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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 72, de 15/11/1993
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 72
DEFENSA
PRESIDENTE: DON JUAN MUÑOZ GARCIA
Sesión núm. 5
celebrada el lunes, 15 de noviembre de 1993



ORDEN DEL DIA:
--Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley de
Plantillas de las Fuerzas Armadas. (BOCG serie A, n.º 25-1, de 24-9-93.

Número de expediente 121/000011.) (Página 2274)
--Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, a la
vista del Informe elaborado por la Ponencia, del proyecto de ley de
Plantillas de las Fuerzas Armadas. (BOCG serie A, n.º 25-1, de 24-9-93.

Número de expediente 121/000011.) (Página 2274)
Proposiciones no de ley:
--Relativa a la negociación de un convenio entre el Ministerio de Defensa
y el Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) para la cesión de instalaciones
militares a la ciudad y la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana que compense con incrementos de edificabilidad y modificaciones de
uso. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (BOCG serie D, n.º 11, de 27-9-93. Número
de expediente 161/000020.) (Página 2282)
--Sobre Patronatos de Casas Militares. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, n.º 13, de 4-10-93. Número de
expediente 161/000030.) (Página 2285)



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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE
PLANTILLAS DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000011.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días. Comienza la sesión.

Entramos en el punto primero del orden del día: ratificación de la
Ponencia del Proyecto de Ley de Plantillas de las Fuerzas Armadas.

¿Se ratifica la Ponencia? (Asentimiento.)
Queda ratificada la Ponencia por asentimiento.




--APROBACION POR LA COMISION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA
VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY DE
PLANTILLAS DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000011.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto segundo del orden del día:
Proyecto de Ley de Plantillas de las Fuerzas Armadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Tiene la palabra para su defensa el señor González Blázquez.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, voy a ser muy breve puesto
que nuestro portavoz en la Comisión ha expresado suficientemente las
argumentaciones que avalan nuestras enmiendas.

Hemos presentado una batería de enmiendas que van desde la exposición de
motivos, pasando por una enmienda de modificación al artículo 1.º, sobre
las plantillas máximas de cuadros de mando constituidos por los militares
de carrera y por los militares de empleo; otras enmiendas, también de
modificación, al artículo 2.º, sobre las plantillas de tropa y marinería
profesionales; otras de supresión de los artículos 3.º y 4.º, que
lógicamente se han presentado en coherencia con la enmienda anterior;
enmiendas de modificación a las disposiciones adicionales primera,
segunda y tercera; hasta la creación de una nueva disposición adicional
que sustituye a las primera, segunda y tercera del proyecto, que no les
voy a leer dada su extensión. También hemos presentado enmienda de
modificación a las disposiciones transitorias por la que se pretende
sustituir las disposiciones transitorias por una única sobre normas de
adaptación de plantillas. Y, finalmente, una enmienda a la disposición
transitoria segunda, donde en el último párrafo se cambia «la edad
superior a 56 años» por «58 años».

Ya digo que no quiero insistir en los argumentos que reiterativamente han
venido siendo manifestados a todos los miembros de la Comisión por
nuestro portavoz Antonio Romero, y doy por defendidas las enmiendas de
acuerdo con dicha argumentación.

Muchas gracias, Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Blázquez.

Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: El Grupo Parlamentario Popular
ha presentado seis enmiendas a esta Ley de Plantillas de las Fuerzas
Armadas.

A nosotros nos gustaría poder votar la exposición de motivos por
párrafos, para eliminar de esta Ley el párrafo cuarto que habla de la
aplicación de la Ley 17/1989, de 19 de julio, que habla de la experiencia
adquirida en más de tres años de la aplicación de la Ley y dice: «Se
efectúan, sin que ello suponga cambio sustancial del régimen establecido
en la citada Ley, algunas adiciones a la misma.» Realmente en algunas de
las variaciones de los párrafos que se presentan sí hay variación de la
Ley 17/1989 y, en todo caso, esta Ley todavía no está plenamente
desarrollada, ni mucho menos totalmente asumida por todas las escalas y
cuerpos, y por todos los articulados que se han dado en ella, porque
cuatro años no han sido suficientes, como se reconoce además más
adelante, para ponerla en funcionamiento.

Al artículo 1.º el Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos
enmiendas, una de modificación. Sustituir los conceptos correspondientes
a categorías por los empleos que comprende cada una de ellas. Entendemos
que el concepto de categorías, al comprender varios empleos, no
proporciona los necesarios criterios. Es decir, el concepto de categorías
de oficiales generales, oficiales superiores, oficiales o suboficiales,
es demasiado amplio como para poder comprender que, en un momento
determinado, en un cargo determinado, los oficiales generales, hay desde
general de brigada al de teniente general o, en el de oficiales
superiores, desde el empleo de comandante al de coronel, y así
sucesivamente. Entendemos que sería mucho más ajustado el realizar esta
Ley de Plantillas en función de empleos en lugar del concepto utilizado
de categorías.

Al artículo 1.º se presenta una segunda enmienda para modificar el cuadro
que se presenta, aplicando a los oficiales generales los criterios de
reducción imputados al resto de categorías, y aplicando una reducción
mayor de la propuesta a los cuerpos comunes, en todas sus categorías.

Nosotros entendemos que se evita un injusto trato de favor a los
oficiales generales, así como a todas las categorías de los cuerpos
comunes. Pero es que, además, entendemos que dentro de la pirámide de
personal, si se reduce por abajo el número de personal profesional de
tropa, de suboficiales, de oficiales, de oficiales superiores, parece
ilógico



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que se mantenga un número tan elevado de oficiales generales en las
plantillas de las Fuerzas Armadas.

Al artículo 2.º el Grupo Parlamentario Popular no ha presentado
enmiendas. Se va a abstener en el artículo 4.º y va a votar negativamente
las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

En la disposición adicional primera, el Grupo Parlamentario Popular se
abstendrá en la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.

A la disposición adicional segunda, el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una enmienda, porque entendemos que la denominación de los
empleos de las escalas medias del Cuerpo de Especialistas de la Armada no
es materia de esta Ley, sino que sería materia del desarrollo de la Ley
17/1989, sobre todo teniendo en cuenta que dicha Ley todavía no está lo
suficientemente desarrollada como para que se hayan subsanado todos los
agravios comparativos que existen hoy por hoy entre el Cuerpo de
Especialistas de la Armada y todas aquellas personas que pertenecían a
las escalas especiales, o a la escala de suboficiales, o como
subtenientes, que han visto que la proyección de carrera a la que tenían
derecho por las condiciones de su ingreso en cada uno de los cuerpos o en
cada uno de los distintos empleos de la Armada se encuentra con cantidad
de recursos sin resolver, aún al día de la fecha, después de cuatro años
de entrada en vigor de la Ley.

Estamos en la disposición adicional tercera, una de las más importantes,
de las que más hemos considerado. El Grupo Parlamentario Popular entiende
que debería de suprimirse esta disposición adicional tercera porque,
independientemente de no ser materia de esta ley puesto que ya la hemos
tratado y se ha visto en la Ley 17/1989, incluso en la Ley del Servicio
Militar, entendemos que no es admisible enviar a misiones de alto riesgo,
en las que se requiere un alto grado de adiestramiento, a personal de
reemplazo, aunque sea voluntario. Hoy por hoy, nos encontramos con que,
en contra de la voluntad del propio Gobierno, expresada en diferentes
ocasiones ante esta Cámara, de que se evitaría en la medida de lo posible
la utilización de este tipo de personal en misiones internacionales, en
el Adriático se encuentra personal no profesional en las dotaciones de
las fragatas que allí estamos destinando.

En cuanto a la disposición adicional cuarta, el Grupo Parlamentario
Popular va a presentar una enmienda transaccional en la que se propone
añadir una nueva disposición adicional, que sería numerada como cuarta,
quedando redactada de la siguiente manera. El punto primero, igual y el
punto segundo diría: «Los empleos del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos
del Ejército de Tierra son los de Teniente a General de División en la
Escala Superior, y de Teniente a Coronel en la Escala Técnica. Los
empleos del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, de Alférez de Navío a
Vicealmirante en la Escala Superior, y de Alférez de Navío a Capitán de
Navío en la Escala Técnica. Y los empleos del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército del Aire, de Teniente a General de División en la Escala
Superior y de Teniente a Coronel en la Escala Técnica.»
Vamos a votar favorablemente la disposición adicional quinta nueva, que
se presenta por el Grupo Parlamentario Socialista.

En cuanto a las disposiciones transitorias segunda y tercera, hemos
presentado enmiendas entendiendo que no serían materia de esta ley sino
de la ley 17/1989. En ellas se habla del régimen transitorio de pase a la
situación de reserva por años de permanencia en los empleos de teniente
coronel de las escalas medias y suboficial mayor de las escalas básicas.

En este punto, también hay que recordar que todavía se encuentra sin
desarrollar ni materializar en profundidad la Ley 17/1989, con la
creación nueva del retiro o la ley de los treinta y dos años para
cantidad de profesionales, incluso con el problema de que hay distintos
cuerpos y armas cuya edad de retiro se realiza por distintas condiciones.

