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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 159, de 07/04/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 159
DEFENSA
PRESIDENTE: DON JUAN MUÑOZ GARCIA
Sesión núm. 10
celebrada el jueves , 7 de abril de 1994



ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Peñarrubia Agius (Grupo Parlamentario Popular), sobre modo en
que van a afectar al Regimiento de Infantería Mallorca número 13, con
base en Lorca (Murcia), las reformas previstas. (BOCG serie D, número 46,
de 28-1-94. Número de expediente 181/000317) (Página 5056)
--Del señor Andreu Andreu (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
investigaciones acerca del incidente denunciado por un piloto de Iberia
en el Golfo de Cádiz donde al parecer estalló un misil cerca del vuelo
6821 de Iberia el día 20 de octubre de 1993. (BOCG serie D, número 29, de
22-11-93. Número de expediente 181/000227) (Página 5057)



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--Del señor Elorriaga Fernández (Grupo Parlamentario Popular), sobre
compatibilidad de los compromisos internacionales de España en materia de
defensa y la participación de nuestras Fuerzas Armadas en misiones
exteriores con la disminución del presupuesto de Defensa. (BOCG serie D,
número 48, de 7-2-94. Número de expediente 181/000387) (Página 5059)
--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre
previsiones acerca de las obras de infraestructuras que, con cargo al
Fondo de Infraestructura de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), serán construidas en España. (BOCG serie D, número 48, de
7-2-94. Número de expediente 181/000390) (Página 5062)
--Del mismo señor Diputado, sobre términos económicos y financieros en
que España participará en el Fondo de Infraestructura de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). (BOCG serie D, número 48, de
7-2-94. Número de expediente 181/000391) (Página 5062)
-- Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de si la
participación de España en el Fondo de Infraestructura de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene alguna relación con el
sistema aliado de intervención militar. (BOCG serie D, número 48, de
7-2-94. Número de expediente 181/000392) (Página 5062)
--Del señor López Valdivielso (Grupo Parlamentario Popular), sobre
posición del Gobierno ante el nuevo ofrecimiento de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a Naciones Unidas para realizar
ataques aéreos selectivos contra posiciones serbias en Bosnia. (BOCG
serie D, número 52, de 11-2-94. Número de expediente 181/000454) (Página 5066)
--Del mismo señor Diputado, sobre relevo de las tropas españolas
destacadas en Jablanica (Yugoslavia). (BOCG serie D, número 57, de
21-2-94. Número de expediente 181/000493) (Página 5067)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para responder a las
acusaciones del Alcalde de Mostar contra los soldados españoles. (BOCG
serie D, número 57, de 21-2-94. Número de expediente 181/000494) (Página 5068)
--Del mismo señor Diputado, sobre razones para que el Ministro de Defensa
no fuera invitado a la reunión que mantuvieron en Londres, el día 20 de
enero de 1994, los Ministros de Defensa del Reino Unido, Alemania y
Francia, en la que trataron cuestiones relacionadas con la seguridad
europea. (BOCG serie D, número 57, de 21-2-94. Número de expediente
181/000495) (Página 5069)
--Del señor Fernández de Mesa Díaz del Río (Grupo Parlamentario Popular),
sobre manera en que se replantea España las funciones de apoyo al uso de
la fuerza en Bosnia, así como medios de que disponen para rectificar su
misión o eventual evacuación. (BOCG serie D, número 57, de 21-2-94.

Número de expediente 181/000508) (Página 5070)
--Del señor Romero Ruiz (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
situación en que se encuentran las gestiones con los Estados Unidos de
Norteamérica para adquirir buques de «segunda mano» para las Fuerzas
Armadas Españolas. (BOCG serie D, número 48, de 7-2-94. Número de
expediente 181/000432) (Página 5071)
--Del mismo señor Diputado, sobre posibilidad de cesión gratuita del
dominio directo que tiene el Estado sobre las «Bardenas Reales» a la
Diputación Foral de Navarra. (BOCG serie D, número 72, de 14-3-94. Número
de expediente 181/000574) (Página 5073)
--Del mismo señor Diputado, sobre utilización del polígono de tiro de las
Bardenas Reales para las prácticas de tiro de los pilotos de las unidades
de combate del Ejército del Aire. (BOCG serie D, número 72, de 14-3-94.

Número de expediente 181/000575) (Página 5073)
--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre situación
actual de los polígonos de tiro en los que se entrenan los pilotos del
Ejército del Aire. (BOCG serie D, número 72, de 14-3-94. Número de
expediente 181/000599) (Página 5074)
--Del mismo señor Diputado, sobre utilización del polígono de Anchuras
(Ciudad Real) por el Ejército del Aire. (BOCG serie D, número 72, de
14-3-94. Número de expediente 181/000600) (Página 5074)
--Del señor Elorriaga Fernández (Grupo Parlamentario Popular), sobre
repercusión en el volumen y la moral del personal de las Fuerzas Armadas
de la objeción de conciencia y la insumisión. (BOCG se-rie D, número 46,
de 28-1-94. Número de expediente 181/000323) (Página 5077)



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--Del señor Fernández de Mesa Díaz del Río (Grupo Parlamentario Popular),
sobre situación en que se encuentran las viviendas de la Armada (Santa
Cecilia y Santiago Apóstol) en Narón (La Coruña). BOCG serie D, número
48, de 7-2-94. Número de expediente 181/000412) (Página 5080)
--Del mismo señor Diputado, sobre venta de las viviendas militares a sus
actuales inquilinos. (BOCG serie D, número 48, de 7-2-94. Número de
expediente 181/000413) (Página 5081)
--Del mismo señor Diputado, sobre estado de ocupación de las viviendas
militares, desde la entrada en vigor del Real Decreto 1751/1990, de 20 de
diciembre, por el que se creó el Instituto para las Viviendas de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS). (BOCG serie D, número 48, de 7-2-94. Número de
expediente 181/000418) (Página 5081)
--Del mismo señor Diputado, sobre razones por las que los coroneles y
capitanes de navío tienen diferentes edades de jubilación. (BOCG serie D,
número 48, de 7-2-94. Número de expediente 181/000417) (Página 5086)
--Del señor Andreu Andreu (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
causas por las que el Gobierno no ha exigido que la Administración
americana de la Base de Rota entregue los «Cuadros numéricos». (BOCG
serie D, número 57, de 21-2-94. Número de expediente 181/000500) (Página 5088)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
actuaciones practicadas en relación con la denuncia de irregularidades
laborales en el casino militar de Valencia, dependiente de la Jefatura
Logística Territorial. (BOCG serie D, número 57, de 21-2-94. Número de
expediente 181/000506) (Página 5088)
--Del señor Romero Ruiz (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
medidas para que en los Hospitales Militar de La Coruña y Naval de El
Ferrol, se preste asistencia sanitaria pública en colaboración con el
«Servicio Galego de Saúde», SEGAS. (BOCG serie D, número 61, de 25-2-94.

Número de expediente 181/000521) (Página 5089)
--Del mismo señor Diputado, sobre previsiones acerca de la obtención de
beneficio económico por el cierre del Hospital Militar de La Coruña.

(BOCG serie D, número 61, de 25-2-94. Número de expediente 181/000522)
(Página 5089)
--Del señor López Valdivielso (Grupo Parlamentario Popular), sobre
opinión del Ministro de Defensa acerca de quién es el responsable de que,
con un poco de suerte, los objetores de conciencia no tengan que cumplir
la prestación social sustitutoria. (BOCG serie D, número 52, de 11-2-94.

Número de expediente 181/000453) (Página 5089)
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno para que los oficiales de la escala de
complemento que, en el momento de entrada en vigor de la Ley 17/1989, de
19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, no
han podido integrarse en las nuevas escalas puedan solicitar su
compromiso hasta la edad de pase a reserva. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 29, de 22-11-93. Número de
expediente 161/000055) (Página 5091)
--De creación de una Ponencia sobre el modelo de Servicio de Inteligencia
para España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie
D, número 39, de 20-12-93. Número de expediente 161/000085) (Página 5095)
--Por la que se insta al Gobierno a que permita acogerse a la Reserva
Transitoria a los oficiales que pertenecían a la antigua Escala Especial.

Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 41,
de 5-1-94. Número de expediente 161/000089) (Página 5097)
--Relativa a la adopción de las medidas necesarias para la permanencia
del Hospital Naval de El Ferrol en el sistema sanitario público.

Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D,
número 61, de 25-2-94. Número de expediente 161/000136) (Página 5099)



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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:



--MODO EN QUE VAN A AFECTAR AL REGIMIENTO DE INFANTERIA MALLORCA NUMERO
13, CON BASE EN LORCA (MURCIA), LAS REFORMAS PREVISTAS. FORMULADA POR EL
SEÑOR PEÑARRUBIA AGIUS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 181/000317.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión.

El orden del día, como conocen, está compuesto únicamente por las
preguntas, comenzando por las que responderá el señor Ministro de
Defensa.

Ruego a los señores Diputados que vayan a formular preguntas que
manifiesten al principio de su intervención si piensan agrupar algunas de
ellas, para que la sesión se desarrolle más rápida y eficazmente.

En primer lugar, pregunta número 1 del señor Peñarrubia, que tiene la
palabra.




El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Señor Ministro, no es mi intención --no lo fue
al plantear la pregunta y no lo va a ser ahora al formularla-- polemizar
sobre el futuro del Regimiento Mallorca 13, que se ubica en el
acuartelamiento Sancho Dávila de la ciudad de Lorca. Y no es mi intención
porque entiendo perfectamente que las cuestiones de defensa son asuntos
de Estado y, en consecuencia, de mayor amplitud y trascendencia que la
simple ubicación de una determinada unidad militar en una localidad
concreta. Pero también tiene que entender que los parlamentarios estamos
obligados a plantear cualquier cuestión que afecte de manera directa a
los intereses de nuestra circunscripción.

En tal sentido, señor Ministro, pretendo obtener una respuesta lo más
sincera posible sobre el futuro de este Regimiento, con la doble
finalidad de tranquilizar, por un lado, a quienes desconocen cuál va a
ser su futuro inmediato y el de sus familias --en este caso, los
profesionales que tienen destino en la referida unidad-- y, por otro,
acabar con las especulaciones que, en uno o en otro sentido, circulan en
torno a la permanencia o traslado de las referidas fuerzas militares.

No voy a cansar ni a usted ni a los compañeros de Comisión haciendo un
repaso de la tradición militar en Lorca, entre otras cosas porque sé que
le consta y además conoce perfectamente la ciudad, pero sí me voy a
permitir recordarle que en Lorca se aprecia a las Fuerzas Armadas; que su
presencia, prácticamente continuada, se remonta dos siglos atrás; que
desde 1921 dispone de unas dignas instalaciones construidas sobre un
solar que en su día cedió el Ayuntamiento al entonces Ministerio de
Guerra; que dispone asimismo de un excelente campo de tiro y de
maniobras; que los vínculos entre Ejército y población civil han sido
constantes y permanentes; que tales vínculos han provocado un mutuo y
eficaz grado de colaboración; y que la presencia militar en la vida
ciudadana ha sido positiva. En tal sentido, el Excelentísimo Ayuntamiento
de Lorca, interpretando el sentir mayoritario de los ciudadanos, otorgó
por acuerdo unánime de la corporación municipal la medalla de oro de la
ciudad.

Pero además de tales razones importantes por sí solas, hay que añadir
otras no menos importantes de carácter más material. La región de Murcia,
y en particular Lorca, sufre un desmantelamiento de su tejido productivo
al que hemos de añadir la posible disolución y retirada de la mayor de
las unidades del Ejército de Tierra, lo que acarreará, sin duda,
consecuencias negativas, desde un punto de vista económico, que incidirán
muy directamente en la pequeña y mediana empresa de la localidad.

En 1991 el Ejército gastaba en Lorca alrededor de 1.200 millones de
pesetas al año entre presupuesto de funcionamiento y nómina de personal.

Hoy día ese gasto ascendería a 1.5000 millones de pesetas de contar con
la misma plantilla que había en 1991, plantilla que un año después empezó
a reducirse hasta encontrarse hoy día una cuarta parte de sus efectivos
de hace dos años, siendo aún su nivel de gastos en Lorca superior a los
500 millones de pesetas.

Por tales razones y para no cansarles ni abusar de la paciencia del señor
Presidente, le formulo la pregunta contenida en el orden del día y le
pido, señor Ministro, como le decía al principio de mi intervención, la
mayor sinceridad posible en su respuesta.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Me ha parecido muy oportuna
la intervención del señor Peñarrubia, especialmente en lo que se refiere
a la vinculación entre el Ejército de Tierra, las Fuerzas Armadas en
general, y la ciudad de Lorca. Es cierto que ese aprecio por la ciudad de
Lorca es percibido claramente por los militares y es muy agradecido. Yo
también lo agradezco, señoría. Y comprendo perfectamente que S. S.

defienda los intereses de su circunscripción, probablemente es su primer
deber como Diputado. Sin embargo, señorías, estamos en la última etapa de
la redacción del llamado Plan Norte, Plan de Reorganización. Teniendo ya
definida cuál es la entidad de la fuerza que se va a mantener de aquí al
año 2000 y a los años posteriores (esa entidad que ustedes conocen,
señorías, de ocho brigadas más las guarniciones de los archipiélagos, que
equivale a otras cuatro brigadas, lo cual da 12), y habiendo situado un
límite en torno a quince brigadas, se hace difícil el ejercicio de
definir cuál será el número de las brigadas que quedarán disminuidas para
ser completadas con la movilización y dónde se ubicarán.

Aquí entran consideraciones que no son sólo de carácter militar, sino que
también son de tipo político: qué comunidades autónomas se quedan sin
presencia de las Fuerzas Armadas o en cuáles va a haber una presencia más
numerosa. Esta es la última parte que corresponde más bien



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al Gobierno, no a los cuarteles generales de los Ejércitos, y
precisamente se está en esta fase de definición. Por tanto, señoría, yo
no estoy hoy en disposición de darle esa información que todavía no ha
sido objeto de análisis detallado. No hemos definido todavía dónde se
ubicarán las brigadas que estarán al completo todas ellas, y menos aún
las brigadas que quedarán disminuidas para ser completadas con la
movilización.

No obstante, la preocupación que S. S. expresa respecto a los
profesionales es compartida por el Ministerio de Defensa y por mí mismo y
éstos conocerán con antelación suficiente, dadas las repercusiones
sociales que puede tener un plan de estas características, las decisiones
que se adopten, y lo conocerán con antelación para poder tomar las
decisiones que mejor convengan a su carrera y a sus familias.

Por otra parte, señorías, soy consciente también de las consecuencias
económicas que cualquier decisión de este tipo tiene sobre una
determinada comarca, sobre una determinada provincia. Sin embargo, es
algo bien conocido que las Fuerzas Armadas Españolas, y sobre todo el
Ejército de Tierra, no pueden mantener la dimensión que hasta ahora han
venido teniendo. Por tanto, la decisión que se adopte, con todas las
consideraciones que deban hacerse, incluso con las compensaciones de otro
tipo que deban instrumentarse, es inevitable y, como tal, tendrá que ser
compartida por todos. En cualquier caso, señoría, repito que no es el
momento todavía de dar detalle sobre la ejecución final de ese Plan
Norte.




El señor PRESIDENTE: El señor Peñarrubia tiene la palabra.




El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Señor Ministro, de sus palabras se deduce que
necesariamente la suerte del Regimiento Mallorca 13 va paralela a la
suerte que pueda correr la Brigada 32, que es a la que pertenece esta
unidad militar.

Sin embargo, me gustaría saber si el Ministerio contempla alguna solución
diferente o alternativa, habida cuenta de esa tradición militar a la que
hacía referencia en el planteamiento de mi pregunta y teniendo en cuenta
también los vínculos existentes entre la ciudad de Lorca y su Regimiento,
las buenas instalaciones allí existentes, que la existencia del Ejército
en la ciudad no es polémica, que el Ayuntamiento de Lorca ofreció en otro
tiempo amplios terrenos para ubicar la totalidad de la Brigada 32 si
fuera necesario y lo ofertó al Ministerio de Defensa. Me gustaría, señor
Ministro, que si no puede contestarme en este momento, por lo menos mis
palabras sirvieran como estímulo a la hora de hacer las valoraciones y
las consideraciones necesarias para que se tengan en cuenta estas
circunstancias que le he expuesto esta mañana aquí.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Señor Presidente, tales
consideraciones se tendrán naturalmente en cuenta y yo agradezco,
señoría, que se hagan aquí públicamente.




--INVESTIGACIONES ACERCA DEL INCIDENTE DENUNCIADO POR UN PILOTO DE IBERIA
EN EL GOLFO DE CADIZ DONDE AL PARECER ESTALLO UN MISIL CERCA DEL VUELO
6821 DE IBERIA, EL DIA 20/10/93. (Número de expediente 181/000227.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 2, del señor Andreu Andreu, quien
tiene la palabra.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Ministro, el día 20 de octubre del pasado
año, el vuelo 6821 de Iberia, que iba en dirección Río de Janeiro, al
sobrevolar el Golfo de Cádiz tuvo un incidente, que fue prolijamente
expuesto pocos días después en la prensa, concretamente en el periódico
«El País», y el piloto manifestaba que había sufrido un percance que
suponía la explosión de algo muy similar a un misil o de algo que
produjera unos efectos parecidos a la explosión de un misil cerca del
espacio que estaba sobrevolando.

Al principio, el Ministerio de Defensa negó cualquier tipo de incidente y
cualquier versión que pudiera manifestar que había ocurrido algo similar.

Hubo un desmentido en ese mismo periódico pocos días después y este
Diputado hizo una petición de documentación, vía Mesa del Congreso de los
Diputados, en que se solicitaba al Gobierno que se le diera la
transcripción de la conversación entre el piloto de Iberia y el puesto de
control aéreo de Sevilla que estaba controlando el vuelo cuando
sobrevolaba el Golfo de Cádiz.

El Gobierno no ha aportado aún la transcripción de esa conversación
cuando han pasado más de cinco meses desde que este Diputado ha
solicitado dicha transcripción, cuando reglamentariamente el plazo, como
bien sabe el señor Ministro y la Mesa, es bastante inferior. A cambio, de
una forma que no es normal, el Gobierno ha mandando una respuesta
parlamentaria, cuando lo que se solicitaba era la aportación de
documentación, en la que se reconocía la existencia de algún incidente,
cosa que no se hacía en los primeros desmentidos del Ministerio ante la
noticia aparecida en prensa. Se reconocía la existencia de algún
incidente, pero todavía no se aportaba la documentación que este Diputado
le solicitaba.

Considero, señor Ministro, que es interesante que este tema quede
aclarado. No se trata de ninguna de las maneras de crear inquietud, pero
creo que la mejor forma de que esto no suceda es terminar de aclarar el
tema y si realmente hubiera sucedido algo por el estilo poner los medios
necesarios para que no vuelva a ocurrir.

Por lo tanto, señor Ministro, le rogaría que, después de haber pasado más
de cinco meses desde que aquello sucedió y desde que se presentaron las
preguntas parlamentarias, nos expusiera las conclusiones a las que ha
llegado el Ministerio sobre el incidente, además de rogarle que esa



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documentación que este Diputado solicitó en ese momento le sea entregada
por la vía reglamentaria.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): El problema que a veces
tiene su Grupo, señoría, es que ustedes conceden mayor crédito a un
comentario intrascendente de cualquier persona que a las informaciones,
por muy documentadas que sean, que les proporciona el Gobierno. Ese es el
problema de fondo. Su desconfianza hacia el Ejecutivo o su deseo de
aprovechar cualquier incidente o cualquier rumor o comentario para
criticar al Gobierno es tal que no creen nunca lo que se les dice.

Aquí no ha habido ninguna comunicación, señoría, que haga referencia a
una explosión y usted que es lector de periódicos sabrá que cuando el
piloto llegó a Río de Janeiro matizó con toda claridad el comentario,
probablemente algo banal y ligero que hizo desde el aire. Dijo que había
habido una turbulencia con algunas detonaciones o explosiones que podían
tener origen atmosférico. Utilizó la expresión incorrecta y luego al
llegar a Río de Janeiro dijo: Yo no he dicho que haya habido explosiones
o detonaciones; lo que digo es que ha habido turbulencias con un ruido
muy intenso. El mismo lo matizó.

De todas maneras le doy la documentación técnica que ya se la he dado en
una respuesta escrita. ¿Hay algo más que una respuesta escrita con todos
los datos? ¿Cree que es más importante el comentario que haga el piloto
que los datos que yo le doy, que se pueden comprobar además, y que usted
sabe perfectamente que se conocen en la zona?
El piloto estuvo en esa zona de turbulencias a las 11,33 horas --hora
local--. Estaba a 9.500 metros de altura. Los ejercicios empezaron 50
minutos más tarde y se hicieron con un misil que es el Roland, que tiene
como mucho un alcance de 6.000 metros. Señoría, ¿quiere más datos?,
¿quiere que le lea toda la documentación que me ha preparado mi gabinete
sobre las características técnicas del misil, sobre el momento de los
disparos? Por ejemplo, los disparos comienzan, uno a las 12 horas 22
minutos, 54 segundos; otro a las 12 horas, 27 minutos, 57 segundos; otro
a las 12 horas 32 minutos, 1 segundo; otro a las 12 horas, 35 minutos, 40
segundos. Estoy diciendo que el avión pasa por esa zona a las 11 horas 33
minutos.

¿Quiere que le lea las características del misil Roland? Eso es
probablemente lo que me está pidiendo, eso es lo importante no el
comentario de una persona que, por cierto, luego lo matiza al llegar a su
destino.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Ministro, yo creo que quien tiene
prejuicios no es mi Grupo, sino usted ante la actitud de mi Grupo. Parece
mentira que después de tantos años de Ministro y después de tantos años
en el Partido que sustenta al Gobierno todavía no comprenda cuáles son
las reglas de convivencia democrática. Como usted comprenderá, conforme a
las reglas de convivencia democrática, mi Grupo Parlamentario tiene el
derecho a pedir lo que considere oportuno dentro del Reglamento. Usted no
puede molestarse por eso, y si se molesta es que usted no ha entendido
todavía cómo funciona la regulación de un Estado democrático. Solamente
puedo comprender su molestia desde ese punto de vista. Por lo tanto, no
es usted quien me impone a mí lo que yo debo solicitar, sino que yo, lo
que considero que debo solicitar, lo solicito. Y punto. Eso no significa
ni mayor ni menor desconfianza, sino simplemente significa ejercer el
derecho parlamentario que me ampara como persona elegida por el pueblo
español. No debe usted molestarse por eso, porque en cierto sentido lo
que usted hace es molestarse por el control democrático.

Ha dicho usted que yo debo basar los juicios de valor sobre la
documentación que le he pedido. Una de las cosas que puede hacer un
Diputado --no sé si usted lo sabía-- es pedir documentación oficial. Lo
puedo hacer, señor Ministro, sin que ello signifique un prejuicio. Yo no
le he manifestado a usted ningún prejuicio, es más, creo haber tenido el
cuidado en la exposición de la pregunta de no haber manifestado un
prejuicio, simplemente quiero conocer. Usted dice que tiene más valor la
documentación sobre misiles que me va a dar que un comentario de un
piloto. Déjeme usted que sea yo quien se monte esa opinión, pero apórteme
esa conversación. Yo le he pedido a usted la conversación, luego yo haré
el juicio de valor, pero no lo haga usted por mí, todavía tengo
posibilidad de tener un juicio personal y propio. Déjeme usted, porque no
tengo ningún prejuicio ni he dicho que explotara el misil ni nada por el
estilo, pero me interesa tener esa conversación del piloto. Creo que es
muy interesante. Por otra parte, lo que es cierto es que esa actitud no
ayuda a que tengamos una visión exacta del hecho. Porque yo no niego que
las informaciones que usted me da sean exactas y que todo lo que me ha
dicho sea perfectamente real, no lo niego porque no lo puedo negar, sería
ilógico y acientífico que lo hiciera, pero déjeme conocer la conversación
del piloto para poder contrastar.

En este sentido y sin ningún tipo de prejuicios hacia su Gobierno,
prejuicios que usted atribuye a este Diputado en representación del Grupo
de Izquierda Unida, le solicito, por favor, que me aporte la
documentación que le he solicitado reglamentariamente --no utilizando
ningún tipo de prebenda, sino reglamentariamente--, con las potestades
que me da el Congreso de los Diputados, para que podamos hacernos en el
futuro, no ahora, un juicio de valor sobre lo que pasó. Porque desde la
posición primitiva del Ministerio, que negaba cualquier tipo de
incidente, a la respuesta parlamentaria, que no solicité pero que usted
me dio, diciendo que existía algún tipo de incidente, vemos que algo
varía en este asunto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Sí tiene prejuicios,
señoría, sí. Habla pausadamente, pero



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sí tiene prejuicios, señoría. Tiene prejuicios porque parte del hecho de
que hay un intento de ocultación por parte del Gobierno. A mí no me
molesta el control democrático, todo lo contrario, pero usted no me puede
impedir que yo tenga opiniones sobre lo que usted dice o pregunta, esto
no me lo puede impedir. Yo también tengo opinión sobre la actitud que
usted pueda tener. ¿O es que el Gobierno no la va a tener? ¿Es que el
Gobierno es un sujeto pasivo de las preguntas, críticas o comentarios que
pueda hacer un grupo parlamentario? Por supuesto que no. Yo tengo
opinión.

Y ya que me lo pide por favor, yo también le pido, por favor, que esa
información la solicite al departamento que tiene esa competencia, que no
es el Ministerio de Defensa, pero atendiendo a su petición formulada «por
favor», puedo trasladarla al Ministerio correspondiente. Se ha
equivocado, señoría, Aviación Civil depende del Ministerio de
Transportes, Obras Públicas y Comunicaciones, no del Ministerio de
Defensa. Así que, a lo mejor, es que no lo ha pedido usted en el sitio
correspondiente. De todas maneras, yo se lo trasladaré. En todo caso,
probablemente usted tiene esa transcripción porque se la comentó alguien
del centro de control; no lo sé. Pero sí sé lo que ha dicho públicamente
el piloto cuando ha llegado a Río de Janeiro; sé que ha matizado la
información que él comentó desde el aire con el centro de control, sé
cómo matizó esa información al llegar allí. Le puedo decir lo que
comentó, pero, de todas maneras, se lo solicitaré al Ministerio de Obras
Públicas. El dijo: hay turbulencias y hay ruidos y ha habido un ruido muy
intenso parecido a una explosión, y luego lo matizó.

Yo le doy los datos con todo el detalle que quiera; le puedo dar todos
los datos sobre los ejercicios que se hacían aquel día, pero, vamos a
ver, aquí, políticamente ¿de qué se trata? ¿Se trata de que no se hagan
ejercicios en esa zona? ¿Se trata de eso? (Denegaciones.) Parece que no
se trata de eso. ¿Se trata de que se eviten los incidentes o los riesgos
para la aviación civil? (Afirmaciones.) Ya se toman las medidas de
acuerdo con las reglas internacionales. El piloto conocía perfectamente
lo que estaba ocurriendo y por eso se desvió la ruta. El piloto se
encontraba a 148 kilómetros del campo de tiro de Medano, como tres veces
la capacidad de alcance en vuelo horizontal que tiene el Roland. Es
decir, que las medidas de seguridad se tomaron.

¿Es eso lo que quiere? ¿Que yo le garantice que cuando se hagan
ejercicios de este tipo se tomen todas las medidas de seguridad? Pues se
lo garantizo y le doy la información para que lo compruebe. De todas
maneras, le trasladaré la petición de esa importante conversación, que
tiene esos datos tan sumamente delicados, al Ministerio de Obras
Públicas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--COMPATIBILIDAD DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE ESPAÑA EN MATERIA
DE DEFENSA Y LA PARTICIPACION DE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS EN MISIONES
EXTERIORES CON LA DISMINUCION DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA. FORMULADA POR
EL SEÑOR ELORRIAGA FERNANDEZ, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
181/000387.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 3, del señor Elorriaga Fernández,
que tiene la palabra.




El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Ministro, mi pregunta hace referencia
a la compatibilidad del crecimiento de los compromisos internacionales y
de la participación de fuerzas españolas en misiones exteriores con la
insuficiencia económica de las dotaciones presupuestarias, con la
situación económica de las Fuerzas Armadas.

En 1990 la participación del Ministerio de Defensa en los gastos del
Estado era del 6,59 por ciento y se inició un descenso que hizo que en
1993 fuese de un 4,50 por ciento. Por el contrario, mientras en estos
años había esta disminución del porcentaje de medios que se dedicaban a
las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas se proyectaban en diversas
misiones en el exterior: en Haití, en Centroamérica, en El Salvador, en
Angola, en Kurdistán, en Mozambique, en Namibia y, actualmente, en la ex
Yugoslavia, con una gran participación de elementos de los tres
ejércitos.

Como hemos visto, España contrae compromisos internacionales que
significan multiplicación de personal y de material de nuestras Fuerzas
Armadas en misiones exteriores de primera calidad, lo que nos parece muy
atinado en principio, dentro de una política de solidaridad internacional
y también, probablemente, muy benéfico para una puesta al día y
entrenamiento de las propias Fuerzas Armadas, así como para la
acentuación de la conciencia de, diríamos, ejército combinado
internacionalmente y de ejército limitado para misiones de paz, de ayuda
humanitaria o de presión para la solución negociadora de conflictos y
para su localización, filosofía que, por supuesto, nos parece muy
acertada. Pero, partiendo de este hecho positivo, ¿cómo es posible que el
Gobierno no sea consciente de que unas Fuerzas Armadas homologadas a las
de los restantes socios de la Comunidad de la Unión Europea y
homologables con las de nuestros aliados no tienen unos medios
presupuestarios proporcionalmente homologados a los de los demás países
europeos, a la inversión del Estado en Defensa en los demás países
europeos? ¿Cómo el Gobierno no es consciente de que al aumentar la
actividad de una parte de las Fuerzas Armadas las dotaciones económicas
existentes son absorbidas preferentemente por esta parte de las Fuerzas
Armadas y, por tanto, se sacrifica el conjunto con una disminución de
medios mayor de la que supone una visión global del presupuesto? Es
decir, que hay unas Fuerzas Armadas igualmente dotadas o incluso mejor
dotadas de lo que lo estaban antes y otras cada vez peor dotadas. Hay un
presupuesto más o menos congelado, pero a su vez hay una redistribución
de esos medios en la práctica entre dos conceptos de Ejército, el útil,
el Ejército dotado regularmente y que participa en misiones
internacionales,



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y el Ejército menos útil, el Ejército infradotado que de alguna forma se
está alejando del nivel entre un concepto de fuerzas y otras, y se está
rompiendo el equilibrio entre medios económicos, objetivos a cubrir y una
cierta armonía del conjunto de las posibles ampliaciones de esas Fuerzas
Armadas.

La intención última de la pregunta es subrayar cómo no son ustedes
conscientes de esta contradicción entre esta mayor presencia o mayor
participación de las Fuerzas Armadas españolas y mayor exigencia de sus
medios en cuanto unidades utilizadas, y, a la vez, el abandono que de
alguna forma se produce o la situación más precaria de otras unidades no
utilizadas; cómo es posible que esto no lleve al Gobierno a replantearse
la forma de financiación de las Fuerzas Armadas, a presentar en esta
Cámara un proyecto de ley de financiación de las Fuerzas Armadas con una
previsión que sirva de referencia para la industria de defensa, que
armonice los medios con los objetivos propuestos, y cómo es posible que
si está desfasada la Ley de dotaciones y de sostenimiento de las Fuerzas
Armadas en su concepto actual no se ponga al día y no hagan ustedes un
intento, vamos a decir, de planificación más actual y más adecuado de la
economía base de la política de defensa en España.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Señor Elorriaga, ha hecho
usted consideraciones bastante extensas que voy a intentar resumir en
tres puntos. El primero es una referencia a la ley-programa que ha
demandado; el segundo es una referencia a la existencia --ha dicho S.

S.-- de un Ejército mejor dotado y otro peor dotado, y, por último, una
referencia a los esfuerzos que exige la participación en esas misiones u
organizaciones internacionales.

La ley-programa, señoría, depende de la programación que para los
próximos años realice el Ministerio de Hacienda, con un objetivo
fundamental, que es reducir el déficit público. El Gobierno comparte este
objetivo y, por supuesto, el Ministerio de Defensa, naturalmente
partiendo de una consideración que S. S. conoce perfectamente. Como
titular del Ministerio de Defensa no estoy satisfecho con el volumen de
recursos de que dispongo desde hace varios años, y no estoy satisfecho,
señoría, porque supone un esfuerzo muy grande para las Fuerzas Armadas,
por supuesto una reducción del peso del presupuesto de Defensa en el
conjunto de los gastos del Estado, y esto ha tenido como consecuencia que
las unidades hayan tenido que funcionar en algunos casos con menos
presupuesto del que tenían en los ejercicios de 1990 ó 1991. Partiendo de
esa consideración de que no estoy satisfecho, comparto plenamente el
objetivo de que tenemos que reducir el déficit público; de lo contrario
no habrá convergencia con el resto de los países europeos, no habrá una
moneda española que pueda integrarse en el Sistema Monetario Europeo con
garantías de estabilidad ni habrá garantía de que consigamos estabilidad
económica general, precios, déficit exterior y en otros agregados. Por
tanto partimos de compartir, de respaldar los objetivos que marca en este
sentido el Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda ha visto retrasadas en varias ocasiones sus
previsiones por las mismas circunstancias internacionales. Cuando hemos
visto, a lo largo de tres ejercicios, que los organismos económicos de
mayor prestigio internacional no aciertan en sus previsiones, entiendo
perfectamente que el Ministerio de Hacienda adopte todas las cautelas
antes de presentar, tanto a la Cámara como al resto del Gobierno, un
cuadro de previsiones macroeconómicas para los próximos cuatro o cinco
años. En estos momentos nos encontramos en la última fase de redacción de
ese documento, que es el que permite que el Ministerio de Defensa
--conociendo las cifras que le puedan tentativamente corresponder dentro
de esas cifras presupuestarias previstas-- pueda convertir las
previsiones del Ministerio de Hacienda adaptadas al propio Ministerio de
Defensa en una ley-programa, en una previsión de gastos en defensa para
los próximos años. En esa última fase se está, señoría, y espero que en
un período no muy largo (mes o mes y medio) esté concluido. El Secretario
de Estado de Defensa es el que lleva directamente los contactos con el
Ministerio de Hacienda y podrá dar más precisiones, si S. S. lo estima
oportuno.

