Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 504, de 31/05/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 504
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTA: DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES
Sesión núm. 21
celebrada el miércoles, 31 de mayo de 1995
ORDEN DEL DIA:
Propuesta de prórroga para los trabajos de la Ponencia sobre el Síndrome
del Aceite Tóxico. (Número de expediente 154/000011). (Página 15314)
Comparecencias:
--De la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán), para
informar sobre la coordinación que lleva a cabo su Ministerio de los
diferentes calendarios y programas de vacunación de las distintas
Comunidades Autónomas. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 213/000523). (Página 15314)
--Del señor Secretario del Plan Nacional sobre el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA (Parra Vázquez), para informar sobre
las campañas de pantallas interactivas de información del SIDA en centros
docentes. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/001419). (Página 15322)
--De la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán), para
explicar los pasos que ha dado dicho Ministerio para hacer efectivo el
compromiso de conceder la gratuidad farmacéutica a los enfermos
infectados con el virus del síndrome de Inmunodeficiencia adquirida
(SIDA). A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
213/000582.) Esta comparecencia ha sido cumplimentada por el Secretario
del Plan Nacional sobre el SIDA, por acuerdo de la Mesa de la Comisión de
fecha 26 de abril de 1995. (Página 15329)
--De la señora Directora General de Farmacia y Productos Sanitarios
(González Cancedo), para informar sobre los indicadores de calidad de la
prescripción farmacológica. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 212/001420). (Página 15334)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
--PROPUESTA DE PRORROGA PARA LOS TRABAJOS DE LA PONENCIA SOBRE EL
SINDROME DEL ACEITE TOXICO. (Número de expediente 154/000011.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la
sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo con el orden del día que SS.
SS. tienen. El primer punto es la propuesta de prórroga para los trabajos
de la Ponencia sobre el síndrome del aceite tóxico. Los trabajos están
bastante bien pero, como SS. SS. saben, necesitaríamos una nueva
prórroga, por tres meses o hasta finalizar los trabajos, y la propuesta
de la Mesa es plantearlo a SS. SS. por asentimiento. ¿Se aprueba la
prórroga? (Asentimiento.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
COMPARECENCIAS:
--DE LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (AMADOR MILLAN) PARA QUE INFORME
SOBRE LA COORDINACION QUE LLEVA A CABO SU MINISTERIO DE LOS DIFERENTES
CALENDARIOS Y PROGRAMAS DE VACUNACION DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES
AUTONOMAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 213/000523.)
La señora PRESIDENTA: Entramos en el segundo punto del orden del día,
celebración de comparecencias. La primera es la comparecencia de la
señora Ministra de Sanidad y Consumo para que informe sobre la
coordinación que lleva a cabo su Ministerio de los diferentes calendarios
y programas de vacunación en las distintas comunidades autónomas. Esta
solicitud de comparecencia fue propuesta por el Grupo Parlamentario
Popular, y para ello se encuentra entre nosotros la señora Ministra de
Sanidad y Consumo a quien damos la bienvenida a la Comisión.
¿Desea el Grupo Popular iniciar el turno de intervenciones? (Pausa.) La
señora Fernández tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Preferimos que intervenga primero la
señora Ministra, por favor.
La señora PRESIDENTA: La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señorías, comparezco ante SS. SS., efectivamente, para informar sobre la
coordinación que el Ministerio de Sanidad y Consumo lleva a cabo de los
diferentes calendarios vacunales, y antes, si me lo permiten SS. SS., me
gustaría dar un repaso breve a la cronología acerca de cuáles son los
antecedentes del calendario de vacunación, porque es bueno saber de dónde
partimos para valorar adecuadamente el punto en el que estamos.
El primer calendario español se estableció en el año 1964, contemplaba la
vacunación gratuita de todos los niños frente a la viruela, la
poliomielitis, la difteria, el tétanos y la tos ferina. En 1974 la
Asamblea Mundial de la Salud estableció el programa ampliado de
vacunaciones dirigido a programar la vacunación de todos los niños contra
las enfermedades que podían ser prevenidas por este medio y que en esos
años significaban una importantísima causa de mortalidad y de morbilidad
infantil. España se adhirió a este programa, igual que la mayoría de los
países de nuestro entorno, incluyendo en el calendario, además, las
vacunas contra el sarampión y la rubeola. Dado que la viruela se declaró
por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad extinguida y
se sustituyó la vacuna antisarampión a los nueve meses de edad por la
triple vírica a los quince meses, el Ministerio de Sanidad en 1981
elaboró un nuevo calendario de vacunaciones, de acuerdo con las
directrices marcadas por la Organización, suprimiendo la vacuna
antivariólica.
Como SS. SS. conocen, la Constitución prevé que todas las comunidades
autónomas tienen asumidas estatutariamente competencias en materia de
sanidad e higiene. Al Estado le corresponde la competencia de establecer
las bases y la coordinación sanitaria en general, y ello conforme dispone
el artículo 149.1.16. El Estado puede efectuar una ordenación de la
actuación en materia sanitaria en aquellos supuestos en los que se
considera conveniente fijar un mínimo común obligado que unifique el
contenido de la actuación pública en esta materia para todo el territorio
nacional. Unicamente en el caso de una situación epidemiológica en
relación a la evolución de su morbilidad y atendiendo al carácter de una
actuación contrastadamente eficaz, que se consideraría básica, el Estado
podría intervenir adoptando medidas en el conjunto del territorio
nacional. El Estado, en virtud de la competencia de coordinación general
de la sanidad, puede establecer medidas que homogeinicen aspectos
técnicos en materia de vacunación, pero hay que tener en cuenta que las
decisiones que se adopten desde el Estado no son vinculantes, su
seguimiento queda condicionado a la responsabilidad de la administración
competente, que en esta materia es la comunidad autónoma.
De acuerdo con los reales decretos de transferencia corresponde a las
comunidades autónomas el estudio, vigilancia y análisis epidemiológico de
aquellos procesos que incidan positiva o negativamente en la salud, así
como el establecimiento de programas sanitarios dirigidos a la protección
y promoción de la salud, ámbito en el que se encuadra la competencia para
establecer los calendarios de vacunación propios. Las comunidades
autónomas han venido manteniendo el calendario recomendado por el
Ministerio de Sanidad desde 1981, si bien, con posterioridad, han ido
introduciendo modificaciones al mismo, por ejemplo, las primeras dosis de
vacunación y las de recuerdo. En la actualidad hablamos de vacuna
recomendada y no de vacuna obligatoria como una de las características
más importantes por cuanto la inclusión de una vacuna en el calendario
significa que la autoridad sanitaria, en primer lugar, recomienda la
vacunación sistemática de la población con esa vacuna, en segundo lugar,
recomienda el número de dosis y la edad de aplicación de la misma y, por
último, asume el coste de la vacuna y su administración y, por tanto, es
gratuita para el usuario. Sólo en el caso de epidemias se puede hablar de
obligatoriedad en la vacunación. La recomendación es general y permite
contemplar las situaciones de carácter excepcional como las
contraindicaciones específicas que puedan darse en determinados casos.
Conviene destacar que las diferencias que existen entre algunos
calendarios de vacunación de las comunidades autónomas no influyen en
ningún caso en el estado de inmunización de los niños y ello por dos
razones: en primer lugar, porque todas las vacunas que se utilizan en las
comunidades autónomas son idénticas, autorizadas por la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios y suministradas por fabricantes
españoles; en segundo lugar, porque todos los niños reciben antes de
cumplir los dos años de edad y tienen aseguradas las vacunas básicas para
la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la tosferina, el sarampión, la
rubéola, la parotiditis, en cumplimiento de la recomendación de la
Organización Mundial de la Salud. No obstante, y a pesar de que las
modificaciones introducidas en algunos calendarios no sean relevantes, sí
pueden ser en algunos casos causa de confusión para aquellos usuarios que
se trasladan de una comunidad autónoma a otra.
Por ello, y en beneficio de los usuarios, el Ministerio de Sanidad y
Consumo viene coordinando desde hace tiempo los programas de vacunación y
mantiene de un modo constante la información sobre los mismos. Tenemos
que remontarnos al año 1986 para recordar que ya entonces, a través de la
Dirección General de Salud Pública, se iniciaron una serie de programas
de coordinación para sentar las bases de los respectivos programas de
vacunación de las comunidades autónomas. Las relaciones con las
autoridades sanitarias de las comunidades autónomas están dirigidas
principalmente al establecimiento de un calendario vacunal uniforme,
salvo para aquellas situaciones excepcionales debidas a razones
epidemiológicas concretas.
El Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas cuentan
con cauces de comunicación establecidos como el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, que proporciona el foro de debate e
información entre los distintos servicios de salud y la Administración
estatal, coordinando las líneas básicas en materia de vacunación, y, así,
el Consejo Interterritorial ha venido realizando actuaciones en relación
con el establecimiento de un programa de vacunaciones que han sido
plasmadas en una serie de conclusiones coordinadas entre el Ministerio y
las comunidades autónomas. Ya en 1988 el Pleno del Consejo acordó la
creación de la Comisión permanente de seguimiento de programas de salud,
encargada de estudiar y evaluar las diferentes propuestas del programa de
vacunaciones y las diferentes cuestiones relacionadas con el mismo. En el
Pleno del Consejo de diciembre de 1991 se aprobó la constitución de la
Ponencia del programa y registro de vacunaciones cuya misión sería
estudiar los aspectos referentes a los programas de vacunación. En la
reunión del Pleno del Consejo del mes de diciembre de 1992 se constituyó
la Comisión de Salud Pública, integrada por los directores generales
responsables tanto del Ministerio de Sanidad y Consumo como de las
comunidades autónomas, de la que pasó a depender la Ponencia de programa
y registro de vacunaciones. Es importante destacar que los acuerdos
trascendentes adoptados en el Consejo Interterritorial como la vacunación
antipoliomelitis con vacuna trivalente, el establecimiento de los
contenidos mínimos del documento vacunal, las normas para su utilización,
son todos acuerdos, como digo, alcanzados en el seno del Consejo, además
de la elaboración de normas para el control de la cadena del frío en el
transporte y almacenamiento de vacunas, el establecimiento de registros
nominales de vacunados, contenidos mínimos de los mismos o la adopción de
recomendaciones para la vacunación de adultos, así como también los
requisitos mínimos para los estudios seroepidemiológicos de enfermedades
prevenibles por vacunación, la definición de grupos de riesgo frente a la
hepatitis B y la gripe, la determinación de datos
mínimos de cobertura vacunal que las comunidades autónomas deben
proporcionar al Ministerio, entre otras decisiones.
También, dentro de las estructuras específicas creadas en el ámbito del
Consejo Interterritorial, se están estudiando y coordinando entre otros
temas la evaluación de la cobertura vacunal obtenida anualmente, así como
los procedimientos mínimos de adquisición de vacunas y la información
general acerca de nuevas vacunas. La comisión de salud Pública del
Consejo Interterritorial celebró el 16 de marzo del corriente año una
reunión monográfica sobre calendarios vacunales, cuyas conclusiones y
acuerdos alcanzados estaban relacionados con el objetivo de conseguir un
calendario vacunal único. Entre esas conclusiones, que fueron refrendadas
por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
que se celebró el pasado 3 de abril, estaba la de encomendar a la
Dirección General de Salud Pública del Ministerio que estudiase y
efectuase una propuesta de calendario vacunal único para todo el
territorio nacional, con el carácter de recomendado, en el que se
integrarán las diferencias mínimas existentes entre todas las comunidades
autónomas mediante un sistema de bandas o intervalos de tiempo en los que
se recomiendan las vacunas y, en todo caso, respetando el ámbito
competencial de cada administración sanitaria como no puede ser de otra
manera.
En la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial celebrada el
día 9 de mayo del corriente año, la Dirección General de Salud Pública
dio cumplimiento a ese mandato y planteó una propuesta de presentación
única para toda España del calendario de vacunaciones recomendado. La
propuesta fue aceptada unánimemente por los directores generales de Salud
Pública de las comunidades autónomas y está pendiente de que sea adoptada
definitivamente en el próximo pleno del mes de junio del Consejo
Interterritorial. La aceptación de este calendario recomendado
introduciría modificaciones en los calendarios de vacunación existentes
en algunas comunidades autónomas. De aprobarse esta propuesta, sería de
aplicación a partir del inicio del año 1996.
Como he dicho ya, señorías, la competencia para establecer el calendario
vacunal en su ámbito geográfico le corresponde a cada comunidad autónoma.
Por esta razón, los esfuerzos efectuados desde el Ministerio de Sanidad y
Consumo han ido encaminados a conseguir la eficaz coordinación de los
mismos. Conseguirlo, y en los términos expresados, dependerá no sólo del
Ministerio, que ya ha manifestado su voluntad, sino también de la de las
comunidades autónomas. Tengo constancia de que la voluntad de las
comunidades autónomas también es la de actuar en esa dirección común y,
por tanto, estoy segura de que vamos a alcanzar ese objetivo, en el que
estamos todos interesados.
El calendario recomendado al que vengo refiriéndome se recoge en este
gráfico. Si SS. SS. están interesados, con mucho gusto se lo
distribuiremos.
Muchas gracias, señora Presidenta. Estoy a su disposición para las
aclaraciones que estimen oportunas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Además del Grupo solicitante de la comparecencia, ¿desean intervenir
otros grupos? (Pausa.)
Por el grupo solicitante de la comparecencia, el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora Ministra, por el
repaso histórico ilustrativo de la situación del calendario vacunal en
España y por recoger una inquietud que mi Grupo Parlamentario le ha
planteado en esta legislatura, también en una comparecencia en esta
Cámara, y que muchos españoles comparten porque la realidad es que España
todavía tiene graves deficiencias, estructurales, no científicas, en
cuanto a calendarios vacunales. No discuto en absoluto la eficacia de los
calendarios existentes, pero los fines de un calendario vacunal, como es
el de establecer un orden cronológico para la administración de
diferentes vacunas, tendentes a conseguir una inmunidad adecuada frente a
las enfermedades para las que existen vacunas en España, no cumplen
plenamente su objetivo, que sería asegurar que los niños sean
completamente inmunizados, puesto que existe esa descoordinación --ahora
le hablaré de algunas cuestiones que se suscitan en el territorio
nacional-- y estas enfermedades, que pueden perfectamente ser prevenidas
y que podrían soslayarse con el uso de cualquier calendario vacunal de
una forma única, se pueden complicar si un español se mueve libremente,
como prevé la Constitución, por territorio nacional. A este efecto hemos
de señalar que hay unos factores que influyen a la hora de elaborar un
calendario vacunal, como el riesgo de contraer una determinada enfermedad
en cada zona, caso que no sucede en España, en una edad más o menos
temprana, el riesgo de complicaciones según la edad y efectos secundarios
asociados o bien a la vacuna o bien a la enfermedad. Otro de los factores
que influyen sería la capacidad de respuesta inmunitaria, que
naturalmente es más baja en el recién nacido y que aproximadamente a
partir del año es más parecida a la del adulto, y una posibilidad de
interferencia de los antígenos maternos, sobre todo a partir de la 16
semana del embarazo, donde se produce un paso de la IGG materna a través
de la placenta, que supone también un bagaje de aportación de antígenos
maternos al feto.
¿Cómo debe hacerse un calendario vacunal teniendo en cuenta todos estos
factores? Pues, con dos puntos básicos que, en general, casi todos los
calendarios vacunales existentes en España recogen, que son la
inmunización básica y el mantenimiento de la inmunidad. Pero en España,
en este período en el que estamos viendo qué se va a hacer y qué no se va
a hacer, ¿qué está sucediendo? Pues que existen múltiples diferencias en
los calendarios de vacunación en las diversas comunidades autónomas, que
efectivamente no pueden estar justificadas por la situación
epidemiológica de cada comunidad autónoma, puesto que ésta es muy
semejante en todas las comunidades.
Como usted ha recordado, señora Ministra, y yo no quiero dejar de
señalarlo, que las comunidades autónomas asumen estas competencias según
el artículo 48, puntos 1 y 21, y el artículo 149, puntos 1 y 16, de la
Constitución. El
Ministerio --al margen de ese recuerdo histórico tan antiguo que la
señora Ministra ha recogido-- en el año 1979 tenía un calendario oficial,
que fue el último para toda España hasta 1981, excepto para Ceuta y
Melilla, y hemos visto que, al nacer las comunidades autónomas, hasta el
86 no se inició la coordinación del Ministerio y de las diferentes
comunidades. Una coordinación, señora Ministra, que el Ministerio dice
que hace pero que, según esta Diputada, deja mucho que desear desde el
momento en que desde el Ministerio se contesta a mi petición de
información sobre alguna coordinación de vacunas en comunidades autónomas
que no es asunto del Ministerio. De modo que esa coordinación, para mí,
deja mucho que desear cuando se me dice que el Ministerio no tiene nada
que ver en esto. Es cierto que el Ministerio de Sanidad no tiene
competencia legislativa, sólo de recomendación, pero ¿por eso contesta
así a las preguntas parlamentarias en las que solicitamos esa
información? No lo entiendo.
Desde luego, en el mundo científico existe un gran consenso, según el
cual actualmente no existe una justificación epidemiológica para que una
comunidad autónoma posea un calendario distinto al de otra --esto lo ha
reconocido el propio Ministerio, como muy bien ha dicho la señora
Ministra-- y los cambios que se producen en los diferentes calendarios
son, en muchas ocasiones, más bien cambios formales y, como también ha
reconocido el Ministerio, rápidos, incoordinados, que a veces pueden
originar algún peligro epidemiológico en alguna zona y que, sobre todo,
elevan considerablemente el costo sanitario.
En cuanto al usuario, existe una falta de control a la hora de los
registros que tiene graves deficiencias. Hay una falta de uniformidad a
la hora de la adquisición de las vacunas por parte de los usuarios
--tenemos la vacuna libre, con receta o con receta especial--, y la
política vacunal deja también mucho que desear en este aspecto. No
existen completos estudios económicos que nos den una verdadera visión
del coste del proceso, que desde luego es muy interesante para un
Ministerio que mira tanto el coste en su actuación, como debe ser. No
obstante, España es la que se relaciona con la Organización Mundial de la
Salud, a través del Ministerio. Es algo que hay que dejar muy claro. Por
todo ello, sería deseable, como sugiere el mundo científico español e
internacional, que se uniformase un calendario para todo el territorio
español, en el que se recogieran claramente las relaciones
coste-beneficio, que serían saneadas. Al fin y al cabo, no podemos
olvidar que la relación es de España con la Organización Mundial de la
Salud y podrían derivarse, como en este momento estamos viendo, una serie
de errores de un calendario que solamente fuese aplicado en algunas
comunidades autónomas y no en otras. Por mi deformación profesional de
tipo didáctico, le voy a exponer un supuesto práctico que se puede dar en
este momento en España. Supongamos el hijo de un fotógrafo, un reportero
gráfico, un viajante de comercio que tiene que viajar por el territorio
nacional, un niño que nace en Santander y no se le pone la vacuna contra
la hepatitis B, a las diez semanas de vida va a Bilbao, donde permanece
durante un mes, no recibe la DTP y la polio; desde las 14 a las 18
semanas se va a Cantabria y regresa al País Vasco. A esa edad pierde otra
dosis de DTP y de polio; y cuando tiene cinco meses y medio se traslada a
Navarra y vuelve a Bilbao a los seis meses y medio y pierde otra dosis de
DTP y de polio; a los once meses cambia a Madrid y permanece durante tres
meses, y pierde otra vez la dosis de triple vírica; y cuando el niño está
a punto de cumplir los seis años de vida, sus padres vuelven a Santander,
desde los once meses hasta los seis años, y pierde una dosis de difteria;
a los diez años y medio se trasladan otra vez a Madrid, cuatro años
después, y pierde la triple vírica otra vez; y retornan definitivamente a
los catorce años al País Vasco, cuatro años después, y pierde el tétano y
la polio.
Después de este periplo, que es difícil pero es real, porque estamos
hablando de períodos de tres, cuatro años...
La señor PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, le ruego que vaya
concluyendo.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Concluyo, señora Presidenta. El niño
ya acaba el viaje, porque esto es, como todo, pesado y penoso. El niño a
los catorce años vuelve al País Vasco y tendría puestas cinco dosis de
vacuna sobre un total de 31. Desde luego, es un supuesto práctico pero no
descartable, y en todo momento se han seguido los calendarios oficiales
de las diferentes comunidades autónomas, esos que coordina el Ministerio
de Sanidad, que tienen las transferencias hechas.
La Asociación Europea de Pediatría clama por esta unificación a nivel
europeo, estamos en la Unión Europea, y a nivel español sabemos que la
Asociación Española de Pediatría, a partir de octubre de 1994, también ha
hablado de la necesidad de la ampliación de ese calendario, no solamente
de unificarlo, sino también de la ampliación de algunas vacunas. El
Consejo Interterritorial, el 3 de abril, habló de la necesidad de un mapa
común y todos estuvieron de acuerdo, incluidos los representantes de
Cataluña. El día 8 de mayo, también los directores generales de las
consejerías, reunidos con el Director General de Salud Pública, pensaron
en la necesidad de elaborar un calendario que debería contemplar también
la ampliación de la vacuna de la hepatitis B, que todavía no está en
algunas comunidades autónomas. En algunas también se habla de la
necesidad, más o menos, según qué comunidades, de aceptar o no la
incorporación de la «haemophylus influenzae» tipo B que afecta a niños
menores de cinco años, con una incidencia entre dos meses y tres años,
sobre todo entre los seis y los dieciocho meses. Incluso, el Grupo
Parlamentario Socialista en la Comunidad de Galicia lo ha pedido mediante
una proposición no de ley. Más tarde o más temprano el «haemophylus» va a
tener que imponerse por recomendación de la Organización Mundial de la
Salud, porque así lo aconseja, y también la Asociación Europea de
Pediatría.
