CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 106
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN
Sesión núm. 11
celebrada el martes, 15 de febrero de 1994



ORDEN DEL DIA:
--Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley
sobre suscripción por España de acciones del capital de la Corporación
Financiera Internacional. (BOCG, serie A, número 29-2, de 3-12-93. Número
de expediente 121/000015) (Página 3381)
--Dictamen, a la vista del informe emitido por la Ponencia, del proyecto
de ley sobre suscripción por España de acciones del capital de la
Corporación Financiera Internacional. (BOCG, serie A, número 29-2, de
3-12-93. Número de expediente 121/000015) (Página 3381)
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a modificar la circular número 985 de
la Dirección General de Aduanas, así como las órdenes concordantes con
ésta, en el sentido de hacer real el principio de libre circulación de
mercancías en los territorios francos, sus ciudades y puertos, conforme
la Ley de 22 de diciembre de 1955. Presentada por el Grupo Popular
Parlamentario. (Número de expediente 161/000100) (Página 3382)
--Sobre medidas a adoptar para solucionar el contencioso que los
Ayuntamientos españoles están manteniendo con el Ministerio de Economía y
Hacienda respecto a la cuantía y las liquidaciones del Fondo Nacional de
Cooperación Municipal, FNCM. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 161/000076) (Página 3385)

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Preguntas:
--Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular), sobre opinión de
la Secretaría de Estado de Comercio acerca de la utilización de los
recursos públicos. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de
expediente 181/000353) (Página 3387)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión de la Secretaría de Estado de
Comercio acerca de la ubicación de las Oficinas Comerciales. (BOCG, serie
D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000354) (Página 3387)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión de la Secretaría de Estado de
Comercio acerca de la aplicación del principio de unidad de acción del
Estado en el exterior. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de
expediente 181/000355) (Página 3387)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión de la Secretaría de Estado de
Comercio acerca de si la situación de las oficinas comerciales es
coherente con la necesidad de moderar y reducir el gasto público. (BOCG,
serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000356) (Página 3387)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Secretario de Estado de
Comercio acerca de su reestructuración del Servicio Exterior. (BOCG,
serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000357) (Página 3387)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión de la Secretaría de Estado de
Comercio acerca de si la Comisión Interministerial, prevista por la
legislación vigente, ejerce en plenitud sus funciones respecto a los
Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD). (BOCG, serie D, número 46, de
28-1-94. Número de expediente 181/000358) (Página 3391)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión de la Secretaría de Estado de
Comercio acerca de si la Comisión Financiera está ejerciendo competencias
que corresponden a la Comisión Interministerial. (BOCG, serie D, número
46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000359) (Página 3391)
--Del mismo señor Diputado, sobre cumplimiento de la normativa vigente en
la concesión de un crédito del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)
relativo a un suministo de azúcar. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94.

Número de expediente 181/000378) (Página 3391)
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Comercio Exterior (Ruiz
Ligero), para:
--Explicar las medidas adoptadas para el cumplimiento de las
recomendaciones incluidas en el informe del Tribunal de Cuentas sobre el
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Período 1986-1990. A petición propia.

(Número de expediente 212/000330) (Página 3395)
--Dar cuenta de la información del Tribunal de Cuentas relativa al
período 1986-1990 de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).

A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000096) (Página 3395)



Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión de la
Comisión de Economía y Hacienda.

Antes de entrar en el orden del día, comunico a SS. SS. que, debido a un
ligero problema de descoordinación, han sido convocadas a la vez la
Comisión de Economía y la Comisión de Presupuestos, con media hora de
diferencia. Suele ser habitual que no se reúnan las dos comisiones
citadas a la vez, dado que un amplio porcentaje de miembros de una
pertenece a la otra. Con el fin de facilitar el trabajo parlamentario de
ambas comisiones, los puntos referidos a proposiciones y proyectos de ley
que dan lugar a votación en esta Comisión se van a producir a primera
hora, en el primer momento de la reunión, mientras que en la Comisión de
Presupuestos el debate y votación del proyecto de ley de crédito
extraordinario se producirá al final de la mañana, posiblemente no antes
de las 13 horas, con lo cual yo creo que es perfectamente compaginable el
buen trabajo de las dos comisiones parlamentarias. Hubiera sido deseable
también que las dos comisiones hubiesen estado en salas limítrofes, tal y
como había pedido esta Presidencia, pero parece que la Comisión de
Presupuestos reside casi en el barrio de enfrente, es decir, en el
edificio de Cortes 9, lo cual puede



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ser un pequeño problema, pero procuraremos que ambas comisiones puedan
desarrollar un buen trabajo.

Sin más preámbulos pasamos a desarrollar el orden del día que, como SS.

SS. conocen, tiene dos partes claramente diferenciadas. Una parte es de
debate y votación de determinados proyectos y proposiciones no de ley, y
la otra es la comparecencia del Secretario de Estado de Comercio
Exterior.




--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY
SOBRE SUSCRIPCION POR ESPAÑA DE ACCIONES DEL CAPITAL DE LA CORPORACION
FINANCIERA INTERNACIONAL. (Número de expediente 121/000015.)



El señor PRESIDENTE: El primer punto es la ratificación de la Ponencia
encargada de informar el proyecto de ley sobre suscripción por España de
acciones del capital de la Corporación Financiera Internacional.

¿Sus señorías ratifican la Ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada.




--DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, EL PROYECTO
DE LEY SOBRE SUSCRIPCION POR ESPAÑA DE ACCIONES DEL CAPITAL DE LA
CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL. (Número de expediente 121/000015.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen, a la vista del informe emitido
por la Ponencia, de dicho proyecto de ley sobre suscripción por España de
acciones del capital de la Corporación Financiera Internacional. A dicho
proyecto de ley no hay ninguna enmienda presentada. Vamos a pasar a la
votación y si luego algún grupo parlamentario desea fijar su posición o
explicar su voto daré un turno de palabra.

Se somete a votación el proyecto.




Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición o explicar su voto?
(Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
señora Pulgar.




La señora PULGAR FRAILE: Intervengo en nombre del Grupo Popular para
tratar sobre la suscripción por España de acciones del capital de la
Corporación Financiera Internacional. Sabemos que España es miembro de la
Corporación Financiera Internacional desde el año 1960 y que ha acudido a
sucesivas ampliaciones de capital realizadas por la Corporación, habiendo
suscrito hasta la fecha 20.928 acciones del capital de la institución. El
28 de junio del año 1991, el Directorio ejecutivo de la Corporación
mencionada, vinculada al Banco Mundial y dedicada a la financiación de
proyectos privados de inversión en países desarrollados, propuso el
aumento del capital social en 1.000 millones de dólares, situándolo en la
actualidad en 2.300 millones. La presencia de España en estas
instituciones multilaterales aconseja la suscripción, por nuetro país, de
la totalidad de las acciones que le han sido ofrecidas y que en la parte
que le corresponde son 16.098 acciones, lo que representa el 1,61 por
ciento y un desembolso de 16.098.000 dólares USA. El Grupo Popular está
de acuerdo con la suscripción de estas acciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Padrón.




El señor PADRON DELGADO: Hemos dado la conformidad a este proyecto de ley
al igual que hace unos meses la dimos a la participación de España en el
Fondo Multilateral de Inversiones, que corresponde al Banco
Interamericano de Desarrollo como iniciativa para promover el desarrollo
en países de América Latina y el Caribe. En este caso se trata de una
institución perteneciente al Banco Mundial creada en 1956. Ya se ha dicho
que España ingresó en el año1960 con 1.108 acciones de 1.000 dólares cada
una. Esta ampliación de capital tiene como misión promover y dar
cobertura a las demandas de servicios y recursos para los años noventa,
fijándose como prioridades la movilización de recursos hacia el sector
privado en países de desarrollo miembros de la Corporación Financiera, la
colaboración con la pequeña y mediana empresa, el desarrollo de los
mercados de capitales domésticos, contribuyendo al establecimiento de
instituciones financieras locales, las inversiones en proyectos de
infraestructuras, las privatizaciones y las reestructuraciones y el
asesoramiento a gobiernos y empresas.

La Corporación Financiera Internacional tiene previsto invertir del orden
de 26.400 millones de dólares entre los años 1992 y 2000, destinando un
60 por ciento a Latinoamérica y Asia, un 17 por ciento a Europa, un siete
por ciento a Oriente Medio y Norte de Africa y un 14 por ciento al Africa
subsahariana. Con la contribución de España, que pasa a tener 20.928
acciones y, por tanto, un 1,61 por ciento de los votos de la Corporación,
colaboramos en el desarrollo de una serie de países que, como conecuencia
de falta de créditos y falta de inversiones, han atravesado y están
atravechando situaciones difíciles. Por tanto, la posición del Grupo
Socialista ha sido dar la conformidad a la decisión del Gobierno español
de participar en la ampliación de capital de la Corporación Financiera
Internacional, que pasa a tener un capital de 2.300 millones de dólares.




El señor PRESIDENTE: Voy a pedir un pequeño favor a los señores miembros
de la Comisión. Dado que nos hallamos reunidos en esta recoleta pero
desastrosa sala desde el punto de vista acústico, cualquier pequeño
comentario o rumor produce un efecto mucho más fuerte que el que SS. SS.

piensan que se produce, por lo que es



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verdadermente difícil seguir las intervenciones de los señores
miembros de la Comisión. También las señoras taquígrafas tienen problemas
de seguimiento. Así pues, les rogaría un pequeño esfuerzo para que
guarden silencio, puesto que, como digo, esta sala es muy mala desde el
punto de vista de la acústica; creo que supera la de arriba en cuanto a
condiciones negativas.




DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR LA CIRCULAR N.º 985 DE LA
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, ASI COMO LAS ORDENES CONCORDANTES CON ESTA,
EN EL SENTIDO DE HACER REAL EL PRINCIPIO DE LIBRE CIRCULACION DE
MERCANCIAS EN LOS TERRITORIOS FRANCOS, SUS CIUDADES Y PUERTOS, CONFORME A
LA LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1955. PRESETADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 161/000100.)



El señor PRESIDENTE: Concluido el punto 2, pasamos al punto 3: Debate y
votación de las proposiciones no de ley.




El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, para una cuestión de orden. Si
no hubiese inconveniente por parte del Grupo Popular --y creo que no lo
hay--, pediría un cambio en el orden del debate de las dos proposiciones
no de ley que vienen a continuación; es decir, empezar por la
modificación de la circular n.º 985 de la Dirección General de Aduanas.

Lo pido porque el representante de nuestro Grupo que debería defender la
proposición no de ley está en la Comisión de Presupuestos. Intentaré
compaginar su presencia aquí. Nuestra proposición se debatiría
inmediatamente después de ésta.




El señor PRESIDENTE: No hay ningún problema. Empezaremos con la
proposición sobre modificación de la circular n.º 985. De todas formas,
la Comisión de Presupuestos todavía no ha comenzado, señor Espasa.

Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a modificar la
circular n.º 985 de la Dirección General de Aduanas, así como las órdenes
concordantes con ésta, en el sentido de hacer real el principio de libre
circulación de mercancías en los territorios francos, sus ciudades y
puertos, conforme a la ley de 22 de diciembre de 1955. Esta proposición
no de ley es del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la
palabra el señor González.




El señor GONZALEZ PEREZ: Quizá uno de los mayores perjuicios que está
generando la situación económica y la crisis por la que atraviesa Ceuta
es el estado de pesimismo y frustración en que se encuentran sus
habitantes. Y no es precisamente porque el ceutí sea un pesimista o un
frustrado por naturaleza, sino porque el ciudadano de Ceuta ve cómo su
ciudad se empieza a apagar poco a poco. Intentaré explicarme.

Ceuta es una ciudad de poco más de 19 kilómetros cuadrados, situados
geográficamente en el norte de Africa, como no me cabe la menor duda de
que todas SS. SS. saben. Como también deben saber que la vida económica
de Ceuta está basada en su singularidad de territorio franco, pues sus
pocas industrias han ido desapareciendo, no tenemos ganadería, no tenemos
agricultura, nuestra pequeña flota pesquera es casi ya un recuerdo del
pasado, quedándonos el comercio tradicional y principal base de la
actividad económica que, con motivo del progresivo desmantelamiento
arancelario del Estado español, singularmente acentuado a raíz del
ingreso de España en la Comunidad Europea, ha sufrido un paulatino
debilitamiento al ir perdiendo atractivo para el peninsular la
realización del viaje a la ciudad de Ceuta, que, por otra parte, es caro
e incómodo, con la única motivación de efectuar compras a precios más
bajos que los existentes en el mercado de procedencia. Capítulo aparte en
esta exposición merece el puerto de Ceuta que, como consecuencia de la
aplicación de unas tarifas elevadas, pierde competitividad con relación
al puerto de Gibraltar e incluso al de Tánger. Tarifas portuarias que, no
debemos olvidar, se fijan aquí en Madrid, y el resultado es que sirven
para enviar a los barcos mercantes a que atraquen en el puerto de
Gibraltar que, por otro lado, repostan allí combustible que nosotros
mismos les vendemos porque ya no tenemos barcos que abastecer. Sirva como
ejemplo que en Ceuta sólo queda un remolcador, cada vez hay menos
prácticos, los provisionistas de buques están en período de extinción, y
en el terreno donde anteriormente tenían su sede los grandes depósitos de
combustible de empresas petrolíferas se están empezando a construir
casas.

Después de hacer este recorrido somero de la situación de Ceuta, me
centraré en el tema aduanero, que es el que hoy trae a esta Comisión esta
proposición no de ley. En Ceuta no existe aduana porque no se pagan
derechos a la entrada de mercancías. El órgano equivalente es la
intervención del Registro del territorio franco de Ceuta y su misión es,
por tanto, de estadística y control. El artículo 1 de la Ley de Bases, de
22 de diciembre de 1955, establece en dichos territorios, comprendidas
las ciudades y puertos respectivos, que será libre la entrada, salida,
tránsito y trasbordo de mercancías, conforme a las leyes y con el control
de los servicios de Aduanas. Es precisamente este último párrafo, el de
los controles de Aduanas, el que ha justificado tradicionalmente la
actitud fiscalizadora de la intervención de Ceuta. Después de sucesivas
circulares internas de la Dirección General de Aduanas (anteriormente a
la 985 existía una, la 620, en parecidos términos) se ha ido dejando sin
contenido una parte del carácter de territorio franco que tiene la
ciudad. La última circular, como antes he manifestado, es la 985 que,
como podrán ver SS. SS., es una auténtica espada de Damocles para la
ciudad de Ceuta. Esta establece que un barco que toque el puerto de Ceuta
puede llevar dos



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paquetes de tabaco por tripulante y día de navegación y diez decilitros
de licor por tripulante y día de navegación. Esto quiere decir que un
barco que toca en Ceuta con cuatro tripulantes y vaya a Málaga podría
comprar en Ceuta ocho paquetes de cigarrillos y medio litro de güisqui.

Al aplicar esto a un buque de gran tonelaje resultan cantidades tan
absurdas que hacen que el barco, en vez de recalar en Ceuta, siga rumbo
hacia Gibraltar, insistiendo en la competencia que nos realiza el puerto
de enfrente, y no precisamente español, porque allí no tienen problema
alguno. Como podrán entender SS. SS., el ciudadano ceutí ve una
competencia desigual frente a Gibraltar y su capacidad de poder competir
con estas desventajas son casi nulas, por no decir absolutamente nulas.

La importación de productos supone similares controles, aun sabiendo que
no puede haber defraudación alguna, porque no hay pago de derechos. Todo
esto, se dice, con independencia de los funcionarios que llevan estos
temas que hay que suponer recibirán instrucciones y se limitarán a
cumplirlas, resultando que el tráfico mercantil se entorpece y los
barcos, vuelvo a insistir una vez más, atracan en Gibraltar o en el país
vecino, en el puerto de Tánger.

Ante tal perspectiva, las administraciones públicas involucradas deben
acometer, al servicio de una actitud previsora, las inversiones que se
consideren necesarias para propiciar la conformación de una estructura
económica capaz de posibilitar un crecimiento armónico y sostenido con
apoyo, entre otros, de los siguientes sectores. El primero sería la
revitalización del puerto, aprovechando su privilegiado enclave, en orden
a la cobertura de servicios propios del tráfico marítimo mercante. En
segundo lugar, la potenciación del turismo, mediante la creación de una
infraestructura adecuada para capitalizar los recursos naturales de que
se dispone, de forma tal que se estimule la afluencia de visitantes
utilizando como atractivo complementario la presencia de un comercio ágil
y diversificado. A las enunciadas aspiraciones responde el proyecto del
puerto deportivo, cuya obra ha sido ya adjudicada por la autoridad
portuaria, colindante con un complejo lúdico recreativo y comercial que
ejecuta y gestiona el Ayuntamiento de la ciudad. Pues bien, la pretendida
revitalización del puerto, así como el feliz desarrollo del mencionado
puerto deportivo, en cuanto que cumpla válidamente con su papel de
infraestructura de apoyo al servicio de despegue turístico de Ceuta,
plantean inequívocamente la oportunidad de suprimir o modificar
sustancialmente la circular a la que la presente proposición no de ley
hace mención, y ello en orden, en primer lugar, a facilitar el
avituallamiento y aprovisionamiento a buques mercantes en condiciones
aptas de competencia con otros puertos situados en la zona de influencia
--insisto, Gibraltar y Tánger--; eliminar innecesarias trabas y barreras
en el desenvolvimiento comercial de los establecimientos que se ubiquen
en el futuro puerto deportivo, con la intención de satisfacer la demanda
de aquellas embarcaciones de recreo que en el mismo recalen al objeto de
disfrutar de un entorno de ocio atractivo y bien dotado y, al propio
tiempo, efectuar unas compras en condiciones acordes con la naturaleza de
territorio franco reconocido que tiene la ciudad. Luego hay que favorecer
la asunción de riesgos por parte de aquellos que decidan acometer las
iniciativas empresariales encaminadas a satisfacer las comentadas
demandas.

Yo creo, señorías, que oponerse a la supresión planteada deberá
considerarse como una injustificada resistencia a la generación del marco
adecuado para procurar el desarrollo del puerto y del turismo en Ceuta,
revelando asimismo una flagrante contradicción con la decisión adoptada
sobre construcción del reiterado puerto deportivo. No olvidemos que todas
las administraciones han estado de acuerdo en que esto era necesario para
el desenvolvimiento económico de la ciudad, cuyo ulterior desarrollo y
viabilidad se verían, por las razones apuntadas, seriamente comprometidos
si persisten los obstáculos para el suministro y avituallamiento de las
embarcaciones de recreo que al mismo acudan. Indudablemente el pulmón
económico que le queda a la ciudad, por otro lado, es su puerto mercante.

Si siguen teniendo problemas los barcos, a la hora de llegar al puerto de
Ceuta para su avituallamiento, nos veremos otra vez abocados a tener un
puerto absolutamente vacío.

