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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 94, de 29/09/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 94 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 93
celebrada el jueves, 29 de septiembre de 1994



Página



ORDEN DEL DIA:



Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Sesión
secreta):



--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados
(número de registro 021112) (Página 4810)



Enmiendas del Senado:



--Proyecto de Ley por el que se completa el Régimen del
Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie A, número 36.1, de 26 de
noviembre de 1993 (número de expediente 121/000022) (Página 4810)
--Proyecto de Ley de modificación de la edad de jubilación de
los funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios.

(Desglosado del Proyecto de Ley de Actualización de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.)
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
69.1, de 25 de junio de 1994 (número de expediente 121/000055)
(Página 4810)



Página 4802




Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:



--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la
Federación de Rusia, hecho en Madrid el 11 de abril de 1994.

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número
126.1, de 26 de julio de 1994 (número de expediente
110/000106) (Página 4814)
--Declaración de Aceptación de la Adhesión de Las Bahamas al
Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de
1980. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 127.1, de 26 de julio de 1994 (número de expediente
110/000107) (Página 4814)
--Declaración de Aceptación de España de la extensión a los
Departamentos y Territorios de Ultramar Franceses del Convenio
sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de
obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La
Haya el 15 de abril de 1958. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 128.1, de 26 de julio de 1994
(número de expediente 110/000108) (Página 4814)
--Declaración de Aceptación de España de la extensión a las
Antillas Holandesas del Convenio sobre reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia de obligaciones
alimenticias con respecto a menores, hecho en La Haya el 15 de
abril de 1958. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 129.1, de 26 de julio de 1994 (número de
expediente 110/000109) (Página 4814)
--Declaración de Aceptación de España de la adhesión de
Liechtenstein al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de
decisiones en materia de obligaciones alimenticias con
respecto a menores, hecho en La Haya el 15 de abril de 1958.

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número
130.1, de 26 de julio de 1994 (número de expediente
110/000110) (Página 4814)
--Tratado de asistencia mutua en materia penal entre el Reino
de España y Canadá firmado en Madrid el 4 de julio de 1994.

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número
133.1, de 30 de julio de 1994 (número de expediente
110/000111) (Página 4814)
--Declaración de Aceptación de España de la declaración de
continuidad de la República Checa al Convenio sobre
reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de
obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La
Haya el 15 de abril de 1958. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 134.1, de 30 de julio de 1994
(número de expediente 110/000112) (Página 4814)
--Declaración de Aceptación de España de la declaración de
continuidad de Surinam al Convenio de reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia de obligaciones
alimenticias con respecto a menores, hecho en La Haya el 15 de
abril de 1958. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 135.1, de 30 de julio de 1994 (número de
expediente 110/000113) (Página 4814)
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de
Venezuela al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el
18 de marzo de 1970. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 136.1, de 30 de julio de 1994
(número de expediente 110/000114) (Página 4814)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y el Principado de Andorra sobre el régimen de
circulación de personas, de 25 de mayo de 1994 y 17 de junio
de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 137.1, de 30 de julio de 1994 (número de expediente
110/000115) (Página 4814)
--Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y
la Federación de Rusia, firmado en Madrid el 12 de abril de
1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 138.1, de 30 de julio de 1994 (número de expediente
110/000116) (Página 4814)



Debates de totalidad de iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley de ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 67.1, de 24 de junio de 1994 (número de expediente
121/000053) (Página 4819)



Página 4803




Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:



--Del Proyecto de Ley de ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional (número de expediente 121/000053) (Página 4848)
--Del Proyecto de Ley de modernización de las explotaciones
agrarias Debates de totalidad de iniciativas legislativas.

(Página 4848)



Debates de totalidad de iniciativas legislativas.

(Continuación):



--Proyecto de Ley por el que se prorroga la vigencia de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa y se modifica
parcialmente la Ley 28/1984, de 21 de julio, que crea dicho
Organismo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 73.1, de 26 de julio de 1994 (número de expediente
121/000059) (Página 4848)
--Proposición de Ley sobre regulación del permiso parental y
por maternidad. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 50.1, de 20 de diciembre de 1993 (número de
expediente 122/000039) (Página 4857)



SUMARIO



Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana,
con carácter secreto, para debatir el dictamen de la Comisión
del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.

Se reanuda la sesión con carácter público.




Enmiendas del Senado (Página 4810)



Proyecto de Ley por el que se completa el Régimen del Personal
del Cuerpo de la Guardia Civil (Página 4810)



Proyecto de Ley de modificación de la edad de jubilación de
los funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios
(Página 4810)



En relación con las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley
por el que se completa el Régimen del Personal del Cuerpo de
la Guardia Civil intervienen, para fijación de posiciones, los
señores Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); López Garrido, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Baón Ramírez, del Grupo Popular, y Lagunilla
Alonso, del Grupo Socialista.

Asimismo intervienen, en turno de fijación de posiciones sobre
las enmiendas del Senado el Proyecto de Ley de modificación de
la edad de jubilación de los funcionarios de los Cuerpos
docentes universitarios, la señora Cremades Griñán, del Grupo
Popular, y el señor Lazo Díaz, en nombre del Grupo Socialista.

Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado a los
dos proyectos de ley, siendo aprobadas.




Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales (Página 4814)



Para fijación de posiciones en relación con el Tratado de
Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la Federación
de Rusia intervienen los señores Vázquez Romero, del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Rupérez Rubio, del
Grupo Pouplar, y Martínez Martínez (don Miguel Angel), del
Grupo Socialista.

A continuación se procede a las votaciones de los dictámenes
de la Comisión de Asuntos Exteriores.




Sometido a votación el dictamen sobre el Convenio de Seguridad
Social entre el Reino de España y la Federación de Rusia,
hecho en Madrid el 11 de abril de 1994, es aprobado de 304
votos a favor y una abstención (Página 4818)



Sometido a votación el dictamen sobre la Declaración de
Aceptación de la Adhesión de Las Bahamas al Convenio sobre los
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,
hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, es aprobado por 302
votos a favor (Página 4818)



Página 4804




Sometido a votación el dictamen sobre la Declaración de
Aceptación de España de la extensión a los Departamentos y
Territorios de Ultramar Franceses del Convenio sobre
reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de
obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La
Haya el 15 de abril de 1958, es aprobado por 303 votos a favor
y una abstención (Página 4818)



Sometido a votación el dictamen sobre la Declaración de
Aceptación de España de la extensión a las Antillas Holandesas
del Convenio sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en
materia de obligaciones alimenticias con respecto a menores,
hecho en La Haya el 15 de abril de 1958, es aprobado por 302
votos a favor (Página 4818)



Sometido a votación el dictamen sobre la Declaración de
Aceptación de España de la adhesión de Liechtenstein al
Convenio sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en
materia de obligaciones alimenticias con respecto a menores,
hecho en La Haya el 15 de abril de 1958, es aprobado por 306
votos a favor (Página 4818)



Sometido a votación el dictamen sobre el Tratado de asistencia
mutua en materia penal entre el Reino de España y Canadá,
firmado en Madrid el 4 de julio de 1994, es aprobado por 305
votos a favor (Página 4818)



Sometido a votación el dictamen sobre la Declaración de
Aceptación de España de la declaración de continuidad de la
República Checa al Convenio sobre reconocimiento y ejecución
de decisiones en materia de obligaciones alimenticias con
respecto a menores, hecho en La Haya el 15 de abril de 1958,
es aprobado por 302 votos a favor y tres abstenciones (Página 4818)



Sometido a votación el dictamen sobre la Declaración de
Aceptación de España de la declaración de continuidad de
Suriam al Convenio de reconocimiento y ejecución de decisiones
en materia de obligaciones alimenticias con respecto a
menores, hecho en La Haya el 15 de abril de 1958, es aprobado
por 304 votos a favor y dos abstenciones (Página 4818)



Sometido a votación el dictamen sobre la Declaración de
Aceptación de España de la Adhesión de Venezuela al Convenio
relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia
civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, es
aprobado por 306 votos a favor (Página 4818)



Sometido a votación el dictamen sobre el Canje de notas
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el
Principado de Andorra sobre el régimen de circulación de
personas, de 25 de mayo de 1994 y 17 de junio de 1994, es
aprobado por 305 votos a favor y una abstención (Página 4819)



Sometido a votación el dictamen sobre el Tratado de Amistad y
Cooperación entre el Reino de España y la Federación de Rusia,
firmado en Madrid el 12 de abril de 1994, es aprobado por 302
votos a favor y una abstención (Página 4819)



Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 4819)



Proyecto de ley de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional
(Página 4819)



En nombre del Gobierno presenta el proyecto de ley el señor
Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray Ucelay),
manifestando que el fundamento del proyecto radica en la
necesidad de dotar al ordenamiento jurídico español de una
norma con rango de ley que establezca el marco jurídico de
regulación y ordenación del sistema eléctrico al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución. Se trata de
consolidar los principios básicos de regulación que han ido
delimitando la normativa eléctrica y de perfeccionar
determinados aspectos de ordenación, como el sistema de
retribución y el proceso de integracion de la energía
eléctrica. Afirma que la ley es necesaria desde la óptica de
la introducción de mecanismos de competencia y de mayores
grados de transparencia me



Página 4805




diante la diferenciación de actividades que forman parte del
negocio eléctrico.

Considera el señor Ministro que la ley debe servir al objetivo
primordial de otorgar la máxima seguridad jurídica al
funcionamiento del sistema eléctrico nacional frente a una
situación como la actual, caracterizada por un marco de
regulación que no obedece siempre a un desarrollo sistemático
de disposiciones normativas de suficiente rango y amplitud,
sobre todo en un contexto como el europeo, en el que se han
producido ya cuatro iniciativas legales en los últimos años y
un debate importante sobre lo que haya de ser el mercado
interior energético de la Unión Europea.

Como aspectos básicos del proyecto de ley destaca el señor
Ministro el equilibrio que entre regulación y libertad de
empresa subyace en este proyecto y el concepto esencial de
seguridad en el suministro, que impide introducir la libre
competencia, en sentido lato, en el sector eléctrico. En
segundo lugar, la necesidad de introducir nuevos elementos de
competencia como mecanismo eficaz para asegurar el máximo
beneficio económico para los consumidores, aunque por las
características del sector eléctrico resulte imposible la
existencia real de una competencia tan amplia como la que
pueda producirse en otros sectores de la vida económica. Y,
por último, se ha procurado la mayor transparencia y mayor
eficiencia en la regulación como requisito fundamental para la
defensa de los intereses de los consumidores, que en otro caso
podrían sufrir abusos de carácter monopolista. Otro aspecto
básico que ha presidido la elaboración del proyecto de ley es
el referente a la seguridad y a la estabilidad necesarias en
el entorno legal y económico en el que se desenvuelve el
sector, lo cual resulta, además, especialmente importante en
un momento en el que debe iniciarse un importante proceso de
inversiones para aumentar su capacidad en los próximos años.

Alude a continuación el señor Ministro al Plan Energético
Nacional 1991/2000, en el que no se contempla ya la
construcción de ninguna instalación nuclear, señalando que el
proyecto de ley que ahora presenta a la Cámara da carta de
naturaleza a la situación preexistente, que deja de ser con
ello transitoria. Se declara la paralización definitiva de los
proyectos suspendidos en 1983 y establece la compensación
económica y su instrumentación jurídica, evitando, por un
lado, un perjuicio patrimonial para los titulares de los
proyectos definitivamente paralizados y una carga insoportable
para el conjunto de los consumidores y del sistema económico.

Se hace así innecesario acudir al procedimiento de revocación
e indemnización previsto en la Ley de Energía Nuclear. Por
otra parte, desde la óptica europea España no tendrá
especiales problemas en su adaptación a la evolución europea a
partir de los principios contenidos en el proyecto de ley.

Concluye el señor Ministro señalando que el Gobierno considera
que la ley de ordenación del sistema eléctrico nacional
constituye una imprescindible reforma de sistematización,
ordenación e innovación del marco jurídico de sistema
eléctrico nacional, conciliando el interés general con el
principio de libertad de empresa y de conformidad con
criterios de razonable y necesaria convergencia con las
iniciativas comunitarias. Al mismo tiempo proporciona un marco
para la colaboración contre las Administraciones públicas para
el desarrollo armónico de sus respectivas competencias. Por
último, el proyecto es el mejor instrumento para garantizar al
consumidor el suministro de energía eléctrica al menor coste
posible y con una calidad adecuada.

En defensa de la enmienda de devolución presentada por el
Grupo Vasco (PNV) interviene el señor González de Txábarri
Miranda. Compara la intervención del señor Ministro con el
cuento de «Alicia en el País de las Maravillas», y, aún
reconociendo que el señor Ministro puede tener razón en lo que
dice, la realidad es que no es eso lo que contiene el proyecto
de ley.

Menciona el gran trabajo que le ha costado a su Grupo
Parlamentario presentar esta enmienda de devolución del
proyecto, habida cuenta de que el mismo constituye uno de los
principales textos normativos de esta legislatuva y abre una
vía de solución importante a una de las principales losas que
padece el sector eléctrico español, como es la moratoria
nuclear. Pero ahí terminan sus acuerdos con el texto
normativo, que insiste que no recoge las principales
cuestiones expuestas por el señor Ministro en su discurso y
recogidas también en buena parte en la memoria del propio
proyecto.

Teniendo en cuenta la importancia de la ordenación del sector
eléctrico y de su eficiencia en el resultado económico global,
entienden que la indefinición del proyecto de ley no resulta
de recibo y por ello solicitan su devolución al Gobierno.

Aclara que en el Grupo Vasco están, desde el principio, por
dar una solución definitiva a la moratoria nuclear, y
precisamente hasta ahí llega su acuerdo con el proyecto de
ley, aunque la solución que se propone no debería estar
contenida en la disposición adicional octava, sino que se
trata de algo con suficiente entidad como para constituir una
norma independiente, e incluso ser aprobada mediante un Real
Decreto-ley.

Lamenta que en el caso que les ocupa no se haya producido la
ampliación de plazo solicitada para



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la presentación de un texto alternativo al proyecto, y de ahí
que se vean obligados a pedir simplemente la devolución del
mismo al Gobierno, en base, en primer lugar, a la ausencia de
consenso de los partidos políticos, como lo demuestra la
presentación de cuatro enmiendas de totalidad; en segundo
lugar, a la falta de apoyo del sector eléctrico, o al menos de
los grandes grupos que lo configuran, y también la falta de
apoyo de las autoridades comunitarias, que dudan seriamente de
la contribución efectiva del proyecto a la realización del
mercado interior. Por otra parte, tampoco existe el apoyo de
las administraciones autonómicas, aunque el señor Ministro
haya querido indicar otra cosa, y con este panorama la
vocación de estabilidad y permanencia que debe exigirse a una
ordenación de las características del sector eléctrico queda
muy en entredicho.

Agrega el señor González de Txábarri que se ignora la visión
de futuro que el proyecto propugna, dada la ambigüedad del
texto, cuando el mismo debiera consagrar con firmeza la
seguridad jurídica en un sector en el que todas las decisiones
empresariales tienen una dimensión temporal y cuantitativa de
larga proyección. El proyecto, por el contrario, deja en manos
de la Administración pública la definición de aspectos
absolutamente esenciales al negocio eléctrico, hasta el punto
de poderse hablar de una carta abierta e ilimitada para el
Gobierno, proyectando hacia el futuro un ámbito de inseguridad
para las empresas eléctricas, sus acreedores y accionistas,
totalmente incompatible con una estabilidad razonable en el
proceso inversor y de financiación de las empresas eléctricas.

En definitiva, con esta ley se pretende legalizar el absoluto
control del sector eléctrico desde la Administración central,
no garantizándose la estabilidad del marco regulador, exigible
en un sector como éste.

Concluye el señor González de Txábarri afirmando que lo
expuesto con anterioridad son razones más que suficientes para
solicitar la devolución del proyecto al Gobierno y proceder a
una reelaboración consensuada del mismo.

En defensa de la enmienda de totalidad con texto alternativo
del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene
el señor Alcaraz Masats, afirmando que el texto que ahora
defiende ha sido elaborado conjuntamente por Izquierda Unida y
la Asociación ecologista para la Defensa de la Naturaleza,
sobre un tema de enorme importancia y un sector absolutamente
clave en la estrategia de servicio económico y financiero
nacional. Menciona las cifras de negocio de las compañías
eléctricas españolas, que superan el billón ochocientos mil
millones de pesetas anuales, con un endeudamiento que se ha
mantenido en torno a los cuatro billones, tratándose del
sector principal demandador de capital y que constituye un
auténtico monopolio natural.

A la vista de lo expuesto, considera que una ley tan
importante como la que les ocupa debería suscitar un amplio
debate social, máxime cuando se hallan ante un texto que tiene
en la Cámara un apoyo muy débil y que afecta a un tema de
tanta importancia.

Entiende que el Gobierno socialista presenta en este momento
el proyecto de ley a la Cámara, en primer lugar, para zanjar
una moratoria nuclear que ha generado un enorme costo a los
usuarios y a las empresas públicas y, por otra parte, para dar
una gran seguridad jurídica y financiera a las compañías
eléctricas privadas de cara a su nuevo ciclo inversor,
asumiendo el Estado todos los riesgos en lugar de hacerlo
dichas compañías privadas, zanjando las deudas anteriores y
garantizando nuevos créditos y avales para las deudas e
inversiones futuras.

Respecto a la moratoria nuclear, afirma que hemos pagado como
alquiler, por así decir, lo que hubiera costado adquirir la
vivienda, y ahora hay que comprar la vivienda incluso
revalorizando su valor con respecto al que tenía en 1984.

Menciona diversas cifras pagadas por los consumidores a lo
largo de los últimos años para compensar la moratoria nuclear,
señalando que, a juicio de su Grupo, el Gobierno debe aprobar
un plan que contenga el cierre de estas centrales antes del
año 2000, los gastos correspondientes y la forma de pago. En
cuanto al texto alternativo presentado por Izquierda Unida,
afirma que su filosofía parte de una óptica absolutamente
diferente a la del Gobierno, tratando, en primer lugar, de
cambiar la lógica del consumo energético, introduciendo la
competitividad tanto en la producción como en la demanda, a la
vez que se fomenta el ahorro en el consumo. Establecerían, por
otra parte, la llamada tasa ecológica, cuya finalidad sería la
de corregir los impactos medioambientales, a la vez que
plantean una redifinición y transparencia en el sistema de
tarifas seria y rigurosa, a diferencia del que se establece en
el proyecto de ley.

Concluye manifestando que tema tan importante como el que les
ocupa exige un debate social amplio y no sólo en esta Cámara,
especialmente en relación con el importe de la moratoria
nuclear, en qué terminos se realizó y cómo se intenta zanjar.

Asimismo se requiere dicho debate sobre las inversiones
futuras, y todo ello partiendo de un consenso mínimo en
relación con una ley tan importante en la que, aunque pueda
tener los votos suficien



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tes, las cuatro enmiendas de totalidad ponen de manifiesto que
el actual consenso es mínimo.

En defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Popular
interviene el señor Gámir Casares, justificando la misma en
varias razones, la primera de las cuales es que en la ley se
introduce la titulación de activos en moratoria nuclear,
cuestión que, a su juicio, debería contemplarse en otra ley.

En cuanto al sistema eléctrico nacional que se propone en el
proyecto del Gobierno, lo considera como una única empresa
eléctrica, en la que la junta de accionistas y todo el poder
recaen sobre el Ministerio de Industria. Después se crea una
especie de consejo de administración, que es la comisión, que
está politizada, es dependiente y no tiene funciones
adecuadas. Siguiendo el símil de la empresa, en el sistema de
empresa pública que se propone las empresas eléctricas
normales son como departamentos del sistema único y con muy
poca autonomía a la hora de invertir, de exportar, importar,
etcétera.

Frente al contenido del proyecto, el enfoque del Partido
Popular es bastante distinto, pues mantienen el marco legal
estable por razones de realismo, pero abren mucho más las
puertas a la competencia. En su esquema, el Ministerio de
Industria y Energía tiene mucho menor poder, al trasvasarse
éste a una comisión, pero realmente independiente y técnica,
debiendo ser competentes profesionalmente todos los miembros
de la misma, a diferencia de lo que ocurre en el proyecto del
Gobierno, en que tal competencia no se exige precisamente al
presidente de la comisión. Proponen, además, que los miembros
de la comisión sean nombrados por el Parlamento y no por el
Gobierno y que para su cese las causas sean muy claras y
tasadas, dando lugar así a una comisión despolitizada,
profesional y técnica, con muchos más poderes de los que le
atribuye el proyecto de ley.

En un proyecto como el presente, que debería ser perdurable,
plantean también un mayor apoyo al consumidor, sea éste
doméstico o sea usuario empresarial, buscando la reducción de
las tarifas en términos reales a través de la competencia. En
este sentido, defiende un mayor poder para el Consejo Asesor
en el que están representados los consumidores. En defensa del
consumidor quieren también una transparencia clara en las
tarifas eléctricas, como un desglose que permita al consumidor
conocer exactamente qué paga por cada uno de los conceptos que
figuran en el recibo.

Añade que el proyecto del Gobierno sustrae a esta Cámara la
competencia real de regular el sistema eléctrico nacional,
atribuyéndose tal competencia el Gobierno a sí mismo a través
de facultades reglamentarias con nada menos que cuarenta
remisiones al efecto. Frente a tal postura, la actitud del
Grupo Popular es la de devolver poder al Parlamento y que sea
éste quien tome las principales decisiones.

Concluye echando en falta el sentido de perdurabilidad en el
proyecto de ley, para lo que hubiera sido necesario el pacto
más amplio posible, principalmente entre las dos fuerzas
políticas mayoritarias de la Cámara, pero frente a ello el
Gobierno ha provocado nada menos que cuatro enmiendas de
totalidad que demuestran la carencia del tan necesario
consenso.

El señor Martín Menis defiende la enmienda de totalidad del
Grupo de Coalición Canaria, manifestando que, a su entender,
se produce en el proyecto de ley uan transgresión de la
voluntad del legislador constituyente y estatutario, al no
reconocerse las especificidades de los sistemas eléctricos
aislados, especialmente de los insulares, como el canario, de
imposible interconexión con la red nacional. Tal regulación
puede llevar a la ausencia práctica de virtualidad de la
normativa comunitaria canaria. El proyecto resulta, por tanto,
inconsecuente al extender su ámbito de aplicación a todo el
territorio del Estado, incluidos los extrapeninsulares, cuando
en estos últimos no tiene virtualidad. Reconociendo varios
aspectos positivos del proyecto del Gobierno, afirma que sólo
tendría virtualidad su aplicación si se introdujesen enmiendas
parciales que lo adaptaran al caso especial canario. Menciona
algunos preceptos constitucionales y del Estatuto de la
Comunidad Autónoma de Canarias, afirmando que el concepto y
sistema único no tiene sentido en aquella Comunidad Autónoma.

Termina resaltando el carácter específico de su enmienda,
manifestando que podrían retirarla siempre que existiera un
compromiso de resolver estas especificidades a lo largo de la
tramitación del Proyecto de Ley.

Interviene de nuevo el señor Ministro de Industria y Energía
(Eguiagaray Ucelay) para formular algunas consideraciones en
torno a las manifestaciones de los diversos enmendantes.

En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene el
señor Sáenz Lorenzo, en nombre del Grupo Socialista,
manifestando que la aceptación de las mismas supondría la
interrupción de un proceso, lo que no considera necesario
después de oír a los enmendantes, ya que todos ellos
entienden, a su juicio, que se trata de una buena regulación
siempre que se despejen algunas incertidumbres de cara al
futuro.

Comenzando por el Grupo Popular, ha echado de menos la
presentación de un texto alternativo por parte de dicho Grupo,
cuyo portavoz ha expresado



Página 4808




algunas de sus preocupaciones o decepciones. Ha hablado de un
modelo pero no lo ha plasmado en un texto concreto, por lo que
le resulta muy difícil debatir sobre un modelo hipotético
existente sólo en la imaginación del enmendante.

En cuanto al Grupo de Izquierda Unida, el texto alternativo
que presenta, en su opinión, no modifica la estructura básica
de regulación del proyecto de ley del Gobierno, introduciendo
algunas modificaciones significativas, como en el tema del
ahorro, que es precisamente uno de los objetivos impulsados
por los socialistas a través del Plan Energético Nacional.

Quizás el asunto que políticamente tenga más significación en
relación con el texto del Gobierno se refiere al cierre
nuclear, y sobre este particular el cierre de todas las
centrales propuesto por Izquierda Unida lo considera un
brindis al sol o a la opinión pública, al no sustentarse en
ningún planteamiento económico. Parece, por otra parte que
algunos portavoces olvidan en sus intervenciones que el sector
eléctrico es un sector necesariamente regulado, y así lo está
en todos los países avanzados del mundo, cualquiera que sea el
tipo de gobierno en dichos países, en base a la propia
estructura técnica del suministro de energía eléctrica.

Destaca a continuación algunos de los objetivos del Proyecto
de Ley a los que de alguna manera se han referido los
enmendantes y concluye afirmando que el proyecto enviado por
el Gobierno constituye el único modelo que está sobre la mesa
con objeto de debate, considerándolo el Grupo Socialista como
un modelo regulador eficiente que promueve la competitividad,
que se abre al mercado interior del futuro de la Comunidad
Económica Europea y que, sobre todo, garantiza el suministro
de energía eléctrica a los usuarios, razones por las que
votarán en contra de todas las enmiendas de totalidad.

En turnos de réplica y dúplica intervienen sucesivamente los
señores González de Txábarri Miranda, Alcaraz Masats, Gámir
Casares y Martín Menis, y Sáenz Lorenzo.

Asimismo hace uso de la palabra el señor Ministro de Industria
y Energía (Eguiagaray Ucelay), para replicar a algunas
manifestaciones de los enmendantes.

Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Albístur Marín, del Grupo Mixto, y Molins i Amat, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Sometidas a votación las enmiendas de totalidad que postulan
la devolución del proyecto al Gobierno, son rechazadas por 151
votos a favor, 161 en contra y cuatro abstenciones.

Asimismo es rechazada la enmienda de totalidad de texto
alternativo por 16 votos a favor, 295 en contra y cuatro
abstenciones.




Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley (Página 4848)



De ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (Página 4848)



De modernización de las explotaciones agrarias (Página 4848)



El señor Presidente informa que la Mesa de la Cámara, oída la
Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al
Pleno la avocación de la deliberación y votación final de los
Proyectos de Ley de referencia.




Se aprueban por asentimiento dichas avocaciones.




Debates de totalidad de iniciativas legislativas.

(Continuación) (Página 4848)



Proyecto de Ley por el que se prorroga la vigencia de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa y se modifica
parcialmente la Ley 28/1984, de 21 de julio, que crea dicho
Organismo (Página 4848)



La señora Maestro Martín defiende la enmienda de totalidad de
devolución presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Expone que la configuración territorial de las
instalaciones militares del ejército español, que en gran
medida responden a necesidades y planteamientos estratégicos
que se derivan de la posguerra civil, hace tiempo que han
manifestado su obsolescencia. Planteamientos más adecuados a
las necesidades actuales de defensa del territorio han
determinado la necesidad de ubicar las instalaciones militares
fuera de los cascos urbanos de las grandes y medias ciudades y
el correspondiente uso de los terrenos hasta hace pocos años
destinados a fines militares.

Alude a la expansión de las grandes ciudades en los últimos
años, que ha provocado la mencionada obsolescencia y necesidad
de cambiar la ubicación de las instalaciones militares, así
como al origen de estos terrenos y propiedades del Ministerio
de Defensa, provenientes en muchos casos de cesiones gratuitas
de ciudadanos y también de ayuntamientos, y que en la medida
de lo posible deberían mantenerse en manos de la
Administración,



Página 4809




tomando siempre como referencia el interés público, aunque se
produzca su desafección al uso a que anteriormente hubieran
sido destinados.

Recuerda, por otra parte, el artículo 47 de la Constitución,
donde se establece que la especulación es contraria al interés
general y que los poderes públicos son los encargados de
impedirla, frente a lo cual la actuación de la Gerencia de
Infraestructuras de Defensa se ha caracterizado por la
obtención de máximos beneficios posibles, logrando
recalificaciones del suelo militar para que pudiera ser
dedicado a promociones inmobiliarias. Menciona algunas
actuaciones concretas en los últimos años por parte de la
citada Gerencia de Infraestructuras, manifestando que su Grupo
Parlamentario es contrario a que el Ministerio de Defensa
saque al mercado, vía subasta, solares hasta ahora ocupados
por instalaciones militares, previa recalificación,
permitiéndole obtener beneficios económicos en contradicción
con las necesidades sociales, suficientemente demostradas por
los ayuntamientos afectados. Izquierda Unida considera
acertado que desaparezcan las instalaciones militares del
centro de los cascos urbanos, pero igualmente entiende que los
solares correspondientes deben revertir a los municipios sin
compensación alguna al Ministerio de Defensa.

Consecuentemente, debe cesar el exceso de celo de la Gerencia
de Infraestructuras en la obtención de ingresos a través de la
enajenación de estos terrenos.

Por tanto, su Grupo Parlamentario es contrario a la prórroga
de la Gerencia de Infraestructuras de Defensa y propone que
sea el Ministerio de Economía y Hacienda el que gestione el
cambio de uso de las instalaciones militares que no cumplan la
función para la que fueron concebidas, desafectándolas del
organismo competente y decidiendo acerca de su mejor utilidad
como bienes públicos, en el marco de los principios básicos de
la eficacia social y de la transparencia en la gestión.

En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene, en
nombre del Grupo Socialista, el señor Novella Suárez,
manifestando que, después de escuchar con atención a la señora
Maestro y leer con detenimiento los fundamentos de la enmienda
de totalidad, piensa que la parlamentaria de Izquierda Unida
no ha entendido la función y los objetivos por los que se creó
la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa. Recalca que
este organismo está destinado a cubrir las necesarias
actuaciones inmobiliarias y urbanísticas derivadas de la
modificación en el despliegue de las Fuerzas Armadas,
constituyendo un instrumento que permita llevar a cabo una
actuación flexible en materia de infraestructuras. De ahí que
la ley capacite a la Gerencia para la enajenación y
adquisición de bienes inmuebles, a fin de obtener los recursos
que han de aplicarse a la financiación de nuevas instalaciones
y mejora de las existentes con la colaboración de las
comunidades autónomas y corporaciones locales en el ámbito de
la planificación urbanística.

Entiende que la Gerencia ha demostrado su idoneidad y eficacia
en sus años de actuación y no sólo se mantienen los fines para
los que fue creada sino que en estos momentos adquiere
especial relevancia con el nuevo despliegue de los ejércitos.

Añade que, según los Presupuestos que van a estudiar
próximamente, el de Defensa se mantiene en la misma cantidad
que en el año 1990, después del fuerte recorte sufrido en
1991, y si se le quita la posibilidad de recaudación de una
serie de cantidades a través de la Gerencia de
Infraestructuras, y no mediante la especulación sino con una
serie de tasaciones y siempre en contacto con las distintas
administraciones públicas, se colocaría en una difícil
situación económica a nuestras Fuerzas Armadas.

Rechaza la existencia de cualquier criterio especulativo por
parte del Ministerio de Defensa, así como la falta de control
sobre la gestión de la Gerencia de Infraestructuras, ya que
siempre ha estado sujeta a la fiscalización de la Intervención
del Estado y del Tribunal de Cuentas, y en base a estas
razones termina anunciando el voto en contra del Grupo
Socialista a la enmienda de totalidad.

Replica la señora Maestro Martín, duplicando el señor Novella
Suárez.

Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Carrera i Comes, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y López Valdivielso, del
Grupo Popular.

Sometida a votación, se rechaza la enmienda de totalidad
debatida por 16 votos a favor, 232 en contra y una abstención.

Se suspende la sesión a las dos y treinta de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




Proposición de Ley sobre regulación del permiso parental y por
maternidad (Página 4857)



En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo
presentado por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya interviene la señora Urán González. Expone que la
enmienda modifica, en algunos aspectos de manera relativa y en
otros de manera profunda, la proposición de ley de
Convergència i Unió. A través de esta proposición se amplía la
excedencia por maternidad o por adopción



Página 4810




a tres años con reserva del puesto de trabajo y bonificación
del 95 por ciento en las cuotas a la Seguridad Social a los
empresarios que contraten personal para sustituir estas
excedencias. Considera, sin embargo, que la ampliación de la
excedencia a tres años con reserva de puesto de trabajo puede
ser perjudicial para los trabajadores, conociendo la realidad
en la que se mueve nuestra sociedad y sabiendo que
fundamentalmente a estas excedencias van a acceder las mujeres
que, como antes decía, pueden verse perjudicadas por los tres
años de excedencia. Por consiguiente, aceptan lo que de
positivo pueda tener la reserva del puesto de trabajo en los
tres años de excedencia, pero, además, considera que se deben
salvaguardar los derechos de las mujeres obligando al
empresario a facilitar la formación y asistencia necesaria a
los cursos correspondientes cuando aquéllas se reincorporen
otra vez a su puesto de trabajo para no ver truncadas sus
posibilidades de promoción.

También considera que sería discriminatorio mantener que
solamente se pudiera contratar a personas en desempleo que
estuvieran cobrando el subsidio o seguro de desempleo, ya que
esto sería discriminar a las personas que, estando en paro de
larga duración, no cobrasen ya el seguro o subsidio de
desempleo.

Para fijación de posiciones intervienen el señor Casas i
Bedos, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y las señoras
Sainz García, del Grupo Popular, y Rodríguez Ortega, del Grupo
Socialista.

Sometida a votación la enmienda de totalidad debatida, es
rechazada por 12 votos a favor, 257 en contra y una
abstención.

Se levanta la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco minutos
de la tarde.




Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana,
con carácter secreto.




DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (Sesión
secreta.)



--DICTMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES
DIPUTADOS (Número de registro 021112.)



Se somente a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto
de los Diputados, que es aprobado.




Se reanuda la sesión con carácter público.




ENMIENDAS DEL SENADO



--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CONTEMPLA EL REGIMEN DEL
PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL (Número de expediente
121/000022.)



--PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA EDAD DE JUBILACION DE
LOS FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
(DESGLOSADO DEL PROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACION DE LA LEY
ORGANICA 11/1983, DE 25 DE AGOSTO, DE REFORMA UNIVERSITARIA)
(Número de expediente 121/000055)



El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día:
Enmiendas del Senado. Enmiendas al proyecto de ley por el que
se completa el régimen del personal de la Guardia Civil.

¿Grupos que desean fijar su posición en relación con las
enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se
contempla el Régimen del Personal de la Guardia Civil?
(Pausa.)
Enmiendas del Senado al proyecto de Ley de modificación de la
edad de jubilación de los funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios. ¿Grupos que desean fijar su posición en
relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
modificación de la edad de jubilación de los funcionarios de
los cuerpos docentes universitarios? (Pausa.)
Vamos a proceder a la fijación de posiciones en relación con
las enmiendas a estos dos proyectos de ley, de forma sucesiva,
y a las votaciones correspondientes, una vez que se hayan
fijado las posiciones en relación con los dos proyectos de
ley.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.

Intervengo brevísimamente para fijar nuestra posición en estas
enmiendas del Senado del proyecto de ley por el que se
completa el régimen de personal del Cuerpo de la Guardia
Civil. Nuestro voto va a ser favorable a las enmiendas
aprobadas en el Senado. En este final del trámite
parlamentario, no vemos que se haya desvirtuado o
sustancialmente variado el contenido de la propia ley. Si en
el Congreso no presentamos enmienda a la totalidad, si nuestra
enmiendas puntuales han seguido un curso relativamente
satisfactorio, si del Senado nos llega un texto más bien
complementado, no tenemos por qué variar el sentido de nuestro
voto que, repito, será favorable.

Gracias, señor Presidente.




Página 4811




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo Parlamentario va a rechazar las enmiendas que ha
aprobado el Senado en relación con el proyecto de ley por el
que se completa el régimen del personal del Cuerpo de la
Guardia Civil.

Nos ha parecido profundamente decepcionante el trámite en el
Senado. El proyecto de ley trae los mismos errores técnicos y
políticos que tenía cuando llegó a esta Cámara; las mismas
lagunas de inseguridad; los mismos errores políticos de falta
de modernización en el Cuerpo de la Guardia Civil, de
militarización aún mayor de este Cuerpo y de identificación,
en cuanto a su régimen de personal, absolutamente con el
Ejército, con las Fuerzas Armadas; los mismos errores en
cuanto a la división en escalas de la única escala que tenía
hasta ahora la Guardia Civil; la introducción del malestar
profundo en la suboficialidad de la Guardia Civil; la
dificultad, a partir de ahora mucho mayor en cuanto a la
promoción interna, la desmotivazión, etcétera.