Se dice muchas veces que no tiene una gran influencia esta vacuna, pero
si nos damos cuenta, no es que no tenga una gran influencia, sino que
administrativamente, como no está reconocida como una EDO, no se recoge
la incidencia en cuadros no solamente de meningitis sino respiratorios
graves, como la neumonía o la epiglotitis. Por eso no se puede decir que
haya una baja influencia, es que no está reconocida como EDO y no se
recoge su incidencia.
En el ámbito nacional, y volviendo a ese gran marco que tenemos a nuestro
servicio, afortunadamente, que es la Constitución, el artículo 149. en su
punto 16 recuerda que es el Estado quien tiene competencias exclusivas
sobre base y coordinación general de la sanidad, y en el punto 1 muy
claramente recoge que las condiciones básicas que garanticen la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes es igual para todos los españoles, con lo
cual debería ser igual en todas las comunidades autónomas.
Por eso, señora Ministra, nuestro Grupo Parlamentario hoy va a presentar
ante la Cámara una proposición de ley sobre esta unificación del
calendario vacunal, y además, porque vemos su predisposición benévola a
que esto se lleve a cabo, como no era menos de esperar su preparación.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: En el día de hoy volvemos a debatir
nuevamente un tema que recientemente ha sido también objeto de análisis y
discusión parlamentaria en esta Cámara.
Yo creo que ha quedado suficientemente claro en la exposición inicial de
la Ministra de quién es la responsabilidad política en esta cuestión,
porque cuando se está hablando de coordinación, la coordinación es una
herramienta de un deber recíproco, mutuo. Es decir, la coordinación no
solamente corresponde al Ministerio de Sanidad, sino que, en definitiva,
es un instrumento interadministrativo en el que ha de haber una
reciprocidad entre ambas partes. Por tanto, es una manera esencial de
colaboración en un Estado que no es unitario, porque se está hablando
mucho en esta Cámara de unidad, cuando España no es un Estado unitario,
es un Estado compuesto, descentralizado, es un Estado de naturaleza
distinta al federal, pero con un poder político compuesto y en el que
cada poder político, el central o el autonómico, tienen sus
responsabilidades políticas. En consecuencia, es necesario deslindar en
qué situación política nos encontramos. Por lo tanto, cuando se decía que
es de la competencia de las comunidades autónomas, pues así es, y la
responsabilidad política habrá que exigirla a quien es competente por
razón de la materia.
A nosotros nos llama la atención que se invoquen determinados preceptos
constitucionales que nada tienen que ver con tal cuestión, porque el
149.1 y 16 son relativos al ejercicio de competencias legislativas
básicas. Aquí no estamos hablando de competencias legislativas básicas,
sino de una mera cuestión de ejecución y de gestión de los servicios
sanitarios. Hay que deslindar. Y menos el 141.1. Recientemente el
catedrático señor Pérez Royo, en el tema de la retribución de los
médicos, hacía un análisis perfecto de cómo está configurado el poder
político sanitario en España. En consecuencia, cada uno tiene sus
responsabilidades políticas en sus esferas competenciales, de conformidad
con el bloque de la constitucionalidad, Constitución y Estatutos de
Autonomía. En ese sentido, además, la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional es exhaustiva, viene diciendo que cada poder político, en
función de sus competencias, puede desarrollar sus propias políticas, sin
perjuicio de que haya una colaboración y coordinación en un Estado
compuesto como el español. Por tanto, cuando se dice que existe un Estado
compuesto, en definitiva se supone que uno puede realizar sus propias
políticas medioambientales, sus propias políticas sanitarias, sus propias
políticas educativas. Eso es esencial. Esa es la diferencia y
características que el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia
recogió. No tiene que haber una uniformidad en la competencia, entonces
no habría un Estado compuesto sino un único Estado.
Nos llama la atención, e incluso nos dan un poco de temor, determinadas
consideraciones que se hacen sobre la unidad, la uniformidad, la absoluta
homogeneidad. La responsabilidad en este caso es compartida, en cuanto al
poder político y en cuanto a la gestión de lo que se llama el desarrollo
y la ejecución en materia de Sanidad, y por tanto, estamos de acuerdo con
el planteamiento que se ha adoptado en el Consejo Interterritorial de
Salud, donde se determina el absoluto respeto competencial --creo
recordar que en el acuerdo del 3 de abril de 1995-- sin perjuicio de que
se ha de tender hacia esa coordinación entre los poderes centrales
sanitarios y los poderes sanitarios autonómicos. En ese sentido, somos
partidarios de que tiene que existir un mínimo común denominador
sanitario, un mínimo común denominador de gestión, pero eso no impide que
sea en función de las diferencias o matices epidemiológicos que pueda
haber en cada comunidad Autónoma; por ejemplo, en el País Vasco se está
vacunando contra la tuberculosis porque los comités de expertos
consideran que existe un riesgo de contraer esa enfermedad y se vacuna, y
en otros sitios no se vacuna.
En definitiva, y con ello voy a concluir, señora Presidenta, vemos que
puede haber disfunciones, pero cada poder público es responsable política
y judicialmente de las competencias que el bloque de la
constitucionalidad, Estatutos de Autonomía y Constitución, le han
asignado. Lo que esta cámara puede hacer únicamente es establecer la
normativa básica, y aquí no estamos hablando de normativa básica sino de
una cuestión que es de gestión y ejecución de una política sanitaria.
Creo que es necesario deslindar políticamente la responsabilidad de cada
uno de los poderes públicos sanitarios, el central y el autonómico.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILLA: Señora Ministra, señoras y señores Diputados,
desde nuestro punto de vista está claro que hay dificultades importantes
en el sentido de unificar el calendario. En primer lugar, porque existen
diferencias epidemiológicas entre las diferentes comunidades autónomas, e
incluso pueden existir diferencias epidemiológicas
más localizadas aún, por tanto, eso es muy relativo, de ahí la dificultad
de unificar un calendario.
Nuestro criterio, al que no renunciaremos jamás, es que hay que respetar
las competencias de cada comunidad autónoma en esta materia. Se ha dicho
aquí que ésta es una competencia del Estado. ¿Es que se entiende que las
comunidades autónomas no son Estado, ya sean de un color o de otro? Las
comunidades autónomas son Estado y hay que respetar esas competencias,
aunque ello suponga una dificultad inherente para unificar un calendario,
pero ello no quiere decir que no podamos hacer otros viajes hipotéticos
que nos conduzcan a unas conclusiones más irreales de las que se hayan
podido llegar a producir.
Agradecemos a la señora Ministra la explicación que nos ha dado de la
reunión, tanto del Consejo de Salud Pública de 16 de marzo como del
propio Consejo Interterritorial de 3 de abril y 4 de mayo, puesto que,
desde nuestro punto de vista, respetando no sólo la Constitución sino
también los estatutos respectivos, posiblemente la mejor solución para un
calendario vacunal sea dar unos márgenes de tiempo en la aplicación de
las diferentes vacunas, al igual que ocurre en otros países, como por
ejemplo Estados Unidos, donde tampoco es uniforme. En cualquier caso,
entendemos que quizá la mejor solución sea la del calendario recomendado,
que parece ser que va a entrar en funcionamiento, y así lo esperamos, en
el año 1996, fruto del acuerdo, en el seno del Consejo Interterritorial,
entre el Ministerio y los respectivos consejeros de las comunidades
autónomas, calendario de bandas que incluye el mismo tipo de vacunas pero
que da un cierto margen en cuanto a las fechas, respetando las
competencias de las comunidades autónomas. Nosotros entendemos que,
dentro de un diálogo constructivo, este tema no tiene por qué presentar
dificultades, y menos hasta el extremo que han querido plantear algunos
intervinientes que me han precedido.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Gimeno Ortiz.
El señor GIMENO ORTIZ: Señora Ministra, después de su intervención, al
Grupo Parlamentario Socialista le resta poco que decir en este tema
puesto que no sólo compartimos las propuestas y resoluciones adoptadas en
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sino también
las reflexiones que usted ha realizado en su exposición, reflexiones que
coinciden con las manifestaciones que el Grupo Parlamentario Socialista
expresó el pasado 25 de abril como consecuencia de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular que instaba al Gobierno a que se
ampliara el tipo de vacuna dentro del calendario obligatorio de
vacunación de los niños españoles, incorporando a dicho calendario las
vacunas contra la hepatitis B y contra la meningitis. Las razones que
expusimos para oponernos a esa proposición no de ley se podrían resumir
en una serie de apartados. En primer lugar, una razón política
fundamental, como se ha expuesto aquí, que es la competencia de las
comunidades autónomas en este tema y, por tanto, la responsabilidad
administrativa, sanitaria y política; en segundo lugar, el carácter de
recomendación y no obligatoriedad de las vacunas, como mal se expresaba
en esa proposición no de ley, carácter de recomendación que entendíamos
que era poco apropiada para el establecimiento de una normativa de
carácter básico; en tercer lugar, por la aceptación, el prestigio y la
confianza que tienen los ciudadanos en los calendarios infantiles, lo que
supone que cuando se introduce sin previos estudios pilotos, estudios
seroepidemiológicos, etcétera, una vacuna que tenga poca incidencia,
puede llevar al desprestigio global de los calendarios. Igualmente,
decíamos que era confusa esa propuesta puesto que en ella se hablaba de
vacuna contra la meningitis y nosotros decíamos que la meningitis tiene
padre y madre, todo ello unido a criterios epidemiológicos. También es
cierto que dejábamos constancia del enorme esfuerzo realizado por el
Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Consejo Interterritorial, y
por tanto del Ministerio y del resto de las comunidades autónomas a
efectos de coordinación, e incluso hacíamos una enumeración de las
reuniones que habían tenido lugar a través de las distintas
subcomisiones, incluyendo la que usted ha citado, así cono la señora
Ministra, del pasado 3 de abril, que también se refería al «haemophylos»
tipo B y al intento de unificar en lo posible los calendarios vacunales.
En cualquier caso, desde mi punto de vista, lo que yo creo que en
realidad preocupa al ciudadano con respecto a los calendarios infantiles
es lo siguiente. En primer lugar, que sea ofertado a toda la población,
independientemente del lugar de residencia, es decir, que en cualquier
punto geográfico donde haya una pequeña agrupación urbana, por muy
alejado que esté de cualquier centro de salud, se tenga la garantía de
que la vacuna llega, que no haya una discriminación económica. Por eso no
entendía bien a lo que usted se refería cuando hablaba de recetas; las
recetas son para cuando no está incluido en el calendario vacunal
infantil, y los pediatras, en sus consultas particulares, no hacen caso
de esa recomendación de la Sociedad Española de Pediatría a la que usted
aludía, en la cual, aparte de imprimir el calendario, se dice que la
recomendación universal debe valorarse --se refiere al «haemophylus» tipo
B-- en base a la situación epidemiológica y/o introducción de vacunas
combinadas. Por tanto, no le dice a los pediatras que, sin conocer la
situación epidemiológica, pueden recetar en sus consultas privadas,
lógicamente a través de recetas, la vacuna frente al «haemophylus» B,
puesto que la vacuna es gratuita. En segundo lugar, incluye a todas las
vacunas existentes en el mercado internacional que protejan frente a
enfermedades que, por su morbilidad, mortalidad o complicaciones a que
pueda dar lugar, sean susceptibles de ello, vacunas que han de tener un
grado de protección importante, con ausencia de reacciones adversas, o al
menos que la diferencia entre el riesgo de una y otra sea considerable. A
la administración sanitaria le pedimos que ponga en marcha una estrategia
de información sanitaria de vacunación, de manera que alcance una
cobertura aproximada al cien por cien; recogida y tabulación adecuada de
datos, con estudios seroepidemiológicos y mantenimiento de cadena del
frío, de manera que garantice el poder inmunológico; e inclusión de todas
las vacunas que sean necesarias
para proteger a la población infantil y adulta con criterios
epidemiológicos y no economicistas.
Por tanto, yo creo que el hecho de que existan diferencias puntuales
entre los calendarios de vacunación de las distintas comunidades
autónomas en relación a edad, a algunos tipos de dosis, etcétera, carece
de importancia epidemiológica, carece de relieve sanitario y no preocupa
a los ciudadanos, siendo competencia de las comunidades autónomas. No
estamos de acuerdo en que, por estas diferencias puntuales, exista
peligro epidemiológico, como aquí se ha expuesto. Hay que tener en cuenta
--y yo agradezco que no se haya mencionado la agencia de viajes que ha
realizado el itinerario de Marco Polo que usted nos citaba-- que los
calendarios vacunales cuentan con un equipo sanitario (un médico y un
diplomado en enfermería) que impone sus criterios y que no es algo
mimético, sino que también hay calendarios de vacunación reducida,
etcétera.
Qué duda cabe que estas competencias de las comunidades autónomas pueden
obedecer a criterios objetivos, criterios de planificación adaptada al
medio. En cuanto a la incidencia epidemiológica que pueda haber, creo que
el ejemplo que ha puesto el portavoz del Partido Nacionalista Vasco con
relación a la tuberculosis es clarísimo, depende del grado de endemia;
por tanto, aunque éste sea un foro político y no de debate técnico,
puesto que aquí se están dando argumentos técnicos, hay que decir que
depende del número de meningitis tuberculosa, no de una decisión
política, depende de criterios epidemiológicos.
Desde mi punto de vista, al final salió lo que tenía que salir, señora
Ministra, que es la vacuna frente al «haemophylus» tipo B. En realidad,
si existe un acuerdo global y no puntual con relación al calendario
único, mejor que mejor, pero posiblemente, refiriéndome al «haemophylus»
tipo B, si no existiese mimetismo, nunca justificable en salud pública, y
si no existiesen presiones o intereses de muy diversa naturaleza, a lo
mejor no estaríamos solicitando la presencia de la señora Ministra en
esta Comisión de Sanidad y Consumo, sino que posiblemente se estarían
debatiendo otros temas sanitarios de mayor calado.
La señora PRESIDENTA: Para dar respuesta a las distintas intervenciones,
tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias a
todos los portavoces por sus intervenciones y sus aportaciones. Me
gustaría, a la vista de lo que aquí se ha dicho, hacer una reflexión
general, que he tratado de hacer en mi exposición inicial, pero que me
gustaría poner de manifiesto. Yo creo que el cuadro competencial es
determinante, la atribución de competencias en esta materia es
determinante y por eso he empezado por ese planteamiento. Además, aunque
sea tedioso, señora Fernández de Capel, yo creo que, a veces, para
entender de verdad cuál es la situación y valorar adecuadamente lo que se
ha hecho, hay que hacer ese repaso histórico, y me he remontado mucho
para no ceñirme exclusivamente al último período. En todo caso, el
reparto es claro, la Constitución es clara, las competencias en esta
materia son claras, y es verdad que debemos distinguir entre la
responsabilidad de cada una de las administraciones sanitarias.
Naturalmente que Estado somos todos y, por tanto, si ha habido alguna
expresión inadecuada, yo creo que conviene clarificarlo. Estado son las
comunidades autónomas, cómo no van a serlo.
Por tanto, hay que partir de la clarificación, como resaltaba el señor
Gatzagaetxebarría, de qué estamos hablando, de quiénes son las
responsabilidades y quiénes tienen atribuidas las competencias, porque si
no nos podemos equivocar seriamente en el planteamiento. Desde ese
reconocimiento, me gustaría que se reconociera también la labor que desde
el Ministerio de Sanidad y Consumo y desde la Dirección General de Salud
Pública se ha hecho al coordinar una materia extraordinariamente difícil
y con un grado de consenso que no deberíamos enturbiar, porque a veces lo
mejor es enemigo de lo bueno y bastantes problemas existen, yo creo, en
la realidad como para inventarnos algunos. No hay problemas
competenciales en esta materia, y nos los hay porque, con enorme
esfuerzo, con enorme sentido de la responsabilidad, los responsables
sanitarios han decidido ponerse de acuerdo, lo que habría sido muy
difícil sin ese espíritu de cooperación y de coordinación, porque las
competencias, como digo, son claras. Pero resulta que han decidido
ponerse de acuerdo, y la actitud de los responsables sanitarios en esta
materia es encomiable y creo que debe ser reconocida en esta Cámara y,
por tanto, no llevar más allá el celo de la defensa ni de grupos ni de
competencias, que podrían enturbiar una materia en la que no existen
problemas.
Si SS. SS. me lo permiten, para saber de qué estoy hablando, puedo leer
muy brevemente las conclusiones de la reunión de marzo de 1995. Las
conclusiones son de este tenor: primero, es unánime el acuerdo respecto a
que la existencia de un calendario vacunal único constituye un objetivo
deseable. Es unánime la opinión de todos los responsables sanitarios y
estamos hablando de un calendario vacunal único, no estamos diciendo si
se puede o no se puede imponer, estamos diciendo que hemos conseguido
decidir por la vía más importante, que es la de la razón, la del
convencimiento de que esto es eficaz para que las vacunaciones sean más
eficaces, al margen de las competencias que cada uno tenga que imponer
las vacunas que quieran, que es conveniente un calendario único; es tan
razonable que así se acuerda por unanimidad. Segundo, se solicita por
parte de la Comisión de Salud Pública la colaboración de la Asociación
Española de Pediatría para que, en la difusión de sus recomendaciones
respecto de pautas vacunales, otorgue prioridad a la Comisión de Salud
Pública del Consejo Interterritorial. Es decir, que también aquí hemos
conseguido ponernos de acuerdo sobre este llamamiento a la Asociación
Española de Pediatría para que siga de cerca las recomendaciones del
Consejo.
Hay otras conclusiones más concretas respecto a asuntos concretos, pero
éste es el tono con el que se trabaja en esa Comisión de Salud Pública, y
éste es el consenso básico que se ha alcanzado y que me parece que no
deberíamos poner en cuestión, sino al contrario, deberíamos celebrar
todos que en algún ámbito seamos capaces de anteponer las
responsabilidades sanitarias que tenemos sobre la salud de la población a
consideraciones de otra índole. En todo caso, yo creo que compartimos --y
aquí se ha puesto de manifiesto-- la necesidad absoluta de esa
coordinación y lo deseable que es que se homologuen esos criterios, no
para uniformizar, pero sí para garantizar la eficacia de las
vacunaciones.
Respecto al supuesto del niño viajero de la señora Fernández de Capel, yo
creo que lo primero que hay que decir es que este niño viajaría con su
cartilla de vacunación. La cartilla de vacunación tiene que registrar las
vacunaciones que lleva hechas en todas partes, y cada pediatra debe
consultarla. De manera que con esa descripción que nos ha hecho, señora
Fernández de Capel, yo creo que este niño en lo que mejor estaría sería
en las vacunas, porque verdaderamente con esa vida perdería muchas cosas,
pero la cartilla de vacunación tiene como objeto garantizar ese rastro
que los pediatras pueden consultar en cada momento y contrastar qué
vacunas se le han puesto y cuáles no.
Por lo que se refiere a la vacuna de la «haemophylus», si SS. SS. me lo
permiten, me gustaría hacer algún comentario. Hay bastante acuerdo
también en el seno del Consejo Interterritorial sobre el hecho de que la
inclusión de esta vacuna en este momento sería prematura. Es verdad que
distintos países la han incluido ya en sus calendarios, pero también es
verdad que son países con unas tasas mucho más altas que las españolas.
Por ejemplo, Estados Unidos, antes del inicio de la vacunación tiene una
tasa de incidencia de 100 casos por cada 100.000 menores de cinco años;
en España son ocho, frente a 100. De manera que la diferencia de tasa de
incidencia conduce a la conclusión de que, en este momento y con esas
tasas, sería prematuro. En todo caso, se está profundizando en el estudio
de la eficacia y de la seguridad de la vacuna. Un calendario vacunal y
las recomendaciones en materia vacunal, naturalmente que están siempre
abiertas y que el avance en estos estudios y en el conocimiento de los
casos puede en cualquier momento hacer adoptar la decisión de aconsejar
su inclusión, pero, por el momento, la diferencia en la tasa de
incidencia de España respecto a países que ya la tienen, es espectacular.
Respecto a la vacuna antihepatitis B, a la que se ha hecho referencia
también, en el Consejo Interterritorial se decidió la más rápida
implantación de esta vacuna entre los adolescentes, y la situación es que
14 comunidades autónomas ya la tienen establecida con carácter general,
las tres restantes la inician en octubre, y cuando esté consolidada en
todo el territorio nacional, el panorama es que se estudiará si es
conveniente extenderla a los recién nacidos, porque la opción que se ha
tomado es la de los adolescentes.
De manera que en cuanto a los casos concretos, ésta es la situación. En
cuanto al carácter de recomendación del calendario, reitero mis
consideraciones iniciales en el sentido de que debe ser recomendado y no
obligatorio. Y respecto a la clarificación competencial y a la situación
en la que estamos, yo creo que debemos tener claro cuál es la competencia
de cada administración sanitaria. También me gustaría hacer un
reconocimiento expreso a la eficaz labor que se ha hecho en el ámbito de
salud pública, consiguiendo un grado de consenso y de cooperación en esta
materia que me parece realmente, primero, eficaz; segundo,
tranquilizador, porque se están tratando problemas de salud que no deben
tener límites tan drásticos como en otras materias; y, tercero y sobre
todo, porque redunda en la eficacia a la hora de abordar los problemas de
salud pública. Y como eso sólo se puede hacer desde el razonamiento y
desde la voluntad de cooperación, que no desde la imposición, me parece
que es justo reconocer ese esfuerzo y esa eficacia que se ha logrado en
la cooperación de los responsables sanitarios. (La señora Fernández de
Capel Baños pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, ¿me explica para qué
solicita la palabra?
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Para responder a una afirmación que
ha hecho el señor Gimeno y que, desde luego es necesario aclarar.
La señora PRESIDENTA: Yo no he escuchado ninguna referencia concreta
personal.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Sí, señora Presidenta, se ha hecho un
juicio de intenciones.
