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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 42, de 20/01/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 42 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesiones Plenarias núms. 40 y 41 (extraordinarias)
celebradas el jueves, 20 de enero de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:



I.Debates de totalidad de iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley de medidas urgentes de fomento de la
ocupación. (Procedente del Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de
diciembre.) («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
A, número 41.1, de 4 de enero de 1994) (número de expediente
121/000030) (Página 1937)



I.Debates de totalidad de iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley por la que se modifican determinados
artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral. («Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 42.1, de 4
de enero de 1994) (número de expediente 121/000032) (Página 1954)
--Proyecto de Ley por la que se regulan las empresas de
trabajo temporal. («Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie A, número 43.1, de 4 de enero de 1994) (número de
expediente 121/000033) (Página 1954)



Página 1932




II.Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:



--Real Decreto-Ley 20/1993, de 22 de diciembre, por el que se
prorroga el plazo que se establece en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de
regulación del tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal. («Boletín Oficial del Estado», número 310,
de 28 de diciembre de 1993) (número de expediente 130/000009)
(Página 1984)
--Real Decreto-Ley 21/1993, de 29 de diciembre, por el que se
modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los
Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

(«Boletín Oficial del Estado», número 313, de 31 de diciembre
de 1993) (número de expediente 130/000010) (Página 1988)



SUMARIO



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 1937)



Proyecto de ley de medidas urgentes de fomento de la
ocupación. (Procedente del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de
diciembre) (Página 1937)



En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo
presentada por el Grupo Izquierda Unida interviene el señor
Peralta Ortega, manifestando que la ruptura del diálogo
social, consecuencia de la decisión unilateral del Gobierno de
convertir en disposiciones legislativas sus planteamientos en
materia de reforma del mercado laboral, ha suscitado una
profunda conmoción en la opinión pública de nuestro país y
especialmente entre los trabajadores. Muchos ciudadanos se
preguntan qué ha pasado para que un Gobierno elegido escasos
meses antes, en buena medida por su compromiso con el diálogo
social para mantener el Estado de bienestar, haya dado por
finalizado ese diálogo y acordado un paquete de medidas
difícilmente conciliables con la idea y la realidad del Estado
de bienestar en nuestro país. Es propósito de Izquierda Unida
profundizar en el debate sobre las medidas adoptadas por el
Gobierno, debate iniciado el pasado 28 de diciembre desde la
convicción de que existen otras medidas distintas y posibles,
y ello justifica la presentación de esta enmienda de texto
alternativo. Sin embargo, la rotunda voluntad del Grupo
Socialista de no aceptar ninguna reforma a las normas
propuestas no les permite albergar esperanzas acerca del
resultado de la votación sobre este texto.

En relación con la ruptura del diálogo social, rechaza el que
la misma sea debida a los sindicatos, que en ningún momento
rompieron el diálogo con el Gobierno, a pesar de las medidas
adoptadas por éste en los últimos meses, algunas tan
importantes como la reforma del sistema de revalorización de
las pensiones, el recorte de los subsidios de desempleo o la
modificación del régimen jurídico de los funcionarios, medidas
todas ellas de enorme trascendencia y que en su conjunto
afectaban a más de nueve millones de ciudadanos. En opinión de
Izquierda Unida, la ruptura del diálogo social decidida por el
Gobierno hay que imputarla al propio carácter desequilibrado y
regresivo del amplio conjunto de medidas propuestas, junto a
su decisión de no modificarlas ni transigir en parte alguna
sustancial. Así, se encuentran hoy con este proyecto de ley
que, sin duda, es la norma emblemática de la reforma laboral y
una buena muestra de las características regresivas que
adornan todo el conjunto de medidas.

Se preguntan si puede hablarse con rigor de que se esté
contribuyendo a mantener el Estado de bienestar creando un
contrato de aprendizaje que se pretende que alcance a cientos
de miles de jóvenes hasta los 28 años de edad y a los que se
excluye de derechos básicos del Estado de bienestar tales como
son la protección por desempleo, la cobertura económica por
enfermedad o la cobertura económica por maternidad. Se trata
de una exclusión que afecta a derechos básicos del sistema de
protección social español.

Desde una perspectiva social estas medidas en modo alguno le
merecen un juicio positivo, en cuanto que no han implicado más
que el abaratamiento de la mano de obra y de forma
indiscriminada.

Termina resaltando la necesidad de reapertura del diálogo
social sobre estos temas.




Página 1933




En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo
presentada por el Grupo de Coalición Canaria interviene el
señor Mauricio Rodríguez. Expone que la reforma del mercado de
trabajo que presenta el Gobierno a través de los tres textos
que
debatirán a lo largo del día de hoy significa, en su conjunto,
una modificación importante de las relaciones laborales en
España. Piensa que el primer debate que se debería tener en
este Congreso es si la reflexión que hace el Gobierno, y que
subyace en los proyectos de ley que hoy se presentan, sirve
para hacer frente a la crisis económica española, que hay que
poner el acento, como hace el Gobierno, en que el déficit
público debe corregirse urgentemente por la vía de recortes en
las prestaciones sociales y que la competitividad de nuestra
economía debe basarse esencialmente en una reducción de los
costes laborales.

Considera que el conjunto de medidas que se proponen no tratan
únicamente de la desregulación o flexibilización de
plantillas, en nombre de una pretendida modernización, sino
que está basado en la idea de que en este país los costes
laborales han crecido excesivamente a lo largo de los últimos
años y ello nos impide ser competitivos. Aun reconociendo los
menores costes laborales en los países de la cuenca del
Pacífico, cree que la cuota de mercado que estamos perdiendo
en España en los últimos años, y cuya consecuencia es el paro
y la falta de competitividad, no se debe tanto a los países
del tercer mundo como a los propios países europeos, que son
más competitivos a pesar de tener costes laborales mucho más
altos que nosotros. En consecuencia, debe reflexionarse acerca
de si es sólo un problema de costes laborales y de déficit
público o más bien se trata de un conjunto complejo de medidas
entre las que, lógicamente, están los costes laborales, el
déficit público y la reforma del mercado laboral, por cuya
modernización su Grupo apuesta.

Sin embargo, en lugar de seguir la línea escogida, son
partidarios de hacer frente a los retos de la nueva época con
equilibrio, con responsabilidad y mediante el diálogo y el
consenso social imprescindible para que una reforma laboral
tenga éxito. Ahora bien, es difícil llegar a este consenso a
través de un diálogo de sordos como el que han presenciado
estos meses, con opiniones preconcebidas, actitudes que
parecían cerradas y amenazas de que o se negocia o, en todo
caso, se harán las reformas necesarias. Entiende que el
Gobierno en absoluto ha negociado, al menos con el Grupo de
Coalición Canaria, que se ha visto así privado de exponer su
opinión sobre estas medidas de modernización del mercado
laboral, que, insiste, son necesarias, pero el Gobierno está
cargado de posiciones dogmáticas «a priori» que no le permiten
llegar a soluciones de consenso.

En cuanto al texto alternativo que presentan señala que se
realiza modestamente como una propuesta de diálogo, dispuesta
a ser corregida en todo lo que parezca razonable y que, frente
a la actitud cerrada del Gobierno, intenta demostrar que
existe otra vía posible para la reforma del mercado laboral
desde situaciones de equilibrio entre las fuerzas y las
relaciones laborales, sin retroceder a situaciones ya
superadas. En este sentido desearía que el Gobierno se
pronunciase diciendo si está dispuesto realmente a abrir una
vía de diálogo en el trámite de enmiendas en relación con las
grandes cuestiones contenidas en estos proyectos de ley.

Desearía que este diálogo se produjese al menos con los grupos
parlamentarios, diálogo al que, desde luego, está abierta
Coalición Canaria.

En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene,
en representación del Grupo Socialista, el señor Méndez
Martínez, manifestando que las enmiendas de totalidad con
texto alternativo presentadas al proyecto de ley procedente
del Decreto-ley 18/93, siendo legítimas iniciativas
parlamentarias, contienen aspectos que calificaría de
estrambóticos y que responden a filosofías que se basan más en
mantener la controversia con el Gobierno que en propuestas
formalmente realistas. No se introducen en esos textos
alternativos propuestas que cuestionen el fondo o las
iniciativas del Gobierno, pero sí se introducen, en cambio,
afirmaciones poco rigurosas y se proponen soluciones basadas
en la creación de un laberinto de nuevos órganos
administrativos, institucionales y políticos, en el caso de la
enmienda de Coalición Canaria, o bien contienen propuestas
descaradamente ineficaces y oportunistas, en el caso de la
enmienda de Izquierda Unida.

Está de acuerdo en la necesidad de acometer cambios profundos
en todos los niveles del sistema productivo ante unos
problemas que aquejan por igual a todas las economías
industriales y que exigen adaptarse a las nuevas
circunstancias del mercado para seguir siendo competitivos y
crear empleo y riqueza. En este sentido reconoce que hay que
invertir en educación, formación profesional, investigación y
desarrollo, mejora de los procesos productivos, pero también
en la reducción de costes y la modernización del mercado
laboral.

Partiendo de ese reconocimiento, los socialistas piensan que
estas reformas necesarias han de ser globales y no parciales,
ya que no caben decisiones basadas en la vuelta a un sistema
de autarquía o aislamiento, como tampoco cabe la vieja y
clásica receta de expansión del déficit público. Por supuesto,
tampoco cabe renunciar, y los socialistas



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no lo propondrían, a las conquistas sociales del Estado de
bienestar sobre el que se asientan nuestras políticas de
defensa de la igualdad, de la libertad y de la solidaridad.

Pero tenemos problemas estructurales en el mercado de trabajo
que no se resuelven espontáneamente, ni siquiera cuando la
situación económica del país es más favorable, con realidades
objetivas, como la de un elevado paro juvenil, la escasa
presencia de la mujer en el mercado de trabajo y el desempleo
de larga duración, que es preciso resolver.

Ahora bien, no se trata de introducir cualquier reforma sino
aquellas adecuadas para resolver nuestras rigideces y que sean
aceptables para la sociedad y los interesados. El Gobierno
hubiera deseado que estas reformas fueran objeto, en su
momento, del Pacto Social, y a éste se intentó llegar con
acuerdos que no culminaron con éxito, pero más allá de desear
ese pacto está el hecho de que la sociedad exige decisiones y
soluciones. Por tanto, presentan hoy ante la Cámara un
conjunto de soluciones y decisiones globales equilibradas,
equitativas y efectivas, que se podrán discutir en sus matices
pero no en el fondo, porque además son soluciones adaptadas al
marco europeo, a aquellas sociedades que tomamos como
referencia del bienestar y del progreso. Agrega que se trata
de soluciones aceptables para los jóvenes y sus familias y
adecuadas para quienes deben emplearlos y formarlos,
soluciones que garantizan, además, la equidad y la protección
social, que inspiran confianza y que figuraron en el programa
electoral socialista del pasado 6 de junio.

Expone a continuación algunas características de los proyectos
objeto de debate, a la par que resalta las contradicciones en
que incurren los textos alternativos presentados por Coalición
Canaria e Izquierda Unida, para terminar expresando la
necesidad de que los ciudadanos reciban un mensaje claro de
esta Cámara a través de la adopción de decisiones estratégicas
adecuadas a los problemas que tenemos que resolver.

Replican los señores Peralta Ortega y Mauricio Rodríguez,
duplicando el señor Méndez Martínez.

Para fijación de posición intervienen los señores Albistur
Marín, del Grupo Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco
(PNV); Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y Aparicio Pérez, del Grupo Popular.

Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto
alternativo del Grupo de Izquierda Unida, es rechazada por 18
votos a favor, 296 en contra y ocho abstenciones.

Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto
alternativo de Coalición Canaria, es rechazada por 23 votos a
favor, 300 en contra y dos abstenciones.

Concluido el orden del día de la primera de las sesiones
extraordinarias, se pasa al tratamiento del orden del día de
la segunda de las sesiones extraordinarias convocadas.




Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 1954)



Proyecto de ley por la que se modifican determinados artículos
del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral (Página 1954)



Proyecto de Ley por la que se regulan las empresas de trabajo
temporal (Página 1954)



Presenta los proyectos de ley, en nombre del Gobierno, el
señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán
Martínez), manifestando que continúan hoy un debate cuyo
planteamiento general fue abordado por este Pleno el pasado 28
de diciembre en relación con la reforma laboral, por lo que
necesariamente habrá de recordar alguna de las cuestiones a
las que entonces hizo referencia.

Afirma que con esta reforma laboral el Gobierno quiere
promover y proteger el empleo, hacer que todo empleo posible
llegue a ser un empleo real, dando solución a nuestro problema
más importante, que es el paro. Para ello presentan una
reforma global y equilibrada que aborda, desde su necesaria
interdependencia, los diferentes aspectos y fases de las
relaciones de trabajo, intentando que sea el diálogo entre sus
protagonistas, los empresarios y los sindicatos, el que sirva
para establecer las reglas de juego fundamentales, no sólo en
lo referente al proceso de formación de rentas sino también en
relación a las condiciones concretas en que se desarrollan las
prestaciones laborales. Desean que sea la negociación
colectiva la fuente más importante de regulación de las
relaciones laborales, porque sólo a partir de la negociación
colectiva es posible alcanzar un alto grado de adaptación de
las empresas a la realidad económica concreta y, al mismo
tiempo, una protección adecuada de los trabajadores. Alude a
las nuevas circunstancias por las que atraviesa la economía
española y europea, con pérdida de competitividad frente a los
nuevos países industrializados, lo que les obliga a abordar
nuevos caminos para restablecer los niveles de bienestar



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europeos. Estas reformas se producen en un momento
particularmente delicado para el viejo continente, con un
sistema tradicional que ha entrado en crisis, lo que obliga a
un
reemplazo paulatino de los sistemas de producción en masa y
exige un marco institucional distinto para el mercado de
trabajo. A ello se une una situación de recesión económica,
que en Europa coincide con profundos cambios estructurales
frente a los que no son suficientes las tradicionales recetas
para la reactivación y consiguiente creación de empleo. En
otras palabras, hay que remover los obstáculos que hoy le
impiden crear empleo y repartir el volumen existente de una
manera más solidaria.

Expone seguidamente varias consideraciones en torno a la
actual situación de nuestro mercado de trabajo y la necesidad
de su adaptación a las nuevas circunstancias, resaltando las
medidas que a estos efectos se contienen en los proyectos de
ley, medidas que se consideran necesarias en este momento
histórico para España, convirtiendo el convenio colectivo en
el instrumento fundamental para conseguir la adaptación de
cada sector
productivo y de cada empresa a las nuevas circunstancias
cambiantes.

En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo
del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al primero
de los proyectos de ley interviene la señora Aguilar Rivero.

Comienza destacando el momento especialmente significativo en
el que se produce este debate, afirmando que o bien este Pleno
significa la reanudación del diálogo social, la suspensión de
la reforma laboral y el inicio del diálogo político, o se ha
tomado una decisión política por parte del Gobierno de la
nación que en esta coyuntura que vivimos se convierte en una
clara provocación con la celebración de este Pleno a una
semana de la huelga general que los sindicatos tienen
convocada en nuestro país. Pero, además de dicha provocación,
entiende que existe una irresponsabilidad política manifiesta
porque con este Pleno se pretende utilizar al Parlamento de
forma partidaria contra los sindicatos, contra los
trabajadores de este país, y situarlos en contradicción con la
propia Constitución española, que recoge como derechos
constitucionales el derecho a la huelga. Agrega que frente al
derecho constitucional de la huelga no se puede ni se debe
utilizar el Parlamento a nivel político, pues éste es el Poder
legislativo, que debe ser un espacio de diálogo político y
nunca un instrumento para utilizarlo como arma arrojadiza
contra nadie, y mucho menos para coartar la libertad
individual ante una convocatoria de huelga general.

El Grupo de Izquierda Unida quiere dejar claro que es posible
otra política y otra forma de hacerlo, sometiendo a debate una
alternativa desde la izquierda, que desea dialogar no sólo en
el ámbito parlamentario sino también en el social, alternativa
que plantea con el objetivo de auspiciar el acuerdo social y
la estabilidad política necesaria para progresar y avanzar en
este país.

Agrega que la reforma que se presenta a la Cámara nos
retrotrae muchos años atrás en lo relativo a derechos
sindicales y a derechos laborales, al negar derechos
constitucionales y derechos humanos, y constituir, en
definitiva, una reforma que reducea cero el diálogo social y
rompe con una tradición democrática como eran los acuerdos
permanentes que se venían celebrando con anterioridad. Piensa
que existe otra política basada en valores concretos, como son
la solidaridad, el progreso, la libertad, el diálogo y la
estabilidad, política que se concreta en la
alternativa de su Grupo, ya que la que ha propuesto el
Gobierno no es la necesaria para España, puesto que no sólo
recoge contenidos profundamente conservadores sino que,
además, trae a nuestro país más paro, precariza el trabajo,
traslada inseguridad e inestabilidad a los trabajadores,
desregula el mercado y, en resumen, nos aleja de esa Europa
que reiteradamente se invoca y del pretendido Estado del
bienestar. Por el contrario, la alternativa que Izquierda
Unida presenta se concreta en una apuesta por sustentar
cualquier acción política sobre el mercado laboral en el
acuerdo social, ya que sin acuerdo social no es posible
imponer, como se pretende, una reforma global del mercado
laboral.

Concluye la señora Aguilar Rivero destacando algunas de las
características más importantes de la alternativa de Izquierda
Unida.

El señor Ríos Martínez defiende la enmienda de devolución
presentada por Izquierda Unida al proyecto de ley regulador de
las empresas de trabajo temporal, y que justifica al
considerar dicho proyecto presentado por el Gobierno como un
mero parche que no aborda en su conjunto y globalidad la
reforma que necesitaría el mercado laboral español. No se
trata sólo de crear empresas de trabajo temporal sino que es
necesario también la reforma del Inem y el desarrollo del
artículo 42 del Estatuto de los
Trabajadores.

Agrega que la reforma que el Gobierno plantea supone volver
cuarenta años atrás y, por otra parte, se dice que hay que
mirar a Europa, como si todos los países europeos hubiesen
incorporado estas empresas de trabajo temporal, cuando no es
así. Por otra parte, a la hora de mirar a Europa sería
necesario mirar la situación laboral en Europa en general,
contemplando también los salarios y prestaciones sociales
parecidas a las que allí existen.




Página 1936




Expone, por último, algunas consideraciones al funcionamiento
de las empresas de trabajo a tiempo parcial, figura de la que
no están en contra, pero cuya puesta en marcha debe realizarse
con los condicionamientos que señala.

En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo de
Coalición Canaria a estos proyectos de ley interviene el señor
Mauricio Rodríguez. Señala que se hallan ante un debate
continuación del que ha tenido lugar anteriormente y en el que
las aportaciones fundamentales del Grupo de Coalición Canaria
son propuestas de diálogo constructivo a efectos de que cada
una de las partes que aparecenenfrentadas hoy en el marco
social no se encierren en sus trincheras, y para que este
Parlamento sea el auténtico mediador dentro del diálogo social
para dar una solución modernizadora y responsable al marco de
las relaciones laborales.

Seguidamente expone algunas de las propuestas concretas
contenidas en el texto alternativo formulado por su Grupo
Parlamentario al primero de estos proyectos de ley.

En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene,
en representación del Grupo Socialista, el señor Arnau
Navarro. Comienza señalando la inexistencia de acuerdo social
en estos momentos, lo cual, evidentemente, no puede determinar
la
suspensión de esta sesión parlamentaria ni de ningunaotra,
como el Derecho parlamentario y la democracia exigen. Saben
que el Gobierno no ha escatimado esfuerzo a la hora de hacer
su
propuesta de flexibilizar sus posiciones ni, en definitiva, de
alcanzar un acuerdo, lo que no puede decirse ni predicarse de
todas las partes que han intervenido en esta negociación. Sin
embargo, la falta de acuerdo no debe impedir que los
legisladores asuman su responsabilidad y afronten la reforma
laboral, cuya necesidad nadie discute. A la asunción de esa
responsabilidad la señora Aguilar la ha llamado provocación,
intento de
confrontación social y de coartar la libertad del derecho de
huelga, cuando nada de eso se produce en esta sesión
parlamentaria, que constituye un debate libre sobre la reforma
del mercado de trabajo, un debate plenamente democrático y
parlamentario al que todos deben asistir y responder con
argumentos.

Añade que lo que se debate aquí son los principios de la
reforma laboral, estando muy claros los del Gobierno y del
Grupo
Socialista, que se orientan a reforzar la libertad sindical y
negociación colectiva, a dar mayor protagonismo a los agentes
sociales como vía para crear más y mejor empleo. Los de
Izquierda Unida, en cambio, aparte de que su objetivo es la
huelga general, les parece dirigismo y reforzar un
«garantismo» estatal caduco en la relación de trabajo, aunque
con ello se perjudique la creación de empleo.

En cuanto a Coalición Canaria, reconoce que les tienen
desorientados, ya que por un lado el señor Mauricio habla de
estar totalmente en contra de la posición del Gobierno y del
Grupo Socialista y, a continuación, viene a reproducir casi
literalmente el texto del Gobierno, a la vez que hacen
propuestas de diálogo, que reconoce que es lo más importante
de su
formulación. El Grupo Socialista está dispuesto a recoger esa
propuesta de diálogo y consenso como lo más valioso de la
enmienda de Coalición Canaria.

Completa el turno en contra, en representación del Grupo
Socialista, el señor Barrionuevo Peña. Refiriéndose al
proyecto de ley por el que se regulan las empresas de trabajo
temporal, manifiesta que en las intervenciones de los señores
Ríos Martínez y Mauricio Rodríguez no ha encontrado una
oposición sustantiva al proyecto de ley. El primer enmendante
ha formulado alguna pretensión o exigencia de cautelas
adicionales a las ya previstas en el proyecto de ley, lo cual
puede tratarse en su tramitación parlamentaria, y en cuanto al
representante de Coalición Canaria le invita a que acredite su
buena disposición al diálogo
reconociendo que por su parte no existe nada sustantivo en
contra de este proyecto de ley. Idéntico requerimiento hace al
representante de Izquierda Unida, manifestándole que cuando
fracasa una negociación y no se llega al acuerdo no es
demasiado sincero el atribuir las responsabilidades sólo a una
de las partes.

Replican la señora Aguilar Rivero y los señores Ríos Martínez
y Mauricio Rodríguez, duplicando los señores Arnau Navarro y
Barrionuevo Peña.

Se suspende la sesión a las dos y quince minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

Para fijación de posiciones intervienen el señor González
Lizondo y la señora Rahola Martínez, del Grupo Mixto; el señor
Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Hinojosa i Lucena, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora Villalobos
Talero, del Grupo Popular.

Se procede a la votación de las enmiendas de totalidad de
texto alternativo al proyecto de ley por el que se modifican
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del
texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, siendo
rechazadas las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya por 18 votos a favor, 289 en contra y
siete abstenciones, y la del Grupo de



Página 1937




Coalición Canaria por cinco votos a favor, 290 en contra y 17
abstenciones.

Asimismo se procede a la votación de las enmiendas que
postulan la devolución al Gobierno del proyecto de ley por el
que se regulan las empresas de trabajo temporal, presentadas
por los grupos de Izquierda Unida y Coalición Canaria, siendo
rechazadas por 22 votos a favor, 290 en contra y una
abstención.




Convalidación o derogaciones de Reales Decretos-leyes (Página )



Real Decreto-Ley 20/1993, de 22 de diciembre, por el que se
prorroga el plazo que se establece en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de
regulación del tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal (Página 1984)



En nombre del Gobierno explica las razones que han llevado a
la promulgación del Real Decreto-ley el señor Ministro de
Justicia (Belloch Julbe). Expone que la Ley Orgánica 5/1992,
de 29 de octubre, que entró en vigor el 31 de enero de 1993,
autorizaba al Gobierno para el ejercicio de la potestad
reglamentaria relativa tanto a la aplicación y ejecución del
texto legal como a la elaboración del Estatuto que regulara la
estructura de la Agencia de Protección de Datos. En virtud de
esa potestad reglamentaria, por Real Decreto de 24 de mayo de
1993 se aprobó el estatuto de dicha Agencia, momento en el que
ya estaban convocadas las elecciones generales, lo que supuso
un paréntesis en la plena eficacia y puesta en funcionamiento
de la Agencia de Protección de Datos en cuanto que
correspondía al Gobierno el nombramiento de los miembros del
Consejo consultivo, a propuesta de una serie de organismos e
instituciones, entre ellas el propio Congreso y el Senado. Era
por tanto razonable esperar a que se constituyeran las nuevas
Cámaras y, fruto de ello, el
correspondiente Gobierno.

Expone el señor Ministro los trámites llevados a cabo desde
dicha constitución hasta llegar a la promulgación del Real
Decreto-ley, que espera merezcala convalidación de la Cámara
que en este momento solicita en nombre del Gobierno.

Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Camp i Batalla, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió); López Garrido, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; señora De Palacio
Valle-Lersundi, del Grupo Popular, y señor Navarrete Merino,
del Grupo
Socialista.Sometida a votación, se aprueba la convalidación
del Real Decreto-ley por 272 votos a favor y 14 abstenciones.




Real Decreto-ley 21/1993, de 29 de diciembre, por el que se
modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias
(Página 1988)



En nombre del Gobierno explica las razones que han llevado a
la promulgación del Real Decreto-ley el señor Ministro de
Economía y Hacienda (Solbes Mira). Señala que se trata de una
norma de alto contenido técnico cuyo alcance, oportunidad y
trascendencia explica a la Cámara, aludiendo previamente a los
antecedentes legislativos de la misma. Resalta las principales
modificaciones realizadas a través del Real Decreto-ley y la
necesidad de las mismas, para las que solicita el voto
favorable a su
convalidación desde su convencimiento de la necesidad y
oportunidad de estas medidas.

Para fijación de posiciones intervienen los señores Olarte
Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; Romero Ruiz, del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Cabrera Pérez-
Camacho, del Grupo Popular, y Padrón Delgado, del Grupo
Socialista. Sometida a votación, se aprueba la convalidación
del Real Decreto-ley por 251 votos a favor y 11 abstenciones.

Asimismo se aprueba la tramitación del Real Decreto-ley como
proyecto de ley por 260 votos a favor y dos abstenciones. Se
levanta la sesión a las seis y cuarenta y cinco minutos de la
tarde.




Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE FOMENTO DE LA
OCUPACION (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/1993, DE 3 DE
DICIEMBRE) (Número de expediente 121/000030)



El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión.

Punto único del orden del día: Debate de totalidad
correspondiente al proyecto de ley de medidas urgentes de
fomento de la ocupación, procedente del Real Decreto-ley
18/1993, de 3 de diciembre.




Página 1938




Se han presentado dos enmiendas de totalidad, de texto
alternativo, la primera de ellas por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene la
palabra el señor Peralta. (Rumores.) Señorías, ruego guarden
silencio y ocupen sus escaños. Un momento, señor Peralta.

(Pausa.) Cuando quiera.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, la ruptura del diálogo social, consecuencia de la
decisión unilateral del Gobierno de convertir en disposiciones
legislativas sus planteamientos en materia de reforma del
mercado laboral, ha suscitado, como es público y notorio, una
profunda conmoción en la opinión pública de nuestro país y
especialmente entre los trabajadores. Muchos ciudadanos se
preguntan hoy qué ha pasado para que un Gobierno elegido
escasos meses antes, y cuyo éxito electoral se basaba en buena
medida en su compromiso con el diálogo social para mantener el
estado de bienestar, haya dado por finalizado ese diálogo
social y haya acordado un amplio paquete de medidas
difícilmente conciliable con la idea y con la realidad del
estado de bienestar en nuestro país.

La respuesta a esta pregunta exigía, obviamente, la
explicación por el Gobierno y por ello el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya la interesó con celeridad,
celebrándose la misma el pasado 28 de diciembre, junto con el
debate de convalidación del Real Decreto-ley 18/1993, de
medidas urgentes, avanzada del paquete de medidas decidido por
el Ejecutivo.

El desarrollo de esa sesión del pasado 28 de diciembre, con un
debate adecuado, pero corto, ante la magnitud de temas a
tratar; la persistencia de un elevado interés social sobre
esta materia, la voluntad de nuestro Grupo de profundizar en
el debate concreto de todas las medidas, así como nuestra
convicción de que existen otras distintas y posibles, todo
ello ha motivado al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya a la presentación de esta enmienda de texto
alternativo que ahora debatimos.

La rotunda voluntad del Grupo Socialista, expresada el pasado
día 28 y reiterada con posterioridad, de no aceptar ninguna
reforma de entidad en las normas propuestas, no nos permite
albergar esperanzas acerca del resultado de la votación sobre
nuestro texto. Pero, en todo caso, señorías, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se
considerará
satisfecho si con este debate, y entre todos, contribuimos a
resolver algunas de las preguntas que hoy se formulan tantos
ciudadanos.

¿Por qué se ha roto el diálogo social? En opinión de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la ruptura del diálogo social
decidida por el Gobierno no se ha debido, en modo alguno, a
que los sindicatos, con sus posiciones o con ... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Peralta. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Decía, señorías, que, en opinión de nuestro Grupo, la ruptura
del diálogo social decidida por el Gobierno no se ha debido,
en modo alguno, insisto, a que los sindicatos, con sus
posiciones o con sus presiones, bloquearan la acción política
del Ejecutivo. El Gobierno ha podido durante estos meses
llevar adelante su política, no sólo en el terreno global de
los ingresos y gastos del Estado --y ahí está la reciente
aprobación de la Ley de Presupuestos--, sino también en el
terreno específicamente social. Hay que recordar que el
Gobierno decidió en su momento medidas como la reforma del
sistema de cálculo de revalorización de las pensiones, el
recorte de los subsidios de desempleo, la modificación del
régimen jurídico de los funcionarios, sin que ninguna de tales
medidas, pese a no contar con el acuerdo de los sindicatos,
diera lugar a la ruptura del diálogo o a
convocatorias de huelga. Y no olvidemos que se trataba de
medidas de una enorme trascendencia, tanto por afectar en su
conjunto a más de nueve millones de ciudadanos como por la
propia entidad de cada una de tales medidas. El cambio del
sistema de cálculo de revalorización de las pensiones ha
supuesto que para 1994 se hayan incrementado en un 3,5 por
ciento, en lugar del 4,9 por ciento de la inflación de 1993;
es decir, un 30 por ciento menos de incremento. En el caso de
los funcionarios públicos, a la importante reforma de su
régimen jurídico se venía a añadir el incremento cero de sus
retribuciones para 1994; es decir, en la práctica, la pérdida
de un 5 por ciento, que se suma a la pérdida ya experimentada
en 1993. En definitiva, no cabe en modo alguno achacar la
ruptura del diálogo social decidida por el Gobierno a una
actitud de bloqueo por parte de los sindicatos. En opinión de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la ruptura del
diálogo social, decidida por el Gobierno, hay que imputarla al
propio carácter desequilibrado y regresivo del amplio conjunto
de medidas propuesto. Estas características, de las que era
consciente el propio Gobierno, y por ello ya en el verano
vaticinaba la dificultad del acuerdo, unidas a la decisión de
no modificar ni transigir en parte alguna sustancial,
condujeron a que finalmente se optara por la vía rápida y se
rompiera el diálogo social. Así, nos encontramos con este Real
Decreto-ley, que ahora enmendamos y que es, sin lugar a dudas,
la norma emblemática de la reforma laboral y una buena muestra
de las características regresivas que adornan todo el conjunto
de medidas. Un buen criterio para valorar la regresividad del
Real Decreto-ley es analizar su relación con el Estado de
bienestar, no en abstracto, sino en su concreción en nuestro
país, en muchos aspectos,



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desgraciadamente, por debajo, en algunos casos, notablemente,
de los parámetros europeos en esta materia.

Señorías, ¿se puede afirmar con rigor que se contribuye a
mantener el Estado de bienestar cuando se crea un contrato, el
de aprendizaje, que se pretende alcance a cientos de miles de
mujeres y hombres de hasta veintiocho años de edad y a los que
se excluye de derechos básicos del estado de bienestar, como
son la protección por desempleo, la cobertura económica por
enfermedad o la cobertura económica por maternidad? ¿No será
más cierto, señorías, que al actuar así se está estrechando y,
en definitiva, debilitando el estado de bienestar en nuestro
país? Sin lugar a dudas, la exclusión afecta a derechos
básicos del sistema de protección social español. ¿No es acaso
el desempleo una referencia explícita de situación de
necesidad a proteger conforme al artículo 41 de la
Constitución? ¿No es acaso el desempleo una realidad lacerante
en nuestro país, que ha
terminado el año 1993 con más de 500.000 nuevos parados?
Quizás tendría alguna justificación esta exclusión del
desempleo si no se configurara el contrato de aprendizaje como
un contrato temporal, un nuevo contrato temporal, pero no es
así, sino que se le fija una duración máxima de tres años y,
al cabo de esa duración máxima, la lógica inexorable del
interés empresarial, tal como ha funcionado hasta la fecha,
determinará la rotación del aprendiz, pues resulta mucho más
rentable contratar a un nuevo aprendiz que convertir al
anterior en fijo, con plenitud de derechos laborales y de
Seguridad Social.

¿Por qué se excluye, señorías, la cobertura económica por
maternidad? ¿Es que acaso tenemos una elevada tasa de
natalidad y hay que restringir la maternidad hasta después de
los 28 años? ¿Es ésta la forma española de celebrar el Año
Internacional de la Familia? ¿Es la protección completa de la
familia que
prescribe el artículo 39 de la Constitución española?
¿Y qué decir de la exclusión de la cobertura económica por
enfermedad? ¿Qué solidaridad con los más débiles se manifiesta
cuando al trabajador que sufre una enfermedad se le incapacita
para el trabajo? Y así lo acredita el sistema público de salud
que a ese trabajador le priva de todo ingreso.

Señorías, así, de este modo, con estas medidas, no se puede
afirmar que se defiende el estado de bienestar, porque es
evidente que se está contribuyendo a debilitarlo, a
estrecharlo, excluyendo de su ámbito a cientos de miles de
trabajadoras y trabajadores. Pero no sólo se debilita el
estado de bienestar por la vía de exclusión de grandes
colectivos; se debilita también porque se van a incrementar
las dificultades económicas de todo el sistema de protección
social que, previsiblemente, va a tener que soportar las
tensiones de un proceso de sustitución de trabajadores fijos
por aprendices, con el consiguiente incremento de los gastos
de protección, vía desempleo, jubilaciones, etcétera,
acompañado de un muy escaso incremento de los ingresos por las
reducidas cotizaciones de los aprendices.

Es por ello, señorías, que, desde una perspectiva social,
desde su relación con el mantenimiento del estado de
bienestar, estas medidas no nos merecen, en modo alguno, un
juicio positivo. Es tan evidente esta conclusión, que algunos
han pretendido
justificarla no ya por razones sociales, sino por razones de
eficacia económica. En Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya no compartimos esta opinión. En el debate del pasado
28 de diciembre, el portavoz del Grupo Socialista afirmaba, en
esa dirección, que la reforma del mercado laboral venía
impuesta por los cambios producidos en la demanda de bienes y
productos, citando, en concreto, los electrodomésticos.

Sin lugar a dudas, compartimos la necesidad de adaptarse a los
cambios económicos. Pero con ello no basta. Es necesario
definir exactamente los cambios que se producen y acertar en
las medidas concretas de adaptación a esos cambios. En nuestra
opinión, se están produciendo cambios sustanciales en el
terreno económico y a nivel mundial, con un proceso imparable
de apertura de mercados, y ello va a obligar a resituarse en
ese nuevo marco con una adecuada explotación de los recursos
específicos, peculiares de cada país. Ello va a obligar,
señorías, a la adopción de medidas distintas de las que ha
decidido el Gobierno con esta reforma. No implican más que el
abaratamiento de la mano de obra y de forma
indiscriminada. Señorías, no podemos malgastar las energías
del país de forma indiscriminada, sino que necesitamos una
adecuada selección de nuestros sectores productivos con
futuro. Tampoco podemos basar la competitividad de nuestra
economía en el bajo coste de la mano de obra, pues en ese
terreno muchos otros países y muy cecanos, para su desgracia,
ofrecen más posibilidades. Así pues, tampoco en el terreno
económico estas medidas suponen una opción con viabilidad de
futuro a medio o largo plazo.

Finalmente, desearía hacer una breve valoración de estas
medidas desde la perspectiva de la cohesión social. Ni
coyunturalmente, ante la evidente necesidad de un esfuerzo
solidario de todos para superar la grave crisis, se justifican
unas medidas que han dividido a la sociedad y han creado un
hondo malestar; ni tampoco se justifican a largo plazo, pues
resulta difícil pensar que se facilite la integración social
de una juventud a la que no se proporcionan expectativas
fiables de futuro, ni que se facilite tampoco su integración
laboral cuando su única perspectiva son los bajos salarios, la
inestabilidad y la desprotección.

Por todo ello, nosotros, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, no apoyamos el texto del Gobierno y presentamos una
alternativa. Qué duda cabe que hay otras opiniones. La de
quienes, el pasado 28 de diciembre, al convalidar el texto del
Gobierno, decían que era un buen



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día, aparte de autoelogiar su participación en esas medidas,
desvelaba el íntimo sentido político de las mismas, que no
sólo han supuesto la ruptura del diálogo social sobre la
reforma del mercado laboral, sino que dificultan todo tipo de
acuerdos. Esto, señorías, es muy negativo, especialmente
negativo. Por eso urge, y nosotros urgimos a ello, la
reapertura del diálogo sobre todos estos temas. Si no se hace
así, si se opta por seguir manteniendo esta dirección, quede
constancia, señorías, con nuestra enmienda, de la posibilidad
de otras medidas con más viabilidad económica a corto, medio y
largo plazo, más eficaces socialmente y mucho más cercanas al
modelo de estado de bienestar existente en la Unión Europea.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.

Enmienda del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el
señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, el
Grupo de Coalición Canaria ha presentado también un texto
alternativo a la propuesta presentada por el Gobierno.

Intentaré, brevemente, defender --y espero alcanzar la
posibilidad de que SS.SS. atiendan lo mínimo necesario para
que pueda expresarlo, en nombre de Coalición Canaria-- la
filosofía y las propuestas que nosotros hemos presentado a
efectos de la consideración por las señoras y señores
Diputados.

En primer lugar quiero decir que la reforma del mercado de
trabajo, la reforma laboral que presenta el Gobierno con los
tres textos (luego en el segundo punto del orden del día
podremos entrar en los detalles de otros textos, aparte del de
fomento de empleo) es, en conjunto, un marco en el que se
plantea una reforma profunda e importante de las relaciones
laborales en España.

A mí me parece que el primer debate que deberíamos tener en
este Congreso de los Diputados es si la reflexión que hace el
Gobierno, y que subyace en los proyectos de ley que nos
presentan hoy, se basa en el análisis de que la crisis
económica española y la crisis económica europea tienen un
conjunto de factores, pero, quizá, es mi opinión, y de ahí los
desacuerdos, los acentos que pone el Gobierno son que el
déficit público debe ser
corregido urgentemente por la vía de los recortes en las
prestaciones sociales y que la competitividad de la economía
española debe basarse esencialmente en una reducción de los
costes laborales. Estos son dos elementos que aparecen. Creo
que el conjunto de medidas no son sólo cuestiones de
desregulación o flexibilización, como se pretende en nombre de
una pretendida modernización, sino que están basadas en el
problema de que en este país los costes laborales hancrecido
excesivamente a lo largo de los últimos años y que eso no nos
hace competitivos. Por otra parte, creo que hay una cierta
histeria con respecto a la competitividad europea en el marco
de la economía mundial ante hechos sin duda evidentes, como es
el ascenso que se está produciendo de los países de la cuenca
del Pacífico, etcétera. En principio, yo creo que la primera
cuestión a reflexionar es en qué medida la crisis española de
estos últimos años tiene mucho que ver con el incremento de la
competitividad de otros países nuevamente industrializados. A
mí me parece que la cuota de mercado que estamos perdiendo en
España en estos últimos años, del mercado interior y del
mercado europeo, cuya consecuencia es el paro, la
competitividad que hemos perdido no está en tanto a países del
tercer mundo, sino a los propios países europeos que tienen
costes laborales mucho más altos que nosotros.

Por tanto, la primera reflexión es si es sólo un problema de
costes laborales y de déficit públicos, con respecto a los
costes del estado de bienestar, o es un problema de un
conjunto complejo de medidas, porque, efectivamente, no es
sólo problema de costes laborales y de reformas del mercado de
trabajo, por el que nosotros apostamos por su modernización,
sino también, hay que decirlo, es un problema del control del
déficit público y de medidas de reforma del estado de
bienestar. Pero ¿en qué
dirección y cómo, en qué contexto político y social en el que
vive este país? Por tanto, no es sólo un problema de
competitividad urgente, dramática, en función de reducir como
sea, los costes laborales. Porque ante las medidas que propone
el Gobierno, nosotros, al elaborar nuestro texto alternativo,
no hemos pretendido, en absoluto, decir que, frente a la
reforma del mercado laboral, lo que hay que hacer es oponerse
numantinamente a que eso no es necesario ni imprescindible.

