto, de determinados créditos del
Capítulo Segundo. Hay que señalar que el proyecto del Gobierno tiene la
firme voluntad de evitar desviaciones en el Capítulo de Gastos, de Bienes
Corrientes y Servicios, en aquellos conceptos en donde las desviaciones
han sido mayores en los últimos años y no en aquellos en donde las
desviaciones no han sido significativas. Por eso, el proyecto del
Gobierno declara vinculantes cuatro artículos y no declara la lista mucho
más amplia de lo que pretende declarar el Partido Popular. Asimismo, hay
que señalar que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Popular están rechazando enmiendas que proponen que los gobiernos de
estas comunidades autónomas se sumen a esta restricción presupuestaria
que ha propuesto este año el Gobierno de la nación. En este sentido sería
de desear que se predicara más con el ejemplo y menos con la enmienda.
La enmienda número 56 hace referencia a que sea el Consejo de Ministros y
no el Ministerio de Economía y Hacienda el que autorice algunas
transferencias de crédito. Si bien es cierto que la Ley General
Presupuestaria hace referencia a que debe ser el Consejo de Ministros el
que apruebe las modificaciones de crédito cuando afectan a varios
departamentos ministeriales, en los supuestos en los que se autoriza por
el proyecto de ley al Ministerio de Economía y Hacienda a que las
autorice ya existe una absoluta presunción de conformidad por parte de
los ministerios afectados porque
son precisamente créditos cuya modificación es propuesta por el propio
Ministerio. En este sentido, el hecho de que lo haga el Ministerio de
Economía y Hacienda supone simplemente menos trabas burocráticas. Por
tanto, no podemos aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
porque lo único que añadiría sería una innecesaria complejidad
burocrática al funcionamiento de la Administración.
Mucho menos podemos aceptar la enmienda número 57. Esta enmienda tiene la
misma justificación que la anterior. Dice que tiene que ser el Consejo de
Ministros el que autorice la incorporación al presupuesto del Ministerio
de Defensa de créditos que se generan dentro del propio Ministerio, lo
cual no es necesario ni siquiera con la actual Ley General
Presupuestaria. Tampoco el punto dos es necesario, de acuerdo con la
actual Ley General Presupuestaria, que tenga que ser autorizado por el
Consejo de Ministros. El punto tres se refiere a los decretos de
traspasos para las comunidades autónomas. Existe un previo decreto de
transferencias que es suficiente garantía para entender que el Ministerio
de Economía y Hacienda no está sino instrumentando una decisión tomada
previamente con ausencia de la propia comunidad autónoma. No tiene ningún
sentido que deba haber acuerdo del Consejo de Ministros para autorizar la
modificación.
La enmienda número 58 propone que sea el Ministerio de Economía y
Hacienda el que autorice la aplicación presupuestaria de los créditos
generados en el INSALUD, cuando es el INSALUD el que decide, en este caso
como organismo autónomo, las aplicaciones presupuestarias de estos
créditos. No obstante, en función de otro precepto del proyecto de ley de
presupuestos, se ha restringido seriamente dónde tienen que irse
generaciones de crédito en el presupuesto de gastos del organismo.
La enmienda número 59 habla de las transferencias a las que hace
referencia el artículo nueve y pretende que se faciliten a las Comisiones
de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado.
Las transferencias autorizadas en el artículo nueve son un porcentaje
ínfimo de las transferencias de crédito que se producen en el ámbito de
la Administración del Estado. A nuestro juicio no tiene ningún sentido
que sea solamente en ese caso y con ese carácter particular el que exija
una información exhaustiva. En muchos casos esas transferencias han sido
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». Nos parece que no es
posible aceptar la enmienda.
La enmienda número 60 propone separar las operaciones corrientes de las
de capital en cuanto a las limitaciones de créditos presupuestarios, en
cuanto al límite que establece el artículo 10 al conjunto de obligaciones
presupuestarias. Creemos que esta enmienda produciría una rigidez tal que
probablemente determinadas actuaciones que son imprescindibles para el
correcto devenir del funcionamiento de la Administración serían muy
dificultosas. En este sentido, nos parece que la enmienda añade un grado
de complejidad tal que sería inaplicable. En todo caso, cuando se discuta
la Ley General Presupuestaria con carácter general veremos de qué manera
se pueden determinar cuáles son los límites que deban figurar en la ley
para el conjunto de obligaciones de los Presupuestos Generales del
Estado.
La enmienda número 62 es, a nuestro juicio, un error. Y es un error
porque únicamente añade al proyecto de ley un apartado concreto, la
obligación de comunicar trimestralmente las operaciones de ejecución del
presupuesto en cumplimiento de las obligaciones previstas en el número
dos del artículo 10. El número dos del artículo 10 habla de los
suplementos de crédito y de los créditos extraordinarios que son
aprobados por las Cámaras. En ese sentido las Cámaras no necesitan más
información de los suplementos de créditos o los créditos extraordinarios
que las que ellas mismas producen porque los aprueban. Todas las
operaciones que se realicen en cumplimiento del punto número uno del
artículo 10 ya son comunicadas a las Cámaras. Por tanto, no tiene ningún
sentido la aprobación de la enmienda.
La enmienda número 63 propone un precepto que formalmente es
absolutamente atípico y es que en la propia ley se diga que un artículo
sólo podrá ser modificado o derogado mediante ley. Esto nos parece que
sería generar un precedente peligrosísimo que iría frontalmente en contra
del principio de jerarquía y frontalmente en contra de lo que es la
comunicación entre las diferentes normas que pueden habilitar
modificaciones en el procedimiento legal.
En la enmienda número 64 se nos propone el cambio de una consignación
presupuestaria que está decidida en función de un convenio firmado entre
el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las Comunidades
Autónomas con competencias exclusivas en esa materia. En este sentido el
texto del proyecto de ley únicamente hace referencia al cumplimiento de
la última anualidad de este acuerdo, por lo que, francamente, no tenemos
razón alguna para modificar unilateralmente a través de la ley de
presupuestos un convenio que se ha venido cumpliendo a satisfacción de
ambas partes en los años precedentes 1992 y 1993.
En cuanto a la enmienda número 65 las consideraciones serían las mismas
que las que hemos realizado a la enmienda planteada por el Grupo de
Convergència i Unió.
Y entramos ya a comentar las enmiendas formuladas por el Grupo Popular a
los anexos de créditos ampliables que se discuten con este mismo título.
Aquí voy a permitirme solicitar del Grupo Popular la retirada de una de
sus enmiendas, cosa que no hacemos habitualmente ya que entendemos que
cada Grupo Parlamentario
puede presentar las enmiendas que considere convenientes en función de su
propia filosofía política.
El Grupo Popular propone en su enmienda número 224 que dejen de ser
ampliables los créditos que el Gobierno destina al Fondo de Ayuda al
Desarrollo. Esta enmienda incluso se compadece mal con algunas de las
enmiendas planteadas por este mismo Grupo al artículo sesenta y uno del
proyecto de ley, que regula los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo
y que propone que los límites se amplíen en función de las devoluciones
de préstamos o de los intereses o comisiones que se hayan devuelto a este
Fondo. Es decir, parece un cierto contrasentido proponer que un crédito
pueda ser ampliado en unos supuestos concretos y por otro lado pretender
que el crédito no tenga la consideración de ampliable. Pero es que,
además, la consideración de ampliable de este crédito el Gobierno la
realiza precisamente a iniciativa de las Cámaras, en el Congreso de los
Diputados en 1993 habiendo sido mantenida en 1994, con el acuerdo de
todos los grupos políticos.
Por otra parte, a ninguna de sus señorías les es ajeno el hecho de que
estamos discutiendo los presupuestos generales del Estado mientras está
teniendo lugar una huelga de hambre protagonizada por una serie de
personas que se quejan, con razón, de que los presupuestos generales del
Estado destinan un porcentaje insuficiente para ayuda al desarrollo de
los países más necesitados. Y nosotros, que tenemos que pegarnos a las
pretensiones de estos grupos por entender que la situación económica del
país no lo permite aunque, no obstante, nos sentimos solidarios con sus
preocupaciones así como con los motivos que les impulsan a esta actitud,
de la que esperamos desistan en breve plazo, no entendemos cómo
precisamente un Grupo Parlamentario propone todo lo contrario a lo
propuesto por este grupo de personas. Senador Alierta, consideramos como
una cierta insensibilidad social que precisamente en estos momentos se
nos proponga que el crédito del Fondo de Ayuda al Desarrollo no sea
ampliable, insensibilidad social que creo su Grupo no tiene. Por eso me
permito pedirle que retire la enmienda número 224 para que el crédito FAD
sea declarado ampliable como propone el proyecto del Gobierno. El que no
sean ampliables los créditos presupuestados en la Sección 06, de la deuda
pública, constreñiría al Gobierno de tal modo que le impediría hacer
frente a necesidades que pueden plantearse en materia de política
económica. Además, el que en determinadas obligaciones que pueda contraer
el Gobierno en las negociaciones con las Comunidades Europeas respecto de
algunos créditos éstos no sean ampliables es algo que también pondría a
nuestro Gobierno en una situación de abierta minusvalía a la hora de
negociar aportaciones del Estado respecto de estos créditos que, sin
duda, redundarían en mayores inversiones de los fondos comunitarios en
España.
Por estas razones --en las que espero no haberme extendido demasiado-- el
Grupo Socialista va a rechazar todas las enmiendas propuestas por el
Grupo Popular al Título I y a los anexos I y II de este proyecto de ley.
Y aunque por razones diferentes, nuestro Grupo también ha manifestado ya
su rechazo a las enmiendas de Coalición Canaria y a las de Convergència i
Unió.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida que se han dado por
defendidas no tengo ninguna consideración que hacer excepto rogarle al
Senador Cuevas que retire su enmienda número 808 ya que fue admitida en
el Congreso de los Diputados e incorporada al proyecto de ley por lo que
su discusión no es procedente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación pasamos al turno de Portavoces.
¿Desea hacer uso de la palabra el Senador Cuevas por el Grupo Mixto?
(Pausa.)
¿Portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Desea hacer uso de la palabra el Portavoz del Grupo de Coalición
Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el
Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Hemos escuchado con interés lo expuesto por el Portavoz del Grupo
Socialista. Nos alegramos de que compartan nuestra inquietud y esperamos
que se haga también extensiva en lo que a la urgencia se refiere.
Confiamos en que el grupo de trabajo encuentre una solución en la línea
de nuestra enmienda lo más rápida posible. Retiramos, por tanto, señor
Presidente, nuestra enmienda número 1.828.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Senador Alierta, desearía que nos manifestara su posicionamiento en
relación con su enmienda número 231.
Puede hacer uso de la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Sí, señor Presidente.
Quisiera decir que durante la intervención del representante del Grupo
Socialista, cuando se ha referido a nuestra enmienda relativa a créditos
ampliables, he pensado durante unos momentos si el digno representante de
este Grupo estaba influido por el desconocimiento de lo que nosotros
planteamos en nuestra enmienda o quizá por un poco de mala fe. Pero la
insistencia en sus argumentos ha llegado a convencerme de que debo
atribuir a mala fe su interpretación así como los comentarios que ha
hecho sobre este Senador y sobre el Grupo Popular al que represento en
esta ocasión.
Y es que, señor Presidente, el representante socialista ha hecho
alegaciones sobre nuestra filosofía acerca del Fondo de Ayuda al
Desarrollo, pero yo creo que su señoría está perfectamente capacitado
para poder entender que presentar una enmienda al carácter ampliable de
un crédito no significa en absoluto ningún posicionamiento referente al
fondo del contenido de dicho crédito, ni significa que, adicionalmente,
establezcamos limitaciones en las cuantías que este Fondo puede tener en
cuanto que existen mecanismos legales en técnica presupuestaria, como son
los suplementos de crédito, para que si la dotación establecida
inicialmente en los presupuestos es insuficiente, ésta pueda completarse
en la medida necesaria.
En consecuencia, como nosotros no hemos hecho ninguna consideración sobre
el Fondo de Ayuda al Desarrollo ni sobre la cantidad sino tan sólo sobre
el carácter ampliable de estos créditos y de otros, y dado que el
carácter ampliable de tantos créditos como figuran en los presupuestos
--que ocupan varias páginas-- ha supuesto una fuente de desviaciones tan
importante --lo digo por razones estrictamente presupuestarias-- que
incluso el Gobierno lo reconoce, debo entender que las palabras del
representante del Grupo Socialista incidiendo sobre el Fondo de Ayuda al
Desarrollo y cogiendo el rábano por las hojas adolecen de mala fue en
cuanto que debo atribuirle a su señoría suficiente conocimiento. Por
tanto, señor Presidente, desde este Grupo solicitamos que retire los
comentarios que ha hecho acerca de la sensibilidad de nuestro Grupo
Parlamentario ya que son totalmente injustos e improcedentes.
En cuanto a las modificaciones que hemos introducido en la Ley General
Presupuestaria, ha habido tal abuso en las modificaciones presupuestarias
en los últimos ejercicios que la preocupación de nuestro Grupo
Parlamentario por establecer limitaciones a las transferencias o a las
modificaciones de crédito es compartida por todas las personas sensibles
a los temas presupuestarios. En consecuencia, es legítimo entender que
presentemos numerosas enmiendas en este sentido.
La Ley General Presupuestaria se hace para que tenga un cierto carácter
estable, y de la misma forma que entendemos que este proyecto de ley de
presupuestos para el ejercicio de 1994 venga acompañado por una ley para
modificar las medidas sustantivas referentes a tributos, por ejemplo,
entendemos también que existen muchos métodos legales para hacer las
modificaciones que el señor Senador ha manifestado eran convenientes.
Nosotros no nos hemos pronunciado sobre la conveniencia o no de esas
modificaciones --y volvemos a hacer el mismo tipo de razonamiento--, nos
hemos pronunciado sobre que esas modificaciones de la Ley General
Presupuestaria, ley que debería tener un cierto carácter estable, estén
incluidas en una ley de presupuestos que tiene vigencia anual. Entendemos
que la Ley General Presupuestaria debería modificarse mediante una ley
para darle un carácter de estabilidad, de la misma forma que hoy ya se ha
reconocido que las modificaciones a los impuestos deben hacerse en una
ley sustantiva y no en una ley de presupuestos.
Por tanto, las descalificaciones que ha hecho el señor representante del
Grupo Socialista a este respecto también nos parecen fuera de lugar e
injustas al no querer reconocer que tenemos razón en las modificaciones
que proponemos en este campo.
Volvemos a lo mismo, señor Presidente: a descalificar las enmiendas que
proponemos al artículo diez, cuando recuerdo que en la presentación de
los presupuestos para 1993 en el debate en Pleno el entonces Ministro,
señor Solchaga, una de las cosas que destacó fue que se introducía el
artículo diez, que limitaba las obligaciones que se podían reconocer en
un ejercicio y las igualaba a los créditos iniciales. Además, añadió que
los créditos extraordinarios y suplementos de crédito no podrían superar
el 3 por ciento, con lo cual, se establecía una cláusula ejemplar por la
voluntad del Gobierno para limitar dichos créditos. Insisto en que éste
fue uno de los temas que el señor Solchaga destacó como una
característica fundamental que introducía la vigente Ley de Presupuestos
para 1993.
Pues, bien, señor Presidente, en un decreto-ley sobre un crédito
extraordinario, en una disposición derogatoria, este artículo diez, en su
apartado cinco, era derogado. Y no entendemos cómo lo que en su día fue
aireado por el señor Solchaga como un gran avance en el control
presupuestario se haya derogado a los nueve meses, no haya estado en
vigor ni siquiera durante el período de vigencia de la Ley de
Presupuestos. Nosotros queremos introducir controles para salvaguardar
estas medidas, que son totalmente anormales, y creo que cualquier persona
en estas circunstancias puede entenderlo.
Por tanto, no comprender que el Grupo Popular pretenda un cierto rigor en
la ejecución de los presupuestos sería auténticamente lamentable. Se nos
podría echar en cara, si en la experiencia española de los últimos años
sobre la ejecución de los presupuestos, no hubiéramos presentado en esta
Cámara --y en el Congreso, como se hizo-- enmiendas que trataran de
atajar el descontrol que ha existido en la ejecución presupuestaria con
respecto a los planteamientos iniciales del Gobierno, que en muchas
ocasiones ya eran, de por sí, criticables.
En consecuencia, rogamos que las razones que se den para rechazar estas
enmiendas tengan más fundamento, sean más sólidas y, sobre todo, si no
las encuentran, que no se distorsionen colateralmente los argumentos
procedentes. Que la forma no se confunda con el fondo, y si se confunde,
que no se hagan comentarios como los que se han hecho, que son totalmente
injustos e improcedentes, por lo que vuelvo repetir que solicitamos al
Grupo Socialista que los retire.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
No obstante, ¿queda viva la enmienda 231 o, por el contrario, va a
decaer?
El señor ALIERTA IZUEL: Está viva, pero se puede considerar debatida con
las actuales enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alierta.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al Grupo de Convergència i Unió que haya retirado su
enmienda, y añadir que también coincidimos en la urgencia de solucionar
ese problema. Quiero que conste en el «Diario de Sesiones» que la
posición del Grupo Socialista consiste en estar de acuerdo con que ese
tema necesita una solución urgente.
En cuanto al Senador Alierta, su señoría no me ha entendido, y voy a
intentar explicarme mejor porque, sin duda, la culpa ha sido mía. He
dicho que la enmienda reflejaba una cierta insensibilidad sobre un
problema candente, como es la ayuda al Tercer Mundo, pero he añadido que
no creía que el Grupo Popular tuviera esa insensibilidad. Por tanto, si
usted me pide que retire lo afirmado sobre el Grupo Popular, que no
conste en el «Diario de Sesiones» que he dicho que no creía que su Grupo
tuviera insensibilidad sobre la ayuda al Tercer Mundo.
Con respecto a la calificación de la enmienda, lo siento mucho, Senador
Alierta, pero no pretenderá usted que le guste lo que yo digo. Mantengo,
pues, que la enmienda me parece insensible al problema de la ayuda al
Tercer Mundo por una razón: porque, de acuerdo con nuestra Ley General
Presupuestaria, el que un crédito sea ampliable significa, únicamente,
que no es limitativo en cuanto a su cuantía. Y al declarar ampliables los
créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo pretendemos señalar que, si las
circunstancias económicas lo permiten --y ojalá sea así--, la voluntad
del Gobierno es aumentar la dotación de dichos créditos. Pero al declarar
el crédito no ampliable, ustedes pretenden que esté limitado en su
cuantía a la consignación que figura en el proyecto de presupuestos.
Estamos de acuerdo en que luego es posible que se lleven a cabo
suplementos de crédito y créditos extraordinarios, u otras figuras que
prevé nuestra legislación presupuestaria. Pero si aprobáramos su
enmienda, la voluntad clara del Senado de España al establecer un crédito
de 80.000 millones de pesetas, declarándolo no ampliable, y ésta no es
una interpretación demasiado torcida, Senador Alierta, sino la
interpretación literal de su enmienda. Pero como nuestra voluntad es que,
si existen posibilidades de política económica, el crédito se amplíe,
pretendemos que siga siendo ampliable y, por tanto, vamos a rechazar una
enmienda que nos parece insensible frente a una realidad tan
comprometida. Y no me voy a referir a mis consideraciones sobre la
posición de su Grupo, que creo que no ha entendido.
Por lo que se refiere a las enmiendas --en las que hacen tanto hincapié--
que solicitan la supresión de determinados preceptos que corrigen de
manera técnica, y con poca amplitud, la Ley General Presupuestaria, toda
la argumentación del Senador Alierta sería perfectamente coherente si, a
continuación, el Grupo Popular retirara todas las enmiendas que proponen
modificaciones a la Ley General Presupuestaria. No voy a argumentar que
las enmiendas deben ser rechazadas porque propongan modificaciones a la
Ley General Presupuestaria, porque creo que ésta debe modificarse en las
leyes de presupuestos en algunos preceptos concretos. Pero no se puede
rechazar, por principio, que el Gobierno modifique puntualmente algún
precepto de la Ley General Presupuestaria y, a continuación, pedir que se
modifiquen 20 ó 30 artículos de aquélla, en el sentido de lo que desea el
Grupo Popular, ya que eso refleja un cierto nivel de incoherencia.
También refleja cierta incoherencia su enmienda al artículo diez, porque
los decretos-leyes son normas que producen las Cámaras y que necesitan de
la aprobación del Congreso de los Diputados. Y ustedes solicitan, a
través de un precepto que elaboran las Cámaras, que éstas renuncien a su
posibilidad, en función de la aprobación de un decreto-ley que presenta
el Gobierno, de modificar un precepto de la misma Cámara. En este
sentido, nos parece poco correcta esa pretensión, sin referirnos al fondo
de la cuestión, porque la voluntad del Grupo Socialista es que el
artículo diez siga vigente, y se cumpla, durante todo el ejercicio de
1994. No ponemos objeción a que dicho artículo deba, o no, cumplirse,
sino a la enmienda que presenta el Grupo Popular que, a nuestro juicio,
desvirtúa el procedimiento legislativo.
Para finalizar, permítanme sus señorías una breve digresión: la
explicación del Senador Alierta sobre los fundamentos de las
argumentaciones de este portavoz me hacía recordar la reciente sentencia
del Tribunal Constitucional, en la que se señalaba que determinados
preceptos de la Ley de la Seguridad Ciudadana no eran asumibles, porque
la Constitución española imponía para la consideración del delito
flagrante que existiera evidencia y no sólo fundamento. Creo que las
posiciones del Grupo Socialista son evidentes, pero como sería una
presunción por mi parte decirlo, permítame decirle, Senador Alierta, que
si usted no las considera evidentes, yo las considero bien fundadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado.
Pasamos al Título II, artículos doce a veinte, y anexos V y VI.
Las enmiendas números 815 a 946 ya han sido dadas por defendidas por el
Senador Cuevas.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, números 1.287, 1.288 y 1.289 a 1.293, ambas inclusive, tiene la
palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Todas las enmiendas se refieren al artículo trece, relativo al módulo
económico de la distribución de fondos públicos para el sostenimiento de
centros concertados, referente a la gestión de los presupuestos docentes.
Algunos de ellos son puntuales y otros, de todas formas, tienen un
contenido básico.
La enmienda número 1.287 simplemente propone añadir: «La cuantía
correspondiente a otros gastos se abonará mensualmente...»
Se pretende especificar un poco más el abono, porque es muy generalizado.
(El señor Vicepresidente, Garcías Coll, ocupa la Presidencia.)
La enmienda número 1.288 pretende sustituir el término «curso escolar»
por el de «ejercicio económico» porque realmente los colegios y demás
entidades son empresas y necesariamente no coincide el curso escolar con
el ejercicio económico.
La enmienda 1.289 se propone suprimir el párrafo sexto del apartado Uno
del artículo 13. La enmienda número 1.290 se propone añadir al párrafo
quinto del apartado Uno del artículo 13, el siguiente texto: «El
Ministerio de Educación y Ciencia constituirá con las organizaciones de
titulares de Centros concertados más representativas, una Comisión de
Seguimiento de la utilización de la partida de gastos variables. La
Comisión tendrá como principal objetivo comprobar y analizar la
utilización real que los Centros concertados hacen del crédito
presupuestario destinado a la partida de gastos variables. Las restantes
Administraciones Educativas competentes harán lo propio en sus
respectivos territorios.»
La justificación es clara; desde el año 1986 no se han estado
proporcionando por parte de las Administraciones Educativas cuentas
claras respecto a la utilización y destino de los créditos destinados a
la partida de gastos variables. Por tanto, creemos que esta enmienda es
más oportuna que la redacción que viene en el texto del proyecto de Ley.
La enmienda número 1.291 introduce una sustitución. En lugar de «Plan de
Estudios» se cree más conveniente utilizar la palabra habitual: El
Currículo. En los demás párrafos se introducen otras sustituciones que no
voy a mencionar, porque ya están muy claras en la enmienda y supongo que
el Grupo Parlamentario Socialista lo habrá estudiado a fondo y tendrá los
argumentos claros.
La enmienda número 1.292 en lugar de hablar de profesores de apoyo,
utiliza en su lugar los profesores que se contraten por los centros con
igualdad de condiciones, obligaciones y responsabilidades que al resto
del profesorado. Lo mismo ocurre con la enmienda número 1.293 que
sustituye «dotaciones de apoyo» por incrementos de «equipo docente».
Doy por defendidas mis enmiendas al artículo 13, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Torrontegui.
Pasamos a las enmiendas 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 227, 228 y 229, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, presentamos un total de 16 enmiendas a este título del
articulado del proyecto de Ley de Presupuestos. De ellas, 13 son al
articulado y tres al anexo quinto, conectado precisamente al artículo 13
del proyecto de Ley, que forma parte de este título. No hay enmienda de
veto. Estas enmiendas, en realidad, lo que pretendemos es mejorar el
texto presentado por el Gobierno en el proyecto de Ley, y voy a remitirme
a comentar algunas de estas enmiendas.
Puesto que tantos problemas le causa al portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista el hecho de que nosotros, en unos casos, mantengamos y nos
opongamos, en otros, a que se reforme la Ley General Presupuestaria en
una Ley de Presupuestos, retiraré una de las enmiendas que, precisamente,
trata de esta cuestión. Pero no hay incoherencia. Quisiera recordar al
portavoz socialista y a todos los asistentes a esta Comisión, que el
Grupo Parlamentario Popular ha presentado varias iniciativas en esta
Cámara, concretamente una modificación de la Ley General Presupuestaria,
que se discutirá --esperamos-- en el próximo ejercicio. También esperamos
con auténtica ansiedad la nueva Ley General Presupuestaria que traiga el
Gobierno, porque sencillamente pensamos que esta Ley ha quedado vieja y
que ya no responde a las necesidades de control financiero y de
presupuestación del Estado español, consecuentemente, algo hay que hacer
con ella. Quizás el portavoz socialista debería entender que todas
nuestras enmiendas relativas a la Ley General Presupuestaria reflejan,
precisamente, nuestro descontento con la situación actual y hemos pedido
ya muchas veces que esa Ley se reforme, porque todos sabemos cuáles son
sus insuficiencias --muchas--, y especialmente que se reforme en aspectos
de control y de intervención del gasto público, que son dos cuestiones
que por más que
desde el Gobierno y desde el Partido que le sustenta se nos quiera
explicar cómo se están tratando, lo cierto es que en España el gasto
público está descontrolado y lo cierto es que está, no digo dudosamente o
mal intervenido, sino, sencillamente, sometido a unos controles de
intervención que no son los deseables.
Por tanto, la enmienda número 77 se retira en favor de la argumentación a
la que antes hacíamos referencia. También se retira la enmienda número
67, por cuanto entendemos que ya está incluida en el texto de la
Ponencia.
En cuanto a las demás, en unos casos son meras correcciones técnicas y en
otros son correcciones terminológicas que tienen su importancia, puesto
que si en materia educativa --me refiero a las enmiendas al artículo 13--
tenemos un nuevo marco legal, precisamente son los términos de ese marco
legal los que hay que incorporar a la Ley de Presupuestos, y aunque ya
sabemos que todavía estamos en un período de transición, existen términos
que, desde luego, ya hay que ir gradualmente abandonando en este proyecto
de Ley de presupuestos.
La enmienda número 66 la mantenemos. Pedimos concretamente que la ratio,
en lo referente a la Educación Primaria --profesor-alumno--, tenga en
consideración la necesidad de incorporar profesores especialistas para la
impartición de Idioma Extranjero en el segundo ciclo de dicho nivel
educativo. Esto está amparado legalmente. Al mismo tiempo, en relación
con esta enmienda, formulamos la enmienda número 228 al Anexo quinto, que
también la mantenemos. Pedimos una ampliación de 97.717 pesetas por
módulo en la partida de salarios del personal docente, para considerar,
precisamente, los costes que supondría el cumplimiento de lo que la Ley
prevé en materia de enseñanzas de idioma extranjero.
La enmienda número 68 sólo pretende dar carta de naturaleza a lo que ya
viene siendo habitual. Es decir, que se liquiden de forma mensual a los
Centros docentes concertados las cantidades que se les han de abonar.
Digo que no es más que dar carta de naturaleza a un principio que se
viene aplicando, puesto que, efectivamente, los pagos vienen a ser
mensuales y sólo en los últimos tiempos se están produciendo retrasos que
están quebrantando la tesorería de estos Centros. Yo creo --apelando a la
sensibilidad a la que antes hacía referencia el portavoz socialista-- que
si hemos de ser sensibles, también debemos serlo en cuestiones
educativas. En centros en los que la definición de los módulos está
bastante ajustada y, en algunos casos, es manifiestamente insuficiente,
queremos que, por lo menos, tengan una garantía en la periodicidad del
abono de estas cantidades. Eso es lo que pedimos. Por tanto, pedimos
expresamente al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que incorpore
esta enmienda al informe de la Ponencia por la racionalidad de la misma
en cuanto --eso sí-- supone un compromiso de estabilidad y una garantía
por parte del Estado hacia los Centros docentes concertados.
La enmienda número 69 tiene mucho menor calado. Pretende sustituir el
término «curso escolar» por el de «ejercicio económico», aproximándonos a
la realidad de que estos Centros educativos son empresas y, como tales,
tienen que cerrar sus balances y sus cuentas en las fechas
correspondientes al ejercicio económico, y no creo que suponga una
perturbación anómala el que nos ajustemos a sus ejercicios económicos.
Por último, dentro del artículo trece, apartado uno, tenemos la enmienda
número 70, en la que se solicita aclarar la partida de gastos variables.
Para ello, se pide al Ministerio de Educación y Ciencia que constituya
con las organizaciones titulares de los centros una comisión de
seguimiento de esa partida de gastos variables.
La enmienda número 71 suprime el párrafo sexto. Hay un error en la
redacción de esta enmienda, que dice que se suprime el apartado uno del
párrafo sexto. Es al revés: el párrafo sexto del apartado uno del
artículo trece, precisamente porque ahí se prevé una diversificación en
cuanto a la partida de otros gastos, cuyas consecuencias son claras:
reducir los importes que percibirían algunos centros y que resultan
imprescindibles para que estos centros cubran las deficiencias en otras
partidas de los módulos.
Pasando al artículo trece, apartado cuatro, la enmienda número 72 --estoy
siguiendo, como ven, un orden continuado, numérico-- es,
fundamentalmente, terminológica. Se cambian los términos «podrá
autorizar» por «autorizará». Nosotros pensamos que esa capacidad de
discrecionalidad que las leyes de presupuestos y concretamente este tipo
de artículos conceden al Gobierno es objetable en todos los casos,
incluso tanto como la acusación que se nos hacía de enmendar en unos
casos y en otros no la Ley General Presupuestaria, porque se «podrá
autorizar» y nada es lo mismo. «Podrá autorizar» es que se puede
autorizar o no se puede autorizar. Estos derechos hay que reconocerlos.
Nosotros pedimos que sea «autorizarán» a los centros a realizar
determinadas actividades.
También en esta enmienda se produce otro cambio terminológico. Los
«profesores de apoyo» es un término anticuado, de acuerdo con la nueva
normativa, por lo que tiene que cambiarse por «equipos docentes». Lo
mismo ocurre con «profesores de apoyo», que debería sustituirse por
«profesores integrados en la plantilla docente de los centros».
En el mismo sentido se ha realizado la enmienda número 73. En el proyecto
del Gobierno se habla de «profesores de apoyo» y nosotros preferimos el
término, simplemente, de «profesores».
La enmienda número 74 es de modificación y contempla las especialidades
que el III Acuerdo prevé para Baleares, Ceuta y Melilla en cuanto a
traslados.
La enmienda número 75 incide en lo mismo, en un cambio terminológico. Se
habla de «incrementos de equipo docente» en lugar de «profesores de
apoyo».
Con esto termino con las enmiendas relativas al articulado de educación.
Hemos incluido otras dos enmiendas al Título V, relacionadas con el
artículo trece, concretamente donde se establecen los módulos económicos
de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros
concertados. Aparte de la enmienda comentada de un incremento de las
retribuciones salariales de 97.000 pesetas para tener en cuenta la
enseñanza de idioma extranjero, se realizan otras dos enmiendas que
creemos de gran interés. Por un lado, incrementar las partidas de otros
gastos ante la insuficiencia de estos módulos para el sostenimiento de
centros concertados. Podríamos hablar de las cantidades en las que
pedimos incremento, pero yo creo que ahora no es necesario descender a
ese detalle y supongo que el portavoz socialista ya tendrá una idea de
estos incrementos.
La tercera enmienda, ya más específicamente, propone que aumenten las
retribuciones al personal docente en todas las categorías para cumplir el
acuerdo de analogía suscrito por el Ministerio, el artículo 49.4 de la
LODE y el artículo 13.1.A del Reglamento de Conciertos. En definitiva, lo
que pretende es dar cumplimiento a un acuerdo básico de analogía en la
retribución del profesorado de centros concertados. Ese es el sentido de
esta enmienda.
Hemos presentado unas enmiendas más a este Título, concretamente una al
artículo quince, otra al artículo diecisiete y otra al artículo veinte,
puesto que ya hemos retirado la de supresión del artículo diecisiete. Por
tanto, nos quedan tres enmiendas.
La primera enmienda es relativa al artículo quince y lo que pretende
fundamentalmente es mejorar la información que llega a las Cortes
Generales relativa a los proyectos que se presentan para su
cofinanciación con la Comunidad Económica Europea. Pensamos que esta
mejora informativa de los medios a disposición de las Cortes Generales
para proceder a la valoración de nuestra política en relación con la
Comunidad en cuanto a los fondos estructurales debería considerarse
favorablemente, incluso con mejoras técnicas que se podrían hacer, porque
no siempre ha de ser el Ministerio de Economía y Hacienda quien promueva
o sustancie esa información. En todo caso, yo creo que esta cuestión
debería mirarse por el Gobierno y por el Partido Socialista con
detenimiento.
En cuanto a la enmienda al artículo diecisiete, también tiene la
finalidad de mejorar la información que llega a las Cortes Generales. A
tales efectos se pide que la documentación que remiten los entes
públicos, sociedades, etcétera, para su revisión --cuentas generales,
balances, etcétera-- al Ministerio de Economía y Hacienda se envíe
también en el mismo plazo a las Cortes Generales para su conocimiento. En
definitiva, se trata de mejorar la información sobre las empresas y entes
públicos que, no nos engañemos, son unidades públicas, en este caso
parque empresarial, cuyas operaciones son grandes desconocidas en estas
Cámaras.
Por último, la enmienda al artículo 20 es puramente técnica. Se propone
añadir el concepto de que no sólo el Ministerio de Economía y Hacienda
conocerá, en este caso la Dirección de Presupuestos, de las
modificaciones que se produzcan en los créditos del Insalud, sino que
además realizará la aplicación presupuestaria correspondiente.
Este es el contenido y el sentido de las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Popular. Estamos muy interesados en que el portavoz
socialista las valores y esperemos que lo haga con justicia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Utrera.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Paso a valorar las enmiendas del Grupo Popular y del Partido Nacionalista
Vasco referentes a este Título, que es el relativo a las normas que
regulan la participación del Ministerio de Educación y Ciencia en la
financiación de la enseñanza privada en nuestro país. Son las mismas
enmiendas y en este sentido obedecen a la misma sensibilidad y
probablemente tengan la misma fuente, ya que son del mismo tenor literal.
La primera consideración que tengo que hacer al conjunto de estas
enmiendas es que con ellas se proponen unas modificaciones de
terminología que modifican la terminología del acuerdo firmado por el
Ministerio de Educación y Ciencia con los representantes de la enseñanza
privada en España. En este sentido, añaden más confusión que otra cosa,
porque modificar por ley de presupuestos un acuerdo que en estos momentos
se está cumpliendo a satisfacción de las dos partes y de manera
absolutamente razonable obligaría a reinterpretar el mismo acuerdo.
Nuestro criterio no es el de que deban modificarse, por tanto, esos
términos, ya que no añaden ninguna precisión y que, en todo caso,
implicarían modificaciones de un acuerdo que está funcionando
satisfactoriamente.
Entrando ya en las enmiendas concretas, y por hacer referencia a alguna,
habría que hacer una consideración a la número 66 del Grupo Popular y a
la que plantean correlativamente al Anexo V del Proyecto de Ley de
Presupuestos. El Grupo Popular plantea que es necesario incrementar las
dotaciones de los centros privados de enseñanza puesto que, al
incorporarse las enseñanzas de idiomas en la enseñanza primaria, es
necesario incorporar profesores especialistas para la
enseñanza del idioma extranjero en este nivel educativo. Lo que dice
nuestra Ley de Ordenación General del Sistema Educativo , la LOGSE, a
este respecto es que en la enseñanza primaria quienes deben impartir las
enseñanzas deben ser maestros, pertenecientes, por tanto, al Cuerpo de
Maestros, y para impartir enseñanza de idiomas se intenta, en primer
lugar, que sean maestros especialistas en idiomas --hay una especialidad
en la carrera de Magisterio que es Lenguas Extranjeras-- y, en segundo
lugar, en el caso de que no pueda encontrarse suficiente número de
maestros especialistas en idioma, maestros que hayan cursado diferentes
programas de formación y reconversión --digámoslo así-- profesional que
se han venido desarrollando por los centros de educación de profesores en
todo el territorio del Estado, tanto del MEC como de las diferentes
Comunidades Autónomas.
Estos cursos se han realizado en los últimos años; se han dado
facilidades muy importantes de disminución de horas, etcétera, a los
maestros que han realizado estos cursos, y el hecho de que un maestro
especialista o un maestro que haya cursado programas de formación en
lenguas extranjeras, que por otra parte están incorporados ya en el
currículum de Magisterio desde hace muchos años, tenga que impartir
determinadas horas al día de clase de enseñanza de idiomas no supone
mayor coste ni mayor carga para el centro ni para el equipo docente del
mismo, sino una reordenación de las tareas educativas del centro, de tal
manera que en vez de ser un maestro el que imparte las 25 horas de clase
en un determinado nivel educativo, impartirá 22, y en todo caso será un
compañero suyo el que le sustituya por tres horas; o que un maestro
especialista, en vez de tener a su cargo un curso, tendrá las enseñanzas
de idiomas de ocho cursos. En este sentido, no hay tal incremento de
coste; lo que puede plantearse en algún centro es una necesidad de
adecuar su personal a las nuevas necesidades de la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo, y esta necesidad de adecuar el personal es
la que se ha solucionado a través de los oportunos cursos. Es decir, no
va a haber nuevos profesores de idiomas en este nivel educativo, sino que
parte de los maestros que ya están impartiendo este nivel educativo
empezarán a dar clases de idiomas, como les autoriza su currículum y
expresamente les reconoce la Ley, puesto que solamente maestros pueden
dar clase en este nivel educativo.
La enmienda número 67 ha sido retirada porque ya fue incorporada en el
trámite del Congreso.
La enmienda número 68, que se corresponde con la 1.287 del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, pretende añadir: «La cuantía
correspondiente a otros gastos se abonará mensualmente...». El acuerdo
del Ministerio de Educación con las patronales representativas de la
enseñanza privada en nuestro país dice que esos gastos se abonan
trimestralmente; eso es lo que dice el acuerdo. Es verdad que en los
últimos tres años esos gastos se han abonado mensualmente, precisamente
porque el Ministerio ha sido sensible a las necesidades de financiación
de los centros, y al Grupo Socialista no le consta que se hayan producido
retrasos significativos que no sean de más de algunos días en los
libramientos de estos gastos. Actualmente se hace un libramiento a cuenta
en el primero y segundo mes del trimestre y el libramiento definitivo con
corrección de incrementos o decrementos, en su caso, se realiza en el
tercero. Hacer libramientos definitivos mes a mes lo único que produciría
sería un incremento burocrático enorme en las liquidaciones de estos
gastos que se producen también contra justificación de determinados
gastos, y en este sentido probablemente generaría más burocracia para el
Ministerio, sin suponer una aportación cualitativamente diferente a lo
que ya se viene produciendo para los centros. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.)
En cuanto a la sustitución del término «curso escolar» por «ejercicio
económico», que se plantea en la enmienda número 69, corríjanme los
señores portavoces del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos o del
Grupo Popular si me equivoco, pero las Comunidades Autónomas con
competencias exclusivas en materia de educación que en estos momentos
gobiernan sus respectivos grupos políticos, la Comunidad Autónoma Vasca o
la Comunidad Autónoma Gallega, vienen librando estas subvenciones por
cursos escolares, y lo vienen haciendo así porque comparten con el
Ministerio de Educación, según mi información, aunque puedo estar
equivocado, la mayor racionalidad del sistema de librar por cursos y no
por ejercicios. Tengan en cuenta sus señorías que imponer un cambio de
este tenor en la normativa supondría que, por ejemplo, los módulos que
van a afectar a los cursos 1993-1994-1995, que están en los Presupuestos
Generales del Estado, implican una serie de cambios en la dotación de los
centros que necesitarían instrumentarse a partir del mes siguiente a la
aprobación de los Presupuestos, que coincide con el final del año
natural. Con el actual sistema, pueden instrumentarse por el Ministerio
de Educación mucho más correctamente en los seis primeros meses y ponerse
en marcha en el mes de septiembre, cuando empieza el curso académico.