La señora PRESIDENTA: Perdone, deje que termine.
Los señores diputados han emitido sus opiniones y no se ha percibido una
alusión directa personal o personalizada. No obstante, le concedo la
palabra, aunque con el ruego de que no entre en turno de réplicas,
contrarréplicas e intervenciones cruzadas.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Muchas gracias, pero en todo momento
he actuado siguiendo unos criterios científicos, unos criterios políticos
que libremente tengo derecho a expresar y más en esta Cámara, y no tolero
que se hagan juicios de intenciones sobre intereses, cuando de lo que yo
estoy hablando aquí es de opiniones científicas, que han sido reconocidas
no solamente por la señora Ministra, sino por todos los consejeros de
todas las autonomías. Cuando hablo de «haemophylus» expreso libre y
cientificamente mi opinión, pero no es de recibo, señora Ministra, que se
acuse de intereses; o que lo aclare o que se calle, pero ni él como
Diputado debe hacerlo ni yo como Diputada ni como persona lo admito, ni
S. S., señora Presidenta, debería consentirlo en esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: Señor Gimeno, le ruego aclare su intervención.
El señor GIMENO ORTIZ: De forma muy breve. No para callarme, sino para
aclarar. Yo creo que es una mala interpretación. He dicho que hay
presiones. Es evidente que hay presiones cuando el propio Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se dirige a la Asociación
Nacional de Pediatría para decir que intente homologar el calendario a
las directrices del Ministerio, que es el organismo competente, en
asociación con las comunidades autónomas.
Es evidente que hay presión, puesto que el coste del calendario es
importante; que hay presión es evidente porque el propio laboratorio que
fabrica la vacuna a que nos estamos refiriendo, independientemente de que
haya varios y de que en su momento habría que hacer estudios pilotos para
determinar el número de vacunas, etcétera, toma el calendario de la
Asociación Española de Pediatría, lo reparte en todos los centros
sanitarios y, por tanto, crea confusión no sólo entre los ciudadanos, lo
cual es muy importante, sino entre el propio personal sanitario. Tan
cierta es esta confusión que en las consultas de pediatría se recomienda
la vacunación frente al «haemophylus» tipo B por parte de los pediatras y
el padre se piensa que es una vacuna que, por criterios economicistas, no
introducen las administraciones sanitarias, bien sean autonómicas o del
Ministerio, cuando eso no es cierto. No hay una vacuna de ricos y otra de
pobres, es que la incidencia en España, con la situación actual,
posiblemente indique la necesidad de hacer estudios seroepidemiológicos
para tomar una decisión al respecto.
A eso es a lo yo me refería cuando decía lo de las presiones. Si usted ha
interpretado otra cosa, le pido disculpas porque está claro que mi
intención era la que es, que en realidad es la que manifesté públicamente
en diversas ocasiones. Pero no dude usted de que existe presión, señoría.
Por tanto, no me puedo callar.
La señora PRESIDENTA: Concluida esta primera comparecencia del segundo
punto del orden del día, despedimos a la señora Ministra de Sanidad y
Consumo y pasaremos a la siguiente. (Pausa.)
El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: El Grupo Parlamentario Popular
querría que aclarase si la sesión ha sido interrumpida o no y si va a ser
norma, sin interrumpir las sesiones, que la Presidencia e incluso parte
de la Mesa acompañe en séquito a los miembros del Gobierno que comparecen
mientras el resto de los parlamentarios, incluso de los comparecientes,
ocupan sus sitios sin que haya mediado ningún tipo de suspensión.
La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda, efectivamente, de manera
absolutamente extraordinaria, y no le sabría decir por qué --es la
primera vez que esto ocurre--, en un principio todos los miembros de la
Mesa, salvo el Letrado, hemos acompañado a la señora Ministra a la
salida. Ruego a la Comisión que disculpen esta descortesía por mi parte.
No ha habido una interrupción de la sesión y, por tanto, les pido
disculpas y estoy segura de que recojo el sentir de absolutamente todos
los miembros de la Mesa.
Igualmente pido disculpas al señor Parras, compareciente siguiente.
El señor BASSETS RUTLLANT: No es descortesía, es cortesía.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Es descortesía con la Comisión.
La señora PRESIDENTA: Señorías, toda la Mesa, por cortesía seguramente
con un miembro del Gobierno, posiblemente ha cometido una descortesía con
el resto de los miembros de la Comisión. No se ha suspendido la sesión y
no hay más discusión. Me parece que por mi parte es absurdo hacer una
discusión de un tema absolutamente nimio.
Continuamos la sesión porque no ha sido suspendida, evidentemente.
--DEL SECRETARIO DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA
ADQUIRIDA (SIDA), PARRAS VAZQUEZ, PARA QUE INFORME SOBRE «LAS CAMPAÑAS DE
PANTALLAS INTERACTIVAS DE INFORMACION DEL SIDA EN CENTROS DOCENTES». A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
212/001419.)
La señora PRESIDENTA: Comparecencia del Secretario del Plan Nacional
sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, don Francisco Parras,
para que informe sobre las campañas de pantallas interactivas de
información del sida en centros docentes.
Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.
¿Desea el Grupo Parlamentario Popular hacer una primera intervención?
(Pausa.)
Señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Hay también una segunda comparecencia, solicitada
por otro Grupo, que también afecta al Secretario del Plan del SIDA y me
gustaría saber si se van a subsumir.
En todo caso quiero hacer una puntualización a la Presidencia, para la
que supongo que habrá generosidad por parte del compareciente. Me refiero
a que ha habido algún error, que probablemente se imputará a nuestro
Grupo, en la transcripción de esta petición de comparecencia. La
comparecencia no era exclusivamente para que informara sobre las
pantallas interactivas, sino para que informara en general de la
evolución del Plan Nacional sobre el SIDA y de todos aquellos temas y
aquellas acciones que el Secretario del Plan había anunciado en esta
Comisión. Me gustaría contar con la generosidad del Secretario del Plan
Nacional sobre el SIDA y con la comprensión de la Mesa para que realmente
tuviéramos la ocasión de no circunscribirnos a este hecho tan concreto y
tan puntual, porque creo que el tema merece abordarlo en más profundidad.
Yo, en todo caso, no tengo ninguna intervención previa. Simplemente me
gustaría que fuera el Secretario General
del Plan del SIDA el que nos informara previamente de la marcha de la
evolución de los datos que en estos momentos disponemos y de todas las
campañas y acciones de las que se nos informó en la anterior
comparecencia.
La señora PRESIDENTA: Quiero señalar dos cuestiones. En primer lugar, se
ha previsto hacer de manera separada las dos comparecencias. En segundo
lugar, el texto de la solicitud de comparecencia dice exactamente: «Para
que informe de las campañas de pantalla interactivas de información del
sida en centros docentes».
El error habrá surgido en algún otro sitio. Este es el texto de la
solicitud, con lo cual, el Secretario del Plan Nacional del sida no está
en estos momentos obligado más que a responder la comparecencia en los
términos expresados. Si considera que al hilo de esta comparecencia puede
aportar otra serie de datos, que lo haga así, pero, en principio, la
comparecencia es en los términos en que viene expresada.
El señor SECRETARIO DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA (Parras Vázquez): Si
a ustedes no les importa, a mí me gustaría, ya que hemos hecho el
esfuerzo, presentarles el motivo de la comparecencia, que puede ser
absolutamente complementario con las actividades que tengo que
presentarles en la segunda. Lo digo porque creo que no es conveniente
que, después de que hemos desarrollado un trabajo de información y un
esfuerzo para que ustedes tengan una intervención pertinente, la
despreciemos en este momento. Si a ustedes les parece bien, les informo
del proyecto y lo utilizan como complemento a mi siguiente comparecencia,
en la cual, encantado, les doy ampliación de todas las actividades que
desarrollamos, incluida ésta.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: He empezado por reconocer que tal vez el error
esté en la tramitación por parte de nuestro Grupo. Esto no es óbice para
que, reconociendo la importancia que este tema tiene para la sociedad
española y contando con la presencia del Secretario del Plan Nacional
sobre el SIDA, yo haya solicitado de la generosidad que debe tener y su
sensibilidad sobre este tema para poder informar sobre otros aspectos. Es
de suponer que el Secretario del Plan Nacional sobre el SIDA tiene la
información suficiente. Yo no estoy despreciando, bien al contrario,
porque éste es uno de los temas que se supone iban a figurar en la
comparecencia.
Uno de los temas estrellas que nos anunció el Secretario del Plan
Nacional sobre el SIDA fue el de las pantallas interactivas que sabemos
que se han implantado en algunos centros, pero además se anunciaron otra
serie de medidas que creo en este momento a la Comisión y en general a la
sociedad española interesan y yo creo que el Secretario del Plan Nacional
sobre el SIDA debe tener en la cabeza, aunque no sea en los papeles, la
información de lo que sucede. Yo pido esa generosidad. No obstante, si no
está en circunstancias de facilitar esa información, solicitaremos una
nueva comparecencia.
La señora PRESIDENTA: Les ruego que concretemos.
Tiene la palabra el señor Parras.
El señor SECRETARIO DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA (Parras Vázquez): Por
la información que tenemos en la Secretaría, yo sé que ustedes han
solicitado dos comparecencias: una para este tema en concreto y otra para
informar de la situación del sida en España.
Yo estoy encantado de ampliar toda la información, pero de alguna forma
me gustaría contestar un poco a las dos comparecencias y, ya que hemos
hecho el esfuerzo, que ustedes conozcan en profundidad el tema y les
valga como elemento complementario para la siguiente comparecencia.
La señora PRESIDENTA: Señoría, vamos a proceder según está formulado en
el orden del día. Vamos a realizar esta primera comparecencia del
Secretario del Plan Nacional sobre el Sida para que informe sobre las
campañas de pantallas interactivas de información del sida en centros
docentes.
Tiene la palabra don Francisco Parras.
El señor SECRETARIO DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA (Parras Vázquez):
Señora Presidenta, señorías, comparezco para informar del desarrollo del
programa «Sida Jóvenes», dentro de las actividades programadas para el
bienio 1994-95 de la Secretaría del Plan.
Desde la aparición del primer caso de sida en 1981 hasta el 31 de marzo
de 1995, se han declarado en España más de 30.000 casos de sida y existen
alrededor de 120.000 personas infectadas por el virus de la
inmunodeficiencia humana.
El sida se ha convertido en uno de los problemas más importantes de la
salud pública que afecta a todos los miembros de la sociedad española.
¿Por qué, entonces, una campaña de prevención del sida y otras
enfermedades de transmisión sexual destinada a jóvenes? El 82 por ciento
de los casos de sida se da entre 20 y 39 años, lo que significa que estos
individuos contraen la infección en edades aún más precoces, entre 15 a
29 años. Los jóvenes son la población más expuesta a contraer la
infección, ya que constituyen el sector de la población sexualmente más
activa y, por otra parte, entre ellos se encuentran aquellos que en el
futuro próximo tendrán o ya tienen prácticas sexuales y algunos de ellos,
desgraciadamente, consumen drogas por vía parenteral.
Los jóvenes y adolescentes son los adultos del futuro que tendrán que
aprender a vivir con una epidemia que exige un cambio de hábitos y
costumbres para frenarla. Las herramientas a utilizar no son más que la
educación sanitaria y sexual y evitar los comportamientos de riesgo.
Los objetivos generales de esta campaña son los siguientes: informar a
los jóvenes sobre las enfermedades de información sexual y el sida y la
importancia que determinados comportamientos tienen en la expansión de la
epidemia;
prevenir la infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual;
generar actitudes positivas, activas y no fatalistas, y, fomentar la
solidaridad con los afectados en las actividades cotidianas.
Las ideas generales que se trasmiten con esta campaña son: El sida es una
epidemia cuya difusión depende del comportamiento humano; introducir el
concepto de libertad basado en las decisiones individuales y no
colectivas; asociar VIH y sida con comportamientos de riesgo y no con
colectivos; destacar la inexistencia de signos externos que identifiquen
a las personas infectadas; asociar la transmisión de la infección al uso
de alcohol y drogas como responsables de comportamientos que en
condiciones normales no se producirían e introducir el concepto de sexo
seguro entre jóvenes.
Cabe destacar que la expansión del sida está íntimamente relacionada con
el comportamiento humano, por lo que todos los esfuerzos destinados a
informar y prevenir son hoy en día las acciones más eficaces en la lucha
contra el sida.
El proyecto de «Sida Jóvenes», incluido dentro del plan de modernización
de las administraciones públicas y llevado a cabo en el marco del
convenio establecido entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el
Ministerio de Educación y Ciencia para la educación afectivo-sexual en
los jóvenes, fue adjudicado a través del concurso público 36/94, para el
suministro de puntos de información con destino al Ministerio de Sanidad
y Consumo, según el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de mayo de 1994,
con una dotación presupuestaria de 290 millones de pesetas, y tiene como
objetivo mejorar la educación y promoción de la salud entre los jóvenes
en el área afectivo-sexual, específicamente en prevención del sida y
enfermedades de transmisión sexual.
La ambición de estos objetivos era incompatible con los soportes
habituales de comunicación a los que no siempre acceden los jóvenes con
interés y fluidez. La necesidad de acercar la información a los jóvenes,
hacerla atractiva, desprovista de convencionalismos y brindarles un
soporte poco común y, por otro lado, innovador, fueron las bases de este
proyecto.
La estrategia y el soporte para llevar a cabo la campaña han sido muy
meditados en la meta de hacer llegar esta información al máximo de
jóvenes. Se prescindió de los medios de comunicación habituales, de
escasa penetración masiva en el ámbito juvenil y estudiantil, y se eligió
un soporte que debía respetar las siguientes propiedades: acercar la
información a los jóvenes, localizándose en entornos de gran
concentración juvenil; ofertar posibilidades de interactividad,
despertando así un mayor interés y favoreciendo consultas específicas;
utilizar un lenguaje ágil y exento de convencionalismos; facilidad de
navegación y oferta en múltiples opciones de información; enfoque
adaptado a actitudes heterogéneas y rango amplio de edades; combinación
de información técnica y de divulgación con componentes muy llamativos de
creatividad y aspectos lúdicos, y, por último, que el proyecto tuviera
una rentabilidad económica y social.
Nuestra campaña «Sida Jóvenes» integra un sistema de tecnología CDI con
disco compacto interactivo, que hoy en día es una de las potentes y
evolucionadas para el desarrollo y presentación de aplicaciones
multimedia destinadas al uso público y especialmente al área de la
educación y el ocio.
El equipamiento consta de una campaña de televisión y un lector cubierto
de un armazón que está siendo muy atractivo para los jóvenes usuarios,
pero el núcleo del proyecto es la aplicación diseñada cuya difusión se
está realizando en las cuatro lenguas cooficiales del Estado: castellano,
catalán, gallego y vasco.
La aplicación diseñada se compone de tres grandes bloques. Hay un menú
principal de información, al que hemos llamado Infosida, compuesto por 16
unidades de información sobre la salud, la sexualidad, los métodos de
planificación familiar, las enfermedades de transmisión sexual, las
drogas y, por último, el VIH y el sida, haciendo especial hincapié en la
educación sanitaria, los comportamientos saludables y la prevención. Por
último, trata de fomentar las actitudes integradoras y la solidaridad con
las personas afectadas por el VIH y el sida, cerrando este menú principal
de información.
Dentro de la aplicación, un segundo bloque, al que hemos denominado
«antisida», integra un video-juego construido a partir de situaciones
cotidianas en el que los jóvenes habrán de tomar decisiones basadas en la
información que se les aporta hasta completar un gran puzzle.
Por último, el tercer bloque, denominado «docusida», se compone de una
unidad de documentación, donde se aporta información sobre la historia de
la epidemia en el mundo; un diccionario de términos cuyo contenido cubre
desde argot hasta terminología científica; una base de datos actualizada
sobre VIH y el sida en el mundo, en Europa y en España; respuestas a las
preguntas más frecuentes formuladas por los jóvenes sobre el sida y su
prevención y un directorio de teléfonos de las administraciones
sanitarias implicadas en la lucha contra el sida.
Los equipos van destinados a centros universitarios de formación
profesional y bachillerato del Estado cubriendo el espectro de jóvenes
entre 16 y 25 años. Calculamos que la totalidad del proyecto durante los
dos años de su duración va a alcanzar más de dos millones de usuarios.
Con este proyecto, liderado por la Secretaría del Plan Nacional sobre el
Sida, hemos querido desarrollar una campaña de prevención que, hasta el
momento, no tiene precedentes en el mundo de la salud pública en la
educación sanitaria. Este proyecto se compone de 170 puntos interactivos,
con diseño externo de hormigón, que han sido instalados en los centros
universitarios de toda la geografía nacional, 100 equipos autónomos
compuestos por televisor y un lector de CDI para centros de formación
profesional y bachillerato, 2.000 copias adicionales de CDI y 3.439
vídeos que han sido distribuidos entre los centros a los que no podíamos
acceder mediante los equipos fijos. Estos puntos de información cubrirán
toda la geografía nacional durante dos años, previendo cuatro cambios de
posición con el fin de acercarlos al máximo número de estudiantes. Los
centros con menor concentración estudiantil se cubrirán con los vídeos.
La duración del proyecto es de dos años y durante este período se
realizarán cuatro ubicaciones distintas
cada seis meses de los 170 puntos interactivos y también se prevé un
programa de mantenimiento preventivo o correctivo en caso de avería a
través de la empresa adjudicataria. A lo largo de estos dos años también
se tiene previsto realizar dos revisiones de ampliación del contenido y
carga de datos en el proyecto.
Con este proyecto, señorías, intentamos aumentar la oferta de posibles
herramientas que existen ya en todo el Estado para mejorar la educación
entre los jóvenes y promover comportamientos saludables entre ellos para
prevenir la infección del VH y el sida en España.
La señora PRESIDENTA: Además del Grupo solicitante, ¿desean intervenir
otros Grupos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Parras, por su información.
Insistiendo de nuevo en que quizá haya habido un error por parte de
nuestro Grupo a la hora de entender estas comparecencias, yo no quiero
dejar pasar su presencia sin hacer alguna afirmación de carácter general,
porque muy recientemente hemos tenido profusión de datos a través de los
medios de comunicación sobre la situación del sida en nuestro país que
continúan siendo preocupantes y que, lejos de aminorar esos efectos
espectaculares de las cifras, van alarmando cada día más a la población
en general, máxime cuando uno de los datos que arrojan precisamente las
cifras de este año es precisamente lo que ya se había detectado con
bastante tiempo y que habíamos denunciado en esta Comisión, en algún caso
con cierto desprecio por parte de la Administración, que era el
presumible, como y es así, aumento importante de la transmisión por vía
heterosexual. Ese es uno de los datos más preocupantes que en este
momento hay que valorar. Creo que los esfuerzos que está haciendo la
Administración en este sentido han sido claramente insuficientes en el
pasado y me parece que siguen siendo también claramente insuficientes en
este momento.
Estamos a la cabeza de Europa, como así lo han reflejado estos días todos
los estudios, en casos de sida declarados y en casos de seropositividad.
Los datos que han dado ustedes en la última reunión de seropositividad se
quedan cortos, es un dato muy conservador. Estamos con más de 120.000
seropositivos en nuestro país. Esta es una cifra preocupante que va a
ocasionar, como ya hemos dicho en otras muchas ocasiones, problemas
serios al Sistema Nacional de Salud y a la población en general.
Sigue estando enormemente alta la tasa de permanencia en caso de sida por
vía parenteral. Por tanto, parece que no se está haciendo lo correcto. Y
lo que es mucho más preocupante, entre las medidas que usted
concretamente nos anunció de que iba a haber campañas específicas en la
población por vía parenteral, parece ser, por sus últimas declaraciones,
que ustedes han tirado la toalla en este terreno de campañas específicas.
Por tanto, ahí hay una corrección importante del rumbo que creo que
necesita ser explicada. Usted nos anunció campañas específicas en este
sector y, por el contrario, en las últimas declaraciones que le hemos
podido leer anuncia un cambio de estrategia porque se considera que son
ineficaces; éstas creo que son las palabras que usted utiliza en unas
declaraciones o, por lo menos, las que a usted le adjudican.
Esto requiere una explicación en esta Comisión y requiere conocer de
ustedes cuál va a ser la nueva estrategia. Hemos estado demasiado tiempo
sin responsable nacional, como usted bien sabe. Hemos estado, y seguimos
estando, sin presupuestos específicos, presupuestos que nosotros hemos
pedido reiteradamente, y creemos que ese plan que usted nos anunció, que,
al fin y al cabo, era un primer plan de acciones y de medidas, necesita
en este momento una primera evaluación, porque ahí se anunciaron muchas
de las cosas que o nosotros no tenemos la información correcta o mucho me
temo que muchas de ellas están claramente en este momento o corregidas o
cambiadas o incumplidas.
Por tanto, con ser importante lo que usted hoy nos viene a exponer, que
son las pantallas interactivas y que nosotros en su día valoramos de
forma positiva y seguimos haciéndolo, nos parece insuficiente, aunque nos
parece una acción importante a tener en cuenta; nos parece un sistema
imaginativo y adaptado a la población juvenil y creemos que hay que
apoyarlo en toda su medida y hacer que sea lo más eficaz posible.
Por cierto, aprovecho para sugerirle que sería deseable que los miembros
de esta Comisión pudiéramos disponer del material que se está usando y
tuviéramos conocimiento de él porque lo desconocemos y sería, insisto,
conveniente que la comisión de Sanidad del Parlamento tuviera
conocimiento de la información que se está utilizando. En todo caso, nos
parece positivo, imaginativo y adaptado a los instrumentos que utiliza en
estos momentos la población juvenil y, por tanto, todo lo que se haga en
ese ámbito preventivo nos parece que es la vía correcta.
