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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 174, de 21/04/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 174
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 11
celebrada el jueves, 21 de abril de 1994
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a que negocie ante la Unión Europea la
plena integración de la flota pesquera española en la política pesquera
común en igualdad de condiciones que el resto de los países miembros.
Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco-PNV. (BOCG, serie D, número
61, de 25-2-94. Número de expediente 161/000134) (Página 5471)
--Por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, previa remisión de un
informe, para que dé cuenta de la ejecución de su presupuesto. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 67, de 4-3-94.
Número de expediente 161/000142) (Página 5471)
--Por la que se insta al Gobierno a regular la caza de ciertas especies
de aves y la utilización de métodos tradicionales de captura. Presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán-Convergència i Unió. (BOCG, serie D,
número 76, de 22-3-94. Número de expediente 161/000163) (Página 5474)
--Relativa a la disminución de las superficies de barbecho blanco, en los
cultivos herbáceos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG,
serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente 161/000174) (Página 5477)
--Relativa a las medidas a tomar en favor del sector vitivinícola, en la
proyectada reforma de la correspondiente organización común de mercados
en el seno de la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG, serie D, número 80, de 28-3-94. Número de expediente
161/000175) (Página 5481)
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
planes para la futura utilización del centro de laboratorios, sito en
Albal (Valencia). (BOCG, serie D, número 31, de 29-11-93. Número de
expediente 181/000244) (Página 5490)
--Del señor Sanz Escalera (Grupo Parlamentario Popular), sobre
utilización por un asesor del Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación de un coche oficial para su traslado a la región portuguesa
del Algarve. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente
181/000386) (Página 5493)
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
valoración del funcionamiento del Régimen Específico de Abastecimiento
(REA) para las Islas Canarias, previsto en el Programa de Opciones
Específicas por la Lejanía y la Insularidad de las Islas Canarias,
POSEICAN. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente
181/000324) (Página 5495)
--De la señora Rivadulla Gracia (Grupo Parlamentario Federal IU-IC),
sobre medidas previstas por la Unión Europea para dar respuesta a las
demandas de los apicultores europeos, así como posición adoptada por el
Gobierno para defender los derechos de los apicultores españoles. (BOCG,
serie D, número 48, de 7-2-94. Número de expediente 181/000397) (Página 5498)
--Del señor Fernández de Mesa Díaz del Río (Grupo Parlamentario Popular),
sobre motivos por los que España, al solicitar permiso de construcción de
buque pesquero, exige desguazar otro en servicio del mismo arqueo que el
nuevo. (BOCG, serie D, número 57, de 21-2-94. Número de expediente
181/000487) (Página 5499)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de la
influencia de la falta de caladeros y la baja rentabilidad en la flota
congeladora de gran altura. (BOCG, serie D, número 57, de 21-2-94. Número
de expediente 181/000488) (Página 5499)
--Del mismo señor Diputado, sobre perspectivas para la renovación de la
flota pesquera. (BOCG, serie D, número 57, de 21-2-94. Número de
expediente 181/000489) (Página 5499)
--Del señor Fernández Rodríguez (Grupo Parlamentario Popular), sobre
fecha y modo de la tramitación de las ayudas al sector pesquero por
paradas biológicas, instadas por esta Cámara el 1 de marzo de 1994.
(BOCG, serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente 181/000699)
(Página 5500)
--Del señor Fernández de Mesa Díaz del Río (Grupo Parlamentario Popular),
sobre medidas para solucionar los problemas derivados de las
importaciones de anchoa, así como problemas que se han generado con la
flota pesquera del Atlántico. (BOCG, serie D, número 82, de 12-4-94.
Número de expediente 181/000700) (Página 5500)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.
Tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Con la venia de la Presidencia, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular quisiera plantear una cuestión previa para la
consideración de la Comisión de Agricultura.
El señor PRESIDENTE: Brevemente, tiene S. S. la palabra.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Hago referencia a los ataques sufridos por camiones españoles en la
madrugada del día de ayer, conteniendo fruta española, en dirección a los
mercados comunitarios.
Este acto vandálico, cometido en las carreteras francesas con el visto
bueno de las autoridades de aquel país que
tienen que tutelar la libre circulación de las mercancías españolas por
la totalidad del territorio francés con destino a mercados franceses o de
otros países, pone de manifiesto la necesidad de que todas las
instituciones españolas reaccionemos en contra de esta práctica que ya se
ha hecho endémica por parte de los agricultores franceses. Se destruyeron
cerca de 25 camiones y una cantidad importante de mercancía española. Los
daños han sido valorados por algunas organizaciones agrarias en más de
500 millones de pesetas.
Mi Grupo cree necesario llamar la atención en el seno de la Comisión de
Agricultura del Congreso de los Diputados por esta situación, de tal
forma que, si así lo acepta el resto de los grupos parlamentarios, a
través de la Presidencia nos dirijamos, en primer lugar, a la
representación diplomática francesa en España, al Embajador, con enérgica
repulsa, manifestando que la Comisión de Agricultura del Parlamento
español no está dispuesta a tolerar estas circunstancias, y, en segundo
lugar, a las autoridades españolas en los mismos términos.
Nosotros, como Grupo Parlamentario, vamos a sustanciar la semana que
viene en el Pleno una acción parlamentaria cerca del Ministro de
Agricultura para plantear esta cuestión, pero no queríamos dejar pasar
este momento de la reunión de la Comisión de Agricultura sin poner de
manifiesto esta circunstancia y pedir al resto de los grupos
parlamentarios que se posicionaran en el sentido en que lo ha hecho el
Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Queremos manifestar nuestro acuerdo con esta
repulsa que tendría que ser enérgica, en el sentido en que se ha
manifestado el portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Para suscribir las palabras de los dos
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y expresar a SS.
SS. y a usted como Presidente de la Comisión el que esos actos no se
pueden volver a repetir.
Nuestro Grupo Parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en
el primer período de sesiones de esta legislatura presentó una
proposición no de ley que fue aceptada unánimemente por el conjunto de
los grupos, en el sentido de reclamar de las autoridades francesas un
mayor control y del Gobierno español que exija con firmeza ante las
autoridades francesas que estas actitudes agresivas contra nuestros
productos y contra las personas que comercian con los países del área
europea no se produzcan y no sean objeto de agresión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, intervengo exclusivamente
como representante del Grupo Socialista, para unirme a las
manifestaciones que han hecho los demás grupos y apoyarlas.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, dada la unanimidad que existe en la
Comisión, propondría redactar un comunicado que, al final de la sesión,
podemos poner a consideración de los portavoces y tramitarlo en el
sentido que se ha expresado por todos los Grupos de la Comisión.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE NEGOCIE ANTE LA UNION EUROPEA LA
PLENA INTEGRACION DE LA FLOTA PESQUERA ESPAÑOLA EN LA POLITICA PESQUERA
COMUN EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE EL RESTO DE LOS PAISES MIEMBROS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (PNV). (Número de expediente
161/000134.)
--POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DEL SUBSECRETARIO DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, PREVIA REMISION DE UN
INFORME, PARA QUE DE CUENTA DE LA EJECUCION DE SU PRESUPUESTO. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000142.)
El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar la tramitación del orden del día,
quiero comunicarles que el Grupo Parlamentario Vasco ha retirado la
proposición que figura en primer lugar. Por tanto, comenzaríamos con la
tramitación del segundo punto, que es la proposición no de ley por la que
se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del Ministerio
de Agricultura, previa remisión de un informe, para que dé cuenta de la
ejecución de su presupuesto.
La proposición no de ley es del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la
palabra para defenderla don Miguel Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Intervengo con brevedad, porque los términos
de la proposición ponen de manifiesto el alcance y objetivos que persigue
el Grupo Popular con su presentación y defensa en este momento en la
Comisión de Agricultura.
Pretendemos que trimestralmente --es lo que marca nuestra proposición--
el Subsecretario del Ministerio de Agricultura, que es, como se sabe, la
autoridad que reglamentariamente tiene la responsabilidad de la
ejecución, elaboración y preparación del presupuesto en ese Ministerio,
en todos los Ministerios donde radica la oficina presupuestaria
existente, que, por tanto, es, repito, la autoridad responsable de la
vigilancia, control y ejecución del mismo, trimestralmente, como digo,
comparezca ante la Comisión de Agricultura del Congreso e informe en el
seno de la misma de la marcha y ejecución del presupuesto.
Es notorio, señorías --creo que todos tenemos ya cierta experiencia-- que
sistemáticamente se producen desvíos en la ejecución de los presupuestos;
sistemáticamente se observa que no hay un paralelismo entre el
presupuesto que sale del Congreso de los Diputados y el que maneja y
ejecuta la Administración, y en el caso concreto que nos afecta, el
Ministerio de Agricultura; sistemáticamente conocemos luego acuerdos del
Consejo de Ministros que permiten y autorizan desvíos, silencios,
ahorros, ampliaciones, que en nada se parecen al trabajo que se realiza
en el seno de la Comisión de la Agricultura cuando elaboramos nuestras
enmiendas y cuando aprobamos o rechazamos un presupuesto.
Con esta proposición no de ley pretendemos un mayor protagonismo de la
Comisión de Agricultura a la hora de conocer la ejecución del
Presupuesto. Pretendemos que la autoridad ejecutiva, el Gobierno, el
Ministerio, tengan presente que de forma trimestral tienen que comparecer
ante la Comisión de Agricultura e informar de la ejecución del
presupuesto. Además, pretendemos que esa comparecencia de la autoridad
que se requiere a través de nuestra proposición, el Subsecretario, se
produzca previa remisión por parte del Ministerio de un informe que
contemple los elementos que se contienen en el segundo párrafo de nuestra
proposición.
Creemos, señorías, que no estamos pretendiendo nada extraordinario. Al
revés, realzamos con esta proposición la presencia de la Comisión, del
Parlamento, del Congreso de los Diputados a la hora de controlar los
presupuestos que de aquí salen aprobados en el mes de diciembre y de los
que no sabemos nada hasta que comparecen las autoridades que llamamos
cuando pretendemos conocer, en el mes de noviembre, once meses después,
qué ha pasado con ese presupuesto.
De esta forma, señorías --y termino, señor Presidente--, queremos tener
una máxima información en esta Comisión sobre cómo se está ejecutando el
presupuesto por parte del Ministerio correspondiente, en este caso, el
Ministerio de Agricultura.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, intervengo muy brevemente para
decir que a nuestro Grupo le parece conveniente un mayor control del
gasto público. Comparto con el Grupo proponente el fondo de los objetivos
de la proposición no de ley de control periódico de la ejecución de estos
presupuestos.
No obstante, señorías, pensamos que esta tarea tendría que estar
especialmente encomendada a la Comisión de Presupuestos, que hasta este
momento sólo tiene encomendada la tarea de tramitar, debatir y aprobar,
en primera instancia parlamentaria, los presupuestos y que esta actividad
se agota en unas pocas semanas.
Nuestro Grupo apoyaría --así lo ha manifestado siempre y en otras
Comisiones-- que, a través de la reforma del Reglamento de la Cámara, se
cree, dentro o fuera de esta Comisión de Presupuestos, una nueva
subcomisión u oficina específica para el seguimiento permanente de la
ejecución presupuestaria, en la que tendrían cabida todas las
comparecencias del tipo de las que hoy se proponen.
Al hallarse el nuevo Reglamento de la Cámara en fase de elaboración por
una comisión «ad doc», estamos todavía a tiempo de conseguir los
objetivos de la proposición no de ley por la vía que nos parece más
razonable cual es su inclusión en el nuevo Reglamento, en torno al cual
la mayoría de los grupos de la Cámara deberíamos llegar a un rápido y
amplio consenso en todas las materias, específicamente en los incrementos
de control del Ejecutivo y de ellos principalmente los presupuestarios.
Por estas razones no votaremos favorablemente esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
que en principio tenía la posibilidad de intervenir en primer lugar.
La señora Rivadulla tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Nuestro Grupo comparte plenamente la
preocupación por un mayor seguimiento de la ejecución de los
presupuestos. Efectivamente, pensamos que ha de ser el Reglamento de la
Cámara el que dé a esto un tratamiento adecuado con el máximo consenso de
todos los grupos parlamentarios, sobre cómo la Cámara puede seguir el día
a día de la ejecución de dichos presupuestos, pero en el ínterin estamos
en disposición de votar afirmativamente la propuesta del Grupo Popular.
No obstante, teníamos nuestras dudas respecto a la comparecencia del
Subsecretario y, sobre todo, de que fuera trimestral. En nuestra enmienda
pedimos que sea semestral por cuanto nos daría una mayor posibilidad de
abarcar en un mayor período de tiempo el cumplimiento de los objetivos,
que podrían ser de difícil evaluación en un período tan corto como es el
de tres meses.
En el sentido de acotar al máximo el informe que el Subsecretario habría
de aportar a esa Comisión, nosotros hemos presentado unas enmiendas que
delimitan mucho más el contenido de este informe, en cuanto a que debería
recoger, junto a las previsiones iniciales, todas las modificaciones
presupuestarias que se hayan producido --altas y bajas-- y los créditos
definitivos, y también, a 31 de diciembre, las obligaciones reconocidas,
así como todos los pagos ejecutados, los pendientes y los deslizamientos
o las economías producidas.
Tenemos otra enmienda al párrafo segundo referida a los objetivos.
Creemos que es imprescindible que se especifique qué objetivos se han
modificado o renunciado, aquellos que se han aplazado a otros
presupuestos, así
como los cumplidos de cada uno de los programas de la sección,
especificando también las causas de todo ello.
Por eso, señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya votará afirmativamente la
proposición no de ley del Grupo Popular si se nos aceptan estas
enmiendas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Torres tiene la palabra.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Aunque reconozco de entrada que lo que voy a
decir en mi intervención son prácticamente obviedades, me parece
conveniente hacerlo a los efectos de que si alguien un día coge el
«Diario de Sesiones» de esta Comisión conozca --más aún si no es
conocedor del funcionamiento de la Cámara-- el porqué de la posición del
Grupo Parlamentario Socialista en contra de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular.
Es evidente que todos los grupos parlamentarios, incluido el mío, hemos
tenido y seguimos teniendo interés en controlar eficazmente al Gobierno
en todos sus aspectos y, desde luego, también en el cumplimiento del
ejercicio presupuestario y del cumplimiento fehaciente de los acuerdos
que el Parlamento toma.
Por otra parte, también es una obviedad que el Reglamento de la Cámara
proporciona a los grupos parlamentarios medidas que a nuestro juicio son
bastante completas para controlar al Gobierno también en la fase de la
ejecución del Presupuesto.Todos los grupos parlamentarios, incluido el
Popular proponente de la proposición no de ley, tienen en su mano medidas
tales como preguntas escritas al Gobierno, donde pueden solicitar
cualquier tipo de información, también sobre el Presupuesto, con todo el
detalle que deseen; preguntas orales en Comisión; preguntas orales en
Pleno; interpelaciones en Pleno; y comparecencias del Subsecretario, o de
la personalidad o personalidades que consideren oportuno del Gobierno en
la Comisión de Agricultura o en el Pleno de la Cámara. Lo que en este
momento tenemos que afirmar rotundamente es que las posibilidades de los
grupos de ejercer el control sobre la acción de gobierno son bastante
grandes, a nosotros nos parecen suficientes, si bien estamos de acuerdo
con que en determinados aspectos puedan encontrarse fórmulas que hagan
más eficaz ese control. Como el Grupo Parlamentario Socialista siempre ha
estado de acuerdo en que ese control se ejerza de manera eficaz por parte
de los grupos --nos parece que en democracia es esencial que eso se haga
así--, al rechazar esta proposición no de ley no manifestamos nuestra
oposición a que se controle al Gobierno, sino que queremos que se haga
eficazmente. Me explico.
Hay una Comisión, formada por todos los grupos de la Cámara, que está
estudiando --y tiene bastante avanzados sus trabajos-- un nuevo
reglamento de la Cámara en el que se ponen en marcha una serie de medidas
para hacer más eficaz y mejorar ese control. Hay un consenso entre todos
los grupos para la creación de la oficina presupuestaria. Dicho consenso
también se produjo ayer al votar una resolución en el Pleno del Congreso
en este mismo sentido. Creemos que es un instrumento válido, eficaz y
necesario y, como digo, ayer ya se adoptó dicho acuerdo. Además, la
Comisión que está confeccionando el nuevo reglamento, solicitó a la
Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados que, a los efectos
de encontrar la fórmula más eficaz para controlar el gasto del
presupuesto, se creara una Ponencia de estudio dentro de dicha Comisión,
formada por todos los grupos parlamentarios, para que aportara soluciones
e ideas sobre cómo se podía realizar mejor ese control. Esta Ponencia
está trabajando con eficacia, con un alto nivel de consenso y yo creo que
es el cauce correcto en este momento para que se resuelva este problema.
Por consiguiente, dejando constancia de que los grupos parlamentarios de
la Cámara tienen en su mano bastantes instrumentos reglamentarios para
controlar al Gobierno cuantas veces lo deseen --por ejemplo, solicitando
por escrito una información al Gobierno y pidiendo posteriormente la
comparecencia del señor Subsecretario--, pensamos que lo correcto sería
que el Grupo Parlamentario proponente hubiera presentado a esa Ponencia
su propuesta. Desconocemos si lo ha hecho ya. Desde luego, la semana
pasada no lo había hecho. Nos sorprendía --y lo comentaba yo la semana
pasada en la Comisión de Industria-- que lo hubiera hecho en todas las
comisiones y no precisamente donde, a nuestro juicio, era más lógico
hacerlo, que es en la Ponencia donde el propio Grupo Parlamentario
Popular tiene su representación y está trabajando como los demás para
intentar encontrar la fórmula más adecuada.
Terminando ya, señor Presidente, quiero decir que hay alguna razón más
por la que a nuestro Grupo no le parece oportuno aprobar esta proposición
no de ley. Nosotros no queremos sólo que se fiscalice al Gobierno,
nosotros queremos que el dinero público, el dinero de los españoles, se
fiscalice en su totalidad; es decir, que no solamente se fiscalice cómo
ejecuta el presupuesto del Gobierno, sino cómo lo hacen todas las
instituciones del Estado. Precisamente del reglamento de la Cámara
saldrán esas propuestas para que se pueda comprobar cómo las
instituciones del Estado gastan el dinero que el Parlamento les
proporciona. Con la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular esto no se consigue. Por tanto, creemos que esta
propuesta, modificada en los términos que el Grupo proponente crea
oportuno, se presente a la Ponencia que está trabajando al respecto y
estoy convencido de que en breve plazo tendremos resoluciones y acuerdos
que hagan posible que el control se realice con más eficacia de la que
ahora se está consiguiendo.
Mientras tanto --y con esto termino, señor Presidente--, repito que el
Grupo proponente como mi Grupo o cualquier otro, tiene en su mano medidas
más que suficientes en este momento para ejercer esa labor sin menoscabo
de la dignidad de su trabajo y sin menoscabo de la información que
lógicamente como Grupo necesita y tiene derecho a recibir.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ramírez para expresar su
posición sobre la enmienda.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, voy a expresar nuestra
posición respecto a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya en el sentido de agradecérselas, manifestando que las
aceptamos porque perfeccionan nuestro texto. Quiero agradecer asimismo la
sensibilidad que significa tener presente que en este momento y ahora, en
tanto en cuanto terminan estos trabajos que sabemos que son largos y
prolijos para reformar el reglamento de la Cámara, lo que necesitamos es
un instrumento en esta Comisión para conocer la marcha del presupuesto
del Ministerio de Agricultura. En tanto en cuanto se produzcan esos
profundos, lentos y prolijos trabajos de reforma de todo el reglamento de
la Cámara, nosotros creíamos --y nos ratificamos-- que necesitábamos un
instrumento urgente, cual es una proposición no de ley aprobada en la
Comisión de Agricultura, que nos permitiera ese control. Otros grupos
parlamentarios entienden que no hace falta ese instrumento urgente de
control, allá ellos. Nosotros nos ratificamos en la proposición,
aceptamos las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, excepto la que hace referencia a la comparecencia semestral.
Nos ratificamos en que la comparecencia debe ser trimestral y repetimos
que ahora es cuando necesitamos esa modalidad de control. Otros grupos
consideran que es a largo plazo como se tiene que controlar el Gobierno
en su gasto. Por lo tanto, señor Presidente, sometemos a votación nuestra
proposición en los términos que quede después de aceptar la enmienda en
los términos anteriormente señalados.
El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, ¿está de acuerdo en que el Grupo
Popular acepta su enmienda, excepto la parte que hace referencia a la
comparecencia semestral? (Asentimiento.)
Sometemos a votación la proposición no de ley presentada por el Grupo
Popular con la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REGULAR LA CAZA DE CIERTAS ESPECIES
DE AVES Y LA UTILIZACION DE METODOS TRADICIONALES DE CAPTURA. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO). (Número de
expediente 161/000163.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a debatir la tercera de las
proposiciones no de ley por la que se insta al Gobierno a regular la caza
de ciertas especies de aves y la utilización de métodos tradicionales de
captura, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Para su defensa, tiene la palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señorías, cuando se regula sobre la protección
del medio natural puede suceder que la predisposición contra los excesos
desaprensivos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Baltá.
Ruego silencio, señorías, se hace difícil poder seguir el debate.
El señor BALTA I LLOPART: Decía que puede suceder que la predisposición
contra los excesos desaprensivos, actitud que seguramente compartimos con
todas SS. SS., nos lleve a legislar con tal rigor que se pueda marginar a
la misma especie humana en su condición de integrante del propio medio
natural, olvidando que los hábitos humanos --eso que llamamos las
costumbres-- no son más que la concreción de unos comportamientos casi
siempre relacionados con la subsistencia o la supervivencia.
Parece oportuna esta reflexión cuando se trata de defender una
proposición no de ley que pretende instar al Gobierno para que proceda a
la regulación de la caza de ciertas especies de aves y la utilización de
medios tradicionales en su captura. Sin la caza la vida humana no sería,
o sería otra cosa. La conciencia ecologista y la defensa de las especies
animales, hoy necesarios mecanismos de autodefensa de un mundo en
peligro, eran hasta el siglo pasado inusuales. Pocos podían sospechar que
al punto de girar la página del siglo X la desaparición de algunas
especies animales sería prácticamente una realidad. Afortunadamente, la
colectividad ha tomado conciencia del problema y se ha legislado a todos
los niveles. Para el caso que nos ocupa, la Ley de Conservación de los
Espacios Naturales de la Flora y de la Fauna Silvestre, de marzo de 1989,
que incorporó a la legislación española las directrices comunitarias del
Convenio de Berna de 1979, sobre la conservación de especies animales,
tiene un vacío importante al no precisar disposiciones que regulen lo que
se define como métodos tradicionales de caza, con arraigo ancestral entre
la población de determinadas zonas de Cataluña y, lógicamente, de todo el
Estado.
El vacío legal ha producido situaciones entre la paradoja y la
contradicción, generando agravios comparativos porque si se legisla sobre
la captura de especies comunes al territorio en el que históricamente
habían cazado, sin que por su abundancia se produjera merma en las
poblaciones existentes, plantearía ciertas dificultades de equilibrio
biológico, dado que el hombre cazador siempre ha formado parte del mismo,
incluso como elemento regulador. De aquí que la regulación genética
impida utilizar medios de captura identificados como masivos y no
selectivos, y los permitidos sean los más próximos posible a una
presencia humana en el hábitat natural, razonablemente desprovista de la
posibilidad de destrucción que la capacidad de pensar le ha permitido
desarrollar al hombre.
Sentadas estas premisas, y puestos a considerar a ras del suelo, los
textos legales vigentes impiden, por ejemplo, la caza de la única clase
de perdiz, la pardilla, que existe en el
Pirineo y en las zonas prepirenaicas, no obstante estar hoy en clara
expansión. Algo parecido sucede con la llamada polla de agua en las zonas
del Delta del Ebro, cuya abundancia actual ocasiona considerables
pérdidas a los agricultores de la zona.
En varias comarcas de Tarragona sucede algo parecido con la caza de los
tordos. El tradicional procedimiento de caza denominado «la barraca» ha
sido sometido a un seguimiento muy riguroso en cuanto a su control e
inspección por parte de la Generalitat, que ha llegado a censar el número
total de barracas en 500 y únicamente ha autorizado su uso en condiciones
de control muy rigurosas para que la práctica de dicho procedimiento no
significara un peligro para las especies de aves afectadas.
Sin embargo, pese al rigor de este control, Icona ha planteado recurso
ante los tribunales alegando la prohibición recogida en la Ley 4/1989. El
sector social afectado no ha tardado en plantear ante la administración
autonómica que prácticas del mismo tipo se dan en otros territorios, sin
que la Administración estatal haya actuado contra ellas, creándose una
situación de agravio comparativo.
Por todo ello, señorías, recogiendo el sentir popular, mi Grupo ha
presentado esta proposición no de ley, con objeto de que se proceda a
desarrollar la Ley 4/1989, al amparo de la correspondiente directiva
comunitaria, para que se resuelva la situación descrita desde la
consideración que merece la caza tradicional y el respeto al
mantenimiento de las especies animales, ya recogido en la Ley de
Protección de los Animales del Parlamento de Cataluña, que fue la primera
ley, por cierto, sobre la materia a nivel del Estado. Se resolverían así
las contradicciones o vacíos competenciales que posibilitan el pleito
entre organismos y la represión de unas prácticas de caza que, bien
reguladas, pueden contribuir al justo equilibrio que planteábamos al
iniciar la defensa de nuestra proposición no de ley.
Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda del Grupo Socialista y dos del Grupo Popular.
Para defender las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Cotoner tiene la palabra.
El señor COTONER GOYENECHE: Antes que nada, deseo saludar a todos los
miembros de esta Comisión, que me han acogido tan gratamente, ya que no
pertenezco a la misma. Unicamente he sido designado para poder defender
estas enmiendas.