Por el contrario, nosotros apostamos por eso.

Creo que hubiese sido ideal para este país, para que fuera el
primer acto de lo que es un proceso de transformación y
cambio, de reajustes importantes, de reformas y
modernizaciones que se hacen en la política europea, que, en
vez de ser el último acto de una cadena interminable de
inconsecuencias, que es lo que ha sido la política económica y
social española en los últimos años, éste hubiera sido el
primer acto de modernización y de afrontar lo que, en opinión
de Coalición Canaria, va a ser una década de progreso en
Europa. No lo contrario, no una década de angustias y de
problemas provocados por unas economías no competitivas. Hay
que hacer frente a los retos de la nueva época. Pero los retos
de la nueva época hay que hacerlos con equilibrio, con
responsabilidad, pensando en el diálogo y en el consenso
social. Porque si hay algo imprescindible para que una reforma
laboral tenga éxito es conseguir el consenso social.




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Nosotros no estamos convencidos, y lo hemos venido diciendo,
no ahora cuando ha fracasado el diálogo social sino a lo largo
de estos últimos meses, de que el planteamiento que se ha
hecho de diálogo social, de pacto social por el emplo en el
país, haya sido el adecuado.

Hemos presenciado meses de diálogo de sordos, de opiniones
preconcebidas, de actitudes que parecían cerradas, de amenazas
de que o se negocia o, en cualquier caso, lo haremos en la
forma que haya que hacerlo. Yo diría, ¿si hubiese habido el
acuerdo social que esperaba el Gobierno, las medidas que se
hubiesen traído aquí, dentro de ese diálogo social, son las
que se han traído, u otras? ¿Habrían sido reformas,
evidentemente, por las cuales nosotros apostamos, pero con
mayores controles y con mayores equilibrios, o las que se
presentan hoy aquí? ¿Esta plataforma que se presenta hoy aquí
con un conjunto de proyectos de ley era lo que esperaba el
Gobierno que fuera el resultado del diálogo social si hubiese
encontrado ciertamente una actitud constructiva y responsable
del conjunto de los agentes sociales? Yo tengo mis dudas de
que se aceptaran las medidas como vienen planteadas. ¿Por qué
entonces en vez de adoptar la postura «a priori» no buscamos
en las reformas de estos proyectos de ley las soluciones que
pensábamos de antemano hubiera sido posibles ser pactadas? Es
decir, ¿es posible seguir hablando de diálogo, de consenso
social, o no? ¿Estamos condenados en este país a que la
batalla de la semana que viene, de la huelga general del 27 de
enero, sea entre dos ejércitos que ya no dialogan, que no
tienen ninguna posibilidad de entendimiento y de avance? ¿Es
simplemente decir: ocurra lo que ocurra no va a haber diálogo?
Ustedes dicen a los sindicatos que tienen que entenderlos.

Pregunto, señores del Gobierno, ¿también tenemos que
entenderlo los grupos parlamentarios?, ¿no va a haber ninguna
clase de diálogo para reformar y mejorar los proyectos de ley
que ustedes traen aquí? Supongo que ustedes pensarán que
dentro de la pluralidad de esta Cámara y dentro de la
representación diversa y distinta de los grupos que hay aquí,
unos mayores y otros menores, si buscan ustedes el consenso
político y parlamentario, al menos tenemos el derecho de poder
dialogar.

Ustedes en absoluto han dialogado, por lo menos con nuestro
grupo. Nos hubiese gustado decirles en ese diálogo, como se lo
estamos diciendo ahora aquí, que es necesaria la reforma
laboral en este país y que es necesario dialogar y mejorar las
relaciones del mercado de trabajo; que es necesario reformar
el Estado en este país para que los costes sociales no
provoquen enormes déficit públicos, pero manteniendo el
equilibrio social, el diálogo social, el desarrollo y el
avance del estado social y democrático de derecho que define
nuestra Constitución.

No estamos seguros de que el Gobierno tenga esa actitud. El
Gobierno yo creo que está lleno de batallas de carácter
político, de pasiones acumuladas sobre otras huelgas generales
y de enfrentamientos y conflictos con los sindicatos que ya
son historia y están provocando que uno de los debates más
importantes que tiene en este momento en este país esté lleno
de caricaturas, esté lleno de posiciones maniqueas, esté lleno
de posiciones «a priori» y dogmáticas que no permiten llegar a
soluciones de consenso.

Por tanto, nuestro proyecto alternativo se ofrece modestamente
como una propuesta de diálogo, dispuesto simplemente a ser
corregido en todo aquello que parezca razonable, pero que
invita y propone al Gobierno que entre reforma del mercado
laboral sí o no, existe una propuesta de que hay otra posible
reforma del mercado laboral a la que se propone aquí. Es
posible que haya contratos de aprendizaje, pero esos contratos
de aprendizaje (el señor Ministro de Trabajo el otro día nos
explicaba aquí las comparaciones con el conjunto de Europa) se
tienen que ver con las condiciones que existen en este país
sobre cuánto hay de trabajo y de empleo estable y cuánto hay
de empleo precario, que no son las mismas que en otros países.

En la negociación
colectiva, para que mantenga el equilibrio entre las fuerzas y
las relaciones sociales y en este país no se retroceda, es
necesario también comparar con las posiciones de fuerza que en
otros países tienen los sindicatos en el seno de la empresa y
que aquí no la tienen. A la hora de negociar y a la hora de
establecer mínimos arbitrajes que sean imprescindibles en la
negociación o en el despido, por ejemplo --que ya veremos en
el siguiente proyecto de ley-- es necesario que los sindicatos
y los trabajadores no se encuentren con la amenaza de que les
digan: usted acepta esto o empiezo a aplicar medidas por
causas
organizativas. Las causas organizativas es un concepto que se
presta tanto a la arbitrariedad y al peligro del abuso, que a
nosotros nos preocupa seriamente.

Por tanto, los contratos de aprendizaje, los contratos a
tiempo parcial, los contratos de prácticas son figuras y
modalidades que estamos de acuerdo en estudiar y negociar,
pero con las
condiciones y los límites necesarios para que no se provoquen
abusos, para que no se sustituyan trabajadores con empleo
estable que cuestan cuatro veces más que los aprendices que
pudieran sustituirles. Si no hubiese tanta facilidad para el
despido por causas organizativas uno podría pensar que el
empleo que ya existe estaría estabilizado y que a partir de
ahora se
conseguiría una ampliación, nuevas contrataciones sin la
utilización excesiva de los contratos de aprendices; pero con
la concatenación de figuras que se hacen en el conjunto de los
proyectos de ley tenemos serias dudas de que se logre
simplemente generar empleo, y no sustituir empleo estable por
empleo precario. Esas figuras, sin tanta flexibilidad como se
ofrece ahora, ya han dado los resultados que estoy diciendo



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en los últimos años, porque ya existía y con muchas más
limitaciones de las que se ponen ahora.

Señores Diputados, la única propuesta que nosotros entendemos
aquí, porque hoy poco diálogo va a haber, es simplemente
preguntarle al Gobierno si está dispuesto de verdad, por lo
menos en el trámite de las enmiendas, a abrir un diálogo sobre
tres grandes aspectos. Uno, las nuevas modalidades de
contratación y las formas de negociación, manteniendo el
equilibrio social y aceptando como base inicial la reforma del
mercado de trabajo. Dos, las políticas activas de empleo,
porque la crisis de este país no tiene que ver sólo con los
costes laborales o con los costes del Estado de bienestar,
sino con problemas de
competitividad que van ligados a problemas de tipos de
interés, a problemas de cotización de la peseta --que ha
producido resultados tremendos-- y tiene mucho que ver con una
política fiscal que no genera activamente empleo. Por eso en
nuestra propuesta hay fórmulas de cómo ligar a la generación
de empleo políticas fiscales, políticas incluso de
cotizaciones a la Seguridad Social.

¿Es posible o no es posible discutir sobre eso? ¿Lo que
invirtamos por un lado no nos lo vamos a ahorrar por otro? Y,
tercero, hay que crear los instrumentos para generar esas
políticas activas de empleo porque la intención de todos,
supongo, cuando hacemos este debate es generar empleo. Las
políticas activas de empleo sinceramente y si se quiere hablar
en serio, pasan no sólo por desmantelar el Inem. Uno de los
tremendos responsables de la falta de políticas activas de
empleo en este país es la burocratización del Inem, la
centralización del Inem, la falta de políticas, de
instrumentos y de ligazón del Inem con la formación
profesional y, por tanto, con las políticas educativas y los
problemas de vinculación y territorialización del Inem a las
comunidades autónomas y ayuntamientos.

¿Es posible generar políticas activas de empleo proponiendo
una reforma profunda del Inem, territorializando y ligándolo a
las comunidades autónomas, a las políticas de formación
profesional e intentando luchar contra el fraude del seguro de
desempleo sobre la base de crear fórmulas como trabajos de
utilidad social en combinación con las comunidades autónomas y
los ayuntamientos? ¿Se quiere de verdad o seguimos con figuras
como el Plan de Empleo Rural? ¿Estamos dispuestos a planes de
empleo integrales, con la coordinación de un conjunto de
políticas económicas, fiscales y activas de empleo, que
permitan, de verdad, programar y generar empleo con la
coordinación de todos los agentes sociales? Yo creo que en ese
terreno el Gobierno no ofrece ninguna respuesta. Nosotros
presentamos las nuestras, ofrecemos alternativas, alternativas
de diálogo, pero, desgraciadamente, chillar y gritar pidiendo
diálogo a este Gobierno nos resulta, me parece, un esfuerzo,
por lo menos por ahora, un tanto inútil.




El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, le ruego que vaya
concluyendo.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: No hace falta sino ver no sólo el
silencio, sino la falta de atención de los ministros del
Gobierno responsables de estos temas, para comprender que, por
lo visto, éste es un debate cerrado, un debate donde el
diálogo está prácticamente culminado y donde lo que se juega
es un pulso. La gran pregunta es: en una década que se inicia
en Europa, que nosotros entendemos como una década de progreso
y de avance social --esta es la gran cuestión--, después de
una década de retrocesos y de avances conservadores (no
estamos en una fase conservadora, en 1994 y 1995), cuando se
prevén importantes cambios políticos y sociales en Europa,
¿este Gobierno está por las políticas conservadoras o por las
políticas de progreso? Dentro de las políticas de progreso
están las políticas de reformas sociales importantes y, entre
ellas, la reforma del mercado laboral, por la cual nosotros
apostamos, pero la gran duda es: ¿cree el Gobierno que con la
derrota de los sindicatos españoles y de los trabajadores
españoles, con sus dificultades nuevas, con la ruptura de
equilibrios sociales, hay garantías para iniciar una década de
progreso y transformación social o no? ¿Apuesta el Gobierno
por la victoria pírrica de una derrota de los sindicatos el 27
de enero? ¿Es posible retomar el diálogo social? Nos gustaría
oír --y con eso termino-- que el Gobierno ofrece un diálogo,
por lo menos a los grupos parlamentarios; un diálogo para, por
lo menos, ser convencidos y persuadidos de que lo que nos
propone el Gobierno es lo mejor para generar empleo, para
modernizar y hacer progresar el país. Nosotros estamos
abiertos a ese diálogo, un diálogo que, al menos con nosotros,
no se ha hecho. ¿Este Gobierno quiere dialogar? Que esa
palabra no les resulte maldita en este momento, no crean que
es un acto de debilidad, sino por el contrario, ¿no sería
mejor hacer ofertas de diálogo hoy que después del 27 de
enero?



El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, vaya concluyendo.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: ¿Se trata de ganar o de perder?
Nosotros apostamos porque gane el país, porque ganen los
trabajadores y los empresarios, porque gane el diálogo social,
porque se avance en alternativas. Coalición Canaria hace esa
apuesta y hace esa alternativa, pero aquí la palabra la tiene
el Gobierno, la mayoría que le apoya y la mayoría que sostiene
esta reforma laboral que, desde luego, no es la nuestra.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.

¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Méndez.




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El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el Gobierno presentó a esta Cámara, que acordó
convalidar, el Real Decreto-Ley 18/1993, de medidas urgentes
de fomento de la ocupación. Se debaten hoy sendas enmiendas a
la totalidad que incorporan texto alternativo que, siendo
legítimas iniciativas parlamentarias, no puedo por menos de
señalar que contienen aspectos que juzgaría como estrambóticos
y responden a filosofías que se basan más en mantener la
controversia con el Gobierno, que en propuestas formalmente
realistas. No se
introducen en los textos alternativos propuestas que
cuestionen el fondo de las iniciativas del Gobierno, pero sí
se introducen en cambio, de rondón, afirmaciones poco
rigurosas y se proponen soluciones que o bien se basan en la
creación de un laberinto de nuevos órganos administrativos,
institucionales, políticos y de todo tipo (caso de la enmienda
del Grupo de Coalición Canaria), o bien, caso de la enmienda
presentada por el Grupo de Izquierda Unida, propuestas
descaradamente ineficaces y yo diría, además, oportunistas.

Entrando en el fondo del asunto, quisiera decir, en primer
lugar, que todos estamos de acuerdo que vivimos en un contexto
de globalización de las economías que exige cambios profundos
a todos los niveles, económico, social, cultural, político y
estratégico; cambios tecnológicos, cambios en el sistema
productivo que aquejan por igual a todas las economías
industriales que les están exigiendo adaptarse para seguir
siendo competitivas y crear empleo y riqueza.

Sabemos, señorías, que hay que invertir en educación, en
formación, en investigación y desarrollo, en la mejora de los
procesos productivos, en la calidad, en la competitividad,
pero también en la reducción de los costes, como hay que
modernizar y adaptar el mercado laboral. Sabemos que
necesitamos, por tanto, producir reformas en nuestro mercado
de trabajo para responder a esos nuevos contextos, a esas
nuevas situaciones y hacerlo, además, de un modo efectivo y
competitivo; estamos, por tanto, obligados a modernizar el
mercado laboral. Pero también sabemos que más allá de ese
intento de modernizar el mercado laboral hay que garantizar la
gestión de esas reformas de un modo que ha de ser racional,
eficaz y eficiente socialmente, porque, y se ha dicho en esta
Cámara, el mercado laboral ciertamente es ciego e insolidario
con los parados y tiende a distribuir sus mejoras
sistemáticamente sólo entre aquellos que ya están ocupados.

Los socialistas pensamos que estas reformas necesarias han de
ser globales y no parciales. No caben, además --se decía en el
debate del 28 de diciembre--, decisiones basadas en la vuelta
a un sistema de autarquía, o el aislamiento. No cabe tampoco
el viejo y clásico recetario de expansión del déficit público
y, por supuesto, no cabe --y los socialistas jamás lo
propondríamos--renunciar a las conquistas sociales del Estado
de bienestar sobre el que se asientan nuestras políticas de
defensa, de la igualdad, de la libertad y de la solidaridad.

Insisto, por tanto, tenemos problemas estructurales en el
mercado de trabajo, problemas que no se resuelven
espontáneamente, ni cuando la situación económica en el país
es más favorable. Tenemos además realidades objetivas: la
realidad objetiva de un paro juvenil, la realidad de la escasa
presencia de la mujer en el trabajo y del desempleo de larga
duración que es preciso resolver. Sin embargo, no se trata de
introducir cualquier reforma, sino aquellas que sean
adecuadas, las que resuelvan nuestras rigideces y sean
efectivas y aceptables para la sociedad y para los
interesados.

El Gobierno, sin duda, hubiera deseado que tales reformas
fueran objeto, en su momento, de pacto social y a ese fin se
intentó llegar a acuerdos sin éxito, pero más allá de desear
ese pacto, la sociedad nos está exigiendo decisiones y
soluciones. Hemos traído, por tanto, a la Cámara, soluciones y
decisiones globales, insisto, equilibradas, equitativas,
efectivas; se podrán discutir los matices, pero no se podrá
discutir el fondo. Se trata, además, de soluciones adaptadas
al marco europeo, a aquellas sociedades que tomamos como
referencia del bienestar y del progreso. Son soluciones
aceptables para los jóvenes y sus familias; son soluciones
adecuadas para quienes deben emplearlos y formarlos; son
soluciones comprometidas con el empleo para las mujeres; son
decisiones que garantizan, además, la equidad y la protección
social; son decisiones, en suma, que abren
expectativas de futuro para todos ellos; son decisiones que
inspiran confianza y son además decisiones que hicimos figurar
en nuestro programa electoral el pasado 6 de junio.

No estamos hablando, señorías, de entelequias ni de acciones
descoordinadas con las restantes iniciativas que mantenemos en
otros ámbitos de la vida pública, ni estamos hablando tampoco
de las personas en abstracto, hablamos de los jóvenes sin
oportunidad de empleo, de las mujeres y de los parados;
hablamos también de poner en práctica iniciativas en el
trabajo a tiempo parcial, en el funcionamiento del Inem, en la
regulación de las empresas de trabajo temporal y un enorme
etcétera.

Pero ya que aquí se ha hecho énfasis en ello, permítanme
SS.SS. poner el acento en los contratos formativos, que son,
sin duda, una esperanza para cientos de miles de jóvenes para
los que estamos hablando. Los socialistas pensamos que la
educación es una de las banderas de nuestro proyecto, es una
de las políticas esenciales que garantizan la igualdad; pues
bien, a lo largo de estos años hemos realizado en este país un
esfuerzo ingente en materia educativa. Ese esfuerzo educativo
ha podido proporcionar a muchos jóvenes formación --aunque no
siempre formación
adecuada--,



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para su acceso al mercado de trabajo. Existe ahora, por tanto,
más que nunca en la historia de nuestro país, una mayor
igualdad de oportunidades, pero es necesario que esa igualdad,
que esa mayor capacidad de nuestros jóvenes guarde finalmente
relación con su capacidad en el mercado de trabajo, es decir,
con las ofertas laborales que finalmente se hagan a los
jóvenes.

La sociedad tiene que saber rentabilizar ese esfuerzo
educativo realizado y la mejor forma de hacerlo es
relacionarlo con el empleo. No podemos olvidar que la
formación de los recursos humanos se ha convertido ya en una
de las principales variables estratégicas de todas las
sociedades industriales. Disponemos, además, de recursos
económicos importantes para poder garantizar la gestión de la
formación desde los fondos de formación
ocupacional y continuada para los contratos que podemos poner
en práctica y tenemos, lo decía al principio, la voluntad de
gestionar esta medida, controlarla y evaluar su
funcionamiento. Insisto, señorías, no estamos ya en estos
momentos en condiciones de discutir matices, de si son galgos
o son podencos; es el momento de saber dar una respuesta
eficaz al problema.

Señor Mauricio, en relación con el texto alternativo planteado
por la Coalición Canaria le diré que me sorprende más por su
obsesión por marcar la distancia con el proyecto presentado en
su día por el Gobierno que por la real distancia que les
separa de ese texto. Observo en el mismo un respeto claro y
manifiesto a la letra en algunos aspectos que voy a mencionar.

Asume, por ejemplo, la creación de las agencias de colocación
sin ánimo de lucro; no se aleja del texto del Gobierno en
materia de contratos en prácticas o de aprendizaje; tampoco se
aleja en materia de trabajo a tiempo parcial y de contrato de
relevo; lo mismo sucede en materia de fomento de los
conciertos que desde el Inem se pueden efectuar con las
administraciones y con las entidades sin ánimo de lucro. Las
mayores distancias, por tanto, no están en este articulado,
sino en el propio sentido de la oportuniad y en el contenido
de sus propuestas para llevar a cabo la
bonificación, por ejemplo, de las actividades de creación de
empleo, que creo forman parte del contenido de otras normas
que no estamos debatiendo en estos momentos.

Sí puedo decirle que nos aleja profundamente de su propuesta
ese afán de creación de innumerables órganos sectoriales,
institucionales, políticos, tutoriales, de todo tipo, cuando
estamos intentando flexibilizar el marco general de
actuaciones y cuando, además, más que nunca estamos intentando
recobrar el auténtico sentido de las palabras «autonomía de
las partes» en la negociación. Nos parece, por tanto, que esa
pluridimensión de órganos introduciría burocracia y rigidez en
el funcionamiento del sistema. No dude de que posiblemente el
proceso de debate parlamentario de estareforma permitirá una
mayor aproximación entre nuestras posturas. Creo que sería lo
deseable.

Señor Peralta, en relación con su enmienda de texto
alternativo lamento decirle que encuentro es un refrito de
ideas
ultraintervencionistas que siguen concibiendo el papel del
Estado como el de un Estado gendarme; viejas ideas estatistas
trufadas de extravagancia, como el control de los excedentes
para crear un fondo de inversiones obligatorio; y medidas de
absoluta irracionalidad, como la reducción de la edad general
de
jubilación a los 60 años, la reducción de la jornada laboral a
35 horas, como un primer paso hasta llegar a las 30 horas
semanales. En fin, en serio, de verdad, señoría, ¿es así como
piensa que nuestras empresas van a ser más competitivas y se
va a crear más empleo? Yo no creo que lo piense en serio. Su
texto, insisto, está plagado de contradicciones. Citaré
algunas. Cuestionan nuestra propuesta de mejorar el
funcionamiento del Inem, pero admiten, sin embargo, que
transcurridos tres días desde la oferta realizada a través del
Inem pueda operar la colocación directa. Yo no lo entiendo.

¿Se trata de mantener el tapadillo porque sí? Todos sabemos ya
en esta Cámara que el modelo actual a efectos de la colocación
no es operativo. Sin embargo, ustedes se resisten a entrar en
el fondo de la cuestión y a proponer soluciones realistas.

Plantean, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo
bajo el beatífico manto de pensar que de esa manera se reparte
el trabajo, pero no dicen si la reducción del tiempo de
trabajo comporta también la correlativa reducción del sueldo y
en todo caso ignoran, cuando ya es bien sabido, que una medida
de tal tipo no sólo no genera empleo, sino que crea
dificultades organizativas en las empresas y dificultades muy
serias.

Pasan además por alto que España tiene ya una de las jornadas
de trabajo más bajas, en términos de duración, de toda Europa.

Usted sabe perfectamente que el debate sobre el reparto del
tiempo de trabajo es un debate etéreo y maniqueo.

Plantean, por ejemplo, la reducción de la edad de jubilación
hasta los 60 años y pasan por alto que las tendencias
dominantes, señaladas además por todos los órganos
internacionales, son las de mantener e incluso ampliar la edad
de jubilación, dada la prolongación de la expectativa de vida
y la mejoría de la salud general de todos los trabajadores. Lo
que es más grave, con esa medida pasan por alto el coste
brutal que tendría su aplicación para el sistema de
protección. Significaría poner en gravísimo riesgo la
capacidad financiera del sistema de protección, del sistema de
Seguridad Social. Una medida de ese tipo, insisto, señor
Peralta, sólo puede ser presentada por quienes jamás han
pensado tener responsabilidades de gobierno y, por tanto, se
limitan a hacer brindis al sol, en este caso al sol que les
parece más calienta.




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Ponen tantos reparos, tantos condicionamientos a los contratos
de formación que los harían inviables. Siento decirle a ese
respecto que sus propuestas no miran al futuro de nuestros
jóvenes. Porque, ¿cuál es su alternativa en todo caso?
¿Trabajar sin saber? ¿Saber sin trabajar?
Insisto, señor Peralta, se olvidan, además, de los jóvenes de
más de 20 años sin experiencia formativa previa. Para ustedes
los jóvenes de esa edad en adelante no existen y no dan ningún
tipo de solución para ellos. Con su propuesta alternativa en
materia de trabajo a tiempo parcial esté bien seguro que se
potenciaría hasta límites increíbles la economía sumergida. En
sus propuestas alternativas crean, además, una falsa puerta de
acceso a las administraciones públicas, al margen de la oferta
de empleo público, que es una pieza antológica de
iniquidad social.

Finalmente, llegan incluso a crear impuestos nuevos para
empresarios y trabajadores y nos hablan, sin ningún recato, de
la reconversión industrial ecológica. ¿De verdad piensan que
lo que están esperando los ciudadanos es que hablemos de la
reconversión industrial ecológica?
Ciertamente tengo que reconocer que no les ha faltado osadía
en sus propuestas, pero es la osadía de la simple demagogia y
de la escasa sensibilidad social para con los problemas de los
que no tienen empleo o de aquellos que se sienten inseguros en
su trabajo.

Recomiendo a SS.SS., por si no lo han podido leer, que no se
pierdan en el texto alternativo de Izquierda Unida aquello que
antes citaba: la creación de ese nuevo impuesto, el FIO.

Háganlo. Se trata sin duda de un divertimento impagable: un
impuesto económico-socioecológico cuya fórmula de cálculo
recomiendo sea leída, porque pasará a los anales de la
historia de los desatinos políticos. Da, por tanto, la justa
medida de sus propuestas alternativas.

Insisto, señor Peralta, con esta respuesta han dado el salto
mortal hacia la nadería más absoluta. No es que vayan en
dirección contraria a las propuestas del Gobierno o de este
grupo; es que van directamente hacia la vía muerta, no tengan
ninguna duda.

Finalmente, tengo que decir que los ciudadanos deben recibir
un mensaje claro de esta Cámara. Se trata de adoptar
decisiones estratégicas adecuadas que se adapten a los
problemas que tenemos y que los resuelvan. Deben saber que
pretendemos dinamizar la economía y crear las condiciones para
favorecer el crecimiento y el empleo. También deben saber que
nos proponemos impulsar el empleo de forma específica en
sectores más concretos de la sociedad que tienen hoy mayor
dificultad para obtenerlo: mujeres, jóvenes, desempleados de
larga duración. Deben saber también que queremos convertir al
Inem en un instrumento eficiente
socialmente para la gestión de aquellas políticas relativas a
estos sectores de mayor dificultad; que necesitamos
proporcionar expectativas para los jóvenes, garantizándoles
mecanismos nuevos para que lleguen al mercado de trabajo. Para
ello, es necesario ponerles en contacto con el mundo de la
empresa y
proporcionarles, desde las empresas, la experiencia de la que,
obviamente, carecen. Esa experiencia tiene nombre, es el
aprendizaje, es la formación, y debe suponer que adquieran en
ella las habilidades, las capacidades, la formación e incluso
la titulación profesional cuando carezcan de la misma.




El señor PRESIDENTE: Señor Méndez, le ruego concluya.




El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Es a través del aprendizaje donde se crean las oportunidades
para el empleo. Aquellos que hoy entran en las empresas como
aprendices son los profesionales del mañana.

Nuestra propuesta, por tanto, señorías, es la de propiciar el
mayor empleo posible en un marco de la máxima competitividad,
para garantizar también la cohesión social en nuestra sociedad
y la solidaridad.

Lamento que en ese esfuerzo colectivo ustedes sólo estén
pensando en subirse nuevamente al campanario o, perdón, al
minarete. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Méndez.

El señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Méndez, realmente ha utilizado usted un turno en contra
de la enmienda con texto alternativo presentada por Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Mi duda es si el contenido de
ese turno en contra ha ido más allá de la descalificación, en
mi opinión, bastante carente de razón y alejada de la
realidad. Señor Méndez, quiero que sepa que yo no voy a subir
a ningún minarete ni a ningún campanario, simplemente a la
tribuna, a contestarle y a intentar hacerlo en términos de
razón, aunque ésa en su
intervención haya brillado por su ausencia.

Ha dicho usted, señor Méndez, que nuestras críticas a las
propuestas del Gobierno son críticas de matices, que no vale
la pena discutir si son galgos o podencos, que lo que es obvio
es su necesidad. (El señor Vicepresidente (Beviá Pastor) ocupa
la Presidencia.) Si es así, ¿qué impedimento hay en que esos
matices planteados por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya sean aceptados? ¿Qué inconveniente hay en que el
contrato de aprendizaje no sea un contrato temporal? ¿No hay
ya bastantes contratos temporales en nuestro país? ¿Es que con
un 40 por ciento de asalariados en



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precario no hay bastantes todavía? Si es un matiz que la
retribución de los aprendices no vaya referida al salario
mínimo y por debajo del salario mínimo, ¿qué problema hay en
aceptar que su retribución sea la de convenio colectivo? ¿Qué
problema hay en que los aprendices tengan la protección social
que tienen todos los trabajadores? ¿Por qué razón los
aprendices no tienen protección por desempleo? ¿Por qué razón
no tienen cobertura económica por enfermedad? Dé alguna
explicación de eso. ¿Por qué razón las aprendizas no tienen
cobertura económica por
maternidad? Conteste a esos matices y, si sólo son matices,
acéptelos. Dé una prueba de ese talante negociador que afirma
que tienen el Grupo Socialista y el Gobierno.

Si son matices, acéptelos, pero, evidentemente, no son
matices. No lo son. Son críticas importantes y así lo entiende
la sociedad española. Claro que lo entiende y, sin lugar a
dudas, las propuestas que nosotros planteamos no merecen, en
esa opinión, esa valoración descalificadora que usted ha
hecho. Sin embargo, yo creo que las propuestas planteadas por
el Gobierno han suscitado una enorme preocupación entre todos
los trabajadores; no sólo entre quienes tienen trabajo;
también entre pensionistas, desempleados, etcétera. Porque es
verdad que se recorta a todos ellos importantes derechos con
estas medidas del Gobierno. A los pensionistas, en lugar de
revalorizarles un 4,9 por ciento, un 3,5; un 30 por ciento
menos de incremento. A los desempleados, un recorte importante
en los subsidios. Ya se recortó en el año 1992 la prestación
contributiva; ahora, la asistencial. A los trabajadores, a
todos, un profundo recorte en sus derechos. Un incremento
notable de la inseguridad de los trabajadores. Dice usted que
nuestras medidas son refrito de ideas
ultraintervencionistas. Por ejemplo, el Estado gendarme. ¿Qué
quiere usted que le diga? Este grupo no controla las Fuerzas
de Seguridad del Estado: no las controla. Y, en concreto,
desearíamos que el día 27 no se enfrenten a la mayoría de los
ciudadanos del país. No es ése nuestro modelo. Que le quede
claro. Y, desde luego, no pretendemos mantener de tapadillo el
Inem. No, no. Pretendemos mantenerlo a las claras. A las
claras. Porque el problema no es si el plazo es de tres días
para que se atienda la petición de empleo formulada por un
empresario. El plazo puede ser mayor o menor. Lo importante es
que esa oferta de empleo se tiene que hacer necesariamente a
través del Inem. Eso es lo importante. Y ustedes rompen ese
principio. Ustedes admiten las agencias privadas de
colocación, que dicen ustedes que no van a tener afán de
lucro. Y eso, ¿quién lo controla? ¿Un Estado
ultraintervencionista? Porque, a lo mejor, los gerentes de
esas agencias de colocación tienen sueldos multimillonarios.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peralta, vaya
concluyendo, por favor.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente, termino en
seguida.

Y esos costes los tendrán que pagar los trabajadores que
busquen empleo. En definitiva, para encontrar empleo, habrá
que pagar y se producirá una discriminación en el acceso al
empleo.

Hay que mantener la intermediación exclusiva del Inem en el
mercado de trabajo para garantizar la no existencia de
discriminaciones. Y eso es compatible con una
descentralización importante de ese Inem y con conciertos con
otras
administraciones públicas, en concreto, locales, que acerquen
la oferta y los planes de empleo a la realidad local.

Me decía usted, señor Méndez, por contestar a algunas de sus
objeciones, que nuestra pretensión de reducir la edad de
jubilación plantea gravísimo riesgo a la Seguridad Social. No
me ha contestado usted, señor Méndez, al gravísimo riesgo a la
Seguridad Social que va a plantear la sustitución de
trabajadores fijos por aprendices. Eso es lo que va a promover
ese contrato de aprendizaje introducido en un momento de
recesión económica. No estamos creando empleo. En estos
momentos, lo más que se conseguirá es que se despida a
trabajadores fijos que resultan costosos en Seguridad Social,
costosos en derechos laborales, por aprendices con salarios
por debajo del salario mínimo, con bajas cotizaciones y con
temporalidad. Eso sí que va a suponer un gravísimo riesgo para
la Seguridad Social, pero, además, un gravísimo riesgo
generalizando, por una parte...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peralta,
termine, por favor.




El señor PERALTA ORTEGA: ... precarización --termino, señor
Presidente--, y, por otra parte, escasos derechos para quienes
pierdan su empleo.

En los contratos a tiempo parcial, sólo quiero recordarle,
señor Méndez, que hasta el Real Decreto-ley la regulación los
admitía en nuestro país, siempre que supusieran, como mínimo,
menos de la mitad de la jornada ordinaria. Quien generaliza
los contratos a tiempo parcial es la reforma del Gobierno y
quien, además, priva de derechos al contrato a tiempo parcial
es la reforma del Gobierno que, en los casos de escasa
jornada, les quita
prácticamente toda la protección social.

Decía usted --y con esto termino, señor Méndez--, que nuestras
propuestas son un brindis al sol que más calienta. Señor
Méndez, si por brindis al sol se entiende apostar por las
propuestas de los sindicatos, que le quede claro que nosotros
asumimos esa apuesta, porque es la propuesta que ha hecho
posible
históricamente el Estado del bienestar en nuestro país y en
Europa: los sindicatos con sus esfuerzos y con su
contribución. Nosotros a ese sol sí que apostamos. El que
caliente o



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no ese sol, señor Méndez, el día 27 lo veremos y, desde luego,
nuestra voluntad es que no se caliente a la gente.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, voy a dar una
breve contestación a la intervención del señor Méndez, que ha
hablado como portavoz del Grupo Socialista.

Si le he entendido bien, el Grupo Socialista ha hecho, en
principio, una valoración positiva y no descalificatoria del
proyecto presentado por Coalición Canaria. Ha llegado a decir
que tiene una serie de aspectos que son positivos, incluso que
algunos son coincidentes. Sinceramente, no lo son en su
detalle, pero sí en el espíritu de que es necesaria una
reforma y una modernización del mercado laboral en este país,
con un conjunto de controles y garantías que, en nuestra
opinión, los proyectos del Gobierno no tienen suficientemente.

Solamente quería
subrayar, porque no es el momento de las grandes polémicas, y
preguntar de paso si he entendido bien que el Grupo
Parlamentario Socialista está dispuesto a abrir un diálogo y
una negociación para mejorar sus propuestas de reforma del
mercado laboral a partir de su trámite parlamentario, porque
hasta ahora nos ha dado la impresión de que se defendían
textos como si fueran las tablas de la ley, o blanco o negro,
y las cosas no son ni blancas ni negras, sobre todo en el
complejo mundo de las relaciones laborales y de los
equilibrios sociales. Si se acepta el
principio de que las cosas pueden ser mejoradas y de que esos
textos pueden ser reequilibrados y garantizados
suficientemente para mantener el equilibrio social, Coalición
Canaria estaría dispuesta a entrar en ese diálogo que hasta
ahora ha sido claramente insuficiente.

¿Entendemos que el Grupo Socialista, en su trámite
parlamentario, va a hacer de esta batalla no una batalla de
creyentes y de herejes, sino una batalla para conseguir entre
todos restablecer las bases del consenso social, en estos
momentos en desequilibrio en el país? Si así fuera, el Grupo
de Coalición Canaria lo celebra y está dispuesto a entrar en
el diálogo para mejorar los proyectos inicialmente ofrecidos.

Esperamos que la oferta de diálogo no sea una frase hueca y
que contribuya no sólo a la mejora de los proyectos, sino a
tranquilizar la crispada situación en que se encuentra la
opinión pública de este país. El señor VICEPRESIDENTE (Beviá
Pastor): Señor Méndez.




El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Muy brevemente. Voy a hacer dos indicaciones. La primera, en
relación con su intervención, señor Mauricio.

Yo decía que no constataba la existencia de grandes
diferencias en lo que era el texto alternativo respecto de los
contenidos de las propuestas del Gobierno. Si hubieran sido
similares, estoy seguro de que no las hubiera incorporado como
texto alternativo. Tiene matices y eran estas diferencias de
matices las que yo señalaba, no las que el señor Peralta
asumía, como los matices que nos diferencian en relación con
su texto alternativo, que no son matices, que son realmente
abismos. Son matices, ciertamente, señor Mauricio, en su caso,
y, por eso, yo entendía que hay capacidad de aproximación,
aunque también le marcaba la distancia y la diferencia con esa
obsesión por anteponer órganos de todo tipo, institucionales,
políticos, tutoriales, que yo creo que hacían más compleja la
vida en el mercado de trabajo y la capacidad de respuestas en
el mismo.

Preguntaba usted si en el trámite parlamentario habrá una
busca de consenso. Nuestro Grupo parlamentario, siempre,
sistemáticamente, está abierto a ese consenso, entre otras
cosas, porque más allá de que ésa es la lógica en la que se
mueve el Grupo, esa es la lógica en la que se mueve todo
debate
parlamentario. Será el propio trámite parlamentario el que nos
diga si hay esa capacidad de consenso y de encuentro y en
relación con qué temas.

Señor Peralta, no se aproveche usted de las diferencias de
matices. Le insisto, no son matices lo que nos distancia, son
auténticos abismos. Yo los señalaba y es posible que usted no
haya querido tomar nota de ellos. Lo son en el articulado.

Ustedes cierran las puertas parahacer posibles todas y cada
una de las medidas propuestas. Ustedes, ciertamente, hablan en
su texto alternativo de contratos de formación, en prácticas,
en aprendizaje, etcétera, pero lo hacen de tal modo que hacen
inviable el funcionamiento de esos contratos. No son nada
distinto a los contratos de un trabajador fijo en condiciones,
de titulación suficiente, etcétera. Y creo que es un ejercicio
de hipocresía proponer como alternativas instrumentos que, de
salida, no están concebidos para que funcionen.

Ustedes no apuestan por ninguna medida de modernización. ¿Cómo
no hablar, por tanto, de esas distancias? Además, yo le
recomendaba que se tomaran muy en serio dos de las
alternativas que incluyen de rondón en este texto. Una es cómo
creen que es posible hablar con el dramatismo con el que
hablan en esta tribuna de los problemas que tenemos en el
mercado de trabajo y proponer como soluciones la reconversión
industrial ecológica, en estos momentos, así como suena, y la
financiación de un conjunto de actividades a través de un
fondo de inversiones obligatorio, que es un impuesto a
trabajadores y a empresarios, cuya fórmula es --insisto--
extravagante cuando menos. Y no la leo en la tribuna por no
cansar a SS.SS.




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No es el Grupo Socialista quien marca distancias. Son ustedes
quienes las marcan con sus propuestas inadmisibles. Además, le
digo que, a la vista de sus propuestas alternativas, nos
interesa que se note mucho la distancia que nos separa.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Grupos que deseen
fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.

Señorías, intervendré muy brevemente para fijar la posición de
la Coalición a la que represento en una materia que ya ha sido
suficientemente debatida en esta Cámara, también el pasado 28
de diciembre, y tendremos oportunidad de profundizar en ella.

Consiero que existen aspectos positivos en el tratamiento de
las medidas urgentes de fomento de la ocupación en cuanto
significa la posibilidad de empezar a desmontar el viejo orden
laboral franquista y acercarnos a un proyecto de modernización
y
homologación con la situación europea que, en definitiva, por
mala que sea, no creo que haya sido peor que la situación por
la que atraviesan nuestros trabajadores y nuestros
empresarios. Sin embargo, también quisiera destacar algunos
aspectos negativos, como son la carencia de acuerdo con la
representación sindical, la ausencia de resultados en forma de
leyes o decretos ley procedentes de un acuerdo y negociación
entre las partes. Hoy se obliga a los grupos políticos a venir
aquí y
posicionarnos, faltando el consenso social. Yo diría más,
desvirtuando el fundamento de las relaciones laborales, como
es el principio del acuerdo procedente de la negociación entre
las partes. Sobre eso deberíamos habernos posicionado.

En principio, la propuesta de nuevas formas de contratación va
dirigida a cubrir objetivos urgentes, una salida a la
incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes,
cualificados o no, pero, sobre todo --yo creo que aquí es
donde se debe destacar--, es la oportunidad de aportar
formación, adquirir experiencia en el mundo del trabajo y en
el propio puesto de trabajo, tema que hasta el presente ha
sido desvirtuado y que ha ocasionado un número importante de
descualificados, que son víctimas del desempleo.

Nos preocupa el control que de todas estas actuaciones se vaya
a producir. Se está anunciando pomposamente la creación de más
de 20.000 puestos de trabajo bajo estas nuevas modalidades.

Sea o no verdad, los peligros de la burocratización e inercia
de las instancias administrativas o los peligros procedentes
de la descoordinación en el control del cumplimiento del
proyecto de ley que hoy estamos tratando, como resultado,
precisamente, de un nuevo acuerdo con la representación
laboral, pueden llevarnos a que todo esto se pueda convertir
en una especie de fuga hacia adelante, no obteniendo los
resultados positivos que todos buscamos.