En el trámite en esta Cámara el Grupo Parlamentario Socialista
habló entonces de la necesidad de que las dificultades que se
habían visto en la tramitación en el Congreso de los Diputados
fuesen solventadas en el Senado. En absoluto ha sido así a
pesar de aquella promesa y, como digo, persisten los mismos
problemas, los mismos errores de este proyecto profundamente
negativo para el futuro de la Guardia Civil.

Creíamos que no se podía empeorar este proyecto de ley y, sin
embargo, en el Senado se ha logrado empeorarlo aún más a
través, sobre todo, de una enmienda que crea una nueva forma
de acceder a la escala básica de cabos y guardias del Cuerpo
de la Guardia Civil, la disposición adicional sexta; una nueva
forma por la que el acceso se reserva en, al menos un 50 por
ciento --no se conforman con deir un 50 por ciento, sino que
dicen al menos un 50 por ciento, podría ser todo--, a
militares de empleo que provengan de las Fuerzas Armadas y que
lleven al menos tres años de servicio efectivo como tales.

Está claro que en este tema, como en los anteriores, los que
presiden este proyecto de ley, se trata simplemente de
convertir a la Guardia Civil en un cuerpo absolutamente
dirigido, organizado, reclutado, con promoción interna
dirigida por el Ministerio de Defensa y solucionando los
problemas que tiene el Ministerio de Defensa en este momento.

Hay cifras que son espectaculares en relación con lo que
señalo. En esta año, señor§as, se han convocado...

(Murmullos.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio.

(Pausa.)
Cuando quiera, señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.

En este año, señorías, se han convocado 1.500 plazas para el
acceso a la Guardia Civil. Se han presentado 36.000 personas.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en la Guardia
Civil, en el llamado nuevo voluntariado especial es
dificilísimo, por no decir imposible de cubrir, las
aproximadamente 8.000 o 10.000 plazas que se han convocado. Es
decir, hay un problema enorme de reclutamiento en el
voluntario especial del Ejército y la forma que se ha
inventado el Ministerio de Defensa y que se ha impuesto al
Ministerio de Interior, con la aceptación sorprendente de
éste, es darles a quienes vayan al voluntariado especial en el
Ejército la posibilidad de ingresar inmediatamente en la
Guardia Civil después de tres años en el Ejército,
reservándole prácticamente casi todos los empleos en la
Guardia Civil. Se trata de personas que van a llegar a la
Guardia Civil con una formación que nada tiene que ver con las
misiones de la Guardia Civil, sino con las misiones,
lógicamente, de las Fuerzas Armadas. En este momento la
selección y el acceso a la Guardia Civil, como la promoción o
el nombramiento, por cierto, a oficiales generales, en la
Guardia Civil la hace el Ministerio de Defensa, no el
Ministerio de Interior.

Es un proyecto de ley que ha pasado desgraciadamente bastante
desapercibido para la opinión pública y que es de
extraordinaria gravedad para la Guardia Civil --y lo vamos a
ver, sin duda, en el futuro-- ya que militariza
extraordinariamente el contenido de la promoción interna, de
la regulación del personal de la Guardia Civil y la haga
depender absolutamente del Ministerio de Defensa.

Hasta ahora se decía que la Guardia Civil era el único Cuerpo
que dependía a su vez de dos Ministerios --algo históricamente
muy destacado--: del Ministerio de Interior y del Ministerio
de Defensa. A partir de este proyecto de ley, si no se remedia
en este trámite, habrá que decir que solamente depende de uno,
del Ministerio de Defensa, que es lo que termina por hacer,
rizando el rizo, esta disposición adicional sexta que ha
introducido el Senado en este proyecto de ley.

Por estas razones, queriendo advertir la importancia de ese
proyecto de ley y la gravedad que tiene para el desarrollo
futuro del importante Cuerpo de la Guardia Civil, nuestro
Grupo anuncia su firme oposición y su voto negativo a las
enmiendas del Senado en relación con el proyecto de ley por el
que se contempla el régimen del personal del Cuerpo de la
Guardia Civil.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Baón.




El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.




Página 4812




Desde mi escaño y en apenas un minuto, quiero fijar la
posición de mi Grupo diciendo que admitimos y votaremos
favorablemente las cuatro enmiendas propuestaspor el Senado --
tres sustanciales y, una, de ordenación sistemática-- en la
inteligencia de que, aunque mejoran parcialmente el proyecto,
es lo cierto que el proyecto no nos gusta por tres suerte de
razones: porque entendemos que no satisface las necesidades de
la Guardia Civil en el momento presente; porque, asimismo, se
desvían del interés general en lo que afecta al modelo
diseñado por la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado; y, asimismo (todo ello, como dijimos
también en la enmienda de devolución del proyecto antes del
verano), porque no nos gusta en absolutolos efectos económicos
que se derivan de la aplicación de este proyecto de ley y que
afectará, consagrando la injusticia, a un colectivo importante
de familias y personas en la situación de reserva activa.

Aunque mejora parcialmente el proyecto, votaremos
favorablemente las propuestas del Senado en la idea de que no
nos satisface como conjunto el proyecto de ley.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lagunilla.




El señor LAGUNILLA ALONSO: Señor Presidente, intervengo
también desde el escaño y con la máxima brevedad posible, en
primer lugar, para felicitarnos porque al fin concluye su
trámite parlamentario este proyecto de ley que, como su título
indica, completa el régimen del personal de la Guardia Civil.

Ya he insistido reiteradamente en esto porque, si no lo
contemplamos desde la perspectiva de completar el régimen de
la Guardia Civil, no llegaremos a entender --como parece que
así ha ocurrido con algún grupo parlamentario de esta Cámara-
el verdadero significado de esta ley. Lo completa y lo regula
sin militalizarlo más o menos, sino manteniendo la definición
que ya tenía la Guardia Civil en la ordenación legal de este
Instituto, regulando, por tanto, el carácter de militares
profesionales que tienen sus integrantes. La dependencia
orgánica y funcional de la Guardia Civil continúa en el
Ministerio del Interior, como cuerpo policial que es en
tiempos de paz y, simplemente, las competencias del Ministerio
de Defensa, insisto, son aquéllas que se refieren a las
regulación del personal; personal que, reitero, es militar
profesional.

Efectivamente, el Senado ha introducido algunas enmiendas que,
por lo que he escuchado, van a ser aceptadas mayoritariamente
por esta Cámara. El Grupo Socialista también va a apoyar esas
enmiendas del Senado, principalmente, porque mejoran algunos
aspectos el proyecto; a nuestro entender, no son del todo
sustanciales pero sí completan esta ley.

En concreto, respecto a la enmienda --aquella que el portavoz
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha anunciado como
una de las causas de su votación no favorable--, hay que a
clarar que va a permitir que el Ministerio del Interior, en la
convocatoria de plazas para el acceso a la Guardia Civil, en
su escala de cabos y guardias, reserve el 50 por ciento para
aquellos españoles que hayan cumplido al menos tres años en
las Fuerzas Armadas como profesionales de las mismas, como
profesionales de tropa y marinería profesional. Hay que
aclarar también --yo creo que está en la mente de todos, pero
conviene decirlo aquí para evitar confusiones-- que, por
supuesto, la reserva de ese 50 por ciento de plazas no indica
el ingreso automático en la Guardia Civil de aquellos
militares de empleo que han cumplido esos tres años, sino que
tendrán que hacerlo --lo dice expresamente la ley con la
enmienda introducida en el Senado-- una vez hayan superado las
pruebas de ingreso y los períodos de formación
correspondientes; es decir, en igualdad de condiciones que el
resto de los ciudadanos que concurran a esas plazas, bien es
cierto que con esa reserva de, al menos el 50 por ciento, para
dar una salida profesional a aquellas personas que están
cumpliendo el servicio militar profesionalmente en nuestro
Ejército. No se entiende mucho que queramos ir a un ejército
profesiona, a una mayor profesionalización de nuestro
Ejército, pero no contemplemos de ninguna manera qué se hace
con aquellas personas que deciden ser profesionales en nuestro
Ejército durante un período de años y después no se les
orienta, no se les facilita la incorporación de otras
actividades, puesto que en el Ejército tienen una permanencia
limitada en su servicio a las Fuerzas Armadas.

Porque sustancialmente es beneficiosa para la Guardia Civil, y
también colateralmente para otras funciones de una visión
global del Estado, que es la que debe tener esta Cámara cuando
legisla, es por lo que nuestro Grupo va a votar favorablemente
las enmiendas del Senado y quiere felicitarse, con el resto de
los grupos parlamentarios porque al final concluyamos este
trámite parlamentario y culminemos la ordenación legal y
jurídica de la Guardia Civil.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lagunilla.

Para fijar la posición del Grupo Popular, en relación con el
proyecto de ley de modificación de la edad de jubilación de
los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, tiene
la palabra la señora Cremades.




La señora CREMADES GRIÑAN: Señorías, mi Grupo Parlamentario
manifiesta la satisfacción por la modificación de la edad de
jubilación de los profesores universitarios, modificación que
ha sido fruto de una labor solitaria iniciada por el Grupo
Popular y, además,



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una tarea dura y pesada. No obstante, el momento es óptimo y
hay que apoyarlo. Hay que subrayar la extrañeza que nos
produce por el juego contra la sensibilidad de un profesorado
universitario al que tanto debe la sociedad. Debo añadir que
hemos encontrado insuficientes las enmiendas y, sobre todo,
medidas desafortunadas que juegan con la sensibilidad del
profesorado universitario y con la autonomía de las
universidades. Por lo tanto, se ha producido un movimiento «ex
lege».

Observamos, además, que la enmienda tercera sólo piensa en
términos económicos y tiene una repercusión negativa para el
profesorado emérito. «Item más», he de subrayar y de recalcar
que se ha aparcado de una forma extraña al profesorado que
procede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
cuando se ha tratado como un profesorado universitario, como
un cuerpo docente para otros temas, bien sea para tribunales
de doctorado, bien sea para tribunales que juzguen
oposiciones.

Sin alargar más este momento, debo subrayar, como bien indica
Baltasar Gracián, que saber es saberse, es decir, para la edad
de jubilación es poco llegar hasta los 70. Un profesorado
universitario va a dar siempre algo nuevo al joven, al
educando, a través de su trayectoria. No obstante, vamos a
votar positivamente estas enmiendas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cremades.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lazo.




El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, voy a pronunciar un par
de palabras para referirme exclusivamente a las dos enmiendas
que nos remite el Senado. La segunda de ellas, que hace
referencia al apartado 2 de la disposición transitoria
tercera, es una enmienda técnica que mejora el texto original,
que lo clarifica, que evita algunos inconvenientes y, por lo
tanto, el Grupo Socialista votará a favor de la misma.

Con respecto a la primera enmienda que nos remite el Senado,
que hace referencia al apartado 1 del a disposición
transitoria tercera, el Grupo Socialista pide a esta Cámara
que vote en contra con una razón de elemental sentido común.

En el texto original que salió de esta Cámara se señalaba que
los profesores que se hubiesen jubilado a los 65 años y que no
hubiesen cumplido los 70 podrían ser contratados por las
universidades como profesores eméritos. Por otra parte, el
Gobierno había señalado en algunas ocasiones que haría todo lo
posible, que instaría a las universidades para que se llevase
a cabo esta contratación, pero siempre voluntaria. En cambio,
la enmienda que nos remite el Senado obliga a las
universidades a contratar como eméritos a estos profesores
jubilados a los 65 años. Decimos que es algo que parece
atentar al sentido común en cuanto que no se puede obligar a
nadie a contratar. El profesor emérito es, por definición, un
profesor contratado y una universidad puede hacerlo o no
hacerlo. Por otro lado, las universidades son autónomas y
aceptar esta enmienda lindaría con la inconstitucionalidad.

Por sentido común, repito, porque, de aprobarse, sería
seguramente un texto de imposible aplicación, pedimos a la
Cámara que, con el Grupo Socialista, vote no a esta enmienda.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lazo.

Vamos a proceder a las votaciones.

Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se completa
el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 290; a favor, 281; en contra, ocho; abstenciones,
una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la
edad de jubilación de los funcionarios de los Cuerpos docentes
universitarios. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Caldera.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, la
enmienda a la disposición transitoria tercera consta de dos
apartados, 1 y 2. Solicito votación separada de ambos.




El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al apartado 1 de
la enmienda del Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 150; en contra, 145; absteciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

(Aplausos.--Rumores.)
Apartado 2 de la enmienda del Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 289; absteciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.




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DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
CONVENIOS INTERNACIONALES:



--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la
Federación de Rusia, hecho en Madrid el 11 de abril de 1994
(Número de expediente 110/000106)



--Declaración de aceptación de la adhesión de Las Bahamas al
Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de
1980 (Número de expediente 110/000107)



--Declaración de aceptación de España de la extensión a los
Departamentos y Territorios de Ultramar Franceses del Convenio
sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de
obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La
Haya el 15 de abril de 1958 (Número de expediente 110/000108)



--Declaración de aceptación de España de la extensión a las
Antillas Holandesas del Convenio sobre reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia de obligaciones
alimenticias con respecto a menores, hecho en La Haya el 15 de
abril de 1958 (Número de expediente 110/000109)



--Declaración de aceptación de España de la adhesión de
Liechtenstein al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de
decisiones en materia de obligaciones alimenticias con
respecto a menores, hecho en La Haya el 15 de abril de 1958
(Número de expediente 110/000110)



--Tratado de asistencia mutua en materia penal entre el Reino
de España y Canadá, firmado en Madrid el 4 de julio de 1994
(Número de expediente 110/000111)



--Declaración de aceptación de España de la declaración de
continuidad de la República Checa al Convenio sobre
reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de
obligaciones alimenticias con respecto a menores, hecho en La
Haya el 15 de abril de 1958 (Número de expediente 110/000112)



--Declaración de aceptación de España de la declaración de
continuidad de Suriman al Convenio de reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia de obligaciones
alimenticias con respecto a menores, hecho en La Haya el 15 de
abril de 1958 (Número de expediente 110/000113)



--Declaración de aceptación de España de la adhesión de
Venezuela al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el
18 de marzo de 1970 (Número de expediente 110/000114)



--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y el Principado de Andorra sobre el régimen de
circulación de personas, de 25 de mayo de 1994 y 17 de junio
de 1994 (Número de expediente 110/000115)



--Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y
la Federación de Rusia, firmado en Madrid el 12 de abril de
1994 (Número de expediente 110/000116)



El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Dictámenes
de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales.

¿Grupos que desean fijar su posición en relación con alguno de
los dictámenes de este apartado? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Queremos intervenir en relación con el Tratado de Amistad y
Cooperación entre el Reino de España y la Federación Rusa, que
se corresponde con el número 48 del orden del día.

Señor Presidente, señorías, sin duda todos los tratados de
amistad y cooperación que se firman por parte de nuestro país
y cualquier otro de la geografía mundial son importantes, pero
éste concretamente, el de Amistad y Cooperación con la
Federación Rusa, lo es especialmente; y lo es especialmente
porque quizás este país, a pesar de los avatares históricos
recientes, sigue siendo un gran país, una gran potencia --no
olvidemos que sigue siendo una potencia militar de primer
orden--, sigue siendo miembro permanente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto y su posición
en la política mundial sigue siendo de un enorme peso. Por
tanto, un tratado de amistad y cooperación entre el Reino de
España y la Federación Rusa es altamente importante.

En el Tratado se dice que tanto el Reino de España como la
Federación Rusa, comprometidos en la tarea de construcción de
un orden internacional más justo, humano, pacífico y
democrático, son conscientes de sus responsabilidades en el
mantenimiento de la paz en Europa y en el mundo y acatan los
compromisos fijados en las actas finales de la Conferencia de
Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). En los diferentes
artículos del mismo se habla de cooperación en el marco de
Naciones Unidas, de cooperación en términos económicos, de
cooperación en terrenos científicos y técnicos,



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en materia militar, en materia de formación de expertos
económicos, en materia de investigación en todos los ámbitos;
se habla de asistencia jurídica en cuestiones civiles y
familiares, de cooperación en la lucha contra el crimen
organizado y el tráfico ilegal de narcotráficos, así como
contra el terrorismo; y de cooperación en la protección del
medio ambiente y, en general, en la defensa de los valores de
los derechos humanos.

Señor Presidente, del viejo orden al nuevo desorden en el que
se encuentra la comunidad internacional, este país puede ser
un buen exponente de esta frase y probablemente este tratado,
con la modestia con la que nuestro país puede colaborar en el
mismo, puede ser importante --y debe serlo-- para evitar que
en ese país surjan algunas tendencias peligrosas, como las
internacionalistas, que quieren quizá volver a la gran Rusia
de los zares que, sin duda, significaría un factor de
inestabilidad muy importante en el contexto europeo.

Además de aprobar este tratado, creo que debemos
comprometernos todos los grupos políticos aquí presentes que
vamos a participar en esta ratificación en el compromiso de
impulsar desde este Parlamento la aplicación práctica de este
tratado. No debe ser un tratado que se quede más o menos en la
forma o en la literalidad de los acuerdos, sino que, si todos
los grupos políticos aquí representados adquirimos ese
compromiso, ese tratado debe ser impulsado para llevarlo a la
práctica.

Termino, señor Presidente, obviamente expresando el voto
favorable de nuestro Grupo Federal de Izquierda Unida
Iniciativa per Catalunya a la ratificación de este tratado.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Rupérez.




El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, señorías, en nombre
del Grupo Popular querría consumir un breve turno a favor de
este Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España
y la Federación Rusa, un turno a favor que contuviera alguna
de las razones por las cuales nosotros estimamos importante y
significativo este tratado y también en turno a favor que
contuviera alguna breve glosa del contenido del tratado. No
queremos simplemente limitarnos a subrayar que es importante
la Federación Rusa en la vida internacional y que,
consiguientemente, sea importante también este tratado entre
España y esa Federación, sino que querríamos recordar alguno
de los extremos que nos parece deben ser tenidos en cuenta a
la hora de estimar la trascendencia de este tratado y las
consecuencias para la vida exterior, para la política exterior
de España ha de tener.

En primer lugar, queremos subrayar que este tratado, siendo un
tratado-tipo --es prácticamente el mismo que la Federación
Rusa está firmando con otros países de nuestra área, bien sean
aliados en la Alianza Atlántica o bien sean socios en la Unión
Europea--, comienza con un preámbulo significativo en tanto en
cuanto se establece una doble distinción, que es la distinción
que nosotros querríamos mantener entre lo que es, por una
parte, todo el conjunto relativo al mundo de la Unión Europea,
de la Alianza Atlántica, y, por otra, al mundo, también
coincidente en parte, de la CSCE, mundos que se afirman
separados, que no se confunden y que, sin embargo, suponen
también puntos de referencia significativos en esas relaciones
bilaterales entre los miembros de esas instituciones y la
Federación Rusa.

Queríamos recordar también que este tratado, que como todos
los tratados-tipo de amistad y cooperación tienen una voluntad
amplia, política, de descripción programática de relaciones, y
que desde ese punto de vista contiene obligaciones
específicas, de extensión a otros tratados más concretos que
en su momento también deberíamos considerar en esta Cámara,
sin embargo contiene afirmaciones de tipo comprometido que
conviene que esta Cámara recuerde, y que esta Cámara recuerde
también al Ejecutivo, porque, por ejemplo, en el artículo VII
se afirma que se prevé la existencia de encuentros al más alto
nivel, que tendrán lugar siempre que se considere necesario y,
como regla, al menos una vez al año. Esta fórmula, que es
habitual en este tipo de tratados, debería sin embargo, ser
también tenida en cuenta por la Cámara para exigir su
cumplimiento. No se trata simplemente de que estos acuerdos
reflejen esa voluntad de encuentro, sino de que, además, los
encuentros se realicen, y uno tiene razones para preguntarse
si efectivamente se van a realizar. Se prevé también que los
Ministros de Asuntos Exteriores se encuentren al menos dos
veces al año, y en este caso cabe realizarse la misma
pregunta.

Al mismo tiempo se prevé que los Ministerios de Defensa habrán
de colaborar con objeto de permitir un mejor conocimiento de
las Fuerzas Armadas de cada país, en interés de fortalecer la
confianza mutua. Es una intención enormemente plausible y
loable que nosotros tomamos como compromiso serio de España al
respecto, pero que también convendría que el Ejecutivo lo
recordara para que no quedara simplemente en una declaración
poética.

Este tratado, teniendo en cuenta el contexto histórico en que
nos movemos y, sobre todo, teniendo en cuenta de dónde venimos
y de dónde viene la Federación Rusa, no deja de tener algún
aspecto que yo calificaría de irónico. Por ejemplo, en el
artículo VI se prevé que en el caso de que se produzcan
situaciones que, a juicio de una de las partes, supongan una
amenaza para la paz y la seguridad internacionales, las partes
se pondrán urgentemente en contacto con miras a concertar las
acciones que puedan emprenderse para aliviar la



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tensión y solucionar la situación. Pues bien, esta cláusula,
que en este momento aceptamos como normal, como deseable y
como lógica, fue la cláusula que la Unión Soviética intentó
imponer en todas sus relaciones con los países que formaron
parte del Pacto de Varsovia y fue la cláusula que en su
momento fue alegada, por ejemplo, para intentar justificar la
presencia de las tropas rusas en Checoslovaquia en 1968. Es
conveniente que también esta Cámara tenga noticia de estas
consecuencias irónicas de los cambios en la evolución
histórica que producen situaciones, que producen párrafos que,
siendo perfectamente normales en la situación histórica en que
nos movemos, sin embargo tuvieron una pesada carga histórica y
política en un pasado no demasiado lejano. Y es que, al fin y
al cabo, señorías, estamos contemplando, desde el punto de
vista convencional más profundo, la normalización de
relaciones con el país que fue, con razón para muchos de
nosotros, la encarnación de todos aquellos contravalores que
nunca quisimos ver aplicados en nuestras relaciones. Desde ese
punto de vista, la afirmación que hacen los dos Gobiernos y
los dos Estados de erigirse en garantes de los valores
democráticos y del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales es también índice suficiente del
cambio histórico habido, y también ese cambio histórico
habido, que permite en este momento la firma convencional de
este convenio, es significativo e importante para tener en
cuenta lo que significa esta ratificación y, al mismo tiempo,
para alegrarnos de que en el futuro el marco quede abierto a
las posibilidades que en todos los terrenos el tratado
contiene de colaboración y cooperación amplia y profunda entre
España y ese gran país que es la Federación Rusa.

Quería acabar mi intervención rogando a la Presidencia, que
sabemos que siempre ha sido sensible a este tipo de
planteamientos, que hiciera llegar al Ejecutivo algún tipo de
pequeña observación formal y sin embargo significativa en el
contexto del tratado.

En el preámbulo se afirma --cito literalmente-- que «teniendo
en cuenta la participación de Rusia en la comunidad de Estados
independientes, así como el que Rusia es el Estado continuador
de la Unión Soviética...». Nosotros creemos que ese
«continuador» debe ser seguramente producto de una mala
traducción del texto español. No es la Federación Rusa
continuadora de la Unión Soviética. La Federación Rusa, en el
mejor de los casos, sería el Estado sucesor de la Unión
Soviética; ésa es la formulación tradicionalmente utilizada
para el fenómeno de la sucesión de los Estados. Ciertamente,
es diferente decir que se sea sucesor a que se sea
continuador. No pensamos que la Federación Rusa se crea
continuadora de la Unión Soviética sino simplemente sucesora,
a efecto de los derechos y deberes internacionales
correspondientes. Por ello creemos conveniente, para que
respecto a las obligaciones internacionales en las que España
entra se tenga una conciencia clara de cuál es el alcance de
sus compromisos, que se ruegue al Ejecutivo --por ello
transmitimos nuestro ruego al Presidente de la Cámara-- que la
traducción española sea acorde con la realidad internacional
y, posiblemente, con el mismo texto ruso.

Estas son las razones, señor Presidente, señorías, que nos
llevan a recibir con satisfacción este texto y a anunciar
nuestro voto favorable a la ratificación que sobre él se nos
pide.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rupérez.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez.




El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): Señor
Presidente, el Tratado de Amistad y Cooperación entre nuestro
país y Rusia tiene, por muy distintas razones, una importancia
extraordinaria; de ahí que los portavoces de los grupos en la
Comisión de Asuntos Exteriores entendiéramos conveniente e
incluso indispensable reproducir en intervenciones en el Pleno
lo que habíamos dicho en Comisión, con vistas a destacar su
trascendencia ante nuestros colegas y ante la opinión pública
en nuestro país, pero también para indicar a nuestros
interlocutores rusos la consideración que nos merecen las
relaciones que se articulan en este tratado; interlocutores
que tengan ustedes presente que están siguiendo con muy
particular atención este trámite y que además esperan mucho
del propio tratado que vamos a ratificar.

Decía, señorías, que el tratado tiene singular importancia, y
querría apoyar esta afirmación en cuatro razones. Importante
por el socio con quien se firma; importante por el momento en
que se firma; importante por el contenido y alcance del
tratado mismo; e importante por los efectos que puede y que
deberá tener para Rusia y para España como elemento de
progreso hacia el mundo con el que estamos comprometidos, el
mundo que queremos contribuir a articular desde nuestro país.

Brevemente me referiré a cada uno de estos aspectos.

Quizá sería innecesario extenderse sobre la entidad del socio
con quien nos alía este tratado: Rusia. Rusia ha sido una
superpotencia --como Unión Soviética. Lo es, a pesar de las
crisis que está atravesando--; pero sobre todo va a ser una
superpotencia en el futuro, un gran país; primer productor de
casi todo lo que en el mundo se produce y, en cualquier caso,
un país llamado a jugar un papel clave en el escenario
mundial. Pero, además, es un país en el que España y lo
español despiertan un interés, un cariño y una amistad, que, a
veces, sorprenden y conmueven; por muchos motivos y en casi
todos los terrenos: de Cervantes a Cela, o de Velázquez a
Picasso, nos encontramos en Rusia con una



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actitud de fascinación por España que no siempre se
corresponde desde nuestro país, y a la que es importante ir
correspondiendo aunque sólo sea por una razón de equidad en el
conjunto de las relaciones entre nuestras dos sociedades.

Importante, pues, por el interlocutor; pero acaso más
importante es el Tratado por el momento que vive Rusia y que
vive el mundo: por eso es aún mayor la oportunidad de este
tratado. Rusia, recién salida de una convulsión sin
precedentes y que nadie había previsto, Rusia en plena
búsqueda de su identidad, de su papel, de un papel acorde con
su dimensión y su responsabilidad, y todo ello en un mundo que
deja atrás definitivamente, irreversiblemente, el orden
internacional en que hemos vivido sumidos durante más de
cuarenta años, basado en la confrontación de bloques y en la
tensión Este-Oeste. Y estamos todos a la busca de una
alternativa, de una articulación nueva en la que, ¡qué duda
cabe!, Rusia va a ser uno de los protagonistas esenciales. En
este momento precisamente de duda, de conmoción, de crisis, de
dificultad, llega la ratificación de este tratado, señorías,
quizás cuando Rusia más necesita de amigos, más necesita de
apoyo; amigos y apoyo esenciales para su presente, pero que
además ciertamente no se olvidarán de cara al futuro, sobre
todo en la medida en que amigos y apoyos sepamos ser eficaces.

Decíamos que el tratado es importante también en sí mismo --
quienes me han precedido en el uso de la palabra han
desarrollado este punto con más detalle--. Es efectivamente un
marco adecuado para desarrollar una cooperación a la que no se
pone límites; es la declaración de una serie de principios que
traen a Rusia a valores de progreso y que son nuestros mismos
ideales, a los valores que recoge nuestra Constitución. Así,
en el artículo III del tratado se indica que la cooperación
debe llevar al fortalecimiento general de la democracia, del
pluralismo político, de los principios del Estado de Derecho y
de la protección de los derechos humanos. Y en el artículo IV
se insiste en la necesidad de, merced a este tratado,
propiciar el avance del proceso de desarme y el fomento de las
medidas de no proliferación.

El tratado abre, además, una serie de puertas, de espacios que
profundizar: la cooperación cultural en el artículo X; la
cooperación en el ámbito de la defensa en el artículo XI; la
cooperación económica, financiera, industrial y tecnológica en
los artículos XII al XVIII; y en tema tan importante para
Rusia en la situación en que se encuentra, como es el medio
ambiente y la protección de la naturaleza, a que se dedica el
artículo XIX. Quizá, igualmente esencial sea la cooperación
que se prevé en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico
y el crimen organizado, extremos estos que se proyectan en los
artículos XX a XXII.

Un dato no tan frecuente en tratados semejantes, y que yo
querría destacar, es que en éste se prevé la cooperación entre
los parlamentos y los parlamentarios de ambos países,
dedicándose el artículo VIII precisamente a este tema.

Cuando señalábamos la importancia del tratado subrayábamos que
también es esencial por las consecuencias que deberá tener
para España. Porque España, señorías, llega tarde a estas
relaciones, como llegamos tarde a tantas otras cosas por
cuestiones del pasado; y aquí estamos recuperando tiempo y
espacios perdidos. Merced a este tratado nos colocamos
jurídicamente y respecto a Rusia como los países de primera en
nuestro entorno: como Alemania, como Francia y como Italia.

Pero el tratado es también muy importante por las
consecuencias que va a tener para Rusia como elemento
significativo en su evolución: en su consolidación como Estado
y como sociedad democrática, y en su consagración como parte,
como socio del proceso de construcción europea. Quizá sea esto
lo más destacado. Los dirigentes rusos, el pueblo ruso, han
señalado claramente su aspiración a estar con Europa, han
dicho, como otros pueblos del centro y del este de nuestro
continente que recuperan su identidad, que recuperan su
dignidad, que recuperan la palabra, que se sienten
comprometidos con el proceso de construcción europea y que
además identifican ese participar en el proyecto continental
con sus aspiraciones de libertad y de prosperidad.

Además, y más allá de tormentas puntuales, yo creo que Rusia
está dando serias pruebas de progreso en el sentido de la
responsabilidad, y quiero referirme fundamentalmente a su
actitud en el caso de Bosnia-Herzegovina, a su papel en el
Grupo de Contacto y, desde luego, al dato esencial que ha
supuesto la retirada de las tropas rusas de los países
bálticos, como prueba de que definitivamente Rusia está
queriendo jugar al orden internacional de derecho, de respeto
y libertad con el que nosotros estamos comprometidos.

Con este tratado firmado hace unas semanas por el Presidente
del Gobierno de España y por el Jefe de Estado de la
Federación Rusa, y que hoy estamos ratificando, España
reconoce a Rusia esa condición de socio europeo, como estamos
apoyando serena, firme, rigurosamente sus esfuerzos para
ganarse la adhesión al Consejo de Europa y sus esfuerzos para
trabajar en conjunción en tema tan delicado como es el de la
seguridad, dentro de la Unión Europea Occidental y de la OTAN.

España está comprometiéndose en favor de una Rusia democrática
y europea y apoyando esa opinión, conscientes de que su éxito
y consolidación interesa profundamente a los rusos, pero que
interesa casi por igual a Europa y a España.

Por cierto, señorías, que el Tratado no se acaba con el voto
que vamos a emitir, sino que apenas si, con este voto, se pone
en marcha un cierto proceso que no será



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fácil de cumplir. Decía el señor Rupérez que en el tratado se
prevén precisamente una reunión al año en régimen de cumbre,
dos reuniones al año en régimen de Ministros de Asuntos
Exteriores y decenas de mecanismos para llenar de contenido un
texto ambicioso y que de ninguna manera puede quedarse en eso,
en un papel sin más. Ha de ser tarea de todos nosotros el
llenarlo efectivamente de contenido, el apoyar al Gobierno
para que se desarrollen todas las potencialidades que prevé el
Tratado, con responsabilidad, con tenacidad, con imaginación e
incluso con audacia.

Desde el Grupo Socialista damos un voto optimista al tratado y
comprometemos, sobre todo, nuestro esfuerzo para vigilar su
cumplimiento y cooperar con el Gobierno en la exploración y
fecundación de todos los caminos que el tratado nos abre.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de los
dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios internacionales. En primer lugar, sometemos a
votación el dictamen de la Comisión sobre el Convenio de
Seguridad Social entre el Reino de España y la Federación de
Rusia.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 305; a favor, 304; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Declaración de aceptación de la adhesión de Las Bahamas al
Covenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 302; a favor, 302.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Declaración de aceptación de España de la extensión a los
Departamentos y Territorios de Ultramar franceses del Convenio
sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de
obligaciones alimenticias con respecto a menores.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 303; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Declaración de aceptación de España de la extensión a las
Antillas Holandesas del Convenio sobre reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia de obligaciones
alimenticias con respecto a menores.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 302; a favor, 302.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Declaración de aceptación de España de la adhesión de
Liechtenstein al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de
decisiones en materia de obligaciones alimenticias con
respecto a menores.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 306.




El señor PRESIDENTE: Quda aprobado el dictamen.

Tratado de asistencia mutua en materia penal entre el Reino de
España y Canadá.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 305; a favor, 305.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Declaración de aceptación de España de la declaración de
continuidad de la República Checa al Convenio sobre
reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de
obligaciones alimenticias con respecto a menores.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 305; a favor, 302; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Declaración de aceptación de España de la declaración de
continuidad de Surinam al Convenio de reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia de obligaciones
alimenticias con respecto a menores.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 304; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Declaración de aceptación de España de la adhesión de
Venezuela al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 306.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y el Principado de Andorra sobre el régimen de
circulación de personas.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 305; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y la
Federación de Rusia.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 302; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.




DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY DE ORDENACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL
(Número de expediente 121/000053)



El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día: Debates
de totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad
relativo al proyecto de ley de ordenación del sistema
eléctrico nacional. Para la presentación del proyecto, en
nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de
Industria. (Rumores.)
Señorías, estamos en sesión. Ruego guarden silencio y ocupen
sus escaños.

Cuando quiera, señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.

Señorías, tengo hoy el honor, en nombre del Gobierno, de
presentar a esta Cámara el proyecto de ley de ordenación del
sistema eléctrico nacional. Su fundamento radica en la
necesidad de dotar al ordenamiento jurídico español de una
norma con rango de ley que establezca el marco jurídico de
regulación y ordenación del sistema eléctrico, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución. Se trata de
consolidar los principios básicos de regulación que han ido
delimitando la normativa eléctrica y de perfeccionar
determinados aspectos de ordenación, como el sistema de
retribución y el proceso de integración de la energía
eléctrica. La ley es así mismo necesaria desde la óptica de la
introducción de mecanismos de competencia y de mayores grados
de transparencia, mediante la diferenciación de actividades
que forman parte del negocio eléctrico. Por tanto, la ley debe
servir al objetivo primordial de otorgar la máxima seguridad
jurídica al funcionamiento del sistema eléctrico nacional
frente a una situación, la actual, caracterizada por un marco
de regulación que no obedece siempre a un desarrollo
sistemático de disposiciones normativas de suficiente rango y
amplitud, máxime teniendo en cuenta el próximo ciclo inversor
y en un contexto, como el europeo, en el que se han producido
ya cuatro iniciativas legales en los últimos años y un debate
importante sobre lo que haya de ser el mercado interior
energético de la Unión Europea.

Señorías, con carácter previo a la descripción del contenido
del proyecto de ley, me parece conveniente poner de manifiesto
algunas consideraciones sobre tres aspectos, a mi juicio
básicos, que han sido objeto de tratamiento desde distintas
instancias, tanto políticas como económicas. (El señor
Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
Me referiré, en primer lugar, al equilibrio que entre
regulación y libertad de empresa subyace en el proyecto de
ley.

El proyecto de ley --es cierto-- declara servicio público a
todas las actividades que tienen por objeto el suministro de
energía eléctrica en lo que se llamará el sistema integrado.

Dicha configuración del sistema eléctrico como servicio
público no hace sino continuar una tradición, ya vieja en
nuestro ordenamiento jurídico, que se ha optado por mantener,
dada la salvaguardia que dicha configuración otorga a los
derechos de los consumidores a un suministro eléctrico como
servicio esencial. Sin embargo, ello se materializará mediante
la sujeción de la actividad privada a autorización
administrativa previa, siendo ésta una fórmula, de las varias
posibles, que resulta de las de menor complejidad en relación
con las vigentes en otros ordenamientos jurídicos. Se exceptúa
de este tratamiento la explotación unificada que se reserva el
Estado a través de una sociedad con mayoría pública.

Permítanme a estos efectos citar al Consejo de Estado cuando,
al referirse al tipo de equilibrio entre la intervención
administrativa y el principio de libertad de empresa,
establece textualmente: Con el tipo de intervención
administrativa por la que el proyecto opta encuentra respaldo
constitucional en el artículo 128.1 de la Constitucional, que
subordina al interés general toda la riqueza del país en sus
distintas formas, cualquiera que fuese su titular, así como en
el artículo 40.1, que impone a los poderes públicos el deber
de promover las resoluciones favorables para el progreso
social y económico y no menoscaba --dice la alta instancia
consultiva-- la libertad de empresa que reconoce el artículo
38 de la norma fundamental.