Dicho esto, he de manifestar que nuestras enmiendas pretenden ampliar la
proposición no de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió. En
relación con el primer punto de la proposición no de ley, tratamos de
incluir, aparte de que se puedan cazar la perdiz pardilla y la polla de
agua, todas las aves que tradicionalmente se han venido cazando en cada
una de las comunidades, siempre y cuando se llegue a un acuerdo con ellas
en cuanto a qué clase de aves son las que tradicionalmente se han venido
cazando, y siempre y cuando no se ponga en peligro la supervivencia de
las mismas y no se encuentren incluidas en el anexo primero de la
directiva del Consejo de la Comunidad Europea 79/409, de 2 de abril de
1979.
En cuanto a la segunda enmienda que presenta nuestro Grupo, en relación
con el punto segundo, el relativo a los medios tradicionales de caza,
pretendemos que se pueda cazar, además de por el de «la barraca», que se
utiliza en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por los denominados «filats
en colls», que se utilizan en la Comunidad de las Islas Baleares y el
«parany», que también se utiliza en la Comunidad Autónoma de Valencia,
además de poderse utilizar otros medios tradicionales que se hayan venido
utilizando en las diversas comunidades autónomas y que autorice la propia
comunidad, siempre que no tengan la consideración de captura masiva y sí
selectiva.
Nosotros consideramos que todos estos métodos tradicionales, como ha
dicho el representante del Grupo Catalán, son métodos de un arraigo rural
en todas esas comunidades y se originaría un perjuicio muy grave y grande
hacia esas personas que han venido utilizando dichos procedimientos. No
porque en estos momentos se regule la prohibición de esos procedimientos
se va a dejar de cazar. Hay que ser sensibles hacia esas personas porque,
de lo contrario, lo único que se conseguirá será que se trasgreda la
legislación en este concepto. Por eso, nosotros consideramos que, siempre
y cuando no sean masivos y sí selectivos, se tienen que permitir dichos
procedimientos tradicionales utilizados en dichas comunidades autónomas.
Ultimamente, en la prestigiosa revista de caza «Trofeo» viene un
reportaje sobre los «filats en colls», que se utilizan en la Comunidad
Autónoma de Baleares. En el mismo se aprecia el método que se usa y se
especifica que es un método no masivo y sí selectivo.
En cuanto a la enmienda de sustitución presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, en el caso de que no se aceptaran nuestras
enmiendas, propondríamos una enmienda transaccional «in voce» para que se
añada, además de los métodos de «la barraca» y «parany» los «filats en
colls» en la comunidad balear.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Antich tiene la palabra.
El señor ANTICH I BALADA: Al igual que el señor Cotoner, quiero agradecer
a los miembros de la Comisión la aceptación de mi presencia, puesto que
al ser Diputado representante de una zona especialmente afectada por el
contenido de esta proposición, mi Grupo me ha encargado la defensa de la
enmienda presentada.
Entrando ya en materia, señor Presidente, la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de las Especies Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, que derogó y sustituyó la de 2 de mayo de 1975, ha servido
para trasponer a nuestro ordenamiento jurídico directivas comunitarias y,
en particular, la 79/409, y, al propio tiempo, adaptar al nuevo Estado de
las autonomías surgido de la Constitución Española de 1978 lo relativo a
estas materias, correspondiendo, por tanto, al Estado la legislación
básica sobre protección del medio ambiente y a las comunidades autónomas
la posibilidad de su desarrollo y aplicación, atendiendo mucho mejor a
las peculiaridades de cada zona.
Así, pues, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno a regular la caza de
ciertas especies de aves y la utilización de métodos tradicionales de
captura, responde a casos prácticos que se han presentado en aplicación
de la ley antes referida, tanto en cuanto a especies cinegéticas (perdiz
pardilla y polla de agua) como en cuanto a métodos o procedimientos de
captura: aves de cetrería y barraca para los zorzales o tordos.
Al parecer, la realidad es que en las zonas del Pirineo la perdiz
pardilla está ahora en fase de expansión y, asimismo, la polla de agua es
muy abundante en el Delta del Ebro. No parece que exista problema para
que el método de las aves de cetrería se utilice de manera selectiva
sobre las especies autorizadas. Por otro lado, en algunos pueblos de las
comarcas catalanas del Ebro y especialmente en los limítrofes con la
comunidad valenciana, Alcanar, Ulldecona, la Zenia, ha existido desde
tiempo inmemorial un método de capturar los tordos o zorzales conocido
con el nombre de «barraca», de las que hay unas quinientas en toda la
zona. Igualmente, en la vecina comunidad valenciana, idéntico método,
conocido allí como «parany», está extendido prácticamente por toda ella,
totalizando unas 5.000. Las «barracas» o «paranys» son árboles,
generalmente algarrobos u olivos, muy cuidados y preparados para capturar
los zorzales o tordos. Existen pruebas documentales, más de 35.000 firmas
recogidas en el sur de Cataluña y en toda la comunidad valenciana, de que
los tordos producen daños cuantiosos en la agricultura. Pero, además, en
general, las fincas en las que hay «barracas» o «paranys» suelen estar
mucho más cuidadas, por su evidente valor ecológico. Y, asimismo, la
autorización de las mismas ayuda a evitar roces y discusiones entre los
propietarios de las fincas y los cazadores que no son propietarios.
A pesar de estar de acuerdo con el fondo de la cuestión que plantea esta
proposición no de ley que nos ocupa, de Convergència i Unió, nuestro
Grupo Parlamentario estima que precisamente, en aplicación del Estado
autonómico, al que me he referido, y del reparto de competencias que ello
comporta, debe reflejarse en el texto que hoy aquí se apruebe la
referencia explícita, tanto al Gobierno español como al de las
comunidades autónomas, cada uno en sus respectivas competencias. Es por
ello que hemos presentado una enmienda de sustitución a la misma,
anulando los antecedentes y modificando el contenido de la parte
resolutiva, que literalmente dice así: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a desarrollar el artículo 28.2 y otros de la Ley 4/1989, de
27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales de la Flora y
Fauna Silvestre, de forma que las comunidades autónomas, en el ejercicio
de sus competencias, puedan dictar las normas precisas para autorizar, en
los casos previstos en la ley, la caza de las especies perdiz pardilla y
polla de agua, la utilización de las aves de cetrería y el control de la
población de los tordos o zorzales mediante el método tradicional
conocido como «barraca» o «parany».
En relación a las dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular, y
defendidas por el señor Cotoner, las dos adolecen del defecto de ser
bastante inconcretas. En la primera se dice: «demás aves», y en la
segunda: «demás métodos tradicionales», y, por tanto, en su texto actual,
no nos parecen aceptables. Aceptaríamos, en cambio, la propuesta
transaccional presentada por el señor Cotoner al final de nuestra
enmienda de sustitución, añadiendo detrás de las palabras «barraca» o
«parany» los que él proponía de «filats en colls».
Finalmente, ruego a los restantes grupos parlamentarios que respondan a
los deseos de sus representantes en la zona, pues, puedo asegurarles que
todos ellos se han manifestado en favor de un texto como el nuestro,
firmando incluso unas hojas en las que solicitan su autorización y
regulación. Señorías, hoy, muchas personas, especialmente en la comunidad
autónoma catalana, en la valenciana y creo que, por lo que ha dicho el
señor Cotoner, también en la balear, están pendientes de lo que decida
este Congreso de los Diputados, esperando que con su voto, a poder ser
unánime, se apruebe un texto que permita, manteniendo las tradiciones,
dar una respuesta legal a las demandas que ellos nos han planteado.
El señor PRESIDENTE: El único Grupo que no ha presentado enmiendas ha
sido Izquierda Unida. Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, nuestro Grupo no comparte
la vocación cinegética del conjunto de los grupos de la cámara. (Risas.)
Estamos muy preocupados por la supervivencia de especies como la perdiz
pardilla, la polla de agua y otras a las que aludían en sus enmiendas
otros grupos parlamentarios. Somos conscientes de que la legislación
actual, tanto la Ley 4/1989 como el Decreto 1.095/1989, ha creado una
gran confusión. De hecho hay comunidades autónomas donde se está
permitiendo la caza de esas especies. Creemos que la directiva de aves
79.409... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.
Ruego silencio, señorías.
Continúe, señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
... modificada en fecha 6 de marzo de 1971, establece la protección
estricta de estas especies e incluye en el artículo 5 de la directiva la
prohibición de matarlas o capturarlas de forma intencionada, sea cual
fuere el método empleado. En ese sentido, el Estado español se verá
obligado a reflejar en su normativa esta directiva comunitaria.
Somos conscientes de que quizá en algún enclave la perdiz pardilla pueda
ser objeto de expansión. De cualquier manera, nosotros pensamos que era
responsabilidad del Grupo proponente el haber aportado a esta Comisión
los datos, los estudios en los que se especificase el censo definitivo
que hay de estas especies para que, en esta Comisión, nos hubiésemos
podido hacer una idea mucho más
exacta de la situación. De hecho, si tenemos en cuenta estudios que ha
realizado Icona, por ejemplo la monografía de la serie técnica de 1992,
en la que se habla de la perdiz pardilla en España, un estudio de Antonio
J. Lucio y de Mario Sáenz de Buruaga, advierte de la situación de peligro
de esta ave y desaconseja su caza. Por otra parte, también Icona, en el
libro rojo de los vertebrados en España, incluye a la perdiz pardilla
como especie vulnerable y que ha de ser objeto de especial protección. Es
por eso, señorías, que nuestro Grupo no va a aceptar ni la primera
proposición no de ley ni las enmiendas que se han aportado por otros
grupos. No podría haber ninguna autorización de caza de pardillas sin un
plan especial de aprovechamiento y sin que se conociese el censo
definitivo. Solamente cuando esta Comisión hubiese evaluado la situación
real de esas especies en el territorio español sería cuando nuestro Grupo
estaría en condiciones de hacer alguna modificación de tipo legislativo,
no ahora.
Respecto a la polla de agua, «gallinula chloropus», en lenguaje
técnico-científico, nosotros pensamos que la gestión de la Generalitat ha
sido nefasta en el Delta del Ebro, que ha permitido la incidencia de caza
furtiva y que ha producido el envenenamiento del 80 por ciento de las
aves muertas, porque se las encuentra envenenadas por plomo debido a los
cartuchos de plomo. El que ahora se hable de incrementar todavía más la
caza de la polla de agua nos parece realmente un contrasentido.
En relación con la cetrería, señorías, la utilización de aves de presa
para la cetrería es la causante de que numerosos nidos que existen
actualmente sean afectados gravemente. Son aves que están en peligro de
extinción, como el halcón peregrino, el azor y otras especies protegidas.
Este dudoso deporte de la cetrería ha generado un mercado negro de huevos
y pollos de aves de presa que se realiza clandestinamente y que opera en
España para abastecer a mercados de los países árabes y de Europa.
Nosotros pensamos que los esfuerzos de la Administración deberían ir
encaminados a erradicar estas prácticas, que son absolutamente
delictivas, y no en el sentido de promover estas actividades en el
territorio español.
El señor PRESIDENTE: Señor Baltá, tiene la palabra para expresar la
aceptación o no de las enmiendas presentadas.
El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, aparte de aceptar o no las
enmiendas presentadas, creo que este portavoz tiene, en cierto sentido,
la obligación de manifestar el parecer de su Grupo sobre la actuación que
el departamento correspondiente de la Generalitat ha desarrollado
respecto al tema, por cierto, con una relación detallada de actuaciones
en defensa de las especies que aquí se ha planteado. Es precisamente esa
actuación detallada, convenientemente censada y estudiada, la que ha
impulsado al Grupo, en colaboración con el departamento correspondiente,
a presentar esta proposición no de ley.
Se trata precisamente de dar cauce legal a la realidad que existe porque
sucede que, por importante que sea la actuación del departamento, la
fuerza que tiene esta tradición popular hace que constantemente se
produzcan situaciones de irregularidad. Lo más inteligente, cuando se ha
comprobado que estas especies en estos momentos ya tienen la adecuada
abundancia, es intentar regular el problema.
En cuanto a las enmiendas, señor Presidente, debo decirle que las
enmiendas presentadas por el Grupo Popular y el Partido Socialista vienen
a enriquecer el criterio que he expuesto en mi intervención en cuanto al
fenómeno que se producía en otras comunidades, e incluso diría que vienen
a enriquecer algunas aportaciones en el campo de lo que denominaría la
cultura cinegética, demostrando que en otras comunidades existen
efectivamente unas artes tradicionales que, por esta condición de
tradiciones, deben respetarse, siempre y cuando no pongan en peligro las
especies que tanto les preocupan a todos los presentes. Sin embargo, he
de decir que la enmienda que mi Grupo considera que debiéramos aceptar es
la presentada por el Grupo Socialista y, como solución al problema
planteado por el portavoz del Partido Popular, señor Cotoner, sugerimos
que la adición propuesta sea recogida por el señor Antich, con lo cual se
daría solución al problema que hemos planteado al presentar nuestra
proposición no de ley.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Creo que no hay inconveniente en someter a la
consideración de la Comisión la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista con la incorporación, al final de la misma, de «y filats en
colls». Creo que el Grupo Popular ya ha manifestado la admisión de esta
propuesta en el caso de que no fueran aceptadas inicialmente las suyas.
Si les parece, vamos a votar la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sustituida por la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación, al final, de
«filats en colls».
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en
contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--RELATIVA A LA DISMINUCION DE LAS SUPERFICIES DE BARBECHO BLANCO, EN LOS
CULTIVOS HERBACEOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000174.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a debatir la cuarta de las
proposiciones no de ley, relativa a la disminución de las superficies de
barbecho blanco en los cultivos herbáceos. Ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Popular y, para defenderla, tiene la palabra el señor
Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, como es sabido por todos los
miembros de la Comisión,
fruto de la reforma de la Política Agraria Común, aprobada en mayo de
1992, la Comunidad, mediante diversos reglamentos, estableció un sistema
de apoyo a determinados cultivos herbáceos que contemplaba bien el pago
de una compensación en función de los rendimientos establecidos a
determinadas comarcas de cultivos herbáceos en cada país, o bien el pago
de aquellas superficies que obligatoriamente tenían que quedar en
barbecho en función de la aplicación de las normativas, a las que estamos
haciendo referencia, que establecían límites a partir de determinadas
producciones en cada explotación agraria. Esa normativa comunitaria se ha
venido aplicando en España en dos ocasiones, y estamos ante la segunda
aplicación que tiene cuerpo legal en la Orden del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, de 29 de noviembre de 1993, por la que
se fijaban los índices comarcales de barbecho, habida cuenta de que en
España, por las condiciones aceptadas por el Gobierno español en la
reforma de la Política Agraria Común, se estableció un límite máximo de
hectáreas a las que se tendría derecho a la hora de cobrar las ayudas que
estamos comentando. España, como es conocido, tiene un total de 9.229.000
hectáreas con derecho a ayuda, lo que supone, con los rendimientos medios
españoles establecidos, una producción aproximada a 20 millones de
toneladas.
Los hechos han demostrado que los agricultores, a la hora de suscribir
sus peticiones de apoyo, de ayudas, no han alcanzado la totalidad de
hectáreas a las que España tenía derecho. Los datos del primer año de
aplicación de la reforma de la Política Agraria Común en España ponen de
manifiesto que más de 600.000 hectáreas no han sido objeto de solicitud
de ayuda por parte de los agricultores en las diversas comarcas
cerealistas o de cultivos herbáceos en España. De alguna forma, estamos
contemplando que existe, en algún momento de la normativa española, algún
error, porque nadie tira piedras sobre su tejado y, por tanto, ningún
agricultor deja de solicitar las ayudas a las que tiene derecho. Quiere
decir esto que, tanto la normativa española, con la limitación de
rendimientos comarcales, como la normativa española que establece los
índices obligatorios de barbecho gratuito, están equivocadas de raíz,
porque están impidiendo que los agricultores españoles ejerzamos el
derecho por más de 600.000 hectáreas.
Yo llamo la atención de SS. SS., porque estamos hablando de dinero
contante y sonante que no está entrando en la economía agraria española,
que no está llegando directamente a nuestros agricultores. Si tomamos
como base el rendimiento medio establecido a la hectárea cerealista
española, estaremos hablando, por tanto, de rentas, de subvenciones o de
apoyos económicos a más de un millón y medio de toneladas, dinero del
que, a la hora de utilizar los fondos comunitarios, no se están
beneficiando los agricultores de nuestro país.
A través de la proposición que estamos en estos momentos defendiendo,
señor Presidente, pretendemos que el Gobierno español rectifique la Orden
Ministerial que regula el acceso de nuestros agricultores a estas ayudas.
Hemos comprobado que más de 600.000 hectáreas no han sido objeto de
petición y entendemos que uno de los elementos condicionantes para esta
no petición de ayudas ha sido los altos índices de barbecho que se han
establecido obligatoriamente en diversas comarcas españolas,
especialmente en aquellas comarcas que están sufriendo índices superiores
al 40 por ciento. Esa limitación, establecida unilateralmente por el
Gobierno español, ha producido los hechos que estamos contemplando: que
más de 600.000 hectáreas queden sin petición de ayudas, y, por tanto, el
dinero de las arcas comunitarias, no dinero del Presupuesto español, no
está llegando fluida y directamente a nuestros agricultores.
Por tanto, señorías, solicitamos que la Comisión ordene al Gobierno la
rectificación de esos índices de barbecho, de tal forma que aún estamos a
tiempo, porque aún estamos en período de siembra de cultivos herbáceos
--recuerden SS. SS. que por el efecto de la sequía no se han producido
todas las siembras de cereales que se deberían haber hecho--, de poder
acceder a siembras de oleaginosas que permitirían a nuestros
agricultores, si rectificáramos urgentemente los índices de barbecho,
compensar esas 627.000 hectáreas para las que no hemos pedido ayudas y en
las que no hemos sido beneficiados por los fondos que existen en las
instituciones comunitarias --que no afectan al Presupuesto español-- y
que, por el contrario, están beneficiando a otros agricultores.
Un último punto, señor Presidente. Como saben los miembros de la
Comisión, el año que viene acaba el período de tres años que contemplaba
la reforma de la Política Agraria Común. Al finalizar este período, las
instituciones comunitarias tendrán que comprobar, analizar y, en su caso,
proponer modificaciones a las superficies y a los rendimientos
establecidos para cada país y para cada comarca. Si aparecemos
sistemáticamente sin utilizar el total de las hectáreas a que tiene
derecho el Reino de España, correremos el peligro de que, el año que
viene, las instituciones comunitarias reduzcan esta superficie en el
potencial productor español, y entonces todos nos lamentaremos.
Por tanto, creemos que estamos en el momento oportuno de hacer este
llamamiento al Gobierno español para que rectifique urgentemente la Orden
que establece los índices de barbecho, posibilite el reparto de esta
superficie, por la que no hemos pedido las ayudas, y permita que los
agricultores españoles utilicen al cien por cien las previsiones que
tienen a su favor en los reglamentos comunitarios.
El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas.
¿Grupos que quieran participar en el debate? (Pausa.)
El señor Vidal, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra.
El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario,
Convergència i Unió, al estudiar detenidamente esta proposición no de ley
sobre el barbecho blanco y el problema real al que pretende hacer frente,
así como la solución propuesta de disminuir proporcionalmente en todas
las comarcas la superficie destinada al barbecho
blanco, repartiéndose una disminución global de unas 600.000 hectáreas,
tenemos la sensación de que se parte de una premisa, a nuestro juicio,
equivocada, cual es la de afirmar --hoy lo ha repetido el portavoz del
Grupo Popular-- que el principal motivo por el que los agricultores
españoles no solicitan la totalidad de las ayudas compensatorias a las
rentas para el total de las hectáreas de los cultivos asignados a España,
especialmente cultivos de secano, se debe a que la solicitud de
subvención lleva implícita la obligatoriedad de dejar en barbecho blanco
no subvencionado un porcentaje demasiado alto de las superficies arables
de las explotaciones, con lo que algunos agricultores renuncian a la
totalidad de las ayudas comunitarias, o a parte de éstas, para poder
cultivar más superficies.
Nuestro Grupo piensa que el hecho de no apurar al máximo esta solicitud
de ayudas por parte de los agricultores españoles puede ser debido a
otras causas, por ejemplo, el desconocimiento de los propios mecanismos
de solicitud de estas ayudas, falta de hábito de los destinatarios para
solicitaras y, especialmente, el temor a las consecuencias fiscales que
la obtención de la totalidad de las ayudas o subvenciones podría
acarrearles en la declaración obligatoria en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
Sin negar totalmente la posibilidad, por tanto, de la relación
causa-efecto citada en la proposición no de ley, pensamos que las cuotas
de barbecho por regiones o comarcas podrían no ajustarse a las auténticas
necesidades de éstas y, por ello, cabría la posibilidad de un estudio
exhaustivo de la actual distribución para, si así lo aconsejara, proceder
a su redistribución más que a la disminución lineal o proporcional, de
más compleja justificación y aceptación por unas comarcas que sí se han
adaptado a las exigencias de su cupo.
En todo caso, estamos ante una propuesta que, de cualquier forma,
modificaría un status aceptado por la mayoría de las comunidades
autónomas y cualquier alteración debería ser aceptada por éstas y por las
organizaciones profesionales. Sin este requisito, lo sentimos, pero no
podemos votar favorablemente la reducción propuesta de las superficies de
barbecho blanco.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: A pesar de que nuestro Grupo es consciente de
que éste es un tema no resuelto, no estamos en condiciones de votar
afirmativamente esta proposición no de ley, primero, porque la
consideramos extemporánea. Yo no sé si esta Diputada tiene los datos
correctos, pero la solicitud terminó el 15 de marzo, este tema podría
estar ya en Bruselas, y ahora cualquier modificación no puede variar la
superficie. Tendrían que ser modificaciones que afectasen a algún tipo de
cultivo, pero no a la superficie.
En cuanto a la bolsa que se ha generado en esta campaña, no hay certeza
de la cuantía de la misma. No tenemos los datos concretos. Habría que
exigir del Ministerio que aportase los datos de la bolsa que se ha
generado en la campaña de este año.
En relación con el tema del reparto, nuestro Grupo tampoco comparte la
opinión del Grupo Popular en el sentido de que habría de ser lineal. De
esta manera podríamos estar favoreciendo a algunos que han podido
defraudar no aplicando los índices de barbecho y que en esta ocasión
podrían modificar al alza esta situación. Estaríamos más por un reparto
que afectase a las zonas más desfavorecidas; de hecho estaríamos más por
un reparto individual, pero como no hay una asignación individual es
absolutamente imposible.
No tenemos los datos suficientes para ver cómo se comporta esta ayuda a
la superficie; solamente tenemos los datos de la campaña 93-94, y con el
resultado de esta campaña habrá que ver cómo se comporta este año.
Nosotros consideramos oportuno que una vez que se tengan los datos
suficientes, y ya podríamos hacer la evaluación de las dos campañas, los
criterios de reparto fueran objeto de revisión en una comisión que
debería estar integrada por la Administración, por las comunidades
autónomas y por las organizaciones profesionales agrarias. Nuestro Grupo
estaría dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que fuese en esa línea,
pero no la que hoy nos presenta aquí el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Velasco.
El señor VELASCO RODRIGUEZ: La postura del Grupo Socialista es la de
rechazar esta proposición no de ley sobre la base de que la consideramos
inadecuada en cuanto al momento en que se plantea. Efectivamente, las
consecuencias que presenta la proposición no de ley en cuanto al barbecho
blanco creemos que no son las causas reales de las bolsas que se han
generado en la campaña 92-93. Entendemos que el problema es mucho más
complejo y viene dado fundamentalmente en el momento en que se
constituyen las superficies base de cultivo, en que se toma como dato
inicial cinco años, lo que fue aceptado por comunidades autónomas, por
organizaciones agrarias y demás, y al verificar las solicitudes
planteadas el año pasado nos encontramos con que efectivamente existe un
excedente de 700.000 hectáreas.
Haciendo un análisis pormenorizado por regiones, se ve que aquellas que
tienen menor porcentaje de barbecho blanco son las que menores
solicitudes han presentado respecto a la superficie base que tenían. Por
tanto, no es el problema del barbecho blanco el que está originando esta
bolsa y las repercusiones negativas que planteaba el portavoz del Grupo
Popular, con lo que efectivamente estamos de acuerdo. Habría que
conseguir que toda la superficie base que nos reconoce la Comunidad se
pudiera plantear y, por tanto, esas ayudas llegasen a los agricultores
españoles. De todas maneras, es sabido por todos que el planteamiento de
esta orden ministerial ha sido discutido por las comunidades autónomas y
por las organizaciones agrarias y que, en ningún caso, debería plantearse
una modificación puntual por parte del Gobierno central, sino que tendría
que efectuarse un acuerdo entre comunidades autónomas puesto que tenemos
cupos establecidos por comunidades autónomas. Nosotros entendemos que
debería plantearse en las comisiones sectoriales entre el Ministerio de
Agricultura y las comunidades autónomas, y algunas comunidades autónomas
tendrían que ceder parte del cupo en beneficio de otras. Con eso se
arreglaría el problema porque en alguna comunidad --muy pocas-- donde
tenemos altos porcentajes en barbecho blanco podemos encontrarnos con
mayor superficie de la asignada y, por tanto, podríamos incurrir en
penalización.
Concluyendo, señor Presidente, el Grupo Socialista entiende que la
posible modificación debe estudiarse y plantearse una vez que finalicen
las tres campañas, pero con los datos que se tienen en este momento y que
se van a tener en la próxima campaña de cereal, pues hay que seguir
cumpliendo la técnica de barbecho que afecta fundamentalmente a zonas
semiáridas y donde esta práctica cultural es absolutamente necesaria.
