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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 305, de 09/06/2009
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2009 IX Legislatura Núm. 305

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 15 celebrada el martes 9 de junio de 2009



ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión:


- Del señor director del Departamento de Economía Aplicada V de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del País Vasco (Serrano Pérez). Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del
Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000267.) ... (Página 2)


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Del señor director de Analistas Financieros Internacionales (Herce San Miguel). Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000268.)... href='#(Página13)'>(Página 13)


Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.



CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN:


- DEL SEÑOR DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA V DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (SERRANO PÉREZ). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL
PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 219/000267.)


El señor PRESIDENTE: Con el permiso de todos empezamos las Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. El primer punto del orden del día es la comparecencia de Don Felipe Serrano Pérez, director
del departamento de Economía Aplicada V de la Facultad de Ciencias Económicas del País Vasco.



Don Felipe Serrano, bienvenido. Tiene la palabra.



El señor DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA V DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Serrano Pérez): La verdad es que no sabe uno muy bien si dar las gracias por esta invitación o autoaplicarse
un pésame por la transcendencia que al final tiene este tipo de intervenciones en esta Comisión en la reforma del sistema, y le entra a uno la duda de si sus intervenciones pueden afectar.



Lo que voy a intentar con la mayor brevedad es dar respuesta al interrogante que aparece en sus pantallas, es decir, ¿puede la inmigración compensar el impacto que tiene el envejecimiento de la población en el sistema de pensiones? Les
puedo contar el final de la película, y el final de la película es que no. Eso significa que, de hecho, yo les voy a presentar finalmente conclusiones muy similares a las que supongo que habrán escuchado por parte de otros comparecientes. Es
decir, tal como en estos momentos está el sistema, con las reglas de juego que tiene, con los parámetros y con el tipo de legislación, los flujos migratorios, a no ser que cambien radicalmente, que cambien en el sentido de que se incrementen de
manera significativa, no soportarían el proceso de envejecimiento de la población.



No me voy a extender mucho en la primera parte. Cuando se estudian los efectos de la inmigración en los sistemas de pensiones, realmente se pueden estudiar de dos formas. Si suponemos que los inmigrantes no tienen descendencia, es decir,
vienen, trabajan y se marchan, generan unos ingresos que son las cotizaciones que aportan a la Seguridad Social durante los años en los que desarrollan su vida laboral; eso da derecho a unas prestaciones futuras, que son los gastos, y la diferencia
entre los ingresos y los gastos es lo que se conoce como el efecto neto de la inmigración. En el caso de los inmigrantes con descendencia, es decir, inmigrantes que viene, traen hijos y se quedan, realmente el flujo es similar, es decir, los
inmigrantes generan unos ingresos propios, pero al mismo tiempo generan unos ingresos inducidos que son a través de sus hijos, y esos son los ingresos totales; de igual manera generan unos gastos, que son los derechos futuros a una pensión por
haber cotizado en el sistema; y la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales es lo que se llama el efecto neto dinámico.



En general, lo que la investigación ha puesto de manifiesto es que puede haber distintas maneras de enfocar esto, es decir, si suponemos que la inmigración tiene o no tiene efectos en los salarios de los trabajadores nacionales y en la tasa
de paro o que no existan tales efectos. La evidencia empírica muestra que no existen tales efectos, es decir, los trabajadores inmigrantes que llegan a los países -y en esto España no es ninguna excepción- no afectan a los salarios de los
trabajadores nacionales, o lo que es lo mismo, no les afectan de una manera muy significativa. Después les presentaré los resultados que hemos obtenido y lo verán más claramente con datos. Tampoco afectan a la tasa de paro, lo cual significa que
la inmigración es básicamente un factor complementario de los trabajadores nacionales y no es un conjunto de trabajadores que compiten por los mismos puestos de trabajo.



Por otra parte, la investigación teórica ha puesto de manifiesto que en ambos casos y bajo determinados supuestos, que tampoco se los voy a explicar, a no ser que tengan un interés particular en conocerlos en las intervenciones posteriores,
realmente la llegada de inmigrantes es positiva, es decir, generan más ingresos que gastos. Me estoy refiriendo exclusivamente al terreno del sistema de pensiones. Para hacer un análisis de los efectos netos de la llegada de inmigrantes, habría
que


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tener en cuenta otra serie de apartados de gastos como pueden ser los gastos en educación, los gastos sanitarios; también habría que tener en cuenta no solamente los ingresos que aportan al sistema de Seguridad Social a través de las
cotizaciones, sino que habría que tener en cuenta los ingresos que aportan al sistema general a través de los impuestos directos e indirectos que ellos abonan. Esa es un investigación que no está hecha, no es fácil hacerla, pero en Alemania, que es
donde con más intensidad han investigado este tipo de cuestiones, dependiendo del número de años que permanezcan los inmigrantes, fundamentalmente si la inmigración es permanente, es decir, se queda, entonces se podría decir que el efecto neto de un
inmigrante es positivo, o cuando menos no genera más gastos que ingresos. Es decir, que en el peor de los casos sería neutro. Aceptado esto, lo que se trata de saber es si la llegada de los flujos de inmigrantes realmente puede contribuir a
aumentar los ingresos y, de esa manera, equilibrar los problemas futuros que tendrá el sistema.
No les voy a explicar el modelo; de lo único que se parte es de una serie de identidades que son puras identidades, es decir, en la primera ecuación lo
único que se ve es que el lado izquierdo son los ingresos que genera el sistema, y el lado derecho los gastos. Lo único que quiero es que se fijen en la fórmula, porque la novedad de lo que van a ver aquí es que nosotros no tenemos ningún interés
en saber cuál será el peso de las pensiones en relación con el producto interior bruto; es evidente que eso va a aumentar, si la población envejece, no tendría sentido que mantuviésemos la misma transferencia de renta. Va a aumentar la población
general mayor de 65 años y por lo tanto habrá que transferir más. De lo que se trata es de si el sistema puede permitir eso tal como en este momento lo tenemos definido. Insisto en que al final un sistema de lo único que va a depender es del
número de cotizantes nacionales, eso que ustedes ven en la fórmula, que es cn; va a depender del número de cotizantes inmigrantes que viene, lo que ustedes ven como ci; va a depender de la generosidad del sistema, lo que ustedes ven como una letra
k pequeña; va a depender de la proporción en la que tenemos trabajadores nacionales y trabajadores inmigrantes; y va a depender, y esto es importante, del salario que perciban los inmigrantes, porque si hay mucha diferencia entre el salario de los
trabajadores inmigrantes y el salario de los trabajadores nacionales, realmente podemos estar recibiendo unos flujos migratorios muy intensos, pero su aporte al sistema de Seguridad Social será menos que proporcional al que realizan los trabajadores
nacionales. Entonces, va a depender de una cosa que se llama alfa, que ya se la explicaré después.



Lo que hemos hecho es testar esta fórmula y saber cuál sería el número de pensiones de jubilación solo para el régimen general, y digo solo para el régimen general porque es relativamente complejo simular lo que puede ocurrir en el resto de
regímenes. El régimen general es el que mejor se presta a realizar este tipo de ejercicios de traer el futuro al presente.
Les diré, entre paréntesis, que voy a intentar traer el futuro al presente, pero también les advierto que la probabilidad de
que acierte es cero. Es decir, no piensen que las simulaciones aciertan. No, no, la probabilidad de que lo que yo les voy a decir ocurra, en los términos exactos y con los números que les voy a dar, es cero. O mejor dicho, si ocurriese sería pura
coincidencia, lo cual no significa que la identificación del problema no sea cierta. Es decir, podemos estar identificando el problema, pero no podemos estar identificando al milímetro la intensidad del problema. Esto ocurre en cualquier ejercicio
de simulación, y los economistas, que somos muy dados a ellos, hasta hace relativamente pocas fechas ocultábamos que la probabilidad era cero, pero ahora yo creo que es tan evidente que tenemos fallas tremendas que no nos queda más remedio que decir
la verdad, pero, insisto, la identificación del problema sí es correcta.



Dicho esto, lo primero que hemos intentado es estimar la evolución del empleo que va a ocurrir de aquí al año 2050. Ahí lo que ven ustedes son todas las hipótesis que hemos utilizado. Nuestro punto de partida es el escenario demográfico 1
del INE. Saben ustedes que el INE tiene dos escenarios demográficos, el 1 y el 2. El 1 es el más optimista, pero realmente cuando se compara lo que está ocurriendo ahora con lo que estimaba el escenario 1 del INE, no está tan alejado. Hemos
solicitado del INE información sobre los flujos netos de entrada de población inmigrante por grupos de edad, porque el INE en sus proyecciones demográficas no los proporciona; solicitamos en su momento que nos hiciese una explotación específica de
esto y nos la proporcionó. Con esta información lo que hemos hecho es construir las pirámides de población por edad para cada año de los trabajadores inmigrantes y de los trabajadores nativos. Hemos supuesto una tasa de crecimiento del empleo
futuro del 2,2 por ciento, aunque ahora les voy a explicar que esto de facto no es así porque hemos topado las tasas de actividad por grupos de edad en los topes de la economía danesa. ¿Qué significa esto? En estos momentos la economía danesa es
la que presenta las tasas de actividad más altas de la Unión Europea por grupos de edad, entonces, lo que aquí se ha supuesto es que la tasa de actividad de la economía española, que es relativamente más baja que la media europea, subirá a lo largo
de los próximos años, pero nunca sobrepasará el tope de la economía danesa en este momento. Este es un supuesto que podría perfectamente ocurrir que se rompiese, pero en principio hemos supuesto esto. Eso significa que la tasa de crecimiento real
del empleo al final no va a ser del 2,2 por ciento, sino que va a ser mucho más baja. Ahora van a ver el gráfico.



El resultado es ese. La evolución del empleo, ahí la tienen, la línea negra es la tasa de crecimiento y las franjas son la evolución del empleo. Teniendo en cuenta las proyecciones demográficas del INE y teniendo en cuenta los presupuestos
que hay, es previsible que el empleo en España crezca aproximadamente hasta el año 2028. El año 2028 se alcanzaría el máximo de ocupados,


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que rondaría los 23,5 millones de población ocupada. De esta población ocupada, la población nacional representaría 17,5 millones y la población inmigrante representaría casi 6 millones, exactamente 5.894.000. También es cierto que la
población nacional alcanzaría el tope antes, es decir, el tope de empleo para los trabajadores nacionales podría producirse prácticamente, en condiciones normales, no si seguimos estando en la situación de crisis actual evidentemente, hacia mediados
de la década próxima, un poquito más hacia el final, y el empleo realmente estaría creciendo fundamentalmente por los flujos migratorios, y los flujos migratorios seguirían creciendo un poquito más allá del año 2028, pero en principio el tope se
alcanzaría ahí. A partir de ese momento se ve que el empleo comienza a caer; sería lo que ocurre a partir del año 2028 hasta el año 2050. La tasa de crecimiento del empleo, aunque inicialmente estaba fijada en una tasa del 2,2 por ciento, el
propio crecimiento vegetativo de la población no lo permite, porque no tendríamos mano de obra nacional, dada las tasas de natalidad que en este momento tenemos, ni dados los flujos migratorios que ha estimado el Instituto Nacional de Estadística
dispondríamos de trabajadores suficientes. Luego realmente la media de la tasa de crecimiento sería muy por debajo del 2,2 por ciento.
Esta sería la evolución del empleo.



Ahora hay que convertir este empleo en afiliados al régimen general de la Seguridad Social. Hemos convertido en primer lugar los inmigrantes y después presentaré los datos de los trabajadores nacionales. ¿Cómo hemos afiliado a los
inmigrantes al régimen general de la Seguridad Social en este ejercicio de simulación? Hemos partido del stock de población inmigrantes por grupos de edad que existía en el año 2006, hemos añadido a este stock los flujos netos por edades que nos ha
proporcionado el INE, hemos aplicado las mismas tasas de supervivencia que aplica el INE para toda la población y hemos mantenido constantes sus tasas de actividad en los valores del cuarto trimestre de 2006 -ahora les explico esto-, lo que
significa que el aumento en las tasas de actividad que se proyectan es imputable únicamente a la población nacional. (El señor vicepresidente, Montalbán Goicoechea, ocupa al Presidencia.)


¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que las tasas de actividad de la población inmigrante son ya muy altas y de hecho las tasas de actividad en España están en la media de la Unión Europea.
Podrían proyectarse tasas de
actividad más altas, efectivamente, pero, en principio, siendo relativamente conservadores, hemos considerado pertinente mantenerlas en los niveles actuales. Eso significa que todas las tasas de actividad o el incremento al que me refería
anteriormente va a ser como resultado del aumento de la tasa de actividad de la población nacional, fundamentalmente en el subconjunto de mujeres y en el subconjunto de hombres en edades comprendidas por encima de los 50 años.
Cuando el trabajador
inmigrante llega a la edad de jubilación, 65 años, abandona el mercado de trabajo. Otra cosa es si esto da derecho o no da derecho a pensión, sobre eso volveremos después. Sencillamente le sacamos, ya ha cumplido la edad legal, sale y deja de ser
cotizante. Esto es una restricción muy fuerte.



Hemos considerado que toda la inmigración es legal. ¿Qué significa esto? Significa que podemos tener 4 millones de inmigrantes, pongamos por ejemplo, pero si tenemos un millón de inmigrantes ilegales, ese millón no cotiza, y si no cotiza
no podemos hacer una transformación automática de todos los flujos migratorios bajo determinadas condiciones en cotizantes a la Seguridad Social. Luego realmente si lo que interesa es disponer de trabajadores inmigrantes afiliados, lo que hay que
procurar es que la inmigración sea legal, porque cuanto más ilegal sea la inmigración, aparte de las consecuencias sociales y económicas que eso puede tener, fundamentalmente para el trabajador inmigrante, no dispondremos de él como cotizante.
Hemos considerado también que los hijos de los inmigrantes que nacen en España están plenamente asimilados a todos los efectos. Es cierto que la nacionalidad española no es automática, pero si no recuerdo mal el Código Civil lo que establece es que
aquellos inmigrantes que han nacido en España y que tienen un año de residencia, al menos un año, tendrán acceso a la nacionalidad. Bueno, se podría hacer un supuesto distinto. En este caso hemos considerado que están plenamente asimilados. Y
hemos mantenido constante la tasa de afiliación al régimen general en el año 2007, que es del 72 por ciento prácticamente. De toda la población inmigrante que está dada de alta en el sistema de Seguridad Social, el 72 por ciento estaban dados de
alta en el régimen general. Eso también lo hemos mantenido constante.



Respecto a los trabajadores nacionales, esto lo hemos obtenido como residuo por los límites que nos impone el escenario demográfico. Es decir, hemos calculado en primer lugar, como han visto, todo el empleo; hemos calculado el empleo
inmigrante; hemos restado del empleo total el empleo inmigrante y hemos sacado como resultado el empleo de los trabajadores nacionales, y la afiliación la hemos mantenido estable en los valores del 76,4, que es más o menos la que desde los últimos
años se viene manteniendo estable. Esta es la evolución de la afiliación a la Seguridad Social entre el año 2006 y el año 2050. Si todo se cumple, el máximo de afiliación se alcanzaría en el año 2027 ó 2028, como veíamos antes, y a partir de ahí
caería, luego subiría un poco, pero ya se mantendría constante, aunque realmente el crecimiento se debe fundamentalmente a la población inmigrante. De hecho, si se fijan, el porcentaje de población inmigrante del total de afiliados se situaría en
valores del 26 por ciento con los supuestos que hemos hecho, evidentemente. Si los flujos migratorios aumentan esto sería más elevado, pero desde luego la población nacional no da para más.



Vamos a ver ahora qué ocurriría con las pensiones. Todos estos resultados que van a ver aquí son resultados que se han obtenido mediante el estudio de la muestra


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continua de vidas laborales que elabora la Seguridad Social. Realmente es una información muy rica la que proporciona, aunque también es cierto que explotar esa base es complicado, lleva mucho tiempo. En la primera columna lo que ustedes
ven es la base media anual de los trabajadores nacionales, me voy a referir siempre al año 2005, ¿entendido? Eso es la base media del sistema, ahí lo tienen por grupos de cotización. El 1 es el grupo 1; el 11 aparece como un residuo, no tienen
por qué fijarse en él; realmente lo que es del 1 al 10. Ahí ven la base que prácticamente es similar al salario medio es decir, no hay muchas diferencias, hay algunas porque aquí se computan horas. La segunda columna lo que tiene es la base media
anual de los trabajadores inmigrantes, la ven por grupo de cotización, y en la última fila la ven al sistema. Ya ven que es menor.
La tercera columna refleja la base media anual del régimen general; la base media anual es una media ponderada de
los inmigrantes, es decir, la base media anual del sistema es menor que la base media de los trabajadores nacionales porque los salarios de los trabajadores inmigrantes son más bajos. A medida que los trabajadores inmigrantes crezcan, si se
mantiene que su salario es más bajo, entonces va a haber diferencias entre la base media de los nacionales y la base media del sistema. En la columna cuarta ven la pensión de jubilación media del régimen general, ¡ojo!, sin complementos a mínimos.
¿Qué significa esto? Significa que hemos calculado las pensiones de jubilación con y sin complementos a mínimos, lo que ocurre es que para proyectar la simulación hemos utilizado solamente aquella pensión que no tiene en cuenta los complementos a
mínimos. ¿Por qué? Porque de cumplirse lo que inicialmente se acordó en el Pacto de Toledo, todos los complementos a mínimos en algún momento deberán ser financiados con cargo al sistema impositivo general y, por lo tanto, habría que aligerar este
coste de las cotizaciones sociales. Nos ha parecido pertinente usar este supuesto dado que suponemos que en algún momento ocurrirá que todo lo que queda de complementos a mínimos sin financiar por el sistema impositivo general se acabe asumiendo.
En todo caso, si quieren los datos de cuál es con complementos a mínimos también los tenemos.



