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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 146, de 11/05/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995Núm. 146V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 144
celebrada el jueves, 11 de mayo de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1994:
--Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1994 (número de expediente
260/000003) (Página 7717)
Enmiendas del Senado:
--Al Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de los
Picos de Europa. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie A, número 63.1, de 17 de mayo de 1994 (número de
expediente 121/000049) (Página 7733)
--Al Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
64.1, de 20 de mayo de 1994 (número de expediente 121/000050)
(Página 7733)
--Al Proyecto de Ley de derivación de volúmenes de agua de la
cuenca del río Guadiaro al río Guadalete. «Boletí 1994 (número
de expediente 121/000081) (Página 7733)
--A la Proposición de Ley sobre límites del dominio sobre
inmuebles para hacer efectivo el derecho fundamental de
residencia y de circulación de los minusválidos. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 57.1, de 11
de febrero de 1994 (número de expediente 122/000046) (Página 7733)
Votación de conjunto:
--Del Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
(Página 7751)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:
--Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales
del Consejo de Europa, firmado en Estrasburgo el 1 de febrero
de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 184.1, de 3 de marzo de 1995 (número de expediente
110/000150) (Página 7751)
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República de
Turquía, hecho en Ankara el 15 de febrero de 1995. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 185.1, de 3
de marzo de 1995 (número de expediente 110/000151) (Página 7752)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1994 (Página 7717)
El señor Defensor del Pueblo (Alvarez de Miranda y Torres)
comienza haciendo referencia a los sentimientos que le produce
su retorno al Congreso, una casa que es, a no dudar, la
verdadera casa del pueblo español, símbolo de su soberanía.
Expresa asimismo su satisfacción y agradecimiento por la
encomienda recibida en defensa de los derechos del hombre y
por haber sido, además, elegido en esta Cámara con el consenso
de las fuerzas políticas y por la mayoría de sus
representantes.
Alude también a su intervención en la Comisión Mixta del
Defensor del Pueblo donde quiso ilustrar del nivel de sus
propósitos de actuación, recordando a la Cámara que tanto en
la Constitución española como en todas las constituciones u
ordenamientos jurídicos que recogen la figura del Defensor del
Pueblo, éste aparece indisolublemen unido a los derechos
humanos y a las libertades públicas. La vigencia y el
ejercicio de los derechos humanos en la sociedad democrática
no son consecuencia de acuerdos políticos sino mucho más que
eso, pues se trata de conquistas realizadas enel sentido de la
marcha de la civilización humana, que ya eran vividos como
exigencia ética y formulados en un código, y eso es lo que
convierte a la democracia en un jalón fundamental de la marcha
de la humanidad: la esencial y perdurable alianza entre la
democracia y los valores expresados jurídicamente en los
derechos humanos. Sin embargo, no basta con que los derechos
humanos sean proclamados, ya que la experiencia de su
incumplimiento práctico en muchos casos demanda un segundo
paso que es la garantía jurídica de los mismos. Precisamente
las constituciones democráticas avanzadas han dado siempre
este segundo paso, en la nuestra expresado en el artículo 53,
por el que quedan vinculados los poderes políticos a respetar
y garantizar tales derechos y libertades, afirmándose en la
tutela de los mismos. Pero la intrincada estructura de los
estados modernos, las corruptelas, culpables o producto de la
dejadez, o la ignorancia y desigualdades sociales y culturales
han llevado a estos mismos estados y sociedades, como tercer
paso, a la creación de un Defensor del Pueblo como figura
personalizada e institucionalizada, fácilmente distinguible
por el ciudadano, y el artículo 53 de nuestra Constitución es
la expresión de ese compromiso.
Dieciséis años después de la creación del Defensor del Pueblo,
una figura sin precedentes en nuestro país, puede afirmar que
se trata de una institución consolidada y aceptada por el
pueblo español.
En relación con el informe anual correspondiente a 1994,
destaca la peculiaridad de que el Defensor que lo presenta
juró su cargo el 1 de diciembre de 1994, lo que supone que
casi todo el período del informe, y el informe mismo, es fruto
fundamentalmente del esfuerzo y trabajo de todo un equipo,
encabezado por Margarita Retuerto y Antonio Rovira, aunque
plenamente asumido por el actual Defensor. No va a hacer un
análisis pormenorizado del informe, limitándose a destacar
algunos datos del mismo para hacer algunas reflexiones
posteriores. Menciona en este sentido el número de
quejasrecibidas en 1994, que asciende a 18.513, sen anterior y
las mismas actuaciones de oficio: concretamente 91. Otro dato
a destacar es que han sido admitidas a trámite el 52 por
ciento de las quejas presentadas, debiéndose la alta
proporción de las no admitidas a que, en un buen porcentaje,
no aparecen indicios de irregularidades administrativas y otra
parte elevada están incluidas en el ámbito jurisdiccional,
bien pendientes de proceso o ya con sentencia firme. En todo
caso se explica a los peticionarios la razón de la no admisión
y se les informa sobre cuestiones que pueden ignorar, a la vez
que se les aconseja sobre la posibilidad de utilizar otras
vías más adecuadas.
En cuanto a las quejas admitidas, se ha podido comprobar que
en más del 41 por ciento la actuación de la Administración ha
sido correcta. En algomás del 30 por ciento de los casos se
han pro Respecto al origen de las quejas, un alto
porcentajeproceden de los funcionarios de todas las
Administraciones Públicas, lo que indica que, po preparación,
conocen mejor que la media de los ciudadanos los recursos del
Estado de Derecho, resaltando también que, en líneas
generales, el volumen de quejas crece proporcionalmente con el
nivel cultural y económico de quienes acuden al Defensor, lo
que indica que el número de quejas es inversamente
proporcional a las necesidades que pueden considerarse más
perentorias.
Informa asimismo el señor Defensor que en 1994 se han
realizado 91 recomendaciones, 212 sugerencias y 46
recordatorios de deberes legales o advertencias a las más
variadas instancias de la Administración. En estas actuaciones
el nivel de aceptación por parte de la Administración es de
más del 77 por ciento de las recomendaciones y poco más del 17
por ciento han sido rechazadas, estando el resto pendientes.
Algo inferior es el nivel de aceptación en las sugerencias,
pero también es elevado.
Subraya el señor Alvarez de Miranda que la elevada proporción
de las quejas no admisibles hace suponer la existencia de
amplias capas de p que desconocen cuál es realmente la función
a desempeñar por el Defensor del Pueblo, destacando como dato
de interés el muy diverso perfil social de los ciudadanos que
acuden al Defensor d Pueblo.
Se refiere seguidamente el señor Alvarez de Miranda a la
independencia del Defensor del Pueblo, considerándola
irrenunciable y agregando que el día en que no pudiera visitar
las cárceles o los cuarteles sin permiso del Gobierno sería su
obligación acudir a esta Cámara para denunciarlo.
Afirma que esta independencia ha contribuido a hacer del
Defensor esa instancia respetada por la Administración, que
cada vez en mayor medida parece aceptar sus criterios y
recomendaciones, así como por los ciudadanos que, en forma tan
plural como indican los datos, acuden a la institución.
Volviendo a las quejas recibidas y a las actuaciones del
Defensor, en relación con las mismas en modo alguno puede
sentirse plenamente satisfecho de lo conseguido, y más
importante aún es que tales quejas, en su conjunto, muestran
un negativo fotográfico de nuestra sociedad en cuyas
estructuras se descubren todavía situaciones de indefensión o
de disminuida o nula posibilidad de ejercicio de los derechos
fundamentales. Precisamente la marginación y los derechos
humanos fue uno de los temas más sensibles de su intervención
ante la Comisión Mixta. La marginación, que significa
situación de pobreza, incultura y desarraigo, rep una
permanente interpelación a una sociedad avanzada y a un Estado
social y democrático de derecho que propugna, como valores
supremos de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia
y la igualdad, como reza en el artículo primero de nuestra
Constitución. Justamente esas situaciones de marginalidad
inducen a muchas personas a ignorar no sólo la función sino
hasta la misma existencia del Defensor del Pueblo y, en los
casos extremos, alcanza el desconocimiento de los derechos
proclamados en la Constitución. Esto le lleva a hablar de la
necesidad de mayor información, de una pedagogía popular sobre
el Defensor del Pueblo, para llegar con eficacia a toda esa
amplia capa de la población que resulta ser la más necesitada
y respectode la cual será necesario aumentar las a de oficio
del Defensor. En otras palabras, el Defensor del Pueblo no
debe limitarse a esperar las quejas que lleguen a su despacho
sino que deberá salir a buscar las situaciones de indefensión
y desamparo allí donde se encuentren en mayor número, para
cumplir así más plenamente la encomienda recibida.
Menciona, por último, la situación de los ciudadanos privados
de libertad, de las personas recluidas o internadas en centros
de tipo asistencial y residencias de la tercera edad, así como
los grupos de quejas relacionados con las áreas de educación,
sanidad y medio ambiente y las discriminaciones de carácter
étnico y cultural, con una creciente aparición de actitudes
racistas que preocupan especialmente al Defensor del Pueblo,
respecto de cuyos problemas sólo llegará la solución con e
ejercicio de la tolerancia, premisa primera para la
solidaridad.
El señor Presidente está seguro de expresar el sentimiento de
la Cámara al decir que comparte la satisfacción del Defe con
la tribuna de esta casa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría
Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Casas i Bedós, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Gil Lázaro, del
Grupo Popular, y Valls García, del Grupo Socialista.
Enmiendas del Senado (Página 7733)
Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de los
Picos de Europa (Página 7733)
Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (Página 7733)
Proyecto de ley de derivación de volúmenes de agua de la
cuenca del río Guadiaro al Guadalete (Página 7733)
Proposición de ley sobre límites del dominio sobre inmuebles
para hacer efectivo el derecho fundamental de residencia y de
circulación de los minusválidos (Página 7733)
En turno de fijación de posiciones, en relación con las
enmiendas del Senado en relación al proyecto de ley de
declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa,
intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria; Simó i Burgués, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); García Fonseca, del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Gortázar Echeverría,
del Grupo Popular, y Cuesta Martínez del Grupo Socialista.En
turno de fijación de posicion el proyecto de ley orgánica del
Tribunal del Jurado, intervienen los señores Mardones Sevilla,
del Grupo de Coalición Canaria, y Olabarría Muñoz, del Grupo
Vasco (PNV); la señora Alemany i Roca, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y los señores López Garrido, del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; del Grupo
Popular, y Valls García, del Grupo Socialista.
En turno de fijación de posiciones, en relación con las
enmiendas del Senado al proyecto de ley de derivación de
volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro al río
Guadalete, intervienen los señores Andreu Andreu, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Martínez
Saiz, del Grupo Popular, y el señor Perales Pizarro, del Grupo
Socialista.
Para fijación de posiciones, en relación con las enmiendas del
Senado a la proposición de ley sobre límites del dominio sobre
inmuebles para hacer efectivo el derecho fundamental de
residencia y de circulación de los minusválidos, intervienen
los señores Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència
i Unió); las señoras
señor Fernández Díaz, del Grupo Socialista.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de
ley de declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa
son aprobadas por 157 votos a favor y 115 en contra.
Asimismo son aprobadas las enmiendas del Senado al proyecto de
ley orgánica del Tribunal del Jurado.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de
ley de derivación de volúmenes de agua de la cuenca del río
Guadiaro al río Guadalete son aprobadas por 277 votos a favor.
Finalmente son aprobadas las enmiendas del Senado a la
proposición de ley sobre límites del dominio sobre inmuebles
para hacer efectivo e fundamental de residencia y de
circulación de los minusválidos.
Votación de conjunto (Página 7751)
Del proyecto de ley orgánica del Tribunal del Jurado (Página 7751)
Efectuada la votación, dio el resultado de 176 votos a favor,
cuatro en contra y 107 abstenciones.
El señor Vicepresidente (Beviá Pastor) manifiesta que, dado
que las enmiendas del Senado a este proyecto de ley no han
obtenido en la votación de conjunto el número de votos
favorables suficientes para la mayoría absoluta, queda
aprobado el proyecto de ley del Tribunal del Jurado tal como
fue aprobado en su día por el Congreso de los Diputados.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios internacionales (Página 7751)
Convenio marco para la protección de las minorías nacionales
del Consejo de Europa, firmado en Estrasburgo el 1 de febrero
de 1995 (Página 7751)
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de las
inversiones entre el Reino de España y la República de
Turquía, hecho en Ankara el 15 de febrero de 1995 (Página 7752)
En turno de fijación de posiciones, en relación con el
Convenio marco para la protección de las minorías nacionales
del Consejo de Europa, firmado en Estrasburgo el 1 de febrero
de 1995, intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo
de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Vázquez Romero, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Muñoz-Alonso y Ledo, del Grupo
Popular, y De Puig i Olivé, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones, en relación con el Acuerdo para
la promoción y protección recíproca de las inversiones entre
el Reino de España y la República de Turquía, intervienen los
señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria;
Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Espasa Oliver, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Durán Núñez, del Grupo Popular, y Moya Mil Sometido
a votación el dictamen sobre el Convenio marco para la
protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa es
aprobado por 251 votos a favor.
Asimismo es aprobado el dictamen sobre el Acuerdo para la
promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino
de España y la República de Turquía, hecho en Ankara el 15 de
febrero de 241 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones.
Se levanta la sesión a las dos y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION
REALIZADA DURANTE EL AÑO 1994:
--INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION
REALIZADA DURANTE EL AÑO 1994 (Número de expediente
260/000003)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto séptimo del orden del día, Informe del Defensor del
Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año
1994.
Tiene la palabra el Defensor del Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres):
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, después de mis
comparec Comisión Mixta, en el Congreso y ante el Senado,
quisiera comenzar esta intervención, con el permiso y la
benevolencia de SS.SS., haciendo una referencia personal,
expresiva de los sentimientos que me produce el retorno al
Congreso, a la actividad parlamentaria, a una Casa que es, a
no dudar, la verdadera casa del pueblo español, símbolo de su
soberanía. Permítanme recordar, para explicar dichos
sentimientos, que durante largos años no fue este el sentido
de las Cortes Españolas, que en este largo período hubo
momentos y circunstancias que inducían al desaliento, pero el
cambio, a impulsos del deseo de todo el pueblo y de una
Monarquía fiel a la libertad, terminó por llegar, y una mañana
de la primavera de 1977 entrábamos los parlamentarios por
estas puertas --alguno de los cuales todavía permanece-- que
representaban, en nombre de ese pueblo, el esperanzado camino.
Hoy, al acudir de nuevo ante el Pleno de esta Cámara, me
resulta grato hacer memoria de lo que fue esperanza y ahora es
realidad.
No quiero ocultar, señorías, que desde el primer momento, y
mucho más cuando han ido surgiendo las lógicas dificultades
que todo cargo tiene d ha planteado la duda de la oportunidad
de la designación y de la aceptación por mi parte. Pero tal
duda --que espero me acompañe siempre, pues, como afirmaba
Descartes, no hay mejor almohada intelectual que una buena
duda-- se convierte y se contiene en los límites de lo que el
mismo pensador francés denominaba una duda metódica, algo así
como una permanente alerta para saber dilucidar en todo
momento nuestra acción política, entre el deseo de servir y la
posibilidad de hacerlo con eficacia para bien del país. Pero
más allá de la duda está mi satisfacción y mi agradecimiento,
primero, por la encomienda recibida en defensa de
los derechos del hombre y, en segund fuerzas políticas y por
la mayoría de sus representantes. Mi agradecimiento, señor
Presidente, señoras y señores Diputados, es sincero y así
quiero manifestarlo en esta primera comparecencia.
En mi intervención ante la Comisión Mixta del Defensor del
Pueblo quise ilustrar el nivel de mis propósitos de actuación
con unas palabras tom primer discurso de la Corona, en las que
S.M. el Rey enunciaba el talante y el estilo de su suprema
magistratura, pero que eran también una propuesta colectiva
para todos los españoles. Decía entonces el Rey: «Que nadie
tema que su causa sea olvidada, que nadie espere una ventaja o
un privilegio». Tomando estas palabras en su literalidad y
espíritu, en la parte que me corresponde, entiendo que si
fueron en su día puerta de entrada a la esperanza, de la
libertad y de la democracia, deber ser hoy, para todos
nosotros, exigencia permanente que la mantenga abierta, y en
ellas cifro mi propia auto exigencia.
Tanto en la Constitución Española como en todas las
constituciones u ordenamientos jurídicos que recogen la figura
del Defensor, puede decirse que éste aparece indisolublemente
unido a los derechos humanos y a las libertades públicas. El
Ombudsman es esencialmente una institución específica de las
constituciones democráticas, y no podía ser de otra manera.
Los términos de derechos humanos, democracia y constitución
son expresiones que definen la esencia, la forma y la
concreción jurídica de una misma realidad.
La vigencia y el ejercicio de los derechos humanos que se dan
en las sociedades democráticas nos puede inducir a pensar que
estos derechos son consecuencia de acuerdos políticos y en
realidad son mucho más que eso. Se trata de conquistas
realizadas en el sentido de la marcha de la civilización
humana, que ya eran vividas como exigencia ética y aspiración
social y jurídica mucho antes de que fuesen formuladas en un
código, y eso es lo que convierte la democracia no en un
sistema político entre otros sino en un jalón fundamental de
la marcha de la humanidad, la esencial y perdurable alianza
entre la democracia y los valores expresados jurídicamente en
los derechos humanos.
Pero no basta con que los derechos sean proclamados. La
experiencia de su incumplimiento práctico en muchos casos
demanda un segundo paso: la garantía jurídica de los mismos.
Las constituciones democráticas avanzadas han dado siempre
este segundo paso, en la nuestra expresado en el artículo 53,
por el que quedan vinculados los poderes políticos a respetar
y garantizar tales derechos y libertades, afirmándose en la
tutela de los mismos. Sin embargo, la intrincada estructura de
los Estados modernos, las corruptelas culpables o producto de
la dejadez o la ignorancia y las desigualdades sociales y
culturales han llevado a estos mismos Estados y sociedades,
como tercer paso, a la creación del Ombudsman o Defensor del
Pueblo como figura personalizada e institucionalizada que
aspira a ser fácilmente distinguible por el ciudadano, tantas
veces perdido o desorientado en la complejidad administrativa
y jurídica. El artículo 54 de nuestra Constitución es la
expresión de este compromiso.
Cuando en el período constituyente los miembros de aquellas
Cortes determinaron crear la figura del Defensor, tal decisión
estuvo acompañada de la expectativa que su novedad producía,
pero también del temor y la duda sobre el acierto de saber
perfilar una figura sin precedentes en nuestro país. Dieciséis
años después, el Defensor del Pueblo es una institución
consolidada y aceptada por el pueblo español. A esta
consolidación han contribuido, din duda, la justeza de los
perfiles diseñados por el artículo 54 de la Constitución, la
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, de 6 de abril de 1981,
las precisiones del Reglamento con que se dotó a la
institución dos años después e incluso la modificación que
operó la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo.
Acudo hoy, señorías, a presentar el informe anual
correspondiente al año 1994. Tiene esta presentación que hoy
hago una peculiaridad que SS.SS. conocen perfectamente. El
Defensor que hace esta presentación juró su cargo el 1 de
diciembre de 1994, lo que supone que casi todo el período que
cubre este informe y el informe mismo es fundamentalmente
fruto del esfuerzo y del trabajo de todo un equipo, con
Margarita Retuerto y Antonio Rovira a la cabeza, como
resultado de la puesta en marcha de los mecanismos
institucionales previstos por la Ley del Defensor del Pueblo
en situaciones de precariedad, pero en tanto que este informe
es responsabilidad de la institución es plenamente asumido por
el actual Defensor.
No se trata, señorías de entrar en un análisis pormenorizado
del informe que, aparte de resultar tedioso por la acumulación
de datos, podría prolongar excesivamente esta comparecencia,
pero sí quisiera, partiendo de los elementos que nos aporta el
informe, destacar algunos datos para ciertas reflexiones
posteriores.
Lo primero que se encuentra en el informe son, señorías, las
quejas. El número de quejas recibidas en 1994 asciende a
18.503, número sensiblemente superior al que en los países de
nuestro entorno reciben figuras similares a la del Defensor
del Pueblo. Por otra parte, se han iniciado 91 actuaciones de
oficio, lo que hace un total de 18.594 expedientes. En
relación con el año anterior hay 3.778 quejas menos y las
mismas actuaciones de oficio. Esta disminución es debida, sin
duda, al descenso de las llamadas quejas colectivas, es decir,
quejas presentadas por grupos de ciudadanos con una demanda
común.
El segundo dato a destacar en la proporción entre quejas
admitidas a trámite es que han sido 52 de cada 100, y las no
admitidas el 48 por ciento restante, proporción
que puede parecer altísima en cuanto a las no admitidas, pero
que, como SS.SS. conocen, no depende exclusivamente de la
voluntad del Defensor, cuyas competencias están perfectamente
regladas. Ese 48 por ciento de quejas rechazadas se debe
trocear a su vez en las siguientes porciones: en un 24 por
ciento no aparecen indicios de irregularidades
administrativas, y así se le comunica al autor de la queja; un
17 por ciento son quejas que se encuentran incluidas en el
ámbito jurisdiccional, bien por estar pendiente de proceso,
bien porque sobre las mismas existe ya sentencia firme; un 5
por ciento corresponden al ámbito de relaciones entre
particulares; y en el restante 2 por ciento su inadmision se
debe a causas muy diversas. En todos los casos se explica a
los peticionarios las razones de la no admisión, informándoles
sobre cuestiones que el autor de la queja puede ignorar o no
ha tenido en cuenta y aconsejando sobre la posibilidad de
utilizar otras vías más adecuadas. La labor de información
incluye la atención directa y personal al ciudadano,
habiéndose contabilizado, en el año 1994, 5.330 visitas y
6.928 llamadas telefónicas.
De las quejas admitidas y comunicadas se ha podido comprobar
que, en algo más del 41 por ciento, la actuación de la
Administración había sido correcta y que en algo más del 30
por ciento de los casos se han producido las subsanaciones
solicitadas por el Defensor.
El porcentaje más alto de las quejas proviene de ciudadanos
que acuden al Defensor después de haber intentado la solución
de sus demandas por otras vías y, en muchos casos, tras
haberlas agotado. Es cierto que en muchos supuestos se trata
de quejas no admisibles pero que, a veces, permiten detectar
la existencia de fisuras por las que se evaden determinados
derechos de los ciudadanos.
Un alto porcentaje de las quejas proceden de los funcionarios
de todas las administraciones públicas. Esta mayoría indica
que el funcionario, por su preparación, conoce mejor que la
media de los ciudadanos los recursos del Estado de derecho.
Más importante resulta que, en líneas generales, el volumen de
quejas crece proporcionalmente con el nivel cultural y
económico de quienes acuden al Defensor, o, lo que es lo
mismo, el número de quejas es inversamente proporcional a las
necesidades que podemos considerar más perentorias.
Otras consideraciones que no son exclusivamente cuantitativas
y que debo destacar de nuevo son las siguientes. La resolución
de algunos expedientes no se agota con un año natural, como
fácilmente puede suponerse; en consecuencia, hay que recordar
que, en muchos casos, hay una labor de constante seguimiento
hasta conseguir un pronunciamiento adecuado. Tampoco son
cuantificables las modificaciones normativas conseguidas a
través de las sugerencias, recomendaciones o recordatorios del
Defensor, que pueden incidir en las causas de algunas quejas.
También hay que considerar, incluso en las quejas no
admitidas, que la información recibida de la institu al
demandante, reconducir la cuestión a los cauces oportunos. Por
último, permítanme indicar que, en ocasiones, la resolución de
un solo expediente puede producir, por su incidencia en la
gestión y en las resoluciones administrativas, un mayor
beneficio o un mayor reconocimiento de derechos que las
resoluciones puntuales de cientos de otros expedientes.
Para terminar con los datos disponibles, tendría que indicar
que en 1994 se han realizado 91 recomendaciones, 212
sugerencias, 46 recordatorios de deberes legales o
advertencias a las más variadas instancias de la
Administración. En estas actuaciones del Defensor, el nivel de
aceptación por parte de la Administración es de más del 67 por
ciento en las recomendaciones, y poco más del 7 por ciento han
sido rechazadas, estando el resto pendiente. Algo inferior es
el nivel de aceptación de las sugerencias, pero también es
elevado.
Quiero subrayar que la elevada proporción de las quejas no
admisibles nos hace suponer la existencia de amplias capas de
población que descono realmente, en el espacio constitucional,
la función a desempeñar por el Defensor del Pueblo. Esta
constatación está demandando profundizar en los procesos de
información con una adecuada pedagogía que permita dar a
conocer de forma más plena a los ciudadanos y a la sociedad en
general lo que el Defensor del Pueblo significa en su misión
de defensa de los derechos fundamentales.
Otro dato de interés es el perfil social del ciudadano que
acude al Defensor del Pueblo, lo que nos permite reflexionar
sobre el servicio que la institución está prestando y sobre
aquel que, por diversas razones, está dejando de prestar. La
sociedad que recurre al Defensor del Pueblo es muy diversa: el
funcionario que se siente preterido en sus aspiraciones; el
hijo del enfermo crónico que se siente impotente por encontrar
ayuda a ese problema; el padre del menor que aspira a una beca
o tiene problemas con la educación del hijo; el familiar del
disminuido físico o mental incapaz de encontrar una salida a
una situación agobiante; el que permanece indefinidamente en
listas de espera sanitarias, a veces con gran angustia o grave
perjuicio personal; el preso que se considera vejado en su
dignidad; el detenido que se ha sentido maltratado; el
ciudadano desatendido o desinformado; aquel que tiene que
retrasar decisiones vitales por falta de vivienda; el que
habita en un barrio inseguro; aquel al que se le demora su
causa y con ella la justicia; el contribuyente que se
encuentra desamparado ante el rigor y la contundencia del
fisco; el pensionista jubilado o incapacitado; la viuda o
huérfano que considera injusta o inadecuada su pensión; el
usuario de servicios públicos que no se siente bien tratado o
informado; el extranjero repudiado; el emigrante confundido o
marginado; el ecologista o simplemente
el preocupado por el medio ambiente; los menores, los
desempleados, los s ancianos, las mujeres maltratadas.
Un análisis de conjunto por el que se tenga en cuenta la clase
y el número de las quejas de una parte y, de otra, las
personas que acuden al Defensor permite deducir que, salvo
excepciones, las situaciones de recorte de derechos
fundamentales o los problemas de los ciudadanos con la
Administración no se estabilizan sino que evolucionan y
cambian de acuerdo con las variaciones e inquietudes de una
sociedad en cambio permanente. Contribuye a ello en gran
medida, y es justo reconocerlo, la respuesta que la mayor
parte de las veces da la Administración a las quejas que se le
formulan, pero, sobre todo, que la demanda ciudadana,
consecuentemente las quejas, varían permanentemente con la
evolución social.
En esta cambiante estructura social, la figura del Defensor
del Pueblo cumple un papel de mediación, de integración a
través del diálogo entre ciudadanos y Administración. La falta
de rigideces formales de la institución del Defensor abre un
cauce por el que se hacen aflorar muchas tensiones y, en
algunos casos, se consigue la solución de los mismos. Decía a
los miembros de la Comisión Mixta que a este resultado
concurrían una serie de características de la institución que
no dudo en calificar de determinantes: el hecho, tantas veces
destacado, de que la fuerza de la institución se asienta no en
la potestas coercitiva, sino en la auctoritas que emergen
directamente de la encomienda que le hace el Parlamento,
delegada y recibida de la soberanía popular; la permanente
apertura de una vía de diálogo en los conflictos entre
ciudadanos y Administración --vía imprescindible en
democracia--; y la garantía que supone la independencia d que
ha de quedar al margen de cualquier presión política o social
en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Hace unos días, un determinado hombre político, al referirse a
este Defensor del Pueblo, lo denominó «Defensor del Estado».
Me quedé meditando que si aquella imputación que se hacía a la
institución de alguna manera hubiera significado Defensor del
Estado de derecho, evidentemente que también la institución lo
es, pero se aludía de alguna manera a que existía una cierta
sensación de que el Defensor del Pueblo no es independiente
del Estado. Yo tengo que decir, señorías, que la independencia
del Defensor del Pueblo es irrenunciable, y el día que el
Defensor del Pueblo no pudiera visitar las cárceles o los
cuarteles sin permiso del Gobierno, sería mi obligación acudir
a esta Cámara para denunciarlo.
