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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 39, de 16/12/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 39 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 37
celebrada el jueves, 16 de diciembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
(Sesión secreta):
--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados
(número de registro 007086) (Página 1785)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de Autonomía del Banco de España. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 35.1, de 22
de noviembre de 1993 (número de expediente 121/000021)
(Página 1785)
Informe Anual del Tribunal de Cuentas:
--Informe Anual del Tribunal de Cuentas referido al ejercicio
de 1989 y Declaración definitiva de la Cuenta General del
Estado de 1989 (número de expediente 250/000001) (Página 1785)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana,
con carácter secreto, para el debate del Dictamen de la
Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado
(Página 1785)
Se reanuda la sesión con carácter público.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 1785)
Proyecto de ley de Autonomía del Banco de España (Página 1785)
Concedida la palabra, no se procede a la defensa de la
enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por lo que se da por
decaída.
Informe anual del Tribunal de cuentas (Página 1785)
Informe anual del Tribunal de Cuentas referido al ejercicio de
1989 y Declaración definitiva de la Cuenta General del Estado
de 1989 (Página 1785)
En turno a favor del dictamen de la Comisión interviene, en
nombre del Grupo Socialista, el señor Padrón Delgado,
manifestando que el informe presentado ante las Cámaras
comprende un análisis de la ejecución presupuestaria de la
Cuenta de la Administración del Estado y de los organismos
autónomos administrativos, organismos autónomos comerciales,
industriales y financieros, análisis de la ejecución del
presupuesto de gastos e ingresos, análisis de las relaciones
financieras de España con la Comunidad Económica Europea,
etcétera, así como respecto de toda la contratación
administrativa, calificación de las cuentas de la Seguridad
Social y, por último, de las cuentas de las comunidades
autónomas y corporaciones locales. Se trata de un informe de
más de 1.800 páginas, que ha sido examinado por la Ponencia y
la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
que da su conformidad a la aprobación de la Cuenta del Estado
y de los organismos autónomos, industriales y
administrativos, en tanto que pospone la aprobación de las
cuentas de la Seguridad Social, al estar pendientes de un
examen y un dictamen final que ha de elaborar el Tribunal de
Cuentas para la aprobación de esas cuentas de la Seguridad
Social, que están pendientes desde el año 1980. Expone
diversas cifras relativas a las cuentas en cuestión, afirmando
que cada año que pasa el Tribunal sigue profundizando para que
la rendición de las cuentas y el control que realiza por
delegación de estas Cortes comprenda todos los aspectos
susceptibles de crítica y, por tanto, de propuestas de
resolución para su mejora y mayor clarificación.
Informa asimismo del contenido de las numerosas propuestas de
resolución que se elevan a este Pleno y que son un buen
ejemplo del interés de todos los grupos, comenzando por el
Grupo
Socialista, en recoger todas las consideraciones que el
Tribunal de Cuentas formula de cara a la mejora en la gestión
del gasto público y, por tanto, para un mayor conocimiento y
exactitud a la hora de ser examinadas las cuentas por las
Cámaras.
Explica igualmente las finalidades que se pretenden al elevar
estas propuestas de resolución, afirmando que todas ellas
tienden a corregir deficiencias, fallos o anomalías puestas de
manifiesto por el Tribunal de Cuentas y que merecieron la
consideración mayoritaria, e incluso cree que unánime, de la
Comisión y, por tanto, espera que sean votadas favorablemente
por este Pleno. Termina proponiendo la aprobación de la Cuenta
General del Estado, en tanto que queda pendiente de dicha
aprobación la de la Seguridad Social por las razones
anteriormente indicadas. En turno en contra interviene, en
nombre del Grupo Popular, la señora Rudi Ubeda, señalando que,
una vez más, con el retraso que el Tribunal de Cuentas lleva
acumulado en cuanto a la
fiscalización de lo que se denomina Cuenta General del Estado,
están viendo el informe presentado por el máximo órgano
fiscalizador dependiente de esta Cámara en relación con el
ejercicio de 1989. También un año más el Grupo Popular tiene
que hacer un turno en contra, no del informe presentado por el
Tribunal de Cuentas, sino de la liquidación de la Cuenta
General del Estado que el Gobierno ha realizado. Para
argumentar este turno en contra utilizará únicamente la
documentación del propio informe emitido por el Tribunal de
Cuentas.
En efecto, en el informe del Tribunal se comienza diciendo que
el adecuado reflejo de la actividad económico-financiera
llevada a cabo en el ejercicio por el Estado y sus organismos
autónomos, así como su situación patrimonial, se hallan
condicionados por las salvedades e infracciones de las normas
presupuestarias y contables que se expresan en los apartados
siguientes de la propia memoria. Se trata de algo que no es
nuevo, sino que viene ocurriendo en las Cuentas Generales de
los últimos
años, aunque el Tribunal de Cuentas nunca hasta ahora había
hablado de estas salvedades e infracciones de las normas
presupuestarias. Esto quiere decir, como el Grupo Popular
viene reiterando desde hace años, que la cifra del déficit del
Estado no es conocida porque el Gobierno utiliza técnicas
contables que le permiten maquillarla, aunque al final los
hechos son tozudos y les vienen a dar la razón.
Piensa que no hay más que recordar que el Tribunal de Cuentas
venía denunciando hace bastantes años la situación de las
cuentas del Inem y precisamente el déficit acumulado que se
iba
trasladando o deslizando a ejercicios futuros sin
contabilizarlo como tal, dando una versión distorsionada de la
liquidación de las cuentas y del déficit del Estado. A las
pruebas se remite, y en este sentido recuerda que en los
últimos meses llevan aprobados importantes créditos
extraordinarios para compensar precisamente ese déficit del
Inem no contabilizado correctamente, hasta el punto de que, en
una reciente entrevista, el Ministro de Economía reconocía que
el propio Consejo de Ministros no sabía cuál era la cifra
exacta de la deuda del Inem, haciéndose necesario al final
aprobar un decreto de ampliación del crédito.
Insiste en que los hechos les han venido a dar la razón cuando
reiteradamente decían, al tratar de las sucesivas
liquidaciones de la Cuenta General del Estado, que se estaban
dando unas cifras de déficit que no se ajustaban a la realidad
porque se estaban trasladando a ejercicios posteriores algunas
cantidades.
Alude a continuación a las propuestas de resolución a que
también hacía referencia el señor Padrón, exponiendo la
posición del Grupo Popular en relación con las mismas.
Replica el señor Padrón Delgado, duplicando la señora Rudi
Ubeda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Carrera i
Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y González
Blázquez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Sometido a votación el dictamen correspondiente al
informe anual del Tribunal de Cuentas referido al ejercicio de
1989 y
Declaración definitiva de la Cuenta General del Estado de
1989, se aprueba por 157 votos a favor, 127 en contra y cinco
abstenciones.
Se levanta la sesión a las diez y treinta minutos de la
mañana.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS
(Sesión secreta):
--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE LOS EXCMOS. SRES. DIPUTADOS
(Numero de registro 007086)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto
de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--DEL PROYECTO DE LEY DE AUTONOMIA DEL BANCO DE ESPAÑA (Número
de expediente 121/000021)
El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día: Debate de
totalidad de iniciativas legislativas.
Debate de totalidad del proyecto de ley de autonomía del Banco
de España.
Enmienda de totalidad de devolución del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Pausa.)
Queda decaída la enmienda.
INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS:
--INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS REFERIDO AL EJERCICIO
DE 1989 Y DECLARACION DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL
ESTADO DE 1989 (Número de expediente 250/000001)
El señor PRESIDENTE: Punto décimo del orden del día: informe
anual del Tribunal de Cuentas. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
¿Turno a favor del dictamen de la resolución aprobada por la
Comisión?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Padrón.
