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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 41, de 15/10/1993
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm.41
PRESUPUESTOS
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 4
celebrada el viernes, 15 de octubre de 1993



ORDEN DEL DIA:



-- Comparecencia de personalidades y funcionarios de la
Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas
relativos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1994. («B. O. C. G.», Serie A, número 27-1, de
1-10-93) (número de expediente 121/000013) (Página 956)
-- Del señor Secretario de Estado de Comercio (Feito
Hernández). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular
(números de expediente 212/000214 y 212/000216), Mixto (número
de expediente 212/000123), Socialista (número de expediente
212/000084) e IU-IC (número de expediente 212/000276) (Página 956)
-- Del señor Secretario General de la Seguridad Social
(Jiménez Fernández). A solicitud de los Grupos Parlamentarios:
Popular (números de expediente 212/000188 y 212/000187),
Socialista (número de expediente 212/000073) e IU-IC (número
de expediente 212/000268) (Página 966)



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-- Del señor Secretario General del Tribunal de Cuentas
(García Mena). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular
(número de expediente 212/000140) e IU-IC (número de
expediente 212/000310) (Página 983)
-- Del señor Subsecretario de la Presidencia (Sequeira de
Fuentes). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular (número
de expediente 212/000207) (Página 988)
-- Del señor Director del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno (Zabalza Martí). A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular (número de expediente 212/000209) (Página 991)
-- De la señora Directora General del «Boletín Oficial del
Estado» (Martín del Moral). A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular (número de expediente 212/000208)
(Página 993)
-- Del señor Presidente del Centro de Investigaciones
Sociológicas (Arango Vila-Belda). A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular (número de expediente 212/000310)
(Página 994)
-- Del señor Presidente del Instituto de Crédito Oficial
(Núñez de las Cuevas). A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular (número de expediente 212/000322) (Página 998)
-- Del señor Presidente de Tabacalera (Pérez Fernández). A
solicitud del Grupo Parlamentaro Mixto (número de expediente
212/000137) (Página 1004)
-- Del señor Presidente de AGESA (Martínez Gómez). A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular (número de expediente
219/000008) (Página 1007)
-- Del señor Presidente de Argentaria (Luzón López). A
solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular (número de
expediente 212/000166), Socialista (número de expediente
212/000076) e IU-IC (número de expediente 212/000292) (Página 1016)
-- Del señor Director del Ente Público de RTVE (García
Candau). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular
(números de expediente 212/000217. 212/000218 y 212/000219),
Socialista (número de expediente 212/000102), Mixto (número de
expediente 212/000135), Vasco-PNV (número de expediente
212/000055) e IU-IC (número de expediente 212000311) (Página 1026)



Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se abre la
sesión.




COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS
RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA 1994 (Número de expediente 121/000013):



-DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO (FEITO HERNANDEZ),
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (Números de
expediente 212/000214 y 212/000216); GRUPO MIXTO (Número de
expediente 212/000123); GRUPO SOCIALISTA (Número de expediente
212/000084); GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA
(Número de expediente 212/000276).




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comienzan
las comparecencias previstas para esta sesión.

En primer lugar, la del Secretario de Estado de Comercio,
solicitada, entre otros grupos, por el Grupo Parlamentario
Popular. En su nombre, tiene la palabra don Ramón Aguirre,
tanto para la comparecencia solicitada directamente al
Secretario de Estado de Comercio como para la solicitada del
Vicepresidente del Instituto de Comercio Exterior que, por
acuerdo de la Mesa, hemos remitido al Secretario de Estado de
Comercio.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Buenos días, señor Secretario de
Estado, bienvenido a esta Comisión, en nombre del Grupo
Popular.

En esta intervención mi grupo no va a hacer ningún tipo de
valoración respecto al contenido del presupuesto de la Sección
29 y, por el contrario, lo que va a pedirle es una relación y
un conjunto de información respecto a dudas que se nos
plantean ante la lectura de la sección. Por tanto, voy a
intentar hablar despacito porque en algunos casos a lo mejor
son relaciones largas.

En cualquier caso, para comenzar, creo que S. S. coincidirá
con nosotros en que este Ministerio de nueva



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creación, lógicamente ha tenido ya o va a tener algún cambio
de estructura, y nosotros desearíamos conocer en qué va a
consistir ese cambio de estructura, si es que va a existir, y
sobre todo, ante el hecho de ser un Ministerio de nueva
creación, quisiéramos solicitar un informe del Secretario de
Estado respecto a la ejecución del Presupuesto de 1993 y a su
grado de cumplimiento de los objetivos por programas. Yo sé
que esto es una información densa y, por tanto, mi grupo,
cumpliendo las normas de esta Comisión, esperará recibir esta
información, si no puede ser ahora, en su momento y por
escrito.

Pasando al concreto documento de la Sección de su Ministerio,
nos gustaría pararnos brevemente en el programa 126.F, bajo el
título Publicaciones, y habida cuenta del reparto que se
dibuja en este programa del gasto de personal entre
funcionarios y laborales, mi grupo quisiera conocer qué número
de unos y de otros está adscrito a la Secretaría General
Técnica.

Pasando al programa 621.A, Promoción comercial y fomento a la
exportación, creemos no confundirnos si afirmamos que existe
una caída de las inversiones reales del 7 por ciento y que
también hay una caída de las transferencias de capital de
aproximadamente un 12 por ciento. Nos gustaría conocer a qué
es debida esta caída.

También nos gustaría conocer qué número de laborales hay en
esta Dirección General de Política de Comercio y qué número de
funcionarios. (El señor Secretario de Estado de Comercio,
Feito Hernández: No se oye bien.) Es un problema que tenemos
en esta sala y lo más que yo puedo hacer es acercarme más al
micrófono, si así mejora usted su audición.

Le repito esta última pregunta. ¿Qué número de laborales hay
en la Dirección General de Política de Comercio y qué número
de funcionarios?
Igualmente, nos gustaría tener el detalle de los 2.000
millones que se registran en activos financieros, así como
conocer las características y quién es el titular del contrato
de arrendamiento que figura en este programa por algo más de
800 millones de pesetas al año, si no nos confundimos en la
lectura. (El señor Secretario de Estado de Comercio: ¿Qué
progama?) El programa al que me estaba refiriendo es el 621.A,
concretamente Promoción comercial y fomento a la exportación.

Pasando al programa 621.B, observamos que se registra una
caída en el capítulo de inversiones de aproximadamente el 30
por ciento. Nos gustaría conocer a qué es debida esta caída.

Igualmente le hacemos pararse ante la partida material
suministros y otros que por valor de 228 millones, sólo se
desglosa en este documento por importe de 68 millones. Nos
gustaría conocer cómo se desglosa el resto del importe que no
está desglosado, porque nos parece que todo ese montante de
millones en el concepto «otros»...; nos gustaría entrar un
poco más en el detalle de qué son esos «otros».

Pasando al programa 622.A, si no nos confunden nuestros
cálculos, en el capítulo de gastos no financieros, en el año
1993, se registró una presupuestación de 617 millones y para
el año 1994 se presupuestan 456 millones, es decir, existe un
recorte en esta partida del 26 por ciento. Nos gustaría
conocer a qué es debido este recorte. Nuevamente en este
programa observamos que en la partida de material, suministros
y otros, que asciende aproximadamente a algo más de 126
millones, sólo se desglosan 11 de estos 126 millones. Nos
gustaría conocer el destino del resto de los 115 millones que
no están desglosados; cómo están desglosados esos 115 millones
que no figuran en este programa.

Pasando al programa 624.A, también aparece una partida de
material, suministros y otros, que asciende, en este caso, a
363 millones y en el documento exclusivamente se encuentran
desglosados 187 millones. ¿Nos podría facilitar cómo se
desglosa el resto de ese importe que no figura justificado en
estos documentos?
Igualmente en este programa 624.A, existe una partida que por
valor de 100.874.000 pesetas y bajo la rúbrica de estudios y
trabajos técnicos, dentro del capítulo 2, artículo dos,
concepto 7, subconcepto 06, nos gustaría conocer qué es
exactamente esta partida.

Avanzando más en el documento que se nos ha facilitado, cuando
este documento comienza a describir de forma general los
objetivos del sector, concretamente en su página número 57,
señor Secretario de Estado, bajo la rúbrica apoyo a la
diversidad de los canales de distribución comercial, se puede
leer el siguiente texto, que es breve y lo voy a reproducir:
«Con este fin se prevé, en primer lugar, proceder a la
elaboración de un proyecto de Real Decreto de ventas
promocionales, así como proceder al estudio de la política a
desarrollar en materia de horarios comerciales.»
Señor Secretario de Estado, no es usted ajeno al debate que
hay en la calle respecto a la próxima ley de comercio, dos de
cuyos textos están presentados en esta Cámara por otros grupos
parlamentarios, pero tampoco es usted ajeno a que detrás de
ese debate de la ley de comercio existe un especial
enconamiento respecto al asunto de los horarios y respecto a
una relación larga de tipos de ventas que están sin regular.

Me estoy refiriendo a las rebajas, me estoy refiriendo a las
ventas por correo, me estoy refiriendo a las ventas
telefónicas, en fin, sería muy largo y usted conoce
perfectamente a qué nos estamos refiriendo.

Este texto que yo le he leído, señor Secretario de Estado,
¿nos está anunciando que el Gobierno socialista, en el próximo
ejercicio 1994, dentro de los acuerdos que haya alcanzado para
la aprobación de estos Presupuestos con otros grupos
parlamentarios, está en no apoyar los textos de ley de
comercio que en este momento están en la Cámara y
sustituirlos, previa retirada consensuada con los proponentes,
por dos decretos-ley,



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uno para regular ventas promocionales y otro para regular
horarios comerciales?
Quiero recordar que en la anterior comparecencia del Ministro
de su departamento este portavoz, en nombre del Grupo Popular,
preguntó al Ministro si era intención de su departamento
resolver de forma aislada la polémica de los horarios
comerciales. Estamos empezando a observar que los presupuestos
iniciales de su departamento son esos: resolver de forma
aislada el asunto de los horarios. Sin entrar en mayores
polémicas al respecto, nos gustaría conocer el contenido
exacto de lo que está detrás de este párrafo que se redacta en
la página 57 de la Sección 29.

Señor Secretario de Estado, tras la lectura del articulado del
proyecto de ley de Presupuestos para 1994, nos gustaría
conocer cuáles son las medidas de apoyo a la exportación que
ha propuesto su Ministerio, porque no creo que nadie pueda
discutir hoy que nuestro sector exterior es de interés
prioritario para la recuperación de la economía española. Por
ello, nos gustaría conocer qué medidas de apoyo a la
exportación se han adoptado en estos presupuestos. Se lo
decimos porque no es que veamos muchas, y en este momento, en
el que es absolutamente necesario apoyar que nuestros
productos tengan calidad y capacidad de penetración en los
mercados exteriores, no vemos un apoyo por parte de las
medidas contenidas en los Presupuestos Generales de 1994 para
reforzar nuestra capacidad exportadora, bien vía mecanismos
crediticios, bien vía mecanismos de primas de seguro, o bien
vía mecanismos de créditos FAD.

Yo no sé si usted, señor Secretario de Estado, es uno de los
miembros del Gobierno que ha leído el informe del Tribunal de
Cuentas. (El señor Secretario de Estado de Comercio, Feito
Hernández, hace signos afirmativos.) Me alegra su gesto de
afirmación porque hasta la fecha era difícil encontrar un
miembro del Gobierno que hubiera leído el texto, concretamente
el señor Gómez Navarro.

¿Qué medidas piensa adoptar, dentro de los créditos FAD, como
instrumento para corregir los errores que denuncia este
informe? ¿No se va a adoptar una normativa que supere estas
contradicciones y confusiones que genera el contenido de este
informe del Tribunal de Cuentas?
Me gustaría conocer también qué medidas ha propuesto su
departamento para el apoyo a programas I+D. Mi grupo entiende
que habida cuenta del momento en que se encuentra nuestra
economía, este capítulo tendría que ser de carácter
prioritario, pero tampoco vemos muchas en estos presupuestos.

No sé si coincidirá usted, señor Secretario de Estado, con
nosotros en que el sector del automóvil está pasando por un
momento especialmente crítico, dentro de la crisis por la que
atraviesa la economía española. ¿Están ustedes pensando
incorporar alguna medida -que no hay ninguna, por cierto, en
los Presupuestos Generales del Estado-, en el trámite de
enmiendas, que intente ayudar a la capacidad exportadora de
nuestro sector de automoción? ¿Se lo han planteado ustedes
como un objetivo necesario? Hasta la fecha no encontramos nada
en el texto y nos gustaría saber cuál es su proposición al
respecto.

Con estas preguntas que hemos planteado, por lo que respecta
al Grupo Popular, señor Presidente, entendemos consumido el
turno de petición de información para mayor aclaración del
contenido de la Sección 29, Comercio y Turismo.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya había solicitado la
comparecencia del Director General de Comercio Interior, que
se ha remitido al Secretario de Estado de Comercio.

Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, mis preguntas van a
ir dirigidas a obtener información respecto a todo lo que hace
referencia al comercio interior en nuestro país y la política
y objetivos que se ha marcado su departamento. En concreto me
gustaría conocer cuatro bloques de información y
posteriormente la conexión que puede tener el comercio
interior, la parte que tienen transferidas las comunidades
autónomas, y cómo participan en la proyección externa.

La primera pregunta se refiere a que antiguamente existía un
esfuerzo a nivel central, que se hacía a través del Iresco
-todo lo que era reforma de las estructuras comerciales-, que
aportaba ayudas a todo lo que significaba cascos históricos,
cascos antiguos, para hacer competitiva una reforma en
profundidad y poder competir, poder hacer una oferta para que
todos estos pequeños comerciantes, organizados, unidos,
coordinados, reformándose, haciéndose más competitivos, no
desaparecieran frente a la llegada de las grandes superficies.

Me gustaría conocer qué esfuerzo se va a realizar desde esta
sección hacia esa reforma de estructuras comerciales, si está
definida, y si hay algunas que se vayan a hacer directamente
desearíamos conocer qué actuaciones serían.

La segunda pregunta se refiere a todo lo que podríamos llamar
la promoción, el plan de apoyo al pequeño comercio. En nuestro
país el pequeño comercio que estaba estructurado, más o menos,
en todo el territorio en base a la alimentación y en todo lo
que es derivado del vestido, la mercería, etcétera, ha
encontrado una fuerte implantación de grandes superficies que
han empezado a aportar volúmenes importantes, que además
compiten con el pequeño comercio en condiciones muy
ventajosas, condiciones ventajosas a la hora de instalarse,
porque las entidades fomentan la instalación, y a la hora de
hacer grandes rebajas, grandes ofertas, etcétera. Me gustaría
conocer cuáles son las políticas que ustedes van a seguir para
apoyar al pequeño



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comercio, para poder adecuarlo a esa competencia con la gran
superficie.

La tercera pregunta, y relacionada con ésta, sería si ustedes
piensan regular esto, bien dentro de una ley de comercio
interior, o dentro de la actuación de comercio interior si no
se logra una ley que posibilite toda la ordenación de este
comercio, o si no se piensa transferir a las propias
comunidades para que lo puedan hacer -algunas ya lo han
hecho-; me gustaría conocer de qué manera se va a poder
regular o hacer más competitivo al pequeño comercio con la
gran superficie, sobre todo en jornadas, horario de apertura y
cierre, condiciones para realizar las ofertas de rebaja o
precios, para hacerlas igual el pequeño comercio que las
grandes superficies, y ayudas a las condiciones laborales. Los
pequeños comercios están basados, fundamentalmente, en
estructuras familiares, en una importante estabilidad de
empleo, mientras que las grandes superficies funcionan con
contratos temporales y una movilidad muy grande. La capacidad
de movimiento y reacción del pequeño comercio con el gran
comercio es bastante reducida. Me gustaría conocer de qué
manera se van a poder ensamblar estas dos patas de una misma
realidad productiva, que son el pequeño comercio y las grandes
superficies. No quiero entrar en los problemas de ordenación,
en la instalación de esas grandes superficies ni en las
exenciones fiscales que algunas entidades pueden promover a la
hora de su instalación.

Por último, me gustaría conocer, puesto que hay una minoración
importante, o por lo menos así se traduce del documento
comparado respecto al año 1993, todo lo que es la
transferencia al Icex, Instituto de Comercio Exterior, y de
qué manera en ese comercio exterior -y esa es la última parte
de mi pregunta-, en todo lo que son ferias internacionales,
colaboran las comunidades y las figuras que tengan cada una de
las comunidades en esas propias ferias, y de qué manera se
pueden proyectar en el Icex las iniciativas regionales que
pueden surgir de cada una de ellas.

A mí me choca que haya una minoración de transferencias de
capital en el Icex, a lo mejor tiene alguna explicación en
función de reducción de cualquier tipo de oferta, pero es un
volumen alto en transferencia de capital. La minoración en el
artículo 74 está en 8.230 millones de pesetas, pero, cuando
vamos a estudiar este ente a nivel de desagregación, nos
encontramos con que también en inversiones de este mismo
Instituto el plan de internacionalización y exportación de la
empresa española también tiene una reducción, aproximadamente
en 1.954 millones. Choca un poquitín, por lo menos a nosotros
nos choca, que en un momento donde la exportación o el
movimiento exterior o externo por lo que ha sido la
devaluación de la peseta puede jugar un papel importante en
nuestra propia recuperación o en su propio crecimiento, que
haya una reducción de este plan de internacionalización y de
exportación de la empresa española.

Estas serían las preguntas que a mí me gustaría conocer por
parte del señor Secretario de Estado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Pérez Segura.




El señor PEREZ SEGURA: Señor Secretario de Estado, le
agradezco su comparecencia.

Sólo para exponerle dos cuestiones que son de interés para el
Grupo Socialista, que ya han estado tratadas por otros grupos
pero queríamos que también quedasen plasmadas.

La primera es que sabemos, y es evidente, que el pequeño
comercio está pasando por momentos difíciles, y en la
presentación de diversas iniciativas legislativas que causarán
su efecto, ya sea por la tramitación o bien por los decretos
que en su momento se puedan dictar, merecen que se trate el
tema en su necesaria profundidad.

A nosotros nos interesaría saber si está en los planes del
Ministerio de Comercio sustanciar el plan de apoyo al pequeño
comercio con una dotación económica que pudiera incentivar la
modernización o la renovación sobre todo de las estructuras
del pequeño comercio, que tiene un grado de obsolescencia
suficiente para su cierre y para su ajuste a la verdadera
demanda del usuario o del consumidor. Esto por una parte.

También quisiéramos incidir en otro tema que ha sido ya
presentado por otros grupos políticos, pero que para nosotros
tiene un interés importante. Bajo la consideración de
ministerio locomotora para impulsar la economía del país en
estos momentos creemos que todo lo relacionado con el comercio
exterior necesita del tratamiento más adecuado posible a nivel
presupuestario.

Sin duda se plantea la paradoja en esta coyuntura de que, por
una parte, tenemos un efecto importante a nivel
presupuestario, el efecto de devaluación, pero, por otra, esta
misma devaluación, si se me permite, es un asalto, si esta es
la palabra adecuada, de nuestras empresas en los mercados
exteriores.

De todas maneras, creemos que a pesar del esfuerzo que
representa en la dotación del Instituto de Comercio Exterior
la aplicación de remanentes de otros años y, por tanto, una
suavización del efecto devaluación sobre los presupuestos
presentados, la pregunta concreta sería, ¿estima suficiente la
Secretaría de Estado y por tanto el Ministerio el presupuesto
presentado para las tareas encomendadas al Instituto del
Comercio Exterior, o, realmente, en conciencia, sería
necesario el tratamiento de una ampliación de los créditos
para ejercer su función en este momento?



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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de
Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO (Feito Hernández):
En primer lugar, señor Presidente, si le parece bien al
representante del Partido Popular, querría responder a las
preguntas de detalle que me ha presentado, que son muchas y
tendría que ir buscando una a una, lo que seguramente
consumiría tiempo puesto que son desgloses de subpartidas, que
efectivamente existen y podemos proporcionar hasta la última
peseta, pero que yo no me he traído aquí los datos; de haberlo
sabido sí lo hubiera hecho. Entonces, señor Presidente, si le
parece bien, querría proponer que las preguntas de detalle que
se me hacen puedan ser contestadas por escrito con la amplitud
que requiere el Portavoz del Partido Popular.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Secretario. Tiene hasta
el jueves, tres días, sin contar el fin de semana, lunes,
martes y miércoles.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO (Feito Hernández):
Creo que no habrá problema para contestar esas preguntas de
detalle. Ahora, voy a entrar en los temas más generales que se
han presentado.

Efectivamente, como bien señala S. S., se ha producido alguna
reducción en los créditos destinados a promoción comercial. La
explicación hay que buscarla exclusivamente en la reducción
general que se ha producido en los presupuestos generales de
este año, y Comercio ha compartido, aunque en menor proporción
que otros organismos, esta reducción. Hay que señalar, además,
que el año pasado ya se produjo un incremento muy notable en
los recursos aportados a la promoción de la exportación y a la
promoción de la internacionalización, con lo cual la reducción
que se produce este año tiene menos importancia de la que
hubiera tenido de no haberse producido el incremento de un 64
por ciento en el presupuesto de inversión del Icex del año
pasado, luego, visto en un período de varios años, de hecho,
podemos considerar que los recursos destinados al Icex para la
promoción de la exportación han crecido sustancialmente.

Lo mismo puede decirse de los recursos muy potentes para
promocionar la exportación del Fondo de Ayuda al Desarrollo.

Ahí, efectivamente, el año pasado se consolidó un nivel de
80.000 millones (recuerdo a SS. SS. que en el presupuesto del
año anterior eran 55.000 millones de pesetas los que aparecían
en los presupuestos) y este año se repite la cifra de 80.000
millones.

Por otro lado, otro de los instrumentos muy potentes para la
promoción de la exportación, que es el seguro de crédito a la
exportación, incrementa su techo pasando de 450.000 millones a
530.000 millones de pesetas. Esto indica que no se puede decir
que los recursos destinados o la propuesta que hace el
Gobierno al Parlamento para el apoyo a la promoción haya
disminuido. Yo creo que se ha mantenido o ha experimentado un
incremento notable, si consideramos un período de dos años.

Efectivamente, si consideramos éste, hay una pequeña
disminución en el Presupuesto del Icex.

A la pregunta del Grupo Socialista, y ya me adelanto por estar
relacionado con esto, de si la Secretaría de Estado estima
suficientes los presupuestos del Icex, yo tengo aquí el
corazón dividido. Por una parte, la solidaridad gubernamental
me exige decir que el Gobierno ha hecho lo que ha podido;
evidentemente aumentar aquí supondría recortar en otros
sitios, y yo creo que no sería solidario hacer una afirmación
de este tipo.

Por otro lado, si la pregunta fuera si la Secretaría de Estado
de Comercio podría utilizar de manera eficiente para
promocionar la exportación española para más recursos, yo
debería decir que sí, que efectivamente pueden ser utilizados
con eficacia más recursos en un momento en el que
efectivamente hay una gran demanda de recursos para la
exportación.

Quiero apoyar esta idea en un dato concreto. En 1993, propuso
el Gobierno y aceptó el Parlamento un incremento del
Presupuesto del Icex que, si no recuerdo mal ahora, fue en
torno al 60 ó 65 por ciento, y la duda en aquel momento era si
se iba a ser capaz de gestionar este presupuesto.

Nosotros, en alguna medida, en situación de crisis, pensábamos
que las empresas españolas a lo mejor no tenían capacidad para
llevar a cabo suficientes proyectos de inversión en el
exterior de promoción, puesto que iban a verse obligadas a
reducir sus gastos. Era la hipótesis más razonable. Sin
embargo, nos encontramos con una respuesta extraordinariamente
positiva del mundo empresarial.

Quiero recordarles a ustedes que el Icex gasta la mayor parte
de su presupuesto, no directamente, sino a través de
iniciativas empresariales; tanto los planes sectoriales como
los planes de empresa, como las asistencias a ferias, como los
fondos que se dan para estudios y para presentarse a concursos
son recursos que no se gastan si no hay un demandante
empresarial que lo solicita. En consecuencia, el Icex gasta
una parte muy pequeña de su presupuesto directamente. Incluso
la parte que gasta directamente, también requiere una demanda
empresarial, la organización de seminarios, los becarios en
empresas; los becarios en el exterior no, esa es una
iniciativa propia del Icex. Otros gastos que son de iniciativa
propia del Icex pueden ser los relacionados con la
información, mejora de bases de datos, documentación,
etcétera. Pero la gran parte de los recursos dependen de
demanda empresarial.

Les diré a ustedes que en planes de empresa nos hemos
encontrado con una inversión en el exterior, en 1993, de
42.000 millones de pesetas. Se han presentado más de 600
empresas a estos planes y se han destinado unos 8.000 millones
de pesetas. El año anterior



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sólo se pudieron conceder ayudas a unas 280 empresas. Se ve
que hay una gran demanda.

En planes sectoriales, que como ustedes saben son planes que
organizan las asociaciones de exportadores y las
organizaciones empresariales que agrupan a empresas
fundamentalmente pequeñas y medianas, nos hemos encontrado
también con planes muy ambiciosos durante 1993, y hemos
destinado cerca de 5.000 millones a estos proyectos. En años
anteriores las cifras habían sido menores, porque el
presupuesto evidentemente había sido menor.

En consecuencia, por lo que respecta al presupuesto del Icex,
y para concluir en este tema, este año ha habido una ligera
reducción, que está ampliamente compensada -yo diría- por el
incremento que se aprobó en el presupuesto del año pasado;
además, los recursos han sido demandados con avidez por el
sector exportador, con proyectos concretos que se irán
realizando, evidentemente, a lo largo de los años, y que
tienen cierta tasa de mortandad, porque hay proyectos que se
aprueban hoy pero que luego no se realizan porque las
empresas, al final, cambian de estrategia o no tienen los
recursos; pero lo que sí ha habido ha sido una gran demanda de
esos recursos. Luego, para responder al portavoz socialista,
evidentemente, yo creo que hay capacidad para utilizar
eficientemente más recursos.

Volviendo a otra de las preguntas concretas que sí puedo
contestarle, que se refiere a los 2.000 millones de activos
financieros, estos recursos se destinan a participaciones en
organismos, en bancos multilaterales de los que España forma
parte. Anteriormente estos fondos eran aportados por el Banco
de España, pero un cambio en la legislación del Banco de
España hace que tengan que aparecer en los Presupuestos
Generales del Estado y que sean los organismos que tienen la
representación de España los que aporten los recursos. Van
destinados al Banco Africano de Desarrollo, al Banco
Interamericano y al Banco Asiático. El desglose, si le
interesa a S. S., se lo puedo enviar; en este momento lo tengo
aquí, pero tardaría un poco en buscarlo, porque no lo sé de
memoria.

El resto de las preguntas de más detalle las contestaré,
excepto una a la que puedo responder ahora, sobre los estudios
referidos a comercio interior, creo recordar.

Efectivamente, la Dirección General de Comercio Interior
realiza, desde hace ya muchos años, una serie de estudios
sobre la estructura y la situación del sector de distribución
en España. Las competencias en materia de comercio interior
que tiene la Administración central son muy limitadas. Las
competencias legislativas y de ejecución las tienen siete
comunidades autónomas y el resto tienen competencias de
ejecución. Las últimas sentencias del Tribunal Constitucional
han delimitado todavía con más precisión cuáles son las
competencias de la Administración central, que quedan muy
reducidas, casi limitadas a la fijación de horarios.

En cualquier caso, lo que sí ha hecho la Administración,
siempre en contacto con la Comunidad Económica Europea (que ha
elaborado estudios a nivel de toda la Comunidad) y con las
comunidades autónomas, ha sido estudios que se han publicado e
incluso vendido, recuperándose una parte de la inversión. Se
han realizado estudios generales sobre la estructura
minorista, por ejemplo, en España, pero también sectoriales, y
puede decirse que en algunos ámbitos los únicos estudios de
distribución que se han hecho en España y que existen son los
de la Dirección General de Comercio Interior. Por ejemplo, se
ha llegado a subsectores como puede ser el de la ferretería,
sector que está experimentando la competencia fuerte en este
momento de grandes superficies; ese es un sector que se ha
estudiado. Se ha estudiado el sector de frutas y hortalizas,
se ha estudiado la distribución, a lo largo de los años,
evidentemente, de diferentes sectores. Estos estudios, como
digo, están a disposición del público, se hace una tirada
determinada, en función de la demanda prevista, y se venden,
con lo cual hay una demanda que tiene que ser solvente, en el
sentido de que tienen que pagar por ellos, no son estudios que
se regalen. En cualquier caso, aunque fuera así, aunque se
regalaran, puesto que lo que se recupera es una parte pequeña,
lo que sí quiero decir es que, gracias a los estudios que se
han realizado durante varios años, en un país que no tenía una
tradición y una cultura de estudio en el ámbito del comercio
interior, esos estudios han creado un fondo de conocimiento
del sector que, de otra manera, yo creo que no existiría.

Quisiera recordar a S. S. que las universidades en España (no
en otros países del mundo) sólo recientemente han dedicado
recursos humanos al estudio del comercio interior. En los
últimos diez años sí han surgido ya algunos especialistas en
el ámbito académico, pero anteriormente no era así.

También me ha preguntado posteriormente qué interpretación dar
a unas frases que aparecen en la Memoria de la Ley de
Presupuestos sobre las ventas promocionales, horarios
comerciales, etcétera. Yo creo que la postura del Gobierno ha
sido presentada por el Ministro en una comparecencia. En este
momento, estamos llevando a cabo un estudio del sentir que los
diferentes agentes económicos relacionados con el comercio,
así como los consumidores, tienen; hemos mantenido reuniones
de trabajo prácticamente con todas las asociaciones que tenían
algo que decir (hemos tenido una primera e incluso una segunda
ronda de reuniones); hemos hecho un estudio comparado de la
situación de los horarios en toda Europa, y hemos estudiado la
mejor forma jurídica de resolver algunos de los problemas que
se nos están planteando.

Evidentemente, existen dos proposiciones de ley presentadas en
esta Cámara, pero por los estudios que hemos realizado hemos
llegado a la conclusión de que



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una parte de las cosas que se propone que se regulen por ley
podrían ser reguladas perfectamente por normas de menor rango,
y otras seguramente tendrían que ser reguladas por ley.

Creo que usted es perfectamente consciente, por lo que ha
dicho, de que el tema de la regulación comercial es
enormemente complejo, debido a que hay intereses contrapuestos
y hay que regular situaciones muy diversas. Supongo que todos
ustedes son perfectamente conscientes de que cuando uno entra
en la casuística se da cuenta de que establecer una norma
general para todo tipo de comercio es muy difícil; han surgido
en el mundo, en estos últimos años, no solamente las grandes
superficies, que son las que se ven con más claridad, sino que
hay una serie de comercios de conveniencia que abren incluso
por la noche, hay una serie de servicios comerciales que se
prestan fundamentalmente los fines de semana, porque van
dirigidos a la familia, hay un servicio comercial y de ocio
que se suministra simultáneamente, y es difícil de dividir;
hay los comercios tradicionales que abrían en domingo, a los
que se han añadido otros nuevos, porque ha cambiado el
consumidor y la estructura de la demanda. En consecuencia, es
un tema que requiere un estudio detenido y detallado; detenido
y detallado, que es precisamente lo que estamos haciendo en
este momento.

Me pregunta usted cuál va a ser la postura definitiva del
Gobierno en relación a las proposiciones de ley que se han
presentado y no le puedo contestar en este momento. Espero que
el Gobierno pueda responder en breve, puesto que, como le
digo, de nuestros contactos con los diferentes sectores hemos
llegado a la conclusión de que seguramente hemos de entrar en
este tema con bastante calma, tratando de buscar el mayor
consenso posible entre los sectores afectados. Evidentemente,
va a ser muy difícil llegar a posturas unánimes, pero sí creo
yo que podremos llegar a un acercamiento de posturas.

Me ha parecido entenderle que señalaba que en la documentación
del presupuesto no aparecen con claridad medidas de promoción
de la exportación. Las medidas, que vienen desarrollándose
desde hace muchos años, no aparecen con detalle, aparece un
crédito, que se transfiere al Icex, y luego el Icex desarrolla
una serie de medidas que son bien conocidas por los
parlamentarios que siguen el comercio exterior. Le diré que
desde hace dos años encontramos una fórmula para que existiera
una total transparencia con el Parlamento sobre las medidas
que se iban tomando. La portavoz que ocupó su puesto en la
anterior legislatura, la señora Rudi, creo que podrá
explicarle el acceso que tuvo a todo tipo de información.

Puesto que en los presupuestos no aparece el plan de actuación
del Icex, hicimos reuniones periódicas, informales, con los
parlamentarios en las que informamos con todo detalle cómo se
iban distribuyendo a lo largo del año los recursos que el
Parlamento ponía a disposición del Instituto de Comercio
Exterior. Para incrementar esa transparencia, invitamos a los
parlamentarios a que vieran algunas realizaciones del Icex,
porque a través de los papeles es difícil poder valorar si una
exposición como la Expotecnia tiene la calidad y el apoyo
suficientes del mundo empresarial.

Evidentemente, en esta legislatura vuelvo a hacerles la misma
invitación que hice en la anterior y estoy dispuesto a
mantener esas reuniones de detalle sobre los recursos que el
Parlamento, a través de la aprobación de los Presupuestos,
pone en manos del Icex.

De todas formas ya he mencionado algunas medidas. Un programa
muy importante son los planes sectoriales, que elaboran los
propios sectores. El segundo programa importante son los
planes de empresas, que este año, como digo, ha afectado a 600
empresas. También hay la organización de ferias, que supera el
centenar y que supone dedicar unos 5.000 ó 5.500 millones de
pesetas, y a las que asisten unas 3.000 empresas; hay
organizaciones de misiones comerciales, por todos los países
del mundo, que también suponen la presencia de unas 3.000
empresas; hay un programa muy potente de información, que
también me encantaría poder presentárselo a SS. SS., en el que
podrán comprobar la cantidad de información de que las
empresas españolas pueden disponer a la hora de poner en
marcha sus programa de promoción de exportaciones.

Me alegro mucho de que me haya hecho la pregunta sobre el
Tribunal de Cuentas y el informe de los FAD. Dice usted que
ningún miembro del Gobierno lo había leído y creo que eso
tiene una explicación. El Tribunal de Cuentas elaboró un
informe que remitió al Parlamento. Yo me enteré por la prensa,
porque alguien debió filtrar a la prensa ese documento, de que
tal informe estaba terminado. Después, leyendo tal noticia, me
imagino quién pudo ser, pero el caso es que yo me enteré por
la prensa. Llamé al Tribunal para pedirlo y me dijeron que es
un informe para el Parlamento y que no se podía enviar al
Gobierno. Lo pedimos al Parlamento y, al cabo de dos, tres o
cuatro días, nos lo remitió. Por esa razón, hasta que el
Gobierno recibió el informe del Parlamento, no pudo leerlo, lo
que me parece absolutamente comprensible.

Volviendo a este tema, me alegro de que me lo pregunte por una
razón. Efectivamente, la información que salió en la prensa
señalaba la palabra irregularidad, pero también es cierto que
la lectura que se hizo de ese informe yo la llamaría
superficial, de lo que no acuso a la prensa porque es un
documento muy técnico, que requiere una lectura también
técnica. Sin embargo -y ésta es una idea que quiero que quede
muy clara-, el documento analiza créditos por valor de 266.000
millones de pesetas. Por otro lado, el documento estudia
cientos de expedientes y no dice que haya ningún problema de
fondo en la gestión de 266.000 millones de pesetas.

Le diré una cosa a S. S., que es algo personal, pero creo que
tiene interés para entender el tema. Analiza el



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período de 1986 a 1990, período anterior a mi gestión. No lo
digo para excusarme, lo digo para otra cosa: tengo absoluta
solidaridad con lo que el Gobierno hizo hasta esa fecha.

Cuando se hizo ese estudio, como gestor que llega nuevo a un
puesto, uno tiene cierto interés por saber lo que se ha hecho
anteriormente. La verdad es que tuve la gran satisfacción de
darme cuenta de que el Tribunal de Cuentas, en un estudio
exhaustivo y muy detallado, no encontró ni una sola
irregularidad de fondo en cientos de expedientes de crédito.

También es cierto que el Parlamento, concretamente un senador
del Partido Popular, pidió hace unos años cientos de
expedientes de casos concretos pensando que iba a encontrar en
esos cientos de expedientes la cueva de Alí Babá y desde
entonces no ha vuelto a abrir la boca sobre el tema, supongo
que porque no ha encontrado ni una sola irregularidad.

Comprendo también que el Partido Popular no tenga los medios
para entrar a fondo en una cantidad de documentos tan
cuantiosa, pero el Tribunal de Cuentas sí tiene medios, es un
órgano especializado y, si después de un estudio exhaustivo de
261 millones en créditos y cientos de expedientes, no ha
encontrado ninguna irregularidad de fondo, me he quedado muy
tranquilo por la gestión que han realizado las personas que me
han precedido en el cargo.

¿Cuáles son las irregularidades? Las irregularidades, que por
otro lado el Tribunal no las denomina irregularidades, son
exclusivamente formales, algunas de las cuales ya las han
resuelto SS. SS. con el voto en el presupuesto del año pasado.

Yo diría que la gran mayoría de los temas que plantea, que son
exclusivamente de forma, ha sido ya resuelta. Supongo que de
ello es consciente S. S. porque votó a favor o en contra el
año pasado y, en consecuencia, tuvo que leerlo. Digamos que el
Tribunal de Cuentas plantea dos temas que podrían ser
considerados de fondo. El primero, que hay una gran
concentración en grandes empresas y en empresas públicas; y el
segundo, que hay una concentración geográfica.

Respecto a la concentración geográfica, responde a una
decisión política perfectamente comprensible desde cualquier
punto de vista como gestor, puesto que un país como España no
puede dispersar recursos escasos entre todos los países del
mundo. Hay una decisión estratégica, que podrá o no ser
cuestionada políticamente, de concentrarse en unos cuantos
países donde tenemos cierta ventaja, países latinoamericanos,
el norte de Africa y un país donde se ha tenido un gran éxito,
seguramente por una apuesta de riesgo que se hizo, como fue
China; Indonesia es otro ejemplo, etcétera.

Concentración en grandes empresas. El FAD es un instrumento
que, por su propia naturaleza, va destinado a grandes
proyectos y los grandes proyectos sólo pueden ser abordados
por grandes empresas.

Gran concentración en empresas públicas. Efectivamente, en
España, la gran mayoría de las grandes empresas, para bien o
para mal, son empresas públicas. En consecuencia, la crítica
que puede pensarse se hace no es crítica, es una simple
constatación de algo que parece razonable y a lo que hay muy
pocas alternativas.

Para concluir este tema, creo que los españoles pueden estar
muy tranquilos de la gestión del FAD porque, después de un
estudio muy exhaustivo, realizado por el Tribunal de Cuentas,
no se ha encontrado ni una sola irregularidad. Lo que ha
señalado son algunos aspectos formales en los que damos la
razón al Tribunal de Cuentas. Tiene razón el Tribunal de
Cuentas al decir que hay cosas que se pueden mejorar. No
significa que antes estuvieran mal, porque si ustedes quieren,
cuando sea objeto de discusión, podremos explicarles con todo
detalle por qué lo del Tribunal de Cuentas supone una mejora
y, en consecuencia, lo hemos aceptado inmediatamente, pero no
supone una irregularidad o un mal funcionamiento. Supone
simplemente una interpretación diferente sobre cómo hacer las
cosas desde el punto de vista contable, desde el punto de
vista presupuestario, etcétera. De ahí a que sea una
irregularidad hay una gran distancia.

Rogaría a SS. SS. que leyeran con detalle el documento
buscando los problemas de fondo y que, antes de causar un daño
grande a la imagen de España en el exterior, puesto que esto
es un crédito a la exportación que va a terceros países, a
través de comentarios con la prensa, lo discutieran a fondo
con los gestores para ver si hay problemas que pueden ser
considerados irregularidades o no.

Programas de I+D. La Secretaría de Estado y Comercio no tiene
más que una competencia muy marginal en la promoción del I+D.

Es el Cedeti, del Ministerio de Industria, el organismo de la
Administración que lleva el peso de la promoción de la
tecnología. El Icex tiene algunos programas menores de apoyo a
las empresas para que patenten en el exterior, de exportación
de tecnología, etcétera. Sin embargo, lo que sí diré a S. S.

es que se consideran prioritarios aquellos programas de
empresa y aquellos proyectos de exportación financiados con el
Fondo de Ayuda al Desarrollo que tienen un elevado contenido
de tecnología española. En esa medida se realiza un apoyo a la
tecnología.

La última pregunta se refiere al sector del automóvil. Dicho
sector dispone de todos los instrumentos horizontales de que
disponen los demás y es un sector que, en los últimos años, ha
mantenido un alto nivel de exportación, con tasas crecientes.

La verdad es que con recursos escasos, como son los destinados
a la promoción de las exportaciones, crear un programa
específico de apoyo a la exportación de automóviles, cuando
sus problemas son fundamentalmente de otra naturaleza, no
sería la mejor utilización de recursos para la producción de
la exportación en estos momentos.

Las empresas multinacionales pueden disponer de la cobertura
CESCE. Las empresas multinacionales



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del sector del automóvil en España pueden disponer, y en
algunos casos lo han hecho, de los recursos del Fondo de Ayuda
al Desarrollo cuando las exportaciones de vehículos pueden
cumplir el doble objetivo de contribuir al desarrollo y a la
exportación española. También pueden acogerse a algunos de los
programas del Icex, aquellos que están pensados para grandes
empresas. Pero el Icex, sin embargo, está orientado
fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas. En
consecuencia, el sector del automóvil dispone de los mismos
instrumentos y de los mismos apoyos de que dispone el sector
siderúrgico, el de bienes de equipo, etcétera. Todos ellos
pasando por una situación difícil.

El problema del sector del automóvil está en otro ámbito y
debe abordarse con la política que los responsables del
Gobierno decidan, atacando los problemas reales que tiene, que
no son precisamente problemas de exportación.

Creo que he respondido a S. S. en los temas de carácter más
general y me quedan los de carácter concreto.

Me refiero a los comentarios realizados por el portavoz de
Izquierda Unida. Pregunta sobre los objetivos fijados en
materia de comercio interior. Los objetivos generales del
Gobierno en materia de comercio interior son los de mantener
un grado de competencia suficiente en el sector que garantice
un suministro adecuado y competitivo a los consumidores. Ese
objetivo de carácter general es el que ha orientado, orienta y
orientará en el futuro la política del Gobierno.

Es cierto, como ya he señalado, que la competencia en materia
de reforma comercial ha sido asumida por las comunidades
autónomas. Algunas de ellas con mucho ímpetu, otras, con
menos; pero la decisión política corresponde a los
representantes políticos que están en el poder en cada
comunidad autónoma. En materia de reforma comercial el
Ministerio está dispuesto a colaborar, ayudar y participar con
los responsables políticos, los que tienen la competencia,
pero no sería correcto en este momento sustituir la iniciativa
de los responsables políticos en la materia.

Sin embargo, sí le querría decir que hemos apoyado a aquellas
empresas comerciales españolas que han decidido establecerse
en el exterior o que están considerándolo. Han recibido apoyo
político porque en los países donde se han establecido era
necesario. Pueden utilizar otros instrumentos de apoyo a la
implantación en el exterior. Por otro lado, estamos estudiando
medidas específicas para este sector, de las que puedan
beneficiarse aquellas empresas comerciales españolas que se
establezcan fuera. Ello sobre la base, primero, del programa
de internacionalización, pero, segundo, porque hemos
comprobado que las empresas comerciales españolas en el
exterior son una fuente de exportación posterior puesto que
tienden a suministrarse, al menos parcialmente, en el país que
conocen, en España.

Su señoría conoce perfectamente que en este momento hay un
gran debate entre grandes y pequeños comerciantes, entre
centros comerciales y empresas no agrupadas en ningún ámbito,
entre cadenas de distribución con intereses muy diferentes en
un sector muy cambiante y con unos consumidores también muy
cambiantes. El problema, como saben perfectamente, no es de
fácil solución, porque hay intereses muy contrapuestos.

Incluso, como sabe S. S., los consumidores tienen posturas no
unitarias, posturas matizadas, aunque hay una coincidencia
general en el sentido de que los consumidores deben diponer de
un amplio horario y facilidad para acceder a las compras
cuando lo necesiten. El planteamiento general es así.

En consecuencia, ya lo he señalado antes y no voy a repetir,
el Ministerio en este momento está manteniendo conversaciones
con todos los sectores afectados para tratar de buscar una
solución que pueda, defendiendo los intereses de los
consumidores, ser lo más razonable posible para los diferentes
sectores que hoy constituyen la distribución en España.

Me pregunta también si hay coordinación con las comunidades
autónomas en materia de promoción exterior. Concretamente me
habla de ferias. En principio, el Icex tiene una política
definida desde hace una serie de años para la organización de
ferias en el exterior que requieren un cierto «know-how»,
porque hay que montar exposiciones que tienen que tener
siempre un nivel de calidad muy alto. A veces son países muy
bien organizados, como puede ser Alemania, donde es bastante
fácil montar una feria. Otras veces son países en vías de
desarrollo donde es más difícil y hay que hacer frente a
muchos imprevistos.

El Icex, en el caso de que colabore con las comunidades
autónomas, siempre asume la organización, pero está abierto a
la colaboración con comunidades autónomas. Ya hay algunos
casos de ferias organizadas con comunidades autónomas o con
cámaras de comercio. El Icex no está, desde luego, cerrado a
este tipo de colaboraciones, pero hay una serie de criterios
generales que deben mantenerse. Uno de los que tratan de
mantenerse es que en el exterior, en las ferias agrupadas, por
ejemplo, que son iniciativa de las empresas, que no es un
pabellón oficial, el protagonismo lo tienen los grupos
empresariales y no hay marchamos de las administraciones. No
hay marchamo del Icex, no tiene por qué haberlo tampoco de una
administración autonómica. Son las empresas las protagonistas.

En los pabellones oficiales de España, la política general es
la presencia del grupo empresarial. Pero, dentro de esos
criterios de tipo general, en la publicidad, por ejemplo, sí
que se hace constar que existe colaboración, apoyo financiero,
lo que sea, por parte de las comunidades autónomas. Así, la
colaboración está abierta y existe. También existe en otros
ámbitos, en otros más importantes que las ferias, porque es
verdad



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que la colaboración en la feria tiene tal vez menos interés,
puesto que la organización tiene que hacerla un ente nada más.

Sí que tiene más interés en algunos planes sectoriales.

Tenemos el ejemplo de Andalucía, donde hay planes sectoriales
en los que colaboran ambas administraciones con mucho éxito;
en aquellos sectores en los que Andalucía es la principal
productora o la única, Jerez, etcétera.

A la pregunta de la reducción del presupuesto, promoción e
internacionalización, yo diría, señor Presidente, que ha
quedado contestada con mi primera intervención. Igual ocurre
con los comentarios del portavoz del Partido Socialista, señor
Segura.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de
Estado.

Con esta intervención termina la comparecencia del señor
Secretario de Estado de Comercio. (El señor Aguirre Rodríguez,
pide la palabra.)
¿El señor Aguirre necesita algún tiempo? ¿Para qué?



El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, en principio
para solicitar alguna información adicional, que se ha ido
desprendiendo de la exposición.




El señor PRESIDENTE: El debate sería interminable si de la
información que se da se solicita información. ¿Qué tiempo
necesita?



El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Voy a ser muy breve. Pero no
quiero ocultarle, señor Presidente, que voy a aprovechar el
turno para contestar a algunas afirmaciones que ha hecho el
señor Secretario de Estado.




El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, es muy difícil mantener el
debate en los términos estrictos, pero estamos en un debate de
preguntas al Secretario de Estado en relación con los
presupuestos. En la medida en que el señor Aguirre considere
que el señor Secretario de Estado se ha extralimitado en sus
contestaciones, le permito que él se extralimite, pero sólo en
esa medida. Dejo a su prudencia la interpretación de la
extralimitación.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Secretario de Estado, como usted mismo ha reconocido,
del articulado es difícil descubrir algún tipo de medida de
apoyo. Le agradezco que me remita a mi compañera Rudi para
consultar cuáles han sido las prácticas anteriores. Eso ya se
ha realizado. Yo lo que quería escuchar, ante el hecho de que
en el articulado no se veía, era su opinión al respecto.

Ha hecho usted un conjunto de afirmaciones en torno a los
créditos FAD. Ha hablado de un compañero mío del Senado. Por
poner los datos claros, le diré que el Gobierno tardó dos años
en contestar aquellas preguntas de mi compañero del Senado.

Cuando lo hizo, exclusivamente le envió unas relaciones; no le
envió un solo expediente. La información que él recibió ni le
ha callado la boca, ni se la ha dejado de callar. Este
Senador, que en la actualidad es Diputado, como sabe usted, ha
realizado las mismas preguntas en torno a los créditos FAD
para 1992, preguntas que el Gobierno todavía no ha contestado
y está fuera de plazo de los 20 días que establece el
Reglamento. Yo no sé si se ha callado la boca, o no. Contestar
con dos años de tardanza, no enviar lo que se le pide y
guardar silencio a una nueva pregunta, usted mismo puede
valorarlo.

Yo querría solicitarle, porque no sé si ha quedado claro en mi
primer turno, que, al tiempo que nos pueda facilitar la
ejecución, haya un apartado especial sobre ejecución de 1993
para el Icex. Me imagino que quedaba entendido.

Y quisiera conocer, en materia del Icex, ¿se han recibido las
transferencias corrientes de los 525 millones que estaban
previstos para el año 1993? ¿Qué opinión le merece, señor
Secretario de Estado, el hecho de que las exportaciones se
considere en el cuadro macroeconómico que van a registrar un
crecimiento del 8,4 y que en una de las adicionales del
articulado se haga crecer la cobertura de seguro en un
porcentaje del 17,7 por ciento? ¿Qué opinión le merece que el
cuadro macroeconómico recoja el crecimiento de exportaciones
al 8,4 y se incrementen las coberturas de seguro en un 17,7
por ciento?



El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo quiere hacer uso de la
palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO (Feito Hernández):
No voy a entrar en el tema del FAD, porque creo que merece un
debate más detallado; el principal interesado en que haya ese
debate es el Gobierno, sobre todo después del magnífico
informe del Tribunal de Cuentas en lo que se refiere al fondo.

Respecto al grado de realización de los Presupuestos, le diré
que tanto el programa 621.A, 621.B, 622.A como el 721.A, que
son de competencia de la Secretaría de Estado de Comercio,
está entre el 70 y el 73 por ciento hasta la fecha. Del
Presupuesto del Icex, en este momento el grado de realización
está en el 73 por ciento. El Fondo de Ayuda al Desarrollo ha
comprometido ya recursos por valor del 65 por ciento. Esto
quiere decir que de aquí a fin de año se habrá comprometido el
presupuesto en los términos que estaban previstos, es decir,
un grado de compromiso muy elevado, en algunos casos del 100
por cien, como pasa en el FAD. En el resto de los programas no
siempre es fácil llegar al 100 por cien, como sabe, pero sí
nos acercaremos mucho a su cumplimiento completo.

Usted señala que yo he admitido que en el texto articulado no
hay medidas de exportación. Lo que yo he



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dicho es que las medidas que están en el texto son las
necesarias para comprender la política de promoción de las
exportaciones entre personas que conocen lo que se está
hablando, y usted lo conoce perfectamente: cuáles son los
programas que están detrás de los títulos más genéricos que
aparecen en los presupuestos generales del Estado. Las
políticas de promoción de la exportación son políticas que en
España se están desarrollando desde hace décadas y son muy
parecidas a las que desarrollan la mayoría de los países
desarrollados. Hay un cierto consenso en los países
desarrollados sobre cuáles son los instrumentos a utilizar.

Todos utilizamos instrumentos muy parecidos y, en
consecuencia, un documento que ya es suficientemente grueso,
como es el de los presupuestos generales del Estado, yo creo
que debe recoger -pero ésta es una opinión, no habría ningún
problema para cambiarlo el año que viene- aquellos conceptos
que expliquen suficientemente al Parlamento los ámbitos y las
áreas de actuación en la promoción comercial. Evidentemente,
se puede ir a mucho más detalle y no plantea ningún problema,
sino todo lo contrario, al revés, resulta un placer y una
buena oportunidad poder contar con todo detalle cuáles son los
ámbitos a los que se destinan los recursos que el Parlamento
pone a disposición del Gobierno. El ofrecimiento que yo he
hecho y que ya hice cumplía un objetivo, que es el de dar una
información más detallada en un ámbito donde eso resulta más
posible, que no es en esta Comisión. Evidentemente, señor
Presidente, yo me ofrezco ya a entrar con detalle en todos los
programas de promoción de la exportación que está
desarrollando el Gobierno a lo largo de 1993 y los que va a
desarrollar en el futuro. No obstane, mi opinión -pero estoy
dispuesto a cambiarla si el Parlamento así lo considera- es
que en la ley de presupuestos no se debe entrar con todo
detalle, de la misma manera que en otros conceptos del gasto
aparecen también partidas más generales y no aparece en
detalle carretera por carretera o edificio por edificio que se
construye o se compra. En cualquier caso, señor Presidente, no
quiero que esto se entienda como una falta de transparencia,
porque nuestro interés es exactamente el contrario.

Los datos macroeconómicos que aparecen son previsiones. Su
señoría sabe que el año pasado y éste han sido muy
irregulares, desde el punto de vista nacional e internacional,
que ha habido modificaciones importantes en algunas variables,
han surgido hechos no previstos, y yo siempre digo -y se
pueden mirar mis intervenciones en el Parlamento en otras
ocasiones- que las previsiones que puedan hacerse están hechas
normalmente para equivocarse, porque es muy difícil acertar en
este tipo de previsiones. Son una guía. Ocurre incluso en las
empresas, que hacen sus previsiones y difícilmente las
cumplen. Qué no ocurrirá con la macroeconomía de un país que,
además, está inmerso en una economía europea e internacional.

Evidentemente, son aproximaciones y lo que hay que decir es
que las tendencias, por lo menos, sí se están cumpliendo.




El señor PRESIDENTE: La Comisión agradece la comparecencia del
señor Secretario de Estado, señor Feito.




-DEL SEÑOR SECRETARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (JIMENEZ
FERNANDEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR
(Número de expediente 212/000184 y 212/000187), SOCIALISTA
(Número de expediente 212/000073), IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA (Número de expediente 212/000268).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia del Secretario
General de la Seguridad Social.

Señoras y señores Diputados, comienza la comparecencia del
Secretario General de la Seguridad Social y, entre otras
cosas, por razón del retraso que llevamos, una media hora,
sugeriría a los grupos y a las señoras y señores Diputados,
también al compareciente, que el trámite fuera lo más cercano
posible a un trámite estricto de preguntas y respuestas.

En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Popular, que había solicitado, por un lado, la comparecencia
del Secretario General y, por otro, la del Director de la
Tesorería de la Seguridad Social, que se ha remitido al propio
Secretario General. En su nombre, tiene la palabra la señora
Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Jiménez, le voy a hacer
unas preguntas muy concretas, intentando cumplir la petición
del Presidente de la Comisión, a pesar de que el presupuesto
de la Seguridad Social tiene suficiente entidad como para que
pudiera haber una cierta flexibilidad, pero yo lo entiendo,
porque vamos muy retrasados.

En las diferentes comparecencias que se han ido realizando a
lo largo de estos años sobre los presupuestos de la Seguridad
Social y en los documentos que se remiten a esta Cámara, los
presupuestos del Estado vienen acompañados habitualmente de un
presupuesto provisional de liquidación del año anterior -los
presupuestos del año 1994 vienen acompañados de la previsión
de liquidación del año 1993 en lo que se refiere al Estado-,
pero la Seguridad Social nunca lo acompaña. En la pasada
reunión para los Presupuestos de 1993 hice esta misma pregunta
al señor Secretario General y la respuesta fue que no se hace
porque apenas se desvían los presupuestos de liquidación sobre
los presupuestos iniciales de la Seguridad Social. ¿Usted
cree, señor Jiménez, que en este momento se podría mantener
este mismo concepto, es decir, que se va a liquidar el
Presupuesto de 1993 sin ningún tipo de



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desviación respecto al presupuesto inicial del año 1993?
También me gustaría que me dijera a cuánto podría ascender el
déficit previsto en la Seguridad Social en el año 1993, ya que
los datos de la Intervención General del Estado y del propio
Banco de España sobre situación o necesidad financiera de la
Seguridad Social a junio de 1993 ofrecen un balance de
necesidades de financiación, es decir, de déficit, de 677.000
millones de pesetas, cuando estos datos, comparados con los
años anteriores 1991 y 1992, siempre habían sido positivos
para la Seguridad Social. Sin embargo, en el ejercicio de 1993
parece que empiezan a ser negativos. Incluso, en el informe
económico-financiero se prevé que en el presupuesto de gastos
no financieros de la Seguridad Social pueda aparecer un
déficit cercano a los 400.000 millones de pesetas. ¿Qué
razones existen -tercera pregunta- para que en el presupuesto
de ingresos del año 1994 exista, en pasivos financieros, un
crédito, un préstamo del Estado a la Seguridad Social de
345.000 millones de pesetas, cuando correspondería, desde mi
punto de vista -y me gustaría también que me lo aclarara el
señor Secretario General-, a las prestaciones no contributivas
del sistema? El crédito de los 345.000 millones parece que
iría a las prestaciones no contributivas del sistema.