Todo esto ha contribuido a hacer del Defensor esa instancia
respetada por la Administración --que cada vez en mayor
medida, parece aceptar sus criterios y recomendaciones-- y por
los ciudadanos que en forma tan plural como nos indican los
datos acuden a él.Quisiera, señorías, en una segunda parte de
mi intervención, detenerme a contemplar el contraluz que todas
las quejas, por una parte, y los resultados de las actuaciones
del Defensor, por otra, suponen, porque nada más lejos de una
correcta lectura del informe que sentirse plenamente
satisfechos de lo conseguido. De los mismos datos podemos
deducir que, además de lo sumariamente indicado, hay otras
conclusiones. No todas las quejas son recogidas adecuadamente
por la Administración, dato que nos obliga a reflexionar a
todos, y prioritariamente a la misma institución, para
reorientar sus actuaciones y poder cumplir así más
adecuadamente su misión. Y segundo y mucho más importante, los
datos en su conjunto nos mue de negativo fotográfico de
nuestra sociedad, en cuyas estructuras se descubren todavía
situaciones de indefensión o de disminuida o nula posibilidad
de ejercicio de los derechos fundamentales. La marginación y
los derechos humanos fue uno de los temas más sensibles de mi
intervención ante la Comisión Mixta. Quiero repetirlo de nuevo
ante sus señorías. Me refiero a toda esa amplia capa de la
población que surge en todas las sociedades desarrolladas y,
desde luego e inequívocamente, en la nuestra. Término, el de
la marginación, con el que aludimos a situaciones de pobreza,
de incultura, de desarraigo, que representa una permanente
interpelación a una sociedad avanzada y a un Estado social y
democrático de derecho que propugna, como valores supremos de
su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia y la
igualdad como reza en nuestro primer artículo de la
Constitución. Lo sabemos muy bien. En nuestra sociedad, en
cualquier sociedad desarrollada, siguen manteniéndose bolsas
de marginación en las que una larga y desgraciada
concatenación de factores económicos, culturales, ambientales,
étnicos, religiosos, de forma de vida o de aprecio social
hacen que personas e incluso amplios grupos sociales se sitúen
al margen, por la incidencia de todos estos factores, con la
única culpabilidad en muchas ocasiones de haber nacido en un
ambiente determinado. En los casos más extremos, que están en
la mente de SS.SS. y que no parece necesario enumerar, hablar
de derechos fundamentales resulta impropio, cuando no
sarcástico. Siempre que las circunstancias sociales llegan a
extremos de pérdida real de la dignidad, del libre desarrollo
de la personalidad, del respeto a la ley y de los derechos de
los demás, parecen resquebrajarse los paradigmas de libertad,
justicia e igualdad que propugnamos. En otros casos, la
matización o disminución en el uso y disfrute de los derechos,
y a veces sus práctica negación para grupos sociales, ámbitos
o situaciones de marginalidad, induce a muchas personas a
ignorar no sólo la función, sino hasta la misma existencia del
Defensor del Pueblo y, en los casos extremos, al casi
desconocimiento de los derechos proclamados en la
Constitución.
He mencionado la necesidad de mayor información, de una
pedagogía popular sobre el Defensor del Pueblo. Dicha
pedagogía habrá de especializarse y estructurarse de una forma
adecuada para tener en cuenta y llegar con eficacia a toda esa
amplia capa de la población a la que me refería y que resulta
ser la más necesitada, pero, sobre todo, será necesario
aumentar las actuaciones de oficio por parte del Defensor del
Pueblo y contar con los cauces adecuados de organizaciones no
gubernamentales como medio para hacer llegar esos derechos a
todos los españoles. Dicho de otro modo, el Defensor del
Pueblo no debe limitarse a esperar las quejas que llegan a su
despacho. Deberá salir a buscar las situaciones de indefensión
y desamparo allí donde se encuentren en mayor número e
intensidad para cumplir más plenamente la encomienda recibida.
Un segundo gran bloque sobre el que quiero llamar la atención
de SS.SS. es el de aquellos ciudadanos legalmente privados de
libertad. Me refiero a los internosde las prisiones,
preventivos o co específica en la que las circunstancias de
privación legal de libertad producen un litigio entre el
derecho individual de libertad, que no se elimina con una
decisión judicial, sino que simplemente se suspende, y el
derecho colectivo al bien y la seguridad comunes.
Consecuentemente, otros derechos íntimamente relacionados con
la libertad, como son el derecho a la intimidad y a la
dignidad, resultan o pueden resultar igualmente afectados, y
es éste un litigio que no siempre aparece bien resuelto. Son
evidentes e importantes los avances que en los últimos tiempos
se han realizado en tal ámbito, pero la persistencia de
ciertas situaciones mantiene la exigencia de su control.
Quiero destacar asimismo la situación de determinadas personas
que se encuentran recluidas o internas en centros de tipo
asistencial: los centros siquiátricos, los internamientos en
los mismos de forma voluntaria, a petición de la familia o por
decisión judicial, las residencias asistidas, los centros o
casas de refugiados de todo tipo, con especial mención a los
centros de internamiento para extranjeros, y también
residencias de tercera edad. La situación es casi inevitable
si la sociedad en su conjunto no desarrolla de forma eficaz el
más necesario, pero quizás el más difícil de los principios de
convivencia social: la solidaridad; si la sociedad en su
conjunto no asume que los derechos de los otros son tan
importantes como los propios.
Parece evidente, señorías, que esa sensibilidad no se obtiene
por decreto, pero no es menos cierto, y no es menos evidente,
que todas las instituciones del Estado están obligadas a
colaborar, a fomentar una postura coadyuvante para conseguir
que en toda la sociedad se desarrolle ese principio de
solidaridad, imprescindible para el efectivo ejercicio de los
derechos del hombre. Es necesario que toda la sociedad admita
que el ejercicio de la solidaridad no es sólo un valor ético
recomendable, sino un principio bási convivencia se ordene en
la justicia e igualdad reclamadas constitucionalmente para
todos.
Son destacables, igualmente, las quejas y las actuaciones del
Defensor en las áreas de educación y sanidad. En este campo se
percibe que sigue determinados vicios; que algunas cuestiones,
como las listas de espera de todo género, parecen obedecer más
que a fallos de gestión, que también existen, a fallos
estructurales de organización y dotación, probablemente nada
que no sea ya conocido por SS.SS. y por la opinión pública,
pero es algo que está insistente actuación sin admitir caer en
la pasividad por la repetición de las situaciones.
Quizá no por el número de quejas, pero sí por su importancia
objetiva y por la creciente sensibilidad en la materia, se
deben destacar todas las cuestiones relativas a la ecología,
que es, sin duda, una nueva demanda social. La solidaridad
como principio de convivencia cobra en este terreno
dimensiones que trascendiendo del ahora inmediato nos
interpelan por los derechos de las futuras generaciones.
Recordemos que las alteraciones climatológicas y del medio
ambiente, muchas veces consecuencia del inadecuado uso de las
nuevas tecnologías, han ido creando en muchas comarcas de
nuestro país condiciones, circunstancias que inciden de hecho
en los mismos derechos de sus habitantes. Es cierto que lo que
podemos llamar derechos ecológicos no fueron recogidos
expresamente en el listado de derechos declarados como
fundamentales por nuestro texto constitucional. Y no es menos
cierto que es últimamente cuando la demanda social en este
campo ha puesto el problema encima de la mesa y ha encontrado
cauce y presencia creciente en el conjunto de la sociedad.
Pero es igualmente cierto que su vigencia está plenamente
presente en el espíritu constitucional, sobre todo, si tenemos
en cuenta que sus consecuencias pueden conculcar derechos
reales de muchos de los ciudadanos en este país.
Por esta importancia creciente, por ser este un problema que
atañe directamente a la pacífica convivencia entre los
pueblos, porque ya es, y p más, fuente de conflictos,
pretendemos que exista en la Institución del Defensor un área
específica para las cuestiones de medio ambiente, con la doble
misión de recoger y hacer llegar a las administraciones todas
las quejas que en ese ámbito se produzcan, por una parte, y a
colaborar en la sensibilización y la solidaridad en este
campo, mediante la información adecuada a toda la sociedad. No
quiero, señor Presidente, señorías, concluir mi intervención
sin recalcar una cuestión que ha sido destacada por las
Naciones Unidas como p a desarrollar por todos los pueblos en
el presente año. Me refiero, lógicamente, a la tolerancia que
el Sindic
de Greuges acaba de subrayar recientemente en su informe al
Parlament. A estas alturas de finales del segundo milenio,
cuando conceptos como el de aldea global o la universalidad
informativa parecen extenderse, el inesperado incremento de
radicalismos y fundamentalismos ideológicos, religiosos,
étnicos y hasta culturales, ha descubierto la necesidad de
retornar a esa fórmula primaria de la solidaridad que es la
tolerancia; exigencia y demanda que no deberían sernos ajenas
en ninguno de los aspectos de la convivencia democrática.
Habría que apelar así a la tolerancia social, a la tolerancia
religiosa, a la política, a la tolerancia entre nacionalidades
y entre diferentes culturas, y ninguna de esas apelaciones
sería ociosa. Todas ellas serían necesarias para crear el
clima básico de tolerancia que imposibilitase una de las
formas más dolorosas de conculcación de los derechos humanos:
la xenofobia y la discriminación étnica y cultural.
Es esta una cuestión que preocupa especialmente al Defensor
del Pueblo: la creciente aparición de actitudes racistas,
discriminatorias o xenófobas contra toda clase de emigrantes,
a condición de que éstos lleguen a nuestro país en condiciones
de precariedad, y que surge también, y a veces hasta con mayor
virulencia, contra españoles que por raza, costumbres,
religión o hábitos se apartan del modelo usualmente admitido.
Especialmente graves suelen ser estas reacciones en dos
ambientes, aunque con consecuencias distintas, por razones
distintas y de distinta etiología: entre las bandas marginales
urbanas y en los pequeños núcleos rurales de población. En uno
y en otro caso habría que buscar en el miedo a lo distinto la
explicación última del fenómeno.
Por lo dicho, se deduce que no es esta una cuestión que se
detecte especialmente en la actuación de la Administración.
Esta es una cuestión que corresponde más bien al ambiente
social y que aparece tan sólo en situaciones puntuales,
siempre que los funcionarios se dejen influir por semejantes
ambientes.
La solución a estos problemas nacerá únicamente con el
ejercicio colectivo de la tolerancia, que es, repito, la
premisa primera para la solidaridad. El efectivo ejercicio de
la tolerancia en todos los campos de la convivencia puede ir
creando el clima que impida que estas formas más radicales de
intolerancia se desarrollen y asienten en nuestra sociedad. No
quiero cansarles más, señorías. El informe que tienen en sus
manos nos serviría para desarrollar muchas otras cuestiones y
aspectos. No puede ser de otra forma. La defensa de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas presenta
en las sociedades avanzadas muchos otros temas de debate,
reconocimiento y demanda social.
El aumento de la conciencia y sensibilidad hacia los derechos
fundamentales ha ido poniendo al descubierto muchas otras
formas de discriminación e injusticia ode simple deterioro de
esos derechos. Quisiera recordar simplemente la existencia de
discri razón de sexo y estado en la vida cotidiana, en la
laboral, en el lenguaje, en las costumbres, que no por sutiles
o admitidas socialmente son menos relevantes.
El comportamiento inadecuado con la infancia, desde el
maltrato hasta formas muy frecuentes y variadas de
explotación; la información inoportuna e incorrecta dirigida
al niño o la captada por éste en el medio social son
igualmente tergiversaciones de los derechos humanos y de la
dignidad de la persona, que no tienen en algún caso respuesta
suficientemente adecuada por parte de la sociedad.
La simple enunciación de muchas de las cuestiones que he ido
exponiendo ante SS.SS. indican que la violación, disminución o
matización de muchos de los derechos fundamentales no deben
cargars en el debe de las distintas administraciones públicas,
en las que se reflejarían a lo sumo tendencias, desviaciones y
vicios que corresponden en mucha mayor medida a la sociedad en
su conjunto. Es a esa dimensión social a la que apelan los
derechos humanos; es esa conciencia social la que demanda
actuaciones que la sensibilicen y alerten si queremos que la
esencia del espíritu democrático no se pierda en meros
procedimientos formales. Y esa es, entiende el Defensor del
Pueblo, la principal encomienda recibida de estas Cortes
Generales. Muchas gracias a sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Defensor del Pueblo.
Estoy seguro de expresar el sentimiento de la Cámara al decir
que comparte la satisfacción de S.S. al rencontrarse con la
tribuna de esta cas creo que algunos de los que aquella mañana
del mes de junio de 1977 entramos con S.S. en esta casa
compartimos sentimientos que son algo diferentes de los de la
satisfacción.
Muchas gracias.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria se suma con gran satisfacción a estas
palabras que nuestro Presidente del Congreso de los Diputados
ha dirigido, en correspondencia con un deber político, ético e
histórico, al Defensor del Pueblo que acaba de ocupar esta
tribuna, don Fernando Alvarez de Miranda. Dicho esto desde la
legitimidad que da, precisamente, un compromiso con la defensa
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hoy
consagradas plenamente en nuestra Constitución, pero que
cuando, en situaciones del régimen anterior no estaban
reconocidos, muchos españoles sufrieron en su propia dignidad
personal y en sus propias carnes, entre ellos, el actual
Defensor del Pueblo.
Paso inmediatamente a analizar el informe que nos ha traído
ante la Cámara. También hay que tener en cuenta, dado que se
especifica de una manera noble en su preámbulo, que es un
informe redactado en 1994 de la noble institución dependiente
de este Parlamento, bajo la dirección provisional de la señora
Retuerto. Vaya también a ella y a todos sus colaboradores,
desde el Defensor adjunto a la señora Retuerto, por su
condición de temporalidad en la vacante sede de la
presidencia, nuestra felicitación por el trabajo realizado.
Este trabajo pasamos ya directamente a calificarlo como muy
bueno, yo diría que extraordinario.
La institución del Defensor del Pueblo, un año más, permite
poner en manos de los grupos parlamentarios de esta Cámara una
radiografía del comportamiento de la Administración ante todo
el ordenamiento jurídico fundamental español, para ver cuál es
precisamente eso que, en palabras que acaba de pronunciar el
señor Alvarez de Miranda, se llamaría el negativo fotográfico
de la sociedad española, donde todavía se descubren esos
pequeños agujeros negros donde se dan las bolsas de
marginación o los casos singulares, por cuestiones sociales,
por cuestiones culturales, por cuestiones económicas, que les
impiden no solamente acceder, sino siquiera conocer cuáles son
sus bases constitucionales y legales en un estado social y
democrático de derecho.
Y hay algo, muy importante también, en donde los grupos
parlamentarios debemos tomar iniciativas de control al
Gobierno. Es la denuncia que se contiene en muchos apartados
de este informe, hoy en debate, consiguiente al presentado en
la Comisión del Defensor del Pueblo, de que no todas las
quejas son recogidas por la Administración. Creo que aquí
tenemos todos un deber político y moral de exigir al Ejecutivo
que, al menoslas cifras de estas quejas que no son recogidas
actualmente por la Administración, tal como nos denuncia el
informe del Defensor del Pueblo, sean subsanadas.
Primero, hay una cuestión, de tipo singularizado, por la
temática que analiza el informe del Defensor del Pueblo que yo
quiero muy rápidamente exponer aquí ante SS.SS.: es la
acumulación de quejas que se dan en áreas como el sector de la
vivienda, no solamente por parte de jóvenes que carecen de
unos medios económicos o de oportunidad de mercado y de
crédito para acceder a la propiedad de la vivienda, sino
fundamentalmente aquellas que se dan también con respecto a la
presión fiscal y a los tributos. Para mí constituye en este
momento un motivo de preocupación política ver las denuncias
que con respecto a la gestión o recaudación de tributos por
parte de las administraciones públicas se recogen en el
capítulo segundo del informe que nos ocupa en el debate de hoy
y, sobre todo, las referentes a lo que se donomina en la
ordenación de dicho informe la Sección Segunda y la Sección
Cuarta. Esto quiere decir que es en aquellos tributos que son
de competencia estatal y de competencia de los ayuntamientos,
porque no hay referencia a la cuestión de tributos en la
Sección Tercera, que sería la de las comunidades autónomas, y,
en el caso de Coalición Canaria, hemos seguido el informe que
el Diputado del Común, propio del Parlamento autónomo de
Canarias, ha realizado.
Por tanto, queremos señalar aquí que es buena norma que el
Defensor del Pueblo, en eso que en algunas partes del informe
se llama la base de la pedagogía de la defensa de los
derechos, actúe armónicamente con sus figuras equivalentes --
en el caso canario el Diputado del Común-- en las comunidades
autónomas. Porque hay algo muy importante, señorías, en los
dictámenes que presentan las figuras similares al Defensor del
Pueblo en los parlamentos autonómicos está implícitamente
reconocida esta pedagogía de la exigencia de velar por los
derechos fundamentales que postula en este dictamen el
Defensor del Pueblo. Me estoy refiriendo no sólo a cuestiones
puramente estadísticas, pero que valen comparativamente, tales
como los tiempos de respuesta a las quejas presentadas por los
ciudadanos entre una administración autonómica o municipal y
la Administración del Estado. Creo que la labor del Defensor
del Pueblo debe estar impregnada de esta pedagogía, llevándola
a presentar a la Administración no sólo aquellas quejas que no
son recogidas por la misma, sino recordándola los deberes
legales, porque en este informe se denuncia que en algunas
dependencias ministeriales y en muchos ayuntamientos de España
parece que hay funcionarios que no saben cuáles son sus
deberes en la atención a los ciudadanos. Creo que esto también
es otra parte positiva de toda esta cuestión.
No querría terminar, señor Presidente, sin entrar en algo que,
junto a estas cifras sobre las quejas que desde todos los
sectores han llegado al Defensor del Pueblo, nos puede
permitir a todos los grupos parlamentarios tomar las
iniciativas de cualquier tipo que permita nuestro Reglamento
dirigidas a la función de control del Gobierno y exigirle el
cumplimiento de esos derechos y deberes señalados por nuestra
Constitución, incluso, como bien destaca el Defensor del
Pueblo, el ejercicio de legitimación para concurrir ante el
Tribunal Constitucional, del que puede haber un abuso o una
falta de uso por desconocimiento.
Por último, creo que el informe también nos plantea a todos
los grupos políticos de la Cámara, estemos más o menos de
acuerdo, una modernización de la figura del Defensor del
Pueblo, a la vista de la evolución histórica de la institución
y de la experiencia adquirida, para hacernos también la
pregunta que en su preámbulo plantea el informe del Defensor
del Pueblo. Es decir, ¿cuáles deberían ser, en un próximo
futuro, las áreas de atención y acción preferente del Defensor
del Pueblo, según aconseje la experiencia y la situación
actual?
También señala algo muy importante con los Defensores del
Pueblo de países de nuestro entorno que tienen esta figura y
que cuentan con un grado de civilización y de democracia
occidental, europea o no, nos encontramos con que el número de
quejas que llegan al Defensor del Pueblo en España son
sensiblemente superiores a las que se reciben por otras
instituciones de otros países, y esto debe conducir a
soluciones de operatividad.
Señala el Defensor del Pueblo dos cuestiones fundamentales: La
primera, la relativa al procedimiento y la segunda relativa a
esa pedagogía a la que me refería antes en defensa de los
derechos fundamentales. Que cualquier innovación que se tenga
que hacer se haga en debate político por los grupos
parlamentarios, porque, a fin de cuentas, no podemos olvidar
uno de los principios consagrados en nuestra Constitución y en
la Ley del Defensor del Pueblo, y es que la figura del
Presidente es la de un alto comisionado, pero también un
instrumento de esta Cámara, como lo es el Tribunal de Cuentas
para los números, para el control del funcionamiento legal de
la Administración, atendiendo a los derechos de los
ciudadanos. Si nosotros tenemos que perfeccionar ese
instrumento, que se haga dentro del debate parlamentario y
político, y con un consenso lo más amplio posible entre todas
las fuerzas democráticas, políticas y parlamentarias
representadas aquí. Esto sencillamente es lo que puede
demandar una modernización de la institución en cualesquiera
de las sugerencias que se hacen en las últimas páginas, desde
la 810, sobre todo en su Título III cuando plantea el riguroso
tema de amplio atractivo político y de debate parlamentario
relativo a «Los ciudadanos y la reforma administrativa desde
el Defensor del Pueblo».
Felicitamos a todo el equipo del Defensor, le damos nuestro
apoyo y valoramos muy positivamente este instrumento hecho por
esta institución a nuestro servicio.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Olabarría.(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señor
Defensor del Pueblo, que en algún sitio me estará escuchando,
hago mías las palabras de salutación y de bienvenida del
Presidente de la Cámara a ésta que también es su casa, al fin
y al cabo la naturaleza de la institución que usted representa
es la de Alto Comisionado de las Cortes Generales del Estado,
órgano dependiente y controlado por esta institución
parlamentaria.Quiero expresar también, en el sentido en que lo
hacía el señor Presidente de la Cámara, la admiración que
merecen personas de su relieve, de su perfil, de su relevancia
política en un momento de transición, que está permitiendo que
ahora podamos debatir, con la legitimidad y la tranquilidad
que lo hacemos, las cuestiones que en este Parlamento se
debaten habitualmente, que, en definitiva, vivamos en un
Estado democrático donde este tipo de actos parlamentarios
sean posibles sin ningún tipo de sobresalto y con absoluta
legitimidad y aceptación popular. Estas palabras de
agradecimiento y de admiración quiero hacerlas mías también y
manifestárselas en nombre de mi Grupo Parlamentario.
Eludiendo ya las cuestiones protocolarias previas, señor
Presidente, quiero decir que esta intervención va a ser, en
primer lugar, breve --espero que lo sea-- y, en segundo lugar,
casi de cortesía, puesto que la rendición de cuentas anual del
Defensor del Pueblo no genera a mi Grupo Parlamentario ningún
tipo de reserva mental.
Nosotros estamos de acuerdo con el contenido del informe y
queremos alabar el espíritu inspirador de este informe, la
impronta humanista que este Defensor del Pueblo ha sabido
aportar en este momento en que los valores del humanismo, que
mi Grupo Parlamentario y mi partido político han defendido
tradicionalmente y que son consustanciales a la ideología,
están atravesando una crisis que es fácil de comprobar en
nuestra sociedad en la que se están enseñoreando
peligrosamente valores insolidarios, egoístas, donde la
honestidad, la nobleza y otros valores paradigmáticos de una
estructura social cohesionada y equilibrada empiezan a estar
peligrosamente, en algunos casos, en declive.
Señor Presidente, otra referencia, también de carácter
apologético en relación a este Defensor del Pueblo que es muy
dilecta para mi Grupo parlamentario, para un partido
nacionalista, que es lo que nosotros representamos en
definitiva, es la gran capacidad de colaboración, de
cohonestación operativa que este Defensor del Pueblo, y los
anteriores, han demostrado siempre con su homónimos de las
comunidades autónomas donde existen; la gran capacidad de
colaboración funcional con el Ararteko, en Euskadi; con el
Sindic de Greuges; con el Justicia de Aragón, con el Defensor
del Pueblo Andaluz, que pone de relieve la eficiencia
colaboradora y algo que nosotros intentamos poner con
frecuencia de manifiesto en esta Cámara, cual es el principio
de que la diversidad no es incompatible con la eficacia. Ojalá
que en otras instituciones, diferentes a la del Defensor del
Pueblo, esta compatibilización entre la diversidad
institucional y la eficacia tuviese la relevancia y la
eficiencia que tiene el Defensor del Pueblo con su evidenciada
capacidad de colaboración con sus homónimos de las comunidades
autónomas.
Quizás un consejo también de naturaleza operativa, que
nosotros estamos en condiciones de darle al Defensor del
Pueblo sería el siguiente. Quizás se pudiera esperar una
actitud más beligerante, más de utilización de iniciativas
propias, en determinadas actuaciones de investigación, de
actuación en el seno de las administraciones públicas sujetas
a su control, a sus funciones de vigilancia, de recomendación
y de mediación. Nosotros no le pedimos una actitud tan
beligerante como la que está practicando el Ararteko, el
Defensor del Pueblo de Euskadi en este momento que en
ocasiones inopinadamente se presenta sin avisar previamente en
asambleas de vecinos y ciudadanos que están discutiendo sobre
algunos problemas para enterarse in situ, pero sí pedimos
quizá una m que haga de su institución un ente beligerante,
una verdadera institución de contrapoder. Eso es lo que es el
Defensor del Pueblo, una institución de contrapoder. Este
sería uno de los consejos que mi Grupo Parlamentario está en
condiciones de aportar.
El Defensor del Pueblo es un institución de contrapoder y para
nosotros son muy dilectas las tesis hellerianas del Estado-
organización, en cuy ranía está residiendo en el pueblo, el
pueblo se autoorganiza a través del otorgamiento de una
constitución donde se configura su propia organización
política y donde se configuran y tipifican los derechos
fundamentales y libertades públicas que a sus ciudadanos
corresponden. Existen en esa organización política, en esa
organización del Estado, instituciones de poder que
proporcionan las normas, que ejecutan las normas, que velan y
controlan jurisdiccionalmente las normas, pero existen también
instituciones de contrapoder como la del Defensor del Pueblo.
Esta institución de contrapoder está en condiciones --como
bien decía en la presentación de su informe anual el Defensor
del Pueblo--de proporcionarnos siquiera una parcial
radiografía del estado de disfrute de los derechos
fundamentales y libertades públicas en el Estado Español. Digo
que proporciona una radiografía parcial. No estoy de acuerdo
en que la radiografía sea absolutamente total, una radiografía
perfecta de la situación y disfrute de los derechos
fundamentales y libertades públicas porque los ciudadanos del
Estado español tienen otras vías para recabar la tutela de
cualquier vulneración de sus derechos o de sus libertades.
Tienen la tutela del Tribunal Constitucional para la
contravención de los derechos y libertades comprendidos entre
los artículos 9 y 14 de la Constitución; tienen la tutela de
la jurisdicción contencioso-administrativa, más directa que la
del Defensor del Pueblo, también para la contravención de sus
derechos fundamentales, a través del especial procedimiento de
tutela de los derechos fundamentales que operan vía Estado y
jurisdicción, pero sí nos provee de una radiografía, de una
foto parcial de la situación de disfrute de los derechos
humanos. En este contexto sí puede ser relevante destacar que
la disminución de reclamaciones colectivas --comentaba el
Defensor del Pueblo-- puede llevarnos a deducir que la
situación de disfrute, de eficiencia de las libertades
públicas y derechos fundamentales, consagrados
fundamentalmente por el Título I de la Constitución, mejora en
este país.
En todo caso, nosotros --y termino con estas palabras--, señor
Presidente, mediante las recomendaciones o propuestas que
solemos hacer, quere Defensor del Pueblo remita a todos los
grupos parlamentarios una relación detallada, pormenorizada,
de las actitudes de incumplimiento de las administraciones
públicas a sus requerimientos. La morosidad de las
administraciones públicas sigue siendo todavía, en el
cumplimiento de los requerimientos del Defensor del Pueblo,
uno de los problemas que gravita negativamente sobre la
eficiencia de esta institución, por lo que nos gustaría
conocer un detalle pormenorizado y detallado de los
incumplimientos de las administraciones públicas en su deber
de colaboración con el Defensor del Pueblo. Nos gustaría que
las comparecencias del Defensor de Pueblo no tuvieran carácter
rutinario y por tanto, que se pudiera pactar un calendario
donde las comparecencias del Defensor del Pueblo tuvieran
mayor frecuencia y fueran más intensas, que el contacto, en
definitiva, la conexión de la institución parlamentaria que
controla el Defensor del Pueblo sea más frecuente, más
regular, y por último, nos gustaría que el Defensor del Pueblo
nos comentara cuál es su opinión en este momento sobre su
disponibilidad de medios personales y materiales, puesto que
mi Grupo ha sido siempre proclive a que esta institución tenga
la dotación de medios materiales y personales que la
trascendencia, la potencial eficacia de su función, vinculada
a algo tan dilecto como el disfrute, la eficiencia, la eficaz
existencia de los derechos fundamentales y libertades
públicasque tutela y que consagra el T creemos que algo tan
importante como esto debe estar suficientemente garantizado
desde la perspectiva de las dotaciones materiales y
personales.
