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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 59, de 23/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 59 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 58
celebrada el miércoles, 23 de marzo de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
--Preguntas (Página 2850)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios de política económica e industrial que aplicará el
Gobierno para favorecer un crecimiento sostenido y estable en
el sector industrial (número de expediente 172/000042) (Página 2873)
Iniciativa per Catalunya, sobre la política laboral del
Gobierno respecto de la mujer, con especial referencia a las
repercusiones que en este ámbito ha tenido la entrada en vigor
del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas
Urgentes de Fomento de la Ocupación (número de expediente
172/000044) (Página 2882)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
60, de 24 de marzo de 1994.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas (Página 2850)
Del Diputado don José Juan González de Txábarri Miranda, del
Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué evaluación
realiza el Ministerio de Cultura de su participación en la
Sociedad que organiza y dirige el Festival Internacional de
Cine de San Sebastián? (Número de expediente 180/000388)
(Página 2851)
Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista, que
formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación la ampliación de la Unión Europea en lo
concerniente a agricultura y pesca? (Número de expediente
180/000383)
Del Diputado don Manuel Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuántos
contratos blindados permanecen vigentes después del Acuerdo
del Consejo de Ministros del 17 de diciembre de 1993? (Número
de expediente 180/000392) (Página 2852)
Del Diputado don José Joaquín Peñarrubia Agius, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Tiene previsto el Gobierno modificar el actual régimen de
indemnizaciones por asistir o pertenecer los Altos Cargos a
Consejos de Administración u Organos de Gobierno de entidades
o empresas públicas? (Número de expediente 180/000394)
(Página 2853)
Del Diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Sanidad y Consumo: ¿El Gobierno considera que los criterios
de acreditación y homologación de hospitales son los correctos
para las prestaciones sanitarias que actualmente se ofertan?
(Número de expediente 180/000399) (Página 2854)
Del Diputado don José Ignacio Senao Gómez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué criterios ha seguido el Gobierno para conceder
subvenciones de 499 millones de pesetas a una empresa de la
esposa y otros familiares del actual presidente de la
Diputación General de Aragón, don José Marco Berges? (Número
de expediente 180/000396) (Página 2856)
Del Diputado don José María Mohedano Fuertes, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿En qué plazo tiene
previsto el Gobierno remitir al Congreso de los Diputados el
Proyecto de Ley en el que se realice la transposición de la
Directiva del Consejo 90/314, de 13 de junio de 1990, relativa
a los viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos
combinados? (Número de expediente 180/000381) (Página 2857)
De la Diputada doña María Pellicer Raso, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno la
creación de algún órgano de coordinación con las Comunidades
Autónomas, en materia de política turística? (Número de
expediente 180/000382) (Página 2857)
De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del
Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas
específicas tiene previstas el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social para facilitar la contratación de mujeres en
situación de desempleo? (Número de expediente 180/000379)
(Página 2858)
De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Por qué motivo
no se respetan los topónimos catalanes en la documentación del
Instituto Nacional de la Seguridad Social que se envía a los
pensionistas? (Número de expediente 180/000346) (Página 2859)
Del Diputado don Jaume Antich y Balada, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Cuándo va a regularse este año el
procedimiento para la presentación de proyectos de interés
general y social, a realizar por trabajadores desempleados
contratados por Administraciones Públicas en colaboración con
el INEM? (Número de expediente 180/000376) (Página 2860)
De la Diputada doña María Jesús Sainz García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué planes concretos tiene el Gobierno respecto a las
pensiones de viudedad? (Número de expediente 180/000395)
(Página 2860)
Del Diputado don José Ramón Pascual Monzo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social: ¿Cómo valora el
Gobierno la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma Valenciana, por la que se declara ilegal la
recaudación de las denominadas jornadas reales en el Régimen
Especial de la Seguridad Social Agraria? (Número de expediente
180/000397) (Página 2861)
De la Diputada doña Celia Villalobos Talero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social: ¿Qué razones
justifican el elevado déficit de la Seguridad Social en el
ejercicio de 1993? (Número de expediente 180/000398) (Página 2862)
Del Diputado don Luis Yáñez-Barnuevo García, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Son prudentes y
responsables, en opinión del Ministro, los viajes de los
presidentes autonómicos que se hacen acompañar de séquitos
formados por centenares de personas? (Número de expediente
180/000384) (Página 2863)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Cuáles son las condiciones definitivas en materia
pesquera con las que Noruega se incorporará a la Unión
Europea? (Número de expediente 180/000390) (Página 2864)
Del Diputado don José Antonio Alonso Conesa, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el
Ministerio de Defensa en sus planes de 1994 realizar la gran
carena del submarino S-64? (Número de expediente 180/000377)
(Página 2865)
Del Diputado don José Antonio Alonso Conesa, del Grupo
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué plazo tiene previsto
el Ministerio de Defensa para encargar el inicio real del
programa cazaminas? (Número de expediente 180/000378) (Página 2866)
Del Diputado don Salvador Carrera i Comes, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Gobierno: ¿Qué plazo tiene previsto el Gobierno para finalizar
las negociaciones con la FEMP sobre la participación de los
Municipios en los Tributos del Estado para el cuatrienio
94-98? (Número de expediente 180/000375) (Página 2867)
Del Diputado don Adán Martín Menis, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Economía y Hacienda: ¿Qué efecto ha tenido el establecimiento
del precinto fiscal sobre la reducción del contrabando de
tabaco en el territorio peninsular? (Número de expediente
180/000385) (Página 2868)
Del Diputado don Ramón Espasa i Oliver, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: A la vista de los últimos
datos conocidos sobre posibles pagos de KIO a fuerzas
políticas españolas, ¿cree el Gobierno que las inversiones de
KIO en España podrían
corresponder a una corporación dependiente de un Estado no
perteneciente a la UE? (Número de expediente 180/000386)
(Página 2868)
Del Diputado don Javier Arenas Bocanegra, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Puede informar el Gobierno sobre el grado de cumplimiento del
Contrato-Programa firmado entre el Estado y el Ente Público
RTVE? (Número de expediente 180/000389) (Página 2870)
Del Diputado don José Manuel Fernández Norniella, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar que la
inflación se convierta en un obstáculo para la recuperación
económica? (Número de expediente 180/000391) (Página 2871)
Del Diputado don José Ignacio Llorens Torres, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿No cree posible el Gobierno recortar los gastos de
funcionamiento de los distintos organismos de la
Administración General del Estado en cantidades semejantes a
las que han supuesto el recorte de las prestaciones sociales?
(Número de expediente 180/000393) (Página 2872)
Interpelaciones urgentes (Página 2873)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios de política económica e industrial que aplicará el
Gobierno para favorecer un crecimiento sostenido y estable en
el sector industrial (Página 2873)
El señor Gamir Casares defiende la interpelación del Grupo
Popular. Expone que hablar de que a la industria española le
sienta mal el socialismo no es una pura frase ya que los datos
confirman duramente esta expresión. Desde el año 1982 hasta el
momento la industria española en relación al PIB ha perdido
más de seis puntos, mientras que en Europa la pérdida ha sido
inferior a tres puntos. Concretándose al año anterior, el
número de empleados en el sector industrial en España ha caído
en un 10 por ciento, sin que haya sucedido nada parecido en el
resto de Europa. Se trata, por tanto, de una crisis distinta a
la que sufre la industria europea, que se debe en gran parte a
la política que han venido realizando los distintos gobiernos
socialistas.
Considera que no es este el momento para explicar todas las
razones que han llevado a esa crisis, pero sí debe recordar la
fundamental, que es la pescadilla que se muerde la cola entre
los déficit, los tipos de interés y el tipo de cambio.
Recuerda que antes de la llegada de los socialistas al poder,
en el año 1982, España era el país menos endeudado de Europa
en relación al PIB, con la única excepción de Luxemburgo,
encontrándose en un porcentaje del 25 por ciento, mientras que
este año nos hallamos en el 60 por ciento, con lo que nuestra
situación en el «ranking» europeo nada tiene que ver con la
que teníamos hace 12 años. Esto ha implicado unos déficit muy
fuertes acumulados, cuya única forma de financiación ha sido
ofreciendo tipos de interés mucho más elevados en deuda
pública para que viniera el capital extranjero, presionando al
alza a la peseta durante bastantes años y laminando los
sectores que tenían que exportar y
fundamentalmente a la industria. Agrega que el mantenimiento
de la peseta sobrevalorada era considerado como el único medio
para frenar la inflación, pero reitera que tal política fue
extraordinariamente negativa para el sector industrial, sobre
todo teniendo en cuenta que cuando se pierden cotas de mercado
en el grado en que se han perdido es muy difícil recuperarlas,
a pesar de que se vieran obligados a devaluar la peseta el año
anterior.
En cuanto a la situación actual, los sectores afectados piden
indudablemente un tipo de cambio estable y competitivo, pero
al mismo tiempo recuerda nuestros elevados tipos de interés,
pues aun reconociendo que han bajado también lo han hecho en
los demás países europeos. Precisamente para el empresario
industrial lo más importante es el diferencial en los tipos de
interés, diferencial que se mantiene todavía entre los 2 y 3
puntos, dando lugar a cotas financieras más elevadas para
nuestras empresas y restándoles, por consiguiente,
competitividad. Algo similar cabría decir respecto de las
cuotas de la Seguridad Social, que mientras en Europa se
financian en un 50 por ciento en España lo hacen en un 70 por
cien con cargo a los empresarios, con lo que indudablemente
provocan paro al encarecer la mano de obra, disminuir la
competitividad y perjudicar especialmente a la pequeña y
mediana empresa.
Alude también a la necesidad de acometer reformas en las
políticas sectoriales y las políticas horizontales, que no va
a detallar ahora pero que recogerá ampliamente en la moción
que presentarán en su momento. Llama especialmente la atención
sobre la falta de sentido de la actual política del automóvil,
con su elevada tasa de matriculación precisamente cuando este
sector está atravesando una crisis generalizada en la que
aparecen como punta del iceberg Seat, Suzuki y Nissan, pero
que puede extenderse a varios otros sectores o industrias de
este sector. Algo similar cabría decir respecto a la industria
electrónica y de otros tantos sectores que vienen exponiendo
sus quejas por la política desarrollada.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Industria
y Energía (Eguiagaray Ucelay), manifestando que desde que es
Ministro de Industria ha debatido en unas seis ocasiones, en
Pleno y Comisión, sobre política industrial, por lo que
desconoce el motivo para calificar como urgente esta
interpelación, salvo que sea por la coincidencia de algunas
noticias que a todos les preocupa y que aprovecha el principal
Grupo de la oposición para plantear sus inquitudes y
discrepancias con la política del Gobierno. Sin embargo,
siempre que habla de esta cuestión con el señor Gamir se
encuentra con algunas dificultades, principalmente la de que
el interpelante no quiere hablar del futuro y sí
exclusivamente del pasado.
Por otra parte, al señor Gamir le gusta hablar siempre del
tipo de cambio y de los tipos de interés, aspectos que
reconoce que tienen gran importancia sobre la política
industrial pero que pueden llevar a convertir la interpelación
en un debate global sobre la política macroeconómica del
Gobierno en lugar de ceñirse a la política específica de
carácter industrial.
Oía también al señor Gamir expresar alguna satisfacción, sobre
todo por el pasado, ignorando si se trataba de una
satisfacción nostálgica de los tiempos en que él tuvo alguna
responsabilidad sobre determinados procesos que condujeron a
este país a la necesidad de hacer un proceso de reconversión
industrial. En todo caso, personalmente cree que el futuro es
mejor que el pasado gracias, ante todo, a que en los últimos
diez años han
fortalecido la economía de este país a pesar de la situación
de recesión en que nos encontramos en este momento.
Explica a continuación lo que este Gobierno entiende por
política industrial, apostando claramente por una política
industrial activa en el actual marco macroeconómico, por un
tipo de cambio realista, por un conjunto de reformas
favorecedoras de la competitividad de nuestra industria, a lo
cual debe unirse lo que hacen otros agentes en un país
descentralizado como España en el que las comunidades
autónomas, fundamentalmente, también realizan política
industrial, a veces con un volumen de recursos
notablemente importante. Menciona asimismo una política de
apoyo a las pequeñas y medianas empresas como orientación
prioritaria, habida cuenta de que éstas constituyen más del 90
por ciento de nuestro tejido industrial. Termina anunciando su
participación, si le es posible, en los debates de las
mociones subsiguientes a esta interpelación, aun reconociendo
que la política industrial no puede discutirse solamente en
términos de moción sino
alrededor de líneas y orientaciones generales.
Replica el señor Gamir Casares, duplicando el señor Ministro
de Industria y Energía (Eguiagaray Ucelay).
Para fijación de posiciones interviene el señor García
Fonseca, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política laboral del Gobierno respecto
de la mujer, con especial referencia a las repercusiones que
en este ámbito ha tenido la entrada en vigor del Real Decreto-
ley 18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas Urgentes de Fomento
de la Ocupación (Página 2882)
La señora Urán González defiende la interpelación del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que el
Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, ha modificado las
figuras de contratación que existían, conduciendo, a su
juicio, a una mayor precarización en el mercado laboral, al
aumento de la eventualidad en los puestos de trabajo y a
establecer salarios inferiores al mínimo interprofesional, así
como a la reducción de las prestaciones sociales. Señala que
no se va a extender en los efectos negativos de esta norma
sobre los trabajadores en general, puesto que el tema ya fue
debatido en la Cámara, pero sí considera necesario resaltar
las repercusiones de estas modalidades contractuales sobre el
sector específico de las mujeres, que tienen especiales
dificultades para acceder en condiciones de igualdad a un
puesto de trabajo. A la vista de los datos existentes desde la
implantación de esta norma, afirma que el acceso mayoritario
de las mujeres a este tipo de
contrataciones significa, por un lado, un salario inferior,
menos prestaciones sociales e imposibilidad de acceso a cursos
para formación profesional y, por otra parte,
el mantenimiento de la política femenina en las tareas
domésticas y el cuidado de los niños o de las personas
mayores. A la vista de ello su Grupo se pregunta qué utilidad
tienen los planes de igualdad de oportunidades si desde el
Gobierno se aprueban medidas y contratos que vienen a
perpetuar las condiciones de desigualdad de las mujeres.
En nombre del Gobierno contesta la señora Ministra de Asuntos
Sociales (Alberdi Alonso), señalando que la Diputada
interpelante únicamente se ha referido al ámbito del contrato
a tiempo parcial y, además, partiendo de un error porque ese
contrato es exactamente igual en cuanto a contingencia y
cobertura que los demás, ya que la actual regulación del
contrato a tiempo parcial, que normalmente es a media jornada,
no permite niveles de protección inferiores.
Alude a otros tipos de contrato cuya regulación se modifica y
que afectan a todos y no exclusivamente a la mujer, explicando
las características de alguno de ellos y afirmando que el
cambio que todos pretenden dentro de un equilibrio tiene que
ver mucho con las nuevas formas del mercado de trabajo y los
cambios estructurales que se están produciendo a nivel social.
Expone que algunos de estos contratos facilitan la entrada de
la mujer en el mercado de trabajo y, en consecuencia,
favorecen a las mujeres. En este sentido no se puede ver como
negativa la reforma emprendida y sí todo lo contrario, como el
tiempo les dirá, ya que todavía es pronto para poder afirmar
con rotundidad que los resultados son muy positivos. En todo
caso el análisis que hace de los resultados obtenidos hasta
ahora es positivo, sin perjuicio de lo cual ello no supone
renunciar en absoluto a los logros que han obtenido y que
tienen que seguir obteniendo en el futuro. Replica la señora
Urán González, replicando la señora Ministra de Asuntos
Sociales.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora
Sainz García, del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las siete y veinticinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON JOSE JUAN GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL
GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EVALUACION
REALIZA EL MINISTERIO DE CULTURA DE SU PARTICIPACION EN LA
SOCIEDAD QUE ORGANIZA Y DIRIGE EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DE SAN SEBASTIAN? (Número de expediente 180/000388)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 19, del señor González de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Señora Ministra, en una pregunta formulada por
escrito por este Diputado en relación a la participación del
Ministerio de Cultura en el Festival Internacional de Cine de
San Sebastián se me contestaba, por parte del Ministerio, que
éste está estudiando la posibilidad de reconsiderar su
participación en la sociedad que dirige y organiza anualmente
este Festival. Esta es la razón por lo que en las preguntas de
control del Gobierno de esta tarde le formulábamos la
siguiente: ¿Qué evaluación realiza el
Ministerio de Cultura de su participación en la sociedad que
organiza y dirige el Festival Internacional de Cine de San
Sebastián?
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
señor Presidente. Señor González de Txábarri, como hemos
tenido ocasión de manifestar en algún otro momento, el
Ministerio de Cultura apoya el Festival Internacional de Cine
de San Sebastián como nuestro primer festival de cine. Lo
único que nos ha preocupado en algún momento ha sido si el
instrumento jurídico de la sociedad anónima era el más
adecuado para gestionar un festival, puesto que su capital
social --por decirlo de alguna manera--estaba integrado por
las subvenciones de las distintas
administraciones.
Me gustaría tranquilizar al señor Diputado diciéndole que, en
ningún momento, el Ministerio de Cultura adoptará una actitud
unilateral de abandonar la sociedad anónima en la que está
integrado sin previa deliberación y acuerdo con el resto de
las administraciones. Quiero con ello decir que lo que nos ha
venido preocupando son unos pequeños déficit que ha sufrido el
Festival en algunas ocasiones, que han venido acumulándose, y
que me parecería importantísimo que las administraciones
implicadas tuvieran la responsabilidad de procurar que el
montante total de las subvenciones no fuera superado por los
costes del propio festival de San Sebastián.
Insisto en que el Ministerio de Cultura tiene la intención, de
acuerdo con las otras administraciones, de seguir apoyando el
Festival Internacional de Cine de San Sebastián como el primer
exponente hacia el exterior de lo que es la cinematografía, no
sólo española sino, como su propio nombre indica,
internacional. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor González de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Le agradezco, señora Ministra, la información y la
postura que adopta el Gobierno en relación con este tema.
Nosotros manifestamos nuestra preocupación, precisamente, no
en el sentido de que el Ministerio de Cultura no apoye este
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, sino de que
estudie de alguna forma, su salida o su no participación en
esta sociedad que dirige y organiza el Festival.
En el momento en que se consolidó esta sociedad el señor
Albistur --con cuya presencia contamos-- era ex alcalde de San
Sebastián, y a mí mismo me tocó, en nombre del Gobierno vasco
, ser uno de los generadores de esta dinámica, y me felicito
porque el anterior Director de Cine en aquel momento ha vuelto
a su responsabilidad en el Ministerio. Creemos que Enrique
Balmaseda desarrolló, en orden a este entroncamiento de una
sociedad interinstitucional, una maravillosa labor en su
momento.
Entendemos que esta labor se ha hecho razonablemente bien en
los últimos años, que se ha acertado en un modelo de gestión
interinstitucional y que habría que seguir trabajando en esa
línea y no en la contraria, volviendo a planteamientos
subvencionales anteriores.
Creo que cuando se está discutiendo la materia de cultura,
muchas veces recurrimos a que esta es una materia concurrente,
nos hacemos muchos planteamientos teóricos y difícilmente
llegamos a encontrar modelos fácticos de gestión en los que
las diferentes administraciones implicadas en estos temas son
capaces de articular políticas concretas, donde son capaces de
realizar su propia labor y de ejecutar sus propias
competencias. Entendemos desde el Grupo Vasco que este es uno
de los casos en que este ejercicio de las competencias
concurrentes ha encontrado un ámbito de actuación concreto,
donde las distintas instituciones están trabajando
correctamente, y nos gustaría que este fuese el modelo a
seguir, no volver a modelos anuquilosados o antiguos, y que en
otra serie de temas, en los que tanto los ayuntamientos, como
las comunidades autónomas, como el propio Ministerio de
Cultura, tienen que entrar a trabajar, puedan verse reflejadas
más en este modelo que en el modelo de gestión subvencional
anterior. Esta es nuestra preocupación y esperemos que el
Ministerio trabaje en esa línea.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.
--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION LA AMPLIACION DE LA UNION
EUROPEA EN LO CONCERNIENTE A AGRICULTURA Y PESCA? (Número de
expediente 180/000383)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Pau i
Pernau.
El señor PAU I PERNAU: Señor Presidnete, señor Ministro,
señorías, en las negociaciones para la ampliación de la Unión
Europea a Noruega, Finlandia, Suecia y Austria, han surgido
una serie de dificultades políticas, institucionales y
económicas que, al parecer, impiden llegar a un acuerdo en las
fechas inicialmente previstas. Además de los problemas
derivados de la minoría del bloqueo, existen otros que atañen
a actividades importantes para nosotros, como son la
agricultura y la pesca. A las posibles ventajas que tendría
esta ampliación, sobre todo la ampliación de un mercado
potencialmente importante para nuestras producciones
agroalimentarias, básicamente producciones agrícolas, existen
también los problemas derivados de la
distribución de los recursos estructurales que, con la
ampliación, lógicamente se derivarían quizá hacia otras partes
importantes, pero que tienen mayores recursos que los nuestros
al norte de Europa. Pero, sobre todo, existen problemas
importantísimos con la pesca, y en este sentido nos
interesaría conocer cómo valora el Ministerio de Agricultura
la ampliación de la Unión Europea en lo concerniente a
agricultura y pesca. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero
Silla): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quizá primero habría que hacer una valoración de lo
que representan los cuatro países candidatos en el sector
agrario y pesquero. Por lo que se refiere a la agricultura,
los cuatro Estados candidatos representan, aproximadamente, un
7 por ciento de la producción agraria de la Comunidad; es
decir, su peso es poco relevante en el conjunto de la
producción agraria
comunitaria: comparándola con España, que representa más de un
14 por ciento, a pesar de tener una superficie que es superior
al doble de nuestro territorio, su producción agraria sólo es
la mitad de la española. Su sistema de protección, como SS.SS.
conocen, en lo que se refiere al sector agrario, tiene costes
muy elevados, y uno de los elementos importantes que se ha
conseguido en la negociación es que estas ayudas al sector
corran a cargo de las administraciones nacionales, con
recursos nacionales y, por tanto, no pesen sobre el
presupuesto agrario de la Comunidad. Por otra parte, algunos
de los Estados candidatos, básicamente Suecia y Austria, y
después también Finlandia, pretendían que en un momento dado
se pusieran en marcha mecanismos que podían limitar el libre
tráfico de mercancías a la Comunidad, como el mecanismo
complementario de los intercambios, o los montantes
compensatorios de adhesión, a lo que se opuso España hace ya
dos meses. El resultado ha sido positivo, porque no va a haber
ni mecanismo complementario de los intercambios, ni montantes
compensatorios de adhesión y, por tanto, nuestras
exportaciones no van a tener ningún tipo de elemento
limitante.
Es evidente que nuestras agriculturas son complementarias, que
básicamente su demanda se centra en aquello en lo que somos
más competitivos: frutas, hortalizas, vino y otros sectores,
como grasas vegetales, y por ello esperamos que se aumente la
tasa de cobertura con estos países, que ya es positiva, que se
ha ido incrementando en los últimos años, y que si
incorporamos incluso la pesca, si sitúa en un 110 por ciento.
