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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 105, de 09/02/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 105
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA
Sesión núm. 11
celebrada el miércoles, 9 de febrero de 1994
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre funciones
de los asesores ejecutivos del Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94.
Número de expediente 181/000370) (Página 3347)
--Del mismo señor Diputado, sobre fecha desde la que doña Anabel
Rodríguez García trabaja como asesora ejecutiva del Secretario de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica. (BOCG, serie D,
número 46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000371) (Página 3347)
--Del mismo señor Diputado, sobre nacionalidad de doña Anabel Rodríguez
García, asesora ejecutiva del Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94.
Número de expediente 181/000372) (Página 3347)
--Del mismo señor Diputado, sobre conocimiento por el Centro Superior de
Información de la Defensa (CESID) de la contratación de doña Anabel
Rodríguez García, asesora ejecutiva del Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica. (BOCG, serie D, número 46,
de 28-1-94. Número de expediente 181/000373) (Página 3347)
--Del mismo señor Diputado, sobre nivel de credencial de seguridad
otorgado por la autoridad nacional española en los términos de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a doña Anabel
Rodríguez García, asesora ejecutiva del Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica. (BOCG, serie D, número 46,
de 28-1-94. Número de expediente 181/000374) (Página 3347)
--Del mismo señor Diputado, sobre posibilidades de acceso de doña Anabel
Rodríguez García, asesora ejecutiva del Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, al tráfico telegráfico y
documental del Ministerio de Asuntos Exteriores. (BOCG, serie D, número
46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000375) (Página 3347)
--Del mismo señor Diputado, sobre desplazamientos a Cuba de doña Anabel
Rodríguez García, asesora ejecutiva del Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica. (BOCG, serie D, número 46,
de 28-1-94. Número de expediente 181/000376) (Página 3347)
Comparecencia del señor Embajador de España en Guinea Ecuatorial (Abelló
Díez del Corral), para informar sobre la situación existente actualmente
en Guinea Ecuatorial y de las supuestas razones que han alegado para
expulsar al Cónsul General de España en Bata y que han ocasionado la
llamada a consulta del mismo Embajador, así como en general, todas las
cuestiones pertinentes de las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial
y la posibilidad de evaluaciones futuras de las mismas en el respeto
pleno de los intereses mutuos. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 212/000391) (Página 3351)
Preguntas (Continuación):
--Del señor Vázquez Romero (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
repercusiones sobre la población civil iraquí del embargo mantenido por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre dicho país. (BOCG,
serie D, número 39, de 20-12-93. Número de expediente 181/000293) (Página 3359)
--Del mismo señor Diputado, sobre posición española ante la cumbre
hispano-marroquí, en especial, respecto del cumplimiento de las
resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el
Referéndum de autodeterminación del Sahara. (BOCG, serie D, número 39, de
fecha 20-12-93. Número de expediente 181/000294) (Página 3362)
--Del señor Such Pérez (Grupo Parlamentario Popular), sobre influencia de
la evolución interna argelina en el proyecto de construcción del
gasoducto a través del Estrecho de Gibraltar. (BOCG, serie D, número 46,
de fecha 28-1-94. Número de expediente 181/000349) (Página 3364)
--Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular), sobre oficinas
comerciales en las Misiones Diplomáticas españolas en el extranjero.
(BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000360)
(Página 3366)
--Del mismo señor Diputado, sobre ciudades en que se encuentran las
Oficinas Comerciales existentes en las Misiones Diplomáticas españolas en
el extranjero. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de
expediente 181/000361) (Página 3366)
--Del mismo señor Diputado, sobre oficinas comerciales que tienen sus
instalaciones en un edificio distinto al de la Cancillería de la
Embajada. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente
181/000362) (Página 3366)
--Del mismo señor Diputado, sobre razones por las que la mayor parte de
las Oficinas Comerciales están en distintas dependencias del resto de
consejerías y oficinas de una Embajada. (BOCG, serie D, número 46, de
28-1-94. Número de expediente 181/000363) (Página 3366)
--Del mismo señor Diputado, sobre criterios que se aplican en relación
con la composición del personal y la permanencia de una Oficina
Comercial. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente
181/000364) (Página 3366)
Proposición no de ley por la que se solicita crear una Ponencia para
estudiar los nuevos retos y la reforma institucional de la ONU.
Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Vasco-PNV,
IU-IC, Catalán-Convergència i Unió y Coalición Canaria. (BOCG, serie D,
número 41, de 5-1-94. Número de expediente 161/000087) (Página 3371)
Dictámenes:
--Sobre convenio de cooperación espacial entre el Reino de España y los
Estados Unidos de América, firmado en Madrid el 11 de julio de 1991.
(BOCG, serie C, número 37.1, de 25-10-93. Número de expediente
110/000031) (Página 3374)
--Sobre acuerdo para la protección y fomento recíprocos de inversiones
entre el Reino de España y la República Arabe de Egipto, firmado en
Madrid el 3 de noviembre de 1992. (BOCG, serie C, número 38.1, de
25-10-93. Número de expediente 110/000032) (Página 3375)
--Sobre Canje de Notas modificativo del Tratado General de Cooperación y
Amistad entre España y la República Argentina de 3 de junio de 1988, de
fechas 30 de septiembre de 1992 y 23 de diciembre de 1992. (BOCG, serie
C, número 39.1, de 25-10-93. Número de expediente 110/000033) (Página 3376)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--SOBRE FUNCIONES DE LOS ASESORES EJECUTIVOS DEL SECRETARIO DE ESTADO
PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA. FORMULADA POR EL
SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de expediente 181/000370.)
--SOBRE FECHA DESDE LA QUE DOÑA ANABEL RODRIGUEZ GARCIA TRABAJA COMO
ASESORA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION
INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO
(GP). (Número de expediente 181/000371.)
--SOBRE NACIONALIDAD DE DOÑA ANABEL RODRIGUEZ GARCIA, ASESORA EJECUTIVA
DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de
expediente 181/000372.)
--SOBRE CONOCIMIENTO POR EL CENTRO SUPERIOR DE INFORMACION DE LA DEFENSA
(CESID) DE LA CONTRATACION DE DOÑA ANABEL RODRIGUEZ GARCIA, ASESORA
EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMERICA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de
expediente 181/000373.)
--SOBRE NIVEL DE CREDENCIAL DE SEGURIDAD OTORGADO POR LA AUTORIDAD
NACIONAL ESPAÑOLA EN LOS TERMINOS DE LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL
ATLANTICO NORTE (OTAN) A DOÑA ANABEL RODRIGUEZ GARCIA, ASESORA EJECUTIVA
DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de
expediente 181/000374.)
--SOBRE POSIBILIDADES DE ACCESO DE DOÑA ANABEL RODRIGUEZ GARCIA, ASESORA
EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMERICA, AL TRAFICO TELEGRAFICO Y DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE
ASUNTOS EXTERIORES. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de
expediente 181/000375.)
--SOBRE DESPLAZAMIENTOS A CUBA DE DOÑA ANABEL RODRIGUEZ GARCIA, ASESORA
EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMERICA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de
expediente 181/000376.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, muy buenos días.
Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Por imperativo de horario del señor Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional, al cual doy la bienvenida, la Mesa ha decidido
cambiar la tramitación del orden del día empezando con las preguntas de
don Javier Rupérez sobre la asesoría de la Secretaría de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Ruego al señor Rupérez que
las desarrolle y le sugiero que como se trata de preguntas que se
refieren al mismo tema las defienda en bloque y también al
señor Secretario de Estado si las puede contestar en bloque, con el
tiempo que consideren necesario.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, es mi intención agrupar las
preguntas y realizar la exposición de las mismas en bloque. Pero si me lo
permite le hago una pregunta: ¿Va a ser el Secretario de Estado el que
responda al resto de las preguntas o va a ser otro representante?
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado va a contestar estas
preguntas y el resto serán contestadas por otras personalidades.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, brevísimamente quiero
recordarle, con toda precisión, las preguntas de las que se trata y el
ámbito en el que se producen. La Secretaría de Estado que usted dirige
tiene dos funcionarios, en este momento funcionarias asesoras ejecutivas
de la misma. Una de las dos personas que ocupa ese puesto, doña Anabel
Rodríguez, tiene una serie de circunstancias personales que son las que
han conducido a la realización de estas preguntas. Doña Anabel Rodríguez
es hija del Vicepresidente del Gobierno cubano y, si no recuerdo mal,
Presidente del Partido Comunista de Cuba. Nos parece que esa situación y
el relieve funcionarial que doña Anabel Rodríguez tiene en la Secretaría
de Estado son razones suficientes para dirigir al Gobierno, a través de
usted, señor Secretario de Estado, estas preguntas, que tienen todas un
alcance puramente objetivo. Por una parte, se trata de conocer cuáles son
las funciones de los asesores ejecutivos, en general, de la Secretaría de
Estado. Inquirir también sobre la fecha en la que doña Anabel Rodríguez
García comenzó a trabajar como asesora ejecutiva de la Secretaría de
Estado. ¿Cuál es la nacionalidad actual de doña Anabel Rodríguez García y
desde cuándo ostenta esa nacionalidad, sea cual sea? ¿Cuál es el
conocimiento que el Centro Superior de Información de la Defensa, el
Cesid, tuvo de la contratación de doña Anabel Rodríguez García en el
momento en que su contratación se produjo? ¿Cuál es el nivel de la
credencial de seguridad que el Centro Superior de Información de la
Defensa otorgó a doña Anabel Rodríguez García en función de los cometidos
que realiza y en función también de lo que es práctica habitual de España
como miembro de la OTAN? ¿Cuáles han sido y cuáles son las posibilidades
de acceso de doña Anabel Rodríguez García al tráfico telegráfico y
documental que se produce no únicamente en la Secretaría de Estado, sino
a todo el tráfico que procede del Ministerio de Asuntos Exteriores?
Finalmente, ¿cuáles son los desplazamientos a Cuba que doña Anabel
Rodríguez García haya podido realizar en el curso del tiempo en que ha
venido desarrollando sus funciones como asesora ejecutiva de la
Secretaría de Estado?
Estas son las preguntas que quería formular al señor Secretario de
Estado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado,
señor Dicenta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Voy a responder las preguntas relativas
a la contratación y funciones de la asesora ejecutiva de la Secretaría de
Estado, Anabel Rodríguez, por el mismo orden en que han sido formuladas
por S. S.
En relación con las funciones de los asesores ejecutivos del Secretario
de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica, la respuesta es que,
en primer lugar, se ocupan del seguimiento de los programas educativos de
la Conferencia Iberoamericana. La Secretaría de Estado realiza un
seguimiento y una atención particular de los programas educativos de la
Conferencia Iberoamericana, tanto los de alfabetización y educación de
adultos como los de televisión educativa iberoamericana. En segundo
lugar, estos asesores tienen a su cargo la difusión de películas, series
y documentales españoles que se transmiten a través de los canales de
televisión de Iberoamérica. En tercer lugar, los asesores ejecutivos se
ocupan de la cooperación universitaria con Iberoamérica. En cuarto lugar,
de las relaciones con los ministerios de educación y ciencia y con la
Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y
la cultura, para la ejecución de todos los programas que he mencionado
anteriormente. En quinto lugar, de la gestión y asesoramiento en temas
culturales de la Secretaría de Estado y, por último, de cualquier tema
que tenga relación con problemas de cooperación de cualquier país de
Iberoamérica y que pueda resultar de interés para la Secretaría de Estado
o para el Secretario de Estado.
Anabel Rodríguez García es asesora ejecutiva del Secretario de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica --y con esto
contesto a la segunda pregunta formulada por S. S.-- desde el 1 de
noviembre de 1992, fecha en que se la contrató. Efectivamente tiene la
nacionalidad española. Anabel Rodríguez García adquirió la nacionalidad
española en el año 1980, después de un expediente de nacionalización por
residencia en España, residencia que se inició en 1971 y que fue
tramitada a nombre de su esposo, extendiéndose la nacionalidad adquirida
por el esposo a su cónyuge e hijas. Debo aclarar que, aunque desde el año
1980 la asesora ejecutiva Anabel Rodríguez adquirió el derecho a la
nacionalidad española, en realidad no solicitó el documento nacional de
identidad ni el pasaporte hasta el año 1987, que fue la fecha en que se
separó de su esposo y en que, debido al trabajo que desempeñaba en aquel
entonces, empezó a viajar con mayor frecuencia al exterior.
En relación con la pregunta sobre el posible conocimiento que pudiera
tener el Cesid de la contratación de doña Anabel Rodríguez García, cuando
fue contratada era ya una ciudadana española con todos los derechos de
ciudadanía española; por tanto, su contratación se sometió a los
mismísimos controles que habitualmente se utilizan para cualquier
ciudadano español que acceda a un
cargo similar. Por otra parte y dado que el trabajo que realiza
específicamente Anabel Rodríguez, igual que el que realizan los demás
asesores ejecutivos de la Secretaría de Estado, no implica el acceso a
ninguna información considerada por el Cesid como materia confidencial,
su cargo en ninguna manera requería el conocimiento previo o la
aprobación por parte de este organismo.
En cuanto al nivel de credencial de seguridad que ha sido otorgado por la
autoridad nacional española en los términos OTAN a doña Anabel Rodríguez
García, igual que ocurre con los restantes asesores de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, doña Anabel
Rodríguez no necesita ningún tipo de credencial OTAN, ya que éste es un
control, como saben SS. SS., que se aplica únicamente al personal
restringido que trabaja vinculado a estos temas, y éste no es, por
descontado, el caso de Anabel Rodríguez.
En relación con el acceso que tiene doña Anabel Rodríguez al tráfico
telegráfico y documental del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es
otra de las preguntas formuladas por S. S., le diré que el acceso al
tráfico telegráfico y documental de doña Anabel Rodríguez García es el
mismo que tiene el personal no diplomático contratado para funciones
específicas; es decir, que se limita a los asuntos relativos a los
programas que ella atiende. Por consiguiente, cada vez que hay un tema
relacionado --repito-- con los programas de alfabetización o educativos
que atiende Anabel Rodríguez, que están en sus manos y de los que se está
ocupando específicamente, se le facilita aquella documentación que puede
completar la información que necesita para que su trabajo sea lo más
efectivo posible, pero no tiene ningún acceso específico a la
documentación telegráfica del Ministerio.
En relación con los desplazamientos que ha podido realizar doña Anabel
Rodríguez García a Cuba, y las razones de los mismos, desde que fue
contratada como asesora ejecutiva del Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, le diré que doña Anabel
Rodríguez, que inició sus funciones como asesora ejecutiva de la
Secretaría de Estado en noviembre del año 1992, ha viajado desde entonces
a Cuba dos veces, una en mayo del pasado año 1993 y la segunda en octubre
de ese mismo año, siempre en el marco, en el contexto de sus viajes de
trabajo a diferentes países de Centroamérica para tratar temas
relaciondos con los programas a los que atiende. Dentro de pocos días, a
finales de la segunda quincena de febrero, inicia con otros funcionarios
(una comisión coordinadora) un viaje a El Salvador y a la República
Dominicana para llevar a cabo el seguimiento y control de los programas
de alfabetización que se están desarrollando en estos dos países. En los
dos casos en que viajó a Cuba, en mayo y en octubre del año 1993, lo
hizo, por supuesto, por encargo del entonces Secretario de Estado para la
Cooperación y para Iberoamérica, con objeto de que estudiara la
posibilidad de que se pudiera celebrar en Madrid un seminario sobre las
tendencias actuales de la economía cubana, con participación de un grupo
de economistas tanto cubanos como de otras nacionalidades. Precisamente
en esas mismas fechas un Diputado del Partido Popular, don Fernando
Suárez, llevó a cabo un viaje a Cuba con un propósito similar que culminó
más tarde con la celebración en La Habana, en diciembre del año pasado,
del seminario del Irela sobre economía cubana.
Yo creo, señoría, que con esto he dado respuesta a las preguntas que me
han sido formuladas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Secretario de Estado, por sus
contestaciones suficientemente precisas como para producir más dudas de
las que todavía tenemos, aunque seguramente no estaba en su intención
comparar las actividades de doña Anabel Rodríguez como funcionaria
contratada de la Secretaria de Estado con las actividades de don Fernando
Suárez.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que eleve un poco la voz porque no se oye
bien.
El señor RUPEREZ RUBIO: Digo que seguramente no estaba en la intención
del señor Secretario de Estado comparar las actividades de doña Anabel
Rodríguez con las del eurodiputado don Fernando Suárez, que estaba en
Cuba como Presidente de la Comisión del Parlamento Europeo dedicado a
temas centroamericanos. Volveré sobre este tema porque, más allá de don
Fernando Suárez, ese intento de organizar un seminario sobre las
tendencias actuales de la economía cubana me recuerda no únicamente la
visita de don Fernando Suárez, que no tiene nada que ver con eso, sino la
visita de don Carlos Solchaga. Vamos a ver si ahora resulta que la señora
Rodríguez lo que hace es preparar el camino o seguir el de don Carlos
Solchaga, con lo cual parece que las intromisiones, las mezclas o los
cruces de responsabilidades son más graves o más serios de lo que uno
piensa.
Señor Secretario de Estado, doña Anabel Rodríguez, según ustedes mismos
nos precisan en la contestación a la pregunta que en su momento
realizamos, tiene un sueldo base de 1.986.978 pesetas anuales, con un
complemento de destino de 1.495.512 pesetas y un complemento específico
de 2.262.492 pesetas, a lo que hay que añadir una productividad horaria
que, según la misma respuesta que hemos recibido del Gobierno, no se
puede cuantificar porque corresponde a una cuantía no fija que se
determina por el Departamento en función de la normativa reguladora y de
los créditos autorizados. Dejo al Secretario de Estado, al señor
Presidente y a sus señorías el realizar las sumas correspondientes para
saber cuáles son los emolumentos anuales de doña Anabel Rodríguez García
como asesora ejecutiva de la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica; eso corresponde a un nivel 30 en
términos estrictamente funcionariales. En este momento en el Ministerio
de Asuntos Exteriores existen 78 personas, entre diplomáticos y otros
cuadros, que perciben esos o parecidos emolumentos en función de tener
asignado el nivel 30. Hay 235 personas
en este momento trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores, de las
cuales 107 son diplomáticos, que perciben retribuciones menores que la de
doña Anabel Rodríguez García por encontrarse en los niveles 26, 27, 28 y
29. Seguramente el señor Secretario de Estado sabe perfectamente cuáles
son las personas que se encuentran desarrollando esos puestos con esos
niveles; es decir, unas funciones que tienen doña Anabel Rodríguez García
y los asesores ejecutivos de su Secretaría de Estado, señor Secretario de
Estado, que en el fondo, por lo que usted nos ha narrado, es tanto como
decir que se ocupan de todo y no se ocupan de nada: encargar el
seguimiento de los programas educativos de la Conferencia Iberoamericana
a personas con un nivel 30 que o hacen otras cosas o esas mismas
funciones las podrían hacer con un nivel bastante más reducido. Esa es
una de las cuestiones que nos viene a la mente: ¿Por qué dotar con un
nivel 30, con independencia de cuál sea la persona que en un momento
determinado realice esa función, a unos asesores ejecutivos que tienen
unas funciones mal descritas y, en cualquier caso, mal percibidas para lo
que debería ser esa función y para lo que deberían ser esos emolumentos?
Repito que son exactamente 235 de un total de 313 personas trabajando en
este momento en el Ministerio de Asuntos Exteriores las que perciben
menos emolumentos que los que percibe doña Anabel Rodríguez García. El
nivel 30 --hay que recordarlo-- corresponde a subdirector general. Repito
que eso puede ser todo y puede ser nada; el seguimiento de los programas
en el fondo puede justificar todo o puede justificar nada. No nos parece
que esté justificado, en general, la presencia de esos ejecutivos con
esos niveles de emolumentos exclusivamente para el seguimiento de esos
programas.
Nos da usted datos interesantes sobre la adquisición de la nacionalidad,
que no es una adquisición de nacionalidad originaria, sino por razón de
matrimonio, y consiguientemente la plena documentación de esa
nacionalidad en el año 1987. Nos preocupa sólo relativamente el problema
de la nacionalidad, naturalmente, porque hay que recordar también que
nuestras preocupaciones que tienen que ver con consideraciones estrictas
de seguridad no se aplican únicamente a los extranjeros, sino también a
los españoles originarios o sobrevenidos, como es este caso concreto.
Desde ese punto de vista, seguramente ha sido una mala expresión por su
parte decir que el Cesid no investiga a los españoles. El Cesid
fundamentalmente a quienes investiga, en razón de los trabajos que tienen
que llevar a cabo los funcionarios en cuestión, es a los funcionarios
españoles. Que el Cesid no haya sido capaz de investigar o de
preocuparse, o de intentar conocer cuáles son las condiciones de
seguridad en las que una persona que adquiere, a todos los efectos
prácticos, responsabilidades de subdirector general en el Ministerio
español de Asuntos Exteriores, que es hija del Vicepresidente del
Gobierno de Cuba, con unas connotaciones políticas largas y
suficientemente conocidas; que el Cesid en esas condiciones no se crea
llamado a la parte para investigar, nos produce --no se lo digo a usted,
se lo digo al Cesid y al Gobierno español-- una honda preocupación, señor
Secretario de Estado. Nos parece insólito que en esas condiciones --le
creemos a usted, pero nos gustaría que el Cesid nos lo confirmara--, en
esos puestos, con ese nivel de emolumentos y con ese nivel de
responsabilidades, el Cesid no haya hecho absolutamente nada, ni se haya
molestado siquiera en otorgar una credencial de seguridad.