Venimos discutiendo el Ministerio de Trabajo y mi Grupo
parlamentario sobre la incapacidad laboral transitoria y las
prestaciones de invalidez del sistema. Habitualmente, el
crédito inicial para los gastos de incapacidad laboral
transitoria sufre unas diferencias entre el presupuesto
inicial y el de liquidación bastante importantes. Para el año
1993 se supone que las diferencias puedan estar en torno a los
ciento y pico mil millones de pesetas de déficit. Ustedes,
cuando hacen la presentación presupuestaria a la prensa, dicen
que el incremento en incapacidad laboral será en torno a un
30,3 por ciento sobre el presupuesto inicial, pero, analizando
el presupuesto de liquidación, el incremento se reduce al 1,7
por ciento. Si a esto tenemos que añadir que ya el año pasado
se trasladó a los empresarios el coste de la incapacidad
laboral transitoria de los 15 primeros días, me gustaría
saber, primero, si usted tiene previsto nuevas medidas de
control de la incapacidad laboral transitoria diferentes a las
que ya estaban en vigor, que parece, una vez analizado el
presupuesto de liquidación, que han sido un fracaso. Si van a
incidir en esas medidas de control de la incapacidad o van a
introducir nuevas medidas de control. También me gustaría
saber, para el presupuesto provisional del año 1993, qué ha
significado de ahorro para la Tesorería General de la
Seguridad Social el traslado de los 15 primeros días de
incapacidad laboral transitoria a la empresa.

Respecto a las pensiones de invalidez provisional, analizando
los datos proporcionados en el anexo económico-financiero por
la Seguridad Social, aparecen las relaciones entre pensiones
de jubilación y pensiones de invalidez. A mí me gustaría saber
-tal vez sea una curiosidad- por qué el coste medio de
invalidez provisional, por ejemplo en la provincia de Sevilla
es, por afiliado, 2,2 veces superior a la media nacional. Si
la media nacional en invalidez provisional está en 6.346
pesetas por afiliado, en Sevilla está en 14.154 pesetas. ¿Por
qué en la Comunidad Autónoma Andaluza es mayor el número de
pensiones de invalidez que el de pensiones de jubilación?
Podría uno deducir de ello que los andaluces somos todos
inválidos, en un sentido u otro, por lo menos para el sistema
de la Seguridad Social.

En los presupuestos del año 1993 se preveía la transferencia
del Inem al INSS de la gestión de las prestaciones por
desempleo. Sin embargo, parece que se va a completar el
ejercicio presupuestario de 1993 sin que se haya cumplido esta
norma u obligatoriedad que venía recogida en los Presupuestos
para 1993, aprobados en esta Cámara. ¿Qué ha ocurrido desde el
punto de vista de la Tesorería General de la Seguridad Social,
del INSS, en concreto, para que no se haya realizado esta
transferencia? ¿Qué problemas han surgido, desde el punto de
vista de la Seguridad Social?
En lo que se refiere a la liquidación del año 1993, me
gustaría saber cuáles son los ingresos previstos por la
Tesorería General de la Seguridad Social por cotizaciones para
el año 1993. Respecto a las previsiones para 1994 de los
ingresos por cotizaciones, ¿qué datos económicos ha utilizado
la Tesorería General de la Seguridad Social? ¿Qué incremento
del salario mínimo ha previsto? ¿Qué incremento de salarios
medios ha previsto para los ingresos por cotizaciones y qué
situación del empleo ha previsto para llegar a estos datos
finales de ingresos por cotizaciones?
También querría saber cuál es en este momento el grado de
ingresos no realizados por parte de las empresas, débitos de
las empresas públicas, del sector público con la Seguridad
Social, no solamente que estén pendientes de cobro por
acuerdos de aplazamientos, que no se considerarían deudas.

Cuántos están pendientes de cobro por aplazamientos en el
sector público, en las administraciones públicas concebidas
como administraciones públicas en general, de la
Administración central y de las administraciones autonómicas y
locales.

Otro dato, señor Secretario General. Respecto a la situación
de las transferencias internas entre el Inem y la Tesorería
General de la Seguridad Social, quisiera saber cuál es la
deuda en este momento de la Tesorería General con el Inem, o
del Inem con la Tesorería General. Esto en primer lugar. En
segundo, qué fórmula utiliza la Tesorería General de la
Seguridad Social para hacer las transferencias mensuales -si
es que son mensuales- de las cotizaciones que se ingresan en
el sistema de la Seguridad Social por cotizaciones de
desempleo. Tercero, qué liquidación tiene prevista la
Tesorería



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General de la Seguridad Social sobre prestaciones por
desempleo.

La Interventora General de la Seguridad Social en una
comparecencia anterior en esta Cámara dijo que, a la hora de
evaluar la situación financiera del Inem, se fiaba más de los
datos de Tesorería General que de los que aportaba el Inem,
porque entendía que la Tesorería General tenía esa relación
directa, primero, con las empresas que aportan las cuotas y,
segundo, con los terceros a los que va dirigida esa
prestación. Me pareció deducir de las palabras de la
Interventora que la Tesorería General de la Seguridad Social
era, al final, quien controlaba qué número de prestaciones se
pagaban, no solamente qué ingresos se producían por
cotizaciones, sino qué pagos se realizaban por prestaciones a
terceros en las prestaciones de desempleo. Agradecería que el
señor Secretario General de la Seguridad Social me aclarara
qué hay de cierto en esto.

Me gustaría que el señor Secretario General me aclarara si, en
términos de contabilidad nacional, el Inem está considerado
como ente de la Seguridad Social y no del Estado, si la
Intervención de la Seguridad Social interviene las cuentas del
Inem y si, en términos de contabilidad nacional para déficit o
superávit final, están dentro o fuera del ámbito de la
Seguridad Social las cuentas del Inem.

Por último -y creo que estoy cumpliendo las indicaciones del
señor Presidente de la Comisión-, querría saber, en lo que
respecta al Inem, para los déficit acumulados por el Instituto
Nacional de Empleo, que, según el propio Instituto y según su
avance de liquidación del presupuesto del Inem, significan
unas modificaciones de crédito a finales de 1993 de un billón
116.000 millones de pesetas, qué parte de esas modificaciones
de crédito ha adelantado la Tesorería General de la Seguridad
Social al Inem.

Y, señor Presidente, en la filosofía que tendrían que llevar a
cabo estos presupuestos Generales del Estado, el Secretario
General ha evaluado qué ahorro ha significado para el sistema,
en relación con los incrementos de pensiones, cambiar de
inflación pasada a inflación prevista. Quisiera saber si la
Seguridad Social tiene evaluado el ahorro que ha significado
pasar de una inflación pasada, por encima del 3 y medio, a la
inflación prevista del 3 y medio. Y, en el caso de que exista
posibilidad de una cláusula de revisión para las pensiones del
año 1993, cumpliendo el mandato del poder adquisitivo de las
pensiones, qué tipo de cláusula está estudiando -si lo está
estudiando- la Seguridad Social de cara a prever ese
mantenimiento de las pensiones para el año 1994.

Por otro lado, querría saber si la Secretaría General de la
Seguridad Social comparte la política de cuestionar y poner
límites a un sistema de protección social que, en términos
comparados, se gasta por habitante, en niveles de poder
adquisitivo, el 61,9 por ciento de la media comunitaria y
aproximadamente el 50 por ciento de lo que se gastan los
países centrales de la Comunidad, máxime cuando entre los
cinco países mediterráneos de la Comunidad es España el que
menos ha crecido de protección social entre los años 1982 y
1991. ¿O acaso la Seguridad Social entiende que lo que se
precisa es reordenar la estructura financiera del sistema de
protección social, deslindando de modo definitivo las
prestaciones no contributivas, vía financiación directa del
Estado, de las contributivas, vía financiación de las cuotas?
¿No entiende el señor Secretario General que en este momento
se está castigando doblemente a los trabajadores porque tienen
que seguir financiando prestaciones no contributivas con
financiación, que debería -desde nuestro punto de vista-
cuando menos estar situada en el ámbito sólo y exclusivamente
de las contributivas?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias al señor Secretario General
de la Seguridad Social por su comparecencia.

Voy a intentar hacerle preguntas muy concretas, confiando que
pueda responderme en estos momentos o que lo haga
posteriormente por escrito.

Por lo que se refiere a los ingresos, al primer apartado, me
gustaría saber qué número de cotizantes prevé la Seguridad
Social para el año 1994. Conocemos la cantidad que se prevé de
ingresos de cotizaciones, la no variación que se produce en
las bases de cotización, pero nos gustaría conocer ese dato y,
sobre todo, en qué medida ese dato ha tenido en cuenta la
realidad de la caída de empleo de este año 1993 y las
previsiones de caída de empleo para el año 1994. La cifra de
cotizantes en los distintos regímenes -fundamentalmente en el
régimen general, régimen autónomo, quizá- que tiene la
Seguridad Social para el año 1994.

En segundo lugar, por lo que se refiere a los ingresos, buena
parte es el tema de la cotizaciones, al que ya se ha hecho
referencia en la anterior pregunta, y otro que ha mencionado
la portavoz del Grupo Popular, si bien ha limitado su interés
a las empresas públicas. Nosotros quisiéramos ampliarlo a
todas las empresas, porque, lógicamente, la deuda es mayor y
el interés es mayor. ¿Qué deuda tienen en estos momentos las
empresas con la Seguridad Social? El dato más actualizado que
pueda tener la Seguridad Social. ¿Y qué medidas se adoptan
para conseguir mitigar esa deuda? En la medida en que parte de
esas deudas correspondan no sólo a cuotas empresariales, sino
también a cuotas obreras, si efectivamente la Seguridad Social
apura incluso la denuncia penal para conseguir la efectividad
de las deudas que tienen las empresas con la Seguridad Social.

En los datos presupuestarios para el año 1994 se prevé un
préstamo del Estado por un importe de 345.000 millones de
pesetas; éste es un dato nuevo que



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ha sido resaltado por las autoridades ministeriales en
relación con anteriores presupuestos y tiene como objetivo
equilibrar el déficit previsto de la Seguridad Social para el
año 1994.

Una posibilidad distinta de ésta, que, en definitiva, es un
préstamo que debería devolverse, aunque parece ser que es en
condiciones especiales, no sólo de interés sino en exigencia
de devolución, sería conseguir un sistema de cotización más
justo, más adecuado.

En la anterior Ley de Presupuestos se barajó la posibilidad de
aplicar una medida que conocíamos como el destope de las bases
máximas de cotización. Con ello se conseguiría que ciertas
empresas que en estos momentos se benefician de que hay unas
bases máximas de cotización por debajo de los salarios reales
no tengan que pagar Seguridad Social. El Gobierno en la
anterior Ley de Presupuestos intentó abordar esto y aplicarlo.

En la tramitación parlamentaria dio marcha atrás en ese
compromiso y dejó el tema simplemente como un esbozo que se
continuaría. Yo quisiera preguntar al Señor Secretario General
de la Seguridad Social si efectivamente en estos presupuestos
se contempla el destope de las bases máximas de cotización a
la Seguridad Social, si éste es un proceso que se va a llevar
a cabo o es un proceso que se abandona.

Por lo que se refiere a ingresos, quizá no tanto de la
Seguridad Social como del Estado, al año que viene está
previsto que las taridas del IRPF no sufran actualización, por
el índice de inflación del presente año 1993. Esto repercutirá
lógicamente en las pensiones de la Seguridad Social. Al sufrir
un incremento medio de un 3,5 por ciento, una parte de ellas
será objeto de retenciones más importantes o de retenciones en
la medida en que superen la base mínima exenta de cotización.

¿Tiene prevista la Seguridad Social en qué medida se
incrementan las retenciones que se ingresarán en la Hacienda
pública durante el año 1994, como consecuencia de ese proceso?
Pasando a los gastos de la Seguridad Social en el año 1994, le
quisiera hablar, en primer lugar, de un tema que ya ha sido
referido anteriormente, que es la cláusula de revisión. Todos
sabemos que en la ley de presupuestos figura un incremento
medio del 3,5 por ciento, que es la previsión de inflación del
Gobierno. Se ha reiterado públicamente que esto es en la
medida en que ése sea el nivel de inflación y que, en caso
contrario, se aplicaría una cláusula de revisión. Yo quisiera
saber cómo se concreta normativamente esa cláusula de revisión
y, en segundo lugar, en la medida en que confiemos que la
desviación inflacionaria no sea importante y que su
repercusión sea pequeña, ¿qué diferencias existían en este
punto concreto entre las propuestas gubernamentales de llevar
a cabo una revisión y las propuestas que se planteaban por
parte de las relaciones sindicales? ¿Por qué éste parece ser
que ha sido el escollo fundamental de no alcanzar un acuerdo
en esta materia? ¿Cuáles eran las posiciones que defendían las
partes y en qué medida ese hipotético incremento de gasto de
la Seguridad Social impedía alcanzar un acuerdo tan importante
y tan necesario en estos momentos en el conjunto del acuerdo
nacional para el empleo?
Dos preguntas más sobre gastos.

Desde hace años, se viene hablando de establecer un
determinado complemento económico para pensionistas de
avanzada edad; era un compromiso en la anterior legislatura y
aparece previsto en el Plan gerontológico que se aprobaba en
plena campaña electoral. Yo quisiera saber si esta medida,
importante y necesaria, ya que estamos hablando de un volumen
de pensionistas de avanzada edad en condiciones de especial
dependencia y que tendría como objetivo fundamentalmente
posibilitar el acceso a determinados medios de terceras
personas, ajenos, para su vida cotidiana, se va a ejecutar.

Finalmente, estaba previsto o se había anunciado la
posibilidad de incrementos superiores a los genéricos para las
pensiones de viudedad. Sería continuar una trayectoria que se
había llevado a cabo en la anterior legislatura y que trataba
de corregir unas cuantías verdaderamente no acomodadas de las
pensiones de viudedad en nuestro país. ¿Qué compromisos, qué
previsiones tiene la Seguridad Social en relación con este
tema concreto de actualización de las pensiones de viudedad?
Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Señor Secretario General, además de
darle la bienvenida y agradecerle su presencia entre nosotros,
como han hecho también los portavoces de los demás grupos,
quería hacerle dos o tres preguntas que completan en algún
caso algunas ya formuladas por otros grupos.

La primera de ellas se refiere a esas cifras que han salido en
los medios de comunicación, que citaba la portavoz del Grupo
Popular, sobre el déficit del Sistema de Seguridad, a mitad de
este ejercicio de 1993, que a mí me han sorprendido por su
cuantía. Estimo, además, que tiene que tener algún tipo de
explicación que salgan a mitad de ejercicio unas cifras tan
amplias, porque, de ser un déficit real, no nos presentaría el
Gobierno y usted no hubiese presentado al Gobierno para su
envío y aprobación al Parlamento un proyecto de presupuestos
para 1994 como el que hemos recibido en esta Cámara. Si hay
alguna explicación que haga que la cifra de seiscientos y pico
mil millones no sea realmente déficit del Sistema de Seguridad
Social, sino que pueda ser un desajuste intermedio, que tendrá
solución antes de que finalice el ejercicio, le agradeceríamos
esa explicación porque ayudaría a situar en sus justos
términos los problemas de financiación lógicos de un sistema
de protección social en un momento de



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crecimiento económico negativo, de disminución del empleo y,
por tanto, de los cotizantes.

Ligado a los problemas de financiación, le quería hacer dos
preguntas más. En primer lugar, sobre el volumen de morosidad
actual en el Sistema, al que también se han referido
anteriores portavoces, me preocupa más que la parte de
ingresos de la Seguridad Social que hayan sido objeto de
aplazamiento, lógico también en esta situación económica, que
su opinión fuese que hoy ante esta crisis económica, ante esta
recesión, la Seguridad Social está en peor condición que ha
estado en el pasado para cobrar esas deudas, esos
aplazamientos, y sobre todo para encontrarse con incobrables,
con ingresos devengados pero imposibles de cobro. A esos
efectos, en la medida en que se han tomado medidas en los
últimos años para potenciar la capacidad de recaudación
ejecutiva del Sistema de Seguridad Social, me gustaría una
valoración global del Secretario General respecto a cuál es la
situación y cuáles son a su juicio los instrumentos de que ya
dispone el Sistema de Seguridad Social para hacer frente a
esas dificultades de pago en período voluntario de las cuotas
debidas por las empresas o cuáles habría que añadir a los que
usted ya tiene.

También ligado con la financiación, el Gobernador del Banco de
España ayer comentaba el precepto correspondiente al proyecto
de ley de presupuestos y derivado también del Tratado de la
Unión Europea, que entrará en vigor definitivamente antes de
que finalice este ejercicio, sobre la imposibilidad a partir
de 1 de enero de 1994 de apelar al Banco de España como
recurso de financiación de desfases de tesorería de cualquier
ente público. En la medida en que en el pasado, en alguna
ocasión, la Seguridad Social ha podido acudir al Banco de
España para recibir anticipos o pólizas de financiación de sus
desajustes de tesorería, me gustaría alguna valoración del
Secretario General al respecto; cuál va a ser, a su juicio, la
nueva situación en la que se encuentre la tesorería de
Seguridad Social a partir del 1 de enero de 1994, dada la
entrada en vigor de ese compromiso.

Por último, con relación a los gastos de funcionamiento del
Sistema, en general, cuando se opina sobre cómo tender hacia
un mayor equilibrio presupuestario o cómo reducir el déficit,
siempre se suele hacer la frase retórica de que lo que hay que
hacer es controlar los gastos corrientes y no perjudicar los
gastos de inversión, pero el presupuesto que propone a esta
Cámara, 10 billones de pesetas, en su inmensa mayoría es gasto
corriente. A su vez, cuando se desglosa el gasto corriente,
nadie quiere obtener una reducción del déficit a costa de la
protección social, sino a costa de lo que normalmente, en
términos coloquiales, entendemos por gasto corriente, que es
el gasto de funcionamiento de la Administración o, en este
caso, del sistema de Seguridad Social.

Le quería preguntar cuál ha sido la evolución, a lo largo de
los dos últimos años, de los gastos de funcionamiento del
Sistema de Seguridad Social, capítulos I y II, cuál es la
valoración que le merecen las previsiones del presupuesto de
1994 en cuanto a la evolución de esos gastos de funcionamiento
del Sistema, capítulos I y II, compra de bienes y servicios,
y, en su caso, si con esos recursos materiales y humanos,
entiende que tiene dotación suficiente no sólo para cumplir
sus funciones normales de gestión y pago de prestaciones o
recaudación de cotizaciones, sino también para acometer
acciones de persecución del fraude o de corrección de
desviaciones no justificables de gasto en prestaciones que se
hayan podido dar en los últimos años.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario
General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez
Fernández): Voy a intentar ir contestando a las preguntas de
SS. SS. en un cierto orden; algunas de ellas se irán
repitiendo necesariamente porque se refieren a temas
parecidos.

En un intento de sistematización y de hacerlo breve, previsión
de liquidación de 1993. No prevemos desviación significativa
en prestaciones económicas, pensiones. Mantenemos que el
presupuesto inicial sea el que queremos que se ejecute al
final del ejercicio, bien es cierto teniendo en cuenta que
hemos integrado en abril de este año la Mutualidad Nacional de
Administración local; por tanto, haciendo comparaciones
homogéneas. Vamos a tener una desviación en la incapacidad
laboral transitoria que, en el ámbito de las entidades
gestoras, se situará en 91.000 millones de pestas. Sabido es
que en la desviación que se produzca en el campo de las mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
comportarán ellas mismas su autofinanciación. Prevemos que en
1993, a fin de ejercicio, en la invalidez provisional tengamos
una desviación aproximada de 44.000 millones -estamos hablando
en conjunto de 135.000 millones- y no prevemos más
desviaciones en el campo de las prestaciones económicas o en
el de la gestión que lleva esta Secretaría General. Excluyo
cualquier consideración sobre el área sanitaria, que deben
evaluar los responsables de la gestión.

En la vertiente de las cotizaciones -y contesto a otra
pregunta formulada más adelante-, es difícil hacer una
previsión en este momento, por varias razones que son propias
de la ejecución del presupuesto del Sistema de Seguridad
Social. En principio, la incidencia del crecimiento de los
convenios se sitúa generalmente en el mes de octubre. Además,
este año la firma de los convenios va muy retrasada. Sin saber
cómo evolucionan los convenios, es muy difícil estimar cómo lo
hace realmente la base media de cotización. Por consiguiente,
es clave el último trimestre del año para determinar cómo va a
evolucionar. Además, es necesario conocer que, en el esquema
de cotización de la Seguridad Social, los salarios que cotizan
en septiembre



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están obligados a ingresarlos hasta final de octubre.

Obviamente, las empresas los ingresan en las entidades
financieras uno o dos días antes de finalizar el plazo. Las
entidades financieras necesitan cerca de un mes para
centralizar todo lo que hacen a través del Estado y dar la
información de la documentación -no así la corriente
financiera, que la dan al día- a finales de octubre y nosotros
tendremos la documentación a principios o mediados de
noviembre. Estoy hablando de lo que se cotiza en los salarios
de septiembre, porque está legalmente establecido que vaya con
un mes de retraso lo que es la cotización tradicionalmente.

Por decirlo de alguna forma, la evolución del último trimestre
la vamos a poder tener con una cierta certeza en enero o
febrero de 1994, que es lo que ha venido ocurriendo desde
siempre en Seguridad Social, por la circunstancia que indicaba
de que los salarios de un mes se deben cotizar al mes
siguiente y la información de las instituciones financieras
consume prácticamente otro mes, pero hay algunos elementos de
aproximación que sí nos pueden hacer prever por lo menos por
dónde va a ir, una tendencia. Nuestra previsión es que
tengamos a final de año un número de cotizantes inferior al
previsto en torno a 400.000 cotizantes. Esa es una previsión
que nos dice que hay una dificultad en la ejecución del
presupuesto de recursos.

Otro dato que no va en la misma dirección que el anterior es
que los ingresos realizados hasta el mes de agosto, ingresos
íntegros según los datos de la Tesorería General, ingresos
reales, están creciendo sobre el año anterior a una tasa del
7,4 por ciento acumulado hasta finales de agosto. Si se
mantuviese, es una buena tasa. Por lo tanto, hay datos que no
van convergiendo en la misma dirección, hay una caída de
afiliados y hay un crecimiento, bastante prudente para la
situación en que nos encontramos, de los ingresos íntegros del
7,4 por ciento. Ante esta panorámica de que va con retraso lo
que sería un efecto sobre la base de cotización, lo que
representa de retraso disponer los datos sobre cotizaciones,
lo que es la caída de afiliados y lo que es un crecimiento
impositivo, moderado pero impositivo, de los ingresos
íntegros, difícilmente en este momento puedo atreverme a hacer
una estimación a final de año de las cotizaciones y tengo que
sustentarme en lo que es la asignación inicial en la previsión
de presupuestos de ingreso.

En cuanto a la morosidad financiera, que entiendo que coincide
con una de las preguntas formuladas por el representante del
Grupo Socialista, de 675.000 millones, creo que habría que
precisar que los datos no eran del Banco de España, eran de
una agencia, según mi información, obtenida de los boletines
de información de gestión de la propia Seguridad Social, según
decía la agencia informativa. Lo digo porque he tenido
contacto con los propios informadores, habiendo gran
transparencia. Hay un error de apreciación contable
importante. En enero de 1993, hemos puesto en funcionamiento
el sistema integrado de contabilidad de la Seguridad Social,
el SICOSS. Es sabido que la Seguridad Social es de los pocos
organismos públicos que llevan una contabilidad pública y
financiera diaria, pero hasta la fecha de enero se nos
producía una falta de coincidencia en el tiempo, a final de
año, de la contabilización de la nómina de diciembre de las
pensiones. Me explico; lo que ocurría a final del año es que
la nómina de diciembre se contabilizaba en el mes de
diciembre; en cambio, como el pago no se puede realizar hasta
el día 2 de enero, se contabilizaba ya en otro ejercicio
económico. Con la puesta en funcionamiento del sistema
integrado de contabilidad de la Seguridad, el apunte ha de ser
simultáneo. Cuando se hace un apunte se apunta en la
contabilidad presupuestaria y en la financiera, por lo tanto
en el presupuesto monetario, y era necesario que hubiera una
coincidencia en el tiempo. Para que esta coincidencia se
produjese en el tiempo en el año 1993 y en los años próximos,
era necesario contabilizar la nómina de pensiones y apuntarlo
contablemente en el mismo mes que se producía el pago. De ahí
que el mes de enero recoja la contabilidad financiera y
también la contabilidad presupuestaria, la nómina de diciembre
de 1992 y la propia nómina de enero de 1993. ¿Qué reflejo
tiene esto a mediados del ejercicio económico? Que, comparando
con el año anterior, mientras que en 1992 se llevan apuntados,
hasta junio, siete mensualidades (las seis de los meses
ordinarios más la paga extraordinaria), en 1993, y con un
efecto meramente de apunte contable, se llevan ocho
mensualidades apuntadas en contabilidad.

Pero el analista, a pesar de que hay observaciones en el
informe de gestión, diciendo: ¡ojo!, que ocurre tal cosa, que
se ha modificado con la orden de contabilidad que salió en
abril de 1992 en el Boletín Oficial del Estado, a pesar de
todo, no lo tiene en consideración y hace la siguiente
comparación: si en junio de 1992 se llevaba ejecutado un 42
por ciento del presupuesto, en junio de 1993 un 57, ya está,
aquí es que hay un crecimiento impresionante del gasto. Y no
es cierto, porque es el mismo gasto, aunque la nómina de
diciembre se apunta en la contabilidad presupuestaria de enero
de 1993.

¿Qué ocurre después, cuando se ve el mes de agosto? Que ha
desaparecido el efecto. Donde en concreto había más de 13 ó 14
puntos de diferencia, ya en septiembre no se produjo, porque
según se va avanzando en el ejercicio económico se van
llevando a porcentajes de ejecución prácticamente similares.

Por decirlo de alguna forma, es un efecto de apunte contable
meramente, que no ha tenido en cuenta el informador,
posiblemente por no conocer demasiado bien el sistema de
contabilidad y por no estar al tanto de las modificaciones que
se han producido en dicho sistema de contabilidad.

Pero además era fácil haberlo tenido en cuenta por una razón:
porque para que se produjesen esas desviaciones de que hablaba
del sistema de pensiones, tenía



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que haber pasado un revolución en ese sistema de pensiones.

Tenía que haber pasado que, en vez de crecer a un 2,3 o un 2,5
el número de pensiones, hubiera crecido a una velocidad
inaudita; que en vez de crecer a un 7 y pico por ciento la
pensión media, tenía que haber crecido a un 13 o un 14 por
ciento; o teníamos que haber hecho una revalorización en 1993
triple de la que hicimos.

Por tanto, no hay ninguna base numérica que pudiera apoyar esa
desviación, y yo creo honradamente que es una mala
interpretación de los datos contables a junio de 1993. Insisto
que en la misma fuente informativa, en el Boletín de gestión
de agosto, o en el de septiembre, se ve que ya eso se ha
disminuido y quedará totalmente eliminado a noviembre de 1993,
con el mismo volumen de gasto y con el mismo volumen de pago.

Insisto (y con esto termino este punto) en que creo que ha
sido un mero efecto de no haber tenido en cuenta la
modificación que la orden de contabilidad introduce para enero
de 1993 y que ha producido una interpretación equivocada.

En cuanto a las prestaciones no contributivas en el
presupuesto de 1994 (lo que son pensiones no contributivas,
protección familiar no contributiva, Lismi) están financiadas
exclusivamente con transferencias del Estado.

Me hacía la pregunta (y después hay otra adicional) de si los
345.000 millones tenían algo que ver con esos 400.000
millones. No tienen nada que ver. Los complementos de mínimos,
en la parte correspondiente, las pensiones no contributivas,
los subsidios que quedan de la Ley de Integración Social de
Minusválidos, la protección familiar no contributiva, la
ordinaria o la que beneficia a personas con minusvalías, están
financiadas exclusivamente con el presupuesto del Estado. En
la memoria económica, en el informe económico, e incluso en un
libro adicional que elaboramos (un libro de pastas rojas),
vienen todas las transferencias del Estado que tienen carácter
ya finalista a partir de la reforma de 1989. Por consiguiente,
las prestaciones no contributivas de esa naturaleza se
financian exclusivamente con aportación del Estado.

En cuanto a la ILT, me preguntaba qué efecto habían tenido las
medidas de julio de 1992. Pues un efecto importante. En el año
1992 ya tuvo un efecto de desaceleración del gasto -en torno,
si mal no recuerdo, a 37.000 ó 38.000 millones de pesetas-, y
en el año 1993 va a tener un efecto en torno a 75.500 millones
de pesetas, más o menos lo que se había estimado. Ese es el
motivo por el cual la previsión de liquidación de 1993 ya es
ligeramente inferior a la liquidación de 1992 (por tanto, se
rompe aquella tendencia creciente tan fuerte) y el presupuesto
de 1994 sea ligeramente inferior, si se tiene en cuenta la
desviación que le he dicho anteriormente en relación con la
previsión de liquidación, un dos y pico por ciento menos. Es
decir, ha surtido un efecto muy clave, porque ha deshecho una
cierta estrecha relación entre los que podían utilizar
indebidamente la prestación y aquellos que, teniendo también
obligación de controlarla, no ponían todos los medios, o
incluso podían incitar a que esa utilización indebida se
produjese.

Yo creo que aquí ha habido una racionalización muy importante
que ha beneficiado la evolución y, consiguientemente, la
utilización de esta prestación. Pero pienso que es necesario
insistir más aún en el gasto de la ILT; es necesario ir
tomando medidas de gestión, y en este sentido sí le puedo
decir que en el ámbito de las competencias de la Secretaría
General, que es el ámbito de las competencias de la gestión de
prestaciones económicas, vamos a poner en funcionamiento en
los próximos meses una tarjeta. Al documento de afiliación le
vamos a dar un soporte de tarjeta, con banda magnética, y para
utilizar la baja van a tener que utilizar necesariamente esa
tarjeta, y va a quedar registrado, ya casi en tiempo real, el
número de procesos, qué trabajador y qué empresas lo utilizan,
cuántos son los descuentos que estas empresas nos deben hacer
en relación con las bajas que realmente se han producido, y
los que ponen el TC-1 como descuento de pago delegado, y qué
médicos o zonas registrarán los mayores porcentajes de
situación de invalidez, para que la Inspección médica y las
autoridades sanitarias puedan actuar sobre los facultativos, y
no olvidarnos de que aquí la última razón del control, o de la
contención o utilización debida de esta prestación, siempre la
va a tener aquel que tiene la capacidad de extender una
especie de cheque contra el crédito de prestaciones del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el
facultativo, que es quien, en definitiva, otorga o no otorga
la baja (o el alta, en su caso) al trabajador que se la
solicita. Pero nosotros, desde nuestra vertiente, sí vamos a
poner en funcionamiento un mecanismo que permita una
verificación y una detectación de por dónde pueden situarse
las bolsas de fraude o utilización indebida.

En cuanto a la invalidez provisional, que ha crecido (y ésa
sigue creciendo a tasas muy importantes de casi un 30 por
ciento), hay que decir de inmediato que no son volúmenes como
pudiéramos hablar de otras prestaciones, aunque no son pocos,
ya que estamos hablando de 80.000 millones, de 88.000
millones, pero no estamos hablando de billones ni de medios
billones.

A pesar de todo, nos preocupa de forma muy considerable que se
estabilizase un crecimiento de esa naturaleza. Vamos a hacer
una reflexión acerca de la utilidad de esta figura, teniendo
en cuenta que ningún país de la Comunidad, o de nuestro
entorno, tiene la invalidez provisional. Ya en el documento de
reforma que se distribuyó a los interlocutores sociales, y se
publicó en el año 1985 (que es un documentos de reflexiones
sobre el sistema), y en todos los tratados, se ha puesto de
manifiesto que posiblemente lo que hay que reelaborar o
redefinir son las prestaciones de ILT, de invalidez
provisional, dirigiéndonos hacia una incapacidad temporal



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que comprenda ambas prestaciones, y no permita que un
trabajador pueda estar seis años alejado del puesto de trabajo
y al cabo de los seis años pueda volver porque el médico le ha
dado de alta. Cuando se vuelve con ese período tan dilatado,
posiblemente ya no se incorpora el mundo del trabajo,
posiblemente está desactualizado y posiblemente, incluso, lo
que está pensando es adquirir una pensión de invalidez y no
una situación de incorporación, porque es un período, repito,
muy dilatado. Teniendo en cuenta, además, que en la situación
de invalidez provisional, al no exigirse las certificaciones o
los partes de permanencia en baja con la frecuencia que la
ILT, tienden incluso a estar desasistidos médicamente los
mismos trabajadores que se encuentran en invalidez
provisional. Por tanto, todas estas consideraciones las
podemos realizar en una reflexión que iría dentro de un
proceso de análisis y de posible, en su caso, modificación de
todo lo que conocemos como incapacidad, ILT, invalidez
provisional y pensión de invalidez.

La situación de por qué en unas provincias puede haber mayor o
menor cuantía de la pensión sólo deviene de la base de
cotización. Si en esa provincia la base de cotización es mayor
que la de una provincia diferente, porque esa base reguladora
está estrechamente unida por la base de cotización, tendrá una
pensión superior. No hay diferencia de trato en invalidez
provisional. Podría ocurrir de diferente forma en invalidez
permanente, por el grado, pero en invalidez provisional,
insisto, la única razón que puede justificar una diferencia de
cuantía es la distinta base reguladora.

Me preguntaba sobre las transferencias de desempleo que se
preveían en la Ley de Presupuestos de 1993 y que,
efectivamente, preveo que no se van a cumplir, porque estando
en conversaciones con los interlocutores sociales lo que es la
reforma del Inem, sería lógico que terminemos esas
conversaciones para ver si nos ponemos de acuerdo en cómo se
debe hacer esa reforma, y a resultas de un posible acuerdo
debería obrarse en consecuencia. Por tanto, no tenemos ninguna
previsión inmediata.

Hay que tener en cuenta que cuando al principio se realizó el
presupuesto de 1993, que, como saben SS. SS., se hace con un
año y medio casi de anticipación (en julio o septiembre de
1992), «a posteriori» ha habido conversaciones con los
interlocutores sociales, estamos en conversaciones con los
interlocutores sociales y es necesario terminarlas para ver si
somos capaces de configurar una reforma consensuada.

Me preguntaba qué datos económicos hemos utilizado para el
cálculo de los ingresos de las cotizaciones. Hemos utilizado,
como dato básico, variación cero en el número de cotizaciones.

Pero hago una advertencia, y es que no necesariamente está en
la misma estrechísima relación la variación de cotizaciones -y
no hablo de cotizantes sino cotizaciones, que es lo que
realmente nos importa para calcular los ingresos- con la
evolución del empleo. En el concepto de cotizaciones influye
el pluriempleo, la pluriactividad, los convenios especiales,
etcétera, influyen incluso más cosas, como la posibilidad de
ejecutiva, que afloran cotizaciones en un año; influyen los
vencimientos de aplazamientos, que son cotizaciones, e influye
que las empresas vayan a pagar o no. Por tanto, como nosotros
el principio que contabilizamos es un principio de caja en
cuanto a los ingresos por cotizaciones, lo que nos interesa es
la previsión de cotizaciones que vamos a realizar en 1994 y va
a tener su efecto en los aplazamientos que hemos dado en años
anteriores, que, dicho sea de paso, es una especie de reserva
que con una cierta uniformidad va nutriendo los ingresos del
sistema de S. S. en cuanto a las cotizaciones.

Hemos utilizado también lo que es el crecimiento de base media
de cotización. Después del acercamiento de las bases de
cotización a salarios de los años 1989, 1990 y 1993, las
cotizaciones están muy cerca ya de los salarios reales. Pues
bien, no nos influye, es insignificante prácticamente lo que
pueda modificarse el salario mínimo interprofesional. Nos es
insignificante lo que varíen en término de inflación las bases
máximas de cotización y nos es decisivo lo que sea la
evolución de la base media de cotización.

¿Cómo hemos calculado la base media de cotización? Por
tendencia. En nuestra experiencia a lo largo de muchos años es
la fórmula en que no terminamos de equivocarnos porque
influyen los deslizamientos, influyen los crecimientos
salariales, influyen una serie de variables que no nos han
permitido desviarnos demasiado. Eso es lo que nos ha hecho que
estableciésemos el crecimiento en base media salarial en el
6,2 por ciento.

¿Cuál es el grado de ingresos no realizados en el sector
público? Para darle el dato exacto a 30 de junio de 1993, la
Administración central y los organismos autónomos debían
81.737 millones de pesetas a la Seguridad Social; las
corporaciones locales 18.790 millones; las comunidades
autónomas 119.775 millones. En total 220.302 millones de
pesetas.

Le añadiría, contestando así a una información complementaria
(porque nosotros, en nuestro planteamiento, en concepto de
empresa no hacemos ninguna diferenciación, ni por sectores; sí
que hacemos diferenciación por las diferentes formas de
cotizar como son los organismos públicos, pero por empresas);
le añadiría, decía, que el conjunto de aplazamientos de
empresas son, al 31 de mayo de 1993, según los últimos datos
que poseemos, de 241.669 millones. Ahí están incluidas
empresas de naturaleza privada o públicas, privada en su mayor
parte.

¿Cuál es la deuda que tiene el Inem con la Tesorería? La deuda
que tiene el Inem con la Tesorería a 31 de diciembre de 1992,
y lo digo para buscar una relación de la evolución, es de
376.994 millones. En este año de 1993, por un Real Decreto de
18 de junio de 1993, se aprobó un crédito extraordinario de
22.441 millones de pesetas, que ha satisfecho el Inem para



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cancelación de deudas con la Tesorería General. A 30 de junio
de este año, y por la propia evolución del gasto, 282.100
millones de pesetas es lo que nosotros tenemos como deuda del
Inem con la Tesorería General. Posteriormente, ya en primero
de octubre, se ha aprobado un crédito extraordinario de
237.458 millones por el Real Decreto ley 16/1993, que irá a
cancelar deudas del Inem con la Tesorería, y tendremos que
tener en cuenta la evolución propia desde junio de este año
1993 hasta finales del mismo.

¿Cuál es nuestra estimación? No tenemos una mayor capacidad de
estimación de la evolución de gastos que el Inem. No lo
podríamos porque lo único que estamos viendo es la experiencia
de la corriente de ingresos y pagos, ingresos por cotizaciones
y pagos por la nómina del desempleo que nos traslada el
organismo del Instituto Nacional de Empleo. Pero nuestra
previsión es que posiblemente a final de año, por una
insuficiencia presupuestaria o por una disminución de las
cotizaciones, puede tener una insuficiencia que se nos
acumularía en Tesorería, salvo los créditos extraordinarios
que hemos dicho (rebajas en la cuantía), en torno a 400.000
millones de pesetas.

¿Qué mecánica realiza la Tesorería? La que le permite la
legalidad. Y es que cobra las cotizaciones por desempleo junto
con los boletines de cotización; que hay una cuenta de
relación Inem-Tesorería y que va pagando las nóminas que le
remite el Instituto Nacional de Empleo. Por tanto, es un cobro
y pago mensual, el cobro a través de las cotizaciones y el
pago a través de la nómina de desempleo mensualmente. De esa
corriente de ingresos y de pagos surge la situación deudora
del Inem respecto a la Tesorería General.

Me preguntaba S. S. si se ha hecho algún tipo de evaluación en
el tema de la inflación. Yo creo que con rigor difícilmente se
puede hacer. Se puede hacer con construcciones sobre hipótesis
que, además, en general van dirigidas (y lo digo porque he
estado presente en conversaciones) a la construcción de frases
más o menos utilizables con un cierto ingenio. No se puede
hacer ninguna valoración de cuánto es la evaluación económica
de un cambio de sistema a otro. Cambio de sistema que, además,
resulta muy curioso, porque tradicionalmente, en la Seguridad
Social, desde el año 1984 se ha considerado que lo que suponía
la regularización, actualización o mejora en las pensiones es
la previsión de proveer de un crecimiento a los pensionistas
para atender el posible incremento del coste de la vida en el
año que se realiza. Así es como se hace la revalorización de
1984, de 1985, de 1986, etcétera. Además, la ley 26/1985 lo
dice expresamente. Y no podría ser de otra forma, porque en
caso contrario no tendría sentido que a las pensiones que se
devenguen el 31 de diciembre de un año, el mismo día 31 se les
aplique una actualización, si no es previniendo el posible
efecto del IPC del año que se empieza. No tendría sentido que
una persona que está trabajando hasta el día 30 de diciembre
de un año, causa una pensión el 31 y el 1 de enero se le
aplica una actualización a esa pensión, cuando no ha habido
tiempo de que haya pérdida de pensión. Lo que ocurre es que se
le está anticipando una previsión del efecto del crecimiento
del coste de la vida.

Por tanto, yo creo que se ha vuelto a lo que es consustancial
y natural; consiguientemente no hay ahí ninguna filosofía de
ahorro, sino una situación, en concreto, que es lo lógico y
por donde ha transitado siempre el sistema de Seguridad
Social, y por donde transitan otros sistemas de seguridad
social en regularización de pensiones. Lo que sí es cierto es
que es una circunstancia que ayuda y es concordante con el
objetivo de ir desacelerando los precios, que, por cierto, es
una de las mejores cosas que les puede pasar a los perceptores
de renta fija y, entre ellos, a los pensionistas.

El Gobierno lo que sí que ha ofrecido y sigue ofreciendo a los
interlocutores sociales es el objetivo del mantenimiento del
poder adquisitivo, la garantía de pleno mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones, con una actualización
prevista en la Ley de Presupuesto del 3,5 por ciento, y con
una cláusula de revisión, que la explicitamos en las
negociaciones con los interlocutores sociales, para que, si se
produjese una desviación, una vez conocida la misma, que
necesariamente tiene que ser finalizado el ejercicio de 1994,
ya se incorporase al ejercicio de 1993, además de la
revalorización de 1995, por tanto, con una plena garantía de
que no se perdiese el poder adquisitivo. He de decir que, como
en las próximas fechas aún se va a estar hablando sobre pacto
de renta, entiendo que incluso todos los temas que afecten a
ese pacto de renta aún no están plenamente cerrados. Por eso
me remitiría a fechas más próximas, porque se va a seguir
hablando en la próximas semanas, sobre el citado pacto de
renta con los interlocutores sociales.

Me preguntaba sobre mi impresión de si existe límite o no al
gasto social. Yo creo que es importante decir que el gasto
social en España afortunadamente ha cambiado de forma muy
considerable. Ha cambiado porque, con Presupuestos como el de
1994, evidentemente que vamos a acercanos más a los promedios
de la Comunidad Económica Europea. En un año en el que las
pensiones ganan tres puntos del PIB, o incluso la Seguridad
Social, en su conjunto, cuatro puntos de mayor participación
del PIB, porque está creciendo a un 7,7 el gasto social del
Presupuesto de Seguridad Social, muy superior al del producto
interior bruto, evidentemente que 1994 va a ser un año clave
de avance en la participación o en la redistribución del
producto interior bruto a favor de la protección social.

Dicho esto, y no remitiéndome al Presupuesto de 1994, creo que
hay un dato muy importante. Se mide, en general, cómo
evolucionamos nosotros en la protección social con respecto a
Europa teniendo en cuenta nuestro porcentaje en el PIB. Pues
con los datos últimos publicados ya por la Comunidad, en el
Eurostat, vemos que en concreto ha habido un avance
considerable



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y nos estamos situando a poco más de cuatro puntos de
diferencial de la Comunidad, cuando hacía unos años había un
diferencial más importante.

A pesar de que ese es el ratio que más se utiliza, hay uno que
no se usa y que es importante, y es la unidad de paridad de
poder de compra, elemento de la propia Comunidad. Pues bien,
España, en el período 1980-1991, ha tenido un crecimiento
interanual del 11,07. El promedio de la Comunidad es 9,45. Se
mire por donde se mire el avance ha sido muy fuerte, muy
importante. ¿Tiene límite este avance? Pues si lo hacemos
desde un punto de vista responsable y desde un punto de vista
de los que creen que la mejor situación para el sistema de
Seguridad Social y para el sistema de pensiones en particular
es la estabilidad, es no hacer formulaciones demagógicas que
nos pudieran llevar a un gasto imposible de financiar, yo creo
que el límite nos va a venir marcado por las propias
capacidades de evolución del sistema económico, acentuado con
un criterio de solidaridad y redistribución, como se ha venido
haciendo en los últimos diez o doce años.

Insisto en que, evidentemente, hoy en día no podríamos
triplicar la cuantía de las prestaciones sociales, por poner
un ejemplo clarísimo de que existe un límite. Y el límite va a
existir siempre si lo hacemos desde una posición responsable,
si lo hacemos creyendo en el sistema de Seguridad Social y
formulándolo desde posiciones de estabilidad de dicho sistema,
porque todo lo contrario sería formular posiciones de
desestabilización, en mi opinión.

Yo creo que es bueno avanzar, y así lo hizo la reforma de la
estructura financiera en el año 1989 en la ley de
Presupuestos; avanzar, repito, en lo que es una fórmula de
financiación en la que todas las prestaciones de naturaleza
contributiva se vayan financiando a través de cotizaciones
sociales, y aquellas que tengan una naturaleza no
contributiva, que vayan teniendo financiación más con el
esfuerzo del conjunto de los ciudadanos, es decir, con
impuestos. Ese es el camino que había en 1989; es el camino
que hemos ido siguiendo. De ahí que el Estado, mediante los
Presupuestos, por tanto el Estado y organismos autónomos,
financie ya un 30 por ciento y ese es el camino que se ha
seguido en la formulación del Presupuesto de 1994, puesto que,
por primera vez en bastantes años, la importancia en la
financiación de las cotizaciones sociales se sitúa en el 64
por ciento y algo más, frente al año anterior que era 67; es
decir, ha perdido cuatro puntos prácticamente de importancia
en las cotizaciones sociales.

A pesar de ser un Presupuesto que necesitamos equilibrarlo,
como se ve después en la petición de los 345.000 millones, no
hemos utilizado el camino de mayor presión contributiva, sino
que ligeramente disminuye midiendo esa presión contributiva de
las cotizaciones sociales en relación con el PIB. Por tanto,
es un camino que habrá que transitar dentro de un esquema de
prudencia, puesto que necesariamente se tienen que obtener los
ingresos provenientes del Presupuesto del Estado.

Creo que he contestado a todo, si no es así, ruego a SS. SS.

que tengan la amabilidad de recordármelo.

Situándome en la respuesta directa al representante de
Izquierda Unida, por lo que se refiere a las cotizaciones creo
que le he contestado. Hemos considerado una evolución del
número de dichas cotizaciones de crecimiento cero. Los datos y
los valores absolutos están en las primeras páginas del
informe económico, en el tomo número 2; régimen por régimen
ahí está el número de cotizaciones. Lo que le puedo decir es
que la evolución es concretamente cero, y hemos considerado
una evolución de crecimiento cero teniendo en cuenta la
evolución del empleo.

Si se ve la evolución del número de cotizaciones de otros años
con la evolución del empleo, generalmente el número de
cotizaciones ha tenido una evolución siempre ligeramente más
positiva que el empleo, por las razones que le decía
anteriormente: porque cuando estamos hablando de cotizaciones
estamos considerando el empleo, también los cotizantes de
desempleo; los aplazamientos que vencen en el año que se
considera el presupuesto y que son cotizaciones; y aquellas
recaudaciones provenientes de actuación de las unidades de
recaudación ejecutiva y que se plasman como cotizaciones en el
presupuesto. Insisto en que no estamos hablando ni de filial
ni de cotizaciones, sino de cotizaciones, y considerando que
en Seguridad Social, además del empleo, juega también un
factor importante, que es el pluriempleo, una persona que
trabaja y cotiza en un mismo régimen pero por dos veces; la
pluriactividad, una persona que cotiza en dos regímenes
diferentes, y los convenios especiales, personas que no
trabajan pero que firman un convenio especial con la Seguridad
Social para mantener la cotización y, lógicamente, mantener el
derecho a las prestaciones en general y jubilación.

En cuanto a qué deuda tienen las empresas con la Seguridad
Social, qué morosidad y qué medidas se adoptan, antes ya he
indicado lo primero, las deudas. Referente a aplazamientos,
prácticamente están garantizados, tienen una garantía
hipotecaria. Por consiguiente, todo aquello que hayamos
aplazado, salvo casos excepcionales, lo cobraremos en el
período correspondiente, sean aplazamientos ordinarios, sean
por motivo de proceso de reconversión o sean los
extraordinarios.

Respecto a las deudas que tienen las empresas -y anticipo ya
la contestación al representante del Grupo Socialista-, más
allá de los aplazamientos, que no los consideramos morosos,
quiero señalar cuál es la morosidad. La morosidad creo que es
algo importante que se debe decir, porque, si no, le daremos
vueltas siempre a una cifra, perdiendo ya la importancia que
debe tener. El crédito certificado y pendiente en el período
1988-1992, por poner ejercicios cerrados, ambos inclusive,
asciende a 910.000 millones de pesetas. Hay



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que poner estos 910.000 millones de pesetas en relación con el
volumen de cotizaciones de este período, que ascienden a cerca
de 23 billones de pesetas, lo que representa el 4,1 por ciento
de la recaudación del pe- ríodo considerado. Cabe preguntarse
si ese porcentaje del 4,1 es mucho o es poco, y nos tenemos
que ir rápidamente a un sector que tiene una medida análoga o
parecida a la parte de recaudación de la Seguridad Social que
es el sector financiero. ¿Qué ha pasado con el sector
financiero en el mismo período? Pues que el porcentaje de
morosidad ha sido del 4,6 por ciento, superior al de la
Tesorería General, con algunas consideraciones que es
necesario realizar. Primero, que esta menor morosidad de la
Seguridad Social induciría a pensar que es bastante eficaz en
la ejecución de sus deudores por cotizaciones sociales.

En segundo lugar, que a diferencia del sector privado, que
hace una primera selección de la capacidad de pago de sus
deudores porque conceden el crédito en función de un análisis
patrimonial o de ciertas garan- tías, evidentemente la
Seguridad Social, por definición, no selecciona a sus deudores
por cotizaciones; todos los que se le acerquen tienen
obligación de cotizar. Por tanto, por decirlo de alguna forma,
a diferencia del sector financiero, que selecciona sus
clientes, la Seguridad Social se encuentra con «sus clientes»,
dicho entre comillas.

En tercer lugar, la Seguridad Social, cuando va a ejecutar una
deuda, tiene que realizarlo desde el punto de vista de que es
imprescindible y legalmente imperativa la preservación de los
derechos y créditos, porque cuando se acerca un empresario a
la Tesorería General y dice: tengo un problema financiero, no
puedo pagar en estos momentos, pero si usted me angustia y me
exige el pago, tengo que cerrar; cuando dice eso, hay que
pensar que se genera desempleo y deja de cobrar la deuda que
ese empresario tiene contraída con la Tesorería General. En
este sentido, tiene una cierta vertiente de consideración a
través de los procedimientos legales y objetivos y, por tanto,
no tiene un componente tan ejecutivo como el de una
institución financiera, que si cierra la empresa lo que le
importa es recuperar el crédito, la deuda.

En último lugar, quiero decir que la deuda acumulada es una
cifra histórica, como la pueden tener todos los bancos o todas
las instituciones financieras. Esta cifra histórica en su
mayor parte corresponde a situaciones en procedimientos
concursales -no puede actuar para nada la Tesorería-, a
impugnaciones o anulaciones ante los tribunales -tampoco puede
ac- tuar-, a situaciones de insolvencia -tampoco-. Por tanto,
yo creo que para analizar el grado de deuda o morosidad que
tenemos en Seguridad Social, en vez de analizarlo a través de
la deuda histórica, lo debemos realizar a través de lo que es
una evolución en un ejercicio. Por tomar el último ejercicio
cerrado, 1992, y a modo de foto fija, le diría los siguientes
datos: las certificaciones emitidas en 1992 ascendieron a
472.000 millones de pesetas. ¿Qué ha pasado con esas
certificaciones? Pues que se han recaudado, bien en vía
voluntaria bien en vía ejecutiva, 78.600 millones; se han
concedido aplazamientos con garantía hipotecaria por valor de
65.000 millones; embargos ya efectuados hay 45.000 millones,
con lo cual podemos decir que el total de gestión cobrada o
garantizada asciende a 188.600 millones, el 40 por ciento, más
en concreto, el 39,95 por ciento.

¿Qué ha pasado con las restantes certificaciones? Que hay en
procedimientos concursales 53.900 millones. ¿Qué resulta de
ahí? Lo que resulta del procedimiento concursal. Ya no es un
ámbito de gestión de la Tesorería General. Hay en
impugnaciones, en anulaciones en trámite en torno a 94.000
millones. ¿Qué va a pasar? Lo que decidan también los
tribunales. Hay insolvencias por valor de 91.200, insolvencias
que no se pagan. La siguiente pregunta sería: ¿por qué no se
dan de baja? Por una razón, porque aunque desaparece la
empresa, hasta que no prescriba no queremos darlos de baja por
si se produjese una sucesión de empresas. Entonces sí que
volvemos a poner en vigor el derecho al cobro. En notificación
inicial hay 41.000 millones.

En definitiva, de los 472.000 millones podemos tener dudas muy
razonables en el cobro por valor de 283.400 millones. ¿Qué
representa eso con los deudores por obligaciones por
cotización? El 5 por ciento en el año 1992. Según los datos
del Banco de España sobre cuál ha sido la morosidad del sector
financiero en 1992, este sector en dicho año tiene una
morosidad del 6,6, un 1,6 superior a la Tesorería General de
la Seguridad Social. Por tanto, tengo que decir que estamos
siendo muy eficaces en el cobro, y, evidentemente, bastante
más eficaces que incluso el sector financiero, también tengo
que decir que sí que incide en nuestros cobros, en nuestros
deudores, el problema de insolvencias, etcétera.

Acelerando un poco más la contestación a otras preguntas, voy
a dar respuesta a la relativa al préstamo de 345.000 millones.

El préstamo de 345.000 millones podría haber tenido distintas
formulaciones, posiblemente desde la posición de confianza en
la propia evolución del sistema de Seguridad Social. Además,
la Ley 3/1983 ya adoptó una fórmula similar, recordarán SS.

SS. que se aprobó a principios de dicho año para atender
gastos de ejercicios anteriores correspondientes a los años
1979, 1980, 1981 y 1982, por valor de 128.600 millones, que en
concepto de préstamo se otorgaron a la Tesorería General de la
Seguridad Social. Hemos devuelto los 128.600 millones,
concretamente 71.000 y pico millones en el año 1991 y el resto
en 1992, y figura en las cuentas y balances. Por tanto, ¿por
qué hemos hecho este planteamiento? Porque desde el año 1986 a
1992, inclusive, la Seguridad Social ha ido generando
excedentes de 247.000 millones, con los cuales se ha podido
pagar esa amortización de 128.600



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millones, y porque además ha hecho frente hasta el año 1989 a
desviaciones del área sanitaria.

Desde la perspectiva de diez años, que realmente es el plazo
que da el préstamo que se realiza a la Seguridad Social, y que
casi prácticamente viene a coincidir con la duración del ciclo
económico, consideramos que igual que el pasado ciclo
económico ha sido capaz de beneficiarse la Seguridad Social en
más de tres millones de crecimiento en el número de afiliados
y de excedentes, en los próximos diez años sin duda puede
generarse una posición de recuperación de esa cantidad.

Además, creo que se abre una vía muy importante para la
Seguridad Social, y es que se genera una metodología de un
sistema nivelación, que también lo preveíamos en la reforma de
la estructura financiera del año 1989, en el artículo 24, si
mal no recuerdo, de la Ley de Presupuestos para dicho año.

Preveíamos que se debe crear un fondo de estabilización para
cuando haya situaciones bajas del ciclo o cuando haya
situaciones superiores o altas del ciclo. Ese es el mecanismo
con el cual figuran los 345.000 millones en el capítulo 9 del
sistema de Seguridad Social.

En cuanto a las tarifas, no tengo ninguna información ni
ningún cálculo porque no nos afecta al presupuesto para 1994,
por tanto, no hemos realizado ningún gasto.

Respecto a la cifra mencionada del 3,5 -por no repetirlo otra
vez-, creo que la información que he dado anteriormente a S.

S. podría valer para no ir alargando excesivamente esta
comparecencia.

En el incremento de pensiones de viudedad y otros compromisos
que figuran en el programa del Partido Socialista,
naturalmente existe la voluntad de cumplir, de momento, la
legislatura. Concretándome al ámbito que más me concierne, que
es al incremento de las pensiones de viudedad para las menores
de 60 años, incluso en la concertación social se ha puesto de
manifiesto el compromiso de realizarlo, siempre decíamos que
no en el Presupuesto para 1994, pero sí en los próximos.

Incluso poníamos como límite antes de enero de 1996.

Contestaré al representante del Grupo Socialista que, si no le
importa, sobre los 680.000 valdría la anterior explicación.

Sobre el volumen de morosidad, solamente me queda contestarle
a qué tipo de métodos. Realmente hemos aplicado métodos que
hemos ido creando a lo largo de los tiempos. Por ejemplo,
hemos articulado un mecanismo de posibilidad de embargo de
cuentas corrientes, la Ley de Presupuestos para 1989 obligaba,
en su disposición adicional décima, a que las entidades
depositarias de dinero deben tener la obligación de informar
de los saldos existentes en las cuentas bancarias y a cumplir
con los requerimientos que se le formulen y que se practican
habitualmente y donde se pueden incluso embargar saldos por la
cuantía de la deuda con la Seguridad Social.

En cuanto a la creación de las 271 unidades de recaudación
ejecutiva, le diré que 29 se pondrán en funcionamiento en el
presupuesto para 1994. También está la creación de una unidad,
como la subvención general de recaudación ejecutiva, que antes
no existía, o la creación de una unidad que se dedica
exclusivamente a analizar y estar presente en todos los
procedimientos concursales, que en los últimos años han
abundado mucho y es donde se juegan las posibilidades de
recaudación del sistema de Seguridad Social. Incluso se pueden
modificar las posibilidades del depósito de bienes en las
direcciones provinciales de la Tesorería, teniendo locales
propios para poder vigilar la inmovilización de los bienes
sujetos a posibles embargos. En definitiva, creo que tenemos
instrumentos y que se están ejecutando con un cierto grado de
eficacia.