En cuanto a la pesca, creo que hemos conseguido tres objetivos
básicos: uno de ellos importante para el mantenimiento de los
principios comunitarios, y es que nuestras empresas puedan
situarse allí a partir del año 1998, sin ninguna limitación,
por arriba del paralelo 62, y puedan operar en el caladero
noruego...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL NUÑEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANTOS
CONTRATOS BLINDADOS PERMANECEN VIGENTES DESPUES DEL ACUERDO
DEL CONSEJO DE MINISTROS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1993? (Número
de expediente 180/000392)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Núñez
Pérez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el acuerdo del Consejo de Ministros, de 17 de
diciembre de 1993, prohibió de forma radical los contratos
blindados en el sector público, pero siguen existiendo
contratos blindados y otras formas extrañas de contratación.
Por eso le pregunto, señor Ministro: ¿Cuántos permanecen en
vigor y por qué?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no sé de dónde deduce esa afirmación de prohibición
de los contratos blindados. El acuerdo del Consejo de
Ministros dicta instrucciones para uniformar y limitar la
cuantía de las indemnizaciones por extinción del contrato de
trabajo de los altos cargos y personal directivo del sector
público estatal y, entre sus disposiciones, señala al final
que, a partir del 1 de enero de 1994, la modificación o
novación de los contratos en los ámbitos antes indicados
exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a las
indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a los
criterios establecidos en los apartados, etcétera, del
presente acuerdo. Por consiguiente, no se trata de
prohibición, sino de ordenación y de limitación de la cuantía
de las indemnizaciones a percibir por los altos cargos en caso
de extinción de su contrato de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: ¡Pues hay que ver lo que ustedes
presumieron, señor Ministro! En septiembre de 1993 le pregunté
por los contratos blindados y usted, de manera vaga e
imprecisa, me contestó. Solicitamos más tarde respuesta
detallada y por escrito, y aún la estamos esperando.
Posteriormente, en el debate presupuestario, presentamos una
enmienda prohibiendo los
contratos blindados y el Grupo Parlamentario Socialista la
votó en contra. Finalmente, como el escándalo de los contratos
blindados consiguió calar en la opinión pública, el Consejo de
Ministros acordó prohibirlos en el futuro; así se interpreta
esa cláusula que usted ha leído. El acuerdo fue propalado a
los cuatro vientos y a las cinco televisiones, como si fuera
una idea exclusiva y genial del Gobierno, que calificó de
abominable la utilización de los contratos blindados. Todo
parecía suponer que el Gobierno tomaría las medidas necesarias
para que los contratos blindados desaparecieran de la faz de
la tierra. ¿Ha sido así? Pues, no, señor Ministro. Según
nuestros datos, permanecen vigentes 450, aproximadamente, sin
que ninguno de ellos se haya modificado o rescindido. Pero es
más, se han otorgado después del citado acuerdo pólizas de
seguros, fondos de pensiones y
contratos de servicios especiales, con los que se otorgan las
mismas o mayores prebendas. Todas estas pólizas o fondos
superan los 300 y se
localizan en empresas o entes públicos que pertenecen al
sector público. Desde una perspectiva jurídica, no es
admisible ampararse en el principio de respeto a la voluntad
de las partes para mantener en vigor, dentro del sector
público, contratos contrarios al interés general y a la
justicia del sistema retributivo. El Gobierno tiene varias
fórmulas para derogarlos. Como designó libremente a los altos
cargos que se benefician de tales contratos, puede y debe
llamarles y pedirles que acepten la modificación o renovación
de sus contratos, excluyendo los blindajes o lo que sea, para
ser coherentes con la moralina que ustedes vendieron en el
citado acuerdo del Consejo de Ministros. Si no se hace así, se
habrá tomado el pelo, una vez más, a todos los ciudadanos.
Cuando un Gobierno exige sacrificios a los sectores más
débiles de la sociedad española, no puede, a la vez, otorgar
privilegios millonarios a quienes trabajan en el sector
público.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señor Núñez, no se trata de contestar a lo que usted insiste
que se adopta en un acuerdo que no contiene las palabras que
usted ha mencionado. Debo recordarle que todos los acuerdos de
la Comisión Ejecutiva Interministerial de Retribuciones, que
autorizan la creación en la Administración del Estado de
puestos de trabajo y personal laboral de alta dirección,
establecen que, para los supuestos de extinción del contrato
por voluntad de la Administración, la indemnización que se
pacte con el mismo no podrá ser superior a la que con carácter
mínimo especifica el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto,
regulador de los Altos Cargos. Es decir, siete días por año
trabajado, con un máximo de seis mensualidades. Por
consiguiente, no existe en este ámbito ningún tipo de
privilegio en el tratamiento que la Administración otorga a
efectos de extinción unilateral de estos contratos. En cuanto
a los entes públicos y sociedades estatales, la situación es,
lógicamente, más heterogénea, debido a las especiales
características del régimen jurídico que regula estos entes y
a la situación del mercado en que operan. En la mayoría de
estos entes y sociedades estatales los contratos de alta
dirección, alrededor de 200, no contienen cláusulas
indemnizatorias que superen la cuantía fijada con carácter
general por el Estatuto de los Trabajadores. Los contratos que
incluyen cláusulas --alrededor de 120--, se encuentran
concentrados en áreas de actividad empresarial muy concretas y
específicas, tales como la financiera, la de transportes y la
de medios de comunicación. Se trata, por tanto, de áreas en
las que el propio mercado de trabajo aconseja, e incluso
impone, arbitrar mecanismos, para impedir que los
correspondientes directivos acudan al sector privado en busca
de una mayor seguridad laboral.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE JOAQUIN PEÑARRUBIA AGIUS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO MODIFICAR EL ACTUAL REGIMEN DE
INDEMNIZACIONES POR ASISTIR O PERTENECER LOS ALTOS CARGOS A
CONSEJOS DE ADMINISTRACION U ORGANOS DE GOBIERNO DE ENTIDADES
O EMPRESAS PUBLICAS? (Número de expediente 180/000394)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Peñarrubia
Agius, que tiene la palabra.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿tiene previsto el Gobierno modificar el
actual régimen de indemnizaciones por asistir o pertenecer los
altos cargos a consejos de administración u órganos de
gobierno de entidades o empresas públicas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.
El señor Ministro para las Administraciones Públicas tiene la
palabra.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
El Gobierno no tiene, señor Diputado, intención de modificar
el régimen actual de indemnizaciones por asistencia de altos
cargos a los consejos de administración de organismos o
empresas públicas.
No obstante, me permito recordar que las dietas e
indemnizaciones actualmente existentes, dentro de un sistema
inspirado en los principios de legalidad y transparencia, se
acomodan al régimen general previsto para la Administración
pública del Estado. Dicho sistema, básicamente recogido en la
Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades de
los altos cargos,
representa un considerable avance respecto a la opaca
situación de la etapa precedente. Además, el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, limita dichas indemnizaciones
al 25 por ciento como máximo del total de retribuciones
correspondientes al puesto principal.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Peñarrubia tiene la palabra.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Señor Presidente, señor Ministro,
es difícil entender que en tiempos de crisis, como la que
vivimos, determinados altos cargos de la Administración
perciban un sobresueldo a modo de indemnización por asistir o
pertenecer a consejos de administración de empresas públicas.
Y tiene difícil justificación que en épocas de vacas flacas, a
los ciudadanos de este país se les pida sacrificios y, en
definitiva, se les exija que se aprieten el cinturón y, por
otro lado, la Administración actúa generosamente primando
económicamente a sus altos cargos. Cuando la crisis se cierne
sobre cientos de empresas y sus trabajadores; cuando uno de
cada cuatro españoles está parado; cuando a los funcionarios
públicos se les congela su sueldo durante dos años
consecutivos; cuando es necesario aumentar los años de
cotización para poder acceder a una pensión; cuando éstas
están amenazadas y peligran las de viudedad, la Administración
se muestra insensible y no predica con el ejemplo.
Señor Ministro, mi Grupo ha censurado desde hace tiempo este
despilfarro del dinero público, que en nada contribuye a
disminuir el déficit público y, en consecuencia, se han
presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado
orientadas a eliminar tal situación. Y no hace mucho, el Grupo
Popular, a través de mi compañero el Diputado señor Núñez,
presentó un plan de reducción del gasto público, en el que se
proponía, además de otras medidas, que los altos cargos que
formen parte de los consejos de administración de las empresas
de capital público no perciban por ello ningún tipo de
retribución.
Yo creo que en esta época de crisis, en esta época de
austeridad, sería una buena medida --los ciudadanos de este
país le
agradecerían-- que se eliminaran las retribuciones, los
complementos o las indemnizaciones de los altos cargos
públicos. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
De sus palabras, señor Diputado, puede deducirse que, cuando
superemos la crisis, debe darse un retoque al alza de las
retribuciones de todos los altos cargos públicos. (Rumores.)El
actual sistema de representación de la Administración en
organismos y empresas públicas que permite la pertenencia de
un mismo cargo a un máximo de dos consejos de administración,
ha venido mostrando desde 1983 su racionalidad y adecuación a
los principios de legalidad y transparencia. Al mismo tiempo,
hace posible una remuneración de los altos cargos coherente
con la situación del mercado de trabajo en el que se
desenvuelven los sectores, en los cuales el Estado está
representado a través de organismos o empresas.
Dentro de estas coordenadas, me parece, por lo menos, una
irresponsabilidad afirmar --como hace S.S.-- que una de las
consecuencias de la Ley de Incompatibilidades haya sido el
aumento del número de miembros de los consejos de
administración de las empresas de capital público sin aportar
un solo dato que apoye tal aseveración. La realidad demuestra
que esto no ha sido así y parece que ya es hora de que S.S. se
entere. Olvida S.S. la congelación sufrida en los últimos años
en los sueldos de los altos cargos, que han visto, por cierto,
decrecer su poder adquisitivo en mayor medida que el del resto
de los empleados públicos, así como la necesidad de
homologación de los mismos con las remuneraciones existentes
en el sector privado. No digamos ya en el contexto europeo en
el que forzosamente están obligados a competir. Permítame, por
tanto, que añada que el ardoroso acento puesto en este tema y
el esfuerzo desarrollado en la meticulosidad de perseguir esta
parcela absolutamente
transparente del gasto público debería ponerse más bien al
servicio de planificar ante la opinión pública determinadas
compatibilidades de parlamentarios de la oposición con
actividades privadas que, de hecho, les impiden el normal
desarrollo. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA
MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿EL GOBIERNO CONSIDERA QUE LOS
CRITERIOS DE ACREDITACION Y HOMOLOGACION DE HOSPITALES SON LOS
CORRECTOS PARA LAS PRESTACIONES SANITARIAS QUE ACTUALMENTE SE
OFERTAN? (Número de expediente 180/000399)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Villalón
Rico, que tiene la palabra.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, ¿considera el Gobierno
que los criterios de acreditación y homologación de hospitales
son los correctos para las prestaciones sanitarias que
actualmente se ofertan?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, el Ministerio de Sanidad y Consumo considera que hoy
están garantizados todos los elementos que permiten ofrecer de
forma adecuada las prestaciones sanitarias en los centros
hospitalarios. Las autoridades sanitarias de la Administración
central y de las autonómicas han dictado las normas oportunas
para la autorización y funcionamiento de los centros,
servicios y establecimientos sanitarios. El catálogo y
registro de los centros autorizados se publica y actualiza
periódicamente --la última edición es de diciembre de 1992-- y
se han creado y están en funcionamiento los órganos de
gobierno y participación y las comisiones de garantía de la
calidad hospitalaria previstas en el reglamento de los
hospitales gestionados por el Insalud; se ha homologado la
formación posgrado y existen suficientes sistemas de
inspección y control que actúan sobre los centros de
titularidad pública y sobre los centros privados.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, tengo que decir que usted no ha contestado,
como es habitual, a la pregunta de este Diputado; y no ha
contestado porque no hay normas en la legislación española, a
nivel de la Administración central, sobre acreditación de
hospitales. Lo único que hay es una normativa sobre
acreditación, que es una resolución de 11 de abril de 1980;
hay algunas cuestiones desde el punto de vista legislativo de
las comunidades autónomas, y últimamente lo que están haciendo
ustedes es la acreditación, desde el punto de vista docente,
en aquellos hospitales que forman especialistas posgraduados.
Cuando nosotros hablamos de criterios de acreditación nos
estamos refiriendo a criterios de gestión y a criterios de
atención sanitaria, para que la calidad asistencial sea lo más
correcta posible. Previo a eso se necesita el conocimiento de
los
recursos, tanto materiales como humanos, en los hospitales
públicos. Por ahí es por donde tienen que empezar ustedes, por
el conocimiento de estos recursos, cosa que desconocen en el
momento actual. Por tanto, es difícil que puedan solucionar el
problema de la acreditación y de la calidad asistencial.
Si yo ahora le pregunto a usted cuántas son las personas que
trabajan en los hospitales del Insalud, seguramente no me lo
puede decir; y si le pregunto, a modo de ejemplo, cuál es el
número de aparatos de rayos X que hay en los hospitales del
Insalud, tampoco me lo puede decir, porque no tienen
conocimiento de los recursos materiales y humanos, como decía
antes. Para que la calidad asistencial sea buena hay que
basarse en criterios de acreditación, hay que basarse en
sistemas de informática y, por supuesto, en la fórmula de pago
por proceso. Ustedes han iniciado el estudio de esto último,
de la fórmula de pago por proceso, pero fallan en las dos
anteriores; por lo tanto, la calidad asistencial no puede ser
buena y, en consecuencia, hay que decirles que no hay
criterios de acreditación y no hay criterios de homologación,
tanto a nivel interno como en relación con los países de la
Unión Europea.
Le tengo que transmitir, señora Ministra, la opinión pública
de personas que viven los problemas sanitarios. El otro día me
decía un director médico: ¿cómo el Gobierno socialista va a
estar por la calidad asistencial si en este momento están
trabajando en reducir la cantidad de prestaciones sanitarias?
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, como es habitual, es difícil saber qué es exactamente
lo que pregunta y para qué lo va a utilizar, y la prueba está
en la serie de afirmaciones que acaba de hacer S.S. donde
mezcla opiniones de conocidos con afirmaciones tan carentes de
fundamento como inoportunas en relación con la pregunta que
plantea.
En relación con la pregunta que me formula y por lo que
respecta a la acreditación hospitalaria, que parece que es por
lo que se interesa S.S., el Ministerio entiende, señor
Villalón, que tiene un sentido más amplio como sistema de
control de calidad basado en la evaluación comparativa, con
criterios homogéneos de la estructura física, funcional y
orgánica de los centros. En este sentido, como he tenido
ocasión de informar a SS.SS. en mis comparecencias en esta
Cámara, estamos elaborando, para proponer al Consejo
Interterritorial, el desarrollo de un mecanismo de
acreditación de hospitales que precisamente va a hacer
hincapié en el problema de la calidad. Ahora S.S. menciona el
coste por proceso, que es una iniciativa del Ministerio que ya
está en marcha.
Señor Villalón, cuando quiera hacerme preguntas en relación
con el número de personas, hágamelas y entonces estará usted
en condiciones de afirmar si conozco la respuesta o no.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON JOSE IGNACIO SENAO GOMEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE CRITERIOS HA SEGUIDO EL GOBIERNO PARA CONCEDER
SUBVENCIONES DE 499 MILLONES DE PESETAS A UNA EMPRESA DE LA
ESPOSA Y OTROS FAMILIARES DEL ACTUAL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACION GENERAL DE ARAGON, DON JOSE MARCO BERGES? (Número
de Expediente 180/000396)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor Senao
Gómez.
El señor SENAO GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
¿Qué criterios ha seguido el Gobierno para conceder
subvenciones de 499 millones de pesetas a una empresa de la
esposa y otros familiares del actual presidente de la
Diputación General de Aragón, don José Marco Berges?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senao.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Entiendo, señoría, que la empresa es el centro de formación
profesional Academia Marco, de Zaragoza; en otro caso no sería
competente para contestar.
Hay que hacer una precisión de entrada y es que cuando se
refiere S.S. a subvenciones hay que hacerlo siempre a
conciertos
educativos, porque el sistema de subvenciones a la enseñanza
privada ha desaparecido desde hace ocho años. (Rumores.) Hecha
esta precisión, los criterios para acceder a los conciertos
son los contenidos en la Lode, por una parte y, por otra, en
un minucioso reglamento de normas básicas sobre conciertos
educativos que se publica en 1985. Son criterios, como digo,
minuciosos que se basan, fundamentalmente, en las necesidades
de escolarización de la zona y por cuya virtud la Lode, al
reconocer el derecho de todos los centros subvencionados de
pasar al régimen de conciertos, en 1986 provoca que accedan al
sistema de conciertos todos los centros de FP-2 de Zaragoza,
entre ellos la empresa aludida, y todos los centros de FP-1 --
en este caso menos uno, pero ascienden a 23-- de Zaragoza;
conciertos que, puesto que continúan cumpliendo los requisitos
requeridos, se renuevan en el año 1989 para todos los centros
de formación profesional de la ciudad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Senao.
El señor SENAO GOMEZ: Gracias, señor Presidente.Señor
Ministro, seguramente usted desconocerá que a la Academia
Marco le fue concedida licencia de instalación en el mes de
junio de 1992 y que hasta esa fecha carecía de licencia.
También en 1992 el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo conocimiento
de que la Academia Marco desde 1985 en que disponía de 180
metros cuadrados, había pasado a tener una superficie actual
de 2.000 metros cuadrados, sin tener permiso alguno para
realizar las obras de ampliación y acondicionamiento e
incumpliendo, además, las medidas de prevención de incendios.
Estas causas a simple vista serían ya lo suficientemente
importantes como para evaluar la prioridad existente en cuanto
a la concesión de subvenciones a cualquier ciudadano que las
hubiese solicitado. Señor Ministro, este Diputado que le habla
y mi Grupo Parlamentario defendemos el derecho indiscutible a
la presunción de inocencia, pero tengo que entrar en el
terreno de las valoraciones políticas, que nunca valoraciones
personales. ¿Qué culpa tendremos los aragoneses de que el
Presidente de Aragón se llame Marco? Ya nos gustaría a la
mayoría de los aragoneses que nuestro Presidente fuera otra
persona, pero las cosas son como son, y defiendo la presunción
de inocencia. En este caso nos vemos en la obligación de
resaltar que la misma, cuando menos, queda algo empañada.
Anote, señor Ministro, anote, que es importante: el señor
Marco accede a la Presidencia del Gobierno de Aragón con la
ayuda del voto de un tránsfuga, cuyo nombre omitiré para
salvar el honor, la
integridad y el decoro de esta Cámara, y esto justamente un
año después de que el señor Marco, su compañero de Partido,
anunciase que sería Presidente de Aragón a costa de lo que
fuese. Apunte, señor Ministro: su compañero de partido ha
propuesto subvencionar a la empresa General Motors con 1.000
millones de pesetas, y el holding de la familia Marco tiene a
su vez una contrata anual con General Motors en materia de
transportes cercana a los 400 millones de pesetas anuales.
Apunte, señor Ministro: la familia del hermano de su compañero
de Partido recibe subvenciones del Ministerio de Educación por
499 millones de pesetas, cuando Pilar de la Vega era delegada
de dicho Ministerio en Zaragoza; ahora es Consejera de Cultura
en el Gobierno de Marco. Apunte, señor Ministro: el titular
del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha decidido
abrir diligencias contra el señor Marco y sus familiares por
presunta prevaricación y cohecho, y si a esto añadimos la
innumerable lista de colocados a dedo en la época en que Marco
fue Presidente de la...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senao.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Señor Presidente, muchas gracias.
Procuraré contestar, señoría, de una manera breve.
Primero, señoría, no son subvenciones. Han desaparecido desde
hace ocho años. Puesto que no son subvenciones, están regidas
por un sistema absolutamente minucioso, que es el que
establece condiciones y requisitos de los centros privados
para suscribir conciertos. Este sistema no deja el mínimo
resquicio para la arbitrariedad en la concesión del concierto,
ni mucho menos, y ese es un gran logro del sistema de la Lode
y del Reglamento de 1985, para una financiación arbitraria o
discrecional de los centros privados por parte de la
Administración. Pregunte, señoría, que le explique cómo
funciona precisamente todo el sistema de subvenciones y
seguramente aclararíamos alguna cosa. Las ratio para las
unidades de FP-1 y FP-2 eran de 41 alumnos por aula, y 35,7 en
el caso de la academia de referencia, mientras que en otros
centros públicos de la zona eran de 35 y de 28 --luego era muy
necesaria esa escolarización-- y en otros centros privados
de 38.
He de decir que en mis servicios en Zaragoza no ha habido
irregularidad alguna, señoría, y, por otra parte, tiene S.S.
una manera muy graciosa de apreciar la presunción de
inocencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA MOHEDANO FUERTES, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE PLAZO TIENE
PREVISTO EL GOBIERNO REMITIR AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL
PROYECTO DE LEY EN EL QUE SE REALICE LA TRANSPOSICION DE LA
DIRECTIVA DEL CONSEJO 90/314, DE 13 DE JUNIO DE 1990, RELATIVA
A LOS VIAJES COMBINADOS, VACACIONES COMBINADAS Y CIRCUITOS
COMBINADOS? (Número de expediente 180/000381)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Mohedano
Fuertes.
El señor MOHEDANO FUERTES: Señor Ministro de Comercio y
Turismo, el aumento de la contratación turística ha dado
también lugar a una serie de incumplimientos o cumplimientos
defectuosos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MOHEDANO FUERTES: ... o cumplimientos defectuosos en
los llamados viajes combinados o circuitos combinados, cuya
acción de reclamación se basa fundamentalmente en la Directiva
de 13 de junio de 1990... (Continúan los rumores.)El señor
PRESIDENTE: Un momento, señor Mohedano. Ruego silencio a sus
señorías.
El señor MOHEDANO FUERTES: Gracias, señor Presidente.
Se basa en la Directiva de 13 de junio de 1990, cuyo plazo de
transposición para España expiró el 31 de diciembre de 1992.
Mi pregunta es para cuándo tiene previsto el Gobierno remitir
al Congreso de los Diputados el proyecto de ley que transponga
esta Directiva sobre viajes combinados, vacaciones combinadas
y circuitos combinados.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mohedano.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Muchas gracias.
Los aspectos más relevantes de la Directiva comunitaria son la
información que debe proporcionarse al consumidor, el contrato
de viaje combinado --se establece su contenido mínimo--, la
responsabilidad del organizador y la garantía de reembolso de
los fondos depositados.
La Secretaría General de Turismo elaboró un borrador de
transposición de Directiva, que envió hace ya meses al
Ministerio de Justicia, porque, al tratarse sobre todos los
aspectos del contrato de viaje combinados, su forma y
contenido y la
responsabilidad contractual del agente de viajes, es necesario
hacer una ley y evidentemente tenía que ir a la Comisión
General de Codificación. En nuestra relación con el Ministerio
de Justicia creen que ellos van a resolver la parte de la
Directiva que les corresponde en un plazo no más allá de un
mes, mes y medio, pero yo sí puedo asegurarles desde luego que
antes del verano estará el proyecto de ley aquí en el Congreso
enviado por el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señorías, yo les agradezco, y seguro que ustedes lo aprecian,
su presencia en la sesión de esta tarde, pero les recuerdo que
cuantos menos son, más se les oye. De ahí mi llamada al
silencio. (Risas.)
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA PELLICER RASO, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO LA CREACION DE ALGUN ORGANO DE COORDINACION CON LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS, EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA?
(Número de expediente
180/000382)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, de la señora Pellicer
Raso.