Es muy probable que ese proyecto de dos años sea un proyecto
insuficiente, porque, como usted sabe, y lo hemos dicho en muchas más
ocasiones, no solamente cuando nos referimos al tema del sida, sino al
tema de la educación sexual, cada año hay nuevos adolescentes, hay nuevos
jóvenes que se adentran por comportamientos que para ellos son nuevos y
que necesitan un aprendizaje y una formación. Es posible, ojalá sea así,
que en estos dos años consigamos una formación o un mecanismo de
prevención para una población que en este momento es sensible a esa
información, pero van a seguir entrando nuevas generaciones de gente que
necesita información y que necesita asesoramiento permanente y mucho nos
tememos que, con un proyecto que acaba en dos años, no se va a poder
abordar ese tipo de prevención.
También es verdad que usted nos dijo que había previsto un convenio,
incluso nos habló de una dotación de 105 millones de pesetas entre el
Ministerio de Asuntos Sociales y de Educación que se supone iba a abordar
un proyecto de formación, de prevención más estable y sería conveniente
conocer sobre él algo más en profundidad y, en definitiva, todo aquello
que lleve a abordar o prevenir que esa transmisión heterosexual pueda
encontrar una pauta de prevención adecuada.
A mí me da la sensación de que, lamentablemente, hemos llegado demasiado
tarde en algunos sectores, como es en el caso de la transmisión por vía
parenteral, donde las tasas son enormemente altas y donde se ha producido
un daño muy importante. Creo, como hemos dicho en otras ocasiones, que el
colectivo y las asociaciones que agrupan a los colectivos homosexuales
han reaccionado bien en mecanismos de prevención y siguen haciendo unas
buenas campañas de prevención entre sus colectivos, pero me parece que en
otro ámbito no está sucediendo exactamente lo mismo.
Tengo que decirle, señor Parras, que la prevención no consiste solamente
en hacer unas campañas puntuales. Consiste en tener una acción educativa
constante y permanente como la que hemos pedido en esta Comisión. En eso
tienen una enorme responsabilidad no solamente las campañas publicitarias
o las acciones formativas, sino también tienen una enorme responsabilidad
las declaraciones de los responsables políticos de la Administración.
Yo, para que vea usted que no he querido sacar provecho del recorte
corto, porque creo que es un tema de enorme responsabilidad, le diré que
a los pocos meses de estar usted en esta Comisión informándonos de la
importancia de estas campañas, de la importancia que iba a tener la
acción de la Administración en la difusión de la importancia del uso del
preservativo en la vía de la transmisión, se fue usted a una conferencia
a Japón y a la vuelta hizo una rueda de prensa en la que nos informó de
los últimos experimentos. El titular del periódico dice: El Secretario
del Plan del Sida contó las últimas experiencias y los últimos estudios
que había al respecto y dice que un estudio asegura que el riesgo de
contagio de sida sin preservativo es sólo del 3 por ciento. Parece
contradictorio que la Administración y usted como responsable quiera
hacer un esfuerzo en convencer precisamente a la población del uso del
preservativo como único método eficaz en la prevención y, al mismo
tiempo, sus declaraciones induzcan a pensar que no es tan eficaz o tan
importante el uso del preservativo. Luego, además, explicada la
experiencia piloto que se hace, claramente induce a la confusión. Con lo
cual, si ya de por sí estamos denunciando que existe, en lenguaje
coloquial, una empanada en mucha gente sobre cómo abordar una eficaz
prevención y hay enormes cantidades de jóvenes adolescentes, y no tan
jóvenes, que desconocen, de verdad, los mecanismos de transmisión y las
formas de prevenir, este tipo de información en medios nacionales no
colaboran precisamente a que las campañas que después impulsa el
Ministerio sean eficaces porque estamos dando mensajes contradictorios.
En este caso, como en otros --por ejemplo, cuando hablamos de droga-- la
responsabilidad de los --valga la redundancia-- responsables políticos es
no inducir a la confusión e ir todos en una sola dirección, induciendo a
la población a que tenga hábitos preventivos, es decir, que colaboren en
estas medidas de no contagio por vía heterosexual. Como vamos a celebrar
la otra comparecencia, donde supongo que vamos a tener ocasión de conocer
qué es lo que ha sucedido con estas acciones que usted nos ha mencionado
en relación a campañas entre los jóvenes, refiriéndose a la época
primaveral y estival como época más idónea para poderlo celebrar y
ejercer, por aquello de que se había comprobado que era la época en la
que más actividad sexual había entre los adolescentes y como podíamos
esperar de una información sobre este tipo de acciones que usted nos
anunció y de estudios incluso científicos que iba a llevar un nombre
determinado, sobre todo eso queríamos hablarle hoy, pero como vamos a
mantener también esa comparecencia, tendremos ocasión de hacerlo.
Quiero decirle que nos parece buena idea la de las pantallas, nos parece
insuficiente, porque con ella no vamos a poder llegar a todos los puntos
de educación de nuestro país, y sobre todo nos parece insuficiente en el
tiempo. Nos parece una acción, como otras muchas que se hacen desde la
Administración, puntual, es decir, como campaña de información, pero no
como campaña de formación. Quiero insistir una vez más en que en este
campo no solamente hay que ir a las campañas de información, sino también
a las campañas de formación. Yo le rogaría que planteasen que esto debe
ser el inicio exclusivamente de una punta de formación permanente y
constante, es decir, en colaboración de diferentes ministerios y
comunidades autónomas que tiene responsabilidades en esta materia, que
están haciendo sus propios planes y que debe entenderse que es un
problema con el que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo y
que, por lo tanto, plantear acciones exclusivamente con el límite de dos
años, nos parece claramente insuficiente, partiendo --insisto, y lo diré
cuantas veces haga falta-- de que es una buena idea y que vamos a hacer
todo lo posible por que efectivamente esta acción tenga continuidad en el
tiempo.
Muchas gracias, señor Parras. Después, en la siguiente comparecencia,
tendremos ocasión de hablar sobre el tema de la cronicidad de los
enfermos del sida.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Con toda brevedad, tras agradecer la información que
se nos ha suministrado sobre este tema y estando efectivamente de acuerdo
en que para la prevención hay que pasar por el camino de la información
previa como un paseo necesario para la educación, y este método elegido
--el de las pantallas interactivas--, por su novedad y por estar adecuado
a las personas a las que va dirigido, puede ser un procedimiento
adecuado, puesto que las necesidades son muchas y los medios económicos
me imagino que son ilimitados, yo no he entendido bien --y ésa sería la
aclaración que le pediría en este asunto-- y nos gustaría saber si nos
puede cuantificar los presupuestos que se dedican precisamente a esta
actividad de la información a través de las pantallas interactivas,
puesto que muchos pueden ser los procedimientos que colaboren en la
información. Quizá para tener una mejor valoración de todos ellos, habría
que conocer también el coste de dichas campañas o procedimientos y así
podríamos valorarlos en esa relación siempre necesaria de
costo-efectividad. Por tanto, si usted tiene los datos y si, además, los
pudiéramos comparar con el presupuesto global destinado
a las campañas de información, nos gustaría saber qué parte es la que se
destina a este plan concreto de información a través de las pantallas
interactivas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA: Quiero agradecer también al Secretario del
Plan Nacional del Sida las explicaciones que nos ha dado y manifestarle
que, efectivamente, por las acciones y las políticas que la Secretaría
Nacional del Sida está llevando a cabo en los últimos años, se va
asentando este organismo. Tuvo en sus orígenes unas dificultades en
cuenta a su consolidación, en cuanto al ejercicio de sus funciones y a
las responsabilidades que tenía asignadas, pero vemos que,
fundamentalmente en los dos últimos años, se van consolidando las
funciones y, en definitiva, asentándose en la vida pública sanitaria la
existencia y las funciones de este organismo que estamos viendo que están
teniendo incidencia en sus diferentes ámbitos de actuación.
Coincidimos en que, dentro del enorme riesgo de adquisición de virus de
la inmunodeficiencia, las actuaciones preventivas de la Secretaría del
Plan vayan encaminadas, en primer lugar, al tema de la educación
sanitaria y, en segundo lugar, a la prevención de los contactos de
riesgo. Dentro del primer bloque es donde se encuadraría el aspecto
concreto que hoy ha sido objeto de debate a petición del Grupo
Parlamentario Popular; me refiero al tema de la educación a través de
pantallas interactivas en centros docentes. Nos parece --como han dicho
los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra-- un proyecto
interesante--. Quizá el plazo de dos años necesitará una prórroga, en
aras a otorgarle una continuidad. Por tanto, me gustaría que el
Secretario del Plan hiciera referencia a este horizonte temporal y a las
posibilidades de su prórroga en el tiempo, así como que incidiera en el
tema los presupuestos de que se dispone, la plurianualidad de las
consignaciones presupuestarias sobre este tipo de acciones preventivas en
los centros docentes y que nos manifestara y profundizara en cómo se
articula la coordinación entre la responsabilidad sanitaria del
Ministerio, que en este caso está atribuida a un organismo, como es la
Secretaría del Plan Nacional del Sida, con otros responsables educativos
--como pueden ser el Ministerio de Educación y Ciencia y los
departamentos de educación de las comunidades autónomas--, y, en
definitiva, cómo se plasma esta coordinación en centros educativos que no
dependen del Ministerio. Nos gustaría, repito, que incidiera sobre tal
cuestión.
Termino, señor Presidente, manifestando que estamos de acuerdo en lo
interesante y novedoso de este proyecto, que lo que está reflejando es
que el organismo Secretaría del Plan Nacional del Sida se está
consolidando y ese nacimiento lánguido que tuvo ha sido superado y se
produce la plasmación y consolidación definitiva de este organismo, que
consideramos que era necesario.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Voy a ser también muy breve.
Nosotros estamos también de acuerdo en estas campañas de pantallas
interactivas de información sobre el sida. Principalmente quisiéramos
resaltar el acuerdo a que se ha llegado en dos sentidos. Primero, en el
consenso, tanto de los puntos de distribución de las pantallas
interactivas como en la cuestión de los idiomas, como ha mencionado el
señor Parras, puesto que se utilizan los tres idiomas cooficiales en las
diferentes comunidades autónomas. Por tanto, esta cuestión debe
resaltarse, desde nuestro punto de vista.
No encontramos un motivo de discrepancia. Tal vez --y no es una crítica,
sino una pregunta para poder hacer posteriormente una valoración más
exacta, en el sentido de hasta qué punto estas compañías pueden ser
prioritarias en función de otras cosas, aparte de conocer el coste, como
ha sido solicitado por otros portavoces que me han precedido en el uso de
la palabra-- nos gustaría saber si está prevista alguna forma de
evaluación de dichas campañas y con qué criterios, objetivos --lo más
objetivos posible-- se marcan para buscar una cuestión que no es de
rentabilidad económica, sino social. Estamos de acuerdo en que es un tema
difícil para poderlo objetivizar o plasmar, pero estamos de acuerdo en
que --como usted ha dicho y quiero resaltarlo-- tal vez la forma más
efectiva es incidir en la prevención y, sobre todo, la información a los
grupos de riesgo, pero en general a los jóvenes.
Agradecemos su respuesta posterior sobre la evaluación de las campañas,
así como su comparecencia y la información que nos ha facilitado.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: El Grupo Parlamentario Socialista quiere
también, por supuesto, sumarse al agradecimiento ya expresado por los
demás portavoces parlamentarios por la comparecencia y la información que
el señor Secretario del Plan Nacional sobre el Sida ha presentado en esta
Comisión.
Quiero empezar indicando que, a juicio de mi Grupo Parlamentario, éste es
un tema ante el que la batalla política no cabe y la actitud normal ha de
ser la de la búsqueda de la sintonía y el esfuerzo común.
Por ello quiero congratularme porque el tono y la línea de las
intervenciones de los Portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra hayan sido en la línea que han sido formuladas.
Después de esta observación, señor Parras, decirle que a este Grupo
parlamentario le merece una valoración positiva la campaña de prevención
sobre la que usted nos acaba de informar, decirle, además que de los tres
ejes en torno a los cuales se articulan las actuaciones llevadas a cabo
en este ámbito, como son prevención, atención médico-social y
conocimiento de la realidad, el Grupo Parlamentario Socialista no quiere
establecer prioridades, sobre todo porque algunas de ellas son
imperativos. No obstante, las actuaciones preventivas son, no cabe duda,
de alta rentabilidad
sanitaria y humana, nos parece especialmente importante, a la luz de las
nuevas informaciones y ahora que la Organización Mundial de la Salud
alerta sobre el riesgo de que la propagación del sida derivará en una
oleada epidémica de tuberculosis, con el riesgo que esto supone para los
no afectados de sida.
En esta tarea de informar y formar nos parece que el grupo poblacional de
los jóvenes es de gran interés por la razones ya iniciadas por usted y
porque nos parece que esta campaña completa y amplía otro tipo de
campañas preventivas y estamos seguros que con ello, unido a la educación
sanitaria en el ámbito de la atención primaria y los programas concretos
llevados por otras instituciones y organizaciones no gubernamentales,
conseguiremos una población mucho más consciente, responsable y también
mucho más tolerante con los afectados, porque estamos seguros que la
ignorancia produce miedo y que ambos, miedo e ignorancia, al final
derivan en la discriminación social.
Por mi parte, nada más que animar al señor Parras a que siga trabajando
con el mismo nivel de eficacia, originalidad e impacto, tal y como viene
haciendo.
Nada más, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Para responder a sus intervenciones o aclarar la
solicitud de las mismas que han formulado SS. SS., tiene la palabra el
señor Parras, Secretario del Plan Nacional del Sida.
El señor SECRETARIO DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SINDROME DE
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) (Parras Vázquez): En primer lugar,
quisiera agradecer las intervenciones de SS. SS., y voy a tratar de
contestar a algunas de las preguntas y cuestiones que se han ido
formulando.
El señor Robles ha planteado una serie de temas muy importantes que
preferiría dejarlos para la posterior comparecencia y tratarlos a fondo.
Tengo especial interés en discutirlos y presentar a ustedes todos los
datos, las actividades, la cosas que hemos hecho, las que no hemos podido
hacer y, de alguna forma, tener una trasparencia de todas nuestras
actividades y plantear la discusión sobre un problema que nos preocupa.
Quisiera hacer un comentario breve sobre el proyecto. Yo hablo de una
duración de dos años, pero es un proyecto que no es perecedero, ya que el
punto de información está hecho en hormigón y los materiales no van a
dejar de existir en dos años, es un ciclo de dos años, en el cual se ha
presupuestado que va a haber una evaluación estricta para ver el impacto
y la eficacia del proyecto y, a partir de esos dos años, nos plantearemos
si es necesario seguir destinando más recursos y ampliar esta línea de
distribución, y es imprescindible hacerlo así porque, entre otras cosas,
no hay en este momento ningún otro país de la Unión Europea que tenga un
sistema similar. Todo esto ha sido una aventura y estamos orgullosos de
haberla sacado adelante. Hasta ahora, afortunadamente, no hemos recibido
más que elogios de los diferentes centros y programas nacionales del sida
con los que hemos tenido oportunidad de intercambiar información sobre
este tipo de proyectos.
El proyecto tiene una temporalidad de dos años, a partir de la cual va a
ser evaluado, pero los materiales en la inversión persisten. Luego habrá
que pensar si, con respecto a la eficacia de la encuesta, vamos a seguir
en la misma línea de trabajo, se van a seguir distribuyendo en centros
universitarios o, como algunas de SS. SS. apuntaban en anteriores
comparecencias, en algunas otras zonas más deprimidas socioeconómicamente
y así poder llevar a otro ámbito diferente este tipo de campañas. En esa
línea, lo que hemos hecho ha sido, de forma piloto y experimental, de
forma muy reducida, implantar también estas pantallas interactivas en
cuatro centros penitenciarios, porque nos parece que es un punto óptimo
para poder desarrollar la actividad de este proyecto y también hemos
seleccionado dos plazas militares --Ceuta y Melilla--, en coordinación
con el Ministerio de Defensa, para poder ver y evaluar el impacto en
diferentes grupos de población.
O sea, primero la inversión, que es de 290 millones de pesetas, que les
recuerdo es la totalidad del proyecto, y los materiales no son
perecederos; es decir que vamos a poder seguir distribuyéndolos e
implantándolos durante una vida media que yo estimo que debe andar, como
mínimo, alrededor de diez años, por lo que nos va a dar bastantes
posibilidades. Posteriormente, su exportación va a depender de la
evaluación que se va a desarrollar.
Por último quisiera comentarles que estamos totalmente de acuerdo en que
los mensajes que distribuimos a los medios en torno al sida deben ser lo
más sensatos posibles, y yo trato de hacerlo así, con mis deficiencias,
obviamente, pero, desgraciadamente, yo no pongo los titulares de los
periódicos, y supongo que en eso todos tenemos experiencia. En concreto,
creo recordar que en la rueda de prensa sobre el Congreso del sida en
Yokohama, la información la pidió expresamente una periodista. Yo no
respondí eso que se me atribuye, sino todo lo contrario, y el periódico
del cual hace usted referencia, en la información --información que a mí
no me gustó, obviamente-- hizo exactamente el planteamiento contrario,
mientras que hubiera sido más razonable haber proporcionado la
información que yo presenté y que fue la que se distribuyó en los otros
medios de comunicación. Yo hago esfuerzos, y las personas que trabajan en
la Secretaría del Plan también, para que la información que distribuimos
sea lo más sensata, fidedigna y correcta, pero usted sabe perfectamente
que eso, a veces, desgraciadamente, depende de otras personas y no
podemos remediarlo de forma definitiva.
Me gustaría contestar --aunque creo que ya lo he hecho-- al representante
del Grupo Mixto. El presupuesto total del Programa es de 290 millones, no
solamente para los dos años, sino que nos va a permitir mantener en el
tiempo los dispositivos y podemos rotarlos en más sitios, ampliarlos, si
la eficacia que esperamos la constatamos fehacientemente por la encuesta.
Esto representa, de alguna forma, una inversión que, aunque se hace en un
año, va a durar en el tiempo, y son unos elementos que nos van a permitir
poder difundirlos más.
Con respecto a la intervención del representante del Grupo Vasco, quiero
agradecerle sus palabras y comentar que la articulación de la
coordinación con los representantes
no sólo del Ministerio de Educación, sino de las Consejerías de Educación
de las Comunidades transferidas, se ha dado y ellos han tenido la
oportunidad de intervenir en el diseño de la parte central del Programa,
han colaborado activamente, y tanto el MEC como las distintas Comunidades
Autónomas transferidas han tenido información puntual del desarrollo del
Programa --ya he comentado que han participado en el diseño del proceso
central-- y, luego, en el momento en que alguna de ellas ha querido
supervisar el resultado final, han optado, antes de poder aceptar el
producto, por revisarlo y evaluarlo en todo su contenido.
Por último, comentarle al señor Cardona que, efectivamente, hay una
evaluación --ya se ha hecho el «pretest» antes de instalar los puntos
interactivos-- y que en el mes de octubre, una vez que se haya cerrado el
primer ciclo, está diseñado realizar el «postest», que es una encuesta de
aptitudes y de conocimientos alrededor de mil quinientas personas, que
nos va a permitir evaluar la eficacia del proyecto para poder tomar
decisiones sobre el futuro de todos los materiales.
Finalmente, agradecer a la representante del Grupo Socialista sus
palabras de apoyo. Tomamos en cuenta sus observaciones.
Creo que con esto he contestado a todos los asuntos que me han planteado
sus señorías. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don Francisco Parras, Secretario
del Plan Nacional del Sida.
--DE LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA QUE EXPLIQUE LOS PASOS QUE HA
DADO DICHO MINISTERIO PARA HACER EFECTIVO EL COMPROMISO DE CONOCER LA
GRATUIDAD FARMACEUTICA A LOS ENFERMOS INFECTADOS CON EL VIRUS DEL
SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA). A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000582.)
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a la siguiente
comparecencia, que inicialmente fue formulada a la señora Ministra de
Sanidad y Consumo, referente también al tema del sida, y que, por acuerdo
de la Mesa de 26 de abril de 1995, de conformidad, asimismo, con el señor
Mur, consideramos que, dada la oportunidad de la presencia del señor
Parras, respondería éste a la comparecencia, a pesar de que está dirigida
a la señora Ministra.
Por tanto, la siguiente comparecencia se refiere a la solicitud de
información sobre los pasos que ha dado el Ministerio de Sanidad y
Consumo para hacer efectivo el compromiso de conceder la gratuidad
farmacéutica a los enfermos infectados con el virus del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida.
Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Mixto. ¿El señor Mur
desea formular unas palabras antes de que inicie su exposición el señor
Parra? (Asentimiento.)
Tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Unas palabras para plasmar los términos en los que
hemos pedido la información.
Es cierto que nuestra comparecencia va dirigida a la señora Ministra de
Sanidad, porque lo que estamos pidiendo, además de información --que
espero que ahora se nos proporcione--, es la responsabilidad política de
quien la tenga en algo en lo que, al menos por los datos que nosotros
tenemos, hasta ahora no se ha cumplido el mandato de esta Cámara. De ahí
que fuera la señora Ministra a quien nosotros habíamos solicitado la
comparecencia. No obstante, agradecemos la presencia del secretario del
Plan Nacional, porque también queremos tener la oportunidad de conocer
todo lo que se ha hecho hasta ahora; son dos cosas distintas: la
información, que creo que es lo importante para poder evaluar, y, en su
caso, si lo que se trasluce de esta información nos deja insatisfechos,
la responsabilidad política la ejerceremos en otro momento.