En este sentido, sería añadir una complicación innecesaria al
funcionamiento de la Administración, y así lo han entendido, según mis
informaciones, que pueden estar equivocadas, todas las Comunidades
Autónomas, y no me explico por qué se viene a pedir que el Ministerio de
Educación haga algo que las Comunidades Autónomas en donde gobiernan los
partidos que lo proponen no hacen porque entienden que no es adecuado.
En cuanto a los gastos variables, aquí sí que hay una equivocación de
contenido en las enmiendas de ambos
grupos. Porque el concepto de gastos variables, en el acuerdo del
Ministerio de Educación con la enseñanza privada, hace referencia a
gastos de personal, es decir, son aquellos gastos que componen parte de
las retribuciones de personal, pero que son variables en función del
profesorado que ocupa los centros, como la antigüedad o el complemento de
dirección u otros pequeños complementos a los que tengan derecho
profesores concretos en función de circunstancias también concretas.
En este sentido, no entendemos por qué los centros de enseñanza deben
constituir una comisión de seguimiento de una partida retributiva que es
directamente de pago a cuenta a los profesores de los centros de
enseñanza privada. Nos parece, sinceramente, no ajustado. Si fuera otra
partida, pudiera tener sentido, pero no en una partida que directamente
se paga a cuenta desde el Ministerio de Educación o desde las Comunidades
Autónomas a los profesores. Sobre la necesiad de que los centros tengan
un conocimiento de qué antigüedad o qué complementos cobran sus
profesores, tengo que decirle que esto ya lo conocen genéricamente los
centros porque lo pueden deducir fácilmente a través de los expedientes
de los profesorse o por los módulos que aplica el Ministerio a los
centros. Constituir una comisión de seguimiento para estos gastos, a
nuestro juicio, no tiene demasiado sentido.
En cuanto a la diversificación de la partida de «otros gastos», sus
señorías tienen razón en que es un precepto que viene figurando en
sucesivas leyes de Presupuestos y que nunca se ha llevado a la práctica.
Lo que sucede es que, precisamente, el interés del Ministerio de
Educación es poder producir la diversificación del concepto de otros
gastos,que sí son de mantenimiento de los centros, cuando sea posible
incrementar la partida a través de alguna economía que pueda producirse
en el presupuesto del Ministerio en un ejercicio. Es decir, no es
voluntad del Ministerio de Educación que para incrementar la partida de
otros gastos que se concede a algunos centros haya que producir
disminuciones en la partida de otros gastos que reciben otros. La
voluntad del Ministerio de Educación es diversificar la partida cuando
sea posible que la diversificación se obre con mejoras para algunos y sin
perjuicio para otros, y en este sentido, lo único que hace la Ley de
Presupuestos es permitir que el Ministerio de Educación y Ciencia pueda
hacer la diversificación.
Yo entendería que sus señorías me hubieran preguntado por qué esta medida
no se ha llevado a cabo, porque es una medida razonable, ya que no tiene
los mismos gastos en calefacción un colegio en Burgos, que es mi ciudad,
que en Las Palmas de Gran Canaria, pero lo que no entiendo es que me
digan que se suprima este precepto de los Presupuestos y que no se lleve
a cabo nunca. Yo entendería que se instara al Gobierno para que lo
hicieran con urgencia; no soy capaz de entender que se diga que no lo
haga, porque es injusto que cobre por este concepto la misma cantidad un
centro que tiene unos gastos muy inferiores que otro que pueda tenerlos
muy superiores.
En cuanto al cambio de la terminología de «currículo» por «plan de
estudios»», etcétera, tengo que decir que ésta es la terminología del
acuerdo, por lo que no se añade nada. Si ésa fuera únicamente la
pretensión de la enmienda número 72 del Grupo Popular, yo la aceptaría,
pero hay otra pretensión que no podemos aceptar, y es la referencia a los
profesores de apoyo. En primer lugar, la terminología de «profesores de
apoyo» no está obsoleta: diferente normativa del Ministerio de Educación
sigue haciendo referencia a ella y el último concurso de traslados
convocado el mes pasado en las enseñanzas medias habla de profesores de
apoyo en el propio ámbito del personal funcionario al servicio de la
Administración. Pero es que, además, los profesores de apoyo que se han
colocado en centros privados obedecen, precisamente, a una sensibilidad
social del Gobierno. Me explico. Como consecuencia de los requisitos
exigidos a los centros de enseñanza, primero para poner en marcha la LODE
y luego la LOGSE, ha habido centros que han tenido que cerrar porque no
podían ser concertados. A los profesores que quedaron en el paro se les
recolocó, colocándoles --valga la redundancia-- como profesores de apoyo
en centros privados. La asignación de profesores de apoyo iba en el
sentido de mejorar la calidad de la enseñanza y solucionar un problema
social, el de los profesores que se quedaban en paro; pero éstos no son
profesores de plantilla de sus centros, sino que siguen siendo profesores
de apoyo, y cuando en algún caso no es necesario cubrir unas plazas
porque el número de profesores a recolocar ha disminuido en función de
que han aprobado oposiciones o se han colocado en otros trabajos, el
número de profesores de apoyo disminuye, lógicamente; pero no es
necesario incrementar la plantilla de profesores de un centro en función
de que un año --y gracias a la sensibilidad social del Gobierno-- haya
contado con dos o tres profesores de apoyo para solucionar un problema de
profesores en paro. Las plantillas se determinan con una cierta
objetividad y no es preciso --ni conveniente en este caso-- que los
profesores de apoyo fueran sistemáticamente equiparados a los profesores
de plantilla, y así incrementada la plantilla de los centros por la vía,
ciertamente anómala, de que lo que se utilizó para solucionar un problema
social ahora se utiliza para incrementar la plantilla de los centros por
encima de la que tienen, incluso, los centros públicos.
En cuanto a que los profesores de apoyo de Baleares, Ceuta y Melilla no
tengan que cubrirse únicamente del Plan de Recolocación, éste es un
precepto que viene del acuerdo entre la enseñanza privada y el
Ministerio, y no tiene ningún sentido incluirlo en la Ley si ya se está
cumpliendo como tal precepto. Pero es que,
además, ni siquiera es conveniente incluirlo en la Ley, porque en estos
momentos buena parte de las plazas que tradicionalmente quedaban
desiertas en estas Comunidades Autónomas de Ceuta, Melilla y Baleares ya
se están empezando a cubrir utilizando las normas generales incluidas en
el acuerdo. En este sentido, lo que regula su enmienda es una excepción
cada vez más minoritaria e, incluso, es posible que en el curso 1994-95
desaparezca del todo. En cualquier caso, en estos momentos queda
perfectamente salvado el precepto con mantenerlo en el acuerdo.
Como ya he hecho referencia a los profesores de apoyo en otras enmiendas,
paso directamente a las enmiendas del Partido Popular que hacen
referencia a otros artículos del proyecto, agradeciendo la retirada de la
enmienda número 77.
En cuanto a la enmienda número 76, la modificación que se propone al
artículo 15 del proyecto añade más confusión que otra cosa, porque lo que
regula el artículo 15 del proyecto es exclusivamente la gestión del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, cuya administración y gestión es
competencia exclusiva del Ministerio de Economía y Hacienda. Si
incluyéramos otros fondos comunitarios, deberíamos incluir a los
Ministerios afectados; pero, además, en el caso de las partidas del
FEDER, por ejemplo, la información que se solicita está perfectamente
regulada a través de los comités de seguimiento, donde están presentes
todas y cada una de las Administraciones públicas que participan en la
gestión de los fondos FEDER, es decir, en este sentido es una información
perfectamente conocida y que está en el ámbito de todas las formaciones
políticas. No parece conveniente que al control que establecen los
comités de seguimiento para estos Fondos, y donde están presentes todas
las Administraciones Públicas y, por ende, todos los grupos políticos
presentes en esta Cámara, superpongamos, además, otro control diferente
de las Cortes Generales, que probablemente no añadiría más que
complicaciones sin incrementar la información. En este sentido, no
podemos aceptar la citada enmienda, porque además confunde lo que es la
gestión del FEDER, exclusiva del Ministerio de Economía, con la gestión
de otros fondos que hacen otros Ministerios.
La enmienda número 78 pretende que la misma documentación que entrega la
Intervención General del Estado al Tribunal de Cuentas la entregue a las
Cortes Generales. Aquí voy a hacer una reflexión con carácter general al
problema de la información presupuestaria. El problema de la información
que se tiene desde las Cámaras de la gestión presupuestaria del Gobierno
está siendo objeto de discusión, y esperemos que lleguemos a un acuerdo
entre todos los Grupos Parlamentarios a través de la discusión de los
Reglamentos de las Cámaras, del Reglamento del Congreso y del Reglamento
del Senado. Es razonable que lleguemos a un acuerdo sobre la manera de
que estemos mejor y más cumplidamente informados de la gestión del
Gobierno. Pero esto, que debe ser objeto de discusión en este trámite, no
debe hacer que las Cortes Generales asuman por sí mismas una función que
tienen encomendada directamente a otros órganos que dependen de ellas; y
en este caso el Tribunal de Cuentas, que depende de las Cortes Generales,
es el órgano encargado de examinar la documentación a la que se hace
referencia en la enmienda del Grupo Popular. No parece razonable que las
Cortes Generales suplanten o superpongan una función del Tribunal de
Cuentas, cuando es bien sabido que dicho Tribunal rinde cumplida
información de su actuación, en lo que hace referencia a toda la
información que recibe del Gobierno, a las propias Cortes Generales, y es
por eso que no podemos aceptar esta enmienda.
En cuanto a las enmiendas de información presupuestaria, nos vamos a
remitir a las posibilidades que hay de concretar en la práctica cómo
llega la información de la gestión presupuestaria del Gobierno a los
Grupos Parlamentarios, lo cual en estos momentos está discutiéndose en
los Reglamentos del Congreso y del Senado.
La enmienda número 79, respecto de que sea el Ministerio de Economía y
Hacienda el que aplique presupuestamente determinadas transferencias del
INSALUD, pensamos que no es muy razonable, porque es el INSALUD el que
las aplica.
En cuanto a las enmiendas de los Anexos, también hay que hacer una
consideración general en cuanto a las propuestas del Grupo Popular sobre
el acuerdo de analogía de las retribuciones del personal de los centros
privados sobre el personal de los centros públicos. El acuerdo no es de
equiparación salarial, porque no puede existir dicha equiparación entre
un funcionario y quien no lo es, sino que es un acuerdo de analogía que
viene a decir que lo que se retribuye al profesor de enseñanza privada es
el trabajo que viene realizando en un centro docente, y no, por supuesto,
su no condición de funcionario; además, las retribuciones de los
profesores de la enseñanza privada tradicionalmente han sido muy
inferiores en este país, y han subido bastante en los últimos años
precisamente por al sensibilidad del Gobierno. Pero esto no quiere decir
que un profesor de un centro de enseñanza privada deba cobrar exactamente
lo mismo que un funcionario que presta sus servicios en un centro de
enseñanza pública, porque el segundo es funcionario, aprobó una oposición
y tiene complementos salariales como el de destino, por ejemplo, que son
absolutamente inherentes a su condición de funcionario y que nunca va a
cobrar un profesor de enseñanza privada que nunca ha aprobado una
oposición y que nunca, por tanto, ha tenido que trasladarse fuera de su
lugar de residencia a 500 kilómetros porque le han destinado allí y, por
tanto, nunca ha tenido ese tipo de trastornos ni de problemas que son
inherentes al servicio de la función
pública. El acuerdo de analogía se está cumpliendo, y en el año 1994, con
el proyecto de Ley de Presupuestos que presenta al Gobierno, se cumple
íntegramente. Incrementar más las retribuciones de los profesores de
enseñanza privada supondría quebrar el principio de analogía para superar
en las retribuciones de estos profesores lo que se consideraba que era la
parte de retribución que debían cobrar igual que los de la pública,
además, en un año en el que los profesores de los centros públicos de
enseñanza se van a ver afectados --como el resto de los funcionarios--
por la congelación salarial. Como nosotros defendemos el principio de
congelación salarial para los funcionarios, no podemos aceptar que se
discrimine a éstos por encima del principio de analogía subiendo las
retribuciones del profesorado de enseñanza privada. Por tanto, no podemos
aceptar las enmiendas presentadas en este sentido por el Grupo Popular,
que suponen, evidentemente, un incremento del gasto público, es decir,
que entran estrictamente dentro del ámbito de aplicación del artículo
134.6 de la Constitución y que, no obstante, el Gobierno, también por
sensibilidad con el trabajo de las Cámaras, no ha vetado aquí, permite
que se discutan y va a permitir a los Senadores socialistas que las
rechacemos con nuestros votos en la Comisión y esperamos que también en
el Pleno.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado.
Pasamos a continuación al turno de Portavoces.
¿Portavoz del Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Portavoz del Grupo Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular, el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Debido a la hora en la que estamos, con la mayor
celeridad posible para avanzar en el debate presupuestario --que será muy
largo-- en esta Comisión, solamente quiero hacer tres comentarios a las
afirmaciones del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de idiomas no tenga que
correr a cargo de especialistas, sino a cargo de maestros que reciben un
curso de reciclaje en idiomas, no deja de preocuparnos, porque creo que
se está incumpliendo la condición básica, establecida en la Ley, respecto
de lo que supone la enseñanza de idiomas.
Yo creo que los niños, por pequeños que sean, los idiomas los aprenden
bien o los aprenden mal, y ello tendrá mucho que ver con quién imparte
esa docencia.
En segundo lugar, me ha sorprendido mucho la afirmación tan tajante de
que hay dos clases de docentes, dos categorías de personas, y que sólo
una mera oposición separa a una de la otra. Bien es verdad que el hecho
de ser funcionario puede suponer en determinadas circunstancias, por
ejemplo, por la especialización del puesto de trabajo que se ocupe, o
bien por la responsabilidad en determinadas materias que exigen sigilo o
alguna otra restricción en el comportamiento, pero no precisamente por la
dispersión geográfica o por la posibilidad de que se establezcan destinos
geográficos diversos a los funcionarios, puede suponer --digo-- una
justificación de esa mayor retribución para determinadas categorías
dentro de la Administración, como ocurre con otros profesionales que
hacen tareas similares, pero precisamente en la docencia a mí me cuesta
creer que el portavoz socialista haga esta defensa tan ferviente, tan
entusiasta, de la diferencia de carácter que imprime una oposición en el
desarrollo de un puesto de trabajo que es absolutamente equivalente.
Por último, respecto a la enmienda al artículo diecisiete, yo creo que el
portavoz socialista no ha entendido bien lo que se está pidiendo. Lo que
se está pidiendo no es que la Intervención General del Estado envíe a las
Cortes Generales toda la información que envía al Tribunal de Cuentas,
porque espero que el Tribunal de Cuentas tenga mucha más información que
la mera memoria, el balance y la cuenta de resultados; lo que en realidad
nosotros estamos diciendo es que las sociedades y entes públicos, al
tiempo que envían a la Intervención General de la Administración del
Estado su memoria anual --porque, en definitiva, eso se resume en una
memoria anual y un informe de auditoría que ocupa una página de esa
memoria--, la envíen a las Cortes Generales. Bien es verdad que se pueden
conseguir esas memorias --concretamente, no hace mucho tiempo se
publicaba un anuncio en «Cinco días», al que si se contestaba te mandaban
tres memorias, y de ellas, dos de empresas públicas; por cierto, yo
contesté--, pero a mí lo que me gustaría es recibir las memorias en el
Senado y darle una cierta formalidad al acto del envío de las memorias,
balances y cuentas de resultados de las empresas y entes públicos. Por
tanto, no nos referimos a que la Intervención General nos envíe toda la
información, que será un aluvión de papeles, una montaña de documentos,
porque supongo que ésa será la documentación que se envíe al Tribunal de
Cuentas; insisto en que no es ésa la información que se pide en esta
enmienda, sino, fundamentalmente, las memorias que, por otro lado, esas
sociedades y entes públicos están obligadas a hacer públicas anualmente.
Ese es el sentido de la enmienda.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Senador
Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente, intervendré
con la máxima brevedad.
Yo tuve la suerte de ser ponente por mi Grupo en el debate de la LOGSE en
el Senado en la pasada legislatura, y quiero significarle al Senador
Utrera que el acuerdo de que solamente fueran maestros los que
impartieran clases en el ciclo primario de la enseñanza obligatoria en la
Educación Primaria fue adoptado unánimemente por todos los Grupos, no
hubo discrepancia alguna sobre ese tenor, sin perjuicio de que los
maestros estén especializados en idiomas, o bien en ciencias sociales, o
bien en otro tipo de materias, porque en ese ciclo educativo se entendía
que primaba la capacidad de enseñar sobre los conocimientos, y la
capacidad de enseñar es, evidentemente, mayor en un maestro que en un
licenciado universitario --se lo digo como licenciado universitario, es
decir, tirando piedras contra mi propio tejado--. Repito que fue un
acuerdo unánime.
En cuanto a los profesores de enseñanza privada, tengo que discrepar con
el Senador Utrera porque, si bien es cierto que los profesores de
enseñanza privada han estado tradicionalmente discriminados en España,
retributivamente hablando, respecto de los de la pública, han tenido
mayor jornada y menor salario --cuestión esta en la que en los últimos
años se ha avanzado bastante gracias al acuerdo de analogía que ha
impulsado el Gobierno socialista, y no gobiernos anteriores, teóricamente
más sensibilizados con los problemas de la enseñanza privada--, también
es verdad que los principios de selección del personal que tiene la
Administración del Estado, los principios constitucionales de mérito y
capacidad, no se cumplen en la enseñanza privada, lo cual no es decir
nada peyorativo para la enseñanza privada, Senador Utrera. Para ser
profesor de un centro público de enseñanza hay que pasar una oposición y
para ser profesor de un centro de enseñanza privada basta, en muchos
casos, con ser un miembro de la Orden que regenta el centro, lo cual es
perfectamente lógico, razonable y responde al principio constitucional de
libertad de enseñanza; pero no se puede hacer tanta tabula rasa del
principio constitucional de selección del personal que presta sus
servicios a la Administración del Estado --y, como tal, a todos los
españoles-- con la contratación por una empresa privada de un personal
por razones de afinidad, que son perfectamente razonables pero que,
evidentemente, se corresponden con otra dimensión.
Respecto a la enmienda número 78 al artículo diecisiete, voy a hacer
simplemente una consideración. Si el Senador Utrera se refiere únicamente
a las memorias, en Pleno llegamos a una transacción sobre esta enmienda
para que las memorias sean remitidas a las Cortes Generales; pero es que
no solamente se refiere a las memorias, se refiere al balance, a las
cuentas de pérdidas y ganancias, al informe de gestión y al informe de
los auditores cuando la sociedad esté obligada a auditoría, información
que no es estrictamente una memoria y que creo que es lo que le interesa
de verdad conocer al Senador Utrera, ya que a la memoria --como bien ha
dicho antes-- tiene acceso sin ningún problema.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado.
Título III artículos veintiuno a treinta y cinco.
Pasamos al Título III, artículos veintiuno a treinta y cinco.
En primer lugar, para defender la enmienda número 1.567, de los Senadores
Cañellas Fons, Font Barceló, Juan Cardona, Escudero Sirerol y Vidal
Bibiloni, tiene la palabra el Senador Font.
El señor FONT BARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda se refiere al artículo veintiuno, y se justifica en que,
respecto a las empresas mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente
al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Corporaciones Locales, es
lógico que estén sometidas al mismo régimen que las instituciones a las
que pertenecen. Y esto viene un poco al hilo de lo que se estaba
discutiendo sobre discriminaciones entre personas que hayan superado unas
oposiciones y otras que no las hayan superado y estén trabajando en
empresas de este tipo, lo cual crea, en definitiva, una discriminación
entre funcionarios o empleados que pertenecen a la Administración y los
que pertenecen a este tipo de empresas. Por ello presentamos esta
enmienda adicional al artículo veintiuno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Font.
Las enmiendas números 824 a 844, ambas inclusive, correspondientes al
Senador Cuevas González y a la Senadora Vilallonga Elviro, han sido dadas
ya por defendidas.
Enmienda número 1.300, correspondiente al Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 1.300 está mal ubicada en este Título III, ya que en
realidad se refiere al artículo cuarenta y dos, que corresponde al Título
IV, siendo muy similar a la enmienda número 1.301. Por tanto, me gustaría
que se tomara nota de que la defenderé en ese apartado.
Quiero pedir en principio una disculpa a la Comisión por traer una
enmienda, posiblemente transaccional, debido a que si bien la presentamos
también en el Congreso, parece ser que se ha traspapelado y en la
revisión
que he hecho he visto que no estaba integrada. Se trata de una enmienda
al artículo veintiuno, que coincide en parte con otra del Grupo Popular,
la número 86, porque de lo que se trata es de suprimir todo el apartado
cinco, que dice: «En las Leyes de Presupuestos de las Corporaciones
Locales correspondientes al ejercicio de 1994 deberán recogerse
expresamente los criterios señalados en el presente artículo.»
Justificamos esta enmienda porque entendemos que tanto el apartado cinco,
como en las letras b) y c), que hacen referencia a las Administraciones
de las Comunidades Autónomas y los organismos de ellas dependientes, así
como a las corporaciones locales y organismos de ellas dependientes, de
conformidad con los artículos 126, etcétera, estimamos que debe ser
totalmente eliminado, por cuanto que dicho precepto afecta a la autonomía
financiera de las Comunidades Autónomas, así como a su capacidad de
gestión y negociación con los agentes sociales.
Si bien es cierto que la autonomía financiera ha de sujetarse a los
principios de coordinación con la Hacienda estatal, no puede ser adecuada
para ello la vía de los Presupuestos, sino el Consejo de Política Fiscal
y Financiera y el Consejo Superior de la Función Pública.
Resulta impensable que, no habiéndose ni tan siquiera informado a las
Comunidades Autónomas, ni habiéndose oído a las mismas sobre las medidas
que se recogen en el proyecto de Presupuestos respecto a las
retribuciones de los empleados públicos, se impida a éstos gestionar su
propia política de personal y de negociación que, por otro lado, no es
sino el ejercicio de una legítima competencia. Los pactos y acuerdos en
otras Administraciones públicas diferentes a la del Estado pueden
contener otras cláusulas referentes al ámbito temporal o a políticas de
revisión o a fijación salarial no coincidentes con las del Estado en su
ámbito de negociación. Estas pueden ser pactadas en el ejercicio de sus
competencias sin que aquéllas hayan podido ser previamente orientadas en
el seno de los órganos de coordinación previstos a tal efecto, como lo es
el Consejo Superior de la Función Pública, que entre otras competencias
tiene atribuida la de debatir y proponer las medidas necesarias para la
coordinación de las políticas de personal de las distintas
Administraciones públicas, y en especial, entre otros aspectos, en lo
referente a retribuciones.
Lógicamente, el apartado cinco debe eliminarse, por cuanto que impone la
obligación de confeccionar de una forma concreta y terminante las leyes
de presupuestos tanto de las Comunidades Autónomas como la de las
corporaciones locales, sin título competencial alguno que posibilite al
Estado imponer tales aspectos obligacionales.
Nada más, señor Presidente; muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
Voy a hacer dos aclaraciones. En primer lugar, en relación con la
ubicación de la enmienda 1.300, diré que no es responsabilidad ni de los
Servicios Jurídicos ni de la Cámara, sino del propio Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos. En relación con la transaccional,
quiero advertirle que no es que sea posiblemente transaccional, es que
tiene que ser necesariamente transaccional, y para ello, lógicamente, ya
que ha hecho referencia a la enmienda del Partido Popular, tendrá que
llegar a un acuerdo en el texto, a un texto refundido entre el Partido
Popular y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
No obstante, en relación con las enmiendas traspapeladas que decía su
señoría, yo le recomendaría, en cualquiera de los casos, otra
alternativa: volverlas a presentar en el Registro, dirigirlas a la Mesa y
a la Junta de Portavoces de la Cámara para que vayan a Pleno.
Para defender la enmienda de veto número 80 al Título III y las números
81 a 116 ambas inclusive, tiene la palabra el representante del Grupo
Popular, Senador Espert, por un tiempo de diez minutos.
El señor ESPERT PEREZ CABALLERO: Gracias, señor Presidente.
Con la mayor brevedad posible, voy a intentar defender muy globalmente
todas estas enmiendas.
En principio, el veto al Título III lo fundamentamos en que es difícil
compartir la política retributiva articulada en este Título. Y ello
porque no cabe duda de que carga sobre el personal al servicio de la
Administración la crisis; casi parece que le hace culpable; hace culpable
a las retribuciones de los funcionarios públicos del déficit público,
cuando todos sabemos que ese déficit se origina principalmente por otras
muchas causas, como son una mala gestión, la existencia del fraude, un
gasto corriente incontrolable, etcétera.
No creemos que pueda desmotivarse a los empleados al servicio de la
Administración Pública, desmotivación que es mucho mayor si tenemos en
cuenta los peligros que para ellos se ciernen en las medidas de
acompañamiento o en la Ley de Medidas de Acompañamiento en lo que afecta
a la Función Pública.
Hemos presentado también a este Titulo enmiendas que tienden a evitar la
discrecionalidad, o mejor dicho, para evitar que la discrecionalidad que
muchas veces es necesaria en la Administración se convierta en
arbitrariedad, y tratamos de evitar que a través de determinados
preceptos se busque un escape a las medidas de restricción de los
incrementos salariales o de congelación que propone el proyecto de Ley.
Pasando en concreto a los artículos del Título, en primer lugar
englobamos todas aquellas enmiendas que podemos denominar de
anticongelación, como son las números 80, 81, 87, 88, 89, 93, 95, 96, 99,
100, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113. En todas ellas el Grupo
Popular propone, para evitar precisamente esa pérdida de poder
adquisitivo de los funcionarios y ese especial sacrificio que a ellos se
les exige cargándoles la responsabilidad, o al menos la culpa o las
consecuencias de la crisis, que las retribuciones básicas de los mismos
se incrementen en un 3,5 por ciento. Con la especialidad, por lo que se
refiere a la enmienda número 95, de que al establecer los complementos de
destino, proponemos una escala gradual que va del cero por ciento, es
decir, la congelación total para los altos niveles de la Administración,
y el 3,5 por ciento hasta el nivel 17; es decir, los niveles inferiores.
Por otra parte, para igualar al Régimen General de los Funcionarios y
para que alcance a los mismos este incremento salarial del 3,5 por
ciento, proponemos que se aplique también a la Guardia Civil, al Cuerpo
Nacional de Policía, a los funcionarios o personal estatutario de la
Seguridad Social, a las Fuerzas Armadas, a los Sanitarios locales y a los
Cuerpos Judicial y Fiscal.
Existe otro grupo de enmiendas con las que pretendemos evitar que puedan
burlarse precisamente las restricciones de incremento salarial cero, la
congelación total, como se propone en el proyecto de Ley, porque nos
tememos que los de siempre, los menos favorecidos, serán los que no
puedan percibir ventaja alguna de los cauces que abren estos preceptos
que seguidamente voy a enumerar.
La enmienda número 83 es de supresión al artículo 21.tres, que admite
determinadas adecuaciones con carácter singular y excepcional. Nos
oponemos a dicho precepto porque tenemos muchas dudas de quién pueda ser,
con qué criterio de justicia y de objetividad, va a juzgar esas
circunstancias singulares y excepcionales.
Asimismo, con la enmienda número 90 solicitamos una modificación del
artículo 24.3, pidiendo que los complementos de productividad de los
altos cargos tengan expresamente una limitación de forma y que sus
retribuciones totales no puedan exceder la de los Secretarios de Estado.
De alguna forma hay que fijar un límite a la discrecionalidad de la
distribución de tales complementos.
Con las enmiendas números 91, 92 y 94 al artículo 24 intentamos evitar un
escape al control del gasto, o de las normas restrictivas sobre las
retribuciones de los funcionarios y personal no funcionario de las
Administraciones públicas. Por ello, se incluye en la congelación a los
altos cargos de Sociedades y Entes públicos.
En la enmienda número 114 eliminamos situaciones singularizadas, por el
argumento que ya hemos repetido de evitar la arbitrariedad a la que,
indudablemente, lleva en muchos casos la discrecionalidad aplicable en
estos supuestos.
Por otra parte, con las enmiendas números 84 y 85, relacionadas con el
artículo 21.cuatro, en la primera se pide la supresión del mismo, porque
entendemos que la convocatoria de plazas para nuevo personal debería
estar ubicada en las disposiciones que regulan la Oferta de Empleo
Público.
Sin embargo, subsidiariamente hemos introducido una modificación a esa
excepción que establecía el artículo 21.4, en el sentido de intentar
limitar, objetivizar y eliminar al máximo la discrecionalidad; mientras
que el precepto permite las convocatorias cuando excepcionalmente se
consideren inaplazables, nuestro texto establece que se limitarán a las
que excepcionalmente y previa acreditación de este extremo en el
correspondiente expediente administrativo, no puedan ser cubiertas
mediante procedimientos de promoción interna. Es decir, si en las medidas
de acompañamiento estamos buscando una readaptación de los recursos
humanos, es lógico que, en primer lugar, se acuda a esta medida en vez de
hacer convocatorias de nuevas plazas.
La enmienda número 86, que creo que coincidía con la del representante
del Grupo Vasco, pretende la supresión de una redundancia y reiteración
inútil, proponemos la eliminación del número cinco del artículo veintiuno
ya que en su número uno dice que a los efectos de los establecido en el
presente artículo, constituyen el sector público --y entre otras
enumera-- las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales y, en uno u otro caso, los organismos de ellos
dependientes. Entendemos que es reiterativo y, por tanto innecesario;
aparte de que, no cabe duda, encubre una desconfianza hacia los rectores
de estas administraciones territoriales de orden inferior al Estado.
Con la enmienda número 97 pretendemos la supresión del artículo
veinticinco, uno, e), norma segunda, porque hace referencia a unos
créditos globales con relación al artículo veintidós, uno, b) que no
habla para nada de créditos globales.
Respecto a la enmienda número 98 es lógico que planteemos la supresión
del inciso: «salvo que dicho complemento esté vinculado a la condición de
funcionario de carrera», porque dada la naturaleza del complemento de
productividad, por definición, creemos que es obvia esta aclaración.
La enmienda número 102 responde a que creemos que es una omisión que no
se hayan cuantificado las retribuciones de los militares de empleo de la
categoría de tropa y marinería profesionales y que no deben quedar en el
aire o a resultas de una disposición reglamentaria porque, como norma
básica presupuestaria, es obligado que en los presupuestos figuren los
créditos correspondientes a dichos gastos.
Por último, señor Presidente, en las enmiendas números 115 y 116 pedimos
la supresión de los artículos treinta y cuatro y treinta y cinco. Del
artículo treinta y cuatro porque elimina la autonomía que es la esencia
de la negociación colectiva, aparte --y que me parece más peligroso-- de
las referencias que hace a
contratos fuera de convenio, retribuciones por contrato individual,
mejoras salariales de tipo unilateral, figuras todas ellas que nos
parecen sumamente peligrosas y a cuya desaparición debe aspirarse.
También proponemos la supresión del artículo treinta y cinco porque
permite la contratación de personal laboral con cargo al Capítulo VI de
inversiones. Por muchas razones que se nos den, no cabe duda de que dicha
inclusión es siempre incorrecta porque desnaturaliza la estructura
presupuestaria y cambia la «ratio» entre gastos de personal y gastos de
inversiones, falseando realmente la imagen que debemos tener del
presupuesto de esos dos grupos de gastos; el de gastos corrientes y el de
gastos de inversión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Espert.
Para el turno en contra, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, como una reflexión general, quiero indicar que todas
aquellas propuestas que van dirigidas a incrementar, de alguna manera,
las retribuciones del personal al servicio del sector público es un tema,
exactamente igual que con la ampliación de la oferta de empleo público,
que preocupa al Partido Socialista; básicamente porque son dos
componentes muy importantes en la contención del gasto público y, sobre
todo, por ese objetivo prioritario que compartimos todos los Grupos, de
reducir el déficit público en unos momentos de crisis. Por tanto, siendo
una situación que podría estar en la mente de todos y que ha estado en la
mentalidad y en las propuestas del Partido y del Gobierno Socialista,
cuando a lo largo de todos estos años las retribuciones de los
funcionarios han subido, ahora no parece que sea el momento oportuno para
ello porque una política rigurosa e imprescindible, en momentos de crisis
como éstos, exige estos sacrificios y es un objetivo prioritario para el
Gobierno y el Partido Socialista.
Estas reflexiones de carácter general y que podré comentar más
puntualmente en las enmiendas singulares, me introducen ya en el debate
de las mismas. La primera de ellas es la número 1.567 expuesta por el
señor Cañellas y otros Senadores y que planteaba la exigencia de incluir
en el artículo 21 un nuevo epígrafe en el que las sociedades mercantiles
fuesen incluidas en el artículo veintiuno, uno. Para el Grupo Socialista
no parece oportuno que en la definición del sector público se introduzcan
sociedades mercantiles que tienen un carácter totalmente privado y que ya
reconoce el apartado 6.1 a) del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria como entidades que se rigen por sus consejos de
administración, etcétera. (El señor Vicepresidente Garcías Coll ocupa la
Presidencia.)
Al Senador Torrontegui, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, debo
decirle que, en efecto, yo también había detectado la mala ubicación de
la enmienda 1.300. Y no sé si el Grupo Popular va a aceptar o no su
enmienda transaccional. Pero junto con la enmienda número 86 del Grupo
Popular, puedo contestarles, conjuntamente, que va a ser rechazada por
nuestro Grupo porque entendemos que el texto constitucional refrenda que
sean los textos de la ley de Presupuestos los que recojan esa obligación
tanto de las corporaciones locales como de las Comunidades Autónomas de
establecer criterios presupuestarios como los que estamos señalando en
estos momentos. Por tanto, puesto que la Constitución nos ampara, creemos
que es importante y positivo tenerlo en cuenta porque el Grupo Socialista
está convencido de que para todos los Grupos es un objetivo prioritario
contener el gasto y reducir el déficit y eso debe ser extrapolable a las
corporaciones locales y a las Comunidades Autónomas. Y además, creo que
es importante señalar que nos avalan sentencias del Tribunal
Constitucional. Creo que es preciso apelar al Tribunal Constitucional,
pero que sus respuestas y sus resoluciones sean siempre aceptadas, hayan
sido solicitadas por unos o por otros, con la misma disciplina. Por
tanto, va a ser rechazada la enmienda número 86 del Grupo Popular y, por
consiguiente, la que planteaba el Senador Torrontegui.
El representante del Grupo Popular en una primera intervención ha hecho
una reflexión de tipo general argumentando la enmienda de veto
básicamente en la culpabilización que, según él, hace el Gobierno
Socialista con los empleados públicos y también sobre la desmotivación de
los empleados públicos en estos presupuestos, no sólo congelando sus
retribuciones, sino también en la ley de medidas de acompañamiento.
No voy a contestar a este tipo de argumentos en cuanto a la ley de
medidas de acompañamiento, que se debatirá en la correspondiente Comisión
de Economía, pero sí indicaré algo que creemos importante. La masa
salarial de los empleados públicos ha venido creciendo siempre por encima
de la inflación hasta 1992, en paralelo a un crecimiento sin precedentes
de la economía y del bienestar en España. Creemos que en momentos de
crisis puede ser y es importante, como he señalado en la reflexión que he
hecho al principio de mi intervención, que, aunque no sea deseable, sí es
imprescindible hacer este esfuerzo respecto a dicho colectivo; también
--creemos que es importante señalarlo-- porque este tipo de actuaciones
puede y debe tener trascendencia e incidencia en todas las intervenciones
con la negociación colectiva sobre los empleados del sector privado,
puesto que en momentos de crisis todos, sector público y sector privado,
tendremos que hacer sacrificios.
El Senador del Grupo Popular planteaba una serie de enmiendas puntuales
que voy a pasar a contestar.
Respecto a la enmienda número 83, que pretende suprimir el punto 3 del
artículo veintiuno, argumentando que esas excepcionalidades pueden crear
incluso arbitrariedad, creo que es un incremento no sólo adecuado sino
también imprescindible el que podamos mantener este tipo de medidas, ya
que con ello la administración puede cambiar los sistemas de
organización, de trabajo, la clasificación profesional y algunas otras
actuaciones que si no se prevén con este carácter excepcional serían
inviables y, consecuentemente, la administración perdería agilidad, lo
que creo que no está en la intención de ninguno de los Grupos de esta
Cámara.
Otra enmienda que señalaba el representante del Grupo Popular era la
número 90, relativa a los altos cargos, pretendiendo limitar la
retribución de los subsecretarios y directores generales. En primer
lugar, debo decirle que su régimen retributivo está establecido en la Ley
30/1984, equiparándolos a los del grupo A. Consecuentemente, sería
discriminatorio tener alguna actuación distinta para estos altos cargos
que no sea exactamente la que se tenga para los funcionarios
correspondientes al mismo Grupo. Ahora bien, también hay que indicar que
todos los subsecretarios reciben la misma retribución y no así los
directores generales que, a través de complemento de productividad y en
función de sus competencias y responsabilidad, reciben un tipo de
retribución u otro, pero que sus señorías conocen. De hecho, algunos
Senadores y Diputados han pedido información al respecto mediante
preguntas parlamentarias, por lo que disponen de toda la transparencia
sobre esas cuantías.
Otra enmienda que planteaba es la número 94, tratando de establecer
límites y controles en las retribuciones del personal directivo de las
sociedades mercantiles. Me sirve la respuesta que le daba al Senador
Cañellas en tanto en cuanto el apartado al que usted se refiere sobre las
sociedades mercantiles no parece que sea adecuado introducirlo en los
Presupuestos Generales del Estado, puesto que se trata de retribuciones
no sólo de trabajadores que no pertenecen al sector público, sino que
además se refiere exclusivamente a los directivos de esas sociedades. Por
tanto, no parece éste el lugar adecuado, además de que para que existan
medidas de control, están sometidos al mismo del Ministerio de Economía y
Hacienda.
En cuanto a la enmienda 102, que propone modificar la redacción en un
doble sentido, puesto que, de una parte, pide que se cuantifiquen las
retribuciones de los militares de empleo de categoría de tropa y
marinería y, de otra, la del personal de tropa de reemplazo, hay que
señalar una salvedad y es que el artículo veintiséis se refiere a cuando
esa prestación de servicio no es permanente. En consecuencia, es muy
difícil cuantificar en este apartado algo que no tiene dicho carácter,
por lo que parece obvio que la enmienda será rechazada en estos términos.
Para poder garantizar que esos trabajos de tipo no permanente se puedan
realizar hay que prever esta excepcionalidad en el artículo.
Respecto a la enmienda 115, que pretende suprimir el artículo treinta y
cuatro, argumentando de alguna manera que deja sin contenido el derecho a
la negociación colectiva y que impide la fijación de incrementos
salariales con carácter plurianual, diré que dicho artículo es un
instrumento que se plantea para el personal laboral y no funcionario y va
dirigido a que los convenios colectivos se ajusten, pero nunca puede
pensarse que esos acuerdos vayan en contra de lo que es la planificación
económica general que se recoge en los Presupuestos Generales del Estado.
Es evidente --y lo reconocerá su señoría-- que si queremos llevar a cabo
una política de contención del déficit ello nos obliga a planificar la
actividad económica con carácter general, también en este tipo de
convenios. Por tanto, la enmienda se rechaza.
Por último, respecto a la enmienda 116, que trata de suprimir el artículo
treinta y cinco, sobre contrataciones de personal con cargo a créditos de
inversiones, diré que no se trata de contratos eventuales, señoría, para
realizar inversiones, como ha dicho, sino de contratos temporales que se
realizan con el fin de agilizar la inversión directa y la prestación de
servicios por parte de la Administración. Si no se cuenta con ese
instrumento difícilmente el Estado, cuando es ejecutor directo de una
obra o de un servicio, puede actuar con agilidad. Volvemos a plantearnos
si quizás no se trate de que a veces parece oportuno que la
Administración socialista no sea ágil.
Muchas gracias. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pleguezuelos.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Siento disentir tajantemente de lo que ha dicho la Senadora del Grupo
Socialista, ya que encorsetar de tal forma tanto a las autonomías locales
como a las autonomías de las Comunidades es una falta absoluta de
libertad, con lo que no creo que se gane nunca en eficacia.
Si hay crisis todo el mundo respetará las medidas que se toman porque le
afectará, pero aquellos a los que no les afecta directamente creo que
tendrán suficiente libertad como para poder moverse de otra forma --es
lógico--, quizás de una forma extraña. No obstante, posiblemente sea
bueno para que exista mayor imaginación
en el servicio público para utilizar sistemas justamente contrarios a los
que pretendemos aquí, porque para incentivar o mejorar singularidades
supongo que esa postura unitaria resulta absolutamente irracional. Creo
que un municipio turístico o industrial, por ejemplo, requiere soluciones
completamente distintas si se encuentra en un momento de declive o de
ascenso. Por tanto, creo que hay que dejar claro que la justificación que
ha esgrimido la portavoz socialista no es convincente.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
No obstante, le quiero advertir a su señoría que deberá presentar a esta
Mesa la enmienda transaccional en cualquiera de los casos, de acuerdo con
el Grupo Popular.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
No puedo compartir los criterios que la Senadora socialista ha expuesto
para rechazar todas nuestras enmiendas.