El espíritu de la Ley de Bases de 1955 necesita continua y
permanentemente una adaptación a un escenario global cambiante, donde las
actuales tendencias liberalizadoras obligan a la búsqueda de nuevos
instrumentos para confirmar la virtualidad y eficacia de aquélla en
relación con el futuro desarrollo económico de la ciudad, pues parece,
después de toda esta exposición, que la solución de estos problemas está
en la supresión de la circular 985 y simplemente en que la intervención
del Registro del territorio franco de Ceuta actúe como tal, sin
establecer trabas a la libre circulación de mercancías. Por último,
quiero significar que en 1990, por unanimidad, el pleno municipal de la
ciudad envió un escrito al Ministerio correspondiente (en este caso al
Ministerio que da título a esta Comisión) para que esta circular
desapareciera o se suprimiera, y digo que fue un acuerdo unánime no
solamente de las fuerzas políticas sino de las fuerzas sociales de la
ciudad y ¡hombre! sabemos que en Ceuta no hay nada urgente que no pueda
esperar seis meses, pero desde el año 1990 hasta el año 1994 han pasado
cuatro años y la situación económica de la ciudad y la situación de
crisis en la que se encuentra nuestro país aconsejan revitalizar una
ciudad que no necesita de subvenciones, sino simplemente que se le deje
desarrollar su marco de territorio franco. Por eso en esta Comisión pido
que se apoye sin ningún tipo de excepción la supresión de esta circular
985 y que la Ley de Bases del 22 de diciembre de 1955 sea aplicable en
todos sus términos en la ciudad de Ceuta.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se ha presentado
ninguna enmienda.

¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martinón.




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El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, la intervención del señor
representante del Grupo Popular se ha centrado, de forma casi exclusiva,
en los problemas de la ciudad de Ceuta, no sólo ya en lo que se refiere a
esta circular de la Dirección General de Aduanas sino que, en general, ha
planteado lo que a su juicio es la situación de la ciudad, las
perspectivas de futuro, la existencia de una situación de cierta
frustración, temas sobre los que no me atrevo a opinar. Yo confío en que
el futuro estatuto de autonomía de la ciudad de Ceuta sea un instrumento
útil, en manos de los propios ceutíes, para afrontar de una forma más
optimista el futuro de la ciudad.

Centrándome en lo que era objeto principal de la proposición no de ley,
que es la circular de la Dirección General de Aduanas, debo recordar que
la misma tiene por objeto regular conforme a las leyes el avituallamiento
de buques, en general, en las áreas francas de toda España, no sólo en la
ciudad de Ceuta. Este es un tema complicado. En la propia Unión Europea
hay un proyecto de reglamento desde el año 1981; hace ya trece años que
se está hablando de ese proyecto de reglamento y aún no se acaba de
concretar. Es decir, estamos ante un asunto cuya regulación es
complicada. Parece incluso razonable el que se llegue a una norma que
afecte por común a toda la Unión Aduanera Europea. El avituallamiento de
buques, como su propio nombre indica, consiste en aprovisionar a los
buques de las mercancías u otro tipo de objetos que puedan ser necesarios
para la travesía. No estamos hablando aquí del comercio sino del
avituallamiento de buques. El punto 6, del apartado B, de la proposición
no de ley, que es el considerado de forma especial, especifica que no se
autorizará el embarque de productos de avituallamiento en los buques
afectos a la pesca costera o litoral ni en los buques de recreo, de
deporte o de uso privado. Es así porque las leyes no contemplan el que
este tipo de embarcaciones puedan beneficiarse de ciertas ventajas
fiscales y, fundamentalmente, esta circular tiene por objeto evitar el
contrabando. Es decir, trata de evitar que objetos que son comprados en
zona franca se introduzcan, sin pagar los aranceles y los impuestos
correspondientes, en el territorio aduanero común. En ese sentido,
nosotros creemos que es imprescindible que las autoridades del Ministerio
de Economía y Hacienda arbitren instrumentos que eviten este fraude
fiscal y que, por tanto, se garantice que todo producto comprado fuera de
la Unión Aduanera, cuando vaya a entrar en la Unión Aduanera, pague los
impuestos correspondientes. Esto parece elemental, porque si no
estaríamos fomentando el fraude, del que supongo ningún grupo político es
partidario.

Estas son las razones que nos llevan a oponernos a la pretensión del
Grupo Popular, aunque somos conscientes de que ésta es una circular que
debe ser modificada, puesto que es una circular del año 1988 y con
posterioridad se han publicado las leyes del IVA y de Impuestos
Especiales, se ha modificado la situación aduanera de Canarias y
posiblemente sea necesaria una mayor precisión en lo que se refiere a las
ciudades de Ceuta y Melilla. Vuelvo a los comentarios iniciales
insistiendo en que no se vea en esta posición del Grupo Socialista, como
es evidente, una actitud, voluntad o ánimo de dificultar el desarrollo de
la ciudad de Ceuta. Creemos que, con el estatuto de autonomía, tanto la
ciudad de Ceuta como la de Melilla podrán afrontar el futuro con mayor
capacidad política para solucionar esos problemas con más ilusión y más
alegría.




El señor GONZALEZ PEREZ: Señor Presidente, si me permite, querría hacer
unas puntualizaciones a lo que el señor portavoz socialista ha
manifestado. Creo que sería interesante porque podría clarificar un poco
la situación.




El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, por puntualizaciones, que no es una
figura muy reglamentaria, le doy la palabra, señor González.




El señor GONZALEZ PEREZ: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Simplemente debo matizar que Ceuta y Melilla se encuentran fuera de la
Unión Europea, actuamos como tercer país en este sentido. Por otra parte,
el control y fiscalización de las mercancías de entrada en la Unión
Europea no se hacen en el puerto de origen, se deben hacer en el puerto
de destino, con lo cual no tiene mucho sentido el intento de fiscalizar
el posible contrabando que se realice, porque no es desde el puerto de
origen donde se tiene que realizar ese control. También hay que decir
que, efectivamente, el estatuto de autonomía va a regular una situación
que viene demandándose desde la ciudad de Ceuta desde hace mucho tiempo,
pero en el estatuto de autonomía en ningún caso se va a contemplar
absolutamente nada que sea relativo a aduanas o a este punto concreto. Y
si se ha hecho referencia al comercio de la ciudad es precisamente porque
el puerto de Ceuta es el motor de la economía de nuestra ciudad. No
olvidemos que, si no hay posibilidad de abastecer a barcos de recreo o
mercantes, el comercio de la ciudad se ve debilitado porque no puede
importar. Hay otro punto fundamental y es que precisamente la ciudad de
Ceuta vive de un arbitrio municipal que es consecuencia de la importación
de mercaderías que se realizan en la ciudad de Ceuta. Curiosamente, si
esas mercaderías, que son importadas por la ciudad, no tienen una salida
legal, no al país vecino de Marruecos, que podríamos considerar como
exportación atípica, y cerramos esta puerta que se podría abrir en este
caso, difícilmente va a tener salida la situación económica de la ciudad.




El señor PRESIDENTE: Para otro turno de puntualizaciones tiene la palabra
el señor Martinón.




El señor MARTINON CEJAS: Con mucha brevedad, señor Presidente, yo creo
que Ceuta y Melilla sí forman parte de la Unión Europea. No formarán
parte de la Unión Aduanera, pero de la Unión Europea yo creo que sí. El
señor portavoz del Grupo Popular insiste en que el



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control por parte de las autoridades debe hacerse en el destino y no en
el origen. Es un criterio razonable, pero desde luego creo que no hay
ninguna duda respecto a que si un barco, cuya actividad sea la de pesca
costera, que tenga su base en Algeciras y que recala en Ceuta, va lleno
de botellas de güisqui, indudablemente, esas botellas van a acabar dentro
de lo que es el territorio aduanero común. Por tanto, creo que no es
ningún atentado contra la libertad comercial ni contra el fomento de la
actividad económica en Ceuta el evitar que eso ocurra. Yo creo que los
controles aduaneros habrá que ponerlos allá donde más eficaz resulte la
medida y no pienso que sea una cuestión de principios el tener que
decidir si es en un lado o en otro. El puerto de la ciudad de Ceuta es
probablemente la locomotora de la economía de la ciudad, parece evidente,
pero creo que tampoco se trata de convertir --supongo yo-- la ciudad de
Ceuta en un lugar de fomento de actividades ilícitas desde el punto de
vista fiscal. Yo creo que los ceutíes aspirarán a tener una actividad
económica más conforme con las leyes y también una actitud más
comprensiva para con el resto del territorio nacional.

Por nuestra parte nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a pasar a votar la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular.




--SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR PARA SOLUCIONAR EL CONTENCIOSO QUE LOS
AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES ESTAN MANTENIENDO CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA RESPECTO A LA CUANTIA Y LAS LIQUIDACIONES DEL FONDO NACIONAL DE
COOPERACION MUNICIPAL (FNCM). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000076.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición no de ley, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
medidas a adoptar para solucionar el contencioso que los ayuntamientos
españoles están manteniendo con el Ministerio de Hacienda respecto a la
cuantía y las liquidaciones del Fondo Nacional de Cooperación Municipal.

Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: Señoras y señores Diputados, voy a ser muy breve
por dos razones fundamentales. En primer lugar porque actúo de sustituto
de mi compañero que debería defender esta moción pero que está en estos
momentos en la Comisión de Presupuestos, y en segundo lugar porque en
cuanto al contenido nuclear de la proposición no de ley, al margen de
algunos excesos verbales que quizá hubiera sido mejor no introducir en el
texto de la misma, lo que pretende en parte está conseguido y en parte
queda aún por conseguir. Está conseguido que se haya reabierto un cierto
diálogo positivo entre el Gobierno español --Ministerio de Economía y
Ministerio de las Administraciones Públicas-- y los municipios para
paliar la grave situación financiera en la que se encuentran. No es
menester recordar cómo algún municipio del sur de España produjo un
cierto sobresalto en la situación financiera del conjunto de los
municipios españoles al anunciar una posible, entre comillas, suspensión
de pagos por su parte.

Es cierto que ha habido reuniones importantes y con alto contenido
político y de debate en la Federación española de Municipios y Provincias
y que, fruto de estas reuniones y de una cierta presión y una cierta
puesta en antecedentes a la Administración central del Estado de lo
insostenible de la situación, se ha abierto un espacio de negociación y
un resquicio a la esperanza. Pero no es menos cierto, señorías, que el
Gobierno español ha incumplido repetidamente la Ley reguladora de
Haciendas Locales; no produce lo que, según esta misma Ley, debería
producir, es decir, una creciente participación de los ayuntamientos en
los ingresos fiscales del Estado, lo que ha producido un deterioro de la
situación financiera de los ayuntamientos españoles.

Esta proposición no de ley viene a pedir en su punto tercero --para mí el
más importante-- que se abra esta negociación, que por otra parte ya está
abierta, entre ministerios y ayuntamientos, con el fin de mejorar la
capacidad financiera de estos ayuntamientos. Quiero anunciarles también
que nuestro Grupo prepara otra serie de iniciativas que tenderían a
mejorar esta situación financiera, como por ejemplo la posibilidad de
transferir a los ayuntamientos el recientemente creado Impuesto especial
sobre determinados vehículos automóviles, como digo un impuesto muy
reciente que, por tanto, sería fácil de transferir a las comunidades
autónomas, y a través de ellas a los ayuntamientos, para paliar esta
situación.

Volviendo a nuestra proposición no de ley, en sus tres puntos viene a
reclamar, en el fondo, esta apertura de negociaciones para recuperar un
terreno perdido en la participación de los ayuntamientos en los ingresos
fiscales del Estado, terreno perdido que está en la base de este agujero
financiero. El Gobierno, hasta ahora, ha sido muy remiso a reconocer esta
situación. Cree que quien produce el gasto debe pagarlo. Por tanto la
posición del Gobierno --el señor Solchaga lo dijo cuando era Ministro de
Economía y el señor Solbes lo ha repetido-- parece ser la de que quien
quiera más servicios municipales que se los pague y, por tanto, que
aumente la presión fiscal en los ayuntamientos, en una especie de huida
hacia adelante por su parte pensando que, en definitiva, lo que recauden
los ayuntamientos no revertirá en perjuicio propio al



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tener unos adecuados ingresos fiscales. Nos parece que es una técnica
parecida a la del avestruz, el querer esconder la cabeza. Se trata de
repartir equitativmente la presión fiscal. Los ayuntamientos están
soportando ya mucha presión fiscal, y no parece que ésta sea la solución.

Para nosotros la solución estaría en un más adecuado reparto de los
ingresos fiscales generales del Estado, que es lo que viene a ofrecer
nuestra proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: A la proposición no de ley no se han presentado
enmiendas. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el
señor Peñarrubia.




El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Voy a fija la posición del Grupo Popular
acerca de la proposición no de ley de Izquierda Unida que hoy debatimos,
y lo voy a hacer con brevedad y casi telegráficamente. Poco tengo que
añadir a lo que el representante de Izquierda Unida ha dicho aquí y al
contenido del documento que debatimos; si acaso interpretar que la
referencia a la situación financiera del ayuntamiento de Murcia, que se
contempla en el cuerpo de la proposición no de ley, es más un deseo
loable de uno de los firmantes de la misma de barajar cifras de un
ayuntamiento que conoce que la intención de centrar un problema en ese
ayuntamiento concreto. Entendemos que la situación es más amplia, que
desborda los límites de la contraparada del río Segura y que afecta a
muchísimos ayuntamientos españoles. Personalmente, por razones obvias, no
me desagrada esa cita, pero el problema es muchísimo más grave, no es
exclusivo de ese ayuntamiento.

Se ha dicho aquí, es verdad, y está expresado también en la proposición
no de ley, que los ayuntamientos españoles se encuentran en una situación
límite como consecuencia del recorte del Fondo Nacional de Cooperación
Municipal de los años 1990/91/92 y el impago de las liquidaciones
correspondientes a los ejercicios de 1990 y 1991, por lo que el problema
requiere una solución rápida y urgente, tal y como tantas veces ha
manifestado el Grupo Popular. Entendemos que es una situación que
preocupa a todos los grupos representados en esta Cámara porque afecta a
una variedad de ayuntamientos en los que la correlación de fuezas es más
o menos similar. Por tales razones el Grupo Popular va a votar
afirmativamente, por entender que es necesario resolver este problema
para que los ayuntamientos españoles puedan salir de la asfixia económica
en que se encuentran, porque la situación actual vulnera el espíritu
constitucional, ya que establece que los entes locales tienen derecho a
participar de los tributos del Estado, y porque, sobre todo, vulnera lo
estipulado en la Ley reguladora de Haciendas Locales. Por eso, repito, el
voto del Grupo Popular va a ser afirmativo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la señora Figueras.




La señora FIGUERAS I SIÑOL: Ya entiendo, señor Espasa, que se haya usted
disculpado por los excesos verbales de esta proposición no de ley; le
comprendo. Con toda cordialidad he de decirle que no ha sido fácil
analizar esta proposición no de ley que presenta su Grupo Parlamentario,
por cuanto se exponen en ella distintos conceptos de forma poco
sistemática y confusa. De una parte se hace referencia a la grave
situación financiera del ayuntamiento de Murcia, al cual --según SS. SS.

indican-- la Administración central adeuda 2.195 millones de pesetas en
concepto de liquidación del Fondo de Cooperación Municipal, de tal suerte
--dicen-- que ello ha llevado al ayuntamiento mencionado a concertar
determinados empréstitos con el correspondiente coste financiero o
intereses. Asimismo se afirma que en los ejercicios 1990, 1991 y 1992 el
Fondo resultó infradotado, hasta el punto de que diversos ayuntamientos
están manteniendo un largo contencioso con el Ministerio de Economía y
Hacienda respecto a la cuantía y liquidaciones del Fondo Nacional de
Cooperación Municipal, a la vez que se hacen al Gobierno acusaciones
infundadas de discrecionalidad en la determinación de las cuotas de
participación en los tributos del Estado en los años mencionados. Sobre
esta argumentación se realiza la cuantificación de una presunta deuda con
el ayuntamiento de Murcia, aplicando unas reglas de proporcionalidad que
suponen un desconocimiento de la ley en cuanto a las reglas de aplicación
que están previstas en la Ley reguladora de las Haciendas Locales para
determinar las cantidades asignables a cada municipio, llegando a cifrar
la supuesta deuda del Estado con el ayuntamiento de Murcia en los 2.195
millones de pesetas ya mencionados.

La proposición no de ley objeto de este debate incide en tópicos ya
superados y adecuadamente resueltos por vía de negociación con los
representantes de las corporaciones locales, es decir, con la Federación
Española de Municipios y Provincias. Como fruto de una abierta
negociación entre el Gobierno y la FEMP se llegó a acuerdos por lo que se
refiere a las liquidaciones del Fondo de 1990 y 1991, transfiriéndose por
parte del Ministerio las cantidades correspondientes a todos los
municipios españoles, incluido el de Murcia por supuesto, en octubre de
1992 por lo que se refiere a la liquidación de 1990 y en diciembre de
1992 por lo que se refiere a la liquidación de 1991. Estos pagos se
efectuaron en concepto de sendos anticipos de tesorería y quedaron
elevados a liquidaciones definitivas con la entrada en vigor de la Ley
5/1993, de 16 de abril, que, en virtud de los acuerdos establecidos con
la FEMP, fijaba el índice definitivo de evolución de la financiación de
las corperaciones locales para 1990 y habilitaba un crédito
extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado, a la vez que
introducía algunas modificaciones en las reglas de distribución
contenidas en las leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1990 y
1991, en particular por lo que afecta a los topes máximos de financiación
y al mínimo asignable a cada entidad local.

En el texto de la proposición no de ley objeto de este debate se pretende
que, al margen de las disponibilidades



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presupuestarias y de la reserva de ley estatal, se dote de mayor
suficiencia, atribuyendo nuevas cuotas de participación, a un grupo
determinado de ayuntamientos, con lo que se vulneraría de forma inmediata
el principio constitucional de igualdad ante la ley. También se pone en
tela de juicio la capacidad del Gobierno, como representante del Estado,
de fijar las bases y la coordinación de la planificación general de la
actividad económica, tal y como reconoce la Constitución como de
competencia exclusiva del Estado, insinuando, por el contrario, que la
autonomía local ha de alcanzar metas en política económica que pueden
diferir o imponerse a las medidas generales adoptadas en este campo.

Alude el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
a una recomendación de la Federación Española de Municipios y Provincias
que en su momento pudo producirse como medida de presión, a lo largo de
las negociaciones sostenidas con el Ministerio de Economía y Hacienda,
para resolver las diferencias de criterio respecto a la cuantificación de
las cifras correspondientes a la liquidación definitiva del año 1990 y
también en la aplicación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Pero una vez ultimadas las negociaciones, con el acuerdo al que me he
referido, y que aparece instrumentado a través de la Ley 5/1993, no
parece legítimo tratar de implicar a una institución, y me refiero a la
FEMP, que ha prestado su colaboración para llegar a un acuerdo ya
cumplido y refrendado legalmente.