Las dos siguientes columnas miden la generosidad del sistema. Aquí lo ven, la pensión media sobre la base media de los trabajadores nacionales es un 0,63 por ciento, o lo que es lo mismo, el 63 por ciento. La siguiente columna mide la
generosidad, pero sobre la base media del sistema, donde ya estamos teniendo en cuenta el peso que imponen los inmigrantes, ven que la generosidad es un poco más alta, el 0,65. La siguiente columna es una columna técnica, se olvidan de ella. Y
luego ven que la siguiente columna es lo que se llama el alfa. El alfa es lo que se conoce como el grado de asimilación salarial de la población inmigrante, es decir, si ganan más o ganan menos que los trabajadores nacionales. Como ven, este es el
único dato que existe, no hay más en España, es el 0,81. Eso significa que los trabajadores inmigrantes afiliados al régimen general de la Seguridad Social tiene de media un 20 por ciento de sueldo menor que el los trabajadores nacionales. Ahora,
si lo miran por grupos, las diferencias son distintas. Si lo miran por grupos se puede observar que en los grupos primeros, es decir, donde se contrata la mano de obra más cualificada, el grado de asimilación no es que sea 1, pero está muy cerca de
la unidad, y es previsible que esto acabe siendo 1. Y en los grupos bajos, fundamentalmente en el 10, que es donde se afilian los peones, etcétera, el grado de asimilación es total, es 1. Ahora bien, no sabemos si el grado de asimilación es 1
porque así funciona el mercado o porque aquí se está ocultando un exceso de horas extraordinarias de los trabajadores inmigrantes que hace que eleven su salario. De tal manera que nos podríamos encontrar conque también se mantienen la diferencia de
salarios, pero nosotros no observamos esa diferencia porque se están computando muchas horas extraordinarias que elevan la base media de cotización. No sabemos a qué se debe esto, pero lo cierto es que los grupos más bajos, que es donde realmente
se concentra el grueso de la población inmigrante trabajadora, el grado de asimilación es 1.



En la siguiente columna lo que tienen es el tipo de cotización, que se mantiene estable, en el 0,283; y la otra es lo que hemos llamado el coeficiente de pensiones derivadas. ¿Qué significa esto? Significa que con las cotizaciones a la
Seguridad Social hay que pagar no solamente las pensiones de retiro, hay que pagar la invalideces, hay que pagar las pensiones de viudedad, hay que pagar el favor familiar y la orfandad.
¿Qué significa? Significa que cuando se proyecta al futuro
el gasto en pensiones hay que tener en cuenta estas pensiones; porque, claro, no se trata solo de saber si el sistema es viable para las de retiro, porque están todas estas. Entonces, el procedimiento que hemos utilizado para incorporarlas es
calcular su valor, es decir, cuánto cuestan estas pensiones en valores del año 2005 y ponerlas en relación a las pensiones de retiro. ¿Qué es lo que nos sale? Pues que por cada pensión de retiro en el año 2005 hay 0,461 pensiones derivadas, que es
un valor bastante alto. Esto también se ha tenido en cuenta para hacer la simulación.



Con todo esto, aquí ven ustedes lo que hemos obtenido. En el gráfico que tienen a su izquierda, ven lo que hemos llamado las pensiones de equilibrio, es decir, dadas las características que yo les he contado, cuántas pensiones podría el
sistema financiar manteniendo el equilibrio financiero. Pues lo que sale es que en el año 2026 alcanzaríamos el máximo. En ese año el sistema podría financiar hasta 5.241.000 pensiones de jubilación; se sobreentiende que luego están todas las
demás, porque hemos mantenido constante el valor que les he dicho antes de 0,4. A partir de ahí, el número de pensiones de jubilación que el sistema podría financiar manteniendo el equilibrio cae, y cada vez podríamos financiar menos. Pero eso se
podría hacer con una condición, que es la que ustedes ven en la segunda gráfica,


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y es que la asimilación salarial de la población inmigrante se acerque a la unidad. En este caso no llegaría a la unidad, llegaríamos al 0,92, pero el grado de asimilación salarial tendría que subir desde el valor actual, que ya han visto
que es el 0,82, hacia el 0,92; es decir, tendría que haber una convergencia entre los salarios de los trabajadores nacionales y los salarios de los trabajadores inmigrantes. Lógicamente, si la convergencia fuese plena, es decir, si llegase a ser
de la unidad, podríamos todavía financiar más pensiones que las que aparecen aquí.



Hemos hecho un segundo escenario, que es el que ven aquí. ¿Qué ocurriría si la asimilación de la población inmigrante no se produce, es decir, si se mantiene en los valores actuales? Lo que ocurriría es que podríamos financiar menos
pensiones. Ahí lo ven; la línea negra es la línea que han visto anteriormente y la línea con puntos es la que nos revelaría las pensiones que podríamos financiar si la asimilación de la población inmigrante se quedase en el valor que tiene
actualmente. Para que se hagan una idea, en el año 2050 habría un déficit de 515.000 pensiones menos sobre las estimadas. En términos de población inmigrante significa que necesitaríamos aproximadamente un millón más de inmigrantes que los
estimados por el Instituto Nacional de Estadística para mantener las pensiones de equilibrio originales si no se produce la asimilación salarial, es decir, hay un trade off entre número de inmigrantes y asimilación salarial. Luego, lo ideal sería
que la asimilación se produjera.



¿Qué es lo que hemos hecho a partir de ahora? Estos son los resultados. Lo que hemos intentado es poner en comparación los resultados que hemos obtenido con las pensiones que el ministerio estima que se van a producir en los próximos años.
El número de pensiones que el ministerio estima es el que se recoge en el informe de la estrategia nacional que se remite a la Unión Europea y que el ministerio remitió en septiembre del año 2008, y ahí hace un ejercicio de simulación sobre el
número de pensionistas que se espera se produzcan en España en los próximos años. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social hace una simulación, pero no especifica cuántos pueden ir a cada uno de los regímenes, es decir, cuánto va a
corresponder al régimen general o cuánto al régimen especial de trabajadores autónomos, sino que dice el total. Aquí lo que hemos hecho es un ejercicio de imputación. Hemos imputado, del total de pensiones que estima la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, cuántos corresponderían al régimen general. Para realizar esa imputación -aquí ven ustedes los supuestos- lo que hemos hecho es estudiar en primer lugar la tasas de afiliación de épocas pasadas; hemos comparado esas tasas de
afiliación con las pensiones cubiertas por el régimen general en los años posteriores y hemos observado que las tasas de afiliación pasadas, corregidas para tener en cuenta los cambios demográficos, son una fuente de información válida para tratar
de saber el número de pensiones futuras que cabe imputar. Siguiendo este sistema hemos considerado que en el año 2020 pertenecerán al régimen general el 62,29 por ciento de las pensiones que se van a generar; en el año 2040, el 69,96, y en el año
2050, el 71.



El resultado al comparar nuestras pensiones con las que proyecta el ministerio, como pueden ver en el siguiente gráfico, es que hacia el año 2030 el régimen general no aguantaría, es decir, no estaríamos en condiciones. Aquí aparece un
pequeño superávit todavía para el régimen general, pero, insisto, no se fijen tanto en si hemos acertado o no en la cuantificación del superávit como en el problema, y es que el año 2030, un poco antes o un poco después, fija la frontera. ¿Qué
significa? Significa que, dados los supuestos que he venido explicando y teniendo en cuenta con esos supuestos el número de pensiones que el sistema podría garantizar manteniendo el equilibrio financiero, y teniendo además en cuenta el número de
pensiones que se estima se van a producir en el futuro, el año 2030 sería una frontera. Es decir, hasta ahí, el sistema no tendría problemas, podría garantizar las pensiones de retiro que se van a producir con la misma generosidad que en este
momento se da, pero a partir de estas fechas el sistema no podría. Para que se hagan una idea, -vuelvo a repetirles mi consideración inicial, que la probabilidad de acertar es 0- en el año 2040 el sistema tendría un déficit de 2 millones de
pensiones, es decir, tendríamos 2 millones de pensionistas más de los que el sistema podría financiar, manteniendo el equilibrio. Y en el año 2050, el déficit podría rondar los 3.700.000 pensionistas.



¿Qué se puede hacer? Pues se pueden hacer varias cosas. En primer lugar, se puede aumentar el tipo de cotización. En segundo lugar, se puede disminuir la generosidad del sistema. En tercer lugar, se puede es incidir en la edad legal y
efectiva de jubilación, es decir, modificarla.
Se puede hacer que la edad legal coincida con la edad efectiva, y también lugar elevar la edad legal. Asimismo, se puede disminuir el peso de las pensiones derivadas o se puede realizar una
combinación de las opciones anteriores. Yo les voy a mostrar qué es lo que habría que hacer si solamente actuamos en una dirección. Supongamos que solamente se decide modificar el tipo de cotización. Habría que elevarla prácticamente al 50 por
ciento en el año 2050, lo cual es una barbaridad. Supongamos que solo se decide actuar sobre la generosidad del sistema, es decir, sobre la relación que existe entre la pensión media y la base media de cotización.
En ese caso habría que bajarla al
36 por ciento del punto actual del 63 por ciento, una barbaridad. Supongamos que solo se decide intervenir en las otras pensiones, es decir, bajar su peso. Entonces habría que desplazar a los impuestos del sistema general hasta dejarlos en el
0,013, es decir, una barbaridad también. ¿Qué es lo que pone esto de manifiesto? Pues lo que pone de manifiesto es que el futuro del sistema no depende de una sola medida, depende de una combinación de todas las medidas, y la combinación exacta es
lo que ustedes tendrán que decidir, porque al fin y al cabo es una decisión política sobre


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cuánta generosidad se quiere mantener. En última instancia, socialmente nos estamos preguntando cuánta renta queremos transferir desde la población activa a la población jubilada, porque esa es la cuestión, cuánta queremos transferir,
evidentemente bajo determinadas restricciones, y cómo se transfiere: si la queremos transferir a través de cotizaciones o si la queremos transferir a través del sistema impositivo general. Pero lo que resulta evidente es que una única medida no va
a solucionar el problema, porque la intensidad que habría que dar a esa medida sería demasiado fuerte.



Muchas gracias por su atención, y con esto he terminado.



El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Empezamos las intervenciones de los grupos. En primer lugar, por el Partido Popular, María Pilar Fernández tiene la palabra.



La señora FERNÁNDEZ PARDO: En primer lugar, quiero agradecerle en nombre de mi grupo su comparecencia y las aportaciones que ha realizado en esta Comisión del Pacto de Toledo, que sin duda alguna serán muy provechosas para nosotros y para
nuestro trabajo.



A mí me gustaría hacer algunas consideraciones, sobre todo algunas preguntas, para incidir y saber su opinión con respecto a algunos temas concretos que nos preocupan. También me gustaría saber, puesto que el estudio que nos ha presentado
data del año 2005 y se ha elaborado con los datos que teníamos en 2005, cuál sería la prospección con los datos que tenemos en la actualidad, puesto que la situación económica ha cambiado sustancialmente. Por otro lado, me gustaría hacerle algunas
preguntas en relación con otros datos más generales para saber su opinión. Por ejemplo: ¿Cómo cree que va a afectar el envejecimiento de la población española al sistema de pensiones? ¿Sigue apostando por el sistema de reparto o cree que sería
necesario que se fuera avanzando hacia un sistema mixto? Se nos ha expresado también por otros comparecientes que le han precedido en esta Comisión, que el verdadero problema del sistema de pensiones español es, en efecto, el envejecimiento de la
población unido al aumento de la esperanza de vida y al hecho de la baja natalidad.
Ante esta situación, ¿usted cree que es necesario aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social para hacer frente al gasto de las pensiones? En un momento de
crisis como el que vivimos en la actualidad, ¿cree que sería aconsejable un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social? Si en épocas de crecimiento el aumento de las mismas puede generar un efecto perverso que afectaría negativamente al
crecimiento económico, ¿en estos tiempos de crisis cree que sería aconsejable?


Hay otra cuestión que me gustaría formularle. Una de las formas para hacer frente al aumento del gasto en pensiones en el futuro sería disminuir las prestaciones. ¿Usted cree que las medidas que se tomen ahora y que fueran dirigidas en
este sentido no pueden verse frustradas por la expectativas de los trabajadores que han cotizado durante su vida con la esperanza de tener una pensión ajustada a sus años de cotización? ¿Cree también que se ha avanzando lo suficiente en relación a
la contributividad o deberían realizarse mayores esfuerzos? Es evidente que si la población activa no es suficiente no es posible sufragar el coste que esto supone para la población pasiva. ¿Cómo ve la posibilidad de aumentar la edad de
jubilación, medida esta que se está adoptando en varios países de Europa? Usted tiene algún trabajo al respecto. ¿Cree que esto beneficiaría al sistema? ¿O se muestra más partidario de ir avanzando sobre la edad real y la edad legal de jubilación
antes que aumentar esta edad de jubilación?


Usted, en un libro publicado en el año 2004 manifestaba las consecuencias de la evolución demográfica en la economía. Decía que si el crecimiento económico se debilita, la cantidad de renta a distribuir también se debilitará y las pensiones
se resentirán. Sabe muy bien que llevamos catorce meses con una caída fuerte de afiliación y una crisis que algunas instituciones auguran que puede durar más de cuatro años. ¿En qué medida cree usted que va a afectar esta crisis al sistema? En el
Pacto de Toledo del año 2003 se preveía que durante la vigencia del mismo, alrededor de cinco años, se debería llevar a cabo la culminación de los complementos a mínimos. ¿Cree usted que el hecho de que se haya incumplido va a afectar negativamente
a nuestro sistema o, dicho de otro modo, usted cree que si se hubiera asumido el coste de los complementos a mínimos el sistema de la Seguridad Social gozaría de una fortaleza mayor para hacer frente al incremento del envejecimiento de la población?


En último lugar me gustaría saber qué medidas cree que se deben tomar para garantizar la sostenibilidad del sistema o qué medidas cree que actuarían más positivamente sobre el sistema de pensiones. Quiero agradecer nuevamente su presencia y
espero sus contestaciones.



El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): ¿Prefiere intervenir, profesor?


El señor DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA V DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Serrano Pérez): Sí. Me ha hecho muchas preguntas. ¿ Sistema de reparto o mixto? Hace tiempo que dejé claro
mi posición a este respecto, es decir, yo siempre he sido un defensor del sistema de reparto frente al sistema de capitalización. ¿Por qué? En el libro que usted citaba intentaba explicarlo en el capítulo primero, y esas cosas que se decían en el
capítulo primero sobre la crisis financiera y las consecuencias que las crisis financieras podían tener en el sistema, desgraciadamente han terminado por cumplirse. Ahora bien, eso no significa que yo esté en contra de la incentivación fiscal de
los sistemas complementarios, ni mucho menos. Creo que eso es algo que ya se aceptó en


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su momento, cuando se firmó el primer Pacto de Toledo, allá en el año 1994 ó 1995. La esencia del Pacto de Toledo fue aceptar que el pilar básico para el aseguramiento del envejecimiento es el sistema de reparto, que ese es el pilar
fundamental, y que lo otro es complementario. Luego, en principio, sigo manteniendo las mismas posiciones que usted ha podido leer en el libro del año 2004. Y es más, después de la crisis financiera que hemos visto en la actualidad, me ratifico en
ellas. De hecho, las últimas estimaciones que se han realizado por parte de organismos internacionales fijan que la pérdida media del capital acumulado en los fondos de pensiones ha sido del 30 por ciento. Es decir, que no es que se haya ganado un
30 por ciento menos, es que se ha perdido un 30 por ciento del capital acumulado. En el caso de la economía norteamericana, las pérdidas todavía son más abultadas, con las consecuencias que tiene en la economía norteamericana, porque está más
extendida la capitalización que en las economías europeas. Ahora bien, también soy de la opinión de que al sistema de reparto como mejor se le defiende es aceptando y explicando que necesita reformas. Hay gente que le quiere tanto que le va a
matar a besos. Es decir, hay personas o agentes que hacen una defensa tan a ultranza del sistema de reparto, negándose a realizar cualquier tipo de reforma, que lo único que pueden conseguir con ello es llevarle a una situación imposible. Luego,
mi respuesta a su primera pregunta es sí al sistema de reparto, con reformas, evidentemente, y por supuesto sí a que se siga incentivando el ahorro privado, pero, ¡ojo!, sabiendo que el pilar básico es el método de reparto.



¿Aumentar las cotizaciones sería aconsejable? Pues así, a palo seco, mi repuesta sería que, tal como están hoy las cosas, no. Esto no significa que llegado el momento no pueda haber necesidad de elevar las cotizaciones, porque hay que
tener en cuenta que el problema al cual nos vamos a enfrentar es similar al que se va a enfrentar el resto de las economías europeas. Y si se mira el problema de las cotizaciones desde la perspectiva de la competitividad de nuestros productos, al
final, si todos hacemos lo mismo, la competitividad se sigue manteniendo en el mismo estándar. Es decir, si todos elevamos nuestras cotizaciones es como si todos elevamos simultáneamente nuestros costes. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Lo que sería perjudicial, evidentemente, es que unos estén elevando sus cotizaciones y otros las están disminuyendo; eso es lo que podría generar problemas. En todo caso, y a efectos actuales, no creo que sea necesario elevar las cotizaciones en
estos momentos, ni tampoco en los próximos años.