(Rumores.)
Un momento, señor Padrón. Señorías, ruego guarden silencio.
(Continúan los rumores.) ¡Señorías, guarden silencio y ocupen
sus escaños! (Continúan los rumores.) Señorías, estamos en
sesión. Ruego guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, presentamos hoy ante este Pleno el informe relativo
a la Cuenta General del Estado del año 1989, conforme a la
aprobación por la Ponencia y la Comisión de Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, así como las propuestas de resolución
aprobadas en dicha Comisión. Esto se hace en virtud del
cumplimiento del artículo 136.2 de la Constitución, del
artículo 13 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, Ley
Orgánica del Tribunal de Cuentas, y del artículo 28 de la Ley
de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que establece el
informe que ha de presentar el Tribunal de Cuentas ante esta
Cámara, relativo al cumplimiento... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Padrón. (Pausa.) Cuando
quiera, señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: ... relativo al cumplimiento que el
Tribunal de Cuentas, por mandato de las Cortes, tiene como
responsable máximo en el control y fiscalización del gasto
público.
El informe que se ha presentado ante las Cámaras comprende un
análisis de la ejecución presupuestaria de la cuenta de la
Administración del Estado y de los organismos autónomos
administrativos, organismos autónomos comerciales,
industriales y financieros, cuentas no incluidas en los
estados agregados, análisis de las modificaciones de crédito;
análisis de la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos;
un análisis de las relaciones financieras de España con la
Comunidad Económica Europea; fiscalizaciones específicas
relativas al análisis y procedimiento seguido por la
Administración de Aduanas en la gestión de las exportaciones
de productos agrícolas beneficiarios de las restituciones;
fiscalización del Programa 514, actuaciones en las costas y
señalizaciones marítimas; análisis de la
aportación a la Comunidad Económica Europea para acciones
estructurales en sectores agrícolas y pesqueros; análisis de
los circuitos financieros en los recursos del Feoga-garantía;
análisis de las subvenciones concedidas al sector privado;
fiscalización de las inversiones reales en centros
penitenciarios del Ministerio de Justicia; fiscalización de la
gestión de los fondos en el exterior para la adquisición de
material militar; fiscalización del gasto en publicidad y
propaganda; fiscalización del servicio de vigilancia aduanera;
análisis del cumplimiento de las resoluciones aprobadas por
estas Cortes relativo a la gestión del Instituto Geológico y
Minero; análisis y gestión económico-financiera de las
sociedades estatales financieras y no financieras, así como
los entes de Derecho público; toda la contratación
administrativa; una fiscalización especial de las
universidades competencia del Estado; calificación de las
cuentas de la Seguridad Social: sector territorial,
comunidades autónomas y corporaciones locales; un análisis de
la gestión del Fondo de Compensación Interterritorial y las
propias actuaciones
jurisdiccionales.
Todo este informe, que comprende más de 1.800 páginas, ha sido
examinado por la Ponencia de la Comisión Mixta de Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, así como por la propia Comisión,
dando la conformidada la aprobación de la Cuenta del Estado y
de los organismos autónomos comerciales, industriales y de los
administrativos y posponiendo la aprobación de las cuentas de
la Seguridad Social, que, como saben SS.SS., consecuencia de
estar sujetas a un examen y comprobación rendida al Tribunal
de Cuentas por la Comisión creada para la conciliación de las
cuentas de la Seguridad Social, está pendiente de un examen y
un dictamen final que ha de elaborar el Tribunal de Cuentas
para una aprobación de esas cuentas que están pendientes desde
el año 1980.
El informe que se ha examinado, por tanto, la CuentaGeneral
del Estado del año 1989, comprende unos gastos globales en
derechos reconocidos del Estado de 13,182 billones de pesetas
y de organismos autónomos administrativos y comerciales de
1,700 billones y 543.000 millones de pesetas. Esto, unido a
las cuentas de la Seguridad Social, comprende un gasto público
del orden de 21,351 billones de pesetas.
En términos generales, quiero manifestar que la Comisión y la
Ponencia, a lo largo de las 1.800 páginas, han considerado
todos aquellos puntos que a juicio del Tribunal de Cuentas
requieren algún desarrollo normativo o requieren alguna
modificación contable o bien una mejora de las normas en la
gestión del gasto público. Por todas estas razones se
presentaron una serie de propuestas de resolución que en
términos generales tienden a mejorar el gasto público y la
rendición de cuentas al Tribunal. Deseo decir también que a lo
largo de estos once años en que el Tribunal de Cuentas, ya en
la etapa democrática, ha presentado informes a lo largo de
todo este tiempo, se ha ido profundizando en todo lo que es la
gestión del gasto público, y así, si en el informe del año
1989 solamente contenía unas 160 páginas
relativas a la gestión que el propio Tribunal de Cuentas había
realizado, este informe que se ha presentado a las Cortes
concerniente a todo el gasto público de todas las
administraciones, incluido también la presentación de la
gestión de todo el sector público, comprende más de 1.800
páginas que están a disposición de SS.SS. para cualquier
análisis y
comprobación de toda la verificación realizada por el Tribunal
de Cuentas. Esto da ocasión de manifestar que en cada año el
Tribunal de Cuentas ha seguido profundizando enormemente para
que las rendiciones de las cuentas y el control que por
delegación de estas Cortes realiza comprenda todos los
aspectos susceptibles de crítica y, por tanto, de propuestas
de resolución para su mejora y mayor clarificación.
Las propuestas de resolución que se presentan a la
consideración de SS.SS. comprenden diversos aspectos, y al
Grupo Socialista, que a lo largo de estos últimos años ha
presentado más de 200 propuestas de resolución, no se le podrá
negar el interés que ha manifestado siempre en recoger todas
aquellas consideraciones que el Tribunal de Cuentas
consideraba susceptibles de mejora para la gestión del gasto
público y, por tanto, para un mayor
conocimiento y exactitud a la hora de ser examinadas las
cuentas por las Cámaras.
En estas propuestas de resolución, insisto, se presentan
diversas consideraciones. Está la petición al Gobierno para
que remita una nueva Ley General Presupuestaria, que ha sido
anunciada tanto en el debate de investidura como en el
programa electoral del Partido Socialista, por lo que no hemos
tenido inconveniente en recoger la propuesta del Grupo Popular
para que se presente una nueva Ley General Presupuestaria que
abarque y mejore la gestión y presupuestación de las
administraciones del Estado.
Asimismo, se pide un desarrollo reglamentario de los artículos
66 y 71 del actual texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, atendiendo así a una consideración repetida
por el Tribunal de Cuentas, a lo largo de diversos ejercicios.
También se presentan una serie de peticiones al Gobierno para
ajustar y hacer diversas rectificaciones contables. Así, en
créditos ampliables se solicita al Gobierno ajustar las
ampliaciones de crédito a las posibilidades reales de
ejecución de gastos, evitando que al final tengan que anularse
remanentes por no haber tiempo suficiente en la ejecución del
gasto
ampliable.
En cuanto a los organismos autónomos, tanto administrativos
como comerciales, se pide una mejora en su presupuestación,
así como una más exacta calificación de la utilización del
fondo de maniobra.
Se piden también al Gobierno una serie de correcciones
contables, como son: en el balance de situación, mejorar los
saldos en inmovilizado; que en el sistema de amortizaciones
que aplican diversas administraciones y organismos autónomos
se aplique la regla 20 de la instrucción provisional de
contabilidad para la calificación del inmovilizado financiero,
resolución aprobada por la Intervención General de la
Administración del Estado el 27 de diciembre de 1989.
