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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 112, de 01/12/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 112 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 111
celebrada el jueves, 1 de diciembre de 1994Página
Página
ORDEN DEL DIA:
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas:
--Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio y Acuerdos Anejos, Entendimiento relativo a los
compromiso en materia de servicios financieros y Acuerdo sobre
contratación pública, hechos en Marrakech el 15 de abril de
1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 154.1, de 31 de octubre de 1994 (número de expediente
110/000126) (Página 5964)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 5981)
--Real Decreto-Ley 11/1994, de 28 de octubre, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por
las recientes inundaciones (número de expediente 130/000022)
(«Boletín Oficial del Estado», de 4 de noviembre de 1994.)
(Página 5981)
--Real Decreto-Ley 12/1994, de 25 de noviembre, por el que se
amplía el ámbito territorial de aplicación de las medidas
incluidas en el Real Decreto-Ley 11/1994, de 28 de octubre, a
las inundaciones ocurridas con posterioridad a su aprobación
(número de expediente 130/000023) («Boletín Oficial del
Estado», número 283, de 26 de noviembre de 1994.) (Página 5981)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:
--Convenio sobre la protección de los créditos laborales en
caso de insolvencia del empleador (número 173 de la OIT)
adoptado en Ginebra el 23 de junio de 1992 y Declaración que
España va a formular en el momento de la ratificación.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número
141.1, de 16 de septiembre de 1994 (número de expediente
110/000118) (Página 5988)
--Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones
entre el Reino de España y la República de Nicaragua, hecho
«ad referendum» en Managua el 16 de marzo de 1994. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 145.1, de 23
de septiembre de 1994 (número de expediente 110/000120)
(Página 5988)
--Convenio relativo a la protección del niño y a la
cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La
Haya el 29 de mayo de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 149.1, de 7 de octubre de 1994
(número de expediente 110/000121) (Página 5988)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de incorporación al Derecho español de la
Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los
derechos de autor en el ámbito de la Propiedad Intelectual.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
66.1, de 27 de mayo de 1994 (número de expediente 121/000052)
(Página 5989)
Declaración institucional:
--Sobre el Día Mundial del Sida (Página 5997)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
(Continuación.):
--Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la
ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria,
Finlandia y Suecia a la Unión Europea. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 75.1, de 30 de julio de
1994 (número de expediente 121/000060) (Página 5997)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican
determinados preceptos del Código Penal relativos a los
delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad
Social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 82.1, de 13 de octubre de 1994 (número de expediente
121/000069) (Página 6006)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de
la mañana.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas (Página 5964)
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio y acuerdos anejos, Entedimiento relativo a los
compromisos en materia de servicios financieros y acuerdo
sobre contratación pública, hechos en Marrakech el 15 de abril
de 1994 (Página 5964)
El señor Presidente manifiesta que, de conformidad con lo
acordado por el propio Pleno en la sesión del día anterior, se
procede a la tramitación directa y en lectura única del
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio y acuerdos anejos, hechos en Marrakech el 15 de abril
de 1994. El señor Ministro de Comercio y Turismo (Gómez-
Navarro Navarrete) pide la ratificación de estos acuerdos
sobre los que en anteriores comparecencias en este Parlamento
ya había informado y entregado los estudios preparados por el
Ministerio, en los que se valoran los efectos de los mismos,
anunciando la publicación en los próximos días de un nuevo
estudio en el que, de manera exhaustiva, se analizan las
implicaciones de la Ronda Uruguay sobre determinados sectores
de nuestra economía, en un esfuerzo importante para comunicar
a la sociedad, y principalmente a las empresas, el significado
primordial de la Ronda, que representa un peldaño más en la
tendencia a la internacionalización de la economía mundial que
se viene manifestando en los últimos años. Destaca algunos
aspectos y efectos generales de la Ronda Uruguay, como el
crecimiento de los intercambios internacionales de mercancías
y servicios y el establecimiento de un marco más claro de
reglas en el comercio mundial, así como la apertura de los
mercados para reforzar esta tendencia al crecimiento del
comercio mundial por encima del de los productos internos,
cifrando como uno de los logros mayores de la Ronda Uruguay el
establecimiento de la Organización Mundial del Comercio y el
acuerdo sobre el sistema integrado de solución de diferencias,
que se espera constituyan la clave de bóveda que permitirá
consolidar e impulsar el sistema multilateral de comercio y
desterrar el recurso a medidas unilaterales.
Resalta igualmente como otros logros destacables la
incorporación al sistema multilateral del GATT de productos
agrícolas hasta ahora excluidos y la integración en el sistema
de forma progresiva y ordenada del comercio de productos
textiles.
Afirma que el comercio internacional es ahora más complejo que
nunca, con una creciente participación en el mismo de los
servicios de los productos de alta tecnología y las
transacciones interempresas, que canalizan una proporción
creciente del comercio internacional. Por primera vez se
aborda el comercio de servicios, que queda sometido a las
reglas de un acuerdo marco que establece la disciplina general
de la nación más favorecida y la transparencia. Alude también
a los servicios financieros y los compromisos asumidos en
torno a servicios relacionados con el turismo, así como el
derecho de propiedad intelectual o las medidas adoptadas en
materia de inversiones relacionadas con el turismo, con
respecto a todo lo cual, y desde la perspectiva española, cabe
decir que buena parte de la liberalización en marcha ya se ha
producido en nuestro país como consecuencia de nuestra
adhesión a la Unión Europea, nuestro principal proveedor y
cliente, eliminando aranceles y obsÙtáculos de todo tipo a lo
largo del período transitorio, que culminó en el año 1992. En
consecuencia, tras la Ronda Uruguay el esfuerzo que a España
le resta por realizar para asumir los compromisos de la Ronda
tiene, en comparación con otros países, un carácter marginal.
Ahora les toca a terceros países el turno de incorporar a su
normativa de comercio exterior los rasgos de liberalización y
seguridad jurídica que nosotros venimos aplicando desde hace
ya varios años.
En cuanto a la reducción arancelaria, su magnitud para las
importaciones españolas tampoco reviste gran importancia. La
reducción de 0,9 puntos sobre el arancel promedio que
comportará la Ronda Uruguay es, evidentemente, muy inferior a
la ya establecida en nuestro país y, si a ello se une la
existencia de un amplio abanico de acuerdos con terceros
países que configuran el esquema preferencial de la Comunidad,
es fácil extraer la conclusión de que el porcentaje de
importaciones afectadas por la reducción arancelaria es muy
pequeño, dado que en la actualidad más del 80 por ciento de
nuestras importaciones proceden de países en los que el
arancel es nulo o muy reducido. Consiguientemente, y en
comparación con el acuerdo de adhesión a la Comunidad Europea,
el impacto de la Ronda Uruguay será netamente inferior. Por el
contrario, la reducción arancelaria de la Ronda Uruguay tendrá
una contrapartida importante en países terceros que acometen
procesos de desmantelamiento de sus aranceles, en la mayoría
de los casos muy superiores a los nuestros. Merced a esta
reducción, se abren oportunidades de negocios en terceros
mercados para sectores importantes de nuestra economía en
cuantía muy superior a la que supuso en su día la
incorporación a la Comunidad Europea.
Subrayar, por otra parte, que los acuerdos alcanzados se
caracterizan por ser un compromiso único y global, por lo que
no cabe pensar que en el futuro se reproduzcan situaciones
indeseables de cara a la seguridad jurídica del comercio
mundial, en virtud de las cuales podía suceder que se
asumieran algunos compromisos y otros no. La Ronda Uruguay ha
de aceptarse en bloque o no hacerlo. Asimismo resalta lo que
califica de dos buenas noticias, como son el haberse allanado
las dificultades surgidas en los procesos de ratificación de
la Ronda Uruguay entre dos de los más importantes
socios comerciales, Estados Unidos y Japón, y la firme
voluntad política expresada por los dirigentes de los
principales países en diversos foros, en el sentido de que la
nueva Organización Mundial de Comercio debe comenzar a
funcionar el 1 de enero de 1995, a fin de no ver lesionados
los beneficios que la Ronda supondrá para el comercio mundial
por un retraso en la entrada en vigor de la Organización
Mundial de Comercio. Anuncia que el Parlamento Europeo va a
proceder también a la ratificación y parece seguro que en el
seno de la Comunidad no van a producirse retrasos que impidan
nuestra presencia como socios fundadores en la nueva
Organización.
Menciona, por último, algunas de las cuestiones que no han
sido tratadas en la Ronda Uruguay, que preocupan mucho a la
opinión pública española y que representan tareas importantes
pendientes de abordar en el futuro, independientemente de lo
cual los resultados ya obtenidos son decisivos para impulsar
el crecimiento de la economía mundial y el bienestar de todas
los países a partir de la entrada en vigor de la Organización
Mundial de Comercio. Considera que el acuerdo ofrece muchas
oportunidades para España, aunque también muchas exigencias,
como la obligación de intensificar la política actual para la
creación de un marco que favorezca la competitividad de las
empresas y el mantenimiento de un tipo de cambio que permita a
las empresas seguir compitiendo adecuadamente en el comercio
internacional como lo pueden hacer ahora. A estos efectos hay
que proseguir en la política de reducción del déficit público
con perseverancia y pragmatismo político. También es necesario
proseguir en la política de internacionalización de la empresa
española con presencia física en el exterior, que en muchos
casos es imprescindible para exportar y mantener la
competitividad de la matriz española. Con este fin, el
ministerio ha elaborado los tres programas fundamentales que
menciona seguidamente. Termina el señor Ministro solicitando a
la Cámara la ratificación del Acuerdo sometido a la misma.
No habiendo sido presentadas enmiendas a esta iniciativa,
intervienen, en turno de fijación de posiciones, lo señores
Albístur Marín, del Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida,
del Grupo Vasco (PNV); Molíns i Amat, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Espasa Oliver, del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Aguirre Rodríguez, del Grupo
Popular, y Martín Mesa, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se concede la autorización solicitada
para la ratificación de estos acuerdos por 295 votos a favor,
uno en contra y dos abstenciones.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 5981)
Real Decreto-Ley 11/1994, de 28 de octubre, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por
las recientes inundaciones (Página 5981)
Real Decreto-Ley 12/1994, de 25 de noviembre, por el que se
amplía el ámbito territorial de aplicación de las medidas
incluidas en el Real Decreto-Ley 11/1994, de 28 de octubre, a
las inundaciones ocurridas con posterioridad a su aprobación
(Página 5981)
En nombre del Gobierno explica las razones que han determinado
la promulgación de estos Reales DeÙcretos-ley el señor
Ministro de la Presidencia (Pérez Rubalcaba). Alude al sistema
normativo excepcional que por su propia naturaleza entraña el
Decreto-ley, tal y como establece el artículo 86 de la
Constitución Española, y consecuencia de esa voluntad
normativa del Gobierno es la obligación de que el texto sea
sometido a debate y votación por esta Cámara para su
convalidación o derogación. Precisamente uno de los supuestos
en que resulta más justificada la utilización de los reales
decretos-ley es la reacción rápida ante catástrofes naturales
y hechos imprevistos que afectan a personas y bienes. Pues
bien, en el pasado mes de octubre se produjeron lluvias
torrenciales sobre partes importantes del territorio español,
Francia e Italia, resultando afectadas en España concretamente
las provincias de Cantabria, Castellón, Jaén y Baleares, y en
especial la Comunidad Autónoma de Cataluña. Dichas
inundaciones provocaron víctimas mortales y graves daños en
edificación de viviendas, infraestructuras viarias e
hidráulicas, servicios públicos, explotaciones agrarias y en
establecimientos industriales, comerciales y de servicios. En
las cuatro provincias de Cataluña el número de municipios
afectados se acerca a la cifra de trescientos y la valoración
económica de los daños producidos supera ampliamente los 1.600
millones, sin contar con la agricultura, donde los daños se
han cifrado en una primera valoración en 3.000 millones, o la
red viaria, afectada también en Cataluña con unos daños
cercanos a los 2.000 millones de pesetas. En el resto de las
comunidades autónomas los daños han sido mucho más modestos en
cifras globales y su impacto mucho más localizado. Añade el
señor Ministro que el carácter extraordinario de estos daños,
por la extensión de las zonas
afectadas y por haber supuesto una importante alteración de la
vida socioeconómica de las mismas, ha hecho necesaria la
adopción de medidas excepcionales que contribuyan al
restablecimiento de la normalidad y que han sido recogidas en
los reales decretos-leyes de los pasados meses de octubre y
noviembre sometidos ahora a convalidación de la Cámara. En
ambos se establece una serie de medidas que detalla a
continuación.
Dado que con posterioridad al primer Real DeÙcreto-ley, el
11/1994, se volvieron a repetir varios episodios de lluvias
intensas, con especial incidencia en las provincias de Lleida,
La Coruña, y Jaén, ocurriendo también inundaciones con
consideÙrables daños y perjuicios económicos, afectando
aproximadamente a cien municipios, se hacía aconsejable que,
por razones de equidad, se extendiese también a estos
municipios el conjunto de medidas paliativas y reparadoras
previstas en el Decreto-ley de 28 de octubre.
Concluye solicitando, en nombre del Gobierno, la convalidación
de ambos Reales Decretos-ley, en el pleno convencimiento de
que se produjeron las condiciones de urgencia requeridas para
su promulgación.
No habiéndose solicitado por parte de ningún Grupo
Parlamentario turno en contra de la promulÙgación de los
Reales Decretos-ley, se procede a la fijación de posiciones,
interviniendo los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV); Nadal i Male, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); señora Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, y señores Ricomá de Castellarnau,
del Grupo Popular, y Sabaté Ibarz, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real
Decreto-ley 11/1994, de 28 de octubre, por 295 votos a favor.
Se rechaza su tramitación como proyecto de ley por 127 votos a
favor, 165 en contra y dos abstenciones. Asimismo se convalida
el Real Decreto-ley 12/1994, de 25 de noviembre, por 294 votos
a favor. Se rechaza su tramitación como proyecto de ley por
129 votos a favor, 165 en contra y una abstención.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios internacionales (Página 5988)
Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso
de insolvencia del empleador (número 173 de la OIT), adoptado
en Ginebra el 23 de junio de 1992 y Declaración que España va
a formular en el momento de la ratificación (Página 5988)
Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones
entre el Reino de España y la República de Nicaragua, hecho
«ad referendum» en Managua el 16 de marzo de 1994 (Página 5988)
Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación
en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29
de mayo de 1993 (Página 5988)
Sometido a votación, se aprueba el dictamen relativo al
Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso
de insolvencia del empleador (número 163 de la OIT), adoptado
en Ginebra el 23 de junio de 1992 y Declaración que España va
a formular en el momento de la ratificación, por 294 votos a
favor y una abstención.
Asimismo se aprueba el dictamen sobre el Acuerdo de promoción
y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España
y la República de Nicaragua, hecho «ad referendum» en Managua
el 16 de marzo de 1994, por 293 votos a favor y dos
abstenciones.
Por último, se aprueba el dictamen sobre el Conveniorelativo a
la protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de
1993, por 293 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
(Página 5989)
Proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la
Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los
derechos de autor en el ámbito de la Propiedad Intelectual
(Página 5989)
El señor Camp i Batalla interviene en defensa de las enmiendas
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), retirando varias de
ellas y dando por defendidas en sus propios términos las
restantes, destacando el alto nivel de aceptación de enmiendas
producido en el debate en Comisión.
La señora García-Alcañiz Calvo defiende las enmiendas del
Grupo Popular. Comienza refiriéndose con amplitud al debate de
totalidad celebrado el pasado 15 de septiembre, en el que
fijaron con amplitudsu posición respecto a este proyecto de
ley, mostrando su disconformidad con el mismo y las
contradicciones claras y evidentes en que incurría.
En este momento se limita a dar por defendidas las enmiendas
que mantienen vivas al proyecto de ley y adelanta su voto
negativo en relación con el proyecto, que no sólo mantiene los
defectos que les llevaron en su día a enmendarlo a la
totalidad sino que tales defectos los mantiene incluso
aumentados, utilizando la trasposición de una Directiva
comunitaria para realizar una reforma clara, aunque
encubierta, de aspectos muy importantes de nuestra Ley de
Propiedad Intelectual, sin el debate y tratamiento que merecía
tal reforma. El señor Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición
Canaria, mantiene las enmiendas presentadas para su votación
en el Pleno.
El señor González de Txabarri Miranda, en nombre del Grupo
Vasco (PNV), mantiene asimismo las enmiendas números 4 y 5
relativas a la mejor y más objetiva protección de los derechos
de la propiedad intelectual de los autores y de los
intérpretes.
El señor Clotas i Cierco interviene, en nombre del Grupo
Socialista, en turno en contra de las enmiendas presentadas al
proyecto de ley.
Se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas al
proyecto de ley y defendidas anteriormente, así como del
dictamen de la Comisión, que es aprobado.
Declaración institucional (Página 5997)
El señor Presidente expone que, con motivo de celebrarse hoy
el Día Mundial del Sida, se propone a la Cámara, la aprobación
de una declaración institucional, a cuyo texto da lectura.
Se aprueba por asentimiento la citada declaración
institucional.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
(Continuación.) (Página 5997)
Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la
ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria,
Finlandia y Suecia a la Unión Europea (Página 5997)
En turno de fijación de posiciones en relación con este
proyecto de ley orgánica intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría
Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Molíns i Amat, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); Vázquez Romero, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Arias-Salgado
Montalvo, del Grupo Popular, y Costa Costa, del Grupo
Socialista.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 287 votos a
favor, manifestando el señor Presidente que tal aprobación ha
tenido los votos suficientes requeridos por la naturaleza
orgánica de la ley.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 6006)
Proyecto de ley orgánica por la que se modifican determinados
preceptos del Código Penal relativos a los delitos contra la
Hacienda pública y contra la Seguridad Social (Página 6006)
En nombre del Gobierno el señor Ministro de Economía y
Hacienda (Solbes Mira) presenta el proyecto de ley.
El señor Espasa Oliver defiende la enmienda de totalidad de
texto alternativo presentada por el Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. En turno de fijación de posiciones
intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV);
Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Costa Climent, del Grupo Popular, y la señora Aroz Ibáñez, del
Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la enmienda de totalidad por
12 votos a favor, 137 en contra y 115 abstenciones.
Se levanta la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de
la mañana.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS
LEGISLATIVAS:
--ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL
COMERCIO Y ACUERDOS ANEJOS, ENTENDIMIENTO RELATIVO A LOS
COMPROMISOS EN MATERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ACUERDO
SOBRE CONTRATACION PUBLICA, HECHOS EN MARRAKECH EL 15 DE ABRIL
DE 1994 (Número de expediente 110/000126)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
A tenor de lo acordado por el propio Pleno en el día de ayer,
pasamos al nuevo punto del orden del día: Tramitación directa
y en lectura única del Acuerdo por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio y acuerdos
anejos, entendimiento relativo a los compromisos en materia de
servicios financieros y Acuerdo sobre contratación pública,
hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994. Tiene la palabra
el señor Ministro de Comercio y Turismo. (Rumores.) Un
momento, señor Ministro.
Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Señor Presidente, señorías, comparezco en esta
ocasión ante SS.SS. para pedirles la ratificación del Acuerdo
por el que se establece la Organización Mundial de Comercio,
sus anejos, el entendimiento relativo a los compromisos de
servicios financieros y Acuerdo sobre contratación pública.
En anteriores comparecencias he informado al Parlamento y
entregado los estudios preparados por el Ministerio de Comerio
y Turismo en los que se valoran los efectos sectoriales de la
Ronda y diferentes publicaciones del ministerio en las que
expertos españoles y mundiales realizaban valoraciones, sector
por sector y tema por tema, sobre las repercusiones de la
Ronda.
Se hará público en los próximos días un nuevo estudio en el
que de manera exhaustiva se analizan las implicaciones en el
sector servicios, textil, protección intelectual, inversiones
y otros aspectos destacables de la Ronda. También se publicará
otro estudio, realizado en colaboración con el Ministerio de
Agricultura, sobre los efectos en el sector agrícola.
Hemos revisado los informes preparados en otros países
europeos y puedo afirmar, sin reserva alguna, que la calidad y
cantidad de la información generada en España sobre los
efectos de la Ronda Uruguay es superior a todos y a cada uno
de ellos. Creo que el ministerio, y su ministro en particular,
han dado al Parlamento información suficiente para que pueda
valorar la importancia de la Ronda. También se ha hecho un
esfuerzo para comunicar a la sociedad y principalmente a las
empresas el significado primordial de la Ronda, que no es más
que reconocer es un peldaño más en la afirmación de las
tendencias a la internacionalización de la economía mundial
que se viene manifestando en los últimos años.
Quiero destacar los siguientes aspectos y efectos generales de
la Ronda Uruguay. En primer lugar, reforzará la tendencia al
crecimiento de los intercambios internacionales de mercancías
y servicios por encima del crecimiento del producto interior
bruto de las naciones. Desde 1986, y año tras año, el
crecimiento del comercio mundial supera, en bastante, al de la
producción. En 1994 las perspectivas son un crecimiento de la
producción mundial del 3,1 por ciento, y en el comercio del
7,2 por ciento.
Evidentemente, el establecimiento de un marco más claro de
reglas en el comercio mundial y la apertura de los mercados va
a reforzar esta tendencia al crecimiento del comercio mundial
por encima del de los productos internos. El proceso de
reducción de aranceles y eliminación de medidas que dificultan
el acceso a los mercados se iniciará a la entrada en vigor de
la Organización Mundial de Comercio, y se realizará a lo largo
de cinco años para los productos industriales, seis para los
agrícolas y diez para los productos textiles. La Secretaría
del GATT estima que el comercio mundial en el año 2005 será,
el 23,5 por ciento superior al que se registraría en el caso
de no firmarse el acuerdo. Hay que precisar, sin embargo, que
la estimación realizada por el GATT es conservadora, ya que no
tiene en cuenta los efectos derivados de la liberalización de
servicios, de la propiedad intelectual, ni de ninguno de los
anejos. No considera importantes efectos dinámicos derivados
de una mayor competencia y especialización y, sobre todo,
compara la estimación con una situación de mantenimiento del
«statu quo» cuando, de no ratificarse la Ronda, lo más
probable sería una velta al proteccionismo bajo la forma de
grandes bloques económicos aislados. Esto, indudablemente, más
allá de la frialdad de las cifras, indica claramente que las
empresas deben reforzar la dimensión internacional de su
actividad.
En segundo lugar, la Ronda Uruguay da un nuevo impulso a un
sistema de comercio internacional en el que las reglas y
disciplinas multilaterales tienen un papel importante que
jugar. El GATT siempre ha respondido a esta filosofía; no
obstante, el transcurso del tiempo había ido debilitando poco
a poco la fuerza del marco multilateral establecido, cobrando
fuerza, en su lugar, el bilateralismo en las relaciones entre
las grandes potencias comerciales, fundamentalmente la Unión
Europea, Estados Unidos y Japón, y el crecimiento de los
acuerdos regionales de integración.
Quizá, uno de los mayores logros de la Ronda Uruguay sea el
establecimiento de la Organización Mundial de Comercio y el
acuerdo sobre el sistema integrado de solución de diferencias,
que se espera constituyan la clave de bóveda que permitirá
consolidar e impulsar el sistema multilateral de comercio y
desterrar el recurso a medidas unilaterales.
En línea también con el reforzamiento de las disciplinas
multilaterales son destacables dos aspectos: La incorpración
al sistema multilateral del GATT del comercio de productos
agrícolas, hasta ahora excluido, y la integración en el
sistema multilateral, de forma progresiva y ordenada, del
comercio de productos textiles.
El acuerdo agrícola alcanzado se basa en un doble enfoque: Por
un lado, la conversión de todas las medidas no arancelarias en
aranceles y, por otro, el establecimiento de compromisos
vinculantes en las esferas de accesos al mercado, ayuda
interna y competencia de las exportaciones. Se ha reintegrado
asimismo, tal como dije anteriormente, al sistema multilateral
de forma
progresiva y ordenada, el comercio de productos textiles,
hasta ahora sometido a las restricciones del acuerdo
multifibras. Con este objetivo se ha diseñado un procedimiento
por el cual, al final del período transitorio de diez años, se
aplicará al sector textil y al vestido la disciplina del GATT.
Esta integración se hará de forma progresiva, habiéndose
dividido el período transitorio en tres etapas.
En tercer lugar, el comercio internacional es ahora más
complejo que nunca. Se entrecruzan en él las transacciones de
mercancías, acompañadas por la prestación de servicios
complementarios y las inversiones directas, concebidas como
forma de acceder a los mercados. Es creciente la participación
en él de los servicios, de los productos de alta tecnología
que ya representan aproximadamente la quinta parte de la
exportación de la Unión Europea y la tercera parte de su
importación, y las transacciones interempresas que canalizan
una proporción creciente del comercio internacional.
La Ronda Uruguay ha incorporado también en alguna medida la
mayor complejidad de las relaciones comerciales
internacionales, acogiendo en ella el comercio de servicios,
la propiedad intelectual y los obstáculos a la inversión. Por
primera vez se aborda el comercio de servicios, que queda
sometido a las reglas de un acuerdo marco y establece las
disciplinas generales de la nación más favorecida y la
transparencia.
En cuanto a las obligaciones de acceso al mercado y trato
nacional, quedan sujetas al principio de liberalización
progresiva y, para empezar, están recogidas, con las reservas
y limitaciones que cada país considera necesarias, en las
ofertas de compromisos iniciales de acceso a mercado y del
trato nacional. Ciertamente quedan pendientes negociaciones en
ciertos sectores para completar las ofertas de compromisos
iniciales. En este sentido, se están desarrollando ya
negociaciones en los sectores de servicios financieros,
transporte marítimo, telecomunicaciones básicas y servicios
profesionales, así como en el ámbito del movimiento de las
personas físicas. En lo que se refiere a los servicios
financieros, el entendimiento relativo a dichos servicios
supone a la Unión Europea la consolidación de la situación
actual frente a terceros países. Al término de la negociación
pendiente, que se desarrolla actualmente, la comunidad podrá
retirar total o parcialmente esa oferta dependiendo de la
reciprocidad que obtengan otros países. El mayor nivel de
compromisos asumidos en servicios corresponde a las
actividades de servicios relacionados con el turismo, debido a
que gran número de países en desarrollo lo han incluido en sus
listas, resultado satisfactorio para un país como el nuestro
cuyos intereses son eminentemene ofensivos en este sector.
Los beneficios de la liberalización en países terceros, se
derivarán de la posibilidad de penetrar en mercados exteriores
vía inversión directa, mediante creación de hoteles y
restaurantes, asentamiento de agencias de viajes, etcétera.
El acuerdo sobre los aspectos de derecho de propiedad
intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio
de mercancías falsificadas, se funda en los principales
convenios internacionales existentes que han sido negociados
bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual. Este acuerdo establece la extensión de ciertos
principios básicos, como el de trato nacional y el de nación
más favorecida a los derechos de propiedad intelectual y se
definen normas generales que han de respetarse para la
adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad
intelectual.
El acuerdo sobre medidas en materia de inversiones
relacionadas con el comercio, los llamados TRIMS, tiene un
alcance muy limitado, pero aborda dos aspectos básicos.
Fundamentalmente prohíbe las medidas incompatibles con las
disposiciones del GATT contenidas en el artículo 3.º, sobre el
trato nacional, principalmente los requisitos de contenido
local en la producción, y con el artículo 11, sobre
eliminación de las restricciones cuantitativas que
fundamentalmente son la vinculación entre importaciones y
exportaciones. Quiero destacar, por último, dos aspectos
importantes. En el ámbito de las reglas y disciplinas se ha
reforzado y precisado la normativa multilateral mediante los
entendimientos y acuerdos que desarrollan los correspondientes
artículos del Acuerdo General sobre AranceÙles y Comercios
relativos «antidumping», subvenciones, salvaguardias,
obstáculos técnicos, etcétera, mejorando sustancialmente los
resultados obtenidos en rondas anteriores sobre estas
materias.
En cuanto a los acuerdos plurilaterales, que sólo se aplican
entre sus signatarios, hay que destacar por su importancia, el
de contratación pública. En el marco de la Comunidad ya se ha
liberalizado el acceso a los mercados públicos en los Estados
miembros. La negociación del GATT tiene como objetivo extender
a países terceros el trato que se deriva de la aplicación de
nuestras directivas de compras públicas, siempre y cuando se
garantice un acceso recíproco a los mercados públicos.
Valoración española, ¿qué valoración cabe hacer desde la
perspectiva española? En el capítulo de acceso a los mercados
la labor de liberalización comercial ya ha sido realizada, en
su mayor parte, por nuestro país con ocasión de su adhesión a
la Unión Europea. En efecto, la Unión Europea es nuestro
principal proveedor y cliente. En ambos aspectos significa
cerca del 70 por ciento de nuestras exportaciones y un poquito
menos de nuestras importaciones. Hemos eliminado aranceles y
todo tipo de obstáculos a lo largo del período transitorio que
ha culminado en 1992 y hemos asumido, además, un régimen de
comercio con países terceros que puede calificarse de muy
liberal.
En cuanto a las reglas y disciplinas que rigen la política
comercial de la Comunidad, el acervo comunitario incorporaba,
por no citar más que algunos ejemplos significativos, unas
disciplinas estrictas en materia de subvenciones, unos
mercados públicos muy abiertos, unos rígidos sistemas de
determinación del margen de «dumping» y la proscripción de
obstáculos técnicos a través de un sistema de reconocimiento
mutuo de legislaciones y de certificados de conformidad
técnica de los productos.
Toda esta asunción de régimen de comercio exterior se llevó a
cabo sin contrapartidas por parte del resto del mundo. Tras la
Ronda Uruguay, sin embargo, el esfuerzo que a España le resta
por realizar dentro de la Comunidad para asumir los
compromisos de la Ronda, tiene en comparación un carácter
marginal. Es ahora el turno de los países terceros de
incorporar a su normativa de comercio exterior los rasgos de
liberalización, predictibilidad y seguridad jurídica que
nosotros venimos aplicando desde hace ya varios años. En este
sentido, cabe concluir que se extenderán al marco multilateral
las disciplinas que ya caracterizaban nuestra normativa en
materia de comercio exterior; dicho en otras palabras, con la
Ronda Uruguay estamos exportando al mundo, a los países
terceros, disciplinas que ya nos habíamos impuesto al ser
miembros de la Unión Europea.
En cuanto a la reducción arancelaria, su magnitud para las
importaciones españolas no reviste gran importancia. Puede
decirse que la adhesión de España a la Comunidad resultó en un
aumento del cien por cien de la importación (el 125 por ciento
si se excluyen los productos energéticos), como consecuencia
de la reducción de la protección arancelaria del orden casi de
diez puntos, acompañada por una eliminación o reducción de
otros mecanismos de protección; en comparación, la reducción
de 0,9 puntos sobre el arancel promedio que comportará la
Ronda Uruguay es evidentemente muy inferior. Además, hay que
tener en cuenta que aproximadamente la mitad de la importación
procedente de países beneficiarios del sistema de preferencias
generalizadas se realiza libre de derechos. Si a esto unimos
la existencia de un amplio abanico de acuerdos con terceros
países que configuran el esquema preferencial de la Comunidad,
fundamentalmente en países del Este, países mediterráneos y
países de Africa, Caribe y Pacífico, es fácil extraer la
conclusión de que el porcentaje de importaciones afectadas por
la reducción arancelaria es muy reducido. En efecto, en la
actualidad más del 80 por ciento de nuestras importaciones
proceden de países con los que el arancel es nulo o muy
reducido.
Según este análisis, el impacto de la Ronda Uruguay en
comparación con el de la Adhesión, será netamente inferior.
Estamos ante dos fenómenos de magnitud claramente diferente.
En primer lugar, las importaciones afectadas pasan de ser del
cien por cien al orden del 20 por ciento; y, en segundo lugar,
los niveles de arancel de que se parte (2,61 por ciento en
promedio ahora, frente al 11,13 por ciento que teníamos en el
momento de la adhesión), y los niveles de arancel a los que se
llega --1,71 frente al 2,61--, son también sensiblemente
diferentes.
Por contra, la reducción arancelaria de la Ronda Uruguay sí
tendrá una contrapartida en países terceros, que acometen
procesos de desmantelamiento de sus aranceles en la mayoría de
los casos muy superiores al nuestro. Así, los Estados Unidos
reducen su arancel el 37 por ciento, aun cuando la reducción
efectiva ponderando el volumen del comercio, de la que se
beneficiarán nuestras exportaciones, alcanza casi el 50 por
ciento. Japón, tras los períodos de aplicación de los
resultados de la Ronda, presentará el arancel más bajo del
mundo, habiendo efectuado una reducción media ponderada del 60
por ciento, dentro de la cual se incluyen rebajas importantes
en productos de nuestro interés, como el cuero y el calzado.
La reducción media de Canadá es del orden del 50 por ciento y
las de Australia y Nueva Zelanda superan el 40 por ciento. En
cuanto a los nuevos países industrializados del sureste
asiático, Corea del Sur aplicará reducciones superiores al 40
por ciento; Singapur consolida aranceles al 10 por ciento; y
Hong Kong aplicará derechos nulos al 35 por ciento de los
productos. Hay que destacar el esfuerzo de consolidación
arancelaria acometido por numerosos países en vías de
desarrollo, a raíz del cual éstos se comprometen a no elevar
arbitrariamente sus aranceles por encima del nivel ofrecio, o
bien a ofrecer compensaciones en caso de hacerlo. En América
Latina los derechos máximos oscilan entre el 25 y 35 por
ciento, cuando eran países acostumbrados a tener aranceles en
muchos casos del 100 por ciento. Merced a todas estas
reducciones, y muchas más que no he citado, se abren
oportunidades de negocio en terceros mercados para sectores
tan importantes de nuestro país como los azulejos, zapatos,
productos químicos, cerámica, muebles, calzado y textiles. Si
comparamos --igual que hemos hecho en el caso anterior--la
adhesión a la Comunidad con la aplicación de los aranceles de
la Ronda, la primera implicación que aparece es que los
beneficios potenciales son claramente superiores también en
este segundo caso. Considerando que la Unión Europea aplicaba
a España antes de la adhesión un arancel muy reducido, por ser
un ente comercial abierto, y además el hecho de que España
gozaba ya de condiciones mejores de acceso en virtud del
acuerdo preferencial de 1970, la contrapartida en términos de
mejora de nuestras posibilidades de exportación a los Estados
miembros de la Comunidad no fue cuantitativamente importante,
si bien es verdad que el mercado comunitario absorbe casi el
70 por ciento de nuestras exportaciones.
Hay que subrayar también que los acuerdos alcanzados se
caracterizan por ser un compromiso único y
global. De esta forma no cabe pensar que en el futuro se
reproduzcan situaciones indeseables de cara a la seguridad
jurídica del comercio mundial, en virtud de las cuales podía
suceder que se asumieran algunos compromisos y otros no. La
Ronda Uruguay ha de aceptarse en bloque, o no hacerlo.