Las credenciales de seguridad no se deberían de otorgar únicamente a
aquellos funcionarios que tienen algo que ver con los organismos
internacionales de seguridad, sino a todos aquellos funcionarios que
tienen una determinada responsabilidad en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y en cualquier ministerio de la Administración española, señor
Secretario de Estado. La persona a la que nos estamos refiriendo tiene,
como digo, emolumentos, tiene niveles y tiene funciones que a todos los
efectos son equiparables a los de un subdirector general en el Ministerio
de Asuntos Exteriores. Si lo que nos dice es que el Cesid no se preocupa
de cuáles son las responsabilidades y las garantías de seguridad de los
subdirectores generales del Ministerio, nos encontramos en una situación
también harto preocupante.
Finalmente, también quiero decirle que la organización por parte de la
señora Rodríguez de un seminario sobre las tendencias actuales de la
economía cubana --yo no sé si fue a Cuba de la mano del señor Solchaga o
fue ella en solitario-- también hace pensar que hay una cierta mezcla de
responsabilidades entre las parlamentarias --alguna vez hemos preguntado
aquí por las actividades del señor Solchaga en Cuba-- y las puramente
funcionariales o ejecutivas. En cualquier caso, nos parece que o bien la
señora Rodríguez está realizando tareas que están por encima de sus
posibilidades y claramente por encima de sus garantías de seguridad, o
bien la Administración española está actuando de una manera harto
ingenua, infantil o irresponsable.
En cualquiera de los casos, señor Presidente, con independencia de lo que
en su momento propongamos sobre la figura de los asesores ejecutivos de
la Secretaría de Estado, nosotros creemos que ha llegado el momento de
que en este caso concreto, y posiblemente también en otros que en su
momento irán apareciendo, la Administración española, el Ministerio de
Asuntos Exteriores, la Secretaría de Estado para la Cooperación y para
Iberoamérica, tome las medidas oportunas.
Nosotros no queremos ni podemos en estos momentos sustituirles en sus
responsabilidades. Lo que sí queremos pedirles es que hagan frente a esas
responsabilidades y, en consecuencia, tomen las medidas oportunas para
que la Administración española tenga los niveles de seguridad, de
garantía de funcionamiento, de rentabilidad a todos los efectos, que en
este momento, a través de este y otros casos, estimamos que no tiene.
El señor PRESIDENTE: El Secretario de Estado, señor Dicenta, tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): En primer lugar, no hay duda alguna de
que, en un Estado de Derecho puro, el hecho de que la señora Anabel
Rodríguez haya tenido la nacionalidad cubana y tenga una determinada
relación familiar con un alto cargo del Gobierno cubano no puede ser
esgrimido como argumento básico para descalificar a ningún ciudadano en
el desempeño de una función. Los asesores ejecutivos, tanto de los
ministros como de los secretarios de Estado, se proponen libremente y al
margen de cualquier mecanismo de selectividad, oposiciones, escalafones,
etcétera, y se seleccionan lógicamente entre profesionales que tienen
conocimientos muy específicos y que gozan de la confianza de las
autoridades de alto nivel, sea un ministro, sea un secretario de Estado,
sea el presidente, que le eligen y que consideran que tiene la suficiente
formación como para desempeñar con credibilidad y eficacia un determinado
cargo. Este es el caso específico de la señora Anabel Rodríguez, que
tiene unos conocimientos muy específicos, concretos y sustanciales sobre
lo que es la realidad en general del mundo iberoamericano y más
específicamente la realidad del mundo cubano, que tiene asimismo unos
conocimientos muy específicos de lo que es el mundo español, donde lleva
viviendo más de veinte años, y que, por otra parte, tiene también una
experiencia en el terreno empresarial, porque es persona que ha trabajado
durante mucho tiempo vinculada a empresas privadas.
Cuando en el año 1992 el entonces Secretario de Estado de Cooperación y
para Iberoamérica la conoció, en un encuentro precisamente con
empresarios que tuvo lugar en Angola, consideró que efectivamente reunía
las condiciones necesarias como para ser útil en el desempeño de una
función de asesora ejecutiva relacionada con temas específicos de
Iberoamérica y, evidentemente, también con temas que pudieran tener en
algún momento relación con Cuba.
El nivel de un asesor ejecutivo, el de esta persona como el de cualquier
otro que fuera contratado en estos momentos, es el nivel que S. S. ha
descrito, es el nivel 30, con los emolumentos correspondientes a dicho
nivel; nivel que, efectivamente, no tienen muchos de los funcionarios
diplomáticos que trabajan en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero
eso, en mi opinión, no descalifica en absoluto a que otra persona ajena a
los servicios del escalafón de la carrera diplomática pueda desempeñar
con total eficacia, responsabilidad y lealtad una función específica para
la que está mejor preparada y tiene una mejor experiencia. Esa
experiencia y esa preparación fueron las que en su momento indujeron a
llevar a cabo la contratación de la señora Anabel Rodríguez.
La investigación del Cesid no creo que se pudiera justificar en función
ni de los emolumentos, porque son los que corresponden a cualquier asesor
ejecutivo contratado de acuerdo con las normas que rigen en dicha
contratación, ni, como ha dicho S. S., a su responsabilidad, puesto que
las responsabilidades de la señora Anabel Rodríguez, insisto, son muy
específicas, en absoluto descalificables, relacionadas con el mundo
latinoamericano pero que no pueden hacer exigible un informe o una
investigación exhaustiva del Cesid puesto que no había ninguna razón para
llevar a cabo tal investigación. Por tanto, yo no creo que haya habido ni
irresponsabilidad ni ingenuidad ni infantilismo alguno en la contratación
de la señora Anabel Rodríguez. Ha habido el conocimiento de una persona
que tiene relaciones específicas con el mundo latinoamericano --y
concretamente, repito, con Cuba-- y la consideración de que sus servicios
y sus conocimientos podían ser útiles para determinadas funciones. Por
consiguiente, hasta ahí llega la responsabilidad de la señora Anabel
Rodríguez y su vinculación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Hasta ahora los trabajos que ha venido desempeñando han sido útiles. Yo
no pongo en entredicho la posibilidad de que esos trabajos puedan ser
hechos mejor o peor por otra persona, lo que sí afirmo es que lo que hace
específicamente lo hace bien, lo hace con seriedad, con absoluta lealtad,
conoce perfectamente los temas que trata y, por consiguiente, como
asesora ejecutiva de la Secretaría de Estado, todos los que trabajamos
cerca de la señora Anabel Rodríguez podemos comprobar cotidianamente que
su trabajo es efectivo. Que esté mejor o peor remunerado, repito, es un
tema que no hace al caso, puesto que es la remuneración que se da siempre
a un asesor ejecutivo; que tenga unas responsabilidades de un nivel que
pudiera hacer pensar que su presencia es comprometida, peligrosa,
delicada, etcétera, insisto en que no creo que sea el caso, puesto que
son unas responsabilidades muy específicas y que no rozan temas que
puedan tener una conflictividad o delicadeza que hiciera comprometida su
presencia en la Secretaría de Estado.
Creo que con esto contesto a las observaciones hechas por su señoría. No
hay ninguna observación más que hacer por mi parte.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Concluido este turno de preguntas, despedimos al señor Secretario de
Estado y pasamos al siguiente punto. Muchas gracias.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA ECUATORIAL, PARA
QUE INFORME SOBRE LA SITUACION EXISTENTE ACTUALMENTE EN GUINEA ECUATORIAL
Y DE LAS SUPUESTAS RAZONES QUE HAN ALEGADO PARA EXPULSAR AL CONSUL
GENERAL DE ESPAÑA EN BATA Y QUE HAN OCASIONADO LA LLAMADA A CONSULTA DEL
MISMO EMBAJADOR, ASI COMO, EN GENERAL, TODAS LAS CUESTIONES PERTINENTES
DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y GUINEA ECUATORIAL Y LA POSIBILIDAD DE
EVALUACIONES FUTURAS DE LAS MISMAS EN EL RESPETO PLENO DE LOS INTERESES
MUTUOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000391.)
El señor PRESIDENTE: A partir de aquí, señorías, recuperamos el orden del
día tal y como se había establecido. Por consiguiente, pasaremos al punto
número 1, que es la comparecencia del señor Embajador de España en Guinea
Ecuatorial. Le ruego al señor Abelló Díez del Corral que nos acompañe a
la Mesa.
Pasamos a la comparecencia del señor Embajador de España en Guinea
Ecuatorial sobre las supuestas razones que han alegado para expulsar al
Cónsul General de España en Bata y que han ocasionado la llamada a
consulta del señor Embajador, así como en general todas las cuestiones
pertinentes de las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial y la
posibilidad de evaluaciones futuras de las mismas en el respeto pleno de
los intereses mutuos.
La solicitud de comparecencia ha sido realizada por el Grupo
Parlamentario Popular. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Nosotros preferiríamos que fuera el
compareciente, el señor Embajador de España en Guinea Ecuatorial, el que
comenzara su intervención y luego nosotros puntualizaríamos. En cualquier
caso, puesto que estoy en el uso de la palabra quiero decir que acogemos
muy cordialmente al señor Abelló en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Embajador, a quien doy la
bienvenida.
El señor EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA ECUATORIAL (Abelló Díez del
Corral): Señorías, quiero comenzar mi exposición a partir del momento de
mi incorporación como jefe de misión en Malabo en julio de 1991. Voy a
informar sobre todos los aspectos solicitados, partiendo de un análisis
del intento de transición política y proceso democratizador, los derechos
humanos y las relaciones bilaterales, políticas y de cooperación.
En aquellos tiempos de mi incorporación al puesto, Guinea Ecuatorial
parecía iniciar un proceso de transición política al pluripartidismo,
decidido personalmente por el Presidente Obiang. Este intento de apertura
política debe atribuirse a los cambios políticos experimentados en el
Este de Europa que no tardarían en tener influencia en el continente
africano y, sobre todo, en la política francesa en aquella región.
Conviene aquí hacer una referencia al discurso del Presidente Mitterrand
en la Baule y posteriores reelaboraciones.
Como SS. SS. conocen, en noviembre del mismo año se produce la visita
oficial del Presidente del Gobierno, don Felipe González, a Malabo y Bata
y con ello el compromiso del Gobierno español de apoyar el proceso
político iniciado. En las conversaciones mantenidas entre ambos
responsables políticos se materializó la promesa de ofrecer asistencia y
ayuda técnica para el tránsito que se preparaba, para lo cual el
Presidente del Gobierno dio las instrucciones oportunas para contribuir
al buen éxito de este proceso de transición política. Prueba de esta
buena fe por parte del Gobierno español fue el envío de distintas
misiones de carácter político, como la del ex Presidente Suárez,
dictámenes como el del ex Presidente de esta Casa, señor Peces-Barba, y
otras delegaciones de carácter técnico.
Tras el viaje del ex Presidente Suárez, los principales donantes en
Guinea Ecuatorial iniciaron un proceso de reflexión conjunta en la
búsqueda de una contribución para la solución de los problemas del país.
El Gobierno español acogió de manera muy positiva la firma del Pacto
Nacional 1993, en marzo de dicho año, ya que suponía un compromiso del
Gobierno con los partidos políticos para celebrar las primeras elecciones
libres desde 1968.
Conviene señalar que el Gobierno guineano no cumplió sus compromisos.
España y los principales países donantes condicionaron su ayuda al
proceso electoral a una serie de requisitos que el Gobierno debía cumplir
para que las elecciones pudiesen tener lugar con un mínimo de garantías.
Estas condiciones se plasmaron en cinco puntos: informes periódicos de la
Comisión de Vigilancia y Seguimiento del Pacto Nacional, revisión del
censo electoral con asistencia técnica de expertos internacionales,
reforma de la ley electoral para que se garantizase la neutralidad del
Gobierno, anuncio del calendario electoral de reformas y elecciones y
aceptación de observadores internacionales durante el proceso electoral.
El Gobierno guineano no aceptó la mayoría de estas peticiones, convocando
elecciones para el 12 de septiembre de 1993. Ante el rechazo de los
partidos de oposición y la mala acogida de los países donantes, se
retrasaron las elecciones hasta el 21 de noviembre, pero sin aceptar
introducir ningún cambio sustancial. Los comicios se celebraron, pues,
sin tener en cuenta los requisitos mínimos de objetividad y transparencia
y sin la participación del núcleo más significativo de la oposición,
privándolos así de su carácter verdaderamente pluralista y, por
consiguiente, de su plena legitimidad democrática. Además, registraron un
índice de abstención muy alto.
En el momento de hacer un balance de esta más que peculiar reforma
política se puede afirmar que, pese a los resultados electorales, la
presión política interna unida a la internacional han conseguido abrir
algunos espacios de libertad en la sociedad guineana, sobre todo cuando
se piensa en el lugar de donde se partía, pero claramente insuficientes
en términos de auténtico pluralismo político y de respeto a los derechos
humanos. Frente a aquellos que mantienen que el continente africano no
está maduro para el sistema de democracia representativa conviene apuntar
que, evidentemente, el sistema democrático deseado deberá tener en cuenta
las especificidades africanas, pero con un escrupuloso respeto por las
reglas estimadas como mínimas.
En el campo de los derechos humanos también cabe señalar que se ha
avanzado algo durante estos años de transición; no obstante la mejoría
experimentada en Malabo y en la isla de Bioko debe atribuirse
fundamentalmente a la vigilancia y seguimiento que hacen las misiones
diplomáticas.
Paralelamente al proceso político descrito, las relaciones bilaterales
experimentaron una conflictividad casi
sin precedentes y que no era sino consecuencia de la reacción del
Gobierno guineano ante la actitud de España y de la comunidad
internacional.
No voy a hacer una consideración separada del rosario de incidentes
sufrido en las relaciones bilaterales políticas y de cooperación, ya que
sería interminable, pero, en definitiva, todo puede atribuirse al
profundo malestar del grupo en el poder que, por primera vez, ve sus
actividades sometidas a la luz y taquígrafos. El último gesto de una
larga serie de provocaciones y de falsas acusaciones del Gobierno de
Guinea Ecuatorial contra España fue la expulsión del Cónsul General de
España en Bata, acusado de injerencias en los asuntos internos del país.
Este gesto, enormemente hostil, determinó una respuesta española. Así, el
Gobierno español decidió llamarme a consulta y expulsar al Secretario de
la Embajada de Guinea Ecuatorial en España por realizar actividades
incompatibles con su «status» diplomático. El Gobierno resolvió también
redimensionar su cooperación con Guinea Ecuatorial, suprimiendo todos
aquellos programas de carácter sustitutorio en los que la cooperación
española se había hecho cargo de responsabilidades propias del Gobierno
de Guinea Ecuatorial, manteniendo sólo aquellos de carácter estrictamente
humanitario, que ejecutarían básicamente cooperantes pertenecientes a
organizaciones no gubernamentales.
Parece oportuno hacer ahora unas breves reflexiones sobre el tema de la
cooperación. Como SS. SS. conocen, España inicia su cooperación con
Guinea Ecuatorial pocas semanas después del golpe de Estado de 1979. En
esa fecha, nuestro país no tenía experiencia en el ámbito de la ayuda
oficial al desarrollo y carecía de un organismo que centralizase los
esfuerzos de la cooperación al desarrollo. En este momento de extrema
generosidad por parte de España, se fijaron los criterios que han venido
rigiendo hasta hoy la cooperación y que fueron los de emergencia,
globalidad y sustitución. La primera nota hacía referencia a los momentos
en que se produce la llegada masiva de recursos en 1979. La nota de
globalidad aludía a que la cooperación buscaba cubrir las deficiencias
del Estado heredado de Macías en todas y cada una de sus áreas. La de
sustitución suponía que la cooperación se subrogaba en las funciones y
responsabilidades de los distintos órganos sectoriales.
En 1985-1989, época de los planes marco cuatrienales, se hizo un gran
esfuerzo de racionalización. El segundo plan marco, que terminó su
vigencia el 31 de diciembre pasado, sufrió en estos años de transición
grandes vicisitudes y creo que es justo rendir aquí un homenaje a los
cooperantes que llevaron a cabo una muy encomiable labor en favor del
pueblo guineano y del mantenimiento de la lengua y cultura españolas, a
veces en situaciones de extrema dificultad.
En la actualidad se ha procedido a reestructurar la cooperación por
razones políticas y técnicas. Esta reestructuración, que parte de una
reducción de casi la mitad de los fondos antes allegados, se va a
concentrar en los sectores de educación y sanidad. Los programas, como he
dicho anteriormente, serán ejecutados fundamentalmente por organizaciones
no gubernamentales.
El redimensionamiento ha permitido asimismo terminar con una idea muy
extendida entre el grupo dirigente guineano de que España tenía intereses
ocultos en Guinea Ecuatorial. Ello hacía que se invirtiese la relación
lógica entre donante y receptor, de tal manera que parecía que Guinea no
era en realidad la parte interesada en recibir la ayuda, sino que era
España la que la mantenía porque le resultaba vital para sus intereses en
el país y en la subregión.
¿Cuáles pueden ser los objetivos del Gobierno español en Guinea? A pesar
de las dificultades que plantea el punto de partida actual, con una
situación política extremadamente grave, una descomposición de la
estructura económica, donde no se da la inversión, o si se da es de
dudoso origen, y una sociedad civil en estado cuasi embrionario, España
puede estar en condiciones de lograr lo siguiente: primero, la
clarificación y, por tanto, el saneamiento de las relaciones bilaterales;
segundo, el establecimiento paulatino, siempre que haya condiciones
favorables, de un entramado de intereses, sobre todo en los sectores
productivos, que opere en el sentido de justificar nuestra presencia
disponiendo de instrumentos para protegerla; tercero, la consolidación y
ampliación de los espacios políticos de libertad conseguidos en el curso
de la transición. Para ello, nuestros esfuerzos deberán orientarse al
fortalecimiento y organización de la sociedad civil desde un punto de
vista político y económico, promoviendo así también el proceso
democratizador inconcluso; cuarto, el mantenimiento y reforzamiento de la
presencia cultural española en el país. El carácter hispánico de Guinea
es el signo de identidad que le separa de los países del entorno y anima
su vida como nación.
En resumidas cuentas, parece que nos encontramos en una encrucijada en
nuestras relaciones con Guinea Ecuatorial. En el plano político sobre
todo, el Gobierno guineano tiene claro cuál es la posición española en
materia de relaciones bilaterales, derechos humanos y proceso
democratizador. También sabe que la España actual no es su vieja conocida
de 1968 ó 1979, sino la España moderna, segura de sí misma y plenamente
integrada en el lugar que le corresponde en la comunidad internacional y
con la que conviene llegar a un entendimiento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Embajador, por su presencia aquí
esta mañana.
Quería comenzar mis palabras con una doble observación. En primer lugar,
ésta es posiblemente la primera vez que un embajador de España comparece
ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, y
creo que es un buen precedente, que abrimos con usted, señor Embajador,
el que no únicamente los responsables directos de la gestión
gubernamental en cada uno de los sectores comparezcan, sino que también
lo
hagan los altos funcionarios que, como usted, están al frente de una
misión significativa.
En segundo lugar, antes de hacer algunos comentarios breves sobre su
excelente e interesante exposición, quería aprovechar este momento para
saludar en usted la inmejorable tarea que ha realizado en Guinea
Ecuatorial y, si me lo permite el señor Presidente y usted mismo, señor
Embajador, quiero hacerlo extensivo también a todos aquellos
funcionarios, diplomáticos o no diplomáticos, que en Guinea Ecuatorial y
en otras partes del mundo están realizando una gran tarea al servicio de
los intereses nacionales y yo creo que, en este momento, encuentran en
usted y en el señor Bustamante unos inestimables representantes de lo que
es esa capacidad española de presencia y de transmisión de valores y de
intereses en los cuales creemos firmemente. De manera que por esa doble
razón sea usted bienvenido a esta Casa.
Como seguramente sabe, señor Embajador, el tema de Guinea Ecuatorial ha
sido motivo de una preocupación permanente por parte de todos los grupos
políticos --naturalmente, hablo en nombre del mío, del Grupo Popular-- y
ha sido y seguirá siendo una preocupación prioritaria en nuestras
actividades con respecto a la presencia internacional española.
Hemos creído y seguimos creyendo que la política exterior tiene
componentes a veces puramente declamatorios o, si se quiere, de
composición de posibilidades y, desde ese punto de vista, más teórico que
práctico, pero por otra parte también tiene reclamaciones concretas que
no tienen que ver necesariamente con el tamaño de las preocupaciones,
pero que tienen que ver un poco con la historia del país, con las
preocupaciones del país, con la misma sustancia de ese país. Desde esa
perspectiva, nos parece que España se refleja perfectamente en Guinea
Ecuatorial, para bien y para mal, y que, querámoslo o no, las relaciones
que España mantiene con Guinea Ecuatorial, en el fondo, también se
convierten en una medida de nuestras propias posibilidades y de nuestras
propias voluntades. Y la preocupación que hemos mantenido y que seguimos
manteniendo, parcialmente al menos, a lo largo de estos últimos meses y
de estos últimos años, es que el Gobierno español no siempre ha estado a
la altura de las circunstancias. A nosotros no nos ha importado y no nos
importará seguir reforzando la voluntad, a veces desfalleciente del
Gobierno español, para actuar como creemos que se debe actuar en este
caso concreto, pero nos parece que lo que España consiga, al final de un
período histórico, en sus relaciones con Guinea Ecuatorial será una
perfecta radiografía para comprender lo que España puede hacer en el
contexto de sus relaciones internacionales y exteriores. No basta con ser
capaz de analizar de una manera más o menos concreta, más o menos
brillante, más o menos especulativa, la realidad exterior, sino que hay
que comprender, sobre todo, que la defensa de intereses concretos que
tienen que ver con las personas humanas y sus derechos tienen que ver
también con el mantenimiento de lazos culturales y de lazos económicos
tradicionales, que es donde efectivamente se juega esa importante moneda
de la política exterior española.