Se pide también al Gobierno que proceda a determinar la
situación real y el grado posible de reembolso de los
préstamos concedidos al Consorcio de Compensación de Seguros,
para su entrega a la Compañía Española de Seguros de Créditos
a la Exportación en el período 1984/1989, que supone un
montante de 270.168 millones de pesetas.
También se pide la reclasificación contable, dentro del
Instituto de Crédito Oficial, de la partida correspondiente a
los préstamos Gobierno a Gobierno.
De igual modo, se solicita una actuación de mayor información
contable relativa a los créditos FAD.
En el pasivo se pide aplicar adecuadamente diversas partidas
que, a juicio del Tribunal, tienen la consideración de
pérdidas, como es un préstamo concedido por el Banco de
Crédito a la
Construcción a diversos patronatos de casas ya extinguidas,
por importe de 231 millones.
En anticipos de tesorería, en la sección apéndice, se pide y
se reitera al Gobierno el cumplimiento de la resolución
aprobada por la Comisión de aplicar a presupuesto la
utilización de los préstamos del Federal Financing Bank al
Ministerio de Defensa para la adquisición de material militar.
Asimismo, se le insta a que proceda a la asunción
correspondiente por parte del Estado del préstamo concedido a
Tabacalera, de acuerdo con la Ley 38/1985, que supuso la
asunción por el Estado de una serie de bonificaciones a los
cultivadores de tabaco, establecida, como digo, en la Ley de
Presupuestos para 1996, y que asciende a 20.000 millones de
pesetas.
Entrando ya en temas más concretos y referidos a las juntas de
puerto, hoy Autoridad Portuaria, se solicita del Gobierno que
establezca unos criterios de revalorización del inmovilizado
de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, puesto que,
efectivamente, como consecuencia de una disposición interna de
la Autoridad Portuaria, se vienen aplicando unos criterios que
no se ajustan a lo establecido en dicho plan.
Respecto a las sociedades estatales, se solicita una exacta
calificación para evitar las polémicas surgidas con la
Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas,
puesto que en esto ha habido una disparidad de criterios, ya
que el Tribunal de Cuentas determinaba que debían presentarse
una serie de estados contables relativos a empresas en las que
el Estado no tenía capital mayoritario. Este tema ha sido
suscitado en el ejercicio de 1989. Por parte de la
Intervención General de la Administración del Estado se puso
en conocimiento del Tribunal de Cuentas la relación de
empresas en las que el Estado, de forma directa o indirecta,
tenía participación mayoritaria, y, a fin de evitar que cada
año surjan estos inconvenientes, se pide o se solicita del
Gobierno esta calificación.
Asimismo, para los recursos Feoga-Garantía se solicita del
Gobierno una uniformidad de criterios a la hora de realizar
estas concesiones por las diferentes unidades administrativas
para así evitar controversias entre unos y otros. En lo que se
refiere a las subvenciones al sector privado, que fue objeto
de una fiscalización específica por parte del Tribunal de
Cuentas, al igual que en ejercicios anteriores, yo creo que en
leyes de presupuestos posteriores a 1989 se han establecido
criterios para un mejor control y seguimiento y se han fijado
normas para su concesión, con lo que se reitera esta petición.
Igualmente se solicitan normas para que, en lo que se refiere
a las agregadurías militares, en las disposiciones de fondos
para la adquisición de material militar en el exterior, se
corrijan los defectos señalados por el Tribunal de Cuentas en
su informe, defectos que han consistido en la apertura de
cuentas sin la correspondiente autorización del Ministerio de
Economía y Hacienda.
Finalmente, en relación con el Fodo de garantía de depósitos
de cooperativas de crédito, se solicita al Gobierno la
posibilidad de modificar el decreto de su constitución, puesto
que, como consecuencia de los desembolsos y de los préstamos
concedidos para solucionar diversos fallos que han tenido las
cooperativas de crédito, este fondo está en una situación que
cada año produce mayor pérdida, debido a los intereses que ha
tenido que pagar para solucionar los préstamos concedidos a
las cooperativas de crédito. Por estas razones, creemos
necesario incrementar la aportación de las cooperativas de
crédito al Fondo para que su resultado en cada ejercicio no
sea negativo, como está sucediendo actualmente.
El señor PRESIDENTE: Señor Padrón, le ruego concluya.
El señor PADRON DELGADO: Voy a concluir, señor Presidente,
manifestando, por último, que hay una serie de resoluciones
con respecto a la contratación administrativa que, como se
señala en la propia resolución, están pendientes de un nuevo
proyecto de ley, pero que, mientras tanto, ha de aplicarse con
todo rigor la normativa existente, así como que con respecto a
las
universidades públicas, en donde hay un informe exhaustivo
poniendo de manifiesto diversas irregularidades e
incumplimientos por parte de las universidades públicas, la
Comisión solicita que se remita este informe a los rectores de
las universidades y a los consejos sociales para que tengan
conocimiento y corrijan los defectos señalados por el Tribunal
de Cuentas en el informe. En definitiva, señor Presidente,
señoras y señores Diputados, son una serie de propuestas que
todas ellas tienden a corregir deficiencias, fallos o
anomalías puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas,
consideramos que son las más importantes, merecieron la
consideración mayoritaria, creo que unánime, de la Comisión y,
por tanto, espero que sean votadas favorablemente.
Con respecto al informe, quiero reiterar que, en este caso, la
consideración global y general que le ha merecido al Tribunal
de Cuentas es positiva, poniendo de manifiesto algunos fallos
o defectos. Por estas razones, pedimos en el informe de la
Ponencia que se apruebe la Cuenta General del Estado de los
organismos autónomos, comerciales, industriales y financieros,
y que se posponga la aprobación de la cuenta de la Seguridad
Social puesto que, como he manifestado, está pendiente del
cierre definitivo que ha de efectuar el Tribunal de Cuentas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.
Una vez más, con el retraso que el Tribunal de Cuentas lleva
acumulado en cuanto a la fiscalización de lo que se denomina
la Cuenta General del Estado, estamos viendo el informe
presentado ante esta Cámara por el máximo órgano fiscalizador,
dependiente de estas Cortes, referido al ejercicio de 1989.
Un año más, el Grupo Parlamentario Popular tiene que hacer un
turno en contra, no del informe presentado por el Tribunal de
Cuentas, sino de la liquidación de la Cuenta General del
Estado que el Gobierno ha realizado. Para argumentar nuestro
turno en contra, no voy a utilizar más documentación que el
propio informe emitido por el Tribunal de Cuentas.
Comienza este informe del Tribunal de Cuentas, en su
declaración definitiva, diciendo que el adecuado reflejo de la
actividad económico-financiera llevada a cabo en el ejercicio
por el Estado y sus organismos autónomos, así como de su
situación patrimonial, se halla condicionado por las
salvedades e infracciones de las normas presupuestarias y
contables que se expresan en los siguientes apartados.
¿Por qué, dirán SS.SS., hago especial mención a esta frase
contenida en la declaración definitiva? Porque indudablemente
en ella se refleja lo que podríamos llamar el nudo de la
cuestión. Hasta cuentas generales de ejercicios anteriores, el
Tribunal de Cuentas, aunque sí hacía constar en su informe las
incidencias detectadas, nunca manifestaba que esas incidencias
planteaban dificultades en el reflejo de la actividad
económica-financiera. Sin embargo, en esta cuenta del año
1989, el Tribunal de Cuentas dice textualmente que el reflejo
de la actividad económico-financiera del Gobierno se halla
condicionado por las salvedades e infracciones de las normas
presupuestarias.