Referente al resto del funcionamiento -y termino con esta
intervención- creo que sí es necesario poner de manifiesto
algo muy importante. En el momento en el que hay un
planteamiento de austeridad, y cuando todo el fuerte
crecimiento va dirigido a prestaciones sociales -es el
presupuesto que más crece de todo el conjunto de los
Presupuestos Generales del Estado, es el presupuesto que
incorpora un gasto de más de 700.000 millones respecto al año
anterior-, hay que decir que, en ese mismo presupuesto, los
gastos de gestión en prestaciones económicas ascienden
solamente al 0,64 por ciento del total; los gastos de gestión
de la Tesorería, de informática y de otros servicios comunes
(gestión de patrimonio, gestión de pago), representan el 1,23
por ciento. Y todo ello ¿por qué? Porque los efectivos
recursos humanos han disminuido en el Presupuesto de 1994
respecto del de 1993. Pero tengo que decir que han disminuido
considerablemente a lo largo de los últimos años. En el año
1992, la Tesorería y el Instituto Social de la Marina tenían,
como efectivos de personal, 37.146 entre funcionarios y
personal laboral contratado. Actualmente, en 1993, tienen
32.977 trabajadores. Evidentemente, el volumen de gestión es
distinto, donde había 2,3 billones ahora son casi 10 billones;
donde existían 4 y pico millones de pensionistas, ahora son
más de 6,7 millones de pensionistas. En definitiva, ha habido
un volumen muy considerable de gestión de afiliación de
empresas.

Pero daré como último dato -y con esto ya termino- lo que ha
sido la evolución de la gestión de la Seguridad Social en
cuanto a recursos humanos o en cuanto a organigrama directivo,
y diré que mientras que en el año 1979 en el ámbito de
competencias actuales de lo que es la Secretaría General para
la Seguridad Social había una Secretaría de Estado, cinco
direcciones generales y 29 subdirecciones generales,
actualmente, en el año 1993, hay no una secretaría de Estado,
sino una secretaría general, cinco direcciones generales y 28
subdirecciones, una menos, teniendo en cuenta que desde 1979 a
acá había de 1,5 billones a 10 billones o de 11,2 afiliados a
casi 14 millones de afiliados, etcétera.

Por tanto, al representante del Grupo Socialista tengo que
decirle que desde la posición de esta Secretaría



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General o como Secretario General, creo que hemos hecho un
esfuerzo muy importante en reducir y no aumentar -y esa debe
ser la trayectoria en los próximos años-, y en hacer un ajuste
en función de los procesos de coste de beneficios que
introducimos en todos los programas que abordamos en la
gestión de la Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: Creo que nos manejamos entre dos
equilibrios. Yo comprendo que ha habido un error por parte de
la Mesa al destinar una hora para una comparecencia tan
importante como la del Secretario General de la Seguridad
Social, pero también tengo que decir que llevamos casi una
hora de retraso.

En primer lugar, tengo que dar un turno de palabra al
representante del Grupo Nacionalista Vasco, señor Zabalía,
porque recordarán SS. SS. que en el día de ayer él hizo unas
preguntas al Secretario de Estado de Hacienda que por su
naturaleza dijimos que tendrían que ser remitidas al
Secretario General de la Seguridad Social. (El señor Almunia
Amann pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Quería intervenir brevemente.




El señor PRESIDENTE: ¿El señor Peralta también quiere
intervenir? (Asentimiento.)
Les ruego que me ayuden a que las intervenciones no sean
demasiado dilatadas.

Tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Muchas gracias al Secretario General
por atender a mi solicitud. Voy a ser muy breve para no
alargar demasiado esta comparecencia.

Me gustaría que nos aclarara algún punto que ya ha sido tocado
de pasada, pero quisiera alguna información suplementaria,
concretamente en dos institutos: el Insalud y el Inserso.

Respecto al Insalud, el presupuesto actualizado al 30 de
septiembre de este año arroja una cifra de unos dos billones
890.000 millones, si es fiable mi información, mientras que el
presupuesto para 1994 es de dos billones 840.000 millones, con
lo cual se ha presupuestado menos en el año 1994 que lo que ya
se ha alcanzado en el año 1993. Por tanto, si es posible, me
gustaría una explicación sobre esta diferencia presupuestaria.

Por lo que respecta también al Insalud, parece ser que no se
ha presupuestado dentro del propio Instituto el saneamiento
pactado con las comunidades autónomas que tienen competencia
asumida en Sanidad; en su lugar se ha hecho en el propio
Ministerio. Le agradecería, si es posible, que me aclarara
también este punto.

Referente al Inserso, hay unos ajustes que me gustaría que me
aclarara, relativos a las pensiones por inserción social de
los minusválidos que han sufrido una disminución y un
incremento que ha habido en las pensiones no contributivas.

Respecto a este colectivo, quisiera saber cuál es el número de
personas que se benefician de este sistema de la Seguridad
Social, la evolución que ha tenido en 1993 y la previsible
para 1994.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: Intentaré ser muy breve, pero es
que el señor Secretario General, en cada comparecencia en
Presupuestos, nos demuestra todo lo que sabe de la Seguridad
Social, cosa que lo tengo por asumido hace muchísimo tiempo.

Voy a intentar ser lo más breve posible, pero lo que le ruego
al señor Secretario General es que me conteste a las preguntas
que le hago.

En primer lugar, según he podido deducir de sus palabras -me
gustaría que me dijera sí o no-, usted prevé que la
liquidación del presupuesto de 1993 va a ser exactamente igual
que al inicio, es decir, no va a haber ningún tipo de
desviación en los presupuestos de la Seguridad Social a final
del año 1993, como hemos podido deducir de la ingente cantidad
de datos que ha proporcionado el señor Secretario general. Si
eso es cierto, que me lo diga.

Respecto al déficit de que hablábamos de los 677.000 millones,
usted dice que ha sido un agente. El problema es que los datos
son de la Intervención general. Pero es que si analizamos el
Boletín Estadístico del Banco de España de septiembre del año
1993, aparece un déficit de 705.400 millones de pesetas, luego
usted lo ha notificado en función de un error contable, ya
que, como digo, en el mes de septiembre del año 1993, por lo
visto el Banco de España sigue utilizando exactamente lo que
usted llama un error contable, error contable que ocurre sólo
en el año 1993, porque los flujos hasta este año habían sido
positivos para el sistema de la Seguridad Social. Por tanto,
tendría que seguir corrigiéndose este problema. Sin embargo,
en el informe económico-financiero de la Seguridad Social que
acompaña a los Presupuestos Generales del Estado, ustedes
reconocen un déficit en gastos de 400.000 millones de pesetas.

Me gustaría que me aclarara lo que se refiere al déficit.

En lo que se refiere al préstamo, debo deducir de sus palabras
que los 345.000 millones serían para completar ese supuesto
déficit que se pueda producir en los Presupuestos del año
1994. Pero yo le quiero llamar la atención sobre un dato, y es
que da la casualidad (me imagino que será casualidad), de que
la suma de la aportación del Estado a los presupuestos de la
Seguridad Social para el Insalud, que son dos billones 561.000
millones de pesetas, si les añadimos los 345.000 millones de
este préstamo al sistema, tenemos



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el presupuesto final del Insalud, que son los dos billones
900.000 millones de pesetas; da la sensación de que este
préstamo no va a servir para el conjunto del sistema sino de
nuevo para compensar déficit del Insalud. Me gustaría que me
aclarara esto, porque se está produciendo un problema en el
sistema de la Seguridad Social, y es que, por culpa de los
déficit del Inem y del Insalud, la Tesorería General de la
Seguridad Social hasta el año 1992 ha recurrido al Banco de
España, lo que significa pagar préstamos y en este momento,
como ya no puede recurrir al Banco de España, recurre al
propio Estado. Pero da la sensación de que, al final, el
conjunto del sistema está pagando déficit de determinados
servicios que, desde nuestro punto de vista, deberían ser
universalizados y no pendientes de esas cotizaciones de la
Seguridad Social.

Por otro lado, a la hora de evaluar los ingresos por
cotizaciones, usted, después de muchas explicaciones, ha dado
un dato, ha utilizado la base media con un incremento del 6,2,
pero me gustaría que usted me dijera qué parte corresponde al
incremento salarial. Es decir, cuando ustedes han hallado el
incremento de cotizaciones, qué incrementos salariales medios
han tenido en cuenta. Me gustaría que me contestara a esta
pregunta.

Respecto al tema de las deudas de las empresas, le planteaba
esta cuestión porque hay una respuesta a un Diputado de esta
Cámara en la que dicen que a junio del año 1993 estas deudas
de las empresas españolas eran de un billón de pesetas, es
decir, 957.873 millones de pesetas, de lo cual era recuperable
sólo el 40 por ciento.

Yo quería que usted me dijera lo que correspondería de ese
billón de pesetas a empresas privadas y lo qué correspondería
a empresas del sector público, porque creo que es importante
saberlo. Si usted no tiene este dato aquí, me gustaría que me
lo proporcionara por escrito.

En relación con las cotizaciones, usted ha dicho que el número
de las mismas se mantiene exactamente igual que en el año
1993. Es un poco menos. Las cotizaciones para el año 1993 eran
11 billones 773.624 millones, y para el año 1994, 11 billones
773.328 millones. A mí me gustaría saber si en las
cotizaciones de 1993 está considerada la integración de la
Munpal, qué ha significado de ingresos esa integración de la
Munpal en el sistema del régimen general de la Seguridad
Social y por qué prevén ustedes una bajada de cotizaciones en
el sistema, no de afiliados (empleamos ya el mismo término que
usted utiliza) , si simplemente es debido por ese cuadro
macroeconómico de esta destrucción de 82.000 puestos de
trabajo, o es que ustedes consideran que esa destrucción va a
ser mayor, porque, si no, las cifras, desde mi punto de vista,
no casan.

Con referencia a la incapacidad laboral transitoria, usted no
me ha contestado qué ahorro ha significado para el sistema los
quince días trasladados a las empresas, y usted estaba
negociando con la patronal la forma de controlar el fraude en
incapacidad laboral transitoria. Típicamente, ustedes han
echado la culpa siempre a las comunidades autónomas porque
eran competencias transferidas. Yo quiero saber si en este
momento en la Seguridad Social hay alguna fórmula, a través de
orden ministerial o de circular, que vaya a cambiar la
designación de las personas o equipo de personas que van a
determinar esa incapacidad laboral transitoria o esa invalidez
provisional, o si ustedes van a trasladar definitivamente a
las empresas el control de este sistema.

Por último, las razones que usted da al no traslado de la
gestión de las prestaciones por desempleo no coinciden con las
declaraciones del Secretario General de Empleo, señor Marcos
Peña. El dice que es un problema de personal; usted dice que
es un problema de los agentes sociales. No parece que desde
los altos cargos del Ministerio de Trabajo éste sea un tema
que esté encima de la mesa de la negociación del pacto social;
más bien parecía que estaba en torno a ajustes internos dentro
del propio Ministerio y a problemas de personal. Mi pregunta
es ¿estos problemas que se conocen hoy no se conocían cuando
ustedes preveían en julio de 1992 los Presupuestos para el año
1993? Si no, esto no tiene mucho sentido. ¿Hay una
improvisación por parte del Ministerio o simplemente es un
globo sonda o una fórmula que ustedes se han dado cuenta que
no puede funcionar.

Me gustaría que me dijera, desde la Seguridad Social, si ha
sido un problema de personal o no lo ha sido.

Y voy terminando...




El señor PRESIDENTE: Hay que terminar, señora Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: Sí, señor Presidente.

En el tema de la invalidez provisional he hecho la pregunta de
Sevilla poque es un problema que se da en todas las provincias
de la Comunidad Autónoma andaluza. Usted dice que es por el
tema de las bases de cotización, pero a mí me llama mucho la
atención que, por ejemplo, en el régimen de empleadas del
hogar la diferencia sea de 85.300 pesetas frente a una media
nacional de 29.000 pesetas. Parece que hay una falta de
control por parte de esas delegaciones provinciales en
Andalucía, no encuentro otra razón. Aquí me gustaría que
pudiera evaluar qué significaría de ahorro el control de todos
estos fraudes de la incapacidad laboral transitoria, de la
invalidez provisional, porque creo que tiene mucho que ver
también con el equilibrio financiero del sistema y con el
incremento de pensiones. Si a usted le parece que hoy es bueno
volver al sistema anterior de inflación prevista, ¿por qué
firmaron un acuerdo con las centrales sindicales para
equiparar el poder adquisitivo de los pensionistas en la
anterior legislatura?



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No le veo la motivación política, ni la motivación técnica
para que ustedes hubieran producido ese cambio en estos años
anteriores. La justificación tendría que servir para los dos
motivos.

Tampoco me aclara usted qué tipo de cláusula de revisión
tienen ustedes prevista, porque, desde luego, en los
Presupuestos Generales no aparece ningún tipo de cláusula. Me
imagino que la introducirán ustedes a través de una enmienda,
en el caso de que lo hicieran, del Grupo Socialista. Por
tanto, ¿qué tipo de cláusula de revisión sería? ¿Sería una
paga única consolidable en el mes de febrero en los
Presupuestos de 1995, o existirían otras formuladas que
ustedes tienen previstas para discutir con los agentes
sociales en esa mesa de la renta a la que usted se refiere?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Voy a procurar ser breve.

En primer lugar, quisiera hacerle una pregunta que estoy
seguro de que me la podrá contestar. En los presupuestos para
el año 1994 se prevé un gasto total en incapacidad temporal de
577.844 millones. Me gustaría saber si, en esa partida, es
incapacidad temporal cualquiera que sea su causa, accidente de
trabajo, accidente no laboral, enfermedad común, enfermedad
profesional y qué parte de esa incapacidad corre por cuenta de
las mutuas de la Seguridad Social -sería incapacidad derivada
de enfermedad profesional o de accidente laboral-, qué parte
corresponde a enfermedad común o a accidente no laboral y cuál
es la tendencia de evolución de esos dos bloques de causas.

Por lo que se refiere a los ingresos de la Seguridad Social,
nos da un dato que nos hace pensar que difícilmente se va a
poder cuadrar ese presupuesto. De sus afirmaciones, cabe
desprender que el Presupuesto de 1993 no se va a lograr
cuadrar. Habla de que se producen desviaciones en
prestaciones; ha hecho referencia concreta a la incapacidad
temporal, bien sea laboral transitoria o invalidez
provisional, donde se producen crecimientos significativos.

También ha hecho referencia a una caída previsible de los
ingresos, en la medida en que se está procediendo a una
destrucción de empleo del orden de unos 400.000, según su
previsión en estos momentos. Eso hace pensar que difícilmente
se va a conseguir cerrar el presupuesto de 1993 en los
términos inicialmente previstos. Para el año que viene insiste
usted en que la variación es cero en el número de cotizantes,
variación cero que nos hace pensar que no tiene en
consideración la destrucción de empleo del año 1993 ni la
previsible de 1994, lo que nos lleva a la conclusión de que
difícilmente, por la vía de los ingresos, se va a conseguir
que el presupuesto de 1994 se ajuste a la realidad. Luego está
la posible desviación que se produzca en los gastos, lógicos
en un momento de grave crisis económica en el que
tradicionalmente la Seguridad Social ha sufrido importantes
presiones por la vía del gasto.

Por eso, nos tememos que la desviación del presupuesto de año
1994 sea bastante cantada desde el día de hoy y que, a no
tardar mucho, empecemos a encontrarnos con la previsión de
desviaciones en los presupuestos de la Seguridad Social y la
necesidad de tomar medidas que ajusten esas desviaciones
previsibles. Sería más realista manejar los datos reales. Es
difícil pensar en esa variación cero en cotizaciones para el
año que viene; mantener esto es jugar a que se va a producir
ese tipo de desviaciones.

También se producen desviaciones por la vía de ingresos, en la
medida en que hay una deuda de las empresas con la Seguridad
Social, de la que ha ofrecido datos muy significativos, muy
explícitos. Comparto buena parte de las afirmaciones que ha
hecho en el sentido de que hay una eficacia importante por
parte de la Seguridad Social y no el punto de referencia que
usted utiliza en cuanto al sistema financiero, por una razón
muy clara, señor Jiménez. El sistema financiero prevé la
morosidad y la repercute en los costos, que carga a sus
clientes; en consecuencia, no tiene una incidencia
significativa en los resultados finales del sistema
financiero. Los datos que produce el sistema financiero en
resultados finales ponen de manifiesto que sigue teniendo unos
resultados positivos. La Seguridad Social no puede hacer esa
previsión y no puede cargar sobre el resto de empresas la
morosidad de los que no paguen, por lo que se produce un
déficit importante que es necesario abordar. Es verdad que la
referencia a la morosidad del sistema financiero tiene un
determinado parecido, se producen ingresos, pero el sistema
financiero tiene capacidad de prever y de controlar, vía su
distribución en el resto de operaciones que lleva a cabo el
sistema financiero, y la Seguridad Social, no; tiene una
incidencia absolutamente distinta. De ahí que sea necesario
abordar esa deuda que tienen las empresas con mecanismos que
la corrijan. La previsión de presupuestos no tiene otra
posibilidad de desviar esa deuda hacia soluciones distintas.

Usted ha hecho referencia a determinadas medidas que se han
adoptado por parte de la Seguridad Social en los últimos años
de cara a mejorar su recaudación y que efectivamente producen
resultados, pero ha puesto de manifiesto la incapacidad de
abordar otros mecanismos, por ejemplo, el de las insolvencias.

Yo le decía a este respecto que es verdad que en el terreno
civil o en el de la reclamación ordinaria, una insolvencia
conduce a que no hay posibilidad de cobro de esas deudas, pero
hay otros mecanismos dentro del mundo del Derecho que pueden
permitir abordar esos temas. Yo le hablaba de la posibilidad
de que, en la medida en que esas deudas correspondan a
retenciones que se han practicado a los trabajadores con la
finalidad de ingresarlas en el Sistema de la Seguridad Social,
incidan en tipos penales, y yo no tengo constancia de que la
Seguridad Social recurra a ese tipo de procedimientos.




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Conozco que cuando se recurre a ellos no suele ser a
iniciativa de la Seguridad Social.

Suspensiones de pago y los sistemas concursales. Ha hecho
referencia a que es otro obstáculo, pero sabe perfectamente
que las deudas salariales de los trabajadores están exentas de
este tipo de obstáculo. Cabría pensar en la posibilidad de
dotar legalmente a los créditos de la Seguridad Social de
privilegios que efectivamente correspondieran al fin social
que tienen estos créditos. En nuestra opinión, es muy
importante garantizar la efectividad de su cobro; si no,
inmediatamente se produce un desfase. La previsión inicial es
ver en qué medida se enjuga por la vía de reportar
prestaciones a los beneficiarios y no nos parece que ésa sea
realmente una solución. Estoy convencido de que usted piensa
igual, que ésta no es una solución de cara al futuro; puede
ser una solución provisional en un año determinado o en unos
pocos años, pero no de cara al futuro.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, una pregunta muy
rápida, de aclaración a algo que ha dicho el Secretario
General.

En su estimación, ha hablado de una deuda de final de 1993 del
Inem con la Tesorería en torno a 400.000 millones de pesetas.

Si, como viene en la documentación entregada por el Gobierno
junto con los presupuestos y también se deduce de
manifestaciones hechas aquí por el Secretario de Estado de
Hacienda, creo recordar, el Gobierno trae a esta Cámara, antes
de final de año un crédito extraordinario, un Decreto-ley de
crédito extraordinario, a convalidar, por 407.000 millones de
pesetas, para sufragar el déficit del Inem de 1993, entiendo
que a final de año el saldo será cero y, por fin, el Inem
habrá zanjado la cuenta con la Tesorería.




El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Secretario General, pero
a la una, como mucho, termina esta comparecencia. Por tanto, a
esa hora daré por cerrada su intervención. Como supongo que a
lo mejor necesita algún tiempo más, quizá debieran ser
contestados por escrito aquellos aspectos que puedan serlo.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez
Fernández): Me perdonarán, al hilo de lo que me advierte el
señor Presidente, que mi intervención sea muy breve.

El Insalud. Tiene que preguntárselo a las autoridades
sanitarias, pues ahí no tengo competencia.

El Inserso. Efectivamente, hay una disminución en el crédito
de las prestaciones a la LISMI, por la sencilla razón de que
se están traspasando como beneficiarios de prestaciones no
contributivas, bien sean pensiones o bien sea subsidio
familiar, en el caso de 65 o más de minusvalía.

La evolución del colectivo de perceptores es la siguientes: en
el año 1991, había 342.547 perceptores; en el año 1994
prevemos 202.459. En LISMI, en el año 1991, 251.717; en el año
1994, 174.622. No le digo la evolución año por año en aras a
la brevedad. En pensiones no contributivas, en el año 1991,
32.868; en el año 1994, 350.860. En prestaciones familiares no
contributivas, personas con 65-75 grados de minusvalía, en el
año 1991, 5.858; en el año 1993, 480.874. Estos son los datos
de evolución de las personas que quedan afectadas desde ese
punto de vista.

Voy a ver si soy capaz de contestar brevemente. En el año 1994
no prevemos ninguna desviación y, además, conceptualmente, no
podría ser de otra forma, porque lo hemos hecho en términos de
equilibrio. Hubiera dado lo mismo poner 354 que 345.000. En el
año 1994, que es una de las preguntas, no prevemos ninguna
desviación en el anteproyecto de presupuestos que se ha
presentado a esta Cámara.

En el año 1993, lo que le decía anteriormente; en ILT y en
invalidez provisional, en conjunto, 135.000 millones de
pesetas, y aún no puedo hacer una previsión de cómo va a ser
la evolución definitiva a fin de año; este dato de recaudación
total por cotizaciones lo tendré en febrero.

El déficit de los 75 son 680.000 millones de pesetas. Es la
interpretación que le decía. Hay una orden de contabilidad
presupuestaria de abril de 1992 que ya prevé (me parece que es
en el artículo 451) el cambio de contabilización de la paga de
diciembre, y está publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Como sabe S. S., una paga en pensiones son cerca de 400.000
millones más. Pues bien; en el año 1993, con un efecto
meramente contable, hay anticipadamente apuntado 400.000
millones más que en el año 1992. Por tanto, concretamente, sí
se corrige. Si usted ve nuestro Boletín informativo (que es de
donde toma la información el Banco de España o la que ha
salido en prensa) del mes de agosto, que se está
distribuyendo, verá que ya no existe esa diferencia. Por arte
de magia parece que desaparece. Y si ve el de septiembre, que
está en imprenta y que ya lo he visto yo, verá que apenas hay
diferencia. Es porque existe una forma de apuntes distinta.

Si quiere, por ser brves, no me importaría darle una mayor
aclaración personal a usted, pero es meramente un apunte
contable, lo haya sabido interpretar el medio informativo o lo
haya sabido interpretar el Banco de España, me da lo mismo.

Quien no lo haya sabido interpretar y no haya visto la orden
de contabilidad de abril de 1992, no va a conocerlo, pero está
publicado en el Boletín Oficial del Estado. Es un error no
contable -preciso-; es la interpretación de los datos de
contabilidad.

En cuanto a los 345.000, aunque coincidan, no es la cifra
necesaria que ha salido para equilibrar. No tienen



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ninguna otra finalidad los 345.000, aunque sumándolo a la
aportación del Estado no puede cuadrar; no puede cuadrar la
cifra del presupuesto sanitario porque las cotizaciones que
aporta la Seguridad Social en 1994 son 717.000 millones. Por
tanto, no podría ser sustitutivo de esa aportación por
cotización. Pero, desde luego le aclaro, desde la elaboración
del presupuesto, que no tiene la finalidad de hacer un cuadre
total de equilibrio en términos de gastos globales e ingresos
globales del Sistema de Seguridad Social.

Insisto, y siento que no le pueda dar más aclaración, en que
nosotros la determinación de la base de cotización la hemos
hecho, según hemos visto, estudiando las series y la evolución
de las bases de cotización y en función de esa estimación por
tendencia nos ha salido el 6,2. Si acertamos o no, lo
tendremos que ver al final del ejercicio, pero no le puedo
añadir más, sino que lo hemos hecho con una estimación
tendencial, no tendenciosa, concretamente de lo que es la
evolución de la base de cotización. (El señor Vicepresidente,
García Ronda, ocupa la Presidencia.)
El billón de pesetas era a lo que yo me refería al decir
910.000. Un dato, 957, más una depuración de certificaciones,
910.000. Era lo que le indicaba en cuanto a la explicación de
la morosidad del sistema, morosidad que corresponde a cinco
ejercicios y que, en buena parte, en un 60 por ciento, se
refiere a insolvencias, empresas que fracasan y después,
aunque deban a la Seguridad Social, ya no existen como tales
empresas, o que están en procedimientos concursales, por
consiguiente dentro de un procedimiento, o están impugnadas
ante los tribunales. Por consiguiente, de dudoso cobro en ese
60 por ciento. Pero es una deuda histórica, no una deuda
anual.

El número de cotizaciones, si se ve todos los regímenes, es el
mismo que en 1993; yo tengo en mis datos 11.773.328, sin
contar los desempleados. Como quien me ha dado a mí este dato
es el mismo que ha elaborado el informe, deduzco que la
información ha de ser coherente, pero si hay alguna
diferencia, lo podríamos aclarar sin ningún problema.

Crecimiento cero.

En cuanto a la ILT, sí me parece que le dije (y si no, perdone
y se lo digo rápidamente) que lo que hemos estimado que ha
disminuido la tendencia de gasto con motivo de la reforma
realizada en julio de 1992 han sido 75.500 millones al año.

Yo creo que no hay una diferencia (posiblemente se explicará
de una forma distinta) entre lo que ha dicho el Secretario
General de Empleo y lo que digo yo en cuanto a las
transferencias del Inem, sin perjuicio de que en una
transferencia de esa naturaleza se tenga que poner en
concordancia análisis, efectivos de personal, medios
informáticos, programas. Lo que sí es cierto es que en este
momento habrá que ver lo que se discute con los interlocutores
sociales, porque uno de los elementos de discusión es la
reforma de todo el tema del Inem. Por consiguiente, también
tenemos que tener en cuenta el resultado de esas
conversaciones, al menos así lo creo. Pero ante la duda, haga
más caso al Secretario General de Empleo, que esa es su
competencia, no la mía. Mi competencia es la de receptor y es
la del que decide esa transferencia.

En cuanto a la invalidez provisional, no le puedo añadir más a
lo que ya he dicho. Por lo que se refiere al ahorro de ILT e
invalidez provisional, difícilmente se lo puedo decir, porque
no es que en concreto nuestro planteamiento quiera trasladar
las competencias a unas u otras comunidades; no. Lo que ocurre
es que en ILT y en invalidez provisional, quien da la baja es
el médico, y los médicos no dependen de esta Secretaría
General; dependen del área sanitaria y, en su caso, de las
Comunidades autónomas que tienen transferida la gestión
sanitaria.

Señor Presidente, estoy intentando ajustarme a la hora. Me
preguntaba que si había algún cambio. Sí, hay un cambio, pero
no en ILT ni en invalidez provisional. Hay un cambio previsto
para invalideces. Hemos previsto en la ley de presupuestos que
tendremos que discutir con otras áreas de la Administración la
creación del tipo de evaluación de incapacidades dependientes
del INSS, pero para la evaluación de la invalidez permanente,
no la ILT ni la invalidez provisional.

Decía el señor Peralta que cuánto a las mutuas. Pues lo que
tenga su presupuesto. Las mutuas tienen, en incapacidad
temporal, 59.218 millones de pesetas. Eso es lo que da por
accidentes de trabajo.

El dato de cotizaciones se lo he dado hace un momento:
11.773.328; no se incluyen ahí las cotizaciones por los
desempleados y es la variación cero.

En cuanto a la morosidad, la comparación que hace S. S. tiene
su efecto, no desde el punto de vista de medir o no el grado
de eficacia. Que el sistema financiero lo pueda repercutir y
el sistema público no pueda hacerlo es algo muy diferente. Lo
que sí es cierto es que la morosidad que tiene la Tesorería
General y la eficacia suya de recaudación es inferior al
sistema financiero. Era lo que intentaba decir para buscar un
«ratio» comparativo en el sentido del grado de morosidad. Por
decirlo más claramente, el grado de morosidad de la Tesorería
General es el grado de morosidad normal en una situación como
la actual o en un período 1988-1992, cuando otros que tienen
otra selección de clientes -entre comillas lo de clientes-
tienen un grado de morosidad mayor. Obviamente no es una
empresa mercantil la Tesorería General para la Seguridad
Social.

Hay algo que no había contestado y que efectivamente tiene
razón. De la morosidad que estoy hablando no me estoy
refiriendo ni a retenciones por cotizaciones de trabajadores,
ni a retenciones por accidentes de trabajo. Es algo que se
cobra automáticamente y que las empresas, cuando hacen la
declaración y dejan de pagar la cuota empresarial, sí que
pagan. En el caso de que no se pagase la actuación ya no sería
administrativa, sería de otro rango. Por lo tanto, me estoy
refiriendo



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a la cuota empresarial, salvo las empresas que no declaran,
que son de economía sumergida. Evidentemente, eso engloba
todo.

Me decía el representante del Grupo Socialista si al final
sería cero si se produce ese crédito extraordinario a favor
del Inem. Efectivamente, se produciría un saldo cero en la
cuenta de relación.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Concluida su
contestación, damos las gracias al Secretario General de la
Seguridad Social.




-DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (GARCIA
MENA). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS: POPULAR (Número de
expediente 212/000140) e IU-IC (Número de expediente
212/000310).




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Vamos a dar paso a la
siguiente comparecencia, que es la del Secretario General del
Tribunal de Cuentas, don Ramón García Mena, que ha sido
solicitada por el Grupo Popular y por el Grupo de Izquierda
Unida.

Tiene la palabra por el Grupo Popular, la señora Rudi.




La señora RUDI UBEDA: En primer lugar, quiero agradecer, un
año más, la presencia ante esta Comisión del Secretario del
Tribunal de Cuentas, don Ramón García Mena, y paso de manera
rápida a realizar tres o cuatro preguntas con respecto al
presupuesto del citado organismo para el año 1994.

Dentro del detalle del programa 111.C, Control externo del
sector público, aunque es conocido por esta Diputada que el
programa de fiscalización es la prueba plena y que será el
Presidente del Tribunal quien en una fecha posterior
comparezca ante la Comisión Mixta para hablar de ello, quería
hacer referencia a dos cuestiones contenidas en esta memoria.

Por una parte, se habla de que se ha extendido durante el
ejercicio de 1993 el alcance objetivo de la fiscalización de
las cuentas generales de las comunidades autónomas que carecen
de órgano de control externo. Es sabido por todos los que
somos miembros de la Comisión Mixta y que seguimos la labor
del Tribunal, que era un trabajo que estaba acumulado y
pendiente. Viendo esto da la sensación de que esto ya ha
terminado; sin embargo, que yo sepa, a la Cámara no han
llegado todavía esos informes. No sé si el Secretario General
está en disposición de decirme en qué momento procesal se
encuentran en el Tribunal.

Lo mismo con respecto a la declaración definitiva de la Cuenta
general del Estado. La última que tenemos en la Cámara es del
año 1989. Sé que se estaba trabajando de manera intensa, por
lo menos así nos lo ha venido diciendo el Presidente del
Tribunal, para ponernos al día, pero me gustaría conocer
exactamente en qué situación está ese trabajo en el Tribunal
en estos momentos.

Pasando directamente a lo que es el presupuesto orgánico y sus
cifras, en el total del presupuesto del Tribunal, si
comparamos 1994 con 1993, hay un incremento relativamente
pequeño, no llega a 300 millones de pesetas, pero lo que sí me
sorprende es que ese incremento está contemplado en gastos de
personal en un año en el que, me imagino, la congelación de
plantillas previstas en el resto de los presupuestos generales
afecta también al Tribunal. Sin embargo, hay un incremento de
un 8 por ciento en 1994 con respecto a 1993 y nos gustaría
conocer a qué se debe.

Del resto de las variaciones no merece la pena hacer mención.

El Capítulo II tiene una variación muy pequeña, que no llega
al 1 por ciento; en el Capítulo IV, en términos de porcentaje,
la variación es importante pero sé que es la cuota al
organismo internacional y me imagino que nos viene dada.

Quería referirme a las inversiones, Capítulo VI, que tiene una
baja importante en 1994 con respecto a 1993, un 30 por ciento.

He estado comparando el anexo de inversiones reales y la
programación plurianual, la de 1993 con la de 1994, y hay
primero una baja muy pequeña respecto al presupuesto inicial
de 1993 y a lo que después se contempla en 1994 como dato de
1993. Luego hay unas bajas en todas las previsiones de
inversión, tanto en equipos informáticos, como en maquinaria y
demás. Querría que nos comentara el señor Secretario cómo
lleva la actualización de los equipos informáticos del
Tribunal y si era necesaria esta baja importante.

También agradecería que nos informase sobre el proyecto de
ampliación y adquisición de nuevos edificios; cómo está en
estos momentos. Las valoraciones que están contempladas en los
presupuestos ya las veo, pero querría saber si son suficientes
y si cree que se van a cumplir las previsiones de inversión.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Habíamos solicitado la comparecencia
del Presidente del Tribunal para la discusión del Presupuesto,
pero, al hacerse a través del Secretario General, vamos a
hacer las preguntas centradas en el objetivo de aclarar el
presupuesto y los objetivos políticos que pueda marcarse el
propio Tribunal.

Una de las deficiencias y limitaciones mayores que tenemos es
la eficacia en el control presupuestario, porque en la
evolución presupuestaria estamos liquidando y aprobando
presupuestos nuevos sin tener elementos suficientes de
conocimiento ni exactitud del funcionamiento de la cuenta
pública. ¿Cuáles serían las medidas necesarias para actualizar
los informes del Tribunal de Cuentas a fechas más recientes de
las que



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nosotros podemos contar, tanto en la cuenta del Estado, a
nivel general, como de las cuentas en las distintas
administraciones? Informes tanto en la vida municipal como en
la vida regional. Las cuentas que se están entregando ahora
son del año 1989 en las comunidades y las del propio Estado.

Qué esfuerzo, tanto presupuestario como organizativo, se
debiera hacer para tener una información más al día.

La segunda pregunta iría dirigida al volumen de informes que
haya podido producir este organismo que dispone, como volumen
de altos cargos en el Tribunal, aproximadamente de 185
millones de pesetas, dentro del Capítulo I. Qué volumen de
informes se ha realizado, qué fiscalizaciones se han hecho
durante este año, qué número de documentación se ha podido
intervenir por parte del Tribunal de Cuentas.

En el tema del funcionamiento, este organismo tiene un
crecimiento de personal del 9 por ciento. Es uno de los
organismos que más crece a nivel de personal. En concreto,
además del crecimiento de personal, me gustaría conocer el
funcionamiento dentro, las relaciones de puestos de trabajo,
de qué manera funcionan y de qué manera se pueden mover dentro
de esa relación de puestos de trabajo las personas que allí
trabajan, porque puede haber un exceso de discrecionalidad,
inclusive parece ser que para este año la libre designación va
a funcionar para puestos de nivel superior al 27. Hay un
excesivo uso de la libre designación para un funcionamiento de
un Tribunal que entendíamos que es más bien técnico. La libre
designación puede jugar que a la composición que el Tribunal
tenga en cada caso haga consolidar puestos en función, no de
un movimiento interno amplio. Estaban retenidas o tenían
retraso las convocatorias de auxiliar y administrativo dentro
del propio Tribunal. No sé si la ampliación del 9 por ciento
es para hacer frente a esa oferta o si es para otro tipo de
actuación.

En cuanto al arrendamiento, ustedes tienen unos gastos de
arrendamiento de inmuebles muy altos y este año se proponen
nuevos alquileres. Me gustaría saber si se han hecho gestiones
para buscar locales que puedan ceder las Administraciones ante
este volumen de alquiler. Ustedes tiene un Capítulo 2 muy alto
y en alquileres viene a estar en torno a 180 millones y en
este nuevo Presupuesto nos proponen un incremento de 6.100.000
pesetas.

Por último, por lo que se refiere a la partida de seguridad,
ustedes tienen contratado con una iniciativa privada la
prestación de los elementos de seguridad por unos treinta y
tantos millones de pesetas, no sé si son 34 ó 35 millones de
pesetas. A mí me gustaría conocer si es que este servicio de
seguridad no lo pueden aportar las Fuerzas de Seguridad del
Estado y que, como tal organismo institucional, pudiera
suplirse esa privatización de un servicio que nosotros creemos
que lo puede aportar las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra para
las contestaciones pertinentes el señor García Mena.




El señor SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García
Mena): Muchas gracias, como siempre a la señora Rudi, tan
amable y cortés, por darme esa bienvenida. Se lo agradezco
sinceramente y quiero corresponder a ello.

Por lo que se refiere a la memoria presupuestaria, se marcan,
como es lógico, unos objetivos que podríamos llamar primarios,
es decir, dónde se quiere llegar, y, como es lógico en toda
programación o en toda clarificación, las actividades
fiscalizadoras del Tribunal se concretan, como ha dicho muy
bien S. S. en el programa de fiscalización.

Efectivamente, existió, como conocen muy bien estas Cámaras, y
muy especialmente la Comisión Mixta de Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, un determinado parón con relación a las
cuentas de las comunidades autónomas que carecen de órgano de
control externo. Como habrán podido apreciar SS. SS., el
último año, concretamente en parte del año pasado y en lo que
llevamos de éste, se han ido aprobando por el pleno muchos de
aquellos informes que databan, si mi memoria no falla, de 1983
a 1988. Eso yo diría que está prácticamente terminado. Por
supuesto que estoy hablando de lo que yo conozco, ya que soy
el Secretario, como conocen, del Pleno. Junto a eso, las
informaciones que se dan en cuanto a cuál es el Estado de las
fiscalizaciones, me atrevería a decir que está prácticamente
terminado ese primer bloque, que era muy importante y que,
además, era lo primero que se hacía con las Comunidades
Autónomas, ya que había mucho retraso en relación con los
propios parlamentos autonómicos, que habían aprobado ya, en
algunos casos, sus cuentas, pero creo que se ha hecho con
bastante eficacia.

Por lo que se refiere ya a 1989 en adelante, me atrevería a
decir que está muy avanzado. Yo no puedo dar, como lo puede
hacer en la Comisión Mixta el propio Presidente del Tribunal,
datos concretos. Me encantaría, pero no los conozco. Sé que
está muy avanzado tanto lo que se refiere a 1990 como a 1991.

En cuanto a la declaración definitiva, también con esa
salvedad y con esa reserva, en cuanto a que puedo equivocarme,
diría que la declaración de 1990 puede llegar a las Cámaras
antes de que acabe el año. También sé que eso, no ha impedido
que se esté examinando, comprobando y elaborándose, como dice
la ley, el informe anual correspondiente de la que corresponda
a 1991; es decir, se está haciendo simultáneamente. Yo, el
«timing» de cuándo se podría presentar esta declaración
definitiva y la memoria o informe anual, sintiéndolo mucho no
puedo hacerlo.

En cuanto a los gastos de personal, tengo que decir que, como
todas SS. SS. conocen, el Tribunal no es un organismo que
tenga a su cargo la gestión de inversiones;



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es un organismo exclusivamente técnico y, por lo de siempre,
sin perjuicio de que las inversiones sean necesarias para
atender el funcionamiento normal del Tribunal, el mayor
porcentaje, yo diría que la casi totalidad de los créditos, se
van a personal y aquello que es ayuda o apoyo para que el
personal pueda funcionar: edificios, conservación de
edificios, elementos informáticos, etcétera.

Efectivamente, ha subido 224 millones, si mis cifras son
exactas, en cuanto a personal funcionario y 32 millones en
personal laboral. El año pasado, cuando se presupuestó para
1993 el Presupuesto, figuraban 199 plazas para el grupo A y
270 para el grupo B. ¿Qué ocurre cuando se presupuesta, pero
no se tiene el efectivo en ese momento o no se va a tener en
un plazo relativamente corto? Pues que la técnica
presupuestaria exige que exista una reducción por provisión de
vacantes. En este caso concreto de 1993, de 199 plazas que se
pedían para su dotación, hubo una reducción de vacantes
cercanas a los 400 millones de pesetas. En definitiva, las
cifras que figuran en el presupuesto para el grupo A son
relativas a 149 puestos del grupo A, que es lo que estaba
dotado, más esa provisión, valga la expresión, esos créditos
quedan de alguna manera aparcados en el Ministerio de
Hacienda, cuando -si es por oposiciones se cubren las plazas-
el organismo correspondiente pide una dotación con cargo a
esos créditos.

En el caso del Tribunal no ha hecho falta siquiera, para lo
que correspondía al año 1993, haber hecho uso de esos cerca de
400 millones.

En cuanto al grupo B, se dotaron 246 puestos del grupo B para
contadores diplomados. Para los grupos C y D, 50 para el grupo
C y 65 para el grupo D.

¿Qué es lo que ocurre en el año 1994 con relación a 1993? Pues
que de esas bajas o retraso en provisión de vacantes se hace
uso, y no tampoco de la totalidad, no de los cerca de 400
millones de pesetas, sino sólo de 224 millones de pesetas.

¿Qué se incluyen en estos 224 millones de pesetas? Se
incluyen, muy concretamente, cinco plazas de letrados que se
cubrieron en las oposiciones celebradas; siete plazas de
auditores que se cubrieron también en las oposiciones
celebradas -precisamente está en conexión con una pregunta que
se ha hecho posteriormente- y 30 nuevos funcionarios de los
grupos C y D. No está resuelto todavía el concurso. Hubo
12.000 peticiones para 45 puestos convocados. Esto supone
físicamente una habitación llena de peticiones. Este concurso
es un concurso específico. Saben SS. SS. que hay una
distinción, que es la de concurso pura y simplemente y
concurso específico. El concurso pura y simplemente hace
referencia a una primera y única fase, donde se valoran el
grado personal consolidado, el nivel del puesto de trabajo que
se desempeña, donde se valoran los cursos y donde se valora
también la antigüedad. Este no es puro y simple, éste es un
concurso específico, donde hay una segunda fase, y en esta
segunda fase lo que se valoran son los méritos relativos al
puesto de trabajo concreto que se pide, y junto a esos méritos
relativos es necesario que el candidato elabore una memoria
con lo que él cree o estima que es el contenido de ese puesto,
de acuerdo con la convocatoria, de acuerdo con la relación de
puestos de trabajo y de acuerdo con la idea particular o
propia que tenga de cómo podría ser mejor el desarrollo de ese
puesto. Con ello quiero significar -y no deseo cansar a SS.

SS.- el trabajo que eso tiene, no ya la primera fase, que,
obviamente, lleva un trabajo muy importante de introducción de
datos en el programa informático que se elabore y comprobación
de esos datos; en definitiva, ésta es una valoración que se
puede hacer por un programa informático. Pero la segunda fase
sí, porque consiste en examinar qué requisitos posee, cuál es
su experiencia, que también se ve porque tiene que explicarla
en uno de los impresos que acompañan a la convocatoria, cuál
es su experiencia concreta para el puesto, cuál es esa memoria
a la que me refería antes, etcétera. Yo lo que puedo adelantar
es que está tan sumamente avanzado, que me atrevería a decir
que antes de la primera decena del mes próximo estará
resuelto.

¿Qué resultados, qué consecuencias tiene esto? Tiene la
consecuencia de que no sabemos obviamente, hasta que no esté
resuelto, qué personas van a ocupar los puestos, si son de la
casa o no son de la casa, si vienen de otras administraciones
públicas o no vienen, pero sí sabemos el número, porque, en
definitiva, el concurso se ha convocado, a su vez, para
poderse cubrir por resultas; aquellos puestos que quedan
vacantes son cubiertos por resultas y van a llegar 30 nuevos
funcionarios, no sabemos todavía si son del C, del D, de dónde
proceden, que van a ser nuevos en el Tribunal. Pues bien, esos
224 millones hacen referencia a la dotación para esas doce
plazas de los cuerpos superiores que ingresaron y a los 30
funcionarios que van a ingresar nuevos en el Tribunal. Yo he
tenido ocasión de exponer en esta Cámara que lo que se refiere
a funcionarios propios de la casa aumenta sin más el
presupuesto, pero lo que se refiere a funcionarios que vienen
de las administraciones públicas lo aumenta aparentemente,
porque dejan de percibir en la Administración de origen, y el
Tribunal, en definitiva, si nos fijásemos en el presupuesto
inicial de las administraciones públicas -y en este caso
podríamos considerar a esos efectos exclusivamente que el
Tribunal es una Administración pública-, veríamos que no se
había aumentado, porque se había dado de baja en un lugar y se
había dado de alta en otro. Pero lo que quiero significar es
que, efectivamente, esas cantidades que se ponen más en el
presupuesto no son por ninguna modificación de retribuciones,
porque, obviamente, al Tribunal le es aplicable la Ley General
Presupuestaria, sino que obedecen precisamente a que hay que
dotar plazas que han ingresado. En este año también hay una
reducción por retraso en provisión de vacantes, que obviamente
no figura en las cifras presupuestarias.




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¿Por qué? Porque se han convocado 10 plazas para ingreso en el
cuerpo superior de letrados, 24 plazas para ingreso en el
cuerpo superior de auditores y 20 plazas para el cuerpo de
contadores diplomados. Se espera -porque además ya está
marcado el comienzo de los ejercicios, que es enero de 1994-,
que puedan haber terminado las distintas pruebas selectivas
antes del 1 de octubre para que pudiesen tomar posesión. No
parece posible que sea antes del 1 de octubre; podrá ser el 15
o el 25. Y en esos 224 millones de pesetas sí se mete esa
cuarta parte de año, sí se mete en un trimestre para esas
nuevas plazas que pueden cubrirse el próximo año.

Por lo que se refiere al personal laboral, ha sido
exclusivamente cumplimiento de convenio. El convenio prevé una
reclasificación -con los requisitos de titulación no
corrientes que se exigen en todos los casos y que así está
plasmado en el convenio- entre los grupos A, B, C y D. Es
decir que el que tiene los requisitos del A está previsto en
el convenio que pasase a ocupar un puesto del grupo A, el B,
el C, el D, etcétera. Esas son las pequeñas cantidades que
suponen. Además, como es lógico, con arreglo al artículo 21 de
la Ley de Presupuestos Generales para 1992 -creo que no me
equivoco, que es el artículo 21-, se prevé -y también está
previsto en el convenio- que el personal laboral al servicio
de la Administración tiene derecho a percibir productividad.

Se incluye por primera vez la productividad para este
personal, en igual proporción que se incluye para los
funcionarios.

¿Qué ocurre con el Capítulo VI? En este ejercicio con relación
a 1992 hubo una reducción del 18 por ciento, ahora hay una
reducción del 21,2 por ciento. El Tribunal, cuando empezó el
proceso de informatización o con la incorporación de nuevas
tecnologías, si SS. SS. lo desean, de la información, estaba
carente absolutamente de ningún elemento informático. Ni qué
decir tiene -y eso habrá ocurrido también en los órganos
administrativos de las administraciones públicas- que en el
caso del Tribunal las máquinas de escribir no eran ni
eléctricas. De eso se ha pasado a una primera adquisición en
los primeros años de ordenadores personales. Aparte de los
ordenadores personales se ha adquirido, un aparato UNYS para
llevar me parece que se llama nómina «ledaes», que ha sido
experimentada y aplicada, obviamente, por el Ministerio de las
Administraciones Públicas, y que costó una inversión que va a
permitir no solamente la rapidez, no solamente el que pueda
tenerse cualquier dato en cualquier momento en cuanto a
retribución o nómina, sino también la seguridad. (El señor
Presidente ocupa la presidencia.) Eso es también una
inversión, pero ha sido una inversión en un año distinto del
año 1994 que estamos considerando. Es decir que en estos
momentos es tan importante en el sentido de justo, casi justo
lo que se necesita para la adquisición de nuevos elementos
informáticos, que no es necesario mantener las cifras de
informática que en años anteriores.

Estas cifras, que no están en el presupuesto explicadas por
conceptos, en lo que se refiere a la informática, son
exactamente: para maquinaria, 30 millones, para mobiliario, 25
millones, y para informática, 95 millones. ¿A qué se van a
dedicar esos 95 millones en informática? A cinco programas:
gestión de datos en soporte óptico. Yo no soy experto en
informática, pero esto supone que en documentos que llegasen
al Tribunal poderlos pasar por sistema -un sistema
relativamente complicado- a soporte magnéticos y tenerlos
ópticamente en cualquier momento. Para esto se programan 23
millones de pesetas.

En cuanto a la informatización de la sección de
enjuiciamiento, a la que se hace referencia en la propia
memoria y que está muy avanzada, se ha hecho el análisis
funcional, ya está casi terminado el análisis orgánico, es
necesario adquirir el «software» correspondiente, y se valora
en 7 millones de pesetas. También se informatiza la sección de
fiscalización. Está muy avanzado, asimismo, el análisis
funcional. Es necesario adquirir el «software» preciso. Esto,
como es lógico, es más en cantidad que en la sección de
enjuiciamiento y se presupuestan 18 millones de pesetas.

Otro programa es la adquisición e instalación de redes de área
local. Muy brevemente, esto supone la comunicación entre los
propios departamentos y con los demás y, además, el ahorro de
elementos informáticos valiosos, como pueden ser las
impresoras, etcétera, porque no hace falta que tenga cada uno
una. Lo explico muy someramente, señorías, porque no quiero
abrumarles. Eso se valora en 24 millones de pesetas.

Un último programa es la nueva adquisición y reposición de
equipos. Los equipos antiguos hay que reponerlos y todavía
falta adquirir unos pequeños equipos para poner en marcha el
plan informático, que está también muy avanzado. De todas
formas, si S. S. desea cualquier información, por escrito se
le puede remitir.

En cuanto a la ampliación y adquisición de edificios, hay dos
momentos: el momento que se refiere a cuando el Tribunal
aprueba el presupuesto, y a él se refiere la memoria, y un
momento posterior, en el que el Tribunal había tomado la
decisión inicialmente, por supuesto, previas gestiones con la
Dirección General del Patrimonio del Estado. Es más, hasta se
llegó a ver un edificio del Patrimonio, se dijo que sí, que lo
adquiriría el Tribunal, y cuando el Tribunal quiso ya entrar
para realizar determinadas obras, como puesta de mamparas,
etcétera, se dijo que había habido un error y que había sido
ofrecido anteriormente -y así había sido confirmado que se
aceptaba- a otro departamento ministerial. Por tanto, el
Tribunal no tenía por parte de Patrimonio ningún edificio -no
eran un edificio-; sólo se trataba de 2.000 ó 3.200 metros
cuadrados. Realmente el Tribunal -como ya tuve ocasión de
exponer el año pasado- está muy escaso de espacio. En
cualquier caso, el Tribunal, adoptando unos criterios



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muy rígidos (tan rígidos que en algunos sitios donde se dice
que pueden estar tres funcionarios no cabrían más de dos, pero
va a estar tres o están tres), renunció -y así lo comunicó al
Ministerio de Economía y Hacienda- al nuevo arrendamiento de
un edificio que se había visto concretamente en la calle Prim.

Por otra parte, ¿qué ocurre? Que la Dirección General del
Patrimonio sí tiene hecho el proyecto para un nuevo edificio
del Tribunal que se menciona en la Memoria. En una calle
esquina a Nazaret; reúne todas las condiciones posibles, no de
presente, ya sólo del Tribunal, sino, obviamente, de futuro y
se ha prometido por la Dirección General del Patrimonio del
Estado que en julio de 1995 el edificio está terminado, con lo
cual el Tribunal, obviamente, dejaría todos los edificios, el
de Fuencarral, el de Padre Damián y el que tiene arrendado en
Beneficencia que es el único arrendado; los demás son de
Patrimonio del Estado.

Ocurre que la Memoria está hecha en el mes de julio; sin
embargo, el presupuesto, en lugar de 180 millones, ya supone
115 millones, menos los 65 que iban a valer para pagar el
arrendamiento del nuevo edificio. ¿Por qué se incluyen seis
millones más? Por una razón muy sencilla. Se ha calculado que
el IPC va a subir un 3,5 por ciento -es un cálculo previo al
presupuesto, luego veremos la realidad- y, además, se incluyen
los gastos de comunidad. ¿Por qué este año no podemos hacer
frente con los mismos créditos de comunidad que el año que
viene? Porque no hemos pagado gastos de comunidad. Hemos
conseguido, aunque estábamos ocupando las plantas de ese
edificio -porque no estaba terminado el portal, ya que todavía
no tenía el servicio de vigilancia, etcétera quedar exentos
para el pago de gastos de comunidad. Y esos son los seis
millones y a eso se refiere el aumento.

Contesto a S. S. a aquello que yo tenga posibilidad. Perdóneme
S. S., pero yo no soy el competente para valorar si el control
externo del sector público se lleva con eficacia porque no es
competencia mía. En cuanto a las fechas, no puedo decirle nada
que sea diferente a lo que le he dicho a la señora Rudi,
porque no es un tema que yo lleve en el Tribunal; me agradaría
enormemente, señoría, poderle contestar.

En cuanto al esfuerzo que se debe hacer precisamente en
relación con los funcionarios que vienen de las
administraciones públicas, le diré que son los estrictamente
necesarios. Si nosotros tenemos en cuenta que la plantilla de
letrados es de 55, que la plantilla de auditores de 87 y que
pueden venir tantos en número del uno como del otro, es decir,
142, de otras administraciones públicas, yo, señoría, sólo le
quiero indicar que actualmente hay 32 letrados del cuerpo
superior de letrados en el Tribunal, que hay 22 auditores, que
como la Ley podía permitir que los censores, antiguos letrados
y contables -entre los que me incluyo- podían optar para el
cuerpo de letrados o de auditores, según la titulación, o
quedarse a extinguir, hay uno de aquéllos a extinguir y de
otras administraciones públicas hay 82. ¿Qué ocurre cuando el
Tribunal tiene que hacer frente precisamente por ese esfuerzo,
por esa puesta al día, por esa cada día mayor amplitud en su
ámbito o su objetivo de las fiscalizaciones? Por ejemplo, les
diré que en las comunidades autónomas no solamente se han
ampliado las cuentas, sino que se han ampliado los organismos
autónomos y empresas públicas; es que también se ha ampliado
la contratación administrativa, es que en las corporaciones
locales se van a ver las cuentas de los municipios superiores
a una población de 5.000 habitantes. ¿Saben SS. SS. cuántos
municipios son superiores a 5.000 habitantes? Mil cien.

Además, se va a ver, a su vez, una muestra de los municipios
menores, que son -si mal no recuerdo- 6.973. A la vista de
estos datos de lo que tiene que hacer el Tribunal hace falta
que tenga la dotación de medios, y si no puede acudir, porque
por la vía de la oposición -aparte de lenta, no se cubren las
plazas, excepto el año pasado que se cubrieron las cinco
plazas de letrados convocadas- no se cubren las plazas
convocadas, tiene que hacer frente, por lo menos inicialmente,
a traer de otras administraciones. Con los datos que he dado
sobre el aumento de créditos de personal, se tiene una
deducción muy clara; pocos funcionarios de otras
administraciones públicas se van a poder convocar porque no
habrá créditos para poder hacer frente a las retribuciones. Me
referí antes a las cifras concretas de 224 funcionarios,
también me he referido a que van a venir 30 funcionarios de
otras administraciones públicas.

En cuanto a seguridad, el Tribunal desde hace tiempo se
dirigió a la Dirección General de la Guardia Civil y se
lograron dos puestos de la Guardia Civil -que no tenían-, como
tampoco existía seguridad en Padre Damián. Estoy hablando de
la seguridad -aparte de que, como es lógico, cuando está en
funcionamiento está el personal subalterno, etcétera, que es
el que realmente hacía de seguridad- cuando se cierra el
Tribunal. A partir de las tres de la tarde en Padre Damián
tuvo que montarse un servicio de seguridad y, a su vez, los
sábados, domingos y festivos, no hay funcionarios, no está
abierto y no hay nadie que trabaje ni que pueda vigilar. Pero
no hablemos ya de seguridad física, sino de inundación,
etcétera. Por tanto, ¿qué se cubre con esos 34 millones? Se ha
reducido la partida, incluso habiéndose ampliado el servicio
de seguridad. Se cubre, concretamente, Padre Damián, que hemos
logrado poner otros dos puestos de la Guardia Civil, a partir
de las 8 de la tarde, que es cuando acaban, hasta las 8 de la
mañana, sábados, domingos y festivos. Y en Fuencarral, a
partir también de las 8 de la tarde y hasta las cuatro de la
mañana, sábados, domingos y festivos. En Beneficencia, puesto
que en el arrendamiento está incluido un servicio de seguridad
propio de la Comunidad, no tenemos por parte del Tribunal
ningún servicio montado de seguridad. Insisto en que, a pesar
de haberse ampliado en la calle de Fuencarral ese servicio,



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se ha reducido cuatro millones en cuanto al presupuesto de
1993.

No sé, señorías, si he contestado debidamente. Pido disculpas
por aquellos temas que no conozco y sobre los que no puedo
precisar.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Con la intervención del
señor García Mena finaliza la comparecencia del Secretario
General del Tribunal de Cuentas.




-DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA (SEQUEIRA DE
FUENTES), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (Número
de expediente 212/000207).




El señor PRESIDENTE: Comienza la comparecencia del
Subsecretario de la Presidencia, solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Cisneros.




El señor CISNEROS LABORDA: Debemos empezar por felicitar a don
Fernando Sequeira, toda vez que nos encontramos de nuevo en
este trance de la comparecencia presupuestaria a pesar de
haberse producido un relevo en la titularidad del Departamento
ministerial, elemento de estabilidad que dice en favor de la
eficacia de la gestión del señor Subsecretario.

Nosotros, en principio, como Grupo, valoramos y enjuiciamos
positivamente el renacimiento del viejo Departamento de la
Presidencia con la refundición del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y Portavoz del Gobierno, porque creemos que
responde a un esquema administrativo más racional, más
austero, y lógicamente yo no incurriría en el error grueso de
hacer comparaciones. Es algo en lo que ya pido un poco la
colaboración del señor Subsecretario para que nos desglose en
qué medida este proceso administrativo se proyecta
adecuadamente sobre el presupuesto. Naturalmente, si
hiciéramos abstracción de ese dato, tendríamos que
escandalizarnos. La Sección 25 se eleva en 50.000 millones de
pesetas; hay un incremento de un 129,2 por ciento respecto a
1993; en Gastos de personal nos encontramos con un incremento
del 27,6; en el Capítulo 2, del 28,1; en Transferencias
corrientes, del 380,6 por ciento (el señor Subsecretario y yo
sabemos por qué y sobre eso sí que le pediré algunas
aclaraciones posteriores). Le pediría, en consecuencia, que
nos tradujera, sobre los sumandos de los dos departamentos
ministeriales refundidos, si efectivamente esa pretendida
austeridad y racionalidad luce en el presupuesto o si nos
encontramos con el mero efecto agregativo de dos presupuestos
de 1993 preexistentes con las modulaciones o variaciones que
el conjunto del presupuesto haya sufrido.