En el aspecto general, al decir que rechazaba el que hubiera una
culpabilización o una imputación de las consecuencias de la crisis a los
funcionarios, ha argüido que su masa salarial ha sido superior a la de la
inflación hasta el año 1992 y que ahora, en época de crisis, puede
pedirse ese esfuerzo. Yo preguntaría a los representantes del Grupo
Parlamentario Socialista por qué, si se llega al pacto de rentas que
ellos proponen, el sector privado puede aspirar a unos incrementos del
2,5 por ciento, mientras que a los funcionarios, después de haber tenido
ya prácticamente una congelación en el ejercicio pasado, se les impone
ahora una congelación total a nivel 0. ¿Es que son de peor condición? ¿Es
que no rige para ellos el principio de igualdad del artículo 14 de la
Constitución?
Por lo que se refiere a las menciones concretas, aun admitiendo que la
referencia que hace el artículo veintiuno a Comunidades Autónomas pueda
estar amparada constitucionalmente, nosotros argumentamos que es
fundamental no caer en reiteraciones, y leyendo el punto 1 del artículo
veintiuno se comprueba que ya quedan incluidas las Corporaciones locales
y las Comunidades Autónomas en el presente artículo, porque dice: «A los
efectos de lo establecido en este artículo, constituyen el sector
público...», y el número dos, en el que se establece la congelación
salarial, habla de las retribuciones íntegras del personal al servicio
del sector público, que ha sido definido en el número anterior. Es decir,
sobra hacer una referencia a Comunidades Autónomas y a Entes Locales
salvo que exista, por un lado, desconfianza hacia sus rectores, o, por
otro, el temor de que se les desmanden, que no tiene razón de ocurrir.
En cuanto al artículo noventa, la limitación a las posibles retribuciones
de los Directores Generales la planteamos con el criterio más lógico, el
de que sus retribuciones totales no lleguen a la del Secretario General.
Y, ¿por qué? Porque pretendemos que el posible reparto de productividad,
que es un tema que siempre ha preocupado al Grupo Parlamentario Popular
por la arbitrariedad que en esos repartos puede producirse, tenga al
menos ese límite cuantitativo.
Por lo que se refiere a las limitaciones que afectan a altos cargos de
las sociedades, aprovecho también para defender la enmienda presentada
por el señor Cañellas Fons y defendida por el señor Font Barceló, en el
sentido de que tratándose de empresas cuyo capital es totalmente de la
Administración del Estado, es lógico que estén sometidos no sólo a las
normas de control, sino que lo deseable es que estuvieran sometidos
también a las mismas normas de contención de los incrementos salariales o
de congelación, en su caso, y a las mismas normas --voy más allá-- de
acceso del personal, porque es una forma muy fácil de eludir los
criterios que su compañero en el Título anterior defendía de mérito y
capacidad en relación con el personal docente, oficial o privado, y sin
embargo, por la vía de las sociedades estatales, ahí entra quien quiere,
con el sueldo que quiere, con contratos blindados, con pólizas de seguro
y con indemnizaciones pactadas muy superiores a las que establece la
legislación laboral.
El señor PRESIDENTE: Le recuerdo al Senador Espert que tiene un tiempo de
tres minutos.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Ya termino, señor Presidente. Gracias.
Por lo que se refiere a las últimas enmiendas, me parece muy bien que los
militares de tropa y marinería sean temporales, pero están por contrato,
y ustedes saben cuál es el contingente que se contrata, por tanto, se
puede valorar. Además, el párrafo anterior, que nosotros enmendamos,
cuantifica por tantos por ciento las retribuciones del personal al que se
refiere ese párrafo anterior.
Fíjese, señoría, nuestro Grupo admitiría que es válido como instrumento
la eliminación del artículo 34, pero insistiríamos en llegar a una
transaccional en la que se eliminaran esas referencias a los contratos
fuera de convenio, a retribuciones pactadas individualmente, porque
deberíamos tener el firme propósito de acabar con todas esas figuras.
Por último, en cuanto a la eliminación de los contratos con cargo al
Capítulo VI, no se trata de quitar agilidad a la Administración. No se le
quita ninguna, si contablemente en los presupuestos y en técnica
presupuestaria todo lo que sea gasto de personal va al Capítulo
I, aunque se trata de obras realizadas por la propia Administración, para
lo cual haya que contratar personal.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Espert.
Como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
Senadora Pleguezuelos por un tiempo de tres minutos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Torrontegui, en efecto, a veces hay que tener imaginación y dar
soluciones distintas, pero que este artículo recoja el carácter
obligatorio para las Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas de la
congelación salarial de sus funcionarios no exime de tener imaginación ni
a los Ayuntamientos ni a las Comunidades Autónomas, porque hay muchas
otras variables que deben permitirnos a todos, tanto a la Administración
Central como a las Administraciones Autonómicas y a las Corporaciones
locales, decidir cuáles son los otros caminos para contener el déficit
que todos tenemos que colaborar a reducir. Por tanto, no creo que en aras
de coartar la libertad --que no se coarta-- o la imaginación y dar
soluciones distintas pueda argumentarse la no obligatoriedad en este
precepto de los entes territoriales distintos.
Señor Espert, comprendo perfectamente que no comparta nuestros criterios;
pertenece usted a un Grupo de la oposición que ha presentado un número
cuantioso de enmiendas y que, lógicamente, se opone sistemáticamente --a
veces yo diría que no tan lógicamente-- a lo que son las políticas
desarrolladas por este Gobierno, y consecuentemente plantea sus legítimas
enmiendas, como también son legítimos los argumentos que yo le esgrimo en
este momento para mantener el rechazo a las mismas.
Respecto a a enmienda correspondiente al artículo 86, el punto 1 del
artículo veintiuno lo que hace es definir lo que es el sector público, y
porque nombre a las Corporaciones locales o a las Comunidades Autónomas,
no creo que lo que esté haciendo realmente sea dar un carácter de
obligatoriedad a lo que son los criterios de contención de las
retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público. No.
Eso se recoge en el apartado siguiente. En consecuencia, no puede
argumentarse que como el artículo uno cita ya a las Corporaciones
locales, está siendo reiterativo. No es reiterativo puesto que añade
nuevos preceptos.
Arbitrariedad en los repartos de la productividad, señoría, ninguna;
responsabilidad y rigor para dar una productividad consecuente y
coherente con cada uno de los criterios, responsabilidades y capacidades
que desarrolla cada Director General. Además --ya en algún momento se ha
debatido en esta Cámara-- usted antes me hablaba de que se podía
desmotivar, pues mire usted, también hay que motivar a los Directores
Generales como a cualquier funcionario, y éste es un camino totalmente
reglamentario para ello. La arbitrariedad no existe.
En cuanto al resto de las enmiendas, creo recordar que la número 102,
respecto a si era o no el carácter permanente...
El señor PRESIDENTE: Senadora Pleguezuelos, disponía de tres minutos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Inmediatamente termino, señoría.
Evidentemente el apartado anterior, correspondiente a los empleados de
tropa y marinería sí recogía porcentajes, pero los recogía porque era
personal cualificado y es mucho más fácil cuantificar cuándo el personal
está cualificado que cuándo no lo está y a veces ha de incrementarse el
número de efectivos correspondientes a cada programa.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos a continuación, al debate de los Títulos IV y IX, artículos
treinta y seis a cuarenta y cinco, ciento uno y ciento dos y sección 07.
La razón de continuar el debate es que en lugar de empezar a las
dieciséis horas, por una sugerencia y petición de la Comisión de
Economía, ya que se va a constituir la ponencia de dicha Comisión,
tendremos que empezar a las dieciséis horas y treinta minutos; por tanto
continuaremos el debate hasta las catorce horas y veinte minutos, y a
continuación votaremos.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, a pesar de que en el debate
de Pleno se unifican los Títulos IV y IX, nosotros pediríamos, si fuera
posible, que se debatieran por separado cada uno de ellos.
El señor PRESIDENTE: Perfecto.
¿Algún portavoz más quiere intervenir? (Pausa.)
El Senador Lobo tiene la palabra.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo defenderá en este turno también las enmiendas al Título IX si no
hay inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Intentaremos ponernos todos
de acuerdo.
Las enmiendas números 845, 846, 847, 848 y la 897 a la 903,
correspondientes a los Senadores Cuevas González y Senadora Vilallonga
Elviro, han sido ya dadas por defendidas.
Igualmente ha sido dada por defendida la enmienda número 1.237, del
Senador Ramón i Quiles.
Para defender las enmiendas números 1.300 y 1.301, correspondientes al
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador
Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
Como decía antes, yo creo que la enmienda número 1.300 va mejor dentro
del artículo cuarenta y dos. Tanto la enmienda número 1.300, como la
1.301 proponen una nueva redacción, con el fin de cumplir las leyes que
se han adoptado. Hay un colectivo que en este momento se siente
discriminado porque realmente no está recibiendo el tratamiento que
debiera. Recientemente se aprobó que tuviesen una pensión de carácter
extraordinaria, pero se sienten marginados y molestos porque son
pensiones que van directamente a los titulares y no podrían admitir a sus
viudas.
En cuanto a la defensa de dichas enmiendas me remito a los mismos
términos que figuran en su justificación, que creo que es lo
suficientemente amplia como para no tener que alargar la Comisión, y creo
que el portavoz Socialista las conoce suficientemente. Si después hay
alguna duda, podría aclararla.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
Para defender la enmienda número 1.156, del Grupo parlamentario de
Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
La damos por defendida en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda número 117, veto al Título IV, enmienda
número 233, veto a la Sección 07, y enmiendas números 118, 119, 120, 121,
187 y 188, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Lobo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi Grupo presenta al Título IV, de las pensiones públicas, y a la Sección
07, clases pasivas, sendas enmiendas de totalidad que son las que ha
leído minuciosamente el Presidente de esta Comisión
Como dice la justificación de nuestras enmiendas de totalidad antes
citadas, presentamos las mismas por una parte, porque no compartimos la
dimensión presupuestaria de la política de pensiones públicas reflejada
en los artículos de este Título y en la Sección correspondiente y, por
otra parte, porque consideramos necesario efectuar una redistribución de
los créditos presupuestarios entre los programas para, de esta forma,
poder lograr los objetivos señalados como prioritarios y porque, además,
pensamos que es conveniente introducir profundas modificaciones que de
una vez por todas pongan orden en el régimen de clases pasivas.
Hemos de decir, en primer lugar, que se persiste en la gravísima
injusticia que se está cometiendo con los pensionistas anteriores al 1.º
de enero de 1985 y sus derechohabientes al habérseles pasado de aplicar
un 80 por ciento sobre una base reguladora constituida por el sueldo
base, los trienios y las pagas extras, a otro sistema que con 35 años de
servicio se tiene derecho al cien por cien de un haber regulador
considerablemente más alto. Y esta discriminación, que nosotros
consideramos que es muy grave, lo es aún más en los casos de las
pensiones para familiares.
Las viudas de funcionarios de clases pasivas, jubilados o fallecidos con
anterioridad al 1 de enero de 1985, son las grandes víctimas de un
sistema que establece para determinar su pensión un porcentaje del 40 por
ciento sobre la base reguladora del causante, sueldos, trienios y pagas
extras, mientras que las posteriores al 1-1-1985 se determinan sobre un
porcentaje del 50 por ciento de la pensión del causante, calculada sobre
un haber regulador muy superior.
Nosotros hemos venido denunciando esta discriminación de forma reiterada
y siempre ha chocado, y no sabemos por qué, con la insensibilidad del
Gobierno y del Grupo parlamentario que lo sustenta. Ha chocado, incluso,
con una recomendación que en este sentido se produjo del Defensor del
Pueblo, el 11 de diciembre de 1991, en unos términos muy parecidos a los
que nosotros venimos demandando y denunciando. Con estas demandas
reflejadas en nuestras enmiendas pretendemos dar respuesta a algo que
están esperando muchas personas que no pueden entender cuál es la causa
real de su discriminación salarial.
Otra cuestión que nos motiva a presentar estas enmiendas, es que, a
nuestro entender, tampoco en los Presupuestos del próximo año se dan los
pasos necesarios en orden a una mayor armonización del régimen de clases
pasivas con el régimen general de la Seguridad Social. Subsisten
diferencias en lo que se refiere a la edad de jubilación: mientras que
los funcionarios adscritos al régimen general de la Seguridad Social
tienen que jubilarse forzosamente a los 65 años, ocurre que las clases
pasivas pueden hacerlo a los 60 con 30 años de servicio, sin aplicación
de coeficiente reductor, mientras que los funcionarios del régimen
general o no lo pueden hacer o, si lo hacen, es con aplicación de
coeficiente reductor. En cuanto a las viudas, su pensión de clases
pasivas supone el 50 por ciento de la pensión del causante, en tanto que
en el régimen general alcanza el 45 por ciento, pero de la base
reguladora. A la vista de estas diferencias, nos parece que se deben ir
tomando las medidas necesarias para lograr una armonización.
Y, por último, en lo que se refiere a la revalorización
de las pensiones, a los pensionistas hay que garantizarles el
mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas. La población activa,
en momentos difíciles como los que estamos atravesando, puede, de alguna
manera, esperar tiempos mejores con un cierto margen para recuperar sus
rentas, pero los pensionistas tienen serias limitaciones para la espera,
y por muy legítimas que sean las tomas de decisiones por el Gobierno y
por los interlocutores sociales en los pactos de rentas, las de los
pensionistas no deben ser un elemento de cambio para la recuperación del
empleo, y son las Cortes Generales, Congreso y Senado, las que deben
decidir, en el marco de los Presupuestos, estas revalorizaciones. De ahí
nuestras enmiendas estableciendo una cláusula de revisión.
Por todas estas razones y por otras en las que incidiré en el Pleno sobre
el debate de Presupuestos, pedimos la devolución al Gobierno del Título
IV y de la Sección 07.
Asimismo, en este momento, doy por defendidas en sus propios términos,
para una defensa más pormenorizada en el Pleno, nuestras enmiendas
parciales números 118, 119 y 121.
Al Título IX, Cotizaciones sociales, apartado tres del artículo ciento
uno, relativo a las cotizaciones al Régimen Especial Agrario, presentamos
dos enmiendas.
La enmienda número 187 es de adición, y en ella se pretende añadir, al
final del punto 1 de dicho artículo, la siguiente frase: «desapareciendo
la cotización por jornadas teóricas».
La enmienda número 188 pretende la supresión del punto 2, dado lo absurdo
que nos parece el sistema, ya que la cuota empresarial del Régimen
Especial Agrario establece un determinado número de jornadas teóricas en
razón de la superficie de tierra que pueda ser o no cultivada, sin
tenerse en cuenta para nada otros factores como puedan ser las
características de la mecanización o el hecho de que haya superficies
que, en determinadas ocasiones, se cultiven o dejen de cultivarse en
función del mercado en estos momentos. Por otra parte, con esta supresión
se eliminaría la doble imposición que de hecho se da, puesto que las
explotaciones con empleados cotizan también por jornadas reales.
Por todo ello, y porque esperamos que ustedes sean coherentes con su
Gobierno, que en febrero de este mismo año, concretamente el día 5,
aprobó la eliminación de la cuota empresarial de jornadas teóricas, si
bien es cierto que todavía no ha salido a la luz en el «Boletín Oficial
del Estado», estamos seguros de que aprobarán estas razonables enmiendas
de mi Grupo.
Por último, apelando a la generosidad del Presidente, y para que me
permita regresar a mi provincia sin demasiada niebla en el camino, voy a
dar por defendidas en sus propios términos unas disposiciones adicionales
y transitorias intrínsecamente relacionadas con estos títulos que
acabamos de defender. Se trata en concreto de las enmiendas números 192 y
193 a la disposición adicional doce, puntos uno y dos, la enmienda número
214, que lo es a una disposición adicional nueva, y la enmienda número
216, que hace referencia a la disposición transitoria tercera.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo.
Dado que el Grupo Socialista deja para la sesión de la tarde la
intervención en relación con su enmienda número 1.881, correspondiente al
Título IX, pasamos a continuación al turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Las enmiendas presentadas a este Título, así como un veto del Grupo
Parlamentario Popular, pueden englobarse en dos grupos. El primero
estaría formado por tres enmiendas diferenciadas, las números 846, 119 y
120. La primera es del Grupo de Izquierda Unida y las otras dos del Grupo
Parlamentario Popular. Hay otro paquete de enmiendas, a las que se ha
aludido en algunas de las intervenciones, que están referidas a la misma
cuestión, que es el planteamiento de algunas pensiones extraordinarias
del Régimen de las Clases Pasivas. Bajo este concepto hay varias
agrupadas, y a ellas me referiré posteriormente.
Tenemos que rechazar el veto del Grupo Popular, y las razones son muy
claras, rotundas y contrarias, precisamente, a las expuestas por el
Senador Lobo hace un momento. El ha hablado, por una parte, de que no
comparte la dimensión presupuestaria, lo cual resulta contradictorio,
aunque como no ha dicho si es porque es baja o porque es alta, no sé por
qué línea no la comparte, pero sí ha dicho que no la comparte, con lo
cual él se queda muy tranquilo al dar esa razón a este Senador. Yo espero
que precise, por lo menos en la réplica, si no la comparte porque las
dotaciones son muy altas o si no la comparte porque son muy bajas. Sí
quiero indicarle que, en cualquier caso, hay un aumento sensible de las
dotaciones presupuestarias para pensiones. Estas tienen un aumento
superior al 7,5 por ciento, y doblan otros aumentos que hay en partidas
presupuestarias dentro de los Presupuestos que estamos debatiendo, en
otras áreas de la Administración Pública. Lo que sí puedo decir es que
las enmiendas que proponen sí que no se compadecen con un criterio
atemperador de los gastos, como vienen pregonando sus señorías en
diferentes momentos y opciones. Las enmiendas de sus señorías, valoradas
aproximadamente, supondrían
aumentos de miles de millones para tratar de corregir las situaciones que
sus señorías plantean. De ahí, pues, que el interés de este Senador sea
conocer, desde el punto de vista presupuestario, cuál es la crítica, en
cuanto a dimensión, que plantean sus señorías.
También ha hablado de redistribución de los créditos entre programas,
pero tampoco ha aludido a qué créditos redistribuye entre los programas.
Espero que en una nueva intervención pueda sugerirme esa redistribución
de créditos y así poder darles después la opinión del Grupo Parlamentario
Socialista.
Su señoría ha dicho algo mucho más grave. Ha hablado de introducir
profundas modificaciones que pongan orden en el sistema de pensiones.
Nosotros, por el contrario, creemos que el sistema de pensiones, a partir
del año 1985 --y que, por cierto no contó con el voto del Grupo Popular,
sino con su oposición-- se ha manifestado como un sistema fiable y seguro
de pensiones, que está asegurando a ese colectivo tan trascendental para
los socialistas, que es el de la tercera edad y el de los jubilados, una
garantía en la revalorización de sus pensiones por encima del crecimiento
de los precios a partir del año 1982 y hasta ese momento, y éste es un
objetivo que se ha conseguido sin poner en riesgo el sistema de
financiación de la Seguridad Social. De ahí que, en vez de introducir
profundas modificaciones, lo que podría hacer es cargarse --y valga la
expresión-- este sistema de Seguridad Social. Si eso es lo que proponen
sus señorías, dígannoslo. Si no lo dicen ahora, díganlo en el Pleno, pero
si lo que realmente proponen son modificaciones profundas, debo decirles
que nosotros creemos que el éxito que ha tenido nuestro sistema de
pensiones es el haber ido introduciendo unas modificaciones paulatinas y
objetivas, año a año, muy posibilistas, analizando la capacidad de gastos
recogida para este fin en los Presupuestos Generales del Estado, y eso es
lo que ha hecho: mantener ese equilibrio exquisito entre posibilidades de
financiación y demandas, para ir cubriendo a los diferentes colectivos
sociales en sus situaciones particulares. Eso es lo que ha hecho que,
hasta este momento, tengamos un sistema estable de pensiones, que es lo
que este Senador desea que siga siendo en los años sucesivos. De ahí que
este Senador vea con temor y con auténtico pavor experimentos como los
que su señoría propone de profundas modificaciones. En todo caso, le
gustaría que se las concretara ahora en este momento o en el futuro
debate en el Pleno.
Aquí tenemos la muestra de que sus señorías no atemperan los gastos.
Proponen que todos los pensionistas anteriores al año 1985 vean
revalorizadas sus pensiones de acuerdo con el Régimen puesto en marcha a
partir del año 1985, lo cual no tiene ninguna justificación en la
historia de lo que son los sistemas de pensiones de nuestro país y de
otros países, ésta es la pura realidad. Dicen que es una discriminación o
una injusticia el que se mantengan estos colectivos. Señorías, lo que
tenemos que decir es que ha habido muchas reformas de los sistemas de
pensiones de nuestro país y que, además, el Régimen de la Seguridad
Social ha sufrido muchas más que el de las Clases Pasivas. Los cambios en
los sistemas de pensiones de las Clases Pasivas han sido muy reducidos en
comparación con los que se han producido en la Seguridad Social. Pues
bien, señorías, aun siendo el Régimen de la Seguridad Social el régimen
por excelencia del sistema de pensiones español, sin embargo, ha sufrido
transformaciones muy profundas --no digamos si empezamos ya desde la del
SOVI o la de la famosa perra gorda-- hasta el momento actual, pero los
pensionistas ha mantenido en cada momento las pensiones reconocidas en
función de sus cotizaciones y en función de la normativa que rigió ese
sistema de la Seguridad Social.
Por tanto, no se puede pretender, como pretenden las señorías del Partido
Popular, que se aplique a esos pensionistas del año 1985 las condiciones
del régimen actual. En aquel debate ustedes profirieron diferentes
anatemas contra ese sistema y votaron en contra. En este momento ustedes
sugieren que nosotros cometamos un error burdo en lo que sería el sistema
de pensiones, su estabilidad y las reglas del juego que lo definen según
las bases financieras que tiene que tener cada sistema que es un
compartimento estanco. De ahí que nosotros tengamos que rechazar la
enmienda.
Ustedes dicen que no se dan pasos para armonizar. Pues bien, les diré que
en todas las leyes se han dado pasos para armonizar las diferentes
situaciones de los colectivos. El portavoz de su Grupo, el Diputado
Núñez, en el debate en el Congreso de los Diputados reconocía los
esfuerzos que se han hecho. Todavía puede haber algunas diferencias entre
colectivos, pero creo que en esta Legislatura se irán corrigiendo algunas
de estas diferencias. Este es el deseo del Grupo Parlamentario
Socialista.
Respecto de la revalorización de pensiones, este Senador tiene que decir
que nosotros tenemos un compromiso de gobierno para efectuar la
revalorización de pensiones. Las pensiones se han revalorizado desde el
año 1982 hasta el año pasado multiplicándolas por un coeficiente
aproximado del 1,69, mientras que los precios han crecido multiplicados
por el 1,38. Este año, de acuerdo con lo que establecía la Ley de 1985
del Régimen de la Seguridad Social, se hace la revalorización de acuerdo
con el incremento de precios previsible para el año 1994. Después, es
voluntad del Gobierno socialista, y esto se está llevando a la mesa del
pacto social en el área de la política de rentas, proceder a una
revalorización si fuese necesario porque la inflación aumentase
más del 3,5 previsto. En este sentido, señorías, nosotros entendemos que
no es correcto técnicamente...
El señor PRESIDENTE: Senador Cercós, le ruego que vaya terminando.
El señor CERCOS PEREZ: Termino, señor Presidente. Es la última enmienda.
Decía que no sería técnicamente correcto que en una Ley de Presupuestos
para 1994, que recoge los gastos e ingresos para este año, se introdujera
ninguna cláusula de revalorización para algo que va a tener que ser
aplicado en el año 1995. Habrá, pues, que esperar a primeros de 1995. Si
habrá que esperar a primeros del año 1995, probablemente al mes de enero,
para que se sepa cuál es el índice de precios, el aumento habido durante
1994, entendemos que sería un error de pura técnica presupuestaria tratar
de incluir una declaración en la Ley de Presupuestos para 1994 cuya
finalidad va a tener eficacia y podrá ser cuantificada en el año 1995.
El compromiso del Gobierno socialista es que esa revalorización, si es
precisa, se introduzca. Será recogida y llevada a cabo con los
instrumentos oportunos de los cuales podría ser uno de ellos la Ley de
Presupuestos de 1995 o alguna otra norma oportuna.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cercós.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me comunica que están en
disposición de defender la enmienda 1.881 correspondiente al Título IX.
Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente, por su
amabilidad. Voy a defender esta enmienda para no complicar más el debate.
Esta es una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que no quedó
incorporada al dictamen de la ponencia. La enmienda pretende incrementar
la contribución que los trabajadores españoles ocupados pagan para
sostener los fondos de desempleo del Instituto Nacional de Empleo
incrementando un 0,5 por ciento su contribución al mismo en función al
mismo en función del sueldo que vienen percibiendo para conseguir la
plena disponibilidad de los fondos del Instituto Nacional de Empleo para
el pago de las prestaciones por desempleo a los trabajadores en paro.
Nuestra intención era no incorporarla al dictamen de la ponencia hasta
que no se prestaran las enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales, de
Reforma de la Función Pública y de Promoción de Empleo, la Ley de
Acompañamiento como se la suele denominar. En principio, se ha podido
interpretar que el Grupo Parlamentario Socialista pretendía incrementar
las cotizaciones de los trabajadores por la contingencia de desempleo,
mientras que todavía no se había eliminado de la Ley de Acompañamiento la
incompatibilidad que existía en el proyecto del Gobierno entre el cobro
de la prestación por desempleo con la percepción de indemnizaciones por
desempleo.
Ayer acabó el plazo de presentación de enmiendas a esta ley. El Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado la correspondiente enmienda por la
cual se suprime de la Ley de Acompañamiento el precepto que regulaba esta
incompatibilidad. Por tanto, en el momento de aprobarse esta ley, que
será en la ponencia de las cuatro de la tarde, dejará de tener vigencia
legal. En este sentido, se hace necesario cubrir lo que podría si no ser
un desfase entre los fondos habilitados en el Presupuesto para 1994 para
el Instituto Nacional de Empleo, las transferencias del Estado-Instituto
Nacional de Empleo y lo que tienen que ser los pagos del mismo a los
trabajadores en paro.
Una vez hecha la correspondiente aplicación presupuestaria se considera
que con este incremento de la cotización se van a poder cubrir las
necesidades de pago por desempleo en el ejercicio de 1994. Hay que
señalar que ésta es una nueva exigencia, pero es una exigencia de
solidaridad de los trabajadores con empleo a los trabajadores parados a
la que nos obliga la crisis económica.
Los fondos del Instituto Nacional de Empleo han venido soportando en
ejercicios precedentes y en el mismo ejercicio del año 1993 un importante
desfase. Ha habido que habilitar créditos extraordinarios y suplementos
de crédito para conseguir, al final, equilibrar las cuentas del
organismo. En estos momentos, con el incremento que en la contribución
del Estado se prevé en los Presupuestos de 1994 y con la aprobación de la
presente enmienda, sería razonable pensar que para 1994 no va a existir
este desfase. Por tanto, solicitamos de los demás grupos presentes en la
ponencia su aquiescencia para la aprobación de la presente enmienda o, en
todo caso, si existe mayoría cualificada, para incorporarla al dictamen
de la ponencia a los efectos de la votación del informe del mismo en lo
que hace referencia al Título IX.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granados.
A continuación abrimos un turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Hago uso de la palabra por un minuto simplemente para decirle al portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista
que no me ha contestado a ninguna de las dos enmiendas que nosotros
proponíamos.
Estoy de acuerdo en que estamos en una época de crisis y en que las
pensiones que se están pidiendo son de carácter extraordinario. Entonces,
las percepciones parece que son del 200 por ciento. Realmente, creo que
este colectivo lleva años pidiendo lo mismo. Por eso pienso que habría
que darle alguna satisfacción, aunque fuese una satisfacción de otra
índole. Creo que si les ampara una ley que ya está aprobada, ley que
ellos defienden y a la que se aferran porque ya existe, habría que
atenderles mínimamente.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Torrontegui.
¿Desea hacer uso de la palabra el Portavoz de Coalición Canaria? (Pausa.)
Tiene la palabra el representante de Convergència i Unió.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo quiere manifestar, en relación con la enmienda número 1.881
del Grupo Socialista, que una vez conocida la presentación de dicha
enmienda a la ley de acompañamiento que elimina la incompatibilidad en el
cobro del subsidio de desempleo, damos nuestra conformidad para que esa
enmienda sea incorporada al dictamen de la Ponencia.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular, Senador Lobo.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
Voy a tratar de responder con brevedad al Senador Cercós con la promesa
de que en el Pleno lo haré con mayor rigor.
En primer lugar quiero decir que yo me he referido a que la dotación
presupuestaria es a la baja ya que, diga usted lo que diga, Senador
Cercós, es evidente que estamos a la cola de Europa en gasto social. En
estos presupuestos, aunque usted quiera explicarnos lo contrario, hay un
recorte de prestaciones sociales. Creo que es algo evidente.
Por lo que se refiere a las discriminaciones de los pensionistas de antes
del 1.º de enero de 1985, yo le he citado unas recomendaciones que,
cuando menos, son del mismo nivel que la nuestra, me refiero a las que el
Defensor del Pueblo les ha dado a ustedes sobre la base de que,
efectivamente, esas diferencias son abismales para los jubilados que
están en idénticas condiciones. Nosotros queremos sensibilizarles para
que traten ustedes si no de equipararles, al menos sí de acercarles. Si
no fuese posible hacer modificaciones, sí sería necesario mejorar la ley
por la que se rigen como ha quedado demostrado en el transcurso del
tiempo. No vayamos a incurrir en el error del aforismo jurídico «summun
ius, summa iniuria».
En cuanto a la cláusula de revalorización, nosotros pensamos que hay que
incluirla. Sería un prórroga del acuerdo al que ustedes llegaron en la
anterior legislatura con los interlocutores sociales para la
revalorización sobre la base de garantizar el poder adquisitivo de los
pensionistas mediante la aplicación de la revalorización anual conforme
al incremento experimentado por el IPC del año anterior. Señor Cercós, en
otros períodos de crisis se han hecho revalorizaciones. Creo que con una
mejor gestión y con una mayor sensibilidad social es posible realizarla
ahora.
Insisten ustedes tercamente en que en su día nosotros votamos en contra
de la Ley de Pensiones. Nosotros votamos en contra de aquella ley al
igual que su compañero Nicolás Redondo, quien, por cierto, no sólo votó
en contra, sino que se marchó del Parlamento por las mismas razones que
nosotros, porque en aquella ley ustedes recortaban las pensiones de todos
los españoles.
En cuanto a lo de poner orden, yo me refería a que hay que poner orden en
el sistema de clases pasivas dadas las diferencias que antes he expuesto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo. (El señor Utrera Mora
pide la palabra.)
¿Para qué solicita la palabra, Senador Utrera?
El señor UTRERA MORA: Con la venia del señor Presidente solicito se me
conceda un minuto para dar contestación a una enmienda.
El señor PRESIDENTE: Puede hacer uso de la palabra.
El señor UTRERA MORA: Me voy a ceñir exclusivamente a la nueva enmienda
que el Portavoz del Grupo Socialista propone sea incorporada al dictamen
de la Ponencia.
Es cierto que este aumento de 0,5 puntos en la cotización es consecuencia
de un error de política laboral grave en el que ha incurrido este
Gobierno. Y digo error porque al incompatibilizar las prestaciones por
desempleo con la indemnización por despido parece claro --y veremos los
resultados dentro de unos meses-- que se ha acelerado un proceso de
destrucción de empleo. Es posible que ese empleo también se hubiese
perdido, pero qué duda que se ha adelantado en estos últimos meses de
este ejercicio de 1993. Por tanto, la gestación de esta enmienda y esa
marcha atrás con esa propuesta de incompatibilidad de prestaciones e
indemnización
son más el fruto de un error de política laboral que un principio de
solidaridad laboral como se nos presenta ahora en esta enmienda.
En cuanto a resultados, no solamente no vamos a dar nuestra aquiescencia
a dicha enmienda, sino que vamos a votar en contra de ella porque aunque
habríamos podido comprender que este agujero en las prestaciones por
desempleo, al igual que ocurre en las cuentas públicas en general --creo
que no viene al caso distinguir entre unos y otros fondos, entre unas
cuentas y otras-- se podría haber cubierto de muchas formas, consideramos
que la peor de todas ellas sin duda es acudir a un impuesto sobre el
factor trabajo como se solicita en esta enmienda. Por tanto, nos oponemos
a que se grave a los trabajadores a través de un impuesto proporcional
sobre nóminas como son, por ejemplo, las cotizaciones a la Seguridad
Social. Hubiéramos valorado y considerado cualquier otra alternativa
pero, desde luego, ésta no. Por tanto, manifiesto mi opinión en contra de
esta enmienda que propone el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
¿Van a intervenir los dos portavoces socialistas en este turno?
(Asentimiento.)
Tiene la palabra el Senador Cercós por un tiempo de tres minutos.
El señor CERCOS PEREZ: En cuanto a la intervención del Senador Lobo,
espero la ampliación de sus explicaciones en el Pleno.
Por otra parte, le reitero que en 1985 esta ley no fue votada por su
Grupo. El que no fuera votada por otros parlamentarios representantes de
sindicatos se debió a argumentaciones completamente distintas. Ustedes
creían que este sistema de pensiones conduciría al caos y que no era
sostenible mientras que otros representantes manejaban otros argumentos,
por ejemplo, la reducción de pensiones, reducción con la que se ha
comprobado que jamás el pensionista ha vivido en este país como está
viviendo desde que se hizo la reforma en 1985. Por tanto, ya en ese
momento había un error en la valoración que hacían los representantes
sindicales.
Respecto de las otras enmiendas, Senador Torrontegui, efectivamente no he
contestado a su enmienda coincidente con otra del Grupo de Coalición
Canaria y con otra del Grupo Popular.
Tratan estas enmiendas de una reivindicación por parte de varios grupos
--que conocíamos porque también le fue presentada a nuestro Grupo
Parlamentario--. No podemos aceptar la suya, Senador Torrontegui, porque
en sí misma es una discriminación. No es que estén discriminados los
pensionistas, es que se discriminan determinadas situaciones, por
ejemplo, el caso de incapacidad o lesiones frente al caso de
fallecimiento. En esa enmienda, en caso de fallecimiento, no se aborda la
situación de viudedad o de orfandad, como sería lo lógico, porque hay una
discriminación.
En cuanto a las enmiendas que proponen los otros grupos a este mismo
respeto, también son incorrectas porque en ellas solamente se prevé la
situación de pensiones extraordinarias en el régimen de clases pasivas,
pero ese régimen es análogo y, por tanto, tiene su correspondencia en la
Seguridad Social. Pero como para quienes están en la Seguridad Social
ustedes tampoco proponen absolutamente nada, se crearía una
discriminación aún mayor.
Por esas razones nos oponemos a todas las enmiendas a este Título IV y a
las de la Sección 07 solicitando, sin más, la votación de las mismas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero dejar constancia de que, una vez conocido el parecer de los
ponentes, cabe entender incorporada al dictamen de la Ponencia la
enmienda del Grupo Socialista.
Contestando muy brevemente a las manifestaciones del Senador Utrera
quisiera decirle que durante los últimos cuatro años los presupuestos
generales del Estado han venido incrementando regularmente las
aportaciones del Estado al INEM. Incrementando las prestaciones por
desempleo, no disminuyéndolas, se han aprobado créditos extraordinarios
financiados con cargo a remanentes del propio organismo y también con
cargo a los presupuestos generales del Estado, manteniendo así las
prestaciones sociales. Durante los dos últimos años el Gobierno ha tenido
que hacer frente incluso a la reducción de algunas prestaciones para
equilibrar las cuentas de ese organismo, lo que viene haciendo y va a
seguir haciendo la ley de acompañamiento dado que la situación de crisis
económica nos afecta a todos. Por tanto, no es ésta la única vía ni la
vía preferente ni la que el Gobierno ha buscado para equilibrar las
cuentas del Instituto Nacional de Empleo. Es una de las vías y a la que
hemos acudido en último lugar.
No parece, pues, que sea justo decir que ésa es la peor de las fórmulas,
teniendo en cuenta, como he dicho, que ha sido la que hemos escogido en
último lugar. Tampoco parece demasiado acertado decir que se trata de un
impuesto sobre el empleo, porque es cierto que lo van a soportar los
trabajadores fijos, pero no va a suponer un incremento de costes para las
empresas a la hora de contratar a nuevos trabajadores. Creemos,
simplemente, que constituye una obligación de solidaridad y
que es mejor esta vía que la que inicialmente propuso el Gobierno en la
ley de acompañamiento, por lo que vamos a apoyar esta enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Antes de pasar a la votación de los Títulos que se han debatido esta
mañana, quiero comunicar a la Comisión que han entrado dos proyectos de
ley. Uno, relativo a la concesión de créditos extraordinarios a las
Secciones 32 y 33 de los presupuestos generales del Estado para 1993,
para aplicar el acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica en el
período 1992-96. A este proyecto se han presentado una propuesta de veto
y seis enmiendas, firmadas por el Senador Cuevas González y por la
Senadora Vilallonga Elviro, pertenecientes al Grupo Mixto. El otro, se
refiere a la concesión de un crédito extraordinario, por importe de
22.483 millones de pesetas, para financiar los compromisos adquiridos por
el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, en el marco del
Real Decreto 808/1987, de 19 de junio. Se han presentado cuatro
enmiendas, todas del Grupo Parlamentario Socialista.
Estos dos proyectos de ley, que se tramitan por el procedimiento de
urgencia, deben ser dictaminados por la Comisión de Presupuestos con la
antelación necesaria que permita la inclusión de los correspondientes
dictámenes en el orden del día de la sesión plenaria que dará comienzo el
próximo día 20 de diciembre. Por ello, y dado el apretado programa de
trabajo de esta Comisión, parece conveniente debatirlos una vez
finalizada la discusión del proyecto de ley de presupuestos generales del
Estado para 1994, para lo cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 71.4 del Reglamento, sería necesario ampliar el orden del día de
la presente sesión.
Por consiguiente, pregunto a la Comisión si está de acuerdo con dicha
ampliación del orden del día, para que sean debatidos los dos proyectos
de ley antedichos. (Asentimiento.)
Queda, pues, ampliado el orden del día en los términos señalados.
Puesto que está presente el primer firmante de las enmiendas presentadas
al primero de los proyectos de la ley mencionados, señor Cuevas González,
se le considera notificado y convocado, a los efectos reglamentarios de
la defensa de sus enmiendas.
A continuación, pasamos a la votación de los Títulos correspondientes.
Sometemos a votación el informe de la Ponencia correspondiente al Título
I, artículos uno a doce, y Anexos I y II, con excepción de los artículos
dos, tres, cuatro, seis y once, y Anexo I, que serán debatidos con
anterioridad al Preámbulo y, por tanto, al final de la discusión de la
ley de presupuestos. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el informe de la Ponencia correspondiente al Título II, artículos
doce a veinte, y Anexos V y VI. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 13; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el informe de la Ponencia correspondiente al Título III,
artículos veintiuno a treinta y cinco. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sometemos a votación los Títulos IV y IX, artículos treinta y seis a
cuarenta y cinco, y ciento uno y ciento dos, y Sección 7.a, con la
incorporación de la enmienda 1.801. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.
Eran las catorce horas y cuarenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.
Título V. Artículos cuarenta y seis al sesenta y uno. Anexos III y IV.
Sección 06
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el Título V, artículos cuarenta y
seis al sesenta y uno. Anexos III y IV y Sección 06.
En primer lugar, las enmiendas números 849, 850, 851 y 852, de los
Senadores Andrés Cuevas González e Isabel Vilallonga Elviro, ya han sido
defendidas anteriormente.
Igualmente ya se ha dado por defendida la enmienda número 1.234, del
Senador Ramón i Quiles.
A continuación, pasamos a las enmiendas números 1.302 y 1.303, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui Gangoiti por un tiempo de tres
minutos.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 1.302 es de adición. Introduce un nuevo apartado Tres,
del siguiente tenor: «Quedan
excluidas de las operaciones con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo
aquellas que tengan por objeto la adquisición de material bélico o
susceptible de uso militar». La justificación de esta enmienda es que se
excluye la posibilidad de financiar adquisiciones de material bélico a
través del FAD. Entendemos que, al final, es más un tema de
sensibilización que de hecho, porque no se sabe realmente cuando un
material bélico se va a utilizar como arma de guerra o va a ser
susceptible de uso militar. Es decir, a un material llamado bélico a
veces se le da un uso civil. En esta enmienda queríamos hacer esa
salvedad.