¿Disminuir las prestaciones? Más que de prestaciones, si le parece, mejor vamos a hablar de la generosidad del sistema, porque yo creo que es la mejor forma de verlo. La generosidad del sistema español no es una generosidad que podríamos
considerar alta. El primer año que un pensionista causa alta en el sistema de Seguridad Social, si viene del régimen general y además trae una carrera laboral completa y sus salarios se han actualizado, efectivamente la pensión que percibe
inicialmente respecto al salario medio que él venía percibiendo sí es alta. Ahora bien, una vez que ese pensionista entra en el pool de pensionistas le vamos a garantizar que va a poder comprar la misma cesta de bienes y servicios, porque le vamos
a actualizar las pensiones por el IPC, pero no le vamos a dejar participar de los incrementos de renta que se produzcan en el país en las pensiones no se las actualizamos con la productividad, se las actualizamos con el IPC. ¿Qué es lo que ocurre
con esto? Lo que ocurre con esto es que a medida que la pensión comienza a envejecer, es decir, a medida que la pensión comienza a tener cada vez más años, observamos que la probabilidad de que una persona mayor de 65 años entre en situación de
pobreza aumenta. ¿Por qué? Pues porque los umbrales de pobreza los definimos a través de la renta, y la renta se actualiza por la variaciones en la productividad, mientras que la cesta de bienes y consumos del pensionista, no. Entonces,¿qué es lo
que ocurre? Que la probabilidad de que una persona incurra en situación de pobreza aumenta.
Hemos intentado compensar eso a través de los complementos a mínimos, pero tampoco funciona, porque las personas que cobran complementos a mínimos ya son
pobres, y de hecho la cuantía de renta que se utiliza para fijar los complementos a mínimos siempre está por debajo del umbral estándar de pobreza que se utiliza en la Unión Europea, que es el 60 por ciento de la renta mediana equivalente. Y en el
caso de las viudas, ya ni les cuento. En el primer año en el cual se les concede la pensión, si no recuerdo mal, el 60 por ciento ya son pobres, es decir, el 60 por ciento está por debajo de umbral de la pobreza, y luego la probabilidad de que las
que en el primer año no son pobres lo sean, aumenta hasta situarse en el 18 por ciento, y se estabiliza a partir del tercer o cuarto año. No sé si tengo por ahí los datos, si no, se los enseñaría. ¿Qué ocurre? Que no tenemos un sistema que de
pueda decir que es muy generoso a lo largo del tiempo. Es muy generoso de momento, pero no a lo largo del tiempo.
Probablemente habrán visto que de todos los comparecientes que han intervenido, unos les dicen que la crisis puede venir en el año
2030, otros pueden decir que va a venir en el año 2016 y otros dan una fecha distinta. ¿Dónde están las diferencias? Pues las diferencias entre lo que yo les estoy diciendo y lo que habrán escuchado a otros radican fundamentalmente en qué pensamos
que va a ocurrirle a la generosidad del sistema. Cuando observamos la evolución de la generosidad del sistema medida en términos de pensión sobre salario, efectivamente -es cierto- ha aumentado bastante. En el año 1980 la generosidad del sistema
era aproximadamente del cuarenta y tantos por ciento, y hoy estamos en el 63-64; si ustedes incorporan complementos a mínimos estamos en el 68 por ciento. Es decir, ha aumentado muchísimo. Si proyectamos al futuro un incremento de la generosidad
del sistema de 20 puntos, el sistema va a entrar en déficit dentro de diez años, no hay manera de aguantar eso, no podemos. Por eso nosotros


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hemos mantenido la generosidad constante, pero no la hemos mantenido para demostrar que el sistema puede vivir hasta el año 2030, sino porque pensamos que no se puede esperar que se produzcan aumentos de la generosidad como los que hemos
visto en el pasado. Ahora bien, ¿significa que hay que ajustar la generosidad? Pues así, a palo seco, yo le diría que no. Lo que pasa es que el sistema tiene problemas de equidad interna que en algún momento habrá que resolver, y al resolver los
problemas de equidad interna se puede afectar a la generosidad del sistema.



En este momento en el sistema español de pensiones de jubilación la base reguladora se calcula sobre los últimos quince años. A esa base reguladora se le aplica un porcentaje en el cual los quince primeros valen el 50 por ciento. Como
conocen la normativa, no se la voy a explicar. Este sistema no es equitativo, porque las personas que más han cotizado, en términos proporcionales se llevan menos que las que menos han cotizado. De hecho, una persona que llega a la edad de
jubilación con cuarenta o más de cuarenta años cotizando, hay varios años que se los ha acabado regalando al sistema, porque el sistema deja de contar en el treinta y cinco, que es cuando concede el cien por cien, mientras que una persona que ha
cotizado solamente quince años se lleva el 50 por ciento.
Yo creo que aquí sí hay problemas serios de equidad que hay que corregir.
Se puede corregir aumentando el número de años que se computan para el cálculo de la base de cotización, de manera
que progresivamente se llegue a completar, por ejemplo, con toda la vida laborar, o modificando el porcentaje que se lleva de la base reguladora según el número de años cotizados. Pero creo que hay que mejorar la equidad del sistema. ¡Ojo!,
intentar corregir la equidad puede afectar a la generosidad del sistema y puede hacer que en media ponderada la generosidad disminuya. Eso habrá que tenerlo en cuenta, efectivamente, pero creo que habría que hacerlo.



¿Aumentar la edad legal de jubilación? De entrada, hay que comenzar a hacer coincidir la edad legal con la edad efectiva. En España no hay mucha diferencia, creo que es un año; si no recuerdo mal, la edad media de jubilación es 64 años,
creo que anda por ahí, 63 años y 9 meses, no me acuerdo. Hay que hacer coincidir la edad legal con la edad efectiva y no va a quedar más remedio que aumentar la edad legal de jubilación, no hay otra posibilidad dada la información que en este
momento tenemos sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Si queremos mantener sistema con las reglas de juego actuales, es decir, mantener constante la cotización, mantener constante la generosidad del sistema, etcétera, va a estallar, eso es
evidente. De lo que se trata en última instancia es de disminuir el número de años que una persona va a percibir pensión, porque de facto eso es lo que significa aumentar la edad legal de jubilación: tenerle un número de años más cotizando y
además disminuir un número de años mientras se percibe la pensión. Además, sería conveniente -yo no voy a decir que haya que hacerlo para pasado mañana, pero es una de las cosas vitales para que las reformas de los sistemas de Seguridad Social
acaben teniendo aceptación- hacer un fuerte esfuerzo pedagógico por su parte. A la gente hay que explicarle que esto tiene que ser así, que no puede ser de otra manera, que no se va a hacer de la noche a la mañana, sino que habrá que hacerlo
paulatinamente. Tendrán ustedes que explicarles que tampoco se trata de tener a un albañil con 65 años en el mes de diciembre poniendo un tejado por ejemplo en Gredos. Habrá que intentar favorecer la flexibilidad dentro del mercado de trabajo a
medida que la gente vaya cumpliendo años. Habrá trabajos que probablemente la sociedad tendrá que comenzar a pensar que los deberán realizar personas de más edad, porque dadas las características. En fin, yo creo que hablar de un cambio en la edad
legal de jubilación no es solamente legislar el cambio, es intentar hacer una labor pedagógica para que la población entienda que ese cambio no va a significar un aumento en la penuria de su trabajo, sobre todo para determinadas profesiones, sino
que habrá que actuar en otras vías que faciliten el reciclaje, el abandono de labores pesadas, la reutilización de esa mano de obra en otros puestos de trabajo de menor esfuerzo físico, y todo esto, insisto, es lo que tiene que acompañar a una
modificación legal de la edad de jubilación. No se le puede decir a la población a palo seco que a partir de ahora se va a jubilar a los 70 años. No, hay que decírselo con calma, con tiempo e, insisto, con una labor pedagógica. No les van a decir
que además es por su bien, porque a todos nos gustaría jubilarnos cuanto antes, pero vivimos en una sociedad que funciona de una determinada manera y que tiene unas determinadas reglas de juego a no ser que las cambiemos. Luego, creo que sí que hay
que aumentar la edad legal de jubilación. Pero de entrada hay que hacer coincidir la edad legal con la edad efectiva y hay que comenzar a aplicar medidas correctoras en las jubilaciones anticipadas.



¿Cómo afecta la crisis actual al sistema? Si la crisis tiene vocación de perpetuarse en el tiempo, el problema no es cómo afecta al sistema de Seguridad Social, el problema es cómo afecta al sistema económico basado en los mercados, porque,
lo que ha entrado en crisis sería el sistema y no el sistema de Seguridad Social. Si no tiene la vocación de perpetuarse, yo creo que la crisis será pasajera, es decir, no creo que vayamos a encontrarnos con ningún problema de insolvencia en el año
próximo, porque aún se están incorporando las cohortes de población que nacen en los primeros años de los cincuenta, y aún no son grandes cohortes de población. Luego yo creo que en principio si la crisis dura dos o tres años, tampoco tenemos por
qué enfrentarnos a ningún problema de déficit. Además si la tasa de paro acaba estabilizándose en torno al 20 por ciento, si se cumplen las previsiones de caída en este segundo trimestre, no parece que esto vaya a aumentar, por cómo están
evolucionando en este momento los indicadores sobre expectativas, aunque es probable que a España le cueste salir bastante más de la situación en la que nos encontramos,


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dada la estructura productiva que tenemos, que a otras economías. En principio, no lo creo, y en todo caso está el Fondo de Reserva.



¿Los complementos a mínimos? Evidentemente los complementos a mínimos tendrían que haberse trasladado ya al sistema general impositivo.
Recuerdo una reunión hace años, cuando el secretario de Estado de Seguridad Social era Aparicio y
antes, cuando pertenecía al Partido Socialista. Efectivamente, es un eterno debate. Todos los partidos políticos y todo el mundo es consciente de que esto hay que hacerlo. El problema es que nunca se ve el momento, porque es mucho dinero y
siempre hay otros gastos que hacer. En algún momento se tendrá que cumplir el acuerdo y desplazar definitivamente los complementos a mínimos al sistema impositivo general. Es una recomendación que se tomó en su momento. No sé en este momento, no
me acuerdo exactamente, cuánto se está financiando y cuánto no, pero evidentemente hay que hacerlo. Si se hubiese hecho en su momento, ¿qué hubiese ocurrido? Pues que el volumen del Fondo de Reserva hubiese aumentado, tendríamos una mayor cantidad
de recursos en el Fondo de Reserva.



¿Cuál era su última pregunta sobre el sistema de pensiones? ¿Si tiene futuro o...?


La señora FERNÁNDEZ PARDO: ¿Qué medidas se tienen que adoptar para garantizar la sostenibilidad del sistema?


El señor DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA V DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Serrano Pérez): Como le decía antes, una mezcla de las que les he señalado. De todas maneras, dado que el
límite fundamental que pesa sobre el sistema es el problema demográfico, en principio la medida que más impacto tendría en el sistema sería una modificación en las edades de jubilación, suponiendo que la generosidad en el futuro no creciera de
manera significativa, o sea, que se mantuviera más o menos en los niveles actuales. Pero yo creo que en principio habría que pensarse seriamente la modificación de la edad legal de jubilación.



El señor PRESIDENTE: ¿Ha finalizado?


El señor DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA V DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Serrano Pérez): Sí. Creo que contestado a todas las preguntas.



El señor PRESIDENTE: María Olaia, ¿quiere intervenir o no?


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Como estoy asistiendo a dos comisiones, estoy oyendo las intervenciones de los comparecientes no me planteo formular preguntas. Dada la oportunidad que me da usted ahora, al señor compareciente, don Felipe
Serrano, le podría hacer alguna pregunta, aunque me temo que a lo mejor ya fue hecha por algún otro diputado o diputada.



He estado atenta a su intervención y hay una cuestión que a mí me suscita una pregunta. Hablaba de la necesidad de asimilar los salarios de los inmigrantes a los salarios de los nacionales, de los nativos, en relación con mantener el
equilibrio del sistema. La pregunta que le planteo es si no considera que también sería importante para ese equilibrio de la Seguridad Social asimilar el salario de los nativos. Tengamos en cuenta la cantidad de personas que no cobran 1.000 euros,
la cantidad de personas que cobran 900, es decir, la diferencia de los salarios de los nativos, no de los inmigrantes. Creo que es necesario tener en cuenta que hay un número elevadísimo de nativos que no ganan más que los bajos salarios que tienen
los inmigrantes. Es verdad que todos los inmigrantes tienen bajos salarios, pero también es verdad que hay muchísimos nativos, y cuando digo muchísimos es que pasa del millón, que no tienen salarios superiores a esos salarios bajos de los
inmigrantes. Le pregunto si una forma de equilibrar el sistema de la Seguridad Social no sería también equilibrar el valor del trabajo realizado tanto por inmigrantes como por nativos.



El señor DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA V DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Serrano Pérez): El tema que usted ha tocado es un tema muy serio, porque lo que se está observado es que las
bases medias de cotización están cayendo o, mejor dicho, se están ralentizando. De hecho en, el modelo de crecimiento español hemos observado que las bases de cotización, que al final son los salarios, se estancan y crece la ocupación. ¿Esto qué
significa? Que los buenos resultados que ha ofrecido el sistema de Seguridad Social durante estos años han sido básicamente por el incremento de la población afiliada. ¿Pero qué ocurre si las bases medias de cotización de hoy son bajas? Pues que
esas bases de cotización habrá un momento en que se conviertan en pensiones. Eso significa que si esto continúa así, si el sistema productivo español se sigue basando fundamentalmente en el crecimiento del empleo, nos encontraremos con que las
pensiones medias del futuro caerán. Por eso les decía yo antes que existen indicadores que hacen pensar que la generosidad futura del sistema no va a crecer de manera tan rápida como la que habíamos observado en años pasados. Ahora bien, ese es un
problema que afecta fundamentalmente al mercado de trabajo, al tipo de mercado de trabajo que tenemos y al tipo de salarios que da. Lo que yo le estoy diciendo es que los salarios de los inmigrantes todavía están por debajo del salario de los
mileuristas, y el problema para la Seguridad Social seriá si se generaliza el mileurismo llevado al extremo, que las pensiones que proporcionaremos en el futuro serán pensiones que se correspondan con mileuristas.



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Ahora bien, el problema es que habría que subir los salarios de los inmigrantes hasta el mileurismo. Al final todos tendrían pensiones mileuristas, pero al menos si logramos subir eso, podríamos financiar más pensiones.



El problema que usted toca es un problema muy serio, y es el tipo de empleo que se está creando, el tipo de mercado de trabajo que tenemos, el tipo de modelo de crecimiento económico que tenemos. Al final, la Seguridad Social lo único que
hace es reflejar, treinta años más tarde, lo que estamos viendo ahora. De igual manera que las personas que se jubilaron durante los años ochenta venían de un mercado de trabajo perverso, de la época del franquismo y tenían pensiones ridículas, si
esto no cambia nos podríamos llegar a encontrar con que las pensiones que el sistema ofrezca en el futuro correspondan al tipo de mercado de trabajo que tenemos en la actualidad. Cabe esperar que esto no ocurra, cabe esperar que al final las cosas
vayan cambiando. Pero si se generaliza el mileurismo en personas que tienen treinta y tantos años, si una persona entra y sale del mercado de trabajo, permanentemente con contratos temporales, esto es dramático.



El señor PRESIDENTE: Gracias a los dos. Tiene la palabra el portavoz de Grupo Socialista Luis Tudanca.



El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: En primer lugar, le quería trasladar también al señor Serrano el agradecimiento del Grupo Socialista por su comparecencia en esta Comisión, y darle una especial bienvenida de burgalés a burgalés. Como ya hemos
tenido la oportunidad de hablar antes, será una casualidad, pero en los últimos años la verdad es que Burgos y la Seguridad Social han estado vinculados a través del secretario de Estado del Gobierno popular, el señor Aparicio, y ahora con el señor
Granado, del Gobierno socialista, y desde luego, tras escucharle hoy, no son ellos dos los únicos burgaleses que pueden presumir de ser expertos en la materia. De momento me limitaré a intentar seguirles y a aprender de ustedes, porque desde luego
me llevan mucha ventaja.



Después de las intervenciones de los portavoces que me han precedido, no sé si queda alguna preguntar por responder por parte del compareciente.
Después de muchas reuniones de la Comisión del Pacto de Toledo y de las intervenciones de
representantes institucionales, de agentes sociales y de expertos, como es el caso, aunque es pronto para extraer conclusiones, yo creo que ya se puede decir que hay cierto hilo argumental en todas las intervenciones y ciertos puntos en común que yo
he creído también extraer de su intervención. En primer lugar, todos destacan la importancia del Pacto de Toledo y del consenso a la hora de poder plantear reformas que garanticen la sostenibilidad y la eficacia del propio sistema. En segundo
lugar, a pesar de que, como decía usted, hay muchas predicciones acerca de cuál es el límite temporal de la sostenibilidad del sistema, creo que todos coinciden en que esta sostenibilidad general del sistema no está en riesgo a corto ni a medio
plazo, como señalan sus propias proyecciones.
En tercer lugar, le agradezco su insistencia y su prudencia cuando se ha referido a la fiabilidad relativa de las proyecciones que se realizan, una vez demostrado el escaso acierto que han tenido las
proyecciones pasadas, pero desde luego su evidente utilidad a la hora de plantear diferentes escenarios previstos. Y por último, yo creo en la necesidad de acometer cuanto antes reformas en el sistema, no porque existan riesgos inminentes. Por eso
le quería preguntar también si considera usted, como lo han hecho algunos de los que le han precedido en sus comparecencias, que la premura en adoptar las posibles reformas puede hacer que estas resulten más suaves o puedan hacerse de forma más
progresiva en el tiempo y por lo tanto pudieran resultar menos traumáticas; si usted considera que estas reformas se deben plantear ya o si todavía tenemos cierto margen de maniobra para hacerlas.



