CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 29

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO FRANCISCO PRADAS TORRES

Sesión núm. 2

celebrada el miércoles,

16 de marzo de 2016

ORDEN DEL DÍA:


Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia para adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, de conformidad con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de
expediente 042/000001) ... (Página2)


Proposiciones no de ley:


- Sobre la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000089) ... (Página3)


- Sobre la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000231) ... (Página3)


- Sobre la corrección del sistema de financiación autonómica. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000097) ... (Página11)


- Relativa a los astilleros públicos de la ría de Ferrol. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000119) ... (Página18)


- Sobre la implantación del software libre en la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000169) ... (Página23)

Página 2

- Sobre la actualización del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000182) ... (Página27)


- Relativa a continuar con las bajadas de impuestos a autónomos y familias tan pronto se alcance un nivel de ingresos públicos del 38-39 % del PIB. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/000225) ... (Página31)


- Sobre la defensa de las diputaciones provinciales y municipios de menor tamaño. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000226) ... (Página37)


- Sobre la revisión de los objetivos de déficit entre la Administración central y las comunidades autónomas, para el ejercicio presupuestario 2016, según lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/2012 de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). (Número de expediente 161/000230) ... (Página42)


- Sobre medidas para la lucha contra el fraude fiscal en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000241) ... (Página49)


Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a esta primera sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Aunque tuvimos una primera sesión de constitución, hoy es la primera sesión con contenido que vamos a tener en la
presente legislatura. Pediría que me perdonéis los errores que pueda cometer hoy -por lo pronto no me acabo de enterar ni de cómo funciona el reloj-, al igual que yo os perdonaré a vosotros cualquier imprevisto que pueda surgir.


Como cuestión previa quisiera comentar que el otro día en la reunión de Mesa y portavoces, viendo el número importante de grupos que componen este año las Comisiones y el propio Pleno, acordamos que seríamos un poco más restrictivo en
relación con los tiempos. Yo sé que normalmente se necesita un tiempo de unos siete u ocho minutos para desarrollar una PNL, pero en la reunión del otro día decidimos que en lugar de ese tiempo fueran cinco minutos para defender la iniciativa y
tres minutos para las intervenciones de posicionamiento o defensa de enmienda. Aunque estos tiempos no son orientativos, deben servirnos como base a la hora de preparar las intervenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay un diputado que se
pasa de tiempo por medio minuto, no le voy a cortar la palabra. Sin embargo, les pediría que se preparasen las intervenciones de acuerdo al tiempo convenido que son cinco minutos. Así, conseguiremos ser más ágiles. Yo seré flexible en lo que
pueda y no voy a cortarle la palabra a nadie, pero sí les advertiré de que su tiempo se ha ido consumiendo. No voy a castigar la cadencia que cada uno tenga a la hora de leer esos cinco minutos que ha escrito en su casa o en el despacho.


Sin más, damos comienzo al orden del día que hoy tiene once puntos. La primera propuesta que quería hacer a la Comisión es que unifiquemos, si nadie tiene inconveniente, los puntos 2.º y 10.º, ya que tienen el mismo enunciado e incluso
algún grupo ya me ha pedido que se unificaran. Ambos puntos se refieren a la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. ¿Hay algún inconveniente? (Denegaciones). ¿De acuerdo? (Asentimiento). Por tanto,
que así conste.


DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA PARA ADOPTAR LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente 042/000001).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al 1.º punto del orden del día que se refiere a la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia para adoptar los acuerdos a los que se refiere el artículo 44 del Reglamento, de conformidad con la
Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Es una cuestión que vienen abordando todas las Comisiones y supone que sea la Mesa de la Comisión la que determine las comparecencias que se soliciten por parte de los grupos,
para no tener que venir a la Comisión a determinar en cada caso cada una de las comparecencias porque haría bastante

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engorroso este trámite. Si no hay ningún inconveniente se aprobará por asentimiento, tal como se acordó en la Mesa y portavoces. Si les parece, el señor letrado dará lectura a cómo quedaría redactada la delegación.


El señor LETRADO: La propuesta que se realiza es que la delegación se lleve a cabo de forma condicionada, de tal modo que si el rechazo de una solicitud de comparecencia por la Mesa no se produce por unanimidad, se entenderá que la Comisión
avoca la competencia para pronunciarse sobre la solicitud de comparecencia en cuestión.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguien desea intervenir? (Pausa). ¿Estáis todos de acuerdo? (Asentimiento). Que así conste. Aunque las votaciones se realizarán al final, recogemos ya el asentimiento para no tener que repetirla al final de la
sesión.


Dentro de un rato intentaré dar una previsión más aproximada, en función de cómo se vaya desarrollando, de cuándo terminaremos la Comisión. Yo calculo que no terminaremos después de la una, pero lo concretaré después para que nadie se pueda
ir todavía tranquilo hasta que avancemos un poco la sesión.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000089).


- SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000231).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a los puntos 2.º y 10.º del orden del día: proposiciones no de ley sobre la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. En este caso, vamos a debatir las propuestas
unificadas del Grupo Socialista y del Grupo Podemos.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera expresar mi satisfacción por tomar la palabra por primera vez como diputado aquí en el Congreso y precisamente hacerlo con una PNL del Grupo Podemos-En Comú
Podem-En Marea, que exige la derogación de Lrsal. Nuestro grupo parlamentario es un grupo eminentemente municipalista, nuestras candidaturas nacieron de las calles y las plazas, de movimientos ciudadanos y de formaciones políticas arraigadas
históricamente en el ámbito municipal y en la defensa del municipalismo. Hoy estamos en el Gobierno de ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, A Coruña, Ferrol o Cádiz que expresan ese municipalismo transformador y radicalmente democrático.


¿Por qué rechazamos radicalmente la Lrsal, que es el contenido fundamental de nuestra PNL? Porque forma parte de las contrarreformas aprobadas la pasada legislatura con mayoría absoluta del PP, como son la reforma laboral, la Lomce, la ley
mordaza, la modificación de la Ley General de Salud y, por supuesto, la madre de todas las contrarreformas, de la que emanan las políticas de austeridad, la devaluación salarial y los recortes sociales, que es la reforma del artículo 135 de la
Constitución y la Ley de estabilidad presupuestaria. Estos cuatro años negros del Gobierno del PP han cambiado la realidad social del país, con regresión social e involución democrática. La derecha no desaprovecha nunca una crisis para imponer su
programa con menos Estado, con una Administración pública reducida pero más centralizada. El PP quiere eso: una Administración pública debilitada, cuando no imposibilitada, para realizar políticas públicas que garanticen prestaciones y derechos
sociales. Si fuese por el PP, las comunidades autónomas serían una especie de grandes diputaciones y los ayuntamientos oficinas prestadoras de servicios.


En concreto, ¿por qué planteamos la derogación de esta ley? En primer lugar, porque es una ley antisocial, ya que el objetivo fundamental es el control de los ayuntamientos para limitar su autonomía, sus competencias y su capacidad
económica. Se elimina la posibilidad de que la Administración local ejerza competencias en sanidad, educación, servicios sociales, cuando son los ayuntamientos la primera

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trinchera para hacer frente con eficacia a la emergencia social y cuando han demostrado su capacidad de actuación para prevenir y afrontar las situaciones creadas por la crisis. Asimismo, planteamos su derogación porque la ley podría ser un
instrumento de apertura de nuevos espacios de negocio para empresas privadas en la gestión del agua, la energía, los residuos, la atención a las personas o la educación, porque tal y como dice el preámbulo de la ley uno de sus objetivos básicos es
favorecer la iniciativa privada para evitar intervenciones administrativas desproporcionadas.


En segundo lugar, es una ley antimunicipalista, recentralizadora y de baja capacidad democrática. Los ayuntamientos aparecen como brazos ejecutores del Estado, como si fueran entes autónomos dependientes del Estado, homogeneizando una
realidad territorial diversa y vulnerando el principio de subsidiaridad y el principio de autonomía local. Además, da dos golpes en uno, pues también ataca a las competencias autonómicas, especialmente a las previstas en los estatutos de nueva
generación como, por ejemplo, los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalucía, que establecen un núcleo de competencias propias que deben ser ejercidas con plena autonomía. Paradójicamente cuestiona la autonomía local, legitimada directamente
por la ciudadanía y pretende reforzar la autonomía provincial legitimada indirectamente.


En tercer lugar, es una ley hecha no con, sino contra los ayuntamientos. Eso sí, con esta ley consiguieron unir al municipalismo de todos los colores políticos, incluyendo a muchos alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, ya que más de
3.000 ayuntamientos de todo el Estado que representan 16 millones de ciudadanos y ciudadanas presentaron un conflicto de competencias, así como los recursos de inconstitucionalidad presentados por diferentes parlamentos autonómicos. El objetivo que
tenían era culpar, como hicieron con las comunidades autónomas, a los ayuntamientos del déficit y del endeudamiento, es decir, ponerlos bajo sospecha tal como han hecho con toda la Administración pública. Sin embargo, en el momento de aprobarse la
ley solo el 4,5 % de la deuda correspondía a los ayuntamientos y buena parte de esta pertenecía a los ayuntamientos gobernados por el PP, en este caso, el 40 % era del Ayuntamiento de Madrid. Es una reforma de carácter autoritario, un expolio de la
política municipal que nos devuelve a los ayuntamientos de finales del franquismo. No racionaliza porque tenemos los mismos ayuntamientos con menos autogobierno, pero las mismas diputaciones con más competencias.


En cuarto lugar, es una ley anacrónica que nos sitúa fuera del ámbito europeo. La Lrsal va en el sentido contrario de la mayoría de las reformas que se han impulsado en Europa de acuerdo con la Carta europea de la autonomía local, que va en
la línea de fortalecer los Gobierno locales y limitar los escalones intermedios como las diputaciones.


¿Qué proponemos? Primero, que el próximo Gobierno presente un proyecto de ley de derogación de la Lrsal elaborada, a diferencia de lo que hizo el Gobierno del PP, con diálogo y participación de los Gobiernos locales; segundo, presentar una
nueva Ley de régimen local que refuerce la autonomía local y reconozca las competencias autonómicas, y por último, presentar una nueva ley de finanzas locales para garantizar la autonomía y suficiencia financiera de los entes locales.