Esto, señorías, no es nuevo, esto viene ocurriendo en las
cuentas generales de los últimos años. No solamente el informe
del Tribunal de Cuentas, aprobado por él, sino incluso la
parte correspondiente a la opinión del Ministerio Fiscal,
presente en el Tribunal de Cuentas, también refleja yo diría
que casi su desesperación en cuanto a que esta situación pueda
ser corregida en algún momento. El mismo dice que, año tras
año, se ven obligados a reflejar en su informe sobre la Cuenta
General las mismas incidencias y salvedades que les quita
representatividad. Termina diciendo el Ministerio
Fiscal que, con respecto a la cuenta de resultados, en lo
correspondiente a la Administración Central, debería
modificarse en una cifra negativa no inferior a prácticamente
1,4 billones de pesetas, que acrecentaría el propio saldo
deudor reconocido. Por su parte, los de las cuentas de los
organismos autónomos administrativos pasarían, también
debidamente corregidos, de un superávit presentado por la
Administración del Estado de 145.000 millones, a un déficit de
33.000 millones.
¿Qué quiere decir esto, señorías? Quiere decir que, cuando
desde mi Grupo Parlamentario se viene diciendo, hace ya muchos
años, que la cifra del déficit del Estado no es conocida
porque el Gobierno utiliza técnicas contables que le permiten
maquillarla, al final, los hechos son tozudos y nos vienen a
dar la razón. No hay más que recordar aquí que el Tribunal de
Cuentas venía denunciando hace bastantes años la situación de
las cuentas del Inem y precisamente el déficit acumulado que
se iba trasladando o deslizando a ejercicios futuros sin
contabilizarlo como tal, se contabilizaba como deudas, e
insisto que, por tanto, daban una visión distorsionada de la
liquidación de las cuentas y del déficit del Estado.
Pues bien, a las pruebas me remito. En estos últimos meses
llevamos aprobados créditos extraordinarios precisamente para
compensar el déficit no contabilizado correctamente del Inem y
en una entrevista, publicada hace muy poco tiempo en un medio
de comunicación nacional del Ministro de Economía, señor
Solbes, reconocía que el propio Consejo de Ministros no sabía
exactamente cuál era la cifra del Inem hasta que, al final, ha
sido necesario aprobar el Decreto de ampliación de crédito que
nos ha venido. Así, señores del Grupo Socialista, se ha
demostrado --insisto, los hechos son tozudos y, al final, sale
la verdad-- que cuando, en las sucesivas liquidaciones de la
Cuenta General del Estado, nosotros hemos venido diciendo que
se estaba dando unas cifras de déficit que no se ajustaban a
la realidad, no porque hubiera agujero financiero pero sí
porque se estaban trasladando a ejercicios posteriores, no
decíamos nada que no fuera cierto.
El señor Padrón hablaba aquí de las propuestas de resolución
aprobadas en la Comisión hace dos semanas. Efectivamente, se
aprobaron algunas propuestas de resolución, algunas mediante
transacciones entre los distintos grupos de la Cámara, pero
hay que decir, señor Padrón --y le digo lo mismo que le dije
en Comisión a su compañero señor Gimeno, que fue el ponente
del Grupo Socialista-- que las propuestas de resolución que se
aprobaron en aquellos momentos a iniciativa del Grupo
Socialista eran tan obvias que era como decir que a las doce
del mediodía es de día o que a las doce de la noche es de
noche.
Sin embargo, tengo que recordar al señor Padrón que hubo una
serie de propuestas de resolución del Grupo Popular que yo
creo que tienen una enjundia importante y que ustedes no
aprobaron. Una de ellas hacía referencia, precisamente, a la
solicitud de una fiscalización del Instituto Nacional de
Industria. Esta es una propuesta de resolución que hemos
venido planteando en sucesivos ejercicios de la Cuenta General
del Estado. Y pedíamos esa fiscalización porque desde el año
1981, en que se aprobó un decreto en el último Consejo de
Ministros del último Gobierno de la UCD y que los gobiernos
socialistas han venido utilizando, las subvenciones para
pérdidas que el Estado aporta al INI no se contabilizan en la
Cuenta General como tales subvenciones a pérdidas, sino que se
vienen contabilizando como deudas
pendientes, como un realizable, lo que supone que las cifras
del déficit --insisto-- sigan estandomaquilladas.
El señor Gimeno --usted estaba presente en la Comisión-- me
reconocía --y consta en el «Diario de Sesiones» de la citada
Comisión del 2 de diciembre--que me tenía que dar la razón en
parte porque posiblemente, según los criterios de
contabilización, podrá producirse una imagen más o menos
diferenciadora de la realidad del Instituto Nacional de
Industria. Pero --decía-- yo le quiero decir algo muy claro,
que ya no va a poder ocurrir.
No va a poder ocurrir a partir del año 1994, pero sí llevamos
diez años realizando esta práctica, con lo cual,
indudablemente, desde mi Grupo se entendía que era necesaria
la fiscalización del INI para poder conocer con exactitud cuál
es su situación de pérdida acumulada y lo que supone en el
déficit del Estado, no contabilizado, como está, en deudas.
Seguramente, más tarde o más temprano nos aparecerá una
situación semejante a la del Inem en los últimos tiempos.
Lo mismo planteábamos nosotros en cuanto a solicitar que el
Tribunal de Cuentas realizara una fiscalización específica al
Inem. Es obvio que yo me detenga aquí más en defender esta
propuesta cuando --insisto-- los hechos han sido tozudos, nos
han dado la razón, y ha habido que inyectar cantidades muy
fuertes de dinero mediante créditos extraordinarios al Inem.
También había otro aspecto, en ese ánimo de mejorar la gestión
de la Cuenta General del Estado. Nosotros, dado el elevado
número de sociedades estatales y la inseguridad de su total
agregación a la Cuenta General del Estado, así como la no
fiabilidad de los importes del inmobilizado financiero en el
balance integral, solicitábamos que, por parte de la
Intervención General de la Administración, se presentase una
relación exhaustiva de todas las sociedades estatales,
señalando la participación directa e indirecta del Estado en
las mismas. Esta propuesta de resolución no fue aceptada por
parte del Grupo Socialista, cuando yo creo que aportaría
claridad y conocimiento exhaustivo de cuál es realmente la
participación del Estado en las sociedades. Creo que de todos
es sabido que entre sociedades estatales, entes y demás
organismos, la liquidación
de la Cuenta General del Estado que aquí se nos presenta poco
tiene que ver con los Presupuestos Generales que en esta
Cámara aprobamos año tras año, porque hay cantidad de partidas
u organismos que no están integrados en esta Cuenta General y
que, sin embargo, se nutren de manera importante de los
Presupuestos Generales del Estado. Por eso, mi Grupo, señor
Presidente, hace un turno en contra de la declaración
definitiva de la Cuenta General, porque, siguiendo el criterio
del Tribunal de Cuentas, entendemos que no es representativa.
Y me faltaba hacer mención al último concepto, que yo sé que
es objeto de discusión constante a lo largo de los últimos
años, y son los criterios de contabilización de los intereses
de la deuda, de los gastos financieros. El Gobierno, año tras
año, viene aplicando para su contabilización el criterio de
cobro en lugar del criterio de devengo, y hay que decir que el
criterio de devengo es un principio contable generalmente
aceptado, y cuando en el argot contable se utiliza esta
definición quiere decir que es algo que en todo el mundo se
utiliza como concepto homogéneo para poder analizar y comparar
balances y estados financieros. El principio de devengo es un
criterio que el Ministerio de Economía y Hacienda exige que se
aplique en el sector privado, en la empresa privada e,
indudablemente, se aplica para liquidar las sucesivas
liquidaciones de impuestos. Sin embargo, el Ministerio de
Economía, año tras año, ha venido aplicando en sus cuentas el
principio de caja en lugar del principio de devengo, con lo
cual nos encontramos con que las cifras del déficit no se
corresponden con la realidad por cuanto hay intereses vencidos
y no pagados que no están contabilizados. Y voy a dar una
última cifra. Según los cálculos hechos por el Tribunal de
Cuentas, el déficit acumulado en el año 1989 sería de más de
dos billones de pesetas, cifra que no se corresponde con la
declarada sucesivamente por la Administración y por el
Gobierno.