Personalmente yo considero que las comparecencias que se han venido realizando en esta Comisión, aparte de servirnos y sernos muy útiles para la discusión final que tengamos que emprender los diferentes grupos parlamentarios, no nos pueden
servir para esperar con avidez que alguno de los comparecientes diga que la Seguridad Social está a punto de quebrar, como parece que desean algunos. Yo estoy convencido -no sé si lo compartirá conmigo- de que no es serio ni útil que se mezclen los
problemas coyunturales de la situación económica y del empleo actual con las tendencias a la hora de analizar la solvencia del sistema. Creo que lo tenía en cuenta en sus propias proyecciones, pero le quería insistir en este asunto. ¿Cree usted
que la actual situación económica pone en riesgo inminente la estructura del sistema de la Seguridad Social? Porque a mí me da la impresión de que la realidad es tozuda y que, a pesar de algunas de las intervenciones que me han precedido, el dato
de afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo recién salido del horno supone que hemos tenido 70.000 afiliados más, recuperando lo perdido en los tres meses anteriores. Desde luego, ahora no podemos decir que con este dato coyuntural el
sistema de la Seguridad Social no hay que tocarlo y que todo es maravilloso, pero creo que del mismo modo hace uno o dos meses, con una pérdida coyuntural de afiliación, tampoco podíamos decir o repetir como un mantra que la Seguridad Social iba a
quebrar, hasta el punto de que a veces se confundía, yo creo, el análisis o la advertencia con el deseo.



Yo no puedo discutir con usted sobre la ecuación que usted utiliza o en la que usted fundamenta su estudio, porque hay variables que se me escapan y que requerirían un estudio más profundo de su intervención, pero me gustaría saber si ha
tenido en cuenta en sus estadísticas y en su estudio las diferencias que puede haber entre los distintos grupos de inmigración. Me explico: creo que no es lo mismo si en el futuro los inmigrantes que llegan a nuestro país provienen de países
europeos que si lo hacen de países latinoamericanos, y me refiero no solo a efectos de cualificación o de sectores de actividad en los que mayoritariamente se puedan emplear,


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si es que hay alguna diferencia en ello, sino incluso también a la natalidad de los propios grupos de inmigrantes que ahora mismo tenemos en nuestro país. Y si esas proyecciones tienen en cuenta también la tasa de retorno de los inmigrantes
una vez que están en nuestro país, su vuelta a los países de origen.



Usted hablaba de diferentes factores que se pueden tocar en la reforma del sistema. Quería preguntarle también si considera que alguna de las modificaciones en el sistema de pensiones es prioritaria y debiera hacerse antes o con mayor
intensidad que el resto, aunque ya ha dejado claro que parece más conveniente una modificación de la estructura general del sistema o una combinación de factores más que retocar un aspecto puntual del mismo. Yo estoy convencido de ello también,
para evitar tener que ser más agresivos en la modificación de uno solo de ellos. Y ya que ha entrado en el asunto, aunque creo que lo ha contestado anteriormente, le insisto en que el Grupo Socialista comparte que es mejor incentivar el
alargamiento voluntario de la vida activa más que retrasar la edad legal de jubilación, por lo menos de momento. Usted es consciente de que se han tomado decisiones diferentes en otros países de nuestro entorno. No sé si este posible retraso de la
edad legal de jubilación del que usted hablaba debiera ser progresivo, debiera ser un incremento sustancial. No sé si tiene alguna idea o tiene algún estudio hecho sobre la edad de la que estaríamos hablando en el caso de nuestro país.



Por ultimo, porque como otros portavoces tengo que intervenir en otra Comisión y el tiempo apremia, me gustaría decirle que comparto con usted -como seguramente todas las proyecciones que usted y otros expertos han realizado- que todo
cambiará si somos capaces entre todos de modificar las condiciones del mercado de trabajo, del sistema productivo y del modelo productivo de nuestro país. Yo creo que ese es el verdadero reto que tenemos, porque eso efectivamente nos dará más
productividad, aportará probablemente también una mayor cualificación de los trabajadores, dará más salarios, y eso indudablemente debe repercutir también en las pensiones que en el futuro se puedan pagar. Me doy por contestado en el resto de las
cuestiones que tenía pendientes con su contestación al resto de portavoces, y ruego me disculpe la descortesía porque no voy a poder quedarme a su respuesta; le seguiré atentamente en el 'Diario de Sesiones', dado que tengo otra Comisión
inmediatamente. Le reitero el agradecimiento por su intervención inicial.



El señor PRESIDENTE: Don Felipe.



El señor DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA V DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Serrano Pérez): No, yo no tengo la impresión de que la Seguridad Social vaya a encontrarse en una crisis
inminente, si por inminente entendemos el final de este año o el que viene. No. ¿Que la crisis económica acabe afectando al sistema? Por supuesto, pero yo creo que el sistema está bien armado.
Está bien armado entre otras razones porque uno de
los verdaderos logros que tiene nuestro país es lo que significó el Pacto de Toledo en el año 1994. El consenso político que se alcanza para que la reforma sea consensuada es probablemente el mayor logro que se ha alcanzado en este tipo de reformas
de las pensiones. Y además yo creo que esto debería de seguir, porque insisto en que es la clave: evitar el riesgo político o intentar evitar el juego político con la reforma de las pensiones, porque eso, aparte de evitar males mayores, facilita
algo que ya he señalado antes y que creo que es fundamental: la labor de pedagogía. Hay que tener en cuenta que en España, si no tuviésemos pensiones, el 80 por ciento de la población anciana sería pobre. Lo que está evitando situaciones de
pobreza entre la población de la tercera edad en España es el sistema de pensiones. Es normal entonces que toda la población anciana o mayor esté pendiente de qué es lo que va a ocurrir, porque en nuestro país o no ha habido la tradición o no ha
habido renta suficiente para ahorrar para cuando llega el momento de la jubilación. El mayor capital que tiene una persona o una familia cuando llega a los sesenta y cinco años es su vivienda. Las hipotecas inversas están comenzando a
generalizarse ahora, pero aún no se han generalizado. Hace falta todavía un cambio social importante para que la gente comience a pensar que, además de recibir la pensión, está bien ahorrar. Por eso creo que las reformas del sistema tienen que ser
fundamentalmente no inyectadas en vena, legisladas, sino con fuertes dosis de pedagogía, y creo que el hecho de que las reformas se hagan de manera consensuada, como se han venido haciendo hasta ahora, es un elemento fundamental.



Me preguntaba el portavoz del Grupo Socialista sobre los grupos de inmigración; sí, hemos estudiado qué es lo que ocurre con la asimilación salarial, según la procedencia de los trabajadores inmigrantes, hemos estudiado con qué salarios
entran al mercado de trabajo y con qué salarios se encuentran cinco años después. Evidentemente volviendo al primer grupo, a la procedencia de los trabajadores inmigrantes, es lógico que los trabajadores que vienen de la países de la unión
monetaria estén perfectamente integrados: sus salarios son similares a los de los trabajadores nacionales, entran al mercado de trabajo con los mismos salarios, y tienen una vida laboral desde un punto de vista salarial similar a la nuestra. Es el
resto de los inmigrantes los que realmente están inclinando a la baja el grado de asimilación, pero es que es lo fundamental, porque la movilidad, como ya saben, dentro de la Unión Europea es muy baja, y realmente no se puede decir que el grueso de
nuestra inmigración provenga de los países de los Quince.



Las tasas de retorno que me preguntaba no se pueden estudiar, bueno, sí se pueden estudiar, pero aún es muy pronto, porque el fenómeno migratorio en España es muy reciente. Cuando realmente hemos comenzado a ver una oleada o un flujo
significativo ha sido a partir


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del año 2000; hasta el año 2000 venían flujos, pero no eran importantes.
La oleada fuerte de inmigración se inicia en el año 2000 y hasta la presente crisis seguía creciendo. De hecho España en este momento es el país de la Unión Europea
que tiene un mayor porcentaje de población inmigrante, incluso más que países tradicionalmente de acogida para población inmigrante como Inglaterra y Alemania. Aquí nos hemos enfrentado a un problema no de asimilación salarial, sino de asimilación
cultural de lo que significa la llegada de inmigrantes en un plazo muy breve de tiempo, en seis años, en siete años, mientras que en el resto de Europa llevan ya años conviviendo con ello. Pero sí, lo hemos estudiado y efectivamente hay
diferencias.



¿Reformas en el sistema de pensiones? Ya he dicho que creo que hay que hacer una combinación de ellas, no vale una, hay que combinar todas. La manera en que se combinan es una cuestión que ustedes tienen que decidir, porque ustedes tienen
que valorar las consecuencias sociales y las consecuencias económicas de cada una de las medidas, y de cómo quieren combinarlas. Es una decisión fundamentalmente política; la toman ustedes.
Nosotros les podemos decir qué ocurre si hacen una cosa,
pero no les podemos decir cuál es la que tienen que tomar; ese es un asunto que decide el conjunto de la sociedad a través de sus representantes legales, no lo decidimos los expertos, ¡estaría bueno!


La modificación legal de la edad de jubilación. Efectivamente en estos momentos se está incentivando el alargamiento de la vida laboral, por algo hay que empezar. Creo que es una labor de hacer pedagogía; es una forma de hacer pedagogía
el que la gente comience a ver relativamente normal alargar su vida laboral, porque se le incentiva. En el caso de los profesos universitarios por ejemplo nadie habla de jubilarse a los sesenta y cinco; todos, si llegamos en buenas condiciones,
estaremos hasta los setenta dando guerra, y es algo que ya es normal y que se ha generalizado. Entonces, si a través de la incentivación del alargamiento de la vida laboral comienzan a generalizarse grupos de trabajadores en donde los demás
observen que uno puede seguir activo hasta los sesenta y siete o sesenta y ocho años, y que no se cae, y que no le pasa nada, y que además incluso se realiza más -que no sé si se realiza alguien trabajando, pero supongamos que se realizase-, se
realiza más que otros, bienvenido sea. Lo que pasa es que yo creo que en algún momento habrá que dar el paso, habrá que intentar pasar de la incentivación de la edad legal de jubilación, que nos cuesta dinero, a la legislación de la edad legal de
jubilación. ¿Cuándo hay que dar el salto? No habrá que darle mañana, porque esto no es inminente, pero habrá que darle en algún momento. ¿Hay algo inminente en el sistema? Nada, porque aquí lo único dramático es la muerte. Pero si por algún
lugar habría que empezar, desde mi punto de vista, sería por corregir los problemas de equidad. Antes les comentaba que habría que empezar por modificar o el número de años que se computan para el cálculo de la base reguladora o el número de años
que cada uno se lleva de la base reguladora. Creo que es un buen ejemplo de pedagogía informar a los ciudadanos del que el que más paga a la Seguridad Social más va a recibir, porque sienten que realmente el esfuerzo que hacen tiene recompensa:
que los esfuerzos menores que hacen otros no tienen una recompensa más que proporcional al esfuerzo que está haciendo un trabajador que se incorpora al mercado de trabajo con 20 o con 19 años, y presenta una vida laboral muy larga, aunque tenga
desempleo; la gente tiene que sentir que el que más paga más recibe.
Luego, yo creo que si por algo habría que empezar sería por mostrar que existe una voluntad por mejorar la equidad del sistema.



El señor PRESIDENTE: Señor Serrano Pérez, ha sido muy interesante su intervención, y a algunos sí les motiva el trabajo. Se suspende la sesión por cinco minutos. (Pausa.)


- DEL SEÑOR DIRECTOR DE ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (HERCE SAN MIGUEL). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 219/000268.)


El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a don José Antonio Herce San Miguel, director de Analistas Financieros Internacionales. Querido profesor, bienvenido; tiene la palabra.



El señor DIRECTOR DE ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (Herce San Miguel): Gracias por citarme a esta comparencia esta mañana para compartir con ustedes mis reflexiones recientes sobre el sistema de pensiones en nuestro país, el sistema
público de pensiones.



Pueden imaginarse que no asisto indiferente a la evolución de la economía, a las implicaciones que esto pueda tener para el sistema de pensiones, pero a pesar de todo ello yo quisiera poner el énfasis en la perspectiva a largo plazo. No
dejaré de aludir a la situación a corto y medio plazo del sistema, pero me interesa sobre todo que no perdamos de vista lo que son las condiciones que prevalecerán, de no cambiar nada, dadas las perspectivas que tenemos respecto a la evolución de la
población en las próximas décadas, y reflexionar sobre este plazo tan largo se justifica por el hecho de que cualquier modificación que tengamos que hacer en el sistema de pensiones hay que adoptarla con muchísima antelación, pensando que llevará
mucho tiempo, virtualmente toda una generación, el que esas innovaciones institucionales, esos cambios en las reglas, en los parámetros del sistema acaben generalizándose. Nunca haríamos una reforma, nunca la hemos hecho, nunca se ha hecho en
ningún país, que de un año para otro, de la noche a la mañana, por así decirlo, llevase a todos los participantes en el sistema


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y cuando digo todos los participantes en el sistema me refiero a todos los españoles virtualmente, porque bien en su condición de jubilados, bien en su condición de cotizantes o de personas dependientes de los anteriores, se encuentran
cubiertos por el sistema-, nunca llevaríamos a cabo una reforma en la que de la noche a la mañana todas las personas que tienen algo que ver con el sistema tuviesen que cambiar, una gran mayoría de ellas sin posibilidades, sin márgenes de actuación
para adaptarse a las nuevas reglas. De manera que las reformas van a ser necesariamente graduales, tendrán que ser necesariamente iniciadas en los colectivos más jóvenes del sistema para que, a medida que estos transiten por sus respectivos grupos
de edad, vayan adoptando las innovaciones que en cada momento sean las indicadas. El largo plazo, insisto, es fundamental para analizar la situación del sistema de pensiones pensando en que muchas de esas actuaciones necesarias habrá que
adoptarlas, eso sí, cuanto antes mejor, aunque afecten a una pequeña porción de las personas que hoy, en estos momentos, tienen un interés en el sistema, y poco a poco estos colectivos vayan siendo cada vez mayores.



Quería abordar cuatro apartados en esta presentación que procuraré que sea muy breve, para dar paso luego a un debate entre todos nosotros. En primer lugar me detendré muy brevemente en la evolución del sistema de pensiones. Hay algunas
lecciones que podemos sacar analizando cómo han evolucionado sus principales datos demográficos, las series de afiliados y de pensionistas del sistema. Presentaré una perspectiva lo suficientemente amplia en el tiempo pasado como para que podamos
ver en qué medida situaciones de crisis económicas pasadas han afectado al sistema. En segundo lugar me detendré algo en la situación a corto y medio plazo del sistema de pensiones, analizando especialmente cómo el deterioro de algunas de las
ratios demográficas del sistema pueden traducirse en consecuencias económicas, en particular en el superávit del sistema de pensiones. En tercer lugar dedicaré algo de tiempo, unos minutos a analizar la evolución a largo plazo, dónde radican los
problemas fundamentalmente. Y finalmente concluiré aludiendo de manera un tanto genérica, que podemos precisar más adelante en el debate, a las posibles soluciones.



Aquí tienen ustedes la evolución de la demografía del sistema: el número de pensiones, el número de afiliados y la relación entre ambos entre 1980 y el año 2009, la actualidad, una estimación que he realizado para este año 2009, porque como
saben ustedes hasta ahora solo disponemos de datos de afiliación y pensiones hasta abril-mayo; queda por lo tanto una importante parte del año por cumplir. Pero he preferido ilustrar esta serie con una estimación para lo que pudiera suceder este
año que nos sitúe en el momento presente.



Lo primero que salta a la vista es que el sistema español de pensiones públicas ha tenido un desarrollo espectacular en los últimos años, especialmente en su base de afiliación. Nadie a la altura del año 2000 pensábamos -o casi nadie, yo
desde luego no estaba entre los que pensaban de esa forma- que se iba a crear tanto empleo en la economía española como se ha creado en la última década, y por lo tanto que el número de afiliados al sistema iba a aumentar de la manera en que lo ha
hecho.
Veníamos de una trayectoria de empleo, de afiliación en la que difícilmente lográbamos sobrepasar los 12, los 13 millones de afiliados como mucho. Desde aproximadamente el año 1965 hasta el año 1995 la economía española no había sido capaz
de aumentar en términos netos -puesto que obviamente se creaban muchos empleos pero se destruían otros tantos- el empleo, la afiliación a la Seguridad Social; sí la afiliación a la Seguridad Social por el desarrollo del sistema, pero no tanto el
empleo. A partir del año 2000 nos hemos encontrado con que efectivamente se han creado muchos millones de puestos de trabajos que han tenido su reflejo en la afiliación, una afiliación que ha llegado a superar los 19 millones de personas el año
pasado. En algún mes central de la primera parte del año pasado el número de afiliaciones superó claramente los 19 millones de personas. En la actualidad no llegan a 18.100.000, hay 18.000.055 afiliados en el sistema. Eso quiere decir que su base
de afiliación se ha deteriorado algo como consecuencia de la crisis, pero no mucho, no tanto como para deshacer el largo camino andado en el pasado.