Una aclaración respecto a la ejecución del presupuesto de
1993. Querría que el señor Subsecretario nos facilitase aquí,
si es posible, o por escrito en trámite posterior, si no está
en condiciones de hacerlo ahora, el grado de ejecución y de
cumplimiento del presupuesto de 1993, concretamente en su
Capítulo 6, «Inversiones reales»; el destino de los
783.700.000 pesetas que tenía presupuestadas, obras e
inversiones que se han ejecutado, empresas particulares o
empresas que hayan resultado adjudicatarios y procedimientos
de concurso o adjudicación directa en virtud de los cuales se
haya producido la adjudicación.

Aunque se trate de una cantidad mucho más modesta, y al señor
Subsecretario no le sorprenderá, como éste es un tema
recurrente, también el destino que han tenido, quiénes han
resultado agraciados en este año con el Capítulo de estudios y
trabajos técnicos; ciertamente era una cantidad pequeña, eran
3.069.000 pesetas, si no recuerdo mal o si los papeles no me
engañan, los que aparecían dotados en el presupuesto vigente
de 1993.

Quería hacer unas consideraciones muy generales sobre las que
querría el juicio del señor Subsecretario, en relación con el
sobresalto, el auténtico sobresalto que todos sufrimos al
echarnos a la cara el presupuesto de su Departamento este año
y encontrarnos en el Capítulo 2, Gasto corriente, con una
cifra exorbitante y que carecía de cualquier precedente en los
presupuestos de los años anteriores. Abundando en el
presupuesto, hemos descubierto que se trata de una sub-
vención a la Agencia EFE. No quiero presumir en absoluto
porque no lo soy de experto en la materia, pero, en principio,
nos resulta sorprendente su inserción sistemática en el
Capítulo 2 bajo el epígrafe «Materiales, suministros y otros».

Entendemos que se trata de una transferencia, que creemos que
podría lucir en el programa de cobertura informativa, en el
programa de cooperación cultural, pero no acabamos de ver las
razones de técnica presupuestaria en virtud de las cuales
aparecen esos 5.680 millones de pesetas en el Capítulo 2, que
a todos los lectores del presupuesto ha sobresaltado, con
independencia del fondo. Sobre el fondo, yo comprendo que no
es quizá el señor Subsecretario el destinatario de nuestros
reparos u objeciones, pero, en todo caso, tendremos que volver
sobre él con el presidente de la Agencia EFE, porque no está
nada claro que esta asistencia financiera desde el Estado,
desde la Presidencia del Gobierno, se justifique con una
Agencia que funciona en un régimen de economía de mercado. No
tenemos, en principio, nada en contra de la existencia de una
agencia de bandera, como se da normalmente en casi todas las
grandes o medias potencias, que cumple unas finalidades
políticas que pueden ir más allá del estricto perfil comercial
informativo, de concurrencia en el mercado de la información
pero en todo caso, ¿esa subvención se corresponde con unos
cometidos o funciones específicas de la Agencia EFE, de
cobertura de actividad gubernamental? ¿Es ésa la filosofía?
Esa es la filosofía proclamada, pero no sabemos hasta qué
punto no pasa de ser la mera coartada,



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la cobertura de unos déficit que delatarían manifiestamente
una gestión insatisfactoria, teniendo en cuenta sobre todo que
el incremento de la subvención creo recordar que era por el
orden de los mil y algo millones de pesetas con respecto al
año anterior.

Una similar consideración, que yo creo que ya empieza a ser un
arcaísmo de la estructura presupuestaria, que siempre es
inercial y siempre tiende a arrastrarse, es la aparición en
otro programa del llamado contrato-programa con
Radiotelevisión Española, que sabemos también que tiene una
filosofía, puesto que no se trata de que sea la gota de agua
en el sumidero del despilfarro económico, cultural, social,
político, etcétera, que representa la Televisión Española.

Estos veinte y pico mil millones de pesetas están teóricamente
justificados por la subvención a los Coros y Orquesta de Radio
Nacional, según creo recordar. También se me plantearía, en
principio, el problema de inadecuación presupuestaria de su
inserción en el Departamento. Parece que lógicamente sería en
el Departamento de Cultura donde tendría sentido. Pero tampoco
tenemos elementos de juicio, ya que el presupuesto no nos lo
facilita, ni los de Televisión, para saber si esta cantidad se
corresponde exactamente con las necesidades de las funciones
culturales desarrolladas por la Orquesta y por los Coros de
Radiotelevisión Española o son un mecanismo de subvención más
como tantos y tantos otros que concurren en la procelosa
financiación de Radiotelevisión Española.

Al margen de estas dos consideraciones que son ciertamente
reparos, y reparos de cierta monta, que previsiblemente
anticipo que tendrán reflejo en las enmiendas que nuestro
Grupo pueda presentar al presupuesto, algunos comentarios le
oímos a su Ministro, señor Pérez Rubalcaba, en una exposición
muy enfática sobre los propósitos de expansión del Centro de
Estudios Constitucionales, propósito en el que todos
coincidimos y le animamos. No encontramos el reflejo de esa
voluntad política en el presupuesto.

Preocupa al Grupo Popular extraordinariamente los recortes de
transferencias de capital en Patrimonio Nacional. Estamos
trabajando en nuestro Grupo muy seriamente en esto y creemos
que el Patrimonio Nacional delata unos estrangulamientos
financieros gravísimos que ponen en riesgo el mantenimiento
mismo de la preservación de ese fantástico acervo de tesoros
artísticos y culturales que integran el Patrimonio. La mera
enumeración de los principales elementos que lo integran y la
atención presupuestaria que reciben es suficiente para
provocar esa inquietud.

Y tendremos, puesto que va a ser usted responsable a partir de
ahora, desde el punto de vista técnico-administrativo, no
político -lo sé-, de un nuevo programa, que es el de cobertura
informativa, tendremos ocasión de ocuparnos de su gestión y de
sus contenidos. Y sólo a la luz de su gestión y de sus
contenidos podremos valorar la justificación de la atención
presupuestaria que reclama. Porque, por citar un ejemplo, si
quiere muy modesto, todos los Diputados recibimos en nuestros
casilleros unas pequeñas publicaciones provenientes de este
programa, financiadas por este programa, en el que se
contienen las intervenciones del señor Presidente del Gobierno
en las Cortes. Yo no dudo de que es un elemento informativo
del máximo valor, que debe ser difundido en el exterior, a las
embajadas, etcétera, pero se comete la grosería intelectual de
transcribir las intervenciones del Presidente sin las de sus
interpelantes u oponentes o sin reproducir los textos de
aquellos que provocan la intervención del Presidente, de
suerte que a veces son textos absolutamente en el vacío,
descontextualizados, carentes de valor parlamentario y, desde
luego, como elemento documentado de estudio o análisis,
manifiestamente inútiles. Es un entendimiento ciertamente
restrictivo de la función divulgadora del Portavoz del
Gobierno llevado a extremos surrealistas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA (Sequeira de
Fuentes): Gracias, señor Cisneros por sus amables palabras. Yo
también me alegro de encontrarme otra vez con usted en esta
Comisión.

La primera de las preguntas que me formula es sobre las
consecuencias presupuestarias respecto a la refundición de los
Ministerios, puesto que en una lectura no homogeneizada del
presupuesto, es cierto que arrojaría un incremento
extraordinariamente importante. Ese incremento, como usted
adelantaba, y era correcto, deriva de la incorporación a la
sección de la subvención a Televisión Española por un importe
de 26.600 millones y un incremento sustantivo en el contrato
de servicios que la Administración central del Estado tiene
suscrito con la Agencia EFE. De ahí deriva ese importante
incremento presupuestario.

En términos homogéneos, el presupuesto de la sección 25, antes
Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno y Portavoz
del Gobierno, comporta una disminución de aproximadamente unos
trescientos y pico millones de pesetas e incorpora a la
Agencia EFE en esa disminución. Son 305 millones, porque la
Agencia EFE ya viene apareciendo en distintos ejercicios
presupuestarios. O sea que el incremento hasta un total de
50.150 millones es de los 26.600 de Televisión Española. Por
tanto, lo que se produce es un decremento por un importe de
305 millones de pesetas. Me pregunta si esa refundición ha
tenido consecuencias presupuestarias fundamentalmente por la
disminución de altos cargos en el Departamento. En lo
sucesivo, con las relaciones de puestos de trabajo, etcétera,
veremos cuál puede ser, pero por la mera aplicación del
Decreto ya se ha producido una minoración importante en altos
cargos, aparte de la que se ha producido en casi todos los
capítulos como consecuencia de ese nuevo planteamiento
presupuestario, que ha afectado, como



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puede comprobar, a casi todos los capítulos, fundamentalmente
al 2 y al 6.

Me pregunta, en segundo lugar, por el grado de ejecución del
presupuesto de 1993 y me da salida. Prefiero, para ser
riguroso, enviarle los datos por escrito. En el más breve
espacio posible contará con todo grado de detalles sobre ello.

También utilizaré la fórmula de enviarlo por escrito en lo que
se refiere al desagregado de las inversiones que hemos
realizado en el capítulo 6 y los estudios y trabajos técnicos,
un desagregado que en otras ocasiones vengo facilitando.

Hacía unas reflexiones sobre la Agencia EFE que no comparto.

No comparto su concepción. Comparto obviamente la que aparece
en presupuestos, pero el incremento de contrato por un importe
de 1.200 millones es por la congelación a la que hemos tenido
sometida a la Agencia EFE, sin incrementarle el IPC desde
1988. Tenemos formalizado un contrato de servicios con la
Agencia EFE, que puede conocer, pues aunque no me lo haya
pedido le facilitaré el que hemos suscrito y también podrá
conocer S. S. el que suscribiremos cuando lo desee.

Sobre la Agencia EFE, ya digo que no comparto su
planteamiento. Entendemos que la Agencia debe existir, que
cumple un servicio impagable, más allá de lo que es el
contrato. Me preocupa, señoría, la reiterada utilización de la
palabra subvención. No se trata de una subvención. Insisto en
que se trata de un contrato de servicios y estoy a su plena
disposición para explicarle jurídicamente los problemas que
esto acarrea, no sólo a nosotros sino a otros países de la
Comunidad Europea que mantienen agencias de esta naturaleza.

La Agencia cumple unos servicios, fundamentalmente en
Iberoamérica, que exclusivamente con criterios de lucro
económico serían muy difíciles de cumplir. Usted lo conoce y
nosotros hemos utilizado una fórmula parecida a otras
agencias. En alguna otra comparecencia le he explicado que
hemos intentado pertrecharnos de todos los informes jurídicos
para que esto sea viable, puesto que hemos tenido alguna
denuncia, no nosotros sólo sino también otros países, sobre la
naturaleza de la Agencia.

Por otra parte, la Dirección General del Patrimonio insiste en
el correcto funcionamiento de la Agencia. El número de
clientes privados es cada vez mayor; en el volumen total de
negocio de la Agencia se va incrementando el volumen privado y
el contrato de servicios va teniendo un porcentaje menor.

Me pregunta también sobre Radiotelevisión Española y me hace
dos reflexiones. Una, por qué aparece en el presupuesto. Usted
entiende que pudiera no ser la ubicación más correcta. La
naturaleza del Ente público Radiotelevisión Española sin duda
la conoce usted mejor que yo y su estructura. Lleva mucho
tiempo. Nos hemos enganchado a un decreto, el que regulaba el
Ministerio de Relaciones con las Cortes, que decía que la
extinta Dirección General de Medios de Comunicación Social
sería el órgano de relación con Radiotelevisión Española. Al
desaparecer la Dirección General de Medios, lo asumió la
Secretaría y, a juicio de Hacienda, ése era el enganche
relacionado con Televisión. Ese ha sido el argumento, pero
probablemente tampoco existiría problema en situarlo en otro
lugar.

La otra pregunta que me hace va dirigida a conocer el destino
de los 26.600 millones. Televisión Española suscribió en el
ejercicio vigente un contrato-programa, que SS. SS. han
conocido porque ha sido objeto de un Decreto-ley de crédito
extraordinario, y en ese contrato-programa hay algunas
previsiones hasta 1997. Ahí se sitúan los 26.600 millones, que
suplen las deficiencias, entre comillas, presupuestadas de
Radio Nacional de España, la Orquesta y Coros y el Instituto
Oficial de Radiotelevisión Española. No puedo compartir
algunas otras cosas sobre el despilfarro, porque creo que ese
contrato-programa que S. S. conoce obliga a Televisión
Española a una reordenación interna y el Estado cree que lo ha
ido cumpliendo en 1993, que está en condiciones de cumplirlo,
y así lo exigiremos porque es un contrato-programa, para que
el destino de ese dinero sea utilizado correctamente.

También me ha preguntado por el proceso expansivo del Cesco.

Siempre que he venido aquí, usted me lo pregunta. Es cierto
que en la comparecencia del Ministro también fue objeto de
interés por alguna de las señorías que intervinieron en el
debate. Dice que no tiene reflejo presupuestario. Si analiza
la austeridad a que ha sido sometido el conjunto de los
capítulos y de los organismos, creo que el Cesco resulta de
los menos lesionados. Con esta austeridad presupuestaria,
tendremos que buscar fórmulas para que el Cesco cumpla la
finalidad. Ya apuntó el Ministro Rubalcaba la idea de buscar
fórmulas de convenios con las universidades, fórmulas de
cofinanciación.

De todas maneras, yo he tenido una larga charla con el
Director del Centro de Estudios Constitucionales, a quien sin
duda conoce, y me asegura que está en condiciones de mantener
el nivel del Centro con este presupuesto. Hay que tener en
cuenta el medio universitario, fundamentalmente, en el que se
mueve, y habrá que apretarse también ahí el cinturón. Por
cierto, en las últimas elaboraciones del Ministerio de
Hacienda nosotros dijimos que nos faltaban 70 millones para
cumplir unos objetivos mínimos y nos fueron otorgados de
inmediato. Buscaremos nuevas fórmulas de cofinanciación y
tendremos que buscar mecanismos, avivar nuestra inteligencia
para que esto se cumpla.

También en el capítulo de ventas hay que intentar ver otras
fórmulas. Ya sabe usted la calidad de la publicación del
Cesco. Hemos tenido alguna dificultad de distribución
inicialmente, que usted vio, y que habíamos intentado
rectificar. También por ahí intentaremos reconducir la
actividad del Cesco.

Patrimonio Nacional. Es un objeto permanente de su
preocupación y también le digo que de la mía.




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El Patrimonio Nacional es cierto que ve reducido su capítulo
de inversiones como consecuencia de la disminución de
transferencias de capital. Ahí no tengo más explicación que
decirle que es un momento de dificultad, de austeridad. Usted
sabe que el Patrimonio Nacional es un organismo que goza de un
especial «status», que no hay una relación de jerarquía, ni
siquiera de tutela, y hemos hablado detenidamente con el
Presidente y con el Consejero Gerente que tendríamos que
movernos con estos parámetros. No vamos a escatimar temas (y
se lo pasaré, porque tengo interés en que usted lo conozca);
en algunas otras partidas sí hemos mantenido unos incrementos,
porque nos ha preocupado el tema de la sanidad, el de
personal, etcétera.

Es verdad que en inversiones se ha producido una minoración
inevitable en este período de crisis. Si ocurre algo,
buscaríamos las fórmulas de financiación necesarias, pero me
aseguran que con esta partida, en esta época, podríamos
mantenernos.

Me ha hablado de la asunción de nuevas competencias que esta
Subsecretaría podía tener respecto a la Secretaría General del
Portavoz del Gobierno, en concreto las publicaciones, y me
muestra usted su desacuerdo por el hecho de que sólo aparezca
la intervención del Presidente y las respuestas del Presidente
a intervenciones de otros grupos sin que aparezcan éstas
publicadas. Me parece que su observación es muy seria y vamos
a estudiarlo. No es una larga cambiada, lo vamos a ver con
detalle porque creo que puede tener algún fondo de razón.

Miraremos que la intervención del Presidente vaya acompañada
de la de los grupos parlamentarios para tener un conocimiento
completo de las intervenciones del Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Sequeira,
termina la comparecencia del Subsecretario de la Presidencia.




-DEL SEÑOR DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA (ZABALZA
MARTI). A PETICION DEL GRUPO POPULAR (Número de expediente
212/000209).




El señor PRESIDENTE: Comenzamos la comparecencia del Director
del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, señor Zabalza,
antiguo conocido nuestro en esta Comisión, en razón de sus
anteriores oficios hacendísticos y presupuestarios, el último
como Secre- tario de Estado de Hacienda. Hoy le trae su nueva
responsabilidad de Director del Gabinete de la Presidencia,
por lo cual estoy seguro que le felicitamos.

La comparecencia ha sido solicitado por el Grupo Parlamentario
Popular y en su nombre tiene la palabra el señor Cisneros.




El señor CISNEROS LABORDA: Reproduzco los términos de
bienvenida del señor Presidente a una Comisión que le es bien
habitual, aunque no en el cometido en el que se nos dirige
ahora.

Si el señor Director del Gabinete ha tenido el tiempo o la
curiosidad de leer los «Diarios de Sesiones» correspondientes
a este debate en años anteriores, verá que las preocupaciones
de nuestro Grupo en esta materia son recurrentes, y casi
amparándome en el precedente no voy a reproducir las
consideraciones de orden general, nuestros reparos a una
concepción, entendemos que hipertrófica, de la Presidencia del
Gobierno, que se corresponde más casi con los perfiles de un
régimen presidencialista que de un régimen parlamentario.

No haré todas esas consideraciones, que serían más propias, en
todo caso, del trámite de enmienda, y voy a limitarme a
formular algunas observaciones muy concretas, pidiendo en
primer término una información sobre la ejecución y
cumplimiento del presupuesto de 1993, exactamente sobre las
mismas materias sobre las que se lo hacia al señor
Subsecretario del Ministerio de la Presidencia: grado de
cumplimiento y ejecución del programa de inversiones del
capítulo VI, que no estaba sólo, por cierto, en el presupuesto
de 1993, en la sección 25, creo recordar, sino que también
tenía en la sección 31 un capítulo importante; contratos y
empresas que hayan resultado adjudicatarias de los mismos, en
virtud de qué procedimiento lo han sido, si de concurso o de
adjudicación directa. En relación con el superproyecto de
ordenación del recinto de la Moncloa, superproyecto que nos ha
merecido ya algún comentario crítico, sobre todo porque vemos
que, año tras año, en las inversiones plurianuales, se va
remitiendo hacia un horizonte temporal más lejano su
cumplimiento; este año ciertamente también en este capítulo se
ha dejado sentir el imperio de la crisis y nos encontramos con
cierta restricción, pero no por ello deja de recogerse una
cifra importante (sin duda la tiene el señor Director General
del Gabinete), pero, en definitiva, querríamos obtener algún
tipo de información sobre esas obras y sobre el horizonte de
su desarrollo temporal y su eventual terminación algún día,
porque aceptando, como sus antecesores en el cargo me han oído
manifestar con reiteración, que el grado de idoneidad y de
funcionalidad con que en el año 1982 ustedes heredaron el
recinto de la Moncloa era ciertamente precario, entendemos que
las cuantiosísimas inversiones y el largo tiempo transcurrido
justificaban suficientemente su conclusión.

Nos ha sorprendido también, y querría alguna aclaración, la
reducción que aparece en la dotación de altos cargos, capítulo
I. Nos ha sorprendido en principio gratamente, en espera de
sus informaciones, porque



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tenemos noticias de que las retribuciones de altos cargos se
congelan, no se reducen, y también tenemos noticia de que se
ha producido, en el ámbito de este elenco de altos cargos, una
elevación de rango, de una Subsecretaría a una Secretaría de
Estado, que lógicamente podría tener esa proyección
presupuestaria que aparece contradicha por esta disminución.

Si no en este trámite, sí le rogaría que nos hiciera llegar
por escrito (porque aun cuando en la Memoria aparecen
reseñados algunos de ellos, el hecho es que se utilizan, como
es lógico también en un órgano de naturaleza «staff» algunas
otras denominaciones, como directores de gabinete, asesores,
etcétera), el elenco de altos cargos que aparecen recogidos en
el capítulo I del servicio 01 de esta sección, así como los
consejos de administración de los que formen parte, bien sea
en razón de cargo, bien a título personal.

Creo que ya le había hecho la solicitud informativa de la
dotación de estudios y trabajos técnicos del ejercicio 1993,
que creo recordar que ascendía a 21 millones y medio de
pesetas, así como personas o empresas a las que se haya
encomendado la realización de estos estudios y estos trabajos
técnicos. No quiero profundizar deliberadamente por razón de
responsabilidad en el programa de infraestructura para el
seguimiento de situaciones de crisis. Dentro del margen de
discreción que perfectamente le respeto, sí pudiera hacernos
alguna consideración de por qué en este ámbito esas líneas
generales de restricción quiebran y nos encontramos un
incremento relativamente significativo de gasto corriente en
contradicción en cómo aparece el tratamiento del Capítulo II
en el conjunto de los departamentos ministeriales, así como
del personal eventual. Aquí sí querría pedirle una aclaración
estrictamente informativa. ¿Tienen la consideración de
personal eventual los funcionarios de otros departamentos
ministeriales o de otras procedencias que prestan sus
servicios en esta unidad o se trata de personal no
funcionario? Si se trata de personal no funcionario, sí nos
produce una cierta inquietud que en una unidad de esta
significación estratégica el personal eventual represente un
porcentaje tan altamente significativo con respecto al
personal funcionario como se refleja en este incremento de su
dotación.

No entraremos en los detalles micros que nos han ocupado en
algunas otras comparecencias, pero resultan llamativos en
éste, como en muchísimos otros departamentos ministeriales,
los incrementos presupuestarios para la función del servicio
telefónico. Resultan tan extraordinariamente llamativos que,
como no podemos permitirnos el lujo de alarmar a la opinión
pública haciéndoles creer que se va a producir un incremento
de las tarifas del orden del 30 ó 40 por ciento, que son los
incrementos que aparecen normalmente en la partida de
teléfonos casi a lo largo de todo el presupuesto, nos hace
pensar que lo que se está haciendo es aflorar deuda pasada. Es
decir que la Administración del Estado tenía un descomunal
pufo con la Compañía Telefónica y a través de un procedimiento
-de esto sin duda sabe usted muchísimo más que yo-
presupuestario, en principio nada ortodoxo, se intenta
compensar esta deuda mediante una inflación artificial. O no
se cubrían hasta este año las necesidades de este servicio o
las disponibilidades del futuro se nos aparecen limitadas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalza.




El señor DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA (Zabalza
Martí): Gracias, señor Cisneros, por su bienvenida.

Paso a contestar las preguntas que me ha formulado.

En lo que respecta a la primera pregunta, ejecución del
presupuesto de 1993, el Capítulo I, le recuerdo a S. S. que
todos mis datos hacen referencia sólo al programa 112.A, de la
Presidencia del Gobierno, que incluye, además del Gabinete, la
Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría y Oficina
del Presidente, la Secretaría General de la Vicepresidencia y
la Secretaría y Oficina del Vicepresidente. Estos son los
ámbitos que están dentro de este programa. Pues bien, la
ejecución de este programa a 11 de octubre de 1993, en lo que
respecta al Capítulo I, es del 67,1 por ciento; en lo que
respecta al Capítulo II, del 48,88 por ciento; en lo que
respecta al Capítulo IV, Transferencias corrientes, del 45,91,
y en el Capítulo de inversiones, del 40,68 por ciento. Es
decir, la ejecución media del presupuesto de 1993 a 11 de
octubre es del 56,69 por ciento.

La segunda pregunta era sobre la reducción de la dotación para
los altos cargos. Efectivamente, hay una reducción, pero, como
S. S. ha señalado, las remuneraciones de los altos cargos
están congeladas para este año. Por lo tanto, en base a la
remuneración no debería esperarse una reducción, sino más bien
una congelación.

La razón de esta reducción es que hay un cambio organizativo
que queda reflejado en el presupuesto de 1994 que lo hace no
estrictamente comparable al presupuesto de 1993.

Concretamente, dentro del Programa 112.A, el ámbito
administrativo del Presupuesto en 1994 es menor al ámbito
administrativo en 1993 debido a la reorganización de toda el
área de la Moncloa, y concretamente a que han salido de ese
programa la extinguida Secretaría General de Coordinación y
Servicios de la Presidencia del Gobierno con sus cuatro
direcciones generales, es decir, protocolo del Estado,
protocolo de la Presidencia, seguridad y medios operativos,
que han pasado a depender del Subsecretario del Ministerio de
la Presidencia. Es decir los altos cargos que ahora están
dentro de este programa son los que corresponden como he dicho
antes, a la Secretaría General de la Presidencia de la Oficina
y Secretaría del Presidente, Secretaría General de la
Vicepresidencia y



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Oficina y Secretaría del Vicepresidente y al Gabinete de la
Presidencia.

Me pregunta por los altos cargos que están publicados y son
conocidos de todos. Les voy a aburrir a ustedes un poco con
esta conversación, pero quizá pueda ser útil. Hay dos
Secretarios de Estado, que son, concretamente, la Secretaría
General de la Presidencia y el Director del Gabinete de la
Presidencia, es decir, yo mismo. Del Director del Gabinete de
la Presidencia depende un subdirector del gabinete con rango
de subsecretario, luego ocho directores generales, que son los
correspondientes a los departamentos y a asuntos
institucionales (economía, asuntos sociolaborales)... ¿Quiere
que siga?



El señor CISNEROS LABORDA: No hace falta.




El señor DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA (Zabalza
Martí): Entonces, doy por contestada la pregunta.

En lo que respecta a su cuarta pregunta, que hacía referencia
a estudios, la evolución del presupuesto muestra la tendencia
restrictiva que se ha puesto de manifiesto en todos los
ámbitos del mismo. Concretamente éste era un crédito, el 22706
de este programa, que en el pasado había ascendido a unos 50
millones de pesetas. Ya en 1993 bajó a 21 millones de pesetas.

El presupuesto para 1994 es sólo de 8.692.000 pesetas. Es
decir, estamos hablando de una reducción muy importante.

Con cantidades pequeñas, los trabajos técnicos o los estudios
que se pueden pedir son de cuantía menor y muy modestos. A
efectos de información le diré que en este año 1993 de este
crédito de 21 millones se llevan ejecutados unos cinco
millones y son todos proyectos muy pequeñitos, de los cuales
el máximo es de un volumen de tres millones de pesetas.

Su quinta y última pregunta hace referencia a la Dirección de
infraestructuras y seguimiento para las situaciones de crisis.

Como bien dice, ésta es una Dirección especial, sobre la que
no voy a poderle dar toda la información que me solicita en
razón a que dentro de esta Dirección se albergan diversos
servicios técnicos para uso de la Presidencia del Gobierno que
están identificados como de interés para la defensa, motivo
por el cual fueron declarados secretos por acuerdo del Consejo
de Ministros de 4 de noviembre de 1988.




El señor PRESIDENTE: Señor Cisneros, he creído percibir en
algún momento un cierto deseo de hacer alguna pregunta.




El señor CISNEROS LABORDA: Señor Presidente, era justamente
cuando el señor Director del Gabinete nos delimitaba el ámbito
de su competencia específica. Yo quería justificar,
amparándome exclusivamente en la tradición de estas
comparecencias, que en la unidad de seguimiento en situaciones
de crisis sí que eran normalmente atendidas esas peticiones de
información por el Director del Gabinete de la Presidencia y
no por el Subsecretario de la Presidencia. Era una cuestión
metodológica.

Quedo satisfecho en cuanto a los porcentajes del grado de
cumplimiento de la ejecución, no a las previsiones de
información específica respecto a las obras concretas en que
ha consistido la inversión del Capítulo VI. Creo que va a
ejecutar el 40 por ciento.

Teniendo en cuenta que, sin duda, usted viene de otra casa en
la que se manejan magnitudes económicas de gran entidad, soy
consciente de que realmente el que podamos prestar atención a
un capítulo de 3.000.000 de pesetas pueda resultarle banal o
trivial. Pero lo cierto es que, felicitándonos por la
disminución de esa dotación de estudios e informes, un
conocimiento anterior de la utilización de estos recursos
revelaba alguna manifestación de preferencia respecto a
autorías, etcétera, que tenía un valor significativo. El hecho
de que pueda tratarse de algunas prohibiciones, por ejemplo,
del año 1992, que se trate de cifras en términos económicos
absolutamente irrelevantes, no resta el valor informativo de
conocer su destino.




El señor PRESIDENTE: Termina la comparecencia, que
agradecemos, del señor Zabalza, como Director del Gabinete de
la Presidencia.




-DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
(MARTIN DEL MORAL). A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
(Número de expediente 212/000208).




El señor PRESIDENTE: Comienza la comparecencia de la Directora
General del Boletín Oficial del Estado, solicitada por el
Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, tiene la palabra el
señor Cisneros.




El señor CISNEROS LABORDA: De forma absolutamente telegráfica,
en aras de la hora y del cumplimiento de su programa, sólo
quiero conocer algunas informaciones de primera mano de labios
de la Directora General del Boletín Oficial del Estado sobre
el grado de ejecución y cumplimiento del superproyecto de
Manoteras, previsiones de su entrada en servicio y
desviaciones que se hayan podido producir.

Vemos, por ejemplo, que en la programación plurianual lo que
es obra aparece dotada sólo hasta el año 1995, lo que nos hace
pensar en la inminencia de su terminación. No así,
ciertamente, lo que es equipamiento, que se dota hasta el año
1997.

Con permiso de la Presidencia y de la señora Directora,
quisiera saber si es verosímil y realista la previsión de
transferencia de 2.000 millones de pesetas desde el organismo
al Estado, lo que estaría en función de los resultados
económicos de las gestiones de este año,



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en el que la previsión era sensiblemente más modesta, si no
recuerdo mal.

Amparándome en la benevolencia tanto de la Presidencia como de
la señora Directora General, recordará S. S. que la última
ocasión en que tuvimos la oportunidad de confrontarnos fue en
una situación ciertamente ingrata en relación con determinadas
vicisitudes por las que había atravesado el organismo.

Existieron por parte de su Ministro entonces, el señor
Zapatero, unos compromisos informativos sobre la evolución de
aquel episodio, tanto la jurisdiccional como la exclusivamente
en sede administrativa, que la inminencia de las elecciones
generales, la disolución, etcétera, determinaron -sin duda fue
ese el motivo y no otro- que el señor Zapatero no pudiera
satisfacer esa petición de información parlamentaria que en la
medida en que S. S. estuviera en condiciones de prestarnos yo
le agradecería. Eso es todo, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Directora
General.




La señora DIRECTORA GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
(Martín del Moral): Señor Cisneros, voy a contestar, con toda
la amplitud que me permita la información y el tiempo que
tenemos, las preguntas que me ha hecho.

En cuanto al grado de ejecución de la obra de Manoteras, tengo
la satisfacción de decir que hemos cumplido los plazos que
estimábamos necesarios para llevar a fin el edificio. Entrará
en funcionamiento en el año 1995, precisamente porque hay que
hacer el traslado allí, pero se han cumplido
satisfactoriamente todos los plazos. Bien es cierto que en
cuanto a mobiliario, al que usted se ha referido antes, y
demás enseres, estimamos que la ubicación inmediata sería la
de la imprenta y que luego habría que reubicar a los
funcionarios que en este momento consideramos insuficientes y
que esperamos que en un futuro su número aumente de tal forma
que puedan dotar al organismo de los servicios que en estos
momentos necesita.

En cuanto a la transferencia de crédito posible,
efectivamente, el Boletín este año, en el primer semestre, ha
ganado mil millones más de lo previsto el año pasado. Por
tanto, estimamos totalmente oportuno el hacer esa
transferencia al Estado. Los resultados han sido buenos,
creemos, y el Estado tiene que ser beneficiario de ello.

En cuanto a los compromisos que adquirió el Ministro don
Virgilio Zapatero, respecto al grado administrativo se tomaron
todas las medidas que se creyeron oportunas y necesarias en
ese momento. Usted sabe que el jefe de producción fue
expulsado del organismo por vía administrativa y que el
organismo ganó el pleito en Magistratura. El resto del
expediente está en la judicatura. No somos nosotros los que
podemos dar explicaciones al respecto ni nadie nos ha
comunicado que en este momento haya habido alguna variación.




El señor PRESIDENTE: Termina la comparecencia, que le
agradecemos, de la señora Directora General del Boletín
Oficial del Estado.




-DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
SOCIOLOGICAS (ARANGO VILA-BELDA). A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR (Número de expediente 212/000210).




El señor PRESIDENTE: La última comparecencia prevista para
esta mañana es la del Presidente del Centro de Investigaciones
Sociológicas, que ha sido solicitada, asimismo, por el Grupo
Parlamentario Popular. En su nombre, tiene la palabra la
señora Becerril.




La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señor Presidente del
Centro de Investigaciones Sociológicas, por su presencia en
esta Comisión.

Paso a formularle algunas preguntas sobre el presupuesto y
hacerle los comentarios que me sugiere tras el estudio
efectuado por este Grupo.

El presupusto del Centro de Investigaciones Sociológicas
experimenta un ligero crecimiento este año, que, como hemos
escuchado a lo largo de estas comparecencias, es un año de
restricciones y de disminuciones presupuestarias en cuestiones
absolutamente trascendentales para la vida de los españoles,
para prestaciones sociales y otras ayudas, etcétera, pero va a
ser ésa la realidad del presupuesto del año 1994.

Sin embargo, como decía, aquí hay un ligero aumento que se
centra de manera sorprendente, mientras no me dé una respuesta
distinta a mi inquietud el señor Presidente del Centro, en los
gastos del personal en el capítulo I, que experimenta una
subida importante en relación al presupuesto total del Centro.

Y los gastos de personal, curiosamente, tienen un reflejo de
un incremento de un uno por ciento en los altos cargos -yo
suponía que se habían congelado, pero tienen un incremento del
uno por ciento-; los del personal funcionario experimentan un
incremento del 37,6 por ciento y los del personal laboral
tienen un incremento de un 11,5 por ciento.

Para mayor curiosidad, subrayo al Presidente, que lo conocerá
seguramente mejor que yo, que los gastos por prestaciones
sociales, gastos de Seguridad Social, etcétera, se mantienen
inalterables en ese mismo capítulo.

Nosotros pensábamos que cuando menos en un ejercicio como el
de 1994 no habría ningún incremento en los gastos de personal,
pero sí lo hay e importante, como he dicho, en relación con el
presupuesto de que dispone el organismo.




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En relación con el Capítulo II quería preguntarle sobre los 46
millones de pesetas, destinados a la contratación de trabajos
en el exterior, que no va a hacer el centro con su propia red.

¿Cuáles son las empresas adjudicatarias -si ahora no tiene el
dato me lo puede remitir- y también el coste de cada uno de
estos trabajos, que, según aparecen en la memoria, son diez,
que se van a encargar fuera del centro y algunos detalles más
que nos pueda dar, si no ahora, remitiendo documentación a
esta Cámara?
Quería también preguntarle a qué se debe el aumento de los
estudios y encuestas que se van a formular con convenio o con
encargo, que pasan de ocho en el año 1993 a 15 en el año 1994.

¿Cuáles son las razones de este aumento y cuáles serían los
objetos de dichas encuentas? Si no me puede proporcionar el
dato, me lo puede dar en otra ocasión o por escrito. Me
gustaría también saber cuántos estudios de carácter electoral
tienen previsto realizar en el año 1994, de los que hacen con
su propia red o los que encargan al exterior.

Señor Presidente, vemos que prácticamente la mitad del
presupuesto está dedicado a los Capítulos I y II. Sin embargo,
el resto es una contratación ajena. Está algo desequilibrado,
a nuestro juicio. Si hacen 45 estudios y encuestas con el
personal que tienen, ¿cómo es que con la mitad del presupuesto
encargan diez fuera? O son carísimas las que están encargando
fuera, cuyo coste nos gustaría tener desglosado, o si tan
altísimo es el rendimiento y la eficacia, lo cual es muy
bueno, del personal, del «staff» que tienen en el centro,
aumentando un poquito la actividad de ese personal haría
innecesaria esa contratación tan voluminosa, tan costosa, en
principio, en el exterior.

Creo que, sin perjuicio, naturalmente, de escuchar sus
respuestas, se hace evidente con este presupuesto del año 1994
la conveniencia de que un centro, como se dice en la Memoria,
de tan altísimo interés para la toma de decisiones políticas
tenga una vinculación mayor con las Cortes Generales y que
estas Cortes Generales, a través de los Grupos, para que éstos
puedan cumplir su mandato constitucional, puedan tener con
total rapidez e inmediatez conocimiento de estos estudios, de
estos trabajos, de cuya solvencia y autoridad desde luego no
dudamos. Con estas cantidades, con este presupuesto de
aproximadamente mil millones para un centro de investigación,
que es una cantidad importante en este momento, nos parece que
esa vinculación debe estrecharse y no debe limitarse a que los
Grupos Parlamentarios tengan que solicitar información, como
aquí ocurre, y al cabo de seis meses se les envíe una relación
de los estudios que se están haciendo y nuevamente el Diputado
en cuestión tenga que solicitar ese documento; que haya una
vinculación de tal manera que los estudios que estén
finalizados o en vías de finalización se remitan mensualmente
desde el Centro a esta Cámara, a la Mesa, al señor Presidente
y éste lo ponga en conocimiento de todos los Grupos para que
éstos puedan cumplir estrictamente con sus obligaciones
constitucionales, como dice la propia Memoria del Centro.

En segundo lugar, me llama la atención que en un año de
dificultades económicas como las que están viendo los
españoles y estamos viendo aquí a lo largo de este presupuesto
y de estas comparecencias, se aumente justamente el
presupuesto de un centro de poder, de un instrumento de poder
utilizado muy fundamentalmente por el propio Gobierno y muy
especialmente por el Partido Socialista. Señor Presidente,
espero que esta breve comparecencia a esta hora de la tarde
nos lleve a todos a reflexionar sobre la absoluta necesidad de
que este Centro de Investigaciones tenga una vinculación mucho
mayor que la que tiene en este momento con las Cortes
Generales.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente del
Centro de Investigaciones Sociológicas.




El señor PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS
(Arango Vi- la-Belda): Gracias, señora Becerril, por sus
interesantes preguntas y por el amable tono con el que han
sido formuladas. Trataré de responderlas con brevedad, en
atención a la hora en que nos encontramos.

En primer lugar, el incremento presupuestario al que ha
aludido S. S. es el resultado de un artificio presupuestario.

Se debe única y exclusivamente al hecho de que el presupuesto
inicial de 1993 no incluyó todas las cantidades necesarias
para la remodelación del personal del Centro, que está
congelado desde hace bastantes años y no ha aumentado en
absoluto, pero que había experimentado un RPT distinta por la
conversión del Centro en organismo autónomo, acaecida en 1992.

El personal del Centro no se ha incrementado en los últimos
años, no se ha producido ninguna nueva incorporación y el
incremento fictico que el actual presupuesto revela se debe al
hecho de que en el presupuesto inicial para 1993 no estaban
incluidos 52 millones de pesetas para la retribución del
personal funcionario y fueron incorporados posteriormente por
una transferencia de crédito en el primer trimestre de ese
año. Si se descuentan esos 52 millones, en realidad el
proyecto de Presupuestos para 1994 representa una disminución
de 21.206.000 pesetas en relación con el de 1993, lo que
quiere decir que disminuye en un 2,16 por ciento en términos
efectivos. Si además de eso se tiene en cuenta que ha
aumentado la autofinanciación que el CIS realiza por la
prestación de servicios y que actualmente alcanza en el
presupuesto para 1994 un 19,75 por ciento de su presupuesto,
resulta que la aportación del Tesoro público al presupuesto
del CIS ha descendido en el presupuesto de 1994 con respecto
al de 1993 en un 10,95 por ciento, es decir, supone 72
millones menos. Por tanto, entiendo que este presupuesto es
solidario con la situación económica actual y



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con las orientaciones de austeridad que para responder a la
misma se han establecido.

Por lo que respecta al aumento de un uno por ciento en la
retribución de los altos cargos, debo expresar mi perplejidad
al respecto. En el Centro no hay más que un alto cargo, que es
este compareciente, quien puede garantizarle que no ha visto
aumentar sus emolumentos ni en uno ni en un cero por ciento,
porque tiene congeladas las retribuciones desde hace dos años,
creo recordar, lo cual me parece muy razonable y sobrellevo
con total convicción.

Insisto en que el personal del Centro no se ha incrementado en
los últimos años hasta el punto de no poder cubrir las
vacantes existentes en la relación de personal, que están
reconocidas por la Comisión interministerial de retribuciones,
pero, al no estar dotadas presupuestariamente, es imposible
proceder a su cobertura.

Agradezco a su señoría que haya llamado la atención sobre la
congelación de la partida destinada a Seguridad Social, que va
a obligar a alguna transferencia presupuestaria puesto que se
trata de un concepto deficitario que provocará los oportunos
expedientes de modificación presupuestaria durante 1994.

Afortunadamente, este concepto 160 tiene la consideración de
crédito ampliable y es posible subvenir a su insuficiencia a
través de alguna transferencia de crédito porque, como digo,
es insuficiente de partida.

Por lo que respecta al capítulo dos, es el capítulo esencial,
la columna vertegral del Centro de Investigaciones
Sociológicas, ya que lo que realizamos fundamentalmente son
estudios y publicaciones. Por tanto, no es éste un concepto
lateral subordinado como en otros organismos públicos, sino,
repito, el esencial de nuestra actividad. Debo aclarar que la
cifra prevista para el mismo, 446 millones, está destinada en
su mayoría a la realización de los trabajos por el personal
del Centro con sus propios medios, que suponen siempre la
parte del león en la utilización de este concepto. Así, por
ejemplo, en 1992 solamente se destinaron 59 millones a la
contratación de estudios fuera del Centro y, en 1993, 41
millones hasta la fecha, lo que supone aproximadamente el 10
por ciento del total de los estudios realizados por el Centro.

¿Cuáles son las empresas a las que se les van a encargar esos
estudios? No puedo decírselo en este momento. Cuando se decida
cada uno de ellos, habrá que ver cuáles son las empresas más
cualificadas, con mayor especialización. Sí puedo
proporcionarle por escrito la relación de las empresas con las
que contratamos, que puedo garantizarle son las más solventes
y las más respetadas en el mercado. Desde luego, esa
contratación se realiza atendiendo a criterios de
cualificación, de especialización y de pluralidad, puesto que
siempre se diversifica entre las siete u ocho principales
empresas del sector, cuya relación relativa a 1993 o a 1992,
como digo, puedo proporcionarle con mucho gusto.

Quiero decirle que, efectivamente, los estudios encargados
fuera del Centro son más caros que los realizados por él. La
razón es que los estudios realizados fuera incluyen un
porcentaje para el beneficio de las propias empresas y el CIS
es un organismo sin ánimo de lucro y, por tanto, esa partida
no está contada. Por otra parte, hay gastos de realización del
CIS, como los gastos del personal, que están atendidos por
otros capítulos, así como gastos de edificio, de
infraestructura, capital social, etcétera, que no tenemos que
imputarlos a cada uno de los estudios, mientras que las
empresas sí. En todo caso, el CIS trabaja, aproximadamente, a
la mita de coste que las empresas del sector, del mercado, por
la razón que he mencionado. Por otra parte, es cierto -y le
agradezco la referencia- que el rendimiento del personal del
CIS es considerado generalmente alto, así como la calidad de
sus trabajos.

Acerca de la hipótesis sugerida por su señoría de que, dado el
rendimiento del personal del CIS, un ligero aumento en ese
capítulo haría innecesaria la contratación externa, tengo que
decir que no me parece muy realista esa posibilidad porque el
CIS tiene límites bastantes claros en su actual configuración
para aumentar el volumen de estudios que realiza. La primera
limitación es el trabajo de campo. Cada estudio requiere entre
siete y diez días y como disponemos de una sola red de campo y
no podemos abusar de sus posibilidades, podemos realizar al
año entre 35 y 40 estudios, pero no más, sin duplicar nuestra
red de campo, lo que no sería en absoluto razonable. Por otra
parte, el análisis, la explotación de 35 ó 40 estudios pone a
prueba los límites del resto del personal del CIS para llevar
a cabo estas tareas.

El encargo de un número limitado de estudios -ocho, diez,
doce, como suele ser habitualmente el caso- se justifica por
varias razones. Primera, el CIS no realiza estudios
cualitativos. Por tanto, los de esta naturaleza, que suelen
ser cico o cuatro al año, los encarga fuera a empresas
especializadas en esta actividad. En segundo lugar, el encargo
fuera es necesario por razones de contraste metodológico. En
tercer lugar, porque en ocasiones nuestra red de campo está
saturada y hay motivos de urgencia que aconsejan contratar
exteriormente. Y en cuarto lugar, hay algunas áreas de
especialización en las que somos menos competentes que alguna
empresa en particular y parece razonable encargar la
realización de ese estudio a tal empresa. Como digo, los
estudios encargados fuera rara vez superan el 10 por ciento
del total de estudios que desempeña el Centro.

Por lo que se refiere al aumento de la previsión de estudios
por convenio, ello se debe a la exigencia del Presupuesto de
1994 de aumentar la cuota de autofinanciación que lleva a cabo
el CIS. Los estudios por convenio son estudios que el CIS
realiza para otros organismos de la Administración u otras
instituciones públicas en general. Dado que el Presupuesto de
1994 no disminuye la dotación procedente del Tesoro público



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y nos obliga a aumentar la procedente de la autofinanciación,
nos veremos obligados a realizar algunos estudios más por
convenio, y demanda no falta. En general, tenemos más demanda
de la que solemos atender.

¿Cuántos de los estudios de 1994 serán de carácter electoral?
Puedo calcular que no más de cuatro o cinco, como máximo, para
elecciones autonómicas y seguramente dos o tres para
elecciones europeas, que son las previstas para el próximo
ejercicio.

Por lo que hace referencia a la propuesta de que el Centro
estreche su vinculación con las Cortes Generales, no puedo
sino manifestar mi pleno acuerdo, aunque, por supuesto, me
desborda. El CIS es un organismo público de la Administración
del Estado y corresponde a otros responsables gubernamentales
la adopción de decisiones o medidas al respecto. Naturalmente,
el Centro de Investigaciones Sociológicas tiene una vocación
de centro de estudios, de centro de investigación -en eso
consiste su trabajo-, y está deseoso de que ese trabajo sea
conocido por el mayor número de personas posible y, mucho más,
por órganos de decisión tan esenciales como las Cortes
Generales.

Acerca de los plazos a los que ha aludido S. S., debo indicar
que el Centro tiene por costumbre, como es lógico, responder
inmediatamente a las demandas que recibe de los grupos
parlamentarios, de Diputados y Senadores, y proporciona, en el
plazo más corto posible de tiempo -jamás en seis meses, yo
diría que en un plazo inferior a un mes-, las informaciones
que se le solicitan.

En líneas generales, debo decir que si se observa la evolución
del Centro de Investigaciones Sociológicas podrá detectarse
claramente un aumento considerable de la transparencia y de la
difusión de sus trabajos, no sólo por el aumento
extraordinario exponencial que experimentan las solicitudes de
datos a su bando de datos, sino también por la mayor presencia
en medios de comunicación, etcétera. El Centro está a
disposición de los poderes del Estado para proporcionar toda
la información que esté en su mano.

Finalmente, debo mostrar mi desacuerdo con la expresión
utilizada de instrumento de poder. El Centro de
Investigaciones Sociológicas es simplemente un centro de
estudios, un centro de investigación, que puede proporcionar
información útil para quien tenga capacidad para utilizarla.

Estoy seguro de que no solamente el Gobierno utiliza la
información procedente del Centro de Investigaciones
Sociológicas. Cualquiera que haya observado atentamente la
reciente campaña electoral podrá darse cuenta de que han sido
muchas las formaciones concurrentes que parecen haber
dispuesto de información derivada de estudios realizados por
el Centro de Investigaciones Sociológicas. Acerca de que tal
información sea utilizada por el Gobierno, me parece que está
totalmente de acuerdo con la legislación vigente y con los
preceptos constitucionales que establecen que la
Administración es dirigida por el Gobierno, el Centro de
Investigaciones Sociológicas es un centro de la
Administración, pero debo objetar de manera tajante la alusión
a que los trabajos del Centro de Investigaciones Sociológicas
sean utilizados por un partido al que se ha aludido. Declaro
enfáticamene que desde que soy Presidente del Centro de
Investigaciones Sociológicas no he tenido un solo contacto con
un representante de un partido. El CIS no se relaciona
directamente con ningún partido, excepto a través de las
Cámaras, cuando algún Diputado o Senador solicite información.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Becerril.




La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Le he dado una buena noticia
porque, sin saberlo, según la documentación presentada -estoy
segura de que no lo sabía-, le van a subir el sueldo este año
al alto cargo del Centro. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: No parece que coincida con la realidad.

(Risas.)



La señora BECERRIL BUSTAMANTE: El señor Presidente ha mostrado
su sorpresa, pero eso dicen los documentos.

Las incorporaciones de crédito a este Presupuesto de 1994,
como consecuencia de aumentos no recogidos en el año 1993,
tienen esa explicación que ha dado el Presidente. Yo la
acepto, pero me parece muy mal desde todos los puntos de
vista, porque ese aumento de más de un 18 por ciento en el
capítulo uno les obliga a ustedes a disminuir el capítulo dos
y a que desaparezca el capítulo seis de inversiones, lo cual
me parece, desde el punto de vista de la gestión, muy
inconveniente, porque ese coste que ustedes incorporan en el
año 1994 provoca que no haya inversiones y que se reduzca el
capítulo dos.

En cuanto a las últimas manifestaciones hechas por el
Presidente, sabe muy bien que la Ley Electoral obliga a que
todos los grupos parlamentarios tengan conocimiento de los
estudios que realiza el Centro en materia electoral, pero son
los estudios hechos sobre asuntos de carácter electoral. Hay
otras muchas cuestiones que conocen la opinión pública y los
grupos parlamentarios por los medios de comunicación y que
tardan muchísimo tiempo en llegar a las manos de un
determinado grupo parlamentario. Yo creo que ése no es un
procedimiento correcto. Por ejemplo, el estudio realizado
sobre: Opiniones y actitudes hacia el consumo de droga, que
estoy segura ha sido muy importante y que fue realizado en el
año 1993, con una muestra de más de 20.000 entrevistas, es
fundamental para el Gobierno, pero también lo es para todos
aquellos grupos parlamentarios y partidos políticos que van a
tener que tomar decisiones relacionadas con el consumo de
droga en el año 1993 y venideros. Me parece que la



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vinculación con las Cortes Generales es algo que debe hacerse
y que las razones son aplastantes desde mi punto de vista.

Yo sé muy bien que la Administración la dirige el Gobierno,
pero éste es -como ha dicho muy bien su Presidente- un centro
de investigaciones de carácter público, financiado con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, y que -repito- la
memoria que consta en los objetivos del Centro y la propia
memoria de estos Presupuestos, hacen que no sea únicamente el
Gobierno quien deba tener absoluto y puntual conocimiento de
los estudios y trabajos que este Centro realiza.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente del
CIS.




El señor PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS
(Arango Vi- la-Belda): Debo confesar que la detección
realizada por S. S. de ese aumento del 1 por ciento en las
retribuciones del alto cargo del organismo me había pasado
desapercibida (Risas.), porque no había mirado tal concepto.

Ello tanto porque no es el vil metal lo que nos mueve
principalmente, como por el hecho de que dábamos por
descontado su congelación y, por tanto, no esperábamos
encontrar ninguna novedad. Probablemente se deberá a algún
error tipográfico o a algo semejante... Quizás a algún
trienio. El paso del tiempo sí se reconoce, es el único que
resiste la congelación. (Risas.)
Por lo que se refiere al artificio que da lugar a la
apariencia de crecimiento que ya hemos comentado, debo
confesar que ignoro en este momento cómo se resolverá, pero no
creo que tenga mayor consecuencia, excepto en lo que se
refiere al concepto de Seguridad Social puesto que en los
presupuestos para 1994, la suma prevista para el capítulo uno
es la que figura y no habrá que incrementarla. Otra cosa es
que dé la impresión de que ha crecido, cuando no es así
efectivamente en términos de presupuesto real y, por tanto, no
creo que afecte al capítulo dos.

Sí debo lamentar -y agradezco a S. S. que me brinde esta
ocasión para manifestarlo- la disminución grave que
experimenta el capítulo de inversiones, en cifras muy
modestas, puesto que estamos hablando de una disminución de 24
a 16 millones, que no es un crédito ampliable porque el Centro
de Investigaciones Sociológicas no tiene la condición de un
centro inversor, que no va a poder ser paliada, y que afecta
gravemente a la adquisición de material para la biblioteca,
material informático, etcétera. Realmente con 16 millones
vamos a tener graves dificultades para subvenir a nuestras
necesidades más elementales, porque incluye también mobiliario
que no vamos a renovar, aunque esto es algo secundario.

Cuando aludía al uso de información, de datos procedentes del
CIS en campaña electoral, no me refería a estudios electores,
sino a los muchos estudios realizados anteriormente que han
ido poniendo de manifiesto la existencia de un determinado
clima en la sociedad española, el orden de preocupaciones de
los españoles, las prioridades, que ha sido sobradamente
conocido por las formaciones concurrentes y lo han tenido muy
en cuenta. Es motivo de orgullo para el Centro darse cuenta de
que sus investigaciones son conocidas y utilizadas.

Por lo que se refiere a la encuesta sobre drogas a que aludía
S. S., debo decir que todavía no se ha llevado a efecto pero
está prevista su realización para el mes de noviembre de este
año por encargo del Plan Nacional para la Droga.

Efectivamente, es una macroencuesta que espero que proporcione
información valiosa al respecto y estoy seguro de que los
grupos parlamentarios tendrán pleno e inmediato acceso a ella,
como no podría ser menos. Aprovecho la ocasión para decir que
el CIS es probablemente, aunque puede provocar sorpresa, uno
de los pocos centros en el mundo cuyo banco de datos, por
cierto muy rico ya que acumula cerca de 2.000 investigaciones
realizadas desde su inicio hasta la fecha, está totalmente
abierto a todos los ciudadanos españoles y no españoles, y que
la orden ministerial reciente que regula el acceso al banco de
datos incluye el adverbio de modo «inmediatamente» cuando
establece que los datos procedentes de las investigaciones y
de los estudios de las encuestas realizadas por el CIS
ingresarán inmediatamente en su banco de datos y estarán a
disposición de todas las personas que los soliciten. Por
tanto, la universalidad e igualdad en el acceso al banco de
datos del CIS y a todas las investigaciones que el mismo
realiza es algo que está amparado nada menos que por la
legislación vigente. En todo caso, el centro se sentirá muy
honrado y encantado de prestar el mejor servicio que le sea
posible a las Cortes Geneales y dará por bievenidas las
disposiciones que al efecto se adopten por quien corresponda.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arango, por su
comparecencia.

Señorías, reanudaremos nuestro trabajo a las cuatro de la
tarde.




Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.




-DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (MUÑIZ
DE LAS CUEVAS), SOLICITADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
(Número de expediente 212/000322).




El señor PRESIDENTE: Comparecencia del señor Presidente del
Instituto de Crédito Oficial, solicitada



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por el Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, tiene la
palabra el señor Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Agradezco la presencia aquí entre
nosotros esta tarde del señor Muñiz en esta comparecencia
solicitada por el Grupo Popular.

Durante 1991 y tras la reordenación de la banca pública, gran
parte de lo que era la cartera del ICO pasó a Argentaria. Me
estoy refiriendo más concretamente a la cartera industrial.

Eran aproximadamente 300.000 millones que han revertido ahora,
en el año 1993, al parecer, de nuevo al ICO.

Me gustaría que el señor Presidente del ICO hiciera una
valoración del impacto que ha tenido este viaje de ida y
vuelta sobre la cuenta de resultados del Banco y también, si
es posible, que nos informara sobre el desglose de esta
cartera por tipos de crédito y por sectores industriales,
siempre teniendo en cuenta que si no dispone esos datos aquí,
hoy, le agradeceríamos que nos los enviara posteriormente.

Enlazando con esto, nos gustaría también que hiciera una
valoración general sobre el impacto que la crisis económica
está teniendo en estos momentos sobre los créditos, y en
concreto, la evolución de fallidos tanto en volumen como en
porcentaje del volumen del activo crediticio.

Hacemos esta pregunta porque la evolución de la partida de
amortizaciones, saneamientos e insolvencias del estado de
resultados que figura en la página 668, no parece mostrar este
impacto ni en 1993 ni, sobre todo, en 1994, sino que hemos
visto que más bien existe una cierta mejoría. Las cifras, por
lo menos, así lo dicen. Se habla de 9.700 millones para 1992,
de 8.102 millones previstos en 1993 y de tan sólo 4.590
millones previstos para 1994.

En este sentido también hay que recordar que en el Presupuesto
de 1993 se preveían unos quebrantos extraordinarios por un
volumen de 900 millones de pesetas que nosotros no hemos visto
que apareciera en la documentación del presupuesto del año
1994.

Nos gustaría también que nos informara sobre las operaciones
de crédito realizadas en 1993 en relación con el límite de
500.000 millones que contenía el anexo 3 de la Ley de
Presupuestos del año 1993, así como el volumen de avales
concedidos en este año 1993.