Por ello, señor Presidente, mi Grupo se ve obligado a realizar
este turno en contra de la declaración definitiva de la Cuenta
General.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rudi.
Tiene la palabra el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Este debate ya se produjo en su momento en la Comisión. De
todas maneras, voy a decir tres o cuatro cosas. El Grupo
Popular utiliza el argumento del déficit de cada momento según
la conveniencia. Efectivamente, este año el déficit se ha
incrementado notablemente, consecuencia de la aprobación de
créditos extraordinarios para compensar al Inem por los gastos
pagados por desempleo, pero eso no quiere decir --y ya se ha
explicado reiteradamente en la Comisión de Presupuestos tanto
por la Intervención General del Estado como por el propio
responsable del Inem--, que no hayan figurado esos gastos en
la contabilidad nacional, puesto que, efectivamente, lo que ha
habido es un anticipo de la Tesorería de la Seguridad Social
al Inem por falta de crédito correspondiente para compensar y
para poder efectuar los pagos de las prestaciones por
desempleo. Claro que ha habido desviaciones. En un gasto que
supone 21,358 billones, gestionados por tantas unidades
administrativas, por tantas administraciones, claro que se
pueden producir diferencias de criterio en la contabilización,
en la ampliación de un crédito o en la forma, pero, en
definitiva, y esto es lo que pone de manifiesto el Tribunal de
Cuentas, como consecuencia de esas apreciaciones matemáticas
que efectúa, eso no implica que haya habido
irregularidades, que haya habido ocultación de datos, o que
haya habido falsedad en documentos a la hora de efectuar el
gasto, a la hora de determinar, porque a lo largo de toda la
fiscalización no se detecta ningún fallo de esa naturaleza,
sino únicamente imputaciones o no al Presupuesto. Y en
ejercicios anteriores, al examinar la Cuenta, se le han dado
razones con respecto a este tema que ha planteado últimamente
sobre los intereses devengados y no vencidos. Esto supone una
diferencia de criterios a la hora de contabilizar por parte de
la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas. Pero en
diversos países, incluso en Estados Unidos o en el sistema
europeo de cuentas unificadas, se utiliza el criterio de caja
en vez de el criterio de devengo. Por tanto, ésta es una
discusión semántica que no conduce a ninguna parte. Respecto a
otros temas, podría darle una relación pormenorizada como
consecuencia de que, a veces, es materialmente imposible
imputar a un Presupuesto un gasto que corresponde a ese
ejercicio, como son, por ejemplo, los anticipos que el Banco
de España da para pagar a las empresas concesionarias de
autopistas, la diferencia de cambios en el pago de esos
préstamos u otras partidas singulares, los gastos del
Ministerio de Defensa, las deudas del Ministerio de Defensa
con Campsa y Renfe; es imposible que en el último trimestre se
puedan imputar al presupuesto, puesto que la facturación se
produce al año siguiente. Y así podría ir determinando partida
por partida para demostrarlo, y viene expuesto en las
alegaciones. No hay mala intencionalidad de ocultar el
déficit, señora Rudi. Todos los gastos, sean los que sean, al
final, como usted ha dicho, aparecen, y si no se imputan a un
ejercicio se imputarían a otro. Al final, ¿qué ocurre? Que,
como consecuencia de la actual normativa
presupuestaria, a veces es imposible en un propio ejercicio
incluir el crédito correspondiente, el crédito extraordinario
para poder efectuar el gasto e imputarlo adecuadamente a ese
ejercicio.
Yo creo que, por tanto, no hay razones para no aprobar el
informe de la Ponencia puesto que, efectivamente, las
apreciaciones del Tribunal de Cuentas son de tipo contable y
se formula una serie de peticiones al Gobierno, para su
corrección, en unos casos, para modificaciones presupuestarias
que eviten o que corrijan estos defectos, de manera que la
legislación permita efectuar esos cambios para que el reflejo
real del gasto se adecue también a la presentación de la
cuentas.
Por todo esto, señor Presidente, reiteramos lo expuesto
anteriormente y pedimos el voto favorable a los diversos
grupos de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
Tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Padrón, yo sé que es difícil que usted reconozca la
situación, aunque los hechos luego nos vienen dando la razón.
Vamos a ver si yo no le vuelvo a repetir mi argumentación,
pero sí le hago un resumen de lo que es la filosofía de ella y
no pone usted en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no le
he hablado de ilegalidades, señor Padrón. No le he hablado de
ilegalidades. Lo que le he dicho es que no podíamos aprobar
esta cuenta por cuanto, según el Tribunal de Cuentas, no es
representativa de la actividad económico-financiera del Estado
en el ejercicio de 1989.
Y usted me dice que, sobre un montante total de 21,3 billones
de pesetas, las cifras que, como irregularidades o salvedades
menciona el Tribunal, no tienen importancia. No tendrán
importancia sobre el total del Presupuesto según usted, según
nuestro Grupo sí. Pero es que, señor Padrón, según el Tribunal
de Cuentas, en el ejercicio de 1989 el déficit se debería
haber aumentado en 1,4 billones de pesetas. Yo creo que esa
cifra sí es importante, señor Padrón, y usted lo sabe tan bien
como yo. Me dice que estamos hablando de imputaciones o no
imputaciones y que lo que no se ha imputado en un ejercicio se
ha imputado en el siguiente.
Señor Padrón, usted sabe, me imagino, tan bien como yo, que la
ejecución del presupuesto, al final del ejercicio, queda
demostrada. Primero, la corrección de las previsiones del
presupuesto y la ejecución de ese presupuesto queda demostrado
por el resultado final, que es el déficit o el superávit del
ejercicio. Que usted me diga que da igual que eso esté
contabilizado en un ejercicio que en el ejercicio siguiente,
señor Padrón, no. No es igual, porque entonces lo que ocurre
es que se está distorsionando la realidad, que es lo que se
viene haciendo desde hace más de diez años con la forma de
contabilizar determinadas partidas. Y, precisamente, los
conceptos contables, que usted dice que son conceptos
contables que dice el Tribunal de Cuentas, tienen su razón de
ser, lo mismo que la tienen en el sector privado. Usted sabe
que los principios contables exigen, y precisamente en España
se ha implantado en los últimos años, al igual que en otros
países, y se aprobó en esta Cámara una Ley de Auditoría, que
los estados contables de las empresas privadas sean fiables y
se exige que se cumpla una serie de principios, en algunos
casos emanados del Ministerio de Economía, como es el Plan
General de Contabilidad. Pues lo mismo que a la empresa
privada se le exige utilizar unos determinados conceptos
contables para que sus estados financieros den la adecuada
información a sus accionistas y a la sociedad, de la misma
manera, la Cuenta General del Estado, que refleja el estado
contable de la ejecución del Presupuesto, tiene que ser
fiable, e indudablemente no lo es, como lo dice el Tribunal de
Cuentas, utilizando los criterios contables. Y, sobre todo, lo
que más me procupa, señor Padrón, es oír en esta Cámara que
qué más da que se impute a un ejercicio o a otro. Eso lo que
demuestra, señor Padrón, y me asusta, es que no sabe lo que es
el déficit del Estado. Indudablemente, con posturas como ésa
estamos en las cifras que en este momento han llevado a la
economía española a la situación que tenemos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rudi.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria fija en este acto su posición ante el
informe anual del Tribunal de Cuentas para el ejercicio de
1989 y la declaración definitiva de la Cuenta General del
Estado para el mismo año. Ante este documento y ante este
trámite procesal es ante el que queremos hacer nuestra
fijación de posición, es decir, ante lo que vamos a votar, que
es el informe anual del Tribunal de Cuentas.