Seguimos sin entender por qué capitanes de navío o coroneles de
Infantería de Marina tienen que retirarse con 56 ó 58 años, después de
haber cumplido los 32 de servicio, y, en cambio, los coroneles de los
cuerpos de Intendencia o de los cuerpos comunes de la Defensa tienen el
privilegio de retirarse a los 61 años. Eso sería materia de desarrollo en
la Ley 17/1989 y nos parece demasiado escaso lo que se pretende propugnar
en esta disposición transitoria segunda.

También hemos presentado una enmienda a la disposición transitoria
tercera, que habla del régimen transitorio general de la Ley 17/1989, en
la que, en referencia con alguna de las anteriores que se han defendido,
vuelve a solicitarse una especie de moratoria o una prórroga de dos años
a lo establecido en la Ley 17/1989. Entendemos que si se está solicitando
una moratoria de dos años de la Ley 17/1989, es decir, la prórroga de dos
años, es precisamente porque no se ha podido cumplir hasta ahora. Por
tanto, entendemos que sería mucho mejor modificar algunas de estas
disposiciones o artículos en la propia Ley que traerlos a la ley de
plantillas, que al fin y al cabo lo que pretende es plantear o definir lo
que será el Ejército español del año 2000.

Por último, respecto a la disposición transitoria única presentada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Grupo Parlamentario
Popular va a votarla en contra.




El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, le rogaría que nos hiciera
llegar la enmienda transaccional y que nos dijera con respecto a qué
enmienda se presenta la transaccional.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Creo que se lo he dicho, señor
Presidente. Presentamos esta transaccional a la enmienda presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista por la que se añade la disposición
adicional cuarta.




El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. (El señor
Mur Bernad pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Mur.




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El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, el portavoz de Coalición Canaria
me ha pedido que haga llegar a la Comisión el deseo de que se voten en
los términos que están establecidas.




El señor PRESIDENTE: Tengo una nota del portavoz de Coalición Canaria que
luego haré explícita.

Enmiendas del Grupo Socialista. Para su defensa y para un turno en contra
--entiendo-- con respecto a las demás, tiene la palabra el señor
Lagunilla.




El señor LAGUNILLA ALONSO: Si se me permite, voy a hacer uso único de un
turno, en el que defenderé nuestras enmiendas y fijaré nuestra posición
respecto a las que han presentado los restantes grupos. Voy a empezar por
fijar la posición del Grupo Socialista respecto a las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y Grupo Parlamentario
Popular.

Respecto a las del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, voy a ser breve, dada la defensa que ha hecho el representante
de este Grupo en esta Comisión, en la que --como él mismo ha dicho-- ha
dado por reproducidos los argumentos ya empleados por este Grupo
Parlamentario para defender la enmienda a la totalidad, lo que no podía
ser de otra forma, puesto que sus enmiendas parciales lo que hacen es una
traslación artículo por artículo y disposición por disposición de lo que
suponía esa enmienda a la totalidad. Como ya dijo nuestro Grupo en el
debate del Pleno, la discrepancia es en cuanto al modelo de Fuerzas
Armadas que nuestro Grupo Parlamentario y que el Gobierno quieren en
estos momentos para nuestro país. Y no es que lo quieran caprichosamente,
como ya dije entonces, sino porque creemos que es el modelo que mejor
responde a nuestras necesidades y que mejor podemos adoptar en función de
nuestras capacidades demográficas, económicas y sociales. Por tanto,
quiero reiterar que nuestra oposición a cada una y puntualmente todas las
enmiendas que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta a las
disposiciones, es exactamente ésa: nuestra oposición porque entendemos
que el modelo es distinto, que el modelo es otro, que el nuestro es el
que coincide con el que la Cámara planteó en el modelo de Fuerzas Armadas
para el año 2000. Esta es la reflexión que quería hacer al representante
de Izquierda Unida, dado que él también ha hecho la defensa de sus
emiendas en esta misma línea, en la discrepancia que existe en el modelo.

En cuanto a las enmiendas que ha dado por mantenidas aquí el señor Mur en
nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tendríamos que
manifestar que respecto a la enmienda número 1, a la disposición
adicional primera, en la que pretende que las plazas se anuncien con una
antelación de seis meses a su convocatoria, nosotros, en este acto,
deseamos presentar una enmienda transaccional, que entregaré en su
momento a la Mesa, pretendiendo acercarnos a las posiciones y al espíritu
de lo que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria expresa en esa
enmienda. Nuestra enmienda transaccional concretamente diría lo
siguiente: «La determinación de la provisión anual de plazas se hará
mediante Real Decreto aprobado durante el último trimestre del año
anterior al que se vayan a efectuar las correspondientes convocatorias.»
La justificación es que entendemos que con esta enmienda se permite una
cierta flexibilidad para ajustarse a los momentos presupuestarios y de
dotación, flexibilidad que el Gobierno nacesita, pero a la vez se
garantiza que esas plazas van a salir --entendiendo la motivación que
hace el señor Mardones en esta enmienda-- con la antelación
suficiente.para que los ciudadanos de nuestro país que deseen ingresar en
esas plazas puedan planificarlo con antelación suficiente. Mediante esta
enmienda transaccional entendemos que siempre se garantiza que salgan con
cuatro o seis meses de antelación. Por tanto, deseamos presentarla en
este acto, y esperamos que Coalición Canaria retire la suya para permitir
la votación de la misma.

Respecto a las restantes enmiendas de Coalición Canaria, nos vamos a
oponer a ellas por razones evidentes y que ya se han discutido plenamente
en esta Cámara, puesto que se refieren a una disposición adicional en la
que pretenden una serie de integraciones de la Escala Especial en las
escalas superiores, pretensión que se ha reiterado tanto en esta Cámara
que no voy a insistir en ella, puesto que ha habido cuatro o cinco
debates en Pleno sobre este mismo tema.

Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular,
en cuanto a la enmienda número 14, en la que ellos manifiestan el deseo
de que se citen empleos, no categorías, nosotros vamos a defender el
texto de la ley tal y como viene en el proyecto remitido por el Gobierno.

Además, el artículo 31 de la Ley 17/1989, llamada de la Función Militar,
establece clarísimamente que se determinarán por Ley y por categorías
militares. En su primer párrafo dice: las plantillas máximas por
categorías militares fijadas globalmente, etcétera, etcétera. Por tanto,
entendemos que eso está en vigor y hay que mantenerlo así. Además,
entendemos, haciendo nuestras las palabras del Secretario de Estado de
Administración Militar en su comparecencia de la semana pasada, que eso
permitirá, sea quien sea el que dirija la política de defensa de este
país, una flexibilidad y una articulación suficiente en cada momento de
las necesidades de los ejércitos, de forma que, marcando por ley los
números de las categorías, permitimos que en los empleos se produzcan los
ajustes que sean precisos y necesarios. Insisto, por otra parte, en que
el artículo 31 así lo mantiene y no creemos que sea el momento, ya que no
se han presentado las situaciones necesarias, para modificar este
apartado.

Respecto a la enmienda número 15 que plantea el Grupo Parlamentario
Popular de modificación del cuadro del artículo 1 en lo referente a la
categoría de generales, deseamos presentar, entendiendo en parte el
espíritu que su enmienda plantea --no sólo porque haya que ser
exactamente igual en la proporción de reducción de otros empleos, sino
porque probablemente su planteamiento global podamos, en parte,
compartirlo--, una enmienda transaccional, mediante la que se modifica el
cuadro recogido en ese artículo, modificación que es del siguiente



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tenor --entregaré inmediatamente a la Mesa el nuevo cuadro tal y como lo
tenemos redactado--: Oficiales generales, 121 en el Ejército de Tierra,
lo que supone una reducción de cuatro sobre el proyecto de ley; oficiales
generales en la Armada, 51, que supone una reducción de uno sobre lo
contenido en el proyecto de ley; oficiales generales en el Ejército del
Aire, 52, que supone una reducción de uno; oficiales generales en los
Cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, 43, que supone una reducción,
creo, de dos. En total son: cuatro en el Ejército de Tierra, uno en la
Armada, uno en el Ejército del Aire, dos en los Cuerpos comunes de las
Fuerzas Armadas. Pasaré a la Mesa el texto de la enmienda correspondiente
y esperamos también del Grupo Parlamentario Popular que permita la
votación de esta enmienda por lo que supone de acercamiento a la que
ellos plantean.