Convendría también hacer un llamamiento a todas las comunidades autónomas
para que, a tenor de sus competencias, fueran completando sus directorios
de explotación, de manera que tuviéramos datos exactos a la hora de
plantear las superficies bases por región y, a la vez por comarcas. Ello
nos llevaría a poder afinar perfectamente el número de hectáreas, tanto
en superficie como en barbecho, y sacar el máximo provecho. En cuanto al
problema que planteaba el portavoz del Grupo Popular de que pueda haber
una restricción por parte de la Comunidad, existen suficientes causas
técnicas, que se pueden alegar ante la misma, para poder justificar que
estos primeros años de análisis conllevan unos reajustes y que
técnicamente hay datos que pueden avalar que se pueda modificar y
respetar la superficie que, en este caso, es superior a las peticiones
que se han realizado por los agricultores españoles. (El señor Ramírez
González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra brevemente, por favor.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Sin ánimo de polémica porque las posiciones
son conocidas, quizá de las intervenciones de los grupos se han suscitado
algunas dudas respecto al alcance de nuestra posición que, con la
benevolencia de la Presidencia, me gustaría aclarar.
En primer lugar, cuando pedimos la reducción de los índices de barbecho
en aquellas zonas que tienen establecido más del 40 por ciento, estamos
hablando de las zonas más deprimidas de España, de las zonas más
desfavorecidas. Si miran la geografía nacional verán que aquellas zonas a
las que se les ha establecido índices de barbecho superiores al 40 por
ciento coinciden con las zonas más deprimidas y más desfavorecidas. Por
tanto, con esa idea pretendíamos alcanzar ese objetivo.
En segundo lugar, hemos actuado con fecha 16 de marzo, cuando conocimos
el dato oficial. Si lo hubiéramos conocido antes, antes hubiéramos
reaccionado. Cuando hemos constatado que se había creado una bolsa
cercana a los 700.000 hectáreas es cuando hemos reaccionado. Posiblemente
el Reglamento y los trabajos de la Cámara impiden que se vean las
cuestiones antes, pero estamos en tiempo. Nada impide al Gobierno
español, especialmente en las circunstancias de sequía que ayer fueron
contempladas incluso en las propuestas de resolución que la Cámara
aprobó, teniendo en cuenta ese marco de referencia a la sequía española,
nada impide al Gobierno español plantear ante las instituciones
comunitarias la necesidad de las rectificaciones que se contienen en
nuestra proposición.
En tercer lugar, es público y notorio que múltiples comunidades autónomas
han protestado oficialmente respecto a los índices de barbecho que se les
han aplicado, y es público y notorio que la totalidad de las
organizaciones agrarias han protestado en relación con los índices de
barbecho que se contemplan en la normativa comunitaria.
En resumen, señor Presidente, tenemos el peligro de que las instituciones
comunitarias comprueben que España no utiliza la totalidad del potencial
que se le asigna en cultivos herbáceos y, por tanto, existe el peligro de
que el año que viene se nos reduzca nuestra superficie. En segundo lugar,
hemos reaccionado cuando hemos conocido el dato. En tercer lugar, en
nuestra iniciativa hemos puesto por delante los intereses de las zonas
menos favorecidas de España para que se pudieran beneficiar de esta
posibilidad. En cuarto lugar, estamos en tiempo porque la sequía nos
permite habilitar un plazo especial. Finalmente estamos --creemos-- ante
la necesidad de alertar al Gobierno español de que algo no está
funcionando a la hora de fijar los índices regionales de cultivos
herbáceos y, en consecuencia, pretendíamos, a través de esta proposición,
hacer un llamamiento al Gobierno y a la sociedad española en el sentido
de que no estamos regulando perfectamente esta situación.
El señor PRESIDENTE: El señor Velasco tiene la palabra, también
brevemente.
El señor VELASCO RODRIGUEZ: Señor Presidente, intervengo tan sólo para
hacer una pequeña matización. En la última conferencia sectorial
prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas estuvieron de
acuerdo con esa orden ministerial. En cuanto a las superficies que han
quedado sin solicitar habría que destacar que las dos comunidades
autónomas cuyo diferencial en superficie es más alto son Andalucía y
Galicia; Andalucía con 248.000 hectáreas y Galicia con 209.000.
Precisamente en Galicia el porcentaje de barbecho es el menor y, sin
embargo, entendemos que no hay relación causa-efecto entre el barbecho y
la bolsa que se ha generado. En consecuencia, el Grupo Socialista cree
que es fundamental el reajuste de las superficies. A partir de ese
momento podremos entrar a redefinir algunos porcentajes de barbecho
blanco en comarcas.
Por tanto, insistimos en la misma cuestión. Creemos que hay que
plantearla en el marco de la conferencia sectorial entre las comunidades
autónomas y el Gobierno central, porque allí hay representación de todos
los grupos políticos que son conocedores de esta situación porque la
están gestionando directamente.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--RELATIVA A LAS MEDIDAS A TOMAR EN FAVOR DEL SECTOR VITIVINICOLA, EN LA
PROYECTADA REFORMA DE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION COMUN DE MERCADOS
EN EL SENO DE LA UNION EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente: 161/000175.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la última de las proposiciones no
de ley relativa a las medidas a tomar en favor del sector vitivinícola en
la proyectada reforma de la correspondiente organización común de
mercados en el seno de la Unión Europea. Para defenderla tiene la palabra
don Neftalí Isasi, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ISASI GOMEZ: Señorías, antes de comenzar a debatir esta
proposición no de ley, quería llamar su atención sobre la trascendencia
socioeconómica y cultural que sin duda va a tener para España el proyecto
de reforma de la organización común de mercado que en estos momentos se
está discutiendo en el seno de la Comunidad Económica Europea, sobre todo
si se llegara a aprobar en los términos que conocemos en estos momentos.
Sin duda también debemos tener en cuenta, al margen de posiciones
partidistas, que lo que conocemos hasta ahora es un documento que a todas
luces parece redactado contra los intereses españoles. Por eso solicito
la mayor atención de esta Comisión y, si es posible, dejar de lado
posiciones partidistas para intentar obtener aquí, esta mañana, una
posición firme que indique al Ministro de Agricultura la actitud del
Parlamento español y de la sociedad implicada --que yo creo que es toda
la sociedad española porque va a afectar directa o indirectamente a todos
los españoles-- para que el Ministro español defienda en Bruselas las
premisas de las líneas generales que en la proposición no de ley que
vamos a debatir se contemplan.
El sector vitivinícola español, señorías, está regulado por el Estatuto
de la vid y del vino, que data de 1970, y por los reglamentos de
desarrollo de la OCM del vino, redactada también hace más de veinte años
para una Comunidad Económica Europea de seis u ocho países que nada
tenían que ver con la tradición vitivinícola del sur de Europa, en
definitiva del Mediterráneo, que es donde se cultiva el mayor número de
hectáreas del mundo, como en el caso de España. (Rumores.) No tenemos que
perder de vista...
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señor Isasi. Silencio,
señorías.
El señor ISASI GOMEZ: No debemos perder de vista que nuestro país,
España, es el primero del mundo en superficie dedicada a la viticultura;
por el contrario, somos el tercero en producción total de uva y de vino.
No debemos pasar por alto este dato, que más adelante saldrá a relucir en
cuanto a los rendimientos.
Los organismos comunitarios, desde la incorporación de España y otros
países del sur de Europa cuando se constituyó la Europa de los doce, que
entró en vigor el 1 de enero de 1986, ya desde entonces vienen
discutiendo sobre la necesidad de reformar la organización común de
mercado, pero a la vez han sido incapaces de llegar a acuerdos por los
intereses contrapuestos, por los egoísmos demostrados por los dirigentes
de los países miembros y por la actitud cínica de la mayoría de esos
países miembros que han preferido descapitalizar el presupuesto
comunitario y agrícola gastando cientos de miles de millones de pesetas
en intentar atajar los graves problemas que tiene el sector vitivinícola
y, sin embargo, no han sido capaces de ponerse de acuerdo porque,
coincidiendo en la necesidad de la reforma, cada uno estaba mirando, al
mismo tiempo, para su lado.
Ya en la aprobada reforma de la PAC, en mayo de 1992, en su introducción
se hacía alusión a la necesidad también de la reforma de la organización
común de mercado, y se adquiría de alguna manera un compromiso para
introducir en ella dicha reforma, pues bien, en julio del año 1993 se
conoció un documento, el llamado documento de reflexión, que el Consejo
de Ministros agrarios contempló, discutió y analizó el 21 de septiembre
de 1993. Dicho documento de reflexión llegó a conocimiento de la mayoría
del sector interesado en el futuro de la política vitivinícola europea y
saltaron todos los dispositivos de alarma porque conocimos entonces que
se había redactado un documento absolutamente en contra de los intereses
españoles, como decía antes. Ese documento fue debatido también en el
Parlamento Europeo, obteniéndose un nuevo documento contrario en líneas
generales al documento de la Comisión, pero, como todos sabemos, la
decisión que tome el colegio de comisarios no es vinculante. Este
documento podríamos asumirlo, en parte, sin perjuicio de algunas
matizaciones importantes.
La producción vitivinícola española se origina en la mayoría de las
provincias y regiones, pero se da la circunstancia de que gran parte de
ellas carecen de alternativa a otros cultivos, además de la tradición que
supone para nuestro país el cultivo del viñedo desde tiempos
inmemoriales, hecho que supone, como todos sabemos, una auténtica cultura
del cultivo, de la elaboración e incluso en la gastronomía de su consumo
moderado. Las exportaciones de vino español alcanzan el doce y pico por
ciento de todas las exportaciones agrarias, suponiendo casi el dos por
ciento de la totalidad de las exportaciones españolas, cifras que nos
muestran la importancia que tiene el sector vitivinícola español. La
Unión Europea produce en torno a 190 millones de hectolitros, de los
cuales el 20 por ciento se produce en nuestro país. Alrededor de catorce
millones son dedicados al consumo interior, entre vinos y mostos,
exportamos ocho millones y el resto va destinado a diferentes
destilaciones y a la elaboración de productos como coñac, vermut,
vinagre, etcétera. Tenemos que destacar que ha descendido el consumo del
vino en España en los últimos diez años, en torno al 50 por ciento, sin
que nadie haya hecho absolutamente nada para atajar esa disminución.
Durante los años ochenta ha existido una especie de mala conciencia en
mucha gente tratando de identificar el consumo moderado del vino con el
alcoholismo. Incluso hemos visto campañas institucionales identificando
el alcoholismo con una copa de vino con botellas de vino reconocidas como
de las mejores calidades del mundo, lo cual nos parece, cuando menos, una
verdadera aberración. Ya van siendo menos esas voces que tratan de
identificar el alcoholismo con el vino cuando, por otra parte, estamos
viendo que el alcoholismo se produce fundamentalmente en los sectores de
población más jóvenes, que precisamente son los que no prueban el vino en
absoluto. Por otra parte, desde el Gobierno español se penaliza el
consumo del vino al estar sometido a una fiscalidad del 15 por ciento de
IVA, cuando el sector hostelero está sometido a un 6 por ciento, y el
propio Grupo Socialista ha rechazado reiteradas veces nuestra propuesta
de reducir el IVA del vino del 15 al 6 por ciento.
Los principales problemas que se aprecian en el documento de reforma de
la organización común de mercado se concretan en los puntos que a
continuación les voy a comentar. El objetivo fundamental de la reforma de
la organización común de mercado pretende, de una forma simplista,
equilibrar la producción con la demanda, fijándose solamente en un
principio, como decía hace un momento, de una forma un tanto simple,
diciendo: Esta es la demanda que hay, ésta es la producción que tiene que
haber en la Comunidad Económica Europea, sin tener en cuenta para nada la
promoción, la intensificación del incremento de la demanda. En estos
momentos se fija la demanda para establecer la producción dentro de seis
años, que es el plazo de revisión de esta propuesta, lo cual nos parece
un auténtico error. Se pretende reducir la producción alrededor del 30
por ciento de una forma lineal en todo el territorio de la Unión Europea,
lo cual a priori puede parecer a sus señorías algo lógico, pero les puedo
asegurar que es tremendamente injusto para los intereses nacionales. ¿Por
qué? Porque en España, como decía antes cuando hacía alusión a la
importancia de nuestro país en cuanto a que somos el primero del mundo en
superficie dedicada al viñedo, pero el tercero de la Unión en cuanto a
producción, los rendimientos se sitúan en torno a 30 hectolitros por
hectárea y en los países del centro y norte de Europa se sitúan en torno
a los 150 ó 200 hectolitros por hectárea. Quédense con estas cifras que
son tremendamente importantes para ver quién produce excedentes en el
seno de la Unión Europea y quién no; para ver a quién tiene que afectar
fundamentalmente la reforma y a quién, en todo caso, tiene que afectarle
de otra manera. Por eso rechazamos de plano esa reducción lineal del 30
por ciento de la producción, a todos por igual.
Por otra parte, señorías, y éste es uno de los puntos, a priori, más
escandalosos o de los que más se está hablando en los últimos momentos,
sin perjuicio de que también hay otros de la misma entidad, está el tema
de la chaptalización. Como venimos hablando mucho de este tema todos
sabemos a qué nos referimos. Además de esos rendimientos escandalosos
--digo escandalosos porque está demostrado que va en contra de la
calidad--, los países del centro y norte de Europa tienen unas prácticas
enológicas consistentes en añadir sacarosa, o sea, elementos extraños a
la producción de uva, elementos extraños a lo que es el zumo de uva,
añadir azúcar de remolacha. Estamos viendo cómo en los mercados europeos
tenemos vinos sin identificar, con componentes de la uva y componentes
extraños, por tanto, una fabricación de vinos artificiales sin que ningún
consumidor sepa qué es lo que está bebiendo. Estos países están
produciendo un auténtico fraude al consumidor. Lo tenemos que decir bien
alto, y gritando si hace falta, desde las posiciones españolas, y no
solamente nosotros sino el propio Ministro de Agricultura en el seno de
la Comunidad Económica Europea, tan preocupados ellos cuando les interesa
poner pegas fitosanitarias o de otro tipo en productos españoles que nada
tienen que ver con esos temas. (Varios señores Diputados del Grupo
Popular: ¡Muy bien! ¡Bravo!)
Quiero llamar la atención de SS. SS. sobre cómo a partir de esa práctica
enológica... (Rumores. Varios señores Diputados se sirven café en la mesa
situada al efecto.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ruego silencio. Yo creo que
esta nueva práctica que se ha introducido no resulta demasiado
conveniente. (Risas.)
Continúe, señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Quiero llamar la atención de SS. SS. sobre cómo a
partir de la práctica enológica de la chaptalización se introducen en el
mercado europeo nada más y nada menos que veinte millones de hectolitros
de vino fabricado, de vino con azúcar, que el consumidor --insisto-- no
lo sabe, y, sin embargo, asistimos a la cínica e hipócrita posición del
documento --por no hablar de personas, aunque alguien lo ha redactado--,
en el que se dice que, en todo caso, los Gobiernos de los países miembros
podrán autorizar a los productores de vino a poner en sus etiquetas que
es un producto no elaborado con sacarosa, cuando en todo caso debe ser lo
contrario: que aquellos que lo están haciendo --y respecto a los cuales
seríamos incluso partidarios de que lo pudieran hacer durante un período
transitorio, pero no con remolacha-- tuvieran que poner obligatoriamente
que ese producto está elaborado con añadido de sacarosa.
Señorías, para que comprueben el alcance de esta situación se están
utilizando en torno a 500.000 u 800.000 toneladas de azúcar para la
fabricación de vino en Europa.
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, le ruego vaya concluyendo.
El señor ISASI GOMEZ: Perdón, señor Presidente. Le rogaría fuera un tanto
flexible con el tiempo, porque lo que estamos tratando la verdad es que
lo merece.
El señor PRESIDENTE: Su señoría sabe que el Presidente lo es normalmente,
y en este caso también, pero le ruego brevedad,
El señor ISASI GOMEZ: Señorías, se pretenden reducir en los próximos seis
años nada menos que cincuenta millones de hectolitros de vino. Hemos
visto cómo veinte se producen con la fabricación de vinos con sacarosa, y
dieciséis millones de litros de alcohol se utilizan para la fabricación
de brandys y licores, no contemplados en los números establecidos en la
reforma. Tampoco se contempla el incremento del consumo que está
comenzando a remontar en estos momentos, y que con una mínima promoción
de los productos, tanto en zumo como en el consumo moderado del vino, se
podría conseguir, resultando ahí que con estos tres parámetros tendríamos
asumidos esos cincuenta millones de hectolitros que la Comunidad cree que
es necesario disminuir.
Se establece, además, otro de los capítulos trascendentales, que es el
arranque del viñedo, y no como medidas disuasorias como hasta ahora, sino
de una forma obligatoria, a través de planes regionales que
posteriormente se desarrollarán por los Estados miembros. Pues bien, se
considera por los expertos españoles que le puede «tocar» --entre
comillas--, le puede corresponder a España arrancar en torno a un tercio
de su superficie: en torno a 500.000 hectáreas --y han oído bien-- de
viñedo en el territorio nacional.
Esas 500.000 hectáreas, lógicamente, tienen una prima, una compensación
económica, pero también existe ahí otro asunto importantísimo. Además de
la pérdida de tres patrimonios para los viticultores españoles (ya que,
como he dicho al principio, yo creo que esto afecta a todos los
españoles): un patrimonio económico --excuso explicarlo--, un patrimonio
cultural, ya que desde hace más de seis mil años se está cultivando la
vid y elaborando vino en este país, y un patrimonio ecológico; además de
esto, vemos cómo las primas establecidas en el documento van a favorecer
la hectárea de los países del centro y norte de Europa. ¿Por qué? Porque
aquí sí que se establece que una hectárea de viñedo arrancada en España
--en Castilla-La Mancha o donde sea, pero en el territorio español-- no
vale lo mismo que iguales metros cuadrados arrancados en el centro y
norte de Europa, porque las primas se establecerán en proporción a los
rendimientos. Es decir, para llevarse los dineros de la propia Comunidad
sí se establece un sistema de forma que se prima mucho más las hectáreas
arrancadas en el resto de la Comunidad que en España. Yo no sé qué dirá
el agricultor, el viticultor español cuando vea que un compañero suyo se
puede llevar el doble o tres veces más por los mismos metros cuadrados.
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, le ruego que, por favor, vaya
concluyendo.
El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, nosotros --y voy concluyendo--
hemos presentado una proposición no de ley en la que, como decía al
principio, pretendemos indicarle al señor Ministro de Agricultura --ya
que no hemos visto ningún documento, ningún memorándum por el que el
Gobierno español fije su posición respecto a este gravísimo problema--
que hemos presentado a la consideración de todas SS. SS. una proposición
no de ley con el fin de, repito, fijar la posición de este Parlamento.
Además, posteriormente hemos presentado una serie de enmiendas a dicha
proposición no de ley tratando de enriquecerla.
Señorías, nosotros pretendemos en el punto primero, que el Gobierno
español, dada la importancia del sector en España, lidere esta reforma.
Ninguna ocasión mejor que ésta para que el Gobierno español, el ministro
de Agricultura o el Presidente del Gobierno si hiciera falta, lidere la
posición española en este tema. Tiene que presentar un memorándum, tiene
que presentar una alternativa en el seno de los organismos comunitarios
sobre la posición española y la posición europea en este asunto, y eso es
lo que planteamos en este punto. (El señor Pascual Monzó: Sí señor. Muy
bien.)
Por otra parte, y en el segundo punto, nosotros consideramos que, en todo
caso, las parcelas de tierra que se van a afectar por el arranque de
viñedo tengan las mismas compensaciones que las contempladas en la
reforma de la PAC.
En el tercer punto contemplamos que las destilaciones vínicas sean
coloreadas. Este es un tema que ya nuestro compañero y portavoz don
Miguel Ramírez ha planteado varias veces en esta Comisión, porque hemos
detectado --así nos lo ha manifestado el sector-- cómo partidas
importantísimas de vino que se han destinado a la destilación han vuelto
al mercado del vino, distorsionando claramente todo el mercado. Por eso,
creemos que éste es el momento para plantear esta situación. En cuarto
lugar, nosotros no somos partidarios de que se arranquen ni una sola cepa
en España, ni una sola, porque hemos dicho que es un patrimonio español,
ecológico, económico y cultural, y como alternativa a todo eso nosotros
vemos con buenos ojos el tema de la vendimia verde, que habrá que
desarrollar.
Respecto a la financiación, diré que no comprendemos cómo toda la
política del área común va financiada a través de los fondos comunitarios
y, sin embargo, en esta ocasión se hacen apartados para que parte de esos
costes vayan a cargo de los Estados miembros.
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, por favor, vaya concluyendo. Creo que
la flexibilidad de la Presidencia se ha demostrado ya con creces.
El señor ISASI GOMEZ: El resto de las posiciones --por ir concluyendo,
como me pide el Presidente-- seguramente las conocen, las tienen SS. SS.,
y espero que hayan tenido oportunidad y tiempo para analizarlas y
estudiarlas, y espero que también coincidan con todos nosotros y den su
voto favorable a la proposición no de ley, con el añadido de las
enmiendas que hemos presentado.
Por otra parte, si me permite, señor Presidente, quería fijar nuestra
posición sobre las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, en
este trámite o en otro posterior.
El señor PRESIDENTE: Como quiera su señoría.
El señor ISASI GOMEZ: Entonces, mejor posteriormente, una vez que el
Grupo Socialista fije su posición. (Aplausos de varios señores Diputados
del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, como ha anunciado el señor Isasi, el
Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley.
Para defenderla, el señor López tiene la palabra.
El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Si me lo permite, empezaría por una
cuestión personal. En una mañana en la que parece que somos muchos los
Diputados invitados a esta sesión, quiero mostrar mi satisfacción quizá
porque no me siento invitado, sino simplemente regresado, y por estar de
nuevo en esta Comisión de Agricultura, a la que pertenecí durante la
legislatura pasada.
Esta satisfacción, además, se ve aumentada por dos razones. La primera
porque estamos tratando un tema de gran importancia en la presente
proposición no de ley del Grupo Popular, como es el de la reforma de la
organización común del mercado del vino, mucho más viniendo de una
comunidad y de una provincia donde siento reconocidos a líderes agrarios,
a medios de comunicación, incluso al Presidente de la Comunidad, y
fundamentalmente a gran parte de esos cientos de miles de viticultores.
La segunda cuestión que aumenta la satisfacción de volver otra vez a la
Comisión de Agricultura es el clima de consenso que adivino en las
palabras del señor Isasi, un consenso que viene determinado porque
coincidimos en la importancia que esta reforma de la organización común
de mercado tiene para la economía española; estamos de acuerdo con él en
la trascendencia social y cultural --y económica, añadiríamos nosotros--
de esta reforma. Pero este consenso también viene determinado por la
valoración que hacemos, tanto del documento de reflexión que la Comisión
titula «Evolución y futuro de la política vitivinícola» como por el
consenso alcanzado en la valoración del proyecto de reglamento sobre
organización común de mercado del vino.
Quizá eliminaríamos alguna expresión gruesa, quizá no fuera yo capaz de
expresarme con la vehemencia con que lo hace el señor Isasi, lo cual
lamento, entre otras cosas porque no voy a dar ocasión a mi grupo de que
me aplauda. (Aplausos de un Diputado del Grupo Popular. Un señor Diputado
del Grupo Popular: Hay que ganárselo.) Efectivamente, hay que ganárselo.
Ese consenso me va a obligar, incluso, a obviar algunas discrepancias que
podemos mantener el señor Isasi y yo en ciertos análisis, que las hemos
mantenido personalmente y que incluso en alguna ocasión, en la
legislatura pasada, se ven reflejadas en el «Diario de Sesiones». Obvio
esas diferencias porque la verdad es que lo que me preocupa
fundamentalmente esta mañana es que de la Comisión de Agricultura salga
lo más consensuada posible una proposición no de ley que inste al
Gobierno a actuar con la mayor firmeza en la defensa de los intereses de
los viticultores españoles.
Tengo que decir, con la menor acritud de la que sea capaz --simplemente
porque no debo callarlo y, fundamentalmente, por la última alusión que
hacía el señor Isasi a que creía que podíamos haber estudiado sus
enmiendas--, que de la misma manera que el otro Grupo enmendante, el
Grupo Socialista, desde hace dos o tres días está intentando conformar su
propia posición presentando sus enmiendas, discutiéndolas con otros
grupos y corrigiéndolas en algunos casos, incluido el señor Isasi,
portavoz del Grupo Popular, es verdad, repito, que nos hubiera gustado
que esta misma actitud, tendente al consenso, nos hubiera llevado a
conocer las enmiendas un poco antes.
A pesar de ello, seguimos pensando que el consenso es fundamental. He
hecho el esfuerzo personal --y quiero personalizar porque en este caso,
ante cualquier equivocación, querría evitar la responsabilidad que
tuviera mi Grupo-- de ver cuáles han sido las enmiendas que he conocido
esta misma mañana al entrar en la Comisión hace menos de una hora, y he
hecho también el esfuerzo de aproximarme para intentar ver la mejor
manera de llegar a un acuerdo, a través de transaccionales o a través de
expresar nuestra propia opinión.
Nuestras enmiendas, señor Presidente, que es para lo que en realidad me
había concedido este turno, están encaminadas fundamentalmente a eliminar
todo aquello que pudiera ser discrepante, pero no en la discrepancia de
lo que pueden ser soluciones, sino en todo aquello que podría ser
opinable.
En esta situación en la que nos posicionamos de mantener que es necesario
que esta mañana de esta Comisión salga una postura unánime de la misma,
ni siquiera estamos en disposición de contestar con enmiendas a
planteamientos de la proposición no de ley con los que no estamos de
acuerdo, sino que más bien nuestras enmiendas en ese caso irían a una
propuesta de supresión de esas cosas que son opinables y sobre las que,
en realidad, no nos podemos poner de acuerdo. Pero ya tendré ocasión de
poner algún ejemplo al ver cada una de nuestras enmiendas.