Finalmente, por lo que se refiere a la liquidación del Fondo de 1992, que
menciona a la vez que las de los dos años anteriores, S. S. sabe muy bien
que ha sido objeto de recientes negociaciones y acuerdos y que, si bien
en aplicación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales las
cantidades a liquidar eran las inicialmente transferidas, en virtud de la
fórmula de aplicación prevista en la ley, se han complementado con una
liquidación adicional, con carácter de liquidación definitiva, de la
participación en los ingresos del Estado de 1992, por un importe de
19.438 millones para los municipios y 9.836 millones para las provincias,
habiéndose pagado ya estas cantidades en la actualidad. Entre los
compromisos a los que se ha llegado entre el Ministerio de Economía y
Hacienda y la FEMP figura también el de librar 18.000 millones de
pesetas, en concepto de anticipo de la liquidación de 1993, en el
transcurso del primer trimestre del presente año, así como impulsar los
grupos de trabajo para el estudio de un nuevo marco competencial y
financiero de las corporaciones locales.

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista no puede dar su apoyo a esta
proposición no de ley, por no estar de acuerdo con su contenido y por
considerar inviable la admisión de la propuesta formulada, con
independencia de lo que en su día puedan resolver los tribunales de
justicia, por ser el único cauce a través del cual se pueden juzgar los
actos y trámites seguidos para alcanzar un acuerdo general sobre la
cuantificación de la liquidación de la participación de los tributos del
Estado en los años 1990, 1991 y 1992.




El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a pasar a la votación de
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la citada proposición no de ley.

Se suspende la sesión durante unos breves minutos para dar tiempo a que
comparezca el señor Secretario de Estado de Comercio.




Se reanuda la sesión.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (RUIZ
LIGERO) PARA CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:



--OPINION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO ACERCA DE LA UTILIZACION
DE LOS RECURSOS PUBLICOS. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO
POPULAR). (Número de expediente 181/000353.)



--OPINION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO ACERCA DE LA UBICACION
DE LAS OFICINAS COMERCIALES. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO
POPULAR). (Número de expediente 181/000354.)



--OPINION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO ACERCA DE LA APLICACION
DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE ACCION DEL ESTADO EN EL EXTERIOR. FORMULADA
POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO POPULAR). (Número de expediente
181/000355.)



--OPINION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO ACERCA DE SI LA
SITUACION DE LAS OFICINAS COMERCIALES ES COHERENTE CON LA NECESIDAD DE
MODERAR Y REDUCIR EL GASTO PUBLICO. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA
(GRUPO POPULAR). (Número de expediente 181/000356.)



--OPINION DEL SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO ACERCA DE LA
REESTRUCTURACION DEL SERVICIO EXTERIOR. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES
FRAGA (GRUPO POPULAR). (Número de expediente 181/000357.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la Comisión con el cuarto punto
del orden del día, que es la comparecencia del Secretario de Estado de
Comercio, don Apolonio Ruiz Ligero, para, en primer lugar,



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contestar a una serie de preguntas del Diputado señor Robles Fraga, del
Grupo Parlamentario Popular.




El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.

Yo...




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES FRAGA: La ansiedad que tengo de emitir estas preguntas me
lleva a adelantarme a la concesión de la palabra. Gracias.

Si me permite el señor Presidente, como he hecho dos bloques de preguntas
distintos, me gustaría agruparlos, porque creo que es lo que tiene más
sentido y más lógica en este trámite parlamentario. El primer bloque se
refiere a la situación de nuestra red de oficinas comerciales, y
permítanme que recuerde a los que no han compartido conmigo trabajos en
la Comisión de Asuntos Exteriores que esa misma serie de preguntas han
sido hechas tanto al Ministro de Asuntos Exteriores como al
Subsecretario, señor Cajal, muy recientemente. Hemos escuchado muchas
explicaciones pero ninguna justificación, y me remito a los hechos.

La cuestión es que en este momento la gran red de oficinas comerciales de
que dispone el Estado español para defender y promover sus intereses
económicos en el exterior plantea una serie de disfunciones que creo que
son graves. Concretamente, la situación de estas oficinas que en la
mayoría de los casos están situadas fuera de nuestra cancillería, de
nuestra embajada, e incluso, y eso es lo que me parece más sorprendente y
hasta escandaloso en términos de ahorro y de utilización eficiente de
recursos públicos, cuando en los últimos años se han construido
cancillerías nuevas, como en el caso de Washington y en el de París, con
gran costo y esfuerzo técnico y financiero para los recursos públicos, y
la Secretaría de Estado de Comercio se ha negado a que las oficinas
comerciales se integraran en esos edificios. Diría más, en el caso de
Washington permanecen vacías varias de las zonas que originariamente
estaban destinadas a alojar la oficina comercial. Es verdad que éste no
es el único caso en que un Ministerio, una Secretaría de Estado se niega
a que sus funcionarios se integren con los del resto de la Administración
del Estado en el exterior, pero en el caso de las oficinas comerciales es
especialmente grave por cuanto que es la red más importante o el conjunto
de funcionarios con status diplomático más importante, además,
naturalmente, de los que dependen directamente del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Si me lo permiten, plantearía las preguntas de la siguiente manera. Yo
preguntaría la opinión del Secretario de Estado de Comercio Exterior
sobre la ubicación de estas oficinas, sobre si se está produciendo en
este caso una correcta utilización de los recursos públicos; si esto es
coherente con la política de moderar y reducir el gasto público; si
existe alguna instrucción por parte de la Secretaría de Estado de
Comercio Exterior para que no se produzca esa aplicación razonable del
principio de unidad de acción del Estado en el exterior, que, como decía
el Subsecretario de Asuntos Exteriores, señor Cajal, debe tener también
cierta visibilidad y, por tanto, debe tratarse también de una unidad
física de acción del Estado en el exterior en la medida de lo posible y
de lo razonable. También quisiera preguntar si el señor Secretario de
Estado de Comercio tiene alguna opinión que darnos sobre la anunciada y
luego desmentida reestructuración del servicio exterior, en concreto de
la parte del servicio exterior que de él depende directamente, teniendo
en cuenta que ya se produjo un anuncio de reestructuración que luego fue
desmentido por el propio Ministro y que recientemente, y según las
informaciones de que dispone este Diputado, el Ministro Gómez Navarro
anunció una fusión o integración de las oficinas --por tanto, de los
propios funcionarios técnicos comerciales-- con las oficinas de turismo,
lo cual, si me permite el señor Secretario de Estado, es no solamente
curioso sino sorprendente y supongo que habrá motivado alguna reacción o
alguna opinión por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, y desde
luego, si éste es el viaje, las alforjas anteriores no tenían mucho
sentido. Me parece que negarse durante años a que las oficinas
comerciales se integraran, incluso practicar una política deliberada de
lejanía de las mismas respecto de las embajadas para acabar integrando
las oficinas comerciales con las oficinas de turismo, al albur de la
última reorganización ministerial, es en cualquier caso sorprendente.

De cualquier manera, me gustaría saber, concretamente en el caso de
Washington y París, qué medidas va a adoptar la Secretaría de Estado de
Comercio para corregir inmediatamente la extraña situación que se produce
ante la negativa de ubicar las oficinas en el edificio de reciente
construcción de las embajadas de España.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado de
Comercio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero): Buenos
días, señorías.

Quiero agradecer al Diputado señor Robles que haya agrupado sus preguntas
en el sentido de que todas ellas formaban un todo bastante coherente
dirigido en el mismo sentido. Voy a intentar darle una respuesta lo más
válida y adecuada posible en relación a cuáles son las intenciones de la
intervención.

En primer lugar, quiero hacer una declaración clara de principios, en el
sentido de que no existe ni ha existido nunca por parte del Ministerio de
Comercio o de la Secretaría de Estado de Comercio ninguna idea de
aislamiento ni de considerar que de alguna manera el Ministerio hacía la
guerra por su cuenta; en absoluto. Voy a explicar el porqué de esta
afirmación.

Las oficinas comerciales, en general, han ido surgiendo posteriormente a
las propias representaciones diplomáticas y a las cancillerías.

Normalmente, excepto algunos casos que ahora mencionaré, casi nunca en
las cancillerías existía más sitio que el que se dedicaba a los propios
servicios de cancillería. Eso lo puede corroborar el



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Subsecretario de Asuntos Exteriores; con las estadísticas en la mano le
diré que cada vez que se abría una oficina comercial no siempre había, en
el mismo lugar donde estaba la embajada, sitio adecuado para instalarla.

Ante esa posibilidad, normalmente se iba a poner la oficina comercial
--cosa que muchos otros países hacen-- en zonas directamente vinculadas
con el mundo de los negocios. Las personas que acuden a unos servicios
consulares en una cancillería no siempre coinciden con las que acuden a
una oficina comercial; no sólo acuden los españoles que van en misión
comercial o en visita de negocios, sino los propios nacionales del país
que quieren información. Por tanto, no ha habido nunca una posición
política deliberada de colocar a las oficinas comerciales físicamente
fuera de las embajadas; ha sido un tema puramente físico. Es decir, no
siempre ha sido posible tener las oficinas juntas. Cuando ello ha sido
posible, normalmente se ha hecho.

Voy a referirme a algunos de los casos que S. S. citaba. En el caso de
Moscú la oficina comercial está en los edificios centrales de la
embajada. En el caso de París desgraciadamente no tuvimos sitio; hicimos
todo lo posible pero no pudo ser. En el caso de Washington no es cierto
que algunos metros cuadrados estén vacíos. Recientemente estuve visitando
los locales de la nueva representación que todavía no están funcionando;
es decir, no hay ninguna capacidad ociosa, sino que los servicios de la
embajada en Washington están todavía pendientes de amueblar y de empezar
a funcionar. No hay ninguna capacidad ociosa y, además, existe el
compromiso de que siempre que se tengan los metros cuadrados suficientes,
la oficina comercial estará en esa oficina central. Por tanto, no hay
ningún problema ni ninguna posición deliberada de colocar las oficinas
comerciales fuera del entorno de las embajadas.

En lo que se refiere a recursos públicos tengo que decir otra cosa. Por
ejemplo, en el caso de Washington, si nosotros pasamos de nuestra actual
ubicación a la central, tendremos un impacto, desde el punto de vista
presupuestario, o neutro o negativo, porque en la actualidad el edificio
que ocupamos es propiedad del Estado español y no se paga ninguna renta
por él. En el nuevo, implícita o explícitamente, porque ésa es una cosa a
decidir por parte de la Administración del Estado, se pagará una renta.

Por tanto, en ese sentido no existe ninguna modificación en lo que a
gasto público se refiere. Es decir, o es neutro o incluso supone para la
oficina comercial pagar una renta que ahora no se pagaba, puesto que el
edificio en el que está ubicada la oficina comercial en Washington es
propiedad del Estado español.

Por otra parte, quisiera hacer dos consideraciones. En primer lugar,
quiero hacer referencia a un término muy querido por S. S. y por todos
los miembros de la carrera diplomática, la unidad del servicio del Estado
en el exterior, la unidad de acción del servicio en el exterior. Comparto
absolutamente esa filosofía, puesto que bastante difícil es a veces hacer
que se conozca a España en el exterior como para que esa presencia sea
fragmentada o compartimentada. Por tanto, estoy absolutamente de acuerdo.

Al mismo tiempo, creo que sería excesivamente reduccionista considerar
que la unidad de acción se produce porque existe unidad física. Yo creo
que la unidad de acción se produce porque todos los miembros de la
embajada reconocen en el jefe de la misión, en el embajador, al jefe
orgánicamente --y así está establecido--, y en ese sentido no existen
consideraciones que no tengan que ver con ese elemento, aunque,
evidentemente, la dependencia funcional de esos consejeros comerciales
depende de la Secretaría de Estado de Comercio.

Por tanto, yo no veo que exista ni desde el punto de vista de la
asignación de recursos públicos ni desde el punto de vista de la
presencia unitaria, homogénea, de España en el exterior ningún problema
porque físicamente, en una serie de países y por razones que no tienen
nada que ver con ninguna voluntad aislacionista, las oficinas comerciales
estén fuera de las embajadas. Otra cosa es que a nosotros mismos nos
gustaría que hubiera más recursos. De hecho, desde el año 1986 no se ha
creado ninguna oficina comercial nueva, aunque a nosotros, desde un punto
de vista de necesidades de apoyo a los empresarios y de mejora en la
internacionalización de las empresas, ya nos hubiera gustado y no se ha
producido. Por tanto, ha habido un cierto respeto a los fondos públicos
en el sentido de que, a pesar de la necesidad reclamada o demandada por
los empresarios, hemos preferido ir mejorando los servicios, más que
abrir nuevas oficinas comerciales. Es decir, se trata más de mejorar la
red existente, que, como S. S. decía, es una red muy importante y que
próximamente tendrá nuevos medios, tanto materiales como humanos. En este
momento, en la Secretaría de Estado de Comercio se está elaborando un
catálogo de servicios --al igual que han hecho algunas otras
instituciones extranjeras que han tenido un funcionamiento adecuado, como
puede ser el caso británico-- de la gama de aquellos que se pueden
ofrecer a los exportadores españoles en el exterior.

Por tanto, y por resumir, señoría, diría que, número uno, no existe
ninguna posición deliberada en contra de que las oficinas comerciales
sean y estén dentro de los servicios de las embajadas de España en el
exterior; número dos, que esa ubicación física en ocasiones no ha sido
posible y no por voluntad nuestra --siempre que ha sido posible, hemos
aprovechado esa situación--; y, por último --y en eso coincido
totalmente, como en otros casos, con el Subsecretario del Ministerio de
Asuntos Exteriores--, quiero decir que el concepto de megacancillería,
que fue el término que utilizó el Subsecretario en una de sus
intervenciones --no en la última del 9 de febrero pero sí en un anterior
del mes de diciembre--, no siempre, desde el punto de vista de la eficaz
asignación de los recursos, es el método más apropiado.




El señor PRESIDENTE: Tiene de nuevo la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES FRAGA: Yo creo que, además de las apelaciones a la unidad
de acción del Estado en el exterior, hay que hacer una constatación, que
es que esta unidad de acción del Estado en el exterior es



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precisamente lo que le falta a nuestra Administración en el exterior. El
señor Secretario de Estado confunde la unidad de acción con la unidad del
servicio exterior. Yo creo que ese es otro tema que quizá no es el
momento para debatir, pero por lo que se refiere a la unidad de acción en
el exterior, en los casos citados por el señor Secretario de Estado,
tanto en el caso de París como en el caso de Washington, no ha existido,
según todas mis informaciones. El caso de París lo conozco un poco mejor,
porque a pesar de que en este momento, como es lógico, hablo como
Diputado a Cortes, soy miembro de la carrera diplomática y estuve
destinado en París cuando se construyó aquella megacancillería, y,
precisamente, si la oficina comercial no encontró lugar en esa
megacancillería fue porque no se quiso encontrar. En el caso de
Washington, que los despachos todavía no estén siendo utilizados no obsta
para que se pueda poner en duda mi afirmación de que la oficina comercial
a mí --hecho que me gustaría ver corregido-- hasta ahora se haya negado
reiteradamente a ocupar el lugar previsto por los constructores y
diseñadores de ese edificio. Cuando la Secretaría de Estado de Comercio
paga una renta al Estado no me parece que se produzca una merma de
recursos del Estado. Se produce una merma de recursos del Estado cuando
se pagan alquileres en innumerables ciudades a lo largo y ancho de este
mundo para ubicar oficinas comerciales y, al mismo tiempo, en las nuevas
cancillerías no se permite o no se adoptan o no se promueven políticas de
integración de esas oficinas dentro de las cancillerías existentes. Ahí
sí que se produce una merma de los recursos del Estado, no cuando la
Secretaría de Estado de Comercio tiene que pagar una renta al Estado, el
que, por otra parte, nadie duda que tiene los recursos limitados y más
que contados.

Yo creo que el hecho es que es verdad que desde 1986 no se ha creado
ninguna oficina comercial nueva. Quizá sería el momento de replantear el
sentido de algunas de las oficinas comerciales. Creo recordar que en ese
año o en esa época nuestro país formaba ya parte de la Comunidad Europea,
que ha absorbido casi todas las competencias en materia comercial
exterior, y, sin embargo, seguimos manteniendo una tupida y costosísima
red muy bien dotada en medios humanos y materiales --y es el momento
quizá de hacer referencia a la gran calidad de los funcionarios técnicos
comerciales en los países de la Unión Europea--. Yo no sé si la
Secretaría de Estado de Comercio sabe que estamos desde 1986 en la
Comunidad Europea. Imagino que sí; imagino que eso tiene unas
consecuencias también sobre la manera en que se organizan nuestros
recursos y nuestros medios humanos y materiales en las oficina de los
países de la Unión Europea.

Finalmente, quiero terminar esta pequeña reflexión sobre el tema de la
unidad de acción exterior lamentando que, una vez más, se olvide lo más
importante. Usted hace mención a que hay alguna oficina que está en las
cancillerías. Bien, sin duda. Yo lo que sí creo es que si el resultado de
la política administrativa de la Secretaría de Estado de Comercio --en la
que usted va y vuelve como si fuera el Guadiana-- de los últimos años es
una integración con las oficinas de turismo, tal como anunciaba el señor
Gómez Navarro muy recientemente, lamento la falta de sentido del Estado o
del sentido del futuro, de la proyección hacia el futuro de la defensa de
nuestros intereses en una Administración exterior que parece obedecer más
a cuestiones o querellas interministeriales que a una reflexión sería
sobre lo que debe ser una mejor defensa de nuestros intereses en el
exterior.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero): Me
gustaría hacer dos consideraciones a las últimas precisiones del señor
Robles.

Sobre el tema relativo a la discusión sobre la renta al Estado en el caso
de que la oficina comercial esté ubicada en la propia cancillería, si es
propiedad del Estado español --a veces las cancillerías, en muchos casos,
no son propiedad del Estado español, sino que al mismo tiempo están
también alquiladas--, como he dicho, el efecto en el caso concreto de
Washington podría ser neutro o negativo, negativo en el sentido implícito
del término; incluso es posible que ni siquiera, según las normas
internas, la Secretaría de Estado de Comercio tuviese que pagar renta en
el caso de Washington, puesto que sería una renta global que pagaría el
Ministerio de Asuntos Exteriores y luego habría un arreglo interno entre
el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Comercio. Pero, en
fin, ése no es el punto esencial. Antes se me ha olvidado, por ejemplo,
la ubicación en Bruselas, donde esa megacancillería en la misión ante las
Comunidades tenía bastante sentido y están integradas todas las oficinas,
incluidas, por supuesto, las comerciales. En la mayoría de los casos --y
eso lo puedo afirmar de manera absolutamente empírica-- no existía
posibilidad. Es decir, se habían tomado servicios de cancillería, que
generalmente eran bastante modestos --hay que decir que, en general, las
cancillerías nuestras en el exterior son bastantes modestas--, y no
siempre existían los metros cuadrados adecuados para que allí se metiera
una oficina comercial. Pero, en cualquier caso, a mí me parece que es
importante seguir insistiendo en que la unidad de acción en el exterior
se demuestra estableciendo un sistema coordinado de funciones dentro de
las propias representaciones de España en el exterior.