Respecto a las restantes enmiendas que presentan --y en último lugar
entraré en la enmienda transaccional que presentan a nuestra enmienda
número 11-- voy a contestar globalmente. Efectivamente se podría entender
--y es una técnica legislativa que se ha utilizado otras veces-- que con
la presentación de algunas leyes se aprovecha para acometer la
modificación de aspectos determinados de otras. La discusión está ahí,
los juristas han discutido mucho sobre el tema, pero nosotros creemos que
no habiendo, parece, una oposición excesiva a los contenidos de esas
modificaciones de la Ley 17 que el proyecto de ley hace, es mucho mejor,
por economía legislativa, introducir una pequeña disposición en una ley
que no está del todo alejada de lo que la Ley 17 en este caso pretende,
lo que nos permite ir adaptando o corrigiendo aquellos posibles mal
funcionamientos o defectos que haya podido haber. Pongo como ejemplo
solamente una, la enmienda número 16 del Grupo Parlamentario Popular, de
supresión, que dice que no es motivo de esta ley. Lo que se pretende
simplemente mediante el proyecto de ley es --y lo digo como ejemplo
general-- adaptar los nombres tradicionales en la Armada a los nombres
que han tenido siempre las categorías y los empleos correspondientes. No
he oído que haya oposición a la enmienda en sí, sino que simplemente se
dice que no es motivo de esta ley. Tener que hacer una única y exclusiva
ley sólo para modificar ese pequeño concepto de la Ley 17 parece excesivo
para la economía legislativa que todos pretendemos y es por lo que el
proyecto de ley ha aprovechado para hacer algunas de estas adaptaciones o
pequeñas modificaciones que tal y como dice la exposición de motivos no
suponen, en lo sustancial, ningún cambio de la Ley 17/1989.

Por último, respecto a la enmienda transaccional que presentan en este
momento a nuestra enmienda número 11, he creído entender, a la
disposición adicional cuarta, en primer lugar, decir por adelantado que
nos vamos a oponer a la tramitación de la citada enmienda, por lo cual no
retiramos la nuestra. La argumentación podía ser más extensa, pero puesto
que las escalas técnicas que se pretenden crear mediante nuestra enmienda
número 11 tienen un paralelismo con las que la Ley 17/1989 denomina
«escalas medias», hemos entendido que los empleos de esas escalas
técnicas deben de ser los mismos o equivalentes a los que tenían las
escalas medias y es por lo que se va hasta el empleo de teniente coronel
y no de coronel. Este sería el principal razonamiento para la defensa de
nuestra enmienda y, por tanto, de la no retirada de la misma y no votar
la transaccional del Grupo Popular.

Antes de pasar a defender nuestras enmiendas, quisiera --simplemente a
efectos de que conste en el «Diario de Sesiones», aunque ya ha sido
recogido en todos los documentos que hemos tramitado tanto en la Ponencia
como antes-- leer unas correcciones de errores en nuestra enmienda número
11 que han sido remitidas a los servicios técnicos de la Cámara y que ya
están recogidos. En la enmienda número 11 tenemos las correcciones de
errores que leo textualmente, como ya he dicho, simplemente a efectos de
que consten en el «Diario de Sesiones». En el apartado 4, párrafo
segundo, línea sexta, añadir, después de «armamento y construcción», la
siguiente frase: «del Ejército de Tierra y en la Escala Técnica del
Cuerpo de Ingenieros». Continúa igual. En la línea octava de este mismo
párrafo, donde dice «declarada» debe decir «declaradas». En el apartado
4, párrafo tercero, línea sexta, después de «desde el acceso a la» añadir
«escala de origen, así como las condiciones de incorporación de los
alumnos en procesos de formación para el acceso a las», y continúa igual.

Hechas estas correcciones, voy a hacer una breve defensa de nuestras
enmiendas. A la disposición adicional tercera pretendemos añadir,
mediante nuestra enmienda número 13, un nuevo punto 3 que permita la
participación de ciudadanos españoles que se encuentren en la reserva del
servicio militar en misiones fuera del territorio nacional. Esto
permitiría --hago un breve resumen de lo que pretende la enmienda-- a
nuestras Fuerzas Armadas aprovechar la formación y experiencia adquirida
como soldado o marinero profesional o de reemplazo por estos españoles
que han prestado su servicio mediante un contrato con nuestras Fuerzas
Armadas, y que cuando estén en la reserva del servicio militar se pueda
establecer un listado, un registro mediante el cual nuestras Fuerzas
Armadas puedan irles llamando previamente con los contratos, etcétera,
que puedan tener. Entendemos que son hombres y mujeres que están recién
entrenados, perfectamente formados en el manejo y la disciplina de
nuestras Fuerzas Armadas y, por tanto, aprovechar su experiencia sería
muy interesante para nuestras Fuerzas Armadas y para la imagen de las
mismas.

Proponemos también en nuestra enmienda número 13, después de añadir este
nuevo punto 3, una modificación del orden de esa disposición adicional:
el número 3 pasaría a ser el nuevo número 2, el número 2 pasaría a ser el
4 y ya he dicho que añadiríamos el 3, que es el motivo de nuestra
enmienda. Esta modificación lo que hace simplemente es permitir que lo
previsto en el número 2 sea de aplicación a los supuestos que contemplan
los números 3 y 4; si no fuera así el orden podría parecer que con lo que
dicen los números 3 y 4 no es de aplicación la disposición del número 2.

Nuestras enmiendas 11 y 12 --aunque a la número 11 ya me he referido un
poco al oponerme a la enmienda



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transaccional del Grupo Popular-- van muy relacionadas entre sí, porque
con la enmienda número 11 se pretende crear unas escalas técnicas en el
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, de la Armada e
Ingenieros del Ejército del Aire, denominándolas técnicas, no escalas
medias, por su especificidad, por los cometidos que van a tener. Con la
creación de estas escalas el objetivo que se persigue es dar una
respuesta correcta y eficaz a las cada vez mayores necesidades que tienen
nuestras Fuerzas Armadas de un personal altamente cualificado, dada, como
es conocido por todos y esperemos que se siga avanzando en esta línea, la
progresiva tecnificación que tienen que sufrir y que van a seguir
sufriendo nuestros ejércitos. El nivel exigido para el ingreso en estas
escalas técnicas es el que correspondería a las titulaciones de
Ingeniero, Arquitecto Técnico o diplomado universitario en el sistema
educativo general. Las enmiendas 11 y 12, además de lo anteriormente
expuesto, lo que hacen es regular las correspondientes formas de
integración en estas escalas, de acceso a las mismas, etcétera. Además,
en la enmienda 12 se aprovecha para regular el acceso a las escalas
superiores de los cuerpos de intendencia y las escalas medias de los
cuerpos de especialistas, en las que también se exige una titulación del
sistema educativo general para su ingreso. Los supuestos son similares en
una y en otra y, por tanto, es por lo que hemos aprovechado en toda ella,
en ese ánimo de economía legislativa, para proceder a su regulación.

Nada más, señor Presidente. Sólo quiero añadir que creo que tiene la Mesa
ya las correspondientes enmiendas transaccionales.




El señor PRESIDENTE: ¿Turno de réplica? Tiene la palabra el señor
González Blázquez.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Evidentemente, como ha dicho el portavoz del
PSOE, nosotros tenemos un concepto del Ejército totalmente diferente al
que tiene el Gobierno. Nuestras enmiendas caminan hacia un modelo de
ejército profesional que no sé si se adapta a los pactos que tiene el
Partido Socialista Obrero Español con otras fuerzas políticas, pero sí
que se adapta al artículo 8 de la Constitución que dice que las Fuerzas
Armadas tienen como objetivo fundamental defender la integridad del
territorio español y defender el ordenamiento constitucional y acatarlo.

Por tanto, en ese sentido de caminar hacia un ejército profesional hemos
hecho este esfuerzo de concreción en cada una de las enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Por parte de nuestro Grupo hemos
tratado de acercarnos a las posiciones del Grupo Parlamentario Socialista
y, como decía el portavoz la semana pasada, no hemos presentado una
enmienda a la totalidad del proyecto de ley, sino que simplemente hemos
presentado enmiendas parciales a los artículos y disposiciones
adicionales y transitorias que se han planteado.

Agradecemos el esfuerzo realizado por el Grupo Parlamentario Socialista
al tratar de acercarse a nuestra enmienda número 15, relativa a los
oficiales generales de los tres ejércitos. No nos vamos a oponer a que se
tramite, pero entendemos que es insuficiente. Votaremos en contra de la
disposición adicional porque si se vienen reduciendo en un 16 por ciento
los efectivos del Ejército de Tierra, como norma general, y un 10 por
ciento en la Armada y en el Ejército del Aire, entendemos que esto debe
afectar más a la reducción de las categorías de oficiales generales.

Decir que se van a suprimir cuatro oficiales generales de los 121 que
existen en el Ejército de Tierra implica que o no se sabe cuáles son o
sobran ahora. Además, nos gustaría saber cuáles serían, porque un
planteamiento general mucho más lógico sería ver si se suprimen o no los
gobiernos militares y si es necesario continuar con gobernadores
militares con categoría de general de brigada la mayor parte de ellos; si
es necesario seguir manteniendo generales de división en lugares donde no
hay divisiones o si va a haber tantos generales de brigadas como brigadas
puede haber en el futuro según el plan Norte o incluso si sigue siendo
necesario mantener tenientes generales al frente de las regiones
militares cuando su capacidad y competencias están totalmente reducidas,
precisamente por mor de las distintas leyes que ha desarrollado el
Gobierno, sustentado por el Grupo Parlamentario Socialista.