Añadiría más. Este planteamiento no es suficiente para
resolver el problema del desempleo, pero, sin embargo,
consideramos que es un paso necesario para comenzar a
resolverlo. El empleo no se va a crear solamente con estas
medidas, y es necesario, además, que, por parte de la
representación empresarial, se tomen medidas de carácter
riguroso para poner las empresas en situación de inversión y
rentabilidad. Además, consideramos que estas medidas deben ir
acompañadas de otras que proceden ya más de la propia reforma
del Estado. Y en ellas quiero centrarme.

En este contexto que estamos planteando el debate, faltan
medidas para reducir el déficit público. Las situaciones
presupuestarias siguen estando en la misma posición en la que
estaban antes de haberse planteado las medidas laborales como
únicas medidas para afrontar la crisis.

Faltan medidas de fomento de la empresariedad, de favorecer al
empresario responsable y de exigir y ejemplarizar al
irresponsable. En el Estado, y dentro precisamente del propio
aparato del Estado, existe hoy día aún una gran proporción de
personas que tienen pluriempleo y a las que habría que forzar
a buscar una solución a través de excedencias forzadas o
incentivadas.

Quisiera también indicar que otras medidas de carácter social,
como son las relacionadas con el abaratamiento de la vivienda
o de los servicios, deberían acompañar todo el esfuerzo de
reforma laboral que estamos proponiendo. En esta línea es en
la que queremos exigir precisamente a la representación del
Gobierno que, así como se está realizando un esfuerzo
importante de liberalización del mercado de trabajo, se vaya
acompañando de medidas sociales y presupuestarias dedicadas
fundamentalmente a la reforma sustancial del Estado y del
déficit público para que den resultado las medidas que hoy
vamos a aprobar.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la
palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo Parlamentario va a votar en contra de las dos enmiendas
de totalidad con texto alternativo presentadas a este proyecto
de ley, que deriva del Real Decreto-ley de fomento de la
ocupación. Señor Presidente, vamos a votar en contra de las
dos enmiendas de totalidad porque nos parece que está bien
configurado este proyecto de ley. Me parece que las medidas de
fomento de la ocupación, estos contratos especiales,



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que pretenden atender a una situación de emergencia del
desempleo, tienen una regulación adecuada, pertinente. Y,
«sensu contrario», ya es necesario decir, señor Presidente,
que nos parece que las críticas que han sido vertidas por los
portavoces que han defendido las enmiendas, los anatemas
vertidos particularmente por el portavoz de Izquierda Unida,
el señor Peralta (es un profundo conocedor del Derecho del
trabajo, pero nosotros tenemos la convicción de que está
exagerando sus planteamientos en este contexto, en lo atinente
a este debate), nos parecen exagerados, nos parece que son, de
alguna forma, críticas que desnaturalizan la propia esencia,
la propia fundamentación teleológica de este proyecto de ley
y, lo que es más grave, sus pretensiones, acabar con el
lacerante problema del desempleo, contribuir a reducir la
lacerante dimensión del problema del desempleo.

Nos parecen exagerados los anatemas vertidos por Izquierda
Unida; nos parecen también exagerados los que vertió el señor
Anguita en un programa televisivo en la noche de ayer, donde
tuvo la amabilidad de citarme (me hubiese hecho más feliz,
desde luego, si esa cita hubiese sido mejor contextualizada,
en sus propios términos), y nos parecen exagerados porque nos
da la impresión de que Izquierda Unida está realizando una
argumentación
tramposa, intelectualmente tramposa, señor Presidente. Está
atribuyendo a estos proyectos de ley, a los tres que van a ser
objeto de debate en la sesión plenaria de hoy, ser proyectos
de ley cuya pretensión, cuya finalidad, cuya esencia, es
liquidar los resquicios del Estado de bienestar, lo que en
este momento queda todavía y cabe configurar conceptualmente
como Estado del bienestar. Y no, señor Presidente: es
exactamente lo contrario. Estos tres proyectos de ley en el
Estado español, en Bélgica, en Italia, en todos los países
desarrollados, no son más que un reflejo de un proceso natural
degradador, de una degradación, por múltiples causas muy
complejas de explicar, que sería muy prolijo explicarlas en
este debate, de los propios postulados
conceptuales, de los propios paradigmas definidores del Estado
del bienestar.

El Estado del bienestar está acabando él solo, o está
parcialmente acabando él solo, a pesar de que algunos
ideólogos de categoría profesional intelectuales se aferren,
de forma inadecuada, a través de una resistencia absurda y
numantina, al mantenimiento de unos postulados que en este
momento son objeto de revisión en todos los países de nuestro
contexto, en todos los países más desarrollados.

¿Cuáles son estos postulados que están en crisis, que están en
revisión (en revisión al menos parcial, hay que decirlo así,
palmariamente, con claridad), cuáles son los fundamentos de
esta crisis parcial, de este ciclo histórico que se está
agotando del Estado del bienestar? Son múltiples
circunstancias, algunas de las cuales han sido objeto de
alusión ya: la globalización; la internacionalización de la
economía, donde en el mercado, en la competencia
internacional, entran nuevos países que están haciendo revisar
los viejos liderazgos y las viejas hegemonías económicas, los
países que tradicionalmente han dominado el concierto
internacional económico; la convulsión que en este momento
constituye, geopolíticamente, los acontecimientos mundiales;
la desaparición de bloques; la afloración de nuevas naciones,
de nuevos estados, y múltiples circunstancias que colocan al
Estado del bienestar y a sus postulados definidores en una
fase de cuasi liquidación.

Hay que hablar con esta honestidad, con esta claridad y sin
jactancia --y desde luego sin alegría, pero hay que decirlo--
de los postulados del Estado del bienestar, porque hay que
saber de qué hablamos, ya que aquí se utilizan los conceptos
como si fuesen realidades metafísicas indiscutibles. El Estado
del bienestar no es nada en sí mismo, es una forma de
organizar las relaciones de producción que se basa en una
serie de paradigmas. El primero es el del pleno empleo, el
viejo ideal keynesiano del pleno empleo, y esto hoy todo el
mundo lo considera una utopía, al parecer salvo ustedes,
algunos de los representantes de Izquierda Unida. La
protección universal ante todo tipo de contingencias, ante
situaciones de necesidad; esto cada vez resulta más gravoso
para la mayoría de los estados más avanzados. El rescate y
relativización del poder de dirección y de la propiedad de los
medios de producción del empresario, que en este momento se
considera lesivo o que dificulta la competitividad en este
nuevo contexto socioeconómico en el que vivimos. La
irregresividad de lo que se va negociando en los convenios
colectivos, que al parecer, según los postulados clásicos del
Estado del bienestar, iba cristalizando y esa cristalización,
esa imposibilidad de regreso sobre lo mejorado por los
convenios colectivos año tras año, debía informar la propia
actividad del legislador. La participación de los trabajadores
en la propiedad y en la dirección de las empresas, que ya
precozmente la propia Constitución Española relativiza,
ubicando esa participación de los trabajadores en el
sistemáticamente anodino artículo 129 de la Constitución,
etcétera. Esto nadie lo está provocando
conscientemente, esto deriva de una situación natural, de una
coyuntura diferente que tenemos que aceptar porque es
inevitable, porque está en la naturaleza de las cosas, y
oponerse a ello, al final, lo que supone es producir una
degradación de estos conceptos clásicos, seguramente mucho más
virulenta y menos controlable.

Las reformas que plantean estos tres proyectos de ley, igual
que las reformas que se están acometiendo en Bélgica, en
Italia y en la República Federal alemana, igual que otras, se
enmarcan en este contexto, esto es una contextualización
sencilla, y lo que quede del Estado del bienestar es lo que se
pueda reservar. Pero estas reformas necesariamente tienen que
acometerse, es inevitable, porque si no, no va a quedar nada,
vamos a quedar



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fuera del concierto del mercado internacional, fuera del
concierto de la economía internacional. Lo único que se sabe
es que esta situación de crisis en la que vivimos provoca
desempleo, mucho desempleo, que afecta, además, no de forma
homogénea a toda la población, sino particularmente a ciertos
colectivos: a los jóvenes que buscan su primer empleo, a los
desempleados mayores de larga duración, etcétera. Y estas
medidas, estas fórmulas contractuales especiales atienden a
dicha situación de
emergencia, a esa desestructuración natural del mercado de
trabajo, creando fórmulas contractuales que pretenden
estimular precisamente la contratación de estos trabajadores
que tienen especiales dificultades de inserción en el mercado
de trabajo. Se crea un contrato nuevo, un contrato en
prácticas, se crea un contrato de formación, un contrato de
relevo con una regulación novedosa, y nos parece que están
bien reguladas estas fórmulas contractuales.

Señor Ministro, nosotros tenemos algunas reservas o algunas
dudas que nos gustaría que usted nos resolviera. En primer
lugar, el artículo 3 del Real Decreto-ley se nos antoja que
tiene una interpretación equívoca, que requiere una exégesis
demasiado sutil. Cuando se dice que a los contratados, a
través de la fórmula del contrato de aprendizaje, se les podrá
pagar el 60 por ciento del salario previsto en el convenio
colectivo o el 70 por ciento del salario mínimo
interprofesional, ¿qué se quiere decir exactamente? Entendemos
que el proyecto de ley utiliza una expresión
hermenéuticamente perturbadora, porque dice que, en defecto de
convenio colectivo, se podrá pagar el 60 por ciento del
salario previsto en convenio colectivo. Si es en defecto de
convenio colectivo, señor Ministro, ¿de qué convenio estamos
hablando, si luego se utiliza la expresión del 60 por ciento
del salario previsto en convenio colectivo? Señor Ministro, si
a una persona que se le contrata a través de un contrato en
prácticas, una vez se le ha contratado se integra en el ámbito
de la empresa, no podemos hablar ya de defecto de lo previsto
en el convenio colectivo, porque el convenio de aplicación,
una vez producida esta integración en la empresa, es el
convenio de la empresa, y el salario sería el correspondiente
a su categoría profesional, luego usted me tendrá que decir
qué quiere decir en defecto de convenio colectivo. ¿Quiere
decir, que es lo que nosotros intuimos, que en defecto de
previsión en el convenio colectivo de esa empresa se le podrá
pagar un 60 por ciento del salario del convenio colectivo para
su categoría profesional? Pues esto no se puede hacer, señor
Ministro, para esto no tiene habilitación este proyecto de
ley, a nuestro juicio.

Los convenios colectivos regulados según los requerimientos
del Título III del Estatuto de los Trabajadores tienen lo que
se denomina eficacia erga omnes, eficacia general, y los
convenios colectivos no pueden disponer de su eficacia
general, de sus ámbitos de aplicación, esto contradice
expresamente lo previsto en el artículo 82.3 del Estatuto de
los Trabajadores, y menos por omisión, que sería lo que se
está previendo en este proyecto de ley. ¿Cómo por omisión un
convenio colectivo va a prever que a unas personas, a unos
colectivos, ubicados dentro de su ámbito personal de
aplicación, se les va a pagar un salario menor de lo previsto
en ese convenio colectivo? Esto es casi una
contradicción en sus propios términos, y esto, en nuestra
opinión, desestructura preocupantemente no sólo el contenido
del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, sino la
propia estructura de fuentes de la relación laboral del
trabajo previsto por el artículo 3.º de dicho Estatuto de los
Trabajadores, y tangencialmente el artículo 37.1 de la
Constitución, que ya consagra esta fuente, este carácter de
fuente completiva de la relación laboral y esa eficacia erga
omnes, esa eficacia general de los convenios colectivos.

Nos preocupa otra cosa, señor Ministro --el señor Anguita lo
comentaba en la televisión con escasa lucidez, puesto que no
era exactamente cierto lo que dijo ayer--, y es que también se
reduce la protección social tanto a los contratados en
prácticas como a los contratados en formación que trabajen
menos de 14 horas semanales y 48 horas mensuales. Se reduce la
protección no a la nada, como decía el señor Anguita, sino que
se reduce al núcleo esencial de la protección del sistema
público de Seguridad Social; es decir, se reduce la protección
a las siguientes contingencias: en primer lugar, accidentes de
trabajo; en segundo lugar, enfermedad profesional; en tercer
lugar, asistencia sanitaria para contingencias comunes y, en
cuarto lugar, al fondo de garantía salarial. Nos parece que
esto no incurre en
regresividad. Nos hubiese preocupado si se hubiese vulnerado
en este núcleo esencial de protección la posibilidad de
incurrir en la irregresividad que veta, que prohíbe el
artículo 41 de la Constitución que define nuestro sistema
público de Seguridad Social, pero puesto que se mantiene este
núcleo esencial de protección, entendemos que esta regulación
es correcta, tanto para el contrato en prácticas como para el
contrato a tiempo parcial, cuando se trabajen menos de 14
horas a la semana y 48 al mes.

Por último, señor Ministro, nosotros tenemos, de alguna forma,
renuencia sobre lo que entendemos que son problemas de
sistemática, ya no sólo a este proyecto de ley, sino de los
tres. Le voy a hacer algunas preguntas concretas que me
gustaría que usted resuelva cuando procedimental o
reglamentariamente sea pertinente.

Señor Ministro, si el Real Decreto-ley, inicialmente, y este
proyecto de ley, en su disposición adicional, prorroga
aquellos contratos temporales celebrados al amparo del Real
Decreto 1989/1984, de 17 de octubre, siempre que éstos acaben
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994, ¿por qué no
es este proyecto de ley



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el que deroga el Real Decreto de fomento de la ocupación de
los contratos de tiempo parcial? ¿Por qué se encarga a otro
proyecto de ley diferente --lo cual provoca un problema de
sistemática grave--, que es el proyecto de ley que reforma el
Estatuto de los Trabajadores, de esta derogación del Real
Decreto 1989/1984? Esto provoca perturbaciones
interpretativas. Hasta tal punto es esto así que me consta que
la dirección del Inem ha tenido que emitir una circular
interpretativa sobre esta cuestión. ¿Sigue vigente o no sigue
vigente en este momento el Real Decreto 1989/1984?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olabarría, vaya
concluyendo, por favor.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Sí, señor Presidente.

En definitiva, son problemas de sistemática.

Otro problema de sistemática igualmente perturbador, en
opinión de mi Grupo Parlamentario, es el siguiente. Se regulan
las empresas de trabajo temporal y las agencias privadas de
colocación en este proyecto de ley de fomento de la ocupación
que estamos debatiendo en este momento. Sin embargo, es otro
proyecto de ley el que regula el funcionamiento de esas
empresas de trabajo temporal y no regula, paradójicamente --
nos hubiese gustado que lo regulara--, el funcionamiento de
las agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro. ¿Por
qué no se regula el funcionamiento de dichas empresas de
trabajo temporal y agencias privadas de colocación en el que
debatiremos después, en el que regula el funcionamiento de las
empresas de trabajo temporal? ¿Por qué no es este proyecto de
ley el que deroga el artículo 16 del Estatuto de los
Trabajadores y los artículos 40 y 44 de la Ley Básica de
Empleo, que son los que atribuyen la exclusiva al Inem para
intermediar en el mercado de trabajo, para ejecutar el proceso
de colocación? ¿Por qué esa derogación se produce en el Real
Decreto-ley, en este momento proyecto de ley? Son problemas de
sistemática, en definitiva, que no nos autorizan para
deshomologar la esencia y la globalidad de lo que estamos
debatiendo.

A nosotros nos preocupa que este proyecto de ley pueda
contribuir a crear un mercado de trabajo dualizado, por una
serie de personas contratadas con contratos de trabajo
ajustados a las condiciones del convenio colectivo, y otra
serie de personas no ubicadas dentro de los ámbitos de
protección, dentro del clausulado de los convenios colectivos.

Pero nos preocupa mucho más, señor Ministro, que se siga
dualizando el mercado de trabajo como se está dualizando en la
actualidad, entre personas con trabajo y personas sin trabajo.

Para acabar con ello entendemos pertinente un proyecto de ley
de estas características.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, lo que teníamos que decir respecto a este
Real Decreto-ley en realidad ya lo dijimos el día 28 de
diciembre próximo pasado. Decía el Presidente de nuestro
Grupo: «estamos haciendo, con la reforma, la política de
progreso que el país demanda, a veces poco comprendida porque
hay muchos que intentan que no se conprenda, pero es la
política de progreso que el país demanda. Si no hay reforma
del mercado laboral, no vamos a crear puestos de trabajo».

Debería acabar aquí mi intervención, porque este es el resumen
de lo que pensamos respecto a la reforma, pero hemos decidido,
a lo largo del debate de esta mañana, votar en contra de la
enmienda presentada aquí por el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, y también hemos decidido votar en
contra de la presentada por Coalición Canaria. Y desde el
máximo respeto a las posturas y a las personas que han
presentado ambas enmiendas, nos parece que debemos, por un
mínimo de cortesía parlamentaria, ofrecer una explicación de
por qué hemos decidido votar que no.

Dice Izquierda Unida en su propuesta que se trata de potenciar
al Inem para que la intermediación de trabajo y la formación
profesional pasen exclusivamente por este organismo, y yo he
de recordar a la Cámara que durante mucho tiempo, durante esta
legislatura y las dos anteriores, desde esta tribuna mi Grupo
(y en algunas ocasiones el propio Grupo de Izquierda Unida y
otros grupos de la Cámara) ha venido manifestando la perfecta
inutilidad del Inem en este aspecto. No ha servido para la
intermediación, y nosotros hemos pedido su traspaso múltiples
veces para acercarlo al problema de los parados, pero eso no
se ha producido. Por tanto, si no se han producido la reforma
ni el traspaso, si no ha sido útil para que los trabajadores
en paro puedan, a través del mismo, participar en políticas
activas de captación y fomento de nuevos empleos, ¿por qué
ahora pedimos que se regenere este Instituto, que hemos
coincidido en múltiples ocasiones, aquí y en la Comisión, en
que no funciona, que no ha funcionado y que difícilmente
funcionaría?
Hay una realidad en el tejido social de este país que se
quiere ignorar y se ha ignorado específicamente en la
propuesta de Izquierda Unida, que son las agencias de
colocación. Se dice que se mantenga su prohibición, pero es
que en este Estado hay múltiples agencias de colocación, hay
múltiples empresas de trabajo temporal, no individuales, sino
además con asociaciones a nivel estatal, que facturan un
volumen importante de dinero, y hay cantidad de trabajadores y
de empresas que acuden a ellas, será porque son útiles. No
quiero traer aquí el argumento fácil --porque lo haremos,
seguramente,



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en el próximo debate-- de que otros países de nuestro entorno,
de la Unión Europea, tienen perfectamente reglamentado este
tema. Otra pretensión de la enmienda de Izquierda-Unida es
rebajar el tiempo de trabajo, y en otro contexto a lo mejor
podríamos coincidir en algunos aspectos, pero la proposición
de la enmienda sólo habla de la reducción de 40 a 35 en el
umbral de llegar a las 30 horas. Para nada hablamos, se ha
dicho aquí, de si eso comporta una rebaja de los haberes
salariales, ¿porque, si no, dónde dejamos la competitividad de
nuestras empresas? ¿No hemos quedado en que tenemos que hacer
competitivas nuestras empresas respecto a sus homólogas de la
Unión Europea? ¿Qué hacemos,
cuando se menciona en este ámbito a la jubilación a una edad
inferior a la actual o al contrato de aprendizaje, qué
hacemos, repito, con el 1.020.000 parados que llevan más de
dos años en expectativa de encontrar nuevo empleo? ¿Qué
hacemos con los 424.000 jóvenes que no han encontrado todavía
trabajo? Y, de ellos, ¿qué hacemos con aquellos que no tienen
titulación, que sabemos que son el 21,1 hasta ahora, que no
encuentran trabajo con la legislación actual? ¿Qué hacemos?
¿Lo mantenemos? Esa es, en líneas generales, la defensa que
hacen una y otra enmienda que se presentan hoy aquí.

¿Mantenemos el contrato de formación endureciendo sus costos,
o hacemos, de alguna manera, una apertura para que los jóvenes
y las jóvenes puedan encontrar una vía de incorporación al
mercado de trabajo? Nuestro Grupo opta por esta segunda parte.

También la enmienda de Izquierda Unida nos plantea la
necesidad del control de los excedentes empresariales. Estaría
de acuerdo en un cierto control de los mismos, pero tiene que
haberlos. El problema es que los llamados excedentes
empresariales han caído en vertical en este país. ¿Es que
queremos ignorar que el año pasado se han cerrado más de
30.000 pequeñas empresas y
comercios? Lo que necesitamos es que las empresas tengan
realmente excedentes para incentivar que se reinviertan en
políticas de creación de empleo.

La enmienda de Izquierda Unida hace un esfuerzo por mantener
criterios que nos lleven a fortalecer al sector público. Sus
señorías saben que nuestro Grupo no está por mantener un
sector público a ultranza cuando este sector público lo único
que ha demostrado hasta ahora es que cantidad de recursos del
Presupuesto General del Estado han tenido que ir a cubrir
déficit de estas empresas en lugar de utilizarlas para otro
tipo de política que crease empleo. Por tanto, no podemos
coincidir en eso.

Coalición Canaria, en el texto de exposición de su enmienda,
en la exposición de motivos y en la intervención del señor
Mauricio esta mañana aquí, hace un análisis de una panorámica
europea, incrustándonos dentro de esa Europa y admitiendo la
reforma con unos condicionantes que son justamente en los que
no coincidimos; en el análisis coincidimos en algunos
aspectos. Creemos que lo que demanda S.S. es perfectamente
posible en el trámite posterior que ha de seguir este proyecto
de ley, que es en las enmiendas al articulado. Su señoría
pedía la posibilidad de intervenir en el perfeccionamiento de
este texto, y creo que tiene esa
posibilidad puesto que se abre, como es lógico, un período de
nuevo debate en ponencia y en Comisión, y volverá al Pleno, de
enmiendas al articulado que perfectamente puede subsanar
aquellas faltas que S.S. encuentra.

Resumo, pues, vamos a votar en contra porque lo esencial, la
política, el nervio de nuestro discurso ya se manifestó aquí
el 28 de diciembre, y porque, después del comentario, después
de escuchar atentamente a los portavoces, no hemos encontrado
razones para votar favorablemente estas enmiendas. Por tanto,
repito, votaremos en contra.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Aparicio.




El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, señorías,
evidentemente yo creo que no se trata ahora de reiterar el
discurso que ya tuvo lugar el pasado día 28 y la posición que
muy correctamente defendió la señora Villalobos. El Grupo
Popular tiene hoy que manifestarse en relación a dos textos
que han sido planteados sobre la mesa, tanto el de Izquierda
Unida como el de Coalición Canaria.

Para explicar esta posición lo primero que hay que preguntarse
es si, en orden a esa discusión parlamentaria que tenemos
planteada, se produce una mejora mediante estos textos, bien
sea desde la perspectiva técnica, bien sea desde una mayor
base política digamos de entendimiento entre partidos
políticos, o bien desde la perspectiva de un mayor respaldo de
los agentes sociales o alguno de estos textos, que yo creo que
son las tres posibilidades básicas de análisis.

Técnicamente (lamento decirlo y quizá el origen esté en este
calendario casi frenético al que se nos quiere someter en
relación a esta tramitación parlamentaria) no podemos decir
que ninguno de los dos textos sea mejor que el presentado por
el Gobierno, y desde luego el presentado por el Gobierno no es
precisamente un buen texto desde el punto de vista técnico; yo
creo que en eso abundó suficientemente nuestro Portavoz el
pasado día 28. Es una redacción farragosa que contribuye muy
poco, desgraciadamente, a esa idea de claridad que para
nosotros es importante, porque claridad también equivale a
seguridad jurídica.

Políticamente parece que tampoco ninguno de los dos textos
amplía, sino que, antes bien, reduce, la base de diálogo entre
los grupos parlamentarios que tuvieron



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ocasión de pronunciarse el pasado día 28 y que creo que de una
forma muy semejante lo han hecho a lo largo de esta mañana.

Nos hemos pronunciado ya desde el Grupo Popular sobre la
conveniencia, sobre la necesidad de que se amplíe la base
política de diálogo, de entendimiento entre grupos para que
todo el mundo pueda contribuir a un proyecto tan importante,
tan delicado como es el de las relaciones laborales que
necesita la situación española.

En la tercera perspectiva, desde un punto de vista de
entendimiento previo de los agentes sociales, tampoco podemos
afirmar que ninguno de los dos textos suponga un mayor
esfuerzo de síntesis o de aproximación entre lo que han sido
las posiciones manifestadas públicamente por los propios
agentes sociales. Yo creo que con este primer análisis ya
estaría de alguna manera explicada la posición del Grupo
Popular.

Evidentemente, no tratamos de polemizar con los grupos
proponentes de estas enmiendas, sino de trasladar a la Cámara
los motivos básicos del sentido del voto.

También es lógico comentar los aspectos que puedan haber sido
relevantes desde la base que ya expusimos el pasado día 28.

(Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Aparicio.

Por favor, señorías, guarden silencio.

Continúe.




El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Decía que también parece lógico aprovechar este momento para
comentar si ha habido algo importante desde el pasado día 28
hasta la fecha. Nosotros ya decíamos entonces que en materia
de contratos de aprendizaje era necesario reforzar su sentido
formativo para evitar --luego hablaré más de ello-- una
desnaturalización o una desvirtuación de este tipo de
contratos. Creo que todos podemos convenir que el contrato de
aprendizaje tiene que ser algo más que un contrato barato;
tiene que tener plenas garantías de formación, tanto para las
empresas como para los aprendices, y tiene que conducir,
inequívocamente, a una cualificación y a una competencia
profesional o, lo que es lo mismo, a una verdadera expectativa
de ingreso en el mercado laboral. El objetivo de un contrato
de aprendizaje lo que no puede ser es la simple sustitución de
trabajadores mejor
retribuidos por trabajadores peor retribuidos. Eso es lo que
no puede ni debe ser, en ningún caso, un contrato de
aprendizaje. Tampoco es acertado contemplar este tipo de
contratos sólo dese la óptica laboral.

Creemos que están en un punto de intermedio, a medio camino
entre el estudiante y el trabajador como tales. Lo digo de
cara a definir posteriormente todos los aspectos. No pretendo
anticipar ahora las enmiendas parciales que nuestro Grupo
presentará oportunamente, pero me parece importante decir que
hay que acortar más ese tramo de edad que sugieren unos y
otros textos, en este caso por debajo del límite establecido
en el contrato de aprendizaje por el proyecto del Gobierno,
que está ligeramente por encima de los dos textos. Nosotros
entendemos que una cifra de referencia puede ser la de 21
años. Creemos que es
absolutamente necesario establecer ese catálogo de
cualificaciones profesionales y competencias, que son las
susceptibles de utilizar en estos contratos. Bien sabe la
Cámara que es una petición que llevamos reiterando, la de ese
catálogo de cualificaciones de competencia profesional, desde
hace tiempo. La cobertura social tiene que ser equilibrada,
pero con esa perspectiva que antes citaba de situar los
contratos de
aprendizaje en punto intermedio entre lo estrictamente laboral
y lo estrictamente educativo.

Ha habido una aportación, al contrato de aprendizaje, en
concreto, por parte del Gobierno que hay que calificar de muy
negativa en este proceso, y ha sido la emisión del Real
Decreto 2317/1993, de 29 de diciembre, que no creo que haga
otra cosa que cerrar posibilidades, hacer más difícil el
diálogo entre los grupos parlamentarios, y que vuelve, y esto
hay que decirlo con cierta tristeza, a unas formas
reglamentistas en las que, si se me permite, sale mejor parada
la propia ineficacia administrativa que las premisas que dice
proteger. Sirva como ejemplo que se defiende el silencio
administrativo, es decir, la ineficiencia de la Administración
en un supuesto tan sencillo como es el de consultar si un
joven ha estado previamente contratado por alguna de las
modalidades del propio Real Decreto.

Decía lo que ha sucedido, pero hay que decir también lo que no
ha sucedido. No sabemos nada de esos planes que anunciaba con
énfasis el Ministro, señor Griñán, el pasado día 28, esos
programas específicos para pequeñas empresas. De ésos no ha
habido noticia, no sabemos absolutamente nada, y mucho nos
tememos que habrá que recordarlos también con cierta
periodicidad.

La buena voluntad política se demuestra consultando antes,
entrando en ese diálogo que ofrecía el señor Griñán, y no
lanzando en el «Boletín Oficial del Estado» algún subproducto
o producto de tan dudosa calidad técnica y política como era
ese Real Decreto. Dicho de otra manera, cuesta hoy más creer
que hay voluntad de mejorar los textos que han sido
presentados que el pasado día 28; desde luego nosotros lo
vamos a seguir intentando. Ni en este proyecto de ley ni en
los textos alternativos se ha sabido dar solución a una
adecuada incentivación de las
contrataciones a tiempo parcial, especialmente las asociadas a
lo que podríamos llamar prejubilación y postjubilación. Hay
que abrir esa posibilidad de contratos parciales a esa franja
de edad.




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Y permítanme que retome por un momento la cuestión del
contrato de aprendizaje como una cuestión que debe producir
nuestra máxima prudencia. No nos podemos permitir que se
traduzca en un elemento peligroso de sustitución de otro tipo
de contratos. Sería terrible que tuviésemos que reflexionar,
en un plazo de dos a tres años, sobre efectos indeseados de
una medida que es buena en sí misma, pero que por
desnaturalización de los conceptos, por esa desvirtuación de
la que antes hablaba, acabe siendo una nueva fuente de
desestabilización del mercado laboral. Al Grupo Popular no le
gustaría quedarse con la amarga satisfacción de decir: ya se
lo decíamos nosotros desde hace tiempo. Pero, vuelvo a
insistir, si se desvirtúa el contrato de aprendizaje puede
producir una terrible reflexión dentro de dos o tres años,
como se ha producido también en relación a otro tipo de
contratos temporales.

Ya hemos dicho que no parece normal hablar de aprendices con
28 años o más, porque se exceptúa para los minusválidos, sin
matiz ninguno dentro de las minusvalías. Cuando se habla del
límite que hayamos de convenir --a nosotros nos gustaría,
repito, que fuese de 21 años-- si hay que hacer esa
discriminación positiva que todos aceptamos para minusválidos,
por ejemplo de tipo psíquico, maticemos o corrijamos --esto se
lo digo también a la señora Ministra-- sobre otro tipo de
minusvalías; harta desgracia tiene ya el minusválido.

Si antes era necesario, ahora pasa a ser urgente disponer de
una catalogación de las cualificaciones profesionales. ¿Por
qué? Porque sin esa catalogación es imposible que funcione
globalmente el modelo de formación profesional. Tenía que
estar, por otro lado --voy a tratar de ajustarme al tiempo al
máximo--, ya en marcha ese sistema de garantías según el cual
si hoy se puede --y se puede-- formalizar un contrato de
aprendizaje, también pueda disponerse --y eso es lo que dota
de garantía tanto a la empresa como al trabajador-- de un
sistema educativo que le dé la formación complementaria que
convengamos, porque yo creo que también debe ser un tema
abierto.

Por todo ello, y porque, como ya señalaba al comienzo de mi
intervención, ninguno de los textos --lamento decirlo-- mejora
ninguno de esos tres aspectos básicos que citaba al comienzo
de mi exposición, ni de base de entendimiento entre las
fuerzas políticas, ni de capacidad de síntesis, de
aproximación entre las posiciones de los agentes sociales, ni
simplemente desde el punto de vista técnico de claridad, de
seguridad jurídica, no vamos a poder apoyar estos textos que
se presentaban como alternativos. Y con una confianza más
escasa que la del día 28, a tenor de los hechos, en las
palabras de diálogo, en la oferta de diálogo del señor Griñán,
anuncio que presentaremos lógicamente enmiendas parciales al
texto que remitió en su momento el Gobierno y que ha
convalidado esta Cámara, y ¡ojalá!, por bien de una sociedad
que lo que nos está pidiendo son más soluciones y menos
crispación, pueda establecerse ese clima de diálogo.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Aparicio. Finalizado el debate de las enmiendas de totalidad
al proyecto de ley de medidas urgentes de fomento de la
ocupación, vamos a pasar a su votación. (El señor Presidente
ocupa la presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la enmienda de
texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya
Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 322; a favor, 18; en contra, 296; abstenciones,
ocho.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo de
Coalición Canaria.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 23; en contra, 300; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Concluidas las votaciones relativas al orden del día de la
primera de las sesiones extraordinarias, pasamos a desarrollar
el orden del día de la segunda sesión extraordinaria convocada
para el día de hoy.




DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS
ARTICULOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y DEL TEXTO
ARTICULADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL (Número de
expediente 121/000032)



--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL (Número de expediente 121/000033)



El señor PRESIDENTE: Punto primero: Debates de totalidad de
iniciativas legislativas. Debate relativo al proyecto de ley
por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de
los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral y del proyecto



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de ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

Para presentar estos proyectos en nombre del Gobierno, el
señor Ministro de Trabajo tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.

Continuamos hoy, señoras y señores Diputados, un debate cuyo
planteamiento general fue ya abordado por el Pleno de esta
Cámara el pasado 28 de diciembre. Continuamos, pues, hablando
de la reforma laboral, y necesariamente habré de recordar
algunas de las cuestiones a las que en aquella oportunidad
hice referencia. Con la reforma laboral el Gobierno quiere
promover y proteger el empleo, quiere hacer que todo empleo
posible llegue a ser un empleo real, quiere dar soluciones a
nuestro problema más importante, el problema del paro. Como
les decía hace tres semanas, para ello proponemos una reforma
global y equilibrada. Es global porque aborda, desde su
necesaria interdependencia, los distintos aspectos, las
diferentes fases de la relación de trabajo, y es también
equilibrada porque pretende que sea el diálogo entre sus
protagonistas, entre empresarios y sindicatos, el que sirva
para establecer las reglas de juego fundamentales no sólo de
cuanto se refiere al proceso de formación de rentas, sino
además de cuanto se refiere a las condiciones concretas en que
se desarrolla la prestación laboral. Queremos que sea la
negociación colectiva la fuente más importante de regulación
de las relaciones laborales, porque estamos convencidos de que
sólo a partir de la negociación colectiva es posible alcanzar
un alto grado de adaptación de las empresas a la realidad
económica concreta y, al mismo tiempo, una protección adecuada
de los trabajadores. Es, por consiguiente, una reforma global
y
equilibrada que trata de facilitar el proceso de creación de
empleo, que persigue, como les decía antes, promover y
mantener la ocupación.

Estamos atravesando momentos difíciles. La economía europea
vive unos de los períodos más complicadosde las últimas
décadas. Estamos perdiendo competitividad y nuestra posición
relativa, no sólo ya frente a los que han sido nuestros
tradicionales competidores, Estados Unidos o Japón, sino
incluso frente a los nuevos países industrializados, se ha
deteriorado en lo que se refiere a cuotas de mercado, a
innovación y, lo que es peor, a empleo. El Libro Blanco de la
Comisión se hace estas mismas reflexiones y se pregunta cómo
después del último quinquenio expansivo de la década de los 80
los avances que se han logrado en Europa durante ese lustro no
han sido suficientes para amortiguar las consecuencias de la
recesión internacional. La respuesta que se da es muy clara.

Los europeos hemos cambiado mucho en los últimos años, hemos
avanzado y hemos prosperado considerablemente, pero la
velocidad con la que ha cambiado el mundo ha sido todavía
mayor. Estamos viviendo una fase de recesión, pero son muchos
los que opinan que después de ella nada va a volver a ser como
antes. Además del componente cíclico de la crisis hay un
profundo cambio estructural. Los escenarios económicos se
están transformando a un ritmo espectacular y se impone, cada
vez más, la lógica de las ventajas competitivas, basadas en la
calidad, frente a la vieja lógica de las ventajas
comparativas, determinada por los recursos naturales. Estamos
ante una nueva era, ante un tiempo distinto de los
anteriormente vividos que obliga a abordar nuevos caminos que
reestablezcan los niveles de bienestar europeos. Las
transformaciones que vive el mundo se producen en un momento
particularmente delicado para el viejo Continente; un momento
en el que muchas de sus referencias históricas se han deshecho
y en algunos casos, señorías, se han deshecho de forma súbita
y violenta. Europa sufre hoy cambios profundos que afectan a
todos los ámbitos: cambios demográficos por un progresivo
envejecimiento de la población y una transformación profunda
de las estructuras familiares; cambios sociales también,
consecuencia de una cada vez mayor igualdad de oportunidades;
cambios políticos, por la caída de los regímenes comunistas y
la reproducción en algunas regiones de viejos conflictos
nacionalistas; cambios culturales y científicos; cambios
tecnológicos y, sobre todo, señoras y señores Diputados,
cambios económicos de envergadura, puesto que estamos
viviendo, asistimos al tramo final de una forma concreta de
organización productiva que algunos han dado en llamar la
nueva ruptura industrial.

Asistimos a la fase última del sistema de producción en masa,
ese sistema basado en un mundo que está dejando de existir:
una demanda estable, poco exigente, una maquinaria cara
destinada a producir masivamente un mismo producto durante
mucho tiempo y una mano de obra poco cualificada y poco
versátil, un sistema de enorme centralización de la producción
que daba lugar a esa triple concentración a la que se refirió
Carlos Marx: los mismos trabajadores, en el mismo sitio,
produciendo las mismas cosas, y, consiguientemente, daba lugar
también a un modelo determinado de relaciones industriales
cuyo sujeto era el obrero industrial, varón, poco cualificado
y contratado por tiempo indefinido. Este sistema ha entrado en
crisis. Una gran parte de la producción se ha saturado. La
demanda ya no es de primera compra, sino de reposición, y,
además, los demandantes eligen, en esta fase de sustitución,
productos cada vez más individualizados y de mayor calidad.

Todo ello lleva a un reemplazo paulatino de los sistemas de
producción en masa. Se va hacia producciones más cortas, con
maquinaria cuyas características necesariamente se han de
adaptar y modificar para modificar también las del producto
conforme cambian los requerimientos de la demanda, y hacia una
organización del trabajo con una mayor polivalencia funcional.




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Eso, sin duda, señorías, tiene que exigir un marco
institucional distinto para el mercado de trabajo. Estamos,
por consiguiente ante un momento de recesión económica, es
cierto, pero que en Europa coincide con profundos cambios
estructurales. No son suficientes, por tanto, las recetas
tradicionales para la reactivación, porque el crecimiento
económico no es la única condición para la creación de empleo;
es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Hay
que trabajar, además, para que ese crecimiento se traduzca en
empleo, para que la
reactivación sea capaz de conseguir más puestos de trabajo,
una mayor ocupación. Dicho de otra manera, hay que remover los
obstáculos que hoy nos están impidiendo crear más empleo y
repartir el volumen existente de una manera más solidaria. En
este sentido, conviene detenerse en una de las reflexiones que
formula el Libro Blanco a propósito de estas dificultades que
tienen, que están teniendo las economías europeas para
convertir los crecimientos posibles en un empleo real. En la
mayoría de los países europeos, se dice en el Libro Blanco, el
producto del crecimiento económico ha sido absorbido
principalmente por las personas que permanecen empleadas
mientras que muchos
desempleados han sido excluidos. La economía española --añade-
-constituye el ejemplo más sorprendente. Nuestro sistema de
relaciones laborales presenta problemas tanto en lo que se
refiere al ámbito de la producción, que está regulada casi en
su integridad por normas estatales y muy poco por la
negociación colectiva, como al ámbito de la distribución, con
unos
crecimientos salariales por encima de la productividad, que
son inmediatamente compensados con pérdidas de empleo. Es un
sistema, por consiguiente, que manifiesta una clara
insolidaridad con el trabajador en paro y que está teniendo
dificultades para
adaptarse a tiempos difíciles.

Hace unos días, la semana pasada, hemos conocido que en 1993
los incrementos salariales de la negociación colectiva en
España han sido superiores en prácticamente un punto al índice
de precios al consumo. En un año en que el paro registrado ha
aumentado en 345.000 personas los salarios pactados por
empresarios y
sindicatos han crecido un 20 por ciento más que el coste de la
vida. Pues bien, ese punto, que puede parecer irrelevante,
equivale a la masa salarial anual de 100.000 trabajadores. Es
cierto que nada permite asegurar que sin el incremento de ese
punto se hubieran podido conservar 100.000 empleos; lo que sí
se puede afirmar es que en 1993 con el incremento habido se
han perdido 345.000. La moderación salarial y la reinversión
de los beneficios es en época de crisis --y lo digo con toda
rotundidad-- una exigencia de solidaridad. Lo afirma así el
Libro Blanco de la Comisión, lo dicen así los expertos y es,
además, práctica habitual en la negociación colectiva de
bastantes países. Es una cultura que cuesta trabajo asumir a
empresarios y sindicatos, pero sin la cual difícilmente vamos
a poder abordar la senda del empleo. La semana pasada
conocíamos también el convenio de la industria química
alemana, un convenio que sitúa el incremento salarial en dos
puntos por debajo de la inflación y que llega incluso a
reducir en un 10 por ciento sobre lo acordado en convenio el
salario de los trabajadores que se contraten en la industria
química a lo largo de 1994. Recuerdo que ya hace algunos
años --por los ochenta-- Luciano Lama, el carismático líder
sindical italiano, afirmaba algo que aquí todavía puede
resultar herético a los oídos de quienes los cierran a la
realidad: Los que entre nosotros
--decía-- han insistido fundamentalmente en el crecimiento
salarial han sido, sin quererlo, aliados objetivos de las
fuerzas políticas más conservadoras. Y añadía: Nosotros no
podemos seguir obligando a las empresas a mantener en sus
dependencias un número de trabajadores que supera sus
posibilidades productivas. Es Luciano Lama el que lo decía.