Lo importante creo que es entrar en un tema que ya viene de lejos, puesto
que en noviembre de 1992 se presentó una proposición no de ley que se
apoyó por todos los Grupos Parlamentarios, por la que se establecía que
todos los enfermos de sida serían considerados crónicos a los efectos de
la prestación farmacéutica. El pasado día 15 de diciembre de 1994, casi
dos años después, este Diputado hizo una pregunta a la señora Ministra en
el Pleno, y allí ella se comprometió a anunciar en breve la prestación
farmacéutica gratuita para todos los enfermos. Nos habló del trabajo que
se había hecho, de las dificultades que esto conllevaba, pero se
comprometió nuevamente ante el Pleno a que en breve la prestación sería
una realidad.
La Ministra afirmó, evidentemente, que había sido necesario realizar
diversos estudios económicos para hacer frente a semejante gasto, pero
tenía la satisfacción, dijo, de anunciar que éstos estaban muy avanzados.
Pues bien, señor Secretario del Plan, según fuentes de su propio
Ministerio, el conceder la prestación gratuita a los enfermos del sida
supondría un desembolso de al menos 2.000 millones de pesetas anuales, a
los que debería hacer frente el INSALUD para pagar a unos 20.000
infectados por el virus del sida, que serían objeto de esta prestación
farmacéutica.
Creo, señores Diputados, que no se puede tolerar ni un día más esta
situación de desprotección; no podemos dejar pasar el tiempo, después de
más de dos años, con argumentos de nuevos trabajos, de nuevos estudios,
ni siquiera con el argumento económico del costo. Es necesario poner en
práctica de una vez por todas este mandato parlamentario aceptado por
todos los integrantes de la Cámara. ¿Por qué es necesario? Primero,
porque creo que los mandatos de la Cámara deben ser tomados con seriedad
y deben ser ejecutados a la mayor brevedad posible, pero, sobre todo,
porque en este tema usted sabe muy bien que hay muchas personas que no
pueden hacerse con los medicamentos necesarios para hacer frente a las
enfermedades. Esto, al final, no es más que un problema que en sí mismo
es grave,
pero que trae otros problemas, es decir, hay recaídas, los costos de los
tratamientos aumentan, la hospitalización se reproduce, la atención de
las familias que tienen, en definitiva, que ayudar a estos enfermos
también aumenta y, por tanto, si pudiéramos hacer una evaluación del
costo de todo este proceso, posiblemente sería todavía mayor que aquello
que estamos evitando al no conceder la prestación farmacéutica.
En definitiva, creo que hay una razón fundamental, y es que es un grupo
social muy necesitado, en unas circunstancias no solamente económicas,
sino también psicológicas muy graves y, evidentemente, si alguien
necesita de la ayuda de los poderes públicos creo que este tipo de
personas son las más específicamente llamadas a recibir la solidaridad de
los poderes públicos, más cuando los poderes públicos están representados
por un Gobierno que se llama socialista y que creemos que debería primar
las razones sociales sobre las razones económicas.
En definitiva, está muy bien hacer esfuerzos de información, de
concienciación, de prevención, de curación, pero creo que cuando hay ya
un grupo de ciudadanos, que pueden llegar a 20.000 --quizá el señor
Secretario del Plan tenga otros datos--, es decir, que es un grupo
importante de afectados, me parece que estas medidas no pueden demorarse
más, porque la solidaridad hay que demostrarla con los hechos y, sobre
todo, porque no es un tema que esté puesto en cuestión, es algo que se
aceptó en el debate parlamentario correspondiente, que se ha reiterado el
compromiso por parte de la máxima responsable política de esta cuestión
y, desde luego, nos parece que ésta es una muestra, quizá, de guardar las
formas política y parlamentariamente, pero de ser ineficaces en la
práctica. Creo que estos temas no deberían ser politizados; y
precisamente porque no deberían serlo, los responsables llamados a
ejecutarlos tendrían que tener un mayor interés, porque de lo contrario
da la sensación de que, como nadie quiere hacer política con estos temas
tan delicados, ustedes tienen una excusa más para no cumplir aquello que
creo que están llamados a cumplir.
Espero que de su comparecencia hoy saquemos datos, conclusiones,
información, pero, sobre todo, sepamos claramente, para que así lo sepan
los afectados, si de verdad se va a cumplir esto, cuándo, con qué medidas
y con qué extensión.
La señora PRESIDENTA: Para exponer la comparecencia objeto de su
solicitud, tiene la palabra el Secretario del Plan Nacional sobre el
Sida, don Francisco Parras.
El señor SECRETARIO DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SINDROME DE
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (Parras Vázquez): Gracias, señora Presidenta.
Señorías, el motivo de esta comparecencia parte, como saben, del 10 de
marzo de 1993, fecha en que la Comisión de Política Social y Empleo del
Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley por la que se
instaba al Gobierno a extender, por los mecanismos que considere más
adecuados, a todo el colectivo de enfermos del sida la gratuidad de la
prestación farmacéutica en su consideración de enfermos crónicos.
Permítanme presentarles sucintamente la situación de la epidemia antes de
pasar el objeto de esta exposición. Desde el comienzo de la epidemia
hasta la actualidad, se han registrado en España 31.221 casos de sida. El
sida presenta en España, además, un perfil socioeconómico peculiar, en el
que casi dos terceras partes se dan en usuarios de drogas por vía
parenteral, grupo que por sus especiales connotaciones de marginalidad
social, familiar y ausencia de integración laboral sufren mayores
problemas de accesibilidad al sistema sanitario.
No sólo las dos terceras partes de los casos de sida se dan en usuarios
de drogas por vía parenteral, sino que, además, un buen porcentaje de los
casos atribuidos a la transmisión heterosexual y la mayor parte de los
casos en niños están relacionados con el uso de drogas por esta vía
parenteral. Estas características definen de por sí a este colectivo como
un sector con escasos recursos y, más aún, con escasas posibilidades de
reinserción social y laboral a corto plazo.
El sida, como saben, es una enfermedad de larga evolución y alta
mortalidad. Desde que se contrae la infección hasta que aparece el sida
transcurre un período de alrededor de diez años. La gravedad de las
infecciones oportunistas y de las neoplasias que definen su comienzo, su
carácter recurrente y su cronicidad, hacen de estos pacientes un
colectivo de grandes necesidades terapéuticas y profilácticas durante
años, en los que sus condiciones físicas y psicológicas están muy
mermadas. (El señor Vicepresidente, Blázquez Sánchez, ocupa la
Presidencia.)
Como ustedes bien conocen, el Sistema Nacional de Salud viene dispensando
gratuitamente toda la medicación durante los ingresos hospitalarios a los
enfermos de sida y, además, se ha facilitado la dispensación hospitalaria
gratuita de los antirretrovirales a pacientes no ingresados. Igualmente,
aportaciones reducidas en determinados medicamentos, como los
tuberculostáticos, de gran importancia por la asociación
sida-tuberculosis. Esto supone aproximadamente un coste, sólo en
antirretrovirales, en torno a 8.000 ó 10.000 millones de pesetas y una
cifra de alrededor de 5.000 millones en el conjunto de otras medicaciones
fuera del hospital.
Hay que tener en cuenta también que la mayor parte del curso clínico de
la enfermedad transcurre y se controla en el medio extrahospitalario y
por ello, aunque el Sistema Nacional de Salud hace a los pacientes
beneficiarios de sus atenciones, el consumo farmacéutico supone un
gravamen para un colectivo parcialmente marginal y, en conjunto,
deficitario en recursos. A esto hay que unir que el sida en España tiene
un patrón epidemiológico, como ya he comentado antes, diferente al de
otros países occidentales, donde la adicción a drogas por vía parenteral
es en parte responsable de una mayor difusión y difícil control a efectos
de prevención.
La necesidad de mantener en estos enfermos una calidad de vida aceptable
y la disponibilidad de fármacos capaces de disminuir o paliar los efectos
de la incidencia de determinadas enfermedades a las que presentan una
mayor
vulnerabilidad, hace recomendable, tal como se recoge en la proposición
no de ley, facilitarles el acceso a la medicación, lo que permitirá una
asistencia sanitaria más accesible y una prestación de mayor calidad a
este colectivo.
La señora Ministra de Sanidad y Consumo, en respuesta al señor Diputado
Mur Bernad, el pasado 14 de diciembre, ya expuso la situación y recordó
la necesidad de tener elaborado el trabajo previo.
Con respecto a esta cuestión, hay que señalar que el artículo 95 de la
Ley 25/1990, del Medicamento, de acuerdo con la Ley General de Sanidad,
atribuye al Gobierno la regulación, con cargo a los fondos de la
Seguridad Social o a fondos estatales afectos en la Sanidad, de los
supuestos en que la administración de medicamentos y productos sanitarios
sea gratuita, así como la participación en el pago a satisfacer por los
enfermos por los medicamentos y productos sanitarios que les proporcione
el Sistema Nacional de Salud, modulándose por una serie de criterios.
Lógicamente, pues, la norma ha de tener rango de real decreto y en este
proyecto es a lo que hemos estado dedicados.
Los trabajos para su elaboración han sido muy arduos, ya que ha habido
que manejar una gran cantidad de datos, escenarios y posibilidades. Entre
éstos, nos hemos encontrado con dificultades a la hora de estimar el
impacto económico que podría tener en la aportación el pago de los
medicamentos en este colectivo. Desgraciadamente, aunque existen
numerosos estudios del impacto económico del sida en la literatura, tanto
en aspectos directos de consumo de recursos sanitarios como indirectos en
relación al número de años potenciales de vida perdidos, no existían
datos individualizados en la literatura científica, ni internacional ni
española, del coste de la medicación extrahospitalaria de otros
medicamentos diferentes a los antirretrovirales.
Ante esta escasez de datos, hemos realizado un estudio transversal entre
los pacientes con sida atendidos en los hospitales de Madrid
pertenecientes a la red pública, cuyos resultados, ajustados a
previsiones de casos de sida para los próximos años, nos permitirá
realizar una estimación del coste económico de la medida.
A pesar de estas dificultades, el compromiso del Ministerio de Sanidad y
Consumo es sacar adelante el proyecto de real decreto en el menor tiempo
posible, y en la actualidad dicho documento está siendo analizado por los
centros directivos del Departamento como paso previo necesario a su
tramitación reglamentaria. Con su publicación, tras finalizar el
pertinente trámite administrativo, se acabará por dar cumplimiento a la
proposición no de ley de esta Cámara a la que me he venido refiriendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): Tiene la palabra el señor
Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Parras, por su información,
pero permítame que le diga que tengo una decepción porque no ha dicho la
fecha concreta. Todos los pasos están muy bien, seguramente eran
necesarios, me parece que la actitud es prudente, porque es una decisión
que conlleva un coste económico, y siempre hay que tener mucho cuidado,
pero me parece que el tiempo ha sido más que suficiente. No hay que
olvidar que esto afecta a miles de personas, como usted mismo ha
reconocido, así como la gravedad del hecho y la difícil situación de
marginalidad no solamente económica, sino social y hasta psicológica de
las personas afectadas. Cada día que pasa sin que esta medida se pueda
poner en práctica, estamos defraudando y perjudicando a un sector muy
específico de la población. A lo mejor con ese retraso, con las cautelas
que están tomando, están evitando un costo. No entiendo la rezón, si no
es intentar evitar un coste económico, de que estén tardando tanto tiempo
en tomar estas medidas. Realmente, me parecen bien las medidas, me
parecen bien los estudios, los datos, pero creo que no es defendible que
tarden tanto tiempo, al ser una medida que se ha aceptado por todos, que
es necesaria y que hay que llevarla adelante. Si fuera la causa
presupuestaria la justificante, aun sin explicarla, de esa lentitud, por
decirlo suavemente, del procedimiento, creo que sería bastante
reprobable. Por tanto, lo que nos interesa a nosotros, y sobre todo a las
personas que están esperando esta prestación, es que se comprometan de
verdad, puesto que no hay ninguna pega. Ustedes aceptan que hay que
hacerlo, que lo van a hacer, que va a llegar a todos, que el coste de la
medicación extrahospitalaria va a ser gratuito, pero díganos a partir de
que fecha para que la gente sepa exactamente a qué atenerse y pueda salir
de la duda y de la incertidumbre, porque no hay nada peor que crear
expectativas y luego no cumplirlas, sobre todo para personas como las que
nos ocupan, algunas de las cuales, cuando les llegue la medida,
desgraciadamente ya les llegará tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): ¿Grupos que desean fijar
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría. (La
señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente; en este
momento señora Presidenta, porque ocupa la Presidencia de la Mesa de la
Comisión.
Efectivamente, como ha indicado el Secretario del Plan del Sida, se ha
dado cumplimiento a una resolución parlamentaria, aprobada por esta
Cámara hace dos años, que refleja la sensibilidad de los diferentes
grupos políticos sobre los enfermos afectados por el virus de la
inmunodeficiencia. En definitiva, nuestro Grupo Parlamentario está de
acuerdo con esa aplicación y con ese desarrollo político reglamentario
que se ha hecho por parte del Gobierno en la medida --y me gustaría que
me aclarara si he percibido bien la exposición y argumentación que hace
el Gobierno-- en que se efectúa una asimilación a una invalidez total de
los enfermos del sida y que, en definitiva, todo el suministro de
medicamentos estaría sujeto al régimen gratuito de que disponen las
personas que están encuadradas, dentro de las categorías del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, en la invalidez total.
Juntamente con ello se manifiesta que el tratamiento que se les da a los
enfermos del sida, como enfermedad de
diagnóstico hospitalario, implica el tratamiento terapéutico controlado
en hospitales, y eso les lleva también a la gratuidad, es decir, es como
si fuera una ficción por la que cuando uno está ingresado en un hospital
de la red pública, tanto del Insalud como de las comunidades autónomas,
no paga por los productos farmacéuticos. También el tratamiento en
ambulatorios o en centros de salud con el suministro, por ejemplo, del
AZT, cuyo precio es elevadísimo, que tiene el efecto de mitigar el
deterioro progresivo que tienen los enfermos del sida, es gratuito para
estas personas afectadas por el virus.
En definitiva, desde el Grupo Parlamentario Vasco, deslindaríamos este
doble régimen: por un lado, el régimen de suministro de medicamentos en
ambulatorios, que creo que se asimila con el tratamiento que se les da a
los inválidos totales, y, por lo tanto, las recetas se expiden en el
talonario rojo y, por otro lado, el régimen incluido en la ficción que se
hace de la enfermedad como diagnóstico hospitalario, con una gratuidad
total o el tratamiento a través del AZT en centros de salud.
A nuestro Grupo Parlamentario le parece correcto y adecuado en la medida
en que, además, se cumple el mandato parlamentario aprobado por esta
Cámara y nos congratulamos de la medida que se ha adoptado.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: El señor Parras ha dicho, para señalar cuál es
el «status» social de la mayoría de estos enfermos, que de los más de
30.000 casos, dos terceras partes son drogodependientes, sobre todo por
vía parenteral y que, efectivamente, el tratamiento hospitalario es
gratuito como en todas las enfermedades.
En cuanto al tratamiento ambulatorio, los antivirales, que son los que
más cuestan desde el punto de vista economicista, los que exigen más
prestación económica, son ya gratuitos, independientemente de las
evaluaciones económicas que hay que hacer, porque si no nos podríamos
comprometer a algo que luego no podemos cumplir. Por lo tanto, en
cualquier caso, entendemos que a estos enfermos, toda vez que hoy en día
no existe un tratamiento causal eficaz que cure la enfermedad, hay que
considerarlos como enfermos crónicos y hasta cierto punto, si no con una
invalidez definitiva, sí por lo menos con una dependencia de esta
medicación coadyuvante que muchas veces, cuando no hay un tratamiento
etiológico, un tratamiento causal eficaz, es tan importante como los
propios antivirales.
Por lo tanto, estamos de acuerdo. Todos los Grupos de esta Cámara se
manifestaron a favor a principios de 1993. Por lo tanto, más que
denunciar el incumplimiento por no ponerlo en práctica, quiero hacer dos
consideraciones. En primer lugar, felicitar al señor Mur y al Grupo Mixto
por el seguimiento que están haciendo.
En segundo lugar, queremos expresar nuestra posición en el sentido que
manifestábamos. Estamos de acuerdo en que, más allá del posible costo
económico, hay que hacer un esfuerzo porque esta gente,
independientemente de que son enfermos atrapados por estas enfermedades
oportunistas, en cualquier caso estamos obligados a convivir con esta
enfermedad y a ser solidarios, dentro de lo posible, en las atenciones
que puedan recibir, sobre todo entendemos las dificultades, desde el
punto de vista sanitario, que comportan estos grupos que socialmente se
automarginan. Con un control estricto para que no se utilice mal una sola
peseta de los recursos económicos, por encima de la cuestión económica
está la solidaridad con una enfermedad que nos ha sorprendido a todos
pero con la que tenemos la obligación de convivir porque, entre otras
cosas, no tenemos otro remedio.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: En primer lugar, señor Parras, le diré que esta
iniciativa viene de un poco antes de lo que usted ha hecho referencia;
viene del año 1992, que es cuando se empezó por primera vez en esta
Cámara a proponerlo. Luego estamos hablando ya de un período de dos años
y medio. En dos años y medio yo creo que la sensibilidad del Gobierno
socialista debería haber hecho que esos estudios a los que usted hace
referencia hoy, y que nos parece muy bien que los lleve usted a cabo y
que mida el impacto que va a tener, hubieran sido ya plasmados en una
concreción de cumplimiento de un mandato del Parlamento.
Permítame que le recuerde este extremo. Existe un mandato parlamentario
para que el Gobierno cumpla este compromiso y pueda llevarse a cabo la
consideración de los enfermos del sida como enfermos crónicos y que, por
tanto, puedan beneficiarse de las condiciones económicas. Por ello, el
principio del mandato parlamentario no debería echarse en saco roto y
debería cumplirse. Estamos hablando de dos años y medio de
incumplimiento.
Segundo punto: le recuerdo que hay un rosario de declaraciones, no de
otro Ministro, de esta Ministra, comprometiéndose en plazos inmediatos a
dar cumplimiento a esa medida. La última es muy reciente: al comienzo de
esta campaña electoral se anuncia por parte del Gobierno (y corríjame
usted) que se va a dar cumplimiento inmediato a este tema. Era de
esperar, por tanto, señor Parras, que hoy usted nos hubiera concretado
esa fecha. No se puede anunciar, al comienzo de una campaña electoral que
se va a dar cumplimiento, dos años y medio después, a un mandato
parlamentario y que venga el responsable de poner en marcha una de estas
medidas y hoy no sea capaz de decirnos la fecha en la que se va a llevar
a cabo precisamente este tema de tanta trascendencia.
Me hace dudar de que todas esas otras cosas que se nos han anunciado
precisamente durante la campaña electoral ahora se van a llevar a cabo.
También se nos ha dicho que la famosa ley del fondo. Espero que tenga
alguna concreción algo más certera que la que usted hoy nos ha anunciado.
Nos parece, insisto, que dos años y medio es tiempo suficiente como para
evaluar y poner en marcha un tema de mucha trascendencia. Es
absolutamente contradictorio y paradójico que se esté gastando una
cantidad muy importante en la administración de antiretrovirales, cuando
usted sabe perfectamente que es tan importante o más muchas veces en
estas personas con este largo período de incubación y de presentación de
la enfermedad, el tratamiento de las enfermedades oportunistas. Resulta
paradójico, como usted sabe, que muchas de estas personas que, por sus
condiciones económicas, no pueden acceder a la medicación ordinaria para
tratar este tipo de enfermedades oportunistas, por el contrario, cuando
están ingresados o no ingresados, se les administren los
antiretrovirales, cuando muchas veces lo que necesitan es un
antimicótico, simple y llanamente, que no pueden costearse porque sus
condiciones económicas no se lo permiten.
Por tanto, yo creo que hay que ser coherentes, tenemos que, primero,
atender lo sensato y lo prudente, que es precisamente la posibilidad de
atender sus enfermedades oportunistas; segundo, ser solidarios con unas
personas que están ya con un problema sanitario y también social, de una
trascendencia vital; y tercero, ser al mismo tiempo preventivos con el
conjunto de la población, porque todo este tipo de enfermedades
oportunistas pueden también tener otras consecuencias para el resto de la
población en general.
Señor Parras, yo le rogaría que hiciera usted un esfuerzo de concreción:
le pido al Gobierno que cumpla el acuerdo al que este Parlamento llegó
por consenso de todos los grupos parlamentarios, y que seamos capaces de
hacer un esfuerzo de solidaridad, complementario al que, sin lugar a
dudas, ya está haciendo la sociedad con estas personas, y que vamos a
tener que seguir manteniendo, lamentablemente, durante bastante tiempo en
los Presupuestos Generales del Estado.
Yo creo sinceramente que no se puede mantener esa distinción entre la
aplicación de tratamientos ambulatorios o tratamientos hospitalarios con
un carácter diferente. Hay que tener un único criterio, cuando probable y
previsiblemente cada vez se tiende más al tratamiento extrahospitalario
y, coherentemente con eso, habrá que aplicar las medidas que lleven a que
estas personas estén en las mejores condiciones posibles.
Señor Parras, le animo a que las palabras preelectorales del Gobierno se
cumplan ahora, cuando ya hemos superado este trámite. Por cierto,
permítame una digresión en tono de humor: ya que ha dicho usted que el
material de las anteriores campañas tiene una duración aproximada de diez
años, procuren ustedes mantenerlo en buen estado, para que lo podamos
usar en un futuro gobierno. Muchas gracias.
La señor PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora
Novoa tiene la palabra.
La señora NOVOA CARCACIA: Una intervención brevísima.
Quiero decirle al señor Secretario para el Plan Nacional sobre el SIDA
que entendemos las dificultades que ha explicado en su comparecencia para
llevar a la práctica esta medida, pero que no va a ser el Grupo
Parlamentario Socialista el que menosprecie la importancia de que esta
medida sea realidad lo más breve posible en el tiempo. Efectivamente, hay
unos compromisos claros adquiridos tanto por este Grupo Parlamentario
como por la señora Ministra que nos obligan a instar en estos momentos al
Gobierno a que agilice el proceso para otorgar el derecho a la prestación
farmacéutica gratuita a los afectados de sida. Y si bien de las palabras
del señor Parras podemos inferir que el trámite está ya en un proceso
avanzado, nos reiteramos en la solicitud de celeridad en el proceso.