Estas enmiendas, fundamentalmente, son cinco de redacción, lo que indica
sobre todo que aceptamos completamente los puntos a los que ellas se
refieren. No tengo ningún inconveniente en reconocer que la enmienda de
redacción, en mi caso, probablemente se deba a un vicio profesional de
maestro de escuela, por el cual tengo la tendencia absoluta de meter la
pluma en cualquier escrito que veo redactado con intención de corregirle,
pero que en realidad lo que esas enmiendas de redacción indican es que
aceptamos en todos sus términos los puntos segundo, quinto, noveno,
cuarto, sexto, séptimo, décimo y undécimo en una proposición, en
principio, de doce puntos.
Sobre estos puntos luego ha habido modificaciones del propio Grupo
proponente, que pasaré a comentar, pero que son más bien enmiendas de
redacción, incluso respetando lo que el Grupo Popular había ofrecido, en
principio, para su proposición.
Hay dos enmiendas de matiz. La primera la comentaré también al hilo de lo
que es la número 11, de adición, del
Grupo Popular. En este punto quiero hacer dos brevísimas consideraciones.
En primer lugar, que me alegra que el Grupo Popular haya dejado, para
después de la intervención del Grupo Socialista, el exponer su posición,
en el sentido de que espero dar alguna razón de por qué se deberían
aceptar nuestras enmiendas y darlas, sobre todo, en función de la razón
del consenso, de que salga por unanimidad una solución de aquí.
Al primer punto de la proposición no de ley del Grupo Popular nosotros
hemos presentado una enmienda que pretendía mantener el criterio de
añadir, en el primer párrafo, lo que es la importancia que tiene para
nuestro sector vitivinícola y para los agricultores de este sector la
referencia a la reforma de la organización común de mercado. Entendemos
que nuestra enmienda, que se pretende introducir en el primer párrafo y
suprimir, por tanto, el punto número 1, se justifica en el sentido de
llamar la atención sobre lo que significa la organización común de
mercado desde el principio de la proposición no de ley. Además, incluida
en el primer párrafo, donde nosotros queremos, destaca la importancia de
que se trate en el Congreso de los Diputados, y de otra forma quedaría
como la necesidad de que el Congreso de los Diputados le haga ver al
Gobierno dicha importancia.
En este sentido, ya anticipo --y me cuesta empezar así, porque la verdad
es que con el resto de las enmiendas vamos a hacer un esfuerzo tremendo
por votarlas conjuntamente-- que en el primer punto nosotros seguiríamos
manteniendo nuestra propia enmienda, en orden a incluir la importancia
del sector y la importancia que para los agricultores tiene, suprimiendo
el punto primero.
Estamos de acuerdo en que el Gobierno debe liderar la cuestión. Estamos
de acuerdo en que el Gobierno debe exigir, con la máxima firmeza, que se
contemplen los intereses de los viticultores españoles, pero puesto en
una proposición no de ley nos parece que no tiene un sentido de
exigencia, un sentido de instancia al Gobierno, entre otras cosas porque
liderar es una palabra que se entiende en muchos sentidos y porque no
lidera quien quiere, sino quien tiene, por ejemplo, una minoría de
bloqueo. Por tanto, eliminaríamos lo del liderazgo, con el que no tengo
ningún inconveniente en mostrar que estamos de acuerdo.
A la vez creo que también es de justicia señalar que es precisamente el
Gobierno español el que más está trabajando por ajustar el proyecto de
reglamento a lo que son las necesidades españolas, pero nos parece que en
una proposición no de ley no tiene cabida.
Aceptábamos tal cual, en sus mismos términos, el punto número 2 del Grupo
Popular. Y por lo que puedo leer de la enmienda, que, como digo, sólo la
he podido conocer hace escasos minutos, cuando empezó la sesión de la
Comisión, aunque me hubiera gustado, en estas conversaciones que he
mantenido con todos los grupos parlamentarios, tener alguna indicación de
en qué sentido iban a ir las enmiendas del Grupo Popular y no fue así,
seguramente por razones que son explicables pero que no conozco; repito
que, por lo que he podido leer, estamos de acuerdo con el punto segundo
de la proposición primitiva en todos sus términos y que, hasta donde se
me alcanza, seguimos estando de acuerdo con la enmienda que introduce el
propio Grupo Popular.
En el punto tercero introducíamos también una pequeña enmienda de matiz.
Creemos que las destilaciones vínicas que deben ser desnaturalizadas
--entendemos, además, que debe utilizarse el término «desnaturalizadas»
porque es más comprensivo que el de «coloreadas»-- son aquellas que no se
destinan al uso de boca. Empieza a ser cada vez más alternativo a la
crisis que pueda estar manteniendo el sector la utilización de alcoholes
vínicos para uso de boca, que no es el propio de la elaboración de vinos.
En nuestra opinión, todos los intereses en presencia deben estar
contemplados, y por eso añadimos simplemente esta cuestión de matiz: que
sean desnaturalizados aquellos cuyo destino final no sea el uso de boca y
que se utilice la expresión «desnaturalizar», porque a nuestro modo de
ver expresa lo que es preciso hacer con los productos procedentes de las
destilaciones vínicas. Estaríamos dispuestos a mantener estas dos
cuestiones de matiz en cualquier instancia.
Respecto al punto cuarto, al que el propio Grupo enmendante hace una
enmienda, estaríamos de acuerdo con que a su comienzo se añadiera que,
como alternativa a cualquier política excepcional de arranque del viñedo,
se podría establecer la llamada vendimia verde. No estaríamos de acuerdo,
entre otras cosas porque no hemos tenido tiempo de formar opinión --lo
digo tal cual--, con la segunda parte, porque en este momento no
entendemos muy bien cómo encajarla ni dónde. Pero sí estaríamos de
acuerdo en esa corrección técnica al punto cuarto y mantendríamos la
nuestra, de simple vicio de maestro de escuela, de que donde se diga
«establecer» se sustituya por «se establezca», por aquello de mantener
una congruencia con la redacción que el propio Grupo aceptó.
Resumiendo, diré que como alternativa a cualquier política excepcional de
arranque del viñedo se establezca la llamada vendimia verde, y votaríamos
el punto cuarto de la proposición no de ley en los términos en que se
recoge en esta enmienda si el Partido Popular, como le ruego, tuviera a
bien retirar: «Asimismo, se garantizará...», etcétera, de su propia
enmienda, no de la proposición no de ley, que es sobre la que hemos
formado opinión.
Al punto sexto habíamos presentado una enmienda de las que yo he llamado
de redacción, con la que es verdad que habíamos aprovechado para eliminar
alguna otra cosa, como es la cuestión de la firmeza que el Gobierno
español debe mantener en el tema de la chaptalización. En este tema, con
el estilo de oratoria que cada uno tiene, debo compartir, y comparto
absolutamente, todas las apreciaciones que el señor Isasi hace sobre la
materia. Nos parece que tratar el excedente de la producción vinícola sin
tener en cuenta la chaptalización, pretender que se demuestre lo
contrario de una práctica que en absoluto es natural y enriquecer el vino
con sacarosa, merecen todos los calificativos que se les quieran imponer,
sobre todo teniendo en cuenta cuáles son los intereses españoles.
La verdad es que nuestra enmienda al punto sexto de la proposición no de
ley es una enmienda con la que, aprovechando la intención de ajustarla a
la redacción que el
Grupo Popular había hecho, simplemente eliminábamos firmeza, pero no
porque creamos que el Gobierno español no debe mostrar firmeza en
oponerse a la chaptalización, sino porque creemos que la firmeza afirmada
--si se me permite la expresión-- de un solo punto podría eliminar la
firmeza que el Gobierno debe en todos los puntos que apruebe el
Parlamento. Por tanto, no tengo ningún inconveniente en decir que éste es
un especial problema y, en aras de ese consenso que me parece --sigo
diciendo-- lo fundamental de esta mañana, no me importa hacer alguna
alusión aquí a la firmeza. Lo que no se me ocurre es por qué tiene que
tener más firmeza en este tema que en otros, aunque es verdad que esta es
una cuestión especialmente grave. Pero insisto en que no tengo ningún
inconveniente, señor Isasi, en que la firmeza quede reflejada en este
punto. En cualquier caso, mantendríamos la enmienda de redacción por
aquello del vicio a que antes hacía referencia.
Por lo que se refiere al punto séptimo de la proposición no de ley, como
la enmienda es de redacción creo que el Grupo Popular no tendrá ningún
inconveniente en aceptarla.
En el punto octavo de la proposición no de ley sí que tenemos alguna
diferencia, pero sigo insistiendo en que no es una diferencia de acuerdo
en el fondo. Creemos que la producción vínica natural debe establecerse
en torno a los nueve grados, que son los que fija nuestro Estatuto de la
Viña, la Vid y los Alcoholes. El problema que se le plantea al Grupo
Socialista en este punto, y, por tanto, haríamos una enmienda en el
sentido de que se exija el establecimiento de la producción vínica
natural por encima de los grados alcohólicos que contempla el documento
de la Comisión, aprovechando la enmienda número 15 del Grupo Popular; el
problema del Grupo Socialista, repito, es otro, es el referido al modo de
afrontar una negociación. ¿Que significa que el Congreso de los Diputados
inste al Gobierno a que, en la reforma de la OCM, se establezcan los
nueve grados que impone nuestro Estatuto de la Viña, el Vino y los
Alcoholes? ¿Significa esto que si llegáramos a una mejora evidente
respecto al proyecto primitivo de Reglamento, pero que no cumpliera con
la exigencia de nuestro Estatuto, el Gobierno debería rechazar y no
firmar esa mejora simplemente porque le hemos instado a mantener una
posición cerrada?
Creemos, y estamos convencidos, de que se protegen mejor los intereses
españoles si la producción vínica natural estuviera en los nueve grados
alcohólicos que contempla nuestro Estatuto simplemente porque es una
forma de ver una negociación en la que otros países, no diría yo
cínicamente --y menos aún con países a los que tenemos que convencer y
con los que tenemos que negociar-- defienden sus propios intereses. Pues
bien, en esa negociación ¿debe ir el Gobierno con un mandato cerrado de
imposición a los demás países miembros de una legislación interna?
Legislación interna en la que estoy seguro que estaríamos encantados de
hablar de cómo se debe tratar el Estatuto de la Viña de nuestro país y de
la influencia que tiene respecto de nuestros agricultores, que no siempre
es beneficiosa por restrictiva.
Por tanto, al hilo de la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario
Popular, proponemos, y leo, que se exija el establecimiento de la
producción vínica natural por encima de los seis grados alcohólicos que
contempla el documento de la Comisión.
En congruencia con ello, en el punto 9 diríamos una cosa igual a la que
dice el Grupo Popular en su documento, porque aquí de lo que se trata,
obviando el problema de los nueve grados, es de exigir que los
enriquecimientos se hagan con mosto concentrado. Y como estamos de
acuerdo en que el enriquecimiento de los vinos se haga con mosto
concentrado exclusivamente y no con otro tipo de adiciones, presentamos
una enmienda que pretende obviar lo referente a los nueve grados, por si,
finalmente, la reforma no saliera con ellos, que bien que nos gustaría
que saliera, pero por si saliera con algo menos. Por eso la redacción es
una redacción congruente, insisto, con lo que puede salir de la reforma.
No es que por encima de los nueve grados haya que enriquecer el vino con
mosto concentrado, sino que se debe hacer así por encima de cualesquiera
grados que fije dicha reforma. Y me parece que el señor Isasi estaría, en
principio, despuesto a aceptar.
También podríamos incluir una parte de lo que es su enmienda número 16, y
quedaría el texto así: «Que exija la utilización exclusiva de mosto
concentrado, cuya producción debería ser subvencionada, para enriquecer
los vinos que precisen aumentar su graduación alcohólica por encima de lo
establecido en la reforma.»
Creo que con esto se recoge nuestra enmienda al punto 9, y también la
enmienda número 15 del Grupo Popular.
En cuanto al punto 10, teníamos una enmienda de redacción. El Grupo
Popular mantiene la enmienda número 17, en la que se hace referencia al
carácter cultural e histórico del vino en todas sus facetas, desde la
producción hasta el consumo. Mantenemos nuestra enmienda de redacción,
que no creo que tenga ningún problema, y aceptaríamos votar la enmienda,
que, además, hace referencia al carácter cultural e histórico del vino.
Seguramente habría que redactarla de manera que fuera congruente con la
redacción de toda la proposición no de ley. Es decir, que en la OCM del
vino se contemple lo que dice el punto 9 originario que se debe
contemplar, que en la OCM del vino se contemple claramente la necesidad
de informar y educar sobre el consumo moderado del vino dentro y fuera de
la Unión Europea, con el fin de recuperar mercados y consumidores que se
han ido perdiendo en favor de otros productos y que se tenga en cuenta o
se restablezca el carácter cultural e histórico del vino en todas sus
facetas, desde la producción hasta el consumo.
En el punto 11, al que teníamos presentada una enmienda de simple
redacción, estamos de acuerdo con el texto que figuraba en la proposición
no de ley, es decir, que los excedentes vitivinícolas deben ser
comunitarizados. Estamos absolutamente de acuerdo en esto. Además, añade
el Grupo Popular, tanto en su enmienda como en la intervención del señor
Isasi, que es necesario que en el balance vitivinícola se tenga en cuenta
no sólo la producción, sino también los rendimientos por hectárea. Es
verdad que no considerar los rendimientos por hectárea supone un
grave problema para la viticultura española. Mantenemos unos rendimientos
por hectárea muy inferiores a los que pueden mantener Luxemburgo y
Alemania y, por tanto, no podemos aceptar que el balance vitivinícola
final se obtenga simplemente en torno a la producción y no al rendimiento
por hectárea. Como estamos de acuerdo en que los excedentes deben ser
comunitarizados, no nos importa estarlo con una enmienda que diga algo
así como que los excedentes sean comunitarizados teniendo en cuenta los
rendimientos por hectárea y no sólo la producción en el ámbito de la
Unión Europea, financiando sus costes --con lo que también estamos
totalmente de acuerdo-- íntegramente con los fondos del Feoga-garantía.
Sobre el balance vitivinícola no haríamos ninguna referencia, porque,
estando de acuerdo como estamos y creyendo en ese acuerdo entre el Grupo
proponente y el enmendante, en este caso Popular y Socialista
respectivamente, lo que de verdad queremos es que se refleje en nuestra
posición, en la posición del Congreso, que el Gobierno debe defender una
concepción del balance vitivinícola atendiendo al rendimiento por
hectárea y no sólo a la producción. Creemos que lo dejaríamos así, en el
sentido de que los excedentes sean comunitarizados atendiendo a los
rendimientos por hectárea y no sólo a la producción.
En el punto 12 sí mantenemos diferencias de criterios y, por eso, pedimos
su supresión; no queremos reflejar nuestro criterio en una enmienda y
simplemente pedimos que se suprima. Creemos, señorías, señor Presidente,
que no es bueno, que no sirve a los intereses españoles eliminar la
inclusión de los vinos de calidad procedentes de regiones determinadas en
el régimen de destilaciones. Hay varias razones. En primer lugar, ya he
dicho que procurábamos eliminar aquello en lo que pudiera haber
controversia, aquello en lo que el sector o los grupos políticos no se
pusieran de acuerdo porque es opinable. Nosotros tenemos razones para
creer que los vinos de calidad producidos en regiones determinadas deben
ser incluidos en el régimen de destilaciones. La primera que se nos
ocurre es que, de esa controversia que digo que hay en esta medida, es
muestra la enmienda del Grupo Popular a su propia proposición; es
muestra, por tanto, de que es una medida que puede ser contestada, que
puede ser discutida. Por tanto, lo que pedimos es que el Grupo Popular
acepte la supresión de este punto. Tenemos alguna razón más para fijar
nuestra posición, en el sentido de que hay países, como Alemania por
ejemplo, que en campañas enteras no declaran nada de vino de mesa; todo
lo que declaran son vinos de calidad producidos en regiones determinadas.
Si aceptáramos el punto 12 tal como está en la proposición no de ley del
Grupo Popular, estaríamos diciendo que Alemania no tiene que destilar
nada porque todo lo declara como vino de calidad que procede de regiones
determinadas. Creemos que perjudica al sector, mucho más aún teniendo en
cuenta que el país miembro es el que, una vez que tiene su cupo de
destilación, puede elegir, el país miembro sólo, si manda a la
destilación vino de mesa o vino de calidad; es el país el que lo decide.
Si nuestra producción de vino de calidad estuviera incluida en el régimen
de destilaciones, podríamos llegar a ese cupo de destilaciones con vino
de mesa y no tendríamos por qué hacerlo con vino de calidad. Desde
nuestro punto de vista --de una cuestión, repito, que es discutible--, ni
siquiera nos parece aceptable la enmienda que el Grupo Popular hace a su
punto 12, porque nosotros creemos que, en el régimen de destilaciones,
por razones de solidaridad, por razones de declaración de los países como
Alemania, por razones de que el país miembro decide, finalmente, qué es
lo que quiere destilar o no, creemos, repito, que todo el vino debe
entrar en el régimen de destilaciones. Pero no queremos hacer una
enmienda en el sentido de decir eso, simplemente queremos llegar al
consenso máximo. Por esto, las cuestiones que sean opinables deberíamos
hacer el esfuerzo de eliminarlas porque lo que de verdad se pretende es
que el Gobierno tenga la clara conciencia de que el Congreso de los
Diputados le pide firmeza y le pide negociar por los intereses españoles.
El señor PRESIDENTE: Señor López, vaya concluyendo.
El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Termino, señor Presidente, pero estoy
seguro que S. S. comprende que tengo que debatir en este momento
enmiendas que yo había hecho, proposición no de ley del Grupo Popular,
enmiendas a las enmiendas del Grupo Popular y, además, ofrecer
transaccionales. Aprovecho el inciso para pedir disculpas porque
seguramente en alguna me habré equivocado y algunas otras no habré sabido
expresarlas de forma comprensiva.
Con la enmienda número 20, del Grupo Popular, ni siquiera hemos tenido
tiempo para saber --ni mi Grupo ni otros grupos-- qué es lo que podíamos
hacer. Por tanto, ruego al Grupo Popular que la retire, que la discutamos
en otra ocasión, si es preciso, que hablemos en otra ocasión de esto, del
régimen de destilaciones, del estatuto de la viña, pero que en este
momento retire esta enmienda de la que en media hora no hemos tenido
tiempo de formar opinión.
Respecto a la enmienda número 21, es verdad que hay una carencia en el
documento y en el proyecto de reglamento, que es no hacer ninguna
referencia a la influencia que los acuerdos del GATT pueden tener en la
reforma de la OCM del vino; es verdad. Como lo es, nos parece
absolutamente aceptable una enmienda que intentando transar con la que
hace el Grupo Popular dijera, simplemente --y aquí vuelvo a hacer también
una enmienda de la enmienda, en el sentido de la redacción--, que la
reforma de la OCM del vino tenga en cuenta las consecuencias negativas
que el reciente acuerdo del GATT tiene sobre la vitivinicultura de la
Unión Europea y de la española. Lo demás creemos que no aporta gran cosa.
En fin, señorías, por encima de una única diferencia de criterios, por
encima de dos cuestiones de matiz o por encima del vicio profesional de
meter la pluma en cualquier redacción, por encima de todo esto, digo,
está el que aquí seamos capaces de sacar una posición unánime que diga al
Gobierno español, a la Comisión Europea, pero sobre todo a los
agricultores españoles, que estamos convencidos de la importancia del
sector, que estamos convencidos de la exigencia de hacer una reforma que
defienda los intereses
españoles y, desde luego, que estamos unánimemente dispuestos a luchar
por los intereses de los agricultores españoles, que, en definitiva
--coincido en eso con todos los grupos--, son los intereses de España.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Vidal, en nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) como portavoz del mismo y, además, como pequeño viticultor, en
trance, por desgracia, de cesar en esta actividad.
Decía que voy a fijar la posición respecto a la proposición no de ley del
Grupo Popular que con tanta convicción y contundencia ha defendido su
portavoz, porque trata nada más y nada menos que de las posibilidades de
supervivencia de uno de los sectores agrícolas cuantitativamente más
importantes económicamente y, a la vez, más representativos de nuestra
agricultura productiva mediterránea, cual es el sector vitivinícola.
Además, señorías, se trata de un sector profundamente enraizado en el
acervo social, cultural e histórico de amplias zonas del país, de toda la
cuenca mediterránea. Es imposible tratar de esta civilización
mediterránea olvidando su vinculación con el cultivo de la viña, la
elaboración del vino y su comercio a orillas del Mediterráneo. Y este
sector económico y social tan profundamente nuestro se halla amenazado
seriamente por un proyecto de organización común de mercados inadmisible
en casi la totalidad de sus propuestas, referidas al cultivo de la vid,
en los países mediterráneos pero que afecta especialmente a España. La
propuesta del Comisario Steichen es una propuesta indignante y contraria
a los intereses de nuestro viticultores, contradictoria, además, con los
propios objetivos de la misma Organización Común del Mercado y que
empeora, inclusive, el documento de reflexión conocido hasta ahora, que
precisa el rechazo y la condena unánime del sector, del Gobierno y de
este Congreso de los Diputados. Unanimidad que nuestro Grupo desea que se
produzca también para trabajar conjuntamente en ofrecer a todos los
responsables de la negociación en el marco europeo, primero, las razones
cuantificadas de oposición a esta OCM en sus términos actuales; las de
inadmisible discriminación entre los países miembros, según sean
continentales o mediterráneos; las consecuencias lamentables de
disminución de renta para nuestros viticultores y la consecuencia peor de
abandono de muchas superficies que quedarían afectadas por la erosión y,
tal vez, por la desertización.
En segundo lugar, deberíamos ofrecer también conjunta y razonadamente las
soluciones y mínimas exigencias de contenido de esta OCM para que pueda
ser aceptada por nuestros viticultores y votada por nuestro país,
ejerciendo la influencia y el peso que le corresponde a España por
tratarse del país con mayor superficie destinada a este cultivo dentro de
la Unión Europea.
Efectivamente, España ocupa el 38 por ciento (en primer lugar, por tanto)
de la superficie de viña, pero es el tercer país en producción después de
Francia e Italia. Esto ya indica que, en ese cultivo, en España priva la
calidad, el grado alcohólico natural sobre los rendimientos por hectárea,
siendo nuestra media nacional de 28 hectolitros/hectárea, algunas décimas
inferior a la mitad de la media comunitaria. Retengan, señorías, también
este dato.
Si tenemos en cuenta que el principal objetivo de la OCM es alcanzar el
equilibrio interno entre oferta y demanda, disminuyendo el potencial
productivo comunitario para disminuir los excedentes y, por tanto, el
producto subvencionado, parecería lógico priorizar la reducción de los
rendimientos/hectárea, antes que hacerlo a través de las superficies.
Por lo tanto, es inadmisible, injustificable la pretensión de obligar a
nuestro país al arranque de 500.000 hectáreas de viñedo antes de que no
se haya obligado a descender los altos rendimientos centroeuropeos, que
son sinónimos de baja calidad y graduación y de prácticas condenables,
como la de la chaptalización.
Además, en su momento, fueron aducidas razones de mejor calidad y
rentabilidad para proteger, dentro del ámbito comunitario, ciertas
producciones de la Europa continental, como los cereales, la carne, la
leche, obligando a España a grandes sacrificios de reducción de sus
producciones, incluso muy por debajo de su autoabastecimiento. Por
idénticas razones, la Unión Europea tiene ahora que respetar
forzosamente, obligatoriamente, las superficies y las producciones de
nuestro país, la mejor calidad de nuestros caldos, obtenidos con
fermentaciones naturales, con productos obtenidos en un ámbito
territorial climático y vegetativo mucho más idóneo, cual es el
Mediterráneo.
Por esto, nuestro Grupo también apoya al Gobierno a que siga oponiéndose
con coraje, radicalmente, a que prospere la OCM en su redacción actual.
Es imprescindible que se comunitaricen todas las medidas de financiación
de la OCM, pues la cofinanciación crearía discriminaciones contrarias a
los viticultores de los países más pobres.
Convergència i Unió apoya y defiende que la OCM del vino contenga
previsiones para el arranque subvencionado de los viñedos, mediante
planes regionales plurianuales de abandono, en los que, no obstante, se
respete siempre la libertad individual de cada viticultor en acogerse a
ellos y la compatibilidad de estas subvenciones con el aprovechamiento de
las superficies liberadas para otros cultivos. Que se desnaturalicen los
productos de destilaciones subvencionadas para ser retirados del consumo
humano. Que, para obtener la disminución de rendimientos y de excedentes
en determinadas cosechas anuales, se priorice la subvención para el
aclareo y la vendimia en verde. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vidal.
Señorías, ruego silencio, por favor.
El señor VIDAL I SARDO: Que no se permita la chaptalización en toda la
Comunidad Económica Europea, y si esa prohibición debe hacerse por fases,
de forma progresiva,
que se obligue de inmediato a la identificación de los productos para
diferenciarlos del vino natural. Que se exija un grado alcohólico mínimo
superior a los 6 grados para tener acceso al mercado europeo y que el
encabezamiento o enriquecimiento alcohólico sólo sea permitido mediante
«coupage» o mezcla con mostos concentrados. Ambas exigencias son acordes
con el objetivo prioritario de la propia OCM, cual es el de la reducción
de los excedentes.
A nuestro juicio, la filosofía de la OCM parte de una premisa
absolutamente equivocada, falsa, basada en la irreversible reducción
progresiva del consumo. Equivocada por cuanto este consumo puede
aumentarse con el fomento de una mejor calidad, con la investigación de
nuevos productos, con la promoción interior y exterior y el conocimiento
del vino y su consumo como bebida sana y como producto profundamente
cultural.