Quiero hacer nada más dos menciones en cuanto a lo que se refería S. S.

con respecto a por qué hay tantas oficinas y tan bien dotadas en países
de la Unión Europea, como si este Secretario de Estado ignorase, a pesar
de estar en las negociaciones de adhesión, que España pertenece a la
Unión Europea. No. Lo que ocurre es que, inmediatamente que entramos en
la Comunidad --entonces Comunidad, hoy Unión Europea--, se produjeron dos
fenómenos muy curiosos. Uno de ellos es que nosotros --los funcionarios
del Ministerio de Comercio-- pensábamos que, una vez que se producía la
integración, casi desaparecían los contactos bilaterales, y mi colega



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alemán y mi colega holandés me dijeron: «No, ahora es cuando empiezan de
verdad, porque para formar posición común en Bruselas es absolutamente
indispensable que existan reuniones bilaterales. Por tanto, no, olvídese
usted; ahora es cuando usted se va a reunir más con sus colegas de la
Comunidad Europea.» Además lo que es cierto es que las oficinas, sobre
todo en países desarrollados, tienen, en un porcentaje muy alto, una
misión de promoción de nuestro comercio y de nuestras inversiones, y,
desde luego, el 80 por ciento de nuestro mercado, tanto en lo que se
refiere a comercio de bienes como a servicios, incluidos tanto el turismo
como la inversión, está en países de la Unión Europea. Por consiguiente,
el reforzamiento, tanto en medios materiales como humanos de las oficinas
comerciales en la Unión Europea sigue siendo de extraordinaria utilidad.

Lo que es verdad es que esas oficinas tienen más contenido de promoción
comercial, de estímulo y apoyo a la internacionalización de la empresa
que a los temas puramente bilaterales con las administraciones de esos
países que, efectivamente, normalmente se sustancian y ventilan en
Bruselas en las reuniones de comités, comisiones y Consejo de Ministros.

Por último, señoría, había hecho usted mención dos veces al tema de las
oficinas de turismo. En todo caso lo que el Ministro de Comercio y
Turismo ha dicho, como a mí me consta, es que dado que el Ministerio es
de Comercio y Turismo, va a procurar, cosa absolutamente lógica, que
exista una adecuada coordinación entre las oficinas comerciales y las
oficinas de turismo, pero no me consta en absoluto que exista ningún
proyecto que suponga la integración o fusión de oficinas comerciales y
oficinas de turismo; pero sí, al ser Ministerio de Comercio y Turismo, se
va a intentar que ya que se establece la coordinación a nivel nacional,
puesto que los recursos más importantes por ingresos de mercancías y de
servicios son los de la exportación de bienes y dentro de la exportación
de servicios la de turismo, exista una adecuada coordinación entre ambos
capítulos, pero no me consta en absoluto que eso signifique --no
significa en absoluto-- ni una marcha atrás ni una reconsideración del
esquema de nuestra representación comercial en el exterior.

Usted ha hecho mención a la reestructuración. Si por reestructuración
usted entiende mejora de los servicios fuera, una presencia adecuada de
nuestra representación en el exterior, estoy totalmente de acuerdo. En
otro tipo de consideraciones el país en este momento necesita que sus
instituciones funcionen, que lo hagan en el caso de las oficinas
comerciales para apoyar a los empresarios --que ésa es la misión
fundamental que tienen asignada-- y el resto de las consideraciones
tienen más de pequeña cocina interna de administración, que creo que
tienen poco o nulo interés en general para los ciudadanos.




--OPINION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO ACERCA DE SI LA COMISION
INTERMINISTERIAL, PREVISTA POR LA LEGISLACION VIGENTE, EJERCE EN PLENITUD
SUS FUNCIONES RESPECTO A LOS FONDOS DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD).

FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO POPULAR). (Número de
expediente 181/000358.)



--OPINION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO ACERCA DE SI LA COMISION
FINANCIERA ESTA EJERCIENDO COMPETENCIAS QUE CORRESPONDEN A LA COMISION
INTERMINISTERIAL. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO POPULAR).

(Número de expediente 181/000359.)



--SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN LA CONCESION DE UN
CREDITO DEL FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD) RELATIVO A UN SUMINISTRO
DE AZUCAR. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO POPULAR). (Número
de expediente 181/000378.)



El señor PRESIDENTE: Concluido el primer bloque de preguntas referido a
los servicios comerciales de España en el extranjero, pasamos al
siguiente bloque de preguntas formuladas por el señor Robles. Tiene de
nuevo la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES FRAGA: El señor Ruiz Ligero en este caso no viene ligero
de equipaje sino cargado de experiencia en el asunto que también ahora
nos trae a esta Comisión. Se trata de los fondos de ayuda al desarrollo y
a pesar de que posteriormente el señor Secretario de Estado comparecerá y
se someterá a las preguntas y observaciones de mi compañero Rafael
Hernando, sí me gustaría, porque las había presentado anteriormente,
hacerle unas preguntas muy concretas.

Como sabrá perfectamente el señor Secretario de Estado de Comercio, dos
reales decretos, de 1976 y 1977, crean una comisión interministerial que
debía ejercer sus funciones en plenitud respecto a estos fondos de ayuda
al desarrollo. Me gustaría conocer su opinión sobre si esa comisión las
está ejerciendo plenamente o si es más bien una comisión financiera, no
prevista legalmente, y cito los términos del informe del Tribunal de
Cuentas, que ejerce esas competencias de control, de la ejecución de las
operaciones o de evaluación de los resultados de las operaciones que
debía ejercer la comisión interministerial.

En la lectura muy interesante e instructiva del informe del Tribunal de
Cuentas se hace una curiosa mención a la concesión de un crédito por 50
millones de dólares, nada menos, a Venezuela para un suministro de
azúcar. El informe del Tribunal de Cuentas hace una alusión a este
crédito y dice que no se mencina expresamente que este crédito tenga
carácter ligado a exportaciones españolas. Creo recordar --si mi memoria
no me falla-- que este crédito tuvo además una larga historia en la
reciente política venezolana y que al final no se compró azúcar español
sino procedente de otro país. El informe del



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Tribunal de Cuentas señala las curiosas modalidades y aspectos que le
plantean alguna preocupación sobre este crédito de 1989, y me gustaría
que el Secretario de Estado de Comercio explicase si la normativa vigente
fue cumplida y si existe algún elemento por el que podamos preocuparnos
de este crédito de 50 millones de dólares.




El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el señor Secretario
de Estado de Comercio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero):
Agradezco nuevamente a S. S. que simplifique, digamos, adicionando
preguntas para poder hacer una contestación en bloque --concretamente son
tres preguntas-- y voy a contestar rápidamente, y espero que con la mayor
concreción --no sé si con sentido de la convicción--, a lo que S. S.

pregunta.

En primer lugar, en lo que se refiere a la comisión interministerial no
sólo según la impresión que yo tengo como Secretario de Estado, sino
según lo que recoge el propio informe del Tribunal de Cuentas, la
comisión interministerial fundamentalmente ha ejercido plenamente sus
funciones, aunque es verddad, y después me referiré a ello en la
siguiente contestación precisamente sobre la fiscalización del Tribunal
de Cuentas, que en los tres aspectos fundamentales, que son recibir,
escuchar y analizar, elevar a Consejo de Ministros y controlar la
adjudicación de cada proyecto y evaluación final de sus resultados, tal
vez el aspecto que ha ido más lento en cuanto a los fines establecidos
para la comisión interministerial haya sido posiblemente el de la
evaluación a posteriori, cosa que se está mejorando sustancialmente en
los dos últimos ejercicios, a lo que haré luego mención. En cualquier
caso, no de una manera subjetiva sino avalado por lo que dice el propio
informe del Tribunal de Cuentas, tengo que decir que este Secretario de
Estado, como Presidente además de la comisión interministerial, se siente
plenamente satisfecho de que la comisión, que es interministerial, cumpla
adecuadamente con las funciones que tiene establecidas. De todas maneras
se ha aprobado, en el año 1993, a propuesta del Ministerio de Comercio,
un plan de seguimiento y evaluación de las operaciones a partir de una
selección realizada por la propia comisión interministerial y que aplica
una metodología que en cierta medida o casi en su totalidad coincide con
la metodología propuesta por el propio Tribunal de Cuentas.

En lo que se refiere a la comisión financiera, que también está recogida
de manera, entiendo, positiva en las conclusiones del Tribunal de
Cuentas, en absoluto --eso quisiera dejarlo claro-- ejerce ninguna
función o competencia que le esté atribuida a la comisión
interministerial. La comisión financiera es un grupo de trabajo puramente
interno de la Secretaría de Estado, que lo que hace es facilitar la tarea
a la comisión interministerial; procura filtrar, analizar, evaluar
previamente una serie de expedientes muy importantes que acuden a la
comisión interministerial y además le proporciona una documentación
extraordinariamente exhaustiva a cada miembro de la comisión
interministerial para que pueda analizar en profundidad de qué operación
estamos tratando. Como existe, por otra parte, la idea de que a la
comisión interministerial no lleguen operaciones que no estén
suficientemente ultimadas desde el punto de vista comercial y de
contratos, es por lo que la comisión financiera ejerce una labor bastante
importante de preparación, evaluación y apoyo al propio funcionamiento de
la comisión interministerial. Por tanto, la comisión financiera es, como
digo, un grupo de trabajo interno que pretende únicamente eso, que en
absoluto ejerce esas competencias, puesto que las competencias de la
comisión las ejerce la citada comisión y es la que finalmente eleva al
Consejo de Ministros las propuestas aprobadas por la propia comisión
interministerial.

Paso a continuación a contestar a S. S. sobre la famosa operación de
crédito a Venezuela en 1989. En primer lugar, quisiera que S. S. se
colocase en el entorno del año 1989, en una situación extraordinariamente
grave de Venezuela, de auténtica emergencia nacional, el famoso caracazo
que fue uno de los sucesos posiblemente más tristes y negativos de la
reciente historia económica y social de Venezuela. El Gobierno español,
como otros gobiernos, consideró absolutamente necesario el ayudar a
Venezuela; se les pidió a las autoridades venezolanas que dijeran de qué
tipo de bienes, de productos tenían mayor urgencia, y la verdad es que la
situación era tan extraordinariamente delicada que lo que necesitaban
eran productos primarios; es decir, que muchos de los excedentes de
productos españoles un poco más elaborados en ese momento no eran los que
necesitaba Venezuela. Venezuela necesitaba harina, azúcar, sal, es decir,
productos primarios, porque se había producido un proceso casi vandálico
de saqueamiento de supermercados y tiendas en Caracas. Se toma, por
tanto, la decisión de establecer esa ayuda y se ve que uno de los pocos
productos que es posible suministrar es el azúcar.

El Decreto-ley del FAD establece claramente que todos los créditos con
cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo irán dirigidos a la financiación de
bienes y servicios españoles, pero a continuación establece --si S. S.

tiene delante la norma lo podrá comprobar; si no la tiene, con mucho
gusto se la puedo dar-- que, excepcionalmente, podrán tener esos créditos
el carácter de créditos no ligados, en nuestro caso concreto no ligados a
que los bienes y servicios sean españoles. El carácter excepcional, por
tanto, en los pocos casos en que se lleva a cabo esa excepción, y por
razones claras de emergencia en Venezuela, establece que se financie la
exportación de un bien que no es español. Como existe una segunda
excepción, aunque no lo dice así el Decreto-ley pero la comisión
interministerial ha sido muy celosa a la hora de establecer que el 90 ó
95 por ciento de los bienes financiados con créditos FAD sean bienes de
equipo, bienes que necesiten de una financiación a largo plazo, se
introduce esa excepción que también es posible, pero se decide que no se
le dé un plazo de amortización como el que se le da a una máquina
herramienta o a un bien de equipo, sino que se le da el plazo de dos
años. ¿Dónde está la concesionalidad?



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La concesionalidad está, como podrá ver S. S. en las condiciones del
crédito, precisamente en el tipo de interés; es decir, es una operación
excepcional perfectamente acorde con la propia legislación del Fondo de
Ayuda al Desarrollo que permita la financiación en casos excepcionales de
mercancías no directamente españolas, como en el caso del azúcar; y, en
segundo lugar, existe esa excepcionalidad puesto que se trata de un bien
de consumo, de una commodity, y, por tanto, lo que sí hace la comisión
interministerial es no concederle unas condiciones de crédito como las
que puede conceder a un bien de equipo que, a lo mejor, son de 20 años de
amortización con 10 de carencia; aquí se establece única y exclusivamente
un período de amortización de dos años y la concesionalidad reside
precisamente en el tipo de interés.

Como ésta podía ser exclusivamente mi explicación o mi opinión, tengo que
decir que esta explicación y esta opinión se ven avaladas en primer lugar
por el propio Tribunal de Cuentas que, al analizar la operación, no ve en
ella nada irregular, considera que es una operación excepcional, pero que
es perfectamente acorde con lo que establece la normativa; y, en segundo
lugar, creo que es positivo y a tener en cuenta que la propia Contraloría
General de la República de Venezuela también considera, analizada esa
operación, que no ha habido en ningún momento, ni en la adjudicación, ni
en la operación, ni en la financiación, ningún elemento ni ningún asunto
que pueda en absoluto considerarse como irregular. Se trata del
suministro de un bien muy primario que en ese momento no se producía en
nuestro país y que es financiado con cargo al Fondo de Ayuda al
Desarrollo, estableciendo dos excepcionalidades claras recogidas por la
propia ley en el sentido de que no es un bien español y no es un bien de
equipo. Sin embargo, por una parte, se considera que era un caso de
emergencia; y, por otra, se le conceden condiciones de financiación que
no coinciden fundamentalmente con las que se darían a un bien de equipo.

Esta es la respuesta que puedo dar a las dos preguntas que me ha
formulado S. S.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, de nuevo, el señor Robles Fraga.




El señor ROBLES FRAGA: Me da la impresión que, por lo que el señor
Secretario de Estado dice, la comisión financiera hace lo que debería
hacer, según los reales decretos de 1976 y 1977, la Dirección General de
Política Comercial; es decir, es un grupo de trabajo que suplanta el
papel de una dirección general, lo cual plantea algunas dudas sobre si al
final lo que se suplanta no es la Dirección General de Política Comercial
sino la propia comisión interministerial. También ha hecho mención a un
plan de seguimiento que sí me gustaría que fuese explicado o remitido en
su momento a este Parlamento para que los Diputados podamos tener una
idea más precisa de lo que eso quiere decir.




En cuanto al crédito a Venezuela hay que decir que no existen sólo dos
sino varias excepciones. Obviando la excepción cultural que en este caso
se pueda deducir por los acontecimientos políticos venezolanos, hay
varias excepciones que a mí me parecen preocupantes. En primer lugar, se
trata de una ayuda alimentaria de emergencia. En este punto hay que tener
en cuenta algo a lo que hasta ahora no se ha hecho mención, y es que
existe la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional y que,
además, existe un organismo en el Ministerio de Asuntos Exteriores que se
ocupa de la ayuda alimentaria de emergencia. Por tanto, parece bastante
curioso que esta ayuda alimentaria de emergencia se tramite a través de
la comisión interministerial que se ocupa de los fondos de ayuda al
desarrollo, cuya normativa no prevé este tipo de ayudas; además España
dispone de medios bien probados de ayuda alimentaria de emergencia, como
se puede comprobar en cada catástrofe humanitaria o conflicto civil o de
otro tipo que se produce en el mundo, cuando nuestro país, junto con
otros países, envía alimentos para paliar las necesidades primarias de la
población. Por ello parece bastante raro que se utilicen los fondos de
ayuda al desarrollo para este tipo de funciones, suplantando a otra
comisión interministerial y haciendo a la vez el trabajo de otro
ministerio. Pero es que además de esta excepción que ya me parece grave,
se trata de azúcar, producto que no produce España y que hay que ir a
comprar a otro país --en este caso creo que a Cuba-- y, a pesar de
tratarse de ayuda alimentaria de emergencia, resulta que hay una
diferencia importante de precio entre lo que se paga por el azúcar en
origen y el precio con el que ese azúcar se suministra a Venezuela (creo
que de 350 dólares por tonelada a 570); es otra excepción más que quizá
tenga que ver con la excepción cultural de la realidad política de ese
momento en Venezuela, y hay que recordar también quién era entonces
Presidente de Venezuela. A mí me parecen demasiadas excepciones juntas
para que, por decirlo de alguna manera, no llame la atención incluso al
Tribunal de Cuentas en este caso. Desde luego, lo que sí me gustaría es
que se explicara si se cumplió en este asunto del azúcar
hispano-cubano-Venezolana el trámite normal (Dirección General de
Política Comercial-Comisión Interministerial-Consejo de Ministros) y si
considera el Secretario de Estado que todas esas excepciones juntas están
justificadas por la realidad de la situación entonces, o si no hubiera
sido mejor suministrar otro tipo de producto alimentario, que sin duda
también hacía falta, a través de un mecanismo normal probado y demostrado
de ayuda alimentaria de emergencia, como es el que existe en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, y si en este caso no se utilizó
inadecuadamente el mecanismo del Fondo de ayuda al Desarrollo, que creo
que, en principio, debe servir para otro tipo de operaciones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado de
Comercio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR: (Ruiz Ligero): Dice
S. S. que la comisión financiera puede estar suplantando las propias
funciones de la Dirección General de Política Comercial.




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No, señoría, no es así. La Dirección General de Política Comercial tiene
establecidas claramente por decreto cuáles son sus competencias, pero la
Secretaría de Estado de Comercio es consciente de que puede haber otros
departamentos dentro de la propia Secretaría de Estado que quieren
conocer, y cuya opinión quiere oír el Secretario de Estado, sobre
determinadas operaciones. Lógicamente, en esa comisión financiera se
integran otras personas, incluso a nivel más bajo, pero que son muchas
veces los que están siguiendo la operación, y vuelvo a asegurarle que no
existe ningún problema ni porque suplante funciones de la Dirección
General de Política Comercial ni tampoco porque la comisión financiera
realice funciones que no le están asignadas y que corresponden a la
comisión interministerial. Vuelvo a insistir en que no existe la menor
preocupación; se trata de un grupo de trabajo absolutamente interno que,
como es lógico, sigue criterios similares, en cuanto al estudio y
evaluación, a los que sigue su hermana mayor que es la comisión
interministerial, porque, lógicamente, prepara el trabajo para un órgano,
que es la comisión interministerial y sigue una metolodogía muy similar,
pero lo deja al nivel en que se plantea la propuesta a cada uno de los
miembros de la comisión interministerial, que luego lo tendrán que
analizar y que tendrán su opinión, que puede estar de acuerdo o no con la
propia opinión de la comisión financiera. Lo que sí hace la comisión
financiera es facilitar y flexibilizar el trabajo por cuanto que aquellas
operaciones que han sido planteadas ante la comisión y que están
insuficientemente maduras, y entiendo por insuficientemente maduras que
no esté firmado el contrato comercial, que no se hayan previsto todavía
determinadas garantías en el crédito comercial, puesto que muchas veces
los fondos de ayuda al desarrollo son mezclados con créditos comerciales,
si no se han producido esos elementos, que son los que en definitiva
completan la operación comercial, la comisión financiera espera a recibir
toda la documentación para poder llevar a la comisión interministerial
todo el expediente debidamente completado. Ese es el sentido fundamental
de la comisión.