Cabe resaltar, por último, dos buenas noticias. En primer
lugar, parecen haberse allanado las dificultades surgidas en
los procesos de ratificación de la Ronda Uruguay en dos de los
más importantes socios comerciales, Estados Unidos y Japón. La
firme voluntad política expresada por los dirigentes de los
principales países en diversos foros, en el sentido de que la
nueva Organización Mundial de Comercio debe comenzar a
funcionar el 1.º de enero de 1995, se basa en la convicción de
que la credibilidad del proceso de aplicación, el valor de los
compromisos intercambiados en la negociación y los beneficios
que éstos supondrán para la economía mundial, se verían
lesionados por un retraso en la entrada en vigor de la
Organización Mundial de Comercio.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha emitido, el pasado 15 de noviembre, su dictamen
acerca de la naturaleza jurídica de los acuerdos de la Ronda
Uruguay estableciendo la existencia de las competencias
compartidas entre la Comisión y los Estados miembros en esta
materia. Existe así, por tanto, vía libre para la ratificación
por parte de los parlamentos nacionales, la cual deberá
producirse a tiempo para que la Organización Mundial de
Comercio inicie su andadura el 1.º de enero. Por su parte, el
Parlamento Europeo también va a proceder a la ratificación y
ya parece seguro que en el seno de la Comunidad no van a
producierse retrasos que impidan nuestra presencia como
miembros fundadores en la nueva organización. El 8 de
diciembre próximo se reunirá la conferencia ministerial de
aplicación para decidir acerca de la aplicación internacional
de los resultados y la fecha de su entrada en vigor, con la
intención de que sea el 1.º de enero de 1995. Ahora bien, la
satisfacción por esta gran liberalización de los intercambios
no debe hacernos olvidar que existen cuestiones relacionadas
con el comercio que preocupan mucho a la opinión pública y que
en la Ronda Uruguay han sido esbozadas o simplemente no se han
podido tratar. Como cuestión sólo esbozada destaca la relación
entre comercio y medio ambiente. Se ha creado un Comité de
Comercio y Medio Ambiente con un programa de trabajo para
modificar, en su caso, las reglas del GATT, con el fin de que
se puedan imponer restricciones al comercio como consecuencia
de medidas medioambientales, lo que actualmente no es posible.
El trabajo en este Comité se orientará en el sentido de
impedir que tales medidas sean utilizadas como restricciones
comerciales encubiertas y que no tengan carácter
extraterritorial ni unilateral. Confiamos en que esto
permitirá obtener resultados satisfactorios a medio plazo para
todos los signatarios.
Entre las cuestiones que no se han tratado en la Ronda Uruguay
permítanme que destaque las siguientes. En primer lugar, la
conveniencia de acordar unos criterios objetivos y
cuantificables para decidir la graduación de los países en
desarrollo. Esos criterios deberían permitir tener en cuenta
la evolución de su situación relativa en base a su renta «per
cápita» y a su participación en el comercio mundial.
En segundo lugar, el vínculo entre el comercio y los aspectos
monetarios. La creciente globalización de la economía impone
una necesidad de coherencia en la formulación de las políticas
económicas, especialmente en lo que se refiere al logro de una
mayor estabilidad en los tipos de cambio, como medio de
expandir los flujos comerciales, impulsando así el crecimiento
y el desarrollo. En tercer lugar, y el más sensible a la
opinión pública, el tema y la relación entre comercio y
derechos sociales. Habría que conseguir que las mejoras en los
ingresos derivados de la liberalización del comercio
internacional alcancen a toda la población de aquellos países
donde las condiciones de trabajo, Seguridad Social y
salariales se alejan de lo que podemos definir como modelo
deseable. No se trata con ello de privar a los países en
desarrollo de lo que constituye en ocasiones su única ventaja
comparativa (los bajos salarios), sino de generar una dinámica
de extensión del bienestar derivada del incremento del volumen
de comercio a todas las capas de la población.
Quedan, pues, tareas importantes por abordar en el futuro; sin
embargo, los resultados ya obtenidos son decisivos para
impulsar el crecimiento de la economía mundial y el bienestar
de todos los países a partir de la entrada en vigor de la
Organización Mundial de Comercio y de forma progresiva
conforme vayan transcurriendo los distintos plazos de
aplicación de los acuerdos. Para terminar, política a seguir.
El acuerdo ofrece muchas oportunidades para España, pero
también muchas exigencias. En primer lugar, el entorno de
mayor competencia que se crea obliga a continuar, intensificar
y profundizar la política actual para la creación de un marco
que favorezca la competitividad de las empresas. Es
particularmente importante el mantenimiento de un tipo de
cambio que permita a las empresas seguir compitiendo
adecuadamente en el comercio internacional, tal como pueden
hacer ahora. No cabe olvidar, no obstante, que el
mantenimiento de un tipo de cambio competitivo será reflejo de
las condiciones financieras internas y, en particular, de la
necesidad de financiación del sector público. Por lo tanto,
hay que proseguir en la política de reducción del déficit
público con perseverancia y pragmatismo político.
En segundo lugar, es necesario proseguir en la política de
internacionalización de la empresa española, teniendo en
cuenta que la Ronda Uruguay abre mercados que para nosotros
son todavía lejanos, en los que tenemos una presencia escasa y
de los que no conocemos su cultura, como son los mercados
asiáticos, en los que, dicho sea de paso, ni siquiera en Japón
tenemos una presencia apreciable. En lo que llevamos de año,
la exportación a Japón representa el 1,3 por ciento de
nuestras exportaciones, cuando la economía japonesa es
aproximadamente la quinta parte de la economía mundial.
En tercer lugar, dentro de la estrategia de
internacionalización, hay que entender la complejidad del
comercio internacional hoy en día y pensar que la exportación
de servicios complementaria o independiente de la exportación
de mercancías es cada vez más importante, sobre todo en los
productos que incorporan algún tipo de contenido tecnológico.
Por lo mismo, no hay que tener miedo a la internacionalización
de la empresa con presencia física en el exterior, porque en
muchos casos es imprescindible para exportar y mantener la
competitividad de la matriz española.
En este panorama de mayor competencia, el Ministerio de
Comercio y Turismo ha elaborado tres programas fundamentales
que sólo voy a enumerar y no voy a desarrollar. En primer
lugar, las medidas de apoyo a la actividad exterior de las
empresas españolas, instrumentadas, fundamentalmente, a través
del Icex; en segundo lugar, la reestructuración de los
instrumentos financieros de apoyo a la exportación y a la
internacionalización que implica su reforma para adecuarlos a
la nueva realidad, y que vendrán a esta Cámara en el primer
trimestre del año 1995, y, en tercer lugar, un programa de
mejora en la calidad de la infraestructura y los servicios de
apoyo a la exportación. Por todo ello, agradezco su atención y
solicito de ustedes la ratificación del acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio y de los
acuerdos anejos, el entendimiento relativo a los compromisos
de servicios financieros y el acuerdo sobre contratación
pública.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
No hay enmiendas presentadas a esta iniciativa.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Estamos cumpliendo lo que se puede considerar un requisito
histórico, pese a que parece que hay que reconocer que en esta
Cámara muchos de estos hechos pasan con cierta pasividad. Ayer
mismo leíamos la noticia de cómo algo parecido en el
Parlamento inglés ha experimentado un importante debate
interno dentro del propio Parlamento. Sin embargo, quisiera
compartir, con la exposición que considero que de forma
sintética y brillante ha hecho el señor Ministro, la
satisfacción por la ratificación de lo que significa una
posición favorable a la apertura casi sin límites --y subrayo
el casi sin-- del mercado para productos agrícolas,
industriales, incluidos los servicios y la tecnología.
Compartimos también la preocupación que ha sido citada por el
señor Ministro en relación con el medio ambiente, pero yo
querría insistir en la posible vía que el GATT abre para
profundizar en la prolongación de la justicia social,
entendida claramente como reconocimiento de los derechos de
los trabajadores de países en los cuales todavía sigue
existiendo una gran explotación y donde se está estableciendo
la competitividad internacional precisamente en base a esta
explotación. Creemos que ese es uno de los objetivos que debe
buscarse con mayor ahínco, junto con los monetarios y con las
medidas de medio ambiente. Sin embargo, se abre, paralelamente
también a esto, un mercado internacional con grandes
dificultades para nuestras empresas en el mercado exterior.
Tenemos verdaderas dificultades en la competitividad
tecnológica y diría que también para la financiera. Lo mismo
sucedecon la capacidad de comparecer en concursos
internaÙcionales, fundamentalmente las pequeñas y medianas
empresas. Por eso considero que es necesario aprovechar esta
oportunidad para volver a plantear en este ámbito la necesidad
de desarrollar una ofensiva internacional importante por parte
de las instituciones de gobierno, en concreto del Ministerio
que el Ministro ponente hoy preside.
Creo que hay que potenciar ferias, asociaciones de
exportadores, apoyos y asesoría en concursos internacionales,
sobre todo, como antes he dicho, para pequeñas y medianas
empresas; que hay que compaginar también, dentro de la ayuda
al desarrollo, la liberalidad exigida por los organismos
internacionales con la correcta participación de empresas,
productos materiales y técnicos del Estado español, y que hay
que profundizar en la transformación de esa política de
internacionalización que ha sido subrayada en las últimas
palabras del Ministro. En el debate de presupuestos planteamos
precisamente enmiendas en este sentido. No consideramos que
exista una contradicción en todo el trabajo para la reducción
del déficit precisamente en conseguir mayores apoyos para este
esfuerzo. Esperemos que la reflexión que hoy nos lleva a
ratificar el GATT se convierta internacionalmente en una tarea
de trabajo para potenciar la presencia exterior de nuestras
empresas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Vasco (PNV); el señor Gatzagaetxebarría tiene la
palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Vasco en
relación al acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio y los acuerdos anejos.
A la hora de fijar la posición de este Grupo Parlamentario,
queremos agradecer al Gobierno la información periódica y
constante que ha otorgado a los Grupos Parlamentarios,
información que ha servido para que los diferentes Grupos
representados en esta Cámara podamos consolidar una posición
política al respecto. Creemos que han sido los funcionarios de
la administración comercial española los que, en definitiva,
mejor conocen el desarrollo, las negociaciones y los efectos
que pueda tener la aprobación de la Ronda Uruguay del GATT.
Por ello tenemos que agradecer, lo reitero, señor Presidente,
que el Gobierno haya informado a los Grupos Parlamentarios y
eso nos ha dado pie a tener una información exacta, constante
de los efectos que en cada uno de los sectores económicos va a
tener el acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT. Señor
Presidente, nuestro Grupo Parlamentario se congratula también
del consenso alcanzado en la RondaUruguay del GATT,
inicialmente entre la Unión Europeay los Estados Unidos y, a
renglón seguido, multilateralmente, entre el resto de los
países. Creemos que ha prevalecido la sensatez y la
responsabilidad, como debía ser en un asunto de esta
trascendencia, pues es más lo que tenían en común las partes
negociadoras que lo que les separaba y al final se ha pactado
dejar fuera los puntos de diferencia, como el sector terciario
audiovisual, y ampliar el calendario para continuar las
negociaciones en sectores como el transporte marítimo, la
aeronáutica y los servicios financieros.
Estimamos que la liberalización del comercio mundial supondrá
un aumento de la actividad económica internacional y será
elemento de consideración en la reactivación de la economía
europea y mundial. Ello se explica porque la Unión Europea es
el primer exportador mundial. Las exportaciones aportan el 35
por ciento del producto interior bruto de la Unión; es decir,
algo más de un tercio de la riqueza que produce la Unión
Europea tiene en las exportaciones su fundamentación. Por
ello, al liberalizarse el comercio internacional, los europeos
consolidaremos, a nuestro juicio, una de nuestras principales
fuentes de riqueza. El mundo subdesarrollado será el segundo
beneficiario del acuerdo, pues las grandes áreas comerciales,
como la Unión Europea y el espacio de libre comercio
norteamericano ahora, con el Tratado de Libre Comercio y
Japón, eliminarán las medidas de carácter proteccionista.
Entendemos que para España el Acuerdo del GATT es globalmente
positivo, porque tiene un importante volumen de exportaciones,
constituyendo el comercio exterior español un 24 por ciento
del producto interior bruto y siendo en el sector de los
servicios donde se generará un beneficio mayor, debido a que
se trata de un sector competitivo. No obstante, sí apreciamos,
como indicaremos más adelante, algunas dudas que puedan
existir en el sector de la agricultura. También nos parece que
el acuerdo puede ser positivopara España porque podrá permitir
importar en condiÙciones económicas más favorables aparatos
electrónicos, maquinaria e informática. Además, se produce un
efecto indirecto, y es que, al liberalizarse o abrirse los
mercados mundiales, las economías de los estados de la Unión
Europea tienen un mayor abanico de actuación, que también se
produce para la economía española.
Las negociaciones para alcanzar el acuerdo han sido tan
costosas porque al final han estado primando intereses
sectoriales sobre los generales, pero esperamos que el acuerdo
impulsará la economía mundial, creando las condiciones y las
bases para el crecimiento económico y las inversiones.
Señorías, creemos que al disminuir el nivel de protección
exterior se va a facilitar el acceso a otros mercados y que,
en definitiva, todo esto constituye un reto para nuestro
sistema productivo, que tendrá que esforzarse para progresar
en competitividad cara al mercado exterior.
Por otra parte, nuestra posición relativa como parte
integrante de la Unión europea con un alto grado de
liberalización del comercio en base al nivel reducido de
nuestro arancel comunitario, nos permite suponer una baja
incidencia negativa sobre nuestra economía, mientras, por el
contrario, la incidencia positiva será, en términos generales,
más alta, porque nuestros adversarios comerciales,
particularmente Estados Unidos y Japón, tienen que hacer un
mayor esfuerzo de liberalización.
Consideramos que el acuerdo alcanzado será beneficioso para
los consumidores, pues, en definitiva, verán cómo de la
reducción arancelaria devendrá una disminución de los precios
de los diferentes productos.
Señorías, la presente ronda de negociaciones iniciada en Punta
del Este (Uruguay) en 1986 y que ha durado siete años, ha sido
la más ambiciosa de todas las existentes, en sentido
geográfico, debido al récord de participación de los países
intervinientes y, en sentido de cobertura sectorial, al
pretender dar un espíritu de liberalización y multilateralidad
a una serie de nuevos temas, como el siderúrgico, el textil,
los servicios y las inversiones extranjeras. Quiero
manifestar, igualmente, que, a pesar de ser la negociación de
la última ronda del GATT, como decíamos, las más ambiciosa en
participación y contenido, ha coincidido también en el tiempo
con un avance del proceso proteccionista, como es la
regionalización o zonificación del comercio mundial, fruto de
lo cual estamos asistiendo a la aparición de deferentes
bloques comerciales mediante los cuales los países pretenden
defender sus intereses de una manera conjunta. Por un lado,
hay que dar la bienvenida a iniciativas regionales de países
en desarrollo que intentan conseguir un crecimiento orientado
hacia el exterior, viniendo a ser, no obstante, la
fragmentación del comercio internacional en bloques regionales
protegidos entre sí de la competencia exterior por medidas no
arancelarias, un mecanismo de proteccionismo necesario, por lo
menos en cierto grado.
En cuanto a los contenidos del acuerdo de la Ronda Uruguay,
nos parece que lo más sustancial del acuerdo será el recorte
arancelario que alcanza un promedio de un 33 por ciento, y la
creación, por fin, de la Organización Mundial del Comercio,
que ve la luz 35 años después del frustrado intento de su
creación al término de la II Guerra Mundial, como organismo
encargo de velar por el cumplimiento del acuerdo global y que
servirá para reforzar la automaticidad de las decisiones y
para el establecimiento de los tribunales encargados de
arbitrar en las disputas entre países miembros de la
organización, lo cual contribuirá, sin duda, a la aplicación
justa de las reglas comerciales y a que las decisiones no
estén supeditadas al consentimiento de las partes en
conflicto.
Nos parece adecuado el acuerdo alcanzado en materia de
propiedad intelectual o la protección de los derechos de
autor, de obras literarias, artísticas, marcas comerciales y
denominaciones de origen, pues, por primera vez, este sector,
cuya importancia está siendo cada vez mayor entre los países
desarrollados, va a quedar cubierto en el tráfico mercantil
ordinario.
Igualmente, se ha avanzado también por primera vez en el
sector terciario de los servicios al reconocerse el principio
general de la liberalización del sector y el de dar a todos
los países trato igual al de nación más favorecida, conocido
también como cláusula de favorecimiento. La regulación de los
servicios es importante, pues la Unión Europea es el primer
exportador del mundo en servicios y su potencial de expansión
es muy considerable.
La exclusión del ámbito de los servicios del sector
audiovisual nos parece acertada, señor Presidente, a la vista
de las posiciones que mantenía cada una de las partes. Creemos
que Europa tiene derecho a proteger la identidad y pluralidad
cultural y a mantener su política de ayudas, la libre
reglamentación de las nuevas tecnologías y la figura regulada
en una directiva como la de la televisión sin fronteras, que
reserva el 51 por ciento de la producción a los europeos. Por
ello opinamos que al final ha prevalecido el arte frente a la
mercantilización de la cultura.
La industria de textiles se incorpora de forma gradual en el
marco de la Organización Mundial del Comercio, pero, en todo
caso, la inversión en productos textiles en Europa y otros
países occidentales se va a producir en un período de 10 años,
suficiente, a nuestro juicio, para adoptar las medidas
adecuadas por parte de las empresas afectadas.
En cuanto al capítulo agrícola, lo vemos con escepticismo y
duda, ya que contiene aspectos sombríos y limitativos para
nuestra agricultura, pero también hay que reconocer que el
acuerdo agrícola supone la consolidación y la compatibilidad
de la reforma de la política agrícola comunitaria en el
acuerdo global alcanzado.
Por ello, señor Presidente, entendemos que el mecanismo
político que ha utilizado la Unión Europea de aprobar
previamente la reforma de la política agrícola comunitaria
para tener una posición política uniforme a la hora de
negociarlo con los Estados Unidos ha sido el planteamiento
adecuado. Nos suscita dudas qué hubiera ocurrido si se hubiera
alcanzado un acuerdo previo en la ronda Uruguay del GATT sin
que la Unión Europea hubiera procedido a un diseño, a una
modificación o a una reforma del modelo de política agrícola
comunitaria. Entendemos, señor Presidente, que habríamos
estado en una situación más díficil por las presiones que
respecto a la política de intervención tanto en los precios
como en los mercados estaba ejerciendo Estados Unidos. En
materia de disciplina comercial nos parece fundamental el
consenso alcanzado, que habilita a los países firmantes para
la adopción de medidas antidumping en aras a impedir la
importación de productos cuyo valor de mercado sea inferior al
real. En segundo lugar, destacaríamos la sujeción en la
elaboración de productos alimenticios y de origen animal y
vegetal a los estándares y directrices internacionales en
materia de sanidad y control de calidad. Para finalizar, señor
Presidente, quería hacer referencia a cuestiones --alguna de
ellas ha quedado incluida en el ámbito de la Organización
Mundial del Comercio-- relativas a la relación entre el
desarrollo sostenible de la economía y el comercio.
Entendemos que en la protección medioambiental, el dumping
medioambiental que existe en relación con los países en vías
de desarrollo en comparación con los países desarrollados se
ha producido un avance, puesto que se ha admitido dentro del
acuerdo general la creación del Comité de Comercio y Medio
Ambiente, que va a emitir un dictamen sobre la relación entre
el comercio y el medio ambiente. Nos parece importante para
evitar distorsiones en el mercado y que países en vías de
desarrollo puedan incitar a que se invierta en determinados
núcleos económicos, proponiendo que no cuesta el contaminar,
que produce menores costos de producción, a diferencia de las
condiciones de protección medioambiental que se dan en los
países desarrollados.
Por tanto, el que dentro de las funciones de la Organización
Mundial del Comercio se haya incluido la protección del medio
ambiente y la relación entre el
comercio y el desarrollo sostenible, nos parece importante.
Ahí está, en definitiva, el proyecto y la aspiración. Ya
veremos en el día a día del funcionamiento de la Organización
Mundial del Comercio cómo queda esta cuestión del dumping
medioambiental.
Quería referirme, señor Presidente, al dumping social. A
nuestro Grupo parlamentario le preocupa. Ha habido diferencias
en las posiciones políticas entre los países desarrollados y
los que están en vías de desarrollo, que no querían introducir
una cláusula social que estableciera una protección social
para los trabajadores tanto de lo países desarrollados como de
los que están en vías de desarrollo.
Aunque no es ortodoxo hablar de dumping social, puesto que el
dumping viene a denominar la introducción en el tráfico
comercial ordinario de productos a un coste inferior al real,
sí vemos cómo en determinados países existen unas condiciones
sociales, de prestación laboral, de cobertura social por parte
de los poderes públicos que no se pueden comparar con las que
tenemos en la Unión Europea. Lo que en este momento Europa
puede impulsar, puede vender y tiene que ofrecer a los países
en vías de desarrollo es la exportación de su bienestar
social, del nivel de protección social, en definitiva, del
modelo de protección social que en Europa y en España vamos
configurando de común acuerdo los diferentes grupos políticos
de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, le ruego
concluya.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, ahoro termino, señor
Presidente. Por ello quiero manifestar que normas tan
importantes como el trabajo de los niños, como la prohibición
de libertad sindical que existe en determinados países, el
desamparo a la hora de la cobertura del desempleo, las
onerosísimas condiciones de trabajo que existen en
determinados países, han de inspirar, por lo menos, una
coordinación entre la Organización Internacional de Trabajo y
la Organización Mundial del Comercio, puesto que aquí se está
produciendo un determinado cruce competencial, ya que, en
definitiva, corresponde a la OIT toda la normativa y toda la
extensión de la protección de los derechos sociales en el
mundo, pero somos conscientes también de que la normativa que
inspira la elaboración de instrumentos de Derecho
Internacional por la OIT no es de carácter obligatorio y está
sujeta a la voluntariedad de los países. Por tanto, señor
Presidente, haciendo un llamamiento a este aspecto social,
nuestro Grupo parlamentario va a votar favorablemente la
ratificación del acuerdo relativo a la Organización Mundial
del Comercio y a los acuerdos anexos. Nada más y muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Molíns.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.
Ratificar un acuerdo multilateral, como es el de la creación
de la Organización Mundial del Comerio y los acuerdos anejos,
significa otorgar el más decidido apoyo al establecimiento de
uno de los pilares básicos sobre los que deberá operar la
economía internacional y la economía de cada uno de los países
que suscriben el acuerdo en el futuro inmediato.
Cuando en el día a día parlamentario se debaten cuestiones
sobre la política fiscal, la política presupuestaria, la
reforma laboral, la política industrial, la política agraria,
sobre la actividad exterior o sobre los incentivos a la
innovación tecnológica, en el fondo lo que se está
instrumentando es la política económica que nos debe permitir
competir en un marco mucho más amplio que el del mercado
interior español, mucho más amplio incluso que el del mercado
único europeo, es decir, el marco de la internacionalización
que desde la finalización de la Ronda Uruguay del GATT viene
condicionado especialmente por la creación de la Organización
Mundial del Comercio y por los acuerdos anejos que se firmaron
en Marrakech el 15 de abril de 1994. Este es el marco de la
interpelación que marca la pauta de las políticas económicas
que podamos instrumentar para poder ser competitivos y crear
empleo en el futuro.
Una de las prioridades de Convergència i Unió en esta
legislatura ha sido la clarificación y evaluación de los
Acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT y su incidencia sobre
cada uno de los sectores de nuestra economía. Así, en esta
legislatura, nuestro Grupo Parlamentario presentó, ya en
septiembre de 1993, una primera interpelación urgente al
Gobierno, que repitió en febrero de 1994 y a raíz de la cual
se solicitaron tres debates en las Comisiones de Industria,
Energía y Turismo, en la de Economía, Comercio y Hacienda y en
la de Agricultura, Ganadería y Pesca, para valorar la
incidencia de los acuerdos alcanzados en esa Ronda Uruguay del
GATT para cada uno de los citados sectores y la presentación
de las correspondientes resoluciones. La síntesis de los
debates celebrados otorgan una valoración positiva a la
incidencia de los acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay del
GATT, y especialmente para la creación de la Organización
Mundial del Comercio respecto a la economía española, si bien
manifiestan la necesidad de adoptar medidas para estimular las
ventajas competitivas que se abren a los distintos sectores
productivos y para mitigar las desventajas que la
liberalización comercial puede comportar para algunos
sectores.
Ahora, señor Presidente, señorías, vamos a ratificar dichos
acuerdos, pero con ese acto no finaliza el trámite. Tan
importantes son los acuerdos como la forma de aplicarlos. Este
es el reto que nos queda pendiente de ahora en adelante: ¿Cómo
vamos a participar en la Organización Mundial del Comercio?
¿Qué medidas vamos a adoptar para conseguir la máxima
operatividad y eficacia en la defensa de los intereses de los
sectores productivos españoles ante la Organización Mundial
del Comercio? ¿Hasta qué punto la creación de la OMC nos exige
acelerar las medidas de actuaciones que debe adoptar nuestra
economía para mejorar su competitividad? Este debate,
señorías, deberá acompañarse en el futuro de un sistemático
seguimiento de los objetivos que nos proponemos alcanzar para
que la economía española mejore sus posiciones en ese marco de
internacionalización que nos impone la pertenencia a este
nuevo organismo de la OMC. Se ha dicho que la firma de estos
acuerdos aporta unas ventajas muy claras para la estabilidad
internacional, que mejora sustancialmente las expectativas
internacionales de crecimiento. La OCDE ha valorado que la
aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay y la creación
de la OMC pueden representar unos beneficios anuales de
213.000 millones de dólares, es decir, 30 billones de pesetas
anuales para el conjunto de la economía mundial en los
próximos nueve años, lo que equivaldría a generar un
crecimiento, por tanto, adicional del PIB mundial de entre un
1 y un 4,5 por ciento.
Por otra parte, la sustitución del GATT por la OMC refuerza el
carácter multilateral de los acuerdos en relación al carácter
bilateral que, sobre todo con determinadas prácticas, tenían
los acuerdos del GATT. Se refuerzan las reglas y disciplinas
comerciales para evitar los abusos que pudieran cometer los
sectores productivos de determinados países respecto a las
normas acordadas de comercio internacional.
La aplicación de los acuerdos respecto a nuestra economía en
concreto tienen, a nuestro entender, dos ámbitos a considerar:
por una parte, una más activa participación en la política
comercial europea y en la organización y gestión de la
Organización Mundial del Comercio y, por otra, el
fortalecimiento imprescindible de la competitividad general y
sectorial de nuestra economía. Los diferentes debates
celebrados en la Cámara, tanto en Pleno como en Comisión, así
como las resoluciones aprobadas, permiten determinar cuáles
son nuestras prioridades en estos momentos. Sobre la base
precisamente de esas resoluciones aprobadas debemos destacar
las principales prioridades.
En primer lugar, participar en la política comercial europea y
en la OMC. Debe intervenirse con la máxima prioridad en la
política comercial europea y en la Organización Mundial del
Comercio, concretando medidas para promover la incorporación
de ciudadanos españoles en esas instituciones comunitarias o
en estos organismos multilaterales, estimulando una mayor
operatividad y eficacia en la instrumentación de los
mecanismos que permitan la investigación de actuaciones de
dumping, el control aduanero de las importaciones comunitarias
con el fin de evitar el fraude de las importaciones ilegales o
la mejora y agilización de los sistemas estadísticos para el
control de los productos contingentados.
Debemos también exigir reciprocidad en la apertura de mercados
de países asiáticos, como India, China, Indonesia y Paquistán.
Es bien cierto, señor Ministro, que, en este ámbito, Paquistán
ya ha firmado un acuerdo que puede calificarse como
satisfactorio para una mayor apertura de sus mercados a los
productos exteriores; sin embargo, nada se ha conseguido
todavía, que nosotros conozcamos, con la India, y en el caso
de China, que está negociando su adhesión a la Organización
Mundial del Comercio, en este caso concreto la vigilancia de
los acuerdos que pueden alcanzarse es fundamental, ya que
China, por ella misma, representa casi tanto como un nuevo
acuerdo del GATT.
La mayor parte de las resoluciones que han sido aprobadas en
las tres comisiones que han analizado ese impacto, como decía
anteriormente, están orientadas a estimular la mejora de la
competitividad interior de nuestra economía. La creación de la
OMC configura un marco de competencia exterior, pero las
medidas de mejora de la competitividad deben adoptarse en el
interior. Entre los compromisos más significativos que
incluyen estas resoluciones, deben destacarse --alÙgunos los
enumeraba ya el señor Ministro en su intervención--: estimular
la competitividad por la vía de la exportación y de la
internacionalización, reforzando el proceso de orientación de
la política económica hacia el fomento de la economía
productiva; garantizar la reducción del déficit público para
propiciar el descenso del tipo de interés y de la inflación,
evitando la sobrevaloración en el tipo de cambio de la peseta
e impulsando como prioridad la inversión; adecuar la
fiscalidad a las necesidades de la internacionalización --
algunas de ellas ya están contempladas en los presupuestos
para 1995--, y fortalecer la exportación e
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, quiero recordar al señor Ministro que el
Ministerio de Comercio y Turismo debía presentar, antes del 30
de octubre, el balance de medidas adoptadas en el marco de
programas de medidas de apoyo a la actividad exterior de las
empresas españolas elaboradas por ese Ministerio y el
calendario de actuaciones que tiene previsto adoptar en el
futuro y también, antes del 30 de octubre, debía presentar el
programa trienal de financiación de las citadas medidas, y
todos tenemos en cuenta el contenido de los presupuestos para
1995, señor Ministro.
Las comisiones que han estudiado el tema han puesto también el
acento en la necesidad de reducción de costes, reducción de
las cotizaciones a la Seguridad Social. Seis meses después de
acordarlo por unanimidad en todas esas comisiones, hemos oído
en los debates de presupuestos de estos últimos días cómo
alguien las pone en duda, habiendo votado por unanimidad una
proposición que solicitaba del Gobierno la reducción de las
cotizaciones de la Seguridad Social y su sustitución por IVA.
Esto está votado por unanimidad por todos los grupos de la
Cámara.
Hay que reducir los costes de la energía, adoptar medidas
sectoriales; la vigilancia sectorial del cumplimiento de los
acuerdos y el funcionamiento de la OMC es una de las claves
fundamentales para el éxito o el fracaso del impacto de estos
acuerdos en nuestra economía. La Administración y los
diferentes sectores, especialmente aquellos que resultan más
afectados por la modificación de su situación o por el proceso
transitorio a que quedan sometidos, como el sector textil,
deben institucionalizar grupos de seguimiento para la
aplicación de los acuerdos, grupos de seguimiento cuyoobjetivo
será agilizar y garantizar el efectivo funcionamiento de los
mecanismos de denuncia e investigación del «dumping», de los
fraudes en las importaciones. De la estrecha y eficaz
colaboración en estas funciones dependerá, señor Ministro, una
parte muy importante de la competitividad de algunos sectores
productivos. Se deben adoptar medidas de apoyo al sector
textil, medidas de apoyo a la agricultura, señor Ministro,
mejorando la información relativa a las producciones agrarias,
que tendrán, en el marco de los nuevos acuerdos, mayores
potencialidades futuras; garantizar que la creación de la
Organización Mundial del Comercio no afectará negativamente a
aquellos productos agrícolas pendientes de someterse a una
Organización Común de Mercado, como son las hortalizas,
frutas, arroces y aceites; potenciar las industrias de
transformación y comercialización agroalimentarias, puesto que
los alimentos de segunda transformación no verán limitadas sus
exportaciones, lo que debe traducirse en una mayor ganancia de
cuotas de mercado exterior; modificar el sistema de concesión
de ayudas, de soporte a la exportación y de los cupos de
exportación, ponderando en mayor medida la calidad del
producto frente a las cuotas históricas establecidas;
intensificar los controles fitosanitarios de normalización de
los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros procedentes de
esÙtados no comunitarios, al objeto de garantizar que dichas
importaciones no supongan ningún riesgo para la salud humana y
que sean obtenidos respetando el medio ambiente, asegurando
así el espíritu global de los acuerdos. En definitiva, señor
Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario va a
ratificar con su voto el Acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT
y la creación de la Organización Mundial del Comercio, pero,
como decía anteriormente, tan importantes son los acuerdos
como la manera de aplicarlos y éste es el reto que nos queda
pendiente.
El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego concluya.
El señor MOLINS I AMAT: Acabo ya, señor Presidente.
¿Cómo vamos a participar en la Organización Mundial del
Comercio? ¿Qué medidas vamos a adoptar para conseguir la
máxima operatividad y eficacia en la defensa de los intereses
de los sectores productivos españoles industrial, agrícola, de
servicios, ante la OMC? Sobre todo, la creación de la
Organización Mundial del Comercio, señorías, nos obliga a
acelerar las medidas y actuaciones que, en cualquier caso,
debería adoptar nuestra economía para mejorar su
competitividad. Nuestro Grupo Parlamentario, señor Presidente,
se propone solicitar y exigir del Gobierno un seguimiento
sistemático de los objetivos que nos proponemos alcanzar para
que la economía española mejore sus posiciones en el marco de
la internacionalización que nos impone la pertenencia al nuevo
organismo de la OMC, cuya creación hoy va a ratificar nuestro
Grupo.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Tratado que vamos a ratificar hoy es enormemente
complejo, incluye multitud de temas que han sido bien
expuestos y sintetizados por el Ministro de Comercio y, por lo
tanto, no voy a insistir mucho en sus aspectos parciales y sí
a hacer algunas reflexiones políticas de carácter más general
sobre la bondad de la ratificación de este Tratado, sobre todo
centrado en la visión de futuro, es decir, analizando, desde
nuestro Grupo Parlamentario, el cambio significativo e
importante que para el futuro puede representar la
instauración de la Organización Mundial del Comercio e
intentar pasar --el futuro nos dirá en qué medida lo vamos a
conseguir todos los países firmantes de este acuerdo-- de unas
relaciones multilaterales, pero casi siempre presentadas de
forma asimétrica en favor de los grandes, y especialmente de
Estados Unidos que, recurriendo a su famoso artículo 301,
podía --y, efectivamente, así lo ha hecho-- imponer su ley al
resto de países de la economía mundial, de esta situación de
no exacta multilateralidad, de evidente asimetría y de
protagonismo de una de las grandes economías presentes en el
mundo, como digo, se
puede pasar, al menos en la letra del acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio ya se ha
pasado, a una situación de multilateralidad, a una situación
de igual peso político y jurídico, que no económico,
evidentemente, de todas las partes contratantes.
Este es para nosotros un elemento de primera magnitud, un
elemento, casi me atrevería a decir, revolucionario en el
comercio mundial, puesto que si uno lee los artículos que
configuran el acuerdo por el que se crea la Organización
Mundial del Comercio, puede ver fácilmente cómo de alguna
forma se está creando una asamblea general de la ONU pero en
el mundo del comercio, es decir, un foro, la Conferencia
ministerial, el Consejo General con los representantes de la
Conferencia ministerial, donde todos los países tienen voz y,
más importante aún, todos los países tienen voto y el mismo
peso: cada país tiene un voto. Aunque en el acuerdo que crea
la Organización Mundial del Comercio se viene a reconocer que,
en lo que se pueda, se continuará actuando con las costumbres
y leyes del GATT 1947, cuando esto no sea posible o cuando
algunos países así lo decidan, se pasará a aplicar las normas
contenidas en el GATT 1994 y, sobre todo, en el propio acuerdo
de la Organización Mundial del Comercio, acuerdo que tiene
como elemento nuclear político, fundamental para nosotros,
considerar que cada país tiene un voto y que los acuerdos se
tomarán, si puede ser, por consenso, lo que muchas veces es
muy difícil en temas donde los intereses legítimos de cada
país están en colisión, y si no puede ser por consenso, se
tomarán por votación y por mayoría simple.
Creemos que en las relaciones comerciales internacionales se
va a inaugurar un sistema de dirimir diferencias cuyo peso
fundamental estará centrado en las mayorías y en las minorías
que puedan establecerse alrededor de los temas en litigio. Por
lo tanto, parece que, en función de los temas en litigio, en
función de los intereses coincidentes, las mayorías y las
minorías no serán siempre iguales. En definitiva, habrá un
mayor juego, lo que permitirá una mayor supervivencia de las
economías más débiles en la medida en que puedan agruparse
para defender sus intereses, construir mayorías en el seno de
la Organización Mundial del Comercio y defender, en la medida
de lo posible, sus legítimos intereses, cosa que ahora podían
hacer en menor medida sobre todo frente a la economía más
poderosa del planeta, la de Estados Unidos, donde estaba
siempre pendiente la espada de Damocles del famoso artículo
301.