En segundo lugar y en relación a lo que es la esencia y
justificación de la política energética, no puedo dejar de
hacer mención al concepto esencial en esta materia



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de seguridad en el suministro. La fundamentación de la
intervención administrativa en los sistemas eléctricos --en
todos los sistemas eléctricos-- se encuentra en las
características técnicas y económicas de la producción, del
transporte y de la distribución de la energía eléctrica, ante
la trascendencia social y económica de este tipo de
suministro. Estas características impiden de facto introducir
la libre competencia, en el sentido lato, en el sector
eléctrico y son esencialmente las siguientes. El transporte y
la distribución se realizan mediante el uso de redes, lo que
establece --SS.SS. lo conocen-- el ejemplo más clásico de
monopolio natural. El flujo de energía en las redes se
distribuye de acuerdo con leyes físicas y no es ni siquiera
directamente controlable por los operadores, lo que da lugar a
la mutua influencia entre sistemas y genera una serie de
problemas de control y de seguridad que obligan a establecer
ciertos grados de regulación en su gestión. La imposibilidad
de almacenar la energía eléctrica, que debe ser producida y
suministrada en el mismo instante en el que el consumidor la
demanda, introduce, además, ulteriores problemas de gestión,
de seguridad, de calidad del suministro, y hace necesario un
mecanismo de despacho que garantice el equilibrio técnico del
sistema en cada momento. Esto es lo que llamamos la
explotación unificada. La diversificación, además, de fuentes
energéticas es un elemento esencial para la garantía del
suministro a largo plazo, así como para la estabilidad de los
precios finales de la energía eléctrica frente a la
volatilidad de los precios de las fuentes de energía primaria.

Por otra parte, debe también tenerse en cuenta, en un sector
como éste, la existencia de economías de escala y de alcance
en la producción de la energía. Dado, pues, que el kilovatio
hora que consumimos es para el consumidor un bien homogéneo,
un bien compuesto a partir de procesos productivos muy
distintos y de fuentes energéticas también diversas, para que
todos los consumidores, todos, se beneficien de la mayor
diversificación obtenida de la planificación realizada, ésta
debe ser conjunta a nivel nacional. La mayor seguridad de
suministro que esto implica requiere realizar la integración
de toda la potencia y energía del sistema en un pool único que
dé lugar a ese bien económico compuesto, distinto del ofrecido
por cada generador individualmente. El marco retributivo debe
estar en consonancia con estas características esenciales del
suministro eléctrico y con el desarrollo de los negocios
eléctricos, de manera que no se comprometa la viabilidad a
corto y largo plazo de los mismos. En este sentido, un sistema
de costes reconocidos, basado en costes estándares o en el
resultado de concursos competitivos, puede garantizar la
recuperación de las inversiones e introducir, sin embargo,
incentivos muy importantes a la eficiencia. Por el contrario
un sistema basado en costes marginales o costes de oportunidad
no permite, en un conjunto amplio de supuestos, economías de
escala en condiciones de monopolio natural fundamentalmente,
la cobertura de los costes de inversión.

En tercer lugar, el proyecto de ley permite establecer un
marco adecuado para el desarrollo de las relaciones entre la
Administración general del Estado y las administraciones
autonómicas a partir del régimen competencial establecido en
nuestra Constitución. Debe destacarse la importancia otorgada
por el proyecto de ley a las relaciones entre estas dos
administraciones en aspectos esenciales para el suministro de
la electricidad. El proyecto prevé la posibilidad de convenios
de cooperación para la más eficaz gestión de las actuaciones
administrativas relacionadas con las instalaciones eléctricas.

La planificación eléctrica, por otro lado, básica e
imprescindible para un eficaz suministro eléctrico, deberá ser
realizada con la participación de las comunidades autónomas;
exigencia que lleva a un mutuo intercambio de información
futura a los efectos de la mayor eficacia y coordinación en su
desarrollo. Está prevista, igualmente, la representación de
las comunidades autónomas en el Consejo consultivo de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, ente regulador del
sistema y uno de los pilares de la nueva configuración del
sistema eléctrico. Pero, además, los criterios de ordenación
unificada de la distribución serán establecidos igualmente con
la participación de las comunidades autónomas, con el objetivo
ya expresado de que exista la adecuada coordinación en el
desarrollo también de estas actividades. Igualmente, las
líneas de actuación en materia de calidad del servicio,
fundamentales desde el punto de vista de la percepción
ciudadana, se realizarán con la colaboración mutua de ambas
administraciones. Es decir, señorías, las actuaciones
coordinadas entre las administraciones autonómicas y la
Administración general del Estado constituyen una referencia
central en el proyecto de ley, al ser consideradas por el
Gobierno, como no podía ser menos, como pieza clave en sus
actuaciones para el mejor y más eficaz suministro de
electricidad a los ciudadanos. Todo ello dentro del estricto
respeto a las competencias que la Constitución y los estatutos
de autonomía establecen para unas y otras administraciones. Me
permitirán, a continuación, que dedique algunos minutos a
explicar algo más pormenorizadamente la finalidad de la ley y
los criterios básicos que han inspirado su elaboración. La Ley
de Ordenación del Sistema Eléctrico responde, en toda su
concepción y en su desarrollo, a un objetivo que más allá de
los aspectos técnicos, de los aspectos jurídicos, de los
aspectos económicos, difíciles, por otro lado, de trasladar a
los ciudadanos en toda su complejidad, implican el intento, el
impulso, el objetivo central de la ley, que es garantizar el
suministro de energía eléctrica a todos los distintos
consumidores al menor coste posible y con unos



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niveles adecuados de calidad y de servicio. Esta es la esencia
y la finalidad última de la ley, para lo cual adopta una serie
de criterios que son los que han presidido su elaboración. En
primer lugar, el criterio de protección a los consumidores y
de ampliación de su capacidad de elección. La ley otorga una
especial relevancia a la protección de los consumidores, a la
mejora de la calidad del suministro y de las relaciones entre
éstos y las compañías eléctricas. Una importancia que se pone
de manifiesto por las siguientes previsiones establecidas en
la ley. Las disposiciones en materia de suministro definen las
obligaciones y los derechos de las empresas eléctricas para el
suministro a los consumidores. Cabe destacar en este sentido
la información a los usuarios de las tarifas más convenientes
para ello, la aplicación de las tarifas establecidas por el
Gobierno y la aplicación de programas de gestión de la
demanda.

En segundo lugar, la calidad del suministro es una exigencia
básica de la ley para la cual está previsto el establecimiento
de programas con las comunidades autónomas y un conjunto de
mecanismos de incentivación y de control actualmente
inexistentes. Debe hacerse mención, en este sentido, a la
posibilidad de que se produzcan reducciones en la facturación
por suministros que no cumplan los criterios de calidad
establecidos que corresponderán a las empresas que determine
la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Y ello con
absoluta independencia del régimen de sanciones que por estas
mismas razones pueda y establece la ley. Estos mecanismos,
señorías, sitúan a España en una posición avanzada, créanme,
en cuanto a la normativa en la materia, respecto a los países
de nuestro entorno en este orden de cosas.

La tercera cuestión que quería enfatizar, en relación con la
toma en consideración de los consumidores y la mejora o el
aumento en su capacidad de elección, es precisamente que a los
consumidores se les abren nuevas posibilidades; nuevas
posibilidades como consecuencia de las varias opciones que la
ley presenta. A través del sistema integrado, en primer lugar,
el consumidor puede acceder a la energía integrada de precio
establecido por las tarifas. Por otra parte, consumidores con
características especiales de consumo podrán acceder al valor
integrado de la energía, que se configurará a través de una
tarifa mayorista, lo que equivale a un acceso directo para
ciertas categorías de consumidores a lo que técnicamente
llamamos el pool. Pero, además, en el sistema independiente
que la ley establece y configura, el consumidor puede adquirir
energía al generador de su elección, o incluso energía
importada, satisfaciendo, eso sí, los costes atribuibles a la
garantía de potencia y de tránsito ocasionados al sistema
integrado.

El segundo aspecto y el segundo principio que ha presidido la
elaboración de este proyecto es la necesidad de introducir
nuevos elementos de competencia, bien por la generación de más
competencia, bien por la creación de un marco institucional
que simule condiciones de competencia. Se trata de afirmar con
toda claridad que la competencia puede ser un mecanismo eficaz
para asegurar el máximo beneficio económico también para los
consumidores. No obstante, el sector eléctrico, como he puesto
de manifiesto anteriormente, tiene un conjunto de
singularidades estructurales que no vale la pena ignorar y que
hacen imposible la existencia real de una competencia como la
que se puede producir en otros sectores de la vida económica.

La ley plantea la introducción de competencia en todas
aquellas actividades del negocio eléctrico susceptibles de
ella. Así, en primer lugar, se abre a la competencia la
asignación de las nuevas centrales de generación, con el
objetivo de introducir una mayor eficacia en la operación y en
la construcción de las mismas y, en consecuencia, asegurar el
mínimo coste posible para los consumidores. Ello se realizará
a través de la convocatoria de concursos para la adjudicación
de las nuevas centrales. Además, en el sistema integrado la
importación de energía se podrá realizar también en régimen de
concurso, pudiendo ser realizada por los generadores y por la
sociedad gestora de la explotación unificada. En segundo
lugar, se introduce un sistema independiente con la
posibilidad de libertad de contratación del suministro
eléctrico, tanto en cuanto a precio como en cuanto a
condiciones del servicio entre ciertos clientes y generadores,
con la única restricción de que no se perjudique al sistema
eléctrico nacional. En tercer lugar, en el transporte y en la
distribución se contempla la posibilidad de asignación de
instalaciones en régimen de concurso cuando resulte
conveniente para la extensión de la red, dado que a partir de
la vigencia de esta ley --si SS.SS. la aprueban--, las
autorizaciones de instalaciones en transporte y distribución
no se otorgan en régimen de derechos exclusivos.

Estas iniciativas generarán una mayor eficiencia en el sistema
eléctrico y proporcionarán mayor capacidad de elección a los
distintos agentes del sistema. No obstante, dada la
importancia de la industria y sus peculiares características
estructurales, su introducción debe establecerse mediante los
adecuados mecanismos de transición y de gradualidad, así como
estableciendo condiciones de acceso que eviten la entrada
también de eventuales competidores que no ofrezcan garantías
suficientes para los consumidores. Con estas medidas se
posibilita una evolución gradual del sistema eléctrico
español, en consonancia con las pautas de desarrollo de los
sistemas eléctricos de los países de nuestro entorno y del
mercado interior de la energía, facilitando la convergencia en
precios y en estándares de calidad del servicio.

La tercera consideración de las que han presidido de una
manera muy importante la elaboración de la ley



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es la mayor transparencia y la mayor eficiencia en la
regulación. La naturaleza del servicio y las características
estructurales del sector requieren --ya lo he dicho-- un
adecuado grado de regulación, por lo que la ley pretende
también establecer la máxima transparencia como una de sus
directrices prioritarias. Ello es fundamental, además, para
defender los intereses de los consumidores, que de otra forma
podrían sufrir abusos de carácter monopolista, y para evitar
distorsiones en el mercado. En este orden de cosas, dos
mecanismos avanzan en esta dirección.

Primer mecanismo: el establecimiento de la separación de las
distintas actividades de suministro eléctrico, con el objetivo
de diferenciar los negocios que constituyen monopolios
naturales, hacer patente los recursos utilizados y rentas
generadas en cada uno de ellos, y superar el complejo sistema
de compensaciones actual. La separación de actividades no
impide que las empresas actuales puedan seguir operando
plenamente en las actividades del negocio eléctrico en las que
están presentes, si bien, después de un período transitorio
amplio, deberán separar sus actividades de generación y de
distribución dentro del sistema integrado. No obstante, tras
la aprobación de la ley, la separación contable entrará
plenamente en vigor, a fin de conseguir una claridad y una
transparencia y simplificar el propio sistema de
compensaciones que merecerá, ciertamente, un mayor
conocimiento incluso de la razonabilidad financiera,
económica, del funcionamiento de las diferentes compañías, de
los diferentes negocios.

El segundo mecanismo es la creación de un órgano regulador
autónomo denominado Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.

La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, ente regulador,
constituye uno de los elementos, quizá, más novedosos en la
regulación eléctrica española. Entes de similar naturaleza o
funciones existen en países como Gran Bretaña y los Estado
Unidos, o se están creando a raíz de las últimas y más
recientes regulaciones eléctricas en países que antes se
caracterizaban por regímenes de monopolio estatal. La Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional cuenta con amplias funciones en
relación con el desarrollo normativo y con la aplicación del
régimen retributivo y tarifario. Es el ente responsable de
velar para que la explotación unificada se realice
correctamente y jugará un papel muy importante en la
elaboración de la planificación eléctrica y la autorización de
nuevas instalaciones. Adicionalmente se constituye como el
órgano inspector y de arbitraje del sistema, estando al
servicio tanto de la Administración General del Estado como de
las administraciones autonómicas. Estas Funciones de la
Comisión le otorgan, en consecuencia, un papel central en el
sistema eléctrico, de mayor alcance, si me lo permiten, que el
que en otros países tiene el órgano regulador que podríamos
considerar asimilable.

La cuarta consideración, señorías, es la referente a la
seguridad y a la estabilidad. Dadas las características
específicas del sector es fundamental introducir la máxima
seguridad al entorno legal y económico en que se desenvuelve
el mismo. Esto resulta además especialmente importante en un
momento en el que el sector tiene que volver a plantearse
iniciar un importante proceso de inversiones para aumentar su
capacidad en los próximos años. Para todo ello la ley del
sistema eléctrico, en primer lugar, proporciona el máximo
rango legal para la regulación del sector, lo cual añade una
imprescindible estabilidad para incentivar la inversión de
grandes cantidades de recursos con largos períodos de
maduración que oscilan entre los 25 y 30 años en muchos casos.

En segundo lugar, introduce los principios esenciales del
régimen económico para definir los términos de retribución
económica de las centrales de generación y de las
instalaciones de transporte y distribución. Dichos principios
son: remuneración de las instalaciones y actividades según
costes reconocidos, con el objeto de fomentar la eficiencia en
la prestación del servicio; introducción, como he dicho ya,
del procedimiento competitivo en los concursos para las nuevas
instalaciones; e introducción de incentivos a la eficiencia en
la gestión, calidad del suministro y a la eficacia en la
gestión de la demanda.

La liquidación de los distintos flujos de energía, para dar
cumplimiento a los principios de integración económica de la
energía y de retribución según costes reconocidos, tanto a
partir de estándares para instalaciones existentes como del
resultado de los concursos para las nuevas instalaciones de
generación, será realizada --y esto es también una novedad de
la ley-- por la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional en
colaboración con la sociedad gestora de la explotación
unificada. Pero era necesario, y éste es otro de los elementos
básicos en la elaboración de la ley, establecer un régimen de
gradualidad. El sector eléctrico, señorías, es una de las
industrias claves de cualquier país, a cuyo cargo se encuentra
el suministro de un bien básico para la población y un bien
básico para la actividad económica, tiene una importancia
trascendental en los mercados financieros, tanto en el mercado
bursátil como en el mercado de deuda y, por ello, la
ordenación del sector que configura la ley tampoco podía
significar una ruptura radical con la situación actual. La ley
se preocupa, pues, de consolidar los principios básicos que
nuestra regulación ha venido desarrollando para el sector a lo
largo de las últimas décadas, fundamentalmente el de
funcionamiento como un conjunto integrado del sistema mediante
la planificación conjunta de la nueva capacidad y la
explotación unificada; el principio de tarifa única para cada
tipo de consumidor aunque con carácter de tarifa máxima, y la
retribución a las empresas de acuerdo con un esquema de costes
reconocidos. Con ello se establece la continuidad



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con el modelo actual sin que ello impida el perfeccionamiento
del actual esquema y el desarrollo del mismo reforzando la
situación de las empresas ante la comunidad inversora y se
consigue, además, una máxima eficiencia económica en beneficio
directo de los consumidores, gradualidad que debería ir
acompañada también, señorías, de flexibilidad. A la hora de
plantear la elaboración de una norma con rango de ley se ha de
enfocar con suficientes mecanismos de flexibilidad que aporten
capacidad evolutiva al sector y le permitan, además, seguir
adaptándose a cambios como los que se están produciendo tanto
en el entorno tecnológico como en el económico y como en el
propiamente regulativo.

La ley sigue dicha flexibilidad mediante la coexistencia de un
sistema integrado con el denominado sistema independiente de
libre contratación. Con el primero se da continuidad a la
situación actual, con el segundo se abre una línea de
actuación en un contexto mucho más liberalizado. Se trata de
la coexistencia de un modelo de competencia mediante concursos
para retribuir a las nuevas centrales de generación con el
modelo actual, en el que la retribución se establece mediante
costes estándares, y finalmente mediante el establecimiento de
períodos transitorios para la introducción de los distintos
elementos de la ley que resultan novedosos.

Alguna referencia en esta presentación tengo que hacer a un
tema importante que también aborda la ley con soluciones, me
parece, flexibles, novedosas, a mi juicio inteligentes, y,
además, de aceptación general.

El Plan Energético Nacional 1983-92 previó la parada de la
construcción de diversas instalaciones nucleares --Lemoniz,
Valdecaballeros, el Grupo II de Trillo--, estableciéndose a
raíz del mismo la instrumentación de la puesta en práctica de
la parada nuclear, contemplada mediante instrumentos técnicos
y financieros.

El Plan Energético Nacional 1991-2000 no contempla ya la
construcción de ninguna instalación nuclear, remitiéndose al
posterior desarrollo legislativo para paralizar
definitivamente dichos proyectos de construcción de centrales
nucleares.

El proyecto de ley que se presenta da carta de naturaleza a la
situación ya preexistente, que deja de ser con ello
transitoria. Declara mediante la disposición adicional octava
la paralización definitiva de los proyectos suspendidos en
1983 y establece la oportuna compensación económica y su
instrumentación jurídica, evitando, por un lado, un perjuicio
patrimonial para los titulares de los proyectos
definitivamente paralizados y una carga insoportable también
para el conjunto de los consumidores y el conjunto del sistema
económico. En definitiva, este especialísimo procedimiento de
paralización de los proyectos y compensación económica ha
hecho innecesario acudir al procedimiento de revocación e
indemnización previsto en la Ley de Energía Nuclear. La
paralización definitiva acordada por la ley impide el
otorgamiento de las autorizaciones de explotación y deja sin
contenido las previas autorizaciones otorgadas. El proyecto
establece unos mecanismos para que, sin coste adicional para
el consumidor de energía eléctrica ni para el ciudadano, las
empresas titulares de las autorizaciones paralizadas pasen a
ser titulares de unos derechos de compensación con cargo a la
tarifa y éstos puedan ser cedidos a terceros, con lo que se
obtienen mejoras tanto en el coste de dicha compensación como
en la situación de las empresas titulares de dichos derechos.

El proyecto de ley --me van a permitir una última referencia y
con esto termino, señor Presidente--, es un proyecto que se
incardina también en la construcción del mercado interior de
la energía. No podía menos de ser, teniendo en cuenta la
necesidad de que España contribuya también a la generación de
ese mercado interior de la energía como parte del mercado
único.

Quisiera señalarles, en todo caso, la naturaleza que
históricamente ha caracterizado a los sistemas eléctricos
europeos. Hasta hace algunos años el modelo predominante en
estos países ha sido el de empresa única de mayoría estatal,
que procede de nacionalizaciones efectuadas a partir de
sistemas prácticamente no regulados que se fueron llevando a
cabo en las primeras décadas de este siglo. Este ha sido el
caso de los sistemas eléctricos francés, italiano, portugués,
británico, griego e irlandés. En otros países, como Alemania,
el monopolio tomó, sin embargo, un carácter más regional dada
la configuración política de aquel país. El sistema español se
ha configurado como un sistema en el que coexisten empresas
privadas y empresas públicas, aunque actuando todas ellas
sobre bases de derecho privado, esto es, sociedades anónimas,
no existiendo monopolio legal ni concesional por zonas, aunque
sí monopolio de facto en la distribución, dada la naturaleza
de monopolio natural de la actividad de distribución
fundamentalmente.

Ello exigió, especialmente a partir del impacto producido por
las crisis energéticas de 1974 y 1979, la introducción de
elementos de regulación con incentivos muy potentes a la
optimización, como el establecimiento de la explotación
unificada y la implementación de un sistema retributivo
coherente con ésta y basado en costes estándares. Pues bien,
es en ese contexto tan diverso, tan variado, con orígenes
históricos también diferentes entre unos y otros países como
se plantea en la Unión Europea el debate sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad, que ha dado lugar
hasta ahora a la discusión de diversas propuestas de directiva
de la Comisión, la última de las cuales sigue debatiéndose sin
encontrar el acuerdo necesario en el seno del Consejo de
Energía de la Unión Europea.

Pues bien, los elementos fundamentales que recoge



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el proyecto de directiva son los de seguridad de suministro,
introducción de competencia para la asignación de nueva
potencia, separación contable de las actividades eléctricas,
transparencia y acceso negociado a las redes eléctricas por
terceros. Los principios del modelo eléctrico contenidos en el
proyecto de ley, cuya presentación me honro en hacer hoy, no
solamente recogen estas ideas sino que posibilitan la
evolución futura con una mayor presencia de mecanismos
competitivos en el sector eléctrico sobre la base de mayor
transparencia, no discriminación y seguridad en el suministro.

Frente a algunas imágenes a menudo muy extendidas, y fruto
también, en parte, de cierta ignorancia sobre lo que está
teniendo lugar en la Unión Europea en materia de debate sobre
la configuración del mercado común de la electricidad, quiero
asegurar a SS.SS. que este proyecto de ley se inscribe con
suavidad en lo que es la evolución tendencial y los proyectos
de directivas. No tendrá España especiales problemas en su
adaptación a la evolución europea a partir de los principios
contenidos en el proyecto de ley.

En resumen, señorías, y para concluir, el Gobierno considera
que la ley de ordenación del sistema eléctrico nacional
constituye la imprescindible norma de sistematización,
ordenación e innovación del marco jurídico del sistema
eléctrico nacional conciliando el interés general con el
principio de libertad de empresa y de conformidad con
criterios de razonable y necesaria convergencia con las
iniciativas comunitarias. Al mismo tiempo proporciona un marco
para la colaboración entre las administraciones públicas para
el desarrollo armónico de sus respectivas competencias.

Finalmente, señorías, es éste el mejor instrumento para
garantizar al consumidor, y ello quiero reiterar, el
suministro de energía eléctrica al menor coste posible y con
una calidad adecuada.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias,
señor Ministro.

A este proyecto de ley de ordenación del sistema eléctrico
nacional han presentado enmiendas de devolución los Grupos
Parlamentarios Vasco (PNV), Popular y Coalición Canaria y una
enmienda de texto alternativo el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

En primer lugar, para la defensa de la enmienda de devolución
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor González de
Txábarri tiene la palabra.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.

Señor Ministro, hemos oído su exposición con mucho interés y
me ha sonado, si quiere que le diga la verdad, al cuento de
«Alicia en el país de las maravillas». Quizás sea así y usted
tenga razón; lo que no podrá concluir es que eso que usted
afirma desde esta tribuna es lo que dice el texto del proyecto
de ley. Quizás nos encontremos también aquí en la redacción de
un proyecto dual: que hayan sido unos los que redactan la
memoria del proyecto de ley, los que redactan la exposición de
motivos, y otro equipo el que redacta el texto normativo del
proyecto.

En esta Cámara nos tenemos que referir al texto normativo del
proyecto, no a su discurso, no a la memoria, porque, en
definitiva, es lo que esta Cámara va a poner en vigor. Por
ello, quisiera hacer las siguientes consideraciones en base a
fundamentar esta enmienda a la totalidad, solicitando al
Gobierno que retire este texto normativo.

Podríamos estar de acuerdo con esas consideraciones generales
que ha realizado en su intervención, incluso con grandes
partes de la memoria que acompaña a este proyecto de ley.

Convendrá con nosotros, señor Ministro, que al Grupo
Parlamentario Vasco le ha sido realmente difícil presentar
esta enmienda a la totalidad. Le ha costado mucho llegar a
esta decisión de presentar la solicitud de devolución al
Gobierno de este proyecto de ley, porque sabemos que este
proyecto de ley que empieza a debatirse en la Cámara
constituye uno de los principales textos normativos de esta
legislatura y abre, además, una vía de solución importante a
una de las principales losas que padece el sector eléctrico
español: la moratoria nuclear. Ahí terminan nuestros acuerdos
con el texto normativo.

Intentaremos corregir, mediante enmiendas al articulado, las
principales disfunciones que, a nuestro entender, presenta
este sistema --se lo digo desde el principio--, sin especiales
y sin demasiadas esperanzas de éxito, porque el problema no
está en las enmiendas ni en la voluntad política de llegar a
un consenso; el problema principal están en el modelo que
usted configura en este proyecto de ley o, lo que resulta aún
más problemático, en lo que no configura, es decir, en lo que
el texto no dice y que usted adorna en la memoria o en el
discurso que acaba de realizar desde esta tribuna. Son
cuestiones que no están recogidas en la parte normativa del
proyecto y que hay que aventurar. Su palabra es su palabra y a
nosotros nos merece, señor Ministro, mucho respecto, pero este
proyecto de ley abre a la Administración central una cuenta de
crédito, diríamos ilimitada, y los discursos de esta Cámara,
señor Ministro, no obligan. Eso hay que recogerlo en el texto
normativo del proyecto de ley.

Teniendo en cuenta la importancia de la ordenación del sector
eléctrico y su eficiencia en el resultado económico global,
entendemos que esta indefinición que tiene el texto normativo
del proyecto de ley, no resulta de recibo y por ello
solicitamos su devolución al Gobierno.

Quisiera indicar también desde el principio --para que no
quede ninguna duda--, que en el Grupo Vasco



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estamos por dar una solución definitiva a la moratoria
nuclear. Ya he dicho que hasta ahí llega nuestro acuerdo.

Entendemos, además, que esta solución a la moratoria nuclear
se está demorando innecesariamente. Se ha empeñado usted,
señor Ministro, en incorporar la moratoria nuclear como una
disposición adicional octava de este proyecto de ley, cuando
tanto por su naturaleza como por la importancia del elemento
temporal de este tema, tiene suficiente sustantividad como
para constituir una norma independiente e incluso ser aprobada
mediante un Real decreto-ley. La urgencia es constatable
simplemente por el costo que a todos los ciudadanos de este
Estado nos supone cada día de demora la aplicación de esta
moratoria.

Esta enmienda a la totalidad estaba prevista no para solicitar
la devolución del texto al Gobierno, sino como una propuesta
de texto alternativo que incorporase el modelo que este grupo
defiende y que entendemos debe inspirar y configurar la
ordenación del sector eléctrico español a mediados de la
década de los noventa.

Permítame, señor Ministro, que lamente profundamente la
racanería en el rechazo de la ampliación de plazos que este
grupo solicitó, impropia de la práctica parlamentaria que es
habitual en esta Cámara y que, según la rumorología de
pasillos, se debe a una extraordinaria presión gubernamental,
de la cual usted, señor Ministro, no debe ser precisamente
ajeno. Por ello, y en este contexto, la reflexión que queremos
hacer en defensa de la enmienda a la totalidad apoya las
principales razones que justifican esta enmienda.

Se ha encontrado usted, señor Ministro, con cuatro enmiendas a
la totalidad. Supongo que son un buen repaso político, buen
repaso político que deja bien claramente expuesto que esta
Cámara tiene un fuerte rechazo a este proyecto de ley. Este
proyecto de ley tiene una considerable falta de consenso que
supongo hará reflexionar al Gobierno, en su conjunto y a su
ministerio particularmente.

No tiene usted, señor Ministro, el consenso de los partidos
políticos; tiene usted cuatro enmiendas a la totalidad, una
con texto alternativo, tres solicitando la devolución al
Gobierno. No tiene usted el apoyo del sector eléctrico o, al
menos, de los grandes grupos que lo configuran. No tiene usted
tampoco el apoyo de las autoridades comunitarias que aun
reconociendo el esfuerzo literario formal en relación al
primer anteproyecto dudan seriamente de la contribución
efectiva del proyecto a la realización del mercado interior.

Tampoco tiene usted, aunque lo haya querido indicar así en su
intervención, el apoyo de las administraciones autonómicas.

Haga un repaso de los grupos que presentan enmienda a la
totalidad a este proyecto de ley, sitúelo en las coordenadas
autonómicas y extraiga las consecuencias que considere
oportunas. Por ello entendemos que con este panorama, señor
Ministro, la vocación de permanencia y estabilidad que debe
exigírsele a una ordenación de las características de las del
sector eléctrico queda muy en entredicho. Entendemos que estas
cuatro enmiendas a la totalidad son un fuerte golpe en la
línea de flotación de este proyecto de ley. En segundo lugar
quisiéramos hacer una reflexión en relación al modelo que
presenta el texto del proyecto de ley. ¿Cuál es el escenario,
la visión de futuro que este proyecto de ley propicia? No se
sabe. Cada grupo --y tendremos oportunidad de comprobarlo en
el propio debate-- va a sacar opiniones muy distintas de ese
texto normativo. Su propia intervención en esta Cámara ha sido
buena muestra de ello. Si de la lectura del texto normativo
hay que deducir su intervención en la mañana de hoy en esta
Cámara, debemos concluir que el texto normativo es muy
ambiguo. Al fin y a la postre no se sabe a ciencia cierta si
el modelo tiende a consolidar el sistema integrado, a
potenciar el sistema independiente o a hacer convivir así
«contra naturam», los dos sistemas.

En nuestra opinión la ordenación del sistema eléctrico debiera
consagrar con firmeza la seguridad jurídica en un sector en el
que todas las decisiones empresariales tienen una dimensión
temporal y cuantitativa de larga proyección.

Dado el volumen de captación de recursos en el mercado que
realizan las empresas eléctricas, tanto en lo que respecta a
los recursos propios, con su inmenso peso en las bolsas
españolas, como en lo que respecta a los recursos ajenos con
el volumen de deuda que arrastran, exige, para dar seguridad a
los inversores, que el marco regulador de la actividad
eléctrica esté claramente definido y tenga una proyección de
permanencia en el tiempo. Esta exigencia de seguridad jurídica
queda también de relieve si se tiene en cuenta que las
inversiones en instalaciones eléctricas son habitualmente
inversiones que movilizan grandes recursos financieros que
implican, evidentemente, varios años de trabajo para la puesta
a punto de las instalaciones y cuya recuperación es un proceso
que se prolonga por décadas. En consecuencia, tanto en interés
del riesgo en invertir de las empresas eléctricas como en
interés del riesgo crediticio que manejan, parece
imprescindible que la ley establezca un margen seguro donde se
limite al mínimo la indeterminación, las posibilidades de
discrecionalidad administrativa y las dudas sobre el régimen
económico del sector.

Sin cumplir estos requisitos de seguridad jurídica entendemos,
señor Ministro, que a partir de la ley es imposible lograr una
razonable optimización de costes en el funcionamiento del
sector eléctrico que garantice una tendencia hacia el
abaratamiento de los costes energéticos, pretensión
inesquivable si se quiere avanzar hacia condiciones de
competitividad industrial. Frente a esta razonable finalidad
exigible a una ley que pretenda regular con rigor cualquier
actividad, este proyecto de ley, actualmente en tramitación en
esta Cámara,



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deja en manos de la administración pública la definición de
aspectos absolutamente esenciales al negocio eléctrico y,
además, sin legalizar los criterios conforme a los cuales la
Administración ha de ejercitar las potestades que el proyecto
le atribuye. Decía al comienzo de mi intervención que es como
una carta de crédito abierta e ilimitada para el Gobierno.

Entendemos que de llegar a aprobarse este proyecto de ley,
nadie razonablemente puede saber si, por ejemplo, el sistema
independiente va a tener algún contenido de futuro o no; nadie
va a saber si el sistema de costes estándares para determinar
la tarifa va a garantizar una razonable optimización de
costes, va a encubrir desigualdades y privilegios
encarecedores del kilovatio/hora o, por el contrario, existirá
un mecanismo incentivador del abaratamiento de la energía y de
la gestión de la demanda. Estas cuestiones son absolutamente
básicas para saber cuál el el modelo del sector en el que se
va invertir o al que se van a conceder créditos, y estas cosas
se dejan en manos de lo que disponga, en un momento
determinado, la planificación o el reglamento.

Recoge el proyecto de ley una obsesiva remisión a normas
raglamentarias, creo que son unas cuarenta en el conjunto del
proyecto, junto con unas facultades omnímodas que se reservan
al planificador y a la Administración y esto en su conjunto,
proyecta hacia el futuro un ámbito de inseguridad para las
empresas eléctricas, sus acreedores y sus accionistas
totalmente incompatible con una estabilidad razonable en el
proceso inversor y de financiación de las empresas eléctricas.

Por ello entendemos, señor Ministro, que con esta ley se
pretende legalizar el absoluto control desde la Administración
central del sector eléctrico y no se garantiza la estabilidad
del marco regulatorio que exige un sector como el eléctrico.

En tercer lugar, fundamentando esta enmienda a la totalidad,
entendemos que hay que realizar una gran reflexión en el
sentido de la ausencia de otros datos que el modelo plantea.

El proyecto de ley es la convivencia, de forma más o menos
estable, de los dos sistemas previstos: el integrado y el
independiente.

Este grupo parlamentario, señor Ministro, no cree en un modelo
con sistema dual. Lo entendemos y lo apoyaríamos como un
sistema transitorio, o mejor, como una secuencia hacia la
liberalización progresiva y ordenada del sistema eléctrico,
que en un tiempo prudencial permitiera superar las
disfunciones que pesan sobre el sector, obligándole a aceptar
riesgos, incorporar nuevas tecnologías y prepararse para un
entorno de mercado que de seguro ha de llegar y que nos puede
encontrar con demasiadas asignaturas pendientes si el modelo
que se pone en vigor es el que usted propone hoy a esta
Cámara, señor Ministro.

El sistema integrado, centralizado y rigurosamente planificado
se intenta conciliar con el mercado interior, esto es, con la
liberalización y la apertura del mercado de la electricidad a
través de la figura del denominado sistema independiente que
aparece en el texto como un mal apéndice. Así este sistema no
se define más que por exclusión. No se establecen las
relaciones entre los dos sistemas y no existe garantía alguna
del posible desarrollo del sistema independiente dado que
queda sometido a autorización administrativa, la cual puede no
concederse en cuanto puede afectar o perjudicar a la
planificación general, cláusula otra vez de una nueva
indeterminación que deja a propios y extraños instalados en la
perplejidad.

Prácticamente, toda la liberalización del sector está
soportada sobre el sistema independiente, que, escasamente
regulado y sin garantías, puede morir en el mismo momento en
que nace y su desarrollo quedar reducido a las escasas líneas
que le dedica el papel del presente proyecto de ley, aun
cuando también, con la espada de Damocles de un hipotético
desarrollo del sistema independiente, que, sinceramente, este
Grupo no intuye como factible, aunque sí deseable, lo que el
proyecto de ley consolida es el sistema integrado,
centralizado, planificado y explotado como si se tratase de
una única empresa, siguiendo la línea del modelo francés. El
suministro de electricidad es un servicio público y es,
además, una obligación. La optimización del suministro no
puede realizarse más que por la explotación unificada del
sistema, y sólo una planificación centralizada y de detalle
puede permitir una política energética de optimización del
parque de producción y de garantía de la seguridad, del precio
y de la calidad.

Señor Ministro, estos principios, que, entiendo, han
justificado el sometimiento de lo que ustedes, los
economistas, denominan «utilidades públicas», el gas, la
electricidad, el agua, las telecomunicaciones, suponen una
fuerte regulación económica, que, al excluirlas de la línea
del mercado, casa mal, en primer lugar, con el sistema
independiente y con los principios exactamente contrapuestos
que lo presiden.

Además, usted mejor que yo conoce que razones tales como la
seguridad nacional, la igualdad de acceso de los usuarios, el
que constituyan monopolios naturales, hoy se encuentran
enormemente cuestionadas. La evidencia demuestra que la
regulación no ha sido capaz de hacer bajar los costes y los
precios y, en cambio, ha incrementado los precios de los
sectores naturalmente competitivos; ahí están los datos.

La necesidad de asumir otros objetivos diferentes a los
puramente empresariales ha diluido la responsabilidad gestora,
ha reducido la transparencia de las operaciones y ha
dificultado la concentración de los gestores en la
maximización de la eficiencia y la minimización de los costes;
han sido muchos los estudios que el propio Ministerio ha
realizado en orden a establecer estas coordenadas y estos
parámetros, y nosotros entendemos, señor Ministro, que la
eficiencia del



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sector eléctrico constituye un factor básico de
competitividad.