En cuanto al plan de seguimiento, posteriormente me referiré a ese
aspecto, haré una mención mucho más extensiva de él.

Paso al tema de Venezuela. En primer lugar, claro que a mí me hubiera
gustado --porque además entonces en el año 1989, era Secretario de Estado
y Presidente de la comisión interministerial--, me hubiera encantado que
hubiera sido tratado este tema a través de Ayuda Alimentaria, y así se
hizo. Ayuda Alimentaria dijo: tenemos 212 millones de pesetas --entonces
la ayuda era casi 50 millones de dólares--. No era posible. Además, lo
que tenía en ese momento --creo que lo he mencionado en mi anterior
intervención-- Ayuda Alimentaria era una serie de bienes que
desgraciadamente en ese momento no eran los que estaban necesitando
urgentemente los venezolanos. Por tanto, cabía decir que no, puesto que
no había en los fondos de Ayuda Alimentaria la posibilidad de acudir en
ayuda de un país como Venezuela --S. S. ha mencionado el aspecto
cultural, creo que entendido en un sentido muy amplio y de manera
positiva--, y hubo que recurrir a un sistema que era heterodoxo, aunque
estaba perfectamente recogido en la ley, y que desde luego a mí, como
Secretario de Estado de Comercio, no me hacía muy feliz, puesto que me
quitaba 50 millones de dólares para financiar bienes de equipo a otros
países, pero entendimos que en ese momento, dada la emergencia, era el
«unico camino que existía para poder financiar una expedición de esta
naturaleza. Por tanto, no es que nosotros ni suplantábamos ni hiciéramos
algo que tenía que hacer la Comisión de Ayuda Alimentaria, sino que Ayuda
Alimentaria, degraciadamente, no tenía posibilidad en ese momento de
enviar una cantidad tan importante, pues no tenía existencias ni
posibilidades en el corto plazo, porque también se requería de cierta
rapidez en la operación, para poder hacer algo similar a lo que se hizo a
través, como es lógico, de dos empresas privadas que se encargaron
fundamentalmente de esa operación.

Finalmente, en lo que se refiere al tema del precio, tanto en el informe
del Tribunal de Cuentas como, sobre todo, en el informe de la
Contraloría, en ningún momento existe ninguna mención a que se tratasee
ni de un precio abusivo ni de un precio que no estuviera absolutamente en
línea con el precio internacional del azúcar. Las diferencias que pueda
haber entre una cotización en un momento determinado y el precio final
serán por las comisiones, que están perfectamente recogidas, pues son
comisiones absolutamente transparentes, puesto que como la operación en
Venezuela causó ciertas inquietudes, por parte de la oposición en ese
momento, llegaron hasta el fondo y analizaron toda la operación en su
conjunto, la intervención, por supuesto, de los marketing boards en
Londres, etcétera, y no hay ninguna irregularidad ni ninguna introducción
de precio abusivo en esta operación. Es un precio absolutamente acorde.

No tengo ahora en la memoria cuál fue el precio final del azúcar por
tonelada, pero le puedo decir que absolutamente acorde con el precio
internacional y hubiera sido un hecho no catalogable políticamente que
España hubiera intentado aprovecharse en una operación como ésta, en la
cual le estaba vendiendo azúcar a un precio muy barato a Venezuela --no
se lo estaba regalando pero se lo estaba vendiendo a un precio muy
barato--, que nuestro país hubiera intentado aprovecharse de esas
circunstancias para vender azúcar a precio más caro.

Si le tengo que decir a S. S., como complemento, que el hecho de que ese
azúcar fuese cubano sirvió mucho para que, en el clearing que tenemos, en
la compensación de cuentas que existe entre Cuba y España, Cuba cancelase
un número importante de deudas que tenía en su cuenta bilateral con el
Banco de España a través de esta operación de azúcar. Pero, en fin, eso
es un valor añadido que se le dio además a la operación, aprovechando que
se trataba de azúcar y que ese azúcar en ese momento lo suministraba
Cuba, que es un país que tenía una importante deuda con el nuestro, una
parte de la cual, a través de esta operación, se compensó adecuadamente.




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COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz
Ligero):



--PARA EXPLICAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE EL
FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD) (PERIODO 1986-1990). A PETICION
PROPIA. (Número de expediente 212/000330.)



--PARA DAR CUENTA DE LA INFORMACION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS RELATIVA AL
PERIODO 1986-1990 DE LOS CREDITOS DEL FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD).

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
213/000096.)



El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de preguntas, pasamos al quinto
punto, que es la comparecencia de nuevo del Secretario de Estado de
Comercio para explicar las medidas adoptadas para el cumplimiento de las
recomendaciones incluidas en el informe del Tribunal de Cuentas sobre el
Fondo de Ayuda al Desarrollo. La comparecencia sobre este tema ha sido
pedida, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, en la figura
del Ministro de Comercio y Turismo, y, asimismo, por parte del Gobierno,
a iniciativa propia, a través del Secretario de Estado. De acuerdo con el
Grupo Parlamentario Popular, vamos a proceder a discutir las dos
peticiones de comparecencias en una única del Secretario de Estado de
Comercio, con lo cual, lógicamente, vamos a alterar el procedimiento
habitual, dado que en el caso de que utilizáramos como vía de referencia
en este punto la solicitud del propio Secretario de Estado de
comparecencia a iniciativa propia comenzaría él su intervención, pero por
hacer un mix más positivo y más flexible para la Comisión, le voy a dar
la palabra, en primer lugar, al representante del Grupo Parlamentario
Popular para que formule los términos de la comparecencia y
posteriormente se la daré al Secretario de Estado de Comercio.

Así que tiene la palabra el señor Hernando, portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.




El señor HERNANDO FRAILE: Como usted muy bien ha relatado, nosotros
habíamos solicitado la comparecencia del Señor Ministro de Comercio,
Gómez Navarro. Debido fundamentalmente a que por dos veces, a través de
una pregunta oral, pedimos su comparecencia en el Pleno del Congreso de
los Diputados, al que acudió el mismo Ministro diciendo que todavía no
había tenido oportunidad de leerse el informe del Tribunal de Cuentas,
hemos creído que era más oportuno aprovechar la ocasión y acumularlo. No
queríamos tampoco que se pudiera dar la circunstancia de que otra vez el
señor Gómez Navarro acudiera de nuevo a esta Comisión y nos dijera lo
mismo y, por lo tanto, confiando en que usted ha sido, como antes ha
quedado puesto de manifiesto, uno de los principales responsables de la
gestión del Fondo de Ayuda al Desarrollo en el período al que hace
referencia el informe del Tribunal de Cuentas, creemos y entendemos que
su comparecencia nos va a poder servir para aclarar algunos aspectos de
este informe.

Del mismo informe, lo que nos parecía más relevante era que se exponía y
se concluía sobre el carácter genérico, reducido e incluso contradictorio
de la normativa de estas ayudas y sobre la carencia de criterios
generales en su organización y administración. Hace unos breves instantes
hemos tenido la oportunidad de hablar sobre distintas cuestiones y vemos
que no está definido precisamente el modelo de gestión de estos fondos de
ayuda al desarrollo, que existe un sistema legal lo suficientemente
amplio para que quepa en este fondo de saco cualquier cosa. Sin embargo,
el Tribunal de Cuentas hacía referencia a unas irregularidades,
irregularidades en la gestión de 266.000 millones, irregularidades muy
concretas. Habla el informe del Tribunal de Cuentas de la ausencia de
procedimientos formalizados, hable de contabilización de operaciones de
forma discontinua y con retraso, habla de la inexistencia de cuentas de
resultado y de cierres de ejercicio, habla del incumplimiento del
principio del devengo, habla de la consignación de donaciones como
créditos por importe superior a 5.000 millones de pesetas para este
período, habla de que no contabiliza los intereses devengados por
operaciones de tesorería y habla, en definitiva, del escaso rigor
presupuestario que ha habido en cada uno de los ejercicios. Además, habla
también de otras irregularidades referentes a la normativa, normativa
que, como decíamos al principio, es bastante inconcreta.

También hacía referencia en alguna de sus páginas el Tribunal de Cuentas
a la concesión de créditos no ligados a la exportación de bienes
españoles, que si bien es una situación excepcional, parece que ha sido,
desgraciadamente, demasiado frecuente, y hace breves instantes se nos ha
hablado del tema del azúcar cubano a Venezuela. También hacía referencia
a la concesión de importantes créditos para la venta de armamentos en el
período 1987-90, más de 15.000 millones para armamento militar o material
de doble uso en países como Somalia, Mozambique o Angola, alguno de ellos
implicado en conflictos civiles, y esto creemos que está claramente en
contradicción con lo que sobre este asunto refleja el consenso de la
OCDE.

También hemos detectado y venimos denunciando la ocultación sistemática
al Parlamento de datos referentes a empresas participantes y situación de
operaciones. Y no sé si usted lo conoce, pero durante la gestión del
anterior responsable, señor Feito, hemos tenido pruebas fehacientes en
este Parlamento que nos han llevado incluso a tener que solicitar amparo
al Presidente de esta Cámara por dos veces en lo que va de esta
legislatura y en la anterior al Presidente del Senado por otras dos veces
también para obtener estos datos.

Existen discrepancias entre la información contable y la de gestión, como
decía anteriormente. Se han adoptado resoluciones que creemos injustas
porque en algunos casos se han admitido criterios de excepcionalidad o se



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han dado créditos para el suministro de bienes no de equipos, sino de
alimentos, y en otros casos se ha rechazado para el mismo asunto. Existe
contradicción entre los datos de autorizaciones del Consejo de Ministros
que se aportan al Tribunal de Cuentas y los que se aportan al Parlamento.

Existe algo que a nosotros nos parece importante como incumplimiento: no
se cumple la condición, que era uno de los criterios que ha establecido
el Parlamento no sólo recientemente sino incluso los propios criterios de
la comisión interministerial, que se autoconcedió dicha comisión, en
1984, referentes al respeto de los derechos humanos y de las libertades.

También le gustaría a nuestro grupo que pudiera aclararnos el señor
Secretario de Estado algunas cosas que no nos fueron aclaradas por el
propio Presidente del Tribunal de Cuentas en relación con datos referidos
a discrepancia entre la información del propio Tribunal de Cuentas y la
información parlamentaria que ustedes nos habían suministrado, y es que,
en lo que se refiere a concesiones o autorizaciones realizadas por el
Consejo de Ministros y referido al período entre 1987 y 1990, existe una
diferencia exactamente de 76.153 millones, año a año, en lo que se
refiere a las concesiones, según los datos del Tribunal de Cuentas y
según los datos que ustedes han aportado a este Parlamento, siempre a
favor, por aclararlo, de lo concedido en relación con los datos que
ustedes han suministrado al Parlamento, lo cual, en principio, nos
llevaría a sugerir cómo es posible esto y si eso ha supuesto que se hayan
ocultado datos al propio Tribunal de Cuentas. Tampoco nos aclararon las
diferencias referentes a las disposiciones en 1987 y 1988, en el caso de
1987 por 75 millones, y en el caso de 1988, 58 millones, diferencias
entre los propios datos del Tribunal de Cuentas y los datos que ustedes
han aportado al Parlamento.

Posteriormente al informe y por no entrar en el mismo y enlazar con lo
que usted viene a plasmarnos, que es sobre las medidas que se han
adoptado en virtud de este informe, tenemos que observar que también se
siguen incumpliendo alguno de los criterios: se ha incrementado la
concentración en determinados países como consecuencia de los convenios
bilaterales, a pesar de que la propia normativa del FAD advierte del
posible riesgo de esta concentración, ya ahí tenemos que ya existe más
del 44 por ciento de créditos concedidos en situación de impago; se han
incumplido las leyes generales presupuestarias, tanto las de 1992 como
los presupuestos aprobados para 1993, que obligaban a la Secretaría de
Estado a remitir informes semestrales sobre la gestión del FAD, nos falta
el informe del primer semestre de 1993 y nos falta el informe del segundo
semestre de ese mismo año. Se ha autorizado en Consejo de Ministros y se
han formalizado operaciones, entre 1991 y 1992, con créditos FAD muy por
encima de las cantidades presupuestadas, y el ICO ha carecido de recursos
suficientes para hacer frente a las obligaciones de pago contraídas. Hay
que decir que mientras el Consejo de Ministros ha autorizado operaciones
por valor de 521.000 millones, para el período 1987-93, solamente se ha
dispuesto por parte del ICO de 318.000 millones, lo que aporta un saldo
negativo de 203.000 millones, que desde hace tres años ha puesto en una
situación de suspensión de pagos al sistema, lo cual tiene graves
consecuencias para nuestro prestigio exterior, ya que las empresas
españolas dejan de cobrar y en muchas ocasiones tienen que paralizar
estas operaciones que en principio cuentan con el aval del Estado (el
propio Instituto de Crédito Oficial, señor Secretario de Estado,
reconocía que tenía una deuda pendiente de 126.000 millones) y el actual
sistema que ustedes han creado de hacer dotaciones presupuestarias
similares a las autorizaciones de crédito va a provocar que ese desfase
de 203.000 millones no pueda ser salvado durante ningún año y que todos
los años nos encontremos con esta situación absolutamente caótica. Por
tanto, me gustaría que usted diera luz y nos explicara de qué forma va a
poder ser solventada esta situación que, como decía, tiene graves
consecuencias para nuestro prestigio internacional y que causa grave
perjuicio a las empresas españolas que acceden a estos fondos.

Por otra parte, se siguen concediendo créditos a operaciones en las que
la aportación extranjera supera el 10 por ciento: el último caso, por lo
llamativo, es el metro de Medellín, en el que el 45 por ciento de la
operación se adjudica a empresas que no son españolas, Man, Siemens o
Dwidog. Es un crédito de 30 millones de dólares. Pero lo que más nos ha
preocupado y lo que hemos denunciado, y nos alegramos de que usted
pretenda presentarnos un plan de seguimiento a partir de 1993, no
entendemos por qué no se ha hecho ese plan de seguimiento otros años, o
no sabemos si usted va a realizar un plan de seguimiento sobre otros
años, lo que hemos denunciado es que no ha existido control ni gestión y,
por tanto, no ha podido darse evaluación sobre los resultados. Se ha
incumplido la obligación legal de la Comisión interministerial de
realizar el seguimiento de los proyectos. No es que ustedes innoven nada,
es que la propia ley de creación del FAD dice que la Comisión
Interministerial tiene como una de sus principales obligaciones realizar
un seguimiento sobre las operaciones. No se ha hecho nunca, y eso nos
lleva a que existen casos de créditos concedidos a algunos países en los
que en vez de 120 vagones, al final llegan 80, que la línea de alta
tensión se convierte en una línea de media tensión, o que los bienes o
una línea de crédito de 20 millones de dólares, como la última en China,
al final se convierte en una operación de carácter no ligado a la
exportación de bienes y servicios españoles.

Nosotros creemos que ningún país concede este tipo de fondos para crear
empleo en otros países desarrollados y, por tanto, consideramos que esta
situación debe ser zanjada de alguna forma. pero a nuestro grupo le
gustaría hacerle, además, algunas preguntas relacionadas con el informe
de la ponencia de la Comisión de Asuntos Exteriores, que aprobó el Pleno
del Congreso, el 26 de noviembre de 1992, y en el que se hacían
referencias a toda la gestión coordinada de la cooperación internacional
y, en especial, de la ayuda oficial al desarrollo. En aquel informe se
señalaba que la cooperación, para ser válida, debe ser también capaz de
servir de catalizador de las



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relaciones económicas en términos de mercados, pero la política de apoyo
a la penetración comercial y a las inversiones en el extranjero debe ser
una cosa bien diferente de la cooperación; por ello, no debe tratarse de
incluir dentro de la ayuda oficial al desarrollo lo que en realidad
responde exclusivamente a la lógica comercial. Evidentemente, esto es
contrario al argumento que desde Comercio ustedes han venido manteniendo
a la hora de hablar de los créditos FAD y de la ayuda al desarrollo. Su
argumento ha sido que precisamente era el interés comercial de estos
créditos lo que motivaba su adjudicación. Vemos que los acuerdos del
propio Pleno del Congreso dicen que eso no debe ser lo que debe suceder
en el futuro y, en consecuencia, nos gustaría saber de qué forma piensa
actuar para cambiar esta tendencia que, además, va en contra de uno de
los criterios que tiene la comisión interministerial.

También nos gustaría que nos explicara, en relación con otro de los
acuerdos, cuál va a ser la actuación de la Secretaría de Estado y,
fundamentalmente, en el hecho de la concentración de los esfuerzos de
nuestra cooperación internacional. El propio informe decía que el órgano
de gobierno competente para dirigir y coordinar la política de
cooperación debe disponer de suficiente rango, medios y atribuciones para
garantizar la más perfecta sintonía de todos los agentes administrativos
actuantes en el logro de los objetivos fijados. La totalidad de la ayuda
oficial al desarrollo dependiente del Gobierno se someterá a la dirección
y coordinación centralizada del órgano antes citado. Por ello, el órgano
de gobierno competente para dirigir y coordinar la política de
cooperación debe serlo también para administrar el fondo de ayuda al
desarrollo. Me gustaría saber si desde el Gobierno tienen ya previsto qué
órgano va a coordinar toda la política de ayuda oficial al desarrollo y
cuál va a ser el papel de las dos comisiones interministeriales que
actualmente existen para ejecutar esta política que, como decíamos
anteriormente, debe ser coordinada.

Asimismo, a nosotros nos gustaría también saber si, en ese sentido, se
van a cumplir también los criterios de distribución geográfica que se
establecieron en ese acuerdo del Congreso de los Diputados del pasado 26
de noviembre de 1992. En él se establecían unos porcentajes referentes a
zonas geográficas; se hablaba de Iberoamérica, el 45 por ciento; países
del Magreb, el 30 por ciento, Guinea Ecuatorial, el 15 por ciento y otros
países el 10 por ciento. Los resultados no tienen nada que ver con la
ejecución por zonas del Fondo de Ayuda al Desarrollo: en Africa es sólo
el 10,73 por ciento; en Asia alcanza, en 1992, el 33,86 por ciento; y en
Iberoamérica, llega al 52,34 por ciento que nos parece es un porcentaje
que, si bien está por encima de lo que prevé el propio acuerdo, respeta
un poco lo que es la identidad cultural española.

Por nuestra parte, nada más. Deseamos que el Secretario de Estado pueda
dar cumplimiento a todas las explicaciones que le hemos demandado. Por
último sí queremos pedirle que nos diga también, si es posible, qué
medidas ha adoptado la Secretaría de Estado de Comercio para dar también
cumplimiento a los acuerdos a que se llegó en la Comisión Mixta del
Tribunal de Cuentas, en los que se solicitaba a esa Secretaría de Estado
que realizara un esfuerzo adicional en el ámbito informativo, con el fin
de difundir de la manera más extensa e intensa posible, elementos
relativos al FAD, tales como la disponibilidad de fondo, el estado de las
líneas de crédito y facilidades financieras comprometidas con otros
países, así como los criterios de selección que se aplica a los proyectos
susceptibles de acogerse a la financiación concesional española.