Con estas últimas menciones, señor Presidente, y agradeciendo
lo prolijo de su informe al Defensor del Pueblo, la eficiencia
demostrada por él mismo y el equipo que lideran la señora
Retuerto y el señor Rovira, y nuestra voluntad, manifestada en
nuestra adhesión al contenido del informe, de colaborar en
cuanto al Defensor del Pueblo requiera de nuestros servicios,
agradezco de nuevo, la presencia del Defensor del Pueblo y la
brillantez en su exposición del informe de rendición de
cuentas del año 1994.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Señor Presidente, señorías, una vez
más esta Cámara se dispone a evaluar el informe del Defensor
del Pueblo cumpliendo con su obligación. Afortunadamente en
esta ocasión lo vamos a hacer con la normalidad institucional
que este trámite requiere, tras haber llegado al consenso
suficiente para elegir al Defensor del Pueblo. Este informe,
por tanto, es aún fruto del trabajo de doña Margarita
Retuerto, a quien una vez más quiero rendir público
agradecimiento por su aportación imprescindible a la
normalidad institucional que nosotros pusimos en peligro. Doy
la bienvenida a don Fernando Alvarez de Miranda, persona que
reúne, por su talante democrático y lucha reconocida por la
libertad en nuest mejores condiciones para ocupar este cargo.
Con mucho gusto, ya se dijo en su día, nuestro Grupo
Parlamentario se sumó al consenso que hizo posible su
nombramiento.
Queremos en esta ocasión hacer una valoración del informe un
tanto distinta a como lo hemos hecho en otras ocasiones.
Siempre habíamos centrado nuestra intervención en las quejas y
en la poca receptividad que las recomendaciones del Defensor
del Pueblo tenían en algunas administraciones afectadas. En
esta ocasión, a nuestro juicio, quizá sea más relevante
centrar nuestra atención en el funcionamiento de la
institución y en especial en el conocimiento que los
ciudadanos tienen de ella. Como dice el propio Defensor del
Pueblo, este informe ofrece a esta Cámara un auténtico sondeo
de la verdadera y real situación de los derechos
fundamentales. Quizá deberíamos centrar más nuestra atención
en estudiar a fondo este sondeo y no distraernos tanto, a
veces, en otro tipo de sondeos que nos impiden llegar a la
base del funcionamiento de los derechos fundamentales, pues
trabajar en esta línea es garantizar un buen funcionamiento
del Estado de derecho y, sobre todo, incorporar a los
ciudadanos a la esencia misma de lo que es un sistema
democrático. Algo falla, a nuestro juicio, en cómo se dirigen
nuestros ciudadanos a la institución del Defensor del Pueblo,
que recibe muchas más quejas que sus homónimos comunitarios.
Ante este hecho lo fácil sería decir que nuestro Estado
funciona peor. No quiero quedarme en esta simpleza, sino
intentar profundizar un poco más en por qué aquí se presentan
más quejas y en muchos casos mal dirigidas que pueden llegar a
convertir la oficina del Defensor del Pueblo en una mera
oficina de recepción de cartas sin ton ni son. Es, por tanto,
necesario mejorar la relación entre la institución del
Defensor del Pueblo y las personas que están en condiciones de
dirigirse a él.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué debemos, pues, hacer? Hemos de
encontrar mecanismos que mejoren el conocimiento de cómo hay
que dirigirse al Defensor del Pueblo y, en definitiva, mejorar
el nivel de información del trabajo y competencias de la
institución. Hay un muy buen nivel de relación del Defensor
del Pueblo con sus homónimos de las comunidades autónomas. Nos
ha dicho el Sindic de Greuges que su relación con el Defensor
del Pueblo ha sido siempre fluid de mutua colaboración. Este
es ya un camino, pero quizá deberíamos buscar otro tipo de
vías que permitan, insisto, mejorar el nivel de conocimiento
de la institución. Esta cuestión ha de preocupar a la Cámara
puesto que el Defensor del Pueblo es un comisionado nuestro y,
además, si así fuera, el informe que se nos presenta año tras
año, que ya es positivo, sería mucho más ilustrativo de las
cuestiones que nuestros ciudadanos entienden que no funcionan
bien.
Es significativo que sea precisamente la ciudad de Madrid la
que más quejas genera. Es obvio que la proximidad física del
ciudadano de Madrid con la oficina de Defensor del Pueblo
facilita este hecho. Pero seguramente habría que concluir
también que es el ciudadano madrileño el que recibe la mejor
información de la institución porque directamente puede
dirigirse a ella. Por tanto, hemos de estudiar fórmulas que
permitan más y mejor información a todos los ciudadanos.
Obviamente, no podemos abrir una oficina del Defensor del
Pueblo en cada una de las capitales de provincia, pero sí
podríamos, a lo mejor, promover convenios con entidades como
la Federación Española de Municipios o la Asociació Catalana
de Municipis para mejorar estos niveles de información y
procurar que a nivel local se pueda dar una información de las
tareas del Defensor del Pueblo como puede obtener cualquier
ciudadano de Madrid dirigiéndose directamente a su oficina.
Hay un aspecto de este informe que nos ha gustado
especialmente, y es la actitud activa que el Defensor del
Pueblo quiere imprimir a su trabajo. Es bueno que no se quiera
conformar con la pasividad de recibir quejas. Es positivo que
se quiera salir al encuentro de situaciones de sufrimiento y
de indefensión allí donde se viven con mayor intensidad. Hay
precedentes en algunos informes sectoriales que se hicieron a
iniciativa del Defensor del Pueblo. Esta actitud activa nos
parece francamente relevante y entendemos que puede ser una
pieza más en el engranaje de las instituciones que nos aporte
datos que sirvan para mejorar las cosas. Este es un buen
camino y lo vamos a apoyar. En él encontrarán siempre el apoyo
y el aliento del Grupo Parlamentario Catalán.
Por último, señor Presidente, no quisiera terminar sin
referirme al acierto de las palabras del Presidente de la
Cámara al dar la bienvenida a don Fernando Alvarez de Miranda.
Es evidente que si todos conservamos el espíritu de los que en
el 77 entraron por primera vez en este hemiciclo, un espíritu
de construcción, de instauración de un nuevo sistema
democrático, de libertad, en definitiva de vivir en
democracia, si siempre mantenemos este espíritu de
construcción estaremos prestando un servicio que más y mejor
van a agradecer nuestros ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Casas.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, nos
encontramos cumpliendo el ejercicio de analizar el informe de
1994 d del Defensor del Pueblo. En este caso se mezclan dos
grandes realidades. En primer lugar, que el informe defendido
aquí por el actual Defensor del Pueblo ha sido realizado antes
de su mandato --toma posesión el día 9 de diciembre-- y por
tanto deberíamos valorar lo realizado por el equipo, la señora
Retuerto y el señor Rovira, y a ese informe deberíamos
circunscribir nuestra valoración. En segundo lugar, me
gustaría reconocer que el Defensor del Pueblo ha tenido la
habilidad de utilizar el informe para, analizando de forma
autocrítica el papel y la misión de la institución, marcarse
objetivos para mejorar en el futuro esta institución. Lo
cierto es que hemos encontrado un Defensor del Pueblo que ha
marcado tres grandes orientaciones para el próximo futuro.
Una: hay que recuperar actuación para defender los derechos
humanos de los más débiles y los más desprotegidos, lo que
pudiéramos llamar cuarto mundo, hoy migración en nuestro país.
Dos: los nuevos problemas que devienen de la realidad de la
economía, de nuestra propia ordenación, de la ecología y del
medio ambiente. Y tres: un mayor compromiso para actuar de
oficio, reorganizando la estructura del Defensor del Pueblo
hacia esta realidad.<ð Decía el Presidente del Congreso,
reconociendo el trabajo del actual Defensor del Pueblo, que es
una persona comprometida históricamente con e gustaría hacer
un comentario, puesto que él es de origen demócrata-cristiano.
No sólo lo que ha dicho se ha quedado en palabras, sino que lo
ha aplicado en su actuación y no sólo en esta Cámara. El
estuvo de embajador en El Salvador y durante esa etapa los
grupos más desprotegidos, la gente que se organizaba para
luchar contra la opresión que allí tenían, el Frente Farabundo
Martí, utilizaban precisamente esa embajada para encontrar
calor y cobertura a su trabajo. Lógicamente esperamos que los
compromisos que el Defensor del Pueblo ha expuesto aquí se
cumplan. Y por utilizar dos patas de una misma manera de
atender las ideas, voy a citar una novela de André Malraux,
«La condición humana», hecha en los años treinta, que hablaba
de cómo su protagonista Chen o Kyo, quien fuera, no podía
vivir en la ideología que no se proyectara en la acción.
También voy a citar a alguien más cercano al señor Alvarez de
Miranda, a San Mateo, que en el capítulo 6 habla de que no se
queden en discursos, que los discursos no dan más codos de
estatura, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano
izquierda, en suma, no presumas hipócritamente de lo que vas a
hacer, sino haz lo que vas a decir que debes hacer.
En todo caso, permítanme que les haga muy rápidamente cuatro
grandes reflexiones sobre este informe del Defensor del
Pueblo. Primero, cuál es el escáner que hacemos de la
Administración Pública y del cumplimiento en nuestro país de
los derechos fundamentales que los ciudadanos tienen dados por
la Constitución. Segundo, cómo ha funcionado el Defensor del
Pueblo, como comisionado de este Parlamento, para defender a
los ciudadanos, intermediar entre los ciudadanos y la
Administración para que se puedan cumplir mejor estos derechos
y deberes. Tercero, qué reflexiones se hacen y qué propuestas
se anuncian, qué protagonismo puede jugar el Defensor del
Pueblo en el futuro. Y en cuarto y último lugar, qué
debiéramos hacer de este trámite parlamentario, porque
reiteradamente venimos a cumplir un informe anual donde nos
felicitamos de lo bien que funcionan las cosas, pero no unimos
bien el trabajo del Parlamento con esa mano larga, esa pata
que tenemos en la actuación, que es el propio Defensor del
Pueblo como prolongación de esta Cámara ante el trabajo de las
instituciones.
Yo creo, señorías, que nos encontramos ante un número de
quejas suficientes para entender que nuevos problemas aparecen
con fuerza en el diario funcionar de la Administración; nuevos
problemas que demandan rapidez de actuación a este Parlamento,
al Gobierno, desgajados de las quejas del Defensor del Pueblo.
El primero es la objeción de conciencia. Tendríamos que
recoger el número de quejas tanto sobre las condiciones de
adscripción como sobre la prórroga y sobre los retrasos de
incorporación. En la página 96 la reflexión que hace el
Defensor del Pueblo es: «La objeción ha aumentado de forma muy
considerable en nuestra juventud, desbordando todas las
previsiones que por parte de la Administración se habían
efectuado». Y dice más adelante respecto a las prórrogas y el
aplazamiento: «Han continuado como en años anteriores
recibiéndose numerosas quejas en las que los interesados
manifestaban los perjuicios que se les estaban irrogando como
consecuencia de la tardanza en la concesión o denegación de
prórrogas o aplazamientos solicitados». Tenemos un nuevo
problema, una eclosión, una lentitud de la Administración para
acoplarse y una proyección al Defensor del Pueblo de esta
nueva demanda.
Un nuevo problema que se ha incorporado es el de la
inmigración. Hay un cierto rebrote de actuación xenófoba, no
solamente de las administraciones sino también de algunas
policías o estructuras de la Administración. Han crecido mucho
las quejas por la actuación de la policía local. Había queja
actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado.
Han crecido mucho las de la policía local, precisamente
dirigidas por los ciudadanos de color o por los ciudadanos
marginados por determinadas razones. Pero también empiezan a
aparecer las de las policías privadas, que en los años 1993 y
1994 han tenido acciones bastante irregulares en defensa de la
seguridad en nuestro país.
Sobre la inmigración hay en el informe dos grandes
reflexiones. Una, la complicación que hay para que el
ciudadano sea recibido. Dice que durante este año se ha
incrementado el número de quejas con motivo del rechazo de que
son objeto los ciudadanos extranjeros al entrar en nuestro
territorio. Y añade que hay una falta de objetividad a la hora
de determinar las personas que pueden acceder y las que no
pueden acceder. Pero lo más grave es precisamente la decisión
de expulsión en un país donde cuesta mucho trabajo conseguir
una prórroga del contrato, donde el inmigrante tiene que pagar
una tasa por el contrato, donde se utiliza la inmigración como
fórmula de vivir medio alegal, para estar siempre con la mano
en la soga y poder condicionar cualquier actuación del mismo.
Pues ese es el criterio de la expulsión. Al analizar las
quejas recibidas en el presente año referidas a los
procedimientos de expulsión de ciudadanos extranjeros, el
Defensor del Pueblo dice que las quejas han sido muy numerosas
y que se puede observar, en muchos de los supuestos, que han
primado, por encima de otro tipo de criterios, los puramente
policiales. La aplicación de la Ley de Extranjería en un país
moderno, en un país socialmente equilibrado, desde luego deja
bastante que desear.
Igual que vemos todo esto que va dirigido a los derechos
fundamentales, nos encontramos también con lo que pudiéramos
llamar funcionamiento de los servicios públicos, en concreto
la sanidad. En el informe se recogen 122 quejas referidas a la
sanidad, 39 páginas, sobre todo a las listas de espera para la
realización de pruebas de diagnóstico, para las intervenciones
quirúrgicas o para el acceso a las consultas médicas
especializadas.
Somos muy críticos con la actuación del Defensor del Pueblo en
lo relativo a los recursos ante el Tribunal Constitucional.
Doce de los recursos pedidos no se han presentado ante el
Tribunal Constitucional, solamente uno, en un momento en que
teníamos una serie de medidas, de fomento de la ocupación por
la precariedad en el empleo, de actividades clasificadas,
etcétera, que afectaban bastante a los ciudadanos. Al final
del informe, el Defensor del Pueblo resume el papel de la
Administración y el número de respuestas que la Administración
no ha dado diciendo que, de todas las recomendaciones que el
Defensor del Pueblo hizo el año pasado, 61 han sido aceptadas
y siete han sido rechazadas. Sin embargo, este número crece
cuando se refiere a las sugerencias que se hacen a la
Administración, puesto que solamente se han aceptado 74 de
212, se han rechazado 36 --y no sabemos cómo se actúa cuando
se rechazan-- y hay pendientes 102. Tampoco conocemos la
evolución de las 46 recomendaciones que son como una especie
de reco advertencias que se le hacen a la Administración por
parte del Defensor del Pueblo.
Permítanme que haga una reflexión sobre el papel del Defensor
del Pueblo. Al Defensor del Pueblo, por desgracia, se dirigen
los que pudiéramos llamar avezados, los que ya están
preparados para utilizar este instrumento. Si analizamos quién
ha utilizado el Defensor del Pueblo, vemos que el 46 por
ciento son bachilleres superiores y titulados superiores y sin
estudios solamente el 9 por ciento. La gente más marginada, la
que no tiene recursos es la que menos recurre al Defensor del
Pueblo, precisamente la que más lo necesita. Pero si lo
analizamos en función del trabajo, vemos que el 75 por ciento
de los que se han dirigido al Defensor del Puebloson
propietarios, directivos, cuadros medios o trabajadores
cualificados. Y si lo analizamos por profesiones...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, vaya
concluyendo, por favor.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Por
profesiones, los que trabajan en la Administración pública ha
sido el 37 por ciento, en los servicios públicos, aunque sean
realizados por empresas privadas, el 36 por ciento; pero de
los que se dedican a la agricultura solamente el 5 por ciento,
a la construcción solamente el 5 por ciento y a la industria
el 12 por ciento. Por edad de las personas, de 31 a 50 años el
44 por ciento, varones el 67 por ciento y casados el 62 por
ciento. Es decir, tenemos un ciudadano que se dirige al
Defensor del Pueblo de estas características: urbano, no
rural, cualificado, no sin estudios, y fundamentalmente
madrileño. De las 10.000 quejas 5.700 son de Madrid. Es verdad
que el número de quejas ha crecido en algunas comunidades,
como es el caso de Aragón.
En cuanto a la evolución futura del Defensor del Pueblo, que
es la conclusión a la que llega el informe, a mí me gustaría
pedir que se considerase el papel del Defensor del Pueblo más
que como un cuarto poder (como parece entenderse, por así
decirlo, en esos cuatro consejos que se dan al final del
documento, hecho precisamente por el equipo saliente ahora del
Defensor del Pueblo), a caballo entre el poder ejecutivo,
poder legislativo y poder judicial, luchando por buscar un
espaciopara defender al ciudadano en la Pueblo que sea una
prolongación de esta Cámara. Me gustaría que mejorara la
relación del Defensor del Pueblo con el Parlamento. Y como una
cosa es predicar y otra es dar trigo, el ejemplo va por
delante. Ayer pedimos tres comparecencias del Defensor del
Pueblo. Una
para que explique la reorganización del funcionamiento del
Defensor del Pueblo; otra para que diga las propuestas de
reforma de la Administración que hay que hacer detectadas por
las quejas de los últimos años; y otra para que analice y diga
cuál es la actuación de intermediación que puede jugar en caso
de conflicto.
En todo caso, estamos convencidos de que el Defensordel Pueblo
tiene que ser fortalecido a la hora de encontrar eco en la
Administración, ser e porque hay una decisión que es útil para
el ciudadano y que se incrementen sustancialmente las quejas
que se producen de oficio. Este año 91 quejas se han producido
de oficio. Vamos a ver si se puede hacer un balance separado
de esas quejas de oficio y se incrementa su número para que la
gente que no tiene posibilidad de hacerlo, porque no conocen
el trámite, porque están lejos, porque hace falta
desconcentrar y acercar la Administración al ciudadano, puedan
utilizarla; que aunque no sepan escribir, aunque no sepan
expresarse, puedan ver defendidos sus derechos o puedan ser
defendidos de una actuación excesivamente fuerte por parte de
las distintas administraciones, y en este caso aparecen con
fuerza los municipios, las comunidades y la Administración
central. Estoy convencido de que se abre una nueva etapa desde
el conocimiento y la experiencia del pasado y de que también
en la Cámara se podrá encontrar eco para modificar las leyes,
los reglamentos o los decretos que puedan facilitar este
trabajo. Como eso es así, esperamos que el próximo informe del
Defensor del Pueblo se pueda hacer de otra manera, más
sectorializado, se pueda profundizar más y podamos sacar más
conclusiones.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, con ocasión
del reciente debate en Comisión del informe anual del Defensor
del pueblo, la semana anterior, realizamos una serie de
consideraciones precisas en cuanto al detalle del contenido de
dicho informe y en cuanto a lo que debe significar en esta
nueva etapa la futura proyección de la institución en sus
cometidos y en su organización, y señalábamos nuestra voluntad
y nuestra intención de realizar hoy una visión más en
profundidad de dicho informe, a partir de las consideraciones
y valoraciones de conjunto que para la reflexión arroja el
contenido de este informe, no tanto quizá en su letra como sí
en su sentido y en su espíritu de fondo. Y a eso
fundamentalmente vamos a dedicar nuestra intervención de esta
mañana.Quisiéra anteriores titulares de la institución y ¡cómo
no! al trabajo muy singular realizado por las personas que
durante el período de interinidad de la misma lo han sabido
mantener en su tono institucional, en su compromiso
constitucional, en el valor y en el prestigio social
reconocido a la institución misma. Y ¡cómo no! también
queremos saludar hoy la presencia del nuevo titular de la
institución, que estamos seguros va a saberaportar a esta
institución trascendental en la comunicación entre sociedad e
instituci y administraciones, sin lugar a dudas trascendental
también para la garantía debida de los derechos fundamentales
y de las libertades de los ciudadanos en un ámbito de realidad
y no sólo en el ámbito de la teoría, va a saber, repito,
aportar su larga experiencia personal, su brillante, sincera y
comprometida biografía, precisamente caracterizada por ese
compromiso permanente de servicio a los demás, de servicio a
la democracia y de servicio a la libertad.
Es oportuno, por tanto, realizar hoy esa valoración de
conjunto de lo que el informe no puede decir en su letra,
porque no sería su misión decirlo, pero sí se infiere
claramente de su sentido. Y lo es porque, si la función del
Defensor consiste --y problemas, impulsar las soluciones y
verificar un cierto diagnóstico social sobre la salud de los
derechos fundamentales y sobre la dinámica de relación entre
administraciones y administrados, parece imprescindible que se
transcienda la casuística que el texto incorpora para ir a esa
interpretación más profunda y de conjunto de aquello que
constituye, al menos a juicio de nuestro Grupo Parlamentario,
el mensaje nuclear de este informe.
Recordemos, pues, que servir a la consecución de una sociedad
democrática avanzada constituye el compromiso esencial que
debe dar sentido a la acción del Gobierno y de todas las
instituciones. Por tanto, la aportación que comporta el
informe, en cuanto síntesis de la realidad, obliga a una
introspección que, a partir del mismo, nos permite saber qué
distancia î--y ese es el punto capital-- nos queda aún por
recorrer para llegar a esa calidad de perfección democrática
que, sin duda, moviliza las buenas intenciones de todos,
aunque otra cosa sean después las políticas específicas
ejecutadas o postuladas por unos y por otros en pos de la
traducción en logros concretos de aquellos buenos deseos. Y
esa introspección es mucho más necesaria si entendemos que,
frente a la realidad que subyace en el informe, un primer
diagnóstico, que no se ejecuta como pliego de cargos contra
nadie, sino como motivo capital para esta reflexión, nos dice
que indudablemente estamos todavía lejos de esa plenitud de
calidad democrática cuando, como se infiere del informe, año
tras años, se repiten las menciones a las mismas carencias,
a las mismas lagunas, a las mismas disfuncionalidades o
actitudes, que no son sólo de la Administración, de esta o de
aquella Administración, sino que, como dice el texto del
informe, son de la Administración, pero, probablemente, como
un reflejo de actitudes, normas o conductas emanadas de la
propia actitud del conjunto de nuestra sociedad. Y por eso,
por su notoriedad, entendemos que esa reiteración, año tras
año, de los mismos condicionantes negativos no cabe obviarlos
en su mención y en su análisis hoy aquí, porque, si lo
hiciéramos, sin duda estaríamos convirtiendo en una mera pieza
teórica muchos de los postulados esenciales que, en su
conjunto e individualmente considerados, configuran la
dimensión auténtica, la dimensión profunda, la dimensión que
entre todos debemos alcanzar de lo que es y significa el hecho
democrático.
¿Puede decir el Gobierno, y más allá del Gobierno, podemos
decir todos nosotros que la sociedad española goza de robustez
democrática cuando el derecho a la tutela judicial efectiva y
el funcionamiento del servicio público de la Administración de
Justicia colapsa el verdadero alcance de lo que, en
democracia, significa la ley como factor de igualdad entre los
ciudadanos y como motor arbitral de las relaciones sociales?
¿Cabe que todos nos sintamos satisfechos cuando, de la
experiencia surgida del informe, se aprecia que los derechos
de naturaleza social y económica siguen siendo para muchos
ciudadanos piezas inalcanzables en su vida cotidiana, por la
carencia de empleo, las listas de espera en la sanidad
pública, la dificultad de acceso a la vivienda o los
manifiestos errores que se aprecian en la gestión del sistema
público educativo, entre otras muchas consideraciones
concretas, cuando estos derechos de naturaleza social y
económica son la base para hacer una traducción justa y
solidaria de los valores políticos de la libertad, y que no
será posible configurar una sociedad estructuralmente justa e
integrada, en función del principio de igualdad de
oportunidades, sin dar consistencia general a esos derechos?
¿Es posible enunciar con coherencia el principio político de
respeto a la dignidad individual como un valor absolutamente
constatado y apreciado en el conjunto de nuestra experiencia
cotidiana cuando el informe nos dice que en nuestro entorno
crece el dramático fenómeno de la pobreza, con la carga de
desesperanza que comporta para quienes la padecen, o mientras
se siguen dando situaciones de discriminación por razones de
raza, o mientras se observan conductas que menoscaban el
derecho a la intimidad o que no se atienen a la adecuada
protección que los datos de naturaleza personal deben tener
frente al avance de las modernas tecnologías, cuando, hoy por
hoy, ese punto de equilibrio constituye, sin lugar a dudas,
uno de los principales retos en lo que debe ser una moderna
dimensión de la cultura de los derechos humanos? ¿Cabe aceptar
que el retrato constitucional de lo que es una función y el
sentido de las administraciones públicas se compatibiliza con
algo que surge del propio sentido del informe, es decir, con
la persistencia de un lenguaje comminatorio, silencios e
inactividades materiales, demoras y trámites innecesarios,
abusos de situación dominante, ineficacias en la prestación
del servicio o un uso torticero de la legislación vigente al
no aplicarse la Administración a sí misma aquello que la
Administración, por el contrario, y en el ejercicio de la
legislación vigente, sí obliga al ciudadano? ¿Cabe articular
una interpretación moderna de lo que son los contenidos
fundamentales de la cultura de los derechos humanos si no se
actúa con rigor en la protección del equilibrio ecológico, se
desarrolla una concepción integral y generosa de todas las
políticas de solidaridad y se cuida de llevarlas efectivamente
a los estratos más débiles de nuestra sociedad, y éstas son
carencias muy graves que se aprecian a tenor de lo dicho en el
informe? ¿Cabe, en definitiva, señor Presidente, señoras y
señores Diputados, renunciar a esa carga de utopía que forma
parte de los valores del humanismo y de la ética democrática,
que inspira el mensaje esencial de nuestra Constitución y que
es en todo punto un acicate para el perfeccionamiento de los
objetivos y comportamientos de quienes ostentamos una tarea
pública?
Nosotros creemos, pues, que sobre estas líneas básicas debe
estructurarse la reflexión a la que indudablemente obliga el
informe del Defensor. obligada reflexión están y estarán de
más la autocomplacencia de los gobernantes, si es que se
produce esa autocomplacencia y sean quienes fueren los
gobernantes o el intento de minimizar las cosas diciendo que
no se puede establecer categorías a partir de la casuística.
No estamos hablando simplemente de casuística, de datos fríos
de una estadística; estamos hablando de experiencias surgidas
en el ámbito de la vida más íntima, de la vida individual de
nuestros conciudadanos y todas y cada una de las páginas,
todas y cada una de las experiencias que refleja el texto del
informe llevan sin duda un nombre y apellidos concretos, por
tanto unas circunstancias vitales concretas, por tanto una
cuota doliente de algo que en este momento nuestra sociedad
tiene como asignatura pendiente. Y no se trata de generalizar
afirmando que todo está mal, porque no sería cierto. Pero
nadie puede tampoco refugiarse en la política del avestruz
para ignorar que aquel empeño por alcanzar verazmente lo que
comporta ser una sociedad democrática avanzada no se culminará
en tanto en cuanto alguien vea vulnerado su derecho por causas
estructurales que a todos nos corresponde contribuir a
remover.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Concluya, señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente.
Eso es lo que nos está diciendo el informe, porque ése es, en
definitiva, el sentido mismo, la razón de ser última de este
informe.
Se nos exige, y debemos, por tanto, autoexigirnos, compromiso,
realismo, sentido común y diálogo para ofrecer las respuestas
que hay que dar para romper, como dice literalmente el
informe, toda una concatenación de condicionantes económicos,
culturales, ambientales, de forma de vida o de aprecio social,
que hace que personas, conciudadanos de nuestra sociedad y de
nuestro Estado, e incluso --dice el informe-- amplios grupos
de aquéllos, son situados al margen del modelo y de los
beneficios sociales de la nación.
Como el propio Defensor del Pueblo ha manifestado, no llevar
adelante esa tarea de incorporación de todos a los contenidos
concretos de la libertad y del Estado social equivaldrá a
dejar que la esencia del espíritu democrático se pierda en
meras estructuras formales, y eso sería la negación misma del
proyecto iniciado por nuestro pueblo, de manera conjunta,
ilusionada y comprometida, a partir del año 1975. En esa
tarea, la institución del Defensor tiene una función esencial
como institución delegada por las Cortes Generales, y
precisamente hoy, al comenzar una nueva etapa, hay que pedirle
a la institución continuidad e innovación en ese compromiso
que le señala la Constitución; continuidad e innovación en su
función esencial de atender la queja del ciudadano;
continuidad e innovación en el desarrollo máximo de sus
cometidos competenciales, dentro siempre del marco legal
vigente, sin necesidad de ampliar ese marco legal, y
continuidad e innovación, en suma, para seguir avanzando en
una labor de garantías que debe, sin duda, tener una mayor
imbricación en la vida parlamentaria cotidiana. Confiamos,
pues, que la aportación de todos a la procura de esa sociedad
democrática avanzada nos permita entender el valor de las
orientaciones y recomendaciones del Defensor y tengan en esta
Cámara una traducción directa en el debate político,
precisamente para dotar así de un concreto significado
práctico a esa labor de mediación que el Defensor realiza
entre ciudadanos y administraciones, o si se quiere también,
entre sociedad e instituciones. Y sepa el Defensor que en el
desarrollo de sus funciones contará con nuestro respaldo,
siempre que permanezca fiel a la tarea que da razón de ser a
su presencia en el entramado institucional del Estado y haga
valer, en todo punto, su patrimonio principal, que es el de la
independencia en el servicio a la ley y a los demás, porque
sólo desde esa independencia podrá profundizar en su valor
como magistratura de opinión y, por tanto, acentuar todos los
extremos de su autoridad moral y de su alta valoración social.