La enmienda número 1.303 al artículo sesenta y uno, uno, segundo párrafo,
es del siguiente tenor: Donde dice «... hasta 80.000 millones...», debe
decir «...hasta 145.000 millones...». La justificación es el incremento
en operaciones con cargo al FAD, con el objetivo de alcanzar el 0,7 por
ciento del PIB para 1996, que aparece en la enmienda 1.308, la cual
pasaría a explicarla directamente, pero como no es de este Título, sino
que es de la Disposición Adicional, lo haré posteriormente.
No sé si tengo alguna enmienda más. No sé si la enmienda siguiente --la
número 1.304-- es al artículo sesenta y dos.
El señor PRESIDENTE: Es del Título siguiente, Senador Torrontegui, por lo
que tendrá oportunidad de defenderla en su momento, salvo que la de por
defendida.
Pasamos al voto particular del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
correspondiente a su enmienda número 1.157. Tiene la palabra, por un
tiempo de tres minutos, el Senador Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
--la número 1.157-- también hace referencia a lo que decía el señor
Torrontegui, es decir, a intentar incrementar las operaciones
relacionadas con el Fondo de Ayuda al Desarrollo, hasta el 0,7 por ciento
del PIB del Estado español. A pesar de estar en una situación de recesión
económica, de tener una política de contención del gasto público y de que
en este país hay bastantes necesidades como para ocuparse de todas ellas,
consideramos que cualquier Estado tiene que tener unos mínimos criterios
de solidaridad internacional con los países en vías de desarrollo.
Debemos hacer ese esfuerzo solidario con el resto de los países del mundo
que, por desgracia, están en unos niveles de subsistencia que no llegan a
los mínimos lógicos. En ese sentido va nuestra enmienda, que pretende
incrementar de 80 a 118 millones lo dicho en el segundo párrafo del
artículo sesenta y uno, uno, y esperamos que, tal como está en la
sociedad, sea aceptada por el resto de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Travieso.
Votos particulares del Grupo Popular, correspondientes a las enmiendas
números 122, como veto al Título V; 232, como veto a la Sección 06; 123 a
138, ambas inclusive, y 225 y 226.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Título V. En su Capítulo I, que trata de la Deuda Pública, se prevé que
en 1994 el endeudamiento pueda alcanzar una cifra superior a los 5
billones de pesetas, 5 millones de millones. En el artículo cuarenta y
seis se establece que el incremento de la deuda pública no podrá superar
la cifra de cuatro billones treinta y un mil millones de pesetas. En el
artículo cuarenta y siete se autorizan una serie de operaciones de
crédito a organismos autónomos y entes públicos que se especifican en el
Anexo III y que suman una cantidad de un billón siete mil millones de
pesetas, a los que habría que añadir seis mil más introducidos a través
de una enmienda del Grupo Socialista incorporada en la Ponencia. En el
artículo cuarenta y ocho se establece la asunción por el Estado de la
deuda del Instituto Nacional de Industria y en el artículo cuarenta y
nueve la asunción por el Estado de la deuda del Ente Público
Radiotelevisión Española, que entre ambos suma una cantidad de 242.000
millones de pesetas, encontrándonos así con que la previsión de
endeudamiento para el próximo año, tope máximo, supera la cifra de 5
billones de pesetas.
Para hacernos una idea de lo que esto significa, les diré que es una
cifra del orden de lo que el Estado debía a fines de 1982. De acuerdo con
las estadísticas publicadas por la Intervención General de la
Administración del Estado, la deuda del Estado a finales de 1982, cuando
los socialistas se hicieron cargo del Gobierno de este país, ascendía a
5,4 billones. Pues bien, para el próximo ejercicio de 1994 está previsto
en el Título V un incremento de la deuda entre el Estado y los organismos
autónomos de una magnitud similar. Es decir, en un año lo mismo que se
había endeudado este país hasta 1982.
Es evidente, como decía aquel filósofo, que la cantidad modifica la
calidad y que estas cifras no sólo son objeto de reflexión en el trámite
que nos ocupa, sino de enmienda, de ahí que hayamos puesto un veto al
Título V, de las operaciones financieras, y concretamente a los apartados
en los que se especifican estas cantidades, que permiten semejante
cantidad de endeudamiento, enmiendas parciales. En una de ellas
proponemos que esta cantidad de 4 billones, al menos se reduzca en
500.000 millones, para dejar testimonio de
nuestro esfuerzo al tratar de limitar el endeudamiento del Estado.
Asimismo, en otra enmienda proponemos disminuir en una proporción
importante las operaciones de crédito autorizadas a organismos autónomos
y entes públicos. De la misma forma, proponemos que estas cantidades, ya
grandes por sí mismas, no puedan ser superadas --se establece en una
cláusula del artículo cuarenta y seis, dos, que estos límites se pueden
sobrepasar en determinadas circunstancias--, por lo que presentamos dos
enmiendas: en una de ellas se eliminan esas circunstancias permisivas y
en otra se dice que si es necesario superar esos límites, como ha pasado
en ejercicios recientes, se haga mediante ley aprobada en Cortes
Generales. Nos basamos en la experiencia de 1993, del actual ejercicio,
en el cual había una autorización de endeudamiento de 1.7 billones de
pesetas y de las cláusulas que permitían modificar este límite, sólo dos
de ellas alcanzaban una cantidad del orden de los 2.8 billones de
pesetas, es decir, superaban la cantidad autorizada. Esperemos que esto
no se produzca en 1994, puesto que si a los 5 billones de pesetas les
añadimos revisiones, la situación podría ser preocupante.
En cuanto a las restantes enmiendas al Capítulo I, solicitan que la
asunción de deuda, tanto del Instituto Nacional de Industria como del
Ente Público Radiotelevisión Española, se suprima, no tanto porque
pretendamos que se suprima esta financiación al Instituto Nacional de
Industria y al Ente Público de Radiotelevisión Española, sino por el
método que se está utilizando para financiarlos, que es mediante la
asunción de deuda. Si hay necesidad de allegar fondos, hágase mediante
transferencias corrientes. Vuelvo a repetir lo que se ha dicho en otras
ocasiones con respecto a los préstamos: que esas transferencias se
explicitarían en el déficit de caja del Estado, mientras que de esta
forma es una financiación que no se contabiliza a efecto de déficit de
caja del Estado, cuando en realidad aumenta el endeudamiento.
Esto venía haciéndose hasta el momento presente con respecto al Instituto
Nacional de Industria, pero vemos que es una fórmula que empieza a
generalizarse. En los presupuestos para 1994 no sólo aparece, como se
venía haciendo en los últimos ejercicios, para el Instituto Nacional de
Industria, sino también para el Ente Público Radiotelevisión Española. Es
una forma de financiar y de mandar dinero por la puerta de atrás, es
decir: mándame deuda, que yo me la quedo. Esto se expresa en esos 30.000
millones, que no se van a reflejar en el déficit de caja correspondiente.
Nosotros entendemos que esto no debe ser así. En consecuencia,
presentamos una enmienda a los anexos que especifican la asunción de
deuda del INI y de Radiotelevisión Española, aunque este último anexo se
debatirá con ocasión del debate del ente público.
En cuanto al Capítulo II del Título V, que trata de avales públicos y
otras garantías, proponemos que se reduzca la magnitud de los avales del
Estado de 300.000 a 200.000 millones. Asimismo, en el caso de algunas
partidas importantes como INI, Renfe o siderurgia solicitamos que las
partidas que tienen asignadas en el proyecto de ley se reduzcan en alguna
medida. También se solicita información adicional sobre las operaciones
que hagan tanto el Instituto Nacional de Industria como el Instituto
Nacional de Hidrocarburos, que tienen que remitírselas a la Dirección
General del Tesoro, para que lo hagan también a las Cortes Generales, así
como información sobre las actividades del Instituto de Crédito Oficial.
Respecto al Capítulo III del Título V, Relaciones del Estado con el
Instituto de Crédito Oficial, hemos presentado una enmienda de
modificación, en la cual se especifica en mayor medida la información
recogida en parte en el propio proyecto de ley, en el informe de la
Ponencia, sobre la información que remite el Instituto de Crédito Oficial
a las Cortes Generales.
En cuanto al artículo sesenta y uno, que habla del Fondo de ayuda al
desarrollo, hemos presentado tres enmiendas. Una de ellas es de
modificación y solicitamos que la información sobre los créditos que se
conceden se envíe a las Cortes con mayor precisión que la contenida en el
proyecto de ley.
La enmienda número 137 dice que se remita, dado el volumen de créditos
actualmente existentes, una información adicional sobre el estado de los
préstamos actualmente vivos.
En la enmienda número 138 se solicita que se incremente el límite de los
80.000 millones de pesetas que se asignan al Fondo de ayuda al desarrollo
en el caso de que haya ingresos provenientes de devoluciones de préstamos
de los intereses o de comisiones. Es una lástima que con ocasión del
debate del Título I no hayamos llegado al Título V, porque en lo que se
refiere a esta enmienda, las argumentaciones ya se han dado en su momento
con respecto a la actitud del Grupo Popular en cuanto al Fondo de ayuda
al desarrollo, puesto que recoge explícitamente una petición que no
aparece en el proyecto de ley, por la cual se solicita que los 80.000
millones se incrementen en el caso de que existan devoluciones de
préstamos, o por intereses que se reciban o por las comisiones
procedentes.
Quiero señalar, señor Presidente, que la enmienda número 130 solicitaba
que se reincorporara al texto lo que venía originalmente en el proyecto
de ley presentado en el Congreso de los Diputados. Parece ser que existe
una modificación y que se va a hacer esta corrección, ya que por alguna
circunstancia un párrafo había desaparecido. Si esta modificación que se
nos ha entregado se incorpora, retiraríamos la enmienda número 130,
puesto que lo único que pretendía es que se volviera al texto del
proyecto de ley.
En cuanto a la enmienda número 131, solicita que los endeudamientos del
sector público en organismos autónomos se dirijan especialmente a
inversiones.
Por último, señor Presidente, y brevemente, para no agotar el tiempo,
puesto que también se debate conjuntamente con el Título V la Sección 06,
de deuda pública, tengo que decir que presentamos un veto a su totalidad,
dada la magnitud de los gastos financieros que se recogen en estos
Presupuestos, de 2,8 billones de pesetas. La evolución de los gastos
financieros, es decir, pagos por intereses, en los últimos diez años es
verdaderamente espectacular. Los pagos por intereses en 1982 ascendieron
a 83.000 millones de pesetas; en 1983, a 180.000 millones. De estos
180.000 millones que se pagaron en 1983, vamos a pasar en 1994 a dos
billones ochocientos mil millones de pesetas, es decir, se han
multiplicado por más de 14 los gastos financieros que figuran en los
Presupuestos. Las inversiones, desgraciadamente, no se han multiplicado
en la misma proporción, ni los gastos de protección social ni de ningún
otro tipo. Si hubiera que especificar en una frase la evolución
financiera de los Presupuestos, sería la Sección 06 la que se llevaría la
palma y el protagonismo: de 188.000 millones por pago de intereses en
1983 a 2,8 billones diez años después. En consecuencia, señor Presidente,
no hace falta que me extienda mucho para justificar las razones de un
veto a esta sección.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir para dar contestación a las enmiendas planteadas a esta
sección por los diferentes grupos parlamentarios, solicitando de antemano
me excusen y apelando a su benevolencia porque el Senador Segura, que era
el portavoz de nuestro grupo en esta sección, está en estos momentos en
la Ponencia de la ley de acompañamiento de medidas financieras, por lo
que voy a sustituirle en la medida en que mis posibilidades me lo
permitan.
En primer lugar, los grupos de Coalición Canaria y de Senadores
Nacionalistas Vascos plantean algunas enmiendas conectadas, como ellos
bien han indicado, con otras a las disposiciones adicionales, en cuanto a
los créditos establecidos en el artículo sesenta y uno al Fondo de Ayuda
al Desarrollo. En primer lugar, de cara a estas enmiendas tenemos que
decir que nada nos gustaría más a los Senadores del Grupo Socialista que
poder disponer de recursos presupuestarios y de una situación económica
que permitiera el incremento de las aportaciones del Estado al Fondo de
Ayuda al Desarrollo. Hay que decir que desde que los socialistas estamos
en el Gobierno español, las aportaciones en términos de producto interior
bruto de España a la ayuda al Tercer Mundo se han multiplicado, según
quién haga y cómo se hagan los cálculos, por una cifra que oscila entre
dos y tres; repito, en términos de producto interior bruto, no me refiero
a las aportaciones en términos simplemente numéricos, cuya cifra habría
que multiplicar por un dígito considerablemente superior.
En este sentido, en una situación de crisis como la que vivimos, la
aportación del Gobierno, que ya el año pasado sufrió un incremento
considerable y llegó a los 80.000 millones de pesetas, se congela. Y
hemos hecho el esfuerzo que nos ha permitido la actual situación
económica para incrementar no exactamente los créditos FAD, sino otras
líneas de ayuda, como ayuda alimentaria, a través de enmiendas a la
Agencia de Cooperación Internacional o a través de las aportaciones del
Estado a las organizaciones no gubernamentales que realizan ayuda al
Tercer Mundo. Hemos hecho el esfuerzo que hemos podido incrementando en
250 millones de pesetas las ayudas del Estado para esta finalidad. Pero
no podemos aceptar que se incremente la aportación del Gobierno al FAD,
al Fondo de Ayuda al Desarrollo, porque este incremento iría, tal como
está el presupuesto en estos momentos, con cargo al déficit. Y yo creo
que todos los grupos parlamentarios somos conscientes de que el déficit
público es en estos momentos uno de los principales problemas de nuestra
economía y no podemos, por tanto, incrementar nuestros problemas en esa
medida porque tampoco estaríamos a la postre ayudando a solucionar los
problemas de los demás si empeoramos la situación económica del Reino de
España.
Tengo que hacer, no obstante, algunas matizaciones a las enmiendas que
han presentado tanto el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos como el
de Coalición Canaria. Pretenden las enmiendas que se excluyan de la
dotación del Fondo de Ayuda al Desarrollo las actuaciones que vayan
encaminadas a la compra de material bélico, y yo tengo que señalar de
forma absolutamente rotunda que el fondo de Ayuda al Desarrollo no sirve
para adquirir material bélico. En algún caso, el Fondo de Ayuda al
Desarrollo ha servido para financiar inversiones o actuaciones de los
gobiernos que han accedido a estos créditos en materia de política de
seguridad, que no es exactamente lo mismo que en materia de política de
defensa, pero en ningún caso para compra de material bélico.
Los señores Senadores que han defendido estas enmiendas han incluido en
el sentido literal de las mismas una coletilla que habla de material
susceptible de uso militar, y nos encontraríamos con un problema bastante
grave de aceptarlas, porque susceptible de uso militar por definición es
cualquier tipo de material, hasta tal punto que hemos comprobado
recientemente, por
ejemplo, en el caso de Somalia, cómo la misma ayuda alimentaria era
utilizada por los clanes y los grupos armados en conflicto para ejercer
presiones sobre la población. Cualquier material de cualquier tipo,
bienes de transporte, ayuda en alimentos, material médico, etcétera, es
susceptible de uso por la milicia, por el Ejército, y de aceptar sus
enmiendas, probablemente estuviéramos imponiendo una restricción tal, que
los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo no podrían concederse, con
lo cual lograríamos una consecuencia perversa indeseable, absolutamente
contraria al tenor de sus enmiendas.
En este sentido, pues, no podemos incrementar la aportación del Gobierno
a los créditos FAD, que está en 80.000 millones de pesetas. Si la
situación económica mejora, esperamos que con la consideración de los
créditos FAD como crédito ampliable, el Gobierno de España pueda
incrementar esa dotación. Si no mejora, creemos que es una dotación
prudente. No obstante esto, hay que decir en relación con la enmienda
número 138, del Grupo Popular, que los créditos FAD se incrementan de
manera natural, y en función del artículo 71 de la Ley General
Presupuestaria, por el reembolso de los préstamos que con los mismos se
conceden, es decir, que el reembolso de los préstamos o el pago de
intereses automáticamente genera crédito en el Fondo de Ayuda al
Desarrollo.
El Grupo Popular ha planteado su enmienda diciendo que eso incrementa el
límite de la aportación del Gobierno, y esto no es así exactamente: la
aportación del Gobierno son 80.000 millones de pesetas, pero el Fondo de
Ayuda al Desarrollo se nutre, además de por las aportaciones del
Gobierno, por los créditos que genera, asimismo, el, propio Fondo por la
devolución de los préstamos o de los intereses. En este sentido, nosotros
tampoco tendríamos inconveniente en transaccionar esta enmienda que dice
algo que ya se plantea en la Ley General Presupuestaria, y es que el
reembolso de préstamos genera créditos, que se dice en el propio Decreto
que regula los Fondos de Ayuda al Desarrollo, siempre y cuando llegáramos
a un acuerdo con el Grupo parlamentario Popular en cuanto a considerar
ampliables los créditos FAD, porque para nosotros sería un contrasentido
absoluto apoyar esta enmienda si a continuación se pretende que las
aportaciones del Gobierno no tengan la característica de ampliables.
En cuanto al conjunto de las enmiendas del Grupo Popular, cabría
dividirlas en dos grandes bloques. Un primer bloque son enmiendas
congruentes con el veto y que en la práctica supondrían la devolución de
los Presupuestos al Gobierno porque minoran la capacidad de endeudamiento
necesaria para hacer frente a la ejecución de estos Presupuestos, y en la
que no existen alternativas de ingreso. Cuando al Grupo Parlamentario
Popular se le ha planteado en otros foros que dé las alternativas de
ingresos necesarias para hacer frente a los gastos, que no podrían
financiarse con el endeudamiento que se suprime, ha hecho algunas
referencias a la política de privatizaciones y de otro tipo.
Evidentemente, ésa no es su responsabilidad; los que estamos gobernando
por decisión de los ciudadanos somos los socialistas, pero sin
alternativas de ingreso, la supresión o las limitaciones de la capacidad
de endeudamiento llevarían en la práctica a la imposibilidad de cumplir
con los Presupuestos, tal y como están presentados por el Gobierno, y en
este sentido ya digo que son enmiendas congruentes con el veto y, por
tanto, en esta medida, son incongruentes con el proyecto de ley de
Presupuestos.
Tampoco está ajustado al cien por cien de la realidad señalar que el
problema de las aportaciones del Estado a Radio Televisión Española, al
Instituto Nacional de Industria o a otro tipo de organismos está en la
forma en que estas ayudas se hacen, porque es verdad que en los últimos
Presupuestos, los de 1993, hemos asistido a un debate interesante sobre
si debería ser ésta la forma en que las ayudas llegaran a los entes o
empresas públicas. En honor a la verdad, hay que decir que no tiene mucho
sentido alegar ahora que la transferencia a Radio Televisión Española
tiene que hacerse no por asunción de deuda sino por transferencia
corriente, porque cuando se hacía por transferencia corriente en los
Presupuestos del Estado de Ejercicios anteriores el Grupo Popular tampoco
estaba de acuerdo en que así se hiciera. No sé si será exagerado decir
que desde que el mundo es mundo, pero, en todo caso, desde que el Partido
Socialista está en el Gobierno el Grupo Popular nunca ha prestado su voto
a las aportaciones del Presupuesto del Estado para el INI, para Radio
Televisión Española o para el Instituto de Crédito Oficial. La forma de
ahora no gusta, pero tampoco gustaba en Ejercicios anteriores, y yo creo
que lo que hay es un disgusto, por llamarlo así, o una desconfianza hacia
la gestión general de la cosa pública tal como la hacemos los
socialistas, que en cada caso se argumenta haciendo una referencia
concreta, pero la cuestión, evidentemente, es rechazar estas
aportaciones.
En cuanto a las enmiendas de mayor información presupuestaria, que
formarían el segundo gran bloque de las enmiendas del Partido Popular, ya
en el trámite del Congreso el Grupo Parlamentario Socialista aceptó dos
de ellas, y la lectura rigurosa del Presupuesto que ha hecho el Senador
Alierta, del Grupo Popular, ha permitido descubrir una tercera enmienda
que en realidad no es tal, sino la desaparición que se había producido
por error, en la transcripción de los Boletines, de un precepto que
debería haber figurado en el proyecto de Ley de Presupuestos. En este
sentido, ya hay preceptos suficientes en el propio proyecto de ley en
cuanto a la información que sobre la ejecución presupuestaria rinden el
Gobierno o los entes públicos, y nos mantenemos en una consideración de
carácter general que tuve
ocasión de hacer en un Título anterior. A nuestro juicio, el problema de
la información presupuestaria no es tanto marcar preceptos en la Ley de
Presupuestos que hagan muy rigurosa o exhaustiva la información, o
introducir en cada artículo de la Ley de Presupuestos una coletilla que
diga «el Gobierno informará», como buscar un método eficaz para que la
información pueda procesarse a través de servicios de las Cámaras
competentes y adecuados. En este sentido, tanto en el Reglamento del
Congreso de los Diputados como en el del Senado esperamos llegar a
acuerdos para conseguir crear oficinas, departamentos, en fin, sistemas
adecuados de recepción y de procesamiento de la información que facilita
el Gobierno, con lo cual, a lo mejor conseguimos tener que pedir menos
información porque podemos obtener, con menor coste y con menor amplitud,
la información realmente precisa y necesaria para el trabajo
parlamentario.
Esas consideraciones de carácter general son un poco las que nuestro
Grupo va a utilizar para rechazar las enmiendas presentadas a este Título
V que, como el I, en alguna medida es un Título instrumental del proyecto
de Ley de Presupuestos y que, como tal, está muy vinculado a la
consideración global del mismo que hace cada Grupo Parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado.
Pasamos a continuación al turno de Portavoces.
¿Portavoz del Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?
(Pausa.)
¿Portavoz de Coalición Canaria? (Pausa.)
Tiene la palabra, por el Grupo de Coalición Canaria el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que me ha decepcionado bastante la postura del Partido
Socialista, porque entiendo que la ayuda a los países subdesarrollados es
una obligación que tenemos los países que estamos en otra situación. Hay
cuestiones de justicia social, de solidaridad y de estabilidad
internacionales que son inexcusables. Reconocemos que aquí hay muchas
necesidades, por supuesto, y ya lo habíamos indicado antes, pero debe
existir la voluntad política de avanzar en este campo; la voluntad de
sacar el dinero de donde sea para incrementar estas ayudas, tan
necesarias para esos países. Habrían dado muestra de ello, aunque sólo
hubiera sido simbólicamente, aumentando las ayudas en este Ejercicio. No
me vale la congelación; hay que avanzar en el sentido de lograr esos
acuerdos internacionales a fin de llegar al 0,7 por ciento del PIB, y
entiendo que en este caso el Partido Socialista podría hacer un gesto y
ampliar, en parte, ese crédito para el FAD.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Portavoz del Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.)
¿Portavoz del Grupo Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Alierta en nombre del Grupo Popular.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
Debo señalar que, quizá por la premura con la que hemos debatido el
Título I, no se ha comprendido que nuestra enmienda por la que se
pretende que se suprima el carácter ampliable de una serie de créditos no
está dirigida a ninguno de ellos en concreto, ni específicamente al Fondo
de Ayuda al Desarrollo. Esta es una partida que está incluida entre otras
muchas, que ocupan casi cuatro páginas del proyecto de ley. Calculo que
son aproximadamente 50 partidas, muchas de ellas de gran importancia
--como la que se nos ha citado, de 80.000 millones-- y que son
ampliables. No se trata tanto de nada específico del Fondo de Ayuda al
Desarrollo, ni de ninguna de las otras partidas que aparecen entre las
declaradas «Créditos ampliables» por el proyecto de ley, cuanto de la
técnica que se está utilizando --y cuya proliferación nos preocupa-- de
generalizar el concepto de «Créditos ampliables» a numerosas partidas
como son las que aparecen en el proyecto de ley, y cualquier Senador,
sólo con ojear el proyecto de ley, podrá ver cómo aumentan. Existe, por
ejemplo, un gran contraste entre las partidas que se declaran créditos
vinculantes, que son cuatro y ocupan un pequeño espacio material en el
proyecto de ley y, en cambio, los «Créditos ampliables» que casi se
extienden, como he señalado, a lo largo de cuatro páginas. No se trata
tanto de dar crédito ampliable al Fondo de Ayuda al Desarrollo como de
que por parte del Grupo Socialista --como nosotros esperamos-- y del
Gobierno se disminuya esta tendencia a declarar «Créditos ampliables»
gran cantidad de partidas; y no lo decimos porque exista animadversión
contra los «Créditos ampliables», que es una fórmula recogida en la Ley
Presupuestaria y tiene toda la dignidad de cualquier fórmula de este
tipo, sino porque la práctica nos está demostrando que los «Créditos
ampliables» traen causa de una desviación en la ejecución de los
Presupuestos por cantidades muy importantes. Si me lo permite, voy a
buscar las cifras del avance de liquidación de los Presupuestos. Por
ejemplo, los «Créditos ampliables» previstos en este avance son, para
1993, 431.000 millones de pesetas, es decir, el 0,6 por ciento del PIB.
Cuando estamos hablando a nivel europeo de que en el déficit público
debemos llegar a una cifra del 3 por ciento, estos «Créditos ampliables»
significan, ellos solos, el 0,6 o el 0,7 del PIB, es decir, una cantidad
que tiene entidad propia. Como esto viene repitiéndose, y el problema de
la ejecución y de la desviación de los Presupuestos es importantísimo
--reconocido por el Grupo Socialista y por el propio Gobierno--, de ahí
nuestras enmiendas a los «Créditos
ampliables». En consecuencia, no vemos razón para hacer una excepción, no
por tratarse de la materialidad del Fondo de Ayuda al Desarrollo, sino
porque la enmienda refleja la filosofía y el planteamiento con los cuales
el Grupo Popular se dirige a los Presupuestos.
En este sentido, la demanda de información también tiene justificación,
porque no la recibimos de otra forma, y evidentemente es difícil
procesarla. Yo puedo dar testimonio de las dificultades de procesar toda
la información que viene, las dificultades con los medios materiales que
existen, pero debo recordar a la Cámara, y al Grupo Socialista, que la
Ley de Presupuestos para 1991, que se debatió aquí hace tres años,
recogía ya la previsión de la creación de una oficina parlamentaria, que
vendría a recoger una necesidad ya sentida entonces, en 1990, y que el
Grupo Socialista se avino a recoger en la Ley de Presupuestos de 1990
para los Presupuestos de 1991, y tres años después sigue sin crearse esta
oficina parlamentaria. Debo hacer una reflexión, si me permiten, para
finalizar. Es posible que si esta oficina parlamentaria hubiera existido,
si el nivel de control hubiera podido ser mayor por parte de todos los
Grupos, incluido el Socialista, quizá se habrían evitado las desviaciones
presupuestarias que hemos tenido en los últimos ejercicios, y quizá la
situación del país y, en consecuencia, la situación en la cual se
desenvuelve el propio Gobierno socialista, no estaría tan deteriorada. Es
decir, como puede que a la larga no crear esta oficina parlamentaria haya
sido un pequeño «boomerang» que se ha vuelto contra el propio Gobierno
socialista, hagamos lo posible por crearla, e incluso solicitaría que se
creara independientemente de la reforma de los Reglamentos del Congreso y
del Senado. Pongamos en marcha la Oficina, pongamos en marcha este
mecanismo de información sobre la ejecución y la gestión parlamentaria, y
luego recojámosla en las reformas de los Reglamentos del Congreso y del
Senado, porque pensar que ya se hará cuando llegue la gran reforma de los
Reglamentos es, simplemente, una fórmula dilatoria. Vayamos haciéndolo,
porque el tema es urgente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Senador
Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente, voy a
contestar brevemente a las intervenciones que me han precedido.
Al Senador Travieso, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tengo
que decirle que el aumento, digamos, simbólico ya se ha producido a
través de la aceptación por la Ponencia de dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista que incrementan en 250 millones --50 millones a
través de organizaciones no gubernamentales y 200 millones a través de
ayuda alimentaria-- las aportaciones del Estado español a los países del
tercer mundo; luego este aumento ya se ha producido. El aumento de los
créditos FAD se produjo en el año 1993 de manera muy importante y todos
los años, desde que gobiernan los socialistas, hemos conseguido que el
porcentaje de aportación española a la ayuda al tercer mundo vaya
creciendo en términos de producto interior bruto. Este año, incluso,
hemos llegado a un compromiso con el Ministerio de Asuntos Sociales para
que determinadas partidas, por ejemplo, de ayuda a refugiados --que no
deja de ser también una ayuda a países que están en situación de graves
crisis o a países del tercer mundo--, se dupliquen en el año 1994 sobre
el gasto inicialmente consignado en el año 1993. En este sentido,
seguimos progresando.
Y al hilo de la intervención del Senador Travieso, a mí me interesaría
recalcar que tampoco es justo que hagamos de la ayuda al tercer mundo un
problema de única responsabilidad del Gobierno, porque el 0,7 del
producto interior bruto no es un porcentaje a conseguir únicamente con
aportaciones del Gobierno de la nación, hay que conseguirlo con
aportaciones de todas las Administraciones públicas. A mí me interesaría
señalar que hay Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Comunidades
Autónomas, Cabildos, etcétera, que pueden aportar ayuda al tercer mundo.
Tenemos ejemplos muy notables, y voy a señalar uno, con carácter nada
sectario, pues me refiero al Ayuntamiento de Vitoria, que está regido por
un alcalde de un Partido que no es, evidentemente, el Partido Socialista
Obrero Español, sino el Partido Nacionalista Vasco: este Ayuntamiento
hace una aportación importante a la ayuda al tercer mundo. Probablemente,
si consiguiéramos que esta sensibilidad social que se reclama del
Gobierno existiera en todas las Administraciones públicas estaríamos más
cerca de ese 0,7 por ciento, porque la verdad es que con gastos del
Gobierno estamos en el 0,27 ó 0,28 por ciento, pero con gastos de otras
Administraciones públicas, o de la propia sociedad civil, no nos
asemejamos demasiado a lo que sucede en países de nuestro entorno.
En definitiva, es una responsabilidad colectiva, de toda la sociedad.
Creo que en esto hay que exigir al Gobierno lo que cada uno hace en su
propia casa, y los diferentes grupos políticos tenemos que
responsabilizarnos de implementar estas actuaciones allá donde el pueblo
nos ha conferido responsabilidades de Gobierno.
En cuanto a las afirmaciones del Senador Alierta --las comparto casi en
su totalidad, y digo casi porque, evidentemente, no puedo compartirlas
todas--, me gustaría señalar que es verdad que los créditos ampliables
son una técnica legislativa que hay que utilizar con precaución. Es
verdad que hay dinámicas que obligan a que, por desgracia, tengamos que
ir hacia la consideración
de créditos ampliables, y ocurre, por ejemplo, con los proyectos
cofinanciados con fondos provenientes de las Comunidades Europeas. Por
desgracia, el retraso en la aprobación de los proyectos y el retraso en
la aprobación, incluso, de los propios programas de gastos en las
Comunidades Europeas obliga muchas veces a que determinados créditos sean
ampliables, porque, de lo contrario, correríamos el serio riesgo de tener
que instrumentar con otras vías más largas en el tiempo, transferencias
de crédito o créditos extraordinarios, o suplementos de crédito,
cantidades de dinero que necesitamos para hacer frente a una aportación
similar que venga de créditos del exterior. Luego tenemos ese problema,
que es real, y yo comparto con el Senador Alierta: la precaución en la
utilización de los créditos ampliables, pero creo que esta precaución no
es aplicable exactamente a los créditos FAD. Hay una cuestión casi
anecdótica, pero que me gustaría señalar para que se vea de qué estamos
hablando: el Grupo Parlamentario Popular, en las enmiendas que ha
planteado a los créditos ampliables, ha enumerado uno por uno los nombres
de los créditos ampliables que quería suprimir, pero cuando ha llegado a
los créditos FAD no los ha llamado por su nombre, se ha referido al
crédito de la aplicación presupuestaria tal y tal, ha cantado la
aplicación presupuestaria de aportaciones, de ayudas de iniciativa
social, pero no la ha mencionado por su nombre. En este sentido
--permítame que exprese una opinión, un juicio de valor que, a lo mejor,
es temerario--, creo que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho su
enmienda sin caer en la cuenta de la trascendencia que podía tener, y me
parece que no existe ningún riesgo de que el Gobierno de España haga mal
uso de la facultad de dar a ese crédito el carácter de ampliable, que,
por otra parte, está conectado con su enmienda, sobre la que ya he
señalado que a lo mejor en el Pleno podemos llegar a un acuerdo, no en su
tenor literal, porque tiene algún error material, pero sí en lo que
señala respecto a una práctica que actualmente se está utilizando, como
es que el pago de reembolsos o de intereses genera créditos en el FAD.
En cuanto a la información presupuestaria, bien puede ser verdad que en
el año 1991 Los Presupuestos Generales del Estado ya aprobaron la Oficina
Presupuestaria, pero hay que señalar que no desde el año 1991, desde
mucho antes, cada año vamos perfeccionando la información que el Gobierno
facilita en los Presupuestos. Esto se está haciendo ya, cada año el
Gobierno envía más información, más puntualmente, aunque también bien es
verdad que esa información sigue sin ser satisfactoria para el conjunto
de los Grupos de la Cámara, incluso para el Grupo que en estos momentos
apoya al Gobierno.
Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero convendrá conmigo el Senador
Alierta en que la solución tampoco es que en cada artículo concreto de la
Ley de Presupuestos introduzcamos una coletilla diciendo que lo que se
refleja en el artículo será objeto de información presupuestaria, porque
al final no vamos a hacer una Ley de Presupuestos, vamos a hacer una ley
de información presupuestaria. Esperamos que la puesta en marcha de estos
departamentos de información presupuestaria permitan que mucha de esa
información que en estos momentos se reclama, procesada y dada de manera
conveniente, llegue a la Cámara. No obstante, debo señalar que la
aceptación de dos enmiendas en el Congreso de los Diputados ya ha
incrementado notablemente la información que por parte del Gobierno se
facilitará al conjunto de los Grupos de la Cámara dentro de las
cuestiones relativas al Título V.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos al Título VI, artículos sesenta y dos a ochenta.
En primer lugar, enmiendas de los Senadores Cañellas Fons, Font Barceló,
Juan Cardona, Escudero Sirerol y Vidal Bibiloni, números 1.568, 1.569 y
1.570.
Tiene la palabra el Senador Font Barceló por un tiempo de tres minutos.
El señor FONT BARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, anuncio que retiramos la enmienda número 1.568, por lo
que paso a las dos restantes.
Debido a que las islas Baleares son a veces olvidadas por el Gobierno
central --y algún alto cargo de Obras Públicas ha dicho que lo mismo era
ir a Valencia que llegar a Palma de Mallorca--, a través de la enmienda
número 1.569 quisiéramos que se mirara hacia las islas menores --mal
dicho islas menores--, que tienen el problema de que primero hay que
desplazarse a Ibiza o a Mallorca y después hay un segundo traslado, sobre
todo si es desde Ibiza hacia Formentera, en barco. Como dice la
justificación, puesto que el acceso a las islas carentes de aeropuerto
sólo puede realizarse por vía marítima, más lenta y costosa que la aérea,
lo que duplica o triplica el coste de insularidad que han de afrontar,
creemos que, para paliar este nocivo efecto, se justifica plenamente la
aplicación del tipo de IVA mínimo del 3 por ciento.
La enmienda número 1.570 está dirigida a cualquier Administración pública
debido a que, dada la falta de ánimo de lucro de las obras y servicios
prestados por las Administraciones públicas, parece prudente que sus
costes se reduzcan al mínimo posible para permitir mayores márgenes de
actuación. En consecuencia, ya que en la mayoría de las obras que hacen
las distintas Administraciones públicas, locales o autonómicas, el IVA
que se paga también es brutal, creemos que sería interesante que se
pudiera reducir al mínimo este tipo, y que se pudiera invertir este
dinero, que hace mucha falta
a las Corporaciones locales o a las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Font.
Las enmiendas del Senador Cuevas González y Senadora Vilallonga Elviro,
números 1.853 a 1.879, ambas inclusive, han sido dadas por defendidas.
Pasamos a la enmienda número 1.824, del Senador Utrera. Tiene la palabra
su señoría.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
En realidad, esta enmienda es del Grupo Popular. La presenté yo en mi
nombre a última hora, porque por el calendario que teníamos de
presentación de enmiendas hicimos primero las de grupos y posteriormente
las particulares, pero ésta la teníamos para presentarla con el Grupo;
por tanto, el Grupo se compromete en su defensa.
Se trata de extender el incentivo a la inversión empresarial a una forma
concreta de financiación de esta inversión que es mediante el sistema
«leasing». Lo cierto es que hasta hace algunos años el «leasing» como
forma de financiación no alteraba, a efectos fiscales, la consideración
de la inversión como deducible, y pensamos que es conveniente recuperar
esta fórmula de deducción, mejor dicho, de incentivación de la inversión
empresarial, debido a que la financiación por «leasing», aparte de
afectar a todo tipo de empresas, sobre todo a aquellas que tienen unas
posiciones financieras más débiles, en este caso pequeñas y medianas
empresas, que tienen que recurrir a este procedimiento de financiación,
es lo cierto que las cuotas pagadas por sistema «leasing» pueden
perfectamente considerarse como unos pagos aplazados de una inversión.
Todo ello, por supuesto, descontando la parte de cuota que corresponde a
la opción de compra, y también --y esto es lo que se recoge en esta
enmienda, que hemos intentado que sea posibilista, para poder
transaccionarla e incluirla en el Dictamen de la Comisión-- establecer un
porcentaje de deducción que incluso sea inferior al de otras fórmulas de
inversión empresarial por el lado de la financiación de las mismas,
teniendo en cuenta el coste total de amortización de los activos
adquiridos mediante «leasing», dividiéndolo por las propias cuotas
«leasing», deducida la opción de compra.
Por tanto, los porcentajes de deducción, cualquiera que sean éstos,
deducción de la inversión empresarial --luego veremos que el Grupo
presenta una enmienda para pedir una ampliación de estas deducciones
genéricas a la inversión empresarial--, o las adquisiciones vía
«leasing», tendrían un incentivo algo inferior que el correspondiente a
las otras fórmulas de financiación de las inversiones empresariales.
Este es el sentido de la enmienda, y de esta forma la hemos presentado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Enmiendas del Grupo Senadores Nacionalistas Vascos números 1.294 a 1.306,
ambas inclusive.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
En relación a la enmienda número 1.294, de modificación, al artículo
setenta y cinco, quisiéramos aclarar, en primer lugar, que hay un error
de transcripción en el segundo párrafo, donde dice: «Que el sujeto pasivo
no tenga rendimientos netos superiores a...» se ha olvidado incluir:
«...dos millones de pesetas anuales.» Esta enmienda mejora, desde nuestro
punto de vista el texto de la ley, que dice: «que la base imponible del
sujeto pasivo no sea superior a tres millones de pesetas anuales».
Nosotros decimos: «Que el sujeto pasivo no tenga rendimientos netos
superiores a dos millones de pesetas anuales, si se trata de
declaraciones individuales, o de dos millones de pesetas más quinientas
mil pesetas más por cada miembro de la unidad familiar, si se trata de
declaraciones conjuntas».
La enmienda número 1.295, al artículo setenta, va en el mismo sentido que
ha manifestado el Senador Utrera, por lo que suscribimos todo lo expuesto
en relación con el «leasing».
La enmienda número 1.296 pretende una mejora en el tratamiento fiscal de
los centros de enseñanza. En ese sentido, tratamos de mejorar el Impuesto
de Bienes Inmuebles a determinados centros docentes.
La enmienda número 1.297 va en el mismo sentido que la anterior, pero
referida al Impuesto de Actividades Económicas, donde tratamos de
introducir una reducción relativa a los establecimientos de enseñanza,
que tenían una bonificación del 95 por ciento en el Impuesto de
Radicación, que luego sería sustituido por el Impuesto de Actividades
Económicas. Tratamos de subsanar esto adicionando un punto cuatro con el
siguiente texto: «... los restantes establecimientos de enseñanza gozarán
de una bonificación del 50 por ciento en la cuota del impuesto.
La enmienda número 1.298 es del mismo tenor, pero referida al Impuesto
sobre el Valor Añadido.
La enmienda número 1.304 es de adición de un nuevo apartado que diga: «d)
Las pensiones especiales de los Mutilados de guerra, reguladas en las
Leyes 35/80, 6/82 y Decreto 670/76».
Hemos visto que en el texto de la Ponencia se suscribe una enmienda
similar, que creemos tiene el mismo contenido, en el artículo 62,
apartado m). Aunque nosotros lo concretamos en unas leyes, sin embargo,
no
la vamos a retirar hasta que estemos seguros. Yo personalmente entiendo
que es la misma enmienda, y creo que ampara todas las pensiones
especiales de los Mutilados de guerra, sin embargo, la retiraremos en el
Pleno si es realmente la misma enmienda.