La señora PRESIDENTA: Para responder a las intervenciones de SS. SS.,
tiene la palabra el Secretario del Plan Nacional sobre el SIDA, señor
Parras.
El señor SECRETARIO DEL PLAN NACIONAL SOBRE EL SINDROME DE
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) (Parras Vázquez): Señorías, las
consideraciones previas que hay que hacer a la hora de poner en marcha un
real decreto como éste, aparte de los costes, que son importantes y que
ha sido necesario extraer de nuevo porque no había una información
preestablecida, es que no solamente son estos los problemas. Es muy
difícil acoplar al sistema de prestación farmacéutica actual que tenemos
en España una situación de horizontabilidad como la que se plantea.
Voy a tratar de explicar un poco más a fondo este apartado, pero quiero
dejar muy claro que hay una decisión firme de llevar adelante, en el
mayor breve plazo posible, este real decreto.
Lo que trataba de explicar con anterioridad es que no es fácil que, tal
como está conformada la prestación farmacéutica en España, se pueden
horizontalizar todos los productos farmacológicos a una misma enfermedad.
Voy a explicar por qué. Los fármacos se aprueban con uso hospitalario o
con uso ambulatorio, y una vez que se aprueban, no se pueden modificar.
Con el caso de los antiretrovirales es bastante sencillo, porque se
aprobaron inicialmente para uso hospitalario, lo que no quiere decir que
se dé solamente en los hospitales, sino en cualquier centro sanitario,
pero medicamentos tan habituales como puede ser una amoxicilina, que se
aprueba con un régimen, no se puede sustituir el régimen y, por tanto,
este aspecto plantea una serie de problemas que son difíciles de resolver
en torno a la prescripción farmacéutica.
Por otra parte, tengo que decirles que el documento se está discutiendo
en los centros directivos del Ministerio como paso previo a los
requisitos que son imprescindibles en un real decreto de esta envergadura
que, como ustedes saben, tiene que pasar primero por el informe de los
centros directivos --les vuelvo a repetir que ésa es la situación en la
que está el real decreto--; posteriormente tiene que pasar por audiencias
públicas de las partes interesadas, y de forma muy importante tendrá que
pasar por la opinión del Consejo General de Farmacéuticos, porque esto
plantea una serie de implicaciones que estamos tratando de solventar pero
que no van a ser fáciles. Por otra parte, tiene que pasar también por el
informe de los diferentes Ministerios, Comisión Interterritorial y
Comisión Racional del Uso del Medicamento y, por último, su remisión al
Consejo de Estado.
Yo en este momento no estoy en situación de poderles precisar un plazo
contable, pero vuelvo a repetirles que el proceso está muy adelantado y
que la intención del Ministerio no puede ser más clara.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don Francisco Parras, Secretario
del Plan Nacional del SIDA por su comparecencia. Le despedimos en esta
Comisión.
--DE LA DIRECTORA GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS (GONZALEZ
GANCEDO), PARA INFORMAR SOBRE LOS INDICADORES DE CALIDAD DE LA
PRESCRIPCION FARMACOLOGICA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
(Número de expediente 212/001420.)
La señora PRESIDENTA: La siguiente comparecencia es de la Directora
General de Farmacia y productos Sanitarios para informar sobre los
indicadores de calidad de la prescripción farmacológica, comparecencia
que ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.
Se encuentra entre nosotros la Directora General de Farmacia, doña Pilar
González Gancedo, a quien damos la bienvenida a esta Comisión.
¿Desea el Grupo Popular intervenir previamente para centrar los términos
de la comparecencia?
La señora Fernández de Capel tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Solamente querría dar la bienvenida a
la señora Directora General de Farmacia y rogarle que tuviese la bondad
de informar a esta Cámara sobre los indicadores de calidad de la
prescripción farmacológica que ha elaborado el Insalud.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Directora General de
Farmacia, doña Pilar González Gancedo.
La señora DIRECTORA GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS (González
Gancedo): Señorías, comparezco para informar, no sobre el informe de
indicadores cualitativos hecho por el Insalud, sino sobre los indicadores
cualitativos de la prescripción de medicamentos, donde de alguna manera
he colaborado ya que la Presidenta de Uso Racional del Medicamento,
cuando se adopta la iniciativa de crear este documento, era la Directora
General de Farmacia. Del Insalud y de los indicadores del Insalud creo
que no soy yo la persona adecuada para contestar a ese informe.
Antes de abordar concretamente los trabajos sobre indicadores de
prescripción, es necesario hacer una exposición de la situación
internacional y nacional sobre dos temas fundamentales: el uso racional
de los medicamentos y los estudios de utilización de los mismos, con el
fin de comprender el marco en el que se desarrollan.
La Organización Mundial de la Salud, en la Conferencia de Nairobi de
1985, definió el uso racional de los medicamentos como la prescripción
que se consigue cuando un profesional bien informado, haciendo uso de su
mejor criterio, prescribe un medicamento bien seleccionado, en la dosis
adecuada y durante el período de tiempo apropiado y al menor coste
posible. El medicamento apropiado ha de ser eficaz y de calidad e
inocuidad aceptables.
El uso racional de los medicamentos interesa por igual a los países en
desarrollo y a los desarrollados. En estos últimos la prescripción de
fármacos inadecuados e innecesarios absorbe una parte considerable del
presupuesto de la atención de salud y agrava el problema de las
enfermedades yatrogénicas. Para formular estrategias congruentes que
fomenten el uso racional de los medicamentos se necesita información
sobre las necesidades farmacéuticas de la comunidad, sobre su costo y
sobre la utilización de los medicamentos.
Dentro de las actividades relacionadas con el uso racional de los
medicamentos recomendadas por esta Organización hay que destacar la
elaboración de protocolos terapéuticos, comisiones de farmacia, guías
farmacoterapéuticas de área, determinación de la medicación de urgencia
en los centros y evaluación del uso de los medicamentos. La OMS pide a
cuantos trabajan en el campo de la salud que al planificar sus
actuaciones diseñen también el instrumento de medida para evaluarlas. Por
ello, ha propiciado la creación de un grupo de investigación de
utilización de medicamentos, con el objeto, entre otros, de instar a las
autoridades sanitarias a la realización de este tipo de estudios.
En la misma línea, Dukes, el consejero de la OMS para asuntos
farmacéuticos, editó en 1993 el libro «Estudios en drogas: utilización,
métodos y usos», dentro de las series europeas de publicaciones que
realiza el citado organismo. En esta publicación se sitúa el inicio del
desarrollo de estos estudios de 1964 en el simpósium de Moscú, organizado
por la OMS, estableciéndose como causa de ello el desastre de la
talidomida, debido al desconocimiento de la cantidad en la que había sido
utilizado el medicamento y a la incapacidad de asesorar en la frecuencia
y localización de riesgos.
La reunión de Moscú llevó a la realización de un estudio por los
directores de salud pública de Holanda y Suecia, recogiendo datos de sus
países y de algunos otros. Sus hallazgos fueron expuestos en la reunión
de Oslo de 1969 y proporcionaron las bases para la formación del grupo de
consumo de medicamentos de la OMS, que después se convirtió en el grupo
de investigación en utilización de medicamentos de la misma.
Durante los últimos 20 años, este grupo ha permanecido muy dinámico y ha
dado lugar a que estos estudios se conviertan en un servicio a los
intereses de eficacia, efectividad y seguridad médica. El grupo, los
investigadores y los institutos asociados han desarrollado y revisado los
instrumentos y los métodos esenciales para que los estudios de
utilización de medicamentos sean realizados de forma fidedigna y
razonablemente estandarizada. En su reunión de 1993 en Oxford, realizó,
entre otras actividades, una recopilación de los trabajos sobre este tema
a nivel mundial.
Entre los países con trabajos en este campo, se encuentran Canadá, Reino
Unido, Australia, Alemania, Francia, Holanda; y con una gran colaboración
se encuentra España, debido principalmente a la existencia, desde los
años 70, de un sistema de información sobre las prescripciones de
medicamentos fiables y muy desarrollados.
Consejo de Europa. Como resultado de la corriente internacional con
respecto al consumo de medicamentos, el Consejo de Europa, a través de su
Comité de Ministros, adoptó la resolución AP (94) 1 sobre el uso racional
de los medicamentos, en la que recomienda la adopción de medidas, entre
las que se encuentra la prescripción racional de los mismos. Para
conseguirlo, estimula la creación de comités sobre productos
farmacéuticos y terapias de carácter pluridisciplinar, dotados de un
papel consultivo, entre cuyas funciones se encuentra la de evaluar de
forma regular la calidad de utilización de los medicamentos.
En los Estados Unidos la FDA, que es el organismo que autoriza los
medicamentos, aplica una calificación a los mismos cuando se autoriza su
puesta en el mercado, en función de lo que se denomina su potencial
terapéutico, estableciendo tres categorías: tipo A, avance terapéutico
importante; tipo B, avance terapéutico modesto, y tipo C, avance
terapéutico pequeño o ausente. Estas calificaciones se revisan de forma
periódica debido a los cambios que pueden acontecer con respecto al lugar
de la terapéutica que ocupa un determinado medicamento. Como resultado de
la ausencia de un sistema público de información global sobre
prescripciones, los estudios de utilización de medicamentos en este país
tienen un enfoque diferente a los existentes en España. No obstante,
existen importantes grupos de trabajo que abordan los estudios de
utilización de medicamentos como medida del resultado de una intervención
de tipo educativo o de información sanitaria. Un ejemplo de ello es el
grupo de Stephen B. Soumerai, de la Harvard Medical School.
En el Reino Unido, un ejemplo de esfuerzo realizado en este país en este
área es la noticia aparecida recientemente en la revista Scrip, según la
cual el departamento de salud ha destinado 2,4 millones de libras a
investigación en prescripción para un período de de cuatro años. Los
anuncios se han puesto en la prensa nacional y prensa médica, invitando a
los investigadores a hacer propuestas. El departamento de salud espera
que la investigación cubra las siguientes áreas: percepción por los
médicos de las necesidades de los pacientes con respecto al tratamiento
con medicamentos y percepción de los pacientes; formas de animar a los
médicos a una mejor prescripción; incentivos a los médicos que realicen
una prescripción con mejor coste-efectividad; factores que influyen a los
médicos en la prescripción de nuevos medicamentos; indicadores para
ayudar a mejorar la calidad de la prescripción; formas de animar a los
pacientes a completar sus tratamientos con medicamentos.
El departamento de salud también declara que la decisión de asignar estos
fondos está en la misma línea que la estrategia de investigación y
desarrollo de la National Health Service, en la cual la prescripción ha
sido identificada como una de las ocho áreas de prioridad.
En España, La Ley del Medicamento, de acuerdo con las orientaciones de
las más modernas disposiciones sobre esta materia en el mundo occidental
y las recomendaciones de la OMS, dedica todo el título VI al
establecimiento de una serie de normas y principios sobre el uso racional
de los medicamentos. De esta forma, el artículo 84 define, entre las
actuaciones de las administraciones sanitarias, la adopción de las
medidas necesarias para que, en las estructuras de atención especializada
y primaria, se lleven a cabo la selección y valoración científica de los
medicamentos y de su empleo a través de las comisiones de farmacia y
terapéutica o de cualquier otro medio equivalente. La misma ley, en su
título II, sienta las bases del registro de especialidades farmacéuticas
como garantía de la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos
autorizados en España, sin entrar en absoluto en contradicción con el
programa del uso racional de los medicamentos en atención primaria y
especializada, a que se refiere el título VI.
Hay que tener en cuenta que las autorizaciones de registro se efectúan
teniendo en cuenta la documentación presentada por las compañías
farmacéuticas como fruto de un proceso de investigación, con unos
requisitos establecidos, y que los programas de uso racional de los
medicamentos están dirigidos a conocer y actuar sobre la forma en que los
medicamentos son utilizados en la práctica clínica.
La implantación en España de los programas de uso racional de los
medicamentos promovidos por la OMS ha tenido varias etapas, pero se puede
decir que se consolidó formalmente con la Ley del Medicamento en su
título VI y, por otra parte, con la elaboración, en 1991, del documento
que recoge el programa de uso racional del medicamento en atención
primaria.
El objetivo de este programa es la mejora de la calidad asistencial,
especialmente en el ámbito de la utilización del medicamento, para la que
se preconizan fundamentalmente tres medidas: incorporación del
farmacéutico a las estructuras de atención primaria, creación de la
comisión de farmacia y terapéutica y participación de médicos, personal
de enfermería y servicio de farmacia hospitalaria del área.
Con estos objetivos iniciales, las actuaciones concretas se centran en
elaboración de protocolos y guías farmacoterapéuticas, establecimiento de
sistemas de información de medicamentos dirigidos al personal sanitario,
promoción del sistema de farmacovigilancia y realización de estudios de
utilización de los medicamentos. Estos estudios del uso del medicamento
se realizarán con el fin de conocer los patrones de prescripción y uso de
los medicamentos en relación con la morbilidad y establecer las acciones
y mecanismos para modificar dichos patrones, de acuerdo con criterios de
racionalidad.
Para comprender el volumen y la calidad de los estudios de utilización de
medicamentos existentes en nuestro país hay que tener en cuenta que el
sistema de información del consumo extrahospitalario de la prestación
farmacéutica de la Seguridad Social se viene realizando desde los años
setenta con un gran nivel de precisión y calidad. Esto determina una
diferencia fundamental con los países de nuestro entorno, la mayoría de
los cuales carece de un sistema
de similares características, y los datos con que cuentan las autoridades
sanitarias de esos países son parciales o propiedad de la industria
farmacéutica, que los utiliza para sus estudios y actuaciones sobre el
mercado.
La práctica terapéutica pasa en la atención primaria, en un porcentaje
muy elevado de casos, por la prescripción de medicamentos. Por ello, es
esencial que, al plantear el tema de la garantía de calidad asistencial,
se tenga en cuenta la calidad de la prescripción como un aspecto
fundamental y considerar que esta calidad va ligada a una óptima
utilización de los medicamentos eficaces y seguros.
Si nos centramos en la definición de la OMS de los estudios de
utilización de medicamentos, encontramos que son aquellos que tienen como
objetivo el análisis de la comercialización, distribución, prescripción y
uso de los medicamentos en una sociedad, con acento especial sobre las
consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes. El objetivo
último de los estudios de uso de los medicamentos es conseguir una
práctica terapéutica óptima y, para alcanzarlos, pueden establecerse
varios objetivos intermedios. Primero, descripción de la utilización de
los medicamentos; segundo, valoración cualitativa de los datos obtenidos
con un patrón de referencia considerado óptimo y, tercero, intervención
sobre los problemas identificados.
Entre los diversos tipos del estudio del uso del medicamento encontramos
aquellos que realizan una valoración cualitativa que puede pretender:
detectar la utilización de medicamentos inadecuados en sí mismos;
detectar la utilización insuficiente o excesiva del tratamiento
farmacológico en una determinada enfermedad o indicación; detectar una
utilización excesiva o insuficiente de ciertos medicamentos en
comparación con sus alternativas y en función de la relación
beneficio-riesgo y beneficio-coste; detectar una utilización inadecuada
de los medicamentos elegidos respecto al esquema terapéutico.
Para efectuar un análisis cualitativo de los estudios de uso de los
medicamentos, se comparan las características de la utilización de
medicamento observada, con un patrón de referencia considerado óptimo o
estándar. Los indicadores son los parámetros que miden las diferencias
entre la utilización del medicamento observada y el patrón de referencia.
Los patrones de referencia e indicadores se pueden identificar en la
literatura o ser de elaboración propia.
Uno de los primeros estudios de uso del medicamento realizados en España
fue publicado por Laporte en el «British Journal of Clinical
Pharmacology» en 1983, que trata de evaluar la calidad de la prescripción
de los medicamentos mediante la clasificación en cinco categorías en
función de su valor intrínseco, y en tres categorías según su potencial
de uso esperado. Estas clasificaciones fueron aplicadas a las
especialidades farmacéuticas más vendidas en esos años.
En ese mismo año, 1983, Laporte y Tognoni publicaron «Principios de
Epidemiología del Medicamento», que recoge de una forma amplia los
criterios internacionales y nacionales sobre el uso racional de los
medicamentos, que ha sido expuesta en esta comparecencia.
En los últimos dos años se han elaborado varios documentos de trabajo
derivados de los iniciados por Laporte, entre los cuales podemos citar el
de la Fundación Farmacia Clínica, de julio de 1993, y el del Insalud de
1994.
El documento de la Fundación Farmacia Clínica se denomina «Uso racional
del medicamento. Propuesta de clasificación de las especialidades
farmacéuticas» y trata de analizar la oferta de medicamentos contenidos
en el catálogo de especialidades del Consejo de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de 1992, con el fin de proporcionar un documento de debate
en torno al cual sea posible llegar a un consenso sobre los criterios de
selección científica y sanitariamente aceptables. La propuesta se orienta
exclusivamente a la atención primaria, puesto que en el ámbito
hospitalario la selección de los medicamentos se realiza habitualmente
por las comisiones de farmacia y terapéutica, iniciadas en España en
1967.
La metodología utilizada consistió en la clasificación de los principios
activos en cuatro grupos, utilizando los siguientes criterios: eficacia
contrastada, seguridad, criterios farmacocinéticos, disponibilidad de
fármacos en atención primaria y coste. Los grupos resultantes son: Grupo
A, fármacos de eficacia y seguridad contrastada y de primera elección;
grupo B, fármacos de eficacia y seguridad contrastada y de segunda línea;
grupo C, fármacos de seguridad o eficacia poco contrastada o que carecen
de interés terapéutico; y el grupo H, fármacos con indicaciones
terapéuticas del ámbito hospitalario.
En el año 1994, el Insalud elaboró un documento sobre «Indicadores de
calidad en la prescripción farmacológica», tomando como punto de partida
la mecanización, desde 1974, de las recetas facturadas con cargo al
Sistema Nacional de Salud. La explotación inicial de esta información
permitió, en una primera etapa, conocer el consumo cuantitativo en
recetas e importe de cada médico. Posteriormente, el desarrollo de
programas informáticos capaces de mejorar la información de la cinta de
facturación a nivel provincial ha permitido conocer el perfil de la
prescripción de cada facultativo, entendiendo por tal su consumo de cada
uno de los grupos y subgrupos en que se clasifican las especialidades
farmacéuticas existentes.
El conocimiento por cada facultativo de este perfil farmacoterapéutico
supone un instrumento fundamental para la evaluación cualitativa de su
prescripción, pero inmediatamente surge la necesidad de disponer de unos
indicadores que sirvan de guía para orientarla.
Con estas premisas, la Subdirección General de Atención Primaria del
Insalud constituyó un grupo de trabajo, compuesto por médicos y
farmacéuticos de atención primaria y farmacólogos clínicos, a los que se
les encargó la elaboración de indicadores de prescripción, orientados a
proporcionar información adicional más específica a los perfiles de
prescripción. Los indicadores se diseñaron para ser aplicados a nivel de
área, centro o equipo de atención primaria, teniendo en cuenta sus
limitaciones en cuanto al contexto del momento y el entorno sanitario por
el que se consideró imprescindible su puesta a prueba en una fase piloto
que se está llevando a cabo en este momento.
El objetivo del diseño de estos indicadores de calidad de la prescripción
fue servir de instrumento de medida que permitiese cuantificar una
valoración, en principio cualitativa, de esta prescripción, detectando
tres tipos de problemas; beneficios insuficientes, riesgos excesivos y
desfavorable relación beneficio-riesgo-coste.
Para el diseño de los indicadores, se utilizaron los consumos de
subgrupos terapéuticos de cuatro o cinco caracteres en relación con la
población protegida o con el consumo total. En algunos de los
indicadores, la población de referencia son los pensionistas, por
tratarse de los principales consumidores de determinados grupos de
medicamentos.
Indicadores cualitativos de la prescripción del medicamento. Si nos
detenemos finalmente en el trabajo, que creo que es el objeto de esta
intervención, hay que exponer brevemente las etapas y la forma en que fue
realizado.
En la reunión de abril de 1993 de la Comisión permanente de uso racional
de los medicamentos, presidida por la Directora General de Farmacia y
Productos Sanitarios, se propuso encargar la elaboración de un trabajo
sobre indicadores de la prescripción de medicamentos. Esta propuesta fue
acordada en la misma sesión por ser coordinada por la Subdirección
General de Prestaciones y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y en la
citada reunión se invitó a los componentes de la comisión a participar o
proponer personas que colaboraran en la realización del trabajo.
Hay que destacar que la Dirección General de Aseguramiento y
Planificación ha venido convocando, de forma permanente, diversos paneles
de expertos, con el fin de elaborar informes de recomendaciones que
afectan a la actividad clínica y terapéutica, dirigidos a los
profesionales, a las gerencias y direcciones médicas de hospitales y
áreas de salud y a las distintas administraciones sanitarias. Como
resultado de esta actividad, el Ministerio de Sanidad y Consumo editó, en
1994, las guías nacionales de práctica química que comprenden trece
documentos, de los cuales sólo tres se ocupan en exclusiva de la
terapéutica con medicamentos concretos.
En el prólogo de la presentación de estas guías se dice: Querríamos
enfatizar que nuestros documentos son de recomendaciones y no constituyen
unas rígidas normas de práctica clínica «estricto sensu». Consideramos,
más bien, que la guías de práctica clínica deben entenderse como
directrices o recomendaciones actualizadas a la luz del conocimiento
científico actual y de la situación concreta de nuestro sistema
sanitario.