Decir que en la Armada se va a retirar un oficial general de los 51 que
hay, a lo mejor significa que se retira uno que se ha creado el año
pasado sin que fuera necesario, como es el caso del vicealmirante jefe de
la base naval de Rota, que asciende de contraalmirante a vicealmirante
sin vacante siquiera. Nosotros planteamos si tal y como está la
estructura de la Armada hoy en día, si tal como está mantenida la
estructura del personal profesional y las plantillas que va a haber en la
Armada dentro de unos años, va a seguir siendo necesario mantener
almirantes en las capitanías generales o si, como ha hecho el propio
Gobierno en otras zonas marítimas, se va a rebajar el grado y tener
comandantes generales, como se ha hecho en Cádiz o como se ha hecho en
Canarias. O si es necesario seguir manteniendo vicealmirantes al frente
de los arsenales cuando hay ya arsenales en España mandados por
contraalmirantes o, en definitiva, por seguir hacia abajo --y termino,
señor Presidente--, si es necesario seguir manteniendo contraalmirantes
como jefes de Estado Mayor cuando el propio Gobierno ya ha destinado a
estados mayores en España a capitanes de navío. La reducción de un
oficial general dentro de la Armada nos parece ridícula, absurda y, desde
luego, no acorde con el planteamiento general del Gobierno de la nación
desde hace unos años. En el Ejército del Aire ocurre exactamente igual.

Por tanto, nosotros entenderíamos --y que no sirva como norma general--
que pudiera haber tenientes generales al frente de los estados mayores de
cada uno de los ejércitos --Jefe de Estado Mayor de Tierra, Jefe de
Estado Mayor de Aire, Jefe de Estado Mayor de la Armada--, un almirante,
un teniente general y que, desde luego, los hoy almirantes jefes de zona
o generales jefes de regiones militares o de regiones aéreas al frente de
las capitanías



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generales antiguas pudieran verse rebajados en un grado y ser generales
de división o vicealmirantes. En todo el caso, esto ya lo ha propuesto el
Gobierno. Lo que no entendemos es por qué en esta ley de plantillas, ya
que se van a reducir todas las plantillas generales de aquí al año 2000,
no se continúa una reducción similar o por lo menos proporcional a lo que
se plantea en general. En cualquier caso, aceptamos y agradecemos el
esfuerzo realizado por el Grupo Socialista, pero votaremos en contra,
aunque nos abstendremos en el articulado.




El señor PRESIDENTE: Según la nota que tengo, el señor Mardones acepta la
enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista y retiraría su
enmienda.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Lagunilla.




El señor LAGUNILLA ALONSO: Seré muy breve, señor Presidente.

Me parece de agradecer también que reconozcan nuestro esfuerzo de
acercamiento y, sin ánimo de entrar en polémica --seguramente sería más
cuestión de una mesa de trabajo y de discusión, quizá precisamente por
eso a lo mejor la ley no reconoce empleos sino categorías, porque sería
mucho más específico y habría que esperar al desarrollo del plan Norte, a
las necesidades, etcétera--, quiero decir simplemente al representante
del Grupo Popular --lo sabe perfectamente, lo ha reconocido al final de
su intervención-- que ya se ha venido produciendo una reducción
importante del número de generales en las anteriores leyes de plantillas.

Nosotros hemos intentado --y él lo ha reconocido-- un acercamiento, dado
que su enmienda no planteaba exactamente un número sino que recogía el
espíritu; es lo que hemos intentado nosotros. Puede parecerle al
representante del Grupo Parlamentario Popular insuficiente.

Efectivamente, cuando se trata de números, a unos les puede parecer
siempre insuficientes y a otros excesivos, pero nosotros hemos intentado
en lo posible acercarnos, recogiendo ese espíritu que en parte --ya he
dicho antes-- compartíamos.

Respecto a la intervención del representante del Grupo de Izquierda Unida
reitero lo dicho, pero me gustaría aclarar una cosa porque si no puede
quedar en el aire como que nuestra enmienda no responde a lo que el
artículo 8 de la Constitución mandata a nuestras Fuerzas Armadas. Yo no
he puesto en duda si su modelo responde o no, ni lo he dicho ni se me
ocurriría decirlo, pero lo que sí puedo decir --puesto que él ha
defendido que el suyo sí que intenta cumplir ese mandato-- es que, desde
luego, estamos absolutamente convencidos de que el modelo que nosotros
defendemos va a permitir cumplir a nuestras Fuerzas Armadas ese mandato
constitucional del artículo 8 de defender nuestros intereses allá donde
sea necesario y donde se le requiera por los poderes públicos y por los
poderes sociales. Por tanto, entendemos que nuestro modelo también lo
defiende correctamente, sobre todo con las posibilidades que en este
momento nuestro país tiene como una potencia media dentro del concierto
internacional: posibilidades económicas --ya en el debate de totalidad
advertí que no era sólo un debate económico, podría serlo, pero no era lo
principal y fundamental--, posibilidades demográficas, sociales,
etcétera, que creo que están perfectamente en línea. Yo no he puesto en
duda que el suyo lo cumpla o no, sería motivo y objeto de otro debate
seguramente mucho más teórico, pero sí me gustaría decir que creemos que
el nuestro lo cumple y por eso lo defendemos. Faltaría más.




El señor PRESIDENTE: El señor Carrera tiene la palabra.




El señor CARRERA I COMES: Intervengo para fijar posición respecto a las
enmiendas presentadas y que cada uno de los grupos proponentes ha
defendido en este trámite. Queremos recalcar --como ya hicimos en el
debate de totalidad-- que no hemos presentado enmiendas.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria,
vamos a votar favorablemente la número 1 por su contenido y porque,
además, al haber sido aceptada la transaccional propuesta por el Grupo
Parlamentario Socialista, entendemos que no desvirtúa, en absoluto, el
propio contenido y así ha sido aceptado por el Grupo proponente.

La enmienda número 2 ha requerido un estudio más cuidadoso por nuestra
parte porque hace referencia a la escala especial y a su incorporación a
la escala superior. Esta es una cuestión a la que se han presentado
varias iniciativas parlamentarias; incluso algunas de ellas fueron
presentadas por el conjunto de grupos de la Cámara, excepto por el
Socialista. Parece, no obstante, que en estos momentos esta unanimidad no
existe. Por tanto, nos da la impresión de que éste no sería el momento
oportuno para su debate. De todas formas, nos interesa dejar constancia
de que continúa siendo una cuestión sin resolver. Quizás es que no tiene
solución. Nosotros continuamos dispuestos, como grupo parlamentario, a
intentar encontrar la solución. Por tanto, en la votación de esta
enmienda número 2 nos vamos a abstener.

Por lo que hace referencia a las distintas enmiendas presentadas por el
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nuestro voto
no va a ser favorable al bloque de estas enmiendas por las mismas razones
que argumentamos en el debate de totalidad la semana pasada. Se plantean
en su conjunto como modificación del proyecto de ley en base a un
ejército profesional cien por cien, con todas las variaciones que ello
comporta. Entendemos que no son de aplicación con el actual modelo,
aunque estamos convencidos y seguros de que en su conjunto son enmiendas
que han sido estudiadas y estrictamente definidas.

Por lo que hace referencia a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, vamos a votar favorablemente las que hacen
referencia a los cuerpos de ingenieros de intendencia y especialistas,
así como también --lo que me va a permitir reafirmarme en lo que voy a
exponer en otra enmienda del Grupo Parlamentario Popular-- la enmienda
que hace referencia a los reservistas que piden su participación en
misiones fuera de territorio nacional. A



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mi entender ésta podría ser una de las enmiendas más polémicas o más
importantes en esta modificación que se está planteando.

Estudiadas las enmiendas del Grupo Popular, vamos a votarlas en contra en
su conjunto. Sólo me interesa en este trámite, señor Presidente, remarcar
dos de las mismas y dejar quizá una ampliación a nuestra votación de
estas enmiendas 15 y 17. La 15 es la que hace referencia a la
modificación del cuadro de oficiales generales. Se ha presentado en este
trámite una enmienda por el Grupo Socialista que el Grupo proponente, el
Popular, no va a aceptar. A nosotros nos interesa dejar constancia de que
vamos a aceptar esta transaccional y, por tanto, continuaremos votando en
contra de la enmienda y a favor de la transaccional, por una cuestión. Me
interesa remarcar que tal como estaba redactado este proyecto de ley nos
era difícil votarlo a favor en este punto concreto. Por otra parte, la
enmienda presentada por el Grupo Popular no estaba bien explicada y,
aunque el proponente ha ampliado quizá más un poco los conceptos y
porcentajes, hay que reconocer que el texto de la misma no cuantificaba
cuál debía ser esta reducción y no aclaraba, por tanto, a nuestro
entender, hacia qué camino debíamos seguir. Por ello, dado que
consideramos importante la transaccional y por entender nuestro Grupo que
era imprescindible esta reducción, vamos a votar favorablemente la
transaccional propuesta.