Señor Presidente, también nos gustaría que nos diera
información sobre las subvenciones públicas recibidas por el
ICO en este año, en 1993, y las previsiones para 1994, porque,
en principio, en los Presupuestos Generales para 1993 figuraba
una subvención de explotación del Estado por un importe de
9.505 millones que ha desaparecido para este año 1993 en los
propios Presupuestos o en la documentación que nos ha sido
enviada de los Presupuestos para 1994. En cualquier caso, nos
gustaría que nos explicara las razones por las que no se
encuentra esta partida de 9.505 millones en los Presupuestos
para 1994, que sí figuraba en los Presupuestos anteriores.

Otra de las cuestiones que también quería mencionar se refiere
a que el artículo 14 del Real Decreto-ley 3/1993 contempla que
el ICO estará exento del Impuesto sobre Sociedades en los
mismos términos del Estado para los períodos impositivos que
se cierren durante 1993, 1994, 1995 y 1996. Eso se hizo
fundamentalmente porque se había abierto una lína para
pequeñas y medianas empresas de 100.000 millones de pesetas.

Nos gustaría que nos pudiera informar el Presidente del ICO
sobre el volumen de los recursos concedidos, la emisión de
empréstitos realizados para cubrir esa lína y el impacto
previsto sobre la cuenta de resultados del ICO para este año
1993 y las previsiones para el año 1994.

También nos gustaría, si es posible, que nos informara sobre
los convenios de ajuste recíproco de intereses. Durante 1992,
fundamentalmente en estas fechas, algunas empresas españolas
se quejaban de que era imposible firmar, por indicación del
ICO, convenios de ajuste recíproco en otra divisa que no fuera
la peseta. Nos gustaría saber si en estos momentos la
situación es así, si el ICO dispone de fondos para hacer
frente a estos convenios de ajuste recíproco y cuál es, en
realidad, la situación en este tema.

Por terminar, voy a plantearle un último asunto: es el tema
relacionado con los fondos de ayuda al desarrollo que ustedes
gestionan. Me gustaría saber el importe previsto para el año
94, no del volumen, que ya sabemos que, al parecer, el
Presupuesto contempla 80.000 millones, sino de los costos que
va a tener eso en 1994, los costos de gestión para el ICO, los
que ha tenido en 1993, así como también la cantidad que prevén
ustedes que sea imputada por el ICO para final de año. Además,
me gustaría que usted me pudiera informar sobre si en estos
momentos se ha paralizado por parte del Instituto de Crédito
Oficial el pago a las empresas españolas de operaciones ya
realizadas con cargo a los fondos de ayuda al desarrollo. Como
usted recordará, señor Presidente, durante el año 1992, desde
junio hasta octubre se paralizó el pago de estas operaciones y
en octubre el Estado tuvo que habilitar, tras una denuncia del
Grupo Popular, una línea de crédito especial para hacer frente
a estos pagos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente del
ICO.




El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (Muñiz de
las Cuevas): He tratado de recoger todas las preguntas que me
han formulado. La primera se refería a la transferencia de la
cartera de reconversión industrial y de créditos excepcionales
de Argentaria al ICO y su impacto. Efectivamente, ésta es una
cartera de créditos a una serie de empresas acogidas a la Ley
de Reconversión Industrial, que también recoge créditos
llamados excepcionales



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por damnificaciones, catástrofes, inundaciones; también recoge
unos créditos otorgados por la banca pública a los cuatro
bancos sectoriales antes de su constitución como sociedades
anónimas en 1972, que las asumía el ICO, y algún otro menor.

Le pasaré un informe detallado, pero trataré de explicárselo
en su globalidad y le enviaré por escrito toda la información
pormenorizada.

Esta cartera está en su totalidad avalada por el Tesoro o
alguno de los que estaban transferidos, que pertenecían al
Banco de Crédito Industrial, ya estaba avalado por el ICO; es
decir, no tuvo efectos negativos en el balance del ICO. (El
señor Vicepresidente, Ortiz González, ocupa la Presidencia.)
Lo que sí ha tenido efectos negativos es que, siendo una
cartera que teóricamente tiene tipos de interés rentables (es
decir, pasaban en los activos los pasivos; por ejemplo en los
pasivos hay 45.000 millones de cédulas de inversiones al 5 por
ciento y otras dotaciones a tipos de interés más bajos que lo
que eran los tipos de interés de los activos, y, en teoría era
rentable), lo cierto es que la morosidad de esta cartera
alcanza del orden del 70 por ciento. Por tanto, la
rentabilidad efectiva es muy negativa y el impacto negativo en
la cuenta de resultados del ICO de esa transferencia de esta
cartera para el año 93 es del orden de 5.700 millones de
pesetas. Este es el impacto y ésta es la magnitud total de los
créditos transferidos de 402.000 millones de pesetas. Estamos
en proceso de gestión de la cartera, de declaración de
fallidos, de manera que, declarados por el ICO y aprobados por
su Consejo de Administración, pasan a la aprobación por el
Tesoro y si el Tesoro los aprueba, tendría que hacer frente a
los fallidos puesto que están garantizados en su mayoría por
el Tesoro, y los que están garantizados por el ICO es el
propio ICO el que acepta el fallido de alguna forma y lo tiene
provisional y, en consecuencia, no tiene efecto ninguno. Pero
es verdad que, puesto que es un activo y un pasivo, tenemos un
coste neto de 5.700 millones de pesetas para 1993, cuya
evolución en 1984 y en 1985 dependerá de alguna partida que
está a tipo MIBOR y, por tanto, según suban o aumenten los
tipos de interés, aumentará o disminuirá, pero para 1993 son
5.700 millones. No sé si este «flash» le da por lo menos una
idea. Le enviaré la información detallada.

En cuanto al impacto de la crisis en el Instituto de Crédito
Oficial he de decir que su balance se compone fundamentalmente
de créditos que ha dado a sus antiguos bancos, que ahora están
en Argentaria, y de la nueva actividad desarrollada con
préstamos directos por el ICO en los años 1992 y 1993.

Puesto que el ICO perdió sus bancos sectoriales, si antes era
un mero coordinador y supervisor de estos bancos y
suministrador de fondos, ahora ha perdido esa labor de
coordinación o de supervisión, pero se ha convertido en un
inversor directo, es decir, presta directamente, cosa que
antes apenas hacía. Hay una cartera, que es la antigua cartera
de préstamos a bancos del ICO que suman una cantidad del orden
de un billón 800.000 pesetas y la nueva actividad directa de
prestamista directo a sectores para proyectos de inversión y
de finalización a medio y largo plazo.

Me habla de la crisis. Una cartera con bancos de Argentaria es
la cartera de mejor calidad que puede tener nadie. Son
préstamos a bancos de la Corporación Bancaria de España; por
lo tanto, eso no afecta para nada. Lo que podría afectar son
los préstamos nuevos directos que ha concedido el ICO a lo
largo del año 1992-93 en que esta labor se desarrolló
fundamentalmente.

No hay ni un solo fallido. No hay ni una sola morosidad en
estos créditos porque eran créditos dados con las máximas y
estrictas normas de solvencia, rigor, garantías, etcétera.

Incluso el ICO procuró en gran parte de ellos colaborar en
préstamos sindicados con la banca privada que da un binomio de
rigor y solvencia y son proyectos de inversión en sectores de
infraestructuras, comunicaciones, etcétera, de máxima
solvencia. No hay ni un solo fallido ni una sola morosidad.

Su pregunta es si la crisis ha generado una demanda tal que
efectivamente no se trata ya sólo de dar créditos a proyectos
solventes, proyectos de inversión reales, sino que también son
créditos a empresas que pueden tener dificultades, que
necesitan saneamiento, que están en crisis y a las que el ICO
puede ser también que esté atendiendo. Es cierto que hay una
cantidad para este fin, aunque es mínima comparada con los
créditos que se dieron a esta parte de la actividad de grandes
proyectos de inversión; es verdad que esto afecta. No afecta
todavía porque es muy reciente. Es en estos meses cuando se
han producido, por ejemplo, los créditos a Sidenol, los
créditos a la Corporación Siderúrgica Integral, los créditos a
FESA-Enfersa, los créditos que es posible que salgan adelante
aunque no están virtualmente todavía en vigor, como por
ejemplo, sería el de IGS-PSV. Pero estos créditos, a los que
seguramente tendrá que hacer frente el ICO, puede ser que el
futuro produzcan, que sin duda producirán, algún quebranto.

De todas formas hay que distinguir dos actuaciones del ICO. Un
es la que hace de forma autónoma, es decir, que su Consejo de
Administración decide de acuerdo -como digo- con las normas
estrictas de rigor, de solvencia y de garantías, y otra, que
podríamos llamar créditos administrados o de política
económica, en la que es el Gobierno el que directamente manda
al ICO para que lo realice. Quizás la crisis no nos afecta en
el otro segmento de nuestra actividad, que se hace, como digo,
con todo rigor y el rigor es de más de tipo político de
saneamiento en el otro segmento de la actividad que serían
estas empresas en crisis. Pero de momento no se refleja en
absoluto en el balance este tipo de préstamos puesto que son
muy recientes y pequeños.

En el año 1992 y 1994 el ICO concedió para proyectos de
inversión aprobados por el Consejo de Administración, es
decir, con todo rigor, unos 400.000 millones de pesetas,
mientras que los créditos que podríamos



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llamar de saneamiento o de empresas en crisis no llegan a
35.000. Es decir, que las dimensiones para un balance del ICO,
que es de tres billones de pesetas en total, serían mínimas en
cuanto a la estructura de su cuenta de resultados y su
balance.

Creo que esto responde más o menos a su pregunta en cuanto a
fallidos e impacto de la crisis.

En cuanto a la mejora de las previsiones -si he entendido su
pregunta- le diré que sí hay una mejora en el año 1994 con
respecto a 1993, fundamentalmente por un crédito a Argelia que
por su situación parecía razonable provisionar, pero que pagó
religiosa y puntualmente y, por tanto, dimos de baja esta
provisión. Las provisiones se hacen en previsión de que ocurra
algo. Puesto que no ocurrió nada, dimos de baja la provisión.

Puede que haya otros detalles, pero es fundamentalmente esto
lo que ha liberado para el año 1994 una bajada de provisión.

Lo de los quebrantos de 900 millones realmente no lo he
entendido muy bien, pero miraré en el presupuesto a qué se
refiere. Ahora no identifico bien a qué se refiere. Parece ser
que la cuantía presupuestaria no corresponde exactamente con
la del ICO. Investigaré qué es lo que ocurre.

El límite máximo de 500.000 millones netos es una autorización
genérica muy amplia que es perceptiva que el presupuesto haga
para que el ICO pueda desarrollar su actividad. Quiere decir
que si el ICO tiene una actividad inversora puede llegar hasta
500.000 millones de pesetas, puede tener una actividad
captadora de recursos de hasta 500.000 millones de pesetas.

Nosotros en un año captamos neto del orden de 300.000 millones
de pesetas en el mercado, a través de emisiones de pagarés, a
través de emisiones de bonos, de obligaciones, puesto que es
neto, mientras que las emisiones a corto plazo se anulan en el
año. Por lo tanto, es una autorización genérica que se repite
todos los años en ese orden y que da la tranquilidad de poder
emitir más que de sobra, dada la capacidad de actividad del
ICO para proyectos de inversión, tanto ahora como cuando antes
tenía los bancos, que era prestar a los bancos, como he dicho
antes. Quiero decir que es una cantidad fija que da esa
tranquilidad de emisión al ICO para atender a sus necesidades.

La subvención del Estado de 1993, también, si he entendido
bien, que es de 9.505 y me parece que este año figuran 12.170
o algo así. No es tal subvención. Es decir, el ICO no recibe
subvenciones del Estado. El Estado lo que hace es dar
subvenciones a las empresas y a los particulares y el ICO
gestiona. Por ejemplo, en el caso de un crédito excepcional
para damnificados, lo que se le da al damnificado son créditos
al siete por ciento que al ICO le cuestan un 13, y esos seis
puntos de diferencia el Estado lo cubre al ICO. Diríamos que
es la subvención que de alguna forma le da el ICO, pero que en
definitiva se le da al particular. No son subvenciones
estrictas al ICO, no son subvenciones de explotación, sino que
el ICO es el que transmite esa subvención al particular o a la
empresa. Fundamentalmente se refiere a los créditos oficiales
a la exportación, que el ICO financiaba al Banco Exterior a un
tipo de interés del siete por ciento cuando los recursos
estaban al 12, el 13 o el 14; para créditos a damnificados por
inundaciones y catástrofes, etcétera. Son de esta naturaleza.

También aclararé el tema de forma específica.

En cuanto a la exención del Impuesto de Sociedades, le diré
que efectivamente el Instituto de Crédito Oficial creó una
línea para Pymes a cinco y siete años, con la idea de que las
pequeñas y medianas empresas empezasen a tener acceso a
créditos a medio y largo plazo. Esta línea, que se hace a
través de la banca y cajas, puesto que el ICO no tiene
capacidad de distribución al no tener sucursales, había de
diseñarse de forma que fuese atractiva para la banca y para
las cajas y también para las pequeñas y medianas empresas. Eso
lleva consigo que el ICO asume la mitad del riesgo de cada uno
de los créditos que concede la banca y cajas a cada una de las
empresas y, además, determina el tipo de interés final para el
cliente, que es el coste estricto de los recursos para el ICO.

Como el banco se queda con dos puntos de margen, esos dos
puntos los asume el ICO. En estos momentos, por ejemplo, los
créditos a cinco y siete años de tipo fijo se están dando en
un orden del nueve por ciento; quizá hoy sería un poco menor
con la bajada de ayer. La Pyme paga el nueve por ciento por
ese crédito y el ICO sólo cobra siete y la financiación la da
el ICO. Por lo tanto, los dos puntos quedan para el banco o
caja de ahorros que tramita ese crédito.

La mitad del riesgo también la corre el ICO, el 50 por ciento,
con un límite global que es el correspondiente a la tasa de
morosidad media del sistema aplicada a esos 100.000 millones.

Esto genera dos efectos en la cuenta de resultados; uno, del
subsidio de los dos puntos y, otro, de la provisión que tiene
que hacer puesto que corremos con la mitad del riesgo. Es una
provisión genérica que hay que realizar.

Yo creo que el resultado ha sido muy satisfactorio, porque,
dada la situación económica, dado que son créditos solamente
para inversión nueva en pequeñas y medianas empresas y dada,
como digo, la situación económica de atonía inversora, se han
concedido hasta hoy, habiendo empezado en el mes de mayo (es
decir, sólo han transcurrido cinco meses) 34.000 millones de
pesetas. La inversión media es de 20 millones de pesetas, con
lo cual quiere decir que ha provocado una inversión o que
supone una inversión implícita de unos 105.000 millones de
pesetas. Como es para dos años, son 100.000 millones para dos
años, y este año, al ritmo que vamos, daremos 60.000 millones
y en el año que viene daremos 90.000. Por eso fue ampliada la
línea, a petición de los propios bancos, en 50.000. O sea, lo
que era una línea de 100.000 se queda en 150.000.




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La conclusión es que, puesto que era un coste para el ICO ya
que el ICO asume el subsidio, nos eximieron del Impuesto de
Sociedades, aunque he de decir que esto no tiene especial
importancia dado que, como su accionista es el Estado, qué más
le da a éste recibirlo por impuestos que por dividendos. En
cualquier caso fue un detalle que agradecemos a la
Administración.

El impacto de la cuenta de resultados es, sin duda, porque
tenemos que pagar el subsidio de dos puntos y además las
provisiones. Esto es, como son créditos a siete años, el
impacto global (o sea lo que asume el ICO hasta el año 2003,
que es cuando se cancelaría esta línea, puesto que solamente
es para los dos años, 1993 y 1994, a no ser que se renueve) es
un total de 18.000 millones. Pero el impacto en 1993 es del
orden de 2.000 millones de pesetas. Dieciocho mil millones a
repartir, como lo especifica un cuadro exactamente, con la
particularidad evidentemente de que gran parte del impacto no
es el subsidio. El subsidio sí es real, es un coste efectivo,
mientras que la provisión que se hace, como digo, puede ser
recuperada, puesto que la provisión es en previsión de que
haya un fallido. Si no hay fallidos recuperaremos lo que hemos
aplicado al fondo de provisión, y si los hay efectivamente los
perderemos. Pero esperemos que no, puesto que se está haciendo
todo ahora con mucho más rigor.

Esta es la línea. Creo que en general he dicho lo fundamental.

El siguiente punto era el problema del CARI y quejas de las
empresas. Se entiende que el CARI es un sistema de incentivos
a la exportación, como sabe usted. En definitiva se trata de
un seguro de tipo de interés para los bancos que prestan. Se
trata de una garantía de rentabilidad. Se garantiza que tiene
un margen de 0,5, 0,6, dependiendo del producto. Esta garantía
de margen juega a veces a favor del Tesoro y a veces en
contra, según sean los tipos de interés del proyecto. Cuando
es en pesetas, efectivamente, juega en contra. Concretamente,
en la exportación de buques, por el tipo de consenso de OCDE,
el banco sólo cobra el 8 por ciento, que es el tipo de interés
que está establecido así, mientras los costes para el banco,
en MIBOR, sería el 13. Cinco puntos de diferencia de coste más
0,5 de rentabilidad, al Tesoro le costaba 5,5.

Este es un instrumento del Tesoro, no es un instrumento del
ICO. Lo que hace el ICO es gestionarlo, formalizar los
créditos. Hay una partida presupuestaria que provee a esto.

Este año me parece que son 2.000 millones, pero todos los años
eran 1.000 millones ampliables. Por razones de restricción
presupuestaria, estos 1.000 millones eran insuficientes para
atender toda la demanda que había de créditos en pesetas y que
generaba un coste para el Tesoro.

El ICO, entendiendo que su función era también flexibilizar
este tipo de actuaciones, adelantó fondos para atender a los
costes del CARI, correspondiéndole una función más bien del
Tesoro y del presupuesto que del propio Instituto. El ICO no
podía adelantar más porque acumulaba una cantidad muy
considerable. Entonces llamó la atención sobre la necesidad de
ampliar el crédito o de realizar una previsión presupuestaria
mayor o de restricción de este tipo de créditos. Esto fue lo
que provocó que, efectivamente, el ICO se plantase en algún
sentido, si se puede decir así, el no adelantar más fondos
mientras la partida presupuestaria no fuese suficiente para
cubrir las necesidades del CARI. No sé si está clara la
explicación. Efectivamente, en este momento está paliado
puesto que el presupuesto se amplió, pasando de mil ciento y
pico millones en 1993 a dos mil millones, como se propone
ahora. Teniendo en cuenta que el tipo de interés ha bajado en
este país, se acerca mucho al 8 por ciento que señalábamos
antes. Antes la diferencia era con el 13 y ahora será menor la
diferencia y, por lo tanto, la garantía de tipo de interés
será menos costosa en este año 1994 y no creo que haya
problemas para ello.

Es verdad que afectó a la explotación de buques.

Pregunta si el ICO dispone de fondos. El ICO no dispone de
ningún fondo. Es una partida presupuestaria. El ICO adelanta
el préstamo cuando hay una insuficiencia presupuestaria que
genera una deuda del Estado que en su día le pagará. Cuando el
Estado le paga, el ICO vuelve a adelantar. Es un sistema
flexible que funciona bien, pero a veces tiene distorsiones.

Reconozco que en un momento se dispararon demasiado los
anticipos del ICO y convenía tener un poco de precaución en
este tipo de financiación.

En cuanto al FAD, es completamente distinto. El FAD tiene un
tratamiento presupuestario completamente distinto. No es un
presupuesto ampliable, no es un fondo. Este fondo lo gestiona,
lo administra el ICO, pero no puede adelantar, además la
Intervención no lo permite, un fondo presupuestario. Puede
hacerlo a una actividad o a un banco que da un crédito CARI
para la exportación, pero el ICO no puede prestar a un fondo
presupuestario. Los fondos presupuestarios este año son 80.000
millones. Aunque quisiera el ICO no podría adelantar fondos al
FAD. Aquí no hay ninguna intervención del ICO. El ICO nunca ha
de administrar los fondos que hay del FAD. El problema que
hubo a finales del año 1992, efectivamente, fue porque algunas
empresas para las que habían sido aprobados créditos FAD no
podían disponer de los fondos, porque el ICO no podía
adelantarlos. Si no, el ICO hubiera hecho esa labor de
flexibilidad y de colchón que a veces hace con relación al
Estado y que se soluciona en pe- ríodos posteriores.

Como digo, al ser un fondo, hay un límite impuesto, que fue
clarísimo en la Ley de Presupuestos de 1993. Lo que pasa es
que, efectivamente, se concedieron o se formalizaron créditos
por cantidades superiores a las que el fondo tenía en aquel
momento, y que entonces era ampliable todavía a 1992, cosa que
hoy no sería posible. Precisamente para evitar que puedan
aprobarse más créditos que de los que se dispone en el Tesoro
en ese fondo, fue por lo que ahora ya no es ampliable,



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y tiene un límite de 80.000 millones. Hubo aquella distorsión
que duró dos o tres meses, pero que ahora está subsanada con
la nueva situación.

Tengo algunas cifras del FAD aquí y demuestran efectivamente
que los formalizados este año ya son mucho menores que los del
año anterior. Por lo tanto, yo creo que ya está perfectamente
normalizado el FAD y no tiene ningún problema en el sentido de
pagos y de formalizaciones. Es decir, no hay el problema que
usted señalaba, y creo que ésa era su pregunta, aunque tenga
otros problemas. No tiene problema ninguno de disposición de
fondos por parte de las empresas y, desde luego, el ICO no
puede adelantar fondos al FAD.

Si tiene alguna duda, me la plantea, pero este problema no
existe en este momento. Existió en 1992 y fue de esa
naturaleza. Hubo un retraso de dos o tres meses.

No sé si me preguntaba algo más del FAD.

¿Costes para el ICO? Ninguno. Bueno, hay un coste que
efectivamente ahora no lo satisfacen, que es el coste de
administración. Nosotros somos los administradores y gestores
y tenemos un equipo de personas trabajando para el FAD. Ese es
el coste que puede haber, del orden de los 120 o 130 millones
de pesetas al año. Realizamos elaboración de contratos,
viajes, negociaciones, etcétera, con las empresas. Lo que
supone la gestión de una cartera que en estos momentos ronda
los 400.000 millones de pesetas, que son cincuenta países,
etcétera. Es puramente los costes de administración y nada
más. No hay más coste, así como el CARI, tiene otro tipo de
costo.

No sé si había algo más. Quedan detalles. Creo que queda por
responder lo relativo a la cartera de reconversión y de
excepcionales transferidos por Argentaria, y quizás sobre el
detalle de pagos y formalizaciones del FAD, así como lo de las
subvenciones y las provisiones informando con un poco más de
detalle, pero creo que he tratado de responder a todas las
preguntas. Si me he dejado alguna, dígamelo.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el
señor Hernando para pedir alguna aclaración por sólo tres
minutos.




El señor HERNANDO FRAILE: Simplemente quiero incidir un poco
en lo que hablábamos de la subvención de los intereses de la
parte del 6 por ciento, de la que usted me hablaba, entre el
tipo MIBOR y el tipo al que ustedes prestan.

En 1993 estábamos hablando de una diferencia de 6 puntos en la
subvención que le da el Estado para los créditos que consigue
el ICO. Estábamos hablando de 9.505 millones cuando los tipos
de interés MIBOR eran mucho más altos que los que son en la
actualidad.

Hemos visto que lo presupuestado, según usted, por el dato que
nos ha dado, para 1994 es de 12.170 millones. Es decir, a
pesar de que las distancias parece que se acortan, el
presupuesto aumenta. Me gustaría saber si eso responde a que
el ICO va a reducir también su tipo de interés o simplemente a
que van a incrementar las dotaciones presupuestarias.

Paso al segundo punto y después me contesta a todo.

En el tema de los FAD quiero decir lo siguiente. Dudo mucho
que se regularice la situación, porque si usted coge los FAD
aprobados y lo que ha pagado el ICO desde el año 1987 hasta la
actualidad, según los datos que tenemos a diciembre del año
pasado, se han autorizado en Consejo de Ministros créditos FAD
por importe superior a los 440.000 millones de pesetas,
mientras que solamente se han pagado, según los datos de su
propio banco, en esos años, 230.000, 235.000 millones de
pesetas. Es decir, queda ahí una diferencia de algo más de
200.000 millones de créditos aprobados por autorización de
Consejo de Ministros y que todavía vamos a tener pendiente de
pagar. Por lo tanto, la limitación de la que usted habla de
80.000 millones en autorizaciones y 80.000 millones en
dotación de fondo al ICO va a ser absolutamente insuficiente,
porque tenemos operaciones atrasadas que se están formalizando
y realizando en la actualidad que requieren una dotación
presupuestaria superior a las autorizaciones del Consejo de
Ministros.

Yo disiento con usted en este punto de que la situación sea la
normalizada. Yo he consultado con algunas empresas y me
aseguran que han recibido del ICO instrucciones de que en
estos momentos tienen dificultades para pagar. Me gustaría que
me aclarara en qué situación nos encontramos al día de hoy de
disposición de los Presupuestos del año 1993, para ver si
todavía nos restan fondos para hacer frente a los compromisos
que nos quedan desde el día hoy hasta el mes de diciembre del
presente año.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): El señor Presidente
del ICO tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (Muñiz de
las Cuevas): Usted apunta a que puede haber algún problema en
el futuro. En este momento no hay ningún problema; puede haber
problema en alguna empresa porque el Tesoro tarda, a lo mejor,
unos días en librar los fondos. Pero no hay problema de
fondos, como sí los hubo en el año 1992, que había la
necesidad de una ampliación de crédito, y se hizo una
ampliación de crédito en las Cortes. En este momento no hay
necesidad de ampliar. Puede haber errores, defectos, en mi
opinión, de tipo administrativo; eso puede ocurrir, pero sería
muy puntual y no afecta al fondo de la cuestión que estamos
tratando, según mi modo de ver.

Sobre la aprobación, puedo hacer el balance exacto de cómo
funciona, pero, efectivamente, hay reembolso de crédito, es
decir, que no tiene por qué coincidir la cartera con lo que
está aprobando el Gobierno en un



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momento dado. En cualquier caso, le daré el balance exacto y,
desde luego, no hay problema ninguno de fondos ni de Tesorería
en este momento, ni actual ni previsto. La dotación se la
daré, pero sí lo tuvimos en 1992, indudablemente. Y con el
CARI también.

En cuanto a las subvenciones, lo que ocurre es que en el
Presupuesto muchas de estas subvenciones son ampliables,
primero, porque no se saben los fallidos que va a haber y, por
otro lado, por su propia naturaleza. El problema de ser
ampliables es que la decisión del Parlamento en la asignación
del presupuesto puede ser mayor o menor siendo menores las
necesidades. Por ejemplo, en el caso del CARI, que lo que se
preveía otros años era un crédito ampliable de 1.200 millones,
este año han sido más realistas y han puesto 2.000 millones de
pesetas. Puede ser que un año, aun bajando los tipos de
interés y habiendo menores necesidades, haya o figuren en el
presupuesto más subvenciones. Eso explicaría, en parte, que
haya pasado de 9.000 a 12.000. En la primera impresión, creo
que eso sería una explicación. Quizás haya otra; investigaré
si hay alguna razón más, pero, fundamentalmente, es ésa. Es
decir, aun bajando el tipo de interés y el coste del CARI, que
va a ser menor este año, significa que es más realista. En las
mismas condiciones que el año anterior, tendría que ser
todavía más.

Esta sería -creo- la explicación.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Muchas gracias,
señor Presidente.

Demos por finalizada la comparecencia del señor Presidente del
Instituto de Crédito Oficial.




-DEL SEÑOR PRESIDENTE DE TABACALERA (PEREZ FERNANDEZ), A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente
212/000137).




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Iniciamos la
comparecencia del señor Presidente de Tabacalera. (Pausa.)
Saludamos a don Pedro Pérez, Presiente de Tabacalera, cargo
del que recientemente ha tomado posesión, bien conocido de
esta Comisión por su anterior condición de Secretario de
Estado de Economía y, consiguientemente, experto en temas
financieros, económicos, y presupuestarios, de los que en esta
Comisión ha tenido oportunidad de tratar con mucha frecuencia.

Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo
Parlamentario Mixto. Parece que se ha producido una
subrogación en favor del señor Ríos, representante del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quien va a
formular las preguntas, supongo que transmitidas o subrogadas,
del representante correspondiente del Grupo Mixto.

Tiene la palabra el señor Ríos.

El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, el señor González
Lizondo me ha pedido que le haga las preguntas para la
solicitud que había hecho, puesto que él no tenía el don de la
ubicuidad y no podía encontrarse en tres sitios a la vez. En
todo caso, somos compañeros de escaño, compartimos escaño y
nos llevamos, dentro de un orden. (Risas.)
Las cinco preguntas que me han dejado para formularle hacen
referencia, la primera, a de qué forma afectará la entrada en
vigor del Tratado sobre la Unión Europea a Tabacalera,
referido esto a lo que podría ser la progresiva eliminación de
la figura de monopolio dentro de este proceso de Unión
Europea.

La segunda pregunta que me han encomendado hace referencia a
si hay una estimación de beneficios para el año 1994 por parte
de Tabacalera y cuál sería esa estimación.

La tercera pregunta o solicitud de información hace referencia
al volumen o costo de las campañas que en defensa del no
fumador o en defensa de las características que tienen los
propios productos derivados de Tabacalera va a realizar la
propia empresa, es decir, explicar el daño que pueda ocasionar
el tabaco para la gente que no lo consume o para los que sí lo
hacen: para los dos, los pasivos y los activos.

La cuarta pregunta hace referencia al proceso que ha aparecido
en los medios de comunicación sobre si se va a producir o no
la privatización de Tabacalera y de qué forma se va a
producir, y si se ha iniciado -y es la última pregunta- un
proceso de reconversión o, por lo menos, se ha difundido que
junto con ese proceso de privatización iba a provocarse una
reconversión con el despido de 500 trabajadores.

Fundamentalmente, este volumen de puestos de trabajo estaba
referido a la producción y, dentro de esta reducción de
puestos de trabajo, principalmente son de producción, y parece
ser que el volumen mayor de estos puestos hacen referencia a
la mujer o que son mujeres las que los ejercen en la
actualidad.

Estas son, fundamentalmente, las cinco preguntas que me han
demandado. Espero el rigor en la contestación y en todo caso
después podremos hacer las precisiones oportunas.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): El señor Presidente
de Tabacalera tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DE TABACALERA (Pérez Fernández): Señor
Presidente, en relación con la primera cuestión, es evidente
que el Tratado sobre la Unión Europea afectará a las
actividades de la Compañía, pero yo diría que no de una manera
muy distinta que a otras empresas españolas. Distinguiría, en
este sentido, el proceso de armonización legislativo, que ya
se ha llevado a cabo de cara el Mercado Unico y que
constituye, sin duda, un núcleo fundamental del proyecto sobre
la Unión Europea, de lo que es todo el proceso hacia la unión
económica y monetaria. En ese



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ámbito, evidentemente, la creación de una moneda única
entiendo que va a ser favorable tanto para la Compañía como
para las restantes empresas españolas, en la medida en que va
a eliminar las incertidumbres cambiarias y no olvide que
Tabacalera tiene un volumen de compras de materias primas y de
otros productos semitransformados que ronda los 40.000
millones de pesetas, y todo aquello que incida en la
estabilidad cambiaria, y por tanto en la posibilidad de aislar
ese riesgo en el ámbito de la programacióN de la Compañía,
tendrá un impacto positivo.

En lo que se refiere a la configuración legal, como sabe, ya
se llevó a cabo el proceso de adaptación del monopolio y en
estos momentos cualquier productor europeo puede importar y
comercializar libremente en nuestro país cualquier labor de
tabaco. Sí existe todavía el monopolio de la red de venta, que
no depende de la Compañía. Como sabe, es una concesión del
Gobierno, que se controla a través de la Delegación del
Gobierno en Tabacalera, que es compatible con la legislación
comunitaria, puesto que la red de ventas y la red de
distribución están obligadas a comercializar todos los
productos, tanto aquellos que elabora Tabacalera como aquellos
que se importen por cualquier otro fabricante. En la medida,
en consecuencia, en que no hay posibilidad de discriminación
ni mediante mecanismos que puedan obstaculizar la venta de
cualquier labor, ni en cuanto a la posibilidad de establecer
precios de distribución discriminatorios (los precios de
distribución son fijos, porcentualmente establecidos en el
caso de los estancos a nivel de ley y, por tanto, idénticos
para todas las labores), no habría, por tanto, ninguna
posibilidad de discriminar, en el ámbito comercial, con
respecto a los productos según su origen. Todos tienen igual
tratamiento y, por tanto, en la medida en que ese tratamiento
igualitario está asegurado por la ley, la Comisión entendió en
su momento que el monopolio de venta al por menor -que insisto
en que es un monopolio que no es de la Compañía- es compatible
con la legislación comunitaria en su operativa. En
consecuencia, desde el punto de vista de la adaptación
legislativa, no existe ningún problema en cuan- to a su
compatibilidad con el proyecto de la unión europea.

Para terminar, tengo que decir que esta situación no es
exclusiva de España, sino también compartida por los casos de
Francia e Italia, que tienen un esquema idéntico al nuestro,
es decir, existe una libertad de importación de productos,
pero también una obligación de no discriminación en cuanto a
la introducción en el mercado de cualquiera de las labores
producidas en el contexto comunitario. Y en el ámbito de la
distribución, en la medida en que el mecanismo establecido es
no discriminatorio, que es compatible con la legislación
comunitaria, no existe tampoco ningún problema de adaptación.

Sobre la estimación de beneficios, les diré que, aun cuando
ustedes tienen acompañando al presupuesto un documento sobre
el PAIF de la Compañía, es cierto que el PAIF, por la mecánica
presupuestaria, se elaboró en la primera parte del año, en
concreto salió de la Compañía a principios de febrero, y desde
entonces no cabe duda de que se han producido una serie de
variaciones, en algunos casos significativas, particularmente
aquellas relacionadas con la evolución de las ventas de los
cigarrillos, tanto por el efecto del impacto del aumento de
fiscalidad que se produjo el año pasado, como de la derivación
que esto ha tenido en cuanto a los volúmenes de contrabando.

Aun cuando, evidentemente, en el ámbito del contrabando es muy
difícil hablar de cifras, las estimaciones de la Compañía son
que el volumen de contrabando en términos de cajetillas se
puede haber duplicado a lo largo de este año.

Todo esto está incidiendo en el volumen de ventas y
particularmente en el margen de explotación. Esta es una
cuestión, como saben, que ya ha sido objeto de preocupación
por parte del Gobierno, que ha introducido una serie de
modificaciones legislativas en la Ley de Impuestos Especiales
y en los desarrollos posteriores, que van a dar lugar a la
entrada en vigor de todo ese nuevo cuerpo legal estableciendo
nuevas sanciones, que entiendo que son de la suficiente
contundencia como para que a partir del mes de diciembre, y en
particular en la primera parte del año que viene, se puedan
observar resultados bastante positivos en esta materia. Al
menos en esa expectativa vivimos en la Compañía, puesto que
este es un ámbito bastante importante que está causando un
impacto muy fuerte tanto en nuestro volumen de ventas como en
la cuenta de resultados.

En consecuencia, como ya habrán visto por las informaciones
trimestrales de la evolución de los resultados de la Compañía
en la primera parte del año, esta tendencia se está desviando
de las previsiones iniciales a peor. Pensamos que va a
continuar en esa línea en lo que queda de año, pero en
relación a la pregunta que me ha formulado del año que viene,
es evidente que los resultados de esta persecución del
contrabando pueden tener un impacto muy positivo y, por tanto,
dar lugar a variaciones muy significativas en cuanto a la
evolución de beneficios de la Compañía.

En síntesis, y precisamente por esta cuestión crítica en
cuanto a estimaciones de resultado del año que viene, en estos
momentos no es fácil hacer una previsión concreta de
beneficios de la Compañía, puesto que van a estar, insisto,
muy directamente afectados por el éxito que se pueda tener en
el ámbito de la lucha contra el contrabando.

En cualquier caso, y esto está también en relación con parte
de las restantes preguntas que usted ha formulado, ya desde mi
llegada he introducido una serie de medidas para mejorar la
situación de la Compañía y sus perspectivas de resultados. Ese
programa parte de un plan de austeridad en todos los ámbitos
de gasto. Hay una reducción bastante significativa de gastos
generales previstos tanto para lo que queda de año, este



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último trimestre, como para el año que viene. Esta reducción
de gastos generales afecta a todos los ámbitos, desde viajes,
material y equipos de oficinas hasta trabajos en el exterior,
suscripción, consumos eléctricos, telefónicos, etcétera.

Se están evaluando -evidentemente se hace con vistas a
optimizar los recursos que empleamos en lo que se refiere a
publicidad y promoción- nuestros programas de publicidad y
promoción, con el objetivo de mantenerlos, pero empleando
menos recursos, reduciendo el volumen de gastos en este
capítulo, que es muy importante para la Compañía.

Se han congelado las aportaciones a la Fundación. Este es un
tema que, desde luego, como Presidente de la Compañía tengo
que lamentar, pero es evidente que en la situación de caída de
resultados que tiene la Compañía difícilmente podíamos
mantener los programas inicialmente previstos en ese ámbito.

Se ha anulado el proyecto de cambiar la sede central de la
Compañía desde su actual ubicación en la calle Barquillo al
edificio que la Compañía adquirió hace año y medio en
Castellana. El proyecto lo he anulado y vamos a sacar ese
edificio a la venta en cuanto el mercado inmobiliario mejore y
sea posible la colocación en los trechos que consideremos
razonables.

He introducido también un plan de optimización en toda la
política de compras de la Compañía, y eso se refiere no sólo a
las materias primas sino a todos los productos elaborados que
se adquieren para la producción.

Se está preparando un plan de mejora de gestión de «stocks»,
que es un aspecto también crítico en la Compañía. Tengan en
cuenta que quince días de «stocks» tienen unos gastos
financieros del orden de 450 millones de pesetas. Por tanto,
todo lo que ahí podamos pensar y que revierta en una reducción
de «stocks» mediante un mejor enlace entre los estancos,
nuestros almacenes de distribución y la producción puede y va
a tener un impacto muy positivo en la cuenta de resultados.

Al margen de lo que podríamos llamar este programa de
reducción de gastos, de mayor austeridad en el ámbito de la
Compañía, estamos preparando, y lo he encargado al Centro de
Investigación y Desarrollo, nuevas labores más adaptadas a lo
que son las tendencias del consumo en los últimos años.

Estamos también preparando un estudio sobre nuevos mercados.

La Compañía ha vivido en el pasado, en la medida en que ha
tenido un mercado boyante en nuestro país, con una cierta
desatención a los mercados exteriores. Creo que ha llegado el
momento de que Tabacalera se plantee la posibilidad y la
conveniencia de estar presente en otros mercados. Hemos
seleccionado un conjunto de países que vamos a estudiar para
ver la posibilidad de penetrar en ellos.

Aprovecho para contestar una de sus preguntas, en concreto la
que hace referencia a lo que viene siendo una caída
estructural del volumen de ventas. No cabe duda de que, al
margen de esos aspectos de contrabando, al margen de la
incidencia de la fiscalidad, por pautas de consumo por todos
bien conocidas y a las que acaba de hacer referencia hace un
momento, la venta de tabaco se viene reduciendo, es verdad que
de una manera suave, pero que ya en tasas acumulativas empieza
a ser significativa en los últimos años. Les diré que en el
período 1990-1993 la caída en ventas de cigarrillos es del
orden del 12 por ciento y en cigarros del orden del 13 por
ciento. Es evidente que, aun cuando tratemos de adaptarnos
mejor a la demanda del consumidor preparando nuevas labores en
línea con estas preocupaciones y con las preferencias del
consumo, es un patrón internacional, al menos en todos los
países occidentales, que el consumo de tabaco va a seguir
disminuyendo a lo largo de los próximos años, esperemos que en
tasas moderadas.

En consecuencia, todo ello plantea una necesidad de adaptación
de la Compañía en lo que es su tronco principal, el negocio
del tabaco, a esta realidad actual y a lo que van a ser las
tendencias futuras. Esta es una Compañía que ha sido muy
rentable en el pasado, que sigue siendo rentable, y que puede
ser muy rentable siempre y cuando seamos capaces de irnos
adaptando paulatinamente, de manera suave, a esa evolución de
la demanda.

En esta línea está el plan de reducción de empleo que estamos
en estos momentos discutiendo con los sindicatos en la
empresa. Es un plan de bajas voluntarias y de jubilaciones
anticipadas. Por tanto, es un plan que en ambos aspectos parte
de la decisión del trabajador de la Compañía y que, en la
medida en que tengamos éxito en su introducción y en su
aplicación para la consecución de estos objetivos, iniciaremos
ese proceso de adaptación que yo deseo que sea por mecanismos
no traumáticos. Dicho de otra manera, es evidente que si
retrasásemos el proceso de adaptación de lo que es nuestra
planta productiva y el empleo en esa planta productiva en el
ámbito tabaquero, lo que haríamos es complicar las cosas y
vernos abocados, en un futuro quizá no muy lejano, a ajustes
que en ese caso, desgraciadamente, tendrían que ser
traumáticos. De ahí que tratemos de anticiparnos en el tiempo
e iniciar este proceso de manera suave y no traumática.

Respecto a la privatización, como gestor he de decirle que yo
no tengo ningún mandato de privatización por parte del
accionista principal y que, en lo que se refiere al futuro en
este tema, creo que la pregunta se la deben formular al
accionista, más que al gestor de la empresa.

Por último, en lo que se refiere a los programas de publicidad
dirigidos a los no fumadores, yo creo que ya el Gobierno, a
través particularmente del Ministerio de Sanidad, está
haciendo una labor bastante intensa. A la Compañía, en todo
caso, le correspondería resaltar las virtudes del tabaco, que
también las tiene. Por ejemplo, en el ámbito sanitario el
tabaco es un buen medicamento para el Parkinson y algunos
otros problemas



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sanitarios. (Risas.) Es un producto que tiene un cierto
elemento de nocividad, pero hay otros muchos componentes
alimenticios con elementos de nocividad que, sin embargo, no
son considerados tan peligrosos como el tabaco.

Anecdóticamente le diré que las berenjenas tienen tanta o más
nicotina que el tabaco y, sin embargo, nadie persigue el
consumo de berenjenas o de cualquier o de cualquier otro
producto hortofrutícola que tambíen pueda tener componentes de
este tipo.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Si el señor Ríos
quiere pedir alguna aclaración, hágalo en el plazo más breve
posible.




El señor RIOS MARTINEZ: Brevemente, señor Presidente, quiero
agradecer las extensas respuestas que se me han dado y que
trasladaré al Diputado que me ha sugerido las preguntas.

En todo caso, he entendido que de mala gana ponen ustedes en
los paquetes de tabaco lo de que el tabaco es malo para la
salud, porque acaba de decir que hay elementos positivos. De
aquí en adelante le aseguro que las berenjenas las freiré bien
para que no lleven la nicotina en alto grado. (Risas.)
Me gustaría que me precisase si el plan de reconversión es
general para todo el país o se va a centrar en la parte de
producción, y el proceso de negociación en que se encuentra.

Ha dicho que está en fase de negociación con los sindicatos,
aunque preferiría ultimar en bajas voluntarias y jubilaciones
anticipadas -he entendido yo- ese proceso de reconversión y
que, en todo caso, si no se ultima en el proceso de
negociación, habría un proceso de ajuste más alto o más
complicado para el futuro. Esto es lo que he entendido yo. Me
gustaría que me precisara, si puede, esas tres vertientes de
la pregunta.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Gracias, señor Ríos.

Tiene la palabra don Pedro Pérez para aclarar estos extremos.




El señor PRESIDENTE DE TABACALERA (Pérez Fernández): Sobre la
cuestión de la adaptación de la Compañía a la situación de la
demanda, quiero insistirle una vez más en que desgraciadamente
-creo que las estadísticas son irrebatibles en este sentido-
el consumo de tabaco viene disminuyendo de manera paulatina
pero continuada a lo largo de los últimos años. Por tanto,
tenemos hoy una realidad y es que el volumen de ventas de la
compañía, en comparción con el año 1990, es en cuanto a
cigarrillos un 12 por ciento inferior -quiere decir que
producimos menos- y en los cigarros el descenso es aún más
fuerte, luego ya tenemos un problema de desajuste entre
nuestra planta productiva y las cifras actuales de demanda.

Hemos tratado el problema del contrabando como transitorio. La
problemática del contrabando no tiene nada que ver con los
planes que se han presentado a discusión con los sindicatos,
sino la situación de las ventas en los últimos tres años y la
previsible para los próximos tres años. Desgraciamente, como
le decía, hay la constatación, tanto en este país como en
otros de nuestro entorno, de que el consumo de tabaco va
disminuyendo. Ante esa situación tenemos dos alternativas. Una
es, partiendo de esta realidad, tomar conciencia del problema
y si nuestra obligación es mantener Tabacalera como una
Compañía sana, solvente financieramente hablando y muy
competitiva, tendremos que irnos adaptando a esa realidad, que
es la púnica vía para mantener la fortaleza financiera de la
Compañía y el futuro tanto de la Compañía como el empleo, pues
es muy importante el empleo que tiene la Compañía
prácticamente en todas las regiones españolas. De ahí que,
como una decisión en el conjunto de actuaciones que desde mi
llegada a la Compañía he introducido y que les acabo de
relatar, al final estuviese este problema de la adaptación de
la plantilla a las necesidades productivas de la Compañía.

Esta cifra sale no de una estimación global, sino de una
estimación centro por centro que está perfectamente desglosada
en cada una de las fábricas, en cada uno de los niveles
profesionales de la Compañía y también en las oficinas
centrales. En las oficinas centrales el programa trata de
alcanzar 62 bajas por estos mecanismos alternativos, bien
bajas voluntarias o jubilaciones anticipadas, y los otros 432
empleos (la cifra exacta no son 500, sino 494) se distribuyen
entre los 13 centros de producción de la Compañía a lo largo
de toda la geografía española, cifras que están en relación
con el tamaño del centro y el volumen de empleo en cada uno de
ellos.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias a don
Pedro Pérez. Con esto queda terminada su comparecencia como
Presidente de Tabacalera en esta Comisión.

Vamos a hacer una pequeña interrupción de la sesión hasta las
cinco y media, que es la hora fijada para la comparecencia del
Presidente de AGESA. (Pausa.)



-DEL SEÑOR PRESIDENTE DE AGESA (MARTINEZ GOMEZ) A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (Número de expediente
219/000008)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Señoras y señores Diputados, comienza la comparecencia del
señor Presidente de AGESA, solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Antes de conceder la palabra al señor Ollero, que hablará en
nombre del Grupo, quiero indicar a los portavoces que
disponen, según me cuenta el Letrado de la Comisión, de todo
aquello que, de acuerdo con las normas internas de la
Comisión, se han ofrecido los comparecientes a contestar por
escrito y en los términos



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en que normalmente se ha acordado por el propio compareciente
y por el peticionario. De acuerdo con el plazo de las setenta
y dos horas que amablemente imponemos a los comparecientes,
las contestaciones que corresponden a los comparecientes de
ayer, mañana y tarde, tendrían que estar en la Cámara a lo
largo del miércoles, y las que correspondan a hoy, mañana y
tarde, tendrían que estar el jueves. Siempre se producen
algunos atrasos, aunque hemos de reconocer que cada año menos.

Por tanto, ruego a los representantes de los Grupos que
indiquen al Letrado si esos atrasos se producen a lo largo del
jueves o viernes de la semana que viene, porque nosotros
vigilaríamos y, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones con
las Cortes, trata- ríamos de que se contestara sin ningún
atraso y con la amplitud que el propio compareciente ha
prometido. Quiere decirse que SS. SS. disponen de todas las
peticiones que se han hecho de contestación por escrito
correspondientes a ayer, mañana y tarde, y las de hoy, como
muy tarde, en la mañana del lunes.

Tiene la palabra el señor Ollero, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular.




El señor OLLERO TASSARA: Ante todo quiero dar la bienvenida,
en nombre de mi Grupo, al señor Martínez, Presidente de AGESA,
cuyo nombramiento no dejó de despertar cierta curiosidad dados
los antecedentes, y no me refiero tanto al conocido incidente
de que se presentara una querella criminal acusándole, en su
día, de haber manipulado la contabilidad de la Expo, que
estaba preparando para el Tribunal de Cuentas...




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ollero. Permita al
Presidente hacer alguna observación. Yo ya sé que es una
pretensión inútil y, por tanto, no quiero caer en la
melancolía de pretender que los términos de estas
comparecencias sean estrictamente de preguntas y respuestas,
con el fin de que las señoras y señores Diputados estén
perfectamente documentados para el trámite de presentación de
enmiendas a la totalidad o al articulado. Yo ya sé que
mantenerlo dentro de esos cauces es prácticamente imposible, y
por tanto no lo pretendo, pero S. S. me tiene que ayudar para
que al menos no se empiece tan abruptamente, porque luego será
muy difícil que yo pueda mantener sus preguntas y las
contestaciones del compareciente en un campo medianamente
parecido al que tiene formalmente como objeto este tipo de
comparecencias.




El señor OLLERO TASSARA: No iba a preguntarle sobre el
particular, señor Presidente. Simplemente iba a señalar el
detalle, sin duda paradójico, de que quien iba a inspeccionar
una empresa acabe siendo su presidente. Yo no sé si hay muchos
inspectores de Hacienda que después de levantar acta hayan
acabado convirtiéndose en presidentes de la empresa que
inspeccionaban. Es el caso que se ha dado en esta
circunstancia. Lo digo, y creo que viene a cuento, porque todo
el mundo preguntaba...




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, no nos deje sin ocupación a
los inspectores de Hacienda.




El señor OLLERO TASSARA: Todo el mundo preguntaba qué era
AGESA y creo que, para entendernos, conviene recordar algunos
datos. Vamos entonces a lo que nos ocupa.

Esta sociedad surge después de producirse, en el estrecho
margen de dos meses, dos decretos-leyes. Uno, en enero de
1993, que anunciaba que se iba a liquidar la Sociedad Estatal
Expo-92, y dos meses después, no se sabe muy bien por qué,
otro decreto-ley da paso a esta sociedad que va a encargarse
de algo más, según me ha dicho el Gobierno en respuesta por
escrito, que la pura liquidación de la sociedad anterior. Se
me decía que la Sociedad Estatal Expo-92 podría haber
continuado su actuación después de marzo de 1993 -dice el
Gobierno textualmente- hasta el momento en que las condiciones
patrimoniales y mercantiles lo permitiesen. A contrario, que
decían los clásicos, debo entender quizás que las condiciones
patrimoniales y mercantiles no permitían que se realizaran los
activos que allí había y que, por tanto, se extinguiera de una
vez esa sociedad. Surge una nueva sociedad que, según el
Gobierno, debe desarrollar más funciones que la liquidación y
cierre de las operaciones. Quería decir al señor Martínez que
me explique cuáles son las funciones de esta sociedad, en qué
consisten y, sobre todo, cuál es la previsión temporal que él
haría respecto al cumplimiento de los objetivos sociales,
porque si el objetivo social es realizar los activos tal como
se han hecho públicos mucho me temo que pueda durar toda la
vida esta sociedad, ya que no parece fácil que se realicen los
activos tal como se han calculado, como luego tendré ocasión
de exponer. Da la sensación de que aquí ha habido un cierto
intento de paliar las pérdidas que haya llevado consigo la
Expo, paliar en el doble sentido de ocultar, que es el sentido
estricto, y de amortiguar un poco.

La segunda pregunta al señor Martínez es si tiene un catálogo
o un inventario de bienes y deudas de todas las sociedades
estatales que se han reunido ahora en AGESA, cuál es el monto
de esos bienes y de esas deudas, cuál es el plazo y cómo
piensa que se financiará todo eso. Existe, por ejemplo, en
relación a Expo -es bien sabido- un crédito multidivisa de
75.120 millones de pesetas. Sobre este particular también
quería hacerle algunas preguntas, las números tres, cuatro y
cinco, al señor Martínez. ¿Cuál es la finalidad de ese
crédito? ¿Se destina a inversiones o a pagar deudas de la
sociedad? Cuarta pregunta: ¿Las devaluaciones y el juego de
los tipos de interés han incidido sobre ese crédito? Quinta
pregunta: ¿Tiene la sociedad



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fondos para hacer frente a todo eso, o será el Estado con
subvenciones quien deba acudir a ello?
Por otra parte, en los presupuestos está presupuestada una
ampliación de capital, para este año, de 21.502 millones de
pesetas. Me gustaría que aclarara si es para inversiones o
para hacer frente a deudas, e incluso, como se da la fortuna
de que el señor Martínez, por las circunstancias a las que
antes me he referido, conoce muy bien la Expo, si tiene
noticia de que en el año 1993 se haya hecho ya alguna
ampliación de capital, porque esto nos iría situando un poco
en donde estamos.

Señor Martínez, yo no le oculto que mi impresión (no presumo
de saber qué es AGESA, no soy tan fatuo) es que a usted le han
dado el cadáver de la Expo para que intente darle una rentable
sepultura, y me parece que eso va para largo. Esa es la
sensación que da. Por ejemplo, en los presupuestos de 1993 se
preveía una venta de inmovilizado material de la Expo por
valor de 112.629 millones de pesetas, que no se ha realizado.

Es más, esos activos se han convertido ya, como hemos visto,
en una cifra bastante superior. Nueva pregunta por mi parte:
¿Se debe a la incapacidad actual de realizar esos activos que,
según los presupuestos del año pasado, deberían ya haber sido
realizados? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Hay un detalle
anecdótico pero que puede ilustrarnos, señor Martínez. ¿Por
qué no me dice qué ha pasado con el concurso de El Palenque?
¿Cuántas empresas se han presentado a ese concurso? ¿Quién ha
sido su adjudicatario y por qué importe? Porque nos puede dar
una idea de en qué medida cabe realmente realizar activos en
la antigua Expo-92.

Vamos con los activos. Hubo una primera valoración de activos,
no muy rigurosa desde el punto de vista contable, que estimó
que había 30.000 millones. Un año después los activos han
pasado a suponer 128.859 millones, más o menos cuatro veces
más, lo cual demuestra una plusvalía notable. A mí me dice el
Gobierno -yo me lo creo, por qué no- que la primera valoración
no era muy rigurosa. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es
si es rigurosa la segunda. Por ello quiero preguntar al señor
Martínez si ha intervenido alguna auditora o auditoras en la
valoración de esos activos. En su caso, cuáles, cuándo y con
qué resultado. Lo digo para ver si tienen fiabilidad realmente
esos activos, porque los criterios de valoración del Gobierno
-me ha informado de ello- son un poco sorprendentes. Se
valoran los activos, dice, por su coste real de adquisición o
construcción. A mí los expertos me dicen que hay siempre dos
valores, el coste de adquisición y el real de mercado, y que
normalmente se suele utilizar el más bajo. Curiosamente aquí
se ha utilizado el que sin duda es mucho más alto. No es lo
mismo lo que cuesta hacer el Pabellón de los Descubrimientos
que lo que se puede conseguir vendiéndolo. Cuesta mucho
venderlo, desde luego, pero lo que no sé es por cuánto al
final. Es que, además, se incluía -dice- el valor de los
trabajos realizados por la sociedad para su inmovilizado, lo
cual suena un poco curioso, como si se hubieran incluido
gastos corrientes y gastos financieros. Eso sí, el Gobierno se
cura en salud y dice que no cabe imputar gastos corrientes a
activos y que los auditores externos lo hubiesen reflejado en
su informe. Yo pregunto simplemente, ¿el auditor interno ha
intervenido en la valoración de los activos también o no?
Porque sería chocante si resulta que el auditor externo es el
mismo que ha valorado los activos o que ha contribuido a
valorarlos.

Voy terminando. ¿Cómo marcha, señor Martínez, el control de
cuentas por parte del Tribunal de Cuentas? Por cierto, donde
usted ha trabajado, donde usted aspira a trabajar cuando esta
sociedad se extinga, si se extingue algún día, que yo así lo
creo. Lo digo porque a mí como Diputado se me han negado
papeles pretextando que estaban siendo sometidos a examen del
Tribunal de Cuentas. Por eso es una pregunta claramente
egoísta, quiero saber cuánto me queda más o menos, para
hacerme una idea. Por ejemplo, señor Martínez, las actas del
Comité directivo, que se me han negado una y otra vez (ese
Comité que existió en tiempos) y donde se reflejaban los
cambios de impresiones del señor Pellón y del señor Olivencia,
¿están en su poder ahora mismo? ¿Me lo podría confirmar?
Voy a otro apartado, señor Martínez: Personal. ¿Cuánto
personal tiene la empresa AGESA? Se me asegura que tiene más
de 100 personas, lo cual supondría, quizá, el triple que el
Parque Temático. Caramba, para enterrar a un muerto es buena
comitiva, realmente, pero me tendrá que explicar un poco qué
hacen esas personas. Es más, ¿por qué no me manda por escrito
un organigrama, dentro de las 72 horas previstas, si no
quebranto el duelo? Mándeme, por favor, un organigrama del
personal que tiene. Yo sé poco de lo que se hace en la
empresa; espero que usted nos ilustre. Me aseguran que siempre
que se llama a AGESA están saturadas las líneas. Aparte de
hablar por teléfono se hará otra cosa.

¿Usted quiere montar una empresa política? Porque se dan las
siguientes circunstancias, según mis noticias. Parece que
usted va a nombrar a un director general de explotación que es
también funcionario del Tribunal de Cuentas, y a otra persona
que también es funcionaria del Tribunal de Cuentas la va a
llevar a su empresa. Me preguntó qué está pasando, sobre todo
porque, según mis noticias -usted lo confirmará-, parece que
tanto usted como esas personas pasan a servicios especiales,
como yo. O sea, que son tan políticos como yo. Yo, por ser
elegido por los ciudadanos, paso a servicios especiales siendo
funcionario; usted, por ser nombrado a dedo, pasa a servicios
especiales y le reservan su puesto en la Dirección Técnica de
la Presidencia del Tribunal. Y ahora usted va a reservar los
puestos de otros dos a los que se lleva con usted. ¿Qué está
montando ahí? Lo lógico sería buscar gestores con experiencia
en las finalidades o en los objetivos de la sociedad. Espero
que me justifique qué experiencia



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tienen esas personas para poder cumplir los fines que, según
dicen, no son la pura liquidación sino otras funciones.