En la constitución del grupo de trabajo para la elaboración de
indicadores cualitativos de la prescripción por la Dirección General de
Aseguramiento y Planificación y en la coordinación del mismo por la
Subdirección General de Prestaciones y Evaluación de Tecnologías
Sanitarias, se tuvieron en cuenta las iniciativas surgidas sobre esta
materia en los ámbitos de la docencia, la investigación y la asistencia
sanitaria, sobre los cuales existen publicaciones, tanto en España como a
nivel internacional.
El panel de expertos resultante fue multidisciplinar, y participaron
médicos y farmacéuticos de atención primaria y de atención especializada,
así como farmacólogos clínicos. Se respetaron las propuestas de
participación de los miembros de la comisión de uso racional de los
medicamentos, en la cual están representados, entre otros organismos, el
Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Farmaindustria y las
comunidades autónomas.
Antes de abordar el trabajo y su metodología, se establecieron los puntos
de partida y los elementos básicos que debían tenerse en cuenta, entre
los cuales puede destacarse que la Comisión Nacional para el uso racional
de los medicamentos acuerda la elaboración de este documento y la
Dirección General de Aseguramiento y Planificación se encarga de la
coordinación. Su contenido es expresión de la evaluación científica del
panel de expertos convocado, constituyendo por ello un documento de
asesoría técnica, no representando necesariamente la opinión oficial del
Ministerio de Sanidad y Consumo. Conseguir una utilización racional de
los medicamentos, logrando una práctica terapéutica óptima, es el
objetivo prioritario para la Organización Mundial de la Salud, del que
participan sus países miembros. Estos lo han asimilado e incorporado a su
ordenamiento jurídico en leyes tan importantes en el caso de nuestro país
como son la Ley General de Sanidad y la Ley del Medicamento.
Si nos detenemos, finalmente, en el trabajo que es objeto de esta
intervención, hay que indicar que el objetivo del panel fue elaborar unos
indicadores que permitieran evaluar la calidad de la prescripción de los
medicamentos en la práctica médica extrahospitalaria, todo ello como una
primera aproximación para permitir el cumplimiento de lo establecido en
el artículo 96, de la Ley 25/1990, del 20 de diciembre, del Medicamento,
que dice: En el ámbito del Sistema Nacional de Salud corresponde a las
administraciones públicas sanitarias la evaluación de las prescripciones
por áreas, zonas, terapias, grupos poblacionales y otras circunstancias.
En la primera parte se han estudiado los medicamentos financiados por la
Seguridad Social, clasificándolos en dos categorías A y B, según su valor
intrínseco, con el objeto de establecer unos indicadores de primer nivel
en base a su composición, eficacia y seguridad. En una segunda etapa
sería posible analizar la calidad de la utilización de los medicamentos
en función de sus indicaciones y su terapéutica.
En todo caso, hay que destacar que los trabajos o estudios cuyo objetivo
sea valorar la idoneidad de las prescripciones realizadas en la práctica
clínica, tal como establece la Ley del Medicamento, es obvio que no entra
en conflicto con los principios básicos que determinan el registro de
especialidades farmacéuticas: calidad, seguridad y eficacia. También hay
que indicar que si bien todos los medicamentos registrados por la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios cumplen los citados
requisitos de calidad, seguridad y eficacia establecidos en la ley, no
todas las sustancias medicinales incluidas en un grupo terapéutico son
equiparables en cuanto a seguridad y eficacia.
En el desarrollo de los trabajos, cada uno de los miembros del panel de
expertos contó con el asesoramiento de consultores externos, lo que elevó
el número de profesionales que colaboraron en el mismo a más de cien.
En cuanto al método de trabajo seguido, indicar que cada grupo
terapéutico fue analizado por dos miembros del panel de forma
independiente, contando para ello con el asesoramiento de los citados
consultores externos. Después de contrastar los resultados obtenidos por
cada uno de ellos, se presentaban las conclusiones al resto de los
componentes del panel para su debate y discusión. Cuando la evaluación de
alguno de los medicamentos ofrecía disparidad en su análisis se trataba
monográficamente por el conjunto del panel que adoptaba por consenso una
decisión final.
Para la calificación del medicamento como de valor intrínseco elevado, se
tuvieron en cuenta básicamente los siguientes criterios: medicamentos
cuya eficacia y seguridad están suficientemente documentadas;
medicamentos cuyas formas farmacéuticas, dosificación y vías de
administración son las adecuadas; medicamentos monofármacos. Las
asociaciones de principios activos a dosis fijas se consideraron de
categoría A sólo si presentaban alguna ventaja frente a la administración
de los mismos principios activos por separado o tienen una justificación
terapéutica, galénica o de mejora de la adherencia al tratamiento
prescrito.
En la sesión de mayo de 1994, de la Comisión permanente de uso racional
de los medicamentos, se presentó el trabajo elaborado por el grupo de
expertos. Durante esta presentación hubo una discusión preliminar y se
propuso que se hicieran sugerencias por escrito y se tratara de nuevo en
la reunión del mes de julio.
Hasta el 31 de julio de 1994 se han recibido en la secretaría de la
Comisión Nacional para el uso racional de los medicamentos las propuestas
de siete compañías farmacéuticas para doce principios activos. Si tenemos
en cuenta que se han revisado todos los principios activos reembolsables
a través del Sistema Nacional de Salud, que son 1.417, la proporción
resultante es bastante reducida, el 0,8 por ciento. Estas propuestas han
sido estudiadas de nuevo por el grupo de trabajo, y con los resultados se
ha elaborado el documento final, en septiembre de 1994.
Como conclusión, hay que destacar que se trata de un documento de
asesoría técnica y científica promovido por la Comisión Nacional para el
uso racional de los medicamentos, y cuyo objetivo, al igual que en
general el de los estudios de utilización de medicamentos, es colaborar
en la obtención de la necesaria garantía de calidad asistencial en el
campo de la terapéutica.
La información, formación e investigación sobre los medicamentos son
tareas de máximo interés social para pretender ofrecer a los ciudadanos
una terapia reaccional y una utilización óptima de los recursos
disponibles.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Además del grupo solicitante, ¿qué otros grupos
desean intervenir? (Pausa.)
Por el grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández
de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señora Directora General de Farmacia,
me parece lógico el estudio de medicamentos hecho por diferentes países,
pero vemos que el hecho por el Insalud, en tanto en cuanto afecta a la
calidad y a la eficacia del medicamento, no es sólo pertinente la
presencia de representantes del Insalud, sino la suya, porque la
garantía, la calidad y la eficacia del medicamento es responsabilidad
directa de usted.
Los estudios internacionales tienen una vertiente que nosotros echamos de
menos en este estudio: son estudios completos. Esos estudios recogen no
sólo la parte de indicadores en la prescripción, como éste, sino que
reúnen otra serie de aspectos que usted ha leído muy bien, pero el del
Insalud se centra más en los indicadores de la prescripción. Esta es más
una figura literaria de pensamiento, de utilizar la parte por el todo,
pero en este momento estamos hablando de medicamentos y no de literatura.
Después de estudiarlo muy detenidamente, nosotros entendemos que el
documento de los indicadores de calidad en la prescripción es más una
medida de control del gasto farmacéutico que implica sobre todo tipos de
actuación.
Una primera actuación es la evaluación de la eficacia de los medicamentos
que componen la oferta terapéutica del Sistema Nacional de Salud y que se
traduce en la confección de una lista de especialidades farmacéuticas que
se califican de utilidad terapéutica baja --UTB-- o alta y esto da lugar
a una serie de medidas para que los médicos no prescriban los
medicamentos de esas listas. Estas medidas son generalmente de tipo
coactivo --mediante el control de la prescripción de cada médico-- para,
como usted ha dicho muy bien, hacer una evaluación de si su prescripción
es buena o no es adecuada. Le indicaría con el mayor respeto que procuren
no se vea mucho el documento por decoro de la dirección general y por
decoro también de la sanidad pública de nuestro país a la que yo tengo un
gran respeto.
¿Quién ha hecho la evaluación? Pues estamos en una incógnita. Sabemos que
varios grupos de trabajo ligados por contratación de cada gerencia de
área con criterios de transparencia que hasta este momento no vemos: 54
farmacéuticos de atención primaria, uno por cada área del Insalud. Pero
no se responde a preguntas de esta diputada, hechas en tiempo y forma,
habiendo pasado suficiente tiempo para la respuesta. No se ha respondido
sobre quién ha trabajado en ese documento. Se han dejado muchas
incógnitas sobre este tema; quién ha trabajado, qué personas fueron
contratadas por las áreas de atención primaria y qué medicamentos hay
ahora mismo clasificados que no se nos contesta. Tampoco se nos ha
servido el informe y usted no ha aclarado suficientemente quién ha
trabajado en este aspecto; una solicitud del informe que hicimos al
Ministerio de Sanidad y Consumo recabando los boletines
farmaco-terapéuticos elaborados por las comisiones a través de ese
documento de indicación, tampoco nos ha llegado, aunque el plazo se ha
cumplido de forma generosa.
Parece que estos grupos de trabajo están ligados a estructuras de control
de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y sabemos que
hay dos evaluaciones en uso, una del Insalud y otra del Servicio catalán
de salud, que sirven de modelo para unos boletines como el del área de
Cuenca, boletines discutibles, de baja calidad y sin un apoyo científico
(el boletín carece del mínimo
apoyo y del mínimo rigor científico que serían deseables para una
actuación de este tipo); es una información, para decirlo de manera
suave, muy poco seria.
Si el documento en sí pudiera considerarse discutible bastarían para
desacreditarlo dos puntos injustificables desde el aspecto ético-médico.
Concretamente me voy a referir al primero de ellos. En el párrafo de la
página 3, renglón 3, habla de cómo programas informáticos capaces de
explotar la información de las cintas de facturación de recetas --usted
lo ha citado también textualmente-- han permitido conocer el perfil de
calidad de prescripción de cada facultativo, lo cual es una injerencia en
la relación de libertad de prescripción y en la relación médico-enfermo.
A este respecto yo le indico que esa utilización de las recetas de un
facultativo y la calificación posterior de si ese facultativo actúa bien
o actúa mal en materia sanitaria, vulnera los artículos 18 y 20 de la
Constitución, el secreto médico-enfermo que es irrenunciable --y esta
Comisión me imagino que respetará también--; pero, sobre todo, tienen un
fallo de raíz: ¿cómo se valoran aspectos no predecibles ni estables con
la receta de un enfermo del que sólo se conoce el nombre y ninguna
circunstancia concomitante que acompañe a su cuadro a través de un
medicamento? Eso debería explicarlo la Administración porque, como ya
dije un día a la señora ministra, a lo mejor el Insalud se hace acreedor
del premio Nobel y de la última revolución médica. ¿Cómo se valoran esos
aspectos no predecibles a través de una receta de un señor y con el
nombre de un médico? Yo quisiera saberlo porque quizá no sirva para nada
la Facultad de Medicina.
En la página 37 del documento se indica --y es una situación también
lamentable-- cómo --cito palabras textuales-- que desde la atención
primaria el médico puede condicionar con su actitud modificadora el
tratamiento del especialista, el consumo de algunos productos: Incitar a
unos facultativos a modificar el tratamiento que ha sido puesto por un
facultativo, se cita. Busque por favor la página 37 de los indicadores de
calidad terapéutica y verá claramente cómo se incita para que desde la
atención primaria el médico pueda condicionar --y se usa esta palabra--
con su actitud modificadora del tratamiento del especialista el consumo
de algunos productos. Como médico me resisto a que nadie me corrija la
plana. Si ha de hacerlo que lo haga ante el Colegio de Médicos y con unos
argumentos de otro tipo pero nunca el de la calificación.
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Fernández de Capel.
¿Quiere indicar de qué documento se trata?
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: El documento que yo he pedido:
Indicadores de calidad en la prescripción farmacológica del Insalud.
La señora PRESIDENTA: Tiene usted razón. Efectivamente, ése es el
documento. Recuerdo a la señora Fernández de Capel por segunda vez en el
día de hoy que la solicitud de comparecencia que han formulado SS. SS.
hace referencia a los indicadores de calidad de la prescripción
farmacológica general, no específicamente al documento del Insalud. Se lo
digo porque está haciendo referencia en concreto a ese documento. Siento
que...
La señora FERNANDEZ DE CAPEL Y BAÑOS: Si éste fuera un documento de
carácter particular, señora Presidenta, formaría parte del carácter
general.
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, le insisto...
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Estoy hablando del Insalud.
La señora PRESIDENTA: No me interrumpa, por favor. Insisto en que usted
puede referirse a toda la documentación que haya consultado,
evidentemente, cómo no, pero quiero recordar que la solicitud de
comparecencia se ha formulado en los términos que se ha formulado y usted
está utilizando una documentación de la que no disponemos para hacer
referencia en este momento. (Rumores y protestas.)
Señorías, no tienen la palabra. Quiero insistir en que cuando hacen una
solicitud de comparecencia presten atención a los términos en que la
formulan. Simplemente quería hacerles esta indicación.
Puede continuar, señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora Presidenta. Lamento
que pueda existir algún malentendido puesto que yo estoy hablando del
documento del Insalud y en la primera parte de mi intervención he aludido
a cómo afecta también a la Dirección General de Farmacia puesto que
estamos hablando de medicamentos.
El consumo de esos productos puede ser modificado a través de la atención
primaria; la prescripción que hace el facultativo especializado. Es
lamentable pero más cuando se ha preguntado a la señora ministra, y en
respuesta de 22 de marzo --y ahí quedaba bien claro que era del Insalud--
diga que el decreto de julio de 1993 afectaba a champús, cremas
dermatológicas, etcétera. Esta es una actitud intolerable desde el punto
de vista del ministerio ante esta Cámara puesto que el documento lo
refiere principalmente todo a gasto.
El documento, que sepamos, no ha pasado por la Comisión Nacional de uso
racional de medicamento, y usted se refería, señora directora general, al
documento. Sin la prueba, el documento saldría con el refrendo de la
Comisión y si no, pues podría considerarse que es propiedad intelectual
de este grupo autor, aunque con boletines como el de Cuenca quizá habría
que apartar y quitarle --entre comillas-- lo de intelectual.
Intentar el control del gasto con indicadores de calidad en la
prescripción tiene varios problemas. Primero, si hay criterios económicos
--y los hay en cada línea--, éstos quitan credibilidad «ab initio», es
decir, en el momento de iniciar el control, al resultado científico que
aparece condicionado al criterio económico. Esa presentación
seudocientífica,
en la que en el numerador aparece el grupo terapéutico y en el
denominador el gasto, ¿cómo puede coordinarse con la calidad y la
eficacia?
Segundo punto que es digno también de destacar: la implantación es de
carácter coactivo y no tiene en cuenta la realidad asistencial, como le
he dicho, que nunca puede avaluarse a través de unas recetas. El
ordenador del Insalud controla al grupo terapéutico pero no sabe si sus
medicamentos, por ejemplo, antihipertensivos, se están utilizando
correctamente; y no puede saberlo porque no conoce la índole del enfermo.
Los medicamentos más vulnerables --y paso a la tercera parte, a una
revisión que es necesaria dentro de la actuación del ministerio-- serían
en este momento, en 1995, los medicamentos que se aprobaron entre los
años 1960 y 1970 y que todavía están en el mercado; esto nos daría una
acción contraria a lo que indican los documentos, y llegaríamos a apartar
unos medicamentos más baratos y a incluir unos medicamentos más caros.
Las medidas afectan principalmente a los medicamentos de la industria
española, de la industria farmacológica española, no a los de las
multinacionales del sector, y sabemos --usted lo debe saber, señora
directora general-- que en la Administración hay criterios internos
divergentes. ¿Verdad que hay criterios divergentes en la Administración?
Hay medicamentos con más de veinte años, y sería muy discutible que
todavía apareciesen algunos. Pero hay algo más, alguien los autorizó,
alguien los mantiene, si no son eficaces hay que retirarlos, y si no hay
que retirarlos, hay que dejarlos plenamente, porque estaríamos vulnerando
los artículos 9.1 y 10.1, letras a) y b) de la Ley del Medicamento y los
puntos 2 y 3 también del artículo 10 de la Ley del Medicamento. La nueva
reglamentación (en fase de información pública, como sabemos), que
modifica el Real Decreto sobre autorización del medicamento para
adaptarlo a las normas de la Unión Europea, establece que cuando se haga
la convalidación quinquenal de los medicamentos antiguos para su
autorización ha de revisarse la eficacia y la seguridad con criterios
científicos actualizados. Con eso estamos plenamente de acuerdo, pero
lleva a tomar una serie de actitudes: o se resuelve el problema donde hay
que resolverlo, que es en el registro farmacéutico, o creará conflictos
como el que está suponiendo este tipo de documentos que pululan por la
red asistencial española; creará conflictos con la Administración porque
se declaran ineficaces medicamentos que están respaldados por el registro
farmacéutico, y ante eso, señora directora general, usted tendrá que
decir algo, ¿cómo lo aprueba el ministerio? ¿Qué dice la Dirección
General de Farmacia cuando un medicamento aprobado se declara ineficaz?
Alguien tendrá que decir algo.
Su problema, señora directora general, y yo lo entiendo, es que la
Dirección General de Farmacia tiene objetivos divergentes, y a usted le
ha tocado lidiar ese toro. No se puede ser a la vez garante de la calidad
del medicamento, que debería ser su objetivo prioritario, y controlador
del gasto farmacéutico, porque es una esquizofrenia que motiva estos
resultados poco deseables y que llevan a esa ineficacia. Por ejemplo,
respecto a los medicamentos UTB, los de utilidad terapéutica baja, en la
página 13 del documento del Insalud se aconseja no prescribirlos e ir al
principio activo, pero aquí hay ese galimatías, ese oscurantismo tan de
moda hasta en la literatura y científicamente hay un galimatías que no
permite vislumbrar unos visos de realidad con lo que se está haciendo.
Por ejemplo, en el caso de los hipotensores se mezclan churras con
merinas. Se mezclan sin distinguir sus diversas funciones diazinas,
diuréticos y betabloqueantes y, además, se indica en grupos el
preferente. ¿Cómo se puede incluir un hipotensor en un grupo preferente
si en un momento determinado habrá que utilizar uno u otro dependiendo
del enfermo? En cuanto a los antidepresivos se habla de ellos como si
todos fuesen iguales. No, señora directora general, un antidepresivo
aplicado a un enfermo habrá que ver qué pruebas y qué reacciones provoca
ante otras sustancias para utilizar un medicamento antidepresivo
determinado. Esto no es de recibo. Por ejemplo, me acuerdo de la reacción
al sulpiride para poder utilizar un antidepresivo u otro. Son estudios
farmacológicos que evidentemente usted conoce. El desprecio por
asociaciones de los psicolépticos o los psicoanalépticos también sería
muy discutible científicamente, y el documento los rechaza. En cuanto a
los ansiolíticos queda muy en entredicho la función de los ansiolíticos
y, en este momento que disfrutamos de las alergias primaverales, no
digamos nada de los antiasmáticos. Cuando veo que en los documentos se
desaconsejan unos medicamentos con nombres y apellidos y se dejan otros
exactamente iguales, pienso que algo tendrá que decir la Dirección
General de Farmacia, porque si se le da al botoncito del ordenador salen
exactamente otros preparados con la misma composición que no se rechazan
en esos documentos.
Desde el punto de vista político, médico y ético, que esta diputada no
puede obviar, no se puede tolerar esa situación de indefensión al aplicar
estos boletines de forma extraoficial, porque se produce una indefensión
en los afectados. No han sido consultados los utilizadores, no pueden
recurrir, ni hay mecanismos formales para subsanar posibles errores como
los que acabo de señalar que son muy patentes, ni hay responsables de
estos mismos indicadores, no hay responsables. A mí no se me ha
contestado ni nadie sabe quién manda esos boletines, esos indicadores.
Esta es una forma que tiene el ministerio de vulnerar los derechos de los
usuarios y de los prescriptores, y lleva a la indefensión absoluta del
prescriptor y del ciudadano ante el ministerio, porque ¿quién responde de
esa indicación? Y más cuando se introducen en los ordenadores datos sobre
eficacia que crean opinión en el mundo farmacéutico, que inciden en las
ventas en uno y otro sentido y, como le estoy diciendo, también incide en
los puestos de trabajo de la farmacia española, de la que hablaremos otro
día. Hoy, quiero que me responda por qué se quitan unos y se dejan otros
exactamente iguales con distintos precios.
Rechazamos el documento --debería explicar la razón-- y el valor que
tenga habrá que asumirlo, pero habrá que asumirlo para que no se use,
señora Directora General de Farmacia. Se lo digo con el absoluto deseo de
que corrija ese error y que se sigan usando esos indicadores de forma
extraoficial. El ministerio tiene la responsabilidad y
su dirección general también de que sea oficialmente cuando se hagan
indicaciones de este tipo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Intervengo para agradecer la comparecencia de la
Directora General de Farmacia y Productos Sanitarios y también su
exposición sobre los indicadores de calidad de la prescripción
farmacológica.
La posición inicial de clasificar los medicamentos en categorías, bien
sea por su eficacia, bien sea en dos categorías u otras formas, como ha
expuesto la directora general (en este caso se ha referido a los de valor
intrínseco elevado o a los de valor intrínseco no elevado), conlleva unas
consecuencias para la industria farmacéutica que no siempre pueden
interpretarse adecuadamente y, además, eso por múltiples factores. La
medicina no es una ciencia exacta, la respuesta de cada enfermo es
diferente, no hay enfermedades sino que hay enfermos, incluso cabría
hablar de la idoneidad de la propia prescripción, etcétera. Todo ello nos
conduce a no hablar o no querer hablar de listados de fármacos con mayor
o menor eficacia. Por tanto, y hasta que no se llegue a unos acuerdos en
relación con la calidad de los medicamentos desde el punto de vista de la
eficacia, nosotros entendemos que es más operativo hablar de criterios
que marquen los parámetros para mejorar los indicadores de calidad de la
prescripción farmacéutica, criterios que, por otra parte, en Cataluña
están contenidos en el Plan de salud de Cataluña, objetivo esencial del
Servicio catalán de la salud como ente gestor del Instituto Catalán de la
Salud. No sé si habremos aportado algo en este sentido pero, en cualquier
caso, nosotros exponemos lo que hemos hecho, las dificultades con que nos
encontramos y sirve para que, por lo menos en el seno de la Comisión, se
aporte algo positivo desde el punto de vista de nuestra experiencia.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Bassets.