En consecuencia, quería agradecerle, por una parte, su planteamiento, que
es muy claro, muy nítido y en el cual coincidimos plenamente. Creemos que
España debe permanecer en Guinea Ecuatorial, en el mejor sentido de la
palabra, sin ningún tipo de afán neocolonialista, pero todos aquellos
que, precisamente en función de las dificultades con que nos
encontrábamos, pensaban que teníamos que abandonar Guinea Ecuatorial se
equivocaban y se siguen equivocando. Nuestra apuesta ha sido y seguirá
siendo por el mantenimiento de la presencia española en Guinea
Ecuatorial, mantenimiento de la presencia cultural, mantenimiento de la
presencia de preocupación por los derechos humanos y de ampliación por
esos espacios de libertad a los que el Embajador se refería, preocupación
también por el mantenimiento de los derechos y de los intereses legítimos
de tantos españoles que han dejado sus haciendas, que han dejado sus
vidas, incluso, en Guinea Ecuatorial.
Desde ese punto de vista, nos parece importante su comparecencia en la
Comisión, ya que se produce en un momento de cierta tranquilidad en las
relaciones bilaterales, que uno no sabe cómo interpretar: si como la
pausa después de la batalla, o la pausa antes de otra batalla. Por otra
parte, su presencia es también un reflejo muy claro de cuál ha sido el
último episodio de esas relaciones bilaterales. Usted ha sido llamado a
consultas, fórmula diplomática que todos conocemos pero no es capaz de
ocultar el contenido de esa relación. Nosotros hemos pedido precisamente
que usted fuera llamado a consultas en esos términos porque en un momento
determinado nos pareció --y en las actas de este Congreso queda-- que el
grado de provocaciones y de incidentes había rebasado con mucho lo que la
dignidad de este país y sus posibilidades podían soportar.
Querríamos aprovechar este período de relativa calma en estas relaciones
bilaterales para hacerle algunas consideraciones, que son éstas, algunas
preguntas y someterlas al criterio de lo que es un conocimiento
excepcional de la realidad guineana y una reflexión excepcional de lo que
han sido y pueden seguir siendo esas relaciones entre España y Guinea
Ecuatorial.
Por una parte, quería invitarle a que nos transmitiera sus pensamientos,
por breve que fuera, sobre el futuro de los intereses españoles en Guinea
Ecuatorial, intereses culturales, políticos y económicos. A veces parece
como si quisiéramos ocultar la existencia de relaciones económicas
legítimas en interés mutuo y la presencia de intereses españoles. Me
gustaría que, en la medida de lo posible, describiera cuál es la
situación de esos intereses españoles, de esos comerciantes españoles, de
esos españoles que en este momento pretenden, pretendían y quizás sigan
pretendiendo obtener su modo legítimo y honesto de vida a través de
relaciones económicas y comerciales en Guinea Ecuatorial.
En segundo lugar, nos gustaría conocer cuál es en general el futuro de
esas relaciones. Hemos pasado por momentos realmente tensos. Usted los ha
descrito de una manera quizá cuidadosa, pero no por ello menos
contundente y suficientemente comprensible. Hemos pasado
por momentos en donde se ha intentado, a través de procedimientos harto
peculiares, sustituir, por ejemplo, la presencia cultural española y cuál
es el futuro de esa presencia cultural. Se ha intentado también jugar con
España en función de relaciones bilaterales, como pueden ser las
relaciones con Francia. Una de las preguntas que yo quería hacerle es
precisamente cuál ha sido el comportamiento de los gobiernos franceses a
lo largo de estos últimos años, cuál es la evolución futura de esos
comportamientos y, consiguientemente, cuáles son las posibilidades de
entendimiento fructífero entre Francia y España respecto de los intereses
mutuos, pero sin aceptar que haya ninguna voluntad de sustitución de
presencias en ese futuro.
En tercer lugar, querríamos alguna valoración adicional sobre la
situación económica de Guinea Ecuatorial. En este momento, por ejemplo,
hemos recibido la noticia de la devaluación brutal del franco CFA, lo
cual introduce unas reflexiones sobre las relaciones económicas que
mantiene Francia con toda esa parte del continente africano, pero
querríamos saber también cuáles son las consecuencias que tiene para la
economía guineana esa devaluación del franco en cuya zona había entrado
hace pocos años, cuáles son las reacciones que el señor Embajador estima
que las autoridades económicas españolas podrían adoptar al respecto y,
en definitiva, cuál es el futuro económico de Guinea Ecuatorial desde esa
perspectiva. También en la perspectiva que viene siendo ampliamente
utilizada en los medios de comunicación, por lo menos en algunos de
ellos, sobre determinadas conexiones, al menos peculiares, por no
llamarlas abiertamente delictivas, del Gobierno de Guinea Ecuatorial con
determinados círculos del narcotráfico internacional; cuál es la
evolución que, desde ese punto de vista, piensa hacer el Gobierno
guineano de sus relaciones de cooperación con otros países, y si es
cierto que una parte de la tranquilidad relativa de la que gozamos en
este momento en ese terreno pudiera ser debida al hecho de que el
Gobierno guineano y sus máximos responsables piensan que tienen otras
fuentes de financiación para sus necesidades y no estrictamente las
provenientes de las normales procedentes de la cooperación o del comercio
internacional. Por último, en ese mismo planteamiento, me gustaría saber
cuáles son las posibilidades reales económicas ecuatoguineanas en
sectores estratégicos claves, como puede ser precisamente el de la
extracción petrolífera.
Yo le invitaría a que hiciera --también de manera breve; seguramente,
contará con la aquiescencia del señor Presidente para hacerlo con la
latitud que usted desee-- alguna prospectiva sobre lo que usted estima
que debiera ser la estrategia global de las relaciones entre España y
Guinea Ecuatorial, concebidas en esas líneas fundamentales en las cuales
en estos momentos todos estamos de acuerdo: ampliación de los espacios de
libertad, ampliación de los espacio de prosperidad para el pueblo
guineano y mantenimiento de unas relaciones en respeto mutuo y en interés
mutuo.
De nuevo, quiero darle las gracias y la bienvenida a esta Casa, señor
Embajador.
El señor PRESIDENTE: El señor Embajador tiene la palabra.
El señor EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA ECUATORIAL (Abelló Díez del
Corral): Voy a intentar contestar a las preguntas que me ha hecho el
señor Rupérez.
En cuanto a los intereses españoles en Guinea Ecuatorial, evidentemente,
desde la fecha de la independencia los intereses españoles han
experimentado grandes vicisitudes. En primer lugar, se produce una crisis
de los sectores económicos tradicionales de la presencia española por el
abandono de propiedades; en segundo lugar, se produce la caída de los
precios internacionales de las materias primas; en tercer lugar, se da
una mayor caída de la actividad comercial española en la región al
integrarse Guinea en la zona del franco CFA en 1985. Por otra parte,
Francia, por la propia dinámica de la integración de Guinea Ecuatorial en
la zona del franco CFA y la UDEAC en concreto, también va entrando en
algunos sectores productivos de Guinea. Por último, hay que tener en
cuenta el sector petrolífero, que en la actualidad está ocupado por
empresas americanas.
Con relación a todas estas preguntas sobre el futuro de las relaciones
entre España y Guinea (a mí no me compete hablar de una estrategia sobre
estas relaciones, eso es competencia del Gobierno y del Ministro de
Asuntos Exteriores), simplemente querría recordar lo que he dicho antes
en mi exposición. En primer lugar, hay que seguir en esta línea de
saneamiento de las relaciones bilaterales, en la línea de que los
intereses españoles se vuelvan a concentrar en sectores productivos de la
economía, porque es la manera de ayudar a la consolidación de estos
espacios de libertad, tanto política como económica. Una de las
características de Guinea es que casi no existe sociedad civil, es decir,
el Estado lo ocupa todo. Frente al Estado no hay órganos intermedios que
permitan precisamente estos espacios de libertad política y económica, y
por eso cualquier desarrollo de la economía ayuda también a un proceso
democratizador y a la instalación de un sistema democrático.
También me gustaría decir --no sé si respondo con ello a todas las
preguntas-- respecto a las relaciones con Francia, que Francia es una
gran potencia en el área; que tiene una política global; que está
reconociendo los intereses que tiene España en Guinea Ecuatorial, y se
puede hablar de un entendimiento y de una concertación hispano-francesa
en Guinea Ecuatorial. Prueba de ello es el comunicado hispano-francés
previo a las elecciones generales. Se ha producido un acercamiento entre
la posición española y francesa en cuanto al proceso democratizador.
Siguiendo con la contestación a las preguntas que me ha formulado,
respecto al petróleo tengo que decir que este elemento es el que
verdaderamente va a suponer una gran fuente de riqueza para el Gobierno
guineano. Lo que pasa es que, por ahora, la explotación que hay, que es
el pozo Alba, da solamente cuatro mil barriles al mes, es decir, unos
250.000 dólares mensuales al Gobierno guineano, lo cual no es una
cantidad importante. La
compañía americana que actualmente está llevando a cabo esta explotación,
la Walter International, ha hecho una gran inversión, pero, al parecer,
en los acuerdos que tiene con el Gobierno guineano se ha establecido que
hasta que no se recupere casi toda la inversión, el Gobierno guineano no
empezará a recibir el flujo de las rentas procedentes del petróleo.
Soy de los que siempre ha creído que en Guinea había petróleo y en
cantidades importantes, porque aunque se sea lego en la cuestión, si hay
petróleo en Nigeria, Camerún y Gabón, es decir, al norte, al este y al
sur, es lógico que lo haya también en Guinea. Parece ser que
recientemente compañías norteamericanas han descubierto petróleo ya en
unas cantidades importantes y sin conflictos fronterizos, cerca de
Camerún y Nigeria. En cambio, en la parte del estuario del río Muni, es
decir, en la frontera con Gabón, sí que habría conflictos fronterizos,
pero creo que el Gobierno guineano está esperando a que se ponga en
explotación toda esta riqueza petrolífera que supondría una gran ayuda
para el fomento del bienestar de este pequeño país.
En relación con la pregunta que me hace sobre el narcotráfico, no me
consta. He leído, como SS. SS., los periódicos que han publicado noticias
al respecto. Puntualmente ha habido problemas en el uso de algunas
valijas por parte de Guinea. Ha habido tres casos de uso poco adecuado de
las valijas, pero yo no conozco, ni hay pruebas, de vinculaciones con
este tipo de tráfico al que ha hecho alusión su señoría.
En cuanto a la prospectiva --vuelvo a repetir que a mí no me compete--,
quisiera decir que todo radica en el proceso democratizador. Hay que
seguir empujando el proceso democratizador y alentando el espíritu que
presidió la firma del pacto nacional, en marzo de 1993. Por los lazos
económicos, políticos y históricos que España ha tenido, por solidaridad,
por la importancia de la colonia guineana y por las conexiones de los
partidos políticos, España tiene un papel que jugar. No me gusta hacer
referencia a la palabra mediación ni a nada de eso, pero a lo mejor
España podría hacer alguna amigable composición, en tanto en cuanto tiene
un buen conocimiento de la realidad guineana, para poder ayudar al
Presidente Obiang a proseguir este proceso democratizador que por ahora
se encuentra inconcluso.
He respondido un poco rápidamente a sus preguntas y a lo mejor se me ha
quedado algo en el tintero, pero si S. S. quiere hacer alguna pregunta
suplementaria, estoy dispuesto a contestar.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de los demás grupos.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Espasa
tiene la palabra.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, la comparecencia de señor
Embajador ha sido muy ilustrativa para enriquecer los conocimientos y la
información, al menos de este Grupo Parlamentario.
Quisiéramos señalar --nos ha complacido escuchar la respuesta final del
Embajador-- que a quien compete fijar la política exterior de España en
Guinea es al Estado español. Se pueden hacer dos tipos de políticas: una
política de Gobierno respecto a Guinea y, en general, respecto a
cualquier problema internacional --a veces, el Gobierno socialista así lo
ha hecho--, o se puede hacer una política de Estado respecto al problema
concreto que nos ocupa en este caso, Guinea. Para hacer una política de
Estado previamente debe haber, como se ha conseguido a veces, un consenso
entre las fuerzas políticas que forman el arco parlamentario o, al menos,
las más significativas.
En esto hemos estado repetidamente en esta Comisión, fijando posición los
distintos grupos y señalando que, respecto de Guinea, había que construir
una política de Estado en la que pudiésemos estar de acuerdo la mayoría
de las fuerzas políticas. Nuestro Grupo continúa en esta posición.
Señalando este objetivo, quiero recordar que ya en comparecencias
políticas anteriores, no del señor Embajador sino del Ministro o del
Subsecretario del Departamento, nosotros abogábamos, y continuamos
abogando, por una actitud más beligerante --valga la palabra, con todas
las comillas que se quiera poner-- del Gobierno y del Estado español
respecto al progreso de la democracia y de los derechos humanos en
Guinea. Eso debía materializarse en una drástica reconsideración del plan
marco, que finalizó el 31 de diciembre. El Ministro de Exteriores ha
invitado repetidamente a todas las fuerzas políticas --espero que
mantenga esta invitación-- a diseñar los contenidos de un nuevo plan
marco, para adecuar la actitud de España como Estado respecto de Guinea
al acuerdo que podamos alcanzar todas las fuerzas políticas.
Parece que hay un nivel en el que todas las fuerzas políticas estamos de
acuerdo: mantenimiento de la ayuda humanitaria, mantenimiento de la
presencia española en Guinea, pero hemos de afinar bastante más sobre
cómo debe ser la presión y la ayuda para que la democracia y los derechos
humanos se vayan estableciendo en Guinea. Este es un tema que está
abierto, pendiente.
Insisto en recoger y recordar lo que fue una invitación del Ministro de
Asuntos Exteriores a que hagamos un trabajo de posible acuerdo para crear
política de Estado. Otra cosa es que esto no sea posible y que,
finalmente, el Gobierno decida practicar una política de Gobierno
respecto de Guinea, pero en eso la responsabilidad quedará repartida.
Respecto a qué se debería hacer, para señalar sólo algunos aspectos
esenciales, nosotros creemos que la posible definición de un nuevo plan
marco de ayuda debería ir acompañado de un reforzamiento de las
exigencias de democratización de la sociedad guineana y del sistema de
gobierno. Ahí deberíamos ser duros e inflexibles. En función de la
respuesta que pudiese obtenerse de las actuales autoridades de Guinea, se
podría o no avanzar más en el diseño de un nuevo plan marco mientras se
mantiene la ayuda humanitaria en las dos áreas que se han dejado, es
decir, sanidad y educación.
Respecto del resto de las cuestiones que se le han preguntado y que usted
ha explicado, insisto en que para
nosotros el debate no es con el Embajador, debe ser con el Ministro de
Asuntos Exteriores en el terreno político, en el que nuestra formación
política está dispuesta a colaborar y a producir una política de Estado
respecto de Guinea. Estamos a la espera de que esta invitación se
materialice en algo concreto y en aquel momento nos pronunciaremos con
mayor detenimiento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Muchas gracias, señor Embajador, por la
información que ha dado esta mañana a esta Comisión.
Este es un tema recurrente en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Generalmente, cada vez que el Presidente Obiang provoca algún incidente,
y esto suele ocurrir con cierta frecuencia, tenemos el correspondiente
debate en esta Comisión, ya desde hace bastantes años.
Al principio --así lo decía la última vez que compareció el señor
Ministro por estos temas--, los debates se producían por cómo funcionaba
la cooperación. Incluso, se creó al efecto la comisión de investigación
de esta Comisión, que viajó a Guinea, donde pudimos ver lo que allí
pasaba. Es verdad que, a partir de aquella comisión de investigación, las
cosas se han ido corrigiendo y que hoy en día cómo se efectúa la
cooperación no es objeto de debate en esta Comisión. Es un tema superado,
lo cual es de agradecer porque introduce aquellos factores que hacen
posible lo que decía el señor Espasa --coincido plenamente con él--
respecto a hacer una política de Estado consensuada por todas las fuerzas
políticas de esta Cámara que permita, como mínimo, que se respeten los
derechos humanos en Guinea y, evidentemente, que el país acabe siendo un
Estado democrático.
Hay bastante consenso, yo diría que casi general, en la Cámara en la
percepción de los problemas que hay con Guinea Ecuatorial. Incluso hay
acuerdos y relaciones entre todas las fuerzas políticas de esta Cámara y
los partidos de la oposición en Guinea Ecuatorial. Ha habido muchas
reuniones, ha habido firmas de acuerdos entre estos partidos y los grupos
parlamentarios españoles.
Hay una sintonía general entre esta Cámara y partidos de la oposición
guineanos en que debería hacerse un esfuerzo y en que España puede hacer
una función de mediación para que mejore la situación de derechos humanos
y política en Guinea.
Falta que el Gobierno quiera entrar en esta línea. Usted es el embajador.
Ha dicho que, como primer objetivo, quiere mejorar estas relaciones
bilaterales que en este momento son un poco complejas a partir de la
expulsión del Cónsul General en Bata, pero hay que definir un marco
político que permita a todas las fuerzas políticas apoyar lo que debería
ser una mejora de estas relaciones, siempre con el objetivo de mejorar la
situación política de Guinea Ecuatorial. Creo que el problema es
fundamentalmente político más que de cooperación. En definitiva, lo que
debe marcar la pauta para que los demás podamos apoyar esta política es
la definición de una política global --como la que usted ha dicho que
tenía el Estado francés-- en el área y, concretamente, en Guinea
Ecuatorial. Si esto se produce contará con el apoyo de nuestro Grupo
Parlamentario, como hemos dicho muchas veces. Además nos gustaría que,
dentro de tres o cuatro meses o quince días, no tuviéramos otro debate en
esta Cámara por cualquier otra actuación del Presidente Obiang que
provoque otra complicación en las relaciones bilaterales.
He leído ya en algún medio de comunicación que se ha abierto expediente a
los partidos políticos de la oposición en Guinea por parte del Presidente
Obiang. Si esto es así y según como derive esta actuación, podremos
volver a tener otro problema porque
--repito-- la sintonía con muchos de los partidos de la oposición
guineana y los partidos de esta Cámara es bastante elevada.
A ver si es verdad que se pueden mejorar estas relaciones bilaterales. El
señor embajador contará siempre con nuestro apoyo, pero, en definitiva,
estamos a la espera de facilitar este consenso, como decía el señor
Espasa, que sin ninguna duda facilitará mucho más la labor de España en
Guinea Ecuatorial.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, el señor González
Lizondo tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Embajador, en primer lugar, quiero darle
las gracias por su asistencia y por las explicaciones que nos ha dado.
Creo que todos aquí tenemos nuestro propio criterio respecto a las
provocaciones de Obiang y compartimos el mantenimiento de la ayuda
humanitaria a Guinea y la exigencia de una democratización mayor para ese
nuevo plan marco, pero naturalmente no es ésta la reunión ni es usted la
persona con la que tenemos que discutir este tema.
Yo sí quisiera hacerle una consideración. Al margen de que no sabemos si
existen garantías para los grupos de la oposición en estos momentos
--puesto que después de las elecciones que ha habido en Guinea el señor
Obiang amenaza con abrir un expediente a todos los grupos políticos--,
nos gustaría saber si existe algún tipo de ejercicio de la oposición en
estos momentos en Guinea por parte de los partidos políticos no afines al
señor Obiang.
Por otra parte, nos gustaría también saber si considera que aún es
posible la instalación de empresas españolas, con algunas garantías,
dentro de Guinea Ecuatorial. Esto es para mi región, Valencia, muy
importante, puesto que ahí hemos tenido gravísimos problemas que
conocemos todos y no sabemos hasta qué punto a las empresas se les puede
dar algún tipo de garantía, alguna confianza para repetir sus
experiencias, mantenerlas o crear unas nuevas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Yáñez-Barnuevo.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Me uno a
las felicitaciones que han hecho el resto de los portavoces de los grupos
parlamentarios al Embajador de España en Guinea Ecuatorial y también le
quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho por estar presente hoy aquí,
por comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para explicar, a
partir de un asunto concreto como ha sido la lamentable y condenable
expulsión del cónsul de España en Bata, la política general de España con
Guinea Ecuatorial --repito palabras de anteriores portavoces-- con
precisión, con brillantez y de una manera muy completa.
Como de sus palabras se puede deducir, una política exterior es acertada
sobre todo si responde a una elaboración rigurosa que parte de los
hechos, de los datos; si se mantiene con tenacidad, con firmeza; si tiene
continuidad y no da bandazos; si no es pendular, caprichosa, llevada por
los acontecimientos del día a día, si bien eso es compatible con la
flexibilidad y elasticidad que tiene que tener cualquier situación, que,
por la propia naturaleza de los hechos, es cambiante. En ese sentido, los
principios que él ha expresado de defensa de los intereses españoles, de
los ciudadanos españoles, y el apoyo al pueblo ecuatoguineano, y de la
cultura y la lengua en Guinea Ecuatorial, junto con la defensa de los
principios, que son universales, de los derechos del hombre y de la
democracia, son elementos básicos que deben sustentar esa política de
Estado, utilizando las palabras que han dicho otros portavoces, que
también el Grupo Parlamentario Socialista respalda y apoya. Creo que es
un caso típico --lo ha sido siempre--, en el que la coordinación y el
consenso entre los distintos grupos parlamentarios en apoyo de esa
política, debe ser y es fundamental.