La señora PELLICER RASO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Comercio y Turismo, en los últimosaños el
turismo ha adquirido en nuestro país una gran importancia,
confirmando a España como una potencia turística. Ha hecho del
mismo un fenómeno socio-económico creciente que demanda, cada
vez con mayor sensibilidad, una oferta menos convencional,
teniendo como ejemplos las distintas modalidades de turismo
verde o rural, turismo ecológico, turismo de aventura, el
agroturismo, etcétera, que, además, requieren, una
coordinación entre los departamentos de la Administración
general del Estado. Prueba de ello es la aprobación en enero
por el Consejo de Ministros de un Real Decreto para la
creación de la Comisión interministerial de Turismo. El
turismo es también una fuente importante de creación de
empleo, que afecta a más del diez por ciento de la población
ocupada, siendo para el medio rural, debido a la pérdida de
peso del sector primario, un buen recurso para el aumento de
la renta y la creación de nuevos empleos, especialmente para
colectivos como el de la mujer y el de la juventud.
Esta diversidad de modelos de oferta turística hace que todo
el territorio español sea idóneo para el aprovechamiento y
rentabilidad de sus recursos naturales, por lo que la
Administración deberá impulsar mecanismos adecuados de
coordinación. Tanto la Constitución del año 1978 como la Ley
de Bases del Régimen Local determinan la posibilidad de
asunción de competencias en materia turística por las
comunidades autónomas y los ayuntamientos, por lo que existen
competencias concurrentes en esta materia en los tres niveles
de la Administración
española: estatal, autonómica y local. Por eso, señor
Ministro, mi pregunta es: ¿Tiene previsto el Gobierno la
creación o impulso de algún órgano de coordinación con las
comunidades autónomas en materia de política turística?
Gracias. (La señora Villalobos Talero: Una pregunta muy
difícil.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pellicer.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): En la política turística, un elemento fundamental
es la coordinación con las comunidades autónomas. Esta mañana
he tenido una larga comparecencia ante la Comisión y hemos
hablado en gran medida de este tema como uno de los básicos de
la política turística. Existe ya una conferencia sectorial del
sector turismo con todas las comunidades autónomas y va a ser
convocada en los próximos meses para debatir toda la
coordinación necesaria sobre un programa concreto de
actividades, que requiere la participación de las comunidades
autónomas y de las
corporaciones locales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL
GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS
ESPECIFICAS TIENE PREVISTAS EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL PARA FACILITAR LA CONTRATACION DE MUJERES EN
SITUACION DE DESEMPLEO (Número de expediente 180/000379)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, de la señora
Rodríguez Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la apuesta decidida de las mujeres por
incorporarse a un puesto de trabajo supone uno de los avances
más importantes ocurridos en los últimos años. Esta decisión
implica en muchas ocasiones la puesta en marcha de una serie
de
mecanismos y la adopción de medidas que faciliten el aumento
de la tasa de ocupación de las mujeres. Estas acciones
pretenden distintos objetivos, entre otros la
compatibilización de la carrera profesional y laboral con la
maternidad, para evitar en lo posible la doble jornada de las
mujeres; en segundo lugar, pretenden conseguir una igualdad
plena de oportunidades de las mujeres en el trabajo, evitando
posibles situaciones de
discriminación salarial, entre otras, y en tercer lugar, van
dirigidas a algo tan importante como es la cualificación
profesional de las mujeres y la consecución de suficientes
niveles formativos que les permitan competir en igualdad de
oportunidades con los hombres para conseguir un puesto de
trabajo.
Entiendo, señora Ministra, que han sido muchos y muy
importantes los mecanismos establecidos para conseguir que
aumente el número de mujeres que se incorporan a un trabajo
remunerado y hemos tenido resultados positivos a través del
plan FIP o del programa de escuelas-taller, que han facilitado
que más del 50 por ciento de personas que se favorecen de
estos programas sean mujeres. Esta fórmula, además, ha
conseguido, entre otros objetivos, incorporar aproximadamente
un millón de mujeres a la población ocupada femenina en los
últimos diez años. Sin embargo, y a pesar de esto, nos
encontramos con que la tasa de paro de las mujeres se sitúa en
torno a un 48 por ciento del total y, además, nos encontramos
con que esta tasa de paro afecta más a las mujeres jóvenes que
quieren conseguir un primer puesto de trabajo y a aquellas
mayores
de 45 años. Si a esto sumamos el hecho de que una situación
económica de crisis no debe afectar más a las mujeres que a
los hombres, no les debe influenciar de forma negativa, es por
lo que le formulo la pregunta que aparece en el orden del día
con el número 11.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, es cierto que las mujeres representan hoy el
47,4 de la población parada y, por ello, en tanto que
colectivo, son para el Gobierno una prioridad en cuanto a la
inserción en el mercado de trabajo y también en cuanto a la
ocupación. La subida de la tasa de actividad de las mujeres en
los últimos años, de 1985 a 1993, al no poder obtener el
empleo en muchos casos, también ha generado un aumento
bastante significativo de las tasas de paro.
En cuanto que colectivo que representa ese 47,4 de la
población parada, naturalmente, las mujeres se benefician, en
igualdad de condiciones que los hombres, de todas la medidas
de acción positivas existentes para promover la contratación
de
desempleados y el consiguiente incremento de los niveles de
empleo. En este sentido, participan de los incentivos a la
contratación indefinida de jóvenes, minusválidos y mayores de
45 años, desempleados de larga duración y, asimismo, de las
subvenciones a la transformación en indefinidos de contratos
en prácticas o de aprendizaje. De igual forma, son
destinatarias de las medidas de fomento de la ocupación
plasmadas en el Real Decreto de 3 de diciembre de 1993, que
establece la nueva regulación de los contratos en prácticas, a
tiempo parcial y que crea el contrato de aprendizaje.
Las mujeres también participan activa y plenamente en los
programas del plan nacional de formación e inserción
profesional, desarrollados por el Ministerio de Trabajo, a
través del Inem, y representan el 45 por ciento del total de
alumnos en los programas de este plan nacional de formación.
Sin embargo, debido a las especiales dificultades de inserción
e integración laboral con que se enfrentan las mujeres, y que
son de todos conocidas, especialmente en un período de
recesión como el que estamos atravesando, también en su
momento, mediante la Ley de 30 de julio de 1992, se
instrumentaron dos programas específicos para promover la
contratación estable de mujeres: uno dirigido a las mujeres
paradas de larga duración, que fuesen contratadas en
profesiones y oficios en los que la mujer se encuentra
subrepresentada, y otro dirigido a las mujeres mayores de 25
años que desean reintegrarse labo-ralmente a la actividad,
después de una interrupción de más de cinco años.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE MOTIVO
NO SE RESPETAN LOS TOPONIMOS CATALANES EN LA DOCUMENTACION DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE ENVIA A LOS
PENSIONISTAS (Número de expediente 180/000346)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6, de la señora Rahola i
Martínez.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le quiero confesar una cosa. Siento una
profunda «mandra» --debe ser «mandra» catalana-- por tener que
hacerle esta pregunta y supongo que usted debe sentir una
cierta fatiga --fatiga castellana-- por tener que responderme.
Pero la realidad supera las mutuas vocaciones, así que, señor
Ministro, dígame usted, ¿por qué motivo aún no se respetan los
toponimos catalanes en la documentación del INSS que se envía
a los pensionistas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señora Rahola, le confieso que no hay ninguna razón de
«mandra» para no hacerlo, de pereza, porque se está haciendo.
Por
consiguiente hay voluntad de hacerlo y, además, en el menor
tiempo posible. Se ha empezado por hacerlo en Barcelona, y en
el resto de Cataluña se terminará de hacer en breve plazo. Por
tanto, esto es algo que se corregirá, repito en muy poco
tiempo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Ministro, murió Franco el
año 1975, ganaron ustedes las elecciones en el año 1982, y,
señor Ministro, tengo aquí la notificación de revalorización
que el INSS envió a un pensionista catalán, que es de 1994 y
que debe ser una de las miles enviadas. En ésta no sólo le
cambian el nombre al señor pensionista, que en lugar de Joan
le ponen Juan, sino que, además de que vulneran sus derechos
y se lo envían todo en castellano, reinventan su lugar de
origen. Señor Ministro, no existe Borjas del Campo en
Cataluña, como no existe, por ejemplo, San Cucufate o
cualquier otra aberración. Yo no sé si existe en Castilla o en
cualquier otro sitio, pero, desde luego, en Cataluña, Borjas
del Campo sólo existe como recuerdo nefasto del franquismo.
Hagan ustedes el favor de normalizar la realidad y con un poco
más de celeridad. Hagan el esfuerzo de respetar nuestra
toponimia, que me parece que de 1975 a 1994 han pasado
suficientes años. Creo sinceramente, señor Ministro, que no
hay excusa técnica alguna sino que lo que hay es necesidad de
voluntad política para resolverlo. Por tanto, por favor,
después de tantos años no nos obliguen a tener que reivindicar
permanentemente lo obvio. Normalícese, señor
Ministro. Hagámonos todos un favor, ahórreme trabajo a mí,
ahórrese trabajo usted y ahorramos trabajo todos. Entiendo que
la normalidad en la toponimia, en el uso del catalán, en el
respeto a los derechos en 1994 es ya tan obvia que, desde
luego, no merece ninguna excusa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Señor Ministro. (Pausa.)
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO VA A REGULARSE
ESTE AÑO EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE
INTERES GENERAL Y SOCIAL, A REALIZAR POR TRABAJADORES
DESEMPLEADOS CONTRATADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN
COLABORACION CON EL INEM? (Número de expediente 180/000376)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8 del señor Antich i
Balada.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, aunque en parte desde el momento en
que formulé la pregunta hasta ahora se ha respondido a través
del «Boletín Oficial del Estado», en el que se ha publicado
una primera parte, la correspondiente a las corporaciones
locales en cuanto a proyectos de interés general y social a
realizar por trabajadores desempleados contratados, en este
caso específico por las corporaciones locales, la verdad es
que todavía queda pendiente la parte correspondiente a las
comunidades autónomas. Reiterando el interés en que la pronta
publicación de estas bases permite que luego tanto unas como
otras administraciones puedan presentar sus proyectos y, por
tanto, ponerse en marcha toda la maquinaria administrativa, le
formulo la pregunta siguiente: ¿cuándo va a regularse este año
el procedimiento para la
presentación de proyectos de interés general y social a
realizar por trabajadores desempleados contratados por
administraciones públicas en colaboración con el Inem?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Señor Antich, como usted sabe, este año nos hemos
visto precisados a modificar la normativa de 1985 como
consecuencia de hacerla coherente con lo que es el reglamento
del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas,
que fue aprobado por Real Decreto de 17 de diciembre pasado.
Esto lo hemos hecho ya por lo que se refiere a los convenios
del Inem con corporaciones locales a través de la Orden
Ministerial de 2 de marzo de 1994, y ya prácticamente está
perfilada, terminada y a punto de promulgarse la orden que
regule los conciertos con comunidades autónomas y con otros
organismos de las
administraciones públicas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA JESUS SAINZ GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE PLANES CONCRETOS TIENE EL GOBIERNO RESPECTO A LAS
PENSIONES DE VIUDEDAD? (Número de expediente 180/000395)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, de la señora Sainz
García.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, ¿qué planes concretos tiene el
Gobierno respecto a las pensiones de viudedad? Esta pregunta
obedece, sin lugar a dudas, a la inquietud de muchas mujeres
ante
declaraciones del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Señor Ministro.
El seño MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.
Mujeres y hombres, señora Sainz, que también hay viudos. Le
diré que tres son los propósitos fundamentalmente: primero,
equiparar durante la legislatura las pensiones mínimas de
viudedad de los menores de 60 años a las de esa edad; en
segundo lugar, incrementar el cálculo del porcentaje de la
pensión de viudedad para
pensionistas con menos ingresos en el caso de que el perceptor
de la misma no realice un trabajo ni perciba otra pensión
pública, y, tercero, tratar de equiparar también en todas las
prestaciones de supervivencia a las relaciones de hecho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Ministro.
Como le decía, la pregunta obedece a una inquietud que
ustedes, que el Gobierno ha creado, fundamentalmente en torno
a las viudas, porque son más y están en una situación, sí,
señor Ministro, de precariedad y suelen ser las que reciben la
pensión de viudedad.
Pues bien, ustedes crean y lanzan globos-sonda. Sin lugar a
dudas la amenaza primera fue en relación con todos los
pensionistas. Después, en esa gradación de irresponsabilidad,
la centraron ya en los más débiles, en las viudas. Hablaban
incluso de no respetar los derechos adquiridos por el
causante, y ahora usted, aquí, se centra en una respuesta de
un futuro de alguna manera no muy concreto, pero que yo
considero que hay que ir corregiendo con la celeridad que los
datos demandan.
¿Por qué le digo esto? Mire usted, realmente tiene que saber
que las pensiones de viudedad en España son muy bajas y que,
por tanto, requieren una política mucho más decidida de
elevación de estas pensiones. Recuerde usted que la pensión
media de las viudas con hijos es de 44.000 pesetas, la de sin
hijos de 41.000 y más del 70 por ciento está por debajo del
salario mínimo interprofesional. Por tanto, nuestro Grupo no
se va a conformar con las declaraciones que usted ha dado.
Sabemos que hay
tragedias humanas detrás de muchas pensiones de viudedad y que
requieren, por tanto, prioridad, que requieren una solidaridad
y una justicia a la que tienen derecho.
Por ello, nuestro Grupo desde luego está a la expectativa,
lamenta la irresponsabilidad en las declaraciones que el
Gobierno ha lanzado a la sociedad, en concreto ese dardo
dirigido a las viudas, que no nos hemos inventado nosotros y
que ha tenido que venir el señor Vicepresidente a reconducir.
Nuestro Grupo le va a exigir que se eleven las pensiones de
viudedad, incrementándose progresivamente desde el 45 o 50 por
ciento actual de la pensión del causante al 70 por ciento,
media que en estos momentos tienen las pensiones de las viudas
europeas. El esfuerzo de convergencia social así lo requiere.
No podemos permitir más que nuestras viudas sean las víctimas
de una política económica equivocada, de una mala gestión y de
una falta de solidaridad. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Ministro.El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Insisto, viudas y viudos. La pensión de viudedad desde que
gobiernan los socialistas la puede percibir exactamente igual
un hombre que una mujer. Lo que pasa es que viven ustedes más,
afortunadamente para ustedes. (Risas.--Rumores.) En todo caso,
ya que ustedes hablan de irresponsabilidad, mire usted, las
pensiones de viudedad quizá sean el ejemplo más estruendoso de
los incrementos por encima del coste de vida que se han
operado desde que gobernamos los socialistas. Le puedo decir,
que, por ejemplo, las de los mayores de 65 años solamente en
los últimos cinco años se han aumentado el 87 por ciento
cuando el IPC fue del 33; las de menores de 65 años, el 67 por
ciento, cuando el IPC fue del 18 entre 1989 y 1992. Y así le
podría citar una detrásde otra. Son, con diferencia, las
pensiones que han experimentado un mayor crecimiento en los
últimos años. Aparte de eso, se han equiparado las pensiones
de muerte y supervivencia del régimen de autónomos y del
régimen de empleadas de hogar. Esa, sin duda, debe ser la
inquietud a la que usted se refiere. Criticar al Gobierno por
lo que ha hecho o por lo que está haciendo me parece bien,
pero criticarle por lo que no ha hecho, no va a hacer ni está
en su propósito hacer me parece ya, como mínimo, un disparate.
(El señor Alonso Conesa: ¡Muy bien, Ministro!--Risas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON PASCUAL MONZO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿COMO VALORA EL
GOBIERNO LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA, POR LA QUE SE DECLARA ILEGAL LA
RECAUDACION DE LAS DENOMINADAS JORNADAS REALES EN EL REGIMEN
ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA? (Número de expediente
180/000397)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, del señor Pascual
Monzo.
El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente. Ante
la incertidumbre creada en el campo español, señor Ministro,
¿cómo valora el Gobierno la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana por la que se
declara ilegal la recaudación de las denominadas jornadas
reales en el Régimen Especial de la Seguridad Social Agraria?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pascual.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.
Pues como valora prácticamente todas las sentencias. Primero,
acatamiento; en este caso, segundo, disentimiento en cuanto al
contenido y, en tercer lugar, recurso ante el Tribunal
Supremo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Señor Ministro, desde luego no hace
usted honor a la cartera que representa, el Ministerio de
Trabajo, porque su contestación ha sido más bien escueta.
Han tenido que estar en el Gobierno los socialistas nada menos
que diez años para cubrir un vacío legal en el que han
mantenido ustedes al contribuyente español en temas
tributarios, como en las cotizaciones de los distintos
regímenes de la Seguridad Social, y especialmente, señor
Ministro, en este caso a los agricultores, a los ganaderos, a
las empresas contratantes de personal eventual para tareas
agrícolas con las cotizaciones por jornadas reales al Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social. Lo han hecho ustedes,
señor Ministro, incorporando esta figura tributaria a la Ley
de los presupuestos de 1992 utilizando dicha Ley como ya
acostumbran ustedes a usar las leyes de presupuestos: con un
cajón de sastre en el que cabe de todo, en lugar de emplear
correctamente la vía de las leyes tributarias específicas,
como reiteradamente se les ha planteado desde el Grupo
Popular, y así, en este caso, evitar nuevos recursos, como nos
tememos. La sentencia que nos ocupa, señor Ministro, viene a
incidir en la irregularidad en la que se han movido ustedes
durante diez años al establecer las cotizaciones sociales por
la vía reglamentaria en vez de hacerlo por la ley, y esto no
motu proprio sino como consecuencia de otra sentencia sobre
las horas extraordinarias.
La inquietud en el campo, como le he dicho, señor Ministro, es
muy grande. Quiero recordarle que hace más de un año aprobaron
ustedes en Consejo de Ministros el pasado 5 de marzo de 1993,
ya en la antesala de la campaña electoral, la supresión para
los agricultores de las cotizaciones de las jornadas teóricas.
Esperemos que la Ponencia constituida ayer para la reforma de
la Seguridad Social acelere la puesta en práctica de esta
supresión de manera definitiva, cumpliendo así el compromiso
de este Gobierno con los agricultores y el mandato que en este
mismo sentido se ha aprobado por este Parlamento.El señor
PRESIDENTE: Gracia, señor Pascual. Tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
¿Hablábamos de las cotizaciones sobre jornadas reales o sobre
jornadas teóricas? Porque después de oírle a usted no sé
exactamente si hablábamos de unas o de otras.
En cuanto a la primera veo que está usted de acuerdo con la
sentencia. Veremos lo que dice el Supremo. En cualquier caso,
no son normas tributarias, ni en España ni en ningún país, las
que regulan las cotizaciones a la Seguridad Social, y esto son
cotizaciones a la Seguridad Social. Hablaríamos, en todo caso,
de normas reglamentarias o de normas con rango de ley formal,
y eso al final será el juzgador máximo, en este caso el
Supremo, el que tendrá que determinarlo. En todo caso, las
jornadas reales están convalidadas ya por ley. Por
consiguiente esto afectaría a un caso concreto.
En cuanto a jornadas teóricas no hace falta que espere usted a
la Ponencia, porque hay otra en el Senado precisamente para
estudiar esto y terminará mucho antes de que acabe la Ponencia
del Sistema General de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA CELIA VILLALOBOS TALERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUE RAZONES
JUSTIFICAN EL ELEVADO DEFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL
EJERCICIO DE 1993? (Número de expediente 180/000398)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, de la señora
Villalobos Talero, que tiene la palabra.
La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué razones justifican el elevado déficit de
la Seguridad Social en el ejercicio de 1993?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
Refiriéndonos al ejercicio 1993, la situación patrimonial
arroja --como usted sabe bien-- en la Seguridad Social saldos
positivos, pero en cuanto al déficit presupuestario
de 1993 ha habido un importe de 229.000 millones de pesetas
inferior a lo presupuestado, como consecuencia de menor
recaudación por menos cotizantes, y un gasto mayor de 78.798
millones de pesetas, debido fundamentalmente a las
desviaciones por incapacidad laboral transitoria de invalidez
provisional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que las cifras, señor Ministro, no me concuerdan
demasiado. Se lo digo porque el último boletín de la Seguridad
Social --el de enero hasta ahora no hemos conseguido que salga
con los datos de diciembre-- cifra el déficit en 800.000
millones de pesetas, cuando en octubre del mismo año lo
calculaba en torno a los 485.000 millones de pesetas, déficit
presupuestario, necesidad de financiación del sistema. Ya el
propio Secretario General de la Seguridad Social, en la
comparecencia de
presupuestos, dijo que a partir de la pérdida de 400.000
cotizantes, que era lo previsto para el año 1993, empezaba a
tener dificultades financieras el sistema. Esto lo podemos
unir a las noticias aparecidas en la prensa relativas al mal
uso que se ha hecho de la Tesorería General de la Seguridad
Social en estos últimos años, utilizándola para pagar
prestaciones que no correspondían al sistema como, por
ejemplo, las prestaciones por desempleo o el uso para la
sanidad cuando todavía el Estado no había hecho el ingreso en
la Tesorería General para la
transferencia. Debido a ese uso ustedes tuvieron que recurrir
al Banco de España a solicitar préstamos en torno a los
trescientos y pico mil millones de pesetas que no han
devuelto, pero es que encima han tenido ustedes que ir al
Banco Exterior y a la Banca privada a pedir aproximadamente
otros 400.000 millones de pesetas. Yo entiendo perfectamente
que hay un problema financiero de la Seguridad Social debido
hoy a que no hay empleo, debido a que no hay cotizantes. Ni
siquiera han sido 400.000; han sido 450.000 a finales del año
1993. Pero la utilización de la Tesorería General para cubrir
prestaciones que no corresponden, la falta de realidad
económica del Gobierno y el uso que han tenido ustedes que
hacer en esa Secretaría General de la
Seguridad Social nos han llevado a lo que nos han llevado.
Desde luego, yo creo, señor Ministro, que sería el momento
adecuado para que usted rompiera una lanza en favor del
sistema.
Efectivamente se han dicho muchas cosas sobre el futuro de
nuestra Seguridad Social. Hay una Ponencia aquí en la Cámara
en la que estamos hablando de estas cuestiones. Lo que ocurre
es que, al mismo tiempo que se reúne esa Ponencia, los
representantes del grupo que a usted le sostiene andan por ahí
diciendo los acuerdos que ya ha habido en esa Ponencia. Si
esos acuerdos significan recortes de prestaciones, le puedo
asegurar que el Grupo Popular no va a apoyar esos recortes de
prestaciones que usted ya está anunciando en la prensa y en
las reuniones del Grupo Socialista.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Quiero hacerle dos aclaraciones, señora Villalobos,
simplemente para su conocimiento.
Primero, en diciembre es imposible conocer el estado de
liquidación porque falta por imputar todavía un mes; si no
computa usted un mes pueden salir 800.000 millones o más,
bastante más saldrá. Tiene usted que computar la liquidación
del mes de diciembre también, que se formaliza en enero, como
usted conoce perfectamente. Segundo, no confunda lo que son
presupuestos con lo que es Tesorería, son distintas cuestiones
y, por consiguiente, nada tiene que ver la una con la otra.