Para terminar, ¿cuál creemos que tiene que ser la orientación futura del municipalismo en el Estado español? Pues tiene que ser un municipalismo de la gente. ¿Saben quiénes son los grandes olvidados de esta ley? La gente y la ciudadanía.
La cuestión fundamental a la que hay que responder es si queremos que sean unos ayuntamientos que hagan política con autonomía para que tomen decisiones, en función de su realidad local, con capacidad de decidir o simplemente queremos unos
prestadores de unos determinados servicios y de unas políticas que provienen del poder central.


Termino. El municipalismo del que venimos es el que pretende repolitizar los ayuntamientos como espacios en los que la sociedad civil, la ciudadanía, pueda participar y tomar decisiones; como instrumentos que sirvan para dar respuesta a la
emergencia social, para generar bienestar en una sociedad con demandas complejas y diversas, para reducir desigualdades, para impulsar ciudades educadoras, para promover ciudades ecológicas y combatir el cambio climático, no como simples brazos
ejecutores del Estado como prestadores de servicios, y como instrumentos que sirvan para responder a las necesidades de la gente que precisamente es lo que esta ley no hace.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vendrell.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lastra.


La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, es para mí un inmenso honor y una gran responsabilidad defender esta proposición no de ley sobre la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, pues con

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ello no solo cumplimos desde el Grupo Socialista el compromiso adquirido, sino que ponemos voz al sentimiento del municipalismo español.


La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, vino a reformar la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, poniendo en jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país
durante los últimos treinta años. La ley aprobada por el Partido Popular priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como otras competencias como
sanidad, consumo, igualdad, políticas activas de empleo, etcétera. La ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y en especial de las entidades locales, al citar la estabilidad presupuestaria como
principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las administración públicas, en vez de situar la atención en los ciudadanos y la calidad en la prestación del servicios en el centro de su razón de ser.


Desde el principio el Grupo Parlamentario Socialista se opuso frontalmente a esta reforma porque ataca y daña a la raíz misma del Gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o la
privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. El objetivo de esta ley no era otro que traspasar los servicios locales a manos privadas, de forma que se ajustaran tasas y precios públicos para asegurar el lucro de empresas y
subidas tributarias a las familias. Uno de los principales ataques de la Lrsal al municipalismo es un cambio profundo en la organización del sistema público de los servicios sociales, que afecta al reparto y a la relevancia de la Administración
local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde resulta esencial la proximidad y la cercanía para la prestación de
los servicios.


Fíjense si era tal la barbaridad que se había aprobado que el propio señor Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, envió una circular a todos los ayuntamientos de España en la que se les decía que la aplicación de la ley,
aunque la ley especificase cosa distinta, se haría en diferido, o lo que es lo mismo, instando a los ayuntamientos a incumplir la disposición transitoria segunda de asunción por las comunidades autónomas de las competencias relativas a servicios
sociales. Esta fue la respuesta a la alarma y casi rebeldía generada en el seno de los ayuntamientos, comunidades autónomas y en la propia Asociación de Gerentes de Servicios Sociales, ya que se calculaba que cuando el 31 de diciembre entrase en
vigor la previsión de cesión de las competencias de servicios sociales municipales a las comunidades autónomas más de ocho millones y medio de ciudadanos se verían afectados. Con ello se crearía una situación crítica para la continuidad del sistema
público de servicios sociales en España, que se ha ido construyendo desde los años ochenta sobre la base del marco constitucional y de los Estatutos de Autonomía. En desarrollo del marco constitucional se ha ido consolidando el actual sistema
público de servicios sociales, basado en la cooperación entre administraciones y a su vez permite la aplicación del Plan concertado de servicios sociales.


Esta reforma quiebra la estructura ya consolidada y limita extraordinariamente las funciones de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social de los consistorios, con una mera evaluación e información de
situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, desnaturalizando por completo el sistema actual. Además, se lleva a cabo en un momento en un momento en que las cifras de pobreza en
España son cada día más dramáticas. En la actualidad una de cada cinco personas vive en nuestro país por debajo del umbral de la pobreza; un total de 2,8 millones de niños, el 33,8 % de la población menor de edad, está en riesgo de pobreza; la
tasa de cobertura por desempleo ha bajado hasta dejar desatendidas a la mitad de las personas en paro, mientras que tener un trabajo ya no garantiza salir de la pobreza en España. En un contexto como el actual es necesario potenciar los servicios a
los que la ciudadanía recurre, en primer lugar, para obtener información y atención social y laboral, pero paradójicamente el Gobierno del PP en su afán de reducir a mínimos la protección social ha consumado el desmantelamiento de la red pública de
servicios sociales de proximidad, con recortes presupuestarios -64 % en el plan concertado-, que además de dejar sin protección a miles de ciudadanos en plena crisis ha supuesto la destrucción de más de 10.000 puestos de trabajo en el sector público
local.