Hemos visto con satisfacción cómo hace dos o tres días --no
recuerdo exactamente-- el Congreso de los Estados Unidos ha
ratificado el tratado por el que se crea la Organización
Mundial de Comercio, y, por lo tanto, parece, parece, y los
hechos nos lo confirmarán, que definitivamente Estados Unidos
abandona la tentación de la unilateralidad y tiende a
integrarse en la multilateralidad, aunque saben ustedes bien -
-y no es un juego de palabras--, el nombre exacto de la
organización debía haber sido organización multilateral del
comercio y fue la presión de los Estados Unidos la que obligó
a cambiar el nombre y a hablar sólo de Organización Mundial
del Comercio. No conozco exactamente el sentido de la
ratificación de este tratado en el Congeso de los Estados
Unidos y no sé si hay alguna reserva por parte de los Estados
Unidos respecto a la aplicación de la cláusula 301. En todo
caso, seguro que el Ministro sí lo sabe y le invito a que si
es así, lo explicite ante la Cámara, si ha habido algún tipo
de reserva o realmente no la ha habido, cosa de la que me
felicitaría.
El segundo aspecto que quería comentar es que, valorando
positivamente el cierre de la Ronda Uruguay, el cierre de los
acuerdos GATT 94 y, sobre todo, el nacimiento de la
Organización Mundial de Comercio --ya lo debatimos con el
señor Ministro en Comisión--, nuestro Grupo no está tan seguro
de que este incremento positivo y bueno del comercio
internacional vaya a ser tan lineal como las previsiones de la
OCDE predicen. El mismo Ministro ha reconocido que el GATT es
mucho más conservador y no prevé este crecimiento lineal tan
automático por el hecho de la firma del acuerdo. De hecho,
después de la firma de otras rondas del acuerdo del GATT --la
Ronda Tokyo y la Ronda Kennedy--, se produjeron situaciones de
depresión internacional, de descenso del nivel internacional
de intercambios comerciales; el instrumento político que
teóricamente debía facilitar este aumento o incremento del
comercio internacional se había ratificado y su traducción
comercial y económica no se produjo inmediatamente. No es que
deseemos que esto vaya a suceder ahora. Preferimos que aumente
el comercio internacional, preferimos que el comercio
internacional se convierta en un elemento que tire de las
economías de los distintos paísesque configuran el conjunto de
la economía mundial, cada vez más internacionalizada, pero
señalamos que no va a ser tan lineal ni va a ser un camino de
rosas tan claro como se dice.
Respecto del impacto que este acuerdo va a representar para
España, estamos de acuerdo con lo que han explicitado aquí
tanto el Ministro como los oradores que me han precedido en el
uso de la palabra. El gran esfuerzo de apertura español se
hizo con la adhesión a la Comunidad Europea. Lo que va a
representar ahora el impacto del GATT no es más que un impacto
pequeño, como ha dicho el Ministro de Comercio, sobre el 20
por ciento de nuestras importaciones --20-22 por ciento, por
tanto, es un impacto relativamente pequeÙño-- y creemos que
estamos en condiciones de absorberlo perfectamente.
Nosotros también en su día nos felicitamos de que determinados
bienes y servicios --los servicios culturales, y dentro de
éstos, el audiovisual--quedasen excluidos
de la ronda negociadora, que nuestro país, y el conjunto de
los grupos parlamentarios, forzase al Gobierno a que estuviese
a la altura de lo que se necesitaba para aquella negociación y
que preservase la identidad cultural de la Unión Europea en el
tema de los audiovisuales, puesto que éste era un tema no
cuantitativo, sino cualitativo, y en el que hubo acuerdo entre
todos los grupos, acuerdo con los representantes del Gobierno
para defender y conseguir que quedase de momento, de momento,
bien resuelto en estos acuerdos, aunque --lo sabemos todos--
hemos de continuar negoÙciando. Sabe el Ministro que una
moción que se aprobó--no recuerdo ahora bien si en Comisión o
en Pleno--emplazaba al Gobierno a que en la negociación de
este aspecto y de los que quedan pendientes --es decir, el
GATT, el tema servicios, el tema transportes aéreos y
audiovisuales-- se tenga una relación fluida con todos los
grupos parlamentarios para conformar una poÙsición lo más
global posible, una posición de Estado, alrededor de estas
importantes negociaciones que continuarán en los próximos
años.
No quisiera terminar sin referirme al tema comercio
internacional, mundialización de la economía, beneficios del
descreste arancelario en general para todos, pero también cómo
esto debe relacionarse con la exportación. Como bien ha dicho
el representante del Partido Nacionalista Vasco en esta
tribuna esta mañana, la exportación del entorno social de la
producción, es decir, de los derechos sociales conquistados en
los países más avanzados, y especialmente en los países
europeos, donde estos derechos sociales están más
identificados, mejor consolidados y más extendidos, al resto
de países del mundo. No se trata, como desde la derecha a
veces se ha propuesto --hablo fundamentalmente de la derecha
francesa--, de establecer una cláusula social de salvaguarda
en la Unión Europea para evitar el «dumping» social de los
productos que nos vienen de países en vías de desarrollo,
«dumping» que viene producido por dos aspectos: «dumping» en
el tipo cambiario, fundamentalmente, y «dumping» por las
distintas condiciones de trabajo, el distinto entorno social.
Nosotros no proponemos un arancel social, una barrera social
que eliminase la competencia de estos productos, puesto que
ésta sería una medida insolidaria respecto de los países en
vías de desarrollo, sino que lo proponemos al revés. Hemos de
ser capaces, hemos de empeñarnos, política y socialmente --el
Ministro lo ha mencionado, pero muy de pasada, aunque he de
reconocer que lo ha mencionado--, en la necesidad de exportar
los derechos sociales del núcleo europeo a los países en vías
de desarrollo.
El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, le ruego concluya.
El señor ESPASA OLIVER: Voy a concluir, señor Presidente. Para
nosotros, éste ha de ser un contrapeso fundamental al acuerdo
del GATT y al acuerdo por el que se crea la Organización
Mundial de Comercio, y lo resumíamos gráficamente, en nuestra
primera intervención, en el primer debate que tuvimos en esta
Cámara sobre esta cuestión, diciendo: GATT, sí; OIT, también.
Este era, de forma emblemática, el resumen de nuestra posición
respecto a la ratificación de este Tratado, respecto a los
claroscuros que pueda tener. No somos de los que creemos que
la simple existencia del Tratado y del incremento del comercio
internacional va a disminuir las diferencias entre países
ricos y países pobres. Son muchos más elementos los que harían
falta para producir este equilibrio en favor de los países más
desfavorecidos y uno de ellos sería, de verdad, el empeñarnos
en la exportación, desde el núcleo central del bienestar
social como es Europa, de los derechos sociales a todos los
países en vías de desarrollo del mundo. Para nosotros, éste ha
de ser el adecuado contrapeso a la ratificación, positiva, del
Acuerdo del GATT y de la Organización Mundial de Comercio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como ya puede suponer, mi Grupo sigue en una
posición, que le he reiterado en otras ocasiones, de
disconformidad con los análisis que nos ha presentado a esta
Cámara; análisis que supuestamente debería recoger el impacto
que la firma del Tratado tiene en los diferentes sectores.
Este Tratado ultima, a nuestro entender, siete años de
negociaciones entre más de 120 países y, por tanto, supone el
mayor tratado comercial de la historia respecto al número de
países afectados. De verdad, después de este Tratado, entramos
en un mundo más competitivo y, por tanto, con mayores
posibilidades de prosperidad. Para que se hagan una idea
SS.SS., las estimaciones de la OCDE cifran en un aumento de
750.000 millones de dólares los efectos liberalizadores del
GATT que dentro de cinco años se producirá en el comercio
exterior. No ha sido posible, a nuestro entender, que la
Administración central española, dirigida desde hace doce años
por el Gobierno del Partido Socialista, fuera capaz de
proporcionarnos los análisis a los que he hecho referencia.
Para este Gobierno, lo que es bueno para la economía mundial
en su conjunto ha de serlo automáticamente para la España de
hoy.
Debe, pues, hoy, esta Cámara pronunciarse sobre el Tratado
final de la Ronda Uruguay sobre la base de las convicciones
teóricas que cada uno tenga respecto al libre comercio y a la
confianza que tenga en los efectosbeneficiosos de la
competencia de nuestra economía.
El Gobierno nos da muy poco por su parte para analizar las
consecuencias de todo tipo que este Tratado va a tener sobre
los distintos sectores españoles. Al parecer, el Gobierno está
convencido, todavía, de que la liberalización consecuencia del
GATT es casi idéntica a la producida por la incorporación a la
Unión Europea. Y lo que todavía nos resulta más llamativo es
que los efectos de la integración europea se piense por parte
del Gobierno que ya han sido asimilados por nuestra economía.
A nuestro entender, en ambos casos, el Gobierno se equivoca.
El Grupo Popular es posiblemente, de todos los grupos
parlamentarios presentes en esta Cámara, el que más ha
mantenido la confianza en la liberalización y en la
competencia como motores de la prosperidad económica y social,
y digo esto porque ha sido constante a lo largo de sus
distintos programas electorales y propuestas parlamentarias.
Por esta razón, señor Ministro, el Grupo Popular va a votar
afirmativamente la ratificación de este Tratado.
Una vez afirmado este principio de nuestro firme propósito de
apostar por la liberalización del comercio, queremos, más bien
debemos, plantear a la Cámara una interrogante ampliamente
compartida: no se trata tanto de conocer qué tienen que hacer
los españoles para ayudar a España, sino --sería la pregunta
más concreta-- qué va a hacer el Gobierno para mejorar la
economía española actual. Hace casi un año, en el debate
anterior a la firma del Tratado, el portavoz del Grupo
Popular, don Rodrigo de Rato, insistía en que España no puede
contentarse con la media europea como objetivo de su
competitividad. Eso sería tanto, señor Ministro, como aceptar
nuestra instalación en la Europa de la segunda velocidad.
Hemos de recordar que estamos creciendo por debajo de la
media, pese a haber sufrido una crisis superior a la media en
1993. Somos plenamente conscientes de que existe ahora una
mayoría parlamentaria --de la que no forma parte el Grupo
Popular-- que tiene capacidad para cambiar las cosas. Supongo
que esa mayoría también es consciente de que el Grupo Popular
tiene hoy grandes posibilidades de ser el próximo responsable
de la siguiente mayoría parlamentaria en España. Digo esto,
señor Ministro, porque los cambios que hay que realizar desde
el Gobierno, o desde los gobiernos de España, han de ser, a
nuestro entender, muy profundos. No podemos pasar por alto los
resultados de las recientes liberalizaciones económicas. Sólo
gracias a cuatro devaluaciones se ha conseguido corregir
parcialÙmente el desastre de nuestro desequilibrio en el
comercio exterior, cuya menguada competitividad se está
consiguiendo por esas devaluaciones y a costa de paro. Ningún
otro país europeo --insisto-- ha sufrido tal aumento del paro
a raíz de la integración. Además, la reciente competitividad
comprada con devaluaciones conoce usted como nosotros que será
efímera. La recuperación de nuestra demanda interna ha
producido un crecimiento mucho más intenso de las
importaciones. En cuanto la demanda interna ha empezado a
crecer cinco puntos nominales, las importaciones lo hacen 25
puntos. Desgraciadamente, señor Ministro, el déficit corriente
ha comenzado a crecer por encima de 1993 a partir del pasado
mes de septiembre.
¿Se puede con estas evidencias afirmar que los efectos de la
integración en Europa han quedado atrás? Claramente, no. A
nuestro entender, estamos inmersos en un proceso económico con
efectos acumulativos, no estáticos; cada medida de hoy afecta
al proceso. Esto es lo que, según nuestro parecer, no puede o
no quiere entender el Gobierno.
Soy consciente de lo que la aceptación de este Tratado supone
para los miembros del Grupo Socialista. Todos sabemos que
ustedes, señorías, llegaron al Gobierno en 1982 ofreciendo lo
contrario de lo que supone este Tratado, y que mantuvieron
básicamente su oferta en 1986 cuando volvieron a consolidar la
mayoría absoluta. Supongo que para muchos de ustedes debe
resultar un esfuerzo más que considerable apostar por la
liberalización y la competitividad como motores del cambio
social y económico.
Señorías --y discúlpenme que se lo diga, pero es necesario--,
a los españoles no les basta con que ustedes hayan cambiado de
posición. La economía española, señor Ministro, no puede ser
rehén de los límites de sus esfuerzos. El pasado jueves, hace
exactamente una semana, escuchaba al portavoz del Grupo
Socialista, en el debate de presupuestos, felicitarse porque
las exportaciones estuvieran salvando el año 1994.
Personalmente, me pareció legítimo, pero no más allá de la
retórica de una defensa parlamentaria. La realidad es que la
economía española lleva cinco trimestres creciendo sin crear
empleo neto todavía, con crecimiento nulo de la formación
bruta de capital y con una caída del gasto familiar en
términos reales. Si comparamos esta situación, señor Ministro,
con la que se registraba a finales de 1985, cuando también
llevábamos cinco trimestres de crecimiento positivo, podrá
usted comprobar la diferencia que existe en relación con la
inversión y con el empleo. Sin embargo, pese a esta debilidad,
el déficit corriente vuelve a crecer cuando aún no nos hemos
enterado de una recuperación que ya a estas fechas debería ser
importante. Hemos sufrido en España una durísima crisis
económica y social, pero, señorías, en términos de empleo e
inversión, todavía, no la conseguimos dejar atrás. Nadie
responsable puede pasar por alto el hecho de que en el tercer
trimestre de este año hayamos creado menos empleo que en el
segundo trimestre. Algo así deben pensar los mercados cuando
tan gravemente nos discriminan en términos de tipos de interés
a largo plazo, consecuencia, sin duda, a nuestro entender, de
la falta
de credibilidad en su política económica y en su política
presupuestaria y, por qué no decirlo, también en la ausencia
de reformas estructurales válidas. Todos, o casi todos, hemos
afirmado que las aperturas económicas han sido siempre
beneficiosas para la economía española; lo fueron en el
pasado, en los años 50, 60, en los años 70, pero hay que
preguntarse, ¿es esa lección, la del año 1986? Creemos que no
y sobre todo no en términos de competitividad exterior. Las
cifras de exportación, señor Ministro, y de importación son
chocantes. El grado de apertura de nuestra economía ha
mejorado en cinco puntos del PIB desde la integración en la
Unión Europea, pero ese crecimiento ha sido, sobre todo, en
importaciones. Las importaciones en términos de renta nacional
crecieron el doble de las exportaciones desde 1986 a 1994.
Hace un año el Grupo Popular insistía en que no podíamos
conformarnos con las condiciones negociadoras de la media
europea y que ya no era suficiente con firmar tratados
liberalizadores si no se acompañaban de cambios en la política
económica interna. Desde diciembre de 1993 hasta diciembre de
1994 el Grupo Parlamentario Popular les ha pedido treinta y
siete informes sectoriales y diez comparecencias. Las
contestaciones fueron tan pobres que el Gobierno tuvo que
remitir antes del verano tres comunicaciones seguidas de tres
comparecencias, para intentar completar lo anterior.
El detalle de los tres documentos remitidos por el Gobierno
era, a nuestro entender, sobrecogedor. El Ministro de Comercio
calificaba las propias conclusiones sobre los efectos de la
Ronda Uruguay de hechos a vista de pájaro, si todavía mantiene
la famosa cifra en su último documento. Creo, señor Ministro,
que, después de nueve años de haber comenzado las
negociaciones o después de un año de haber firmado, sería
bueno que fuera pensando en aterrizar. El resto de los países
ya lo han hecho y tienen los pies bien en el suelo. Le puedo
poner un ejemplo: hace meses un responsable de un sector
empresarial que factura aproximadamente 2,5 billones de
pesetas recibió una carta de la Embajada Francesa que
acompañaba un informe de su Gobierno sobre la repercusión del
GATT en ese mismo sector. Cabría preguntarse, señor Ministro,
dónde están esos informes del Gobierno español enviados a los
sectores españoles.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
La única conclusión que hemos podido observar ha sido que el
Ministro ha reorganizado su burocracia en el Ministerio. Yo no
creo que nadie pueda justificar el éxito o el fracaso de las
exportaciones en base a una reordenación de los efectos
humanos. Este es uno de los más claros ejemplos, señor
Ministro, de confundir lo accesorio con lo importante.
Les decía, señorías, y con ello voy concluyendo, que la
pregunta que debemos hacernos hoy aquí no es qué van a hacer
los españoles por sí mismos, sino qué va a hacer el Gobierno
español por la economía española. Diciéndolo de otra manera,
señor Ministro, cuántos costes de producción ha reducido el
Gobierno socialista en este año.
El socialismo es responsable, y parece ser que con orgullo, de
haber llevado al sector público a representar el 50 por ciento
de la renta nacional. Ahora sólo queda que ese 50 por ciento
de la economía, el sector privado, vaya a reaccionar. ¡Ya ha
reaccionado, señor Ministro! Los costes salariales se han
reducido, pero no el diferencial de inflación. El ahorro de
las familias ha aumentado, pero no la credibilidad de la
política económica que exige tipos de interés al alza para
financiar los déficit públicos. Las exportaciones españolas
crecen más deprisa que el crecimiento mundial, pero el
incremento de costes fiscales que pagan es más alto que el de
los principales competidores. ¿Dónde está la reducción de los
costes? ¿En la energía? No. ¿En el transporte? Tampoco. ¿En la
burocracia? Hoy hacen falta 53 requisitos para abrir una
empresa en España en 1994.
La actual mayoría ha tenido una preocupación respecto al
comercio en España. Ante la situación de la falta de
competitividad del pequeño comercio, consecuencia de las
estructuras laborales, de las estructuras mercantiles y
fiscales, la actual mayoría ha decidido reducir, al parecer
para siempre, la competitividad de otros sectores para, a
renglón seguido, volver a aumentar los impuestos del pequeño
comercio. Hoy viene un ejemplo magnífico en la prensa matutina
madrileña: Las pymes españolas, señor Ministro, van a perder
mucho más con el aumento del IVA y el retoque en otros
impuestos, como la estimación objetiva, de lo que puedan
beneficiarse con la restricción de horarios. Señorías, soy
consciente de que el tiempo ha pasado y de que las cosas han
sido como han sido. Efectivamente, el resultado de las urnas
les ha dado a ustedes la oportunidad que, a nuestro entender,
han desaprovechado, pero, pueden cambiar en el futuro, como
mínimo, tanto como le piden que cambie la economía española.
No más; pero tampoco menos, señor Ministro. Nosotros le
pediríamos, primero, que cumplan ustedes con las 44
resoluciones aprobadas en la Comisión de AgricultuÙra.
Segundo, que aprueben las leyes que contengan una memoria
económica que exprese los costes de producción que su
aplicación supondría. Tercero, que exijana todos los
ministerios implicados en la competitividad una memoria anual
de sus medidas para aumentar la eficacia y la competitividad.
Cuarto, que encarguen al CES un dictamen urgente sobre los
efectos del GATT en los cambios legislativos y estructurales.
Quinto, y muy importante, señor Ministro, y con ello concluyo,
apliquen, por favor, las recomendaciones del Tribunal de la
Competencia; apliquen las recomendaciones respecto
al comercio, respecto al suelo, respecto a las
telecomunicaciones, al transporte. El propio Presidente del
Tribunal de la Competencia le ha dicho, y acaba de denunciar,
que sólo el 25 por ciento de sus recomendaciones han sido
llevadas a cabo. No les pido que hagan ustedes el programa del
Grupo Popular. Eso nos lo pedirán a nosotros los votantes en
las próximas elecciones. Les pido simplemente que, mientras
tanto, hagan algo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín
Mesa.
El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente. Señorías, el
Grupo Socialista va a dar su voto favorable a la ratificación
del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de
Comercio y acuerdo anejo, que se realizó en Marrakech el
pasado 15 de abril de este mismo año, y cuya firma aprobó el
Consejo de Ministros del pasado 16 de septiembre.
Quiero empezar señalando que para nosotros es una satisfacción
el que en el día de hoy el Congreso de los Diputados vaya a
aprobar un acuerdo que, en definitiva, va a permitir que la
Organización Mundial del Comercio sustituya de forma
definitiva al GATT, a partir del próximo 1 de enero de 1995.
Es evidente, a nuestro juicio, que desde aquel lejano 30 de
octubre de 1947, es decir, hace ya 47 años, en que se adoptó
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, desde
aquel momento, como digo, hasta el día de hoy, el GATT ha
venido cumpliendo importantes objetivos, ha venido
desarrollando un papel ciertamente esencial. Ello porque ha
permitido, evidentemente, la liberalización del comercio, la
globalización de la economía mundial, el incremento de los
intercambios y, en definitiva, un importante desarrollo del
comercio mundial. Asimismo, nos parece evidente que a partir
del próximo 1 de enero, con la plena entrada en vigor del acta
final del Acuerdo de la Ronda Uruguay, vamos a entrar en una
nueva etapa cuyo rasgo más definitorio es la
institucionalización del mecanismo rector del sistema
multilateral de comercio. Señores Diputados, permítanme que
les diga que vamos a aprobar esta mañana uno de los acuerdos
de mayor trascendencia que hemos ratificado probablemente a lo
largo de la legislatura.
Señoras y señores Diputados, para el Grupo Socialista existen
una serie de aspectos, una serie de elementos, que esta mañana
aquí queremos resaltar. El primer aspecto que queremos
destacar --y la ordenación jerárquica en absoluto supone mayor
o menor importancia de los mismos-- es la propia complejidad
de esta octava Ronda negociadora. Las dificultades para
alcanzar un acuerdo aceptable para las diferentes partes
contratantes, para los distintos países negociadores, han
extendido la Ronda desde el 20 de septiembre de 1986 hasta el
15 de diciembre de 1993, incluso la firma para resolver los
flecos finales se prolongó hasta el 15 de abril de 1994. En
definitiva, más de siete años de intensas negociaciones. Y,
¿por qué? Sencillamente, el gran número de países firmantes --
concretamente, 124-- en Marrakech; las posiciones, algunas
veces antagónicas, entre las diferentes partes contratantes;
los ambiciosos objetivos planteados --esto no debemos
olvidarlo-- entre otros, han requerido un período realmente
amplio. Esto contrasta con aquellas primeras rondas
negociadoras: la de Turquía, la de Ginebra, la de Tokio, en
las que en una cuestión de meses, de uno o dos años, se
llegaba a acuerdos importantes bilaterales que posteriormente
se hacían multilaterales y, eso sí, restringido, en la mayor
parte de las ocasiones, al comercio de manufacturas.
El segundo elemento que queremos destacar es la importante
entidad de los acuerdos alcanzados. Quizás entre todo ello
destaca la propia creación de la OrganiÙzación Mundial del
Comercio. Este es, a nuestro juicio, uno de los mayores
logros. Ello, sencillamente, porque representa la
institucionalización del acuerdo general. Además, va a contar
con otro elemento esencial, como es el sistema integrado de
solución de diferencias. Esto, señorías, va a permitir --creo
que es importante-- mayores cotas de seguridad para la
empresa, para los agentes participantes en el comercio
internacional y, desde luego, va a permitir mayores dosis de
predicción y la incorporación, por ejemplo, al sistema
multilateral del GATT del comercio de productos agrícolas
arancelizando las barreras no arancelarias, que creemos que es
también de enorme trascendencia. Permítanme decirles que la
Ronda Uruguay, lejos de deslegitimar la actuación
gubernamental en la agricultura, en determinados aspectos
refuerza su papel. El margen de maniobra de los Gobiernos para
influir en la agricultura, incluso en la competitividad de la
agricultura, sigue siendo elevado, a nuestro juicio. También
nos parece importante la incorporación del sector servicios
por primera vez a un acuerdo multilateral de esta índole.
Quizá sólo se haya dado un primer paso, pero, desde luego,
este primer paso sí que va a permitir en el futuro mayor
liberalización de este sector; un sector que, como ustedes
saben, y concretamente en nuestro país, es quizás uno de los
mayores componentes de la tasa de inflación.
He de destacar asimismo las reducciones arancelarias
importantes en el sector agrícola y en el sector industrial,
reducciones que van a conducir a una gran liberalización del
acceso a los mercados; que van a facilitar el comercio
internacional; y estamos seguros de que permitirán, en última
instancia, generar mayores cotas de riqueza y, lo que es más
importante para nosotros, mayores niveles de empleo.
La Secretaría General del GATT ha hecho --el Ministro lo
recordaba aquí sucintamente-- una estimación,
que va a suponer en torno a los 500.000 millones de incremento
de renta para el año 2005, como consecuencia de la plena
entrada en vigor de los acuerdos del GATT. Esto es
tremendamente importante, e incluso los más de 160.000
millones de incremento de renta de los que se va a beneficiar
la Unión Europea, de la cual somos país miembro.
En tercer lugar, queremos destacar que se han completado
reglas y disciplinas multilaterales bien, en algunos casos
mediante entendimientos, bien en otros casos, mediante
acuerdos relativos al dumping, a las subvenciones, a las
cláusulas de salvaguardia, a los obstáculos técnicos, origen
de mercancías, inspecciones previas, etcétera. En suma,
creemos que se ha conseguido, aunque con planteamientos
ciertamente diferentes, lo que no dejó de ser un intento
frustrado en aquella Conferencia de La Habana de 1947, una
versión de la Organización internacional del Comercio.
Queremos destacar, en cuarto lugar, el previsible impacto que
el acuerdo va a tener sobre el sector exterior español. Parece
más que evidente que una mayor apertura de los mercados nos
permitirá incrementar las exportaciones, lo cual nos llevaría
a reducir el análisis al impacto sobre las importaciones.
Ustedes me permitirán que yo realice aquí dos precisiones
previas: por una parte, una relativa al origen geográfico de
nuestras importaciones. En torno al 80 por ciento de estas
importaciones las realizamos de países OCDE, con un
importantísimo grado de liberalización. Concretamente, en
torno al 70 por ciento de estas importaciones las realizamos
de los países de la Unión Europea, un ocho y pico por ciento
de Estados Unidos y una cifra poco significativa de Japón. La
otra precisión que es importante realizar para cualquier tipo
de análisis es que la penetración de las importaciones en la
economía española se sitúa en la actualidad en torno al 17,3
por ciento. Desde luego, inferior a la mayoría de los países
europeos.
Dada la dificultad para analizar «a priori» este impacto, el
método utilizado por el señor Ministro (que en el último
número de Información Comercial Española realiza el Director
General de Comercio) parece adecuado, y es comparar este
impacto --como se nos presentó en un informe en la Comisión de
Economía-- con el que en su día tuvo la adhesión de España a
la Comunidad Europea. Parece más que evidente que si en
aquella ocasión las importaciones se incrementaron en un cien
por cien, ahora, puesto que la reducción arancelaria es muy
inferior --en aquella ocasión fue de 10 puntos; ahora se puede
situar entre 0,7 y 0,9 puntos--, lógicamente el impacto va a
ser claramente inferior. Además, cualitativamente también hay
diferencias, ya que los sectores en los que se ha
especializado la economía española están relativamente
abiertos a la competencia exterior. El ajuste, piense lo que
piense el señor Aguirre, ya se viene realizando de forma
importante a partir de 1986.
A este respecto, señor Aguirre, quería mencionar, aunque sólo
sea de pasada, un elemento esencial. Usted habla de nuestra fe
liberalizadora, de la fe de conversos liberalizadores. Señor
Aguirre, fue con un Gobierno socialista cuando se produjo la
plena integración de España en la Unión Europea. Va a ser con
un Gobierno socialista cuando se ratifique y seamos, más que
previsiblemente, socios fundadores de la Organización Mundial
del Comercio. La Ronda Uruguay sólo va a suponer un aditivo al
importante grado de apertura y de competencia que ya existe en
la economía española. Eso sí, el acento hay que ponerlo --y
éste es el quinto elemento que quiero destacar-- en el marco
de la competitividad. Reformas estructurales, reforma del
mercado de trabajo, reducción de los tipos de interés en la
dirección en la que ya estamos avanzando de forma importante,
la adecuación de nuestro tipo de cambio, la contención del
déficit público, el control de la inflación, son elementos que
están mejorando nuestra competitividad. Quiero decirle,
también, señor Aguirre, que no creo que haya querido mentir
desde esta tribuna, sino que, probablemente, no tiene una
información suficientemente actualizada. En el año 1994, están
creciendo en términos netos, en contra de su afirmación, tanto
la inversión medida en términos de formación bruta de capital
fijo, como el empleo neto. Estos son realidades.
Señorías, habría que recordar que las empresas exportadoras
españolas son capaces de mejorar, incluso de incrementar, sus
exportaciones por encima de la tasa de crecimiento del
comercio mundial.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Mesa, le ruego concluya.
El señor MARTIN MESA: Voy concluyendo, señor Presidente.
Las exportaciones de nuestras empresas, que en 1986 suponían
el 1,8 por ciento de la exportación mundial, en 1992 han
supuesto el 2,3 por ciento. Quizás las pymes no hayan
alcanzado el grado de internacionalización de nuestras
competidoras europeas. Ello exige seguir profundizando en esta
dirección. Para ello, el Gobierno ha adoptado medidas, desde
las relativas al apoyo a la actividad exterior a la empresa
española, como el plan de calidad de las infraestructuras y
servicios de apoyo a la exportación que van a avanzar
sustancialmente en esta dirección. En definitiva, señor
Presidente, se trata de incrementar la competitividad interior
y, por otra parte, de continuar adoptando medidas que
favorezcan la apertura al exterior de las empresas españolas.
Termino no sin antes, y en la medida de mis posibilidades,
poner de manifiesto con toda solemnidad la gran importancia
que tienen para la economía española, para el sector exterior
español y, en definitiva, para España, los acuerdos de
Marrakech que hoy ratificamos; nuestra plena confianza en la
capacidad de la economía
española --probablemente aquí nos apartamos del Grupo Popular--
para asumir sin trauma esta liberalización adicional; y
nuestra confianza en el previsible efecto beneficioso para la
exportación española.
No quiero terminar sin saludar la ratificación del acuerdo
que anteayer realizó el Congreso de
los Estados Unidos y que probablemente hoy o mañana ratifique
el Senado, ya que va a permitir que una serie de países que
podían tener cierta reticencia, como muchos de la Comunidad
Europea, puedan ratificarlo para que un centenar de países de
los 124 signatarios --en cualquier caso, los más importantes--
podamos ratificarlo antes del uno de enero de 1995, y que a
partir de esa fecha entre en vigor la Organización Mundial del
Comercio. Esto hay que saludarlo y espero que todos los grupos
lo harán.
Con ello, señorías --y con esto, termino, señor PreÙsidente--,
reiteramos nuestro voto favorable y pedimos el voto favorable
a todos los grupos de la Cámara --como creo que así será--
para un evento de esta trascendencia. Sin más, señor
Presidente, le doy las gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Mesa.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación para otorgar al Gobierno la autorización solicitada
para que el Estado pueda obligarse internacionalmente mediante
el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio y Acuerdos anejos, entendimiento relativo
a los compromisos en materia de servicios financieros, y Acuerdo
sobre contratación pública.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 295; en contra, uno; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda concedida la autorización
solicitada. De este acuerdo se dará traslado al Senado a los
efectos previstos en el artículo 94.1 de la Constitución.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DEÙCRETOS-LEYES:
--REAL DECRETO-LEY 11/1994, DE 28 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR
LAS RECIENTES INUNDACIONES (Número de expediente 130/000022)
--REAL DECRETO-LEY 12/1994, DE 25 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
AMPLIA EL AMBITO TERRITORIAL DE APLICACION DE LAS MEDIDAS
INCLUIDAS EN EL REAL DECRETO-LEY 11/1994, DE 28 DE OCTUBRE, A
LAS INUNDACIONES OCURRIDAS CON POSTERIORIDAD A SU APROBACION
(Número de expediente 130/000023)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es
la convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
Real Decreto-ley, 11/1994, de 28 de octubre, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por
las recientes inundaciones, y Real DeÙcreto-ley 12/1994, de 25
de noviembre, por el que se amplía el ámbito territorial de
aplicación de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley
11/1994, de 28 de octubre, a las inundaciones ocurridas con
posterioridad a su aprobación.
Para explicar, en nombre del Gobierno, las razones que han
determinado la promulgación de estos Reales Decretos-leyes,
tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Señor
Presidente, señorías, comparezco en este Pleno para solicitar,
en nombre del Gobierno, la convalidación de los Reales
Decretos-leyes 11/1994, de 28 de octubre, y 12/1994, de 25 de
noviembre, por los que se adoptan diferentes medidas urgentes
para reparar los daños causados por las recientes
inundaciones. Como SS.SS. conocen, el real decreto-ley es, por
su propia naturaleza, un sistema normativo excepcional de
utilización en los casos de extraordinaria y urgente
necesidad, tal y como establece el artículo 86 de la
Constitución española. (Rumores.).
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Ministro. Por favor, señorías, ocupen sus escaños y guarden
silencio.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba):
Gracias, señor Presidente.
Consecuencia de esa facultad normativa del Gobierno es la
obligación de que el texto sea sometido a debate y votación
por esta Cámara para su convalidación o derogación.
Precisamente uno de los supuestos en los que resulta más
justificativa la utilización de los reales decretos-leyes es
la reacción rápida ante catástrofes naturales y hechos
imprevistos que afecten a personas y bienes. En el pasado mes
de octubre se produjeron lluvias torrenciales sobre partes
importantes del territorio español, Francia e Italia.
Concretamente, en la segunda quincena de septiembre y en el
mes de octubre han resultado afectadas las provincias de
Cantabria, Castellón, Jaén, Baleares y, en especial, la
Comunidad Autónoma de Cataluña. Dichas inundaciones han
provocado víctimas mortales y graves daños en edificaciones de
vivienda, en infraestructura viaria e hidráulica, en servicios
públicos, en explotaciones agrarias y en establecimientos
industriales, comerciales y de servicios.
En las cuatro provincias de Cataluña el número de municipios
afectados se acerca a la cifra de 300, con unos daños en vías
públicas, redes de agua potable y alcantarillado, escuelas,
caminos y otros equipamientos, cuya valoración económica
supera ampliamente los 6.000 millones de pesetas. También en
Cataluña los daños en agricultura se han cifrado en una
primera valoración en 3.000 millones de pesetas. La red viaria
del Estado ha experimentado unos daños por valor de...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Ministro. Por favor, señorías, guarden silencio.
Continúe cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba):
Gracias, señor Presidente.
Decía que las infraestructuras en la Comunidad de Cataluña se
habían visto asimismo afectadas con unos daños cuya valoración
se acerca a los 2.000 millones de pesetas. En el resto de las
comunidades autónomas los daños producidos por las
inundaciones han sido mucho más modestos en cifras globales y
su impacto mucho más localizado.