Queda sólo una ampliación de explicación a nuestro voto en contra de la
enmienda número 17, que hace referencia al envío en misiones de alto
riesgo del personal de reemplazo, aunque sea voluntario. Nuestra posición
siempre ha sido favorable al voluntariado en general, sea cual sea su
ámbito y, por tanto, también desde un punto de vista militar. Entendemos
que es importante siempre que sea voluntariado, siempre que pueda tener
la opción de que se le envíe a misiones que el texto califica de alto
riesgo. Quizá este personal voluntario no tiene por qué necesariamente en
estas misiones de alto riesgo desempeñar funciones que requieran una
dedicación y una experiencia concreta.

En conjunto, por tanto, vamos a votar en contra. Esta ha sido la fijación
de posición de nuestro Grupo Parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor MOYA MILANES: Señor Presidente, ¿vamos a votarlas por grupos o
por artículos?



El señor PRESIDENTE: Estamos votando las enmiendas y luego se votará el
texto del proyecto de ley.

Vamos a votar las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.




El señor LOPEZ VALDIVIESO: Señor Presidente, solicito votación separada
de la enmienda número 8, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a
una disposición adicional nueva. ¿Puede ser?



El señor PRESIDENTE: Sí.

Votamos, en primer lugar, la enmienda número 8, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en
contra, 20; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las restantes enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 33.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Popular, excepto la número
15, que ha sido retirada para permitir la enmienda transaccional del
Grupo Socialista.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, me gustaría conocer cómo se va
a someter a votación la enmienda 17 y esa propuesta de transacción que se
ha hecho. En todo caso, nosotros pediríamos votación separada de la 17
del resto de las enmiendas del Grupo Popular, porque no nos ha quedado
clara cuál es la solución final.




El señor PRESIDENTE: Entonces, señor Ríos, pide la votación separada de
la enmienda número 17, del Grupo Popular.

Votamos la enmienda número 17, del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las restantes enmiendas del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 2, del Grupo de Coalición Canaria, puesto que la número 1
ha sido retirada para permitir la transacción con la presentada por el
Grupo Socialista.




El señor MOYA MILANES: Señor Presidente, falta votar la transaccional a
la número 15, del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Luego se votarán las transaccionales.

Votamos la enmienda número 2, del Grupo de Coalición Canaria.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 17; abstenciones, 16.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Socialista.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Señor Presidente, solicitamos votación
separada de la enmienda número 13, del Grupo Socialista, a la
disposición adicional tercera.




El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 13, del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, dos; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las restantes enmiendas del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Pasamos a votar las enmiendas transaccionales presentadas a la enmienda
número 1, de Coalición Canaria, y a la número 15, del Grupo Parlamentario
Popular, que se pueden votar conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Pasamos a votar a continuación el texto del proyecto de ley con las
incorporaciones de las enmiendas aceptadas.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Señor Presidente, no hemos votado la
transaccional a la enmienda número 15.




El señor PRESIDENTE: Hemos votado conjuntamente las transaccionales a la
enmienda número 1, del Grupo de Coalición Canaria, y a la número 15, del
Grupo Popular.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Señor Presidente, lo lamento, pero la
intención del Grupo Popular era votar que no a la enmienda transaccional
del Grupo Socialista, como manifestó nuestro portavoz.




El señor PRESIDENTE: Quedan anuladas las votaciones y pasamos, en primer
lugar, a votar la enmienda transaccional a la número 1, del Grupo de
Coalición Canaria.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda transaccional a la número 15, del Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20 en
contra, 13; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar el texto del proyecto de ley con las enmiendas aprobadas
durante estas votaciones.

¿Podemos votar conjuntamente el texto del proyecto de ley?



El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Solicitamos votar artículo por artículo y
disposición por disposición.




El señor PRESIDENTE: Votamos el artículo 1 del texto del proyecto de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, dos; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos el artículo 2.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Señor Presidente, por nuestra parte se pueden
votar conjuntamente los artículos 2 y 3 y las disposiciones adicionales
primera, cuarta y quinta.




El señor PRESIDENTE: Votamos los artículos 2 y 3 y las disposiciones
adicionales primera, cuarta y quinta.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votamos a continuación el artículo 4.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, dos; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos a continuación la disposición adicional segunda.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
votos en contra, dos; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación la disposición adicional tercera.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

¿Podemos votar conjuntamente las disposiciones transitorias?
(Asentimiento.)



El señor PRESIDENTE: Votamos las disposiciones transitorias.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, dos; abstenciones, 13.




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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

A continuación vamos a votar la exposición de motivos, excepto el último
párrafo, tal y como ha sido solicitado por el portavoz del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en
contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta parte de la exposición de
motivos.

Votamos el último párrafo de la exposición de motivos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, dos; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el último párrafo de la exposición de
motivos, con lo cual ha quedado dictaminado este proyecto de ley. Como
conocen SS. SS., la Comisión tiene competencia legislativa plena, por lo
que el próximo trámite consistirá en enviar este proyecto de ley al
Senado.




DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--RELATIVA A LA NEGOCIACION DE UN CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
Y EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA (MURCIA) PARA LA CESION DE INSTALACIONES
MILITARES A LA CIUDAD Y LA MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA QUE COMPENSE CON INCREMENTOS DE EDIFICABILIDAD Y MODIFICACIONES DE
USOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000020.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día,
proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a la negociación de un convenio
entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Cartagena para la
cesión de instalaciones militares a la ciudad y la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana que compense con incrementos de
edificabilidad y modificaciones de usos.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: La proposición no de ley está redactada en el mes
de septiembre e, indudablemente, desde el mes de septiembre hasta hoy, se
ha producido una evolución de los acontecimientos que puede modificar
nuestra propuesta. ¿Cuál es el objetivo de nuestra iniciativa? El
Ministerio de Defensa lleva negociando con el Ayuntamiento, desde el año
1979, una serie de cesiones de instalaciones para recuperación de
equipamientos de la propia ciudad, a cambio de la modificación del Plan
de Ordenación Urbana y una recalificación de otros suelos para facilitar
el incremento de edificabilidad y poder conseguir así una nueva ubicación
de todas las instalaciones militares en la ciudad. Lo cierto y verdad es
que, por medio de todo ese proceso, largo y arduo, después de ser
aprobado por el Ayuntamiento, ha tenido un trámite ante la Comunidad
Autónoma, y en ese momento es cuando presentamos nuestra propuesta para
pedir que el Ministerio de Defensa, al margen del devenir del convenio,
al margen de que se esté ultimando, cediese a la ciudad los terrenos para
poder construir un nuevo campus universitario, que, como ustedes saben,
podría acogerse a los fondos europeos. Para poder comprometer, dentro de
las inversiones del Feder, actuaciones de este tipo necesitaríamos tener
ya los terrenos cedidos y poder iniciar la construcción de ese campus
universitario. Pues bien, al margen de que se produzca una discusión
puntual entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento y entre éste y
la propia Comunidad Autónoma sobre la legalidad o no de esos excesos de
edificabilidad que se están pidiendo, sobre todo para el parque
automovilístico, para la factoría de subsistencias o para cualquier otra
de las actuaciones, pedíamos que, en lugar de utilizar el Ministerio de
Defensa la presión diciendo «no cedemos mientras no se ultime todo el
convenio y se nos dé la calificación definitiva», el Ministerio de
Defensa cediese los terrenos del antiguo Hospital de Marina y del Cuartel
de Antigones para que el Ayuntamiento pudiera ya utilizar esa cesión de
terrenos y se facilitara la puesta en marcha del campus universitario.

Por tanto, la proposición no de ley iba dirigida a dar máxima urgencia,
máxima capacidad de movilidad al propio Ayuntamiento a través de la
cesión por el Ministerio de Defensa de esos terrenos, al margen de la
decisión definitiva que tuviese el convenio que se debiera firmar. Por
tanto, en el punto primero nuestra proposición se circunscribía a
solicitar que se ceda urgentemente al Ayuntamiento los terrenos e
instalaciones necesarios para poner en marcha las obras del campus
universitario y, segundo, a que se siga negociando la evolución de la
legalidad que el Ayuntamiento tenía con la propia Comunidad Autónoma.

Esto era el 17 de septiembre; con posterioridad, la propia Comunidad ha
tomado decisión, no sabemos en qué sentido definitivo, si para facilitar
todas las peticiones que hacía Defensa o todas las del Ayuntamiento, pero
lo cierto y verdad es que han llegado a una tramitación definitiva de esa
petición del Ayuntamiento y estará en un momento determinado.

¿Podría perder vigencia entonces la propuesta de Izquierda Unida? Habría
perdido vigencia esta proposición no de ley siempre y cuando el
Ayuntamiento hubiera recibido ya la cesión de los terrenos, y como eso no
nos consta, aunque esté a punto de firmarse con día y hora el convenio,
mantenemos la proposición no de ley. En todo caso, si en el trámite de la
discusión de la misma se nos asegurase que se han cedido ya estos
terrenos y que el Ayuntamiento puede disponer de ellos para la
tramitación y la consecución de la instalación de ese campus
universitario, que era nuestro objetivo, nosotros pararíamos este



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trámite aquí, aunque seguimos manteniendo nuestra discrepancia formal
sobre el volumen que se ha autorizado. Creemos que Defensa debe funcionar
de una manera distinta en cuanto a usos de beneficios sobre especulación
de recalificaciones, pero no es el debate que nos trae aquí, y en todo
caso lo tendremos en la institución adecuada, que debe ser el
Ayuntamiento o la Comunidad.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Según referencias que han llegado a nuestro
Grupo y asimismo por información que en su momento pedimos al ser
presentada la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, parece, según nos dicen, que están muy
avanzadas las negociaciones no sólo con el propio Ayuntamiento, que sí es
cierto y el propio Grupo proponente así lo ha manifestado, sino que
parece que en un tiempo corto va a haber una solución final una vez se
obtenga la autorización de la Comisión de Urbanismo correspondiente.