Ven ustedes ahí la trayectoria de la afiliación a principios de los años noventa, donde se aprecia claramente la mordedura de la crisis, de la recesión que hubo en 1992-1993, que en materia de empleo se prolongó hasta el año 1994, y que
naturalmente tuvo su traducción en las afiliaciones del sistema. Puede decirse que hoy prácticamente hemos recorrido, en lo que va de período recesito, el mismo camino, algo más incluso, en materia de deterioro de la base de afiliación, pero como
pueden apreciar también por la figura claramente apenas hemos mordido una pequeña parte de la base de afiliación ganada en la última década. Sin embargo el número de pensiones, la línea amarilla ha ido evolucionando regularmente, aunque pueden
apreciar seguramente la desaceleración que a mediados de esta década, entre los años 2003 y 2007, ha habido en ese crecimiento como consecuencia de que han pasado a la jubilación las generaciones menos numerosas de la guerra civil y de la inmediata
posguerra. Ese fenómeno se ha agotado ya y es previsible que el número de pensiones del sistema vuelva a retomar un ritmo de crecimiento algo más dinámico, aún así gradual, porque los verdaderos problemas para el aumento del número de pensiones se
darán cuando las actuales generaciones del baby boom que tuvo lugar en nuestro país entre los años 1965 y 1975 pasen a su jubilación, lo que no sucederá hasta el año 2030 y más allá.
Eso quiero decir que las pensiones no han dejado de aumentar con
esas oscilaciones a las que me refería, no con la aceleración que han tenido, por ejemplo, en los años ochenta y en los primeros años noventa, cuando el sistema estaba generalizándose. Ahora tenemos un sistema de pensiones generalizado al


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conjunto de la población, de manera que no hay que recuperar colectivos que hubieran estado dejados del ámbito protector del sistema en los años inmediatamente precedentes, porque ya todos los trabajadores españoles, pertenezcan a uno u otro
régimen de afiliación, se encuentra bajo el paraguas del sistema. Eso se nota además en que las carreras de cotización ya son más largas, se acercan a esa carrera plena de los treinta y cinco años, a partir de la cual la pensión se calcula sobre el
cien por cien de la base reguladora. Pero la relación entre el número de afiliados y el número de pensiones, sin embargo, sufre oscilaciones más violentas de lo que ven ustedes en los gráficos de los grandes números de afiliados y de pensiones. La
relación entre ambas magnitudes ha oscilado, y se mide en el eje de la derecha, en la escala de la derecha. Ha habido años en los que se ha situado claramente por debajo de 2. Luego analizaré las implicaciones que tiene que esta relación entre
afiliados y el número de pensiones se sitúe por debajo de 2; se pueden ustedes imaginar que tiene mucho que ver con la suficiencia financiera del sistema de pensiones, como es natural. Cuanto más elevada sea esta relación entre el número de
afiliados y el número de pensiones, más saneadas estarán las finanzas del sistema. La evolución reciente nos da alguna lección respecto a lo que puede suceder en el inmediato futuro, que pasaré a analizar a continuación, y es que las crisis
económicas, en la medida en que son coyunturales y que no instalan a nuestra economía en una situación estructural de baja afiliación, en la medida en que son coyunturales, más o menos largas, y esta sin duda está siendo dolorosa y más larga de lo
que nos gustaría, pues hacen una cierta mella en esta relación afiliados-pensiones, pero no necesariamente la tumban de manera estructural.



En la situación a corto y medio plazo me gustaría detenerme en el balance del sistema, esa relación entre los ingresos del sistema y los gastos del sistema que cabe deducir de esas figuras demográficas. Los afiliados cotizan todos los meses
y los pensionistas reciben todos los meses una paga correspondiente a la pensión que tienen reconocida. Cuando la ratio entre afiliados y pensiones está por debajo de 2, las reglas de cálculo del sistema, tanto de cálculo de pensiones como de
cálculo de cotizaciones, hace que el sistema bordee, roce el déficit. Esto no es por casualidad, no hay que ver ese 2 como un número mágico; si estamos por encima tenemos superávit y si estamos por debajo tenemos déficit. Es por casualidad que es
2, pero las reglas del sistema, la forma en la que se calculan las cotizaciones y las pensiones hace que coincida con ese número 2. Podría ser el 2,5 o el 1,7, pero hay un umbral, como es obvio, por debajo del cual el sistema no recauda lo
suficiente para pagar los gastos que tiene comprometidos, y sucede que en nuestro sistema esa ratio es de 2. El sistema de Seguridad Social suele publicar una ratio entre un concepto particular de afiliados y un concepto particular de pensiones.

En particular, utiliza el concepto de afiliados efectivamente trabajando más parados que reciben prestaciones y en cuyo nombre el sistema público de empleo estatal paga a la Seguridad Social unas cotizaciones, naturalmente contra su propia cuenta de
resultados; de manera que lo que la Seguridad Social no sufre porque recibe las cotizaciones que el sistema público de empleo paga en nombre de los parados, el sistema público de empleo deja de registrarlo en su cuenta de resultado, en su haber.
Pero si nos interesa únicamente el balance entre ingresos y gastos del sistema público de pensiones, hay que tener en cuenta que, efectivamente, los parados en cuyo nombre el antiguo INEM cotiza por ellos a la Seguridad Social, aportan al sistema.
Por lo tanto, el hecho de que aumente el desempleo, siendo en sí una desgracia, mitiga en alguna medida las consecuencias económicas para la Seguridad Social, porque una buena parte de estos parados, de esos desempleados van a seguir cotizando, es
verdad que por una base más baja, en este caso por la base mínima correspondiente a las prestaciones que reciben, y no por una base más alta, que era la que utilizaban cuando estaban en activo. De manera que el sistema sufre alguna merma, pero no
enteramente las consecuencias del desempleo.



En el denominador, la Seguridad Social utiliza el número de pensionistas, no el número de pensiones. Saben ustedes que en nuestro sistema es posible percibir más de una pensión, es lo que se conoce como concurrencia de pensiones, y es un
fenómeno que está creciendo por la buena noticia de que cada vez más mujeres, que hasta hace unos años fundamentalmente eran beneficiarias de pensiones de viudedad, son ahora beneficiarias de pensiones de jubilación propiamente dichas.

Naturalmente, viudas y viudos que han cotizado y han causado un derecho a esta primera pensión de viudedad, pero también a una pensión de jubilación, totalizan esas pensiones y, si el total supera la pensión máxima, ese exceso se elimina de la
pensión, cosa que sucede en muy pocos casos, como sabemos, pero en realidad tenemos un porcentaje importante de pensionistas que están recibiendo más de una pensión, y este porcentaje irá subiendo, esta concurrencia de pensiones irá subiendo a
medida que se generalizan las situaciones de cotización plena, fundamentalmente por parte de las mujeres. La ratio establecida de esta forma para el sistema está en estos momentos todavía por encima de 2,5 afiliados más parados que cotizan a la
Seguridad Social por cada pensionista, no por cada pensión, sino por cada pensionista. Es la línea naranja superior del gráfico que tiene ustedes ahí, que en cualquier caso está llamada a descender en el año 2009 respecto al nivel máximo que obtuvo
en el año 2008, un 2,68 aproximadamente hacia un 2,58, un 2,6 en 2009, según las estimaciones que les presento sobre el número de pensionistas y el número de afiliados más parados que pagan cotizaciones. En el 2010 caerá todavía más, rozando el 2,5
afiliados más parados que cotizan por pensionista. La otra ratio a la que me refería anteriormente es la que a mí me sirve para trazar más de cerca las implicaciones para las cuentas del sistema. Es la línea amarilla, que es la ratio de afiliados,
a secas,


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registrados por el sistema, sin incluir a los parados que cotizan, sobre pensiones, no tanto sobre pensionistas. Y esa ratio se acercará a 2 en el año 2010, mientras que en el año 2009 todavía estará alrededor de 1,12, 1,13, es decir, por
encima de 2, aunque ciertamente por debajo de 2,25 que alcanzó en 2008. 2007 fue un año en el que todavía estas ratios eran superiores como consecuencia de que el empleo estaba en pleno apogeo. Eso tiene consecuencias para el balance del sistema.
Me permito presentarles también las estimaciones que he realizado para ese balance del sistema.



Como sabemos, en el año 2008 la Seguridad Social -estos son datos de liquidación- registró un superávit de 14.428.000 millones de euros, un superávit importante, del 1,3 ó 1,4 por ciento del PIB aproximadamente.
En el año 2009, con el
deterioro que he previsto, el número de afiliaciones se situará por debajo de los 18 millones que tenemos en este momento registrados en el mes de mayo, porque esperamos que el segundo trimestre del año 2009 sea algo más complicado. Este segundo
trimestre es proclive al empleo, además ha madurado ya el impulso al empleo que el PlanE y en particular el Fondo de inversión local ha representado, pero esas contrataciones están prácticamente realizadas y será cuestión de tiempo que esas obras
terminen y que, por lo tanto, una parte de esos trabajadores vuelvan desgraciadamente al desempleo, a menos que haya un impulso equivalente con la suficiente antelación. Efectivamente, en el año 2009 la afiliación media del año estará por debajo de
lo 18 millones de trabajadores. Eso hace que los ingresos por cotizaciones disminuyan, mientras que los ingresos por pensiones no van a dejar de subir, porque el número de pensionistas y de pensiones es insensible al ciclo.
Afortunadamente, no
estamos en situaciones como la de los años ochenta, cuando la reconversión obligaba a pasar por jubilación, por invalidez más bien, por incapacidad permanente a muchos trabajadores que se quedaban excendentarios con motivo de la reconversión. En
estos momentos no está sucediendo eso y esperemos que no suceda, porque si no el número de pensiones sí sería sensible a las crisis económicas más de lo que sería de desear, y estas previsiones se podrían ver afectadas. Pero con el deterioro de la
base de afiliaciones que estimo se producirá, siendo relevante ese deterioro, me da la impresión de que el sistema de pensiones en nuestro país en este año 2009 mantendrá todavía un cierto superávit, que pasará a ser del 0,7, del 0,6 ó 65 por ciento
del PIB, algo más de 7.500 millones de euros, según mis estimaciones, podría ser menos también, pero no desaparecerá seguramente. En el año 2010, sin embargo, la relación afiliados-pensiones se va a deteriorar todavía más, porque la base de
afiliación seguirá disminuyendo y el número de pensiones seguirá creciendo, y ese deterioro puede llevar esa relación a un nivel muy cercano a dos afiliados por cada pensión, y por lo tanto podríamos estar rozando el equilibrio financiero del
sistema de pensiones. Es decir, los ingresos se habrían reducido en relación con los gastos hasta equipararse con estos últimos, de manera que virtualmente habría desaparecido el superávit de las cuentas públicas. Esperemos que 2010 sea el último
año en el que observemos esta tendencia de deterioro del balance del sistema y que en los sucesivos años la superación de la crisis restablezca la relación entre afiliados y pensionistas.



Mirando más a largo plazo, los problemas se manifiestan con toda severidad a partir del año 2020 cuando, incluso restableciéndose la base de afiliaciones, lo cual es posible en lo que queda de tiempo hasta 2015 y más allá, hasta 2020,
restableciéndose esa base de afiliaciones, aumentando incluso hasta cerca de los 20 millones de afiliados, si el dinamismo del mercado de trabajo sigue comportándose como una proporción de lo que hemos visto en los años anteriores, tendríamos
superávit del sistema prácticamente hasta el año 2020. El Fondo de Reserva crecería hasta llegar aproximadamente al 9 por ciento del PIB, está en estos momentos en el 5,7 por ciento del PIB, mejor dicho, la aportación de 2008, las dotaciones
acumuladas en 2008 alcanzaban esa ratio del PIB y, por lo tanto, seguirá creciendo mientras haya superávit del sistema. Pero a partir del 2020 los gastos del sistema van a ir creciendo de manera muy importante, hasta llegar al 16 por ciento del PIB
en el año 2050, según las perspectivas demográficas que manejamos en estos momentos, las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística en su escenario central, en su escenario 1. Eso quiere decir que el futuro sigue siendo el que
era al margen de las coyunturas a corto y medio plazo, de las situaciones recesivas y contando con que naturalmente esta recesión no se enquiste y no se prolongue su salida más allá del año que viene, del año 2010. El déficit de sistema aumentaría
a partir del 2020.
El Fondo de Reserva empezaría a disminuir. Todavía habría unos cuantos años en los que el Fondo de Reserva podría cumplir su cometido que, en mi opinión, es pagar esa insuficiencia, cubrir esa insuficiencia entre ingresos y
gastos del sistema mientras haya remanente en el fondo, y eso dejaría de suceder un poco antes del año 2030. A partir de ahí el fondo se convertiría en deuda de Seguridad Social y en el año 2050 la deuda de Seguridad Social podría llegar a ser el
95 por ciento del PIB de ese año.
Esto no es una perspectiva nueva, coincide, por más que la retoquemos para considerarla base de partida en cada momento, con lo que hemos venido haciendo numerosos analistas en los últimos años, de manera que
tampoco es ni especialmente peor ni especialmente mejor de lo que prácticamente ya veníamos manejando hasta hace poco, e incluso digo al margen de la situación recesiva que planteará esas dificultades transitorias, en el sentido de que el superávit
disminuirá, pero esperemos que no lo haga desaparecer ni en 2010, menos aún en 2011.



Como les decía, voy a concluir aludiendo a posibles soluciones de manera muy, muy genérica, y luego, si quieren, podemos detallarlas un poco más en el debate. ¿Cuál es el problema del sistema de pensiones? Lo que


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hemos visto antes no es más que la expresión en las claves económicas de nuestro sistema concreto de pensiones públicas, que es un sistema de reparto bastante contributivo, pero no plenamente contributivo, como saben muy bien ustedes, es la
expresión económica en el contexto de nuestro sistema de pensiones públicas de esas tendencias demográficas, de esas tendencias de población, de ese envejecimiento de la población y de esa evolución de las pensiones con las reglas actuales del
sistema, puesto que estas proyecciones están hechas bajo la hipótesis conocida como legislación constante. La legislación cambiará, naturalmente, no me queda ninguna duda de que haremos lo necesario, no sé si con el tiempo suficiente, o un poquito
más remolones, pero haremos lo necesario para que las cosas no sean tan negras. El único interés para mí de explorar el futuro como lo acabo de hacer, es abrir una ventana que nos diga lo que puede suceder si no hiciésemos nada y, por tanto, nos
muestre cuán negro puede ser el panorama si no diseñamos algún antídoto contra ello. Por lo tanto, este tipo de ejercicio es el mejor estímulo para ponernos a trabajar en esos antídotos, en esas reformas más o menos intensas, más o menos
anticipadas, que en mi opinión deben ser de cierta intensidad y lo más anticipadas posibles, para evitar que esas negras perspectivas, que se darían en el hipotético mundo en el que nada cambiase, acaben dándose.



El problema en realidad no es tanto económico, sino que se deriva de una excelente noticia, y es que cada vez vivimos más, sobre todo, siempre hago esta broma, teniendo en cuenta la alternativa. Pero el que vivamos más no quiere
necesariamente que seamos más viejos. Hoy, a los 65 años se es mucho más joven de lo que una persona de 65 años era hace cincuenta, y no digamos hace cien años. Cuando se inventó la Seguridad Social la esperanza de vida no llegaba a los 40 años y,
sin embargo, la edad de jubilación estaba en los 65, muy pocas personas llegaban a esa edad de jubilación, y quienes llegaban duraban muy pocos años. El sistema de pensiones era un seguro de vida a favor de las viudas y de la prole, porque entonces
existían los proletarios. En la actualidad, las cosas son muy diferentes. Tenemos el mismo sistema de hace cien años, y cuando digo el mismo sistema me refiero a la misma edad de jubilación, pero tenemos una esperanza de vida que supera los 80
años en muchos países avanzados, especialmente para las mujeres, y cada vez la esperanza de vida crece a razón de un trimestre por cada año transcurrido, y crece la esperanza de vida en buena salud. De manera que lo que cuando se inventó el sistema
llamábamos edades extremas, y 65 años era una edad extrema, hoy una edad extrema no es ni mucho menos, y nos negaríamos todos a aceptarlo en nuestro caso particular, la de 65 años. Una edad extrema empiezan a ser los setenta y muchos o los ochenta
y pocos años. Entonces, la Seguridad Social hace cien años aseguraba contra la extrema vejez y las consecuencias de la extrema vejez. Hoy asegura contra las consecuencias de la extrema vejez, no todas, como argumentaré más adelante, pero desde
luego asegura a partir de una edad en la que muchos de nosotros nos consideraremos jóvenes cuando lleguemos a ella.



El problema verdadero es que cada vez entramos más tarde al mercado de trabajo, porque si vivimos más tenemos que dotarnos de capital humano para una vida más larga. Esto es coherente con la teoría del capital humano que manejan los
economistas. Cada vez salimos antes del mercado de trabajo, no sé muy bien con qué es coherente esto, seguramente es coherente con el hecho de que nuestra productividad ha aumentado y nos podemos permitir, digámoslo entrecomillas, un nivel de vida
mayor incluso después de esos 63 ó 62 años en los que en términos efectivos nos estamos jubilando en nuestro país, en Europa se jubilan antes, no llega a los 60 años la edad efectiva de jubilación. Da la impresión de que esta tendencia a que
disminuya la edad efectiva de jubilación se está parando, desde luego en España por una causa muy potente, porque cada vez más las mujeres que han iniciado su carrera laboral hace ya unos lustros están expresándose en mayores tasas de actividad a
edades superiores a los 55 años, de manera que en el cómputo agregado parece como si todo el mundo se estuviese jubilando cada vez más tarde. No, no. Sucede que hay más personas que se jubilan a edades a las que se pueden permitir carreras de
cotizaciones ya de cierta longitud, pero me da la impresión de que durante unos años seguiremos observando que la edad efectiva de jubilación aumenta, ha sido muy palmario en nuestro país en los últimos años este fenómeno, pero que con el tiempo se
estanca, en ausencia de reformas, naturalmente, y vuelve a descender, en coherencia con lo que sucede en países donde la población activa incorpora ya plenamente a las mujeres a partir de los 50 ó 55 años. Y la tercera de las tendencias es un
alargamiento sin cesar de la vida. Cuando el ciclo activo se contrae, porque entramos cada vez más tarde y salimos cada vez antes de la actividad, y cuando el ciclo pasivo se alarga, porque salimos cada vez antes y vivimos cada vez más, hay un
álgebra vital individual, no colectiva, individual, un álgebra vital imposible. El cociente formado por el número de años que cotizamos y el número de años que cobramos una pensión, es cada vez peor. Y eso ya es, al margen de coyunturas, una
tendencia estructural de nuestro ciclo vital individual. Si este es el problema, un sistema público de pensiones solo lo puede resolver consiguiendo que cada vez haya más cotizantes en proporción a los pensionistas que hay. Pero, claro, el
planeta, la superficie de nuestro país es limitada, no puede albergar 50, 60, 70, 100, 200 millones de habitantes en el futuro indefinido que queramos imaginarnos. No es posible prolongar una solución agregada indefinidamente con este álgebra vital
individual tan imposible, sencillamente no es posible. Podremos hacer cosas y retrasar el estallido de los problemas. Ni que decir tiene que si un Robinson Crusoe tuviera que ahorrar durante los años que trabaja para pagarse su pensión durante los
años que va a vivir más, tendría que ahorrar muchísimo,


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cada vez más. En términos de un sistema de pensiones, sea este en definitiva público, privado, de cotización, de prestación definida o de contribución definida, de capitalización o de reparto, sea cual sea, un sistema de pensiones no puede
convivir con ese álgebra vital tan imposible al que me refería anteriormente. La solución pasa obviamente por reequilibrar el ciclo de vida de los individuos, aumentar la edad de jubilación. Soy muy consciente de que dos terceras partes de la
población rechazan esta hipotética solución. Tendremos que convencerles. Aunque me gustaría referirme a la población objeto de ese mensaje en términos muy diferentes a los que normalmente aludimos.