El señor BASSETS RUTLLANT: Señora Directora General de Farmacia, en
primer lugar, muchas gracias por esta presencia por primera vez que no
será la última; la veremos en otras muchas ocasiones. Deseo darle las
gracias no solamente por esta primera comparecencia sino por el trabajo
que han hecho y también por cómo lo ha explicado usted, aunque por las
intervenciones que he oído anteriormente parece que no le han escuchado
o, por lo menos, no con el interés con que usted ha descrito ese
documento.
Me parece que, después de esta exposición de la Directiva General de
Farmacia y Productos Sanitarios, ha quedado meridianamente claro el tema
que ha venido a explicarnos en esta comparecencia que ha pedido el
Partido Popular. En un primer apartado --yo he escuchado con mucha
atención-- ha hecho un recorrido internacional y después ha hecho un
repaso histórico de los medicamentos en España. Es verdad que, después de
las primeras leyes que empiezan a regular los medicamentos en Estados
Unidos, que fueron los primeros, en las que se regula la pureza de los
medicamenos, se regula posteriormente la eficacia de los mismos; más
recientemente, después del desgraciado tema de la talidomida, se dictaron
normas sobre la inocuidad de los medicamentos, y por último se aprueba
introducir un nuevo factor, un nuevo sumando, que es el uso racional del
medicamento, al que, a través de la OMS y del Consejo de Europa, se le da
un auge para ponerlo en práctica. Pues bien, una de las variaciones que
se han hecho para desarrollar este punto concreto han sido los
indicadores de calidad de la prescripción farmacológica, entre otros,
pues otras cosas también se han hecho.
Parece ser que el Partido Popular, que es quien pide la comparecencia
--ya había hecho a su vez dos preguntas en el Pleno del Congreso de los
Diputados--, tiene como norma criticarlo todo, no solamente lo que usted
ha dicho aquí ni la política farmacéutica, sino cualquier cosa que se
tercie. Si la Administración no hubiese actuado, como es su obligación,
dirían que no se hace nada, y cuando se actúa, y se actúa bien, como es
el caso que nos ocupa, también lo critican. Ese es su discurso, no tienen
otro discurso respecto a la política farmacéutica. Criticaron en su día
los proyectos y los programas Prosereme, que sirvieron muy positivamente
para retirar del mercado especialidades farmacéuticas que, a pesar de que
tenían el correspondiente registro, el transcurso del tiempo había
convertido en poco eficaces, entre otras cosas porque, por suerte, habían
salido al mercado farmacéutico nuevos fármacos mucho más eficaces. Yo
espero que sea así. A mí me gustaría mucho que los últimos avances
terapéuticos, farmacológicos y farmacéuticos que hayan salido hoy se
queden rápidamente obsoletos porque vengan otras especialidades
farmacéuticas a sustituirlos. Parece ser que los miembros del Partido
Popular todavía querrían que estuvieran dadas de alta las cataplasmas y
las sanguijuelas. También criticaron fuertemente, cuando salió el Decreto
de 22 de enero de 1993, de la financiación selectiva de los medicamentos,
de cuya orden ministerial que lo desarrolla, publicada el 25 de julio de
ese mismo año, se derivan precisamente estos indicadores de la calidad en
la prescripción farmacológica, que, por supuesto, vuelven a criticar.
A pesar --usted lo acaba de decir-- de que no hay ninguna lista de
especialidades farmacéuticas, sino de grupos terapéuticos, siguen
diciéndolo. Yo sí tengo aquí el documento, aunque no sea la comparecencia
sólo para esto, sino mucho más amplia, y la Diputada del PP no se lo ha
leído, porque ¿dónde pone aquí especialidad farmacéutica? No en la página
37, sino en las 65 páginas de que consta. No viene ninguna especialidad
farmacéutica, vienen grupos terapéuticos, porque supongo que usted sabrá
la diferencia que existe entre especialidad farmacéutica y grupo
terapéutico. Como creo que ha sido una equivocación, porque no pienso que
haya sido una mala intencionalidad, yo le reto --aquí tiene el
documento-- a que me diga dónde vienen las listas de especialidades
farmacéuticas y dónde, apretando un botoncito en el ordenador del
Ministerio, aparecen especialidades farmacéuticas que en algunos casos
puedan estar dentro de la prestación farmacéutica
y en otros, no. ¿Dónde? No existe ese botoncito ni existe, dentro de los
indicadores de calidad de la prescripción farmacológica que ha hecho el
Insalud, ninguna referencia a especialidad farmacéutica; son grupos
terapéuticos. También le ha dicho la Directora General en su
comparecencia que ni recorta ni restringe la prescripción farmacéutica.
Si usted no lo quiere oír, es distinto.
Querría decir asimismo que, cuando se pide que se retiren las
especialidades farmacéuticas que no son eficaces porque, si no, sería
anticonstitucional...
La señora PRESIDENTA: Señor Bassets, le ruego se centre en la
comparecencia de la señora Directora General. Es verdad que otro portavoz
también se ha extendido ampliamente en multitud de referencias, y por eso
S. S. no ha sido interrumpido hasta ahora. Le ruego se centre, por favor,
en la comparecencia de la señora Directora General. (El señor
Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Señor Fernández-Miranda, no tiene la palabra.
El señor BASSETS RUTLLANT: Quiero decir que ha quedado meridianamente
claro quiénes forman el grupo de personas que han hecho ese documento. En
sentido peyorativo alguien dijo en su día que fueron funcionarios, como
si ser funcionario sea algo negativo. Quiero decir --lo he copiado casi
textualmente-- que la Directora General ha dicho que estaba compuesto por
un panel de expertos multidisciplinar, que participaron médicos,
farmacéuticos de atención primaria, farmacéuticos de atención
especializada, farmacólogos clínicos, e incluso para este documento se
han aceptado propuestas de miembros dela Comisión de uso racional del
medicamento, que es mucho más amplia.
Por último, quiero añadir que el Grupo Socialista sigue defendiendo una
sanidad pública, pero que tenemos que defenderla porque otros partidos,
como acabo de observar, no la defienden, porque quieren bajar los
impuestos, lo que conllevaría, por supuesto, un recorte de las
prestaciones sanitarias. Tenemos que hacer otras cosas. Creo que el
Gobierno socialista, y en este caso concreto la Dirección General de
Farmacia y Productos Sanitarios, las están haciendo y le animo a que
continúe, a que escuche a todo el mundo, como está haciendo aquí, y que
después haga lo que tenga que hacer para seguir defendiendo esa sanidad y
esa prestación. No existe un recorte, puesto que lo que quiere el Grupo
Socialista es que no aumente más de lo normal el gasto y, sobre todo,
ajustarnos a los Presupuestos Generales reales que hemos aprobado en esta
Cámara para defender la prestación farmacéutica de los españoles, y no
como otros grupos parlamentarios que quieren ponerla en cuestión.
Muchas gracias por su informe. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide
la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Tendrá usted un turno posterior a la intervención
de la señora Directora General. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide
la palabra.) ¿Para qué quiere la palabra, señor Fernández-Miranda?
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Para preguntar si, habiendo
utilizado a su vez el portavoz socialista un turno en contra de la
intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no sería más
razonable que la intervención de la Diputada del Grupo Parlamentario
Popular se produjese antes de la réplica de la señora Directora General
de Farmacia.
El señor BASSETS RUTLLANT: No ha sido de réplica, ha sido de aclaración.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, les recuerdo que no tienen la palabra y
que está en el uso de la misma la Presidenta de esta Comisión. Si SS. SS.
me lo permiten --y si no me lo permiten, también--, quiero decirles que
esta Presidenta entiende que no se trata tanto de un turno en contra,
sino de contrariar unos a otros, tal como es habitual a veces en las
distintas intervenciones. Por tanto, considero que deberá tener la
palabra la señora Directora General de Farmacia para responderles a
ustedes y, posteriormente, le daremos la palabra a la señora portavoz del
Grupo Parlamentario Popular para replicar a las posibles alusiones
directas o contrarias que haya encontrado de otro portavoz.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Una cuestión de orden, señora
Presidenta. Será simplemente puntualizar alguna de las cosas que yo le he
preguntado a la señora Directora General.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Directora General de
Farmacia para responder a las intervenciones de SS. SS.
La señora DIRECTORA GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS (González
Gancedo): Aunque me falta experiencia en esta Cámara --la cantidad de
preguntas ha sido totalmente abrumadora--, voy a intentar contestar, con
sumo gusto, a todo aquello por lo que se me ha preguntado.
Por una parte, yo soy responsable de lo que hago, no de lo que hacen
otras personas. Es cierto que la responsabilidad de la Directora General
de Farmacia es que se registren medicamentos que cumplan con los
criterios de calidad, eficacia y seguridad. Si alguien después quiere
hacer un documento --yo soy de León y sé que se han hecho en El Bierzo--,
no voy a poder controlar todos los documentos que sobre el medicamento la
gente quiera hacer. Creo que no es mi competencia.
Usted ha nombrado boletines de Cuenca y de otros sitios. Eso para mí
sería inviable y creo que el hacerlo no es ni mi trabajo, ni mi
competencia. Soy responsable y asumo la responsabilidad de los
indicadores cualitativos de la prescripción de medicamentos, donde en
ningún momento se habla de coste. No se ha tenido en cuenta ningún
problema económico para hacer esta calificación de los grupos
terapéuticos de los medicamentos. En ninguna columna existe el precio del
medicamento, ni en PVL, ni en PVP-IVA, ni coste por tratamiento; nada en
absoluto. Es decir, aquí no hay enmascarado, señoría, ningún coste ni
hay ningún recorte económico de la prescripción del medicamento. Esto
está aquí escrito y, desde luego, eso es así.
No va en contra de lo que es el registro del medicamento, porque no es lo
mismo eficacia que efectividad, y usted lo sabe. Para registrar un
medicamento es necesario que cumpla con una serie de requisitos, que son
todos aquellos ensayos clínicos que se hacen en sus distintas fases, que
son presentados junto con el dossier a la hora de hacer la presentación
por parte de la industria farmacéutica para el registro de un
medicamento. Es cierto que esos ensayos clínicos, posiblemente, no son
tan amplios como todos quisiéramos, porque hacer un ensayo clínico supone
un gasto añadido a la industria farmacéutica. Es cierto que tiene que ser
significativo, desde el punto de vista estadístico, y que demuestre la
eficacia del medicamento.
Otra cosa es cuando el medicamento ya está en el mercado, cuando el
número de pacientes que va a utilizarlo es mucho más amplio y cuyos
efectos vamos a conocer muchas veces «a posteriori». Su señoría sabe que
hay veces en las cuales es necesario retirar un medicamento que lleva un
tiempo en el mercado porque no crea laguna terapéutica y porque sus
efectos adversos son lo suficientemente conocidos como para retirarlo.
Esto no es tan fácil como parece, ni muchísimo menos. Por consiguiente,
en cuanto al registro creo que no hay duda alguna de que lo registramos
cuando reúnen los tres criterios de calidad, eficacia y seguridad.
¿Coacciona la libertad de prescripción? También estoy en desacuerdo. (La
señora Fernández de Capel Baños: ¡Vaya!) No es porque esté en desacuerdo
y diga usted vaya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana: Puede usted
decir lo que quiera.) Por supuesto, no hay duda, señor Fernández-Miranda.
La señora PRESIDENTA: Por favor, señorías.
La señora DIRECTORA GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS (González
Gancedo): Es cierto que no solamente la Constitución habla de la libertad
de ejercer las profesiones. Además, el artículo 13 del código
deontológico médico dice que el médico prescribirá según su ciencia y su
conciencia. Y su ciencia, la ciencia médica, señoría, es tremendamente
variable, no es fija y los conocimientos que tenemos cada día son mucho
más amplios.
No solamente soy Directora General de Farmacia, sino que mi especialidad
es ser una mujer de hospital, donde he visto evolucionar la ciencia a
velocidad vertiginosa y lo que hoy es la última novedad, mañana está
obsoleto. Gracias a Dios eso es así y de esta manera podemos tener una
medicina que cumple con los requisitos que la sociedad nos exige de dar
una calidad extraordinaria en el diagnóstico y en la terapéutica. Y
gracias a esos conocimientos el médico prescriptor podrá hacer un mejor
uso de los medicamentos que tiene a su disposición en el mercado y que
han sido evaluados por la Dirección General de Farmacia.
A mí sí me preocupa no la información que da la Administración del
medicamento, que es una información basada en la realidad de lo que pasa
con el medicamento y con los conocimientos científicos de que disponemos
en cada momento; es una información completamente aséptica y científica.
Lo que sí me preocupa es que a S. S. no le preocupe la información que da
la industria farmacéutica en los prescriptores. Esa me preocupa mucho más
porque no es una información que no esté sesgada sino que, como S. S.
sabe, induce e incita a una prescripción muchas veces de segunda o
tercera categoría en ciertas terapéuticas, cuando realmente disponemos de
medicamentos de primer nivel.
No sé si con esto he contestado a todas sus preguntas porque han sido
múltiples. Si en algún momento quiere hacerme alguna otra pregunta,
estaría encantada de contestarle.
Al resto de los señores Diputados, quiero darles las gracias. Primero, al
señor Cardona por su aportación en cuanto a los estudios que han hecho, y
que conozco, en la Comunidad y gracias por esa acogida en la primera vez
que he estado en esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: Gracias por su comparecencia.
Señora Fernández de Capel, tal como había decidido esta Presidencia el
orden de este debate, tiene la palabra S. S. para un turno de réplica lo
más breve posible.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Brevísimo, señora Presidenta.
Señora Directora General del Insalud, usted no ha contestado por qué no
se retiran algunos medicamentos de los años sesenta o setenta. No estamos
en contra de que los productos farmacéuticos que se oferten en España se
modernicen, sino antes al contrario. Es la segunda vez que le pregunto
por qué no se han retirado esos medicamentos ya que este asunto depende
directamente de su Dirección General.
Tampoco me ha dicho quién ha hecho el boletín de indicadores en la
prescripción, aunque esta Diputada solicitó esa información por escrito y
le ha sido denegada. Tendremos que hacer un acto de fe sobre si son
funcionarios los toreros de las Ventas. Usted me dice que lo han hecho
facultativos, expertos, etcétera. Lo creo, pero es un acto de fe porque
no se me ha entregado por escrito, como solicité en tiempo y forma
debidos, quién ha hecho ese documento.
Tengo el máximo respeto por todas las personas que han participado, desde
un nivel menos específico hasta un nivel de altísima especialidad, que
seguramente tendrán todas y que yo comparto aquí con un acto de fe
solemne, sean funcionarios, no funcionarios o sean dispensadores
farmacéuticos.
Como el señor representante del Grupo Socialista ha hecho un turno en
contra de mi intervención, tengo que decirle que puedo poner en
entredicho lo que me parezca dudoso en el ejercicio de la función que me
ha sido encomendada por los ciudadanos. A este efecto, quiero recordarle
también al señor portavoz del Grupo Socialista que el documento que se
reconoce, hijo del documento de indicadores en la prescripción
farmacéutica, lleva el sello del Insalud, se ha distribuido en los
centros de atención primaria
y tiene toda una lista de especialidades farmacéuticas entre las que
entran --y lo reconoce así, se hace basándose en esto, sellado por el
Insalud-- desde el Nolotil y la Buscapina hasta el Deansit. Puedo mirar
muchas más. Usted no lo tendrá, pero nosotros sí y sabemos cuando
hablamos, de qué estamos hablando porque lo hemos estudiado a fondo.
En este momento no pongo en duda a los profesionales que lo han
elaborado, pero lo reconozco con un acto de solemne fe de la que no
quiero abdicar en este momento porque la señora Directora General del
Insalud dice que son expertos, pero a esta Diputada no se le ha
contestado y el plazo está ampliamente cumplido. Tampoco se le ha
informado de estos boletines que llevan el sello del Insalud y que se
reparten en los centros de atención primaria con una lista de
especialidades.
Mi pregunta de por qué no se han retirado si son ineficaces queda todavía
en el aire y la señora Directora General del Insalud deberá responderme.
La señora PRESIDENTA: La señora Directora General de Farmacia --que no
del Insalud-- tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Perdón.
La señora DIRECTORA GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS (González
Gancedo): Quería hacerle una aclaración a S. S., dado que parece que el
documento al que se está refiriendo de una manera reiterada es al del
Insalud, no al documento que se ha hecho por consenso en la Comisión de
Uso Racional del Medicamento que preside la Directora General de
Farmacia. Es decir, estamos hablando de dos documentos distintos, no hay
duda. (El señor Fernández-Miranda y Lozana: Algo tendrán que ver.)
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Sí, señora Directora General, pero
algo tendrá que ver...
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, le rogaría que dejara
terminar a la señora Directora General.
La señora DIRECTORA GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS (González
Gancedo): Si usted lo desea, puedo darle el nombre de todas aquella
personas expertas que han hecho este documento (El señor Fernández
Miranda y Lozana: ¡Ya era hora!): Doña Carmen Alberola, del Hospital
Universitario de Getafe de Madrid; el doctor José María Arnau, del
Hospital General de Valle del Hebrón de Barcelona; doña Belén Crespo
Sánchez, Subdirectora General de Atención Primaria del Insalud de Madrid;
el doctor Vicente Asensio García, del Centro de Salud de Puerto de la
Torre, de Málaga; el doctor Rafael Azagra Ledesma, del área básica de
salud de Barberá del Vallés, de Barcelona; la doctora Pilar Díaz Torres;
el doctor Javier Guerra; don Narciso López González, como representante
del Consejo General de Colegios de Oficiales de Farmacia; doña Nieves
Martín Sobrinos, Subdirectora General de Ordenación de Asistencia
Farmacéutica, del Ministerio de Sanidad; doña Petra Plaza Rius, del
distrito sanitario de Córdoba; el doctor Antonio Pozuelo González, del
Hospital «12 de Octubre»; doña Isabel Prieto Hierro, Subdirectora General
de Prestaciones y Evaluaciones Tecnológicas Sanitarias del Ministerio de
Sanidad.
Estas son las personas expertas que, a su vez, han preguntado a otros
expertos, porque lógicamente esto es un grupo de trabajo que, como S. S.
sabe, si lo hacemos excesivamente grande sería incapaz de funcionar.
Estas son las personas que para los que se mueven en el mundo
hospitalario son de reconocido prestigio profesional. Eso no quiere decir
que no haya otros en este país --que hay muchos--, pero éstos son los que
han colaborado en la elaboración de este documento y son los responsables
del mismo, como ellos dicen en la introducción.
No sé si con esto contesto a su pregunta. Contesto a lo que, como dije al
principio, soy responsable.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Pero, señora Directora General, usted
también es responsable de las especialidades farmacéuticas que se usan en
España. (Rumores.) (Varios señores Diputados piden la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, no tienen la palabra. Iba a añadir una
solicitud a la reciente respuesta de la señora Directora General. Le
rogaría que hiciera llegar al Ministerio la petición de que envíe a esta
Comisión de Sanidad y Consumo el informe de indicadores cualitativos de
prescripción de medicamentos del Ministerio de Sanidad y Consumo, que
tiene fecha de mayo de 1994, para ser distribuido entre sus señorías.
Tiene la palabra la señora Directora General.
La señora DIRECTORA GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS (González
Gancedo): Este documento aún no se ha distribuida porque no ha pasado por
el último pleno de la Comisión de uso racional del Medicamento, que es
quien tiene que respaldar que salga a la luz pública. Esa es la
tramitación.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Solamente decirle, señora Directora
General, que como los medicamentos que desde el Ministerio --y el Insalud
es parte del Ministerio-- se aconsejan o se desaconsejan (le he enseñado
documentos del Insalud), la Dirección General de Farmacia tendrá que
decir si el Insalud, que es parte del Ministerio, desaconseja su
utilización, por qué están todavía en el mercado.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, para responder, la señora
Directora General.
La señora DIRECTORA GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS (González
Gancedo):
Yo creo que ha quedado muy claro que los medicamentos que están en el
mercado cumplen las exigencias de eficacia, calidad y seguridad. He dicho
también que no es lo mismo eficacia que efectividad. Es un criterio que
habrá que tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación de cómo se
está haciendo el uso de un medicamento.
Por otra parte, no hay solamente medicamentos de primer nivel, como S. S.
sabe. Hay medicamentos de primera, segunda y tercera generación. Por
ejemplo, en este documento está la cefalosporina, que es un medicamento
de tercera generación, clasificado como medicamento. A por su eficacia y
seguridad demostrada en este momento según los conocimientos científicos
de que disponemos.
Pero eso no quiere decir que sean medicamentos que han de utilizarse en
primera línea, es decir, que no debe ser de elección en atención
primaria, salvo en situaciones muy concretas. Este documento no es una
obligación de prescripción, ni muchísimo menos intenta ser eso.
Simplemente es un documento que quiere dar una información veraz y eficaz
de los medicamentos. La libertad de prescripción por supuesto va a
tenerla el prescriptor y eso nadie lo va a poner en duda, porque es su
obligación hacer un buen diagnóstico del paciente y hacer un buen
tratamiento usando todo aquello de que disponemos en este momento.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Directora General de
Farmacia y Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Cumplimentado el orden del día previsto para el día de hoy, se levanta la
sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.