Qué duda cabe que nos perdemos un poco en este túnel del
tiempo hacia atrás, cuando, por los retrasos que son obvios en
todo análisis... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones. (Pausa.)
Agradecería a SS.SS. que prestasen una colaboración más
sostenida para el desarrollo de la sesión.
Cuando quiera, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchísimas gracias por su amparo,
señor Presidente.
Decía, señorías, que ante el informe anual del Tribunal es
sobre el que nosotros queremos fijar nuestra posición, dentro
de la salvedad que nos hace el gran lapso de tiempo que se
produce en su dictamen final ante esta Cámara.
Pues bien, con respecto al dictamen que ha elaborado la
Comisión Mixta, el Grupo de Coalición Canaria va a dar su voto
favorable al mismo, tanto en la Cuenta General del Estado,
como en la de todas las cuentas de los organismos autónomos
administrativos. Quiero resaltar también que, dentro de lo que
es un déficit de aprobación, que es la cuenta de la Seguridad
Social de 1989, por las razones que ya se expusieron en la
Comisión, nosotros desearíamos que esta cuenta, objeto de un
especial análisis, por su complejidad y complicación interna,
tuviera todos los
atributos de transparencia para que pronto fuera incorporada a
la aprobación del ejercicio de 1989. Qué duda cabe, señorías,
y de eso ha sido consciente el Tribunal de Cuentas, que en su
informe trae un análisis y reflexión, que bien ha sido
resaltado por la portavoz del Grupo Popular, la señora Rudi,
cuando viene a hacer un análisis, digamos crítico, sobre la
manera de
gestionar su propio gasto la Administración del Estado. Pero
creo que es positivo que eso lo destaque el propio informe del
Tribunal de Cuentas, porque supone una mejoría de un intento
de racionalización y de análisis, desde un punto de vista de
la auditoría que realiza el mismo Tribunal, sobre la
disciplina que también tiene que autoimponerse la
Administración del Estado, y de la cual nosotros participamos.
Esa nueva tendencia abierta por el Tribunal de Cuentas, con
ese análisis crítico y esa especie de pedagogía o de
instrucción de auditoría para que sea tenida en cuenta por la
Administración, es positiva. En esa línea, yo creo que va lo
que nos mueve a nosotros a dar nuestro apoyo y nuestro voto
favorable al informe con la resolución aprobada por la propia
Comisión Mixta, que es la que yo, en detalle, quisiera
comentar, porque es donde se encierra precisamente el marco de
advertencias, al hilo y sobre la base del informe del Tribunal
de Cuentas, y que realiza ya como una coparticipación
democrática la propia Comisión Mixta. Es decir, la pedagogía,
como la he llamado, o disciplina de propuestas que tienen que
ser recogidas por toda la
Administración, sobre todo por la administración censora y la
administración económica y fiscal del Estado para corregir
estas deficiencias que se señalan.
Por ejemplo, la demanda de un proyecto de legislación general
presupuestaria. Es imprescindible este primer documento, y
aquí, con la palabra y el oído atento del propio señor
Ministro de Economía y Hacienda, creo que es de una prioridad
absoluta traer aquí un nuevo proyecto de legislación general
presupuestaria, sobre todo a la vista de la evolución que en
estos últimos tiempos, yo diría casi cinco años, se ha
producido, tanto en el presupuesto del Estado, como en
aquellas figuras que han
permitido una mayor liberalidad en la propia Administración en
la asignación o reasignación de créditos dentro de los
Presupuestos Generales del Estado. Prueba de ello es que el
segundo punto que le sigue, y el tercero, en la modificación
de créditos y de créditos ampliables, tiene que ser también
recogido en un nuevo texto de la Ley General Presupuestaria,
porque, de lo contrario, cuando estamos utilizando, muchas
veces con carácter político de puente, y en eso Coalición
Canaria tiene una gran experiencia cuando hemos conseguido (y
recuerdo anteriores legislaturas) la situación de créditos
ampliables o generación de créditos nuevos para obras
comprometidas en el archipiélago que han tenido que ir por
esta vía de modificación. Lo que resultaría absurdo sería que,
una vez aprobado un crédito ampliable, haya que revisar si
procede su anulación y qué pasa con los remanentes, de los
cuales a veces no se ocupan. Eso tiene que ser también por un
sentido de autodisciplina.
Con respecto a lo que dice la resolución en los organismos
autónomos, que nosotros también extendemos a entes autónomos,
estamos en la misma línea de apoyo, porque es necesario que
tengamos una transparencia en el análisis de cuentas de estos
organismos autónomos, sobre todo aquellos que, al pasar a la
nueva legislación que desde hace varios años el Gobierno ha
ido transformando, muchos organismos autónomos, refundiéndolos
o transformando antiguas direcciones generales administrativas
(estoy pensando en la de Puertos o en la de Aeropuertos
Nacionales, lo que hoy son la autoridad portuaria, o lo que
hoy es Aena), al pasar a una estructura tipo INI, en que el
presupuesto ya no viene con aquella claridad de los números
presupuestarios (digo claridad o normativa de los números
clásicos del presupuesto de la Administración ordinaria del
Estado) y empiezan a regirse por los sistemas del PAIF,
resulta que se encuentra uno con una tremenda opacidad a la
hora de analizar la gestión del propio presupuesto.
Nosotros queremos también destacar, señorías, precisamente lo
que se refiere en esta línea a un problema que generó la
antigua Dirección General de Puertos, y desearía que al nuevo
ente autónomo que regula toda la autoridad portuaria española
no se le permita, señor Ministro de Economía y Hacienda, que
mediante una norma interna dictada haga una revalorización
anual de acuerdo con la inflación de su inmovilizado. No
existe grupo de empresas estatales, dentro del patrimonio de
la Administración civil del Estado ni militar, al que se le
permita hacer, por una norma interna, una revalorización anual
de patrimonio
inmovilizado de acuerdo con el suyo propio.
Hemos tenido en esta Cámara debates --estoy recordando
iniciativas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV)-- respecto a
las revalorizaciones de inmovilizado, y aquí se les ha negado
sistemáticamente, cuando Coalición Canaria, o mi
representación en la anterior legislatura, las apoyábamos
porque pedíamos lo mismo para nuestra Comunidad Autónoma. No
parece que tenga una congruencia legislativa que eso se
niegue, por un lado, y se esté autorizando que las Juntas de
Puertos
de la antigua Dirección General del Puertos, por una norma
interna, hicieran una revalorización anual de su inmovilizado,
y además de acuerdo con la inflación.
Respecto a las sociedades estatales --punto 10 de las
recomendaciones--, nuestro sistema es el mismo, sobre todo
para aquellas faltas de transparencia de las sociedades
estatales que además no tienen ninguna realización de
presupuesto por
programas, con lo cual la opacidad es tremenda.