Explíqueme qué funciones y si es lógico que un Gobierno que se
ha caracterizado por tomar como bandera las incompatibilidades
dé paso a esto. Se va a producir un fenómeno muy curioso,
señor Martínez, y es que si usted vuelve al Tribunal de
cuentas se puede encontrar auditando a esta sociedad, y a
quien se va a llevar de Director General también. Esto es un
lío; ya ha pasado así.

Permítame que vuelva sobre lo anterior. Cuando un juez envió,
por si había irregularidades contables, la denuncia al
Tribunal de Cuentas usted estaba en el Tribunal de Cuentas, y
el papel se perdió. Luego apareció cuando los periódicos
hablaron de él. Que se den estas situaciones no son buenas.

Que fiscalizadores y fiscalizados no se distingan y no se sepa
dónde está cada cual no es bueno.

Señor Martínez, ¿qué relación hay entre AGESA y Cartuja 93?
Sobre todo proyectando hacia el futuro la cuestión. Da la
sensación de que hay un notable solapamiento e incluso parece
que un cierto entorpecimiento mutuo. Quisiera hacerle tres
preguntas sobre el particular. ¿Qué actuación tiene previsto
AGESA respecto a Cartuja 93? ¿Acabará absorbiéndola? ¿Qué
inversiones ha realizado AGESA en relación al proyecto Cartuja
93? Por ejemplo, las aportaciones de la Junta de Andalucía y
del Ayuntamiento de Sevilla al proyecto Cartuja 93, ¿se
financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado?
¿Cómo se financiarán? Usted ahora tiene otras funciones.

Quisiera saber si la Memoria de la Expo -es costumbre al
finalizar una exposición universal hacer una memoria-, que se
intentó hacer en la sociedad estatal pero, que yo sepa, no
llegó a hacerse, usted en este momento tiene el encargo de
terminarla. En los presupuestos se habla de que la sociedad va
a conseguir por ventas e ingresos 200 millones de pesetas este
año. Me interesaría saber qué piensan vender para conseguir
esos millones. Porque, aparte de que sé, por ejemplo, que
ustedes cobran el 6 por ciento de la facturación telefónica
del Parque Temático, a pesar de su intento de tener teléfono
por su cuenta, qué otras fuentes de ingresos espera tener.

Dos últimas cuestiones. Se habla mucho de la posibilidad de
privatizar en la isla de La Cartuja. Es confusa la situación.

¿Realmente piensan ustedes vender el terreno de manera que un
terreno expropiado se convierta de nuevo en privado? Por
ejemplo, el World Trade Center, que se ha afirmado que había
un cierto compromiso para llegar a una venta y no simplemente
a una utilización por cuarenta años, ¿está previsto que llegue
a consumarse?
Los anuncios que usted ha puesto en la prensa estos días,
explicando la gran gama de actividades que piensa llevar a
cabo, han producido profunda inquietud en Sevilla, porque allí
se ha organizado toda una Expo, se han traído empresas del fin
del mundo, ha habido empresas que luego han quebrado y han
arrastrado en las subcontratas, que son las de alrededor, a la
sima, en suspensiones de pago en cadena, a mucho pequeño
empresario de la zona. Si ahora usted viene y monta unas
empresas que se van a dedicar a la reprografía, a celebrar
congresos, a competir con las empresas de la localidad, la
gente de allí dice que es lo que faltaba ya para que el
fenómeno Expo fuera una promoción de esa zona. ¿Realmente
usted piensa estar muchos años allí organizando esas
actividades como empresa pública o estos anuncios son
solamente durante unos días para conmemorar la efeméride?
Estas son mis preguntas. Muchas gracias por su paciencia.




El señor PRESIDENTE DE AGESA (Martínez Gómez): Buenas tardes a
todos. Es mi primera comparecencia ante SS. SS. y espero que
comprendan las insuficiencias de quien comparece por primera
vez ante tan dignos representantes de la soberanía popular.

Francamente venía con la idea de intentar responder a
preguntas referidas al tema de la comparecencia, que era el
presupuesto de 1994. Les confieso que traía la lección bien
aprendida y datos suficientes como para responder a todas sus
inquietudes respecto a este tema. Lamento que mi primer paso
por esta Comisión vaya a ser un poco frustrante para ustedes
porque la contestación a la mayor parte de las preguntas que
me han hecho no la tengo preparada, francamente. Haré un
esfuerzo, no obstante, para ser capaz de satisfacer todos los
justos e importantes motivos que han dado lugar a las
preguntas que ha formulado el señor Diputado, pero le pido
disculpas anticipadas si no puedo hacerlo por no traer el tema
suficientemente preparado. En aquellas cuestiones que no pueda
responderle ahora, pero que sí pueda hacerlo en una actuación
posterior o con documentos que no poseo en estos momentos, tal
y como me ha comunicado el Presidente de la Comisión, los
enviaré por escrito. También le pido disculpas porque me ha
sido imposible recoger todas las preguntas porque no sé
taquigrafía. Si a alguna no le contesto, le ruego que me la
vuelva a preguntar, en el caso de que la no contestación se
deba a que no he tomado nota. Podemos entrar en este intento,
por mi parte, de responder a todas las preguntas de su
señoría.

La primera pregunta creo que se refería a las funciones de
AGESA, más bien a por qué se crea AGESA. Creo entender que ésa
era la inquietud inicial de su señoría. AGESA -lo digo para
quien no conozca la normativa que rige esta sociedad estatal-
es una sociedad cuyas propias siglas indican bastante a las
claras lo que pretende ser. Su denominación social es Sociedad
Estatal de Gestión de Activos y su nombre comercial es AGESA.

La sociedad se crea, desde el punto de vista fáctico, no
jurídico, mediante Real Decreto del 2 de abril de 1993, que lo
que hace es -como dice literalmente el propio Real Decreto- no
disolver, no liquidar la Sociedad Estatal Expo-92, como S. S.

ha indicado



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muy bien, ante un planteamiento que en la propia exposición de
motivos del Real Decreto aparece claramente, cual es el deseo
de no liquidar de una manera precipitada y mantener una
gestión suficientemente adecuada en el tiempo para los activos
de las sociedades que existieron durante los eventos de 1992.

El artículo 1.º del Real Decreto dice textualmente que la
Sociedad Estatal Exposición Universal Expo-92 continuará -por
tanto no hay una liquidación- realizando sus actividades,
gestionando tanto los bienes y derechos propios como las otras
sociedades procedente de aquellas creadas con motivo de los
eventos del 92, ante -dice el preámbulo- una decisión del
Gobierno de continuar manteniendo una especial presencia en
los lugares en que se han desarrollado los actos
conmemorativos del 92, gestionando los activos en ellos
existentes. A esos efectos se le indica a la Sociedad Estatal
Expo-92 que, dado que su objeto social era construir la
Exposición Universal y desarrollar el evento de 1992, desde el
mes de abril del año 1992 hasta el mes de octubre de ese mismo
año, ese objeto social ya se había culminado y, por tanto,
había que habilitar -y se habilitó- mediante un decreto la
necesidad del cambio de estatutos sociales y objeto social, lo
que se realizó mediante acuerdo del Consejo de la Sociedad del
14 de abril de ese mismo año, en la línea, como decía, de una
sociedad que gestionase los activos de Expo-92.

Querría decir a S. S. -seguro que lo sabe pero son datos
importantes- que las cuentas que aprueba el Consejo de
Administración de Expo-92 en el mes de marzo del año 1993 son
auditadas por una empresa de la que usted me ha preguntado el
nombre. Me ha preguntado cuáles han sido las empresas que han
valorado los activos. No hay tal valoración de los activos. Lo
que hay es una auditoría, de acuerdo con la Ley de Auditorías
que rige en este país. Los administradores formulan las
cuentas antes del mes de marzo del año siguiente y antes del
mes de julio de ese mismo año tienen que evacuar un informe de
auditoría, como así se produjo. La empresa que tenía
adjudicada la auditoría de esta sociedad era Price Waterhouse.

Esta empresa auditora emitió su informe el mes de junio de
1993 y está, junto con las cuentas, en el Registro Mercantil
de Sevilla a disposición de todos los ciudadanos y, por
supuesto, de su señoría. No obstante, el Consejo de
Administración de Expo-92 avanzó a los medios de comunicación
los datos básicos de la situación patrimonial.

AGESA nace en el mes de abril, dado que la situación
patrimonial está configurada de manera suficientemente
importante. El activo era de 129.000 millones de pesetas según
-insisto- las cuentas auditadas conforme a la Ley de
Auditorías y que están en el Registro Mercantil de Sevilla;
129.000 millones de pesetas de inmovilizado incluyendo
material, inmaterial y financiero. Había otro activo que en
total supone 150.700 millones de pesetas, en números redondos.

Evidentemente ése es un activo que tiene un valor, que tiene
este valor contable. Usted ha planteado una cuestión
-permítame que sea un poco asistemático en la respuesta, pero
algunas preguntas están relacionadas entre sí- respecto al
valor contable o al valor mercado. El Plan General de
Contabilidad de este país sólo permite cambio de valoración
cuando hay transacción. Si la sociedad continúa, el valor que
se debe reflejar es el valor contable, coste histórico, con
las amortizaciones correspondientes. Este es un principio del
Plan General de Contabilidad que, por tanto, es el que los
auditores utilizaron a los efectos de la valoración. La
valoración del activo de Expo es el activo de AGESA, que no se
crea como sociedad ex novo. Es una sociedad, mercantilmente
hablando, que cambia de denominación porque cambia de objeto
social. El objeto social es gestionar estos activos; activos
que tienen su valoración, que tienen su importancia y se
considera que para su gestión necesitan la continuidad en el
tiempo, de tal manera que la liquidación de modo precipitado y
como una actividad que desvalorizase de facto esos activos
parece inapropiada. Parece inapropiada porque, como he dicho
al principio, en su propio nombre viene la función: Sociedad
Estatal de Gestión de Activos. Evidentemente éste es un
elemento de la situación patrimonial, que como usted sabe
perfectamente se compone de un activo y de un pasivo. Efec-
tivamente hay un pasivo que, según las cuentas auditadas que
antes he mencionado, está compuesto, al final del año 1992, de
81.700 millones de pesetas. Es decir, tenemos un activo de
150.000 y un pasivo de 81.700. En este país muchas empresas
querrían tener una situación patrimonial tan saneada. En
fondos propios, obviamente por diferencia, hay 69.000 millones
de pesetas. AGESA recoge esa situación patrimonial y por Real
Decreto cambia su objeto social y se cambian sus órganos
societarios. Yo tengo la honra de ser designado Consejero de
la sociedad y luego el honor de ser elegido Presidente de la
misma. Como Presidente de la sociedad tengo que cumplir la
normativa mercantil, por supuesto, general de la sociedad
anónima, como lo es, y la específica de esta sociedad, y tengo
como objeto gestionar estos activos. Creo haber respondido a
su pregunta de por qué se crea AGESA.

¿Tiempo de duración? Aquí ha habido -no sé si he tomado nota
bien- una aparente crítica a lo que parecía que iba a ser la
liquidación de Expo y que no se puede liquidar porque no se
dan las condiciones suficientes. No estaba preestablecido en
ningún momento cuál sería la duración de Expo-92. Obviamente
tenía un objeto social que era, como he dicho antes,
construir, explotar, desarrollar el evento de 1992. Pero los
propios estatutos sociales indicaban que se disolvería cuando
hubiesen terminado las actuaciones patrimoniales y
mercantiles; lo decían los propios estatutos sociales de la
sociedad. No es el primer caso en una liquidación de una
sociedad, en el supuesto de que se hubiera optado por
continuar -mercantilmente hablando-



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la sociedad viva con el objeto social no cambiado. En la
experiencia mercantil de este país, de varios años, en
empresas de tamaño medio es habitual, porque son muchos los
temas que una sociedad de esta envergadura deja pendientes. En
el mes de enero se produce el Decreto del Gobierno en el que
se dice, y no aporta nada en ese sentido (recordemos que ese
decreto es para disolución de la Comisaría General de la
Exposición), que la sociedad Expo-92 se liquidará como viene
establecido en sus estatutos; es decir, cuando las condiciones
patrimoniales y mercantiles así lo aconsejaran o requiriesen.

No se puede decir, por tanto, que hubo un cambio en una fecha
preestablecida, sino que lo que se produce -eso es cierto, lo
decía antes- es una voluntad de que en función del volumen de
activos, en función de la situación objetiva patrimonial de la
sociedad en ese momento y en función de la presencia especial
en el recinto de La Cartuja, se consideró por parte del
Gobierno que convendría la creación de una sociedad con estas
características.

Usted me ha preguntado también sobre el catálogo de las
deudas. Ya le he dicho que las deudas, pasivo exigible a corto
plazo de Expo-92, eran 81.700 millones de pesetas. Es un
sistema evidentemente ortodoxo, desde el punto de vista
patrimonial de financiación. Piense que son créditos que
estaban establecidos en los años 1990 y 1991, con vencimiento
en el año 1993, pero que, ante el importante volumen de activo
(es cierto que las inversiones fueron de esta envergadura,
pero yo puedo hablarle de lo que recojo, y no de la historia
completa de Expo-92), lo cierto es que hemos recogido 50.000
millones de activos y de pasivo 80.000 millones. Las deudas
vencían durante el verano de 1993 y la primera actuación de
AGESA consistió en la refinanciación de esas deudas a largo
plazo, deudas que son un único crédito a siete años en el
euromercado, con unos tipos entendemos satisfactorios, y un
tipo variable sobre el libor, 0,25 marginal, que suponen una
refinanciación a siete años, tiempo que se entiende suficiente
para hacer una gestión adecuada en un activo de esta
envergadura.

Por tanto, se hace una financiación ortodoxa para una sociedad
que se crea para gestionar unos activos. Obviamente un
inmovilizado debe estar financiado, como usted bien sabe, a
largo plazo, y es siete años el plazo que se considera
adecuado. Por ello, actualmente AGESA tiene un pasivo exigible
formado fundamentalmente por este crédito que le citaba de
75.100 millones de pesetas, firmado el mes de junio de este
año a siete años en euromercado a través de Argentaria como
banco agente del mismo.

Dice usted también que cuáles son otras deudas de empresas que
se fusionan en AGESA. No sé a qué se refiere, porque en AGESA
no se ha fusionado ninguna otra empresa. AGESA es Expo-92,
patrimonialmente es sólo y exclusivamente Expo-92, y aunque
hay en el decreto la posibilidad de que se encuadren en AGESA
otras empresas, en este momento lo único que hay es que en la
empresa Pabellón de España, S.A., ha sido AGESA nombrada por
el accionista único, Dirección General del Patrimonio,
administrador único, de dicha empresa que mantiene su
personalidad jurídica independiente y no ha habido ningún tipo
de fusión mercantil ni jurídica.

Por tanto, el crédito que se ha firmado en el mes de junio,
como le decía, es para permitir una correcta y ortodoxa
gestión de los activos que se van a gestionar en los próximos
años. Como usted sabe, no es un momento adecuado, salvo que se
pretenda hacer, y yo creo que no está en su ánimo ni en el de
ningún contribuyente, una liquidación a cualquier precio, de
cualquier manera, de este importante volumen de activos que se
ha generado con la financiación de esta Sociedad Estatal
Expo-92, por tanto, la financiación de todos los
contribuyentes, y para hacer una correcta gestión de estos
activos se formaliza un crédito a siete años. Ese es el objeto
del crédito: refinanciar deudas a corto plazo para permitir
una gestión del activo que ya he indicado de qué volumen es.

Me pregunta usted sobre las ampliaciones de capital. Esta sí
es una pregunta de las que se refieren al tema de la
comparecencia. Entiendo que cuando pregunta usted sobre la
ampliación de 21.500 millones se está refiriendo al
presupuesto como fuente de ingresos de AGESA para el próximo
año. Estos ingresos son aquellos que necesita la sociedad para
mantener una correcta gestión de sus fondos propios. Es decir,
el patrimonio está basado fundamentalmente en un inmovilizado
material. De los 129.000 millones de final de 1992, 122.000
millones es inmovilizado material (le puedo dar detalles de la
composición elemento por elemento, si usted así lo requiere);
es decir, edificios, parcelas, bienes de transporte,
equipamiento, instalaciones, tecnología. Se considera que no
se debe hacer una venta de estas instalaciones durante este
año o el próximo; es la política de la empresa; se entiende
que gestionar los activos implica no liquidarlos, no
enajenarlos en un momento que el mercado inmobiliario, por
ejemplo, no está en una situación adecuada, y sería más bien
una liquidación a cualquier precio que no se considera
procedimiento adecuado.

Por tanto, durante el año próximo no hay ingresos apenas en la
sociedad, excepto unas ventas (que usted me ha preguntado
también por ellas) de servicios de 200 millones de pesetas.

Esta es la estimación prudente, porque AGESA nace en el mes de
abril de este año, tiene que cambiar no solamente el objeto,
que lo cambia, sino también la operativa de dicha sociedad, y
se ha hecho una estimación prudente de cuántos pueden ser los
ingresos. Le puedo dar unos datos. En general, los ingresos
proceden de la explotación de activos como guardería,
helipuerto, restaurante, alquiler de oficinas. Tengo detalles
que también le podría dar a usted si así me lo requiriese del
detalle de esos 200 millones



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de pesetas de ingresos que hemos estimado por ventas de
servicios, no por enajenación de inmovilizado.

Esos 200 millones de pesetas son los ingresos de la sociedad,
que tiene unos gastos, que también usted conoce; unos gastos
ajustados que, fundamentalmente, se debe, como es obvio, a la
amortización del pasivo que, como antes le he indicado, tiene
contraído a un plazo de siete años.

Por tanto, la ampliación de capital viene a cubrir lo que es
una gestión ortodoxa. Se entiende que es una empresa del
Estado que necesita un plazo medio largo para poder gestionar
adecuadamente, rentabilizar adecuadamente, esos activos que ha
heredado de Expo-92, por lo que el año 1994 es un año en el
que no hay generación suficiente de liquidez financiera y la
necesaria recomposición de los fondos propios exige una
ampliación de capital en la cuantía que usted ha indicado. Si
durante el año que viene la sociedad (que yo espero sea lo más
feliz posible por el interés general que represento en la
misma) consiguiese una adecuada gestión, e incluso una
adecuada enajenación, en casos concretos, de ese inmovilizado,
podría ser perfectamente factible la hipótesis de que las
necesidades financieras fueran menores. Pero, como usted sabe,
un cálculo provisional, un presupuesto se hace ante las
hipótesis más razonables, se entiende más adecuadas a una
prospección de lo que va a ocurrir al año siguiente, y es el
que le he indicado con los criterios que también le he
señalado.

Me preguntaba usted si ha habido una ampliación de capital.

Efectivamente, el año 1993 ha habido una ampliación de
capital. El pasivo exigible de Expo-92, como antes le decía, a
final de 1992 era de 81.700 millones de pesetas. Una simple
resta nos dice que si son 75.100 millones de pesetas el
importe del crédito a largo plazo, ese «gap» financiero, como
no puede ser de otra manera, ha tenido que venir, no de fondos
de terceros sino de los fondos propios. Efectivamente, hasta
los 85.000 millones de pesetas que era el pasivo, las fuentes
financieras necesarias en el mes de junio de este año, fueron
10.000 millones. Por tanto, la ampliación de capital, que
junto con los 75.000 millones son los 85.000 que fueron las
necesidades financieras de la sociedad que se estimaron a
mediados del ejercicio, mes de junio, que es, como le decía
antes, cuando se formalizó el crédito a largo plazo.

Son muchas las preguntas que me ha hecho S. S. y, por tanto,
tengo que alargar mi intervención.

Me ha hablado también (y en esto no sé si puedo darle datos
suficiente) sobre que hay una contradicción aparente entre una
valoración de 30.000 millones de pesetas de los activos,
cuando luego han sido 128.000. Ya le he dicho antes que no hay
tal valoración. Hay una formulación de cuentas anuales por los
administradores de la sociedad, como exige nuestra legislación
mercantil, y hay una auditoría posterior hecha por la empresa
auditora Price Waterhouse.

En ningún momento han figurado en el balance (y aquí sí puedo
hablarle de memoria y me comprometo, si usted lo requiere, a
ampliarle la información) de la sociedad estatal Expo-92 de
los años anteriores a 1992, es decir 1991 y anteriores, 30.000
millones como valor del inmovilizado. Creo recordar, haciendo
un esfuerzo por satisfacer las necesidades de información de
S. S., que los 30.000 millones eran la valoración que se daba
en el presupuesto de ingresos de la sociedad referida a la
recuperación de las infraestructuras. Si es así -hablo de
memoria-, la recuperación de las infraestructuras se ha
realizado mediante el desarrollo del convenio firmado en el
año 1990 entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de
Sevilla y el Estado español, a través de la Dirección General
de Patrimonio, que preveía que, una vez terminada la
Exposición, a cambio de las infraestructuras que el Estado ha
realizado en la isla La Cartuja, habría una compensación para
el Estado de unas parcelas preestablecidas en su día que eran
propiedad de la Junta y que pasarían a ser propiedad del
Estado. Se valoraban entonces -es la cifra que recuerdo de
memoria, como decía- en 30.000 millones esas infraestructuras;
al final, su valor ha estado en torno a los 40.000 millones de
pesetas, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que,
además de infraestructuras, ha habido edificios,
instalaciones, elementos de transporte, mobiliario,
informática, telecomunicaciones... otros activos. Por tanto,
son cosas distintas, y la comparación que hace el señor
Diputado -le ruego que me disculpe porque en algún momento he
utilizado la memoria- es de elementos heterogéneos, no
comparables entre sí.

Me ha hecho algunas preguntas respecto a la valoración de este
activo. En este país, desde hace algunos años, la auditoría
está regulada por ley, hay un registro oficial de auditores de
cuentas que regula el control de calidad de las auditorías, y,
por tanto, no hay que presumir, yo creo, que en este caso no
se ha hecho así; no creo que sea la intención de S. S., pero
podría parecerlo. No ha sido, ni mucho menos, una auditoría
hecha con parámetros distintos a los ortodoxos, y yo entiendo
que las valoraciones están hechas con criterios ortodoxos,
según los principios de contabilidad generalmente admitidos.

Trabajos para su inmovilizado, que a usted le parecían una
cosa extraña, es la denominación literal de una cuenta del
Plan General de Contabilidad Español, y los principios
contables lo recogen de una manera explícita junto con los
gastos financieros de los créditos necesarios para la
fabricación o construcción del inmovilizado hasta su entrada
en funcionamiento, como conformadores del valor y coste de los
bienes que están siendo construidos. Son datos del Plan
General de Contabilidad que seguro S. S. conoce, pero me ha
parecido entender que dudaba de la característica técnica de
este componente del coste.

Me ha hecho una serie de preguntas sobre el tema del Tribunal
de Cuentas. Como S. S. sabe, yo soy funcionario



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del Tribunal de Cuentas, tengo dieciocho años de experiencia y
de antigüedad en esa institución y la conozco suficientemente,
pertenezco a todos sus cuerpos técnicos y alguna condición de
funcionario público me puede usted atribuir; se lo agradezco
en la medida en que así lo quiere usted resaltar. Dado que ha
hecho una alusión personal a mi situación en servicios
especiales, mi situación en el Tribunal está recogida dentro
de lo que usted, que es funcionario público, también sabrá. La
legislación de funcionarios prevé una serie de situaciones de
los mismos que van desde la excedencia -varios tipos de
excedencia- hasta los servicios especiales. Hay varias
condiciones para ser funcionario en servicios especiales, la
de Diputado, que es la suya, es una de ellas, pero hay varias
más, creo que hay siete u ocho. Una de ellas es estar al ser-
vicio de la diplomacia española, y en las empresas crea- das
en el año 1992 -V Centenario y Expo-92-, por su normativa,
como es normal en todas las exposiciones universales y eventos
de este tipo -y le hablo de una legislación de hace muchos
años que me afectó posteriormente-, los funcionarios públicos
que desempeñan su trabajo en esa sociedad quedaban en sus
cuerpos de origen en servicios especiales. Pues bien, el
artículo 3.1 del Real Decreto 475/1993 de 2 de abril, que
antes le he mencionado, por el cual se modifica el Decreto 92,
de 22 de enero, que es el que usted ha mencionado antes, dice
que las actividades de la referida sociedad estatal se
entenderán realizadas, en ejecución de programas de
cooperación internacional, a los efectos del régimen de
funcionarios públicos que prestan servicios en la misma.

Quiere decir que el marco jurídico español lo recoge y yo,
como funcionario del Tribunal de Cuentas, estoy acostumbrado,
porque así lo exigen las funciones de los funcionarios que
prestamos servicio, o estábamos, como es mi caso, al servicio
de esa alta institución, a hacer un control de legalidad,
legalidad emanada, por otra parte, del bloque normativo
inicial jurídico-legislativo que sale de esta Cámara, del
Parlamento español. En este caso concreto, mediante Real
Decreto se permite ese paso a los funcionarios que estamos en
esa sociedad, por las razones que concurren (y yo no soy quién
para valorar dicho decreto, ni mucho menos el motivo del
Gobierno español para su aprobación) pero en todo caso hay una
legislación, la que menciono, que quita cualquier asomo de
aparente situación extraña o poco entendible desde el punto de
vista jurídico a la situación de quien le habla, y no es sólo
mi caso, sino que, evidentemente, hay algún otro funcionario
en esta sociedad que está en esa situación perfectamente legal
y prevista en la normativa, como le he indicado.

Me ha preguntado por el personal de la sociedad. Ese es un
dato que viene en la documentación presupuestaria que hemos
enviado, en nuestro caso, a la Dirección General del
Patrimonio y forma parte de la información que luce en los
presupuestos de ampliación de capital y en la PAIF de la
sociedad. En el año 1993, hay una plantilla media de 112
personas, y en el año 1994, 61 personas. Tengo que darle el
dato de que, en Expo-92, a finales de 1992, fueron cerca de
mil las personas que trabajaban, y si usted así lo requiere le
puedo decir cómo ha ido el proceso de salida de los
funcionarios o personal laboral de la sociedad durante los
meses transcurridos de octubre a marzo. En el mes de abril son
112, y en este momento el número de empleados está en el orden
de 70 personas.

No sé si he dejado sin responder alguna pregunta. Me ha hecho
un par de preguntas que expresamente le digo no estoy en
condiciones de responderle. Me ha preguntado por las
relaciones AGESA-Cartuja 93. Yo le puedo hablar de mi sociedad
y de las funciones, el objeto social y de lo que es su
actividad, pero en cuanto a las relaciones entre una sociedad
del grupo y otra -en este caso Cartuja es una sociedad con el
51 por ciento del Estado, como usted seguro sabe- yo no sabría
responderle cuáles son la política, previsiones o deseos de
futuro en las relaciones de estas sociedades, que, en todo
caso, son claramente diferenciadas; no tenemos objetos
sociales coincidentes. Nuestra sociedad gestiona activos,
tiene la propiedad jurídica de los activos y los tiene que
desarrollar, explotar y rentabilizar, y Cartuja es una empresa
propiedad del Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Sevilla, cuyo objeto es la promoción, desarrollo y lugar de
encuentro de las administraciones públicas en lo que es la
reutilización hacia el futuro del conjunto de la isla de La
Cartuja, donde hay intereses no sólo del Estado, sino de esas
otras instancias públicas y también privadas. Por tanto, las
relaciones entre una y otra sociedad son las normales de las
sociedades que estamos en el recinto, como puede ser mi caso
también con otra sociedad como es EPSA, que es la Empresa
Pública del Suelo de Andalucía, que también está con el objeto
social centrado en el recinto de La Cartuja.

Es probable que me haya dejado alguna pregunta, pero apelo a
la bondad de S. S.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Tiene la palabra el señor Ollero para consumir un brevísimo
turno de tres minutos, no para polemizar, sino para pedir
aclaraciones.




El señor OLLERO TASSARA: Señor Martínez, aquí lo normal es que
el compareciente informe al que pregunta, pero como pasan
cosas curiosas, le voy a informar de algo que por lo visto
usted desconoce. Por dos veces ha asegurado que no ha habido
ninguna auditora que intervenga en valoración de activos. Mire
usted (El señor Ollero Tassara muestra un documento) éste es
un papel de la Expo que me ha mandado el Gobierno. En este
papel dice que hay un contrato dado a dedo -es un papel que
forma parte de un tocho grande de contratos a dedo-; el 7 de
septiembre de 1992 se encarga a Arthur Andersen, dice aquí
textualmente: Contratación de servicios para valoración de
activos.




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Se le pagan por eso 9.773.000 pesetas, el 7 de septiembre de
1992. Pues fíjese qué cosa más curiosa, tres meses después, el
día 28 de diciembre, el día de Los Inocentes, porque pasan
cosas curiosas, resulta que a Price Waterhouse, a dedo también
por supuesto, se le encarga un análisis del inmovilizado
material para conocer coste final, adquisición y/o
construcción infraestructura activos. Tres meses después de
haber pagado a Arthur Andersen por valorar activos se paga a
Price Waterhouse por valorar activos. Al final del todo,
fíjese qué cosa, resulta que la auditoría la hace Price
Waterhouse, que es la que acaba garantizando que la valoración
de activos está bien hecha.

Cuando a mí el Gobierno me dice que si la valoración de
activos no hubiera sido correcta los auditores externos lo
hubiesen reflejado, echo de menos que quien ha valorado los
activos no sea distinto de quien haya auditado. Será legal,
todo lo legal que usted quiera, pero en este país una de las
cosas que hacen que funcionemos muy mal, fue el empeño de
algunos de limitarse a cumplir estrictamente la ley; eso nos
hace faltar al sentido común y a más cosas. Le doy estos datos
por si no los conoce. Dos auditoras han valorado activos y una
de ellas ha sido la misma que ha hecho luego la auditoría.

Fíjese cómo anda el asunto.

Por último, señor Martínez, que la previsión temporal ha
quedado un poco confusa, bien. Del Tribunal de Cuentas me ha
dicho que era funcionario, cosa que ya sabía; no me ha dicho
cómo va lo de los papeles del Tribunal de Cuentas, dado que a
mí me niegan papeles porque dicen que los están viendo. De las
actas del comité directivo no me ha dicho si las tiene o no.

Yo ya sé lo que son los servicios especiales, por supuesto, yo
con votos de los ciudadanos tengo derecho a servicios
especiales porque soy político. Ahora, que usted teniendo
tantos ejecutivos con experiencia en este país nombre a un
funcionario para que se beneficie de un trato político, ya es
curioso. No me lo niegue. Sin duda tendrá mucha experiencia,
en lo que va a hacer aquí, en el Tribunal de Cuentas.

Por último, no me ha hablado de si van a privatizar o no, si
van a proceder a vender privatizando, y tampoco se ha
pronunciado sobre esta curiosa competencia que está
estableciendo con las empresas de su entorno, si eso forma
parte de los objetivos sociales.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente de
AGESA.




El señor PRESIDENTE DE AGESA (Martínez Gómez): Voy a hacer el
esfuerzo de ser lo más sintético posible en las respuestas a
las preguntas.

La primera, la auditora, me ha dicho Arthur Andersen, 7 de
septiembre de 1992. Efectivamente conozco ese dato. El trabajo
se hizo en función de la necesidad; piense usted que estamos
finalizando la Expo, y hace falta preparar las cuentas de la
sociedad, hace falta soportar suficientemente, de manera
informática incluso, y el trabajo de Arthur Andersen consistió
en la formulación de una base de datos informatizada de todos
los bienes que conformaban el activo de esta entidad.

Quiero hacerle ver a usted un dato, y es que la empresa
Expo-92 empieza su funcionamiento en el mes de abril de 1992,
es decir, hasta diciembre de 1991 estaba, como se dice en
términos mercantiles, en una actividad de puesta en
funcionamiento, es decir, sin entrar plenamente en
funcionamiento, estaba, por tanto, en actividades previas al
funcionamiento.

Durante todo ese tiempo los criterios contables están
claramente delimitados, incluso hay capacidad, como usted bien
sabe, de dotar de las previsiones oportunas y actuar mediante
la amortización de gastos de primer establecimiento, por
ejemplo. La valoración del inmovilizado se tiene que hacer en
el año que entra en funcionamiento el inmovilizado, que lo
hace en el año 1992; es ese año en el que hay que valorar,
pero no es una valoración, como he creído entender -y le ruego
que me disculpe porque quizá le he respondido de una manera
poco adecuada-, aparentemente artificiosa de los activos, es
la valoración completamente adecuada, correcta, ortodoxa de
Arthur Andersen. Si usted lo desea, le puedo enviar el
contenido del trabajo de ese contrato para que usted vea en
qué consistió. Es un trabajo exclusivamente técnico basado en
los datos que poseía la sociedad y tenía que hacerse ese año
dado que fue ese año cuando entraron en funcionamiento los
activos. No hay ninguna cosa extraña, señor Ollero, se lo
garantizo y cuando usted tenga la información que me
comprometo a enviarle, lo podrá comprobar.

Cuando el 28 de diciembre, que efectivamente es el día de Los
Inocentes, que tiene una acepción negativa o también positiva,
según se mire, se adjudica a Price Waterhouse el trabajo de
análisis como trabajo complementario, sí quiero decirle a
usted -y la Ley de auditorías lo dice de una manera expresa-,
que una empresa auditora, mediante el contrato que se le
adjudica, tiene la obligación de hacer la auditoría de los
estados financieros. Cuando hay un trabajo complementario que
no sea valorar, más estrictamente la emisión de un informe de
auditoría sobre la opinión que le suponen a la empresa los
estados financieros en los que se sustancia la situación
patrimonial tienen que ser contratos complementarios. Por
tanto, Price Watherhose actuó como trabajo complementario,
dentro del trabajo de auditoría, en un trabajo específico que
no estaba previsto por el volumen y la importancia que tuvo
posteriormente dado que el contrato de Price Waterhouse como
auditora es del año 1989. Por tanto, ese trabajo
complementario requirió, como le decía, un contrato
complementario.

Tribunal de Cuentas. Desde que estoy al frente de AGESA no he
tenido ninguna noticia del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de
Cuentas hizo unos trabajos, estuvo en la Exposición Universal
durante varios meses en el año 1992 e, incluso, en algún
aspecto puntual



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durante el primer trimestre de 1993; pero el del mes de abril
de 1993 entiendo que se debe a que en este Parlamento se tomó
el acuerdo de pedirle un trabajo específico al Tribunal de
Cuentas. Yo no estoy ahora en el Tribunal de Cuentas, pues
aunque pertenezco al mismo estoy desarrollando las funciones
que usted conoce y que son las que me traen aquí. Desde mi
posición de Presidente de AGESA lo que tengo que decirle es
que desde el mes de abril hasta este momento no hemos tenido
ninguna comunicación. Eso no quiere decir, en ningún caso, que
el Tribunal de Cuentas no está haciendo el trabajo que le sea
adecuado internamente previo a dirigirse a AGESA; pero yo le
tengo que confesar que no tengo noticias de ese trabajo que,
por otra parte, por mi función, no me permite llegar a ese
nivel de conocimiento.

Me pregunta usted por el comité directivo. Este es un nuevo
comité de la Expo-92. Yo lo que le puedo decir es que supongo
que estarán en los archivos que yo he heredado, los
documentales de lo que fue la Exposición Universal, que está
en el archivo histórico de dicha exposición. No sé si en el de
Expo-92 o en el archivo de otro de los componentes de lo que
fueron los entramados jurídicos de Expo-92; lo único que puedo
hacer, si usted me lo pide, es buscar dichas actas en los
archivos, si están en mi sociedad. En otra instancia, supongo
que por la vía prevista reglamentariamente, usted podrá
solicitar todos los documentos que precise.

Trato político. Yo quiero insistir y perdone que se lo diga de
nuevo, en el hecho de que en este país todos los funcionarios
que estamos en servicios especiales se entienda que su trabajo
es político me parece una exageración. El que los diputados y
senadores tengan servicios especiales por estar ejerciendo una
función política, no quiere decir que todos los funcionarios
españoles que están en servicios especiales tengan ese
componente político, porque le digo que la casuística prevista
en la normativa española es muy grande, como usted conoce
perfectamente. Eso es tanto como decir que todos los
funcionarios del servicio exterior, por ejemplo, están
haciendo una labor política. No creo que sea esa su
pretensión. Tampoco yo estoy haciendo labor política. Hay unos
nuevos casos previstos para los servicios especiales que usted
creo confunde, supongo, que sin ninguna pretensión
complementaria.

En cuanto a la privatización, que es la última pregunta de la
que he tomado nota, no tengo ningún dato que pueda aportarle a
usted, respecto a si en el conjunto de La Cartuja se pretende
privatizar o no. Lo que sí quiero decirle es que AGESA tiene
unos activos propiedad, en la medida que son de AGESA, del
Estado español. Esos activos están formados tanto por bienes
inmuebles como por terrenos. Me parece que es una falsa
polémica la que se está estableciendo respecto a si el acceso
a dichos bienes es un acceso mediante derechos de superficie o
mediante la adquisición en propiedad, en el sentido de que lo
importante es el deseo de las empresas privadas que son el
verdadero «leitmotiv» del desarrollo del Parque Tecnológico.

La presencia de las empresas privadas en el Parque Tecnológico
de La Cartuja se está produciendo de una manera
suficientemente optimista, teniendo en cuenta el contexto
económico que tenemos. En estos días, como usted sabe, se está
produciendo la inauguración del Parque Tecnológico, donde son
ya más de 30 las empresas que tienen comprometida su presencia
en dicho Parque. Yo creo que todos tenemos que felicitarnos
porque es la primera exposición universal, que, a un año de su
clausuara, tiene una garantía de esta envergadura en cuanto a
su reutilización y en cuanto a su futuro. El acceso de las
empresas al suelo de La Cartuja se ha decidido por las
administraciones que se hará en función del requerimiento de
dichas empresas. No está predeterminado que se pueda
privatizar ni que no se privatice.

Efectivamente es el Consejo de Cartuja-93 -y precisamente es
una de sus funciones- el que decide en qué casos y, a
peticiones concretas, caso por caso, de las empresas que se
van a instalar, si para decidir la inversión opta por una de
derecho de superficie de 40 años o solicita la adquisición en
propiedad del suelo. Me parece -y su señoría seguro que no lo
querría así- que sería un obstáculo innecesario al desarrollo
del Parque Tecnológico de La Cartuja decidir «a priori» que es
imposible ir a la privatización del suelo para las empresas
para su instalación.

No sé si me dejado alguna pregunta sin responder, pero, en
todo caso, lo he hecho con toda mi mujer voluntad.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente de
AGESA.

Termina la comparecencia del Presidente de AGESA, y ruego a su
Presidente y al señor Ollero que, antes de que abandone el
Presidente de AGESA la sala, se pongan de acuerdo sobre si ha
de concretar alguna cosa de conformidad con lo que ha sido la
comparecencia y, de paso, le recuerdo que ha de contestar por
escrito antes del jueves de la próxima semana.




-DEL SEÑOR PRESIDENTE DE ARGENTARIA (LUZON LOPEZ). A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (Núm. exp. 212/000166); GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Núm. exp. 212/000076); Y GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (Núm. exp. 212/000292)



El señor PRESIDENTE: Comienza la comparecencia del Presidente
de Argentaria, señor Luzón.

La comparecencia del Presidente de Argentaria ha sido
solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa



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per Catalunya y por el Grupo Parlamentario Socialista.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Arias-Salgado.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Las primeras palabras sean de
ritual para dar la bienvenida al Presidente de Argentaria,
señor Luzón, y solicitar de su amabilidad un conjunto de
informaciones que nos pueden ilustrar y pueden satisfacer el
doble interés que este grupo parlamentario tiene en relación
con Argentaria. Tiene interés, de una parte, en la marcha de
la institución en cuanto tal porque forma parte del sector
público empresarial y, de otro lado, porque tiene interés
particular el proceso de privatización en curso también en
cuanto tal y como parte de un proceso de privatizaciones de
carácter más general, que parece se va a emprender y que,
desde muestra perspectiva, no tiene clara hoy todavía una
estrategia.

Antes de empezar a formularle las preguntas, querría hacer una
muy breve consideración previa, y es que está en nuestro
interés no dañar en ningún momento cuál pueda ser o es la
posición de Argentaria en el mercado, puesto que se trata de
una sociedad pública pero que tiene que competir básicamente
en condiciones de igualdad dentro del sector privado. Por
tanto, en el contexto de esta intervención y de las preguntas
que voy a formular, si en algún momento rozara ese riesgo,
rogaría al señor Luzón que desde luego lo obviara para evitar
cualquier problema que pueda dañar a la Corporación Bancaria.

En primer término, y paso al turno estricto de las cuestiones
a formular, desearía que nos hiciera unas consideraciones en
relación con el ejercicio de 1993 y con las previsiones
realizadas de cara al ejercicio 1994.

En una intervención suya en el presente año declaró que
Argentaria tendría aproximadamente un beneficio neto de 67.400
millones de pesetas. Habló entonces de la existencia de un
margen financiero del 9,1 por ciento y de un crecimiento
moderado de los gastos de explotación, del 6,4 por ciento. Mi
primera cuestión sería si se mantiene esta tónica que refleja
la administración de la corporación y que añadiera algunas
consideraciones sobre lo que entonces fue calificado de
beneficios extraordinarios que es un concepto que de su
anterior intervención me quedan algunas confusiones. No
entiendo bien en qué consiste ese concepto de beneficios
extraordinarios que parece derivar de ciertas exigencias de la
contabilidad bancaria impuesta o que deriva de las circulares
del Banco de España.

En relación con el ejercicio de 1993-94 querría plantear
también lo que es la gran cuestión específica de esta Comisión
de Presupuestos, y concretamente de este debate particular que
tenemos. Es el intento denodado de este grupo parlamentario
encontrar cifras exactas en lo que se refiere al déficit
público y, por tanto, hemos de establecer la relación entre la
existencia de ese déficit público y los ingresos procedentes
de las privatizaciones que, de alguna manera, contribuyen a
minorar el volumen y la cuantía del déficit público que se
está generando actualmente.

En el avance de liquidación de los presupuestos del año 1993
el Gobierno declara que el Estado ingresará, por ingresos
patrimoniales en total, un billón 268.700 millones de pesetas,
beneficios del Banco de España, etcétera, etc.

En su comparecencia del 6 de octubre de 1993 el Secretario de
Estado de Hacienda concretó las cifras para los casos de
privatización de Repsol: 60.000 millones y Argentaria: 67.000
millones procedentes de la venta del 24,9 por ciento de sus
acciones en la primera fase del proceso de privatización.

De acuerdo con la cifra global de ingresos patrimoniales
quedan aproximadamente 600.000 millones más por ingresar antes
de que concluya este ejercicio. La primera pregunta a este
respecto sería, por tanto, si en esos otros 600.000 millones
que restan por ingresar en concepto de ingresos patrimoniales
hay aportaciones nuevas del proceso de privatización de
Argentaria.

En relación con los presupuestos para 1994 la previsión de
ingresos patrimoniales, además de los dividendos del Banco de
España, por cuantía de 700.000 millones, ingresos del
Instituto Nacional de Hidrocarburos, 214.000 millones,
contempla una partida cuya rúbrica es 100.000 millones por
ingresos extraordinarios de empresas públicas por
privatizaciones. Querría saber a este respecto es si en esa
partida de 100.000 millones podrían estar contemplados los
ingresos por la segunda fase, en curso, de proceso de
privatización de Argentaria.

Cambiando de tema, ha aparecido en los medios de información
una noticia por virtud de la cual parece que Argentaria habría
sido encargada de realizar un informe general sobre el proceso
de privatizaciones del sector público empresarial español con
objeto de encontrar una estrategia adecuada. En todo caso en
esta estrategia global habrá de estar la segunda fase del
proceso de privatización de Argentaria sobre el que requeriría
la información que pueda aportar en estos momentos y, en
segundo lugar, confirmar si esa información es exacta y
solicitar un juicio de valor sobre la oportunidad y la
coyuntura de un proceso general de privatizaciones en un
momento en que se ponen en marcha privatizaciones masivas,
tanto en Francia como en Italia y que, por tanto, de alguna
manera grupos patrimoniales fuertes pueden inundar el mercado
y hacer difícil la competitividad, por así decirlo, de un
proceso español de privatizaciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Frutos tiene la
palabra.




El señor FRUTOS GRAS: La privatización en curso viene de
lejos. Desde el momento en que el señor Luzón entró como
Presidente de Argentaria puso en marcha



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una campaña para la privatización, con dos ejes: un eje
interno, que era interesar a los trabajadores sobre las
conveniencias para los puestos de trabajo, para el futuro de
la empresa y lo bueno que era privatizar la entidad y, otro,
una campaña externa para explicar las excelencias actuales de
Argentaria, la necesidad de privatizar y, naturalmente, la
búsqueda de colocaciones interesantes.

Un argumento era entonces, y continúa siendo ahora -uno de los
argumentos, quizá no el más importante-, que los objetivos en
la banca pública o privada son prácticamente los mismos. Aquí
habrá concepciones políticas o ideológicas diferenciadas,
incluso dentro de los mismos gestores de otras entidades
públicas de crédito. Por tanto, la elección del señor Luzón
fue una opción tomada por el Gobierno desde que en mayo de
1991 se creó la Corporación Bancaria de España; es decir, se
trataba, a nuestro entender, de empezar privatizando la
cabecera, Argentaria, y continuar con toda la banca pública.

Un proceso al revés de lo que planteamos Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el 5 de abril de 1990 en el
debate sobre el estado de la nación, cuando planteábamos la
necesidad de que hubiera una banca pública para que el Estado
tuviera recursos económicos financieros suficientes para poder
hacer unas políticas, porque si no dependería del albur de un
mercado no siempre favorable a determinadas intenciones
sociales o progresistas del Gobierno.

Además, se sabía ya en aquel momento que en la Caja Postal, en
el Instituto de Crédito Oficial, en el Banco Hipotecario y en
otras entidades públicas, y también dentro del partido que da
apoyo al Gobierno, había otras posiciones que las abanderadas
por los señores Solchaga y Luzón. Era, en definitiva, una
misma opción que partía del Ministerio de Economía y Hacienda,
es decir, de la filosofía del señor Solchaga, de acuerdo,
naturalmente, con la filosofía del Gobierno socialista y con
la cual estaba de acuerdo el señor Luzón. En aquel momento se
elige a un presidente privatizador para la banca pública
recién estrenada; se trataba de sanear y vender, que es un
proceso al que ya hemos asistido tantas veces en este país que
cansa contemplarlo, y conste que yo respeto el sentido liberal
o neoliberal del señor Luzón y de cualquier persona pública o
privada de este país, porque me parece muy razonable que en
política o en ideología se defienda lo que se considere más
oportuno, pero estoy hablando del Presidente de Argentaria
como entidad pública, que es otra historia.

¿Qué pensaría, por ejemplo, el accionista de una empresa
privada rentable, en plena expansión, en pleno desarrollo,
cuando un alto dirigente de la empresa plantease que se tiene
que privatizar o liquidar la empresa? Yo creo que la respuesta
está clara. O ¿qué pensaría el ciudadano normal, al cual le
han vendido que Argentaria es un instrumento público para
hacer determinadas políticas en beneficio del conjunto del
Estado, del progreso, etcétera? Desde Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya debemos continuar defendiendo
la posibilidad de que haya iniciativas populares legislativas
y referéndum para algunas cuestiones que afectan al conjunto
del Estado, como ésta, que pienso afecta al conjunto del
Estado, es decir, al conjunto de la sociedad.

Antes de entrar en las preguntas en concreto, quería añadir
que, desde Izquierda Unida, pensamos que los ingresos extra y
coyunturales de las privatizaciones, también de éstas, van a
maquillar durante cierto tiempo la cifra del déficit pero
volverá muy pronto a los niveles actuales si realmente no se
solucionan los problemas estructurales de fondo. El problema
no es la privatización o no de Argentaria para lograr una
fluidez en el conjunto de la política del Estado; los
problemas de este país son los problemas de la economía real;
no de la fluidez en un momento determinado, sino de la
economía real. Es decir, qué gastos tiene el Estado, cómo se
impulsa la economía y con qué ingresos cuenta para hacer
frente a ello.

Con esta privatización el Estado pierde la mayoría. Aquí
vienen ya mis preguntas, cuatro preguntas articuladas. ¿Qué
garantías ofrece el mercado para que el Estado pueda
establecer criterios de actuación para continuar haciendo la
política que en su momento se dijo que se debería realizar a
través de la creación de la banca pública, es decir, de
Argentaria? ¿Van a ser iguales esos criterios o distintos a
los de la banca comercial? ¿Abandonan ustedes la concepción de
banca mixta con intereses empresariales e industriales?
Segunda pregunta. Actualmente, con la tenencia de títulos en
las sociedades patrimoniales se puede vender el total de las
acciones. En esta misma línea, los 200.000 millones que
aparecen en los Presupuestos de 1994 es lo que se presume vale
la tercera y última privatización del Banco Exterior
Argentaria, ¿se sigue entendiendo, según nuestra opinión, que
la banca en general y la banca pública en concreto es un
sector estratégico?
Tercera pregunta. Si quieren fortalecer el banco y ampliar su
capacidad, según los razonamientos por los que se intenta
privatizar además de por la fluidez para las arcas del Estado,
y si se intenta una penetración superior del mercado,
etcétera, ¿no hubiera sido mejor una ampliación de capital y
no una venta de los recursos propios?
Cuarta y última pregunta. El personal del Banco Exterior en
conjunto desconoce el plan estratégico de 1993 a 1996 y la
incidencia que tiene sobre la red de oficinas, sin embargo se
está hablando en estos momentos, aunque no sé si serán los
datos más fiables o más reales, del cierre de 40 ó 50 oficinas
y me interesaría saber, y ahí está la pregunta, ¿en qué
consiste el plan y cuál es la incidencia comercial y en la
plantilla del mismo? ¿Hay contratos blindados?



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Estas serían, señor Luzón, las preguntas que nos gustaría que
usted contestase, agradeciéndole su presencia y la respuesta
que pueda dar a las mismas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Hernández Moltó tiene la palabra.




El señor HERNANDEZ MOLTO: En primer lugar, cómo no, quiero dar
la bienvenida al señor Luzón a esta Comisión, agradeciéndole
además el esfuerzo que sé ha tenido que hacer para estar
presente hoy aquí con nosotros.

En una reunión o en una comisión atípica, yo tengo que empezar
por reconocer la tentación que siempre puede tener cualquier
grupo parlamentario, al tener presente al Presidente de la
entidad financiera pública más importante de España, de hacer
todo tipo de excursiones sobre los planteamientos y los
modelos sociales, financieros o económicos que
desgraciadamente entiendo no cabrían dentro de una comisión en
la que necesariamente estamos hablando de Presupuestos, lo
cual probablemente ya da la sensación de una comparecencia
algo a pie forzado, porque lo primero que hay que decir es que
la responsabilidad de Argentaria no es presupuestaria y por
tanto no está dentro del ámbito puro de los Presupuestos
Generales del Estado. Usted, como algún otro tipo de entidades
financieras y organismos o empresas públicas están sometidos a
un instrumento presupuestario distinto que es un PAIF y,
evidentemente, pedir en este momento el nivel de cumplimiento,
de exigencia, o la rigidez que se debe a una Administración
pública sería complicado, máxime por el tipo de empresa que
usted preside, el sector en que se mueve y las vicisitudes que
el sector monetario ha tenido en los últimos meses. No
obstante, parece obligado, porque sigue siendo un punto de
referencia fundamental que Argentaria esté presente en los
debates presupuestarios. Le anticipo ya que mi grupo, para
evitar cualquier reflexión que pudiera estar al margen de este
presupuesto o cualquier desahogo intelectual, pediremos en su
momento la comparecencia del señor Presidente de la
Corporación Bancaria Española, en la Comisión de Economía y
Hacienda, en la que podamos hablar de los temas
extrapresupuestarios, temas que están afectando también al
proceso de privatización, lo cual creo que nos hará conseguir
el objetivo que, con prudencia señalaba el señor
Arias-Salgado, de no hacer reflexiones en esta Comisión que
pudieran entorpecer o afectar negativamente el proceso de
privatización que Argentaria está llevando a cabo.

En este sentido, haría dos preguntas concretas, que están
dentro de lo que entiendo son las cuestiones que hoy nos
deberían afectar.

En primer lugar, en relación con las prioridades que
Argentaria tendría para el año 1994, le pediría que nos dijera
si existe un plan de prioridad estratégica sectorial dentro de
las distintas áreas en que Argentaria se desenvuelve con un
nivel de especialización alto en el mercado financiero.

En segundo lugar, puesto que éste es prácticamente el primer
ejercicio al que Argentaria va a hacer frente, desde un punto
de vista ordinario, puesto que hasta ahora han sido ejercicios
de acoplamiento, cómo valora el presidente de Argentaria la
repercusión en el coste de intermediación de sus productos
financieros, después de la experiencia de haber aglutinado los
distintos bancos (Caja Postal y los bancos públicos), que
evidentemente estaba presente en la ley de creación de la
Corporación Bancaria, y si ya, a tres años de existencia del
grupo, hay un impacto claro en la eficacia de la gestión y en
el coste de la intervención de sus productos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente de
Arentaria.




El señor PRESIDENTE DE ARGENTARIA (Luzón López): Voy a tratar
de responder, en la medida de mis posibilidades, a las
diferentes preguntas que me han planteado los tres grupos
parlamentarios. Y digo que voy a tratar de responder con el
máximo respeto precisamente a una de las observaciones que ha
hecho el señor Arias-Salgado, importante porque en definitiva
sitúa -entiendo yo- el debate, la explicación o el comentario
precisamente en las coordenadas que en mi opinión debe estar.

Quisiera recordar brevemente que somos un grupo financiero,
después de la primera salida a los mercados del mes de mayo,
75 por ciento público, 25 por ciento privado, que dentro de
esta Corporación Bancaria de España hay más de cien entidades
financieras, de seguros, de servicios, algunas de las cuales
no tienen mayoría pública, estatal, sino que de hecho algunas
de esas sociedades tienen mayoría privada y que, en
definitiva, somos un grupo mixto que está trabajando en
competencia con el resto del sistema financiero español. Dicho
de otro modo, en principio estamos sujetos a las mismas normas
y a los mismos procedimientos que el resto del sistema. En ese
sentido, no tenemos ningún tipo de ventaja ni la queremos, ni
discriminación, razón por la cual cualquier tipo de respuesta
ustedes entenderán que, como bien planteaba el señor
Arias-Salgado, puede tener connotaciones de índole estratégica
y estar aquí hoy, y estar con los medios de comunicación
delante, significa dar informa- ciones que pueden ser útiles a
otros y no tan útiles a nosotros.

En segundo lugar, es importante subrayar que estamos a las
puertas de una segunda salida a los mercados, después de la
decisión del Consejo de Ministros del 10 de septiembre, de ir
adelante con una segunda posible privatización de hasta el 25
por ciento.

El hecho de que el día 12 de mayo la Corporación Bancaria de
España, Argentaria, cotizase tanto en los



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mercados nacionales como internacionales, particularmente en
el mercado de Nueva York, significa que, además de a la propia
legislación española y más concretamente al control de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, estamos también
sujetos a la legislación americana, que impone determinadas
condiciones, precisamente en estos momentos, con el fin de no
alterar el precio de la acción y con el fin de no distorsionar
la evolución de ese 25 por ciento que está en las Bolsas
nacionales e internacionales.

Vaya por delante mi absoluta disposición a cualquier tipo de
preguntas que ustedes ha hecho, puesto que este grupo -lo he
dicho en diferentes ocasiones- ha hecho de la información y la
transparencia una de sus normas de conducta. Sinceramente me
gustaría que las respuestas sean lo más satisfactorias
posibles y, como he dicho antes, siempre tratando de preservar
el interés de la propia sociedad, que es suya y que hoy por
hoy es todavía de la mayor parte de los españoles.

Dicho esto, entro directamente en una valoración de la
institución. Ustedes comprenderán que para mí valorar el
desarrollo de Argentaria resulta enormemente grato, no tanto
por lo que voy a decir cuanto por lo que opinan los demás que
creo es lo más objetivo.

Durante los últimos seis meses más de treinta instituciones en
el mundo han estudiado Argentaria en profundidad, lo hicieron
durante los meses de marzo a abril y mayo de una forma
intensa, ante nuestra primera salida a los mercados
internacionales; lo han hecho después en los meses de agosto y
septiembre y lo están haciendo en estos momentos. Les aseguro
a ustedes que la opinión conformada de las instituciones
financieras nacionales e internacionales sobre Argentaria es
una opinión de primera clase. Dicho de otro modo, es una
opinión de alto valor, una opinión de una organización seria
que está gestionada con criterios de eficiencia y de
rentabilidad, que se ha ganado una imagen en los mercados
internacionales en un corto espacio de tiempo y que está
siendo, quiero subrayarlo, un modelo y un ejemplo para otros
procesos de evolución de la banca pública en el sentido
tradicional, de una banca pública instrumental, hacia una
banca pública estatal concebida en un sentido más moderno y de
aportación de valor añadido, no en el término puramente
instrumental sino en otro tipo de considerandos.

Estamos en ese sentido enormemente satisfechos con la
evolución del grupo, puesto que viene demostrando en sus datos
durante los últimos años y particularmente meses que la
capacidad, tanto de crecimiento como de beneficio, es
notablemente superior a la media de las instituciones
financieras españolas y particularmente de aquellas
instituciones que se le comparan por razones de dimensión o
por razones de configuración del grupo de los grandes bancos
españoles.

Dicho esto, lamento no poder dar datos -no puedo hacerlo-
sobre estimaciones de 1993 y 1994. No puedo hacerlo porque
darlos supondría, precisamente, entrar en lo que tengo
prohibido, que es opinar, y no tanto por la competencia en
este caso cuanto por las limitaciones de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y por otro tipo de limitaciones, sobre
unos datos que pueden influir en el sentido de la cotización
de la acción, y, en definitiva, sobre el precio final que
pueden tener las acciones que vamos a sacar a los mercados.