Asimismo, esta ley nacía supuestamente con un afán de clarificación competencial, de racionalización de la estructura local; nada más lejos, todo lo contrario. A este desbarajuste y desorden competencial se sumó un traspaso universal de
las competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a las diputaciones provinciales. Pero no solo queda ahí, sino que también todos los ayuntamientos, grandes y pequeños, tendrían que pasar las competencias en materia educativa y
sanitaria, además de las de

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servicios sociales a las que ya me he referido, es decir, toda la gestión municipal de facto desaparece. ¿Se imaginan a los alcaldes y alcaldesas españoles diciéndoles a sus vecinos que no son competentes para solucionar sus problemas y
enviándoles a otra Administración? ¿Se imaginan a un alcalde o alcaldesa diciéndole a una mujer víctima de violencia de género que no puede atender su problema? Nosotros desde luego no. Tampoco se lo imagina la Xunta de Galicia o el Gobierno de
Castilla y León que legislaron para blindar a sus ayuntamientos contra esta ley.


Por todo ello, desde el mismo momento de su aprobación el municipalismo español se opuso de manera radical a la reforma. Alcaldes y alcaldesas de toda España, de todos los colores políticos, suscribieron un conflicto ante el Tribunal
Constitucional en defensa de la autonomía local constitucionalmente garantizada. Por primera vez más de 3.000 ayuntamientos que representan a 17 millones de personas, encabezados por Abel Caballero, el alcalde de Vigo, recurrieron una ley al
Tribunal Constitucional por la vía de la autodefensa de la autonomía local, recurso que fue admitido a trámite y que estamos a la espera de la sentencia del alto tribunal. La propia Federación Española de Municipios y Provincias aprobaba en su
undécima asamblea una resolución exigiendo al Partido Popular la derogación inmediata de la ley. Además, la ley fue recurrida al alto tribunal por los Gobiernos autonómicos de Asturias, Andalucía, Cataluña y Canarias y los parlamentos autonómicos
de Extremadura y Andalucía, entre otros, y fue profundamente cuestionada por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local.


Hace unos días se hacía pública la sentencia de 3 de marzo del Tribunal Constitucional sobre el recurso planteado por el Parlamento extremeño. El texto del tribunal aprobado por unanimidad es un golpe central e irreversible a la ley,
declarando inconstitucionales varios de sus artículos. A buen seguro, las sentencias de los otros recursos presentados seguirán la senda prevista e invalidarán buena parte de la ley. La dimensión política de la sentencia debería llevar al propio
Partido Popular a apoyar esta proposición no de ley.


Al mismo tiempo, hay que dar respuesta a los nuevos retos que se plantean. La elaboración de una nueva ley de régimen local que recoja la realidad competencial de los ayuntamientos españoles y garantice la adecuada financiación estable y
proporcional de los mismos es hoy más urgente que nunca, así como una nueva ley de haciendas locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, como decimos en la parte propositiva, de forma
coordinada con la financiación autonómica, definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado y en los tributos de las comunidades autónomas. Además, hay que hacerlo de manera consensuada -y finalizo ya,
presidente- con la Federación Española de Municipios y Provincias como garantía del éxito de una norma que contribuya a la articulación social, el equilibrio territorial y responda definitivamente a las demandas municipalistas que, en definitiva,
son demandas de la propia ciudadanía.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lastra.


Debido a la rapidez con la que están leyendo, les he dejado un minuto y pico más en cada intervención, pero ya saben que para la siguiente hay que adaptarse un poquito mejor al tiempo.


Se han presentado tres enmiendas a la primera proposición. Por tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Vasco, tanto para intervenir como para defender su enmienda, es decir, se acumula en este caso ambas cuestiones.


El señor BARANDIARAN BENITO: Seré breve, sin perjuicio de no discrepar en la fundamental.


Respecto a las valoraciones generales que efectúan tanto los portavoces de Podemos como del Partido Socialista, sí es cierto y ustedes lo conocen que la realidad municipal en Euskadi es un tanto diferenciada, no voy a decir diferente porque
los problemas y la necesidad de atención son exactamente los mismos, pero que sí atiende a una organización también diferenciada y sobre todo a una financiación, a un sistema de recursos también diferenciado. Al fin y al cabo, de lo que estamos
hablando cuando se habla de la racionalización del sistema local es fundamentalmente de dotar a los municipios de aquellos recursos suficientes y necesarios para hacer frente a las obligaciones y a las necesidades de sus vecinos.


En ese sentido, me podría extender desde luego en un debate sobre el municipalismo aunque tampoco vendría a cuento, como dice el presidente, ni tampoco nos lo permitiría el tiempo que se nos ha concedido. En cualquier caso, me quería
referir a que la Ley 27/2013 sí que hace una referencia específica a la situación particular del País Vasco, como consecuencia de la disposición adicional primera de la Constitución. Esa es la cuestión a la que hace referencia nuestra enmienda y
esa es la única cuestión que pretendemos salvar a través de nuestra enmienda. Simplemente, queríamos trasladarles esto y creemos

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que es una enmienda aceptable, que no es contradictoria con el posicionamiento que ustedes han manifestado. Por tanto, en cuanto sea aceptada, nosotros también lo podremos hacer.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, por su brevedad.