En definitiva, señor Presidente, este informe nos dice, en su
sentido último, que hay que evitar incurrir en la estéril
dicotomía entre la libertad formal y la libertad real o, lo
que es lo mismo, aproximando esa referencia a lo que han sido
exper nuestra patria, hay que superar el viejo, inútil y
frustrante pecado histórico de la lejanía entre la España
oficial y la España real.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gil
Lázaro. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Valls.
El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, quisiera
que mis primeras palabras fueran para expresar la repulsa, la
condena por el secuestro de don José María Aldaya.
En segundo lugar, quisiera adherirme a las palabras con que el
Presidente de la Cámara contestó a la salutación del Defensor
del Pueblo. Fuimos muchos los que, sin entrar aquella mañana
de 1977 en esta Cámara --digo sin entrar físicamente--, nos
consideramos dentro de ella, porque estaban nuestras ideas de
democracia ya representadas en esta Cámara. Dicho esto,
señorías, quisiera expresar mi gratitud al Defensor del Pueblo
por su intervención y a todo el equipo, que encabezaba el año
pasado doña Margarita Retuerto y don Antonio Rovira, por el
informe que hoy examinamos.
Estamos cumpliendo un trámite reflejado en el artículo 54 de
nuestra Constitución. Si el artículo 54, como se ha puesto de
manifiesto, despu que da a los derechos y libertades de
nuestra Constitución, establece la figura del Defensor del
Pueblo, acto seguido indica que deberá dar cuenta de su
gestión a esta Cámara. Mi primera reflexión sería que desde el
Grupo Parlamentario Socialista pensamos que el Defensor del
Pueblo ha cumplido sobradamente su misión, y la ha cumplido no
sólo velando por el cumplimiento de los derechos y libertades
del título I, sino que, afortunadamente, contemplamos en la
misión del Defensor del Pueblo que quiere comprender estos
derechos y libertades del título I, impregnado por el
preámbulo y por el título preliminar de la Carta Magna.
Pensamos que ha cumplido porque la institución del Defensor
del Pueblo se ha dotado de una característica que para mí es
fundamental a la hora de llevar a cabo esta misión. Se ha
rodeado de esa aureola, de una magistratura disuasoria, de una
magistratura no coercitiva, en definitiva, pienso que ha
tomado como norma en su bandera por la lucha de las libertades
el convencer y no el vencer. Por lo tanto, tiene una
«auctoritas» que ha hecho que el pueblo español, las
ciudadanas y los ciudadanos de España vean en esta institución
algo merecedor de gran confianza.
Por ello, en este momento, animo al nuevo Defensor del Pueblo
a que continúe con esta labor, como no tengo ninguna duda de
que lo va a hacer, y, a ser posible, consiga incrementar este
prestigio que tiene en la sociedad,
porque así podrá conseguir una de las misiones fundamentales
que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene el Defensor del Pueblo: conseguir que los
principios democráticos actúen contra las desigualdades.
Porque, señorías, si no es así, si no se consigue esto, si los
principios democráticos no actúan en esta dirección, van a ser
pura hipocresía y creo que nadie de los constituyentes de 1977
pensó en establecer estos principios democráticos como pura
hipocresía.
Del informe del Defensor del Pueblo podemos sacar una
conclusión inmediata. Si nos atenemos a lo que se dice en él,
de que es una especie de sondeo de la verdadera y real
situación de los derechos fundamentales, debemos colegir,
señorías, que España goza de buena salud democrática. Creo que
esto lo debemos manifestar todos los componentes, todos los
ponentes o portavoces de los Grupos, porque ya va siendo hora
también de decirle a la sociedad cuanto de bueno y democrático
hay en ella. ¿Por qué hay esta buena salud democrática? Desde
mi punto de vista, por tres motivos. En primer lugar, porque,
como se dice en el informe del Defensor del Pueblo, cada día
en nuestra sociedad hay un mayor respeto generalizado a los
derechos y libertades; en segundo lugar, y hay que decirlo,
porque el Defensor del Pueblo ha puesto celo y vigilancia para
que esto se lleve a efecto, y, en tercer lugar, señorías,
también hay que decirlo, porque lo dice igualmente el informe
del Defensor del Pueblo, por una actitud positiva de los
responsables de todas las Administraciones para poner en
práctica las recomendaciones y corregir desigualdades.
Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos
mejorar, creemos que nunca vamos a conseguir nuestra meta de
libertad e igualdad plenamente, pero sí queremos cada día ir
profundizando un poco más, porque, como decía el eslogan de un
instituto de la mujer de Andalucía, la igualdad no es la meta.
Para nosotros, la igualdad tiene que ser el camino, y creemos
que el camino que ha desarrollado la institución del Defensor
del Pueblo en su año de actuación en nuestro país es un camino
positivo. Por ello que, además de celebrar lo que ha hecho, le
pidamos eso que él promete en su informe: que salga al
encuentro de la injusticia, que salga al encuentro de la
indefensión, que procure agilizar los trámites dentro de la
institución y que haga una labor de divulgación para procurar
que esas nueve mil y pico quejas que tienen que ser
rechazadas, que representan el 48 por ciento de las recibidas,
no se produzcan más. Igualmente, como hice en Comisión, debo
celebrar los contactos periódicos que el Defensor del Pueblo
de España tiene con los defensores del pueblo europeos y la
labor importante que se está desarrollando con los defensores
del pueblo de Iberoamérica.
Por último, que continúe sus contactos periódicos con todos
los defensores del pueblo de las comunidades autónomas. Para
ello conseguiremos un mayor grado de igualdad política.
Queremos entender, de acuerdo con la mayoría de los Grupos de
la Cámara, la igualdad política como aquella que hace que en
la comunidad política --por utilizar el término aristotélico--
todos te respeto, el mismo derecho que el que se aseguran para
sí los más poderosos. Y es verdad, señorías, que en nuestro
país hay brotes: brotes de injusticia, de racismo, de
discriminación, de xenofobia, de malos tratos, pero es verdad,
igualmente, que son brotes minoritarios. Animamos al Defensor
del Pueblo a que siga en el mismo camino para conseguir una
España mucho más tolerante de la que había en el año 1977 y,
si es posible, todavía más tolerante que la que tenemos
hoy.<ð Del examen pormenorizado del informe del Defensor del
Pueblo voy a centrarme en unos cuantos aspectos. En primer
lugar --ya he hecho referencia a él--, el «vigilando» del
artículo 14 de la Constitución, que para mí es un artículo
fundamental. Pero igualmente debo felicitar a la institución
por la iniciativa que, en virtud del artículo 15 de la
Constitución, tomó para adoptar medidas que no perjudicaran la
vida de los menores de edad por la actitud de algunos padres
basada en motivos religiosos.
Respecto del tema de malos tratos, quisiera, señoras y señores
Diputados, con todo el respeto que me merece la misión de los
cuerpos y fuerzas de seguridad, públicos o privados, decir que
el Defensor del Pueblo debería excitar su celo no ya para los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que lo mantiene
desde hace varios años, sino especialmente en algunos brotes
que se están dando en policías municipales y en fuerzas de
seguridad privadas. Creemos importantísimo incidir en este
aspecto, y por ello que destaquemos que nos parezca
sorprendente y preocupantes algunos brotes que por parte de
estas fuerzas se han producido en Madrid, en Santander o en
Marbella.
Se ha hecho referencia, igualmente, al derecho a la tutela
judicial y para nosotros son importantes las medidas que ha
adoptado ya el Defensor del Pueblo y le volvemos a reiterar el
deseo que le expresamos en la Comisión Mixta, en el sentido de
que intente mediar con el Consejo General de la Abogacía para
que se sustituya el artículo 106 de sus estatutos generales.
Vemos con satisfacción los progresos para la mejora de la
situación de los internos en los centros penitenciarios.
Igualmente, vemos con satisfacción, con respecto al informe
del año pasado, que este año el 77 por ciento de las becas
concedidas a los distintos alumnos, becas de un volumen muy
cuantioso, según dice el propio informe del Defensor, se han
cobrado en el plazo de diez días. Debemos instar todos a la
Administración para que el 77 por ciento se vaya ampliando
paulatinamente.
Pero decía al principio que uno de los motivos de satisfacción
es también la respues a la actuación, a las sugerencias, a los
requerimientos del Defensor del Pueblo. Permítanme, señorías,
que con brevedad resalte dos cosas. Del cuadro general de la
Administración únicamente el 1,21 por ciento de las
sugerencias del Defensor del Pueblo no han sido subsanadas, y
hay que destacar aquí que, de ese 1 por ciento, 74
sugerencias, 38 corresponden al Consejo General del Poder
Judicial. Este tanto por ciento de la no subsanación baja
cuando nos referimos únicamente a lo que se denomina en el
informe Administración central. Igualmente es satisfactorio
para nosotros que de las recomendaciones y de las sugerencias
un alto tanto por ciento haya sido recogido por las distintas
administraciones.
Señorías, si entendemos la democracia como la tensión entre
realidad y deseo, en ese mejorar continuamente la vida de los
ciudadanos, si ponemos ese deseo en realizar el Estado social
y democrático de derecho que proclama la Constitución, donde
la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, creemos que
con lo que hemos analizado hoy podemos hacer un canto a la
esperanza. Si los ciudadanos confían en la institución del
Defensor del Pueblo, si se respetan por todos cada día más los
derechos y libertades, si el titular de la institución del
Defensor del Pueblo cuenta con la «auctoritas» para poder
llevar a cabo su misión y si las distintas administraciones
cada día colaboran más en subsanar las posibles deficiencias,
que las hay, en materia de derechos y libertades, créanme que
quien en el año 1977 no entró en esta Cámara, pero se sintió
representado por aquellos que tuvieron la suerte de entrar,
mira hoy con esperanza el futuro de los derechos y libertades
en nuestro país.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--AL PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DEL PARQUE NACIONAL DE LOS
PICOS DE EUROPA (Número de expediente 121/000049)
--AL PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL TRIBUNALDEL JURADO (Número
de expediente 121/000050)
--AL PROYECTO DE LEY DE DERIVACION DE VOLUMENES DE AGUA DE LA
CUENCA DEL RIO GUADIARO AL RIO GUADALETE (Número de expediente
121/000081)
--A LA PROPOSICION DE LEY SOBRE LIMITES DEL DOMINIO SOBRE
INMUEBLES PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE
RESIDENCIA Y DE CIRCULACION DE LOS MINUSVALIDOS (Número de
expediente 122/000046)El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor):
Finalizado el debate sobre el informe del Defensor del Pueblo,
pasamos a del Senado.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición respecto a
las enmiendas del Senado al proyecto de ley de declaración del
Parque Nacional de los Picos de Europa? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición respecto a las enmiendas
del Senado al proyecto de ley orgánica del Tribunal del
Jurado? (Pausa.)
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición con
respecto a las enmiendas del Senado presentadas al proyecto de
ley de derivación de volúmenes de agua de la cuenca del río
Guadiaro al río Guadaletes? (Pausa.)
Finalmente, ¿grupos que deseen fijar su posición respecto a
las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre límites
del dominio sobre inmuebles para hacer efectivo el derecho
fundamental de residencia y de circulación de los
minusválidos? (Pausa.)
Vamos a proceder, pues, a la fijación de posiciones respecto a
las enmiendas del Senado a estos proyectos y proposiciones de
ley indicados. Dado que el que aparece con el número 40, del
Tribunal del Jurado, es un proyecto de ley orgánica, les
anuncio que la votación de conjunto será a las 12 horas o, a
partir de esa hora, en el momento procesal oportuno.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de declaración del
Parque Nacional de los Picos de Europa. Por Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente. Seré muy
breve. (Rumores.)
Coalición Canaria, estudiadas las enmiendas que vienen del
Senado, no tiene ninguna objeción. Entendemos que en su
mayoría son mejoras técnicas, pero queremos destacar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Mardones. Ruego a SS.SS. que guarden silencio, por favor, y
que ocupen sus escaños. (Pausa.)
Continúe, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Queremos indicar que hay una serie de enmiendas del Senado que
superan incluso la justificación de suponer mejoras técnicas.
Me estoy refiriendo fundamentalmente --y de ahí el énfasis de
nuestro apoyo-- a la exposición de motivos, donde de una
manera más explícita se señalan una serie de valores
culturales y de compromisos administrativos que yo creo que
dan pórtico a la mejor definición de seguridad jurídica del
parque.
Queremos destacar también las mejoras de la enmienda al
artículo 7, en su punto 5.º, cuando se refiere al informe del
proyecto del plan rector de uso y gestión.
La enmienda del Senado al artículo 9.2, que introduce una
referencia a las actividades forestales, nos parece
tremendamente positiva y da una proyección, en términos
generales, no solamente de valores ecológicos o riquezas y
aprovechamientos ganaderos, sino que tienen que ir también
coordinados con la repoblación forestal.
Creemos que la enmienda introducida al artículo 16, en cuanto
a las autoridades competentes para la provisión de sanciones,
aclara insuficiencias que tenía en este aspecto y artículo el
texto salido de la Cámara.
Finalmente, señor Presidente, creemos que la introducción,
mediante una enmienda del Senado, de una disposición
transitoria nueva a fin de regular lo relativo a las
actividades que hubiesen sido declaradas de utilidad pública
con anterioridad, por supuesto, a la entrada en vigor de esta
ley, tiene un principio fundamental de prevalencia. Por tanto,
destacar esa prevalencia en dicha disposición transitoria
nueva nos parece positivo.
En todo este proceso sí quiero añadir, señor Presidente, que a
Coalición Canaria le parece bien desde la experiencia de tener
en nuestra Comun cuatro parques nacionales, isla por isla, por
parte del Icona, de la Administración del Estado, el que se
introduzca aquí una mejora con la Comisión Mixta, y que
nosotros potenciaremos en la proposición de ley que llegará a
esta Cámara, que ha aprobado ya el Parlamento Canario, de
pedir la creación del parque nacional del Nublo. Dicho esto en
un sentido de respeto a las competencias de todas las
administraciones, ya que se complican territorialmente
competencias no solamente del Estado y una comunidad autónoma,
sino de tres comunidades autónomas. Nos ha parecido, en
conciencia democrática, en bien de los intereses generales de
la política de parques nacionales en España y en beneficio
para Asturias, para Cantabria y para Castilla y León, que esta
ley puede dar esa satisfacción. Lo digo con el más profundo
respeto democrático a cualquier discrepancia, pero también en
el respeto a lo que es nuestro voto.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Simó.
El señor SIMO I BURGUES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente para fijar la posición de
nuestro Grupo Parlamentario. Como ya expusimos el 23 de
febrero en esta Cámara a dictamen de la Comisión, nosotros nos
oponemos al presente proyecto de ley. Lo expresamos así en el
debate de totalidad y en los trámites subsiguientes. También
nos hemos opuesto en el Senado. Las razones son conocidas por
sus señorías. El proyecto de ley, en nuestra opinión, invade
competencias au conflictos competenciales. Naturalmente, no
estamos en contra de la finalidad última, que es la protección
de aquel entorno geográfico, sino que nos oponemos al
procedimiento elegido.
Las enmiendas introducidas en el Senado que ahora debatimos no
aportan nada nuevo que nos haga cambiar de opinión. Por lo
tanto, señor Presidente, señorías, nuestro Grupo seguirá
manteniendo su oposición a este proyecto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Simó.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente. Señoras y
señores Diputados, intervengo para, quizás por última vez,
fijar el criterio de mi Grupo Parlamentario, Izquierda Unida-
Iniciativa p sobre este proyecto de ley que entra en su recta
final. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, desde el
principio, ha sido claramente favorable al mismo por tres
razones fundamentales.
La primera, porque nos parecía de una lógica rayana en la
evidencia, de una lógica casi tautológica, el que un mismo
espacio físico estuviera gestionado por una unidad de gestión.
Los Picos de Europa son tres macizosque forman un único
conjunto unido indisolublemente en lo físico aunque
administrativame a tres comunidades autónomas.
Quisiera en este momento hacer una última llamada a los grupos
nacionalistas para que, a pesar de esa enorme sensibilidad --
que entiendo-- hacia lo que pudiera parecer invasión de
competencias autonómicas, se dieran cuenta de que no es esto
lo que está sucediendo en el caso que nos ocupa, porque sería
contradictorio, además, que, como ha dicho el representante
del Grupo de Coalición Canaria, en su Comunidad haya cuatro
parques nacionales, en Cataluña haya parques nacionales, en
Aragón haya parques nacionales, en Asturias haya ya un parque
nacional --el primero-- y todo su territorio dentro de un solo
ámbito comunitario, que es el caso de todos estos parques
nacionales a los que me estoy refiriendo, y ningún grupo haya
tenido inconveniente ni problemas en cuanto a que esto hiriera
su legítima sensibilidad autonómica o nacionalista. Ningún
grupo.
Si esto ha sido así muy recientemente, cuando en este
Parlamento se ha aprobado un parque nacional para una
comunidad como la de Baleares, reg de los Grupos que hoy se
opone a este proyecto de ley, y si esto es así para parques
cuyo territorio está en una
sola comunidad autónoma, parece mucho más congruente que
parques cuyo territorio pertenece a varias comunidades y, sin
embargo, forman una unidad física, sociológica y cultural
indivisible, tengan una unidad de gestión. Primera razón, casi
tautológica a nuestro juicio, para aprobar uno de los puntos
fundamentales de este proyecto de ley.
Segunda razón. Para Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya -
-y ésta ha sido una de las aportaciones que mi Grupo ha
intentado incorporar con la mayor fuerza posible, y en buena
medida así ha sido, a este proyecto de ley-- la unidad de
gestión no está reñida con la cogestión y la participación de
las comunidades autónomas implicadas y afectadas, y no sólo
con las comunidades autónomas, sino también con las
asociaciones tanto de ganaderos, como de propietarios, de
usuarios, etcétera, que tienen hoy ya --el portavoz canario
inteligentemente lo ha señalado como una posible vía positiva
para el futuro-- instrumentali posibilidades de participar
activamente en una especie de cogestión de un espacio natural
que se esparce entre diversas comunidades.
Por último, la tercera razón por la cual nosotros hemos
apoyado y seguimos apoyando este proyecto de ley es porque
entendemos que la figura de parque nacional, gestionada de
esta manera unitaria y al mismo tiempo compartida, y
acompañada de las medidas tanto de protección como de
potenciación pertinentes, puede y debe ser un factor de
verdadero desarrollo sostenible para estas comunidades.
Por eso, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya también ha
volcado sus esfuerzos en cuanto que el proyecto de ley
incorporase un plan de desarrollo integral que estuviera
dotado de los medios precisos que no solamente compensaran
posibles limitaciones a las actividades económicas de los
habitantes de estas zonas o del turismo que pidieran ellos,
sino que les diera una mayor capacidad para un desarrollo
autosostenible y, por lo tanto, que les proporcionara un
futuro más despejado.
Estas son, en resumen, las razones fundamentales por las
cuales Izquierda Unida, desde el principio hasta ahora, ha
mantenido su posición de apoyo a este proyecto de ley.
Digo desde el principio hasta ahora para señalar, como última
reflexión que quiero hacer ante esta Cámara... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Espere un momento, por
favor.
Señorías, ocupen sus escaños.
Prosiga, señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Decía, señoras y señores Diputados,
que mi Grupo desde el principio hasta el final, ha defendido
sustancialmente este proyecto de ley. Y digo desde el
principio porque esta Cámara debe recordar, y los ciudadanos
deben saber, que fue Izquierda Unida la primera fuerza q
varias ocasiones, y en una proposición no de ley en 1990, la
necesidad de que el conjunto de los Picos de Europa se
constituyera como parque nacional.
Esta coherencia Izquierda Unida la tuvo desde entonces hasta
ahora, y cada grupo puede expresar en qué medida ha sido
igualmente coherente. Porque en aquella primera propuesta de
Izquierda Unida para declarar los Picos de Europa como parque
nacional, grupos que ahora han dado una dura batalla, legítima
por supuesto, pero a mi juicio poco defendible desde el punto
de vista de la coherencia con su trayectoria; en aquel
entonces, digo, grupos como el Popular apoyaron a Izquierda
Unida en la propuesta de que los Picos de Europa fueran
declarados parque nacional. El Partido Socialista entonces
tenía otra posición. Con el tiempo, con los debates, con las
discusiones, con el estudio hemos ido acercando posturas en
este punto y puedo decir que mi Grupo está satisfecho del
resultado final de esta ley, que, repito, no hace más que
mostrar la coherencia que hemos mantenido sustancialmente en
el tema desde que se comenzó, hace años, hasta hoy, en que
esperemos que finalmente termine.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García
Fonseca.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gortazar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías,
asistimos a la toma de posición sobre las enmiendas
presentadas por el Senado, y señalamos que en lo sustancial,
no ha variado la ley del parque nacional de los Picos de
Europa. Sin embargo, lo que es evidente es que el Partido
Socialista ha sido sensible a los argumentos del Partido
Popular y de otros grupos, y nos encontramos con una situación
absolutamente paradójica, que consiste en que el Grupo
Socialista del Senado nos da la razón en la exposición de
motivos, pero mantiene su alianza de izquierda con Izquierda
Unida en el articulado, de tal manera que se crea una
situación absolutamente extraña en la que la exposición de
motivos dice una cosa y el articulado dice otra. Por supuesto,
en estas condiciones nosotros tendremos que votar en contra de
estas enmiendas y hacer una propuesta a nuestros electores.
Vamos a ver cómo ha ocurrido esto.
La exposición de motivos parece que haya pasado por la
asesoría del Grupo Popular en lugar de por la asesoría del
Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, el párrafo
segundo de la exposición de motivos del proyecto original
decía que el Parque Nacional era la única manera de preservar
aquel espacio. La palabra
«única» desaparece de la nueva exposición de motivos. Ahora se
dice que es «más adecuado», «conforme a la Ley», etcétera,
pero desaparece, repito, la palabra «única».
En segundo lugar, la exposición de motivos decía que el Parque
Nacional, «según lo previsto por la Ley 4/89...». Ahora ya no
se dice «según lo previsto», sino «de conformidad», «se han
cumplido las previsiones», etcétera. Porque, efectivamente, la
Ley 4/1989 no determina que algo tenga que ser parque nacional
o parque natural, sino que da la capacidad al Gobierno, a la
mayoría parlamentaria, para proponer una figura u otra. Es
decir, ha desaparecido la expresión «según lo previsto»,
curiosamente.
En tercer lugar, el parque nacional ya no es la figura
necesaria. En dos ocasiones desaparece la palabra «necesaria»
en la exposición de motivos, en el párrafo primero y en el
cuarto. Se utiliza la expresión «es conveniente», «es
adecuada», etcétera.
Por lo demás, hay una aportación muy notable, al hilo del
debate que hemos tenido en esta Cámara y en el Senado, y es
que de pronto aparecen las personas. La nueva exposición de
motivos, después de decir que es un paisaje digno de
protección, dice textualmente, en el párrafo cuarto, que los
Picos de Europa son también gente, aportación insólita. Parece
que ahora el Senado se ha acordado de que la singularidad de
los Picos de Europa consiste en que viven 14.000 personas en
ellos. La nueva redacción de la exposición de motivos dice que
son unos pobladores que a lo largo de siglos han
compatibilizado su vida con la conservación de la naturaleza.
Ya no estamos, como señalaban portavoces del Grupo Socialista
o del Grupo de Izquierda Unida, con unos habitantes agresores,
sino que han compatibilizado adecuadamente su vida con la
conservación de la naturaleza. Leo textualmente: «Unos
pobladores sin los que estas tierras no serían como son». Buen
reconocimiento. Y sigue: «Por eso esta Ley pretende ser algo
más que una norma de conservación, pretende también ser un
referente que asegure el mañana a los moradores de Picos de
Europa». (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Señorías, con esta declaración tan explícita en la exposición
de motivos, la deducción lógica es que la figura adecuada es
la denominaci no la de parque nacional, porque la denominación
de parque nacional está previsto para situaciones museísticas,
aisladas, solamente de flora y fauna y no con 14.000
habitantes. Y ustedes no rectifican en el fondo, rectifican en
la exposición de motivos. Se dan cuenta del dislate jurídico y
político que es esta figura para 14.000 personas. Sean ustedes
coherentes, cambien el fondo, pero no lo han hecho. Y ¿por qué
no lo han cambiado? A esto nos respondió el señor Cuesta
Martínez en el debate que tuvimos aquí hace mes y medio. El
señor Cuesta Martínez argumentó que no podía aceptar el
planteamiento endiablado --yo le decía que esperara al
resultado electoral de los municipios-- por una razón
fundamental, porque no estaba dispuesto a llegar a las
elecciones de mayo a Arenas de Cabrales, a Cangas o al resto
de ayuntamientos que se ven afectados y que los ciudadanos le
recordaran lo siguiente: «Usted ha incumplido el programa
electoral regional en materia de parque nacional en mi zona;
usted está incumpliendo su programa electoral en materia de
protección de espacios naturales y de conservación de la
naturaleza». Es decir, es un motivo de cumplimiento de
programa electoral, no de preservación o de elegir la figura
más adecuada para la preservación de un espacio natural de la
riqueza que tienen los Picos de Europa.
Señorías, vemos que hay un reconocimiento de la equivocación.
Vemos que solamente les mueve un interés de cumplimiento de un
programa electoral. También es desgracia para los habitantes
de los Picos de Europa que lo único que se cumpla del programa
electoral sea este punto, claro que es el más barato y el que
menos afecta a otros aspectos, pero es el que, sin embargo,
afecta más directamente a la vida de los ciudadanos.
En conclusión, la exposición de motivos es una buena
rectificación, y si la discusión fuera solamente en torno a la
exposición de motivos, créanme que habría un acuerdo muy
amplio entre ustedes y nosotros. También debe felicitar a su
asesor parlamentario, porque le podemos contratar
perfectamente por nuestra parte. El problema está en los
artículos, en el fondo de la cuestión, que no varía
sustancialmente, se mantiene en los mismos términos, si bien
hay que reconocer que hay algunos que por insultantes han sido
modificados. Por ejemplo, en el artículo 1.b) desaparece el
concepto «antropológico», que es a lo que se había reducido a
los habitantes de los Picos de Europa. Es decir, en la nueva
redacción no es una cuestión paleontológica ni antropológica,
desaparece la cuestión antropológica.<ð En el artículo 3.1
los municipios pasan de ser «afectados» a ser «implicados», y
también en el título del anexo. Es decir, a los municipios, al
ser afectado se veía que realmente les había caído la china.
De ahora en adelante no son afectados, son municipios que
aportan territorios o que están implicados en este proyecto de
ley. Ha habido una modificación de tono, que es menos
insultante que lo que venía anteriormente.
En el artículo 4 viene una rectificación técnica. Antes se
establecía la estabilidad de los ecosistemas y ahora se habla
de equilibrio, porqu estable, está en permanente movimiento y
se crean nuevos equilibrios. De manera que hay algunas
rectificaciones técnicas.
Sin embargo, hay artículos que podríamos considerar graves en
este proyecto de ley que votamos hoy en esta Cámara. Por
ejemplo, el artículo 9.5 sigue en los mismos términos. Incluso
se incluye una nueva figura que es bastante preocupante. Se
refiere este artículo a
los cinco planes de actuación sobre el territorio, y ahora se
habla, y agradecería al señor Cuesta que me lo aclarara, de
los planes comarcales. Es decir, hay cinco sistemas de planes
que caen a los ciudadanos de los Picos de Europa. Lo repito
porque es realmente impresionante a lo que tienen que
someterse los ciudadanos de los Picos. En el artículo 9 se
recoge el plan de ordenación de los recursos, el plan rector
de uso y gestión, los planes sectoriales, el plan anual de
trabajo, más el plan de desarrollo sostenible, que es la
incorporación planificadora de Izquierda Unida a esta ley.