Añadiría que las deudas pendientes de cobro por parte de la
Seguridad Social están bastante por encima de los 500.000
millones de pesetas. Con que ajuste usted esta cantidad a las
que le he citado le darán saldos enormemente positivos para la
Seguridad Social. Le añadiré, por ejemplo, que en Alemania el
déficit de la Seguridad Social el año pasado fue de un billón
400.000 mil millones de pesetas y en Francia de un billón
500.000 millones de pesetas. Quiero decirle con esto que la
Seguridad Social española está bastante más saneada. Y le
añado otro dato. Indefectiblemente hasta el año 1993, un año
tras otro, la Seguridad Social española se ha liquidado con
superávit,
superávit en torno anualmente a los 70.000 u 80.000 millones
de pesetas. Por tanto, simplemente comprobando la evolución,
simplemente constatando los créditos pendientes de cobro y
constatando también los datos de otros países de la Comunidad
Europea, se dará cuenta de que la Seguridad Social española
goza de muy buena salud.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON LUIS YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SON PRUDENTES Y
RESPONSABLES, EN OPINION DEL MINISTRO, LOS VIAJES DE LOS
PRESIDENTES AUTONOMICOS QUE SE HACEN ACOMPAÑAR DE SEQUITOS
FORMADOS POR CENTENARES DE PERSONAS? (Número de expediente
180/000384)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Yáñez-
Barnuevo.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, señor
Ministro, la literalidad de la pregunta es algo retórica
porque es evidente que conozco la respuesta literal. Nadie --y
el señor Ministro lo es-- prudente y responsable puede
considerar con tales adjetivos los viajes de algunos
presidentes autonómicos que se hacen acompañar por centenares
de personas en su séquito en sus viajes al extranjero. Viene
esto a colación del último viaje, que todavía en estos
momentos tiene lugar, del Presidente de la Xunta de Galicia a
Uruguay, Argentina y Chile, que sigue al que hizo con
anterioridad a Méjico, Venezuela y Cuba, con un séquito de 173
personas, incluida una banda de gaiteros.
Creo que siendo como es, señor Ministro, competencia exclusiva
del Gobierno de la nación la política exterior e
internacional, deberíamos hacer un esfuerzo por poner cotos.
Sé que es difícil. Comprendo la dificultad que el señor
Ministro puede tener en algunos presidentes autonómicos, poner
en orden y disciplinar pero quizá este foro que es el
Parlamento de la nación, máximo órgano de la soberanía, pueda
ser escuchado por algunos
presidentes, no todos ni la mayoría, que utilizan con gran
boato, con despliegue faraónico, sus viajes al exterior con
gran derroche de medios, con despilfarro de los bienes
públicos, y que son pagados con los impuestos de todos los
españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Muchas gracias, señor Presidente.
Yo tiendo a pensar que los presidentes de las comunidades
autónomas actúan con prudencia. Es verdad que en algunas
ocasiones quizá se pudiera pensar que se ausenta la prudencia
de sus acciones, pero en términos generales uno tiene que
pensar que personas que han sido elegidas por sufragio
universal y que presiden comunidades autónomas actúan con
prudencia. Pero sí le quisiera decir que hay una parte de su
intervención que comparto totalmente. Yo tengo la certeza de
que se puede potenciar la acción exterior de España de manera
mejor, siempre que se coordinen de manera más eficaz las
acciones de los distintos niveles que en el Estado existen y
que desde los ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera,
realizan, por uno u otro camino, relaciones exteriores de
España; relaciones exteriores que fundamentalmente en este
caso son de carácter comercial, porque, como bien ha dicho
S.S., la representación exterior de España la tiene el
Gobierno de la nación en exclusiva. Creo que quizá podríamos
optimizar los recursos que España tiene para su acción
exterior, desde la perspectiva comercial, con lo que sería una
coordinación estrecha de todas esas acciones. Con esto no
quiero dejar entrever que no hay coordinación con las
comunidades autónomas; la hay en el 90 por ciento de los
casos. En algunos casos no se realiza, no es el caso que S.S.
ha traído a colación, donde sí ha habido una coordinación y un
conocimiento por parte del Ministerio de su acción. Pero creo
que es en beneficio de todos el hacer un esfuerzo de
coordinación máxima para que nuestra situación económica y
nuestro comercio con otros países puedan salir fortificados de
esa coordinación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS CONDICIONES DEFINITIVAS EN MATERIA
PESQUERA CON LAS QUE NORUEGA SE INCORPORA A LA UNION EUROPEA?
(Número de expediente 180/000390)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Fernández
de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Señorías, señor Ministro, el Gobierno ha recibido
el respaldo de todos los grupos de la Cámara, de la sociedad
española y, por supuesto, del sector pesquero español ante las
negociaciones que iba a mantener en el seno de la Unión
Europea para la ampliación de la Comunidad. Bien es cierto que
recibió ese respaldo en virtud del listón que se había fijado
el propio Gobierno que hablaba de 14.000 toneladas de bacalao
capturado en aguas noruegas y de la desaparición del período
transitorio para la flota española en aguas comunitarias. Por
ello, señor
Ministro, pregunto: ¿Cuáles son las condiciones definitivas en
materia pesquera con las que Noruega se incorporará a la Unión
Europea?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
Me parece que en el lapso de tiempo que la Presidencia me va a
permitir no voy a poder ser muy específico. Sí le diré que las
condiciones son aquellas que respetan aquello que queríamos
que se respetara, que era el acervo comunitario.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Yo lamento, señor Ministro, que no pueda ser más
explícito, y lamento aún más que el señor Ministro de
Agricultura no haya podido ser más explícito con el señor Pau,
que le ha formulado una pregunta anteriormente en este sentido
y no ha dado respuesta, en absoluto, a los temas pesqueros. Yo
quiero recordar que de las 14.000 toneladas que España
pretendía en aguas noruegas ha conseguido única y
exclusivamente 1.150, que 4.000 corresponderán a capturas en
otros caladeros, prioritariamente rusas, que 500 se
conseguirán en aguas del Atlántico Norte y otras 500
pendientes de cualquier tipo de negociación. Yo quiero
recordar al señor Ministro que España tiene el 35 por ciento
de la flota comunitaria, que Galicia solamente tiene el 17 por
ciento de esa flota comunitaria, y que países como Portugal,
que ni siquiera tiene el 8 por ciento, es decir, bastante
menos que Galicia, ha conseguido una cuota de 4.600 toneladas
en aguas comunitarias. Las cifras están ahí. Los balances que
cada uno pueda hacer son los que cada uno quiera, pero
realmente con objetividad no se ha llegado ni siquiera al 10
por ciento de lo que se pretendía en aguas noruegas; de 14.000
toneladas a 1.150. En el otro aspecto del período transitorio,
señor Ministro, es realmente incomprensible que con la
incorporación de Noruega libremente a las aguas comunitarias,
al mejor de todos los mercados, para España siga en vigor el
período transitorio que le prohíbe pescar en nuestras propias
aguas en igualdad de condiciones que el resto de los países
comunitarios. Por ello, señor Ministro, el Partido Popular
presentó ante esta Cámara una proposición no de ley,
solicitando del Gobierno que no se entregue el instrumento de
ratificación si España no ve eliminado el período transitorio
en el exacto momento de la incorporación de Noruega a la Unión
Europea. Por último, señor Ministro, yo quiero decirle que en
estos momentos se está negociando la minoría de bloqueo,
probablemente el fin de semana...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Aprovechando el tiempo que me depara la generosidad de la
Presidencia, le diré que en la negociación había
fundamentalmente los siguientes extremos: acceso a las aguas,
acceso a recursos, acceso a mercados e inversiones. Le ruego
que analice con detalle las cuestiones que acabo de relatar.
Primero, acceso a las aguas. Ha habido la posibilidadde un
cambio significativo, como S.S. conoce. Segundo, acceso a
recursos. Le diré, para que se entere de una vez, que en las
aguas árticas, en el año 1993, habíamos pescado 8.000
toneladas y en el año 1995 podremos pescar más de 21.000; si
eso le parece un mal acuerdo, no sé qué es lo que le parece a
usted un buen acuerdo. Tercero, respecto a las inversiones,
España podrá participar en
inversiones en Noruega tanto en aquellas cuestiones que tengan
que ver con barcos como con empresas transformadoras, en un
período transitorio de tres años. Y cuarto, acceso a mercados.
Como S.S. sabe, hay un proceso transitorio para las
importaciones de salmón, la caballa, la palanqueta, todas esas
cosas que S.S. conoce tan bien.
Por tanto, quiero decir una vez más, agradeciendo el apoyo que
S.S. parecía darme, que hemos hecho una buena negociación,
como puede testificarse por las cartas, declaraciones,
etcétera, del sector. España podrá pescar en los años 1994,
1995 y siguientes más de 20.000 toneladas de bacalao en los
mares árticos.
Gracias, señor Presidente. (Un señor Diputado del Grupo
Popular: ¡Enhorabuena!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO ALONSO CONESA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL
MINISTERIO DE DEFENSA EN SUS PLANES DE 1994 REALIZAR LA GRAN
CARENA DEL SUBMARINO S-64? (Número de expediente 180/000377)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Alonso
Conesa.
El señor ALONSO CONESA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted bien sabe la flota de submarinos de
la Armada española está compuesta por ocho unidades, cuatro de
la serie 60 y otras cuatro de las serie 70. En la actualidad
se viene realizando anualmente un gran carena a un submarino
de cada una de esas series, lo que ha supuesto la revisión de
la
capacidad operativa de estos submarinos y su puesta a punto, a
la vez que una importante carga de trabajo para la factoría de
la empresa nacional Bazán en Cartagena, cifrada
aproximadamente en unas 400.000 horas en sus astilleros. En
estos momentos se va a iniciar la gran carena del submarino
S-72 y se tenía previsto el inicio de la del S-64. El
submarino necesita esta revisión con urgencia ya que aún no ha
completado la vida operativa para la que fue diseñado. Este
Diputado es conocedor del gran esfuerzo que el Ministerio de
Defensa está realizando para mantener el estado operativo de
todas
las infraestructuras de nuestras Fuerzas Armadas, aun con el
escaso presupuesto anual. Debido a estas restricciones
presupuestarias, la empresa nacional Bazán ha realizado una
oferta de mantenimiento de estos submarinos hasta el año 2000
que supone una reducción importante en los costes anteriores.
Soy consciente de que no es necesario resaltar la importancia
que para nuestras Fuerzas Armadas y para la carga de trabajo
de Bazán representaría la ejecución de esta carena. En estos
momentos, la factoría de Cartagena padece una coyuntura
difícil que ha provocado la regulación de 1.200 de sus
trabajadores. El inicio de la carena mencionada supondría una
importante reducción en el número de trabajadores regulados.
Por ello, señor Ministro, este Diputado le pregunta si tiene
previsto el Ministerio de Defensa, en sus planes de 1994,
realizar la gran carena del submarino S-64. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, usted mismo ha mencionado que las dificultades
presupuestarias del Ministerio de Defensa son grandes. Es así
y esto nos obliga a elegir determinadas inversiones,
estableciendo un sistema de prioridades. Usted conoce,
señoría, que nuestra Armada carece de buques de desembarco
precisamente en una época en la que el número de misiones en
el extranjero hacen
aconsejable que exista esta capacidad para poder transportar
las tropas en el momento necesario. Eso nos ha obligado,
señoría, dadas las limitaciones presupuestarias, a establecer
la prioridad de mejora de la flota de desembarco, tanto en lo
que se refiere a buques convencionales como a buques más
complejos del tipo LPD. Sabe que estamos en negociaciones con
Estados Unidos precisamente para que en este año y en el que
viene podamos disponer de dos unidades tipo LST Newport. Sabe
que estamos a punto de iniciar un programa de construcción de
una LPD con Holanda. Esto nos ha obligado a posponer la carena
del Narval, del submarino S-64 que estaba prevista, a pesar de
que ya estaba dispuesta la orden de proceder. Eso no significa
que los submarinos dejen de ser unos buques imprescindibles en
la Armada española; lo son. Pero debido a las prioridades que
le acabo de mencionar tendremos que posponer esas obras de
carena. Estamos estudiando la oferta que en ese sentido nos ha
hecho la empresa nacional Bazán, que consiste en realizar unas
obras de carena más simples, dado que estos buques están ya en
la última etapa de su vida operativa. La decisión no la
podremos tomar de manera inmediata, pero estamos analizando
con Bazán en qué consistiría esa carena menos compleja, no
sólo por problemas internos de la Armada que necesita ese tipo
de buques, los submarinos, sino también para poder colaborar
con Bazán a superar la difícil situación que está atravesando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO ALONSO CONESA, DEL GRUPO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PLAZO TIENE PREVISTO
EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA ENCARGAR EL INICIO REAL DEL
PROGRAMA CAZAMINAS? (Número expediente 180/000378)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Alonso.
El señor ALONSO CONESA: El pasado 7 de mayo de 1993 se aprobó
por el Consejo de Ministros el encargo a la empresa nacional
Bazán del inicio del programa de cazaminas. Esta decisión,
importante para la Armada española, viene a sustituir una
flota obsoleta en unos momentos en que la guerra de minas en
conflictos limitados tiene una gran importancia. La formación
de los trabajadores de la factoría de Bazán, así como las
infraestructuras que se están construyendo en estos momentos
gracias al importante esfuerzo del Gobierno regional de
Murcia, están muy avanzados. Este programa no sólo viene a
modernizar nuestras Fuerzas Armadas, sino también a despejar
el futuro de la factoría de Bazán en Cartagena, dado que
introduce una importante carga de trabajo en los próximos
años, así como una nueva tecnología de la fibra del vidrio y
los plásticos que permite a dicha factoría disponer de una de
las capacidades más modernas del país. Son éstas, entre otras
razones, señor Ministro, las que motivan a este Diputado a
insistir en la necesidad de agilizar al máximo el programa de
cazaminas y por lo que le pregunta el plazo que tiene previsto
el Ministerio para el inicio real de dicho programa.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Muchas gracias,
señor Presidente.
Coincido con las apreciaciones que ha hecho S.S. sobre la
necesidad de este tipo de buques en la Armada española, y
quiero agradecer públicamente la colaboración y el esfuerezo
del Gobierno regional de Murcia para poder llevarlos a cabo y,
sobre todo, la contribución que ha hecho para disponer en
tiempo de un molde adecuado para realizar el casco de ese tipo
de
buques que supone la introducción de una tecnología de vidrio
reforzado que es inédita en nuestro país, en gran medida. El
proyecto se inició en el mismo momento en que fue autorizado
por el Consejo de Ministros, es decir, en mayo de 1993. En
este momento, como S.S. sabe, se está elaborando ya
definitivamente el molde y la construcción del primer buque se
iniciará cuando esté acabado este molde. Es decir, estamos
hablando de la primavera o del comienzo del verano de 1995. En
ese momento se iniciará la fase de construcción propiamente
dicha, que supondrá unas 126.000 horas de trabajo y que
concluirá, como sabe S.S., en el año 2001.
El presupuesto que tiene previsto el Ministerio de Defensa,
para el año 1994, es de 4.000 millones y la previsión para
años sucesivos es de 7.500 en 1995, 9.200 en 1996, 11.500 en
1997, 12.200 en 1998 y así las cantidades van aumentando hasta
el año 2001. De forma que, señoría, el Ministerio hará lo
posible, dentro de estos límites presupuestarios, para
adelantar, dentro de sus posibilidades, la ejecución de este
programa de
construcción de buques cazaminas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUE PLAZO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO PARA FINALIZAR
LAS NEGOCIACIONES CON LA FEMP SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS
MUNICIPIOS EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO PARA EL CUATRIENIO 94-98
(Número de expediente 180/000375)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Carrera i
Comes. Tiene la palabra.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
No voy a introducir en este trámite el debate ya clásico sobre
el sistema de financiación de las haciendas locales, es decir,
sin más presión fiscal o mayor participación en los impuestos
del Estado. Con todo queda claro y asumido yo creo que por
todos que una parte importante de los ingresos es el Fondo de
Cooperación. Así pues, señor Ministro, ¿qué plazo tiene
previsto el Gobierno para finalizar las negociaciones con la
Federación Española de Municipios y Provincias sobre la
participación de los municipios en los tributos del Estado
para el cuatrienio 94-98?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Tiene la palabra el señor Ministro.El señor MINISTRO DE
ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor
Presidente. Como bien conoce S.S., tenemos un sistema de
financiación aplicable de 1989 a 1993 y que está prorrogado
para este año. Tendríamos que negociar el sistema para el
quinquenio 94-98. Incluíamos dos tipos de normas, las
tributarias y las
financieras. En cuanto a las tributarias, fundamentalmente,
incluimos ya en la Ley de Presupuestos algunas modificaciones
de interés para los ayuntamientos, y en cuanto a las
financieras estamos ahora en pleno proceso de discusión. Por
parte de la Federación Española de Municipios se nos ha
presentado ya un documento sobre sus demandas. Está previsto
que nosotros enviemos un contradocumento y tener una reunión
el próximo día 30 de abril. Espero que a partir de ese momento
podamos iniciar ya la discusión en profundidad, y me gustaría
llegar a un resultado a lo largo de los dos próximos meses.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Usted conoce, señor Ministro, sin
duda, las dificultades económicas de los ayuntamientos y lo
imprescindible que es tener una aproximación para los años
94-98. Es fundamental, por tanto, a mi entender, no sólo la
valoración final de la negociación en curso sino, teniendo en
cuenta los meses transcurridos de este año 1994, también el
factor tiempo. El señor Ministro anticipa que a partir del 30
de abril parece que habrá una cierta aproximación final.
Esperemos que realmente a partir de esta fecha los meses, las
semanas o los días se acerquen lo suficiente para valorar en
su justa medida el factor tiempo. Gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, por concretarle un poco más, le diré que pienso que a
partir del 30 de abril dispondremos de los documentos de una y
otra parte. Lo deseable sería utilizar el mes de mayo para
llegar a una solución formal. El tema se ha complicado algo
porque no sólo ha habido que revisar los tipos sino también
introducir en la discusión otros elementos, que son de
interés, sobre la racionalidad del sistema, aunque creo que el
sistema de la Ley reguladora de Haciendas Locales sigue siendo
fundamentalmente válido. En todo caso, lo que sí tenemos es el
compromiso total de que a partir del 1 de enero de 1995 esté
en vigor el nuevo sistema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ADAN MARTIN MENIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA Y HACIENDA: ¿QUE EFECTO HA TENIDO EL ESTABLECIMIENTO
DEL PRECINTO FISCAL SOBRE LA REDUCCION DEL CONTRABANDO DE
TABACO EN EL TERRITORIO PENINSULAR? (Número de expediente
180/000385)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Martín
Menis.
El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted sabe, el contrabando de tabaco en
España ha estado estabilizado durante muchísimos años, pero a
partir de 1992, con la armonización fiscal y con el incremento
de los impuestos, aumentó de forma extraordinaria, dándose
cifras superiores a los 500 millones de cajetillas, que
significan una reducción de más de 70.000 millones de pesetas
en ingresos para Hacienda y que en potencial de puestos de
trabajo significaría 600. Por ello querríamos conocer el
resultado que ha tenido, aun cuando llevemos nada más que tres
meses, el establecimiento del precinto fiscal sobre la
reducción del contrabando de tabaco en territorio peninsular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Los resultados son satisfactorios aunque limitados. Lo voy a
intenter explicar. En el momento actual tenemos constatadas
25.000 actuaciones aproximadamente, en concreto 25.083. De
ellas, 4.917 han dado resultado positivo, es decir, nos han
permitido levantar actas correspondientes de contrabando. Ello
nos ha llevado a una intervención de dos millones de
cajetillas
prácticamente, lo cual ya es un tema importante en función de
ese contrabando de tabaco. Sin embargo, como decía, el tema
tiene un valor limitado porque, como S.S. conoce, tenemos
todavía una cierta tolerancia temporal en cuanto a la
existencia de
cigarrillos sin precintas. Aún en el período actual una parte
de ellos se puede comercializar sin precintas. Estoy
convencido de que con la finalización de este período
transitorio la actuación de la Inspección y de la lucha contra
el fraude será más eficaz y esperamos que los resultados sean
mejores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Martín.El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, seguimos auténticamente preocupados porque la
medida afecta de forma muy importante, como he dicho, a la
recaudación y a la producción, unido a que la baja en
producción en las labores de contrabando, que son las de las
multinacionales, básicamente afectan a las fábricas canarias.
A eso se une el rumor de que se empieza a trabajar en la
posible modificación de los contratos de Tabacalera y de las
multinacionales debido al problema planteado con el
contrabando. Esto podría afectar a la casi única industria que
queda en Canarias de lo que fue, en su día, un floreciente
sector
industrial. Por eso pedimos el mayor esfuerzo para que no se
tenga que modificar ningún contrato de Tabacalera ni de
multinacionales, porque estamos convencidos de que eso
volvería a afectar directamente a la producción además de a la
reducción fiscal.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, le puedo tranquilizar. Su preocupación es exactamente
igual que la nuestra. No es únicamente un problema de empleo,
que sin duda alguna es importante. Las decisiones de
Tabacalera no se están adoptando fundamentalmente en función
del tema del contrabando, son más bien otros los factores que
están induciendo a una adaptación de la producción a la nueva
realidad del consumo. El contrabando nos preocupa no sólo por
el aspecto de producción, sin duda alguna importante, sino
también por el aspecto de recaudación fiscal y, en cierta
medida, también por la generación de fondos ilegales que tan
negativos efectos pueden tener en nuestra sociedad. De ahí que
el interés del Ministerio de Hacienda sea el de luchar al
máximo contra esta situación de ilícito existente en nuestra
sociedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RAMON ESPASA OLIVER, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: A LA VISTA DE LOS ULTIMOS
DATOS CONOCIDOS SOBRE POSIBLES PAGOS DE KIO A FUERZAS
POLITICAS ESPAÑOLAS, ¿CREE EL GOBIERNO QUE LAS INVERSIONES DE
KIO EN ESPAÑA PODRIAN CORRESPONDER A UNA CORPORACION
DEPENDIENTE DE UN ESTADO NO PERTENECIENTE A LA UE? (Número de
expediente 180/000386)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Espasa
Oliver.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía, en febrero de 1993, su antecesor,
el señor Solchaga, sostenía una curiosa y peregrina teoría,
esto es, que las inversiones de KIO en España no eran
inversiones de una entidad sujeta a la soberanía de un país no
comunitario, sino que eran inversiones de particulares.
A la vista de los nuevos documentos, como por ejemplo la carta
del señor Folchi, aportada por la justicia británica,
¿continúa el Gobierno manteniendo aquellas tesis, es decir,
las inversiones de KIO en España no eran inversiones de una
entidad dependiente de un Gobierno no comunitario?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
La situación es algo más compleja. De acuerdo con la
legislación española, y hasta prácticamente el decreto 671,
del año 1992, las inversiones realizadas por sociedades
residentes en la Comunidad Económica Europea no estaban
sometidas a ningún tipo de control. Unicamente a partir de ese
momento se establece que, cuando esas sociedades, a su vez,
sean sociedades propiedad indirecta de autoridades
extranjeras, podemos llevar a cabo ese tipo de control.
¿Qué se produjo en aquel momento y lo que se aclaró en aquel
momento en la Cámara? Primero, KIO es una sociedad de
inversionistas públicos y privados kuwaitíes. Segundo, las
inversiones en España se realizan a través de empresas
intermediarias de nacionalidad holandesa. Tercero, corresponde
al declarante, de acuerdo con la legislación española,
describir si es un Estado extranjero el titular de la
inversión o no. Esa posición no se clarificó en su momento y,
evidentemente, la falsificación de un documento público puede
dar lugar a las pertinentes acciones en su caso. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Veo, señor Ministro, que continúa
usted manteniendo las mismas peregrinas tesis; pero el señor
Solchaga, en febrero de 1993, decía más que usted. Reconocía
cómo los impresos habían cambiado entre 1990 y 1992 y las
casillas que debían rellenar del famoso impreso DE.13.A
correspondían a la entidad inversora, y por si ésta
falsificaba, el ministerio había puesto aquellos impresos y
aquellas declaraciones en manos del Fiscal.