El carácter extraordinario de estos daños, por la extensión de
las zonas afectadas y por haber supuesto una importante
alteración de la vida socioeconómica de las mismas, ha hecho
necesario la adopción de medidas excepcionales que contribuyan
al restablecimiento de la normalidad y que han sido recogidas
en los reales decretos-leyes que comento del pasado mes de
octubre y del mes de noviembre. En ambos se establecen una
serie de medidas que paso a detallar brevemente a sus
señorías. En primer lugar, las obras y reparación de
infraestructuras, equipamientos y servicios se subvencionan al
50 por ciento mediante trámite de urgencia. Los días 10 y 11
de octubre, días en los que la actividad atmosférica fue
especialmente dañina, se declaran inÙhábiles a efectos
civiles, notariales, mercantiles y administrativos. Los daños
directos o causados sobre los terrenos de producción agraria,
asegurados en póliza de seguro agrario combinado, serán
indemnizados con un crédito extraordinario, aun cuando los
riesgos no estén incluidos en las órdenes reguladoras de las
correspondientes pólizas. Asimismo, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá la aplicación de
los beneficios previstos en la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario. Se concede una moratoria para los créditos
hipotecarios y pignoraticios así como los créditos de toda
clase, exceptuando los bancos deudores relacionados en la zona
que tengan un vencimiento entre el 10 de octubre de 1994 y el
9 de enero de 1995. En el ámbito impositivo, se exime del pago
de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 1994 a
los contribuyentes dañados. Se prorrogan asimismo las fechas
de pago de los tributos hasta el 31 de diciembre de 1994. Se
reduce en 165.000 pesetas la cuota tributaria en la
adquisición de nuevos vehículos para sustituir aquellos que
hayan padecido siniestro total y la disminución de los
ingresos de ayuntamientos y diputaciones será compensada por
el Estado. En lo que se refiere al ámbito laboral, los
expedientes de regulación de empleo que tengan su origen en
las lluvias torrenciales e inundaciones tendrán la
consideración de fuerza mayor. En las suspensiones temporales
de contrato las prestaciones de desempleo se extenderán a los
trabajadores que carezcan de los períodos de cotización, no
computándose en ningún caso el período disfrutado a efectos de
consumir el período máximo de percepción. Se podrá solicitar
una moratoria de un año sin interés en el pago de las
cotizaciones a la Seguridad Social en el último trimestre de
1994. Se establecerá la exención de cuotas para trabajadores
agrarios por cuenta propia en el último trimestre. En las
obras de los servicios públicos para reparar los daños se
recabará el concurso de los desempleados de la zona.
Finalmente, las sociedades cooperativas y laborales podrán
solicitar una moratoria de un año en el pago de las cantidades
a devolver al Fondo Nacional de Protección al Trabajo.
En lo que se refiere a la contratación pública, se declarará
el carácter de emergencia y urgencia en la reparación de las
infraestructuras y equipamientos dañados. Se dispensará la
disponibilidad previa de los terrenos, prevista en los
artículos 81 y 83 del Reglamento general de contratación del
Estado. Por último, se abrirá una línea de crédito
privilegiado por el ICO por un valor de 1.000 millones de
pesetas, ampliables si así lo requiere la magnitud de los
daños. Con posterioridad al primer Real Decreto-ley, el
11/1994, se volvieron a repetir varios episodios de lluvias
intensas que han tenido especial incidencia en las provincias
de Lleida, La Coruña y Jaén y que, aunque de forma más
localizada que en el período precedente, han ocasionado
también inundaciones con daños considerables en
infraestructura hidráulica, red viaria y otros servicios, así
como en bienes y propiedades particulares.
Estos sucesos producidos a lo largo del mes de noviembre han
afectado a un número de municipios todavía no determinado con
exactitud, pero que se estima en una cifra aproximada de 120.
Estas últimas circunstancias han hecho aconsejable, por
razones de equidad, extender a estos municipios el conjunto de
medidas paliativas y reparadoras previstas por el Real
Decreto-ley 11/1994, de 28 de octubre.
La presentación de estos dos reales decretos-ley por el
Gobierno responde a la premura con la que, a juicio del mismo,
se deben atender las circunstancias catastróficas. La Cámara
también se ha hecho eco y ha recogido la preocupación de las
poblaciones siniestradas
en algunas intervenciones, en las que se ha manifestado el
interés de los señores Diputados por la aprobación con rapidez
de las medidas adoptadas.
Por todo ello, en nombre del Gobierno me permito solicitar a
esta Cámara la convalidación de los dos Reales Decretos-ley,
en el pleno convencimiento de que se producen las condiciones
de urgencia requeridas para ello. Nada más, señorías. Muchas
gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. ¿Turno en contra de la convalidación de estos reales
decretos? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender la posición del Grupo Parlamentario Vasco (PNV)
respecto a la convalidación de los Reales Decretos-ley 11 y
12, de 1994, de 25 de noviembre y de 18 de octubre,
respectivamente. Se complementan en relación a los efectos
perniciosos que las lluvias torrenciales han originado en
diversos puntos geográficos de España, pretendiendo dar un
margen de cobertura y de protección. A nuestro Grupo
Parlamentario le parece importantela presentación por el
Gobierno de estas dos iniciatiÙvas legislativas, con carácter
de urgencia. Las inÙfraestructuras básicas para el
funcionamiento de los municipios afectados, como pueden ser el
alcantarillado o el abastecimiento de agua a la población o el
acceso a las vías urbanas, son competencias que la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local
atribuye a las corporaciones locales, y nos parece
verdaderamente importante que se haya aprobado la urgencia,
tanto en la intervención de las obras que vayan a realizar las
corporaciones locales, como para aquellas obras en el dominio
público hidráulico, en el dominio público de la zona marítimo-
terrestre, en el dominio público respecto a las carreteras,
puesto que, en definitiva, todo lo que esté afectando a la
infraestructura básica del funcionamiento general del Estado,
como al funcionamiento ordinario en cuanto al alcantarillado y
el abastecimiento de agua de los municipios, es urgente
repararlo.
Nosotros vemos bien estas medidas, tanto las medidas de
carácter laboral en cuanto a regulación específica de los
expedientes de regulación de empleo, suspensión de las
relaciones de trabajo en definitiva, que se originen con
ocasión de actividades empresariales, profesionales y
comerciales afectadas por los perjuicios de las lluvias
torrenciales, así como las diversas medidas colaterales que se
prevén como son las moratorias en las cotizaciones a la
Seguridad Social y los diferentes tratamientos que se dan en
los diversos tipos tributarios, bien sean impuestos de
naturaleza local o impuestos de ámbito estatal.
Queremos llamar la atención del Gobierno y del señor Ministro
de la Presidencia sobre que en el Real Decreto-ley echamos en
falta que no se haga referencia a tributos de carácter
estatal, porque en todo momento se está haciendo referencia a
exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ya sea sobre
suelo urbano o sobre suelo rústico, y también sobre el
Impuesto de Actividades Económicas, cuando, en definitiva,
éstos son instrumentos tributarios en los que se fundamenta la
recaudación ordinaria y el funcionamiento del día a día de las
corporaciones locales. Es cierto que el Real Decreto-ley
establece una salvaguarda de que las corporaciones locales
afectadas por esa minoración en los ingresos de estos tributos
serán compensados de conformidad con el mecanismo que prevé la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, pero nosotros
apelaríamos al Gobierno --y así lo hemos hecho también en
otros decretos-ley-- para que se tuvieran en cuenta también
los tributos de carácter estatal --el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades-- que
tengan que tributar las empresas o, en su caso, las personas
físicas que ejercen actividades comerciales, industriales o
profesionales y que, para posteriores ocasiones, las
moratorias, las bonificaciones y las exenciones no se
circunscriban a los tributos de carácter local. Creemos que
también hay tributos de carácter estatal --estos dos
fundamentalmente-- que están influyendo de forma importante en
las actividades empresariales afectadas por las lluvias
torrenciales y que de alguna manera habría que recogerlos.
Para finalizar, señor Presidente, quiero manifestar que nos
parece oportuno que el Instituto de Crédito Oficial, el ICO,
se involucre verdaderamente a la hora de la concesión de
préstamos para la reparación de obras, mediante intereses
subvencionados, así como la compensación que el Gobierno ha
establecido de una habilitación especial de 7.000 millones
para emprender obras de reparación urgentes en el dominio
público hidráulico, en el dominio público de carreteras y en
la zona marítimo-terrestre.
Por último, manifestar que ambos Reales Decretos-ley, el 11 y
el 12, del año 1994, contienen una salvaguarda respecto a las
competencias de las comunidades autónomas, como no podía ser
de otra manera, porque, señor Presidente, efectivamente, lo
que el Gobierno prevé es acometer iniciativas públicas de
reparación de perjuicios que sean competencia de la
Administración central, pero en materia de dominio público
hidráulico... (Se producen interferencias en la megafonía.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Gatzagaetxebarría.
En reiteradas ocasiones la Presidencia ha rogado a SS.SS. que
no hagan uso del teléfono inalámbrico en el hemiciclo, ya que
es una de las causas de que se produzcan estas perturbaciones
en el sistema de sonido de la Cámara. Continúe, señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Hacía referencia a la
disposición adicional que los dos Reales Decretos-ley, el 11 y
el 12, contienen de salvaguarda de las actuaciones públicas
que puedan realizar las comunidades autónomas. Efectivamente
así es, puesto que la configuración del dominio público
hidráulico que está afectado fundamentalmente por las lluvias
torrenciales dispone de una configuración competencial
disgregada ya que mientras que la titularidad del dominio
corresponde al Estado, la gestión y el aprovechamiento de lo
que no sea propiamente interés general es atribuido, por parte
del bloque de la constitucionalidad, a las comunidades
autónomas. Nos parece importante esa salvaguarda y lo mismo
podíamos decir de la zona marítimo-terrestre en lo que se
refiere no propiamente al dominio público costero, sino a la
zona de influencia, que es de actuación interventora de las
comunidades autónomas. Por todo ello, señor Presidente, y sin
perjuicio de que estimamos que pudiera ser mejorado, tanto el
Real Decreto-ley 11 como el 12, en cuanto a la cobertura y
exención en materia de tributos de ámbito estatal, como pueden
ser el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, vamos a votar
favorablemente la convalidación de los indicados Reales
Decretos-ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor
Gatzagaetxebarría. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
En esta intervención relativa a la convalidación de los Reales
Decretos-ley 11 y 12, desearía distinguir tres cuestiones que
nos inducen a nuestra toma de posición.
El primero es que efectivamente existe una razón de urgencia y
de necesidad de ayuda para todas aquellas personas y
sociedades que han resultado perjudicadas por los graves
acontecimientos que tuvieron lugar el mes pasado, que hacen
necesaria una aplicación urgente de todas las medidas que se
proponen en los reales decreÙtos-ley. Aunque podemos decir que
la cobertura es escaÙsa, nos vamos a conformar con el hecho de
que por parte del señor Ministro existe el compromiso de que
las coberturas, en un momento u otro, puedan ser ampliadas.
Desearíamos hacer referencia también, en un segundo apartado,
al hecho de que se vuelve a descargar sobre los municipios
esas posibilidades de ayuda. Aunque el Real Decreto establece
que el Gobierno compensará aquellos servicios que hayan sido
deducidos de las obligaciones tributarias de las sociedades o
de los particulares, notamos que se hace especial referencia
al Impuesto sobre los Bienes Inmuebles que corresponde a los
municipios y cuya compensación --insistimos en que así conste-
- esperamos que se haga dentro de los trámites urgentes que
propone el mismo Real DeÙcreto-ley.
Desearíamos también señalar que, como ha dicho mi predecesor
en el uso de la palabra, no se hace referencia para nada a la
posibilidad de descuentos en el IRPF ni en el Impuesto de
Sociedades. Creemos que el desarrollo de las empresas que han
sufrido daños y el que se mantenga en lo sucesivo pasa también
por la posibilidad de que el Estado colabore en estos
impuestos que son --quede dicho aquí-- los que más gravan a
las sociedades.
En el ámbito competencial, esperamos que, de una forma u otra,
el Real Decreto-ley se ajuste a la necesidad de diálogo que
existe por parte del Gobierno con las diferentes comunidades
autónomas, porque se están invadiendo, lógicamente, ámbitos
competenciales que corresponden a las mismas, bien sea en
temas hidráulicos, en costas o en urbanísticos.
Insistimos en que estas tres razones, de las que dejamos
constancia en esta sesión, no nos impiden el que, por la
extremada necesidad de ayuda y urgencia para que estas
sociedades se mantengan y estos particulares puedan
reemprender el trabajo, ratifiquemos los dos reales decretos-
ley y así lo vamos a hacer. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Nadal.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, en
nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, quiero decir, en primer lugar, que
vamos a votar favorablemente la convalidación de los dos
reales decretos que se nos presentan hoy en esta Cámara. Vamos
a votar a favor de estos dos reales decretos que tienen como
objetivo compensar los daños producidos por las lluvias
torrenciales que han afectado fundamentalmente a la Comunidad
Autónoma a la que pertenezco, Cataluña y, si me permiten el
personalismo, a Lleida que es mi ciudad.
Es un voto a favor porque estas ayudas son realmente
necesarias, se han producido en anteriores ocasiones y se
recogen básicamente las mismas ayudas que se contemplaban en
el Real Decreto que esta misma Cámara convalidó con ocasión de
las lluvias torrenciales
que se produjeron en la Comunidad Autónoma de Andalucía en
1989 y las que tuvieron lugar en el País Valenciá y en Murcia,
también en años anteriores.
De cualquier manera, consideramos que, a pesar de que el
crédito es ampliable, estos 7.000 millones van a ser
insuficientes. El Ministro nos acaba de enunciar los
municipios afectados y los daños que ha enumerado ya alcanzan,
solamente en la Comunidad de Cataluña, la cantidad de 11.000
millones. El crédito es de 7.000 millones y, aunque es
ampliable, ya digo que lo consideramos insuficiente, sobre
todo si tenemos en cuenta que el que aprobó esta misma Cámara
para la Comunidad de Andalucía en el año 1989 fue de 25.000
millones de pesetas y el que se habilitó para el País Valenciá
y Murcia fue de 40.000 millones de pesetas. Introducen estos
dos reales decretos algo que demandó la oposición cuando se
convalidó el Decreto de 1989: la minoración del Impuesto sobre
Vehículos que se hayan destruido con motivo de las riadas.
Quisiéramos hacer brevemente algunas precisiones. Nuestro
Grupo considera que estamos continuamente produciendo reales
decretos por vía de urgencia con motivo de sequías,
inundaciones u otros daños natuÙrales. Esta Cámara debería
reflexionar sobre la conÙveniencia de elaborar una ley que
actuase de forma automática y que, en base a la graduación y
baremación que se hiciera de los daños y las determinadas
circunstancias, pudiese ser aplicada automáticamente. En
cuanto al procedimiento que se regula en el arÙtículo 7, de
emergencia y urgencia, creemos que solamente debe actuar en
aquellos supuestos en que se trate de restablecer los
servicios básicos esenciales, como agua, luz o acceso a las
poblaciones. Por lo demás, pensamos que hacer otra vez un uso
excesivo en este Real Decreto de la excepcionalidad que
contempla la vigente Ley de Contratos del Estado no es
exactamente la vía, por lo que deberíamos ser más
restrictivos, sobre todo teniendo en cuenta que esta Cámara
está debatiendo en este momento una ley de contratos del
Estado que pretende una minoración de la contratación directa,
por tanto que los principios de publicidad, mérito y capacidad
en la adjudicación de obras se tengan presentes en la mayor
parte de los supuestos.
Dos precisiones últimas. En relación con el control, éste es
un crédito ampliable y pensamos que la liquidación, tanto del
crédito que ahora aprobamos como de las posibles ampliaciones,
debe ser objeto de debate en esta Cámara. Por último, una
reflexión sobre la obra pública. SeñoÙrías, esta Diputada, y
supongo que muchos ciudadanos, ha visto cómo obras públicas
recientemente ejecutadas, sean puentes, autovías, caminos
comarcales, han saltado por los aires con estas lluvias
torrenciales cuando, afortunadamente, todavía podemos pasar
por encima de puentes romanos y calzadas romanas. Entendemos
que la obra pública no debe ejercerse con este carácter tan
urgente en detrimento de la calidad. La inversión pública, el
gasto público, debe exigir un requisito importante, que es el
de calidad. En relación con esto, los procesos de forestación
que se realicen, deben ser confeccionados técnicamente lo
mejor posible, puesto que ha llovido torrencialmente en zonas
donde se produjeron incendios y donde hay un proceso de
erosión y desertificación importante. Por último, pensamos que
las entidades locales son las más próximas al ciudadano y las
que mejor pueden evaluar los daños que se han producido, pero
demandamos que no suceda como en anteriores supuestos y que
haya agilidad en la compensación de los gastos que las
entidades locales van a experimentar con motivo de la
reparación de los daños de estas lluvias torrenciales últimas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Ricoma.
El señor RICOMA DE CASTELLARNAU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, me corresponde fijar la posición
del Grupo Popular en torno a los Reales Decretos-ley 11/1994 y
12/1994, de 28 de octubre y 25 de noviembre respectivamente,
por los que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños
ocasionados por las últimas inundaciones; postura que,
adelanto, será la de votar favorablemente a su convalidación
por dos razones fundamentales. La primera porque ante una
situación de fuerza mayor como representa una catástrofe
natural, con la impotencia, desesperación y posterior
incertidumbre que genera entre la población afectada, toda
ayuda, por insuficiente que parezca, debe tenerse en cuenta,
debe considerarse. La segunda, por una simple cuestión de
relación con el sentimiento y el comportamiento del Grupo al
que represento, quien, recién acaecidas las inundaciones, ya
presentó iniciativas legislativas tanto en los parlamentos
autonómicos afectados como en esta propia Cámara, instando a
las administraciones a arbitrar las medidas necesarias para
facilitar la declaración de zona catastrófica a aquellos
municipios que lo solicitasen. No obstante, y en base a la
ineludible responsabilidad de la Administración de garantizar
el proceso de recuperación en aquellas zonas afectadas, tanto
en la reparación y puesta en funcionamiento de los bienes e
infraestructuras dañadas como en el de la reactivación de
aquellas actividades económicas paralizadas a consecuencia de
la catástrofe, pensamos que zanjar el asunto con la
convalidación de los reales decretos no supondría más que un
gesto a manera de manifestación de buenas intenciones, un
nadar y guardar la ropa, pero
en ningún caso una garantía de solución definitiva al
problema. Por ello, el Grupo Popular solicitará el apoyo de la
Cámara para tramitar como proyectos de ley dichos decretos.
Estamos hablando, señorías, de una catástrofe que, por
ejemplo, y permítanme referirme a Cataluña por haberlo vivido
«in situ» y en directo, afectó a más de la mitad de sus 40
comarcas, a la provincia de Tarragona en toda su extensión, a
centenares de municipios, en algunos de los cuales la lluvia
caída en 24 horas superó su media de pluviosidad anual;
inundaciones que, además de las lamentables e irreparables
pérdidas humanas, que aprovecho desde aquí para traer al
recuerdo se llevaron industrias, comercios y explotaciones
agrícola-ganaderas por muchos miles de millones de pesetas,
con el agravante de que pequeñas empresas, sobre todo de tipo
artesanal y familiar, difícilmente podrán reemprender su
actividad por haber perdido todo su patrimonio. Riadas que
anegaron polígonos industriales completos, con las pérdidas
añadidas --que, por cierto, los reales decretos no contemplan-
- que supone la inactividad en el proceso productivo mientras
duran los trabajos de recuperación. La magnitud de la
catástrofe nos hace ver, y espero que al resto de grupos
presentes en la Cámara también, que los artículos de los
reales decretos son insuficientes para garantizar una correcta
vuelta a la normalidad, al margen de que pensamos que el
contenido de alguno de ellos no es el idóneo para ayudar a
solventar el problema. Por ejemplo, dictan los decretos que
sea el Ministerio de Justicia e Interior quien determine los
municipios y áreas que podrán verse beneficiados por ellos. No
específica, pues, en base a qué criterios va a hacerlo,
creando una situación de ambigüedad que puede traducirse en
discriminación hacia aquellos municipios que quedasen
excluidos por el Ministerio y en los que las consecuencias de
las inundaciones fuesen menos aparentes o fuesen indirectas.
También contemplan los reales decretos que el seguimiento de
su aplicación debe estar tutelado por una comisión con
carácter interministerial, lo que provocaría que la parte
beneficiaria de las ayudas, de las medidas de apoyo, que son
los afectados, en ningún momento van a poder exigir de forma
eficaz su correcto cumplimiento por no estar presentes, por no
formar parte de esta comisión. Pensamos que la aplicación de
los reales decretos debería vigilarse, debería seguirse, como
mínimo, en una ponencia dentro de la Comisión de Justicia e
Interior de la Cámara.
Valoramos positivamente, eso sí, el carácter ampliable que se
concede al crédito porque su dotación inicial de 7.000
millones se sitúa muy lejos de los costos reales de
recuperación, si tenemos en cuenta que tan sólo en Cataluña
están cifrados en 19.000 millones.
Por otro lado, en contraposición, encontramos a faltar
indemnizaciones dirigidas a paliar la repercusión de la
inactividad económica y de la más que probable disminución de
la cartera de clientes en las empresas comerciales y de
servicios en el período de tiempo que duren los trabajos de
recuperación de las instalaciones y de los bienes de equipo.
Creemos también que ofrecer líneas de crédito a un TAE final
para el usuario del 7,5 por ciento desvirtúa la filosofía y el
motivo por el que se concede, ya que da pie a una especulación
financiera que tiene su origen en una catástrofe, en la
desgracia ajena, en lugar de ser unos meros instrumentos sin
apenas costo financiero, como así, por cierto, lo han
entendido para otros problemas, y no precisamente provocados
por causas de fuerza mayor. Decía, pues, que las líneas de
crédito deberían considerarse sin apenas costo financiero, que
realmente fueran unos vehículos, unos medios que sirvieran
para anticipar la recuperación no sólo de aquellas
instalaciones dañadas, como reza el Real DeÙcreto-ley, sino
también los bienes de equipo y de los muchísimos vehículos
arrastrados y destrozados por el agua que, a fin de cuentas,
son bienes de primera necesidad y, en muchos casos, elementos
de trabajo para los que sólo se han arbitrado medidas de tipo
fiscal.
Por otro lado, la propia naturaleza jurídica de los reales
decretos impide que éstos recojan aspectos preventivos ante
situaciones similares futuras, ni tan siquiera brindan la
posibilidad de abrir un debate sobre las posibles
responsabilidades, que creemos que las hay, de las
administraciones en cuanto a la magnitud de la catástrofe.
¿Qué hubiera sucedido, señorías, de existir una política que
vigilara la limpieza de los márgenes de los ríos? ¿Se hubieran
realmente taponado los ojos de los puentes provocando con ello
el desbordamiento de las aguas? ¿Qué influencia tiene la
alteración del curso natural de los ríos que, por ejemplo, en
el caso del río Francolí, en Tarragona, fue variada su salida
rectilínea al mar, sustituyéndola por una salida en curva de
noventa grados a pocos metros de su desembocadura?
Interrogantes que sólo encontrarán respuesta si son fruto de
un debate sereno y profundo, que estamos seguros que con los
reales decretos va a ser imposible llevar a cabo. En
consecuencia, señorías --termino--, para paliar esas lagunas
que aparecen en los reales decretos, que estoy seguro que son
fruto de la urgencia, porque tuvieron que ser dictados debido
a la necesidad imperiosa de solucionar un problema puntual que
sucedió en un momento muy determinado, convendrán con el Grupo
Popular que hay que continuar trabajando en el tema, y para
ello votarán favorablemente la tramitación de estos reales
decretos-ley como proyectos de ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ricoma.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATE IBARZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a ser breve porque creo, por lo manifestado
hasta el momento, que hay coincidencia en esta Cámara sobre la
oportunidad y el contenido de estos decretos que se nos
proponen convalidar, decretos que han sido elaborados con
urgencia por el Gobierno. Las razones que nos mueven a
manifestar nuestro apoyo son, en primer lugar, porque
precisamente los reales decretos-ley, como los define la
Constitución, deben responder a situaciones de extraordinaria
y urgente necesidad, y estas situaciones lo son. No es el
momento de extendernos sobre lo sucedido, ya el Ministro ha
explicado el ámbito de aplicación de estos decretos, las zonas
afectadas, así como su contenido. Las medidas que contienen,
en definitiva, tratan de solucionar las consecuencias
derivadas de las inundaciones producidas durante este otoño en
diversas zonas de España y pretenden paliar en lo posible los
daños, establecer medidas para la financiación y reparar los
servicios públicos.
En segundo lugar, votaremos afirmativamente la convalidación
de estos decretos porque entendemos que responden al principio
de solidaridad recogido en el arÙtículo 2 de nuestra
Constitiución, es decir, compartir por todos los daños
acaecidos a quienes les han sobrevenido situaciones de extrema
necesidad. Por lo tanto, es necesario establecer medidas, a
través de las administraciones y cada una dentro de sus
competencias, para solucionar en lo posible los daños
causados. En tercer lugar, también porque estos decretos son
extremadamente respetuosos con las competencias de las
administraciones. No hay en ningún artículo de estos decretos
ninguna pretensión de invadir las competencias ni de las
administraciones autonómicas ni de las administraciones
locales. Creemos que en esta ocasión se ha actuado con rapidez
por parte de todas las administraciones y que se han puesto en
marcha los mecanismos para hacer posible la reparación de los
daños.
Finalmente, queremos también expresar nuestro deseo --y
estamos convencidos que va a ser así-- de que tanto el
Gobierno como las administraciones que tienen que actuar sobre
las zonas afectadas continúen actuando con la misma celeridad,
coordinando sus actuaciones entre sí para solucionar los
problemas producidos y para mejorar, si cabe, los mecanismos
de prevención e información e incluso de gestión de las
situaciones de emergencia si éstas volvieran a producirse. Al
hilo de lo que han comentado otros grupos políticos, creemos
que la sugerencia de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
para que exista una normativa que se ponga en marcha
automáticamente sin necesidad de recurrir a decretos-ley que
deben tramitarse con la urgencia requerida es un iniciativa a
estudiar que quizá tendríamos que tomar en cuenta todos los
grupos para que en el futuro ese automatismo se pueda producir
de forma inmediata y sin necesidad de recurrir a la figura del
decreto-ley.
En definitiva, también, se ha puesto de manifiesto por otros
grupos la insuficiencia de estas medidas. Nuestro Grupo va a
votar a favor porque cree que estas medidas son suficientes,
aunque en estas situaciones de extrema necesidad que se
producen quizá la suficiencia tendríamos que ponerla entre
comillas. Es cierto que nunca podrán repararse los daños por
parte de las administraciones públicas. En un sociedad,
moderna y avanzada, las pólizas de seguros que cubren los
riesgos que tienen los particulares están precisamene para
solventar contingencias como las que estamos comentando, y así
las aportaciones por parte de las administraciones públicas
seguramente nunca serán insuficientes. De todas maneras, apelo
también a que se pueda estudiar en el futuro que las medidas
puedan entrar dentro de lo que son los tributos del Estado;
esto quizá también sea objeto de debate en el futuro, aunque
lo que tenemos que decir es que en esta ocasión, como en otras
anteriores, los tributos de carácter municipal y local van a
ser de hecho, como ya se ha comentado también, subvencionados
y cubiertos desde las propias arcas del Estado y desde los
propios Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto,
estamos seguros de que el peso principal en esta ocasión va a
recaer sobre el Estado y, en todo caso, al final, quizá habrá
que valorar y cuantificar cuáles han sido las aportaciones de
cada una de las administraciones. Estamos convencidos de que
todas ellas van a colaborar en la medida de sus posibilidades,
aunque --repito-- todas las medidas que se recogen en estos
decretos hacen referencia a una aportación del Estado, que va
a ser, en todo caso, muy superior a la que puedan aportar las
demás administraciones. Finalmente, en cuanto a la aportación
del ICO, a la que hacía referencia el representante del Grupo
Vasco (PNV), está también incluida en los reales decretos.
Creemos que más bien, aparte de la implicación del ICO en
estas acciones por parte de la Administración pública habría
que recabar también, aunque eso no puede regularse en una
norma, la colaboración de las entidades financieras. En estos
momentos, en circunstancias como éstas, todos sabemos que a
las entidades financieras les cuesta acceder a concertar con
el ICO líneas de financiación para los créditos, y tenemos que
concienciarnos todos, también las entidades financieras, de
que en situaciones de emergencia como éstas tiene que
recabarse la colaboración y la aportación de todos.
Creemos que las aportaciones de la Administración central,
repito, están especificadas de manera clara y suficiente y que
las aportaciones de las demás administraciones, tanto
autonómicas como municipales y locales, tienen que darse en
estas circunstancias, y deseamos que éstas se produzcan en la
misma medida en que la Administración del Estado está
colaborando con ellas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sabaté.
Vamos a pasar a la votación relativa a la convalidación o
derogación de los dos reales decretos-ley que han sido objeto
de debate. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 11/1994, de 28 de octubre, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las recientes inundaciones. Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; a favor, 295.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
Votación relativa a la tramitación como proyecto de ley, por
el procedimiento de urgencia, del Real Decreto-ley
convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 127; en contra, 165; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como
proyecto de ley. Votación para la convalidación o derogación
del Real Decreto-ley 12/1994, de 25 de noviembre, por el que
se amplía el ámbito territorial de aplicación de las medidas
incluidas en el Real Decreto-ley 11/1994, de 28 de octubre, a
las inundaciones ocurridas con posterioridad a su aprobación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 294.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
Votación para la tramitación como proyecto de ley, por el
procedimiento de urgencia, del Real Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; a favor, 129; en contra, 165; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como
proyecto de ley. DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS
EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
--CONVENIO SOBRE LA PROTECCION DE LOS CREDITOS LABORALES EN
CASO DE INSOLVENCIA DEL EMPLEADOR (NUMERO 173 DE LA OIT)
ADOPTADO EN GINEBRA EL 23 DE JUNIO DE 1992 Y DECLARACION QUE
ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA RATIFICACION (Número
de expediente 110/000118)
--ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA, HECHO
«AD REFERENDUM« EN MANAGUA EL 16 DE MARZO DE 1994 (Número de
expediente 110/000120)
--CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION DEL NIÑO Y A LA
COOPERACION EN MATERIA DE ADOPCION INTERNACIONAL, HECHO EN LA
HAYA EL 29 DE MAYO DE 1993 (Número de expediente 110/000121)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día:
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales. ¿Desea algún grupo fijar su
posición en relación con alguno de los dictámenes?
(Denegaciones.)
Vamos a votar los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores. Convenio sobre la protección de los créditos
laborales en caso de insolvencia del empleador y declaración
que España va a formular en el momento de la ratificación.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; a favor, 294; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones
entre el Reino de España y la República de Nicaragua.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; a favor, 293; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación
en materia de adopción internacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; a favor, 293; en contra, uno; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE INCORPORACION AL DERECHO ESPAÑOL DE LA
DIRECTIVA 92/100/CEE, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1992, SOBRE
DERECHOS DE ALQUILER Y PRESTAMO Y OTROS DERECHOS AFINES A LOS
DERECHOS DE AUTOR EN EL AMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(Número de expediente 121/000052)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día:
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
Dictamen relativo al proyecto de ley de incorporación al
Derecho español de la Directiva 92/100, de la Comunidad
Económica Europea, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos
de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos
de autor, en el ámbito de la propiedad intelectual.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Tiene la palabra el señor Baltá (Pausa.)
Antes de que el señor Baltá inicie su intervención, recuerdo a
SS.SS., que habiéndose apreciado un error en la tramitación de
este proyecto en Comisión, han sido mantenidas para el Pleno,
y por tanto pueden ser defendidas si así lo estima procedente
el Grupo Catalán (Convergència i Unió), enmiendas sobre las
que en principio había existido la creencia de que se habían
votado en Comisión. No han sido votadas en Comisión las
enmiendas 68, 69, 74, 75 y 77. Tiene la palabra el señor Baltá
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor BALTA I LLOPART: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en principio para retirar nuestra
enmienda 79 respecto a la posibilidad de que las acciones
legales a las que se refiere la disposición transitoria
tercera en la aplicación de la remuneración equitativa puedan
efectuarse a través de la oficina central correspondiente y
también en los registros territoriales habilitados para el
caso. Mantener dicha enmienda para su votación en el Plenario
era coherente en relación a la posición de mi Grupo y en
cuanto al texto inicial del proyecto de ley, pero al aceptar
una enmienda transaccional del Grupo Socialista a nuestra
enmienda número 70, al artículo 3 del mismo, pierde cierto
sentido. Además, un lapsus técnico la ha incorporado al
dictamen de la Comisión y la retirada de la enmienda facilita
la corrección del error en el que se ha incurrido.
Otro error, éste quizá de procedimiento parlamentario, hizo
que nuestras enmiendas 68, 69, 74, 75 y 77, pese al anuncio de
que serían apoyadas por el Grupo mayoritario e, incluso,
producido el anuncio de su votación, no se votaran finalmente,
por lo que mi Grupo ha considerado su mantenimiento para el
Pleno, por todo lo cual, las damos por defendidas en los
mismos términos en que fueron defendidas en Comisión.
Finalmente, retiramos las enmiendas 64, 65 y 67 que en
principio pensábamos mantener por su valor conceptual. Por lo
demás, señorías, nos parece indicado resaltar el nivel de
aceptación de enmiendas que se ha producido en el debate,
alguna de las cuales ha permitido corregir algunos perfiles de
la aplicación de las anteriores directivas comunitarias en el
ámbito de la propiedad intelectual, cuyo impacto real en el
mercado no había tenido las repercusiones positivas que se
esperaban, cosa que se espera ahora al establecer mecanismos
jurídicos que posibiliten el control de los niveles de fraude
que se han producido por la aparición de empresas importadoras
situadas en el límite de la legalidad, produciéndose un grave
quebranto en el sector afectado por la remuneración
compensatoria prevista en la aplicación de la Directiva
comunitaria. Esto es todo, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Baltá.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular, tiene la
palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias Presidente.
Señorías, traemos hoy aquí a debate, por segunda vez, el
proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la
Directiva sobre derechos de alquiler y préstamo y otros
derechos de explotación en el ámbito de la propiedad
intelectual. El primer debate tuvo lugar hace dos meses, el
pasado 15 de septiembre, y estuvo deÙdicado a la toma en
consideración de la enmienda de totalidad presentada por
nuestro Grupo, por la que solicitábamos la devolución del
proyecto al Gobierno, al no estar de acuerdo con la forma en
que se quería hacer la incorporación, a través de una ley
autónoma, y, lo que es más importante, tampoco estábamos de
acuerdo con algunos de los contenidos de este proyecto.
En aquella ocasión, señor Presidente, quiero recordar que la
señora Ministra dijo que una ley autónoma tenía la ventaja de
que la única referencia a la hora de ser estudiada por los
órganos de la Administración y el Parlamento era el texto de
la Directiva, con lo que se agilizaba la tarea de los mismos,
ya que se evitaba el plus añadido de estudio simultáneo de la
Ley de Propiedad
Intelectual. Por tanto, lo que el Gobierno nos proponía en ese
momento era: Señorías del Grupo PopuÙlar, olvídense ustedes de
la Ley de Propiedad Intelectual y vamos a ceñirnos
exclusivamente a la Directiva. Nosotros ya anunciamos entonces
nuestra disconformidad con este método y dijimos claramente, y
así consta en el «Diario de Sesiones», que el verdadero motivo
por el que el Gobierno prefería este sistema de ley autónoma
no era otro que el de, con ocasión de la incorÙporación de la
Directiva, intentar introducir en nuestro ordenamiento
jurídico determinadas opciones que aquélla permite, pero que
difícilmente encajan en el sistema diseñado por nuestra Ley de
Propiedad Intelectual, produciéndose de esta forma una
derogación parcial o una modificación encubierta de la misma
en aspectos fundamentales, sin que se tenga el estudio
necesario y, sobre todo, sin poder tener el debate deseable.