Pero es que se habla posteriormente, en dicho artículo, del
plan de desarrollo sostenible comarcal. Como hay varias
comarcas, a lo mejor es que estamos ante nuevos planes
comarcales de desarrollo sostenible. Realmente, el panorama
planificador es extraordinario.
Hay artículos que recogen cuestiones graves y que siguen igual
en lo fundamental, como, por ejemplo, el artículo 4.2, en el
cual se congelan preceptos que van en contradicción con el
artículo 130 de la Constitución. El artículo 4.3 dice: «... a
todos los efectos como suelo no urbanizable...». Es decir, se
congela de nuevo. Las modificaciones que se han hecho son
técnicas, no hay ninguna aportación que varíe sustancialmente
y es el artículo que contiene cosas más graves en el proyecto
de ley que estamos Señorías, puestas las cosas así vemos que
estamos ante una ley que, por un lado, nos da la razón en su
exposición de motivos, y, por otro lado, es técnicamente muy
deficiente en sus contenidos. Querría enviar un mensaje de
esperanza a los 14.000 habitantes, a los propietarios, a los
vecinos, a los pastores, a los ganaderos de Picos de Europa, y
decirles que nos comprometemos en el futuro, en una nueva
mayoría parlamentaria, a dos cosas: una, cambios de tipo
administrativo para reforzar la presencia y el protagonismo de
los gobiernos autonómicos y municipales a través de una labor
de consenso, cosa que no han hecho ustedes; tienen en contra,
insisto, a los municipios, tienen en contra dos de los tres
gobiernos regionales. El Partido Popular se compromete
solemnemente con ellos a llegar a puntos de acuerdo y a
modificar convenientemente la ley en esa materia.
Segundo. Particularmente a los vecinos les decimos que
modificaremos los artículos 4.2 y 4.3, que afectan tan
sensiblemente al desarrollo de los municipios de montaña, y
modificaremos el artículo 5.2, que establece el derecho de
tanteo y retracto; ese no se ha movido, siguen siendo
propiedades limitadas, propiedades sometidas a la acción del
Estado por ese derecho de tanteo y retracto que acaba con la
libre disposición de la propiedad privada. Por último,
reduciremos los cinco --no sé si son seis o siete-- planes de
actuación sobre los pobres habitantes de los Picos de Europa,
que menuda la que les va a caer con estos cinco planes más el
de desarrollo sostenible. No sé si son peores los cinco planes
o pasar a depender, a partir de hoy, del «ministro del
fletán», con el f Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gortazar.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías,
finalizamos hoy la tramitación de un proyecto importante. En
primer lugar, quiero decir que es un proyecto que se ha venido
elaborando desde el diálogo, tras largos años de debate
público, político, social e institucional, y también para
evitar algunas descalificaciones, tras un año largo e intenso
de tramitación parlamentaria.
Con este proyecto de protección y conservación de un espacio
natural tan importante como el de los Picos de Europa,
mediante esta figura de superior protección que es el parque
nacional, se da cumplimiento a una reivindicación histórica de
los ciudadanos, de los movimientos ecologistas, tanto de
España como de las comunidades afectadas, Asturias, Castilla-
León y Cantabria; de asociaciones como movimientos de
montañismo y de espeleología; de ayuntamientos tan importantes
como el ayuntamiento de Cangas de Onís, o de comunidades
autónomas tan afectadas como la Comunidad del Principado de
Asturias, por cierto, cuya política de protección
medioambiental y de los espacios naturales protegidos ha sido
unánimemente ponderada y valorada, no sólo en el territorio
español, sino también en el ámbito de las instituciones
europeas.
Se cumple, no sólo esa reivindicación, esos planteamientos,
ese consenso social, sino que también se cumple, en
coherencia, un compromiso de t habíamos planteado los
socialistas españoles. Hace tres años nos comprometimos a
ampliar la red de parques nacionales, incorporando hábitat
todavía no incluidos en ella, tales como los Picos de Europa,
decíamos literalmente. Hoy constatamos ese cumplimiento con
esta aprobación definitiva. Pero no sólo un cumplimiento
partidista, sino el cumplimiento de unos anhelos y de unas
reivindicaciones formuladas desde múltiples colectivos, desde
la propia sociedad, desde las instituciones y desde las
comunidades autónomas.
Quiero también resaltar las aportaciones técnicas que ha
realizado el Senado y expresar el apoyo de mi Grupo a esas
enmiendas que, efectivamente, mejoran la exposición de
motivos, pero no asumiendo tesis que impliquen una falta de
coherencia con el contenido del articulado porque si
analizamos la exposición de motivos de este proyecto de ley,
nos encontramos con que guarda una precisa coherencia, una
intensa conexión con el contenido de su articulado y, sobre
todo, resalta la necesidad del mayor nivel de protección a
través de la figura del parque nacional.
Asimismo, y como cuestión previa, quiero felicitarme y hacer
una manifestación pública de agradecimiento y felici posible
este parque nacional de los Picos de Europa. Algunos de ellos
están presentes hoy en esta Cámara, pero también quiero
extender esta felicitación a la tarea de los pastores y de los
vecinos de la zona que han desarrollado un trabajo de
protección de este espacio.
El 22 de julio de 1918 se promulgó la ley que creaba en España
el primer espacio natural protegido, el Parque Nacional de la
Montaña de Covadonga. Hoy se amplía a los Picos de Europa, y
como se dice en la nueva exposición de motivos, en Covadonga
se fraguó para España el ideal de los parques nacionales. El
Senador Pidal en aquella época impulsó aquella idea. Quiero
recordar de nuevo a SS.SS. aquellas palabras del Senador Pidal
cuando decía: Un castillo, una torre, una muralla, un templo,
un edificio se declara monumento nacional para salvarlo de la
destrucción y ¿por qué un monte excepcionalmente pintoresco
con sus tocas de nieve, sus bosques seculares, su fauna
nacional y sus valles no ha de declararse también parque
nacional y monumento de la naturaleza? Si hay santuarios para
el arte. ¿Por qué no ha de haber santuarios para la
naturaleza?
Aquellas palabras no influyen exclusivamente en este proyecto
de ley, porque aquí no se busca sólo la mera conservación
tanto de los Picos de Europa como de su entorno como si fueran
una mera catedral. Estamos ante un parque peculiar. En su seno
hay núcleos urbanos y con esta ley también se pretende
asegurar el mañana a sus moradores.
Señor Gortazar --siempre lo hemos sostenido-- no hemos
considerado a sus habitantes como marcianos ni hemos ido a un
planteamiento estrictamente conservacionista. Hemos defendido
siempre y repase las tesis de mi grupo parlamentario en todos
los trámites del debate, tanto en el Congreso como en el
Senado, la idea de combinar la protección, la conservación del
medio ambiente con una idea de desarrollo sostenido para una
colectividad y para una zona también necesitada de ello. Por
tanto, estamos instalados y esta ley recoge claramente unas
orientaciones que implican proteger la integridad de los
ecosistemas incluidos en sus límites: protección,
recuperación, fomento de los valores culturales y
antropológicos y promoción del desarrollo social, económico y
cultural sostenible para personas y comunidades. Es decir, se
plantea un equilibrio entre conservación y una apuesta para el
desarrollo del futuro. Se combina protección y desarrollo a
través de un régimen económico y de compensaciones, de un plan
de desarrollo sostenible para las poblaciones del parque y su
área de influencia socioeconómica, de los propios instrumentos
de planifiación y programación del parque que, por afectar a
tres comunidades, son imprescindibles porque garantizan
también la unidad de gestión y cierto equilibrio en la misma.
tiene un nivel mayor de protección. Integramos Picos de Europa
en la red española de parques nacionales. Son tres comunidades
autónomas las afectadas y, como SS.SS. deben saber, el
ambiente es indivisible, los espacios ambientales no coinciden
con las jurisdicciones administrativas clásicas; por tanto
debemos ir a un planteamiento que garantice esa unidad de
gestión.
El modelo alternativo, el modelo que defendía el Partido
Popular es el modelo del guirigay --dicho con todoslos
respetos-- porque las tres comu afectadas ni siquiera tienen
los mismos instrumentos de protección; en Cantabria no se
reconoce jurídicamente el espacio del parque natural que
ustedes en cambio defienden en su alternativa. No hay siquiera
instrumentos ni mecanismos homologados para garantizar por
tanto, un nivel de protección a lo largo del análisis de los
distintos marcos legales. Es un guirigay y, señor Gortazar, en
todo guirigay se plantea lo que dice el refrán: En río
revuelto ganancia de pescadores. Aquí en río revuelto,
ganancia de especuladores y el Partido Popular en esta ley ha
defendido los intereses urbanísticos y especuladores del señor
Hormaechea; ésta es la realidad de la postura que hay detrás
del Partido Popular. (Rumores y protestas en los bancos del
Grupo Popular.)
Garantizamos la unidad de gestión y la coherencia.
Garantizamos también el respeto al marco competencial de
nuestro Estado de las autonomías, a las previsiones del
artículo 149.1.23.ª de nue combinando los mandatos
constitucionales de protección del medio ambiente derivados
del artículo 45 con la protección y acciones específicas para
promover las zonas de montaña del artículo 130 de nuestra
Constitución. Armonizamos, coordinamos, equilibramos,
garantizamos coherencia y garantizamos unidad de gestión.
Garantizamos también participación de las comunidades
autónomas y garantizamos participación de los colectivos.
Analicen ustedes los órganos de gestión del parque nacional,
analicen ustedes la composición basada en las comunidades
autónomas por parte de la Comisión Mixta o la propia
composición del patronato y sus funciones, las iniciativas que
se residencian en la zona para elaborar y enriquecer los
instrumentos de programación y planificación del parque. La
apuesta, por tanto, equilibrada por conservación y por
desarrollo sostenible.
En el tramo final de mi intervención, yo quisiera también
hacer una crítica a la intolerancia, poque en esta ley ha
habido conductas intolerantes absolutamente graves, que no han
sido públicamente desautorizadas por los populares. Pondré un
ejemplo. El otro día, en los medios de comunicación, el
Alcalde del Partido Popular de Cabrales pedía que se declarara
personas «non gratas» en su municipio a los Senadores de
Coalición Canaria por haber apoyado el parque nacional. Es
decir,
el modelo del Partido Popular es cerrar la entrada a los
pueblos, cerrar los pueblos y declarar personas non gratas a
todos aquellos que defiendan tesis desde la discrepancia,
aquellos que defiendan tesis propias. (Rumores y protestas.)
Están ustedes instalados en la intolerancia. (Varios señores
diputados del Grupo Popular: ¡Fuera!--Aplausos en los bancos
del Grupo Socialista.) Repliquen y desau intolerancia y ese
atentado tan grave que ha habido a la democracia cuando se
quiere declarar a los representantes de la soberanía nacional
como personas non gratas en un ayuntamiento. He ahí un ejemplo
de intolerancia que debe erradicarse en el futuro del
comportamiento político.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego concluya.
El señor CUESTA MARTINEZ: Finalizo ya, señor Presidente.
El Parque Nacional de Covadonga, ampliado ahora a Parque
Nacional de los Picos de Europa es de interés para todos, para
las comunidades autónomas, para los municipios, para los
ciudadanos de la zona, para el propio patrimonio mundial,
europeo y español, en la conservación del medio ambiente. Con
esta ley se establece un marco de protección de máxima
relevancia, un reconocimiento internacional a su valor
ecológico, se asegura la coordinación de las políticas
territoriales y la explotación equilibrada de los recursos. La
declaración supone un compromiso, de España y de Europa, con
los habitantes de la zona, un compromiso también de recursos
económicos y de desarrollo, y supone un compromiso que impulsa
la conservación de un espacio y un apoyo para mejorar la
calidad de vida no sólo de los españoles, sino también de los
habitantes de la zona.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Pasamos al debate de las enmiendas del Senado al proyecto de
ley orgánica del Tribunal del Jurado.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente todas y cada una
de las enmiendas que la Cámara Alta ha introducido a este
proyecto de ley orgánica del Tribunal del Jurado. Coalición
Canaria, al hacer esta valoración, quiere dejar constancia
ante esta Cámara, señor Presidente, de que nos sentimos
plenamente satisfechos del alcance de este proyecto de ley
orgánica, así como de las mejoras que introducen las enmiendas
del Senado, fundamentalmente porque ya era hora de que,
pasados tres lustros desde que nuestro texto constitucional
reconociera y diera constancia explícita a la institución del
Tribunal del Jurado, lleguemos por fin hoy al cumplimiento de
este mandato y compromiso constitucional y político. Cuando
hemos conseguido posibilitar la participación activa y directa
de los ciudadanos en la Administración de justicia, quiero
señalar, señor Presidente, que con estas enmiendas, todos los
intervinientes, tanto jueces, magistrados, secretarios de
justicia, todos los funcionarios de la Administración de
justicia, como todos los justiciables y fundamentalmente el
gran protagonista, el ciudadano, el pueblo, que va a tener la
posibilidad de esta participación activa y directa en la
justicia, van a ver confirmada la frase que dijo aquí nuestro
Ministro de Justicia, señor Belloch --que comparte plenamente
en nombre de Coalición Canaria--, y es que, por fin, tenemos
mayoría de edad judicial.
Digo esto porque no han faltado críticas de sectores
profesionales, de ámbito jurídico, que en sus conceptos,
incluso doctrinales y bien fundamentados y de respeto, tenían
reticencias sobre la restauración del jurado en España. Y digo
restauración porque enmiendas como éstas, que vienen del
Senado, han perfeccionado y han puesto de manifiesto un
respeto democrático. Porque con la figura similar al jurado,
ya cuando en el siglo pasado el Rey Fernando VII hace
abolición de las garantías constitucionales, cuando la
dictadura de Primo de Rivera hace acto similar, y cuando el 8
de septiembre de 1936 la Junta de Defensa Nacional hace
también abolición de lo que habían reconocido el Parlamento y
la Constitución republicana, todo eso es rectificar un derecho
democrático.
De las enmiendas del Senado quiero destacar, señor Presidente,
en primer lugar, la dirigida al artículo 1.º, que nos parece
muy ilustrativa, cuando de todas las figuras que sean
competencia del tribunal del jurado ha hecho una reordenación
de las mismas. Atenernos al léxico y al contenido del Código
Penal, y sustituir delitos contra la vida humana por delitos
contra las personas; significar, dentro del amplio campo del
medio ambiente, que podía a veces superar conocimientos
técnicos de los miembros del jurado, el tan motivado delito de
incendios. Asimismo, en los delitos contra la libertad y la
seguridad, que engloban tres apartados --que el texto que, en
su momento, salió de esta Cámara, consignaba-- entendemos que
la enmienda del Senado, al agruparlos como delitos contra la
seguridad, mejora sensiblemente. Esto queríamos destacarlo
fundamentalmente.
Terminando, señor Presidente, junto a éstas que he señalado en
el artículo 1.º y fuera de las que son de mayor contenido de
perfeccionamiento gramatical, técnico u ordenancista, queremos
de especial, entre las enmiendas que también merecen nuestra
aprobación y nuestro apoyo, aquélla dirigida a la redacción de
la discapacidad que imposibilita para ser jurado. Esta
garantía había que mantenerla en
un texto que queremos funcione y perdure. También la enmienda
que da conformación actual a la apelación, en la forma en que
queda regulada en el nuevo texto que nos remite el Senado, que
perfecciona algunas sombras y solapamientos que incluso podían
haber entrado en inseguridad jurídica para el funcionamiento
normativo de la institución del jurado, cuando en estas
enmiendas se introduce el recurso de apelación, por supuesto
«sui generis», que imposibilitará revisar el veredicto del
jurado en el sentido estricto --en este recurso de apelación--
, en tanto e infracciones procesales en el mismo, infracciones
que en garantía del procesado se puedan también establecer, y
el posible fundamento de dicho recurso, destacando las
garantías que al procesado o justiciable le tiene que amparar
nuestro Derecho constitucional.
Por tanto, señor Presidente, termino recomendando que al poner
en marcha la institución del jurado esté no sólo presidida por
los principios constitucionales de legalidad y de Derecho
generales sino que también se ampare en el ejercicio de la
prudencia, para que esta nueva institución no entre a
funcionar de la noche al día sino con el ejercicio pausado y
prudente con que también la justicia ha funcionado en la
filosofía del Derecho, y con lo que sería la prudencia del
Derecho, para que, con los análisis en profundidad que se
realicen, la institución del jurado merezca el apoyo
democrático de todos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, en un
ambiente no demasiado solemne se agota o culmina el «iter»
legis importantes que se van a aprobar en esta legislatura,
una ley esencial para avanzar en el ámbito de la
democratización de la justicia, cuestión no baladí, para
posibilitar el cumplimiento eficiente y efectivo de diversos
mandatos constitucionales, no sólo el específicamente atinente
al jurado, contenido en el artículo 125 de la Constitución,
sino otros, como los consagrados por los artículos 23 y 24. El
23 consagra la posibilidad y el derecho de los ciudadanos a
participar en los asuntos públicos; y el 24 consagra otro de
importante en el ámbito de la justicia, cual es el derecho a
una tutela efectiva para todos los ciudadanos, de carácter
universal, por parte de los jueces y tribunales.
Damos por concluido este «iter» parlamentario en un contexto
en el cual, desde la perspectiva de nuestro grupo
parlamentario, prácticamente no podemos decir más que cosas
positivas, valoraciones apologéticas del contenido material de
este proyecto de ley. Tan es así, que nuestro grupo de
senadores, en un gesto de una simbología política inequívoca,
ha retirado todas las enmiendas presentadas por el mismo a
este proyecto de ley. No hemos retirado nuestras reservas
mentales, ni nuestras renuencias jurídicas a algunos de los
contenidos puntuales específicos de lo que se regula en este
importante proyecto de ley, pero es que nuestro grupo
parlamentario es muy projuradista; nuestra voluntad
projuradista la hemos manifestado en diversas legislaturas
mediante la proposición de múltiples iniciativas
parlamentarias para conseguir la implantación efectiva del
jurado y avanzar con ello en la eficiencia y en la
democratización de la Justicia, y sólo por esta razón nuestro
grupo de senadores retiró todas las enmiendas presentadas en
el Senado a este proyecto de ley. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) No obstante, nuestra
adhesión, como ya he dicho, tampoco es incondicional;
mantenemos reservas, algunas de ellas importantes, si bien
ninguna respecto a las modificaciones de naturaleza procesal
no sustantiva. Nos parecen muy buenas las modificaciones
realizadas en la ley de Enjuiciamiento Criminal (aunque cuando
se presente la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta
Cámara, esperemos que en corto plazo, nos obligará a
reproducir algunos de estos debates); nos parece muy buena la
nueva configuración de los recursos de apelación, de los
recursos de súplica, del recurso de casación en lo atinente a
las reformas que el jurado impone necesaria y estructuralmente
en nuestras leyes procesales; nos parece muy buena, porque se
ha conseguido gracias a enmiendas de nuestro grupo
parlamentario, la nueva configuración del recurso de queja
para aquellos magistrados que precisamente no quieren hacer
uso de estos especiales recursos o procedimientos que se
instauran «ex novo» en este proyecto de ley; nos parecen
buenas las reformas relativas a la Ley Orgánica del Poder
Judicial; nos parece buena la potenciación de la figura del
Fiscal, potenciando con ello el principio acusatorio en la
fase de instrucción de los procedimientos.
Pero tenemos algunas renuncias de calibre, señor Presidente,
que también nos gustaría destacar, aunque pretendemos que ello
no empañe nuestras positivas, casi incondicionalmente
positivas, de este importante proyecto de ley. La reserva más
grave que mantiene mi grupo parlamentario es la relativa al
objeto del veredicto, a las competencias del jurado. Nos da la
impresión que a un jurado lego, que no está constituido nunca
por profesionales del Derecho puesto que hay una
incompatibilidad expresa que consigna el artículo 10 de este
proyecto de ley, se atribuyen funciones de determinación no
sólo de los hechos, como dice la exposición de motivos,
lexicológicamente en confusa expresión, en su proteica
accidentalidad. Ya nos hubiera gustado que el ministro hubiese
hecho una exposición filológica o de contenido conceptual de
qué significa esto realmente, aunque luego ya lo precisa más
el artículo
3.º y otras menciones de la exposición de motivos, cuando dice
--y esto nos parece parece bien-- que la consideración de los
hechos que debe acometer el jurado no es una consideración
reduccionista o naturalista de la concurrencia fáctica de los
hechos, sino que es una consideración de los hechos
inescindible de las consecuencias jurídicas que esos hechos
llevan aparejadas. No nos parece ésta una buena función para
un jurado lego, para un jurado que no está constituido por
profesionales del Derecho, al que se obliga «ex lege», por
mandato de ley, a determinaciones no sólo de los hechos en su
concurrencia fáctica o, si se quiere, en su proteica
accidentalidad, sino también desde la perspectiva jurídica de
esos hechos, exigiéndoles predeterminaciones de problemas
difíciles de dogmática penal, cuestiones de antijuridicidad y
cuestiones de culpabilidad, obligándoles a determinaciones
como la de la concurrencia o no del error, si el error es
vencible o no vencible, el grado de participación, la
concurrencia en algunos casos de circunstancias atenuantes o
no, el grado de participación, etcétera.
Nuestras tesis no han prosperado --en nuestra opinión,
desgraciadamente-- y en este momento el objeto del veredicto
no es un objeto que consista en declarar o no probado el hecho
justiciable que, en nuestra opinión, era el objeto del
veredicto correcto, pero, repito, nuestra tesis no ha
prosperado y nosotros entendemos que se atribuyen a este
jurado competencias desorbitadas. No obstante, mantenemos
nuestra esperanza --lo digo con el mismo énfasis-- de que sea
muy eficiente la institución, que la institución del jurado se
consolide y que la institución del jurado contribuya también a
una eficiente democratización de la Justicia.
Hay algunas otras cuestiones que también generan renuencias a
mi grupo parlamentario, de carácter más específico, quizás de
carácter más técnico-jurídico y de menos connotaciones
políticas, que serían las siguientes. Seguimos sin entender y
el señor ministro tampoco nos lo ha explicado en las
múltiples, en las cuatro presentaciones que ha hecho de este
proyecto de ley, por qué, por ejemplo, en materia de delitos
conexos se hace una excepción de la regla general de que el
jurado también entiende de delitos conexos, cuando el delito
principal es el de prevaricación; es decir, no sabemos todavía
por qué el jurado no es competente para entender de los
delitos conexos en relación a un delito principal de
prevaricación. El delito de prevaricación, en su configuración
jurídica, en su tipo penal, no es más complejo, no tiene una
estructura jurídica más compleja que otros tipos penales
respecto a los cuales sí se atribuye al jurado la competencia
para entender de los delitos conexos.
Seguimos sin entender --tampoco nos lo ha explicado el
ministro, y esto nos parece particularmente grave-- que si el
magistrado-presidente devuelve por tres veces al jurado el
acta, por defectos subsanables que el jurado continúa, no
quiere o los jurados no quieren subsanar, por qué la
consecuencia jurídica de esta triple devolución del acta por
el magistrado-presidente al jurado no lleva aparejada como
consecuencia jurídica la absolución y sí, sin embargo (esto
nos parece muy grave y entendemos que puede tener problemas,
incluso, de constitucionalidad), se obliga a rehacer el jurado
y a realizar una nueva apertura del juicio oral. Seguimos sin
comprender por qué a aquellos procesados respecto a los que se
ha autorizado apertura de juicio oral se les impide e
incapacita para ser jurado. En esta Cámara hemos comentado en
múltiples ocasiones, y en relación con hechos que han sido muy
conocidos, muy polémicos en esta legislatura, que a un
procesado, que a una persona por el mero hecho de que en
relación a la misma se haya autorizado apertura de juicio
oral, no se le puede privar de ningún derecho constitucional y
también es un derecho constitucional su condición de jurado,
ser jurado. Seguimos sin comprender también por qué a un
acusado, a una persona respecto a la que se ha autorizado la
apertura de juicio oral, se le sigue incapacitando para ser
jurado.
En definitiva, son algunas renuencias que no nos impiden
hacer, como decía, una valoración positiva. Hemos hecho un
gran avance, hemos acometi avance, todos los grupos
parlamentarios lo hemos hecho, primero el Ministro, al que hay
que felicitar porque tras 16 años se ha tenido coraje político
suficiente para elaborar un proyecto de ley importante,
innovador, que va a presentar dificultades estructurales en el
seno de la justicia, pero lo que es más importante, va a
contribuir a su democratización y a mejorar su eficiencia con
el tiempo, con su consolidación. Hay que felicitarle, pero hay
que felicitar también a todos los grupos parlamentarios porque
todos ellos, sin ningunaexcepción, han hecho aportaciones
pertinentes, aportaciones muy relevantes jurídicamente y en
este momento estamos en condiciones de cifrar grandes
esperanzas en esta institución en el triple ámbito que he
comentado. Triple ámbito que deriva de los tres mandatos
constitucionales que justifican su propia existencia: una
mayor tutela de los jueces y tribunales para todos los
ciudadanos del Estado español, una mayor democratización del
Poder Judicial, de la justicia, y el cumplimiento específico
del artículo 125. ¡Por fin vamos a tener jurado! Bienvenido
sea.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Alemany.
La señora ALEMANY I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) intervengo para m una vez más, nuestro
voto favorable a este proyecto de ley. Es verdad que pocas
cosas van a decirse hoy, referente a este proyecto de ley
orgánica del Tribunal del Jurado, que no hayan sido dichas a
lo largo del proceso de debate del mismo. Se ha recordado
insistentemente que la elaboración, la aprobación de este
proyecto de ley del Tribunal del Jurado responde a un mandato
constitucional que ha tardado casi 17 años en hacerse
efectivo. Hoy, esta Cámara, va a dar cumplimiento a dicho
mandato y este hecho debería ser motivo de satisfacción para
todos y cada uno de nosotros porque, como muy bien ha dicho un
prestigioso profesor de Derecho, todo buen demócrata debe
aplaudir que la Constitución se cumpla íntegramente, pues el
primer gesto democrático consiste en respetar la norma
fundamental como regla esencial de convivencia.
El jurado ha existido siempre en España en los períodos de
democracia, en los períodos de libertad. La democracia ha de
procurar la articulación de los instrumentos que permitan la
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. El
jurado precisamente, señorías, es uno de estos instrumentos,
un instrumento decisivo, un instrumento para la
democratización y el acercamiento de la Administración de
justicia a los ciudadanos.
La instauración del jurado supone un paso más en la
consolidación del sistema democrático. Es preciso hacer un
esfuerzo para que esta institución no fracase. Hay que
aprender de la historia para seguir avanzando en la
reafirmación de un sistema democrático sólido y moderno. Hay
que avanzar también de manera eficaz, y para ello, la
prudencia es imprescindible. Como muy bien dice la exposición
de motivos del proyectode ley, una elemental prudencia ac en
el proceso de instauración de la institución. El Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se ha manifestado
partidario de esta graduación. Hemos dicho en otras ocasiones
que estábamos por una ley del jurado moderna, ambiciosa en sus
objetivos, y mesurada en su puesta en práctica. Los procesos
de modernización son como una larga escalera en la que hay que
avanzar peldaño a peldaño, y la ley que hoy aprobamos es uno
de estos peldaños básicos y fundamentales, pero, sin duda
alguna, no agota el camino; habrá que dar otros pasos, habrá
que continuar con acciones concretas, con acciones precisas y
con acciones también parciales, para conseguir un resultado
global: la modernización de nuestras instituciones y de
nuestro sistema político.
La ley del jurado deja abierto este camino, lo deja abierto de
manera explícita cuando en la exposición de motivos se hace
referencia a que el legislador en el futuro, a la vista de la
experiencia, valorará la ampliación progresiva de los delitos
que han de ser objeto de enjuiciamiento. A lo largo del debate
parlamentario se ha producido el enriquecimiento y una mayor
concreción del proyecto inicial. Consideramos que entre todos
hemos hecho un buen trabajo y debemos alegrarnos de haber
conseguido, finalmente, dar cumplimiento al mandato
constitucional.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
coherentemente con nuestro programa político electoral, votará
favorablemente este proyecto de Ley orgánica del Tribunal del
Jurado; lo votaremos porque consideramos que un sistema
democrático ha de ser capaz de poner en práctica de manera
eficaz una institución en la Administración de justicia con el
carácter participativo que tiene el jurado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Alemany.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro
grupo parlamentario va a apoyar, va a votar favorablemente el
dictamen día votó favorablemente al conjunto de este
importantísimo proyecto de ley del jurado. Efectivamente, como
decía el señor Olabarría, aunque no en un ambiente de excesiva
solemnidad, se va a aprobar una ley importantísima para lo que
él también acertadamente llamaba democratización de la
justicia y desarrollo de un precepto de la Constitución que
estaba incumplido por omisión: el que prevé la existencia del
jurado. Por tanto, se va a cumplir un objetivo de este
precepto incumplido por omisión, y es que los ciudadanos
participen en la Administración de justicia directamente y,
por tanto, que los valores sociales también de esa forma
entren en el conjunto de la Administración de justicia.
El Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya se ha comprometido desde un principio con este
proyecto de ley para que saliese lo mejor posible del
Parlamento y ha contribuido, como los demás grupos
parlamentarios, a mejorarlo técnicamente. Quiero recordar aquí
el debate que hubo sobre la necesidad de que el jurado trate
sobre el hecho delictivo y no sobre el delito --importante
debate que creo que se solucionó adecuadamente--, o sobre el
jurado. Sobre todo, quisiera destacar en este momento la
transformación jurídico-política que tiene que realizarse como
consecuencia de la aprobación de este proyecto de ley. El
jurado tiene que ser un catalizador de esa gran transformación
procesal de entidad profundamente política, sin duda, que
tiene, por tanto, sin ser rimbombante, proporciones realmente
históricas, y es el paso a un proceso acusatorio abandonando
todo resquicio, todo residuo de inquisitoriedad que pueda
haber en estos momentos en nuestro viejo proceso penal.
Efectivamente, el jurado ya es claramente incompatible con un
procedimiento inquisitivo. Ante el jurado, en el que
participan personas que no conocen nada de leyes, pero sí de
las cosas de la vida, hay que presentar todo lo que ha
sucedido, en términos accesibles, sin la jerga cerrada y
oscurantista que predomina en los procedimientos en estos
momentos en nuestro país y, por tanto, hay que hacer
transparente todo el proceso penal. Lo que propusimos desde un
principio y al final se ha terminado por aceptar es que esta
filosofía abierta, transparente del proceso penal tiene que
trasladarse a todos los procedimientos, no sólo a aquellos que
sean objeto de decisión del jurado. Por eso, quiero destacar
una disposición final cuarta, que se ha aprobado por el
Congreso y por el Senado, en la que se emplaza al Gobierno
para que envíe a estas Cortes Generales «un proyecto de ley de
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
generalizando los criterios procesales instaurados en esta
ley» --criter acusatorios-- «y en el que se establezca» --sigo
leyendo-- «un procedimiento fundado en los principios
acusatorio y de contradicción entre las partes, previstos en
la Constitución, simplificando asimismo el proceso de
investigación para evitar su prolongación excesiva». Asimismo,
y quiero destacar también la segunda parte de esta
disposición, en el plazo de un año, se tendrán que adoptar
medidas legales necesarias --el Gobierno tiene que enviarlas a
las Cortes, y esto vinculará a este o a cualquier Gobierno--
para que se adapte a ese procedimiento el estatuto y funciones
del Ministerio Fiscal y se habilitarán por las Cortes
Generales y el Gobierno los medios materiales técnicos y
humanos necesarios. Por tanto, la reforma procesal, la reforma
del Ministerio Fiscal, en el sentido claramente de una mayor
independencia y autonomía respecto del Gobierno, un Ministerio
Fiscal con más medios, representante del interés público, con
autonomía para poder impulsar el procedimiento, es una
obligación que surge en este momento de la aprobación de este
proyecto de ley por las Cortes Generales.
Junto a esta transformación jurídico-política de gran
trascendencia, quiero señalar que, a nuestro juicio, la
aprobación del jurado va a producir, tiene que producir dos
cambios trascendentales de los que está necesitado todo
nuestro sistema judicial: un cambio en la cultura judicial, en
la cultura de los jueces, y un cambio en la propia actitud
social hacia la justicia. Un cambio en la cultura judicial,
pasando de un juez distante, en algunas ocasiones autoritario,
de un juez distanciado, separado por unos procedimientos a
veces incomprensibles, a un juez mucho más cercano al
conflicto y, por tanto, que deje de ser juez del litigio para
convertirse en un juez del conflicto. Ya ha habido un
importante anticipo procesal en este proyecto de ley; a
iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya se ha acabado con un privilegio
procesal antiquísimo, el pr fuero procesal de los jueces que
acaba con este proyecto de ley, aunque hay que señalar que aún
queda un antejuicio en el campo de la justicia procesal, de la
justicia militar, antejuicio que, por supuesto, también tendrá
que ser objeto de una derogación próximamente. Esto significa
que acaba un privilegio procesal. Nuestro Grupo está a favor
de la terminación de todos los privilegios procesales, también
de los Diputados y Senadores, también de los privilegios
procesales de miembros del Gobierno; estamos en un momento en
el que hay que llevar a sus últimas consecuencias del
principio de igualdad ante la ley. El hecho de que haya
acabado el privilegio procesal de los jueces es un primer
escalón y es un elemento, sin duda, que también contribuirá a
ese cambio en la cultura judicial que sin duda va a aportar
esta nueva institución del jurado en la democracia española.
También habrá un cambio en la actitud de la sociedad respecto
de la justicia. En los últimos días me he encontrado con
personas que, ante la inminencia de la aprobación de la ley
del jurado, suelen decirme: «A mí me parece muy bien el
jurado, pero a mí que no me llamen para hacer de jurado». Por
muchas razones hay un cierto recelo, una cierta preocupación
por la participación en la Administración de justicia. Me
parece que la aprobación del jurado tiene que ayudar a disipar
ese recelo que tienen muchos ciudadanos, a veces con mucha
razón, en cuanto a su participación en la Administración de
justicia. Por tanto, me parece que la aprobación de esta ley
va a ayudar a u de la ciudadanía con la justicia, que va a
exigir a los poderes públicos, a su vez, hacer honor a ese
compromiso de corresponder con más medios, de corresponder con
una reforma profunda de una anquilosada, de una muy
ineficiente Administración de justicia como la que todavía se
sigue sufriendo en España. Por eso, a partir de ahora empieza
realmente lo difícil, empieza el momento de aportar medios
para que funcione el jurado realmente, empieza el momento de
hacer accesible en la práctica el jurado para los ciudadanos y
el momento de encarar con audacia y con resolución esa reforma
procesal que augura la aprobación de esta ley. Por tanto, esta
incógnita que todavía es el jurado tiene que ser seguida de
una realidad fértil para la Administración de justicia y la
democratización de la misma.
Nosotros hemos creído siempre en el jurado. Creemos que va a
ser positivo. No tenemos dudas sobre lo positiva que va a ser
la aplicación de esta institución; positiva para la sociedad y
para la justicia española, y elemento, sin duda, de
revitalización. El Gobierno y esta Cámara tendrán siempre
nuestra colaboración para que ello sea así, para que esta ley
se constituya en un pilar importante de democracia y de
reforma progresista de la Administración de justicia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, con este acto parlamentario
culmina la tramitación del segundo proyecto relativo a la
justicia de la etapa del Ministro Belloch en el Gobierno de
Felipe Gon hay que decirlo y no vamos a ser enfáticos en ese
punto-- celebra, desde luego, que se cumplimente así una
asignatura pendiente del desarrollo de la Constitución. Pero
tampoco quiere que al socaire del cumplimiento, que debe ser
celebrado, de esa cuestión pendiente en el desarrollo del
texto constitucional se intenten enmascarar deficiencias en la
gestión política y en la gestión legislativa del Gobierno en
estos dos años que llevamos de la quinta legislatura
constitucional.
Se podrán hacer todas las afirmaciones que se estimen
oportunas en relación con el jurado, pero esta figura, señoras
y señores Diputados, no va a operar ninguna acción de
naturaleza taumatúrgica sobre la Administración de justicia,
que en España va a seguir con todas las carencias, con todas
las insuficiencias y con todos los fallos que se vienen
poniendo de manifiesto y que sin duda la sociedad española ha
percibido con claridad, como ha percibido con claridad que el
proyecto socialista está también agotado en el ámbito de la
justicia y está fracasado en el intento de articular una
respuesta política y legislativa a la justicia próxima al
final de este segundo milenio, a la justicia que la sociedad
española necesita en estos momentos.
Esperemos también que este proyecto, que desde el punto de
vista técnico nosotros hemos dicho que no era de nuestro
agrado, no tenga mayores percances. Hemos hecho lo que ha
estado en nuestra mano para mejorarlo y perfeccionarlo, pero,
repetimos, entendemos que es un proyecto técnicamente
deficiente. Esperemos que no demasiado pronto ponga de relieve
esas deficiencias, como, por ejemplo, ya ha sucedido con la
reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en
cuyo debate dijimos con insistencia que la solución del juez
de apoyo era una solución fracasada, una solución
jurídicamente dudosa, que, en definitiva, en nada iba a
propiciar la mejora del funcionamiento de nuestros tribunales.
Les basta comprobar cómo hace unos días el Consejo General del
Poder Judicial ha tenido un complicadísimo debate para,
interpretando esa ley, decidir en qué condiciones podía un
determinado magistrado seguir apoyando, y con qué competencia,
el ejercicio de la jurisdicción de un juzgado central de la
Audiencia Nacional.
Nosotros les habíamos dicho, señores de la mayoría que apoya
al Gobierno, que estábamos dispuestos, naturalmente, al
acuerdo y al compromiso y que nuestra voluntad era apoyar el
proyecto de ley del jurado. Queremos que quede claro que
nosotros tenemos la voluntad de apoyar este proyecto de le
apoyamos en la forma, con el alcance y el sentido con los que
he manifestado previamente que celebrábamos su incorporación a
nuestro ordenamiento jurídico. Naturalmente, por mucho que sea
nuestro deseo corresponsabilizarnos en este desarrollo de la
Constitución Española, a lo que no estamos dispuestos es a
apoyar gazapos incorporados a este texto legislativo que nada
tienen que ver con él.
Dijimos y decimos, por tanto, que nosotros no nos hacemos
corresponsables de esa disparatada reforma del régimen de la
prisión provisional, que, naturalmente, ustedes se han
empeñado en mantener en el texto y nosotros, naturalmente
también, nos mantenemos en nuestro criterio de no hacernos
corresponsables con esa reforma. Tampoco nos hacemos
corresponsables de la supresión, en los términos en que se
hace, del antejuicio para proceder contra jueces y
magistrados, vieja institución, naturalmente necesitada de una
reforma, pero tampoco de esa forma precipitada, poco armónica,
poco orgánica y poco razonable con la que se lleva a cabo en
este proyecto. Al otrosí que el Senado introduce al trasladar
la supresión de esa institución, haciendo que deje de ser una
disposición adicional para ser una disposición final, otro no
de nuestro Grupo, razón por la cual votaremos en contra de esa
enmienda concreta del Senado.
Votaremos también en contra de una enmienda del Senado que se
refiere concretamente al artículo 3.4. Este apartado se
introdujo en el proyecto por una enmienda del Grupo Popular
que tenía una filosofía concreta, que recogía una preocupación
que siempre existe en relación con la actuación independiente
de los jurados y que tenía la intención de proporcionarles la
misma cobertura de auxilio y asistencia que tienen los jueces
y magistrados en el desempeño independiente de sus funciones
de juzgar. Ya en el Congreso esa enmienda nuestra fue
adulterada --es la forma en que siempre acogen ustedes, sobre
todo la mayoría que apoya al Gobierno, nuestras enmiendas-- y
realmente perdió un poco el sentido finalista y propiamente
útil que tenía, desplazando la posibilidad de acudir no al
Consejo General del Poder judicial, como proponíamos en
nuestra enmienda original, sino a las salas de gobierno de los
tribunales superiores de justicia, que, por cierto, fue
invocada por el hoy ponente del Grupo Socialista en una
tertulia de televisión como cosa que realmente garantizaba la
tranquilidad de los ciudadanos sobre la posibilidad de que los
jurados pudieran ser inquietados, influidos por personas
ajenas al jurado, que naturalmente pudieran influir en sus
decisiones o condicionarlas. Pero lo que ya nos parece que
carece absolutamente de sentido es trasladarlo a quien ya
tiene la obligación --está en el tribunal-- que es el
magistrado-presidente,
de tal suerte que esa enmienda se ha ido devaluando y ha
llegado a la nada. Por lo tanto, nosotros preferimos, aunque
no lo considerábamos muy acertado, el texto que salió del
Congreso de los Diputados y, en consecuencia, votaremos en
contra de esta enmienda.
También votaremos en contra de una enmienda que introduce en
el auto de hechos justiciables un nuevo apartado, que se
refiere a la determinación de los delitos que los hechos
constituyan, no por otra razón que por su deficiente técnica
de redacción, que parece que podría suponer una
predeterminación en la calificación, puesto que no dice, como
debería decir, que es a los efectos de esa determinación de la
competencia del jurado u otros parecidos. Nos parece que se ha
incorporado con una falta de técnica notable, y por esas
razones estrictamente técnicas nos opondremos a ese nuevo
apartado c) del artículo 37 del proyecto de ley del jurado.
Quisiera terminar, señoras y señores Diputados, diciendo que
queremos que quede clara ante la sociedad española nuestra
satisfacción por la aprobación de este proyecto. Queremos que
quede también claro que la falta de capacidad de acuerdo de la
mayoría que apoya el Gobierno y del Gobierno hacen que no
podamos tampoco en la votación del conjunto apoyar el texto,
porque --lo volvemos a decir-- nosotros no nos hacemos
responsables ni copartícipes de la introducción en el
ordenamiento jurídico de esos gazapos procesales que el propio
Ministro en la contestación a una pregunta parlamentaria que
yo le hacía hace algún tiempo me decía que tenían que
residenciarse desde el punto de vista legislativo en una
reforma orgánica y naturalmente propia de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Y quisiera terminar, finalmente, exhortando a los magistrados,
a los miembros de carrera judicial, en cuyas manos está el
éxito o el fracaso de esta institución, a que tengan toda la
sensibilidad en la aplicación de esta ley. Se nos ha criticado
por algunos nuestra sintonía, en este y en otros ámbitos, con
la mayoría de los profesionales, en este caso con la mayoría
de la magistratura, en la perspectiva, en la valoración, en la
interpretación de muchos de los objetivos de las reformas
judiciales. Nosotros, señoras y señores Diputados, preferimos
estar con la seguridad solvente de quienes se dedican
profesionalmente al ejercicio de funciones públicas, al
ejercicio incluso en estos casos de un poder como es la
jurisdicción del Estado, a las alegrías enfáticas con las que
muchos se permiten, sin conocer de nada, hablar de todo.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Padilla.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Valls.El
señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, cuatro de los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la
verdad, he de decirlo, me han puesto muy difícil mi
intervención. Es difícil poner más énfasis en los adjetivos
que se dedican a este proyecto de ley --espero que dentro de
unos minutos ley-- con respecto a su importancia y a la
actualidad que tiene. Consciente de esta dificultad y sin
temer quedarme atrás de ellos, lo cual no me importaría en
absoluto, sí quiero llamar la atención de SS.SS. y de todos
los ciudadanos sobre que hoy vamos a aprobar un proyecto de
ley importantísimo. Se ha dicho que es la ley más importante
de esta legislatura hasta ahora. Yo no sé medir la
importancia, pero sí sé que es de una vital importancia,
porque para nosotros, más que un proyecto de ley que contiene
aspectos procesales, que apoyamos, es un proyecto de ley de
profundización democrática. Es la ley que no sólo viene a
desarrollar el artículo 125 de la Constitución, sino que va a
poner en práctica de una manera real y efectiva el artículo 23
y el artículo 9.2 en materia de la Administración de justicia.
Todo esto es así, señorías, como no pueden ustedes por menos
de comprender, porque la institución del jurado, como se ha
dicho, es una institución tan directa de la soberanía popular
como el propio sufragio universal. No en vano, cuando los
colonos americanos empezaron sus reivindicaciones con la
colonia, de los puntos que invocaron los tres primeros fueron
el de libertad religiosa, el de poder votar o consentir el
impuesto y el de poder ser juzgados por sus conciudadanos
mediante la institución del jur como se ha repetido ya en esta
Cámara, ha ido indisolublemente unida a tiempos de libertad,
lo cual no quiere decir que donde no haya jurado no pueda
existir libertad. En lo que sí quiero incidir es en que donde
no hay libertad, no puede existir el jurado. Y, como se ha
puesto de manifiesto antes --creo recordar que por el señor
Mardones--, botón de muestra ilustrativo puede ser el Decreto
de septiembre de 1936.
Ha sido un proyecto de ley --y me alegro de que lo haya dicho
la mayoría de los portavoces-- en el que hemos mantenido un
amplio consenso, un amplio diálogo, cediendo, compartiendo con
todos aquellos que han querido ceder y compartir. Porque si el
acuerdo es acercamiento, si el acuerdo es cesión, eso,
afortunadamente, señorías, lo hemos mantenido con seis de los
siete grupos de la Cámara. No lo hemos podido tener con quien
no ha querido, con quien ha tildado este proyecto, después de
la cantidad de enmiendas que se han aceptado en el Senado,
como del jurado partidario. Afortunadamente otros portavoces
ya han demostrado la falsedad de esta afirmación.
Votaremos a favor de todas las enmiendas del Senado, y
aprovecho para decir al señor portavoz del Grupo Popular que
había una sobre la que efectivamente a mí me gustaba más la
fórmula del Congreso, pero es que
yo no soy dogmático, es que yo comprendo que en un proyecto mi
opinión también tenga que ceder ante la de los Senadores. ¿No
dicen ustedes que no cedemos? Si viene del Senado una enmienda
que comparte la mayoría de los Senadores, y han dicho otros
portavoces que es mejor que la que yo propuse aquí, ¿por qué
no puede yo ahora votar en contra de lo que yo propuse aquí y
mantener el consenso y mantener la mayoría? ¡Si es que se
contradicen ustedes! ¡Si es que una Senadora de su Grupo ha
llegado a llamar a este proyecto el «jurado cañí»! ¿Puede
haber expresión más despectiva? Este jurado es el que se dan
democráticamente las Cortes democráticas de este país y lo
apoyan seis de siete grupos y dependerá de muchos factores que
salga adelante, pero como no sale adelante bien es con
pesimismo y con cicatería.
Se ha criticado de este proyecto el número de competencias. Es
verdad que algunos grupos han abogado por que tuviese
competencias en algunos casos más. Desde el punto de vista del
Grupo Parlamentario Socialista hemos querido ser prudentes,
hemos querido ir, como ha dicho otra portavoz, la señora
Alemany, peldaño a peldaño. No nos importa que dentro de dos
años, cuando funcione bien, se amplíe. Lo que no queremos es
echar una carga gravísima en el principio de la institución, y
de acuerdo con nosotros está el Consejo General del Poder
Judicial.
El bien jurídico protegido que nosotros queremos defender hoy
sobre todo es precisamente la institución del jurado. Se ha
querido hacer este jurado optativo, jurado a la carta. Pues
bien, repito una vez más, creemos que el titular del derecho
protegido en el artículo 125 de la Constitución no es el reo,
no es el encausado; es precisamente el ciudadano. En este
mismo sentido el Consejo General del Poder Judicial mantiene
en su informe: esta modalidad resultaría de dudosa eficacia.
Hemos hablado de los aspectos procesales que para mí --lo
digo-- no es lo más importante, pero es verdad que enmienda a
la disposición final cuarta es fruto de una transacción con el
Grupo de Izquierda Unida; luego no es un proyecto del Gobierno
ni del Grupo Parlamentario Socialista: es una iniciativa de
Izquierda Unida que el Grupo Parlamentario hace suya. Eso es
ceder y compartir y nos parece muy bien que dentro de un año
el Gobierno cumpla su compromiso de enviar una nueva ley
procesal criminal con los criterios que informan esto. No
solamente nos parece bien a nosotros sino que tratadistas ya
han escrito que parece acertado empezar la reforma del proceso
penal por la institución del jurado, porque así otorgamos
primacía al juicio oral y se refuerza el compromiso y el
protagonismo de las partes.
Ha habido recelos, y los sigue habiendo, pero nosotros vemos
con buenos ojos esta acentuación del principio acusatorio, del
principio de orali inmediatez. Hay recelos fundamentalmente en
aquellos que en público reivindican el jurado, pero en privado
lo desprecian. Unicamente lo defienden en público para no
oponerse a un artículo de la Constitución.
Igualmente queremos destacar, en el poco espacio tiempo del
que disponemos hoy, la figura del magistrado-presidente y del
fiscal. No es menos cierto que los dos van a tener un gran
protagonismo. El magistrado-presidente como garante de todos
los derechos del encausado y de todos los que participen y el
fiscal teniendo un protagonismo superior del que tiene hasta
ahora.
Hemos querido adoptar una postura flexible con respecto a los
jurados haciendo un capítulo de excusas generoso y un capítulo
de garantías --creemos-- importante. También nuestro Grupo con
una enmienda quiso ampliar el número de siete jurados a nueve
por considerarlo de mayor pluralidad a la hora de la discusión
e igualmente defendemos que la votación no sea por unanimidad.
Creemos que hoy vamos a aprobar una ley buena, buena en
términos humanos, no perfecta, entre otras cosas porque no
creemos en la perfección, pero sí creemos que puede ser una
ley operativa. Y la votamos con la satisfacción de haber
reflexionado conjuntamente con seis de los siete grupos de la
Cámara. Creemos que quien no vota hoy esta ley no son más que
los herederos de aquellos que no quisieron la institución del
Jurado en la Constitución, es más, yo diría que adaptados como
portavoces o como voceros de aquel sector de la magistratura
que está radicalmente en contra del jurado. Ha habido una
asociación profesional que ha declarado, podíamos decir, casus
bel jurado. Y cuando ustedes, representantes del Grupo
Popular, citan los dictámenes del Consejo General del Poder
Judicial, más que referirse a ellos se remiten a votos
particulares.
Nos sentimos felices hoy de dar un paso importante en la
profundización democrática de nuestro país. Nos sentimos
felices hoy de que esta democracia y participación directa de
los ciudadanos llegue al campo de la justicia. Y quiero
decirles más. Nos sentimos muy felices y muy satisfechos de
quienes nos acompañan: el centro izquierda de la Cámara. La
derecha nunca ha creído en la institución del Jurado. Nos
sentimos igualmente felices porque estamos convencidos --como
se ha puesto de manifiesto por otro preopinante-- que esta
reforma va a redundar en beneficios importantes para la propia
administración de justicia. Y nos sentimos felices porque con
esta ley damos un paso más en la confianza en las personas, en
los hombres y las mujeres de nuestro país que harán posible
que esta institución llegue a buen puerto. Quien no tiene
confianza en las personas, quien no tiene confianza en los
ciudadanos es quien teme a esta institución.
Nada más, señor Presidente. Si me permite, ¡larga vida al
Jurado!
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.
Fijación de posiciones a las enmiendas del Senado al proyecto
de ley de derivación de volúmenes de agua de la cuenca de río
Guadiaro al río Guadalete.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, las enmiendas que a
este proyecto ha aprobado el Senado recogen parcialmente las
enmiendas que desde un principio el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha planteado al
proyecto de trasvase del río Guadiaro.
Estas enmiendas, incomprensiblemente, no fueron aprobadas en
el Congreso de los Diputados y han necesitado esta segunda
lectura, cuando eran enmiendas obvias y su aprobación, con el
proyecto, era necesaria. Por ejemplo, que se pueda trasvasar
únicamente cuando haya un caudal superior a 5 metros cúbicos
por segundo o que se haya puesto un tope anual de 110
hectómetros cúbicos --tope que no existía en el proyecto
originario--, son enmiendas que van en la línea de lo que han
sido las propuestas que desde el principio ha defendido
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Estas enmiendas, por
tanto, van a ser apoyadas por mi Grupo Parlamentario;
solamente lamentamos que otras enmiendas que nosotros
considerábamos igualmente importantes --como la exigencia de
un estudio de impacto medioambiental que hubiera asegurado que
ante cualquier problema medioambiental surgi aplicación de
este proyecto se hubieran impuesto las medidas correctoras
oportunas-- no hayan tenido éxito ni en el Congreso ni en el
Senado. Por ello, mi Grupo Parlamentario sigue manteniendo
reservas importantes a la globalidad del proyecto que hoy
puede ser definitivamente aprobado por la Cámara.
Nosotros consideramos que la política zigzagueante que ha
llevado el Gobierno en este asunto, teniendo el proyecto
innumerables redacciones, creando en muchísimas ocasiones
confusión entre los ciudadanos, ha originado situaciones de
crispación innecesarias si desde el principio se hubiera
mantenido una posición más transparente, más participativa y
donde todos los colectivos interesados hubieran tenido, desde
el principio, la oportunidad de aportar sus ideas y verlas
reflejadas. Confíamos en que este proceso de debate aclare las
ideas del Ministerio del señor Borrell y que en posteriores
tramitaciones de diferentes proyectos hidrológicos no se
cometan los mismos errores que se han venido cometiendo en
este proyecto de trasvase.
En cualquier caso, las enmiendas aprobadas por el Senado
significan mejoras sustanciales que mi Grupo había solicitado,
por tanto, nosotros siempre apoyaremos estas rectificaciones
realizadas por el Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor):
Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Martínez Saiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Popular para manifestar nuestro
voto favorable a las enmiendas aprobadas en el Senado al
proyecto de ley de tra Guadiaro-Majaceite. Queremos, primero,
mostrar nuestra satisfacción, porque con las modificaciones
introducidas en el artículo 1.º, aparta de ley, se ha
conseguido incluir las aspiraciones del Grupo Popular y de
otros grupos políticos de esta Cámara, así como de numerosos
grupos sociales de la zona que están y han estado muy
preocupados por la ejecución de este trasvase. Decía que
estamos satisfechos porque estas modificaciones están
encaminadas a garantizar las necesidades actuales y futuras de
la cuenca del Guadiaro.
Lamentamos, como no podía ser menos, que el Grupo Socialista
no haya tenido, por el contrario, la sensibilidad suficiente
para aceptar aquella varios grupos, incluido el PP,
encaminadas a mejorar la gestión del trasvase, así como a
garantizar la máxima protección del medio ambiente. Deseamos
que, a partir de ahora, las administraciones responsables de
la gestión de este trasvase en un futuro, tengan la
sensibilidad suficiente como para paliar los aspectos
negativos de este proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Martínez Saiz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, señorías, con
brevedad para manifestar la conformidad del Grupo Socialista
del Congreso a las enmiendas introducidas en el Senado al
proyecto de ley del trasvase del río Guadiaro al río
Majaceite, que hacen referencia especialmente al artículo 1.º,
apartado 2, del mencionado proyecto.
Este proyecto, tal como lo vamos a aprobar, recoge las
peticiones de los ayuntamientos de la cuenca cedente y la de
grupos ecologistas que solicitaban una acentuación de las
condiciones para el mantenimiento del caudal ecológico del río
y de las necesidades hidráulicas del Campo de Gibraltar y de
la provincia de Málaga. Asimismo, este proyecto obliga a las
instituciones políticas y a los sectores sociales y económicos
de la provincia de Cádiz a actuar con una enorme
responsabilidad y diligencia en los problemas de
abastecimiento de agua, por necesidad, por sentido común y por
respeto a quienes desde Málaga y desde el Campo de
Gibraltar han sido tan solidarios en estos momentos de
insolidaridad con respecto a los problemas de agua.
Se convierte en el primer trasvase de Andalucía, priorizando
la medida que señala a éstos como la mejor solución para
corregir la desigual dis en España. En segundo lugar,
incentiva los hábitos de la nueva cultura de considerar el
agua como un bien escaso que hay que cuidar, especialmente en
el sur de la Península Ibérica, donde todas las previsiones
indican un aumento de la sequía tanto en invierno como en
verano. En tercer lugar, obliga a relocalizar cultivos, con
definiciones estratégicas que tardan en ejecutarse de treinta
a cincuenta años.
La gran aportación del Senado es garantizar que no se
trasvasarán más de 110 hectómetros cúbicos anuales de una
cuenca a otra y que el caudal en el punto de toma de
derivación del agua no será inferior a 5 metros cúbicos, que
son cifras convencionalmente admitidas como referencia que
garantizan las condiciones de vida del río Guadiaro.
Estamos en disposición de conseguir que esta obra, tan
necesaria en la provincia de Cádiz, y que ha puesto de
manifiesto la solidaridad de una parte de los ciudadanos de
Málaga y del Campo de Gibraltar con otra zona, sea aceptada
por otros sin excepción.