Nuestro Grupo ha seguido con interés la exposición del portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Parece que ustedes mismos están
un poco a la expectativa del propio compromiso o manifestaciones que en
este mismo debate se hagan llegar, me imagino, por parte del Grupo
Socialista. Nuestro Grupo entiende que si es cierto, y pensamos que sí,
que la resolución final de Urbanismo está a la vista, quizá sería bueno
ahora esperar a que este trámite se produjera para la solución definitiva
de esta iniciativa o de esta inquietud que nos traslada el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Por tanto, la posición de nuestro Grupo va a ser de abstención en este
trámite, una vez explicada nuestra posición.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Cremades.




La señora CREMADES GRIÑAN: Como bien ha indicado el señor Ríos, hace ya
tiempo se iniciaron todas las conversaciones sobre la cesión de múltiples
terrenos del Ministerio de Defensa a la ciudad de Cartagena, si bien me
voy a centrar solamente en lo que él también ha incidido, en la cuestión
del futuro campus de Cartagena.

Es cierto que la Universidad de Murcia ya cuenta con un campus
universitario en Cartagena, donde se imparten en la actualidad, en
condiciones indignas, diversas especialidades técnicas. Es absolutamente
necesario, a nuestro parecer, la construcción de un nuevo campus en los
citados terrenos para completar y mejorar la oferta existente e implantar
titulaciones como ingeniería técnica en hidrología, mecanización,
producción y calidad, construcciones rurales, etcétera. Ahora bien, es
cierto que el terreno que va a ceder el Ministerio de Defensa en el
centro milenario de Cartagena, situado en la muralla del mar y, además,
en el antiguo Hospital de Marina y Cuartel de Antigones, es un núcleo que
está totalmente denigrado por la situación actual de drogadictos y grupos
marginales. Es cierto que esto es reconocido en el escrito enviado en el
mes de octubre por la Secretaría General de la Comunidad Autónoma al
Ayuntamiento de Murcia.

Nuestro problema se centra en una doble perspectiva: por un lado, la
urgencia, que es vital, para que se desarrolle este campus universitario
puesto que regeneraría totalmente el centro urbano de Cartagena y, sobre
todo, potenciaría la dinámica universitaria. Es obvio que la voluntad del
Rector de la Universidad de Murcia es priorizar esta demanda. Sin
embargo, aquí hay una cuestión de fondo que nos preocupa profundamente.

¿Ha contemplado el señor Alcalde de Cartagena el alto cometido que tiene
al adquirir tantos terrenos del Ministerio de Defensa? ¿Sabe cómo
planificar la magna obra? Solamente en el futuro campus citado hay una
reducción de 280 viviendas, y no se explica de ninguna forma cómo se va a
ubicar a estas familias. Se ha comentado el fondo económico europeo que
estaba previsto. Es cierto que en el capítulo VII hay un fondo de 3.000
millones de pesetas que la universidad va a perder, porque si las obras
no se inician en enero de 1994, todo este fondo va, ya, a otros fines.

Por tanto, nuestro deseo es incidir en la necesidad de regenerar el
barrio en que se enclava, recuperándose, así, la vida cultural y
económica del centro de Cartagena. No obstante, como observamos que la
firma de este acuerdo va a ser urgente, ya va a ser rápidamente
realizada, nuestra postura va a ser de abstención a la moción presentada
por el señor Ríos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cremades.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Novella.




El señor NOVELLA SUAREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La verdad es que a uno le gustaría que cada vez que interviniera en una
iniciativa de ley tuviera que dar las respuestas que en este momento le
voy a dar a SS. SS.

El señor Ríos se curaba en salud, y lo sabía porque hemos hablado fuera
de la Cámara, de la inminencia en la firma del convenio entre el
Ayuntamiento de Cartagena y el Ministerio de Defensa, un convenio que hay
que decir que se firma el 24 de abril del presente año, firmándose la
cesión, según informaciones que tenemos tanto por parte del Ayuntamiento
de Cartagena como de la propia Dirección General de Infraestructuras de
la Defensa, el día 26 de este mes a las doce horas, salvo que haya alguna
cuestión de fuerza mayor que lo impida. Esta sería la contestación a la
proposición no de ley sobre que se cedan urgentemente al Ayuntamiento de
Cartagena los terrenos e instalaciones: le estoy diciendo la fecha y la
hora.

Luego hay una segunda cuestión que se solicita, que siga negociando los
problemas de legalidad del actual convenio con el Ayuntamiento y la
Comunidad Autónoma. Como creo que la mañana la estamos aprovechando muy
bien, me van a permitir cinco minutos solamente para



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ilustrar a SS. SS. acerca de cuál es el problema de este convenio y en
qué momento lo podemos circunscribir. La Ley 28/1984, de creación de la
Gerencia de la Infraestructura de la Defensa, determina que uno de los
fines de este organismo autónomo es obtener recursos económicos para
financiar los planes de infraestructura necesarios para las Fuerzas
Armadas, mediante la enajenación de los bienes inmuebles que dejan de ser
necesarios para la Defensa. Según esta Ley, la Gerencia de
Infraestructura puede enajenar esos bienes solamente, señor Ríos, con
criterios de mercado, a los cuales deben someterse no solamente las
entidades privadas sino también las públicas, al margen de los fines
sociales que persigan estas últimas.

El 24 de abril del presente año, como le he señalado anteriormente, la
Gerencia de Infraestructura y el Ayuntamiento de Cartagena firmaron un
convenio para la cesión, en determinadas condiciones en las
estipulaciones, que están aquí en este convenio (y que parece que usted
en el segundo punto de su proposición olvida), de ciertas propiedades del
Ministerio de Defensa, que ya se han señalado aquí, y entre las que se
encuentran el antiguo Hospital de Marina y el Cuartel de Antigones. Entre
las condiciones establecidas, a modo de compensación en ese convenio,
figura la modificación de ciertos parámetros urbanísticos que puedan
beneficiar a otras propiedades del Departamento en Cartagena, para lo
cual era necesario introducir la famosa modificación 33 del Plan General
Municipal de Ordenación de Cartagena, que también la tengo aquí a
disposición de sus señorías.

Por tanto, señor Ríos, cuando usted deja ver en su proposición no de ley
que se sigan negociando los problemas de legalidad, tengo que ser
contundente en decirle que no ha habido problemas de legalidad. En todo
momento ha habido respeto a la legalidad y a los mandatos
constitucionales sobre la utilización del suelo, recogido en el artículo
45.2 de la Constitución, de protección y mejora de la calidad de vida que
han de promover las actuaciones de las administraciones públicas, y en el
artículo 47, también de la Carta Magna, que regula la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y
cómo la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos. Lo que pasa, señor Ríos, es que cuando
se dicen frases respecto a urbanismo todo eso luego hay que trasladarlo a
mapas, porque sería algo bárbaro --no me atrevo a calificarlo de otro
modo-- que, por mor de lo que usted dice, el volumen fuera en esa zona de
Cartagena de ocho alturas y que en el edificio de al lado, en función de
esto, fuera de doce. Nada más lejos de ese esfuerzo de coordinación y de
trabajo que han realizado Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y la propia
Dirección General de Infraestructura de la Defensa. Cada uno ha defendido
--no le digo que no-- sus intereses, pero siempre respetando el interés
general. Aquí se daba además la circunstancia de que la propuesta
municipal, al pasar a la Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente, que tiene competencias autonómicas que son concurrentes en
materia de planeamiento, ha tenido estas modificaciones que, le vuelvo a
insistir, no han caído en ningún momento en ningún tipo de ilegalidad y
que han ido conducentes a que haya un mayor incremento de espacios libres
y a que haya más liberalización de suelo público. Desde luego, los tres
parlamentarios que hemos intervenido en el debate, excepto el señor
Carreras, conocemos perfectamente la ciudad y veremos cómo los espacios
verdes --yo los he visto sobre el plano-- han crecido muchísimo.

Si me permite el señor Presidente, para terminar, quiero despejar alguna
duda respecto al campus universitario. No se va a perder, como decía la
Diputada que me ha precedido en el uso de la palabra, el dinero de los
fondos Feder, si no se ponen en marcha las obras el día 1 de enero. Están
recogidos y presentados para ser realizados por vía descentralizada. Por
eso, puede ser que algún Diputado haya buscado en el capítulo VI y donde
tiene que hacerlo es en el capítulo VII. No obstante, tengo las
anualidades aquí y están a disposición de los señores Diputados. (El
señor Ríos Martínez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, sabía que me iba a pedir hacer uso de la
palabra, pero conoce perfectamente el Reglamento. Quiero insistir en que
el artículo 195 sólo concede derecho a intervenir al presentador de la
proposición no de ley cuando hay enmiendas; cuando no es así, el
Reglamento nos lo veda. Ustedes lo podrán comprobar prácticamente todos
los martes en el Pleno del Congreso, donde existe una doctrina sentada y
ratificada insistentemente por la Presidencia.