En segundo lugar, S. S. ha hecho referencia a que existen dos ejércitos:
el útil y el infradotado. Ya hemos visto que la OTAN ha cambiado su
estrategia, que todos los países han adaptado la organización de sus
ejércitos a una nueva situación, y, en todo caso, lo que acaban de
decidir no es tampoco muy novedoso; han decidido lo que conocemos muy
bien, y es que existan unas fuerzas mejor dotadas y preparadas para una
intervención más o menos rápida, y otras fuerzas que actúan de soporte,
de reserva. Esto es algo viejo; ya existía antes de que la OTAN o la
propia Federación Rusa adaptaran su organización a nuevas circunstancias.

Siempre ha habido unidades más preparadas y unidades de reserva; las
unidades de reserva han estado siempre dotadas con material que ya estaba
utilizado, pero que todavía tenía una vida operativa razonable por
delante, aunque no era el material más sofisticado o el material más
nuevo. Por ello siempre ha habido unidades dotadas con el mejor material
y con los elementos humanos más dinámicos, y otras que estaban
incompletas y que se tenían que dotar al cien por cien con efectivos
humanos de movilización y con medios materiales de carácter ya menos
novedoso, menos actual; por tanto, esa diferenciación siempre ha
existido. No es, sin embargo, la tradición del Ejército español; en otros
ejércitos sí ha existido siempre esa diferenciación, aunque nosotros no
lo habíamos hecho, por lo menos de una manera muy consciente y de una
forma muy nítida. Es ahora cuando vamos a adaptar los ejércitos españoles
a lo que es esa gran tradición y a lo que es incluso la propia nueva
estrategia de la OTAN.

Con respecto a los esfuerzos que exige la participación en esas misiones
internacionales u organizaciones internacionales, he de decir que eso se
tiene que hacer concentrando recursos. Si disponemos del porcentaje del
producto interior bruto que conocemos, habrá que concentrar



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lo que tenemos para hacerlo más eficaz, en lugar de dispersarlo en un
exceso de unidades que nunca estarán al completo y que, en cualquier
caso, tienen un número demasiado grande para las necesidades actuales. En
primer lugar habrá que concentrar recursos y, en segundo lugar, habrá que
seguir el principio que todos los países utilizan, el principio de doble
o triple sombrero: son las mismas unidades las que están preparadas para
intervenir con la OTAN, con la UEO, con el Ejército Europeo. Esa es la
tendencia de todos los países.

En último término, hay que decir también que el esfuerzo que exigen estas
operaciones o estos compromisos internacionales es relativamente pequeño
dentro del Ministerio de Defensa, porque la filosofía de esta
participación es que cada uno aporta lo que tiene; los países pequeños
aportan poco y los países grandes aportan más; los países que tienen
muchos recursos aportan más y los que tienen menos están por debajo de
esa aportación. Concretamente, la participación de nuestras Fuerzas
Armadas en operaciones exteriores no supera, en conjunto, el 0,01 del
producto interior bruto. Por tanto, lo que se hace es aportar lo que se
tiene, asumiendo, eso sí, algunos gastos adicionales derivados de la
presencia fuera y de la necesidad de abastecerse fuera, si bien, en el
caso de las operaciones internacionales, como S. S. sabe, eso se hace con
financiación parcial de Naciones Unidas, y, en todo caso, las
consecuencias positivas que eso tiene hacen que sea perfectamente
asumible un gasto que no es excesivo y que, por otra parte, es no
solamente necesario para las Fuerzas Armadas y para la buena comprensión
que tiene de ellas la sociedad sino también para el papel internacional
de nuestro país.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Elorriaga.




El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Ministro, yo veo que su razonamiento
tiene sus contradicciones, es decir, es lógico que el Ministerio de
Hacienda trate de reducir el déficit público, pero eso no quiere decir
que el Ministerio de Defensa reduzca sus actividades. Si comparte el
mismo criterio, es lógico que tenga menos actividades o tenga menos
unidades, pero si tiene las mismas, tiene que procurar que el déficit
público no se reduzca en ese terreno. Por otro lado, la equiparación al
sistema europeo de defensa, en el que se considera que deben estar
nuestras Fuerzas Armadas, tiene una proporción muy superior a la de la
aportación económica del Estado español a sus Fuerzas Armadas; es decir,
el famoso 2 por ciento normal en los países europeos es superior al
porcentaje de inversión en nuestro país. Por tanto, la homologación a
nivel europeo debiera aconsejar no reducir el déficit público en este
terreno, porque la reducción del déficit público es un objetivo muy
razonable globalmente considerado, pero naturalmente no quiere decir que
se reduzca en todos los campos por igual, porque hay unos campos en que
puede ser imprescindible reducir y hay otros en los que se puede
prescindir de esa reducción, es decir, no todos los campos tienen la
misma urgencia o la misma necesidad.

Por otro lado, está el tema de la ley-programa en que se basasen estas
nuevas consideraciones, efectivamente, pero yo creo que una iniciativa de
este tipo empieza a ser más urgente de cara a la tranquilidad con que
hasta ahora parece que lo toman, porque esta situación de eficiencia en
las Fuerzas Armadas no puede cubrirse exclusivamente con esa división
entre Ejército de intervención-Ejército de reserva que hasta ahora no
existía y que ahora se va a hacer; da más la impresión que eso es una
coartada que usted nos presenta para justificar que unas unidades estén
quedando pero dotadas. Es evidente que hay unas unidades de intervención
y otras de reserva, que es un concepto actual y que así debe de ser, pero
la diferencia entre las unidades de intervención y las unidades de
reserva es que las unidades de intervención están al completo y las de
reserva están en cuadro o no están al completo; que las unidades de
intervención están más activadas y pueden ponerse en funcionamiento en un
tiempo útil más breve, y las de reserva exigen más tiempo. Pero esto no
quiere decir que las unidades de reserva sean unidades desfasadas,
anticuadas o infradotadas. Son dos situaciones diferentes.

En todo caso, creo que estamos llegando a una situación de alguna forma
límite en que es necesario el planteamiento de esta programación
económica, y yo no digo que la programación económica sea para aumentar
el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ni siquiera eso; es posible que
sea para disminuirlo si llegamos a un concepto de Ejército limitado menos
numeroso, pero lo que pasa es que no puede irse adaptando el sistema
exclusivamente a la situación económica sin tener en cuenta las
actividades, compromisos o las necesidades en que se está participando o
que son absolutamente reales. Estamos en un momento en que no están las
cosas como estaban hace cinco, tres o dos años, y los temas de defensa no
admiten determinadas dilaciones, porque deben ponerse al día, debe
revisarse la situación y debe hacerse esa programación, pero no como un
objetivo a fechas indeterminadas sino con una cierta urgencia, a mi modo
de ver.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Qué duda cabe, señoría, que
tenemos que aumentar los gastos en defensa. Ya se ha hecho en el año 1993
moderadamente, y no ha habido ausencia de críticas porque se aumentaba el
presupuesto en este departamento y no se hacía en la misma medida en
otros. Todos los años, cuando comienza en octubre la discusión
parlamentaria para redactar la Ley de Presupuestos para el año siguiente,
nos encontramos con la misma situación: se tiene que aumentar en todos
los campos, en todos, se tiene que aumentar en Defensa, en Obras
Públicas, en Sanidad, en Administraciones, en Trabajo, en todos los
ministerios, en todos, y no conozco todavía que haya habido una discusión
parlamentaria en esta Cámara en la que ningún grupo proponga reducir de
manera absoluta en cualquier departamento. Pueden hacer propuestas sobre
tal o cual partida que casi siempre tiene un alcance muy limitado y que
no permite resolver el



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problema de un departamento entero y menos aún el del déficit público.

Todos los años nos encontramos con la situación de que todo el mundo
quiere aumentar, todo el mundo quiere conseguir algo que es imposible:
que aumente el gasto en cada uno de los departamentos y que disminuya el
déficit, eso sí, probablemente con la modificación de los créditos
presupuestarios en cosas que casi siempre tienen un contenido muy
limitado: el número de altos cargos o propuestas por el estilo.

Es evidente que no podemos tener las mismas unidades que teníamos hace
unos años --es algo en lo que estamos todos de acuerdo-- y, por tanto,
hay que reducirlas. No queda más remedio, además, que ir a lo que hacen
todos los países, a organizar una fuerza permanente, una fuerza de acción
rápida y una fuerza de defensa del territorio. ¿Que esta fuerza de
defensa del territorio tiene que tener una dotación que no sea
excesivamente reducida, que no sea excesivamente anticuada? Por supuesto
y en eso estamos, señoría. Tengo la seguridad de que en los próximos
años, en la medida que se vaya superando la situación económica, la
situación presupuestaria, podremos ir dotando mejor a las Fuerzas Armadas
porque vayamos obteniendo aumentos, no espectaculares por supuesto --yo
no voy a pedir aumentos espectaculares-- pero sí aumentos razonables en
los presupuestos de Defensa.




--PREVISIONES ACERCA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE, CON CARGO AL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO
NORTE (OTAN), SERAN CONSTRUIDAS EN ESPAÑA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ
RUBIO (GP). (Número de expediente 181/000390.)



--TERMINOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EN QUE ESPAÑA PARTICIPARIA EN EL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO
NORTE (OTAN). FORMULADA POR EL MISMO SEÑOR DIPUTADO. (Número de
expediente 181/000391.)



--OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE SI LA PARTICIPACION DE ESPAÑA EN EL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO
NORTE (OTAN) TIENE ALGUNA RELACION CON EL SISTEMA ALIADO DE INTERVENCION
MILITAR. FORMULADA POR EL MISMO SEÑOR DIPUTADO. (Número de expediente
181/000392.)



El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, ¿agrupa las preguntas números 4, 5 y
6?



El señor RUPEREZ RUBIO: Efectivamente.

También quería señalar, aunque seguramente el buen sentido del señor
Ministro ya ha tenido ocasión de comprenderlo, que en la formulación
textual de la pregunta número 6, allí donde dice «sistema aliado de
intervención militar», debe decir «sistema aliado de integración
militar». Hubiera sido una pregunta radicalmente diferente de la otra
manera.

Señor Ministro, creo que las preguntas son autoexplicativas. Hace todavía
pocas semanas el Gobierno anunciaba su intención de participar en los
programas de infraestructura de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte y de una manera inmediata nos urgen estas tres preguntas.

Seguramente surgirán otras, las cuales --aunque no se hayan formulado de
una manera expresa-- el señor Ministro también comprenderá y ampliará su
contestación, pero se trata, por una parte, de saber si efectivamente esa
participación de España en los fondos de infraestructura de la OTAN tiene
algo que ver, desde el punto de vista del Gobierno, con la integración
militar en la Organización Atlántica; por otra parte, cuáles son las
obras de infraestructura que con cargo al fondo correspondiente de la
OTAN van a ser o serían las que en el parecer del Gobierno español, del
Ministerio de Defensa, deberían ser realizadas, y, finalmente, cuáles son
los términos económicos y financieros en que España va a participar en
esos fondos de infraestructura.

Estas son las preguntas a cuya expresión textual, por el momento, me
atengo.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la pa-labra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Intentaré no hacer una
intervención demasiado larga sobre el contenido del programa de
infraestructura de la Alianza Atlántica, que no es muy conocido en
nuestro país; es lógico porque no hemos participado hasta ahora en él y
es normal que no haya mucha información sobre el mismo.

A lo largo del tiempo, este programa de infraestructura de la OTAN ha ido
cambiando mucho. En un principio, las instalaciones que estaban
financiadas con cargo a este programa no incluían instalaciones militares
de utilización general, del tipo de alojamiento de tropa, de viviendas
para el personal encargado de las instalaciones, etcétera, pero la lista
era ciertamente impresionante, aun excluyendo esas obras que acabo de
decir que normalmente suelen ser las más costosas de cualquier ejército.

Incluía cuarteles generales aliados, estáticos e instalaciones móviles;
aeródromos con sus instalaciones de mantenimiento y refugio de aviones;
oleoductos y depósitos de combustible; bases navales con sus
instalaciones para carburantes, polvorines, muelles, talleres e
instalaciones de apoyo; asentamientos para misiles de distintos tipos,
ayudas a la navegación de uso común, navales y aéreas; sistemas de
comunicaciones convencionales y vía satélite; almacenes y depósitos de
municiones; instalaciones de radar de detección aérea, naval y terrestre;
campos de tiro o adiestramiento; sistemas de información y control de
mandos. Es una lista realmente larga que dificultó que las negociaciones
que se



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iniciaron por España en 1989 para participar en este programa
prosperaran, porque el volumen invertido en las instalaciones ya
existentes era del tal monto que desde el principio se suscitó un
problema de participación española en su financiación, sobre todo si
había obligación, por parte de España, de participar o no en la
amortización desde el principio de existencia de esas obras o de esas
instalaciones.

Por tanto, por motivos de carácter económico no se avanzó en esas
negociaciones
Por otra parte, en aquellos años, sobre todo a partir de 1991, se inició
una reorientación muy profunda de toda la infraestructura de la OTAN, de
manera que las negociaciones no avanzaron, sobre todo por motivos
económicos, y al mismo tiempo la propia infraestructura de la OTAN empezó
a revisarse, y las necesidades de infraestructura fueron reducidas
notablemente por la propia Alianza. Se re-orientó el programa con un
presupuesto muy reducido de cara al futuro, y en el programa que ya está
prácticamente readaptado. La nueva infraestructura necesaria cara al
futuro --que es la que realmente nos interesa-- incluye instalaciones de
tipo muy distinto al que acabo de mencionar, porque parten de un criterio
general muy racional; que sobre todo se inviertan en instalaciones que
san móviles, que sean transportables. Y concretamente las facilidades que
propone el nuevo programa son las de mando y control de las zonas
terrestres, aéreas y marítimas. Esto consiste en puestos de mando fijos y
móviles y equipos de sistemas de comunicaciones, fundamentalmente. En
segundo lugar, vigilancia, reconocimiento e inteligencia: se concretan
instalaciones con equipos sensores y sistemas de información. En tercer
lugar, control del número de comunicación, la mayor parte correspondiente
a los componentes de infraestructura para apoyar el control por la NATO
de las líneas marítimas de comunicación. Además hay otros programas, como
los que permitan la movilidad de las fuerzas de reacción inmediata,
reacción rápida y de refuerzo, lo cual supone, sobre todo, el mantener a
punto instalaciones, en puertos o aeropuertos, como
misiles-superficie-aire, de apoyo logístico y reaprovisionamiento, lo que
significa disponer de depósitos de material, municiones, combustible,
instalaciones logísticas y oleoductos, que ya existen pero que hay que
mantenerlos a punto, o de instalaciones de apoyo, adiestramiento y
ejercicios, que ya existen también y que hay que mantener modernizados.

Por tanto, hay dos componentes en la nueva concepción de la
infraestructura. El primer componente se refiere sobre todo a sistemas de
mando y control, sistemas de vigilancia, reconocimiento e inteligencia y
sistemas de comunicaciones, y luego están los de mantenimiento y
modernización de instalaciones fijas de corte clásico, bien sean puertos,
aeropuertos o sistemas logísticos.

Con esta perspectiva, el Gobierno ha reiniciado las conversaciones, que
están en una primera fase, pero con esta nueva orientación de las obras
de infraestructura nos hemos encontrado con que la necesidad de
aportación (no sólo de España sino de cualquier otro país que pudiera
acogerse ahora a estos sistemas de infraestructura de la OTAN) sería
notablemente menor. Aparte de que la aportación sería menor porque los
proyectos nuevos son menos ambiciosos, hay algunos criterios que hacen
que la aportación española, en un principio, por lo menos, no tenga que
ser excesivamente gravosa, porque se parte del principio de que hay que
obtener un período transitorio, período transitorio en el que veamos de
qué forma interesa a España el participar en cada uno de esos proyectos
de infraestructura nueva y ya en marcha, y ese período transitorio
tendría una cuota reducida. Por otra parte, esa cuota de participación
depende de criterios que están adaptados a las posibilidades de cada
país, concretamente la capacidad contributiva presupuestaria que
tengamos, las ventajas que vayamos a obtener como usuarios de las
instalaciones construidas en el programa, y también el beneficio
económico que podamos obtener derivado de la puesta en marcha de esos
programas. Y hay otros factores como los servicios rendidos por cada país
a la defensa común, que es algo que no es cuantificable en principio,
pero que se puede tener en cuenta para la disminución de la cuota. Y la
petición española es que la cuota final, en todo caso, no supere, en
ninguna circunstancia, la de nuestra actual participación en los
presupuestos civil y militar, que es el 3,5 del presupuesto total de la
Alianza. ¿Hasta dónde llegaría ese período transitorio? Probablemente
hasta el final de la presente década o, por lo menos, hasta el año 1998;
estamos hablando de un período transitorio que tendría un mínimo de cinco
o seis años. Por tanto, habría una aportación escalonada, una cuota que
sería creciente.

Los nuevos proyectos, insisto, que se están comenzando no exigen un gran
esfuerzo al principio. Es lógico, están comenzando ahora y, por tanto,
están en una fase de definición y no de ejecución. Hay que tener en
cuenta luego el problema de la infraestructura ya existente, en el que
hay que considerar que no solamente se aporta dinero, sino que a la
infraestructura existente se pueden aportar instalaciones que ya existen
por parte española y que ya están en uso y están operativas por parte
española. Por ejemplo, la participación en los sistemas de control del
espacio aéreo se puede hacer aportando nuestro propio sistema de control
aéreo, nuestro propio sistema de radares que, como sabe S. S., es el
programa más importante del Ejército del Aire junto con el futuro avión
europeo de combate. Por tanto, pensamos que la negociación se puede
llevar de una manera racional por ambas partes. Hemos observado una
actitud muy positiva por parte de la Alianza Atlántica para que el
proceso de incorporación sea progresivo y, por tanto, no suponga desde el
principio una gran carga que, por otro lado, no podríamos permitirnos.

¿Cuáles son los proyectos respecto a los cuales hemos expresado interés?
En primer lugar, el sistema de mando y control aéreo, el ACCS. De hecho,
en este programa se viene participando desde 1988, porque todo el
programa ACCS español ha sido definido de acuerdo con la propia Alianza.

De facto se está participando en él, aunque esto todavía no se haya
regulado a través de un acuerdo global. En segundo lugar, estamos
interesados en el sistema automático de mando y control de información
del mando aliado. Aquí desde hace tiempo se participa como observadores
en el grupo de trabajo que se refiere al segmento del



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Ejército de Tierra. En tercer lugar, estamos interesados en el sistema de
radiodifusión y comunicación buque-tierra, el sistema BRAS; la Armada
está trabajando también en su definición, es decir, participamos en el
nivel técnico. En el anterior no se han realizado inversiones, en el caso
del sistema de mando y control de información del mando aliado todavía no
se han realizado inversiones o no son significativas; tampoco lo son en
éste de radiodifusión y comunicación buque-tierra. Por último, estamos
interesados en el sistema de obtención y explotación de información en el
campo de batalla. Aquí también hay una participación española en el
período de definición técnica, y hay una aportación que es más bien
simbólica, de 8 millones de pesetas en la fase de previabilidad y de 3 en
la siguiente fase. El criterio común, insisto, es que estos equipos sean
móviles y que, por tanto, se puedan utilizar en distintos escenarios. Y,
como ve S. S., estamos todavía tanto la OTAN en un período de definición
de los nuevos proyectos, como nosotros en una definición de cómo
participamos en esos nuevos proyectos. En consecuencia, todavía es
prematuro decir cuáles son los proyectos en los que vamos a tener una
participación significativa, porque, como ve, casi todos ellos se
refieren más bien al campo de la electrónica. Por tanto, estamos pensando
en que serán las empresas de este sector, las empresas de electrónica y
comunicaciones, las más beneficiadas de estos programas.

Insisto en que respecto a la utilización de la infraestructura ya
existente hemos encontrado una actitud muy razonable por parte de la
Alianza y, sobre todo, una disposición a aceptar como contribución
española la aportación de instalaciones españolas ya en uso.




El señor PRESIDENTE: El señor Rupérez tiene la palabra.




El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Ministro.

Señor Ministro, seguramente usted estará de acuerdo conmigo en que
posiblemente esta decisión de participar en los fondos de infraestructura
es la más importante que ha tomado España en relación con la OTAN, desde
el punto de vista orgánico, desde que se adoptó el sistema de los
acuerdos de coordinación. Por eso hemos traído el tema aquí, porque nos
daba la impresión de que el Gobierno intentaba hacerlo no digo yo a la
chita callando, porque, al fin y al cabo, ha habido una manifestación
pública de esta voluntad de participación en los fondos de
infraestructura, pero no ha habido una explicación, que es la que
parcialmente da el señor Ministro en este momento, sobre la trascendencia
de la decisión. Repito que para nosotros es una decisión enormemente
importante porque, además, cambia de manera bastante significativa, como
voy a intentar explicar, lo que ha sido la línea del Gobierno hasta
ahora; decisión que compartimos y apoyamos, quiero que quede muy claro.

Nosotros estamos de acuerdo con que España participe en los programas y
en los fondos de infraestructura de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte por las razones que también explicaré a continuación. Por
eso también nos parece importante que se expliquen las consecuencias,
desde los puntos de vista económico, militar, defensivo y conceptual,
respecto de la Alianza, de lo que eso significa. Era errónea la decisión
del Gobierno de no participar en los fondos de infraestructura, como en
este momento el mismo Gobierno viene a reconocer. Era errónea por
múltiples razones. Al fin y al cabo, de los fondos de infraestructura
provenía toda una serie de beneficios para los países que en ellos
participaban. No se trata únicamente, y ése es el propósito fundamental,
de participar en toda una serie de elementos materiales relacionados con
la defensa, de tipo móvil o de tipo fijo, que beneficiaban en último
lugar a la defensa colectiva, sino también de favorecer las propias
estructuras defensivas nacionales y, además --y a ello se ha referido el
Ministro de pasada--, de favorecer la industria nacional, no únicamente
la industria electrónica, dicho sea de paso, sino también la de la
construcción. Por eso, una de las primeras observaciones que quería hacer
al señor Ministro es que no se fije exclusivamente en aquellas partes
móviles, electrónicas, de la participación en los fondos de
infraestructura y que no descarte la participación también en la
construcción de elementos fijos, porque en cualquiera de las visitas que
se puede realizar a las instalaciones construidas con cargo a los fondos
de infraestructura de la OTAN en los países miembros uno se da cuenta de
lo que eso ha supuesto de aportación a la defensa nacional, a la defensa
conjunta, y también de participación de empresas nacionales,
fundamentalmente en la construcción de ese tipo de elementos fijos o
móviles. Ese es un aspecto enormemente importante que conviene explicar
y, desde luego, favorecer. Desde ese punto de vista esperamos que esta
decisión, importante y significativa, que nosotros apoyamos, que el
Gobierno ha tomado respecto a los fondos de infraestructura sea mantenida
y se informe de manera regular a esta casa, y a través de esta casa a la
opinión pública, de lo que es la participación de los programas concretos
desde el punto de vista de lo que es la carga financiera y de lo que son
los réditos de toda clase adquiridos por la nación española en ese
contexto. Nos parece razonable que sea exactamente el mismo baremo el que
se mantenga en la participación de los fondos de infraestructura. Hay una
lógica que siguen otros países miembros y, desde ese punto de vista,
también nos parece plausible que así se haga.

A algo que no se ha referido el señor Ministro --y que conste que lo
hacemos únicamente a efectos conceptuales, no desde otro punto de vista--
es a lo que supone la participación de España en esos fondos de
infraestructura a los efectos de lo que es la integración militar. La
infraestructura es parte de la integración militar. Es lógico que sea así
porque, al fin y al cabo, los planes de construcción que aprueba la
Alianza Atlántica en su conjunto tienen que ver con planes militares
aprobados por la Alianza Atlántica. Aunque el Gobierno pueda tener una
mala conciencia respecto a los compromisos que en su momento contrajo
pública y solemnemente, incluso a través de procedimientos referendarios
con la nación española, pero que ha ido deslizando a través de una
progresiva participación en los procesos de integración militar, sigue su
lógica, digo que incluso violentando esas primeras y ya afortunadamente
olvidadas manifestaciones de otro tipo, y se integra en los



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procesos de infraestructura. Al fin y al cabo, si estamos participando en
la definición de misiones y aportamos tropas y tantas otras cosas que el
señor Ministro sabe mejor que yo, es lógico que se participe en una de
las consecuencias, que son precisamente los fondos de infraestructura,
hasta el extremo, señor Ministro, de que antes de que el Gobierno español
tomara esa decisión sólo había dos sectores donde la integración militar
no era plena, en la infraestructura y en la integración en los mandos. En
este momento queda únicamente fuera la integración de los mandos. A
nosotros nos parece positivo ese progresivo deslizamiento hacia la
integración militar, pero conviene que se explique también porque,
efectivamente, la participación en los fondos de infraestructura es un
nuevo y significativo, enormemente importante paso para proceder a esa
integración militar que el Gobierno, hace todavía relativamente pocos
años, decía no querer. Eso plantea también un problema que tiene una
consecuencia lógica y conceptual, y es qué va a hacer el Gobierno
respecto a la integración de los mandos. Porque si resulta que estamos
prácticamente en todos los vectores en donde se produce la integración
militar, si resulta además que estamos en otros terrenos de nuestra
participación integrada en otros foros político-defensivos como puede
ser, por ejemplo, la Unión Europea Occidental, en donde, que yo sepa, no
está descartando el Gobierno una plena integración de los mandos, también
de los mandos, ¿cómo es posible, desde el punto de vista lógico de
eficacia defensiva y de eficacia política, que el Gobierno siga
manteniendo todavía esa especie de lugar reservado, sagrado e intocable
de la integración de los mandos?
De manera, señor Ministro, que de lo puramente económico y de lo
puramente defensivo y financiero, en lo que donde --repito-- el Gobierno
tiene nuestro apoyo porque es una decisión que hubiera debido tomar hace
ya mucho tiempo, surge al mismo tiempo otra serie de dudas y de
interrogantes, que el señor Ministro y el Gobierno no ignoran y que
seguramente el señor Ministro quisiera responder de una manera más
próxima a lo que nosotros creemos, pero de nuevo estamos en una situación
en la que el Gobierno español no siempre, desgraciadamente, actúa con la
coherencia que nuestros propios intereses reclaman. Por tanto,
felicitándonos de que ésta haya sido la decisión que el Gobierno haya
tomado respecto a los fondos de infraestructura de la OTAN, creemos que
hay toda una serie de consecuencias económicas, políticas y defensivas
que tienen que ser puestas suficientemente de relieve, y a esto
respondían las preguntas que hemos realizado, señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Debo decirle, señoría, que
hay perfecta coherencia en lo que hace el Gobierno como hay perfecta
coherencia en lo que usted dice, porque lo que suele decirle al Gobierno,
aprovechando uno u otro argumento, es que se está produciendo un
deslizamiento hacia la integración, y en ese sentido hay una constante,
repetida una y otra vez, en sus intervenciones, pero no es cierto,
señoría, no es cierto. En la estructura militar o se está o no se está, y
se está amparado por un status legal que se tiene o no se tiene. Y para
saber si se está o no en la estructura militar hay un dato esencial: hay
que saber si se aportan o no se aportan fuerzas. Ese es el criterio,
señoría, no si está o no está en el programa de infraestructura. El dato
es si se aportan o no se aportan fuerzas, y España no aporta fuerzas. Yo
no me sorprendo, señoría, de que una vez más me diga que el Gobierno
español está entrando poco menos que por la puerta de atrás, por la
puerta del jardín, de puntillas en la estructura militar; no me sorprende
pero no es cierto, señoría, no es cierto porque no se aportan fuerzas.

Además, la participación española en el programa de infraestructura
estaba prevista desde el principio. Su señoría ha oído cómo he hecho
mención a que en el año 1988 se iniciaron conversaciones que no
fructificaron por problemas de naturaleza básicamente económica.

En el año 1986, el Embajador Ojeda, nuestro embajador en la OTAN, envió
una carta al Secretario General y a los representantes permanentes para
comunicarles los principios en los que se basaría la participación
española en la OTAN, y hacía referencia a los principios que expondrían
los Ministros de Exteriores y de Defensa en las sesiones inmediatas del
Consejo Atlántico y del Comité de Planes de Defensa. El principio número
7 de esa carta decía lo siguiente: España está contribuyendo ya al
presupuesto civil. La participación en el programa de infraestructura y
la contribución al presupuesto militar reflejará su no integración en la
estructura militar. Dejaba claro cuál era el modelo, en una sola frase se
explicaba perfectamente. Su participación, repito, en el programa de
infraestructura reflejará su no integración en la estructura militar. El
principio número 9 decía lo siguiente: España efectuará propuestas
prácticas en línea con estos principios generales para la discusión con
las divisiones de Secretariado Internacional y Mandos Principales, con la
finalidad de desarrollar acuerdos en los correspondientes órganos de la
Alianza que puedan ser presentados posteriormente a la aprobación del
Consejo Atlántico.

El 20 de mayo de 1987, en sesión del Consejo Atlántico, se incluyó en el
orden del día la carta del Embajador Ojeda, se discutió y se aceptó el
modelo español que, como ve S. S., incluía la participación en el
programa de infraestructura. Más tarde, el 17 de noviembre de 1989,
después de meses de intensos trabajos y de reuniones con el Secretariado
Internacional, el Embajador Ojeda envió una segunda carta al Secretario
General y a los representantes permanentes con la propuesta española de
participación en el programa de infraestructura, y había veintitrés
puntos que definían esa participación. Se decía, por ejemplo: rechazo de
una participación selectiva, por ser contrario al principio de
solidaridad. España desea una participación global. Se decía: las
autoridades militares españolas acordarán con los mandos principales la
inclusión de proyectos concretos españoles en los programas actuales de
infraestructura. Se decía: inclusión de las instalaciones españolas en el
inventario de infraestructura OTAN para que puedan



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beneficiarse de fondos para el mantenimiento y modernización. Se decía:
cada acuerdo de coordinación reflejará la infraestructura aliada y
española necesaria para su puesta en práctica y se tendrán en cuenta las
peticiones de infraestructura que puedan hacer otras naciones aliadas
para instalaciones en territorio español, etcétera. Hablaba de la cuota y
de un período de transición.

El 28 de noviembre de 1989, el Ministro Serra, en el Comité de Planes de
Defensa, se refirió a esta carta, la explicó, hizo mención de sus
detalles a sus colegas y, a partir de ese momento, en la OTAN no ha
habido ninguna duda sobre cuáles eran las pretensiones del Gobierno
español en este terreno: participar plenamente en la infraestructura de
acuerdo con sus posibilidades económicas y aportando sus propias
capacidades ya instaladas. Después, como le he dicho, se llegó a un
impasse en esas negociaciones y posteriormente fue la OTAN la que inició
un período de reestructuración de todos los programas existentes, anuló
muchos de los que estaban previstos y definió otros nuevos que son los
que he explicado. Luego hay una coherencia absoluta por parte del
Gobierno español. Desde el principio estaba prevista esta participación
en infraestructura y desde el principio hemos defendido nuestros
intereses, sobre todo nuestros intereses económicos. Ahora ha llegado un
momento en que los programas nuevos están definidos, en que la actitud
por ambas partes era retomar las negociaciones que no pudieron llegar a
su culminación en los años 1988/89, así que lo que se ha hecho ha sido
retomar lo que ya estaba iniciado. Luego no hay contradicciones.




--POSICION DEL GOBIERNO ANTE EL NUEVO OFRECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DEL
TRATADO DEL ATLANTICO NORTE (OTAN) A NACIONES UNIDAS PARA REALIZAR
ATAQUES AEREOS SELECTIVOS CONTRA POSICIONES SERBIAS EN BOSNIA, FORMULADA
POR EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO (GRUPO POPULAR). (Número de expediente
181/000454.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor López Valdivielso. Me
imagino que la agrupará con la 8 y la 9.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Pues no, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: El señor López Valdivielso tiene la palabra.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Lo haré con toda brevedad, pero como son
temas muy diferentes no los agruparé.