Ya entonces hicimos referencia a un caso concreto, si ustedes
recuerdan, que era la gestión obligatoria de ciertos derechos
a través de las entidades de gestión; obligatoriedad que si
bien es cierto contempla la Directiva, sin embargo, no es
menos cierto que contempla también otra posibilidad: la no
obligatoriedad de dicha gestión. Asimismo, es igualmente
evidente que a la hora de elegir entre una y otra posibilidad
en la incorporación de la Directiva, la voluntaria, sin duda
alguna, se adapta mucho mejor a nuestro ordenamiento jurídico,
mientras que la obligatoriedad choca frontalmente, no ya
contra un artículo, que entonces quedaría derogado
inmediatamente, sino contra todo el sistema de entidades de
gestión diseñado por nuestra Ley de Propiedad Intelectual, al
basarse éste en el principio de la gestión colectiva
voluntaria de los derechos. Por esta razón, señor Presidente,
concluíamos entonces diciendo que el Gobierno prefería el
sistema de ley autónoma al de modificación directa porque en
el caso de la modificación directa de la Ley de Propiedad
Intelectual las contradicciones que aconten hubieran sido
demasiado claras y evidentes. Por eso era mejor la
incorporación de la Directiva a un cuerpo legal independiente,
según decían, olvidándonos por el momento de la Ley de
Propiedad Intelectual y centrándonos en el texto de la
Directiva.
Pues bien, en este momento en que finaliza la tramitación de
este proyecto de ley en el Congreso, hemos de decir que a ese
defecto que decíamos entonces del proyecto de ley se ha
añadido otro nuevo que se ha producido durante la tramitación
en Comisión, y éste no es otro que el de haber incorporado al
texto, vía enmiendas, determinados contenidos que nada tienen
que ver con la Directiva que se pretende incorporar. Nos
referimos concretamente a la nueva disposición adicional
segunda del texto que hoy tenemos entre manos, que se refiere
al canon o remuneración compensatoria por copia privada, que
ha sido una enmienda introducida por el Grupo de Convergència
i Unió y que el Grupo Socialista, además, ha intentado
aprovecharla para ir un poco más lejos. Señor Presidente,
resulta como mínimo chocante que los mismos que al alimón nos
pedían que nos olvidásemos de la Ley de Propiedad Intelectual
y que nos centráramos y nos ciñéramos exclusivamente a la
Directiva sean los que ahora, de tapadillo y como quien no
quiere la cosa, intenten --y así lo han hecho--introducir
materias que nada tienen que ver con ella. Por eso, si al
principio de la tramitación de este proyecto de ley nos
quejábamos del método utilizado para la incorporación de la
presente Directiva, hoy, lamentablemente, tenemos además otro
motivo de queja, y es el de haberse utilizado ésta para,
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, proceder a
una soterrada reforma de materias que no son objeto de la
regulación de este proyecto de ley, lo que es sin duda un
procedimiento, a nuestro juicio, francamente irregular. Aunque
el Grupo Popular mantiene vivas para este trámite en el Pleno
todas las enmiendas, sin embargo nos vamos a limitar tan sólo
a dos aspectos importantes que ya hemos mencionado, y el resto
de ellas, señor Presidente, las doy por defendidas.
En lo que se refiere a la gestión colectiva obligatoria de
determinados derechos de remuneración por alÙquiler --artículo
3-- y por comunicación pública --arÙtículo 7-- a través de
entidades de gestión, poco más podemos añadir a lo que ya
hemos dicho, si acaso dejar perfectamente claro que si bien
respecto a la reÙmuneración particular la Directiva en su
artículo 4.4 contempla la posibilidad de establecer la
obligatoriedad total o parcial de la gestión, no ocurre lo
mismo en lo que se refiere a la remuneración por comunicación
pública, sobre cuya gestión la Directiva en su arÙtículo 8 no
dice absolutamente nada. Por tanto, éste es otro punto en que
el proyecto tampoco se ciñe a la Directiva. Por otra parte,
está claro que el hecho de que una Directiva que está dirigida
a distintos Estados permita en su regulación varias
posibilidades no quiere decir que cada uno de los Estados
miembros pueda escoger libremente cualquiera de ellas, sino
que es aconsejable, y así debe ser, escoger la que case mejor
con el ordenamiento jurídico interno del país en cuestión. Y
en este caso insistimos en que la obligatoriedad de la gestión
colectiva no sólo choca frontalmente contra el sistema de
entidades de gestión, que está definido en la Ley de Propiedad
Intelectual, que dice que las entidades de gestión gestionarán
los derechos de propiedad intelectual que les sean
encomendados, sino que incluso puede tener, a nuestro juicio,
algunos visos de inconstitucionalidad. Así lo entendió el
Grupo Popular y así debió entenderlo también el Grupo de
Convergència i Unió, puesto que presentó sendas enmiendas a
los arÙtículos 3 y 7 del proyecto en el mismo sentido que las
nuestras, pidiendo la sustitución de la expresión: «se
hará efectivo a través de las entidades de gestión», por la
que utiliza la Directiva: «podrán encomendarse a las entidades
de gestión». Señor Presidente, hay que lamentar que
Convergència i Unió --en un perfecto derecho, legítimo, de sus
actitudes-- una vez presentadas las haya retirado en Comisión
impidiéndonos que las votáramos, porque efectivamente,
coincidían literalmente con las que el Grupo Popular había
presentado. No nos corresponde en modo alguno juzgar esta
conducta, pero sí hemos de decir aquí que si finalmente se
consagra la obligatoriedad de la gestión de determinados
derechos de propiedad intelectual a través de entidades de
gestión, será porque un determinado Grupo ha renunciado
probablemente a sus convicciones para quizás utilizar este
tema como moneda de cambio.
En lo que respecta a la disposición adicional segunda que
reforma la actual regulación del canon de copia privada del
artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, quiero
insistir en que dicha materia no es objeto de la Directiva,
por lo cual resulta de todo punto extraño, por no decir
irregular, su incorporación a este proyecto por vía de
enmienda. Es más, incluso tenemos, créanme, serias dudas de
que se le pueda dar la calificación de enmienda. Como SS.SS.
saben perfectamente una enmienda es de supresión, de
modificación o de adición, y se propone con el contenido, o al
menos con el objetivo del proyecto; está claro que no se puede
o no se debe añadir a un proyecto de ley nada que no guarde
relación con la materia que se regula en dicho proyecto. Pues
bien, lo que ha hecho el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
proponiéndolo y el Grupo Socialista aceptándolo ha sido eso:
incrustar en un proyecto de ley un contenido que no tiene nada
que ver con el objeto de dicho proyecto. Señorías, es como si
nosotros, aprovechando esta Directiva, hubiéramos presentado
unas enmiendas a la recién aprobada Ley de Arrendamientos
Urbanos. Ustedes probablemente, con toda razón, dirían: los
señores del PP se han vuelto locos. Pues, señor Presidente,
esto es lo que se ha hecho al introducir esta enmienda.
Tenemos la certeza de que la posición del Grupo Popular es
compartida por la señora Ministra de Cultura --aunque hoy esté
ausente--, que de vez en cuando, sin duda alguna acierta, y
podría ser --no lo sé-- que este disparate legislativo fuese
una postura personal del portavoz del Partido Socialista en
este caso.
Nos preguntamos, señor Presidente, por qué no se ha remitido
un proyecto de ley a la Cámara. La razón en principio parece
sencilla. ¿Recuerdan SS.SS. que sólo hace dos años se reformó
la Ley de Propiedad Intelectual, concretamente su artículo 25?
Remitir un nuevo proyecto de ley sería reconocer abiertamente,
creo, que dicha modificación de 1992, fue una auténtica
chapuza, como entonces dijo el Grupo Popular y el tiempo lo ha
venido a demostrar. Nos seguimos preguntando ¿por qué se ha
presentado una enmienda dentro de un proyecto de ley que no
tiene nada que ver con el canon de copia privada, en vez de
una proposición de ley independiente? Sólo se nos ocurre una
explicación. Las proposiciones de ley admiten enmiendas de
todos los Grupos Parlamentarios; las enmiendas, sin embargo,
no admiten más enmienda que las transacciones que acepta
libremente el grupo enmendante, sin que haya lugar siquiera a
la votación de éstas. Es decir, a una enmienda no se pueden
presentar enmiendas, lo cual resulta útil para determinados
grupos que consideran los debates parlamentarios innecesarios,
que la tramitación legislativa normal puede ser un engorro y
que es mejor hacer las cosas en «petit comité».
Ahora bien, éste es un juego, señorías, en el que todos
podemos jugar y, a la vista de que se han incorporado
contenidos que nada tienen que ver con la Directiva que se
suponía íbamos a trasponer, que incluso modifican directamente
artículos de la Ley de Propiedad Intelectual, cosa que se
quería evitar trayendo una ley autónoma, el Grupo Popular se
reserva la posibilidad de presentar enmiendas en el Senado a
cualquier artículo de la Ley de Propiedad Intelectual, a no
ser, señorías, que se reconduzca esta situación a unos cauces
normales. Con esto termino, señor Presidente. En este sentido
anunciamos que, al igual que nos hemos opuesto a la
introducción de esta enmienda en su tramitación en el
Congreso, una vez incorporada al proyecto de ley, en el Senado
presentaremos la correspondiente enmienda pidiendo su
supresión, del mismo modo que la de todos aquellos contenidos
que no guardan relación con la Directiva que se traspone. Ante
la posibilidad de que se vuelvan a plantear en el Senado
determinadas cuestiones que se han pretendido introducir en el
Congreso y que nada tienen que ver con la Directiva que nos
ocupa, como es la creación de una súper entidad para la
gestión del canon de copia privada, también queremos anunciar
que el Partido Popular se negará siempre a que dicha súper
entidad se imponga mediante una ley que persiga beneficiar a
determinadas entidades en perjuicio de otras. Si la asociación
o representación conjunta de entidades es beneficiosa, ha de
ser para todos; si no es así, no vemos la razón de que haya
que obligar a nadie a asociarse. Si resulta que hoy por hoy
unas entidades quieren dicha asociación o representación
conjunta y otras no, no es de recibo, señorías, que unas
utilicen su capacidad de influir para imponer por la fuerza
dicha asociación a las otras.
Por todas estas razones, señor Presidente, adelantamos nuestro
voto negativo contra el proyecto de ley, porque no sólo se
mantienen los defectos que nos movieron a presentar en su día
una enmienda de devolución, sino que éste es el momento en que
dichos defectos han aumentado, habiendo sido utilizada una
trasposición para realizar una reforma clara, pero encubierta,
de aspectos
muy importantes de la Ley de Propiedad Intelectual, que nada
tienen que ver con dicha Directiva y que, por el modo en que
han sido incorporados, no han podido tener el debate ni el
tratamiento adecuados que creemos se merecían. Muchas gracias,
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
García-Alcañiz. Para defensa de las enmiendas del Grupo de
Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria mantiene las enmiendas presentadas para su
votación en este Pleno. A fin de prestar un servicio al
apretado programa que tiene la Cámara, y a efectos de la
contestación que pueda hacer el portavoz Socialista, las doy
por defendidas en los propios términos en que está expresada
su justificación. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Para defensa de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV),
tiene la palabra el señor González de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco mantiene
vivas las enmiendas números 4 y 5 a este proyecto de ley
relativo a la incorporación al Derecho español de la Directiva
92/100 de la Comunidad Europea en el ámbito de la propiedad
intelectual. Las dos enmiendas hacen referencia a la mejor y
más objetiva protección de los derechos de la propiedad
intelectual de los autores y de los intérpretes. Tienen por
objeto genérico asegurar los beneficios derivados de la
explotación de las obras por parte de los correspondientes
autores e intérpretes, intentando buscar el equilibrio debido
entre los distintos agentes sociales que intervienen en estas
materias de propiedad intelectual. Entendemos que la redacción
que proponemos en estas dos enmiendas es más garantista con
los derechos de los artistas y de los intérpretes en general
con los sujetos con derecho en materia de propiedad
intelectual; garantiza, en nuestra opinión, a los artistas e
intérpretes la obtención de una remuneración más equitativa y
única por la comunicación pública de las obras audiovisuales.
La redacción que se propone en estas dos enmiendas es más
garantista para los autores, y está en mayor sintonía con la
redacción de la Directiva comunitaria, objeto de traslación en
lo que respecta a su artículo 7, que establece expresamente
que los artistas, intérpretes o ejecutantes al firmar un
contrato de producción de una obra audiovisual tienen el
efecto de autorizar la utilización pública de esa actuación
siempre que, como condición «sine qua non», en dicho contrato
se estipule una remuneración equitativa con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 4 de la Directiva. Está también en
mayor sintonía con la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada
en el año 1987 en esta Cámara. Posibilita la corrección de las
disfunciones que en la práctica se han ido produciendo en la
aplicación de esta ley desde 1987 hasta el día de la fecha,
aplicando, además, la misma metodología genérica aprobada en
aquella ley para otros colectivos sociales similares.
En lo que se refiere a la enmienda número 5, encomienda a las
entidades de gestión la función de hacer efectiva la
remuneración equitativa y única a que se refieren los
apartados 2 y 3, del artículo 7 que estamos analizando, a lo
que se refería la portavoz del Grupo Popular, para intentar
corregir las disfunciones que se suscitan desde la redacción
que tiene el proyecto de ley y que en el debate de hoy
esperamos puedan ser corregidas.
Es cierto que en la accidentada tramitación que ha tenido este
proyecto de ley, estas dos enmiendas tienden a perfeccionar el
texto inicial desde las disfunciones que se han denotado a lo
largo del debate de hoy, que encuentran una mayor sintonía con
la Directiva que se trata de trasladar. Además, equilibran más
equitativamente las difíciles relaciones comerciales y
económicas que se dan entre los distintos agentes sociales que
intervienen en la creación, difusión y distribución de
productos culturales e intelectuales; en definitiva, es más
garantista con los derechos de los autores e intérpretes,
derechos que son los que se trata de asegurar con la
traslación de esta Directiva al Derecho interno del Estado.
Tal y como se ha recogido en el trámite de Comisión, mejorando
desde esta perspectiva el texto original del proyecto de ley,
la irrenunciabilidad de estos derechos se constituye en clave
y pieza pilar del proyecto de ley que debatimos, y dado que se
ha aceptado este criterio en lo que se refiere a la copia
privada, sería deseable, según nuestra opinión, que este
criterio se extendiera también a la relación entre productores
y artistas garantizando la libre y justa remuneración de la
tarea intelectual.
Estos son, señor Presidente, los motivos que sostienen las
enmiendas números 4 y 5 que presenta el Grupo Vasco, que
esperamos tengan la mejor consideración en este trámite del
Pleno de la Cámara. Dado que algunas enmiendas mantenidas por
Convergència i Unió y defendidas en este trámite y las que
presenta el Grupo Vasco son coincidentes, a efectos de
facilitar las votaciones, en caso de que se considerara la
aceptación de la enmienda número 75, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), el Grupo Vasco retiraría la número 4,
manteniendo la número 5, que no es de modificación como
por error se recoge en el encabezamiento de la enmienda, sino
que es de adición.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txábarri. Para un turno en contra, el señor Clotas
tiene la palabra.
El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, señorías,
afortunadamente el turno en contra va a registrar grandes
coincidencias entre todos los grupos de la Cámara. En el
proceso de elaboración de este proyecto de ley, de adaptación
de la Directiva sobre alquiler y préstamos, se ha producido
una aproximación muy grande de todos los grupos, como se verá
a la hora de aceptación de las enmiendas por parte del Grupo
Socialista, con excepción del Grupo Popular, que no mantiene
discrepancia respecto a todos los puntos, pero mantiene
algunas discrepancias importantes a las que me referiré ahora.
Ese acercamiento ha sido tal que incluso el Grupo Socialista
no ha tenido reparos en retirar una enmienda a uno de los
artículo fundamentales, como es el arÙtículo 7 de este
proyecto de ley, y aceptar la redacción propuesta por el Grupo
Catalán, que nos ha parecido mejor, con lo cual ya anuncio que
vamos a votar afirmativamente la enmienda número 75, del Grupo
Catalán, y agradezco que el Grupo Vasco retire su enmienda
número 4, que coincide realmente en el contenido, aunque no
exactamente en la redacción. No se pueden aceptar las dos
enmiendas y, por tanto, agradezco que la retire, porque sería
absurdo votar en contra de una enmienda con cuyo espíritu
estamos totalmente de acuerdo. Agradezco al señor Baltá la
brevedad con que se ha producido, pero también que haya
retirado algunas enmiendas que ya discutimos en Comisión, y
que proponían el mantenimiento de una terminología que creemos
ha de variar para aceptar la comunitaria. Anuncio no solamente
nuestro voto favorable a la enmienda número 75, sino asimismo
nuestro voto favorable a las enmiendas números 68, 69, 74 y 77
que, por otra parte y como diré después, alguna coincide
también en su literalidad con enmiendas presentadas por el
señor Mardones, que naturalmente votaremos también en sentido
afirmativo.
La señora García-Alcañiz ha basado su disconformidad con el
texto que hoy se somete a la Cámara en dos grandes temas: el
de las entidades de gestión y haber incluido en el proyecto de
ley, por aceptación de una enmienda del Grupo Catalán, una
modificación del artículo 25 de la Ley de Propiedad
Intelectual. Señora García-Alcañiz, a mí no me duelen prendas
para decirle que usted tiene parte de razón; es cierto, usted
tiene parte de razón. El Gobierno y el Grupo Socialista
adoptaron como fórmula para trasladar esta directiva una ley
autónoma; lo justificamos plenamente, yo creo, en el debate de
totalidad. Son cuatro las directivas que van a incidir sobre
una misma ley y yo creo que es claro que el mejor
procedimiento es el de una ley autónoma. Sin embargo, esto no
puede ser un impedimento para que aprovechemos una ley que se
refiere a los derechos de propiedad intelectual para resolver
un problema que está planteado en la sociedad y que afecta a
los sectores interesados de manera muy grave, que es el
incumplimiento del artículo 25 de la Ley de Propiedad
Intelectual que, como ustedes saben, se refiere al canon de la
copia privada. Ese artículo no se cumple, no porque esté mal o
porque contenga algo que lo haga incumplible; no se cumple,
señorías, porque no conseguimos atajar la piratería. La
enmienda que presentó el Grupo Catalán y que hemos aceptado,
es una enmienda con la que, como sabe bien la señora García-
Alcañiz, están de acuerdo deudores y acreedores. Hay
unanimidad en el sector (fabricantes, productores,
directores); todos cuantos componen el sector, frente a quien
no está de acuerdo, que son los que practican la piratería.
Por eso y dándole otra vez parte de razón (es cierto que no
queríamos modificar directamente la Ley de Propiedad
Intelectual en esta directiva) hemos entendido que, teniendo
en cuenta que para solucionar el problema por la vía que
proponía la señora García-Alcañiz se perdía toda una
anualidad, porque estas cosas van por años, valía la pena
aprovechar esta ocasión para solucionar el problema. Es
completamente cierto que el Grupo Socialista pudo haber
mantenido la posición de no «enmendalla» y no querer hacer el
reconocimiento --que lo hago muy gustoso--, de que en cierto
modo tiene razón formalmente; pero desde luego creo que la
obligación de esta Cámara no es dejar que los problemas no se
resuelvan sino resolverlos de la mejor manera posible.
Unicamente quiero decir a la señor García-Alcañiz que no me
diga que esto ha sido irregular. Dígame que hemos contradicho
algo, sí es verdad, que no queríamos modificar la ley. Lo
hemos hecho para resolver un problema. No diga que es
irregular, lo hemos hecho dentro de lo que permite la Cámara.
Tampoco diga que esto no le da al Grupo Popular posibilidad de
enmendar la propuesta, tienen esa posibilidad --la señora
Diputada lo ha reconocido-- ya que en el Senado puede
perfectamente enmendar esta propuesta que hoy forma parte del
dictamen de la Comisión. Por tanto, en ese sentido, señora
García-Alcañiz, pensamos que cumplimos la obligación ya que
como diputados debemos defender los legítimos intereses e
intentar que no se estén frustrando, como hasta ahora,
derechos de propiedad porque, en las circunstancias actuales,
no se puede cumplir el artículo 25 de la Ley de Propiedad
Intelectual.
Respecto al siguiente tema que ha planteado la señor García-
Alcañiz, la obligatoriedad o no de las entidaÙdes de gestión,
aparte de que coincidimos ampliamente los grupos
parlamentarios sobre el tema --ella lo ha reconocido también--
debo decir que el Gobierno está facultado por la propia
Directiva a hacerlo obligatorio. Voy a decir o repetir, porque
creo que lo he dicho ya desde esta tribuna, las dos razones
que han llevado al Gobierno y al grupo que le apoya a adoptar
la medida de que sean obligatorias.
La primera, señorías, es porque en un sector débil, en un
sector que tiene problemas de estructuración, eso facilitará
que ese sector se organice mejor y la defensa de los derechos
de la parte más debil en la negociación. Eso bastaría para que
el Grupo Socialista adoptara ese camino para el cual le
faculta la directiva.
Hay otra razón que me parece también expresé aquí o en
comisión, y es que en la directiva que afectan a derechos de
propiedad intelectual, como en la directiva del canon, la
directiva de la duración, la Unión Europea adopta también la
obligatoriedad de las entidades de gestión. Por tanto, no
estamos haciendo nada que nos aleje del derecho comunitario;
estamos haciendo algo que nos aproxima al derecho comunitario
y que resuelve problemas clarísimos en el sector audiovisual y
en el sector de los derechos de propiedad en nuestro país. Muy
brevemente, como breves han sido ellos, quisiera referirme a
la intervención del señor Mardones y a la del representante
del Grupo Vasco (PNV). Agradecería al señor Mardones que
retirara las enmiendas números 8 y 10, porque están ya
incorporadas en el dictamen, en virtud de otras enmiendas por
las votaciones que se produjeron en la Comisión. Son
coincidentes con enmiendas que se aceptaron en su día.
Asimismo, la enmienda número 13 coincide con otras enmiendas
que vamos a votar afirmativamente. No podemos apoyar también
la 13 porque no coincide en su literalidad, pero anuncio que
el Grupo Socialista va a votar afirmativamente sus enmiendas
números 12, 14, 15 y 16. La número 14 coincide literalmente
con la enmienda 75, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Ya me he referido al Grupo Vasco. Una vez más quiero
agradecerle que facilite el sentido de las votaciones al
retirar la enmienda número 4, que coincide totalmente con la
75 del Grupo Catalán; y con la 14, del Grupo de Coalición
Canaria. Votaremos afirmativamente la enmienda número 5, que
se refiere a las entidades de gestión, en el importantísimo
artículo 7, que es el de la comunicación.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Clotas.
Tiene la palabra el señor Baltá para turno de réplica.
El señor BALTA I LLOPART: Con brevedad quiero dejar claro
simplemente que la intervención de mi grupo en este debate ha
pretendido aportar soluciones a problemas que se habían
producido en anteriores directivas. Celebramos que esta
aportación que correspondía a los diferentes sectores
afectados haya sido asumida por el grupo mayoritario. Esta ha
sido la única intención de mi grupo. Por lo demás, la
problemática surgida ha sido una cuestión ocasional que no
debe tener más importancia de la que se refleja en esta misma
exposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señor Clotas, la verdad es que más alto puedo explicarme; más
claro, creo que difícilmente.
Tengo que hacer constar de nuevo que el Grupo Popular no se ha
opuesto nunca, en ningún momento y en modo alguno, a que se
discuta el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Hemos dicho que fue un error de ustedes; que el señor Cortés
en el debate del año 1992 ya dijo claramente lo que tenían que
hacer, no lo hicieron y una vez más se han equivocado ustedes.
Señor Clotas, es mucho más noble decir nos hemos confundido,
nos hemos equivocado y vamos a sentarnos a rectificarlo que no
hacerlo por el procedimiento que han seguido ustedes, como le
he dicho mediante una enmienda y de tapadillo; una chapuza.
Usted sabe muy bien que el trámite legislativo no permite
enmendar una enmienda. Ya sé que usted ha dicho en muchas
ocasiones que no le gusta debatir; quizá fue un lapsus, porque
a veces sí mantiene debate en cosas a mi juicio ciertamente
irracionales. Ustedes con eso han impedido un claro debate
sobre un asunto que usted dice, y nosotros también creemos,
que es muy importante y precisamente por su importancia
queríamos que se le prestase la atención debida.
¿Por qué impidieron que existiese un estudio comparado de la
Directiva con la Ley de Propiedad InteÙlectual? ¿Por qué se
niegan ustedes? Aténgase a la directiva, sólo a la directiva y
no evitar que se estudie, que se trabaje y que el Parlamento
calle y no hable de ello.
Lamento, una vez más, señor Presidente, constatar esto. Señor
Clotas, rectifique de nuevo. Alguna vez aciertan. Esto no es
un proceso digno para un Parlamento serio.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
García-Alcañiz. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Para agradecer al señor Clotas, como portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, la amabilidad que ha tenido en la
contestación a los argumentos que habíamos expuesto para la
defensa y justificación de nuestras enmiendas. Por las
indicaciones que ha hecho y por estar recogida en otras
enmiendas, retiro las números 8 y 10. También quiero agradecer
al señor Clotas la aceptación de la enmienda número 5.
En cuanto a las enmiendas concordantes con otros grupos y que
fueron recogidas en el trámite en Comisión, quedan retiradas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. En primer lugar, quisiera agradecer al señor
Clotas la amabilidad que ha tenido en la consideración de las
dos enmiendas presentadas por el Grupo Vasco. Nos damos por
satisfechos, ya que una se va a aceptar porque era exactamente
igual en el contenido y en la forma a una enmienda presentada
por el Grupo Catalán; y en cuanto a la número 5, ya ha
anunciado su aceptación. En consecuencia, como he indicado
anteriormente, retiramos nuestra enmienda número 4 por
coincidir exactamente en sus términos con la 75, del Grupo
Catalán, que el señor Clotas ha anunciado va a aceptar.
Entendemos que en el trámite, accidentado sin ninguna duda, de
este proyecto de ley, se consigue en este momento el
equilibrio debido entre los distintos agentes sociales que
intervienen en una tarea tan importante como la intelectual y
cultural. Desde nuestra perspectiva, señor Presidente, va a
ser motivo de gozo para los actores, para los autores, para
los intérpretes haber llegado a este punto de equilibrio, del
cual nos felicitamos y felicitamos a los demás grupos que en
sintonía hemos llegado a este punto de acuerdo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txabarri. Señor Clotas.
El señor CLOTAS CIERCO: Después de oír a los portavoces que
han intervenido, casi no habría que hacerlo por mi parte, pero
no quiero dejar de contestar a la señora García-Alcañiz, así
como agradecer sus palabras a los señores portavoces de los
Grupos Catalán y Vasco.
A la señora García-Alcañiz quiero decirle que vuelve a las
andadas. Señora García-Alcañiz, he tenido la sinceridad de
decir que efectivamente existía una contradicción entre lo que
dijimos respecto a esta ley; que queríamos hacer una ley
únicamente de adaptación, con la aceptación de una enmienda
presentada por el Grupo Catalán. He explicado con toda
claridad por qué lo hemos hecho. Usted, señora Diputada, ha
vuelto a repetir palabras como chapuza y como irregular.
Quiero decir aquí que esas palabras no sólo son injustas e
inaceptables; son palabras que ofenden a esta Cámara. Todo lo
que se ha hecho por parte del Grupo Catalán, al presentar una
enmienda, y por parte del Grupo Socialista, al aceptarla, está
perfectamente regulado en las normas de esta Cámara.
(Rumores.) Cuando usted se pronuncia de esta forma, no hace
ningún favor al grupo que representa ni a la dignidad de esta
Cámara. Se lo he dicho varias veces. (Rumores y protestas.--
Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Señora Diputada, yo he
reconocido con sinceridad la parte de razón que usted tenía y
usted ha contestado otra vez empleando palabras como
irregularidad o chapuza. Ha dicho que este Diputado no es
partidario del debate, cosa que no sé de dónde la ha sacado
S.S. y que le agradecería retirara porque desde luego
constituye una acusación que no tiene más base que la afición
de S.S. a decir cosas que no responden a la realidad. Lo digo
de la manera más moderada que sé decirlo, señora Diputada; de
la manera más moderada que sé decirlo. (Protestas.--La señora
García-Alcañiz Calvo pide la palabra.)
Le voy a decir otra cosa. Hace muchos años ustedes estaban de
acuerdo en resolver los problemas. Le digo que lo que hemos
hecho al aceptar la enmienda del Grupo Catalán ha sido
resolver un problema que por otra vía, como la que ustedes
proponen, no se resuelve a tiempo y no evitamos que se siga
produciendo la piratería y todos esos sectores de artistas, de
productores, de fabricantes coinciden en que iban a sufrir un
gran perjuicio; ustedes prefieren decir no, que lo sufran una
vez más, nosotros nos mantenemos en la nuestra y ya se
arreglará cuando se pueda arreglar, aunque la vía sea más
lenta.
Señora Diputada, el Grupo Socialista y los restantes grupos de
la Cámara han actuado con responsabilidad frente a los
problemas. No puedo decir lo mismo del Grupo Popular.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!--VaÙrios señores Diputados del Grupo
Popular: ¡Muy mal!--La señora García-Alcañiz Calvo pide la
palabra.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, señora García-
Alcañiz, no ha lugar. El señor Clotas ha contestado a la
intervención de S.S.
¿Grupos parlamentarios que no han intervenido en el debate y
que quieren fijar su posición? (Pausa.)
El señor Martínez Blasco tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, nuestro grupo
tenía sólo dos enmiendas al artículo 7.º, que, hecha la
observación, en el trámite de Comisión, de que iba a ser
aceptada la enmienda número 75, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que, efectivamente, coincidía con la
número 4, del Grupo Vasco (PNV), y con otra de Coalición
Canaria, nuestro grupo ya no las mantuvo vivas para este
trámite del Pleno. Por eso queremos unirnos a las voces de los
diferentes portavoces y congratularnos de que, a pesar de
todos los pesares y de todos los debates, hayamos concluido
este trabajo con la incorporación no sólo de la directiva 100
del pasado año, sino que hemos mejorado bastantes aspectos,
como el que se acaba de señalar referente a la piratería.
Nuestro grupo va a votar favorablemente el dictamen de la
Comisión y las diferentes enmiendas a las que se ha referido
el Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez Blasco. Pasamos a la votación, tanto de las enmiendas
como del dictamen correspondiente a este proyecto de ley. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència
i Unió). Enmiendas números 74 y 77.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 294.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda número 75.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 171; en contra, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 298.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 127; en contra, 169; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Enmienda número 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 297.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda número 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, cuatro; en contra, 293; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 133; en contra, 165.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 11, 13 y 17.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, seis; en contra, 292.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 296; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Enmienda número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 169; en contra, 125; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Votación correspondiente al texto articulado del dictamen.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 170; en contra, 126; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Enmiendas del Grupo Popular a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 127; en contra, 169; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación del dictamen correspondiente a la exposición de
motivos. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 170; en contra,127.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
DECLARACION INSTITUCIONAL:
El señor PRESIDENTE: Con motivo de celebrarse hoy el Día
Mundial del Sida, bajo el epígrafe «Sida y familia», se
propone a la Cámara la aprobación de la siguiente declaración:
«El Congreso de los Diputados, haciéndose eco del llamamiento
de la Organización Mundial de la Salud, desea expresar su
sensibilidad ante este problema. Asimismo, insta a toda la
sociedad, en especial a los poderes públicos, para que se
impulse y promueva el diálogo y la información sobre esta
enfermedad en el seno de la familia, consciente de su papel en
la difusión de las acciones preventivas, único método eficaz
hasta la fecha en la lucha contra el sida.
Queremos refrendar nuestra confianza en la familia como actor
principal de solidaridad para con los afectados, fuente de
cuidados y apoyo humano con los enfermos y agente clave en la
promoción de actitudes de comprensión y generosidad desde la
rotunda oposición a cualquier atisbo de discriminación o
rechazo social hacia los afectados y su entorno.
Expresamos nuestro compromiso de reforzar cuantas actuaciones
llevan a cabo las Administraciones públicas, organizaciones no
gubernamentales y la iniciativa social en general, para seguir
difundiendo aquellas medidas capaces de prevenir la
transmisión y extensión de la enfermedad.
El Congreso de los Diputados desea manifestar su solidaridad y
apoyo a los afectados y a cuantos desde el ámbito familiar y
comunitario desarrollan día a día una incansable labor de
ayuda en la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida.»
¿Aprueba la Cámara la declaración? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS
(Continuación):
--PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA
RATIFICACION DEL TRATADO DE ADHESION DE NORUEGA, AUSTRIA,
FINLANDIA Y SUECIA A LA UNION EUROPEA (Número de expediente
121/000060)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es
el dictamen correspondiente al proyecto de Ley Orgánica por la
que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de
Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea. No
hay enmiendas mantenidas en relación con este dictamen.
¿Grupos que desean mantener su posición en relación con el
mismo? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones. (Rumores.) Señorías, ruego guarden
silencio. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria ya manifestó reiteradamente, tanto en el
amplio debate que tuvimos en Comisión, cuando hicimos el
dictamen para este proyecto de Ley Orgánica, autorizando la
ratificación del Tratado de Adhesión para Noruega, Austria,
Finlandia y Suecia en la Unión Europea, como los concordantes
con el mismo, cuando defendimos aquí el proyecto y el dictamen
sobre el Espacio Económico Europeo que, recogiendo lo que
había sido también nuestro compromiso ante la Cámara,
plenamente identificados con la apertura de espíritu europeo
hacia otras naciones de nuestro entorno y cultura y
civilización indiscutible como son estas cuatro, al ratificar
el Tratado de Maastricht, y, siendo congruentes con esas ideas
y pronunciamientos, vamos también a dar nuestro voto
inequívoco, firme y contundente de lo que es ratificar para
una formación como es Coalición Canaria, considerada ya en el
Tratado de Maastricht como región ultraperiférica, y no por
ser ultraperiférica en el globo terráqueo con respecto a lo
que es el continente europeo nos sentimos ultraperiféricos,
sino todo lo contrario, en el espíritu de Unión Europea.
Hoy quisiera que nuestras palabras de apoyo a esta adhesión
hubieran tenido plenitud al apoyar la ratificación de lo que
en el pasado mes de junio se acordó en Corfú por todos los
miembros actuales de la Unión
Europea, y hubieran tenido el amplio eco de satisfacción de
que, al menos los cuatro países para los que se hizo el
acuerdo de Corfú, hubieran podido estar implícitos.
Lamentablemente, pero en el uso de la soberanía popular de su
Constitución, el Reino de Noruega, recientemente, ha votado
que no en referéndum a este acto de adhesión. Vaya aquí
también el apoyo de la fuerza política de Coalición Canaria a
las fuerzas políticas democráticas representadas en el
parlamento noruego que han apoyado este tratado de adhesión y
que el debate que recientemente se tenga también en el
parlamento sirva para situar una conciencia de solidaridad, si
no tanto dentro plenamente del marco legislativo de la Unión
Europea, sí en los beneficios que al reino de Noruega pueda
alcanzar dentro del espacio económico europeo.
España siente esto, y Coalición Canaria fundamentalmente, no
sólo por unas cuestiones puramente comerciales crematísticas.
Las largas negociaciones entre los representantes españoles
del Gobierno y del sector pesquero con las autoridades
noruegas para conseguir que la entrada de Noruega en la Unión
Europea pudiera permitir a la crispada flota pesquera española
un acceso a los caladeros reservados a los noruegos y unas
capturas del orden de las 7.000 a 7.500 toneladas de la
especie comestible del bacalao, esto nos hace, digamos, pero
por unos motivos políticos, tener ese punto de tristeza cuando
damos este apoyo pleno y contundente. Pero aquí se trata de
fijar una postura inequívoca. Si en cualquier otra
consideración constitucional, con el respeto democrático a
cualquier país, y en este caso a Noruega, considerasen las
fuerzas políticas, como se hizo en su momento en Dinamarca, la
repetición o reiteración de un referéndum para que ese
respaldo popular democrático esté recogido ahí, sirva ya desde
este momento el voto de apoyo y adhesión.