Por otra parte, ante esta eventualidad, la Presidencia, que ya veía venir
su petición de palabra, ha consultado a todos los miembros de la Mesa y,
por unanimidad, ha decidido que no ha lugar a esta intervención.

Por tanto, vamos a someter a votación la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 17; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Ríos Martínez pide la
palabra.)



El señor RIOS MARTINEZ: Antes le había pedido la palabra para fijar
posición. En toda votación hay explicación de voto.




El señor PRESIDENTE: Sólo cuando no se es autor de la proposición. En
este caso, su Grupo ha defendido una proposición no de ley.




El señor RIOS MARTINEZ: Yo le pido ahora explicar el voto, si es posible.

¿Tampoco hay turno de explicación de voto?



El señor PRESIDENTE: Usted ha defendido la proposición de ley y ha
explicado lo que va a votar. Sería en el caso de que no lo hubiera hecho.




El señor RIOS MARTINEZ: La precisión que quiero hacerle es que en este
caso ha habido indefensión de mi



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argumentación porque no me ha dado ni la posibilidad de retirar la
proposición no de ley, señor Presidente. Considero injusta la
tramitación.




El señor PRESIDENTE: Ni la Presidencia ni la Mesa tienen inconveniente en
conceder el uso de la palabra. Es más, comproborá a lo largo de la
legislatura la generosidad con que en este ámbito nos producimos, pero sí
queremos sentar un criterio y por eso no hemos concedido el uso de la
palabra, en las proposiciones no de ley, como turno de réplica, porque no
está así previsto en el Reglamento. Se tramitan como usted sabe y conoce
perfectamente el Reglamento.




El señor RIOS MARTINEZ: No me ha dado la posibilidad de retirarla. En
todo caso, respeto su decisión.




--SOBRE PATRONATOS DE CASAS MILITARES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000030.)



El señor PRESIDENTE: Punto cuatro del orden del día: Proposición no de
ley sobre patronatos de casas militares.

Por el Grupo Popular, para defensa de esta proposición no de ley, tiene
la palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señorías, el Grupo
Parlamentario Popular presenta una vez más esta proposición después de
haber formulado durante la pasada legislatura más de 26 cuestiones
referentes a la promulgación del Real Decreto 1751/1990, de 20 de
diciembre, por el que se creaba el Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas, que suprimía el Patronato de Casas del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, con gran preocupación para
nosotros entonces, como así lo hicimos constar, debido a las diferentes
situaciones por las que atraviesan los militares de cada uno de los tres
Ejércitos, bien diferentes en la mayoría de los casos. Se dictaron normas
en materia de viviendas militares y ha venido a confirmarse que la
mencionada disposición no fue elaborada contemplando debidamente las
repercusiones sociales, económicas y humanitarias que originaría en los
beneficiarios tanto del personal militar como de funcionarios civiles al
servicio de la administración militar, pues hoy, precisamente, y en
virtud de esa movilidad geográfica que ha comenzado ya a aplicárseles,
está teniendo consecuencias graves también para los funcionarios civiles
de niveles adquisitivos económicos más bajos y, por tanto, con mayor
precariedad para poder realizar traslados de unas ciudades españolas a
otras. El retraso en su publicación, 34 días después de haber sido
aprobada por el Consejo de Ministros, bastante después de haber sido
formulados los informes de las secretarías de Estado y después de la
variedad de normas y plazos que regulan la ocupación de viviendas,
nosotros creemos que confirma que la elaboración de la citada
disposición, de gran trascendencia para numerosas familias, no había sido
debidamente estudiada.

La determinación de plazos, cuya duración es difícilmente justificable
por la cantidad de casos en los que se encuentran, el diferente trato al
personal militar en función de la situación administrativa en que se
encontrase y la discriminación con que se trata al personal civil --como
ya he referido-- al servicio del Ministerio de Defensa ha dado origen a
un clima generalizado de intranquilidad y de protesta que en nada está
beneficiando al compañerismo y a la necesaria disciplina en las Fuerzas
Armadas que, como se dispone en el artículo 11 de las Reales Ordenanzas,
es el factor de cohesión que obliga a todos por igual y que debe ser
practicada y exigida como norma de actuación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presentó ante esta Cámara,
el 17 de septiembre del año en curso, una proposición no de ley
recuperada de la legislatura anterior, mediante la que el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que, con la mayor urgencia, apruebe las
disposiciones necesarias para que los preceptos que citaremos a
continuación sean de aplicación únicamente al personal militar y civil al
servicio del Ministerio de Defensa que haya entrado a prestar sus
servicios en las Fuerzas Armadas o en el departamento de Defensa,
respectivamente, con fecha posterior a la entrada en vigor del Real
Decreto. Dichos preceptos son, dentro del artículo 32.1 --aquel que
especifica las causas de desalojo en las viviendas militares de apoyo
logístico--, el apartado a), que se refiere al cambio en la situación
administrativa que otorgó el derecho al uso de esa vivienda, sin tener en
cuenta que muchas personas han accedido asu vivienda hace muchos años
--20 ó 25-- y que probablemente el cambio de situación administrativa se
ha producido en gran parte de los casos de los ocupantes de muchas de las
viviendas militares de cada uno de los tres patronatos extintos. Su
apartado b), que habla de cambio de destino que implique cambio de
localidad, con el grave perjuicio que puede ocasionar, y de hecho está
ocasionando, a infinidad de militares que, mediado el curso --léase mes
de marzo, de febrero o incluso de mayo-- tienen que cambiar de destino de
una ciudad española a otra, obligándoseles a abandonar la vivienda que
están habitando y a trasladar a toda su familia a otra ciudad, pudiendo
tener hijos estudiando en universidades o pudiendo tener hijos
matriculados en colegios, no encontrándose ya plazas para los traslados,
con lo que se les originan graves problemas y perjuicios o, en su caso
--y en todo caso cuando no se aplica--, el estar incumpliendo una norma
que debería ser referente para todos aquellos que se tuvieran que atener
a ello. El apartado d), pase a retirado o segunda reserva del usuario,
cuando esto en los contratos iniciales no figuraba en el momento de
arrendar cada una de estas viviendas con más o menos precio, hoy en día
bastante elevado con respecto al que se tenía en el momento del alquiler.

Por último, dentro del artículo 32.1, el apartado e), fallecimiento del
usuario. Y en cuanto a las disposiciones transitorias, en la primera, las
reglas 1.ª, 3.ª y 4.ª, que se refieren, 1.ª: Quienes a su entrada en
vigor se encuentren en



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situación de disponible, servicios especiales o pasen a esta situación
como consecuencia de la aplicación de las disposiciones transitorias
quinta y sexta del Real Decreto 1385/1990, de 8 de noviembre, y estén
ocupando vivienda militar, podrán mantener el uso hasta su cese en dicha
situación administrativa; a partir de ese momento les será de aplicación
lo dispuesto en el Real Decreto que nos ocupa, el 1751/1990.

La regla 3.ª, que habla de que quienes a su entrada en vigor se
encuentren en servicio activo y les falten cinco o menos años para pasar
a la situación de reserva, por aplicación del apartado 1, causas a) y b),
y del apartado 2, del artículo 103 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, y
estén ocupando vivienda militar, podrán mantener el uso hasta su
fallecimiento, salvo que pierdan la condición de militar, pasen a otra
situación administrativa, excepto la propia reserva, a la que no
corresponda el derecho a uso de vivienda militar de apoyo logístico o
tengan vivienda adquirida en el Ministerio de Defensa o subsidiada por
él. Recuerdo que el Grupo Parlamentario Popular en su día calificó esta
transitoria primera en su 3.ª regla como poco ajustada a lo que son
criterios equitativos con el resto del personal de las Fuerzas Armadas.

Para decirlo más claro, con esta transitoria primera, regla 3.ª realmente
salen beneficiadas única y exclusivamente aquellas personas que se
jubilen en el plazo de cinco años ocupando el destino en el que se
encuentran, y los oficiales generales serían los grandes beneficiarios de
esta disposición, teniendo en cuenta, además, que se han dado ya casos,
dentro del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, de
personas que estando en la culminación de su carrera militar, en el grado
de coronel, y no sabiendo si ascenderían o no al grado de general, han
preferido pasarse a la reserva antes de agotar el tiempo de su destino,
con tal de quedarse con vivienda para una vez que pasasen a la situación
de reserva. Eso es realmente injusto y en realidad no se ciñe a criterios
equitativos con respecto a todas las categorías y empleos en las Fuerzas
Armadas. El punto 2 de esta disposición transitoria primera se refiere a
que el personal militar en servicio activo que esté ocupando vivienda
militar fuera de la localidad de destino podrá conservarla hasta el
primer cambio de destino o de situación administrativa o asignación de
vivienda, en cuyo momento se someterá al régimen general del presente
Real Decreto.