Igualmente sobre otro de los acuerdos, que decía: instar al Gobierno para
que, en tanto no se apruebe una normativa definitiva integradora de toda
la actividad del FAD, respete el criterio establecido en el consenso de
la OCDE y seleccione estos proyectos con garantía de objetividad y
publicidad. Cuando hablamos de los criterios del consenso OCDE, sabe
usted, señor Secretario de Estado, que eso tiene importante influencia en
lo que va a ser la futura gestión de los FAD, porque los FAD,
desgraciadamente, hasta ahora han servido para apoyar a los países más
ricos de entre los países pobres, y precisamente en el consenso OCDE se
puso una barrera a ese límite, que estaba en 2.460 dólares de producto
interior bruto «per capita», y eso elimina de nuestra ayuda, a partir del
año 1993 (que me parece era la prórroga a la que se había llegado con el
propio consenso OCDE por parte de nuestro país) a países como Venezuela,
Méjico o Argelia, que son unos de los principales países receptores de
estas ayudas.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado de Comercio tiene la
palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero): En
primer lugar, desearía agradecer a SS. SS. su cortesía al escucharme para
plantear toda una serie de cuestiones relativas al funcionamiento del
Fondo de Ayuda al Desarrollo, así como responder a la petición formulada
por el Grupo Parlamentario Popular.

Entiendo que esta comparecencia cierra un ciclo político y administrativo
que tiene un resultado final, y es la mayor transparencia e información
pública acerca de un instrumento, como es el Fondo de Ayuda al
Desarrollo, y tendré oportunidad de ir viéndolo caso a caso.

Comenzando por los deberes de información, propuestos por el Gobierno en
el anteproyecto y, finalmente, recogidos en la ley 31/1990, de
Presupuestos Generales del Estado, para el año 1991, continuando con
sendas auditorías del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General
del Estado, y terminando, de momento, con esta comparecencia
parlamentaria, culminamos todo un proceso de estudio, análisis y
evaluación de la gestión y actividad del FAD a lo largo del período más
reciente, concretamente del año 1986 al 1990. Entendemos que el resultado
final de este ejercicio es un instrumento políticamente más transparente
y más conocido por los potenciales usuarios, no solamente por SS. SS., en
lo que respecta a criterios, procedimientos, potencialidades y, cómo no,
también a sus limitaciones.




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Desde el punto de vista de la transparencia política y de gestión, las
conclusiones de los informes del Tribunal de Cuentas y de la Intervención
General de la Administración del Estado, tengo que decir a SS. SS. que
han satisfecho totalmente al Gobierno, porque no denuncian en ningún
momento irregularidades (en ese sentido quisiera recordar a S. S. que en
ningún momento el Tribunal de Cuentas utiliza la palabra
«irregularidades»), y que estos documentos ponen de manifiesto una serie
de hechos y formulan, eso sí, una serie de recomendaciones que no por ser
puramente técnicas y formales dejan de tener importancia para quienes
gestionamos el Fondo de Ayuda al Desarrollo.

En ese sentido, conviene destacar la gran importancia que el Gobierno
concede a las conclusiones y a las recomendaciones que formula el informe
del Tribunal de Cuentas. Dicha importancia queda reflejada en el hecho de
que algunas de ellas ya han sido aplicadas y otras lo serán muy
próximamente.

Antes de la redacción de la versión final del informe del Tribunal de
Cuentas, como pueden suponer SS. SS., existe un procedimiento, un
mecanismo legal establecido, que es el procedimiento de alegaciones. Por
tanto, el Gobierno tiene conocimiento antes que el Congreso de esas
alegaciones. Eso nos permitió introducir a lo largo de 1993, y antes de
que el informe fuera definitivo, una serie de reformas que más adelante
veremos con detalle.

Por otro lado, al Gobierno le produce una honda satisfacción que estas
Cortes Generales compartan este criterio de normalidad en la gestión del
FAD, como lo pone de manifiesto la resolución aprobada por la Comisión
Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que mencionaba S.

S., y en este sentido me gustaría, no tanto seguir las conclusiones
finales del informe como las recomendaciones y comentarios de las medidas
que propone dicha resolución de la Comisión Mixta para las relaciones con
el Tribunal de Cuentas.

En primer lugar, quisiera poner de manifiesto que el Gobierno está
dispuesto a efectuar, una vez más, un importante esfuerzo informativo
relativo al FAD. Dicho esfuerzo se centrará en la elaboración, a lo largo
del año 1994, de una publicación similar a la ya realizada en los años
1987 y 1988 con la edición, por parte del Instituto de Crédito Oficial,
de tres números de las revista «Cuadernos del ICO», dedicados a la
divulgación de los instrumentos financieros de fomento a la exportación.

Tengo un ejemplar aquí, no he podido obtener suficiente número de ellos,
pero hago entrega al Presidente de la Comisión de tres ejemplares,
distintos: el número 5, Cuadernos: Fondo de Ayuda al Desarrollo,
monográfico, dedicado al Fondo de Ayuda al Desarrollo. Otro, de
instrumentos financieros de apoyo a la exportación; y uno más dedicado
también al crédito de la exportación. Le entrego al señor Presidente esta
documentación para que la distribuya, si lo considera oportuno, entre los
señores Diputados.

En lo que se refiere al sistema, éste ha experimentado cambios y por ello
es conveniente que llevemos a cabo una actualización de la información
estadística relativa al FAD. Por ello, esta nueva publicación, que verá
la luz a lo largo del año 1994, se concibe con el objetivo de ser un
instrumento, no tanto ya de discusión teórica o de reflexión académica,
sino un mecanismo de control político, con una clara intencionalidad de
constituirse como un elemento de información al exportador acerca de las
posibilidades de este instrumento. Paralelamente, el «Boletín Oficial de
Información Comercial Española» puede servir de mecanismo de discusión
(de hecho, ya lo está siendo) y, por ello, el boletín dedicará
periódicamente información acerca de los saldos disponibles, de las
distintas líneas y facilidades financieras comprometidas con otros
países.

Por otro lado, y entrando ya en la segunda de las medidas incluidas en la
resolución de la Comisión Mixta, también hago entrega al señor Presidente
de un juego completo de balances y cuentas de pérdidas y ganancias del
FAD, correspondientes al período 1986-91, que están debidamente aprobados
por la Comisión Interministerial del FAD. Los estados financieros
relativos a 1992 han sido auditados recientemente y serán sometidos a la
Comisión en el curso de la próxima reunión. Asimismo, los estados
financieros correspondientes a 1993 estarán disponibles próximamente, de
manera que a lo largo del primer cuatrimestre del presente año contemos
igualmente con la preceptiva aprobación por parte de la comisión
interministerial.

Una vez se hayan cumplido todos los trámites formales necesarios, el
Gobierno remitirá a las Cortes una copia de estos estados financieros
correspondientes a los años 1992 y 1993. Por tanto, entendemos que antes
del mes de mayo tendrán SS. SS. una información totalmente detallada y
exhaustiva de las cuentas de pérdidas y ganancias, estados financieros y
situación de las concesiones de créditos del Fondo de Ayuda al
Desarrollo, de acuerdo con las dos primeras recomendaciones que hace la
resolución de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas.

En lo que respecta a la tercera de las medidas propuestas, convendría
señalar que el Gobierno siempre ha considerado el consenso de la OCDE
como uno de los pilares básicos de su política de crédito concesional, en
particular, y en general de financiación de exportaciones. Ello
esencialmente --y creo que contesto a S. S.-- por dos razones: la primera
es que el Gobierno entiende que el consenso de la OCDE es un mecanismo
eficaz para la regulación internacional de la financiación de
exportaciones para evitar que la financiación se convierta en un
instrumento regulador de la competencia internacional y para asegurar el
flujo de fondos destinados a la financiación de proyectos de inversión en
países en desarrollo.

El segundo motivo es que el consenso es normativa interna española, como
sabe S. S. Efectivamente en el ámbito comunitario de la Comisión, es la
Comisión quien negocia y suscribe el consenso, en virtud del artículo 113
del Tratado de Roma, y este acto es objeto posteriormente de una decisión
del Consejo, que anualmente ratifica la adhesión de la Unión Europea al
consenso. La primera decisión del Consejo, en este sentido, es la de 4



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de abril de 1978, formando parte del acervo comunitario y que España
asume con motivo de nuestra adhesión a la Comunidad y con independencia
de que con anterioridad España ya, como país individual, lo había
suscrito.

Por estos motivos el Gobierno continuará haciendo uso del consenso de la
OCDE, tal y como señalaba S. S., como uno de los instrumentos reguladores
básicos de su actividad de financiación concesional de exportaciones. En
este sentido la explicación del consenso y sus recientes cambios será,
como ya lo fue en anteriores ediciones, uno de los apartados
fundamentales de esta publicación divulgativa que antes hemos anunciado.

La comprensión del alcance y el contenido específico del consenso, sus
posibilidades y sus límites son un factor decisivo en el proceso de
negociación comercial. Por todo ello, una vez más aprovecho la
oportunidad que me brinda esta comparecencia para poner a disposición de
todos los señores Diputados el texto del consenso, del que entrego una
copia al señor Presidente de la Comisión.

La cuarta propuesta contenida en la resolución de la Comisión Mixta,
prevé el suministro de una serie de informaciones y de datos regulares
que, en gran medida, están ya siendo remitidos a las Cortes.

Efectivamente, es a propuesta del Gobierno, por lo que ya el anteproyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1991 incluía una
disposición por la que el Gobierno habría de informar a las Cortes con
carácter periódico acerca de la evolución del FAD. Esta propuesta de
Gobierno se ve plasmada en el último párrafo del artículo 61 de la Ley
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1991, y un
párrafo similar a éste ha aparecido desde entonces en todas las leyes de
presupuestos.

Cumpliendo con este precepto legal, y adelantándome posiblemente a lo que
ya se ha remitido a las Cortes por las vías preceptivas, hago entrega al
Presidente de la Comisión de una copia del informe relativo a la
actividad del FAD correspondiente a 1993.

Continuando ya con el análisis de esta cuarta propuesta, conjuntamente
con la quinta de un contenido paralelo, cabe señalar que posiblemente la
únca diferencia sustancial existente entre esta información habitualmente
suministrada por el Gobierno y la que ahora se propone que remita a las
Cortes, es que en este caso también se solicitan datos relativos a las
formalizaciones y disposiciones crediticias efectuadas con cargo al FAD.

Aquí me gustaría hacer una consideración de carácter metodológico o
filosófico, si me permiten, y decir que nosotros entendemos --y ésa es la
filosofía del Gobierno-- que suministrar periódicamente la información
que damos del Fondo del Desarrollo es realmente un instrumento útil de
control de las Cortes sobre las decisiones gubernamentales, ahora bien,
los datos referentes a formalizaciones y disposiciones, que son hechos
automáticos una vez que se ha producido la autorización o la concesión, a
nosotros nos parece que son bastante automáticos y que, por tanto, tienen
más que ver con las cláusulas del contrato de referencia comercial que
realmente de interés como elemento de control. Entendemos que el elemento
básico de control son las autorizaciones y concesiones de crédito. No
obstante, como una muestra más de la intención del Gobierno de dotar a
este instrumento de toda la transparencia que fuese posible, estoy en
condiciones de señalar que, en primer lugar, el Gobierno ampliará la
información relativa al FAD, que periódicamente suministra a las Cortes,
atendiendo a esta resolución del Tribunal de Cuentas; y, en segundo
lugar, tendrá oportuno reflejo --nos parece la medida más adecuada-- en
la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En definitiva, señorías, mi intención a lo largo de toda esta
intervención sobre el informe del Tribunal de Cuentas y sobre las
resoluciones de la Comisión Mixta Cortes-Tribunal de Cuentas, es
transmitir la idea de que el Gobierno está completamente abierto a
cualquier iniciativa que dote al FAD de la necesaria transparencia
política. En este sentido la auditoría llevada a cabo por el Tribunal de
Cuentas entendemos que es una garantía de claridad, claridad que el
Gobierno no desea que se detenga en el ejercicio de 1990, que es el
último ejercicio a que hace mención el Tribunal, sino que quiere
extenderlo, en la medida de lo posible, hasta el año 1993.

Me gustaría hacer a SS. SS. una serie de consideraciones y luego, además,
hacer algunas matizaciones y contestar a algunas de las consideraciones
hechas por el señor Diputado.

Quisiera que no se confunda, en primer lugar, la transparencia política
con la necesaria prudencia comercial. El señor Diputado mencionaba, como
si eso fuera una voluntad de ocultación de la Secretaría de Estado y del
Gobierno de una serie de datos sobre empresas, clientes, comisiones,
etcétera. No, señorías; no existe la más mínima voluntad de ocultación.

Lo que existe es un criterio de prudencia que hace que muchos de esos
datos no puedan ni deban ser suministrados, porque corremos el grave
riesgo de poner a nuestras empresas en una situación de inferioridad
manifiesta, y de inferioridad manifiesta en la competencia internacional.

Por tanto, entendemos que los datos verdaderamente relevantes desde el
punto de vista del control, desde el punto de vista de la información y
de la transparencia pública, están suficientemente dados y ahora aclararé
algunas discrepancias que parece tenía S. S. Les invito, de verdad, a una
sincera reflexión conjunta acerca de los modos y maneras en que podemos
cumplir con esas responsabilidades, porque creemos de verdad que hay
datos, referencias y términos de muchos de los contratos de los créditos
que sinceramente pueden cubrir la curiosidad de SS. SS. pero que, en
algunos casos, estamos haciendo un flaco favor a la competitividad de
nuestras empresas en el exterior. Hay veces en que los instrumentos
comerciales son un largo proceso; conseguir un cliente en estos países en
un muy largo proceso. No crean SS. SS. que se consigue una operación
única y exclusivamente porque haya una buena estructura financiera para
cubrir esa operación. Hay que descubrir esa operación y las empresas
necesitan años para, en muchos caso, en países además especialmente



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complicados, conseguir levantar en términos comerciales esa operación.

Por tanto, yo quisiera, y lo digo con toda honestidad parlamentaria, que
se hiciese una seria reflexión cuando se hace una petición enorme de
datos. En este momento tenemos incluso parte del aparato informático
bloqueado --el nuestro y el del ICO--, por suministrar una serie de
informes. Queremos que sean conscientes SS. SS. de que muchos de esos
datos no ayudan sustancialmente y, sin embargo, están en algunos casos,
vuelvo a reiterarlo --perdón por mi reiteración--, haciendo un flaco
servicio a nuestra exportación.

Quisiera hacer algunas menciones muy concretas a algunas de las
cuestiones que mencionaba S. S.

En primer lugar, efectivamente el informe del Tribunal de Cuentas nunca
utiliza lo de normativa confusa. Yo creo que S. S. a veces utiliza
expresiones como irregularidades, confusión... Es verdad que existe una
normativa, tal vez insuficiente, tal vez no suficientemente clara,
normativa que sufre la propia unidad gestora de los Créditos de Ayuda al
Desarrollo, puesto que a nosotros nos encantaría que esa normativa fuese
mucho más completa, mucho más clara y mucho más precisa; pero la verdad
que no es así, y eso no depende únicamente de la voluntad del Instituto
de Crédito Oficial, como agente financiero del Gobierno, que hace
realmente la función esencial que tiene todo agente financiero del
Gobierno, que es la concesión, autorización y formalización de los
créditos.

Por tanto, no existe, en mi opinión, ninguna confusión que traiga consigo
una utilización incorrecta de los Fondos, ni aparece en ningún momento
una irregularidad o irregularidades, como hacía mención S. S. Desde
luego, en las resoluciones de la Comisión Mixta Cortes-Tribunal de
Cuentas en ningún momento se hace referencia a que existan durante esos
años irregularidades de esta naturaleza.

En cuanto al mecanismo de que existe un escaso rigor presupuestario, la
verdad es que creo que se confunden cosas aquí. A veces se dice: Es que
las autorizaciones han sido muy superiores a las dotaciones; es que en
ocasiones la información que se suministra al Tribunal de Cuentas es
distinta a la que se suministra al Parlamento. Si S. S. analiza con rigor
y con detalle el propio informe del Tribunal de Cuentas, en ningún
momento el Tribunal de Cuentas considera que exista diferencia en cuanto
al suministro de cifras en un caso y en otro. Lo que ocurre es que hay
ocasiones en que se hace mención a autorizaciones, otras veces se hace
mención a concesiones, otras a formalizaciones, y en cada uno de esos
pasos las cifras obviamente son distintas. Que el Consejo de Ministros
autorice menos de lo que ha autorizado la comisión interministerial es
lógico; que el Instituto de Crédito Oficial formalice menos créditos que
los que ha aprobado el Consejo de Ministros es lógico; el que, en
ocasiones, las autorizaciones superen con mucho a las dotaciones es
porque no hay otra forma real de hacer las cosas, porque existe un enorme
riesgo --y eso nos lo dicta la experiencia, no hay otro mecanismo-- de
que un porcentaje muy alto de operaciones no vayan adelante. Por tanto,
la comisión interministerial no se puede restringir sólo a aprobar
aquellas operaciones que tienen ya un 100 por ciento de posibilidad.

Tiene que moverse en el terreno --permítanme el término aéreo-- de un
cierto «overbooking», que luego va a ser sustanciado en las
autorizaciones definitivas y en las formalizaciones. Por tanto, de
verdad, no existen esas cifras que citaba S. S. de diferencias de 200.000
millones. Se está hablando de conceptos distintos. No existen grandes
diferencias y se está hablando de momentos distintos; se habla de
concesiones, se habla de autorizaciones, o de formalizaciones.

Respecto a la ocultación de datos en relación a las empresas creo que he
hecho una mención muy específica de carácter constructivo a una reflexión
conjunta en cuanto a la utilidad o al coste-beneficio que tiene la
utilidad y el servicio que estamos haciendo a nuestros exportadores
aireando o estableciendo ese tipo de datos, que entiendo no añaden nada
al ejercicio de control que ejerce las Cortes sobre el Gobierno.

Por otra parte, se habla de que ha habido un incremento en determinados
países en riesgo, de que se han incumplido las leyes generales
presupuestarias, de que el sistema prácticamente está en suspensión de
pagos. Pues no hay nada de esto. Lo que sí ha habido, y S. S. lo conocerá
perfectamente, es que en ocasiones hay cierta diferencia entre la
Tesorería y las dotaciones, y el Instituto de Crédito Oficial, con toda
lógica, en esos casos ha tenido que llamar la atención de las
instituciones del Gobierno que tienen responsabilidad sobre estos temas
--tanto el Ministerio de Economía en este caso como el propio Ministerio
de Comercio-- para que hubiera una dotación razonable de fondos y
pudieran hacer frente a esas concesiones. De eso a decir que el sistema
está en suspensión de pagos, me parece un poco exagerado. Por otra parte,
sí es verdad que en algunos momentos hubo cierta tensión --hace dos años
exactamente-- ya que algunas empresas no recibían sus fondos en tiempo y
forma. Hubo una intervención muy directa tanto por parte de la Secretaría
de Estado de Comercio como por parte de la Secretaría de Estado de
Economía para resolver esa situación, y me gustaría que S. S. mencionase
algún caso en que alguna operación se haya visto frustrada o no haya
podido llegar al final por ese motivo. Ni una sola operación. Me gustaría
que me mencionara alguna en concreto. Conste que reconozco que en algún
momento determinado hubo esa diferencia, que fue solventada gracias a la
intervención de la Secretaría de Estado de Comercio y de la Secretaría de
Estado de Economía.