Ampliar la Unión Europea, en este Caso para Austria, Finlandia
y Suecia, con la puerta abierta permanente para Noruega
(países que no están solamente en un entorno y en un contexto
geográfico, sino en algo mucho más importante porque la
geografía --y lo hemos vivido en España con régimen
dictatorial-- no significa que se esté unido en otras cosas
más valiosas para los demócratas); el estar Noruega, Austria,
Finlandia y Suecia en el contexto de cultura, en el contexto
de civilización y, fundamentalmente para nosotros hoy en esta
Cámara, en el contexto de defensa de los derechos humanos, de
las libertades políticas y del sistema democrático
parlamentario libre de partidos, es lo que nos hace dar este
apoyo de entrada.
No entran países extraños, no entran países de regímenes
políticos distintos y contrarios al sistema democrático
europeo, que es el que defiende nuestras libertades y nuestros
derechos humanos, y ese es un valor que queremos destacar en
este momento al dar este voto, junto aditivos de tipo
comercial, de libre circulación (nuestras cuatro fundamentales
libertades de la carta de la Unión Europea, del Tratado de
Maastricht) de personas, de trabajadores, de capitales, de
empresas, todo ese sentido de solidaridad también. Yo quisiera
que en este momento, con dos países que quedan y que entran
plenamente en este tratado, una vez ya superado felizmente por
Finlandia, destacar que estos otros dos, con Austria, Suecia y
Finlandia --no es el caso de Noruega, pero aquí sí lo quiero
decir--, han defendido en todo el proceso de la guerra fría la
Europa de la neutralidad, han constituido frontera y colchón
entre el Pacto de Varsovia y la OTAN --esa neutralidad que
hemos elogiado tantas veces los demócratas españoles--,
incardinados en una defensa en contra de la política de
bloques y en contra de la guerra fría, que han representado
Austria, Finlandia y, de una manera magistral democrática,
Suecia, y que, sin renunciar a ninguna de las defensas de sus
valores democráticos occidentales, mantuvo como un principio
de política exterior su neutralidad, sin que esto significara
abanÙdonarse o estar vinculada por acuerdos de la
superpotencia reflejados en la estructura de la política de
defensa de Austria o de Finlandia por exigencias de todos
conocidas. Es este detalle de valores democráticos el que yo
quería resaltar hoy aquí en el mejor sentido de apoyo con
nuestro voto a la ratificación de este tratado. Nada más y
muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco va a votar favorablemente el
proyecto de ley orgánica por el que se autoriza la
ratificación del Tratado de Adhesión. Se trata, señorías, de
la primera ampliación que se produce en la Unión Europea desde
que España es miembro de la misma, encontrándonos ante una
facultad de los países europeos de integrarse en la Unión. Es
en el ejercicio de esa facultad por lo que el pueblo noruego
se ha posicionado negativamente a formar parte de la Unión,
principalmente por suspicacias respecto al principio
comunitario de libre circulación de trabajadores y las
reticencias del sector primario agrícola y pesquero, que han
preferido mantener su específico «status» socio-económico.
Señorías, respetando profundamente la decisión del pueblo
noruego, hubiéramos preferido que se hubieran posicionado
afirmativamente por la integración, lo que hubiera supuesto la
creación de una nueva Europa unida desde la gélida isla
noruega de Svalbard, en el ártico, hasta las afortunadas y
calurosas islas Canarias. No obstante, Noruega sí va a
mantener una ligazón especial con la Unión Europea al
formar parte del Acuerdo internacional relativo al espacio
económico europeo, que, en lo que concierne a los países de la
Efta, solamente va a referirse ya a Liechtenstein, Islandia y
Noruega. En definitiva, señor Presidente, Noruega únicamente
formará parte de ese gran mercado interno que afecta a los
sectores productivos de la industria, el comercio y los
servicios. La no integración de Noruega va a producir efectos
dentro del conjunto del sector pesquero español, pero
únicamente respecto al sector bacaladero. De todo el conjunto
del sector pesquero español, esta decisión soberana del pueblo
noruego afecta únicamente a la flota bacaladera española, que
pierde dos de los avances importantes que se habían logrado:
por un lado, el avance del Fondo de Cohesión de pesca en aguas
de la zona económica exclusiva de Noruega y, por otro, el
segundo avance que se había conseguido con la idea política de
proceder a la integración de Noruega junto con el resto de los
países nórdicos. Pues bien, es éste segundo efecto el que
queda en suspenso por parte de Noruega y no vinculará, por
tanto, al resto de los países de la Unión e indirectamente a
España. Estos efectos supondrán, señor Presidente, el que,
dentro del Fondo de Cohesión del espacio económico europeo
relativo a las cuotas del bacalao, no se producirá esa
gradualidad que estaba establecida entre los años 1995-99 y se
realizará de conformidad con las condiciones previstas en el
espacio económico europeo, no pasando las 11.000 toneladas del
año 1998 a ser consolidadas en 1995, también las 1.000
toneladas del caladero 3M de Nafo, así como la posibilidad de
compra de 8.000 toneladas que tenía la Unión Europea en otros
tercer país, hipotéticamente y con mayor probabilidad de
adquisición de cuota, en Rusia. Por lo tanto, es ése el
aspecto que únicamente queda afectado por la decisión soberana
del pueblo noruego.
Señor Presidente, sin embargo, sí queremos hacer referencia a
que, a pesar de lo expuesto, la integración de Suecia,
Finlandia y Austria estimamos que es una aportación buena al
tratarse de países social y económicamente desarrollados, lo
que arrojará una diÙmensión social favorable para la Unión,
cuando, paradójicamente, Noruega sería actualmente el único
país que cumpliera con los cinco criterios de convergencia
económica. Señor Presidente, la entrada en la Unión de estos
países es políticamente muy importante, pues se produce un
salto en la posición actual de ser miembro del espacio
económico europeo a conformar parte de la unión política
europea, con todo lo que ello supone de integración en las
instituciones de la Unión y en cada una de sus políticas o
competencias: en política exterior y de defensa común, de
seguridad, en el área industrial, en el área agrícola, en el
área pesquera, en el área monetaria. En definitiva, esta
ampliación consolida como institución de Derecho
inÙternacional a la unión política y económica europea y
refuerza el planteamiento de los que caminamos hacia una
Europa más unida, más integrada y más cohesinada de lo que
pudiéramos pensar hace unos años.
Para finalizar, señor Presidente, quería referirme a que
existen dos resoluciones parlamentarias de esta Cámara, la de
4 de octubre y la aprobada al día 10 en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Son dos proposiciones no de
ley, que la segunda complementa a la primera y que, en
definitiva, vienen a establecer un marco de actuación al que
debe ajustarse el Gobierno a la hora de proceder a la plena
integración pesquera española.
Nosotros, mediante estas dos proposiciones no de ley, junto
con otros grupos parlamentarios de esta Cámara, hemos
establecido, de alguna manera, el marco de que el Gobierno
vincule la plena integración a la adopción de cinco mecanismos
discriminatorios que actualmente existen y que es necesario
corregirlos para que se produzca la plena, la verdadera, la
auténtica integración pesquera, puesto que si esas cinco
decisiones no se toman, será una integración «light», una
integración sobre el papel.
Señor Presidente, nosotros haríamos un llamamiento a los demás
países de la Unión, porque el Grupo Parlamentario Vasco (PNV)
y la totalidad de los grupos de la Cámara tenemos una vocación
europeísta. Pero también pedimos comprensión, pedimos
solidaridad hacia España, pedimos solidaridad para la flota
pesquera española que en este momento tiene la gran
oportunidad de su vida de faenar en las mismas condiciones que
el resto de los países miembros ya de la Unión y, por tanto,
entre el conflicto político de la no entrega del instrumento
de ratificación y unas modificaciones puntuales a realizar en
tres reglamentos comunitarios, creemos que la sensibilidad
europea debe cambiar más hacia esta línea que no impedir, de
alguna manera, o no entregar la ratificación a su debido
tiempo.
Por ello, nosotros queremos hacer, señor Presidente,
nuevamente el llamamiento de que exista esa comprensión hacia
el sector pesquero español, puesto que si eso no se produce,
España seguirá con las mismas discriminaciones, las mismas
restricciones y las mismas pérdidas de derecho que en este
momento tiene. Con ese espíritu, en definitiva, existen dos
mandatos de esta Cámara, aprobados por los diferentes Grupos
Parlamentarios, que mandatan y establecen el marco de
actuación política en el que ha de actuar el Gobierno.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.
El próximo 1 de enero de 1995, la Comunidad Europea será
objeto de ampliación por cuarta vez desde su creación en 1958,
con lo que el número de Estados miembros que la integran será
de 15, en claro contraste con los 6 países que la formaron
inicialmente.
Este dato pone de manifiesto que la construcción de una Europa
unida continúa avanzando a pesar de las crisis económicas, de
las incógnitas que pesan sobre el futuro de la misma, de las
incertidumbres que genera el proceso político y de las
negativas a la integración de países como Noruega o Suiza, lo
que significa que, con todos los contratiempos, el futuro de
Europa pasa, necesaria e inexcusablemente, por la Unión
Europea, que se ha convertido de hecho en el único eje
integrador y de referencia.
Esta realidad debe ser acentuada porque significa el triunfo
de la voluntad de integración frente a concepciones y
estructuras históricas, culturales, políticas y económicas muy
distintas entre sí; nadie, en el momento de solicitar la
adhesión a la Unión Europea, desconoce las enormes
dificultades que encierra un proceso de este tipo. Pero
también se reconoce que el hecho de ser miembro de la Unión
Europea encierra más beneficios que desventajas, a pesar de
que éstas puedan existir en elevado número y exigen
determinadas renuncias. Es justamente esto lo que han
comprendido los ciudadanos de Austria, Finlandia y Suecia al
manifestar mayoritariamente su voluntad de integrarse en la
Unión Europea, y así lo comprenden también otros muchos
Estados que pretenden, en un futuro no lejano, integrarse en
la misma.
En el caso de Noruega y Suiza, lamentamos que no haya sido
así. Veremos si el tiempo les da la razón o, por el contrario,
en un momento no muy lejano vuelven a plantearse la
posibilidad de su integración en la Unión Europea. El 1 de
enero próximo --como decía-- se producirá la ampliación de la
Unión Europea a tres nuevos miembros, lo que llena de
satisfacción a las formaciones con vocación europeísta, como
la nuestra; pero esta ampliación se llevará a cabo sin que se
hayan resuelto de manera significativa aspectos que inciden
directamente sobre la posición española en el seno de la Unión
Europea. En estos momentos, por ejemplo, no se sabe con
seguridad si los tres nuevos Estados miembros se tendrán en
cuenta o no en la decisión que deberá tomarse en 1996 sobre el
paso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria en el
caso de que haya siete Estados miembros que cumplan los
criterios de convergencia. ¿Cuál será la decisión final que
tomará la Comisión?
Otro aspecto importante es la cuestión referida a las minorías
de bloqueo en las decisiones. Cuanto más se amplía la Unión
Europea, más difícil resultará para España conservar el poder
de vetar las decisiones del Consejo y poder defender, en
consecuencia, con más garantías los intereses españoles. ¿Va a
lograr imponer España su tesis o, por el contrario, verá
reducido su poder? En este sentido, le renuncia final de
Noruega parece avalar y dar ánimos a la posición española. Una
tercera incógnita no resuelta es la que afecta al diseño de
los presupuestos. Con las aportaciones de los nuevos Estados
miembros los países contribuyentes netos pueden pretender
aprovechar para reducir su contribución. ¿Cómo se resolverá la
financiación de la Unión Europea?
Existía también una problemática más grave, por cuanto
afectaba directamente a la actividad productiva, concretamente
la pesquera. ¿Cómo afecta la victoriadel no en el referéndum
celebrado esta misma semana en Noruega respecto a la duración
del período transitorio para la pesca aplicable a España y al
acceso de la flota española a los recursos pesqueros de
Noruega? Los recursos pesqueros de Noruega está claro que no
entrarán ya dentro, pero, ¿cómo afectará al período
transitorio?
En este sentido, señor Presidente, y aunque comprendo que en
el acto de aprobación de un dictamen de una comisión no tiene
por qué estar presente el Gobierno, no puedo dejar de reflejar
que habiéndose producido con posterioridad al dictamen de la
Comisión el no noruego, la presencia del Gobierno en este
debate era, y entiendo que es, absolutamente imprescindible.
La Cámara no puede, con total conocimiento de causa, proceder
a esta ratificación por la falta de la presencia, en este
momento, del Gobierno, que nos explicará las consecuencias
directas que el no noruego puede tener para nuestro país en el
momento de la adhesión.
En cualquier caso, señor Presidente, desde España y hacia el
futuro se debe liderar el proceso de reforma institucional de
la Unión Europea al objeto de que las ampliaciones futuras de
la misma puedan producirse sin que peligre la profundización
del proceso de construcción europea, lo que necesariamente
debe pasar por instaurar un funcionamiento y un proceso de
toma de decisiones más operativo. En este sentido, España debe
aprovechar al máximo su papel de coordinador de la Conferencia
Intergubernamental que se celebrará en 1996, en la que se
sentarán las bases para una futura reforma del Tratado de
Maastricht. La Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión
Europea, a través de la ponencia creada al efecto, ya ha
iniciado sus trabajos, pero en cualquier caso, en dicha
conferencia, aspectos como la modificación del proceso de toma
de decisiones en el seno de la Unión Europea, la reforma de
las instituciones para adecuarlas a un mayor número de
miembros y a las mayores competencias y operatividad de las
instituciones comunes o la redefinición de los criterios
aplicables para futuras ampliaciones de la misma deberían
encontrar una solución definitiva. En materia de futuras
ampliaciones de la Unión, la Comisión ya ha adquirido
compromisos con Malta y
Chipre, países a los que se ha asegurado que tomarán parte en
la próxima ampliación de la Unión Europea que se produzca
después de la Conferencia Intergubernamental de 1996. Además,
la Comisión realiza un informe sobre los progresos realizados
por los países de la Europa central y oriental para acercarse
a la Unión Europea y sobre la estrategia que debe seguirse
ante la perspectiva de la preparación para su adhesión,
proceso que seguramente se verá acelerado durante la
presidencia alemana de la Comunidad, muy interesada en ampliar
la Unión Europea hacia esos países.
La actual ampliación y los compromisos futuros ya adquiridos
implican el desplazamiento del centro de gravedad comunitario
hacia el norte y hacia el este, por lo que se hace más
necesario todavía reforzar la presencia y la incidencia de los
países mediterráneos en las políticas comunes, así como
garantizar el derecho a veto de los países mediterráneos en
las decisiones del Consejo, pues no se debe olvidar que la
ribera del Mediterráneo es una de las áreas geográficas de
mayor expansión demográfica y económica, pero también, y en su
flanco sur, es un área de inestabilidad política y social.
Avanzar en la construcción de Europa no sólo significa
plantearse las cuestiones relativas al calendario de la
ampliación y al proceso de toma de decisiones antes
mencionadas, sino que implica tareas más amplias. Entre otros
aspectos debe significarse, además, proceder a reformar las
funciones y competencias del Parlamento Europeo con la
finalidad de dotarlo de mayores poderes y paliar el déficit
democrático que existe en las instituciones comunitarias;
conseguir una incorporación efectiva del concepto de
ciudadanía europea en el Tratado de la Unión; lograr la
implantación de una política exterior común que garantice la
posición de Europa en el contexto internacional, posición que
debería ser única superando las actuales desavenencias que
impiden respuestas efectivas y rápidas a problemas tan graves
como la situación en Bosnia-Herzegovina. Avanzar en la
cooperación política y judicial, por lo que resulta necesaria
la adopción de políticas comunes, como la de inmigración,
lucha contra la droga, blanqueo de capitales y las relativas
al intercambio de información policial. Concretar y delimitar
con mayor precisión el ámbito de aplicación del principio de
subsidiariedad. Asegurar la participación efectiva de las
regiones en el proceso de construcción europeo y en la
aplicación de las políticas comunes. Resolver la problemática
de la financiación de la Unión Europea. Redefinir el proceso
de integración de la Unión Económica y Monetaria ante la
tercera fase de la Unión Europea y sobre la Europa de dos
velocidades. Todo ello, como les decía, señorías, forma ya
parte del programa de trabajo de la Ponencia que hemos
conformado en el seno de la Comisión Mixta de la Unión Europea
Congreso-Senado. Todos estos aspectos centrados en la unión
política deberán ser resueltos en los próximos años porque
afectan a la profundización de la construcción europea. Señor
Presidente, señorías, a pesar de la no presencia hoy aquí del
Gobierno, lo cual nos hubiera gustado para poder tomar nuestra
decisión con mayor conocimiento de causa, nuestro Grupo
Parlamentario anuncia su voto favorable al dictamen de la
Comisión para ratificar la adhesión a la Unión Europea de
Finlandia, Suecia y Austria.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, este trámite parlamentario, por el que pretendemos
aprobar un proyecto de ley orgánica que autoriza la
ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria,
Finlandia y Suecia a la Unión Europea, está, de alguna manera,
sumido en un cierto nivel de indefinición o, al menos, de
dudas legales sobre la validez literal del texto sobre el que
nos tenemos que pronunciar. Es cierto que en el artículo 2,
apartado 2, del propio Tratado de Adhesión de etos cuatro
países se establece que el Tratado entrará en vigor el 1 de
enero de 1995, siempre que se hubieran depositado antes de esa
fecha los instrumentos de ratificación por parte de los cuatro
países. Sin embargo, si uno de los Estados a que se refiere el
apartado 1, estos cuatro países, no hubiera depositado a su
debido tiempo sus instrumentos de ratificación, el Tratado
entraría en vigor para los Estados que hubiesen efectuado
dicho depósito, reservando al Consejo de la Unión Europea la
posibilidad, por unanímidad, de re-redactar el Tratado
adaptándolo a las circunstancias, como es el caso presente.
Por tanto, hay un cierto nivel de indefinición o de duda legal
sobre la validez literal del texto sobre el que nos ocupamos.
Esta indefinición viene marcada, fundamentalmente, como todos
conocen, por los resultados de referéndum noruego en el que un
52,5 por ciento de los votantes noruegos no han aceptado la
inclusión de este país en la Unión Europea. Las razones de ese
no, por otra parte respetable, se pueden buscar en algunas de
las apreciaciones que ya se han expresado aquí o en los
escasamente 90 años de independencia de ese país, en el temor
expresado en muchas ocasiones en la sociedad noruega --
sociedad que tiene unos altos niveles de vida y de protección
social-- de que los caminos por los que transita actualmente
la Unión Europea son fundamentalmente económicos y poco
sociales y, por tanto, expresión también de un cierto miedo a
lo que se considera el aparato burocrático de Bruselas. Pero
sean éstas u otras las razones el hecho concreto objetivo es
que Noruega no ha aceptado en referéndum su adhesión a la
Unión Europea.
Esto, al margen de estas dudas legales a que me refería,
genera una serie de consecuencias para España.
Habría que empezar por recordar que nosotros no tuvimos la
ocasión que han tenido los noruegos, los fineses, los
austríacos y los suecos para poderse pronunciar, a través de
un referéndum, sobre la voluntad mayoritaria o minoritaria de
pertenecer o no a la Unión Europea.
Recordarán que mi Grupo se quedó solo, no sé si
orgullosamente, quizá sí, en la defensa de esto que
considerábamos un derecho de los ciudadanos españoles, poderse
pronunciar al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que
nuestro país pasaba por ser --proÙbablemente seguirá siendo
así-- uno de los que mayor conciencia colectiva europeísta
tiene y para el que, en función de nuestra historia reciente,
mayor atractivo tiene la idea de Europa. A pesar de eso y por
miedos difíciles de entender, los ciudadanos españoles no
tuvieron ocasión de pronunciarse al respecto y de haber
participado en un proceso de información y de debate sobre las
consecuencias para España de esa inclusión yo creo que
positiva.
Además de señalar esto, la no aceptación de Noruega de su
entrada en la Unión Europea significa para nosotros algunos
problemas --ya se han citado--, especialmente lo que hace
referencia a las traídas y llevadas 7.000 toneladas de bacalao
que fundamentalmente es en lo que más se puede sentir
perjudicada la flota bacaladera española. No así en todos los
demás aspectos que afectan a la pesca. Porque, señorías,
aunque ya avanzo que vamos a votar positivamente a la
convalidación de este proyecto de ley orgánica, en puridad,
ninguno de los grupos parlamentarios aquí presentes deberíamos
votar positivamente hasta que no se hubiera producido lo que
fue pretensión unánime de esta Cámara, es decir, la plena
inclusión de España en la política de pesca comunitaria. Todos
somos conscientes de que éste es un primer trámite para la
ratificación de este proyecto de ley orgánica y que quedan
trámites posteriores a través de los cuales podremos ir
haciendo cumplir lo que fue decisión unámime de esta Cámara.
Sin duda, junto con el aspecto negativo en lo que de alguna
manera pudiera entenderse que debilita o que en algunos medios
de comunicación se ha especulado con que debilita la posición
de fuerza española para conseguir la más que justa entrada
completa de España en la política de pesca comunitaria, hay
aspectos, que han sido citados también por el señor Molins,
por ejemplo, cuando decía que el centro de gravedad, el centro
de decisión en Europa se ha ido desplazando hacia el norte y
hacia el este de Europa, probablemente con la entrada de
Noruega se hubiera desplazado aún más al norte, en función de
que los países nórdicos podían haber formado --como era su
pretensión, por otra parte razonable-- una especie de «lobby»
nórdico que hubiera llevado más las decisiones al norte.
Cuando hablamos de centro de gravedad no estamos hablando de
geometría ni de una cuestión geográfica, hay ejemplos muy
prosaicos. Por ejemplo, la OCM del vino tiene que ver con ese
desplazamiento del centro de gravedad hacia el norte, primando
--no vamos a entrar ahora en este debate-- la chaptalización,
etcétera, lo que son pretensiones de países desde luego no del
sur de Europa; países del sur, como el nuestro, que, digamos,
se encuentran en mala posición por muchas razones que, sin
duda, todas SS.SS. conocen: la situación económica griega, la
inestabilidad política italiana, nuestra propia situación, que
hace que el sur esté debilitado. Esto favorece aún más ese
desplazamiento en las prioridades, en las tomas de decisiones,
hacia el norte, cuando --como se recordaba anteriormente-- no
sólo los que ya somos el sur, sino los que son nuestro sur --
es decir, los países del contorno sur del Mediterráneo--
deberían ser también un polo de atención preferente para el
conjunto de la Unión Europea en todo lo que son políticas
económicas y de ayuda al desarrollo, etcétera. Esta no
aceptación por parte de los ciudadanos noruegos de entrada en
la Unión Europea también genera otros problemas que no por
ser, digamos, de cocina, son menos importantes, como el cambio
en las minorías de bloqueo, el cambio en lo que se llegó a
llamar minoría de semibloqueo, tal como se acordó en Ioannina.
Introduce factores de distorsión importantes. También queda
por precisar cuál será la repercusión de la no entrada en lo
que a fondos presupuestarios se refiere. Genera no pocos
problemas, que, por otra parte, nos hubiera gustado, y no
acabamos de entender la razón de su inasistencia hoy, que
estuviera aquí el Gobierno para poder, en un turno de
intervención, dar respuesta a estos interrogantes que hoy se
nos generan, tanto desde el punto de vista legal de la
literalidad del acuerdo que hoy vamos a ratificar como de
estas cuestiones presupuestarias de minorías de bloqueo,
etcétera. Nos hubiera gustado, repito, y nos parece una
desatención grave a este Parlamento, porque el tema que nos
ocupa no es baladí, es un tema esencial, vital, para el
presente y para el futuro de nuestro país, y no hay ni una
sola de la señorías en el banco azul, lo cual, repito, no
acabo de entender. No sé si habrá, quizá, otras prioridades
mucho más importantes.
En cualquier caso, ya decía que mi Grupo va a votar
positivamente a este proyecto de ley orgánica autorizando la
ratificación del Tratado de Adhesión, en el bien entendido de
que estamos iniciando un trámite parlamentario y que, en
cumplimiento de los acuerdos unánimes de esta Cámara, ese
instrumento de ratificación no se depositará por parte del
Gobierno en tanto en cuanto no se haya producido la inclusión
de España en la política de pesca comunitaria. Yo creo que ese
es el consenso básico de esta Cámara y que no debería ser
roto, unilateral o artificiosamente, por parte de nadie.
Vamos a apoyar la ratificación de este Tratado, a través de
este proyecto de ley orgánica, como inicio de un trámite
parlamentario y el Gobierno va a seguir manteniendo el
instrumento de ratificación hasta que no se cumpla lo que
todos consideramos en su momento como reivindicación
absolutamente justa y razonable de nuestro país. Nada más y
nuchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arias-Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Muchas gracias, señor
Presidente. Yo querría comenzar mi intervención suscribiendo
las palabras que ha pronunciado el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán en el sentido de lamentar una mínima
explicación del Gobierno sobre la situación en que queda este
proyecto de ley orgánica por el que se autoriza la
ratificación del Tratado de ampliación de la Comunidad.
Tenemos un problema formal, se quiera o no, porque esta Cámara
va a hacer hoy una declaración de voluntad sobre un texto que
no es el que efectivamente va a entrar en vigor. Yo no creo
que se pueda salvar a mitad de procedimiento, haciendo alguna
pirueta jurídica en la tramitación del Senado. Salvo criterio
mejor fundado, como se dice habitualmente en el lenguaje
forense, yo creo, señor Presidente, que habremos de
pronunciarnos necesariamente sobre el nuevo texto, sobre la
nueva redacción que han de hacer los órganos comunitarios de
lo que ha de ser el Tratado que efectivamente entre en vigor.
Dicho esto, y porque el Gobierno mantiene el proyecto de ley,
nosotros, como es lógico, vamos a dar un voto favorable al
dictamen de la Comisión. Establecida esta posición, querría
introducir algunos comentarios. En primer término, lamento, y
profundamente, el no que ha pronunciado el pueblo noruego
sobre su integración en Europa. Creemos que Europa pierde con
la falta de integración de Noruega; pierde Europa, desde
nuestra perspectiva, porque contemplamos una Unión Europea
amplia, con la máxima capacidad posible para actuar en la
escena internacional, tanto desde una perspectiva política
como desde una perspectiva económica, y justamente la
amputación de Noruega de la Unión Europea priva a ésta de una
dimensión que para nosotros es importante. No obstante, el no
pronunciado por el pueblo noruego nos debe permitir a nosotros
extraer al menos dos lecciones. La primera lección para España
y para la Comunidad es que no conviene actuar con
precipitación cuando se trata de ampliar la Unión Europea. La
Unión Europea es ya un ente excesivamente complejo, implica
muchas obligaciones, implica muchos derechos y,
consecuentemente, negociar a presión, con plazo fijo, bajo
consideraciones meramente políticas, puede conducir a
resultados negativos. Esta es una primera lección a tener en
cuenta de cara a sucesivas ampliaciones.
Hay una segunda lección sobre la que este portavoz se ha
permitido insistir, una y otra vez, en todos los debates
europeos que hasta ahora hemos tenido en esta legislatura. Es
imprescindible contar con la opinión pública y contar de
manera activa. No se puede construir Europa contra las
opiniones públicas nacionales. Cuando se toman decisiones, se
hacen iniciativas o se empujan procesos sin vínculos
suficientes con la opinión pública, ocurre lo que ha ocurrido
en Noruega, que, por otra parte, es, de forma lógica y
natural, un pronunciamiento soberano que nosotros respetamos.
Una vez que se puede y se debe lamentar la ausencia de Noruega
en la próxima Unión Europea, hemos de decir que España
presidirá el próximo año una Europa de quince miembros. Y me
gustaría enfocar esta intervención desde la perspectiva de la
presidencia española, teniendo siempre en cuenta lo que es
nuestro interés nacional. Porque no es cierto, como se
pretende a menudo, que la reflexión desde el interés nacional
dificulte la construcción europea. Nosotros pensamos que
solamente desde un análisis serio, razonable y fundado del
interés nacional es posible hacer avanzar la construcción
europea. Creo que hoy esta forma de razonar es la que se está
imponiendo en todos los países miembros, precisamente porque
la lección a extraer del casi fracaso de la entrada en vigor
del Tratado de Maastricht se debe justamente a un proceso de
reflexiones hecho de manera elitista y tecnocrática, sin tener
en cuenta lo que cada pueblo europeo siente como su interés
nacional básico, interpretado a través de sus fuerzas
políticas. Pues bien, los tres nuevos países que se integran
tienen diversas características que nos han de hacer meditar.
En primer término, son países altamente desaÙrrollados.
Aportan 450.000 millones de dólares de producto interior bruto
y tienen, consecuentemente, un producto interior bruto per
cápita de los más altos de Europa (16.200 dólares, Finlandia;
22.700, Austria; 21.300, Suecia). Casi doblan el producto
interior bruto per cápita español. Segundo rasgo sobre el que
también hemos de meditar. Son países que tienen una concepción
de las instituciones democráticas como algo que debe estar muy
próximo al ciudadano. Por tanto, van a aportar a la comunidad
dos factores importantes. De un lado, la exigencia de
publicidad en el funcionamiento de los órganos y las
instituciones comunitarias; de otro, la transparencia. Por
tanto, van a ser una punta de lanza contra la opacidad con la
que frecuentemente funcionan las instituciones comunitarias.
Tercero, son países de estructuras sociales avanzadas. Por
consiguiente, van a empujar algo que para España
es importante, avances en lo que es la política social
comunitaria. Creo que para España eso es beneficioso, en
contra de lo que algunos pueden pensar.
En cuarto lugar, son todos ellos países contribuyentes netos
al presupuesto de la Comunidad y van a ser partidarios del
rigor presupuestario y del control del gasto público. Desde la
perspectiva del Grupo parlamentario Popular es otra aportación
positiva.
En quinto lugar, son países que tienen unos niveles
medioambientales muy altos. Por tanto, van a elevar las medias
comunitarias y la exigencia comunitaria en este terreno. Aquí
nos pueden crear problemas porque alcanzar los niveles o los
estándares medioambientales de los países más altos de Europa
implica para España un alto coste que, probablemente a corto
plazo, no estemos en condiciones de afrontar.
Por último, son países de estructura económica exportadora y,
por consiguiente, decididos partidarios de todo lo que suponga
un avance en el liberalismo comercial a escala planetaria. Es
otro reto para España, puesto que nuestras estructuras
productivas tienen todavía ante sí un largo camino que
recorrer para llegar al grado de competitividad que permita a
España actuar con consecuencias altamente favorables en un
mercado que, como decía antes, es cada vez más claramente
planetario.
Si éstos son los rasgos que ofrecen los países que se
integran, es necesario también hacer una referencia, por breve
que sea, a los retos que para el funcionamiento de la Unión
Europea plantean estos países. Yo diría que hay un primer reto
para la Unión Europea, que es la exigencia de mantener el
equilibrio entre lo que podríamos denominar Europa del norte y
la Europa del sur. Ese equilibrio pasa por el principio de
solidaridad, principio sobre el que España ha de hacer
especial hincapié y ha de articular institucionalmente de cara
a la Conferencia intergubernamental de 1996. Habremos de
luchar porque esos países comprendan y asuman lo que
significa, en un proceso de construcción europea, el principio
de solidaridad.
La Unión Europea tiene también con estos países un reto de
funcionamiento institucional. Ya se ha hecho referencia a él y
no voy a insistir, por tanto, en la cuestión.
Existe un tercer reto que para España, dentro de la Unión
Europea, como Estado miembro, debe ser también objeto de
especial preocupación, y es la tradición neutralista que
Austria, Suecia y Finlandia tienen. Para España es de vital
interés que estos países trasciendan el estatuto de observador
en la Unión Europea Occidental y se conviertan en miembros
activos de pleno derecho. Ello porque hoy está en cuestión la
eficacia de la política exterior y de seguridad común; está en
cuestión y hay que articular, de cara al futuro inmediato, una
política exterior y de seguridad común que realmente alcance
un consenso sobre lo que son o deben ser los intereses
prioritarios de la Unión Europea como sujeto de derecho
Internacional.
Si ese interés prioritario pasa claramente por la Europea
central y del este, debe pasar también claramente por todo el
mundo mediterráneo. España tiene dentro de la Unión Europea la
necesidad de llevar al convencimiento de estos países que tan
frontera es la que puede tener Finlandia con Rusia, tan
frontera de la Unión Europea es la frontera con Rusia, como la
frontera mediterránea, y es una zona de interés vital no
solamente para España, no solamente para los países del sur de
Europa, sino para la Unión Europea como sujeto de derecho
internacional.
Concluyo, señor Presidente. La integración de estos tres
países supone un último reto en particular para España, nos
eleva las medias comunitarias especialmente en todos los
terrenos de la economía. Si antes estábamos ya relativamente
alejados de la media comunitaria, una vez integrados estos
tres países esas medias comunitarias se alejan de lo que es la
media española en todos los terrenos de la riqueza económica y
del bienestar social. Por consiguiente, supone para nosotros
la necesidad de hacer un esfuerzo en el terreno de la política
económica y en el terreno de la política social; un esfuerzo
considerable para no continuar alejándonos de las medias
comunitarias. Señor Presidente, concluyo. El Grupo
Parlamentario Popular va a votar favorablemente, con esa
reserva formal hecha al principio, el dictamen aprobado por la
Comisión de Asuntos Exteriores. Querría, no obstante, dejar
constancia de que para el Grupo Parlamentario Popular la no
integración de Noruega no cambia la situación en relación con
la proposición no de ley aprobada por unanimidad en esta
Cámara, en el sentido de no presentar el instrumento de
ratificación del Tratado hasta tanto el Consejo de Ministros
de la Unión Europea no haya cumplido el compromiso que tiene
adquirido con España de integrar a España en la política común
pesquera. A nuestro juicio, permanece vigente el compromiso de
la Unión Europea, a pesar de la no integración de Noruega;
permanece vigente la declaración unilateral hecha por el
Gobierno español de que la integración debe producirse no
obstante la no integración de uno de los cuatro países
peticionarios de adhesión en un primer momento; y permanece,
por tanto, la obligación de no presentar el instrumento de
ratificación hasta que la Unión Europea haya integrado
plenamente a España en la política común pesquera desde la
perspectiva de la no discriminación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arias-Salgado.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, estamos ante
un debate de gran importancia para la
construcción europea y para España. Voy a intentar centrarme
en lo que es objeto de este debate, que es la ampliación a
tres nuevos países (a cuatro era el objetivo inicial) y, por
ello, no voy a entrar en disquisiciones de dudas formales
sobre la legalidad del acto al que hoy precedemos, que creo
que no existen porque no se ha dado ningún paso legal que
cambie la situación que había antes del referéndum noruego, ni
voy a hacer referencia a los problemas a los que se tiene que
enfrentar la Unión Europea, y con ellos España, que son objeto
de una ponencia en el seno de la Comisión Mixta para la Unión
Europea, por lo tanto, en el seno de esta Cámara.