Yo, señorías, me limito a
subrayarlo y a decir, eso sí, que lo comparto. Debiéramos
entrar en esta cultura y no mirar cada horizonte de una
negociación colectiva como el asalto a los objetivos de
inflación del Gobierno. Una cultura que entiende perfectamente
que la
contradicción capital-trabajo no puede resolverse haciendo
desaparecer la empresa, que hay que dialogar y llegar a
acuerdos: moderación a cambio de mantenimiento o de
crecimiento del empleo; sacrificios compartidos, solidaridad.

Porque, señorías, hay una relación indiscutible entre el
crecimiento de las rentas y el volumen de empleo, una relación
de las que se denominan
inversamente proporcionales.

Llama la atención comprobar cómo nuestra negociación colectiva
es tan corta en contenidos como larga, sin embargo, en abordar
las cuestiones salariales; una pobreza de contenidos y una
debilidad en la capacidad de autorregulación que es sin duda
consecuencia de unas prácticas de empresarios y sindicatos, de
las dos partes, que enfocan todo el proceso de negociación en
las retribuciones y que exigen simultáneamente al Estado --las
dos partes-- que se ocupe de todo lo que no sean salarios. Yo
les podría citar, una a una, más de cien empresas españolas
que estando en 1993 en regulación de empleo, con suspensiones,
con reducciones de jornada, con extinciones de contrato, han
incrementado los salarios por encima de la inflación; o
también ejemplos de empresas que han acordado con los
representantes del personal una extinción de contratos con
indemnizaciones que duplican la fijada legalmente y,
simultáneamente, han acordado un incremento de las
retribuciones de quienes conservan el puesto de trabajo dos
puntos, y en algunos casos hasta cuatro, por encima de la
inflación.

Todos ustedes conocen casos como éstos y, por consiguiente,
poco más puedo añadir, poco más cabe añadir sobre este aspecto
insolidario de nuestro mercado



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de trabajo, y puede ser cierto que esta crisis, al producirse
de una manera más súbita que las anteriores, esté haciendo más
difíciles los necesarios procesos de adaptación de nuestros
empresarios y de nuestros sindicatos, pero el problema no es
tan sólo de prácticas de negociación. El problema también está
en las fórmulas legales. Como les decía antes, el sistema
español de relaciones laborales es rígido en lo que se refiere
a su
capacidad para adaptarse a los cambios económicos, a los
cambios tecnológicos, por las reglas del juego que en
ocasiones
determinan su funcionamiento.

Hay una forma generalmente aceptada de medir la capacidad de
adaptación que tiene un mercado de trabajo y, consiguiente
también, claro, de medir el grado de implantación del diálogo
entre empresarios y sindicatos. Se trata de definir la
distancia que se da entre las condiciones de trabajo
establecidas en la ley --digo en la ley-- y aquellas que se
producen efectivamente en cada centro de trabajo como
consecuencia de la negociación colectiva. Cuanto menor es esa
distancia, más rígido será el funcionamiento, menor capacidad
de adaptación tendrán las empresas ante unas circunstancias
cambiantes y menor será también el nivel de diálogo y
compromiso entre los agentes sociales. A mayor intervención
pública, menor negociación, o, lo que es lo mismo, menor
autonomía y mayor dependencia, agentes sociales más débiles y
convenios colectivos más pobres. Pues bien, es posible decir
que el sistema español en este sentido es un ejemplo de
rigidez sobrevenida, aunque hay que añadir inmediatamente que
es consecuencia también de nuestra historia más reciente. El
marco legal --me refiero al marco determinado por la ley-- de
nuestro sistema de relaciones laborales es sin duda uno de los
más densos en contenidos y de los más minuciosos en la
regulación de cuantos están vigentes en la Unión Europea, y es
así en todos los ámbitos de la relación laboral, desde el
nacimiento hasta su terminación. Yo les podría dar algunos
datos. Por ejemplo, más de la mitad de los países comunitarios
tienen libertad de contratación, sin preferencia alguna por
los contratos por tiempo indefinido. En ocho de ellos no hay
indemnización prevista para la finalización de los
contratos temporales. En la inmensa mayoría de los Doce la
edad de admisión al trabajo está por debajo de los 16 años. En
materia de jornada, la directiva comunitaria, por cierto, de
finales de 1993 --es decir, muy reciente-- establece una
máxima legal de 48 horas, que, además, es la que está vigente
legalmente en Irlanda, Italia, Holanda, Portugal o Alemania,
en tanto que Dinamarca y el Reino Unido no disponen de
normativa alguna al respecto. Igual ocurre con las vacaciones,
cuyo mínimo comunitario establecido por directiva son cuatro
semanas al año, a pesar, es cierto de que varios países tienen
establecidos mínimos inferiores a esas cuatro semanas --
Portugal, Bélgica, Grecia, Alemania, Irlanda, etcétera--. De
la misma manera, en países como Alemania, Bélgica, Dinamarca o
el Reino Unido no hay ninguna legislación estatal sobre
mínimos salariales. En Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Holanda, Reino Unido o Irlanda no hay norma legal alguna sobre
movilidad interna de trabajadores en la empresa.

La realidad, por tanto, de la regulación por ley de las
condiciones de trabajo en nuestros socios comunitarios es sin
duda inferior, en términos de amplitud y desarrollo, a la que
se contiene en la legislación española. Pero, claro, siendo
esto cierto, también lo es que en muchos de esos países la
duración de la jornada, la extensión de las vacaciones, el
nivel salarial o incluso las propias reglas de movilidad
interna o de extinción de contratos están reguladas en la
negociación colectiva mediante un cuadro de derechos que en
modo alguno podría considerarse inferior al establecido en la
ley española, aunque, eso sí, al estar en negociación
colectiva, organizado de forma mucho más flexible y más
sensible a la productividad, a la realidad del sector y a la
realidad de la empresa en la que se aplica. Sucede que
mientras en el sistema común de relaciones laborales de los
países de la Unión Europea el núcleo fundamental de los
derechos de los trabajadores está fijado en la negociación
colectiva, en España sigue existiendo todavía un bloque
fundamental de derechos fijados en ley, lo cual nos lleva a
una conclusión que me parece importante destacar. Si entre
nosotros produjéramos una derogación o una desregulación
normativa, la situación en la que quedarían los trabajadores
sería sin duda peor que aquélla en la que quedaría un
trabajador alemán, un trabajador francés, un trabajador belga,
holandés y danés, si se produjera esa misma desregulación en
su país respectivo. Por eso la reforma que proponemos no
persigue la derogación de derechos establecidos en ley,
persigue fundamentalmente la disponibilidad de los mismos por
la negociación colectiva, en el convencimiento de que las
mejoras de condiciones conseguidas en los procesos de
negociación son siempre más firmes y más adaptables.

Tenemos, pues, un sistema de relaciones laborales con un
amplio campo de regulación estatal y, sin embargo, con un
tramo muy corto de regulación convencional. Esta es sin duda
una realidad, una realidad que --añado-- se deriva de nuestra
particular historia. A veces conviene recordar que la libertad
sindical se produjo entre nosotros en 1987, y como derecho
fundamental tan sólo a finales de 1978. Pero, en fin, el
Estatuto de los
Trabajadores se discute en nuestro Parlamento sólo un año
después de que hubiera en España un derecho constitucional a
la
sindicación libre o a la negociación colectiva. Por ello el
sistema que regula el Estatuto es un sistema conveniente y lo
es hablando en términos históricos. Señala el camino de la
consolidación del diálogo social, señala el camino de la
construcción de marcos laborales a través de amplios procesos



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de negociación colectiva, pero, como no podía ser de otra
manera, mantiene también un conjunto de regulaciones estatales
inderogables para impedir vacíos normativos que sin duda se
podrían producir en un tránsito brusco del sistema de
prohibición de la negociación colectiva al nuevo modelo de
autonomía de las partes.

Es, pues, fruto de una historia, pero, señorías, sería un
anacronismo hacer que lo que fue conveniente en un momento
histórico se convirtiera en necesario para siempre. Es verdad
que desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores han
pasado pocos años si atendemos a los ciclos históricos o si
medimos estos años en función de cuál tiene que ser la
vigencia lógica de un marco legal, pero han pasado muchos
considerando cuáles han sido las transformaciones que ha
experimentado el mundo en los tiempos más recientes y en los
tiempos más inmediatos. Estamos viviendo sin duda una fase del
ciclo histórico singularmente irrepetible por la velocidad con
la que se suceden los acontecimientos. Desde hace tan sólo
siete años --digo siete, señorías, siete años-- España ha sido
protagonista de un proceso de cambios tan acelerado como jamás
lo fue en época alguna de su historia contemporánea. Nos
integramos en las Comunidades Europeas, vivimos como
protagonistas la entrada en vigor del Acta Unica. Vivimos
después la construcción del Espacio Económico Europeo con
países no socios de la Comunidad, la construcción del Mercado
Unico. Vivimos también en ese mismo período de tiempo la caída
de los sistemas comunistas, un poco después se inicia un
proceso de unión económica y monetaria y terminamos con la
universalización, a través del Acuerdo del GATT, del comercio
internacional.

Estamos, pues, en el momento adecuado para pasar de un sistema
de transición a un sistema de integración.

Es este el momento de reforzar y reformar nuestras
instituciones laborales para hacerlas más adaptables a la
realidad que vivimos y, desde luego, más compatibles con los
sistemas de los países socios de la Unión Europea. Es verdad
que hay quienes consideran que nada debe cambiar porque las
cosas están bien como están ahora, y es verdad también que hay
quienes, por el contrario, aseguran que esta reforma se hace
tarde. Unos y otros olvidan la Historia más reciente, la
nuestra y la europea; y olvidan, sobre todo, que los
diferentes sistemas de relaciones industriales responden no
sólo a la evolución de las fuerzas productivas, como pretende
el marxismo ortodoxo, o a las reglas puras del mercado, como
quieren los liberales más estrictos, sino a un conjunto muy
complejo de factores históricos, de factores culturales, de
factores sociales y de factores políticos. Por eso
precisamente no hay un modelo de relaciones laborales; hay
distintos sistemas según las diferentes particularidades de
cada país. ¿Por qué, podemos preguntar, Estados Unidos y
Australia, con un tronco cultural común, una historia muy
semejante, unos sistemas jurídicos y judiciales de igual
naturaleza y un mismo nivel de industrialización tienen, sin
embargo, dos sistemas muy distintos de implantación, de
práctica sindical y de relaciones laborales? No hay un modelo
universal de relaciones laborales, salvo que entendamo por
universal o por modélica la necesaria capacidad de adaptación
que todos tienen o han de tener y, desde luego, en nuestra
cultura, los que son sus ejes vertebradores, es decir, la
libertad sindical, la negociación colectiva y la protección
social.

Así las cosas, la reforma que proponemos es la que entendemos
necesaria en este momento histórico para España. Una reforma
que mantiene algunas de nuestras particularidades y que
persigue dos cosas: en primer lugar, una mayor capacidad de
adaptación de las empresas de forma que ante una situación
difícil, una situación económicamente complicada, se utilicen
para superarla mecanismos como la distribución del tiempo de
trabajo, la movilidad
funcional o el descuelgue salarial antes de llegar al despido
y, en segundo lugar, una mayor coherencia con lo que es el
acervo comunitario o las reglas de funcionamiento de los
distintos mercados de trabajo de nuestros socios europeos,
puesto que con ello ambicionamos la creación de un mercado
único para todos. Así pues, adaptación y coherencia son los
objetivos y el medio para alcanzarlos la negociación
colectiva.

A partir de esa reforma, el convenio colectivo se ha de
convertir en el instrumento fundamental para conseguir la
adaptación de cada sector productivo y de cada empresa a unas
circunstancias cambiantes. Las medidas propuestas en este
ámbito se orientan, por consiguiente: primero, a reforzar el
protagonismo de
empresarios y sindicatos; segundo, facilitar y favorecer los
acuerdos entre ellos; y, tercero, ampliar los contenidos de la
negociación colectiva.

A lo largo de nuestra transición democrática, y más
concretamente a lo largo de la última década, se ha producido
un apoyo
continuado de los poderes públicos al fortalecimiento de los
agentes sociales. Desde la aprobación del Estatuto de los
Trabajadores, o si queremos más concretamente desde su reforma
de 1984, se han ido sucediendo un conjunto de normas legales y
de decisiones gubernamentales que han tratado de conseguir ese
objetivo. Y así, señorías, ha sido visto por todos los
analistas de las relaciones laborales en Europa que reconocen
(como, por ejemplo, recientemente lo ha hecho Guido Baglioni)
que ha sido en España donde los sindicatos han sido más
favorecidos por un creciente reconocimiento institucional a lo
largo de los años 80. En esta misma línea de favorecer el
diálogo social, en la misma línea de la que les estoy hablando
a través de una mayor
implantación sindical, el proyecto de ley que hoy se debate
incorpora a su articulado un reciente acuerdo con Comisiones
Obreras y con la Unión General de Trabajadores sobre
elecciones sindicales que fue,



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además, votado favorablemente por la CEOE en el Consejo
Económico y Social.

Como saben SS.SS., la representación institucional les viene
atribuida hoy a los sindicatos por el número de representantes
que obtienen en un período reducido de tiempo que no puede
exceder de tres meses. Al final de ese proceso electoral, la
Comisión Nacional de Elecciones Sindicales proclama los
resultados y estos resultados se mantienen, a efectos de la
representatividad, inalterables durante cuatro años. Es un
sistema que ha funcionado razonablemente y bien en la fase
inicial de implantación sindical, pero que, como todos ustedes
saben, plantea hoy problemas: origina a los sindicatos
campañas costosas, origina enfrentamientos sindicales y
origina situaciones indeseables de tensión en el seno de la
empresa. Para evitarlo, la reforma que hemos acordado
Administración y sindicatos, con el voto favorable de la
patronal, suprime el período de cómputo a la vez que concede
una prórroga de hasta 18 meses a los actuales representantes
con vistas a espaciar más en el tiempo, como es lógico, su
renovación. Se crea una oficina pública de registro encargada
de certificar en cada momento la situación real de
representatividad y, al mismo tiempo, se establecen fórmulas
arbitrales que tratan de
solucionar los contenciosos que puedan originarse en estos
procesos.

En segundo lugar --como les decía-- con la reforma se pretende
facilitar los acuerdos entre los agentes sociales y, para
ello, se mejoran los requisitos de representatividad
empresarial y, además, se modifican las reglas de toma de
decisión de acuerdos, de manera que el convenio colectivo
pueda llegar a aprobarse por la mayoría absoluta de cada
representación en lugar de la cualificada del 60 por ciento
hoy en vigor. Pero, señorías, lo más relevante de la reforma
de la negociación colectiva es, precisamente la ampliación de
su capacidad reguladora o de su capacidad para ordenar las
relaciones laborales en la empresa. Se pretende que la
adaptación a las circunstancias de cada sector o de cada
empresa se consiga mediante acuerdos entre empresarios y
sindicatos que aseguren la viabilidad de la empresa,
reforzando, sin duda, su capacidad competitiva, proteja el
empleo existente en cada momento y permita la promoción de
nuevas contrataciones.

Lo pactado en convenio, como ustedes saben, excluye, igual que
una norma estatal, la actuación unilateral del empresario,
pero permite, sin duda, mejor que la norma estatal la
adaptación de la empresa porque las normas son siempre, por su
propia
naturaleza de generalidad, uniformistas y las cosas no
funcionan igual en la empresa grande que en la empresa chica,
en la que va bien que en la que va mal, en la que maneja alta
tecnología y en la que se basa fundamentalmente en el trabajo
personal.

Así en esta nueva regulación, la negociación colectiva va a
encontrar, en primer lugar, una mayor posibilidad de
adaptación a través de las cláusulas de descuelgue en los
convenios
colectivos de ámbito superior al de empresa. Se establece,
para ello, un procedimiento no nuevo, un procedimiento que ya
tuvo su precedente en el Acuerdo Nacional sobre el Empleo y
que puede permitir que las empresas en dificultades encuentren
fórmulas para superar esta situación de crisis sin afectar
para nada al volumen de empleo. Pero, además, se permite que
la negociación colectiva pueda adaptar en cada caso y en cada
situación parte de la regulación estatal para, sin vulnerar lo
que son mínimos indisponibles o inderogables, hacerlos, eso
sí, más compatibles con la realidad del sector, con la
realidad de la empresa. En este sentido, se establece la
necesidad de que las ordenanzas de trabajo sean sustituidas,
antes del 31 de diciembre de este año, por acuerdos
sectoriales y, caso de que por dificultades en la negociación
no se llegara a un acuerdo de sustitución, no se procedería a
la simple derogación, sino que se produciría la derogación
mediante un arbitraje de la Comisión Nacional
Consultiva de Convenios.

Esta derogación pactada de ordenanzas junto con las nuevas
reglas sobre movilidad, sin duda van a permitir una
utilización mucho más racional de lo que son los recursos en
la empresa, lo cual es importante para conservar y mantener la
ocupación. Se dota, pues, a la negociación colectiva de una
mayor capacidad de adaptarse y también de disponer de forma
flexible de las normas estatales. Junto a ello, el Estatuto
mantiene, y en algunos casos regula por vez primera, derechos
que no podrán ser alterados por la voluntad de las partes, son
lo que en la jerga llamamos «los mínimos indisponibles». Entre
ellos, en materia salarial, estarían los siguientes: el
salario mínimo interprofesional, la igualdad de remuneración
por razón de sexo, las condiciones de liquidación y pago de
salarios y las garantías del salario que se amplían además a
las indemnizaciones por despido. Y en relación con el tiempo
de trabajo, el límite de jornada de 40 horas en cómputo anual
(de manera que una eventual superación de ese límite semanal,
como consecuencia de un acuerdo colectivo sobre distribución
reticular del tiempo de trabajo, debe traer consigo una
reducción de ésta por debajo de las 40 horas en otros períodos
de tiempo); el límite de 8 horas en trabajo nocturno, que se
introduce también para los menores de 18 años, junto con la
prohibición ya existente de trabajo nocturno en jóvenes; el
descanso mínimo de 12 horas entre jornadas; el descanso
semanal de día y medio computable cada dos semanas; el
descanso
intermedio en las jornadas continuadas; las vacaciones mínimas
de 30 días; las fiestas laborables y los permisos por causas
tasadas.

En materia de modificación de condiciones de trabajo y
movilidad geográfica se distingue entre la individual y la
colectiva según los criterios de la directiva



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comunitaria y se establece la necesidad de mantener la
causalidad, la revisión jurisdiccional de la causa y la
participación de los representantes de los trabajadores en la
tramitación de los supuestos colectivos.

En el comienzo y en la terminacion del contrato se mantiene el
principio de causalidad. Se admite la contratación temporal
por necesidades temporales y se admite también la contratación
temporal, como ocurre en todos los países comunitarios, para
favorecer la contratación de colectivos de personas con
dificultades serias y objetivas de inserción en el mercado de
trabajo.

En cuanto a la extinción conviene decir claramente que el
despido es y seguirá siendo causal e indemnizable y, por
consiguiente, ni es libre ni es gratuito, ni va a ser libre ni
a va a ser gratuito. Para que un empresario pueda despedir
deberá aducirse una causa que justifique esa decisión y si no
resultara probada, habrá que indemnizar. También incluso
deberá haber indemnización en los supuestos en los que, aun
existiendo causa, ésta no resultara imputable al trabajador.

Se suprime la autorización administrativa en despidos
estructurales que afecten, en un período de 90 días, a menos
de 10 trabajadores en empresas con menos de 100; a menos del
10 por ciento en empresas entre 100 y 299; o a menos de 30
trabajadores en empresas de 300 o más. Pero la ausencia de
autorización administrativa (que, por cierto, es la regla
común europea, exigida en algunos casos por algún sindicato y
en algunos momentos de nuestra historia pedida también por
algún sindicato), esa regla común europea, digo, no sitúa en
indefensión al trabajador, puesto que, en todo caso, dispone
de la tutela judicial efectiva.

Junto con estos derechos individuales habría que citar los
derechos colectivos de los representantes de los trabajadores
en general y los referidos a períodos de consulta y
negociación en expedientes de movilidad geográfica,
modificación de condiciones de trabajo y regulación de empleo.

Al lado de estos derechos que consideramos inderogables o
indisponibles, hay también otros casos --bastantes casos-- en
los que la regulación estatal mantiene su virtualidad pero,
eso sí, puede ser adaptada por la negociación colectiva.

Entramos de lleno aquí en el ámbito de la autonomía de las
partes; una autonomía que se extiende a todos, prácticamente a
todos los elementos que caracterizan la relación del trabajo a
partir de ese suelo de negociación que les acabo de describir.

Son muchas las posibilidades de regulación que se abren a la
negociación colectiva. No quiero ser exhaustivo, pero sí les
citaría, entre otras, las siguientes: período de prueba;
duración dentro de los límites legales, del contrato en
prácticas; duración del aprendizaje; duración del contrato
eventual; promoción por realización de tareas superiores;
cuantía y estructura del salario en todo tipo de contratos --
en todo tipo de ellos--; forma de devengo; modelo de recibo de
salarios; pago de horas perdidas por causas imputables al
empresario; duración del trabajo ordinario diario, dentro, eso
sí, del límite legal del que antes hablé; sistema de pago de
las horas
extraordinarias; sistema de clasificación profesional y
ascensos; planificación de las vacaciones; régimen
disciplinario; movilidad y mercados internos; adaptación de
plantillas y, sin duda, disponibilidad de lo convenido
anteriormente, el convenio colectivo anterior.

Estas son, en síntesis, señorías, las modificaciones del
Estatuto de los Trabajadores. Honestamente, frente a quienes
propugnan la desregulación normativa, hay que decir que
mantenemos un catálogo amplio de derechos básicos, algunos
inderogables, otros
disponibles, cuya desaparición, es cierto, pondría a muchos
trabajadores en situaciones claras de desprotección. Frente a
quienes propugnan la desregulación convencional, es decir, la
sustitución de la negociación colectiva por la negociación
individual, proponemos la negociación entre empresarios y
sindicatos como fuente fundamental del derecho del trabajo.

Pero la reforma, señoras y señores Diputados, tiene varias
medidas más. Es un conjunto global, equilibrado. Algunas
fueron tratadas en el Pleno del pasado 28 y acaban de ser
comentadas también en esta tribuna a propósito del que fue
Real Decreto-ley 18/1993, convalidado en esta Cámara.

Permítanme, sin embargo, una
explicación sobre un tema específico que abordaba ese Real
Decreto-ley y que ahora es objeto de desarrollo en proyecto de
ley independientemente: me refiero a las empresas de trabajo
temporal.

Como les decía antes, el objetivo último de la reforma
propuesta por el Gobierno es el empleo. Un objetivo que nos
lleva a desarrollar medidas que, en todo caso, en todo momento
promuevan la colocación, mantengan el empleo. Una de ellas es,
sin duda, la de las empresas de trabajo temporal. Como saben
SS.SS., la contratación de trabajadores con la finalidad de
cederlos a otras empresas fue inicialmente prohibida por los
ordenamientos laborales. Sin embargo, ya a finales de la
década de los 60 (hablo de los 60) se empieza a admitir en
toda Europa la
eficacia, la rectitud de una fórmula concreta de
intermediación que es la que se desarrolla por las empresas de
trabajo temporal. Hoy todos los países de la Unión Europea,
todos excepto Grecia e Italia, tienen reguladas o permitidas
estas empresas, y la propia Comunidad aprobó el 25 de junio de
1991 una directiva que supone el reconocimiento implícito de
las mismas.

Por ello, su regulación ahora en España constituye sin duda
una apuesta certera por una figura que tiene claros efectos
beneficiosos sobre la calidad y sobre la cantidad del empleo.

Se produce, por otra parte, en el momento oportuno, una vez
culminado el debate comunitario correspondiente y después
también de que fuera



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refrendado el programa electoral socialista, en el cual
figuraba también esta medida.

El proyecto de ley, que ha sido informado por el Consejo
Económico y Social, aborda el contenido de esta nueva relación
de forma minuciosa, detallada, con la deliberada intención de
propiciar, en atención al bien jurídico que se trata de
proteger, la creación de empresas solventes, de empresas
capaces de garantizar los derechos de los trabajadores y no
una simple intermediación. Dos notas caracterizan esta
regulación. La primera es la nítida diferenciación con la
actividad de colocación o de intermediación, pues el objeto de
una empresa de trabajo temporal consiste en poner a
disposición de la empresa usuaria un trabajador ya previamente
contratado, asumiendo la empresa de trabajo temporal, por
consiguiente, las obligaciones y riesgos inherentes a su
condición de empleador. La segunda es, en consonancia con la
nueva redacción dada al artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores, el mantenimiento de la correspondencia en la
contratación, pues no se trata de ampliar los supuestos de
contratación de duración determinada, que no se alteran, sino,
en todo caso, de abrir vías diferentes para satisfacer
necesidades de empleo coyuntural, en momentos coyunturales, de
las empresas.

Del contenido de los cinco capítulos que integran el proyecto
me interesa resaltar los aspectos relacionados con los
requisitos para su autorización, los supuestos de utilización
y las obligaciones de las empresas y derechos de los
trabajadores. Las empresas de trabajo temporal, para poder
actuar, están sometidas a autorización administrativa, que
será provisional para cada una de las tres primeras
anualidades y será definitiva a partir de la cuarta, y deben
también constituir garantía financiera en orden a asegurar el
cumplimiento de las obligaciones salariales y de Seguridad
Social contraídas con sus trabajadores. En la regulación de
los supuestos en que estas empresas puedan ser utilizadas,
hemos querido evitar situaciones opacas en el funcionamiento
del mercado de trabajo o que pudieran causar perjuicio a los
trabajadores, y también eliminar todo viso de precariedad en
el empleo. Por ello, se prohíbe expresamente su utilización
para sustituir a
trabajadores en huelga, para cubrir puestos amortizados como
consecuencia de despidos improcedentes o por causas
estructurales, o también cuando los trabajos resulten
peligrosos para la seguridad o salud de los
trabajadores.

Los contratos de trabajo que celebren las empresas de trabajo
temporal y sus empleados, formalizados por escrito y
registrados en la Oficina de Empleo, pueden tener duración
indefinida o duración determinada. En este último caso, el
trabajador tendrá derecho a la indemnización correspondiente a
la finalización del contrato igual a la parte proporcional que
resultaría de abonar doce días de salario por cada año de
servicio. A la empresa de trabajo temporal se le exige cumplir
las obligaciones salariales y de Seguridad Social en relación
con los trabajadores
contratados, así como destinar un 1 por ciento de la masa
salarial para formación. Por último, la empresa usuaria queda
obligada a informar al trabajador, con carácter previo al
inicio de su prestación, de los riesgos derivados del puesto
de trabajo y de las medidas de protección y prevención contra
los mismos, así como también a adoptar las medidas de
protección en materia de seguridad e higiene, siendo
responsable de los accidentes de trabajo que se deriven de su
incumplimiento.

Señorías, he procurado extenderme en las razones y en el
contenido de esta reforma. La reforma laboral responde a una
realidad concreta. Es, sin duda, una realidad de carácter
internacional pero que en su aspecto nacional, que obviamente
es el que más nos interesa, presenta una particularidad
preocupante. El empleo, desde hace muchos años, es el punto
débil de nuestra economía. Cuando todos crean empleo, nosotros
creamos algo menos; cuando todos pierden puestos de trabajo,
nosotros perdemos algo más. Por eso, la razón de la reforma
es, sin duda, el empleo. Las cosas, como antes les decía,
responden a una realidad y son también producto de la
historia. No cabe, por tanto, una reforma teórica. Hay que
tomar en consideración el factor tiempo --el tiempo pasado y
el tiempo presente-- y el factor realidad. Esta, señorías, es
la reforma de nuestro tiempo, de aquí y ahora; la reforma
posible y, por consiguiente, la reforma necesaria. Una reforma
que deposita su confianza en los sindicatos y en los
empresarios, en su capacidad de dialogar entre ellos y llegar
a acuerdo entre ellos; en su voluntad de asumir conjuntamente
los sacrificios que exige una situación de crisis económica,
de invertir los beneficios en la creación de empleo y moderar
el crecimiento de los salarios. Al Gobierno le corresponde
propiciar el clima de entendimiento entre ellos y velar por el
cabal cumplimiento de las normas laborales que hoy estamos
discutiendo. Vamos a pasar de un sistema de relaciones
laborales de transición a otro de integración; un sistema que
flexibiliza y moderniza el mercado de trabajo, que nos
homologa con los países de la Unión Europea, que democratiza
el sistema y potencia el papel de sindicatos y empresarios,
que preserva y defiende los derechos de los trabajadores y,
sobre todo, que se orienta a facilitar la creación de empleo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Han presentado al primero de estos proyectos de ley enmiendas
de texto alternativo los Grupos Parlamentarios Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Coalición Canaria. Al segundo
proyecto de ley han presentado enmiendas de devolución los
mismos Grupos



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Parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
Coalición Canaria.

Para defender las enmiendas a estos dos proyectos de ley, por
el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra la señora Aguilar.




La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, subo a esta tribuna en nombre de mi Grupo, el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para
presentar nuestra enmienda a la totalidad con texto
alternativo al proyecto de ley por el que se modifican
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del
texto articulado de la Ley de Procedimientos Laboral. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Este es un debate que,
lógicamente, no está aislado del que acabamos de celebrar y
que se produce en un momento político especialmente
significativo. Porque o este Pleno significa la reanudación
del diálogo social, la suspensión de la reforma laboral y el
inicio del diálogo político, o el Gobierno de la nación ha
tomado una decisión política que, en esta coyuntura que
vivimos, se ha convertido en una clara provocación, cual es la
convocatoria de este Pleno del Parlamento precisamente hoy día
20 de enero, a una semana de la huelga general que los
sindicatos tienen convocada en nuestro país.

Además de provocación, he de decirles que también, por su
parte, existe una irresponsabilidad política manifiesta.

Porque con este Pleno se pretende utilizar al Parlamento, de
forma partidaria, contra los sindicatos, contra los
trabajadores de este país y situarlo en contradicción con la
propia Constitución española, que recoge como derecho
constitucional el derecho a la huelga. Como prueba de ello,
nos podemos remitir a las declaraciones que durante esta
mañana ha realizado el Presidente de la CEOE, alegando que no
tenía sentido el ejercicio de un derecho
constitucional como el de la huelga cuando en el Parlamento,
hoy, se iba a aprobar la reforma laboral.

Dicen en algunos de los planteanmientos que están realizando
en estos últimos días, reiteradamente, que frente al derecho
de huelga hay que preservar el derecho al trabajo. Pues bien,
frente al derecho constitucional de la huelga no se puede ni
se debe utilizar el Parlamento a nivel político. Este, señores
del Gobierno, es el poder legislativo, y debe ser un espacio
de diálogo político, nunca un instrumento para utilizarlo como
arma arrojadiza contra nadie, y mucho menos para coartar la
libertad individual ante una convocatoria de huelga general.

Debían, pues, desde la responsabilidad política que tienen,
haber preservado el Parlamento para que sirviera como un lugar
en el que se pudiera materializar otra política, en el trámite
parlamentario, producto de la reanudación de la negociación, y
que fuese precisamente éste el ámbito donde se concretara la
paz social, pero, lamentablemente, han optado por lo
contrario, por utilizar el Parlamento para la confrontación, y
nosotros, desde nuestro planteamiento alternativo, le decimos
con claridad que, además de provocar, además de instalarse en
la irresponsabilidad, han cometido un error político de amplio
alcance y dimensión, del que son cómplices, en su connivencia
pública u oculta, otros grupos políticos de la Cámara que
están apoyando esta reforma de mercado y que han apoyado la
celebración de este Pleno en esta coyuntura y en estos
momentos.

Desde nuestra representación en este Parlamento, al menos, hay
aquí y ahora 18 Diputados y Diputadas que nos negamos, y así
lo hacemos constar, políticamente a entrar en ese escenario
planificado, y desde nuestra alternativa queremos devolver su
papel, sustraído, indebidamente, al Parlamento, y dejar claro
en estos momentos que es posible otra política y otra forma de
hacerlo. Hay, pues, alternativa. Nosotros ponemos a debate,
lógicamente, esa alternativa desde la izquierda, que queremos
dialogarla en el ámbito no sólo parlamentario, sino social, y
planteamos nuestra iniciativa con el objetivo de que auspicie
el acuerdo social y la estabilidad política necesaria para
progresar y avanzar en este país.

Estamos en esta situación porque desde el año 1982 no se ha
realizado una planificación global de la política económica,
se han instalado en la coyuntura permanente, y ahora se
pretende imponer, invocando argumentos inadmisibles, una
reforma que nos retrotrae muchos años atrás en lo relativo a
derechos sindicales, a derechos laborales, que niega derechos
constitucionales y derechos humanos, una reforma que reduce a
cero el diálogo social y rompe con una tradición democrática,
como eran los acuerdos permanentes que se venían celebrando.

Hay, les decía, señores del Gobierno, otra política y otra
forma de hacerlo, una política sobre valores concretos, como
la solidaridad, el progreso, la libertad, el diálogo y la
estabilidad, que se concreta en nuestra alternativa, porque la
reforma que han propuesto, que no es la necesaria para
España --lo saben ustedes perfectamente--, no sólo tiene
contenidos profundamente conservadores, sino que trae a este
nuestro país más paro, precariza el trabajo, traslada
inseguridad e
inestabilidad a los trabajadores, desregula el mercado y, en
definitiva, nos aleja de Europa, de esa Europa que
reiteradamente se invoca, y del pretendido estado de
bienestar. Una alternativa, la nuestra, la del Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se concreta
en una apuesta por sustentar cualquier acción política sobre
el mercado laboral sobre el acuerdo social. No es posible sin
acuerdo social imponer, como se pretende, una reforma global
del mercado laboral, y que parte esa alternativa que
presentamos sobre el análisis



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de la realidad actual, de la realidad concreta que tiene
nuestro mercado.

Tenemos, y no se puede negar, un aumento considerable en los
últimos años de contratación temporal y una ruptura del
principio de causalidad. Hay un incremento de la precarización
del trabajo; hay una utilización fraudulenta de los tipos
contractuales; hay una segmentación de la mano de obra; hay un
inicio, incluso, de fenómenos disfuncionales relacionados con
procesos de descualificación y desmotivación de los
trabajadores.

Ante ello nuestra alternativa pretende favorecer la creación
de empleo estable, y sobre esta premisa hemos planteado, en
primer lugar, devolver al Estatuto y al Derecho laboral, en
general, su propia naturaleza, como instrumento compensador
equilibrador y tutelar de una relación. Por ello, en esa
alternativa recogemos, en primer lugar, el retorno al
principio de causalidad.

Suprimiendo figuras contractuales de las propuestas, hemos
creado otras figuras contractuales y hemos retomado alguna de
las existentes que apenas si se han utilizado, evitando en la
propuesta su utilización fraudulenta. Mantenemos el período de
prueba en el ámbito contractual tal cual está en estos
momentos, porque creemos que la pretendida reforma viene a
empeorarlo considerablemente y a poner aún más en inseguridad
y en inestabilidad al conjunto de trabajadores que accedan a
un puesto de trabajo.

Residenciamos en el INEM la tarea de intermediación en la
contratación. Prohibimos la figura ligada al tráfico ilegal de
mano de obra. Nos situamos en concordancia con la OIT y
apostamos por el mantenimiento del artículo 43 del Estatuto de
los Trabajadores, que prohíbe expresamente la cesión de
trabajadores. Residenciamos en el INEM esa tarea de
intermediación planteando un Instituto Nacional de Empleo
descentralizado en su gestión, con participación de los
sindicatos en él y, lógicamente, otro modelo de Instituto
Nacional de Empleo, no el que referenciaba Convergència i Unió
en la intervención anterior.

Introducimos en la propuesta medidas de gestión integradas del
empleo. Hablamos, lógicamente, de la reducción de jornada.

Hablamos de que hay que dejar de hacer en este país horas
extraordinarias y sólo deben efectuarse aquéllas totalmente
necesarias, que nunca deben ser abonadas, retribuidas, sino
compensadas en descanso. Hablamos de las vacaciones y de la
jubilación, porque tenemos una alternativa, una propuesta
global de lo que debe ser una salida de progreso para avanzar.

Garantizamos en nuestra propuesta el principio constitucional
de igualdad entre hombres y mujeres, y, como no podía ser de
otra manera desde la izquierda, suprimimos los despidos
colectivos que han incluido la reforma global y que van a
traer unas
consecuencias nefastas en este país. Y, en el despido
individual, trasladamos la opción de reingreso o indemnización
al trabajador para impedir el despido sin causa que tan
acostumbrados estamos a ver que se produce en el ámbito
laboral con cierta
habitualidad.

Planteamos una cuestión esencialmente diferente en lo relativo
a movilidad geográfica y expedientes de regulación, porque en
ellos facilitamos la participación de los representantes
legales de los trabajadores. Se garantiza en nuestra propuesta
la reserva del puesto de trabajo en los casos de excedencia,
el reingreso inmediato y obligado para que no sea un vehículo
de pérdida de puestos de trabajo, y mantenemos la figura de
trabajadores fijos discontinuos.

Concretamos la creación como elemento consustancial a nuestra
alternativa de creación de fondos de inversión con los
excedentes para que los controlen y los gestionen los
sindicatos. Y
reforzamos también en nuestra alternativa, como elemento
sustancial y cualitativo, la negociación colectiva, porque en
ella lo que impera es la cultura del diálogo y del acuerdo,
que creemos que es lo que debe permanecer y presidir las
relaciones laborales en este país.

Junto a ello otorgamos un papel fundamental como creador de
empleo estable al sector público, con medidas concretas
también. En materia de prestaciones sociales, las disociamos
del modelo de contrato e introducimos un principio en la Ley
General de la Seguridad Social, de forma que no pueda haber en
este país, como se pretende imponer con la reforma global del
mercado laboral, contratos con nivel de cobertura de
protección social menores a los ordinarios.

En materia electoral, en el ámbito sindical, plasmamos en
nuestra alternativa el texto íntegro que en su momento
acordaron el Gobierno y los sindicatos. Es, pues, otra
filosofía la que inspira nuestra alternativa, que la
fundamentamos en valores y elementos que permiten regular el
mercado laboral y simultanearlo con la estabilidad en el
empleo y con la competitividad; una alternativa que, frente a
su propuesta hasta ahora impuesta y que ha provocado una
huelga general, permite recuperar el diálogo y abre camino
seguro para el acuerdo social; una alternativa que les
posibilita rectificar en su política y generar incluso una
nueva mayoría parlamentaria que garantizaría un giro a la
izquierda de la política española en general y de la
socioeconómica en particular. Otra política, en definitiva, y
otra forma de hacerla; una política desde una concepción nueva
y desde una apuesta inequívoca desde la izquierda por un
proyecto de progreso en este país.

Deben saber también ustedes con claridad, señores de la
derecha de esta Cámara, que son copartícipes y corresponsables
con la reforma que se ha presentado por parte del Gobierno,
que la izquierda parlamentaria, el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya no va a contribuir ni por
acción ni por omisión,



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lógicamente, a que en la sociedad española se abra paso el
mensaje que están lanzando a los trabajadores y a los propios
sindicatos, diciendo que es que tienen razón, por las
circunstancias que están concurriendo y por la reforma que
presenta el Gobierno, con estar enfadados, pero que la
solución en un momento de crisis no es la huelga general, sino
el cambio de Gobierno. A ese juego no vamos a entrar. Nosotros
creemos que la solución está en la huelga general precisamente
porque es la única que puede lograr, a partir de su éxito, un
acuerdo social y una reanudación del diálogo, diálogo social
que tiene que ir unido al diálogo político. No es suficiente
el ofrecimiento de un diálogo sólo y exclusivamente a los
grupos de esta Cámara cuando se est]a impidiendo el diálogo
con los Sindicatos. Con esta reforma es verdad que cualquiera,
absolutamente
cualquiera, desde un proyecto neoliberal, puede gobernar. Por
eso lo venimos a plantear aquí desde la izquierda con absoluta
claridad.

Señores del Partido Socialista Obrero Español, es el momento
de que rectifiquen, que cambien y podamos asegurar una
auténtica estabilidad, una gobernabilidad, construyendo otra
realidad a partir de un acuerdo global, sobre el programa
electoral, lógicamente, del que parece que ustedes en algunos
momentos invocan, pero que permanentemente conculcan, que dé
ese acuerdo global, sobre programa electoral, el impulso
necesario a este país y le haga recobrar su capacidad de
vencer los momentos más difíciles, como éste, en la seguridad
y con la garantía de que se abre paso un proyecto nuevo, un
proyecto frente al que se nos está presentando, de progreso.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar ser concreto por el tiempo y voy a intentar defender
el porqué de la enmienda a la totalidad con devolución al
Gobierno sobre la propuesta que hace de proyecto de ley por el
que se regulan las empresas de trabajo temporal.

Esta mañana, en la presentación del proyecto de ley, el señor
Ministro ha venido a defender esta reforma fundamentalmente
por dos razones: primera, porque están obsesionados o buscan
la calidad y la cantidad del empleo, y segunda, porque hay que
plantearse una posición activa, dinámica. Frente a lo que él
decía que no quieren que nada cambie, que todo sigua igual,
hay una posición de ir a lo moderno, de ampliar, de mejorar la
relación con la que hoy se contrata al trabajador, la relación
del mercado laboral. La exposición de motivos del proyecto
viene a recoger fundamentalmente esos dos objetivos y también
la idea de caminar, no a un mercado laboral de España, sino a
un mercado laboral europeo, dentro del proceso de integración
europea. En ese sentido ha venido a decir el Ministro esta
mañana que plantean un sistema de integración en el conjunto
de Europa. A mí me gustaría hacer dos reflexiones para
defender la enmienda a la totalidad. Primera, creemos que la
propuesta que hace el Gobierno es un parche. No aborda en su
conjunto y en su globalidad la reforma que necesitaría el
mercado laboral español. No sólo crear empresas de trabajo
temporal es lo que necesita este país, hace falta también
abordar la reforma del Inem, hace falta también hacer frente
al desarrollo del artículo 42 del Estatuto de los
Trabajadores, en el que se regula la subcontrata. Hoy estamos
asistiendo a cómo una empresa subcontrata con otra, ésta
subcontrata con otra, y ese proceso de subcontratación llega a
un proceso de desregulación y desnaturalización de la relación
laboral. Junto a ello, también a la idea de la empresa de
empresas, a la idea de conjunto o agrupación de empresas que
está provocando un posible movimiento de trabajadores mucho
más amplio del que existe hoy.

Decía el señor Ministro que unos quieren quedarse en lo
antiguo y planteaba una solución moderna. El Grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
quiere para España en su conjunto, y para Cataluña en
concreto, recuperar lo moderno. Pero lo que nos viene a
proponer hoy el Gobierno es algo que en el año 1949 ya estaba
superado en la OIT. En el año 1949, cuando se aprueba el
Convenio 96, decía éste que las agencias retribuidas de
colocación con fines lucrativos funcionarían provisionalmente
mientras se creaba un sistema público. Por tanto, lo que el
Gobierno nos plantea hoy como moderno es volver 40 años atrás,
nos plantea lo que existía antes del proceso de un sistema
público. Parece que ha descubierto que lo privado es sinónimo
de eficacia, parece que ha descubierto que es bueno el proceso
de empresa, inclusive para problemas fundamentales de los
ciudadanos que hasta ahora eran problemas de bienestar social.

Es decir, es posible ganar dinero también en la gestión del
empleo ante el problema del desempleo. Eso es lo que nos
plantean como moderno, y de moderno no tiene nada; está
superado
históricamente y no es nada nuevo.

El otro punto que ha apoyado el Gobierno viene a decir que hay
que mirar a Europa. Es bueno mirar a Europa, ha venido a decir
el Ministro, como si hubiese un mismo proceso en toda Europa y
en los países que tienen incorporadas estas empresas de
trabajo temporal. Y no es así. Pero es que para mirar a Europa
haría falta también mirar la situación laboral en Europa. Si
vamos a la misma situación de mercado laboral en Europa,
vayamos también a salarios parecidos, vayamos también a
jornadas laborales parecidas, vayamos también a condiciones y
prestaciones sociales parecidas, pero no digamos que vamos a
Europa solamente



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para lo que significa apostar por una pata del proceso
productivo.

Pues bien, voy a detenerme en lo que significa el
funcionamiento de las empresas de trabajo a tiempo parcial, de
contratación temporal en los tres países en los que nosotros
nos hemos detenido a reflexionar. Puestos a introducir la
reforma en España, podíamos haber utilizado elementos del
modelo que funciona en Holanda. Por ejemplo, en Holanda hay un
órgano tripartito, no solamente de la Administración, que
otorga la autorización de las empresas, que realiza un control
exhaustivo --aquí se dice que va a hacer un informe al Inem--,
y que, además, va a una nueva regulación, inclusive a la
concesión de licencias. Pero, es más, en Holanda también se
introduce el elemento de reducir este uso de empresas a
determinados sectores. Por ejemplo, se excluye todo el sector
de la construcción y el sector del transporte. También se
excluyen en Holanda determinadas áreas territoriales, como el
puerto de Rotterdam y el puerto de Amsterdam. Y, sobre todo,
estas empresas tienen unas obligaciones sociales y salariales
que no tiene la propuesta de nuestro Gobierno.

Pero también podían haber utilizado el modelo que hay en
Alemania. Sería bueno que se nos explicara por qué es mejor la
solidaridad para los españoles sin tener seguridad al
desempleo, como existe en Alemania; por qué los trabajadores
alemanes no pueden ser contratados por estas empresas tienen
posibilidad de derecho a desempleo y aquí no, por qué en
Alemania tienen un contrato de duración indefinida y aquí no;
por qué en Alemania tienen un contrato de tres meses, que se
puede prorrogar a otros tres meses si ha habido una suspensión
por medio de un 25 por ciento del tiempo que ha durado el
contrato, y aquí no se fija esa posibilidad de tiempo definido
para ese contrato temporal, y, sobre todo, por qué en Alemania
los comités de empresa, los representantes de los trabajadores
pueden incluso vetar que determinados trabajos de una empresa
no salgan a concurso para poder ser percibidos por
trabajadores a tiempo parcial; por qué aquí no hay esa misma
potenciación de la negociación colectiva y peso de los comités
de empresa de los representantes de los trabajadores.

Por último, se ha copiado el ejemplo francés, pero se han
eliminado algunos ejemplos. Por qué es más solidario en
España, por ejemplo, que la indemnización al final de la
contratación sea de 12 días por año, como se establece en la
propuesta del Gobierno, cuando en Francia es del 10 al 15 por
ciento de la retribución bruta percibida; por qué es bueno que
la
indemnización cuando termina el contrato para España sea esos
12 días. Si utilizamos el salario mínimo interprofesional,
2.000 pesetas por día son 24.000 pesetas después de que se
haya trabajado un año, según el proyecto. Vamos a ver los
contratos que hay que hacer para tener un añotrabajado y poder
recibir esa percepción. Por tanto, vamos a percibir menos como
indemnización por despido.

En suma, nosotros creemos que esta propuesta se aborda
aisladamente, no es global, no va a beneficiar a las empresas
españolas, y más bien está pensada para grandes procesos, para
grandes empresas que para las pequeñas empresas. En todo caso,
será necesario que se regule y no se deje tan flexible el
control de las que se ponen en marcha. Y no es que Izquierda
Unida esté en contra de la creación de esta figura; está en
contra de que se ponga en marcha sin abordar de verdad lo que
sí que es obligación de un servicio público; cómo es posible
que se deje la relación laboral y se diga que eso es mejor
para la economía, para colocar más personas, para que haya
menos desempleo. Parece ser que eso es preferible en función
de que pueda haber más facilidad de movimiento desde la
iniciativa privada, desde la privatización de un servicio
público y no desde coger la
obligación la propia dinámica pública. En este sentido,
nuestra enmienda de devolución va ligada a la idea que
nosotros tenemos del desarrollo de un servicio público de
contratación y un proceso de reducción de lo que puede ser
subcontrata y la generación de empresas que van creciendo cada
vez más
asociándose.

Señor Presidente, señorías, no les entretengo más. Estoy
convencido de que hoy este Parlamento no va a ser partícipe de
un comité antihuelga, sino que va a dar una posibilidad de
negociación después de la huelga, puesto que este proyecto
puede ser negociado y no impuesto. En todo caso, malamente nos
van a ir las cosas si la reforma se impone; jamás se han
abordado reformas al margen de la gente que las tiene que
recibir.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de sus
enmiendas a estos dos proyectos de Ley, por parte del Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, les voy a ahorrar a estas horas de la
mañana, en este hemiciclo con los escaños casi vacíos, la
explicación detallada del proyecto alternativo, que presenta
Coalición Canaria a los proyectos de ley que ha traído a esta
Cámara el Gobierno. En cualquier caso, este debate es
continuación del anterior y ya hemos intervenido explicando
que en el conjunto de medidas de reforma del mercado laboral
en España podemos coincidir con una parte de la intervención
del señor Ministro de Trabajo, cuando explicaba que en las
relaciones laborales no hay un modelo universal, que no hay
una panacea universal y que dependerá, en cualquier caso, de
su adaptación a las realidades históricas nuevas que surgen en
el marco europeo a finales del siglo XX.




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Nadie pretende aquí anclarse en el pasado; nadie pretende
hacer defensas numantinas de rigideces laborales que pueden
ser corregidas, pero si la voluntad real es cómo reformar y
modernizar el mercado laboral desde la perspectiva de la
generación de empleo, de la productividad, de la
competitividad y de la modernización de las relaciones
laborales, desde el principio de la dignidad de los
trabajadores y de la solidaridad, no cabe duda --y ahí vienen
las alternativas que hemos presentado y que espero que los
señores Diputados hayan leído o que, si no, lean a partir de
ahora-- que nuestras aportaciones son propuestas de diálogo
constructivo a efectos de que cada una de las partes que
aparecen enfrentadas hoy en el marco social no se encierren en
sus trincheras, en sus castillos y este Parlamento sea el
auténtico mediador, dentro del diálogo social, para que la
soberanía nacional que representan el Congreso de los
Diputados y el Senado sean los instrumentos para dar una
solución modernizadora y responsable al marco de relaciones
laborales. Nuestras dudas ya las hemos presentado y en función
de ellas hemos presentado alternativas que, repito --y quiero
insistir en ello--, están dentro de la voluntad de la reforma
del mercado laboral desde el diálogo, desde la visión
constructiva, desde la visión hacia el futuro y no hacia el
pasado. Sin embargo, nuestras dudas son cómo incorporar
trabajadores jóvenes en paro al mercado de trabajo. Por
supuesto, nuestra voluntad se enmarca dentro del contrato de
aprendizaje y creemos que hay que avanzar por ese camino, por
el contrato en prácticas; lo que pasa es que hay que
introducir elementos de garantía, de control para que no se
use de forma arbitraria, con la utilización de mano de obra
barata para sustituir a otros trabajadores que pueden
facilitar un despido o formas de despido colectivo que de
ninguna manera se deben de aceptar si no tienen las garantías
y los controles suficientes y el papel arbitral que siempre
tiene que jugar la Administración, aunque sin duda no tenga
que ser a costa de la agilización administrativa necesaria.

Hemos defendido también que en la movilidad geográfica se
tengan en cuenta las realidades específicas de este país.

Cuando hablamos de movilidad
geográfica, sin ir más lejos para hablar de Canarias, puesto
que soy Diputado por aquella circunscripción, de lo que
significa para Canarias la movilidad geográfica --decía que
sin ir más lejos y es que no se puede ir más lejos, es lo más
lejos posible Canarias--, no es lo mismo trasladar a un
trabajador a otro territorio, a otra zona del Estado que
trasladarle en el conjunto de las comunidades españolas; no es
lo mismo trasladar a una persona de Toledo a Cuenca que de Las
Palmas a Cuenca, señor Presidente, señores miembros del
Gobierno. Nosotros pediríamos determinadas cautelas, que
estamos dispuestos a negociar, con el ánimo de que somos un
Grupo pequeño, sin ninguna voluntad de imponer ideas, pero sí
con la voluntad de restablecer el diálogo y frenar la
crispación social, porque el progreso económico de España, por
el cual apostamos, debe de ir unido no sólo a la reforma del
mercado laboral, sino a la creación de incentivos económicos
ligados a la productividad y a la competitividad y ligados a
instrumentos. Tenemos
experiencias interesantes, de todas maneras parciales, sobre
el tema del Inem y pensamos que el Inem, en relación con las
comunidades autónomas y el Estado, puede coordinar políticas
activas de empleo, sobre todo basadas en la utilidad social
del trabajo. Basadas en que el trabajador en desempleo y sus
gratificaciones o prestaciones deben obligar a un tipo de
inversión en utilidad social del emplo y del trabajo, que es
la manera de devolver dignidad a los trabajadores y una manera
muy importante de conseguir luchar contra el fraude.

Creemos que en las empresas de trabajo temporal hay que
establecer también cautelas para evitar que se eludan
normativas, que se conviertan en elementos de fraude y en
elementos para vulnerar la normativa general.

En último término, aprovecho y agradezco la atención del señor
Presidente del Gobierno para decir al Grupo Parlamentario
Socialista, al Presidente del Gobierno y, por tanto, al
Gobierno mismo, que desde Coalición Canaria estamos dispuestos
al diálogo; queremos dialogar y queremos ayudar y contribuir a
pacificar las relaciones sociales en el país, a fortalecer las
organizaciones empresariales y a modernizarlas, a fortalecer
el movimiento sindical en este país y a modernizarlo y, desde
la base del diálogo social, generar un país que restablezca el
consenso social y que apueste por el progreso de este país.

Sin duda, el progreso debe ser --y perdonen la redundancia--
desde un acuerdo progresista.

Aquí hay quien ha hablado de que está en contra de nuestro
proyecto. Nosotros agradecemos que el Grupo Socialista haya
dicho que está a favor del diálogo en nuestro proyecto; hay
otros grupos que han hablado de que nuestro proyecto está en
contra de sus posiciones, porque por lo visto lo quieren
endurecer más. No se trata de endurecer ni de suavizar, sino
de hacerlo operativo, efectivo dentro del diálogo social y de
la productividad y competitividad del país.

Por tanto, señoras y señores diputados, no es nuestra
intención apostar por ningún tipo de radicalización de la vida
social española ni apostar por generar ninguna alternativa al
actual Gobierno, sino todo lo contrario, por fortalecer en
esta Cámara las mayorías de progreso que son necesarias para,
curiosamente, hacer progresar al país.

Muchas gracvias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mauricio. Turno en contra. (Pausa.) Por el Grupo Socialista
tiene la palabra el señor Arnau.




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El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, señorías, en el
largo proceso de discusión de la reforma del mercado laboral
español, el texto que hoy debatimos constituye un paso
significativo, como ha declarado recientemente el Consejo
Económico y Social. Las últimas actuaciones se concretaron
mediante la remisión al CES de un documento por parte del
Gobierno, en abril de 1993, y, en segundo lugar, mediante la
negociación entre el Gobierno y los agentes sociales.

Todos lamentamos, señora Aguilar, la inexistencia de acuerdo
social en estos momentos; pero ello, evidentemente, no puede
determinar la suspension de esta sesión parlamentaria ni de
ninguna otra, como el derecho parlamentario y la democracia
exigen. Sabemos, por otra parte, que el Gobierno no ha
escatimado esfuerzos a la hora de hacer sus propuestas, de
flexibilizar sus posiciones, en definitiva, de alcanzar un
acuerdo; lo que no puede decirse ni predicarse de todas las
partes que han intervenido en esta negociación. Como el
Presidente del Gobierno dijo en ocasión similar, cuando se
acude a la negociación con ánimo de cambiar la política del
Gobierno no se quiere negociar, se quiere sustituir al
Gobierno.

Pero la falta de acuerdo no debe impedir que los legisladores
asumamos hoy nuestra responsabilidad y afrontemos la reforma
laboral cuya necesidad nadie discute: ni nosotros, ni el
Gobierno ni siquiera tampoco los sindicatos. A la asunción de
esa responsabilidad la señora Aguilar, en nombre de Izquierda
Unida, la ha llamado provocación, intento de confrontación
social, intento de coartar la libertad del derecho de huelga.

Sabemos todos que nada de esto es lo que se produce en esta
sesión parlamentaria. Este es un debate libre sobre la reforma
de trabajo, es un debate democrático, plenamente democrático,
es un debate, en definitiva, parlamentario, al cual todos
debemos asistir, al cual todos debemos responder y hacerlo con
argumentos. Lo que aquí se está debatiendo son los principios
de esa reforma laboral. Los del Gobierno, los del Grupo
Parlamentario Socialista están muy claros, señora Aguilar. Se
orientan, como ha dicho el señor Ministro, a reforzar la
libertad sindical y la negociación colectiva y a dar mayor
protagonismo a los agentes sociales y, haciéndolo así, crear
más y mejor empleo. Los de Izquierda Unida, aparte de que su
objetivo, como ha dicho la señora Aguilar, es la huelga
general, nos parecen dirigidos a reforzar un garantismo
estatal caduco en la relación de trabajo, aunque con ello se
perjudique la creación de empleo. Parece que Izquierda Unida
cree más en el «Boletín Oficial del Estado» que en los
sindicatos a la hora de regular la relación laboral.

Coalición Canaria, por último, señor Mauricio y perdóneme, nos
tiene usted en cierta medida desorientados, porque, por un
lado, en la justificación de su enmienda manifiesta estar
totalmente en contra de la posición del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Socialista, a continuación, en el texto
alternativo, viene a reproducir casi exactamente, con pequeñas
diferencias, el texto del Gobierno y hoy nos hace una
propuesta de diálogo. Esto es lo importante, su propuesta de
diálogo. En el Grupo Parlamentario Socialista estamos
dispuestos a olvidar todas las frases que en la justificación
de su enmienda se introducen y a recoger exclusivamente lo más
valioso del debate parlamentario: el diálogo y la propuesta de
consenso que ustedes nos ofrecen. No podemos estar de acuerdo
con el texto de la propuesta de Izquierda Unida porque rezuma,
si no miedo, al menos prevención ante la mayor libertad de
negociación. Parece que le tiene sin cuidado el empleo y la
situación de los parados. Habría que preguntarse, para no caer
en una posible petición de principio, si también los
sindicatos temen su propia libertad. Le voy a citar, señora
Aguilar, una frase de un representante sindical antes de que
se produjeran estos últimos acontecimientos de convocatoria de
huelga. Un representante sindical que no está en ninguna
cúpula territorial --es alguien de la federación de Alicante--
, dijo lo siguiente: ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con
determinadas reformas laborales que posibiliten, por ejemplo,
que sean los representantes de cada sector los que negocien
los sistemas más adecuados que respondan a las necesidades
peculiares y específicas de cada sector? Es una pregunta que
se hace el propio líder sindical y que él mismo contesta. Pero
aquí hay muchas cosas ininteligibles. ¿Cómo entender que ante
la declaración de huelga desde Izquierda Unida se
propusiera la formación de una plataforma política para el día
después? Esa plataforma afortunadamente fue inmediatamente
rechazada por parte de los sindicatos por entender que se
pretendía politizar algo que ellos entienden que es
exclusivamente laboral.

No diremos nada más sobre la huelga, salvo que respetamos el
derecho; que nosotros, el Gobierno socialista y el Grupo
Parlamentario Socialista, incluimos este derecho en la Ley de
libertad sindical como su máxima expresión, la máxima
expresión de la libertad sindical. Respetamos la libertad
sindical, libertad que apoyamos no sólo con declaraciones de
derechos, sino poniendo medios materiales a disposición de los
sindicatos. El mismo día que convalidamos el Decreto-ley de
fomento de medidas de la ocupación aprobabámos los
Presupuestos Generales del Estado y en esos presupuestos
figura una partida que en los años 1982, 1983 y 1984 desde la
derecha se ponía en cuestión: la asignación a los propios
sindicatos más representativos. Hoy esa partida, como otras
tantas ayudas y subvenciones a los sindicatos, están
perfectamente consolidadas, afortunadamente consolidadas. Esto
es reforzar la libertad sindical, respetar el derecho pero,
además, otorgar medios materiales para el ejercicio de esos
derechos. Por eso, porque hemos puesto los medios para



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tener unos sindicatos fuertes, para la consolidación sindical
en España, no tememos posible descompensaciones en la
negociación colectiva o en el juego de los intereses
contrapuestos. Es necesario potenciar los convenios colectivos
para evitar, como dice el CES, la limitada responsabilización
de las partes sociales que actualmente se produce en la propia
ordenación y evolución de las relaciones laborales, o, como ha
dicho el señor Ministro, para evitar la pobreza de contenidos
a que últimamente, y hace ya tiempo, estamos acostumbrados en
la negociación colectiva.

El proyecto del Gobierno, señorías, potencia la negociación
colectiva, como digo. El texto alternativo de Izquierda Unida
la limita, lo que dificulta la adaptación a los cambios
económicos y productivos, y, por ello, es una mala jugada a
empresarios y a trabajadores. El texto alternativo de
Izquierda Unida es ineficaz para crear empleo, se aleja del
Libro Blanco y se aleja de las fórmulas de los países europeos
con los que estamos vinculados y con los que también
competimos.

Estas diferencias, además, yo las calificaría como un
espejismo. Parece que Izquierda Unida en su texto alternativo
aumenta la protección de los trabajadores, porque, por una
parte, reduce la jornada máxima a 35 horas, aumenta las
vacaciones mínimas en cinco días, estableciéndolas en 35 días,
aumenta en medio día el descanso mínimo semanal, aumenta el
número de permisos,
estableciendo, por ejemplo, un permiso de 150 horas para
formación de todos los trabajadores; pero, en realidad, esto
es, señorías, un puro espejismo porque hace caso omiso de
todos los cambios habidos en el entorno económico y social. No
menciona para nada las cuestiones relativas a la clasificación
profesional, a la movilidad funcional, a la polivalencia de
funciones, a la movilidad geográfica, a las modificaciones de
las condiciones de trabajo. Por ello, los trabajadores, en
definitiva, pierden, señorías. Seguramente para compensar esta
pérdida, Izquierda Unida cambia el nombre de la festividad del
día 1.º de mayo, que actualmente se llama Día del Trabajo, por
el Día de los Trabajadores; pero ni aun así ganan los
trabajadores, señora Aguilar.

No se me diga que la reducción de jornada por sí sola va a
crear empleo. Este Gobierno, el Gobierno socialista, tiene ya
una experiencia en la reducción de jornada. En 1983 se redujo
la jornada a 40 horas y fue una reducción que se produjo
después de más de cincuenta años sin haberse tocado la jornada
máxima en España. Pero ustedes no reducen la jornada a 38 ni
siquiera a 35 horas, como dice su texto; realmente, ustedes
reducen la jornada laboral a 31 horas, contados los permisos
de 150 horas. No nos dicen cómo se compensa esta reducción de
jornada con la pérdida de productividad; tampoco nos dicen,
señorías, cómo se compensa el aumento de los costes laborales
unitarios.Yo se lo diré, señora Aguilar: en definitiva,
reduciendo plantillas y yendo contra el empleo.

Izquierda Unida no es partidaria, por otra parte, de
introducir, como he dicho, ningún cambio, por ejemplo, en la
movilidad funcional. Está al margen de todos los movimientos
que se producen en este sentido en los países europeos. Todo
el mundo que se dedica a estas cuestiones conoce que, después
de la experiencia sueca en la fábrica Volvo, la industria
alemana fue la primera en establecer equipos autónomos basados
en la
polivalencia de los trabajadores. Esto es absolutamente
desconocido para Izquierda Unida, que no lo menciona para nada
en absoluto en su proyecto, en su texto alternativo.

Tampoco se plantea Izquierda Unida ningún cambio del decreto
de ordenación del salario, pese a que haya llovido mucho desde
el año 1973, en que se aprobó este decreto de ordenación del
Salario. Por cierto, señora Aguilar, en relación con la
igualdad de trato retributivo entre hombres y mujeres, el
proyecto sustituye el concepto de trabajo igual por el de
trabajo de igual valor. Esto es algo que consta en el
proyecto, no es una
iniciativa de Izquierda Unida, como parecería deducirse de la
simple lectura de su exposición de motivos.

En definitiva, señorías, en este debate juegan
fundamentalmente dos concepciones de las normas laborales:
una, obsoleta,
defendida por Izquierda Unida, que ve en las normas laborales
unas normas unilaterales, con un papel pretendidamente
protector del trabajador; una falsa protección al olvidar el
funcionamiento de las empresas.

Nuestra posición, sin dejar de luchar contra la explotación de
la fuerza de trabajo y de establecer exigencias en materia de
tiempo de trabajo, de remuneración, de salud y de seguridad de
los trabajadores, contempla, al mismo tiempo, el buen
funcionamiento del sistema productivo, que es, en definitiva,
la premisa para la creación de empleo.

La concepción arcaica de Izquierda Unida tiene una incidencia
negativa para los parados y, a la postre, para todos los
trabajadores; la nuestra tiene como objetivo el empleo.

Defiende no sólo a los empleados, sino también a los parados;
¿introduce la política de empleo en el marco de las relaciones
laborales, protege a más gente y mejor?
¿Qué es lo regresivo y qué es lo progresista? Sabemos que en
épocas de pleno empleo es fácil distiguir lo favorable de lo
perjudicial. Cuando hay paro, como en estos momentos, cuando
se produce una división entre trabajadores empleados y
desocupados, es más difícil esta distinción, pero de la
dificultad de esta distinción algunos se están aprovechando y
lo están haciendo para actuar contra el Gobierno,
prescindiendo de que este Gobierno es un Gobierno de
izquierdas, un Gobierno socialista, que de ninguna manera
actuaría



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en contra de los derechos de los propios trabajadores. Muchas
gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Barrionuevo
tiene la palabra.




El señor BARRIONUEVO PEÑA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, un poco como complemento de la intervención
principal de don Francisco Arnau, en el turno en contra a
estas enmiendas a la totalidad, me voy a referir
exclusivamente al proyecto de ley sobre empresas de trabajo
temporal.

Quizá lo primero que habría que destacar es que en estas
enmiendas a la totalidad tanto en la parte presentada escrita
como en la exposición que han hecho, en nombre de Izquierda
Unida el señor Ríos Martínez, y en nombre de Coalición Canaria
el señor Mauricio, yo no he encontrado una oposición
sustantiva a este concreto proyecto de ley.

En el caso de la intervención del señor Ríoso Martínez hay
alguna pretensión o exigencia de cautelas adicionales en su
funcionamiento respecto a las que están previstas en el propio
proyecto, pero eso obviamente puede tratarse en la tramitación
parlamentaria. A mí me parece que es clarificador de esta
falta de oposición --reitero que sustantiva--a este proyecto
el voto particular que hicieron los representantes sindicales
en el Consejo Económico y Social al emitir el dictamen
preceptivo sobre este proyecto de ley. Los representantes
sindicales han dejado dicho respecto a las empresas de trabajo
temporal: Nuestra posición, que quede claro, no es
radicalmente contraria a una futura regulación de las empresas
de trabajo temporal. No creemos que éstas sean esencialmente
perversas, ni que su puesta legal en escena tenga que producir
necesaria e ineludiblemente efectos patológicos en el mercado
de trabajo.

Con la relatividad que el lenguaje al uso nos impone, yo creo
que SS.SS. pueden coincidir en que, comparado con lo que los
representantes sindicales dicen respecto a otros aspectos de
la reforma, estas reflexiones se pueden calificar, sin
exageración, como un apoyo entusiasta.

A mí me parece que frente a este proyecto de ley (que, dicho
sea de paso, también lo ha recordado el Ministro de Trabajo),
y frente a declaraciones que se formulan, estaba especialmente
previsto y anunciado en el programa electoral del Partrido
Socialista, frente a este proyecto de ley que regula una
institución que ya está regulada en otros nueve países de la
Comunidad Europea o de la Unión Europea, yo creo que no hay --
reitero-- una contradicción sustantiva; lo más que hay es un
recelo sobre la existencia de posibles prácticas fraudulentas
o defraudaciones a los trabajadores en un mecanismo de
intermediación. Justamente esas posibilidades defraudatorias
son las que trata de impedir la regulación de este proyecto
que no tienen nadaque ver, frente a lo que ha dicho el señor
Ríos Martínez, con las agencias de colocación o con lo
previsto en el artículo 96 de la Organización Internacional
del Trabajo. Las cautelas que se contienen en el proyecto de
ley para evitar prácticas fraudulentas, a nuestro modo de ver,
son más que suficientes, pero, evidentemente, estamos abiertos
en el trámite parlamentario a ver y a comprobar si esto es o
no es así. En cualquier caso, esas cautelas o el reforzamiento
de las mismas, a nuestro modo de ver, no justifica una
oposición a la totalidad. Quiero finalizar o concluir
señalando que los dos portavoces que han intervenido
defendiendo las enmiendas de totalidad se han referido también
a los intentos de pacto o de acuerdo. Creo que cuando fracasa
una negociación y no se llega al acuerdo o al pacto que era su
objetivo, no es demasiado sincero atribuir todas las
responsabilidades a un parte. Aquí, en un tema que no es
sustantivo, que es importante, pero no es el grueso de la
reforma laboral, creo y reitero que incluso para los
representantes sindicales es claro que no hay motivos
concretos de oposición a esta figura y, sin embargo, se ejerce
una oposición a la
totalidad. Creo que si de verdad se quiere ser coherente con
esas manifestaciones que se reiteran de intento y de búsqueda
de un acuerdo, no estaría mal que esa coherencia empezara por
no oponerse total o radicalmente a aquello que se declara que
no suscita una oposición particular. Por eso, invito al Grupo
de Coalición Canaria a que acredite su buena voluntad de
disposición al diálogo reconociendo esto que me parece claro,
que por su parte, no hay nada sustantivo en contra de este
proyecto de ley. Exactamente igual, aunque mis temores en este
caso se
acrecientan, hago este requerimiento a los señores miembros
del Grupo de Izquierda Unida.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, tiene la palabra la señora Aguilar.




La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, señor
portavoz del Partido Socialista Obrero Español, en mi
manifestación inicial de la intervención anterior venía a
decir que el haber buscado precisamente esta fecha para
celebrar el Pleno, a una semana de la huelga general en este
país, nos parecía una irresponsabilidad política manifiesta y
que era una provocación evidente.

Usted debe saber perfectamente que esta sesión parlamentaria
se ha convocado a propósito en esta fecha, precisamente por
eso se ha planteado con carácter de urgencia, habilitando un
día, el 20 de enero, dentro de un mes que no hay actividad en
el Parlamento. Se ha



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pretendido, pues, aprobar hoy la reforma laboral para
confrontar a este Parlamento con la huelga general que hay
convocada en nuestro país para el día 27. Ha debido
confundirse o no entender bien mi intervención porque en
ningún momento he planteado desde esta tribuna que el objetivo
de Izquierda Unida sea la huelga general. Es un exponente de
que no ha entendido nada o que ya venía con la predisposición
de plantear la cuestión en estos términos. El objetivo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al plantear el texto
alternativo --lo he dicho con claridad-- era hacer posible el
acuerdo social y, por consiguiente, propiciar el diálogo no
sólo político en el ámbito parlamentario, sino, también, el
diálogo social. Por tanto, entérese bien y
respóndannos cuando estamos haciendo ofertas de diálogo y
planteamientos concretos para poder entendernos en torno a
ella. Ha venido a decir por su parte y por parte también del
señor Ministro en su intervención, que esta es la reforma
global del mercado que necesita este país. Miren ustedes,
están instalados en la dialéctica de que están en posesión de
la verdad absoluta. Nos vienen a decir que esta es la única
reforma que puede mejorar la situación y, en consecuencia, no
hay ninguna posibilidad, sobre otros elementos y sobre valores
nuevos, de generar un acuerdo amplio a nivel social, un
acuerdo político de progreso y abordar la reforma de mercado
laboral sobre otros presupuestos. Hay que dejar claro que nos
van a imponer una reforma del mercado laboral con la derecha.

Aquí no se trata, como usted ha venido a decir en su
intervención, de que hay dos proyectos uno
obsoleto, el de Izquierda Unida y otro que decía el nuestro.

Supongo que al decir el nuestro se estaba usted refiriendo al
resto de la Cámara, al conjunto de partidos que están en ella.

Pues bien, efectivamente, hay dos proyectos: la oportunidad de
hacer una reforma del mercado desde una perspectiva de
progreso o apostar por un proyecto claramente neoliberal que
une en esta Cámara a los distintos grupos parlamentarios que
han venido a respaldar esta reforma del mercado laboral. Pero,
además, se ha planteado que la reforma que nos presentan
beneficia a la negociación colectiva cuando dentro de ella
están previstas, de antemano ya, las cláusulas de descuelgue
y, en la situación actual de nuestro país, se sabe las
repercusiones que eso va a tener. Es más, el Ministro,
incluso, ha llegado a afirmar en su intervención en el ámbito
parlamentario, que hay medidas
importantes contra el despido y citaba, curiosamente, la
movilidad funcional y geográfica y la jornada laboral, cuando
la movilidad geográfica es una medida que abre las puertas a
la extinción de la relación laboral, que lo ha venido siendo
en los últimos años. Por consiguiente, sobre la realidad
contrastada lo que no se puede venir a decir aquí y ahora que
eso es una salvaguarda para que no se produzcan despidos
cuando justamente la movilidad, tanto funcional como
geográfica, son dos armas que han empleado los empresarios
para extinguir gran cantidad de contratos.

Han sido incapaces políticamente de llegar a un acuerdo
social. Han mirado a la gran patronal, a la CEOE, han acordado
los elementos básicos de la reforma con los empresarios y se
han olvidado de un elemento esencial, los sindicatos, para que
la reforma de verdad pueda tener una aplicación práctica y
puede hacer progresar a este país. Por tanto, no hable de que
hay dos proyectos el obsoleto --el nuestro-- y, el moderno, el
suyo. Hable en términos políticos de la realidad. Hay un
proyecto conservador que ustedes en el ámbito social lo han
acordado con la CEOE, en el ámbito político lo han convenido
con el Partido Popular, con Convergència i Unió y el Partido
Nacionalista Vasco, y hay otro proyecto que se podía, que se
puede todavía abordar, un proyecto de progreso acordando
socialmente, también con los sindicatos, y hablando,
dialogando políticamente en el marco parlamentario. Para ello
hemos hecho el ofrecimiento de nuestra alternativa. No la
descalifique, admita al menos debatirla y, en ese ámbito de lo
concreto podrán ustedes observar cómo están cayendo en
contradicciones evidentes y claras en relación --insisto-- al
aquí, permanentemente invocado, programa
electoral: Dijeron una cosa y ahora están haciendo todo lo
contrario.

Han presentado una reforma en la que se rompe el principio de
causalidad, en la que se suprime la estabilidad de la
contratación temporal, en la que se suprime la figura de
trabajadores fijos discontinuos, en la que, lógicamente, se
impulsa el elemento de la movilidad funcional y de la
movilidad geográfica, en la que se aborda una estructura
salarial
perjudicial claramente para los intereses de los trabajadores,
en la que se hace una distribución irregular de la jornada
laboral, en la que se permite las horas extraordinarias con
menor incentivación, en la que se plantea como paradigma el
contrato de aprendizaje, un contrato sin desempleo, por debajo
del salario mínimo interprofesional y sin derecho a prestación
de incapacidad laboral transitoria por enfermedad. Es una
reforma que prevé la derogación de las ordenanzas sin decirnos
que se es capaz de acordar en ese marco todo un ámbito de
relaciones laborales cualitativa y sustancialmente distintas.

En definitiva, ustedes, díganlo de una vez, han optado por
llevar adelante en este país un proyecto clara y netamente
neoliberal y no están dispuestos, de ninguna de las maneras,
en ninguno de los ámbitos, a que se pueda dialogar y generar
una mayoría política que auspicie una política verdaderamente
de progreso que permita el avance a este país y salir de la
situación en la que nos encontramos.

Así y todo, a pesar de encontrarnos, señor Arnau, con su
intervención y con la de su compañero en el debate



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anterior, nosotros seguimos manteniendo nuestra alternativa
como oferta de diálogo. Para hacer una reforma de mercado,
estamos de acuerdo con comenzar el diálogo, ya lo he dicho
antes, no sólo político sino también social, pero una reforma
de progreso, que nos acerque realmente a Europa y a ese
pretendido Estado del bienestar.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (El señor Ríos
Martínez pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, muy
brevemente ya.




El señor RIOS MARTINEZ: Seré muy breve, señor Presidente. De
mi intervención el Diputado señor Barrionuevo ha sacado una
interpretación equivocada. Yo sé que usted es un hombre de
talante dialogador. Sé que usted negoció incluso la ley de
huelga antes de que se disolvieran las Cortes. También es
cierto que su partido hoy no está en condiciones de respaldar
aquello. Pero me gustaría que usted leyese no el párrafo de en
medio del punto 2, sino el primero del punto 2, del informe
sobre los vocales, en el CES, de los sindicatos. Dice: La
regulación de las empresas de trabajo temporal aquí y ahora
nos parece rechazable desde cualquier punto de vista. Y: Esto
supondría alcanzar unos niveles intolerables de flexibilidad
y, además, degradar y precarizar aún más la relación laboral y
la propia posición del trabajador en el mercado de trabajo sin
ningún avance y ninguna ventaja. Por tanto, la posición es
contraria a esta propuesta fuera de a la misma vez discutir la
reforma del Inem, la reforma o el
desarrollo de las empresas que subcontratar y las agrupaciones
de empresas.

Esa es la posición de Izquierda Unida, la posición de
devolución, para que se reelabore, negociado y discutido. Y en
ese sentido, si se reelabora, negociado y discutido, podremos
llegar a acuerdos.

Nada más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, voy a utilizar
el turno de réplica muy brevemente, explicando que no era mi
intención hacerlo. Yo creía que con las intervenciones
anteriores era suficiente para explicar la posición de
Coalición Canaria. Incluso nos dábamos por satisfechos con la
intervención del portavoz del Grupo Socialista, señor Arnau.

Sin embargo, se ve que el señor Barrionuevo tenía particular
interés en escucharnos de nuevo y nos ha emplazado a que nos
definamos. Y, como no queremos esquivar ningún emplazamiento
de este tipo, voy a contestarle de la forma siguiente: Primera
cuestión: hemos dejado claro que el proyecto de ley
alternativo que hemos presentado se enmarca dentro de la
voluntad de modernizar las relaciones laborales de este país,
del objetivo de creación de empleo, de competitividad, de
productividad y de mantenimiento de la solidaridad social y la
dignidad de los trabajadores.

Desde esa perspectiva, es claro que los proyectos del Gobierno
y los proyectos que nosotros hemos presentado tienen alguna
semejanza y notables diferencias. Las intervenciones del Grupo
Socialista dicen que prácticamente son matices. Pues si son
matices, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos, porque
eso quiere decir que las posibilidades de diálogo y de
aproximación son importantes. Nosotros creemos que hay
diferencias sustanciales, lo cual tampoco quiere decir que
vayamos a mantener posiciones rígidas y cerradas, si de verdad
están dispuestos a dialogar. Pero un diálogo que se inicia
sobre la base de decir: señores, si ustedes quieren dialogar,
voten lo nuestro... Yo creo que ésa ha sido una de las razones
del fracaso del pacto social y del pacto de empleo. Es mal
principio y, desde luego, al margen de lo que haya dicho el
señor Ríos sobre la actitud tolerante y dialogante del señor
Barrionuevo, es muy mala forma de empezar a dialogar no ver
las diferencias, no entender las opiniones del contrario,
aunque no se compartan, porque en todo diálogo, en último
término, hay que recoger parte de todos para encontrar una
síntesis común. Nosotros, para empezar a dialogar, no
abdicamos de nuestro proyecto de ley para votar el que nos
propone el señor Barrionuevo. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Estamos dispuestos, sin duda alguna, a ceder, a negociar, a
buscar siempre las mejores soluciones, pero la mejor solución
no es simplemente transigir. Yo creo que hay un rasgo
autoritario en la posición de: si se quiere dialogar, apoye
nuestra posición como cuestión previa. Porque, repito, éste ha
sido uno de los elementos de frustación del diálogo social y
político en el país. Si me permite una broma final, diría al
señor Barrionuevo que el arte de la política incluye la
firmeza y la flexibilidad, la autoridad del Gobierno y la
defensa de las propias convicciones, pero desde la tolerancia
y la flexibilidad a la hora de negociar y de dialogar. Se ha
dicho alguna vez, y a mí me gusta mucho la metáfora, que el
arte de la política y el arte de gobernar es el de mantener un
pajarito en una mano: a veces, si abre demasiado la mano y no
defiende con firmeza sus convicciones, se escapa el pajarito;
pero otras veces, cuando se quiere imponer
autoritariamente las posiciones, lo que se hace es cerrar
demasiado el puño y se aplasta al pajarito. Mantengan ustedes
el control de la situación del país, y para eso hace falta un
diálogo constructivo con la oposición democrática en este
Parlamento.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.

El señor Arnau tiene la palabra.




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El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.

Señora Aguilar, también nosotros vamos a propiciar el diálogo.