Señor Ministro, usted es Ministro de Industria y Energía;
ahora que están de moda los ministerios bicéfalos, entiéndalo
usted también: primero de industria, después de energía. No ha
hecho en su intervención, señor Ministro, ninguna
consideración en el orden al tema industrial. No existen aquí
los criterios de competitividad, de libre empresa, de libre
concurrencia. ¿No es éste el último proyecto de ley del siglo
XIX del Partido Socialista, señor Ministro?
Quisiera hacer, señor Presidente, una última consideración en
orden al tema competencial, que también el señor Ministro, en
su intervención, ha planteado en ese tono que decía de «Alicia
en el país de las maravillas», un poco de color de rosa.

Nosotros no estamos de acuerdo, señor Ministro, con las
consideraciones que en este orden realizaba en su
intervención. Entendemos que el proyecto de ley, en su actual
redacción, rompe el principio cooperativo, ya que no existe en
modo alguno participación autonómica , obviando de forma
absoluta la consideración de ésta y otras comunidades
autónomas con similar contenido competencial como instancias
territoriales representantes de intereses generales; me
refiero, indudablemente, a la Comunidad Autónoma Vasca.

Tiene usted razón al indicar que es el proyecto de ley con
mayor carga competencial autonómica de los proyectos de ley
que en los últimos años hemos venido conociendo en orden a
esta materia, lo que no insta a concluir que estos principios
cooperativos interinstitucionales estén debidamente
establecidos en este proyecto de ley. El carácter político de
la participación autonómica, característico de entidades que
definen los intereses generales, comporta, en la etapa de
formación de las decisiones, un papel cualitativamente
distinto al de otros sujetos interesados y a las previsiones
recogidas en este proyecto de ley. En concreto, el ámbito de
actuación reservado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en
materia de instalaciones eléctricas y régimen energético
requiere dicha participación para su adecuado ejercicio,
incluso para la adecuada instrumentación del cumplimiento de
los objetivos previamente establecidos y para la más correcta
asignación de los recursos públicos, evitando políticas
paralelas o contradictorias entre el Gobierno central y los
Gobiernos autonómicos.

Lo expuesto en relación con los aspectos procedimentales de
planificación se extiende, en los mismos términos, a los
aspectos orgánicos, en donde también las comunidades autónomas
son marginadas en las organizaciones específicas creadas en
este proyecto de ley: la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico y la Sociedad Gestora de Explotación Unificada.

¿Está usted en condiciones de asegurar que la presencia de las
comunidades autónomas con competencias en materia de industria
y con políticas industriales definitivas van a estar
representadas suficiente y cualitativamente en estos órganos?
Esas son ambigüedades a las que hay que responder y hay que
encarar. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Por ello,
señor Presidente, y para concluir, estos cuatro grandes
ámbitos de reflexión constituyen, en opinión del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), razones más que suficientes para
solicitar la devolución del proyecto de ley al Gobierno.

Vuelvo a repetir que lamentamos no haber podido presentar un
texto alternativo en el que estábamos trabajando, e insisto en
que la racanería rompe los hábitos parlamentarios de esta
Cámara. El Gobierno ha estado más de cinco años con
borradores, en un sentido o en otro, trabajando en estas
materias, y en esta Cámara hemos tenido unos escasos meses
para poder trabajar ya en sintonía parlamentaria, no a otros
niveles, señor Ministro. Entiendo que ha habido muchas
reuniones, muchos contactos, pero esta Cámara es esta Cámara y
los ámbitos institucionales hay que respetarlos tal cual. Por
ello esperamos una reelaboración consensuada de este proyecto
de ley, con criterios como los expuestos en los grandes
aspectos en esta intervención, sin que todo ello, señor
Presidente, pueda llevar a reconsiderar el tema de la
moratoria nuclear a través de los instrumentos legales que
correspondan, bien un Real Decreto-ley o, en su caso, su
incorporación junto con el texto de las medidas económicas que
acompañan los Presupuestos Generales del Estado para el
próximo ejercicio. Tiene usted instrumentos legales a su mano
para encarar y para resolver a corto plazo el tema de la
moratoria nuclear y reelaborar este proyecto de ley en las
consideraciones que este Grupo y, por lo que parece, gran
número de Diputados de esta Cámara se lo van a solicitar esta
mañana.

Muchas gracias, señor Presidente, señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.

Enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.

Señoras Diputadas, señores Diputados, el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya plantea al proyecto
de ley del Gobierno una enmienda de totalidad con texto
alternativo. Se trata de un texto alternativo articulado y
conjuntamente elaborado por Izquierda Unida y Aedenat
(Asociación Ecologista para la Defensa de la Naturaleza) sobre
un tema de enorme importancia, sobre un sector absolutamente
clave en la estrategia de servicio económico y financiero
nacional. Habría que reseñar, por ejemplo, que las cifras de



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negocio de las compañías eléctricas españolas superan el
billón 800.000 millones de pesetas y que su endeudamiento se
ha mantenido en torno a los cuatro billones de pesetas, es
decir, lo que deben todos los países latinoamericanos, para
entendernos; de ese endeudamiento, un billón 300.000 millones
es de moneda extranjera. Por otra parte, el sector eléctrico
es el principal demandador de capitales, a lo que habría que
añadir que, por la propia naturaleza de este sector, estamos
hablando de un auténtico monopolio natural, siendo algunos de
sus usos absolutamente insustituibles, como la iluminación o
el tema de los electrodomésticos; de ahí que en muchas
sociedades europeas tengan la consideración de servicio
público. Sería, por lo tanto, muy importante que esta Ley,
aunque es complicada y más que se la complica cuando hay una
diferencia entre la exposición de motivos, o el propio
discurso que ha dado aquí el señor Ministro, y el mismo texto
articulado, debiera suscitar un amplísimo debate social, un
amplísimo debate, teniendo en cuenta, además, que esta Ley no
va a salir de aquí con un consenso aceptable, va a salir de
aquí con un apoyo débil, si es que sale, con un consenso
bastante bajo en un tema de esta enorme importancia.

¿Por qué se presenta ahora este proyecto de ley del Gobierno
sustentado por el Partido Socialista Obrero Español? A nuestro
juicio, por dos temas esenciales desde el punto de vista del
Gobierno, claro está: primero, para zanjar una moratoria
nuclear que no era funcional y que ha generado un enorme costo
a los usuarios y a las arcas públicas; una moratoria nuclear
que nosotros dijimos en su tiempo que habría que zanjar de una
vez, habría que proceder a un parón, con las consecuencias de
todo tipo, económicas y financieras, que se han ido dilatando
a lo largo de estos prácticamente diez años.

De otra parte, esta Ley se presenta para dar gran seguridad
jurídica y financiera a las compañías eléctricas privadas, de
cara, como se ha dicho aquí por el señor Ministro, a su nuevo
ciclo inversor. Por lo tanto, aparece una enorme tutela del
Estado, una gran seguridad financiera del Estado, que asume
absolutamente todos los riesgos sin que estas empresas
privadas prácticamente asuman ningún tipo de riesgos; es
decir, en definitiva se zanjan las deudas anteriores y se
garantizan, se facilitan nuevos créditos y avales para las
deudas e inversiones futuras.

Con respecto a la moratoria nuclear, señor Ministro, nosotros
en su momento dijimos que lo que se estaba planteando era como
alquilar la casa al mismo precio de lo que hubiera valido
comprarla. Hemos pagado el precio del alquiler, la misma
mensualidad, por así decirlo, que nos hubiera costado adquirir
la vivienda, y ahora tenemos que comprar la vivienda, incluso
revalorizando su valor con respecto al valor que tenía en
1984. Hace aproximadamente diez años, el Gobierno declaró la
moratoria y se paralizaron las centrales que entonces se
estaban construyendo. En ese momento se había invertido en la
construcción (aquí están los datos de analistas
internacionales financieros en un documento del servicio de
asesoramiento al sector eléctrico, que no ha sido refutado por
nadie, y mucho menos por los empresarios del sector), se
habían invertido en la construcción, repito, 459.241 millones.

Al 31 de diciembre de 1993, esos activos en valor reconocido
en la Lose (Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional)
suponen 729.309 millones de pesetas. Hasta ahora no se ha
pagado nada de esto, nada de la casa que habría que haber
comprado. Esta cantidad es la que intenta zanjar la Lose;
ahora veremos de qué manera y, de otra parte, qué es lo que se
ha pagado, cómo y por parte de quién.

También aquí se pormenoriza de manera rigurosa en este informe
de analistas financieros internacionales que se estableció un
recargo en la tarifa eléctrica de los usuarios para las
obligaciones financieras, los intereses derivados de las
inversiones de las centrales afectadas por la moratoria. Se
trata de una compensación para la moratoria, que ha ido en el
abanico, desde 1984 a esta parte, de 23.000 millones en 1984 a
70.850 millones en 1994. En 1993, la compensación de 67.524
millones pagada por los usuarios, por esta especie de
alquiler, supuso lo mismo que se les quitó, que se les redujo
a los pensionistas en el cobro de sus jubilaciones y
pensiones. Pero esto han sido, repito, obligaciones o
intereses o, rigurosamente dicho, intereses intercalarios
asociados a la inversión reconocida, antes 429.000 millones,
ahora 729.309 millones; no se zanjó, no se pagó en lo
invertido, y estos intereses que fundamentalmente se pagan a
la Banca, que fue quien concedió créditos a las grandes
compañías eléctricas, han supuesto un lastre tremendo de
555.000 millones de pesetas. Eso se ha tirado por la borda
desde 1984 a esta parte. Las inversiones, por otra parte, no
hubiesen sido revalorizadas, pasando, como han pasado, a
729.000 millones de pesetas. Por lo tanto, en este sentido
hacemos la crítica correspondiente. Creemos que hay que hacer
un debate mucho más amplio. Incluso con respecto a esta
moratoria se está pidiendo que se realice a través de un
Decreto-ley para restar protagonismo a esta Cámara a la hora
de debatir un tema de tan enorme importancia.

Este proyecto de ley, para zanjar el error de la moratoria,
mal planteada en su momento, arrastrado durante diez años,
prevé la titulización de la deuda para zanjar esta situación.

Se trata, según el proyecto, de convertir la deuda en títulos,
es decir, para entendernos, que la deuda se pueda vender, a
fin de cancelar los créditos en un plazo máximo de veinticinco
años. Dicho de otra manera, los fondos de titulización de
activos permiten transformar créditos en valores de renta
fija, susceptibles



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de negociación en el mercado. Nosotros, desde la lógica
interna que tenemos a la hora de plantear el texto alternativo
y a la hora de plantear la crítica que en este momento estoy
realizando, pensamos que había que haber cerrado las centrales
y, en todo caso, planteamos que se cierren antes del año 2000.

El Gobierno debe aprobar un plan que contenga este cierre y
sus gastos. En este plan hay que decidir, con respecto a la
moratoria de 1984, qué deuda hay, cómo se paga y quién la
paga. Esto no se puede introducir en la LOSE, como ustedes lo
hacen, de manera muy pormenorizada. Por cierto que es lo único
que llega al nivel de reglamentación, pues, como se ha dicho
aquí, hay cerca de cuarenta referencias relativas a que se
reglamente todo lo posterior, como el tema de la
autoproducción, que no aparece regulado, cuando sí aparece
recogido muy pormenorizadamente el tema de la moratoria
nuclear, absolutamente ineficaz.

En función de esto, nos preguntamos, de cara a la ampliación
de las compañías, sin una planificación adecuada, sin saber
exactamente cuál va a ser la demanda y en función de qué
política se va a ampliar o reducir, si se va a planificar la
demanda. ¿Se va a realizar o no una política de gestión de la
demanda? ¿Se plantean inversiones? ¿Un nuevo ciclo inversor
absolutamente avalado y tutelado por el Estado? ¿Qué riesgos
asumen las compañías eléctricas a estas alturas? ¿Esa es la
libertad de mercado tan aducida desde esa tribuna? Cuando se
habla de intervención, ¿en favor de quién se interviene? ¿En
favor de los usuarios? ¿En favor de los intereses nacionales?
Nosotros pensamos que no. En todo caso, en este proceso se
gana por las constructoras, por la banca que presta o por las
compañías eléctricas. El Estado tutela, garantiza
absolutamente estas inversiones y zanja las anteriores y los
intereses, la compensación que se ha generado desde 1984 a
1994.

La lógica interna de nuestro texto alternativo, su filosofía,
parte de un óptica absolutamente diferente a la del Gobierno.

En primer lugar, se trata, a nuestro juicio, de cambiar la
lógica del consumo energético, que es la que basa su
filosofía, su política, en el aumento constante del consumo,
para cambiarlo desde el punto de vista de los intereses del
usuario; es decir, nosotros invertimos la tendencia de la
filosofía de la oferta, homologada a la que ustedes hacen con
respecto al agua, por una filosofía de la demanda. Cuantos
menos kilowatios se consuman mejor para el usuario y mejor
para el país, si se mantiene --y se puede mantener-- el mismo
servicio. Esta es la filosofía que recoge nuestra alternativa;
esta es la idea central que alumbra la posición de Izquierda
Unida y AEDENAT, desde la necesidad de adoptar, como he dicho
anteriormente, el enfoque de la gestión de la demanda y de
introducir la competitividad en esta fase de la producción de
la energía eléctrica, no sólo en la producción, sino también
en la demanda. Ustedes convocan concursos abiertos para
construir e introducen solamente la competitividad en el ciclo
de la oferta y nunca en la demanda. Por lo tanto, siempre
basan su filosofía en el consumo; cuanto más consumo de la
energía eléctrica, mejor. Nosotros, por lo tanto, partimos de
la lógica del ahorro. Consideramos prioritarias las
posibilidades de ahorrar, creando, por lo tanto --y así se
hace en nuestro texto alternativo--, las condiciones adecuadas
para influir fundamentalmente en la demanda. Desde el punto de
vista de la oferta, desde el punto de vista de los intereses
de las compañías eléctricas privadas, que es el que ustedes
adoptan, se crea la lógica del consumo de electricidad como
justificación para aumentar la potencia eléctrica instalada y
a instalar. Ustedes justifican una demanda de electricidad sin
nungún tipo de planificación y sin situar una posición
política de cara al futuro. De cara al pasado ya hemos visto
que no tenían otra política que esperar a una moratoria
nuclear, que ha generado enormes gastos al usuario y al
Estado, y ahora no plantean ningún tipo de política austera,
de ahorro, de cara a la demanda futura. Entonces, ¿cómo se
puede estructurar, cómo se puede planificar un nuevo ciclo de
inversiones? ¿El que quieren las compañías eléctricas
privadas? Ellos quieren más, quieren invertir más, porque en
el mismo tema de la construcción ya estamos viendo que genera
amplísimos y voluminosos beneficios.

Por tanto, habría que crear una competencia entre las empresas
sobre la lógica no sólo de vender cuanta más energía, mejor,
sino sobre la necesidad de vender ahorro de la energía. En
este sentido planteamos la creación de un compañía de ahorro
eléctrico, es decir, una empresa pública fuerte, no sólo
empresa pública como el IDAE, que ya existe, con un volumen de
inversiones o presupuestario de unos 3.000 millones de
pesetas, que no puede competir con empresas que a lo mejor
tienen presupuestos de unos 200.000 millones de pesetas, sino
en esta misma dirección del IDAE, del Instituto de
Diversificación y Ahorro Energético, repito, una compañía de
ahorro energético fuerte en el sentido de tener recursos
financieros suficientes al nivel de las actuales empresas y
recursos que en buena medida procederían de la tasa de
aplicación ecológica; ahora veremos las diferencias que hay
con respecto a lo que ustedes llaman tasa de aplicación
ecológica a la hora de subir, como han hecho, la gasolina y lo
que nosotros planteamos como TAE (tasa de aplicación
ecológica). Asimismo, esta empresa se basaría en el volumen
ordinario de negocios a lo largo de su trabajo anual. Señor
Presidente, la tasa de aplicación ecológica se basaría en la
necesidad de evaluar ya, sin perder más tiempo, los graves
impactos que supone la generación de electricidad en este país
y en cualquier otro. Hay que recordar que el sector eléctrico
es responsable de la generación de la práctica totalidad de
recursos y de residuos radiactivos. También hay que recordar
que



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contribuye en un tercio a las emisiones del principal gas que
produce el efecto invernadero, el dióxido de carbono, y que
también está condicionando un tercio de la producción de la
lluvia ácida, junto a otra serie de fenómenos de altísimo
impacto medioambiental. Se trata, efectivamente, de evaluar
algo difícil, pero que es absolutamente necesario en los
momentos actuales, porque, si no, seguiríamos beneficiando a
las fuentes energéticas más lesivas sin ir a una política, que
es lo que les falta a ustedes, que llevan la planificación que
hacen las grandes compañías eléctricas, para que primen las
que tienen menor impacto medioambiental. Le repito que no es
igual el concepto de tasa ecológica que ustedes utilizan que
el que se emplea por todos los grupos ecologistas o por el
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La
subida de la gasolina, que ustedes han operado para que se
produzca el recorte de la cotización de la seguridad social,
no es una tasa ecológica, sino, sobre todo, una involución
fiscal. La tasa se recoge no para cualquier cosa, no para una
invesión sin objetivos previos, sino para corregir impactos
medioambientales o, como en este caso, para subvencionar,
ayudar al funcionamiento de la compañía de ahorro eléctrico.

Por tanto, se trata de destinar siempre lo recogido en la tasa
de aplicación ecológica a invesiones de tipo ecológico. Desde
este punto de vista hablaríamos de una tasa sobre la
electricidad de carácter finalista, destinada a financiar
proyectos concretos a través de la compañía de ahorro como
mecanismo que puede cumplir, esta vez sí y no a través de la
política de involución fiscal, una función social
redistributiva.

Pensamos que tiene una importancia especial en este marco la
coordinación de esta empresaa pública del ahorro energético
con las llamadas comercializadoras previstas en la ley
eléctrica que ustedes plantean hoy aquí.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.




El señor ALCARAZ MASATS: Nosotros pensamos que hay que
aprovechar la estructura capital de estas comercializadoras;
no habría que ir a una nueva red, a una red que duplicara la
situación actual, pero sí asegurando que estas
comercializadoras ofrecieran a sus clientes no sólo
electricidad y consumo de electricidad, sino también,
fundamentalmente, de una manera integral, ahorro y eficiencia.

En definitiva, comercializarían de manera integral paquetes de
servicios eléctricos, obteniendo beneficios tanto de la venta
de kilovatios/hora como de la venta de «negavatios»/hora; el
kilovatio que se ahorra, en el argot ecologista, es un
«negavatio». Desde ese punto de vista, irían en la misma
oferta de la comercializadora las dos propuestas de cara al
ahorro energético, que benefician al mismo tiempo al usuario y
al país Un ejemplo típico de esta colaboración con las
comercializadoras y la empresa pública de ahorro sería que se
podrían ofrecer electrodomésticos eficientes para usuarios,
contando con la comercialización como intermediaria, otra
serie de productos que actualmente consume mucha menos energía
y que dan absolutamente el mismo servicio que productos que
suponen un gasto alto de la energía eléctrica.

Planteamos también --y voy terminando, señor Presidente-- la
redefinición y transparencia del sistema de tarifas, que no
parece que se recoja en absoluto, por lo menos en el marco en
que, de manera utópica o no real, como se ha dicho aquí por el
anterior interviniente, se ha recogido en el discurso del
señor Ministro. A nuestro juicio, no hay una redefinición
seria, rigurosa, de las tarifas. Habría que eliminar las
subvenciones encubiertas a una serie de organismos, a una
serie de consumos ineficientes, y habría que hacer
transparente el sistema de tarifas, vinculándolo siempre al
consumo de la energía. Hay que tener en cuenta que, mientras
cualquier familia media paga el kilovatio/hora a 18,75
pesetas, hay grandes consumidores sujetos a tarifas
ciertamente derrochadoras, que no llegan a pagar cuatro
pesetas por kilovatio/hora. Esto no se soluciona en la ley de
ordenación del sistema eléctrico nacional que ustedes nos
traen aquí.

Pensamos también --y aquí entro en la crítica que se ha hecho,
coincidiendo en cierta parte con respecto a lo que ustedes
recogen de cara a los autoproductores, a lo que ustedes llaman
el régimen especial-- que hay que darles mucha más seguridad
jurídica y en detalle --ustedes sólo recogen en detalle zanjar
la moratoria nuclear y apoyar o tutelar las inversiones del
nuevo ciclo de las grandes compañías eléctricas-- de cara a
que tengan un reglamento no minucioso en la ley, pero, por lo
menos, al mismo nivel con el que recogen los intereses de las
compañías eléctricas.

Pensamos que, a la hora de licitaciones y concursos, habría
que ir a las nuevas plantas de generación de la energía
teniendo en cuenta el impacto medioambiental. Por tanto, no
comprendemos este desfase que existe en la ley a la hora de
pormenorizar mucho los intereses que en principio he criticado
y a la hora de dejar en la indefinición y en la indefensión
jurídica a la autoproducción, al sistema especial, que ustedes
también recogen, pero de manera postiza, como una especie de
añadido, en su proyecto de ley.

Por lo tanto, señor Presidente, pensamos que este problema
exige un debate social amplio, que no está teniendo lugar...




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.




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El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.

Un debate amplio, repito, no sólo en esta Cámara, a partir de
ahora, sobre el importe de la moratoria, en qué términos se
realizó y en qué términos se intenta zanjar la moratoria y las
inversiones futuras. Hay que ir a la planificación integrada
de recursos en base a la filosofía del ahorro y, naturalmente,
al tema de la protección medioambiental, que no se tiene en
cuenta en la ley ni en sentido retrospectivo ni de cara a la
perspectiva, que es un tema de enorme importancia.

Pensamos que el tratamiento definitivo respecto a las
centrales nucleares, moratoria, es el cierre progresivo, con
el horizonte del año 2000. Desde ese punto de vista, repetimos
al señor Ministro, como representante ahora del Gobierno de la
nación sustentado por el Grupo Socialista, que la ley va a
sacar un consenso minimo, por más que pueda tener los votos
suficientes, pero las cuatro enmiendas de totalidad y el apoyo
territorial que aparece que esas cuatro enmiendas de totalidad
dejan ver que se trata de un consenso mínimo en esta ley de
enorme importancia.

El Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
votará las devoluciones, no los discursos sucesivos que aquí
se hagan, como también, claro está, votaremos nuestro texto
alternativo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.

Enmienda de totalidad del Grupo Popular. Tiene la palabra el
señor Gámir.




El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular va a presentar una enmienda de
devolución, una enmienda de totalidad, a la ley de ordenación
del sistema eléctrico nacional. Y lo va a hacer por muy
diversas razones, la primera de ellas porque en esta ley se
introduce la titulización de activos en moratoria nuclear. En
nuestra opinión, esta titulización debía haber ido no colgada
a esta ley. Estamos de acuerdo en lo que ya se ha dicho de que
se ha empeñado el Gobierno en colgarla de esta ley, cuando lo
lógico es que hubiera ido por un decreto-ley, que podía
haberse tramitado hace tiempo, o, si no, en la propia ley de
presupuestos. Nosotros nos tememos que quizá esto se ha
realizado para intentar desde el Gobierno disminuir las
críticas del sector sobre el resto de la ley, porque, sin
duda, no se puede expresar de la misma manera si esta parte
está o no incluida en esta disposición legislativa. Pero esta
decisión del Gobierno de intentar disminuir críticas de la
sociedad civil ha tenido un coste elevado para la sociedad
civil.

Los cálculos financieros, en concreto el cálculo financiero
más conservador --en caso de que hubiera réplica se explicará
con todo detalle-- indican que si se hubiera llevado la
titulización a un decreto-ley aprobado, por ejemplo, a finales
del año pasado o a la Ley de Presupuestos de 1994 --y digo
esto porque a finales del año pasado se habló ampliamente de
esta ley-- en tarifas, por lo menos en el cálculo más
conservador, se hubieran ahorrado los usuarios 70.000 millones
de pesetas. Y en un cálculo más realista el coste de esta
decisión del Gobierno de disminuir las críticas de la sociedad
civil le va a costar al consumidor bastante más de esa cifra.

Sin embargo, aparte de este tema, en el que, como es lógico,
invitamos al Gobierno, desde ya, a que separe ambas partes --
ya que no lo hizo el año pasado, que lo haga ahora--, por
decreto-ley o en la ley de presupuestos, donde trate este tema
separándolo del resto de la ley, aparte de ello es que el
contenido del resto de la ley no nos parece adecuado.

El sistema eléctrico nacional que plantea el Gobierno --
permitidme el símil-- es como una única empresa eléctrica,
única empresa eléctrica en la cual la junta de accionistas es
el Ministerio de Industria.

El Ministro de Industria y este portavoz del Grupo Popular
muchas veces hemos discutido sobre el poder. Pues bien, aquí
el poder lo tiene usted, señor Ministro, aquí el poder lo
tiene el Ministerio de Industria y Energía. Después de ello se
crea en este símil de la empresa una especie de Consejo de
Administración que es la Comisión, pero es una comisión que,
como veremos, está politizada, es dependiente y no tiene
funciones adecuadas. Siguiendo este mismo símil, el consejero
delegado es la red eléctrica de España. Consejero delegado que
tiene, por definición, que ser público, aunque la mayoría de
las empresas que actúan en el sector de forma ponderada
resultara clarísimamente privado con las funciones de
regulación ante dichas empresas que tiene ese consejero
delegado.

¿Y qué son las mal llamadas empresas, las empresas en el
sentido normal de la palabra, en este sistema de empresa única
que ustedes están proponiendo? Son como departamentos del
sistema único y, aun así, departamentos con muy poca
autonomía, con muy poca autonomía a la hora de invertir, de
exportar, de importar, etcétera. Y --digámoslo todo-- uno de
esos departamentos es Endesa, que es pública. Y Endesa cumple
muchas funciones, algunas de las cuales hemos tenido ocasión
de discutir en este hemiciclo. Por ejemplo, es la base de que
a Teneo las cifras le puedan salir un poco mejor a costa, a
veces, de vender trozos de la empresa, trozos de Endesa.

Pues bien, ¿no puede ocurrir que con este sistema se tienda a
que el Gobierno favorezca a ENDESA para que ésta tenga mejores
resultados y así salgan mejor las cuentas de Teneo? ¿No hay
una tentación de aplicar así este sistema? ¿Es eso positivo
para una labor independiente, tanto de la Comisión como de ese
consejero delegado al que hemos mencionado?



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Frente a ello, el enfoque del Partido Popular es bastante
distinto. Mantiene el marco legal estable, sí, por razones de
realismo, pero abre mucho más las puertas a la competencia.

Por ejemplo, en nuestro esquema, el Ministerio de Industria y
Energía tiene mucho menos poder, poder que se trasvasa a una
comisión, pero una comisión que realmente es independiente y
técnica. Hay un dato curioso en esta ley y es cómo se forma la
comisión. Se dice que tiene un presidente y seis miembros y a
los seis miembros se les pide reconocida competencia técnica y
profesional y al presidente, no. No tenemos más remedio que
preguntar a los ausentes miembros del banco azul, ¿en qué
político no competente, ni técnica ni profesionalmente, está
pensando el Gobierno para poner de presidente de esta
comisión, dada esa sibilina distinción de que los miembros
tienen que ser competentes y el presidente puede ser
incompetente?
Como es lógico, en el modelo del Partido Popular, todos los
miembros deben tener reconocida competencia técnica y
profesional; aún más, proponemos algo que tiene novedad en
nuestro Derecho comparativo a la hora de los nombramientos, y
es que la Comisión de Industria y Energía sea la que examine
que esa frase sea real. Hablemos claramente, no más Eligio
Hernández a la hora de este tipo de nombramientos, en los
cuales no se cumplen ni siquiera los requisitos legales.

Cuando hablamos de que la Comisión de Industria y Energía
cumpla esa función, no es como el Senado americano; no, no se
trata de que analice si han pagado la Seguridad Social de sus
niñeras esos miembros de la comisión; es si esa frase es vacía
o si responde en cada uno de los miembros a la realidad. Y,
lógicamente, proponemos que los miembros de la comisión sean
nombrados por el Parlamento, que no sean nombrados por el
Gobierno y que, además, para cesarles las causas estén
realmente tasadas, porque hoy el Gobierno les puede cesar en
cualquier momento; que estén tasadas y muy claras las causas
por las que pueden salir de su cargo.

Con ello, hablamos de una comisión despolitizada, profesional,
técnica, a la que damos muchos más poderes que los que le da
el proyecto del Gobierno y que sus decisiones puedan ser mucho
más equilibradas y no tan supeditadas, al final, a lo que le
mande hacer el Gobierno. Nuestro enfoque de red eléctrica de
España es que sea pública o privada dependiendo de la
ponderación relativa de las empresas, y hablo en el terreno
normal de la palabra empresas, que actúen en el mercado. Y a
las empresas les damos funciones que hacen que respondan mucho
más a su nombre sus posibles competencias como tales empresas.

Nos tememos que el Gobierno no se ha dado cuenta con este
proyecto de que el sistema eléctrico va evolucionando y esta
ley, que debería tener perdurabilidad, debería poder ser
aplicable no solamente al marco legal estable, sino a la
evolución que normalmente va a tener Europa hacia un sistema
mucho más competitivo, que no está en esta ley. Por eso,
también planteamos un apoyo mucho mayor al consumidor, sea el
consumidor doméstico o sea el consumidor el usuario
empresarial al respecto.

Buscamos la reducción de las tarifas en términos reales a
través de la competencia. Por ejemplo, con esta ley van a
subir las tarifas en términos reales; con los cálculos
financieros y los tipos de interés actualmente existentes, y
dado que la mayoría de la emisión de la titulización ha de
hacerse con tipos de interés fijo, el 3,54 va a ser claramente
insuficiente, como muestran todos los estudios financieros y
habrá que subirlo. La Comisión que plantea el Gobierno se
aprueba su propio presupuesto, el que ella quiere, y ese
presupuesto va a tarifas; pues, tanto por el 3,54 por ciento
de la moratoria como por ese presupuesto aprobado por el
Gobierno, sin que llegue a este Parlamento, nos encontramos
con que suben directamente las tarifas con el proyecto del
Gobierno, lo contrario de lo que nosotros defendemos.

También defendemos un poder mucho mayor para el consejo
asesor, en el que están representados los consumidores. El
sistema independiente en la propia ley tiene un gran número de
cortapisas y, además, se remite a un reglamento, y no sabemos
lo que va a hacer el Gobierno. Proponemos que la propia ley,
al contrario, elimine esas cortapisas e impulse el sistema
independiente.

Por otra parte, y éste es un reto, creemos que, igual que a
las empresas hay que tratarlas como mayores de edad y no de la
forma que las trata este proyecto de ley socialista, también
al usuario, al consumidor hay que tratarle como mayor de edad
en otro sentido: en que haya trasparencia clara en las tarifas
eléctricas, que se desglose lo que el consumidor, el usuario,
familiar o empresarial, paga en la tarifa eléctrica, y que se
diga: tanto por tarifa, tanto por moratoria nuclear, tanto por
el apoyo al carbón, tanto por la tarifa especial que tiene,
por ejemplo, la empresa nacional relacionada con el aluminio,
etcétera, y que se sepa porque la transparencia,
indudablemente, no hace daño. Ello, probablemente, abrirá un
amplio y muy sano debate sobre si se deben pagar estos costes
a través de tarifas o a través de su fiscalización. Pero, ¿es
que el Gobierno tiene miedo a la transparencia? Invitamos al
señor Ministro y al Gobierno a que den este paso adelante, a
que planteen las tarifas, que las conozca el usuario de forma
totalmente transparente.

De otro lado, el proyecto del Gobierno sustrae, quita a esta
Cámara la competencia real de regular el Sistema eléctrico
nacional. El Gobierno se lo atribuye a sí mismo ¿Cómo? Por la
facultad reglamentaria. Hay un antiguo dicho español de haga
usted la ley y déjeme a mí hacer el reglamento. Pero aquí ese
dicho se cumple



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40 veces, por lo menos. Son 40 cheques en blanco los que se
dan al Gobierno. Prácticamente esta ley lo que plantea es una
serie de remisiones para que el Gobierno decida.

Nuestra postura es la contraria porque, además, nos tememos
que el Gobierno en estos reglamentos eléctricos, y aquí tiene
que hacer más de 40, tenga la parsimonia, la lentitud que ha
demostrado en otros reglamentos energéticos y, como tal, nos
pasemos probablemente un período de años en el cual el marco
legal en el sistema eléctrico nacional no quede claro y no
disminuya incertidumbres entre los agentes que lo tienen que
utilizar.

Por ello, nuestra alternativa, también en este caso, es
claramente distinta. Claramente distinta en el sentido de
devolver poder al Parlamento, de que sea el Parlamento el que
tome estas decisiones; como es lógico, habrá alguna revisión
reglamentaria, pero mucho menor de la que tiene esta ley. Que
sea el Parlamento el que decida el sistema eléctrico nacional.

A modo de anécdota final, antes de llegar a la conclusión y
acabar esta intervención, la ley está hecha con una cierta
ligereza. Es curioso que entre las causas por las que deja de
ser miembro de la comisión un miembro de la comisión no
aparece el fallecimiento. De forma que para que una persona
fallecida deje de ser miembro de la comisión la única manera
sería dar un cese motivado por el Gobierno con respecto a la
persona fallecida. Un tanto esperpéntico el sistema. A pesar
del tiempo que se ha tenido, hay este tipo de ligerezas.

Terminaría diciendo que el Gobierno no ha tenido sentido de
Estado al plantearse esta ley. Esta ley tendría que haberse
realizado con un criterio de perdurabilidad, perdurabilidad
que hubiera exigido el pacto. El pacto, por lo pronto, entre
las dos grandes fuerzas políticas que pueden gobernar a este
país en el futuro: el Partido Socialista y el Partido Popular;
el pacto lo más amplio posible entre todos los grupos
parlamentarios. Y hemos visto aquí nada menos que cuatro
enmiendas de totalidad, una de ellas, además, con texto
alternativo. Decimos al Gobierno que lo que tiene que hacer es
un esfuerzo de consenso, un esfuerzo de perdurabilidad.

Comprendemos que en otras leyes les basta con algún aliado,
como Minoría Catalana, pero aquí la perdurabilidad, el mensaje
a la sociedad de que esta ley va a permanecer exigiría el
consenso, exigiría separar la parte de titulización y que la
aprobemos ya, sin duda, y que en el resto se busque
auténticamente el consenso. Porque si el Gobierno y el Grupo
que le apoya parlamentariamente no cambia de actitud y no va
precisamente al pacto en la tramitación de esta ley para
obtener ese consenso, esa seguridad de perdurabilidad, nos
vemos en la obligación de anunciar que, cuando la sociedad
española decida que el Partido Popular debe pasar al Gobierno,
el Partido Popular propondrá a este Parlamento una regulación
del sistema eléctrico nacional muy distinta, modificada y
mucho más útil y eficiente.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gámir.

Enmienda del Grupo de Coalición Canaria.

Tiene la palabra el señor Martín.




El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.

Una vez más tenemos que subir aquí para centrar nuestra
intervención en la adecuación o no de esta ley para Canarias.

Con independencia de las previsiones constitucionales y
estatutarias y la, a nuestro entender, trasgresión de la
voluntad del legislador constituyente y estatutario en
relación con el ámbito de aplicación a todo el Estado
pretendido en el presente proyecto de ley, lo que resulta
claro de su actual redacción es la ausencia de reconocimiento
alguno a las especificidades de los sistemas eléctricos
aislados, especialmente los insulares, como el canario, de
imposible interconexión, desde el punto de vista técnico y
económico, con la red nacional, con la europea e incluso entre
sí, por condiciones de lejanía, profundidades marinas,
etcétera. Piénsese que el caso canario no es sólo un sistema
aislado, sino que son seis sistemas, ya que hay dos islas, que
son Lanzarote y Fuerteventura, que pueden estar
interconectadas, y están de hecho, pero son las únicas en las
que, técnicamente, es posible. Ello puede llevar a la ausencia
práctica de virtualidad de la norma en esta Comunidad
Autónoma, caso distinto del balear, que tiene posibilidad de
interconexión entre las islas y la posibilidad técnica de
interconexión con el sistema peninsular. Consecuentemente con
ello, la persistencia de la prestación del servicio eléctrico
en régimen prácticamente de monopolio por el único operador
eléctrico, sin efectiva intervención administrativa de la
comunidad canaria, única destinataria del servicio,
intrascendente al resto del Estado; tal inaplicabilidad se
repite y por análoga motivación como sucediera con la creación
de la red eléctrica de España, Redesa. La exposición de
motivos y el articulado del proyecto de ley declaran como
aspecto central de la misma los objetivos de planificación
general por motivaciones económicas de optimización,
racionalización, eficiencia, diversificación, calidad,
armonización internacional, con intercambios de flujos
eléctricos europeos, concurrencia y competencia de distintos
operadores eléctricos en el sistema, justificando así la
unidad de actuación que sólo puede corresponder al Estado. Tal
justificación resulta insostenible con los sistemas aislados,
como hemos dicho antes, como el nuestro, donde ni siquiera
razones de economía de Estado pueden sostenerse, ya que tales
repercusiones afectarían fundamentalmente a la economía
regional y sólo de modo indirecto y consecuente al Estado.