Lo que hoy estamos debatiendo es la integración de tres nuevos
países cuyo origen está en el Consejo EuÙropeo de Lisboa,
celebrado en junio de 1992, en el que se acuerda abrir las
negociaciones con Austria, Suecia y Finlandia, y se fijan dos
condiciones que en la Unión Europea deben darse antes de
cualquier ampliación de la misma: que hubiera entrado en vigor
el Tratado de la Unión Europea celebrado en Maastricht y que
se hubiera concluido la negociación sobre los recursos propios
y las perspectivas financieras de la Comunidad para los años
1994 a 1999. En diciembre de 1992, en el Consejo de Edimburgo,
se aprueban las perspectivas financieras y ya está, por lo
tanto, en vigor el Tratado de la Unión Europea. Es a
principios de 1993 cuando se inicia la negociación con estos
tres países y, meses más tarde, se abre también la negociación
con Noruega. Quisiera aquí hacer una referencia al hecho
político que ha ocurrido el pasado lunes, la negativa de los
ciudadanos noruegos a integrarse en la Unión Europea. Quisiera
hacer esta reflexión no en el sentido en que se han
pronunciado algunos de los portavoces, sino como un análisis
político de lo que significa, no sólo para la Unión Europea
sino también para Noruega, la no integración. En primer lugar,
Noruega está vinculada a la Unión Europea por el Tratado del
Espacio Económico Europeo y a la defensa del Atlántico Norte a
través de la OTAN. Está firmemente comprometida en ambos
Tratados. Lo que significa políticamente el no Noruego a estar
en esta ampliación europea es ser sujeto pasivo de las
decisiones que se toman en la Unión Europea y que les van a
afectar directamente en todo aquello que está vinculado a
través del Tratado del Espacio EcoÙnómico Europeo. Lo que
supone para Noruega es no participar en las instituciones
comunes que van a ir adoptando decisiones que también van a
afectar directa o indirectamente a los ciudadanos noruegos.
Esta no puede ser una buena noticia ni para la Unión Europea
ni para Noruega, como han puesto de manifiesto numerosos
responsables en este país.
La negociación dura apenas un año y está centrada básicamente
en 29 capítulos en los que se ha dividido el acervo
comunitario, especialmente aquellos que no estaban cubiertos
por el Espacio Económico Europeo, como son la agricultura, la
política regional, la pesca, el segundo y tercer pilar del
Tratado de la Unión Europea, y las cuestiones institucionales
ligadas a la ampliación. La filosofía con que plantea esta
negociación la Unión Europea se basa en la plena aceptación
del acervo comunitario, que ha supuesto la renegociación de
aspectos incluidos en el espacio económico europeo
incompatibles con aquél.
Señorías, ésta es la primera ampliación que se produce con el
Tratado de la Unión Europea desde 1985. Es una ampliación en
la que la adhesión de los países de la EFTA se produce en una
Comunidad cualitativamente distinta de la que existía en 1985.
Existe ya un mercado único sin fronteras exteriores. Se ha
reformado la política agrícola común. Ha aumentado el número
de políticas comunitarias, la importancia de las acciones
estructurales y la cohesión. Ya estamos en la segunda fase de
la Unión Económica y Monetaria. En el contexto internacional
se han producido cambios espectaculares, tales como que hemos
asistido al fin de la guerra fría, la reunificación alemana,
la recuperación de las libertades políticas y económicas en
Europa central y oriental, la desintegración de la Unión
Soviética y el desmembramiento de la antigua Yugoslavia en un
conflicto lamentable que permite visualizar los efectos de la
desintegración y la pérdida de la razón colectiva dentro del
entorno europeo.
La ampliación es, a su vez, el triunfo del modelo de
integración política y económica de la Comunidad Europea
frente al modelo que ha simbolizado la EFTA, basado en la
cooperación intergubernamental y el libre comercio. Con la
ampliación europea reforzamos el mantenimiento de la paz,
origen de la Unión europea, e incrementamos la estabilidad
económica que fortalece la creación de puestos de trabajo y es
fundamento del Estado de bienestar. En conjunto, estamos en
mejores condiciones para resolver los problemas comunes,
especialmente aquellos que se encuentran en el ámbito de la
paz, la seguridad, la economía y el medio ambiente. Pero la
ampliación tiene también consecuencias económicas y sociales.
La incorporación de Austria, Finlandia y Suecia supoÙne un
mayor mercado de bienes, servicios y capitales. La Unión
Europea incrementa su territorio, su producto interior bruto,
y, en definitiva, cuenta con nuevos recursos humanos,
naturales y financieros. A nivel social, los países que se
incorporan disfrutan de un alto grado de bienestar con amplias
coberturas sociales. Son países altamente competitivos en su
industria y con un alto poder adquisitivo, con una renta «per
capita» que supera ampliamente la media comunitaria y, por
tanto, con una gran capacidad adquisitiva.
Con la ampliación se mejoran las condiciones de competencia,
especialmente la transparencia en la atracción de inversiones;
se incrementan los intercambios comerciales,
fortaleciendo el mercado único como espacio de mayor capacidad
económica en el contexto internacional, y mejora la
competitividad de la Unión Europea en el concierto mundial.
Esa ampliación también tiene consecuencias nacionales,
consecuencias para nuestro país. La primera y más importante,
seguramente, además de las ya citadas para el conjunto de
países, es la plena incorporación a la política común de
pesca. El compromiso del Consejo de adoptar, antes del 1 de
enero de 1995, las nuevas medidas reguladoras de las
condiciones de acceso a las aguas y los recursos aplicables a
todos los Estados miembros que permitan la plena integración
de España en la política común de pesca antes del 1 de enero
de 1996, es para nuestro Grupo y para el conjunto del
Parlamento, porque así fue aprobado por unanimidad, un tema
que forma parte de la negociación de la ampliación y es
exigible, tal como ha hecho esta Cámara, su cumplimiento ante
el Consejo Europeo. Por tanto, ésta es una condición que no se
ve afectada, entendemos nosotros, por los hechos políticos
ocurridos en Noruega. Pero también afecta a aspectos
institucionales.
España ha hecho frente, en la negociación de la ampliación a
Austria, Finlandia y Suecia, a un problema institucional
relevante para sectores de gran importancia económica y social
para nuestro país. Mantener el peso relativo de España en la
toma de decisiones en todo lo que se refiere a la agricultura
mediterránea y a los fondos estructurales clásicos, es
fundamental para nuestro país.
La sobrerrepresentación de los territorios poco poblaÙdos del
norte tendría graves consecuencias para ambas cuestiones al
ser otras las realidades y preocupaciones de estos países. El
llamado Compromiso de Ioannina ha permitido solventar
temporalmente este problema y remitirlo para la búsqueda de
una solución definitiva a la Conferencia Intergubernamental de
1996, sobre la que este Parlamento ya ha decidido que se va a
manifestar.
También afecta a la política regional, en la que se ha evitado
la contaminación del acervo comunitario en materia de fondos
estructurales, y a la agricultura, cuyo modelo de alineamiento
inmediato de precios, sin ningún período transitorio, es sin
duda el más beneficioso para nuestras exportaciones agrícolas,
que pueden crecer en los últimos años de una manera muy
importante.
El señor PRESIDENTE: Señora Costa, le ruego concluya.
El señor COSTA COSTA: Concluyo, señor Presidente.
Con relación al Presupuesto de la Unión Europea la ampliación
de estos nuevos países supondrá sin duda, por su nivel de
renta, contribuciones netas al Presupuesto comunitario, que
permitirán abordar políticas diseñadas por la Unión Europea
que no tenían, hasta estos momentos, fondos suficientes para
ser atendidas.
Voy a concluir, señor Presidente, mostrando mi satisfacción,
una vez más, por el hecho de que desde distintas posiciones en
esta Cámara se haya alcanzado un alto grado de consenso sobre
esta ampliación. De las intervenciones anteriores podemos
deducir que todos los Grupos van a votar favorablemente esta
ampliación. También quiero acotar una realidad que está
sometida a debate en todos los países de Europea y en la que
subsisten pequeñas discrepancias de fondo sobre su
interpretación. No parece que el hecho de que los intereses
nacionales estén puestos sobre la mesa prioritariamente a la
profundización y ampliación de la Unión Europea dé más vigor a
la Unión Europea, sino más bien parece que la está
empobreciendo y que está ocultando el proyecto político,
económico y social que representa la Unión Europea frente a
problemas que son derivados de esta ampliación.
Deseo manifestar, por último, que para el Grupo Parlamentario
Socialista la incorporación de Austria, Finlandia y Suecia
supone el deseo, la posibilidad y el compromiso de seguir
profundizando en una Europa más solidaria en la que podamos
avanzar en un proyecto integrador, bajo un marco institucional
único, para hacer así realidad el objetivo del Tratado de la
Unión Europea de una unión cada vez más estrecha entre los
pueblos de Europa. (Varios señores Diputados golpean los
escaños.)
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Señorías les ruego silencio y consideración.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa al proyecto de ley orgánica por la que se
autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega,
Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 287; a favor, 287.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen
correspondiente a esta ley con los votos suficientes
requeridos por la naturaleza orgánica de esta ley.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICAN
DETERMINADOS PRECEPTOS DEL CODIGO PENAL RELATIVOS A LOS
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD
SOCIAL (Número de expediente 121/000069)
El señor PRESIDENTE: Debates de totalidad de iniciativas
legislativas. Debate correspondiente al proyecto de ley
orgánica por la que se modifican determinados preceptos del
Código Penal relativos a los delitos contra la Hacienda
pública y contra la Seguridad Social.
Para la presentación de este proyecto, en nombre del Gobierno,
tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, el gobierno ha
aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se regulan los
delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad
Social, que hoy tengo la satisfacción de presentar ante sus
señorías. Dicho proyecto, que se inserta en el contexto de las
medidas de lucha contra el fraude, pretende reservar la
utilización de las figuras delictivas para los supuestos de
especial trascendencia y gravedad. Para ello se introducen,
respecto a la normativa actualmente vigente, una serie de
modificaciones que pretenden, en primer lugar, reforzar la
vigente regulación del delito fiscal y del delito de
subvenciones para hacerlos más operativos. En segundo lugar,
establecer una protección similar para las cuotas de la
Seguridad Social. Al primero de los objetivos citados responde
el conjunto de las modificaciones que, en el contexto del
actual Título VI del Libro II del Código Penal, se proyecta
realizar, utilizando para ello como instrumento normativo la
modificación de los actuales preceptos del Código Penal a
través de una ley orgánica de modificación urgente,
desvinculada del proyecto de ley orgánica de Código Penal,
para facilitar su más rápida tramitación.
En la elaboración de la propuesta se ha tratado de mantener la
personalidad y el perfil de las figuras actuales, con la
finalidad de aprovechar la práctica judicial que, muy
lentamente pero de manera efectiva, se ha ido generando a lo
largo de los últimos años, evitando de esta manera que se
produzca una ruptura en su aplicación.
En consecuencia, se parte de la actual regulación de los
delitos contra la Hacienda pública, contenida en los artículos
349, 350 y 350 bis del Código Penal, en los que se introducen
algunas modificaciones al objeto de solventar los problemas
existentes en la actualidad.
Así, en la regulación del delito de defraudación tributaria,
contenido en el artículo 349, se recoge, en primer lugar, la
experiencia doctrinal y jurisprudencial, incluyendo en el tipo
de forma expresa la posibilidad de comisión de delito por
omisión y la elusión del pago de retenciones e ingresos a
cuenta de retribuciones en especie, teniendo en cuenta tanto
la importancia de estos ilícitos como su trascendencia en el
ordenamiento jurídico. Respecto a la cuantía determinante de
la aplicación del tipo penal, el Gobierno, sin desconocer las
opiniones doctrinales y jurisprudenciales que propugnan una
elevación de la cuantía actual de 5 millones de pesetas,
fijada por la Ley Orgánica 2/1985, ha estimado oportuno
mantener en el proyecto presentado la cuantía actualmente
aplicable.
Con objeto de ponderar adecuadamente las conductas
defraudatorias de mayor gravedad, se crean tipos cualificados
que determinan la aplicación de las penas previstas en su
grado máximo cuando concurra en la comisión del delito alguna
de las siguientes circunstancias: la utilización de persona
interpuesta para ocultar la identidad del obligado tributario,
la especial trascendencia o gravedad de la defraudación
atendiendo al importe de lo defraudado, o la existencia de una
estructura organizativa que afecte a una pluralidad de
obligados tributarios.
Junto a la regulación de estas cuestiones, la existencia en el
momento presente de opiniones contrapuestas respecto de las
relaciones existentes entre el delito fiscal y la
regularización tributaria, hace necesaria una regulación
expresa de esta materia en el Código Penal, proyectando en el
ámbito penal la eficacia absolutoria prevista en el
ordenamiento tributario para las declaraciones espontáneas
extemporáneas.
Especial interés reviste el caso de las regularizaciones
tributarias autorizadas por las disposiciones adicionales
decimotercera y decimocuarta de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, cuya eficacia en el ámbito
penal ha sido discutida, ya que existen pronunciamientos
jurisprudenciales contrarios a la misma. Dicha situación debe
quedar resuelta de manera definitiva impidiendo que un
contribuyente pueda ser sancionado en el orden penal por una
defraudación tributaria que no es sancionable en el ámbito
administrativo por expresa disposición legal.
En lo que concierne a la regulación del delito de
subvenciones, contenida en el artículo 350, se incluyen en el
tipo penal las subvenciones y ayudas financiadas con fondos de
la Comunidad Europea, con lo que se da satisfacción a las
recomendaciones realizadas por el Tribunal Superior de
Justicia de las Comunidades y por el Tribunal de Cuentas.
La propuesta de redacción de este precepto contiene una
elevación de la cuantía de 2.500.000 a 10 millones de pesetas
al objeto de actualizar su importe en términos económicos, de
forma que quede preservado el papel que corresponde a esta
figura delictiva, cuyo propósito es someter al ámbito de
Derecho penal las conductas desleales con la Hacienda pública
de gran trascendencia. Hay que tener en cuenta adicionalmente
que la inclusión en el tipo del término «ayuda» conlleva la
ampliación del ámbito de aplicación de este delito. Se
introduce, por último, en este ámbito una excusa absolutoria
parcial, según la cual no se impondrán las penas privativas de
libertad, pero sí las pecuniarias, al que
reintegre de forma espontánea las cantidades recibidas
indebidamente. Respecto al delito contable, regulado en el
artículo 350 bis, la única modificación introducida es la
elevación de la cuantía a 30 millones de pesetas, con objeto
de actualizar, en términos reales, la cuantía de 10 millones
establecida por la Ley Orgánica 2/1985. Con ello se pretende,
una vez más, limitar la aplicación del tipo penal a las
infracciones de los deberes formales y registrales de gran
trascendencia. En esta materia debe tenerse en cuenta, además,
que esta figura delictiva se verá probablemente afectada por
la tipificación como delito en el nuevo proyecto de Código
Penal de determinadas falsedades documentales, por lo que no
parece oportuno abordar en este momento otro tipo de
modificaciones.
Al segundo de los objetivos señalados al comienzo de esta
intervención responde la introducción de una nueva figura
delictiva, el delito contra la Seguridad Social, parcialmente
sancionado en el ordenamiento vigente, si bien bajo la forma
de apropiación indebida en los supuestos de empresarios que
retienen a sus trabajadores las cuotas correspondientes y no
las ingresan. El elevado fraude a la Seguridad Social y la
necesidad de proteger el patrimonio de ésta para salvaguardar
el cumplimiento de sus fines, han determinado al Gobierno a
proponer a las Cámaras la incorporación de esta nueva figura
delictiva con características similares a las previstas para
el delito fiscal. El tipo penal consiste en la defraudación a
la Seguridad Social mediante la elusión del pago de
cotizaciones o de los conceptos que se recauden conjuntamente
con las mismas --cuotas de desempleo, fondo de garantía
salarial o formación profesional-- o mediante la obtención de
forma indebida de devoluciones o deducciones por cualquier
concepto.
El fraude en materia de Seguridad Social se configura como un
delito de resultado y de lesión, no de peligro, ya que
requiere un perjuicio patrimonial efectivo a los recursos de
la Tesorería de la Seguridad Social. El resultado exige, en
efecto, un perjuicio económico o patrimonial para la
Tesorería, que aparece como el objetivo inmediato de la
protección. El patrimonio de la Seguridad Social resulta
disminuido respecto del que se hubiera producido de no mediar
la conducta defraudadora. El proyecto, dada la novedad de la
figura delictiva, opta por cifrar la cuantía mínima para que
la conducta sea tipificada como delito en 15 millones de
pesetas.
Al igual que en el delito de defraudación tributaria y por
idénticas razones, se introducen en el ámbito del delito de
defraudación a la Seguridad Social tipos cualificados en cuya
virtud se aplicarán las penas previstas en su grado máximo
cuando concurran circunstancias que denoten una especial
voluntad de defraudar y de dificultar la investigación de los
hechos constitutivos de delito o que revisten especial
trascendencia y gravedad por el importe de lo defraudado o por
la existencia de una estructura organizativa del fraude que
afecte o pueda afectar a una pluralidad de obligados. Se
regula también, en relación con este delito, una excusa
absolutoria, de modo que no se impondrán las penas
correspondientes al que regularice espontáneamente su
situación ante la Seguridad Social.
Por último, la regulación de los delitos contra la Hacienda
Pública y contra la Seguridad Social se integra en nuestro
ordenamiento penal, por lo que resultan de aplicación a los
mismos los principios generales del mismo. Dichos preceptos se
incluirán en el Código Penal una vez que el proyecto remitido
a las Cortes sea aprobado definitivamente.
Finalmente, por lo que se refiere a la entrada en vigor de
estas disposiciones, habrá que tener en cuenta los principios
generales de nuestro ordenamiento. Las normas penales más
favorables podrán ser aplicadas con carácter retroactivo y las
desfavorables a partir de su entrada en vigor.
Estos son, señoras y señores Diputados, de forma sucinta y
esquemática los rasgos fundamentales que presiden la
regulación del delito fiscal contenida en el proyecto. Dicha
regulación se asienta, como hemos podido comprobar, en el
principio de continuidad respecto a la normativa actualmente
vigente, con la finalidad de aprovechar la experiencia
alcanzada en la aplicación efectiva de esta figura,
modificando únicamente aquellos aspectos que se han
considerado problemáticos o que dificultaban el logro de las
finalidades perseguidas. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. A este proyecto de Ley Orgánica se ha presentado una
enmienda de totalidad de texto alternativo por parte del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Quisiera comenzar mi intervención de la misma forma que lo
hice en otra iniciativa legislativa presentada por mi Grupo
Parlamentario, que resultó importante, el tema de las
hipotecas. Quisiera empezar diciendo: ésta es una enmienda de
totalidad, señor Ministro, señores del Grupo Socialista,
miembros de la Cámara que no va contra el Gobierno, va a favor
de la Hacienda pública y a favor de la Constitución Española.
Va en la línea de mejorar claramente el texto que nos presenta
el Gobierno, que nos parece aceptable en sus líneas generales,
pero que nos parece, sinceramente, manifiestamente mejorable.
Verán ustedes, señoras y señores Diputados, cómo las
propuestas que traemos a la Cámara para ampliar, para mejorar
la definición del tipo
penal, de lo que es punible penalmente por delito fiscal,
puede ser mucho mejor explicado, debe ser ampliado y sobre
todo debe ser precisado. En este sentido, si todos hablamos
del fraude fiscal, de la inmensa bolsa de fraude fiscal, y
tenemos ahora uno de los instrumentos para atacarla, no el
único, por supuesto que no, uno, el de la disuasión penal,
seamos, por favor, rigurosos, hagámoslo lo mejor que sepamos a
la hora de diseñar el instrumento de disuasión penal, que en
definitiva es la tipificación del delito.
Quiero empezar por señalar que, a diferencia de lo que hace el
Gobierno, que entiende que el bien jurídico protegido es
simplemente el erario público y por eso establece un delito de
resultado (es decir, a partir de cinco millones, a partir de
15 millones en Seguridad Social, se comete delito), nosotros
creemos que, además del resultado, debe tipificarse la
conducta fraudulenta, porque el bien jurídico protegido,
señorías (este es un elemento de carga profunda), no es sólo
el Tesoro público, es la solidaridad entre todos los españoles
--como prevé el artículo 31--, la obligación de todos los
españoles de contribuir al erario público según su capacidad.
Este es el bien jurídico protegido y protegible y, por eso, la
conducta fraudulenta debe ser castigada.
Además, se puede establecer, como hacemos nosotros en nuestro
texto alternativo, el umbral de punibilidad, y coincidimos con
ustedes en los cinco millones, pero la conducta, si es
claramente defraudatoria, debe ser tipificada como delito. Por
lo tanto, siguiendo el modelo alemán, francés e italiano,
nosotros proponemos una tipificación mixta del delito de
conducta y de resultado. Esta es la primera gran diferencia
que nuestro textoviene a aportar: delito de conducta, delito
de resultado. En cuanto al umbral, el mismo.
A partir de ahí, señoras y señores Diputados, a partir de esta
definición previa, doctrinal, profunda, ¿qué es lo que estamos
defendiendo? Estamos defendiendo el bien jurídico de la
necesidad de contribuir todos al erario público de forma
solidaria según la capacidad. Nosotros empezamos por ampliar
el delito, y, ya lo he dicho, lo ampliamos en forma de
conducta, pero lo ampliamos en forma de incluir también el que
los inductores del delito deban ser también castigados. ¿Y
quiénes pueden ser inductores del delito de fraude? La
entidades financieras, los chiringuitos que fabrican facturas
falsas, los grandes despachos o bufetes que diseñan elementos
para hacer fraude, que diseñan sociedades pantalla, que
diseñan arquitecturas de fraude. Esto debe estar penalizado,
esto debe entrar en el tipo penal y a ustedes se les ha
olvidado, y, por eso, nosotros, en el punto tercero de nuestro
artículo 349, alternativo, lo incluimos. Incluimos tipificar
como conducta delictiva la conducta inductora y también
tipificamos el que, cuando la conducta delictiva se haga por
personas interpuestas, personas jurídicas, se resuman todas
ellas en la persona física que sea la titular dominante de
cada una de las personas jurídicas. Por lo tanto, acumulamos
todas las posibles sociedades pantalla que los defraudadores
puedan construir para evadir y repartir su elusión fiscal.
Como ve, señor Ministro, como ven, señorías, la tipificación
que proponemos nosotros en el artículo 349 no va contra lo que
ustedes han propuesto; lo amplía, lo desborda ampliamente, y,
sinceramente, creemos que lo mejora de forma manifiesta.
Respecto del umbral, y aunque sería umbral de punibilidad si
se adoptase la línea que marcamos en nuestro proyecto,
nosotros queremos señalar que nos mantenemos y nos
mantendremos en el umbral de los cinco millones de pesetas.
Sólo un ejemplo, señorías, para defraudar cinco millones de
pesetas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
se debe tener una base imponible de 17 millones de pesetas.
Para defraudar 15 millones de pesetas, que algunos grupos
parece que quieren proponer como umbral delictivo, no umbral
de punibilidad en nuestro caso, se deben tener unos ingresos
de 40 millones de pesetas de base imponible. Díganme ustedes,
señorías, cuántos españoles pueden presumir de 40 millones de
pesetas en base imponible para que sea lógico que empecemos a
hablar de delito de resultado, según su proyecto, a partir de
los 15 millones de pesetas. Por supuesto, que no estaremos de
acuerdo en esta línea, creo que ustedes tampoco lo están y de
eso me felicito, pero, en todo caso, aunque no creemos que sea
el momento, quisiéramos, antes de hablar de posibles cambios
de umbrales, hablar de delitos de conducta, con todos los
requisitos que nosotros le hemos añadido y que he mencionado
anteriormente. Después está el tema de la excusa absolutoria.
Estamos de acuerdo, pero le añadimos un requisito que a
ustedes también se les ha olvidado: la cláusula de
espontaneidad. No basta con que deba ser antes de que la
Agencia Tributaria notifique al defraudador que está
defraudando. Podría suceder --y sucede en los grandes
tiburones financieros que montan sociedades pantalla
interpuestas-- que cuando llegue la denunica a la primera
sociedad interpuesta, el sujeto pasivo que deba ingresar el
impuesto --es decir, la persona física-- regularice su
situación. El juez apreciará si hubo o no espontaneidad en esa
regularización. Por tanto, antes de la notificación de la
administración tributaria, como está en el proyecto, nosotros
añadimos el concepto de espontaneidad. Pero añadimos dos cosas
más: además de la espontaneidad y del arrepentimiento, debe
hacerse el ingreso efectivo inmediato de la cuota defraudada,
para demostrar este arrepentimiento y esta espontaneidad. No
vale con decir voy a hacerlo y pagar dentro de dos años,
después de un contencioso; hay que ingresar la cuota
defraudada en el caso de regularización espontánea del fraude.
Añadimos también, para matizar la regularización espontánea
del fraude cometido por la persona física o
jurídica que no se aceptará esta excusa absolutoria cuando el
fraude se haya cometido falseando la titularidad de los bienes
que han producido aquellos impuestos que no se han pagado, es
decir, cuando la maquinación, el dolo haya sido claramente
evidente; en este caso tampoco aceptaríamos la excusa
absolutoria, a pesar de haberle añadido el tema de la
espontaneidad.
El cuarto elemento que añadimos nosotros, quizá el más
importante --todos lo son realmente, así lo pensamos,
señorías--, es que tipificamos como conductas delictivas --
incriminamos a los inductores, lo he dicho antes-- entidades
de crédito, chiringuitos de facturas falsas, grandes bufetes
que diseñan oparaciones de fraude y de evasión millonarios.
Tenemos ejemplos recientes, que han pasado por la cárcel --el
señor De la Rosa, el señor Bertrán de Caralt, por cierto,
presidente de la Fundación para la Empresa Familiar--, que han
tenido este apoyo desde la maquinación para cometer el fraude.
Nosotros proponemos que estos maquinadores, éstos que
claramente inducen a otro a defraudar y además se lucran con
aquella inducción, deben estar contemplados en el Código
Penal. ¿Qué han hecho las entidades de crédito? Lo sabe usted
muy bien, señor Ministro: cuentas transitorias, utilización
indebida de cheques, utilización de testaferros --caso del
señor Beltrán de Caralt--, cesiones de crédito, primas únicas,
comunidades de bienes tenedoras de letras del Tesoro. Pues
bien, todas estas conductas que llevan al fraude fiscal deben
estar en el tipo del arÙtículo 349.
Como ve, señor Ministro, señores del Grupo Socialista, hemos
añadido cinco elementos más a la definición del tipo. No
estamos contra la tipificación del delito fiscal, por supuesto
que no, no estamos contra el cañamazo que representa su
propuesta, pero nos parece, francamente, muy, muy mejorable, y
por eso lo hemos presentado en forma de enmienda alternativa,
no con ánimo de contraponerla a la del Gobierno (he dicho que
es a favor de la Hacienda pública, a favor de la Constitución,
a favor de que entre todos tipifiquemos bien el delito
fiscal), para que sea uno de los elementos de la lucha contra
el fraude, de la que todos decimos que participamos. Ya he
dicho que no es el único elemento, que no es la única garantía
de eliminación del fraude en España, pero es evidente que un
buen tipo penal, que sea claramente disuasorio, da moral a los
que cumplen con sus obligaciones, da moral a los funcionarios
públicos de la administración tributaria, que saben que, en su
actividad persecutoria del fraude, van a tener también un buen
respaldo jurídico cuando pillen a estos defraudadores, a estos
tiburones de la defraudación.
Señorías, estos son los elementos fundamentales de nuestra
propuesta alternativa --insisto, de mejora-- al texto que nos
proponía el Gobierno. En el artículo referente a la Seguridad
Social introducimos de nuevo el tema de la espontaneidad, en
justa correspondencia con lo que hacemos en el delito fiscal.
El resto de los arÙtículos los compartimos, nos parecen bien,
y de ahí que los hayamos reproducido en nuestra enmienda de
totalidad.
Señorías, quisiera terminar (para no alargarme excesivamente
en esta intervención, a pesar de que el tema lo merece y lo
merecería y creo que, si ustedes lo tienen a bien, podemos
continuar discutiendo a fondo esa cuestión) señalando que lo
que late detrás de nuestra propuesta, y lo que nos gustaría
ver reflejado al final en el tipo que esta Cámara delimite
como delito fiscal, son concepciones muy profundas. Los que
defienden que el delito fiscal es sólo un delito de elusión,
de impago al erario público, en el fondo están defendiendo una
concepción minimalista del Estado. Es decir, aquí, si te
pillan, te pillan; tú debías eso, ten han pillado en más del
umbral, pagas y se acabó. No se tipifica como delito la
conducta defraudatoria; es decir, no se está a lo que prevé el
artículo 31, no se está a una concepción de Estado social de
Derecho, a una concepción que permite calificar como muy
punibles las conductas defraudatorias y que permitiría ver a
nuestro pueblo llano y soberano cómo es verdad que es distinto
robar una gallina que defraudar a Hacienda, porque debe ser
distinto. Porque el bien jurídico protegido en un caso es un
llamado atentado al derecho de propiedad, el de la gallina;
pero en el caso del fraude fiscal, no es el derecho de
propiedad del Tesoro público, es la obligación que nos hemos
dado todos los españoles, a través de la Constitución, de
contribuir todos al erario público, en función de nuestra
capacidad, para que, desde el Gobierno, desde los poderes
públicos, se redistribuya, de la forma más equitativa posible
en nuestra opinión, el conjunto de ingresos del Estado,
produciendo transferencias de renta; lo que se entiende por un
Estado pleno, social y de Derecho, un Estado de bienestar. Por
lo tanto, el fraude a esta concepción debe ser muy duramente
castigado, no desde una concepción puramente minimalista e
individualista del Estado, sino desde una concepción
solidaria, democrática y social del Estado, y esto es lo que
está en el fondo de nuestra propuesta de nueva tipificación
del delito penal.
Señorías, espero que lo tomen en cuenta, espero que vean la
real importancia de la cuestión. Esto es lo que nos ha llevado
a plantearlo como enmienda a la totalidad. Queríamos tener un
debate de totalidad, de globalidad, exponiéndoles nuestros
criterios sobre el delito fiscal, lo que implica que se
considere sólo delito de conducta sólo delito de resultado,
como ustedes han hecho hasta ahora, y creíamos que esto
merecía un debate en el Pleno. Podemos después, en otros
trámites, perfeccionar la ley, pero he de decirles que, por
suÙpuesto, nos parecería un gesto de gran inteligencia, por
quien podría hacerlo, dejar que los que están seguros que van
a votar que no, porque tienen la concepción mínimalista del
Estado, porque quieren subir el umbral
del delito penal, porque son --por decirlo gráficamente-- las
hermanitas de los ricos, voten que no a esta ley, y los que la
han presentado tengan la satisfacción de que otros que pueden
mejorar la ley sepan tener un gesto inteligente y no votar
contra algo que no va contra ellos, que mejora claramente la
ley, que va a favor de la Hacienda pública, que va a favor del
Tesoro y que va a favor de la concepción solidaria,
democrática y social del Estado de Derecho.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Espasa.
¿Para un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, con
gran brevedad en atención al tema que nos ocupa y a la hora en
la que nos encontramos, quiero decir que Coalición Canaria ha
hecho un detenido análisis y estudio del proyecto que nos ha
remitido el Gobierno, la lucha contra el fraude fiscal y en
defensa de la Seguridad Social, por vía de esa acción
recaudatoria, legítima, Legal y democrática de todo Estado que
cumpla con estos tres principios, y ha hecho una detallada
lectura del análisis de la enmienda de totalidad con el texto
que nos trae el proponente del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Hemos encontrado un sensible avance en la estructura de la
lucha contra el fraude fiscal en la modificación que trae el
Gobierno, la gran aportación que es precisamente la
modificación en el Código Penal, porque sin una tipificación
expresa, singularizada de la figura del delito fiscal, poco
podríamos avanzar. Sin embargo, hay algo importante en la
propuesta del Grupo Parlamentario proponente de la enmienda a
la totalidad que nos va a llevar a que, desde Coalición
Canaria --y se lo digo directamente al portavoz, señor Espasa
Oliver--, apoyemos esta enmienda.
¿En razón de qué? Estamos conformes de una manera
testimonial --damos este apoyo con nuestro voto-- en que el
Gobierno pueda al menos conseguir, en el trámite de Comisión y
con las enmiendas, algo que perfeccione y justifique, en una
sociedad democrática como la española actual, la lucha contra
el fraude fiscal, pero no en razón de una pura mecánica que,
instrumentalizándola en la tipificación del delito en el
Código Penal, se presente ante la sociedad española como que
la Hacienda pública es por sí misma el bien jurídico a
proteger. En el ambiente y en el clima en el que nos estamos
moviendo últimamente en España, con acusaciones en medios de
comunicación social, en cualquier ámbito, sobre el estado de
corrupción, yo le diríaal señor Ministro de Economía y
Hacienda que habría que cambiar hasta el eslogan con el que se
hace, a veces, la recaudación para estimular al ciudadano a
pagar sus impuestos: «Hacienda somos todos». No. Vamos a
hacerlo al revés: «Somos todos Hacienda», para que el
ciudadano no vea que lo que se está protegiendo es una
supuesta capacidad de ingreso y de recaudación de un
instrumento del Estado. Pero es que este instrumento del
Estado no es un fin en sí mismo; la Hacienda pública no es un
fin en sí mismo, señor Ministro: es un instrumento que existe
en una sociedad democrática para repartir renta, para hacer
justicia social, para ser el instrumento de una política de
solidaridad. Porque mientras el ciudadano piense que el Estado
le oprime, en una dialéctica de menos Estado más sociedad,
podemos estar induciendo a muchos ciudadanos a pensar que, a
través de otras figuras --las sociedades interpuestas o los
asesores--, se puede cumplir con el adagio y el dicho español
de que «hecha la ley, hecha la trampa».
El proyecto de ley debe tener una inyección, una nueva manera
de enfocar los temas, ya que, estando de acuerdo en la
instrumentalización que hay aquí, en lo que no estamos de
acuerdo --y por eso vamos a apoyar la enmienda del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-- es
en la cuestión conceptual, y esto es muy importante. No
estamos, por desgracia, hasta que lo corrijamos, en un clima
público de creer que hay un Estado seráfico en el manejo de
caudales públicos, en la financiación de partidos políticos,
en la financiación de instituciones. En ese clima de cloaca,
de corrupción, precisamos un sentido ético para definiendo
perfectamente en las leyes cual es el bien jurídico a
proteger, y ese bien jurídico pasa hoy, en primer lugar, por
proteger estéticamente la ética de una sociedad, de una
sociedad que tiene en el pago de sus impuestos un deber
constitucional. Pero lo vuelvo a decir: «Hacienda no somos
todos»; «todos somos Hacienda». Hemos de ser capaces de llevar
ese mensaje ético y, por tanto, de concepto al ciudadano
español.
Qué duda cabe que el avance que propone el Gobierno, que hay
que conceptualizarlo así, es importante, y no solamente para
los defraudadores directos, la persona física o jurídica
responsable de hacer y entregar el tributo para esa finalidad
constitucional. Ya está bien de cómo se han ido montando todas
esas estructuras. En muchas de las comisiones de
investigación, abiertas o terminadas, en este Congreso de los
Diputados, hemos visto cómo esos presuntos delincuentes han
podido llevar a cabo ese acto delictivo de defraudación no por
sí mismos, ante, a veces, la propia complejidad de las leyes
recaudatorias, sino con el uso de los testaferros y de las
personas interpuestas, y lo que es más grave, también con el
uso y el recurso de los gabinetes, de las células, por
llamarlas de alguna manera, de asesoramiento
fiscal. Muchas veces, en nuestro país, el que va a un
gabinete, a un bufete o a un centro de asesoramiento fiscal va
ya con la mentalidad preestablecida de ir a defraudar a la
Hacienda pública o al principio de solidaridad constitucional,
pero va a ver quién le hace los números más finos y
calculados, quién afila mejor el lápiz para hacer las
deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o en el Impuesto sobre Sociedades. Estamos contra ese
clima sobre el que va a generarse el cáncer de la corrupción,
y eso es lo que tenemos que imbuir en los enunciados y
principios de nuestras leyes y en la manera de enfocarlas para
conseguir el principio de solidaridad constitucional, para que
el ciudadano vea que, al final, el Tesoro público, el
instrumento de la Hacienda, es un puro instrumento mecánico:
tengo que respetar unas leyes de tráfico no en razón de que un
coche se estropee o se pueda conducir con mayor o menor
velocidad, sino para que no se produzca un daño en los
derechos de los ciudadanos a circular con seguridad, es decir,
la defensa que creo que recoge perfectamente esta enmienda.