Por parte del Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente. Entiendo que tengo ahora tres minutos para presentar las enmiendas y supongo que posteriormente tendré el turno de portavoces, ¿no?


El señor PRESIDENTE: Así es.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, seré breve.


Nosotros presentamos una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Socialista, aunque ya avanzamos que independientemente de que sea o no aceptada, nosotros votaremos favorablemente la propuesta. No queremos dejar ninguna duda sobre el
posicionamiento de nuestro grupo con relación a la derogación de la Ley 27/2013. Hay que recordar -lo decía alguien hace un instante- que esta ley fue recurrida por una parte importante de los ayuntamientos del Estado español, concretamente más de
3.000 ayuntamientos recurrieron al Tribunal Constitucional esta ley. Debo recordar que en Cataluña más del 90 % de todos los ayuntamientos, desde ayuntamientos de 200 habitantes hasta el ayuntamiento más importante, que es el de nuestra capital,
Barcelona, han recurrido esta ley ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, ninguna duda y vamos a apoyarlo. Pero entendemos que se podía enriquecer la propuesta del Partido Socialista fijando dos cuestiones que para nuestro grupo son
importantes. Una es que, cuando se proceda a aprobar un proyecto de ley del régimen local -que nosotros entendemos que hace falta, no esta mal denominada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, porque ni racionaliza ni
hace más sostenible la administración local-, se deberá tener en cuenta, por supuesto, el principio de autonomía local, pero también se debe ser respetuoso con las competencias de las diferentes comunidades autónomas, y, por tanto, introducimos esta
matización en el punto segundo de su propuesta. Y en el punto tercero suprimimos explícitamente que en la ley de haciendas locales con que se pueda dotar el Estado español se deba fijar con claridad la participación de las haciendas locales, no en
los tributos del Estado, que entendemos que es donde corresponde, sino en las PICA, en los tributos de las comunidades autónomas. Consideramos que ello sería cercenar estas competencias de las propias comunidades autónomas. Entendemos que en cada
una de ellas, en el desarrollo de sus estatutos -sería el caso de Cataluña pero también el de otras comunidades autónomas-, en la ley de financiación de las administraciones locales es donde se debe fijar claramente cuál es la participación. Y es
por ello que presentamos estas dos enmiendas. Pero insisto en que nosotros vamos a apoyar la propuesta. Después también me posicionaré con respecto a la de En Comú Podem. Pero no quisiéramos dejar pasar estos dos puntos, porque en todo caso se ha
planteado en más de una ocasión. Las intenciones son buenas, pero después, cuando se concretan...


El señor PRESIDENTE: Señor Bel, perdone que le interrumpa un momento. Me comenta el señor letrado que se acumulan en este caso las intervenciones. Lo digo porque voy a ser flexible, para que disponga de algo más de tiempo, como he
anunciado al principio, pero, si se interviene como enmendante, no se interviene después para posicionarse en relación con la moción. Si le damos a usted ese turno, se lo vamos a tener que dar a todos los demás. Por tanto, sería flexible con su
intervención, por si quiere agotar un par de minutos más.


El señor BELL ACCENSI: Termino, señor presidente, y disculpen el malentendido. Me lo temía. (Risas). Lo he preguntado...


El señor PRESIDENTE: Y yo he picado.


El señor BEL ACCENSI: Será la inexperiencia de ambos.


Simplemente, una reflexión en torno a esta ley. No niego que nacía con cierta buena intención, pero se concretó de forma absolutamente desafortunada, y los hechos lo confirmaron. El 2 de noviembre del año pasado todos los alcaldes
recibimos una carta del secretario de Estado, el señor Beteta, mediante un procedimiento muy poco ortodoxo, el procedimiento del correo ordinario, por el cual se suspendía la aplicación de una ley aprobada por esta Cámara. Después, recientemente,
el Tribunal Constitucional

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emitió una sentencia -que no va a ser la última- en relación con esta ley, que desde la práctica también les digo que no arregló nada. A los alcaldes nos complicó muchísimo la vida, a los ciudadanos les complicó muchísimo también el poder
percibir algunos servicios sociales, y, lo más importante: ahora lo olvidamos, pero, cuando se estaba elaborando, la ley era para eliminar el problema de las competencias impropias de los ayuntamientos, y lo eliminaba sin que se asignaran estas
competencias a nadie. No es verdad que estas competencias se traspasaran a todas las comunidades autónomas. En muchos casos, la forma de eliminar estas competencias impropias era dejar de prestar los servicios. Por tanto, nuestro grupo,
obviamente, va a estar a favor de esta derogación. Y ya les avanzo de que si no hay la iniciativa por parte del Gobierno, nuestro grupo se reserva la posibilidad de presentarla propiamente como una iniciativa legislativa en esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


Tiene la palabra el último enmendante, que en este caso es el señor Ten, del Grupo Ciudadanos.


El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.