Aquí mismo, en esta sesión, yo he aceptado la propuesta de
Coalición Canaria para aceptar ese diálogo, y no como cuestión
previa, sino como cuestión que se va a producir a lo largo del
debate parlamentario de esta reforma laboral.

Por lo demás, señora Aguilar, aquí no vamos a imponer nada,
absolutamente nada. Aquí vamos a votar libremente, desde la
representación de la soberanía nacional, una reforma del
mercado de trabajo que de buena fe los socialistas pensamos
que es la que el país necesita. Que no es desreguladora, como
usted ha dicho. Esto es lo que persigue la derecha. Es una
reforma del mercado de trabajo que apuesta por la negociación
colectiva. Aunque, por lo demás, tampoco la ley se retira. La
ley sigue determinando unos mínimos inderogables, es decir,
que persisten todavía unos elementos, digamos de rigidez,
necesarios, porque el mercado de trabajo no es un mercado de
mercancías, y hay que atender los aspectos humanos y sociales
de las relaciones laborales. Pero, con la idea de respetar las
conquistas sociales, no puede ignorarse, señora Aguilar, que
la premisa de su existencia y mantenimiento está en que
existan también empresas competitivas que permitan el
ejercicio precisamente de esas conquistas sociales.

Y, además, en segundo lugar, para acertar en el análisis,
habría que redefinir, en función de los nuevos tiempos, el
término conquistas sociales.

Señora Aguilar, aprovechando que también el señor Ministro ha
citado al carismático líder sindical Luciano Lama, yo también
voy a hacerlo en esta réplica. Luciano Lama decía: Algunos
compañeros montan guardia ante determinadas conquistas
sociales como si tuvieran un tesoro a conservar y no se dan
cuenta de que se han convertido en un montón de ceniza.

Por último, sobre sus expresiones de que hemos mirado a la
CEOE en la negociación, de que estamos en manos del capital,
de que nos hemos olvidado de los sindicatos, siguen ustedes,
señora Aguilar, usando el discurso político como instrumento
comercial. Puede que les pase, como decía Pessoa, que tienden
a criticar no porque piensan, sino porque sienten. No nos
preocupan a los socialistas sus sentimientos, lo que nos
preocupa es su constante huida de la realidad. Para ustedes,
señores de Izquierda Unida, es más fácil y atractiva la
política espectáculo de corte nominalista. Esta izquierda
nominalista que ustedes representan se ha arrogado, presumo
que por designación divina, la defensa exclusiva y excluyente
de sindicatos, de trabajadores, de los débiles y de los
necesitados. La izquierda que representa el Partido
Socialista, la izquierda que representa la mayoría de esta
Cámara piensa, por el contrario, que su obligación no es
repetir los textos sagrados ni las viejas consignas, sino
solucionar problemas concretos con medidas concretas. Y le
digo ya que con las medidas del Decreto-ley, de la ley de
reforma del Estatuto de los Trabajadores, de la ley de
empresas de trabajo temporal, las cosas van a ir seguro que a
mejor, mejor para los jóvenes, mejor para los parados, mejor,
en definitiva, para todos los trabajadores, mejor, señoría,
para todos los españoles. Lo demás, señoría, es lo de menos,
lo demás es producto de esa forma de hacer ideología rancia en
el sentido en que lo definía Marx: barniz opaco que impide ver
la realidad. Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau.

Señor Barrionuevo, tiene la palabra.




El señor BARRIONUEVO PEÑA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, dos palabras; una para el señor Mauricio y para el
Grupo de Coalición Canaria. Yo creo que no me ha entendido
bien, señor Mauricio, porque cuando yo me he referido a que
dieran un paso en una línea consecuente y coherente --me
parece-- con la oferta de diálogo, no les estaba diciendo que
sustrajeran o eliminaran nada respecto a lo que hubieran
tomado una posición firme. Me estaba refiriendo estrictamente
a las empresas de trabajo temporal, cuestión sobre la que yo
no he visto que presenten una alternativa global a lo que
presenta el proyecto del Gobierno. Y si hay algún matiz, eso
se puede ver, como es obvio, en el trámite parlamentario. A mí
me parece que sería coherente y consecuente ese paso en ese
punto concreto, que es al que yo me refería, y usted me lo ha
tomado por la globalidad; es ahí donde me parece que está la
equivocación.

En cuanto al señor Ríos Martínez, creo que coincidirá
conmigo --me ha leído un párrafo, yo he leído otro, del voto
particular de los representantes sindicales en el Consejo
Económico y Social--, pero usted, en su primera intervención,
ha dicho --he tomado nota literal-- que no está en contra de
esta figura de las empresas de trabajo temporal. Lo que sí ha
dicho usted es algo parecido a aquello en lo que basan su
oposición los
representantes sindicales, que involucran esta figura en todo
el conjunto de la reforma laboral que propone el Gobierno.

Pero a mí me parece que ésa, sinceramente se lo digo, no es
una forma consecuente de actuar porque, si se está de acuerdo
en un punto concreto, por pequeño que sea, y, además, se
reconoce (usted ha dicho: No estoy en contra de esta figura;
los representantes sindicales en el CES también lo dicen), no
sé por qué no se puede llevar esa consecuencia hasta el final,
que allanaría seguramente el camino para buscar otros acuerdos
u otros encuentros. En cualquier caso, en aquello en lo que
previamente se dice que no se está en desacuerdo, no sé por
qué no se lleva a sus últimas consecuencias.

Nada más.




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Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrionuevo.

El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.

Se suspende la sesión.




Eran las dos y quince minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS
ARTICULOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y DEL TEXTO
ARTICULADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL. (Continuación)
(Número de expediente 121/000032)



--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL. (Continuación) (Número de expediente
121/000033)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. ¿Grupos que desean
fijar posición en relación con las enmiendas de totalidad que
han sido defendidas en el curso de la mañana por los grupos
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Coalición Canaria?
(Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor González
Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de
las señorías que se encuentran en el hemiciclo, del señor
Ministro del Interior que también nos acompaña (Rumores.--
Varios señores Diputados: ¡Muy bien, muy bien!) Y del Ministro
de Trabajos que me honra con su asistencia. (Rumores.)
Respecto al proyecto de ley por la que se modifican
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del
texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral, Unió Valenciana considera que la salida
a la situación actual requiere del esfuerzo de toda la
sociedad, a pesar de ser responsabilidad de unos pocos, y de
la adopción, de una vez por todas, de un paquete integral de
medidas tendentes a la mejora de nuestra competitividad. Por
tanto, la reforma laboral propuesta es a nuestro juicio una
medida insuficiente, insolidaria, con lagunas y necesariamente
matizable. Considerando positivos, en líneas generales,
algunos aspectos de la misma, como son la creación de las
agencias privadas de colocación o de las empresas de trabajo
temporal, que luego veremos, consideramos mejorables algunos
aspectos relativos a las remuneraciones y coberturas sociales
de los contratos de aprendizaje y prácticas. Al mismo tiempo,
y además de actuar sobre las consecuencias, también habría que
actuar sobre el origen de las mismas; nos estamos refiriendo a
la reforma del sistema educativo y especialmente a la
potenciación de la formación profesional. Así, el contrato de
aprendizaje se presenta como una alternativa válida a la
contratación de jóvenes, aunque coyuntural, sin embargo, no en
la solución definitiva para todos los jóvenes que buscan
empleo sin posesión de titulación académica. Por otra parte,
la reforma propuesta adolece de la existencia de medida alguna
que favorezca la entrada en el mercado de trabajo de los
parados mayores de 40 años, colectivo en creciente aumento en
los últimos años. Unió Valenciana considera, señorías, que el
Gobierno es el único responsable de la situación actual y no
los trabajadores. Si realmente se pretende mejorar nuestra
competitividad empresarial, se debería llevar a cabo una
reforma en profundidad de la filosofía de nuestro sistema
fiscal, transformando su carácter recaudador en incentivador
del empleo, un control exhaustivo del déficit público, una
mayor firmeza en la defensa de nuestro interés en la política
exterior y una propuesta seria de avance hacia el federalismo
fiscal, incluyendo la generalización de la concertación
económica. Unió Valenciana quiere recordar que empresarios y
trabajadores viajan en el mismo barco y que la creación de una
sociedad laboral crispada, nómada y rodeada de gran
incertidumbre no es la mejor garantía de éxito para la tan
deseada recuperación económica. Entendemos --ya lo hemos
dicho--que estas medidas en algunos casos son aceptables, pero
debían llegar de la mano del resto de las medidas que
verdaderamente permitan al empresariado una mayor inversión,
que reduzcan todo tipo de carga financiera hacia las
inversiones y que tengan una fiscalidad adecuada. Creemos, por
tanto, que estas medidas son cortas y mejorables y anunciamos
que votaremos a favor de la toma en consideración, pero que
naturalmente presentaremos enmiendas relativas a este tema.

Respecto al proyecto de ley por la que se regulan las empresas
de trabajo temporal, desde Unió Valenciana nos mostramos
favorables, en líneas generales, a la creación de empresas de
trabajo temporal; no obstante, consideramos necesaria la
realización de algunas matizaciones al respecto. Consideramos
que la tan necesaria convergencia con Europa, a la que tantas
veces alude la exposición de motivos del proyecto de ley, se
debería aplicar también a otros aspectos que incidirían
positivamente en la creación de empleo, como la fiscalidad que
soportan nuestras empresas, la infraestructura que soportamos,
etcétera. Unió Valenciana entiende mejorables algunos aspectos
del proyecto de



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ley de creación de empresas temporales y, respecto a los
requisitos exigidos para la constitución de éstas, considera
que la vaguedad de la redacción de éstos, unido a la
existencia de importantes lagunas, provocará un cierto grado
de inseguridad jurídica a los afectados. Unió Valenciana se
muestra favorable a la adopción de las garantías financieras
necesarias por parte de las empresas de trabajo temporal, pero
no sólo para éstas sino para la totalidad de las empresas. Sin
embargo, en la práctica, estas garantías no deberían provocar
importantes dificultades, a los potenciales empresarios, y
todo ello sin olvidar que debería existir alguna relación
entre el número de trabajadores contratados y las garantías
exigidas a las empresas de trabajo temporal. Existe otro
aspecto a destacar. Consideramos necesario reflexionar sobre
la posibilidad de celebración de contrato de duración
determinada entre la empresa de trabajo temporal y el
trabajador, coincidente con la del contrato de puesta a
disposición. Esta posibilidad de contratación la podrían
realizar el Inem, las agencias privadas de colocación e
incluso las mismas empresas interesadas, sin ningún tipo de
intermediación.

Finalmente, Unió Valenciana quiere manifestar que siempre ha
defendido la entrada en la gestión del Inem de los empresarios
y sindicatos. Al mismo tiempo, hemos propuesto en innumerables
ocasiones trasladar la gestión del Instituto Nacional de
Empleo a las comunidades que así lo soliciten. El tiempo nos
ha venido a dar la razón, habida cuenta de la anunciada
creación de las empresas privadas de colocación.

Señorías, Unió Valenciana no ha presentado ninguna enmienda a
la totalidad, pero sí nos gustaría apoyar las enmiendas que se
han presentado con el fin de mejorar este texto y, con
posterioridad, iniciar una serie de enmiendas, en todo su
trámite, que esperemos que lleguen a conformarlo en su
totalidad. Así que anunciamos el voto a favor de las enmiendas
a la totalidad y asimismo, por si no resultaran, el voto a
favor de la toma en consideración, con el fin de, en los
sucesivos trámites que faltan por recorrer, intentar mejorarlo
con las enmiendas que presentaremos al efecto. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.

Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, en un
debate de esta urgencia y de esta seriedad --estamos hablando
de adecuar el marco laboral a las exigencias del futuro y las
del propio presente--, la postura política, como mínimo, a la
que tiende Esquerra Republicana tiene que ser de una gran
responsabilidad. Esta responsabilidad es la que nos ha llevado
a entender que no teníamos que plantear una enmienda a la
totalidad, primero, porque creíamos que hace falta una reforma
del mercado laboral y, segundo, porque hay puntos de la
reforma propuesta por el Gobierno que nos parecen positivos.

Por ello plantearemos un amplio paquete de enmiendas parciales
con el ánimo de que sean una alternativa progresista a las
reformas que plantean ustedes y que nos parecen antisociales
en muchos aspectos. A pesar de ello y porque entendemos que
los
planteamientos de los textos alternativos presentados por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Coalición Canaria
son sustancialmente más progresistas, especialmente los textos
de Coalición Canaria nos parecen muy cercanos por cuanto
guardan un equilibrio entre las necesidades de las pequeñas y
medianas empersas y la justicia social, votaremos a favor. Sin
embargo, repito, Esquerra Republicana presentará un texto
alternativo de reforma del mercado laboral en forma de
enmiendas al articulado en todos aquellos puntos que no
podemos, desde una perspectiva de izquierdas, aceptar. ¿Qué
puntos? Repetimos los aspectos fundamentales de preocupación
que ya expresamos en el debate anterior.

Sí a la flexibilización del mercado laboral; no a la
aproximación al despido libre que representan, por ejemplo,
las dos nuevas causas de despido planteadas en el proyecto de
ley de
modificación del Estatuto de los Trabajadores. Sí a la
flexibilización del mercado laboral; sí, por ejemplo, a la
derogación de las ordenanzas laborales que ayudará a las
pequeñas y medianas empresas a adaptarse a las realidades
concretas. Sí también a la agilización del Inem, por ejemplo;
no a la movilidad funcional planteada en el artículo 5.º de
este proyecto de ley y que representa una puerta abierta a la
recualificación
unilateral de los trabajadores. Sí a la flexibilización; no a
los contratos de explotación encubierta de la juventud, ese
contrato de aprendizaje, ese contrato Dickens que pretende
dejar a los jóvenes casi sin derechos sociales. Nunca podremos
aceptar que un joven no tenga derecho al paro, a las
prestaciones sociales, que su salario llegue a ser de
vergüenza. Sí a la flexibilización del mercado laboral; no a
la precarización del mercado; no a la pérdida de derechos
fundamentales; no a la dualización de un mercado laboral que
va a consolidar capas privilegiadas de trabajadores bien
calificados y remunerados y una inmensa capa de trabajadores
en situación de precariedad máxima. Sí a la flexibilización,
sí a la movilidad geográfica planteada en este decreto ley,
pero sólo --y presentaremos enmienda en este sentido-- si
viene apoyada por una ley que incentive esa
movilidad y rebaje sus efectos traumáticos, por ejemplo, en el
tema de arrendamientos. Sí a la flexibilidad y a la adecuación
del mercado a las nuevas circunstancias; no a ese punto del
proyecto de ley de las empresas de trabajo temporal que
excluye a los trabajadores temporales de los beneficios de la
negociación colectiva. Ustedes están jugando, en muchos



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puntos de esta macrorreforma, con derechos fundamentales que
costó mucho conseguir.

En fin, sí a la reflexión seria, al debate con voluntad de
consenso; no a la demagogia fácil que lleva a algún ultra
entusiasta de su reforma, como Miquel Roca, a decir que en
quince días se han conseguido veinte mil contratos de
aprendizaje. ¿Por qué no proponen ustedes directamente el
contrato gratuito y así conseguirán titulares más llamativos?
Por favor, en un tema tan serio no juguemos con la demagogia.

Sí a una reforma del mercado laboral; no a la deslocalización
de empresas; no a la precariedad del trabajo; no a la pérdida
de derechos fundamentales; no a la explotación de la juventud;
no a la voluntad de hacer recaer el déficit público, producto
de la mala gestión sobre todo, en los sectores más
discriminados; no, en fin, a la práctica de una línea de
actuación pensada para agravar y consolidar grandes
diferencias sociales.

Había otras reformas posibles y hoy debatimos, por ejemplo,
dos textos alternativos claramente más solidarios y
progresistas. En este sentido irán también nuestras enmiendas
al articulado. Es deplorable que desde la coartada de
izquierdas se haya optado por la reforma más dura, más
antisocial y más discriminatoria. La suya no era la única
reforma posible del mercado; la suya es la opción que
finalmente saldrá en contra de capas trabajadoras, en contra
de los parados, de los sectores más discriminados. Han
decidido que sean sobre todo ellos los que paguen la situación
económica. Como final, permítanme una pequeña broma ¿Por qué
no hacen ustedes ministro a don Miquel Roca y así les sería
más clara y menos incómoda esa etiqueta de izquierdas? En fin,
sí a una reforma, no a esta reforma; sí al diálogo, no a la
inflexibilidad.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, en este
ambiente tan proclive a la reflexión intimista vamos a
intentar articular una intervención menos agria que la que
hemos realizado esta mañana, pero sí una reflexión sincera
sobre los contenidos profundos axiológicos de estos dos
proyectos de ley que estamos debatiendo para proclamar en
primer lugar, señor Presidente, que nos vamos a oponer a las
cuatro enmiendas de totalidad presentadas a los dos proyectos
de ley. Nos vamos a oponer --me veo en la tesitura de
reproducir algunas de las argumentaciones--por considerar
desorbitadas y exageradas algunas de las descalificaciones y
de los anatemas pronunciados tanto por el señor Mauricio, en
representación de Coalición Canaria, como por parte de los
portavoces que han intervenido en representación del Grupo de
Izquierda Unida, así como también por las reflexiones
televisivas del presidente de dicho Grupo que consideramos
fundamentalmente desproporcionadas porque, en opinión de
nuestro Grupo, si algún calificativo merece esta reforma es el
de ser fundamentalmente discreta. Yo comprendo que estos son
términos difíciles de medir y de cuantificar cuando se está
hablando de debates que tienen unas
connotaciones axiológicas, políticas y jurídicas tan profundas
como éstas, pero es discreta porque esta reforma se mantiene
probablemente en una posición razonablemente equidistante
entre las legítimas posiciones que respecto a una reforma del
mercado laboral pueden adoptar las asociaciones empresariales
por una parte y los sindicatos por otra. ¿Por qué decimos que
se mantiene en una posición razonablemente
equidistante? Porque ni esta reforma llega a los extremos que
solicitaban las asociaciones empresariales, es decir, que la
flexibilización del mercado de trabajo, la desregulación de
mercado de trabajo se pudiese producir utilizando como
instrumento para esta flexibilización el contrato individual
de trabajo (legítima aspiración pero que nosotros hubiésemos
considerado desestructuradora del propio contrato social en el
que se basa el Derecho del trabajo), y sin embargo sí hace lo
que quizá se debe hacer en esta coyuntura --y yo le felicito
por ello, señor Ministro, puesto que usted es el inspirador de
esta reforma--, que es atribuir la legitimidad y la
responsabilidad --hay que decirlo enfáticamente-- para
flexibilizar el mercado de trabajo y ajustarlo, por tanto, a
los requerimientos de la competitividad, a los requerimientos
de una crisis económica que no es coyuntural sino que es una
crisis profunda con la que desgraciadamente hay que convivir,
y hay que ajustarla también a los requerimientos de una fase
recesiva del ciclo económico cuyos fundamentos son enigmáticos
en este momento y que los expertos en ciencia económica no
terminan de disipar. Se atribuye esta legitimidad, esta
responsabilidad, a la negociación
colectiva laboral, al derecho que proclama el artículo 37.1 de
la Constitución a los convenios colectivos, atribuyendo por
ello la responsabilidad y legitimidad para flexibilizar el
mercado de trabajo, para ajustarlo a los requerimientos de la
competitividad, para ajustarlo a los requerimientos de la
crisis económica y para poder empezar a crear empleo (esto es
lo más relevante que se puede decir), a los interlocutores
sociales. Y los interlocutores sociales, utilizando como
instrumento para esta flexibilización la negociación
colectiva, no se debían considerar ni abrumados ni
impresionados, ni de alguna forma debían considerarse
ilegítimamente protagonistas de esta profunda reforma que se
acomete pero que no se cuantifica, no se
predetermina, porque son los convenios colectivos los que irán
después, con el tiempo, predeterminando los niveles de
flexibilización y los niveles de desregulación del mercado de
trabajo. Por eso es una responsabilidad que se atribuye a los
interlocutores sociales sin modificar



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(esto es lo más relevante, y por eso nosotros indicamos que
esta reforma es discreta terminológicamente y es discreta
también esencialmente), sin desestructurar las fuentes del
Derecho del trabajo, la estructura de fuentes de la relación
jurídico-laboral, en concreto el artículo 3 del Estatuto de
los Trabajadores.

El artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores establece, para
quien no lo conozca --desgraciadamente me temo que en esta
Cámara más de uno se encuentra en esta situación--, la
siguiente estructura de fuentes de la relación laboral. En
primer lugar, son una fuente de la relación laboral las normas
legales y reglamentarias del Estado; en segundo lugar y
subordinado jerárquicamente a lo anterior, los convenios
colectivos, en tercer lugar, el contrato individual de
trabajo; y en cuarto lugar, los usos profesionales locales. El
artículo 3, número 3, del Estatuto de los Trabajadores dice
que el contrato de trabajo no podrá establecer condiciones
contrarias o menos favorables para los trabajadores que lo que
disponen las normas legales y reglamentarias del Estado y los
convenios colectivos. Y esto que es la esencia de la
estructura de fuentes del Derecho del trabajo (sí, señor
Frutos, ésta es la esencia de la estructura de fuentes del
Derecho del trabajo) se respeta escrupulosamente en estos dos
proyectos de ley, porque no se atribuye al contrato individual
de trabajo la legitimidad, la capacidad para desregular, para
modificar el contenido normativo, tuitivo y protector del
Derecho del trabajo, sino la negociación colectiva. Se
enfatiza más la fuente de negociación colectiva (los convenios
colectivos tienen en nuestro Derecho eficacia normativa,
eficacia erga omnes), se enfatiza menos la fuente normas
legales y reglamentarias del Estado, y al contrato de trabajo
(por eso yo discrepo de lo que suelen proclamar los
representantes de Izquierda Unida cuando anuncian sus
respetables opiniones en estas reformas) no se atribuye más
relevancia como fuente de la relación laboral que la que tiene
en la actualidad. El contrato de trabajo sigue siendo un
contrato dictado, sigue siendo un contrato
reglamentado, siguien siendo un contrato en el cual
prácticamente no se puede pactar ningún tipo de condición de
trabajo, porque todo se lo sigue encontrando predeterminado,
bien autónomamente, a través de lo que disponen los convenios
colectivos, bien heterónomamente, a través de lo que disponen
las normas y reglamentos del Estado. Luego poco o
discretamente se modifica la estructura de fuentes del Derecho
del trabajo, prácticamente nada, contra lo que ustedes quieran
decir. Por mucho que lo repitan, esto no es verdad, no se
modifica la estructura, y no se vuelve a una configuración de
las relaciones de producción como la de la primera revolución
industrial, como la de los albores y finales del siglo XIX,
donde se articulaban las relaciones de producción capitalistas
con los instrumentos contractuales que proporcionaba el Código
de Napoleón de 1804: el contrato de arrendamiento de
servicios, contrato civil; el contrato de ejecución de obra,
contrato civil; y el contrato para sociedad industrial,
contrato civil. No. No se puede decir porque es una trampa
intelectual decirlo; no se retrotrae el Derecho del trabajo a
esa situación, sino que se mantienen en su integridad las
esencias del Derecho del trabajo.

El contrato de trabajo continúa siendo un contrato dictado
reglamentado, como todos los demás contratos de nuestro
ordenamiento jurídico, en el que el presupuesto jurídico de la
igualdad entre las partes ha devenido en falso, real o
sociológicamente, y esto no se toca. Ustedes están diciendo
que esto se toca, y no es verdad; esta esencia del Derecho del
trabajo no se toca. Lo que pasa es que se atribuye la
legitimidad --y esto a nadie debe asustar-- para flexibilizar
aquello que la competividad, aquello que la crisis económica,
aquello que la recesión tan enigmática que nos afecta en este
momento, provocada por múltiples causas de carácter
geopolítico, de carácter de economía internacional, de
globalización de los mercados, esta flexibilización necesaria
que provoca tanto desempleo en este país, esta legitimación
para flexibilizar y desregular se atribuye a los
interlocutores, a sindicatos y asociaciones empresariales. Voy
a acabar rápidamente la catalogación, continuando con este
tono de reflexión intimista, señor Presidente, que en este
momento parece lo más pertinente, para hablar de otros
aspectos igualmente relevantes de esta reforma que se acomete
a través de estos dos proyectos de ley que estamos debatiendo.

Se modifica en este proyecto de ley, que reforma determinados
artículos del Estatuto de los Trabajadores, parte del
contenido del Título III del Estatuto de los Trabajadores
atinente a la negociación colectivo-laboral. Se modifica de
forma muy pertinente, en opinión de mi Grupo Parlamentario,
porque se ajusta la estructura de la negociación colectiva
laboral a los requerimientos y necesidades casi individuales
de cada empresa, con lo cual y a sensu contrario estamos
diciendo que se dificulta la habilitación contenida en los
artículo 83.1 y 83.2 del Estatuto de los Trabajadores, que es
la de adoptar acuerdos-marco de ámbito estatal, acuerdos
interprofesionales o convenios de ámbito estatal que van
predeterminando, que van preconcibiendo la negociación
colectiva laboral. A nosotros nos parece que ésta es una buena
fórmula de resistencia contra los requerimientos de la crisis
económica también, no porque rescate el poder de dirección del
empresario, que se rescata parcialmente porque es otro
requerimiento de la crisis, o no porque se acabe con el
principio de irregresividad de lo que van pactando los
convenios colectivos año tras año, porque con esto no se acaba
sino que los nuevos tendrán que flexibilizar respetando el
nivel y cuantía de las condiciones de trabajo configuradas por
los anteriores (son esencialidades que tampoco se tocan en
esta reforma),



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y porque este ajuste a los requerimientos de la crisis
económica de la situación particular de las empresas puede
posibilitar una más versátil, una más flexible resistencia de
las empresas, individualmente consideradas, contra los
requerimientos profundos y azarosos de la crisis económica.

Esto también hay que decirlo, a sensu contrario, señor
Ministro, es un obstáculo contra el funcionamiento de las
burocracias y de los aparatos sindicales y es un obstáculo
contra el funcionamiento de las burocracias y aparatos
patronales también. Quizás algunas renuencias y algunas
críticas desorbitadas a este proyecto de ley tengan este tipo
de fundamento absolutamente espurio y deshonesto, ¡por qué no
decirlo! Pero, señor Ministro, entendemos que es un
instrumento de ajuste de este proyecto normativo a los
requerimientos de la crisis económica. Ahora, yo también le
aconsejaría a usted y al Ministro de Economía, aquí presente,
que no pierdan de vista la virtualidad que algunos acuerdos
interprofesionales han tenido en momentos difíciles de nuestra
situación económica, en los que se han podido pactar cláusulas
de productividad, en los que se han podido pactar con las
autoridades económicas y monetarias del Estado cláusulas de
incremento salarial que no provocaran excesivas tensiones
inflacionarias, en los que se han podido pactar cláusulas
reguladoras de instrumentos eficientes de seguridad e higiene
en el trabajo y en los que también se ha podido pactar un
incremento cuantitativo de condiciones de trabajo --que es lo
que gestionan los trabajadores a través de la negociación
colectiva-- razonables y seguramente menos azarosos y lesivos
para los empresarios que aquellos derivados de una negociación
colectiva a veces precaria y excesivamente atomizada.

En todo caso, nos parece muy buena esta nueva estructuración
del contenido del Título III del Estatuto de los Trabajadores.

Voy acabando ya, señor Presidente, para referirme a otra de
las reformas o de los ámbitos sistemáticamente más relevantes
de la reforma, que es el relativo a la nueva regulación de los
despidos.

Estamos de acuerdo también con esta nueva regulación de los
despidos y estamos de acuerdo en que si bien el Estatuto de
los Trabajadores y el Derecho del trabajoreconoce al
trabajador un crédito individual al trabajo frente al
empleador, ya el Estatuto de los Trabajadores actualmente
vigente, y no discutido por nadie, también prevé la
posibilidad de que se resuelvan contratos que dificultan el
mantenimiento o la competitividad de las empresas, estos
contratos en virtud de los cuales el trabajador no se adecua a
las innovaciones tecnológicas, uso bien escaso se ha hecho de
esta figura, señor Ministro, como usted sabe. Yo he analizado
cuántos trabajadores han sido despedidos en el Estado español
por no haberse adecuado a las innovaciones tecnológicas de las
empresas, y me he enterado que sólo ha habido un único caso de
un trabajador que estaba afectado por una psicopatía profunda,
que agredía a sus compañeros y han sido pruebas testificales
de los mismos las que han posibilitado esta
resolución.

En definitiva, reconociendo esto el Derecho del trabajo y
reconociendo la posibilidad de extinguir contratos por causas
objetivas, despidos colectivos, por cesación de industria, de
negocio, de actividad económica, por problemas económicos, por
problemas tecnológicos, en este momento lo que sí nos
preocupa, señor Ministro, es que se habilitan más las
posibilidades para despedir colectivamente, introduciendo dos
nuevas posibilidades para despedir: las causas productivas y
las causas organizativas, que legitiman el despedir 10
trabajadores en 90 días en
plantillas hasta de 100 trabajadores; el 10 por ciento en
plantillas de 100 a 300 trabajadores, también en 90 días, y 30
de empresas de más de 300 trabajadores de plantilla también en
90 días. Esto nos parece una regresión, señor Ministro, sobre
la cual deberíamos reflexionar seguramente. ¿Por qué? Porque
las causas organizativas y las causas productivas son genuinos
conceptos metajurídicos, son conceptos que habilitan de forma
omnicomprensiva a los empresarios para despedir hasta por lo
menos que ellos vayan siendo precisados jurisprudencialmente.

Y sobre esto seguramente tendríamos algo que reflexionar. En
todo caso, señor Ministro, también nos parece bien que se
mantenga la competencia administrativa, la competencia de la
autoridad laboral en el ámbito de los despidos colectivos, no
porque no consideremos oportuna la aplicación de la directiva
de 17 de febrero de 1975, que establece un procedimiento no
administrativo para la ejecución de despidos colectivos, y no
porque no consideremos que el mantenimiento de la doble
competencia administrativa y judicial es una especie de
herencia democratizada del pasado autoritario, de una
legislación
autoritaria franquista, pero, señor Ministro, yo le hice una
consideración de naturaleza estrictamente práctica, vinculada
al país catalán, además. En este momento yo prefiero que el
expediente de regulación de empleo de la Seat sea negociado
por la empresa Wolkswagen con el Gobierno catalán y que no
sean los jueces del orden social los que tengan que acometer
este tipo de tareas para las cuales están absolutamente
inhabilitados. Por último, señor Presidente...




El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego que concluya.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Sí, señor Presidente, con esto acabo
de verdad.

La operación de cirujía jurídica que se acomete en esta
reforma nos parece sutil, nos parece inteligente y, además,
que no contradice precepto constitucional alguno.




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Por eso nosotros vamos a votar en contra de estas dos
enmiendas de totalidad.

¿Qué se hace? Se hace esencialmente lo siguiente: se
transforman derechos necesarios o normas de derecho necesario
indisponible en normas de derecho disponible, de forma y
manera que es la negociación colectiva la que irá
flexibilizando la jornada, la estructura del salario, las
vacaciones, las comisiones, todo lo previsto entre los
artículos 22 a 25 y 34 a 40. Esta transformación, no de la
literalidad de los preceptos, no de las proposiciones de los
preceptos, sino de su naturaleza jurídica, nos parece que en
este momento es el requerimiento más característico de una
situación crítica de la economía en la cual el gran derrotado
es el desempleo, sobre todo el desempleo juvenil.

Por esta razón, porque hay que atender de forma absolutamente
prioritaria la situación de los desempleados, porque esta
reforma entre otras razones es inevitable, porque reformas
como éstas se están acometiendo en todos los países de nuestro
contexto socioeconómico y porque, vuelvo a repetir, aunque
esto indigne a algunas personas aquí presentes, los postulados
o paradigmas clásicos del Estado del bienestar están siendo
objeto de revisión en todos los países, sobre todo en los
países más avanzados, que es donde está asentado el Estado de
bienestar, vamos a votar en contra de las dos enmiendas de
totalidad presentadas y vamos a votar por ello, lo digo
enfáticamente, a favor de la reforma. Gracias, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, a estas alturas del debate no es ningún
secreto que nuestro Grupo Parlamentario ha decidido apoyar la
necesaria reforma de la legislación laboral. Lo hacemos desde
el
convencimiento de que estas medidas, junto con las ya
introducidas en los Presupuestos Generales del Estado y otras
que se puedan ir produciendo en el futuro, han de propiciar el
relanzamiento de la economía y la creación de actividad en
nuestro país. Por tanto, es evidente que vamos a votar en
contra de las dos enmiendas, es decir, las cuatro enmiendas a
la totalidad que se acaban de presentar y defender en esta
tribuna. Hemos tomado esta decisión desde la coherencia de lo
ya
manifestado aquí por el Presidente de nuestro Grupo el día 28
de diciembre.

Señorías, el análisis que nuestro Grupo hace de la situación
de nuestro país difiere mucho del que aportan las enmiendas a
la totalidad que se han defendido aquí. Consecuentemente,
hemos de votar en contra.

A nuestro juicio, señor Presidente, la reforma de la
legislación laboral es oportuna, y lo es por las siguientes
razones: Primero, por la ineficacia de la legislación actual.

El Estatuto de los Trabajadores, que se aprobó en el año 1980,
se hizo en una situación económica y social bastante diferente
a la actual. Es cierto que en el espacio histórico que nos
ocupa no es
excesivamente largo, pero es cierto también que la velocidad
de las transformaciones que se han producido en estos últimos
años lo hace obsoleto en algunos aspectos.

La facilidad de la penetración en los mercados de otros
países, la facilidad de traslación de empresas de un país a
otro en busca de mano de obra más barata y más dócil, donde la
fiscalidad es menos rigurosa o simplemente donde hay programas
de protección fiscal para determinadas actividades que generen
empleo, las exigencias que impone la política de convergencia
europea, la celeridad en la adopción de nuevas tecnologías y,
en definitiva, la crisis económica en que nos encontramos
sumergidos, así como las duras perspectivas que nos esperan a
corto plazo, todo ello lleva a nuestro Grupo a contemplar un
escenario en el que la competitividad tiene un protagonismo
absolutamente prioritario. La eliminación de cuantas barreras
dificultan esta competitividad tiene, a nuestro juicio,
preferencia sobre cualquier otra. Por otro lado, constatamos,
señorías, que la actual legislación no frena la destrucción de
empleo; no lo ha frenado durante estos últimos años. Por el
contrario, lo provoca y lo encarece. No podemos ignorar, y no
se ha dicho aquí hoy, que en el año pasado recursos de hasta
500.000 millones de pesetas se han empleado en la destrucción
de empleo, se han empleado en la adaptación de plantillas. Si
estos recursos hubiesen podido ser utilizados en otro tipo de
políticas, en políticas activas de creación de empleo, otro
nivel sería el de nuestra bolsa de paro.

Resulta que nos encontramos en un triste liderazgo: el
liderazgo de confirmar que somos el país que dobla el
porcentaje de paro respecto a los de la Unión. Resulta que
somos el país que gastará este año un mínimo de dos billones
300.000 pesetas para subsidiar ese empleo. Resulta que somos
un país que tiene 750.700 parados que llevan uno o dos años
buscando empleo. Resulta que somos un país que tiene 1.020.600
parados que llevan dos años buscando un empleo. Resulta que
somos un país que tiene 660.000 trabajadores que no han
encontrado todavía su primera ocupación. Resulta que de ellos
tenemos 424.000 que son jóvenes que no han encontrado su
primer empleo, como dije esta mañana. Y de estos jóvenes, una
gran mayoría de los cuales no tiene titulación, hasta ahora,
con la legislación actual, sólo el 21 por ciento, repito, no
ha encontrado empleo.

Por otro lado, las personas que hace más de dos años que están
buscando empleo, que tienen 40, 45 y más años, difícilmente
van a regresar a la actividad económica



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si no tomamos conciencia y adoptamos medidas de choque que
permitan su recuperación y su reingreso en el trabajo.

Hemos dicho que el presupuesto del Inem es de dos billones
300.000 pesetas para este año, sin tener en cuenta los déficit
de los últimos años. Hay que reconocer que es el doble del
presupuesto de enseñanza de este país, que es dos veces y
media superior al presupuesto de defensa de este país y que es
el 80 por ciento del costo de sanidad de este país. Son
afirmaciones del Ministro de Trabajo en su comparecencia ante
la Comisión de Política Social y Empleo.

Desde la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos,
creo oportuno que nos formulemos una pregunta: ¿Es posible
mantener indefinidamente este nivel de gasto en subsidiar el
desempleo? Nuestro Grupo considera que hay que frenar este
esfuerzo en recursos para subsidiar inactividad. Creemos que
hemos de invertir el signo, creemos que este esfuerzo hay que
hacerlo para crear empleo, no para subsidiar desempleo.

Porque, señorías, los trabajadores en este país no quieren
vivir del subsidio de desempleo; quieren recuperar su puesto
de trabajo. No quieren vivir inactivos e inútiles a una
sociedad a la que pertencen; quieren ser útiles a la sociedad
a la que pertenecen.

Todo aquello que hagamos para defender la posibilidad de que
estos activos vuelvan a serlo realmente y vuelvan al campo
productivo estará, a nuestro juicio, bien hecho.

Este panorama, que SS.SS. no me discutirán, no parece que
permita de una manera razonable pedir que no se altere la
legislación laboral actual que, como mínimo, hasta ahora se ha
mostrado incapaz de frenar esta situación. La preservación de
las
conquistas sociales del movimiento sindical en aspectos tales
como la libertad sindical, el derecho al trabajo y cualquier
otra conquista social ha de ser compatible con la adecuación
de los recursos humanos que las empresas puedan utilizar para
que éstas persistan, subsistan y creen actividad. De no
introducir
criterios de adaptabilidad en las relaciones laborales, todos
los logros sociales y el propio derecho al trabajo será una
quimera en el futuro.

Nos parece bien que en el proyecto que nos presenta el
Gobierno --y en razón de ello nos parece mal lo que pretenden
las enmiendas de totalidad-- se fortalezca la negociación
colectiva. El proyecto que estamos debatiendo acentúa de una
forma sustancial la importancia de esta negociación y, por
tanto, el protagonismo de las partes que tienen una actuación
esencial en estos temas: los sindicatos y las organizaciones
empresariales. Naturalmente, ello exigirá de los sindicatos y
de las organizaciones
empresariales una presencia más real y más activa a nivel de
empresa, a nivel de sector y a otros niveles. Materias que
hasta ahora se reservaron para la regulación estatal serán
objeto de negociación entre las partes buscando una mayor
eficacia en la actualización de todos los recursos de la
empresa, incluidos los recursos humanos.

Los artículos 39, 40 y 41 merecerían una atención especial si
tuviéramos tiempo para ello; pero parece que el tiempo no nos
va a dejar analizarlos en profundidad. No obstante, señalemos
que son los artículos que se refieren a la movilidad funcional
geográfica y a la modificación de las condiciones de trabajo.

En este campo, estos artículos han estado manteniendo unas
ciertas rigideces que necesariamente hay que superar, en
función y en beneficio de los trabajadores que están
trabajando en este momento y en beneficio de los parados para
que puedan recuperar su trabajo.

Cualquier proyecto empresarial requiere un mínimo margen de
discrecionalidad en la utilización de sus recursos humanos,
dentro de un marco jurídico que establezca el necesario
equilibrio ante cualquier conflicto de intereses. Pero es
evidente que, si no hay ese mínimo marco donde se puedan mover
la actividad y los recursos humanos de la empresa,
difícilmente va a poder tener éxito. Nos parece que la
propuesta que nos hace el proyecto ofrece este marco jurídico,
que facilitará el mejor desarrollo de la actividad laboral,
salvando puesto de trabajo hoy en peligro.

Hay un aspecto de la reforma que ha sido, es, y temo que lo
seguirá siendo, utilizada de manera demagógica, la extinción
de los contratos de trabajo. Qué duda cabe de que habrá tiempo
de debatir y profundizar en este tema, pero tampoco cabe duda
de que era necesaria la reforma de la extinción de los
contratos de trabajo amparados en los artículos 51 y 52.

Cuando la empresa entra en crisis, señorías, por causas de
mercado, por causas de déficit de competitividad con sus
homólogas, por razones
económicas o tecnológicas, por cualquier otra cuasa, es
evidente que se requiere un marco legal que le permita
reaccionar ante la adversidad puntual que se le presenta en
ese momento; reaccionar para recuperar fuerzas, actividad y
mantener los puestos de trabajo. En esa línea, nos parece
oportuno que se modifiquen los artículos mencionados.

Digamos dos palabras respecto al título II, que hace
referencia a la modificación del sistema electoral sindical.

Que la
legislación de las elecciones sindicales requería una reforma
era evidente. Es necesario evitar el triste espectáculo de los
sindicatos acusándose de fraude en las elecciones últimas,
pero también es cierto, señorías, que éstas no pueden hacerse
de la manera literal que se propone; habrá que hacer alguna
modificación porque lo correcto sería que todos los
sindicatoslegalmente establecidos, no solamente los
mayoritarios, pudiesen tener las mismas posibilidades de
desarrollar sus actividades, y de convertirse en mayoritarios
los que son minoritarios. Necesitamos unos sindicatos fuertes,
unos sindicatos enraizados en la actividad empresarial,



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unos sindicatos que actúen como interlocutor. Llevamos todo el
día hablando de la necesidad de diálogo. Se está hablando de
que dentro de unos días, después del 27, convendrá dialogar.

Nuestro Grupo cree que era necesario dialogar antes --se ha
estado dialogando seis meses sin ningún éxito--, era necesario
dialogar ahora y será necesario dialogar siempre; pero para
que los diálogos sean algo más que la contemplación de las
efigies que tenemos delante, es necesario que haya un mínimo
de voluntad, un mínimo de interés, de acercar posiciones. Eso
quiere decir que hay que renunciar, por una y otra parte, a
algunos de los protagonismos; si no, los éxitos de diálogo
billarán siempre por su ausencia.

Para acabar, señor Presidente, dos palabras respecto a las
empresas de contrato temporal, de lo que ya hemos hablado esta
mañana. Las empresas de contrato temporal son una realidad en
nuestro país, lo son no solamente a nivel individual. Como
dije esta mañana, hay varias asociaciones de este tipo de
empresas, son empresas que vienen trabajando y actuando en
nuestro país y sería absolutamente ridículo no querer
legalizarlas, reconociendo el hecho que se produce en la vida
civil. Por eso nos parece prudente y necesario el proyecto que
se presenta aquí,
susceptible, evidentemente, de mejora, de que se presenten
enmiendas para perfeccionar el texto del Gobierno, pero es
necesario para normalizar una situación que de hecho se está
produciendo. Si estas empresas demuestran, como lo vienen
haciendo, su utilidad en la captación de empleo, en la
utilización de una mano de obra que de otra manera estaría
engrosando el paro y la subsidiación del paro, nos parece
oportuno que este Parlamento se plantee el problema y apruebe
finalmente un texto adecuado a nuestra realidad.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, querría referirme a unas palabras
pronunciadas aquí por la representante del Grupo de Izquierda
Unida, donde acusaba de una especie de contubernio extraño el
resto de los Grupos de la Cámara por la convocatoria del Pleno
del día 20. Me gustaría aclararle a la señora Diputada de
Izquierda Unida que los representantes del Grupo Popular en la
Mesa se negaron a que el Pleno se celebrara el día 20, por
muchas razones, una de ellas, como es lógico, que el día 27
hay una huelga general; en segundo lugar, porque nos parecía
que no era excesivamente adecuado, sino profundamente
inoportuno, enfrentar la
representación del pueblo español en la Cámara no sólo a los
sindicatos, sino a un conjunto de la sociedad española que el
día 27, unos pertenecientes a los sindicatos --los
trabajadores que siguen la convocatoria de los sindicatos en
contra de una reforma laboral-- y otros un conjunto de
ciudadanos españoles, por diversos motivos, acompaña una
huelga. Usted sabe igual que yo que el seguimiento de una
huelga general no es solamente por un motivo, son varios, y
entendíamos que esta Cámara no podía ponerse enfrente de ese
conjunto de ciudadanos que estaban tomando una actitud en
contra de determinadas posiciones, no solamente de la reforma
laboral, del Gobierno socialista, pero estamos aquí
discutiendo esto porque la mayoría de la Mesa así lo decidió,
no con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, que sigue
pensando que era inoportuno.

Por otro lado, creo que lo que hoy estamos hablando aquí es la
continuación de un debate que se inició el día 28 de diciembre
con la convalidación de un Decreto-Ley que remitía a la Cámara
el Gobierno. Ya dijimos allí, y quiero ser muy rápida en estas
primeras palabras, que la reforma era necesaria, pero no
suficiente, y lo seguimos manteniendo, sobre todo hoy, después
de haber oído al señor Ministro de Trabajo decir, muy contento
y satisfecho, que, después de esta reforma, se va a crear
empleo. Señor Ministro, no se va a crear empleo con esta
reforma ni sin ella si no va acompañada de medidas económicas,
fiscales y presupuestarias que hagan posible devolver la
confianza perdida al Gobierno socialista y a su política
económica. Con esto simplemente, señor Griñán, no se va a
crear empleo. Lo único que vamos a conseguir será sumar a la
crispación social la
frustración social cuando, después de poner en marcha esta
reforma, no sea lo que usted anunció ya como la gran panacea,
que sería la creación de empleo. Por tanto, es insuficiente si
no se acompaña de medidas económicas y fiscales que reactiven
la economía española.

Decíamos que sí a la reforma. Pero no a cualquier reforma,
sino a la reforma necesaria para adecuarnos al resto de los
países de la Comunidad, para hacer la reforma que haga
competitivas nuestras empresas, que devuelva la autonomía a
las partes en la negociación colectiva. Le puedo garantizar,
señor Griñán, que estaremos de acuerdo con la reforma
necesaria, no con la que hoy trae aquí el Gobierno socialista.

Por eso, porque creemos que debe ser una reforma también
acompañada de consenso (y usted, señor Griñán, que es un
experto en Derecho del Trabajo y en las relaciones laborales -
-es Inspector de Trabajo-- por lo menos tiene esa visión, que
no es la global de las relaciones de trabajo, pero sí una
parcial), debe saber que el mundo de las relaciones de trabajo
es muy complicado, que está afectando a unas relaciones muy
directas de las personas, que necesita normas muy claras, muy
concretas, que se puedan conocer rápidamente, y necesita
básicamente un consenso entre los actores que tienen que poner
en marcha estas reformas imprescindibles con



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los sindicatos, con la patronal. Sin confiar plenamente en
esta reforma, le digo que dudo mucho de la viabilidad de
aplicación de la que hoy estamos discutiendo aquí. Por lo
tanto, sería una nueva frustración más a esta frustración
social de la que hablaba antes. Por eso creo necesario ese
consenso. Se podría recuperar en esta Cámara el consenso a
través de los Grupos Parlamentarios, porque lo que considero
imposible, señor Griñán, es retirar de la Cámara estos
proyectos de ley traídos aquí. Pero sí creo profundamente en
el consenso a través de los Grupos
Parlamentarios, en un diálogo abierto con la sociedad española
y con los agentes sociales.

Y por eso, porque creo en la reforma, en la reforma necesaria,
y porque la creo urgente y necesaria, no puedo apoyar las
enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida. Y no lo
puedo hacer porque creo que el planteamiento de Izquierda
Unida es precisamente la contrarreforma, el inmovilismo de
nuestro sistema de relaciones laborales. Creo que es
profundamente contraproducente para las necesidades reales de
la economía española.

¿Qué es lo que analizamos aquí? ¿Qué es lo que trae el
Gobierno que origina la presentación de estas enmiendas a la
totalidad? Quiero decir que no es una reforma del Estatuto de
los
Trabajadores. Es una reforma de la Ley de procedimiento
laboral. Es una reforma de la Ley de órganos de
representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación en
los órganos de las Administraciones públicas. Y es también una
reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Y desde mi
punto de vista es muy preocupante que el Ministerio de Trabajo
y el Gobierno hayan remitido aquí un proyecto que en un «totum
revolutum» mezcla cuestiones que no deben ser mezcladas.

Entiendo que hubiera sido necesario, al mismo tiempo pero de
forma diferenciada, presentar la reforma del Estatuto, la
reforma de la Ley de procedimiento laboral, la reforma de la
Ley Orgánica de Libertad Sindical y lo que afecta a la función
pública. Pero en un «totum revolutum», en el que en diez
minutos hay que discutir de estas cosas, me parece, señor
Griñán, una auténtica frivolidad.

Además, esta reforma que usted trae aquí, de la que se siente
tan profundamente orgulloso, que considera tan analizada hasta
el fondo del contenido de lo que pueda ser este proyecto, creo
que plantea cuestiones en las que espero por parte del Grupo
Socialista, por indicación del Gobierno, una mayor
flexibilidad a la hora de considerar las enmiendas que
presentemos el resto de los Grupos.

Esta reforma que hoy discutimos aquí tiene una enorme
inseguridad jurídica. Porque cuando uno analiza el contenido
que hoy
discutimos nos encontramos con que una de las medidas es la
reforma de una modificación del punto 3 del artículo 16 del
Estatuto de los Trabajadores. Pero si uno se entretiene en
analizar el Decreto aprobado el día 28 de diciembre se
encuentra con que los puntos 1, 2 y 3 del artículo 16 del
Estatuto de los Trabajadores han quedado derogados y se tiene
que preguntar: ¿qué estamos modificando, un apartado de un
artículo que ha sido derogado el 7 de diciembre y convalidado
aquí el 28 ¿Cómo es posible que una reforma hecha con
tranquilidad, con serenidad, discutida, como usted dice, en
estos seis meses con los agentes sociales cometa fallos como
éste? ¿Cómo es posible que ustedes reformen un artículo
derogado un mes antes, señor Ministro? Eso es absurdo.

Por otro lado, me parece absurdo que se derogue y modifique
determinados artículos, el 11, el 12, el 16 del Estatuto de
los Trabajadores, en un Decreto que esta mañana se ha
discutido aquí como proyecto de ley y quede al margen del
Estatuto de los Trabajadores, como si las empresas de trabajo
temporal, los sistemas de colocación, los contratos para la
formación, el aprendizaje, las prácticas a tiempo parcial no
tuvieran nada que ver con las relaciones laborales y con el
Estatuto de los Trabajadores.

Habría comprendido que se hubieran mezclado ambas leyes. Creo
que es imprescindible constituir una sola ordenanza jurídica
que contenga todas las relaciones laborales de nuestro país,
por lo que decíamos antes de la simplicidad que deben tener
estas normas, de la facilidad de su entendimiento y de su
propia aplicación. Por lo tanto, creo que habría que reformar
determinadas normas contempladas en este proyecto de ley,
entre otras las propia cláusula derogatoria, que queda
bastante ambigua, que queda bastante floja. Además, desde
nuestro punto de vista, señor Ministro, da la sensación,
cuando la disposición final cuarta del Estatuto dice que las
disposiciones con rango de ley referidas a salarios, etcétera,
pierden su rango de ley para convertirse en órdenes
ministeriales, de que su simple derogación las vuelve a
convertir en leyes. Habría que
preguntarse si ésa es la intención del Gobierno que, desde mi
punto de vista, está totalmente en contra de la nueva
situación en la que se hallan todas las relaciones laborales
internas a través de la negociación colectiva. Habría que
analizar de una forma lenta cuáles son las cláusulas
derogatorias que requerirían esta reforma del Estatuto.

Por otro lado, quiero decir que hay cosas que considero
importantísimas en este Estatuto, con las que estamos
profundamente de acuerdo y a las que el señor Ministro esta
mañana ha hecho una enorme cantidad de elogios a lo largo de
la hora de su intervención. El señor Ministro de Trabajo, de
pronto, ha descubierto la importancia que tiene en las
relaciones laborales la negociación colectiva. De pronto,
después de llevar siete años en la Comunidad Europea, ha
comprendido que el resto de los países de la Comunidad tienen
un cuerpo normativo, no normativas estatales, sino dimanantes



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de los convenios colectivos, que constituyen las auténticas
relaciones laborales internas en las empresas. El señor
Ministro lo descubrió anteayer; hasta ahora, el Grupo que
sustenta al Gobierno lo ha negado siempre en esta Cámara. Y me
parece importante, señor Ministro, aunque sea ahora, aunque
sea tarde, que de pronto haya descubierto usted que esa es una
buena fórmula para conseguir una movilidad interna y unas
relaciones de trabajo adecuadas para las necesidades de las
empresas. Pero surge, como siempre, el miedo típico de un
converso socialista, estatalista, que no puede olvidar el
control que tiene que ejercer el Estado sobre las propias
relaciones internas de los agentes sociales. Confiamos en los
agentes sociales, confiamos en que todo lo que se relacione
con jornadas, salarios, movilidad interna, etcétera, dependa
de la negociación colectiva y de la capacidad de
responsabilidad de cada uno de los agentes sociales, pero
introducimos cláusulas que hacen muy difícil lo que usted hoy
aquí defendía como la base fundamental de su reforma. Cuando
usted dice que las cláusulas obligacionales y normativas no se
derogan, salvo que el convenio así lo diga, yo me pregunto
cómo pretende el señor Ministro Griñán conseguir todas estas
modificaciones que plantean estas reformas que hoy discutimos
aquí, con los sindicatos en contra, con los
trabajadores en contra, con parte de los empresarios, a los
que no les gusta demasiado en contra. Cómo va a conseguir el
señor Griñán que los agentes sociales renuncien al convenio,
puesto que, según el artículo 86 del Estatuto que vamos a
discutir aquí hoy, y que si se aprueba tal como usted quiere
continuará en el tiempo, los convenios colectivos se
prorrogarán año por año, salvo que las dos partes quieran. ¿Me
quiere usted decir qué sindicato, qué organización o qué
empresario que esté en contra de estas modificaciones
introducidas va a aceptar negociar el convenio partiendo de
cero? ¿No nos podemos encontrar con las prórrogas continuadas
año tras año de todos los convenios colectivos? ¿No sería
mejor buscar un modelo tipo francés que obligue a las dos
partes a negociar lo que usted plantea aquí? Si no es así,
señor Griñán, yo pienso que esto se puede convertir en un
catálogo de buenas intenciones del Gobierno socialista,
simplemente en eso, porque va a ser inviable la puesta en
marcha de esta reforma en la negociación colectiva que ustedes
plantean. También me parece positivo e importante la
causalidad en la contratación, que se abandonen los contratos
temporales para buscar la temporalidad en la causalidad del
contrato. Pero yo le quiero llamar la atención sobre el
contrato de aprendizaje. Ya se lo decía mi compañero Aparicio
esta mañana. Miren ustedes, los contratos temporales, que
todos alabamos cuando se plantearon en el año 1984, por la
mala utilización, por el mal control desde la Administración
de ese tipo de contratos, han llegado a ser perversos para las
empresas españolas y para el conjunto de la sociedad española
porque nos han hecho pagar hasta tres billones, como usted
reconocía, en prestaciones por desempleo. Pero es que con el
contrato de aprendizaje puede pasar lo mismo, porque ustedes
han llamado contrato de aprendizaje a algo que no lo es.

Ustedes podían decir que la situación económica actual
requiere un contrato de inserción laboral por un tiempo
determinado, dada la crisis económica, y lo hubiera entendido,
que vamos a mantener este contrato hasta que salgamos de la
crisis económica, y lo hubiera entendido y podíamos haberlo
discutido, haber hablado de un contrato de inserción, pero no
utilicen ustedes la palabra «aprendizaje» para un contrato que
no tiene nada de aprendizaje, porque cuando realmente queramos
introducir el auténtico contrato de aprendizaje que funciona
en el resto de los países de la Comunidad, y que es el que
realmente necesitan nuestros jóvenes para cualificarse
profesionalmente, no lo vamos a poder hacer, porque este
contrato mal llamado de aprendizaje ha prostituido el propio
nombre del contrato de aprendizaje.




El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, le ruego concluya.




La señora VILLALOBOS TALERO: Voy concluyendo, señor
Presidente. Y hay cuestiones en esta ley que yo creo que son
mejorables porque están regularmente tratadas, y me voy a
referir, muy brevemente, a las empresas de trabajo temporal.

Era necesario y fundamental que se regularan esas empresas, y
lo llevamos pidiendo hace muchos años porque llevan funcinando
muchos años; sin embargo, en el proyectgo de ley que
discutiremos en la Comisión hay un enorme miedo, una especie
de aversión del Gobierno a este tipo de empresas. Las
condiciones que se les ponen no son condiciones que demuestren
creer realmente en el funcinamiento interno. El dinero que
tienen que depositar, la situación de controles, excesivos en
algunos momentos y escasos en otros, ponen de manifiesto como
una especie de falta de confianza en el mecanismo libre del
mercado. Al final, lo que subyace a lo largo de toda esta
reforma es el enorme miedo que los socialistas tienen, en las
relaciones laborales, al concepto de libertad y de la libertad
de las partes.

Desde luego, lo que desde nuestro punto de vista --y concluyo
con ello, señor Presidente-- es total y absolutamente
inaceptable de esta reforma es el Título II. Yo comparto con
el señor Ministro y con la sociedad española, porque lo hemos
vivido en estos últimos años, lo que han significado las
elecciones sindicales en este país. El escándalo de las
elecciones sindicales, hacía imprescindible desde luego, la
reforma de las normativas a las que se sujetan estas
elecciones. En España, los sindicatos tienen otra
consideración diferente a la



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simple representación de los intereses de los trabajadores en
el seno interno de la empresa, que es la consideración que la
Ley Orgánica de Libertad Sindical les da a los sindicatos más
representativos, que no solamente negocian convenios de ámbito
estatal, que no solamente firman acuerdos con el Gobierno o
con determinadas comunidades autónomas, sino que disponen de
un dinero de los propios Presupuestos Generales del Estado. Y
no solamente desde el año 1982, señor Arnau. Quiero recordarle
que al principio este dinero era solamente para los más
representativos, como venía en los Presupuestos del año 93, y
fue una sentencia del Tribunal Constitucional la que obligó al
Gobierno socialista a repartirlo entre los sindicatos en
función de su propia responsabilidad. Pero es que, además, los
sindicatos más representativos están en los consejos de
administación del Inem, del INS, del Inserso, de determinados
organismos públicos y son los que van a determinar, en el
Consejo General de la Formación Profesional, el catálogo de
cualificaciones
profesionales, conjuntamente con el Ministerio de Educación y
el Ministerio de Trabajo. Para el año 1994, conjuntamente con
la CEOE, disponen de 36.000 millones de pesetas para la
formación continua. Es decir, les hemos dado una
representación que va más allá de lo que significa la defensa
de los propios intereses de los trabajadores. Luego, desde mi
punto de vista, parecería lógico que el proceso electoral que
les da esa consideración de más representativos debería estar
dentro de un concepto de transparencia y de objetividad que no
fuera criticable para ningún ciudadano español, y ni siquiera
se pudiera pensar que se están intentando favorecer a
determinadas organizaciones
sindicales. Y porque yo soy demócrata y creo profundamente en
la necesidad de sindicatos fuertes, requiero de esta Cámara el
apoyo para las enmiendas tendentes a un proceso electoral
transparente, que haga realmente viable y visible para la
sociedad que esos sindicatos representan al mayor número de
delegados elegidos en las elecciones. Me parece errónea la
opacidad que se introduce en la reforma del Título II, me
parece que no es presentable que el Ministerio de Trabajo
tenga bajo llave esos resultados electorales, que ninguna otra
organización sindical, que exista o que se pueda crear, pueda
competir con las que hoy existen para la mayor
representatividad de los intereses de los trabajadores. En
beneficio del conjunto de la sociedad, de esa necesidad de
sindicatos fuertes, de sindicatos representativos, es por lo
que pido al Grupo Socialista y al Gobierno que reflexionen
sobre la búsqueda de soluciones al problema grave de las
acusaciones de fraude en las elecciones, pero que no permita y
que no santifique acuerdos como éste entre el sindicato UGT, a
través del señor Saracíbar, y el sindicato Comisiones Obreras,
a través del señor De la Parra, según el cual la asignación
consignada en los Presupuestos Generales del Estado se la
reparten al 50 por ciento. Si ustedes lo que quieren son
sindicatos inmovilistas, sindicatos a los que el Gobierno les
reconoce al 50 por ciento la consideración de más
representativos, con todo lo que ello conlleva de influencia
social, disfrute de medios económicos y del patrimonio
sindical acumulado que les proporciona el
Ministerio de Trabajo, me parece que les están haciendo
ustedes un flaquísimo favor a las organizaciones sindicales.

Porque además, señor Ministro, entiendo...




El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, le ruego concluya.




La señora VILLALOBOS TALERO: Acabo con esto, señor Presidente.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!, señorías.




La señora VILLALOBOS TALERO: Porque además, señor Ministro,
entiendo que esta reforma no viene pactada, no viene con el
acuerdo del Consejo Económico y Social --por lo menos ustedes
no (han trasladado) a la Cámara ese informe--ni tampoco el del
Consejo General del Poder Judicial.

Por tanto, señor Presidente de la Cámara, señores Diputados,
mi Grupo Parlamentario quiere que el proceso, que empieza hoy
aquí, de debate de la reforma laboral, de las reformas
profundas de las relaciones de trabajo que van a afectar a
cada uno de los españoles, el día que salga de esta Cámara
para publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» represente
la reforma necesaria, represente la reforma consensuada, la
reforma que rompa esa crispación hoy existente en la sociedad.

Porque le puedo
garantizar una cosa, señor Griñán: si seguimos en la línea
planteada en el día de hoy de buscar sólo enfrentamiento y
crispación, de no buscar el consenso, si no se consigue el
consenso en las reformas que afectan al mercado de trabajo,
esto que estamos discutiendo aquí será, simplemente, un
esfuerzo estéril de los grupos parlamentarios y un esfuerzo
estéril de la sociedad, porque ya le anuncio la inviabilidad
de la aplicación de esta norma. Nuestro apoyo será para
mejorar, porque es manifiestamente mejorable, para ayudar a
conseguir unas
relaciones de trabajo adecuadas y para conseguir una situación
de equilibrio necesario --como usted bien sabe-- en las
relaciones laborales entre el trabajador y el empresario. En
esa línea, señor Presidente, nos encontraremos.

Muchísimas gracias. (Rumores y algunos aplausos en los bancos
del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.

Vamos a proceder a las votaciones.

Enmiendas de totalidad al proyecto de ley por la que se
modifican determinados artículos del Estatuto de los



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Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento
Laboral.

En primer lugar, votaremos la enmienda de texto alternativo,
del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 314; a favor, 18; en contra, 289; abstenciones,
siete.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Votación de la enmienda de texto alternativo, del Grupo de
Coalición Canaria.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 312; a favor, cinco; en contra, 290; abstenciones,
17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas de totalidad que postulan la devolución al Gobierno
del proyecto de ley por la que se regulan las empresas de
trabajo temporal, que han sido defendidas por los Grupos de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y de Coalición
Canaria.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 313; a favor, 22; en contra, 290; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de
totalidad.




CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:



--REAL DECRETO-LEY 20/1993, DE 22 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
PRORROGA EL PLAZO QUE SE ESTABLECE EN LA DISPOSICION ADICIONAL
SEGUNDA DE LA LEY ORGANICA 5/1992, DE 29 DE OCTUBRE, DE
REGULACION DEL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS DE
CARACTER PERSONAL (Número de expediente 130/000009)



El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día de esta sesión
extraordinaria: Convalidación o derogación de reales
decretos-leyes.

Real Decreto-ley 20/1993, de 22 de diciembre, por el que se
prorroga el plazo que se establece en la disposición adicional
segunda de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de
regulación del tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal.

Para explicar, en nombre del Gobierno, las razones que han
llevado a la promulgación de este Real Decreto-ley, tiene la
palabra el señor Ministro de Justicia. (Rumores.)
Un momento, señor Ministro. (Pausa.)
Señorías, ruego guarden silencio. Estamos en sesión. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia
del Presidente.

Señoras y señores Diputados, tengo el honor, en nombre del
Gobierno, de solicitar la convalidación del Real Decreto-ley
20/1993, de 22 de diciembre, por el que se prorroga el plazo
de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 5/1992,
de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal.

Como SS.SS. saben, tal Ley Orgánica entró en vigor el 31 de
enero de 1993 y su disposición final primera autorizaba al
Gobierno para el ejercicio de la potestad reglamentaria
relativa tanto a la aplicación y ejecución del texto legal,
como a la elaboración del Estatuto que regulara la estructura
de la Agencia de
Protección de Datos. En virtud de esa potestad reglamentaria,
por Real Decreto de 24 de mayo de 1993, se aprobó
efectivamente el Estatuto de la Agencia de Protección de
Datos. Como no se les escapa, en ese momento ya estaban
convocadas las elecciones generales, y ciertamente la
convocatoria de elecciones generales supuso, en este caso, un
paréntesis en la plena eficacia de la puesta en funcionamiento
de la Agencia de Protección de Datos. La razón es obvia. El
artículo 37 de la propia Ley Orgánica preveía que correspondía
al Gobierno el nombramiento de los miembros del Consejo
consultivo a propuesta de una serie de organismos e
instituciones, entre ellas el propio Congreso y el Senado. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.) Era evidente, por tanto, que lo razonable era
esperar a que se constituyeran el nuevo Congreso y el nuevo
Senado, y fruto de ello el correspondiente Gobierno. Eso
supuso, efectivamente, la paralización de unos meses por
razones
políticas obvias.

A mayor abundamiento, la propia Ley preveía que una serie de
órganos e instituciones tenían que proponer los
correspondientes vocales o miembros del Consejo consultivo de
la Agencia de Protección de Datos. Lo cierto es que hasta el
mes de octubre tales organismos e instituciones no habían
hecho efectiva la capacidad de propuesta y, en consecuencia,
no existían miembros suficientes para constituir legalmente el
Consejo consultivo. Tan pronto como se logró esa mayoría a
mediados de octubre, el día 18 se procedió al nombramiento por
el Gobierno de los miembros propuestos del Consejo



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consultivo y el día 22 del propio mes se propuso como
Director, por parte del Consejo consultivo, a uno de sus
miembros. Sólo a partir de ese momento fue posible que se
pusiera en marcha la creación efectiva de la Agencia de
Protección de Datos, tanto desde el punto de vista
presupuestario como desde el punto de vista de creación de la
correspondiente estructura de plantillas. Por lo tanto, sólo a
partir de ese momento el propio Consejo consultivo tuvo la
posibilidad de informar el desarrollo reglamentario de la
materia, puesto que, como SS.SS. saben, la propia Ley prevé
que es el Consejo consultivo el que debe informar
preceptivamente el desarrollo reglamentario que permita la
aplicación y ejecución de la Ley. En consecuencia (estábamos
en octubre y en este momento el Consejo consultivo todavía no
ha evacuado su correspondiente informe preceptivo), era obvio
que a la fecha de 31 de enero iba a ser imposible que pudieran
entrar en funcionamiento las previsiones de la referida
disposición adicional segunda.

En este momento, el borrador del correspondiente reglamento
para la ejecución de la norma está en manos del Consejo
consultivo, el cual, a su vez, ha considerado oportuno --le
parece razonable al Gobierno-- consultar, además, con los
sectores públicos y privados afectados por la norma. Tan
pronto como se devuelva informado el proyecto de
reglamentación se procederá a pasarlo al Consejo de Estado y,
finalmente, al Consejo de Ministros. En estos términos,
estamos en condiciones de afirmar que en torno al mes de abril
se habrá posibilitado que esté devuelto el informe, que exista
la normativa correspondiente y, por lo tanto, que pueda entrar
en plena operatividad el cumplimiento de lo previsto en la
referida disposición adicional segunda. Sólo entonces se podrá
lograr el objetivo que la propia Ley preveía, en definitiva,
hacer efectivo el artículo 18.4 de la
Constitución; objetivo fundamental que no es otro que el que
el uso de la informática no suponga, en ningún caso, una
mengua de las garantías que deben rodear la protección del
honor y la intimidad personal de los ciudadanos. Con esta
explicación, que espero que a SS.SS. les parezca suficiente, y
con el compromiso de que dentro del plazo de seis meses será
efectivamente posible desarrollar plenamente el proceso,
solicito, en nombre del Gobierno, la convalidación del Real
Decreto-ley.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la
convalidación? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, no dudo de sus palabras ni de que,
efectivamente, usted hereda este tema, que ha tenido poco
tiempo y que necesita esta serie de meses. Pero no es la
primera vez. Son varios los reales decretos que vienen aquí a
obligar que se alarguen los plazos.

No queriéndole echar a usted la culpa, porque no la tiene, y
diciéndole que vamos a votar a favor porque es preciso que se
haga, no puedo olvidar --hay que decirlo aquí-- que el equipo
de Gobierno anterior (no sé el suyo, hasta que lo demuestre)
no funcionaba. Porque esto se presenta en el mes de octubre y
tienen noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, sin
contar el mes de mayo cuando se convocan las elecciones, seis
meses. Tenían tiempo. Usted está pidiendo una prórroga de seis
meses, luego, entonces, perfectamente había tiempo. Yo lo
siento, pero aquí habría que decir: viva la eficacia, viva la
rapidez, viva la solvencia, viva la productividad, viva la
rapidez en la gestión. La verdad es que lo siento, pero hay
que decirlo: No funcionan, o no funcionaban. Yo me voy a creer
que usted va a funcionary, por lo tanto, voy a votar que sí,
pero que apechugen los de antes, por lo menos, porque queda
demostrado que los de antes no funcionaban.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo. Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Camp i Batalla.




El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.

Para anunciar nuestro voto positivo a la convalidación de este
Real Decreto-ley y también para decir que sería bueno recordar
que los plazos se fijan como garantía de seguridad jurídica y
para asegurar la efectividad de las disposiciones que la norma
establezca; por ello los plazos se han de cumplir. Es cierto -
-y lo ha dicho el señor Ministro-- que en el presente supuesto
el conjunto de previsiones relacionadas con el
desarrollo institucional que la Ley 5/1992 preveía tenía su
complejidad y que se han producido en un año especial porque
era un año electoral. Entendemos, por tanto, que el nuevo
plazo de seis meses ha de ser último y ello para no perjudicar
la propia efectividad de lo previsto en la Ley y, muy
concretamente, para no disminuir las funciones que tiene
encomendadas la Agencia de Protección de Datos.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.

Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
López Garrido.




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El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo va abstenerse en la votación de este Real Decreto-ley
que significa la ampliación en seis meses más de las
obligaciones previstas en la disposición adicional segunda de
la Lortad, Ley que regula los ficheros informatizados y el
derecho a la intimidad respecto de esos ficheros
informatizados que tienen datos de carácter personal. Es
decir, es ampliar casi dos años más el cumplimiento, la
ejecución de esta Ley, desde que fue aprobada por esta Cámara.

Es cierto que hay una necesidad fáctica de la convalidación de
este Real Decreto-ley porque lo que sucede es que,
sencillamente, no se han cumplido las obligaciones de la
disposición adicional segunda, que, recordemos,
fundamentalmente son que la Administración y las entidades
privadas comuniquen a la Agencia de Protección de Datos los
ficheros de carácter personal que tengan y, además, la
obligación de que las administraciones públicas que tengan
ficheros personales desarrollen unas normas por las que se
regule ese fichero. Es decir, no son obligaciones que
directamente incumban a la Agencia de Protección de Datos,
sino sobre todo a las administraciones y entidades privadas;
se reconoce que esto no se ha cumplido y se amplía, por tanto,
el plazo, aunque no es una buena técnica legislativa que
cuando no se haya cumplido un plazo establecido en la ley
sencillamente se amplíe. Por tanto, hay una necesidad técnica,
pero hay también que reconocer que hay una responsabilidad del
Gobierno. En primer lugar, porque el Gobierno anterior --hay
que reconocer también que fundamentalmente es el Gobierno
anterior el que tiene esa imprevisión-- desde octubre de 1992,
en que se aprueba la Ley, hasta la convocatoria de elecciones
no se mueve para que se produzca el nombramiento del director
de la Agencia de Protección de Datos y la puesta en marcha de
dicha Agencia, y después, desde las elecciones del día 6 de
junio hasta octubre, no aparece esa Agencia de Protección de
Datos, con lo cual se arrastra un retraso que se acumula al
importantísimo retraso que viene nada menos que del año 1978,
es decir, la fecha de la Constitución, porque desde entonces
no había una ley que protegiera la intimidad de las personas
por la utilización de los ficheros informatizados con datos de
carácter personal, con sus efectos importantes sobre un
derecho fundamental.

En segundo lugar, tenemos que decir que no sabemos qué sucede
en este momento con la aplicación y el desarrollo de la Ley
Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos.

¿Qué ficheros se han comunicado? Hasta este momento no se ha
comunicado nada sobre ningún fichero de la Administración y
entidades privadas. ¿Ha habido alguna norma de creación de
fichero que se haya regulado por la Administración o adaptado,
como dice la disposición adicional segunda? ¿Ha sucedido algo
a ese respecto? Para saberlo, ya que no tenemos conocimiento
de lo que ha ocurrido, hemos pedido hoy mismo la comparecencia
del Director de la Agencia de Protección de Datos en la
Comisión de Justicia, para que informe sobre el desarrollo de
esta
importantísima Ley.

Por último, hay que decir que no hay una relación
estrictamente necesaria entre la puesta en funcionamiento de
la agencia de protección de datos y las obligaciones de esta
disposición adicional segunda, en especial la disposición
adicional segunda en su párrafo segundo, porque en ella se
dice simplemente que las administraciones públicas
responsables de ficheros automatizados tienen que adoptar una
disposición de regulación del fichero, y esto no tiene nada
que ver con que la agencia de protección de datos funcione o
no. Habría que preguntar qué es lo que se ha hecho desde el
Gobierno, más exactamente desde el Ministerio de Justicia,
para que por la Administración pública y las entidades
privadas se comuniquen los ficheros existentes y para que
estos ficheros automatizados se regulen.

En definitiva, todas estas características de la imprevisión
de la puesta en marcha de la Lortad, aun reconociendo la
necesidad técnica en este momento, la necesidad fáctica de la
ampliación del plazo, porque no se ha cumplido una obligación
legislativa, nos llevan a la abstención en la votación de este
Decreto-ley, congratulándonos de que el Ministro de Justicia
haya adoptado ante esta Cámara el compromiso de que en abril
todo absolutamente estará en marcha. Vamos a seguir
atentamente este proceso y entonces se lo recordaremos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
López Garrido.

Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra la
señora De Palacio.




La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Con la convalidación de este Real Decreto-ley
cumplimos el que esperemos sea el último acto, dentro de los
múltiples retrasos que han venido acompañando, en primer
lugar, el envío por parte del Gobierno y, después, el debate
en esta Cámara de una ley que desarrollara precisamente el
artículo 18.4 de la Constitución y permitiera una defensa
efectiva de ese derecho a la intimidad frente a los posibles
abusos desde el ámbito de la informática. Hay que recordar que
si el proyecto de ley lo remitió el Gobierno en el mes de
julio de 1991, es lo cierto y verdad que no terminó su trámite
parlamentario hasta el 22 de diciembre de 1992, es decir, que
ha tenido que pasar un año y medio largo para
cumplimentar en su totalidad algo que era una necesidad
urgente que había sido reclamada desde distintos ámbitos de
esta Cámara



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por los diferentes grupos parlamentarios, y muy especialmente
por el Grupo Popular. Y, no nos engañemos, si por fin este
proyecto de ley vio la luz fue por el compromiso ineludible
que suponía el Tratado de Schengen y las exigencias que
reclamaba del Gobierno español el regular este punto y el
constituir un órgano tipo la agencia de protección de datos,
precisamente para vigilar los ficheros de datos personales
dentro de esa interconexión general de los ficheros policiales
que contempla el Tratado de Schengen.

Aquel proyecto de ley supuso, en su desarrollo, grandes
esperanzas para todos los miembros de esta Cámara, y yo creo
que grandes decepciones, porque, como denunció en su día el
Grupo Popular, al final, el proyecto de ley decepcionó, y el
texto definitivo que se transformó en ley frustró las
esperanzas de aquellos que pretendían unas mayores garantías,
un mejor
ejercicio real de las libertades y derechos de los ciudadanos.

El Grupo Popular tiene planteado un recurso de
inconstitucionalidad a varios artículos de este proyecto de
ley por cuanto entendemos que conculca precisamente el
artículo 18.4 de la Constitución, y de manera clarísima el
espíritu de los constituyentes, fundamentalmente en lo que se
refiere al
tratamiento especial que se da a los ficheros en manos del
Estado, en manos de las administraciones públicas, y que
permite que exista el «gran hermano», e incluso en algunos
casos
habilita, a través de las facultades que proporciona a la
policía, para irrumpir y dar una especie de patada silenciosa
en la intimidad de todos los ciudadanos.

Pero de lo que hoy se trata es de que nos encontramos, una vez
más, ante esos retrasos reiterados del Gobierno, retrasos
reiterados que ha pretendido explicar el señor Ministro y que
sólo parcialmente se pueden entender. Si el proyecto de ley se
aprueba el 22 de diciembre y entra en vigor el 26 de enero de
1993, es lo cierto y verdad que no es hasta el 26 de marzo
cuando, en ejercicio de esa potestad reglamentaria, se aprueba
el Estatuto de la agencia de protección de datos. Creo que un
mínimo de diligencia, la urgencia que todos contemplábamos y
sabíamos que existía en este asunto, hubiera reclamado una
mayor celeridad por parte de la Administración Pública.

Pero lo peor de todo es que se aprueba el 26 de marzo, pero no
se publica hasta el 4 de mayo. La aprobación del Consejo de
Ministros es del 26 de marzo, repito, pero transcurre todavía
un mes y quince días sin que se publique y, por tanto, este
acuerdo adquiera plena validez. Y en este acuerdo el propio
Gobierno se compromete a cosas que sabe ya cuando se publican
que son de imposible cumplimiento, de imposible cumplimiento
porque se compromete, en ese acuerdo, que aprueba el Estatuto
de la Agencia de Protección de Datos, a que antes de un mes --
leo la
disposición adicional primera-- «plazo para efectuar las
propuestas de nombramiento» se hagan las propuestas de
nombramiento del Consejo de la Agencia. En el mes de mayo,
señor Ministro, estaban disueltas las Cámaras, y la
Administración sabía que era imposible cumplir ese requisito.

Y no me diga que ya existía un acuerdo, porque acuerdos del
Consejo de Ministros que luego no aparecen reflejados en el
«Boletín Oficial del Estado» y que, por tanto, no adquieren su
validez, o que no son, por ejemplo, remitidos a estas Cámaras,
conocemos varios. Le voy a dar un ejemplo muy claro y
flagrante: la famosa ley de secretos oficiales, tan secreta
que fue aprobada hace tres años en Consejo de Ministros y
todavía esta Cámara no conoce su contenido. Aquí podían haber
hecho alguna cosa por el estilo y haber puesto, desde el
principio, términos que no fueran condiciones de imposible
cumplimiento.

Pero lo grave de todo esto es que dentro de esos derechos que
configura la Lortad, Ley Orgánica de Regulación del
Tratamiento Automatizado de Datos Personales, la pieza clave
de todo el edificio que construye es precisamente esta agencia
de protección de datos, y mientras se va retrasando
reiteradamente la
constitución y el ejercicio efectivo de sus capacidades y sus
competencias, es lo cierto y verdad que la Lortad es
prácticamente papel mojado, al margen de las discrepancias de
fondo y gravísimas que hemos señalado --que nos llevan a
plantear un recurso de inconstitucionalidad--, que tenga el
Grupo Popular respecto al texto definitivo de esta ley. Y no
le quiero recordar muchas al señor Ministro y a esta Cámara,
pero diremos, por ejemplo, que la agencia es la encargada de
informar a los ciudadanos de los derechos que tienen y que les
asisten en todo este tipo de cuestiones, que la agencia tiene
que entender de las peticiones que le dirijan los afectados y
resolver, en su caso, las reclamaciones formuladas. Y así
podemos seguir. Por ejemplo, todo el ejercicio de la potestad
sancionadora, pieza clave dentro de la Lortad, también compete
a la agencia, y durante este año largo realmente ha sido nula
la efectividad de esta Ley Orgánica de Tratamiento
Automatizado de Datos Personales. Y lo siento, señor Ministro,
pero el retraso es sólo responsabilidad del Gobierno.

Como he dicho, podían haber desarrollado este Estatuto de la
agencia de protección de datos en los meses de enero y
febrero, y esta Cámara y el Senado hubieran podido designar a
tiempo sus representantes; ha sido culpa de la negligencia que
ha acompañado toda esta Ley por parte del Gobierno, de la
falta de interés, una vez más, que se nota en este Gobierno
respecto a los derechos fundamentales y libertades de los
ciudadanos.

Y con esto termino, señor Presidente, señor Ministro. Los
plazos se ponen para cumplirlos; los plazos son vitales a la
hora de movernos en un mínimo de seguridad y si no se cumplen
en este caso es, una vez más, responsabilidasd del Gobierno.

El Grupo Popular va a



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apoyar la convalidación de este Decreto. Entendemos que
nuestras discrepancias esenciales están respecto al texto de
la Ley --y ahí están en el Tribunal Constitucional-- y la
denuncia en cuanto la retraso la acabamos de formular. Es
obvio que, por necesidades técnicas, hay que ampliar este
plazo y, en tanto en cuanto es obvio que por necesidades
técnicas hay que hacerlo, vamos a respaldarlo con nuestro
apoyo, sin que ello suponga disminuir nuestra crítica a las
negligencias reiteradas y a la falta de interés por falta del
Gobierno en solucionar este tipo de problemas, ni tampoco
disminuir nuestras críticas en cuanto al fondo de la ley y de
la regulación definitiva que se dio a través de la Lortad al
desarrollo del artículo 18.4 de la Constitución. Nada más.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De
Palacio.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Navarrete.