Las personas que se jubilan hoy, todas las que ya están jubiladas en nuestro país y las que se van a jubilar en los próximos diez o quince años, no deberían tener nada que temer. Como decía antes, no es posible ni aceptable bajo ningún
concepto que se reforme un sistema de pensiones implicando a todos los individuos, incluidos los pensionistas vigentes, de la noche a la mañana. Sencillamente, los pensionistas vigentes son los que menos tienen que pensar, no ya temer, los que
menos tienen que pensar en las consecuencias de cualquier reforma que se aporte al sistema de pensiones. No entiendo por qué es tan fácil movilizar a este colectivo, muy numeroso y muy potente en nuestro país, con los mensajes con los que
normalmente se les moviliza. Si yo fuera un pensionista no escucharía en absoluto a nadie, viniese de donde viniese, que me dijera que mis pensiones peligrarían en el futuro, si yo fuera un pensionistas o si yo fuera un cotizante desde luego de 55
o más años, y puede que si tuviera 50 tampoco. Si tuviese menos de 50 años me preocuparía por las implicaciones de los cambios y trataría de buscar soluciones, entendiendo en qué medida las soluciones que me viniesen impuestas desde el sistema
están bien justificadas, bien defendidas. Pero eso corresponde a otra esfera, en particular estamos aquí, en la Comisión no permanente, donde precisamente se pueden cocinar esas soluciones.



Aumentar la edad de jubilación. Ese diálogo hay que hacerlo con las personas más jóvenes, no con las personas que tienen ya un margen muy reducido para reaccionar a una medida de ese tipo, me refiero a los cotizantes de edades más
avanzadas. Aumentar el esfuerzo contributivo o de ahorro. Insito, me da lo mismo que el sistema sea público o privado, de capitalización o de reparto, si con ese álgebra vital al que me he referido no somos capaces de ver que lo que hay que hacer,
además de correr el listón de la edad de jubilación o, si no se quiere hacer esto primero, con mucha más intensidad lo segundo, es aumentar el esfuerzo contributivo: pagar más cotizaciones nosotros cotizantes o nuestras empresas o ahorrar más, bien
de forma individual, bien a sistemas colectivos o a sistemas de pensiones complementarias de empleo. O la tercera de las alternativas, sin duda la más dolorosa de nuevo no para los pensionistas del momento ni seguramente para las personas que están
a punto de jubilarse, ajustar las prestaciones a las condiciones de longevidad. Esto se está haciendo ya en Alemania, en Suecia, en varios países se está considerando el hecho de que si uno pertenece a una generación que va a vivir más que la
anterior, un mismo montante de pensión en términos reales habría que distribuirlo durante más años de vida y, por lo tanto, las fórmulas actuales habría que retocarlas.
Combinando estos tres elementos, combinando el hecho de que junto a las
pensiones públicas podemos tener pensiones privadas, hablando de sistema mixtos, podríamos encontrar la solución al sistema.



Se pueden ustedes imaginar que a la vista de los problemas que prevemos para el futuro y que, como digo, siguen siendo los que pensábamos hace años que se iban a dar, la intensidad de estas medidas tiene que ser relevante. No deberíamos
aceptar medidas que no tienen la suficiente intensidad, aunque las tengamos que discutir activamente entre todos los agentes sociales, los miembros relevantes de la sociedad en lo institucional, en lo político, en lo social y en lo económico, para
ver cuán intensas deban de ser; y que esas discusiones sean lo acaloradas que tengan que ser, pero que los consensos sean activos, nos lleven a salir del problema que tenemos a medio y largo plazo. Decía antes que la Seguridad Social, el sistema
público de pensiones nos protege contra la gran vejez, la extrema vejez como hizo desde que se inventó, y en realidad hay que reconocer que ese invento, por llamarlo de una forma algo más banal, ha prestado grandes servicios a todas las sociedades
avanzadas y también a la española. Si queremos que siga prestando los mismos servicios no tenemos más remedio que reformarlo adaptándolo a las nuevas condiciones demográficas, que son radicalmente diferentes de las que teníamos entonces. Nos
asegura contra la extrema vejez, pero sabemos hoy que la extrema vejez conlleva la expresión de situaciones de dependencia que hace unos lustros eran prácticamente inexistentes en nuestra sociedad, una sociedad donde la esperanza de vida era mucho
más baja y no daba margen a la manifestación de discapacidades en grado tal que ya hiciesen a una personas dependiente. Sabemos que eso está a la orden del día, que va a estar cada vez más presente a medida que la esperanza de vida siga aumentando.
El sistema de pensiones no debe de ocuparse de la dependencia, porque para ello tenemos una estupenda Ley de Dependencia que, sin embargo, no está aplicándose como a todos nos gustaría, ni con la intensidad ni con la celeridad ni seguramente con la
eficiencia que nos gustaría, pero lo cierto es que el destino final de un jubilado o una jubilada es ser una persona dependiente, con probabilidad cien. Ciertamente, este no es un riesgo que debamos someter a un seguro privado, este es un riesgo
que se puede asegurar pero mediante una técnica de seguro público, lo mismo que la Seguridad Social hace con las pensiones, al tiempo que probablemente esa edad de jubilación de 65 años deje a muchas personas todavía en condiciones de ser activas.
Yo creo que hay que concentrar los recursos en las edades extremas y, en cualquier caso,


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siendo muy conscientes de que tenemos un sistema de pensiones y un sistema de dependencia que, por razones demográficas, van a estar cada vez más estrechamente ligados, y que habremos de resolver conjuntamente, no sé si con el mismo sistema,
pero sí con métodos muy coherentes dentro de cada uno de estos sistemas.



Termino aquí y quedo a su disposición para profundizar algo más en estas cuestiones, pero antes quiero aludir a la edad de jubilación, que me preocupa especialmente. No sabemos cómo hacer que las personas permanezcan más tiempo en la
actividad, y soy de los primeros que creen que muchas empresas, muchos trabajos y muchos trabajadores son incapaces de prolongar la actividad de los trabajadores a partir de una cierta edad. Sencillamente en el siglo XXI, bien entrado el siglo XXI,
como ya estamos, carecemos de una visión clara de cuáles son las tareas, cuáles son los trabajadores y cuáles son las empresas que nos garantizarán que en las próximas décadas cada vez más personas trabajen a partir de los 65 años, porque estamos
hartos de ver que muchos trabajadores llegan exhaustos material y anímicamente a su ciclo laboral. No veo cómo con las empresas actuales, con los trabajos actuales y con los trabajadores actuales -a menos que haya un reciclaje, a menos que seamos
capaces de crear una amplia zona gris donde surjan nuevas empresas del siglo XXI, nuevas tareas del siglo XXI, nuevos trabajadores del siglo XXI, y esto no se hace sin esfuerzos, sin recursos y sin planificación-, vamos a conseguir que las personas
se jubilen, digámoslo así, dentro unos diez, quince o veinte años a los 67, a los 70 o a los 72 años que serían necesarios para reequilibrar decisivamente el futuro financiero de la Seguridad Social.



Muchas gracias por su atención.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Tomás Burgos.



El señor BURGOS GALLEGO: Mi grupo parlamentario quiere agradecerle su presencia en esta Comisión. Ya es conocido en los trabajos del Pacto de Toledo, ya ha asistido en otras ocasiones, en otros momentos importantes también del Pacto de
Toledo, y mi grupo quiere hacer un reconocimiento a su dedicación, al análisis y al estudio del sistema de pensiones que usted ha venido haciendo a lo largo ya de muchos años.



Hemos estado sometidos a debates intensos e importantes que desembocan en estos momentos, en la situación actual de nuestro país, en una situación que es sustancialmente diferente a la de otros momentos del Pacto de Toledo. Hoy el sistema
se enfrenta esencialmente a un solo adversario, ni siquiera a los defensores de otros modelos, de otros sistemas, sino a un adversario básicamente, y ese adversario es el negacionismo. El discurso que impera en estos momentos en varios estamentos,
en gran parte del Gobierno, es negar los efectos de la crisis, de la propia evolución económica, de nuestras perspectivas, tanto demográficas como económicas, sobre el sistema de pensiones; negar los efectos del envejecimiento de nuestra población,
envejecimiento que usted claramente ha señalado que va a evolucionar de forma importante en las próximas décadas, las tensiones demográficas a las que nos aboca ese envejecimiento, el incremento desequilibrado de los costes del sistema, indica que
ya estamos en un momento en que los gastos evolucionan de forma significativamente más alta que los ingresos. Del orden de cuatro, cinco o hasta seis veces más están creciendo porcentualmente los gastos del sistema respecto a los ingresos, y la
base sobre la que se asienta el sistema de reparto que señala en el documento que nos ha trasladado, que es la necesidad de una permanente adecuación entre el número de cotizantes y los pensionistas.
Una adecuación que exige, dada la evolución
creciente del número de pensionistas que se incorporan al sistema, que la evolución del empleo no solo se mantenga de forma significativa, sino que necesariamente tiene que seguir creciendo a lo largo del tiempo en esa proporción de más del doble
que el número de pensionistas para siquiera sostener económicamente el sistema.



Y el problema del negacionismo es que al final se convierta en pasividad, de convierta en inmovilismo y se convierta en antirreformismo, es decir, en dificultades objetivas para acometer las reformas que son necesarias.
Ese negacionismo
encuentra hoy aliados, encuentra hoy excusas, encuentra argumentos en la idea de que toda proyección anterior fue errónea, fracasó, no se ha visto constatada por la realidad; los hechos variaron respecto a las previsiones que se hicieron en 1995,
que se hicieron en el 2000, y de todo esto algunos extraen lo que mi grupo juzga como una atrabiliaria conclusión, y es que el sistema es sostenible porque se ha sostenido antes, y que como eso ha ocurrido, volverá a ocurrir. Ya conocen ustedes la
anécdota del barón de Münchhausen que se sacó a sí mismo del pantano en que había caído tirándose de sus cabellos hacia arriba. Bueno, el sistema de pensiones hará lo mismo, se sostendrá porque se ha sostenido. Ese es el argumento circular sobre
el que algunos sostienen la inconveniencia de acometer reformas relevantes en estos momentos en que todavía tenemos un margen de maniobra.



Usted lo ha señalado, los ciudadanos trabajan menos años, hay menos ciudadanos trabajando de lo que nuestro país estaría en condiciones de plantearse, los ciudadanos ganan esperanza de vida, pero todo ello en vida inactiva, y los años que
ganamos en esperaza de vida lo hacemos ya claramente de forma inactiva. Las pensiones son cada día más, son más altas, sustancialmente más altas, están evolucionando mensualmente del orden del 5 por ciento más en tasa interanual que el año pasado,
y van a tener que pagarse por más tiempo. Y la coincidencia curiosamente es casi total -hoy hemos tenido otro experto que le ha antecedido en su intervención-, en el ámbito académico y en el ámbito económico. Es probablemente la política la que no
presta atención, suficiente atención a esta cuestión, y la que arguye en algunos casos que


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siempre se encontrarán recursos en el futuro para hacer frente al incremento del gasto, recursos que vendrán por la vía de un crecimiento siempre al alza de los impuestos o incurrir en nuevos componentes de déficit, de deuda, como si esos
recursos cayeran del cielo por el mero hecho se ser necesarios. Esto es puro voluntarismo que niega la realidad económica de que las sociedades que envejecen, como la nuestra, van a tener que enfrentarse seriamente, muy seriamente a estos
problemas.



Yo no comparto con usted el optimismo con el que analiza los efectos de la crisis por la que estamos atravesando. Ciertamente el efecto demoledor en este último año ha hecho que retrocedamos casi cinco años en los avances que se habían
producido en la afiliación a la Seguridad Social, y que estemos prácticamente en los mismos indicadores que estábamos en el año 2005. Tampoco creo que el superávit con el que la Seguridad Social circula en estos momentos se vaya a sostener
demasiado tiempo más.
Podríamos coincidir en que ese superávit se mantenga este año y también en alguna medida el año que viene. De cualquier forma, eso supondría que ese equilibrio conllevaría que al Fondo de Reserva ya no se pudieran incorporar
más recursos, probablemente ya ni siquiera este año 2009 y por supuesto no en el año 2010, y esto significaría que ocurriría cinco años antes de lo que previeron las proyecciones del Gobierno y del ministerio en el año 2005, y nada menos que una
década antes de lo que han previsto las proyecciones del Gobierno en el año 2008. Es decir, estaríamos ante una desviación no menor, sino espectacular de las previsiones que confirmarían que los problemas económicos del sistema se anticipan
notablemente, y quizá mucho más que en ese 2020 en el que usted señala el momento en que nos enfrentaríamos a esa situación. El inicio del déficit en términos contundentes mucho antes de lo previsto y el agotamiento del Fondo de Reserva también
unos cuantos años antes de los previsto, han agotado el margen de maniobra con el que podíamos jugar, y que ahora sí que tenemos que tomar el toro por los cuernos y enfrentarnos con seriedad a una cuestión, y es que la crisis económica sí ha
reducido sustancialmente nuestra capacidad de maniobra como país, y negarlo en estos momentos sería una mala aportación a la sostenibilidad futura del sistema.



Puede resultar que el escenario no se cumpla, en todo caso que la evolución sea mejor, pero también podría ocurrir que, a diferencia de lo que pasó en 1995 o de lo que ha pasado en el 2000, el escenario empeore, porque las proyecciones no
siempre se equivocan a mejor, como ha ocurrido. Nosotros hemos tenido muchos boom en este país. Hemos tenido un baby boom, que sin duda ha sido positivo en un determinado momento de nuestra vida económica y social; hemos tenido un inmiboom, un
boom de inmigrantes, que también ha sido positivo en un momento relevante de nuestra situación económica y social, y vamos a tener un oldboom, es decir, vamos a tener un boom de las personas mayores cuando se empiecen a jubilar precisamente las
cohortes más numerosas de población en nuestra historia reciente; y eso no podemos desconocerlo y no podemos enfrentarnos con paños calientes o con ese negacionismo de que al final todo se resolverá porque se ha resuelto antes, y por lo tanto no
tenemos nada que hacer.



Hay elementos en su intervención que nos interesan especialmente. El debate sobre la edad de jubilación es un debate que está ahí. Estamos manejando unas cifras sobre la edad de jubilación real de nuestra población que no están reflejando
el hecho objetivo de que están siendo expulsados anticipadamente, vía expedientes de regulación de empleo, vía recurso a las jubilaciones anticipadas, numerosísimos trabajadores en estos momentos en nuestro país, que probablemente las estadísticas
que manejamos tengan un retardo muy significativo y que hayamos retrocedido en cuanto a las conquistas en edad de jubilación. Parece bastante lógico que nuestro país apueste por la prolongación voluntaria, al menos en su comienzo, de la vida
laboral. El asunto es cómo, es decir, mediante qué incentivos. Y yo le preguntaría si tiene alguna sugerencia concreta sobre las fórmulas a las que podemos apelar para incentivar esa prolongación de la vida laboral de nuestros ciudadanos. Aquí se
ha hablado de los incrementos de la pensión como un elemento incentivador. No parece que estén siendo importantes, ni mucho menos, esos incentivos hasta el punto de cambiar la tendencia de nuestros ciudadanos. Se ha hablado también de estímulos
fiscales. En todo caso, tenemos que construir nuevos elementos, nuevos argumentos que incentiven a nuestros ciudadanos a la continuidad en la vida laboral.



Comparto absolutamente sus últimas reflexiones en el sentido de que en este Pacto de Toledo sí resultaría, y resulta, oportuno llamar la atención sobre la necesidad de cambiar la cultura empresarial en nuestro país, porque hemos de gestionar
probablemente con mucho mayor acierto el factor edad en nuestras empresas, en nuestro mercado de trabajo. Desde luego estimulando la idea de que envejecimiento y productividad no son incompatibles, sino todo lo contrario, de que el envejecimiento
de la población activa también puede estimular la capacidad de innovación en nuestras empresas en lugar de disminuirla, pero hacen falta políticas decididas en esa dirección que todavía no estamos tomando significativamente. Me gustaría conocer su
opinión sobre qué elementos, si en la negociación colectiva o en otros ámbitos, incluso en el ámbito de las bonificaciones sociales, se podrían incorporar a nuestro sistema para permitir esa gestión más adecuada desde el punto de vista del desgaste
físico, el cansancio acumulado de la vida laboral, la higiene, la salud en el trabajo, las carreras profesionales en las empresas que permitieran ayudar a esa continuidad de nuestros trabajadores de mayor edad.



El segundo de los temas que ha citado, aumentar el esfuerzo contributivo, es decir, pagar más o ahorrar más y mejor, es sin duda uno de los elemento de debate en estos momentos. No parece que haya una coincidencia,


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siquiera significativa, en la idea de pensar en un aumento de las cotizaciones, que ya de por sí son muy importantes en nuestro país, y que precisamente si por algún sitio va el debate es por el lado de reducirlas y no de incrementarlas o de
aumentarlas. En el Partido Popular creemos que lo relevante no es tanto un debate sobre la reducción de las cotizaciones sociales, como que se avance mucho más en los elementos de contributividad y de cotización efectiva de nuestro sistema de
Seguridad Social. Y ahí le preguntaría, ¿cómo considera los períodos de cálculo que en este momento se realizan para la pensión, los últimos quince años son los que toman en cuenta, cuál es su opinión? La nuestra es que contemplar tan solo los
últimos quince años para el cálculo de la pensión significa que da igual la cantidad cotizada durante la mayor parte de la vida de un trabajador, que no se valora el esfuerzo realizado, porque ya no es verdad que las mejores retribuciones
correspondan a los últimos años de la vida laboral. Y si no es verdad para todos, no hay que seguir primando desequilibradamente unas carreras y no otras. Esa cantidad se retiene a fondo perdido y no se tiene en cuenta que la cantidad en concepto
de cotización es muy elevada respecto al total del salario, y que además se efectúa desde el mismo momento de la contratación; es decir, que no se tiene en cuenta que hay trabajadores jóvenes que acaban de acceder a su primer empleo en condiciones
no demasiado bien retribuidas, que tienen necesidad de recursos para adquirir una vivienda, para crear una familia, para adquirir incluso un vehículo; sin embargo, se les plantea una exigencia de cotización muy elevada, casi un tercio de su
salario, sin atender a ninguna consideración ni familiar ni personal ni de ningún tipo. ¿Cuál es su idea sobre el hecho de que en este país se estén desarrollando políticas de incrementos de las pensiones mínimas con cargo a la Seguridad Social por
encima del IPC, y que supone claramente que se prima más a quien menos ha cotizado, y que se detraen recursos no de la solidaridad general, que si así se decidiese por el conjunto de la sociedad sería perfectamente admisible y que nosotros
defendemos, sino de las cotizaciones efectuadas por una parte de la población? Estas subidas acaban equiparando esfuerzos de cotización en la parte baja del sistema, favoreciendo siempre a los que menos han cotizado, y no siempre por imposibilidad
de cotización.



Hacerlo con cargo a impuestos supondría un mayor control social, en la medida en que su coste de oportunidad respecto a otras medidas al menos estaría sometido al escrutinio general de la población. Hay que recordar que la legislación de
Seguridad Social solo ampara la revalorización automática, y que las subidas por encima del IPC con cargo a los recursos de la Seguridad Social, suponen simple y llanamente detraer fondos de unos pensionistas presentes o futuros para atender
necesidades de otros pensionistas que no han cotizado lo suficiente o lo han hecho por las cuantías mínimas. Me gustaría conocer su impresión sobre si antes de hablar de mayores incrementos en la cotización no sería oportuno recorrer todavía un
amplio camino en la vía de la equidad -el anterior compareciente ponían énfasis en esa cuestión- en un sistema en el que todavía la contributividad no está suficientemente respaldada por los hechos, y todavía la cotización efectiva dista mucho de
ser planteada como uno de los elementos clave del futuro del sistema. Antes de ajustar prestaciones o antes de hablar de posibles incrementos en las cotizaciones o en las aportaciones de los ciudadanos, que entendemos ya son bastante importantes en
estos momentos, cabría recorrer, al menos en este momento concreto de la situación del Pacto de Toledo y de nuestro sistema de pensiones, un amplio camino en esa mejora de la contributividad y de la cotización efectiva, en la que hay otros muchos
elementos que no cito por falta de tiempo, pero que nos preocupan. Por ejemplo, que en esa solidaridad que se hace de unos pensionistas con otros no estén participando millones de españoles que tienen un régimen de protección diferente al de la
Seguridad Social, por ejemplo, el de las clases pasivas o los colegios profesionales; ellos no contribuyen a la solidaridad que implica la subida de pensiones mínimas con cargo a los recursos de la Seguridad Social. Esto nos parece un concepto
absolutamente viciado de la solidaridad, y es oportuno que en este momento hablemos de estas cuestiones como elementos que ayuden a ganar legitimidad social a nuestro sistema de pensiones, a facilitar que los ciudadanos valoren que su esfuerzo de
cotización tiene un mejor reflejo en las prestaciones que van a recibir y que, de alguna manera, contribuyan a incrementar los índices de equidad y de solidaridad auténtica en nuestro sistema de pensiones.



El señor PRESIDENTE: ¿Vas a contestar ahora a los dos? Como tú lo veas.
(Pausa.)


Tiene la palabra el señor Herce. (El señor vicepresidente, Montalbán Goicoechea, ocupa la Presidencia.)


El señor DIRECTOR DE ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (Herce San Miguel): Voy a responder al señor Burgos. Efectivamente hay muchos detalles que me he dejado. Empezaría por aludir a lo del optimismo con el que he presentado los
efectos de la crisis sobre el sistema de pensiones.
En realidad he querido hacer mención al efecto más inmediato que seguramente está en la mente de todos, las consecuencias sobre el superávit del sistema. El superávit podría desaparecer el año
que viene, como me he ocupado de argumentar, a nada que las condiciones se recrudecieran en términos de salida de la crisis. Si no vemos una salida clara de la crisis el año de viene, y hay probabilidades de que esto suceda así, entonces el
superávit habrá desaparecido y podría emerger un déficit en el sistema de pensiones en 2010. No desde luego, en mi opinión, por lo que ya hemos visto y lo que infiero que puede suceder en lo que queda del presente año, en este mismo 2009. Pero es
verdad, no he aludido a ello.



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Sobre esta mordedura que la crisis está representando en la base de afiliaciones del sistema, y que no ha terminado de perfilarse en toda su gravedad, para que el empleo crezca necesitamos que el PIB lo haga a ritmos de 1,5 por ciento
aproximadamente en la economía española, y eso no lo vamos a ver este año desde luego, tampoco lo vamos a ver el que viene, esperamos verlos en el 2011. Si el PIB no crece lo suficiente seguiremos teniendo una base de cotizaciones tan débil como la
que haya quedado en el año que viene, y eso de nuevo será tiempo perdido en el sentido de que si hace tres o cuatro años pensábamos que los primeros déficit estructurales de la Seguridad Social podrían aparecer en 2025 aproximadamente, ahora
aparecerán en 2020, y puede que un poco antes como he mostrado anteriormente. Es cierto que esta crisis, como todas, pero esta también, va a hacer que los deterioros estructurales del sistema se manifiesten con antelación, y si en pleno auge
económico nos parecía que era tiempo de empezar a hacer reformas de cierto calado en la Seguridad Social, cómo no nos lo va a parecer ahora cuando se adelanta el problema como consecuencia de la crisis. Pero básicamente las perspectivas a largo
plazo, que es en lo que quizá me he esmerado más en mencionar, siguen siendo tan malas como eran, pero es verdad que perdemos tiempo precioso, margen de maniobra, cada vez que se produce una crisis tan intensa como otra.



Comenta el señor Burgos que de las medidas que he propuesto la del retraso de la edad de jubilación le parece especialmente relevante. Es una medida de amplísima enjundia, de consecuencias en muchos órdenes, no solamente en el económico,
también en el de los estilos de vida, en el de la organización de la vida familiar y en el ámbito laboral. Ninguna de las medidas que se adopten, y esta en particular, tienen que representar mayores costes para el sistema; es decir, pueden
representar costes, pero tienen que representar unos beneficios mayores. Si no, estaríamos haciendo un pan con unas tortas, no merecería la pena el esfuerzo ni la pólvora que vamos a gastar en diseñar medidas que al final dejan al sistema en peor
situación económica.



Incentivar la jubilación retrasada se puede hacer, siempre y cuando no conlleve mayores costes para el sistema, me refiero a costes netos; pero si tenemos que hacerlo de manera que demos un 8 por ciento más de pensión a cada persona que
decida retrasar un año su jubilación, me temo que entonces saldríamos perdiendo. Y en ese momento, conseguir que la gente esté hasta los 67 años trabajando nos saldría extraordinariamente caro.
Tenemos que conseguirlo por otras vías. Primero,
creando entornos de trabajo diferentes a los que tenemos. Las personas que decidan retrasar su jubilación, que decidan seguir trabajando, no solamente tienen que llevarse una pequeña bonificación que no deteriore las cuentas del sistema y que
traiga cuenta en términos económicos, sino que además tienen que llevarse un dividendo en forma de mayor bienestar laboral. No podemos pedir a personas que están exhaustas a sus 65 años que sigan trabajando, no lo harán por más que les demos
incentivos económicos, salvo que sean, como digo, desproporcionados, en cuyo caso no nos traería cuenta. De esto se puede hablar en la negociación colectiva, se pueden dar incentivos, pero sobre todo es una cuestión de debate social, es una
cuestión de innovar. También la negociación colectiva tiene bastantes problemas para gestionar los asuntos que ya gestiona en un marco excesivamente centralizado y poco coordinado. Habría que tener cuidado con lastrarla con nuevos cometidos
mientras no hayamos dado con un sistema de negociación colectiva más eficiente. Pero hay otros ámbitos, la Comisión no permanente del Pacto de Toledo puede generar reflexiones relevantes y relativamente vinculantes sobre esa cuestión que pasarían
luego a debatirse y a instrumentarse mediante un cierto grado de experimentación. Esas cosas hay que probarlas antes de generalizarlas; seguramente encontraríamos muchos cómplices en grandes, pequeñas y medianas empresas de nuestro país de
significada reputación para iniciar experimentos de este tipo. Algunas entidades financieras están ya planteando vidas laborales más flexibles. Probablemente, concentrándonos en la edades más avanzadas de la vida activa pudiéramos diseñar filiales
de estas empresas donde el tipo de negocio fuera diferente, la actividad que se pida a los empleados fuera diferente, la formación de esos empleados fuera diferente, no sin antes haberles hecho pasar por un circuito de recualificación debidamente
diseñado, que nos costará también recursos. Hay que ilusionar a la gente no solamente con un pequeño incentivo económico, que tendrá que estar presente, que ya lo está en alguna medida pero que no está funcionando de manera clamorosa; hay que
ilusionar también con incentivos para que se sientan productivos, se sientan útiles, sientan que esas actividades sí son asequibles a sus condiciones de edad; por lo tanto, aquí tenemos un margen amplio pero hemos reflexionado poco sobre ello.



Hablaba de las cotizaciones y me pedía mi opinión. Creo que no hay que tocar las cotizaciones ni hacia arriba ni hacia abajo en este momento.
Algunos colegas han propuesto que se bajen las cotizaciones de forma radical durante un cierto
tiempo transitorio para estimular el empleo. No creo que en esta crisis podamos estimular el empleo bajando las cotizaciones porque el problema es de demanda y el problema es crediticio. Yo he sido siempre muy conservador respecto al tema de las
cotizaciones, ni siquiera hay que subirlas, estoy de acuerdo. ¿Pero cómo hacemos entonces ese mayor esfuerzo para proveer para una vida de jubilación más larga? Está el ahorro privado, que se puede organizar en esquemas como los que ya hemos
desarrollado, pero que seguramente habría completar, desarrollar adicionalmente, proteger mejor, porque una de las consecuencias de esta crisis es que se ha instalado la desconfianza entre la ciudadanía respecto a lo que el sistema financiero está
en condiciones de aportar en esta materia también. No podemos permitirnos el lujo de que una crisis que se ha


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iniciado por lo financiero tan descomunal como esta acabe quemando todos los esfuerzos realizados y los que nos quedan por realizar para compatibilizar mejor el ahorro privado con los intereses de los futuros pensionistas. Tenemos que
encontrar mejores herramientas más baratas para movilizar los patrimonios de los ciudadanos que puedan ser aplicados, en la proporción que deban serlo, a la jubilación y a la dependencia.
Estamos obligados a ello. La movilización de todos esos
patrimonios inmobiliarios, lo que podríamos llamar una desamortización inmobiliaria en España tendría que hacerse con cuidado pero con herramientas mucho más finas que las existentes, que tienen poco éxito porque son caras, y son caras porque no
contemplan adecuadamente la cobertura de ese riesgo de longevidad que, como decía antes, no es compensable. No hay ninguna compañía privada que a una prima razonable se atreva a asegurar ese riesgo y, por lo tanto, el aseguramiento tiene que ser
compulsivo, público, llamémoslo como queramos, pero la gente tiene que participar. No le va a salir gratis esa comida y tiene que participar aportando recursos o patrimonios adicionales. No hay vuelta atrás, no hay vuelta de hoja en ese sentido y
la cuestión es cómo combinamos los sistemas públicos y privados en un sistema mixto inteligente que para mí sigue siendo la opción a favorecer.



Dice usted que en vez de aumentar las cotizaciones podríamos aumentar la contributividad. Claro, eso nos sitúa en la otra pata que yo mencionaba: reducir las prestaciones. Aumentar la contributividad, no nos engañemos, en definitiva
significa reducir las prestaciones. Si estamos haciendo que el periodo de cómputo pase a los veinticinco años o a toda la vida laboral, estamos haciendo que bajen las pensiones, que se calculan sobre una base reguladora calculada sobre un período
de cómputo más largo. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo y lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a decir ahora aquí, quince años me parecen muy pocos, quince años me parece que todavía fomentan lo que antes llamábamos la compra de pensiones.
La verdadera reforma de la Seguridad Social, la verdadera intensidad de una reforma de la Seguridad Social solo se ha hecho en este país, en mi opinión, en una ocasión, que fue la Ley del año 1985, cuando pasaron el período de computo de dos a siete
años, y luego de los siete a los quince actuales. De dos a siete supuso que mucha personas, efectivamente, tuviesen que cotizar más, porque cotizaban por la mínima y luego se las ingeniaban, cosa que por lo visto era muy fácil entonces, para
fabricar una situación en la cual los dos últimos años de cotización fueran por la base máxima, con lo cual se llevaban la mejor pensión del sistema a cambio de cotizaciones insignificantes. Hoy ni siquiera con quince años estamos recogiendo los
frutos de esa carrera de cotización, pero en cuando pasamos de los veinticinco y no digamos a los treinta y cinco o a toda la vida de cotización, descendemos ya por el tramo decreciente de la curva de salarios y entonces la base reguladora
forzosamente tendrá que ser menor. Si como consecuencia de aumentar el periodo de cómputo aumentasen las pensiones, de nuevo habríamos hecho un pan con unas tortas y yo desde luego no lo recomendaría, pero sí recomiendo que pasemos a los
veinticinco o a los treinta y cinco porque, primero, me parece más justo, me parece más realista, y a las personas que se socializasen en esta lógica de cotizaciones, estoy pensando en los trabajadores cuya edad es inferior en estos momentos a los
45 años, también les daría margen suficiente para poder acumular para su pensión.



El mundo va a ser muy diferente de lo que ha sido hasta ahora.
Probablemente en estos momentos se estén jubilando las personas en las mejores condiciones posibles de nuestro sistema de pensiones. Me refiero a treinta y cinco años de
cotización, quince últimos años del período de cómputo, cien por cien de esa base reguladora con un puntaje por año cotizado que es mayor en los primeros años que en los últimos, con lo cual los anima a trabajar más, en fin, yo creo que estas
condiciones van a durar muy pocos años en nuestro país y hay que admitirlo y hay que prepararse para ello, las jóvenes generaciones de trabajadores tienen que socializarse, la escuela a la que vayan tiene que empezar a contarles esta lección; si
no, nunca conseguiremos superar el bloqueo social del debate que tenemos en estos momentos. Hay personas que opinan cuando a ellas nos les va a afectar lo que se haga en absoluto y no veo por qué deberíamos de tener en cuenta esa opinión.
Solamente la opinión de aquellos que van a resultar perjudicados debería ser la que contara.
Prefiero hablar de economía política que no de política económica como harían los economistas clásicos.



Pensiones mínimas y solidaridad, estoy de acuerdo, convendría sacar todos los mecanismos de redistribución del mecanismo de financiación mediante cotizaciones para hacer el sistema más contributivo y transferirlo al sistema de imposición
general y discutirlo en cualquier caso en las instancias oportunas cada año. Yo creo que las pensiones tienen que estar estrechamente ligadas a las cotizaciones, pero fíjense ustedes que nuestra fórmula actual de cálculo de las pensiones en
absoluto tiene en cuenta el esfuerzo contributivo. Las pensiones se otorgan en función de la edad a la que uno se jubila y en función de las bases de cotización por las que se ha cotizado los últimos quince años y en función del número de años que
se ha estado cotizando. Si el tipo de cotización fuera del 10 por ciento en vez de ser del 28,3, la fórmula de pensiones de nuestro sistema daría exactamente la misma pensión que si el tipo de cotización fuese el 28 o el 58. La pensión no cambia
en absoluto mientras se tengan 65 años, se haya cumplido treinta y cinco años cotizando y se haya cotizado por esas bases; aunque el tipo de cotización puede ir de cero a cien, la pensión no variaría. Si eso es contributividad, que venga Dios y lo
vea. Yo francamente creo que no es contributividad y estamos todavía muy lejos de una contributividad adecuada.



Clases pasivas y colegios profesionales. Por entrar en lo segundo, no veo por qué las pensiones de los colegios profesionales, que se han pagado aparte del régimen


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general y demás, segregadas perfectamente, tengan que pasar a ser de disposición colectiva, pero es cierto que el régimen de clases pasivas, en el que ahora mismo no llegan al millón de cotizantes y un poco más de medio millón de
pensionistas, que es un régimen que subsiste ahí, dentro de unos colectivos muy ceñidos y que no va a aumentar precisamente en los próximos años, sin embargo está pagando pensiones bastante más elevadas que las del régimen general para cotizaciones
menores incluso. Estaría bien que esto se equiparase en aras de esa cohesión, precisamente porque las pensiones de clases pasivas sí son alternativas, son sustitutivas de las del régimen general; o se pertenece al régimen especial, que en
definitiva es un régimen especial, aunque no lo tengamos así considerado, de clases pasivas, o se pertenece al régimen general o a otro régimen especial.



El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Ahora tiene la palabra la representante del Grupo Socialista, María José Sánchez Rubio.



La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señor Herce, muchas gracias por su comparecencia, que ha sido muy clara y, bajo mi punto de vista, ha aportado información muy interesante para el debate que tenemos en la Comisión de evaluación y seguimiento del
Pacto de Toledo. Quiero destacar en primer lugar la importancia de este debate del sistema público de pensiones, del sistema de Seguridad Social en esta Comisión, que coincide en el tiempo con una situación de crisis económica global, pero que
tocaba, puesto que en 2003 se evalúo, salieron las recomendaciones, y estamos ahora, a los cinco años, trabajando, nuevamente evaluando y posiblemente haremos nuevos recomendaciones que irán en la línea de hacer un sistema más adecuado,
proteccionista y ya sostenible. Eso es muy complicado, planteado así, pero es lo que pretendemos desde el Grupo Socialista.



Comentaba antes el portavoz del Grupo Popular que se resolverá porque se resolvió antes. Yo creo que se resolverá porque se adoptarán medidas como se adoptaron anteriormente para que eso sea factible y se puedan cumplir los objetivos que
tenemos previstos, no solamente desde el punto de vista de hacer el sistema competitivo desde la cobertura de protección social.
A mí sí me preocupa y nos ha preocupado que haya coincidido la evaluación y el seguimiento del pacto en estos cinco
años con una situación de crisis, porque tenemos que hacer un esfuerzo, y creo que lo tenemos que hacer todos los grupos, para que no se haga con una visión de recorte de prestaciones y de protección social. Realmente la alarma que se produce en
una situación de crisis, fundamentalmente en un sistema como el nuestro, vinculado a las afiliaciones y a las altas en Seguridad Social, puede dar lugar a que se tenga la tentación de introducir un elemento de recorte en protección que nosotros,
desde el Grupo Socialista, no estamos dispuestos a hacer, y tenemos que hacerlo sostenible, razonable, pero lo vamos a hacer protegiendo a los trabajadores y las trabajadoras y lo vamos a hacer además en el marco de la concertación social, pronto
ya.
Para nosotros es muy importante la comparecencia que han tenido aquí los sindicatos y que han ido teniendo los representantes del sector empresarial para saber su opinión en esta materia.



Debo destacar precisamente de su aportación el esfuerzo que ha hecho, a pesar de que a preguntas del representante del Grupo Popular después lo ha matizado, por abstraerse de la situación, porque creo que el medio y el largo plazo es en lo
que nosotros estamos ahora trabajando fundamentalmente. Me parece muy importante que en una situación de crisis, quizás este año 2009 como la zona más álgida de la crisis, vayamos a terminar con un superávit quizá superior a los 7.000 millones de
euros. Me parece también muy importante que un fondo de reserva que estaba en torno a los 13.000 millones cuando nosotros tomamos la responsabilidad de gobernar en 2004 esté ahora mismo en 57.200 y algo millones de euros, que nos permite también un
margen razonable para abordar el tema con ecuanimidad, que creo que es esencial. Pese a los componentes de demagogia que puedan en algún momento aparecer y de un uso inadecuado en esta Comisión de alarmar a los pensionistas actuales y a los
inminentes pensionistas -entre lo que yo me puedo encontrar, porque ha puesto usted el tope en 50 y yo también estaría en este tope-, creo que podemos afrontar la situación con cierta preocupación, pero no con el agobio de pensar que va a haber un
crac en el sistema de pensiones, en el sistema público de Seguridad Social, entre otras cosas, porque aquí todos los grupos, creo que lo hemos venido manifestando, somos conscientes y además estamos por la labor de que eso no ocurra tampoco a medio
y largo plazo. Por lo tanto, ahí, bien.



Usted ha planteado una ratio en torno al 2 por ciento de sostenibilidad de afiliados a la Seguridad Social para mantener a pasivos. En el mejor de los momentos, en la época de gobierno del Grupo Popular, estuvo en 2,4.
En estos momentos de
situación también de crisis, estamos en 2,69, contando, como se contaba entonces, a los trabajadores más los que cotizan a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Por lo tanto, es una cosa razonable que por supuesto no nos tiene que hacer
que bajemos la guardia sino todo lo contrario, que veamos cómo abordar en el futuro el sistema para que siga siendo sostenible y cubra lo que nosotros queremos, un sistema de protección social amplio, como debe ser.



¿Hasta qué punto no ve usted razonable el hecho de que nosotros hayamos intentando compensar en este tiempo que llevamos de Gobierno del Partido Socialista el incremento de las pensiones mínimas por encima del IPC, para compensar lo que fue
un parón en ese incremento, porque las pensiones tienen que ser de subsistencia como mínimo, y todos tenemos que reconocer que las pensiones son muy bajas y de hecho las pensiones mínimas del sistema son bajas, y algún sistema hay que buscar para
compensar eso a los pensionistas actuales,


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tanto de viudedad como de jubilación como de invalidez en todos sus grados y de orfandad? No tenemos más remedio que hacerlo. ¿Cómo se puede hacer para que eso no suponga un costo excesivo para las cuentas de la Seguridad Social? Pues
llevando al máximo de sus posibilidades la separación de fuentes de financiación, que era una recomendación del Pacto de Toledo, y es fundamental incidir e insistir en esa diversificación en las fuentes de financiación para cubrir los mínimos,
porque creemos que es de justicia. Eso no significa que no se reconozca la aportación que las personas hacen, que también se tiene que recoger en sus pensiones, pero creo que el Estado, el Partido Socialista, el Grupo Socialista tienen un
compromiso con las personas que tienen más dificultades, y realmente hoy no tenemos más pobres, por decirlo de alguna forma, porque las pensiones se van equilibrando. No obstante, las pensiones son bajas y creo que pocas personas podrán decir que
se puede subsistir con una de 600 ó 700 euros desde que tengas que pagar alquiler y todas las cosas que sabemos que la vida de una persona tiene en gastos.
Nosotros eso lo tenemos que compensar y equilibrar como sea.



Por otra parte, las previsiones en cuanto a los movimientos demográficos siempre nos dejan un poco expectantes, porque ha habido mucho cambio.
Cuando entre 2001 y 2003 por los que estaban aquí en aquel momento -yo no estaba- se evaluó el
pacto y se estuvo debatiendo, las previsiones demográficas se alteraron completamente con la entrada de trabajadores inmigrantes, y ahora en la demografía de nuestro país, el incremento que ha habido en la natalidad y demás también tiene que ver con
eso. ¿Va a haber un cambio? Dependerá de cómo evolucione también el tema económico.
Creo que en las previsiones tenemos que ponernos siempre en la peor a la hora de organizar nuestro sistema de pensiones, pero esperemos que no sea solo así el
tema.



Aparte de que usted ya ha hablado de algunas de las medidas que entiende necesarias, ha hecho alusión al envejecimiento y a los temas que tienen que ver con la situación de dependencia de las personas mayores, que son un coste para el
sistema. Me ha parecido entender que usted hablaba de un sistema mixto como puede haber en Francia o de un sistema como pueda ser el seguro de cuidados que hay en Alemania, es decir donde se capitalizara de alguna forma la contingencia de
dependencia. Me ha parecido entender eso y le quería preguntar sobre este tema.



Quería que nos dijera hasta qué punto la concertación social, el acuerdo y el debate son importantes para un sistema como el nuestro, en que el estamos, por decirlo de alguna forma, permanentemente aprendiendo y evaluando de nuestra práctica
en materia de protección social y de pensiones del sistema público de Seguridad Social. Termino agradeciéndole su comparecencia, que bajo nuestro punto de vista ha representado un alivio en lo que supone esa permanente alarma, que creo que no
conviene al sistema ni ayuda tampoco a que se haga un revisión del mismo de forma adecuada y correcta para que sea sostenible en el futuro.



El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Tiene la palabra, señor Herce.



El señor DIRECTOR DE ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (Herce San Miguel): Me apresuro a decir que ustedes me dicen que soy muy optimista o muy pesimista. Obvio esto. Yo he presentado aquí, y me refiero ahora mismo a lo del déficit
del sistema, lo que mi mejor conocimiento de la dinámica previsible del mercado de trabajo en los próximos trimestres me aporta, mi mejor conocimiento del mercado de trabajo y mi mejor conocimiento del funcionamiento del sistema de Seguridad Social.
Escucho lo que ustedes me dicen y no tengo más remedio que recibirlo, digamos, pero no quisiera que me tomaran ni como un agorero ni como un tranquilizador. Yo simplemente me limito a decir lo que observo viendo mis propios análisis.



Un matiz sobre la ratio a la que me refería antes. Con la definición que utiliza el sistema y esa ratio del número de afiliados más parados que cotizan sobre el número de pensionistas, en cuanto baja de 2,5 -y aludía usted efectivamente a
que estamos en 2,6 aproximadamente en estos momentos-, el sistema bordea el déficit. La otra ratio es la no ajustada, es decir la ratio de afiliados a secas sobre pensiones, que es el número 2 al que me refería anteriormente. Pero lo ven ustedes
ahí en el gráfico perfectamente.



Me preguntaba por el incremento de las pensiones mínimas. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo en que se favorezca a las personas más desfavorecidas? Pero si lo hacemos aumentando todas las pensiones por encima del IPC o consolidando los
aumentos previamente concedidos cuando constatamos que el IPC, noviembre sobre noviembre, es menor, entonces estaremos contradiciéndonos con nuestras propias normas. Hay una norma que dice que las pensiones se actualizan con el IPC y que cuando la
actualización está por encima o por debajo del IPC, noviembre sobre noviembre, hay que realizar la compensación oportuna, cuando la actualización estuvo por debajo de IPC final; no sé cómo, pero la ley lo dice, habría que hacer la operación
contraria cuando la actualización quedó definitivamente por encima.



Los aumentos de las pensiones mínimas que estén más allá de lo que se acuerda para el conjunto de las pensiones, en mi opinión, deberían ser objeto de una financiación fuera del sistema de Seguridad Social, habría que diseñar un mecanismo
que hiciera esa compensación adicional para las pensiones más bajas pero fuera del sistema contributivo, radicalmente fuera. Todo el mundo tiene que saber que va a recibir una pensión lo más ligada posible a su esfuerzo contributivo y que si su
esfuerzo contributivo ha sido escaso -luego entraremos en por qué razones el esfuerzo contributivo puede ser escaso-, entonces su pensión no puede ser la misma que la de otra persona que haya tenido un mayor esfuerzo contributivo,


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porque esto lo saben muchas personas que cotizan por la base mínima sabiendo que luego les van a complementar la pensión que resulte de la fórmula, y estoy pensando en multitud de trabajadores autónomos a los que yo pregunto regularmente y
que me cuentan una evidencia anecdótica, pero que luego contrasto con los datos oficiales y me confirma lo que acabo de comentar. No podemos sembrar el sistema público de pensiones de incentivos perversos y la gente tiene que saber muy bien, los
cotizantes tienen que saber muy bien que dos y dos suman cuatro y que no va a haber alguien que los rescate dentro de unas décadas, si acaso hemos conseguido que uno más dos sumen tres pero queremos que sumen cuatro. Eso no debería ser posible.
Por eso me parece que hay que segregar muy bien cualquier otro tratamiento de solidaridad distributivo asociado a nuestro sistema de pensiones que queremos que sea fundamentalmente contributivo y si queremos que los mecanismos de solidaridad estén
sometidos a pruebas de ingresos. No tendría ningún sentido dar a personas que tienen mucho patrimonio pero poca renta una pensión más elevada y tampoco sería lo correcto hacer lo contrario, darles una pensión más elevada a quienes tienen mucha
renta y poco patrimonio. El tema no es sencillo, pero ciertamente hay que poder filtrar antes de adoptar medidas generalizadas, en mi opinión.



Las previsiones fallan, claro que sí, y puede suceder que haya de nuevo un boom inmigratorio, que tengamos otros seis o siete millones de afiliaciones en los próximos años. No lo creo, me parece que el fenómeno de inmigración que hemos
tenido es bastante irrepetible, pero en principio nada impediría que volviera a repetirse, aunque sea con probabilidad baja. Si eso es así, es cierto que de la misma forma que una crisis como la presente nos hace perder margen de maniobra para
resolver los problemas del largo plazo, una equivocación en las previsiones en este sentido de que hubiese más inmigración y más empleo del que nos parece que va a haber en el futuro nos haría ganar tiempo, pero no nos llamemos a engaño, los
inmigrantes cotizan y tienen derecho a un pensión, como es natural, que habrá que pagársela en su momento, faltaría más, estén donde estén, porque para eso tenemos los convenios multilaterales y bilaterales de Seguridad Social, desde luego en el
seno de la Unión Europea y luego con la inmensa mayoría de los países terceros, luego eso no hace más que retrasar el problema y agudizarlo adicionalmente, porque cada viajero que se sube al autobús de las pensiones recibe una prestación que vale
más que el billete que paga.



Vuelvo a la lógica individual a la que me refería en mi intervención. Me gustaría que si algún poso deja mi paso por esta Comisión no permanente fuera este, que el problema está grabado a fuego en el ciclo vital individual y que las
soluciones agregadas, por el hecho de que tenemos un sistema de reparto, solo pueden ser transitorias y además puede que sean más perjudiciales a largo plazo. Es lo que yo llamo el síndrome del tren de cercanías: cuantos más viajeros haya en el
tren de cercanías, mayor es el déficit de la compañía ferroviaria que opera ese sistema de transporte, porque el servicio vale más que lo que pagan los viajeros; cada uno de los viajeros está contribuyendo a que haya un déficit, aunque
transitoriamente nos lleguen muchas subvenciones por viajeros que esperan coger el tren dentro de unos años y que están pagando por anticipado su billete y digamos mira qué bien, metemos los ingresos de esos billetes que nos pagan por anticipado
para resolver el déficit de este año. Me gustaría de verdad que si algún poso hubiese de tener mi intervención esta mañana aquí, fuera precisamente la consideración de que el problema nace de la esencia del ciclo vital tan desequilibrado como el
que tenemos en estos momentos.



Muy brevemente sobre la dependencia, yo creo que efectivamente tendremos que poner muchos recursos para afrontar en condiciones adecuadas el problema de la dependencia a edades cada vez más avanzadas y de nuevo entiendo que un seguro privado
no resolvería el problema porque son riesgos no compensables y abiertos, es decir con mucha incertidumbre. La incertidumbre en realidad está decantada en el lado malo y es que sabemos que la gente cada vez vive más, con lo cual estoy convencido de
que lo mejor sería una combinación público-privada que hiciera que a partir de una cierta edad -esto no hay que confundirlo con las cotizaciones para las pensiones- las personas que ya han superado un cierto ciclo vital y que en el futuro
verosímilmente abordarán una situación de dependencia pudieran ir capitalizando mediante contribuciones públicas obligatorias -capitalizando, no un sistema de reparto- con vistas a su situación de dependencia. Esta capitalización puede ser por
primas regulares, asimilables a cotizaciones, no desde luego sobre la nómina salarial, o puede ser mediante una prima única en una edad determinada, antes del momento de la dependencia verosímil, contra el patrimonio, por ejemplo, a través de un
mecanismo de reversión de patrimonios, que las técnicas de seguros tienen suficientemente desarrollado, pero que como decía es caro e ineficiente porque tenemos un riesgo que el sector privado nunca podrá domeñar, que es un riesgo no compensable.
El seguro obligatorio de automóviles, que con todo es obligatorio, es un riesgo compensable porque hay buenos y malos conductores. La longevidad nos afecta a todos, no hay personas que vivan más y personas que vivan menos, todo el mundo vive más, y
eso es lo que hace que este riesgo sea un riesgo muy caro de cubrir sobre una base de participación voluntaria estrictamente privada.



Finalmente, por referirme a la cuestión de la concertación social y el debate, yo creo que no hay más remedio, es lo que hemos venido haciendo todos estos años. De nuevo las instituciones de concertación social que tenemos en nuestro país
nos han servido muy bien, han servido a la sociedad y a la democracia también, no se me escapa en absoluto esa vertiente política, pero yo creo que las instancias de concertación que necesitamos en adelante tienen que renovarse, tiene que ser un
diálogo


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social más propio del siglo XXI que del siglo XX; los retos son muy diferentes a los que teníamos antes, y yo creo que hay que hacer mucha pedagogía para que, por dura que sea esa concertación social, por extremas que sean las posiciones
que ponemos encima de la mesa, los consensos sean activos y de verdad protejan a las personas que tienen que proteger, no solamente a los más débiles, que obviamente ya cuentan con otros mecanismos de solidaridad, sino a las personas que confían su
esfuerzo de cotización, su esfuerzo de ahorro a una institución pública que tiene que devolverles con las reglas debidamente establecidas y coherentes, la seguridad para el futuro, tanto en materia de jubilación estricta como en materia de
dependencia también si finalmente llegáramos a hacer mecanismos de este tipo. Gracias por sus observaciones.



El señor VICEPRESIDENTE (Montalbán Goicoechea): Gracias a usted, señor Herce, por sus aportaciones, y así damos por finalizada la Comisión.



Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.