El Grupo Ciudadanos está de acuerdo con la mayoría de las afirmaciones que se han planteado en esta Comisión, y, desde luego, la reforma de la Administración local mal puede explicarse como algo necesario como consecuencia del endeudamiento
del Estado o el déficit público, que, como antes se ha indicado en la exposición de motivos, es la menor de las administraciones españolas. Al parecer, la Ley 27/2013 se explica mejor desde la voluntad del Partido Popular de ejemplificar medidas de
ajuste de gasto público sobre las entidades locales, así como la desconfianza, la realidad de las cuentas locales y una vuelta atrás de la autonomía local, como se venido diciendo, limitando la capacidad de acción de las entidades locales. La
realidad es que los principales problemas estructurales de la Administración local siguen pendientes: la reordenación de la planta local, su dimensión, la reconsideración de las tareas y facultades de los ayuntamientos, la reforma de las haciendas
locales y los mecanismos de financiación. Señorías, no solo existen estos problemas, y, no nos equivoquemos, debemos modificar ese modelo económico. Insistimos en aquellas doscientas propuestas que nos hemos planteado con el Partido Socialista, en
primer lugar, a fin de derogar esta Ley 27/2013, con el fin de asegurar la autonomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a algunas competencias bien definidas entre los entes locales y aquellas que no siendo
propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria, con garantías de control y transparencia de la gestión pública; desde luego, aprobar una nueva ley de financiación local, fomentar la coordinación entre
las comunidades autónomas y la racionalización entre las entidades locales en España, promoviendo lo que nosotros siempre hemos defendido, esa fusión voluntaria de los municipios.


Con todo esto, nosotros hemos planteado dos enmiendas, por un lado, con respecto al Grupo Podemos, pensando siempre que pueda realizarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria, y, desde luego, de acuerdo con la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, y, por otra parte, promoviendo la fusión voluntaria de municipios, a fin de ofrecer de forma eficaz y eficiente el mismo nivel de prestación de servicios a todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan. Estamos de
acuerdo con ambas proposiciones no de ley y, en la medida en que no se aceptan estas enmiendas, votaremos a favor de ellas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.


A continuación, ya en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Alli, por el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Señor presidente, buenos días, muchísimas gracias.


El Grupo Mixto votará en contra, siendo conscientes de que efectivamente es una ley absolutamente mejorable, especialmente empezando por los artículos que el propio Tribunal Constitucional puso en solfa. En cualquier caso sí es cierto que
se necesita un debate profundo en relación con la titularidad, la calidad y la estandarización, en términos de igualdad, para que toda persona que acuda a cualquier municipio reciba los mismos servicios de calidad en atención primaria o esos otros
servicios sociales de base. Por tanto, sí que estamos por un debate, pero no estamos por una absoluta derogación de esta ley, cuando, en esencia, entendemos que fue un avance en términos de eficiencia.

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También quiero poner el acento en que esta Ley 27/2013 supuso mediante una disposición adicional la especificidad de dos comunidades, como son la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Y en ese sentido, con todos
mis respetos, me gustaría hacer constar que, en relación con la enmienda presentada por el Grupo Vasco, tal como respeta la Comunidad Foral de Navarra y sus representantes políticos cualquier competencia y singularidad o especificidad de la
Comunidad Autónoma vasca, entendemos que no es necesario que el Grupo Vasco presente enmiendas en las que nombre las especificidades propias de Navarra. Esto es así, efectivamente, porque en el pasado mes de diciembre no obtuvo representación el
Partido Nacionalista Vasco a través de Geroa Bai en Navarra. Por eso pedimos respeto, como hemos hecho nosotros continuamente con la Comunidad Autónoma vasca. Insisto, nosotros votaremos en contra, pero entendemos que sí hay una mejora sustancial
que hacer en esta ley y que, sin duda, estaremos abiertos a ese debate. Y para finalizar, también estamos a favor en el caso de aquellos municipios que quieran mancomunar servicios de forma activa y voluntariamente, en términos de eficiencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Allí.


En nombre de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente. Bon dia, señorías.


Esquerra Republicana ya manifestó su posición con respecto a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en el sentido de oponernos a ella, y por ese mismo motivo vamos a dar apoyo a las dos mociones presentadas, puesto que entendíamos que atacaba
la autonomía local, recortaba democracia y alejaba el poder de la ciudadanía, obviando también las competencias autonómicas en régimen local y administración territorial, y, en definitiva, no resolvía el problema de fondo, que era la financiación de
los entes locales. Esta ley fue aprobada sin ningún tipo de consenso y ello ha provocado un nivel de conflictividad nunca visto. En este caso, se comentaba anteriormente por algún portavoz la cantidad de recursos de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional, uno de ellos resuelto recientemente, el 8 de marzo de 2016, que estima parcialmente el recurso de la Asamblea de Extremadura declarando inconstitucional y anulando alguno de los preceptos impugnados por entender que invadían
las competencias propias de las comunidades autónomas y que incumplían la reserva de ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución española. También declaraba inconstitucional el artículo 57 bis de la ley, que establece la garantía
a los entes en caso de impago por parte de las comunidades autónomas en el ejercicio de competencias delegadas.