En el transcurso de este debate se ha producido un subdebate muy curioso,
que no es baladí y que es interesante en este momento con la
comparecencia de un Embajador, que efectivamente no es normal, no es
corriente, es bastante excepcional que comparezca un Embajador de España.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha deslizado una doctrina que
es tremendamente peligrosa, que es la doctrina corporativista: que la
política exterior la hacen los funcionarios, diplomáticos... Es como si
la política de Sanidad la hicieran los médicos o la política de Defensa,
los militares. Es una doctrina tremendamente peligrosa, que niega los
principios básicos --y no creo que sea ésa su intención-- de la
democracia y de la soberanía popular. La política exterior la elabora el
Gobierno democrático de la nación surgido de estas Cámaras, del
Parlamento, y la ejecutan los funcionarios, diplomáticos o no. Por eso ha
sido muy importante e interesante la respuesta del señor Embajador a ese
deslizamiento peligroso por el que se podía introducir una doctrina que
nos parece absolutamente rechazable.
Dicho eso, me parece importante que se haya fijado aquí el consenso de
los grupos parlamentarios en el respaldo --porque también se ha
contribuido a la elaboración de esa política-- de la política de España
con relación a Guinea Ecuatorial, que, ojalá, en el futuro tenga mejores
resultados en el terreno de los derechos humanos y de la democracia en
ese país, tan histórica, cultural y afectivamente ligado al nuestro.
El señor PRESIDENTE: El señor Embajador tiene la palabra para hacer
algunas consideraciones globales.
El señor EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA ECUATORIAL (Abelló Díez del
Corral): Respecto a la pregunta formulada antes de la intervención del
señor Yáñez, relativa a la existencia de espacios políticos para el
ejercicio de la actividad política por parte de estas formaciones, se
puede decir que después de las elecciones generales se mantiene la
posibilidad de actuar de algunas formaciones políticas en Guinea
Ecuatorial, principalmente UP, el CPDS y también el Partido del Progreso.
Después de la decisión de no presentarse a las elecciones, les queda una
decisión soberana. Evidentemente, ahora hay que esperar a otros comicios,
que a lo mejor son los municipales o incluso los presidenciales, pero sí
quedan algunos espacios. Creo que algo se ha ganado en este período de
transición política en cuanto a libertad de expresión si lo comparo con
1991 cuando yo llegué a Guinea y, sobre todo, a partir del viaje del
Presidente del Gobierno y también de la gestión y de la visita del ex
Presidente Suárez.
En cuanto a las empresas españolas, las hay en los sectores maderero,
cacao, hostelería, sector comercial, servicios, construcción, etcétera.
No voy a decir que no hay problemas derivados del marco jurídico en el
cual se desenvuelven las inversiones, que los hay, pero también he dicho
antes que conviene que la actividad española, además de hacer
cooperación, se fije en estos sectores productivos, no sólo porque tiene
consecuencias económicas de bienestar, sino porque tiene reflejo en la
vida política al permitir que florezcan negocios que permitan a los
ciudadanos de Guinea Ecuatorial no depender sólo del Estado. (El señor
González Lizondo: ¿Cuál es el problema?)
El problema es el marco jurídico, que siempre ha ofrecido problemas.
Muchas gracias por su amabilidad y espero haber respondido a las
preguntas de la mejor manera posible.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Embajador.
Creo que interpreto el sentir de toda la Comisión si digo que le
agradecemos mucho su intervención, su presencia hoy aquí entre nosotros y
que le deseamos muchos éxitos en su tarea futura, que es, desde luego,
compleja, pero muy importante para nuestro país.
Muchas gracias.
Debo decirles que las preguntas números 2, 3 y 4 serán contestadas por el
señor Secretario General de Política Exterior, don Francisco Villar, y
que las preguntas 5, 6, 7, 8 y 9 serán contestadas por el señor
Subsecretario de Asuntos Exteriores, don Máximo Cajal.
Así que invito al señor Villar a que nos acompañe en la Mesa. (Pausa.)
PREGUNTAS (continuación):
--SOBRE REPERCUSIONES ACERCA DE LA POBLACION CIVIL IRAQUI DEL EMBARGO
MANTENIDO POR LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) SOBRE DICHO
PAIS. FORMULADA POR EL SEÑOR VAZQUEZ ROMERO (GIU-IC). (Número de
expediente 181/000293.)
El señor PRESIDENTE: Doy la bienvenida al señor Villar a ésta su casa y
le doy la palabra al señor Vázquez Romero para que desarrolle la pregunta
número dos.
El señor VAZQUEZ ROMERO: La pregunta versa sobre las repercusiones que
sobre la población civil iraquí está produciendo el embargo mantenido por
Naciones Unidas sobre este país. Sin duda conoce el Gobierno que este
embargo, mantenido desde el año 1991... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego el máximo silencio porque es
prácticamente imposible que las señoras estenotipistas y los señores
taquígrafos puedan entender lo que se está diciendo, como tampoco
nosotros.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Sin duda conoce el Gobierno las repercusiones
que sobre la población civil iraquí está produciendo el embargo
mantenido, a instancias de Naciones Unidas, sobre este país.
Probablemente, una vez más, estamos ante la paradoja de que, pretendiendo
castigar o presionar a un determinado régimen, lo que estamos
consiguiendo es castigar a la población que a su vez sufre las
consecuencias directas cada día de ese mismo régimen. En el caso iraquí
creo que esto es evidente. Hay diferentes ámbitos en los que este embargo
está generando una situación de lenta agonía de este pueblo iraquí que,
repito, sufre por varias vías las repercusiones de este embargo.
Circunscribiéndolo al ámbito fundamentalmente sanitario en el que es más
evidente estas repercusiones, ustedes saben que Irak antes de la invasión
de Kuwait gozaba de un sistema sanitario en general bastante equiparable
con países industrializados; es decir, tenía un sistema sanitario
capilarizado en la sociedad iraquí con un buen grado de funcionamiento
que hacía que los diferentes marcadores de salud que se utilizan en
cualquier tipo de organización dieran una buena percepción del
funcionamiento de ese aspecto importante para la sociedad iraquí que era
el sistema sanitario.
Hay cifras que por sí mismas hablan de esta repercusión del embargo. Por
ejemplo, hablando de mortalidad infantil en menores de cinco años, el
total anual del año 1990 fue de 3.560 niños, que significaba un 26 por
mil; en el año 1991 ese 26 por mil pasó a ser del 81 por mil y en el año
1992 al 104 por mil; es decir, se multiplicó por cinco esa mortalidad
infantil.
La cantidad desglosada de ese tipo de cifras, por ejemplo, el porcentaje
de niños con bajo peso al nacer, que era del 4,5 por ciento en el año
1990, pasa a ser del 18 por cien en el año 1992.
Las enfermedades que tienen una relación directa con la calidad y
cantidad alimenticia --no quiero entrar en palabras técnicas que creen
dificultad a los taquígrafos, como descompensaciones proteíco-calóricas y
avitaminosis-- se han multiplicado por diez y por veinte sobre la
población civil iraquí. Enfermedades que estaban prácticamente
erradicadas o que tenían unas tasas de incidencia muy bajas en la
sociedad iraquí se han multiplicado hasta retrotraerse a siglos
anteriores quizás de la propia población civil iraquí.
Nos parece que el mantener, aunque en las resoluciones de Naciones Unidas
estaban excluidas las medicinas y otros tipos de alimentos del embargo,
el hecho de que los fondos iraquíes en el exterior sigan retenidos por
ese embargo dificulta en la práctica la adquisición de esas mismas
medicinas o alimentos. Nos parece que no es razonable, que no sirve a
ningún objetivo que podamos compartir todos el seguir manteniendo el
embargo por la vía indirecta de mantener el embargo de los fondos sobre
una población civil que, como decía, está sufriendo no sólo ese embargo
internacional, sino la propia acción de su Gobierno.
Nos parece que estaríamos obligados, desde cualquier punto de vista, a
hacer cosas en el ámbito internacional y nuestra presencia en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas puede ser un buen instrumento para
intentar paliar esta situación. Yo sé que la posibilidad de que España
sola sea capaz de modificar eso es difícil, pero al menos hacer el
esfuerzo desde nuestro país para que esa situación, que está
injustificadamente castigando hasta límites difíciles de sostener a la
sociedad civil iraquí, pueda modificarse.
A mí me gustaría conocer la opinión del Gobierno y del señor Villar a
este respecto y si están haciendo o tienen pensado hacer algún tipo de
acciones en esta dirección.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Según las informaciones de que disponemos, que son básicamente
indirectas, puesto que, como saben, nuestra Embajada en Bagdad fue
cerrada y permanece cerrada a raíz de la crisis del Golfo, la situación
que vive hoy la población civil iraquí en términos globales no es mucho
mejor que la que existía en los meses inmediatamente posteriores a la
guerra, con toda la destrucción que produjo en el país; tampoco es en
términos globales, insisto, mucho peor, aunque, por supuesto, en algunos
sectores sí puede decirse que ha empeorado.
Ha habido, efectivamente, en algunos sectores una mejoría; por ejemplo,
en términos de progresiva reconstrucción por los daños ocasionados
durante la guerra, en las infraestructuras del país, pero, ciertamente,
la crisis económica, el deterioro social son considerables y dejan
sentir sus efectos en la vida cotidiana de la población civil.
Al parecer, la provisión diaria de productos de primera necesidad, sobre
todo de productos alimentarios, aunque sigue estando totalmente
racionada, es relativamente buena, es decir, no se aprecian carencias
apremiantes en este tipo de productos alimentarios, aunque, por supuesto,
la situación es mala. Gracias al contrabando, a las reservas todavía
existentes en el país y a los propios recursos naturales del país, que
son notables en el terreno agrícola sobre todo, la situación actual,
siendo mala, podría, sin embargo, permanecer durante bastante tiempo aún,
manteniéndose las sanciones.
Las mayores dificultades, como ha señalado S. S., desde el punto de vista
de la situación y del sufrimiento de la población civil, se dan en el
sector sanitario. Yo creo que los datos que aporta S. S. son elocuentes
al respecto. Efectivamente, tenemos informaciones del aumento de los
casos de malnutrición, incremento en la incidencia de enfermedades
transmisibles, etcétera, falta de medicamentos, desmantelamiento de los
programas preventivos, condiciones de desnutrición y pobreza.
¿Cuál es el efecto que esta situación está teniendo en la estabilidad del
régimen? Hasta el momento no parece un efecto considerable. El régimen
permanece relativamente estable, por lo menos por lo que se refiere a su
control de la parte centro y sur del país. Con problemas en el sur, pero,
a través del mantenimiento de las estructuras tradicionales, políticas y
represivas, el régimen continúa siendo, al parecer, relativamente
estable.
El Gobierno español es muy consciente de los sufrimientos que el embargo
y las acciones están provocando en la población iraquí. Por ello estamos
intentando hacer dos cosas, fundamentalmente. Por una parte, y sobre
todo, no desaprovechar ocasión alguna, sea directa o indirectamente, a
través de distintos canales o en público, de exhortar a las autoridades
iraquíes a que cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, porque sólo a través de ese cumplimiento se podrán
levantar las sanciones y, por tanto, encaminar al país hacia la
normalidad y posibilitar que esa situación que sufre hoy la población
civil pueda concluir.
A este respecto voy a explicar cuál es --porque me parece importante la
situación-- el eventual levantamiento o, si no levantamiento, al menos
relajación de las sanciones o de algunas de las sanciones, decretadas en
su día por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Tal como ha expuesto en su último informe el Presidente de la Comisión
Especial de las Naciones Unidas, encargada de la supervisión de la
eliminación del programa iraquí de armamentos de destrucción masiva, Irak
ha empezado a flexibilizar en el curso de los últimos meses su actitud a
este respecto, y por lo que se refiere a este tema específico, aceptando
muy recientemente, por primera vez de manera ya explícita y formal, la
resolución 715 del Consejo de Seguridad y sometiéndose, en consecuencia,
a los planes de vigilancia y verificación permanente de la destrucción de
su armamento, destrucción masiva, previstos en la citada resolución, y
facilitando, por otra parte, la actuación de la Comisión especial, a la
que hasta entonces había estado sometiendo a toda clase de trabas y
dificultades, cuando no, incluso, abierto hostigamiento.
Ahora bien, la Comisión especial deberá, a partir de ahora, preparar una
lista de los lugares que habrán de ser inspeccionados, precisar la
frecuencia y la modalidad de las inspecciones y, junto con el Organismo
Internacional para la Energía Atómica y el Comité de Sanciones del
Consejo de Seguridad, desarrollar un mecanismo de vigilancia de cualquier
suministro a Irak en el futuro y según se vayan levantando gradualmente
las sanciones de cualquier producto o tecnología de doble uso.
Todo ello, es decir, todas estas cuestiones que ha de poner en marcha la
Comisión especial, supone que, previsiblemente, todavía habremos de
esperar varios meses hasta que, en el mejor de los supuestos, pueda
contemplarse la aplicación del párrafo 22 de la Resolución 687, que
contempla el levantamiento de la prohibición a Irak de exportar petróleo.
Este tema del levantamiento, al menos parcial, de esta sanción es muy
importante, puesto que ésa sería la posibilidad que permitiría a Irak
poder adquirir muchos de los productos de los que ahora carece, sobre
todo en el terreno sanitario.
El Gobierno iraquí pretendió que, una vez que había aceptado --como digo,
hace unas semanas-- formalmente la Resolución 715, se suspendiese durante
seis meses por lo menos el levantamiento del embargo de petróleo, con la
posibilidad de reimponerlo si la Comisión especial comunicaba al Consejo
de Seguridad que Irak no estaba cumpliendo con sus obligaciones en este
terreno de la producción de armas de destrucción masiva, pero esta
pretensión iraquí no fue aceptada, sino rechazada, por el Consejo de
Seguridad; es decir que el Consejo de Seguridad no va a acceder a
levantar esta sanción específica en tanto la Comisión especial no informe
de que todo el dispositivo de vigilancia y supervisión ya está no sólo en
funcionamiento, sino que además ha pasado un período de prueba suficiente
para dar garantías de que de una vez por todas se va a eliminar la
posibilidad de que Irak reconstituya su importante arsenal de armas de
destrucción masiva que tenía o estaba a punto de conseguir antes de la
guerra del Golfo.
En la última revisión trimestral de las sanciones impuestas a Irak, a
pesar de que varios miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos
España, reconocimos que últimamente se habían dado pasos en la buena
dirección por parte iraquí, en el seno del Consejo se concluyó
globalmente que todavía no existían las condiciones necesarias para
levantar o flexibilizar el régimen de sanciones. La Delegación española y
alguna otra dentro del Consejo sostuvimos que si bien es cierto que
todavía no se dan estas condiciones para flexibilizar las sanciones, sí
nos parece importante alentar, animar a las autoridades iraquíes a
proseguir en esta línea de colaboración con la Comisión especial que ha
venido manteniendo en los últimos meses, de manera que llegado el momento
podamos proceder a la aplicación del párrafo 22 de la Resolución 687, es
decir, al levantamiento del embargo del petróleo. Asimismo --y ésta es la
otra línea de actuación que
estamos tratando de seguir dentro del Consejo de Seguridad, como
comprenderán SS. SS., dentro de un estrecho margen de actuación--, en el
seno del Comité de Sanciones, en el que también nos integramos, como los
demás miembros del Consejo de Seguridad, la Delegación española se ha
pronunciado en reiteradas ocasiones en favor de, al menos, una
interpretación flexible del término «suministros médicos y sanitarios»,
de forma que éstos incluyan también material hospitalario, material
quirúrgico, etcétera, y que, en consecuencia, dicho material pueda ser
importado con mayor facilidad por Irak y se contribuya a paliar las
actuales diferencias sanitarias. Es decir, que esta línea que nosotros
estamos preconizando de flexibilidad en la interpretación del régimen de
sanciones en el seno del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad
tiene sus dificultades, puesto que en el seno del Consejo hay algunos
países, y en concreto algunos de ellos miembros permanentes, que
defienden la línea contraria, esto es, una línea de gran dureza e
inflexibilidad y que incluso a través de la interpretación que se hace en
el Comité de Sanciones del régimen de sanciones tratan de hacer lo
contrario de lo que intentamos nosotros: hacer más rígido y duro todavía
el régimen de sanciones a través de la aplicación concreta.
Por último, quisiera señalar que, aunque se produzcan avances en los
próximos meses --y así lo esperamos por el bien de la población civil
iraquí--, por lo que se refiere a las resoluciones concretas que he
mencionado, antes de que se pueda proceder al levantamiento de la
totalidad de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad, Irak
tendrá que cumplir todas y cada una de las resoluciones del Consejo y, en
concreto, tendrá que cumplir todas las obligaciones que otras
resoluciones del Consejo le han impuesto en materia, por ejemplo, de
liberación de prisioneros políticos, fundamentalmente kuwaitíes,
información sobre los innumerables desaparecidos, fundamentalmente
también kuwaitíes, restitución de bienes kuwaitíes, reconocimiento de la
soberanía e independencia de Kuwait --tema importante, porque Irak sigue
sin reconocer todavía la independencia y la soberanía de Kuwait--,
reconocimiento de las nuevas fronteras entre Irak y Kuwait establecidas
por la Comisión de Naciones Unidas y, en definitiva, cumplimiento de
todos los términos de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Mientras
esto no se produzca, lamentablemente, el régimen de sanciones no podrá
ser levantado en su totalidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Una mínima réplica.
Somos partidarios de que se cumplan todas las resoluciones de las
Naciones Unidas, también la 668, que establece la posibilidad de ayudas
alimentarias, que pasan por encima de las sanciones y del bloqueo,
directas, no a través del Gobierno iraquí, a la población civil. Lo
cierto es que parece que se cumple la frase que dijo el señor Vance en
los primeros días de enero del año 1991, de que existe la pretensión,
como imposición de castigo, de devolver a Irak a la Edad Media. A este
paso, esas interpretaciones de la posible flexibilidad probablemente van
a conducir a Irak a la Edad Media y, desde luego, no va a ser por esa vía
por la que se va a posibilitar en la esfera internacional el cambio o la
democratización del régimen iraquí o la introducción de mejoras o el
respeto a los derechos humanos; al contrario, quien va a seguir sufriendo
las condiciones de esas sanciones y de esos embargos va a seguir siendo
una vez más la población civil. Creo que es una línea de pensamiento y de
acción que inevitablemente siempre lleva a que sea la población civil
quien acabe sufriendo los dos castigos: el de su régimen y, además, el
que se le impone a nivel internacional con la pretensión, rara vez
cumplida, de cambiar la posición del régimen.
En esa misma dirección, si el régimen iraquí está flexibilizando, con la
aceptación de la 715, la entrada de misiones de control de Naciones
Unidas en las instalaciones de armamento de destrucción masiva, etcétera,
ésa puede ser una vía --salvo que se esté en la otra dirección de
devolverlos a la Edad Media-- para conjuntamente empezar a levantar esas
condiciones que, repito, están llevando al pueblo iraquí, a la sociedad
civil, que es la que nos preocupa, a límites de sufrimiento absolutamente
inaguantables. Es cierto y verdad que todos estamos tan habituados a ver
tanta cantidad de miseria y de sufrimiento en el mundo que eso parece una
pequeña gota de agua en el mar, pero creo que desde cualquier posición
ideológica de la que se parta esas situaciones tienen que movernos a
hacer algo diferente de lo que se hace porque, evidentemente, por esa vía
no vamos hacia casi ningún sitio.
Agradezco que la posición sea la de interpretar más flexiblemente las
condiciones de las sanciones y del embargo, pero rogaría una mayor acción
diplomática para intentar convencer a los otros, en la medida de lo
posible, de la bondad de esa posición.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Quiero comentar muy brevemente que comparto en gran medida el
planteamiento y, por supuesto, la preocupación de S. S. sobre la
situación de la población civil iraquí. Lo que ocurre es que esta
situación se ha dado, se da y se seguirá dando sin excepción en el caso
de aplicación de un régimen de sanciones en cualquier país del mundo. Es
decir, evidentemente, la población civil es la víctima de la aplicación
de cualquier sistema de sanciones, y esto se ha dado en cualquier
situación. La principal víctima, por ejemplo, del régimen de sanciones
contra Sudáfrica fue la mayoría de color africana; de eso no hay la menor
duda. Esto se ha dado, se da y se seguirá dando en cualquier aplicación
de un sistema de sanciones. No es la única forma de sanción de la
comunidad internacional --y pienso que no debe ser la única--, pero en
casos y situaciones límites se llega, se ha llegado y se seguirá llegando
a la conclusión de que, a
pesar de estos efectos y de estas consecuencias, no hay mejor forma de
presionar a las autoridades o al régimen de los respectivos países a
cambiar su política y, en definitiva, a cumplir la legalidad
internacional y a cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Esto
es inevitable y la única forma de paliarlo es, evidentemente, a través,
por una parte, de las excepciones que se pueden establecer en cualquier
régimen por duro que sea, excepciones en el terreno humanitario, en el
alimenticio, en el sanitario, etcétera, y esto es lo que se intenta
hacer, pero, por supuesto, mientras el Gobierno iraquí no cumpla
plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad, las sanciones no se
van a levantar, lamentablemente.