Por todo ello, el proyecto de ley resulta inconsecuente,



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ya que establece su ámbito de aplicación a todo el territorio
del Estado, incluido los extrapeninsulares, sin que en estos
últimos, como se ha razonado, tenga virtualidad. Lo que
resulta de especial gravedad, por cuanto no contempla la
singularidad de los sistemas insulares aislados, al asumir
para el Estado tal competencia en dichos territorios, e impide
el ejercicio legislativo y/o normativo de la comunidad
afectada.

Entendemos que, reconociendo varios aspectos positivos del
proyecto de ley, sólo tendría virtualidad su aplicación si se
introdujeran enmiendas parciales que lo adaptaran al caso
especial canario. Sólo desde ese punto de vista, consideramos
que podría aplicarse con resultados positivos esta ley.

Los principios constitucionales que asignan la competencia a
la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de energía y que
se localizan en el bloque constitucional están reflejados en
el 149.1 de la Constitución española, las competencias
exclusivas del Estado, las relativas a las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad
económica, la autorización de las instalaciones eléctricas
cuando el aprovechamiento afecte a más de una comunidad
autónoma, o el transporte de energía salga del ámbito de
aquélla. El deslinde de las competencias entre la
Administración del Estado y las comunidades autónomas puede
ofrecer dificultades en el territorio peninsular, pero dichas
competencias carecen de relevancia y sentido en lo que
respecta a comunidades autónomas insulares, para las que en
este apartado no hay lugar para la competencia estatal, salvo
en el caso de islas interconectables, como pueden ser,
decíamos, algunas, con la red peninsular.

En las propias bases del régimen minero y energético, de
acuerdo con el artículo 149.3 de la Constitución, se establece
que las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta
Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas,
en virtud de sus respectivos Estatutos, precepto que habrá que
conectar con el artículo 150.2, en virtud del cual el Estado
podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas,
mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia
de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o delegación, caso inevitable de
persistir la ley en el texto actual.

Por tanto, creemos que el orden constitucional de distribución
de competencias aparece delimitado en la referencia específica
al régimen energético para las competencias del Estado para
utilizar instalaciones cuyo aprovechamiento no afecta a otra
comunidad o el transporte salga del ámbito territorial de una
comunidad, circunstancia que, como se ha significado, sólo
tiene virtualidad en el territorio peninsular o insular
interconectado con aquél, así como en la elaboración de las
bases del régimen energético.

Según se ha señalado, corresponde a las comunidades autónomas
el desarrollo legislativo y la ejecución de dicho régimen
energético y, por su parte, el Estatuto de Autonomía de
Canarias establece, en su artículo 14.3, que corresponde al
Gobierno de Canarias la planificación de la política regional
y la coordinación de la política económica insular con la
regional, teniendo en cuenta las necesidades de cada isla. Y,
según el artículo 32.8, en el marco de la legislación básica
del Estado y en su caso en los términos que la misma
establezca corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo
legislativo y la ejecución en el régimen minero y energético,
posibilidad que se vería cercenada con el proyecto de ley que
nos ocupa, dado que no delimita los conceptos básicos de los
que no lo son con una extensión injustificada de aquéllos. La
existencia de una competencia canaria sobre el desarrollo de
las bases de régimen energético constituye una específica y
efectiva competencia sobre política energética sustentada por
el escaso contenido que para nuestra comunidad pueden tener
dichas bases y mucho más claramente en el caso de las
pretendidas bases de este proyecto de ley que nos ocupa por,
como decimos, falta de virtualidad material en nuestro
territorio.

En resumen, el concepto de sistema único no tiene sentido en
Canarias. Indudablemente hay artículos que prevén las
excepciones para los sistemas extrapeninsulares.

Y podríamos estudiar la posibilidad de retirar la enmienda
siempre que se esté dispuesto a introducir o a modificar,
mediante las enmiendas presentadas o mediante disposiciones
adicionales, fórmulas para resolver el problema específico
canario, donde debe quedar clara esa especificidad y donde
debe haber alguna forma de representación que pueda seguir
aquellas determinaciones que se tomen en la aplicación de la
presente ley para hacerla adecuada al sistema canario. Nuestra
intervención es una intervención totalmente centrada en la
especificidad canaria y no en los preceptos globales de la ley
que afectan al sistema peninsular. Por ello, podríamos
retirarla siempre que existiera un compromiso de resolver ese
problema y esas especificidades a lo largo de la tramitación
de esta ley. En virtud de esos compromisos, nuestro Grupo
tomará la decisión.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.

Turno en contra. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Sáenz Lorenzo. (El señor Ministro de Industria y
Energía, Eguiagaray Ucelay, pide la palabra.)
Perdón, señor Sáenz Lorenzo.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias.

Consumiré un turno muy breve. Me parece que diversos oradores
han puesto de manifiesto la importancia



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de la ley, que es una posición en la cual yo coincido, y la
necesidad de que podamos avanzar a lo largo del debate,
incluso ahora que estamos en el turno de las enmiendas de
totalidad, hacia mayores niveles de acuerdo. Me parece que
esto sería bueno si es posible dejar de lado algunos
planteamientos como los que he tenido ocasión de formular y de
escuchar que pudieran configurar modelos tan radicalmente
incompatibles que fuera imposible ponerse básicamente de
acuerdo.

Quiero agradecer en todo caso, en primer lugar, al señor
Martín, de Coalición Canaria, su ofrecimiento de retirada de
la enmienda de totalidad, puesto que no ha expresado una
discrepancia ni con el modelo ni con la orientación de la ley,
sino, en todo caso, algunas dudas en relación con su
aplicabilidad o con los efectos que pudiera tener para la
comunidad a la que se siente especialmente ligado.

Creo que el señor Martín ha tenido también la ocasión de
entender y comprender --y por eso le agradezco el gesto-- que
el proyecto de ley respeta estrictamente el orden competencial
establecido y que, al mismo tiempo, es un modelo, que, por ser
básicamente de tarifa única, en las condiciones actuales del
archipiélago, beneficia de manera directa a la Comunidad
Autónoma Canaria.

Creo que es bueno que todo el mundo sepa que la existencia de
un sistema de tarifa única puede tener en algún lugar algún
efecto negativo y, sin embargo, tiene todas las ventajas de la
integración en un sistema más amplio de situaciones, que, en
sí mismas, pudieran ser relativamente menos eficientes. De
hecho, el coste de generación de la electricidad en el
archipiélago por término medio es superior al de la península.

Actualmente hay un mecanismo de compensación que significa que
la productora básica de Canarias, Unelco, recibe alrededor de
7.000 millones de pesetas/año en compensaciones del sistema
peninsular y esto forma parte del sistema. Difícilmente, en
consecuencia, un sistema separado, estrictamente separado,
sería un sistema más beneficioso para el archipiélago. Eso,
unido al mismo tiempo al propio régimen fiscal de Canarias --
régimen que es de competencia, en buena parte también, de la
propia Comunidad Canaria-- y a la diferencia que existe en la
imposición indirecta con el régimen general, hace que el
precio de la electricidad en Canarias sea algo más barato que
en el conjunto de la península, habida cuenta del régimen
específico y de la condiciones de insularidad, que son las que
han servido para dar base a ese régimen específico de
Canarias.

Quiero, en todo caso, tranquilizarle en relación con algunas
previsiones del propio proyecto de ley. El proyecto de ley
contiene algunos elementos en los que, respetándose
estrictamente lo que dice la Constitución y el Estatuto de
Canarias, asegurándose la participación de Canarias en el
proceso de planificación y de ejecución de una parte del
funcionamiento del sistema eléctrico nacional, admiten también
modalidades que están expresamente recogidas, en concreto, en
el párrafo 2 del artículo 8 sobre el sistema eléctrico
nacional, que prevé que reglamentariamente podrán regularse
las especialidades de las anteriores actividades que se
desarrollen en los territorios extrapeninsulares.

No debiera haber, señoría, inconvenientes, dificultades
imposibles de salvar en la adaptación, a la cual yo invito
también a los demas grupos políticos en el proceso de
enmiendas parciales que pueda suscitarse y discutirse en el
trámite de ponencia y de comisión. Por lo tanto, le
agradeceré, ciertamente, a la vista de estos argumentos y de
los que usted mismo ha expuesto, que confirme su
disponibilidad a entrar en un debate en el que sus
preocupaciones específicas sobre el ámbito de Canarias queden
notablemente tranquilizadas.

En las intervenciones de totalidad que he tenido ocasión de
escuchar, he oído varias...




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, un momento.

Señor Ministro, he entendido que me solicitaba la palabra para
poder contestar a la cuestión que había planteado el señor
Martín, de Coalición Canaria. Si desea intervenir en relación
con las intervenciones de los demás grupos, tal vez sería
preferible sustanciar primero el debate correspondiente con el
turno en contra. Posteriormente le cedería la palabra para que
una vez sustanciado el debate, pudiese intervenir.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Me parece muy bien, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Para el turno en contra, por el Grupo Socialista tiene la
palabra el señor Sáenz Lorenzo.




El señor SAENZ LORENZO: Señoras y señores Diputados, voy a
consumir en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario
Socialista, un turno en contra a la enmiendas de totalidad
presentadas, por parte de Izquierda Unida con texto
alternativo y por parte de los demás grupos, enmiendas de
devolución, enmiendas estas últimas que supondrían la
interrupción de un proceso, que a lo largo del debate de hoy
yo he llegado a la conclusión de que ninguno de los portavoces
considera que no es nesesario. Parece que todos los portavoces
consideran que es buena una regulación, que se despejen
incertidumbres de cara al futuro y, por tanto, que esta ley
pudiera salir adelante.

Yo quiero confesarles que he echado de menos que la enmienda
de totalidad del Grupo Parlamentario Popular --al menos la del
Grupo Parlamentario Popular-- tuviera un texto alternativo. El
señor Gámir ha subido aquí (Señalando la tribuna de
oradores.), nos ha expresado



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sus preocupaciones, algunas de sus obsesiones y nos ha hablado
de un modelo. Señor Gámir, la ocasión de plasmar ese modelo en
un texto la tenía S.S., la tenía su Grupo en este momento y,
desgraciadamente, es muy difícil debatir sobre un modelo
hipotético que solamente parece existir en la
imaginación o en las palabras de su señoría.

Yo creo que su Grupo tiene la gran vocación de hacer
oposición, pero parece que no tiene vocación de proponer
alternativas reales. Este es un tema político de gran
trascendencia económica. Parece lógico que si SS.SS. tienen un
modelo de regulación del sector eléctrico alternativo al que
presenta el Gobierno, lo pongan negro sobre blanco y no
pretendan hacer un debate que es muy difícil de realizar,
porque usted habla de un modelo diferenciado. Es muy fácil
criticar el modelo del Gobierno; es muy fácil criticar al
Gobierno; es mucho más difícil proponer un texto alternativo
diferenciado que sea eficiente. Su señoría ha terminado
hablando de un modelo más útil y eficiente. ¡Qué fácil es
hacer una afirmación así! El problema es que si su Grupo
quiere ser alternativa, tiene que plantear alternativas a los
temas políticos; y, si no, solamente muestra una clara
vocación de ser oposición y, desde mi punto de vista, de
seguir siendo oposición.

El Grupo de Izquierda Unida plantea un texto alternativo. En
mi opinión, es un texto alternativo que no modifica la
estructura básica de regulación que tiene el proyecto de ley.

Introduce modificaciones significativas, importantes y hace un
gran hincapié en el ahorro. El ahorro de energía es uno de los
objetivos que los socialistas hemos impulsado, y en la
resolución del Plan Energético Nacional así se pone de
manifiesto. Tenemos una empresa, una sociedad estatal, el
Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, que
S.S. ha citado en esta tribuna, justamente para promover el
ahorro. Pensamos que no hay que crear una empresa pública
nueva, una estructura nueva para llevar a cabo esos objetivos,
sino que hay que impulsar, apoyar a aquellas empresas que
quieran ahorrar energía y que quieran invertir en ahorro
energético. En ese objetivo coincidimos; no coincidimos en los
mecanismos que el Grupo de Izquierda Unida propone en la ley
para resolver el tema.

El asunto que políticamente quizás tenga más significación, a
diferencia del texto del Gobierno, es el relativo al cierre
nuclear. El Grupo de Izquierda Unida solicita el cierre de
todas las centrales nucleares. Me parece que esta postura es
más bien un brindis al sol o un brindis a la opinión pública,
porque no está sustentado en ningún planteamiento económico.

¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Cómo se cierran los más de
7.000 megavatios que hay en este momento en el sector
eléctrico nuclear? ¿Qué costes tiene esa operación? ¿Cómo se
financian esos costes? ¿Cuál es la energía alternativa que se
introduce? Al mismo tiempo, se dice que hay que mejorar el
medio ambiente. ¿Qué cantidad de CO2 se emitiría a la
atmósfera si sustituyéramos todos esos grupos por grupos de
combustión? Se hace una afirmación y se elimina el problema
real, que es el relativo a la moratoria nuclear. A mí me
parece que este tipo de planteamientos ante la opinión
pública, aunque puedan ser válidos, son poco rigurosos, poco
serios como para incluirlos en un proyecto de ley. Hay que ser
más riguroso y, por tanto, nosotros estamos en desacuerdo. El
modelo de texto alternativo de Izquierda Unida no rompe con
los elementos básicos en cuanto al sistema de producción, al
sistema de transportes, al sistema de distribución, al sistema
integrado y al sistema independiente, aunque lo modifica
ligeramente; no rompe esos esquemas, pero introduce elementos
con los que nosotros estamos en desacuerdo.

No estamos de acuerdo tampoco con la opinión de que este
Parlamento ha tenido poco tiempo para presentar enmiendas. El
Proyecto de Ley de ordenación del sistema eléctrico entró ya
en la Cámara en la anterior legislatura. Hay algunas
modificaciones en este texto que ha enviado el Gobierno, pero
el núcleo fundamental del proyecto se mantiene muy similar al
de la anterior legislatura. Entró en la Cámara antes del
verano, en el mes de junio. Hemos tenido varios meses para
discutir enmiendas de totalidad y creo que es difícil mantener
hoy aquí, en esta tribuna, que no se ha tenido tiempo
suficiente para poder estudiarlo con detenimiento. Hemos
tenido todo el verano para poderlo hacer. Además desde el
punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, es bueno
que en el mismo Proyecto de Ley se afronte el modelo de
regulación del sector eléctrico, del sistema eléctrico
nacional y, al mismo tiempo, los problemas que tiene este
sistema.

En este Proyecto de Ley está la moratoria nuclear y estimamos
que debe seguir estando porque forma parte de los problemas
del sector y de los problemas que se pretende afrontar con el
Proyecto. Por tanto, no estamos de acuerdo con los
planteamientos que han hecho distintos grupos parlamentarios
en el sentido de separar unos problemas de otros, porque da la
impresión de que algunos grupos parlamentarios más que
preguntarse cuáles son los intereses generales de este país,
que todos tenemos que defender, están buscando una defensa de
intereses privados o de intereses muy particulares.

Parece que algunos de los portavoces olvidan en sus
intervenciones que el sector eléctrico es un sector
necesariamente regulado, que está regulado en todo los países
avanzados, en todos los países del mundo, sea cual sea el tipo
de gobierno que tengan: sea un gobierno progresista, sea un
gobierno de izquierdas, sea un gobierno conservador. En todos
ellos está regulado y va a tener que seguir estándolo
necesariamente. ¿Por qué? Por la propia estructura técnica del
suministro de energía eléctrica. En primer lugar, porque el
suministro



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se realiza a través de redes y, por tanto, el consumidor no
puede elegir la red que le suministra la energía. Es ya un
condicionante. Se suele hablar de monopolio natural, pero es
que en el sector eléctrico este condicionante está acentuado
por el hecho de que la energía eléctrica no se puede
almacenar. Como no se puede almacenar hay que establecer
minuto a minuto un equilibrio entre la producción y el consumo
de energía eléctrica, y ese equilibrio se tiene que realizar
cada diez segundos, cada segundo y en cada instante, porque
está cambiando permanentemente la demanda y, por tanto, tiene
que estar cambiando permanentemente la producción y alguien se
tiene que preocupar de que este quilibrio se mantenga, porque
si este equilibrio se rompe, se rompe el sistema. Ya sabemos
que algunas causas meteorológicas muchas veces producen la
ruptura de este equilibrio y ocasionan apagones que no son
deseables y, además, hay que buscar por todos los medios
eliminarlos como riesgo.

Para ello hace falta, conforme aumenta o disminuye la demanda
de electricidad en cada instante, que haya un despacho
regulador que establezca qué centrales o qué centros de
producción aumentan o disminuyen en esos mismos momentos, en
esos mismos instantes la producción de electricidad,
optimizando el coste; es decir, buscando que entre en cada
momento aquel centro generador de energía eléctrica que
minimice el coste total, porque el coste de energía eléctrica
es un input importantísimo en el sector productivo español, y
si queremos buscar el máximo nivel de competitividad tenemos
que optimizar y tenemos que buscar los menores costes para el
sector.

Cuando la Comunidad Económica Europea habla de mercado
interior, cuando algún comisario puso especial hincapié en
impulsar el mercado de la energía, se encontró con fuertes
resistencias de todos los países, fuera su gobierno del signo
que fuera. Hay una dificultad de fondo, porque los sectores
eléctricos necesariamente, si quieren optimizar sus
resultados, tienen que estar regulados y lo están en todos los
países del mundo.

Este sector ha estado regulado, pero va a seguir estándolo,
como está regulado en todos los países de la Comunidad
Económica Europea. De hecho, en el Tratado de la Unión, de
1992, no aparece la política energética como una política
común, a pesar de que inicialmente se había considerado esa
posibilidad, sino que aparece solamente en el artículo 3,
apartado t), como medidas en el ámbito de la energía. No
parece factible la liberalización de un sector regulado como
el de la generación de energía eléctrica.

Tenemos que ver cuáles son nuestros objetivos. Objetivo de
garantía del suministro, en primer lugar, y de minimización de
costes, en segundo lugar, y establecer un modelo regulador que
satisfaga estos objetivos. Un modelo que debe declarar el
suministro de energía eléctrica como servicio público, como
hace el texto que envía el Gobierno y también la explotación
unificada del sistema eléctrico como servicio público de
titularidad estatal.

Estas declaraciones de servicio público que hace el texto del
Gobierno no son dos novedades. Como ha dicho el señor
Ministro, efectivamente son declaraciones de servicio público
ya tradicionales en nuestro sistema jurídico que datan, la
primera de ellas, de 1924 y, la segunda, se introduce en la
Ley de Explotación Unificada del Sector Eléctrico, del año
1984. Se mantienen esas declaraciones de servicio público que,
desde mi punto de vista, condicionan en gran medida los
necesarios contenidos de la ley.

El modelo regulador se basa, en primer lugar, en una
planificación conjunta, previsión de demanda y planificación
de la oferta; en una explotación unificada, puesto que hay que
optimizar en cada momento los costes, disminuir al máximo los
costes en un régimen de autorizaciones, porque el sistema que
se establece en esta ley no es de empresa única, señor Gámir.

Sí que existe en algún país de nuestro entorno un sistema de
empresa única. En Francia prácticamente existe un sistema de
empresa única y el Gobierno francés no es un gobierno
socialista en este momento; es un gobierno conservador. En
España no hay un sistema de empresa única; hay un régimen de
autorizaciones; una explotación unificada del sistema, pero
existen empresas privadas y públicas que entran en generación
y en distribución. Yo creo que la ley amplía las posibilidades
de existencia y de desarrollo de iniciativas en este terreno.

Es un régimen de tarifa única. Asimismo, la ley introduce una
comisión reguladora que pretende dar más garantías y mayor
transparencia al sistema. Parece que en el modelo hipotético
del que ha hablado el señor Gámir también se nombra a esta
comisión. Es decir, que toma algunas de las iniciativas que
están en el texto aunque esperamos, en algún momento, poder
conocer ese modelo hipotético al que se ha referido su
señoría.

Los representantes de los Grupos Vasco y Popular han puesto en
cuestión que la ley incentive de cara al futuro el mercado
interior de la energía. Ya he dicho antes que las
posibilidades del mercado interior de la energía son
estructuralmente limitadas. Esto está reconocido por todos los
países de la Comunidad Económica Europea. El proyecto abre
posibilidades a una liberalización del sector cuando
introduce, junto al sistema integrado, que es el que garantiza
el suministro, un sistema independiente. ¿Que no se concreta
mucho cuál va a ser este sistema independiente? Su tamaño
dependerá mucho de las iniciativas que existan. No se puede
predeterminar en una regulación un sistema que justamente se
va a caracterizar por la libertad de empresa y de
contratación. Yo creo que es importante que el proyecto de ley
abra esa puerta liberalizadora que va a permitir que sea
acorde con cualquier evolución previsible



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de la normativa comunitaria y que, además, establezca el libre
acceso de terceros a la red.

El texto también introduce dos elementos básicos de ese
mercado interior: la mayor competitividad y transparecencia.

Mayor competitividad puesto que se introduce un sistema de
concurso en la generación para los nuevos grupos generadores
que pretende justamente conseguir ese objetivo; y mayor
transparencia, por una parte, por la separación de negocios y,
por otra, por la separación de actividades en este momento.

Hay empresas que hacen generación, transporte y distribución.

No se sabe en cuál de esos tramos tienen pérdidas o ganancias;
son más o menos eficientes. La transparencia se logra
separando, primero, de forma contable y, después, también de
forma societaria esas actividades. Y también más transparencia
a través del papel que le corresponde a la comisión
reguladora.

Curiosamente, desde mi punto de vista, en este proyecto de ley
hay también una menor intervención administrativa. Si
comparamos los sistemas reguladores europeos con el sistema
español, nos encontramos com menores licencias, menores
requisitos administrativos, que se limitan, en nuestro caso,
al de las autorizaciones.

En cuanto a la moratoria nuclear, nuestro Grupo piensa, como
he dicho al principio, que debe ir en esta ley y que se aborda
con eficacia. Es un problema que se planteó, como todas SS.SS.

saben, en el Plan Energético Nacional de 1983, que se plantea
porque hay un fuerte desfase entre la evolución de la demanda
de energía eléctrica y las inversiones y la evolución de la
oferta que en aquel momento se va a producir. Se decide
paralizar la construcción de cinco grupos nucleares,
aproximadamente de 5.000 magavatios, que son las centrales de
Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II y, además, se propone una
compensación a las empresas, mediante una valoración, por las
inversiones realizadas que se carga en tarifa. Yo creo que el
procedimiento es adecuado. No acabo de entender las razones
del señor Alcaraz cuando dice que hay dinero que se tira por
la borda. Si hay que hacer una compensación en un momento
determinado, o se paga o se pide un crédito para pagarla; si
se pide un crédito, hay que pagar los intereses, por lo menos
en el sistema de libre mercado en el que nos movemos. No cabe
decir, por tanto, que hay dinero que se tira por la borda. Si
los Presupuestos Generales del Estado u otro mecanismo
hubieran estado en condiciones en aquellos momentos de pagar
las compensaciones adecuadas, se hubiera hecho. Se optó por un
mecanismo en el que, evidentemente, se generen intereses, pero
en el que se traslada a tarifa durante un período muy largo de
tiempo, a lo largo del cual la repercusión en tarifa es
relativamente pequeña y permite, además, una solución, como la
que se propone en este momento, que es una paralización de la
construcción, que se convierte en una paralización definitiva
con la extinción de las autorizaciones, extinción que, desde
nuestro punto de vista, está implícita en el texto de ley,
pero que nuestro Grupo Parlamentario la hará explícita a
través de una enmienda.

Me quiero referir también brevemente, aunque ya lo ha hecho el
señor Ministro, a los planteamientos de la enmienda de
totalidad de Coalición Canaria. El caso de las comunidades
autónomas insulares es un caso muy diferenciado respecto de
las comunidades autónomas peninsulares. Porque en las
comunidades autónomas insulares los aprovechamientos, tanto de
producción como de transporte o de distribución, afectan
exclusivamente a una comunidad autónoma, por lo que no existe
duda alguna sobre la competencia de la comunidad autónoma tal
y como está en el proyecto de ley que envía el Gobierno, y
todas las competencias administrativas de autorización,
inspección y sanción corresponden a la Comunidad Autónoma
canaria. En consonancia con lo que ha dicho el Ministro,
estamos abiertos a introducir alguna enmienda que pueda
disipar las dudas que hubiera. Tengo que decirle a S.S.

también que hay una proposición no de ley aprobada, a la cual
se refirió el señor Vicepresidente del Gobierno en el Pleno
celebrado ayer, que hace referencia a la participación y
presencia de comunidades autónomas en empresas públicas, que
tiene relación con algunas de las palabras que ha pronunciado
el portavoz del Grupo de Coalición Canaria en esta tribuna.

Nuestro Grupo cree que no hay otro modelo regulador encima de
la mesa hoy en este debate y considera que el proyecto de ley
enviado por el Gobierno establece un modelo regulador
eficiente, que promueve la competitividad, que se abre al
mercado interior de futuro de la Comunidad Económica Europea y
que, sobre todo, garantiza el suministro de energía eléctrica
a los usuarios.

Por tanto, solicito a SS.SS. que voten en contra, tanto del
texto alternativo presentado por Izquierda Unida como de las
enmiendas de devolución presentadas por los demás grupos. Nada
más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.

Tiene la palabra el señor González de Txábarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.

Señor Sáenz Lorenzo, yo estimo la lectura que usted realiza de
este proyecto de ley, que es una lectura «bonae voluntatis»,
y, como buen democristiano, no me queda que decirle al señor
Ministro más que «laudamus te». Esperemos que sea así, pero lo
que no puede argüir como fundamento es que eso es lo que pone
en el texto normativo del proyecto de ley. Esas serán sus
intenciones, las intenciones del Ministerio, las intenciones
del Grupo Socialista. Esperamos que la manifestación



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del señor Ministro en el sentido de buscar consensos, ampliar
el modelo, no sean meros efectos retóricos para salvar la
situación en el día de hoy. Se lo recordaremos a lo largo del
debate y le manifestamos nuestra disposición a entrar, en el
trámite parlamentario, a consensuar la propia ley y a tratar
de discutir también sobre el propio modelo. No podrá usted
poner como condición previa la aceptación del modelo tal cual,
para, de alguna forma, poder alterar alguno de sus
artículos.

Nosotros entendemos que existen cuestiones básicas,
fundamentales, que en el debate todavía no han quedado
dilucidadas. Existen múltiples faltas de concreciones y el
portavoz socialista repite machaconamente lo que se recoge en
la memoria del proyecto de ley y en la exposición de motivos
que le acompaña casi hasta el absurdo. No estamos preguntando
eso; las preguntas están en otro sitio. Nos quedamos sin saber
el conjunto de reglamentos que desarollarán este proyecto de
ley, qué contenido van a tener y qué orientación van a
adoptar. El Ministerio debe tener preparados estos reglamentos
pero esta Cámara los desconoce, más aún cuando en el proyecto
de ley se indica que estos reglamentos van a tener carácter
básico. Convendrá con nosotros, señor Ministro, que esto es
hurtar la capacidad legislativa a esta propia Cámara. Si tiene
carácter básico su desarrollo reglamentario, no recogerlos en
el proyecto de ley e indicar aquí genéricamente cuál va a ser
la orientación de los mismos es pedir un cheque en blanco a
esta Cámara. La Administración central tiene capacidad para
manipular arbitrariamente los elementos esenciales del sistema
y de su evolución futura. Nosotros entendemos que están
legalizando el pasado sin atraverse a llenar de contenido el
futuro. Por lo menos, nosotros no sabemos cuál es el contenido
de ese futuro.

En relación al modelo, que es en lo que ha centrado su
intervención el señor Ministro, manifestamos que el sistema
independiente es un pegote, que no casa con los principios del
modelo de servicio público de garantía y de explotación
unificada y, por tanto, nos preguntamos para qué se pone este
parche del sistema independiente, establecido sobre principios
antagónicos con respecto a los fundamentos en que se basa el
proyecto de ley.

En el proyecto de ley, señor Ministro, se superponen dos
modelos; ahí está el problema. No se trata de si nos gusta o
no el modelo, sino que se superponen dos modelos, modelos que
son estancos y que el proyecto de ley no consigue fundirlos ni
estructurarlos; están ahí. Su modelo, creemos entender, era el
modelo integrado del sistema francés; eso es lo que a usted le
gusta. Entendemos que por necesidades de acomodación a la
normativa europea haya tenido que incluir dos apéndices, los
artículos 12 y 13, pero convenga con nosotros en que, dentro
del conjunto del proyecto de ley, esos dos artículos se
reconocen extraños y se pueden considerar un apéndice.

¿Qué opinión le puede merecer este proyecto a la dirección
cuarta de la competencia de la Unión Europea? Existen dos
denuncias de la Unión Europea contra este Gobierno por
mantener los monopolios de importación y de exportación en
relación con el gas y la electricidad. Nos vamos a encontrar
con una situación parecida en un tema tan importante.

Nosotros, señor Ministro, seguimos entendiendo que el modelo
que se propone va contra los criterios de libre empresa y de
libre concurrencia. Creemos que este sistema dual que propone
el Ministerio es ficticio e inestable. El sistema
independiente tiene que pagar al integrado los costos que éste
le ofrece, pues deja de ser competitivo y, en hipótesis
contraria, si no tiene que sufragar esos costes, no puede
competir con él; o no funciona uno, o no funciona el otro.

Podemos realizar otra serie de consideraciones, aunque el
tiempo es breve, relativas a la comisión del sistema eléctrico
nacional. Cuando en esta Cámara se está legislando
últimamente, por ejemplo, sobre la autonomía del Banco de
España, sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
etcétera, convendrá S.S. conmigo que el planteamiento que se
hace para esta comisión está muy lejos de lo que está siendo
habitual en leyes del mismo sentido en ámbitos económicos que
son sustanciales. ¿Por qué las eléctricas son un sector
distinto?
Nos llama la atención su obsesión por la garantía, que se
repite sistemáticamente en los discursos que realizan;
entendemos que hay que cifrar y objetivizar esa garantía pues
cuanta más garantía, más coste. No responden qué es lo de la
garantía infinita; buscan garantía infinita, pero ¿qué precio
tiene eso? Además, el proyecto de ley, tal y como está
formulado, resulta poco motivador para las empresas del
sector. ¿Dónde están los criterios de competitividad o de
modernización? Me decía un alto ejecutivo de una empresa
eléctrica, hace unos días, que ellos se pueden empeñar en que
la empresa sea competitiva, en reducir costos, en hacer
producir al personal, etcétera, y que con eso pueden ahorrar,
como mucho, 1.000 millones de pesetas, pero resulta que un
alto funcionario de industria, con una centésima de una
tarifa, les hace ahorrar miles de millones. ¿Ese es el sistema
competitivo industrial de este Gobierno? Yo le recordaba a
usted, señor Ministro, que es Ministro de Industria en primer
lugar. Esta planificación obsesiva recuerda otros tiempos. En
conclusión, señor Presidente, agradeciendo su generosidad,
nosotros entendemos que el modelo que se propone aquí funciona
como empresa única. Señor Ministro, es una nacionalización
económica del sector lo que aquí se está proponiendo. No se
atreven ustedes con una nacionalización jurídica, pero
realizan una nacionalización económica. A efectos prácticos,
la nueva empresa



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pública se llama sistema integrado; por ello, señor Ministro,
le indicamos que, con este proyecto de ley, con estas
intervenciones, nos llevan ustedes por el túnel del tiempo --
siendo muy generosos-- a principios de siglo.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri. (El
señor Ministro de Industria y Energía, Eguiagaray Ucelay, pide
la palabra.)
Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.

Yo creo que una elemental cortesía me obliga a hacer
referencia a algunas de las expresiones que ha vertido el
señor González de Txábarri.

Señor González de Txábarri, usted está pensando y diciendo lo
que dice porque está en la situación que está, políticamente,
en la comunidad en la que se mueve. Le quiero expresar mi
máxima voluntad, como ya he dicho en múltiples conversaciones
que hemos tenido con personas de su Grupo y cercanas, de
buscar y de aproximar conceptos, pero si lo que quiere es
hacer frases y acabar su discurso diciendo que esto es una
nacionalización económica, hágalo. Yo creo que no se le cree
nadie, no se le cree ni siquiera la gente de su Grupo. La
segunda consideración que le quiero hacer es muy breve. El
sistema independiente no es un parche, y, desde luego, un
sistema independiente no se crea de la noche a la mañana, pero
si lo que usted pretende es que haya un sistema independiente
que no tenga que cubrir ninguna de las externalidades ni los
costes que significa la garantía del abastecimiento y la
diversificación es que, simplemente --se lo digo con todo
respeto--, no tiene ni idea, no sólo de lo que ocurre en este
país, que es razonable que ocurra, sino de lo que está
ocurriendo en el resto de los países europeos.

Tercera consideración, señor González de Txábarri. Me pide
usted que esto no se convierta en una ley básica, como dice el
texto presentado, sino en un reglamento. Le admitiré que,
ciertamente, cualquier legislación eléctrica no puede llegar
al pormenor de toda la reglamentación que tiene que derivarse
de ello, pero si usted analiza la reglamentación existente en
este momento se dará cuenta de hasta qué punto sería una
barbaridad para esta Cámara pretender fijar, en un texto
legislativo, elementos que tienen que estar sometidos a la
flexibilidad necesaria y también a su capacidad de evolución
en el tiempo. Es verdad que hay elementos que después
necesitan concreción; sin embargo, también es verdad que
aquellos elementos que configuran el modelo, aquéllos que son
susceptibles y que deben ser objeto de discusión dentro de
esta Cámara están plasmados con un enorme nivel de detalle y
han sido elevados de rango, porque anteriormente no eran
elementos de la legislación sino, en todo caso, de normas
reglamentarias. Una última consideración, señor González de
Txábarri, los principios europeos inspiran esta ley. Lo que
quiero decirle es que, ya que por lo menos usted me ha
admitido el beneficio de la duda, en el sentido de que lo que
yo decía, aun cuando usted no lo interpretaba que estuviera
plasmado en la ley, confiaba en que a lo mejor pudiera
llevarse a cabo en el tiempo, mantenga ese beneficio de la
duda. Yo en todo caso de lo que no tengo ninguna duda es de
que su interpretación, la que usted ha hecho, del texto de la
ley, en virtud de supuestas insuficiencias en el nivel de
detalle, no tiene nada que ver con lo que dice en una lectura
simplemente normal el Proyecto de Ley.

Por eso, señor González de Txábarri, estábamos mucho más de
acuerdo en la orientación y hasta en los niveles de detalle
antes del verano; no sé yo si el mes de octubre a esos efectos
tiene alguna importancia.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.

Señor Sáenz Lorenzo, nosotros hemos elaborado un texto
alternativo con una asociación ecologista, con lo que esto
supone de complementariedad; por lo tanto, no es sólo un texto
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sino de Aedenat
también. Esto quiere decir que puede haber, como ha dicho el
señor Ministro, elementos radicalmente incompatibles con el
modelo que ustedes plantean.

Se mantiene, es cierto, una línea con respecto al transporte,
con respecto al mantenimiento de las redes comercializadoras,
pero los elementos que se introducen proceden de otra lógica,
hay otra lógica interna en nuestro texto que efectivamente le
ha hecho decir al señor Eguiagaray que puede haber modelos
radicalmente incompatibles, y así es, tanto por lo que
respecta al tema de la energía nuclear como por lo que se
refiere al tema de que las centrales se debieron cerrar
definitivamente a partir de 1983, cuando se declara la
moratoria, y, de una parte, se hubieran ahorrado 555.000
millones de pesetas en el recargo de los usuarios, y, de otra,
al pagar de hecho 429.000 millones, no se hubiera hoy
revalorizado esta cifra, a diciembre de 1993, hasta 729.000
millones.

Al mismo tiempo, introducimos algo que ustedes, a niveles de -
-me van a permitir una pequeña broma-- cantidad Bonsai,
también tienen en su filosofía, que es IDAE (Instituto de
Diversificación y Ahorro Energético), ustedes lo contemplan
ya, es esta idea, pero con un volumen presupuestario mucho
mayor. Ustedes prácticamente hacen que el IDAE funcione con
unos 3.000



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millones de pesetas, pero sufriendo el Instituto recortes
sucesivos en su presupuesto. Pues a esta filosofía es a la que
apuntamos constituyendo en nuestro texto la compañía de ahorro
energético con un presupuesto que pueda en este sentido
competir, desde la filosofía del ahorro, con los 200.000
millones que aproximadamente puede manejar una compañía
eléctrica privada.