Estamos plenamente de acuerdo con lo que se dice en el punto
12 sobre los recursos de Feoga-garantía. Recientemente
debatimos aquí un proyecto de ley de créditos extraordinarios
al Iryda porque nos habíamos encontrado con que este organismo
por atender el cumplimiento de un Decreto del Ministerio de
Agricultura, para subvencionar a determinadas actividades de
empresas agrarias se había endeudado. Si hubiera existido un
recurso de control como el que aquí se propone no hubiera
ocurrido esa anomalía contable, ni hubiéramos tenido que
recurrir a una ley de crédito
extraordinario para tapar aquel agujero que se había producido
en el presupuesto del Iryda.
¿Qué decir del punto 13, sobre las subvenciones concedidas al
sector privado? Este va a ser un caballo de batalla permanente
que veremos en la cuenta cuando venga aquí el informe del
Tribunal de Cuentas de los años 1990, 1991, o cualquiera de
ellos. Muchas veces, señorías, aparecen en aquellos conceptos
presupuestarios destinos específicos que se dan con mucha
reiteración en la Comunidad Autónoma de Canarias, como ocurre
también con Baleares, Ceuta y melilla, porque tienen
subvenciones concedidas al sector privado por el transporte de
pasajeros y de mercancías. Pues bien, cuando tengamos que
analizar aquí la Cuenta General del Estado de los años 1993 y
1994, en los que se ha producido una libertad de líneas aéreas
o marítimas, ¿qué va a pasar con las subvenciones que ahora da
el Estado al transporte de viajeros, por avión o por barco,
entre los archipiélagos canario, balear, Ceuta y Melilla,
cuando esa subvención ya no va a ser una transferencia a
empresas privadas, en este caso Iberia, Trasmediterránea,
Aviaco o Binter, sino que las receptoras de esa subvención van
a ser empresas como Air Europa o cualquier otra empresa de
transporte, aéreo o marítimo? Habrá que adoptar nuevos
criterios para otorgar esa subvención al transporte de
personas y de mercancías, que sean adecuados para dar
transparencia al análisis de la Cuenta General del Estado.
Les quiero advertir que, en la competencia de las compañías
privadas con las compañías estatales, aéreas o marítimas, se
está produciendo en este momento un diferencial de precios muy
sustancioso, y no es lo mismo aplicar un 33 por ciento de
subvención al transporte en un billete de una persona entre
Península y archipiélago canario, por poner un ejemplo, que
aplicárselo a la compañia Iberia, que tiene un precio A del
billete, o a la compañía Air Europa que tiene otro precio B
del billete. ¿Sobre qué se aplica el 33 por ciento? Porque
esto va a tener una repercusión en la dotación que aparezca en
los Presupuestos Generales del Estado.
Nosotros, en la Comunidad Autónoma de Canarias, nos hemos
encontrado también con que, al tener que gestionar la
subvención en el transporte de mercancías, coincidimos con lo
que dice la propuesta de la Comisión respecto a que a eso hay
que darle una transparencia para extremar el análisis del
cumplimiento de los compromisos que asumen los beneficiarios y
aplicar las medidas pertinentes cuando se produzcan
incumplimientos, porque hay incumplimientos y, a veces, la
gestión es verdaderamente compleja y complicada, ya que es una
persona, jurídica o física, pero persona dentro de un ente
particular no oficial, quien al final recibe la subvención al
transporte de mercancías.
Voy terminando ya con dos puntos finales, señor Presidente, en
los que quiero resaltar nuestra concordancia. El primero, el
punto 16, se refiere a la contratación administrativa.
Señorías, tendremos que adoptar unas líneas de criterio de
seriedad, exigiendo que la Ley de Contratos del Estado tenga
una transparencia y haya una verdadera línea de análisis para
evitar lo que está ocurriendo en la adjudicación de muchas
obras civiles de las distintas administraciones públicas y las
bajas que superen el presupuesto de contrato. Porque se están
adjudicando obras con bajas verdaderamente temerarias. Después
se entra en la corruptela de los continuos reformados de las
obras,
reformados que a veces superan el cien por cien de la propia
obra de adjudicación. Esto es una desviación impresentable. Un
Estado que se llama democrático y transparente tiene que
reducir, como se dice aquí, a sus justos límites de aplicación
los contratos de adjudicación directa. Todo esto está dando
origen a uno de los grandes principios de la corruptela y, por
tanto, de la
corrupción administrativa, porque es donde se producen las
grandes cantidades, y para esto nosotros tenemos que adoptar
unos criterios que se reflejen en las leyes y en el control de
auditorías.
Finalmente, en el aspecto dedicado a las universidades, y como
aquí recientemente habíamos tenido ocasión de debatir una
propuesta que había traído el Grupo Popular sobre la
financiación de las universidades públicas, yo creo que hay
que hacer llegar al Consejo de Universidades, y a todas y cada
una de las
universidades públicas españolas, los defectos que tiene la
rendición de cuentas que presentan. Es verdaderamente difícil
saber, por un análisis de la cuenta de una universidad, si los
déficit tienen que ser cubiertos con mayor aportación del
presupuesto oficial del Estado de la comunidad autónoma
correspondiente o por vía de tasas o de otro principio de
generación de ingresos para las universidades. Creemos que son
dichas universidades
las que deberían empezar por dar un ejemplo de transparencia
en su cuenta.
Visto el análisis que se ha hecho por el Tribunal
correspondiente, nuestro voto va a ser favorable a dicha
Cuenta General para 1989.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, ya en su momento --me refiero a marzo de 1993-- se
produjeron los debates correspondientes, salvo en esta sesión
de Pleno, sobre las cuentas del Estado de 1989. Entonces se
reflejaron, en los distintos trámites, toda una serie de
puntos importantes, como gasto público respecto al PIB,
ingresos públicos, el riesgo de irregularidades que comportan
en la práctica los contratos adjudicados directamente, los
criterios excesivamente genéricos y carentes de precisión
respecto a las subvenciones, las graves deficiencias de
control sobre los fondos depositados fuera de España, por
ejemplo, para la adquisición de material militar en el
extranjero, y el claro --repito-- suspenso a la Seguridad
Social, fundamentado básicamente en las
deficiencias apreciadas en los balances de situación.
El pasado día 2 de este mes de diciembre finalizábamos de
nuevo los trámites parlamentarios en espera del debate de hoy,
y mi intervención en la Comisión de dicho día 2 comenzó como
sigue: «Nuestro Grupo no cree que el informe del Tribunal de
Cuentas contenga irregularidades u oculte datos de
información, y por ello vamos a votar favorablemente.» Lo
repito ahora: Nuestro voto va a ser favorable al informe y
declaración definitiva del Tribunal de Cuentas referidas a las
cuentas generales del Estado de 1989, así como --y esto viene
también a raíz de la propia Comisión-- a las propuestas de
resolución que fueron planteadas y nuestro voto va a ser
favorable no sólo por todo lo expuesto, sino también por estar
de acuerdo con el propio Ministerio Fiscal cuando dice
textualmente que la estructura de la cuenta es correcta y su
contenido conforme con la documentación en que se basa. Claro
está que, hecha esta aclaración, queda por hablar de
anomalías, disfunciones, errores, aplicaciones indebidas,
etcétera, pero ya sobre las cuentas que presenta el Estado, no
sobre el propio informe, que ya las recoge. He aquí algunas,
aunque sean repetitivas: incremento en el gasto presupuestario
del Estado; desviaciones importantes sobre los créditos
iniciales; carencias significativas de los sistemas de
presupuestación, unidas a los defectos de su aplicación
práctica; criterios ambiguos en la concesión de subvenciones;
saldos de tesorería en divisas fuera del Banco de España sin
existir justificación; necesidad de reducir los contratos
adjudicados directamente, y, repito, como anteriormente se
hizo en el mes de marzo, la clamorosa calificación negativa de
las cuentas de la Seguridad Social. Es, yo diría, señor
Presidente, señoras y señores Diputados, una pequeña muestra
de serios incumplimientos, pero todavía hay más.