--POSICION ESPAÑOLA ANTE LA CUMBRE HISPANO-MARROQUI, EN ESPECIAL,
RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ORGANIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS (ONU) SOBRE EL REFERENDUM DE AUTODETERMINACION DEL
SAHARA. FORMULADA POR EL SEÑOR VAZQUEZ ROMERO (GIU-IC). (Expediente
número 181/000294.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número tres, del señor Vázquez
Romero, sobre la posición española ante la cumbre hispano-marroquí, en
especial respecto del cumplimiento de las resoluciones de la Organización
de las Naciones Unidas sobre el referéndum de autodeterminación del
Sáhara.
El señor Vázquez tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Volvemos un poco a lo mismo.
Decíamos hace un momento que nosotros estamos porque se cumplan todas las
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y mientras
no se refuerce la estructura de las propias Naciones Unidas...
El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, perdone que insista, pero ¿no podría
acercarse más al micrófono? Se le entiende mal desde aquí.
El señor VAZQUEZ ROMERO: La arquitectura de la sala no nos es propicia,
señor Presidente.
Le decía que una vez más volvemos a hablar del cumplimiento de las
resoluciones de las Naciones Unidas, mientras no se modifique la
estructura actual de las naciones Unidas, algo de lo que nos ocuparemos
también en esta Comisión en esta misma mañana.
Hemos dicho muchas veces ya, lo dijimos cuando se discutió en el Congreso
el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad con Marruecos, que
entendemos y que es absolutamente lógico que España tenga unas relaciones
especiales con nuestro vecino del sur, relaciones que tienen que ser lo
más tranquilas posible, lo más razonables posible, pero que todas esas
condiciones geopolíticas no nos tienen que llevar a mirar hacia otro lado
cuando en Marruecos se incumplen resoluciones de Naciones Unidas o cuando
se violan derechos humanos, etcétera.
Ante esa cumbre hispano-marroquí que se produjo durante los días finales
de noviembre o primeros de diciembre del año pasado, queríamos saber cuál
es la posición española, no respecto al desarrollo de nuestras relaciones
políticas, comerciales, económicas, etcétera, con Marruecos, sino
también, en ese mismo marco, si España sigue insistiendo ante Marruecos
para conseguir el cumplimiento por parte de todos, pero fundamentalmente
en este caso de Marruecos, de las resoluciones de Naciones Unidas que
hacen referencia al referéndum de autodeterminación del Sahara, no por
nada, sino exclusivamente porque nuestra responsabilidad en la zona como
antigua potencia colonial nos parece que es obvia.
Las noticias de prensa que aparecieron sobre esa cumbre se refieren a una
importante dotación de créditos por parte de España a Marruecos en
diferentes ámbitos de la actividad económica, pero no apareció ninguna
referencia a la acción diplomática del Reino de España sobre el Reino de
Marruecos instándole a cumplir ese mil veces aplazado referéndum de
autodeterminación del pueblo saharaui que tiene los problemas que todos
sabemos que tiene, sin ninguna duda, pero en la consecución de cuyo
objetivo nos parece que España está obligada, por razones históricas y
por razones, incluso, de ética colectiva.
Me gustaría saber cuáles son las últimas acciones que el Gobierno español
está haciendo para llevar a Marruecos a cumplir esas resoluciones de
Naciones Unidas que hacen referencia al principio del fin del problema
del Sahara.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): En la reunión de alto nivel entre España y Marruecos presidida
por los respectivos Jefes de Gobierno que se celebró los pasados días 3 y
4 de diciembre, la agenda, el temario fundamental de dicha reunión,
porque así está establecido por el Tratado de Amistad y Cooperación, se
centró básicamente en los diferentes capítulos de las relaciones de
cooperación hispano-marroquíes, es decir, en la relación bilateral, que,
como saben SS. SS, ha conocido un notable impulso durante los últimos
años.
Las cuestiones de política exterior, en general, en parte también debido
no sólo al marco formal establecido para este tipo de reuniones entre los
Jefes de Gobierno, sino también un poco por las competencias del
interlocutor del Jefe de Gobierno marroquí, que tiene unas competencias,
sobre todo centradas en el ámbito económico de la política económica,
debido a estas razones no fueron objeto de un tratamiento en profundidad.
Se habló algo, es verdad, de las distintas iniciativas sobre diálogo y
cooperación en el Mediterráneo y también de la cuestión del Sahara
occidental, de la situación en que se encuentra en estos momentos el
proceso de paz, situación, como ahora explicaré, básicamente de
«impasse», de bloqueo,
pero en ese momento la cuestión del Sahara no se abordó en profundidad.
No obstante, debo decir que el Gobierno de Marruecos conoce a la
perfección la postura española sobre la descolonización del Sahara. Son
innumerables las ocasiones en que se ha tratado bilateralmente el tema y,
además, conoce cuál es en concreto nuestra posición respecto a la
aplicación del plan de paz puesto que a lo largo del pasado año los dos
países, Marruecos y España, han coincidido como miembros no permanentes
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que en varias ocasiones
hubo de abordar el tema.
Dicho esto, me parece oportuno aprovechar la ocasión para tratar de
recordar sucintamente las líneas directrices de la postura española
acerca del proceso de descolonización y de paz en el Sahara occidental, y
ofrecer a S. S. una versión actualizada de los últimos desarrollos y de
la situación del plan de paz en estos momentos.
Comenzaré recordando que España mantiene una posición de principio
invariable desde 1976, según la cual el conflicto del Sahara es un
problema de descolonización inconclusa, que sólo podrá ser resuelto
mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación organizado
por/y bajo los auspicios de Naciones Unidas.
España en su día acogió con satisfacción la adopción por el Consejo de
Seguridad de las Resoluciones 658 y 690, ratificadas luego por la
Asamblea General y aceptadas por las dos partes que encomendaron, como
sabe S. S., la organización del referéndum, bajo la dirección del Consejo
de Seguridad, al Secretario General de Naciones Unidas, siguiendo las
disposiciones del plan de paz que había elaborado el anterior Secretario
General, señor Pérez de Cuéllar.
A petición de los dos últimos secretarios generales de Naciones Unidas,
España ha venido colaborando en los preparativos del referéndum y en
diversos aspectos importantes para posibilitar que el referéndum tenga
lugar. La contribución española en sus aspectos financieros, logísticos y
técnicos ha sido muy importante. Ha atendido todos los requerimientos que
le han hecho los sucesivos secretarios generales de Naciones Unidas y
hasta el momento ha sido la contribución internacional o externa más
importante para el lanzamiento de la operación de Naciones Unidas, la
llamada Minurso.
Por otra parte, España ha ejercido y continúa ejerciendo una actividad
diplomática constante en apoyo del plan de paz a través, tanto de
nuestros contactos bilaterales con todas las partes, con los gobiernos
interesados, como con los responsables de Naciones Unidas,
fundamentalmente con el Secretario General y su representante especial.
La incorporación de España al Consejo de Seguridad, el día 1.º de enero
del pasado año, abrió algunas perspectivas nuevas de acción que hemos
tratado de aprovechar, siempre de manera discreta, pero intentando
conseguir la mayor eficacia posible. En este tema tan delicado pensamos
que la eficacia tiene mucho que ver con la discreción.
En el seno del Consejo de Seguridad se constituyó recientemente, hace
unos meses, un grupo informal de países, entre los que se encuentra
España, países especialmente interesado en el proceso de arreglo del
problema que nos cocupa. Este grupo se reúne periódicamente con el
Secretario General, sobre todo con su representante especial, y a veces
lo ha hecho con el Presidente de la Comisión de Identificación de futuros
votantes o de personas que aspiran a ser inscritas en el censo de
votantes en el referéndum, con otros funcionarios de Naciones Unidas y
también con las dos partes en el conflicto.
En estos momentos estamos en fase de aplicación de la última Resolución
del Consejo de Seguridad, adoptada por unanimidad el 2 de marzo de 1993.
España contribuyó activamente al proceso de elaboración de esta
Resolución, que no fue nada fácil, y que en parte, gracias a nuestra
actuación conseguimos que fuera, a nuestro juicio, una resolución
equilibrada. En esta Resolución se establece, en primer lugar, que la
celebración de la consulta no puede demorarse indefinidamente y, en
segundo lugar, que el Secretario General debe intensificar sus esfuerzos
con las partes en la importante cuestión de la interpretación y
aplicación de los criterios que determinarán la condición de votante en
el referéndum, e iniciar el proceso de identificación e inscripción de
votantes, empezando por los que figuran inscritos en el censo español de
1974.
En relación con la interpretación y aplicación de los llamados criterios
de saharauidad, que es el tema absolutamente clave y crucial que está
precisamente bloqueando la continuación de la aplicación del plan de paz,
el Secretario General ha trasladado a las partes unas propuestas de
compromiso. Sin embargo, debo decir que las divergencias de las partes en
relación con esta cuestión son todavía muy importantes. Marruecos ha
aceptado estas fórmulas de compromiso y el Frente Polisario no lo ha
hecho todavía. Nosotros hemos apelado y continuamos apelando a las partes
para que cooperen al máximo con los esfuerzos del Secretario General,
dando muestras de un sincero espíritu de compromiso. Mientras no se dé
este compromiso, difícilmente el Secretario General va a poder seguir
adelante en la aplicación, en la implementación del plan de paz, al menos
con la colaboración de las dos partes. Desde luego, para nosotros el peor
escenario, pero que no hay que excluir, sería que cuando el Secretario
General presentara su próximo informe, el Consejo de Seguridad (donde
empieza a haber, debo decirlo también, no por parte de España, pero sí
por parte de otros países miembros del Consejo de Seguridad, un creciente
cansancio y un deseo creciente por terminar cuanto antes esta cuestión)
dicho Consejo de Seguridad, pudiera decir al Secretario General: siga
usted adelante con la implementación del plan y con la celebración del
referéndum, aunque una de las partes no esté dispuesta a cooperar, a
colaborar. Este escenario sería nefasto para nosotros porque podría
conducir a que aun habiendo un cierto refrendo por parte de la comunidad
intenacional, quedara un foco de permanente inestabilidad en esta zona de
tanta importancia para nosotros.
Ahora bien, debo señalar que el menos, en otros aspectos de la aplicación
del plan sí ha habido algunos pasos
positivos últimamente. La Comisión de Identificación de Minurso ha
empezado a trabajar sobre el terreno. Ha abierto oficinas en las
principales poblaciones del Sahara, también en los campamentos de
refugiados en la zona de Tinduf, en Argelia, y ha distribuido ya los
formularios de solicitud de inclusión, de inscripción en el censo
electoral. Todavía no han comenzado a llegar las respuestas
individualizadas, pero confiamos en los esfuerzos que actualmente está
llevando a cabo el representante especial y el Presidente de la Comisión
de Identificación cerca de las partes, para arbitrar un sistema
satisfactorio de proceso de los datos, identificación y registro de los
votantes en el futuro referéndum.
La Resolución 809, del Consejo de Seguridad, solicitaba, asimismo, la
presentación de un informe del Secretario General en el que se evaluara
el resultado de sus gestiones y se determinasen los pasos a seguir para
la pronta celebración del referéndum. El señor Butros Gali ha presentado
sendos informes provisionales, en mayo y en noviembre pasado. Para el
próximo mes de marzo se espera un nuevo informe, que tal vez no tenga aún
carácter definitivo, en el que el Secretario General, sin duda, evaluará
las posibilidades de celebración del referéndum, de la consulta en el
curso de este año. En ese momento es en el que pudiera ocurrir
--esperamos que no-- ese escenario que yo antes he descrito someramente.
Finalmente me gustaría mencionar otro aspecto que me parece importante y
es la cuestión del diálogo directo entre las partes. Aunque la resolución
809, del Consejo de Seguridad, no se refería a este aspecto de manera
expresa, lo cierto es que para la instauración de un clima de confianza
entre las partes, para facilitar avances en los aspectos técnicos del
plan de paz y para facilitar un compromiso en torno a la debatida
cuestión de la aplicación o interpretación de los criterios de
saharauidad, el Secretario General ha decidido promover, como sabe S. S.,
estos contactos y de hecho consiguió que hubiera una ronda de
conversaciones en El Aaiún en julio del año pasado; lamentablemente no
pudo haber una segunda ronda en Nueva York hace unos meses, pero no
obstante el Secretario General sigue confiando en que sea posible la
reanudación de estos contactos, de este diálogo directo que desde luego
nosotros apoyamos.
Nos encontramos, por tanto, en una fase muy delicada en el proceso, pero
seguimos confiando en que se superen las actuales dificultades, en que
pueda aplicarse el plan del Secretario General y que ello permita
instaurar una paz duradera en esta región del Magreb.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villar. (Pausa.)
El señor Vázquez manifiesta no desea consumir el turno de réplica.
--SOBRE INFLUENCIA DE LA EVOLUCION INTERNA ARGELINA EN EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DEL GASODUCTO A TRAVES DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR. FORMULADA
POR EL SEÑOR SUCH PEREZ, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 181/000349.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 4, formulada por don
Diego Such Pérez, del Grupo Popular, en relación con la influencia de la
evolución interna argelina en el proyecto de construcción del gasoducto a
través del Estrecho de Gibraltar.
El señor Such tiene la palabra.
El señor SUCH PEREZ: Señor Presidente, señorías. Señor Villar, muchas
gracias por su asistencia.
Desde el Grupo Popular existe la firme convicción de que uno de los
problemas más importantes que tiene hoy la economía española
indudablemente son los costes energéticos. Esa impresión del Grupo
Popular (avalada por multitud de análisis rigurosos y científicos y que
entendemos que también otros grupos políticos, incluso el propio Gobierno
comparten) hace que en un momento determinado se piense en la opción del
gasoducto Argelia-Marruecos para tratar de abaratar esos costes
energéticos.
Creemos que también estamos bastante acertados cuando afirmamos que los
precios de la energía en España son de los más altos de Europa y fruto de
esto aparece el proyecto del gasoducto, que tiene una serie de
limitaciones, señaladas por la propia Agencia Internacional de la
Energía, en el sentido de que no es bueno que un determinado país tenga
excesiva dependencia a la hora del suministro del gas natural, y cuando
se lleve adelante este proyecto nuestra dependencia va a ser del 80 por
ciento entre Argelia y Libia. Teniendo en cuenta, además, que estos
países son políticamente inestables, esa recomendación de la Agencia
Internacional de la Energía se hace mayor y más consistente.
Entendemos que uno de los objetivos fundamentales que se persiguen con
este proyecto es intentar de alguna manera hacer llegar el producto a las
nuevas centrales térmicas que están pendientes para su puesta en marcha
de la llegada de este gas; también para el «repowering» de las ya
existentes y para todo el tema de la gasificación; finalmente, para el
desarrollo de la cogeneración.
Dentro de este planteamiento y dada la poca información que en estos
momentos tenemos, sobre todo del tramo que se refiere concretamente a
Argelia --información que el Gobierno no ha facilitado en ningún
momento--, tenemos la preocupación de que hay un montante de inversiones
muy importante en el sector de la ingeniería y de los bienes de equipo
que está dependiendo fundamentalmente de lo que pase con el proyecto del
gasoducto. La situación es muy seria y, por tanto, las preguntas que
hacemos son: ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo ven ustedes la situación
política en Argelia y cómo eso va a influir en el tema del gasoducto?
El señor PRESIDENTE: El señor Villar tiene la palabra para contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Naturalmente, no voy a entrar a comentar algunos de los aspectos
señalados por S. S., que me parecen importantes, pero que, obviamente,
escapan no sólo a mi competencia sino a la del Ministerio de Asuntos
Exteriores, como son todos los relativos a nuestra política energética y
al desarrollo de este proyecto tan importante del gasoducto en sus
aspectos técnicos y operativos, pero sí me voy a centrar en los aspectos
incluidos en la pregunta concreta que efectúa S. S., es decir, cómo
evaluamos en estos momentos la situación interna argelina y en qué medida
podemos establecer alguna conclusión sobre la posible repercusión de esta
situación en el proyecto del gasoducto, en términos generales.
Como SS. SS. conocen perfectamente y como tuvimos ocasión de hablar de
esta cuestión en una intervención mía anterior, que tuvo lugar en esta
misma Cámara a finales del mes de diciembre pasado, la situación por la
que atraviesa en estos momentos Argelia es extraordinariamente delicada y
difícil.
Argelia está inmersa en una crisis política de enorme envergadura,
también en una crisis socioeconómica de enorme entidad, en definitiva, en
una crisis de sistema, una crisis global, con muchas ramificaciones y con
una manifestación particularmente preocupante por lo que se refiere a la
falta de seguridad, los problemas de inseguridad, de atentados, del
fenómeno terrorista.
La violencia política, por ejemplo, ha producido como mínimo 3.000
víctimas mortales en los últimos tiempos, la inmensa mayoría ciudadanos
argelinos, aunque, como sabe S. S., desde el otoño pasado también ha
habido que lamentar el asesinato de veintisiete ciudadanos extranjeros,
entre los cuales se encuentra un compatriota nuestro, el señor López
Bailén.
El Gobierno español ha efectuado desde entonces numerosas gestiones cerca
de las autoridades argelinas y ha adoptado, y sigue adoptando, todas las
medidas que están en nuestras manos para asegurar, o tratar de asegurar,
la integridad física y la seguridad de los españoles que aún permanecen
en Argelia, así como la protección de nuestros intereses en el vecino
país.
Por lo que se refiere a la crisis política, el rotundo fracaso de la
Conferencia Nacional, celebrada los pasados días 25 y 26 de enero, que,
como S. S. sabe, fue boicoteada por la práctica totalidad de los partidos
políticos, aunque no así por una serie de organizaciones más o menos
representativas de ciertos sectores de la sociedad civil, algunas
procedentes del antiguo régimen; otras, de nueva creación, el fracaso de
esa Conferencia Nacional hizo que fuera el Alto Consejo de Seguridad, no
la Conferencia, el organismo que propusiera el nombramiento del nuevo
Jefe de Estado, el General Liamin Zerual.
El nombramiento del General Zerual en medio de esta situación política
tan compleja y tan difícil, nosotros lo valoramos como algo positivo y
como un signo relativamente esperanzador, dada su personalidad, las
informaciones que tenemos sobre su talante, dada la receptividad positiva
que ha tenido, por parte de las principales fuerzas políticas argelinas y
dado, sobre todo, sus primeras intervenciones públicas, en las que ha
esbozado cuál va a ser el programa de Gobierno. No obstante, en las
delicadas circunstancias actuales, la prudencia aconseja no prejuzgar
cuál va a ser el éxito en la difícil misión del nuevo Jefe de Estado
argelino, señor Zerual.
La posición española es alentar en Argelia un verdadero proceso de
transición democrática, consensuado con todas las fuerzas políticas
nacionales que aceptan la vía de la democracia y rechazan el recurso a la
violencia como forma de actuación política. Pensamos que ésta es la única
manera de poner coto a la violencia, de aislar a los violentos, de acabar
con la lacra del terrorismo en un marco de respeto a los Derechos Humanos
y de evitar una radicalización de las opciones políticas. Sin embargo, la
seriedad y la naturaleza tan compleja de los problemas que afectan a
Argelia recomiendan una cautela elemental a la hora de hacer pronósticos
sobre la evolución política del país y, como consecuencia también, a la
hora de hacer pronósticos sobre las condiciones de seguridad que van a
prevalecer en el país en los próximos tiempos.
Tal imprevisibilidad de los acontecimientos no hace fácil tampoco prever
cuáles puedan ser las repercusiones en los grandes proyectos de
infraestructura que están en marcha en Argelia entre los que figura, por
supuesto, de manera destacada la construcción del gasoducto hacia España,
a través de Marruecos y el Estrecho de Gibraltar.
Permítame S. S. que dé, al menos, unos datos que poseemos en el
Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con la marcha de este
proyecto. El proyecto de gasoducto nace oficialmente el 30 de abril de
1991 cuando los Secretarios de Estado responsables de la energía de
Argelia, Marruecos y España firman, en Madrid, un acta confirmando la
voluntad de los tres países de realizar el gasoducto Magreb-Europa.
La previsión actual para la finalización de las obras del gasoducto en su
primera fase, en la fase argelina, es la de diciembre de 1995 estando su
calendario de desarrollo dentro de programa y sin que sean de prever
actualmente retrasos significativos, aunque naturalmente esto va a
depender de la evolución política y de la situación de seguridad en
Argelia que, como digo, continúa siendo básicamente imprevisible a pesar
de algunos signos esperanzadores. He hecho mención a uno de ellos: la
personalidad y la voluntad política del nuevo Jefe de Estado. Se podrían
señalar algunos otros como la continuidad de las conversaciones, de las
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que también es un
tema básico que obligará, sin duda, a Argelia a realizar un duro plan de
ajuste, pero que le va a posibilitar también algo tan vital para la
economía del país como la renegociación de la enorme deuda externa que
tiene acumulada. Actualmente está finalizando la puesta en marcha de la
estructura societaria del proyecto, del gasoducto, y la ingeniería básica
del mismo.
Por lo que se refiere específicamente al tramo a través del Estrecho,
debo decir que han concluido satisfactoriamente la campaña oceanográfica,
los estudios de oleaje,
la campaña geotécnica en terminales y los estudios de trazados. La
gestión de compra de materiales está prácticamente finalizada y durante
el pasado mes de enero se estaban recibiendo las correspondientes ofertas
para los contratos de construcción.