Es, asimismo, necesario poner de manifiesto, con satisfacción,
que el Grupo Popular ha apoyado finalmente el trasvase,
superando así con declaraciones contrarias al trasvase en el
Campo de Gibraltar y en el Parlamento Andaluz, por parte de
muy destacados representantes populares, aunque también es
verdad que en la Bahía de Cádiz se ha apoyado siempre el
trasvase, aunque no en el Campo de Gibraltar.
Sólo recordar que el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya presentó un veto en el Senado al proyecto de ley,
dejando claro entonces el portavoz de ese Grupo, el Senador
Martínez Sevilla, como se recoge en el «Diario de Sesiones»
del Senado, número 73, página 3.811, que su Grupo
Parlamentario --Izquierda Unida-- ha cambiado su posición
política del Congreso de los Diputados al Senado. Significa
que en el Congreso se mantuvo una posición respecto al
trasvase que no es la mantenida ahora, y lo digo con el
respaldo de este grupo parlamentario y de esta fuerza
política. Está recogido en el «Diario de Sesiones» del Senado,
número 73, página 3.811.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Perales, le
recuerdo a S.S. que este turno es para fijar la posición de
los grupos con respecto a las enmiendas del Senado. Como no
hay turnos de réplica, ruego a S.S. que no haga referencia a
otro grupo parlamentario.
El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, acepto, por
supuesto, la indicación del Presidente, pero sólo hago
referencia a una intervención recogida en el «Diario de
Sesiones» del Senado.
Lo realmente grave no es que se cambie de posición, sino que
se condicione el apoyo o no de este proyecto en función de la
realidad política que vive la Bahía de Cádiz, que vive
Andalucía y que vive esa fuerza política, y no de las
necesidades hidrológicas de la provincia de Cádiz y de
Andalucía.
Por tanto, señor Presidente, señorías, lo realmente importante
es que este proyecto va a ser apoyado por una gran mayoría de
representantes en el Congreso de los Diputados y tiene ese
aval de extraordinario valor. Esa es nuestra responsabilidad.
No hay, por tanto, una posición zigzagueante del Grupo
Socialista, ni del Gobierno; no hay una posición de confusión
de nadie, sino una posición transparente, de participación y
de claridad para que este proyecto tan necesario salga con el
gran respaldo con el que va a salir de la Cámara. Muchas
gracias. (El señor Andreu Andreu pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Pido la palabra por referencias
notorias a mi grupo parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, desde la
Presidencia ya se ha llamdo a la cuestión al señor Perales.
Creo que no hace falta que intervenga.
El señor ANDREU ANDREU: Seré muy breve, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un minuto.
El señor ANDREU ANDREU: Simplemente para manifestar la
posición absolutamente coherente de Izquierda Unida, cuyas
enmiendas no fue en el Congreso, y por este motivo presentó un
veto en el Senado.
También quiero manifestarle al señor Perales que el proyecto
que se va a aprobar ahora mismo no tiene nada que ver con el
que inicialmente presentó el Gobierno hace ya cuatro años,
planteando una serie de presas que sólo la presión popular ha
echado para atrás. Porque el Gobierno del PSOE no entiende más
que la presión popular, la protesta, la manifestación en la
calle. Si no la enorme soberbia del Partido Socialista no
entendería otra cosa... (Grandes rumores en los bancos del
Grupo Socialista.) ...la enorme soberbia que le hace al señor
Perales mantenerse erre que erre y no reconocer que han
cambiado sustancialmente porque la gente les ha hecho cambiar,
porque si no ellos no cambiarían. Pero van a cambiar hasta
llevar al desastre a su propio partido. (Protestas en los
bancos del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la
señora Martínez Saiz. Brevemente, también.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, sólo para lamentar
que el señor Perales aproveche que era el último en el turno
de palabra para mentir, porque él sabe mejor que nadie que
siempre que ha recabado el apoyo del Grupo Popular, en mi
persona, el Partido Popular en Cádiz ha tenido la misma
opinión.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Perales.
El señor FERNANDEZ MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, pido la
palabra.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Perales.
Tiene la palabra el señor Fernández Miranda.
El señor FERNANDEZ MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, si la
concesión de palabra, tanto al representante del Grupo
Parlamentario Popular como a Izquierda Unida, se hace por
alusiones, no tiene sentido volver a abrir el turno con el
Diputado que produce las alusiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández
Miranda, a la Presidencia en ningún momento se le ha
solicitado la palabra por alusiones, sino por contradicción, y
ha concedido un turno de réplica.
Tiene la palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, señorías, en la
intervención inicial sólo he querido dejar claro que la
posición del Grupo Socialista ha sido coherente en la defensa
de este proyecto que no ha sido zigzagueante, cosa de la que
ha sido acusado por el portavoz de Izquierda Unida, ni
confusa, como también se le ha acusado por el portavoz de
Izquierda Unida, sino que ha sido una posición de defensa
cerrada desde el primer día, coasa que desgraciadamente no ha
sido así ni por parte del Grupo Popular, ni por parte del
Grupo de Izquierda Unida.
El Grupo Popular ha mantenido una posición en la provincia de
Cádiz de apoyo al trasvase en la Bahía de Cádiz y de rechazo
al trasvase en una parte de la provincia de Cádiz que es el
Campo de Gibraltar. Y el Grupo de Izquierda Unida no ha
defendido el proyecto en el Senado porque ha mantenido un
veto, cosa que me he limitado a relatar, estableciendo la
reseña bibliográfica que se puede consultar para conocer la
intervención del Senador de Izquierda Unida señor Martínez
Sevilla. Lo que sucede, señor Presidente, señorías, es que hay
grupos que trabajan en la dirección de establecer siempre una
técnica que es la de que cuanto peor, mejor; cuanto peor vayan
las cosas, mejor para algunos y ésa no es la posición del
Grupo Socialista. (Algunos señores Diputados: ¡Muy bien¡
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Perales.
Fijación de posiciones con respecto a las enmiendas del Senado
a la proposición de ley sobre límites del dominio sobre
inmuebles para hacer efectivo el derecho fundamental de
residencia y de circulación de los minisválidos.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, tomo la palabra simplemente para
congratularme de trámite de este proyecto de ley, que salió de
aquí con un consenso muy importante.
Esta ley es un paso más en el desarrollo de aquella otra ley,
la LISMI. Es un paso más para facilitar la calidad de vida a
un colectivo importante de nuestros ciudadanos y es un paso
que espero que no sea el último que demos a lo largo de esta
legislatura para atender el mandato constitucional de hacer
que todos los ciudadanos sean iguales y puedan tener acceso a
la mejor calidad de vida posible.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Al igual que el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) ha indicado anteriormente, también nosotros queremos
congratularnos de que po proyecto de ley haya venido del
Senado con el consenso que ya se había practicado en esta
Cámara, así como congratularnos de que las enmiendas que
vienen del Senado sean enmiendas fundamentalmente de mejora
técnica que hacen que este texto sea mejor que el que salió de
esta Cámara.
Por tanto, el voto del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya va a ser favorable a las mismas. Nada
más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora García-
Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Me uno a las felicitaciones mutuas de los que me han precedido
en el uso de la palabra, porque lo que hoy significa la
aprobación definitiva de esta ley es sin duda alguna un motivo
de alegría para todos los Diputados de esta Cámara y para los
grupos parlamentarios que unánimemente la apoyaron.
Quisiera recordar, señor Presidente, que esto fue a iniciativa
de la sociedad civil, que partió de la propia sociedad civil y
que fue precisamente el señor don Antonio Anguita el que lo
hizo llegar a esta Cámara en nombre de la asociación Aspaym.
La Cámara demuestra con su aprobación su sensibilidad y
cumple, sin duda alguna, con su obligación de legislar
teniendo en cuenta la protección y defensa de los derechos de
los menos favorecidos. Los esfuerzos desplegados para la
aprobación se coronan hoy felizmente en esta cuarta
oportunidad, y ello evidencia lo fundado de las medidas que se
adoptan.
He de recordar, prescindiendo de las precisiones estadísticas,
que afecta a miles de personas, a sus amigos, a sus
familiares, que con las sol tomado en esta ley, que con las
medidas que se van a llevar a cabo, sin duda alguna van a ver
facilitada su integración social, económica, política, en
definitiva, su integración de vida y el uso de una libertad de
la que carecían. Por la vía que abre esta ley los disminuidos
podrán adecuar sus viviendas a sus peculiares necesidades
específicas y dejarán de tener que sufrir una aventura cada
vez que entren o salgan de su casa para poder ejercer el
derecho fundamental de circulación. Señor Presidente,
únicamente señalar que algunas de las enmiendas introducidas
por el Grupo Socialista no han aportado al texto de la ley la
claridad deseada, sino todo lo contrario. Y permítame, como
buen ejemplo de estas enmiendas, quizás confusas, que le
señale la que ha supuesto el cambio del título de la ley. Yo
le rogaría, señor Presidente, que si es posible se corrigiera
por los servicios de la Cámara y se expresase en un correcto
castellano, pues la incorrección gramatical de esta enmienda
que ha hecho el Grupo Socialista conduce, sin duda alguna, a
una clara distorsión conceptual del significado del título de
la ley.
Señorías, queda todavía, como ha dicho el portavoz del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), un largo camino por recorrer,
puesto que las obras a realizar para eliminar las barreras
arquitectónicas que dificultan la adecuación de su residencia
y el paso de los minusválidos tienen que ser sufragadas por
los propios beneficiarios discapacitados. Ahora bien, sin
embargo, los poderes públicos, tanto nacionales como
autonómicos y locales, podrán desarrollar una actividad de
ayuda económica, directa o indirecta, para que el coste de la
superación y de la supresión de las barreras arquitectónicas
lo soporte el conjunto de los ciudadanos en aquellos supuestos
en que la carencia económica de medios imponga estas medidas
de una mayor justicia distributiva.
Señor Presidente, el camino iniciado hace cuatro años por el
Grupo Popular alcanza hoy un objetivo importante --hay que
proclamarlo así--, que es el de facilitar una vida digna a
aquellos que tien dificultades para poderla alcanzar. No se
trata, por tanto, de una ley hecha para beneficio de quienes
desempeñan funciones públicas, sino para utilidad de los
ciudadanos en desventaja.
Termino, señor Presidente, como había empezado. Considero que
es un momento de alegría para todos, compartido por todos los
diputados de la Cámara, que demuestra cómo se sirve a la
comunidad a la que estamos obligados y a la que debemos
servir.
Muchas gracias, Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Gracias. señora
García-Alcañiz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Socialista manifiesta su acuerdo a las pequeñas
enmiendas técnicas y de estilo, que el Senado nos ha
presentado. Me sumo a la satisfacción de todos los grupos por
aprobar hoy esta ley, una ley que se convierte en una tercera
ley que, junto con la ley de Propiedad Horizontal y la Ley de
Arrendamientos Urbanos, se pone al servicio de la eliminación
de barreras arquitectónicas para las personas con algún tipo
de discapacidad. En realidad, es un ley que amplía, mejora y
complementa las dos leyes anteriores citadas. A partir de la
publicación de este texto, señorías, los profesionales del
bienestar, los profesionales del derecho, los movimientos
sociales, las asociaciones de personas discapacitadas, las
asociaciones de vecinos y las comunidades de vecinos tienen
que saber que prevalece el derecho de la persona discapacitada
en todas las actuaciones y decisiones sobre la eliminación de
barreras arquitectónicas, sea en viviendas, sea en locales,
lugares de trabajo o en accesos a los inmuebles, y sea la
relación del ciudadano o la ciudadana con el inmueble de
propiedad o de inquilinato.
Señorías, con esta ley seguimos dando pasos en el objetivo de
conseguir la integración social de las personas con
discapacidades, y en el desa principios rectores de la
política social y económica que emana de nuestra Constitución
y también de la Lismi, de la Ley de Integración Social de los
Minusválidos, en definitiva, la integración de las personas,
la eliminación de los obstáculos que impiden la integración de
las personas. Es una ley corta, es una ley sencilla, es una
ley que simplifica y que facilita los procedimientos, que
reduce
los requisitos, que acorta los tiempos para este objetivo de
hacer prevalecer los derechos de algunas personas que son un
poco diferentes.
Por último, quisiera recordar, señorías, que esta es una ley
que puede valer al 10 por ciento de la población española, si
contamos con el fenómeno del envejecimiento y con las personas
minusválidas que están en silla de ruedas. Si sólo pensamos en
personas minusválidas con sillas de ruedas, es una ley que, a
partir de que se publique y entre en vigor, afecta y mejora
las condiciones de vida de 150.000 personas que, en nuestro
país, necesitan la silla de ruedas para trasladarse.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández.
Vamos a pasar a la votación de las enmiendas del Senado
correspondientes a todas estas iniciativas que acaban de
debatirse.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de declaración del
parque nacional de los Picos de Europa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 272; a favor, 157; en contra, 115.
El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Quedan aprobadas las
enmiendas del Senado. (Varios señores Diputados: ¡Está mal,
Está mal!) ¡Silencio señorías!
Son problemas de los elementos electrónicos, o son problemas
de la Presidencia con los elementos electrónicos. (Pausa.)
Continuamos las votaciones, una vez resueltos los problemas me
Enmiendas del Senado al proyecto de Ley orgánica del tribunal
del jurado. En primer lugar, vamos a someter a votación, en un
único bloque, las enmiendas al apartado 4 del artículo 3, las
enmiendas al apartado 1 del artículo 5, la enmienda al
apartado c) del artículo 37 y la enmienda de adición de una
nueva disposición final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 275; a favor, 167; en contra, 106; abstenciones,
dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado a este mismo proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 277; a favor, 276; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): aprobadas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de derivación de
volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro al río
Guadalete.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 277; a favor, 277.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Quedan aprobadas.
Enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre límites del
dominio sobre inmuebles para hacer efectivo el derecho
fundamental de residencia y de circulación de los
minusválidos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 277; a favor, 277.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Quedan aprobadas.
VOTACION DE CONJUNTO:
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL DEL JURADO (Número de
expediente 121/000050)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Dado el carácter
orgánico del proyecto de ley del tribunal del jurado, vamos a
proceder a la votación de conjunto correspondiente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 277; a favor, 166; en contra, cuatro; abstenciones,
107.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Dado que en la
votación de conjunto las enmiendas del Senado no han obtenido
el número de votos favorables suficientes para mayoría
absoluta, queda aprobado el texto del proyecto de ley del
Tribunal del jurado tal como fue aprobado en su día por el
Congreso de los Diputados.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
CONVENIOS INTERNACIONALES:
--CONVENIO MARCO PARA LA PROTECCION DE LAS MINORIAS NACIONALES
DEL CONSEJO DE EUROPA, FIRMADO EN ESTRASBURGO EL 1 DE FEBRERO
DE 1995 (Número de expediente 110/000150)
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE
INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
TURQUIA, HECHO EN ANKARA EL 15 DE FEBRERO DE 1995 (Número de
expediente 110/000151)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Punto noveno del orden
del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios internacionales.
¿Algún grupo parlamentario quiere fijar posición con respecto
al Convenio marco para la protección de las minorías
nacionales del Consejo de Europa? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición sobre el dictamen de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre el Acuerdo para la
promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino
de España y la República de Turquía? (Pausa.)
Para fijar posición en relación con el dictamen de la Comisión
de Asuntos Exteriores sobre el Convenio marco para la
protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa,
tiene la palabra, por el Grupo de Coalición Canaria, el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria a este destacado e
importante convenio que debatimos hoy aquí por acuerdo de
todos los portavoces en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Deseo resaltar y significar la importancia singular de este
convenio para la protección de las minorías nacionales en el
seno del Consejo de Europa y solemnizarlo aquí.
Tengo que comenzar diciendo que nuestro apoyo y nuestro voto
son rotundamente afirmativos. Este convenio tiene tales
bondades de alcance ético y político que nos hace plantear la
necesidad de un respaldo político total y absoluto, ante las
dificultades que puedan tener relaciones bilaterales de
determinados países con problemas de minorías al tratar de
imponer estos principios a regímenes cuyos valores
democráticos a veces pueden dejar mucho que desear, para que
no traten de hacer de esta letra del convenio un puro recurso
retórico para tranquilizar más las conciencias. Esto es
importante destacarlo. Y digo esto porque no quisiéramos que
un convenio de esta trascendencia quedara solamente en eso, en
pura retórica, en una especie de tranquilización de malas
conciencias y, por tanto, en un documento cínico. No puede ser
un documento cínico en la armonización que queremos de toda
Europa, la del centro, la del este, la del oeste, la
resultante del mapa plurilingüe y pluriestatal que hoy en día
conocemos por Europa. ¿Dónde está el contexto de este
problema? En el preámbulo del convenio se nos invoca la
declaración de los jefes de Estado y de Gobierno de los
Estados miembros del Consejo de Europa, adoptada en Viena el 9
de octubre de 1993, donde se toma concienciade un hecho
histórico que motivó incluso una justificación seudojurídica
del nazismo pa los derechos minoritarios de poblaciones
germánicas que existían en Polonia, en Hungría, o en Francia.
Véamos la envergadura que esto tuvo en su día.
Posteriormente a los acuerdos y convenios de las Naciones
Unidas y lo que se plasma en el documento de la Conferencia
sobre Seguridad y Cooperación en Europa, en el denominado
Documento de Copenhague, de 29 de junio de 1990, se hace ya
una declaración explícita de la necesidad de la protección
efectiva de las minorías nacionales y de los derechos y
libertades de las personas pertenecientes a dichas minorías --
y quiero matizar esto que viene a continuación--, dentro del
imperio de la ley y del respeto a la integridad territorial y
la soberanía nacionales de los Estados, para no introducir un
elemento de perturbación en lo que es un derecho democrático
del Estado a estar constituido como tal. ¿Qué documentos hemos
interpretado que tienen un valor significativo? Pues todos los
que he enumerado y los que voy a enumerar a continuación,
fundamentalmente el importantísimo doc a ser una especie de
broche a esta teoría y a esta doctrina de la protección de los
derechos de las minorías, en la medida en que vuelve a
reconocer los trastornos a la historia europea, los pasados y
los que pueden venir. Eso se concreta en que tiene que haber
un concepto político de doctrina de la protección de minorías
que se plasme en acuerdos bilaterales, lo que en la tradición
española son los acuerdos de cooperación. Españaviene firmando
bilateralmente una ser Comisión de Asuntos Exteriores, como
son los tratados de amistad y de cooperación, que es la
fórmula habitual. Pues bien, esa proliferación de tratados de
amistad y cooperación debe empezar a comprender lo que ha
significado la reunión de la Conferencia Internacional Europea
--sumándose a ella Estados Unidos y Canadá--, el pasado mes de
marzo en Par y 21, es decir, el ya denominado Pacto de
Estabilidad en Europa. Hay que rendir también un tributo,
dentro del seno del Consejo de Europa, a la iniciativa que
tomó en su momento el señor Balladur como primer ministro y
jefe del gabinete ministerial francés. El Pacto de Estabilidad
en Europa, señorías, viene a engarzarse con este acuerdo que
hoy tenemos aquí, porque empieza a hablarse ya de lo que es la
diplomacia preventiva. Es decir, que todo aquel país que hoy
día no está en la Unión Europea y que quiera venir al seno de
la misma --incluso dentro del Consejo de Europa, pero me
refiero a la Unión Europea--, cuando trate de entrar, no lo
haga solamente cumpliendo del Tratado de Roma hasta la última
del Tratado de Maastricht, sino que no importe, dentro del
seno de la
Unidad Europea, distorsiones porque ese país no está
reconociendo los derechos de minorías étnicas, culturales,
religiosas y lingüísticas que existen en su Estado. Esto ya se
ha producido de hecho por la propia necesidad que ha tenido el
Pacto de Estabilidad en Europa de evitar con esta diplomacia
preventiva tomar los siguientes acuerdos. Primero, dejar
fuera, desde el principio, de la Organización de Seguridad y
Cooperación en Europa el tema yugoslavo, porque uno de los
factores desencadenantes de este problema es el tema yugoslavo
y su famosa limpieza étnica. En segundo lugar, el tema de las
minorías magiares, los pueblos húngaros que no están
únicamente circunscritos a lo que es la Hungría actual, como
Estado considerado, sino esas poblaciones magiares que existen
en Estados colindantes con Hungría. Y el tercer problema es el
que se deriva del reconocimiento de las minorías nacionales
que existen en los Estados bálticos de Estonia, Letonia y
Lituania con relación a la población de origen ruso que habita
allí.
Pues bien, creemos que este acuerdo que hoy nos reúne aquí
tiene la trascendental importancia de que los países que lo
signen deben exigir que lo cumpla todo país que vaya a entrar
en nuestro marco de derechos de las minorías y no traiga ese
lastre, esa tara que, aparte de ser antidemocrática, sería
perturbadora en el funcionamiento armónico de una unión
europea que tiene que estar basada fundamentalmente, señorías,
en un respeto a los valores democráticos. Quiero significar
que el Pacto de Estabilidad en Europa, aunque se ha hecho
referencia a ello, tiene que ser entendido por todos y cada
uno de los países signatarios, que fueron 52, entre ellos,
repúblicas como Kazajstán, Kirguizistán y Turkmenistán, aunque
también lo firma Turquía. Yo quisiera, con todos los respetos,
que a toda nación que venga aquí se le exija también el
acuerdo que hoy estamos defendiendo en este convenio de los
derechos de las minorías. Me estoy refiriendo a que Turquía,
que será siempre bienvenida, como lo es dentro del seno de la
OTAN, a cualquier concepto integrador europeo --me refería al
menos a la Turquía europea-- no importe un concepto de no
reconocimiento de minorías nacionales, como sería el caso del
pueblo kurdo. Está tan bien explicitado en su propio léxico el
articulado de este convenio que hoy sometemos a la aprobación
del Parlamento, que serían dignos de figurar en cualquier
frontispicio de los derechos humanos democráticamente asumidos
los textos del artículo 3, cuando dice que «toda persona
perteneciente a una minoría nacional tendrá derecho a elegir
libremente ser o no tratada como tal y el ejercicio de esa
opción y de los derechos relacionados con la misma no dará
lugar a ninguna desventaja»; cuando habla el apartado 2 de que
las personas pertenecientes a minorías nacionales podrán
ejercer, tanto individualmente como conjuntamente, sus
derechos y libertades; cuando el artículo 4, en su apartado 1,
prohíbe toda discriminación fundada sobre la pertenencia a una
minoría nacional; y cuando el artículo 5, en su apartado 1,
señala y matiza ya específicamente que por razones de cultura,
de religión, de lengua, de tradiciones y de patrimonio
cultural no puede ser objeto una minoría nacional de menoscabo
de sus derechos fundamentales. Esto es lo que ennoblece, que a
través de la letra, es decir, del Derecho formal, sepamos
todos los países signatarios lo que estamos firmando y
extenderlo a todas las minorías y a todos los pueblos.
Curiosamente, el Pacto de Estabilidad en Europa no consiste
solamente en que lo firmen países que tienen estos problemas
en su interior, incluso el último que he citado, Turquía, sino
que dentro de las organizaciones internacionales participantes
están la Unión Europea Occidental y la Organización del
Tratado del Atlántico Norte. Hay que comprender que la OTAN o
la UEO no son únicamente una unión militar con fines de
defensa, sino una representación de valores democráticos.
Nosotros, que hemos sido a veces una fuerza política opuesta
al ingreso de España en la OTAN por una cuestión puramente de
seguridad y de estrategia militar, al menos decíamos que tiene
que ser su legitimación democrática la que nos permita aceptar
en nuestro sistema de Derecho democrático y constitucional
instituciones de este tipo y no concebidas solamente en
sentido militar estricto. Son representantes de valores
democráticos que utilizan un instrumento militar para la
defensa de los mismos, no de la propia integridad de su
territorio, sino de algo más importante como es el valor
democrático.
Por esta razón, señorías --y temino, señor Presidente--,
queríamos poner el énfasis en la importancia y trascendencia
que damos a este convenio, para que no quede en pura letra de
retórica, para que no quede en un documento cínico y que
después determinadas potencias se olviden de la letra y del
espíritu de los acuerdos bilaterales y miren hacia otro lado,
al amparo de oscuros intereses económicos, de tráficos de
influencias, diplomática o bilateral. Por tanto, si entendemos
que es necesaria una diplomacia preventiva para no importar
conflictos, hagámoslo desde el punto de vista no solamente
egoísta interno, sino de exigir que esos países respeten los
derechos de sus minorías.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, nos
encontramos ya en la fase final de ratificación del Convenio
marco pa minorías nacionales del Consejo de Europa. Todos
estamos de acuerdo en que se trata de un importante convenio
porque supone un paso en el desarrollo de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales en el continente europeo, lo
que constituye el objetivo fundamental del Consejo de Europa
que como saben SS.SS., es la institución en la cual este
convenio ha visto la luz. Por todo ello, nuestro Grupo
Parlamentario, como no podía ser de otra manera, va a votar a
favor de su ratificación. Sin embargo, pensamos que el paso
adelante que el convenio supone, como ya dijimos en Comisión,
debería y podría haber sido aún más decidido, como habría
sucedido de seguirse la propuesta que en su momento formuló la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
La protección de los derechos de las minorías es una de las
principales razones de ser de dicha institución, y así lo puso
de manifiesto su Asamblea Parlamentaria en una serie de
recientes recomendaciones que proponían al Comité de Ministros
la adopción de un protocolo adicional al Convenio Europeo
sobre Derechos Humanos, relativo a los derechos de las
minorías. Lamentablemente, los Gobiernos hicieron caso omiso a
estas recomendaciones y en la Cumbre de Viena de octubre del
año 1993 los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados
miembros del Consejo encomendaron al Comité de Ministros el
inicio de los trabajos de elaboración de un convenio marco
relativo a las obligaciones que los firmantes se comprometían
a respetar para asegurar la protección de los derechos de las
minorías nacionales, así como de un protocolo complementario
al Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, pero circunscrito
exclusivamente a sus derechos culturales. Aun con las críticas
de la Asamblea parlamentaria, se elaboró este Convenio marco
que aprobó finalmente el Comité de Ministros en su reunión del
día 10 de noviembre de 1994, para abrirse a la firma de los
Estados el día 1 de febrero pasado, firma a la cual algunos
parlamentarios de esta Casa, miembros a su vez de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, tuvimos el honor de
asistir. También tuvimos el honor de ver cómo el Estado
español era uno de los primeros que procedía a la firma del
convenio que hoy ratificamos. El propio convenio establece que
para su entrada en vigor es precisa su ratificación por parte
de doce Estados miembros del Consejo de Europa. Pues bien, a
pesar de las reservas formuladas en su día por la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa al contenido y al carácter
del convenio, reservas que nuestro Grupo Parlamentario
comparte plenamente, también compartimos con la Asamblea la
necesidad de que sea ratificado y que, por tanto, entre en
vigor cuanto antes.
¿En qué consiste este convenio? Permítanme, señorías, que muy
rápidamente haga unos breves apuntes al respecto. Nos
encontramos ante un convenio que formula y define toda una
serie de objetivos y principios, cuya observancia es una
obligación de los Estados firmantes, lo que constituye un
importante paso positivo, y que sin embargo, no constituye un
derecho invocable por los ciudadanos, como habría sucedido de
incorporarse como protocolo al Convenio Europeo sobre Derechos
Humanos. Los procedimientos y garantías de cumplimiento son
débiles, puesto que se descarta la invocación de estos
derechos ante los tribunales y, en última instancia, ante el
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Con ello, pues, su
fuerza queda notablemente disminuida. A pesar de ello, reitero
que constituye un avance positivo que esperamos y deseamos que
se vea rápidamente completado con el protocolo complementario
al Convenio Europeo sobre Derechos Humanos en materia de
derechos culturales, que es el segundo encargo de la cumbre de
jefes de Estado y de Gobierno en Viena.