Finalmente, la disposición transitoria tercera 1, dice que el personal
civil al servicio del Ministerio de Defensa que esté ocupando vivienda
militar a la entrada en vigor del presente Real Decreto podrá conservar
el uso de aquélla hasta el momento en que se produzca su cambio de
destino en el propio Ministerio que suponga cambio de localidad, pasen
destinados a otros departamentos, cesen en su relación laboral o se
jubilen.

Realmente al personal civil del Ministerio de Defensa, muchos de cuyos
componentes tienen salarios mensuales cercanos a las 80, 75 ó 60.000
pesetas, y muchos de los cuales hoy en día están empezando a verse
trasladados por el principio de movilidad geográfica que ha expuesto el
Ministro de Defensa en muchas de sus comparecencias, a este personal se
le prohíbe continuar habitando las viviendas en la localidad en la que
han estado residiendo durante toda su vida, porque el personal civil
prácticamente no se mueve, y se le obliga no sólo a trasladarse de
destino con el mismo sueldo, sin ningún tipo de complementos, sino a que
su familia, que está viviendo en la ciudad anterior, tenga que dejar de
ocupar esa vivienda y o bien trasladarse con él a la nueva localidad de
destino o, por el contrario, adquirir una nueva vivienda en un mercado
mucho más caro que en el que en su día adquirieron esa vivienda militar.

Este apartado es realmente injusto para el personal civil y esperamos que
se tenga en cuenta la proposición no de ley que en definitiva no pretende
más que que el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, se aplique,
como decía al principio, única y exclusivamente, al personal al servicio
del Ministerio de Defensa que haya entrado a prestar sus servicios en las
Fuerzas Armadas o en cualquier departamento de Defensa, con fecha
posterior a la entrada en vigor del mismo. Entendemos que no es de
justicia que cantidad de normas que aquí se contienen se apliquen a
personal que ha adquirido esas viviendas y ha vivido en ellas con otras
leyes que les han permitido realizar una planificación de su vida de otra
forma y que en virtud de un Real Decreto, sin tener en cuenta ninguno de
los derechos adquiridos, puedan verse desalojados no sólo ellos sino sus
familias.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado
enmiendas. Por tanto, grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, el señor Carrera tiene la
palabra.




El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, he escuchado atentamente la
exposición hecha por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la
que hace referencia a la supresión del Patronato de Casas Militares del
Ejército de Tierra, así como de los de la Armada y del Ejército del Aire,
porque según su criterio y la propia exposición de motivos de esta
iniciativa, ello ha venido a confirmar que la mencionada disposición no
fue elaborada contemplando debidamente las repercusiones tanto sociales,
económicas o humanitarias que originaría a sus beneficiarios. Añadía
--así lo ha expresado el propio portavoz-- que el retraso en su
publicación y la variedad de normas y plazos que regulan la ocupación de
viviendas, confirman que la aplicación de este Real Decreto no fue
debidamente estudiada en su momento.

Termina la proposición no de ley con un texto concreto en el que se pide
a este Congreso de los Diputados que se aprueben las disposiciones
necesarias para que se modifique el artículo 32.1 en una serie de
apartados a los que ha hecho mención, y que sean de aplicación únicamente
al personal militar y civil al servicio del Ministerio de Defensa, que
haya entrado a prestar sus servicios con fecha posterior a la entrada en
vigor del mismo.

En esta cuestión entendemos lo mucho que puede inquietar a las personas
que en estos momentos pueden verse afectadas. Si la aplicación se hace
con fecha posterior a la entrada en vigor, que es lo que solicita esta



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proposición no de ley, ello puede acrecentar aún más los desequilibrios y
el malestar existente, en contra de lo que ha manifestado el portavoz del
Grupo proponente, que entiende que si prospera esta iniciativa daría una
cierta tranquilidad --lo hemos comentado momentos antes de entrar en la
propia sesión-- a los actuales ocupantes de las viviendas. Debo
reconocer, señor Presidente, señorías, que no vemos claro que eso suceda.

Continuamos manteniendo nuestras dudas en cuanto a que si la aplicación
del artículo se hiciera sólo para los que han entrado a prestar sus
servicios con fecha posterior a su entrada en vigor, ello proporcionara
la tranquilidad de la que habla el Grupo Popular.

Por tanto, no vamos a apoyar esta iniciativa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Soto.




El señor SOTO MARTIN: No existen, en nuestra opinión, datos que avalen
esas consecuencias perniciosas en la aplicación del Decreto al que nos
estamos refiriendo. Releyendo el citado Decreto se puede observar
fácilmente que se han tomado medidas precautorias de carácter
humanitario.

El retraso de un mes o 34 días, o la variedad de normas y medidas que
regulan la ocupación o desalojo de las viviendas, como se argumenta en el
preámbulo de la proposición no de ley, no justifican decir que estas
disposiciones no han sido debidamente estudiadas. En el preámbulo de esa
proposición se hacen afirmaciones tremendistas de intranquilidad, de
protesta, de perjuicio para los compañeros, etcétera, que, a nuestro
entender, no se corresponden con la realidad.

Me atrevo a afirmar que un grupo político que aspira a gobernar, que dice
tener su alternativa al alcance de la mano, debería ser más cuidadoso con
el lenguaje, porque descalificar una norma cargada de racionalidad, de
ponderación y de buen sentido, dice poco a favor de un grupo
parlamentario que presume de maduro, especialmente en temas como éste.

Hacer lo que proponen los señores del Grupo Popular, es decir, que sólo
se apliquen determinados preceptos que son causa de desalojo de viviendas
logísticas --hay que insistir en ese calificativo-- a los militares o
personal civil que haya ingresado a prestar servicios con posterioridad
al Real Decreto, haría inviable el nervio central de esta norma, que no
puede ser otro que el de contribuir a la operatividad de las Fuerzas
Armadas y facilitar la movilidad geográfica de sus integrantes de acuerdo
con las necesidades del planteamiento de la defensa militar, teniendo
siempre en cuenta, además, la compensación económica, que también se
instituye en este Real Decreto, cuando no se dispone de vivienda
logística.

Ustedes pretenden que al personal militar y civil que ya lo era antes del
Real Decreto, cuando haya accedido a una vivienda no se le apliquen los
apartados a), b), d) y e) del artículo 32.1, así como las disposiciones
transitorias primera 1, regla 1.ª, 3.ª y 4.ª, segunda y tercera 1 del
Real Decreto en cuestión.

Para redondear ese pretendido humanitarismo bien podrían promover también
que se suprima la letra f) del artículo 32.1 señalado, que se refiere al
impago del canon correspondiente a tres mensualidades. Eso no lo piden
ustedes.

Creemos lógico que una vivienda logística debe ser desocupada por cambio
de situación administrativa --apartado a)--; cambio de destino o
localidad --apartado b)--; pérdida de la condición militar de carrera
--apartado c), que tampoco incluyen ustedes en su propuesta--; y por
fallecimiento del usuario --apartado e)--. Nosotros creemos que eso es
correcto.

En cuanto a los cambios de situación administrativa, ya se contempla
matizada en el precepto 32.2. En el artículo 33.1, 2 y 3 se recogen los
plazos para el desalojo, que es de seis meses, además de que el
Ministerio de Defensa puede prorrogar esos plazos por razones
humanitarias. También los artículos 35 y 36 orientan el procedimiento de
desalojo con la mayor escrupulosidad.

En cuando las disposiciones transitorias primera,1, regla 1.ª, 3.ª y 4.ª,
y segunda y tercera,1 del Real Decreto, que se proponen aplicar nada más
que a los nuevos funcionarios civiles o militares, es todavía menos
entendible, puesto que suponen salvaguardias y garantías muy importantes
para los usuarios de viviendas. La disposición transitoria tercera,1, que
hace referencia al personal civil que esté ocupando vivienda militar a la
entrada en vigor del Real Decreto no puede verse sino en relación con la
tercera, 2 y 3, que garantiza el uso de la vivienda a los jubilados y sus
viudas de por vida.

Señorías, cualquier racionalización que se intente, sea en éste o en
otros asuntos, conlleva normalmente lesionar ciertos derechos, o, mejor
dicho, ventajas adquiridas, lo que significa un agravio para aquellos
otros que nunca pudieron gozar de ese beneficio. Esta discriminación que
el Real Decreto trata de evitar sí que sería motivo serio contra el
compañerismo, la tranquilidad y la necesaria disciplina.

Lo que sí queda claro, señorías, es que la norma en cuestión, junto a la
ineludible racionalización de un bien escaso y caro, realiza un esfuerzo
bastante generoso, sensato y humanitario hacia los que ya eran usuarios
de viviendas militares de los extinguidos patronatos a la entrada en
vigor del Real Decreto.

En todo caso, creemos haber demostrado suficientemente las razones que
avalan la oposición del Grupo Socialista a la toma en consideración de la
proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Agotado el orden del día, señorías se levanta la sesión.




Eran las doce y cuarenta y ci
nco minutos del mediodía.