En primer lugar, ¿qué ha hecho el Fiscal, qué ha hecho el
Gobierno para ver si se había producido, como hoy es ya
evidente, falsificación en aquellos documentos públicos? Y, en
segundo lugar, señor Ministro, si KIO es lo que usted dice
(cosa que no comparto en absoluto y los hechos me vienen a dar
totalmente la razón), ¿cómo explica usted los viajes del señor
Pedro Pérez a Kuwait o del señor Alfredo Pastor para hablar
con KIO, con KIA y con el propio Gobierno de Kuwait? ¿No ven
ustedes que están en una situación absolutamente insostenible,
defendiendo que las inversiones de KIO son inversiones
privadas, cuando además están hablando con KIA, que es una
agencia dependiente directamente del Gobierno, y con el propio
Gobierno kuwaití, para ver de salvar (y en eso les apoyaremos)
las inversiones de KIO en España? Su posición resulta
totalmente insostenible al continuar defendiendo lo que un
gestor de KIO, el señor Folchi, manifiesta en su carta: que
hacían falsedad en documento público para no embarazar al
Gobierno español, sabiendo que eran inversiones de soberanía
extranjera pero haciéndolas pasar como inversiones privadas.
¿Qué ha hecho el Gobierno, desde hace más de año y medio,
respecto de aquellas actuaciones que el señor Solchaga decía
que iba a poner en manos del Fiscal?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias. Señoría, yo no he dicho que sean inversiones
privadas; yo he descrito el proceso. He dicho que KIO tiene
participación en inversiones privadas y en inversiones
públicas. Es verdad que KIA, que es una autoridad pública,
invierte a través de KIO, y es también absolutamente cierto
que en la declaración formal corresponde al declarante tomar
la decisión y, de acuerdo con el sistema español, hasta el año
1992 esa declaración, además, no era necesaria. Desde el año
1992, todo se ha hecho declarando correctamente y, en
consecuencia, aceptándose por parte del Consejo de Ministros,
en su caso, las inversiones pertinentes. Sin embargo, lo que a
S.S. le preocupa es qué ha hecho el Gobierno. Pues ha hecho,
evidentemente, lo que puede hacer en una situación de este
tipo: mandar el tema a la Fiscalía General del Estado y
mantenerla informada para que actúe, así como seguir también
lo que está sucediendo en los tribunales británicos que, sin
duda alguna, puede ayudarnos a aportar algún dato adicional
sobre este tema e incluso, en algún caso concreto, alguna
prueba adicional sobre este punto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAVIER ARENAS BOCANEGRA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO-PROGRAMA FIRMADO ENTRE EL ESTADO Y EL ENTE PUBLICO
RTVE? (Número de expediente 180/000389)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Arenas
Bocanegra.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿puede informar el Gobierno sobre el grado de
cumplimiento del Contrato-Programa firmado entre el Estado y
el Ente Público Radiotelevisión Española?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, el Contrato-Programa está siendo controlado
fundamentalmente por la Comisión de seguimiento del mismo. En
esa comisión participan el Ministerio de Economía y Hacienda,
el Ente Público, la Intervención Delegada y el Ministerio de
la
Presidencia.
En la última reunión, que tuvo lugar el 30 de noviembre de
1993, pudimos constatar dos elementos. Primero, el grado de
cumplimiento de los compromisos con el Gobierno es total, y
respecto al grado de cumplimiento de los compromisos asumidos
por el Ente Público Radiotelevisión Española, eran parciales
porque tampoco había terminado el año 1993. A S.S. le
interesará, sin duda alguna, qué ha sucedido en el año 1993.
Le podría avanzar que, en principio, tenemos previsto tener
una reunión a final del mes de marzo, para analizar este
problema; sin embargo, S.S. ya conoce, porque el propio
Director General de Radiotelevisión ha comentado el tema en
esta Cámara, que se han producido
desviaciones respecto a las cifras iniciales en cuanto a las
cuentas de Televisión Española, que se hace más necesario que
nunca el plan estratégico y que tenemos contactos, en el
momento actual, entre el Ministerio de Hacienda y
Radiotelevisión para intentar definir ese marco estratégico,
imprescindible para clarificar la situación de Televisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Arenas.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, agradezco el tono y la buena intención en la
contestación que da a mi pregunta; sin embargo, señor
Ministro, me parece que a estas alturas, hablando de
Radiotelevisión Española, usted debe tener un grado de
compromiso muy superior. Con sonrisa o sin sonrisa,
Radiotelevisión Española tiene en su cuenta de acreedores más
de 310.000 millones de pesetas. En el año 1993, señor
Ministro, Radiotelevisión Española ha perdido 127.000 millones
de pesetas, cuando tenían presupuestadas unas pérdidas de
50.000 millones de pesetas. Resulta, señor Ministro, que,
después de las elecciones del 6 de junio, la primera actividad
del Gobierno, fundamentalmente en materia económica --y
celebramos un Pleno en la Cámara a esos efectos--, fue aprobar
un Contrato-programa, que ha sido incumplido rotundamente por
Radiotelevisión Española. En ese Contrato-programa se decía
que las pérdidas del año 1993 no superarían los 117.000
millones. ¡127.000 millones, señor Ministro! Se decía que en
1993 estaría presentado un plan estratégico; nos encontramos
en marzo de 1994 y no está presentado el plan estratégico.
Señor Ministro, haga un esfuerzo para decirle a la sociedad
española que la
incapacidad de su Gobierno, de usted en los últimos tiempos,
de las personas que nombran en Radiotelevisión Española, nos
va a costar, a finales de 1994, una acumulación de déficit
cercano al medio billón de pesetas. Díganos, si se perdieron
127.000 millones en el año 1993, estando presupuestados 50.000
millones; si en el presupuesto de 1994 hay unas pérdidas de
105.000 millones, ¿cuál es su evaluación? Señor Ministro, no
se puede avisar que se pueden perder las pensiones y, a la
vez, mantener un aparato electoral de propaganda que nos va a
costar medio billón de pesetas. (Varios señores Diputados:
¡Muy bien!--Aplausos.) Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arenas.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
El compromiso del Gobierno está claro y es, evidentemente,
poner en marcha un plan estratégico que clarifique el modelo
de financiación de Televisión para el futuro. Como siempre
suele suceder, sus cifras y las mías no coinciden exactamente,
es cierto, aunque también es cierto que se van aproximando.
Para 1993, los resultados, antes de subvención, es verdad que
dan una pérdida algo superior a la cifra que usted da, 130.000
millones (El señor Arenas Bocanegra: ¿Cuánto?); 130.000
millones, pero si deducimos las subvenciones, nos quedamos en
98.000 millones de pesetas; por tanto,
una cifra sustancialmente inferior a la cifra que S.S. está
planteando. Es verdad que para 1994 las cifras que maneja
Televisión Española no corresponden a lo establecido en el
Contrato-programa, y ésa es la razón por la que nosotros
consideramos que hay que revisar en el momento actual esas
cifras de Televisión. Estamos manteniendo contactos con los
directivos de Televisión, para clarificar esa situación y
poder presentar un modelo a más largo plazo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL FERNANDEZ NORNIELLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE LA
INFLACION SE CONVIERTA EN UN OBSTACULO PARA LA RECUPERACION
ECONOMICA? (Número de expediente 180/000391)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Fernández
Norniella.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Gracias, señor Presidente.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar que la
inflación se convierta en un problema para la recuperación
económica?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Norniella.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, yo no creo que la inflación sea en el momento actual
un problema para la recuperación. Si S.S. toma las cifras de
inflación en nuestro país, verá que la situación en la que nos
encontramos en el momento actual (febrero del presente año al
5 por ciento, diciembre de 1993 al 4,9) es prácticamente la
tasa más baja de los últimos diez años, exceptuando el año
1987. Si nos alargamos, veremos que vamos bastante más lejos
que eso. Por tanto, no creo que nuestro problema de
recuperación sea un problema de inflación.
Las perspectivas para el año 1994 son mejores que para el año
1993 y, por tanto, no creo que ahí estén nuestras
dificultades.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Fernández Norniella.El señor FERNANDEZ NORNIELLA:
Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, hace unos días leí en la prensa unas
declaraciones que usted había hecho respecto al tema, en las
cuales se manifestaba claramente preocupado por el problema de
la inflación. Lo que dice ahora, lógicamente, cambia todos mis
esquemas; pero los cambia en negativo. Me voy a explicar,
señor Ministro.
Usted me reconocerá que la situación de la economía española,
según sus propios datos, representa una posición muy
preocupante. A pesar de ello y a pesar de la atonía de nuestro
mercado, resulta que la inflación se ha mantenido en unos
umbrales superiores a los previstos, y que el diferencial con
los países de referencia de Maastricht sigue siendo muy
elevado. Esto, señor Ministro, de alguna manera, debería usted
explicarlo, porque yo entiendo que las rigideces de nuestro
mercado hay que buscarlas no en la economía y en los salarios,
sino en el déficit
desbocado, mal administrado y mal contabilizado, y en una
Administración pública también totalmente desbocada.
Señor Ministro, la disfunción que representa que usted diga
hace unos días que estaba preocupado claramente por la
inflación y que hoy manifieste aquí, en este Parlamento, que
no es un problema para nuestra economía, sinceramente no la
entiendo y me gustaría que la explicase.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Norniella.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias. Señor Fernández Norniella, utiliza usted la vieja
técnica de simplificar unas declaraciones y hacerme decir las
cosas que no he dicho. Evidentemente, me preocupa que la
inflación pueda crecer en ciertos términos y que supere el 3,5
por ciento, que tenemos previsto como objetivo de inflación
para el presente año; me preocupa, sin duda alguna. Sin
embargo, le vuelvo a decir lo que he dicho anteriormente: no
creo que sea un obstáculo para la recuperación económica.
Le voy a decir cuáles son los elementos de preocupación y por
qué, sin embargo, no creo que sea un obstáculo para la
recuperación. Los elementos de preocupación radican en dos
fundamentales: Primero, la toma de conciencia que en ciertos
sectores productivos, especialmente vinculados al tipo de
cambio de la peseta, los pactos de salarios están yendo por
encima de lo deseable, con lo cual puede suscitar algún
problema concreto. (El señor Fernández Norniella hace signos
negativos.) Si S.S. opina que no, yo tengo datos de que puede
ser así.
Segundo, hay un riesgo, por otra parte perfectamente
comprensible, que las empresas, después de unos años
difíciles, reconstituyan sus beneficios y, en consecuencia,
intenten incrementar sus márgenes aumentando los precios, cosa
que entiendo perfectamente, y también tengo algún dato
concreto. Ese tipo de problemas es el que yo pretendía
destacar al hacer referencia a ese punto.
Le digo que no me preocupa tanto, porque soy consciente de que
la inflación, hasta mitad de año, va a tener un comportamiento
parecido al del año pasado y, después, lógicamente, debería
mejorar, cuando ya no tengamos la incidencia de los efectos de
la modificación del tipo de cambio de la peseta que aumentaron
los precios institucionales de los productos agrícolas que nos
llevaron a una subida muy fuerte en la inflación en el segundo
semestre del año 1993. En consecuencia...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE IGNACIO LLORENS TORRES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿NO CREE POSIBLE EL GOBIERNO RECORTAR LOS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS DE LA
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN CANTIDADES SEMEJANTES A
LAS QUE HAN SUPUESTO EL RECORTE DE LAS PRESTACIONES SOCIALES?
(Número de expediente 180/000393)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24. Señor Núñez Pérez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, los pensionistas, los desempleados, los que
perciben pensiones asistenciales, los que están ya padeciendo
los recortes aprobados en los presupuestos de 1994, tienen
gran descontento porque están padeciendo ya esos recortes; una
muestra de eso son los recursos presentados contra
determinadas
disposiciones de los presupuestos. Efectivamente es una
cuestión que había sido recogida en nuestras enmiendas
presupuestarias. Por eso, le pregunto: ¿no cree el Gobierno
que se pueden recortar los gastos de funcionamiento del
Estado, organismos autónomos y entes públicos en cantidades
semejantes a las que ha supuesto el recorte de las
prestaciones sociales?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, yo creo que no se puede dar tratamiento equivalente.
Su pregunta sería contradictoria: tendríamos una elevación de
los gastos del Estado que nos llevaría a un mayor déficit.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, han hecho las cosas al revés de como tenían
que haber sido hechas. Ha habido recortes en las prestaciones
sociales y, por contra, ha habido aumento en los gastos de
funcionamiento. Los recortes han afectado, por ejemplo, a los
6.600.000 pensionistas, que han perdido el 1,4 de subida; es
decir, que sobre un gasto total de casi seis billones en
pensiones, ello supone un recorte de 82.000 millones de
pesetas; aquí están las famosas ocho mil pesetas que fueron
pancarta electoral del Presidente González. Han afectado a más
de 700.000 pensionistas de invalidez, que a partir del 1.º de
enero de 1994 han visto sus pensiones privadas de la exención
del IRPF. Han afectado a más 1.600.000 perceptores de
prestaciones por
desempleo, que ahora tributan con IRPF y cotizan a la
Seguridad Social. En cambio, los aumentos del gasto público en
gastos corrientes, en bienes y servicios, en un año de
austeridad y de lucha contra el déficit suponen un incremento
del 9,8 y ascienden más de 616.269 millones de pesetas.
El Grupo Parlamentario Popular propuso en la enmienda número
416 a los Presupuestos de 1994 una reducción aproximada al 30
por ciento de estos gastos, con porcentajes distintos para
unos y otros conceptos, con objeto de garantizar el
funcionamiento de los servicios; estamos hablando de
arrendamientos, publicaciones, propaganda, protocolo,
transportes, luz, teléfono, estudios, trabajos técnicos,
etcétera. Eso hubiera sido bueno, porque se habría compensado
el déficit, ya que la cantidad que resultaba eran 186.000
millones, y no hubiera sido necesario recortar las
prestaciones sociales.
Mire usted, nos llaman demagogos cuando planteamos estas
coasas, pero ustedes se limitan a predicar o a sembrar el
miedo y la angustia entre los pensionistas, quizá para que
acepten como mal menor futuros recortes en las prestaciones.
No le extrañe a usted, señor Ministro, y se lo digo con todo
respeto, que esté cogiendo fama de pájaro de mal agüero,
porque cada vez que pía nos ponemos todos a temblar. (Risas.--
Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez Pérez.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Comparto totalmente su afirmación de que les llaman demagogos,
pero eso suele suceder cuando se hace demagogia.
Su señoría utiliza los presupuestos iniciales del año 1993 y
del año 1994 para hacer sus cálculos y le dan los resultados
que S.S. quiere. Si S.S. utilizase el presupuesto del año 1994
comparado con el de liquidación del año 1993, por tanto el
gasto realmente efectuado, sería S.S. consciente de que ocurre
exactamente lo contrario de todo lo que ha dicho. Pensiones.
Han aumentado el 7,6 por ciento, en el año 1994, respecto al
año 1993, alcanzando la cifra de 6,5 billones de pesetas.
Asistencia al desempleo, fomento de empleo y otras
prestaciones: han aumentado 10,6 por ciento respecto a la
liquidación del año 1993; 3,8 billones de pesetas. El sueldo
del personal activo de la Administración, evidentemente, ha
sido congelado; la oferta pública de empleo se ha reducido
hasta ahora a un cuarto; y es cierto que en gastos de bienes
corrientes propiamente dichos, en 1994 se ha
presupuestado ligeramente por debajo del año 1993 en cuanto a
presupuesto final de liquidación. Es cierto que eso da un
incremento respecto del presupuesto inicial, pero no hay que
olvidar que en todo caso esos gastos se realizaron en el año
1993; por tanto, creo que su afirmación no es correcta y sería
bueno que revisara sus cifras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
CRITERIOS DE POLITICA ECONOMICA E INDUSTRIAL QUE APLICARA EL
GOBIERNO PARA FAVORECER UN CRECIMIENTO SOSTENIDO Y ESTABLE EN
EL SECTOR INDUSTRIAL (Número de expediente 172/000042)
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día:
Interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular
sobre criterios de política económica e industrial que
aplicará el Gobierno para favorecer un crecimiento sostenido y
estable en el sector industrial.
Para desarrollar la interpelación en nombre del Grupo Popular,
el señor Gamir tiene la palabra. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, decir que
a la industria española le sienta mal el socialismo no es una
pura frase. (Rumores.--Un señor Diputado: Es una tontería.),
los datos duramente confirman esta expresión. Desde el año
1982 a la actualidad la industria española, en relación al
PIB, ha perdido más de seis puntos y en Europa ha perdido
menos de tres, luego la crisis diferencial industrial en
España es más del doble de la crisis industrial europea.
Ha habido alguna voz que ha dicho que es una tontería, estoy
seguro que esa voz se refería a los problemas del empleo
relativos al año pasado. Le habrá parecido una tontería que el
año pasado --sólo en un año-- se haya diezmado todo el empleo
industrial en España,
que haya caído un diez por ciento el número de trabajadores y
empleados en el sector industrial, nada parecido a lo que
ocurría en Europa. España tiene una crisis diferencial
distinta en la industria que Europa y ello se debe, en gran
parte, a la política que han venido realizando ustedes desde
los distintos gobiernos socialistas.
Por razones de tiempo no es éste el lugar para explicar todas
las razones de esa política que ha llevado a esta crisis
diferencial, pero sí recordemos la fundamental: es esa
pescadilla que se muerde la cola entre los déficit, los tipos
de interés y el tipo de cambio. ¿Saben ustedes cuál era la
situación de España en Deuda Pública antes de que los
socialistas entrarais en el Gobierno, en el año 1982? España
era el país menos endeudado de toda Europa, en relación al
PIB, con la única excepción de Luxemburgo. La «ratio» deuda-
PIB estaba en el 25 por ciento. Este año vamos a estar en el
60 por ciento y creciendo y nuestra situación en el «ranking»
ya no tiene nada que ver con aquel honroso penúltimo lugar.
Eso ha implicado déficit muy fuertes acumulados y la única
forma de financiarlos ha sido ofreciendo tipos de interés
mucho más elevados en Deuda Pública para que entrara capital
extranjero a comprar esa Deuda Pública, y esas fuertes
entradas de capital, obligadas por los déficit públicos,
presionaron al alza a la peseta y han mantenido a la peseta al
alza durante bastantes años. Eso ha laminado especialmente a
aquellos sectores que tienen que exportar o competir con
importaciones de bienes comercializables --como se llaman en
un lenguaje un poco más técnico--, entre ellos básicamente a
la industria. La industria durante esos años podía subir sus
precios en fábrica, como mucho, poco más del 1 por ciento,
mientras que tenía que comprar servicios que subían su precio
cada año más del 10 por ciento o los salarios le subían al 7
por ciento. Eso sin duda estrangulaba el proceso industrial y
ha sido una de las grandes causas de esa crisis diferencial de
industria en España. Me podrán decir que el año pasado se
devaluó. Había una frase muy antigua en el Partido Popular que
decía: el Gobierno socialista sólo acierta cuando rectifica.
Quizá podríamos precisarla más: sólo acierta cuando desde
fuera se le obliga a rectificar. Por ejemplo, el mismo día que
Felipe González decía que no hacía falta, en absoluto,
devaluar y que el tipo de cambio era el adecuado, el mismo día
se producía una de las tres devaluaciones. Hay afirmaciones de
altos cargos del Gobierno y de instituciones como el Banco de
España diciendo
que al fin y al cabo la peseta sobrevalorada era el único
medio de frenar la inflación dado que no se fiaban de los
déficit públicos y de su evolución. Esa política fue
extraordinariamente negativa para el sector industrial y
cuando se pierden cuotas de mercado en ese grado, es muy
difícil recuperarlas, a pesar de haber sido obligado desde
fuera a rectificar.
Vayamos a la situación actual. ¿Qué se puede hacer hoy con una
política de reindustrialización, de dar importancia a la
industria en nuestro país? ¿Qué criterios podría haber? Cuando
se habla con los sectores la idea es clara: díganles al
Gobierno que no nos subvencionen, que nos dejen simplemente
tener las mismas reglas, el mismo marco de competencia que hay
en Europa. Indudablemente piden un tipo de cambio estable, un
tipo de cambio competitivo y sin esos tremendos altibajos,
pero también recuerdan los tipos de interés. Es cierto que los
tipos de interés han bajado en este país, pero han bajado
porque han bajado en Europa.
¿Qué es importante para el empresario industrial? Lo
importante es el diferencial en los tipos de interés. El
diferencial --y subrayo la palabra--, y el diferencial aún
está entre dos a tres puntos. Un sector que tiene que competir
con el exterior en la exportación o con importaciones a este
sector, si sus costes financieros son mucho mayores, aunque en
el resto lo haga igual de bien, compite mal, como le ocurre al
sector industrial. Nos encontramos con la Seguridad Social, ya
que, simplificando, en grandes brochazos, podríamos decir que
en Europa se financia un 50 por ciento desde impuestos y un 50
por ciento desde cuotas. En la España de los gobiernos
socialistas se financia el 70 por ciento desde cuotas. Eso
indudablemente crea paro porque encarece la utilización de
mano de obra; indudablemente, disminuye la competitividad de
las empresas industriales (pensemos en la alternativa de una
mayor financiación, por ejemplo, a través del IVA), y, sin
duda, perjudica a la pequeña y mediana empresa que, como es
conocido, la pequeña y mediana empresa industrial por peseta
producida paga mucho más de Seguridad Social que la gran
empresa. Eso es parte de ese marco que los sectores
industriales piden que se cambie para poder competir
normalmente con Europa. Piden que no nos encontremos con que
nos tengan que obligar a devaluar, para que no tengamos la
energía como «input» de este sector, como materia prima, a un
precio mucho más elevado que en el resto de Europa. Ya
hablaremos de las tarifas telefónicas y del problema de las
externalidades en otro lugar, pero recordemos esa situación,
como recordemos también que en ese marco se pida, por ejemplo,
una política de formación que siguen las empresas de personal
formado, similar al que llega de Europa.
Todo eso es política de marco, y con ese marco diferente, con
esa política si se quiere, por una parte, de marco
estructural, por otra parte macroeconómica distinta, la
industria española se encontraría en mejor situación para
competir.
Pero hay mucho más en el planteamiento de la política
industrial. La política industria, aparte de la política macro
y de
estructuras tiene que plantearse sin duda las políticas
horizontales y las políticas sectoriales; políticas
horizontales que serán detalladas ampliamente en la moción que
se presentará a este Parlamento pero que aquí, por razones de
tiempo, me fijaré o recordaré simplemente dos de ellas.
Hay una serie de sectores de trabajo intensivo, es decir que
por peseta producida necesitan mucha mano de obra, que se ve
cada vez con más dificultades para competir con los países que
vienen atrás en grado de desarrollo con costes laborales más
bajos. Esos sectores, entre otras políticas, necesitan una
política mucho más clara de intangibles, desde el diseño a la
comercialización, al control de calidad, etcétera; programas
de ayudar al que se ayuda a sí mismo a convertirse en
competitivos, sin duda muy distintos a los del presupuesto de
1994, en que los programas de
competitividad relacionados con el sector privado han
disminuido de manera importante como muy bien conoce esta
Cámara.
Otro ejemplo, el I+D. En I+D, los programas de investigación y
desarrollo tienen que estar mucho más cerca de los problemas
de la empresa, de los sectores, tiene que ser una
investigación mucho más aplicada, contando mucho más con que
los sectores necesitan más investigación no de base sino
precisamente aplicada y con masas críticas suficientes en
aquellos sectores en los que tenemos ventajas comparativas.