Desde ese punto de vista, yo estoy de acuerdo con el señor
Ministro de que no se trata de ningún tipo de nacionalización,
no es ese el problema; el problema de fondo es que estamos
ante un monopolio natural, estamos ante un sector que
constituye un servicio de monopolio natural y que de una o de
otra forma tiene que intervenir el Estado. No es que sea
moderno o antiguo, es que se trata de una estructura
específica. Pero el problema no es que se trata de intervenir,
hay que intervenir; el problema es a favor de quién se
interviene, y desde nuestro punto de vista se interviene a
favor de las grandes compañías eléctricas (el tema de la
moratoria ya lo he explicado suficientemente), a favor de
quienes conceden los préstamos, los bancos, la gran banca,
para la construcción, que luego pagamos, a través de recargos
sucesivos, incluso durante diez años, sin que esto tenga
justificación alguna, y en contra de una filosofía que habla
del ahorro y habla de tres principios que ustedes no
contemplan, que serían la seguridad (aquí aludo a las
justificaciones que usted nos pedía sobre el tema de la
energía nuclear: no es segura, en ningún país del mundo, en
absoluto), el tema del precio y el tema de la calidad.

Por lo tanto, nuestra filosofía va en la dirección en la que
ustedes empezaron a apuntar con lógica y buen tino, al tema de
Endesa --la compañía eléctrica del sector público--, que no se
metió en el tema nuclear, que ha ganado más dinero que ninguna
compañía privada, que ha tenido que comprar deuda de las
compañías privadas, que es un sector que funciona y que
ustedes privatizan --parece que les da miedo hasta mantener
las empesas rentables, les da miedo reconocer hasta las cosas
progresistas que hacen--, ese es el camino al que estamos
aludiendo, la empresa pública, que funciona muy bien --desde
luego mucho mejor que Iberdrola-- que ha comprado deuda de la
empresa privada, que ha dado ejemplo de funcionamiento a
través, en este caso, de la empresa de ahorro energético. En
esa dirección es en la que apuntamos, señor Ministro.

Efectivamente, hay elementos contradictorios, hay elementos
incompatibles, pero también hay elementos compatibles si
ustedes mantienen una política de servicio público basado en
el ahorro, porque si no, si nos basamos en la filosofía del
texto, ustedes les van a permitir a las compañías eléctricas
que mantengan la cultura del aumento del gasto energético.

Naturalmente harán inversiones, que ustedes van a avalar de
manera tremenda, con un tutelaje tremendo, en función de esa
filosofía de que aumente indiscriminadamente el crecimiento
del consumo. Nosotros interponemos la otra filosofía, que
indudablemente es distinta e incompatible con muchos de los
artículos que ustedes plantean, pero absolutamente posible, en
función de la calidad, en función del precio, en función de la
seguridad y en función de la preservación del medio ambiente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.

El señor Gámir tiene la palabra.




El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, la verdad
es que la primera declaración del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista es casi divertida, y lo digo sin
ninguna acritud. Decir que para hacer oposición hay que
presentar un texto alternativo es acusar al Partido Socialista
de no haber hecho prácticamente oposición entre 1977 y 1982.

Vayamos a la hemeroteca. ¿Alguna vez el Grupo Parlamentario
Socialista presentó un presupuesto alternativo? ¿Quiere eso
decir que no hacían oposición a los Presupuestos? Veamos
también la cantidad de enmiendas a la totalidad y de
devolución que presentó el Grupo Socialista cuando estaba en
la oposición, sin texto alternativo. Luego aplíqueselo a usted
mismo. Como es lógico, se puede hacer oposición con textos
alternativos, con enmiendas a la totalidad o con enmiendas
parciales. La vía es la que cada grupo decide en cada momento.

Y en este momento, con una práctica que el Grupo Socialista
utilizó muy a menudo, hemos utilizado la enmienda de
devolución porque nos parecía la más lógica. Explicada esta
autocrítica que usted acaba de hacer a su Grupo Parlamentario
cuando estuvo en la oposición, autocrítica dura, dicho sea de
paso, digamos que usted también ha argumentado creando el
maniqueo, en el sentido de que usted ha hecho decir al
portavoz del Grupo Popular lo que no ha dicho. Y después, una
vez creado el maniqueo, le ha sido muy fácil rebatirle. Es una
técnica conocida pero no muy seria, señor portavoz. Lo que yo
he dicho no es únicamente que lo que hace falta es un sistema
más competitivo y eficiente. Esa es la conclusión de algunos
de los principios en los cuales se basaría la ley que
propondría el Partido Popular. Usted sabe distinguir, dentro
de una argumentación, lo que es conclusión de lo que es cuerpo
del análisis, y en el cuerpo del análisis se ha dicho mucho
más. Se ha descrito, en el tiempo que permitía la Presidencia,
todo un modelo alternativo de cómo se debe regular el sistema
eléctrico nacional.

Tengo que decirle telegráficamente, porque parece ser que no
lo ha entendido --y perdóneme, se lo repito sin ninguna
acritud-- que nos parece muy mal que se meta en la misma ley
el problema de la titulización de la moratoria nuclear y el
resto de la regulación sobre el sistema eléctrico, porque eso
disminuye la capacidad de crítica, dicho en palabras
tremendamente suaves, de la sociedad civil con respecto a la
ley, y debería ir en



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un decreto-ley o en una ley de presupuestos --debería haber
ido el año pasado--, y a todos los consumidores esa decisión
política del Gobierno de tener menos oposición nos ha costado
por lo menos 70.000 millones de pesetas y probablemente mucho
más si hacemos el cálculo con rigor.

Les he dicho un sistema alternativo que cambia el poder, y el
poder es lo importante. En el sistema alternativo que
planteamos el Ministerio de Industria tiene muchas menos
competencias, la comisión no es politizada, su presidente no
es un político que la ley no le exige que sea competente ni
técnica ni profesionalmente, sino que es una comisión
independiente, técnica, no politizada, la que realmente tiene
mucho más poder en relación con su ley. Les hemos dicho que
Red Eléctrica de España no será pública por Ley, será pública
o privada según como esté el sistema eléctrico. Yo no le he
hablado de empresa única, señor portavoz. El señor González de
Txábarri ha hablado de una nacionalización económica y no
jurídica. Yo le he puesto el símil de la empresa única, que
esto actúa como una empresa única, que es muy distinto a decir
que es una empresa única.

Resumiendo por razones de tiempo, les he planteado un reto:
transparencia fiscal en las tarifas, que, sin duda, cambiaría
la relación consumidores-productores; les he presentado un
sistema que prestaría mucha más atención al consumidor y a las
pymes; que no haya que subir las tarifas de entrada, como va a
haber que hacerlo, porque por el actual sistema del 3,54 --si
luego hay tiempo lo expondré adecuadamente-- es insuficiente,
y por ahí, por esta parte relacionada con la moratoria
nuclear, habrá que subir tarifas, y porque en la comisión hay
el divertido sistema de que su presupuesto no lo aprueba esta
Parlamento y va a tarifas, con lo cual ya sólo por ahí se
suben tarifas. Estamos en desacuerdo con eso. Queremos
incrementar la competencia para que a través de la misma se
puedan disminuir tarifas. Le proponemos la evolución del
sistema. Ustedes no se fijan en hacia dónde va Europa, y en
esta ley hay que dejar abiertos los sistemas para que esto
cambie hacia un modelo mucho más competitivo, dentro de un
enfoque mucho más liberal, hacia el que va Europa en este
campo, y ustedes no lo hacen. Les planteamos que quede en esta
ley mucho más definido cuál es, y no que, si acaso, se pongan
cortapisas en la ley y luego todo quede a un reglamento, al
poder del señor Ministro o del Consejo de Ministros. Les
hablamos de que se hurta al Parlamento el sistema de
regulación eléctrico, porque lo que se da son cuarenta cheques
en blanco al Gobierno. Le decimos: devolvamos competencias al
Parlamento.

Le planteamos, en definitiva, que retiren el proyecto, que lo
retiren, que mantengan o creen una norma, o se la propondremos
nosotros, en la cual se resuelva ya el tema de la
titulización, decreto-ley o en los presupuestos, y que
pactemos con un consenso mucho mayor el resto de la norma.

Tenemos cien enmiendas al articulado. Era facilísimo hacer un
texto alternativo, simplísimo. Hemos preferido --me parece que
en este caso ejercemos el papel de una oposición mucho más
clara-- pedir la devolución al Gobierno siguiendo una práctica
que en este punto no nos parece mal, la que muchas veces
utilizó el Grupo Socialista cuando estuvo en la oposición.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gámir.

El señor Martín tiene la palabra.




El señor MARTIN MENIS: Señor Presidente, voy a ser muy breve.

Vista las intervenciones del señor Ministro y del portavoz del
Grupo Socialista y estimando que en la tramitación podemos
buscar soluciones adecuadas vía enmienda o disposición
adicional para dejar resueltos los problemas que se plantean
en un sistema aislado como el nuestro, y para dejar resuelta
la posible participación en la red para que haya una presencia
continua de la especificidad al resolver los problemas del
resto de la red unificada, vamos a retirar la enmienda de
totalidad y nos abstendremos en la votación.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Señor Presidente, intervengo brevemente para, aparte de
expresar mi complacencia por la decisión del señor Martín,
aclarar dos cosas que han quedado en el ambiente señor Gámir,
a las que yo creo que, por lo menos, debería hacer referencia.

Primero, en sentido positivo, usted ha hecho algunas
sugerencias y yo estoy convencido de que mi Grupo defenderá
tanto o más que usted y que su Grupo la transparencia en la
tarifa del sector eléctrico. Por tanto, si eso le preocupa --
desde luego, a mí me preocupa--, creo que es bueno que los
ciudadanos sepan con claridad cuáles son los costes que están
implícitos en la tarifa que pagan. Quizá sea bueno avanzar en
esta dirección en la discusión presupuestaria.

Pero hay dos cosas que usted ha dicho que sí me inquietan. Una
es una acusación vertida en virtud de la cual la decisión del
Gobierno, a propuesta de este Ministro, de que la moratoria
nuclear fuera un tema que se tratase en el conjunto del
Proyecto de Ley es algo que está costando caro a los
ciudadanos. Señor Gámir, esa es una decisión no solamente mía
sino anterior. Nunca el Gobierno estuvo considerando
seriamente llevar a cabo ese tema, aunque es verdad que, si
las circunstancias hubieran sido otras, tal vez el Gobierno se
lo



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hubiera tenido que plantear. Le quiero decir una cosa, y se lo
voy a decir para que todo el mundo lo entienda, el tema de la
moratoria nuclear y las compensaciones económicas es lo
suficientemente serio como para que, a poder ser, no tenga el
tratamiento de un decreto-ley surgido del Gobierno de la noche
a la mañana, sino que, por el contrario, sea objeto de un
tratamiento reposado en esta Cámara, por el conjunto de
repercusiones de todo orden que tiene. Primera consideración.

Segunda, de carácter económico-financiero. Es falsa su
afirmación de que esto ha costado al sistema 70.000 millones
de pesetas, entre otras cosas porque la tarifa o los costes de
la moratoria nuclear, que están implícitos en este momento en
la tarifa, no se modifican en el Proyecto de Ley, sigue
existiendo un 3,54 por ciento, y las esperanzas de que esto
repercuta en menor medida en la tarifa, y en consecuencia en
los costes, deriva de cuál sea la evolución de los tipos de
interés. Le diré una cosa más, si en este momento estuviera en
vigor el mecanismo de titulización de la deuda, sería
recomendable su no utilización, teniendo en cuenta
precisamente la elevación al alza de los tipos de interés a
medio plazo que se ha producido en los mercados. No hay
razones de urgencia, no hay un coste económico adicional y hay
razones jurídicas y políticas bastante serias como para que
esto sea objeto de debate en esta Cámara.

Ultima consideración, y ésta es una alabanza. A mí me parece
muy bien, señor Gámir, que no hayan presentado un texto
alternativo. Creo que S.S. no va a poder sostener la promesa
de cambiar esta ley en el futuro por dos razones, primero,
porque vamos a ver cuándo llegan ustedes al Gobierno; segundo,
porque cuando lleguen, espero que hayan entendido cómo
funciona de verdad el sistema eléctrico y encontrarán que esta
ley es bastante adecuada.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Gámir.




El señor GAMIR CASARES: Señor Ministro, le acepto la enmienda
sobre la transparencia que parece ser que pide a su Grupo
Parlamentario que lleve a cabo. Lamento que no estuviera en el
proyecto de ley que han remitido a las Cortes. Sería tener la
máxima seguridad de que estaban de acuerdo con ello.

Segundo, la titulización podría haber ido por ley, por
ejemplo, por la Ley de Presupuestos de 1994, dado que ese tema
se analizó ampliamente en la última parte del año pasado;
incluso, ahora también podría haber ido por ley, por la Ley de
Presupuestos para 1995, que es seguro que se aprobará antes
del 1 de enero, pero separada de esta ley para que no aparezca
la sospecha de que, al unirla, lo que se quiere hacer es
disminuir la posibilidad de crítica del sector privado
respecto al resto de la ley.

Usted ha utilizado la palabra «falsa». Es una palabra dura,
señor Ministro. Los cálculos son los siguientes, aunque no
tengo una pizarra ni tiempo para exponérselos en su totalidad.

Si se hubiera hecho la titulización el año pasado, cuando los
tipos estaban al 9,5, con un supuesto incremento de consumo de
la energía en términos nominales del 3 por ciento, se podría
haber realizado toda la titulización en diecisiete años; con
tipos de interés del 11 por ciento, ya hay un 10 por ciento
que no se puede hacer, de ahí los 70.000 millones que van a
tarifa, pero en este momento, los tipos son del 11,5 tendiendo
al 11. Con tipos del 11,5, el problema es que no se pagan ni
los intereses, y es divergente el flujo de entradas a través
del 3,54 del flujo de intereses. Ustedes, lo que tienen que
decir es eso. De forma que no utilicen la ley, esperen a que
se produzca una situación como la del 9 por ciento, que es
casi única en veinte años, única con el Gobierno socialista,
para que les puedan salir los números. Por ello, se van a ver
obligados a subir el 3,54, que con esta ley pueden subirlo. Es
la única forma de que les salgan los números. Es la única
forma y con eso, indudablemente, van a gravar ustedes más la
tarifa. Incluso, por encima del 10,5 --y no quiero aburrir con
números, pero son muy sencillos y que usted conocerá, de pura
aritmética financiera-- ya nos encontramos en peligro de no
devolver el principal. Fíjese a los tipos actuales. Y la deuda
tiene que titulizarse con tipos de interés fijos, para que
obtenga de las agencias de rating los suficientes números de
A, y esto usted lo conoce. En cuanto a los títulos actuales,
en este momento, usted lo que dice es que volvemos a aplazar
el problema porque ahora no se puede, en absoluto, hacer
frente a esa operación, a la que podrían haber hecho frente
hace un año y que por razones políticas no lo hicieron.

Señor Ministro --perdone, se lo digo sin acritud-- no tenga
usted ese rasgo de orgullo de creerse en posesión de la
verdad, diciendo: como yo tengo la verdad, cuando ustedes
estén en el Gobierno tendrán mis ideas. No, señor Ministro, no
es cierto. Usted tiene su verdad, que, en este caso, por
desgracia, vemos que está llena de bastantes errores. Por eso
mantenemos claramente la idea de que cuando la sociedad
española decida que el Partido Popular gobierne, el Partido
Popular presentará una ley que planteará unos principios muy
distintos para el sistema eléctrico nacional.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gámir.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Señor Gámir, con toda amabilidad, posesión de la verdad, muy
humilde a estos efectos. He empezado por alabarle; por
alabarle porque no presente un proyecto alternativo. Los
principios no les he visto



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muy diferentes, pero estoy seguro de que usted pretende
proclamar, y yo lo sé, que piensan cosas muy distintas que
nosotros. Pero me parece un gesto de prudencia y hasta de
responsabilidad en el principal Partido de la oposición no
presentar un texto alternativo, entre otras cosas, porque
hubieran tenido algunos problemas y seguramente en el futuro
tampoco lo hubieran podido cumplir.

Segunda consideración, señor Gámir. Su argumento en relación
con el coste financiero es equivalente a que si las cosas no
hubieran ocurrido como han ocurrido el mundo sería distinto;
esto es, si no hubiera habido construcción de centrales
nucleares; si no hubiera habido paralización nuclear,
seguramente no estaríamos haciendo frente a este coste. Es así
que ha habido construcción de centrales nucleares, es así que
estas Cortes decidieron la moratoria nuclear y es así que
hasta ahora no se está pudiendo discutir en esta Cámara el
proyecto de ley de ordenación del sector eléctrico, y teniendo
en cuenta que el porcentaje del 3,54 tiene vigencia al menos
para un período de amortización de 25 años, que su afirmación
de que esto está significando un coste para el sistema sigue
siendo falsa.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.




El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, voy a tratar de ser
telegráfico.

El señor González de Txábarri piensa que hay que regular más
el sistema independiente. Creo que eso es una contradicción
con el propio carácter del sistema independiente. Creo que
aparece en la ley como un espacio abierto de cara al futuro y
que no debe aparecer en muchos artículos de la ley, porque eso
significaría regularlo más.

La comisión del sistema eléctrico es un ente público creo que
similar a los que se crean en otras leyes económicas y, de
todas formas, en el trámite parlamentario estamos dispuestos a
enriquecer el planteamiento que de él se hace en el texto de
la ley.

Señor Alcaraz, sigo sin saber quién tendría que haber pagado
esos cerca de 600.000 millones en el año 1983. ¿A escote los
usuarios 600.000 millones en el año 1983? No sé quién y
tampoco sé qué alternativas plantea usted al cierre de las
centrales nucleares.

Efectivamente, el IDAE tiene una estructura ligera y pensamos
que debe tenerla. Es una empresa que pretende incentivar que
otras empresas hagan inversiones y en parte se autofinancia
con las inversiones que hace. Pensamos que por su propia forma
de trabajar debe tener una estructura ligera y no pretender
llevar a cabo por sí misma las inversiones, que me parece que
es la estructura que ustedes plantean en la ley, y con la que
nosotros estamos en desacuerdo.

Señor Gámir, ha dicho que yo no me he referido al cuerpo de
análisis. Yo no he visto análisis en su intervención y tampoco
había cuerpo, porque el cuerpo hubiera sido el texto
alternativo que le hemos pedido. Yo veo siempre la presencia
de sus obsesiones. Una y otra vez habla de Endesa y habla del
poder. Señor Gámir, en un sistema democrático el poder se
determina democráticamente, en unas elecciones generales. Nada
más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.

Tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.

Señor Sáenz Lorenzo, se lo voy a explicar más claro. En el año
1983 realizan ustedes la moratoria, se valoran las inversiones
en cuatrocientos treinta y tantos mil millones. Entonces
deciden dejar eso abierto y va generando intereses. Si llegan
ustedes, primero, a decirles a las empresas que asuman
riesgos, que no se lo han dicho; en segundo lugar, asume los
riesgos el Estado, pero si pagan ustedes en ese momento, no
habría que haber pagado de intereses hasta 1993 --¿lo entiende
ahora?--, 555.000 millones.

Pero no sólo eso, sino que lo que entonces se valoró en
cuatrocientos y pico mil millones se acaba de valorar, al 31
de diciembre de 1993, en 729.000 millones. Es decir, si
ustedes, como han pedido algunos Diputados de su Grupo,
declaran el cierre definitivo de aquellas centrales nucleares,
los usuarios no hubiesen tenido que pagar un recargo en el
recibo que ha sumado, y ahí está el documento no refutado por
nadie que he citado, 555.000 millones de pesetas.

Creo que se entiende, aunque usted me dirá ahora que no lo
entiende.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.

Tiene la palabra, muy brevemente, el señor Gámir.




El señor GAMIR CASARES: Intervengo con toda brevedad, señor
Presidente.

En primer lugar, los principios es claro que son distintos; es
claro que es distinto el principio de introducir mucha más
competitividad y competencia en el sistema eléctrico nacional;
es claro --y luego se lo explicaré al señor portavoz--, que la
distribución de poder, y es fundamental, en esta ley es
distinta; son claros los poderes que se le dan al Parlamento
con relación al Gobierno; es claro que la sustracción de
poderes al Parlamento que hay en este texto es distinta. No
voy a enumerar, para no reiterarlo una vez más, la lista de
principios distintos que hay en la postura alternativa, en el
enfoque alternativo del Partido Popular.

Señor Ministro, yo no...




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El señor PRESIDENTE: Señor Gámir, el turno es para contestar
al señor Sáenz Lorenzo.




El señor GAMIR CASARES: Recurro al artículo 73...




El señor PRESIDENTE: Señor Gámir, insisto. El turno es para
contestar al señor Sáenz Lorenzo y estamos en un turno
excepcionalísimo. Está S.S. en su cuarta intervención.

(Rumores.)



El señor GAMIR CASARES: Perdón, señor Presidente.

Para acabar de contestar al señor portavoz. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




El señor GAMIR CASARES: El poder, sin duda, lo marcan las
elecciones, claro, pero dentro de ello el Gobierno puede
decidir una distribución de poder distinta entre Gobierno y
sociedad civil. Nosotros planteamos que el Partido Popular en
el Gobierno devolvería poder a la sociedad civil, y a lo largo
de nuestro planteamiento alternativo la sociedad civil
recupera poder que absorben el Gobierno y el Ministerio en su
proyecto. El Ministro sabe mucho de discusiones sobre poder, y
es en ése, uno de los muchos sentidos, en el que me refería a
la palabra poder.

No puedo responder al señor Ministro a pesar del artículo 73.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gámir.

Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.




El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, entiendo que el
señor Alcaraz hubiera enviado esos más de 500.000 millones a
déficit, que también hay que financiar el déficit, con deuda y
con intereses. Pero es que, además, si se hubiera expropiado
en ese momento, no solamente se hubiera aumentado
significativamente la cantidad y se hubiera podido ver ante
los tribunales. Yo no veo que, efectivamente, se pueda eludir
tan fácilmente solamente con la palabra los costes de la
operación.

Señor Gámir, otra vez me habla de eficiencia, de
competitividad, bellas palabras. Creo que los contenidos se
tienen que poner en un texto alternativo, si es que hay un
modelo alternativo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.

Inicio esta breve toma de posición sobre el proyecto de ley de
ordenación del sector eléctrico ratificando los argumentos
expuestos por mi compañero del Grupo Vasco, señor González de
Txábarri, en su enmienda a la totalidad, a la que
necesariamente debo adherirme.

Quisiera destacar los temas por él expuestos: la necesidad de
una garantía se seguridad jurídica insertada en la propia ley,
sin remitirse a un reglamento que desarrollará el Ejecutivo,
completando la regulación de la planificación, precisando a
qué órganos corresponde su realización e incluyendo la
presencia en esta planificación de las comunidades autónomas
con competencias en materia energética. Asimismo, establecer
los criterios de determinación de la tarifa en la misma ley,
sin relegar los aspectos sustanciales de dicha tarifa al
desarrollo reglamentario. A propósito de ello quisiera
recordar la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha
declarado que las remisiones de una ley al reglamento no
pueden permitir una regulación independiente de la materia por
parte de la Administración, ni tampoco la regulación de
ámbitos de libertad de los ciudadanos puede depender de las
decisiones de elites político-burocráticas.

La ley debe recoger, para su debate y aprobación por esta
Cámara, todos aquellos temas que afectan a la seguridad
jurídica del sector, a la libre competencia empresarial, a los
criterios de determinación de precios y tarifas y a los
derechos del consumidor. Esta preocupación existe debido a la
constante necesidad, presente en esta ley, de acudir a
interpretaciones amplias de un texto plagado de permanentes
referencias a desarrollos reglamentarios posteriores, que se
traducen en un ámbito excesivamente abierto al no
predeterminarse el contenido sustancial de aquello que se va a
desarrollar.

Dicho esto, es necesario también insistir en la oportunidad
que se presenta con este Proyecto de Ley para propiciar, a
través de la ordenación del sector, una minimización de los
costes energéticos. A esos efectos basta citar las
publicaciones del Ministerio de Industria y Energía sobre
políticas industriales y análisis sectoriales de la
competitividad, que en sus referencias específicas reconocen
expresamente la elevada incidencia de la energía eléctrica en
los costes de producción de sectores como el siderúrgico,
integral o el acero, química, papel, transformados metálicos,
cementos, textil, etcétera, todos ellos ampliamente
representados en nuestra Comunidad Autónoma vasca. Para
nuestra Comunidad y para su economía, el objetivo fundamental
de la ordenación del sector eléctrico debe ser favorecer el
precio más competitivo de la energía eléctrica. Es necesario
un cambio en la tendencia de los precios de la energía
eléctrica, que están muy por encima de la media europea, y
para ello quiero citar lo siguiente: Potenciar la libre
negociación y la ampliación al máximo de los contratos como
fórmula habitual y no excepcional. Apostar firmemente por el
sistema independiente que de forma tímida se comienza a hacer
en esta



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ley. Un cambio en la cuantificación de las tarifas que prime
las actuaciones de mejora frente al hasta ahora vigente, que
ha demostrado ser desincentivador de la eficacia y que ha
hecho repercutir sistemáticamente en los precios, por una
parte, las consecuencias del endeudamiento, los costos
laborales y sociales, el mantenimiento de sectores en crisis
y, por otra parte, la cancelación de proyectos nucleares que
empiezan también a abordarse en este Proyecto.

El sector eléctrico tiene que adoptar políticas nuevas de
austeridad en respuesta a una demanda decreciente o en fase de
estancamiento y admitir una mayor competencia con otras
energías. En las nuevas inversiones del sector se tiene que
buscar incentivar la búsqueda de precios competitivos, la
introducción de tecnologías que favorezcan el mejor
rendimiento y el acercamiento de la generación al consumo con
la consiguiente mejora de eficiencia, reduciendo los costes
del transporte, mejorando la seguridad del suministro,
fomentando el aprovechamiento de emplazamiento o redes ya
existentes, susceptibles de transformación o de ser
remplazadas. Es preciso evitar, además, el vacío legal en lo
que se refiere al reconocimiento, también remitido a la vía
reglamentaria, a la energía producida en regímenes especiales
y que incidiría en el cumplimiento de los objetivos
energéticos del Plan Energético Nacional, abriendo esta
posibilidad al mayor número de proyectos viables. El reto de
la competitividad, que tiene que afrontar la empresa española
en el mercado europeo, necesita partir de unos umbrales de
costos fijos del mismo orden que los que soportan los de otros
países de la Unión Europea.

Para terminar diré que resulta positivo, desde el punto de
vista de nuevas oportunidades empresariales, de servicio y de
cobertura de carencias actualmente existentes, la inclusión
del sistema independiente de producción, distribución y
comercialización; sistema que prevé establecer suministros de
energía en condiciones libremente pactadas por las partes
productoras y consumidoras. Sin embargo, el proyecto de ley
mantiene incluso para este sistema independiente una estrecha
regulación pública, lo que establece una clara contradicción
entre el intento de aplicar criterios de competencia y
liberalización y el mantenimiento de mecanismos reguladores
asumidos, además, en exclusividad por parte del Gobierno del
Estado.

Señor Ministro, tenemos que hacer un esfuerzo. Considero que
cuatro enmiendas a la totalidad presentadas y más de un
centenar de enmiendas al articulado, merecen la pena este
esfuerzo y que aprovechamos este debate parlamentario para
abrir el sector a la libre competencia y a compartir la
función del Gobierno con la de las comunidades autónomas con
competencias en la materia. Yo no quiero quitar funciones al
Gobierno del Estado, mantengo que debe cumplir un papel
central, pero considero que los elementos que he citado es
necesario introducirlos, como además el considerar que el
resto de la economía, que debe competir sin barreras en todos
los países, precisa disponer de energía en condiciones
homogéneas y competitivas. El proyecto de ley inicia una
mejora respecto a la situación actual --debemos reconocerlo--,
pero insisto en que debemos aprovechar este debate
parlamentario para iniciar la definitiva liberalización del
sector, a la que aquí, durante este debate a la totalidad,
tanta referencia se ha hecho. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, voy a intentar casar
en mi intervención dos objetivos igualmente importantes pero
contradictorios. En primer lugar, hacer honor a la importancia
del debate que está teniendo lugar esta mañana en la Cámara y,
en segundo lugar, no cansar más a SSSS después de
prácticamente tres horas de debate. En cualquier caso, los voy
a intentar casar a base de una intervención lo más corta
posible.

Como ya ha sido aquí comentado, en el preámbulo del proyecto
de ley que estamos debatiendo se fija como uno de los
objetivos de este proyecto de ley garantizar la seguridad del
suministro eléctrico al menor coste posible y con una calidad
adecuada. Todos nos hemos pronunciado favorables a este
objetivo --difícilmente puede estarse en desacuerdo con él--y,
por tanto, en esta intervención --como así se ha producido a
lo largo del debate-- deberíamos buscar exactamente en el
texto del proyecto de ley sus contenidos y analizarlos para
ver qué es lo que proponen para conseguir ese objetivo.

Nuestro Grupo opina que en este proyecto de ley no se
introducen modificaciones sustantivas a la forma de funcionar
en la actualidad, y las que se producen van en la línea de
proponer un sistema más competitivo, que garantice la
seguridad del suministro y probablemente también un mejor
coste.

En primer lugar, el proyecto de ley, en su cuerpo sustantivo,
eleva a rango de ley disposiciones que ya existen en este
momento y a través de las cuales se rige el sistema para su
funcionamiento en la actualidad. Tanto la existencia del
sistema eléctrico nacional, como la gestión unificada del
mismo y su régimen económico, el marco estable, ya son el
funcionamiento normal del sistema eléctrico que en este
momento y desde hace años está rigiendo. ¿Qué es lo que hace
el proyecto de ley? Elevar a rango de ley ese --insisto--
funcionamiento hoy ya normativo pero no con rango de ley. Por
tanto, da mayor seguridad jurídica al funcionamiento del
sistema. Probablemente y desde un punto de vista teórico, los
que somos partidarios, para conseguir una mayor



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competitividad y competencia y una mayor eficacia y eficiencia
en el sistema, de la libertad de iniciativa querríamos el
funcionamiento del sistema con una mayor preponderancia de la
libre empresa, pero, ciertamente, si algún sector requiere la
intervención del Estado es éste, a través del necesario
control del precio de los productos energéticos, por lo que
tienen de incidencia en la competitividad de la industria del
país. Se trata, pues, de un mercado inevitablemente
intervenido, en el cual además los productos energéticos, de
los cuales se produce posteriormente la energía eléctrica,
también tienen, por el tipo de mercado, una intervención del
Estado. Por tanto, es muy difícil eludir esa necesaria,
inevitable y, por su objetivo, positiva intervención del
Estado que nosotros querríamos. Así pues, insisto, el proyecto
de ley no marca una diferencia sustantiva respecto al
procedimiento que actualmente rige en ese sistema. Por otra
parte, no he escuchado en ninguna de las intervenciones de los
grupos parlamentarios proponentes de enmienda a la totalidad
la voluntad de pedir, para el funcionamiento del sistema, un
marco distinto. No se ha pedido, incluso explícitamente algún
interviniente ha remarcado en su intervención que no ponía en
duda el funcionamiento a través de ese mismo marco estable en
el que, insisto, hoy ya funciona el sistema.

En segundo lugar, el proyecto de ley de carácter definitivo a
la moratoria nuclear, estableciendo las compensaciones por las
inversiones paralizadas y el mecanismo económico financiero
para las mismas. Nos parece positivo, por tanto, también este
punto en el cual se da carácter definitivo a una decisión,
cuyo carácter definitivo todos intuíamos pero faltaba darle
ese cierre formal. Nos parece menor que eso se haga a través
de esta ley o a través de una ley propia y sustantiva; no nos
parece un tema suficientemente importante.

Las novedades que introduce la ley, que a nuestro juicio no
son fundamentales, voy a intentar analizar si van en la línea
de esa necesidad de garantía del suministro al menor coste
posible. Nosotros entendemos que sí. El Proyecto de Ley
introduce por primera vez un órgano, la comisión, que debe
dotar de mayor independencia a los órganos de control,
inspección y arbitraje que rigen el sistema. A nosotros nos
parece importante y en la línea positiva, en la dirección de
dotar de mayor independencia al sistema (si algo nos parece la
reforma es que es tímida), a través de enmiendas parciales
procuraremos dar una mayor incidencia a esta comisión.

Como decía antes, el proyecto también introduce una mayor
seguridad jurídica, tanto por lo que hace referencia a las
reglamentaciones hoy existentes del marco estable, como por la
creación de la comisión y por la introducción de la moratoria
nuclear como definitiva. Y el Proyecto introduce sobre todo,
en la única forma en que puede hacerlo, la posibilidad de
creación de un sistema independiente que dote de mayor
competitividad al conjunto del sistema. De ninguna manera
puede crearse por decreto-ley un sector independiente, sino
simplemente hacer posible la existencia de ese sistema
independiente. También --y a través de enmiendas parciales
intentaremos que todavía sea mayor la incidencia-- con la
posibilidad de realizar importaciones y exportaciones puede
dotarse de mayor competitividad, al incrementarse la
competencia del sistema a través de esos mecanismos. Por
tanto, a nuestro entender, las novedades van, aunque quizá
tímidamente, en la línea que a nosotros nos parece correcta.

Señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario va a votar en
contra de las enmiendas de totalidad que solicitan la
devolución al Gobierno. En muchas de las cosas que han
mencionado los enmendantes, no tanto en su justificación
escrita, como es normal, como en las intervenciones habidas en
esta tribuna, nuestro Grupo Parlamentario podría estar de
acuerdo y estará de acuerdo como se demostrará en las
enmiendas parciales que vamos a presentar, pero entendemos que
deben ser objeto de enmiendas parciales y de introducción en
el debate posterior. El señor Ministro y el Grupo
Parlamentario Socialista han ofrecido la necesidad de diálogo
en este Proyecto de Ley, importantísimo por otra parte.

Nosotros ya anunciamos que vamos a utilizar ese mecanismo para
introducir mejoras en este Proyecto de Ley, para conseguir una
mayor independencia de la comisión, para conseguir mayores
competencias para la comisión y para conseguir mayores
competencias para el consejo asesor de la misma que este
Proyecto de Ley crea. Los contenidos de las objeciones de los
grupos enmendantes no nos parecen sustantivos. Por otra parte,
devolver un texto como éste al Gobierno, que, como aquí ya se
ha recordado, desde hace dos años tenía preparada la
legislación, no sería para nosotros garantía de que el nuevo
texto viniera con las introducciones que desean los grupos
enmendantes. Por tanto, nosotros pensamos que debemos
aprovechar la oportunidad del texto del Gobierno. No ha habido
ningún texto alternativo mejor; después comentaré el de
Izquierda Unida. Los enmendantes que solicitan la devolución
no han presentado a la Cámara, por lo menos este Grupo
Parlamentario no sabe ver una alternativa mejor en este
momento que la del propio texto del Gobierno. Por eso
votaremos en contra de esas enmiendas de totalidad que
solicitan la devolución.

Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el único texto
alternativo, presentado por el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sinceramente nos satisface menos que
el proyecto del Gobierno. A pesar del poco tiempo
transcurrido, desde ayer que acabó el plazo hasta este
momento, nos hemos leído con detenimiento el contenido y hemos
escuchado atentamente también la intervención de su portavoz.

Nos parece que fundamentalmente son dos aspectos los que
cambian sustantivamente el Proyecto del Gobierno. El esfuerzo



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por el ahorro energético (que obviamente preocupa también a
nuestro Grupo Parlamentario) estamos francamente seguros de
que no se consigue a través de la creación de una empresa
pública; no nos parece ése, en absoluto, el mecanismo de mayor
eficacia. En el ahorro energético tiene competencias no sólo
la Administración central sino las comunidades autónomas, y
nos parece que es cercano al territorio como debe conseguirse
el necesario --y en ese objetivo estamos completamente de
acuerdo-- y absolutamente imprescindible desarrollo e
incremento del ahorro energético, es decir, la disminución de
la demanda a la que hacía referencia el portavoz del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Pero insisto en que
el mecanismo de la creación de una empresa pública no creemos
que sea, ni mucho menos, lo más acertado.