Nuestro Grupo, respecto al último apartado, el número 12, manifiesta sus
dudas de que su contenido pueda ser aceptado unánimemente por el propio
sector, pues las destilaciones de ciertos contingentes de producción de
las denominaciones de origen también han contribuido tradicionalmente a
garantizar la calidad de los caldos, que precisamente se distinguen por
el exhaustivo control de calidades.
Termino haciéndome también eco de la llamada que se ha hecho a todos los
grupos de la Cámara para que nos esforcemos en hallar el máximo consenso
en las respectivas enmiendas que se han defendido, tanto a la proposición
no de ley como a las enmiendas de los proponentes.
Sí que nuestro Grupo consideraría necesario manifestar claramente la
exigencia al Gobierno de que, para el caso de no obtener las
modificaciones de la OCM indicadas en esta proposición no de ley y en sus
enmiendas consensuadas --que, en todo caso, tendrían la consideración de
exigencias mínimas--, sea el propio Gobierno el que lidere, aquí sí, un
movimiento de bloqueo conjunto con los demás países mediterráneos a tal
insensata y perjudicial OCM.
Señor Presidente, nuestro Grupo le agradecería que, dada la proliferación
de enmiendas y matices en cierta manera similares, se suspendiera, al
final del debate, la sesión y se diera lugar a un acercamiento de
posiciones entre los proponentes y los enmendantes.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, la Presidencia y la Mesa estaban ya
debatiendo esa posibilidad. La presentación por parte del Grupo
Parlamentario Popular de varias enmiendas a su propia proposición motiva
también el estudio de si reglamentariamente es posible, tras la
aceptación de ellas, que se voten en bloque. En ese sentido, quizá sería
necesario que, con posterioridad al debate, se reunieran los portavoces
para tratar de ordenar aquellas enmiendas que se aceptan y fijar un
criterio común, porque si no sería difícil para la Presidencia que
pudieran votarse separadamente los puntos, en el caso de que se acepten
las propias enmiendas del Grupo Parlamentario Popular o de cualquier otro
grupo.
Después de dar la palabra a la señora Rivadulla, yo rogaría este receso,
ya veríamos sin con una interrupción de más o menos tiempo.
La señora Rivadulla tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya comparte con el resto de los grupos que me han precedido en el
uso de la palabra la voluntad de que este tema sea resuelto con el máximo
consenso de todos los grupos políticos del Estado español, por la enorme
trascendencia que tiene para el sector vitivinícola, pues afecta a miles
de viticultores que ahora mismo ven en peligro la continuidad de sus
explotaciones, en principio, diría yo, también, por una grave
contradicción que se está produciendo actualmente entre las resoluciones
del Consejo y las de la Comisión.
En esta ocasión sí que somos realmente oportunos, por cuanto, aunque la
proposición no de ley se refiere... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, un momento, por favor.
Señorías, ruego silencio.
La señora RIVADULLA GRACIA: Continúo, señor Presidente.
Somos realmente oportunos por cuanto, si la proposición no de ley se
refiere al documento de reflexión del 24 de julio, todos sabemos que la
Comisión ha elaborado ya un proyecto de reforma que precisamente se va a
ver por el colegio de Comisarios el 27 de este mes.
Nuestro Grupo estaba en condiciones de votar afirmativamente la mayor
parte de los puntos de la proposición no de ley del Partido Popular, a
excepción del número 12, que es el que hace referencia a la prohibición
de destilación de los vinos con denominación de origen. Pensamos que ese
punto podría llevar a una devaluación de los vinos de origen y a una
congestión de los vinos de mesa y, por tanto, sabiendo que hay dudas
sobre este punto y que hay diversos sectores que lo contemplan de forma
distinta, optaríamos por su supresión.
Señorías, nosotros pensamos que la Unión Europea, en el tema de la
reforma de la organización común del mercado del vino ha roto con toda
una tradición. No es una política común de mercado, no es común. Se ha
entrado en un proceso de estatalización y nosotros en este punto, de
entrada, nos manifestamos completamente en contra, como, por otra parte,
también se demuestra que es la voluntad del Grupo Popular y asimismo del
Grupo Socialista, por las enmiendas y por la aceptación que ha
manifestado.
Creemos que, aparte de todo el tema de producción, las producciones de
referencia van a beneficiar fundamentalmente a las explotaciones del
norte. En este sentido, la Unión Europea, a través de muchas medidas, a
través de la chaptalización y a través de las medidas de las producciones
de referencia, está clarísimo que está beneficiando a las producciones de
los países del norte, con lo cual podremos ver, si esto se aplica (y por
eso instamos al Gobierno a que, con la máxima firmeza, haga una propuesta
alternativa en el sentido que demanda esta Cámara), que se va a
producir una cosa que es muy grave. Si ya tenemos problemas de
desertización, si tenemos problemas de sostener un tejido social agrario
que haga que el mundo rural sea equilibrado, estas medidas que propone la
reforma de la organización común del mercado del vino van a ser
terriblemente graves.
Ya en la proposición no de ley del Grupo Popular se contempla que el
Feoga-Garantía se haga cargo del cien por cien, que no dependa de las
economías estatales, porque, si no, otra vez, vuelvo a decir, serán los
países más ricos los que podrán subvencionar programas que vayan en ese
sentido y los países más pobres seremos los que menos posibilidades
tendremos de poder contribuir a ello. Por tanto, el Feoga-Garantía tiene
que hacerse cargo del cien por cien de lo que significa el coste de la
reforma de la organización común de mercado.
Yo, señor Presidente, señorías, había hecho un gran esfuerzo en mirar las
enmiendas del Grupo Popular, las del Grupo Socialista las tenía desde
ayer por la noche, y agradecería a la Presidencia que, después de este
debate, se pudiese entrar en un proceso de reflexión.
El señor PRESIDENTE: Creo que estamos todos perfectamente de acuerdo. Las
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, en cierta manera, han sido
conocidas esta mañana y los Diputados precisan un receso para ordenarlas,
porque el tema es importante. Todos los grupos estamos de acuerdo en ese
sentido y, por tanto, propondría, si les parece --luego les daré la
palabra--, un receso pero, para avanzar en el orden del día de la sesión,
podríamos tramitar preguntas, de manera que, si precisa de un cierto
tiempo la ordenación del debate, no se alargue demasiado la sesión. ¿Les
parece bien a SS. SS.?
Señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, quería fijar posición respecto de
las enmiendas del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: No tengo inconveniente, señor Isasi, pero creo que
es mejor, sinceramente, que, si se puede hacer este esfuerzo de
aproximación, se haga. No es que no lo queramos hacer con luz y
taquígrafos, en absoluto. Es mejor para la resolución final una propuesta
conjunta, si les parece.
El señor ISASI GOMEZ: Estoy de acuerdo en el receso posterior, pero
aprovecharía este breve turno para fijar posición y a la vez aclarar
algunas cosas al Grupo Socialista, a los efectos de su reflejo en el
«Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, cuando se presente finalmente la
propuesta, daría un turno de palabra a cada uno.
En este momento podría dársela solamente a los efectos de aceptar o no
las propuestas de enmiendas, porque no ha habido contradicciones. Yo creo
que es mejor que, cuando se presente la propuesta, dé la palabra a todos
los grupos, para manifestar finalmente su posición, si les parece. (El
señor Torres Sahuquillo pide la palabra.)
Señor Torres, brevemente, por favor.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Brevemente, señor Presidente.
Primero, iba a proponer, en nombre del Grupo Socialista, exactamente lo
mismo que ha dicho usted, que no se interrumpa la Comisión. Creo que es
bueno que avance. Por tanto, estoy completamente de acuerdo con su
posición. En todo caso, quiero rogar a la Presidencia que, en el momento
en que los portavoces se hayan puesto de acuerdo en la redacción, pueda,
a continuación de terminarse las preguntas, sustanciarse la proposición
no de ley, pues me consta que hay Diputados que tienen problemas.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos por espacio de un minuto y continuamos
con las preguntas.
Se reanuda la sesión.
CONTESTACION A LAS PREGUNTAS:
--PLANES PARA LA FUTURA UTILIZACION DEL CENTRO DE LABORATORIO SITO EN
ALBAL (VALENCIA). FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 181/000244.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tramitación de las preguntas.
La primera de ellas es la que formula don Ricardo Peralta, sobre planes
para la futura utilización del centro de laboratorios sito en Albal
(Valencia).
Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, desde hace varios años, desde los
últimos meses del mandato a cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de don Carlos Romero, se vienen efectuando importantes
inversiones en lo que era un antiguo local dedicado a secadero de tabaco
sito en la localidad de Albal, en Valencia. Esas inversiones --más de
1.000 millones de pesetas-- van destinadas a la configuración de lo que
sería un centro de laboratorios, un centro de investigación agraria
dependiente del Ministerio.
En este año 1994 los Presupuestos Generales del Estado prevén una
partida, parece que ya final, del orden de 80 millones de pesetas,
destinadas a proseguir las inversiones en ese laboratorio. No obstante,
señorías, señor Presidente, han surgido dudas importantes fundadas acerca
de la viabilidad del proyecto inicial, tal como se configuró en su
momento. Estas dudas surgen porque, a pesar de la cuantía importante de
las inversiones que se han realizado, no es menos cierto que el propio
Ministerio tiene ya centros que podrían cubrir, al menos en parte, las
funciones que desempeñaría
este nuevo centro de laboratorios y que la propia Comunidad valenciana
tiene un importante laboratorio en Burjasot, dependiente del Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias. Las dudas acerca de la viabilidad
y de la utilidad concreta de este proyecto han sido, en alguna medida,
fomentadas por las propias indecisiones de la Administración, cuando
recientemente se le planteaban preguntas acerca de la fecha concreta de
puesta en funcionamiento de este laboratorio. En concreto, el Delegado
del Ministerio de Agricultura en la Comunidad, a finales del año pasado,
decía que el proyecto seguía estando vivo y que quizás en el año 1994 se
pudiera poner en funcionamiento. A estas alturas del año, ya terminando
el mes de abril, nos gustaría saber --y este es el contenido de la
pregunta-- qué planes concretos tiene el Ministerio para la futura
utilización del centro de laboratorios sito en Albal.
El señor PRESIDENTE: Para contestar la pregunta, tiene la palabra el
Secretario General de Alimentación.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ALIMENTACION (Díaz Yubero): En su
exposición, el señor Peralta creo que ha hecho un análisis adecuado de
cuál ha sido el origen y la razón de la construcción del laboratorio de
Albal.
En los Presupuestos Generales del Estado, desde el año 1988, figura un
superproyecto que se denomina mejora y control de la calidad en el sector
alimentario, con el siguiente objetivo: dotar a la Administración central
de la capacidad analítica necesaria para el desarrollo de las funciones
reservadas. Con la entrada en funcionamiento, el próximo mes de junio,
del laboratorio de Albal, se va a completar la red estatal de
laboratorios de alimentación, que en estos momentos está constituida por
cuatro centros: el de Madrid, el de Cantabria, el de Granada y este
centro de Albal. En realidad, en estos momentos funciona ya en la
Comunidad Autónoma de Valencia --concretamente en la provincia de
Valencia-- un laboratorio agroalimentario que viene desarrollando su
labor desde el año 1984.
¿Cuál es el proyecto y cuál es el plan que desde el Ministerio de
Agricultura se ha diseñado para el laboratorio de Albal? Lógicamente,
incorporar las actuaciones que actualmente desarrolla el laboratorio
agroalimentario sito en el puerto de Valencia. Como es lógico, al haber
llevado a cabo la construcción de un laboratorio que podemos definir como
de última generación (donde se han incorporado importantes mejoras de
estructura, importantes mejoras de seguridad y con una dotación de 80
millones --precisamente a los que hacía referencia el señor Peralta--
para elementos analíticos y de aparataje para el funcionamiento de este
laboratorio), se van a potenciar las actuaciones que hasta ahora, y de
una manera bastante precaria, desarrollaba el laboratorio de calidad
agroalimentaria al que estoy haciendo referencia. Concretamente, el año
pasado el laboratorio agroalimentario de Valencia realizó 19.600
controles, de los cuales 11.200, prácticamente el 60 por ciento, se
realizaron sobre muestras de vinos con destino a países terceros. El
segundo gran bloque de controles fue dirigido a zumos procedentes de la
región valenciana, pero también de otras regiones, con una cuantía de
muestras de 4.600, y el tercer gran grupo de controles fue dirigido al
arroz, con 960 muestras, en el año 1993.
Por tanto, queda claro que no es un laboratorio que nazca ex novo ni que
se vaya a ocupar de cuestiones que no están claramente definidas, sino
que es la respuesta que desde el Ministerio de Agricultura se da a una
necesidad de dotar a la industria agroalimentaria española y a los
servicios de control de nuestro departamento de los elementos precisos
para atender aquellas necesidades a las que tiene que dar respuesta por
obligaciones derivadas de la propia legislación española, decretos de
transferencia a las diferentes comunidades autónomas, donde quedan
reservadas unas claras competencias para la Administración central del
Estado, las que vienen derivadas de la propia Constitución en cuanto al
control de todos los productos que vayan destinados a países terceros, y
también las que vienen derivadas de la normativa comunitaria.
Concretamente este laboratorio va a ser el primer laboratorio
agroalimentario español que va a responder a la exigencia comunitaria de
las normas denominadas EN.450001. Por primera vez --como he dicho con
anterioridad-- estamos ante un laboratorio de última generación, dotado,
por tanto, de todos los elementos más modernos en relación con este área,
y el primer laboratorio español agroalimentario que responde a esta
exigencia. Bien es cierto, como ha dicho S.S., que en relación con el
diseño que en su momento se efectuó, en el año 1984, sobre lo que sería
la red de laboratorios, donde se perfiló que existiría un laboratorio
arbitral y once laboratorios agrarios, como es lógico, la evolución de
las competencias entre la Administración central y las comunidades
autónomas, la incorporación de nuevos países, a partir del 1 de enero de
1995, a la Unión Europea, etcétera, han hecho que se hayan cambiado los
supuestos por los que se creó aquella red de laboratorios y que ahora nos
hayamos hecho un nuevo planteamiento --como he indicado con
anterioridad--, según el cual solamente cuatro centros van a ser objeto
de esa red de laboratorios, porque los cuatro centros se completan
perfectamente y están distribuidos especialmente, de manera que son
capaces de responder a las exigencias del sistema agroalimentario.
Sucesos como los ocurridos recientemente en Alemania con denuncias
concretas sobre alimentos dietéticos y aceite de oliva españoles hacen
más precisa la existencia de una red estatal de laboratorios,
suficientemente dotados, que dé respuesta a las necesidades que
actualmente el sector agroalimentario tiene en nuestro país. Esté segura
S.S. porque a pesar de la cifras que parecen indicar un derroche en
cuanto a la dotación presupuestaria --la cifra es algo inferior, pero
podemos dar esa cifra--, va a ser suficientemente utilizado por parte de
la Administración, es un laboratorio que va a tener una clara vocación de
servicio para la industria agroalimentaria española y espero, por tanto,
rentabilizar esta importante inversión. Creo que no es malo --todo lo
contrario-- que España, la industria agroalimentaria y la Administración
del Estado cuenten con una red de laboratorios como la que se ha
diseñado. No le oculto que estamos en contacto con la Comunidad Autónoma
valenciana, con la Generalitat, con el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, con la universidad y con la
industria agroalimentaria para que se convierta no en un centro aislado,
con una vocación absurda posiblemente en este momento y que podía tener
alguna razón en los años 1980 para controlar el fraude y con vocación
exclusiva de servicio a la Administración del Estado, sino que va a ser
un centro abierto que, por supuesto, va a tener las obligaciones que la
legislación concede a la Administración del Estado, pero que también
--como he dicho antes-- va a estar abierto a todo ese tipo de
colaboraciones a las que he hecho referencia.
Espero que en el mes de junio sea una realidad la apertura de dicho
laboratorio y tardará en entrar en pleno funcionamiento, como es lógico
en cualquier labor de investigación o de trabajos analíticos, unos
dieciocho o veinte meses, hasta que esté completada la estructura ideal
que queremos para ese centro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Agradezco las explicaciones del señor
compareciente porque creo que han contribuido a despejar algunas de las
dudas que existían en relación con el centro de Albal, que forma parte de
ese superproyecto --al que usted ha hecho referencia-- previsto en el año
1988.
Quiero, en primer lugar, que le quede claro que no puede por menos que
merecer nuestro apoyo que se lleven a cabo inversiones, en primer lugar,
que doten a la Administración central de los instrumentos adecuados para
el cumplimiento de las funciones que le corresponden, de acuerdo con la
normativa nacional o con la normativa comunitaria, por supuesto. Como
tampoco nos parece en absoluto negativo, más bien todo lo contrario, muy
positivo, que por parte de la Administración central del Estado se lleven
a cabo inversiones que contribuyan a la mejora de los productos
nacionales que eviten problemas, en ocasiones interesados, en otras
ocasiones con fundamento, que se puedan plantear a estos productos y, en
definitiva, a la industria nacional en el mercado comunitario o en el
mercado internacional. Nos parece absolutamente positivo.
Las dudas, no obstante, partiendo de estas premisas, se plantean cuando
se analiza un proyecto determinado y, en concreto, el proyecto de Albal,
cuando, como usted nos ha reconocido, ya existía en Valencia un centro,
un laboratorio, que estaba llevando a cabo labores importantes. Ha
detallado usted las labores que realizaba ese laboratorio actualmente
radicado en el puerto de Valencia, durante el año 1993, con 19.000
controles, centrados fundamentalmente, tal como usted ponía de
manifiesto, en los sectores de vino, de zumos o de arroz, por citar los
tres grandes bloques a los que usted ha hecho referencia.
Parece desprenderse de sus informaciones que este nuevo gran laboratorio
de Albal va a absorber el actual laboratorio del puerto de Valencia y,
desde ese punto de vista, a lo mejor no tiene demasiado sentido, más que
a efectos comparativos, pensar si ésa era la mejor opción; si no era
mejor opción haber concentrado las inversiones en el laboratorio del
puerto de Valencia, evitando esta duplicidad, que, al final, se resuelve
por la vía de una absorción, siendo así que quizá para las labores de
control que venía realizando el centro existente en el puerto de
Valencia, dirigido fundamentalmente a mercancías hacia el exterior, era
aconsejable la ubicación geográfica que tenía el mismo en el propio
puerto. No obstante, nos parece que, apoyando que se introduzca una
cierta racionalidad en la actual duplicidad de centros que se va a
plantear a partir del mes de junio, fecha en la que usted nos ha dicho
que está prevista la entrada en funcionamiento del centro de Albal, sí
que creemos que debe avanzarse rápidamente en dotar de plena racionalidad
a esa inversión, despejando las dudas y las razones que justificaban esas
interrogantes hasta el momento actual.
Nosotros consideramos, en este sentido, que deben plantearse, puesto que
usted ha hecho referencia a las inversiones que ya se han realizado en
materia de aparataje, las plantillas adecuadas en ese centro; deben
realizarse los convenios oportunos con la Administración autonómica y
local que puedan existir, con la universidad, con la industria, de cara a
que la oferta de este gran laboratorio que va a radicar en Albal sea una
oferta que se corresponda con una demanda real existente en el mercado.
Y, en última instancia, en la medida en que pueda reconocerse que
realmente el solar de Albal ocupa una extensión desmesurada para el
conjunto de ese laboratorio --son más de 16.000 metros cuadrados, de los
cuales menos de la mitad ha sido objeto de reconstrucción, y la parte
dedicada a laboratorio es menos de la quinta parte del total--, creemos
que se debería buscar una solución útil para esa parte importante, acorde
con su carácter público y, por tanto, destinada a finalidades y a
funciones sociales, que son importantes en esa zona geográfica y en esa
zona territorial de la Comunidad valenciana, en donde se concentra un
volumen importante de población, que seguramente agradecerá que se pueda
destinar a servicios públicos diverso terreno público.
El señor PRESIDENTE: El señor Díaz Yubero tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ALIMENTACION (Díaz Yubero): Estoy de
acuerdo con la reflexión que el señor Peralta ha realizado y, desde
luego, el objetivo más importante para todos es rentabilizar al máximo
esa importante inversión que hemos efectuado. Ese es el objetivo. Por
eso, y según mis palabras anteriores, debemos estar abiertos a los
convenios necesarios para evitar un cierto derroche, que es cierto que se
ha producido en algunas ocasiones por ese prurito de mantener cada uno
sus centros cerrados a su específica actividad. Estamos en un momento
completamente distinto en el que nuestros centros de laboratorios deben
tener muy clara la vocación de servicio a la industria agroalimentaria,
que la industria agroalimentaria vea en nuestros centros no sólo un
centro controlador de las actuaciones que realiza la industria
agroalimentaria, sino que considere a estos centros como auténticos
órganos de apoyo, de ayuda al desarrollo de
nuevos procesos o nuevos procedimientos, y sobre todo, estos centros
deben tener una clara vocación de coordinar sus esfuerzos con el resto de
administraciones que trabajan en el mundo de la investigación y del
desarrollo.
Es objetivo fundamental rentabilizar una inversión tan importante como la
que hemos realizado en Valencia, que posiblemente --y eso también lo dejo
claro-- si tuviéramos que planteárnosla ahora, lo hubiéramos hecho a lo
mejor en otra dimensión, hubiéramos establecido otras fórmulas, pero una
vez realizada la inversión, debemos congratularnos porque la importancia
de la misma es enorme. Inversiones que en los años 1989 y 1990 se
pudieron llevar a cabo hoy día no serían posibles, pero lo mismo ha
ocurrido con el tejido industrial y con otra serie de proyectos que en
España ahora no podrían realizarse. Pienso que tenemos que estar
satisfechos de que en su día hayamos sido capaces de dotar a nuestro país
y a nuestro sistema agroalimentario de un laboratorio tan importante, con
unos avances cualitativos y cuantitativos como los que va a tener el
laboratorio de Albal.
Estoy absolutamente de acuerdo con usted en que hay que respecto al
edificio o del solar de Albal --pero eso no es objeto de esta
comparecencia-- analicemos las posibilidades de que se le dé la mayor
utilidad social, como este laboratorio que fundamentalmente tiene esa
vocación de servicio social y de servicio a todo el sistema.
--UTILIZACION POR UN ASESOR DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION DE UN COCHE OFICIAL PARA SU TRASLADO A LA REGION PORTUGUESA
DEL ALGARVE. FORMULADA POR EL SEÑOR SANZ ESCALERA (GP). (Número de
expediente 181/000386.)
El señor PRESIDENTE: Si les parece, para ordenar mejor la comparecencia
en la Mesa por parte de los distintos responsables del Ministerio,
propondría tramitar ahora la pregunta número 8, que va a contestar el
señor Subsecretario, y con posterioridad las números 7 y 9.
Pasamos, pues, a continuación a la pregunta número 8, formulada por don
Emiliano Sanz Escalera, sobre utilización por un asesor del Ministro de
Agricultura de un coche oficial para su traslado a la región portuguesa
del Algarve.
El señor Sanz tiene la palabra.
El señor SANZ ESCALERA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
señor representante de la Administración, quizá debería comenzar
ofreciendo mis disculpas por hacer en el día de hoy una pregunta como
ésta y mostrar mi preocupación por un tema como éste, cuando en realidad
hoy ya por lo que estoy preocupado en verdad es por la destrucción
vandálica y salvaje de 470 toneladas de fresas de Huelva en las
carreteras de Francia. Sin embargo, la demora en los trabajos de esta
Cámara, que lo impone así, hace que hoy hablemos de cosas que tuvieron su
importancia y que hoy quizá ya no la tengan tanto.
La relatividad de las cosas de la política hace que lo que el día 3 de
enero de este año fue un auténtico escándalo hoy día se convierta en una
fruslería, porque desde esa fecha han pasado cosas graves en cuanto a la
corrupción en España. Los problemas del señor Roldán y del señor Rubio
han oscurecido y han tendido una manta gigantesca sobre esta pequeña
corrupción que he denunciado ya con la presentación de la pregunta y con
el debate de esta mañana.
El día 3 de enero un representante del Ministerio --yo no sé si era
asesor del Ministro o un funcionario del Ministerio, pero desde luego era
una persona vinculada a la Administración-- iba con su familia en su
coche particular de viaje al Algarve y, al llegar a Huelva, se le
estropea el coche. Este hombre no tiene otra ocurrencia que presentarse
ante el Delegado del Ministerio en Huelva y exigirle la entrega del coche
oficial en tanto reparaban el suyo propio para continuar con su familia
el viaje al extranjero, al Algarve. El Delegado provincial, tal vez
fundado en un criterio falso de jerarquía administrativa, entregó el
automóvil, y este señor, desde el día 3 hasta el día 5, que yo sepa, que
me conste --yo creo que fue hasta el día 8, pero al menos hasta el día 5
en que hice la pregunta-- se paseó lindamente por el Algarve con el coche
oficial de la Delegación, disfrutando de un descanso con su familia;
descanso que seguramente tendría merecido, no así el uso del coche
oficial.
Yo creo, señor representante de la Administración, que las circunstancias
en cuestión, el hecho de que haya un clima etéreo, vago, pero presente en
la Administración, a propósito de la patrimonialización de la
Administración, y la posibilidad de utilizar para usos particulares y
privadísimos cosas que corresponden al servicio público y son de utilidad
pública hacen posible que haya conductas como la que estamos denunciando.
Realmente es así. Hay un clima de devastación moral que pasa hacia arriba
y hacia abajo, a derecha y a izquierda de la Administración, y hemos de
reconocerlo. Eso es lo que se llama la generalización, que no la
universalización, de la corrupción. Existe ese clima porque se ha perdido
el instinto ético y esas virtudes que eran la probidad del funcionario,
la austeridad en el uso de los elementos del servicio público, lo que ha
hecho posible que a este hombre le pareciera natural y adecuado a la
circunstancia pedir un coche oficial para continuar sus vacaciones con su
familia.