De otras muchas políticas horizontales hablaremos al presentar
la moción, pero quiero pasar también algunos breves brochazos
sobre las políticas sectoriales, y no las políticas
retorcidas, oblicuas, de la que alguna vez habló el actual
ministro del ramo, sino distinguiendo bien las políticas
horizontales de las políticas sectoriales, porque hay sectores
en los cuales hace falta incidir con una política concreta,
que no implica proteger la ineficacia, sino que implica
precisamente políticas que ayuden a ser más competitivos.
Señores del Gobierno, no tiene sentido la actual política del
automóvil, no tiene sentido la llamada --entre comillas--
«tasa de matriculación» y la altura a la que la tenemos, que
no tiene nada que ver con lo que ocurre en los países de
Europa
productores de automóvil. No tiene sentido que no se reduzca;
no tiene sentido que de vez en cuando haya anuncios, partiendo
de su partido, de que se va a reducir con lo cual disminuye la
demanda y, luego, sigue estando a esa altura, cuando en el
sector del automóvil se encuentran ustedes una crisis
generalizada, en la cual son puntas de iceberg nada más los
Volkswagen, los Suzuki, lo que puede ocurrir
con Nissan, con Pegaso, o lo que puede ocurrir con tantos y
tantos sectores o industrias de este sector.
Planteemos otro sector, por ejemplo, la industria electrónica,
que, cuando se habla con ellos, se quejan de que la
Administración pública, que es un gran demandante, no
planifique sus compras. Los que hemos estado en el sector
privado, cuando éramos clientes de un gran proveedor,
normalmente, planificábamos nuestras compras, sabíamos que así
obteníamos mejores precios y era más competitivo el proveedor.
Eso no lo hace la Administración con sus grandes compras en
electrónica o en el sector de la construcción. Hacen falta
también políticas sectoriales adecuadas para incrementar la
competitividad de los sectores y una larga lista de ejemplos
de políticas sectoriales se pondrá en la moción que se
presentará al respecto. Yo finalizaría, respetuoso con los
tiempos, con solamente dos ideas: primera, hay que hablar
mucho más con los sectores, y cuando se habla con los sectores
una de las quejas que exponen es precisamente política.
Política en el sentido --dejando aparte al actual señor
Ministro, que lleva no mucho tiempo en el cargo--de que
consideran que, en general, los ministros de Industria de los
gobiernos socialistas no han tenido auténtico peso político.
Por ello es por lo que ha sido fácil hacer esas políticas de
alto tipo de cambio que tanto daño han hecho a la industria, y
por eso ha sido fácil hacer esas políticas de tipos de interés
o de financiación de la Seguridad Social que han dañado de esa
forma a la industria. En esta Cámara se discutió mucho si
desde los gobiernos socialistas se había dicho o no se había
dicho aquella frase de la mejor política industrial es la que
no existe. Lo acepto, nunca se dijo esa frase. Ha habido una
auténtica política industrial socialista, ha habido una
eficaz, una tremendamente agresiva política económica general
y política industrial particular de desindustrialización, de
laminación de la industria de este país. Por ello, mi
enhorabuena, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gamir.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señorías, por la atención que me prestan a la
hora de dar contestación a esta llamada interpelación urgente
del Grupo Popular, que supongo que es una interpelación de
cupo porque no sé cuán urgente pueda ser el que habiendo
discutido en la Cámaradesde que yo soy Ministro de Industria,
aproximadamente seis veces sobre la política industrial, en
Pleno y en Comisión, el que esto se pueda calificar como
urgente, no sé si es porque en este momento algunas noticias
que a todos nos preocupan puedan llevar a dar la oportunidad -
-por cierto, bien legítima-- al Grupo principal de la
oposición a plantear sus inquietudes, sus dudas o sus
discrepancias con la política del Gobierno.
Siempre que hablo de esta cuestión con el señor Gamir, tengo
alguna dificultad, y es que casi siempre que hablamos de
política industrial él no quiere hablar del futuro; quiere
hablar, en general, del pasado. Siempre que hablamos de
política industrial hablamos básicamente de política
macroeconómica, casi nunca de política específicamente
industrial, aunque debo reconocer que hoy, en su intervención,
ha hecho algunas menciones a aspectos sectoriales o
específicos de lo que podría ser la política industrial.
Al señor Gamir le gusta siempre hablar del tipo de cambio, del
tipo de interés, aspectos en los que no me llevará ventaja al
reconocer la importancia que tienen sobre la política
industrial, pero ciertamente convierten el debate de la
política industrial en un debate global sobre la política
macroeconómica del
Gobierno, lo cual estoy dispuesto a aceptar aunque me parece
que es un elemento que debiera considerarse mucho más como un
marco en el cual circunscribir una política específica de
carácter industrial.
También le he oído al señor Gamir expresar alguna
satisfacción, sobre todo por el pasado. No sé si es una
satisfacción nostálgica de los tiempos en los que él tuvo
alguna responsabilidad sobre determinados procesos que
condujeron a este país a la necesidad de hacer un proceso de
reindustrialización, de reconversión industrial. En todo caso,
da la sensación en alguna de sus expresiones de que cualquier
pasado, por ejemplo, aquel pasado en el que España no tenía el
nivel de endeudamiento que tiene en este momento, es un pasado
mejor. Por el contrario, señor Gamir, pienso que el futuro es
mejor. Pienso que ha sido mejor en estos diez últimos años,
bastante mejor que el pasado que nos depararon a quienes hemos
tenido alguna responsabilidad de gobernar este país, unos
estos últimos años, otros anteriormente. Creo que en estos
años hemos fortalecido notablemente --no obstante la recesión
en la que en este momento nos encontramos-- la economía de
este país. Sin embargo, naturalmente acepto el que puedan y
tengan, por oficio y por voluntad de ser oposición, la función
de negar hasta la evidencia.
En todo caso, permítame que, con mucho gusto, trate de
explicarle, cumpliendo como es mi obligación, lo que entienden
este Gobierno y este Ministro qué es una política industrial.
La primera afirmación que quiero hacer, señor Gamir --y me la
ha oído usted en muchas ocasiones--, es que este Gobierno cree
que éste es un momento absolutamente fundamental para la
orientación de la política industrial y que en el marco de una
política macroeconómica, precisamente más adecuada para hacer
una política industrial activa, tiene que poner
todos los recursos posibles a la contribución de una política
industrial activa.
Por tanto, no negaré --no ya porque yo sea el Ministro de
Industria-- la importancia que el Gobierno acuerda a la
política industrial. Una política industrial que tiene que
hacerse en ese marco macroeconómico al que usted se refería y
que hoy --
felizmente para mí, a diferencia, quizá, de mis antecesores--
es una política que se puede explicar con mayor facilidad. En
primer lugar, hemos hecho algunas cosas que forman parte no ya
sólo de lo que viene impuesto por el exterior --como usted
decía--, sino de una política también consciente dirigida a
obtener una bajada progresiva de los tipos de interés. Un
aspecto en el que, además, hemos acompañado esta política de
una política de reducción de los precios y de reducción de la
inflación que, por cierto, es, en su comportamiento, la mejor
obtenida por la economía española en los últimos 17 años --
nada menos que 17 años-- según los últimos resultados en
materia de precios. Con esto no le estoy exponiendo una
satisfacción, estoy haciendo un análisis
simplemente histórico.
En segundo lugar, un tipo de cambio realista que ha permitido
que en este período se haya producido una evolución
sensiblemente positiva de la exportación de productos
industriales, que ha aumentado un 11 por ciento en términos
reales durante el año 1993, juntamente con algo que también
forma parte del marco macroeconómico de la política
industrial, como es una política rigurosa en materia
presupuestaria.
No quiero referirme específicamente a estos aspectos, a los
cuales acuerdo tanta importancia como usted, señor Gamir, sino
a aquéllos que pueden ser más específicos hoy de la política
industrial. Sin duda, tiene usted todo el derecho a discrepar
de la política que este Gobierno haya hecho en el pasado. Si,
por el contrario, lo que queremos es convertir este debate en
un debate sobre el futuro --y me parece que eso es bastante
razonable--, debiéramos ver si, efectivamente, la política que
está practicando este Gobierno tiene como objetivo y como
previsibles resultados el fortalecimiento del tejido
industrial, la recuperación del empleo, la solidez, en
definitiva, de nuestra industria, incluso reconociendo la fase
de recesión en la que nos encontramos.
Me parece que esto es lo que está en cuestión y sobre esto es
sobre lo que le propongo, si le parece, que debatamos. Estamos
viendo algunos aspectos o introduciendo algunos elementos
nuevos. Elementos nuevos en materia de incentivos a la
inversión privada, como conocen SS.SS., ya expresados a través
de la Ley de
Presupuestos para el año 1994, en materia de ventajas fiscales
que, sin duda, tendrán un efecto beneficioso también sobre la
inversión, juntamente con otros elementos como puede ser,
obviamente, la reducción de los tipos de interés.
En tercer lugar, un conjunto de reformas que tienen también
esa voluntad de marco en el cual se produce la actividad
industrial, favorecedoras, en consecuencia, de la
competitividad de nuestra industria. Me refiero, básicamente,
a las medidas adoptadas en materia de reforma del mercado de
trabajo o a algunas otras que serán objeto de conocimiento por
esta Cámara, como las que tienen lugar en materia de
reconocimiento de la autonomía del Banco de España o la nueva
ley de subrogación de hipotecas, junto a medidas que el
Gobierno anunciará --espero-- en breve, como la liberalización
del sector de telecomunicaciones u otros.
Todo esto forma parte de un marco de carácter general.
Déjenme, sin embargo, que me refiera de una manera más
específica al diseño de la política industrial, que para el
señor Gamir no es ninguna novedad pero que ciertamente lo
puede ser para algunos de los que no han participado en
debates anteriores sobre la política industrial, que, por
cierto, no ha cambiado desde hace unos meses en relación con
lo que le voy a relatar ahora. La política industrial que este
Gobierno quiere hacer es una política industrial más activa,
si vale como expresivo de la prioridad que el Gobierno acuerda
a la política industrial. Una política dirigida a hacer
posible el que las empresas favorezcan su propio potencial de
competitividad, que se pueda ayudar precisamente a aquéllos
que se ayuden a sí mismos, que se pueda prestar una atención
fundamental no solamente a aquellos factores de coste, sino a
aquellos otros factores que inciden en la competitividad y que
son tan relevantes como la innovación tecnológica, la calidad,
la adaptación medioambiental, los servicios de apoyo a las
pequeñas y medianas empresas, la cooperación empresarial, la
internacionalización y tantos otros aspectos que son hoy
factores de futuro tan importantes como aquéllos que tienen
una inmediata trascendencia en las decisiones de inversión o
en la evolución de los costes de las empresas. La segunda
pieza en la cual se asienta la política industrial --quizás es
bueno reafirmarlo dentro de esta Cámara-- tiene que ver con la
idea de que política industrial no es solamente lo que hace el
Gobierno de la nación, no sólo es lo que hace el Ministro de
Industria o el Ministerio de Industria, es también lo que
hacen otros agentes. España es hoy un país descentralizado, un
país en el cual hay otras instituciones, fundamentalmente de
las comunidades autónomas que también hacen política
industrial, y a veces incluso en su conjunto con un volumen de
medios, con un volumen de recursos, notablemente importante,
en algunos casos comparativamente más importante del que está
disponible en los Presupuestos del Estado.
Esto forma parte de un diseño estructural, constitucional y
estatutario y, por tanto, una parte y una pieza fundamental de
una política industrial tiene que ser la
coordinación, la cooperación, el diseño y el diagnóstico común
y la puesta en común también de los medios disponibles,
financieros y de otro tipo, a disposición de una determinada
política industrial. Hemos dado algunos pasos relevantes en
esa dirección, tales como la configuración de una conferencia
de Ministro y consejeros de Industria; y pasos también para un
diseño y para una implementación en común de los distintos
aspectos de la política industrial a través de la conferencia
sectorial.
La tercera consideración que quisiera poner de manifiesto es
la política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Ya he
dicho en esta Cámara, en este Pleno en diversas ocasiones, que
no se trata de investir a las pequeñas y medianas empresas
definidas de modo genérico como nuevo sujeto privilegiado del
desarrollo industrial; no lo son y no lo van a ser. Pero en un
país como España, escasamente dotado de grandes empresas, de
corporaciones industriales de suficiente magnitud, la
preocupación por el tamaño, la internacionalización y la
capacidad estratégica de las empresas españolas ha de seguir
teniendo un lugar central en algo que se llame política
industrial y que tenga que ver no sólo con el presente
inmediato, sino con la orientación estratégica industrial de
este país. Por eso, en un país tejido en materia industrial en
más del 90 por ciento por pequeñas y medianas empresas, es
necesaria una orientación prioritaria en esta dirección. A
ello hemos procedido ya en este corto período de tiempo,
continuando esfuerzos del pasado, a identificar las
restricciones de origen fiscal, administrativo, financiero,
burocrático que obstaculizan la creación, el mantenimiento y
el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, y a poner en
marcha medidas, algunas de ellas fiscales, otras de carácter
financiero, que en este momento están teniendo lugar incluso
con discusiones dentro de las Cámaras.
Desde el Ministerio de Industria les quiero señalar, señor
Gamir y señorías, que en este momento estamos discutiendo,
poniendo en marcha, en el marco de la conferencia sectorial
también, un nuevo plan de apoyo al empleo y a la
competitividad de las pymes; un plan que no es solamente el
plan hecho por el Ministerio de Industria, sino que se está
negociando y discutiendo con todas y cada una de las
comunidades autónomas de este país, a fin de conjuntar
esfuerzos, en esta dirección y convertir no el relato del
Ministro en algo eficaz, sino a la acción de las
administraciones públicas debidamente coordinada en algo que
tenga un efecto sobre el tejido de las pequeñas y medianas
empresas. Un plan que aspira a contar con no menos de 40.000
millones de pesetas, con la voluntad de movilizar inversiones
diez veces superiores. Un plan que se articula alrededor de
cinco programas: el de cooperación empresarial, el de apoyos
financieros, el de diseño industrial, el de la constitución de
redes territoriales de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas y, al amparo de la nueva normativa aprobada por las
Cámaras sobre la Ley de sociedades de garantía recíproca, el
que tenga que ver con el perfeccionamiento de todo el esquema
financiero en base a sociedades de garantía recíproca,
refianzamiento, etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya
terminando, por favor.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.
En cuarto lugar, señoría, la política industrial tiene que
prestar una extraordinaria atención. Tendremos ocasión de
debatir y con mucho gusto discutiré o participaré, si me es
posible, en las mociones que ustedes presenten sobre la
orientación
tecnológica.
La política industrial en materia tecnológica se asienta como
saben --en este momento hay ya un nuevo plan en marcha-- en un
nuevo plan para 1994-1996 de actuaciones tecnológico-
industriales, con un importe de 180.000 millones de pesetas
para este período de tiempo, también articulada en cooperación
con las comunidades autónomas en el marco de la conferencia
sectorial. En quinto lugar --puesto que se me acaba el tiempo,
señoría--, quiero decirle que una política industrial tiene
que estar absolutamente integrada en la seguida en el sector
energético. Es obvio que no puedo desarrollar en este momento
las
implicaciones de la política energética, dirigida por un lado
al perfeccionamiento del sector eléctrico, a la competitividad
de las empresas del sector eléctrico y a su saneamiento
financiero y, por otro lado, a hacer posible y presente en
nuestro país nuevas energías como las del gas y a configurar
grupos
industriales en materia energética también de suficiente
entidad. Pero, señorías, la política industrial no se puede
discutir solamente en términos de una moción. La política
industrial se discute cada día, se discute alrededor de líneas
generales y de orientaciones generales. Mucho me temo que la
concepción del Grupo Popular sobre la política industrial es
simplemente la referencia al pasado. Hacer política industrial
en este momento es pensar en el marco de restricciones en el
cual nos movemos, cuáles son las actuaciones eficaces que
puedan ser puestas en marcha por un gobierno responsable,
precisamente para dar prioridad a la acción industrial, a la
actividad industrial, a la configuración de un tejido
industrial sólido en este país. Casi siempre que debatimos
estas cosas acabamos por hablar de las empresas públicas o
privadas, y casi siempre acabo por considerar que la única
política industrial que el Grupo Popular mantiene es la
referencia al pasado, a un tiempo que pudo ser y no fue, o a
la política aquella que deriva de deshacer una parte de
lo que existe para dejar que el juego de las fuerzas del
mercado exclusivamente configure un futuro.
Señorías, sobre eso no nos vamos a poner fácilmente de
acuerdo. Sobre otras cuestiones que tiene que ver, desde
luego, con la competitividad, sí; pero con el aprovechamiento
de lo que existe por una parte de nuestros grupos
empresariales, públicos o privados, para hacer una industria
más competitiva, obviamente vamos a tener que seguir
discrepando. Sin duda alguna, discutiremos unas y otras veces
sobre la política industrial. Lo que lamento, señor Gamir, es
que todo lo que se le ocurra decir, en interpelaciones lo
mismo que en las comparecencias en las Comisiones, es que la
política industrial mejor que este Gobierno ha hecho es
aquella que no ha practicado, o que la política industrial
mejor es aquella que pudo ser y no fue y que casi nunca nos
aporte una sola idea directa para ver cómo se hace hoy en
Europa, en España. Que no solamente haga un ejercicio de
voluntarismo o de crítica sobre las circunstancias que en este
momento están presentes en la vida económica y casi nunca
aporte una sola idea que pueda ser tomada en consideración
para
perfeccionar algo que me gustaría perfeccionar: el esfuerzo
del Gobierno en política industrial.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Gamir.
El señor GAMIR CASARES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no ha contestado a nada, ni a la crítica
formulada a la política industrial socialista, ni al
planteamiento de políticas alternativas que se han presentado
por el Grupo Popular y que mañana se presentará como moción.
No sé qué ha dicho. Se ha referido a los tipos de interés.
Primero ha dicho que la política macroeconómica es de lo que
yo hablaba demasiado. Cuando hablamos con los sectores
industriales, que se quejan de la poca receptividad que tienen
sus ideas ante ustedes, ante el Gobierno, nos dicen: Que nos
dejen en paz, que hagan una política macroeconómica que nos
permita competir adecuadamente; que no sigamos teniendo los
tipos de interés en dos o tres puntos más altos que Europa. Y
todo lo que le he dicho antes sobre la seguridad social,
etcétera, a lo que usted no ha contestado. Me habla usted de
política de presente y de futuro. Perdone que le tenga que
contestar así. La política de presente y de futuro del actual
Ministro de Industria ¿se llama Guillete, Puleva, Suzuki,
Wolkswagen, Ebro, Nissan? (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.) ¿Es esa la política de presente y de futuro de
ustedes? Eso me parece que es bastante presente y que en el
futuro vamos a tener muchos casos más de ese iceberg que irán
saliendo uno a uno, que irán explotando una a una esas minas,
porque la infraestructura de la política industrial nos lleva
a ello.
Me ha extrañado que usted no diga más. No sé, señor Ministro,
si se lo guarda para la siguiente intervención, porque usted
tiene una excepcional habilidad y es algo --perdóneme la
ironía, se lo digo sin ninguna acritud y sonriendo-- que
pasará a la pequeña historia de esta Cámara. Me refiero a sus
últimas intervenciones en las cuales, como no hay réplica,
usted puede decir lo que desea. No sé si en ella me va a decir
usted que ha mejorado algún indicador industrial. No lo sé.
Por si me lo dice, le recordaré que sí. Por ejemplo, el
indicador de automóviles. Se venden un 6 por ciento más en el
mes de febrero de este año, pero es que el año pasado hubo una
reducción del 28 por ciento y ese 6 por ciento más de este año
implica una reducción del 20 por ciento con relación a la
media de los últimos cinco años. Lo digo por si acaso usted
alude a algún indicador que temporalmente ha mejorado en algún
sector.
Realmente, sus últimas intervenciones son muy curiosas.
Señor Ministro, en su última intervención en este Pleno usted
dijo que eran puras suposiciones, elucubraciones por mi parte,
el que usted hubiera afirmado que iban a hacer una política de
intercambio de cromos entre las empresas públicas y que Endesa
iba a vender una parte a otras empresas públicas. También en
la última intervención en Comisión dijo que si algún
periodista había publicado algo así era porque a veces los
periodistas no publican exactamente lo dicho.
Señor Ministro, todos los periódicos del 1 de febrero, todos
los económicos y algunos de los no económicos, recogen
exactamente que usted dice que se colocará un trozo de Endesa
institucional y que se irá también a otras empresas públicas
en este
intercambio de cromos que hemos criticado. Usted dijo en su
última intervención que no era exacto, cuando no se le podía
contestar y, sin embargo, no tiene usted credibilidad. Se lo
digo sonriendo, porque es muy difícil que la totalidad de los
periódicos del día siguiente recojan su frase al respecto.
Señor Ministro, como usted no me ha contestado, me deja sin
materia. No sé qué va a decir en este último turno. Permítame
algo que es casi una pequeña --no sé si llamarla así-- broma
final de lo que son sus últimos turnos. En el último turno en
la Comisión yo le cité una frase de «Alicia en el país de las
maravillas». Le dije que les venía muy bien a ustedes esa
frase, porque era una conversación en la que se discutía el
concepto de la expresión privatización. Y el fondo era decir
que hay una palabra que significa una cosa, privatización, y
hay unos que utilizan esa palabra para que signifique otra
cosa totalmente distinta. Eso es lo que ustedes hacen con la
palabra
privatización. Al final del diálogo, acaba diciendo:
Desengáñate, Alicia, lo importante --yo dije-- es quién es el
dueño. Usted --se lo digo
sin acritud-- con cierta pedantería, me rectificó y dijo que
en «Alicia en el país de las maravillas» la frase final no es
quién es el dueño, sino quién manda. Como es lógico, allí no
había respuesta. Lo consulté después y ví que en el libro de
«Alicia en el país de las maravillas» la frase final dice
quién es el «Owner». «Owner» es dueño, no quién manda. Nos
encontramos con que ustedes en política económica, en general,
hacen un marco con el cual no hay forma de competir, que la
política industrial lamina a la industria y que, incluso
también en literatura, cometen ustedes errores de ese calibre
cuando intentan la pedantería de rectificar una cita. Ahora,
señor Ministro, tiene usted ese tercer turno que no tiene
respuesta; ese tercer turno en el que a menudo, con toda
sinceridad, ha dicho usted cosas inexactas o cosas a las que
sabe que no se le puede contestar. Empieza usted este último
turno, señor Ministro. Le escucho con atención. Le escuchamos,
señor Ministro, su último y tercer turno sin réplica.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--La señora García-
Alcañiz Calvo: ¡Muy bien!--El señor Valls García: Pocos
palmeros hay en este número.--Un señor Diputado desde los
bancos del Grupo Popular: ¡Menos hay enfrente!--La señora
García-Alcañiz Calvo: Estamos entrenando para Sevilla.--El
señor Gamir Casares: ¡Para la materia prima que hay!--El señor
Valls García: Pero no hacemos palmas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gamir.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, Presidente.
Señor Gamir, lo suyo y lo mío va a ser ya una constante, me
temo, a lo largo de esta legislatura. Por tanto, vale más
tomárselo con resignación. La verdad es que estoy haciendo un
cierto ejercicio de resignación desde hace varias
comparecencias e
interpelaciones. Siempre le oigo lo mismo y supongo que, a lo
mejor, tiene usted derecho a decir que casi siempre le
contesto lo mismo.