En principio he de decir que el que esté planteando al señor Ministro
esta pregunta hoy, 7 de abril, pone una vez más de manifiesto que en este
mundo los acontecimientos y la realidad van a un ritmo y a una velocidad
y esta Cámara va a otro ritmo y a otra velocidad muy distintos. Esta
quizá sea una de las razones --y es una reflexión que todos tenemos que
hacernos-- por las que lo que aquí hacemos, salvo que se trate de
comisiones para investigar escándalos, importa cada vez menos a los
ciudadanos. Pero en fin, estamos en este trámite.

Ya sabemos cuál fue la posición del Gobierno en relación con el ultimátum
de las Naciones Unidas y el ofrecimiento de la OTAN para realizar ataques
aéreos contra el cerco de Sarajevo. Naturalmente ya conocemos cuál fue la
opinión del Gobierno, nos enteramos en su momento por otras vías, e
incluso la compartimos, por lo que la pregunta está contestada. Pero ya
que estamos aquí, si el señor Presidente me lo permite, aunque ya sé que
el compareciente, en este caso el Ministro de Defensa, no tiene por qué
contestar nada que no sea la estricta formulación de la pregunta, me
gustaría plantearle una cuestión anexa a los ataques aéreos. Me gustaría
conocer, si es posible, cuáles son las razones por las que el Gobierno
descartó desde un principio la posibilidad de que participasen aviones
españoles en estas operaciones. ¿Fueron razones tácticas, técnicas en
general, relacionadas con la operatividad de nuestros aviones de combate,
o fueron razones políticas? Es una cuestión que está ahí, que no se ha
explicado suficientemente, y ya que estamos en una pregunta relacionada
con este tema aprovecho para preguntar por ella.

Otra cuestión. En estos momentos estamos asistiendo a otro cerco, no como
el de Sarajevo pero parecido, el de Gorazde. ¿Considera el señor Ministro
que podía ser de utilidad otro ultimátum, o que esta fórmula ya está
agotada y no se va a poder volver a utilizar?
Repito, señor Presidente, que no tiene mucho que ver, pero el señor
Ministro es uno de los mayores expertos en el tema de la crisis yugoslava
--lo digo sin segundas, con toda sinceridad-- y creo que podrá contestar
a esta pregunta sin necesidad de preparación previa.




El señor PRESIDENTE: No sólo ha concentrado sino que ha ampliado su
pregunta.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Con gusto contesto a las
dudas y consideraciones que hace S. S., al margen del contenido inicial
de la pregunta.

Le agradezco que me considere experto, pero debo confesarle que me
considero cada vez menos experto sobre un conflicto que cada vez tiene
derivaciones más insospechadas. Por tanto, señoría, con toda prudencia y
con toda modestia le voy a decir lo que yo pienso. Y digo con toda
modestia y con toda prudencia porque en este momento la situación es muy
confusa, sobre todo la situación en torno a Gorazde, porque en la parte
serbia insisto en que ha habido, no solamente en Gorazde sino en otras
partes de Bosnia-Herzegovina, una extinción de las acciones bélicas por
parte musulmana que no está comprobado que sea así, pero lo que sí parece
que hay es una intensificación de la iniciativa militar por parte del
Gobierno de Sarajevo, al menos de los que se reclaman dependientes del
Gobierno de Sarajevo, es decir, por parte de los bosnios musulmanes. Ayer



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mismo el General Jefe de Unprofor hacía mención a que había habido un
recrudecimiento de las actividades bélicas, que durante los últimos dos
meses habían sido mínimas. Señoría, yo no puedo decir que esto sea del
todo cierto; no tengo una información todavía lo suficientemente
detallada. Sí parece que hay incidentes. ¿Que hay actividad bélica? No lo
sé. La diferencia entre los dos conceptos no es tan grande. En todo caso,
sí le puedo contestar cuáles son las razones que por el momento están
descartando la utilización de la fuerza aérea en Gorazde. Las posiciones
están muy difuminadas, no se sabe muy bien dónde está cada cual y, por
tanto, el mando de Unprofor, en mi opinión con un criterio muy prudente,
está reservándose el tomar decisiones parecidas a las que se tomaron en
Sarajevo, donde las cosas sí estaban más claras y donde las líneas de
separación se conocían desde hacía tiempo porque incluso estaban
fortificadas.

Paso a la segunda parte de su pregunta. Debo decirle, señoría, que desde
el principio no se descartó el uso de los aviones; no lo hemos descartado
en ningún momento. Lo que sí decimos es que no parecía conveniente que,
en un conflicto que puede tener una evolución imprevisible, desde el
principio nos comprometiéramos con todos nuestros medios. Nadie lo hace.

Todo el mundo siempre deja margen para poder aumentar o disminuirlos,
según el conflicto evolucione. Por tanto, hubo razones políticas en mi
opinión bastante sensatas, es decir, no contribuir en mayor medida
proporcionalmente que lo hicieran otros países, y comprobando que hubiera
suficiente número de aviones, sobre todo porque había naciones que
aportaban aviones pero no aportaban tropas sobre el terreno y, por tanto,
parecía también algo racional que los que no aportaran tropas sobre el
terreno aportaran aviones. En todo caso ya veremos cuál es la evolución
del conflicto, sobre todo porque el 4 de abril se ha producido una nueva
resolución por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que
extiende el apoyo aéreo indirecto al territorio de Croacia, en defensa
del personal de Unprofor y en aplicación de unos mandatos de ONU. Se
refiere naturalmente a las Krajinas, donde ha habido incidentes y donde
S. S. sabe que se ha producido incluso un ataque contra un avión español.

Por tanto, no sabemos cuáles son las nuevas necesidades que provocará
esta nueva resolución. Estaremos atentos a las peticiones que nos hagan,
veremos cuáles son las aportaciones que hacen otros países y en
concordancia con lo que debe ser un esfuerzo común y siempre proporcional
a la capacidad de cada uno tomaremos nuevas decisiones, pero no
descartamos nada.




El señor PRESIDENTE: El señor López Valdivielso tiene la palabra.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Sólo quiero agradecerle esta información que,
desde luego, es más de última hora que la del bombardeo de Sarajevo.




--RELEVO DE LAS TROPAS ESPAÑOLAS DESTACADAS EN JABLANICA (YUGOSLAVIA).

FORMULADA POR EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO (GP). (Número de expediente
181/000493.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 8, del señor López
Valdivielso.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: El relevo de los cascos azules españoles por
tropas malayas sufrió en su momento un retraso importante, de casi tres
meses. Estaba previsto que el relevo se produjese más o menos en el mes
de enero y se ha hecho prácticamente a mediados de marzo, si no recuerdo
mal. Como consecuencia de ese retraso nuestros soldados han estado
sometidos a una situación de riesgo, a fuego de mortero, de artillería,
en una zona de mucho peligro. De hecho, en ese período tuvimos un muerto
y varios heridos. Es decir, que no es baladí la cuestión. Se produjo el
retraso en un momento de crisis que sometió a nuestras fuerzas allí
desplegadas a nuevos peligros y a nuevas tensiones. Por eso pregunto
cuáles son las razones por las que se produjo ese retraso. No es una
cuestión, insisto, sin importancia. Además, podríamos hacer una
reflexión. Sabemos que el conflicto se está prolongando, que la presencia
de tropas va a seguir siendo necesaria y que va a tener que haber nuevos
relevos; y no me estoy refiriendo a relevos de tropas españolas por
tropas españolas, sino a relevos de otros países. Estos relevos pueden
llegar a tener que producirse, si efectivamente el conflicto evoluciona
desfavorablemente, como podría estar ocurriendo en estos momentos en
algunas zonas, en una situación bélica o en un escenario de combate que
podría tener dificultades. Lo que le pido al señor Ministro en relación
con todo este tema es más bien una reflexión. Ciertamente le pregunto por
qué se produjo el retraso en el relevo por parte de las tropas malayas,
pero también quisiera que hiciera una reflexión sobre las dificultades
que en el futuro podría tener el que nuestras tropas fuesen relevadas por
tropas de otros países y en qué condiciones y circunstancias se tendrían
que producir estos relevos. El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene
la palabra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Respecto a las fechas,
señoría, hay que precisar que la baja española en el campamento de
Jablanica se produjo el 30 de julio de 1993, en un momento en que la
presencia de cascos azules españoles en Jablanica era necesaria por las
circunstancias de la ciudad y de la comarca, pero que no era tan
dificultosa como resultó ser después, cuando llegó el invierno, porque el
abastecimiento funcionaba regularmente. Las autoridades españolas
insistieron ante Unprofor para que se produjera ese relevo en Jablanica
aproximadamente a finales de noviembre, cuando se interrumpió la ruta por
la llegada del mal tiempo, que hacía muy dificultoso el abastecimiento y
el mantenimiento de una línea de comunicación con el destacamento de
Jablanica. Se argumentó que lo lógico era que ese destacamento fuera
abastecido por el norte y no por el sur y, por tanto, fueran



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tropas de otro contingente. Se atendió esta petición y se previó que a
partir de mediados de enero se podía producir el relevo. Luego resultó
que las tropas enviadas por el Gobierno de Malasia tenían un equipamiento
deficiente, una capacidad de transporte muy deficiente, por lo que fue
necesario equiparlas y entrenarlas, incluso dotarlas de vehículos, lo que
produjo el retraso del relevo que S. S. ha mencionado. El relevo se ha
producido con cierto retraso, no con tres meses, algo menos de dos meses,
y en todo caso durante ese período se ha hecho una labor espléndida. Es
cierto que tenía que haber un destacamento de Naciones Unidas en una zona
que es una de las pocas en las que contactan no solamente musulmanes y
croatas, sino también serbios, con una bolsa croata entre esa población
de Jablanica y Sarajevo, una zona muy compleja. Por tanto, durante ese
tiempo se hizo una labor extraordinariamente positiva y se pudo entregar
el mando con una comarca relativamente pacificada y con unas
instalaciones hechas gracias al esfuerzo muy meritorio de los militares
españoles, sobre todo refugios, que han permitido que, a pesar de que
durante un tiempo hubiese todavía combates en torno a Jablanica, no se
haya producido ninguna baja en el contingente malayo, y todo eso --como
digo--, gracias a las instalaciones que hicieron los españoles.




--MEDIDAS PARA RESPONDER A LAS ACUSACIONES DEL ALCALDE DE MOSTAR CONTRA
LOS SOLDADOS ESPAÑOLES. FORMULADA POR EL SEÑOR LOPEZ VALDIVIELSO (GP).

(Número de expediente 181/000494.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 9, del señor López
Valdivielso. Tiene la palabra.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Se trata también de una cuestión un poco
desactualizada. En su momento el alcalde musulmán de Mostar solicitó al
Presidente bosnio que pidiera el relevo de los cascos azules españoles y
señalaba que las causas eran que los soldados habían participado o
participaban en la limpieza étnica de Mostar y fueron acusados de la
presunta implicación en actos similares. Hubo una investigación por parte
de Naciones Unidas que dejó muy claro que no había nada de eso en los
cascos azules. Yo creo que ha habido, por otra parte, un reconocimiento
internacional de la actuación de nuestras tropas allí y ha quedado
despejada cualquier duda respecto a nuestras tropas. En su momento
nosotros echamos de menos una reacción por parte del Gobierno, una
contestación al alcalde musulmán de Mostar que no sabemos si no se
produjo o simplemente no fue recogida por los medios de comunicación,
porque no hemos tenido noticias de ella. Ha quedado bastante aclarado
después del informe, pero en su momento echamos de menos esa respuesta
por parte del Gobierno, y es por lo que le preguntábamos cuáles eran las
razones por las que no se había dado debida respuesta a las acusaciones
efectuadas por tal alcalde.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Sí se ha realizado una
actuación frente a tal autoridad local. Concretamente el 28 de enero de
1994 el Ministerio de Defensa transmitió al referido alcalde una protesta
formal, a través del coronel jefe de la agrupación española, rechazando
muy tajantemente las imputaciones hechas por tal persona.

Debo decirle, señoría, que con este alcalde siempre ha habido unas
relaciones bastante difíciles y que no es una cuestión que carezca de
actualidad, porque recientemente, en una revista semanal de difusión
nacional, hizo unas declaraciones en las que dice nada menos que los
soldados españoles no actúan con neutralidad, y hace tres críticas, que
son las mismas que viene haciendo desde el verano de 1993. La primera
crítica es que de mayo a septiembre de 1993 los cascos azules faltaron de
Mostar Este, es decir, no se interpusieron en Mostar Este. En segundo
lugar dice que los soldados españoles están siempre protegidos por sus
blindados. Y la tercera acusación es, según él, que no nos ayudan en la
reconstrucción de algunas infraestructuras de base para aliviar la vida
de los ciudadanos. En definitiva, estas críticas ponen de manifiesto que
esta persona lo que pretende personalmente es decir el cuándo, cómo y
dónde de las misiones de los cascos azules españoles en Mostar; ésta es
la pretensión desde el principio. Ha habido momentos de gran tensión con
el coronel de la agrupación Canarias y con el coronel de la agrupación
Madrid, que en esa revista hace unas declaraciones, por cierto, muy
moderadas y muy sensatas.

La decisión de no interposición en Mostar Este fue una decisión del
comandante de Unprofor que se produjo después de una petición personal
mía. Yo estuve en mayo en Bosnia-Herzegovina e hice ver al general
Morillon que no procedía, que no parecía conveniente, ante el número de
bajas que se estaba produciendo, que se llevara a cabo esa interposición
que, por otra parte, era prácticamente imposible debido a que la
intensidad de los combates era enorme. La pretensión de esta persona era
no solamente que nos interpusiéramos sino que actuáramos activamente en
contra de la otra parte, en contra de los croatas, y así declaró en
alguna ocasión que no estábamos impidiendo
--ésa es su expresión en esa entrevista, vuelvo a repetir-- la agresión
fascista croata.

En cuanto a la reconstrucción se siguen los criterios que fija el Mando
Sur, del que nosotros tenemos la jefatura del Estado Mayor. Los acuerdos
para la reconstrucción se toman entre las dos partes, a través de
reuniones técnicas que, por cierto, preside el Jefe del Estado Mayor, que
es el coronel Pérez Navarro. Es lo que se está haciendo --lo decía el
mando Sur-- después de escuchar a las partes y de ver qué aporta cada una
para reconstruir cada uno de los servicios comunes, que en muchos casos
han desaparecido prácticamente en Mostar.

Recientemente, señoría, hemos enviado un refuerzo al contingente que está
allí desplazado. Ese refuerzo ha consistido, en buena parte, en
ingenieros zapadores para



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proceder a esta reconstrucción. Se ha enviado material pesado y de todo
tipo para reconstruir las líneas de comunicación, los autobuses, los
tranvías, el servicio eléctrico y el servicio de agua.

Es absolutamente falso. Pero es normal que en el marco de una guerra
civil tan cruenta como aquélla y ante la destrucción de una ciudad,
determinados líderes políticos no guarden la tranquilidad o la frialdad
necesaria para juzgar cuál es la labor de los cascos azules, que deben
ser ante todo neutrales y sin cuya presencia la normalidad no se hubiera
recuperado nunca en Mostar.

Como saben, la Unión Europea ha decidido enviar un administrador, que
será un funcionario alemán --la financiación procede, en una proporción
elevada, de Alemania-- y que tendrá un adjunto español. Los nombres de
estas dos personas se decidirán próximamente.

El Gobierno español sigue la reconstrucción de Mostar, no ya sólo con la
presencia de cascos azules, sino a través de las decisiones y de los
instrumentos administrativos que está poniendo en marcha la Unión
Europea. Por tanto, no hay motivo de queja por parte de las autoridades
locales. Queja que, por cierto, desmiente la relación continua que hay
con la población de Mostar Este, extraordinariamente cordial, como han
podido comprobar no solamente los mandos, sino periodistas españoles y
autoridades que han viajado allá.




--RAZONES PARA QUE EL MINISTRO DE DEFENSA NO FUERA INVITADO A LA REUNION
QUE MANTUVIERON EN LONDRES, EL DIA 20 DE ENERO DE 1994, LOS MINISTROS DE
DEFENSA DEL REINO UNIDO, ALEMANIA Y FRANCIA, EN LA QUE TRATARON
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD EUROPEA. FORMULADA POR EL SEÑOR
LOPEZ VALDIVIELSO (GP). (Número de expediente 181/000495.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor López Valdivielso.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Es una sesión puramente informativa. Esta
pregunta se refiere a la importante reunión que se celebró el 20 de enero
en Londres, con la asistencia de los Ministros de Defensa del Reino
Unido, Alemania y Francia, en la que se trataron, según los medios de
comunicación, asuntos importantes relacionados con la defensa europea en
general y también con la guerra de los territorios de la antigua
Yugoslavia. La verdad es que nos extrañó la no asistencia del señor
Ministro a esa reunión, nos extrañó, digo, que no fuésemos convocados a
ella.

Hubo ya otra reunión muy importante relacionada con esos temas--creo que
fue en Aviano o Sigonella-- los días previos al fin del ultimátum.

Recuerdo que el señor Ministro justificó nuestra no presencia porque
nosotros no teníamos aviones en la zona. Lo cierto es que teníamos allí
un aviocar, que, por cierto, luego fue bombardeado.

No entendemos por qué no hemos sido convocados a esa reunión de Londres.

Estamos en la OTAN, estamos en la UEO, estamos en el euroejército,
estamos haciendo un importante esfuerzo en Yugoslavia, como todo el mundo
reconoce. Estamos colaborando, en términos generales, en la defensa común
como el que más; podríamos decir que, atendiendo a lo que somos,
comparándonos con otros países en teoría más potentes que nosotros,
estamos poniendo más carne en el asador que ellos. Muchísimo más si
atendemos al tamaño, a la entidad, al nivel de equipamiento de nuestras
Fuerzas Armadas.

Por eso, señor Ministro, nos produjo sorpresa, como decía, que no
fuéramos convocados. Quisiéramos que hiciera algún comentario al
respecto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Señoría, se producen
reuniones con participantes muy diversos cada año en el contexto de la
seguridad europea. Tampoco se invitó a esa reunión a Italia, que es
miembro de la OTAN desde el momento de su constitución. Tampoco hemos
invitado a Alemania o al Reino Unido cuando hemos hecho reuniones
trilaterales entre Francia, Italia y España para hablar del flanco sur,
cuando parece que a Inglaterra sí le interesa ese flanco.

Es decir, hay reuniones de muy diverso tipo que hacen que haya distintos
participantes dependiendo de los temas de que se trata. Desde luego,
señoría, debo decirle que el objeto de esa reunión, que yo conozco
directamente porque el anfitrión de la misma, el Secretario de Defensa
británico, mister Rifkind, me envió una carta personal dándome cuenta de
lo allí tratado, no fue fundamentalmente hablar de Yugoslavia, sino de
las decisiones que habían sido expuestas días antes en la Cumbre de la
OTAN y que afectaban a los mecanismos de coordinación y funcionamiento de
la OTAN y de la UEO.

Su señoría sabe que, desde el principio, Inglaterra mantuvo una postura
relativamente reticente a la iniciativa de convertir a la Unión Europea
Occidental en la agencia europea especializada en cuestiones de seguridad
y defensa, temiendo que eso produjera un debilitamiento de la OTAN y
temiendo también que eso produjera un debilitamiento de las relaciones
entre Europa y los Estados Unidos.

Sabe S. S. también que en un principio el interés británico por la
iniciativa del Cuerpo de Ejército europeo tampoco fue muy elevado. Sin
embargo, después de la última Cumbre de la OTAN, parece que la posición
del Reino Unido está siendo de mayor interés hacia estas iniciativas.

En esa reunión se habló precisamente de las formas en que se coordinaría
la Unión Europea Occidental con la OTAN, de cómo se implementaría la
iniciativa de la fuerza combinada conjunta y de cómo se iba a producir
esa mayor aportación europea en el seno de OTAN sin debilitamiento de
ésta.

A lo largo de la reunión se trataron luego algunos otros asuntos entre
ellos, por supuesto, el de Yugoslavia, pero el objetivo fundamental no
era hablar del conflicto, sino de



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estas otras iniciativas, que yo creo que es positivo que se traten entre
los tres países que tienen una mayor potencia militar dentro de nuestro
continente, porque eso supondría que se restablecería el equilibrio entre
los tres grandes países, militarmente hablando, de nuestro continente,
con vistas a la construcción de la seguridad europea.




El señor PRESIDENTE: El señor Valdivielso tiene la palabra.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Agradezco esta información adicional sobre
esta reunión, pero con carácter general pienso que sería muy negativo que
el esfuerzo que estamos haciendo no fuese suficientemente reconocido por
nuestros aliados. Lo digo al margen de la convocatoria de esta reunión.

A mí me ha sorprendido en alguna ocasión que en algún foro internacional,
en concreto en la Asamblea Parlamentaria de la UEO, en una sesión de no
hace mucho tiempo, hemos sido testigos de cómo en discursos de políticos
relevantes no se nos integraba en el grupo de los países que estábamos
haciendo allí una labor importante. A lo mejor fue una omisión casual,
pero yo creo que debemos hacer las cosas y además promocionarlas, porque
ya ve el señor Ministro que en las relaciones internacionales tan
importante es parecerlo como serlo. Y eso hay países que lo bordan.

Insisto en que es una reflexión, una más. Estoy muy reflexivo hoy. Quizá
esté imbuido por el recogimiento de la Cuaresma y de la Semana Santa.

(Risas.) Hay que intentar por todos los medios que lo que hacemos sea
conocido y se nos reconozca por todo el mundo.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Yo creo que es una
reflexión muy oportuna, señoría, no sólo por el tiempo, sino también por
el motivo al que se refiere.

Hay países que lo bordan, señoría; es verdad. Hay países que venden
maravillosamente su participación en cualquier conflicto, en cualquier
iniciativa internacional. Nosotros tenemos menos experiencia, pero tengo
la impresión de que no sólo es falta de experiencia, sino cierta falta de
carácter. Una especie de pudor, de temor a no quedar bien si se exagera
la propia participación o se pone excesivamente de manifiesto. Yo creo
que tenemos que perder ese pudor y tenemos que ser capaces, sobre todo,
de llevar a cabo esas actuaciones coordinadas que otros países son tan
expertos en realizar. Esa secuencia que en alguna ocasión hemos
mencionado en esta Comisión: el envío de cascos azules; el envío de
cascos blancos, es decir, cooperantes; y, por fin, el envío de
empresarios que participen en la reconstrucción.

Esto lo estamos aprendiendo ahora, señoría, porque hemos comenzado
nuestra participación en estas misiones en 1988 y tenemos que aprender
todavía a obtener de ellas el mayor rendimiento político, el mayor
rendimiento en todos los órdenes.

En cuanto al esfuerzo, éste siempre es relativo respecto a la capacidad
que uno tiene. Es verdad que nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande
pero la aportación absoluta respecto a la que están llevando a cabo
Francia o Inglaterra es naturalmente menor. En cualquier caso, eso
depende también del foro. Yo he estado en un foro donde se ha hecho un
encendido elogio de lo que nosotros hacemos allí. Depende en gran medida
de quién hable y cómo le haya llegado la información.




El señor PRESIDENTE: El señor Andreu me ha solicitado que la pregunta
número 11 se dé por decaída y que, a su vez, se relegue la 23 a la
última. Estas dos solicitudes han sido atendidas por la Presidencia.




--MANERA EN QUE SE REPLANTEA ESPAÑA LAS FUNCIONES DE APOYO AL USO DE LA
FUERZA, EN BOSNIA, ASI COMO MEDIOS DE QUE DISPONEN PARA RECTIFICAR SU
MISION O EVENTUAL EVACUACION. FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA
DIAZ DEL RIO (GP). (Número de expediente 181/000508.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta 12, del señor Fernández de
Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Ministro, voy a ser muy
breve, porque la pregunta está planteada en otro momento, en el mes de
enero, y han cambiado claramente las circunstancias de entonces a ahora.

Pero no estaría de más que el Ministro pudiera contar a esta Comisión de
Defensa cuáles son los medios de los que se dispone para una eventual
evacuación del componente militar español que está desplazado en la
antigua Yugoslavia. No he podido estar presente --porque he tenido que
salir de la sala urgentemente-- cuando mi compañero y portavoz de mi
Grupo, el señor López Valdivielso, efectuaba la pregunta séptima, pero
parece que la Secretaria de Comunicaciones de la Casa Blanca ha apuntado
la posibilidad de que existe la disposición de emplear la aviación de la
OTAN en contra del asedio serbio a Gorazde, caso de confirmarse el
informe del General Rose del despliegue en el enclave musulmán de cascos
azules.

Si el señor Ministro lo ha explicado, pido excusas y leeré el acta de la
sesión. Si no, me gustaría saber de que manera puede repercutir esto en
las fuerzas españolas desplegada en la antigua Yugoslavia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Como sabe S. S., Gorazde se
encuentra al este de Sarajevo, a unos 150 kilómetros de distancia, por lo
tanto, está lejos de la zona en la que operan los cascos azules españoles
y



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no creo que les pudiera afectar. La decisión no está adoptada. Ya he
dicho antes que la situación era relativamente confusa, porque anteayer y
ayer pudieron penetrar cascos azules en la ciudad de Gorazde y cuando se
tenga contacto con ellos y se conozca cuál es la situación real dentro de
la ciudad, se adoptarán las divisiones. Eso lo propondrá el General Rose,
el Jefe de Unprofor en contacto con el mando para toda Bosnia y en
contacto con el señor Akashi, representante del Secretario General y, en
último término, responsable político de todo lo que Naciones Unidas hace
en la antigua Yugoslavia. Probablemente esto lo sabremos en dos o tres
días.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Suspendemos la sesión por dos minutos. (Pausa.)



--SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS GESTIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA PARA ADQUIRIR BUQUES DE «SEGUNDA MANO» PARA LAS FUERZAS
ARMADAS ESPAÑOLAS, FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ (GIU-IC). (Número
de expediente 181/000432.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Las preguntas números 13, 14 y 15 del señor Romero serán formuladas por
el señor Ríos.

En este sentido, tiene la palabra el señor Ríos para exponer la pregunta
número 13. (El señor Vicepresidente, Fernández de Mesa Díaz del Río,
ocupa la Presidencia.)



El señor RIOS MARTINEZ: El objetivo de la pregunta es solicitar
información del Secretario de Estado, sobre la situación en la que se
encuentran las gestiones con Estados Unidos de Norteamérica para adquirir
buques de segunda mano para las Fuerzas Armadas españolas. Esto en un
país en el que puede parecer que lo barato es mejor, pero muchas veces lo
barato sale caro; no digo todas, pero algunas veces así es. Habrá que
adaptar los buques de segunda mano, una vez adquiridos, a un sistema de
comunicaciones y, por tanto, habrá un coste adicional. La devaluación de
la peseta nos costará también un porcentaje añadido, además, de que la
compra de buques en el exterior no quiere decir que vaya a ser mejor que
la de los nacionales. Hay que tener en cuenta sobre todo que España tiene
factorías, como la Empresa Nacional Bazán, tanto en El Ferrol como en
Cartagena, zonas que por desgracia están en declive industrial, pero que
tienen una tecnología buena, capaz de producir estos barcos y, mientras,
nuestro Estado está haciendo frente a regulaciones de empleo, a subsidios
en esta factoría, amén del efecto que eso tiene en las empresas
auxiliares. Por tanto, no tenemos claro que adquirir buques de segunda
mano sea rentable.

En todo caso, nos gustaría conocer cuáles son, cuántos son, en qué
condiciones y si la vida de estos buques está evaluada, puesto que la
vida de un buque de segunda mano tiene que ser limitada, mientras que si
es nuevo durará más.

Cuál es la valoración que se ha hecho para tomar esta decisión, si está
ultimada, y qué tipo de buques son los que se van a adquirir.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): Tiene la
palabra el Secretario de Estado de Defensa.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Flos Bassols): Señoría, voy a
contestarle con brevedad pero con el máximo detalle porque creo que la
pregunta es muy oportuna. Ha habido algunas preguntas anteriores sobre
este tema, pero, en estos momentos, la situación está suficiente madura
como para poder dar ya precisiones.

Usted me habla, para empezar, de coste adicional y, sobre todo, de Bazán.

¡Cuidado! A veces podemos apartarnos un poco de lo que es la realidad de
las alternativas. Como verá S. S. por lo que voy a explicar, no estamos
ante una adquisición, sino un alquiler con opción a compra, que es algo
distinto, de unos buques francamente baratos. La alternativa, caso de
hacerse en Bazán, en España --coincido con S. S. en que es una empresa
perfectamente capacitada para hacer estos buques--, supondría
probablemente --y en estos momentos improviso algo-- unos 25.000 millones
de pesetas. El tipo de buques con los que nos vamos a quedar --son las
LST-- nos costaría probablemente en España o en cualquier otra parte
25.000 millones. En cambio, lo que vamos a adquirir es mucho más barato.

Permítame ahora que le cuente exactamente lo sucedido y en qué punto
estamos. Como S. S. sabe, la Armada de los Estados Unidos ofreció una
serie de buques a una serie de países extranjeros, entre ellos España. En
concreto, dos tipos de buques, fragatas de la clase Knox y buques
anfibios LST de tipo Newport. Teniendo en cuenta que, en principio, la
oferta que hacía el Gobierno americano nos parecía de interés económico,
técnico y operativo, contemplamos la oferta e iniciamos una serie de
acciones. La oferta que se nos hizo fue la de adquirir dos fragatas de
clase Knox y dos buques anfibios LST. En estos momentos, hemos rechazado
por el momento la adquisición, llamémoslo así, de las fragatas tipo Knox
por varias razones, y se ha pospuesto la decisión. La razones son las
siguientes. En primer lugar, porque si bien los buques de la clase Knox
son muy similares a las fragatas Baleares, difieren notablemente en su
equipamiento electrónico, en concreto, en los rádares, en el sonar, en
todo el sistema de guerra electrónica y en los equipos de comunicaciones.

Esto, como S. S. ha indicado muy bien, puede suponer un coste importante,
no de tanta envergadura como hacer una fragata nueva, pero el coste es
relevante y estamos en una situación francamente difícil.

En segundo lugar, estas fragatas estaban inmovilizadas y dadas de baja,
estaban en un estado de conservación muy peculiar, por lo que su
rehabilitación y activación también



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se preveía costosa. Una vez más S. S. tiene razón, estas cosas cuestan
dinero. La ventaja que teníamos al obtener estas dos fragatas era
limitada, sólo incrementaban en dos unidades nuestra flota de fragatas.

Esto no era algo extremadamente importante, por lo que decidimos posponer
el tema de las fragatas y decantar todo nuestro esfuerzo hacia los buques
LST de clase Newport. Estudiamos detalladamente la oferta de los Estados
Unidos y tomamos la decisión de adquirirlos en su modalidad de alquiler
con opción de compra por un período de 50 meses. Dejo claro que no
estamos hablando de una adquisición, sino de una figura ligeramente más
compleja. Interesa resaltar la idea de alquiler con opción a compra
porque debo señalar a S. S. que el coste de estos dos buques será de unos
25 millones de pesetas al mes incluido todo, no sólo el alquiler del
buque propiamente dicho sino repuestos, etcétera. Esta operación supone
un coste bastante importante que nuestro Ministerio puede asumir.

Ventajas y razones por las que nos hemos decidido por esta opción. La
primera, evidente, es que en estos momentos nosotros no podemos asumir la
construcción de buques de este tipo. Segunda, aunque pudiéramos asumirla,
la construcción de un buque de este tipo y su desarrollo lleva un tiempo,
y mientras tanto necesitaríamos unos buques que hicieran de puente. Tenga
en cuenta S. S. que estos buques vienen a sustituir a los ya muy
envejecidos Velasco y Martín Alvarez, que tienen más de 40 años y que
incluso presentan problemas de seguridad actualmente. Por tanto, desde el
punto de vista de necesidad, la opción está clara.

Por otra parte, los buques que vamos a obtener tienen ventajas. En primer
lugar, se trata de buques que están en servicio y, por tanto, la
transferencia se hará en caliente, es decir, bajará la tripulación
americana y subiremos nosotros, y el buque puede zarpar, en principio,
inmediatamente. Esto significa que son buques con una garantía operativa
total.

Otro tema es que las dos LST objeto de la transferencia tienen por
delante una vida de quince años. Nos parece que las condiciones
económicos son muy ventajosas y que contar con quince años de vida por
delante en buques que están funcionando es un factor francamente
positivo. Los costes de la transferencia y su adecuación para entrar en
servicio en nuestra Armada son asumibles previa reasignación de una serie
de costes que habrían ido al mantenimiento de otros buques. No es que
pensemos dejar sin mantenimiento esos otros buques, sino que vamos a
posponerlo. En estos momentos creemos que esta oportunidad es importante;
creemos que los buques a sustituir están ya muy envejecidos, y hemos
tenido que tomar esta opción, que yo creo que es francamente la mejor, la
única que se podía tomar.

Para no fatigar a S. S., le diré que el coste de la operación durante 50
meses por buque es de 25 millones de pesetas, y que los dos buques
durante los 50 meses nos van a costar 2.531 millones de pesetas, que más
o menos es el equivalente a lo que vale la gran carena del Narval, en la
que probablemente S. S. está pensando.

También quiero decir --porque esto sé que es una primicia-- que los dos
buques que se van a transferir son el LST Harlan County y el LST
Barnstable County, que entraron en servicio en el año 1972. Quiero decir
también que estos buques ya han sido inspeccionados por nuestra Armada,
concretamente entre el 7 y el 11 de febrero pasado, hemos iniciado las
cartas de oferta y aceptación, es decir, hemos iniciado los trámites, y
la transferencia de los buques será en la base naval de Norfolk; el
primero se entregará en junio de 1994 y el segundo en enero de 1995. Esta
es la situación. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): El señor Ríos
tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Agradezco la explicación, pero en todo caso me
gustaría solicitar concreción en dos cosas que ha dejado más o menos
pendiente. Nuestro interés no está en si es una buena operación o no para
la Armada el adquirir buques de 21 años --mayores de edad ya lo son--,
sino en la posibilidad de una actuación programada, planificada, que haga
frente a la realidad que tenemos en nuestra propia industria, que hasta
ahora ha servido para ofertar a la Armada unas determinadas prestaciones
industriales, y en ese sentido es en el que iba nuestra inquietud. Usted
ha dicho que el tema de las dos fragatas se pospone. Si ustedes están
firmando un acuerdo con los dos buques anfibios de 50 meses (cuatro años
y pico) con un alquiler (dice después con opción de compra), mi pregunta
sería si posponer el tema de las fragatas quiere decir que hay
posibilidades de destinar la producción de las mismas a nuestra
industria, o se posponen para adquirir las dos fragatas en años futuros.

La valoración que usted hacía es que las fragatas tienen una situación de
fuera de servicio, que habría que hacer una inversión en ellas bastante
costosa. Por eso mi pregunta, repito, es si se pospone o se renuncia a
esa operación, o si habría otra orientación de las fragatas,
planificando, programando dicha inversión desde nuestra propia capacidad
de producción o también de adquisición fuera.

La segunda cuestión es la siguiente. Usted decía que este esfuerzo, este
movimiento para hacer frente a los 2.531 millones va a significar
detraerlos de partidas de conservación de la gran carena o de las
actuaciones que había en determinados buques, en concreto usted ha hecho
referencia a uno de ellos. Me gustaría que nos precisara cuáles son los
buques que estaban previsto que entraran en reparación que no van a
entrar en estos cuatro años por esta operación, o si el no entrar en
reparación es para un año, o para dos años, puesto que la operación de
adquisición es para cuatro años. Me gustaría saber, en ese aplazamiento,
qué buques son los que no entrarán en gran carena y, en concreto, si el
aplazamiento es para un año o para más tiempo.

Por último, en el tema al que usted hacía referencia, fundamentalmente la
valoración de la situación en que quedan las factorías, nosotros creemos
que no es una operación fabulosa; en todo caso, nos gustaría saber cuál
es la solución definitiva, es decir, si la Armada necesita estos dos
buques anfibios y solamente los alquila para cuatro años, ¿tiene previsto
construirlos o la solución definitiva



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va a ser adquirirlos? Sobre todo por el montante de horas de trabajo o de
carga de trabajo que significa para las factorías de Bazán, tanto en El
Ferrol, como en Cartagena, como en San Fernando, cualquiera que sea la
distribución de las actuaciones de astilleros en estas factorías que,
además, están teniendo regulaciones de empleo todas y cada una de ellas.

Estas serían las precisiones que me gustaría recibir de usted.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): Para contestar,
tiene la palabra el Señor Secretario de Estado de Defensa.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Flos Bassols): Sus
preocupaciones, señoría, y las mías se parecen mucho. Evidentemente, yo
estoy obligado a tomar un tipo de decisiones en las que intervienen otros
factores; pero tengo una preocupación continua, obviamente, por las
empresas de defensa, y ya que usted la cita, por el caso de Bazán, que yo
entiendo que está en una situación difícil.

Le he citado una gran carena de un submarino, que es una gran carena que
ya hoy ha quedado aplazada: la gran carena del Narval. Esto es así. ¿Por
cuánto tiempo ha quedado aplazada esta gran carena? Por el mínimo que nos
permitan los recursos presupuestarios de los dos próximos años, es decir,
yo ya le he manifestado que no se trata de decir que no se hará nunca más
la gran carena del Narval, en absoluto, sino que, en estos momentos, esta
opción que se nos da nos ha parecido muy interesante, y donde los
recursos son escasos hay que distribuirlos, aunque sea a veces asumiendo
opciones que se nos hacen muy cuesta arriba; se lo digo de verdad.

Usted me ha dicho que yo había hablado de posponer las fragatas y hasta
qué punto. Le voy a decir lo que piensa este Secretario de Estado. Yo he
hablado de posponer porque no se ha dicho un no oficial al asunto, pero,
desde luego, nuestra línea de fragatas es la línea F-100, que hará Bazán.

Mi opinión es que no deben alquilarse fragatas americanas, y le doy esta
opinión no sólo por razones económicas, sino después de haber analizado
muy largamente los informes operativos que me llegan de la Armada y que
mi propia gente ha elaborado.

Efectivamente, en el tema de las fragatas, que paradójicamente habrían
dado más trabajo a Bazán, es donde se nos plantearían mayores problemas
y, a la larga, lo barato se nos convertiría en caro. En cambio, las LST,
que también van a dar trabajo a Bazán, son una oferta mucho más razonable
económicamente; buques ya directamente operativos y que tienen el apoyo
interno, desde todos los puntos de vista, del Ministerio de Defensa. Esta
es la gran ventaja.

Espero haber contestado a las preguntas de su señoría.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): Muchas gracias,
señor Secretario de Estado de Defensa.




--POSIBILIDAD DE CESION GRATUITA DEL DOMINIO DIRECTO QUE TIENE EL ESTADO
SOBRE LAS «BARDENAS REALES» A LA DIPUTACION FORAL DE NAVARRA. FORMULADA
POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ, GIU-IC. (Número de expediente 181/000574.)



--UTILIZACION DEL POLIGONO DE TIRO DE LAS «BARDENAS REALES» PARA LAS
PRACTICAS DE TIRO DE LOS PILOTOS DE LAS UNIDADES DE COMBATE DEL EJERCITO
DEL AIRE. FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ, GIU-IC. (Número de
expediente 181/000575.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): Para formular
las preguntas números 14 y 15, referidas a Las Bardenas Reales, tiene la
palabra el señor Ríos Martínez en representación del señor Romero Ruiz.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, el objetivo de las dos
preguntas va dirigido a dos actuaciones en el mismo sentido. Por un lado,
la Diputación Foral de Navarra acordó solicitar o proponer una cesión del
dominio directo que tiene ahora mismo el Estado sobre Bardenas Reales
para que sea gestionado, dirigido o administrado por esta Diputación
Foral. Por tanto, la pregunta que estaba planteada era la posibilidad de
cesión gratuita, en qué situación se encuentra; si es posible como
voluntad del Estado; si se está planteando la negociación con la propia
Diputación Foral o si se renuncia a esta posibilidad a corto plazo.

Por otro lado, y referido también a Bardenas Reales, si nuestro Ejército
tiene previsto utilizar el polígono de tiro para las prácticas de
nuestros pilotos de unidades de combate del Ejército del Aire, es decir,
si va en sentido contrario de lo anterior o en el próximo futuro va a ser
utilizado este polígono para las prácticas de tiro que anteriormente se
han venido realizando. Cuál es, por tanto, la posibilidad de utilización
de ese polígono o si ustedes piensan renunciar al uso para estas
prácticas de nuestras unidades de combate del Ejército del Aire.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): Para contestar
a las preguntas, tiene la palabra el señor Secretario de Estado de
Defensa.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Flos Bassols): Señor
Presidente, tengo la impresión de que conviene aclarar un tema en
relación con la cesión del dominio directo. Quizás en la base de la
pregunta haya algún error de concepto.

El dominio directo, es decir, la propiedad, de hecho, del territorio de
las Bardenas Reales es del patrimonio del Estado y está, por tanto,
gestionado por la Dirección General del Patrimonio, es competencia de la
Dirección General del Patrimonio. Por el contrario, el dominio de uso y



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disfrute corresponde exclusivamente a la Comunidad de Las Bardenas
Reales. Esta es la situación tal y como está ahora.

Las Bardenas Reales son un bien comunal de 41.000 hectáreas cuyo uso
corresponde a esta Comunidad, compuesta por una serie de municipios
circundantes. Lo que Defensa tiene actualmente desde el año 1951 es la
cesión de uso de algo más de 2.000 hectáreas, es decir, de un 5 por
ciento del territorio comunal. A cambio de ello, el Ministerio de Defensa
abona a esta Comunidad, que es la titular del derecho de uso, un canon de
unos 60 millones de pesetas al año. En definitiva, el Ministerio de
Defensa no es competente para promover la cesión gratuita del dominio
directo, sin embargo, no ve absolutamente ninguna razón para oponerse a
la misma, siempre y cuando la Comunidad de Las Bardenas Reales nos
garantice que podamos seguir con el convenio de cesión de uso que tenemos
con ellos a efectos del polígono de tiro.

Por otra parte, quisiera recordar un tema que tiene un cierto interés, y
es que en el año 1979 el Gobierno cedió gratuitamente el dominio directo
a la Comunidad de Las Bardenas Reales. Esto se hizo por el Real Decreto
3142/1979. Sin embargo, dicho real Decreto fue anulado por el Tribunal
Supremo en base a un recurso presentado por la Asociación Sindical de
Ganaderos y Cultivadores de Las Bardenas Reales. Es decir, que esfuerzos
para hacer esta cesión gratuita, no a la Diputación Foral pero sí a la
Comunidad de Las Bardenas, ya se han hecho, y uno llegó a estar publicado
en el Boletín Oficial.

Por tanto, dicho que el Ministerio de Defensa no tiene absolutamente
ningún inconveniente en que por la Dirección General del Patrimonio se
ceda el dominio directo, también debo decir que nuestra intención es
seguir utilizando el polígono de Las Bardenas, entre otras cosas porque
en estos momentos, después de que el día 17 de enero de este año
desactivamos el polígono de Caudé por razones obvias, ya que era un
polígono muy pequeño de 200 hectáreas, nos hemos quedado con un solo
polígono activado para operaciones de tiro aire-superficie. Por
consiguiente, nuestra intención es seguir utilizándolo.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): Tiene la
palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Nosotros hacíamos referencia a esa experiencia
del año 1979, que fue truncada por decisión del Supremo, de la
posibilidad de reactivar esa cesión de dominio directo no a la Comunidad,
sino a la Diputación Foral, puesto que del año 1979 a hoy la organización
del Estado ha variado sustancialmente con todo el desarrollo del Estado
de las autonomías en un concepto de Administración del Estado diferente.

¿En qué condiciones se retomaría esa cesión? Usted ha dejado claro una
cosa, y es que no pondrían condición ni pegas a esa cesión del Patrimonio
del Estado, pero la condicionan al uso actual. Eso, más o menos, es lo
que yo entiendo. Nosotros creemos que, se ceda o no el dominio, en
realidad, es continuar, al margen de la propiedad, la actuación que haya
allí. Es verdad que el afectado es el cinco por ciento del territorio,
pero usted sabe que cuando hay un polígono de tiro no solamente es
directo el efecto sobre el terreno que se ocupa, sino sobre todos los
aledaños que lleva consigo. Desde nuestro punto de vista, todo lo que
ahora mismo son Bardenas Reales estarían afectadas por el campo de tiro.

Me gustaría conocer si cuando usted dice que la cesión sería seguir
usando es que el Ministerio ha decidido definitivamente continuar en ese
polígono; que no está buscando, por tanto, otro a corto o medio plazo. Si
eso es así, de qué manera podría producirse esa relación para la gestión
de ese dominio por parte de la Diputación Foral. Si ustedes, en las
condiciones actuales, lo condicionan exclusivamente al convenio o van a
mover ese convenio a condiciones futuras. Si realmente lo condicionan, lo
que están diciendo es: no nos oponemos a que la titularidad se ceda, pero
queremos usarlo exclusivamente conforme lo hemos venido haciendo, pagando
nuestro canon. Usted ha cifrado el canon en 60 millones de pesetas por
año; indudablemente fue establecido en un momento determinado, y me
imagino que cualquier evolución que tengan los convenios repercutirá
sobre él. Pero nuestra pregunta no va dirigida a ese canon, sino a la
recuperación para la Diputación Foral de esos terrenos.

Por tanto, su posición --y con esto termino-- es mantener el uso de
Bardenas Reales para prácticas de tiro de nuestra aviación y su cesión
sería meramente de titularidad, no de uso.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): Tiene la
palabra el señor Secretario de Estado de Defensa.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Flos Bassols): Señor
Presidente, solamente quiero hacer dos puntualizaciones. Efectivamente,
que quede claro que no nos oponemos a la cesión del dominio directo;
quede claro que pensamos seguir utilizando el polígono de Las Bardenas
Reales; quede claro que pensamos activar otro polígono de tiro, que es el
Anchuras, y por último, quede claro que el convenio que tenemos con la
Comunidad de las Bardenas, por el que ésta nos cede el 5 por ciento de su
territorio, termina en el año 2001. En este año vamos a tener que
renegociar otra vez el canon, y en el año 2001 se termina el convenio y
veremos lo que sucede. En todo caso, nosotros pretendemos, mientras el
convenio esté vigente, seguir utilizando el polígono.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): Gracias, señor
Secretario de Estado.




--SITUACION ACTUAL DE LOS POLIGONOS DE TIRO EN LOS QUE SE ENTRENAN
PILOTOS DEL EJERCITO DEL AIRE. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP).

(Número de expediente 181/000599.)



--UTILIZACION DEL POLIGONO DE ANCHURAS (CIUDAD REAL) POR EL EJERCITO DEL



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AIRE. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de expediente
181/000600.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): Pasamos a las
siguientes preguntas del orden del día, formuladas por el Diputado señor
Rupérez Rubio, referentes a la situación actual de diferentes polígonos
de tiro en los que se entrenan pilotos del Ejército del Aire.

Tiene la palabra el señor Rupérez.




El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, mi intención es agrupar las
preguntas números 16 y 17, porque están íntimamente relacionadas.

La primera de ellas, efectivamente, se refiere a la situación general de
los polígonos de tiro en los cuales en estos momentos se entrenan los
pilotos del Ejército del Aire español, y una pregunta concreta referida a
la situación actual, respecto a su utilización, del polígono de tiro de
Anchuras, en la provincia de Ciudad Real.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): Para contestar
a las preguntas, tiene la palabra el señor Secretario de Estado de
Defensa.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Flos Bassols): Hasta finales
del pasado año, el Ejército del Aire disponía de dos polígonos
operativos: el de Caudé, en Teruel, que es pequeño, y el de Las Bardenas
Reales, a los que habría que añadir el que nosotros pretendemos que sea
el futuro polígono de tiro de Anchuras.

Como digo, el polígono de Caudé era de extensión muy reducida; se utilizó
en los últimos 30 años alternativamente al de Las Bardenas Reales, cuando
éste tenía que cerrarse por razón de una meteorología adversa o
simplemente porque se hacía la recolección de la cosecha.

Por razones de operatividad y seguridad, el 17 de enero de este año se
desactivó este polígono, y actualmente se mantiene como simple
acuartelamiento aéreo. En teoría podría llegar a ser un polígono de tiro
de reserva, cosa que no parece aconsejable.

Por lo que respecta al polígono de Las Bardenas, como he dicho, se
encuentra totalmente operativo, lo utiliza el Ejército del Aire, pero
también lo utilizan aeronaves de la Armada y, ocasionalmente,
helicópteros del Ejército de Tierra. Su grado de ocupación es elevado,
salvo por un período de unos 15 días al año en que se efectúa lo que
antes decía, la recolección de la cosecha, y otros días por mantenimiento
de los blancos y los sistemas de control, etcétera. Tiene unas
dimensiones, como es sabido, de 2.222 hectáreas y unos medios auxiliares
bastante importantes. Es decir, ahí se han ido haciendo inversiones.

El polígono funciona bien. Tiene una capacidad operativa para hacer
ejercicios de cien aeronaves al día en períodos de 20 minutos cuatro
aeronaves, lo cual, según se me informa, es una capacidad bastante
aceptable.

Además de las operaciones típicas de entrenamiento se hacen también
algunas operaciones de cooperación con la industria y centros de
investigación en pruebas de proyectos de armamento o de munición; se hace
calibración de algunos equipos y se destruye armamento caducado o no
operativo. Hay también un destacamento permanente de 140 hombres que
ocupan una superficie construida de 3.200 m2. Es decir, Las Bardenas
Reales es, en este momento, un polígono de tiro que funciona bien y que
está bien dotado.

En cuanto al polígono de Anchuras, constituye un programa a medio plazo
del Ejército del Aire que nosotros entendemos que no es sustitutivo del
de Las Bardenas Reales, sino que más bien, según se veía venir de muy
lejos, era el polígono que tenía que sustituir al de Caudé, y que es el
idóneo para el entrenamiento aire-superficie.

Si S. S. quiere alguna explicación adicional quizá se la pueda dar más
adelante.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): El señor
Rupérez tiene la palabra.




El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, sus contestaciones,
que por otra parte agradezco, revelan una situación preocupante respecto
a la necesidad de entrenamiento de nuestros pilotos en estos momentos en
el Ejército del Aire, y posiblemente también los entrenamientos de otros
pilotos y otras aeronaves propiedad de los otros dos Ejércitos.

En su momento, el Ministerio de Defensa emprendió este programa, que
ahora denomina usted programa a medio plazo del Ejército del Aire, para
dotarse de un nuevo campo de tiro de entrenamiento como consecuencia de
las limitaciones que tiene Las Bardenas Reales y como consecuencia de la
desactivación del polígono de Caudé. Eso llevó, en su momento, a la
consideración inicial de Cabañeros y a toda la historia consiguiente que
acabó en Anchuras.

Quiero hacer algunas consideraciones al respecto que me parecen
políticamente relevantes. Primero, que el proceso de sustitución de los
campos de tiro ha estado marcado --no se lo digo a usted como si fuera
responsable, porque al fin y al cabo sus responsabilidades tienen la
limitación temporal que tienen-- quizá por la demagogia más gravemente
practicada por el Gobierno socialista en el terreno de la defensa en
todos estos últimos años.

Esa demagogia, en la que participaron de manera activa tanto los
responsables regionales de Castilla-La Mancha como los responsables
nacionales del Ministerio de Defensa, y concretamente el Ministro Serra,
ha llevado a una situación en donde no sólo no se va a utilizar Cabañeros
por razones que nos parecen perfectamente plausibles, sino que Anchuras
sigue sin estar utilizado y no se sabe cuándo se va a utilizar.

Desde el punto de vista del coste político y social la operación ha sido
una de las menos rentables, por no decir de las más gravemente imaginadas
que ha podido practicar este Gobierno.

En este momento, Anchuras no está activado --el señor Secretario de
Estado lo acaba de reconocer--, y se va a activar en un momento que el
Gobierno no conoce;



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posiblemente esa no activación tiene que ver con todos los problemas
sociales que se han planteado con respecto a Anchuras. Pero lo que es
evidente es que si el Gobierno regional o el Gobierno nacional aceptó la
tesis de que Cabañeros no era utilizable como campo de tiro por razones
que tenían que ver con la ecología y con la protección del medio
ambiente, no hay ninguna lógica para pensar que apenas unas millas más
allá de lo que es el espacio de Cabañeros, en Anchuras, se puede
encontrar un espacio que no tenga exactamente las mismas consideraciones
ecológicas o medioambientales que Cabañeros. Eso, para nosotros,
descalifica completamente la utilización de Anchuras como polígono de
tiro.

Por otra parte, eso está siendo aceptado de una manera real por el propio
Ministerio de Defensa o el propio Ejército del Aire, si se tiene en
cuenta que, a pesar de que la historia de Anchuras tiene tres o cuatro
años de antigüedad, nada en estos momentos permite, no ya imaginar, sino
simplemente ver o comprender que en Anchuras va a existir o existe una
instalación militar. Nada en estos momentos, señor Secretario de Estado,
permite comprender que el espacio de Anchuras, no ya no tiene
instalaciones militares, sino simplemente que pertenece al Ejército del
Aire o al Ministerio de Defensa. Y ésa es una situación grave, porque las
necesidades de entrenamiento de los pilotos del Ejército del Aire o de la
Marina, o del Ejército de Tierra, siguen sin ser plenamente atendidas, y
grave porque el Gobierno sabe perfectamente que cualquier intento de
reactivación de lo que es Anchuras supondría unos costes políticos
esenciales prácticamente inabordables, y que desde luego nosotros no
estamos dispuestos a abordar.

Por eso creo que éste es el momento en que el Gobierno debe replantearse
toda la cuestión del polígono de tiro que necesitan el Ejército del Aire
y los pilotos de los demás ejércitos de una manera radical. Abandonando
Anchuras como polígono de tiro y buscando el más amplio consenso posible
entre todas las fuerzas políticas, regionales y nacionales, para la
situación de ese polígono de tiro, necesario desde el punto de vista del
entrenamiento de nuestros pilotos, en un sitio en donde no haya ninguna
consideración, en donde el Gobierno no pueda de nuevo caer en la
utilización demagógica, y donde no haya ningún tipo de consideración que
pueda afectar a temas medioambientales y ecológicos y, consiguientemente,
donde se pueda atender perfectamente a todas las necesidades conjuntas
que en este momento se producen.

Nuestra convicción es que Anchuras no debe ser campo de tiro; nuestra
convicción es que la demagogia a la que se ha visto arrastrado
conscientemente el Gobierno, tanto regional como nacional, ha hecho
imposible el que en este momento los pilotos del ejército español tengan
la posibilidad de entrenamiento que, por otra parte, aconsejan sus
propias aeronaves y sus propias necesidades.

Esta es la pregunta y la consideración que queríamos hacer al Gobierno en
esta condiciones; pregunta y consideración que nos parecen graves e
importantes y que merecen una reconsideración cuanto más urgente mejor.

El señor VICEPRESIDENTE: (Fernández de Mesa Díaz del Río): Para
contestar, tiene la palabra el señor Secretario de Estado para la
Defensa.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Flos Basols): Señor Diputado,
yo no voy a entrar en la discusión acerca de la demagogia, porque, por
supuesto, sé que no ha habido demagogia. sé que la elección que en su día
se hizo de Cabañeros respondía a unos parámetros estudiadísimos de
ubicación sobre los que voy a entrar; sé que estos parámetros se tienen,
incluso con notables ventajas, en Anchuras, porque una de las cosas que
se miraron al decidirse el Ministerio por Anchuras era que no hubiera,
objetivamente, problemas de tipo ecológico en la zona, aunque fueran
relativamente próximas las dos zonas.

Vamos a empezar por el principio. Usted me dice, señoría, que no se sabe
cuándo se va a utilizar Anchuras. En este caso la explicación es mucho
más simple de lo que parece. El problema no es tanto político, que puede
haberlo (con razón o sin ella, pero pueden existir problemas de tipo
social, ecológico, etcétera), sino más bien económico. No ha sido
activado porque hay que montar una serie de infraestructuras que
ascienden a bastante dinero. No quisiera dar aquí una cifra porque el
tema es objeto de discusión muy fuerte, ya que existen los especialistas
que quieren el mejor campo de tiro y existe un Secretario de Estado sin
dinero; por tanto, nos movemos en un abanico amplio, pero es mucho
dinero. Por ejemplo, hay que hacer un vallado total de 4.000 hectáreas;
hay que hacer una red vial, mínima, pero hay que hacerla; movimientos de
tierra para instalación de blancos; sistemas de comunicaciones; la
instalación del destacamento y bastantes instalaciones más, lo que hace
que haga falta bastante dinero, y, por supuesto, una vez más puedo decir
que nuestro presupuesto es escaso.

Dicho esto, los siguientes temas han sido tocados muchas veces. Yo,
cuando pedí que me dieran la documentación sobre el tema, vi lo
siguiente, que lo tengo apuntado aquí porque me hizo gracia. En la III
Legislatura hubo 39 preguntas sobre este tema, sobre todos los aspectos,
y en la IV, 96 preguntas. Es decir que en la documentación que se me dio,
que no tuve tiempo de leer porque era tremenda, se hablaba de todo y
además de forma bastante repetitiva. Por lo tanto, voy a ser lo más breve
posible.

La decisión de crear un campo de entrenamiento en Cabañeros, o en
Anchuras más tarde, nace de dos factores principales. El primero, la
necesidad, como he dicho anteriormente, de la desactivación del polígono
de Caude que, con 200 hectáreas, traía problemas obvios de todo tipo que
no hace falta ni plantear. El segundo, la necesidad --también por las
razones que he dicho-- de complementar el polígono de Las Bardenas para
períodos en los que no estuviera hábil.

En principio, parece razonable que un país de la extensión y de la fuerza
de España pueda tener estos dos polígonos alternativos. Además, lo que se
buscaba con esta nueva ubicación --y esto se ha dicho miles de veces y lo
sabemos todos-- era que fuera equidistante de las principales bases
--Torrejón, Zaragoza, Talavera, Morón, etcétera--,



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lo cual trae ventajas de economía --entre otras, el combustible-- y de
operatividad porque los aviones no tienen que hacer noche como ahora
sucede. Ahora los aviones salen de una base, van a Zaragoza, hacen noche,
hacen ejercicio y vuelven. Esto es caro y, además, mientras hacen esto,
no están operativos en su base de origen, lo cual es un problema.

Por último, otra cosa que se buscaba, además de este emplazamiento, es
que fuera de gran amplitud. Aquellas fincas que se compraron en Cabañeros
sumaban 14.000 hectáreas, sin duda una cantidad más que suficiente.

Cuando se declaró parque natural del orden de 25.000 hectáreas, que
comprendían las 14.000 de Cabañeros, hubo que buscar un polígono
alternativo y por razones geométricas tenía que estar bastante cerca.

Entonces, la Junta de Defensa Nacional hizo una propuesta al Gobierno
basada, entre otras razones, en que no hubiera problemas objetivos de
tipo ecológico en la zona. Concretamente yo he hecho mención a este tema
porque es un tema que obviamente hay que tenerlo en cuenta como de los
más importantes. Entre otras cosas, resulta que Anchuras, aunque esté
cerca, efectivamente, no se encuentra en el inventario, por ejemplo, de
zonas de avifauna protegida, elaborada por la Comunidad Europea y con
participación, entre otras organizaciones, de la Sociedad Española de
Ornitología. Se hicieron varios estudios y se vio que ahí no existía el
problema objetivo que había en la otra parte, entre otras cosas porque
los setenta estaban en fase de desertización y hubo que hacer unas
replantaciones de pinos. Es decir que, en principio, no tenía que
plantear ningún problema.

Por otra parte, también hay otro tema que hay que tener en cuenta y es
que quizá existe una imagen muy deformada del hipotético daño que puedan
hacer los ejercicios de tiro en los polígonos. Los polígonos de tiro, de
los que solamente se utiliza un 5 o un 10 por ciento, acostumbran a ser
zonas muy protegidas en los que la avifauna se desarrolla tremendamente.

Las Bardenas --por eso Las Bardenas están tan bien-- es uno de los
ejemplos que utilizó la Junta de Defensa Nacional para analizar el tema.

Fueron 2.200 hectáreas y los blancos en todo su alrededor --se da siempre
en los blancos-- ocupan un 5 por cien, siendo el resto un entorno
protegido, mucho más que la zona vecina de las Bardenas Reales. Por lo
tanto, objetivamente, la instalación de un polígono de tiro no constituye
un problema ecológico como el que se ha intentado exponer. Yo entiendo
que es muy fácil hacer la propuesta, quizás basada en esta imagen fácil
de difundir la idea --de la que no tengo que hablar aquí-- de que un
polígono de tiro es donde se bombardea todo. No, señor. Se da a unos
blancos que ocupan como máximo el 5 por cien de la superficie y el resto
está totalmente protegido. Perdonen ustedes esta digresión pero en un
momento dado estuve muy sensibilizado por temas de este tipo; tuve que
estudiar el asunto y vi que donde la avifauna funciona mejor en España
era en las zonas militares, polígonos o no. Era lo más protegido que
teníamos.

Como resultado de los estudios que se hicieron, en el año 1988 la Junta
de Defensa Nacional propone al Consejo de Ministros la declaración de
interés para la Defensa de 6.760 hectáreas, que era el polígono que se
consideró en aquel momento idóneo. Actualmente se han adquirido fincas en
Anchuras por un total de casi 4.200 hectáreas por procedimiento de
permuta con Cabañeros --tema muy sabido--, procedimiento de permuta, en
otras cosas, por no gravar mayormente el presupuesto de Defensa. No se
llega en estos momentos a las 6.760 hectáreas, pero en mi opinión después
de haber consultado con mandos operativos, ésta es una superficie más que
suficiente para activar un magnífico polígono de tiro que no tiene
aquellos problemas del Parque Natural de Cabañeros, que tiene las mismas
ventajas de ubicación y que es el doble del de Las Bardenas Reales. Si
Las Bardenas Reales, como digo y todos los informes dicen, es un
magnífico polígono de tiro bien equipado, Anchuras puede serlo también.

Sin duda puede generarse algún tipo de problemas pero yo creo que,
tratando objetivamente el tema, Anchuras es un sitio que no debiera ser
conflictivo desde el punto de vista ecológico como indica S. S.

Esta es la situación.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): Muchas gracias,
señor Secretario de Estado.

Con esta contestación damos por terminada la sesión relativa a la
comparecencia del señor Secretario de Estado de Defensa para contestar a
las preguntas formuladas por los diferentes grupos políticos,
agradeciendo su presencia en el día de hoy en la Cámara.

Suspendemos la sesión durante unos minutos para despedir al señor
Secretario de Estado de Defensa y recibir al de Administración Militar.

(Pausa.)



--REPERCUSION EN EL VOLUMEN Y LA MORAL DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS DE LA OBJECION DE CONCIENCIA Y LA INSUMISION, FORMULADA POR EL
SEÑOR ELORRIAGA FERNANDEZ, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
181/000323.)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con la comparecencia en este
caso del Secretario de Estado de Administración Militar para contestar a
las preguntas comprendidas entre la número 18 y la 27.

Para formular la pregunta número 18, tiene la palabra el señor Elorriaga.




El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Secretario de Estado, quisiera que me
contestase a la pregunta sobre qué repercusión considera que está
teniendo en el volumen y la moral del personal de las Fuerzas Armadas el
crecimiento de la objeción de conciencia y de la insumisión.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Señor Presidente, creo que la pregunta del señor Diputado tiene dos
aspectos distintos; uno se refiere a la repercusión cuantitativa de las
cifras de objetores de conciencia en las Fuerzas Armadas e insumisos, y
el segundo a una posible repercusión en la moral del personal de las
Fuerzas Armadas.

En relación con la repercusión cuantitativa cabe decir que, en relación
con el servicio militar obligatorio y hasta el momento actual, esta
repercusión es escasa. El número de españoles --por citar los últimos
datos disponibles-- llamados a realizar el servicio militar obligatorio,
por acuerdo del Consejo de Ministros, en el reemplazo de 1994, es de
210.822.

Para cubrir las necesidades de este reemplazo partimos de la cifra de
369.384 españoles que se han alistado por cumplir la edad reglamentaria,
de los cuales, aproximadamente dos tercios aplazan por razón de prórroga,
singularmente de estudios, no exclusivamente, su incorporación. Quedan
pendientes de clasificación o en algún otro caso resultan exentos por
diversas causas, singularmente de salud.

Las cifras más significativas de estas situaciones en relación con esos
369.384 españoles que se han alistado, son exentos 37.260, de ellos
28.660 por enfermedad o limitación física y sólo 8.430 declarados
objetores de conciencia. Aplazamientos totales, 182.187; de los cuales,
por razón de prórroga de estudios, son 161.534 y quedan pendientes de
clasificación por distintas causas 18.757.

Del resultado de estas operaciones, singularmente de resta, en relación
con el total de alistados, quedan 130.784 jóvenes alistados aptos para el
servicio militar, que, junto con 78.693, que se clasifican como aptos
procedentes de alistamientos anteriores, completan el número de las
asignaciones de destino de este reemplazo.

En las cifras anteriores hemos visto que se han declarado objetores de
conciencia al servicio militar obligatorio, en relación con el reemplazo
que estamos contemplando, 8.430 de los jóvenes alistados para este año,
para el año 1994. Recordemos que el total de alistados es de 369.384, por
lo cual el número de objetores declarados del reemplazo representa
escasamente un poco más del 2 por ciento del total. El resto de los
objetores declarados en 1993 hasta el total de los 46.084 objetores
declarados en el año pasado son jóvenes procedentes de reemplazos
anteriores, aunque tienen aplazada su incorporación al servicio militar,
y he de decir que el total de jóvenes que tienen aplazada la
incorporación al servicio militar alcanza, por razón singularmente de
prórrogas, la cifra de 1.084.054, entre los 18 y 28 años de edad, que es
el período en que se puede aplazar la incorporación al servicio militar;
es decir, que hay jóvenes que tienen aplazada, por razón singularmente de
prórroga, la incorporación al servicio militar, por «quantum» de
1.084.054 personas, y lógicamente es muy aventurado pensar cuántos de
este total, en el momento en que llegue su incorporación a filas, de
acuerdo con la previsión que realizan en su proyecto profesional o su
proyecto laboral, van a declararse objetores de conciencia.

De ahí que, señoría, comenzábamos afirmando que, cuantitativamente y
hasta el momento actual no es muy importante la repercusión del volumen
de objetores de conciencia en las Fuerzas Armadas y hay suficiente para
satisfacer las necesidades de alistamiento.

En relación con el segundo aspecto, que podría ser la repercusión moral,
creo que ahí hay que partir de un hecho y es que las Fuerzas Armadas no
son un especimen extraño y diferente en su composición del resto de los
españoles, y podría y debe decirse que, como tales españoles, nada de lo
que sucede en su país les es ajeno y tienen un comportamiento
razonablemente equivalente y homologable con el resto de sus
conciudadanos.

En ese sentido, cabe decir que las Fuerzas Armadas entienden y respetan
la existencia del derecho constitucional a ser reconocido objetor de
conciencia al servicio militar obligatorio, lógicamente, cuando ese
derecho se basa en convicciones íntimas que hacen que los que ostentan
ese derecho se consideren incompatibles con actividades militares; que
aceptan y comprenden las dificultades que han existido para el eficaz
cumplimiento de la prestación social sustitutoria --que también se han
dado en otros países de nuestro entorno, quizá con anterioridad a
nosotros, y que incluso todavía se dan-- y que aprecian, por supuesto con
satisfacción, las buenas perspectivas de normalidad y de racionalidad que
paulatinamente se van introduciendo en la incorporación de los objetores
a los puestos de colaborador social, donde el programa y las propuestas
aprobadas por el Consejo de Ministros a iniciativa del titular de
Justicia, constituyen un avance importante, positivo y significativo que
va a racionalizar el proceso.

Esto es todo lo que he de contestarle, señoría.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Elorriaga.




El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: La versión que el señor Secretario de
Estado nos da de este problema es evidentemente muy rosácea. El tiene los
datos estadísticos, que hay que suponer que son exactos, puesto que son
de su dependencia, pero resulta muy contradictoria esa versión con otras
declaraciones, inclusive de autoridades de su Ministerio, en las que se
ha mencionado que la objeción que hay en España representa un 20 por
ciento más del tope deseable. Inclusive el propio Ministro de Defensa se
ha lamentado públicamente de que algo falla entre nosotros porque en
otros países de la Unión Europea no se están produciendo, en estos mismos
niveles, los problemas de objeción y de insumisión ni el ambiente social
que los rodea. Por consiguiente, creo que esta versión de que las
necesidades están cubiertas y de que aquí no pasa nada forma parte de la
poca flexibilidad o de un cierto inmovilismo con que el Ministerio de
Defensa se está planteando una crisis del sistema del servicio militar y
unas dificultades de su encaje en la sociedad, que son síntomas evidentes
--creo-- para todos los observadores.

No cabe duda de que, en este momento, en España hay una escasa promoción
de lo que significa una conciencia nacional de seguridad y defensa y que,
de alguna forma,



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esto está detrás de este fenómeno de un ambiente crecientemente difícil
para el cumplimiento de los deberes de defensa. Por otro lado, creo
también que el concepto de servicio militar que el Ministerio está
manejando es un concepto inerte, inmovilista, simplemente de mantenerlo a
toda costa, aunque en la práctica se haya alejado de una realidad donde
cada vez inciden más en la configuración de las Fuerzas Armadas el
profesionalismo y la voluntariedad de los efectivos que se proyectan
hacia misiones en el exterior, y que en la práctica así lo está llevando
a cabo el Ministerio, acentuando las diferencias entre unas fuerzas
efectivas, profesionales o producto de una voluntariedad y otras no
profesionales, no voluntarias y pasivas y, por tanto, menos atractivas,
con lo cual la tesis del ejército mixto, en la que, en un momento dado,
se coincidió en esta Cámara como fórmula transitoria, está siendo cada
vez menos real. De alguna forma, no estamos yendo hacia un ejército mixto
sino hacia un ejército profesional operativo y hacia otro ejército
--vamos a suponer-- de reserva o de ampliación, pero no operativo, menos
interesante y que pudiese tener otros tratamientos en la concepción de su
recluta y de su forma de cumplimiento de las misiones.

Por tanto, si debe haber un ejército de intervención y otro ejército
simplemente para la formación, para la defensa o para la ampliación en
casos de emergencia poco probables, hay que comprender que habría que
variar y que flexibilizar el concepto de servicio militar de forma que se
evitase sumar a la objeción ideológica, que puede existir en este momento
en este país, la objeción de conveniencia, es decir la objeción porque
supone un problema en los estudios, porque fractura determinado momento
de la vida de los jóvenes en la incorporación a la actividad laboral,
etcétera. Hay países donde existen, con éxito, fórmulas de voluntariado
para misiones concretas; inclusive en España ha habido fórmulas, como las
antiguas milicias universitarias, de servicio en temporada, compatibles
con el estudio.

Creo que todo esto tendría que tenerse en cuenta para romper esta línea
inmovilista de que vaya creciendo la objeción. Habría que dificultarla,
digamos, con un mayor rigor, que por otra parte nos parece muy justo, en
el cumplimiento de la prestación social sustitutoria. Creo que hay que ir
hacia una formación en la conciencia de defensa nacional, que en este
país es muy deficiente, lo que es responsabilidad del Ministerio de
Defensa. El Ministerio de Defensa no se puede inhibir porque no es sólo
el Ministerio de las Fuerzas Armadas, es un Ministerio político y no se
puede inhibir de que en el país se esté produciendo un antimilitarismo
demagógico, una objeción oportunista o de conveniencia, tolerada como
algo permisible. Es evidente, además, que se está privando de la
formación en temas de defensa a los sectores de la población juvenil más
formados profesionalmente. Es decir, la objeción se produce más entre las
personas con mayor formación universitaria o profesional que entre las de
menos, lo que puede tener una repercusión en la calidad de los efectivos.

Creo que, de alguna forma, estamos ante una situación lo suficientemente
crítica y real como para que no podamos evadirnos del problema diciendo
simplemente que se están cubriendo unos efectivos y no haciendo nada en
orden a modificar el concepto de voluntariedad en la forma de llegada a
las Fuerzas Armadas y en la acentuación de su profesionalidad. Y, por
otro lado, también creo que una nación nunca puede quedar absolutamente
marginada del esfuerzo colectivo de defensa, aunque no sea con la fórmula
del servicio militar en su concepción actual, sino con una fórmula más
actual, más imaginativa, interesando a la nación en materia de defensa,
pero hay que prescindir de una fórmula de servicio militar que en muchos
de sus aspectos se está quedando obsoleta socialmente. Creo que este
problema hay que comprenderlo, hay que plantearlo, y es un deber del
actual Ministerio de Defensa tratar de abordarlo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Concuerdo con muchas cosas de las que ha dicho S. S., salvo cuando
entiendo que se ha equivocado. Yo no diría que estemos en situación
crítica --y he aportado los datos--, no es cierto. El reemplazo se cubre
satisfactoriamente y hay reserva para ello.

Con ello, quiero afrontar determinadas visiones que quieren presentar
esta situación como crítica y reducir las cosas a sus estrictos términos
objetivos, y es que hay un crecimiento durante los dos últimos años y
continúa este año, lógicamente, de manera significativa como consecuencia
de las medidas adoptadas en el llamado paquete o propuesta del Ministro
Belloch sobre la objeción de conciencia. Ante este crecimiento, que es un
dato que está ahí, que se reconoce y que no pone en crisis el sistema en
absoluto, se adoptan las medidas que parece que corresponden y se toman
decisiones para afrontar el problema en el momento en que se ha
presentado, que es prácticamente, en términos históricos, antes de ayer.

No es la primera ocasión en que esto sucede en otro país europeo. Por
ejemplo, en Alemania también hubo un crecimiento exponencial del fenómeno
objeción en el año 1991 como consecuencia de la crisis del Golfo. En
definitiva, creo que es importante tener en cuenta muy claramente los
datos objetivos, saberlos medir y valorar, y después diferenciar ritmos y
los principios de lo que es un stock y un flujo de objetores, stock de
personas pendientes de incorporación y el quantum total que se incorpora
anualmente a cada ejército. Es evidente que no se nos ocurre decir que no
pasa nada, pero solamente pasa los que pasa y hay que afrontarlo --tiene
razón completamente su señoría--, y una de las formas de afrontarlo es la
formación de la conciencia nacional a que aludía. Estoy de acuerdo con S.

S. en que ésta es tarea de todos, no solamente de las administraciones
públicas y de la Administración central, no solamente del Ministerio de
Defensa sino de todas las instituciones públicas porque, en definitiva,
es un problema de la sociedad en su conjunto. Como bien decía S. S., la
sociedad tiene que valorar --y yo entiendo que así lo hace
crecientemente, a pesar de las apariencias y del ruido que hay en
ocasiones-- el hecho concreto de que hay unas necesidades de defensa y de
seguridad a cuya



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satisfacción debe proveerse por parte de la sociedad, a través de las
decisiones institucionalmente adoptadas. Y yo creo que en esa tarea de
todos debemos empeñarnos todos, también aquí absolutamente, y continuar
en esta línea, evaluando y ponderando los fenómenos en la medida en que
se producen realmente. ¿Y ello para qué? Para mantener un modelo de
Fuerzas Armadas que no es, señoría, inerte e inmovilista y que, además,
hasta donde yo estoy informado, sigue siendo el suyo y el mío, puesto que
ambos partidos lo votaron y, en tiempo histórico, prácticamente se puede
decir que lo votaron hace muy poco tiempo. Además, señoría, yo creo que
no nos hemos equivocado, que es el modelo razonable, si se atiende a una
evaluación correcta de lo que son las necesidades de la defensa y de
seguridad de este país y las posibilidades que ofrece la demografía y los
recursos de carácter presupuestario para atender a las necesidades de
este país, teniendo en cuenta también, como ha señalado S. S., que
estamos inscritos en un contexto de alianzas y de pertenencia a
organizaciones internacionales que determinan, en este caso concreto, el
volumen y características de lo que deben ser nuestras Fuerzas Armadas.

En definitiva, señoría, analicemos mesuradamente los hechos, reconozcamos
que hay un crecimiento muy importante durante los últimos años y que
continúa en éste como lógica reacción, coreada por los medios, a lo que
se ha llamado plan Belloch. Quiero decir también a S. S. que se está
produciendo una corriente contraria, bien es cierto que en mucha menor
cantidad, y es que, hasta ahora pero creciente, desde el momento en que
se presentó el plan Belloch hay tendencias de objetores declarados a
querer volver a su situación preexistente y a hacer el servicio militar.

Sobre el mismo hecho objetivo, que es el plan, hay dos sentidos
diferentes: uno mucho más importante todavía, otro mucho más reducido aún
pero creciente y significativo, que, entre otras cosas, nos va a obligar
a modificar el hecho concreto --que no estaba previsto, incluso estaba
prohibido-- de la posibilidad de que el objetor dejara de serlo y pasara
a acceder al servicio militar. Esa demanda, ese flujo, diríamos, de
vuelta ya lo tenemos también. Ese es el dato objetivo que hay, que no
pone en peligro el reemplazo --y a las cifras me remito, señoría-- hasta
este momento determinado, y hay que valorarlo con esta discreción y con
esta mesura que una cosa tan importante como ésta, que atañe a la defensa
nacional, exige por parte de todos. Yo me congratulo de que en este
sentido haya un importante nivel de coincidencia entre las fuerzas
políticas más significativas de este país, hasta el momento.




--SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS VIVIENDAS DE LA ARMADA (SANTA
CECILIA Y SANTIAGO APOSTOL), EN NARON (LA CORUÑA). FORMULADA POR EL SEÑOR
FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número
de expediente 181/000412.)



El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, ¿agrupa las preguntas
números 19, 20 y 22?



El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente, a mí me
gustaría que la número 19 se contestara por separado y no tendría
inconveniente en acumular la 20 y la 22.




El señor PRESIDENTE: Muy bien. Tiene la palabra para formular la número
19.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Secretario de Estado, en
reiteradas ocasiones hemos planteado ante la Comisión de Defensa el
problema que tienen las viviendas de la Armada de Santa Cecilia y
Santiago Apóstol, en Narón, en la comarca de El Ferrol. Después de los
anuncios formulados desde la Secretaría del Estado de Administración
Militar, en reiteradas ocasiones, de la posibilidad de venta o de
reparación por parte de los inquilinos, nos gustaría saber en qué
situación se encuentran en este momento estas viviendas situadas en la
provincia de La Coruña.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Como bien dice S. S., el tema de las viviendas de la Armada en Narón ya
ha sido tratado en otras comparecencias ante esta Comisión de Defensa del
anterior Secretario de Estado, concretamente en noviembre de 1992 y en
mayo de 1993. Lo que podría decirle en relación con el momento actual, y
para no extendernos en antecedentes que seguramente
S. S. conoce perfectamente, es que los estudios que se han realizado
sobre el tema llevan a deducir el escaso interés de estas viviendas a
efectos logísticos, de tal manera que en breve plazo podrá elevarse al
Consejo rector del Invifas la propuesta de la declaración no a efectos
logísticos. Aprobada esta declaración de que no quedan a efectos
logísticos y dentro del programa de saneamiento del patrimonio, el
instituto procederá a su enajenación a los usuarios, preferentemente de
las ocupadas, y mediante concurso o concierto a la venta de las vacías.

Si bien no hemos tenido hasta ahora la necesidad de dar publicidad al
tema, ya hay una decisión en firme sobre la venta de las 470 viviendas de
la barriada de Santa Cecilia, que son, como sabe S. S., viviendas muy
pequeñas, entre 52 y 59 metros cuadrados, y considerar igualmente la
venta de las restantes de Santiago Apóstol.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: El tema fue tratado en noviembre
de 1992, en mayo de 1993 y ahora en abril de 1994 porque efectivamente
existía una inquietud por parte de los inquilinos en este sentido, y yo
creo que el anuncio que hace el Secretario de



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Estado el día de hoy es lo suficientemente aclaratorio del problema que
allí surgía y, en cualquier caso, satisfactorio para los que esperan que
esas viviendas, que como usted muy bien dice no han sido declaradas de
interés logístico, puedan ser enajenadas a sus usuarios o en concurso
puedan ser vendidas las que estén vacías. Será dar un paso adelante, pero
a mí me gustaría que la Secretaría de Estado de Administración Militar
nos pudiera avanzar cuáles serán los criterios que establecerá el
Ministerio de Defensa, o en su caso el Invifas, para la venta de estas
viviendas, o en todo caso qué condiciones económicas tendrán que aportar
los inquilinos para hacerse propietarios de estas viviendas que en estos
momentos, como usted muy bien sabe, tienen unas condiciones precarias,
son de dimensiones pequeñas y en las que desde hace tiempo el patronato
no se gasta ni una sola peseta en adecentar, y ni siquiera se ha
permitido a los inquilinos hacer ningún tipo de inversión, por si en su
momento fueran declaradas o no de apoyo logístico.

Agradeciendo la contestación y, desde luego, mostrando mi satisfacción
porque se puedan vender estas viviendas por fin, me gustaría que el
Secretario de Estado pudiera hacer alguna ampliación al respecto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Todavía no puedo informarle de ese detalle, señoría, pero en cuanto se
concrete lo pondré en su conocimiento.




--VENTA DE LAS VIVIENDAS MILITARES A SUS ACTUALES INQUILINOS. FORMULADA
POR EL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO (GRUPO POPULAR). (Número de
expediente 181/000413.)



--ESTADO DE OCUPACION DE LAS VIVIENDAS MILITARES, DESDE LA ENTRADA EN
VIGOR DEL REAL DECRETO 1751/1990, DE 20 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CREO
EL INSTITUTO PARA LAS VIVIENDAS DE LAS FUERZAS ARMADAS (INVIFAS).

FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO (GRUPO POPULAR).

(Número de expediente 181/000418.)



El señor PRESIDENTE: Preguntas números 20 y 22, del señor Fernández de
Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: No las he querido acumular con
la anterior porque, aunque el problema es referido a las viviendas
militares, lo que yo planteo en este momento es bien distinto, porque
después de algunos años de puesta en práctica del Real Decreto por el que
se crea el Invifas, el 1751/1990, de 20 de diciembre, el Grupo
Parlamentario Popular en diversas ocasiones ha traído ante esta Cámara su
preocupación por la aplicación de ese Real Decreto con los diferentes
arrendatarios de las viviendas militares. Existe hoy en día un colectivo
importante de cerca de 17.000 militares que están en la reserva
transitoria en virtud del Real Decreto 1000/1985, de 19 de junio, por el
que se crean las condiciones para el pase a la reserva transitoria y se
reconocen unos derechos para este personal. Por citar algunos ejemplos
--documentación estoy convencido de que el Secretario de Estado tiene
suficiente--, el 5 de julio del año 1985, un oficial del Ejército de
Tierra elevaba instancia preguntando si conservaría su casa militar en
caso de solicitar el pase a la reserva transitoria acogiéndose al Real
Decreto 1000/1985. El 12 de julio el Jefe del Estado Mayor de la Defensa
informa la instancia de ese teniente y la cursa al Ministro de Defensa.

El 23 de julio del mismo año el Director General de Personal la remite al
Presidente del Consejo Directivo del Patronato de Casas Militares para
que emita informe preceptivo. El 30 de julio el Presidente la devuelve
con informe en el que se lee textualmente: Tiene derecho a seguir
ocupando vivienda militar de su categoría. El 12 de agosto del mismo año
el Secretario de Estado de Defensa, entonces Subsecretario de Estado de
Defensa, se lo comunica al Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y el 16
de agosto de 1985 el Gobernador del Estado Mayor de la Defensa se lo
comunica al teniente en cuestión. En ese mismo momento se solicita y se
concede el pase a la reserva transitoria de este teniente, que es un caso
entre los miles que hay presentados me imagino que ante el Ministerio de
Defensa. En marzo de 1986 el Secretario General del Consejo Directivo del
Patronato de Casas Militares comunica al Director gerente del mismo que
el personal que pase a la situación de reserva transitoria se equipare
con la situación de personal retirado para la ocupación y petición de
viviendas. El 14 de noviembre del mismo año se comunica al Gerente del
Patronato de Casas de los tres ejércitos que al personal en reserva
transitoria que ocupa casa militar se le permite continuar su disfrute en
las mismas condiciones que el personal en reserva activa. En febrero de
1987 el mismo Gerente vuelve a comunicarlo, añadiendo que al personal en
reserva transitoria que ocupa vivienda militar se le permite continuar el
disfrute de la misma y, curiosamente, en septiembre de 1989, es decir, un
año y medio después de esta última comunicación y antes de la publicación
del Real Decreto 1751/1990, el Director General de Personal comunica a
los gerentes de los distintos patronatos militares la resolución de los
contratos de arrendamiento sin haber entrado en vigor el Real Decreto
mencionado por el que se crea el Invifas.

Señor Secretario de Estado, nuestro problema no es que se haya creado la
reserva transitoria, en la que hay un exceso de militares que seguramente
tendrían que estar cumpliendo algunas funciones dentro de la propia
estructura militar; nuestro problema no es en este momento que a esos
militares se les hubiera concedido una serie de derechos en el momento de
su pase a la reserva transitoria, ni muchísimo menos que después de haber
entrado en vigor una serie de reales decretos se haya visto que es
injusto que militares que ya no prestan su servicio en las Fuerzas
Armadas tengan los mismos derechos que los militares que



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están en activo. Aquí no se discute nada de eso, porque ya hemos
discutido en su momento cuáles iban a ser las condiciones de este pase.

Aquí en este momento se discute que unos oficiales, en una situación de
reserva llamada transitoria, tienen una serie de derechos adquiridos en
virtud del Real Decreto por el que se establecen las condiciones del paso
a la reserva transitoria y que hoy, de una manera flagrante desde nuestro
punto de vista --y permítame la expresión el señor Secretario de
Estado--, se están conculcando. Pero no es sólo el problema de los
militares en la reserva transitoria, señor Secretario de Estado; es el
problema de los militares en activo que a partir del día 24 de enero del
año 1996 comiencen a pasar a la situación de reserva activa, o lo que es
hoy en día reserva en general, porque a partir de ese momento este
problema, que afecta ahora única y exclusivamente al personal en reserva
transitoria, empezará a afectar también a los militares que hoy están en
activo y que, por su pase a la reserva a partir del 24 de enero de 1996,
dejarán de tener derecho al uso de las viviendas militares.

Yo comprendo, señor Secretario de Estado, la necesidad imperiosa del
Ministerio de Defensa de que determinadas viviendas para oficiales que
cambien de destino, que son destinados en medio de un año o en un ínterin
en que les es necesario disponer de vivienda, sean declaradas viviendas
de apoyo logístico. Aunque también tengo que decirle que en cantidad de
ocasiones esas viviendas se están adjudicando cuando los suboficiales u
oficiales superiores que van a algún sitio destinados llevan casi seis o
siete meses en esas localidades, están pagando un alquiler, les quedan
tres meses de destino, y es entonces cuando se les dice que ya tienen
vivienda disponible y en ese momento tienen que dejar la vivienda que
tienen arrendada, hacer una nueva mudanza dentro de la misma para que en
tres meses tengan que cambiar de destino o puedan ser destinados a otra
zona o a otra región militar. Esto se está dando, con lo cual pierden su
compensación económica y su derecho a tener vivienda en la zona en la que
están.

Pues bien, con este preámbulo un tanto extenso, señor Secretario de
Estado, nuestra preocupación viene no sólo por esto sino también por las
cuestiones humanitarias que el señor Ministro, en su primera
comparecencia para explicar el Real Decreto, dijo que serían
prioritarias; dijo que serían tenidas en cuenta todas aquellas cuestiones
de carácter humanitario, tales como viudas, huérfanos o personal civil en
condiciones realmente en precario. A estas alturas, y después de tantos
años, esta Cámara no se ha enterado todavía de cuál es el número de
viviendas que están ilegalmente ocupadas en los tres ejércitos dentro del
Invifas hoy en día y por qué motivos están ilegalmente ocupadas. De ahí
derivan, señor Secretario de Estado, estas dos preguntas sobre las ventas
de las viviendas militares a sus actuales inquilinos y en qué condiciones
y cuál es el estado de ocupación de las viviendas militares desde la
entrada en vigor del Real Decreto a que hacíamos referencia, tanto desde
el punto de vista de ocupación de viviendas legal o ilegalmente ocupadas,
como desde el punto de vista del posible desahucio que se pueda llevar a
cabo con los militares en la reserva transitoria.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Lamento discrepar en el fondo de lo que ha dicho S. S., absolutamente. Lo
que en síntesis y en el extenso prólogo a sus preguntas concretas
mantiene S. S. es la puesta en cuestión del Real Decreto 1751/1990 y
coherentemente, si tal es el caso, lo que se está manifestando de hecho
es una preferencia por la situación preexistente.

Dado que el prólogo de S. S. ha sido extenso y crítico, me parece
razonable que la respuesta tenga que ser también, inevitablemente,
extensa y contracrítica. ¿Qué ha supuesto, señoría, la creación del
Invifas? Supuso la supresión de los patronatos de casas de los tres
ejércitos que tenían cultura de actuación diferentes, con procedimientos
de adjudicación no sujetos a norma general, no reglados, y que habían
provocado que un elevado número de viviendas estuviesen en ocupación
irregular. Más aún, señoría, de seguir así la situación, de seguir el
viejo régimen legislativo en relación con las viviendas militares, se
hubiera llegado al año 2000 con una ocupación irregular próxima al 90 por
ciento del parque de viviendas. En definitiva, no existiría el concepto
de vivienda de apoyo logístico que con uno u otro nombre es lo que
preveía la legislación precedente de los patronatos de casas militares,
puesto que todas se encontrarían amortizadas en situación irregular.

El citado Real Decreto, que aprobó el Gobierno, ha venido a corregir esas
deficiencias estableciendo, en primer lugar, la obligación del instituto
de facilitar viviendas de apoyo logístico o compensación económica
sustitutoria, compensación económica, señoría, que no existía en el
régimen precedente, que se establece en el proyecto de real decreto y en
el Real Decreto cuando es aprobado por este Gobierno, y que afecta
singular y exclusivamente a los militares en activo, porque son los
militares en activo, señoría, lo que vienen caracterizados por una
movilidad casi constante y forzada que en ocasiones supera los veinte
cambios de residencia a lo largo de la vida profesional. Por supuesto que
se establece también en el Real Decreto la revisión y la adaptación de
forma moderada de los cánones de uso de las viviendas para llegar a
alcanzar como máximo, señoría, la mitad del precio medio del mercado.

También en el Real Decreto se establece el marco jurídico para amparar
situaciones personales de hecho que, aunque conculcaban la legalidad
vigente, sí eran de reconocer y proteger por razones claras de interés
social y que afectaban singularmente a viudas, retirados, reservistas o
aquellos a quienes faltasen cinco años para pasar a la situación de
reserva. Por último, la norma preveía también una línea de actuación y
financiación en curso y en marcha para financiar y subsidiar la
adquisición por cuenta propia de vivienda para aquellos militares que así
lo deseasen, mediante el correspondiente apoyo a las cooperativas
concebidas para ello.

Desde entonces, señoría, el Invifas ha llevado a cabo un trabajo
importante. Hay que tener en cuenta que la primera labor a desarrollar
era calificar y evaluar la calidad, por



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tanto, del parque de vivienda disponible y administrado por los
patronatos de casas preexistentes. En este momento ya están calificadas
como de apoyo logístico 32.515 de un total de casi 45.000. Creemos que
pocas más se podrán incorporar, en principio, a este carácter y a este
label de apoyo logístico, aunque lógicamente el proceso de calificación,
a pesar de que desde este punto de vista puede considerarse concluido, es
permanente y vivo en función de las necesidades futuras que puedan
derivarse de la reorganización de unidades o del redespliegue de las
mismas. Hay que decir también, señoría, que de las 21.000 solicitudes
iniciales en el año 1991 se ha pasado a sólo 10.000 en 1991-1992 y,
teniendo en cuenta el período en que el decreto estuvo inactivo como
consecuencia de los recursos planteados, se ha pasado a 10.000 solamente
a 31 de marzo de 1994 y, en paralelo, se ha incrementado exponencialmente
la oferta de vivienda de apoyo logístico. Hay que tener en cuenta que ya
en muchos sitios, señoría, el Invifas es capaz de ofrecer vivienda al mes
en que ha sido solicitada. Lo que el Invifas no puede inventarse es el
total de viviendas disponibles en una localidad determinada a corto
plazo, aunque provea a garantizar la oferta en las cantidades necesarias
de acuerdo con la demanda y el redespliegue futuro de las Fuerzas
Armadas. En cualquier caso, a diferencia de la antigua situación, se
provee a suministrar al demandante una cantidad compensatoria equivalente
al canon que debería corresponderle por el pago de vivienda de apoyo
logístico hasta que su solicitud pueda ser atendida. Y hay que decir,
señoría, que en este momento, al 31 de marzo, precisamente porque hay
aproximadamente 10.000 solicitudes pendientes, que son la mitad de las
que existían escasamente dos años antes, el número total de demandantes,
de quienes devengan y lógicamente cobran esa cantidad compensatoria es de
11.000, supone 441 millones de pesetas al mes, es decir, un total de
5.300 millones de pesetas/año. Para realizar la oferta adecuadamente,
para que la oferta tenga relación con la demanda potencial y real
existente es necesario rehabilitar aquellas viviendas que estaban vacías,
en ocasiones con cierta o significativa precariedad en cuanto a la
calidad de sus instalaciones. Y hay que decir, señoría, que de estas
viviendas vacías hasta marzo de 1994 se ha ofertado 2.410 y se espera
llegar a un total de 3.210 a finales de este año, lo que es significativo
en relación con el ritmo de trabajo del instituto para satisfacer la
demanda de las viviendas de apoyo logístico.

Otra de las tareas importantes a la que se ha referido era la necesidad
de sanear la ocupación. Hemos visto en los datos precedentes cuál era la
situación de irregularidad que caracterizaba a las viviendas hoy
calificadas en su mayoría de apoyo logístico o de carácter social,
aquellas que no van a acceder a este label de calidad que es de apoyo
logístico y adonde nos llevaría la tendencia establecida extrapolando los
datos existentes a medio plazo, como era el año 2000, fecha a la que me
he referido. Lógicamente, como primera tarea, y en cumplimiento estricto
de las disposiciones contenidas en el Real Decreto en materia de
ocupación irregular, se ha procedido a incoar el precedimiento de
desalojar a quienes ocupaban una vivienda irregular no amparados por las
distintas circunstancias, no solamente desde el punto de vista objetivo
de atención a la función primordial que le estaba encomendada por el Real
Decreto, sino también a las situaciones de hecho de carácter social que
reclamaban una sensibilidad especial. Se ha procedido, como digo, a la
incoación de los correspondientes expedientes para recuperar, una vez
evaluada y calificada perfectamente cuál era la calidad del título de
ocupación de las viviendas de que se trataba, aquellas que lo estaban en
situación manifiestamente irregular. De estos casos flagrantemente
irregulares, que en parte son heredados ya de los antiguos patronatos,
hay actualmente 625 expedientes en curso y se han recuperado 322
viviendas.

En este proceso de racionalización del parque nos encontramos con
aquellos usuarios que estaban en situación de reserva transitoria.

Señoría, quienes se encuentren en reserva transitoria no están en activo
y, consiguientemente, no tienen derecho a ocupar una vivienda de apoyo
logístico y deben abandonar aquella que ocupaban en el momento de pasar a
esa situación. Ello es así no solamente porque lo establece el decreto,
sino porque lo establece con buen juicio el decreto y atiende al buen
orden de la gestión del parque de viviendas para cubrir las necesidades
de carácter logístico que vienen derivadas de la especial característica
de la profesión militar, que implica un peregrinar constante por el
territorio nacional y además de forma obligada. En ese sentido, se ha
remitido a todos --son 1.700-- carta recordándoles la obligación de
desalojar. Se han abierto ya 469 expedientes, todos con prudencia y
mesura en los plazos, y se han recuperado ya 119 viviendas de las que
también estaban ocupadas por personal en esta situación irregular de
reserva transitoria, a quien no le corresponde.

En relación con el personal en situación de reserva transitoria se va a
continuar, lógicamente, con un ritmo de incoación de expedientes de
acuerdo con la capacidad de gestión del instituto, que se estima de una
media de 50 al mes. Esas viviendas se dedicarán a satisfacer las demandas
de apoyo logístico para evitar, entre otras cosas, el caso que señala S.

S. de alguien que no ha podido ser atendido en su demanda y ha tenido que
incorporarse al procedimiento de indemnización compensatoria mientras tal
demanda no sea atendida. El objetivo del instituto es que tales demandas
de viviendas de apoyo logístico sean satisfechas en el menor plazo
posible y, consiguientemente, no tenga que acudirse al concepto de
cantidad compensatoria en espera de que sea satisfecha la correspondiente
demanda. Esta es la línea general, que es la línea legal y la línea
razonable que satisface adecuadamente las necesidades de los ejércitos en
relación con la vivienda de apoyo logístico a que ha hecho S. S.

referencia.

Pasando a las preguntas concretas que ha hecho S. S., en relación con las
ventas a sus actuales inquilinos de aquellas viviendas militares hay que
decir que la necesidad de saneamiento del patrimonio, unida al requisito
de autofinanciación del programa, hace que se contemple la enajenación de
aquellos hogares y viviendas del Invifas que no contribuyan al
cumplimiento de su objetivo final de dar cobertura a las necesidades de
viviendas del personal militar en servicio activo. Los criterios que han
de regir la



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declaración de determinado patrimonio del Invifas como realizable por ser
de gran interés como apoyo logístico han sido aprobados por el Consejo
rector del organismo. Se incluyen distintos tipos de patrimonio y entre
ellos aquellas viviendas situadas en localidades donde ha disminuido
significativamente o incluso ha desaparecido la guarnición militar, no
existiendo previsión de necesidades futuras. Determinado bloque de
viviendas destinadas a uso por personal civil o personal de tropa también
puede ser realizable, así como todas aquellas que no reúnan las
condiciones exigidas para ser declaradas de apoyo logístico. Tal como ha
constatado el Consejo rector, hay un tipo de viviendas cuyas
características, localización o estado hacen aconsejable igualmente su
enajenación, y ello no supone en ningún caso que las no calificadas como
viviendas militares de apoyo logístico hayan de ser necesariamente objeto
de este tipo de actuación. Se ha iniciado el proceso de enajenación de
aquellas viviendas que de acuerdo con los criterios mencionados ya han
sido objeto de la declaración de apoyo logístico determinado, y con
carácter general la venta de viviendas se dirige a sus actuales usuarios.

En definitiva, señoría, existe una visión general del proceso, unos
criterios básicos y una adaptación de tales criterios o principios
básicos a las situaciones específicas que puedan presentarse de acuerdo
con la diferente casuística que se da en el territorio nacional. Sí he de
decirle que ya se han remitido las primeras cartas a los usuarios de las
viviendas de Zamora, localidad que no tiene guarnición, y de algunos
bloques en parte ocupados por personal civil en Valladolid, Zaragoza y
Valencia, ofreciéndoles la compra de la vivienda que ocupan. En el caso
de Zamora es donde más avanzadas están las gestiones, disponemos ya de la
aceptación del cien por cien de los usuarios para acceder a la compra de
la vivienda que ocupan, y próximamente se formalizarán las escrituras
correspondientes.

En relación con la pregunta que también hacía S. S. sobre esta misma
temática en cuanto a las necesidades de futuro del Ministerio sobre el
estado de ocupación de viviendas militares desde la entrada en vigor del
Real Decreto del Invifas, me parece que de manera significativa y
sustancial ya ha quedado respondida en mi intervención precedente.




El señor PRESIDENTE: El señor Fernández de Mesa tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Secretario de Estado, en
modo alguno el Partido Popular y este Grupo Parlamentario han puesto en
duda, ni siquiera han discrepado, en el fondo, del Real Decreto
1751/1990. Nunca, en ninguna de las Comisiones. Es más, el Grupo
Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley bien
recientemente, que no se pudo ver en la pasada legislatura, para que este
Real Decreto creara el menor número de fisuras dentro de lo que pueden
ser las Fuerzas Armadas. Incluso de situaciones de agravio comparativo
entre diferentes oficiales o suboficiales, o personal civil de los
distintos ejércitos.

En esa proposición no de ley nosotros pedíamos que este Real Decreto no
tuviera efectos retroactivos y no es que pidamos que este Real Decreto no
se aplique, lo que estamos pidiendo es que el Gobierno de la nación sea
mínimamente ecuánime no con ninguna situación heredada de un pasado muy
lejano, sino con la situación heredada de su propio pasado de Gobierno
socialista. Lo que no se puede es obviar o hacer tabla rasa de las
condiciones en las que el Gobierno socialista promulgó un real decreto,
el 1000/1985, en el que se creaba la reserva transitoria con una serie de
condiciones. Yo no me estoy refiriendo única y exclusivamente al personal
de la reserva transitoria, en absoluto, puesto que ya digo que puede o no
tener razón en su forma de estar remunerado y en las condiciones en las
que se ha pasado a la reserva transitoria, prácticamente similares a las
del personal que está en activo, ése es un problema de quien ha creado el
Real Decreto 1000/1985; me estoy refiriendo a las condiciones que se les
dieron, si no se las ha inventado nadie, porque mucho personal que se ha
pasado a la reserva transitoria lo ha hecho en función de las condiciones
que le daban para poder acogerse a esa reserva transitoria.

Me refiero también al personal de la reserva activa. ¿Qué va a pasar a
partir del 24 de enero de 1996? Porque tienen unos contratos de
arrendamiento no firmados en un pasado muy lejano, sino firmados del año
1982 a esta parte, y con ello el Gobierno tiene que ser consecuente.

Aquí no se trata de que a partir del día de la fecha, porque sí y porque
hay un Real Decreto, todo el mundo va a andar con el paso cambiado; no
señor. Aquí, a partir de ese Real Decreto, habrá que explicar a todos
estos señores que han reclamado y que se acogen a una serie de escritos
firmados por el Secretario de Estado de la Administración Militar, señor
Suárez Pertierra; por el Director General del Patronato de Casas
Militares y por el Director General de Personal, señor Serrano,
diciéndoles que tenían derecho a conservar esa vivienda; habrá que
explicar, repito, por qué a partir de un día determinado, y antes de que
entrara en vigor ese Real Decreto, se dice: «No, mire usted, de lo que yo
le dije para pasarse a la reserva transitoria a partir de ahora nada.» No
es serio, señor Secretario de Estado.

Por eso, en nuestra proposición no de ley, bastante coherente, nosotros
pedíamos que este Real Decreto se revisara por lo menos en el sentido de
que fuera de aplicación al personal que a partir del día de entrada en
vigor de ese Real Decreto accediera a las viviendas militares, por una
razón de ecuanimidad.

Señor Secretario de Estado, usted ha hablado de las viudas, los retirados
y los reservistas, y ha citado un agravio comparativo bien importante,
que es el de los militares que a los cinco años pasen a la reserva activa
y continúen ocupando su vivienda; de eso ya hemos discutido aquí
abiertamente. Da la casualidad de que esos oficiales son los oficiales
generales, los superiores, que han tenido que pedir su pase a la reserva
antes del tiempo previsto para quedarse en una vivienda. Los oficiales
normales, los suboficiales y el personal civil no tienen derecho a
acogerse a ese tipo de cláusula; solamente los oficiales generales. Y es
lamentable, señor Secretario de Estado, que después de tres años



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de la entrada en vigor de este Real Decreto no se haya subsanado eso que
parece un agravio comparativo hacia el resto de las clases de oficiales o
suboficiales que están hoy en día disfrutando las viviendas militares.

Usted dice que las solicitudes han pasado de 21.000 a 10.000;
naturalmente, señor Secretario de Estado. Es que ustedes están ofreciendo
viviendas inhabitables para aquellos oficiales, suboficiales o personal
civil que ocupa las cabezas de los escalafones, para que renuncien a
ellas, con lo cual se liberan de una carga social, como es la
compensación económica que les dan, y encima tienen libre una vivienda
más. Eso es lo que está pasando. Incluso le voy a dar más datos, que
estoy seguro que conoce tan bien como yo.

Por ejemplo, oficiales o suboficiales, ante el cierre de las ayudantías
de marina que hay en España, se han ido a vivir a las cabeceras de las
capitanías generales --hoy zonas marítimas-- y en vez de solicitar
vivienda en su lugar de residencia, la solicitan en otra, dentro de la
zona marítima, para que no se la den porque están mucho más a la cola, y
seguir manteniendo su derecho a la percepción económica. ¿Por qué no se
usan las que están vacías, señor Secretario de Estado? Con este nivel de
desocupación que vamos teniendo, ¿qué pretende hacer el Ministerio de
Defensa con todas las viviendas desocupadas? Porque en el fondo subyace
en cantidad de colectivos esta pregunta: cuando existan bloques enteros
de viviendas vacías, ¿qué va a hacer el Ministerio de Defensa con ellas?
¿Venderlas a inmobiliarias? Llega un momento en el que --según la última
relación ofrecida por el propio Ministerio de Defensa-- cada vez existen
--como usted muy bien dice-- menos peticionarios, y cada vez hay más
viviendas vacías. Esto será lo que suceda en el futuro, señor Secretario
de Estado.

Nosotros no estamos en contra del Real Decreto; no estamos en contra de
que se lleve a cabo y se aplique. De lo que sí estamos en contra --y lo
estuvimos desde un principio-- es de que ahora, una vez creado el
Invifas, sea cuando se analice cómo están cada uno de los patronatos de
los tres ejércitos en lugar de haberlo hecho con anterioridad a la
entrada en vigor del repetido Real Decreto. Cada ejército debería haber
liquidado su patronato para saber el estado real de ocupación, y, una vez
liquidado cada patronato, haber creado el Invifas y haber empezado con
unas condiciones similares para los tres ejércitos de características tan
diferentes.

Termino, señor Secretario de Estado. Hay una barriada que preocupa de
manera especial y sobre la que ya hemos formulado varias preguntas a las
que no hemos obtenido contestación, y no se la pido ahora mismo, porque
probablemente no la tenga, pero sí le ruego que en cuanto obtenga la más
mínima comunicación al respecto nos la haga llegar. Me estoy refiriendo a
una barriada obrera en San Juan de Aznalfarache, que no tiene ni 50, ni
20, ni 60 viviendas; son 700 viviendas entre las que hay un arrendatario
que da la casualidad que es el ayuntamiento de la localidad. Nos gustaría
saber qué es lo que va a pasar con esas viviendas, queremos saber si se
van a desafectar, porque ya están declaradas no logísticas, y en qué
precio se van a ofrecer y en qué precio se van a vender.

Señor Secretario de Estado, nosotros deseamos que la aplicación de este
Real Decreto cree, primero, el menor número de fisuras posibles y,
segundo, el menor número de insatisfacciones, desde el punto de vista
legal, de personas que tengan unos derechos adquiridos, y ello debido a
que el Gobierno, porque sí, a partir del día de la fecha considere que no
tienen ese derecho debido a que las condiciones de vida que tienen son
mucho mejores. No nos parece que la aplicación de este criterio sea
justa, sino que nos parecería mucho más justo que se tuvieran en cuenta
todas las normas, por lo menos, que se han venido publicando desde que el
Gobierno socialista llegó al poder de la nación, simple y llanamente que
se cumplan las disposiciones que el propio Gobierno ha venido redactando
y poniendo en vigor, repito, desde la llegada a dicho Gobierno del
Partido Socialista.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Señor Fernández de Mesa, yo creo que se equivoca y se excede en sus
juicios y en sus cuentas. No está disminuyendo la demanda de viviendas de
apoyo logístico, salvo cuando se ven afectadas por la reducción de los
cuadros de mando que está teniendo lugar. La cifra que le he dado es la
relativa a peticionarios pendientes de adjudicación de la vivienda.

Consiguientemente, señor Fernández de Mesa, lo que ocurre es que antes
había un «stock» de 20.000 peticionarios con derecho a vivienda, que
deberían ser compensados por una cantidad establecida y prevista en el
Real Decreto porque no se disponía de la vivienda ofertada, y en función
de la buena gestión del Instituto, ese «stock» de demandantes de
viviendas de apoyo logístico ha pasado a reducirse exclusivamente a
10.000. Por tanto, no es que haya menor demanda, es la misma demanda,
pero se satisface, señor Fernández de Mesa, con mucha mayor rapidez. Otra
cosa son aquellos casos en los que, disponiendo de su vivienda particular
y demandando, al mismo tiempo, una vivienda de apoyo logístico, mientras
no se les concede quieren hacer compatible la vivienda particular con la
cantidad compensatoria. No; o una cosa o la otra, pero lo que no se
puede, evidentemente, es pagar y compensar la propia vivienda particular.

Desde este punto de vista, señor Fernández de Mesa, no solamente es
significativo el que la demanda exista y se mantenga, sino que lo que es
significativo es que se atiende con mayor rapidez, sobre todo que se
puede atender cada vez más, porque cada vez se liberan más viviendas y se
construyen las que sean menester para satisfacer las necesidades, y esto
es, insisto, lo significativo del proceso.

Además, y a diferencia de la antigua situación, aquel que no tiene la
vivienda que demandaba de manera inmediata, recibe una indemnización
compensatoria para ayudarle a pagar el piso en el que tenga que estar
alquilado



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hasta que se atienda desde Defensa la demanda correspondiente. No creo
que haya habido ningún agravio comparativo, señor Fernández de Mesa, no
creo que se haya conculcado ningún derecho. En cualquier caso, si tal
hubiere, o alguien creyera que tal es su caso, lógicamente tiene abierta
la vía a todos los recursos de carácter administrativo o judicial que
prevé nuestra legislación. Pero lo más sustantivo de todo, señor
Fernández de Mesa, y en lo que vuelvo a coincidir con usted, porque creo
que es importante, es en la valoración global positiva que supone este
Real Decreto sobre la situación preexistente.

Hay circunstancias que exigen perfeccionamiento y es voluntad del
Instituto continuar en ese perfeccionamiento permanente. Le voy a poner
dos ejemplos muy concretos.

Uno. Desde el punto de vista social la clasificación es solamente de tres
estratos, y no hay más por entender que tres son suficientes --a lo mejor
cabría considerar dos en el futuro-- para acceder a un tipo determinado
de vivienda.

Dos. La progresiva diferenciación de zonas en todo el territorio nacional
y en sus distintas ciudades para atender más adecuadamente a los precios
y costes de la vivienda, según determinadas situaciones y valoraciones
urbanísticas en cada localidad. De las tres primeras en el año 1991, se
pasó a cinco, luego se ha pasado a siete y posiblemente distingamos más,
de tal manera que cada vez nos acerquemos más a esa realidad y podamos
valorar y ponderar adecuada y objetivamente precios de mercado, de
acuerdo con esos precios de mercado acercarnos a esa subvención que
supone el 50 por ciento que se pretende conseguir como precio del canon
para el usuario de la vivienda de apoyo logístico.

Creo que es un proceso importante, positivo en todos los sentidos, que
contempla adecuadamente no sólo la realidad primordial a la que debe
satisfacer, sino también las circunstancias de carácter social que
requieren una consideración singular. Y no solamente en relación con el
pasado, sino también en relación con el futuro, porque de acuerdo con las
previsiones y el tipo de viviendas y circunstancias contempladas en el
artículo 44 existe una orden ministerial de este Ministerio en que por
razones humanitarias se podrán adjudicar, a demanda del interesado,
determinadas viviendas no calificadas como de apoyo logístico.

Vamos a vernos, por otra parte, en un proceso de movimiento significativo
de la localización del parque. En función del redespliegue en marcha de
los ejércitos va a haber lugares --el caso de Zamora es significativo--
en que o bien disminuya la guarnición o, como en el caso de Zamora,
repito, desaparezca prácticamente dicha guarnición, y eso, evidentemente,
lo que va a originar es que aflore la ociosidad de un tipo de viviendas
que ya no son de apoyo logístico porque no tienen nada que apoyar y, por
el contrario, en determinadas localizaciones haya que proceder a la
construcción de nuevas viviendas que sí sean de apoyo logístico. En ello
estamos, y quizá en una comparecencia futura, si tienen interés S. S. en
el tema, podremos informarles adecuadamente de cómo es este proceso que
va siguiendo el redespliegue de las Fuerzas Armadas y que, lógicamente,
como una realidad urbanística viva, permite aflorar excedentes que no
tienen ocupación y, al mismo tiempo, incorporar nuevas viviendas que sí
tienen que satisfacer la demanda de nuestros militares.




--RAZONES POR LAS QUE LOS CORONELES Y CAPITANES DE NAVIO TIENEN
DIFERENTES EDADES DE JUBILACION. FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA
DIAZ DEL RIO) (GP). (Número de expediente 181/000417.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Secretario de Estado,
¿cuáles son las razones por las que los coroneles y capitanes de navío
tienen diferentes edades de pase a la reserva?



El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Muy sintéticamente, señor Fernández de Mesa, para no alargarnos en cosas
que usted conoce muy bien, le diré que me consta que la diferencia de
pase a la reserva en distintos cuerpos es debida a la diferencia de los
cometidos asignados a cada uno de ellos. Es obvio que quienes pertenecen
a los cuerpos generales de los ejércitos y al Cuerpo de Infantería de
Marina de la Armada tienen como cometidos el mando, la preparación en el
empleo de la fuerza y el apoyo a dicha fuerza. Existe una correspondencia
biounívoca directa inmediata con la fuerza, y, lógicamente, para ello se
requieren unas condiciones psicofísicas óptimas y adecuadas a cada empleo
o al nivel en que se ejerce el mando, y de ahí deriva una determinada
edad de jubilación.

Por el contrario, aquellos cuerpos que no tienen una relación inmediata
con el empleo, el mando o la preparación de la fuerza, como es el caso de
los Cuerpos de Intenden-cia e Ingenieros de los Ejércitos, o de los
Cuerpos Jurídico-Militar, Militar de Intervención y Militar de Sanidad,
ahí existe otra edad de pase a la reserva que es diferente y superior en
algún año, como dijo S. S., al caso que anteriormente hemos expuesto.

Esto es todo lo que tengo que manifestar a su señoría contestando al
porqué.




El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Secretario de Estado, ésa
será la contestación que le han preparado para esta Comisión, pero
respecto a lo del estado psicofísico, coja usted a todos los coroneles de
las armas o a los capitanes de navío y cuénteles qué personas con 60 ó 61
años no están igual de preparadas que las de 59 años y se mueren de risa.

Yo creo, señor Secretario de Estado, que hay una razón, que es la no
actualización de las



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diferentes leyes que se han venido aplicando, simple y llanamente. Yo
estoy seguro que usted y su asesoría lo conocen también.

Antes existían estas mismas edades de jubilación para los cuerpos
comunes, para Intendencia, porque el grado de capitán general, es decir,
de teniente general, tenía la edad de retiro a los 66 años (antes de
entrar en vigor lo de los 32 años de servicio y antes de entrar en vigor
lo de los cuatros años de permanencia en el empleo), y para que no
hubiera un agravio comparativo se elevó la edad de retiro de los
generales de división de los cuerpos comunes y de los cuerpos de no mando
a los 65 años, teniéndolo los del cuerpo de mando en los 66, y eso tiró
arriba del resto del escalafón, con lo cual los coroneles de los cuerpos
comunes, de los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros, pasaron a
retirarse a los 61 años. ¿Qué ha sucedido? Que con la entrada en vigor de
la nueva Ley 17/1989, los generales, los tenientes-generales de los
cuerpos y de las armas o los almirantes, en vez de retirarse a los 66
años, se retiran a los 64, y los capitanes de navío y coroneles, en lugar
de retirarse a los 60 o a los 61 años, se retiran a los 58 años. Y en vez
de adecuar las edades de retiro de los cuerpos comunes a las nuevas que
rigen en los cuerpos de mando, no lo han hecho, con lo cual se encuentran
hoy en día con la injusticia flagrante de que los cuerpos de mando, que
se retiraban con más edad que los cuerpos comunes o que los cuerpos de no
mando, hoy en día se encuentran con que se retiran antes de lo que se
retiraban. Y lo que es más grave, el agravio comparativo de que los
coroneles o generales, que antes se retiraban con menor edad, ahora se
retiran con más edad, y las personas que están en los escalafones de los
cuerpos de mando (Cuerpo General de las Armas, Cuerpo General de la
Armada o Cuerpo de Infantería de Marina), que se retiraban más tarde,
ahora se retiran antes, y los de los cuerpos comunes, que se les había
elevado la edad de retiro para no distanciarlos muchos de los de los
cuerpos de mando, ahora están en ventaja con respecto a ellos. Y no le
quepa la menor duda de que, al final, todo esto es una ventaja para los
que se retiran más tarde y una desventaja para los que se retiran más
jóvenes, porque con la entrada en vigor de esa Ley que obliga que a los
32 años de servicio se retire el personal de las Fuerzas Armadas que no
haya llegado al generalato, todos aquellos que estén ingresando con 17 y
18 años en las academias militares tendremos la ventaja de que serán los
que antes se retiren; es decir, aquellos que como premio han ingresado
más jóvenes en las academias militares tendrán el castigo de tener que
retirarse antes que los que ingresaron con más edad.

Estas son incongruencias que pasan, y que yo no denuncio con el único fin
de dejar en evidencia nada, porque es una apreciación subjetiva, y desde
luego acepto que el Gobierno tenga otra completamente diferente. Pero de
lo que no cabe duda, señor Secretario de Estado, es de que se está
produciendo un desfase en la adecuación de las leyes y de que si se pone
de manifiesto en estas comisiones es sólo para que el propio Gobierno
haga una revisión de lo que está en funcionamiento. A mí me gustaría,
señor Secretario de Estado, que el propio Ministerio de Defensa volviera
a revisar este asunto y que, de ser posible, volviera a establecer
condiciones, cuando menos, iguales para todos los cuerpos de las Fuerzas
Armadas, sean comunes, sean de Intendencia, sean de Ingenieros o sean de
los cuerpos generales de las armas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Señor Fernández de Mesa, no hay un modelo perfecto de gestión de
personal, como sabemos todos los que nos hemos dedicado durante muchos
años ya a la gestión de sistemas complejos, y cualquier experto sobre la
materia puede concordar en esto. Todos los modelos pueden ser más o menos
buenos, pero ninguno es perfecto, tanto si es aplicado a un sistema
complejo, como son las Fuerzas Armadas, o a otro como son los organismos
burocráticos en general, porque la referencia o reflexión que ha hecho S.

S. también se podría extrapolar a lo que sucede en la Administración
civil del Estado, donde cabría contemplar el hecho de que existen
diferentes edades de jubilación en uno u otro tipo de funcionarios.

Partiendo de este hecho, a mí me parece que el modelo actual de gestión
de personal, implantado a partir del año 1979, es claramente superior, en
sus efectos y contenidos, al preexistente, sin negar que, como no es
perfecto --porque no hay modelo alguno perfecto de gestión de personal--,
pueda conllevar, como todos, algunas disfunciones. Lo que sí mantengo,
señor Fernández de Mesa, es que las disfunciones de este modelo son
menores que las del modelo precedente, y que este modelo ha permitido un
rejuvenecimiento de los cuadros de mando de nuestras Fuerzas Armadas que
sería deseable que pudiera ser superior al respecto. Creo que tampoco se
puede dudar, señor Fernández de Mesa, que no es lo mismo el estado
psicofísico exigible a quien tiene que estar directamente en el empleo de
la fuerza, por así decirlo, que a quienes por razón de las funciones que
les corresponden, de acuerdo con las características del cuerpo al que
pertenecen, desempeñan una función --digámoslo sin ningún matiz
peyorativo, por supuesto-- de carácter más burocrático.

Sin embargo, señor Fernández de Mesa, la síntesis es que no tenemos un
modelo perfecto de gestión de personal. Es más, incluso señalaría que las
realidades burocráticas exigen en cada momento modelos diferentes de
gestión de personal --cabe preverlo y no hay que esclerotizar un modelo
determinado, sino atender a una realidad cambiante y viva, como son los
organismos burocráticos, para proveer a satisfacerla con el modelo de
gestión mejor para la circunstancia concreta. Pero de lo que no cabe
ninguna duda, repito, es de que ningún modelo es perfecto y tampoco
contempla todas las posibilidades con igualdad. Por otra parte, tampoco
cabe duda de que el modelo actual es claramente beneficioso en relación
con el preexistente, de acuerdo con los efectos inducidos que conlleva en
relación con el rejuvenecimiento y también en relación con la



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forma de preseleccionar e inducir la carrera administrativa militar de
los diferentes cuerpos de las armas.




--CAUSAS POR LAS QUE EL GOBIERNO NO HA EXIGIDO QUE LA ADMINISTRACION
AMERICANA DE LA BASE DE ROTA ENTREGUE LOS «CUADROS NUMERICOS». FORMULADA
POR EL SEÑOR ANDREU ANDREU (GIU-IC). (Número de expediente 181/000500.)



El señor PRESIDENTE: Habiendo regresado el señor Andreu, tiene la palabra
para formular la pregunta número 23.




El señor ANDREU ANDREU: Muchas gracias, señor Presidente, por su
amabilidad al haberme retrasado el momento de la formulación de la
pregunta.

La pregunta en cuestión trata de cuerpos mucho más modestos, que dependen
de la Administración de Defensa (en este caso de la Administración de
Defensa americana), aunque por los tratados bilaterales existentes debe
tener cumplida cuenta la Administración española de las diferentes
vicisitudes en que se encuentran los trabajadores contratados por dicha
Administración americana, en concreto, de los cuadros numéricos que, como
bien sabe el señor Secretario, son el listado de los diferentes
trabajadores contratados por la Administración americana en los que
vengan incluidos, además, los datos mínimos: edad, documento nacional de
identidad, la categoría, el sector en el que trabajan, etcétera.

En el momento en que esta pregunta se realizó, los sindicatos de la Base
Naval de Rota llevaban reivindicando reiteradamente el conocer esos
cuadros numéricos, y ello por razones bastante obvias; porque sin la
existencia de esos cuadros numéricos difícilmente se puede llevar un
control sobre cómo se estaba realizando esa relación laboral, ni sobre si
se estaban produciendo jubilaciones y de alguna manera no eran cubiertas
de nuevo las plazas por otros trabajadores. Es decir, si se estaba
produciendo una reducción real de trabajadores españoles contratados por
parte de la Administración americana, si se estaban produciendo cambios
de categoría dentro de esos propios trabajadores, etcétera.

Es cierto que fechas después de realizada esta pregunta se les ha dado
unos cuadros numéricos a los trabajadores, concretamente a los
sindicatos, al Comité de Empresa de la Base de utilización conjunta de
Rota, y es la segunda vez que esos cuadros numéricos se obtienen en once
años. Por tanto, el sentido de la pregunta no es tanto el original, en el
que había una clara reivindicación de esos cuadros numéricos porque éstos
se han facilitado, sino manifestar que los mismos son claramente
incompletos; es decir, no recogen todavía muchísimas de las condiciones
de los diferentes trabajadores que constituyen el personal contratado por
la Administración americana. Incluso en muchos casos se encuentran datos
obsoletos, porque en esos cuadros numéricos hay trabajadores que ya están
jubilados. Por supuesto, en ninguno de los casos se da el dato de la
categoría profesional de los trabajadores ni de la sección a la que
pertenecen.

Por tanto, le manifiesto la necesidad de que esos cuadros numéricos se
contemplen con mayor rigor; es necesario que se exija a la Administración
americana, y ello por ningún motivo especial sino en cumplimiento de los
tratados bilaterales, que esos cuadros numéricos se den con todo el rigor
necesario para que se pueda llevar el control. Ha habido casos en los que
se han producido despidos, como en el Club de Oficiales Americanos de la
Base de Rota, a catorce trabajadores, e inmediatamente se les ha ofrecido
otros puestos de inferior categoría. Esto ha sido posible precisamente
porque se tenía un desconocimiento real de las diferentes categorías en
que se encontraban dichos trabajadores.

Por eso, el sentido de la pregunta (más que pregunta petición) es que se
completen mucho más los cuadros numéricos que se han facilitado hasta
ahora por la Administración.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Tomo nota, señor Andréu, de sus precisiones y puntualizaciones a efectos
de pasarlas a quien corresponde y que las tenga en cuenta. No se me
ocurre nada más.




--ACTUACIONES PRACTICADAS EN RELACION CON LA DENUNCIA DE IRREGULARIDADES
LABORALES EN EL CASINO MILITAR DE VALENCIA, DEPENDIENTE DE LA JEFATURA
LOGISTICA TERRITORIAL. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC).

(Número de expediente 181/000506.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Peralta, que tiene la
palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Secretario de Estado, durante el año 1993
se presentó por un antiguo trabajador del Casino Militar de Valencia,
dependiente de la Jefatura Logística Territorial, una denuncia, a lo que
él entendía que era el organismo competente, sobre irregularidades que,
en su opinión, se producían en el ámbito laboral. Esa denuncia,
presentada inicialmente ante organismos laborales, fue remitida a fines
del año pasado, a través de la Delegación del Gobierno, al Ministerio de
Defensa.

La pregunta concreta que desearía hacerle, señor Secretario de Estado, es
qué actuaciones se han llevado a cabo por el Ministerio de Defensa, de
acuerdo con la legalidad vigente, en relación con esta denuncia sobre
irrregularidades laborales en el Casino Militar de Valencia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




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El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo
Arias): Muy brevemente, señor Presidente.

No consta que se hayan producido las irregularidades que se denunciaron
después de finalizado el contrato. Una vez resuelto el mismo por
cumplimiento del término resolutorio del mismo, don José Joaquín Orero
formuló la reclamación previa interesando el abono de 45.600 pesetas en
concepto de indemnización por término de su relación laboral. Esa
reclamación, previo informe de la sección laboral de fecha 12 de mayo de
1993, fue desestimada por Resolución de la Dirección General de Personal,
de fecha 20 del mismo mes, y no consta que se haya formulado un recurso
de alzada contra esta Resolución.

No tengo otra cosa que decir.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Secretario de Estado, ha centrado usted la
respuesta en relación con lo que es la reclamación individual de un
trabajador, y la reclamación personal de ese trabajador, en la medida en
que eran sus intereses personales, solicitaba una determinada
indemnización. No obstante, ese mismo trabajador presentó denuncia en
relación con otros extremos, como la posibilidad de que personal
estuviera prestando servicios sin dar de alta en la Seguridad Social, sin
contrato. Hacía referencia, en el caso concreto, a guardias civiles
retirados que estaban prestando servicios. Hacía referencia también a la
situación de tener que atender, aparte de los servicios ordinarios de
comedor, servicios extraordinarios de determinadas celebraciones de
carácter social, comuniones, etcétera, que no eran objeto de ningún tipo
de compensación, modificaciones de horario, etcétera.

Señor Secretario de Estado, en su contestación, usted no ha hecho
referencia a estos extremos, que son los que realmente tienen interés.

Por supuesto, los derechos individuales de cada trabajador tienen
interés, pero ya se encarga ese trabajador, o se debía encargar, en
defensa de sus intereses, de llevar a cabo las actuaciones pertinentes. A
nosotros lo que nos preocupa es que puedan producirse actuaciones de este
tipo, si es que efectivamente se producen --para saberlo hay que llevar a
cabo la oportuna investigación--, como consecuencia de la normativa
especial que se aplica en el caso de los centros del Ministerio de
Defensa (el Decreto que regula el personal laboral del Ministerio de
Defensa) y que estas actuaciones puedan producirse en una situación en la
que los organismos normales que investigan las irregularidades laborales
no intervienen y los organismos que, de acuerdo con la legalidad vigente,
deberían asumir sus competencias, tampoco, con lo cual, al final, se
pueden estar produciendo situaciones de irregularidad evidente y con
absoluta impunidad. Esos extremos son, señor Secretario de Estado, los
que nos gustaría que se abordaran en la investigación, al margen
--insisto-- de los mecanismos legales que existan para defender los
derechos individuales. Si ese trabajador no ha recurrido, debía ser que
no tenía derecho o que entendía que no le correspondía, pero a nosotros
sí que nos preocupa que estas actuaciones se puedan estar produciendo.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Seré muy breve, señor Presidente.

Había dicho que no consta que se hayan producido las irregularidades
denunciadas, pero clarifico más. Si se refiere a cualquier circunstancia
de irregularidad en relación con seguridad, por ejemplo, o en relación
con personal laboral dependiente del Ministerio, no hay irregularidad
alguna. Si alguna irregularidad podría caber en relación con una contrata
que pudiera haber --que no sé si la hay-- para los servicios que se
prestan en el Casino de Valencia, lógicamente, no es un problema de
responsabilidad de la empresa Ministerio de Defensa, sino que sería un
problema de la empresa equis que presta sus servicios al Ministerio de
Defensa, pero la relación es estrictamente empresarial. Las relaciones
laborales son diferentes si se trata de alguien que pertenece a una
empresa que contrata con o si está en nómina del Ministerio de Defensa.

En relación con el Ministerio de Defensa, puedo garantizarle, señoría,
que no hay irregularidad alguna en ninguno de quienes conforman su masa
de personal laboral. Lógicamente, la situación de empresas terceras con
las cuales contratamos para una u otra cuestión no la podemos conocer.




--MEDIDAS PARA QUE, EN LOS HOSPITALES MILITAR DE LA CORUÑA Y NAVAL DE EL
FERROL, SE PRESTE ASISTENCIA SANITARIA PUBLICA EN COLABORACION CON EL
«SERVICIO GALEGO DE SAUDE» (SERGAS). FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 181/000521.)



--PREVISIONES SOBRE LA OBTENCION DE BENEFICIO ECONOMICO POR EL CIERRE DEL
HOSPITAL MILITAR DE LA CORUÑA. FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 181/000522.)



El señor PRESIDENTE: Preguntas números 25 y 26, del señor Romero.

(Pausa.) Se dan por decaídas.




--OPINION DEL MINISTRO DE DEFENSA ACERCA DE QUIEN ES EL RESPONSABLE DE
QUE, CON UN POCO DE SUERTE, LOS OBJETORES DE CONCIENCIA NO TENGAN QUE
CUMPLIR LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA. FORMULADA POR EL SEÑOR



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LOPEZ VALDIVIELSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000453.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor López Valdivielso, que
tiene la palabra.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Señor Presidente, ésta es la pregunta que yo
formulaba al señor Ministro de Defensa, inspirada precisamente por unas
declaraciones que hizo él mismo a unos medios de comunicación. Hablando
sobre el preocupante problema del incremento del número de objetores, el
señor Ministro de Defensa dijo a los medios de comunicación que una de
las razones era que existía la sensación de que, con un poco de suerte,
quien se declarase objetor no tendría que cumplir la prestación social
sustitutoria. La verdad es que a mí me chocó un poco esta declaración del
señor Ministro, y que conste que yo le doy la razón porque creo que
ciertamente es así. Habiendo el número de objetores de conciencia
pendientes de cumplir la prestación social sustitutoria que hay, es
verdad que muchos se pueden hacer ese cálculo: yo me declaro objetor y,
al final, me llega la edad del pase a la reserva, por decirlo de alguna
forma, sin haberla cumplido. Entiendo el argumento, lo que me sorprendió
es que fuera el propio señor Ministro de Defensa quien lo dijese. ¿Y por
qué me sorprendió? Porque, si esto es así, resulta que él es uno de los
culpables. Es culpable el Gobierno y a él, como miembro del mismo y
teniendo en cuenta que la acción del Gobierno es una acción colegiada, le
toca, como dice el señor Felipe González, la cuota parte de
responsabilidad que le corresponda. Por eso me chocó lo que dijo y quería
que, en esta Cámara, nos lo especificase y, además, constase en el
«Diario de Sesiones». Se lo preguntaba a él pero, en fin, le ruego que me
conteste usted y que conste en el «Diario de Sesiones» el reconocimiento
de esa culpa de que muchos se planteen que declarándose objetor se pueden
marchar a su casa sin tener que hacer nada.

Le eximo de que nos cuente el Plan Belloch, porque ya nos lo sabemos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
No pretendía hacerlo, y estoy seguro de que lo conoce perfectamente. Yo
creo que no cabe hablar de situaciones de responsabilidad, sino más bien
de una situación de hecho. Yo creo que el fenómeno es simple y tiene que
ver un poco con la pregunta que contestábamos al principio de mi
comparecencia ante la Comisión. Durante los dos últimos años ha habido un
crecimiento exponencial del fómeno de la objeción de conciencia en
España, que no ha puesto en ningún momento en cuestión, reitero, hasta
ahora, la satisfacción de las necesidades de reemplazo, pero sí es cierto
que ha desbordado todas las previsiones existentes en relación con la
capacidad de dar salida a ese crecimiento exponencial. Lo que tenemos que
plantearnos, y ahí sí habría responsabilidad, es si no somos capaces y no
ponemos los medios adecuados para dar salida y proveer de plazas de
prestación social sustitutoria en la cantidad y calidad adecuadas para el
fenómeno que tenemos ante nosotros y que, como ya decía anteriormente,
también se produjo en el caso singular de Alemania hace tres años.

Esa responsabilidad no sólo es del Gobierno, yo creo que es
institucional, general, y más ampliamente de la sociedad en su conjunto,
pero quedándonos en lo que nos afecta a nosotros, sí es una
responsabilidad de las instituciones y también del Gobierno, que está
obligado a proveer, a dar salida, a gestionar el fenómeno. Uno de los
aspectos que demuestran que el Gobierno responde o intenta responder al
proceso es ese plan Belloch que S. S. conoce y que, desde luego, no
pretendo ni mucho menos exponer, pero yo quisiera hacer una llamada mucho
más amplia a las restantes administraciones públicas, también al
Gobierno. Son administracione autonómicas y son administraciones locales,
y si la sociedad, desde el punto de vista de sus instituciones
representativas, no responde ante el fenómeno, como se responde
adecuadamente en otros países ante circunstancias semejantes, difícil lo
vamos a tener para embridarlo en tiempo y forma.

Yo hago aquí un llamamiento especial a su Partido y al Partido
Socialista, que conjuntamente --y no quiero equivocarme-- gobiernan en el
80 por ciento aproximadamente de las comunidades autónomas de España.

Entiendo que una función activa de los gobiernos autonómicos --como ya se
está produciendo en muchos casos, pero hay que extenderlo y ampliarlo--
puede hacer mucho, no solamente para la creación de plazas directamente
en organismos dependientes del mismo, sino para inducir esa creación en
instituciones públicas que radican en su espacio territorial
--verbigracia los ayuntamientos-- y también en aquellas istituciones
privadas de las cuales les está encomendada la tutela o bien sobre las
que, por actuar en el terreno de la comunidad autónoma de que se trate,
el gobierno autonómico concreto tiene una influencia efectiva y directa.

Por tanto, partimos de una situación de hecho que se ha presentado de
improviso, tenemos que hacer frente a la misma, sería irresponsabilidad
si no lo hiciéramos, y yo creo que esa responsabilidad nos atañe a todos
y ninguno debemos hurtar la parte de responsabilidad que nos corresponde.

Es un tema de tanta importancia, porque atañe a la defensa nacional --que
bien sé lo que preocupa y ocupa a S. S.--, que una vez más debemos
concordar todas las instituciones, todos los partidos, todas las
administraciones, y muy singularmente, por razón de la importancia
institucional y política, el Partido Popular; los gobiernos autonómicos y
los ayuntamientos populares, el Partido Socialista, los gobiernos
autonómicos y los ayuntamientos socialistas, en conjunto todos ellos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Valdivielso.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Muy brevemente, señor Presidente.




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Quizá sea un problema de gestión de la prestación social sustitutoria.

Hay que resolverlo, hasta ahora se le ha prestado poca atención y se
pensaba que el problema no iba a llegar a los niveles a los que ha
llegado. Pero en fin, ahí está el Plan Belloch y se alienta a las
comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que colaboren, y yo
estoy de acuerdo.

Pero hay otra parte de la cuestión, que es por qué se declaran tantos
jóvenes objetores de conciencia. Es cierto que tenemos que conseguir que
los objetores cumplan la prestación, pero sigue creciendo el número de
objetores, la tendencia no ha cambiado por el momento. Ese es otro
aspecto que hay que tener en cuenta, y esto sí que es ya responsabilidad
de Defensa directamente. Me parece que ustedes, el Gobierno, que son
quienes tienen los medios para poder hacerlo, tampoco han logrado hacer
entender a la sociedad española y mucho menos a la sociedad juvenil que
el servicio militar, en tanto en cuanto tenga que seguir siendo
obligatorio, es una necesidad para la defensa nacional. Es más, creo que
en ese intento se ha retrocedido.

Por otra parte, a pesar de que se han hecho esfuerzos y se ha promulgado
la Ley del Servicio Militar, que tenía entre sus finalidades sacar al
servicio militar del rechazo social en el que se encontraba, tampoco se
ha conseguido absolutamente nada, yo diría que casi todo lo contrario.

Estas son cuestiones que también hay que valorar.

En este planteamiento de por qué hay tantos objetores --ya lo he dicho en
alguna ocasión en esta Comisión--, yo también echo en cierto modo la
culpa a ese doble lenguaje que muchas veces se mantiene desde el propio
Partido Socialista, que es quien soporta, en el mejor sentido de la
palabra, al Gobierno. El fenómeno preocupa en Defensa, lo dice el
Ministro, lo dice usted, y yo creo que lo dicen con sinceridad, pero al
mismo tiempo hay muchos ayuntamientos gobernados por el Partido
Socialista que están financiando, apoyando y promoviendo organizaciones y
oficinas, no ya que hablen de la objeción o que fomenten la objeción, que
al final está en la Constitución, sino incluso la insumisión. Yo exhibí
en esta Comisión unas fotos, que naturalmente hoy no tengo, de un acto
organizado por una asociación que financia y sostiene el señor Alcalde
del Ayuntamiento de Valladolid, acto que estaba presidido por una gran
pancarta que decía: «Mili asesina». Y habría otros muchos ejemplos como
el doble lenguaje que para mí supone el que el Ministerio de Cultura
financie una película que se llama «Historias de la puta mili». A mí me
parece muy bien que se hagan películas con ese título, con ese contenido,
que las haga quien quiera y como se quiera, lo que no me parece bien es
que el Ministerio de Cultura subvencione y financie esas películas.

O sea que, señor Secretario de Estado --estoy seguro, aunque no tengo
atribuciones--, cuente con las comunidades autónomas gobernadas por el
Partido Popular, cuente con los ayuntamientos gobernados por el Partido
Popular para ayudarles a encontrar plazas para que los objetores puedan
cumplir la prestación social sustitutoria, pero también lancen ustedes
algún mensaje a sus ayuntamientos, a sus alcaldes para que tengan algunas
consideraciones con respecto a la defensa nacional, para evitar que sigan
financiándose movimientos que no benefician absolutamente a nadie y mucho
menos a nuestra defensa nacional.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Conozco el pensamiento de S. S. en profundidad. Sé que concordamos
básicamente en el pensamiento en este caso y en la visión del problema,
pero aquí pido coherencia a S. S. De verdad, estamos en el mismo barco y
no cabe pensar en tirar piedras de uno a otro lado del barco, de la popa
a la proa, porque el fenómeno de ligereza que ha denunciado S. S. podría
perfectamente extrapolarse al caso de instituciones, organismos
dependientes del Partido Popular, aparte de comunidades autónomas y
ayuntamientos, porque por ejemplo tengo «in mente» determinadas
declaraciones del Presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular
que, aparte de suponer en ocasiones un auténtico asalto a la
inteligencia, me cuesta pensar, estoy absolutamente convencido de que no
son en ninguno de los sentidos asumidas por S. S.

En definitiva, apliquémonos todos a solucionar el problema en una línea
en la que estoy convencido de que S. S. y nosotros concordamos
completamente y hagamos un llamamiento a la razón y a la responsabilidad,
generemos más cultura de defensa nacional (lo que tampoco es un problema
exclusivamente del Gobierno de la nación y del Ministerio de Defensa,
sobre todo en una sociedad como la nuestra y en una organización del
Estado tan descentralizada como la nuestra, sino que es trabajo
absolutamente de todos) y, sobre todo, intentemos evitar cuando se
produzcan y en el organismo en que se produzcan o en la institución de
que se trate el apedreo de la razón, que es lo más significativo al
respecto, y cualquier asomo de oportunismo. Creo que ésta es la tarea
común que tenemos que emprender e insisto en la enorme responsabilidad
que corresponde al partido de S. S. y al Partido Socialista en esta
materia y a las instituciones que gobernamos ambos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado por su
comparecencia.

Gracias, señorías.

Les recuerdo que a las cuatro empezamos una nueva sesión de la Comisión.

Se suspende la sesión.




Eran las dos y veinte minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE LOS OFICIALES DE LA ESCALA DE
COMPLEMENTO QUE, EN EL MOMENTO DE



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ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 17/1989, DE 19 DE JULIO, REGULADORA DEL
REGIMEN DEL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL, NO HAN PODIDO INTEGRARSE EN LAS
NUEVAS ESCALAS PUEDAN SOLICITAR SU COMPROMISO HASTA LA EDAD DE PASE A
RESERVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.

(Número de expediente 161/000055.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Primer punto del orden del día: Proposición no de ley por la que se insta
al Gobierno para que los oficiales de la escala de complemento que, en el
momento de entrada en vigor de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora
del Régimen del Personal Militar Profesional, no han podido integrarse en
las nuevas escalas puedan solicitar su compromiso hasta la edad de pase a
reserva.

Señorías, deseo comunicar, antes de dar la palabra al Grupo autor de la
proposición no de ley, que las votaciones de las cuatro proposiciones no
de ley que se van a debatir se producirán al final de la sesión. Esta
votación, en todo caso, no tendrá lugar antes de las cinco y cuarto de la
tarde.

Por el Grupo Popular, y para la defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, presentada ya la proposición no de ley, creo que conocida por
el conjunto de los componentes de esta Comisión, quiero hacer unas
matizaciones para ver si pudiera salir adelante esta proposición que,
desde luego, en todo caso, merece la atención y el estudio posterior,
caso de no ser aprobada, del Ministerio de Defensa.

Se trata de un grupo muy reducido de oficiales que, aun en el caso de
contabilizar a los militares de empleo procedentes de las escalas de
complemento, no llegaría a los 200 oficiales, incluidos Tierra, Mar y
Aire y los cuerpos comunes.

También parece quedar fuera de toda duda que la actual proposición no de
ley se presenta porque este escaso grupo de oficiales se ha visto en gran
desventaja con los que con anterioridad al día 1 de enero de 1990 eran
sus compañeros de empleo, cuerpo y escala, y que en la actualidad no
existe ni una sola norma mediante la cual se les pueda beneficiar. Es
obvio que si estuvieran justamente amparados por alguna norma no sería
necesario entrar a debatir la presente proposición no de ley.

Quiero insistir en la problemática que ocasionaría una posible
integración, si es que la hubiera. Convendría recordar que en la
proposición no de ley no se solicita la integración, al objeto de no
alterar los escalafones y, precisamente, evitar nuevos saltos y
situaciones de agravio como las que se han producido, sino que
simplemente se persigue la consecución de una permanencia en su actual
escala, declarada a extinguir, hasta la edad de pase a la reserva de sus
miembros.

También es conveniente aclarar que los antiguos componentes de la escala
de complemento que han finalizado su compromiso no lo han hecho de forma
voluntaria, sino porque el propio Ministerio no quiso o no pudo renovar
sus compromisos en base a las actuales normas. Estamos seguros que no
sería un problema y que, en caso de ser aprobada la propuesta, estos seis
oficiales de complemento, todos ellos tenientes de navío o capitanes,
estarían orgullosos de poder reingresar y seguir sirviendo a los
intereses de la Armada.

En cuanto al personal que se acogió a lo estipulado en la Ley 17/1989, y
que actualmente son militares de empleo, si la proposición no de ley
fuera aprobada en los términos exactos en que ha sido presentada, estos
oficiales podrían retornar a su escala de origen, es decir, la escala de
complemento, y, de esta forma, permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la
edad de pase a la reserva. Sería, no cabe duda, un gesto de generosidad
por parte del Gobierno acceder a lo solicitado, ya que únicamente tiene
como fin beneficiar a un grupo bastante reducido de oficiales que,
inexplicablemente, no se pudieron integrar, al establecer un criterio «a
priori» de seis años, arbitrario desde nuestro punto de vista al no haber
tenido en cuenta otros criterios, como la capacidad y el mérito, y que
tal vez por falta de previsión quedaron en el olvido y en una clara
situación de desventaja respecto a lo que hasta entonces han sido sus
compañeros.

Un posible Real Decreto, cuyo único fin sería mejorar la situación hasta
ahora existente, difícilmente podría ser impugnado por no ser conforme a
Derecho, tal y como se plantea. No obstante, si la voluntad del Gobierno
se decantase por acceder a lo solicitado en la proposición no de ley, no
se vería dificultad alguna para revestirlo mediante una proposición de
ley presentada al efecto.

Quiero insistir una vez más en que se trata de unos oficiales que han
acumulado una buena experiencia dentro de las Fuerzas Armadas y que,
aunque pueda resultar paradójico, ya están formados, cuando en la
actualidad se siguen convocando plazas para cubrir vacantes para cuerpos
que complementan, sin la preparación de estos oficiales.

En cuanto a la promoción interna, convendría aclarar que, en función de
cada Cuerpo, es diferente o dispar, encontrándonos con situaciones tan
sumamente diferentes como el Cuerpo de Ingenieros, en el que algunos de
los oficiales de promoción interna mantienen su actual empleo militar, es
decir, el de capitanes o tenientes de navío, no volviendo a pasar por la
Escuela Naval Militar y realizando unas pruebas para el ingreso
relacionadas exclusivamente con temas profesionales. Sin embargo, ¿qué
pasa con los mismos oficiales, pero en vez del Cuerpo de Ingenieros del
Cuerpo de Intendencia? Pues que los opositores por promoción interna se
ven obligados a competir con el personal de acceso directo, es decir, con
personas que acaban de terminar sus carreras y que tienen sus
conocimientos mucho más frescos sobre los que va a versar el tema de la
oposición. Los que ya están ejerciendo su profesión deberán volver a
estudiar el programa, que nada tiene que ver con lo que ha sido su
trayectoria profesional dentro de las Fuerzas Armadas, encontrándose,
desde luego, en clara



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desventaja con los aspirantes de acceso directo que, en principio, tienen
conocimientos propios de su carrera coincidentes con el programa de la
oposición. En caso de superar la oposición, estos ahora capitanes deberán
volver a la Escuela Naval Militar, lo que no rige para los tenientes de
navío, a realizar un curso académico en el que los dos primeros meses
serán aspirantes. Es decir, unos capitanes, después de seis u ocho años
de servicio, volverán a la Escuela Naval después de haber ganado la
oposición a patear explanadas, a subir cofas, a sufrir todo lo que sufren
los aspirantes de los primeros cursos en todas las academias militares.

Se da el agravio comparativo de que los tenientes de navío en idénticas
condiciones no tienen que volver a la Escuela Naval Militar y los
capitanes de intendencia sí.

Si superan esa fase, que se supone que sí, puesto que son capitanes,
serían entonces nombrados alféreces alumnos, es decir, serían degradados
y pasarían de ser capitanes a ser alféreces hasta la finalización del
curso, cuando se verían promovidos a tenientes. Es decir, en cualquier
caso, los de intendencia perderían su rango y antigüedad, mientras que a
los del Cuerpo de Ingenieros no les pasa lo mismo.

En igual situación se encontrarían los cuerpos comunes de las Fuerzas
Armadas, como en tantas ocasiones hemos ya discutido, con el grave
problema que ha existido y que todavía tiene algunos flecos en la
integración de escalas.

Peor todavía sería el caso del Cuerpo General de la Armada y la
Infantería de Marina, que ingresarían en la Escuela Naval Militar de
aspirantes el primer año; el segundo año, de guardiamarinas, y al final
saldrían de alféreces o alféreces de fragata, es decir, con una
degradación total de su cargo de tenientes de navío o capitanes.

En consecuencia, una verdadera promoción interna para este personal sería
acogida de buen grado, no cabe la menor duda, por todos los implicados,
pero tal vez la misma debería respetar su categoría militar, aunque
transitoriamente quedaran congelados en su empleo. Los centros de
formación no deberían ser necesariamente las academias militares, por las
que ya han pasado, sino, como en el caso de los ingenieros, que fueran
centros de perfeccionamiento específicos para cada cuerpo y que la
oposición no fuera un concurso de méritos en que se tuviera básicamente
en cuenta la trayectoria profesional y los años de servicio, que es lo
que, en definitiva, tiene que valorar la Armada para ver si son de recibo
estos oficiales que han venido sirviendo durante muchos años a plena
satisfacción de sus mandos, como se desprende de los diferentes escritos
formulados por el General de Intendencia de la DAC, por el propio General
Almirante Jefe de la JAD y por el propio capitán de intendencia, que en
ese caso es el que se dirige a las autoridades militares, y que respaldan
la petición de estos oficiales, que son bien pocos.

Por último, en caso de que todo lo expuesto anteriormente no fuera
aceptado, desde luego el Grupo Parlamentario Popular quiere dejar bien
claro que podría presentar en otro momento otra proposición no de ley u
otro trámite parlamentario alternativo. En este caso concreto, se refiere
a militares de empleo en la Armada, escala de complemento, 33 y militares
de empleo, 55; en el Ejército de Tierra, ninguno en la escala de
complemento y tan sólo uno como militar de empleo; en el Ejército del
Aire, cero en la escala de complemento y 11 como militares de empleo; en
cuerpos comunes, cinco en la escala de complemento y 93 militares de
empleo. En total, de complemento 38 y militares de empleo, 160. Podría
cerrarse un capítulo más de los abiertos con la Ley 17/1989, que
probablemente haya sido necesaria, pero que indudablemente es perfectible
y para ello nosotros estamos abiertos, con este tipo de iniciativas
parlamentarias, a ir cerrando flecos que, como el propio Ministro
reconocía en una de sus últimas comparecencias, es necesario ir
cancelando para tratar de perfeccionar lo máximo posible la Ley 17/1989,
para que sea el auténtico marco en el que todos los militares
profesionales se encuentran encuadrados y sepan a dónde dirigirse para
encauzar su carrera militar.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado
enmiendas.

¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Voy a fijar la posición de mi Grupo ante esta
proposición no de ley que acaba de ser defendida por el portavoz del
Grupo parlamentario Popular.

Todo lo que hace referencia a estos temas de ascensos y escalas es
realmente complicado. Es la primera constatación que quisiera hacer en
esta mi fijación de posición.

En el momento en que se intenta analizar o recoger documentación al
respecto para valorar cuál es la posición a la hora del voto, uno no
acaba nunca, por lo menos por mi parte, de saber si al final acierta o
no.

Dicho esto, incluso antes de fijar la posición, una mera observación que
añado a las propias manifestaciones hechas por el portavoz del Grupo
Popular. Por si acaso no prospera esta proposición no de ley, al margen
de que ustedes tienen todo el derecho a nuevas iniciativas, creo que no
sería despreciable, sino más bien beneficioso, que intentaran otra
iniciativa en este sentido para poder conocer de nuevo, calibrar y
valorar la posición de nuestro Grupo Parlamentario.

En esta iniciativa concreta de hoy, nosotros no vamos a apoyar la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Por la información
y las notas que he intentado recoger para que me sirvieran de guión para
exponer la posición de nuestro Grupo, me da la impresión de que los
derechos que adquieren nuestros oficiales a ingresar en las diferentes
escalas de complemento eran limitados en el tiempo, me parece que era
así. La Ley 17/1989 mantiene este derecho. Una vez nombrados militares de
empleo pueden, por promoción interna, acceder a militar de carrera en los
cuerpos y escalas correspondientes. Ya hubo convocatorias en 1992 y en
1993 en las que se reservó un número de plazas para acceder a militares
de carrera, especialmente para este tipo de personal perteneciente a las
escalas de complemento, e incluso --por eso decía antes al propio
portavoz del Grupo proponente que, por nuestra parte,



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quisiéramos valorarlo con más exactitud-- podría ser que esta posible
integración planteara problemas con antiguos componentes de la escala de
complemento que hayan finalizado su compromiso o con los que han accedido
a militar de carrera por promoción interna, o también con los que lo han
sido por convocatorias «ad hoc». Es decir, en conjunto, dentro de esta
complejidad, que requiere todo el estudio y reflexiones que sean
necesarios, en el trámite de la sesión de esta tarde, por mi parte, como
fijación de posición, repito que no vamos a apoyar la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Sanz.




El señor SANZ DIAZ: Nuestro Grupo Parlamentario entiende que éste es uno
de los temas que a veces se plantean en relación con la Ley 17/1989,
intentando modificar un criterio que lo que pretendió cuando hicimos
aquella ley, bastante compleja, que reordenaba la organización de las
Fuerzas Armadas en lo que se refiere a la carrera militar, fue ir sacando
nuevas situaciones, situaciones residuales, etcétera, que ya en aquel
momento se plantearon como pretendiendo resolverlas dentro de un esquema
general, global, que satisficiese suficientemente, por un lado, las
necesidades de las Fuerzas Armadas, por otro lado las posibilidades de
acuerdo con el nuevo esquema que se estaba planteando y, finalmente, los
intereses legítimos que estaban planteados por parte de los militares que
en conjunto se veían afectados. Por tanto, yo creo que en aquel momento
los Grupos Parlamentarios llegamos a una situación en la cual en realidad
lo que hacíamos era dar una solución de conjunto a los distintos
problemas.

El problema que planteaban los oficiales de complemento se resolvió, a
juicio del Grupo Socialista, con bastante amplitud de miras, puesto que
en la disposición adicional décima, que se refiere a la adaptación del
régimen del personal de las escalas de complemento, ya se estableció que
aquellos militares pertenecientes a las escalas de complemento y de
reserva naval con más de seis años de servicios efectivos se integrarían
en las escalas medias o básicas correspondientes, salvo aquellos cuerpos
como Intendencia, Ingenieros y Cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas,
que se integrarían en las superiores o medias correspondientes.

Aquí ya se hizo un esfuerzo por parte de todos los Grupos, puesto que el
proyecto de ley que traía el Gobierno es que éste pase a la nueva
condición, integrando las nuevas escalas medias o superiores, se hizo no
para aquellos que llevaban ocho años de servicios efectivos como venía en
el proyecto de ley, sino que se rebajó a seis, lo que al conjunto de las
fuerzas políticas le pareció que era suficientemente razonable.

Esto hace que la inmensa mayoría de los afectados se hayan podido acoger
a esta situación. De hecho, los derechos que adquirían estos oficiales al
ingresar en las diferentes escalas de complemento eran, en origen,
limitados en el tiempo. Es decir, ellos sabían el tipo de compromiso que
adquirían. Los componentes de estas escalas --hablo con anterioridad a la
ley-- podían pertenecer a ellas durante el tiempo del compromiso que se
adquiría, debiendo solicitar antes de su finalización prórrogas para
continuar en dicha escala normalmente hasta los ocho años.

La Ley 17/1989 ha mantenido este derecho previa solicitud de acogerse a
la normativa regulada en la misma para militares de empleo, que les
permite que la prórroga alcance, según las situaciones, si son de cuerpos
generales o Infantería de Marina, hasta doce años, y en los de
ingenieros, jurídicos y otros cuerpos hasta los dieciséis años. Por
tanto, en realidad, la conversión simplemente en militares de empleo ya
les permite una prórroga más amplia que aquella que estaba en su
expectativa cuando se integraron en las Fuerzas Armadas como militares,
en este caso oficiales, de complemento.

Una vez nombrados militares de empleo, además la Ley permite que por
promoción interna puedan acceder a militar de carrera en los cuerpos y
escalas correspondientes, a lo cual se ha acogido un número determinado
de antiguos componentes de las escalas de complemento.

Por si fuera poco, en las convocatorias correspondientes a los años 1992
y 1993 se ha reservado un número de plazas para acceder a militar de
carrera específicamente para personal perteneciente a las escalas de
complemento que no se habían acogido a la normativa de militar de empleo,
con lo cual eso ha permitido que el número de oficiales a los que nos
estamos refiriendo sea verdaderamente exiguo. El núcleo más importante es
el que pertenece a la Armada y hace un total de 26, con lo que se ha
elevado hasta 38, contando algunos otros de carácter ya mucho más
residual en otros ámbitos de las Fuerzas Armadas.

En la actualidad las Fuerzas Armadas están sometidas a un proceso de
reducción de efectivos y no se considera que fuese tan beneficiosa la
integración de los que no han estimado conveniente acogerse a las amplias
posibilidades que contempla la Ley. En torno a mil estaban en esta
situación --quizá algunos más-- y se han acogido de manera normal, bien
pasando a militares de empleo o incluso accediendo, como ha ocurrido con
muchos de ellos, a los cuerpos correspondientes de las escalas militares
de carrera.

Un pequeño problema que se planteaba, respecto a la edad, ha quedado
resuelto mediante un real decreto, puesto que había algunos que estaban
afectados por la edad, ya que sobrepasaban los 31 años y esto les creaba
algún problema. En el Real Decreto correspondiente se ha establecido una
excepción que va a durar hasta 1997, que es justo cuando acaban las
posibilidades de que puedan acogerse porque ya llegan al grado de
compromiso del cumplimiento en que ya no es posible. Por tanto, ese caso
residual, que efectivamente no estaba previsto en la Ley, ha quedado
resuelto por el Real Decreto.

La verdad es que, de aceptarse esta propuesta, se crearía una serie de
situaciones extrañas, y el señor Fernández de Mesa lo ha señalado. Por
una lado, hay antiguos componentes de la escala de complemento que ya han
finalizado su compromiso, que en algunos casos ha sido superior a los
seis años. Lo han finalizado con posterioridad a la entrada en vigor y,
por tanto, hoy se encuentran fuera de



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las Fuerzas Armadas. Por otro lado, hay un personal que se acogió a lo
estipulado en la Ley y que actualmente son militares de empleo, con nivel
de oficial, o que desde aquí han accedido a militar de carrera por
promoción interna, y que en caso de plantearse esta situación los
afectados adquirirían una condición sin pasar, como ocurre con éstos, por
la academia de manera previa a la oposición.

Hay la problemática de integrar a los que pertenecen a las escalas de
complemento, algunos con la categoría de capitanes, con antiguos
componentes de éstas, algunos tenientes, que en la escala de origen
tenían una antigüedad superior. Es decir, entraríamos en una situación
anómala que es que aquellas personas que se han acogido a la ley,
siguiendo las previsiones de ésta, se encontrarían en peor situación en
su carrera profesional que aquellos que ahora, por un acuerdo del
Gobierno, tal como plantea el Grupo proponente, se encontrarían en una
mejor situación. Es decir, los que han seguido la ley y, por lo tanto,
han cumplido las previsiones, sobre todo las de pasar por esas pruebas a
las que se refería el señor Fernández de Mesa y que consisten en pasar
por una academia militar durante uno o dos años, según los casos,
curiosamente, se encontrarían en peor situación que aquellos que se han
mantenido y que no han querido --estaban en su legítimo derecho--
beneficiarse de ninguna de las posibilidades que he enumerado, que la ley
planteaba y que nosotros aquí, con el acuerdo de los distintos grupos,
estimamos que venían a resolver el problema básico y fundamental, y por
eso ha resuelto el problema de la inmensa mayoría de ellos. En todo caso,
en opinión del Grupo Socialista, esto habría que hacerlo por ley, puesto
que un real decreto no podría modificar lo establecido en una norma de
rango superior, como es la Ley 17/1989 a que nos estamos refiriendo.

Finalmente, quiero recordar una cuestión. En aquel momento en que
discutimos el proyecto de ley, además examinamos con todo detalle no sólo
esta situación sino muchísimas situaciones que se iban a dar, así como
los inevitables agravios comparativos que se iban a producir y que son
propios de situaciones en que se pretende establecer un modelo nuevo.

Aunque se pretenden salvar todos los derechos adquiridos y, además, las
perspectivas de derechos, sin embargo, siempre hay roces puesto que, en
definitiva, lo que beneficia a unos perjudica a otros cuando estamos
hablando de escalafones. Creo recordar que entonces se llegó a un acuerdo
entre los grupos parlamentarios para rebajar la edad de ocho a seis años,
y dar estas facilidades a las que me he referido de pasar a la categoría
de militares de empleo o ascender por la vía de la promoción interna a
militares de carrera. Creo que no sería oportuno abrir la ley en una
cuestión que afecta a un colectivo muy pequeño y que ha tenido, digamos,
oportunidades, a nuestro juicio sobradas, y las sigue teniendo, puesto
que se va a seguir esta misma tónica, a la que me he referido, de los
últimos años. No se debe abrir la posibilidad de que se incorporen como
oficiales de carrera, naturalmente pasando esas pruebas, que no niego que
a ciertas edades sean más penosas que a otras edades, puesto que a
nuestro juicio lo importante es que la ley quede cerrada. En este momento
está bastante pacificada, en lo que se refiere a su asunción por el
conjunto de los componentes de las Fuerzas Armadas, y lo que haría esto
sería abrir una brecha para, digamos, plantear nuevos agravios entre unos
y otros cuerpos, grupos y sectores dentro de las Fuerzas Armadas, que
creo que no beneficiaría a un proceso que, afortunadamente, en este
momento está, en lo esencial, pacificado. (El señor Fernández de Mesa
Díaz del Río pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, ya sabe que en este trámite
no hay turno de réplica, pero, sin que sirva de precedente, le concedo un
minuto.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente, no voy a hacer
turno de réplica ni muchísimo menos. Simplemente quería hacer una
pregunta al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ante esta
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
mes de octubre, y es: ¿qué fecha tiene el Real Decreto que amplía las
posibilidades hasta el año 1997? Me satisface enormemente que así sea.

También le agradecería que me ampliara un poquito más la referencia que
ha hecho a la edad de los treinta y un años.




El señor PRESIDENTE: Para turno de aclaraciones, el señor Sanz tiene la
palabra. (Risas.)



El señor SANZ DIAZ: Efectivamente, sí que he consultado el Real Decreto,
pero en este momento no dispongo de la fecha. Por lo tanto, se lo podré
facilitar en cualquier momento.




--DE CREACION DE UNA PONENCIA SOBRE EL MODELO DE SERVICIO DE INTELIGENCIA
PARA ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000085.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley de creación de
una Ponencia sobre el modelo de servicio de inteligencia para España, que
ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el señor López Valdivielso.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Desde nuestro Grupo Parlamentario,
consideramos que ha llegado el momento de adaptar nuestros servicios de
inteligencia a la realidad y a las necesidades nacionales e
internacionales. Los cambios que se han producido desde el momento en que
se diseñaron nuestros actuales servicios de inteligencia, y en concreto
el Cesid, tanto en el panorama interno, como en el externo, hacen
necesario, como mínimo, debatir sobre su adecuación al momento actual. La
última etapa del Cesid, la que se inició con el nombramiento de su actual
Director General, estuvo marcada en su momento, no lo podemos olvidar,
por el 23-F. Desde ese punto de vista, el control y la inteligencia en
relación con los posibles ataques al régimen democrático y la lucha
contra los



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movimientos o iniciativas involucionistas fue un objetivo en su momento
importante y prioritario, pero hoy ha dejado de serlo. La caída del muro
de Berlín y todos los cambios que se han producido como consecuencia de
tal caída también han modificado todo el panorama de la inteligencia
exterior. No ponemos en duda que todos esos cambios no hayan producido
reformas parciales de organizaciones o cambios en las prioridades de
nuestros servicios de inteligencia, pero lo que nosotros proponemos es la
necesidad de estudiar y debatir cambios en profundidad en su estructura y
en su organización.

Por otro lado, como otra razón en apoyo de nuestra pretensión, y
completando lo que está escrito en la justificación de la proposición no
de ley, es que, acontecimientos recientes han vuelto a poner de
manifiesto la conveniencia, por no hablar de la necesidad, de que haya un
mayor control sobre las actuaciones del Cesid, considerando nuestro Grupo
Parlamentario que tal control ha de ser parlamentario, un control
adecuado y conforme a lo delicado de los asuntos de los que se trata. No
estamos planteando un control indiscriminado y público sino uno más
eficaz y minucioso que el que hoy puede ejercerse a través de la fórmula
en vigor de la comisión de portavoces, designada por el Pleno del
Congreso para conocer las materias reservadas.

Como es un asunto que nos incumbe a todos, si estamos hablando de un
nuevo modelo de servicio de inteligencia, ese modelo no ha de ser el de
tal o cual gobierno o el de tal o cual partido, sino el de todas las
fuerzas políticas. Es por eso por lo que proponemos la constitución de
una subcomisión dentro del seno de la Comisión de Defensa que, operando
de la misma manera que se hizo cuando se creó la ponencia para estudiar
el modelo de Fuerzas Armadas, pudiese debatir y estudiar todas estas
cuestiones, con la finalidad de elaborar un informe que tendría que ser
sometido al Pleno del Congreso y que pudiera servir de guía o pauta para
que al Gobierno, insisto, éste u otro, le sirviera, como digo, de pauta
para abordar una reforma, que nosotros consideramos imprescindible, de
todos nuestros servicios de inteligencia.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley tampoco hay presentadas
enmiendas.

¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: La duda que presenta esta proposición no de ley
sobre la posible creación o no de una subcomisión para el estudio y
modelo de servicio de inteligencia para España es no tanto si es
necesario el control, que creo que sí, sino si la comisión que ya existe
en estos momentos, de forma concreta y específica para este control, es
operativa. Esta sería la duda. Sin duda debe existir control. La duda es
si la actuación y constitución actual de la propia Comisión que existe en
estos momentos, repito, es operativa en este caso. A nuestro entender
creemos que la actual situación a través de la comisión sería suficiente.

Este sería el resumen final de nuestra fijación de posición.

Además, parece que ninguno de los ordenamientos jurídicos de naciones
próximas vinculan estos servicios a otro poder que no sea el Ejecutivo,
aunque también es cierto que la actividad de los servicios está sometida
a control del Parlamento. Creo que nuestros servicios de inteligencia
tienen una regulación jurídica abierta. Si comparamos con el resto de
países más o menos del entorno, y no tanto del entorno, podríamos ver que
hay países donde sí existe una comisión parlamentaria específica, como,
por ejemplo, en Portugal, Alemania, Italia, Estados Unidos; que hay otros
Estados que no están dotados de estas comisiones específicas, como
Bélgica, Canadá, Francia, Reino Unido o Israel, que, repito, no disponen
de estas comisiones de control, y hay otros, según información que se ha
facilitado, como Luxemburgo, que han iniciado estudios para crear un
comité parlamentario especial. Por tanto, no son muchos los países que
han creado comisiones especiales y, si acaso, éstas son similares en
cuanto al funcionamiento a la actual comisión que está establecida en
esta Cámara.

Por tanto, para no extenderme más, diré que nuestro Grupo Parlamentario
cree que, existiendo como existe una comisión ad hoc, estamos en la misma
línea que respecto a la anterior proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular y que no es aconsejable en estos momentos
constituir una ponencia especial. En resumen --y pidiendo perdón por mi
resfriado permanente--, la posición de nuestro Grupo Parlamentario va a
ser la de no apoyar esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, yo querría, en primer lugar,
expresar el acuerdo de nuestro Grupo con algunas de las consideraciones
que hacía el señor López Valdivielso, que planteaba la necesidad de que
nuestro país tenga unos servicios de inteligencia modernos y eficaces,
con lo que estoy totalmente de acuerdo. Planteaba también que esos
servicios de inteligencia, aunque en su estructura, medios y organización
constituyen materia clasificada y son, por tanto, secretos, que esa
calificación no impida que estén sometidos absolutamente al control
parlamentario. Nuestro Grupo también está completamente de acuerdo con
esa consideración. Y reclamaba el señor López Valdivielso el máximo
consenso a la hora de contemplar el funcionamiento, la estructura y el
control parlamentario de los servicios de inteligencia. Hasta ahí nuestro
acuerdo. Nuestro desacuerdo empieza con la propia propuesta del Grupo
Popular, porque se plantea la creación --se dice: a imagen y semejanza y
con la misma metodología que la ponencia que en su día estudió la
estructura del Ejército, el modelo de Fuerzas Armadas--, según el señor
López Valdivielso, de manera que se elaboraría un informe, se extraerían
unas conclusiones que se supone que se aprobarían por la comisión y que
serían trasladadas al pleno.

Yo dejo a la imaginación de SS. SS. el proceso de debatir aquí
públicamente la estructura, medios, etcétera, de los servicios de
inteligencia y de trasladarlo a una sesión



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plenaria. Dejo que sean SS. SS. quienes consideren si la propuesta no es
un tanto peregrina y si, volviendo al comienzo de mi intervención, no
supone, en primer lugar, una considerable merma en la eficacia de esos
servicios la publicidad de algunos de sus elementos importantes, como
medios, estructura, etcétera.

Decía el señor Carrera, y tiene toda la razón, que el funcionamiento, la
dependencia orgánica, etcétera, de nuestros servicios de inteligencia, a
diferencia de lo que ocurre en otros países, es algo bastante
transparente. Su existencia está reconocida --hay países donde ni
siquiera se reconoce la existencia--, y está regulada y publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» su dependencia orgánica. Respecto a si debe
haber un control parlamentario, hay que decir que por supuesto, no cabe
la menor duda, pero es que hay una resolución de la Presidencia del
Congreso, a la que el proponente hacía mención en su intervención --no
así en el escrito de presentación--, que regula de manera clara y
sistemática el acceso. Cuando se pide el máximo consenso, no podemos por
menos que estar de acuerdo. ¿Le parece al señor López Valdivielso un
consenso suficiente la necesidad de que el colectivo de personas que
tienen acceso a la información clasificada como secreta esté respaldada
por una elección con un umbral mínimo de tres quintos de la Cámara, que
haya sido recientemente elegida con un respaldo en torno al 95 por ciento
de la Cámara? Creo que más consenso que ése es difícil encontrar. Y ese
mecanismo regula no solamente el acceso de un colectivo reducido de
personas a cualquier tipo de información clasificada, incluidos medios,
estructuras, funcionamiento de los servicios de inteligencia del Cesid,
sino que regula también la posibilidad de que las comisiones afectadas
--en este caso la Comisión de Defensa-- puedan tener acceso a información
clasificada como secreta. Su señoría, si mal no recuerdo, no estaba en la
última sesión de la Comisión, pero ello no es óbice para que le conste
que en esa sesión de la Comisión ésta recibió una información bastante
exhaustiva sobre una materia clasificada como secreta, como es la
doctrina estratégica que comprende todo lo relativo a la evaluación de
riesgo y la organización de las Fuerzas Armadas en función de esos
riesgos.

Por tanto, por considerar que la propuesta no es positiva --elimino, si
quiere, la calificación de peregrina-- porque no conduciría a nada útil,
por considerar que es inadecuada e innecesaria y que en cualquier caso si
se quiere plantear en un sitio adecuado sería en ese colectivo de
portavoces que son los que tienen el acceso reglamentado a la información
clasificada de manera ordinaria, nuestro Grupo se va a oponer a la
proposición.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE PERMITA ACOGERSE A LA RESERVA
TRANSITORIA A LOS OFICIALES QUE PERTENECIAN A LA ANTIGUA ESCALA ESPECIAL.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000089.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley por la que se
insta al Gobierno a que permita acogerse a la reserva transitoria a los
oficiales que pertenecían a la antigua escala especial.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Cortés, por el Grupo
Parlamentario Popular.




El señor CORTES MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, la Ley 17/1989, del 19
de julio, como casi todas las leyes, tenía un gran aspecto positivo de
cosas buenas y también, entre ellas, como es lógico, alguna regular o que
después al desarrollarse esa ley se vio que sus resultados eran más
negativos que positivos. Y entre todas esas hay que destacar sobre todo
una, que es la que decidía que todos los oficiales de la antigua escala
especial del Ejército de Tierra fueran integrados, mediante esta Ley, en
la escala media. Eso afectaba exactamente a un colectivo de 1.600
oficiales. Desde el primer momento todos los que pertenecían a este
colectivo, de forma casi unánime, se manifestaron en contra de los
resultados negativos que dicha decisión les producía a ellos y,
naturalmente, a todo su entorno profesional y familiar. No es menos
cierto que utilizaron desde el primer momento todas las vías posibles que
tenían a su alcance, entre ellas, naturalmente, en primer lugar, los
cauces reglamentarios, a continuación la vía política, con conversaciones
con todos los grupos políticos, incluido, naturalmente, el nuestro; se
dirigieron también al Defensor del Pueblo, y de todo ello obtuvieron unos
resultados finales que pudiéramos calificar como de éxito muy escaso o
muy relativo. Prácticamente se puede decir sin exagerar que el Ministerio
de Defensa vino a hacer caso omiso de todos los planteamientos y de todos
los requerimientos que este colectivo de 1.600 oficiales planteaba.

Entre todas las cuestiones que ellos consideraban que agravaban más su
situación con el pase de esta escala especial, ya desaparecida, a la
escala media, había que considerar, en primer lugar, que parecía que se
hacía caso omiso o por lo menos que se consideraba no en su justo término
y en su justo valor su formación y su cualificación profesional que había
sido demostrada a lo largo de muchos años de forma eficaz y de forma
eficiente, hecho reconocido absolutamente por todo el mundo. Esta
decisión también, si no cercenaba, sí por lo menos disminuía sus
posibilidades de ascenso de una forma evidente e indiscriminada que
afectaba a todos ellos. Las antigüedades se veían asimismo modificadas de
una forma que pudiera considerarse casi arbitraria, modificándose
lógicamente para ordenar en una sola escala (en la escala media) a
diferentes colectivos, entre ellos, naturalmente, la escala de
complemento, lo que hacía también que sus posibilidades se vieran
mermadas o disminuyeran. Así pues, se podía decir --de hecho ellos han
venido manteniendo este criterio desde el primer día-- que el pertenecer
a la escala media reduce sus derechos a optar a determinados destinos,
cursos, etcétera. Es decir, al final, la conclusión que se podía sacar y
que se saca es que no se han respetado derechos adquiridos y ganados en
buena lid.

El Grupo Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, ha sido
siempre, desde el primer momento, sensible



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a todas las manifestaciones, a las declaraciones y a las reivindicaciones
que planteaba este colectivo. Para nosotros era escasamente importante el
que la cifra de oficiales fuera de 1.600, hubiera sido menor o fuera, en
todo caso, mayor; lo que considerábamos y seguimos considerando al día de
hoy es que sus peticiones, sus reclamaciones y sus quejas estaban y
siguen estando basadas en la justicia y que era de justicia atenderlas, o
por lo menos hacer aquello que estuviera en nuestras manos para intentar
resolverlo o solventarlo. Buena prueba de ello es que, en el año 1991, el
Grupo Popular presentó una proposición de ley que he de decir que fue
defendida de forma inteligente y absolutamente razonada por el Diputado
de nuestro Grupo señor Elgorriaga, aunque, desgraciadamente, tanto el
Ministerio de Defensa como el Partido Socialista, hicieron oídos sordos a
todas estas cuestiones, a todos estos planteamientos y peticiones y
vinieron denegando todo aquello que se planteaba. Vino después la nueva
Ley de Plantillas en la que, como todos nosotros sabemos, se prevé una
reducción de nuestras Fuerzas Armadas; concretamente en el capítulo de la
oficialidad se prevé básicamente una reducción de 1.800 oficiales, lo que
necesariamente obliga, y está obligando ya, a una importante convocatoria
de plazas para la reserva transitoria. Pues bien, también este colectivo
había venido obteniendo, hasta este momento, una negativa real y
pragmática a la posibilidad de que algunos de ellos, o muchos de ellos,
pudieran acogerse a esta reserva transitoria. Esto ha sido rectificado
por el Ministerio en la última convocatoria, atendiendo ya a la solicitud
de algunas plazas por parte de este colectivo.

Con esta proposición no de ley no pretendemos, porque sabemos que es
corta en su planteamiento, cerrar el círculo y resolver el problema, pero
sí intentamos abrir un nuevo cauce para resolver algo que sabemos que en
sí mismo es injusto. Lo que estamos pidiendo es que se tome en
consideración la proposición para adecuar los cupos necesarios y
naturalmente también posibles para atender a aquellos que, entre el
colectivo que actualmente se encuentra en la escala media provenientes de
la escala especial, pudieran acogerse a esta reserva transitoria. Es lo
que esperamos conseguir a través de esta proposición que acabamos de
presentar.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada una
enmienda por parte del Grupo Catalán, Convergència i Unió. Para la
defensa de la misma, así como para la fijación de posición sobre la
proposición no de ley, tiene la palabra el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Antes de nada quería dejar constancia de mi
felicitación al Grupo Parlamentario Popular por la presentación de esta
proposición no de ley. La cuestión que contempla esta iniciativa es una
cuestión en la que, si acertamos --y espero que sí lo hagamos--, habremos
resuelto otras iniciativas anteriores en las que cada grupo ya dejó
fijada su posición y también habremos dado una salida a un problema que
realmente existe.

Estando totalmente de acuerdo con la propuesta del Grupo Popular de
permitir acogerse a la reserva transitoria a los oficiales de la antigua
escala especial, plantearíamos una enmienda de sustitución que entendemos
--éste es el espíritu de nuestra iniciativa-- complementaría la
proposición no de ley presentada. El sentido del texto de esta enmienda
presentada se refleja en tres puntos concretos. El primero de ellos
consiste en definir los cometidos profesionales, según especialidades,
categorías y empleos, y, en consecuencia, definir sus perfiles de carrera
conjugándose destinos y cursos de perfeccionamiento (por lo tanto,
poniendo un énfasis especial en que se definan todas estas
características); favorecer la promoción interna por entender que ésta es
una de las cuestiones, como el propio Grupo Popular seguro habrá
analizado, que más problemas comportaba a este colectivo por entender que
no tenían la suficiente promoción interna; por lo tanto, a nosotros nos
parece que sería bueno ampliar el texto en el sentido de favorecer la
promoción interna a las escalas superiores, facilitando la preparación
adecuada, prestando los apoyos necesarios y removiendo los obstáculos
normativos o de otro tipo que la dificultan. Y nuestro tercer punto sería
prácticamente idéntico a lo que el Grupo Parlamentario Popular propone en
su iniciativa, que es determinar sus plantillas y facilitar los ajustes
que sean necesarios mediante el acceso a la situación de reserva
transitoria de los cupos necesarios.

Este es el contenido de nuestra enmienda presentada a la iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular, que es --repito-- una ampliación que
favorece este intento de dar salida a un problema que existe y que, si
prospera la iniciativa, creo que, aunque sea en parte, habremos resuelto.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Lagunilla.




El señor LAGUNILLA ALONSO: Con brevedad, porque, como ya se ha dicho por
los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, tanto el
señor Cortés como el señor Carrera, éste es un tema que tiene una cierta
historia parlamentaria. Ya han venido iniciativas de diversos grupos, no
sólo a la que se ha referido el señor Cortés sino otras, intentando
resolver las presuntas reservas de derechos adquiridos por parte de los
funcionarios militares profesionales de las escalas especiales cuando se
produce su integración en las escalas medias, a raíz de la aprobación y
promulgación de la Ley 17/1989.

Voy a ahorrar a SS. SS. la reiteración y la repetición de los argumentos
que en todos estos debates se han producido en Pleno sobre este tema.

Simplemente, quisiera reiterar e insistir en que el Grupo Socialista,
como ha dicho el señor Cortés, se ha opuesto a diversas proposiciones de
este tipo que se han sucedido porque hemos entendido y seguimos
entendiendo que no se producían tales discriminaciones o vulneración de
derechos adquiridos y porque, además, entendíamos --insisto, y muy
brevemente-- en que una modificación de una ley tan importante como la
Ley 17/1989 a tan poco tiempo de su promulgación no podría producir o
distorsionaba la consecución de los objetivos que esta ley se proponía,
como era una racionalización del aspecto funcionarial de nuestras Fuerzas
Armadas.




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No obstante, sí que queremos manifestar en este acto que la iniciativa
que ahora se nos plantea aquí por el Grupo Popular, y ya me adelanto a
decir que la entendemos incluso ampliada por la enmienda que presenta a
esta iniciativa el Grupo Convergència i Unió, es una iniciativa que, sin
apartarse de lo que pretende la iniciativa del Grupo Popular, entendemos
que va un poco más allá, que va a mejorar o a intentar mejorar la
promoción interna, el pasar de unas escalas a otras y el favorecer esa
promoción, el último punto, que es el principal del Grupo Popular en su
propuesta, el permitir que se acojan a la reserva transitoria aquellos
oficiales procedentes de las escalas especiales que se integran en las
escalas medias.

Por tanto, muy brevemente, sí que entendemos que puede ser una buena
iniciativa, que consiste --insisto-- en instar al Gobierno para que se
produzca este tipo de actuaciones: mejorar, clasificar y aprovechar que
se ha aprobado en una Ley de Plantillas que va a obligar a una reducción
drástica en el número de oficiales, porque estos oficiales procedentes de
las escalas especiales puedan acogerse a esa reserva transitoria. Y ello
sin olvidar, insisto (y por eso me gusta que se aceptara a trámite la
enmienda del Grupo de Convergència i Unió para poderla apoyar), el
favorecer que a aquellos oficiales de estas escalas que no deseen
acogerse a la reserva transitoria y deseen continuar en el ejercicio de
la función militar pueda promovérseles a escalas superiores, favoreciendo
su ascenso, sus promociones internas y su mejora profesional en
cualquiera de los casos. Si esto es así y se admite a trámite esta
enmienda del Grupo de Convergència i Unió, el Grupo Socialista anuncia su
apoyo a la misma.




El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, a los efectos de aceptar o no la
enmienda presentada, tiene la palabra.




El señor CORTES MUÑOZ: Ante la propuesta de la enmienda del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y entendiendo, en primer lugar, que recoge
plenamente el espíritu y la letra de nuestra proposición no de ley del
día de hoy, así como gran parte de aquella otra proposición de ley que
defendió el Diputado señor Elorriaga en el año 1991, naturalmente vamos a
aceptar esta enmienda.




--RELATIVA A LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PERMANENCIA
DEL HOSPITAL MILITAR DE LA CORUÑA Y DEL HOSPITAL NAVAL DE EL FERROL EN EL
SISTEMA SANITARIO PUBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000136.)



El señor PRESIDENTE: Aplazada la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, pasamos a la proposición no de ley relativa a la
adopción de las medidas necesarias para la permanencia del Hospital
Militar de La Coruña y del Hospital Naval de El Ferrol en el sistema
sanitario público, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para cuya defensa tiene la
palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: El objetivo del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya es intentar dar respuesta a lo que ha
venido siendo, desde el año 1992, una situación de duda en algunos
hospitales, en concreto en el Hospital Militar de La Coruña y en el
Hospital Naval de El Ferrol.

La verdad es que la Ley 14/1986 planteaba, en su disposición final
tercera, que el Gobierno debía tomar medidas para poner a disposición de
los dos ministerios, tanto el de Defensa como el de Sanidad, los
hospitales militares y los servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas
para enlazarlos y colaborar con el Sistema Nacional de Salud. Es verdad
que en diciembre del año 1992 se firmó un convenio entre ambos
ministerios para la colaboración mutua entre la red hospitalaria militar
y la red hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Y en la cláusula
séptima de ese convenio-marco se hablaba de la relación del Ministerio de
Defensa, a través del Ministerio de Sanidad y Consumo, con las
administraciones autonómicas competentes para iniciar trabajos que puedan
llevar a la solución pertinente de un auténtico uso entre ambas
administraciones y ambos ministerios.

En marzo de 1993, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó una
pregunta, de respuesta escrita, y el entonces Secretario de Estado de
Administración Militar, el señor Suárez Pertierra, nos respondía que por
aquella fecha --marzo de 1993-- el Ministerio no tenía resuelta ni la
clausura ni la continuidad del Hospital de La Coruña. Es más, venía a
decir que no se había decidido ninguna actuación en relación con el
Hospital de La Coruña que tendiera a su permanencia definitiva o a su
clausura, sino que se estaba pendiente de la negociación de un convenio
de colaboración con el Servicio Gallego de Salud, que podía suponer la
utilización de parte del Hospital de La Coruña para determinadas
patologías por parte del servicio público de salud gallego. Esto era en
marzo de 1993 y, sin embargo, en enero de 1994 empieza a saltar a los
medios de comunicación la posibilidad de cierre del Hospital Militar de
La Coruña e, inclusive, la posibilidad de oferta al Servicio Gallego de
Salud en ese proceso de relación con la Administración autonómica, para
adquirir este hospital por un valor en torno a los 2.000 millones de
pesetas. Había un rechazo por parte de la Administración autonómica a esa
actuación y por medio hubo unas declaraciones del Alcalde de La Coruña,
el señor Vázquez, que venía a decir que no se permitiría una operación
especulativa sobre el Hospital Militar.

Lo cierto es que no teníamos una solución definitiva y la propuesta de
Izquierda Unida en el mes de febrero de este año --un mes después de
saltar a los medios de comunicación esta realidad-- era que se
garantizase por parte de la Administración central y por parte de la
Administración autonómica, la permanencia del Hospital Militar de La
Coruña y la del Hospital Naval de El Ferrol, celebrando acuerdos entre
ambos que así lo pudieran



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garantizar. Por tanto, la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene como
objetivo intentar que el Gobierno de la nación adopte las medidas
necesarias ante la Administración gallega, en concreto el Servicio Galego
de Saúde, Sergas, para que se garantice la permanencia de la actividad
del Hospital Militar de La Coruña y del Hospital Naval de El Ferrol y,
dentro de la misma, que se garantice en todo caso la continuidad de los
trabajadores de esos centros sanitarios. Ese es el objetivo de la
proposición no de ley. Como sabemos que hay algunas enmiendas, en función
de ellas situaremos nuestra posición definitiva.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a esta proposición no de ley se ha
presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista. Para la defensa
de la misma y la fijación de posición en torno a la proposición no de
ley, tiene la palabra el señor Novella.




El señor NOVELLA SUAREZ: La preocupación que manifiesta el representante
del Grupo de Izquierda Unida es compartida por el Grupo Socialista y
también por otros grupos de la Comisión con los cuales, a lo largo de
este intenso día que llevamos, hemos tenido ocasión de discutir.

La verdad es que hay antecedentes parlamentarios sobre el Hospital
Militar de La Coruña y el Hospital Naval de El Ferrol puesto que en el
Senado, el 8 de febrero de 1994, en respuesta a una interpelación de un
Senador del Grupo Popular, el señor Hernández Cochón, el Ministro ya
manifestó y fijó cuál iba a ser la política del Gobierno respecto a estos
dos hospitales. En primer lugar, hay que decir que es decisión del
Ministerio de Defensa que el Hospital Naval de El Ferrol permanezca en la
red hospitalaria militar. Se hicieron una serie de pruebas que pusieron
de manifiesto que era más conveniente concentrar la asistencia sanitaria
militar en El Ferrol. Entonces teníamos el problema de qué se podía hacer
con el Hospital de Coruña. Es propósito del Ministerio de Defensa llegar
a un acuerdo con el Servicio Galego de Saúde, Sergas, para la integración
del Hospital Militar de La Coruña en el sistema público gallego. Como
quiera que el Hospital Naval de El Ferrol no sólo permanece, sino que
verá potenciada su actividad, un número determinado de personas del
Hospital Militar de La Coruña pasará a prestar sus servicios en el
Hospital Naval de El Ferrol. Todo ello en base al convenio marco y, por
supuesto, teniendo como antecedentes la Ley General de Sanidad, que su
señoría ha citado, y el convenio marco, de diciembre de 1992, de
colaboración entre la red hospitalaria militar y las redes asistenciales
de las administraciones públicas, por el cual se comprometían a impulsar
acuerdos de colaboración.

Respecto a la optimización de los recursos, aprovecho la ocasión para
desmentir una cifra. A veces los números son mágicos y las cifras también
se convierten en mágicas. Se ha dado en la prensa y en algunos otros
medios de comunicación la cifra de 2.000 millones, pero ya dijo el
Ministro que no se ha dado nunca desde una instancia de las
administraciones públicas. Lo que tiene claro la política del Ministerio
es que no se debe dar el mismo tratamiento a un cuartel que ocupa un
solar en el centro de una ciudad que a un hospital que es un bien
público. Desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos apoyado
todas las iniciativas del Ministerio de Defensa, del Gobierno,
conducentes, uno, a que no se pierdan camas hospitalarias y, dos, que el
personal del Hospital de La Coruña quede a cubierto de cualquier riesgo.

De ahí que hayamos presentado una enmienda de sustitución mediante la
cual el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer
negociaciones con la unta de Galicia, con objeto de llegar a un acuerdo
para la integración del Hospital Militar de La Coruña al Sistema
sanitario público gallego para su utilización con fines hospitalarios,
así como hacer posible que sus actuales empleados civiles conserven su
actividad en el marco de lo establecido en el convenio colectivo para los
supuestos de reestructuración de centros del Ministerio de Defensa.

En estos términos obra en poder de la Mesa esta enmienda de sustitución,
que espero que sea considerada por parte del Grupo proponente.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.

Intervengo muy brevemente para dejar constancia de dos cosas. Una, fijar
mi posición y, otra, decir que estoy plenamente de acuerdo con el
portavoz del Grupo proponente en que realmente se ha creado una situación
de duda en todo lo que es la red hospitalaria militar. Es cierto. Por
tanto, constatado esto, a esta iniciativa nuestro Grupo Parlamentario ha
dado todo el valor que había que darle en esta fase de tránsito que crea
unas situaciones claramente preocupantes a nivel de toda la red. En este
caso concreto que plantean ustedes nos pareció que era importante
comprobar cómo iba el debate y cuál era la solución final que se daba a
la inquietud del Grupo proponente. Parece, por la enmienda de sustitución
y por lo expuesto hasta este momento, que uno de los dos centros está
garantizado que va a tener no sólo continuidad, sino que se va a
potenciar. Y por lo que se refiere al de La Coruña, a través de la
enmienda de sustitución que presenta el Grupo Parlamentario Socialista,
se insta al Gobierno para que establezca las negociaciones oportunas para
que este centro tenga el final deseado.

Por nuestra parte, viendo el resultado que pueden tener tanto un centro
como otro, apoyaremos la enmienda de sustitución planteada por el Grupo
Parlamentario Socialista, a la espera de lo que el Grupo proponente
decida.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Do
Campo.




La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Intervengo en nombre del Grupo Popular para
expresar que consideramos adecuada la proposición no de ley presentada
por



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Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya porque persigue el mismo
objetivo que nuestro Grupo.

Es bien sabido que la reestructuración de la sanidad militar debería
realizarse con mucho cuidado, máxime cuando todavía no se conoce
exactamente la ubicación de nuestros ejércitos. Voy a utilizar los mismos
criterios que mi compañera de Grupo Elena García-Alcañiz en su
intervención en esta misma Comisión el pasado 10 de marzo, ya que desde
el Ministerio de Defensa se ha hablado de tres criterios básicos para
esta reestructuración de la Sanidad Militar que no se cumplen, sin tener
en cuenta la incidencia del Plan Norte y sin saber cuál va a ser el
despliegue del Ejército de Tierra al que hace referencia este plan. Por
otra parte, no es lógica la política de inversiones que han seguido,
incluso el año pasado con varios cientos de millones, para ahora
desmantelar. Esto significa, primero, una falta de previsiones; segundo,
un despilfarro del dinero público al que ya estamos todos acostumbrados
y, tercero, una falta de responsabilidad de los cargos del Gobierno. Se
evidencia esto que acabo de expresar en lo que respecta a las
instalaciones del Ministerio de Defensa en la ciudad de La Coruña, que
está quedando desmantelada. Primero fue la Brigada Aerotransportable,
después el Centro de Mantenimiento y Abastecimiento, luego el Parque
Móvil, y ahora el Hospital Militar. Esto no lo decimos sólo nosotros,
también el Alcalde de La Coruña, el socialista señor Vázquez, lo
reconoce.

Hay que hacer constar que durante estos últimos meses se produjeron una
serie de manifestaciones que muestran la inquietud de la población
coruñesa, es decir, de todos sus ciudadanos, de todos sus estamentos
públicos y de todos los sectores sociales por el futuro de nuestro
Hospital Militar de La Coruña. La opinión pública, en general y
unánimemente, manifiesta que, en caso de no ser necesario para nuestras
Fuerzas Armadas el Hospital Militar de La Coruña en su conjunto, éste
debe continuar como centro hospitalario dentro de la red pública de
sanidad; nunca como lo que se nos ofrece por el Ministerio de Defensa:
una clínica de guarnición. Esto no solucionaría el problema. Además, ni
en el Ministerio saben qué es eso ni cuáles van a ser sus funciones.

Es conocido el déficit relativo de camas que existe en Galicia y
concretamente en el área de La Coruña. En un análisis de la realidad
sanitaria de Galicia se pone de manifiesto que la media de camas
hospitalarias por habitantes es inferior a la media nacional, ya de por
sí deficitaria si tenemos en cuenta las recomendaciones de los organismos
internacionales. Esta circunstancia, en el área de La Coruña --ciudad y
mancomunidad de municipios--, es todavía más preocupante debido al
crecimiento poblacional; circunstancia que se intenta solucionar por la
unta de Galicia, concretamente por el Servicio Gallego de Salud, que con
gran esfuerzo está llevando a cabo una política sanitaria adecuada para
solventar estas deficiencias, basándose en el aprovechamiento de recursos
ajenos a su red y siendo preferentes, dentro de este aprovechamiento, los
recursos públicos.

Por todo ello, el Servicio Gallego de Salud desde el año 1992, y más
acentuadamente desde hace cuatro meses (recordando que en el mes de enero
de este año es cuando se empieza a hablar abiertamente del cierre de
varios hospitales militares, entre los que se encuentra el de La Coruña)
mantiene contactos con el Ministerio de Defensa para el aprovechamiento
del Hospital Militar dentro de la red pública de la sanidad de Galicia, y
en el Ministerio no saben qué es lo que van a hacer. Parece clara la
intención, tanto de la ciudadanía como de los representantes autonómicos,
de que el Hospital Militar de La Coruña se integre en la red del Servicio
Gallego de Salud. Para su consecución no vemos adecuada la pretensión del
Ministerio de Defensa de vender al módico precio de 2.058 millones de
pesetas, según la tasación del Ministerio, el Hospital Militar de La
Coruña a la unta de Galicia, amparándose en la Ley 28/1984, por la que se
crea la Gerencia de Infraestructura de Defensa, en la que se nos dice que
aquellos bienes inmuebles de dominio público que dejen de ser necesarios
para la defensa según los correspondientes planes puedan ser enajenados
mediante venta o permuta, previa desafectación y declaración de
alienabilidad, prohibiéndose su cesión gratuita. Nuestro Grupo piensa,
respecto a esta restricción, que no cabe interpretarla en el sentido de
que puedan quedar cerradas las posibilidades de utilización por parte de
la Comunidad Autónoma de Galicia. Coincidimos con el Conselleiro de
Sanidad gallego en la posibilidad de traspaso sin necesidad de la
desafectación previa de los bienes de dominio público que una vez
transferidos permanezcan afectos al mismo. Buscando otras soluciones se
podría plantear, de acuerdo con el artículo 126 de la Ley de Patrimonio
del Estado, el establecer una concesión administrativa a favor del Sergas
por un plazo máximo de 99 años, disponiendo las condiciones del ejercicio
de la misma, así como la correspondiente contraprestación económica, que
podría ser incluso simbólica.

Nuestro Grupo entiende que el Ministerio debe llegar a un acuerdo que
pueda resolver en breve plazo esta cuestión por el bien, en primer lugar,
de los trabajadores, que después de varios contactos y reuniones con el
comité de empresa nos mostraron su incertidumbre por la situación que
están pasando y que verían como muestra de solidaridad de las Fuerzas
Armadas con la necesidad en materia de sanidad de la población civil la
integración de este Hospital Militar en la red pública de la Comunidad
Autónoma. Esta solidaridad de las Fuerzas Armadas con la población civil,
que de hecho existe, tienen que permitirla los responsables políticos que
dirigen la Administración de la defensa. Y en segundo lugar, así la
sanidad en general, y concretamente la sanidad gallega, podría solventar
el déficit del que hablé antes y que está patente. Muestra de ello es la
existencia de un convenio entre el Hospital Militar y el Sergas de
utilización de 40 camas desde hace aproximadamente año y medio y que está
dando buenos resultados.

Finalizando ya, y en relación al Hospital Naval de El Ferrol, me
tranquilizaron las afirmaciones del señor Ministro en su intervención el
pasado día 8 de febrero en el Senado relativas a la interpelación
presentada por el Senador Hernández Cochón, del Grupo Popular. Afirmó que
los hospitales que permanecerán con toda seguridad --y recalco esto de
con toda seguridad y esperando que se



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cumpla-- son el Gómez Ulla y el Hospital del Aire de Madrid, los
hospitales de Sevilla, Valencia, Zaragoza, Burgos, Las Palmas, Ceuta, San
Fernando en Cádiz, Cartagena, y entre ellos también se encuentra el de El
Ferrol. Con todo esto esperamos que el Ministerio de Defensa no haga
oídos sordos a la demanda social y que así estos dos hospitales
permanezcan en la red pública de sanidad. Pedimos al Ministro que procure
ser más cuidadoso con las medidas a tomar, pues afectan muy directamente
a todos los ciudadanos españoles y, tal como parece que quieren hacer, no
es serio ni riguroso ni adecuado para quien tiene la responsabilidad de
gobernar España. Me alegra que rectifiquen, pues con ello se confirma una
vez más que aciertan cuando rectifican. Por tanto, apoyaremos la enmienda
transaccional del Grupo Socialista porque persigue el mismo objetivo que
nosotros proponemos.




El señor PRESIDENTE: A los efectos a aceptar o rechazar la enmienda
presentada, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Puesto que el contenido es el objetivo de la
proposición no de ley, vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista
que propone sustituir la redacción de nuestro texto por el suyo.




El señor PRESIDENTE: Estamos justamente en la hora anunciada. Hoy sí que
la planificación ha funcionado exactamente, por primera vez. Son las
cinco y cuarto, la hora anunciada para las votaciones.




El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, le pido que conceda dos
minutos de receso.




El señor PRESIDENTE: Señaló la Presidencia que en ningún caso se
producirían las votaciones antes de las cinco y cuarto. En vista de que
los relojes pueden tener inexactitudes, podemos dar un margen de dos
minutos. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar votamos el
texto de la proposición no de ley, del Grupo Popular, por la que se insta
al Gobierno para que los oficiales de la escala de complemento que en el
momento de entrada en vigor de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora
del Régimen del Personal Militar Profesional, no han podido integrarse en
las nuevas escalas puedan solicitar su compromiso hasta la edad de pase a
reserva.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 20; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación del texto de la proposición no de ley de creación
de una ponencia sobre el modelo de Servicio de Inteligencia para España,
también del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la proposición no de ley, con la incorporación de la enmienda
presentada, por la que insta al Gobierno a que permita acogerse a la
reserva transitoria a los oficiales que pertenecían a la antigua escala
especial.




Efectuada la votación, dijo: El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por
unanimidad.

Votamos, por último, la proposición no de ley relativa a la adopción de
las medidas necesarias para la permanencia del Hospital Militar de La
Coruña y del Hospital Naval de El Ferrol en el sistema sanitario público,
con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dijo: El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por
unanimidad.

Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.




Eran las cinco y veinte minutos de la tarde.