Yo creo que denunciar estas cosas no es grato. A mí no me hace ninguna
gracia denunciarlo. No me parece que se corresponda con mi posición como
Diputado, pero tengo la obligación de hacerlo, y cumplo penosamente la
obligación de la denuncia. A usted, como representante de la
Administración, le corresponde ahora la posibilidad de corregir cosas
como la presente para que el clima de dejadez que existe en la exigencia
de determinadas virtudes desaparezca de la Administración. Este hecho de
la Comisión del día de hoy puede ser el trueno que siga al relámpago del
día de ayer. Si ayer en el debate sobre el estado de la Nación hablamos
profundamente de la corrupción y convinimos todos los grupos políticos en
la necesidad de iniciar sin desaliento alguno la lucha contra la
corrupción, yo creo
que ahora, aquí, tenemos la oportunidad y la ocasión de continuarlo.
El coche en cuestión era matrícula M-0570-MW y estaba titulado a nombre
de Eustaquio Jiménez Molero. No sé si el mismo que lo conducía era el
titular a cuyo nombre figuraba el coche, pero los hechos fueron
reconocidos por las autoridades. Incluso el Gobernador Civil de Huelva
llegó a reconocer que era cierto, pero que no era un asesor del Ministro
sino un funcionario, lo cual no eximía en nada lo que se trataba de
denunciar.
En consecuencia, nosotros, con mesura pero también con firmeza, pedimos
al señor representante de la Administración que corrija esta
circunstancia y que se haga imposible en lo sucesivo que hechos como el
denunciado puedan realizarse.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta, tiene la palabra el
señor Subsecretario, don Mariano Casado.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION (Casado González): Coincido con S. S. en que,
verdaderamente, lo importante son los escándalos que se producen con los
ataques a nuestros camiones en Francia, y al lado de este caso
verdaderamente no existe comparación en absoluto.
Sin embargo, no coincido en tachar como S. S. lo ha hecho lo que puede
ser un uso indebido de un bien de la Administración y, por tanto, de toda
la sociedad española por un funcionario en un momento determinado y,
desde luego, sin coste para la Administración, porque verdaderamente no
ha sido un daño producido en sus bienes patrimoniales. Estoy de acuerdo
en que es una mala utilización de un bien público. La política de uso de
coches oficiales está fijada claramente en una resolución del Ministerio
del año 1983 --en la que se prohíbe taxativamente el uso de vehículos
oficiales para circunstancias o servicios particulares--, para el que
tiene que existir una autorización especial de la persona
correspondiente, del jefe de automovilismo del propio Ministerio, y, por
tanto, este funcionario, efectivamente, cometió una falta y utilizó mal
ese vehículo.
La conducta del Director provincial, al que usted también ha aludido,
desde luego no se ajusta tampoco a estas directrices que acabo de leer.
Sin embargo, el funcionario, que, por cierto, fue cesado inmediatamente,
me parece que fue el mismo día 8 ó 9 de enero --no recuerdo muy bien el
día que se firmó el cese--, trabajaba en el gabinete del Ministro, pero
tenía un rango de nivel 26 que en la Administración es un puesto técnico
que lo puede tener cualquier funcionario con una cierta titulación; fue
cesado, como digo, en cuanto el Ministro conoció la mala utilización que
había hecho de este vehículo oficial y se abrieron los expedientes
oportunos, los expedientes disciplinarios, tanto al Director provincial
como a este funcionario, cuyo nombre exacto es Eustaquio Jiménez Molero.
Estas son las actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio. Se ha
producido ya un pliego de cargos, tanto al Director provincial como a
este funcionario, que ya no está en el Ministerio de Agricultura --por
tanto, ya no depende administrativamente de la Subsecretaría, sino que
está en su Ministerio de origen, el Ministerio de Trabajo--, y el cargo
que se le ha hecho a este supuesto asesor, que no lo era, es el de una
falta grave con abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, puesto que
creemos, por nuestras informaciones y por los testimonios que se han
reflejado en las correspondientes diligencias, que utilizó el cargo de
asesor, diciendo que era asesor del Ministro, para de alguna forma abusar
de su autoridad y coartar al Director provincial para que le dejase el
automóvil. El Director provincial luego dijo que no le había dicho ni por
cuántos días iba a utilizar el automóvil, ni cuándo lo iba a devolver, ni
el destino, ni si iba en viaje oficial o iba en viaje particular, ni
nada. Por lo tanto, creemos que si es verdad que el Director provincial
incumplió las órdenes que estaban emitidas ya desde el año 1983, en la
circular correspondiente, no es tanta la falta de ese Director
provincial, que se califica de un descuido o negligencia en el ejercicio
de las funciones, según establece el Reglamento en el artículo 14. Estos
con los hechos y creo que se tomaron las medidas oportunas.
Yo no creo que haya una generalización ni que podamos hablar de
corrupción por este mal uso de los bienes del Estado. Si llevásemos eso a
sus últimas consecuencias, podríamos obligar, y nosotros mismos
deberíamos hacerlo, a que cuando llamáramos a casa desde las oficinas
tuviésemos que bajar a un teléfono público. No quiero quitar
trascendencia a este hecho, respecto al que, como digo, se han tomado las
medidas oportunas, pero tampoco creo que debemos exagerar la importancia
del mismo.
El señor PRESIDENTE: Señor Sanz, tiene la palabra.
El señor SANZ ESCALERA: Con la venia, señor Presidente.
Señor representante de la Administración, yo quiero decir únicamente que
este hecho es un síntoma, un índice de la situación que existía. Yo
hablaba entonces de que hay un sentimiento difuso y vago de posibilidad
de utilizar mal los bienes públicos sin que suceda absolutamente nada. Me
congratulo, naturalmente, de que la Administración haya tomado las
medidas pertinentes. Yo también advertí que el Director provincial de
Huelva es una excelente persona, que yo creo que fue acosada por la
exigencia de este hombre esgrimiendo una jerarquía que no era la debida y
que lo movió a entregar el vehículo. Pero nuestras exigencias no van
frente al Director provincial, sino frente a esta persona que cometió la
falta de que se trata. Es necesario separar la cizaña del trigo y poner a
cada uno en su sitio. Quien realmente merecía la respuesta severa de la
Administración era el que usó el coche mal y no el que lo entregó,
seguramente fundado en la creencia de que se lo pedía un superior.
El señor PRESIDENTE: Señor Casado, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION (Casado González): Sólo quiero hacer una matización y es que
creemos efectivamente que, cuando se produce un comportamiento de este
tipo que se sale de las normas establecidas, se ha actuado con una
celeridad obvia, puesto que antes incluso de que el funcionario estuviese
de vuelta, porque estaba ilocalizable, ya estaba cesado y se le había
abierto un expediente disciplinario. Lo que quiero decir es que tampoco
hay una generalidad en este tipo de actuaciones. La verdad es que en el
Ministerio, en los últimos tres o cuatro años, no ha habido, que yo sepa,
ningún hecho parecido. Y desde luego la voluntad del Ministerio, del
Ministro como titular del Departamento, es cortar de raíz este tipo de
comportamientos, que no son generalizados, puesto que hay diez mil
funcionarios en el Ministerio de Agricultura y esto es la excepción, que
lógicamente se ha atajado con la celeridad y con la disciplina
correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario.
--VALORACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGIMEN ESPECIFICO DE ABASTECIMIENTO
(REA) PARA LAS ISLAS CANARIAS PREVISTO EN EL PROGRAMA DE OPCIONES
ESPECIFICAS POR LA LEJANIA Y LA INSULARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS
(POSEICAN). FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000324.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la tramitación de la
pregunta que figura con el número 7, que es la formulada por don Alfonso
Soriano, sobre valoración del funcionamiento del régimen específico de
abastecimiento para las Islas Canarias previsto en el Poseicán.
Señor Soriano, tiene la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, señorías, el Plan de
opciones específicas por la lejanía e insularidad de las Islas Canarias,
conocido con las siglas Poseicán, contempla un régimen especial y
específico de abastecimiento para las Islas Canarias, para compensar los
perjuicios que se pudieran ocasionar como consecuencia de la plena
integración de las Islas en la Unión Europea. Este régimen específico de
abastecimiento estuvo pensado --y así está contemplado en su texto-- como
una forma de impedir la posible elevación de los precios como
consecuencia de la integración de Canarias en la Unión Europea. Sin
embargo, y en el corto espacio de tiempo libre que lleva en
funcionamiento, se ha provocado una serie de malos funcionamientos de
este régimen, que han sido puestos de manifiesto tanto por los
importadores como por los productores agrícolas de Canarias y por las
razones que a continuación explicaré.
A pesar de los 18.830 millones de pesetas que han ido a parar a los
importadores canarios en concepto de ayudas a las importaciones como
parte del mecanismo previsto en el REA con el objetivo de evitar el alza
de precios, la realidad es que los precios de los alimentos en Canarias,
lejos de bajar, han subido más que en el resto del territorio nacional.
Como es sabido, el mecanismo funciona a través de unas ayudas a las
importaciones que garantizan el abastecimiento de productos de primera
necesidad, dentro de unos cupos establecidos previamente. Si se traspasan
esos cupos, las importaciones de la Unión Europea no reciben ayudas y a
las de terceros países se les aplica el arancel comunitario. Sin embargo,
las diferentes administraciones no han dado aún con las cantidades
idóneas de abastecimiento y, desde la creación del REA, en 1992, siempre
se han agotado anticipadamente los cupos de alguno de estos pro-ductos.
Las sospechas de fraude han sido frecuentes y han sido denunciadas,
incluso en esta misma Cámara, por el representante del Ministerio de
Asuntos Exteriores al valorar los resultados del Poseicán. Las cantidades
que se están percibiendo por importar son lo suficientemente atractivas y
altas como para hacer que sea rentable la reexportación de esos mismos
productos a territorio comunitario y, por supuesto, a los países
africanos próximos. Con ello se consigue, por un lado, agotar el cupo
subvencionado y, por otro, encarecer las importaciones futuras.
Sospechoso es lo que ocurre con la leche. Por más que se amplía el cupo
de importación, siempre se agota en los primeros meses del año y nadie da
explicaciones. Se sospecha que las solicitudes de importación están
siendo engordadas artificialmente. El motivo es simple: Bruselas recorta
sistemáticamente estas solicitudes. Así, se da el caso del importador
avispado que pide tres veces más de lo que necesita y el desinformado
que, por el contrario, solicita importar lo que efectivamente ha
calculado. Si la Unión Europea recorta los cupos, el avispado controlará
las importaciones y venderá lo que le sobra a otros importadores que lo
necesitan. Al año siguiente, no quedarán importadores que soliciten unos
cupos razonables.
Esto que estoy poniendo de manifiesto ha venido siendo recogido por todos
los medios de comunicación en Canarias en fechas recientes, y raro es el
día en que no aparecen las protestas de los importadores con motivo de
estas disfunciones, como las protestas de los productos agrícolas y
ganaderos que ven cómo entran productos en las Islas Canarias en régimen
de dumping y subvencionados, compitiendo directamente con los productos
que se elaboran en las propias Islas Canarias. Me voy a limitar a poner
unos cuantos ejemplos bien significativos en cuanto a unos determinados
productos, puesto que, de un total de cuarenta productos que, si no
recuerdo mal, contempla el REA, en efecto sólo nueve podrían sufrir una
variación al alza por entender que no entran en competencia con productos
canarios. Este incremento afectaría a la cebada, la leche líquida y en
polvo, el pollo congelado y algunos embutidos entre otros alimentos.
Pero, por el contrario, creemos que deben reducirse las importaciones de
carnes frescas de
cerdo, de vinos --a fin de proteger la producción local--, de aceite de
oliva y de queso fresco.
Remitiéndome a estos concretos productos, nos encontramos, por ejemplo,
con que en el aceite de oliva, el contingente comunitario que recibe
ayuda dentro del REA, es superior a los corrientes del tráfico
tradicional, lo que provoca la desprotección de la industria local. La
Comunidad Autónoma solicitó para este producto, 10.000 toneladas, lo que
supone un crecimiento del 25 por ciento respecto al consumo tradicional;
sin embargo, desde el Gobierno central, se propuso a la Comisión Europea
14.400 toneladas. Por ello es preciso no sobrepasar las 8.000 toneladas
tradicionales y también que se adecue la relación entre la ayuda al
aceite de oliva y los aceites de semilla, bien disminuyendo la primera,
bien incrementando la de semilla de 2,5 ecus a 10 ecus.
Algo parecido viene sucediendo con el vino. El régimen específico de
abastecimiento potencia, mediante subvenciones o restituciones, la
importación de vinos a granel y embotellados, sin tener en cuenta la
producción isleña, lo que permite la introducción de vinos de baja
calidad que, además, se hacen pasar como vinos del país, y aquí se
producen también frecuentes fraudes. En Canarias se mueven más de 10
millones de litros de vino a granel importado, lo que representa unos
5.000 millones de pesetas al año. Canarias dispone de 14.000 hectáreas de
viñedo, lo que supone el 0,9 por ciento de la superficie total cultivada
en España. Es ahora en estos momentos, como consecuencia de la crisis del
plátano y del tomate, posiblemente el cultivo más extenso de las Islas
alcanzando u ocupando aproximadamente el 10 por ciento de la superficie
agrícola útil, la práctica totalidad dedicada a uva para vinificación;
sólo 400 hectáreas aproximadamente producen uva de mesa.
La producción de vino canario es de unos 30 millones de litros anuales
que cubren sólo el 40 por ciento del consumo total. El resto se importa
de la Península, de la Unión Europea e, incluso, de Suramérica. De la
producción canaria sólo se embotellan 3,5 millones de litros; es decir,
el 14 por ciento de la producción total. Según el régimen específico de
abastecimiento se permite la importación de vino con subvenciones de 30
pesetas/litro para los graneles y de 120 pesetas/litro para los
embotellados. Esto favorece, sin género de dudas, el desplazamiento de
los vinos del país. Además, si a un bodeguero peninsular el embotellar y
encapsular le supone 35 pesetas la unidad, el canario ha de abonar del
orden de 75 pesetas.
En 1993 se permitieron importar 23 millones de litros, 117 hectolitros a
granel y otros tantos embotellados, con las correspondientes
restituciones de 30 y 120 pesetas respectivamente. Se esperaba que en
1994 disminuyera la cantidad de vino importado con subvenciones, pero
lejos de eso se han elevado los contingentes hasta 26,5 millones de
litros para los meses de septiembre y octubre con restituciones de 115
pesetas por botella. A esto se añade que los desaprensivos se dedican a
vender vino importado, que les cuesta 20 pesetas el litro como vino del
país, a 600 pesetas/litro y esto es denunciado continuamente en los
medios de comunicación y por parte de los agricultores canarios.
Algo similar viene sucediendo con la ganadería. Es preciso primar la
producción local en lugar de favorecer las subvenciones para las carnes
importadas. Las importaciones de carne reciben un trato favorable, frente
a las de ganado, para posterior engorde en las Islas. La diferencia de
las subvenciones por kilo es de 100 pesetas en favor de la carne llamada
de gancho, y por esta razón los ganaderos importan sólo 2.600 cabezas de
vacuno en vez de las 12.000 fijadas en la cuota correspondiente. De aquí
que los ganadores estén denunciando los perjuicios de la importación
masiva de carne fresca o refrigerada para el abastecimiento de las Islas.
En los nueve meses del funcionamiento del REA han llegado a Canarias 8,4
millones de kilogramos de carne acogida a los beneficios del REA. Se
produce así una regresión de la ganadería en beneficio de estas carnes
importadas. De aquí que como no se estimule la importación de ganado de
engorde que supere la de carne en piezas, se acabará con la ganadería en
las Islas.
Algo parecido sucede con los quesos. Nadie está en contra de la posible
importación en Canarias, acogida al régimen específico de abastecimiento,
de quesos, que allí se suelen llamar quesos amarillos, holandeses
fundamentalmente, que son los del consumo tradicional de las Islas. Sin
embargo esas importaciones masivas de queso, que vienen subvencionadas y
con precios de dumping a competir con unos quesos canarios que están
obteniendo cada vez una mayor calidad y cada vez una mayor posibilidad de
exportación a la Unión Europea, quesos frescos de cabra que tienen, como
todo el mundo sabe, la gran ventaja de que la cabra canaria está inmune a
la fiebre de Malta y, en consecuencia, esos quesos tienen un gran
porvenir en Europa, repito, estas importaciones masivas a precios de
dumping están hundiendo las posibilidades de este queso. Se debe aplicar
la normativa 92/46 de 16 de junio, según la cual los productos derivados
de esta actividad pueden venderse con total garantía sanitaria tras una
inspección minuciosa al ganado --las cabras--, la manipulación y las
instalaciones.
En definitiva, nosotros consideramos que en la aplicación específica del
régimen específico de abastecimiento, cuya bondad nadie discute puesto
que su intencionalidad venía claramente exigida como consecuencia de la
posibilidad de que los precios de los productos de primera necesidad se
dispararan en las Islas Canarias, está surgiendo una serie de
disfunciones bien en la Administración central, bien en la autonómica,
porque aquí también sucede con frecuencia que ambas administraciones se
culpan mutuamente de los defectos que haya. Yo estoy convencido de que
hace falta un entendimiento entre ambas administraciones para conseguir
que, sin perjuicio de evitar la subida de los precios en Canarias de los
productos de primera necesidad, se trate de proteger y primar la
producción local, a efectos de que ésta pueda competir en igualdad de
condiciones con la producción europea. De ahí que en estos momentos sea
muy de actualidad en las Islas Canarias la valoración que haga la
Administración, en concreto el Ministerio de Agricultura, competente en
la materia, sobre el régimen específico de abastecimiento, y yo estoy
seguro de que del entendimiento entre ambas administraciones tendrán
que salir los remedios y las soluciones para estas disfunciones que he
puesto de manifiesto abreviadamente.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta tiene la palabra el
señor Secretario General de Producciones y Mercados Agrarios, señor
Barreiro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Muchas gracias, señor Presidente.
Como S. S. expuso al inicio de su intervención el régimen específico de
abastecimiento de las Islas Canarias, incluido dentro del Programa del
Poseicán, que es más amplio, como S. S. ha señalado, tiene por objetivo
fundamental mantener el abastecimiento de productos de consumo a unos
niveles de precios correctos y garantizar también el suministro de
determinados inputs necesarios para las industrias de transformación
instaladas en el archipiélago canario, todo ello respetando tanto los
flujos comerciales tradicionales como las producciones locales.
Quiero señalar, por si no ha sido suficientemente explicitado en la
intervención del señor Soriano, que el abastecimiento teóricamente se
podría hacer de países terceros a la Unión Europea mediante un sistema de
pago de arancel cero, que era el que estaba vigente antes de la entrada
de las Islas Canarias en la aplicación de la política agrícola común, en
lo que es materia de mercados, o bien a través de productos comunitarios
antes de esa incorporación del Archipiélago canario a la política de las
organizaciones comunes de mercado, mientras las restituciones a la
exportación que ahora se dan se han sustituido por unas ayudas a cada
producto.
El sistema se puso en marcha el 1 de julio de 1992 mediante la
realización de unos balances que la Administración central presenta en
Bruselas por la vía de los comités de gestión correspondiente a cada
producto, pero discutidos y siempre sobre la base de las propuestas
elaboradas por las autoridades de la administración canaria. El sistema
ha tenido un primer año de aplicación, que es la campaña 1992-93, por así
decirlo, es decir, 1 de julio del 92 a 30 de julio de 1993. Estamos ahora
en el segundo año de aplicación.
Es cierto que cuando se habla de las necesidades de abastecimiento de un
mercado ello no es una realidad estática sino absolutamente dinámica y en
continua evolución, por lo que los planes que se elaboran antes de cada
campaña de abastecimiento están sujetos a revisión. De hecho, en el
primer año de ejecución del REA en Canarias se efectuaron varias
modificaciones a lo largo del año. Se hicieron cuatro modificaciones. Se
hizo un balance inicial previo en julio del 92; luego se hizo una primera
modificación que afectó a determinados productos, entre ellos el aceite
de oliva en noviembre del 92; otra modificación en febrero del 93 y una
última en mayo del 93; es decir, se hicieron cuatro modificaciones,
porque, como decía anteriormente, la realidad de abastecimiento de un
mercado es una realidad dinámica y no estática. Este año se ha hecho un
balance para la campaña 1993-94 y estamos tratando de configurar alguna
modificación que se va a hacer en estos momentos.
Creo que los objetivos básicos del sistema se han alcanzado de una manera
correcta. Como todo en la vida, es perfectible. En el tema de conjugar
los intereses de los consumidores y de los productores o de determinadas
producciones canarias siempre hay un elemento de confrontación. Eso está
no en la dinámica de Canarias sino en la de cualquier mercado de
cualquier país del mundo. Siempre hay una cierta contraposición en lo que
son los intereses de los consumidores y lo que son los intereses de los
productores. Quiero señalar que los productores canarios en el régimen
del Poseicán tienen un copioso y abundante paquete de medidas de ayuda a
las propias producciones autónomas canarias. Si no recuerdo mal, el
paquete Poseicán tenía una valoración presupuestaria en la unidad de
cuenta europea de 350 mecus, millones de ecus, cifra realmente
significativa e importante. Repito que esta confrontación que puedan
existir en un momento dado entre los intereses de una producción y los
intereses del consumo no son elementos de confrontación únicos de la
Administración central, sino que en el seno del propio Gobierno canario,
tanto el actual como el anterior, siempre existían posiciones y puntos de
vista distintos, naturales y perfectamente legítimos los dos, entre
determinados departamentos de la Administración canaria, ya fuera el de
Agricultura, ya fuera el de Economía y Hacienda, ya fuera el de Comercio;
pero, confrontación, repito, lógica y natural y que tratamos de resolver
con el mayor equilibrio posible, y así lo hemos estado haciendo estos
casi dos años de puesta en funcionamiento del sistema y lo seguiremos
haciendo cara al futuro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Realmente, el señor representante de la
Administración no nos ha dicho nada nuevo. Me creí que nos iba indicar
esas posibles modificaciones a efectuar en el régimen específico de
abastecimiento en el futuro y, aun reconociendo que aquí hay una
confrontación de intereses entre los importadores canarios comerciantes y
los productores, es obvio que la Administración tiene que buscar el
adecuado equilibrio. Este equilibrio, indudablemente, tiene que
encontrarse sobre la base de que a Canarias lleguen primados los
productos de primera necesidad que no entran en competencia con las
producciones locales, porque de no ser así estaremos perjudicando a los
productores en los tres o cuatro productos típicos de Canarias que
podrían tener una posibilidad de introducirse en Europa y de competir, si
no fuera porque esos productos europeos vienen primados al mercado
canario.
En consecuencia, y resumiendo, no he oído aquí ninguna palabra que a los
productores de queso o de vinos o a los ganaderos canarios les pueda
ofrecer la posibilidad, al menos de futuro, de seguir comercializando sus
producciones. Por el contrario, hay una serie de productos que nadie
discute que vengan primados, puesto que no entran en competencia con
ninguna de las producciones de Canarias.
Aquí se trata de buscar el equilibrio, como bien ha dicho el
representante de la Administración, pero es la Administración la que
tiene que buscar ese equilibrio, el punto medio entre los intereses de
unos y de otros. Como digo, en esa valoración que ha hecho el
representante de la Administración, se han contado una serie de hechos
que ya conocíamos, pero no se ha dicho nada acerca del futuro, algo que
pueda tranquilizar a los agricultores canarios, como digo,
fundamentalmente ganaderos y productores agrícolas de vino. Hubiera
deseado que estas producciones canarias hubieran encontrado hoy un apoyo
por parte de la Administración, porque si en Canarias se siguen
importando producciones europeas que compiten con las producciones
nacionales a precio de dumping y debidamente subvencionadas, acabaremos
con la agricultura de Canarias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Barreiro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): En ese paquete de los 350 mecus que representa el Poseicán en
sus elementos de apoyo a las producciones autóctonas canarias, está
prevista una serie de medidas para fomento y desarrollo de la producción
de vino canario. El viñedo canario no está sometido a otras disciplinas
de recorte del potencial de producción --que si lo está otro viñedo
español, como puede ser el de La Mancha--, tiene una ayuda por hectárea,
hecho insólito a nivel comunitario el que el viñedo canario tenga una
ayuda por hectárea. La leche producida en Canarias tiene una sobreprima,
una ayuda directa. Es decir, son una serie de elementos --y así en otros
sectores-- que configuran ese paquete global de los 350 mecus a los que
antes hacía referencia.
Su señoría no ha insistido en una serie de temas que ha señalado en su
primera intervención y de la misma forma en que yo reconocía, porque es
un hecho natural, esa confrontación que puede haber entre los intereses
de los productores y los consumidores, lo que no me casa es algo que S.
S. ha dicho, que no crecen los precios al consumo y, encima, los
productores canarios también están afectados. O una cosa u otra. O se
está desviando el apoyo hacia el consumidor o se está desviando hacia el
productor. Hacerlo mal para las dos partes es realmente difícil. En todo
caso, creo que se está tratando de actuar de una manera equilibrada y
teniendo en cuenta los intereses canarios yo le diría --y me va a
permitir que como representante de la Administración central tenga que
decirlo-- que respetando los intereses globales del país, porque S. S. no
lo ha dicho, pero yo puedo explicitar lo que está detrás de su palabras.
Efectivamente hay una producción de quesos de cabra en Canarias, pero hay
una producción de quesos de cabra en la Península que tenía unas salidas
al mercado antes de la entrada en vigor de la aplicación de la política
agrícola común en todos sus ámbitos de aplicación --valga la
redundancia-- en Canarias y que en una visión global no podemos frenar,
sobre todo, cuando a lo mejor ciertas posiciones en el mercado las
podrían ocupar productos comunitarios y no españoles.