El pasado 13 de mayo de 1993 se inauguró oficialmente en la frontera
argelino-marroquí el inicio de las obras en presencia de los Ministros de
Energía de España, Marruecos y Argelia.
Dicho esto creo que es importante mencionar lo siguiente. En primer
lugar, la importancia capital que tiene para la economía argelina, que a
falta de otros recursos obtiene el 98 por ciento de sus ingresos por
exportaciones de la venta de hidrocarburos; y, en segundo lugar, que
Argelia importa dos terceras partes de sus alimentos, siendo muy difícil
que la situación cambie a corto o medio plazo. En otras palabras, incluso
la seguridad alimentaria argelina está y estará directamente condicionada
al futuro de sus exportaciones de petróleo que están en franco retroceso
por la disminución de sus reservas, y al futuro de sus exportaciones de
gas que, al contrario de lo que está ocurriendo con el petróleo, está en
auge por ser un recurso muy abundante y por las expectativas de
incremento de las importaciones de varios países europeos.
Teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta estos dos aspectos, no
parece aventurado pensar que cualquiera que sea el futuro gobierno e
incluso régimen argelino, cualquiera que sea su signo político, su
orientación, seguirán concediendo un gran valor a este proyecto que es de
una importancia verdaderamente estratégica --quiero subrayarlo-- para
Argelia.
Naturalmente la constatación del favorable impacto que el futuro
gasoducto euromagrebí está llamado a tener sobre las economías argelina y
europea hace especialmente deseable el éxito de esta ambiciosa empresa.
Con ello, estaríamos dando un nuevo paso en nuestro objetivo de anclar lo
más posible las economías magrebíes a las economías europeas.
El señor PRESIDENTE: El señor Such tiene la palabra, para réplica.
El señor SUCH PEREZ: Oído al señor Villar, quisiera hacerle dos pequeñas
aclaraciones. Dada la posición que usted y que el Gobierno mantienen a
este respecto y avalada por la información y por los datos que usted da,
me gustaría saber dos datos al respecto. Primero, sobre la cumbre
empresarial del pasado octubre, en Rabat, donde se discutió el tema del
gasoducto y en donde estos empresarios mantuvieron opiniones parece que
diversas a las que usted ha mantenido hoy aquí; y, segundo, por qué en la
nueva empresa que puede aparecer de Gas Natural y Enagas se va a segregar
el proyecto del Magreb para tratar de no internacionalizar las posibles
deudas que puedan aparecer a través de este proyecto. Es decir, una es la
posición que usted ha dado --y yo entiendo que es la posición del
Gobierno-- y otra es lo que, de alguna manera, se está pensando, diciendo
o haciendo en sitios donde también el Gobierno tiene mucho que decir.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Villar, ¿quiere añadir algo?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): No. Lamento no poder contestar a estas dos preguntas de S. S.
sobre las que no tengo información. Son dos preguntas que, sin duda,
tendrían que ser dirigidas a nuestro responsable del Ministerio de
Industria y Energía y/o a los directivos del INH.
No tengo información sobre estas dos preguntas concretas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villar, y al mismo tiempo le
despido de su tarea. Agradezco su presencia entre nosotros y llamo al
señor Cajal para que le sustituya en esta Mesa.
--SOBRE OFICINAS COMERCIALES EXISTENTES EN LAS MISIONES DIPLOMATICAS
ESPAÑOLAS EN EL EXTRANJERO. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA, GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000360.)
--SOBRE CIUDADES EN QUE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS COMERCIALES EXISTENTES
EN LAS MISIONES DIPLOMATICAS ESPAÑOLAS EN EL EXTRANJERO. FORMULADA POR EL
SEÑOR ROBLES FRAGA, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000361.)
--SOBRE OFICINAS COMERCIALES QUE TIENEN SUS INSTALACIONES EN UN EDIFICIO
DISTINTO AL DE LA CANCILLERIA DE LA EMBAJADA. FORMULADA POR EL SEÑOR
ROBLES FRAGA, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000362.)
--SOBRE RAZONES POR LAS QUE LA MAYOR PARTE DE LAS OFICINAS COMERCIALES
ESTAN EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL RESTO DE CONSEJERIAS Y OFICINAS DE
UNA EMBAJADA. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA, GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 181/000363.)
--SOBRE CRITERIOS QUE SE APLICAN EN RELACION CON LA COMPOSICION DEL
PERSONAL Y LA PERMANENCIA DE UNA OFICINA COMERCIAL. FORMULADA POR EL
SEÑOR ROBLES FRAGA, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000364.)
El señor PRESIDENTE: El señor Cajal va a contestar las preguntas números
5, 6, 7, 8 y 9, que han sido
presentadas, todas ellas, por don José María Robles Fraga, del Grupo
Parlamentario Popular.
Ruego al señor Robles que, teniendo en cuenta que el objeto de esas
preguntas es prácticamente el mismo, tenga la bondad de presentarlas
todas en bloque.
Al señor Cajal le agradezco su presencia aquí y le doy la bienvenida.
El señor Robles tiene la palabra.
El señor ROBLES FRAGA: Señor Subsecretario, señorías, vuelvo con un
asunto que ya ha aparecido varias veces por esta Comisión. Me permito
agrupar las preguntas porque yo creo que comprenden distintos aspectos de
la misma cuestión: las características de nuestra red de oficinas
comerciales y su relación con las cancillerías, con las embajadas y la
manera en que éstas quedan organizadas, qué criterios se siguen en la
composición del personal y las razones por las que se ha elegido una
determinada localización de estas oficinas y no otra.
Tendré ocasión de hablar de todo esto, con los datos que me dé el señor
Subsecretario, pero acabamos de presenciar una buena muestra de lo que no
debe ser una aplicación correcta del principio de unidad de acción
exterior del Estado. Quiero decir que si el Secretario General de
Política Exterior, que no está presente --si lo ha estado hasta hace
pocos segundos--, no puede informar a esta Comisión sobre lo que
constituye el eje vertebrador de nuestros intereses con Argelia y
considera que eso es competencia o que es información exclusiva del
Ministro de Industria, ya me dirán ustedes para qué queremos una política
exterior con Argelia. Todo esto a propósito de lo mismo. Imagino que el
señor Subsecretario tampoco podrá dar a esta Comisión la información que
se le pide, pero espero que alguna información adicional podamos
conseguir sobre este otro asunto de las oficinas comerciales. Que conste
mi sorpresa personal por la incapacidad de un Secretario General de
Política Exterior para contestar algo que se refiere al corazón mismo de
nuestros intereses en Argelia. Si algún interés tenemos en Argelia es
ése, y si ello no forma parte de nuestro acervo exterior ya me dirán
ustedes para qué estamos en este negocio.
Cedo la palabra gustoso al señor Subsecretario para mi negocio, que es el
de las oficinas comerciales.
El señor PRESIDENTE: Quien cede la palabra soy yo, evidentemente, como
Presidente de esta Comisión. La tiene el señor Cajal.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Voy a tratar
de hacer una exposición lo más breve posible, subsumiendo en ella las
distintas preguntas que también S. S. ha compendiado, y me atreveré, sin
duda, a hacer una incursión en el tema de las oficinas comerciales.
La lectura del artículo 15 del Real Decreto 632/1987, sobre organización
del Estado en el exterior, que por supuesto S. S. conoce, quizá permita
situar el tema de las oficinas comerciales en este caso, de las
consejerías y de las agregadurías sectoriales con carácter general. El
artículo 15, apartado 1, del Real Decreto dice que los servicios de las
misiones diplomáticas permanentes se estructuran en oficinas diplomáticas
que son cancillerías diplomáticas, consejerías y agregadurías
sectoriales. El apartado 3 dice que se consideran consejerías y
agregadurías sectoriales las oficinas que, sin estar integradas en la
cancillería diplomática, desarrollan fundamentalmente tareas
especializadas de carácter técnico. Y añade que las agregadurías y
consejerías sectoriales mantendrán su actual dependencia funcional de los
ministerios con competencia sectorial, a los que corresponde su
organización interna y dotación presupuestaria, así como su inspección
técnica y control, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.º y
de las competencias que corresponden al Ministerio para las
Administraciones Públicas en materia organizativa. El artículo 8.º dice
que corresponde a los jefes de misión diplomática, de representación
permanente y de delegación, la coordinación de todos los órganos de la
Administración del Estado en el exterior al objeto de garantizar, de
acuerdo con el principio de unidad de acción, que sus actuaciones en el
exterior sean acordes con las directrices de política exterior definidas
por el Gobierno.
Me he permitido hacer esta cita literal porque, como antes he dicho, me
parece que sitúa claramente el tema de las oficinas sectoriales en el
marco de las cancillerías diplomáticas, lo que quiere decir que esa
integración no tiene que ser necesariamente física, uno de los puntos que
preocupa a su señoría. Por otra parte, quiero recordar a S. S. que la
situación, buena o no buena, en que nos encontramos no es producto de los
últimos tiempos, sino que es una realidad que data de bastante antes;
data de los años cincuenta, sesenta y setenta, como S. S. sin duda sabe
también. Voy a pasar revista, rápidamente, a algunos datos objetivos que
me parece que vienen al caso y que responden a las preguntas que ha hecho
S. S.
En este momento existen 81 oficinas comerciales, de las cuales 76 están
adscritas a 66 misiones diplomáticas de carácter bilateral. Ello tiene
una explicación sencilla, como veremos más adelante, y es que en algunos
países hay más de una oficina comercial. Hay tres oficinas que están
adscritas a representaciones de España ante organismos internacionales,
concretamente Bruselas-Unión Europea, Ginebra-GATT y París-OCDE, y hay
dos oficinas comerciales que están adscritas a los consulados respectivos
en territorios con estatuto específico, por decirlo así, Hong Kong y
Puerto Rico.
Los seis países donde hay más de una oficina comercial --con esto creo
que hago referencia a la segunda pregunta-- son la República Federal de
Alemania, donde además de la oficina comercial en la capital, en Bonn,
hay también en Berlín y Düsseldorf; Brasil, donde además de Brasilia hay
oficina comercial en Río de Janeiro; Canadá, donde además de Otawa hay en
Montreal y Toronto; Estados Unidos, donde además de Washington hay en
Miami, Los Angeles y Chicago; Italia, donde hay en Milán además de Roma,
y Turquía, donde además de Ankara hay una oficina comercial en Estambul.
Hay tres
países donde la oficina comercial, la única que hay, radica en lugar
distinto de la capital: Australia, donde la oficina se sitúa en Sidney,
no en Canberra; Emiratos Arabes Unidos, donde la oficina está situada en
Dubay y no en Abu Dhabi, y la República Sudafricana, donde la oficina se
ubica en Johannesburgo y no en Pretoria. En este momento hay dos oficinas
comerciales cerradas, una en Bagdad, al igual que la misión diplomática,
y otra en Duala, en Camerún. Del total de oficinas comerciales que he
mencionado están integradas físicamente en los edificios propiamente
dichos de la cancillería las oficinas comerciales de Moscú, Brasilia,
Bruselas-Unión Europea, París-OCDE, La Habana, Trípoli y Yakarta. En
París-OCDE, como su señoría sabe, se modificó la antigua cancillería de
la embajada y se han construido en parte de los jardines de la embajada
dos edificios casi gemelos, uno que aloja a la cancillería propiamente
dicha y otras oficinas sectoriales, y otro que aloja a la representación
ante la OCDE y a la oficina comercial. En Washington se están dando los
pasos necesarios para ver si la oficina comercial puede integrarse en la
nueva cancillería.
Creo que el pasado 22 de diciembre tuve ocasión de hacer una referencia a
este tema, a pregunta precisamente de su señoría, aunque quizás ahora
esté contestando con mayor extensión. En aquel entonces hice una mención
a las razones por las que la mayor parte, efectivamente, de las oficinas
comerciales están situadas en dependencias distintas de la cancillería
propiamente diplomática o, en su caso, consular. Quiero recordar, una vez
más, que ésta es una situación tradicional que no es, a mi juicio, en sí
perversa y, por supuesto, no lo es desde el punto de vista legal, como
acabo de demostrar. Hay razones de diversa índole que explican esta
situación. Una de ellas puede ser de carácter puramente histórico y es
que --quizá con una excepción, Singapur, donde hay oficina comercial y no
embajada, aunque hay, por supuesto, relaciones diplomáticas con esta
República-- en la inmensa mayoría de los casos las embajadas, las
cancillerías han precedido a las oficinas comerciales. Existen embajadas
tradicionales desde tiempo inmemorial y otras que se han creado en época
relativamente reciente, a medida que han ido alcanzando la independencia
numerosos países que antes eran colonias, en las que una vez establecidas
las relaciones diplomáticas se abrió una embajada y la oficina comercial
vino después. Es cierto también que esto ha ocurrido al revés en algunos
casos, como las oficinas comerciales y consulares que se abrieron con los
países del Este. Quiere esto decir que las oficinas comerciales se
abrieron en lugares distintos de las cancillerías porque éstas, entre
otras cosas, preexistían a las oficinas comerciales y, además --y ésta es
una razón sobrevenida--, las cancillerías no tenían capacidad suficiente
para alojar a otras oficinas sectoriales, fuera la oficina comercial o
cualquier otra, laboral, agrícola o financiera, según el país de que se
trate.
A esta razón se podrían añadir otras de carácter más específico como la
distinta ubicación que, dada la clientela --por llamarlo de alguna
manera-- que acude a una oficina comercial, ese medio en el que la
oficina comercial se desenvuelve aconseja su emplazamiento en un lugar
distinto --no necesariamente distinto pero posiblemente distinto-- el de
la cancillería diplomática y, sin duda, también de la consular. Las
oficinas comerciales están ubicadas por lo general en zonas bancarias,
del mundo de los negocios, del mundo empresarial, que no siempre
coinciden con el de la cancillería diplomática. Otra razón es que en
numerosos casos las oficinas comerciales son propiedad del Estado y una
integración en la cancillería diplomática --si es que ésta dispone de
espacio suficiente-- supondría la enajenación de las primeras, que no
siempre se puede hacer en las mejores condiciones financieras, además de
los distintos horarios, no necesariamente coincidentes, en atención al
tipo de clientela --utilizo una vez más esta expresión-- que acude a una
y otra oficina. Todo esto configura una serie de razones que pueden
explicar por qué las oficinas comerciales --y no solamente las oficinas
comerciales-- no están emplazadas en las cancillerías. Pero creo que la
razón fundamental es un problema de espacio. No todas las cancillerías
diplomáticas o consulares tienen capacidad para absorber a otras oficinas
sectoriales, y buscar cancillerías más grandes plantea problemas de toda
índole, empezando por los de carácter presupuestario.
Como tuve ocasión de comentar en mi comparecencia anterior, si bien es
cierto que en la década de los ochenta el Ministerio de Asuntos
Exteriores edificaba cancillerías integrales, no es menos cierto que esto
básicamente se produjo en algunas grandes embajadas cuyas cancillerías
estaban en muy mal estado, como pueden ser las de París, Londres,
Washington y Moscú, por razones obvias, pero esto no se puede aplicar al
resto de nuestras representaciones diplomáticas en el exterior. Sin
embargo, estas cancillerías integrales, como ya comenté, plantean
problemas de diversa índole, no solamente de gestión. Requieren
funcionarios especializados que se ocupen de la gestión, ya que no basta
el canciller habitual, tradicional; plantean también el problema de que
supone un gasto creciente, dadas sus dimensiones; requieren unos sistemas
de seguridad muy complejos, con dotaciones específicas y numerosas, me
atrevería a decir que de cinco o seis funcionarios de los Cuerpos de
Seguridad españoles, y plantean incluso problemas de seguridad desde el
punto de vista de la simple gestión, puesto que, dado que cubren un
amplio espectro de actividades, hay una afluencia creciente de personas a
estas cancillerías integrales que sin duda alguna dificulta la seguridad
y, por tanto, la encarece.
Dicho esto, repito lo que también creo que dije en la anterior ocasión,
que quizás una mayor integración de las oficinas sectoriales en general
--hasta donde fuera posible-- y de las oficinas comerciales en particular
en las cancillerías, dentro de unos límites razonables, sería sin duda
una media aconsejable, pero sin sacralizarla ni llevarla a extremos
excesivamente rígidos. También es cierto --me parece que es evidente--
que una integración utópica o ideal de todas las oficinas sectoriales en
una única cancillería, además de la cancillería diplomática, darían
al famoso principio de la unidad de acción en el exterior una mayor
visibilidad.
Paso a lo que creo que es la última pregunta de esta relación, y es
cuándo se considera abierta y en funcionamiento una oficina comercial y
los criterios sobre el personal y permanencia. Aun a riesgo de provocar
un comentario ácido de S. S. contestaré a ella, pero dejando bien claro
que, evidentemente, el Subsecretario de Comercio lo haría mucho mejor que
yo y a quien, por otra parte, he pedido información, como es lógico, y me
ha rogado traslade al Presidente y a SS. SS. su disposición a comparecer
tan pronto como esta Cámara lo solicite. Una oficina comercial, que se
crea por decreto, se considera abierta y en funcionamiento cuando el
Ministerio de Comercio y Turismo cubre la dotación de personal que
considera necesaria y esta dotación de personal desarrolla su trabajo de
forma ordinaria. Como S. S. sabe, el jefe de las oficinas comerciales es
nombrado por el Ministro de Asuntos Exteriores, a propuesta del Ministro
de Comercio y Turismo. Esto se aplica no sólo a los jefes de las oficinas
comerciales, sino a cualesquiera titulares de cualesquiera otras oficinas
sectoriales. El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica este
nombramiento a la representación diplomática de España en el país de que
se trate, que a su vez lo traslada al Gobierno ante el cual está
acreditada esta representación. Como S. S. sabe sin duda alguna, la gran
mayoría de las oficinas comerciales están dirigidas por técnicos
comerciales del Estado, con excepción de un pequeño número de las mismas
que están dirigidas por funcionarios de la carrera diplomática, número
que varía de un año a otro, como también varía el número de oficinas. En
este momento son siete las que están dirigidas por funcionarios
diplomáticos, que son las oficinas de Argel, Ankara, Bogotá, Brasilia,
Nueva Delhi, Santo Domingo y Washington.
Ya he hecho referencia a cómo se nombra al personal funcionario que
dirige las oficinas. Por lo general, salvo en las grandes oficinas
comerciales, sólo hay un funcionario de carrera, en este caso un técnico
comercial del Estado, cuyo nombramiento y permanencia se rigen por las
normas básicas de funcionamiento de la Secretaría de Estado de Comercio
Exterior. El tiempo de estancia suele oscilar entre tres y cinco años,
salvo los puestos especiales en los que el período es de dos años. El
personal contratado comprende diversas categorías: personal
especializado, como pueden ser analistas de mercado y contables, y
personal auxiliar, como pueden ser ordenanzas, conductores, etcétera. La
mayor parte del personal contratado es personal local, cuya selección se
lleva a cabo por la propia oficina comercial, con la supervisión de los
servicios centrales del Ministerio de Comercio y Turismo, en particular
en el caso de los especialistas en promoción comercial. En este caso, un
funcionario de la Dirección General de Política Comercial se integra en
el tribunal calificador. En cuanto a la permanencia de este personal
contratado, según la información de que dispongo, suele ser por un
período también de entre tres y cinco años, renovable en función de su
rendimiento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles Fraga.
El seor ROBLES FRAGA: No se preocupe, señor Subsecretario, que he pedido
la comparecencia del Subsecretario y del Secretario de Estado de Comercio
en esta Comisión. Estoy en una pelea, que espero ganar, en defensa del
principio de unidad de acción exterior, en este caso para que sea en esta
Comisión de Asuntos Exteriores en la que se produzca esa comparecencia.
No creo que la Comisión de Asuntos Exteriores sea de algunos asuntos
exteriores, a pesar de lo que piense el señor Villar o algunos otros
altos cargos de este Gobierno.