Mis opiniones, obviamente, correrían por todo el mundo y
producirían una determinada apreciación o depreciación de los
valores.

Creo que hablando de lo transcurrido, que es este primer
semestre de 1992, se sitúan perfectamente las coordenadas.

Este grupo viene trimestralmente facilitando información
bastante rica sobre su evolución. Durante el mes de junio,
primer semestre, publicamos un folleto, además de la
información obvia que suministramos a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, que es público y donde venimos presentando
los resultados del grupo y de las unidades más importantes del
mismo.

En esa evolución, quiero recordar que el compor- tamiento del
grupo era más o menos el siguiente: un buen comportamiento del
margen financiero, un buen comportamiento de los ingresos por
servicios, un estancamiento de los costes de explotación, un
notable crecimiento de los ingresos todavía extraordinarios
-ahora me remitiré a ellos-, un crecimiento muy notable de las
previsiones y un crecimiento del beneficio antes de impuestos
del 14,7 y del beneficio después de impuestos del 14,5 ó 14,6.

Dicho de otro modo, existe un consenso general y utilizo estas
palabras porque permiten situar el tema y tomo todos los
estudios de las 30 instituciones financieras mundiales menos
uno (digo uno porque ha sido el único relativamente pesimista
sobre nuestra evolución, y quiero subrayar que el que hizo ese
análisis está hoy en la calle) ya que todos los estudios sin
excepción coinciden en afirmar que la capacidad de crecimiento
del beneficio de Argentaria durante los próximos años es
notablemente superior a la media de la banca española y a la
de los grandes grupos con los que se compara. La evolución de
este primer semestre lo confirma y, en principio, nuestras
expectativas se sitúan precisamente en el entorno de ese
consenso. Cuando habiendo abierto las puertas a los analistas
se opina así de Argentaria es porque se estima que es por ahí
por donde van las cosas.

He venido hablando mucho del concepto de beneficios
extraordinarios, concepto mal utilizado puesto que ha sido un
concepto contable más que un concepto real. La circular 4/91
del Banco de España dedica una parte de la cascada de la
cuenta de resultados a unos beneficios que se han dado en
llamar extraordinarios o atípicos, cuando, en mi opinión, el
concepto de atipicidad en banca cada vez es más relativo y el
concepto de extraordinariedad también lo es.




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De cualquier modo, hay una línea en la cuenta de resultados de
las entidades bancarias que, vuelvo a decir, que se llama
otros resultados, que algunos identifican con resultados
extraordinarios, ya sean éstos por razones de venta de
inmuebles, por realizaciones de cartera de valores o por
realización de otras operaciones, hasta hace años
supuestamente no bancarias o supuestamente no ligadas a la
actividad bancaria normal.

Nuestra evolución de la cuenta de resultados del primer
semestre -voy a este dato- incluye precisamente en esos otros
resultados, junio de 1993, 40.192 millones. En esa línea de
otros resultados aparecen 40.192 millones. El año pasado, en
otros resultados, aparecían 40.990. De los 40.990 del año
pasado, 26.436 fueron recuperaciones de intereses y 13.059
enajenación de inmovilizado y valores; aparecen 1.495 de otros
diversos.

Cuando digo que precisamente en un grupo como el nuestro la
recuperación de intereses no es un extraordinario, creo que
merece una explicación. En términos de contabilidad del Banco
de España, cualquier interés cobrado este año, correspondiente
a un devengo de años anteriores, aparece aquí. Cuanto más
largos tiene uno los créditos en términos de plazo y cuanto
más eficaces en la gestión de recuperación de intereses, más
aparecen aquí. Dicho de otro modo, en la SEC americana, este
concepto no va en otros resultados, va en margen financiero,
porque se entiende que es un resultado corriente, que en
épocas de problemas económicos o de ciclo económico recesivo
aparece intensamente y en épocas de ciclo normal aparece
arriba puramente
Nosotros no estamos haciendo resultados particularmente
extraordinarios ni por venta de cartera de valores ni por
venta de inmovilizado material, puesto que el ciclo económico
tampoco lo permite. Cuando hablo de renta de cartera de
valores, me estoy refiriendo a la cartera de valores de renta
variable, no tanto a la cartera de valores de renta fija o
Deuda pública o similar, puesto que la evolución constante de
este año 1993 de los precios de la Deuda pública sí está
haciendo que vaya habiendo una apreciación de ese cartera de
valores.

No es relevante -y esto es lo que quiero subrayar- en la
cuenta de resultados el concepto de los estados
extraordinarios. No estamos despatrimonializando el grupo sino
que estamos recuperando mucho interés y mucho principal de
épocas pasadas, pero lo que sí hemos hecho durante 1993 y 1992
es una limpieza enorme del activo del grupo.

El año pasado, este grupo, precisamente en el momento en que
pudo hacerlo, decidió limpiar enormemente su inversión
crediticia y llevar a morosos y dudosos más allá de lo que
exigía la circular del Banco de España y los criterios
normales de prudencia. Esto significa la traslación de una
cantidad enorme hacia morosidad y dudosos que, por aplicación
de la circular del Banco de España, inmediatamente deja de
devengar intereses.

Vuelvo a decir que los beneficios extraordinarios, para mí, no
son extraordinarios; son beneficios más bien relacionados con
un ciclo económico que genera «per se» unas recuperaciones de
principales e intereses que el ciclo económico hace que sean
sustantivas.

Respecto al tema concreto que me plantea el señor Arias sobre
las cifras exactas de déficit público, quiero subrayar lo
siguiente. Yo no tengo ni idea de cuáles son las cifras que
maneja el Ministerio de Economía y Hacienda en su presupuesto,
ya que, en definitiva, estoy gestionando un grupo que produce
una cuenta de resultados, que tiene un balance y que tiene un
patrimonio. Desconozco absolutamente a qué precio tiene
contabilizadas el Estado las acciones de Argentaria y
desconozco absolutamente cuántos beneficios hace cuando las
vende; no lo sé. Desconozco cuánto de nuestra venta de
acciones ha ido a paliar el déficit corriente, el déficit
estructural o cuánto del año 1994 tiene previsto incorporar;
realmente no lo sé. Yo lo que sí sé es que, en el proceso de
privatización del 25 por ciento que hicimos en el mes de mayo,
Argentaria actuó en tres dimensiones: primero actuó en la
operación como asesor del Ministerio de Economía y Hacienda,
en relaciones cliente-banco. Segundo, actuó como coordinador
global con otra firma internacional, Morgan-Stanley, puesto
que nos parecía que éramos nosotros, como gran grupo
financiero, los que debíamos estar ahí y los que teníamos
capacidad, y hubiese sido estúpido, como se ha hecho en toda
Europa, hacer una privatización de una entidad financiera
dando el papel fundamental a una entidad extranjera
exclusivamente. Por tanto, hemos actuado como coordinador
global. Y, tercero, actuó como colocador. Somos un grupo que
tiene 1.500 oficinas, hemos asegurado la operación y hemos
actuado en esa dimensión. Siempre con un mandato expreso,
formal, recibido del accionista. Hemos actuado siempre con un
mandato que el Ministerio de Economía y Hacienda nos ha dado
para actuar por cuenta del accionista.

Yo no puedo responder las preguntas que ustedes me pueden
hacer en relación con la operación, puesto que es el
accionista el que me ha dado un mandato de hacer una
operación, es mi cliente y es él a quien corresponde opinar.

Sin perjuicio de que pueda facilitar datos que son públicos y
sobre los que, en consecuencia, yo entiendo que poco puedo
decir puesto que hemos ido haciendo durante el proceso de
privatización del 25 por ciento, y particularmente en la
última fase, una documentación que se ha hecho pública y que
explica perfectamente la operación. En definitiva, lo que le
quiero decir es que poco le puedo ayudar a la resolución de
cuánto es el déficit público de 1993 y 1994 y cuál es la
aportación de Argentaria a la resolución de ese déficit
público porque, sinceramente, lo desconozco.

Es importante subrayar que nosotros sí somos un grupo
financiero que, por razón de nuestro tamaño, de



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nuestro «expertise» y de la propia colocación que hemos hecho
en los mercados, conoce bastante de privatizaciones; somos un
grupo que ha estudiado en profundidad los sistemas de
privatización que se han hecho en Europa; somos un grupo que
cuando alimentamos el nacimiento de Corporación Bancaria de
España estudiamos en profundidad la evolución de la banca
pública en Europa, pero estos estudios los hacemos
internamente. Yo conozco muy bien por dónde han ido las
privatizaciones francesas, las inglesas, por dónde van a ir
las italianas, pero no hemos recibido ningún encargo, ningún
mandato del Gobierno para hacer un estudio de privatizaciones
ni nosotros hemos dado al Ministerio ningún estudio formal
sobre nuestra opinión de cómo hacer el proceso de
privatización en España. Dicho de otro modo, las filtraciones
que haya podido haber no obedecen a un estudio encomendado por
el Gobierno a Argentaria ni hecho por Argentaria hacia el
Gobierno, en sentido formal u oficial. Lo cual no quiere decir
que nosotros no tengamos nuestra opinión. Señor Arias, a mí me
gustaría muchísimo darle mi opinión personal sobre las
privatizaciones, pero yo creo que añadiría poco al debate
decir en estos momentos cuál es mi opinión personal como
gestor de un grupo público sobre el proceso de
privatizaciones, si deben ir en una línea u otra. Eso
corresponde al Gobierno y es a él a quien hay que preguntar,
puesto que mis opiniones personales de poco valen en estos
momentos.

Es obvio que hay países que han ido por un lado, que hay
países que han ido por otro, que hay otros países, como
Italia, que no han logrado hacer una privatización últimamente
y es obvio que en España hay un modelo, que es el que se está
llevando a cabo, del caso a caso, de la decisión puntual, que
yo respeto absolutamente, pero que, como gestor que soy de
este grupo, no puedo poner en absoluto en entredicho ni puedo
opinir sobre él.

Sobre sus preguntas, dicho de otro modo, y sintetizo, nuestra
evolución es muy positiva, nuestra salida a los mercados
internacionales ha sido enormemente bien acogida, es garantía,
en mi opinión -espero-, de la que vamos a hacer en el próximo
futuro. Nuestra cuenta de resultados está evolucionando muy
positivamente y no sólo, vuelvo a decirlo, en los temas
derivados de la gestión de las recuperaciones, sino en el
comportamiento del mercado financiero de los ingresos de
productos ordinarios y especialmente en los costes de
explotación, que yo considero -y respondo al representante del
Partido Socialista- la clave del desarrollo de las entidades
financieras en el futuro, pero desconozco exactamente en qué
medida nuestra aportación alivia el déficit público entre 1992
y 1994 y no ha habido, como he dicho antes, un estudio formal
hecho por nosotros por encargo del Gobierno. No tenemos tesis
formal y oficial en este caso.

Respondiendo al representante de Izquierda Unida, señor
Frutos, debo entender que la primera parte de su exposición
han sido consideraciones suyas y voy a entrar en las
preguntas, si le parece, pero debo hacerlo diciendo algo que
quizá debiera haber dicho al principio. Yo no soy un político,
yo soy un profesional de la banca. Lo he dicho siempre que he
comparecido aquí. Me parecen muy respetables todas las
opiniones de los partidos políticos. Yo lo que estoy es
gestionando un grupo y lo estoy haciendo de la mejor forma
posible. Sí hemos dirigido el grupo (y esto quiero subrayarlo)
hacia criterios de rentabilidad y eficiencia, que nos ha
parecido que eran considerandos absolutamente necesarios para
cualquier tipo de entidad, sea privada o sea pública, y la
división que usted produce entre mi persona y otras personas,
y entre mi pensamiento más o menos liberal, me atrevo a decir
que son consideraciones suyas. Poco han oído ustedes sobre mis
consideraciones liberales o políticas, porque muy poco he
dicho sobre eso y he tratado siempre de moverme en un ámbito
absolutamente profesional.

Dicho esto, voy a referirme a las preguntas concretas que
usted me ha hecho.

La Ley 21/1991, del mes de noviembre, es la que confirma el
nacimiento de Corporación Bancaria de España, y se aprueba por
el Parlamento con un preámbulo que me parece muy ilustrativo,
donde se apunta que se crea Corporación Bancaria de España con
el fin de que sea capaz de competir (y se dice ahí) en
igualdad de condiciones con el resto del sistema y, además, en
igualdad de condiciones de modernización con la banca europea
y con la banca estatal. Creo que se dice eso en el preámbulo,
y luego en varios artículos se desarrolla la figura de
Argentaria en un procedimiento de configuración, de una
matriz, etcétera.

Nuestro comportamiento como grupo público estatal se mueve en
igualdad de condiciones con el resto del sector privado. Dicho
de otro modo, tenemos los mismos coeficientes, estamos sujetos
a las mismas normas, estamos afectos a las mismas
consideraciones y auditoría y tutela del Banco de España, y no
tenemos encargada ninguna misión específica de actuar en el
sentido instrumental. Dicho de otra forma, nosotros no somos
entidades oficiales de crédito, que quedaron derogadas en esa
ley, o que en sus aspectos más nimios están en estos momentos
planteados en la acomodación de nuestra regulación a la
segunda Directiva.

En la medida en la que legalmente este grupo no tiene ningún
mandato de actuación en ningún campo de la política económica,
como instrumento de gobierno, se mueve en las mismas
coordenadas que se mueve cualquier entidad filial, lo cual no
quiere decir que no haya sensibilidades diferentes, y esto es
lo que yo quiero subrayar.

El grupo nace como la configuración de tres subgrupos: el
grupo Banco Exterior, el grupo Caja Postal y cuatro de las
entidades oficiales de crédito que luego se quedaron reducidas
a tres con la fusión del Banco Exterior de España y el Banco
de Crédito Industrial. Y es verdad que esas entidades tienen
una sensibilidad



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determinada, actuaciones en el mercado, sobre todo una vez que
esas entidades, particularmente el Banco Hipotecario, el Banco
de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Local y el Banco
Exterior de España, en lo que se refiere al mundo de la
exportación y a la balanza de pagos, por razones de su
historia, están especializadas en ese tipo de actividades, y
que han sido capaces, en su historia, de construir un tipo de
organizaciones eficientes, con capacidad de producir, en
definitiva de suministrar, de distribuir servicios bancarios
en mejores condiciones que el resto de la banca. Y es esa
sensibilidad y su especialización la que nos hace, como grupo
público estatal, seguir estando presentes en aquel tipo de
actividades conectadas con la política económica.

En ese sentido, el Banco Hipotecario sigue estando presente,
de una forma significativa, en los acuerdos de colaboración
con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y este años
hemos firmado entre el Bancho Hipotecario y la Caja Postal
170.000 millones de compromiso de realización de financiación.

Pero lo hemos hecho, primero, por sensibilidad y, segundo,
porque nos parece que es rentable para el Bancho Hipotecario y
para la Caja Postal, aparte de que lo sea también para el
país.

Dicho de otro modo, estamos tratando de hacer posible un
modelo de coherencia entre nuestra actuación en el sector
privado con un modelo de sensibilidad y de especialización que
esas entidades tienen.

¿Mi opinión sobre si debe ser una banca mixta o debe ser una
banca no mixta? Eso le corresponde al Gobierno. El tiene las
acciones, él tiene que decidir si privatiza hasta el 49, hasta
el 51 o hasta el 50,1. A él le corresponde.

Lo que sí hemos hecho (y esto sí quiero subrayarlo) es ser
coherentes con el movimiento que se hizo durante el año 1992.

Durante el año 1992 precisamente el Gobierno decidió trasvasar
una serie de activos que tenía Corporación Bancaria de España
en el Banco Exterior, o en el Banco Hipotecario, o en el Banco
de Crédito Agrícola al ICO, Instituto de Crédito Oficial, por
entender que la actividad de política económica no era una
actividad que le correspondía a Argentaria y en línea de
coherencia con la propia Ley 25/1991. En ese sentido, nosotros
no estamos haciendo nada, particularmente en el mundo de la
industria, que no haga cualquier entidad financiera. Vuelvo a
decir que eso no implica que no tengamos una determinada
sensibilidad, pero no estamos haciendo nada especial, porque
no tenemos encargada ninguna misión especial por ley en estos
momentos para hacer temas específicos en el mundo de la
industria, en el mundo de la construcción, en el mundo de la
pesca o en cualquier otro mundo.

Esas actividades, con el movimiento de coherencia que se hace
durante el año 1992 de trasvasar tanto cartera de valores como
créditos al Instituto de Crédito Oficial, se entiende que
están en otro ámbito, que es en el de la agencia financiera
del Estado, que es el Instituto de Crédito Oficial.

Respondo a su segunda pregunta. No lo sé. Lo de los 200.000
millones para el año que viene, no sé exactamente si son
nuestros o son de otros; no lo sé. Lo único que sé es que
hemos recibido un encargo de ir adelante con una serie de
mercados internacionales y nacionales, con hasta un 25 por
ciento; en ello estamos trabajando y no sé ni siquiera cuándo
lo haremos; si lo hacemos este año, tampoco sé si lo haremos
en noviembre o en diciembre; si llegaremos o no para meterlo
en el presupuesto de este año o del año que viene. Yo eso no
lo sé.

Plantea usted si no hubiese sido más lógico ir por la vía de
una apreciación de capital en la privatización o por la vía de
la venta de acciones. Este sí es un asunto nuestro. Dicho de
otro modo: la apreciación de capital es una responsabilidad
del Consejo de Administración de la Corporación Bancaria de
España; la venta de acciones de Argentaria lo es del
accionista. Si hubiésemos decidido ampliar capital, lo tendría
que haber decidido la junta general de accionistas de
Corporación Bancaria de España y el Consejo de Administración.

Y aquí sí le respondo. Nosotros, en Corporación Bancaria de
España, tenemos 600.000 millones -le estoy redondeando- de
recursos propios computables, exactamente, 585.000 millones.

Nos sobran, en términos de recursos propios, casi la mitad.

Dicho de otra manera: para cumplir los requerimientos del
Banco de España, de la Comunidad Económica Europea o del Banco
Internacional de Pagos, con la mitad nos bastaría. Somos un
grupo muy capitalizado. Tenemos un coeficiente del 13,1 y
prácticamente todo ese coeficiente de solvencia, casi el 95 o
el 98 por ciento es lo que se llama «tier» 1, es decir,
capital y reservas. Haber hecho ampliación de capital, haber
conseguido recursos y haber ido por ese camino hubiese sido
contraproducente para la empresa; no lo necesitamos. Nos
hubiese puesto, a la empresa como tal, en un auténtico
problema y técnicamente no hubiese añadido absolutamente nada,
puesto que esos recursos propios los hubiésemos tenido que
aplicar a algo, y no sé exactamente a qué en estos momentos.

Porque vuelvo a decir que, hoy por hoy, este grupo está
excedentario, lo cual es bueno, en momento de crisis
económica. Hoy por hoy el grupo no lo necesita. Repito que
esta decisión sí hubiese sido nuestra. La anterior, de venta
de acciones de Corporación Bancaria de España, es una decisión
que corresponde al accionista y no a nosotros.

Me pregunta usted, por último, qué es el plan estratégico del
Banco Exterior de España. Todas las unidades de Argentaria en
este momento están revisando sus planes estratégicos. En el
grupo funcionamos de la siguiente forma: todos los años
revisamos el plan estratégico y actuamos con el plan
financiero. El plan financiero es el plan del año siguiente,
que revisamos trimestralmente. En el grupo hemos conseguido
una dinámica importante de revisión de los planes, que,



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por razón de la inestabilidad de los mercados, por razón del
cambio tan profundo de esos mercados y de la competencia,
tenemos que hacer con una dinámica permanente. No somos de los
que hacemos un PAIF y no lo movemos. Dicho de otro modo,
nosotros tenemos planes financieros que revisamos
prácticamente todos los trimestres. En estos momentos, en el
Banco Exterior de España se está revisando su plan
estratégico, que es un plan de profundización en la
especialización del Banco Exterior de España.

Nuestro grupo es un grupo que funciona con un modelo de banca
federada; no hemos ido a una fusión, sino que tenemos una
cabeza, que es Corporación Bancaria de España, que tiene una
serie de unidades. Hemos mantenido esas unidades porque nos
parece que es el mejor modelo que responde a las demandas de
la clientela. En ese sentido, hemos mantenido un Banco
Exterior de España, especializado en banca corporativa, en
particulares medios y altos, en lo que se llama mercados
monetarios y mercados de capitales internacionales y en lo que
se llama balanza de pagos. Hemos mantenido la Caja Postal,
cuya principal fortaleza es ser una banca especializada en el
«retail», en la banca al por menor, en la banca de la familia
modesta y en ese nivel, junto con el impulso al crédito
hipotecario. Hemos mantenido el Banco Hipotecario, que
funciona básicamente en el mercado hipotecario, en el mercado
inmobiliario. El Banco de Crédito Local, asociaciones locales,
autonómicas, diputaciones y demás, etcétera.

Ese modelo, que, en mi opinión, es un modelo que solamente se
puede hacer en aquellas entidades que parten de cero, como
nosotros, porque es prácticamente imposible llevarlo cuando se
parte de arriba abajo y se trata de ofrecer un gran Banco
monolítico, en diferentes partes, nosotros lo estamos
desarrollando continuamente, tratando de que cada una de las
unidades se siga especializando y trate de preservar sus
principales fortalezas de cara al futuro. En ese sentido, el
plan que tenemos para el Banco Exterior de España es un plan
que va a especializar la red del Banco Exterior todavía más en
su segmentación de empresas y particulares, que son sus
segmentos fundamentales; que va a incrementar la
internacionalización del Banco, que va a aplicar la tecnología
y el plan tecnológico de los últimos cuatro años a los nuevos
productos y servicios que la sociedad demanda, y que nos lleva
a una reconsideración de la red, que va a acabar cristalizando
razonablemente en aperturas y en cierres; pocos cierres,
espero, y aperturas, también. Esto no va a incidir
absolutamente nada en la política de personal del Banco
Exterior de España, ni en la política de recursos humanos que
el Banco Exterior de España viene haciendo. Si cerramos alguna
oficina quizás acabe trasladándose a alguna unidad del grupo.

El Banco Exterior de España tiene oficinas, por ejemplo desde
el año 1992, del antiguo Banco Rural y Mediterráneo, oficinas
que no tienen sentido en una institución especializada urbana
que tiene 500 oficinas, como es el Banco Exterior de España,
en lo que se llama «Corporate Banking», en medianas empresas,
en particulares altos e internacional. Nos estamos
replanteando si alguna de las oficinas tienen sentido que siga
en el Banco Exterior de España o que esté el alguna unidad del
grupo en vez de en el Banco Exterior de España. Pero cualquier
movimiento que hagamos será siempre con el máximo respeto a
los derechos de los trabajadores y a la política de recursos
humanos que el Banco ha venido manteniendo durante los últimos
años y que ha pretendido ser una política de motivación, de
especialización, de formación, de desarrollo profesional,
manteniendo los derechos consolidados de los trabajadores.

Paso a responder a las preguntas del Partido Socialista, y si
me permite quisiera agradecerle previamente sus palabras. La
verdad es que acabo de llegar de Nueva York.

Si le he entendido bien, me plantea dos temas que me parecen
fundamentales. Tengo la impresión de que el escenario de la
competencia en nuestro país, sobre todo el escenario de
posible bajada drástica de tipos de interés, como se está
produciendo ya o se puede acabar produciendo, por el que
apuesta la mayor parte de los analistas internacionales y las
grandes firmas internacionales, este movimiento puede
significar una transformación profunda de nuestro sistema
financiero. Yo no he conocido nunca tipos de interés del 7 u 8
por ciento en nuestro país. Mirando la historia económica
reciente de nuestro país hace bastantes decenas de años que
esto no ocurre. Una evolución de los tipos de interés hacia
abajo de la dimensión que la que estamos viviendo, si continúa
durante el año 1994, va a significar una transformación
profunda de los mercados de capitales, de los mercados
monetarios y de las actividades bancarias y financieras.

En este caso, nuestro enfoque es el siguiente. Nuestro
objetivo es mantener el margen financiero sobre activos
totales medios. Dicho de otro modo, nuestro objetivo es hacer
y repetir lo que va a ocurrir durante el año 1993, que es,
contra la tendencia general, mantener nuestros márgenes
financieros sobre el volumen que manejamos. Esto lo podemos
hacer porque nuestras actividades son actividades maduras. Las
del Hipotecario, BCL, Agrícola y Exterior, son actividades
maduras. Nuestro objetivo es incrementar la presencia de los
otros productos ordinarios, donde tenemos un peso específico
muy pequeño, en Argentaria. Por ejemplo, tenemos un 0,50, y
estoy redondeando, sobre activos actuales medios, frente a un
uno que tiene la banca; el peso de los productos ordinarios
sobre los activos totales medios. Queremos incrementar los
otros productos ordinarios por el camino de añadir nuevos
servicios en el Banco Hipotecario, en el Banco de Negocios
Argentaria, en la Sociedad de Bolsa y Valores, en la unidad de
fondos, en la sociedad inmobiliaria, por el camino de dar
mayores servicios e incrementarlos.




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Tercero, queremos mantener la eficiencia del Grupo, que es una
de sus grandes fortalezas. Nuestro grupo tiene un «ratio» de
eficiencia, relación entre gastos de explotación y otros
productos ordinarios, que, después el Banco Popular, es el
mejor de la gran banca española. Es por debajo del 50 por
ciento. Esto deriva fundamentalmente de tener un número de
plantilla razonablemente reducido en comparación con los
demás, de no tener oficinas excedentarias significativas en
relación con los demás y de haber hecho una política
inteligente, en mi opinión, con los bancos que conforman
Argentaria.

Uno de los grandes retos del sistema financiero español para
los próximos años radica precisamente en ser capaces de
mejorar su eficiencia. Nosotros estamos muy bien situados,
razón por la que nuestro objetivo es mejorar el «ratio» de
eficiencia y tratar de conducir este «ratio» de eficiencia
inclusive a niveles del 45 por ciento o del 50 que están en
estos momentos. Dicho de otro modo, con esas coordenadas, con
una estructura federada, novedosa en el sistema financiero,
pero que está demostrándose muy eficaz, con las ventajas de
las sinergias que están apareciendo en el grupo, con el
control de los costes de transformación, con una política
inteligente de recuperaciones (antes he dado datos, que son
impresionantes, sobre la cuenta de resultados), y con una
política muy prudente de provisiones, donde este año esperamos
mejorar quince puntos en la «ratio» de cobertura, estaríamos
adivinando para los años 1994 y 1995, vuelvo a decir, y ahora
sí me refiero al estado de opinión general, que generaría una
cuenta de resultados por encima claramente de la media de la
banca española.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Tiene la palabra el señor Arias-Salgado para un breve turno.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Queiro agradecer las
informaciones del señor Luzón y manifestarle única y
exclusivamente que la pregunta relativa a la valoración de los
procesos de privatización, en relación con la puesta en venta
de grupos patrimoniales fuerte en Francia y en Italia, tenía
relación con la pregunta anterior. Si había recibido el
encargo del Gobierno de realizar un informe general para una
estrategia de privatizaciones del sector público español tenía
entonces sentido valorar cómo está el mercado internacional,
dados esos hechos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Agradezco al señor Luzón su amplia,
profunda y no tan documentada explicación, porque él mismo ha
dicho que no estaba en disposición, no era su papel dar
algunos elementos porque pondrían en peligro seguramente el
proceso de privatización, de crecimiento.

Entiendo la filosofía que ha explicado el señor Luzón, la
entiendo verdaderamente, es la de finales del siglo pasado que
crea Europa, que crea mercado. Una cosa es rentable, va bien,
funciona y aunque en este país y en este Parlamento a veces
también hay demasiadas tendencias a hacer la censura política
bajo el pretexto de que hay instrumentos, por ejemplo, esta
Comisión, que debe tratar las cosas seguramente de forma
tecnocrática, creo que una privatización, un recurso público,
un recurso privado, es algo absoluta y altamente político. Un
cargo técnico como el que usted representa es un cargo
político, queramos o no queramos, le guste o no le guste.

Usted es un instrumento, en este caso concreto, para aplicar
una política.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente de
Argentaria.




El señor PRESIDENTE DE ARGENTARIA (Luzón López): Sin más,
quiero agradecer sus palabras. Sí quiero quizá subrayar algo
que me parecer relevante en la pregunta del señor Arias, en lo
que yo antes he pasado un poco por encima.

La opinión de los mercados internacionales, si quiere se la
doy, sobre las privatizaciones, no sobre si son procedentes o
no; es que éste es un buen momento de privatizar. Digo que es
un buen momento porque en el año 1994 va a haber inundaciones
de privatizaciones en Europa, tal como está concebido. En
estos momentos hay privatizaciones muy significativas: la BNP
acaba de hacerse, prácticamente se está cerrando hoy; los
italianos querían hacer dos, pero no está a la vista ninguna
durante este año. Sin embargo, da la impresión de que durante
el año 1994 puede haber un proceso de inundaciones en los
mercados. Dicho de otro modo, creo que es un buen momento para
salir adelante con nuestra privatización.

De cualquier modo, estas cosas hay que dominarlas, pero el
sentido general es que las privatizaciones en Europa van a ser
importantes, van a transformar los mercados, van a dar una
enorme agilidad a los mercados bursátiles y constituyen un
elemento de ampliación de cultura popular. Este es un poco,
digamos, el sentido general. Yo ya no entro en las
valoraciones individuales.

Señor Frutos, posiblemente sea así. Mis coordenadas y mis
actuaciones son bajo mandato, siempre en el bien entendido
sentido de que creo en la banca pública estatal, de que creo
en el modelo mixto de banca pública, de que creo en la
eficiencia de la rentabilidad y que creo que dentro de esas
coordenadas (no hablo de la banca pública o de la privada),
desde la banca en determinados momentos como éste sí se puede
tener una visión oportuna de lo que el país necesita y hacer
desde la banca determinado tipo de políticas, pero



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siempre en términos de inteligencia, no en términos de
subsidio, siempre en términos de tratar de inducir
comportamientos en el mercado que hagan, como está ocurriendo
con los tipos de interés, que al final la economía real se
beneficie de los procesos.

Yo, mientras no tenga ningún tipo de estatuto especial que me
defina el comportamiento de Corporación Bancaria de España,
actuaré como me parece que debo actuar, que es en este
sentido, que es coherente. No digo que sea absolutamente
idéntico, pero que es coherente con la privatización. No
hubiese tenido sentido privatizar algo si su comportamiento
hubiese sido el de una banca de subsidio. Hubiésemos entrado
en la esquizofrenia. En estos momentos estaríamos privatizando
algo que podría ser manipulado, manejado con objetivos que
irían en contra en estos momentos de los 325.000 accionistas
que tenemos.




El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Luzón
termina la comparecencia del Presidente de la Corporación
Bancaria de España.




-DEL SEÑOR DIRECTOR DEL ENTE PUBLICO RTVE (GARCIA CANDAU), A
SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR (212/000217),
(212/000218) y (212/000219) SOCIALISTA (212/000102), MIXTO
(212/000135), VASCO-PNV (212/000055), IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (212/000311)



El señor PRESIDENTE: Comienza la comparecencia del Director de
Radiotelevisión Española, que ha sido solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida y por el Grupo Parlamentario Socialista.

En la comparecencia del Grupo Parlamentario Popular se
solicitaba asimismo la presencia del Director de Radio
Nacional de España y de Televisión Española. De conformidad
con un acuerdo antiguo en el seno de la Comisión, esas dos
comparecencias se han remitido a la del señor García Candau,
Director General de Radiotelevisión Española.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

Quieren hacer uso de la palabra tanto el Señor Arenas, como la
señora Mato. ¿Quién lo va a hacer primero?



El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, primero, si no le
importa, la señora Mato, pero me gustaría dirigirme a la
Presidencia para una cuestión previa.

Nuestro Grupo tiene 120 cuestiones que someter al Director
General. Todas ellas son estrictamente presupuestarias, pero,
para aliviar el trabajo de la Comisión, el de la Presidencia y
también el del Director General, si le parece a la
Presidencia, como traemos elaboradas las cuestiones, las
pasaríamos a la Presidencia para que sean contestadas por
escrito en el plazo reglamentario y haríamos al señor Director
General las preguntas de mayor entidad, las más sustanciales.




El señor PRESIDENTE: Seguramente que el Director General lo
agradece pero sobre todo lo agradece la Comisión, la Mesa y la
Presidencia.

Estas preguntas, Señor Director General, de acuerdo con las
normas de la Comisión, tendrían que ser contestadas como muy
tarde el jueves de la semana que viene.

Tiene la palabra la señora Mato.




La señora MATO ADROVER: En primer lugar quiro agradecer la
presencia en esta Comisión del Director General para
aclararnos numerosos aspectos que no han quedado muy claros en
la presentación de los presupuestos generales para este año.

En segundo lugar, quería decirle que nos faltan muchos datos,
como corresponde a un presupuesto provisional porque éste es
un presupuesto provisional, y comprendo que lo sea porque una
empresa en quiebra, una empresa que se retroalimenta de sus
propias pér- didas no puede hacer un presupuesto definitivo ni
real. En todo caso, nos faltan muchos datos que creemos que
son imprescindibles para estudiar el presupuesto.

Estos datos serían: la liquidación del presupuesto de 1992,
que no disponemos de ella y tampoco venía con los
presupuestos; cuál es la ejecución del presupuesto de 1993 a
fecha actual por cada uno de los distintos conceptos
presupuestarios. Necesitamos conocer también la memoria de
actividades, a no ser que ustedes consideren que esta memoria
que facilitan los presupuestos es suficiente para los
presupuestos, en cuyo caso ya comprendería por qué los
presupuestos tienen luego esas desviaciones.

En cuanto al plan estratégico del que también hablan los
presupuestos, lo desconocemos a fecha de hoy, por un lado. Por
otro, usted en la comparecencia de hace escasamente quince
días dijo que no existía ese plan elaborado y no nos lo podía
facilitar. Quería saber si ha sido muy repentina la
realización del plan estratégico o bien no está finalizado, o
cómo se puede realizar un presupuesto en base a un plan
estratégico, que va a suponer unos recortes económicos, sin
conocerlo.

En cuanto a las inversiones, es lógico que falten en sus
presupuestos. En un presupuesto en el que prácticamente el 60
por ciento se dedica para pagar deuda y queda solamente un 40
por ciento para hacer frente a los gastos corrientes es
difícil que haya inversiones, pero, en todo caso, nos gustaría
que nos facilitara una descripción de las inversiones con sus
objetivos cuantificados en anualidades físicas valoradas y
fechadas. Asimismo, las inversiones que se realizan para
mejora tecnológica con un movilizado tan grande son bastante
escasas.




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En tercer lugar, y paso a la sección de las desviaciones
presupuestarias, este presupuesto es muy poco fiable. Una
empresa en quiebra, como decía antes, con 197.000 millones de
gastos y 91.000 de ingresos más 50.000 millones de acreedores
no puede presentar un presupuesto equilibrado y sin
desviaciones. Yo creo que usted tendría que presentar
prácticamente un presupuesto semanal para contemplar las
desviaciones que pueden salir de los gastos financieros que se
derivan de estos gastos.

Respecto a la sección de pérdidas primero quería decir al
señor Director General que ha faltado a la verdad o incluso
podría decir, si lo pefieren, que ha mentido, porque a una
pregunta parlamentaria, formulada en esta misma Cámara a fecha
8 de octubre, que es: ¿Cuál es el volumen de pérdidas a 30 de
junio de 1993 del Ente público y de sus sociedades?,
contestaba, y la leo textualmente para que no haya pérdidas:
Las pérdidas a 30 de junio del Ente público y sus sociedades
ascendían a 50.114 millones, antes del contrato-programa.

Teniendo en cuenta esos ingresos, las pérdidas son de 18.310
millones de pesetas y, además, por otro lado, en el
contrato-programa que ustedes presentaron al Consejo de
Ministros, en el que vienen las pérdidas, el total de gastos
era de 85.385 millones de pesetas, lo que significa que hay
una desviación de 65.000 millones de pesetas.

Eso sí, la respuesta es del 8 de octubre y el contra-
to-programa presentado al Consejo de Ministros tiene la fecha
de 7 de mayo. La verdad es que le faltan a usted 65.000
millones de pesetas en pérdidas de la respuesta que me ha dado
usted aquí, en el Congreso de los Diputados, al papel que
usted entregó al Consejo de Ministros para conseguir el
contrato-programa.

En todo caso, en las estimaciones presupuestarias de 1993
ustedes preveían 50.335 millones de pérdidas. En el estado de
ejecución real que nos ha facilitado a fecha de hoy, que
probablemente subirá y se incrementará de aquí a diciembre,
ustedes ya preveían 90.284 millones, lo que supone un 80 por
ciento de desviación que equivale a 39.000 millones de pesetas
más. Estoy hablando en términos aproximados, 39.949 millones,
casi 40.000. Si ajustáramos esta desviación del 80 por ciento
a lo que usted ha presupuestado en el año 1994, que sería
lógico, puesto que la desviación se ha producido en 1993 y con
estos presupuestos se tiene que producir en 1994, de los
79.000 millones de pérdidas que usted prevé teníamos que
aumentar un 80 por ciento más, que es la desviación que se ha
producido este año hasta el mes de octubre; supondría 142.000
millones de pesetas, lo que significa 79.000 millones de
posible desviación presupuestaria. Nos gustaría saber cuál es
la previsión de las pérdidas, cuáles son las pérdidas que se
prevé para finales de 1993 y, por supuesto, cuáles son las
pérdidas que se prevé para finales de 1994.

Pasamos ahora a la sección de ventas. Ustedes presupuestaban
en 1993, 125.000 millones de ventas. Se han realizado, hasta
fecha de octubre, 86.000 millones, lo cual es una desviación
del 31 por ciento y equivale a 39.000 millones menos de
ingresos por ventas. Con esta misma previsión quiero dejar
constancia de que usted sólo ha previsto 91.920 millones para
publicidad. La realizada este año ha sido de 86.000, es decir,
que usted prevé que va a tener más ventas que en este año. Me
gustaría saber por qué prevé usted que va a haber más ventas y
si su respuesta es parecida a la que nos dio el año pasado con
la previsión de ventas, que la tengo por aquí, no nos vale
porque decía que las circunstancias que iba a haber para que
se produjeran esos ingresos por publicidad eran: recuperación
de las tarifas publicitarias, porque los niveles de tarifas
estaban mal en todas las cadenas; reacción de televisión con
una nueva programación -me gustaría saber cuál es la nueva
programación para este año- y nos gustaría saber si usted se
basa en esta misma coyuntura que, por supuesto, no se ha
cumplido el año anterior; consolidación de la oferta de
ventas; nuevas estrategias comerciales, televisión interactiva
y demás, que ya se ha puesto en funcionamiento. Y, por último,
usted decía que era la remisión de la crisis económica a
finales del ejercicio de 1993, con lo que ha estado bastante
poco afortunado.

Me gustaría también que me dijera cuáles son las
circunstancias que se dan para que suba esta partida en
relación con el año pasado y cuál cree que va a ser la
desviación presupuestaria.

En aprovisionamientos pasa exactamente lo mismo. Estoy tocando
estos temas porque luego quiero ver la desviación total del
presupuesto, que va a ser mucho mayor de lo que dice usted a
la vista de los datos de los años anteriores.

En aprovisionamientos, ustedes, en el año 1993, preveían
33.973 millones de pesetas. Se han realizado 60.445, es decir,
26.000 millones de pesetas más, un 78 por ciento de desviación
de aprovisionamientos este año en Televisión. Nos gustaría
saber por qué se ha producido ese incremento. En el año 1994,
sin embargo, ustedes prevén solamente 45.000 millones de
pesetas para aprovisionamiento.

Si seguimos los datos de las desviaciones anteriores, el 78
por ciento de desviación del año anterior aplicado al año 1994
nos supondría 80.000 millones de aprovisionamientos, lo que
equivaldría a 35.000 millones más de lo que usted me
presupuesta.

Vamos a la partida de gastos financieros. En gastos
financieros ocurriría exactamente lo mismo puesto que si pasa
en las demás partidas lógicamente los gastos financieros se
incrementarán al aumentarse las pérdidas.

En el año 1993 tenían 13.000 millones de gastos financieros
que pasaron a ser en octubre 22.000, lo que equivale a una
desviación del 70 por ciento. En 1994, aplicando la desviación
del 70 por ciento, de 24.000 millones de gastos financieros
pasaríamos a 41.000



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millones, un incremento de 17.000 millones de pesetas.

En resumen, las pérdidas para este año, la desviación de
pérdidas previsible en relación con el contenido del año
anterior, puesto que no han cambiado ni usted tiene un plan
estratégico, ni un plan de viabilidad ni un nuevo panorama de
televisión ni una nueva programación, no hay ningún motivo
para pensar que van a ser diferentes. En este caso serían
79.000 que usted tiene previstas, más 108.000 de bajada de
ventas, más 143.000 de incremento de aprovisionamiento, más
160.000 de gastos financieros.

En el tema del endeudamiento usted sabe que se ha pasado de
272.000 millones, según su presupuesto siempre, del año 1993,
a 319.188 millones en 1994. Me gustaría saber cuál es el
desglose de acreedores a corto y medio plazo, el desglose de
la deuda y las cotizaciones a la Seguridad Social, qué deuda
existe del IRPF, el montante de la deuda contraída después de
la autorización que se le dio en julio, por la que se podía
endeudar hasta 92.078 millones, cuánta de esa deuda se ha
emitido ya y se ha comprometido y, por último, cuáles son las
razones por las que no figuran gastos financieros de
obligaciones y bono. Imagino que algunas de las subvenciones
de capital que da el Estado van a financiar estas obligaciones
y estos gastos.

En el endeudamiento, estamos en el mismo caso y, a pesar de
ser repetitiva, se lo voy a decir. En el balance previsto para
1993 la deuda se estimaba en 272.000 millones; tras la firma
del contrato-programa se incrementaron las partidas en 67.000
millones, lo cual quiere decir que, como sólo hay una
aportación de 31.804 millones por parte del Estado, el
endeudamiento previsible a finales de este año será de 307.438
millones y no de 272.000 que figuran en el proyecto. Esto,
usted lo traslada al año 1994 y, si le parece bien, me dice
cuál es la previsión de endeudamiento para el año 1994.

Quería saber -ya se lo pregunté y tengo aquí su respuesta- el
número de contratos blindados en el Ente Público
Radiotelevisión Española. Usted ha dicho que había 56
contratos de esta naturaleza, contratos que están sujetos a
cláusulas por si se suspenden, y me decía, en esta misma
contestación, que normalmente el tiempo por el que se hacen
estos contratos es de cuatro años, así como me facilita la
lista de las personas sujetas a ellos, eso sí, exponiéndome la
dificultad de contratar a directivos si no es a través de
estos contratos. Viendo la lista, hay algunos de fecha 1989,
contratos en los que ya han vencido las cláusulas de garantía.

Me gustaría saber si se han renovado y, si ha sido así, si
siguen sujetos a las mismas cláusulas o si, a partir de ahora,
los contratos se hacen como simples contratos. No creo que
haga falta que se los diga todos, pero le puedo mencionar a la
directora del área económico-financiera, la directora del
control de gestión, el director de tesorería, todos esos son
del año 1989 y hay otros a punto de vencer, como el del
director de Radio 3 de Radio Nacional de España. Todos los que
han vencido o vayan a vencer me gustaría saber si los van a
renovar como contratos blindados.

Por último, quería saber cuánto ha costado el programa «Quién
sabe dónde», que sabe usted que ha variado. Me gustaría que me
dijera cuánto ha costado en 1993 y cuánto va a costar en 1994.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arenas.




El señor ARENAS BOCANEGRA: Para completar con otras cuestiones
la intervención de la señora Mato, quiero, desde el Grupo
Parlamentario Popular, plantear una conclusión.

Asistimos a la comparecencia -agradecemos su presencia- del
Director General con pocas esperanzas, porque la verdad es que
resultan profundamente contradictorios todos los datos que se
aportan, bien desde el Gobierno, bien desde la Dirección
General; incluso hay documentos facilitados por la Dirección
General que también lo son. En resumen, señorías, nuestro
Grupo pretende saber qué va a suceder en 1994 con el Ente
Público Radiotelevisión Española en materia de ingresos, de
gastos, situación financiera y cuál va a ser la evolución de
su endeudamiento.

He de advertir, señorías, que en el contrato-programa, y hay
un documento del Consejo de Ministros que obra en nuestro
poder, se nos dice que el Ente Público Radiotelevisión
Española ha perdido 85.000 millones en la cuenta prevista de
resultados en 1993 y que, además de estos 85.000 millones, el
Estado ha dado 31.000 millones de pesetas. Si estamos hablando
de pérdidas, antes de subvenciones, el Ente Público, según
documento que se ha llevado al Consejo de Ministros, ha
perdido 117.000 millones en 1993.

Tengo aquí el documento de la cuenta de pérdidas y ganancias y
en él se dice textualmente que las pérdidas en 1993 son de
122.000 millones de pesetas antes de impuestos y subvenciones,
con lo que nuestro Grupo concluye que no hay empresa pública
en España en situación financiera, en evolución de
endeudamiento y en gestión que pueda considerarse peor que el
Ente Público Radiotelevisión Española y sus dos sociedades.

Nuestro Grupo quiere solicitar también al señor Director
General que en esta comparecencia nos explique cuál es el
alcance de su responsabilidad en la gestión de una empresa
pública.

Cuando en cuatro años se produce esta situación y cuando el
año pasado se viene a esta Cámara, seño- rías, y se nos dice
que Radiotelevisión Española va a perder -tengo aquí el
Presupuesto del año pasado- 47.000 millones y al final pierde
122.000, ¿cuál es la responsabilidad del señor Director
General?, ¿cuál es la responsabilidad del Gobierno y del
Ministro de Economía, que, por supueto, solicitaremos ante el
Pleno de la Cámara?, ¿cuál es la responsabilidad de ese equipo
directivo? ¿O es que en España solamente hay responsabilidad



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en las empresas privadas? ¿O es que cuando hablamos de lo
público, como es público, ya no vale preguntar nada? Nos
gustaría conocer sus respuestas a estas preguntas.

Y es que, señorías, las desviaciones, como explicaba la señora
Mato, tienen dos líneas fundamentales. La primera, que el Ente
Público Radiotelevisión Española, con su pérdida de audiencia,
pese a una programación comercial feroz, no ha ingresado lo
que tenía previsto ingresar y el Ente Público ha gastado
decenas de miles de millones más de los que tenía aprobados en
los Presupuestos. Pero saben, señorías, que no ha sido en el
capítulo de personal, sino fundamentalmente en el de encargos
a empresas ajenas a Radiotelevisión Española, encargos a
profesionales externos, compra de producción ajena de
aprovisionamiento; ahí está la desviación presupuestaria del
año 1993. Según documento que obra en nuestro poder, la
justificación que se daba a esta situación era por ser año
electoral 1993 -por cierto, aseveración poco aguda, porque
desde el año 1977 todos los años han sido electorales-. Se
pretendía decir año electoral competido con elecciones
generales; por ser año electoral competido con elecciones
generales había que mantener el liderazgo en el panorama
audiovisual de España y ello a costa del dinero de los
españoles y a costa de perder 122.000 millones de pesetas.

Señor Director General, hoy se sabe que muchas personas van a
tener que dejar de trabajar en Radiotelevisión Española y la
responsabilidad sólo es del Gobierno actual y de usted, porque
no hay empresa, ni privada ni pública, que suba los gastos
cuando sabe que los ingresos van a disminuir. Querría saber
cuáles son las previsiones de pérdida de puestos de trabajo
durante 1994, cuáles son los costes de reducción de plantilla,
y que, por favor, nos diga si hay proyectos -como le
preguntaba la señora Mato- a corto y medio plazo, así como
también cuáles son los volúmenes óptimos de plantilla en
Radiotelevisión Española, Radio Nacional de España y
Televisión Española, S.A. Nos gustaría conocer esas cifras,
que son muy importantes, porque pueden tranquilizar o
intranquilizar a muchas familias que dependen hoy del Ente
Público Radiotelevisión Española por trabajar allí alguno de
sus miembros.

Señor Director General, ¿cuáles son los emolumentos previstos
para directivos en 1994? ¿Cuáles han sido esos gastos en 1993?
Según nuestras informaciones, y corríjame si no es cierto, en
el Ente Público hay casi 300 directivos, Ente Público Radio
Nacional y Televisión Española, a un coste promedio de siete
millones, 2.100 millones en una estructura directiva. ¿Cuánto
nos ha costado la estructura directiva en 1993?, ¿cuánto nos
va a costar en 1994? Y, sobre todo, dígame cómo va a afectar
la reducción de plantilla a los directivos del Ente Público
Radiotelevisión Española.

En publicidad, propaganda y relaciones públicas, según
documento del Consejo de Ministros, se han gastado más de
2.000 millones de pesetas; dígame si es correcto y también
cuánto tienen previsto gastar en 1994. ¿Cuál va a ser el coste
de los servicios profesionales independientes en 1994? En
trabajos realizados por otras empresas tenemos 11.000 millones
en 1993, ¿cuál es la cuantía prevista para 1994? En partida
global el total de los servicios exteriores es de 51.000
millones, ¿qué previsión tiene el Director General? ¿O es que
todos los males de Radiotelevisión Española se solventan
exclusivamente reduciendo la plantilla? ¿Se van a seguir
cometiendo los mismos errores? ¿Los directivos son los mismos?
¿Se va a seguir con la política feroz de compra de encargo de
producción ajena? Al final, lo único que sucede en
Radiotelevisión Española es que sobran trabajadores, señor
Director General.

Señor Director General, Radiotelevisión Española, según
documento oficial de esta Cámara, presupuestos generales de
1994, debe, a finales de 1993, 272.000 millones de pesetas.

¿Tiene previsto deber en 1994, señor Presidente -son
documentos remitidos por el Gobierno a la Cámara-, 319.000
millones de pesetas? Radiotelevisión Española tiene unos
fondos propios negativos de 115.000 millones de pesetas.

Señorías, Radiotelevisión Española tiene en su activo 168.000
millones de pesetas.

Señor Director General, ¿cuándo considera usted que una
empresa se en cuentra en quiebra, porque si en una empresa el
endeudamiento y los fondos propios son negativos hay una
situación de quiebra? Desde luego, al amparo de la Ley de
Sociedades Anónimas, y si ésta fuera una sociedad privada, la
quiebra estaría certificada hace varios años. ¿O es que
estamos lidiando la situación de quiebra porque al final
siempre el papá Estado responde con avales o con lo que se le
pide, a costa de los impuestos de los ciudadanos?
Señor Director General, ¿cree que el año que viene va a
aguantar Radiotelevisión Española sin solicitar una nueva
aportación del Estado, con unas pérdidas presupuestadas de
79.000 millones? ¿Podemos interpretar -y tranquilícenos- que
si tenía previsto para 1993 perder 47.000 millones, se han
perdido, antes de subvenciones, 122.000 millones, al ser año
electoral también 1994, pues hay comicios europeos, andaluces
y vascos, me parece, podemos interpretar que esos 70.000
millones se van a triplicar, señor Director General?
Señor Director General, ¿le está pagando mensualmente a
Retevisión -empresa que ha estado a punto de la quiebra porque
Radiotelevisión Española le debía 20.000 millones en marzo de
1993- su compromiso de 274 millones y las facturas que pasa?
Señor Director General, ¿le quedan ganas al Ente Público de
acometer empresas vía satélite con esta situación? ¿Le quedan
ganas al Ente Público de participar en sociedad de cable, como
dicen en sus documentos? ¿Cuántas sociedades piensan crear
más, porque, según su documento, figuran cuatro sociedades
más? Lo que hay que hacer, señor Director General es disminuir



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la cabeza del Ente Público y dejar que funcionen las
sociedades anónimas cada vez más profesionalizadas y no crear
más burocracia en Radiotelevisión Española, porque no es que
resulte cara, como diría el señor Núñez hablando de la
Administración del Estado, sino carísima, en este caso.

Señor Director General, ¿nos va a entregar la auditoría cuando
esté, si es posible? Deseamos conocer si su intención es
entregarla a la Cámara. Nuestro Grupo ya sabe que conoció la
de 1990 y 1991 desgraciadamente no por vía parlamentaria. No
pudimos tenerla en el consejo de administración. Hay otras
fuentes que tienen mayor fluidez, pero la verdad es que nos
gustaría tener la auditoría de 1992.

Señor Director General, ¿el Ministro de Economía y Hacienda le
ha avisado de que se suspende el contrato-programa? Le digo
esto porque en la cláusula tercera del contrato-programa se
dice que si las pérdidas su- peran 117.000 millones, se
suspende el contrato-programa y en documento que obra en esta
Cámara las pérdidas son de 122.000 millones. Y dice el
contrato-programa: antes de subvenciones e impuestos. Por
supuesto, también le vamos a preguntar al señor Ministro de
Hacienda.

Señor Director General, curiosidad de mucha trascendencia. ¿Es
cierto -esto afecta al Estado de Derecho- que el Director
General ha solicitado al Ministerio de Hacienda que se
incluyera en los presupuestos generales del Estado un párrafo
que dice textualmente: El Director General del Ente Público
Radiotelevisión Española queda facultado durante el año 1994
para modificar el presupuesto de dicho Ente y de sus
sociedades estatales correspondientes a dicho ejercicio? ¿Es
cierto que lo ha solicitado al Ministerio de Hacienda? Porque,
de ser cierto, la intención del Director General es el
traslado de las competencias de las Cortes Generales a esa
Dirección General. Estamos poniendo en quiebra, incluso, el
Estado de Derecho y quitando al Parlamento la función de
aprobar y modificar los presupuestos generales del Estado.

Provocará sonrisas, pero lo cierto es que hay un documento que
lo dice. Más que sonrisas, yo creo que en algunas de SS. SS.

hay sorpresa, porque les parece increíble. Pues no es
increíble.

Señor Director General, ¿es cierto que también ha solicitado a
Hacienda un cheque en blanco para que se le autoricen todas
las operaciones de endeudamiento? Esta Cámara discutió
-primera medida del Gobierno después del 6 de junio- la
aprobación de un crédito extraordinario de 31.000 millones y
operaciones de endeudamiento por encima de los 90.000.

¿Es cierto que también ha solicitado un cheque en blanco para
poder endeudarse sin ningún límite? Tenemos un documento en
nuestro poder que lo confirma.

Muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia. Hemos
hecho un esfuerzo de síntesis, porque tenemos ciento veinte
cuestiones. Y muchas gracias a SS. SS. por atendernos.




El señor PRESIDENTE: La Presidencia ha tenido ocasión de ojear
muy superficialmente la lista de preguntas. Por supuesto
amparará a S. S. y a su Grupo para que por el Director General
se contesten todas aquéllas que en línea general tienen
carácter presupuestario y que han formulado tanto S. S. como
la señora Mato. Además, las intervenciones de los dos creo que
se han producido en el plano estrictamente presupuestario en
sus líneas generales.

El señor Director General está en libertad de contestar, y yo
de forzarle a que conteste, los temas presupuestarios; sin
embargo, le ampraré a él también por si no quisiera contestar
la pregunta en la que S. S. ha hecho referencia a las
responsabilidades, porque comprenderá que no es un trámite
presupuestario, sino que estaría mejor ubicado en la Comisión
de Control de Radiotelevisión, o si las responsabilidades
fueran de otro estilo o afectaran a otras personas, como creo
que ha podido sugerir el señor Arenas, no sería en este
trámite y en esta Comisión donde tendría que resolverse este
tema. Espero que me comprenda el señor Arenas.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Quiero constatar al principio de mi
intervención que se está produciendo una gran ofensiva contra
Radiotelevisión Española. A partir de aquí, anuncio en mi
intervención mi crítica desde el punto de vista de la defensa
del servicio público, de la defensa de Radiotelevisión
Española, Radio Nacional de España, es decir, todo el grupo,
como servicio público. Desde luego, vamos a criticar la mala
gestión que existe, la falta de austeridad, la manipulación,
así como lo vamos a criticar en salud, en educación, en
cualquier otro servicio público esencial de este país. Quede
enmarcada mi intervención en este principio que alumbra toda
nuestra concepción respecto al grupo Radiotelevisión Española.

Con los Presupuestos Generales del Estado en la mano, señor
García Candau, teniendo en cuenta la ideo- logía, el concepto
de las cosas que se tienen desde el Gobierno, usted ha estado
entre Solchaga y la pared y ahora está entre Solbes y la
pared. Así de claro. En estos momentos usted tiene dos
opciones: o acepta desmantelar Radiotelevisión Española,
disminuir su capacidad de servicio público reconvirtiendo
salvajemente el organigrama de personal, o tiene que dimitir.

Esas son las dos opciones, y no quedan otras. Verá usted que
no es un discurso superestructural en lo político. Le voy a
intentar demostrar con cifras que no hay otra salida, porque a
medio plazo está la estrategia montada para cargarse
televisión. Esa es la gran ofensiva que hay. Usted lo sabe.

Pero usted no se pone al frente de la defensa del grupo
Radiotelevisión Española y no



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utiliza, incluso desde el medio, argumentos como la
financiación de la BBC, de la televisión danesa, de la alemana
o de la francesa. No lo utilizan. No están ustedes defendiendo
a Radiotelevisión Española como ente público, como servicio
público esencial. No lo están defendiendo. Hay un ataque
desleal a Radiotelevisión Española y ustedes lo están
encajando porque van en la misma dirección. Hay un ataque
cobarde a Radiotelevisión Española -no estoy aludiendo a
ningún grupo, estoy aludiendo al debate general de la
sociedad- intentando homologarla a una empresa comercial
cualquiera, a una empresa competitiva cualquiera, a una
empresa cualquiera de rentabilidad económica, y no es eso.

Podría decir aquí que la salud ha quebrado porque el Estado
aporta tantos miles de millones al año. ¿Cuáles son los
beneficios a través de la publicidad o de las ventas en salud,
en educación? ¿Cuáles son los beneficios? No se puede entrar
en la dialéctica beneficios-pérdidas en el servicio público,
no se puede entrar excepto, claro está, desde la ideología
conservadora. Yo parto de una ideología absolutamente
distinta. Por eso le digo que lo están encajonando de tal
manera -no está sabiendo usted defender al Ente- que le lleva
a esto, o usted desmantela porque Solbes le ha dicho: no tiene
usted dinero, Candau; haga de verdugo. Eso le ha dicho.