Le rogaría a S. S. que cuando haga esa confrontación entre Canarias y la
Comunidad especifique en la Comunidad cuándo es la Comunidad en la parte
peninsular española y cuándo es la Comunidad en otros países que no son
España.
--MEDIDAS PREVISTAS POR LA UNION EUROPEA PARA DAR RESPUESTA A LAS
DEMANDAS DE LOS APICULTORES EUROPEOS, ASI COMO POSICION ADOPTADA POR EL
GOBIERNO PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS APICULTORES ESPAÑOLES.
FORMULADA POR LA SEÑORA RIVADULLA GRACIA (GIU-IC). (Número de expediente
181/000397.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la pregunta de la señora
Rivadulla, sobre medidas previstas por la Unión Europea para dar
respuesta a las demandas de los apicultores europeos, así como posición
adoptada por el Gobierno para defender los derechos de los apicultores
españoles.
Señora Rivadulla, tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Secretario General, nuestro Grupo planteó
esta pregunta oral en Comisión a raíz del documento que nos hicieron
llegar las organizaciones agrarias con motivo de la jornada de protesta
que se iba a desarrollar el 24 de enero de 1994 ante el Consejo de
Ministros de Agricultura reunido en Bruselas, y en el que se manifestaba
la situación de desprotección en la que se encuentra el sector apicultor,
no solamente en España sino en la Unión Europea, y todo ello a pesar de
que el Tratado de Roma, en el anexo segundo, reconoce a la apicultura
como una actividad agraria y, también, a pesar de que el Parlamento
Europeo en 1991 acordó una serie de medidas de apoyo que iban desde
compensar al sector por la función que ejerce de polinización, a que se
esclareciese con transparencia las actividades del sector, que se
determinase la procedencia de los productos, así como los criterios de
calidad. Digo, que a pesar de todo ello, parece ser que hay una
insensibilidad por parte de la Comisión respecto a este sector de
apicultores que ve agravada su situación actualmente por el descenso que
se experimenta en los precios a partir de las importaciones que se
producen en la Unión Europea y también por las repercusiones que puede
tener el acuerdo del Gatt.
En ese sentido, señor Secretario General, le pregunto qué medidas se van
a adoptar. Me consta que el Ministro se reunió con las organizaciones
agrarias el día 24 de enero en Bruselas, pero nos falta información sobre
la resolución que haya podido adoptar el Gobierno español, así como la
Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barreiro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Como S. S. ha expuesto, el Gobierno español y específicamente el
Ministerio de Agricultura comparte la preocupación sobre la situación de
la apicultura europea y en concreto de la apicultura de nuestro país. Hay
que señalar que somos el primer país productor de miel, por delante,
incluso, de Francia y Grecia. Es por todos sabido y reconocido el valor
que tiene la producción apícola no solamente desde el punto de vista
intrínseco sino por los beneficios indirectos derivados de su función
polinizadora, así como de su contribución al mantenimiento del equilibrio
ecológico.
Su señoría ha expuesto ya la preocupación del Parlamento Europeo en los
años 1991 y 1992 sobre este tema, así como la preocupación manifestada
por el Copa-Cogeca a este respecto. Como muy bien señalaba S. S., con
ocasión del Consejo de Ministros de Agricultura del pasado 24 de enero,
hubo una manifestación, impecable desde el punto de vista de las formas
--quiero señalar-lo--, de los apicultores europeos, entre ellos los
españoles, que yo diría llevaban un poco la batuta de la manifestación.
Fueron recibidos por el Presidente del Consejo de Ministros de
Agricultura de la Comunidad, el Ministro de Agricultura griego, fueron
recibidos por el propio Ministro de Agricultura español --yo estuve
presente en esa entrevista-- y en el orden del día de ese Consejo del mes
de enero se planteó un debate sobre el establecimiento de un sistema, por
así decirlo, de respuestas o ayudas a las demandas de los apicultores
europeos. La inclusión de ese tema fue decidida, en última instancia, por
el que tiene la competencia, que es el Ministro griego, pero auspiciada
por varias delegaciones en contactos previos que habíamos tenido. El
debate, como suele ser habitual en la Comunidad, reflejó diferentes
posiciones de los distintos Estados miembros. Yo diría que fuera de los
países meridionales no encontramos apoyo en los países del norte. Incluso
llegan --y no lo digo en un sentido peyorativo, pero es la constatación
de un hecho-- a considerar que la actividad de producción de miel es un
poco un hobby de fin de semana de determinadas personas ligadas al mundo
rural. Esa no es la postura española. Se han barajado tres tipos de
fórmulas posibles para dar solución al tema. Uno es establecer una
organización común de mercado de tipo clásico --yo creo que en los
momentos actuales eso es prácticamente imposible--; otro, establecer un
sistema de ayudas por colmena o por kilo de producto, a la actividad de
fabricación de miel, o incluso compatibilizar, por así decirlo, las
ayudas nacionales que los distintos Estados miembros están dando en estos
momentos. En nuestro propio país hay determinadas comunidades autónomas,
fundamentalmente, como es lógico, las comunidades autónomas en donde la
producción de miel tiene mayor importancia, que están dando ciertos tipos
de ayudas, unas por vía directa y otras indirectas.
Nosotros hemos defendido que hay que establecer un sistema y más bien
propiciamos, en el bien entendido de la dificultad de establecer una
organización común de mercado de carácter clásico, un reglamento
específico de ayudas a la apicultura. La respuesta del Comisario de
Agricultura, después de la intervención de los ministros del Consejo, fue
muy cauta en el sentido de que se comprometió únicamente a que la
Comisión efectuaría un informe, en un plazo de tiempo relativamente
breve, y que lo presentaría al Consejo. Como señalaba anteriormente, eso
fue en enero. El informe aún no se ha presentado. Quiero avanzar a S. S.
que con ocasión de una visita a Atenas del Ministro de Agricultura
español, al cual acompañé, el pasado día 5 de abril, volvimos a plantear
el tema al Ministro griego, Presidente del Consejo de Ministros, quien
nos señaló que si no podía ser en este Consejo de abril esperaba que en
el de mayo el Comisario le daría una respuesta.
Respecto a las bases del sistema de ayudas que se arbitren, sea cuales
sean, de cara al futuro sería muy positivo poder alcanzar este objetivo
bajo la presidencia griega, ya que Grecia y España tenemos intereses
comunes en este tema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, intervengo brevemente para
instar al Secretario General a que el Gobierno español se mantenga firme
en esta línea, que se esfuerce en reclamar esta resolución del Consejo, y
que cualquier medida que se adopte procure ser consensuada con las
organizaciones agrarias, que también están representando los intereses de
estos sectores.
El señor PRESIDENTE: El señor Barreiro tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Tenga la seguridad de que eso se va a hacer. Es más, la semana
próxima recibo a los representantes de las organizaciones agrarias que me
han solicitado una entrevista para mantener el fuego vivo de la defensa
de los intereses de la apicultura española, y así lo haremos.
--MOTIVOS POR LOS QUE ESPAÑA, AL SOLICITAR PERMISO DE CONSTRUCCION DE
BUQUE PESQUERO, EXIGE DESGUAZAR OTRO EN SERVICIO DEL MISMO ARQUEO QUE EL
NUEVO. FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO. GRUPO
POPULAR. (Número de expediente 181/000487.)
--OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA INFLUENCIA DE LA FALTA DE CALADEROS Y
LA BAJA RENTABILIDAD EN LA FLOTA CONGELADORA DE GRAN ALTURA. FORMULADA
POR EL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO. GRUPO POPULAR. (Número de
expediente 181/000488.)
--PERSPECTIVAS PARA LA RENOVACION DE LA FLOTA PESQUERA. FORMULADA POR EL
SEÑOR FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO. GRUPO POPULAR. (Número de
expediente 181/000489.)
--FECHA Y MODO DE LA TRAMITACION DE LAS AYUDAS AL SECTOR PESQUERO POR
PARADAS BIOLOGICAS, INSTADAS POR ESTA CAMARA EL 01/03/94. FORMULADA POR
EL SEÑOR FERNANDEZ RODRIGUEZ. GRUPO POPULAR. (Número de expediente
181/000699.)
--MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS IMPORTACIONES DE
ANCHOA, ASI COMO PROBLEMAS QUE SE HAN GENERADO CON LA FLOTA PESQUERA DEL
ATLANTICO. FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO. GRUPO
POPULAR. (Número de expediente 181/000700.)
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a tramitar las restantes
preguntas que nos quedan en el orden del día, que las va a formular el
señor Mantilla en nombre del señor Fernández de Mesa.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Creo que SS. SS. me agradecerán que intente
condensar todas las preguntas en una sola, porque parte de ellas casi
responden a un mismo contenido. Hay dos muy específicas, las números 13 y
14, por lo que rogaría al señor Secretario General que hiciera hincapié
en ellas, pero también le pido que matice las respuestas y que no haga,
como es norma en esta Comisión, y nos acostumbre a exposiciones
tremendamente amplias pero poco concretas en muchas ocasiones.
La primera se refiere a los motivos por los que España, al solicitar
permiso de construcción de buque pesquero, exige desguazar otro en
servicio del mismo arqueo que el nuevo. Está claro que España, ya en la
década de los setenta, con sus antecesores en el cargo --creo que era don
Gonzalo Vázquez en aquel momento, cuando se ordenó el sector pesquero--,
obligaba a unos desguaces por nuevas construcciones que variaban en
función del caladero al que iban destinados esos buques; incluso se
obligaba a desguazar dos toneladas por una. Se ha ido evolucionando y
actualmente la obligación en general es el desguace de uno por uno, lo
que no ocurre en otros países de la Unión Europea. Por tanto, nosotros
preguntamos por qué en España se sigue manteniendo ese criterio,
independientemente de que se puede justificar que nosotros tenemos una
flota excesiva, etcétera. Es verdad que tenemos una flota excesiva, pero
nos obligan a reducir flota y nos obligan a retirar cepas de vides, como
pronto vamos a ver, en tanto que estamos viendo que otros países están
incrementando su flota día a día. Es posible que S. S. me conteste
diciendo que también en España se están concediendo determinadas
subvenciones, en tanto que otros países no lo hacen así. Pero yo creo que
ésa no es una compensación o una respuesta muy equitativa al problema que
tienen nuestros armadores.
La segunda pregunta y la tercera, que prácticamente son idénticas, son
acerca de la influencia de la falta de caladeros y la baja rentabilidad
de la flota congeladora de gran altura y las perspectivas para la
renovación de la flota pesquera. Obviamente esta última se refiere más
bien a la flota del Gran Sol, como usted ya puede presuponer, en tanto
que la primera es el archiconocido acuciante problema que tiene la flota
congeladora de altura, tanto la de pesquerías varias como la de
merlúcidos, etcétera.
En cuanto a la falta de caladeros, cuando se incorporó España al Mercado
Común, en aquel momento, se vio obligada a ceder sus propias cotas de
pesca, en tanto que ahora es la propia Unión Europea la que distribuye
esas licencias o esas cotas de pesca entre los países miembros. Desde
entonces, las importaciones de pescado de esos países de la Unión Europea
se han multiplicado por tres, y eso sin contar las otras importaciones,
que nosotros hemos puesto aquí en solfa, de terceros países, transbordos
en mercantes, etcétera, que lógicamente están dando lugar a que los
precios bajen constantemente y que la captura de determinadas especies en
determinados caladeros no sea nada rentable.
En cuanto a la flota pesquera del Gran Sol, tenemos que decir que la
media de antigüedad de los barcos que faenan en él superan, con mucho,
los 25 años. Por ello consideramos que es importante buscar medidas
adecuadas para que se pueda llevar a cabo una política de renovación. Ya
sabemos que por parte de Ordenación Pesquera y de determinadas
comunidades se está intentando colaborar para que haya una renovación,
que nosotros consideramos que todavía es muy exigua y muy raquítica. Por
tanto pedimos a la Administración central que, en colaboración con otras
autonomías, logre renovar esa flota por su antigüedad, porque sus medidas
de seguridad, su rentabilidad, etcétera, están tremendamente desfasadas.
La cuarta pregunta responde a una moción presentada por mi compañero de
Grupo don Luis Angel Fernández Rodríguez, moción que hace más de cuatro
meses ha sido aprobada por todos los grupos políticos, en el sentido de
subvencionar o ayudar con determinados fondos a paliar las paradas
biológicas en las flotas que operan fundamentalmente en el caladero
saharaui o marroquí. Hasta el momento, que nosotros tengamos noticia,
esto no se ha llevado a cabo, lo cual está creando graves problemas
financieros a nuestros armadores que faenan en esos caladeros.
Por último, un problema actual. Hemos observado estos días en los medios
de comunicación que hay graves problemas y graves tensiones con los
pescadores franceses que siguen pescando la anchoa, cuando los armadores
españoles están insistiendo en que se han superado con mucho las 3.000
toneladas que tenían de cota para capturar. Lógicamente, no es ya el
problema de que estén agotando los stocks de la anchoa, sino que haya
enfrentamientos que puedan tener graves complicaciones, pues hemos visto
que casi han estado abordándose entre barcos estos días. Yo supongo que
la Administración central, el Gobierno, tiene que hacer una protesta
enérgica para que la Unión Europea
obligue a los franceses, igual que nos obliga a los españoles, a
acoplarse a sus condiciones y a lo que están autorizados a faenar, y nada
más. Porque nosotros tenemos que andar con los planes de pesca, con
inspecciones a bordo, en tanto que para otros armadores y flotas de otros
países no es así. Por tanto, nuestra petición es que se adopten las
medidas oportunas para que los franceses, o cualquier otra flota de otro
país de la Unión Europea, se sitúen en el lugar que les corresponda.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas formuladas, el señor
Secretario General de Pesca, señor Loira, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA (Loira Rúa): Muy buenos
días a todos. Voy a procurar ser breve.
Señor Mantilla, en cuanto a la primera pregunta, los motivos por los que
España plantea que como mínimo se aporte en tonelaje y en potencia otro
tanto de lo que se quiera construir, con una previsión histórica, no en
el año 1974, sino antes, en el año 1961, la Ley de Renovación y
Protección de la Flota Pesquera exigía la aportación de bajas para
acceder a los créditos establecidos en ella. A partir de ahí ha sido una
constante en nuestro país exigir, para cualquier nueva construcción, la
aportación de las correspondientes bajas. Podría hacer una gran
disertación, pero me voy a ceñir al tema porque tal vez el último punto
sea el más interesante de debatir por su actualidad, por lo que voy a
procurar ser breve.
Nosotros entramos en la Unión Europea y las normas nacionales
(independientemente de las normas comunitarias, que no nos han exigido
esta obligación que en España tenemos desde hace tiempo) han continuado,
lo que nos ha dado muy buenos resultados porque nos han ayudado a ir
cumpliendo los planes de orientación plurianuales comunitarios y, al
mismo tiempo, ha posibilitado que, en ese ejercicio continuo de ajuste
los recursos pesqueros a la capacidad extractiva de nuestras flotas,
fuéramos modulando en el tiempo algunas de nuestras pesquerías y, dentro
de ese concepto de pesca responsable y de ese código de conducta que
España está capitaneando a nivel de FAO y de Naciones Unidas, ir ganando
un nombre y un prestigio, sobre todo en los últimos tiempos, que
anteriormente nuestra flota no tenía. Da usted a entender que otras
flotas pudiesen estar creciendo de manera indiscriminada. Quiero decir a
SS. SS. que hay unos planes de orientación plurianuales en la Unión
Europea (en román paladino ajuste de flota, reducción de flota) que son
iguales en todos los países comunitarios para los mismos segmentos de
flota. Lógicamente, si algún país no los cumple, no tiene posibilidades
de ayuda, y no se hace borrón y cuenta nueva con nuevo plan de flota,
sino que los países van arrastrando lo que tengan a cuenta para ir
reduciendo, y esto es lo que está motivando en algunos países nórdicos la
tensión que se da en muchos de sus puertos. Nadie nos ha obligado a esto,
pero yo creo que ha sido muy inteligente precisamente para poder avanzar,
y al mismo tiempo ha hecho posible que no hayamos tenido que poner
ninguna norma con carácter obligatorio en el sentido de decir que tal
flota debe reducir tanto y tal flota cuanto, no, sino que de manera
natural y espontánea nuestros empresarios han presentado sus proyectos en
libertad, sin ningún tipo de norma coercitiva por parte de la
Administración. Ahí está el marco general, el plan general a efectos de
Unión Europea, y a partir de ahí esto nos ha permitido ir avanzando en el
tiempo sin grandes tensiones para nuestros empresarios pesqueros ni para
nuestros trabajadores. Yo creo que con esto le contesto a la primera
pregunta.
La segunda pregunta está en relación con un tema que sale cada vez que
tengo la oportunidad de estar con ustedes en esta Cámara, es la fija, que
son los temas --no voy a decir los problemas, hoy ya no digo problemas,
por primera vez-- relacionados con la flota congeladora de gran altura.
Ayer mismo --lo tenía desde tiempo atrás programado-- me reuní con dos de
las tres grandes asociaciones de este sector. Tenía preparada una
intervención para toda la flota congeladora, para la palangrera, para la
de los túnidos, para la marisquera, para todas, pero S. S. ha ceñido la
pregunta a la flota congeladora que dirige la actividad básicamente a los
merlúcidos y a los cefalópodos, en fin, a la flota de mayor porte, y en
aras de respetar el tiempo me voy a ceñir a esta flota. Como decía, ayer
tuve la oportunidad de hablar todo el día, durante la mañana con una
asociación y por la tarde con ANAC, ANAMER y con el ejecutivo de la
Cooperativa de Armadores de Vigo, y hay un algo --comienzo por el final--
que ya de entrada quiero dejar muy claro: los precios. Ellos me daban
precios ayer y como yo tenía hoy esta comparecencia he procurado sacar
información. Si hace un año el calamar estaba a 120, en este momento está
a 225; si hace un año la merluza estaba a 160, en este momento está sobre
210. Su señoría, que es de la zona de un puerto muy importante, sabe que
hay un gran termómetro, todo aquello que se decía, cuando la
independencia de Namibia, de que nuestra flota iba a desaparecer, todos
aquellos grandes males que íbamos a tener. En este momento hay armadores
que con esos barcos que han estado operativos están realizando muchas
transacciones comerciales, pero ya no quedan barcos que comprar; ayer me
decían que ya casi no quedan barcos que comprar. Si S. S. los tiene le
agradecería que diese los nombres a las asociaciones. La situación ha
cambiado mucho. Su señoría hablaba de caladeros; un poco en plan
catastrofista hablaba de la obligación nuestra de aportar las cuotas a la
Unión. No, nos hemos visto obligados. Lo que sucede es que la flota, como
muy bien sabe S. S. --excepción hecha de los caladeros del Atlántico
Norte, del área NAFO-- había fae-nado antes básicamente en las aguas del
Atlántico Sur, donde no había más que los convenios de ICSEAF en el área
de Namibia; ese era el marco en el que nos movíamos. Aquella flota que
nada más pescaba en esos dos caladeros --y son datos de ayer-- la tenemos
faenando en estos momentos en áreas de Malvinas, en aguas del Atlántico
Sudoccidental y en aguas de NAFO a especies a las que antes dedicaba su
actividad y a especies nuevas --como muy sabe S. S.--, como el fletán
negro, una especie reciente a la que dirige su actividad nuestra flota
congeladora de gran altura. Daré una cifra para que comprendan
perfectamente
la importancia económica de esta nueva actividad. El año pasado hubo más
de 40.000 toneladas de captura de fletán negra, que tan buen precio tiene
en los mercados internacionales. Esta flota, que estaba casi secuestrada,
de dos caladeros en este momento tiene barcos en Marruecos, en
Mauritania, en las Guineas, en Angola, en la India, en Suráfrica, en
Argentina, en Senegal y en Namibia. Se me puede decir que en Namibia
todavía no hay un acuerdo de pesca y yo contesto que en Namibia todavía
no hay un acuerdo de pesca, pero la Administración española, de común
acuerdo con los sectores, ha venido apoyando a los que han planteado la
posibilidad tanto de exportación de buques como de sociedades mixtas, de
las que ahora estamos hablando. Han sido varios los miles de millones de
pesetas que se han destinado precisamente para que nuestros barcos sean
los que en estos momentos están capturando la inmensa mayoría de las
posibilidades de pesca que Namibia ofrece al mundo. De aquella situación
muy difícil que todos hemos pasado, y uno como gestor pesquero si cabe
más, tenemos un horizonte nuevo por delante. Estos datos que le he dado
no son míos, sino de una de las principales asociaciones del sector
pesquero español y de ayer tarde mismo. Hemos estado trabajando en algo
que SS. SS. conocen, en el programa de actuación de la flota congeladora
que hace dos años pusimos en marcha y por parte de la Administración
española se ha cumplido escrupulosamente. Hemos pasado revista a este
cumplimiento y hemos estado visitando lo que va a significar el nuevo
horizonte, lo que va a significar el IFOP, con todos los reglamentos y
con el plan sectorial que en estos momentos tenemos presentado en
Bruselas.
Entro en el siguiente tema que está un poco ligado con éste. Me plantea
S. S. las perspectivas para la renovación de la flota pesquera y lo
centra de manera importante en la flota de los trescientos, en lo que en
Galicia de una manera más afectiva y más pesquera llamamos la flota del
Gran Sol, aunque unos faenan en el Gran Sol, otros en las aguas francesas
y otros en el área del Reino Unido, en Escocia y encima de Irlanda. El
marco es nuevo. Tuve oportunidad, tanto en esta Comisión como en el
Senado, de hablar de manera muy extensa en el gran debate sobre el nuevo
reglamento base de estructuras, el 3699, del Consejo del pasado 21 de
diciembre, en el que se desarrolla el reglamento de aprobación del IFOP,
el 2080, de julio del año pasado. ¿El gran debate cuál fue? El gran
debate es que había una serie de países nórdicos y la propia Comisión que
no querían que hubiese posibilidad de financiación comunitaria para
nuevas construcciones. Al final logramos los votos suficientes, aquellos
once a uno que se dio una vez en la historia de la pesca y que han
desaparecido del marco pesquero. Contra la voluntad de algunos países
importantes de la Unión y contra el parecer de la propia Unión, que hizo
una muy dura declaración después del debate de aprobación, conseguimos
que las nuevas construcciones puedan favorecerse de estos importantísimos
fondos que tanto la Unión como el Estado español van a dedicar en este
año y en los próximos cinco para este plan sectorial. Quiero adelantar la
cifra de lo que ya hoy tenemos comprometido a nivel comunitario: 1.105
millones de ecus. En la anterior comparecencia hablé de 1.000 millones,
que era lo que teníamos de Objetivo-1, y a esto añadimos en este momento
otros 105 para el resto de las regiones. Uno de los grandes objetivos,
por no decir el gran objetivo, está en la renovación y modernización de
nuestra flota, que conlleve, como muy bien decía S. S., a unas flotas más
dinámicas, más operativas y con menos consumo de combustible, a unas
flotas tecnológicamente mejor dotadas y más seguras, tanto en lo que a
faenas de pesca se refiere como a medios tecnológicos de comunicación y
de emergencia ante lo que pueda acontecer en un medio tan duro como es el
marino. Quiero tranquilizar a SS. SS. pues ese aspecto lo hemos superado
en diciembre.
¿En qué situación estamos ahora? Después de haber presentado antes del
primero de este mes, que era el plazo, el Plan sectorial a la Unión,
vamos a entrar en capilla de negociación con la Unión para que nos
apruebe el marco comunitario de apoyo, es decir, en grandes líneas,
dentro de ese monto total cuánto vamos a disponer tanto para regiones
Objetivo-1 como para el resto de las regiones en cada uno de los
apartados: construcción, modernización, acuicultura, equipamientos
portuarios, zonas a proteger de interés ecológico e interés pesquero, y
también para ajuste de flota, transformación y comercialización. A este
Plan sectorial se une el gran esfuerzo que hemos hecho en los últimos
años de modernización de nuestras flotas, pero no de todas, la que usted
ha mencionado casi no se ha tocado, pero no se ha hecho porque quien
tiene que tomar la iniciativa no la ha tomado. ¿Por qué no lo ha hecho?
Porque no tenía el horizonte claro (esto quiero decirlo de manera clara,
llana y rotunda) y no lo tenía claro porque, como saben SS. SS., había
unas normas que fueron aprobadas por unanimidad del Parlamento español
--el Tratado de Adhesión-- que en aquel momento fueron aceptadas de muy
buen grado por el sector porque significaba una superación de la anterior
situación a la Adhesión (quiero dejar muy claro que en aquel momento se
valoró muy positivamente por parte del sector, a pesar de todo lo
restrictivo que era), pero una vez en la Unión hemos estado luchando
porque desapareciera este régimen discriminatorio. Es conocido de todos
que en la noche en la que había que entrar en la conferencia con los
nuevos países miembros conseguimos una importantísima declaración
política de los Doce, del Consejo de Asuntos Generales, en base a la
cual, antes de finalizar el año, tienen que estar aprobados los
reglamentos de esfuerzo para todas las flotas comunitarias que faenan en
esas aguas, y a partir del 1 de enero de 1996 nuestras flotas faenarán en
igualdad de condiciones porque lo harán con los mismos reglamentos de
esfuerzo. Cuando negociamos el reglamento base de la nueva política
pesquera, hace año y pico, tuvimos que atar esto, una estrategia muy bien
diseñada, muy cogida y donde no nos podía fallar nada, y hasta este
momento no nos ha fallado porque el pasado día 12 de este mismo mes,
después de un muy fuerte debate, sobre todo entre el Ministro Albero y
los Ministros del Reino Unido y e Irlanda, como saben todas SS. SS., como
saben todos nuestros pescadores, se ha aprobado finalmente el reglamento
que llamamos de ajustes, el reglamento en el que se hace la trasposición
de ese
importantísimo compromiso del 16 de marzo de este mismo año en el Consejo
de Asuntos Generales. Ahora tendremos que desarrollar los reglamentos de
esfuerzo, pero serán para todos los que faenan con el mismo arte, en la
misma pesquería y en las mismas actividades.