Para pedantería la suya, señor Gamir. En todo caso, algún
aspecto positivo tendré que recoger. Me alegro de que le haya
hecho reflexionar, que se haya ido usted a la versión original
de Lewis Carroll y que haya comprobado que, efectivamente, la
versión en inglés es de «the owner». En todo caso, se lo
acepto como contribución al conocimiento. Pero discutiendo
sobre pedantería, señor Gamir, me está dando usted unas
lecciones espantosas. No pretendí ser pedante. No pretendí
salvo rectificarle en algún sentido, porque me parecía que era
bastante distinta una frase que otra. Pero no hablemos de
«Alicia en el País de las
Maravillas».Yo creo que el problema que tiene usted, señor
Gamir, es el de que pretende tener una política alternativa y,
sin embargo, es incapaz de formularla. Esto sí me parece
grave, porque yo sé que el Partido Popular tiene ideas
distintas en materia de política industrial. Pero cuando le
oigo a usted nunca entiendo cuál es su política alternativa.
Nunca entiendo cuál es una política alternativa que no pase
por el acuerdo en que es bueno que haya un descenso de los
tipos de interés; el acuerdo en que es bueno que haya una
política de tipo de cambio realista; el acuerdo en que es
bueno poner el énfasis en el I+D; el acuerdo en que es bueno
dar un peso y una fuerza a los factores de competitividad de
las empresas, como pueden ser las políticas de intangibles que
se están haciendo; y el acuerdo en que es bueno,
simultáneamente, poner el énfasis en una reducción del
déficit. Cuando ustedes afirman todo este conjunto de cosas, y
me parece que es difícil el que ustedes no estén de acuerdo en
eso, no acabo de entender cuál es su política alternativa.
Pero puestos a analizar cuál es su política alternativa, lo
que siempre les entiendo --y especialmente a usted-- es su
política alternativa en materia industrial, puesto que usted
casi siempre pone el énfasis en estos aspectos
macroeconómicos, casi nunca en los aspectos específicos de una
política industrial. Usted está de acuerdo, sin embargo, en
que hay que hacer una política de señalamiento en una lista de
cuáles son las privatizaciones que el Gobierno tiene que
hacer, aspecto en el que llevamos y seguiremos difiriendo
bastante tiempo. Sin duda alguna, porque ustedes no tienen una
concepción de carácter industrial que no sea el dejar
absolutamente al juego de las fuerzas del mercado el que haga
lo que tenga que hacer. Por eso y porque nunca han tenido una
concepción estratégica, a mi juicio --perdonenme si no están
de acuerdo--, en cuanto a de qué manera se puede, con respeto
a las reglas del mercado, utilizar algunas palancas, incluidas
palancas modestas --no las vayamos a engrandecer porque no son
muy grandes--, que existen en el sector público
precisamente para favorecer un cierto tejido industrial de
carácter nacional.
Me ha hablado usted, y se ha ganado el aplauso de sus
compañeros, como no podía ser menos, de la referencia a
aquello que estos días cuentan los periódicos, algunas crisis
de empresas y, sin duda alguna, no se habrá enterado usted, ni
sus compañeros, ni quizás otros, de otros problemas, tal vez
más agudos, que ciertamente existen en nuestra economía y en
nuestra industria, aunque no salgan, o no hayan salido, o ni
siquiera salgan en el futuro en los medios de comunicación.
Pero vivimos en una sociedad que es como es. Efectivamente, lo
que tenemos que dilucidar es si la orientación de la política
industrial es la adecuada o no.
Usted se pensaba que yo en la réplica iba a tratar de expresar
algunos elementos de la situación en este momento.
Le quiero decir (con esto voy a terminar, no para ser
polémico, sino para darle algunos elementos que supongo usted
jamás reconocerá, aunque todos los indicadores, todos los
analistas los están reconociendo) que se ha producido, desde
julio del año pasado hasta ahora, una notable mejora, lo cual
no quiere decir que los problemas... (El señor Gamir Casares
muestra un
periódico.) Me enseña el periódico. Casi siempre me enseña
usted un periódico. Da la sensación de que es lo único que
tiene que decir, lo que cuentan otros, no lo que cuenta usted.
Hágame el favor de hablar por sí mismo. Le estoy diciendo que
hay elementos en la actuación, en la situación industrial en
este momoento que significan no el que tengamos una mejora de
la situación (porque nunca acudiré yo a esos rasgos
demagógicos), sino a una mejora de una situación que se
expresa no solamente en el comportamiento de las exportaciones
sino también en el índice de producción industrial, o que se
expresa también en la relativa caída en el índice de pérdida
de ocupación en el nivel de la industria, o que se expresa,
como es notablemente más palmario en los primeros meses de
este año, no solamente por el aumento también de las
contrataciones en materia laboral, sino por un índice al que
usted sé que es especialmente sensible, porque de esto algo
sabía antes, por lo menos, que es el índice de consumo
energético, que es un índice que ha ido restaurando su
deterioro de los primeros seis meses del año 1993, mejorando a
lo largo del segundo semestre y con un crecimiento positivo y
creciente entre enero y febrero.
Quizá usted ignore, señor Gamir, por ejemplo, el que si se
toma el consumo de energía eléctrica, corregido del efecto
temperatura y del efecto laboralidad, en enero y en febrero,
en el mes de enero de 1994 ha crecido un 1,8 y en el mes de
febrero ha crecido un 2,3 por ciento y, después de 16 meses de
pérdida de actividad industrial en términos de índice, en el
mes de noviembre
empezamos a tener datos positivos; en el mes de diciembre los
seguimos teniendo positivos, con un crecimiento interanual del
6 por ciento; y, presumiblemente, vamos a tenerlos también
positivos en los siguientes meses.
Le adelanto un dato, que saldrá próximamente en el índice de
coyuntura industrial del último mes conocido, que todavía no
se ha publicado, se publicará en los próximos meses. Por ocho
meses consecutivos, señor Gamir, señores del Grupo Popular --y
debiéramos quizá alegrarnos y no entristecernos por ello--, el
índice de clima industrial en este país va de nuevo a mejorar,
lo cual, evidentemente, no habrá solucionado todos los
problemas, pero significará que la política de este Gobierno
es adecuada, que estamos iniciando un proceso nuevo y
distinto, en el cual, más que discutir o solamente hablar de
algunos problemas que son evidentes y dolorosos para todos,
tendríamos que enfocar, quizá un poquito más, el futuro.
Yo supongo que ustedes tienen que seguir poniendo el énfasis
naturalmente en lo que es negro. Permítanme que reconociendo y
estando mucho más preocupado que ustedes --porque es mi
responsabilidad-- por aquello que es negro, gris o, en todo
caso, poco claro, tenga que decir a los ciudadanos de este
país y a esta Cámara que también industrialmente este año va a
ser notablemente mejor que el año 1993, de acuerdo con todos
los datos existentes y de acuerdo, entre otras cosas, con el
énfasis y con la política que este Gobierno está haciendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por parte de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor García
Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, señor Ministro, a mi Grupo también le sorprende el
enfoque que le dio a la interpelación el portavoz del Grupo
Popular, por supuesto en su legítimo derecho, pero no sé si me
sorprende exactamente por las mismas razones que a usted,
porque efectivamente estoy de acuerdo con usted en que el
portavoz del Grupo Popular se ha centrado fundamentalmente en
el contexto macroeconómico en el que se mueve la política
industrial y el resto de las políticas de los sectores
productivos de nuestro país. Y es precisamente ahí donde, y se
lo digo sinceramente --quizás con el tiempo me lo vayan
aclarando--, mi Grupo tiene más dificultad para encontrar la
diferencia entre ustedes en los temas sustanciales, como no
sea en cuestiones de matices
importantes o en cuestiones de intensidad. Ustedes dicen una
cosa y los del Grupo Popular dicen más de lo mismo. Pero en
los temas de política macroeconómica, y creo que en el núcleo
de una política industrial, me temo que hay bastantes
coincidencias. Por ejemplo, señor Ministro, hacía usted una
serie de
enumeraciones de cuáles iban a ser las líneas generales de su
política industrial, más activa que la de antes --decía--, y
el primer factor que señalaba, no nuevo en esta Cámara, era el
tema de los costes, pero no sólo éste sino también el tema de
I+D, de comunicaciones, etcétera. Sin embargo, me he leído con
bastante detenimiento --y conste que me ha costado un esfuerzo
serio-- el famoso Libro Blanco que ustedes han escrito, y me
ha resultado curiosísimo por muchísimas razones y en muchos
aspectos. Voy a ceñirme a algunos que tienen que ver con su
discurso de hoy. Por ejemplo, en la página 147 dicen: Los
incrementos de la
productividad deberían traducirse en una reducción de los
costes laborales industriales, que permitan la recuperación de
los márgenes empresariales. Me parece que es un tema clave y
no creo que haya diferencia entre ustedes, cuando dicen esto,
y lo que plantea el Grupo
Popular. Para ambos el tema crucial para conseguir una
política industrial, una competitividad adecuada que
desarrolle nuestro tejido industrial está en la recuperación
de los márgenes empresariales, y eso fundamentalmente a través
de la reducción de los costes laborales. Es cierto que usted
habló de otros factores, que luego iré a ellos, pero permítame
que me centre en este tema que ustedes, una y otra vez, y en
el Libro Blanco de manera reiterativa y, a mi juicio,
absolutamente contradictoria con los propios datos que ustedes
manejan en el Libro Blanco, plantean.
Dicen, por ejemplo, que el crecimiento excesivo de estos
costes ha tenido un efecto negativo sobre el volumen de empleo
en la empresa española y que es el factor fundamental si
queremos recuperar la competitividad a través de la
recuperación de los márgenes empresariales. Esto lo dicen en
la página 147. Pero en la página 152 ustedes mismos dicen: En
1985 los costes laborales unitarios de la industria
manufacturera española eran inferiores a los de los
principales países europeos desarrollados, y sólo Portugal
presentaba en dicho año unos costes laborales unitarios
inferiores a los españoles. No obstante, en 1990, además de
Portugal, los costes laborales unitarios de la industria
manufacturera italiana eran también inferiores. Es decir, sólo
dos países, y a partir de 1990, están en mejores condiciones -
-entre comillas-- que nosotros.
Pero ustedes mismos han reconocido algunos datos que yo he
planteado reiteradamente en esta Cámara. De «Economie
Européenne», número 50, he cogido los costes salariales
unitarios reales en base a 1980, base 100, y resulta que la
media europea es 93,3, en 1991, y en España, 83,6. Por lo
tanto, en costes salariales unitarios reales estamos bastante
por debajo de la media europea. No es este un factor que nos
impida competir, serán otros. Pero abundo un poco más. Si
quiere le doy el mismo concepto formulado estadísticamente de
otra manera, en marcos alemanes. La media de los doce países
de la Unión Europea es de 24,80 marcos alemanes y España
21,88. La primera, la que tiene más costes salariales --hablo
de la industria--, es Alemania con 37,88, que no creo que sea
precisamente el país menos
competitivo. Realmente me asombra que ustedes, una y otra vez,
y no sé en base a qué argumentos, en base a qué datos, sitúan
este problema como el eje central de cualquier política
industrial, porque para ustedes es el núcleo de nuestra
posible competitividad.
Pero es que, además, siguiendo con datos del propio Libro
Blanco, en la página 52, señor Ministro, cuando hablan de la
productividad del trabajo, es decir, del producto interior
bruto real por trabajador ocupado, resulta que la media de la
CE es 2...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Fonseca,
vaya concluyendo.El señor GARCIA FONSECA: Le pido brevísimos
minutos y concluiré rápidamente, señor Presidente.
... España tiene 2,6 y únicamente Alemania tiene 3, está por
encima de España en cuanto a la productividad del trabajo. No
me puedo extender por razones obvias que tengo explícitas a mi
espalda (Risas.) En todo caso, en relación a los otros
factores, señor Ministro (los otros factores que usted decía
que en su libro los recogen bajo el título de «competitividad
estructural»), pues, mire usted, hablan del tema de educación.
Bueno, pues, dicen ustedes que en todos los niveles educativos
analizados el gasto público por alumno realizado en España es
inferior, en porcentaje en el producto interior bruto, no en
términos absolutos, al gasto medio ejecutado en el resto de
los países desarrollados. Esto en el caso universitario es
todavía mucho mayor pero es igualmente extensivo al gasto
público en los niveles primario y secundario.
En infraestructuras ustedes dicen que las españolas todavía
están por debajo de los niveles medios comunitarios. Leo
textualmente. Y hablan entonces del transporte ferroviario,
del transporte aéreo, de las comunicaciones. Unicamente
estamos por encima, según el Libro Blanco, en el tema
medioambiental, que es otro de los factores que influye en la
competitividad estructural, porque ustedes cogen como
indicador únicamente el tema del CO2.
Obviamente producimos mucho menos CO2 que otros países más
industrializados, pero, señor Ministro, hablar de que en temas
medioambientales estamos en mejores condiciones para la
atracción de inversiones que otros países europeos, cuando
nuestras ciudades son las más ruidosas, las más contaminadas,
las más sucias, no es de recibo. Estoy hablando de
estadísticas que han salido todos estos días en medios de
comunicación. En el ruido, Madrid, es la primera; en suciedad,
la segunda. Esto me parece que también vale para la gente de
este lado de la Cámara
(Señalando los bancos del Grupo Popular).
En I+D, señor Ministro, ustedes en el Libro Blanco, en la
página 150, reconocen que en 1991 el porcentaje de gasto en
relación al producto interior bruto fue del 0,9 por ciento,
mientras que la media comunitaria andaba por el 2 y Estados
Unidos y Japón andan muy por encima del 3 por ciento.
Entonces, señor Ministro --termino ya, de verdad, señor
Presidente, y gracias por su amabilidad-- me parece que aquí
usted tiene los puntos flacos de nuestra falta de
competitividad estructural, y me parece que es ahí donde
debiéramos volcar todo nuestro esfuerzo. Lo que pasa es que
posiblemente la política macroeconómica de ambos en los temas
sustanciales impida
realmente abordar, a base de recorte indiscriminado y brutal
del gasto público, los cuellos de botella fundamentales.
Por último, quiero decirle que yo le recogí el guante en la
última comparecencia en cuanto a la necesidad
de debate de políticas activas, tanto horizontales como
sectoriales, y desde luego mi Grupo va a colaborar activa y
positivamente en ese debate, y estamos preparando iniciativas,
propuestas, etcétera. No me resisto a indicarle alguna,
brindándosela un poco como anticipo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Resístase, resístase y
acabe ya.
El señor GARCIA FONSECA: Bien, me resisto. Ocasión tendremos,
señor Ministro.
En cuanto a políticas industriales activas y basadas en otros
factores de competitividad, no las reiterativas de siempre,
puede contar con la colaboración positiva de mi Grupo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA LABORAL DEL
GOBIERNO RESPECTO DE LA MUJER, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS
REPERCUSIONES QUE EN ESTE AMBITO HA TENIDO LA ENTRADA EN VIGOR
DEL REAL DECRETO-LEY 18/1993, DE 3 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS
URGENTES DE FOMENTO DE LA OCUPACION (Número de expediente
172/000044)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular
vamos a pasar al apartado número 32, que es interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política laboral del
Gobierno respecto de la mujer, con especial referencia a las
repercusiones que en este ámbito ha tenido la entrada en vigor
del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, de medidas
urgentes de fomento de la ocupación.
Para la presentación de la interpelación, por parte del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra
la señora Urán González.
La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, señora
Ministra, el Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, de
Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, ha modificado las
figuras de contratación que existían, suprimiendo los
contratos de formación y de trabajadores fijos discontinuos,
reformando los contratos a tiempo parcial y en prácticas e
introduciendo el nuevo contrato de aprendizaje. Estas medidas,
según nuestro criterio, nos conducen a una mayor precarización
en el mercado laboral, pues aumentan la eventualidad en los
puestos de trabajo, establecen salarios inferiores al salario
mínimo interprofesional y reducen las prestaciones sociales.
Señorías, señora Ministra, no voy a extenderme en la
explicación de los efectos negativos que van a producir --
están produciendo ya-- en los trabajadores en general estas
medidas, pues en un debate que muy recientemente se ha
celebrado en esta Cámara, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya fijó ya su criterio. Pero de lo que no se ha
debatido, y nuestro Grupo considera que es muy importante, es
de las repercusiones que estas modalidades contractuales
tienen sobre un sector de la población específico como son las
mujeres, que tienen especiales dificultades para acceder, en
condiciones de igualdad, a un puesto de trabajo.
En los pocos meses transcurridos desde la entrada en vigor de
este Real Decreto ley, y según los datos del mes de enero,
facilitados por el Instituto Nacional de Empleo, de las
408.579 nuevas contrataciones, 70.385 son a tiempo parcial,
suscritas, en un 61 por ciento, por mujeres; dato que, en un
principio, puede parecer que favorece la incorporación de la
mujer a un puesto de trabajo, pero que si se analiza un poco
más llegaremos a la conclusión de que no es así. Veamos. El
contrato a tiempo parcial puede ser exclusivamente eventual y
abarcar cualquier período de duración, lo cual supone un mayor
perjuicio a la hora de conservar el empleo y mayores
dificultades para conseguir el tiempo de cotización necesario
para acceder a prestaciones por desempleo. Situación que se
agrava en los supuestos de servicios inferiores a 12 horas
semanales y 48 horas mes, donde no se cotizará por tener
derecho a prestaciones económicas por
contingencias de enfermedad común, accidente no laboral,
desempleo y jubilación. El acceso mayoritario de las mujeres a
este tipo de contrataciones significa, por un lado, un salario
inferior, menos prestaciones sociales e imposibilidad de
acceso a cursos para promoción profesional, y, por otro, el
mantenimiento del rol femenino en las tareas domésticas y en
el cuidado de hijos e hijas y/o personas mayores.
En un informe de un grupo de expertos de la OCDE, elaborado en
1991 bajo el título «Conducir el cambio estructural. El papel
de las mujeres», dice en uno de sus apartados: «Las
modificaciones registradas en el contrato relativo al empleo,
con el trabajo en jornada reducida, han sido marginales y de
escaso efecto en las normas del empleo en los papeles
masculino y femenino». En otro apartado, dice: «Tal como se
presenta hoy, el trabajo con jornada reducida entraña el
riesgo de contribuir a perpetuar el reparto tradicional de las
actividades remuneradas y no remuneradas entre hombres y
mujeres.» Nuestro Grupo se pregunta: ¿Qué utilidad tienen los
planes para la igualdad de oportunidades de las mujeres si
desde el propio Gobierno se aprueban medidas y contratos que
vienen a perpetuar las condiciones de desigualdad de las
mujeres?
En otro apartado del mismo informe se hace referencia a lo que
ellos denominan formas de empleo atípicas, en el que está
encuadrado el contrato a tiempo parcial. Dice: «Se tiende a
determinar el empleo atípico o empleo flexible como el sector
no protegido. En los países de la OCDE, más de las tres
cuartas partes de las personas que utilizan este tipo de
contratos son mujeres.» Si tenemos en cuenta que esta
modalidad de contrato carece de las prestaciones ya descritas
antes y que informes de organismos europeos avalan nuestros
análisis, podemos llegar a la conclusión de que van a ser
extremadamente perjudiciales para la integración plena de las
mujeres en el mundo laboral.
Para concluir, señorías, señora Ministra, el antropólogo
Marvin Harris, en su libro «La cultura norteamericana
contemporánea. Una visión antropológica», dice: «Los empleos
adecuados, compatibles con los ideales tradicionales de la
procreación y el matrimonio, debían permitir a las mujeres
trabajar en régimen de horario reducido, a tiempo parcial.»
¿Es esa la política laboral del Gobierno respecto de la mujer?
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Urán. Para contestar a la interpelación, en nombre del
Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Asuntos
Sociales.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor
Presidente, señorías, señora Diputada, la pregunta sobre el
efecto de la política laboral del Gobierno respecto de la
mujer, en especial referencia a los efectos que haya podido
tener el Real Decreto-ley de 3 de diciembre de 1993, de
Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, tiene varios
aspectos y varios elementos. Unicamente se ha referido la
Diputada al ámbito del contrato a tiempo parcial, y además lo
ha hecho partiendo de un error, porque el contrato a tiempo
parcial es exactamente igual, en cuanto a contingencia y
cobertura, que los demás, de tal forma que sólo hay un
contrato a tiempo parcial, que es cuando las horas trabajadas
sean menos de 12 a la semana o más de 48 al mes, ese tipo de
contrato, que es minoritario (porque, fíjese que es de 12
horas a la semana o 48 al mes) es el que sólo tiene cobertura
social de asistencia sanitaria, fondo de garantía salarial y
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Sin
embargo, la actual regulación del contrato a tiempo parcial,
que normalmente es a media jornada, no permite niveles de
protección ni de estabilidad inferiores; simplemente se trata
de un contrato ordinario que se celebra por tiempo indefinido,
o por duración determinada, pero de acuerdo con lo previsto en
el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Por ello,
este contrato a tiempo parcial (y ahora voy a dar los datos de
contratación a tiempo parcial) tiene los mismos derechos que
el de los trabajadores a tiempo pleno. Luego S.S., y
perdóneme, parte de un error: únicamente se refiere al
análisis de un tipo de contrato a tiempo parcial, que es el de
menos de 12 horas a la semana y más de 48 al mes. Además, no
sólo está ese tipo de contrato; es decir, a la mujer le
afectan todos. A la mujer le afecta también el contrato de
prácticas y le afecta el contrato de aprendizaje, como no
podía ser de otra manera. Ahí hay dos tipos de contratos cuya
regulación se modifica, pero que ya existían antes: el
contrato en prácticas y el contrato a tiempo parcial, en los
cuales hay una numerosa contratación femenina a la que ahora
me referiré; y luego hay un nuevo contrato, que es el contrato
de aprendizaje, que sustituye al antiguo contrato en
formación. Dos de ellos, el de prácticas y el de aprendizaje,
tienen dos objetivos claros: combinar el trabajo efectivo y la
formación. Por tanto, tienen una realidad en la práctica:
consiguen insertar en el mundo del trabajo a una serie de
personas que, por primera vez, quieren entrar en el trabajo, o
bien que están en el paro y quieren reincorporarse a un
trabajo remunerado.
Y con respecto al contrato a tiempo parcial, es el mismo tipo
de contrato que ya existía con anterioridad con una regulación
más específica. Los efectos de estos tipos de contratos (los
tres, no sólo uno) también han afectado a las mujeres; es
decir, no se puede hablar sólo de que el contrato a tiempo
parcial sea el que ha afectado a las mujeres; han afectado
todos. Y en el contrato de aprendizaje tenemos que, desde que
se ponen en vigor las medidas, se han formalizado 39.802. De
ellos, un 66,9 por ciento han correspondiedo al colectivo
masculino, y un 33,1 por ciento al colectivo femenino. Por
tanto, está en el equilibrio de la ocupación general que
representa varones y mujeres: 66-34. Con respecto al de
prácticas, la subida de mujeres es
impresionante, y de los 6.140 contratos suscritos en el mismo
período, desde que se ponen en marcha las medidas, tenemos que
el 50,1 por ciento se han suscrito por varones, y el 49,9 por
ciento por mujeres. Si lo ponemos en relación con las tasas de
ocupación, resulta que la tasa de ocupación femenina es del
34; por tanto, si casi alcanza al 50 por ciento, está por
encima de lo que correspondería a su tasa de ocupación. Este
parece que es un buen sistema de inserción, una vez que se
tiene la formación; es decir, el factor educacional y el
factor de ese enorme y extraordinario aumento de la formación
en las mujeres, se deja sentir en este tipo de contrato en
prácticas desde que se ha puesto en marcha.