Efectivamente, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local reflejaba la visión de absoluta desconfianza del Gobierno del momento -en este caso, del Partido Popular- con respecto a la Administración local. Lejos de
reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones, el Estado se situaba y se sitúa en una posición de tutela. Por ello, disminuía la capacidad de decisión de los entes locales y se establecían nuevos
mecanismos de control sobre su funcionamiento. En definitiva, acaba perjudicando a la ciudadanía. Esto no lo dice solo Esquerra Republicana, sino también la Comisión Europea, que entendía que la Ley no cumplía con los principios que deben inspirar
la proximidad y, por tanto, también la Administración local. Se justificó la reforma legal en la necesidad de implementar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para reforzar el control financiero y presupuestario
de las entidades locales y favorecer con ello la prestación de los servicios que fuesen llevados a cabo por las diputaciones provinciales, en lugar entiende Esquerra Republicana de que el ahorro haya de venir o pasar por la supresión de las
diputaciones. En definitiva, como se decía antes también -creo que por el portavoz de Convergència-, el verdadero problema era la sostenibilidad financiera de los entes locales, que requería un nuevo sistema de financiación. La ley obviaba por
completo las previsiones contenidas en este caso y con respecto a Cataluña, las previsiones propias del Estatuto de Autonomía de Cataluña con respecto a los entes locales y las singularidades de Cataluña en cuanto al mundo local. En definitiva,
invadía competencias, vulneraba el Estatut de Autonomia y, en consecuencia, también dejaba sin efecto mucha de la regulación contenida en el ya cercenado Estatut de Autonomia. Se trataba y se trata, por tanto, porque está en vigor, de una ley
elaborada desde la más absoluta desconfianza con respecto a la Administración local, como decía anteriormente, obviando por completo los principios de autonomía local y suficiencia financiera, y tiene como único objetivo continuar con el proceso
recentralizador y homogeneizador del Estado; una ley, en definitiva, que laminaba absolutamente las competencias locales y autonómicas y que acababa y acaba perjudicando al ciudadano.


Gracias.

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.


Termina el turno don José Antonio Nieto, por parte del Grupo Popular.


El señor NIETO BALLESTEROS: Muchas gracias, señor presidente. Quiero mostrar mi agradecimiento a quien ha hecho posible que hoy estemos todos aquí pudiendo debatir pero especialmente que yo esté haciéndolo en nombre de mi grupo. Es un
honor poder intervenir en esta Comisión, sobre todo después de haber sido alcalde y de haber sido concejal durante mucho tiempo y haber querido defender durante toda mi vida el municipalismo y el valor de los ayuntamientos en la forma de estructurar
y reforzar la Administración pública española y de servicio a los ciudadanos. Y voy a pedir al señor presidente una especial comprensión porque, como habrá podido comprobar, me corresponde una tarea diría que imposible, aunque voy a intentar
canalizarla, que es la de tratar de tener otra visión del esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España para conseguir modernizar los ayuntamientos a lo largo de estos últimos cuatro años.


Señorías, después de escuchar las intervenciones de todas y cada uno de los portavoces de los grupos, uno tiene la sensación de que no han tenido tiempo de leerse la ley, porque difícilmente después de haberla leído podrían manifestar lo que
están diciendo en su intervención. Han sido una suma de eslóganes y de tópicos, de argumentaciones que hemos ido leyendo desde el primer anuncio del Gobierno y desde el primer borrador que presentó el Gobierno, sin tener en cuenta también los 67
borradores hasta el definitivo texto de la ley que se han elaborado, que tienen que ver con esa actitud radical y contraria a cualquier iniciativa que proponía el Gobierno de España pero que, sobre todo, tienen que ver con una voluntad permanente de
bloqueo que se percibió por parte de la minoría, porque la mayoría es la que ustedes acusan de haber impuesto ese texto legal, que siempre estuvo abierto a la participación de todos y cada uno de los grupos municipales. Han dicho hoy de todo acerca
de la ley. Han dicho que los ayuntamientos siguen igual que siempre pero que la ley los había transformado; será una cosa o la contraria. Han dicho que la sentencia del Tribunal Constitucional -por cierto, el mismo que ha dicho otras muchas
cosas- deroga la ley, y, sin embargo, traen la derogación; si la deroga el Tribunal Constitucional no hace falta esta derogación. Han dicho incluso que la Unión Europea está en contra de esta Ley. La Unión Europea ha dicho otras cosas, se lo
quiero recordar, y a lo mejor tenemos oportunidad de debatirlo en el futuro, pero esto no lo ha dicho. La Unión Europea no ha dicho que esta ley esté fuera de nada, ni siquiera el Tribunal Constitucional, que de veintiocho solicitudes de
inconstitucionalidad solo admite parcialmente cinco, y del resto dice que son absolutamente constitucionales. Señorías, estamos hablando de una ley compleja, de una ley difícil, de una ley que aspira a reforzar probablemente la Administración más
importante que tiene el Estado, que es la Administración local, y que tenía un problema, que era salvar la negativa rotunda que tenían las comunidades autónomas a que esta ley se aprobara porque la fortaleza de los municipios va en contra o
debilita, según entendían ellos, las competencias y el papel de las comunidades autónomas. Y eso ha hecho que de todos los recursos que se han presentado ante el Tribunal Constitucional solo uno no sea de una comunidad autónoma. Fíjense en quién
está en contra de esta ley.