La semana pasada, el día 14, tuve la oportunidad de reunirme con los
representantes de la flota de los trescientos para explicarles y
entregarles los documentos aprobados y ahora, lógicamente, estamos
trabajando muy estrechamente en la siguiente fase con el sector. En esta
flota, que no ha sido renovada, hay que hacer mucho en todo, hay que
hacer también mucho para tener un producto de calidad. Estamos trabajando
todos en lo que he contado en esta Cámara, ya hace tiempo, sobre los
temas de frío y de nueva tecnología para que el pescado pueda llegar como
si fuese del día aunque sea de 6, 7 u 8 días, incluso alguno más, desde
Gran Sol. La idea --y aquí coincidimos plenamente con la nueva
administración pesquera de la unta de Galicia, hay que reconocerlo-- es
trabajar codo con codo. Si nuestros empresarios, que son los que a última
hora se tienen que mojar de verdad para que haya una renovación de la
flota, así lo plantean, estamos las dos administraciones, tanto la
autonómica como la central del Estado, dispuestos a volcarnos en la
modernización de esta flota, pero no sólo de esta flota sino que en el
Plan sectorial nuestros objetivos van mucho más allá. Nos proponemos
renovar algo así como cerca de cien mil toneladas de flota. Creo que esta
es una cuestión muy importante. Los obstáculos han sido muy grandes para
lograr aprobar ese reglamento de estructuras y ahora lo que tenemos que
hacer es trabajar entre todos y despejar algunas incertidumbres que
nuestros profesionales y nuestros empresarios todavía tienen; y en eso
estamos.
A la otra pregunta que me hace su señoría le contestaré que la decisión
no se ha tomado hace cuatro meses; por lo que veo en la propia pregunta,
la decisión, la proposición no de ley --presentada por el Grupo
Socialista-- fue del 1 de marzo. Leo lo que aquí se me marca: «Fecha y
modo de la tramitación de las ayudas al sector pesquero por paradas
biológicas, instadas por esta Cámara el 1 de marzo de 1994.» Eso es lo
que dice la pregunta. En ese sentido, lo que sí tengo que decir a sus
señorías es que no es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
no es la Secretaría General de Pesca el marco genérico; eso sí, se tomó
la decisión, como saben bien sus señorías, en otra proposición en el
Senado. Las medidas que se han tomado en el Senado, y les informo, si me
permite el señor Presidente...
El señor PRESIDENTE: Brevemente, señor Loira, por favor.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA (Loira Rúa): Los créditos
están en marcha; se están solicitando y concediendo créditos, la
prioridad para todas las flotas que faenan, para la andaluza, para la
gallega, algún barco vasco, barcos valencianos y canarios, porque de
todas estas comunidades hay barcos faenando, según el Acuerdo firmado con
Marruecos. Esto es extensivo para todas las flotas; está en marcha
también el estudio. Y en relación con este tema, diré que por parte de
las entidades administrativas que llevan estas cuestiones está todo en
marcha, incluso desde el primer momento, con independencia de lo que
había planteado la Cámara, se arbitró también la posibilidad de un
aplazamiento del pago de esta cuota empresarial a través del Instituto
Social de la Marina.
Ya me queda entrar en el último tema. Su señoría lo ha centrado --estamos
siendo muy breves-- en la conflictividad. Pero la pregunta, y es un tema
muy importante, tal como a mí me la han transmitido tenía dos aspectos,
que también los ha tocado su señoría, que eran las cuestiones comerciales
y las cuestiones de flota.
En relación con las cuestiones comerciales, lo decía el otro día en el
Senado, éste es el gran tema; éste es el tema donde España viene
modulando desde hace siete años, como con los demás, pero donde, si cabe,
el contar con compañeros de viaje a nivel de Consejo ha sido más difícil.
Ahora sí, y hemos aprobado un Reglamento, que ayer comentaba con los
representantes de la flota congeladora, en base al cual para los
productos que traen a la Comunidad flotas de terceros países, bien sea en
barcos de pesca o en mercantes procedentes de transbordos, se va a poner
en marcha un duro sistema de notificación de llegada y luego de control
de los productos que traen. Esto hace sólo un año o cuatro meses,
simplemente, era imposible; en el propio Consejo de diciembre fue
imposible aprobarlo. Ahora hemos logrado hacerlo, eso sí, con la
oposición de tres paí-ses: Reino Unido, Holanda y Dinamarca, lo cual no
era minoría de bloqueo; hemos logrado aprobar este importantísimo
Reglamento.
Centrándome en la anchoa, diré que para nosotros la anchoa es un producto
especialmente sensible, porque son muchísimas las familias que dependen
de la costera de la anchoa y de la otra, de la del bonito. En ese
sentido, hemos venido planteando a la Unión Europea toda una serie de
cuestiones y a nivel interno estamos planteando otras; entre ellas, para
poder paliar los efectos desestabilizadores de comercialización en
nuestras lonjas, de producto que pueda venir de fuera, de otros Estados
miembros, como es el caso de Francia, se ha propuesto la extensión de la
regla prevista en el propio Reglamento base. ¿Qué quiere decir esto? Que
las normas de producción referidas a tallas, a períodos y a topes de
captura, así como las normas de comercialización referidas a tallas, a
calidades y a precios que se adopten anualmente por las organizaciones de
productores en el interior de su zona de representatividad, puedan
hacerse extensibles a los productores comunitarios no afiliados a las
organizaciones de productores y no solamente a los productores
nacionales.
En la nomenclatura comunitaria todo es género «engraulis», y dentro del
género «engraulis», tenemos el nuestro, que es maravilloso,
«encrasicholus», que es la anchoa, que es el boquerón, que es el bocarte,
y hay otra serie de productos, como es la anchoíta.
Entonces, venimos luchando a nivel de Unión Europea para que en el Taric,
en el arancel comunitario, nos pongan no sólo el «engraulis SPP», sino el
«engraulis encrasicholus»
y «engraulis» anchoíta para diferenciar claramente una cosa de la otra.
Pero, además, como mucho de este producto va a la semiconserva, entonces
¿en qué estamos trabajando a nivel de Unión? A nivel de Unión estamos
trabajando, pero es previo meter en el Taric la postura arancelaria. Así
como hemos conseguido meterlo para los túnidos, y nos ha costado mucho
--para el tema de las sardinas menos, porque aprovechamos el primer
acuerdo con Marruecos para meterlo--, estamos luchando por una norma de
calidad comunitaria para las anchoas para diferenciar claramente lo que
es anchoa de lo que es anchoíta o de lo que son otras cosas.
Lógicamente, lo que lleva esto es a la especificación técnica de todas
estas cuestiones. Entonces, yo creo que en todas estas cosas por las que
venimos luchando en la Unión venimos trabajando estrechamente con el
sector.
En los temas de mercado es positivo ver cómo cambia la Unión y ver cómo
cambian otros países, países que antes no querían oír hablar ni de
calidad ni de temas de mercado, no querían hablar de nada, y está
aprobado ahí este último reglamento, que es un hito importante en la
política de mercados comunitarios.
Existe el compromiso por parte de la Unión Europea de presentarnos antes
del próximo Consejo un estudio de mercado, con lo cual estamos convocando
tanto a comunidades autónomas como--creo que eran 12 ó 13-- a entidades
del sector, tanto extractivas como transformadoras como comerciales para
tener en las próximas fechas toda una batería de contactos en la
Secretaría de Pesca para que la aportación que nosotros hagamos a ese
estudio pueda llevar el sentir de los diversos sectores españoles.
Termino. El otro tema es de actualidad y quiero ser muy claro. La anchoa
la podemos pescar lo que es en nuestras aguas, lo que es en aguas de
Portugal, lo que es en el Mediterráneo, pero luego hay una zona muy
importante; es la zona que en la retícula pesquera figura como la 8 ABD.
En esa zona, como saben SS. SS., del total admisible de capturas, España
puede capturar el 90 por ciento y el país donde se pescan básicamente
estas cuotas de anchoas puede pescar nada más que el 10 por ciento. Esto
es Tratado de Adhesión. Por tanto, este año España tiene 27.000 toneladas
posibles de capturas y Francia, que es el otro país, tiene nada más que
3.000.
Desde tiempo atrás ha habido una conflictividad porque los barcos
españoles nada más pueden pescarlo con un tipo de arte, que es el arte de
cerco; en cambio, en el otro país pueden pescarlo con dos tipos de arte,
que es el cerco y el arrastre pelágico. Esto ha motivado una
conflictividad en el tiempo--nuestros barcos tienen 160 licencias, 260
barcos del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia; no hay problema
para poder acceder a la captura, pues complementan licencias unos barcos
con otros--, debido a que los barcos franceses pueden utilizar el
arrastre pelágico, llevando tensiones importantes a la mar. De ahí que
primero hayamos tratado con nuestro sector y después con la otra
Administración para ver de qué manera entre todos podíamos sacar el
máximo rendimiento y llegar a una situación de la mejor convivencia entre
las dos flotas. Esto motivó que en junio de 1992, el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación español y el ministro francés firmasen
un acuerdo. En base a ese acuerdo, durante una época --la época más
importante para nuestros pescadores--, los arrastreros pelágicos
franceses renunciaron a pescar con el arte pelágico, fecha que iba desde
el 19 de marzo hasta el 1 de junio de cada año.
También...
El señor PRESIDENTE: Señor Loira, le ruego termine.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA (Loira Rúa): Acabo en dos
minutos.
También se marcaba un período de veda desde el mes de diciembre hasta el
diez de enero. Eso sí, los cerqueros franceses podían pescar, siempre y
cuando tuviesen cuota. En España, como tenemos muchas posibilidades de
anchoa, de nuestros sobrantes cedíamos a Francia y a cambio Francia cedía
a España. Hacíamos lo que llamamos un intercambio de cuotas. Cedíamos
anchoa y nos daban rape, merluza y otras especies. Esto ha funcionado
estos dos últimos años y este año todavía no hemos podido llegar a ese
acuerdo ante la situación de algunos arrastreros pelágicos, no de todos,
porque este conflicto es sólo con los pelágicos de dos puertos: de San
Juan de Luz y de Hendaya. Esto es lo que ha motivado estas tensiones.
¿Cuál es la situación al día de hoy? En contacto permanente con la
administración comunitaria y con la administración francesa, la situación
al día de hoy es que nuestra flota está pescando, la situación al día de
hoy es que la flota francesa está en puerto y esta misma noche a una
serie de barcos franceses se les ha retirado, por parte de sus
autoridades, las artes de arrastre pelágico que tenían a bordo para
evitar que saliesen a pescar.
Hoy mismo, después de un ruego que nos han hecho las cofradías de
Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya, que han tenido una reunión con los
cerqueros franceses el pasado día 18 de abril, en Hondarribia, hemos
procedido al intercambio de cuotas con Francia, tal como nos piden los
representantes de nuestro sector pesquero. Hemos intercambiado 400
toneladas de anchoa por el equivalente en rape, pero ha quedado muy claro
que nada más que pueden ser pescadas por los cerqueros franceses.
Así es como está la situación al día de hoy. Si he sido un poco largo,
les ruego disculpen.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Loira.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A LAS MEDIDAS A TOMAR EN FAVOR DEL SECTOR VITIVINICOLA, EN LA
PROYECTADA REFORMA DE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION COMUN DE MERCADOS
EN EL SENO DE LA UNION EUROPEA. (Continuación.) (Número de expediente
161/000175.)
El señor PRESIDENTE: Tal como hemos quedado anteriormente,
interrumpiríamos aquí la tramitación de esta pregunta para pasar a la
finalización del debate sobre la propuesta de resolución o la proposición
no de ley relativa al sector vitivinícola.
La tramitación había quedado paralizada para intentar buscar un acuerdo
entre los Grupos.
Por ello daría la palabra al representante del Grupo Parlamentario
Popular para manifestar la aceptación o no de las enmiendas que se han
formulado.
El señor Isasi tiene la palabra.
El señor ISASI GOMEZ: Tras casi dos horas de intensas negociaciones entre
los miembros de los partidos representados en esta Comisión para intentar
llegar a una propuesta de acuerdo y habiéndose atascado en un punto en el
que el resto de los Grupos parece que tienen una postura --no diría
intransigente por no utilizar palabras gruesas--, pero sí parece que no
están dispuestos a pasar por este punto, tras la lectura que haga el
letrado, que es el que tiene el texto concreto o final al que hemos
llegado hasta el punto 11, el Grupo Popular estaría dispuesto a retirar
de la proposición no de ley el punto 12 y la enmienda correspondiente
también al punto 12 que habría presentado, sin perjuicio de reservarse su
derecho a volver a presentarlo para el debate en esta Cámara.
No obstante todo ello, nosotros queremos manifestar que hacemos esto sin
que se nos haya convencido de la necesidad de que se defienda lo
establecido en esos puntos, pero dada la trascendencia real --sin
utilizar palabras grandilocuentes-- de lo que nos estamos jugando y de la
necesidad de aparecer ante los organismos comunitarios --que todo llega--
con una postura unánime y cerrada de los representantes del pueblo
español presentes en esta Cámara en relación a este tema, queremos hacer
llegar al Gobierno español la postura de este Parlamento lo más unánime
posible para que los intereses españoles, y en concreto los de este
sector, se defiendan en el sentido que van estos puntos. Ahora bien,
también queremos decir al Gobierno que vamos a estar pendientes del
cumplimiento del mandato vinculante que los acuerdos de esta Comisión
tienen para el Gobierno español.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López.
El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Para mostrar no sólo mi satisfacción,
sino --utilizando palabras, éstas sí gruesas, en el sentido jocoso-- mi
regocijo por haber llegado a un acuerdo y haber podido mantener una
postura unánime este Parlamento, instando al Gobierno a negociar, a fondo
y con firmeza, todas aquellas medidas que en la proposición no de ley
resultante que votaremos a continuación se dicen.
Respecto a la retirada del punto 12, es verdad que ninguno de los tres
grupos que hemos estado hablando hemos convencido al representante del
Grupo Popular, de la misma manera que cuando hemos pedido al Grupo
Popular el punto 12 es porque, evidentemente, también se ha dado por
nuestra parte un no convencimiento de que esas medidas beneficiaran al
sector, pero estoy completamente de acuerdo con el señor Isasi en esa
reserva de poderlo discutir más tarde. Estaremos encantados de dar todas
las razones que se nos ocurrían al principio y otras que hemos ido viendo
a lo largo del tiempo y a lo largo de estas negociaciones con los señores
representantes de Convergència i Unió y de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Es verdad que de algo no hemos tenido que convencernos, porque el
resultado final de estas conversaciones es que se han retirado ciertos
puntos para llegar a un acuerdo unánime, porque sí es verdad que ésta es
una proposición no de ley realmente trascendental para el sector. De eso
no hemos tenido que convencernos, y la prueba es que unos y otros hemos
ido llegando a un acuerdo. En eso lleva toda la razón el señor Isasi.
No ha habido intransigencia alguna. Ni siquiera él --y se lo agradezco
muchísimo, de verdad-- ha querido utilizar la expresión intransigencia,
porque es cierto que ninguno de los grupos ha sido intransigente con las
propuestas. Y nosotros también --como señalaba el representante del Grupo
Popular y estoy seguro que como los representantes de los demás grupos,
tanto si intervienen como si no están de acuerdo en ello-- vamos a
vigilar para que el Gobierno negocie, y negocie con firmeza, en el
sentido que esta proposición no de ley le indica.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Solamente para manifestar que teníamos sobre la
mesa una proposición no de ley en la que, con ligeras enmiendas, más de
redacción que conceptuales, se podía haber llegado fácilmente a un gran
consenso, y se ha llegado, pero no fácilmente.
De repente, una serie de circunstancias, como autoenmiendas del Partido
Popular, ha podido complicar en cierto momento este consenso al que todos
aspirábamos. Todos hemos hecho, pienso --y en mi Grupo también--, un gran
esfuerzo para intentar salvar una proposición no de ley que continúa
siendo del Partido Popular, que ha sido mejorada con las enmiendas
socialistas y en cuya redacción definitiva pienso que hemos colaborado
suficientemente todos los grupos como para que todos nos podamos sentir
en esta Comisión extremadamente satisfechos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, solamente para felicitar al
portavoz del Grupo Popular por haber sabido llevar hasta las últimas
consecuencias la voluntad de consenso que ha manifestado en su primera
intervención y que también hemos manifestado el resto de los grupos
parlamentarios.
Creo que esta Comisión debe felicitarse porque el Gobierno tendrá en sus
manos una proposición no de ley que
representará un criterio único de todos los grupos parlamentarios de la
Cámara; una proposición no de ley que permitirá que se defienda que la
filosofía que ha de envolver la reforma de la organización común de
mercado del vino sea la misma que ha inspirado la reforma de la PAC; que
vayan para el sector vitivinícola todas las ayudas compensatorias que han
ido hacia otros sectores; que no se destruya, porque hemos aprobado el
tema de la vendimia verde, la cubierta vegetal, en cuanto que se puede
subvencionar la recogida de racimos en verde. El tema importantísimo, que
nos unía a todos, de la prohibición de la chaptalización queda
expresamente manifestado en la proposición no de ley; también que el
Gobierno tendrá que defender al máximo que la graduación alcohólica esté
en torno a los nueve grados, que se utilicen exclusivamente mostos para
enriquecer aquellos vinos que no reúnan estos grados y que, asimismo, esa
utilización sea subvencionada.
Nada más, señor Presidente, señorías, sino felicitarnos por esto. Nuestro
grupo parlamentario también hará el seguimiento del cumplimiento de esta
proposición no de ley que hoy nos ha presentado el Partido Popular, al
igual que manifestamos nuestra colaboración para que este tema pueda
salir adelante a satisfacción del sector vitivinícola.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, vamos a someter a consideración de la
Comisión un texto que todas SS. SS. conocen. Dicho texto se compone de la
proposición inicial del Grupo Parlamentario Popular, más sus enmiendas,
más las enmiendas de Grupo Socialista, exceptuando el punto número 12.
Señor Isasi, formule exactamente el contenido en el sentido de si se
retiran o mantienen las enmiendas que introduce en los puntos 13 y 14. La
propuesta sería hasta el punto número 11. ¿Les parece correcto?
Tiene la palabra el señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: No, señor Presidente. Es verdad que hemos llegado a
un acuerdo hasta el punto número 11 y que al llegar al punto 12 --que no
vamos a reproducir aquí otra vez-- lo retiramos por las razones
expuestas. Sin embargo, siguen pendientes las enmiendas que corresponden
a los puntos 13 y 14, que eran nuevas, y que hacen referencia a la
estimulación, a la mejora de la calidad con las prestaciones vínicas
obligatorias y a una declaración --tal y como está expresada en el punto
14-- sobre la influencia de los acuerdos del GATT que deben tenerse en
cuenta en esta reforma, de los que no se habla para nada, pero que en
algún momento hemos comentado y se reconocía que así era.
El señor PRESIDENTE: En este sentido, preciso conocer las opiniones de
los portavoces.
Tiene la palabra el señor López.
El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Tal y como ha dicho el señor Isasi y
como es evidente, no hemos hablado de los puntos 13 y 14. Por lo tanto,
aquí deberíamos hacer un inciso muy breve para repetir aquello de que nos
hemos encontrado con una proposición no de ley sobre la que hemos podido
reflexionar durante un tiempo prudente y después nos hemos encontrado con
unas enmiendas sobre las que teníamos que reflexionar un poco deprisa.
En relación con una de estas enmiendas --la referida al que sería nuevo
punto 14, que no sería 14, sino 13--, ya he intervenido diciendo que
podría aceptar que la organización común de mercado, la reforma, tuviera
en cuenta los acuerdos del GATT, dejándolo ahí. Punto. Lo que ocurre es
que para aceptar el punto 13 o el 14 u otra cuestión, me gustaría conocer
la opinión de los portavoces de los Grupos Convergència i Unió e
Izquierda Unida, para saber si este consenso se sigue manteniendo. En
principio, no tendría inconveniente en aceptar los puntos 13 y 14, en los
términos que he dicho, pero me someto a la voluntad de los portavoces de
Convergència e Izquierda Unida y anuncio que comprendería cualquier
decisión que tanto el señor Vidal como la señora Rivadulla tomaran al
respecto, porque hemos unido, a una premura en la reflexión, un nulo
tratamiento de estos dos puntos en la reunión mantenida por los
portavoces. Pero, insisto, para el Grupo Socialista el consenso sigue
siendo lo primero.
El señor PRESIDENTE: Señorías, yo creo que la novedad de una enmienda del
propio Grupo proponente que introduce nuevos puntos, lógicamente deja en
una cierta indefensión a los grupos que no tienen la posibilidad de
conocerla para, incluso, enmendarla. En ese sentido y en aras del
consenso, del que tanto se ha hablado esta mañana, le rogaría al Grupo
parlamentario Popular que, dado que sobre el tema relativo al GATT va a
tener lugar próximamente en la Comisión una comparecencia que luego
tendrá la posibilidad de materializarse en propuestas de resolución, que,
si les parece bien y en aras de dicho consenso, lo dejemos hasta donde
exista el acuerdo, y si el acuerdo existe hasta el punto número 11,
votaríamos hasta dicho punto, con las incorporaciones de las enmiendas de
los Grupos Popular y Socialista. A partir de ahí, lógicamente, creo que
todos los grupos tenemos la posibilidad de plantear estos temas en otros
trámites parlamentarios; en el caso del tema del GATT, lo tenemos ya
fijado en el orden del día de la próxima Comisión. (El señor Isasi Gómez
pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, es para aclarar la cuestión.
En el punto 14 de la enmienda, que se refiere al tema del GATT, se dice:
«La reforma de la OCM del vino deberá tener en cuenta las consecuencias
negativas del reciente acuerdo del GATT...» Es decir que simplemente se
recuerda, tampoco fija un compromiso, se recuerda y se establecen las
consecuencias que puede tener, pero yo creo que no sobraría una
declaración de principios sobre ese asunto, aunque no voy a hacer
cuestión de ello. (La señora Rivadulla Gracia pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, yo, recogiendo su
proposición, estaría de acuerdo en llegar hasta el punto número 11, pero
sí me parece importante que aparezca en esta proposición no de ley la
referencia a que se tengan en cuenta las repercusiones que va a tener el
tema del GATT. Creo que eso es compartido por el portavoz del Grupo
Socialista y parece que estaríamos en condiciones de votar en los
términos que usted ha dicho.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Nosotros también estamos de acuerdo, señor
Presidente, en eso sobre lo que ya existe, al parecer, un consenso en la
Cámara, pero la verdad es que nos gustaría vernos forzados a votar el
número 13 ni a pronunciarnos ahora sobre un tema en el que no hemos
profundizado suficientemente. Respecto a esta apreciación que se solicita
por el Grupo Popular en cuanto al tema del GATT, diré que nosotros
también la votaríamos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López.
El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Simplemente, en cuanto al tema de la
proposición relativa al GATT, y respecto a lo que S. S. relaciona
atendiendo a que está en el punto del orden del día de esta Comisión,
diré que nosotros estaríamos dispuestos a votar afirmativamente la
siguiente redacción, que es lo que he dicho en mi primera intervención
--lo digo también en relación con lo manifestado por el señor Vidal y la
señora Rivadulla--: Que la reforma de la OCM del vino tenga en cuenta las
consecuencias que el reciente acuerdo del GATT tiene sobre la
vitivinicultura de la Unión Europea y muy especialmente en la española.
El señor PRESIDENTE: ¿Se acepta en estos términos por parte del Grupo
Popular? (Asentimiento.)
Perfectamente. Pues, si les parece, la votación se plantearía en los
siguientes términos: hasta el punto número 11 en los términos acordados y
con la incorporación de esta enmienda «in voce» como número 12. ¿Están de
acuerdo? (Asentimiento.)
Entonces, procedemos a la votación de la proposición no de ley
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta proposición no de ley por
unanimidad.
Antes de finalizar, quiero leerles la comunicación que, si se aprueba por
la Comisión, enviaríamos a las autoridades que se citan. Dice así: «La
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de los Diputados,
en sesión celebrada en el día de la fecha, ha acordado por unanimidad
expresar su enérgica protesta por el ataque vandálico perpetrado en
Francia contra los camioneros españoles que por las carreteras del país
vecino transportaban fresas españolas con destino a los mercados
comunitarios y que ha producido, además de evidentes daños de orden
moral, cuantiosos daños económicos, siendo imprescindible la adopción de
las medidas oportunas para evitar que se produzcan atentados de esta
naturaleza en el futuro.
«La Comisión interesa que el presente acuerdo se remita al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, así como al Gobernador Civil de
Huelva, para su traslado a las distintas asociaciones de productores de
fresas afectadas y, sobre todo, al Embajador de Francia en España, para
comunicarle esta resolución.»
¿Lo aprueba la Comisión? (Asentimiento.) Queda aprobado.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: El texto que acabamos de votar, ¿estará
escrito y a disposición de los Grupos Parlamentarios esta tarde?
El señor PRESIDENTE: Creo que sí; estará tan pronto como los servicios de
la Cámara puedan transcribirlo.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente. (La señora
Rivadulla Gracia pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, yo no sé si sería oportuno
añadir que se efectúen rápidamente las reparaciones o las
indemnizaciones.
El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente; lo añadimos también, si les
parece.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Completamente de acuerdo con lo que ha
manifestado la señora Rivadulla.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.