Endéudese, elimine personal, producción ajena, etcétera,
compita con las privadas. Y a usted le queda o jugar ese papel
o dimitir.

Le tengo aprecio, no le conocía, pero yo cumplo con mi
obligación de defensa del grupo Radiotelevisión Española que
usted no sabe defender. No sabe defenderlo por este debate que
no está llevando bien (me refiero al debate general, no al que
se está desarrollando en esta Comisión ahora), y porque la
gestión es muy mala, porque no se cumple el servicio público,
repito, y porque hay manipulación política a través de la cual
ustedes han desprestigiado a los profesionales del medio, a
los profesionales de Radiotelevisión Española, e incluso
debido a la falta de debate con ocasión de la campaña
electoral, cediéndolo a las privadas, perdieron una gran
oportunidad, una oportunidad de oro en la dirección en la que
le estoy apuntando.

El Gobierno le ha dicho: la única salida que tiene usted es la
deuda. Y ésa es una trampa mortal. Dígale usted al Gobierno:
la BBC cobra de dinero presupuestario. Dígale usted eso,
enfréntese, y dígalo aquí. La danesa, la alemana, la
holandesa, la francesa, excepto la portuguesa, la de Malta, la
de Chipre y la de España, en la de España el 83 por ciento
vive de la publicidad, el resto vive del presupuesto. Ahora
bien, ¿que hay que gestionar bien? De acuerdo. ¿Que no hay que
manipular? De acuerdo. ¿Que tiene que ser pluralista? De
acuerdo. ¿Que tiene que dar acceso a los medios sociales y a
los grupos sociales? De acuerdo, lo que no hacen ustedes; pero
pasar de ahí, con la complicidad de ustedes, a una gran
ofensiva conservadora contra Radiotelevisión Española como
medio público me parece gravísimos, porque -se lo voy a
demostrar- aquí se han dado cifras que yo comparto, desde otra
ideología, por supuesto, pero en cuatro año se cargan ustedes
el grupo Radiotelevisión Española a través de la deuda y los
gastos financieros.

Por tanto, usted tiene que pedir dinero presupuestario. Aquí
se ha dicho públicamente. Por eso he dicho que se está
haciendo desleal con el grupo; ya que usted no lo defiende lo
voy a defender yo. Se ha dicho que Televisión Española pierde
más que Iberia o que Renfe. Lo que no se ha dicho es que
Iberia y Renfe no viven de la deuda que emiten como empresas;
viven de las transferencias del Estado, del dinero
presupuestario o de las subvenciones. Eso no se ha dicho, y
ahí esta el quid de la cuestión. Y no comprendo por qué razón
ustedes no entran en el debate. ¿Será ese diálogo leal que van
a iniciar ahora porque el PSOE no tiene los dos tercios de los
votos de cara al Consejo de Administración y a otras cosas?
¿Ese es un diálogo leal? ¿Otra vez fuera de este Parlamento,
detrás de este Parlamento? Vamos a poner las cosas en su
sitio, señor García Candau, o todos vamos a ser responsables
de un gran suicidio manipulado y programado desde Televisión
Española y Radio Nacional.

¿Qué dicen los presupuestos abonando estas teo- rías? Primero,
son 204.000 millones de pesetas. Voy a redondear cifras.

Supone una subida del 11,8 por ciento, con unas inversiones de
unos 6.000 millones. Veamos los ingresos: Radio Nacional de
España, Orquesta, etcétera, 26.600 millones. El grupo
Televisión Española no ha conseguido una peseta del Estado, ni
una peseta y se está diciendo por ahí que sí; no es verdad.

Orquesta, Radio Nacional, Instituto: 26.600 millones.

Publicidad, ventas: 92.000 millones. Deuda: 80.872 millones.

Aquí empieza el problema que intento explicar.

Aparecen costes de reducción de personal -ahora volveremos a
esto- y la Memoria, estoy de acuerdo con la señora Mato, es
famélica, escuálida e inaceptable. ¿Dónde crece el presupuesto
que ustedes nos presentan? Disminuyen todas las partidas. Sólo
crecen dos: gastos financieros, el 83 por ciento, y
aprovisiona- miento, el 33 por ciento. Vuelvo al argumento
básico. Habrá que pagar 24.400 millones de intereses por
préstamos, de gastos financieros. ¿Ve usted cómo se está
hundiendo programadamente la televisión, por culpa de la falta
de comprensión de un Gobierno antes dirigido en este tema por
Solchaga y ahora por Solbes, que no entienden el servicio
público ni aquí ni en ningún otro sitio ni sector de la
economía española?
Efectivamente, el próximo año se pueden pagar hasta 35.000
millones de intereses, de gastos financieros. ¿Por qué no dan
la alternativa, por qué no dicen ustedes que es el Gobierno el
que está hundiendo a Radiotelevisión Española? ¿Por qué no
meten una partida de dinero presupuestario, de subvenciones?
¿Por qué no hay que enfrentarse a eso cuando está en peligro
la existencia misma de televisión? Usted empezó bien



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hace años diciendo que iba allí a defender el medio público,
aunque tuviera que enfrentarse con alguien. Pues ahora, no. A
usted le han dicho que haga de verdugo, y o hace de verdugo o
tiene que optar.

La segunda gran partida que crece es aprovisionamiento, 45.400
millones en compras. Por un lado, tenemos 24.400 millones; por
otro lado, 45.400 millones. Si al presupuesto que nos da usted
se le quitan las inversiones, 6.000 millones, que tienen otra
vía, se le quitan los 24.400 millones de gastos financieros,
se le quitan las compras, nos quedamos con 74.970 millones de
pesetas, quitando también los 53.000 millones de servicios
exteriores. Esta cifra demuestra que hay mala gestión, que se
gestiona imitando a las privadas, intentando competir con las
privadas, al contrario de lo que se ha hecho en otras
ocasiones; ridículamente, en lugar de marcar la hegemonía
desde la televisión pública, se sigue camino de la
comercialización, de la rentabilidad económica y no de la
rentabilidad social y cultural como se está empezando a hacer
ahora en Italia.

Por tanto, más de la mitad del dinero del presupuesto, 53.000
millones, es para servicios exteriores, es decir, alquileres,
contratos, guionistas, todo lo que no sea producido por la
plantilla, más los 24.400 millones de intereses, se coge con
una mano, de publicidad o deuda, no del Gobierno, y se da con
la otra mano a productoras privadas, a los bancos o a las
producciones externas, a las películas, que compran muchas a
Estados Unidos -por cierto, que suben mucho, será por el
cambio del dólar-; lo coge con una mano, pagando los intereses
correspondientes, y lo da con la otra. Mala gestión, una
gestión que no corresponde a un modelo público, señor García
Candau.

Está construyendo el Gobierno, y usted se pliega, una empresa
subcontratadora, una empresa descapitalizada, con mala gestión
y, naturalmente, una empresa que intenta tener rentabilidad
económica, que está obsesionada con el mercado, lo que no
corresponde a esta empresa; lo mismo que a la salud, lo mismo
que a la educación, les corresponde la buena gestión, pero no
estar obsesionados con el mercado, señor García Candau. Si no,
vamos a que la publicidad mande en todo, como en televisión,
donde el 83 por ciento de los ingresos es publicidad. Como la
televisión exige mayor movimiento, más crímenes, más concursos
y más culos, señor García Candau, la televisión pública
aumenta la publicidad y ya no hay pérdidas. La palabra pérdida
no se puede emplear en el servicio público. No son pérdidas,
es mala o buena gestión, no son pérdidas. Naturalmente, yo
respeto otra ideología, otra concepción. ¿Son pérdidas? No son
pérdidas, es mala o buena gestión; la educación no tiene
pérdidas, la salud no tiene pérdidas, es mala o buena gestión,
excepto que intentemos privatizar. Ahí está el asunto,
intentamos privatizar.

El segundo canal era una seña de identidad. No es que cambie
la juventud, señor García Candau, usted lo sabe como yo,
cambia un segmento de la población que supone el 43 por ciento
y que consume mucha música, mucho movimiento, mucha
publicidad. Cambia usted ahí para luego posiblemente, si no
usted quien le sustituya, vender cuando llegue la ocasión.

Por lo tanto, ¿se renuncia -y aquí viene toda la mala gestión
que nosotros denunciamos desde la defensa del sector, del
medio público- a la producción propia? Se renuncia a la
producción propia con personal y presupuestos internos y se va
a una dependencia externa, bien extranjera o bien a terceras
personas. Ahí viene, en el seno de todo este diseño, una
reconversión salvaje del personal. No se le emplea en
producción propia, no se aprovechan porque incluso cuando
llega cualquier ocasión, como ahora últimamente, se están
haciendo contratos a gente de la calle, siempre gente de la
calle, como si no hubiera dentro gente que pudiera presentar
los programas.

Usted me dijo el otro día que Chicho Ibáñez Serrador es un
genio; el programa, aunque cambie de presentador, sigue
teniendo la máxima audiencia. ¡Pues el resto igual! Si en
«¿Quién sabe dónde?» cambia usted de presentador sigue
teniendo la misma audiencia. Por cierto, que todavía no ha
llegado a los nueve millones. ¿Hay alguna cláusula blindada a
favor de la empresa de que en caso de que no se llegue a los
nueve millones o a lo que hayan contratado se le devuelve
dinero a la empresa por parte del señor Lobatón y de los otros
programas que están en las mismas condiciones, señor García
Candau?
Voy a hacerle una serie de preguntas. Ya le he hecho algunas.

Voy a añadir otras. La reducción de personal, por lo tanto, se
hace en el seno de este modelo que intenta no tener -pongo
comillas- «pérdidas». Yo se lo digo tranquilamente. Nosotros y
cualquiera en este país -y este país es de izquierdas, usted y
yo lo sabemos y mucha gente lo sabe- estamos dispuestos a
defender el déficit -no se llama pérdida- de la salud, de la
enseñanza, de Radiotelevisión Española en función de una buena
gestión, de que no haya manipulación, en función de la defensa
del servicio público.

Estamos dispuestos a defender, por ejemplo, lo que hacen los
ingleses. El 98 por ciento es dinero público para la BBC, que
no tienen publicidad, que no tiene dinero por publicidad.

Estamos dispuestos, pero ustedes nos quitan fuerza, nos quitan
argumentos porque claro, si hay una televisión que compite con
otra, cuando no debiera competir en ese terreno sino en otro
que ya le he explicado anteriormente, entonces no hay fuerza.

Públicamente es muy difícil explicar esto y ustedes que tienen
los medios no lo explican. Comparando Televisión Española con
el resto lo veríamos, pero el tema de la gestión y el tema de
la manipulación les hunde a ustedes la credibilidad.

Efectivamente, en tres, cuatro o cinco años, teniendo en
cuenta el proceso de deuda que llevan ustedes, teniendo en
cuenta la caída normal de publicidad, teniendo en cuenta los
intereses que hay que pagar, asfixian



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ustedes a Televisión Española. Lo sabe. Usted lo sabe. En
tres, cuatro o cinco años. Usted no lo verá desde dentro. Lo
veremos todos desde fuera. Asfixian ustedes a Televisión
Española. Esto sucederá cuando la deuda suba a los miles de
millones que se han dicho aquí y los gastos financieros suban
hasta 80.000 ó 90.000 millones anuales. Estoy hablando a medio
plazo. Ese es el proceso. Por eso le he dicho que usted tiene
ahora esa opción y no otra.

Tengo una serie de preguntas. Por ejemplo, faltan las promesas
que hizo usted respecto a una dirección cinematográfica. No
veo este tema, presupuestariamente hablando.

Sólo hay 6.751 millones de inversiones. ¿Para quién? Usted
habla de centros territoriales. ¿Cuáles? ¿En qué cuantía? Un
desglose mínimo de esta mínima inversión sería absolutamente
conveniente.

Nosotros pedimos un detalle de los aprovisionamientos. Esto es
muy importante: la compra. ¿Cuánta provisión ajena hay? ¿Van
ustedes de verdad -esto también es presupuestario porque va a
implicar partidas muy honerosas- a enfrentarse al tema del
GATT pidiendo la excepción cultural? Porque hay un problema
muy serio. ¿Cuánto pagan por derechos de emisión? ¿En qué
mercados? ¿Qué producción europea están pagando ustedes? ¿Qué
cine español están pagando? ¿Qué van a producir con el
Ministerio de Cultura? ¿Qué derechos de emisión hay? ¿Qué
coproducciones? ¿Qué otra fórmula hay de participación con
Televisión Española? Detalle usted los aprovisionamientos
porque será una cantidad tremenda y queremos saber en dónde se
va.

Servicios externos. ¿Cuáles son estos servicios externos que
tienen una asignación de 53.000 millones de pesetas? Le voy a
contar una anécdota, la de la bufanda de Locomotoro. Cuando yo
era Diputado en otra etapa -y se acordará el señor Cisneros y
algún otro Diputado de aquella época- se hizo famosa la
bufanda de Locomotoro. El señor Guerra y otros Diputados del
PSOE descubrieron que esa bufanda, que en el mercado hubiera
costado entonces 700 pesetas, se alquilaba, llegando a costar
750.000 pesetas. Era un escándalo simbólico, pero ahí estaba,
y aquí tenemos servicios externos: alquileres, contratos,
etcétera, por un importe de 53.000 millones de pesetas. Les he
explicado la anécdota para que se vea que aquello era
simbólico y entonces también había servicios exteriores, no
tantos como ahora. Por tanto, le pido que se desglose esto,
que se detalle porque es un tema bastante serio.

Termino con el tema de contratos y de personal. Estamos viendo
sin duda un proceso doloroso porque se le está quitando la
piel a la Televisión Española y a Radio Nacional de España
antes de matarla. Es un proceso muy doloroso. Los trabajadores
de Radio Nacional ven que se quita a la mitad de la gente y no
se suprime a ningún directivo, y esto hay que explicarlo. Hay
que explicar cuántos cargos directivos van a quedar en Radio
Nacional de España y Televisión Española, cuántos contratos
blindados hay y en qué términos y si hay alguno de ellos a
favor de la empresa; si se va tal presentador, por la cuota de
pantalla tiene que dar tanto dinero a la empresa, o pierde la
excedencia, lo mismo que si se va tal señor que se ha hecho
famoso en Televisión Española. Hasta la Coca-Cola tiene esos
contratos blindados a favor de la empresa. Si el señor Lobatón
no consigue la cuota que se firmó, ¿tiene que pagar alguna
penalización? ¿Hay algún contrato blindado, repito, señor
García Candau, a favor de la empresa? ¿Cómo se va a hacer la
reducción de personal a nivel laboral, a nivel financiero?
¿Cómo se pagará? ¿Cuánto se pagará en 1994? ¿Será posible que
el señor Solbes comprenda que para esto sí hay que dar dinero?
Sería irónico. El señor Solbes le dice: húndase usted con la
deuda y cuando se haya hundido yo le voy a pagar los despidos.

Si esto es así, estaremos asistiendo a un crimen, no el crimen
de Cuenca pero sí el de Radio Televisión. (Risas.) ¿Qué tipo
de negociación se va a hacer con los sindicatos? Hasta ahora
no hay ninguna negociación real... (Rumores. Un señor
Diputado: Retira lo de Cuenca.) Si hay algo que retirar lo
retiro. (Risas.) No, Villaseñor es de Cuenca, pero no tuvo
nada que ver con aquello. (Risas.)
El debate no se está haciendo con los sindicatos, tampoco se
está haciendo en este Congreso. No estamos diseñando los
objetivos, el modelo. El debate se está haciendo sólo y
exclusivamente en ese consejo de administración; inadmisible,
y quito otra vez los adjetivos porque estaría durante cinco
minutos poniéndolos respecto a un Consejo de Administración
que tiene que ser elegido al principio de la Legislatura y con
una duración igual a la de ésta. Por tanto, termino, señor
Presidente, y gracias por su amabilidad, correlativa con la
que ha tenido con el Partido Popular.

Explíqueme si va a haber algún diálogo leal y de cara a qué.

¿De cara al término pérdidas, de cara al término consejo de
administración, de cara al término reducción de personal? Yo
quiero saberlo porque después me entero por la prensa y tengo
complejo de que se me está engañando como portavoz de un grupo
parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Aguiriano.




El señor AGUIRIANO FORNIES: Voy a ser muy breve.

Cuando el Grupo Socialista solicitó la comparecencia del
Director General, había pensado realizar una serie de
preguntas tendentes a clarificar la situación financiera del
Ente Público Radiotelevisión, pero vistas las intervenciones
de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra
estoy convencido de que el Director General aclarará las dudas
que nosotros po- díamos tener o que cualquier ciudadano pueda
tener después de haber leído los periódicos estos días. Con



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permiso de la Presidencia, quiero hacer una declaración de
apoyo al Director General, así como a la radio y la televisión
pública, no solamente con palabras sino con hechos, como hemos
demostrado desde 1982, cuando Televisión Española vivía en un
régimen de monopolio. La seguimos apoyando en régimen de
competencia, la apoyamos cuando había beneficios, la apoyamos
cuando había pérdidas y hemos apoyado el Decreto-ley que se
aprobó en julio, que si no es la solución definitiva a todos
los problemas, por lo menos sí inicia un camino. Esperemos que
con medidas similares podamos solucionar definitivamente los
problemas de la radio y la televisión pública.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director
General.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO RTVE (García
Candau): Señor Presidente, señorías, en primer lugar quiero
manifestar un poco la situación de extrañeza en la que uno se
encuentra ante discursos tan distintos, tan dispares. En unos
casos uno puede escuchar un planteamiento reduccionista y en
otros un planteamiento expansivo. Creo que ni una cosa ni la
otra, y es lo que estamos tratando de resolver en
Radiotelevisión Española.

Se ha planteado que no se defiende Radiotelevisión Española,
que no hay un planteamiento serio, con rigor, para la defensa
de los servicios públicos, de la radio y la televisión pública
españolas, que no utilizamos el comparativo europeo, etcétera.

Creo que he dicho reiteradamente en esta Cámara, en el Consejo
de Administración, en intervenciones públicas, que defiendo
una radiotelevisión pública importante, fuerte, que sea líder,
sin duda alguna -ese es el planteamiento que yo defiendo-, y
que tenga un coste razonable. Ese ha sido siempre mi
planteamiento, y no he cambiado de actitud. Alguna de SS. SS.

me dirá: sí, pero el costo razonable cuál es. Efectivamente,
yo creo que ese coste razonable de futura radiotelevisión
pública pasa por un plan estratégico y por una definición
política de cuál debe ser el papel de la radio y la televisión
en nuestro país.

Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer durante
estos últimos años? Nosotros no hemos tenido una actitud de
competencia frente a terceros. Hemos tenido una razonable
respuesta ante la agresión en el mercado de otras entidades
privadas que actuaban en esa línea para alcanzar lo que sin
duda es legítimo por su parte.

Nosotros hemos dado la respuesta que creíamos que debíamos dar
y hemos intentado desde el primer día explicar las necesidades
mínimas que exigía Radiotelevisión Española para cumplir su
servicio público.

Aquí, permanentemente, en unos casos no se reconoce nada, en
otros casos se quiere que vayamos a una situación más
desmesurada, desde mi punto de vista.

Creo que hay servicios públicos que en estos momentos no
tienen financiación pública, lo cual hace imposible una
situación de no monopolio, como es el actual, y, por tanto,
para mantener servicios habrá que contar con la financiación
adecuada. Bien es cierto, insisto una vez más, que dentro de
lo que pueda ser un coste razonable.

Hasta ahora hemos pasado de un modelo de monopolio hasta 1982,
en el que había una financiación importante por parte del
Estado, a un modelo de autofinanciación durante los años 1983
a 1989. Con la concurrencia, sin duda alguna, es imposible
mantener los actuales servicios públicos. Radiotelevisión
Española tiene una estructura de personal muy grande para lo
que pueden generar los ingresos suficientes para ese
mantenimiento, y tiene unos servicios públicos que no generan
ningún tipo de ingreso. Durante estos años se ha actuado,
desde mi punto de vista, erróneamente. Lo he dicho
abiertamente, como todo el mundo sabe, porque lo he hecho
públicamente. Ahora estamos en línea de adecuar, precisamente,
esos servicios públicos a una situación novedosa, en tanto en
cuanto hoy el panorama audiovisual ha cambiado radicalmente.

Ahora bien, ¿qué servicios son los que se deben financiar y
cuáles no? Radiotelevisión Española lo ha planteado claramente
en su anteproyecto de presupuestos que fue aprobado por el
Consejo de Administración. Había una serie de partidas que no
han sido atendidas en este momento, pero estamos en trámite
parlamentario. Sobre todo yo espero contar con la posibilidad
de presentar en el foro correspondiente un plan estratégico y
un plan de viabilidad para Radiotelevisión Española en el que
se contemplen una serie de servicios.

Por ejemplo, por dar sólo un caso, continuamente periodistas,
políticos y hombres de negocios, cuando me los encuentro,
saltan de alegría porque cuando van a Canadá o al cono sur, a
Rumania o a París, pueden seguir los servicios informativos,
pueden saber qué ocurre en España y pueden conocer, además, el
servicio que presta a nuestros ciudadanos y a aquellos
estudiosos de nuestro idioma. Eso es algo que tiene un
carácter institucional. Son miles de millones de pesetas. Hay
que plantearse ¿se debe sostener o no se debe sostener?,
porque a lo mejor la medida es no sostenerlo, en cuyo caso
evidentemente, cuando hablamos de pérdidas, esa partida, y
otras muchas, aliviarían sin duda la cuenta de resultados de
Radiotelevisión Española y de sus sociedades. Y eso es así.

Realmente no ha habido una solución a ese planteamiento en el
que partimos de la concurrencia y competencia de otras
televisiones, unas televisiones autonómicas financiadas en la
mayor parte de su presupuesto y unas televisiones privadas
que, inevitablemente, han conseguido una cuota de audiencia y,
por tanto, una cuota de ingresos publicitarios importantes.

Bien es cierto, además, que lo que se llama la tarta
publicitaria, aunque había previsiones de que



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creciera, no sólo no ha crecido, sino que ha decrecido también
en los últimos tiempos. De tal manera que eso requiere y exige
un cambio cualitativo de lo que debe ser la oferta pública de
la radio y la televisión del Estado, si bien, lógicamente,
requiere previamente de una decisión política que ampare
cualquiera de esas soluciones de futuro.

¿Qué es lo que hemos hecho en ese plan de regulación de
empleo? Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido reducir
personal de manera pactada con los sindicatos, como se hizo en
el año 1991, y hemos intentado ir adecuando esa estructura a
las nuevas necesidades. Es bien cierto que siempre hemos dicho
que eso no solucionaba los problemas de futuro de
Radiotelevisión Española, y en la actualidad lo que ha hecho
el Consejo de Administración ha sido aprobar la plantilla
suficiente para mantener los actuales servicios públicos que
tiene encomendados Radiotelevisión Española. Eso es lo que ha
decidido. No ha decidido que haya una regulación de empleo de
2.700 empleados. Lo que es cierto es que entendemos que lo que
en estos momentos realiza Radiotelevisión Española se puede
hacer con menores recursos. ¿Que otras televisiones de otros
países tienen triple plantilla, que tienen triple presupuesto?
Eso es verdad, pero también, probablemente, el producto
interior bruto de esos países es muy superior al nuestro, y
nosotros tenemos que adecuarnos razonablemente a nuestra
realidad.

Yo he dicho reiteradamente, y se lo expuse una vez más a los
sindicatos la semana pasada, después de la comparecencia ante
SS. SS. (usted dice que no se negocia con los sindicatos, pero
yo entiendo que hay unos foros donde uno debe presentar esos
proyectos y explicarlos, que son el Consejo de Administración,
la Comisión de Control Parlamentario y, finalmente, los
sindicatos, con los que hay que buscar soluciones y hay que
llegar a una negociación global que permita la mejor solución
para esos excedentes de empleo y también, cómo no, el acuerdo
en otras materias que son importantes para nuestra empresa)
que yo defiendo la existencia de Radio Nacional de España en
Valencia, en Sevilla, en Oviedo o en Las Palmas, pero con los
recursos suficientes para dar respuesta a un servicio público
como es, fundamentalmente, informar, que es la misión de Radio
Nacional de España, además de entretener y otras actividades
que desempeña. Y eso es así, pero con los recursos
suficientes, y ni uno más. Entre los que entendemos que hoy es
la realidad y lo que debe ser, hay que buscar soluciones, y
siempre me han oído SS. SS. que trato de conseguir esos
acuerdos. Hemos tenido ya una reunión con los sindicatos, hay
convocada otra para la semana que viene, aunque es posible que
tengamos que demorarla algún día más, pero, en cualquier caso,
siempre con ese ánimo de llegar a acuerdos globales.

Aquí estamos discutiendo sobre un concepto de lo que es el
servicio público, de lo que es el Ente Público y sus
sociedades. Yo voy a hacer una afirmación clarísima:
Radiotelevisión Española no es una empresa ni Radiotelevisión
Española es una administración. Radiotelevisión Española es un
híbrido entre empresa y administración y, por tanto, tiene que
contar con los recursos suficientes en aquellas materias
específicas que le exige el propio Estatuto de Radiotelevisión
y, por tanto, si no tiene la financiación suficiente, es
imposible su mantenimiento, y lo alternativo hasta ahora ha
sido el endeudamiento, que no es, sin duda alguna, la mejor de
las soluciones y, desde luego, no es la solución por la que
opta este Director General. Creo que hay compromiso suficiente
por parte del Gobierno, por lo que yo sé, y desde luego creo
que es posible que hagamos ese esfuerzo para conseguir un
diseño nuevo de la radio y la televisión públicas, y ahí es
donde debe estar sin duda, en su momento, en el foro que
corresponda, la definición, el debate y la discusión de cuál
debe ser ese modelo de futuro. Modelo de futuro que, sin duda,
tendrá que contar, en muchos de esos servicios, con la
financiación, si no es imposible que la publicidad que hoy
obtiene la Primera Cadena y la 2 pueda conseguir recursos
suficientes para el mantenimiento de aquellos servicios
públicos no remunerados de los que hasta ahora estamos
teniendo nosotros la responsabilidad de gestionar, pero que
puede que llegue un momento en que sea imposible su
sostenimiento, sobre todo si no hiciéramos ese esfuerzo de
adecuar la estructura a esa nueva realidad.

Dicho esto, voy a responder a algunas de las preguntas o a
todas las que sea posible, porque me han pedido el detalle de
algunas cuestiones que son difíciles de contestar, pero, con
mucho gusto y en el plazo que el Presidente me ha marcado, lo
haré. Me plantean, por ejemplo, la liquidación de 1992. No
tengo ningún inconveniente en remitirla. La memoria de
actividades no ha sido aún aprobada, pero, en cuanto lo sea,
se la trasladaré con mucho gusto. En cuanto al plan
estratégico, ya le he dicho a S. S. que, efectivamente, va a
haber un equipo de trabajo para buscar ese plan de futuro,
donde lógicamente habrá las estrategias pertinentes. En cuanto
a las inversiones, me ha pedido el detalle. Yo tengo los
grandes números por áreas, pero creo que en la propia memoria
del presupuesto vienen detalladas por cada centro de coste. Si
no, con mucho gusto, yo le remitiré las previsiones para cada
centro de coste de Radiotelevisión Española. En cuanto a lo
que plantea respecto a las pérdidas a 30 de junio, yo no voy a
entrar en el debate sobre mentir o no mentir, pero me da la
impresión de que puede haber un error, señoría, y es que se
haya contestado a fecha 30 de junio contemplando los seis
primeros meses, porque las cifras que efectivamente usted me
ha señalado, no pueden corresponder al año. Me temo muy mucho
que corresponden a los seis primeros meses, y así se debió
entender por los órganos pertinentes.

Me pregunta por el programa «Quién sabe dónde». Creo que,
razonablemente, ése es un programa que está cumpliendo en
estos momentos un buen servicio.




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Efectivamente, el responsable y el presentador de ese programa
decidieron, en un momento dado, ante una oferta posible,
marcharse. Se renegoció el mantenimiento de este profesional
en las condiciones que se han pactado. Como ya me planteaba el
otro día el señor Alcaraz, la audiencia de este programa
estaba en cuatro millones, y ya le puedo decir que el programa
de ayer estuvo en siete millones de personas, con lo cual creo
que supera muy mucho el mínimo exigido para él.

Plantea la señora Mato, en relación a las ventas, cuáles
pueden ser las ventas del año 1994. Ella ha hecho, en toda su
intervención, una serie de, digamos, hipótesis que podían
ocurrir. Creo que lo expliqué el otro día, pero no tengo
inconveniente en hacerlo de nuevo. Si hablamos del presupuesto
del año 1993, es evidente que ha habido un incremento
presupuestario, que fue aprobado en la convalidación del
Decreto-ley. Por tanto, ahí ha habido, digamos, una
disposición para una serie de medidas que entendíamos que
debíamos, en ese momento especialmente, acometer, pero le
puedo asegurar que las previsiones para el año 1994
evidentemente son el cumplimiento de ese presupuesto. Ese es
nuestro compromiso y trataremos de cumplirlo al cien por cien,
porque es evidente que en el año 1994 partimos de una
situación completamente distinta a la que ha sido en el año
1993.

En cuanto a todo el tema de las desviaciones, ya le digo que
forman parte de esa ampliación presupuestaria que se produjo.

No contemplo ninguna ampliación presupuestaria, salvo -no se
lo oculto- la que se pueda generar con relación a alguna
solución, pactada con los sindicatos, de alguna regulación de
empleo, en cuyo caso, evidentemente, tendría que ser por la
vía ordinaria y parlamentaria de la ampliación
correspondiente, pero, salvo eso, no creo que haya ninguna
necesidad mayor.

Me pregunta sobre deudas a la Seguridad Social y a Hacienda.

No tenemos ninguna deuda de Seguridad Social ni de Hacienda.

Habla S. S. de contratos blindados y yo debo decirle que no
los entiendo como contratos blindados. Lo que se entiende por
contrato blindado es aquel que, si no se llega a término o
incluso llegándose a término, al finalizar hay una
indemnización muy superior, en ocasiones, hasta a lo que haya
percibido durante una serie de años. En este caso lo que hay
es un contrato por dos, tres, cuatro años a algunos
profesionales que, en el caso de que no cumplan el tiempo para
el que han sido contratados, tiene una cláusula que alcanza a
un máximo de una anualidad. Si cumple el tiempo que se ha
pactado con ellos, no tienen derecho alguno a ningún tipo de
indemnización y, por tanto, no tiene ningún blindaje. En la
pura teoría del blindaje, no existe ningún contrato en
Radiotelevisión Española.

El señor Arenas ha planteado una serie de cuestiones sobre
cuál es la previsión de puestos de trabajo. Lo que se ha
aprobado, como digo, es una plantilla de 7.500 personas.

Pregunta si se ha reducido en directivos. Si no me equivoco,
se han reducido los puestos directivos y de mandos orgánicos
en un 30 por ciento. De todas maneras, yo también le diría,
señor Arenas, con todo afecto, que se aclarasen, porque no les
entiendo del todo; es decir, hace algún tiempo, se planteó una
ampliación de plantillas, por parte del Director General, en
función de unos acuerdos -anteriores a mi mandato, por cierto-
para que algunas personas que llevaban tres años se
incorporaran a la plantilla de Radiotelevisión Española. Lo
trasladé al Consejo de Administración y en ese Consejo el
Partido Popular o un representante o aquellos que fueron
propuestos por el Partido Popular se opusieron, entendiendo
que había que reducir al 50 por ciento la plantilla y no
ampliarla. En el último Consejo de Administración, los
consejeros del Partido Popular entendieron que esa reducción a
7.500 puestos era un buen trabajo, decían que era un buen
trabajo, sólo que venía tarde, algunos años tarde, porque
teníamos que haberlo abordado con anterioridad. No se
opusieron, no votaron a favor ni en contra; se abstuvieron,
pero, evidentemente, en esa línea es donde han actuado los
consejeros del Partido Popular.

El señor Arenas plantea lo del endeudamiento. Mire usted, yo
creo que ya ha pasado alguna vez más, suman churras con
merinas, una cosa es el movimiento financiero y otra cosa es
la cuenta de proveedores, que se cambia en función de la
actividad normal empresarial y, por tanto, suma usted muchos
miles de millones -no sé si está por aquí el dato-; está en
los 70.000 u 80.000 millones de pesetas. Ahora mismo, en los
datos que usted utilizaba, ya se ha reducido notablemente,
porque se ha pagado a algunos proveedores y, en este momento,
la cuenta de proveedores -si no me equivoco- está en 67.000
millones; por tanto, no son los 80.000 que usted decía y,
además, tampoco puede sumarlo a lo que es deuda financiera.

Me plantea usted lo de la auditoría del año 1990.




El señor ARENAS BOCANEGRA: Del 92.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO RTVE (García
Candau): La auditoría del 92 aún no la tengo yo; es decir, ni
siquiera la he recibido para alegaciones. En el momento en que
la reciba, le contestaré.

En cuanto al representante de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, creo que le he contestado ya a bastantes cosas. Me
plantea una definición... Le voy a decir: usted dice que
crecemos en todo. Sólo se crece en la partida de gastos
financieros. En el resto, hay una reducción en torno al 9,38
por ciento del presupuesto de 1993; esa es la realidad. Lo que
pasa es que ustedes parten del presupuesto inicial de 1993,
pero hay que partir del presupuesto final de 1993, y en
relación a ese presupuesto, hay una reducción del 9,38 por



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ciento en todas las partidas, salvo en el incremento en gastos
financieros.

Usted plantea, como siempre, muchas cosas y la verdad es que
en algunos aspectos, salvo en matices importantes, yo puedo
compartir con S. S. muchos de sus planteamientos. Pero es
verdad que nos separan algunas cosas y, sobre todo, nos separa
algo, y es que yo defendiendo la Radiotelevisión pública y
teniendo muy claro que su papel público es fundamental en un
sistema democrático, creo que debemos adecuar -y lo he dicho
anteriormente- su estructura y sus gastos a un nuevo modelo y
a una situación distinta, sobre todo en estos momentos en que
el país no parece que esté en condiciones de afrontar grandes
dispendios para el mantenimiento de la Radiotelevisión
pública. Evidentemente, creo que eso se puede hacer a medio y
largo plazo en ese plan estratégico, como le decía
anteriormente.

Pregunta sobre la política cinematográfica. Debo decirle que
en breves días Radiotelevisión Española adoptará un acuerdo,
en virtud del cual ya entra en la adquisición de un buen
número de películas españolas.

En cuanto a nuestro planteamiento ante la producción europea y
española frente a lo que puede ser la ofensiva norteamericana,
ya expliqué reiteradamente en mi anterior comparecencia a
petición propia que nosotros estamos precisamente en esa línea
de actuación. También debo decirle que, en breves días, tengo
una reunión en París con la mayor parte de los directores
generales de las televisiones europeas para trabajar en esa
línea, para llegar a coproducciones que permitan conseguir,
con los pocos o muchos recursos de cada una de las
televisiones, hacer producciones importantes de sentido
europeo frente a lo que es una política agresiva por parte de
los norteamericanos. Pero eso es muy fácil hacerlo si hay ese
acuerdo general entre los europeos; si no, es imposible,
porque hoy no existe industria europea que pueda afrontar el
reto norteamericano, donde hay grandes inversiones y compiten
con mayores facilidades que los europeos.

En cuanto a la producción propia que se retira, usted dice que
se desmantela. Me sorprenden muchas veces esas afirmaciones.

Todos los platós de Televisión Española están en estos
momentos en pleno empleo; confunden lo que es, a veces, la
aportación de artistas o lo que puede ser la aportación de
talento en algunas determinadas producciones, con la falta de
producción propia. Todo esto se hace fundamentalmente con
profesionales de Radiotelevisión Española, y en estos momentos
hay platós fuera de Prado del Rey, de Buñuel, de Torrespaña,
de Barcelona y de otros centros, porque no tenemos bastantes
centros para acometer la producción propia que en estos
momentos estamos elaborando.

Me plantea las inversiones en los centros territoriales. Debo
decirle que hay casi mil millones de ampliación en centros
territoriales, sobre todo en material técnico; por tanto,
seguimos apoyando los centros territoriales, que sé que es una
de las preocupaciones de S. S. y demás compañeros.

En cuanto a regulación de empleo, ya he hablado largamente con
los sindicatos y tratamos de conseguir soluciones pactadas y
de carácter voluntario, en un principio. Ese es nuestro
interés. Si luego no hay voluntad de acuerdo (acuerdo al que
creo que se debería llegar y para ello nosotros estamos
poniendo la mejor voluntad), tendríamos que actuar de otra
manera, pero es posible, al igual que hicimos en el año 1991,
llegar a ese acuerdo, y vamos a trabajar para alcanzar las
soluciones que puedan ser las mejores para los profesionales
de la Radio y la Televisión públicas.

Finalmente, agradezco al señor Aguiriano el apoyo de su Grupo
Parlamentario en aquellas cuestiones que debamos afrontar en
un futuro inmediato. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General.

Un turno brevísimo para todos los intervinientes o los grupos,
según deseen, de aclaraciones. Y un deseo, porque conozco los
problemas con que nos encontramos en ocasiones análogas en
años anteriores: que antes de que el Director General abandone
la sala haya una idea muy concreta de aquellos temas que deben
de ser contestados por escrito.

El señor Arenas tiene la palabra.




El señor ARENAS BOCANEGRA: La verdad es que todos los años la
comparecencia de Radiotelevisión Española se produce al final
de la tarde y llegamos siempre con el natural agotamiento de
los trabajos en esta Comisión. En segundo lugar, solicito de
la Presidencia y del señor letrado, al que prestamos nuestra
asesoría si lo tiene a bien la Presidencia, que se nos
conteste por escrito la inmensa mayoría de las cuestiones que
hemos preguntado, porque, es verdad, algunas de ellas exigen
concreción. En ese sentido, lo ha manifestado el Director
General.

A mí también me gustaría, señor Presidente, agradecer el tono
de la respuesta del Director General, porque creo que se puede
ser duro en el fondo, pero siempre hay que aspirar a ser mucho
menos duro en la forma.

Algunas puntualizaciones. Señor Director General, puede ser
que sea un híbrido lo que usted dirige, pero el híbrido es
público, y ante lo público hay dos actitudes. Primera: como es
público, silencio; porque es público todo vale; como es
público, no hablamos de lo público. O hay otra actitud y es
que lo público, al final, sólo se resuelve de dos formas:
endeudamiento con aval público, que es lo que ha pasado hasta
ahora en Radiotelevisión Española, o dinero del Estado; y el
dinero del Estado siempre es o más déficit público, es cierto,
o más impuestos, y mi Grupo sí tiene mucha preocupación por la
gestión de lo público. Por Radiotelevisión



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Española que es pública, por la Sanidad que tiene cotizaciones
y es pública y por Iberia y Renfe, donde se pagan billetes
cuando los ciudadanos o las mercaderías las utilizan, y son
públicas. Lo que no vale es decir: como todo es público o esto
es público, ni se cuestiona la gestión. La principal
preocupación de este Grupo Parlamentario es el control de la
gestión pública y el control de los fondos publicos. Nos
parece que interpretamos bien a nuestros electores y a los
españoles pensando que les preocupa fundamentalmente que
desarrollemos esta tarea juntos con la iniciativa
parlamentaria que también llevamos a cabo.

En segundo lugar, señorías, el debate de hoy no es ideológico,
porque las cifras no tienen ideología. Las cifras del Consejo
de Ministros o de los Presupuestos Generales del Estado son
incontestables y absolutamente irrebatibles como tales cifras
del Consejo de Ministro o de los Presupuestos Generales del
Estado. Señor Director General, en el año 1992, Televisión
Española, según los Presupuestos Generales del Estado, ha
perdido 76.000 millones de pesetas. Lo dice la cuenta de
pérdidas y ganancias. El año 1993 -estoy hablando antes de
subvención, señor Director General- 122.000 millones de
pesetas. El año 1994, la previsión -optimista en mi opinión;
desgraciadamente, porque al final esto se paga con el dinero
de los españoles- es de 105.000 millones de pesetas. ¿Cree que
se puede sostener que el endeudamiento de Televisión Española
son 70.000 millones?
Es cierto que yo mezclo churras con merinas, pero le quiero
explicar quiénes son las churras y quiénes las merinas. Las
churras son acreedores -usted es un excelente abogado, yo no
tan excelente, y sabemos lo que son los acreedores- a largo
plazo: 1993, 150.000 millones. Merinas, acreedores a corto
plazo: 121.000 millones. Suman 272.000 millones de pesetas. Lo
llame usted endeudamiento, acreedores o como quiera.

Radiotelevisión Española debe estas cantidades y ha perdido
las cantidades que este Diputado ha manifestado. Y no cabe
ninguna duda porque son cantidades del Consejo de Ministros y
de los Presupuestos Generales del Estado.

Señor Director General, comprendo que haya grupos
parlamentarios que, intencionadamente o sin intención, no nos
crean, pero nosotros sí somos partidarios de una
radiotelevisión pública. No somos en absoluto partidarios de
la gestión que usted ha desarrollado porque ha conducido a la
quiebra a Radiotelevisión Española. Tenemos dos opciones:
Responsabilizamos al Gobierno que no le ha hecho caso a usted,
o le responsabilizamos a usted. Pero la opción se nos acorta
porque usted es un representante del Gobierno y ha sido
designado por el Gobierno como Director General. Usted es
miembro del Gobierno, no del Consejo de Ministros, pero es
Director General del Gobierno del señor González. Luego la
responsabilidad de estas barbaridades presupuestarias son del
Gobierno o del señor García Candau o del Gobierno y del señor
García Candau.

Se ha dicho en algún medio de comunicación que hay mayores
pérdidas que en Renfe o que en Iberia. La situación financiera
de Radiotelevisión Española en este momento es la peor de
todas las empresas públicas. Nunca en menos tiempo se ha
pasado de una posición de liderazgo absoluto (tan liderazgo
que había monopolio, eso sí que es un liderazgo. Decían: esta
empresa es líder en su sector y luego uno descubre que trabaja
en monopolio), de un monopolio y del cien por cien de la
audiencia a perder cotas de audiencia, en nuestra modesta
opinión, a perder credibilidad y a estas cifras económicamente
espantosas que estamos poniendo de manifiesto. Y ¿por qué?
Porque se ha intentado -y coincido con alguna intervención-
competir con las televisiones privadas. Su mayor desviación
presupuestaria en el año 1993 es en aprovisionamiento y en
encargos exteriores. Ahí está la desviación brutal
presupuestaria. Usted lo confiesa en un documento. Teníamos
que seguir siendo líderes.

Y por favor, señorías, cuando se habla de una radiotelevisión
pública, ¿por qué la definimos como pública? La definiremos
como pública porque sus accionistas son el Estado, y en este
caso lo es, pero, sobre todo, debíamos definirla como pública
porque tiene una programación de interés público. Lo que no
puede hacerse, señoría, es, bajo la vitola de lo público,
desarrollar una programación de interés estrictamente
competitivo, de interés estrictamente comercial. Eso no es una
televisión pública por sus contenidos, lo será por su
titularidad.

Señor Director General, he dicho en multitud de ocasiones que
nosotros no somos partidarios, ni desde el Gobierno ni desde
la oposición, de suprimir la radiotelevisión pública. Sí somos
partidarios de, si hay subvenciones del Estado, que estamos
dispuestos a admitirlo, se acondicione a una programación de
interés público. Pero las subvenciones del Estado no están
para paliar las pésimas gestiones económico-empresariales en
las empresas públicas. Si un gestor público no sirve hay que
tomar la decisión o por la vía de la dimisión o por la vía de
la destitución. Las cuentas que hay en estos momentos en
Radiotelevisión Española las defiende el Ministro de Economía
y Hacienda, pero el anterior Ministro de Economía y Hacienda
nunca estuvo dispuesto a defenderlas, porque no podía. Incluso
llegó a comentar que esto era media Renfe. Creo, señor
Director General, que va a tener usted más problemas con el
Gobierno que incluso con este Grupo Parlamentario, porque hay
sectores del Partido Socialista y del propio Gobierno que no
pueden compartir esta gestión, no pueden defender ante la
opinión pública que se perdieran el año pasado 122.000
millones de pesetas; es que no se puede defender, señorías,
que la Radiotelevisión pública del Estado pierda 122.000
millones



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de pesetas, no se puede defender ni socialmente ni desde lo
publico.

Nos parece a nosotros (el señor Almunia Amann pronuncia
palabras que no se perciben) y termino, señor Presidente,
porque el señor Almunia me reclama. (Rumores.) Es muy
simpático y muy cariñoso el señor Diputado, tiene muy buen
talante el señor Diputado. Mire, desde lo público y desde lo
social -es usted muy divertido siempre, señor Almunia- no
están justificados 122.000 millones de pesetas para paliar una
pésima gestión en una radiotelevisión pública.

Solicito, señor Presidente, que se nos conteste por escrito, y
tengo la vana esperanza de que mi mitin haya convencido al
señor Almunia para el futuro.




El señor PRESIDENTE: El señor Alcaraz tiene la palabra.




El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.

Recuerdo a esta Sala que se ha saneado la banca privada entre
1979 y 1985 con dos billones de pesetas. ¿Eso sí podía ser?
Recuerdo a esta Sala que se acaba de comprar mal la colección
Thyssen y se va a pagar por parte de Cultura un principal de
9.000 millones y cuatro mil millones y pico de intereses
anuales. ¿Eso sí es permisible, cuando tenemos cuadros en la
clandestinidad en el Prado, en Sevilla y en todos sitios? Por
tanto, hagamos las mismas reglas y las mismas medidas.

No quiero hacer la intervención que tendría que hacer, pero en
ciertas elecciones se propuso la privatización de la
televisión pública, eso sí, comprando espacios desde la
administración pública, algunos espacios. Los dos modelos
somos igual de legítimos, pero no se parecen en nada, como un
huevo a una castaña, porque pongamos sobre la mesa los modelos
reales, porque en el programa electoral iba la privatización
de la segunda cadena. Pongamos las cosas de verdad sobre la
mesa o no podremos defender la televisión pública. Esto será
un «totum revolutum» y a mí nadie me va a embarcar en un
ataque avasallador, revuelto y a «tutti plen», al servicio
público de Radiotelevisión. Ahora bien, otra cosa es que haya
que mejorar la gestión a tope, que hay miles de bufandas de
Locomotoro, que hay que cambiar el modelo, que hay que partir
de la tesis de que la cultura no es buena en tiempos de cólera
o que no hay que financiarla. Usted ha caído en ello, señor
García Candau, cuando ha dicho: cómo va a pagar el país estos
dispendios. Sabe usted que en el presupuesto de Cultura este
año, quitando lo de la Thyssen y los cuatro mil millones del
Teatro Real, hemos llegado al 0,20 por ciento. El otro día
utilicé Guinea, pero hoy digo que ni Somalia tiene esa idea de
que en tiempos de cólera no es buena la cultura, y el servicio
público para nada. Nadie protestó por los cien mil y pico
millones a la Seat antes de privatizarla. No vayamos a
protestar por unas cosas sí y por otras no. Lo que pido es que
se sanee no a costa del personal, no. Los sindicatos han
dicho, señor García Candau, y usted lo sabe, que están
dispuestos a reducir la plantilla, usted lo sabe como yo, pero
hay que sentarse a discutir sobre una base objetiva, sobre
cuáles son los objetivos y el modelo de esta televisión, pero
usted no ha dicho todavía -se guarda esa carta, vamos a poner
el debate de verdad sobre la mesa, no detrás de las cortinas-
ni los objetivos ni el modelo de televisión. Partiendo de ahí
pactemos con los sindicatos -más bien, pacte usted, los
sindicatos son autónomos, independientes-. Este es el problema
de fondo.

Dos o tres cosas más brevísimamente. Usted ha dado la pista de
por dónde va a ir el método híbrido, el modelo híbrido -no ha
empleado la expresión «pública»- entre empresa y
administración. Ha dicho usted que unos servicios se deben
financiar y otros no; es decir, unos serán de interés público
y otros no. El problema es que si usted mete esa dialéctica en
el cuadro actual tendrá usted que los no financiables son los
que van en prime time con gran publicidad, los que se
privatizan, caso Lobatón. ¿Qué dice el tele-pick, esa encuesta
que ustedes hacen, si se sustituyera el presentador por otro y
no se hubiera privatizado el programa? Dice que da igual, que
lo que manda es el programa.

El tema de fondo es que ustedes mandan los programas públicos
que hay que financiar con dinero público a la hora de mínima
audiencia, o los mandan, como han hecho con la cultura, al
Hispasat. Ya sabe usted que hay que poner antenas parabólicas
de muchos miles de pesetas y muchos ciudadanos no pueden
permitirse ese dispendio, porque estamos en tiempo de cólera
financiera. Mientras tanto, la cultura volando por ahí.

Conecto con otra idea que usted y yo no compartimos; lo que es
producción propia. Si hay una partida de servicios exteriores,
53.000 millones, y otra de compras, 45.400 millones, y usted
dice que están funcionando todos los platós al mismo tiempo,
es que ustedes están cediendo platós, quizá personal humano
no, pero sí técnico y puede ser que humano, a producciones
privadas, con contratos especiales como éste que acabamos de
nombrar. Luego el concepto de producción propia que tenemos
usted y yo no encaja, porque si no estas cantidades no
tendrían este volumen que tienen: servicios externos, 53.000
millones, y compras, 45.000 millones. ¿No entiende, señor
García Candau? Desde ese sentido mixto que usted ha dado a las
cosas, indudablemente tiene otro concepto de lo que es
producción propia. Esto no es producción propia.

Termino como he empezado con respecto al personal. Señor
García Candau, definamos objetivos. Usted ha dicho que lo
vamos a definir en algún foro, ¿en cuál? ¿Con quién, con todos
los grupos? ¿Habrá luego acuerdos, aunque aquí haya antes
debates y peleas dramatizadas? ¿Dónde vamos a definir esos
objetivos, ese modelo? En función de eso, siéntese usted, o
quien sea, con los sindicatos y verá cómo llegan a un acuerdo.




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Marque objetivos, marque modelos y en función de eso, desde el
concepto de servicio público y de producción propia, de
defensa del cine español, del cine europeo, etcétera, verá
usted como hay un acuerdo. Lo que no se puede hacer es lo que
se está haciendo, que con un consejo de administración títere
se está llegando a acuerdos.

Usted plantea la misma técnica que se ha intentado emplear en
el acuerdo fallido con los sindicatos en cuanto al llamado
pacto social o pacto de empleo. Se ha dicho: primero, un
acuerdo en lo político, que además se ha hecho fuera del
Parlamento, que es prioritario, y después se han sentado con
los sindicatos. Le voy a dar un dato, señor García Candau. Los
miembros del Gobierno que se han sentado con los sindicatos no
han utilizado ni un número. Se ha roto el acuerdo sin que los
sindicatos hayan podido saber cuáles eran los números del
presupuesto. Eso no es pretender un acuerdo. Vamos a sentarnos
con números, con objetivos, con funciones, con modelo de
televisión y verá entonces que es posible un acuerdo. No se
quería acuerdo con los sindicatos a nivel general porque era
incompatible con el acuerdo con Pujol, era incompatible. En
lugar de negociar se les informaba.

Termino, señor Presidente. Esto es importantísimo. No estamos
haciendo una defensa dogmática de nada, pero el método que
usted lleva va a forzar y violentar las cosas en el sentido de
que no hay debate real, y usted está definiendo los objetivos
con algo que no está legitimado para definirlos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aguiriano.




El señor AGUIRIANO FORNIES: Yo no quiero polemizar con ningún
grupo parlamentario, ni ese es mi cometido en este momento,
pero sí me gustaría, a título recordatorio, decir un par de
cosas.

El Director General fue nombrado en el mes de julio por el
Consejo de Ministros. Además, que yo sepa, se aprobó su
nombramiento por unanimidad y yo no me atrevería a decir qué
parte del Gobierno, no sé qué parte, no está de acuerdo con la
gestión del Director General. Quiero recordar también que
apenas hace quince días se debatió en el Congreso de los
Diputados una proposición que pedía la destitución del
Director General y que fue rechazada por la mayoría de la
Cámara. Luego, de alguna manera, la mayoría de la Cámara
respalda la gestión del Director General.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director
General.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO RTVE (García
Candau): Con la brevedad que requiere ya la larga jornada de
SS. SS., quisiera manifestar algunas cosas.

El señor Arenas, con la habilidad que le caracteriza -es un
hombre muy inteligente y un gran parlamentario- lleva las
situaciones hasta el precipicio y cuando llega al precipicio
se vuelve para atrás. Al final, yo he escuchado del señor
Arenas que sí es defensor de la radiotelevisión pública, y me
alegra enormemente. No es ésa la actuación que yo entiendo. Yo
ya sé cuál sería el fundamento, como diría Arguiñano, para que
fuera posible hacer esa defensa pública de la financiación.

Pero cuando estamos hablando de los programas siempre nos
fijamos en las tres, cuatro, cinco guindas con que cuenta la
parrilla de programación tanto de la Primera Cadena como de la
2. Eso es así. Si uno empieza a analizar programa por programa
es evidente que el servicio público de la televisión y la
oferta de calidad de Televisión Española es importante.

Hablamos de las pérdidas. Yo ya sé que el concepto es de
pérdidas. Yo le diría que lo que ha costado en 1992 y lo que
pueda costar en 1993 son equis miles de millones de pesetas.

Es absolutamente necesario que Radiotelevisión Española tenga
un coste público porque, si no, la alternativa es su
inexistencia. Ha habido este año, por ejemplo, unas elecciones
generales y ha habido que acometer unos gastos importantes, ha
habido que abrir unas franjas horarias de donde se ha tenido
que sacar la publicidad porque, evidentemente, nadie invierte
alrededor de los espacios gratuitos políticos, etcétera. Y
como eso tantas y tantas cosas como hay. Dice: Nosotros somos
defensores. ¿Ustedes defienden Radio Nacional de España, la
Orquesta y Coros, nuestra presencia en Guinea, el apoyo en
Iberoamérica, los canales de satélite, los centros
territoriales? Eso es lo que hay que discutir. Porque si
realmente se defiende eso y se financia, Radiotelevisión
Española hoy no tendría ni una sola peseta de deuda
financiera. En estos momentos el coste público no es
retribuido. Es verdad que hay otros soportes de programación
que generan ingresos y que permiten otro tipo de financiación.

Anteayer tuvo lugar el partido de la selección española de
fútbol, cuya retransmisión tiene un coste razonable y unos
ingresos importantes. Eso es lo que realmente debe tener su
aspecto de comercialización. Pero al final, queramos o no, los
satélites, si queremos tenerlos en todo el mundo para que haya
una presencia del idioma español, que es la mayor penetración
cultural que existe en esos momentos, esos canales de
comunicación tienen miles de millones de coste. Eso es lo que
cuesta cada año, no las pérdidas. Yo no puedo entender que los
satélites suponen unas pérdidas de 7.000 millones de pesetas.

Tienen un coste de 6.000 ó 7.000 millones de pesetas que no
puede soportar Televisión Española con su publicidad. Y como
eso tantas cosas. El concepto es de coste, no de pérdidas,
salvo que ahora mismo con un lápiz yo eliminara todos esos
conceptos. Evidentemente, la cuenta de resultados saldría
saneadísima con los ingresos que genera en estos momentos
Televisión Española. Pero mientras no se cambie ese modelo, o
ese endeudamiento o habrá que



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tener financiación, o eliminarlo, porque si no evidentemente
es imposible.

Yo no estoy de acuerdo con su planteamiento ni con el del
señor Alcaraz. Creo que es defendible, y ustedes no lo hacen,
un coste razonable para la televisión pública y hay que
alcanzarlo. No estoy de acuerdo con el señor Alcaraz respecto
al modelo alternativo del que habla, ése que hay que pactar
con los sindicatos. El dice que no hay un número. Mire usted,
el plan de futuro de sus compañeros de Comisiones Obreras no
tiene un solo dígito, ni uno solo. ¿Y sabe en cuánto valoro yo
el coste final de todo eso? Ciento cincuenta mil millones de
pesetas. Evidentemente, ese coste no es soportable a largo
plazo. ¿Que ahora haya dificultades y que haya que afrontar en
estos momentos soluciones que permitan adecuar esa estructura
a las nuevas necesidades? Evidentemente. ¿Que cree usted que
se puede llegar a un acuerdo con los sindicatos en esa
materia? Mire usted, yo tengo otros foros para discutir el
modelo. Con los sindicatos no voy a discutir el modelo, y se
lo digo a usted como se lo dije el otro día a ellos. El modelo
corresponde a otras instancias. Sí debo negociar y pactar con
ellos todo aquello que tenga carácter de relación industrial.

La decisión de cuál debe ser el modelo de servicio público,
evidentemente, no corresponde a los sindicatos. Creo que en
ese aspecto nos pondremos de acuerdo. Si ha menester, por
nuestra parte estamos en esa línea. Pero, desde luego, en
cuanto al modelo yo me he negado y me seguiré negando, porque
entiendo que el lugar oportuno no es precisamente las
reuniones con los sindicatos ni las discusiones que se puedan
generar sobre cuestiones que sí entiendo que son
fundamentales, pero con dígitos y con realidades, reclamando
una financiación para determinados servicios, pero siempre
desde una postura razonable y con el mayor rigor público, que
yo sí lo tengo, como sabe perfectamente el señor Arenas. Otra
cosa es que, desde un punto de vista político, haya que actuar
con la intención que yo respeto, pero sabe perfectamente -lo
hemos hablado muchas veces- que compartimos muchas cosas y
estamos muy de acuerdo en otras; nos distancian otras que son,
de verdad, en estos momentos, por lo que veo, insalvables.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Candau.

Con la intervención del Director de Radiotelevisión Española
finalizan las comparecencias de la Ley de Presupuestos en esta
Comisión.

Se levanta la sesión.




Eran las nueve y quince minutos de la noche.