El convenio que hoy ratificamos, como decía hace un momento,
hace referencia a toda una serie de principios y objetivos que
las partes se obligan a respetar, tales como el derecho a las
minorías nacionales a mantener y desarrollar su identidad, a
utilizar su lengua en público y en privado, al uso y
reconocimiento oficial del nombre y apellidos en la lengua
propia, a la utilización de la toponimia tradicional y de los
nombres de las calles también en la lengua minoritaria y a
fomentar el conocimiento de la cultura, historia, lengua y
religión propias, entre otros principios y objetivos que se
contienen en el convenio. No les diré, señor Presidente,
señorías, nada nuevo si manifiesto que nuestro Grupo
Parlamentario es especialmente sensible al contenido del
convenio. Aunque se trata, como saben SS.SS., de derechos que
se encuentran todos ellos legalmente reconocidos en nuestro
Estado democrático y que, por tanto, aunque con obstáculos a
veces son ejercitables por los ciudadanos, si volvemos la
vista atrás, aún no hace demasiados años que en este país
muchos ciudadanos teníamos un nombre oficial que era la
traducción castellana de nuestro nombre real; también la
toponimia oficial era a menudo una burda traducción de los
nombres auténticos de nuestros pueblos y ciudades, y si las
identidades minoritarias se mantenían vivas era gracias al
sacrificio y decisión de tantos ciudadanos anónimos, a pesar
de los intentos homogeneizadores de los gobiernos franquistas
de la época.
Por encima de esos principios y objetivos, me parece básico,
señor Presidente, señorías, el artículo 1.º del convenio, el
cual sitúa los derechos de las minorías a nivel de los
derechos individuales al establecer que la protección de las
minorías nacionales y de los derechos y libertades de las
personas pertenecientes a estas minorías es parte integrante
de la protección internacional de los derechos humanos. Ello
entiendo que debería suponer una llamada a la reflexión a
todos aquellos Estados europeos que hoy en día, aun
reconociendo los derechos individuales contenidos en el
Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, se obstinan en negar
los
derechos colectivos de aquellos pueblos que los integran,
ignorando que la libertad es algo indivisible. Peroeste mismo
artículo 1.º encierra u cuando a continuación el convenio
niega el carácter de derechos invocables ante los tribunales a
los principios y objetivos que establece, consagrando así
derechos de primera y derechos de segunda categoría.
Sin embargo, señor Presidente, señorías, no me cansaré de
repetir que, a pesar de sus limitaciones, éste es un convenio
importante que constituye un paso en el largo y difícil camino
del reconocimiento de los derechos de todos aquellos que
transitan por la historia con una identidad distinta de la
oficial del Estado a que pertenece. Lo dijo Albert Camus: La
democracia no es el gobierno de la mayoría, sino el respeto a
las minorías. El concepto profundo de lo que es la democracia
contenido en la frase del filósofo escritor estará más
presente en Europa cuando este convenio entre en vigor. Por
tanto, nuestro Grupo Parlamentario va a votar a favor del
mismo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Recoder. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
De forma sintética, pero cumpliendo lo acordado en la Comisión
de Asuntos Exteriores por parte de todos los grupos
parlamentarios, en aras a intentar solemnizar lo más posible
este importantísimo acuerdo que nos ocupa, voy a posicionar a
mi Grupo Parlamentario.
Señorías, para mi Grupo este Convenio-marco para la protección
de las minorías, que en realidad es la concreción de los
acuerdos tomados en octubre de 1993 en Viena por los jefes de
Estado y de Gobierno de los países miembros del Consejo de
Europa y que se firma inicialmente en febrero de este mismo
año en Estrasburgo, es un Convenio-marco de una importancia
similar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en
este caso de derechos humanos colectivos, en un momento,
además, en el que en el contexto europeo, ámbito de aplicación
inicial de este convenio, es evidente que, desgraciadamente,
están en aumento las tendencias xenófobas, racistas,
insolidarias, violentas y fundamentalmente contra los más
débiles, que, además, en no pocas ocasiones suelen coincidir
con su pertenencia a alguna de esas minorías nacionales.
Es evidente que en el contexto europeo la situación es dispar.
No todos los países de Europa afortunada y desgraciadamente
mantienen o tienen una posición interna similar. Hay algunos
en los que prevalece el concepto de nación-Estado
absolutamente central, férreo, asumido por su propia
comunidad; en otros, el viejo conflicto de las naciones sin
Estado sigue sin resolver, y hay que reconocer que en nuestro
país, desde la aprobación de la Constitución de 1978, el tema
está adecuadamente encauzado.
Antes se han señalado las dificultades que hubo para las
minorías nacionales en nuestro país para desarrollarse, para
ejercer sus derechos dur etapa de la dictadura.
Afortunadamente, esa etapa ha sido superada y nunca más la
podremos volver a tener. En cualquier caso, esa situación
sigue siendo cotidiana en no pocos de los países europeos de
nuestro entorno. No hace falta irse muy lejos para
encontrarnos con minorías nacionales con derechos claramente
violados, con minorías nacionales que ni siquiera tienen el
reconocimiento de su propia entidad y sobre las que este
convenio-marco, en el momento en que sea ratificado por todos
los países, va a tener una importancia fundamental, repito,
similar en el plano colectivo a lo que fuera la Declaración de
Derechos Humanos en el plano individual.
Este Convenio-marco de una manera bastante precisa establece
lo que son derechos inalienables de las personas en tanto
colectivos nacionales y instrumento imprescindible para
combatir esas tendencias insolidarias, violentas, xenófobas
que desgraciadamente van en aumento en Europa y el instrumento
al que se acojan esas minorías nacionales que no ven en la
actualidad defendidos y respetados sus derechos.
Mi Grupo, como todos los demás, se congratula de la unanimidad
que genera este Convenio-marco y vamos a dar nuestro voto
positivo de la forma más entusiasta posible.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Vázquez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor Presidente.
Como ya se ha dicho, nos hallamos ante un Convenio que tiene
una enorme importancia, porque si sus principios se aplican y
se viven se habrá dado un paso muy importante para lograr la
paz y la estabilidad en nuestro continente.
Este convenio se va a aplicar fundamentalmente a las
circunstancias que se dan en Europa central y oriental. Como
decía el historiador Arnold Toynbee, mientras el mapa étnico
de Europa Occidental se parece a un tablero de ajedrez porque
están muy bien delimitados los distintos grupos lingüísticos,
nacionales o étnicos, el mapa de Europa central y oriental î--
decía el historiador-- se parece más bien a un vestido
estampado por su complejidad, por su heterogeneidad y por su
abigarramiento. Por eso es en esa zona de nuestro
continente y en el ámbito de los imperios multinacionales --el
imperio ruso de los zares transformado después en imperio
soviético, el imperio de Austria-Hungría, incluso el imperio
otomano-- donde se plantea en los últimos siglos este problema
de las minorías. Y es allí también donde empiezan a darse las
soluciones teóricas para la mejor solución de este problema de
las minorías; desde que en torno a 1848 se lanzan las ideas de
federalismo étnico, hasta ya en nuestro siglo, cuando autores
cuando Bauer o Renner plantean el derecho de los pueblos a
desarrollarse en el interior del Estado.
A resolver este problema viene este importante Convenio-marco
que, como ya se ha dicho aquí, tiene su origen en la Cumbre de
Viena de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa
de 1993. Como se dice desde su preámbulo, el Convenio trata de
dar una garantía efectiva a los derechos de las personas
pertenecientes a las minorías desde el respeto --se dice--de
los principios que son fundamento de nuestra tradición europea
y especialmente de la igualdad ante la Ley, la no
discriminación por razón de raza, lengua, religión o cualquier
otra característica, la igualdad de oportunidades, la garantía
de los derechos de asociación y de reunión y la efectiva
participación en la vida pública.
Mientras trabajaba el Consejo de Europa en esta línea, también
en el ámbito de la OSCE, antigua Conferencia de Seguridad y
Cooperación en Euro venido trabajando en la misma dirección,
por ejemplo, en el documento de la Conferencia de Copenhague
de 1990 sobre la dimensión humana o en el informe de la
reunión de expertos sobre minorías nacionales que se celebró
en Ginebra en 1991.
Finalmente, en el ámbito de la misma OSCE, ha sido el pacto de
estabilidad, firmado en marzo de este mismo año, donde de
alguna manera se coronan todos estos esfuerzos.
El Consejo de Europa ha establecido también que se condiciona
la adhesión de los países de Europa central y oriental a dicho
organismo a la adopción de una legislación protectora de las
minorías, y este Convenio da la pauta en esa dirección.
Se ha hablado ya de la estructura del Convenio y no quiero
detenerme excesivamente en ello. Sí quiero señalar que no hay
una definición de minorías nacionales en su texto porque
realmente es difícil precisar qué es exactamente una minoría
nacional. Los propios expertos describen distintos tipos de
minoría, pero no se han puesto de acuerdo en dar una
definición que fuera válida para todos los casos.
Quiero subrayar que no se habla en el Consejo propiamente de
derechos colectivos, sino de ejercicio individual o conjunto
de derechos individu muy claramente su artículo 3.º, y que
esta idea, que es la tendencia doctrinal que hoy día predomina
y que da una enorme primacía al aspecto individual de los
derechos humanos sobre cualquier otra idea de derechos
colectivos, tiene su concreción también en este Convenio en
que cada ciudadano, cada individuo, podrá elegir libremente
ser o no tratado como miembro de una minoría nacional. No hay
ningún tipo de automatismo y predomina siempre el criterio
individual, el criterio personal. Por tanto, no hay nada
parecido a derechos de autodeterminación o cosas por el
estilo, porque nos estamos moviendo en el ámbito del derecho
de las personas.
Por otra parte, evitar estos planteamientos que acentúan sólo
lo colectivo evitarán, como se ha señalado, que en muchas
ocasiones lo que han sido en una determinada circunstancia
histórica minorías oprimidas, se transformen, como
consecuencia de ciertos acontecimientos, en mayorías
opresoras, un hecho que se ha dado en Europa con muchísima
frecuencia. Se aludía en esta misma sesión al caso de los
países bálticos, donde las minorías que estuvieron durante
mucho tiempo sometidas al imperio soviético se han
transformado en muchos casos en mayorías que oprimían a
ciertas minorías, concretamente a los de habla rusa. Y, por
ejemplo, en el caso de Yugoslavia hay que señalar cómo desde
Serbia se ha tratado de defender los derechos de los serbios
que había en Bosnia o en Croacia, pero no se han cuidado para
nada los derechos de los albaneses del Kosovo o de los
húngaros en Voivodina.
Este Convenio se basa en ese enfoque que hemos dicho ya de
derechos de las personas y su artículo 1.º lo dice de una
manera muy clara: la protección de las minorías nacionales y
de los derechos y libertades de las personas pertenecientes a
esas minorías se reconocen como parte integral de la
protección internacional de los derechos humanos.
Quisiera señalar, como algo característico, la importancia que
se da en el Convenio a la libertad de expresión y a los
derechos lingüísticos. Ya se ha aludido aquí a ello. Quiero
señalar cómo se habla, por ejemplo, del derecho al uso, tanto
público como privado, de las lenguas minoritarias; al uso de
esas mismas lenguas en los medios de comunicación, al derecho
a fundar y a crear medios de comunicación en esas lenguas
minoritarias, al derecho a usar también esas mismas lenguas en
las relaciones con las autoridades administrativas, el caso
también del uso de los nombres y apellidos o de las
denominaciones locales --ya se ha aludido a ello-- y también
el derecho a los usos lingüísticos en el campo de la
educación, donde se incluye tanto el derecho a crear centros
como, por supuesto, el derecho garantizado a aprender esas
lenguas minoritarias. Hay incluso un artículo en el convenio -
-el 16-- donde podemos decir que está contemplado, y por
supuesto condenado, todo ejercicio de limpi que el artículo
16, cuando habla de que no se deben modificar las proporciones
de la población en zonas geográficas
habitadas por personas per Por todas estas razones creemos que
es un Convenio-marco importante que merece el apoyo de todos
los grupos de la Cámara y que el Grupo Popula con su voto
favorable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Muñoz-
Alonso.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor De Puig.
El señor DE PUIG I OLIVE: Muchas gracias, señor Presidente. La
extensa exposición de quienes me han precedido en el uso de la
palabra en destacar los méritos y la importancia de este
Convenio me va a ahorrar a mí el hacer una detallada
intervención de la valoración que nosotros hacemos del mismo.
Se trata no solamente de un Convenio importante, sino de una
impresionante novedad jurídica si nos atenemos a lo que ha
sido la historia de lo intentos de situar la defensa de las
minorías nacionales en textos jurídicos hasta nuestros días.
Ni en Naciones Unidas, ni en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, ni en el Convenio Europeo de los Derechos
Humanos ni en la Comisión que durante siete años trabajó para
intentar redactar un texto sobre los derechos de las minorías
se pudo introducir la noción de minoría nacional y la defensa
de los derechos de las personas que pertenecen a ellas.
Recordarán muchos de ustedes el famoso informe del profesor
Armacora, los trabajos de una comisión que durante siete años
estuvo trabajando para ponerse de acuerdo en la definición de
lo que era y de lo que es una minoría nacional, sin que al fin
se llegara a la aceptación general de una sola definición. De
ahí que la adopción, por parte del Consejo de Europa, de un
convenio-marco sobre las minorías nacionales, como digo, sea
una gran novedad de enorme importancia. Es un avance
extraordinario que obedece naturalmente a un cambio histórico.
Es cierto que las minorías nacionales vienen existiendo
históricamente, es cierto que muchas de ellas han reivindicado
durante muchos años sus derechos, pero también es cierto, como
digo, que nunca se había alcanzado un acuerdo ni conseguido
establecer una mínima normativa-marco sobre esta cuestión.
Naturalmente, ello ha ocurrido ahora porque el cambio
político, la mutación histórica que se ha producido en el
centro y en el este de Europa ha llevado a todos a la
consideración del enorme peligro con el que nos enfrentábamos
si no encontrábamos fórmulas de respeto de los derechos de las
minorías, porque se han desencadenado procesos de
enfrentamiento interétnico de nacionalismo agresivo y
excluyente, de incapacidad de solventar políticamente
situaciones de minorías fre porque, como se ha dicho, el
mosaico en Europa central de las minorías nacionales es algo
complejo, frente a lo que habría que adoptar alguna solución.
Lo que ha hecho el Consejo de Europa, fundamentalmente, ha
sido establecer una doctrina, una doctrina que me parece
importante, la doctrina según la cual se reconocen los
derechos de las minorías y según la cual las minorías
reconocen la lealtad que deben a las mayorías. Este es el
juego, este es el compromiso en la línea --como decía el señor
Mardones-- de una diplomacia preventiva, de lo que definió la
Cumbre de Viena como seguridad democrática, es decir, una
serie de compromisos jurídicos, de normas que aseguren y
garanticen el buen funcionamiento de la democracia en el
sentido del respeto de las mayorías y de las minorías. Ello,
sin duda, va a coadyuvar a los procesos de paz y estabilidad y
de ahí su importancia histórica.
Fue una iniciativa, como se ha dicho, de la Asamblea
Parlamentaria y ha tenido otras iniciativas paralelas. La
primera que se estableciera este Convenio. La segunda, que se
establezca un protocolo adicional al Convenio Europeo de los
Derechos Humanos, y en ello estamos y en este momento se está
discutiendo, además, la iniciativa de la Carta de las lenguas
minoritarias, de la que tuve el honor de ser ponente, que el
Estado español ha firmado, aunque no ha ratificado todavía,
pero esperamos que en breve va a ratificar. Finalmente, el
trabajo sobre la elaboración de una carta de los derechos
culturales, que también se ha iniciado en la Asamblea.
Quiero terminar, señor Presidente, recordando lo que puede
haber sido la contribución española a este Convenio, no sólo
porque en la Asamblea Parlamentaria hemos trabajado en las
ponencias, en las comisiones y en los debates en el pleno,
sino también porque buena parte de la letra y del espíritu que
está en este Convenio se ha inspirado en la legislación
española. Porque nuestra Constitución, las leyes orgánicas, el
conjunto de la normativa de nuestro país constituye uno de los
marcos más generosos, más amplios y detallados en materia de
defensa y respeto de las minorías nacionales. Sin ninguna duda
ha sido un elemento inspirador.
Termino diciendo que este Convenio se ha elaborado en el
Consejo de Europa mientras un socialista español era
presidente de la Asamblea Parlamentaria, don Miguel Angel
Martínez, al que, sin ninguna duda, le cabe una parte del
éxito de que este Convenio se aprobara en la Asamblea y haya
tenido un feliz final.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Puig.
Fijación de posiciones con respecto al dictamen de la Comisión
de Asuntos Exteriores sobre el Acuerdo para la promoción y
protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y
la República de Turquía.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones. (Rumores.)
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, siguiendo con el
acuerdo adoptado por todos los portavoces de la Comisión de
Asuntos Exteriores para que estos dos acuerdos vinieran a
debate conjuntamente, dado que así se había solicitado,
nosotros, al votar favorablemente en la Comisión a este
Acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones
entre el Reino de España y la República de Turquía, lo
hacíamos en el sentido de un voto congruente con el que se ha
dado a otros acuerdos similares para la protección recíproca
de inversiones entre los empresarios o actuaciones financieras
españolas en el país con el que se firmaba y la reciprocidad
correspondiente.
Nosotros habíamos querido --y creo que este era el sentir
político de la Comisión y, sobre todo, de los Diputados que
tenemos que trabajarnos los temas-- que este Acuerdo tuviera
un reflejo político, en la medida en que acabábamos de votar -
-y hemos aprobado-- el anterior Acuerdo referente a la defensa
de las minorías. Este es un problema que tiene Turquía y
nosotros democráticamente queremos que Turquía lo resuelva
también democráticamente, no solamente con el pueblo kurdo,
sino también con las minorías que, por cuestiones religiosas,
de distinta doctrina dentro del Islam, tienen en la propia
sociedad turca. La prueba está en los grandes disturbios
acaecidos las semanas pasadas en Estambul y en todo el
circuito de su gran capitalidad, heredero, por supuesto, de
problemas históricos anteriores.
Al hacer énfasis en la aprobación de este Acuerdo lo hacemos
en relación con el anterior que acabamos de votar, no vaya a
ocurrir que por esta especie de cinismo de las relaciones
económicas bilaterales vaya a tener más importancia en Turquía
la protección de las inversiones, es decir, de aquellos
intereses económicos del capital, que los derechos humanos de
los pueblos y personas que forman sus minorías.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario va a votar también favorablemente
a la ratificación de este Convenio y quisiera manifestar muy
brevemente nuestra posición no respecto estrictamente el
propio Convenio, sino al motivo último que hace que hoy
estemos debatiendo el Convenio en el Pleno del Congreso de los
Diputados, cosa que no suele ser normal, en tanto en cuanto se
acostumbra a generar una absoluta unanimidad alrededor de
estos convenios internacionales.
En Comisión, en su momento, se planteó la oposición por parte
de un Grupo Parlamentario a la ratificación del Convenio,
aduciendo unos argumentos, con los que nosotros coincidimos,
como es la reciente actuación del Gobierno turco en el
Kurdistán, no sólo en el Kurdistán turco, sino también en el
iraquí, y, yendo un poco más lejos, como suele ser la
constante actuación por parte de las autoridades turcas, en
contra del pueblo del Kurdistán.
Nosotros, compartiendo la crítica que se realizó en su momento
por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, entendemos que el hecho de no
ratificar este Convenio, el hecho de no votar favorablemente a
la ratificación de este Convenio supondría un perjuicio
exclusivamente para el Estado español, en tanto en cuanto
estamos hablando de un Convenio que no es único, en tanto en
cuanto tiene paralelo en muchos países con situaciones
políticas concretas complejas o situaciones de economía
emergente y que tiene por objetivo la protección de las
inversiones que se puedan realizar dentro de otros países, en
este caso las inversiones que se pudieran realizar de nuestro
país precisamente para animar a nuestros empresarios a que
inviertan en los mismos. Por tanto, repito, entiendo que la no
ratificación del Convenio supondría exclusivamente un
perjuicio para el Estado español.
Es más --y abundando en el motivo que se esgrimió por parte
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya en contra de la ratificación del mismo--, quiero
decir que nosotros estamos de acuerdo, apoyamos plenamente la
resolución a que llegó la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa en su reunión de la última semana del mes de abril,
donde dio un ultimátum al Gobierno de Turquía para que
adecuara su Constitución a las exigencias de protección de los
derechos y libertades fundamentales que constituyen la esencia
del propio Consejo de Europa, advertencia que entendemos como
la antesala a la exclusión del propio Consejo de Europa. Es
conocida la reacción del Gobierno turco, que, en un gesto de
«enfado» --y pongo comillas a esta expresión--, retiró a sus
parlamentarios de la Asamblea parlamentaria, en un intento,
entiendo yo, de condicionar el Comité de Ministros del Consejo
de Europa, que es quien debe ratificar el acuerdo de la
Asamblea parlamentaria.
Desde este escaño, y desde nuestro Grupo Parlamentario,
manifiesto la voluntad y animo al Gobierno español a que en la
próxima reunión del Comité de
Ministro la posición de nuestro
representante allí sea la de ratificar el acuerdo que en su
momento adoptó la Asamblea parlamentaria y, por tanto, que
siga vigente el ultimatum al Gobierno de Turquía en relación a
los puntos que quedaron expresados en la resolución aprobada
por el Consejo de Europa, por la Asamblea parlamentaria del
Consejo de Europa. Es más, también anuncio que nos sumaríamos
a cualquier iniciativa que pudiera surgir de la Cámara en ese
sentido.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Recoder.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Nuestra intervención es para anunciar que nuestro Grupo
Parlamentario no va a poder votar afirmativamente este
Convenio; vamos a abstenernos, puesto que, como se ha dicho,
votar en contra significaría ir contra intereses de
industriales y empresas españolas que tienen sus inversiones
en Turquía, y no queremos incurrir en esta imputación. Pero
aprobarlo, lisa y llanamente, aunque sea con cierto retraso,
tal como nuestro Grupo pidió en la Comisión de Exteriores,
significa reconocer que esta Cámara tiene dos varas de medir
para reconocer el respeto de los derechos de los Estados ante
el derecho internacional.
Turquía ha invadido de forma flagrante, y durante muchas
semanas un Estado soberano, sometido a exclusión por una
resolución de las Naciones Unidas. Después de la agresión de
Irak a Kuwait, y en función de aquella agresión, se excluyó la
parte norte del territorio de la soberanía del propio régimen
de Bagdad. Pero Turquía, amparándose en esta exclusión
internacional, ha efectuado un acto clarísimo de piratería
internacional. No podemos aplicar dobles varas de medir a las
actuaciones externas de los Estados.
Podría también abundar en el tema de la protección de las
minorías nacionales o étnicas, como es el caso de los kurdos,
un pueblo extenso que se desparrama por más de cuatro estados
de la región; no sólo por Turquía, sino también por Irak, Irán
y también por Siria. Pero no quiero centrarme en el tema de la
protección de los derechos nacionales y étnicos del pueblo del
Kurdistán, sino en este doble rasero, en esta doble vara de
medir que tendríamos por no sancionar de alguna forma el acto
de grave vulneración de la legalidad internacional que Turquía
ha cometido invadiendo el norte de Irak, persiguiendo a los
llamados, por el régimen de Ankara, guerrilleros del PKK,
guerrilleros del pueblo kurdo.
Este es el tema central que nos llevará a absternos para
señalar nuestra disconformidad con la actuación internacional
del régimen de Ankara y para dar muestras activas de
solidaridad con lo que hizo la Asamblea de parlamentarios del
Consejo de Europa, que provocó la autoexclusión de los
parlamentarios de Ankara en dicha Asamblea. También, como ha
dicho el Diputado de Convergència i Unió, para instar a
nuestro Gobierno a que ratifique el acuerdo de la Asamblea de
Parlamentarios del Consejo de Europa demandando a Turquía el
estricto cumplimiento de la legalidad internacional.
Por lo tanto, señor Presidente, en esta situación de querer
sancionar el régimen de Ankara por sus actuaciones sobre el
pueblo kurdo y en territorio de Irak y no querer perjudicar a
nuestros inversores y a nuestras empresas en Turquía, creemos
que lo más oportuno para nuestro Grupo es emitir un voto de
abstención, que es lo que vamos a hacer.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Durán.
El señor DURAN NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Estamos repitiendo el debate mantenido en la Comisión de
Asuntos Exteriores, que ha hecho que todos los grupos hayan
tenido que opinar en este momento.
Reiteramos nuestra posición en el sentido de que es bueno para
los intereses de España este Acuerdo, como el de otros muchos
países que tampoco respetan los derechos humanos, como el que
firmamos con Cuba, hecho que habría que haber considerado en
este mismo contexto.
Sin embargo, me ha sorprendido que cuando hablamos de las
minorías kurdas en Turquía, nunca hayamos hablado, y lo hemos
dicho en la Comisión de Asuntos Exteriores, de la minoría
griega en el Chipre ocupado, que siempre ha clamado en el
consejo de Europa por su falta de respeto a los derechos. Sin
embargo, en esta Cámara hay un pequeño déficit de recuerdos
sobre este tema, del que querría hacer énfasis en este
momento.
Queremos recordar también que Turquía es miembro de la OTAN y
es miembro de la Unión Europea, con la que ha firmado un
acuerdo para formar una unión aduanera desde el 1 de enero de
1996. A lo mejor, durante la Presidencia española este tema
podría ser revisado. Yo no digo que tenga que hacerse, pero es
un asunto que podría estar sujeto a meditación.
También es muy importante confirmar que nosotros vamos a dar
nuestro voto favorable porque todas SS.SS. saben que la
relativa descomposición del sistema democrático turco necesita
más de apoyos del estilo del que estamos haciendo en este
momento que de castigos, que, por cierto, tampoco hemos
infringido a la Rusia del señor Yeltsin, reciente invasora de
Chechenia,
ya que en el aniversario de los cincuenta años de la victoria
en Europa sobre el nacional-socialistamo, jefes de estado y
presidentes han acudido a Moscú a confraternizar con la Rusia
de Yeltsin --repito, reciente invasora de Chechenia--, y es
que pensamo positivo en estos momentos apoyar, en foros
internacionales, un sistema que intenta ser democrático, y a
la vez, dentro de ellos mismos, criticarlo.
Por esto, señor Presidente, nosotros vamos a dar nuestro voto
favorable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Durán.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente porque ya en Comisión también
expresamos la opinión del Grupo Socialista con respecto a este
acuerdo.
Quiero recordar, como han hecho otros portavoces, que el
objetivo de este acuerdo es positivo desde el punto de vista
español, ya que supone fomentar de manera clara la inversión
productiva en Turquía, y se dirige, por tanto, a proteger esas
inversiones de una manera efectiva.
Dicho esto, es evidente que la actual situación de la
República de Turquía exige que hagamos un pronunciamiento al
respecto que no es novedoso y que lo venimos haciendo como
Grupo Socialista y como Gobierno en multitud de foros
internacionales en los que se trata esta cuestión. Son
problemas relacionados con democracia, con derechos humanos,
sobre todo con tratamientos de minorías y en especial con la
minoría kurda.
Quiero, en este sentido, recordar que la presión por parte del
Grupo Socialista, por parte de los socialistas españoles y
europeos y por parte del Gobierno español es una presión en
doble sentido. Por una parte, la presión ejercida en el marco
de la Unión Europea. En esta línea está la visita de la troika
comunitaria a Ankara, de la que formaba parte España exigiendo
y presionando para la retirada de las tropas turcas del norte
de Irak, cosa que se ha conseguido recientemente. Y, por otra
parte, una presión clara por parte de los socialistas europeos
y españoles en todos los foros internacionales, que ha tenido
especial relevancia en la propia Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, condenando estas acciones, exigiendo de
manerarigurosa un derecho a los respetos humanos d de la
delegación turka en la propia Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa.
Por tanto, la actitud de los socialistas españoles, europeos y
del propio Gobierno es absolutamente clara al respecto, no es
nada tibia, sino que es coherente con las declaraciones que ha
venido manifestando en esta cuestión de manera repetida. Vamos
a votar a favor porque entendemos que se puede, por una parte,
mantener y fomentar las inversiones productivas de España en
la República de Turquía aprobando este convenio, y, al mismo
tiempo, vamos a mantener la exigencia de presión sobre las
autoridades de Ankara para un restablecimiento democrático de
los derechos de las minorías en su país.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a las
votaciones correspondientes a estos dos dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores.
En primer lugar, votación del dictamen de la Comisión sobre el
Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales
del Consejo de Europa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 251; a favor, 251.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Queda aprobado el
dictamen.
Dictamen sobre el Acuerdo para la promoción y protección
recíproca de inversiones entre el Reino de España y la
República de Turquía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 252; a favor, 241; en contra, uno; abstenciones,
diez.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Queda aprobado el
dictamen.
Señorías, no estando en condiciones de ser debatido el punto
décimo del orden del día, queda, en consecuencia, terminado
todo lo que era disponible para debatir en esta sesión.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.