Al hilo de lo que usted decía, saltan a la vista algunos datos que me
parecen relevantes. El más importante de ellos es que es precisamente en
esos años ochenta, que usted se ha olvidado de mencionar al enumerar las
distintas décadas que nos preceden, cuando se produce el mayor esfuerzo
de construcción y de modernización de nuestro servicio exterior, cuando
más dinero ha sido empleado para adecuar nuestros medios humanos y
materiales a nuestras voluntades exteriores. En esos años ochenta se
construyen, edifican o reforman algunos edificios con objeto de agrupar a
las distintas oficinas y consejerías de la Administración exterior del
Estado. Usted ha citado concretamente el caso de Washington y de pasada
el caso de París. Precisamente en esas grandes embajadas en las que se ha
hecho un esfuerzo de seguridad, de horarios, de personal, de construcción
de edificios nuevos o de remodelación de edificios antiguos es donde la
Secretaría de Estado de Comercio se ha negado a que sus funcionarios
pasasen a esos edificios nuevos, en algunos casos dejando vacíos locales
que hemos pagado con gran esfuerzo entre todos los españoles. Yo creo que
la cuestión de los horarios, la seguridad y las clientelas es, en este
caso, muy arginal a una voluntad deliberada por parte de la Secretaría de
Estado de Comercio que el Ministerio de Asuntos exteriores no ha sabido
vencer y doblegar. Entre otras razones porque ese principio de la
visibilidad exterior de nuestra acción debe venir acompañado de una
visibilidad interior que, desde luego, ha faltado en este caso. Y
volvemos, como siempre, a la vieja cuestión de la unidad de acción
exterior del Estado que usted mencionaba al citar el Real Decreto de
1987. Hasta ahora sobre este tema hemos tenido algunas respuestas, pero
desde luego ninguna explicación razonable. He llegado a la conclusión de
que más que de una Administración estamos hablando de varias
administraciones exteriores del Estado y que nos topamos con un
Ministerio de Asuntos Exteriores que se ocupa directamente sólo de una
parte y no está en condiciones o no es capaz o no tiene voluntad de
coordinar el resto, muy especialmente en lo que se refiere a la
Secretaría de Estado de Comercio, que respecto a los trabajos de esta
Comisión ha estado ausente de cualquier acción de control, y no ha venido
a explicar por qué esa importante faceta de nuestra acción exterior
escapaba al control y a la coordinación del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Hablamos de un principio de acción exteterior efectivamente
consagrado en los
reales decretos, pero que duerme el sueño de los justos o de los
bienintencionados y que no forma parte de la realidad de nuestra
Administración exterior del Estado. Y hablamos, por fin, de una
Administración exterior derrochadora, que por peleas corporativas o
interministeriales despilfarra los recursos públicos en una red de
locales y oficinas que no está organizada por criterios de eficacia o de
mejor defensa de nuestros intereses, sino principalmente por rivalidades
y querellas internas que son especialmente insoportables en tiempos de
crisis y de recorte. Y eso tiene, además de por motivos de racionalidad
económica, de mejor defensa de nuestros intereses y de eficiencia
pública, una importancia especial, por dos motivos distintos. Uno, porque
creo que ya va siendo hora de que pensemos cuál es la organización de
nuestra enorme red de oficinas comerciales del Estado; si la Unión
Europea no debe hacer cambiar también la manera en que gastamos el dinero
y el esfuerzo de nuestros funcionarios en la defensa de nuestros
intereses económicos y comerciales. Quizá habría que replantearse la
existencia misma de una red tan importante y costosa como la española,
con un patrimonio inmobiliario tan considerable, con unos gastos fijos
tan enormes. Recuerdo solamente que, en el caso de París, la oficina
comercial, por instrucciones del Secretario de Estado de Comercio, se
niega a integrarse en la nueva embajada construida sobre el fondo de
nuestra vieja cancillería y de nuestra vieja residencia del embajador, y
paga un elevadísimo alquiler en una de las calles en que los alquileres
son más caros, en la avenida Jorge V. Quizá habría que pensar en adaptar
esta administración comercial tan costosa a la nueva realidad europea,
precisamente en una Unión Europea que cada vez asume mayores competencias
en materias económicas y comerciales. Desde luego, si la función de las
oficinas comerciales en Europa es de política económica exterior o
pensamos más bien que deben ser otras, habría que hacer un serio esfuerzo
de reflexión. Quizá sería mejor disponer de oficinas de promoción del
comercio del Instituto de Comercio Exterior o de oficinas de apoyo a las
Cámaras de Comercio españolas, de atención a los exportadores, pero no
las actuales oficinas comerciales que desarrollan en gran parte otro tipo
de funciones que son más bien de política económica exterior, para lo
cual hay un organismo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, una
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, en clara
competencia de funciones con la Secretaría de Estado de Comercio.
También hay que pensar en otro tipo de razones: en la relación que hay
entre el modelo de Administración exterior del Estado y el modelo de
Estado en el que creemos y que queremos que sea impuesto también por esa
función ejemplificadora que tiene la Administración para que pueda ser
correctamente aceptado por todos.
Si nos referimos a la unidad de acción exterior del Estado, nos estamos
refiriendo también a la potestad exclusiva de la Administración central
del Estado en materia de relaciones exteriores. Este es el verdadero
fundamento del principio de unidad de acción exterior y no otro.
Difícilmente podremos exigir a las comunidades autónomas que limiten sus
ansias de adquirir competencias exteriores si la propia Administración
central debilita esa unidad de acción y la pone en cuestión con un
comportamiento por parte de sus ministerios, secretarías de Estado y
demás organismos que no responde a las necesidades de esta coordinación
de esfuerzos de acciones exteriores de España. Difícilmente podremos
negarnos a cosas que nuestra propia Administración hace en sus relaciones
diarias entre los distintos organismos que la componen.
En este momento tenemos dos fuentes primigenias de poder en el ámbito de
la política económica exterior: el Ministerio de Comercio y Turismo y el
Ministerio de Asuntos Exteriores, dos cuerpos distintos, muchas veces
concurrentes, cuya larga historia de peleas corporativas ahorraré a SS.
SS. porque sería tan prolijo como penoso. Este disparate organizativo y
este desbarajuste inmobiliario, haciendo balance de lo que se ha hecho en
los últimos años, debe dejar de existir. Las responsabilidades del
Gobierno están en haber abandonado todo intento de hacer realidad ese
principio de unidad de acción, de haber puesto algo de orden y de sentido
común en este área económica exterior en la que, repito, nuestra
administración y los recursos públicos son víctimas de una guerrilla
interministerial que debe cesar en el plazo más breve posible.
No podemos escudarnos, una vez más, en la ausencia en esta sala del
Secretario de Estado de Comercio o del Subsecretario del Ministerio de
Comercio, como en anteriores ocasiones. Esta Comisión debe escuchar
también de parte de las autoridades del Ministerio de Comercio y Turismo
qué opinión les merece la realidad organizativa de nuestra administración
exterior del Estado; deben explicarnos qué razones hay para estos hechos.
Y, desde luego, a mí no me parece que podamos seguir hablando de la
unidad de acción exterior del Estado si no existe un propósito claro y
decidido por parte no sólo del Ministerio de Asuntos Exteriores sino
también de los otros ministerios que ponga algo de orden, repito, algo de
sentido común en este panorama.
Le agradezco mucho al señor Subsecretario las explicaciones prolijas que
nos ha dado, sin embargo no me bastan. Las razones que subyacen en mi
procupación siguen ahí. En cualquier caso, espero que esta llamada de
atención sobre la necesidad de reordenar y utilizar mejor nuestros
recursos exteriores sea por fin escuchada por este Gobierno, cuyo
propósito de hacer realidad el principio de unidad de acción exterior fue
abandonado a lo largo de los últimos años, y debería ser recuperado a la
mayor brevedad posible con objeto de administrar mejor nuestros recursos
y defender y promover con mayor eficacia nuestros intereses exteriores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario de Asuntos
Exteriores.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Voy a ser muy
breve, señor Presidente. Yo creo que S. S. ha hecho una descripción
manifiestamente catastrófica de lo que es la acción exterior del Estado.
Qué duda cabe que todo es perfectible, y en ello estamos. También parece
que ha hecho una descripción que algunos podrían calificar de
corporativista, me atrevería a decir. En todo caso, S. S. puede estar
seguro de que estamos trabajando, hasta donde sea posible y dentro de los
límites a los que antes he hecho referencia, para mejorar una situación
que, insisto, se puede mejorar. No creo que unas medidas radicales como
las que S. S. sugiere resuelvan todos los problemas, y desde luego, desde
el punto de vista estrictamente material, plantearía sin duda graves
dificultades presupuestarias al Ministerio de Asuntos Exteriores. En todo
caso, tomo buena nota de los comentarios de S. S. y le agradezco también
la prolijidad con que se ha manifestado sobre este tema.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cajal. Agradezco su presencia
aquí. Damos por terminado este turno de preguntas.
--PROPOSICION NO DE LEY POR LA QUE SE SOLICITA CREAR UNA PONENCIA PARA
ESTUDIAR LOS NUEVOS RETOS Y LA REFORMA INSTITUCIONAL DE LA ONU.
PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS GS, GP, GV-PNV, GIU-IC, GC-CiU,
GCC. (Número de expediente 161/000087.)
El señor PRESIDENTE: El punto número 17 es la proposición no de ley por
la que se solicita crear una ponencia para estudiar los nuevos retos y la
reforma institucional de las Naciones Unidas. Sus autores son el Grupo
Socialista, el Grupo Popular, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, el Grupo Catalán (Convergència i Unió), Grupo Vasco (PNV) y
Grupo de Coalición Canaria. Voy a dar la palabra en este mismo orden a
los autores de la proposición. Por parte del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor De Puig.
El señor DE PUIG I OLIVE: Señor Presidente, llega a nuestra Comisión la
proposición no de ley para la creación de una ponencia para el
seguimiento de la reforma de Naciones Unidas, afortunadamente apoyada por
todos los grupos y retomando el consenso que tuvo lugar en la legislación
anterior, que permitió no simplemente crear la ponencia, sino comenzar
los trabajos de la misma. La disolución de las Cámaras no permitió
avanzar más. Yo creo que en este punto del orden del día de hoy podemos
retomar aquellos trabajos, empezando por el espíritu de consenso de los
mismos, y ponernos a trabajar, que es de lo que se trata.
No voy a destacar, porque no es necesario, la importancia del tema. La
reforma de Naciones Unidas es una cuestión de primer orden mundial en eso
que llamamos precisamente el nuevo orden mundial. Cuando ha acaecido la
mutación histórica que empezó en 1989, todos hemos girado los ojos hacia
Naciones Unidas y hemos entendido, en el campo internacional, que
Naciones Unidas debía jugar un nuevo papel, que había que ampliar las
competencias de Naciones Unidas, que había que darle más autoridad, que
había que darle mayores medios y que había que transformar sus propios
mecanismos, especialmente en el ejercicio de la autoridad y las tomas de
decisión. Estamos, pues, ante un tema primordial que están siguiendo los
organizadores internacionales, algunas instituciones que desde las
propias Naciones Unidas se han creado para este seguimiento, y una gran
parte de los parlamentos de nuestros países vecinos que, como el nuestro,
han creado ponencias y estan estudiando y siguiendo con detalle el
proceso de debate y discusión de esta reforma.
Algunos miembros de esta Comisión, particularmente tengo que recordar a
la señora Balletbó, que forma parte del Global Gobernance Committee, o el
señor Fabra del Grupo Popular y el Diputado que les habla, que hemos
tenido ocasión, en el caso de los dos últimos Diputados en el marco de
una Comisión del Consejo de Europa que ha estado en Naciones Unidas
recientemente, de darnos cuenta «in situ» de la importancia y de las
dificultades de tal reforma. En primer lugar --aunque el señor Fabra y yo
no íbamos a esta reunión de Naciones Unidas para hablar estrictamente de
la reforma--, tuvimos ocasión de contactar con las principales
autoridades de Naciones Unidas, empezando por el señor Butros Gali, y
conocimos allí cuál es la situación de este proceso de reforma, las
dificultades que está viviendo hoy Naciones Unidas, que se suman a las
propias dificultades en cuanto a la discusión de la reforma. Por ello,
todo lo que se haga desde los parlamentos nacionales, desde los
organismos internacionales y regionales existentes y desde las
iniciativas de los gobiernos y de los parlamentos que puedan surgir, todo
será poco para que rápidamente y de una manera eficaz se pueda llegar a
ese proceso de reforma y transformación que Naciones Unidas necesita
urgentemente para jugar ese papel que todos creemos que debe jugar.
Señor Presidente, y con ello termino, creo que lo pertinente hoy es que
todos los grupos, que afortunadamente por consenso hemos presentado esta
proposición no de ley, le pidamos a la Presidencia... (El señor
Presidente dialoga con los miembros de la Mesa.) En este momento el señor
Presidente no está por la labor...
El señor PRESIDENTE: Le ruego me perdone, señor De Puig, por esta
consulta apresurada que me ha impedido prestar la atención debida a sus
palabras.
El señor DE PUIG I OLIVE: Ha coincidido la alusión al Presidente en un
momento especial.
Decía que lo que es pertinente ahora es pedirle al Presidente, como se
hizo en la anterior ocasión, que, una vez aprobada esta iniciativa de
hoy, convoque a los grupos para constituir la ponencia, establecer el
programa de trabajo a partir de un inicio que ya existe, de unos
materiales que existen, incluso un proyecto, que todos los grupos
empecemos a elaborar las distintas propuestas, que planifiquemos una
visita a Naciones Unidas para conocer con profundidad el tema y vayamos
tratando de
llegar a nuestras propias conclusiones, que puede ser la posición que el
Parlamento español tiene en relación con esta reforma. Creo que tenemos
un trabajo interesante e importante que realizar en este campo y por esa
razón el Grupo Socialista va a apoyar entusiásticamente la aprobación de
esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Señor De Puig, tenga usted la absoluta seguridad de
que la Presidencia estará a la altura de sus responsabilidades.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fabra.
El señor FABRA VALLES: El Grupo Popular celebra que se haya vuelto al
consenso tanto en cuanto a la presentación, y espero y deseo que a la
aceptación de la proposición no de ley, como a la creación de esta
ponencia. Es más, el señor De Puig hacía referencia a ese viaje que
hicimos en diciembre a Naciones Unidas, y allí, «in situ», pudimos
comprobar que realmente una de las principales dificultades era conseguir
el consenso de todos los países. Difícilmente podemos conseguir el
consenso de todos los países si no empezamos en cada parlamento por
llegar al consenso de los diferentes grupos que vayan a conformar esa
ponencia. Por tanto, una vez más, señor Presidente, me felicito del
consenso conseguido y lamento esa falta de consenso que ha podido haber
en algunos momentos, que estoy convencido que no se volverá a repetir.
Es un momento idóneo ya que en 1995 se va a celebrar el cincuenta
aniversario de la carta fundacional de Naciones Unidas y es claro que en
estos momentos la organización de Naciones Unidas es el instrumento capaz
de mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar la justicia y
los derechos humanos, así como promover el progreso social y elevar el
nivel de vida dentro del concepto más amplio de libertad.
Naciones Unidas es en estos momentos la única institución capaz de
abordar globalmente los problemas mundiales en todas sus dimensiones,
tales como la humanitaria, la socioeconómica y, en estos momentos, de una
forma muy interesante, el desarrollo sostenible y medioambiental. Hoy
día, en la carta fundacional se encuentran absurdos --en la letra, pero
absurdos--, tales como considerar todavía enemigos a Alemania y Japón. Ya
va siendo hora de considerarles como lo que son, dos de los grandes
países en la toma de decisiones en el mundo.
Es lógico, y bueno será, que se tomen decisiones para reforzar e
incrementar los objetivos a los que se dedica Naciones Unidas, tales como
el establecimiento de la paz y el mantenimiento de la misma. Ahí, el
Grupo Popular estará a favor de un incremento de estos dos objetivos,
viendo también, como podemos comprobar en diversos países, lo importante
que es el incremento no solamente de las acciones militares sino de la
participación de personal civil en las acciones que está llevando a cabo
Naciones Unidas.
Necesarias serán también reformas orgánicas para hacer de Naciones Unidas
una institución más agil y eficaz. Habrá que tener en cuenta el desatino
de que, por ejemplo, 50 microestados, cuya participación presupuestaria
no llega al 1 por ciento, el 0,14 por ciento, y cuya población representa
el 0,50. Estos cincuenta microestados --igual falta Andorra y en estos
momentos son cincuenta y uno-- representan el 30 por ciento de los votos
de Naciones Unidas. Esta es una de las cosas que hay que corregir.
También hay que reconsiderar extremos que a lo mejor no son tan
importantes como los grandes asuntos del mundo que ahora se tratan, pero
que sí son importantes para representaciones como la española, como por
ejemplo el que en estos momentos España no tiene la representación
funcionarial que debería tener por nuestra importancia poblacional y de
aportación al presupuesto de dicha Organización.
Será importante también, y tal vez esto me toque a mí un poco más de
cerca como miembro de la delegación española en el Consejo de Europa,
estudiar estas organizaciones regionales de representación de Naciones
Unidas. Creemos que Europa podría ser el gran representante de Naciones
Unidas en este área a través del Consejo de Europa, pero tiempo
tendremos. De momento, hemos conseguido lo principal, que es el consenso,
y en estos momentos solamente deseamos ponernos a trabajar lo antes
posible.
Sí quiero decir, señor Presidente, como persona que ha visto la
Organización «in situ», que creo que sería bueno que esta ponencia, o la
Presidencia, empezara por preparar una visita (no lo digo por mí porque
yo ya lo he visitado hace muy poco) de los diferentes grupos, para que
pudieran ver el pez en el agua, o sea, la Organización «in situ».
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, seré muy breve puesto que las
dos intervenciones anteriores resumen lo que fue el consenso anterior en
la Comisión sobre este tema.
Quiero señalar simplemente --y se ha aludido antes a la Presidencia-- que
quizá el trabajo que nos queda a todos es recuperar lo más rápidamente
posible el tiempo que hubiéramos perdido y ponernos rápidamente manos a
la obra. La cuestión es importante. Los distintos aspectos de la
necesaria reforma de Naciones Unidas y de su Reglamento ya han sido
citados y no hay que hacer discursos fáciles sino trabajar en la Ponencia
y que España pueda presentar propuestas razonables que puedan abrirse
paso en esta necesaria reforma de Naciones Unidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Nuestro Grupo Parlamentario está satisfecho de
que se haya podido presentar esta iniciativa con el consenso de todos los
grupos parlamentarios,
como de hecho así fue en la anterior legislatura. Creemos que éste es el
punto de partida fundamental para que la ponencia pueda realizar un
trabajo también con el consenso de todos los grupos.
Creo que éste es un tema que conoce bien la opinión pública. Los
ciudadanos saben que este nuevo orden mundial necesita una Organización
de Naciones Unidas más fuerte, y de hecho es tema de artículos --SS. SS.
los seguirán-- en prensa nacional, en prensa regional e incluso en prensa
comarcal. Es un tema que conoce la opinión pública y, por tanto --éste es
el sentido de mi intervención--, podemos hacer un buen trabajo que los
ciudadanos entiendan como aportación positiva del Congreso de los
Diputados, a través de la Comisión de Exteriores, a esta reforma
necesaria de Naciones Unidas. Sería algo que la opinión pública
entendería y que ayudaría a reafirmar la necesaria vinculación entre los
temas que aquí se tratan y las preocupaciones de nuestros ciudadanos. Yo
creo que ésta es una preocupación que existe en la opinión pública. Es
notoria. También creo que por la posición que tenemos en este momento en
el que formamos parte del Consejo de Seguridad podemos hacer una
aportación que tenga un plus de calidad en el debate general que se tiene
que producir en Naciones Unidas y desearía --ésta va a ser la intención
del Grupo Parlamentario Catalán-- que, al final, el trabajo pueda ser
firmado también por todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones
tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: También nosotros en Coalición Canaria nos
sentimos satisfechos de haber puesto nuestra firma en esta proposición no
de ley para crear la ponencia que estudie esta reforma tanto
institucional como en su estructura operativa de las Naciones Unidas. Lo
celebramos doblemente y en cualquiera de sus lecturas. Por un lado, que
sea consenso de todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Esto es
importante, porque un mensaje de proyección internacional sobre un
organismo internacional tiene que tener una armonía de intencionalidad de
las voces. Cada uno después diremos cómo entendemos que debe modificarse
tal o cual artículo de la Carta fundacional de Naciones Unidas, de si hay
que ir a un nuevo proyecto de carta o a una nueva definición. Pero lo que
sí es cierto es que ante los nuevos retos las Naciones Unidas no pueden
seguir actuando en el lamentable papel en que están, tanto como
institución como a través de su Secretario General. Nos encontramos con
la actuación del Secretario General anterior en la Guerra del Golfo, la
actuación del actual Secretario General en el conflicto de Yugoslavia,
mendigando prácticamente una opinión de la OTAN o de organizaciones
armadas, que teóricamente son de otro orden.
Creo que esto nos debe llevar al consenso para que se estudie de una vez
una nueva Carta de las Naciones Unidas y tengan el papel de árbitro, de
moderador, de tutor de todas las actuaciones conflictivas que hoy día
existen en el mundo. Si esta ponencia permite cristalizar la opinión de
la clase política española representada por sus partidos en este
Parlamento y hace que sepamos recoger la opinión pública general y
especializada en este asunto de las Naciones Unidas, creo que será una
aportación positiva --lo vuelvo a decir-- en cualquiera de sus lecturas
--interiores de esta Cámara, exteriores a la misma, incluso en el ámbito
internacional-- porque indicará el compromiso de los partidos políticos
parlamentarios en España de vincularse a la necesidad de reformar la
Carta de las Naciones Unidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Lamento ser la única voz discordante esta
mañana aquí, pero entre todos ustedes me obligan a decir que son muy
bonitas las palabras pero que, en definitiva, se olvidan de lo que es el
auténtico consenso.
Lamentamos muy de veras que el Grupo Mixto no haya sido invitado para
nada a firmar esta proposición. El Grupo Mixto, por otra parte, tengo que
recordar que no es el más pequeño de la Cámara. El Grupo Mixto representa
a 800.000 ciudadanos de este país y nos parece que ha sido un desprecio
hacia una minoría tan digna como cualquier otra, desprecio que
francamente no entiendo en personas que ahora se están rasgando las
vestiduras pidiendo y hablando del consenso de toda la representación de
todos los partidos políticos.
Señoras y señores, nosotros vamos a apoyar esta moción, vamos a apoyar
esta iniciativa, pero esperamos que se cuente con el Grupo Mixto en la
creación de esta ponencia y que se desee verdaderamente el consenso con
todos y cada uno de los partidos políticos que representamos a todo el
pueblo español. Dentro del Grupo Mixto, y muy dignamente, estamos una
serie de partidos que representamos a los ciudadanos que en estos
momentos nos sentimos ofendidos porque ni tan siquiera se nos tuviera en
cuenta o se nos llamara para preguntar si queríamos o no firmar este
documento, que, naturalmente, hubiéramos firmado.