Por lo demás, estamos en concordancia con buscar que nuestras
leyes se impregnen de este hecho conceptual, y es por lo que
vamos a apoyar esta enmienda. Por supuesto que en los trámites
que siga después el proyecto del Gobierno en Comisión,
nosotros haremos uso legítimo de nuestro voto para introducir
esas mejoras, frente a las personas interpuestas, en la
tipificación del delito, para que sobre todo testaferro que
pueda haber recaiga todo el peso de la ley, sin entrar ahora
en las cuestiones de umbral, de si cinco o quince millones. El
mero hecho de defraudar es la falta ética, que no puede
valorarse si es mayor o menor por una cuestión puramente
cuantitativa del umbral en el cual deba ya empezarse a
tipificar como delito.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, siendo
en todo caso penoso y casi inhumano intervenir y argumentar
sobre estas materias a estas horas de la tarde, voy a reprimir
los impulsos de elucubración dogmática y doctrinal y voy a
condensar la posición exacta de mi Grupo, la voy a
materializar sin ningún tipo de consideración metafísica ni
ético-moral.
Señor Ministro, le tengo que decir que este proyecto de ley es
de gran relevancia y está técnicamente bien concebido, acepta
o atiende debidamente los requerimientos de la dogmática penal
en esta materia. Sin embargo, genera algunas reservas, algunas
reticencias a mi Grupo Parlamentario. En todo caso le voy a
advertir, señor Ministro, que la enmienda alternativa que ha
presentado el Grupo de Izquierda Unida, le genera bastantes
más reticencias. Señor Espasa, este delito no puede ser
concebido, no puede se penalmente configurado como delito de
conducta. Este es el delito de resultado por antonomasia. Este
es el delito de resultado clásico. Lo que pasa es que al
delito de resultado, usted lo debería saber, se le aplican
también las técnicas de la dogmática penal conocidas de la
frustración y de la tentativa. Se puede cometer en grado de
frustración, se puede cometer el delito frustrado y se puede
intentar cometer en grado de tentativa. Esto es algo muy
similar a lo que usted argumentaba. Pero este no puede ser un
delito de conducta. Este es un delito de resultado en todos
los países de nuestro contexto, en todos los ordenamientos
punitivos que se conocen. Y usted lo sabe seguramente.
Sin embargo, a mi Grupo Parlamentario le genera algunas
reticencias. Señor Ministro ¿sabe usted cuántas disposiciones
componen el ordenamiento punitivo español en este momento? El
ordenamiento punitivo español en este momento lo constituyen
619 disposiciones, donde nos encontramos con leyes orgánicas,
con leyes ordinarias, con reales decretos y decretos, nos
encontramos con reales decretos legislativos y decretos
legislativos, con órdenes ministeriales, con resoluciones
administrativas de eficacia normativa o general, con canjes de
notas, con convenios internacionales, con resoluciones, como
le decía, de eficacia normativa, nos encontramos con cartas
sociales, europeas e internacionales, con instrucciones de la
Fiscalía del Tribunal Supremo, con instrucciones de obligado
cumplimiento de la Fiscalía General del Estado, con circulares
de la Fiscalía General del Estado. Más de 617 disposiciones
porque éstas son las que yo he podido detectar, constituyen el
ordenamiento punitivo español. Esto es sencillamente
impresentable. Esto nos promete un ordenamiento punitivo de
aluvión, hecho por retazos, cuya consistencia sistemática está
absolutamente fracturada en estos momentos.
Con el Código Penal sucede lo mismo. Tenemos teóricamente,
aunque esto es práctica y fácticamente mentira, un Código
Penal (es un texto refundido aprobado por un decreto de 17 de
septiembre de 1973 en virtud de la autorización conferida por
una ley de 13 de noviembre de 1971) que ha sido objeto de
modificaciones casi cada año. La configuración del tipo penal
en tráfico de drogas es prácticamente, objeto de corrección de
reforma legislativa cada año. Se han incorporado más de 60
figuras delictivas nuevas o se han modificado otras
preexistentes. Se ha incorporado el delito de incendio, el
delito contra la Hacienda pública en el año 1985, que es la
regulación que estamos reformando en este momento con este
proyecto de ley orgánica; se han incorporado las previsiones
en materia de responsabilidad civil de los profesores, el
delito de tráfico de influencias, todos los años el delito de
tráfico de drogas,
delitos de todo tipo y condición, con lo cual también se ha
fracturado absolutamente la consistencia del Código Penal. Y
si un valor en el ordenamiento jurídico tiene sentido, es
dilecto para el ordenamiento jurídico, es el de su
consistencia, es el de su orden sistemático interno. El
ordenamiento punitivo debe acentuar este valor.
En este momento, señor Ministro, la crítica que mi Grupo le
tiene que manifestar es que hemos desgajado del debate general
del Código Penal, que ya está presentado en esta Cámara, la
regulación jurídica, la tipificación penal de conductas tan
importantes como son los delitos contra la Hacienda pública,
contra la Seguridad Social y la obtención fraudulenta de
subvenciones, tanto de las administraciones públicas del
Estado español, como de la Comunidad Europea, o la obtención
fraudulenta de desgravaciones fiscales. Y esto
sistemáticamente no es correcto.
Tenemos que unificar y dar consistencia sistemática a nuestro
ordenamiento punitivo, porque no lo conocen en este momento ni
los profesionales del Derecho, ni los jueces, ni magistrados,
ni los miembros de la Administración pública del Estado, y
esto no es posible. Esto nos proveé de una inseguridad
jurídica que tenemos que ir corrigiendo poco a poco. Y
corregir no es ir en el sentido de desagregar del debate del
Código penal figuras delictivas, sino de agregar al Código
Penal y concentrar sistemáticamente todas las figuras
delictivas que la sociedad en este momento entiende
rechazables.
Otra cuestión que nos preocupa políticamente en este proyecto
de ley es su personificación. Se ha vinculado, en los debates
periodísticos y en los debates incluso políticos, la
regulación del delito contra la Hacienda pública a los
avatares jurídico-procesales del señor Mariano Rubio. Esto es
verdaderamente perverso, y termino, serñorías. Esto es
perverso desde una prespectiva jurídica, no lo voy a valorar
políticamente. A mí me preocupa mucho particularmente, y a mi
Grupo, lo que le pase a Mariano Rubio. Un miembro de mi Grupo
Parlamentario presidió la Comisión de Investigación sobre las
irregularidades de don Mariano Rubio, y yo fui el ponente de
mi Grupo Parlamentario en esta Comisión. Me interesa mucho,
pero no me importa nada, me parece absolutamente irrelevante
lo que pase con don Mariano Rubio en el momento de configurar
jurídicamente el tipo penal del delito contra la Hacienda
pública, contra la Seguridad Social o de obtención fraudulenta
de subvenciones.
La personificación de las conductas es la perversión que
cualquier derecho punitivo democrático, cuando menos, tiene
que excluir, porque los códigos penales democráticos han
superado dos grandes perversiones jurídicas: primero, la de la
exclusión de los tipos penales de determinadas personas o
colectivos por considerarlas de fuero especial, las llamadas
tradicionalmente personas aforadas, a las que no se les
aplicaba en los derechos penales no democráticos las
tipificaciones penales previstas para el resto de los
ciudadanos, o la personificación de las conductas, y esta
personificación de esta conducta penal, de este tipo penal, a
los avatares jurídico-procesales de don Mariano Rubio es
verdaderamente una incorrección técnica-jurídica.
Señor Ministro --ya acabo con estas palabras--, el límite del
delito, el umbral de penalidad se mantiene en 5 millones de
pesetas. Esto nos parece una paradoja de difícil comprensión,
de difícil asimilación. Existía un valor entendido, y usted es
perfectamente conocedor, incluso partícipe, señor Ministro, de
que si este proyecto de ley tenía algún sentido finalista,
teleológico, era el de la actualización de este tipo penal,
atendiendo a los requerimientos de la actual realidad
económica o financiera del umbra del delito penal, y todos
sabíamos que esa actualización suponía incrementar este techo,
este límite del delito penal. Incluso se puede actualizar
utilizando criterios objetivos. La última previsión jurídica
en esta materia es del año 1985. Basta con aplicar la
inflación acumulada desde este año para saber que la cuantía
del delito penal tendría que rondar por los 10 millones de
pesetas cuando menos, señor Ministro. Pues bien, mi Grupo
Parlamentario ha propuesto que la cuantía o límite del delito
penal en esta materia esté en los 10 millones de pesetas,
mediante una progresión cronológicamente anual, en virtud de
la cual se incrementaría en un millón de pesetas el siguiente
año el límite del delito y se estabilizaría en el año 2000 en
10 millones de pesetas. Espero que del buen sentido y del
respeto con los compromisos tácitos, no escritos en ningún
sitio, pero primigenios, que sirvieron de justificación
jurídica y política a la presentación de este proyecto de ley,
se recupere aquel consenso original y se llegue a una mejor
tipificación cuantitativa del límite o umbral del delito
fiscal. Acabo con estas palabras, ya de verdad, señor
Presidente, para decirle, señor Ministro, que nosotros hemos
presentado también una serie de enmiendas de naturaleza
competencial que estimamos que serán objeto de consideración y
de aceptación en trámites posteriores.
En el Estado español no hay sólo una Administración tributaria
estatal ni unas haciendas locales, hay otras administraciones
también tributarias que deben ser objeto de consideración, que
son las administraciones forales vascas, las administraciones
tributarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de
Navarra. Estas administraciones deben ser objeto de
consideración porque también pueden ser defraudadas y también
se les consigna en la propia Ley del concierto económico o del
convenio económico para Navarra competencias de ejecución y de
control. Eso espero que será objeto de la debida corrección, y
espero que las demás argumentaciones
de mi Grupo también sean intelectualmente consideradas con la
flexibilidad que es menester y atendiendo a los requerimientos
de la realidad.
El artículo 1.1 de la Constitución considera el valor casi más
dilecto, el valor superior del ordenamiento jurídico el de la
justicia. Atender al requerimiento de la justicia en el ámbito
de la competencia legislativa de la labor del legislador, a la
hora de configurar las leyes, es atender al interés general.
Yo tengo la convicción de que el interés general se
corresponde con las argumentaciones que en este ámbito está
haciendo mi Grupo Parlamentario. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro, nuestro Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió respeta la enmienda a la
totalidad que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya respecto a la modificación del Código
Penal en lo relativo a delitos contra la Hacienda pública y la
Seguridad Social, pero no la comparte. Por tanto, ya les
anuncio de entrada, señorías, que nuestro Grupo va a votar
negativamente a la enmienda a la totalidad presentada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tampoco
comparte algunas de las afirmaciones que ha hecho el Diputado
señor Espasa con un gran dogmatismo y yo creo que hasta cierto
punto de muy mal gusto. En un momento determinado en sus
afirmaciones ha llegado a decir, y en esto tenemos como
testigo el «Diario de Sesiones», que había ciertos grupos que
eran los representantes de las «hermanitas de los ricos». Yo
le diría, señor Espasa, que los Diputados del Grupo de
Convergència i Unió representamos a unos electores, a unos
ciudadanos de Cataluña que nos han votado igual que a usted,
que de entrada son tan honorables ante el fisco y ante la
Hacienda pública como los electores que le han votado a usted.
No haga juicios de valor y no dé a entender a la Cámara que
algunos grupos defienden a posibles defraudadores y usted es
el salvador de la verdad. En esto, señor Espasa, no podemos
estar de acuerdo. Le agradecería que cuando hablemos de temas
tan serios deje su dogmatismo a un lado y vayamos de cara a la
realidad fiscal de este país. El ilustre Diputado que me ha
precedido en el uso de la palabra ya le ha dicho cuál era el
marasmo de legislación tributaria y fiscal que existe en
nuestro país. Por lo tanto, cuando uno quiere hacer una
declaración en regla, cuando uno no quiere defraudar tendrá
que ir a un asesor fiscal, a una persona que esté al corriente
de cuáles son los cambios en la legislación tributaria para
que le oriente, pero no, tal como se podría deducir de sus
afirmaciones, que sean estos despachos de asesores fiscales
los que probablemente inducirían a un delito o a un fraude
fiscal. Quisiera dejar bien claro en mi intervención que hay
unos profesionales que son necesarios para que los ciudadanos
españoles puedan hacer correctamente todas las declaraciones
fiscales y, en definitiva, para que paguen todos sus tributos.
Habrá algunos que torpedeen diferentes leyes fiscales, pero la
gran mayoría de los profesionales de nuestro país ayudan a
cumplimentar las declaraciones perfectamente. Desde el
Ministerio de Economía y Hacienda tendrían que estar
agradecidos a todo este colectivo de profesionales, ya que
ayudan a todos los ciudadanos a interpretar la legislación
tributaria al respecto. También le diría, señor Espasa, que
tampoco vamos a votar favorablemente su enmienda a la
totalidad porque a pesar de que respetamos dicha iniciativa,
no la compartimos, porque entendemos que la definición del
delito fiscal crea una cierta inseguridad jurídica y un cierto
confusionismo. Desde Convergència i Unió entendemos que, tal
como está prevista la legislación tributaria en nuestro país,
el uso de autoliquidaciones está generalizado. Esto no es lo
mismo en otros países, donde la Administración insta al
contribuyente, a través de unas declaraciones previas, y le
requiere la presentación de ciertos documentos. Aquí el
contribuyente hace una autoliquidación y en función de su
resultado la inspección de Hacienda es la que determina si es
correcta o no. Por lo tanto, hay que definir en unos términos
absolutamente cerrados en qué consiste el delito fiscal. Para
que exista delito fiscal entendemos que ha de haber una
conducta fraudulenta por la que se eluda el pago de impuestos
de forma fraudulenta, engañosa, falaz, es decir que haya
concurrencia de artificio o mecanismo engañoso, que es lo
determinante del delito fiscal. En base a estas premisas,
nuestro Grupo Parlamentario va a presentar las enmiendas
correspondientes al proyecto de ley enviado por el Gobierno a
esta Cámara para que la definición de delito fiscal quede
encuadrada en el ánimo de defraudar y engañar a la Hacienda
pública para que, a partir de aquí, pueda existir delito
fiscal y que la Administración, o en su defecto los jueces,
puedan determinar la existencia de tal delito.
En cuanto al límite de la cantidad por el que podría existir o
no delito fiscal, quisiera recordar al señor Espasa y al señor
Ministro que cuando el Gobierno envió este proyecto de ley a
la Cámara, uno de los objetivos fundamentales de la exposición
de motivos era el de actualizar los límites pendientes que
existían en cuanto al delito fiscal. La triste realidad ha
sido que dichos límites no se han actualizado y ustedes
mantienen la posibilidad de que exista delito a partir de los
5 millones
por año y por tributo. Pero también en sus enmiendas al
articulado hacen una interpretación según la cual sostienen
que podría existir delito fiscal partiendo de la base de que
durante tres años consecutivos los límites de todos los
tributos conjuntamente fueran de 15 millones de pesetas.
Entiendo que si esto llega a aprobarse, sería totalmente
imposible poder dictaminar un delito fiscal por 15 millones de
pesetas durante tres años con la mezcla de todos los tributos,
porque esto querría decir que se tendrían que instar actas por
todas las administraciones, central, autonómica y local, para
poder determinar los 15 millones de pesetas; y teniendo en
cuenta que aquí estamos hablando de muchísimos impuestos, como
el IVA, Impuesto sobre Sociedades, IRPF, transmisiones
patrimoniales, IAE, tasas, etcétera, pensamos que es
incongruente por una parte decir: 5 millones por año y por
tributo y, por otra, poner 15 millones en tres años, ya que es
totalmente impensable poder llegar a determinar y a conciliar
actas de diferentes administraciones para llegar a 15 millones
de pesetas. Lo que ustedes están haciendo, en todo caso, es
rebajar el nivel de los 5 millones de pesetas al millón de
pesetas o a las 500.000 pesetas con la cantidad de impuestos
que concurren en los 15 millones de pesetas de todos los
tributos que puedan afectar a las personas físicas o a las
empresas.
Les puedo anunciar que nuestro Grupo presentará una enmienda
al articulado del proyecto de ley enviado por el Gobierno a
esta Cámara, siendo coherentes con las manifestaciones que
habíamos hecho anteriormente y siendo coherentes también, me
imagino, con la intención del Gobierno cuando elaboró este
proyecto de poner el límite de los 15 millones de pesetas para
que a partir de dicha cantidad pueda existir delito penal.
También vamos a hacer una pequeña consideración mediante la
cual vamos a dejar fuera de los 15 millones de pesetas todas
aquellas conductas contempladas en el artículo 349, en las que
concurrieren algunos de los delitos tipificados en los
capítulos I, IV, X, XI, XII, XIII del título VII del libro II
del Código Penal. Solamente en estos casos vamos a mantener
que el límite del fraude fiscal sea de 5 millones de pesetas.
En cuanto a la regularización de las deudas, nosotros estamos
de acuerdo con el proyecto que ha enviado el Gobierno a esta
Cámara, en el sentido de que las personas que regularicen sus
deudas con la Administración no estén inmersas en el
procedimiento de delito fiscal. Lo que ocurre es que nosotros
aquí vamos a precisar muy bien lo que entendemos por
notificación o por la inciación de actuaciones judiciales.
Vamos a presentar una serie de enmiendas en las que va a
quedar clarificado que las notificaciones han de ir orientadas
a la inspección integral de los impuestos sobre la renta o
sociedades y que una simple notificación por la que una
persona o una sociedad puedan estar inmersas por una
autoliquidación mal hecha o por una remisión de etiquetas
autoadhesivas sea suficiente para no poder regularizar su
situación fiscal. Lógicamente tampoco vamos a precisar --no
estamos en absoluto de acuerdo-- que la persona que
regularizare, tal como indica la enmienda a la totalidad que
ha presentado el Grupo de Izquierda Unida, el pago tenga que
ser forzosamente en efectivo, porque la Ley General Tributaria
permite otras modalidades de regularizar pudiendo pagar a
través de aplazamientos con los avales bancarios
correspondientes ya que, en definitiva, de lo que se trata es
de que al final la Hacienda pública cobre sus impuestos.
Respecto a la cláusula absolutoria ustedes también dicen en su
exposición de motivos que están de acuerdo con ella, pero
cuando hacen la referencia al artículo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Sánchez i
Llibre, termine.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor Presidente. Voy a
terminar inmediante. Solamente quiero comentar que lo que
ustedes dicen en la exposición de motivos respecto a la
cláusula absolutoria después lo contradicen cuando hacen las
enmiendas al articulado y no quitan la cláusula absolutoria de
culpa, aunque sí la de pena, por tanto no es total. Quiero
decirles que nuestro Grupo (Convergència i Unió) va a
presentar enmiendas al articulado del proyecto de ley remitido
por el Gobierno en el sentido de que si se regulariza su
situación administrativa, con lo cual ya la Administración
prevé la no imposición de sanciones sino de recargos, pensamos
que ésta es ya una condición absolutoria. También creemos, de
cara a clarificar la situación de los contribuyentes para que
regularicen su situación e ingresen a la Hacienda pública lo
que han dejado de ingresar en épocas anteriores, que es
necesario introducir la excusa absolutoria.
Por todos estos motivos nuestro Grupo va a votar negativamente
a la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Sánchez i Llibre. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo Parlamentario considera necesario, en primer lugar,
para tomar posición con respecto al texto alternativo que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, efectuar
una valoración o un análisis previo de las circunstancias que
han determinado que el Gobierno acometa de forma precipitada y
acelerada esta reforma de los delitos contra la Hacienda
pública.
En primer lugar, la primera razón, el primer elemento
desencadenante de esta reforma fue la amnistía concedida a
través de las disposiciones adicionales decimotercera y
decimocuarta de la Ley del IRPF; una amnistía que consistía en
permitir la regularización, la afloración de rentas o de
impuestos no pagados sin recargos, sanciones ni intereses de
demora. En segundo lugar fue esa invasión de facturas falsas
que ha propiciado un colapso procesal. En estos momentos
existen aproximadamente 20.000 inculpados como consecuencia de
esas actuaciones de facturas falsas, y el Ministerio de
Justicia estaba considerando y consideró elevar la cuantía, el
listón, por encima de 15 millones de pesetas, para que un
incumplimiento fiscal pase de infracción administrativa a
delito fiscal. Como incluso manifestó el entonces Fiscal
General del Estado, Eligio Hernández, esto determinaría
solventar el problema del colapso procesal y que el número de
inculpados quedara aproximadamente cifrado en medio centenar.
Sin embargo, el Gobierno, aun de acuerdo con esta medida, una
medida que consideraba conveniente plantear, parece que elude
o renuncia a asumir se responsabilidad política, gobernar, y
espera que sea ésta Cámara la que tome la decisión de
modificar el límite cuantitativo del actual delito fiscal.
Pero estas circunstancias, señoras y señores Diputados, no
deben hacernos olvidar una cosa y es que una estrategia eficaz
en la lucha contra el fraude exige, en primer lugar, analizar
sus causas e intentar atajarlas; causas como el rápido
crecimiento de la presión tributaria, el elevado nivel de
impuestos que recae sobre determinadas rentas, la complejidad
de nuestras normas tributarias o la falta de equidad de
nuestro sistema tributario. Todas esas circunstancias son las
que debemos tener en cuenta para acometer una estrategia
global de lucha contra el fraude, y sólo dentro de ese
contexto podemos plantearnos la elaboración de un tipo penal,
de un modelo de delito fiscal que sea realmente eficaz en la
lucha contra el fraude. Un modelo de delito en el que prime la
valoración de la conducta frente al resultado, es decir,
frente al perjuicio patrimonial causado. Un modelo de delito
fiscal en el que la cuantía sea una mera condición objetiva de
punibilidad y no un elemento inteÙgrante del tipo penal,
cuantía que debe ser una circunstancia relativa y no una
circunstancia determinante totalmente de cuándo una conducta
constituye una irregularidad de tipo penal. Pensemos que la
cuantía de 5 millones de pesetas puede resultar una cuantía
razonable en función del tipo de rentas o del tipo de
impuestos al que nos estemos refiriendo, y por ello, quizá, lo
que debería considerar esta Cámara más que una modificación de
la cuantía sería tener en cuenta las circunstancias concretas
que en términos de perjuicio económico puede suponer una
defraudación entre el defraudador o el contribuyente y la
Administración tributaria. Un modelo de delito fiscal también
que contemple de forma expresa técnicas de defraudación que no
se recogen en el proyecto de ley remitido por el Gobierno;
técnicas que tienen como finalidad eludir los tipos penales a
través de una distribución de los importes defraudados entre
distintos conceptos tributarios o diferentes períodos
impositivos; o la distribución del importe defraudado a través
de distintas sociedades o personas jurídicas cuya titularidad
o cuya responsabilidad en la gestión corresponde a la misma
persona física. Un modelo de delito fiscal también que
contemple, al igual que ocurre en los países de nuestro
entorno económico, como un tipo autónomo y específico, las
conductas de aquellos sujetos que propician la defraudación
por parte de terceras personas, de aquellos sujetos que
contribuyen proporcionando medios o proporcionando la
impunidad para terceros que defraudan o no cumplen de forma
escrupulosa con la totalidad de sus obligaciones fiscales.
Finalmente, un modelo de delito fiscal que no permita en el
futuro que un delincuente, por el mero hecho de reparar el
daño causado, pase a convertirse en un contribuyente honesto.
El Gobierno introduce una excusa absolutoria que consiste en
exonerar de responsabilidad criminal a aquel defraudador, a
aquel que ha eludido la obligación del pago de impuestos, si
posteriormente regulariza su situación tributaria. La
introducción de esa excusa absolutoria es el reflejo, en
primer lugar, del fracaso de nuestro actual sistema
tributario, un sistema tributario con vías de agua por todas
partes y que atenta contra un principio fundamental de todo
sistema fiscal: la equidad en el reparto de la carga
tributaria; un sistema tributario en el que únicamente 4 de
cada 10.000 contribuyentes declaran rentas superiores a 20
millones de pesetas. Además, constituye una manifestación del
fracaso del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal. Un
fracaso que ha llevado a un agujero negro de tres billones de
pesetas en 1992 y por el que el Gobierno de vez en cuanto
tiene la obligación y la imperiosa necesidad de conceder una
amnistía fiscal o una amnistía penal para que los
defraudadores puedan dormir tranquilos.
Señoras y señores Diputados, debemos cuestionarnos si frente
al futuro resulta justificado dar una palmada a aquellas
personas que defrauden sus impuestos el día de mañana
diciéndoles que pueden dormir tranquilos porque si reparan el
daño causado no les vamos a exigir responsabilidad criminal.
Parece que el Gobierno ha tenido que resolver un problema que
él mismo ha creado. El Gobierno tiene que introducir una
excusa absolutoria para no exigir responsabilidad criminal a
aquellos que han defraudado, pero han regularizado su
situación tributaria. ¿Pero está justificado, señoras y
señores Diputados, que el día de mañana los defrauÙdadores
puedan no pagar sus impuestos, puedan no cumplir sus
obligaciones tributarias y que puedan tranquilamente...?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, me
permito recordarle que quedan tres minutos y el debate era
sobre la enmienda de totalidad.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente, pero tomar
partido sobre la enmienda de totalidad me obliga a ver qué
diferencias incorpora con respecto al proyecto de ley del
Gobierno.
¿Está justificado, por tanto, señoras y señores Diputados, que
aquellos sujetos que en el futuro incumplan de forma
deliberada sus obligaciones fiscales, que aquellos sujetos que
en el futuro realicen operaciones en dinero negro o compren
facturas falsas y se deduzcan unos IVA que no han pagado, está
justificado, señoras y señores Diputados, que esos defraudados
puedan ser eximidos de responsabilidad criminal si el día de
mañana regularizan su situación tributaria?
Quiero finalizar manifestando que todo aquello que no sea
contemplar una estrategia global de lucha contra el fraude
fiscal no es más que incorporar meros parches puntuales. Es el
reflejo de la incapacidad para poner en marcha una lucha
eficaz y decidida contra el fraude y es el ejemplo, el reflejo
y la confirmación, una vez más, de que el Gobierno considera
el inmovilismo como la regla más segura de su gestión. (Varios
señores Diputados: ¡Muy bien!) Mi Grupo Parlamentario, señoras
y señores Diputados, valora positivamente algunas de las
medidas que incorpora el texto alternativo propuesto por
Izquierda Unida, pero, como es obvio, no comparte de forma
global el modelo de delito fiscal que incorpora, y por ello se
abstendrá en este trámite parlamentario, sin perjuicio de
alcanzar acuerdos concretos o posiciones concretas en una fase
posterior de la tramitación parlamentaria. Gracias, señor
Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, ante todo les ruego benevolencia, porque no es mi
intención ser breve, al menos no la más breve entre los
portavoces que han intervenido a lo largo de este trámite.
Entiende nuestro grupo que la enmienda a este proyecto es
importante, porque lo es el proyecto de ley. Nuestro grupo
desea que este proyecto inicie su camino desde el primer
momento buscando la mejor y la mayor comprensión de la
sociedad española hacia lo que se pretende con este proyecto
que va a ser una pieza importante, aunque no la única, en la
lucha contra el fraude. La enmienda de totalidad con texto
alternativo del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya no constituye, a nuestro juicio, una propuesta
alternativa, puesto que no difiere en los contenidos básicos
ni en la mayor parte del texto del proyecto remitido por el
Gobierno. Se limita, por el contrario, a proponer algunas
modificaciones que hubieran podido plantearse a través de
enmiendas parciales perfectamente encajables en otro trámite
parlamentario.
La enmienda mantiene intactos aspectos importantes del
proyecto, como son la tipificación como delito penal de la
defraudación a la Seguridad Social; el delito de
incumplimiento de las condiciones establecidas en relación con
subvenciones; la elevación de la cuantía en el delito
contable. También coincide con reformas introducidas en el
tipo, con la inclusión de la excusa absolutoria que relaciona
exención de pena y regularización tributaria en línea similar
con un tratamiento parecido en derecho comparado.
Las propuestas que ha planteado podrían sintetizarse en tres
aspectos concretos. En primer lugar, configurar el delito
fiscal como delito comprensivo de una conducta reprochable y
un resultado dañoso y no únicamente un delito de resultado.
Segundo, tipificar las conductas de fraude fiscal continuado
mediante la distribución de la cuota eludida entre varios
tributos o entre varios sujetos pasivos. En tercer lugar, en
relación a la excusa absolutoria, situar la única causa
admisible de exención penal en la reparación espontánea. En
cuanto a la configuración del delito fiscal no como de
resultado, sino como delito de conducta, entendemos que el
proyecto no configura exclusivamente el delito fiscal como de
resultado ni la enmienda presentada plantea una diferencia
sustancial a estos efectos, puesto que continúa configurando
el delito fiscal como un delito en el que uno de los
requisitos de punibilidad es, precisamente, la existencia de
una cuantía defraudada.
Por lo que se refiere al proyecto, a efecto de delito fiscal,
no basta con que la cuantía defraudada exceda de cinco
millones, sino que es necesario que se realice una determinada
conducta típica, sin la cual no es posible hablar de delito
fiscal. En el artículo 349.1 se dice con toda claridad que el
delito se comete por el que defraudare y lo hiciere, además,
eludiendo el pago de las cantidades que debe ingresar al
erario. No es bastante, por tanto, insisto, acudir a una
determinada cuantía, sino que es necesario que ello se lleve a
cabo mediante una conducta elusiva y fraudulenta determinada.
Esto viene siendo así, señor portavoz del Grupo de Izquierda
Unida, incluso en el propio texto penal vigente que ahora se
va a modificar.
En cuanto a la enmienda, se recoge también una determinada
cuantía defraudada que la sitúa en cinco millones de pesetas,
en el apartado 2 del artículo 349, junto con una serie de
criterios a los que me referiré posteriormente.
La enmienda, en lo correspondiente al artículo 349.1, viene a
regular con otras palabras en nuestra opinión, el mismo tipo
delictivo que el proyecto de ley. En segundo lugar, en cuanto
a la pretensión de penar conductas constitutivas del llamado
fraude fiscal continuado que se habría cometido tanto al
distribuir la cuota eludida entre varios tributos como al
distribuirla entre varios sujetos pasivos, la enmienda
introduce, a nuestro juicio, elementos de confusión y de
posible inconstitucionalidad.
En el artículo 349.2 se establece una cuantía alternativa a la
cuota defraudada mínima de cinco millones de pesetas para
aquellos supuestos en los que sin alcanzar dicha cuantía de
cinco millones exceda de quince en el conjunto de períodos
impositivos o de declaración comprendidos dentro del plazo de
tres años naturales consecutivos respecto de la totalidad de
los tributos y conceptos sujetos a retención o a ingreso a
cuenta. En este lugar la enmienda resulta sumamente
contradictoria con la intencionalidad del proyecto. La
enmienda ha construido, a nuestro entender, un simple delito
de resultado en el que el tipo se configura exclusivamente por
una determinada cuantía acumulando períodos impositivos o de
declaración dentro de un plazo (tres años naturales), y
acumulando también la totalidad de los tributos y conceptos
sujetos a retención o ingreso a cuenta.
En cuanto a la periodificación temporal de cada una de las
figuras tributarias aplicado a un único tributo no se entiende
la medida, puesto que al menos una de las magnitudes anuales
superaría la cifra de cinco millones de pesetas. Por último,
en cuanto a este apartado de fraude fiscal continuado también
constitutivo --según la enmienda--, de una distribución de la
cuota eludida entre varios sujetos pasivos, se pretende
solucionar modificando el artículo 15 bis del Código Penal a
través del artículo 349.2, de manera que cuando una pesrona
deba responder de las defraudaciones cometidas por otras
varias personas jurídicas se estaría a lo defraudado por todas
ellas. Entendemos que aquí nuevamente se establece un delito
de resultado, que es lo que se pretende evitar con esta
enmienda, y se introduce una regla contraria a lo dispuesto en
el artículo 15 bis del Código Penal que también resultaría
contraria a la Constitución en lo relativo al principio de
personalidad de las penas. El artículo 15 bis del Código Penal
castiga a la persona física que actúe a través de una persona
jurídica, de tal manera que si dicha persona jurídica es
cabecera o sociedad dominante de un grupo de sociedades
dominadas, la pura y simple consecuencia lógica de todo ello
obliga a que el artículo 15 bis del Código Penal castigue a
aquella persona física que controla un conjunto de sociedades
en cuanto a la responsabilidad que cada una de ellas ostente,
pero no a la suma de todo el conjunto, ya que, en otro caso,
se estaría violando el elemental principio de personalidad de
las penas, de manera que cada sujeto de derecho debe responder
de las conductas desde el punto de vista personal. Por otro
lado, y respecto a la intencionalidad en la regulación que se
propone, consideramos que se encuentra ya incluida en el
propio proyecto de ley cuando en el artículo 349.1 y en el 349
bis, el delito se hubiera cometido mediante la existencia de
una estructura organizativa que afectase o pudiera afectar a
una pluralidad de obligados tributarios. Esta referencia a la
estructura organizativa incluye, desde luego, la que exista a
través de un régimen de control efectivo de sociedades,
tributen o no de forma consolidada. En tercer lugar, y voy
acabando señorías (Rumores.), en cuanto a la configuración de
la excusa absolutoria, desde un punto de vista técnico
haciéndola descansar en la espontaneidad del acto infractor,
como plantea el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, entendemos que no constituye ninguna novedad la
propuesta presentada en la enmienda sobre el texto del
proyecto. En efecto, la construcción de la excusa absolutoria
en sentido técnico-jurídico en el proyecto que remite el
Gobierno a esta Cámara descansa en la conducta espontánea del
sujeto pasivo que antes de ser destinatario de un acto expreso
de incriminación por parte del perjudicado, Hacienda pública,
Seguridad Social o del ministerio público, acude por su propia
voluntad a regularizar su situación. Desde luego, esta
espontaneidad también requiere que la regularización sea plena
y, por tanto, que se satisfaga el importe íntegro de la
cantidad debida por todos los conceptos, tal como plantea la
enmienda presentada.
Finalmente, quisiera señalar también en relación a la excusa
absolutoria que nos parece redundante pretender, como se hace
en el artículo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz, termine,
por favor.
La señora AROZ IBAÑEZ: Acabo, señor Presidente.
En cuanto se refiere a que la regularización no debe producir
efectos liberatorios de la pena cuando hubiera concurrido
falsedad o simulación en la titularidad, es un hecho
imposible, ya que la excusa absolutoria, señor Espasa,
únicamente es aplicable al delito fiscal y no a los delitos de
falsedad que hubieran podido cometerse coetáneamente o de
forma conexa. En definitiva, señor portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, entendemos que la enmienda
presentada por su grupo no mejora el proyecto; es
fundamentalmente coincidente con el proyecto. No la vamos a
votar favorablemente, pero quiero manifestarle la disposición
favorable de nuestro grupo, atendiendo a las importantes
coincidencias existentes, para mejorar con sus aportaciones en
estos aspectos coincidentes
el proyecto de ley que nos remite el Gobierno a lo largo del
trámite que nos espera. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Vamos a pasar a la votación de la enmienda de totalidad
debatida. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad al proyecto de ley
orgánica por la que se modifican determinados preceptos del
Código Penal relativos a los delitos contra la Hacienda
pública y contra la SeguridadSocial, presentada por el Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 264; a favor, 12; en contra, 137; abstenciones, 115.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y cincuenta minutos de la tarde.