Por otra parte, en el tema de la moratoria nuclear hemos
escuchado atentamente el debate producido tanto por el Grupo
Popular como por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y el Grupo Socialista, así como también la
intervención del señor Ministro. A nosotros también nos
preocupa la forma de financiar la moratoria nuclear. Creemos
que debemos ser muy cuidadosos --y así lo intentará nuestro
Grupo Parlamentario en el debate posterior-- para asegurar que
el coste de la moratoria nuclear sobre la tarifa no hace
absolutamente imposible la competitividad de nuestra industria
a través de una tarifa excesivamente elevada. Es decir, que la
incidencia del coste de la moratoria nuclear sobre el conjunto
de la tarifa debe tener un límite que creemos que debería ser
fijado en la ley. Pensamos que con posterioridad tendremos
suficiente tiempo para debatir todas estas cuestiones. Nuestro
Grupo Parlamentario --insisto-- va a votar en contra de las
enmiendas de totalidad, tanto la del texto alternativo como
las de devolución, porque creemos que el texto normativo es
necesario en primer lugar, es mejorable en los debates
posteriores y no se ha realizado ninguna intervención
sustantiva como para proponer una alternativa mejor que la que
representa este Proyecto de Ley.

Nada más, señor Presidente, señoras y señores
Diputados.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.

Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.)
Enmiendas de totalidad que postulan la devolución al Gobierno
del proyecto de ley de ordenación del sistema eléctrico
nacional.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 316; a favor, 151; en contra, 161; abstenciones,
cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazadas las enmiendas.

Votamos la enmienda de totalidad de texto alternativo
presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya al mismo proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 16; en contra, 295; abstenciones,
cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazada la enmienda.




AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY



--DE ORDENACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL (Número de
expediente 121/000053.)



--DE MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS (Número de
expediente 121/000061.)



El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno la avocación
de la deliberación y votación final del proyecto de ley de
ordenación del sistema eléctrico nacional, una vez que han
sido rechazadas las enmiendas de totalidad. ¿Acuerda el Pleno
recabar para sí la deliberación y votación final de este
proyecto de ley? (Asentimiento.) Queda aprobado.

Asimismo la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha
acordado proponer al Pleno la avocación de la deliberación y
votación final del proyecto de ley de modernización de las
explotaciones agrarias. ¿Acuerda el Pleno recabar para sí la
deliberación y votación final de este proyecto de ley?
(Asentimiento.) Queda aprobado.




DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS
(Continuación.)



--POR EL QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA Y SE MODIFICA PARCIALMENTE LA
LEY 28/1984, DE 21 DE JULIO, QUE CREA DICHO ORGANISMO (Número
de expediente 121/000059)



El señor PRESIDENTE: Debates de totalidad correspondiente al
proyecto de ley por el que se prorroga la vigencia de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa y se modifica
parcialmente la Ley 28/1984, de 21 de julio, que crea dicho
organismo. Enmienda de totalidad de devolución del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa



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per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra la señora
Maestro. (Rumores.)
Señorías, estamos en sesión. Ruego guarden silencio y ocupen
sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.

Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para
defender la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto
de ley del Gobierno por el cual se pretende prorrogar la
existencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.

Señorías, la configuración territorial de las instalaciones
militares del Ejército español, que en gran medida responden a
necesidades y a planteamientos estratégicos que se derivan de
la posguerra civil, hace tiempo que ha manifestado su
obsolescencia. Planteamientos más adecuados a las necesidades
actuales de defensa del territorio han determinado la
necesidad de ubicar instalaciones militares fuera de los
cascos urbanos de las grandes y medias ciudades y el
correspondiente cambio de uso de los terrenos hasta hace pocos
años destinados a fines militares. (El señor Vicepresidente,
Ramallo García, ocupa la presidencia.) Por otra parte, el
desarrollo demográfico que han vivido nuestras grandes
ciudades en los últimos 20 años se ha caracterizado por un
importante crecimiento de los núcleos urbanos y ha determinado
que instalaciones militares que en su origen se encontraban en
la periferia de las grandes ciudades hoy se encuentren
rodeadas de un entorno muy distinto del que tenían
inicialmente. Su clara inoperatividad, desde el punto de vista
militar, se ha visto contrapuesta por otro tipo de utilidad
que pudiera derivarse a las plusvalías económicas generadas
por su situación en zonas de alta rentabilidad inmobiliaria.

Asimismo, el tipo de crecimiento urbanístico con altas
densidades de población en zonas muy numerosas de las grandes
ciudades ha supuesto un crecimiento desproporcionado de la
densidad de viviendas con carencias muy importantes en las
dotaciones sociales, recreativo-culturales y de zonas verdes.

A todo ello hay que añadir, como consideraciones previas a la
hora de enfocar la necesidad de la prórroga de la existencia
de este organismo autónomo del Ministerio de Defensa, el hecho
histórico de que la inmensa mayoría de los terrenos ocupados
hasta la fecha por instalaciones militares proceden en su
origen de donaciones, de cesiones gratuitas, bien de
ciudadanos, bien de ayuntamientos.

Nos encontramos, pues, por resumir esta pequeña introducción,
ante tres situaciones. Por un lado, la obsolescencia y la
necesidad de cambiar la ubicación de instalaciones militares,
demandas sociales que en sí mismas, por su carácter,
contradicen la posibilidad de materializar los beneficios de
las plusvalías acumulados por estos terrenos en la medida en
que la dedicación que para ellos se exige es claramente no
especulativa. Por otro lado, el último aspecto reseñado de que
el origen de los terrenos, propiedad hoy del Ministerio de
Defensa, son cesiones gratuitas de ciudadanos y en muchísimos
casos de ayuntamientos. Por otra parte, la necesidad de tener
en cuenta los grandes principios políticos que se refieren a
los bienes públicos y que aparecen en las constituciones
europeas y en nuestra Constitución de 1978, según la cual los
bienes públicos son de propiedad social y son administrados
por la institución pública que dirige el área a la que están
asignados, debiendo velar por su buen uso y la gestión con la
diligencia debida. Asimismo el artículo 132 de nuestra
Constitución determina que las leyes que se promulguen sobre
los bienes de dominio público deben inspirarse, entre otros,
en el principio de inalienabilidad. Lo público deberá
mantenerse, pues, en manos de la Administración, en la medida
de lo posible, y siempre tomando como referencia el interés
público. Por tanto, los bienes públicos no deberán venderse ni
donarse incluso cuando se puedan considerar para su
desafección del uso al que hubieran estado destinados.

Por otra parte quiero recordarles lo que en esta Cámara se ha
repetido con frecuencia. En el artículo 47 de nuestra
Constitución se establece que la especulación es contraria al
interés general y que son los poderes públicos los encargados
de impedirla.

A estas alturas, señorías, bien se puede decir que no son
precisamente los principios políticos que inspiran nuestra
Constitución, ni lo que se establece literalmente en
diferentes artículos a lo que se ha dedicado, en sus diez años
de existencia, la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa.

Más bien, al contrario, su objetivo ha consistido en trasladar
una parte importante del patrimonio público a manos privadas
mediante convenios con instituciones que han modificado el
planeamiento urbanístico calificando dicho suelo como
urbanizable y, posteriormente, vendiendo ese suelo en el
mercado libre.

Hay un hecho que establece la Ley 28/1984, que crea la
Gerencia de Infraestructuras de la Defensa y es que aparece un
principio que determina que en ningún caso, la enajenación de
bienes puede realizarse mediante cesiones gratuitas a persona
física o jurídica, pública o privada.

En estos momentos el Ministerio de Defensa tiene un patrimonio
territorial que se calcula puede superar los dos billones de
pesetas, sólo comparable en este caso con el de la Iglesia. La
gestión de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa desde
el año 1984 ha permitido la obtención de 47.502 millones de
pesetas en operaciones urbanísticas, muchas de ellas
especulativas.

La actuación de la Gerencia de Infraestructuras de



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la Defensa, de acuerdo con los ayuntamientos, ha permitido la
recalificación, como suelo urbanizable, de 2.440.000 metros
cuadrados de zonas céntricas en los cascos urbanos de las
grandes ciudades. El propio Ministerio de Defensa calcula que
en los próximos diez años, por los que se pretende prorrogar
la existencia de esta gerencia, serán enajenados 60 millones
de metros cuadrados de superficies militares.

La actuación de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa
se ha caracterizado por la obtención del máximo beneficio
posible logrando recalificaciones de suelo militar para que
pudiera ser dedicado a promociones inmobiliarias. Las
consecuencias son que, por un lado, el Ministerio de Defensa
obtiene, a través de la sociedad civil, recursos económicos
añadidos a los generados por vía impositiva y durante años
ajenos a control parlamentario y, por otro, se agraven las
grandes insuficiencias en dotaciones y servicios sociales que
sufren muchas zonas en las que habitualmente se ubican las
instalaciones militares, en la medida que la construcción de
nuevas viviendas significa, lógicamente, mayores necesidades
en equipamiento.

Voy a pasar a ilustrar con algunas situaciones concretas que
pueden permitir a SSSS tener una idea más acertada de la
situación.

Por ejemplo, por la venta del Cuartel de Infantería, de
Santiago de Compostela, la Gerencia de Infraestructuras de la
Defensa ha obtenido 2.205 millones de pesetas. Una parte se
destina a la Junta de Galicia; un pequeño edificio a
instalaciones municipales y el resto se adjudica directamente
a una empresa promotora gallega por 1.665 millones de pesetas
con licencia para construir bloques de edificios.

Con el Cuartel Zalaeta, de La Coruña, por cuya enajenación se
obtienen 808 millones de pesetas, el ayuntamiento, por acuerdo
con la Gerencia de Infraestructuras, prolonga la
edificabilidad del paseo marítimo.

Los Cuarteles Daoíz y Velarde, de Madrid, probablemente han
sido una de las partes más importantes del pastel de
enajenaciones que ha tenido lugar. Por la venta del bloque
segundo de la Avenida Ciudad de Barcelona se han obtenido
4.300 millones, cuando la salida inicial a subasta fue de
3.000 millones de pesetas. En cualquier caso fue un negocio
importantísimo para la empresa adjudicataria, teniendo en
cuenta que el metro cuadrado edificado en esa zona de Madrid
vale 150.000 pesetas.

La residencia militar de Vicálvaro ocupa dos parcelas cuyo
dueño es el ayuntamiento de Madrid desde 1948. En un informe
jurídico de dicho ayuntamiento se señala: El Ejército practicó
unos asientos registrales a su favor sobre finca inscrita a
nombre del municipio.

Probablemente uno de los hechos más significativos de los
principios que han orientado estas actuaciones de la Gerencia
de Infraestructuras de la Defensa, son las que se proponen en
el Cuartel de Ingenieros, de Villaverde, y en Campamento. El
primer cuartel está instalado en la ciudad de Los Angeles, una
zona en la que la densidad de población cuadruplica la media
de densidad del ayuntamiento de Madrid. En esta zona no hay un
solo polideportivo ni un centro de salud ni una residencia
para la tercera edad, ni talleres ocupacionales, ni centros
para la juventud. Las instalaciones son absolutamente inútiles
desde el punto de vista operativo-militar y están destinadas
desde hace años a cementerio de carros de combate procedentes
de la guerra de Corea. En esta situación se plantea la
recalificación de 32.000 metros cuadrados de suelo,
actualmente de carácter dotacional, que supondría la
construcción de 750 nuevas viviendas, con nuevas necesidades
añadidas y mayor densidad a una zona que está sobresaturada.

Algo parecido se plantea en relación con las instalaciones
militares de Campamento. Se pretende una intervención sobre
suelo no urbanizable, de protección ecológica especial,
contraviniendo normas urbanísticas que excluyen taxativamente
usos lucrativos, es decir, residencial, comercial o terciario,
con lo cual probablemente se sacarán al mercado dos millones
de metros cuadrados de suelo y se obtendrán unos beneficios
calculados en 300.000 millones de pesetas.

En Valladolid con las instalaciones militares se propone al
ayuntamiento un incremento de la edificabilidad para usos
residenciales y comerciales previa modificación del Plan
General de Urbanismo, en terrenos propiedad del Ministerio de
Defensa, en zonas altamente congestionadas frente a
instalaciones comerciales como El Corte Inglés. Hay que decir
que el origen de la propiedad de estos terrenos es la donación
al Ministerio de Defensa. En el caso del Cuartel de Infantería
de Alcoy hay que añadir que tanto los terrenos como la
edificación fueron financiados por el Ayuntamiento de Alcoy.

Para ilustrar situaciones concretas, señorías, quiero
referirme de manera global a las actuaciones del Ministerio de
Defensa en relación con sus hospitales, con sus instalaciones
sanitarias. En una situación sanitaria como la que vive
nuestro país, con unas carencias gravísimas de camas
hospitalarias, sobre todo de camas para media y larga
estancia, para las que probablemente se podrían destinar con
mayor efectividad las instalaciones militares, no es de recibo
que el Ministerio de Defensa haya actuado con criterios
exclusivamente de carácter estratégico-militar y haya
procedido al cierre de la inmensa mayoría de camas
hospitalarias en función de sus propias necesidades
sanitarias, desde el punto de vista de la Defensa, ignorando
las graves carencias que en instalaciones sanitarias tiene la
población civil.

Quiero señalar, asimismo, que un convenio que fue aireado a
bombo y platillo entre los Ministerios de Sanidad y Defensa
para la utilización conjunta, aunque fuera parcialmente, de
instalaciones militares, se ha saldado



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con el más absoluto fracaso, aunque en este caso hay que decir
que, en opinión de mi grupo parlamentario, la incompetencia se
comparte por ambos ministerios.

Quiero señalar también una situación concreta que puede
ilustrar la situación. El Hospital militar de Málaga ha sido
vendido, por parte del Ministerio de Defensa, a una empresa
privada, la empresa Hermanos Pascual, la cual compra el
hospital, lo rehabilita y crea uno nuevo, en este caso el
Hospital Pascual, que es concertado con el Servicio Andaluz de
Salud. Es decir, que instalaciones públicas pasan a manos
privadas y posteriormente de nuevo a manos públicas.

En este sentido, señoría, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida es contrario a que el Ministerio de Defensa saque al
mercado, vía subasta, solares hasta ahora ocupados por
instalaciones militares que, previa recalificación, permita la
obtención de beneficios económicos. Si no hubiera necesidades
sociales de por medio, no habría nada que objetar, pero que no
se obtengan en contradicción flagrante con necesidades
sociales, entiendo que suficientemente ilustradas y señaladas
por los ayuntamientos afectados.

Es bueno para las ciudades, señorías, que desaparezcan las
instalaciones militares del centro de los cascos urbanos, eso
es compartido por mi Grupo y SSSS saben que no hay ninguna
objeción a ese tipo de iniciativas; el problema es cómo se
hace. Mi grupo parlamentario entiende que cuando el origen de
la propiedad es la cesión gratuita por parte de particulares o
de ayuntamientos, los solares deben revertir al municipio sin
compensación alguna al Ministerio de Defensa. En los casos que
en origen se produjo una operación de compraventa, permuta o
similar, los solares debieran revertir al ayuntamiento vía
convenio. En cualquier caso, dichos convenios, como los que ha
estado llevando a cabo la Gerencia de Infraestructuras de la
Defensa, deben operar sobre recalificaciones de suelo
urbanísticamente deseables, que aporten soluciones al
desarrollo de la ciudad y que tengan en cuenta exclusivamente
la iniciativa municipal en la planificación urbana.

Por otra parte, señorías, entendemos que esa especie de exceso
de celo de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa en la
obtención de ingresos a través de la enajenación de patrimonio
del Estado debe cesar; es decir, que el resultado de las
operaciones de compra y venta que se produzcan a través del
cambio de uso de instalaciones militares debe ir a la caja
única del Ministerio de Hacienda y no, como se propone en el
proyecto de ley que debatimos, atribuir al Ministerio de
Defensa las facultades que la Ley de Patrimonio del Estado
atribuye al Ministerio de Economía y Hacienda.




El señor VICEPRESIDENTE (Ramallo García): Señora Diputada, le
ruego vaya concluyendo.




La señora MAESTRO MARTIN: Voy terminando. Muchas gracias. A
todo esto hay que añadir que ha habido años enteros en los que
no hubo control público alguno por parte del Ministerio de
Hacienda de las enajenaciones, ya que la propia ley de
presupuestos eximía al Ministerio de Defensa de la obligación
de informar de las operaciones llevadas a cabo, si bien es
verdad que la otra ley de presupuestos modificó esta
situación.

La ausencia de la transparencia necesaria ha caracterizado la
gestión de la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de
Defensa, aunque es verdad que no ha sido el único tipo de
operaciones que ha estado sujeto a esta característica. En el
año 1993 el Ministerio de Defensa según informaciones del
Tribunal de Cuentas, repatrió 30.000 millones de pesetas,
depositadas en el extranjero, para que las pudiera controlar
el Banco de España. Asimismo, el Tribunal de Cuentas señala
que no se habían ingresado en el Tesoro, como obliga la
legislación, 10.000 millones de pesetas generados por los
interes de las cuentas en el exterior.

Para terminar, señalar, señor Presidente, que no ha sido la
agilidad en la gestión lo que ha caracterizado la actuación de
la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa en lo que se
refiere a operaciones con organismos de otros ministerios que
tenían por objeto el cambio de uso de terrenos militares para
dedicarlos a uso educativo, recreativo, etcétera. En concreto,
el Ministerio de Educación ha tardado diez años en recibir
suelo en Zamora del Ministerio de Defensa para la instalación
de un campus universitario. Es decir, mientras que la agilidad
ha caracterizado la gestión de la Gerencia de Infraestructuras
en lo que se refiere a transferir a manos privadas
instalaciones militares públicas, evidentemente, no ha
sucedido lo mismo en su relación con otras administraciones
del Estado.

Por todo ello, señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya es contrario a la prórroga de la vigencia de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa y propone que sea el
Ministerio de Economía y Hacienda quien gestione el cambio de
uso de las instalaciones militares que no cumplan ya la
función para la que fueron concebidas, desafectándolas del
organismo competente y decidiendo acerca de su mejor utilidad,
como bienes públicos, en el marco de los principios básicos de
la eficacia social y de la transparencia en la gestión.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Ramallo García): Gracias, señora
Diputada.

Para turno en contra, el señor Novella tiene la palabra.




El señor NOVELLA SUAREZ: Señor Presidente, señorías,



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consumo este turno para oponerme a la enmienda de totalidad
que ha presentado Izquierda Unida al proyecto de ley por el
que se prorroga la vigencia de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa y que modifica parcialmente la Ley 28/1984, de
21 de julio, que creaba dicho organismo.

He escuchado con atención la intervención de la Diputada
Maestro, también he leído con detenimiento los fundamentos de
la enmienda de totalidad y la verdad es que creo que la
parlamentaria de Izquierda Unida no ha entendido, o no quiere
entender la función, los objetivos por los cuales se creó la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa. Creo que es
conveniente recalcar que este organismo autónomo está
destinado a cubrir las necesarias actuaciones inmobiliarias y
urbanísticas derivadas de las modificaciones en el despliegue
de las Fuerzas Armadas; se trata, en definitiva, de un
instrumento que permita llevar a cabo una actuación flexible
en materia de infraestructuras. De ahí, señora Maestro, que la
ley capacite a la gerencia para la adquisición y enajenación
de bienes inmuebles, a fin de obtener recursos que han de
aplicarse a la financiación de nuevas instalaciones y mejora
de las existentes, con la colaboración de las comunidades
autónomas y corporaciones locales en el ámbito de la
planificación urbanística, y le recuerdo que no es una
competencia del Ministerio de Defensa ni de la gerencia la
recalificación, como veremos más adelante.

Usted ha pintado un panorama muy negro de estos diez años de
la gerencia. Yo creo que la gerencia ha demostrado su
idoneidad y también su eficacia. No sólo mantiene los fines
para los que fue creada sino que en estos momentos creo que
adquiere una especial relevancia con el nuevo despliegue de
los ejércitos, algo a lo que usted se ha referido. Además, la
aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Norte,
que concentra efectivos y reduce unidades, trae consigo algo
que está en la base misma de la filosofía de la gerencia, y es
que la enajenación por parte de ésta permitirá disponer de
recursos económicos, que contemplando los escasos que figuran,
señora Maestro, en los Presupuestos Generales del Estado,
facilitarán la modernización y adecuación de las
instalaciones.

El gozne, el nudo gordiano, el hilo conductor, o como usted
quiera llamarlo, de toda su argumentación no es más que el
patrimonio de Defensa debe ser cedido gratuitamente a las
corporaciones locales, etcétera; luego veremos cómo está eso
reglamentado y contemplado en la ley. Ustedes piden la
reducción del presupuesto del Ministerio y a la vez piden que
la enajenación de sus edificios no revierta sobre las
necesidades que tienen las Fuerzas Armadas. Señora Maestro, en
los presupuestos que vamos a ver este año, el presupuesto del
Ministerio de Defensa está con la misma cantidad que en el
presupuesto de 1990, después de un recorte fortísimo que hubo
en 1991. Usted le merma, le quita la posibilidad al Ministerio
de Defensa a través de la gerencia de recaudar una serie de
dineros no basados en la especulación; hay otros grupos que
siempre nos acusan, y al Ministerio le han acusado en
comparecencias, el señor López Valdivielso asiente, de que
vendemos barato, cuando se trata de vender aproximadamente a
un precio de mercado, pero a través de una serie de
tasaciones, siempre en contacto con las administraciones. (El
señor Vicepresidente, López de Lerma i López ocupa la
Presidencia.)
Por tanto, señoría, pienso que tendría que recapacitar sobre
esos ejemplos que usted nos ha puesto con una afirmación
también genérica que puede tender a confundir, como que han
sido históricamente cesiones gratuitas y donaciones los
edificios que tiene el Ministerio de Defensa. Sí, serán en
muchos, pero recuerde usted algo importante que está en la
historia de este país, y usted, que es Diputada por Madrid,
creo, puede ir a Alcalá de Henares y verlo perfectamente. La
desamortización de Mendizábal (Rumores.), hizo que muchísimos
conventos pasaran a manos militares, y mire usted cuántas
formaciones militares, por ejemplo, en Alcalá de Henares, ha
tenido usted hasta hace bien poco, hasta hace diez años. La
Brigada Paracaidista Lepanto, ha estado en conventos en
determinados sitios, hasta que ha permitido irse a otras
instalaciones fuera de las ciudades, como usted manifestaba.

Por tanto, señora Maestro, creo que esas alusiones, como le
decía al principio, no están en la base de lo que pretende la
ley. Puede ser que usted no haya entendido esa filosofía o que
usted sea contraria a que Defensa haya de tener unos recursos
para sacar adelante y mantener sus infraestructuras.

De la lectura del texto de su enmienda a la totalidad, he
sacado cuatro argumentos, además de los que ya le he
manifestado, en los cuales ustedes se basaban para rechazar el
proyecto que el Gobierno ha mandado a la Cámara.

En primer lugar, las alusiones a la constitucionalidad de la
ley. Señora Maestro, creo que una ley que fue aprobada en
julio de 1984, por unanimidad, con representantes de su grupo,
me parece un poco temerario decir que una ley aprobada por
acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios no está
dentro del ámbito de la Constitución. Resulta absurdo y
temerario, diría yo, pensar que los principios subyacentes en
la misma sean disconformes con la norma constitucional que
protege el patrimonio público.

Segunda línea argumental que usted ha dicho, sobre la que ya
le he manifestado algo pero que quiero continuar:
especulación. No es un criterio especulativo el que mueve al
Ministerio de Defensa, ni mucho menos. Quien tiene la
competencia de la gestión urbanística, el planeamiento general
y la gestión de los patrimonios municipales del suelo son los
ayuntamientos, señora Maestro. En diez años de gerencia se ha
puesto a disposición



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de esa gerencia para su enajenación aproximadamente un millar
de propiedades y son datos de los que S.S. dispone porque ha
hecho múltiples preguntas escritas al Gobierno, que le han
sido contestadas. Yo las he estudiado y le voy a resumir.

Estas setecientas propiedades enajenadas han dado 47.000
millones, a 31 de diciembre de 1993. De esas enajenaciones,
señora Maestro, un tercio fueron mediante convenios y los dos
tercios restantes mediante subastas y reversiones. Los
ingresos, esos 47.000 millones, ¿dónde han ido? El 82 por
ciento a obras de infraestructuras; el 12 por ciento a
adquisiciones y el 6 por ciento a costes de funcionamiento y
mantenimiento de la gerencia.

Manifiesta usted su preocupación por que en los próximos años
la superficie que podría desafectarse son aproximadamente 60
millones de metros cuadrados. Creemos que la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa tiene los mecanismos y el
personal necesarios para seguir realizando esta labor y vea
cómo ese dinero puede repercutir en los mermados presupuestos
que tiene el Ministerio de Defensa.

Dice usted también que no hubo control público. La gestión de
la gerencia, señora Maestro, siempre ha estado sujeta a la
fiscalización de la Intervención General de la Administración
del Estado y del Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo
previsto en los artículos 100 de la Ley General Presupuestaria
y 70 de la Ley de Entidades Estatales Autónomas. Por si esto
fuera poco, el Gobierno y la administración de la gerencia
están sometidos a la dirección de un consejo rector, en el
cual le recuerdo que, entre otros, representando al Ministerio
de Hacienda está el Director General de Patrimonio del Estado.

Usted ha dicho algo que no quiero dejar pasar por alto. Ha
manifestado que los bienes de titularidad estatal tenían que
cederse gratuitamente a corporaciones locales. Sabe que para
pasar bienes de titularidad estatal a propiedad de
corporaciones locales, mediante cesiones gratuitas, que es a
lo que V.S. se refería, siempre se entiende en el marco del
artículo 74 de la Ley de Patrimonio del Estado y con carácter
excepcional, pero será para aquellos inmuebles que no se
encuentren a disposición de la Gerencia de Infraestructura de
Defensa, señora Maestro.

Por último, los convenios. En los convenios ha dejado una
especie de sombra, una especie de nube --lo mismo es
percepción mía, y le pido disculpas si es así--, de que se ha
trasladado una parte importante del patrimonio a manos
privadas, mediante convenios con distintas instituciones. Los
convenios han permitido ceder importantísima superficie de
suelo a municipios, a administraciones autonómicas y a la
Administración central. A la Administración central, igual que
usted ha recordado algún caso, le puedo decir que, en Madrid,
para el Senado de la nación; en Vigo, para la Dirección
General de la Policía; en Valencia, para el Ministerio de
Justicia; en Manises, para el Ministerio de Transportes.

Comunidades autónomas: en Santiago de Compostela, en Sevilla,
en Toledo; y, para usos universitarios, en Alcalá de Henares,
en Barcelona, en Getafe, en Leganés, en Huelva, en Madrid,
Pontevedra, Vigo y Cartagena.

El tema de los convenios, los murcianos (este Diputado que le
habla, por la circunscripción de Murcia y tiene un compañero
que es alcalde de Cartagena) lo conocemos perfectamente.

Gracias a estos convenios, los murcianos hemos podido tener un
campus universitario en el centro de Cartagena, con zonas
verdes y con parques que, de otro modo, no hubiera sido
posible. Si no hubiera sido gracias a ese convenio con el
Ministerio de Defensa no lo hubiéramos conseguido. Ha sido un
trámite largo, nos ha llevado años de negociación, pero al
final los ciudadanos han visto su fruto. Ahí lo tienen y lo
pueden disfrutar, igual que en otros muchos sitios que, por no
cansar a SSSS no voy a citar aquí.

Por todas estas consideraciones, y centrándome principalmente
en los argumentos que muchas veces expone V.S., con este
arrinconamiento y con esta reducción de cualquier tipo de
ingresos para el Ministerio de Defensa, que también hace un
servicio de interés general para todos los ciudadanos, nos
vamos a oponer y vamos a votar en contra de la enmienda de
totalidad que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida.

Muchas gracias, señores Diputados.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma y López): Gracias,
señor Novella.

Señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, voy a intervenir
con toda brevedad.

No es que no haya entendido los objetivos que el Gobierno
pretende conseguir a través de la prórroga de existencia de la
Gerencia de la Infraestructura de la Defensa. El problema es
que entendemos que, ante la contraposición de intereses que se
da en este caso, entre las necesidades de ingresos del
Ministerio de Defensa y las enormes necesidades sociales que
se dan en los municipios en que se van a dejar o se han dejado
de destinar a uso militar determinados terrenos, según mi
grupo hay una prioridad a la hora de considerar esos
equipamientos. Insisto, señor Diputado, que las actuaciones
previstas en Villaverde, son en una zona de altísima densidad
de viviendas, careciendo de los equipamientos sociales básicos
y se plantea la recalificación de 32.000 metros cuadrados de
suelo y la construcción de 750 viviendas más. Evidentemente,
las competencias de planeamiento no son del Ministerio de
Defensa. Pero ¿entiende usted que responden al principio
básico de configuración de decisión política y de decisión
democrática acerca de la configuración de la ciudad, por los
cuales los ayuntamientos están recalificando



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suelo no urbanizable por suelo urbanizable con destino a uso
residencial, comercial o terciario? ¿Responde al planteamiento
primario de conformación de la ciudad o responde a presiones
reales, existentes por parte del Ministerio de Defensa y a la
realidad de los ayuntamientos de que o consiguen una
determinada parcela o realmente la situación puede ser mucho
peor?
En ese sentido, señor Diputado, mi grupo parlamentario
entiende que el Gobierno de la nación debe contemplar
globalmente las necesidades sociales, incluidas las
necesidades militares, y, en cualquier caso, no tratar de
aspectos infraestructurales tan imprescindibles como el suelo
desde el único criterio de la rentabilidad económica para el
Ministerio de Defensa, porque entendemos que los Presupuestos
Generales del Estado son el instrumento político por el cual
este Parlamento destina determinados recursos a determinados
fines, y si eso es insuficiente, no es una decisión
parlamentaria de esta Cámara. Entendemos que esa obtención de
beneficios indirecta a través de la recalificación de terrenos
de uso militar a otros usos es un planteamiento que, de alguna
manera, en su espíritu al menos, escapa al control
parlamentario de esta Cámara. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
En cualquier caso, señor Diputado, es cierto, no es ninguna
nube; la afirmación que yo he hecho es que, en muchas
ocasiones, hospitales militares cuyo uso social, al menos
desde mi punto de vista, quizá como deformación profesional,
me parece más explícito, han salido de manos públicas, han
pasado a manos privadas y han sido comprados después sus
servicios privados por parte de la Administración pública. Eso
se puede llamar de muchísimas maneras, pero, en definitiva, yo
entiendo --evidentemente, yo no he dicho que la ley, ni ésta
ni la anterior, fuera inconstitucional--, repito, sí entiendo
que principios constitucionales básicos, como la
inalienabilidad de los bienes públicos y la actuación de los
poderes públicos en contra de la especulación, sí podrían
estar tocados de alguna manera por las actuaciones y por la
letra de la ley que prorroga la Gerencia de Infraestructuras
de Defensa.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.

El señor Novella tiene la palabra.




El señor NOVELLA SUAREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Mire, señora Maestro, la verdad es que en esa contraposición
de intereses que se da entre la necesidad por parte del
Ministerio de Defensa y las enormes necesidades sociales que
tienen los ayuntamientos, a mí me gustaría ver en esta Cámara
aportaciones e iniciativas de Izquierda Unida, ahora que vamos
a entrar en fase de Presupuestos, para que el presupuesto de
Defensa fuese un poco mejor y así se podrían destinar partidas
a otros objetivos dentro de esas necesidades sociales que
usted dice.

En cuanto al Ayuntamiento de Villaverde, he de decir a su
señoría que este Ayuntamiento es responsable de un plan
general de ordenación urbana en el que están reguladas todas
las cuestiones. Respecto a que esta cuestión escapa al control
parlamentario, yo creo que es una afirmación que usted ha
realizado debido a que a veces uno se deja llevar en los
debates. Creo que esta ley es fundamental, dada la escasez de
recursos que tiene el Ministerio de Defensa, para el
mantenimiento y modernización de las infraestructuras que
tiene, y que nadie piense, y ahí están las tablas --yo sé que
usted tiene los datos--, de cuáles han sido las cantidades que
anualmente ha ingresado el Ministerio de Defensa en base a
esas enajenaciones, y si usted saca una media, estamos
hablando de 6 ó 7.000 millones de pesetas, señora Maestro.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Novella.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, cuando
en la II Legislatura, en 1984, debatimos aquí --y este
diputado que les habla intervino-- la que luego fuera Ley
28/1984, creando la Gerencia de Infraestructura de Defensa,
entendimos los grupos parlamentarios que era necesario al reto
de resolver, de una vez por todas, un amplio patrimonio en
bienes inmuebles, en terrenos, viejos cuarteles obsoletos,
instalaciones militares, que había que poner dentro del
mercado nacional por un procedimiento lógico y sensato, porque
ésta es un cuestión de puro sentido común, de sensatez, y
había que dotar al Ministerio de Defensa del instrumento
orgánico operativo que, entendiéndose con flexibilidad con
corporaciones locales, comunidades autónomas, etcétera,
permitiera la adquisición y enajenación, cualquiera de los dos
supuestos, de ese patrimonio o de esas necesidades para nuevas
instalaciones militares. Sencillamente eso, una pura gerencia
operativa saliéndose de los esquemas jerárquicos de los
militares del Ministerio de Defensa, que producían grandes
lentitudes, pues desde que se decidían a abandonar un cuartel
o comprar cualquier otra instalación militar, los periodos se
contaban no digo ya por años, sino por lustros. Entendimos
todos que esta Gerencia de Infraestructura de la Defensa era
un organismo de sentido común, necesario y conveniente. Ahora
hemos visto, por los alegatos que ha presentado el Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, que nos encontramos en una
nueva fase de modificación estructural, operativa, de nuestros
ejércitos, en este caso el de Tierra, con el Plan Norte. Con
lo cambiante que



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es esto, sería necesario también que lo que ha durado diez
años de gestión tenga la prórroga en el tiempo
correspondiente. Por tanto, albarda sobre albarda, de sentido
común y de necesidad.

Qué duda cabe que se han producido a veces distorsiones, pero,
por el conocimiento que tiene este diputado de las
distorsiones, no las ha producido la Gerencia de
Infraestructura ni el Ministerio de Defensa, las han producido
las instituciones que, recibiendo un suelo que tenía un uso
exclusivamente militar, lo han recalificado o lo han puesto en
organizaciones y en ordenaciones urbanísticas de las que ni
siquiera ha sido beneficiario el Ministerio de Defensa, ha
sido la corporación local o la comunidad autónoma. Yo no me
atrevería a acusar en este momento a ninguna corporación de
especulación urbanística; están ejercitando, bien o mal, unas
competencias que la Ley de Régimen Local les reconoce; si esa
corporación ha incurrido en cualquier figura que conculque la
legislación y está entrando en especulaciones urbanísticas,
que las fuerzas políticas parlamentarias exijan las
reponsabilidades aquí, pero que también las fuerzas políticas
que forman parte del pleno municipal o del Parlamento
autonómico se las exijan a la corporación que lo haya hecho,
porque para eso la democracia en España está distribuida en
distintos escalones e instituciones. La democracia municipal,
que se exija en el pleno municipal si ese alcalde o esa
comisión de gobierno municipal ha entrado en una
recalificación fraudulenta o especulativa en la recalificación
de los terrenos. Si hay alguna desviación, que vengan también
los órganos de control parlamentario o democrático que existen
en las instituciones de nuestro país. Nuestro Grupo no va a
privar al Ministerio de Defensa de un instrumento lógico para
la administración de su patrimonio o para la adquisición del
mismo. Creo que la nueva ampliación que trae este proyecto de
ley del Gobierno hace que se recojan algunas de las cautelas
de las que nosotros participamos, que habían expuesto el
propio Grupo enmendante Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, pero creemos que, salvando lo que es la propia
prórroga en diez años del ar tículo 1.º de este proyecto de
ley, el artículo 3.º es claro y contundente y corrige lagunas,
vacíos o indeterminaciones que tiene el artículo 3.º de la Ley
todavía vigente, la 28/1984. Es la vinculación con los
artículos 62, 63 y 71 de la Ley del Patrimonio del Estado. Por
tanto, aquí ya hay una garantía legal y jurídica. Por otro
lado, en todos los casos --y esto es importante resaltarlo--,
las enajenaciones que haga la gerencia, es decir, desprenderse
o intentar desprenderse de patrimonio, tiene que comunicarlas
previamente al Ministerio de Economía y Hacienda. Para mí esto
es una salvaguarda, porque si aquí hay un fallo, la Comisión
de Defensa de este Parlamento traerá a los responsables del
Ministerio de Defensa para que aclaren si se han cumplido
estos requisitos de comunicación al Ministerio de Economía y
Hacienda, el cual --y aquí se dice claramente-- podrá optar
por mantener los bienes en el patrimonio del Estado para
afectarlos a cualquier otro servicio de la Administración.