Vuelve a utilizar S. S. muchos adjetivos, creo que tiene una afición
desmedida por ellos y utiliza la expresión caótica. No hay caos ni hay
desmesura ni hay irregularidades ni hay descontrol. No, nada de eso dice
el Tribunal de Cuentas; nada de eso. Establece que la normativa podía ser
mejor, establece que le podíamos informar más y mejor, establece que
puede haber mayor transparencia pero, en ningún momento, el ejercicio que
hace el Tribunal de Cuentas en su fiscalización, tiene nada que pueda ser
considerado por el Gobierno ni por estas Cortes como



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negativo, contradictorio o en contra del funcionamiento del Fondo de
Ayuda al Desarrollo en estos años.

Después ha hecho S. S. una serie de consideraciones. Sobre el tema de
seguimiento tengo que decirle que las medidas que se están tomando y las
que se van a tomar creo que van a dar cumplida respuesta a ese mecanismo
de seguimiento. Una gran parte de la documentación, de la que he hecho
entrega al Presidente de la Comisión para que lo comunique asimismo a SS.

SS., creo que cumple en gran medida ese seguimiento.

No creo que sea tan frecuente en otras instituciones que se entreguen los
datos del año 1993 completos en el mes de febrero, pero no nos
consideramos satisfechos y vamos a continuar con el ofrecimiento de más
datos, de más información, siempre atendiendo al último elemento a que
antes hacía mención, y es que si esos datos entendemos razonablamente y
desde el punto de vista de la lógica comercial, no ayudan en nada a la
información en la transparencia y, sin embargo, pueden perjudicar, así lo
haremos saber.

Dice S. S. que la lógica comercial está en contra de la ayuda oficial al
desarrollo y que estamos, de alguna manera, yendo en contra de
determinadas resoluciones de un Pleno --me parece que ha hecho mención--
del Congreso. En todo caso, quiero enmarcar adecuadamente la situación.

En primer lugar, el Fondo de Ayuda al Desarrollo, que tiene una
repercusión indudable en el desarrollo de los países a los que van
dirigidos los créditos, tiene como misión fundamental, y así está
definido en el Decreto-ley que lo crea, en el año 1976, medidas de
urgencia de carácter económico, fundamentalmente el apoyo de nuestras
exportaciones. Lo que ocurre es que como ese fomento a las exportaciones
se hace con créditos de carácter concesional que vienen de dotaciones
presupuestarias, no se dirige a cualquier país; se dirige a países que
tengan unas condiciones a los que no es posible hacerles prestatarios de
créditos comerciales de carácter normal. Por tanto, el Fondo de Ayuda al
Desarrollo es no única pero sí fundamentalmente un mecanismo de apoyo a
nuestras exportaciones a través de la financiación con créditos de
carácter concesional, que vienen de dotaciones presupuestarias. Lo que
ocurre es que, al igual que en nuestro país, muchos otros países que
pertenecen al Comité de Ayuda al Desarrollo consideran que una parte
importante de esos créditos tiene un grado o carácter de concesionalidad
y, por tanto, contabilizan una parte de esos créditos como ayuda oficial
al desarrollo. Nosotros estamos, al igual que cualquier otro país de la
OCDE, incluidos en ese esquema. Nuestra lógica comercial no está entrando
en contradicción, en absoluto --ésa es mi opinión--, con la ayuda oficial
al desarrollo, puesto que existe una normativa de carácter general que
nos afecta, igual que al resto de los países de la OCDE, en cuanto a
cuáles de esos créditos, qué cuantía o qué porcentajes de esos créditos
se consideran ayuda oficial al desarrollo.

En cuanto a la supuesta descoordinación que existe en lo que se refiere a
la cooperación, a que existan dos comisiones interministeriales, y a
quién coordina eso, otra vez parece que las cosas van manga por hombro,
señoría, la Comisión Interministerial del FAD tiene unos objetivos muy
claramente definidos y la Comisión Interministerial para la Cooperación
Internacional también. En esa Comisión Interministerial, el Ministerio de
Comercio y Turismo, la Secretaría de Estado de Comercio Exterior en
concreto, aporta todos los años los datos de todo lo que se puede
considerar como ayuda o como aportación del Ministerio de Comercio a la
ayuda o cooperación internacional. Ahí se incluyen los fondos de ayuda al
desarrollo, se incluye la participación de España en los organismos
financieros multilaterales, los bancos de carácter regional,
interamericano, asiático, africano, fondo africano, etcétera, y cuando
acaba de aprobarse, recientemente por el Gobierno, el Plan Anual de
Cooperación Internacional, están debidamente incluidos todos aquellos
componentes, sean de Fondo de Ayuda al Desarrollo, sean de participación
en organismos financieros multilaterales, sea de participación en
organismos no financieros multilaterales o incluso en ayudas que se
consideran de apoyo o de cooperación en el Instituto de Comercio
Exterior, todos esos componentes que están a disposición de SS. SS. están
recogidos en el Plan de Cooperación. No existe, por tanto, ninguna
incompatibilidad ni solapamiento entre la Comisión Interministerial del
FAD, que tiene unos objetivos y unos elementos muy bien definidos, y el
Plan Anual de Cooperación Internacional, que es una comisión que preside
el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde estamos incluidos
prácticamente todos los ministerios de Administración pública que
dedicamos algunos fondos a esos menesteres y que están debidamente
incluidos en la contabilidad anual que se hace de ese Plan.

Posteriormente ha hecho mención también a los criterios de distribución
geográfica, que se dijeron tenían que ser más o menos de una manera
expresa. En la medida de lo posible, intentamos que eso se parezca lo
máximo a lo deseable, pero el mundo de los negocios, el mundo comercial
no se puede regir por criterios absolutamente tan rigurosos como para
decir: En el momento que se llegue al 40 por ciento con América Latina,
ni un crédito más, y en Africa, hasta que no lleguemos al 30, no hemos
cumplido. La realidad es mucho más terca que nuestras propias
previsiones. Evidentemente, creo que, en general, y como línea
tendencial, lo que existen aún son áreas geográficas especialmente
prioritarias. Efectivamente, América Latina es un área prioritaria muy
importante, y el hecho de que se haya pasado del 45 al 52 por ciento
--datos que utiliza S. S. y que, por supuesto, doy como absolutamente
ciertos-- es una mejora sustancial; no pasa nada, y me parece muy bien.

El caso de que en Africa no se haya llegado es porque incluso con
créditos concesionales, incluso con créditos que a veces casi parecen un
regalo, tampoco se pueden levantar determinadas operaciones, porque no
siempre puedes conceder un crédito concesional 100 por ciento para una
determinada operación y en cuanto intentas mezclarlo con crédito
comercial no existe la más mínima capacidad de garantía por parte del
país receptor de ese tipo de créditos. Por tanto,



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nos parece que los objetivos que pretende el Fondo de Ayuda al
Desarrollo, en cuanto al apoyo de nuestras exportaciones en determinados
mercados, que siguen siendo mercados muy importantes para nosotros, es
fundamental.

Una crítica que se hace es que se ha prestado, fundamentalmente, a los
más ricos dentro de los pobres. Pues, hombre, no ha sido así. Nosotros
hemos aprovechado hasta que esos países han superado, según el acuerdo de
Helsinki, la barrera de no elegibles; mientras tanto, desde luego, hemos
apoyado a tope a nuestros exportadores para que lo hagan. En un informe
muy reciente tanto de Comercio Exterior como un informe que aparece en el
Diario «The Economist» de hace dos semanas, y en el «Project Finances»
dicen que los métodos utilizados por España tanto en el caso de China,
que hace mención específica, como en otros países, son objeto de envidia
e imitación por parte de países que no son precisamente ningunos
aprendices en lo que se refiere al manejo del crédito a la exportación.

Me remito, y siento no haber traído una fotocopia, del último número de
«Project Finances» donde aparecen estas precisiones. Por tanto, no
andamos tan descaminados ni tan descoordinados en la forma que tenemos de
apoyar a nuestras exportaciones en el exterior. Efectivamente, esa cifra
que a usted le da Asia se debe, en gran medida, a que gracias a una
política coordinada y coherente seguida en los últimos años, hemos
conseguido tener una presencia en un mercado tan importante como el
mercado chino, que hubiera sido impensable hace solamente ocho o nueve
años y que hace que, efectivamente, haya un componente muy importante de
los créditos que van a parar al mercado asiático y, fundamentalmente, al
mercado chino.

Ha hecho alguna mención también a material de guerra o armamento militar.

No hay créditos FAD para armamento militar; las propias normas de la
comisión interministerial así lo establecen. Creo que ya ha habido
sucesivas comparecencias en estas Cortes sobre ese tema, tema que ha
quedado suficientemente zanjado; no existe y no hay una sola mención del
Tribunal de Cuentas a que haya existido ni una sola financiación a bienes
que puedan ser considerados como material de defensa o material de doble
uso.

En cuanto al tema del material extranjero, el 10 por ciento de material
extranjero es un porcentaje que nosotros teníamos antes de entrar en la
Comunidad Económica Europea; en la actualidad, como S. S. sabe, la propia
legislación comunitaria eleva bastante ese porcentaje y se puede llegar,
incluso, hasta el 30 por ciento. Por tanto, en muchos casos nos ha
parecido, por la importancia de la operación, que había que incorporar
porcentajes superiores de material extranjero en la financiación por
encima de ese 10 por ciento a que se refería.

En cuanto a las excepciones, la verdad es que me gustaría que dijera S.

S., aparte de la operación de Venezuela, qué otra excepción ha
encontrado, porque parece que la excepción es la regla, y quitando la
operación de Venezuela y otra operación, no porque no sea de bienes y
servicios españoles sino porque atiende a un fondo internacional que era
el Fondo Subsahariano, donde se dedicaron unos fondos de ayuda al
desarrollo, pero que era para suministro de bienes y servicios españoles,
no hay más excepciones; me parece que no existe ninguna otra excepción
que no sea financiación de bienes de equipo en un sentido amplio, es
decir, de operaciones con financiaciones a medio y largo plazo. La única
es la de Venezuela y, en su día puede ser que hubiera alguna en el caso
de Guinea Ecuatorial, que no tengo en este momento en la cabeza, pero son
muy pocas las excepciones. Es decir, con carácter general, el 90 por
ciento de las financiaciones van dirigidas a bienes, no por el hecho de
que sean bienes de equipo o porque tengan un mayor valor añadido
nacional, que también; es por el hecho de que queremos hacer coherente el
período de amortización con la vida útil del bien. Evidentemente no es lo
mismo financiar un bien de equipo, que tiene una vida útil de 10 o de 15
años, que financiar una «commodity» que se consume inmediatamente. Ese es
el motivo por el cual normalmente utilizamos los créditos de Fondos de
Ayuda al Desarrollo para la financiación de operaciones a medio y largo
plazo que normalmente coinciden con bienes de equipo o con plantas
completas llave en mano que tienen un período, lógicamente, de vida útil
muy superior; adaptamos el crédito a la vida útil y no damos mejores
condiciones simplemente por el país o porque consideremos que en ese
momento se quiere establecer una prioridad distinta.

Por último, en lo que se refiere a las normas del consenso, quiero
decirles que he hecho entrega al señor Presidente de la Comisión del
último informe del consenso. La información sobre el consenso es bastante
exhaustiva; en el «Boletín de Información Comercial Española» todos los
meses --me parece que es la tercera semana de cada mes-- aparece toda la
información relativa al consenso, no solamente tipos de interés, matriz,
etcétera; es decir, no existe en este momento ninguna insuficiencia de
información sobre consenso.

Para terminar, permítanme SS. SS., señor Presidente, volver a insistir;
de verdad que no es un criterio exclusivamente de carácter
administrativo. Las preguntas referidas a muchos detalles a que se hacía
mención anteriormente, de verdad que son preguntas que en ningún
Parlamento se hacen, y no porque el Gobierno lo niegue, es que los
parlamentarios no lo piden; en ningún país existe esa petición de
información que puede dejar en una situación comercialmente difícil a
nuestros exportadores.




El señor PRESIDENTE: En justa correspondencia a la información que nos ha
suministrado y que se distribuirá a los grupos parlamentarios, tengo que
pedirle en este momento que haga llegar a los miembros de la Comisión la
revista «Información Comercial Española» que no llega desde hace tiempo.

Además, del Grupo Parlamentario Popular, ¿algún grupo parlamentario desea
fijar su posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, yo



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no sé lo que hacen los parlamentarios de otros países; yo sé lo que hace
este parlamentario y lo que hace mi grupo, y mi grupo pide control y pide
información al Gobierno. Que ustedes quieran o no quieran proporcionarla
es su problema. Yo le aseguro que en ningún país esto tiene consideración
de secreto de Estado. Tampoco la tiene aquí, y por tanto está sometido a
control parlamentario. Lo que ustedes no pueden hacer es, día tras día,
intentar evadir ese control parlamentario asegurando que eso pone en
peligro los intereses comerciales de las empresas españolas. Mire usted,
este es un crédito concesional, es una subvención y no entendemos por qué
cuando el Gobierno concede subvenciones a determinadas empresas, los
ciudadanos o el resto de las empresas no pueden saber qué subvenciones
concede nuestro país a esas empresas beneficiadas. Además --y el propio
informe del Tribunal de Cuentas lo reconoce-- el Fondo de Ayuda al
Desarrollo no se articula como créditos gobierno a gobierno. Como usted
muy bien ha dicho son operaciones ya trenzadas por las propias empresas y
por tanto, como hay unas que reciben esta subvención y hay otras que no
la reciben, lo que queremos saber es por qué se reciben y por qué no se
reciben.

Lamento que usted tenga paralizado el sistema informático desde hace ya
dos meses y medio, que me parece fue cuando le formulamos las últimas
preguntas, relativas a algo tan sencillo como qué créditos o qué
operaciones se habían pagado y qué operaciones, en cada situación, están
pendientes de pagar. En ningún caso se le han pedido datos relacionados
con FAD y con pago de comisiones; nosotros sabemos que hay comisiones que
son legales, indudablemente, está regulado y entendemos perfectamente que
se paguen comisiones derivadas de las operaciones de exportación, pero
eso no quiere decir que no comprobemos si realmente esas operaciones de
exportación se han realizado o no. En ese sentido creo que es el control
del que usted se quejaba, y lamento decirle que va a seguir siendo
efectivo.

Decía usted que no se habla de irregularidades en ninún apartado del
informe del Tribunal de Cuentas. Mire usted, es un calificativo que he
expresado yo y que han señalado también importantes medios de
comunicación de nuestro país, porque creemos que son irregularidades
algunas de las cosas que se denuncian. En la página 20, se dice:
contabilización de operaciones de forma discontinua y con retraso; en la
página 21 se habla de inexistencia de cuentas de resultados y de cierres
de ejercicio; en la página 29, de incumplimiento del principio del
devengo; en la página 24, de consignación de donaciones como créditos; en
la página 11, de escaso rigor presupuestario; en las páginas 22 y 28, de
no contabilizar los intereses devengados por operaciones de tesorería; en
la página 35, de falta de fiabilidad en los datos. Y se dice: durante
1990 se han realizado más de 150 asientos referidos a la contabilidad de
1988. Entiendo que usted intente defender aquí, en esta Comisión, que no
son irregularidades, que no es gestión caótica, es la máxima marxista de
negar la evidencia, pero, indudablemente, negando la evidencia no se
logra que la realidad sea distinta.

Ha hecho algunas otras referencias al asunto que nos trae hoy aquí. A mí
me parece muy bien que entregue hoy toda la información que ha entregado
al Presidente de la Comisión. Hubiera sido deseable que esa información
la hubiéramos tenido unos días antes para haber comprobado si esos
cierres de balance y esas cuentas de resultados se ajustan a los datos
que ustedes han proporcionado a través de preguntas parlamentarias en
otras ocasiones.

Ha hecho referencia también al consenso de la OCDE y no ha dejado claro
cuál va a ser el futuro de la aplicación de las normas de este consenso
referido al límite presupuestario establecido en los países que superan
los 2.460 dólares. No ha hecho ningún tipo de referencia a esta cuestión.

Tampoco ha hecho referencia al tema de las donaciones.

En cuanto a la información periódica, usted habla de la Ley de
Presupuestos de 1991, artículo 61, tengo que recordarle que después de
esa Ley ha habido dos leyes generales de presupuestos, una aprobada en
1992 y otra aprobada en 1993, referentes a esos mismos años, en las que
se dice expresamente que la Secretaría de Estado remitirá semestralmente
--no periódicamente, señor Secretario de Estado-- el informe sobre la
gestión del FAD, y usted la ha incumplido año tras año. Por tanto, ha
incumplido las leyes que nos damos en este Parlamento.

Usted decía también que era lógico que las autorizaciones fueran
superiores a los pagos del ICO. Estaría de acuerdo con usted si nos
refiriéramos a un ejercicio concreto. Cuando estamos hablando de un
período de siete años, me parece evidente que la acumulación de datos no
puede ser tratada de la misma forma, máxime cuando en estos dos últimos
años, 1994 y 1993, las autorizaciones por ley son las mismas que las
concesiones, exactamente 80.000 millones, y a pesar de eso existe un
desfase de 203.000 millones. Usted decía que no había planteado problemas
a las empresas o que no conocía ningún caso en el que no se hubiera
realizado proyecto avalado por un crédito FAD. Indudablemente, no se ha
resuelto o deshecho ningún contrato; simplemente se han paralizado a
esperas de que ustedes pagaran.

En septiembre de 1991, el ICO envía una comunicación a las empresas y les
dice que no tiene fondos para pagar las obligaciones de la propia
Secretaría de Estado. En junio de 1992 esa comunicación se remite a
varias empresas españolas y se les avisa que ya no hay fondos disponibles
con la consignación presupuestaria de ese año. En 1993, en el último
ejercicio, otra vez en septiembre. No me diga usted que no se está en
situación de suspensión de pagos. Evidentemente, no hay suspensión de
pagos ante un tribunal y declarada oficialmente, pero, evidentemente, se
deja de pagar a las empresas españolas. Como son créditos oficiales, el
Estado tiene la sartén por el mango. No le voy a decir qué empresas son
las que han paralizado o a qué empresas se les ha mandado esa información
porque usted debe saberlo. A traves del ICO no tendría más que ver la
relación de empresas a las que se ha enviado y, por tanto, no le voy a
sacar de esa duda.

En cuanto al tema de la descoordinación administrativa, no lo digo yo, lo
dice el Parlamento, lo dicen todos los



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grupos de esta Cámara cuando aprueban un informe, el 26 de noviembre de
1992, en el que se señala expresamente que hay descoordinación de la
Administración Central del Estado. Por tanto, no intente decir que en el
informe del Tribunal de Cuentas no se dice eso. Mire usted, lo dice el
Parlamento por apoyo casi unánime --254 votos de los 256--, como decía
antes, el 26 de noviembre.