El señor NAVARRETE MERINO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en primer término quiero agradecer a los grupos que
se han posicionado respecto de la convalidación de este Real
Decreto-ley el parecer que han expresado, puesto que, con su
voto, van a apoyar la convalidación del mismo o, en el peor de
los casos, se van a abstener. Por consiguiente, las críticas
que se han formulado no las tomo como un envite y las
contestaré sólo en términos de explicación. Además, creo que
no es el momento de realizar un debate sobre la calidad
técnica de la Ley de la cual trae causa este Real Decreto, es
un debate cerrado, y simplemente he de manifestar que, en
otros países con experiencias similares, esta Ley goza de un
alto prestigio; por tanto, voy a tratar de ser lo más
razonable posible en mi contestación a las críticas formuladas
a la actuación del Gobierno.

Cualquier órgano, sea de nueva creación o sea un órgano
preexistnete, para su funcionamiento requiere básicamente de
un marco normativo y además de unos medios, tanto materiales
como humanos, sin los cuales es imposible que ese órgano
funcione. Y si leen atentamente los artículos 34, 35 y 36 de
la Ley Orgánica para el Tratamiento Automatizado de Datos
Personales, se llega a la conclusión de una inevitable
concatenación de plazos. Un plazo para la aprobación del
estatuto, sin el cual no es posible entrar en el proceso de
constitución de la agencia; un segundo plazo para la
constitución del consejo consultivo, y un tercer plazo para la
puesta en funcionamiento, mediante el desarrollo de la Ley --
es decir, mediante el reglamento además del
estatuto--, de la agencia de protección de datos. Pero como en
el propio texto y en la parte del mismo que se ocupa de la
agencia de protección de datos se manifiesta una cierta
preferencia porque el personal de que esté dotado dicha
agencia sea funcionario, además del personal contratado, esto
nos lleva inevitablemente a comentar otro plazo, que es el de
los concursos públicos necesarios para disponer por parte de
la agencia tanto del personal de libre designación como del
que accede a la agencia de protección de datos por otras
causas o razones, y en medio de todos esos plazos tenemos que
considerar otro, que es el que se abre a partir del momento de
la disolución de estas Cámaras, cuando el Gobierno adquiere la
condición de Gobierno en funciones.

Manejando todos estos elementos yo creo que no queda ni sombra
de responsabilidad en la actuación del Gobierno, que me parece
que ha sido extremadamente diligente. Sin embargo, y a pesar
de ello, la lista de integrantes del consejo consultivo de la
agencia de protección de datos, que es un elemento
absolutamente ajeno a la responsabilidad del Gobierno, todavía
no se ha podido completar. También por causas ajenas a la
voluntad del Gobierno, la agencia de protección de datos, en
estos momentos, tiene tres miembros en su esquema de
funcionamiento: el director y dos personas que están
realizando el trabajo de puesta en
funcionamiento de la misma.

No trato de hacer con mis palabras que la oposición deponga
sus argumentos, simplemente les transmito mi explicación
objetiva en los términos más imparciales posibles y reitero mi
agradecimiento.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Navarrete. Finalizado el debate, vamos a pasar a la votación.

(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 20/1993, de 22 de diciembre.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 272; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.

¿Desea algún grupo que se someta a votación la tramitación
como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado?
(Denegaciones.)



--REAL DECRETO-LEY 21/1993, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
MODIFICA LA LEY 20/1991, DE 7 DE JUNIO, DE MODIFICACION DE LOS
ASPECTOS FISCALES DEL REGIMEN ECONOMICO FISCAL DE CANARIAS
(Número de expediente 130/000010)



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El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 21/1993, de 29 de diciembre, por el que se
modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los
aspectos fiscales del Régimen Económico-Fiscal de Canarias.

Para explicar, en nombre del Gobierno, las razones que han
determinado la publicación de este Real Decreto-ley, tiene la
palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)



El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, me cumple hoy la tarea de
solicitar de SS.SS. el voto favorable a la convalidación del
Real Decreto-ley 21/1993, de 29 de diciembre, por el que se
modifica la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos
fiscales del régimen económico fiscal de Canarias.

Nos encontramos ante una norma de alto contenido técnico, cuyo
alcance, oportunidad y trascendencia voy a tratar de
exponerles. Con esta finalidad parece imprescindible
referirnos, en primer lugar, a los antecedentes legislativos
de la misma.

La Ley 20/1991, de 7 de junio, modificó sustancialmente la
fiscalidad específica del archipiélago, introduciendo dos
nuevas figuras impositivas indirectas que se constituyen en el
núcleo fundamental del nuevo régimen económico fiscal canario:
el impuesto general indirecto canario, también conocido como
IGIC, y el arbitrio sobre la producción e importación de las
Islas Canarias, conocido en términos también reducidos como
APIC. De esta forma se derogaban las figuras impositivas
anteriormente vigentes, que gravaban consumo por el sistema de
tributación en cascada, sustituyéndolas por los referidos
impuestos, que responden a la moderna concepción de los
impuestos sobre cifra de negocios.

En suma, con tales reformas se instauraba en Canarias un
sistema de imposición indirecta moderno, que establece las
bases para una futura integración en la fiscalidad de la Unión
Europea.

Este régimen reviste dos características fundamentales, que en
el momento actual, considero básico resaltar: en primer lugar,
tanto la normativa del impuesto general indirecto canario como
la del arbitrio se encontraban adaptadas en el momento de su
aprobación, con la única excepción de las peculiaridades
reseñadas, a la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido
aplicable en el territorio peninsular y en las Islas Baleares.

La coordinación entre las normativas aplicables reviste
especial trascendencia, ya que ello permitirá evitar supuestos
de
sobreimposición o de no tributación en las operaciones
realizadas entre empresarios canarios y los establecidos en el
resto del territorio nacional.

El segundo aspecto que me interesa resaltar es que la Ley de
modificación de los aspectos fiscales del REF de junio de 1991
atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la regulación
reglamentaria de los aspectos relativos a la gestión,
liquidación, recaudación e inspección del impuesto general
indirecto canario y del arbitrio sobre la producción e
importación, así como los relativos a la revisión de los actos
dictados en aplicación de los mismos.

Con posterioridad a la aprobación y publicación de la Ley 20
de 1991 se han introducido diversas modificaciones en la
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, instadas todas
ellas por los avances en el proceso de armonización
comunitario del Impuesto. La principal de tales modificaciones
es la establecida por la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, por
la que se incorporará a nuestro ordenamiento jurídico la
Directiva comunitaria 91/680, y que se refiere al régimen
jurídico de las operaciones intracomunitarias. como
consecuencia de tales modificaciones se ha producido un
desfase entre la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido
aplicable en la península y las Islas Baleares, y la
regulación de los impuestos indirectos aplicable en el
territorio canario. Este desfase es el que viene a corregir el
Real Decreto-ley 21/1993 que en estos momentos comento y
someto a la consideración de sus señorías.

El Real Decreto-ley realiza una aproximación completa, con
fecha 1 de enero de 1994, de ambas figuras de imposición
indirecta a Canarias a la normativa general del IVA, ya que,
ademá de incorporar las reformas efectuadas con anterioridad,
incluye las normas que en materia de IVA contiene la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 1994 y la Ley de medidas
fiscales aprobada con carácter simultáneo a los Presupuestos.

De la importancia de la reforma de la imposición indirecta a
Canarias llevada a cabo por el Decreto-ley da idea el gran
número de preceptos de la Ley 20/1991 que son objeto de
modificación por el mismo. En total, 36 artículos de la
repetida Ley son objeto de modificación por el Decreto-ley,
que, además, rectifica una disposición adicional y el anexo
número 2, e introduce tres nuevos artículos.

No obstante, la trascendencia de esta norma no se agota
lógicamente en el aspecto cuantitativo, y hay otros elementos
de tipo esencial que creo que considerablemente debemos
destacar. El conjunto de medidas constituye un balance de las
modificaciones efectuadas en la normativa del IVA en los dos
últimos años, con la única excepción de las modificaciones ya
trasladadas al régimen específico de Canarias por el Real
Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo, en virtud del cual se
introdujeron los cambios más urgentes derivados de la reforma
del IVA realizados por la Ley 37/1992.




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Considero imprescindible en este punto resaltar, aunque sea de
forma sucinta, las principales modificaciones realizadas por
el Real Decreto-ley 21/1993. Para ello analizaré de forma
separada las dos figuras impositivas integrantes del régimen
fiscal específico de las Islas Canarias.

En el ámbito del impuesto general indirecto deben resaltarse
las siguientes variaciones. En primer lugar, modificación de
la norma de conexión entre el IGIC y el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales en idénticos términos a los
establecidos con carácter general en el Impuesto sobre el
Valor Añadido. La norma reviste especial trascendencia
teniendo en cuenta que la normativa reguladora del Impuesto
sobre Transmisiones resulta aplicable en el territorio
canario, y la disparidad de tratamiento entre el IGIC y el IVA
podría dar lugar a importantes problemas de aplicación.

En segundo lugar, se completa y modifica la regulación de no
sujeción de las transmisiones globales del patrimonio
empresarial o profesional en virtud de operaciones de fusión,
escisión, aportaciones de bienes y canje de valores y de las
operaciones realizadas por entes públicos en la forma prevista
actualmente por la normativa reguladora del IVA.

En tercer lugar, se modifica la regulación de la localización
de las operaciones sujetas para ajustarla a la normativa del
IVA actualmente vigente. Esta modificación tiene una enorme
trascendencia, ya que permite aplicar el IGIC y el IVA sin que
se produzcan situaciones de sobreimposición o de no
tributación de determinadas operaciones realizadas entre
empresarios
peninsulares y canarios. Se modifican, igualmente, las reglas
relativas a la repercusión del Impuesto, ampliando el plazo
hasta los cinco años siguientes al devengo de las operaciones
urgentes. Otra norma claramente favorable para los
contribuyentes es la ampliación del procedimiento de
devoluciones inmediatas, que anteriormente sólo correspondía a
los exportadores y ahora se aplica a todas las operaciones
relacionadas o asimiladas a la exportación.

Igualmente parece oportuno hacer referencia a la incorporación
al régimen fiscal de Canarias del derecho a recuperar las
cuotas repercutidas y no satisfechas por el destinatario que
hubiese sido declarado judicialmente en situación de quiebra o
suspensión de pagos, de forma parecida a como se hace con el
régimen general del IVA.

Finalmente, se establece un cuadro de infracciones y
sanciones, adaptado al que se aplica en territorio peninsular
español, en relación con el IVA y con los derechos de
importación.

Por supuesto son muchas más las normas a las que se refiere el
Real Decreto-ley en esta modificación del Impuesto, pero he
querido señalar las más destacadas.

Por lo que se refiere a las modificaciones introducidas en el
ámbito del arbitrio sobre la producción y la importación de
bienes en las Islas Canarias, aunque son menores revisten
también enorme importancia, destacando el establecimiento, en
términos idénticos a los recogidos para el IGIC, del derecho a
recuperar las cuotas repercutidas y no satisfechas por el
destinatario que hubiese sido declarado judicialmente en
quiebra o suspensión de pagos, y la regulación de un nuevo
cuadro de infracciones y sanciones por idénticos motivos a los
aducidos en relación con el IGIC.

Además --y se adopta a instancias del Parlamento de Canarias--
, se reduce del cinco al tres y medio por ciento el tipo
impositivo del arbitrio aplicable a los coches de turismo y
demás vehículos automóviles proyectados principalmente para el
transporte de personas. Con ello se mantiene para estos bienes
una tributación indirecta diferenciada e inferior en el
archipiélago canario. Como conclusión de lo anteriormente
señalado, el Real Decreto-ley 21/1993 podemos decir que
introduce importantes modificaciones en la normativa
reguladora de la importación indirecta canaria que tratan de
aproximarla a la normativa reguladora del IVA y, por tanto, a
las normas armonizadas comunitarias para evitar las
distorsiones que podrían producirse en otro caso y para
conseguir la aplicación a los sujetos pasivos del IGIC y del
APIC de diversas normas favorables que han sido recientemente
incorporadas a la normativa general del IVA.

Estas circunstancias, juntamente con la necesidad de conseguir
lo antes posible la debida coherencia entre los tributos de la
comunidad canaria y los aplicables en el resto del Estado y de
que las modificaciones apuntadas se aplicaran desde el 1 de
enero de 1994 para evitar problemas de gestión en la
administración de los tributos por los órganos de la comunidad
autónoma, obligan a realizar urgentemente la adaptación.

Estas son, en fin, las circunstancias que motivaron la
aprobación por el Gobierno del Real Decreto-ley y estas son
las circunstancias que me llevan a solicitar de SS.SS. el voto
favorable a su convalidación, lo que hago en el convencimiento
de su necesidad y oportunidad.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.

¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.




El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, desde la
conformidad en líneas generales con la exposición hecha por el
señor Ministro para justificar las razones en virtud de las
cuales se ha dictado el Real Decreto-ley que nos lleva a
intervenir en este momento,



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he de decir que Coalición Canaria está de acuerdo con su
convalidación, cosa que parece obvia desde nuestra
perspectiva, ya que, tras la incorporación con carácter pleno
de la comunidad canaria a la Comunidad Europea y la creación
del Impuesto General Indirecto Canario y el Arbitrio sobre la
Producción y sobre la Importación en el Archipiélago Canario,
quedó renovado nuestro régimen económico-fiscal. Una parte del
mismo, no su núcleo, es precisamente la reforma fiscal de que
se dispuso a partir de la Ley 20/1991, que tiene que
completarse, para incluir el núcleo también, con la reforma
económica que precisamente está en el correspondiente trámite
parlamentario en esta Cámara tras la remisión al Congreso de
los Diputados de la proposición de ley respectiva desde el
Parlamento de Canarias.

Nuestro acervo histórico, conformado precisamente por un
régimen económico-fiscal que data desde hace aproximadamente
500 años, quedó perfectamente consolidado con la Constitución
española, que incluso en su disposición adicional tercera ha
preservado de cualquier modificación al mismo, imposible de
todo punto sin la previa audiencia de la comunidad autónoma,
por cuya razón ya en una ocasión, precisamente por obviarse
este trámite constitucionalmente exigible, se produjo la
declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal
Constitucional respecto de un Real Decreto-ley que en su día
se dictó sobre la exención del impuesto de la gasolina en el
archipiélago canario. Habida cuenta de que se ha corregido
aquella omisión y de que ya en lo sucesivo se ha consultado
con la Comunidad Autónoma, al igual que en el presente caso,
ello no es óbice para que, en determinadas situaciones como la
presente, la Comunidad Autónoma haya expresado su conformidad,
pero
simultáneamente la necesidad de incorporar también una serie
de mejoras, unas por razones técnicas y otras por razones
políticas, por lo que se refiere al texto del Real Decreto-ley
que fue sometido a la consulta correspondiente.

Así, el Parlamento de Canarias expresó su conformidad
unánimemente al proyecto que se le remitía, pero también
unánimemente, con la conformidad de todas las fuerzas
políticas presentes en el arco parlamentario canario; por lo
tanto, de acuerdo tanto los miembros de Coalición Canaria como
los
representantes allí del Partido Popular y del Partido
Socialista Obrero Español, han expresado su voto favorable,
pero con la necesidad de hacer una serie de correcciones
técnicas y
políticas, como digo. No ha sido un voto condicional, ni mucho
menos, pero nosotros desde aquí solicitamos de todos los
Grupos Parlamentarios el apoyo para la tramitación de este
Real
Decreto-ley como proyecto de ley, porque ése es el único
momento posible para incorporar esas mejoras, a las cuales,
estoy seguro, será sensible el propio Gobierno del Estado
español.

Nosotros expresamos, desde la postura que ya se formuló en el
Parlamento de Canarias, la necesidad de incorporar, entre
otras mejoras, unas que afectan, por ejemplo, a los
transitorios, que es una figura importante, que pertenece a
nuestras
características, a nuestro entramado peculiar, que, con los
agentes de Aduanas, tienen una serie de posibilidades, de
aptitudes y de capacidades profesionales para presentación de
declaraciones, etcétera, en definitiva, para la dinamización
de nuestra actividad portuaria y aduanera, pero también para
exigir su presencia en el texto de la ley como sujetos
responsables e incluso con la solidaridad y responsabilidad
que ello implica. Desde Coalición Canaria hemos considerado --
lo formulamos en el Parlamento de Canarias y así lo explicitó
también el Parlamento--la necesidad de entender que pertenecen
a las administraciones públicas que puedan disfrutar de las
exenciones del arbitrio sobre la producción e importación de
Canarias a las entidades gestoras de la Seguridad Social, no
sólo importante en el momento actual, sino cuando se produzcan
las transferencias a partir de entonces.

También hemos establecido la necesidad de incorporar
exenciones a este impuesto por lo que se refiere a productos
para
utilización por parte de los minusválidos, al igual que una
serie de prótesis, vehículos a disfrutar por los mismos,
etcétera, que no tienen por qué sufrir los rigores de este
arbitrio general, al igual que en lo que se refiere al Fondo
de Previsión de Inversiones, en la forma y con el contenido
que se establece en el informe que emitió en su momento el
Parlamento de Canarias y, por supuesto, para prever también,
entre otros aspectos, la posiblidad de que en un momento
determinado no exista deuda pública canaria y se pueda acudir
subsidiariamente a la estatal. Igualmente, hemos hecho una
serie de consideraciones a propósito de la seguridad jurídica,
corrigiendo una serie de disfunciones e incorrecciones
técnicas, que a nuestro juicio existen y que sería muy prolijo
desarrollar ahora, en materia de sanciones y de conductas
sancionables. Es preciso corregirlas y nunca mejor que por la
vía de las enmiendas correspondientes que puedan formular
posteriormente los Grupos Parlamentarios una vez se encauce
procedimentalmente este tema a través del proyecto de ley
pertinente.

Por supuesto, incluimos también una protección que se
establece para determinados vehículos de motor para que no
sufran esos rigores impositivos a que antes me refería
hablando de otros medios de locomoción, en cuanto a vehículos
de valor inferior a tres millones de pesetas para uso
industrial, comercial o agrícola.

Tenemos que referirnos también a la pesca de altura que, por
lo que se refiere a las extracciones por barcos que tengan su
base en el archipiélago canario, creemos que tienen que quedar
tuteladas por este impuesto especial; no figuran tuteladas de
tal suerte en el Real



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Decreto-ley y es preciso corregirlo de la manera que
expresamos. En definitiva, la posición de Coalición Canaria es
favorable a la convalidación. Segundo, concorde también con lo
que explicitó el Parlamento de Canarias en su momento y habida
cuenta de que adolece de una serie de defectos que es preciso
mejorar y que, como toda obra humana, es perfectible a través
de las enmiendas cuando se tramite el proyecto de ley,
nosotros somos favorables a la tramitación correspondiente.

Solicitamos el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios. Y sin
otra cosa que expresar, agradezco la atención de SS.SS.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Olarte.

Para fijar la posición, por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Romero.




El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, este Real Decreto viene a modificar y a adaptar la
Ley 20/1991, de 7 de junio, que se enmarcaba en la Ley
30/1972, de julio, y que constituía un esfuerzo normativo para
adaptar el régimen especial fiscal canario al nuevo régimen de
la imposición indirecta vigente en la Península y Baleares
desde el 1 de enero de 1986 y también al marco económico
creado por la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Las
características tradicionales de la imposición canaria son: la
franquicia aduanera, la ausencia de imposición sobre los
consumos minoristas y la inexistencia de monopolios fiscales
en el Archipiélago. Este modelo implicaba que sólo se aplicaba
una parte de la fiscalidad indirecta existente en el resto de
la Península y que la parte que no se aplicaba era sustituida
por un microsistema tributario específicamente canario,
integrado por figuras locales, que eran el Impuesto General de
Tráfico de Empresas para la prestación de servicios y
ejecuciones de obra, los impuestos especiales, excepto los de
los monopolios fiscales --tabaco y productos del petróleo--;
el arbitrio insular sobre el lujo, parecido al Impuesto sobre
el Lujo estatal, y el arbitrio insular a la entrada de
mercancía, que constaba de una tarifa general de carácter
recaudatorio, que gravaba la entrada de todo tipo de bienes, y
una tarifa especial de carácter proteccionista adicional que
gravaba la entrada de productos que fueran objeto de
producción industrial en las Islas.

El punto anterior quedó condicionado por dos acontecimientos
que se producen en 1986: la aplicación y la implantación del
IVA y la adhesión a la Comunidad Económica Europea, lo que
supuso la supresión del Impuesto General de Tráfico de
Empresas y del Impuesto sobre el Lujo, sustituyéndose ambos
por el IVA.

Asimismo, los antiguos impuestos especiales fueron sustituidos
por uno nuevo sobre el alcohol y la cerveza, con un tipo
impositivo menor que los peninsulares, se mantuvo la vigencia
de dos arbitrios insulares a la entrada de mercancías y sobre
el lujo y se impuso un desarme paulatino de la tarifa fiscal
del arbitrio insular a la entrada de mercancías, estableciendo
un período de caducidad para la tarifa general del arbitrio
insular a la entrada de mercancías, para que la tarifa
especial de dicho arbitrio tuviese caducidad.

Dada la necesidad de abordar la reforma fiscal canaria, se
iniciaron unos estudios que desembocaron en un acuerdo de base
sobre los aspectos fiscales del nuevo REC, que se firmó el 24
de abril de 1990. A partir de ese acuerdo se elaboró el
proyecto de ley de 1991, cuyo contenido sintetizado es el
siguiente: se crea un impuesto general indirecto canario sobre
el consumo de carácter general que grava las entradas de
bienes y prestaciones de servicios que realizan los
empresarios y profesionales en el ámbito de aplicación del
impuesto, y tiene una estructura similar al IVA, pero
guardando importantes diferencias, viene a sustituir la EGT y
el arbitrio sobre el lujo, no grava el comercio minorista ni a
sectores muy sensibles, como la agricultura y la extracción de
agua; los tipos de gravamen son más reducidos que en el IVA y
será gestionado por la Comunidad Autónoma, se repartirá entre
ésta y los cabildos, aunque se tiene que devolver al Estado
una cantidad equivalente a la que el Ministerio de Economía y
Hacienda obtenía hasta ahora a través del IGTE, y la
competencia para resolver las consultas tributarias
corresponde a Canarias.

Se crea un arbitrio sobre la producción de importación en
Canarias plenamente vigente desde el 1 de julio de 1991 de
titularidad estatal, y grava la importación de toda clase de
muebles corporales que se importan a la isla, ya que la
producción o elaboración interna está exenta en los 10
primeros años de vigencia de este impuesto. De facto es un
pequeño arancel a la entrada en Canarias.

Del carácter de este arbitrio no discriminatorio y plenamente
compatible con la norma comunitaria durante un período
transitorio de 10 años quedará exenta la producción o
elaboración de bienes muebles corporales en las islas. Este
arbitrio viene a sustituir la tarifa general de entrada de
mercancías y también se gestionará por la Comunidad Autónoma,
y su recaudación se entregará a los cabildos para su
distribución entre las corporaciones locales en los mismos
términos actuales. Se mantiene la vigencia, señorías, de la
tarifa especial del arbitrio insular a la entrada de
mercancías en los mismos términos del artículo 6 del Tratado
de Adhesión de la Comunidad Económica Europea, con la
posibilidad, dependiendo de las circunstancias, de prolongar
más allá del 1 de enero de 1993 la vigencia de la tarifa en un
período limitado y extender la tarifa o los productos
sensibles de acuerdo con las previsiones del artículo 6 del
protocolo II del Tratado de Adhesión.




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Se transforma el régimen del Tratado del Fondo de Previsión
para Inversiones vigente en Canarias, sustituyéndolo
progresivamente en cinco años por el régimen general de
deducciones del Impuesto sobre Sociedades, sin menoscabo del
equilibrio financiero necesario ya adquirido por los
empresarios canarios al amparo del referido Fondo de
Previsión.

Se adoptan dos medidas concretas en el marco de las
inversiones públicas en Canarias, medidas de compensación del
hecho insular, Presupuestos Generales del Estado,
infraestructuras y telecomunicaciones, así como otras sin
especificar, y medidas que garantizan un adecuado nivel de
participación en un programa de inversiones públicas, que
después se verá en la práctica si eso se cumple o no. Es
preciso recordar que a la Ley del REFC de 1991 Izquierda
Unida-Iniciativa per Cataluña presentó un texto alternativo,
que lo defendió el compañero de nuestro Grupo y diputado de
Barcelona Ramón Espasa.

Por otro lado, la entrada en vigor del IGIC estaba previsto
para enero de 1992, pero fue aplazado hasta 1993 ante la
presión en contra de la práctica totalidad de los sectores. El
hecho de que los reglamentos que desarrollaban esta Ley no se
aprobasen por el Consejo de Ministros hasta el pasado
diciembre de 1992 provocó un gran movimiento empresarial a
favor de un nuevo aplazamiento. El Parlamento de Canarias, con
el voto del PSOE en aquella época y de ICAN, se pronunció a
favor de este nuevo aplazamiento, que no aceptó el Ministerio
de Economía y Hacienda.

La actual reforma del Real Decreto de 1993 quedará
complementada con la aprobación de la Ley de Modificación de
los aspectos económicos del Régimen Económico Fiscal de
Canarias. Esta nueva Ley renovará y perfeccionará las
compensaciones a la insularidad y a la lejanía, incluirá la
creación en Canarias de una zona económica especial y de un
registro especial de buques y de una Bolsa de valores para las
empresas de la zona especial. Sobre esta reforma económica, no
sobre la del Real Decreto, el Parlamento de Canarias ha
remitido a la Cámara una proposición de ley para su
tramitación, a la cual hemos presentado un texto alternativo
en el que mostramos nuestra oposición a la existencia del
especial tratamiento que se da al registro de buques en esta
zona. Ya lo expresamos en nuestra enmienda a la Ley de
Puertos, aprobada en la anterior legislatura, y a la creación
de la Bolsa de valores.

En nuestra opinión --y voy terminando, señor Presidente--, la
proposición de una zona económica especial canaria para todo
el Archipiélago quiere convertir a Canarias no en un
territorio de desarrollo económico eficaz, sino en un paraíso
fiscal del tipo de las islas Caimán. En otra dimensión, el
registro de buques, como la compensación del IGT, puede
convertir a Canarias en el Panamá del Atlántico, donde de
forma fraudulenta se abanderarán buques para después contratar
a trabajadores extranjeros en condiciones laborales
lamentables, no creando así ninguna riqueza para Canarias.

Desde nuestro punto de vista, e incluso desde el de otros
Grupos Parlamentarios, como ya se vio en la anterior
legislatura, seguimos argumentando que la modificación del
REFC se tiene que discutir simultáneamente, es decir, tanto
los aspectos fiscales como los aspectos económicos. No tiene
sentido hacer lo contrario, ya que ambos aspectos tienen una
relación directa enorme.

Ya en 1991 veíamos curioso que el proyecto de ley de
modificación de los aspectos fiscales no trajera aparejado una
memoria económica que plasmara el impacto posible de las
medidas
fiscales. Por tanto, el Gobierno tiene la oportunidad, a
través de una posterior remisión como proyecto de ley de este
Real Decreto que hoy nos ocupa, de poder discutir
simultáneamente estos dos aspectos tan importantes, como
indisolubles, a los que nos referimos.

Dado el evidente deterioro económico de las islas, en 1989 el
PIB «per capita» de Canarias era el 99,5 por ciento de la
media nacional; en 1992 fue del 95,7 por ciento; actualmente
tiene una diferencia alrededor de 50.000 pesetas; en 1989 la
tasa de paro alcanzaba en Canarias el 21,5 por ciento de la
población activa; en el tercer trimestre de 1993 se llegaba al
23 por ciento, y la inflación en 1993 se situó en un 5,4,
mientras que la media nacional es del 4,9. Además de las
especiales circunstancias y características en las que se
desarrolla la actividad económica en Canarias, la insularidad
y la lejanía hacen preciso un conjunto de medidas económicas y
fiscales cuyo último objetivo sea el elevar la capacidad de
creación de empleo y generar renta en Canarias de forma no
coyuntural; defender la equidad en la distribución de la
renta, y el resultante final en la renta individual, más que
el resultado global macro-económico, poniendo en marcha un
modelo innovador de desarrollo sostenible que permitiera, en
nuestra opinión, considerar un conjunto de medidas que
tuvieran un determinado coste fiscal significativo. De no ser
así, la Europa de varias velocidades, que tantas veces
hemosdenunciado, puede agravar aún más el caso canario en
niveles económico-sociales, tanto en relación con la península
como con la Comunidad Económica Europea, que hay que corregir
para lograr una plena igualdad de derechos sociales y también
de desarrollo económico.

Termino, señor Presidente. Seguimos apostando por la
adaptación del nivel del autogobierno canario a niveles más
óptimos respecto al ejercicio, a la conducción, a la
vigilancia por los propios canarios del REFC, dadas sus
especiales características: del archipiélago, de la lejanía,
de la insularidad y de sus derechos al autogobierno como
pueblo, porque los principales estrangulamientos de la
economía canaria son el bajo nivel



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educativo de la población, la fragmentación del territorio y
los mercados, la capacidad de carga, excedida en varias islas,
y la degradación del medio ambiente y de la sobrepoblación, el
entorno próximo cambiante y un fuerte aumento de la población
activa, con una escasez de suelo agrícola y de agua, con una
reducida dimensión de las explotaciones agrarias, con una
falta de protección frente a las importaciones, con un
envejecimiento de la flota de pesca, con una disminución del
caladero marroquí, con una desorganización de las bases
productivas y comercializadoras.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Romero.




El señor ROMERO RUIZ: Termino, señor Presidente.

Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario se va a abstener en
esta votación y propone que este Real Decreto se promulgue y
se desarrolle como proyecto de ley para su debate y mejora en
los trámites siguientes en la Cámara, y veamos el resultado
final junto a las demás leyes de carácter económico, para
tener una visión global y de conjunto sobre el futuro de la
fiscalidad y de las especiales características de los temás
económicos en Canarias.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Cabrera.




El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías,
tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamenteario Popular
para expresar nuestra opinión y postura en torno al Real
Decreto-ley 21/1993, de 29 de diciembre, que modifica
determinados aspectos de la ley 20/1991, a su vez de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias.

Tengo que decir, señorías, que entiendo que este Decreto-ley
es un capítulo más en la historia de una frustración
permanente. La frustración que implica estar doce años
esperando que el Gobierno aprenda a hacer un uso moderado,
justificado, prudencial y razonable de la normativa
legislativa conocida como decretos-leyes. Pongo de manifiesto
con tan rotunda introducción que nuestra posición crítica
hacia esta norma lo va a ser desde un punto de vista casi
exclusivamente formal. El contenido general de la norma es
aceptable; resulta inaceptable, a nuestro juicio, el
instrumento normativo utilizado. O dicho en otras palabras, si
lo que dice y establece este Decreto-ley lo dijera o
estableciera una ley formal, pocas objeciones pondríamos a su
contenido, apenas cinco o seis enmiendas parciales. Con ello
quiero comunicar al Grupo Socialista y a los partidos que
apoyan al Gobierno que, si se tramitara como procedimiento de
urgencia, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 151.4 del Reglamento de la Cámara, pueden contar con
nuestra total colaboración. Ahora bien, en el caso contrario,
nuestra oposición sería rotunda porque no queremos ser
corresponsables de sentar precedentes que no son, en modo
alguno, buenas semillas para futuros avatares legislativos.

Esta sería nuestra postura y además la podemos razonar en
múltiples fundamentos.

En primer lugar, creemos que en el caso presente no se dan
esas circunstancias extraordinarias y de urgente necesidad que
exige el artículo 86 de la Constitución. Basta con echar un
vistazo al preámbulo del Decreto-ley para que veamos cómo la
única justificación que se aduce en el mismo es la entrada en
vigor el 1 de enero de 1994. Pienso, obviamente, que esto es
una responsabilidad del Gobierno, que ha tenido cuatro o cinco
meses para mandar el proyecto de ley por el procedimiento de
urgencia al Parlamento de Canarias, obtener allí el informe
favorable y luego remitirlo a la Cámara, con lo cual, mediante
dicho procedimiento de urgencia, hubiese estado aprobada la
norma en un plazo anterior en dos o tres meses al Decreto-ley.

Desde otro punto de vista, pienso también que el REF, como de
todos es conocido, tiene un especial régimen de protección; es
decir, el Régimen especial canario está protegido no solamente
por el principio de reserva de ley, sino también por la
garantía institucional de la disposición adicional tercera de
la Constitución. Ello hace que incluso la propia sentencia de
13 de marzo de 1984 haya hablado de un reforzamiento especial
que hace que, en puridad, solamente deba ser modificado dicho
Régimen especial canario a través de una ley formal y, además,
con la singularidad de dicho informe previo. En consecuencia,
parece razonable estimar que las modificaciones que introduzca
un decreto-ley tienen que ser observadas con una extrema
cautela y deben tomarse solamente como casos de extraordinaria
excepcionalidad.

El Gobierno no ha actuado así. Nos encontramos con que en este
año ya ha habido dos decretos-leyes que han afectado a los
tributos regulados en el REF canario, en mayo y en diciembre.

Insisto en que eso supone sentar un precedente peligroso y que
no se puede apoyar. Pero hay más razones y más argumentos. El
principio de reserva de ley, con esta fundamentación
legislativa, quiebra en los artículos 31 y 133 de la
Constitución y quiebra en el artículo 10 de la Ley General
Tributaria.

Señor Ministro, nos encontramos con un Decreto-ley que afecta
a casi todo el tributo, es decir, no es la modificación de dos
o tres artículos, como es de esperar en una norma de tal
urgencia; no, se modifican más de cuarenta artículos y además
están afectados casi todos los elementos del tributo: hecho
imponible, exenciones, sujetos pasivos, devengo, base
imponible, cuota tributaria, tipo de gravamen, devoluciones,
deducciones,



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obligaciones formales, regímenes especiales y, lo que es más
grave, el régimen de infracciones y sanciones. Entiendo por
todo ello que el artículo 10 de la Ley General Tributaria
salta en mil pedazos.

En lo que se refiere al contenido formal, anticipé que
solamente iban a ser cinco o seis enmiendas las que
presentaríamos, con carácter parcial, si se sigue el
procedimiento del 151.4. No obstante, quiero hacer algunas
precisiones, dos nada más, en cuanto a algo que nos ha llamado
la atención. En primer lugar que se dé el tratamiento de
prestaciones de servicio a las
transmisiones y constituciones de derechos reales sobre bienes
inmuebles y, en segundo lugar, que el régimen que se prevé
para los tributos repercutidos, en el caso de suspensiones de
pagos y quiebras, no se haga extensible al resto de los
créditos incobrables.

Por último --para ir terminando--, me gustaría hacer una
última observación. Cuidado con la redacción que estamos dando
a las normas tributarias. En el decreto-ley nos encontramos
con algunas perlas escogidas. Si me permiten, voy a leer una
de ellas nada más, que dice así: «Los adquirentes de los
bienes comprendidos en las transmisiones que se beneficien de
la no sujeción
establecida en este apartado se subrogarán, respecto de dichos
bienes, en la posesión del transmitente en cuanto a la
aplicación de las normas contenidas en el artículo 10, número
1, apartado 22) y en los artículos 37 a 44 de esta Ley».

Tengamos cuidado, porque estamos redactando normas con rango
de ley para expertos tributarios. Entiendo que las normas hay
que redactarlas para todos los ciudadanos. Si a un ciudadano
le llega un precepto como el que he leído, lo único que puede
hacer es mandarlo al gabinete de claves para que se lo
descifren. Las normas jurídicas en general deben ser claras,
precisas e
inteligibles para la gran mayoría. Con más razón aún las
normas tributarias, porque si no podríamos dejar más vacío de
contenido el viejo principio ignorantia iuris, non excusat;
teniendo en cuenta, además, que las normas tributarias --como
decía el conde de Romanones-- golpean a los ciudadanos en el
sitio en que más les duele, que no es otro, por supuesto, que
su bolsillo. Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.--
Algunos aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Padrón.




El señor PADRON DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente.

Toma la palabra para dar la opinión del Grupo Socialista
respecto al decreto-ley que nos ocupa.

En primer lugar, quiero decir que el Grupo Socialistava a
apoyar la convalidación de este decreto-ley y, además --con
las reservas que luego haré--no tiene inconveniente alguno
para que se tramite como proyecto de ley.

Querría hacer alguna aclaración, porque, efectivamente, aquí
se han vertido ideas que creo merecen la pena ser aclaradas.

Se trata de acudir, por la vía de decreto-ley, a modificar una
ley, aprobada en junio de 1991, y para cuyos impuestos, uno de
ellos, el más importante, el llamado IGIC, se pidió un
aplazamiento y no entró en vigor hasta el 1.º de enero de
1993, por cierto, con la opinión en contra para que entrase en
vigor en esa fecha por algunas de las personas que conforman
el actual Gobierno de la Coalición Canaria en dicha Comunidad
Autónoma, y cuyos efectos beneficiosos (me refiero a lo que ha
sido la modernización de la imposición indirecta en Canarias)
según datos que tengo aquí de la propia Dirección General de
Planificación de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha
supuesto un incremento de recaudación, como consecuencia de la
modernización de estos impuestos, protestados en su momento
por muchos empresarios y por muchos de quienes constituyen el
actual Gobierno de la Comunidad Autónoma, de más del 70 por
ciento, lo que demuestra que, efectivamente, las vías de
fraude con el anterior sistema impositivo eran evidentes y a
la vista están.

Sabe el señor Cabrera Pérez-Camacho que cualquier modificación
que afecte al Régimen Económico y Fiscal de Canarias requiere
un informe favorable, aunque no vinculante, de la Comunidad
Autónoma de Canarias; y que el Gobierno de la nación, o estas
Cámaras, que tienen la potestad legislativa en temas
impositivos, requieren que cuando venga el proyecto aquí, sea
proyecto de ley, sea decreto-ley, haya habido una negociación,
en este caso, con la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la
beneficiaria total y directa de todo lo que regula esta Ley y,
por tanto, hemos de evitar estos roces, estos tropiezos que,
en definitiva, producen retraso e incomprensiones por ambas
partes.

Sabe usted las consecuencias y las dificultades que ha habido
para llegar a unos mínimos acuerdos en lo que es el Régimen
Económico que está en tramitación. Esta es la razón de aplicar
el Decreto-ley. Efectivamente, tenía que haber entrado en
vigor el 1.º de enero de 1994, para evitar, precisamente,
repercusiones malévolas para el sector empresarial y para
determinados sujetos pasivos del impuesto. Esta es la razón,
señor Cabrera Pérez-Camacho, por la cual se ha hecho la
modificación por la vía del decreto-ley.

No voy a entrar, por supuesto, a resaltar los aspectos
importantes del decreto-ley (los ha puesto de manifiesto el
Ministro) que afectan a muchos artículos, es verdad; pero sabe
muy bien que era necesario como consecuencia de las
modificaciones hechas en la Ley de Presupuestos para 1994, del
IVA, y la de acompañamiento Financiero a dicha Ley.




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También manifestar que en esa predisposición que tiene el
Grupo Socialista de su aceptación para la tramitación como
proyecto de ley, no abramos el melón (y en esto estoy
contestando un poco al señor Olarte, que ha venido a decir que
hay muchas consideraciones del Parlamento de Canarias que no
se contemplan en el Decreto-Ley) cuando yo creo que casi
todas, en su inmensa mayoría, están recogidas y que este
decreto-ley ha sido negociado con la Consejería de Hacienda de
la Comunidad Autónoma, responsable de la gestión del impuesto
que, a su vez, tiene que financiar a la propia Comunidad y a
Cabildos y Corporaciones Locales. Por tanto, no estemos
abriendo vías de escape fiscal porque esto podrá repercutir en
la financiación de Cabildos y Corporaciones Locales y, por
tanto, luego llegará el momento de empezar a requerir al
Estado el incremento de la financiación. Por todas estas
razones y por tanto defendiendo el hecho de que efectivamente
el Gobierno haya tenido que recurrir por la vía del decreto-
ley, estamos abiertos a estudiar esas enmiendas técnicas y
algunas
correcciones para que efectivamente tengamos la posibilidad de
estudiar en Comisión, con calma y detenimiento, aquellas
propuestas y mejorar en lo que quepa este decreto-ley que
ahora será proyecto de ley.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Padrón.

Finalizado el debate sobre convalidación o derogación de este
Real Decreto-ley, vamos a pasar a su votación. (Pausa.--El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 21/1993.

Comienza la voración. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 262; a favor, 251; abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real
Decreto-ley.

Votación para la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-ley convalidado.




Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 262; a favor, 260; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como
proyecto de ley.




Se levanta la sesión.




Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.




Nota: En la portada del «Diario de Sesiones» número 37, de 14
de diciembre de 1993, el tercer punto del orden del día,
relativo a una proposición no de Ley del Grupo Popular, figura
con el número de expediente 162/000026, cuando en realidad le
corresponde el número 162/000060.