Las anomalías que se vienen repitiendo con exactitud durante
años renacen todas o casi todas con la misma espontaneidad de
entonces. Aparte de una leve mejora en la demora en la
presentación de las cuentas --y es cierto--, en las demás
situaciones anómalas detectadas no se observa mejoría. Se
mantiene, por ejemplo, la clásica cuestión de falta de
concordancia entre entidades pagadoras y perceptoras, se
resalta también la falta de acuerdo entre los diferentes
organismos en lo que se refiere a la aplicación del principio
de caja y devengo, y deberían modificarse las cuentas de
resultados, a la baja, tanto en la Administración general como
en los organismos autónomos, es decir, pasando de superávit a
déficit.
En su conjunto, y como simple muestra, creo que es altamente
significativo y que me permite hacer por mi parte las
siguientes puntualizaciones: primera, es imprescindible
avanzar en una mayor transparencia de las cuentas generales
del Estado; segunda, es imprescindible también un mayor
cumplimiento de la normativa; y tercera reflexión por mi
parte, también estamos de acuerdo en que ha llegado el momento
en que se remita un nuevo proyecto de legislación
presupuestaria que regule adecuadamente la actuación
administrativa en la elaboración de los Presupuestos y en la
ejecución del gasto, porque, si no, señoras y señores
Diputados --y me acojo de nuevo al propio Ministerio Fiscal--,
podríamos pensar que las declaraciones definitivas de las
cuentas generales pueden llegar a tener la apariencia de un
fácil trabajo de plagio o repetición o llegar incluso a la
conclusión más penosa todavía de que no hay esperanza de que
sean unas cuentas completas, correctas y exactas.
En resumen, a nuestro Grupo le preocupa no tanto la veracidad
del informe del Tribunal de Cuentas, sino el cumplimiento por
parte del Estado de las mejoras que el propio informe detecta.
Nuestra posición es clara, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, si en vez de una votación sobre el informe del
Tribunal de Cuentas, lo hiciéramos de una forma muy cerrada
exclusivamente sobre el propio Estado en cuanto a las cuentas
generales y a su rectitud presupuestaria, quizás --repito
quizás-- cambiaríamos el sentido de nuestro voto.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor González Blázquez.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías, el
artículo 136 de la Constitución indica claramente, con
respecto al Tribunal de Cuentas, que dependerá directamente de
las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación
de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del
Estado. Pues bien, en el caso que nos ocupa, la Cuenta de
1989, parece como si no hubiera sido así, señor Presidente y
señorías, por lo que voy a intentar explicar.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya ha repasado el informe anual sobre la gestión
económica del sector público en 1989, y desde la página 153 a
la página 182 se analiza la gestión económica de las
sociedades estatales y entes de derecho público, entre las
que, por poner un ejemplo, se incluye Renfe. No obstante,
señorías, no aparece ninguna mención a la fiscalización
especial, aprobada por la Comisión Mixta en abril de 1990,
sobre aspectos importantes de las cuentas de Renfe de dicho
año 1989.
A mí me preocupa, sinceramente, señorías, señor Presidente,
que ninguno de los grupos políticos haya caído en esta
situación. Habiendo conocido, además, mi Grupo Parlamentario
la existencia de actuaciones de funcionarios del Tribunal de
Cuentas en las dependencias de Renfe durante los años 1990,
1991 y 1992, realizamos, en su día, una serie de preguntas al
Presidente del Tribunal de Cuentas para salir de la duda y
actuar con todo rigor, no fuera a ser que también en esto
resultásemos un poco visionarios. Nada se nos ha contestado;
nada se nos ha dicho sobre el informe, que debe haberse
perdido, de dicha
fiscalización, y existe, señorías, mientras no se nos
demuestre lo contrario. Parece ser, por otra parte, que no
somos los únicos que hemos tenido acceso a ese conocimiento.
Un diario de este país publicaba, el 28 de abril de 1993, un
amplio resumen del contenido de la fiscalización a que he
aludido.
Pues bien, señorías, con todos estos datos se nos presentan
hoy a aprobación las Cuentas Generales del Estado de 1989.
Así, sin más, con las dudas de qué puede haber pasado con el
informe de la fiscalización de Renfe. ¿Creen, señorías, señor
Presidente, que en esta situación no tenemos suficientes o,
por lo menos, algunos elementos para estimar que se pueden
estar hurtando a estas Cortes Generales datos importantes
sobre las cuentas de 1989? ¿Por qué, si ha ocurrido con la
fiscalización de Renfe, no puede ocurrir con otras?
En estos momentos, repito, y ante la falta de contestación por
parte del Presidente del Tribunal a las preguntas realizadas,
ningún grupo parlamentario que desee un auténtico control
puede aprobar esta cuenta sin conocer cuáles han sido las
actuaciones y los resultados de la fiscalización de Renfe,
terminadas no ayer, según nuestras noticias, sino hace dos
años. La existencia de un caso como el de Renfe, insisto, pone
en cues-tión todo el informe, al no existir garantías de que
esta situación sea única.
Si aprobáramos las cuentas a ciegas podríamos dar pábulo, y no
queremos, a quien opina que no hacemos funcionar los
mecanismos de control que pongan de manifiesto cómo se
gestionan los fondos públicos; podríamos hacer creíbles, y
tampoco lo queremos, las opiniones de quienes señalan que las
actitudes de los grupos mayoritarios en el reparto del poder
en las instituciones de relevancia constitucional pudieran
servir para hurtar al
Parlamento en la práctica, vía pactos encubiertos,
competencias directas esenciales, como es la del control de la
gestión económica del Gobierno.
El que parezca que se oculta a los ciudadanos el uso que se
hace de su dinero no es propio de ningún régimen democrático.
La Cuenta de 1989, aunque tenga muchas páginas, con la
ausencia de la fiscalización especial de Renfe pone de
manifiesto que podría existir un déficit de control
parlamentario no sólo de la gestión del Gobierno, sino de la
del Tribunal de Cuentas. ¿Quién controla entonces al Tribunal
de Cuentas? Desde luego, nosotros ni queremos ni podemos.
Creemos que debe ser un órgano
independiente; la respuesta la pueden tener otros.
Por tanto, no aprobemos hoy, señorías, las cuentas de 1989
para que no exista ninguna duda, para hacer más creíbles
nuestras instituciones. Esperemos que el Presidente del
Tribunal de Cuentas aclare estas interrogantes y, si es
necesario, que comparezca ante la Comisión Mixta el Presidente
de la sección de fiscalización, así como también, si resulta
igualmente necesario, el responsable de la fiscalización
referida anteriormente. Dejemos en suspenso la aprobación
hasta que todo se aclare. Si existiere algún tipo de informe o
actuación no comunicada al Parlamento, como nosotros hemos
detectado, creemos una comisión de investigación que aclare y
depure las responsabilidades a que hubiere lugar.
Mi Grupo, como creo que debería ser el objetivo de todos,
quiere compartir esa aprobación, pero desde la
responsabilidad, desde el rigor, desde la seguridad de que
nada se puede ocultar ni escapar al control del Parlamento.
En cuanto a las propuestas de resolución, evidentemente, como
son obvias, nuestro Grupo las va a aprobar, pero en ningún
caso el dictamen y el informe de las cuentas generales de
1989.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Vamos a proceder a las votaciones.
Votación relativa al dictamen del informe anual del Tribunal
de Cuentas referido al ejercicio de 1989 y declaración
definitiva de la Cuenta General del Estado de 1989.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 157; en contra, 127; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Se levanta la sesión.
Eran las diez y treinta minutos de la mañana.