Lamentamos este hecho y esperamos que no se vuelva a repetir y que no se
intente hablar de consenso en representación de todos, cuando
deliberadamente --y lo siento, tengo que decirlo así-- se excluye a uno
de ellos.
El señor PRESIDENTE: Señor González Lizondo, le puedo asegurar que esta
Presidencia se dirigirá a todos los grupos, como es lógico, porque ése es
el sentido de la proposición no de ley presentada para que se constituya
la ponencia.
Vamos a proceder, señorías, a la votación de esta proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
DICTAMENES SOBRE:
--CONVENIO DE COOPERACION ESPACIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, FIRMADO EN MADRID EL 11 DE JULIO DE 1991. (Número de
expediente 110/000031.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los dictámenes, puntos números 18, 19 y
20.
Empezamos con el que figura como punto 18: «Convenio de Cooperación
Espacial entre el Reino de España y los Estados Unidos de América,
firmado en Madrid el 11/07/91.»
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
Popular, el señor Muñoz Alonso tiene la palabra.
El señor MUÑOZ ALONSO: El Grupo Parlamentario Popular va a apoyar el
dictamen de aprobación de este Convenio de Cooperación Espacial entre el
Reino de España y los Estados Unidos de América.
Se trata de un convenio que supone la culminación, desde el punto de
vista jurídico internacional, de una serie de acuerdos anteriores que se
ocupaban de los asuntos de la exploración del espacio y, en concreto, del
tema del aterrizaje en situaciones de emergencia en territorio español de
las lanzaderas, que, como se sabe, son el procedimiento actual que se
utiliza para la exploración espacial.
La cooperación de España y los Estados Unidos en materia espacial es una
colaboración antigua --quizá desde los primeros momentos de la
exploración del espacio ya se estableció en España la estación de Robledo
de Chavela para seguimiento de satélites, es un primer paso en esa
dirección-- y este Convenio lo que hace es actualizar ese tipo de
cooperación y adaptarlo a las circunstancias actuales y a la experiencia
adquirida en este terreno.
España, como consecuencia de este Tratado, va a recibir también una serie
de ayudas desde el punto de vista científico y tecnológico, que se van a
concretar también en una serie de acuerdos diferentes al actual. Como se
sabe, este Convenio consta de 12 artículos, el primero de los cuales, que
centra un poco en qué consiste el tema del mismo, dice que se regulan las
condiciones para sobrevolar, entrar y salir del espacio aéreo español y
utilizar las pistas de vuelo y arrastre de los vehículos espaciales
norteamericanos en casos de emergencia. El gobierno norteamericano se
compromete a que en esos vehículos nunca se transporte armamento nuclear
ni cualquier otro tipo de armas que puedan ocasionar destrucción masiva.
Se garantizan también en este Convenio los intereses privados españoles,
y se establece que la vigilancia en tierra de los vehículos corresponde
siempre al mando de cada base aérea.
Se dice también que el número de personas norteamericanas que pueden
estar dedicadas a esta tarea en territorio español sería un máximo de
400, y se establecen también procedimientos en relación con posibles
daños causados en territorio español, que serían siempre de
responsabilidad del gobierno norteamericano.
El Convenio tiene una duración de ocho años, prorrogables automáticamente
por un período de un año. Creemos que se trata de un convenio importante
porque aunque la exploración del espacio ocupa ahora menos veces la
atención periodística, sigue siendo un procedimiento importante que está
teniendo consecuencias muy beneficiosas en la investigación y en el
desarrollo tecnológico.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Mi Grupo, señor Presidente, va a votar también
favorablemente en relación con este Convenio.
Es un Convenio que viene a dar una instrumentación jurídica a una
práctica antigua de colaboración y de cooperación en el campo de las
telecomunicaciones que arranca prácticamente casi desde los años sesenta,
en que se inician los programas espaciales norteamericanos con proyectos
como el «Géminis» y el «Apolo», que tuvieron una formulación o
instrumentación jurídica principalmente en el Memorándum de agosto de
1984, que ahora se considera necesario adecuar nuevamente mediante un
rango mayor, como el que nos ocupa en este momento, por distintas
razones: en primer lugar, por dar un carácter formal de tratado
internacional a esta cooperación y a esta colaboración; en segundo lugar,
para desligar totalmente las características de este Convenio del
Convenio para la Defensa, de 1989, es decir, la cooperación en defensa de
cualquier contraprestación no específicamente militar; y, en tercer
lugar, para adecuar el nuevo texto a los postulados de soberanía y
control del territorio español que se exige en cualquier tratado
internacional firmado por España.
El señor Muñoz Alonso ha hecho también ya una exposición prolija del
contenido y de las conveniencias, en algunas materias específicas, como
la especial mención a los compromisos de la política española respecto al
armamento y al material nuclear en relación con los compromisos
norteamericanos a este respecto, que están también contemplados en este
convenio. Por todas esas razones y por la conveniencia de adecuar
jurídicamente la cooperación antigua que se viene manteniendo en este
terreno, votaremos favorablemente dicho convenio.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
El señor Mardones tiene la palabra, por el Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: También vamos a apoyar con nuestro voto
favorable la convalidación de este Convenio de Cooperación Espacial.
Se han mencionado aquí ya cuestiones importantes, que no quiero reiterar.
En conjunto, creo que las garantías para España están bien salvaguardadas
porque se
está tratando fundamentalmente de los aterrizajes de emergencia y de qué
es lo que ocurre.
Me parece bien que se hayan establecido unas categorías respecto a los
posibles lugares de aterrizaje de emergencia. En primer lugar, un nivel
estrictamente de base militar: Morón de la Frontera, Rota y Zaragoza. En
segundo lugar, un punto intermedio, precisamente en nuestro archipiélago
de Canarias, en Las Palmas, en la Base Aérea de Gando, que es compartida,
porque aunque es un aeropuerto civil, está aneja a la base militar de las
Fuerzas Aéreas española de Gando.
Aquí tenemos que hacer una matización, porque si hay que custodiar la
aeronave norteamericana o sus bienes allí existentes, así como en las
anteriores son solamente fuerzas militares españolas, aquí ya entran
fuerzas de orden público.
Pero hay un tercer nivel. Se dice que en caso de estas catástrofes o
accidentes, que obligan a aterrizajes de emergencia donde se pueda...
Habría que indicar a las autoridades norteamericanas que deben garantizar
el «donde se pueda». Digo esto porque puede ser el uso de aeropuertos
civiles indiscriminadamente u otras áreas dentro del territorio. Al final
del artículo 8.º se dice: Si el personal de los Estados Unidos fuera el
primero en llegar al área donde se encuentra el vehículo espacial, podrá
adoptar medidas provisionales de custodia exterior del mismo. Nosotros
estimamos que las Fuerzas de Seguridad del Estado --aunque sea por
aquello de la honrilla y en pundonor-- han de llegar las primeras, porque
sería un poco bochornoso para el país que lleguen primero los
norteamericanos, dentro de España, a custodiar la aeronave.
Cuando se trata sencillamente de garantizar --como se hace después-- que
no se produzcan daños, se trae aquí el artículo 11. Yo le pediría que, al
amparo del mismo, lo lean no sólo las autoridades del Ministerio de
Defensa, sino también las autoridades de ministerios que pueden estar
afectados por la música de este artículo 11, ya que dice únicamente que
toman nota de la existencia de áreas prometedoras para realizar esfuerzos
conjuntos.
Pido que se concrete esto por parte del INTA --el Instituto Nacional de
Técnica Aeronáutica--, que se cita aquí, del CEDETI, etcétera, y,
fundamentalmente, que los Ministerios de Educación y Ciencia e Industria
concreten las áreas prometedoras para que esto no se quede en una especie
de papel celofán para adornar este Convenio que, en el fondo, busca
sencillamente disponer del aparcamiento para un aterrizaje de emergencia.
Por lo demás, no tenemos nada que objetar, señor Presidente, muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de este convenio.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
--ACUERDO PARA LA PROTECCION Y FOMENTO RECIPROCOS DE INVERSIONES ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ARABE DE EGIPTO, FIRMADO EN MADRID EL 3 DE
NOVIEMBRE DE 1992. (Número de expediente 110/000032.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 19: Acuerdo para la
protección y fomento recíprocos de inversiones entre el Reino de España y
la República Arabe de Egipto, firmado en Madrid el 3 de noviembre de
1992.
¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: El acuerdo que nos ocupa entre el Reino de
España y la República Arabe de Egipto viene a establecer un nuevo marco
jurídico que va destinado a proteger y favorecer los intercambios en un
régimen de reciprocidad. Se establece el fomento mutuo de las
inversiones, pero se establece también la protección de esas inversiones,
de acuerdo con la legislación de cada país en un término de no
discriminación.
Se protege el uso, el disfrute, la extensión, la venta o la liquidación
de los bienes vinculados a esas inversiones y se garantiza, también en
régimen de reciprocidad, la cláusula de nación más favorecida con
excepción naturalmente de lo que puedan ser zonas de libre cambio a que
estén vinculados los países, como puede ser el caso de España. La
posibilidad de transferir las rentas obtenidas como consecuencia de esas
inversiones en divisas plenamente convertibles y la cláusula necesaria,
en la medida en que da una mayor seguridad a las inversiones de
restituciones en caso de situaciones excepcinales, tipo revuelta,
conflicto armado, etcétera, es una auténtica garantía y, por tanto, el
Grupo Socialista va apoyar la aprobación de este nuevo marco jurídico de
relaciones entre la República Arabe de Egipto y España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Puche.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Este acuerdo, como acaba de manifestar
el Grupo Socialista, de protección y fomento recíproco de inversiones
entre España y Egipto podríamos inscribirlo en la línea de los que viene
firmando España últimamente con países menos desarrollados que él. En
este acuerdo se fijan --ya se ha manifestado pero conviene resaltarlo--
las garantías del trato no discriminatorio entre las inversiones
recíprocas de los dos países. No se fija solamente frente a terceros
países, sino también frente a la libre disponibilidad de la rentabilidad
de las inversiones. También queremos resaltar, porque es importante, las
cláusulas especiales respecto a lo que pueden ser posibles
nacionalizaciones.
Desde el punto de vista del Grupo Popular, la importancia de este acuerdo
radica en el hecho de evitar los riesgos de las inversiones en el
exterior; lo que se llaman los riesgos políticos o, por decirlo de otra
forma, el riesgo
que puede existir en un momento determinado de un cambio de un régimen
político o del propio Gobierno que pueda variar la intención respecto de
esas inversiones en el exterior. Con este acuerdo, efectivamente, se
evita ese riesgo y, además, se está reclamando también la inversión
exterior.
Asimismo, un acuerdo como el suscrito en este momento entre España y
Egipto, dada la situación de desarrollo económico de este país, trata,
sin ningún lugar a dudas, de favorecer la inversión española ayudando
también al desarrollo económico de Egipto. Esto tiene una especial
importancia dadas las dificultades políticas por las que atraviesa Egipto
en este momento por la ola de atentados integristas, por lo que es
relevante la colaboración de España en este asunto.
Para finalizar, quisiéramos señalar la importancia de tres artículos de
este acuerdo: el 5.º, el 6.º y 7.º El artículo 5.º trata de una
compensación económica en caso de pérdida --es importante que así se
refleje--, de revuelta o de una guerra armada; el 6.º recoge las
indemnizaciones en caso de posibles nacionalizaciones; y el 7.º garantiza
la transferencia de las rentas de la inversión en moneda convertible en
un plazo no superior a seis meses.
Por todas estas razones y porque creemos que es un convenio importante
para España en este momento, el Grupo Popular va a apoyar este acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Nosotros vamos a apoyar también con nuestro
voto favorable, señor Presidente, este Acuerdo para la Protección y el
Fomento Recíproco de Inversiones entre España y Egipto, fundamentalmente
por la razón que ya se dice en su preámbulo, que es un acuerdo de
cooperación económica.
Para nosotros también tiene una lectura política. Este acuerdo, junto a
las garantías que se obtienen para el inversor español allí, es favorable
políticamente para Egipto. Yo creo que éste debe ser un principio de
solidaridad política ante la agresión que están sufriendo el pueblo
egipcio y su Gobierno por parte del integrismo islámico.
Normalizar estas reuniones comerciales y estas garantías no solamente por
este principio de solidaridad, sino también por tratarse de dos países de
la cuenca mediterránea, en el caso de Egipto, limítrofe y para nosotros
práctica y geográficamente en la misma costa norte africana de lo que es
también el Magreb, y porque en su artículo 4.º al tiempo que se garantiza
el trato equitativo y justo se hace una salvedad en su punto tercero con
todo aquello que pueda afectar, para no darle el mismo tratamiento porque
sería absurdo y se lo impediría España...
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, acérquese al micrófono porque cuesta
mucho entenderle.
El señor MARDONES SEVILLA: ... y la propia legislación europea en zonas
de libre cambio, de unión aduanera, de mercado común o de asistencia
económica, quedan salvaguardadas en el artículo 4.º estas garantías o
exigencias de España, país signatario de este acuerdo pero, al mismo
tiempo, miembro de la Unión Europea, con la excepcionalidad que se
contempla.
En bien de la política de cooperación entre dos países del Mediterráneo y
en bien de la estabilidad de la política egipcia, nosotros vamos a votar
favorablemente este acuerdo.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Vamos a someter el acuerdo a votación.
Eefecuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--CANJE DE NOTAS MODIFICATIVO DEL TRATADO GENERAL DE COOPERACION Y
AMISTAD ENTRE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 3 DE JUNIO DE 1988, 30
DE SEPTIEMBRE DE 1992 Y 23 DE DICIEMBRE DE 1992. (Número de expediente
110/000033.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el último punto del orden del día: Canje
de Notas modificativo del Tratado General de Cooperación y Amistad entre
España y la República Argentina de 3 de junio de 1988, de fechas 30 de
septiembre de 1992 y 23 de diciembre de 1992.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: Señor Presidente, intervengo para tratar sobre
el Canje de Notas modificativo del Tratado General de Cooperación y
Amistad entre España y la República Argentina.
Por la documentación consultada vemos que ese Tratado hispano-argentino
fue firmado en Madrid el día 3 de junio del año 1988, cumpliendo lo
recogido en el acta que establece las bases de este tratado general y que
había sido firmada en Madrid cuatro meses antes. Como todo este tipo de
tratados, comprende el acuerdo económico, el protocolo cultural y el
protocolo de cooperación científica y tecnológica.
Es importante recordar y resaltar algunas de las razones que justificaron
la firma de este tratado. En primer lugar, la importancia de la
conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América o
Encuentro entre dos mundos en el año 1992, como proceso que debía
desencadenar actividades y producir resultados que trascendieran dicha
fecha y se adentraran en el porvenir.
Lamentablemente no han sido buenos los resultados esperados, al menos
para España, porque en el año 1993 se ha producido lo que pudiéramos
llamar iberoamericanización de la economía española. España era, a
finales del año 1993, más pobre que en el año 1992.
Dejando a un lado este inciso, la segunda razón era la sólida intención
de asegurar y fortalecer las relaciones mutuas, especialmente a través
del retorno de ambos Estados al sistema democrático y convencidos de que
la convivencia en democracia es la única forma de organización política
capaz de responder a aspiraciones éticas y sociales.
Pasando a un terreno práctico, coincidían también España y Argentina en
la necesidad de considerar el desarrollo económico no sólo como un
derecho inalienable, sino como una condición necesaria para el progreso
social, la consolidación del sistema de libertades y la preservación de
la paz internacional. Se acordaba, asimismo, el incremento de la relación
empresarial bilateral, especialmente entre pequeñas y medianas empresas
como factor decisivo en el crecimiento económico y, lo que es más
importante, la creación de empleo. Es precisamente en este marco enómico
donde, a través del mencionado Canje de Notas, se ha modificado el
artículo 5.º. Se establecen en este artículo los criterios de asignación
de los créditos otorgados, que irán mayoritariamente a las inversiones
privadas y a proyectos de carácter productivo, con el fin de incrementar
la tecnología, favorecer la modernización y aumentar la capacidad de
explotación de las pymes argentinas, limitando al 20 por ciento los
recursos que puedan aplicarse a proyectos del sector público.
Con el presente canje de notas se modifica este porcentaje,
estableciéndose que podrá ser superado cuando el comité
económico-financiero califique los proyectos de especial interés y
siempre que la asignación de esos recursos al sector público no suponga
una detracción de los recursos dedicados al sector privado.
Creemos que este cambio responde a los intereses de ambos gobiernos y
decimos que nos parece muy difícil que el aumento de participación del
sector público no provenga de una detracción de recursos del sector
privado. Unicamente sería posible el aumento de la participación pública,
sin que fuera en detrimento de la participación privada, en el caso
hipotético de que no hubiera proyectos privados suficientes para agotar
el 80 por ciento de los recursos. Esto realmente es difícil de comprobar
«a posteriori» y, en este caso, el Grupo Popular apoya la modificación
del artículo 5.º de este acuerdo económico.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Ciscar.
El señor CISCAR CASABAN: El 3 de junio de 1988 se firmó en Madrid,
efectivamente, el Tratado General de Cooperación y Amistad entre España y
la República Argentina, que entró en vigor el 31 de septiembre de 1989.
El Tratado se acompaña de un acuerdo económico entre ambos países que
establece un programa integrado de cinco años para contribuir al
desarrollo de la República Argentina, por el que el Gobierno español pone
a disposición del Gobierno argentino una cantidad aproximada de 1.000
millones de dólares en créditos, de los cuales un mínimo del 50 por
ciento se destina a créditos de carácter concesional. Para la aplicación
de los créditos se distingue entre proyectos del sector público --el 20
por ciento de la financiación-- y proyectos del sector privado --el 80
por ciento de la financiación--, distinguiéndose entre proyectos mayores
y menores de cinco millones de dólares.
Durante la segunda reunión del comité económico-financiero, que tuvo
lugar en Madrid, el 30 de octubre de 1990, se sugirió estudiar la
conveniencia de instrumentar una flexibilización de los porcentajes
destinados a proyectos del sector público --dada la buena utilización de
la línea--, a los que se hace mención en el artículo 5.º del acuerdo
económico. El tema se suscitó de nuevo durante la tercera reunión del
comité económico-financiero y en la última comisión de alto nivel.
Después de una serie de contactos entre ambas partes, se acordó redactar
el artículo 5.º de la forma siguiente: Las asignaciones de créditos se
otorgarán mayoritariamente a la ejecución de proyectos de inversión de
carácter productivo realizados por el sector privado empresarial que
tengan por objeto incrementar la tecnología, favorecer la modernización y
aumentar la capacidad exportadora de dicho sector y, en particular, de la
pequeña y mediana empresa. Hasta un 20 por ciento de dichas asignaciones
de créditos podrá destinarse a la ejecución de proyectos en el sector
público. Este porcentaje podrá ampliarse cuando concurran las
circunstancias siguientes: que el comité económico-financiero, previsto
en el artículo 6.º, califique tales proyectos como de especial interés y
que los recursos a ser asignados a proyectos del sector público,
calificados como de especial interés, procedan de las cantidades no
comprometidas anualmente para la financiación de proyectos del sector
privado.
La redacción propuesta aparece recogida en el canje de notas verbales que
también se establece.
Por todo ello, teniendo en cuenta la buena marcha que ha permitido este
tratado y sus efectos y la adecuación a una mayor flexibilidad que
introducen estas correcciones, mi Grupo manifiesta que votará
favorablemente el contenido de este canje de notas y, por tanto, la
modificación en este aspecto económico del artículo 5.º del propio
tratado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Igualmente, señor Presidente y en esa línea de
argumentos que han expuesto mis dos antecesores en el uso de la palabra,
votaremos afirmativamente.
Celebramos que al cabo de cuatro años de la firma del convenio base del
acuerdo económico de amistad y cooperación hispano-argentino, el año
1988, se reflexionara sobre una realidad, que era quién iba a utilizar
los créditos, fundamentalmente para el sector privado. No hay que olvidar
que en la estructura económica argentina, desaparecidos los grandes
monopolios de multinacionales, en cualquier tipo de proyectos había que
favorecer a la pequeña y mediana empresa argentina para dar estabilidad a
su sistema democrático después de la dictadura de los militares. Que se
flexibilicen ahora con este canje
de notas y que con la ratificación se eleven de rango lo que en un
principio fueron notas verbales diplomáticas para que esta flexibilidad
permita un uso inteligente de la disposición de los créditos que el
Gobierno español va a poner en circulación y que tengan como destino
prioritario la pequeña y mediana empresa argentina para estabilizar
precisamente el comercio, las clases medias y una economía verdaderamente
doméstica y real, sin caer en la incentivación --la palabra que veo en
este canje de notas puede ser una concesión a la retórica--, en favorecer
la capacidad exportadora, ya que los acuerdos del GATT no tratan
suficientemente bien a las exportaciones argentinas, aunque al mismo
tiempo España, como miembro de la Unión Europea, sabe y conoce que tiene
unas exigencias de entrada aduanera de países que no son del área de la
Unión Europea. Salvando esto, creo que es buena la finalidad que se
pretende, dentro de un marco de cooperación económica, al flexibilizar
los porcentajes destinados a estos proyectos, sobre todo porque en este
momento, dada la imagen de intervención de empresas en Argentina que
tiene España a raíz del problema de Aerolíneas, es mejor que nos quedemos
calladitos hasta que Iberia resuelva el problema que ha creado. Incidir
sobre la pequeña y mediana empresa argentina creo que es política,
comercial, sociológica e históricamente positivo y favorable. Por esa
razón, votamos a favor del canje de notas.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de este canje de
notas.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.