Con respecto al contrato a tiempo parcial, discrepo
totalmente, aparte de la puntualización que es absolutamente
necesario hacer. Los contratos en prácticas que se han hecho
desde que se ponen en marcha las medidas ascienden a 155.354,
pero también el porcentaje es muy llamativo, es un 60,4 de
mujeres y un 39,5 de hombres,
es decir, la tendencia cambia bastante respecto a la situación
anterior. En cuanto al porcentaje de contratos a tiempo
parcial, del total de la ocupación, según los datos de los
últimos años, tenemos que un 14,2 corresponde a mujeres y un
2,4 a varones. Querría esto decir que, probablemente, por la
nueva situación del mercado de trabajo y por la nueva acogida
que en las empresas está teniendo el contrato a tiempo
parcial, por muchas razones, que podemos analizar, se está
invirtiendo la tendencia y se está llegando a un equilibrio,
de tal modo que tanto hombres como mujeres hacen uso del
contrato a tiempo parcial, y ése es un objetivo. Usted ha
citado precisamente el texto de la OCDE, de diciembre de 1991,
«Conducir el cambio estructural». Es verdaderamente
interesante este documento, pero ahí lo que se dice
fundamentalmente es que lo que hay que conseguir en el cambio
estructural que se está produciendo en el mercado de trabajo
es un papel activo de las mujeres, y ese papel activo de las
mujeres tiene que ver con los tipos de contratación nuevos que
aparecen. Aparece el contrato a tiempo parcial, como un
contrato que va a tener en el futuro una incidencia mucho
mayor, y también el autoempleo y todo lo que es el empleo en
cooperativas. Luego en ese trabajo lo que se dice es que
corresponde impulsar un papel activo de la mujer en la
economía y, por tanto, un papel activo en el cambio
estructural. Y le diré otra cosa, que es llamativa. El
contrato a tiempo parcial ya aparece en el Libro Blanco como
un contrato estrella para el futuro, pero para hombres y para
mujeres. Es decir, que ese cambio que todos y todas
pretendemos de que haya un equilibrio en un reparto de las
responsabilidades en el ámbito privado y de las
responsabilidades en el ámbito público, tiene que ver mucho
con las nuevas formas del mercado de trabajo y los cambios
estructurales que se están produciendo a nivel social. Y, por
primera vez en la historia, además, los cambios sociales, los
cambios familiares y las estructuras familiares están teniendo
incidencia en la economía. Y ahí le diré, señora Diputada, que
el contrato a tiempo parcial ha evolucionado desde un estatuto
de excepción, desde una consideración de algo excepcional y
minoritario, hacia un modo de trabajo normal y aceptado,
todavía no en la medida en que se pueda producir en un futuro,
y de hecho ya existen medidas en otros países europeos en este
sentido. No hay por qué demonizar el contrato a tiempo
parcial. El contrato a tiempo parcial al que usted se ha
referido, el de menos de 12 horas a la semana y 48 al mes,
tiene un tratamiento totalmente distinto, porque es un trabajo
que tiene un tiempo mínimo de dedicación. Otra cosa es el
contrato a tiempo parcial, que ahí tenemos la contratación
como siempre se había producido, con la diferencia enorme que
se está produciendo en el equilibrio, de tal forma que vamos a
un 60/40. Lo ideal sería que fuera un contrato utilizado
equilibradamente por hombres y por mujeres. Pero incluso ese
60/40, ese 60,4/39,5, si lo ponemos en relación con la
ocupación, sería equilibrado con lo que es la ocupación hoy. Y
no podemos olvidar que estamos en una situación de evolución y
que, aunque buscamos como objetivo futuro el que la mujer se
incorpore sin discriminación, en igualdad con los demás y con
todo tipo de posibilidades en formación y en promoción, en esa
igualdad de trato que preconizamos, eso no quiere decir que
hoy sea una realidad. Vamos caminando hacia ese futuro y a mí
me parece que estas medidas de fomento del empleo y de la
ocupación, que lo que hacen es intentar crear empleo y, en un
momento futuro de reactivación de la economía, estar en
condiciones de que esas personas estén ya insertadas en el
mercado de trabajo y que se combine la formación necesaria con
el aprendizaje que significa entrar en el mercado de trabajo,
favorecen a las mujeres. Y favorece a las mujeres no sólo el
contrato a tiempo parcial, también el de aprendizaje, porque
no olvidemos que la tasa de desempleo femenina en las mujeres
jóvenes es superior incluso a la de los hombres jóvenes, y ese
contrato de aprendizaje a mí me parece muy positivo, pero para
los hombres y para las mujeres, y probablemente también
beneficie especialmente a las mujeres. Por eso, desde luego,
creo que no se puede ver como negativa la reforma, muy al
contrario; el tiempo lo dirá, porque todavía es pronto, quizá,
para plantear que los resultados son muy
positivos.
El análisis que yo hago de los resultados que hasta ahora nos
dan las contrataciones es positivo. Dada la estructura del
mercado de trabajo, las reformas que se han llevado a cabo, la
necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo, romper con
las rigideces que había está generando una situación de
contratación que es muy positiva para todos, para hombres y
para mujeres, y,
especialmente, desde luego, el contrato a tiempo parcial,
también para las mujeres, lo cual no supone renunciar en
absoluto a los logros que hemos obtenido y, menos aún, a los
logros que tenemos que ir obteniendo en un futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Ministra. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora
Urán González, del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, señora Ministra, lo
primero, quiero decirle que me ha dejado sorprendida y
perpleja su tuno de voz. No es necesario estar tan agresiva,
puesto que lo que estamos buscando es lo mejor para la
integración de las mujeres, no solamente en el mercado
laboral, sino en todos los ámbitos de la sociedad.
Quiero decirle también que no puedo compartir sus criterios,
señora Ministra, porque el contrato de aprendizaje, que ha
sido utilizado por un 33 por ciento de mujeres jóvenes,
fundamentalmente, deja tanto a las mujeres como a los varones
totalmente desprotegidos, no garantiza su formación, pero sí
va a ser una mano de obra barata y, además, sin coberturas
sociales. Señora Ministra, el informe de la OCDE dice
clarísimamente que el contrato a tiempo parcial no soluciona
la incorporación de las mujeres al mercado laboral, y en
ningún momento dice que sea un contrato hecho para hombres y
mujeres. Lo que sí dice el informe de la OCDE es que hay que
flexibilizar los horarios de trabajo, para compatibilizar las
mujeres y los hombres su jornada laboral a tiempo completo con
sus responsabilidades familiares. Eso sí lo dice el informe de
la OCDE; lo que no dice es que el contrato a tiempo parcial
sea bueno, sino todo lo contrario, que no es bueno, que además
es marginal, que genera dos clases de
trabajadores: los trabajadores a tiempo parcial y los
trabajadores a tiempo completo, porque no tienen acceso a la
formación, no tienen posibilidades de promoción profesional y
porque no son fijos en su puesto de trabajo.
Señora Ministra, yo creo que aquí hay muchas más cosas todavía
que nos afectan a las mujeres, y una de ellas son las empresas
privadas de colocación, que aunque aún no están aprobadas,
están ya funcionando de una manera determinada. Los propios
sindicatos ya nos están diciendo que a las mujeres nos
perjudica todo este entramado que ustedes están modificando,
por la sencilla razón de que nada nos garantiza que se vaya a
cumplir el principio de igualdad ante un puesto de trabajo. En
las demandas de trabajo, sin especificar a quien iban
dirigidas, y en iguales condiciones, la mujer se ha quedado
fuera y la empresa de colocación le ha dado el puesto de
trabajo a un hombre, con lo cual, señora Ministra, a nosotros
lo que nos parece claro es que todas estas medidas están
fundamentalmente perjudicando a las mujeres; que el acceso de
las mujeres a los puestos de trabajo se está poniendo cada vez
más difícil; que después de tener cuatro millones de parados
en este país, ya hay una gran parte de mujeres expulsadas del
mercado laboral y que con estas medidas no se las va a ayudar
a integrarse, sino todo lo contrario: cada vez más van a estar
en una situación más precaria y cada vez más decidirán
quedarse mejor en casa para no tener que hacer la doble
jornada, porque, además, no se nos ponen las estructuras
necesarias para poderlo compatibilizar.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor
Presidente, señorías, señora Diputada, quiero decirle que me
excuse, que no he querido ser agresiva, sino que ha sido para
explicarme mejor; que es --digamos-- mi forma de expresarme en
este momento, pero que, en modo alguno, he querido expresar
agresividad.
Creo que estamos todas en una misma línea de trabajo, buscando
la mejor forma de que las mujeres no se perjudiquen. Lo que
veo es que discrepamos respecto a las posibilidades sobre las
medidas que hemos tomado con motivo del Real Decreto sobre
fomento de la ocupación.
A pesar de lo que muchos han dicho, y usted hoy reitera aquí,
hablando del contrato de aprendizaje, este contrato es uno de
los instrumentos más válidos que tenemos para la inserción de
las personas, sobre todo los jóvenes --hombres y mujeres--,
por primera vez en el mundo laboral. Es muy importante y se ha
visto que ha surtido efectos. Lógicamente, este contrato tiene
ese doble ámbito: lo que significa desde el punto de vista
práctico del día a día, que se aprende trabajando, y, además,
el 15 por ciento del tiempo dedicado a formación. No reúne las
características de los contratos que van dirigidos a personas
que están en otras condiciones, incluso las que tienen una
formación, como puede ser el contrato en prácticas, pero a mí
me parece que no se trata de rechazarlo.
Durante mucho tiempo se ha fomentado la figura del aprendiz,
que ha existido y existe en muchos países. Creo que es bueno
que haya ese tipo de contratos y que no es discutible que todo
ese grupo de personas desempleadas, sobre todo jóvenes, entren
en el mercado de trabajo. Incluso les puedo decir que ha
habido encuestas entre las mujeres, realizadas por la
Asociación de Mujeres Jóvenes, y han pedido que no hubiera
límite de edad. El límite de edad se ha discutido mucho; de 16
a 25 años, e incluso, como son tres años, se puede llegar
hasta los 28. Ha habido mujeres de asociaciones jóvenes a las
que les hubiera gustado que no fuera el límite a los 25 años,
porque prefieren entrar en el mercado laboral, aunque sea con
una fórmula como ésta, que no es la óptima; es una forma de
entrar, una forma de formarse, una forma de aprender y algo
muy positivo para esas personas, para las que, en un momento
de reactivación de la economía, en un momento de creación de
empleo masivo que pueda producirse en un futuro, cuando
estemos en condiciones de crear empleo, será muy bueno tener
esa formación. Usted dice que el informe de la OCDE no
soluciona el tipo de contrato parcial. Al analizar la
flexibilidad horaria, el informe de la OCDE alude al tiempo
parcial y en algunos aspectos se refiere también al tiempo
parcial en otros países. En España el contrato a tiempo
parcial no tiene ninguna, digamos, descalificación desde el
punto de vista de las protecciones, con la especificidad de
que tiene un tiempo determinado. El hecho de que tenga una
mayor precariedad se refiere al supuesto
que le he comentado: que sean más de 12 horas y menos de 48.
Usted se ha referido también a las empresas privadas de
contratación. Aquí, en general, ante cualquier cosa que tenga
relación con lo privado surge en seguida el prejuicio de que
la privada lo va a hacer totalmente en contra de los derechos
de los trabajadores. La verdad es que no sé por qué, pero yo
no tengo ese prejuicio. La empresa privada tiene la misma
obligación que la pública de cumplir con la Constitución, de
cumplir con la no discriminación, de cumplir con las normas
vigentes y si no lo hace está sometida a sanciones e
infracciones. En principio yo no tengo esa actitud negativa
respecto a la existencia de empresas privadas de contratación,
siempre y cuando,
naturalmente, cumplan con los requisitos y con los
planteamientos de lo que son los principios generales en
cuanto a la igualdad y a la no discriminación.
En cualquier caso, creo que este desarrollo ha sido positivo.
Hasta el momento lo que estamos viendo es que hay bastante
inserción, bastante entrada en el mundo laboral a través de
estos contratos, especialmente para las mujeres. Además, le
diré algo ya que pregunta qué se está haciendo en relación con
las mujeres. Tenemos todos los programas específicos que se
hacen desde el Instituto de la Mujer en colaboración con el
INEM, con el programa NOW, como los programas de formación e
inserción, los planes especiales en colaboración con el INEM;
ahí se está trabajando en una línea muy positiva. Creo que en
esa línea también se consigue la formación y la inserción de
mujeres en el ámbito laboral.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Ministra. ¿Grupos que desean fijar su posición en este debate?
(Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo con el mejor ánimo de
aportar reflexiones y serenidad en este tema. La reforma
laboral no se hace contra nadie y menos contra la mujer. La
reforma laboral se hace a favor de todo el mundo. Podemos
equivocarnos, pero estamos haciendo la reforma laboral a favor
de todo el mundo.
Si tuviésemos la evidencia de que la reforma laboral iba a
perjudicar a un determinado sector de ciudadanos --hombres y
mujeres-- trataríamos de evitarlo. Den ustedes una oportunidad
a la reforma laboral. Llevamos dos meses elaborándola, no la
hemos ni dictaminado todavía y está dando pasos positivos. La
señora Ministra ha dado unas cuantas cifras, pero me parece
que no les han convencido por lo gestos que han hecho. Sin
embargo, son hechos objetivos que están ahí. Sin esas tres
nuevas posibilidades de contratación no estarían trabajando
esas mujeres y esos hombres. No es verdad, señora portavoz de
Izquierda Unida --y no debería decirlo--, que quedan
totalmente desprotegidas las personas contratadas en estas
tres modalidades. ¿Por qué dice eso? No es verdad. Ha habido
un error en la contratación de aprendices respecto a la
maternidad y se ha corregido. ¿Por qué dicen ustedes que los
dejan totalmene desprotegidos? No creo que ése sea el mensaje
que la sociedad, e incluso sus propios votantes, esperan de
ustedes ni de nosotros. Creo que lo que esperan las 740.000
personas que en este momento no encuentran su primer empleo
son posibilidades de apertura para entrar en las empresas,
para ingresar en el mundo del trabajo de alguna manera. Ya sé
que no les gusta que se diga «de alguna manera», pero indiquen
otra manea, porque hasta ahora no la dicen.
¿Cómo incentivan ustedes --espero que en la moción nos lo
digan--al empresariado para que contrate con otras fórmulas
distintas? Todos desearíamos poder volver a las épocas de
pleno empleo, a los contratos indefinidos, que las empresas no
tuviesen riesgos de desaparecer y que, por tanto, pudieran
mantener una plantilla lo más amplia posible. Dígannos
ustedes, en una época de crisis como la actual, cómo se hace
eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hinojosa,
céntrese en el contenido de la interpelación y no tanto en las
posturas que mantenga uno u otro grupo.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, le confieso mi
incapacidad para hacerlo de otra manera. En todo caso, dejaré
de hablar, pero me parecía que estaba refiriéndome al tema.
Se acaba de hacer una afirmación diciendo que se quedan
desprotegidas las personas contratadas con estos tres tipos de
contratos. Mi Grupo ha votado a favor, por lo que creía que
estaba tratando de este tema. Voy a decir una cosa, y con ello
concluyo. Hay que reconocer --y parece que no se hace así--
que la situación es grave para todo el mundo. En el número 12
de la revista dedicada a la mujer, página 37, segundo párrafo,
aparece cómo evoluciona la tasa de actividad por sexos y
grupos de edad entre los años 1990 y 1993. Les ruego que
analicen estos datos y vean ustedes qué ocurre con las mujeres
y con los hombres. En esos tres años la tasa de ocupación de
las mujeres ha crecido en un 1,58 y la tasa de ocupación de
los hombres ha decrecido en un 2,17. No hago ninguna
comparación, simplemente digo que la situación es mala para
todo el mundo y que lo que hay que buscar son alternativas.
Eso es lo que busca, señor Presidente, la reforma laboral, que
merece una oportunidad, y por ello estamos votando a favor de
la misma. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la
señora Sainz García.
La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, señora Ministra,
señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición en nombre
de mi Grupo en relación con la interpelación de Izquierda
Unida. De alguna manera es necesario hacer referencia también
a la contrarréplica de la señora Ministra. Pero a mí me surge
una duda porque creo que han sido dos las contrarréplicas y,
por lo tanto, como no estoy de acuerdo con las dos posiciones
tendré, en el momento en que fije la posición del grupo, que
hacer referencia también a ese inconformismo que tenemos las
mujeres en relación con esa posición en el mundo laboral.
Señorías, señora Ministra, la política económica del Gobierno
socialista yo la calificaría de imposible para que los hombres
y las mujeres --estamos refiriéndonos en la interpelación a la
situación especial de las mujeres--puedan acceder a un puesto
de trabajo.
Usted, señora Ministra, es miembro de un Gobierno que ha sido,
eso sí, maestro en destruir empleo, masculino y femenino. ¿Con
qué? Con la política económica. Nuestro grupo conoce la
magnitud y las consecuencias del desempleo en este país, que
naturalmente afecta a toda la sociedad, señor Hinojosa, pero
de manera más grave, en una mayor proporción, a las mujeres, a
las que este Gobierno socialista ha hecho protagonistas del
paro;
protagonistas del paro en España y protagonistas en relación
con el paro femenino europeo. Las tasas las conocemos. Las de
paro femenino son muy superiores a las de paro masculino, y
duplicamos la tasa media de paro de la mujer en la Comunidad
Europea. Las mujeres son protagonistas, por lo tanto del paro.
Se ha hecho referencia de la crisis general, a la recesión
económica. Esa es una coraza que el Gobierno se pone para
diluir la responsabilidad muy importante que tiene en este
tema. Desde luego, las mujeres españolas querríamos tener la
tasa de paro que existe en otros países que también tienen
crisis económica. Vayamos por partes. Ustedes no han impulsado
en este país el recurso, el potencial que supone la mano de
obra femenina para acercar, entre otras cosas, a nuestro país
al grado de competitividad que existe en otros países. Durante
muchos años nuestro Grupo lo venía diciendo y le interpelaba
en este sentido, y hablaba de que había que hacer unas
reformas estructurales importantes. Se autocomplacían, y, en
todo caso, hacían
referencia a algo que esta tarde usted también aquí puso como
ejemplo de lo que suponía la política para inserción de la
mujer en el mundo laboral.
Tengo aquí las estadísticas sobre el acceso de la mujer al
mundo del trabajo. Son un buen ejemplo (usted a lo mejor no
las conoció porque no era miembro de aquel gobierno) y algunos
miembros del Gobierno socialista el año pasado reconocieron
que era un fracaso. Estos son los datos del año 1993: en
enero, 19 mujeres, en toda España; en febrero, 38 mujeres; en
marzo, 61. Esa es la proporción, ése es un ejemplo de lo que
usted esta tarde, cuando respondía a una pregunta de una
Diputada que es socialista y está en el escaño, ponía como
medida para fomentar el empleo.
Nuestro Grupo venía instando al Gobierno para que se llevasen
a cabo reformas laborales y económicas que permitiesen
insertar a los ciudadanos, pero a las mujeres de una manera
especial, en el mundo laboral. Teníamos razón porque ustedes
hace unos meses han dicho que había que hacerlo, pero la razón
jamás se la han reconocido al Grupo Popular. Hace dos meses
nos presentan unas medidas que aquí han defendido con energía
y que usted hoy ha considerado que eran extraordinarias para
la integración de la mujer en el mundo laboral. Creo que lo
han hecho de una manera improvisada, porque no han coordinado
muchas de las acciones necesarias, y, por otra parte, hay
bastante incoherencia. ¿Por qué? Se ha hablado de los
contratos a tiempo parcial y usted ha defendido, frente al
argumento que se utilizaba en la moción, la bondad de los
contratos de aprendizaje. ¿Qué dijo nuestro Grupo? Lo sabe
perfectamente. Que estos contratos no eran de aprendizaje (si
lo fueran nuestro Grupo los apoyaría) porque no estaban
conectados con la parte fundamental, formativa y necesaria. ¿Y
por qué? Porque el programa nacional de formación profesional
sigue estando en el aire, sigue siendo una importante y
gravísima asignatura pendiente de este Gobierno y seguimos
preguntando por el catálogo de cualificaciones profesionales.
Noticias tenemos de nuevas comisiones, que incluso hoy creo
que se constituían para ir sacándolo adelante. Sin embargo,
ustedes ya han puesto en marcha esos contratos que no tienen
ningún tipo de conexión con la formación necesaria. Lo
denunció nuestro grupo aquí, porque si no se tomaban esas
medidas formativas sería un camino abierto para el contrato
barato. Y, naturalmente, su aplicación nos va dando la razón.
¿Y por qué lo decimos? Usted hablaba de que ha servido para
insertar a muchas mujeres. Pues las mujeres constituimos la
población que, desgraciadamente, tenemos menos nivel de
instrucción, señor Hinojosa, y tampoco nos conformamos con
eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Sainz, tiene
que fijar su posición respecto a la interpelación. No respecto
al señor Hinojosa, que ha fijado la posición de su grupo. El
señor Hinojosa no es el autor ni el que ha presentado la
interpelación.
La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, he hecho una
referencia porque de alguna manera contradecía los argumentos
que habían sido utilizados. De todas formas, yo le digo que
constituimos la población --y las mujeres no nos conformamos--
que tenemos un nivel de instrucción más bajo. Esto es
preocupante. Las cifras son elocuentes: mujeres analfabetas,
1.170.000; sin estudios, 2.806.000; sólo con estudios
primarios, 6.040.000; estudios medios, 4.024.000. Total, 14
millones de mujeres que no tienen nada más, a lo sumo, que
estudios medios.
Usted, señora Ministra, no puede instalarse en la
autocomplacencia. Yo no voy a hablar del tono agresivo o no,
pero desde luego aquí se ha instalado en la autocomplacencia
de las medidas que este Gobierno estaba llevando a cabo para
crear, para incentivar a la mujer en el mundo del trabajo. Y
no puede, porque para nosotros...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Sainz García,
vaya concluyendo.
La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor Presidente, termino en un
momento. Decía que para nosotros ustedes se han olvidado --y
por eso nos hacemos eco de esta interpelación y fijamos
nuestra posición crítica hacia el Gobierno--de la parte
formativa, cuando la formación, a juicio del Grupo Popular, es
un instrumento de política activa de mercado de trabajo y
desempeña un papel fundamental contra el paro. (La señora
Romero López pronuncia palabras que no se perciben.)
Señora Diputada, yo he tenido respeto con usted, a pesar de
que llamó vergonzantes las propuestas hechas por el Grupo
Popular e intervino en esta Cámara, señora Romero. Creo que el
mismo respeto merecemos todas las Diputadas de esta Cámara.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Sainz, mantener
el orden corresponde a la Presidencia. Vaya terminando ya.
(Rumores.) Silencio, señorías.
La señora SAINZ GARCIA: Termino ya, señor Presidente, diciendo
que creemos que las medidas de fomento que el Gobierno
Socialista ha puesto en marcha no van a facilitar la
integración de la mujer en el mercado de trabajo y la
reinserción de las paradas de larga duración, que también
somos más. Para nosotros esto es realmente preocupante.
Nuestro grupo conoce otros medios, sabe que hay otras
posibilidades y tiene muy claro que el empleo es escaso para
todos los españoles. Pero es más escaso para la mujer. La
marginalidad en el trabajo atípico la conocen las mujeres
mejor que los hombres. Y pensamos --y con ello concluyo-- que
estas medidas no van a dar respuesta...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Sainz, termine
ya, por favor.
La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor Presidente.
No van a dar respuesta a las necesidades y expectativas de las
mujeres. Estaremos a la espera de las propuestas de la moción
y seguro que nuestro grupo contribuirá también decididamente a
ese avance en el camino de la integración y de la reinserción
de la mujer en el mundo laboral.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, comunico a SS.SS. que el Pleno se reanudará
mañana, a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.