En cuanto al tema de separar los créditos comerciales o el objetivo de
política comercial de los créditos FAD, es indudable, no lo he puesto en
duda en ningún momento, lo dice la ley, pero le he preguntado de qué
forma van a recoger la recomendación --si es que piensan hacerlo-- que
hace el Parlamento para que se separen lo que son créditos comerciales de
ayuda oficial al desarrollo y para que se separen fondos de ayuda al
desarrollo de lo que es incentivar las exportaciones o la apertura de
nuevos mercados. Eso es lo que le he preguntado. Por tanto, no intente
atribuirme palabras que yo no he dicho; no he hecho más que leerle las
resoluciones de este Parlamento.

En cuanto al tema del 10 o del 30 por ciento de la Unión Europea, en el
«metro» de Medellín el 45 por ciento es a empresas que no son españolas.

Siento decirle que con lo que nos cuestan estos créditos, que el nivel de
concesionalidad es del 35 por ciento, me parece que no es muy positivo o
muy inteligente que concedamos créditos para crear puestos de trabajo en
otros países, sencilla y llanamente.

En cuanto al tema de las excepcionalidades, creo que no ha leído bien el
informe del Tribunal de Cuentas porque habla de más excepcionalidades
aparte de la de Venezuela. Se concede otra vez crédito de ayuda al
desarrollo para la exportación, y también por la misma empresa, de azúcar
a Argelia. Se concede otro crédito también para repuestos a Cuba. Si
miráramos expediente a expediente que, a pesar de lo que ustedes han
dicho en otras ocasiones, no hemos tenido jamás oportunidad de ver,
seguramente descubriríamos más casos, sobre todo en lo que son las líneas
de crédito para pequeñas y medianas empresas. Como le digo, con
operaciones grandes, con operaciones bilaterales, sin rebuscar demasiado
entre mis papeles, le doy dos y creo que para botón bien sirve una
muestra.

Por último, quiero decirle que este grupo va a seguir el control sobre
este tema. Ya el propio Parlamento, la propia Comisión Mixta sobre el
Tribunal de Cuentas pidió la fiscalización urgente de los años 1991 y
1992 y vamos a seguir atentamente ese asunto. No entiendo que ustedes
tengan que preocuparse porque los españoles tengan conocimiento de a qué
se dedica la ayuda oficial al desarrollo y a qué empresas se está
beneficiando, sobre todo cuando el propio informe del Tribunal de Cuentas
señala y denuncia (no sé si está bien traída la palabra denuncia, porque
usted me dirá que en el informe del Tribunal de Cuentas no pone en ningún
sitio la palabra denuncia) que hay que una concentración excesiva en
determinadas empresas públicas. Usted me dirá que las empresas públicas
son las más grandes. Pues bien, la propia evolución de los fondos de
ayuda al desarrollo demuestra que eso no es así, porque eso que se
produce fundamentalmente en el período 1987-1990, que es el período de
fiscalización, no se realiza en los siguientes años, más concretamente no
se realiza en el año 1993, donde sí existe una mayor apertura hacia
empresas privadas.

Por tanto, señor Secretario de Estado, agradecemos su comparecencia y
deseamos que otra vez que comparezca y nos traiga tanta información nos
la haga llegar un poco antes para ver si tiene alguna incidencia en la
información que nos han suministrado con anterioridad y no se entra de
nuevo en contradicciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Padrón tiene la palabra.




El señor PADRON DELGADO: Muy brevemente, quiero agradecer toda la
información que nos ha expresado aquí el Secretario de Estado de Comercio
y que compartimos en gran medida, puesto que, efectivamente, el Grupo
Socialista examinó en su momento el informe de fiscalización efectuado
por el Tribunal de Cuentas, junto con las alegaciones que en su momento
remitió el ICO en documento separado, referido a la contabilidad y a los
gastos de administración de los créditos FAD, así como de las propias
alegaciones expuestas por la Secretaría de Estado de Comercio.

Tenemos que coincidir con lo manifestado por el Secretario de Estado de
Comercio, porque, efectivamente, en el informe del Tribunal de Cuentas
(y, además, así se puso de manifiesto cuando esto se vio en la Comisión
Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Tribunal de Cuentas) no
existen imputaciones sobre una mala gestión o sobre deficiencias graves o
irregularidades en la gestión y en la tramitación de los créditos FAD. Es
más, en muchas conclusiones lo único que pone de manifiesto el Tribunal
de Cuentas es una mera exposición, a lo largo de una serie de
conclusiones, de lo que ha sido la evolución desde el momento de creación
de los créditos FAD hasta el año 1990. Nos ha extrañado, por tanto, la
reiterada crítica que se ha expuesto por parte del Grupo Popular, ya que
el propio Presidente del Tribunal de Cuentas, responsable del informe,
cuando se vio este informe en la Comisión Mixta, tampoco manifestó
ninguna discrepancia grave o irregularidad, como aquí se ha puesto de
manifiesto, imputando una serie de errores, de descoordinaciones y de
despropósitos en la aplicación de los créditos FAD. En algún momento,
incluso, fue utilizado como una crítica el hecho de que se imputase una
serie de concentaciones de riesgos de créditos FAD a empresas o países.

Sin embargo, a la vista de las explicaciones dadas en su momento,
estimaron el Grupo Socialista y la mayoría de la Comisión que la
concentración de riesgos en ciertos países era la adecuada, porque se
manifestaba una tendencia creciente a una serie de créditos FAD
concedidos especialmente a América latina y al Magreb, que es adonde, en
efecto, se han dirigido las exportaciones españolas. En cuanto al tema de
la concentración de empresas, tampoco es tan grave la cifra que aquí se
imputa como alta, puesto que en un 46 por ciento se refiere a



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grandes empresas exportadoras españolas con un alto nivel de empleo y,
por tanto, de actividad económica y exportadora.

Por todas estas razones rechazamos las imputaciones y las críticas
vertidas por el Grupo Popular. Creemos que la documentación que se nos ha
ofrecido es suficiente. Por esta misma razón, cuando se vio el informe en
la Comisión Mixta presentamos, y fueron aprobadas por unanimidad, una
serie de resoluciones solicitando del Gobierno información complementaria
y ampliar la norma que regula los créditos FAD, para una mayor precisión.

Por tanto, estamos conformes con los criterios que ha expresado el señor
Secretario de Comercio Exterior para dar cumplimiento a las resoluciones
aprobadas por el Parlamento que, en definitiva, son las de una mayor
información, que permita un seguimiento estricto, hasta la medida de lo
posible, puesto que también coincidimos en que una cosa es la información
parlamentaria y otra es la información, muchas veces confidencial, que
pudiera poner en peligro la competitividad de esas operaciones realizadas
por empresas españolas, en un mundo en donde la información es uno de los
elementos claves a la hora de conseguir determinados contratos de
suministro de bienes o de servicios. En ese afán se apoyar las
exportaciones españolas, así como al sector exportador, creemos que es
necesaria la información, pero poniendo los límites precisos para que la
misma no sea conocida o utilizada en contra de nuestro propio sector
exportador.

Nos alegramos por la información presentada; coincidimos con las notas y
las aclaraciones expresadas por el señor Secretario de Estado de Comercio
Exterior y reiteramos que una lectura desapasionada y literal del informe
del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto, como alguna irregularidad
--aquí se ha hablado de errores contables y demás--, el tema del devengo
o el tema de la no imputación, en un determinado momento, de la
periodificación en los vencimientos de intereses en comisión. Son temas
de los que el ICO informa en las alegaciones; y son temas corregibles,
pero que no ponen en duda la buena gestión que viene haciendo el ICO en
la administración de estos créditos ni la buena gestión que la comisión
interministerial viene realizando en la dotación de estos créditos.

Nosotros nos alegramos que la dotación que cada año aprueban las Cortes,
destinando unas cantidades importantes a los créditos FAD, estén
sirviendo también para incrementar las exportaciones españolas, porque
todos creemos que son uno de los factores básicos y fundamentales en el
crecimiento económico de nuestra nación.

Por todas estas razones, señor Presidente, reiteramos que vamos a
estudiar esa información, que se nos va a remitir periódicamente, y damos
nuevamente las gracias al Secretario de Estado de Comercio Exterior por
toda esta información que nos ha dado.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Para concluir este debate, tiene la palabra el señor
Secretario de Estado de Comercio Exterior. Rogaría un poquito de
silencio, dado que estamos terminando ya.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero): Muchas
gracias, señor Presidente, por las últimas palabras que nos estimulan y
nos ayudan a seguir en la línea que nos hemos trazado, en un momento en
que, efectivamente, los tercos datos económicos insisten en que es
precisamente la evolución de la demanda internacional la que puede hacer
que la economía se recupere realmente en el año 1994. Ya en el año 1993
ha tenido una intervención dramática --diría yo-- el componente del
sector exterior en el menor decrecimiento de nuestra actividad económica,
puesto que si no hubiera sido gracias a la aportación positiva que el
comercio exterior ha tenido sobre el valor añadido bruto el producto
interior bruto hubiera crecido casi un cuatro por ciento, en términos
añadidos.

Dicho esto, vamos a intentar por todos los medios mejorar el sistema de
información, e incluso hacer posible que sea semestral y no conformarnos
con que sea periódico, etcétera. No tenemos inconveniente alguno en que
así sea. No existe inconveniente alguno, por varias razones. En varios
momentos S. S. --el Diputado del Partido Popular-- ha dicho que parece
que tenemos miedo, que parece que queremos evadir el control
parlamentario, que van a seguir haciendo... Me parece estupendo. Cuando
las cosas se hacen razonablemente, conforme a derecho y de manera clara,
no sólo no tenemos ningún inconveniente, sino que nos encanta. Nos
encanta porque es una buena manera de quitarle toda clase de bazas a la
oposición, precisamente en un tema en el que no existe nada que ocultar.

Por tanto, sigan en ese esfuerzo, que yo intentaré capitalizar a tope
cada vez que lo hagan para demostrar que el Gobierno está haciendo lo
correcto. Les estimulo en ese sentido.

Por otra parte, creo que está claro que no existe, en ningún caso, el
término irregularidad. Y por más que usted ha buceado --a la manera,
diría yo, de gran estudioso-- en el informe nunca ha encontrado el
término irregularidad, porque irregularidades no existen. Pero no voy a
volver más sobre ese tema porque casi entraríamos en el terreno de la
semántica, en el cual no sé cuál será su posición, pero la mía es débil y
no me siento muy capacitado para establecer grandes diferencias
semánticas entre un término y otro.

Respecto al tema de los créditos gobierno a gobierno, efectivamente se
conceden al gobierno extranjero, no se conceden a las empresas, y esto
creo que es algo que tiene que quedar muy claro. Cuando muchas veces en
la información no queremos involucrar el nombre de las empresas es
porque, en este caso, el crédito no es un crédito suministrador, es un
crédito comprador de créditos concesionales. Y se concede a un gobierno.

Lo que pasa es que, obviamente, a ese gobierno le decimos que financie
aquellas operaciones en las que nosotros tenemos interés. ¿Cómo lo vamos
a hacer de otra manera? Si en ese momento en el país equis nuestra
operación es la que tiene mayores posibilidades, facilitamos al gobierno
extranjero



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esos fondos para que pueda hacer posible la financiación a nuestro
exportador, pero nuestro exportador nunca es quien recibe el crédito,
nunca es el prestatario. Por tanto, el mezclar su normativa comercial o
su operación comercial con los términos del crédito es una manera de
involucrar al exportador en un tema en el cual no tiene ningún peso. Ni
él tiene que garantizar ningún crédito, ni él tiene que asegurar, como
tal empresa, un crédito suministrador. Es un crédito gobierno a gobierno.

Lo que pasa es que es un crédito gobierno a gobierno para financiar
operaciones --que nos interesan a nosotros-- de exportación de bienes y
servicios españoles.

Por otra parte, quisiera hacer una clarificación suficiente respecto al
tema del material extranjero. Una cosa es que yo diga que se admiten
determinadas excepciones a la financiación de parte de material
extranjero y otra es que confundamos la mayor. Y la mención al Metro de
Medellín es totalmente inexacta. No se ha financiado nada de la parte
correspondiente a los exportadores extranjeros. Usted puede buscarlo, y
lo tiene recogido en nuestra contabilidad y en la contabilidad de la KFW
alemana, que es el equivalente a nuestros créditos FAD. Toda la operación
de exportación de bienes alemanes en el Metro de Medellín está financiada
con crédito alemán. No hay un solo céntimo, no hay una sola peseta que
financie bienes y servicios alemanes. Eso lo digo ahora, estoy dispuesto
a demostrarlo y tiene usted los datos en nuestra contabilidad y en la
contabilidad de la agencia alemana KFW, que es quien se encarga de
distribuir esos créditos. No existe, en absoluto, esa financiación.

--¡Hubiera estado bueno!-- Nosotros financiamos, fundamentalmente,
nuestras exportaciones, algún pequeño componente que ha tenido que ir en
algunos de los bienes y servicios españoles y alguna parte --eso sí-- de
obra local, puesto que el Metro de Medellín involucra una parte muy
importante de obra de constructoras españolas en Medellín.

Por tanto, afirmo rotundamente que no existe ninguna financiación con
cargo a créditos FAD de la parte correspondiente a los suministradores
alemanes de bienes y servicios en la operación Metro de Medellín. Lo digo
por dejar las cosas suficientemente claras.

En cuanto al tema de las excepciones, le diré que ni la operación de
Argelia ni la operación de Cuba están con créditos FAD. La operación de
Argelia es crédito comercial; exclusivamente crédito comercial. Lo que
pasa es que sí es verdad que otra vez se trata de azúcar y que va
dirigida a Argelia, pero no se ha concedido un solo centavo de FAD a
Argelia para esa operación. Es crédito comercial.

Segundo punto. Con Cuba ocurre exactamente lo mismo. La concesión de un
crédito de ayuda humanitaria a Cuba se ha hecho en términos
exclusivamente comerciales. Es un crédito que se ha utilizado básicamente
para ayuda alimentaria. En este caso no se ha considerado oportuno ni
necesario el que se haya tenido que recurrir a Fondos de Ayuda al
Desarrollo. Por tanto, es un crédito comercial.

Quiero que quede claro. Las excepciones siguen siendo eso: excepciones, y
no demasiadas, en el contexto global de la concesión de los créditos. Y
le puedo a firmar a S. S. que tanto en el caso de Argelia, como en el de
Cuba, ocurre así. Su señoría hacía mención a un caso de repuestos en
Cuba. El caso de los repuestos es probable --no lo tengo aquí ahora-- que
exista en línea de FAD. Ahora bien, yo le puedo asegurar que ni la línea
de Argelia de azúcar, ni los 40 millones de dólares concedidos a Cuba
para ayuda alimentaria, están dentro de la financiación de ayuda al
desarrollo.

Para terminar quisiera hacer una mención a algo que ya se ha tratado aquí
en varias ocasiones pero en lo que quiero volver a insistir: la
concentración en empresas públicas.

Nosotros no tenemos ninguna especial predilección en que sean empresas
públicas las que tengan operaciones en el exterior. Lo que pasa es que ha
habido muchos casos en los cuales las empresas públicas son las que han
conseguido el concurso o las que han ultimado la operación. Creo que
«sensu contrario» hubiera sido de una discriminación absoluta el que a
una sociedad anónima, por el hecho de que el Estado tenga en su poder
parte de las acciones, se le niegue lo que se le da a una empresa
privada. Además, hay otro elemento de carácter económico muy importante.

En muchas ocasiones esas empresas públicas que desarrollan operaciones en
el exterior subcontratan una cantidad enorme de bienes y servicios con
empresas pequeñas y medianas privadas, por lo que aportan en algunas
ocasiones hasta el 40 ó 50 por ciento de la operación final de
exportación.

Por un lado, no creo que haya ninguna dificultad en que una parte
importante sean empresas públicas, puesto que tienen una posición de
competitividad en el exterior razonablemente importante. Además, hay
muchos casosa --y eso se lo puedo cotejar con evidencia empírica-- en que
una parte muy importante del suministro de bienes y servicios de estas
empresas está subcontratado con empresas medianas y pequeñas de carácter
privado. Este es el caso, por ejemplo, de China, donde existen
operaciones en las cuales los líderes de la operación --por decirlo de
alguna manera-- no siempre son empresas públicas. En el caso de China son
empresas privadas muy grandes --no menciono los nombres, pero son casi
más importantes que las empresas públicas-- que no solamente lideran una
operación de los bienes que ellos producen, sino un conjunto de bienes de
apoyo que están en la operación final.

Para terminar --no quiero aburrir a SS. SS. ni abusar del tiempo que se
concede para esta comparecencia--, quisiera volver a insistir en los
criterios básicos de que no existe ningún interés por parte de esta
Secretaría de Estado ni del Ministerio de Comercio ni del Gobierno en que
exista un control sobre lo que son dotaciones de fondos públicos, que
entendemos que están siendo adecuada y debidamente gestionados y que
estamos dispuestos --si es necesario, ya que las resoluciones de la
Comisión mixta así lo establecen-- a mejorar nuestra información y, si es
necesario, hacerla más periódica, incluso con el carácter semestral a que
S. S. se refería. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.)



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El señor PRESIDENTE: Con carácter de excepcionalidad, y me imagino que
para hacer alguna aclaración, respecto a la información suministrada por
el Secretario de Estado, tiene la palabra el señor Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Simplemente para aclarar una de las últimas
referencias realizadas por el Secretario de Estado respecto a que no
existían créditos FAD para bienes que no fueran bienes de equipo.

Le voy a leer solamente el último párrafo de la página 50 del Informe del
Tribunal de Cuentas. Dice lo siguiente: Desde las comprobaciones
realizadas se deduce que el objeto de la exportación ha sido casi
exclusivamente bienes de equipo. Entre las excepciones merece destacarse
la concesión en 1988 de una línea de crédito a Cuba para adquisición de
repuestos de automóviles; en 1989, un crédito singular a Venezuela de 50
millones de dólares USA para bienes de consumo y una línea de crédito a
Argelia en la que tienen cabida distintos tipos de bienes, algunos de los
cuales son claramente bienes de consumo, como productos alimenticios.

A ello hay que sumar la propia información de la Secretaría de Estado a
este Diputado referente a operaciones realizadas por la empresa pública
Focoex, en la que dice que en 1989 se realizó una operación de
exportación de azúcar a Argelia financiada con un crédito FAD.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero):
Unicamente quiero decir que nos estamos refiriendo a dos operaciones
diferentes. Yo estaba hablando de operaciones recientes de Argelia. Yo me
refería a esta última. Quiero aclararlo para que no exista confusión.

Esta última es crédito comercial y, entre otros, tenía bienes de consumo
y está efectivamente en el año en cuestión.




El señor PRESIDENTE: Si me permite, señor Secretario, utilizando una
cierta atribución de la presidencia, le voy a pedir, en relación a esta
última operación con Argelia referida a suministro de productos
alimentarios, que haga llegar a la Comisión las características de la
misma y la asignación presupuestaria a la que ha ido dirigida, para
poderla distribuir a los miembros de la Comisión.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.




Era la una y cincuenta minutos de la tarde.