Las enmiendas números 1.305 y 1.306 son de adición de un nuevo apartado
al artículo setenta y cuatro. Proponemos una mejora a los Colegios
Mayores o Menores, en el sentido de que puedan obtener algún beneficio en
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. El texto quedaría: «Se
adiciona un nuevo apartado 28 en el artículo 20 Uno con la siguiente
redacción: Las de alojamientos y alimentación prestadas por Colegios
Mayores o Menores y residencias de estudiantes».
Nada más, señor Presidente; muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
Enmiendas 1.158, 1.159 y 1.160, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.
Tiene la palabra el Senador Travieso, por un tiempo de tres minutos.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Las enmiendas números 1.158 y 1.159 las damos por defendidas en sus
propios términos.
Con respecto a la enmienda número 1.160, pretendemos que las tarifas a
aplicar en los vuelos interinsulares en el Archipiélago Canario y Balear,
en lugar del incremento del coeficiente 1,03 como prevé el proyecto, sea
del coeficiente 0,90 de la cuantía exigible durante 1993. Esto, por una
razón muy sencilla. Como bien decía el Senador Font, no hay que olvidar
que los archipiélagos tienen la condición insular y así lo recoge el
artículo 138.1 de la Constitución. Por ello, el hecho archipielágico y la
situación de las islas menores o, lo que allí llamamos, la doble
insularidad hace que para nosotros sea imprescindible el transporte aéreo
con las islas capitalinas o, como nosotros las denominamos, mayores,
porque nos tenemos que desplazar constantemente para hacer cualquier tipo
de gestión administrativa, judicial, de sanidad, o cualquier cosa que se
salga un poquito de lo normal.
La frecuencia en estos vuelos es intensa y el coste altísimo. Si algún
día se sacaran cuentas de lo que nos cuesta a los de las islas menores el
hecho de la doble insularidad, más de uno se llevaría algún susto. Por
tanto, las tarifas aeroportuarias inciden en gran medida en los costes de
esos vuelos y los costes de esos billetes, al final, repercuten en los
ciudadanos que vivimos en esas islas menores. Nosotros pensamos que si se
siguen aumentando estas tarifas va a ser difícil que las líneas puedan
ser competitivas; cada vez se van a ir aumentando más los precios y ya
estamos viendo las consecuencias, porque dado el carácter de monopolio
que, en nuestro caso, se está ejerciendo por la compañía Vinter, se están
reduciendo los vuelos y ya se está entrando en cuestiones mayores; como
se dice vulgarmente, se nos están cortando las alas y se nos está
imposibilitando que nos comuniquemos como Dios manda. Por eso
consideramos de vital importancia que no se sigan ampliando esas tarifas
aeroportuarias, lo que, en definitiva, va a redundar en la calidad de
vida de las personas que tenemos que vivir en esos trozos de tierra
rodeados de agua por todas partes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Travieso.
Entramos en el debate de las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió números 1.829, 1.835, 1.836, 1.837, 1.838, 1.862 y
1.863, dado que el resto de las enmiendas, de la número 1.830 a la 1.834
y de la 1.839 a la 1.842 y la 1.865 han sido ya previamente incorporadas
al informe de la ponencia.
Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero comunicar que las enmiendas números 1.835, 1.836
y 1.837 las reiteramos en este momento.
En cuanto a las otras cuatro enmiendas, la número 1.829 está redactada en
los mismos términos que la anteriormente defendida por el señor Utrera y
por el Grupo de Senadores Nacionalista Vascos, y se refiere a la
financiación por «leasing» cuyo objetivo, como ya se ha comentado, es
mantener la competitividad de este sistema de financiación tan
importante, sobre todo, para la pequeña y mediana empresa.
En cuanto a la enmienda número 1.838, referente al IVA --impuesto sobre
el valor añadido-- en los servicios de hostelería, restauración y otros,
obedece a un problema que ya fue debatido hace algunas semanas en el Plan
de esta Cámara. En aquel momento ya manifestamos que las circunstancias
actuales no son quizá las más apropiadas para plantear un problema como
éste que tiene un importante coste económico, pero no por ello hemos
desistido de presentar esta enmienda ya que hay que acercar al máximo
posible la situación de este sector, tan importante para el turismo, a
sus homónimos en Europa. Por tanto, somos conscientes de que es una
enmienda de un importante costo económico pero creemos que es igualmente
importante avanzar en esta línea de reducir las diferencias del sector de
la restauración y hostelería español respecto a sus homónimos en Europa.
Las enmiendas números 1.862 y 1.863 hay que contemplarlas conjuntamente y
su objetivo es mejorar la situación fiscal de las familias con mayor
número de descendientes, aumentando las deducciones por este
concepto sin que ello represente una minoración de los ingresos del
Estado, es decir, realizando una redistribución entre los contribuyentes
y favoreciendo con ello a las familias con más descendientes a su cargo.
Este es un tema en el que nuestro Grupo está muy sensibilizado y hemos
creído oportuno presentar conjuntamente estas dos enmiendas con este
objetivo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, la número 139,
correspondiente al veto al Título VI, y de la número 140 a 162, ambas
inclusive.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, el Grupo Popular presenta 24 enmiendas al Título VI del
proyecto de ley, una de ellas de veto, y 23 enmiendas al articulado. Lo
primero que hay que señalar es que estas enmiendas no recogen la
totalidad de las propuestas de reforma del Grupo Parlamentario Popular en
materia fiscal puesto que parte muy importante de esas propuestas, y
algunas de las enmiendas principales, han sido incorporadas al proyecto
de ley de medidas financieras. Por tanto, por razones que no se nos
escapan a nadie y por razones de calendario tenemos que fragmentar el
debate fiscal en estos dos proyectos de ley.
Dicho esto, tengo que señalar que el veto del Grupo Parlamentario Popular
a este Título se fundamenta en el número e importancia de las enmiendas
que presentamos a tres de los principales impuestos estatales,
concretamente, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el
impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido y a dos
grandes impuestos locales, como son, el impuesto sobre bienes inmuebles y
el impuesto de actividades económicas.
Al mismo tiempo, este veto al Título VI también se fundamenta en el hecho
de que el Gobierno, un año más, a través de la ley de presupuestos está
frustrando las posibilidades reales de crecimiento económico en nuestro
país y de distribución equitativa de la carga fiscal. En definitiva, nos
encontramos ante un proyecto que aumenta la presión tributaria, sin duda
alguna. Ya hemos visto esta mañana que, por de pronto, aumentan en 0,5
puntos las cotizaciones de desempleo a la Seguridad Social. También
observamos que no mover las tarifas en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, de hecho, supone aumentarlas debido a la inflación y a
la pérdida de valor real de las bases imponibles del impuesto sobre la
renta y, por ello, la presión fiscal va a aumentar. Y lo va a hacer, por
ejemplo, con el aumento indiscriminado de los valores catastrales a
efectos del impuesto sobre el valor añadido, cuando estamos asistiendo a
una época en la que esos valores de mercado, valores en venta o en renta,
que es lo que, en realidad, tiene que reflejar el valor catastral de los
bienes inmuebles, no solamente no se está moviendo al alza, sino que, en
muchos casos, se está retrocediendo.
En definitiva, se está produciendo un aumento de presión fiscal que no
está justificado, como muchas veces se dice, por la contención del
déficit público. Si en algo hay unanimidad en estos momentos es en que el
déficit público español tiene su causa en el desbordamiento del gasto
público y no en las previsiones de recaudación ni en el incumplimiento
recaudatorio que, además, no se ha producido, ni siquiera en el año 1993.
Lo que ocurrió es que estas previsiones eran excesivamente optimistas
dada la situación, que ya todos conocíamos, de la economía española. Por
tanto, diremos que es en el gasto público donde hay que atajar el déficit
público y que argumentos como que no se puede proceder a una reforma
fiscal y conseguir en nuestro país un sistema tributario coherente debido
al déficit público, no dejan de ser una disculpa o una añagaza que nos
condena, como se viene demostrando en nuestro país en los últimos años, a
no conseguir ni una cosa ni otra: ni a hacer coherente el sistema
tributario ni a contener el déficit público, que, en realidad, lo que
está habiendo es crecer.
En cuanto a las enmiendas particulares, el grueso de las veintitrés
enmiendas que hemos presentado, ocho concretamente, se refieren al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Voy a hacer rápidamente
una valoración de todas ellas y un breve resumen de lo que se pretende
con las mismas.
En primer lugar, creemos que fue un paso desafortunado el que se dio en
la última reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
año 1991, en el sentido de someter a tributación las anualidades por
alimentos satisfechas por los cónyuges, cuando ciertamente suponen una
merma real de capacidad de pago. Es un problema que se plantea a un grupo
muy numeroso de ciudadanos, que, como consecuencia de esa inclusión
fiscal plena de dichas anualidades, se encuentran con tipos marginales,
pensiones que han de pagar más Impuesto sobre la Renta, que pueden en
algunos casos llegar hasta el 70 ó 75 por ciento en el caso de rentas y
pensiones elevadas, pero que en el caso más bajo como mínimo se sitúan
entre el 40 y el 60 por ciento de la renta total ganada por estos
individuos. Por tanto, nosotros proponemos la exención de estas
anualidades satisfechas por alimentos en el caso de separación
matrimonial judicial.
La enmienda 141 la consideramos también muy importante y se refiere al
régimen fiscal de los pequeños agricultores. Es sabido que en estos
momentos la agricultura está pasando por una situación de crisis, crisis
no sólo de sector desde la perspectiva productiva, sino crisis también de
organización y crisis, sobre todo,
de reestructuración y adaptación a las nuevas condiciones de mercado, que
nos vienen impuestas, además, desde fuera. Lo cierto es que este sector,
donde el retroceso en rentas se está produciendo año tras año, ha visto
reformar su fiscalidad por la vía de la inacción y se le han aumentado
las cargas formales. Los pequeños agricultores están sometidos al que se
denomina régimen de coeficientes en estimación objetiva, que supone para
éstos un aumento de obligaciones respecto al anterior sistema de
estimación objetiva singular simplificada. Pero es que, además, en
agricultura no siempre se pueden justificar todos los gastos en que
incurren las explotaciones, por lo que el propio sistema de coeficientes
que actualmente se aplica es también un sistema inconveniente por cuanto
estima rendimientos netos excesivos para los agricultores. Si a esto le
unimos unos pagos fraccionados, que en el año 1992 fueron realmente
bajos, da como resultado que en el último período de declaraciones los
agricultores tuvieron que hacer frente a una cuota diferencial, es decir,
al pago asociado a la declaración de renta ciertamente desproporcionado.
Pues bien, nosotros lo que proponemos es, por un lado --y éste también es
el sentido de la enmienda siguiente--, que todos los sujetos pasivos en
estimación objetiva puedan optar, permaneciendo en estimación objetiva,
entre el sistema de módulos y el sistema de coeficiente. Esto parece
razonable. El sistema de coeficiente es algo más próximo a la realidad de
los rendimientos de la empresa individual, el sistema de módulos algo
menos, por tanto, se les permite la opción. Pero en el caso de la
agricultura creemos, además, que hay que retomar el antiguo sistema de
estimación objetiva singular, estableciendo, como se propone en esta
enmienda, un coeficiente del 24 por ciento, que más o menos era el
porcentaje que salía con el antiguo sistema, del volumen total de
operaciones que realicen durante el ejercicio. Sabemos que el Ministerio
de Economía y Hacienda está elaborando unos módulos, que todavía no
conocemos, y sabemos también que se quiere dar una solución a este
problema, pero se está demorando y creemos que a través de la Ley de
Presupuestos se debería de incluir una solución.
La enmienda siguiente, como he comentado, permite la opción. No hay nada
más que añadir.
Las enmiendas 143 y 147 se refieren a la misma cuestión, la actualización
de las tarifas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero
bien es verdad que es una petición muy moderada, porque nos
conformaríamos simplemente con que se aplicasen de nuevo las tarifas que
se aprobaron en el año 1991, que ya entonces considerábamos excesivas.
En la enmienda 144 se propone una actualización al cinco por ciento de
las deducciones familiares. Está en línea con lo que antes señalaba el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, aunque éstas son algo más amplias en cuanto a las partidas a las
que afectan.
En las enmiendas 145 y 146 introducimos un cambio fiscal importante, que
sería la deducción en cuota en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de una parte de lo pagado por los sujetos en concepto de Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y de Impuesto sobre Actividades Económicas. La
justificación es doble: por un lado, evitar parte --sólo parte-- de la
doble imposición a la que se ven sometidos los contribuyentes por estos
impuestos local y estatal sobre la renta personal y, al mismo tiempo,
contribuir de esta forma a la financiación de las corporaciones locales
por la vía indirecta de aliviar las cargas que éstas imponen sobre sus
ciudadanos, tenida en cuenta la deducibilidad que podría aplicarse en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, hemos incluido únicamente cinco
enmiendas. La primera de ellas, la 148, tiene el mismo sentido que la que
acabamos de comentar del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de deducción del Impuesto sobre Actividades Económicas, deducción
parcial, porque es ya un tópico muy usado y, desde luego, muy fácil de
entender que el Impuesto sobre Actividades Económicas en este país no
tiene razón de ser. Es un impuesto que grava, pero con una técnica mucho
más imperfecta, la misma capacidad de pago que el Impuesto sobre
Sociedades o que el Impuesto sobre la renta de empresarios individuales
y, por tanto, esta tributación tiene que reducirse mediante este
mecanismo de deducción en la cuota del Impuesto sobre Sociedades.
En cuanto a incentivos empresariales a la inversión, a parte del ya
mencionado del «leasing», que no va incluido en las enmiendas que
comentamos ahora, proponemos que se amplíe la deducción por inversión
empresarial del cinco al diez por ciento cuando se trata de activos fijos
materiales nuevos, y del cinco al 15 por ciento cuando se trate de gastos
en formación profesional, en los mismos términos en que se incluye en el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales que ahora estamos comentando.
Por último, respecto al Impuesto de Sociedades, hay una enmienda referida
específicamente a un sector, al de minusválidos, en la que proponemos la
ampliación de 700.000 a un millón de pesetas la deducción por
contratación de trabajadores que sufran minusvalías, y posiblemente
llegaremos a una enmienda transaccional pasando de 700.000 a 800.000
pesetas esta deducción.
En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, proponemos únicamente una
enmienda --específicamente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, porque ya
hemos visto que hay dos enmiendas que tratan de aplicar la deducción en
el Impuesto sobre la Renta de este impuesto--, la número 153, por la que
se suprime el artículo setenta y uno, porque precisamente es en este
artículo
donde se actualiza, mediante un coeficiente fijo, el calor catastral, lo
que supone una revisión encubierta de valores, cuando precisamente
estamos en una situación en la que tales valores no están aumentando.
Tenemos también cuatro enmiendas referentes al Impuesto sobre Actividades
Económicas...
El señor PRESIDENTE: Le recuerdo al Senador Utrera que dispone de diez
minutos.
El señor UTRERA MORA: ... cuatro enmiendas que no voy a comentar en
detalle. Simplemente tratan de mejorar, alterar en unos casos, en otros
cambiar criterios, respecto de la tributación de sectores específicos por
este Impuesto.
Por último, presentamos cinco enmiendas al Impuesto sobre el Valor
Añadido, que consideramos todas ellas de especial relevancia.
En primer lugar, la enmienda 158 pretende aplicar el tipo reducido del
IVA a las bebidas refrescantes, ajustando, por tanto, su tributación a lo
previsto en una directiva comunitaria. No llegamos a entender por qué se
excluyen precisamente las bebidas refrescantes, junto a bebidas
alcohólicas, del concepto de alimentos para excluirlas de la tributación
a tipo reducido del 6 por ciento y pasarlas al tipo normal.
La siguiente enmienda, la 159, incide sobre lo ya apuntado por el
portavoz del Grupo Parlamentario en el Senado de Convergència i Unió, por
lo cual entiendo que no habría problema en que esta enmienda, en
principio, saliera adelante, en cuanto a que hoteles y restaurantes de
cinco estrellas tributasen al 6 por ciento. En lo que no estoy de acuerdo
es en que haya pérdidas recaudatorias. Nosotros seguimos sosteniendo, lo
mismo que en la proposición de ley que se presentó en el Pleno hace
algunas semanas, que la pérdida recaudatoria es cero porque sencillamente
se va a vaciar el cuerpo de contribuyentes que actualmente se encuentran
en ese estatus o categoría hostelera. Por tanto, no hay que preocuparse
de pérdida recaudatoria porque no la hay, o si la hay, es realmente
pequeña.
La enmienda número 160 es específica para excluir de tributación por IVA
las transferencias o subvenciones que para el sostenimiento de empresas
públicas encargadas de la prestación de servicios públicos realicen las
administraciones. En la enmienda número 161, también referida al Impuesto
sobre el Valor Añadido, se pretende derogar, aunque está redactada en
otros términos, la Disposición Adicional, que justifica el régimen
transitorio de tributación del transporte aéreo y marítimo de pasajeros y
sus equipajes, por el cual en lugar del 6 por ciento, que es el tipo que
les corresponde según la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido,
transitoriamente se mantiene al 15 por ciento la tributación de estos
servicios; por tanto, es al 6 como deben tributar y éste es el sentido de
nuestra enmienda.
Por último una enmienda importante a partir de la reforma del Impuesto
sobre el Valor Añadido del año 1993, es la de permitir que en las
operaciones intracomunitarias los empresarios españoles puedan deducirse
en el mismo período las cuotas por IVA soportado en esas operaciones, con
lo cual se les reducen las cargas financieras que tendrían esas empresas.
Y este es el sentido de todas las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Entramos en la defensa de la enmienda 1.874 del Grupo Parlamentario
Socialista que es la que queda viva, dado que el resto de las enmiendas
han sido incorporadas ya al informe de la Ponencia.
Puede unir el turno en contra --que vendría a continuación-- con la
defensa de la enmienda 1.874.
Tiene la palabra el Senador Segura por un tiempo máximo de 23 minutos.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, este Título VI del proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 1994 --como bien ha sido
expuesto por los anteriores intervinientes-- es objeto de un conjunto
importante de enmiendas a toda una sistemática continuada de figuras
impositivas, tanto de tributación directa como de tributación indirecta.
Probablemente en el tiempo que se me otorga por parte de la Presidencia
sea capaz de contestar, al menos, a las distintas enmiendas que de una
manera más insistente los diferentes intervinientes han participado.
Permítaseme que indique, contestando al Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular como consecuencia del planteamiento de un veto y una retirada de
este Título, que dada la dinámica que la marcha parlamentaria de este
proyecto de ley lleva, desde luego, no parece oportuno ni razonable. Es
decir, la modificación de este Título significaría la reestructuración de
todo un proyecto de ley. Y no podemos olvidar que la normativa tributaria
que incluye este proyecto de Presupuestos Generales del Estado no plantea
cambios decisivos o esencialmente estructurales en lo que a fiscalidad
directa se refiere, si bien es cierto que se modifican algunos aspectos
que, si se me permite, voy a resumir. En lo que se refiere al Impuesto
sobre las Rentas de las Personas Físicas se establece limitación de
exenciones en la prestación por incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez, y se amplía el límite máximo de renta que da derecho a la
deducción por alquiler de viviendas.
En el Impuesto de sociedades aparece un mecanismo interesante
posibilitándose de forma opcional que
se realicen los pagos a cuenta en función de los resultados del ejercicio
en curso y elevándose al 25 por ciento la deducción de la cuota
correspondiente a las inversiones realizadas en el supuesto de empresas
que llevan a cabo actuaciones internacionales.
Se produce también la modificación de la naturaleza tributaria en materia
de imposición indirecta en lo que a impuestos especiales se refiere,
aumentándose de un 5 a un 7,5 por ciento las tarifas del Impuesto
especial sobre las cervezas, incrementándose los tipos del impuesto
especial sobre productos intermedios en un 7 por ciento, y en lo
referente al Impuesto sobre el Valor Añadido, se suprime la posibilidad
de renunciar a la exención en las operaciones inmobiliarias a sujetos
pasivos acogidos al régimen de recargo de equivalencia.
Hay una novedad importante del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, y yo creo que coincido con el sentir de
toda esta Comisión si digo que todo este conjunto de actuaciones
tributarias que recoge el Título VI de este proyecto de ley, perfila,
modula, perfecciona toda una serie de figuras impositivas que se han ido
legislando a lo largo de los últimos años adaptándolas a una realidad que
permite la generación de empleo, que posibilita el movimiento de
capitales y las transacciones intracomunitarias con nuestro país como
lugar de origen y de destino y posibilita, en suma, toda una política de
contención de la deuda pública y de contención del gasto público que,
como se ha señalado y es constantable numéricamente, no puede hurtarse al
conocimiento de la Comisión y ha sido manifestado aquí concretamente por
los intervinientes en el Título anterior.
Por tanto, la aparición de todo un conjunto de modificaciones tributarias
a todo un cuerpo legislativo del Estado español en estos momentos es
oportuno, necesario e imprescindible para posibilitar la política que el
Presidente del Gobierno definió cuando se produjo la investidura en el
Congreso de los Diputados y que ha sido expuesta reiteradamente por el
Ministerio de Economía y Hacienda ante las Comisiones de Economía y
Hacienda del Congreso y del Senado y en sus diferentes intervenciones
públicas.
De aquí que nosotros digamos no a ese veto y, consiguientemente, nos
parezca oportuno pasar a producir el análisis de los contenidos más
relevantes de las sucesivas enmiendas.
Señorías, si la Presidencia me lo permite, voy a procurar ir contestando
y argumentando en contra de algunas delas enmiendas propuestas por los
diferentes Grupos haciendo la clasificación por artículos sucesivos.
Por lo que se refiere al artículo sesenta y cinco, la enmienda número 44,
del Grupo Parlamentario Popular, plantea la modificación de cantidades
incluidas en las letras a), b), c) y d) del apartado 1 del artículo
setenta y ocho de la Ley del IRPF. Nosotros pensamos que la enmienda
propuesta por el Grupo Parlamentario Popular determinaría o impulsaría el
incremento de la cuantía de las deducciones familiares, pero también
debemos señalar que las circunstancias económicas que motivaron la no
modificación de las cuantías en el ejercicio de 1993 no han sido todavía
superadas, lo que, en un ejercicio de responsabilidad, nos obliga a
mantenerlas en sus actuales términos.
La enmienda número 145 pone de manifiesto una intencionalidad que puede
producir una disminución recaudatoria notable de la Administración del
Estado. Hay todo un conjunto de enmiendas, como la 855, que pretende
modificar el apartado segundo del artículo veintiocho de la Ley, o la
856, que queremos rechazar, por cuanto el argumento de incrementar el
coeficiente del 5 por ciento sobre el gasto al 6 por ciento se llevaría a
cabo sin incrementar la tarifa del Impuesto, lo cual implicaría también
una disminución de los ingresos públicos; o la enmienda 857, que
rechazamos por un argumento equivalente al que acabo de esgrimir, habida
cuenta que el deflactar la base liquidable en un 3,5 por ciento significa
sencillamente deducir de la cantidad que se obtiene de la deducción de
los ingresos netos los gastos deducibles una cantidad que estimamos
ascendería a la del 3,5 por ciento como una suerte de ingresos de difícil
justificación.
Ese planteamiento creemos que no es en absoluto defendible. Análogamente
las enmiendas 860, 864, 1.294, 862 y la 1.862 supondrían una minorización
de ingresos importante que nos conduce a plantear que no se pueda asumir.
Hay artículos de este texto, como, por ejemplo, el artículo sesenta y
seis, al cual el Grupo parlamentario Popular presenta la enmienda número
147, y el Grupo Mixto la enmienda número 863. Nuestra posición con
respecto a la enmienda número 147, al igual que lo fue, con anterioridad,
a la enmienda 141 al artículo sesenta y tres bis, es que plantea retornar
a las tarifas del IRPF, que fueron modificadas por el Decreto-ley 5/1992,
del 21 de julio, de Medidas Presupuestarias Urgentes, por cuanto el
Gobierno, y es un hecho constatable, se ha comprometido a no incrementar
la presión fiscal en el ámbito del IRPF, por lo que se mantienen los
tipos impositivos o la tarifa que se utilizó para liquidar el ejercicio
de 1992 y 1993, que son los tipos establecidos en el Real Decreto, al que
acabo de hacer referencia, 5/1992. Si se comparan los tipos que propone
el Grupo parlamentario Popular, se podrá comprobar que son idénticos a
aquellos anteriores, es decir, que no existe incremento en la presión
fiscal en el ámbito del IRPF.
La enmienda número 863 la contestamos en el mismo sentido que la número
857 del artículo sesenta y cinco, y la rechazamos con el argumento de que
deflactar la base liquidable en un 3,5 por ciento significa,
sencillamente, deducir de la cantidad que se obtiene de restar de los
ingresos netos de los gastos deducibles,
una cantidad que se sitúa en el 3,5 por ciento de esa globalidad,
produciéndose una disminución de ingresos de difícil justificación.
La enmienda número 148, al artículo sesenta y nueve, sobre el impuesto de
sociedades, a la que el portavoz Popular ha prestado bastante atención,
nosotros no podemos aceptarla por cuanto que implica una disminución
potencial de los ingresos públicos, dado que se propone extender el
ámbito de deducciones de la cuota, quedando incluidos en el hecho del
supuesto contemplado en el artículo 134.6 de la Constitución. En ese
artículo un conjunto de enmiendas van en la misma línea de trabajo y,
consiguientemente, nuestros argumentos, ampliables en el debate que se
producirá en el Pleno como consecuencia de que los distintos Grupos
mantengan vivas estas enmiendas, los profundizaremos con mayor interés.
Los diferentes Grupos, a través de sus portavoces, han planteado en el
artículo setenta, y concretamente el Grupo Popular en la enmienda 152,
una modificación: Donde dice 700.000 pesetas --estamos refiriéndonos al
tema de las deducciones por la contratación de minusválidos--, debe decir
un millón de pesetas. Con respecto a esta enmienda es intención del Grupo
Parlamentario Socialista impulsar un acercamiento con las posiciones de
los diferentes Grupos, acercamiento que esperamos se produzca también en
el Pleno en una enmienda transaccional.
El portavoz del Grupo Popular ha prestado mucho interés a un tema que, en
efecto, coincidimos con él, al igual que con el portavoz del Grupo de
Convergència i Unió, en un tema comúnmente conocido que es el problema
del «leasing». Es decir, la no deducción fiscal por inversión, que hoy se
da, podemos aceptar que constituye una discriminación negativa con
respecto al «leasing». Yo le adelanto al Senador Utrera, que presentó una
enmienda unipersonal con un contenido importante, corroborada con una
enmienda de su propio Grupo con la correspondiente de Convergència, que
el Grupo Parlamentario Socialista está interesado en procurar un
acercamiento y en encontrar una enmienda transaccional que nos permita
resolver un problema innegable.
En la deducción fiscal por inversiones nos parece, sin duda alguna, que
una inversión productiva empresarial por el hecho de que sea financiada
mediante «leasing», el que no se pueda acoger hoy en día a la deducción
fiscal es una situación que hay que resolver. Pero es más, si se me
permite como Senador por la isla de Tenerife, yo les puedo asegurar que
concretamente en Canarias, comunidad a la que no se aplica el impuesto
sobre el valor añadido, pero sí con técnica de IVA el impuesto general
indirecto como una figura tributaria, que comenzó y entró en vigor el
pasado 1 de enero de este año 1993, y que ha generado problemas
distorsionadores, los parlamentarios Socialistas Canarios estamos también
interesados por la repercusión que tiene en esa figura impositiva
específica de nuestra Comunidad. Reitero que a buen seguro encontraremos
la enmienda transaccional que nos permita salir de esa situación
discriminatoria.
Al artículo setenta se plantean varias enmiendas que lógicamente merecen
un comentario. Al artículo setenta, deducciones por inversiones, creación
de empleo y gastos de formación profesional, se han planteado un elevado
número de enmiendas, como son las que a continuación iré
contraargumentando.
La enmienda número 149, del Grupo Parlamentario Popular, plantea el
aumento de la deducción por adquisición de activos materiales nuevos.
Nosotros pensamos que el problema es un tema al que debe enfocarse, que
está por resolver, sobre todo, en lo que a su cuantía se refiere, que no
sabemos cuál debe ser, si un 5, o un 7 por ciento, un 7,5, un 8,2 o un 10
por ciento. Desde nuestro punto de vista, es un tema en el que en estos
momentos no estamos en condiciones de poder llevar a cabo ningún
planteamiento firme, pero pensamos que es correcto defender el
mantenimiento del actual porcentaje.
En la enmienda número 150 se plantean temas de amplias consecuencias
fiscales y concretamente pensamos que esa enmienda redactada en estos
términos --leo textualmente el contenido de la enmienda presentada--, «A
los efectos de lo previsto en el párrafo anterior se considerará
formación profesional el conjunto de acciones formativas desarrolladas
--leo textualmente el contenido de la enmienda presentada-- por una
empresa, directamente o a través de terceras, dirigido a la Formación
Profesional inicial y continua de su personal, integrada en el Programa
Nacional de Formación Profesional. En ningún caso...», etcétera, tiene un
cierto roce con el planteamiento en el proyecto de presupuestos que dice:
«A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior se considerará
formación profesional el conjunto de acciones formativas desarrolladas
por una empresa, directamente o a través de terceros, dirigido a la
actualización, capacitación o reciclaje de su personal y exigido por el
desarrollo de sus actividades o por las características de los puestos de
trabajo.»
Nosotros pensamos que la redacción del proyecto es más amplio, más sólido
y más clarificador que lo que dice la enmienda, y en consecuencia creemos
que es una enmienda innecesaria.
En la enmienda número 151 se plantea un conjunto de actuaciones cuya
discusión preferimos producir en el Pleno.
La enmienda número 152 plantea ampliar la deducción por trabajadores,
como hemos dicho hace un instante, de 700.000 a un millón de pesetas, y
esperemos, en efecto, alcanzar ese acuerdo al que he hecho referencia.
La enmienda número 867 tiene una redacción ambigua por cuanto se refiere
a este artículo setenta con una
redacción que no terminamos de entender porque plantea: donde dice el 25
por ciento, debe decir el 20 por ciento. Parece referirse, por un lado, a
los sujetos pasivos o, por otro, a planteamientos que no acertamos a
comprender.
Creemos que la enmienda número 868 contiene también una redacción más
ambigua que lo que dice clara y taxativamente el artículo setenta y, por
consiguiente, no entendemos su aparición.
Nos parece que la enmienda número 869 presenta también una redacción
ambigua que distorsiona el contenido del artículo setenta y lo mismo
sucede con las enmiendas números 870 y 871.
Las enmiendas números 1.295, 1.824 y 1.829, que se refieren a la
posibilidad de que se acojan a la deducción por inversiones en activos
fijos materiales nuevos los bienes adquiridos en régimen de arrendamiento
financiero, son a las que acabo de hacer referencia y sobre las que
esperamos el acuerdo adecuado.
En la enmienda número 1.865 se propone la modificación del artículo 26 de
la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, sobre el Impuesto de Sociedades.
Pensamos que es una modificación sustancial que no podemos aceptar y que
estamos en condiciones de razonar con contenido amplio en el Pleno.
El Grupo Parlamentario Popular, con la enmienda número 153, plantea la
supresión del artículo setenta y uno, Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
que tanto preocupa a los que tenemos experiencia municipalista porque lo
hemos vivido de manera directa. Nos parece que esto no es aceptable.
Entendemos que hay toda una mecánica que tendrá que producirse a lo largo
del año 1994, vinculada a toda la actualización catastral --problema
secular--, en la que este impuesto recibirá la atención suficiente.
El artículo setenta y dos, Impuesto sobre Actividades Económicas, ¿cómo
no iba a ser objeto de un conjunto importante de enmiendas y de
iniciativas por parte de cada uno de los grupos parlamentarios? Como es
natural --y lo reitero-- a quienes tenemos experiencia en la
Administración local y, como sucede en mi caso, hemos tenido que jugar el
doble papel, por un lado, de miembros del Senado, de participar en su
elaboración y, consiguientemente, en su aprobación y, por otro lado
--como es el caso de muchos compañeros en esta Cámara legislativa--, de
tener la condición de personas con responsabilidades en la Administración
local, el Impuesto sobre Actividades Económicas nos ha quitado mucho el
sueño, nos ha obligado a estar en una primera línea. Conjuntando esas dos
circunstancias, ¿qué Cámara hay más adecuada que el propio Senado para
enmendar, modificar, discutir con intensidad sobre este Impuesto?
El conjunto de enmiendas presentado a este artículo 72 es muy elevado, y
la premura de tiempo nos impide extendernos.
El Grupo Parlamentario Popular plantea enmiendas que van de la número 154
a la 157. Todas son de naturaleza técnica. Desgranarlas supone hacer un
planteamiento relativamente meticuloso.
En la enmienda número 154 se plantea la modificación de la Nota 2.ª del
ordinal 4.º del apartado uno del artículo setenta y dos, por el que se
crea el epígrafe 654.6 en la Sección 1.ª de las tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas, redactándola de otra forma.
En la enmienda número 155 se plantea la adición de un ordinal nuevo con
todo un texto.
La enmienda número 156 es compleja, pues tiene nueve subapartados. Espero
que en el Pleno...
El señor PRESIDENTE: Senador Segura, ha concluido el tiempo.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino dentro de un minuto.
... podamos discutirla extensamente, pero sus señorías entenderán que se
trata de todo un cuerpo legislativo cuya modificación no puede aceptar el
Grupo Parlamentario Socialista.
Presidente y señores portavoces, en este Título, muchas de estas
enmiendas, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, consideradas de
manera aislada, pueden producir distorsiones en todo un conjunto de
modificación. Si hay un título en el que cada grupo parlamentario, en el
supuesto de que su partido estuviese produciendo acción de gobierno,
daría, naturalmente, las modificaciones que estimase oportunas, es éste.
Aquí figuran las que nosotros hemos creído más pertinentes y que van a
permitir mejorar la recaudación, combatir el fraude fiscal y mejorar
también todo un sistema de ingeniería fiscal del que tan necesitado se
encuentra nuestro país.
Lamento no haber podido contestar a todas las enmiendas, pero, en líneas
generales, me da la impresión de que han sido expuestas aceleradamente,
pero van a dar origen a un debate posterior.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Segura.
A continuación, pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo necesito un minuto para contestar al portavoz socialista. La escala
que figura en el proyecto de ley, la aprobada en el Real Decreto-ley
5/1992, de 21 de julio, de Medidas Presupuestarias Urgentes, elevó de
forma
transitoria la prevista en un principio en la ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y, posteriormente, se incorporó a la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1993. Por ello, nuestra propuesta
habría sido, por ejemplo, que en la escala inicialmente prevista en la
Ley del Impuesto como etapa intermedia para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la citada disposición adicional octava de esa Ley, sería
necesario reducir también las tablas de retención aplicables durante el
año 1994, de manera que los efectos recaudatorios de la medida propuesta
se repartiesen entre los ejercicios 1994 y 1995, puesto que la
recaudación para 1994 se cubría con la reducción de gastos que ya se
propone en las enmiendas de reducción del gasto.
Sólo quería aclarar esto, puesto que creo que se estaba explicando de
forma inversa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo lamento aún más que el Senador Segura que no haya podido hacer
referencia a todas las enmiendas, porque precisamente todas las nuestras
se han quedado sin tratar.
Al hilo de lo que decía al final de que todo era un sistema de ingeniería
fiscal tendente a mejorar la recaudación, debo decir que ése,
probablemente, sea uno de los graves problemas en los que se concretan
diversos aspectos. Nosotros entendemos que hay algunas cuestiones en las
que el elemento recaudatorio tiene que ser de segundo orden, y que tiene
que primar el servicio social que se está haciendo. En ese sentido,
nuestra enmienda número 1.160 va encaminada a lograr esos objetivos, a
lograr que los ciudadanos de las islas menores seamos iguales que el
resto de los ciudadanos del Estado español, y que el desplazarnos a las
capitales de provincias a hacer lo que tengamos que hacer por orden
administrativa o por orden social, nos cueste lo mismo que le cuesta al
resto de los ciudadanos del Estado español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En lo referente a lo expuesto por el portavoz del Grupo Socialista
respecto a nuestra enmienda número 1.829, que se ha denominado de
«leasing», esperamos a ver esa propuesta transaccional que ha comentado
el portavoz del Grupo Socialista, Senador Segura. Por tanto, mantenemos
nuestra enmienda para el Pleno y poder ver allí esta oferta
transaccional.
En cuanto a las otras tres enmiendas, entendemos que no han sido
contestadas, y esperamos también poder seguir defendiéndolas en el debate
en el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador
Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a consumir un turno muy breve. Simplemente quiero señalar que me ha
sorprendido la intervención del portavoz socialista por dos razones. La
primera, por lo que no ha dicho. No ha hablado sobre el Impuesto del
Valor Añadido, concretamente de algunas enmiendas en las que parece que
coincidimos todos los grupos parlamentarios, como es el IVA sobre
hostelería. Y la segunda, porque tampoco ha hablado, y yo creo que es una
necesidad apremiante para el sector del transporte aéreo y marítimo, de
llevar las cosas a su ser, es decir, que el IVA de los servicios del
transporte en cualquiera de sus modalidades sea del seis por ciento para
no excluir estas dos modalidades concretas, la aérea y la marítima.
La enmienda que a título individual ha presentado uno de nuestros
Senadores, la del IVA del tres por ciento, hay que entenderla
concretamente en su contexto geográfico, pues se trata de islas menores,
de islas pequeñas en las que el transporte aéreo no existe por lo que
necesariamente hay que realizar el desplazamiento de mercancías y
personas a través del transporte marítimo.
Por otro lado, y aunque agradezco, vaya por delante, el tono de su
intervención, me ha sorprendido que se hable en este proyecto de ley de
medidas de control del fraude fiscal y de medidas de ingeniería fiscal
que en realidad no trata ninguna de las dos cosas, ni el fraude ni la
ingeniería fiscal. También me ha sorprendido su resistencia al cambio, es
decir, nosotros no podemos enmendar de totalidad mediante el veto un
título porque entonces, según el portavoz socialista, desparramamos todo
el proyecto de ley y parece que cometeríamos un auténtico delito de
Estado.
Nosotros no interpretamos así las cosas. El veto a una parte o a la
totalidad del proyecto de ley significa sencillamente que no coincidimos
con los criterios generales, en este caso con los criterios de carácter
fiscal incluidos en el título, y desde luego causa sobrada sí hay. No
estamos de acuerdo con que en este país de forma oculta se esté
aumentando la carga fiscal de los contribuyentes mediante el
procedimiento de no tocar las
tarifas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tampoco
entendemos, puesto que se ha anunciado por el Gobierno que este
Presupuesto y las medidas complementarias que le acompañan son de
reactivación económica, de relanzamiento de la inversión empresarial, que
se dejen en el estado actual los incentivos por inversión empresarial en
activos fijos materiales nuevos. Así podríamos hablar de una concepción
fiscal que desde el punto de vista del Gobierno, así lo entendemos
nosotros, está inspirada exclusivamente por el ánimo recaudatorio; se
está escatimando cualquier propuesta de reforma fiscal que ciertamente
racionaliza y mejora el sistema tributario, es decir, se la está poniendo
enfrente de las pesetas o los miles de pesetas que se pierden, o, lo que
es lo mismo, se la contempla en términos de déficit público; pero yo
insisto, la única forma de atajar el déficit público, y eso está bastante
probado por la experiencia española reciente de los últimos años, está
precisamente en el control del gasto y no en la obstrucción a la reforma
fiscal.
Dicho esto, nosotros mantenemos todas y cada una de nuestras enmiendas. Y
en particular luego propondremos que se incorporen, puesto que parece que
hay mayoría suficiente, y ya veremos lo que cada uno opina, al dictamen
de la Comisión algunas de ellas en las que hemos coincidido varios Grupos
que estamos presentes en esta Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el
Senador Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Procuraré contestar a cada uno de los intervinientes en este turno de
portavoces. Al Senador Torrontegui le indicaré que yo sí creo haber
entendido la enmienda a la que él acaba de hacer referencia. Además, en
una de las enmiendas que presenta precisamente el Grupo Parlamentario
Socialista a una ley a la que no me he referido en mi intervención pero
que es complementaria de este Título VI, y que es la que denominamos
coloquialmente Ley de Acompañamiento, puesto que acompaña a los
Presupuestos Generales del Estado y cuya ponencia se acaba de dictaminar
hace un par de horas, se establece una reducción en las tablas del IRPF
para el año 1994.
El portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha planteado un
tema que cómo no voy a compartir personalmente: el sobrecosto que
significa vivir en las mal denominadas islas menores de la Comunidad
Balear y de la Comunidad Canaria. Por lo que se refiere a la Comunidad
Canaria les remito, respecto del conjunto de actuaciones legislativas que
se vienen produciendo en los últimos años para combatir ese sobrecoste, a
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobada a finales
del año 1992. Y precisamente en una disposición transitoria se recoge un
apoyo importante al transporte de mercancías desde los principales
centros receptores, islas mayores y menores. Esperemos que en esta ley
pueda haber alguna actuación de mejora, al margen de que se reconozca el
carácter de región ultraperiférica de la comunidad, que va a suponer que
la Unión Europea lleve a cabo una serie de actuaciones, pues es de
aplicación el derecho comunitario, que permitirán el establecimiento
homogéneo de la vida en cada una de las islas, cualquiera que sea.
Al Senador del Grupo de Convergència i Unió, al señor Cambra, quiero
indicarle que si no he hecho referencia a sus enmiendas ha sido por la
celeridad con la cual he querido intervenir para abarcar un abanico lo
más amplio posible. Hay dos enmiendas del Grupo de Convergència i Unió
que exteriorizan una sensibilidad social que nosotros compartimos. Son
enmiendas vinculadas a la deducción en el IRPF de las cuantías para las
familias que tengan minusvalías en alguno de sus miembros y,
análogamente, el aumento de las deducciones por el número de hijos. (El
señor Vicepresidente, Garcías Coll, ocupa la Presidencia.)
La inclusión definitiva de estas enmiendas en este contexto legislativo,
que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
defenderá en el Pleno, suponen, según datos del Ministerio de Economía y
Hacienda, una carga económica importante.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el Senador Utrera, ha dicho,
así me ha parecido entenderle, que le han sorprendido los contenidos que
he expresado y yo creo que también ha manifestado su sorpresa por temas a
los que no he hecho referencia. Le diré, y esto forma parte de la técnica
parlamentaria, aunque no ha sido mi intención en absoluto, que tenemos un
foro importante en el que debatir meticulosamente cada una de las
enmiendas, que es precisamente el Pleno que comenzará el próximo lunes,
día 20, para debatir y aprobar, si procede, la Ley de Presupuestos
Generales del Estado que llevará, además, esa Ley de Acompañamiento.
He hablado de ingeniería fiscal, pero no he dicho en modo alguno que el
Grupo Parlamentario Popular quiera obstruir las decisiones fiscales, sino
que defiende otro modelo. Quizás éste no sea el foro para debatir el
modelo que defiende el Grupo Parlamentario Popular, que no será éste,
pero éstas son las enmiendas que nosotros proponemos, que hemos defendido
y que defenderemos en el Pleno una a una configurando, consiguientemente,
una posición global de nuestro Grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Segura.
Entramos en el Título VII, artículos ochenta y uno a noventa y seis,
secciones 32 y 33. Tiene la palabra el Senador Alierta para defender la
enmienda 1.462. (Pausa.)
Mientras le esperamos, les diré que las enmiendas 1.147, 1.149, 880, 893
y 1.148, del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Cuevas González y de la
señora Vilallonga Elviro, se dan por defendidas.
Como el Senador Alierta está ya presente le damos la palabra por un
tiempo de un minuto y para defender la enmienda 1.462.
El señor ALIERTA IZUEL: Señor Presidente, es a la Sección 32, entes
territoriales.
Solicita nuestra enmienda que se dote a la Comunidad Autónoma de Aragón
de una transferencia por un importe de 300 millones para normalización
lingüística en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Quizá no es todo lo conocido que debiera serlo, pero en un número
importante de municipios aragoneses se hablan dialectos que pertenecen al
catalán. En consecuencia, de la misma forma que se ha establecido una
política de ayuda a las Comunidades que tienen idiomas propios para su
normalización lingüística, consideramos normal que se ayude también a
nuestra Comunidad Autónoma para que se lleven a cabo actividades de
normalización lingüística en aquellos municipios en los que pueden
encontrarse con dificultades los niños en las escuelas, las familias o
determinadas actividades culturales. Se necesita un apoyo para estos
casos de la misma forma que lo tienen en otras Comunidades Autónomas.
En esa línea, y siguiendo con lo que ya se ha hecho en otras Comunidades,
solicitamos para Aragón una dotación para que se transfiera al organismo
autónomo competente con objeto de que se realicen actividades de apoyo a
estos dialectos que se hablan en nuestra Comunidad.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Alierta.
Para defender la enmienda número 1.726 presentada por los Senadores Ortí
Bordás, Agramunt Font de Mora y González Pons, del Grupo Popular, tiene
la palabra el representante de dicho Grupo por un tiempo de un minuto.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Las damos por defendidas en sus propios
términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias.
Las enmiendas números 1.231, 1.241 y 1.234, presentadas por el Senador
Ramón i Quiles, del Grupo Mixto, se han dado por defendidas.
Pasamos a la enmienda número 1.788, presentada por el señor
Ruiz-Gallardón, señor Pedroche Nieto, señor Soravilla Fernández y otros
Senadores.
Tiene la palabra el Senador Soravilla por tiempo de un minuto para
defender dicha enmienda.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: La damos también por defendida en sus
propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, señor Senador.
Para defender las enmiendas números 1.161, 1.162, 1.163, 1.164 y 1.165,
presentadas por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el
Senador Travieso por un tiempo de cuatro minutos.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Estas cinco enmiendas van encaminadas a lograr la igualdad de las
corporaciones locales canarias, ayuntamientos y cabildos con los del
resto del Estado en la participación en los tributos del Estado.
El régimen específico de las corporaciones locales canarias derivado de
los aspectos fiscales del REF de Canarias no supone sino el
reconocimiento de un hecho diferencial con reflejo constitucional del que
de ningún modo puede derivarse una menor participación en el régimen
común. La propia FEMP se ha pronunciado a favor sin que ello suponga
merma alguna en los ingresos a percibir por el resto de las entidades
locales peninsulares o baleares.
Existe una sentencia reciente de la Audiencia Nacional sobre la
impugnación de una orden ministerial de 1981 de la Presidencia de
Gobierno en cuanto que regula la participación de los ayuntamientos
canarios en los impuestos directos del Estado y en el Fondo Nacional de
Cooperación Municipal que da la razón a estos ayuntamientos demandantes
por no encontrar cobertura legal para limitar esta participación.
Se ha llevado al respecto un comportamiento inercial que estos
presupuestos deben corregir, dado que lo que pudo haber estado
justificado en otros tiempos no lo está en la actualidad. Las enmiendas
tratan de paliar una desigualdad y una injusticia flagrantes. Las
corporaciones locales canarias deben dejar de estar discriminadas desde
este momento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Travieso.
Para defender las enmiendas números 1.852, 1.853 y 1.861, presentadas por
el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
En cuanto a nuestra enmienda número 1.852, pretende
hacer efectiva la participación del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente a la financiación de todas las inversiones
en infraestructuras que efectúen los ferrocarriles de vía estrecha, en
este caso por lo que se refiere a la Generalitat de Cataluña.
En cuanto la enmienda número 1.853, su objetivo es incorporar una
dotación de 500 millones de pesetas para la realización de obras de
infraestructura del ferrocarril Metropolitano de Barcelona y prolongación
de líneas a resultas de la consignación que se fije en el convenio con el
Estado.
Entendemos que esta enmienda debería verse complementada --y así
intentaremos hacerlo en el debate en el Pleno-- con otra enmienda que
considere como crédito ampliable el del Ayuntamiento de Barcelona para el
apoyo y fomento del transporte colectivo según el contrato-programa a
suscribir con el Estado.
Por último, nuestra enmienda número 1.861 ya fue defendida por nuestro
Grupo en el debate de presupuestos en el Congreso de los Diputados. Se
refiere a una consignación a los Consejos Comarcales de Cataluña.
Entiendo que queda justificada por sí misma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Cambra.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Popular tiene la
palabra el Senador Bris por un tiempo de diez minutos. Son las enmiendas
números 163, 164, 178 785, y desde la número 165 a la número 181.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo ha presentado veinte enmiendas al Título VII. Cuatro de
ellas son de veto. Uno de los vetos es al Título VII, otro al Capítulo I,
de corporaciones locales, otro al Capítulo II y otro a la Sección 32, ya
que estamos debatiendo al tiempo dicha Sección así como la número 33. Las
restantes enmiendas, de la número 165 a la número 177 se formulan al
articulado del Capítulo 1 mientras que las tres restantes, de la número
179 a la 181 están formuladas al Capítulo II, de Comunidades Autónomas.
Voy a referirme en primer lugar al veto al Título VII. Creo que los
argumentos son casi siempre los mismos; todos los años se repiten, y casi
siempre el debate es muy parecido. A nuestro Grupo le parece que las
cantidades previstas para las corporaciones locales en los presupuestos
generales del Estado son insuficientes. Esto es algo que se ha venido
comprobando y denunciando a lo largo del tiempo por parte de los
diferentes grupos.
Como se sabe, la situación económica de las corporaciones locales, tanto
ayuntamientos como diputaciones, cabildos y consejos insulares, es
realmente ruinosa. Hay algunos ayuntamientos que se han declarado en
suspensión de pagos. Algunos otros no están cumpliendo los compromisos de
pagar a los bancos o bien prefieren no hacer frente a los gastos de
Seguridad Social. A pesar de que esto viene sucediendo hace tiempo y de
que se está denunciando continuamente, la política que está siguiendo el
Gobierno consiste en que en lugar de ampliar el porcentaje de
participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado
cada vez se disminuye más.
Ya han pasado aquellos tiempos en que desde la oposición el Partido
Socialista propugnaba un 50 por ciento para gastos del Estado, un 25 por
ciento para gastos de corporaciones locales y otro 25 por ciento para
Comunidades Autónomas. Hay que decir que en estos momentos la suma de
participación tanto de ayuntamientos como de diputaciones, cabildos y
consejos insulares difícilmente rondan el 8 por ciento de ese 25 por
ciento de que se hablaba.
Los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares han
manifestado su preocupación a este respecto hace escasas semanas en una
reunión celebrada en La Coruña y han iniciado conversaciones con el
Gobierno pidiendo que se reflexione y se aumente la cantidad consignada
en los presupuestos estatales.
Por otra parte, la Ley de Financiación de las Haciendas Locales,
presentada por algunos como una panacea para resolver los males
económicos de las corporaciones locales, ha venido a demostrar que no ha
supuesto ninguna solución. Es más, no sólo no está resolviendo los
problemas de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos
insulares sino que los agrava al no existir en ella ninguna fórmula que
permita a las corporaciones locales no tener ese grave problema, el
carecer de liquidez.
Por otro lado, el concepto de gasto equivalente que contemplaba la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, tal y como estaba estipulado, favorecía
a las corporaciones locales. El Ministerio de Hacienda lo ha cambiado a
través de una ley presupuestaria, siendo objeto de diversas impugnaciones
y reclamaciones las liquidaciones efectuadas con este gasto equivalente,
y estando a la espera de que si el Gobierno no rectifica, cosa que
esperamos suceda, sean los tribunales los que le obliguen a ello.
Este es un tema en el que las corporaciones locales, cualquiera que sea
su signo político, están de acuerdo, puesto que todas ellas están
obligadas a ejercer una serie de competencias por ley, pero no reciben
los recursos necesarios para poder cumplirlas con absoluta eficacia. Por
ello, hemos presentado esta enmienda, con el fin de que, por lo menos en
lo que se refiere a la parte numérica, el Título VII sea redactado de
nuevo y se puedan cumplir las reivindicaciones expresadas a través de
nuestros argumentos.
Lo mismo ocurre por lo que respecta al Capítulo II, que comprende las
Comunidades Autónomas, para las
que el Gobierno todavía no ha redactado normativa alguna que objetivice
su financiación.
En este sentido, el Título VII no prevé sistemas de corresponsabilidad
fiscal que permitan la nivelación de servicios públicos; esa solidaridad
que formaba parte de los principios fundamentales de la Constitución
española, brillan por su ausencia y, con ello, cada vez se van
produciendo más desequilibrios territoriales. Por ello, presentamos esta
enmienda a la totalidad, que también sirve para apoyar las enmiendas
números 164 y 178, relativas a los Capítulos I y II del Título VII.
En cuanto a las enmiendas al articulado, la número 165 al artículo
ochenta y uno, apartado uno, solicita que la cantidad que figura en los
presupuestos del Estado, de 597.277 millones, se sustituya por la que se
debería corresponder realmente con los argumentos que han presentado los
ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y
Provincias, y teniendo en cuenta la Ley de Financiación de las Haciendas
Locales.
La enmienda número 166, al artículo ochenta y uno, dos, que se refiere a
liquidación, es de adición, y con ella se reitera la necesidad de que la
misma se lleve a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 113 y 114
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. En la enmienda se fijan las
variables para el cálculo de gasto equivalente, y con ello lo único que
se pretende es lo que hemos mencionado al principio de nuestra
argumentación: recuperar una redacción original --que no hay que olvidar
que fue obra del Partido Socialista--: la de la Disposición Adicional
Duodécima de la Ley 39/1988, desgraciadamente modificada por la Ley de
Presupuestos de 1992.
Con la enmienda número 167 se solicita la supresión del artículo ochenta
y uno, dos, dado que va a finalizar el quinquenio 1989-93, que fijó la
participación de los municipios en los tributos del Estado, y ante la
indefinición manifiesta que figura en la ley de presupuestos para 1984 es
preciso tener en cuenta el artículo 112 de la Ley Reguladora, que
establece las normas para ello.
Mediante la enmienda número 168, al artículo ochenta y dos, uno, se
solicita, al igual que ocurre con la cantidad que se reserva para los
ayuntamientos, que ya ha sido objeto de enmienda, lo mismo para las
diputaciones, cabildos, y consejos insulares, y que se sustituya la
cantidad de 345.111 millones por la que resulte al aplicar los criterios
de la Federación Española de Municipios y Provincias y la Ley de
Financiación de las Haciendas Locales.
La enmienda número 169 se refiere a la sustitución de la cantidad de
aportación a la asistencia sanitaria común de 1994, fijada en 62.748
millones de pesetas, por el importe exacto, que suponga el cien por cien
del fondo de aportación a dicha asistencia.
La enmienda 170 pretende para las diputaciones, cabildos y consejos
insulares --al igual que la número 166 lo hace para los ayuntamientos--
recuperar la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, con el fin de que dispongan de un volumen económico que les
permita hacer frente a sus competencias.
La número 171 reúne los mismos requisitos que la número 167; pero ésta se
refiere a los ayuntamientos, y aquélla, a las diputaciones, cabildos y
consejos insulares.
A través de la enmienda número 172, al artículo ochenta y tres, se
pretende que, al igual que sucede con las diputaciones, las entregas a
cuenta a los ayuntamientos se hagan de forma mensual y no trimestral,
como se viene realizando hasta ahora, con el fin de evitar operaciones de
tesorería casi obligadas para hacer frente a pagos que resultan
inaplazables. Creo que esta enmienda debería ser tenida en cuenta por el
Grupo Socialista, ya que vuelvo a repetir que únicamente se pretende
alcanzar la situación en la que se encuentran en este momento las
diputaciones, cabildos y consejos insulares.
También relacionada con la liquidación definitiva de la participación en
los tributos del Estado está la enmienda número 173, mediante la cual se
propone añadir un nuevo artículo ochenta y tres, con el fin de que dicha
liquidación se realice en los seis meses siguientes del año posterior.
Las corporaciones locales están viendo cómo los retrasos afectan de forma
muy grave a sus economías, con lo cual, estas demoras les ocasionan
numerosos perjuicios y debilitan cada vez más su ya precaria economía.
Por otra parte, al tratarse de un ejercicio en el que se aprueban los
nuevos criterios para el quinquenio esta enmienda contempla que se
establezcan las cautelas para el caso de que tal aprobación se demore.
La enmienda número 174, al artículo ochenta y cuatro, aumenta en un 5 por
ciento el importe presupuestado para el servicio de transporte colectivo
urbano correspondiente al ejercicio anterior.
La enmienda número 175, también al artículo ochenta y cuatro, pretende
igualar los municipios integrados en el Consell Metropolitá de L'Horta
con el Area Metropolitana de Madrid y la extinta Corporación
Metropolitana de Barcelona.
Al artículo ochenta y ocho se ha presentado la enmienda número 176, para
tratar de desarrollar el artículo 55 de la Ley de Bases de Régimen Local,
en lo que se refiere al derecho a percibir la ayuda destinada a financiar
el servicio de transporte público de viajeros.
La enmienda número 177 tiende a modificar el artículo ochenta y nueve del
proyecto de ley, referente a las retenciones que hay que practicar a los
municipios en aplicación de la Disposición Adicional Decimocuarta de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que las mismas no excedan
del 25 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva corporación, ya
que el límite
actual, del 50 por ciento, nos parece excesivo y causante de no pocos
problemas de tesorería para las corporaciones locales.
En cuanto a las enmiendas al Capítulo II, de Comunidades Autónomas, la
número 179, al artículo noventa y dos, propone la adición de un nuevo
apartado sexto a dicho artículo, con el fin de que si el Estado se
retrasa en las transferencias a las Comunidades Autónomas, se devengue en
beneficio de aquéllas el interés legal del dinero.
La enmienda número 180, al artículo noventa y dos, tres, trata de que se
cumpla el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para lo
que propone que la liquidación definitiva de 1994 se realice en el primer
trimestre de 1995.
Mediante la enmienda número 181 se pretende resarcir a las Comunidades
Autónomas de eventuales costes financieros derivados del incumplimiento
del Estado de pagos comprometidos, pudiendo cobrar intereses de demora
por los retrasos en la liquidación definitiva.
Para finalizar, hemos presentado una enmienda a la Sección 32, pero
probablemente, los argumentos que hemos expuesto sean suficientes para
avalarla.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Bris.
Para defender la enmienda número 1.923, presentada por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Si la Presidencia me lo permite, aprovecharé esta intervención como turno
en contra --que no es tal-- de las enmiendas del Grupo de Convergència i
Unió, para que, a continuación, mi compañera, la Senadora Pleguezuelos,
consuma el turno en contra de las enmiendas del resto de los grupos.
La enmienda número 1.923, del Grupo Socialista, tiene por sentido añadir
una nueva partida a la Sección 32, extraída del programa genérico de
transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos
del Estado, por un importe de 8.000 millones de pesetas, para
infraestructuras del transporte ferroviario en transferencias a la
Comunidad Autónoma de Madrid, para satisfacer las necesidades del
contrato-programa suscrito entre ésta, el Consorcio Regional de
Transportes y el Estado para la nueva infraestructura del ferrocarril
metropolitano de Madrid.
Esta enmienda es muy llamativa por su cuantía, pero en la práctica supone
la prolongación en 1994 de un crédito ya consignado en los presupuestos
de 1993, que por razones de diversa índole no ha sido posible justificar
adecuadamente durante este ejercicio. Por tanto, se va a justificar en el
de 1994, y el sentido de la enmienda es solucionar el problema de desfase
que se ha generado con el retraso de las justificaciones de las
mencionadas obras.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán, hay que
señalar que nuestro Grupo las va a votar a favor. En este sentido, nos
gustaría que manifestara su conformidad para que se dé por incorporada al
dictamen de la Ponencia --entendiendo que existe esa intención-- la
enmienda número 1.853 del Grupo de Convergència i Unió, por la cual se
transfieren a la Generalitat de Cataluña 500 millones de pesetas para la
realización de obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano de
Barcelona. A nuestro juicio, bien puede suceder que cuando se firme el
correspondiente contrato programa --por el momento, según nuestra
información, está todavía sin firmar-- la consignación de la partida no
sea suficiente, en cuyo caso, se nos han dado garantías por parte del
Gobierno de que a través de modificaciones presupuestarias durante el año
1994 pueda ser modificada la consignación, sin necesidad de que el
crédito sea declarado ampliable. En este sentido, apoyamos la enmienda,
pensamos que con ella queda resuelto el problema y, de lo contrario, por
la vía de transferencias de crédito, es posible resolverlo en el año
1994.
En cuanto a la enmienda número 1.852 del Grupo Parlamentario Catalán, ya
hemos aprobado en Ponencia, por el acuerdo del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Socialista, una enmienda
declarando ampliable el crédito al que va encaminado dicho incremento,
que es el crédito de transferencias a la Generalitat de Cataluña para la
realización de inversiones previstas en la red de ferrocarriles de vía
estrecha. En este sentido, pensamos que con la declaración de ampliable
--teniendo en cuenta que aquí sí existe una previsión concreta de
suscribir un convenio de financiación entre el Gobierno de la Nación y la
Generalitat de Cataluña--, cuando se firme el convenio podrá determinarse
más concreta y adecuadamente la cantidad que sea necesario aportar a la
Generalitat de Cataluña para la realización de las obras previstas, que
puede ser inferior o superior a la presentada en la enmienda. En este
sentido, la aprobación de la enmienda, probablemente, tendría un efecto
indeseable, que es el de concretar una cantidad que no sea exactamente la
adecuada. Pensamos que el objeto material de la enmienda queda incluso
mejor salvaguardado con el crédito ampliable que si se aprueba dicha
enmienda.
En cuanto a la enmienda de los consejos comarcales, existe un problema
parecido. Aun entendiendo la necesidad, que está contemplada en la Ley de
Bases del Régimen Local, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en otras
Comunidades Autónomas del Estado español --como puede la mía,
Castilla-León-- de vías de
financiación para figuras de esta clase, pensamos que donde puede
abordarse una partida de esa naturaleza --la de los consejos comarcales--
es en el marco de la Ley reguladora de Haciendas de las Corporaciones
Locales, que prontamente va a ser reformada por el Gobierno --según se ha
comprometido ya el Ministerio correspondiente-- y va a ser presentada a
las Cámaras. Hasta que se realice esa discusión del modelo global de
financiación de las corporaciones locales, realmente es prematuro el
poder dedicar una consignación determinada, que bien podría ser muy
insuficiente o excesiva. Nosotros acogemos con interés y compartimos la
necesidad de financiar a todas las estructuras de nuestras corporaciones
locales que no sean estrictamente municipales, pero pensamos que el marco
de la negociación global es el más adecuado para buscar una salida a este
problema.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Granados.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos Aguilar.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, he de admitir al señor Alierta que el leer la enmienda
me produjo cierto estupor, pero no menos me ha producido la defensa de la
misma, cuando habla de ampliar un crédito para la normalización
lingüística en Aragón. Además, plantea en su exposición que son algunos
los municipios que precisarían de esa dotación presupuestaria. Señoría,
con todo el respeto y sin ningún ánimo de cuestionar la legitimidad de
esta enmienda, no me parece excesivamente serio plantear esta enmienda en
base a una normalización para algunos municipios. Creo que se defiende
por sí misma y, por tanto, va a ser rechazada por mi Grupo Parlamentario.
El Senador Travieso del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, ha
hecho una defensa de una serie de enmiendas que, básicamente, pretenden
situar, respecto a la participación en los tributos estatales, a los
ayuntamientos y a los cabildos canarios en lo que llama la misma posición
que los del territorio común. La Ley 20/1991 valoraba el hecho insular,
es decir, el hecho compensatorio de la lejanía, y establecía un sistema
impositivo distinto del resto del territorio nacional con el fin de que
se generara cierta captación de recursos por parte de las
Administraciones Públicas canarias. Creo que ese régimen hace que,
globalmente, en el caso de los ayuntamientos --extrapolable a los
cabildos canarios--, la situación diferenciada no sea, precisamente,
mucho más negativa que la del territorio común. Tengo los datos en mi
poder y puedo indicarle que el total de participación global e imposición
directa por habitante en lo que son los ayuntamientos canarios en el año
1992, es de 10.850,6 millones, mientras que en el territorio común es de
6.109. Creo que la diferencia --supera más de los 4.741 millones-- habla
por sí sola para no hacer coherente que esta enmienda vuelva a dar un
trato discriminatorio --yo diría excesivamente positivo-- a este tipo de
corporaciones.
Asimismo su señoría planteaba otra enmienda un poco más específica, la
número 1.165, que hacía referencia al fondo de aportación a la asistencia
sanitaria, tratando que ese porcentaje fuese del 100 por cien. Mi Grupo
Parlamentario no cree que existan razones objetivas para aumentar esta
participación, porque, en primer lugar, la asistencia psiquiátrica, con
carácter general, no se compensa a ninguna diputación o a un ente
asimilado a ella. Consecuentemente, no sería lógico hacerlo en el caso de
los cabildos insulares. Usted sabe que la participación de la diputación
en el tramo de esta compensación extraordinaria, básicamente procedía del
recargo provincial del ITE, de los impuestos especiales y, sobre todo,
del canon de energía que era el único que aportaba la isla. Si la
participación --le voy a dar los datos-- en este tramo de compensación a
favor de los cabildos era, aproximadamente, del 6,5 por ciento y a través
de la aprobación del REF ha llegado a ser de un 31 por ciento, tampoco
parece coherente que haya que hacer una aportación de ese porcentaje del
100 por cien para los cabildos canarios.
Respecto a las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Popular,
voy a comenzar por las de veto.
En cuanto a la enmienda relativa al Título VII, su señoría dice que,
aparte de consignar cantidades insuficientes que no superan ni muchísimo
menos los niveles de endeudamiento y no cubren la financiación de las
corporaciones locales y autonómicas, tampoco cumplen, de alguna manera,
el acuerdo del Consejo de Política Fiscal. Su señoría sabe que en
Ponencia se incorporan las enmiendas que resuelven y posibilitan el
cumplimiento del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 7
de octubre de 1993, porque se aprobó ese procedimiento para la aplicación
de la corresponsabilidad fiscal y dicha aplicación, en muchos casos, ya
ha sido adoptado por las comisiones mixtas y enmendado al respecto. Por
tanto, podríamos decir que cubre esa área. Pero en lo que respecta a los
entes locales, quisiera decirle que vamos a resolver el problema, aunque
en el quinquenio 1989-1993 --aún no ha finalizado-- se han establecido
algunos aspectos, no discriminatorios, pero sí de lentitud de las
propuestas. Porque --como antes decía el Senador Granado-- está en la
mente de todos los Grupos Parlamentarios y, especialmente, en la del
Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno resolver, mediante el nuevo
acuerdo de financiación para el próximo quinquenio, todo lo relativo a
los problemas que hoy tienen nuestros ayuntamientos.
Asimismo, si me permite, relacionándolo de alguna
manera, puesto que la Sección 32 recoge en su totalidad aspectos
inherentes al Título VII, cuando su señoría planteaba una enmienda de
totalidad a esta Sección, quisiera decirle que los recursos que recoge
esta Sección --los recursos financieros que se transfieren a las
Comunidades Autónomas para los servicios que ellas han asumido o los
créditos destinados a superar los déficit de las empresas públicas
transferidas o las dotaciones presupuestarias en general, incluso las
cantidades destinadas a hacer efectivo el pago de amortizaciones y de
intereses-- son cantidades que, si bien pueden resultar insuficientes en
un momento de crisis económica, sí resuelven, por lo menos con el
criterio de austeridad, que mantienen estos presupuestos generales del
Estado, los problemas de la propia Sección.
Respecto a las enmiendas singulares que planteaba su señoría, las números
165, 166, 167, 168, 169 170 y 171, que hacen referencia a los artículos
ochenta y uno y ochenta y dos, tengo que decir que de alguna manera
pretenden modificar las cantidades correspondientes a la participación no
sólo de los municipios, como es el caso de la enmienda número 165, sino
también de las provincias o Comunidades Autónomas uniprovinciales. Yo
creo que, cuando el Grupo Popular se plantea la enmienda modificando la
cantidad y no argumentando cuál es el criterio por el cual se ha
seleccionado esa cantidad y no otra, hay que decirle que el proyecto de
ley de presupuestos sí que ha obtenido esa cantidad aplicando exactamente
el acuerdo de financiación del quinquenio 1989-1993 que, como su señoría
sabe, está en vigor y tiene en cuenta el gasto equivalente calculado
según la disposición adicional duodécima de la Ley de Haciendas Locales a
la que hacía referencia. Por tanto, crear confusión no es acertado en
este momento, porque si bien se modifica la cantidad, ni siquiera se dan
elementos para justificar cuál es ese incremento.
En cuanto a la enmienda número 169, que de alguna manera podría parecer,
y lo es, bastante similar a la planteada por el Grupo de Coalición
Canaria respecto a la asignación de la aportación sanitaria, quiero
decirle que ese porcentaje del cien por cien no parece que sea el más
adecuado en cuanto a la aportación sanitaria. También quiero reiterarme
en los argumentos que he dado al anterior Senador.
Quedan algunas enmiendas relativas al artículo ochenta y tres, que tratan
de modificar plazos y normativas respecto a la entrega a cuenta y también
a las liquidaciones definitivas de la participación a favor de
corporaciones locales y Comunidades Autónomas. En lo referente a todas
las normas que regulan esta liquidación tanto en el caso de Comunidades
Autónomas como de corporaciones locales, no parece que los plazos sean
los más adecuados. Señoría, tenga en cuenta que está usted pidiendo a la
Administración Pública, tanto cuando habla de tres meses como cuando
trata de hacerlo con carácter mensual, que trabaje con unos plazos que ni
siquiera se les exigen a las empresas privadas en las leyes mercantiles o
tributarias. Parece que quiere hacer cierto aquel lema de que a mayor
complejidad más celebridad y más celeridad. Yo diría que es un lema
irracional y que no debiéramos aplicar en este momento.
La enmienda número 174 --no sé si su señoría la ha defendido, creo
recordar que sí-- pretende incrementar el importe correspondiente a la
subvención a las entidades locales de servicios y transportes colectivos
urbanos. Hay que indicar que esta subvención no pretende cubrir la
totalidad de las necesidades financieras de este transporte, lo que sí
recoge es una cooperación entre el Estado y las Comunidades, y en este
caso las corporaciones locales. Por tanto, no se trata de cubrirlo
completamente, por lo que creemos que la cantidad es adecuada.
La enmienda número 176 trata de modificar el procedimiento por el cual se
financia el servicio de transporte público. Parece que no es admisible,
por lo menos no lo es para mi Grupo, puesto que la Ley de Procedimiento
Administrativo establece que el cumplimiento de los plazos en la
aportación documental o en los requisitos puede hacer decaer sus derechos
a los particulares o a las instituciones y, por consiguiente, estas
normas deben ser aplicables para todos. Además, no parece que el retraso
al presentar la documentación pueda admitirse en Derecho, puesto que
perjudicaría a todos los beneficiarios.
Creo que he cumplido el trámite. Si queda por mencionar alguna de las
enmiendas, lo haré en un posterior momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Senadora Pleguezuelos, definitivamente o ustedes los socialistas están en
otra órbita, en otro mundo, en otras nubes o no nos entienden o nos
quieren discriminar. Tendré que leerme muy detenidamente el «Diario de
Sesiones» para verificar si dijo que los municipios canarios tienen un
trato discriminatorio positivo. Me lo tendré que leer con mucho
detenimiento. Lo de la Ley 20/1991 no es eso. La Ley 20/1991 trata el
problema de la insularidad y de la lejanía del archipiélago. La
Federación Española de Municipios ha reconocido que los municipios
canarios están discriminados y piden al Estado que se les iguale con los
demás municipios españoles. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional
del recurso 2.736/1991 que dice claramente que no hay condiciones
jurídicas para esa desigualdad de participación. Por tanto, volveremos a
leernos incrédulos el
«Diario de Sesiones», para ver si es verdad que usted dijo eso. Por
supuesto, creo que ha cumplido perfectamente el trámite.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Travieso.
Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, tal como ya ha manifestado el portavoz del Grupo
Socialista, estamos de acuerdo en incorporar en el informe de la Ponencia
nuestra enmienda número 1.853.
En cuanto a las enmiendas números 1.852 y 1.861, las doy por retiradas.
Por último, aceptamos que se incorpore en el texto de la Ponencia la
enmienda número 1.923, presentada por el Grupo Socialista.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias.
Quiero agradecer a la Senadora Pleguezuelos la explicación que ha dado a
nuestras enmiendas, tanto de veto como de aspectos particulares de las
mismas. Pero no entiendo --en cierto modo esta palabra puede decirse
entre comillas-- cómo se puede decir que ninguna de esas veinte enmiendas
presentadas es admisible. Como senadores de una provincia, nos preocupa
enormemente la imagen que se está dando de aceptación por parte del grupo
Socialista de numerosas enmiendas de Convergència i Unió. No sé cómo
podrán venderlo ante las demás regiones y provincias de España, ya que no
aceptan ninguna que afecte a asuntos tan importantes como el de los
ayuntamientos. Esto es algo que no ha sucedido nunca en la democracia
española y los Senadores de otras provincias nos encontramos no
totalmente aturdidos, pero sí pensando cómo van a explicar los señores
socialistas esta imagen ante las demás regiones de España.
Quiero decirle a la Senadora Pleguezuelos, agradeciéndole el tono y la
forma de su explicación, que debe vivir en otro país, porque los
ayuntamientos, corporaciones locales, diputaciones, cabildos y consejos
insulares están pasando por una situación enormemente grave. No se admite
ningún aumento de participación en los tribunales del Estado, y yo creo
que ahora que la Federación Española de Municipios y Provincias está
manteniendo conversaciones con el Gobierno es el momento de tratarlo, y
aquí precisamente, en el trámite de debate de los Presupuestos en el
Senado, en el que se están debatiendo cantidades como, por ejemplo,
47.000 millones de pesetas de una liquidación que se hace de una manera o
de otra según se aplique el gasto equivalente de la disposición adicional
de los presupuestos de 1992, que corregían precisamente la disposición
adicional duodécima de la Ley de Financiación de las Haciendas Locales. Y
eso es precisamente lo que nosotros queremos en este caso, es decir,
volver a la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Por tanto, realmente es
inexplicable que el Partido Socialista no admita enmiendas que realmente
están en la línea de las conversaciones que están manteniendo el Gobierno
con los ayuntamientos y demás corporaciones locales, a no ser que esas
conversaciones no sirvan absolutamente para nada. Por tanto, tendremos
que decir mañana a los alcaldes y presidentes de diputación que no sigan,
porque no van a conseguir absolutamente nada.
En cuanto al transporte urbano, normalmente se está cubriendo de un 15 a
un 20 por ciento del gasto que tiene, no más; no estamos hablando, ni
muchísimo menos, del cien por cien, sino de un 15 a un 20 por ciento, y
la subida ha sido este año ridícula, de aproximadamente un 2 por ciento
en relación con el presupuesto del año anterior. ¡Qué menos que subir un
5 por ciento! Cuando se habla de medidas disuasorias para que la gente
pueda dejar los coches en sus garajes y pueda utilizar el transporte
público, los ayuntamientos tienen que hacer un gran esfuerzo para
mantener el transporte urbano a unos precios que incentiven su uso.
Realmente, yo creo que tiene muy pocos argumentos la señora Senadora;
simplemente ha dicho que no por decir que no, pero, ¿cómo se puede decir
que las liquidaciones mensuales a los ayuntamientos no se pueden hacer,
cuando se están haciendo al resto de las corporaciones locales? El
problema que se está causando a las corporaciones locales, en este caso,
a los ayuntamientos, es enormemente grave porque les obliga a realizar
operaciones de tesorería, con los intereses y los gastos que ello supone.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Por tanto, nuestro grupo, lamentando lo que está sucediendo en este
debate de Presupuestos, va a seguir manteniendo sus enmiendas, tratando
lógicamente de mejorar un Presupuesto totalmente inaceptable para la
situación económica que en estos momentos vive España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, Senadora Pleguezuelos,
por un tiempo de tres minutos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Señor Travieso, la Ley 20 no puede valorarse únicamente por el aspecto
compensatorio de la lejanía, del
hecho insular; también establece una estructura del sistema impositivo
distinta para la Comunidad Canaria, y en ese sentido es en el que hablaba
de discriminación positiva en el sistema impositivo, que usted sabe que
sí es positivamente discriminatorio para Canarias. Si usted lo niega,
evidentemente, estará negando la mayor.
Señor Bris, decir que ninguna de las enmiendas es admitida me parece,
primero, faltar a la verdad, puesto que algunas de las enmiendas de su
grupo se han admitido en algunos de los trámites presupuestarios, como,
por ejemplo, la relativa al Impuesto sobre Vehículos y alguna otra ley,
como la de acompañamiento, en Ponencia, relativa al Impuesto sobre
Actividades Económicas.
De todas formas, quiero decirle que a la hora de explicar a los
ciudadanos por qué se ha llegado a acuerdos con el Grupo de Convergència
i Unió, también tendré que explicarles que el espíritu colaborador y de
preocupación del Grupo de Convergència i Unió no es el de su grupo, y
usted tendrá que dar cuenta de por qué no es su preocupación colaborar
para sacar adelante a este país, como están haciendo otros grupos.
Señor Bris, si me permite, tengo que decirle que no es lo mismo aplicar
el carácter mensual a las comunidades autónomas que a los casi 8.800
municipios, contando las segregaciones, que existen en este país, y los
expedientes que se tienen que abrir al respecto no tienen el mismo
volumen para las comunidades autónomas, ni la plantilla ni el personal
serían los mismos para atender a unos problemas que a otros.
Posiblemente, y legítimamente, lo único que quiere su señoría es, en todo
caso, cuestionar, como está haciendo, el trabajo de este Gobierno, la
preocupación de este grupo y de otros de la Cámara, porque no sabe cómo
explicar al resto de los ciudadanos que no tiene otra salida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos a continuación a debatir el título VIII, artículos noventa y
siete a cien y anexo VIII.
Las enmiendas números 894, 895 y 896 han sido ya defendidas. Para
defender las enmiendas números 1.166 y 1.167, del Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra el Senador Travieso por un tiempo de tres
minutos.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
La enmienda 1.167 al artículo noventa y ocho la damos por defendida en
sus propios términos, y la 1.166 consiste en añadir un nuevo apartado al
artículo noventa y siete con el fin de que el Estado dé entrada a las
comunidades autónomas en el capital social de las sociedades estatales.
En este sentido, queremos rectificar la enmienda eliminando a los entes
autónomos, cuyo ámbito de actuación se circunscribe al territorio de
dicha comunidad autónoma.
En nuestra comunidad, en concreto, existen los casos de Unelco y Binter,
que por lógica y sentido de coordinación aconsejan que el Gobierno
autónomo pueda participar en la suscripción de su capital social y tener
representación en el Consejo de Administración para evitar distorsiones o
descoordinación en actuaciones energéticas o de transporte insular o
interinsular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Travieso.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular número
182, que corresponde al veto al título VIII, números 183, 184, 185 y 186,
tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo quiero advertir a sus señorías que, en aras de la brevedad y de las
pautas de tiempo que se han establecido para el debate en Comisión, vamos
a reservar la mayor parte de los argumentos que nos impulsan a pedir la
devolución de este título al Gobierno para el Pleno, y espero que lo
entienda, que me disculpen y, por la hora a la que estamos, incluso que
me lo puedan agradecer.
La petición de devolución la hacemos por coherencia con otras enmiendas
similares formuladas a otros títulos, como reza en la justificación, pero
además les diré que, tal como aparece, nos resulta inadecuada su
estructura en sus compromisos y en el desarrollo, y sería nuestro deseo
que se pudiera revisar a fondo para dar a su contenido los fines que en
su estructura actual dudamos pueda cumplir.
Sabemos, de todas formas, que no es el fuerte de este Gobierno
precisamente organizar ni sistematizar ningún tipo de gestión, y menos
todavía la económico-financiera del sector público, con cuya filosofía de
ruedas de molino es muy difícil comulgar, porque realmente lo suyo es más
bien una especie de tejer laberíntico de marañas burocráticas,
organismos, entes, etcétera. Pero como no nos cabe duda de que el texto
actual es manifiestamente mejorable, nos permitimos pedir su retirada
para una nueva redacción más rigurosa, homogénea y acorde a sus fines. Y
éste es el planteamiento desde el que queremos solicitar el voto
favorable de sus señorías.
Con respecto a las enmiendas, y a pesar de lo dicho en el veto, tenemos,
como es lógico, la duda razonable de que no fuera a prosperar el veto, y
ya tenemos la costumbre de otros años de que no atienden a razones ni
escuchan, sino que se dedican a pronunciar un soliloquio, que como todo
el mundo sabe, etimológicamente no procede de solo y de loco, y de esta
manera lo hacen para poder equivocarse y luego echar las culpas a los
demás. Hemos presentado cuatro enmiendas a este título,
tres de ellas, los números 183, 184 y 185, al artículo noventa y siete,
con la intención simplemente de que el Gobierno se comprometa, pero a
plazo fijo, al cumplimiento de sus propios compromisos --me refiero al
plan de convergencia, etcétera--, y otra de supresión al artículo noventa
y nueve, que es la número 186, en cuanto a que, en primer lugar, su
materia no responde a la presupuestaria y, segundo, por una serie de
razones que, con la venia de sus señorías, expondremos con más extensión
en el trámite de Pleno.
Y con esto doy por defendidas mis enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Soravilla.
Las enmiendas números 1.879 y 1.880 del Grupo Socialista ya han sido
incorporadas al Informe de la Ponencia.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, por hacer referencia a la enmienda de los Senadores de
Coalición Canaria sobre la participación de la Comunidad Autónoma Canaria
en las empresas públicas, aunque la redacción del literal de la enmienda
es algo distinta, pues circunscribe su actividad al territorio de las
islas Canarias, vamos a estudiar si existe alguna posibilidad realmente
razonable de poder introducir esta materia, que evidentemente no es
presupuestaria y que no debería, por tanto, figurar en una Ley de
Presupuestos, aunque probablemente nos encontremos ante la realidad de
que si procediera algún compromiso en esta dirección sería en la
discusión de los Estatutos de las mencionadas empresas públicas donde
debería producirse esta incorporación, y no por un precepto de la Ley de
Presupuestos, cuya capacidad de intervención cada vez está más agotada
por las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional, que regulan
claramente cómo las materias de índole no presupuestaria no deberán
figurar en la misma.
En cuanto a la defensa de las enmiendas del Grupo Popular que ha hecho el
Senador Soravilla, debo decirle que hablar de soliloquios sin ser muy
locuaz --y no es un juego de palabras-- es una cierta incoherencia. El
Senador Soravilla ha defendido enmiendas que son, básicamente, de
supresión; dice que no da ninguna razón, y que las razones se las reserva
para el Pleno, para decirnos después que nosotros no atendemos a sus
razonamientos, y que como no atendemos a sus razonamientos, rechazamos
sus enmiendas. Una enmienda de supresión que no se argumenta difícilmente
puede ser contraargumentada y, por tanto, lo único que puedo decirle al
Senador Soravilla, para ser igualmente breve y poco locuaz y no hacer
soliloquios, es que no me han convencido sus argumentos y esperaré a que
me convenza en el Pleno para aceptarlas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos a continuación al turno de Portavoces.
¿Portavoz del Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Portavoz del Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Travieso por tiempo de tres minutos.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para aclarar que enmendamos --por si antes no
quedó claro-- la enmienda respecto a la supresión de los entes públicos,
y asimismo aclarar que la enmienda no sólo es para la Comunidad Canaria,
sino para cualquier Comunidad Autónoma donde una sociedad estatal ejerza
sus funciones en su ámbito territorial.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Portavoz del Grupo Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Yo, al Senador Granado le contestaría de la
siguiente manera: con respecto a las enmiendas --que es en lo que él se
ha centrado-- si decimos de supresión es porque hay una justificación.
Usted me dice que no es materia presupuestaria. ¿Me quiere decir si
realmente es materia presupuestaria todo lo que se refiere al artículo
noventa y nueve, que se manifiesta y claramente la incapacidad del
Gobierno de poner en marcha todo el tema de la Gerencia de Urbanismo, que
estaba tasado en diez años y ahora lo único que piden es que se amplíe el
plazo, y no son capaces de llevarlo adelante? Creo que éste es un
argumento suficiente y, además, no sólo suficiente sino contundente.
Sobre el veto parece ser que tampoco hay nada. Creo que la estructura de
todo el Título es completamente absurda, porque entra insistentemente el
tema del Invifas, etcétera, es decir, que es un Título en el que cabe
cualquier cosa, menos temas de lo que se trata.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Portavoz del Grupo Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Le contestaré con suma brevedad. El artículo noventa y nueve es la mejor
demostración de que el Gobierno socialista quiere seguir trabajando en la
puesta en marcha de la Gerencia de Infraestructuras de Defensa.
Se ha prometido una ley de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa,
pero mientras no llegue se necesitará esta Disposición introducida en la
Ley de Presupuestos para permitir que la Gerencia siga funcionando,
presupuestariamente hablando. Por tanto, no sé qué sentido tiene reclamar
la supresión de este artículo. ¿Es que ustedes quieren que desaparezca la
Gerencia de Infraestructuras de la Defensa? ¿Lo quieren o no lo quieren?
Si no lo quieren, ¿por qué presentan la enmienda de supresión? Y si lo
quieren, expliquen por qué quieren que desaparezca la Gerencia. Eso es lo
que debe usted explicar, y no hacer el juego de palabras de que «esto es
una demostración más de la incapacidad del Gobierno socialista...»,
porque me recuerda aquellas consignas del «palo a Rusia» que daban en la
prensa del Movimiento, que en todas las páginas había que meterse con
Rusia, hasta en la de deportes. Bueno, pues en todas las enmiendas hay
que meterse con el Gobierno hasta para pedir la supresión de un artículo
que hace permanecer la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa. Eso es
lo que tendría que haberse explicado en la enmienda, y no, evidentemente,
utilizar el argumento de «autoridad», que sirve para defender todas las
enmiendas a la vez.
En cuanto a alguna de las enmiendas de supresión que ustedes proponen,
son tan pintorescas como decir --por citar sólo las que tienen algún
contenido-- que el Gobierno debe hacer desaparecer los Organismos
Autónomos en función de la política de transferencias con las Comunidades
Autónomas, o lo que es lo mismo, ustedes proponen que por Ley de
Presupuestos, por citar un ejemplo, el Gobierno de la nación haga
desaparecer el INSERSO, y que después de hacer desaparecer el INSERSO la
Ley de Presupuestos transfiera el INSERSO a las Comunidades Autónomas.
¡Hombre!, ¿no sería más razonable hacer desaparecer el INSERSO, o un
Organismo Autónomo, después de la transferencia, y no antes? Pues ustedes
proponen lo contrario, y yo no lo entiendo muy bien. En cuanto al juego
de la defensa de las enmiendas, diciendo que el Título no se refiere a lo
que dicen los artículos, o que el Título es un cúmulo de Disposiciones,
pues sí, el Título VIII es un Título de Disposiciones sobre la
Organización y sistemas de gestión económico-financieras del Sector
Público. Evidentemente, es un Título en el que se incorporan aquellas
disposiciones que no encajan en otros, pero tiene cuatro artículos, no
cuatrocientos, y en este sentido no me parece que sea tan exagerado como
para permitir descalificaciones tan rotundas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos a continuación al debate de las Disposiciones Adicionales Primera
a Vigesimoséptima.
En primer lugar, la enmienda número 1.452 del Senador Alierta Izuel, que
tiene la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
En esta enmienda de adición se solicita que el Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado organice durante 1994 un sorteo especial
de lotería a favor de la Comisión Organizadora de la Universiada-95,
Campeonatos Universitarios Internacionales de Esquí, de forma parecida a
otra Disposición Adicional que figura en los Presupuestos, en la que
existe una asignación de dos sorteos de lotería, uno en 1994,
continuación de otro que ha habido en 1993, a favor de la Comisión
Organizadora de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino en 1995, que se
celebrarán en Sierra Nevada, provincia de Granada. Ambos acontecimientos
--desde el punto de vista deportivo-- tienen tantos méritos como para ser
acreedores a que se les destinen sendos beneficios del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado. No parece que haya razones de peso que
en un caso aconsejen hacerlo y en otro denegarlo. Es más, hay muchas
razones por las cuales la asistencia a la organización de la
Universiada-95 merecería que se le dedicara la atención que se solicita
en la enmienda que se presenta y, como he dicho, al igual que para el
Campeonato de Esquí Alpino de 1995 también se organice, en 1994, un
sorteo de lotería cuyos beneficios se destinen a la Comisión Organizadora
de la Universiada-95.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
Enmiendas números 1.571 y 1.572, de los Senadores Cañellas Fons, Font
Barceló, Juan Cardona, Escudero Sirerol y Vidal Bibiloni.
Tiene la palabra el Senador Font Barceló.
El señor FONT BARCELO: Gracias, señor Presidente.
Al ser un Senador nuevo en esta Cámara se me ha pasado. No siempre
estamos en contra del Grupo. Respecto al Título VII, antes de entrar en
estas dos enmiendas, no quiero discutir nada más, sino agradecer al Grupo
Socialista que se haya acordado de Baleares, tanto en lo que se refiere
al artículo noventa y uno como en la Sección 32. Me gustaría que quedara
constancia aunque el voto global a lo que es el Informe de la Ponencia
sabemos que será desfavorable, pero en el otro sentido sí quería dejar
constancia de esto, si usted me lo permite.
Por lo que se refiere en concreto a la enmienda número 1.571, solicitamos
la reducción del IVA en el transporte aéreo, lo cual es una necesidad y
no un mero deseo para incentivar la reactivación económica en las Islas.
Esta enmienda sólo trata de solucionar una parte del problema, ya que
únicamente se refiere al transporte regular de viajeros, quedando fuera
de su ámbito los servicios de transportes que efectúan las compañías
«charters», que mueven un considerable volumen de pasajeros. Para los
destinos turísticos, el incremento de
viajeros tiene una trascendencia esencial, puesto que de su cantidad,
tanto o más que de su calidad, depende el incremento del sector
complementario de la oferta turística. También conviene recordar que
sería interesante poder reducir este IVA del 15 por ciento al 6 por
ciento, porque basta con ver que este año en turismo nacional las Islas
han tenido una bajada entre 125.000 y 150.000 personas, lo que representa
mucho dinero que se deja de ingresar. Esto, por lo que respecta a la
primera enmienda.
Respecto de la segunda...
El señor PRESIDENTE: Senador Font, tiene tres minutos para las dos.
El señor FONT BARCELO: Sí, señor Presidente.
En la segunda enmienda, la número 1.562, la idea es que por parte del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente se
desarrollara un programa plurianual de obras de interés general en
materia de carreteras en las islas Baleares, autorizando al citado
Ministerio para establecer, mediante convenio con la Comunidad Autónoma
correspondiente, la relación de dichas obras, sus períodos de ejecución y
cuantía de financiación. Porque es de sobra sabido que la financiación en
estos momentos es de 3.200 millones de pesetas en carreteras cada año,
cuando la media a nivel nacional es de 7-8.000 millones de pesetas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Font, y quiero recordarle
que de todo lo que se dice en esta Comisión queda constancia a través del
acta correspondiente.
Las enmiendas números 904 a 930, ambas inclusive, del Senador Cuevas
González y de la Senadora Vilallonga Elviro, han sido dadas ya por
defendidas.
Enmienda número 1.717, del Senador Olivencia Ruiz, que tiene la palabra
para su defensa.
El señor OLIVENCIA RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Conforme a lo que prevé el artículo 134 de la Constitución, tal y como
está siendo interpretado por el Tribunal Constitucional, las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado no son sólo una relación o un listado
de gastos e ingresos del sector público estatal, sino que también son un
instrumento de política económica. Es en este sentido, precisamente, en
el que se plantea la enmienda que estoy defendiendo, es decir, arbitrar
unas medidas de política económica que sirvan para reactivar Ceuta.
La ciudad de Ceuta, que está aislada, como ustedes conocen, del resto del
territorio español, carece de riqueza «per se» y tiene unas reducidas
dimensiones, siempre ha fundamentado su desarrollo en un régimen
financiero y fiscal especial, actualmente su condición de territorio
franco, combinado con una serie de exenciones y bonificaciones
tributarias, pero en el último decenio esto se está demostrando
absolutamente insuficiente, especialmente en los últimos años.
La progresiva liberalización del comercio internacional, el propio
ingreso de España en la Comunidad Europea, la apertura de la verja de
Gibraltar tal y como se ha llevado a cabo, el encarecimiento de las
tarifas marítimas, que son absolutamente desoladoras porque están
haciendo que la gente que iba a Ceuta se disuada y no vaya, todo ello
está provocando una crisis radical que es distinta de la que padecemos
con carácter general, aunque ésta la esté agravando.
Todo esto exige, complementando el régimen vigente, que se adopten
urgentemente medidas singulares que tiendan a relanzar la economía de
Ceuta, actualmente afectada de una falta de pulso que da lugar a cierre
de establecimientos, tanto comerciales como industriales, que da lugar a
un incremento del paro, en los últimos años se ha más que duplicado y
llega a un índice aproximado del 30 por ciento, y que ha dado lugar a una
decadencia de la actividad esencial portuaria, que era la de suministros.
Frente a Ceuta hay una zona económica, un paraíso fiscal bajo bandera
británica, que se llama Gibraltar, y a 40 kilómetros de Ceuta se está
montando otro paraíso fiscal, que se llama Tánger, bajo bandera marroquí.
Por ello, dado que el aislamiento de Ceuta del resto de España puede
servir en este caso a los fines propugnados, se solicita la aprobación de
la enmienda.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Olivencia.
La enmienda número 1.283, del Senador Ramón i Quiles, ha sido ya
defendida previamente.
Enmiendas números 1.299, 1.307 y 1.308, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Para su defensa, tiene la palabra el
Senador Torrontegui por un tiempo de tres minutos.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda de adición número 1.299 trata de las entidades de previsión
social voluntaria, y voy a leer su justificación --quizás es un poco
amplia, por lo que pido perdón a los compañeros, pero creo que es
importante.
«Las Leyes de Presupuestos de los últimos años han propiciado severas
restricciones en el dominio de la Seguridad Social voluntaria libre. En
su virtud, se impide la constitución de nuevos regímenes protectores de
esta naturaleza y se dificulta la supervivencia, incluso a corto plazo,
de muchos de los preexistentes. Las medidas restrictivas arrancan de la
Ley 46/1985, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, donde se
establece la prohibición de que el Estado-empresa, incluidos los
organismos constitucionales, las Administraciones Públicas y las
Entidades y empresas públicas de ellas dependientes, pueda intervenir en
la financiación de los regímenes de previsión social voluntaria
destinados a sus empleados. Tales regímenes, según la Ley, ``... sólo se
podrán financiar con las aportaciones o cuotas de sus beneficiarios o
cualquier otro ingreso de derecho privado''. La misma Ley de Presupuestos
declara que esa prohibición ``... se entenderá en vigor con carácter
permanente''. La medida ha supuesto, de hecho, la inmediata paralización
de cualquier iniciativa para el desarrollo de la previsión complementaria
en todo el sector público, tanto administrativo como productivo, y
respecto de la globalidad de sus empleados, sean o no funcionarios. Es
incuestionable que el progreso de la previsión voluntaria y su misma
existencia dependen de dos circunstancias; a saber: los apoyos fiscales
concedidos y las aportaciones financieras de las empresas. La prohibición
de estas últimas es, por consiguiente, el anuncio de su desaparición. Las
medidas restrictivas no afectan sólo a las posibilidades de financiación
de los referidos regímenes, sino también a las prestaciones que conceden.
Así, por ejemplo, la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para 1990, y antes la de Presupuestos para 1988,
prevé alguna posibilidad de cooperación financiera del Estado-empresa
subsidiaria y excepcional y generalmente de motivación transitoria, caso,
por ejemplo, de los montepíos y mutualidades de funcionarios no
integrados en MUFACE. Pero, inmediatamente, se procede a calificar sus
prestaciones de ``pensiones públicas'', derivando de esa calificación
serias restricciones en sus cuantías o en las pensiones de Seguridad
Social básicas u obligatorias de sus beneficiarios por razón de
acumulación de beneficios. A veces, la aplicación de dichas normas
anticúmulo significa la desaparición pura y simple de algunas de las
pensiones concurrentes, al ser la cuantía de una de ellas equivalente al
total máximo de pensiones establecido por la Seguridad Social básica. Las
expresadas normas anticúmulo son, desde luego, discutibles. En primer
lugar, en su aplicación al conjunto de las pensiones públicas
pertenecientes a regímenes de Seguridad Social obligatorios: es una
contundente contradicción, e incluso algo más grave, imponer con carácter
preceptivo el pago de cuotas en regímenes distintos y por actividades
distintas, en ambos casos aplicando por separado el tope máximo de
cotización, y después acumular las dos pensiones de ellos derivados
aplicando a la suma de ambas, y no a cada una por separado, el tope
máximo de pensiones. En segundo lugar, en su aplicación a la concurrencia
entre pensiones públicas básicas y pensiones públicas complementarias, ya
que se fundamenta en la concepción de los complementos como instrumentos
de reducción antes que de ampliación o complementarios de las pensiones
obligatorias...»
El señor PRESIDENTE: Le ruego al Senador Torrontegui que vaya finalizando
porque su tiempo ha concluido.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Perdón, señor Presidente.
Puedo pasar esta justificación al representante socialista para que la
estudie con mayor detenimiento.
Retiramos la enmienda número 1.307.
Por la enmienda número 1.308 se propone la creación de una nueva
Disposición Adicional, muy meditada, y creo que conviene que todos los
Grupos que estamos en esta Cámara nos sensibilicemos y tratemos de hacer
una transaccional.
Entiendo que lograr un 0,7 del PIB en el año 1996, incluso nos va a
costar mucho, y me parece quizá excesivo el incremento que se está
pidiendo, pero creo que se puede concienciar a la nación a través de
campañas publicitarias, como dice la disposición, de forma que al final,
como ha dicho antes el Portavoz socialista, no solamente al Estado a
través de los Presupuestos, sino que incluso otras instituciones se vean
obligadas a comprometerse en algo que al final puede ser en beneficio de
todos, porque como decían esta misma mañana gente que en este momento
está en esa huelga de hambre, incluso pensando casi de forma un tanto
egoísta, si no tomamos ese compromiso con los países del Tercer Mundo,
resulta que automáticamente tratarán de llegar a nuestros territorios
para lograr incluso una equiparación o reducir esas diferencias. Creo que
conviene que tomemos conciencia de ese tema, y quizá sea necesario hacer
alguna enmienda transaccional.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
Enmiendas números 1.168 a la 1.173, ambas inclusive, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Las enmiendas números 1.168 y 1.171 a 1.173 las damos por defendidas en
sus propios términos.
Con la enmienda número 1.169 tratamos que el reparto de los fondos para
el fomento y gestión del empleo se realice con la utilización de
criterios objetivos que den una justa aplicación de los mismos, pues
actualmente, en algunas Comunidades Autónomas se está percibiendo una
menor participación de estos fondos que la que en principio les
correspondería atendiendo a su
situación socioeconómica, con la correspondiente incidencia en las tasas
de desempleo.
Respecto a la enmienda número 1.170, lo que pretendemos es sectorializar
los presupuestos contemplados en los gastos correspondientes, añadiendo
una nueva disposición adicional para que el Estado se comprometa a
invertir en Canarias en el año 1994, 4.975 millones en Sanidad; en
puertos, 5.065 millones y en aeropuertos 15.843 millones, todo ello en
relación con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Travieso.
Pasamos a las enmiendas números 1.845, 1.846, 1.864 y 1.866, dado que las
enmiendas números 1.843, 1.844 y 1.847 han sido incorporadas al Informe
de la Ponencia, todas ellas del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió.
Tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente. Aunque en las enmiendas números 1.845 y 1.846 pone
Disposición adicional nueva, verdaderamente no es nueva, porque ya
llevamos varios años defendiéndolas exactamente con los mismos términos,
nosotros y otros Grupos del Senado.
Se refieren a las Fuerzas de la Guardia Civil, Fuerzas Armadas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en relación a la discriminación que tienen --no
entraré en detalles-- por el hecho de que el año 1984 una Disposición les
relegó una parte de su jubilación. No vamos a explicar cuál fue el hecho,
pero la realidad es que en este momento al jubilarse tienen una
discriminación importante.
Nosotros entendemos que esta reivindicación es muy justa; hace pocos
días, refiriéndose a estos aspectos y al de los sueldos de nuestras
Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa dijo que habría menos corrupción
si hubiera mejores sueldos, y entendemos que el Ministro tenía toda la
razón. Lo dijo no hará más de una semana. Este es uno de los casos de
conciencia que hay que entender bien, y esperemos que el Grupo Socialista
nos dé una respuesta, no ya a nuestro Grupo --que en este caso la
respuesta se va a transmitir a los dos colectivos interesados--, sino,
como he dicho, a la Guardia Civil, Fuerzas de Orden Público y Fuerzas
Armadas, pues consideramos que en sus jubilaciones, por motivo de estas
disposiciones, sufren una discriminación.
Con la enmienda número 1.864 tratamos de adicionar una nueva disposición
al texto del Dictamen. Hace referencia al pago de intereses de demora por
parte de las instituciones hospitalarias que tengan concertada con la
Sanidad pública un concierto, valga la redundancia. Si no pueden pagar la
Seguridad Social, cómo van a pagar los intereses de demora. A un centro
hospitalario no privado, aunque en este caso no forme parte de la red
hospitalaria estatal, le es imposible en este momento atender a la
Seguridad Social en la mayor parte, casi el 99 por ciento de los casos.
Conozco muy bien la cuestión, pues saben sus señorías que pertenezco
desde hace muchos años a Cruz Roja, y este problema lo entiendo, lo vivo
y lo padezco en el grado mayor que se pueda padecer.
Por tanto, sería conveniente que se pensara muy bien en este aspecto y se
tuviera en cuenta que a estos hospitales que complementan la red estatal
hay que darles, no diré ventajas, sino ayudas. Esta es la justificación
de nuestra propuesta.
Por último, en la enmienda número 1.866 hemos hecho una petición de
manera genérica, solicitando que se declarara de interés general para el
Estado aquellos planes de saneamiento de aguas residuales que estén al
menos en un 80 por ciento financiados por medio de tasas a los usuarios
incorporados con el recibo de agua. Al menos, en esta Comunidad éste es
un ejemplo muy claro y muy corriente en el que el usuario es el que paga
el 80 por ciento --y a veces más, el cien por cien-- de las obras de
saneamiento de las redes de aguas negras.
En este caso, nosotros entendemos que nuestra petición es un poco
genérica, pero esperamos de la condescendencia del Grupo Socialista una
enmienda transaccional que pueda al menos paliar --si no todo, que
entendemos que es mucho-- en parte esta reivindicación nuestra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmiendas números 189 a 214, del Grupo Popular, advirtiendo que las
números 191, 193 y 214 han sido dadas por defendidas por el Senador Lobo.
Tiene la palabra el Senador Alierta, por tiempo de diez minutos.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, voy a empezar a defender las enmiendas presentadas a las
disposiciones adicionales incluidas en el proyecto de Ley de
Presupuestos, y posteriormente pasaré a la defensa de las disposiciones
adicionales nuevas que propone nuestro Grupo; defensa que, dada la
premura de tiempo, no pasará de ser sino una mera exposición de cual es
la finalidad de las enmiendas presentadas.
A la Disposición Adicional Tercera se presentan dos enmiendas. Por una de
ellas se solicita que las cantidades no destinadas a la Iglesia Católica
y que se detraen del Impuesto de la Renta se destinen en un porcentaje
del 25 por ciento, y con una cuantía máxima de 3.000 millones, para
atender a los afectados por el síndrome del aceite tóxico. Dada la
situación en la que se encuentran
estas personas, la petición que planteamos es muy razonable y de
justicia.
Asimismo, presentamos una enmienda por la que se establece que las
campañas de orientación a los ciudadanos en cuanto a qué asignar su
contribución se inspire en criterios de neutralidad y objetividad, de tal
manera que no influya en la decisión del contribuyente.
A la Disposición Adicional Décima, relativa a la convocatoria de plazas
de formación sanitaria especializada, nuestra enmienda propone
fundamentalmente que esta convocatoria no esté condicionada por criterios
puramente economicistas, como parece desprenderse de la actual redacción,
sino que esté reorientada --y así se propone-- a cubrir las necesidades
del sistema sanitario.
A la disposición adicional decimosegunda, apartado 1, se propone que el
subsidio de garantía de ingresos mínimos que figura de acuerdo con el
contenido de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, Ley 31/82,
que incidentalmente tienen un carácter social y fue aprobada cuando
gobernaba la Unión de Centro Democrático y no los socialistas, pase de
24.935 pesetas a una cantidad algo superior, 25.808, lo que supondría una
revaloración del 3,5 por ciento, la misma que se propone para las
pensiones.
De la misma forma, se propone que las ayudas para tercera persona pasen
de 9.725 a 10.625 pesetas.
A la misma disposición adicional, en su apartado dos, se presenta una
enmienda en la que se propone que las pensiones asistenciales también se
incrementen en una cantidad del 3,5 por ciento. Estas pensiones,
desgraciadamente, todavía no están en los niveles que todo el mundo
desearía y, en consecuencia, entendemos que los aumentos para el próximo
ejercicio por lo menos deben alcanzar lo que se espera respecto al
incremento del coste de la vida. Por ello en esta enmienda a la
disposición adicional decimosegunda, apartado dos, solicitamos que estas
pensiones asistenciales, igual que en la enmienda anterior respecto al
subsidio de garantía de ingresos mínimos y el subsidio por ayuda de
tercera persona, también aumenten un 3,5 por ciento y pasen de 24.935 a
25.808 pesetas. Es una petición muy razonable, no creemos que sea una
petición hecha contra el Gobierno, sino hecha a favor de una serie de
personas para las que verdaderamente no se está pidiendo cantidades
excesivas. En consecuencia, en este caso podemos ver que existe una
cierta preocupación social que traemos a esta Cámara y que, desde luego,
no va contra nadie, sino más bien a favor de personas que ya se tuvieron
en cuenta en tiempos anteriores a los Gobiernos socialistas.
La siguiente enmienda, la número 194, a la disposición adicional
decimonovena, trata de modificar el interés legal del dinero y el interés
de demora para adaptarlos a las actuales circunstancias de los mercados
financieros. Por tanto, se propone que donde dice 9 por ciento y 11 por
ciento, se diga 7 por ciento y 9 por ciento.
La enmienda número 196 a la disposición adicional vigésimo segunda,
apartado dos, pretende que el régimen de precios y tarifas de las
prestaciones y servicios en el Ministerio de Sanidad y Consumo se hagan
en base a los gastos reales. Asimismo, la siguiente enmienda a la misma
disposición adicional, en su apartado tres, propone que los ingresos a
los que se refiere dicha disposición se destinen íntegramente a cubrir
gastos de funcionamiento y de inversión de reposición de las
instituciones sanitarias y, especialmente, en un 70 por ciento, en los
centros cuya actividad los genere, destinándose el resto a otras
instituciones o a atender objetivos asistenciales que se determinen. La
petición de que los precios reflejen costes reales y que se destinen a
las finalidades que acabamos de mencionar son evidentes, por lo que no
hace falta extenderse en su justificación.
La enmienda número 198 a la disposición adicional vigésimo tercera trata
de establecer una pequeña precisión en su actual redacción, respecto a
las subvenciones al tráfico aéreo para residentes en Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla, de modo que se autorice al Gobierno para que durante
1994 modifique al alza la cuantía de las subvenciones o, como autoriza
dicha disposición adicional, si se establece un nuevo sistema aéreo, que
no suponga un perjuicio a residentes respecto a la situación actual y,
además, se solicite, que con carácter previo, informe a las Cortes
Generales.
La segunda parte de las enmiendas a las disposiciones adicionales son las
que tratan de establecer disposiciones nuevas, trataré de enumerarlas
brevemente y de defenderlas en la medida de lo posible.
La primera de ellas propone que la Administración pague intereses de
demora en el caso de que no afronte los pagos a los que viene obligada.
Se establece una serie de circunstancias para regular cómo deben
establecerse estos pagos y la información que se solicita al Gobierno.
La enmienda número 199 solicita que se cree un fondo de garantía de
pensiones alimenticias destinado a la concesión de ayudas económicas a
los hijos de padres separados y divorciados que sufren el impago de
dichas pensiones. La experiencia, señor Presidente, ha demostrado que la
incorporación del artículo 487 bis en el Código Penal por el que se
penalizan las conductas de impago de pensiones no es suficiente para
resolver el estado de grave necesidad de los hijos y de la madre o del
padre que los tiene a su cargo, que sufren el impago y no tienen otro
medio de subsistencia. Por ello, en esta enmienda se propone la creación
de este fondo y se solicita una dotación inicial de 517 millones
solicitando que dicha cantidad se adecue en los presupuestos siguientes.
La enmienda número 200 propone que por parte del Gobierno se tomen las
medidas para que lleguen a tener
plena efectividad las modificaciones legislativas que se introdujeron en
su día en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria para dar
una nueva configuración a la concesión y justificación de las ayudas y
subvenciones públicas que permita establecer un mayor control en la
concesión de dichas subvenciones.
La finalidad de las enmiendas que acabo de mencionar se desprende de su
lectura y, por tanto, no hace falta insistir en su defensa.
La enmienda número 201 propone una nueva disposición adicional para que
el Gobierno en el primer trimestre de 1994 envíe a las Cámaras un plan de
privatización de empresas públicas en el que se detalle las empresas
públicas a privatizar, el calendario, método y finalidad, así como, que
el saldo obtenido con las privatizaciones se destine a la amortización de
la deuda pública y se comunique trimestralmente a las Comisiones de
Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado. El contenido de
la enmienda justifica su presentación.
La enmienda número 202 pretende que dentro del personal destinado a
puestos de trabajos calificados de confianza, de acuerdo con las normas
legales vigentes, se dé cierto carácter prioritario al personal al
servicio de la Administración del Estado y de los organismos autónomos.
Esta enmienda no requiere una especial justificación.
La enmienda número 203 solicita que el Gobierno en el plazo de tres meses
mande un proyecto de ley regulando, respectivamente, las plantillas de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la segunda actividad del
personal de éstas en reserva activa. Es una necesidad sentida a la que
obedece la presentación de la enmienda.
En cuanto a la enmienda número 204 se solicita con anterioridad al 31 de
marzo la supresión de cuantos organismos autónomos y entes públicos no
hayan cumplido los objetivos iniciales para los que fueron creados, con
el fin de obtener, evidentemente, un ahorro en el gasto público; o bien
aquellos organismos que hayan demostrado una cierta ineficacia en su
función o cuyas competencias se hayan transferido a las Comunidades
Autónomas. Esta medida conduce a un ahorro del gasto público y
evidentemente no necesita mayor explicación.
La enmienda número 205 trata de conseguir que a partir de 1.º de enero de
1994 los altos cargos o funcionarios a los que se refieren las Leyes
25/1983 y 53/1984 dejen de percibir retribución en concepto de
asistencias a las reuniones de órganos colegiados de la administración de
empresas con capital o control público. Tampoco hace falta insistir en el
contenido de esta enmienda por la cual se pide la creación de una nueva
disposición adicional.
La misma petición hace la enmienda número 206 que solicita que las
atenciones protocolarias y representativas, dentro de los límites
previstos, tengan un carácter global dentro de cada Ministerio u
organismo autónomo y su disposición requiere la oportuna autorización del
responsable del centro directivo previa oportuna justificación. Creemos
que es un procedimiento que permitirá un mayor control del gasto sin
merma en la eficacia.
La enmienda 207 propone una nueva disposición adicional por la cual se
solicita que se traspase la dependencia orgánica de la escuela oficial de
turismo, de tal forma, que pase a depender del Ministerio de Educación y
Ciencia, a través de un Real Decreto a propuesta conjunta de los
Ministerios de Administraciones Públicas, Comercio y Turismo, Educación y
Ciencia.
La enmienda número 208 establece unos topes máximos para los gastos del
Capítulo II, gastos corrientes en bienes y servicios; tope que se
establece en la cantidad de 434.014 millones de pesetas que equivalen al
70 por ciento de lo presupuestado, lo que supone un ahorro importante. Se
autoriza al Gobierno para reajustar la distribución de estos créditos, al
mismo tiempo que se solicitan unas reducciones que se especifican en el
contenido de la enmienda, y que por su larga enumeración no voy a citar
en este trámite parlamentario. En todo caso, el Gobierno podrá recurrir a
créditos extraordinarios por razones justificadas cuando proceda.
La enmienda número 209 establece que con efectos de 1.º de enero de 1994
quede sin efecto lo previsto en la disposición adicional duodécima,
apartado dos, de la Ley 31/1991 que extendía la aplicación al cargo de
Secretario de Estado y asimilado de determinados preceptos del texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado de la Ley 74/1980. Esta
enmienda se presenta en congruencia con medidas sobre recortes del gasto
público y similares adoptadas en relación con las prestaciones por
desempleo.
El señor PRESIDENTE: Ruego a su señoría que vaya finalizando.
El señor ALIERTA IZUEL: Termino enseguida, señor Presidente. Creo que me
resta sólo la defensa de tres o cuatro enmiendas.
La número 210 trata de regular los préstamos concedidos por distintos
departamentos ministeriales y que ascienden a cantidades muy importantes,
cuando los ingresos por los mismos conceptos no alcanzan las mismas
cifras. En consecuencia, se solicita una información detallada de estos
préstamos concedidos para las diferentes secciones.
La enmienda 211, señor Presidente, plantea un problema importante y con
gran incidencia social en la Comunidad de Valencia. Se solicita que a
quienes, por no haberse personado, no tengan en estos momentos derecho a
indemnización como consecuencia de los perjuicios sufridos por el
desmoronamiento de la presa de
Tous, se les reconozca el citado derecho a indemnización en las mismas
condiciones que a los damnificados que se personaron en el procedimiento.
Esta, además, es una vieja promesa electoral del Partido Socialista, que
lleva mucho tiempo sin cumplirse y en la enmienda se propone que estas
indemnizaciones se paguen en un plazo máximo de 30 días, estableciéndose
presupuestariamente con cargo a qué partidas deben dotarse estos pagos
que se proponen.
La enmienda 212, señor Presidente, establece que en el plazo de seis
meses se procederá a la firma del contrato-programa entre la
Administración del Estado y el Ayuntamiento de Valencia para el apoyo y
fomento del transporte colectivo urbano. Es evidente que se trata de una
petición que se fundamenta en evitar situaciones de agravio comparativo y
en necesidades sentidas por la ciudad de Valencia, y su propio contenido
no creo que necesite mayor puntualización.
Termino, señor Presidente, mencionando que la enmienda 213 establece que
en 1994 el Gobierno establecerá un calendario por el cual la financiación
de la asistencia sanitaria de los servicios sociales del sistema de la
Seguridad Social sea exclusivamente, de forma gradual, con cargo a
aportaciones del Estado.
Por último, la enmienda 214 propone que los funcionarios de la
Administración del Estado puedan tener derecho a ejercer la opción
asistencial en las mismas condiciones existentes en la Mutualidad General
de Funcionarios de la Administración civil del Estado, MUFACE, a efectos
de las prestaciones de la entidad sanitaria de la Seguridad Social.
Con ésta termino la defensa de las enmiendas presentadas. Lamento que,
por tratarse de disposiciones adicionales, sean de contenido muy diverso,
no pueda establecerse una conexión entre ellas y la enumeración no sea,
por supuesto, entretenida, pero es la forma, el propio contenido del
título, la que obliga a una defensa de este tipo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cercós. Veinte minutos
es el tiempo acordado por los diferentes portavoces para este turno.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con suerte, espero ser más breve, porque comprenderán sus señorías que
casi resulta imposible en este momento poder abordar con profundidad las
ochenta enmiendas adicionales presentadas y de la diversidad que acaba de
decir el Senador Alierta. En todo caso este Senador procurará en el
Pleno, donde también el tiempo es limitado, aunque algo más largo, creo
de media hora, poder dar respuesta a las enmiendas de propuesta de otras
nuevas adicionales y a las enmiendas a las propias adicionales del
proyecto. En este trámite de Comisión me referiré a algunas de ellas
brevemente, fruto de una primera selección.
Por ejemplo, la enmienda número 189, del Grupo Popular, propone que se
distraiga del porcentaje del 0,5239, destinado a otros fines, un 25 por
ciento para los afectados por el síndrome del aceite tóxico. Sin embargo,
tengo que contestar al Senador Alierta, quien ha defendido esta enmienda,
que ese fondo del 0,5239 es prácticamente intocable, puesto que está
destinado por el Real Decreto 825/1988 a una serie de ayudas y
prestaciones sociales de las que se benefician organizaciones no
gubernamentales, entidades sin fines de lucro, de cooperación y
voluntariado, etcétera, lo que hace imposible tocarlo en este momento.
La enmienda número 190, también del Grupo Popular, dice que las campañas
de orientación que haga el Gobierno se inspirarán en criterios de
neutralidad y objetividad, de tal modo que queden claras las opciones
posibles. Efectivamente, esto está referido al campo tributario, Senador
Alierta, y es ocioso recoger esta declaración, puesto que hay un mandato
constitucional que debe presidir la neutralidad de toda la acción
gubernamental.
La enmienda 191, del Grupo Popular, pide que la convocatoria de plazas de
formación sanitaria especializada esté orientada a cubrir las necesidades
del sistema. Es difícil atender esta petición, puesto que dicha
convocatoria tiene que ser informada por el Ministerio de Economía y
Hacienda y tiene que hacerse básicamente en función, dentro de una
política de contención general del gasto, de las disponibilidades
presupuestarias para impartir esa formación, que permite obtener la
titulación de especialistas pero sin poder incorporarse al sistema
sanitario.
El Grupo Popular presenta una enmienda, la 192, coincidente con varias de
otros Grupos, en particular de Coalición Canaria, que hace referencia a
la modificación de las partidas de subsidio de garantía de ingresos
mínimos, proponiendo que de 24.935 pase a 25.808 pesetas y de 9.725 a
10.065. A este respecto lo que podemos y debemos decir en este momento es
que realmente tanto la LISMI como el FNAS han quedado como dos sistemas
de prestaciones a extinguir y han sido sustituidos por la Ley 26/1990, de
pensiones no contributivas. De hecho, todos los beneficiarios de la LISMI
y del FNAS se pueden incorporar a las pensiones no contributivas, como lo
están haciendo en la mayoría de los casos y además en situaciones más
ventajosas, puesto que la pensión no contributiva exige menos requisitos
que los de la LISMI y el FNAS y, sin embargo, es de una cuantía mayor.
La misma respuesta puede valer para la enmienda 493, del Grupo
Parlamentario Popular, que solicita sustituir la cifra de 24.935 por
25.808 pesetas y para la número
1.168, de Coalición Canaria, sobre las cuales podremos extendernos más
ampliamente en el Pleno de la Cámara. (El señor Vicepresidente, Garcías
Coll, ocupa la Presidencia.)
La enmienda número 1.169, de Coalición Canaria, propone una nueva
disposición por la que se introducen criterios objetivos para la
distribución de los fondos para el fomento y gestión del empleo. Lo que
podemos decir al respecto en este momento es que los fondos destinados al
fomento del empleo tienen dos líneas distintas para ser distribuidos. Una
es la de las partidas que son gestionadas por las propias Comunidades
Autónomas para acciones que ellas mismas desarrollan y cuya distribución
se realiza directamente, por acuerdo del Consejo de Ministros y según el
artículo 153 de la Ley General Presupuestaria; y, además, hay otras
partidas destinadas al fomento del empleo y la contratación y cuyos
requisitos están contemplados en la Ley 22/1992, de 30 de julio, de
aplicación en todo el territorio nacional.
Creemos que la normativa es bastante completa, tanto en las ayudas para
el fomento del empleo como en las de la formación ocupacional en las
cuales hay prácticamente un régimen análogo, porque en ellas también se
puede distinguir la situación de aquellas Comunidades que han asumido la
gestión de la formación ocupacional, que son Andalucía, Cataluña, Galicia
y Valencia, de aquellas otras cuya distribución de fondos se realiza en
base a los mismos criterios que hemos dicho para los de fomento del
empleo.
El Grupo Parlamentario Popular plantea en otra enmienda que la asignación
de puestos de trabajo calificados de confianza se haga con base al
personal del servicio de la Administración del Estado y sus organismos
autónomos. Lo que podemos indicar a sus señorías es que, no solamente en
el sistema español sino en toda la Europa occidental, hay un mismo
planteamiento y se distinguen claramente aquellos puestos de trabajo que
pueden ser provistos con funcionarios profesionales y los que lo son con
personal eventual. El criterio que los selecciona y diferencia es
claramente distinto, uno es el puro trabajo profesional y otro los
criterios políticos. De ahí que no es aconsejable mezclar la provisión de
ambos tipos de puestos de trabajo.
Hay una enmienda importante, la número 208, del Grupo Parlamentario
Popular, en la que no podemos extendernos ahora --lo haremos en el
Pleno-- que propone que la reducción de los gastos corrientes en bienes y
servicios por encima de 434.014 millones de pesetas no sean desbordados
por otras autorizaciones y, por tanto, que no se autoricen con cargo a
ese capítulo de gastos corrientes partidas superiores de la cuantía que
he señalado.
Lo que puedo decir a sus señorías es que del total de gastos que figuran
en los Presupuestos Generales del Estado, que son una partida de 620.000
millones de pesetas, hay un volumen de gastos ya comprometidos y con
carácter finalista que superan los 240.000 millones de pesetas.
Introducir la modificación que se propone en la enmienda supondría una
reducción de más del 50 por ciento de la dotación de los gastos de
funcionamiento de la Administración, lo que no nos parece que pueda ser
asumible. Nos extenderemos sobre este particular en el Pleno.
La enmienda número 195, del Grupo Parlamentario Popular, tampoco la voy a
abordar aquí, pero sí es importante señalar que cuando la Administración
no pague al acreedor de la Hacienda Pública en el plazo de un mes a
partir del día de la notificación de la resolución judicial o del
reconocimiento de la obligación, le abonará el interés de demora; es
decir, se solicita el pago del interés de demora, pero nosotros creemos
que es importante que se distingan los casos --y tendremos la oportunidad
de argumentar cada uno de ellos a sus señorías debidamente-- tanto para
las obligaciones reconocidas por resolución judicial y para el devengo
automático del interés de demora, como para el tipo de interés exigible a
la demora administrativa y para la fijación del plazo máximo del pago.
Todos estos extremos esperamos poderlos desarrollar en profundidad en el
Pleno en una enmienda que es compleja pero de gran interés.
El Grupo Parlamentario Popular incluye una enmienda relativa al envío a
las Cámaras de un plan de privatización de empresas públicas con
determinación de calendarios, métodos y cuantificación de ingresos, por
importe de 450.000 millones de pesetas. Debemos decir que en este caso es
muy claro que el proceso de privatización de algunas empresas públicas es
algo que el Gobierno socialista viene haciendo desde fechas atrás, y lo
que podemos decir es que la privatización de cualquier empresa es un
proceso complejo que no puede obedecer a un plan recogido en estos
términos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado sin examinar las
características particulares de cada empresa y su situación y oportunidad
en el mercado. Actuar con un criterio distinto podría suponer una
distorsión en los precios y una alteración de las reglas que están
encaminadas a hacer más eficaz la privatización como forma, no solamente
de incorporar al mercado en condiciones de empresa privada una
determinada empresa pública en este momento, sino también de allegar
recursos para la propia Administración del Estado.
Solicita el Grupo Parlamentario Popular en la enmienda número 203 un
compromiso del Gobierno de tramitar sendas leyes de regulación de
plantillas y de la situación de segunda actividad y reserva de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Al Senador Alierta le puedo
decir que esta normativa ya está en marcha y tenemos en el Parlamento
incluso algún proyecto de ley de esta naturaleza; también hay un borrador
de proyecto de Real Decreto que se refiere al Cuerpo
Nacional de Policía. Creemos que la solicitud ya está atendida.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado,
de Convergència i Unió, podemos decir que en una de ellas, en la que
solicita que se declare de interés general para el Estado aquellos planes
de saneamiento de aguas residuales que estén financiados en al menos un
80 por ciento por medio de tasas a los usuarios incorporadas en el recibo
de agua, entendemos, por varias razones, que así recogida la declaración
es difícil poderla aceptar por nuestro Grupo Parlamentario. Sin embargo,
podríamos hacer el esfuerzo en alguna obra determinada concreta de
estudiar si se puede llegar a centrar una petición particular, que no
puede tener cabida, por su naturaleza, en los propios Presupuestos que
estamos debatiendo, pero que pudiera ser que hubiera una vía de algún
caso de urgencia y en unas determinadas circunstancias.
Me quiero referir a las dos enmiendas que, presentadas con buen tino por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, son
enmiendas ya históricas en los debates de Presupuestos, que son las de
las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y los Cuerpos de Seguridad del
Estado. En el Pleno tendremos oportunidad de entrar en profundidad,
Senador Marca, en el estudio de estas dos enmiendas, porque hay razones
objetivas que hace imposible por la cuantía y por las situaciones de
grado de los propios militares, quebrantar una situación que
probablemente conduciría a discriminaciones. Lo mismo que anteriormente
le puedo decir que la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista es que,
si hay alguna situación concreta o determinada por su situación de
emergencia personal o crítica, podría también ser estudiada con la
voluntad de resolver esa situación, pero la modificación general en este
momento, y por las razones que más ampliamente expondré en el Pleno, no
parece que se pueda atender en un año de moderación presupuestaria
precisamente de los gastos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, agradezco al Senador Torrontegui la nota que nos ha
dado. Estudiaremos detenidamente la justificación que nos da a la
enmienda su señoría, pero sí le podemos decir dos cosas: Primero, que el
resumen de la enmienda podría ser que se propone que las mutualidades de
previsión social se financien con recursos públicos y las pensiones que
concedan no tengan la naturaleza de pensión pública. Esto es imposible.
Si se financian --y está permitido y se aprobó en los Presupuestos
Generales del año 1988-- y en la Ley 33/1987, en su artículo 63, se
establecieron los términos y circunstancias en los que la financiación de
las mutualidades podía realizarse con cargo a fondos públicos, no parece
que fuera oportuno volverlo a regular en este momento. Pero sí le quiero
decir que para nosotros está muy claro que si están financiadas con
fondos públicos las prestaciones tendrán naturaleza de pensión pública.
Pero, insisto, estudiaremos en profundidad la nota que nos ha facilitado.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, la número 213, que
propone: Establecer un calendario durante 1994 para que, de modo gradual,
la financiación de la Asistencia Sanitaria y de los Servicios del Sistema
de la Seguridad Social, sea exclusivamente con cargo a aportaciones del
Estado.
Podemos decir que esto, realmente, supondría una modificación de una ley,
que es la Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad, en la que
se establece que la financiación de la Asistencia Sanitaria tenga un
triple origen que pueda ser realizada con cargo a cotizaciones sociales,
a transferencias del Estado y a tasas por la prestación de determinados
servicios. Esta razón, junto al hecho de que nos parece necesario que en
el mantenimiento de la Asistencia Sanitaria y de los servicios sociales
en el Sistema de la Seguridad Social se garantice la máxima homogeneidad
territorial en las prestaciones, nos lleva a creer que no puede ser
atendida esa petición.
La enmienda adicional número 214, del Grupo Popular, propone que todos
los funcionarios, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social,
así como los trabajadores autónomos, puedan recibir la asistencia
sanitaria de las entidades públicas o privadas.
Esto produciría una discriminación, puesto que solamente se refiere a dos
colectivos, los funcionarios y los autónomos. ¿Qué pasaría con el resto
de los colectivos, integrados en la Seguridad Social? Creemos que se
rompería un equilibrio y una homogeneidad de trato que existen, y que es
inaceptable, desde este punto de vista, adoptar la medida que se propone
en la enmienda solamente para dos colectivos, alguno de los cuales, por
ejemplo, el caso de los autónomos, la porción de cuota que abonan en
concepto de asistencia sanitaria es insuficiente para hacer frente de una
manera patente por sí sola a los pagos y gastos que debería sufragar la
Administración por los conciertos que, en su caso, debería suscribir con
determinadas entidades privadas de previsión sanitaria.
Hay otra enmienda del Grupo Popular que propone que se cree un fondo de
garantía de pensiones alimenticias destinada a la concesión de ayudas
económicas a los hijos de padres separados o divorciados, que sufren el
impago de las pensiones alimenticias. Podemos decir que una preocupación
muy clara, en este momento, de la Administración del Gobierno Socialista
es la creación de un fondo de garantía en la línea que propone la
enmienda, pero que entendemos que esta enmienda no puede ser recogida
dentro de las adicionales de los presupuestos, porque recordarán sus
señorías que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ampara las
materias que debemos incluir dentro de los
presupuestos; pero la creación de este fondo que, por otra parte, debe
ser objeto de estudio, de valoración, no solamente desde el punto de
vista jurídico, sino también desde el punto de vista técnico, creemos que
no tiene conexión suficiente con la Ley de Presupuestos para que fuera
incluido en ella.
Dentro del tiempo que me ha fijado la Presidencia, termino en este
momento mi intervención, señor Presidente, y con respecto a aquellas
enmiendas que no han sido contestadas y que, sobre todo, respondan a
Grupos parlamentarios, porque entendemos que deben tener una prioridad
aquellas iniciativas que han sido planteadas a título personal o por
grupos de Senadores, procuraremos dar una respuesta, pero siempre
ordenadas por un interés general para el país, que es algo que desde el
Grupo Parlamentario Socialista establecemos como criterio de prioridad en
el afán de que por un tiempo limitado no hurtemos las respuestas a los
temas más importantes que se nos puedan plantear en propuestas de
enmiendas adicionales o enmiendas sobre las adicionales de la Ley de
Presupuestos del Estado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cercós.
A continuación pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra por
portavoz el Senador Torrontegui por un tiempo de tres minutos como
máximo.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo cincuenta segundos para agradecer al portavoz Socialista el interés
que ha puesto en nuestra enmienda que creemos razonable y que esperamos
que en el transcurso hasta el Pleno se pueda admitir o transaccionar esta
enmienda.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
¿Portavoz de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo parlamentario de Convergència i Unió? El Senador Marca tiene la
palabra.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Gracias, señor Presidente.
Sólo intervengo para decir que nosotros esperábamos una respuesta más
concreta y más ampliada en relación a los comentarios que he hecho de las
enmiendas que he defendido. En vista de que el propio Senador del Grupo
Socialista me invita a que siga defendiéndolas en el Pleno en donde me
dice que me dará mejores explicaciones, lo haremos así, si no surge nada
en contrario.
Lamento que no me haya contestado a lo que he dicho de los intereses de
las cuotas impagadas de la Seguridad Social de estos hospitales que están
en francas dificultades. Ruego que en su turno, si es posible, me dé
alguna explicación.
En cuanto a la declaración de interés general del saneamiento de aguas
residuales, esperemos que la transaccional que nos ha anunciado sea
efectiva para poder retirar la nuestra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marca.
El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra por tiempo de tres
minutos.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al portavoz Socialista su explicación detallada en la
mayoría de las enmiendas, no en todas, que hemos presentado.
Las enmiendas que nosotros hemos presentado ciertamente implican una
cierta modificación de la situación existente o de la legislación; por
eso se proponen las enmiendas. Pero darnos como contraargumento que hay
una ley y que lo que se propone es una modificación, no es un argumento
que realmente sea muy consistente, porque si el contenido de la ley
existente se considerara satisfactorio o no mejorable, ni siquiera
existiría la enmienda. La enmienda existe para introducir alguna
modificación.
Segunda línea de argumentación con cierto carácter de generalidad dentro
de lo que las disposiciones adicionales por su variedad tienen en el
debate que estamos teniendo: Algunas de ellas tienen una conexión más o
menos tenue, más o menos fuerte con la Ley de Presupuestos. Pero se puede
argumentar que no la tienen menos que muchas disposiciones que están
recogidas actualmente en el proyecto de ley de presupuestos. En
consecuencia tampoco es un argumento el decir que alguno de estos temas
no encajan en la ley de presupuestos o encajarían mejor en otro sitio; lo
mismo podría decirse de muchas disposiciones que vienen recogidas
actualmente en la ley de presupuestos que tampoco encajarían. Estos
argumentos deben tener una cierta validez general, no ser válidos en un
caso y en otros no.
Por último, quiero decir que no nos ha hecho ninguna referencia a dos
enmiendas que hemos propuesto con actuaciones concretas; una de ellas
referente a las indemnizaciones de los afectados por el desmoronamiento
de la Presa de Tous que creemos que es un tema muy importante y que
además, como hemos señalado, es una promesa electoral del Partido
Socialista que hizo en su día en la provincia de Valencia, y que nosotros
proponemos que esto se recoja para que quienes no se personaron tengan
las mismas indemnizaciones, no diferentes, que quienes se personaron en
el procedimiento, que es de justicia.
Incluso tampoco nos ha hecho ninguna referencia a la enmienda por la cual
nosotros solicitamos que se celebre un contrato con el Ayuntamiento de
Valencia para el fomento del transporte público.
Lamentamos que estas enmiendas con un contenido territorial que plantea
el Grupo Popular no tengan ninguna recepción por parte del Gobierno
Socialista, cuando responden a aspiraciones y necesidades que se pueden
aspirar tan legítimamente como cualquier otro Grupo. Señor Presidente, a
nosotros, en cuanto a la recepción de enmiendas, nos gustaría participar
de alguna manera de la frustración que siente el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, puesto que si
él se siente frustrado, vista la aceptación que tienen con cierta
generalidad las enmiendas que plantea, nuestra situación debe ser a sus
ojos tristísima, pues son sistemáticamente rechazadas enmiendas que,
desde el punto de vista territorial, tienen tanta legitimidad, tanta
justificación, tanta necesidad, como cualquiera de las que han sido
admitidas a trámite durante el debate de este proyecto de ley de
Presupuestos para 1994 en el Senado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Cercós
por un tiempo de tres minutos.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré rápidamente. Senador Marca, usted ha hecho referencia al
problema hospitalario. Pues bien, este Senador le invitaría a retirar la
enmienda correspondiente porque en estos momentos hay una comisión
coordinadora a nivel del Estado que va a estudiar toda la problemática de
los hospitales del país y, sin duda, se van a contemplar los aspectos que
su señoría ha planteado en su exposición. Esa comisión coordinadora está
ya creada y en funcionamiento. Está ya lista para trabajar. La
problemática hospitalaria es uno de los aspectos que tratará. Hay una
lista de cuestiones a tratar, pero ése, sin duda, está recogido.
También quiero referirme al tema de las potabilizadoras. He dicho que la
sustitución de la enmienda que sus señorías plantean puede tener un
efecto concreto en algún municipio que tenga una urgencia importante,
siempre que se den las circunstancias que sus señorías señalan en la
enmienda. De ahí que creemos que con carácter general no se puede hacer
una declaración, por los problemas que implica un tipo de propuesta como
la que se recoge en su enmienda, pero sí pueden tener solución problemas
determinados. Por eso, las palabras de este Senador no pretendían
postergar el debate al Pleno, sino que sus señorías consideraran la
posibilidad de retirar su enmienda.
El Senador Alierta ha hecho referencia a que algunas de sus propuestas
implican una modificación de una ley. Evidentemente, Senador Alierta,
estoy de acuerdo con su señoría. Pero ésa no es razón suficiente. Usted
admitirá que una ley es un cuerpo normativo único que tiene un alcance y
una trascendencia, y que aprovecharse de ello a través de una enmienda
parcial, con un texto muy particular que toca solamente un punto concreto
de una ley, no es la forma más regular que tenemos todos los grupos
parlamentarios en esta Cámara de hacer las leyes, de formularlas y
trabajarlas. Además, Senador Alierta hay otros argumentos que
desaconsejan la propuesta de esa enmienda que dice que únicamente sea con
cargo al Estado la financiación de la asistencia sanitaria. Hay más
razones que tendré oportunidad de exponérselas a su señoría en el Pleno.
Usted también ha aludido al impago de las pensiones y de las ayudas de
pensiones alimenticias por sentencia judicial. Le he dicho que tenía
difícil cabida una propuesta de tal tipo, que desde el punto de vista de
su señoría podía ser algo cuestionable, pero le he planteado que hay la
voluntad y el propósito, y así figurará en el «Diario de Sesiones», de
crear un fondo nacional para hacer frente a todas estas situaciones.
Finalmente, su señoría hablaba de los afectados por la catástrofe de la
Presa de Tous. Ustedes han pensado en créditos extraordinarios. Pero la
ley de Presupuestos no puede contemplar créditos extraordinarios.
En segundo lugar, ustedes en la formulación de la enmienda proponen que
se detraiga un porcentaje de los fondos FAD. Señoría, la utilización que
nuestro país haga de esos fondos tiene una componente internacional, la
propia Comunidad Europea debe tener comunicación de ello. Vemos muy
difícil que unos fondos destinados a la cooperación internacional puedan
ser destinados a esto.
Finalmente, quiero decir a sus señorías que el 26 de marzo se aprobó por
Real Decreto una ayuda de 19.000 millones de pesetas y que hasta ahora
sólo se ha dispuesto de 1.898 millones de pesetas de esta partida.
Además, está previsto la incorporación de remanentes de esa ayuda que se
aprobó en ejercicios posteriores.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cercós.
A continuación, pasamos al debate de las disposiciones transitorias
primera a novena, enmiendas 931 a 943 de los Senadores Cuevas González y
Vilallonga Elviro, que han sido ya dadas por defendidas, así como la
enmienda 1.204, del Senador Ramón i Quiles.
Pasamos a la enmienda 1.309, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda 1.309 es de modificación de la Disposición
Transitoria Séptima y se refiere al Banco de España. Pensamos que los
créditos deberían ser armonizados en un plazo de seis años en lugar de
los 25 años que propone el texto de la ley. Se sabe que la financiación
privilegiada del Estado va en contra del Tratado de la Unión Europea, en
contra del Estatuto del Banco de España y de los bancos centrales
europeos, y en contra de la independencia de la institución que ahora se
configura. Por ello, debe desaparecer esa deuda.
Por otra parte, y dado que la amortización directa e instantánea sería
financiera y presupuestariamente insostenible, debe darse un plazo
coherente para ello, y éste puede ser el plazo establecido en el Tratado
para la fecha más tardía de la Unión Monetaria, prevista para 1999.
Además, no debe olvidarse que una parte de esta financiación privilegiada
del Estado mediante apelación al Banco de España se ha hecho mediante los
coeficientes de caja y certificados del Banco de España para los cuales
la fecha tope máxima de amortización prevista es el año 2000.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
Pasamos a las enmiendas 215, 217, 218 y 219. La enmienda 216, si no está
mal informada la Mesa, ha sido ya defendida previamente.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador
Utrera.
El señor UTRERA MORA : Señor Presidente, damos por defendidas todas las
enmiendas en los mismos y precisos términos en que están redactadas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Turno en contra. Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, me referiré a la enmienda
que ha defendido el Senador Torrontegui. Las circunstancias de
amortización que se fijan en la Disposición Transitoria Séptima son las
adecuadas. Si aprobáramos la enmienda del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos se haría gravitar sobre los Presupuestos
Generales del Estado en los próximos seis años una amortización realmente
fuerte que dificultaría aún más la ejecución presupuestaria en unos años
en los que evidentemente estamos todavía inmersos en una cierta crisis y
en la que lo previsible y lo razonable sería buscar algún tipo de
desahogos. Por otro lado, no entiendo el argumento de apelar al Tratado
de Maastricht, porque si fuera ilícito según el Tratado lo dispuesto en
la Disposición Transitoria Séptima, los 25 años, lo sería también para
los seis propuestos por el Partido Nacionalista Vasco.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tengo que decir
que, lógicamente, manifestamos nuestra oposición a las mismas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decirle al portavoz socialista que, quiérase o no, la fecha máxima
de amortización prevista es el año 2000, con lo cual no sé qué fórmulas
se utilizarían. En todo caso, para esa fecha tiene que estar la
amortización hecha. No sé qué fórmula distinta se puede encontrar.
Nosotros habíamos pensado en los seis años que creo que es muy coherente
e, incluso, nos beneficia de alguna forma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Pasamos, a continuación, a las disposiciones finales primera a tercera.
Las enmiendas 944 y 945 de los Senadores Cuevas González y Vilallonga
Elviro han sido ya defendidas.
Para defender la enmienda 1.174 del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria tiene la palabra el portavoz de dicho Grupo, Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Quiero indicar muy brevemente que se trata de la adición de un párrafo a
la disposición final segunda con el objeto de afrontar los elevados
índices de desempleo de la Comunidad Autónoma de Canarias teniendo en
cuenta especialmente el hecho insular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Travieso.
Pasamos a las enmiendas números 220 y 221 del Grupo Parlamentario
Popular.
Tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Las damos también por defendidas en los términos en
que están redactadas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, deseo simplemente manifestar
nuestro criterio poco favorable
a que el Plan de Empleo Rural se extienda a la Comunidad Autónoma de
Canarias en función de sus circunstancias específicas ya que, sin duda,
lo aconsejable es que solamente quede constreñido a las Comunidades
Autónomas andaluza y extremeña entre otras razones por su elevado índice
de trabajadores por cuenta ajena en el sector agrario, lo que no se da en
la Comunidad Canaria.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, manifestamos nuestra
oposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación pasamos a la disposición derogatoria nueva. Hay presentada
una enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, la número
1.310.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: ¿De cuánto tiempo dispongo, señor
Presidente?
El señor PRESIDENTE: De tres minutos. Un minuto por enmienda y tres como
máximo.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Señor Presidente, es que ahora ya no tengo
prisa, ya he perdido el avión. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, la solidaridad interterritorial obliga a
que sean tres minutos.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: En ese caso voy a explicar solamente una
de las partes porque si me dedico a explicar la enmienda entera tardaría
más de tres minutos. Voy a procurar ajustarme a esos tres minutos.
Creo que la enmienda no sólo es interesante para nuestro Grupo sino
también para el resto de los grupos parlamentarios que forman parte de
esta Cámara. Por tanto, y en aras del interés que pueda suscitar, voy a
leerles el texto. Dice así: Queda derogado el tipo adicional de
cotización del 8,20 por ciento en todo el período establecido, dispuesto
en la parte final del apartado primero y en el apartado segundo de la
disposición transitoria tercera del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril,
por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social al
Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios de la
administración local.
En realidad se trata de la integración de la MUNPAL en la Seguridad
Social. Este tipo adicional a pagar por los ayuntamientos a la Seguridad
Social durante veinte años se apoya en las mejores prestaciones previstas
en este Régimen en comparación con las existentes en la extinta MUNPAL.
Existen una serie de justificaciones que nuestro Grupo expone
clarísimamente. Hay una justificación técnica del cálculo, otra económica
y otra comparativa. Tengo datos que demuestran que este 8,20 por ciento
tendría que minorarse. Por equipararlo simplemente con algunas
instituciones que se han integrado en la Seguridad Social tendría que
quedar en una cifra que estuviera alrededor del 2,37 por ciento.
Si algún Senador está interesado en este cálculo, especialmente el
Portavoz socialista, estoy en la mejor disposición para ofrecérselo. Yo
quizá no sea lo suficientemente experto en esta materia, pero los
técnicos que han elaborado esta enmienda se lo podrían proporcionar. Creo
que este tema lo debería estudiar en profundidad el Grupo Socialista.
Con esto doy por defendida esta enmienda.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torrontegui, por su generosidad.
En turno en contra tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, quiero decir con suma
brevedad que la integración de la Mutualidad Nacional de Protección de la
Administración Local en la Seguridad Social tiene un coste para el
Régimen General de la Seguridad Social porque la integración se produce,
entre otras cosas, porque la propia MUNPAL estaba amenazada entrar en un
proceso de paulatina descapitalización de continuar produciéndose sin las
medidas adecuadas el régimen de ingresos y prestaciones que venía
dándose.
En este sentido, no parece muy razonable que la Seguridad Social tenga
que afrontar este coste sin ninguna participación por parte de los
ayuntamientos que, a fin de cuentas, son en realidad las empresas en las
que trabajaban las personas adscritas a la MUNPAL que pasan a integrar el
Régimen General de la Seguridad Social. No entendemos, por tanto, que
desde el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos se pretenda que la
Seguridad Social haga frente a unas pérdidas, a unas deudas y a unos
perjuicios que van a generarse de no hacerse efectivas las aportaciones a
que en su día se comprometieron.
Efectivamente, no conozco el detalle del cálculo actuarial por el que se
llegó a la conclusión de que los ayuntamientos deberían aportar un 8,20
por ciento extraordinario a la Seguridad Social durante un período de
veinte años para hacer frente a las nuevas obligaciones, pero sí le puedo
garantizar al Senador Torrontegui que aun con esa aportación, a nuestra
Seguridad Social no le ha supuesto en modo alguno un beneficio ni un
negocio la integración de la MUNPAL. En ese sentido, la aprobación de la
enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos supondría, no ya un
claro perjuicio, sino que la propia Seguridad Social se planteara --por
qué no-- si en esas condiciones le interesaba esa integración o que la
MUNPAL continuara
funcionando al margen del Régimen General de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente. Pido perdón por
utilizar este turno de réplica.
Se reconocen las pérdidas pero no en una cifra como esta del 8,20 por
ciento. Los cálculos van en otra dirección y también los perjuicios.
Incluso diría que esto no afecta a estos presupuestos para 1994 aunque sí
afectará a los siguientes presupuestos.
No voy a extenderme más por no dilatar mi intervención, pero quisiera
decirles que tengo razones absolutamente fundadas que me permiten decir
que el 8,20 por ciento es ciertamente exagerado.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Torrontegui.
Si desea hacer uso de la palabra, puede intervenir, Senador Granado.
(Pausa.)
Muchas gracias, señoría.
Pasamos, por tanto, a la votación de los títulos que hemos debatido en la
sesión de esta tarde. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Quisiera proponer la incorporación de tres
enmiendas al informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: ¿A qué títulos se refieren?
El señor UTRERA MORA: Las tres se refieren al Título VI. Son las
enmiendas números 1.824, 159 y 161.
Señor Presidente, también solicito la votación individual de cada una de
ellas.
El señor PRESIDENTE: Está bien. (El señor Granado Martínez pide la
palabra.)
Tiene la palabra el senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, quiero hacer constar que
nuestro Grupo está en contra de que se entiendan incorporadas al informe
de la Ponencia estas enmiendas del Grupo Popular.
En cuanto al sistema de votación, nos atenemos al que está fijado en el
Reglamento de la Cámara que establece que se votará el informe de la
Ponencia y que sólo si se produce un rechazo del mismo es cuando deben
votarse las enmiendas. No obstante, en el Pleno podrán ser votadas
individualmente sin ningún problema de acuerdo con el Reglamento. (El
señor Utrera Mora pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Utrera Mora.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, por el sentido de las enmiendas
presentadas por los distintos Grupos, estamos convencidos de que,
casualmente, existe mayoría suficiente para que estas tres enmiendas --o,
al menos, dos de ellas-- se incorporen al informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Tal como hemos manifestado cuando se ha
debatido este Título, mantenemos las enmiendas números 1.829 y 1.838 para
su defensa en el Pleno, pero en este momento nos oponemos a que se
incorporen al informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún otro portavoz? (Pausa.)
En cualquier caso, dado que hay dudas sobre la posibilidad de que estas
enmiendas salgan adelante, no se debe negar la oportunidad de que se
incorporen al texto. Por tanto, creo que, previamente, habría que votar
las enmiendas para ver si son admitidas o rechazadas. En el caso de que
sean rechazadas, no se incorporarán al informe de la Ponencia, y éste se
votará a continuación. (El señor Granado Martínez pide la palabra.)
Tiene la palabra, señoría.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, me atengo al Reglamento de
la Cámara, que establece que, una vez concluido el debate, la Ponencia
fije posición sobre el texto, que se somete a votación. La Ponencia ha
fijado su posición: hay tres ponentes que estamos a favor de incorporar
dos enmiendas a la Sección 32 --lo que hemos hecho constar en su
momento--, y nos hemos manifestado a favor de que el resto de las
enmiendas pasen a su discusión en Pleno y no se incorporen al informe de
la Ponencia.
Por tanto, fijado claramente el informe de la Ponencia que se somete a
discusión, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara procede votarlo en
los términos en que se ha producido. Ya se llevaron a cabo las votaciones
en Ponencia, y el Reglamento ofrece la posibilidad de que los ponentes
cambiemos el criterio de la Ponencia en la Comisión. Como lo hemos
cambiado en lo que se refiere a dos enmiendas, pero no lo vamos a hacer
para el resto, entendemos que no hay ningún obstáculo,
inconveniente o falta de procedimiento reglamentario, sino que debe
aplicarse el Reglamento de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Estamos de acuerdo en que la normativa que establece
el Reglamento es la que ha señalado el portavoz del Grupo Socialista. Por
tanto, vamos a pasar directamente a la votación del informe de la
Ponencia, tal y como se ha acordado por los diferentes ponentes. (El
señor Utrera Mora pide la palabra.)
Tiene la palabra, señoría.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, no termino de entender por qué
algunas enmiendas se han incorporado al informe de la Ponencia de forma
verbal en esta Comisión, y por qué no pueden incorporarse éstas. Creo que
eso deberá someterse a una votación. Habrá quien incurra en
contradicciones, pero no nosotros, y vuelvo a insistir en que, por las
enmiendas que se han presentado a este proyecto de ley de presupuestos,
entendemos que existe mayoría suficiente como para que estas enmiendas se
incorporen al informe de la Ponencia.
Ciertamente, quien vote en contra se habrá retractado, de alguna manera,
de sus enmiendas en Comisión, aunque luego las defienda en el Pleno, pero
insisto en que en Comisión se habrá retractado. Por tanto, deseo saber
quién está apoyando sus enmiendas y quién las ha dejado de apoyar y, por
consiguiente, quién ha presentado las enmiendas por presentarlas y quién
no. No sé si me entienden. Deseo, pues, que en la Comisión se determine
con claridad qué grupos están apoyando las enmiendas que ellos mismos han
presentado.
Por otra parte, entiendo que si esto se llevara a cabo con todas y cada
una de las 1.900 enmiendas que estamos discutiendo, el procedimiento
sería obstruccionista o, sencillamente, inútil, pero no es el caso,
porque nos estamos refiriendo exclusivamente a tres enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Vuelvo a insistir en que reservamos la defensa de esas enmiendas para el
Pleno, y como Grupo que las ha presentado, no solicitamos su votación.
Por tanto, entendemos que se ha de seguir lo previsto en el Reglamento,
que consiste en que se someta a votación el informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Como yo no entro ni salgo en este asunto, creo que estoy autorizado para
dar mi opinión. Opino que en estas cuestiones de orden no conviene dar
este espectáculo, por llamarlo de alguna manera. Está claro que la
Ponencia es una cosa, y la Comisión, otra. La Ponencia está compuesta por
cinco señores, que han elaborado un informe y que, por mayoría, han
incorporado un par de enmiendas, y en la Comisión, como ha dicho el
Senador Granado, se tiene que votar el informe de la Ponencia. Si éste no
se aprueba, se tendrán que votar las enmiendas una a una, tal como
establece el Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Para la clarificación de sus señorías, voy a leer el
artículo 116.2 del Reglamento: Acordado el cierre --la terminación del
debate--, el Presidente someterá a votación la propuesta que en ese
momento formule la Ponencia. Si se aprobase el texto de la misma, quedará
incorporado al dictamen; si se rechazase, se someterán a votación las
enmiendas mantenidas por su orden de discusión, y en el supuesto de que
ninguna obtuviera la aprobación, el Presidente podrá suspender la sesión
para que la Ponencia, junto con los enmendantes, proceda a la redacción
de un nuevo texto, que se someterá a votación.
Por tanto, según lo que indica el artículo 116.2 del Reglamento, no
procede la votación individual de las enmiendas para su incorporación.
(El señor Alierta Izuel pide la palabra.)
Tiene la palabra, señoría.
El señor ALIERTA IZUEL: Señor Presidente, como miembro de la Ponencia,
apoyo el que las enmiendas que se han mencionado con anterioridad,
presentadas por el Grupo Popular, números 159, 161 y 1.824, se incorporen
al informe de la Ponencia --de la misma forma que otras enmiendas
propuestas por otros Grupos en momentos determinados se han incorporado a
dicho informe--, o que se determine si procede por la Ponencia que estas
enmiendas se incorporen o no. Pero hay que salir de esta situación. En
algunos casos, el Grupo Socialista ha propuesto la incorporación de sus
enmiendas al informe de la Ponencia, y se ha hecho. Por tanto,
solicitamos que estas tres se incorporen, o que, taxativamente, mediante
la votación correspondiente por parte de la Ponencia, se rechace su
incorporación al informe.
El señor PRESIDENTE: El artículo 116.2 señala: ... si se aprobase el
texto de la misma, quedará incorporado al dictamen; si se rechazase, se
sometarán a votación las enmiendas mantenidas por su orden. Por tanto,
procede, en primer lugar, votar el informe de la Ponencia. (El señor
Utrera Mora pide la palabra.)
Tiene la palabra, señoría.
El señor UTRERA MORA: Entonces, señor Presidente, los cinco ponentes
tendrán que votar; alguien tiene que votar aquí para decidir por qué unas
enmiendas se incluyen de forma verbal, y otras, de ninguna manera, como
ocurre con las nuestras.
El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, es que la mayoría de la Ponencia ha
votado ya --con el resultado de tres a dos-- para que unas se incorporen,
y otras, no.
El señor UTRERA MORA: En ese caso, que vote la mayoría de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Vuelvo a decir que la mayoría de la Ponencia ha
votado previamente para que unas se incorporen, y otras, no. (El señor
Alierta Izuel pide la palabra.)
Tiene la palabra, señoría.
El señor ALIERTA IZUEL: Señor Presidente, en Ponencia hubo votaciones,
pero aquí se han incorporado las enmiendas sin que aquéllas se hayan
producido. ¿Por qué esas enmiendas se han incorporado sin votaciones, y
en cambio éstas no lo pueden hacer?
El señor PRESIDENTE: Como nadie se ha opuesto, se ha considerado que
estaban aprobadas.
El señor ALIERTA IZUEL: Pero nosotros deseamos saber quién se opone a que
esas enmiendas se incorporen.
El señor PRESIDENTE: Creo que ésta es una discusión bizantina y que el
tema está clarísimo. (El señor Alierta Izuel: No debe serlo tanto, cuando
tiene tantas dificultades, señor Presidente.--El señor Granado Martínez
pide la palabra.)
Tiene la palabra, señoría.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, me parece que ésta no es una
discusión bizantina, sino una situación de Perogrullo. Los ponentes,
señores Segura, Cambra y Granado, están a favor del informe de la
Ponencia, tal y como se elaboró, con la incorporación de las dos
enmiendas a la Sección 32, sobre las que nos hemos manifestado a favor.
Ese es el informe de la Ponencia. Otra cosa es las interpretaciones que,
sobre dicho informe, tienen a bien formular sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Bris Gallego.
El señor BRIS GALLEGO: Es la primera vez que veo que se celebre un debate
como se está haciendo en este momento y he sido portavoz, durante cuatro
años, de la Comisión de Presupuestos. Aquí se ha votado enmienda por
enmienda y se han pedido votaciones separadas de las enmiendas --de
todas-- dentro de la Comisión porque, si no, ¿en qué consiste la labor de
la Comisión? No sirve para nada; no hacemos nada; la Comisión no tiene
ningún valor; en ese caso nos vamos. Aquí se ha votado siempre enmienda
por enmienda y nos podemos remitir a los Diarios de Sesiones del Senado.
El señor PRESIDENTE: Senador Bris, ha habido un acuerdo de los diferentes
portavoces de que se cumpliera el Reglamento en la Comisión de
Presupuestos. Atenernos al Reglamento es, precisamente, votar el informe
de la Ponencia. Ese ha sido el acuerdo de los diferentes Grupos
Parlamentarios, por tanto, la Comisión reunida lo que hace es cumplir
estrictamente el Reglamento, es decir, votar el informe de la Ponencia
acordado previamente con o sin las incorporaciones.
Tiene la palabra el señor Alierta Izuel.
El señor ALIERTA IZUEL: Señor Presidente, perdone la insistencia, pero el
Reglamento permite que todo Senador solicite en cada momento que se
cumpla el Reglamento y, en consecuencia, volvemos a reiterar la petición.
Hay tres enmiendas que dos de los ponentes solicitan que se incorporen en
este momento al informe de la Ponencia, tal como en ocasiones anteriores
se ha solicitado por otros Senadores. No ha habido oposición o no ha
habido votación en ese momento, pero se solicita que se incorporen estas
enmiendas que se han mencionado al informe de la Ponencia y que ésta, si
el Reglamento determina que se incorpore o no, que se pronuncien a favor
todos y cada uno de los miembros de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Senador Alierta, la Ponencia previamente reunida ha
decidido no incorporar esas enmiendas al informe de la Ponencia. Ha
habido una votación previa.
El señor ALIERTA IZUEL: Señor Presidente, también ha habido una votación
previa en otras enmiendas que se ha modificado. ¿Por qué se modifica en
unos casos y en otros no? Esta es la pregunta, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Porque el informe de la Ponencia ha asumido esas
enmiendas para su incorporación, Senador Alierta.
Tiene la palabra el señor Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, yo pediría que este tema se
solventara. Hay un acuerdo de la Mesa con la Junta de Portavoces en esta
Comisión, el cual se ha adoptado por unanimidad; un acuerdo de aplicar el
Reglamento; éste es taxativo. Se conoce la voluntad de la mayoría de la
Ponencia porque
lo hemos explicitado suficientemente y, en este sentido, hay que votar y
hay que hacerlo de acuerdo con lo que dice el Reglamento. Habrá algunos
señores que pierdan la votación y otros que la ganen. Ese es el juego
democrático y , por tanto, señor Presidente, se aplica el Reglamento,
porque, de lo contrario, no salimos de este marasmo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Utrera Mora. Es la
última intervención.
El señor UTRERA MORA: Vamos a salir ahora mismo de este marasmo. Yo creo
que esto no hay que plantearlo como ganar o perder votaciones. Creo que
esa perspectiva maniqueísta de la vida es la menos razonable en este
momento. Esa no es la cuestión. La cuestión es que nosotros pretendemos
--ciertamente existe ese acuerdo de que se votara el informe de la
Ponencia--, antes de votar el informe de la Ponencia, incorporar algunas
enmiendas que, por el juego de mayorías en esta Cámara, ha respaldado la
mayoría. Estas enmiendas las ha presentado la mayoría de esta Cámara y
así lo entendemos nosotros. Por tanto, nosotros queremos que la mayoría
se manifieste respecto a estas enmiendas en esta Comisión, porque
pensamos que, en otro caso, este trámite de Comisión queda excesivamente
devaluado. Bien es verdad que hemos acordado que no se votaran las
enmiendas una a una, ni siquiera agrupadas, sino que votáramos el informe
de la Ponencia, pero lo que pedimos es, precisamente, la incorporación de
estas enmiendas a este informe.
En todo caso, nos sometemos al juicio de la Presidencia. Ya ha habido una
declaración expresa del ponente de la Ley del Grupo Parlamentario Catalán
y de los dos ponentes del Partido Socialista. Si la interpretación del
Presidente es que no hace falta votación, nosotros, desde luego,
asumiremos esa decisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Creo que el tema está suficientemente debatido y que los componentes de
la Ponencia designados por la Comisión se han clarificado
suficientemente. Además, la interpretación de la Presidencia es en el
sentido de que se debe votar de forma inmediata, por tanto, el informe de
la Ponencia.
Para una última cuestión, tiene la palabra el Senador Utrera Mora.
El señor UTRERA MORA: Una última cuestión, señor Presidente.
En sentido contrario, yo me pregunto --confieso mi ignorancia en estas
cuestiones-- qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos negado algunas de
las enmiendas que en el día de hoy en esta Comisión ha decidido el Grupo
Parlamentario Socialista incorporar a esta Ponencia. Pregunto,
simplemente.
El señor PRESIDENTE: La mayoría de la Ponencia hubiera asumido,
lógicamente, esas enmiendas. Así se interpreta.
Pasamos a la votación del informe del Título V, artículos cuarenta y seis
a sesenta y uno, anexos III y IV y Sección 06, con la exclusión del
artículo cuarenta y seis que se votará después del preámbulo, es decir,
al final de los presupuestos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia
correspondiente al Título V, artículos cuarenta y seis a sesenta y uno,
anexos III y IV y Sección 06.
A continuación, pasamos a votar el informe de la Ponencia correspondiente
al Título VI, artículos sesenta y dos a ochenta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda aprobado el informe de la Ponencia
correspondiente al Título VI, artículos sesenta y dos al ochenta.
Pasamos a la votación del Título VII, artículos ochenta y uno al noventa
y seis y Secciones 23, 32 y 33.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda aprobado el informe de la Ponencia
correspondiente al Título VII, artículos ochenta y uno al noventa y seis
y Secciones 23, 32 y 33.
Pasamos a la votación del informe de la Ponencia correspondiente al
Título VIII, artículos noventa y siete al cien y Anexo 08.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda aprobado el Título VIII, artículos
noventa y siete al cien y Anexo 08.
Pasamos a votar el informe de la Ponencia correspondiente a las
Disposiciones Adicionales Primera a Veintisiete.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia
correspondiente a las Disposiciones adicionales primera a vigésimo
séptima.
Informe de la Ponencia correspondiente a las disposiciones transitorias
primera a novena. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia
correspondiente a las Disposiciones transitoria primera a novena.
Pasamos a votar el informe de la Ponencia correspondiente a las
Disposiciones finales primera a tercera. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia
correspondiente a las Disposiciones finales primera a tercera.
Pasamos a votar la disposición derogatoria nueva. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia
correspondiente a la disposición derogatoria nueva y desechada dicha
enmienda. (El señor Alierta Izuel pide la palabra.)
Tiene la palabra su señoría.
El señor ALIERTA IZUEL: Señor Presidente, se trata de una cuestión de
orden.
Habiéndose suscitado un asunto reglamentario, yo solicitaría de la
Presidencia que estableciera la información suficiente para ver qué
posibilidades tiene un Senador o un Grupo Parlamentario en el trámite de
Comisión de que sus enmiendas sean sometidas a votación. Entendemos que
debería ser un derecho de un Senador o de un Grupo Parlamentario someter
a votación en trámite de comisión sus enmiendas. En consecuencia, nos
gustaría que el Presidente de la comisión o de la Mesa se informara de
esta posibilidad y nos transmitiera en la próxima sesión si existe esta
posibilidad y si existe, cómo debe solicitarse.
El señor PRESIDENTE: Senador Alierta, yo creo que el Reglamento está
suficientemente claro. Lo que se somete a votación en la Comisión,
reglamentariamente, es exclusivamente el informe de la Ponencia. No hay
ningún otro artículo en la reglamentación actual, independientemente de
la tradición o de las costumbres que haya podido haber con anterioridad,
que permita la votación de las diferentes enmiendas y sí, por el
contrario, solamente, la votación del informe de la Ponencia
correspondiente. (El señor Bris Gallego pide la palabra.)
Tiene la palabra su señoría.
El señor BRIS GALLEGO: El propio informe de la Ponencia dice: dejar para
su debate en comisión el resto de las enmiendas no incorporadas al texto
del proyecto de ley.
Está claro que se tienen que votar esas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Creo que añade al concepto de debate una aprobación.
El informe de la Ponencia dice estrictamente debate, no dice votación.
El señor BRIS GALLEGO: Entonces, no sirve para nada esta comisión.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión hasta el lunes a las diez de
la mañana.
Eran las veintiuna horas y quince minutos.