Es decir, esa cautela --que a mí me parecía de recibo-- que
traía el grupo proponente de la enmienda, aquí queda
salvaguardada, porque no será el Ministerio de Hacienda quien
tenga que tener la gerencia, como se puede deducir de la
enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, en que se pide que sea el Ministerio
de Economía y Hacienda quien gestione el cambio de uso de las
instalaciones. No parece que para cambiar el uso de una
instalación militar el Ministerio de Economía y Hacienda sea
el organismo profesional --en competencia técnica-- más
competente para ello, pero sí que se reserve --como trae el
proyecto de ley-- la capacidad para optar en mantener esto
dentro del patrimonio del Estado o no hacerlo así. Y lo que se
hace en el párrafo tercero del artículo 5.º del proyecto de
ley, que es el régimen de acuerdos del Consejo, que se regula
aquí respecto a la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, creo que también es una salvaguarda.

Por todas estas razones, nosotros no queremos --lo criticamos
por otra vía--, cuando nos estamos encontrando con una
dificultad presupuestaria en el Ministerio de Defensa,
privarle de un organismo propio, con el que cuenta para esta
cuestión de la adquisición y enajenación de bienes inmuebles
con actuaciones inmobiliarias y urbanísticas flexibles, pero
sometidas al control legal con las garantías que aquí se dan.

No nos parece una cuestión que podamos negársela. Por tanto,
no podemos apoyar esta enmienda del Grupo Parlamentario
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y vamos a
apoyar el proyecto del Gobierno, por las razones que hemos
expuesto.

Nada más y muchas gracias. señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la creación del organismo autónomo Gerencia de la
Infraestructura de la Defensa, Ley 28/1984, de 31 de julio,
obedeció a la necesidad de dotar al Ministerio de Defensa de
un instrumento que permitiera llevar a cabo una actuación
flexible en materia de infraestructura, por lo que hace
referencia a la supresión, creación o abandono de
acuartelamientos situados en el interior de núcleos urbanos,
todo ello en colaboración con las comunidades autónomas y los
propios ayuntamientos.

Según consta en la memoria de este proyecto de ley,



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la Dirección General de Infraestructuras cuantifica en unos 60
millones de metros cuadrados la superficie que podría
desafectarse en los próximos años. Por tanto, no sólo porque
el plazo de vigencia del citado organismo --10 años-- finaliza
en 1994, sino por el volumen previsto de metros cuadrados a
desafectar y, en especial, por esta desafectación por el
propio Ejército de Tierra, cuyo plan de despliegue contempla
sustanciales modificaciones, tiene una gran importancia este
proyecto de ley, en el que se contempla la vigencia --y, por
tanto, la prórroga-- por otros diez años de la Gerencia de
Infraestructuras de la Defensa como organismo autónoma
adscrito al propio Ministerio, así como otras puntuales
modificaciones.

En definitiva, señoras y señores Diputados, la disyuntiva es
si debe subsistir la Gerencia o anular la misma para que sea
directamente el Ministerio de Economía y Hacienda quien
gestione el cambio de uso de las instalaciones militares
desafectadas, según parte del texto de la enmienda de
totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Este es el sentido de la enmienda de
totalidad.

En la exposición de motivos de esta enmienda destacan,
básicamente, cuatro puntos: primero, que durante los diez años
de funcionamiento la Gerencia de Infraestructuras ha
establecido convenios con instituciones no públicas y, por
tanto, pasando a manos privadas parte del patrimonio; segundo,
que los convenios que acabaron firmando las instituciones
locales lo fueron en base --hago mención concreta-- a
contratos «leoninos», según figura en la propia enmienda;
tercero, que la agilidad y flexibilidad no han caracterizado
precisamente la gestión de este organismo autónomo, y, cuarto,
plantea finalmente el Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya que sea el Ministerio de Economía y
Hacienda quien gestione el cambio de uso de las instalaciones
militares que no cumplan ya en estos momentos las funciones
para las que fueron concebidas.

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), no va a
apoyar esta enmienda a la totalidad. Por mi parte voy a
intentar argumentar nuestra posición en base también a cuatro
puntos concretos.

Estando totalmente de acuerdo, repito --y si quieren subrayo--
, con que hay que intentar que los convenios se establezcan
con las instituciones públicas locales, habrá que aceptar --y
así lo hago-- que finalmente habrá de prevalecer la eficacia
en la gestión y, por tanto, llegar a acuerdos también con la
iniciativa privada sin ningún perjuicio que así sea, primero,
con las instituciones públicas y en especial, sin duda,
locales; de acuerdo, pero no se puede ni se deben cerrar otras
posibilidades.

Segundo, me parece exagerado lo de contratos «leoninos»,
aunque sea entre comillas. He tenido ocasión de seguir algunos
de los acuerdos alcanzados con entidades locales y no he
detectado ese riesgo o característica en ninguno de ellos.

Estoy convencido de que han sido negociaciones fáciles, dadas
las escasas posibilidades que tienen estas instituciones u
organismos locales, pero lo estoy más todavía de que, si
finalmente se han aceptado las propuestas, lo han sido
conscientes de lo que firmaban, aunque en algunos casos
comportara algún que otro sacrificio.

Tercero, seguro, segurísimo que ha faltado agilidad y
flexibilidad en la gestión de la Gerencia de Infraestructuras.

Más aún: si analizamos los resultados alcanzados en estos
últimos diez años, éstos, incluso me atrevo a decir que no han
sido brillantes. Pero, señorías, si no se está de acuerdo con
la eficacia en la gestión de un organismo concreto y
específico, creado, por tanto, a este efecto, ¿cómo sería la
valoración si, dada la complejidad, volumen y gestiones que
requieren las enajenaciones previstas, dependieran
directamente del Ministerio? Yo no digo que sea el de Economía
y Hacienda u otro, cualquier Ministerio. No hablo desde el
punto de vista de gestión, sino de control; si esto fuera así,
y ahora nos da la sensación de que no ha habido suficiente
agilidad, también me atrevo a decir que dependiendo
directamente del Ministerio podría ser caótico.

Cuarto, creo que ha quedado explicado que no nos parecería
oportuno que los cambios de uso de las instalaciones militares
los haga, en este caso, el Ministerio de Economía y Hacienda.

Sí nos parece oportuno que las enajenaciones con carácter
previo sean comunicadas a este Ministerio para poder mantener
los bienes en el patrimonio del Estado, según consta en la
redacción del artículo tercero de este proyecto de ley.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad
presentada.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor López
Valdivielso.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: El Grupo Parlamentario Popular va
a votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada por
Izquierda Unida, porque nosotros consideramos que sí que se
debe de prorrogar la vigencia de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa. Consideramos, como otros
portavoces que se han manifestado al respecto, que la
existencia de un organismo específico con capacidad para
enajenar los bienes inmuebles adscritos al Ministerio de
Defensa que dejen de tener utilidad para los fines de la
defensa nacional, es necesaria, en tanto en cuanto constituye
o puede constituir un instrumento eficaz y ágil en la
aplicación de los recursos generados por esas enajenaciones
para la construcción o mejora de las bases y



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acuartelamientos militares que han de sustituir aquellas que
han de ser desactivadas.

Nosotros creemos que esa gestión ágil y eficaz se puede lograr
mejor a través de un organismo, cual es la Gerencia de
Infraestructura, que por la vía normal, a través del
Ministerio de Economía y Hacienda, como se propone por parte
del Grupo enmendante.

Es preciso recordar, por otra parte, que históricamente las
Fuerzas Armadas siempre han tenido esta facultad o
especificidad con anterioridad a la existencia de la Gerencia
de Infraestructura a través, por ejemplo, de las que se
denominaban Juntas Centrales de Acuartelamiento.

Los cambios y reformas que han de experimentar nuestras
Fuerzas Armadas (y ahí tenemos el Plan Norte recientemente
aprobado para el Ejército de Tierra, las que en el futuro
tendrán que afectar al Ejército del Aire o la Armada), van a
suponer en los próximos años amplios e importantes cambios en
el despliegue y la ubicación de las unidades, lo que
provocará, por un lado, la existencia de nuevos terrenos y
edificaciones que tendrán que ser desafectadas de la defensa
y, por otro, la necesidad de potenciar y ampliar bases y
acuartelamientos existentes o construcción de otros nuevos.

Esto refuerza los argumentos a favor de mantener la vigencia,
la existencia de este organismo de la Gerencia de
Infraestructura en los próximos años.

Bien es verdad que, dicho todo esto, no es menos cierto que,
en contra de lo manifestado por el señor Novella Suárez, la
gestión desarrollada por la Gerencia de Infraestructura en sus
10 años de existencia es abiertamente criticable. Hemos
hablado de instrumento ágil y eficaz. Pues bien, realmente no
ha sido ni ágil, ni eficaz ni, en muchos casos, transparente.

Hasta tal punto que podríamos decir que, muy al contrario, la
gestión se ha caracterizado por un excesivo, abultado e
incluso injustificado gasto de administración; falta de
transparencia en muchas de las operaciones; el que, a veces,
han primado criterios partidistas en alguno de los convenios y
también la escasa rentabilidad que, en términos generales y en
su conjunto, se ha obtenido en las operacione por ella
realizadas, habiendo recaudado sólo --digo, sólo-- algo más de
47.000 millones en aproximadamente 700 instalaciones
gestionadas; siendo, por otra parte, más que discutible la
rentabilidad, la utilidad, el beneficio real obtenido en la
aplicación de dichos recursos a los fines a los que se han
destinado.

Pero, en fin, todo esto, y a pesar de todo, no es, sin
embargo, un argumento para proponer la no renovación de su
vigencia. El que no haya funcionado no quiere decir que haya
que hacerla desaparecer. El Ministerio de Defensa en su
conjunto, con su Ministro a la cabeza, es un caótico desastre
y no por ello vamos a proponer su disolución. Por esa regla de
tres habría que desmontar y disolver la Sanidad, la Educación,
la Administración de Justicia... Es decir, que el problema no
está en los organismos, sino en quienes los gestionan. Por eso
aquí decimos que no a la Gerencia, que se puede gestionar
mejor, pero que, para poderla gestionar mejor, tiene que
existir. En todo caso, hemos presentado una serie de enmiendas
parciales que creemos que mejoran el proyecto presentado por
el Gobierno.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Valdivielso.

Vamos a proceder a la votación.

Enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, que postula la devolución al Gobierno del
proyecto de ley por el que se prorroga la vigencia de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 16; en contra, 272; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.

Se suspende la sesión.




Eran las dos y treinta minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




--PROPOSICION DE LEY SOBRE REGULACION DEL PERMISO PARENTAL Y
POR MATERNIDAD (Número de expediente 122/000039)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Debate de totalidad correspondiente a la enmienda con texto
alternativo presentada por el Grupo de Izquierda Unida-
Uniciativa per Catalunya a la proposición de ley de regulación
del permiso parental y por maternidad.

Tiene la palabra la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
defender, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, una enmienda de totalidad a la
proposición de ley presentada por el Grupo de Convergència i
Unió sobre la regulación de los permisos parentales y por
maternidad.

Somos conscientes de que en nuestra enmienda modificamos, en
unos aspectos de manera relativa y en otros de manera
profunda, la proposición de ley de Convergència i Unió. Me
explico.

La proposición de ley de Convergència i Unió planteaba



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dos ejes fundamentales para nosotros en los que se ampliaba la
excedencia por maternidad o por adopción a tres años, con
reserva de puesto de trabajo, y la bonificacion del 95 por
ciento en las cuotas de la Seguridad Social a los empresarios
que contrataran para sustituir estas excedencias. Nosotros
consideramos que la ampliación de la excedencia a tres años,
con reserva de puesto de trabajo, puede tener, a primera
vista, un aspecto positivo, pero conociendo la realidad en la
que se mueve nuestra sociedad, y sabiendo que,
fundamentalmente, a esta excedencia van a acceder las mujeres
y que éstas pueden verse perjudicadas por esos tres años de
excedencia, enmendamos en este sentido y aceptamos lo que de
positivo puede tener la reserva de puesto de trabajo en los
tres años de excedencia. Además, consideramos que se deben
salvaguardar los derechos de la mujeres a tener formación
cuando se reincorporan otra vez a su puesto de trabajo y, es
más, a tener posibilidades de promoción con esta formación,
que se pueden ver truncadas si durante tres años está
completamente desvinculada de su puesto de trabajo.

Por eso, nosotros estimamos, y así lo hemos plasmado en
nuestra enmienda, que se puede acceder a los tres años, pero,
además, que el empresario estará obligado a facilitar la
información y la asistencia a los cursos de formación
profesional o de capacitación que se puedan impartir durante
estos tres años en la empresa, especialmente en el momento del
reingreso o de la reincorporación. Asimismo, esto lo
extendemos a la función pública.

Consideramos que sería discriminatorio mantener, como hace la
proposición de ley de Convergència i Unió, el que solamente se
pudiera contratar a personas en desempleo y que estuvieran
cobrando el subsidio o el seguro de desempleo. Esto sería
discriminatorio para aquellas personas que, estando en paro de
larga duración, no tienen ya subsidio ni están cobrando
desempleo y que se verían, además, perjudicadas, y en gran
medida, para poder acceder a este tipo de puestos de trabajo.

Por tanto, nosotros consideramos que la bonificación (y ese es
el criterio del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya) habría que hacerla para facilitárselo al
empresario, pero no sólo en la contratación para la
sustitución si además esta contratación es por tiempo
indefinido y conlleva la creación de un puesto de trabajo.

Entonces nosotros sí estaríamos dispuestos a que se les
bonificara el 95 por ciento de la cuota empresarial a la
cotización del trabajador durante el primer año de esta
contratación indefinida, cuando además esta contratación venga
de una sustitución por excedencia.

Y como nosotros decimos que tenemos que ir más allá, pensamos
que no solamente es importante el que se pueda hacer un
apartado 5 bis en la Ley General de Seguridad, considerando la
maternidad no como una incapacidad laboral transitoria --como
hasta ahora se había considerado--, sino como algo específico;
no es una enfermedad, no es una incapacidad por accidente
laboral. Hay que ir, repito a más modificaciones, no solamente
la del enunciado, que nos parece muy bien, sino más allá. Para
nosotros, ese más allá es la equiparación del tiempo de
cotización, ya que hasta ahora, según el artículo 128 de la
Ley General de Seguridad Social, se discriminaban las bajas
por maternidad-- en la incapacidad laboral transitoria--
exigiendo que para poder tener derecho al subsidio --que,
además, es el 75 por ciento--, tendrían que estar afiliadas y
dadas de alta, como es lógico, pero por lo menos desde nueve
meses antes de dar a luz y habiendo cumplido durante el año
inmediatamente anterior el período mínimo de cotización de 180
días.

Nosotros, en nuestra enmienda, porque consideramos que todo
esto sí es importante para facilitar el que las mujeres puedan
decidir ser madres y darles una verdadera cobertura por
maternidad, equiparamos esta situación a lo que es la baja por
enfermedad común, que en estos momentos está en 185 días de
cotización, pero no durante el año anterior, sino durante los
cinco años anteriores. Esto sí es importante. No va a ser
determinante para que una mujer decida si va a ser madre o no,
pero sí que va a facilitar esa toma de decisión, porque no se
lo va a impedir el carecer de la cotización que hasta ahora se
requería. Por eso consideramos que es importante el ir más
allá.

Sabemos, porque lo hemos leído en los medios de comunicación,
que el Gobierno, en la ley que nos va a presentar de
acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado --que
creo que ha entrado hoy en la Cámara--, ya establece que el
subsidio por maternidad pasará a establecerse en el cien por
cien; en eso estamos todos de acuerdo. Pero somos coherentes
al plantearlo en este momento porque consideramos que, aunque
venga en esta ley, es necesario que se discuta de una manera
tranquila y serena y, además, fuera de lo que son los
Presupuestos Generales del Estado.

Señorías, yo creo que es importante el que las mujeres puedan
mantener la formación durante el tiempo de excedencia --y no
solamente las mujeres, sino posiblemente aquellos varones que
decidan también tomarse esa excedencia para ejercer como
padres--, y es importante, insisto, que con estas
sustituciones se puedan generar puestos de trabajo de manera
indefinida, pero que además se les puedan bonificar, y
consideramos que la equiparación de la maternidad tiene que ir
más allá de dejarla fuera con la titulación de incapacidad
laboral transitoria. Esperamos que las modificaciones que
estamos planteando tengan la acogida de esta Cámara, del Grupo
Parlamentario que, en principio, presentó la proposición de
ley y de los grupos que la apoyaron, porque estimamos que
estas modificaciones van a beneficiar mucho más el que la
mujer pueda



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decidir ser madre, van a allanar más su camino y, además, van
a exigir que los empresarios sean solidarios y comprendan que
esta sociedad tiene derecho a tener niños y a tener mujeres
que quieren su carrera profesional y, al mismo tiempo, ser
madres.

Somos conscientes de que sólo la concienciación hará que las
leyes sean posibles, pero además consideramos que siempre hay
que pedir solidaridad no solamente a las mujeres, por
renuncia, sino también a los empresarios, para que aporten
algo. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.

¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con la
enmienda? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Casas.




El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.

Realmente, cuando he leído la enmienda de totalidad con texto
alternativo no alcanzo a comprender el motivo de la misma, por
cuanto el motivo que llevó al Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) a presentar su proposición ante esta
Cámara era, fundamentalmente, intentar evitar algunas
discriminaciones que existen hoy en día en el acceso de la
mujer al mercado de trabajo. Este es el tema nuclear de
nuestra proposición de ley, que lo que pretende es modificar
la legislación actual en el sentido de que las excedencias que
se dan por maternidad sean ampliables al padre o la madre y
que, en cualquier caso, sea obligatorio el reingreso al puesto
de trabajo. Es decir, la incertidumbre que hay hoy en día por
si el que está en excedencia podrá reingresar al trabajo si
hay vacante, queríamos eliminarla, dando seguridad a aquella
pareja que optara por pedir esta excedencia de que tendría el
reingreso en su puesto de trabajo.

Nadie está mandando a nadie a casa. Se nos dice que con esta
proposición de ley mandamos a las mujeres a casa, y el texto
alternativo que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya redacta literal y exactamente igual la formulación
que presentó en su día el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), en este aspecto; exactamente igual.

Introduce un pequeño elemento de formación profesional, pero
en ningún caso se obliga a que se pida una excedencia de tres
años; se dice «de hasta tres años», o sea, se puede pedir de
seis meses, por ejemplo, y en ningún caso, insisto, se impide
que los trabajadores que opten por pedir esa excedencia
puedan, mientras tanto, reciclarse o hacer formación
profesional. Me parece una buena aportación la de la formación
profesional, pero con una enmienda parcial en el trámite
parlamentario de Comisión queda más que resuelto.

Por otra parte, los aspectos que ha explicado la portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya son fundamentalmente
relativos a prestaciones sociales, de consideración de la baja
y de cómo se deben abonar estas prestaciones. Entiendo que son
asuntos colaterales, que no son los fundamentales de nuestra
proposición de ley, que --insisto-- pretendía dar un paso más
para evitar la discriminación que tiene todavía en algunos
casos la mujer en el acceso al mercado de trabajo. En este
aspecto, insisto, no sólo no se ha cambiado nuestro texto,
sino que se ha reproducido literalmente.

Quiero aprovechar la ocasión para deshacer el equívoco de que
se manda a alguien tres años a casa, que no es así. Se da
opción de ejercer una libertad por parte de las parejas; y
aquellos que crean oportuno, por razon de adopción o de
maternidad, disfrutar de un período de excedencia, el que
consideren conveniente, de hasta tres años, puedan
indistintamente hacerlo, teniendo la absoluta garantía de que
no pierden el puesto de trabajo.

Señoría, este es un tema que afecta a los legisladores, no a
los empresarios. Los empresarios se mueven con la legislación
que les hemos dado, y la que hemos dado hoy en día es
perjudicial fundamentalmente para la trabajadora, que no tiene
certeza, si quiere pedir excedencia, de si podrá o no volver a
ocupar un puesto de trabajo. Nuestra obligación es la de
acabar con esta incertidumbre y, por tanto, fijar claramente
que la reincorporación al puesto de trabajo es obligatoria, lo
cual debe hacerlo la Ley. No es un problema tanto de
solidaridad de empresarios, sino de que la Cámara sea sensible
a una realidad social y a que debemos facilitar la libertad a
las parejas que tienen hijos para que puedan, si quieren,
ejercer este derecho a excedencia.

Creo que lo que hemos hecho nosotros modestamente es hacer una
aportación para eliminar algunos factores de discriminación
que hay en relación a la mujer y nada más que esto; gran
pretensión por otra parte. Pero oír desde la tribuna que
queremos perjudicar a la mujer, cuando el texto alternativo
que presenta Izquieda Unida-Iniciativa per Catalalunya dice
exactamente lo mismo que decía el mío, me parece un tanto
excesivo.

Por esta razón, señor Presidente, nuestro Grupo parlamentario
cree que ha presentado una buena proposición de ley, que, por
otra parte, tuvo el voto favorable de toda la Cámara, excepto
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; entendemos que es
perfectamente mejorable y estamos absolutamente abiertos, en
el trámite de Comisión, a aceptar cuantas enmiendas vayan en
la línea de conseguir el objetivo fundamental, insisto, evitar
discriminación de la mujer en el acceso al mercado de trabajo.

Todo lo que sea ir en esta dirección va a contar con nuestro
voto favorable en la Comisión. Pero entiendo que presentar una
enmienda diciendo que pretendemos perjudicar, cuando se
reproduce literalmente lo que hemos presentado, es
distorsionar cuál es la posición de nuestro Grupo, que



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entiendo que es una posición de progreso. En todo caso,
permítanme que me atreva a atribuirme la paternidad, como
grupo parlamentario, de haber sido los primeros que hemos
presentado este asunto en la Cámara y, por tanto, si hay que
alardear de progresismo, nosotros también tenemos nuestra
cuota-parte.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Sainz.




La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, subo a la tribuna para fijar posición, en nombre de
mi Grupo, en relación con la enmienda a la totalidad defendida
hace unos momentos por la representante de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.

Nuestro Grupo dijo, en el momento en que la proposición de ley
de Convergència i Unió se planteó en esta Cámara, y lo
seguimos manifestando, que la discriminación de la mujer en el
mundo laboral es evidente. Esto lo demuestran, entre otras
cosas, el tremendo porcentaje de paro que sufren las mujeres,
esa diferencia y, por tanto, discriminación salarial ante un
trabajo igual y, desde luego, la cantidad de puestos
precarios, en donde la mujer --podemos decir entre comillas--,
«sobresale».

En su momento, también el Grupo Popular apoyó la proposición
de ley de CiU por considerar que contemplaba unas medidas
positivas y, por otra parte, coherentes con las que a lo largo
de estos últimos años, de esta y de la anterior legislatura,
el Grupo Popular venía solicitando en relación con ese deseo
de ir mejorando la situación laboral de las mujeres, en este
caso concreto de las mujeres embarazadas o en edad de tener
hijos.

Pues bien, por un lado, en esa proposición, como acaba de
recordarse aquí, se modificaba la actual regulación jurídica
de la baja por maternidad, hasta la fecha considerada como una
enfermedad, incapacidad laboral transitoria, algo
absolutamente absurdo y, entre otras cosas, irreal, porque no
responde a la realidad de esa circunstancia, situación que
nuestro Grupo, además, venía denunciando en numerosas
mociones, pidiendo que fuese modificada.

Asimismo, manifestábamos, frente a los argumentos, por cierto,
del Grupo de Izquierda Unida, que considerábamos de interés
introducir esos mecanismos positivos que pudieran hacer que
las empresas contratasen a personas procedentes del paro al
percibir una bonificación del 95 por ciento de las cuotas
empresariales, que Izquierda Unida consideraba que era una
medida sólo positiva para los empresarios pero que no iba a
beneficiar a las mujeres, de acuerdo con lo que figura en el
«Diario de Sesiones». Nuestro Grupo apoyaba esa iniciativa de
Convergència i Unió, porque creíamos también que, en sintonía
con las medidas similares que se dan en otros países europeos
y con medidas, además, que se han tomado en comunidades
autónomas donde gobierna el Grupo Popular, era adecuado dar
posibilidades a las familias, al padre o a la madre, para que
disfrutasen, en su caso y libremente, de la excedencia de
hasta tres años, como se acaba de decir aquí hace un momento,
con garantías de que la mujer no iba a perder el puesto de
trabajo.

Pues bien, nuestro Grupo señaló, en su momento, frente,
repito, a lo dicho por Izquierda Unida, que ello podía
enmarcarse dentro de las políticas necesarias de ir ayudando a
la familia, si bien éramos conscientes, y está recogido en el
«Diario de Sesiones», de que en estos momentos, es normalmente
la mujer, por no decir casi en exclusividad, la que solicita -
-en su caso era hasta un año--, ese permiso o esa excedencia,
porque, aparte de la cultura, que en nuestro país va unida a
que es la mujer la única que atiende al cuidado de los niños,
estaba el hecho de que era la mujer la que desempeñaba los
trabajos más precarios, pero confiábamos en que esta situación
mejorase en el futuro y que pudiera ser una realidad que la
mujer y el hombre optasen libremente por esta posibilidad de
excedencia para atender al cuidado de los niños. Esos fueron
nuestros argumentos para dar el apoyo a la proposición de ley
de Convergència i Unió.

Hoy Izquierda Unida presenta una enmienda a la totalidad en
donde se asume aquello contra lo que se argumentó en algún
momento, como la bonificación del 95 por ciento, la excedencia
por tres años, etcétera, y existen algunas matizaciones que
nuestro Grupo reconoce y además las considera positivas, como
es la referencia a la formación profesional, porque coincide
con esa intención del Grupo Popular de que de una vez por
todas exista en nuestro país un sistema de cualificaciones de
dicha formación profesional.

Sabemos que una de las mejores medidas para incentivar el
trabajo de la mujer es precisamente el que ésta pueda acceder
a unos cursos de formación, que haya garantías, y nosotros
denunciamos constantemente la falta de cursos de reinserción a
la mujer que abandona su puesto de trabajo para atender a la
familia, al cuidado de los niños.

Por tanto, apoyaríamos decididamente estas medidas, que bien
se podrían haber introducido en una enmienda a la totalidad, o
también en enmiendas parciales que contemplaba nuestro Grupo.

Ahora bien, esta enmienda a la totalidad tiene una segunda
parte, a partir de la disposición adicional undécima, en donde
se modifica el permiso de maternidad de manera similar a lo
que todos conocemos, y además, S.S. lo acaba de decir, viene
en la ley de acompañamiento a los Presupuestos. Pues bien,
nuestro Grupo no puede apoyar esta enmienda, repito, que
coincide en sus términos --y se acaba de recordar-- con lo que
recogía ya la proposición de ley de Convergència i Unió.




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Además, las matizaciones que vienen, y de hecho tenemos todos
conocimiento de ello, están recogidas fundamentalmente en la
ley de acompañamiento a los Presupuestos que se van a debatir
en esta Cámara en fechas muy próximas.

Consideramos que el momento en que el Grupo Popular puede
presentar enmiendas es en el debate de esa ley de
acompañamiento, haciendo algunas matizaciones de lo que aquí
ahora se pretendía corregir y, en su caso, cuando la
proposición de ley se tramite, también defender aquellas cosas
que nosotros considerábamos positivas.

Por ello, nuestro Grupo no considera oportuno apoyar esta
enmienda a la totalidad, si bien se congratula de que, por una
parte, Izquierda Unida haya abandonado ese espíritu negativo a
la esencia de la proposición de ley y que, por otra parte,
podamos, en un trabajo compartido por todos los grupos, bien a
través de la ley de acompañamiento, bien en el momento en que
en Comisión se vea la proposición de ley, ir trabajando para
que se vaya mejorando la situación, como empezaba mi
intervención, de discriminación que existe en el acceso al
mercado laboral de las mujeres, de ayudar, en definitiva, al
bienestar de las familias con la mirada puesta en ese futuro
de libertad para que el hombre y la mujer puedan decidir si
optan o no a tener un año, dos años, tres años o seis meses,
como se acaba de decir aquí, de excedencia para atender al
cuidado de los niños. Creemos que es una medida positiva en el
marco de una ayuda al bienestar de la familia y, por tanto, de
toda la sociedad española.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez
Ortega.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, a finales del mes de junio pasado el Grupo
Parlamentario Socialista votaba a favor de la toma en
consideracion de la proposición de ley de Convergència i Unió
sobre regulación del permiso parental y por maternidad.

En mi intervención como portavoz del Grupo Socialista en
aquella ocasión puse de manifiesto que no compartíamos en su
totalidad el contenido de aquella iniciativa y que
presentaríamos enmiendas parciales para modificarla y para
mejorar la regulación de la baja por maternidad y el cuidado
de hijos. Justamente estábamos en ese proceso de elaboración
de enmiendas parciales cuando nos hemos visto sorprendidos por
esta enmienda a la totalidad con texto alternativo del Grupo
de Izquierda Unida. Enmienda a la totalidad, señorías, que nos
parece injustificada y, en cierta manera, contradictoria con
los planteamientos que defendía en aquel momento la portavoz
del Grupo de Izquierda Unida. Esto se ha puesto de manifiesto
por los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra. Porque, ¿qué es lo que está planteando Izquierda
Unida con este texto alternativo y con esta enmienda a la
totalidad?
Entendemos, señorías, que no existen diferencias sustanciales,
diferencias de fondo entre esta iniciativa y la que, en su
momento, presentó Convergència i Unió. Se mantiene, por una
parte, el período de excedencia para el cuidado de hijos o de
hijas hasta un plazo no superior a tres años, cuando en junio
pasado el Grupo de Izquierda Unida mantenía que era un período
excesivo y que supondría, de hecho --lo calificaban así--, una
expulsión de las mujeres del mercado laboral. Ese fue el
planteamiento que se defendió en el mes de junio.

El segundo tema de fondo suscitado en aquel debate --que se ha
planteado también esta tarde-- consistía en la conveniencia o
no de bonificar los contratos que se efectuaran para cubrir
estas bajas, durante el período de excendencia, en cuanto a
las cotizaciones a la Seguridad Social, con un porcentaje que
el Grupo de Convergència i Unió establecía en un 95 por
ciento.

En aquel momento también se dijo por Izquierda Unida que no
estaba de acuerdo con esta medida porque iba a beneficiar en
exceso a los empresarios, puesto que era una medida que estaba
pensada únicamente para ellos y no para posibilitar esta
excendencia, que puede pedirla el padre o la madre, y no para
posibilitar que se incorporen al mercado de trabajo colectivos
que tienen cierta dificultad y que, por tanto, debe verse
protegida su inserción o su reinserción al mercado de trabajo.

Sin embargo, cuando analizamos el texto de esta enmienda nos
encontramos con que estos dos planteamientos se siguen
manteniendo tal cual en la propia redacción de los artículos
del texto alternativo de Izquierda Unida. Se sigue manteniendo
el 95 por ciento. Por eso decía, señorías, que nos parecía
contradictoria esta iniciativa.

Tengo que reconocer que en el anterior debate sí coincidíamos
con el Grupo de Izquierda Unida, que propone este texto
alternativo, cuando considerábamos excesiva esta bonificación.

Seguimos manteniendo ese planteamiento y en ese sentido
presentaremos enmiendas al articulado, que no voy a analizar
en este momento porque entiendo que es objeto de otro debate
que tendremos con posterioridad.

Volviendo al texto de la enmienda a la totalidad de Izquierda
Unida, además de los dos que he resaltado ya, existe un tercer
aspecto en el que sí hubo un planteamiento prácticamente
unánime --quiero recordar-- de todos los grupos
parlamentarios. Así se ha puesto de manifiesto también esta
tarde. Me refiero a la necesidad de que la baja por maternidad
sea considerada como una baja específica y no como una
modalidad más de la incapacidad laboral transitoria. En eso
seguimos manteniendo los mismos criterios, porque es



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cierto, señorías, que no responde esa consideración de baja o
de excedencia por maternidad a la propia realidad. Además, no
contribuye en nada --lo recordaba yo en aquella intervención--
a fomentar la función social de la maternidad que, desde mi
Grupo Parlamentario, hemos defendido y seguimos defendiendo en
todo momento.

La enmienda de Izquierda Unida dedica el artículo 4.º a
modificar esta regulación y propone crear un nuevo capítulo,
que se incorporaría al Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, para regular, precisamente, esta baja por
maternidad. Este planteamiento --lo sabe usted, señora Urán,
lo ha reconocido en su intervención-- no es nuevo, no se
plantea por primera vez. Se ha planteado en muchas ocasiones.

Se plasmó ya como un compromiso cuando aprobamos el segundo
plan para la igualdad de oportunidades a principio del año
1993, volvimos a recogerlo como un compromiso en las últimas
elecciones generales, y así consta en el programa del Partido
Socialista. Además, creo que desde el mes de junio hasta esta
fecha se ha avanzado bastante en esta materia. Es bueno que
coincidamos en considerar positivo este avance. Se ha avanzado
porque en estos meses hemos pasado de lo que en aquel momento
eran compromisos que asumía el Grupo Socialista a lo que son
en esta ocasión realidades que el Gobierno va a presentar a
esta Cámara dentro de dos días; realidades que, como digo,
cuentan con una articulación en un proyecto de ley. En este
sentido se manifestaba hace dos días el Ministro de Trabajo en
su comparecencia ante la Comisión de Política Social y Empleo,
cuando se refería a la nueva regulación jurídica, a la nueva
prestación económica de la baja por maternidad. También en
este sentido se manifestará mañana, en la reunión del Consejo
de Ministros, el Gobierno en pleno. Insisto, tendremos dentro
de muy pocos días un texto articulado, lo que conocemos como
el proyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos
Generales del Estado, donde aparece perfectamente regulada la
baja por maternidad.

Quiero recordar, además, que esta nueva regulación cuenta ya
con el informe positivo tanto del Consejo General del Poder
Judicial como del Consejo Económico y Social, y es importante
que haya habido acuerdo, que haya habido consenso en este
aspecto y en esta materia.

¿Cuáles son los aspectos que están ya recogidos en la ley de
acompañamiento? Fundamentalmente dos, que nos parecen muy
importantes: por una parte, como decía, que la baja por
maternidad tenga ya una regulación específica y separada de la
incapacidad temporal, que es como se llamará en esta ley de
acompañamiento a los casos de incapacidad laboral transitoria;
por otra parte, decía que hay también otra mejora en cuanto a
la cuantía de la prestación económica. Si hasta estos momentos
era un 75 por ciento de la base reguladora del salario, ya en
este proyecto de ley de acompañamiento aparece fijada en un
cien por ciento de la base reguladora. Creo que es importante
que coincidamos en analizar como positivo ese dato para las
mujeres, que se podrán beneficiar de esta nueva regulación a
partir de primeros de 1995, puesto que habrá, por supuesto,
consignación presupuestaria para asumir este aumento en la
cuantía de la prestación económica de la baja por maternidad.

Señor Presidente, señorías, no voy a extenderme mucho más en
mi exposición. Repito que nos parece innecesario el texto que
ha presentado Izquierda Unida, que es injustificado, y
permítame decirle, con toda la consideración que me merece su
Grupo parlamentario, que tiene un cierto oportunismo, puesto
que ya sabían que se había regulado y que estaba ya aprobado.

De todas formas, creo que es importante que sigamos
coincidiendo. Estoy convencida de que en el debate que
tengamos sobre las enmiendas parciales seguiremos coincidiendo
en aspectos que S.S. ha destacado en su intervención, que me
imagino que lo articularán después como enmiendas parciales, y
que en el debate que hagamos --insisto-- en la Comisión
seremos capaces de llegar a acuerdos, a un entendimiento con
su Grupo, con la mayoría de grupos de la Cámara, para
conseguir que esta proposición salga con la redacción y con el
contenido que merece la consideración de baja por maternidad y
la excedencia para cuidado de los hijos. Estamos dispuestos a
llegar a acuerdos, por supuesto, también con su Grupo, para
acordar las enmiendas y las mejoras que entre todos
introduzcamos en este texto legal.

Entendíamos que no había materia para una enmienda a la
totalidad. Seguiremos atentos a las enmiendas parciales que se
presenten a esta disposición de ley. Presentaremos, como grupo
parlamentario, las propias que estamos elaborando y
anunciamos, señor Presidente, señorías, que votaremos en
contra del texto de la enmienda a la totalidad con texto
alternativo que se presenta y que debatimos esta tarde.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.

Señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Intervengo solamente para hacer una puntualización a la
portavoz del Grupo Socialista. Quiero decirle que mi Grupo no
presenta esta enmienda por oportunismo. Sencillamente tenemos
presentada una proposición de ley desde febrero de este año en
donde se recoge gran parte de esta enmienda de totalidad. Por
lo tanto, no se trata de oportunismo, sino de seguir nuestra
línea política. Lo que planteamos en una proposición de ley
específica lo llevamos a otras de otros grupos donde tenga
cabida.

Nada más, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.

Vamos a proceder a la votación de la enmienda de totalidad con
texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya a la proposición de ley sobre regulación del permiso
parental y por maternidad.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 270; a favor, 12; en contra, 257; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Se levanta la sesión.




Eran las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde.