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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 136, de 08/03/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 136
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON ANGEL MARTINEZ SAN JUAN
Sesión núm. 13
celebrada el martes, 8 de marzo de 1994



ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Andreu Andreu (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
evaluación económica de la privatización de una parte de las empresas
públicas españolas. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de
expediente 181/000071) (Página 4310)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
posición del Gobierno en relación con la recomendación del Defensor del
Pueblo sobre la necesidad de que la Administración adopte las medidas
adecuadas para que se produzca una notificación individualizada a los
asegurados cuyas compañías aseguradoras sean disueltas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Ordenación del Seguro Privado. (BOCG, serie D,
número 26, de 8-11-93. Número de expediente 181/000157) (Página 4312)
--Del señor Andreu Andreu (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
previsiones acerca del traslado al Fiscal General del Estado de la
información que posee el Gobierno sobre la gestión del Banco Español de
Crédito (BANESTO) por el Consejo de Administración destituido por el
Gobernador del Banco de España el 28 de diciembre de 1993. (BOCG, serie
D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000311) (Página 4313)



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--Del señor Homs i Ferret (Grupo Catalán, Convergència i Unió), sobre
elaboración del proyecto de ley concursal. (Número de expediente
181/000442) (Página 4314)
--Del mismo señor Diputado, sobre valoración acerca de la línea de
crédito de 150.000 millones de pesetas abierta por el Instituto de
Crédito Oficial (ICO) y destinada a financiar inversiones productivas de
pequeñas y medianas empresas durante el período 1993-1994. (Número de
expediente 181/000446) (Página 4315)
--Comparecencia del señor Secretario de Estado de Economía (Pastor
Bodmer), para informar sobre los compromisos de inversión plurianual
(93-97) y calendario de los mismos establecidos por el Gobierno de la
Nación con el Plan de Reactivación Económica de la Región de Murcia,
propuesto por la Comunidad Autónoma tras el acuerdo plenario de la
Asamblea Regional en febrero de 1993. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000023). En sustitución del
Vicepresidente del Gobierno, según acuerdo adoptado por la Mesa de la
Comisión en su reunión del día 1 de marzo de 1994 (Página 4316)
Preguntas (continuación):
--Del señor Peñarrubia Agius (Grupo Parlamentario Popular), sobre
actuaciones previstas en el Plan de Reactivación Económica de la Región
de Murcia para el año 1994. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número
de expediente 181/000322) (Página 4317)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas prioritarias del Plan de
Reactivación Económica de la Región de Murcia. (BOCG, serie D, número 46,
de 28-1-94. Número de expediente 181/000321) (Página 4317)
--Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley de
Autonomía del Banco de España. (Número de expediente 121/000021) (Página 4323)
--Dictamen, a la vista del Informe de la Ponencia, del proyecto de ley de
Autonomía del Banco de España. (Número de expediente 121/000021) (Página 4323)



Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.




CONTESTACION POR EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DE LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:



--SOBRE EVALUACION ECONOMICA DE LA PRIVATIZACION DE UNA PARTE DE LAS
EMPRESAS PUBLICAS ESPAÑOLAS. FORMULADA POR EL SEÑOR ANDREU ANDREU, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 181/000071.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión de la
Comisión de Economía con el orden del día que SS. SS. conocen. En primer
lugar contamos con la presencia del señor Secretario de Estado de
Economía para contestar a una serie de preguntas y una petición de
comparecencia.

El segundo gran tema de esta mañana es el dictamen a la vista del informe
de la Ponencia sobre el proyecto de ley de autonomía del Banco de España.

Tengo que comunicar a SS. SS. que, de acuerdo con el artículo 68.2 del
Reglamento, esta Presidencia propone alterar o modificar el orden del
día. Las dos últimas preguntas que hacen referencia a planes económicos
de la región de Murcia tienen la misma característica que la petición de
comparecencia del Secretario de Estado de Economía, por lo que se
agruparán en un único debate, con el fin de producir una sintetización de
la misma materia y una economía procesal.

Así, sin más dilación, pasamos a abordar el punto primero del orden del
día: Contestación por parte del Secretario de Estado de Economía a las
preguntas formuladas.

La primera pregunta, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, es sobre evaluación económica de
privatización de una parte de las empresas públicas españolas. Para
formular la pregunta, el señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: La posible privatización de parte de las
empresas públicas españolas es un tema que últimamente es objeto no
simplemente de comentarios, sino también es un proceso que se produce en
la realidad. No es necesario hacer referencia a aquellas que en los
últimos meses, en los últimos años han tenido un proceso significativo de
privatización, con mayor o menor acierto en cada uno de los casos.

Este inicio del proceso de privatización ha dado lugar, sin duda, a que
en estos momentos se plantee con mayor fuerza aún, incluso a que existan
compromisos genéricos en torno a la consecución del mismo, afectando en
parte a



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las mismas empresas que ya habían sido objeto de anterior proceso o
incluso a otras nuevas.

El motivo de esta pregunta es conocer con detalle cuáles son las
previsiones del Gobierno en torno a ese proceso de privatización de las
empresas públicas españolas.

Es bueno que se tenga un conocimiento más puntual de las características
de ese proceso en las previsiones gubernamentales y, sobre todo, de las
características económicas de incidencia de dicho proceso. Este es el
contenido de la pregunta y en tal sentido la formulo.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado de Economía tiene la
palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): Considero que
la respuesta debe constar de dos partes y la primera es una expresión de
voluntad. Yo creo que por parte de este Gobierno existe la voluntad, como
ha existido en gobiernos anteriores, por lo menos durante los últimos
diez años, de reducir el sector público empresarial y de racionalizar la
presencia del sector público en la empresa en general. Por consiguiente,
creo que el Gobierno tiene voluntad de aprovechar las oportunidades de
reducir esa presencia. Es posible que haya alguna excepción a la pérdida
absoluta de control sobre determinadas partes del sector público
empresarial. Hay actividades que por su naturaleza deberán ser siempre
reguladas y durante la transición entre el marco anterior, en el que la
regulación se hacía por la propia empresa que detentaba el monopolio y la
etapa posterior, en la que ya existe un marco regulador que se puede
aplicar de manera indistinta a una empresa pública o a una empresa
privada, durante este período que yo considero de transición, se mantenga
una presencia significativa del sector público en la empresa. Como digo
yo creo que son casos excepcionales y se puede decir también que son
períodos transitorios; de forma que la voluntad de reducir la presencia
del sector público en la empresa pública existe.

Dicho esto, es también posible que en algunos casos, a través de una
empresa pública, se lleve a cabo cierta actividad social, de
redistribución de la renta o incluso de política regional. Desde nuestro
punto de vista estos casos son excepcionales y creo que deben terminar
resolviéndose con la desaparición de la presencia del Estado de esas
empresas y el desempeño de esas funciones por otros organismos o
mecanismos; pero ésta es una restricción que a veces se aplica en el caso
de reducir la presencia del Estado en alguna empresa pública.

Finalmente, yo creo que esa voluntad de reducir la presencia del Estado
en la empresa pública no debe confundirse con la urgencia de malvender un
patrimonio; dicho de otra forma, debe pedirse al Estado que actúe como un
inversor a la hora de reducir su participación en empresas públicas y,
por consiguiente, que aproveche las oportunidades de mercado lo mejor
posible y, en particular, que mantenga sobre las posibles operaciones que
quiera desarrollar la reserva que le permita aprovechar esas
oportunidades.

En términos generales, creo que esto es lo que se puede contestar a esta
pregunta. Por consiguiente, hay una voluntad de reducción de la presencia
del Estado en la empresa pública, esa voluntad se apoya en criterios no
sólo generales, sino también en criterios estrictamente económicos y esa
voluntad se ve, a veces, sometida a dos clases de restricciones: La
primera, que se trate de actividades en sectores que siempre serán
regulados; la segunda, que se trate de empresas que estén en sectores o
en zonas que hagan que una retirada del Estado pueda crear problemas de
otro orden.

Respetando esas dos restricciones, lo que debe pedirse al Estado es que
reduzca la presencia pública en el sector empresarial, pero que lo haga
comportándose como un inversor, es decir, tratando de obtener de sus
ventas el mayor rendimiento posible y, por consiguiente, que ajuste
cualquier plan de privatizaciones o de reducción de la presencia del
Estado en el sector empresarial a las oportunidades de mercado que se
presenten en cada momento.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Secretario de Estado por su
respuesta.

Creo que con el argumento de esa cierta reserva a la que usted ha hecho
referencia y que yo entiendo parece lógica, al menos en parte, en un
proceso de este tipo, sin embargo me ha contestado con criterios
absolutamente genéricos, y creo que así lo reconoce también usted;
criterios genéricos que, en todo caso, resultan especialmente
significativos.

Nosotros solicitábamos la evaluación económica de la privatización porque
creíamos que realmente se perseguía obtener unos determinados ingresos
--usted ha hablado de ingresos-- que permitieran compensar parcialmente,
al menos, el problema del déficit en nuestro país; pero parece que el
objetivo no es ése. Es un objetivo de fondo y usted lo ha dicho bien
claro: se trata de que hay voluntad clara de reducir el peso del Estado
en la empresa pública, voluntad --usted lo ha planteado-- que debe
conducir a que desaparezca el control del Estado en las empresas y sólo
excepcionalmente se mantenga cuando se trate de determinados sectores o
cuando se trate de empresas radicadas en determinadas zonas con especial
incidencia.

Nos parece que esta filosofía es especialmente negativa, por lo que se
refiere al sector público, que, en nuestra opinión, carece absolutamente
de un criterio coherente y que va a plantear graves problemas. De ello
creo que también es perfectamente consciente el señor Secretario de
Estado y de ahí los titubeos a la hora de explicar exactamente lo que se
quiere, por no hablar, por ejemplo, de lo que se va a hacer con Hunosa o
con Ensidesa, con ese tipo de empresas que sólo nombrarlas da lugar a que
haya una reflexión sobre la entidad social y geográfica de lo que se está
hablando.

Finalmente ha dicho que se le debe plantear al Estado que actúe como un
inversor; de ello no me cabe la menor duda, ¡qué menos se le puede pedir!
En cualquier caso tendremos ocasión de discutir más tranquilamente si
este criterio se respeta en ocasiones. Ha habido recientes



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privatizaciones en las que hemos tenido ocasión de asistir a
revalorizaciones fuertes de acciones vendidas por parte del Estado en
procesos de privatización. Ello nos hace pensar si realmente se actuaba
con ese criterio inversor a que aludía el señor Secretario de Estado. No
obstante, y siendo consciente de que quizá se ha excedido en la reserva
relativa a operaciones de este tipo, quede clara nuestra disconformidad
con los términos en que se ha planteado la respuesta. En todo caso
gracias por su contestación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado para
cerrar la contestación a esta pregunta.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): Pido disculpas
al señor Peralta por haberle contestado en términos genéricos; la única
excusa que tengo es que su pregunta también estaba formulada en términos
genéricos.

Uno de los defectos de este debate sobre la empresa pública es que muchas
veces se plantea en términos genéricos cuando estamos hablando de
situaciones completamente distintas y sobre las que, probablemente,
habría un grado de desacuerdo mucho menor si se consideraran una por una
en lugar de hacerlo globalmente. Muchas veces ocurre que cuando nos
referimos a la empresa pública unos estamos pensando en empresas públicas
de una clase y otros en empresas públicas de otra y quizá habría que
distinguir entre las diferentes clases.

No quisiera dar al señor Peralta la impresión de que en esta voluntad de
privatización --para decirlo en términos muy simplificados-- que yo he
visto ponerse de manifiesto en la Administración durante los últimos diez
años por lo menos, haya necesariamente un componente ideológico o --como
ha dicho el señor Peralta-- un componente filosófico. Es verdad que he
puesto el carro delante de los bueyes y he dado la impresión de que la
voluntad era privatizar por privatizar. Yo creo que se puede justificar
en la totalidad de los casos que esta voluntad era debida,
fundamentalmente, a criterios económicos. Normalmente el Estado suele
sacar una rentabilidad menor de esas inversiones que la que saca el
sector privado y, por consiguiente, es más económico que la
Administración prescinda de esos activos y los utilice para amortizar
deudas, si la rentabilidad que saca a esos activos es inferior al coste
de la deuda. En términos simplificados ése sería el razonamiento. La
razón por la que muchas veces el sector público saca menos rentabilidad a
estos activos es que se ve sometido a restricciones y a presiones de todo
tipo que no tiene normalmente un gestor privado. Por consiguiente, creo
que esa voluntad de privatización puede considerarse como algo inspirado
por criterios económicos más que por un componente ideológico que no
tiene por qué existir.




--SOBRE POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA RECOMENDACION DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LA ADMINISTRACION ADOPTE
LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA QUE SE PRODUZCA UNA NOTIFICACION
INDIVIDUALIZADA A LOS ASEGURADOS CUYAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS SEAN
DISUELTAS CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE ORDENACION DEL SEGURO
PRIVADO. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA, GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 181/000157.)



El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta, también del señor Peralta, es
sobre la posición del Gobierno en relación con la recomendación del
Defensor del Pueblo.

Para formular la pregunta, el señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: El señor Secretario de Estado conoce
perfectamente que a lo largo del año 1992 el Defensor del Pueblo dirigió
dos recomendaciones sobre el mismo tema, recomendaciones motivadas por
las quejas que había recibido de numerosos beneficiarios de seguros que,
como consecuencia de la decisión de la Administración de intervenir la
compañías aseguradoras sin que dicha decisión de la Administración fuera
oportunamente notificada a cada uno de ellos, se encontraron con
situaciones muy delicadas.

En el informe del Defensor del Pueblo se hace referencia a quejas de
ciudadanos que, confiados en que tenían su seguro de automóvil suscrito
con determinada compañía, se encontraron un día con que se había
producido la intervención de esa compañía por parte de la Administración
y el vencimiento de las pólizas, sin que ellos tuvieran conocimiento de
esta situación; ellos continuaban circulando, sufrieron accidentes y se
encontraron con que esos accidentes carecían de la cobertura necesaria.

Por tal motivo, el Defensor del Pueblo, el día 20 de mayo, dirigió una
recomendación, planteando que por parte de la Administración se valorara
la necesidad de adoptar las medidas adecuadas para que hubiera una
notificación individualizada a los asegurados cuyas compañías
aseguradoras sean disueltas.

Esta recomendación del Defensor del Pueblo fue rechazada por parte de la
Administración, alegando que estaba prevista esta actuación en base a la
responsabilidad de los administradores de las compañías que eran objeto
de intervención administrativa, que se encontraban en proceso de
disolución y que estaba prevista la publicación de estas resoluciones
administrativas en el «Boletín Oficial del Estado» y en diarios del
ámbito correspondiente a las actuaciones de esas entidades.

El Defensor del Pueblo comprueba que esos mecanismos de notificación son
poco eficaces, en la medida que es previsible que los ciudadanos lean
cosas más entretenidas que el «Boletín Oficial del Estado» y que tampoco
lean con la frecuencia necesaria recomendable los diarios de ámbito
nacional, como ponen de manifiesto las estadísticas. Por ello, el
Defensor del Pueblo, con fecha 11 de



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noviembre de 1992, reitera su recomendación a la Administración, pidiendo
de nuevo que por parte de ésta se valore la necesidad de que se adopten
las medidas adecuadas para que se produzca una notificación
individualizada a los asegurados cuyas compañías aseguradoras sean
disueltas, informándoles de los derechos que legalmente les corresponden
a partir de ese momento y, sobre todo, que esa notificación se produzca
en aquellos casos en que la orden de disolución disponga el vencimiento
anticipado de la póliza y, por tanto, el fin de la cobertura que el
ciudadano tenía asegurada con esa compañía que ha sido objeto de
intervención.

Desearíamos saber, y éste es el contenido de nuestra pregunta, cuál es la
posición del ministerio en relación con las referidas recomendaciones del
Defensor del Pueblo.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Secretario
de Estado de Economía.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): Según mi
información, el 8 de febrero de 1993 el Ministro de Economía y Hacienda
contestó a esta segunda petición del Defensor del Pueblo, de 11 de
noviembre del año anterior, reconociendo que estaba bien fundada y, por
consiguiente, disponiendo que en el proyecto de ley de modificación de
los seguros privados, que estaba en trámite en aquel momento, se
recogiera esa necesidad de notificación.

El proyecto de modificación de la legislación de seguros privados decayó
con la anterior legislatura y en este momento está en trámite de
elaboración un nuevo proyecto de ley de modificación de los seguros
privados en el que también se recoge esa exigencia.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Secretario de Estado, por su
respuesta. Celebro que, finalmente, la Administración asumiera el
criterio del Defensor del Pueblo, rectificando su posición inicial, sin
lugar a dudas en atención a las razones que fundaban esa recomendación
del Defensor del Pueblo, al problema social que se ponía de manifiesto y
del que creo que la Administración es plenamente consciente.

Lo único que tengo que decirle es que, siendo razonable la solución
planteada en su momento, referente al proyecto de ley a que ha hecho
referencia el señor Secretario de Estado, no es menos cierto que ese
proyecto de ley sufre las consecuencias de la disolución de las Cámaras y
en este momento se encuentra de nuevo en un proceso de elaboración,
mientras que, desgraciadamente, se siguen produciendo intervenciones de
aseguradoras --algunas de ellas de gran importancia, como ha ocurrido
recientemente--, con lo cual creo que convendría encontrar alguna
solución provisional a este problema, un problema importante, aunque no
necesariamente toda intervención conlleva el vencimiento de pólizas y la
carencia de protección. Por tanto, sin perjuicio de conocer que la
solución adecuada es su previsión legislativa, quizá convendría que por
parte de la Administración, con carácter cautelar, con carácter
preventivo, se adoptaran medidas que garanticen todo proceso de
intervención que se produzca desde ahora hasta que sea obligación legal y
que, en consecuencia, no se produzca ninguna situación de indefensión de
los ciudadanos como consecuencia de una intervención de la
Administración.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): Sólo quería
decir que tomo nota de la petición del señor Peralta, que me parece
perfectamente razonable y es posible que se pueda arbitrar un
procedimiento provisional hasta tanto entre en vigor la nueva ley de
seguros.




--SOBRE PREVISIONES ACERCA DEL TRASLADO AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE
LA INFORMACION QUE POSEE EL GOBIERNO SOBRE LA GESTION DEL BANCO ESPAÑOL
DE CREDITO (BANESTO) POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DESTITUIDO POR EL
GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA EL 28 DE DICIEMBRE DE 1993. FORMULADA POR
EL SEÑOR ANDREU ANDREU, GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000311.)



El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, señor Andreu, es acerca de las previsiones de traslado
al Fiscal General del Estado de la información que posee el Gobierno
sobre la gestión de Banesto por el Consejo de Administración destituido
por el Gobernador del Banco de España el 28 de diciembre de 1993.

Antes de dar la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida para que formule la pregunta, quiero señalar que ha habido un
acuerdo previo para que todos los temas referidos a Banesto globalmente
se pudieran volcar en la comisión de seguimiento, pero como ésta era una
pregunta puntual, y aprovechando la presencia del Secretario de Estado de
Economía, fue incluida en el orden del día correspondiente a la sesión de
hoy. Hecha esta aclaración, doy la palabra al señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Agradezco esta aclaración, señor Presidente,
porque mi intervención iba a ir en esa dirección. Partiendo de la base de
que celebramos que esta Cámara se haya constituido una comisión para el
tema de Banesto, nos parece que es obligación de todos respetar el
funcionamiento y el contenido de esa comisión. No obstante, en la medida
que ya nos hemos encontrado con la inclusión del punto en el orden del
día y con la presencia del señor Secretario de Estado, al menos
brevemente (éste es un tema que conviene tratar en profundidad en esa



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comisión y ésa es nuestra voluntad), preguntaría cuáles son las
previsiones acerca del traslado al Fiscal General del Estado, por parte
de la Administración, de los datos que se poseen acerca de la gestión
llevada a cabo por el Consejo de Administración destituido en su momento
por parte del Banco de España.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado de
Economía.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): Me cabe la
satisfacción, que no es muy frecuente, de poder contestar con una
información exacta y además breve.

El día 31 de enero de 1994 se termina el informe de la inspección de
servicios del Banco de España y, a petición del Fiscal General, se le
remitió este informe el día 2 de febrero. El día 1.º de febrero de 1994
se incoó expediente disciplinario a la entidad y a los anteriores
administradores por parte del Banco de España, y también a petición del
Fiscal General se le remitió ese informe el día 2 de marzo. Finalmente,
el 27 de febrero de 1994, asimismo a petición del Fiscal General, se le
remitió la resolución de los recursos que habían presentado los antiguos
administradores contra la decisión de intervención de Banesto por parte
del Banco de España. De manera que todos estos documentos están en poder
del Fiscal General, a petición suya.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por
su contestación. Ha dicho usted que era breve pero yo creo que ha sido
fundamentalmente precisa, y lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Nosotros celebramos que con esta simple contestación se puedan despejar
determinadas conjeturas que se habían vertido acerca de la actuación de
la Administración en relación con el anterior equipo gestor del Banco
Español de Crédito, un tema de gran transcendencia que ha sido apreciado
tanto por la opinión pública como por esta Cámara que ha considerado
oportuno constituir una Comisión de investigación y, no cabe duda que
todos los datos que conociese la Administración debían ser puestos en
conocimiento del Fiscal General del Estado. Nosotros celebramos que se
haya producido esa situación.




--SOBRE ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY CONCURSAL. FORMULADA POR EL SEÑOR
HOMS I FERRET, GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN, CONVERGENCIA I UNIO. (Número
de expediente 181/000442.)



El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es del señor Homs, acerca de
la elaboración del proyecto de ley concursal. Para formular la pregunta,
tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Señor Secretario de Estado, el interés de mi
grupo es requerir una información puntual, lo más precisa posible, sobre
la voluntad política del Gobierno en la revisión de la ley concursal
durante este período legislativo. Esta es una vieja cuestión planteada y
discutida en esta Cámara durante muchos años. Sé que no es competencia
estricta del Ministerio de Economía la revisión de esta legislación pero,
de acuerdo con la situación económica actual y atendido que en estos
momentos, a través de las vías judiciales, como consecuencia de
suspensiones de pago, existe un gran acceso a la Administración de
Justicia, yo creo que sería interesante no demorar más la revisión de
esta ley. Por eso nuestro grupo cree conveniente, oportuno y necesario
instar al Gobierno para que nos diga si realmente está en su calendario
plantear esa reforma de la ley concursal, puesto que la actual
legislación no sirve para poder atender la situación específica de
suspensión de pagos y quiebras en las que hoy se encuentran muchas
empresas como consecuencia de la crisis.

Simplemente quisiera conocer la posición del Ministerio de Economía y,
aun no siendo ésta una cuestión de su estricta competencia, sí le pediría
que fuese solidario al menos con este grupo que le plantea la pregunta, e
inste al Ministro de Justicia para que acelere los trámites
correspondientes y que esta Cámara pueda conocer ese proyecto de ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado de
Economía.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): Como sabe,
señor Homs, en mayo de 1992, dentro de la Comisión de Codificación, se
creó una Ponencia para informar sobre la legislación concursal en
general. Al término de sus trabajos, dicha Ponencia delegó en el Gobierno
la facultad de redactar normas con rango de ley que reformaran todo este
aspecto de nuestra legislación mercantil. Creo que desde entonces la
preocupación del Gobierno se ha mantenido sobre este asunto. Se trata de
un aspecto complejo de nuestra legislación que abarca elementos
estrictamente jurídicos y también aspectos económicos.

No sabría decirle si la elaboración inmediata de un proyecto de ley
concursal tiene fecha, lo que sí puedo manifestarle es que está planteado
por varios ministerios a la vez. En concreto, dentro de la Secretaría de
Estado de Economía, el interés ha surgido al realizar trabajos sobre algo
tan aparentemente alejado de la legislación concursal como es la política
industrial. Se ha visto que es necesaria una reforma de nuestra
legislación concursal como instrumento de política industrial activa.

Comportándome como un economista que siempre da una fecha o una cifra
pero nunca las dos cosas a la vez, puedo decirle que el proyecto está en
la agenda del Gobierno pero, yo creo que, fundamentalmente debido a la
complejidad de lo que hay que legislar, no tiene todavía una fecha
precisa, si bien los trabajos necesarios se están desarrollando en varios
departamentos de la Administración a la vez.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor Secretario de Estado. Creo
que su respuesta sí ha sido precisa en la primera cuestión que yo le
planteaba: que manifestara a la Cámara la voluntad política del Gobierno
de proceder a esa revisión. Usted me contesta que está en la agenda del
Gobierno y que se está elaborando un texto. Me dice también que es un
tema complejo, sé que lo es, pero mi obligación es decirle a usted que es
urgente que no se demore esa revisión, a la vez que pido al Ministerio de
Economía que tome la iniciativa en la revisión de esa normativa puesto
que el destinatario final no deja de ser una realidad económica y,
consecuencia, una problemática económica. Por tanto, que sea el
Ministerio de Justicia el que tome el liderazgo de esa revisión dentro
del Gobierno, pero que no se demore la presentación en esta Cámara de ese
texto. Le puedo anticipar que mi grupo, periódicamente, va a seguir
insistiendo al Gobierno sobre esta cuestión.

Le agradezco que haya manifestado el compromiso político del Gobierno de
adoptar esa reforma de la ley concursal porque creemos que es necesaria y
urgente y, sin entrar en los contenidos ni en los elementos que hoy están
distorsionando el procedimiento judicial en la suspensión de pagos y en
las quiebras, simplemente quiero transmitirle que vamos a insistir
puntualmente sobre esa cuestión; no vamos a dejar descansar al Gobierno
en este tema porque creemos que la finalidad que persigue esta acción
política es absolutamente necesaria.




--SOBRE VALORACION ACERCA DE LA LINEA DE CREDITO DE 150.000 MILLONES DE
PESETAS ABIERTA POR EL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (ICO) Y DESTINADA A
FINANCIAR INVERSIONES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DURANTE
EL PERIODO 1993-1994. FORMULADA POR EL SEÑOR HOMS I FERRET, GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN, CONVERGENCIA I UNIO. (Número de expediente
181/000446.)



El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es también del señor Homs,
acerca de la valoración sobre la línea de crédito de 150.000 millones de
pesetas, abierta por el ICO y destinada a financiar inversiones
productivas de pequeñas y medianas empresas. El señor Homs tiene la
palabra.




El señor HOMS I FERRET: Esta pregunta, señor Secretario de Estado, tiene
también como finalidad recabar información del Gobierno.

Sin duda, en el ejercicio anterior en el año 1993, tuvimos conocimiento
de la medida que adoptó el Gobierno de abrir una línea específica de
crédito cuyo destinatario eran básicamente las pequeñas empresas, para
mediante créditos subvencionados incidir en la reactivación de la
inversión en el ámbito de las pequeñas empresas. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Homs.

Rogaría a los señores diputados que hablen un poquito más bajo y, si
tienen que realizar alguna gestión, la hagan fuera de la sala porque, si
además del calor que tenemos en la misma incorporamos el ambiente
lúdico-festivo, vamos a terminar mal.

Puede continuar, señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.

Decía que el año pasado, concretamente en el mes de marzo, el Gobierno
autorizó al ICO a conceder una línea de crédito de unos 100.000 millones
de pesetas, lo que despertó un gran interés en el mercado, viéndose casi
forzado o interesado el Gobierno a revisar esa cuantía, lo que procedió a
hacer en el mes de mayo del mismo año, ampliándola a 150.000 millones de
pesetas. También hemos tenido conocimiento, a través de los datos
transmitidos por los medios de comunicación, de algunas cifras relativas
a la utilización de esa línea de crédito.

Mi grupo cree que es importante este instrumento y quisiera conocer el
alcance que ha tenido y el uso que se ha hecho del mismo, cuál es el
volumen de colocación que ha tenido este crédito en el mercado, cuántas
peticiones se han formulado; en suma, conocer un poco el balance (si es
que se puede hacer, porque a lo mejor el Gobierno todavía no ha cerrado
el balance de esta medida) o la información que se tiene hasta la fecha.

Se están adoptando medidas de política fiscal y presupuestaria como las
que puntualmente mi grupo ha impulsado en la Ley de Presupuestos de este
ejercicio, se están impulsando medidas de revisión de la política
monetaria en la que se bajan los tipos de interés, lo cual va a incidir
positivamente en la reactivación de la inversión, y se están adoptando
medidas de revisión del marco laboral, lo cual también puede ayudar a
reactivar la inversión. También tenemos un instrumento importante,
150.000 millones de línea de crédito subvencionado para pequeñas y
medianas empresas, y creo interesante conocer el balance de esta
operación.

Si usted, señor Secretario de Estado, no está en condiciones de
proporcionarnos en este momento ese dato, sí le pediría que, tan pronto
lo tuviese, lo remitiera a esta Comisión puesto que creo es una medida
que deberá mantenerse en el futuro e incrementarse como instrumento de
fomento de la inversión de las pequeñas empresas.

Espero su respuesta al respecto.




El señor PRESIDENTE: El Secretario de Estado de Economía tiene la
palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): Por fortuna,
estoy en disposición de facilitar al señor Homs más información de la que
sería posible leer en voz alta en esta Cámara y en este momento.




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Por consiguiente, le facilitaré la información escrita con mucho gusto.

Los datos de que disponemos hasta el momento nos indican que se ha
concertado un número total de más de 4.000 operaciones de préstamo; se ha
concedido un importe total de 80.000 millones de pesetas; el préstamo
medio ha sido muy pequeño, algo inferior a los veinte millones de pesetas
y más de la mitad de los préstamos son por cifras inferiores a diez, de
manera que estamos seguros de que los beneficiarios han sido pequeñas y
medianas empresas.

Como lo que se concede en concepto de préstamo es un porcentaje de la
inversión que se proyecta, estimamos que la inversión inducida por esos
80.000 millones se sitúa en el orden de los 225.000 millones de pesetas,
porque en promedio se ha financiado el 35 por ciento de la inversión. El
60 por ciento de esa inversión se ha concentrado en tres comunidades
autónomas: en Cataluña, el 25,5 por ciento; en Valencia, el 22 por
ciento; y en Madrid, casi el 13 por ciento. Esto se debe únicamente a la
cantidad de solicitudes que han venido de las diversas comunidades
autónomas; dicho de otra forma, no ha habido que aplicar racionamiento
alguno, ya que el volumen dispuesto al final han sido 80.000 millones de
una línea total de 150.000.

Con estas cifras, el primer instinto es dar un balance positivo de este
programa del ICO. No hay que olvidar, sin embargo, que estas cifras no
contestan a la pregunta que siempre se plantea en una línea de
incentivos, sean del tipo que sean, y es cuáles de estas operaciones no
se hubieran llevado a cabo de no existir la subvención. Esa es una
pregunta que no podemos contestar. Esperamos que hayan sido eficaces,
pero no tenemos garantía numérica para poderlo asegurar. Como digo, la
información complementaria, se la daré con mucho gusto.




El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Secretario de Estado.

Quisiera aprovechar.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Homs. No había agradecido la
intervención al señor Secretario de Estado ni había dado la palabra a S.

S.




El señor HOMS I FERRET: Le pido excusas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Secretario de Estado, decía que, sin duda, el primer
balance que podemos hacer es positivo. Lo que sucede es que si el crédito
tiene un límite de 150.000 millones de pesetas y tenemos hoy un volumen
de utilización del orden de 80.000, nos quedan 70.000 más.

Atendida la situación en que se encuentra nuestra economía y la
importancia que hoy tiene la reactivación de la inversión para poder
generar puestos de trabajo, nuestro grupo le invita, señor Secretario de
Estado, a que haga las acciones necesarias para instar al Instituto de
Crédito Oficial a que reduzca el tipo de interés de esos préstamos. Que
lo reduzca en proporción a la caída que ha tenido el mercado en cuanto a
los tipos de interés; que reconsidere qué marginales puede revisar de
estos instrumentos. A la luz de sus explicaciones se demuestra que este
instrumento es positivo, ya que 225.000 millones de pesetas de
reactivación es muy importante, pero más lo sería si a lo largo de los
próximos meses se pudiera terminar de absorber esta cantidad que queda
todavía de línea de crédito para conceder; más aún cuando, como usted
dice, el destinatario es la pequeña empresa.

Si hiciéramos un esfuerzo y por el ICO, el Instituto de Crédito Oficial,
se tomara la iniciativa de reducir los tipos de interés que hoy se
aplican a esta línea específica de crédito, creo que podríamos hacer un
gran bien al interés común de reactivar la inversión y, por esa vía,
poder generar puestos de trabajo en las pequeñas empresas.

Valoro positivamente lo informado hasta la fecha y les estimulo a que
reconsideren la posible medida de reducir algún punto marginal del tipo
de interés en ese instrumento para poder hacer que se utilice la línea ya
prevista por el Gobierno hasta su cuantía máxima.

Por otra parte, quiero agradecerle la información que ha dicho que de
forma exhaustiva me puede mandar para conocer al detalle la distribución
de este instrumento.

Sin duda, éste es uno de los clásicos instrumentos que en situación de
crisis económica se pone de manifiesto que son de gran utilidad. Creo que
es de las pocas efectivas medidas de política presupuestaria que pueden
ayudar a reactivar la inversión, con lo cual les animo a que las
intensifiquen y rebajen los tipos de interés que hoy se aplican a esas
líneas de crédito, porque está en la voluntad del Gobierno esa evolución
de reducción progresiva de los tipos de interés y no tendría sentido que
este producto no tuviera un comportamiento de liderazgo en el esfuerzo de
reducción de los tipos de interés en el mercado.

Creo que con esta actuación se obtendría el resultado positivo de crear
puestos de trabajo por la pequeña empresa y, en general, la sociedad
española se beneficiaría de ello, porque ayudaría a crear puestos de
trabajo.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (PASTOR
BODMER) PARA INFORMAR SOBRE LOS COMPROMISOS DE INVERSION PLURIANUAL
(1993-97) Y CALENDARIO DE LOS MISMOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO DE LA
NACION CON EL PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA REGION DE MURCIA,
PROPUESTO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA TRAS EL ACUERDO PLENARIO DE LA
ASAMBLEA REGIONAL, EN FEBRERO DE 1993. A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA



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PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000023.)



CONTESTACION POR EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DE LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS (CONTINUACION):



--SOBRE ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA
REGION DE MURCIA PARA EL AÑO 1994. FORMULADA POR EL SEÑOR PEÑARRUBIA
AGIUS, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000322.)



--SOBRE MEDIDAS PRIORITARIAS DEL PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA
REGION DE MURCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR PEÑARRUBIA AGIUS, GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000321.)



El señor PRESIDENTE: Concluida la primera parte del orden del día,
pasamos a la petición de comparecencia del Secretario de Estado de
Economía para informar sobre los compromisos de inversión plurianual
establecidos en el plan de reactivación económica de la región de Murcia.

Como he anunciado anteriormente, dado que también había una serie de
preguntas formuladas por el señor Peñarrubia, vamos a considerar que la
comparecencia ha sido pedida por el señor Ríos, Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, para posteriormente darle también la palabra al señor
Peñarrubia, representante del Grupo Parlamentario Popular.

Para formular los términos de la comparecencia, tiene la palabra el señor
Ríos, en representación de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor RIOS MARTINEZ: La región de Murcia concretó, en un proceso de
debate muy amplio, un plan de actuación para la reactivación económica de
la región, después de haber tenido en su seno convulsiones importantes.

Este plan de reactivación se produjo tras dos huelgas generales en la
región y después de haber tenido una complicación institucional
importante en la máxima representación de nuestra región, que es la
Asamblea.

En todo caso, después de un proceso de discusión, partiendo de una
propuesta del Gobierno regional y de una negociación o discusión con los
agentes sociales --UGT y Comisiones Obreras--, y con las organizaciones
empresariales, se llevó una propuesta al Parlamento de la región que
venía a decir que era un programa elaborado a partir del documento del
mismo Gobierno, conteniendo dentro de la propuesta una serie de
actuaciones vinculantes para la Administración regional, y una serie de
compromisos de la Administración central en los distintos departamentos
ministeriales para conseguir que se pudiera producir en la región una
mayor confianza inversora, un desarollo armónico a nivel de las
deficiencias de infraestructura y un relanzamiento de nuestra actividad,
adquiriendo dentro de esa actuación compromisos de la empresa pública,
que en nuestra región tiene peso, sobre todo en la comarca de Cartagena.

Con posterioridad por parte del Consejo de Ministros se produjo una
actuación puntual en Cartagena, a través del Plan de actuación de
Cartagena.

En todo caso, esta propuesta del plan de reactivación tuvo el apoyo, con
amplia difusión en medios de comunicación, del entonces y hoy
Vicepresidente señor Serra, que avalaba aquel plan que no se atrevió
nunca a firmarlo y no se firmó estando él como Vicepresidente del
Gobierno. Nosotros pedimos en junio esa comparecencia para ver cuál era
la actuación. El plan sí recibió, por así decirlo, el respaldo a nivel de
medios de comunicación, del señor Eguiagaray, que anunciaba inversiones
fortísimas, unos 200.000 millones, para la región.

Nuestras críticas siempre han ido más que a los compromisos que
genéricamente se hacen en el protocolo, que finalmente ha firmado el
Ministro Saavedra en el nuevo Gobierno constituido después de las
elecciones, a la concreción presupuestaria. ¿Qué se va a hacer en el año
1993, qué se va a hacer en el año 1994 y de qué manera va a evolucionar?
Este plan contenía unas actuaciones hasta el año 1977 y hasta el año dos
mil y pico otras actuaciones aplazadas.

Lo que en aquel protocolo se planteó iba dirigido, por ejemplo, a
actuaciones de empresas públicas concretas, como Santa Bárbara, y decían
que el 30 de junio iba a haber un plan de revitalización o de inversiones
para la permanencia de esta industria. Desconocemos si ese plan se ha
podido llevar a cabo o no. También se hablaba de compromisos de
comunicaciones en infraestructuras. Decían que era imprescindible la
programación y la ejecución inmediata de determinadas infraestructuras,
como autovías, ferrocarril (me imagino que eso será motivo de actuaciones
en otra Comisión) y actuaciones dirigidas a empresas como Bazán, a
empresas como el Sepes, para comprometerse en determinadas actuaciones;
como Repsol, como Enagás. También se contemplaron actuaciones para
conseguir que en determinadas zonas hubiese una homologación de espacios
industriales, lo que fueron los antiguos polígonos, como podrían ser en
«Los Camachos», con compromisos concretos; apoyo a la pequeña y mediana
empresa, dirigido fundamentalmente al desarrollo, a actuación intensiva
desde lo que pudiéramos llamar inversiones que venían de Europa, de
incentivos regionales. Insisto había un compromiso de inversión en los
años 1993, 1994, 1995 y siguientes. Por tanto, el objetivo de solicitar
la comparecencia sería la valoración de la parte del plan de reactivación
que se ha conseguido en Murcia en el año 1993, que ya se ha culminado.

En las cifras generales que la comunidad barajó, se había previsto, para
el año 1993, una inversión de 16.233 millones de la Administración
central en diversas actuaciones, fundamentalmente en cuatro bloques. El
primer bloque se refería a planes de infraestructura y puesta en valor de
la región, homologación de espacios industriales, autovías, etcétera, que
ya he mencionado antes.

El segundo bloque, inversiones para la atracción de nuevas empresas,
incentivos regionales, captación de



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inversiones; asesoramiento para fusiones de empresas de carácter
autóctono, la conserva, etcétera; plan de internacionalización de la
empresa, implantación de nuevas empresas y marcas en el exterior a través
o con el apoyo del Icex; tecnología y fomento a la innovación; asistencia
a las pymes.

El tercer bloque se refería a recursos básicos, hábitat y medio ambiente,
que comprometía a la Administración del Estado fundamentalmente en tres
niveles: obras del postrasvase plan de actuación de saneamiento del Mar
Menor y regeneración de playas y actuación de competencia en centros
turísticos tradicionales.

El cuarto gran bloque iba dirigido hacia la formación tecnológica
profesional, al capital humano que tiene la región, tanto a nivel de
acuerdos empresa-Administración, como cursos específicos de formación y
de compromisos de inversión en la propia Universidad.

Por tanto, las cifras que en el año 1993 se anunciaban como previsibles
(es verdad que son orientativas y que no fue firmado el Protocolo en 1993
por las dos administraciones, pero se habían comprometido por el
Vicepresidente don Narcís Serra) eran de 16.000 millones de la
Administración central y 8.300 de las empresas públicas.

La primera cuestión que me gustaría conocer es cuál ha sido la evolución
de esos compromisos sobre esas actuaciones para el año 1993. La segunda
es, en estos mismos compromisos o actuaciones de las que hemos hablado
antes, qué va a realizar el Gobierno en el año 1994. Son compromisos que
no están en los Presupuestos Generales del Estado para 1994; se hablaba
de 24.000 millones para 1994, que pueden aparecer, y de 15.000 millones
para las empresas públicas. Este era el calendario de ejecución que se
utilizó. Es cierto que este calendario de ejecución propuesto por la
Administración no está incorporado numéricamente al protocolo. Tengo que
distinguir esto porque no existen en el protocolo unos compromisos
numéricos sino una voluntad indicativa.

El tercer gran nivel de la demanda sobre el que nos gustaría tener
respuesta es, superado 1994, año de crisis, de contención presupuestaria,
cuál es la perspectiva de futuro que tiene el Plan de reactivación de la
economía para la región de Murcia, cuál es la estabilidad permanente o el
futuro que puede tener el citado Plan, entendiendo, insisto, que se
refiere a los compromisos que la Administración central adquirió frente a
la comunidad desde sus propios recursos, porque en el Plan estaban
separados los recursos que se pensaban captar de la iniciativa privada
--por cierto, con menos compromiso, con menos seguridad en la propia
inversión--, las aportaciones que iban a hacer las distintas
administraciones públicas de sus propios presupuestos, la Comunidad
Autónoma y los ayuntamientos, y por otro lado, distinto de los
Presupuestos del Estado, los fondos que podían venir de la CEE. Cuando el
Plan de reactivación hablaba de 4.000 millones de pesetas, en el año
1993, para incentivos regionales, sí se hablaba de los recursos que la
Comunidad Europea, la Unión Europea hoy, podría aportar para estimular la
inversión en la región de Murcia.

A mí me gustaría que se hiciese una valoración específica de los
incentivos regionales, cómo ha sido el año 1993 y cuál es la previsión
para 1994, porque los recursos no han llegado a esa cifra y tampoco
tenemos seguridad de que vayan a evolucionar. El Plan de reactivación
proponía reducir los 75 millones para avalar un proyecto a 30 millones de
pesetas. Es decir, todo proyecto que salía de la propia Comunidad
informado por el Info podía ser avalado si era superior a 75 millones; la
Comunidad pedía que ese mínimo se redujese a 30 millones para que la
pequeña empresa pudiera acceder a ellos.

Esas serían las tres demandas de información. Espero que la óptica sea,
como la nuestra, favorecer optimismo para la región y no proyectar
pesimismo, al margen de que nosotros, insisto, nos abstuvimos en la
votación de este Plan en la Asamblea regional.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Peñarrubia tiene la palabra.




El señor PEÑARRUBIA AGIUS: El Plan de reactivación económica de la región
de Murcia nace como consecuencia del acuerdo alcanzado, en su día, por el
Gobierno autónomo, patronal y sindicatos. Dicho acuerdo fue ratificado en
el Parlamento regional, tanto por el grupo mayoritario como por el
principal partido de la oposición.

Figuran como objetivos genéricos del Plan dar respuesta a la
modernización de la economía murciana y a las necesarias transformaciones
de su estructura productiva, que exige su adaptación a los nuevos retos
de competitividad del espacio europeo; posibilitar la creación de un
volumen de empleo neto que permita reducir el nivel de desempleo y su
diferencial con la Comunidad Económica Europea; afrontar los problemas
específicos que sufren actualmente diferentes áreas, así como posibilitar
una nueva vertebración del espacio regional; integrar económicamente a la
región de Murcia en el eje mediterráneo mediante proyectos de carácter
suprarregional; relanzar las inversiones y el fomento de la innovación
empresarial mediante la puesta en valor del espacio regional murciano, la
canalización selectiva de incentivos, la formación y la
internacionalización de la empresa, entre otras iniciativas de interés;
afrontar los graves problemas medioambientales de la región; potenciar la
industria, especialmente las posibilidades del sector agroalimentario
como principal conformador de la base económica y exportadora de la
comunidad autónoma.

Dada la ambición de sus objetivos, el Plan se concibe como un plan
plurianual de inversiones, asumido por las diferentes administraciones
públicas y a ejecutar en función de las capacidades financieras que
permita el escenario presupuestario de la comunidad autónoma, la
Administración central y los fondos europeos, en estrecha coordinación
entre ellos y con la participación, como se ha dicho aquí, de la
iniciativa privada.

Para la consecución de los objetivos previstos, la vía de actuación del
Plan se centra en cuatro áreas: planes de infraestructura y puesta en
valor de la región; plan de promoción de inversiones y atracción de
nuevas empresas;



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plan de promoción económica, actuaciones sobre recursos básicos, hábitat
y medio ambiente, y formación profesional tecnológica, empresarial y
capital humano.

Nueve meses después, el documento es ratificado por el Gobierno de la
nación mediante la firma del Ministro para las Administraciones Públicas,
llegando a manifestar que la vinculación del Estado es total. No soy
testigo, declaraba el señor Saavedra, sino firmante y, cuando se firma un
documento, uno asume el compromiso. El Plan, que a juicio del referido
ministro no tiene precedentes en España, contempla un montante de
inversiones, en el quinquenio 1993-1997, de casi 800.000 millones de
pesetas, de los cuales 155.000 corresponderían a la Comunidad, 28.000 al
Instituto de Fomento de la región de Murcia, 365.000 a la Administración
central y el resto a las empresas públicas, empresas mixtas, a la
iniciativa privada y a la Comunidad Europea. Por capítulos, una parte
importante, quinientos y pico mil millones, son para infraestructuras,
70.000 para actuaciones en promoción económica, 112.000 millones para
recursos básicos y 62.000 millones para formación profesional.

Es cierto que, a la hora de la firma, el documento aparece limpio de
plazos y cifras de inversión. Ni siquiera aparece que el Plan se
cuantifica globalmente en esos ya citados casi 800.000 millones de
pesetas. Se eliminaron las cifras y fechas de inversión de las veinte
páginas que componen el precitado documento. Por otra parte, el propio
Ministro afirmó que desconocía el plazo de ejecución del Plan de
reactivación, indicando que los tiempos de cumplimiento de las
inversiones pueden variar. En este terreno de la inconcreción, el señor
Saavedra vaticinó que el Plan se puede convertir en realidad con el
tiempo.

Ante tamaña afirmación, la verdad es que su presencia en Murcia es más
propia de un viaje de turismo que de un firme compromiso político; lo que
sucede es que los murcianos, por desgracia, estamos acostumbrados a estas
actuaciones y a estas visitas de ministros. Sin embargo, en el calendario
estimativo de ejecución aparecen las inversiones por años para todas y
cada una de las actuaciones previstas. Así, por ejemplo, los casi 40.000
millones correspondientes a 1993, de los cuales 13.000 corresponden a la
Administración central, no se han cumplido. Actuaciones como la del
Puerto de Cartagena, potenciación de la línea férrea Madrid-Cartagena,
plan de viviendas, incentivos regionales, programa tecnológico y fomento
a la innovación, regeneración de playas, cursos específicos de formación,
etcétera, deben esperar a mejor ocasión.

Otro tanto ocurre con lo previsto para el presente ejercicio, y siempre
referido al compromiso de la Administración central. No existen partidas
en los Presupuestos Generales del Estado para 1994 que sustenten dichos
compromisos. Así, actuaciones como la autovía Murcia-Albacete, autovía
Alicante-Cartagena y la continuación de las actuaciones citadas
anteriormente, que supone un montante total de 77.000 millones, de los
cuales 21.000 corresponderían a la Administración central, siguen
idéntico camino que las anteriormente mencionadas. Para qué continuar,
señor Presidente, antes de que me llame la atención, con ejercicios
venideros, porque ocurre un tanto de lo mismo.

Parece evidente que lo que el Gobierno de la Nación firmó en Murcia es
algo simbólico, que tiene la importancia de los símbolos. Mi Grupo
siempre ha mantenido que era necesario el compromiso del Gobierno, pero
el compromiso serio, el compromiso financiero.

Por esta razón, señor Secretario de Estado, le formulo las preguntas que
figuran en el orden del día de esta sesión.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Secretario
de Estado de Economía.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): La verdad es
que lo que dicen los servicios de mi Secretaría coincide en lo sustancial
con algo que han dicho ustedes anteriormente; a saber: que el Plan de
Reactivación Económica de la Región de Murcia, tal como está, no tiene
ninguna concreción cuantitativa ni tampoco presupuestaria.

Estimo que esto no convierte el Plan en una pura cuestión de escaparate
ni lo invalida como instrumento, porque ustedes se han referido --y yo
haría lo mismo-- al componente de inspirar confianza en la inversión
privada que puede derivarse de ese tipo de compromisos, incluso al margen
de las aportaciones presupuestarias que cada cual tenga que efectuar.

No les puedo suministrar información cuantitativa sobre el seguimiento de
todas las actuaciones que se previeron, por una razón muy sencilla:
porque nuestra contabilidad presupuestaria no está hecha para estas
cosas. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, pero requiere un
trabajo especial porque hay que sacar las partidas de los diversos
Departamentos ministeriales y de los diversos capítulos. Por desgracia,
este trabajo no está hecho. De la misma manera que estamos tratando de
hacerlo para el Plan Especial de Cartagena, trataremos de hacerlo para
este Plan y les remitiremos la información cuando la tengamos.

En términos generales, y para referirme a los cuatro bloques de
actuaciones que detallan el Plan, en el primer bloque, en lo que se
refiere a infraestructuras y puesta en valor, estamos llevando a término
la conversión del polígono industrial de «Los Camachos» en un parque de
actividad económica, en un «business park». En segundo lugar, existe un
plan especial para la readaptación del puerto de Cartagena. Estas son las
dos iniciativas más importantes en este primer bloque de actuaciones.

El segundo es la inclusión de toda la región murciana en las regiones de
promoción económica de tipo 1. Esto quiere decir que la inversión con
fondos del Presupuesto del Estado y con fondos comunitarios tiene un
determinado techo. La aplicación de esos techos está sometida a dos
condiciones: en primer lugar, que haya proyectos de inversión que se
consideren dignos de ser incentivados por ese mecanismo y, por
consiguiente, tengan unas ciertas características de viabilidad, de
fomento del empleo, etcétera, y, en segundo lugar, que exista para ello
la consignación presupuestaria correspondiente. En tercer lugar,



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respecto a las actuaciones sobre recursos básicos, la verdad es que no
tengo ninguna información concreta.

Finalmente, el último bloque, el de capital humano. En términos
genéricos, tenemos desde abril de 1991 el Plan de Adaptación Industrial
Competitiva que se desarrolla en toda la comunidad murciana y en especial
en el área de Cartagena. En segundo lugar, en febrero de este año se
aprobó el Plan de Empleo de la Región de Murcia.

En el terreno de las infraestructuras, el 17 de febrero de este año se
aprobó el Plan Puente de Carreteras. En ese plan puente vienen
inversiones tanto para la autovía Albacete-Murcia como para la primera
fase de la autovía Alicante-Cartagena, que se acercan a los 50.000
millones de pesetas, y que están aprobadas por el Consejo de Ministros.

En general, creo que hay que decir que muchas de esas actuaciones siempre
deben verse sometidas a las disponibilidades presupuestarias y, como
ustedes saben, éstas han cambiado de forma bastante radical entre los
años 1991 y 1994. Creo que las hipótesis bajo las que se confeccionan los
Presupuestos Generales del Estado en los años 1992 y 1993 y las hipótesis
sobre las que se han confeccionado los de 1994 y sobre las que
probablemente habrá que confeccionar los de los ejercicios siguientes,
son muy diferentes. Las de este año y los años venideros son,
desgraciadamente, mucho más restrictivas y, por consiguiente, hay que
esperar que buena parte de esas actuaciones que fueron previstas hace
unos años o bien tengan una inferior cuantía o bien deban verse dilatadas
en el tiempo. Es algo que no me corresponde a mí decir, pero, en términos
generales, creo que hay que tener siempre presente que todas esas
actuaciones deben verse sometidas a una restricción presupuestaria
general que consideramos que en este momento es una prioridad, en la
medida en que nos garantiza un cierto equilibrio en nuestra economía.




El señor PRESIDENTE: Además de los Grupos Izquierda Unida y Popular,
¿algún Grupo desea fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Creo que en su respuesta el señor Secretario de
Estado de Economía hace un balance más bien de expectativas que de
realidades. Ha dado dos argumentos. Uno, que no hay cuantificación; que
sí la hay. No la habrá en el protocolo que se firma, pero insisto en que
si había una distribución con calendario de ejecución donde se distribuía
peseta a peseta y obra a obra lo que se iba a hacer, incluso cómo se iba
a pagar y a financiar, lógicamente también lo habrá barajado. Es verdad
que no es el documento firmado y que, por tanto, no hay compromisos
anuales.

Ha dicho que no puede dar datos porque tiene alguna dificultad. El año
1993 era el año de la informática y de la robótica y creo que ahora mismo
el Estado puede decir: Capítulo II, concepto 227, gastos diversos, y
aprieta el botoncito y sale lo que se ha gastado. Por tanto, dudo que no
haya podido aportarme datos concretos. Creo que no los aporta para que no
haya una evaluación, por así decirlo, negativa. Fíjese que ha dicho que
hay compromisos que es verdad que se están gestionando, pero se ha
saltado otros en los que no se está trabajando.

En el primer bloque, planes de infraestructura y puesta en valor de la
región, en el punto 1.1, homologación europea de espacios industriales de
la región, había un compromiso para invertir, entre los años 1993 y 1994,
250 millones, por un lado, y 1.500, por otro, para el parque de actividad
económica de «Los Camachos», que iba a ser financiado por el Sepes, pero
junto con él había otro, que era el parque tecnológico de la región de
Murcia, en el que iban a invertirse 1.150 millones en el año 1993 y 4.000
en 1994. Usted dice que no tiene datos procesados. Claro, los datos
procesados son cero pesetas en 1993 y algunas pesetas para 1994.

Por ejemplo, en actuación de autovías --y no voy a centrarme en ellas
porque las hemos discutido en otro momento--, en el puerto de Cartagena
ha dicho usted que hay un plan. No era un plan, sino un compromiso por
parte de la Administración central de haber aportado para planes de
inversiones 1.645 millones en el año 1993 y 1.700 millones en el año
1994. Viene en el Plan. ¡Fabuloso! A nosotros el Plan nos planteó la obra
del puerto hace ya muchísimo tiempo, hace ya bastantes años. El problema
es: ¿qué se ha hecho en 1993? ¿Qué se queda para 1994 o qué se aplaza de
ese plan que usted ha anunciado?
Ha anunciado una cosa que yo creo que es positiva, y es que en el
programa puente se van a introducir la primera fase de la autovía
Cartagena-Alicante, que son las variantes con desdoblamiento que se va a
hacer en Los Alcázares, en San Javier y en San Pedro.

Ha dicho una cosa que me gustaría que me precisara. Ha dicho que el
Consejo de Ministros ha aprobado dentro de ese Plan puente una actuación
con una previsión anual para la autovía Murcia-Albacete, el tramo hasta
la Venta del Olivo. No sé si he entendido que el Consejo de Ministros ha
aprobado ya la obra o si tiene previsión de incorporarla al programa
puente para que se ejecute a partir de un tiempo determinado.

Es verdad que cuando hablamos de infraestructuras estamos en un tránsito,
que es el programa director de infraestructuras o el Plan director de
infraestructuras que se presentará aquí a finales de este año, que será
vigente, por lo tanto, para 1995. Por eso yo no he entrado en las
infraestructuras que se puedan hacer en 1995 y he insistido en qué hemos
hecho, dónde estamos (1993), qué vamos a hacer en 1994 y qué miramos para
1995, que no hay ningún problema.

Pero, al margen de esas actuaciones, en la actuación que tiene referencia
con usted, en el segundo apartado del Plan de reactivación, inversiones y
atracción de nuevas empresas, había el compromiso de invertir o de
aportar para la ley de incentivos regionales, por parte de la
Administración central, 4.000 millones de pesetas en 1993 y 4.000 en
1994. ¿Cuánto se ha invertido? ¿Qué empresas se han apoyado? ¿Qué líneas
de actuación se han tenido? Es importante saberlo.

Por otro lado, iban a tener actuaciones para el año 1993 en iniciativas
para captación de inversiones, empresas



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públicas, el SEPES, 100 millones en 1993 y 110 millones en 1994. Y, por
otro lado, había una línea que era importante para la diversificación
productiva y potenciación del desarrollo. Era poco dinero, es verdad que
eran 40 millones y 40 millones, pero para algo muy importante en la
región en lo que es el sector agroalimentario, el sector conservero, que
era potenciar fusiones de empresas y sectores autóctonos. Ustedes
ignoraban ese dinero. Vamos a aclarar que no lo iban a hacer ustedes. Es
decir, el Instituto de Fomento de la región de Murcia con los recursos y
con la colaboración del Estado iba a hacer frente a eso. No es una
competencia de gestión de ustedes, pero sí una línea de potenciación o de
actuación de ustedes.

En el tema de la internacionalización de la empresa había dos compromisos
importantes: el tema del Icex y la potenciación desde el plan de
internacionalización de la empresa --nosotros somos una región
comercializadora, exportadora eminentemente, con una perspectiva de
futuro y en ese sector necesitaríamos de esa actuación-- y en el tema de
lo que era esa potenciación para consolidar o marcas o empresas en el
exterior a través del Icex. Había un compromiso concreto. Me gustaría
conocerlo, si es que es posible y, si no, que después por escrito nos
pudiera decir: Mire usted, en 1993 hemos hecho esto, esto y esto y en
1994 lo otro, por si acaso hoy no se han podido traer esos documentos o
esos gastos, cosa comprensible.

Por tanto, éste era el objetivo de la demanda de información de la
comparecencia, al margen de actuaciones que se han anunciado muchas
veces, por ejemplo, los 1.000 millones de pesetas que iban a ir este año
para infraestructuras del post-trasvase, etcétera. Estas son obras de
infraestructuras que es lógico que se escapen de la mano de una gestión
del Ministerio de Economía, que sea más de otros ministerios, aunque
coordine. Por eso nosotros habíamos pedido la comparecencia del
coordinador de la economía en el Gobierno, que es el Vicepresidente. Lo
que pasa es que sigue en la acción del mudito, pero bueno, muy bien en
este caso; en otras cosas habla mucho. Como no es nuestro problema y
usted está aquí para respondernos, le estamos demandando esta
información.

Termino, señor Presidente, porque no pretendemos alargar o dificultar
cualquier tipo de evolución. Nos gustaría conocer los compromisos que
ustedes como Gobierno tienen, aunque no sea en la cuantificación que aquí
hay, aunque sea en líneas generales. ¿Qué se puede abordar en 1993-94?
¿Qué se proyecta a las actuaciones posteriores de 1994, en el propio
1995? ¿Qué virtualidad va a tener este plan de reactivación que, le
insisto, se hizo como una muestra para dar tranquilidad a una región que
estaba en una situación de mucha efervescencia y de inestabilidad social?
Le he hecho la referencia a dos huelgas generales, una huelga más en
Cartagena y la situación inestable de varias empresas. Le he hablado en
concreto de la empresa Enagás, de Bazán, etcétera. Le he hablado de
empresas concretas. Algunas ya están en fase última, pero no me quiero
referir a lo negativo. Me gustaría referirme a lo positivo. Me gustaría
ver los compromisos para el futuro en positivo para recuperar esperanza e
ilusión en la propia región, que nos hace falta.




El señor PRESIDENTE: El señor Peñarrubia tiene la palabra.




El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Voy a intervenir casi telegráficamente.

No se preocupe, señor Secretario de Estado, no hay datos porque no hay
dinero o, mejor dicho, lo hay sobre el papel, que ya se sabe que lo
aguanta todo, pero no existe ningún compromiso por parte de la
Administración del Estado. Ha quedado demostrado esta mañana en esta
comparecencia y es algo que nosotros sospechábamos ya. Deseaba de usted
algo más concreto, evidentemente, algún dato tranquilizador para los
murcianos, pero ni eso hemos conseguido; sólo palabras y palabras que, en
definitiva, no convencen a nadie.

Diga al menos las prioridades. Diga qué había previsto, no ya para el
pasado año 1993, sino qué hay previsto para el presente ejercicio de 1994
y el próximo de 1995. No se comprometa con nada más, pero díganos al
menos que el Gobierno que usted representa tiene algo que ofrecer, en
este caso, a la región de Murcia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Pardo.




La señora PARDO ORTIZ: Yo quiero empezar diciendo que mi Grupo, el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene una valoración de la puesta en marcha de
ese Plan de reactivación para la región de Murcia moderadamente optimista
y positiva, y voy a explicar por qué.

Como muy bien saben, el Plan Director de Infraestructuras y el Plan
Puente, que ya ha sido aprobado, Plan Director de Infraestructuras que
próximamente va a entrar en esta Cámara para su debate, contempla, en
diferentes conceptos y en diferentes actuaciones, una partida de unos
50.000 millones de pesetas para infraestructuras en la región de Murcia.

Por citar algunas de ellas, porque no tengo aquí los documentos de
referencia, pero todos los Diputados y parlamentarios de la región de
Murcia nos lo sabemos porque hemos dado miles de vueltas a ese Plan
Puente y a ese Plan Director de Infraestructuras, sí quiero referirme a
que son 29.000 millones de pesetas los que están previstos para la
autovía Alicante-Cartagena; 6.600 millones de pesetas para el saneamiento
del Mar Menor; 5.000 millones de pesetas en inversiones para el puerto de
Cartagena, que quiero recordar a SS. SS., porque ya lo saben, que ya hoy
están puestos en ejecución; 1.500 millones para la regeneración de la
bahía de Portman, que es un tema bastante sentido por todos los agentes
sociales y que viene trayendo un debate en profundidad desde hace tiempo
en nuestra región; 8.000 millones para avanzar en la autovía entre Murcia
y Albacete, en concreto en el tramo de Archena-Venta del Olivo, que
aprobó el viernes pasado el Consejo de Ministros. Estas son actuaciones
que figuran en los conceptos que dice el Plan de Reactivación Económica,
que son infraestructura y equipamiento, para que nuestra región se
mantenga con un desarrollo sostenido y se consolide en el eje
mediterráneo.




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También quiero decir que hay otras inversiones --porque el portavoz de
Izquierda Unida hacía alusión a ello-- en el sector agroalimentario,
etcétera.

De los 4.000 millones de referencia de los incentivos regionales yo
quiero decir a SS. SS. que hasta la fecha están aprobados 2.779 millones,
porque son los proyectos que están presentados; no hay más proyectos
presentados.

En definitiva, tanto en infraestructuras como en reactivación y ayuda y
potenciación de sectores productivos, en este caso el sector
agroalimentario, se superan los 50.000 millones de pesetas.

Quiero decir también que el Plan de Desarrollo Regional de Murcia es un
documento, como ya se ha dicho, meramente indicativo, que recoge las
previsiones de actuaciones que puedan ser susceptibles de ser
cofinanciadas por el Fondo de Desarrollo de la Comunidad Europea;
actuaciones que se van a desarrollar una parte por la Administración
central, otra parte por empresas públicas y también por el Gobierno
regional.

El Plan de Reactivación de la Región de Murcia, que fue elaborado por el
Gobierno regional y pasó todo un proceso de negociación con agentes
sociales, con agentes económicos, con partidos políticos y por fin llegó
a su aprobación en el Parlamento, es un compromiso de las diferentes
administraciones para dotar a la región, como ya decía anteriormente, de
las infraestructuras y equipamientos necesarios para que, junto con la
modernización del sector productivo, diversificándolo, con el proceso de
agrupación en el sector agroalimentario, etcétera, y junto con la mejora
y elevación de la formación de los efectivos humanos de la región de
Murcia, se sienten las bases para un desarrollo sostenido y, como decía
anteriormente, que permita la integración definitiva en el eje del
Mediterráneo.

La estrategia que plasma el plan de reactivación económica, así como el
plan especial para el desarrollo de Cartagena, suponen la definición de
un conjunto de actuaciones que habrán de ponerse en marcha en función de
las disponibilidades financieras de las diferentes Administraciones
públicas y entes que han participado mayoritariamente en ese compromiso y
en ese diseño de objetivos.

Tengo que decir que ha habido una coincidencia importante entre el
Gobierno regional y el Gobierno central, tanto en la identificación de
los problemas y de las potencialidades con que cuenta la región de Murcia
como en la estrategia a adoptar para ir cumpliendo el compromiso
mencionado, previamente por todos asumido. En ese sentido, creo que al
día de hoy, sin entrar mucho, como muy bien sabe el Secretario de Estado,
se podría decir que se encuentran en vías de ejecución el 85 por ciento
de los planes contenidos en él. Son planes que están sin cuantificar, y
no con muchas cifras, pero, en la medida que se van adoptando
actuaciones, tanto por el Gobierno regional como por la empresa pública y
diferentes planes de la Administración central, revisando se puede
encontrar que hay grados de concreción: un 85 por ciento, decía, en vías
de ejecución de los planes; se han iniciado el 86 por ciento de las
medidas y el 84 por ciento de las actuaciones o proyectos concretos que
en dicho plan se contienen.

Me parece que es importante referir que toda la estrategia de desarrollo
que contiene el plan de reactivación económica de la región de Murcia
tiene su reflejo financiero en el plan de desarrollo regional de España,
en el cual está incluido el plan de desarrollo regional de Murcia, y que
eso cuenta con los fondos estructurales europeos para ir ejecutando las
actuaciones que en él están previstas para el período no 1994/1997, como
figura en el orden del día o en la referencia a la pregunta al
compareciente, sino en el período 1994/1999, y todo ello, repito, en un
marco de estrecha colaboración entre las diferentes Administraciones
públicas.

Pero, por encima de todo, señorías, aun haciendo mi Grupo una valoración
positiva, y viendo con un moderado optimismo el cumplimiento de ese plan
que acaba de iniciarse, y no en las mejores condiciones económicas, por
parte de las diferentes Administraciones, creo que tenemos que hacer un
análisis serio, realista y riguroso.

Sabemos perfectamente que si dispusiéramos de los recursos financieros,
tanto públicos como privados, suficientes para abordar en un corto
espacio de tiempo las actuaciones que la región de Murcia necesita,
tendríamos resueltos bastantes de los problemas en esta región, pero ése
no es el caso, y como la situación económica de Murcia no es de autarquía
(depende en gran medida de la situación económica, no sólo en España,
sino también en Europa), tendremos que ir pacientemente trabajando y
buscando fórmulas que nos permitan un grado de concreción mayor de este
plan estratégico regional.

Las prioridades de actuación sobre la región son compartidas por el
Gobierno de la nación y, como decía, están plasmadas en ese plan de
reactivación económica y éste, a su vez, está incorporado en el Plan.

Tengo que decir que el Plan de desarrollo regional que se ha presentado a
la Comunidad Económica Europea contiene actuaciones cofinanciables (no
sabemos en qué grado) por un importe de 644.193 millones de pesetas, de
los cuales son actuaciones que van a estar relacionadas o que van a ser
competencia de la Administración central en torno a 339.000 millones de
pesetas; unos 132.000 millones serán para las empresas públicas y 172.000
millones de las inversiones previstas afectarán y tendrán que ser
competencia de la Comunidad Autónoma.

Por tanto, del total de inversiones previstas en el Plan de desarrollo
regional, de ese total de 644.193 millones, el 86 por ciento son
actuaciones que van ya comprendidas en el Plan de reactivación económica
regional. Como se ve, tanto las actuaciones contempladas por la
Administración central y por las empresas públicas como los importes de
las inversiones previstas, se adecuan en su totalidad a las previsiones
establecidas en dicho Plan de reactivación económica que recoge las
actuaciones del Plan especial para el desarrollo de Cartagena, por lo que
el Plan de desarrollo de España puede considerarse como el instrumento
básico de desarrollo del Plan de reactivación económica en lo que
respecta a la participación del Estado.

Para finalizar, solamente quiero añadir que el Plan de reactivación
económica de la región de Murcia es el instrumento adecuado, tanto por su
contenido como por el



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procedimiento que se ha desarrollado y utilizado para su elaboración, que
me parece ejemplar, y creo que es encomiable conseguir que haya
coincidencia en la identificación de los problemas y en las resoluciones
que esos problemas necesitan poner en marcha; me parece que eso es
importante. Creo que con ese Plan de reactivación se conseguirá el
desarrollo armónico de la región y su modernización. Con el
fortalecimiento de las inversiones que, lógicamente, esos condicionantes
han de poner en marcha, se conseguirá que Murcia se consolide
definitivamente como parte integrante del eje del Mediterráneo.




El señor PRESIDENTE: Para concluir este debate, tiene la palabra el señor
Pastor, Secretario de Estado de Economía.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): Yo no tengo
nada que añadir a lo que acaba de decir la señora Pardo. He de
disculparme por tener mucha menos información que ella y seguramente
haber hecho menos bien los deberes que ella. (Risas.) Espero que nada de
lo que he dicho yo antes contradiga lo que ha dicho ella. Yo estoy
acostumbrado a mirarlo cuando están ya en cifras firmes y, como ha dicho,
no están todavía en cifras firmes.

Por el contrario, por la experiencia que he tenido donde estoy, sí existe
la preocupación del Gobierno por esta región. Sólo la puedo medir por una
variable, y es el número de horas que le hemos dedicado, y le hemos
dedicado muchas. Si quieren que les mande la información un poco más
completa cuando la tenga, dudo mucho que pueda mejorar la de la señora
Pardo, pero haré lo posible por hacerlo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pastor. Esperamos esa
información. Cuando la tenga, será suministrada a los miembros de esta
Comisión.

Concluido este punto del orden del día, agradecemos la presencia del
señor Secretario de Estado y seguidamente pasaremos a los siguientes
puntos del orden del día. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, si les parece, se reanuda la sesión.




--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE
AUTONOMIA DEL BANCO DE ESPAÑA. (Número de expediente 121/000021.)



El señor PRESIDENTE: El tercer punto del orden del día es la ratificación
de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley de Autonomía del
Banco de España.

Señorías, ¿ratifican la Ponencia? (Asentimiento.)
Ratificada por unanimidad.




--DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, EL PROYECTO
DE LEY DE AUTONOMIA DEL BANCO DE ESPAÑA. (Número de expediente
121/000021.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen, a la vista del informe emitido
por la Ponencia, del proyecto de ley de Autonomía del Banco de España.

Antes de comenzar el debate, deseo hacer algunas precisiones.

Conocen SS. SS. que sobre el informe de la Ponencia hay un acuerdo de
todos los miembros de la misma para que el artículo 1 del proyecto de ley
sea dividido, exactamente, en seis artículos, con lo cual, el artículo 2
del proyecto de ley pasaría a ser artículo 7. Sin embargo, como las
enmiendas se refieren a los artículos originales, a lo largo del debate y
al hacer mención al proyecto de ley y al informe de la Ponencia,
mantendremos durante todo el debate en Comisión el articulado original.

Quiero que quede claro que, una vez terminado a efectos de redacción
definitiva, el artículo 2 será artículo 7 y, correlativamente, así hasta
el final del articulado.

Consecuentemente con ello, después del debate, habrá que modificar por
los servicios técnicos de la Cámara la exposición de motivos, si quedara
aprobada en los términos previstos, por cuanto que en determinados
párrafos de la misma se hace mención a los artículos de referencia que,
como decía al principio, sufrirán alguna modificación.

El debate en Comisión lo vamos a hacer presentando globalmente las
enmiendas de cada Grupo parlamentario, en un único turno, aunque cada
Grupo parlamentario quiera dividir su intervención entre diferentes
ponentes.

Quiero comunicar también, a los efectos oportunos, que la votación del
dictamen de la Comisión se producirá al final del debate, globalmente, y
no antes de las trece treinta horas.

Hechas estas precisiones, comenzamos el debate de las enmiendas
presentadas al proyecto de ley de Autonomía del Banco de España.

En primer lugar, están las enmiendas del Grupo Mixto, del señor González
Lizondo y de la señora Rahola.

¿Algún Grupo parlamentario desea mantener las mismas para su debate en
Pleno?



El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, yo, haciéndome eco de lo
expresado por el señor González Lizondo en algún momento, daría por
defendidas las enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.

Las enmiendas del Grupo Mixto se mantendrán para su posterior debate en
el Pleno.

Pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario Vasco
(PNV), números 9 a 27, ambas inclusive, excepto la número 13, que ha sido
incluida en el informe de la Ponencia.

Tiene la palabra el señor Zabalía para la defensa de las mismas.




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El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, ya en el debate de totalidad,
que tuvo lugar hace algunas fechas, dimos nuestra opinión sobre este
proyecto de ley desde la perspectiva global de la necesidad de adaptar
este organismo financiero a la normativa comunitaria como elemento
fundamental de política monetaria.

Al margen de estas consideraciones, adelantamos la presentación, por
parte de nuestro Grupo parlamentario, de un conjunto de enmiendas que
pretenden fundamentalmente dos cosas: por una parte, mejorar el texto del
proyecto de ley, introduciendo modificaciones en la redacción de varios
artículos y, en segundo lugar, adecuar la capacidad financiera de las
comunidades autónomas, que este proyecto de ley, como ya viene siendo
habitual, deja a las mismas sin opción en las decisiones del Banco de
España. Me refiero, en concreto, a la vertiente orgánica que contempla el
artículo 3, cuando regula los órganos rectores del Banco central del
Estado.

Seguidamente, paso a defender las enmiendas, agrupándolas por capítulos e
intentado ser lo más claro y conciso posible; pero esta agrupación me
temo que no vaya a eliminar la defensa, en su generalidad, de cada una de
las enmiendas.

Por lo que respecta al Capítulo I, que trata de la naturaleza y régimen
jurídico, está el artículo 1, naturaleza y normativa específica, al cual
hemos presentado tres enmiendas, las números 9, 10 y 11. Voy a entrar a
explicar lo que pretendemos con cada una de ellas.

Con la enmienda número 9, que trata de sustituir el texto del artículo 1
del proyecto de ley, lo que intentamos es, en primer lugar, reforzar la
idea de que se trata de una institución del Estado, diciéndolo
claramente, y sustituyendo la frase «entidad de derecho público». En
segundo lugar, sólo goza de autonomía en el desempeño de sus funciones,
pero no en todo el ámbito de su actividad. En tercer lugar, los límites
de su actuación deben de ser el ordenamiento jurídico, incluidos los
tratados y las Cortes Generales, de tal modo que no basta con dar cuenta
a las Cortes de sus actuaciones (para ello, véase el artículo 5 y la
exposición de motivos). En cuarto lugar, no parece necesario repetir los
principios a los que deberá de acomodar sus funciones, repitiendo el
artículo 105.1 del Tratado de la Unión Europea, cuando se trata de unos
principios, sobre todo el de la economía de mercado, mucho más cercanos a
una política económica que a una política monetaria. Considero que la
economía de mercado abierta y de libre competencia es un modelo económico
que se concreta también en medidas presupuestarias, fiscales y de tipo no
monetario. En quinto lugar, y acentuando el carácter independiente de la
institución, se ha preferido meter una transposición literal del artículo
107 del Tratado de la Unión Europea, por creerlo importante y por no
venir en ningún otro artículo de la ley. Hay que hacer notar, además, que
en el artículo que ahora se enmienda --y eso no se ha tocado--, la
autonomía predicada, es en relación a la Administración del Estado,
concepto estricto que no engloba a otras administraciones y que puede
tener importancia, ya que sus funciones no sólo son de política
monetaria. Con esto lo que estamos dando es una definición, algo
corregida, de la institución del Estado, del Banco de España en concreto.

La enmienda número 10 trata de suprimir el último párrafo del número 7
del artículo 1.º. Ya se dice, en el primer párrafo del artículo 1.6, que
las leyes no serán de aplicación al Banco de España. Por tanto, volver a
precisarlas en el segundo párrafo nos parece redundante. Si se quiere
matizar más sería más correcto, desde nuestro punto de vista, dictar las
normas concretas, pero no volver a repetir en el segundo párrafo lo que
ya se expone en el primero. Por eso decimos que se suprima este segundo
párrafo.

En la enmienda número 11, hemos suprimido la expresión de «gastos de
funcionamiento» porque entendemos que es más lógico y apropiado enviar al
Parlamento no sólo los presupuestos de gastos, sino también el
presupuesto de ingresos.

Dentro de este capítulo II, al artículo 2 hemos presentado tres
enmiendas, las números 12, 13 y 14.

Con la enmienda número 12 tratamos de contrarrestar, en un principio, la
concepción acabada del quehacer del Banco de España en la ejecución de la
política monetaria, dejando ahora un mayor margen de las comunidades
autónomas, que podrían ejecutar, bajo la dirección del Banco de España,
parte de la política monetaria dictada por éste. Del mismo modo se
elimina la referencia al Gobierno, que aparece al final del párrafo en el
proyecto de ley, por entender que la política económica general no la
hace sólo el Gobierno. En todo caso, se puede discutir quién la formula,
pero no quién la realiza. Para ello hacíamos referencia al artículo 40 de
la Constitución cuando establece que se trata de la redistribución de la
renta, promoviendo las condiciones favorables para el progreso social y
económico en el marco de una política de estabilidad económica. También
hacíamos referencia al artículo 105 del Tratado de la Unión, por el cual,
dentro de la política monetaria, se establecen los objetivos, las
funciones básicas y los derechos exclusivos de las mismas, entre otras
cosas. Por eso entendemos que, desde nuestro punto de vista, habría que
sustituir la redacción del artículo 2.2 del texto, de acuerdo con la
enmienda que hemos presentado.

Por lo que respecta a la enmienda número 13, como ya ha dicho el
Presidente, es una enmienda que está transaccionada y, por tanto, la
retiramos. La enmienda número 14 se refiere al apartado 5 del artículo 2.

Pues bien, en este apartado 5 del artículo 2 se habla de poder establecer
relaciones con otros bancos centrales, autoridades e instituciones
financieras de otros países. Desde ese punto de vista, pienso que sería
lógico y conveniente prever la posibilidad de relacionarse no sólo con
instituciones de otros países, sino con estas mismas instituciones que
pueden existir dentro del Estado. Esta es la enmienda que habíamos
presentado al apartado 5 del artículo 2.

Dentro también del capítulo II, en la sección 1.ª, cuando habla de
política monetaria, hemos presentado enmiendas a los artículos 4 y 5;
enmiendas números 15, 16, 17, 18 y 19; bien entendido que las enmiendas
16, 17, 18 y 19 son alternativas o variantes de una misma enmienda.




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La enmienda número 15, que presentamos para sustituir la letra b) del
número 1 del artículo 4, trata de dar una mayor claridad y procurar mejor
adaptación del Tratado de la Unión, dado que, a mi entender, la reducción
de las operaciones de crédito a las entidades sometidas a supervisión
puede plantear conflictos interpretativos, cuando se trata de entidades
financieras sometidas a la supervisión de las autoridades competentes de
las comunidades autónomas.

Por otra parte, el artículo 18.1 del protocolo sobre los estatutos del
Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, que es
aplicable a España, establece la apertura que preconiza esta enmienda. En
este sentido es mucho más adecuado para su transposición legal.

Por lo que respecta a la enmienda número 16, que es la primera
alternativa, lo que decimos es que se suprima el número 2 del artículo 4.

¿Por qué decimos esto? Porque para el punto 2 del artículo 4 damos cuatro
alternativas. Efectivamente, dentro de los instrumentos de política
monetaria que podrá utilizar el Banco de España, está la posibilidad de
imponer a las entidades de crédito la inmovilización de los fondos
mediante el establecimiento de coeficientes de caja. Pero, como reza la
justificación de la enmienda, el establecimiento de los coeficientes de
caja es dudoso que hoy sea un instrumento de política monetaria, desde
nuestro punto de vista. Por lo menos así se desprende de la trayectoria
decreciente que se observa en cualquier sistema de Banco Central europeo.

Aunque hay que reconocer que el Tratado de la Unión Económica Europea
contempla la posibilidad de inmovilizar fondos monetarios como
instrumento de política monetaria, no creo, repito, que ésa sea la
tendencia. En último caso, sería, al menos, conveniente reducir el
coeficiente, que en este momento es del 2 por ciento, al 1 por ciento, en
el peor de los casos.

En la enmienda 17, que es la alternativa número 2, proponemos suprimir la
letra a) del número 2 del artículo 4. Con esta enmienda pretendemos
promover una descentralización de la materialización de los fondos
inmovilizados, mediante coeficientes, bajo la perspectiva de que no se
trata de instrumentar la política monetaria, sino de ejecutarla hasta sus
últimas consecuencias. Lo cual puede ser ejecución de la política
monetaria que puede perfectamente ser competencia de las comunidades
autónomas. A este efecto, véase el artículo 10.26 del Estatuto vasco, en
relación con el artículo 149.1. 11.º de la Constitución, sistema
monetario.

En la enmienda número 18 --dentro de este paquete de enmiendas es la
alternativa número 3-- proponemos sustituir el texto de la letra a) del
número del artículo 4. Lo único que pretendemos con esto es establecer
que la forma de materialización de los fondos inmovilizados es algo
puramente instrumental y ejecutivo.

La enmienda número 19 --que es la alternativa núme-ro 4-- partiendo, en
este caso, de la supresión o sustitución de las alternativas 2 y 3
anteriores, pretende dar una mejor distribución competencial entre el
Estado y las comunidades autónomas. Observo con agrado que también
coincide con otra enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) a este
respecto.

Dentro de esta sección de política monetaria, la enmienda número 20, que
se refiere al artículo 5, va en coherencia con la nueva definición de la
naturaleza del Banco de España, que ya se ha dado en la enmienda número 9
que ya hemos defendido.

Pasamos, dentro del capítulo II, a la sección 4.ª, cuando habla de medios
y sistemas de pago. Aquí hemos presentado una enmienda al artículo 10 con
la que se pretende eximir de autorización, para la realización de
publicidad con billetes o monedas, a las administraciones públicas y a
las entidades de derecho público de ellas dependientes. Entendemos que no
sería lógico que, por ejemplo, el Gobierno vasco tuviera que pedir
permiso al Banco de España cada vez que aparezca en la publicidad de una
emisión de eusko bonos, la imagen de un billete de mil pesetas. Digo esto
por una cuestión puramente de razonamiento y por eso hemos presentado
esta enmienda.

Entramos en el capítulo III, donde se regula lo relativo a los órganos
rectores de la entidad. A este capítulo hemos presentado cinco enmiendas,
de la número 22 a la número 26, inclusive, siendo el núcleo central de
las mismas la enmienda número 25. Esta enmienda, para la cual proponemos
crear un nuevo artículo 20, contempla la constitución de un comité
consultivo como órgano rector del propio Banco de España. Este órgano
consultivo estaría compuesto por un representante de cada comunidad
autónoma, con competencia de desarrollo reglamentario y ejecución en
materia de ordenación del crédito y banca, designado por el Gobierno
autónomo, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda respectivo.

Como decía, en esta enmienda lo que se pretende, a través de este comité
consultivo, además de que estaría presidido por el Gobernador del Banco
de España, es que sus funciones fuesen fundamentalmente las de informar
sobre los asuntos planteados por el consejo de gobierno, informar
perceptivamente de las circulares no monetarias que vayan a dictarse,
informar perceptivamente de las sanciones de carácter muy grave que vayan
a ser impuestas por el Banco de España en aplicación de la Ley 26/1988,
del 29 de julio, de disciplina e intervención de la Entidad de Crédito, y
aprobar el reglamento interno de funcionamiento del comité. Estas serían,
desde nuestro punto de vista, las funciones propias de este comité
consultivo.

¿Qué pretendemos con esta enmienda? Como es obvio por su redacción,
pretendemos propiciar la aparición directa de las comunidades autónomas
en los órganos de dirección del Banco de España. Sin embargo, el
contenido y las funciones que contempla la enmienda no son inalterables
en nuestra propuesta; por lo que, si se aceptara la creación de este
comité y no se estuviera de acuerdo con la composición o las funciones,
no habría inconveniente por mi parte en estudiar otras alternativas.

Lo que sí quiero señalar es que cuando hemos propuesto la creación de
este comité consultivo no es que estemos inventando nada. A la hora de
buscar antecedentes --ahorra los similares-- podemos encontrar dos puntos
concretos de referencia, como son, en primer lugar, el comité consultivo
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que con una composición
más corporativa



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tiene parecidas funciones, y, en segundo lugar, el Consejo General del
Banco Central Europeo, que aparece en el artículo 109, 1), número 3, y se
desarrolla posteriormente en el protocolo de estatutos del sistema
europeo de bancos centrales, y del Banco Central Europeo que prepara
determinada documentación para el consejo de gobierno del Banco Central
Europeo. Por lo tanto, este organismo en otras instituciones está
funcionando ya.

Este es el núcleo central del paquete de enmiendas que componen este
capítulo III, porque el resto de las enmiendas están relacionadas con
éstas y son consecuencia de las mismas. Así, por ejemplo, la enmienda
número 22 trata de aumentar el consejo de gobierno del Banco de España en
dos personas con voz y voto. Estos dos nuevos componentes serían, de
conformidad a lo que dicen las enmiendas posteriores, nombrados de entre
los miembros del comité consultivo, nuevo órgano de deliberación que se
crea con la enmienda número 25. Del mismo modo, dado que teóricamente
todos los componentes del Consejo, salvo los natos, son personas
independientes y técnicos expertos, no se entiende necesaria la presencia
de los directores generales del Banco en el consejo. Se supone que el
Gobernador y el Subgobernador ya van asesorados. Otra cosa es que para
que informen puntualmente se les dé audiencia en temas específicos, pero
ello puede ser objeto del reglamento de funcionamiento interno que haya
de aprobarse por el propio Banco. Por otra parte, se estima necesario
decir expresamente que las mociones y las asistencias del Ministro y del
Secretario de Estado no pueden ser simultaneadas ni con derecho a voto.

Para terminar, se prevé una facultad de sometimiento de mociones de
deliberación al consejo por parte del comité consultivo.

Las enmiendas 23 y 24 modifican la composición de la comisión ejecutiva,
aumentando en uno el número de consejeros y modificando el método de
nombramiento de los órganos rectores, en coherencia con la enmienda que
habíamos presentado con el número 25.

Por lo que respecta a la enmienda número 26, se da una redacción al
régimen de retribuciones, regulando únicamente la competencia para fijar
las retribuciones del Gobernador, Subgobernador y Consejeros, sin
distinción de que estos últimos sean natos o no natos, ya que estimamos
que esta distinción no tiene demasiado sentido.

Finalmente, la enmienda número 27, que corresponde a una disposición
adicional, añade una nueva disposición adicional por nuestra parte que
pretende recoger taxativamente un papel más activo de las comunidades
autónomas en la instrumentación y ejecución de la política monetaria, de
acuerdo con la interpretación de la Constitución y de las competencias de
las comunidades autónomas.

Estas son, señor Presidente, las enmiendas presentadas por nuestro grupo
parlamentario a este proyecto de Ley de Autonomía del Banco de España.




El señor PRESIDENTE: Las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, ¿las
quiere dar por defendidas algún grupo parlamentario para su mantenimiento
en el Pleno? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, que se den por defendidas para
su eventual mantenimiento en el Pleno.




El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya números 38 a 48, le doy de nuevo la
palabra al señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: Vamos a hacer una defensa del conjunto de las
enmiendas, señalando al principio una posición general de nuestro Grupo
respecto de la pretendida autonomía del Banco de España, en algunos casos
autonomía metafísica, como ya decíamos en el debate del 25 de marzo de
1993 en esta Cámara en Pleno, cuando comparábamos el proyecto de ley que
se había presentado al que prácticamente en estos términos continúa
siendo el mismo en lo que el Gobierno decía era la justa interpretación
tanto del Tratado de Maastricht como de determinadas doctrinas
internacionales que abundaban en la bondad de avanzar en el tema de la
autonomía del Banco de España, y se citaban como grandes ejemplos el
Bundesbank y la Reserva Federal de Estados Unidos.

Quiero recordar, como ya hice en aquella ocasión, que incluso en el caso
del Bundesbank, que podríamos decir que es el Banco con un mayor grado de
autonomía respecto del Gobierno, hay artículos específicos y párrafos de
ellos, concretamente el 12 y el 13 de los artículos 1 y 2, que se
refieren a la necesaria colaboración del Gobierno con el Bundesbank para
compaginar los principios de la política económica general que marca el
Gobierno con los que se le encargan al propio Bundesbank en el ejercicio
de su autonomía para la contención del valor del dinero y de la
inflación, es decir, la estabilidad de los precios como objetivo
fundamental de la política monetaria.

Si nos vamos al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el
objetivo de la autonomía que se le da a aquel organismo --está escrito en
los propios artículos que configuran esta autonomía-- es justo el
contrario del que nuestro querido Gobierno ha puesto en el frontispicio
de esta ley; es decir, se busca aquella autonomía para asegurar el
crecimiento, el pleno empleo y el mejor reparto de la renta en aquel
país, en los Estados Unidos.

El Tratado de Maastricht, aunque si bien es cierto que en su artículo 108
plantea la necesaria autonomía del sistema de los bancos centrales que
devendrá en el Banco Europeo, no es menos cierto que si se correlaciona
este artículo 108 con el artículo 2 del propio Tratado, es decir, los
objetivos fundamentales de la Unión (esto es, el crecimiento económico,
la solidaridad, la cohesión social y el mejor y más posible reparto de la
renta y de este mismo crecimiento), se puede entender, y ésta es la
posición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que podríamos haber
llegado a un nivel de acuerdo, entendiendo que los aspectos técnicos de
autonomía del Banco de España para gozar de --valga la redundancia--
autonomía para fijar políticas monetarias, respecto del objetivo final de
mantener lo más posible la estabilidad de los precios, no debe ser
contrario ni contradictorio con los objetivos de política



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general. Se me podrá decir, seguramente, que está previsto en el marco de
la Constitución española. Nosotros creemos que era bueno, o, en todo
caso, señala una opción política, y hubiese sido conveniente incluirlo en
la propia Ley de Autonomía del Banco de España.

Y aquí vienen nuestras tres primeras enmiendas: la 38, la 39 y la 40. Por
mecanismos distintos, vienen a resumir esta filosofía que les acabo de
exponer. En primer lugar, la 38, cuando propone suprimir el inciso final
del artículo 1.1, que habla de los principios del libre comercio y de la
libre competencia, simplemente por «lo previsto en la Constitución
española». Quiero reproducir la motivación que hemos añadido a esta
enmienda: suprimir ganga ideológica en los enunciados de las leyes. Me
parece que sería bueno que todos hiciésemos un ejercicio para conseguir
que nuestras leyes fuesen lo más asépticas posibles o, al menos, con la
menor ganga ideológica, aunque toda ley responde a planteamientos
ideológicos. Nos parece que se debería de suprimir este añadido final que
no añade más que seguridad psicológica a los entusiastas del libre
mercado como único principio que debe regir la economía y la sociedad.

Por eso proponemos suprimirlo y añadir: «a lo previsto en la Constitución
española».

Las enmiendas 39 y 40, una más alejada del texto del proyecto de ley y
otra más cercana pero ninguna coincidente con el texto del Gobierno,
pretenden introducir esta necesaria atemperación de los principios
técnicos que buscan la estabilidad de los precios con incardinar esta
labor que se encomienda al Banco de España en un proyecto más general de
Gobierno y de Estado marcado por la concepción española de política
económica, crecimiento y distribución de este crecimiento.

No voy a repetir estas dos enmiendas porque su propio enunciado es
suficientemente significativo. Para nosotros, evidentemente, es mucho
mejor y preferiríamos ver aceptada por los otros grupos la enmienda 39.

Conociendo la correlación de fuerzas de la Comisión hemos planteado, como
otra posible alternativa, la enmienda número 40, pero insisto en que para
nosotros la definición ideal, la que cumpliría nuestra voluntad política
sería la que figura con el número 39.

La enmienda 42 --otra propuesta significativa, incardinada con las que
acabo de defender-- plantea un mecanismo novedoso, quizá no muy probado
--lo reconocemos--, pero que expresa nuestra voluntad política de que el
Congreso de los Diputados pueda de alguna forma supervisar o dar fin a
una alocada política autónoma y autonómica del órgano de gobierno del
Banco de España.

Nosotros proponemos que si los informes del Banco de España, de los
objetivos y logros conseguidos en dos ocasiones consecutivas, no
consiguiesen una mayoría cualificada --y ponemos una mayoría bastante
cualificada de la Cámara, por lo que no se puede argumentar el posible
veto de una o dos fuerzas para impedir la realización de la política del
Banco de España--, eso fuese una señal de alerta o incluso de finiquito
para que los gestores del Banco de España cambiaran su política y la
atemperaran más a la general del país, la que estuviese dictando el
Gobierno de la nación.

La enmienda 43 pretende añadir un consejero más al órgano de gobierno del
Banco de España que represente al personal del propio Banco de España.

Creemos que es un mecanismo general que debería implantarse en todas las
empresas u organismos públicos, tengan la forma jurídica que tengan.

Creemos que en el Banco de España esto es perfectamente posible. Nuestra
enmienda 43 propone la incorporación de un representante del personal
como consejero del Banco de España. La elección del Gobernador del Banco
de España --siguiendo la filosofía de nuestras enmiendas-- se hace recaer
en el Congreso de los Diputados, pasando después a ser una propuesta del
Presidente del Gobierno ratificada, naturalmente, por el Jefe del estado.

Nosotros creemos que aumentaría la vinculación del Banco de España y del
cometido que se le encarga --incluso aceptando la parte técnica de
autonomía que pueda tener en este cometido para asegurar el mejor logro
del fin que se persigue, esto es, la estabilidad de los precios-- si la
persona designada para este cargo hubiese sido elegida por el Congreso de
los Diputados. Naturalmente, debería arbitrarse la forma de asegurar una
elección democrática, con un amplio consenso de todas las fuerzas
políticas. Creemos que la mejor sede para conseguirlo sería el propio
Congreso de los Diputados.

En la enmienda 45 no me voy a detener. Se trata simplemente de un
endurecimiento --que nunca viene mal, dados los tiempos que corren, señor
Presidente, señoras y señores diputados-- de las condiciones de
incompatibilidad de los cargos públicos. Nunca viene mal ponerse la venda
antes de que se produzca la herida, cuando tantas heridas van sangrando
por nuestro país. Ahí está nuestra enmienda 45, por si quiere recogerla
alguno de los grupos.

La enmienda 46 de alguna forma está incorporada en el informe de la
Ponencia y en el proyecto de ley. Nosotros teníamos una preocupación, que
ya expresamos en la anterior discusión, y es que no se repita el triste
caso que se dio en un organismo, con todas las diferencias parecido
aunque muy lejano al Banco de España, el Institut Catalá de Finanzas,
donde un presidente designado por el Gobierno necesitó más de 24 horas de
férrea reunión para conseguir lo que debería haber sido normal: el cese,
porque estaba procesado por delito doloso. Para que a los consejeros o al
gobernador del Banco de España no les pueda suceder lo mismo que al
presidente del Institut Catalá de Finanzas, presentamos esta enmienda de
carácter preventivo y con la mejor de las intenciones.

Todas las enmiendas son importantes para los grupos que las presentan,
pero la número 47 es especialmente importante de cara a la transparencia
y la concepción ética de lo que es el ejercicio de los cargos públicos,
en conexión con la número 45.

Señorías, nos parece absolutamente fuera de lugar y no entendemos desde
qué perspectiva ni desde qué filosofía pueden ustedes defender que, en
nombre de la autonomía del Banco de España, el gobernador y los
consejeros, sobre todo el gobernador, puedan, en nombre de esta
autonomía, autoatribuirse la retribución que creen que les corresponde.

Me parece una tergiversación tan pedestre, tan



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burda y tan pacata de lo que es el concepto de autonomía que nosotros
proponemos que las retribuciones de estos autónomos gobernadores --si es
que ustedes deciden que sean autónomos-- las fije el Gobierno, ya que es
un organismo público en el que esta persona, sea la que sea --por
supuesto, estoy hablando en términos políticos y no personales--, va a
ejercer su función.

Ha aparecido con fuerza en la opinión pública española y el Gobierno ha
recogido esa sensibilidad anunciando que iban a desaparecer los blindajes
de los gerentes de las empresas públicas. Lo que cierran ustedes con una
puerta se les cuela por la ventana. Resulta que el primer blindado de
este país va a ser el gobernador del Banco de España, incluso en cuanto
al montante de su retribución. Me parece que no añade ni una pizca de
autonomía. Sea cual sea su retribución --Izquierda Unida no va a regatear
el nivel salarial de este funcionario, de esta importante pieza de
nuestro sistema económico y financiero--, queremos que sea el Gobierno
quien decida el nivel de esta retribución. Ya les adelanto que no
tendrían ningún problema por nuestra parte, fuere cual fuere el nivel que
se acordase. Pero que lo acuerden representantes de la soberanía popular,
no un designado. Que lo acuerde el Gobierno, el Congreso, quien sea, pero
que sean representantes de la soberanía popular que deban dar cuenta a
alguien de lo que va a cobrar esa persona, no alguien que es --permítanme
el juego de palabras-- un «irresponsable políticamente», pero que sí es
responsable para dotarse de su propio sueldo. Insisto, señorías, en que
me parece absolutamente impresentable dados los tiempos que corren.

La enmienda 48 también tiene gran importancia. Implica una concepción
distinta de la arquitectura, no de las funciones que ejerce el Banco de
España en cumplimiento de la Ley sobre disciplina e intervención de las
entidades de crédito. Nos parece más oportuno que si finalmente la
mayoría del Congreso decide que el Banco de España debe ser una entidad
autónoma, las funciones de supervisión y vigilancia deberían retirarse
del Banco de España y atribuirse a un organismo «ad hoc», un organismo
autónomo dependiente del Ministerio de Economía. Nos parece que mezclar
funciones delegadas del Gobierno con funciones autónomas no es una buena
técnica legislativa y puede alejar en cierta medida las funciones
delegadas del Gobierno en virtud de la autonomía de las otras funciones.

Por eso, nosotros proponemos separarlas en esta enmienda número 48.




El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, ¿desea que las palabras «irresponsable
políticamente» figuren entrecomilladas?



El señor ESPASA OLIVER: Sí, porque se trata de una metáfora.




El señor PRESIDENTE: Quedaría más claro.

Muchas gracias, señor Espasa.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números
49 a 97, excepto las números 62, 63, 65, 69, 77, 84, 89 y 95, que han
sido incorporadas al informe de la Ponencia, tiene la palabra el señor
Martín Villa.




El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, si la Presidencia nos lo
permitiera, el señor Michavila defendería las enmiendas referidas al
capítulo I y a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias
y finales.

Yo intervendría en el capítulo III en relación con los órganos rectores
y, si es posible su incorporación a la Comisión, mi compañera Luisa
Fernanda Rudí intervendría en las enmiendas presentadas al capítulo II.

En caso de que no pudiera incorporarse, yo mismo me referiría a ellas.




El señor PRESIDENTE: Si le parece, señor Martín Villa, doy la palabra, en
primer lugar, al señor Michavilla, para que defienda su bloque de
enmiendas y, posteriormente, se la daré a S. S. para que, en el caso de
que la señora Rudí no llegue en el momento procesal, pueda usted consumir
el resto del turno del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Michavilla. Perdón, Michavila.




El señor MICHAVILA NUÑEZ: Le agradezco la precisión toda vez que mi
apellido es de lengua valenciana y el cariño que el Grupo Popular tiene
por todas las lenguas españolas hace que insista en que se dé la
transcripción correcta en valenciano y el apellido es con una sola ele.

Muchas gracias, Presidente.

Entro directamente en lo que es el objeto de la defensa de las enmiendas
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Como ha señalado mi
compañero Martín Villa, me corresponde la defensa de las enmiendas
presentadas al capítulo I y a las disposiciones transitorias, adicionales
y finales. Para hacer más clara y menos extensa la exposición querría
sintetizarlas en una serie de apartados.

En primer lugar, quiero agradecer el buen espíritu y el buen clima que,
como en otras ocasiones en las que esta Comisión ha visto proyectos de
ley de naturaleza jurídico-económico-administrativa, ha permitido que se
acepten algunas enmiendas estrictamente de carácter técnico, algunas de
ellas correspondientes a los bloques que he señalado.

En ese sentido, querría hacer hincapié en la conveniencia de que se
aceptaran las enmiendas 50 y 97, presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular.

La número 50 es una enmienda que se refiere al artículo 1.º que tiene en
sí mismo una pura obviedad. No es bueno que un texto de ley diga que el
Banco de España queda sometido a los tratados internacionales, es una
obviedad, y explicitarlo podría sembrar la duda de si antes no lo estaba
o si en el futuro habrá determinadas normas a las que no estará sometido
el Banco de España. En segundo lugar, que el texto propuesto diga cuál es
la relación normativa existente entre tratados internacionales y leyes
internas, es algo que no corresponde en manera alguna a una ley. La
relación entre los tratados internacionales y las normas jurídicas de
naturaleza o de rango legal corresponde establecerla a la Constitución.

Es en ella



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donde se define y que un precepto, aunque sea incidentalmente, pretenda
hacerlo siembra una duda, un desconcierto jurídico, que pensamos es mejor
suprimir.

Es una enmienda de orden técnico. Si lo que se quiere hacer es recalcar
que la modificación que se propone respecto de la naturaleza jurídica y
la definición de funciones del Banco de España obedece a su integración
dentro del desarrollo del Tratado de la Unión Europea, se podría
trasladar dicha declaración, dicha enfatización, a la propia exposición
de motivos, pero no parece correcto, en manera alguna, hacerla dentro del
articulado.

De igual manera, la enmienda 97 lo que trata es de establecer el
procedimiento de sorteo no previsto en la norma para la primera
renovación del consejo del Banco. Está previsto en la disposición final
el que tres de los seis vocales designados prorroguen durante seis años
su mandato y lógicamente habrá que establecer un criterio para saber
quién continúa y quién no continúa. El Grupo Popular propone acoger un
criterio análogo al que se ha seguido en otros órganos colegiados como,
recientemente, en el Tribunal Constitucional.

Un segundo bloque de enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario
Popular tiene relación con la definición de funciones del Banco de
España. No quiero entretenerme o profundizar en esta cuestión, puesto que
se hará referencia a ello con más extensión por parte del compañero del
Grupo Popular que se refiere a la defensa de las enmiendas
correspondientes al capítulo II. Sin embargo, en este aspecto sí querría
insistir en la conveniencia de aceptar la enmienda correspondiente al
número 49.

En esta posición híbrida de funciones que el texto remitido plantea para
el Banco de España, es indudable que de prosperar el texto tal cual se ha
presentado en la actualidad, de no prosperar la iniciativa de Izquierda
Unida --y parece que será lo que ocurra-- relativa a quitar al Banco de
España las funciones de supervisión del sistema financiero, de no
prosperar eso, digo, el texto del artículo 1.º1 en todo caso es
impreciso. Decir que el Banco de España actuará con autonomía respecto a
la Administración del Estado, es incorrecto. El Banco de España actuará
con autonomía respecto de la Administración del Estado sólo en política
monetaria. Si se aprueba este texto y el Banco de España sigue teniendo
competencias en materia de supervisión, evidentemente el Banco de España
ahí no actúa con autonomía respecto de la Administración del Estado. Y
eso mismo se deduce --lo dice el propio contexto-- de la norma propuesta.

El párrafo segundo del artículo 1.º4 señala que los actos administrativos
que dicte el Banco de España en ejercicio de otras funciones, son
susceptibles de recurso ordinario ante el Ministro de Economía y
Hacienda. Evidentemente si cabe el recurso ante el Ministro de Economía y
Hacienda, es que no hay autonomía por parte del Banco de España en el
ejercicio de las funciones de supervisión.

Igualmente el preámbulo, la exposición de motivos de proyecto de ley,
señala muy claramente que el Banco de España se define como un ente de la
Administración del Estado de naturaleza especial que, subordinado al
Gobierno en términos generales, gozará empero de plena autonomía en el
ámbito de la política monetaria. Es decir, la exposición de motivos sí
que circunscribe muy claramente que la autonomía se refiere en exclusiva
al ejercicio de la política monetaria. De tal manera que es preciso
aceptar esta enmienda para definir claramente cuál es el ámbito de
autonomía en el ejercicio de sus funciones del Banco de España y no
sustraer al Ministerio de Economía y Hacienda el ejercicio de sus
responsabilidades. Otra cosa generaría una enorme confusión que en el
momento que vive el sistema financiero español y, con carácter general,
en lo que debe ser el orden de relaciones entre la autoridad supervisora,
el Ministerio, y los propios supervisados, no es de manera alguna
oportuno mantener.

Existe otra serie de enmiendas referidas a lo que podríamos llamar la
correcta aplicación de principios que nuestro ordenamiento
jurídico-constitucional quiere consagrar y fortalecer, cual es la
transparencia en el funcionamiento de las administraciones públicas, la
plena seguridad jurídica y el ejercicio por parte de las Cortes Generales
de las funciones que le corresponden, funciones que en este caso y toda
vez que el Banco de España ha sido dotado de autonomía, deben reforzarse.

No podemos en nuestro ordenamiento jurídico acudir a la fórmula de
autoridades administrativas independientes con carácter generalizado, a
una fórmula expansiva que permita huir del resto del ordenamiento
jurídico y del control de las Cortes Generales. La figura jurídica de
instituciones administrativas independientes es necesaria, se está
potenciando en algunos campos como es el financiero, el medio ambiente, o
la seguridad nuclear donde es necesario que así ocurra, pero eso no debe
suponer que esa institución permita una huida generalizada, ni de las
normas jurídico-públicas, ni del control y supervisión de las Cortes
Generales.

En aplicación de estos principios, el Grupo Popular ha presentado las
enmiendas correspondientes a los números 53, 54, 55, 56 y 57. Por lo que
se refiere a la enmienda 53, entendemos que la redacción debe ser
exactamente la contraria. No se puede establecer una no sujeción
generalizada del Banco de España respecto de las normas de Derecho
público. La redacción debe ser la contraria, es decir, qué normas no se
aplican y en el ejercicio de qué funciones. El Partido Popular entiende
correcto que no se apliquen la Ley de Contratos del Estado, la Ley de
Patrimonio del Estado o la Ley General Presupuestaria al Banco de España
en el ejercicio de la política monetaria, pero en el resto de las
funciones del Banco de España, no entendemos por qué no se debe aplicar
la normativa jurídico-pública.

Respecto a la enmienda número 54, el Grupo Popular propone que los
presupuestos del Banco de España sean aprobados por las Cortes Generales.

Es un criterio prácticamente general en aquellas instituciones dotadas de
autonomía suficiente como para que no sea el Gobierno quien ejerza un
control indirecto aprobando el presupuesto. No existe ninguna institución
--comparando un caso análogo-- que se apruebe ella misma sus propios
presupuestos. Los presupuestos de una institución pública son el gasto
del dinero de los españoles y la esencia de la



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democracia --quiero recordar-- es que las Cortes Generales digan en qué
se emplea el dinero de los españoles, puesto que el dinero que gasta esa
institución es de los españoles. Es cierto que para sustraerla del
control gubernamental directo se le dota de una cierta autonomía en la
elaboración y aprobación de sus presupuestos, así ocurre con el Tribunal
Constitucional, con el Tribunal de Cuentas y con el Consejo de Estado,
pero ello no quiere decir que, con plena autonomía, el Banco de España,
sin ser una institución de carácter constitucional --y quiero recordar
que una de las grandes omisiones de nuestro texto constitucional fue
precisamente la relativa al Banco de España que ni siquiera tiene mención
como institución de relevancia constitucional, como lo tiene el Consejo
de Estado--, al no tener la naturaleza del Tribunal Constitucional, pueda
por sí y ante sí aprobar sus presupuestos y que el Gobierno lo único que
haga sea remitir a las Cortes para información el contenido de dichos
presupuestos.

Por lo que se refiere a la enmienda número 55, consideramos, de igual
manera, que el balance y cuentas del ejercicio deben ser remitidos a las
Cortes Generales para su aprobación. En este caso, no debe ser el
Gobierno quien lo haga. Entendemos que es absolutamente necesario que,
igual que existe en los Presupuestos Generales del Estado en la
actualidad una cuenta desglosada de los gastos fiscales, exista en el
balance y cuentas de ejercicio del Banco de España un anexo especial que
desglose los gastos que, como consecuencia de la intervención del Banco
de España en situaciones financieras en crisis, se generen para los
españoles.

Pensamos que el Banco de España debe desglosar cuál es el coste de
operaciones de salvamento específico en aquellos casos en los que la
situación financiera de una entidad lo requiera. No es ésta una enmienda
exclusivamente de oportunidad, que la tiene y mucha, como es evidente. En
este momento los españoles tienen urgencia y necesidad de que exista una
enorme transparencia sobre cuál es el coste de la salvación, del
reflotamiento o de la operación de intervención en una entidad que
necesitaba de dicha actuación. Pero no se refiere esta enmienda sólo a
este caso. Pensamos que un criterio elemental de cualquier actuación de
una entidad supervisora es que se sepa claramente cuál es ese coste de
carácter individualizado. Criterio general del gasto de las
administraciones públicas es su previa presupuestación. Es imposible
presupuestar previamente una actuación individualizada reclamada por
situación de urgencia. Evidentemente, no se puede negar el ejercicio de
esas competencias. Luego, el envés de esa ausencia de presupuestación
previa debe ser necesariamente que, con carácter inmediato, se traslade a
las Cortes Generales y, por tanto, a la soberanía popular y a los
ciudadanos, cuál es el coste de esa actuación. Toda vez que no existe
presupuestación previa del gasto, es absolutamente necesario establecer
el mecanismo para la transparencia inmediata de ese gasto en el que una
administración pública se ha visto necesitada de incurrir. Esa es la
finalidad de la enmienda que propone el Grupo Parlamentario Popular.

Finalmente, las enmiendas números 56 y 57 se refieren a una más correcta
regulación del secreto del Banco de España. No entendemos correcto que el
secreto que deben guardar las autoridades bancarias del Banco de España
también afecte al ejercicio de sus funciones por parte de las Cortes
Generales. De esta cuestión se discutió ya en el seno de esta Comisión
cuando hablamos de la segunda directiva bancaria. El Grupo Popular ofrece
hoy otra redacción respecto del secreto bancario, insistiendo en la misma
línea. Quizá no se acepte la redacción por la mayoría socialista ni por
el Grupo de Convergència i Unió, pero sí quería proponer un acuerdo
análogo al que llegamos en aquel momento y que era buscar una solución en
el Senado. Respecto al proyecto de ley de incorporación a España, de la
adaptación de la normativa española a la segunda directiva bancaria de
las Comunidades Europeas, se ha llegado a un acuerdo en el Senado y
quizás en el Pleno se podría llegar al acuerdo de hacer un planteamiento
del secreto en términos análogos, de tal manera que el secreto del Banco
de España no sólo se refiera a que el gobernador comparezca en la
Comisión cuando se le llame --cosa que es obvia--, sino que en
determinados aspectos, por ejemplo, cuando se cree una comisión de
investigación en la Cámara, se pueda entrar a investigar.

Esto es todo en cuanto a la defensa de mis enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Había entendido que el señor Martín Villa iba a
defender algunas enmiendas transitorias de la parte final.




El señor MICHAVILA NUÑEZ: Perdón, señor Presidente, es cierto.

La enmienda 95 está aceptada y la 96 se refiere a la supervisión. No he
querido insistir en la propuesta del Grupo Popular respecto a pensar que
una mayor autonomía del Banco de España podría redefinir las funciones de
supervisión sobre el sistema bancario. El Grupo Popular ante esa
posibilidad, sugiere que, en el plazo de dos años, sea el Gobierno quien
estudie la incidencia que tiene la autonomía del Banco de España para
redefinir esas funciones.

La enmienda número 97 ya está defendida y es la que se refiere al sistema
de sorteo en la renovación del consejo de gobierno.




El señor PRESIDENTE: Para defender el resto de las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martín Villa.




El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, voy a defender, en primer lugar,
las enmiendas correspondientes al capítulo II, por si hubiera la
posibilidad de que mi compañera, Luisa Fernanda Rudi, se incorporara a la
Comisión antes de que termine esta intervención que, con todo, espero que
sea breve.

La intervención en relación con las enmiendas presentadas al capítulo II,
después de la, a mi juicio, muy clara y acertada de mi compañero, señor
Michavila, no necesita justificación ni explicación alguna. Se relaciona
con las



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dificultades que tiene este proyecto de ley de aunar, por un lado, el
deseo del Gobierno --que compartimos-- de fletar una ley de autonomía del
Banco de España en el conjunto de los mandatos del Tratado de la Unión
Europea. A ese nuevo Banco de España en este nuevo proyecto de ley se le
consagran --a nuestro juicio, sin necesidad-- todas y cada una de las
funciones que tiene sobre supervisión financiera en el marco de la ley de
disciplina de entidades de crédito. Nosotros no se las restamos, pero no
se las consagramos porque estimamos que esta ley crea una nueva situación
que al menos tiene que obligarnos a una reconsideración de la nueva
situación, tal como indicaba mi compañero el señor Michavila. Tratamos de
obviar algunas de las dificultades ya que, como él ha explicado, en este
tipo de agencias autónomas puede convertirse dicha autonomía en
«irresponsabilidad», y póngale, señor Presidente, a la palabra
irresponsabilidad todas las comillas necesarias.

Por ello, nosotros presentamos a los artículos que componen este capítulo
II diversas enmiendas. No tenemos objeción alguna a la composición del
consejo y de la comisión ejecutiva. Simplemente, pensamos que una buena
técnica no debe referirse con sus nombres, apellidos y actuales títulos
al Director General de Tesoro y Política Financiera.

Creemos que, desde el punto de vista técnico, las leyes, como mucho,
deben referirse a los ministerios --más bien sería al Gobierno--, y por
ello pedimos que éste sea un vocal que designa el Gobierno que tenga que
tener categoría de director general, pero que cualquier reforma interna
orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda no esté afectando, aunque
sea formalmente, a toda una ley.

Respecto a la composición, al número de miembros, no tenemos objeción
alguna. La tenemos en relación a las competencias y al reparto de
competencias entre el Consejo General y la Comisión Ejecutiva. Nosotros
creemos que la Comisión Ejecutiva es la Comisión Ejecutiva del Consejo
General y que, por lo tanto, las competencias deben ser las propias del
Gobernador y las del Consejo General, pero que deben ser disposiciones
internas del propio Banco las que realizaran este reparto de
competencias, expresando en la ley de garantía de que algunas de ellas,
por su propia naturaleza, sean indelegables. En todo caso, si no se
aceptara esta posición nuestra, hemos presentado enmiendas en el sentido
de que en determinadas competencias relacionadas con la organización
interna del Banco o con la política de personal, la figura del Consejo de
Gobierno no sea simplemente decorativa, estando atribuidas a la Comisión
Ejecutiva las verdaderas competencias.

Mayor importancia damos, señor Presidente, a las enmiendas presentadas en
relación con la designación del Gobernador, del Subgobernador y de los
consejeros. En general, señor Presidente, nosotros no somos partidarios
de la intervención de las Cortes Generales en relación con los
nombramientos de las instituciones, más allá de las prescripciones
estrictamente constitucionales. Más allá del Tribunal Constitucional, del
Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, no nos
parece que deban intervenir las Cámaras. Pero, como cuando en este caso,
se da a luz una institución cuya responsabilidad es difícil de definir,
nos parece que es absolutamente necesario que haya una intervención por
parte de las Cortes Generales.

Por lo demás, este proyecto de ley se envía a las Cortes Generales en
respuesta al mandato del Tratado de la Unión Europea. En uso de una ley
del embudo particular --quizá todas las leyes del embudo son
particulares--, el proyecto de ley que debatimos en esta Comisión, que se
dice obligado por el Tratado de la Unión Europea, no traslada al sistema
de designación de Gobernador, Subgobernador y consejeros lo que el
Tratado de la Unión Europea establece para la designación de los
consejeros del Banco Central y para todo el conglomerado del sistema
europeo de bancos centrales. Allí se da una cierta intervención al
parlamento Europeo. Todos hablamos de déficit democrático en las
instituciones europeas, en el Parlamento Europeo. No podemos hablar de
déficit democrático en relación con el Parlamento español, pero una
institución a la que todos tildamos de estar en una situación de déficit
democrático tiene, en relación con la designación de las personas que
gobiernan el sistema europeo de bancos centrales y con el propio Banco
Europeo, mayores competencias que le atribuye este proyecto de ley a las
Cortes Generales, porque no le atribuye ninguna en relación con este
tema. Nosotros insistimos en una de nuestras enmiendas, en la que haremos
extraordinaria fuerza hasta el final del debate, en una intervención de
las Cortes Generales en relación con la designación de Gobernador,
Subgobernador y consejeros.

Establecemos en nuestras enmiendas algún cambio en el mandato por creer
que el mandato del Gobernador y del Subgobernador debe ser distinto que
el del resto de los consejeros, ya que el Gobernador y el Subgobernador
no emanan del Consejo. Además, este cambio de mandato, que ampliamos en
ambos casos, serviría también para establecer por el sistema de sorteo la
renovación por mitades del Consejo, incluso la participación de todos los
consejeros en la Comisión Ejecutiva del mismo.

En relación con el sistema de retribuciones, hemos presentado una
enmienda muy parecida a una que ha hecho referencia el señor Espasa en
representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Creo que el señor Espasa, si no toda la razón, sí tiene muy buena parte
de razón y bien sea en una dirección más parecida a la enmienda de
Izquierda Unida o más parecida a la nuestra, creemos que ciertamente debe
haber un sistema de determinación de las retribuciones del Gobernador,
Subgobernador y los miembros del Consejo distinta, más parecida a nuestra
posición que a la del proyecto del Gobierno.

También en este caso, en uso de aquella particular ley del embudo, este
proyecto de ley no establece un sistema de retribuciones de Seguridad
Social y otros derechos económicos, de forma análoga a lo que establece
el protocolo correspondiente del Tratado de la Unión Europea para los
mandatarios del Banco Central y del sistema europeo de bancos centrales.

En relación con las incompatibilidades, como ya expresamos en la Ponencia
y aun cuando sabemos que tenemos la responsabilidad de no haberlo
planteado en nuestras enmiendas por escrito, creemos que es desacertada
la redacción en la que se establece incompatibilidad para la



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pertenencia al Congreso y al Senado. Pienso que esa incompatibilidad ya
existe en la Ley Electoral General, pero en todo caso es allí donde debe
figurar por ser, además, una ley orgánica. Tendría que haber, señor
Presidente, algún sistema hábil que nos permitiera suprimir ese párrafo
concreto de la incompatibilidad para desempeñar puestos en el Congreso o
en el Senado por mandato electoral que establece el proyecto de ley.

En relación con las incompatibilidades de carácter económico, creemos que
en el seno de la Comisión debiera aceptarse una propuesta --si no la
misma, análoga a la que planteamos-- sobre las incompatibilidades de los
miembros de los órganos de gobierno del Banco de España y sobre la
administración de sus propios fondos. En este sentido, establecemos en
nuestra enmienda que esa administración debe ser ciega, encomendada
--puede ser otra la fórmula-- a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. En relación con las retribuciones --para que no se me olvide--,
creemos que no debe haber una designación de retribuciones especial por
su pertenencia al Consejo del Banco de España para el Director General
del Tesoro y Política Financiera y para el Vicepresidente de la Comisión
del Mercado de Valores. Sus retribuciones deben ser las que tienen en
virtud de sus cargos de origen y no otras suplementarias designadas de
forma distinta en el marco de lo que establece esta ley.

También sabemos --así lo expresamos en la Ponencia-- que cuando se
establece un sistema de sanciones en relación con los miembros del
Consejo, con el Gobernador y Subgobernador en su caso, que pudieran ser
separados de forma excepcional por el Gobierno, no solamente debieran ser
incompatibles estas personas así cesadas con los derechos que pueden
tener después de su cese en su caso, sino que debieran tener una sanción
análoga a la que establece la Ley de Disciplina de Entidades Bancarias,
como puede ser, por ejemplo, la imposibilidad de que durante cierto
tiempo pudieran pertenecer a los órganos de gobierno de las entidades de
crédito. En este caso, como en el de los senadores y diputados, aunque
sabemos que no lo hemos planteado por escrito, nos gustaría que la
Comisión, en cualquiera de sus trámites o en el Pleno, pudiera encontrar
una fórmula para su aceptación.

Como veo que mi compañera la señora Rudi no ha llegado, quiero decir que,
en relación con el capítulo I, hacemos especial hincapié en la
posibilidad de que en las operaciones de tesorería la colaboración, que
se da como posible, del Banco de España para con la Administración
central del Estado y las comunidades autónomas, pueda extenderse también
a las corporaciones locales. Hay corporaciones locales que por su propia
dimensión tienen unos problemas financieros y, por lo tanto, la
colaboración del banco de España se hace más necesaria que en muchas
comunidades autónomas de menos dimensión.

No vemos oportuna la extensión como agencia especializada de actuaciones
del Banco de España en las operaciones de deuda. En virtud de lo que
hemos indicado antes, creemos que, sin suprimir las actuales competencias
del Banco en materia de supervisión financiera, no deben dispersarse en
los distintos artículos de este capítulo. También creemos que debiera de
precisarse, con una mayor garantía para los administrados, todo lo
relativo a las sanciones por publicidad. El proyecto de ley dice que se
sancionará hasta cien millones de pesetas sin ninguna garantía, por parte
de los posibles sancionados, de una cierta adecuación entre el tamaño de
las infracciones y el tamaño de la multa.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Quiero comunicar a los miembros de la Comisión que
en relación con la apreciación que ha hecho el señor Martín Villa
referida al final del artículo 21.2, respecto a la representación de
diputados y senadores sobre incompatibilidades, que en el informe de la
Ponencia se dice textualmente: Los ponentes estiman de igual modo, y así
lo proponen a la Comisión, que se suprima del artículo 21.2 --inciso
final-- la referencia a: «Tampoco podrán ostentar representación como
Diputados, Senadores, ni ningún otro cargo político electivo.»
Es un acuerdo de la Ponencia y de SS. SS., tal y como lo estaban los
miembros de la Ponencia, que ha quedado incorporado al informe de la
Ponencia, con lo cual, cuando votemos el texto definitivo, dicho párrafo
final no aparecerá, porque ha sido eliminado.

Para defender las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
números 100 a 111, excepto la 102, que ha sido incorporada por la
Ponencia, tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: La posición del Grupo Parlamentario Catalán a
este proyecto de ley que regula la autonomía del Banco de España es, en
primer lugar, y globalmente, favorable al texto. Las 11 enmiendas que
tenemos vivas en estos momentos van dirigidas a adaptar y modificar el
contenido de este proyecto de ley a una mejor adecuación a la estructura
autonómica del Estado.

Nuestro Grupo analiza el texto del proyecto de ley y observa que han sido
incorporadas muchas cuestiones que ya fueron presentadas en la anterior
legislatura. Este proyecto de ley ha sido muy analizado, pero si la
volviéramos a traer en la próxima legislatura seguramente también
introduciríamos mejoras y adaptaciones puntuales. Tal y como se está
poniendo de manifiesto, tanto en Ponencia como en esta Comisión y creo
que en el Pleno, va a ser un proyecto de ley exento de discrepancias
fundamentales, excepto en una cuestión importante, a nuestro juicio, que
es su mejor adaptación a lo que debe ser la estructura económica del
Estado. Esta es una cuestión básica de todas las enmiendas que hemos
presentado y a ellas me referiré con detalle.

Las enmiendas números 100 y 101 van en una misma dirección: suprimir la
letra e) del artículo 2.3, con el propósito de adaptar mejor lo que deben
ser las competencias del Banco de España al ordenamiento jurídico hoy
vigente en nuestro Estado de las autonomías.

Nuestro Grupo entiende que los bancos centrales, en los distintos países
europeos, realizan una multiplicidad de funciones, pero con grandes
diferencias entre ellos. Hay muchos modelos en cuanto al abanico de
funciones que cada uno de estos bancos desarrollan. Para resumir,



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podemos clasificar estas funciones de los bancos centrales de los
distintos países de Europa en dos grandes tipos: las de naturaleza
macroeconómico-financiera y las de características
microeconómico-financieras.

Entre las primeras son clave la dirección y ejecución de la política
monetaria, que no cuestionamos. Ahora bien, en cuanto al segundo bloque
de funciones o competencias de los bancos centrales en los países de
Europa, creemos que es importante la función de supervisión prudencial,
denominada también funciones de disciplina, inspección e intervención
bancaria. Estas funciones, señorías, no son en muchos países de Europa
funciones atribuidas exclusivamente al banco central. Desde el
otorgamiento de la licencia de autorización reglada para ejercer la
actividad bancaria hasta la adopción de medidas sancionadoras, por citar
dos ejemplos distintos, hay diversos Estados que confían esta
responsabilidad a agencias gubernamentales específicas, como es el caso
de Alemania o Suiza.

Asimismo, si analizamos los estatutos del Banco Central europeo, dentro
del sistema europeo de bancos centrales, observamos que no se le
atribuyen entre sus funciones básicas las de contribuir a una buena
gestión de las políticas que llevan a cabo las autoridades competentes
con relación a la supervisión prudencial. Respecto a esas funciones de
supervisión de las competencias que puedan desarrollar autoridades
competentes en materia de supervisión prudencial, nuestro Grupo llama la
atención de SS. SS. con sus enmiendas. Nada hay, pues, señorías, a
nuestro juicio, que impida la atribución de responsabilidades en cuanto a
supervisión prudencial a entes o administraciones distintas a las del
Banco Central.

La situación en España es clara en ese sentido. El Banco de España no
tiene la exclusiva de las funciones de ordenación, supervisión y
disciplina bancaria --sí la tiene en cuanto a la competencia en materia
de política monetaria--, sino que corresponde, en parte sustancial, a las
comunidades autónomas, de acuerdo con la normativa básica o con el
estatuto de autonomía de cada una de ellas. Como es el caso de la
comunidad autónoma catalana que, en materia de cajas o instituciones de
crédito, ejerce competencias de supervisión prudencial.

Por eso proponemos que esta letra e) se suprima y se redacte de la
siguiente manera: «El Banco de España deberá supervisar, conforme a las
disposiciones vigentes, la solvencia, actuación y cumplimiento de la
normativa específica de las entidades de crédito y de cualesquiera otras
entidades y mercados financieros cuya supervisión le haya sido atribuida,
sin perjuicio de la función de supervisión prudencial llevada a cabo por
las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias y de la
cooperación de éstas con el Banco en la supervisión de su normativa
específica.» Creemos que esta redacción encaja perfectamente en el marco
jurídico que hoy regula estas funciones y estas materias en nuestro
ordenamiento jurídico y dentro del marco del Estado de autonomías que
tenemos en España.

La enmienda 102 ya ha sido incorporada en Ponencia y la número 104, al
artículo 2.º4, tiene por finalidad revisar la redacción del proyecto en
cuanto a los coeficientes de caja. No estamos sustrayéndole al Banco de
España funciones ni competencias en el ámbito del establecimiento de un
coeficiente de caja. Lo único que proponemos es eliminar la rigidez del
texto del proyecto de ley en cuanto a la forma de materializar la
inmovilización de los fondos.

La inmovilización de los fondos no tiene por qué estar exclusivamente
situada en activos emitidos por el Banco de España. Puede ser cualquier
otro activo, siempre y cuando sea el Banco de España el que diga cuál
debe ser ese otro activo.

Nosotros proponemos en la letra a) del artículo 4.º2 flexibilizar esa
redacción, que no tiene otro propósito que decir que el Banco de España
dirá qué activos van a inmovilizarse y a materializar el coeficiente de
caja. No tiene por qué ser un activo emitido por el mismo banco, podría
ser cualquier otro que el Banco de España designara a estos efectos.

La enmienda 103 tiene como propósito garantizar la posibilidad de
relación entre el Banco de España y otras instituciones financieras
públicas. Por eso proponemos un nuevo párrafo en el artículo 2.4, que
dice: «Igualmente, podrá relacionarse con instituciones financieras de
carácter público y con autoridades de supervisión financiera de ámbito
autonómico.» Este texto permite una flexibilidad de relación y de
encuadramiento dentro del sistema financiero español, entre el Banco de
España y las instituciones financieras de carácter público o de ámbitos
autonómicos.

La enmienda 105 plantea la revisión del número de consejeros que deben
tener los órganos rectores del Banco de España. En el proyecto de ley se
fijan seis consejeros y nuestro Grupo propone 10 mediante la enmienda
105. Asimismo, en las siguientes enmiendas 107 y 108 regulamos la forma
de designar estos cuatro consejeros más que proponemos y las
características que debe tener el proceso de designación. Creemos que
esta ampliación de seis a diez permitiría que fueran las comunidades
autónomas las que propusieran personas, designadas y elegidas por el
Gobierno, que pudieran formar parte de los órganos rectores del Banco de
España.

La enmienda 106 tiene por finalidad, en el mismo sentido que han
intervenido los portavoces de otros grupos, vincular la elaboración del
presupuesto del Banco de España a las funciones de aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado que tiene esta Cámara. En el artículo
16.1.g) se establece que es competencia del Consejo de Gobierno del Banco
de España «aprobar los presupuestos del Banco, así como formular sus
cuentas anuales y la propuesta de distribución de beneficios». Nuestro
Grupo entiende que esta propuesta de distribución de beneficios, así como
la aprobación del presupuesto del Banco de España y de las cuentas
anuales deberían remitirse a las Cortes Generales para su definitiva
aprobación. Puesto que veo que hay muchas enmiendas dirigidas a este
propósito, si se puede formalizar una transacción con varias de ellas
--parece que es la intención del Grupo Socialista--, sería una decisión
positiva. Ya he hecho mención de las enmiendas 107 y 108. La número 109,
al artículo 23, tiene por finalidad precisar mucho más las limitaciones
que se aplican a los miembros



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del Consejo de Gobierno. Sería interesante que reflexionáramos sobre este
segundo apartado, en la dirección de poder hacer más creíble y más seguro
el propósito que tiene el texto del proyecto de ley, que es preservar de
posibles comportamientos que pudieran derivarse del uso incorrecto de la
información privilegiada que puedan tener determinados miembros del
Consejo de Gobierno. Creo que también hay varias enmiendas a este
artículo. La que presenta el Partido Popular ofrece una innovación
temática en cuanto a una solución de protección, que es ingeniosa y que
podría ser interesante. Nuestro Grupo cree que sería una decisión
positiva ofrecer una transacción en este punto a nuestra enmienda y a las
que pudieran plantear los demás Grupos.

En cuanto a la idea de que la ley contemple la posibilidad de constituir
una comisión consultiva o de coordinación con los órganos de gobierno de
las comunidades autónomas para poder desarrollar funciones de
coordinación en materia financiera, debería ser objeto de consideración.

Nuestro Grupo cree que sería positivo acercar algún órgano consultivo que
integrara miembros de las distintas comunidades autónomas para poder
vincular las funciones del Banco de España con este órgano de consulta.

La cuestión de si se constituye «ad hoc» uno nuevo o se aprovecha alguna
institución existente, como podría ser la Comisión de Política Fiscal y
Financiera, que está integrada paritariamente por miembros de los
gobiernos de las comunidades autónomas, podría ser una vía de concreción
de esta idea, que podría ser positiva también.

Finalmente, señor Presidente, la última enmienda, la número 111, propone
una medida: que la distribución y el ingreso en el Tesoro de los
beneficios del Banco de España tuvieran un mecanismo de determinación de
cuál sería su finalidad última. Se trata, simplemente, de que se ingrese
en el Tesoro, como se establece en el proyecto de ley, pero que los
Presupuestos Generales del Estado aprueben una distribución específica de
estos ingresos, que no se integren en los ingresos generales del
Presupuesto, sino que se mantengan como ingresos propios y se afecte su
distribución de forma específica entre las distintas administraciones
públicas, para que estos ingresos del Banco de España vayan a la
Administración Central del Estado, a las administraciones autonómicas y a
las administraciones locales. No sería justo que un órgano como el Banco
de España, el cual genera grandes beneficios en determinados momentos y
en coyunturas monetarias específicas --como ha sido el ejercicio de 1993,
más de 800.000 millones de pesetas de beneficios--, los deje integrados
en el Presupuesto General, sin que estas Cortes pudieran afectar
específicamente estos ingresos indicando una distribución entre las
distintas comunidades autónomas. Esta es la propuesta y el propósito que
tiene la enmienda.




El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Voy a tratar de fijar la posición de mi Grupo
sobre todas y cada una de las propuestas y de las enmiendas que han
realizado los demás grupos parlamentarios en la Comisión, pero quería
advertir desde el principio que, si no me refiero a todas las enmiendas o
argumentaciones dadas en defensa de las mismas, será por economizar el
tiempo, sobre todo, en la medida en que el debate de este proyecto de ley
ha sido avocado para su discusión en Pleno. Ruego que no consideren una
descortesía que no me refiera, sobre todo, a las enmiendas que no vamos a
apoyar o a las que no vamos a proponer transacción.

El debate de este proyecto de ley y las ideas generales de mi Grupo ya
fueron expuestas en la anterior legislatura, hace ahora aproximadamente
un año, y el texto del proyecto de ley no difiere prácticamente --ha
recibido algunas mejoras técnicas-- en ningún aspecto de aquél. En cuanto
a la posición general, favorable al modelo de banco central, de Banco de
España, y al modelo de autonomía que para la definición y ejecución de la
política monetaria le quiere otorgar este proyecto de ley al Banco de
España, me remito a las opiniones expuestas entonces. No ha habido desde
entonces hasta ahora ningún hecho económico o político que nos lleve a
modificar nuestra toma de posición favorable al modelo de banco central
autónomo que ya deriva del Tratado de la Unión Europea y que recoge,
aplicado a nuestro país, este proyecto de ley, e incluso ha habido un
hecho político de primera magnitud que ha tenido lugar entre marzo de
1993 y marzo de 1994, como es la finalización del proceso de ratificación
del Tratado de la Unión Europea, su entrada en vigor y, por tanto, la
aplicación directa ya en nuestro país y en todos los demás miembros de la
Comunidad de muchas de sus previsiones relativas a la unión económica y
monetaria, que sin duda informan el sentido y la orientación de este
proyecto de ley. A partir de esta manifestación general de apoyo y de
coincidencia con el texto del Gobierno, quiero ir marcando la posición de
mi Grupo sobre algunas de las enmiendas presentadas por los demás grupos
y que me parece que deben ser incorporadas al dictamen de esta Comisión.

Siguiendo más o menos el orden del articulado --quizá en algún supuesto
no lo siga--, en el artículo 1.º1 Izquierda Unida plantea, en su enmienda
número 38, la definición del contexto en el que se debe desenvolver la
actuación del Banco de España, no mediante una traducción más o menos
literal del Tratado de la Unión Europea, que es lo que hace el proyecto
de ley del Gobierno cuando dice que el Banco de España desempeñará sus
funciones con arreglo a los principios de una economía de mercado abierta
y de libre competencia, lo cual es, sin duda, correcto como afirmación,
sino que es más preciso jurídicamente el texto de dicha enmienda, que
apoyamos, donde se dice que el Banco de España debe desempeñar sus
funciones con arreglo a lo previsto en la Constitución Española, que
define cuáles son las características de nuestro sistema económico. Por
tanto, la apoyaremos.

También apoyaremos las enmiendas 50 del Grupo Popular y 30 de Coalición
Canaria, que son similares, si no idénticas, que plantean la supresión
del artículo 1.º2, por las razones que ha dicho el señor Michavila y con
las que



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mi Grupo coincide. Las leyes no tienen por qué estar introduciéndose en
la jerarquía de fuentes que tiene nuestro ordenamiento jurídico, hay que
atenerse a la Constitución y a lo que ella dice sobre la relación entre
la vigencia de tratados internacionales ratificados por estas Cámaras y
el ordenamiento jurídico interno.

También nos parece atendible y apoyaremos la enmienda número 10 del Grupo
Vasco (PNV), que trata de suprimir, por redundante, el segundo inciso del
primer párrafo del artículo 1.º6, que precisa cuáles son las leyes de
naturaleza administrativa o presupuestaria a las que no está sujeto el
Banco de España en su funcionamiento. En la medida en que el título de
las leyes puede variar --y de hecho varía, en el tiempo--, nos parece más
lógica la afirmación general que hace la primera parte del artículo 1.º6
y, por supuesto, la afirmación que se contiene a continuación con
relación a los supuestos en los cuales sí está sujeto el Banco de España
a compromisos que tienen que ver con la legislación jurídico-pública.

Al segundo párrafo del artículo 1.º6 han presentado enmiendas el Grupo
Popular --las números 54 y 55, y la 73 en relación con el contenido del
mismo--, el Grupo Vasco (PNV) --la número 11-- y el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) --la número 106, que tiene también que ver con la
materia--, a todas las cuales presentamos una enmienda transaccional, que
creo que ha sido distribuida a los portavoces de los grupos, que dejaría
el segundo párrafo del artículo 1.º6 de la forma siguiente: «No obstante,
la propuesta del presupuesto de gastos de funcionamiento de inversiones
del Banco de España, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, según
lo previsto en el artículo 16, será remitida al Ministerio de Economía y
Hacienda para su inclusión en el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado. El presupuesto del Banco de España tendrá carácter estimativo y
no será objeto de consolidación con los restantes presupuestos del sector
público estatal.»
Creemos que con esta enmienda se cumplen dos principios a los cuales creo
que todos queremos atender. Por un lado, el que cualquier ente de derecho
público, incluido el Banco de España, presente sus presupuestos, junto
con el resto del sector público estatal, en los Presupuestos Generales
del Estado, pero, dado el carácter «sui generis» que tienen los
presupuestos del Banco de España, igual que se hace con otros
presupuestos que vienen acompañando a los presupuestos Generales del
Estado en la documentación que el Gobierno envía antes del 1 de octubre
de cada año, dice la enmienda que el presupuesto tendrá carácter
estimativo y no será objeto de consolidación con los restantes
presupuestos del sector público estatal. También al artículo 1.8, en
relación con la enmienda 56 del Grupo Popular y teniendo en cuenta que ya
se ha planteado en la Legislatura anterior un conflicto entre el Banco de
España y esta Cámara por el carácter secreto o no de la información que
esta Cámara requería al Gobernador del Banco de España, planteamos una
propuesta de transacción añadiendo un nuevo párrafo al artículo 1.8, al
final, que diría: «El acceso del Congreso de los Diputados a la
información sometida al deber de secreto se realizará a través del
Gobernador del Banco de España de conformidad con lo previsto en el
Reglamento de la Cámara. A tal efecto, el Gobernador podrá solicitar
motivadamente de los órganos competentes de la Cámara la celebración de
sesión secreta o la aplicación del procedimiento establecido para el
acceso a las materias clasificadas.»
Nos parece que cumplimos con los dos requerimientos: la información que
esta Cámara tiene derecho a obtener en materias que considere necesarias
para el cumplimiento de sus funciones y para el control parlamentario de
actuaciones del Banco de España en cuestiones de índole financiera o
monetaria y, a su vez, la confidencialidad, que es un deber que las
autoridades financieras y monetarias han asumido y sin el cual --sin el
cumplimiento de este deber-- mal podrían realizar, conforme a los
intereses generales, las funciones que tienen encomendadas.

Las demás enmiendas a este Capítulo I, que de momento son al artículo 1 y
que, siguiendo la nota que comentamos en Ponencia se traducirían en ocho
artículos, si no recuerdo mal, paso a comentar las opiniones de mi Grupo
en el capítulo II, que va del artículo 2 al artículo 11 del actual
proyecto.

En el artículo 2.2 proponemos una enmienda transaccional a la número 40
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Es verdad que el
señor Espasa ha dicho que le gustaba más su enmienda número 39, pero yo
creo que sin duda le va a gustar también la transacción que le vamos a
proponer en nombre del Grupo Socialista. Incluso habíamos hablado con él
como portavoz de su Grupo en la anterior Legislatura, pero no dio tiempo
a seguir la tramitación.

Yo creo que lo más conveniente para la claridad del proyecto de ley y
para el mandato que este Parlamento dé al Banco de España una vez que la
ley de autonomía de este Ente Público entre en vigor, es que la autonomía
que el Banco de España tenga en materia de política monetaria sea
idéntica a la que el Tratado de la Unión Europea otorgará al Banco
Central Europeo, al Sistema Europeo de Bancos Centrales.

Por eso, nuestra transacción trata de reproducir literalmente o completar
la reproducción literal del Tratado de la Unión Europea. La traducción
que los redactores del proyecto han hecho del Tratado de la Unión Europea
no coincide con su traducción oficial al emplear el término «sin
menoscabo» y nosotros, aunque probablemente desde un punto de vista
literario o semántico sea mejor utilizar «sin menoscabo», atendemos con
una transacción el deseo del Grupo de Izquierda Unida de no dejar
resquicios --entre comillas, ser más papista que el Papa-- en materia de
independencia del Banco de España para la definición y ejecución de la
política monetaria, y dejaríamos el párrafo segundo, si se prueba la
transacción, diciendo: «Sin perjuicio de este objetivo, la política
monetaria apoyará la política económica general del Gobierno.» Parece que
así se recoge literalmente y en sus propios términos el mismo esquema de
relación que da el Tratado de la Unión Europea al Banco Central Europeo.

Vamos a aceptar las enmiendas 100, 101 y 103, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). La 103 del Grupo



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Catalán (Convergéncia i Unió) es prácticamente idéntica a la número 14,
del Grupo Vasco (PNV). La enmienda 100 de Convergència i Unió está en
conexión con la 101, que es la que trata de modificar sustantivamente el
proyecto de ley. La modificación sustantiva que introduce la enmienda, y
con la que estamos de acuerdo, es la de referirse a la supervisión del
Banco de España en materia de entidades financieras, sin perjuicio de la
función de supervisión prudencial llevada a cabo por las comunidades
autónomas en el ámbito de sus competencias. Como esto es un hecho,
existe, está perfectamente reconocido en nuestro esquema constitucional y
estatutario, admitimos esa enmienda. También admitimos la 100, conexa con
la anterior, y la 103 de Convergència i Unió al artículo 2.4 que se
refiere a que el Banco de España podrá relacionarse con instituciones
financieras de carácter público y con autoridades de supervisión
financiera de ámbito autonómico, en la medida en que existen y están
plenamente justificadas y respaldadas por nuestro ordenamiento.

En relación con el artículo 4.3 planteamos una transacción, lo que pasa
es que no sé si es posible, señor Presidente, porque es a una enmienda de
Coalición Canaria, que se ha dado por defendida pero no están presentes.




El señor PRESIDENTE: Se mantendrán para el Pleno. No hay procedimiento
regulado.




El señor ALMUNIA AMANN: Bueno, las dejaremos para un trámite posterior.

Aceptamos la enmienda 61 del Grupo Popular, que creemos que está en
conexión con la enmienda número 20 del Partido Nacionalista Vasco, pero,
en todo caso, el texto que apoyamos es el de la enmienda 61 del Grupo
Popular al artículo 5.2 en el que establece como obligación, y no sólo
como potestad del Banco de España, informar a las Cámaras, en su caso, de
los obstáculos que dificultan el mantenimiento de la estabilidad de
precios, una vez que se le encarga la definición de la política
monetaria. Si hay otros factores ajenos a los mecanismos monetarios que
se consideran por parte del Banco de España como dificultades objetivas
para mantener la estabilidad de precios, estará obligado a informar de
ello al Parlamento, debiendo informar --dirá el artículo, una vez que se
apruebe la enmienda-- y no sólo como potestad.

A la enmienda 68, del Grupo Popular, al artículo 10.5, que se refiere a
la realización de publicidad utilizando billetes o monedas, proponemos
una transacción. Es verdad que en el segundo párrafo del 10.5 se
establece un límite máximo de sanción pero no se establece ningún
criterio sobre cómo modular la intensidad de las sanciones en función de
la gravedad de la infracción. Y proponemos un texto que diría en el
segundo párrafo: El Banco de España podrá --se añadiría--, con sujeción a
las normas de procedimiento establecidas en materia sancionadora
--seguiría--, imponer multas de hasta 100 millones de pesetas... Es
decir, la cuantía de la sanción tiene que estar tipificada en ley --creo
que éste es el lugar para hacerlo--, pero la modulación desde cero hasta
100 millones de pesetas de las sanciones y los supuestos que den lugar a
esa modulación hay que remitirlos a las normas procedimentales de la
potestad sancionadora. Por lo tanto, proponemos esa enmienda
transaccional.

Aceptamos la enmienda número 21, también a este artículo, del Partido
Nacionalista Vasco que exime de esa autorización de la Administración
pública a las entidades de derecho público de ellas dependientes y a las
propias administraciones públicas, que podrán realizar publicidad
utilizando reproducciones facsímiles de billetes o monedas sin necesidad
de una previa autorización, que podría traducirse en una autorización de
la actividad que se publicita y no sólo de la publicidad.

En el capítulo III, a partir de los artículos 12 y siguientes, mi Grupo
acepta las enmiendas 70 y 76 del Grupo Popular, que están conexas. La
sustantiva es la enmienda 76 que, si no recuerdo mal, se refiere al orden
de prelación en la Presidencia del Consejo de Gobierno del Banco, que no
está establecido por la Ley. Corresponderá la Presidencia al Gobernador,
dice la enmienda, al Subgobernador y, en tercer lugar, al Consejero no
nato de mayor edad. Parece lógico establecer esa prelación para casos de
ausencia del Gobernador.

Proponemos una transacción a las enmiendas número 74 y 78 del Grupo
Popular, que están conexas. En el artículo 16.1. h) pensamos que el
Consejo de Gobierno del Banco debe ratificar el nombramiento de los
directores generales, que se sigue encomendando a la Comisión Ejecutiva.

El artículo 18, que se refiere al Consejo de Gobierno, le atribuye la
potestad de ratificar, en todo caso, el nombramiento de los directores
generales, encomendado a la Comisión Ejecutiva en el artículo 16.

Aceptamos la enmienda 80, del Grupo Popular, relativa a la frecuencia de
las reuniones de la Comisión Ejecutiva, que estaba demasiado precisa y
cuantificada numéricamente en el proyecto. Proponemos una transacción a
la número 88, del Grupo Popular, al artículo 20.4 b), añadiendo, para el
supuesto de renuncia como causa de cese de los órganos rectores del Banco
de España: «renuncia que surtirá efecto por la mera notificación al
Gobierno o, en cuanto a la condición de miembro de la Comisión Ejecutiva,
por la comunicación al Consejo de Gobierno», que era un supuesto no
previsto.

A la enmienda 90, del Grupo Popular, al artículo 20.5, proponemos como
enmienda transaccional añadir, al final del párrafo: «el mandato así
desempeñado no se tendrá en cuenta a los efectos de una posible
renovación».

Al artículo 23, segundo párrafo, en materia de limitaciones aplicables a
los miembros del Gobierno e incompatibilidades económicas, proponemos,
como transacción a la número 93, del Grupo Popular, y 109, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), modificar la redacción de ese segundo
párrafo, que diría así: «en particular, deberán encomendar» --los
miembros del Consejo de gobierno-- «contractualmente a una entidad
financiera registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la
administración de cualesquiera valores o activos financieros negociables
de que fueran titulares ellos o sus cónyuges no separados e hijos
dependientes, con sujeción a las directrices generales de rentabilidad y
riesgo establecidas en el



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contrato». Es el espíritu de la enmienda del Grupo Popular, pero
redactada de una forma técnicamente distinta, de modo que no se
encomienda por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a una
entidad financiera, sino que lo encomienda el que establece un contrato
con ella, que es el propietario de los valores, pero la entidad debe
estar registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, sobre
todo, debe haber transparencia sobre los términos del contrato que van a
regir los criterios de gestión de ese patrimonio mobiliario mientras dure
la presencia del alto cargo en activo.

Votaremos favorablemente la número 94, del Partido Popular, relativa a
que la declaración de los bienes y derechos se inscribirá en el registro
de intereses de altos cargos; párrafo tercero del artículo 23. También
aceptamos, después de la encendida defensa que ha hecho el señor Espasa,
con el apoyo inestimable del portavoz del Grupo Popular, la enmienda
número 47, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre fijación de
retribuciones del Gobernador del Banco de España.

Por último, quiero decir a los portavoces de los diferentes grupos que
hay algunas cuestiones importantes sobre las que mi Grupo no tiene
todavía una posición definitiva, pero anunciamos que seguimos con la
voluntad política de llegar a acuerdos y que, por supuesto, seguimos
estudiando la forma de conseguir esos acuerdos para el debate en Pleno o,
en su caso, para el debate posterior en el Senado. En concreto, me
refiero a la participación parlamentaria en el nombramiento del
Gobernador del Banco de España. Hay enmiendas al respecto del Grupo
Popular, del Grupo Vasco y del Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Queremos estudiar cómo articular esa participación parlamentaria. Nos
parece que es necesario que el Parlamento sea escuchado antes de que el
Gobierno nombre al Gobernador, pero nos parece que sería hacer un mal
servicio al funcionamiento de nuestro sistema financiero y de la política
monetaria, que se encomienda de forma tan tajante al Banco de España, el
que el trámite pudiese retrasar «sine die» el nombramiento del
Gobernador. Por lo tanto, hay que buscar un procedimiento y una redacción
que evite dilaciones no queridas por nadie, manteniendo el principio de
la participación parlamentaria, expresando su opinión antes de que el
Gobierno nombre al Gobernador del Banco de España. También, lógicamente,
queremos estudiar y llegar a una solución en cuanto a las preocupaciones
expresadas por diversos grupos, y en particular por los grupos Vasco y
Catalán, sobre el encaje entre participación, presencia u opinión de las
comunidades autónomas y las competencias que tiene el Banco de España,
porque muchas de esas competencias son exclusivas del Estado, pero
entendemos que, en todo caso, debe haber alguna instancia de relación y
de encuentro entre las comunidades autónomas y el Banco de España, sobre
todo para el ejercicio de las nuevas competencias de política monetaria
que se le atribuyen en exclusiva. Pensamos, como ya ha anticipado el
portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que es bueno tener en
cuenta los órganos que ya existen, en concreto el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Creo que fácilmente se puede entender que es un
órgano muy adecuado para producir este encuentro entre el Gobernador del
Banco de España y las comunidades autónomas. Somos contrarios a crear
nuevos órganos cuando hay órganos existentes, en los que las materias que
hasta ahora les han sido encomendadas han funcionado a satisfacción de
todos. Lo que es difícil es encontrar, por el momento, una fórmula que
evite introducirnos en reformas de legislación orgánica, como es la
Lofca, pero seguimos insistiendo en buscar una fórmula que jurídicamente
dé solución a una coincidencia política que creo que tenemos con los que
han manifestado esta preocupación.




El señor PRESIDENTE: Al margen de que luego preguntaré formalmente a los
grupos parlamentarios sobre la posibilidad de retirar las enmiendas que
han sido objeto de transacción, eso será un trámite posterior, solamente
a los efectos de alguna puntualización política sobre los temas en
cuestión ¿desea algún Grupo Parlamentario utilizar un breve turno de
réplica? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Ante todo, quiero agradecer al portavoz del
Grupo Socialista el planteamiento, el análisis que ha hecho de las
enmiendas presentadas, en concreto de las de nuestro Grupo. Tampoco voy a
entrar a debatir todas aquellas enmiendas que no han sido ni
transaccionadas ni aprobadas, porque hay trámites reglamentarios en donde
podremos insistir en nuestras posturas. Simplemente quería hacer un
recuento de las enmiendas aprobadas y transaccionadas, por ver si ha
habido algún error en los apuntes que he tomado. De las enmiendas
presentadas por nuestro Grupo quedan aprobadas, si no he entendido mal,
las números 10, 14 y 21, y quedan transaccionadas las números 11 y 13.

Esas son mis notas.




El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, no son las notas que tiene la
Presidencia, pero en el momento oportuno, a efectos de votaciones y de
retirada de enmiendas, creo que la Presidencia está en condiciones de
poder comunicar a los grupos parlamentarios lo que ha entendido que ha
sido el debate parlamentario y la fijación de posiciones del Grupo
Parlamentario Socialista. Si no coincide, no se preocupe, señor Zabalía,
que buscaremos la posibilidad de encuentro.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente, de acuerdo.

También tengo que agradecer el hecho de que esté abierto el debate de
algunas propuestas concretas hechas por nuestro Grupo Parlamentario. En
cuanto al encaje y participación o presencia de las comunidades autónomas
en los órganos de decisión del Banco de España no estoy en este momento
en condiciones de decir si aceptamos o no el que ese órgano sea el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, tendremos que estudiarlo, pero,
en principio, creo que debemos felicitarnos por el talante y el interés
del Partido Socialista por encontrar una solución.




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No quiero ocupar más tiempo para la réplica de las enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Michavila.




El señor MICHAVILA NUÑEZ: Muy brevemente, de una parte, para agradecer el
inestimable esfuerzo que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista para
aceptar algunas enmiendas y, de otra parte, para señalar que consideramos
una línea muy acertada la de las dos transaccionales que se refieren a
algunos aspectos, junto a que se pueda estudiar ya en el Pleno el que se
plantee a las Cortes Generales información previa antes de la designación
de consejeros.

Respecto de la enmienda transaccional a la número 56, del Grupo Popular,
la que se refiere al secreto --quiero recordar-- ha dicho, excelentemente
explicado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que se plantea
aquí, de una parte, el derecho de la Cámara a obtener información y, de
otra, las cautelas que hay que adoptar respecto a cómo se ofrece esa
información. La transaccional que se nos presenta sólo habla de las
cautelas y quizá por omisión no se hace referencia a ese primer aspecto
que es el derecho que tiene la Cámara a obtener la información.

Votaríamos afirmativamente esa transaccional si se incorporara el primer
párrafo de la enmienda con la que se transacciona, que es la 56, del
Grupo Parlamentario Popular, en la que dice: «El deber de secreto se
entiende sin perjuicio de las obligaciones de información sobre política
monetaria impuestas al Banco de España por el artículo 5 de esta ley...»
--esto está ya en el texto-- «... y cualquier otro requerimiento de
información por parte de las Cortes Generales cuando la gravedad de la
situación así lo justifique.» Es decir, las primeras líneas del párrafo
tienen que constar porque ya vienen en el texto del proyecto, y las
segundas porque, entiende el Grupo Parlamentario Popular --y creo que
coincidirán ustedes conmigo--, las Cortes Generales tienen derecho a
acceder a esa información no sólo en política monetaria sino también en
otras actuaciones, como está ocurriendo en estos momentos en lo que se
refiere al ejercicio de la potestad disciplinaria del propio Banco de
España o de intervención en las entidades de crédito. Con lo cual,
también hay que especificar eso. Si se incorporara ese texto, sin duda,
consideraríamos acertada la transaccional y vemos muy oportuno que sea el
Gobernador del Banco de España el cauce de información y que se solicite
el que las reuniones sean secretas.

Por lo que se refiere a la transaccional a las números 54, 55 y 73,
aunque sea un paso adelante el que el presupuesto sea aprobado en las
Cortes y no sólo por el propio Banco de España, no llega a satisfacernos
plenamente y seguiríamos considerándolo. No se habla del balance de
cuentas, no se habla de algo en lo que queremos hacer mucho hincapié, que
es el anexo especial del coste que tenga la intervención para salvamento
de determinadas situaciones especiales, y tampoco se habla de la
modificación del 16.1 g), con lo cual consideramos que es bueno seguir
abiertos a buscar un texto en común a este respecto.




El señor PRESIDENTE: El señor Almunia tiene la palabra.




El señor ALMUNIA AMANN: Además de agradecer al portavoz del Grupo Vasco
(PNV) las palabras que ha tenido, aclararle que la enmienda número 13
estaba ya integrada en la Ponencia. Por lo demás, sí coincide con las
propuestas que yo había hecho.

En relación a lo que acaba de decir el señor Michavila, no me ha quedado
claro si los comentarios o insatisfacciones que muestra sobre las dos
propuestas de transacción implican por su parte que no admite la
transacción. No me ha quedado claro. En todo caso, antes de que responda,
para facilitar la respuesta favorable, quiero hacer un comentario a dos
cuestiones que ha planteado.

La enmienda 56 del Grupo Popular añade en el segundo párrafo del 1.8 del
proyecto de ley: «cualquier otro requerimiento de información por parte
de las Cortes Generales cuando la gravedad de la situación así lo
justifique.» Mi Grupo entiende que no es buena técnica legislativa que
las Cortes cada vez que elabora y aprueba un proyecto de ley recuerde sus
propias competencias. Nadie duda, ni con el Banco de España ni con ningún
otro ente de derecho público o sector de la Administración pública, que
el Parlamento, las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados pueden
solicitar toda la información que parezca útil para los trabajos
parlamentarios y para el cumplimiento de su función.

La cuestión planteada, y además planteada en la legislatura anterior en
un supuesto concreto, era no la del derecho que asistía a las Cortes
Generales a solicitar información y la obligación del requerido a
prestarla, sino el supuesto preciso en el que las características de la
información que se solicita están protegidas, según el requerimiento, por
un deber de secreto. A esto es a lo que atiende nuestra propuesta de
transacción dando respuesta a cómo se soluciona. Pero no tenemos por qué,
ni en esta ley ni en ninguna otra que no sea la Constitución Española,
recordar nosotros mismos a nuestras propias huestes o a los lectores de
los proyectos de ley cuáles son nuestras competencias, ésas las tenemos
ya, no las podemos modificar en cada una de nuetras leyes, salvo en el
Reglamento, y no estamos aquí en un debate reglamentario. Por tanto, creo
que su preocupación está perfectamente recogida en el juego del párrafo
segundo y del nuevo párrafo tercero que propondría la transacción.

En cuanto al control presupuestario, la transacción que proponemos es al
1.6, párrafo segundo; una vez que existe un proyecto de presupuestos del
Banco de España que el Gobierno adjunta al proyecto de Presupuestos
Generales del Estado y envía a esta Cámara, conocemos «ex ante» el
presupuesto estimativo de funcionamiento y de inversión, y también sigue
vigente lo que dice el párrafo tercero del apartado 6 del artículo 1, y
es que el Gobierno aprobará el balance y cuentas del ejercicio del Banco
y lo enviará a las Cortes. Como suprimimos en Ponencia una frase mal
introducida por los redactores del proyecto, que decía que serán
remitidos a las Cortes «para su conocimiento», las Cortes Generales hacen
lo que quieren con las cuentas del



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Banco de España y preguntan al Banco de España lo que quieren sobre
cuáles son las cuentas de liquidación de un ejercicio cuyo prupuesto, «ex
ante», lo hemos conocido también con el proyecto de presupuestos. Por
tanto, creo que todas sus preocupaciones quedan perfectamente recogidas
con el juego de la transacción.




El señor PRESIDENTE: Señor Michavila, le concedo la palabra únicamente a
los efectos de manifestar su critero respecto a las transaccionales.




El señor MICHAVILA NUÑEZ: Señor Presidente, muy brevemente porque creo
que fui claro cuando expliqué por qué no nos satisfacían del todo estas
transaccionales, y me queda más claro cuando el señor portavoz trata de
explicarnos por qué nos deben de satisfacer, puesto que omiten
exactamente lo que nosotros queremos incorporar. Evidentemente, las
Cortes no tienen que recordar, cuando se presentan proyectos de ley,
cuáles son sus competencias, es más, ni siquiera haría falta que una ley
dijera que las Cortes Generales tienen derecho a investigar puesto que es
algo obvio y viene en la propia Constitución, pero toda vez que estamos
señalando que el deber de secreto no se refiere al ejercicio de la
política monetaria, no está de más decir que tampoco se refiere al
ejercicio de la potestad de disciplina e intervención sobre las entidades
de crédito que tiene el Banco de España y obviarlo u omitirlo supone
tratar de peor manera este aspecto del ejercicio de funciones del Banco
de España y lo único que queremos es que se manifieste expresamente,
igual que se hace en el ejercicio de la política monetaria, el derecho de
las Cámaras a conocerlo. Con lo cual esta enmienda en estos términos no
nos satisface.

Por lo que se refiere al otro aspecto quiero significar muy concretamente
que pensamos que es muy importante ese anexo, que su transaccional no lo
recoge y que, además, no basta con que se presenten las cuentas, sino con
que ha de ser el Congreso quien apruebe el balance y cuentas de
ejercicio, y eso tampoco se contempla en esta transaccional.

Esta no nos satisface en manera alguna. La primera creo que está en su
espíritu incorporarla y por eso, agradeciéndoles el esfuerzo que han
venido haciendo hasta ahora, les animaría a hacer otro pequeño esfuerzo
para que quedara claro que las Cortes tienen derecho a recibir esa
información también en el ejercicio de la política disciplinaria del
Banco de España.




El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, quiero someter a los grupos
parlamentarios a los que se han presentado enmiendas transaccionales su
conformidad para la retirada de la enmiendas que han sido objeto de
transacción por el Grupo parlamentario Socialista.

Se han presentado enmiendas transaccionales a las números 106 y 109 del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). ¿Da su conformidad S.

S.?



El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente, y agradezco las que se nos
aprueban.




El señor PRESIDENTE: Quedan retiradas.

La enmienda número 11 del Grupo Parlamentario Vasco. (Pausa.) Queda
retirada.

Enmienda número 40 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.




El señor ESPASA OLIVER: ¿Nos va a preguntar por artículos o por el
conjunto de las enmiendas, señor Presidente?



El señor PRESIDENTE: No voy a preguntar, me estoy refiriendo a las
enmiendas a las que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
transacción. Como es necesario dar la conformidad por parte del Grupo
Parlamentario sobre el que se presenta la transacción, tengo que
preguntar a los grupos parlamentarios que han presentado las enmiendas
sobre la que se presenta la transacción si están en condiciones de
retirar su enmienda original para poder tramitar la transaccional. En su
caso, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya han presentado una transaccional, a su enmienda número 40, al
artículo 2.º.2, párrafo segundo.




El señor ESPASA OLIVER: Tiene razón, señor Presidente, me había
confundido con las dos aceptaciones. Quería hacer sólo una brevísima
intervención sobre las enmiendas aceptadas y la transaccional...




El señor PRESIDENTE: Es sobre la transaccional; a los solos efectos de si
retira la número 40 para poder presentar...




El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, quiero anunciar que no la
aceptamos ahora aunque estaremos seguramente en condiciones de aceptarla
en el Pleno, porque queremos defender allí las enmiendas números 39 y 40.




El señor PRESIDENTE: No retira la enmienda número 40.

Si he entendido bien, señor Michavila, ¿el Grupo Parlamentario Popular
manifiesta el mantenimiento de las enmiendas 54, 55, 56 y 73?
(Asentimiento.)
¿Respecto a las enmiendas números 68, 74, 78, 88, 90 y 93, sobre las que
se han presentado enmiendas transaccionales?



El señor MARTIN VILLA: Las retiramos.




El señor PRESIDENTE: Quedan retiradas.

Aclaradas las enmiendas que permanecen vivas, trataré de agrupar las
votaciones de acuerdo a cómo ha sido sugerido en primer lugar, si esta
presidencia ha tomado buena nota de las mismas.

En primer lugar, vamos a votar las enmiendas del Grupo Mixto, señor
González Lizondo, números 1 a 7, ambas inclusive.




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El señor MARTIN VILLA: Nuestro grupo y en relación con las enmiendas de
los distintos grupos parlamentarios desearía separar enmiendas a las que
mostraría en este trámite su aprobación, a otras su oposición y a otras
su abstención, pero para facilitar la terminación del debate en Comisión
nos abstendremos en relación con todas, sin que ello prejuzgue, a efectos
del debate de Pleno, que hemos manifestado una u otra postura.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Martín Villa.

Como decía, votamos las enmiendas números 1 a 7, ambas inclusive, del
Grupo Mixto, señor González Lizondo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 20; abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Seguidamente votamos las enmiendas de la señora Rahola, Grupo Mixto,
números 98 y 99.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 20; abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Seguidamente votamos las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), números 9 a 27,
excepto la número 13, que ha sido aprobada en Ponencia, y la número 11,
que ha sido retirada.

Vamos a hacer dos bloques de votación. Las enmiendas números 10, 14 y 21
serían votadas en un primer bloque y después el resto de las enmiendas
que permanecen vivas del Grupo Vasco (PNV).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Seguidamente votamos el resto de las enmiendas que permanecen vivas del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 17; abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar las enmiendas de Coalición Canaria, números 28 a 37,
excepto la número 30 que se vota separadamente.

En primer lugar, votamos la enmienda número 30.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 30, del Grupo de
Coalición Canaria.

Seguidamente votamos el resto de enmiendas del Grupo de Coalición
Canaria.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 21; abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas el resto de las enmiendas del
Grupo de Coalición Canaria.

A continuación votamos las enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

En primer lugar, votamos las enmiendas números 38 y 47.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Por unanimidad quedan aprobadas las enmiendas
números 38 y 47.

Seguidamente votamos el resto de enmiendas, que no han sido votadas, de
las que permanecen vivas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 21; abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas el resto de enmiendas del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

De las enmiendas que permanecen vivas del Grupo Parlamentario Popular que
presentó enmiendas del número 49 al 97, ambos inclusive, vamos a votar
las números 50, 61, 70, 76, 80 y 94.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas números 50, 61, 70,
76, 80 y 94, del Grupo Parlamentario Popular.

Seguidamente votamos el resto de enmiendas que permanecen vivas, una vez
que por el Grupo Parlamentario Popular ha sido manifestada la retirada de
las enmiendas números 68, 74, 78, 88, 90 y 93.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 21; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas el resto de enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular.

Por último vamos a votar las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i
Unió). Incorporada en Ponencia la enmienda número 102 y retiradas las
números 106 y 109, vamos a votar en dos bloques las que permanecen vivas.

En primer lugar, vamos a votar las enmiendas números 100, 101 y 103.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24;
abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas números 100, 101 y
103.




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Por último votamos el resto de enmiendas que permanecen vivas del Grupo
Catalán (Convergència i Unió).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 19; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas el resto de enmiendas del Grupo
Catalán (Convergència i Unió).

Vamos a votar las enmiendas transaccionales.

En primer lugar, enmienda transaccionada con la 106, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y la número 11, del Grupo Vasco (PNV), al párrafo
segundo del artículo 1.6.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada.




El señor HOMS I FERRET: La transacción a la 109, ¿cuándo se hará?



El señor PRESIDENTE: Al final, es la última.

¿Podemos votar globalmente todas las enmiendas transaccionales? (Pausa.)
Votamos de una en una.

Enmienda transaccional a la número 68, del Grupo Parlamentario Popular,
al artículo 10.5, párrafo primero. (Pausa.)



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la enmienda
transaccional al artículo 10.5, párrafo primero.

Seguidamente votamos la transaccional a los artículos 16.1.h) y 18.1.c),
transaccionada con las enmiendas 74 y 78, del Grupo Parlamentario
Popular. (Pausa.)



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada la enmienda
transaccional.

Votamos a continuación la enmienda transaccional con la número 88, del
Grupo Parlamentario Popular, al artículo 20.4.b)



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos la transaccional con la número 90, del Grupo Popular, al artículo
20.5. (Pausa.)



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos, por último, la enmienda transaccional con la número 93, del
Grupo Parlamentario Popular, y la 109, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), al artículo 23, párrafo segundo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional al artículo
23, párrafo segundo.

Seguidamente vamos a votar el texto propuesto por la Ponencia, dejando
claro que, una vez aprobado, el artículo primero queda subdividido en
seis artículos y que se modificarán correlativamente todas las
referencias al articulado donde sea menester.

Votamos el informe de la Ponencia, con la incorporación de las enmiendas
transaccionales.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia con la
incorporación de las enmiendas transaccionales.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las dos y quince minutos de la tarde.