Y, señorías, me sorprende relativamente la intervención de todos los portavoces, porque muchas ya las conocíamos, es lo que vienen diciendo desde hace mucho tiempo, es lo que hace poco tiempo ha dicho el presidente, imputado, de la FEMP.
Pero me sorprende mucho lo que ha dicho el portavoz del Grupo Ciudadanos. Señoría, en su propio programa electoral, en la página 220, se dice que la reciente ley aprobada en 2013 sobre sostenibilidad y racionalización del sector público local va en
la dirección correcta, si bien revela mayor preocupación por la cuestión de la deuda municipal que por los problemas de renegación local, cosa que habrá que corregir en el futuro. Ese es su programa. Y en su caso ya no es que se estén adaptando a
una situación diferente, es que es una auténtica transformación. Y yo creo que usted tiene que asumir también que su programa tiene un valor, y que su programa, del que hay cosas que nos gustan y otra que no evidentemente, como les ocurrirá a
ustedes con el nuestro, tiene mucho de compromiso con la sociedad, porque eso es lo que la presentaron antes de las elecciones, y va radicalmente en contra...


El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, vaya concluyendo, por favor.


El señor NIETO BALLESTEROS: Concluyo, señor presidente, y le agradezco, de verdad, su permisividad.


Va en contra de lo que ha dicho en su intervención, pero no de lo que recoge su enmienda. Lo que dice su enmienda está en la ley. En concreto, el artículo 13.4.e) de la Ley de sostenibilidad y racionalización de la Administración local
recoge casi exactamente el segundo punto de su enmienda. Por tanto, si no

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apoya el primer punto de la iniciativa de Podemos y del Partido Socialista, que es derogar la ley, ya tiene recogido lo que usted expresa. Y su segundo punto es relativo al espíritu de la ley.


Señorías, creo que tenemos que entrar todos en un tiempo diferente, en un tiempo en el que esa confrontación, que ha sido la que se ha impuesto en el debate parlamentario, se rompa. Y les propongo de verdad, de corazón, ser capaces de sacar
adelante un apoyo al municipalismo. ¿Hay que reformar la ley? Probablemente se pueda reformar; hagámoslo. ¿Hay que aprobar un nuevo marco de financiación de la Administración local? Por supuesto que hay que hacerlo; ahí tienen nuestro apoyo
absoluto. Y en tercer lugar, ¿tenemos que mejorar la posición y equilibrarla entre la Administración local, las comunidades autónomas y el Estado? También. Pero no partamos de prejuicios que no han dado resultado en el pasado.


Señor presidente, le agradezco el tiempo que me ha concedido. Le pido disculpas, pero era necesario; si no, no podía responder a todas las cuestiones. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.


Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, pregunto a los dos ponentes de las iniciativas si aceptan las enmiendas que se han presentado, si conocen ya la posición en relación con ellas.


La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Sí, señor presidente. Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, consideramos que mejora sustancialmente el texto; aceptamos la enmienda de Ciudadanos, por supuesto, y aceptamos la primera parte de la
enmienda de Democràcia i Llibertat, pero no la segunda parte, la referida a la participación en los ingresos de las comunidades autónomas. Además, creo que hemos de felicitarnos todos por el consenso conseguido al aprobar esta proposición no de
ley, ejemplo de un nuevo tiempo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz de Podemos.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco y no aceptamos las enmiendas del Grupo Ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: De todas formas, al final, se votarán las dos de forma independiente, aunque se hayan debatido de forma conjunta.


El señor BARANDIARAN BENITO: Señor presidente, ¿cómo se van a votar cada una de ellas, por puntos o de forma conjunta?


El señor PRESIDENTE: Entiendo que cada una de forma conjunta si los ponentes no me dicen otra cosa.


La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Completa.


El señor BARANDIARAN BENITO: Entendí que pedía que fuera por puntos.


El señor VENDRELL GARDEÑES: En nuestro caso, preferiríamos por puntos. Pero no es con relación a la nuestra sino a la del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ya se ha pronunciado y ha dicho que completa; y la suya, por puntos. Son dos votaciones independientes.


El señor BEL ACCENSI: Señor presidente, dado que se acepta parcialmente mi enmienda, creo que debo mostrar mi conformidad con la portavoz del Grupo Socialista.


- SOBRE LA CORRECCIÓN DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000097).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día, que es una proposición no de ley sobre la corrección del sistema de financiación autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. En su nombre, tiene la palabra el
señor Quevedo.


El señor QUEVEDO ITURBE: Muchísimas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todas y a todos.

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En primer lugar, tengo que agradecer que el portavoz en la Comisión de Hacienda del Grupo Mixto haya cedido la palabra a este diputado, que no es miembro de esta Comisión. Estamos hoy aquí en razón del asunto que tratamos. Y no es
casualidad que la primera proposición no de ley que ha registrado Nueva Canarias para esta nueva etapa si conseguimos que comience realmente es la que se refiere a la financiación autonómica del conjunto de las comunidades autónomas, aunque haremos
una referencia especial a las consecuencias del actual sistema de financiación en Canarias. Y fíjense si nos preocupa este asunto que no solo lo presentamos a la primera, sino que además nos congratulamos enormemente de que tanta prisa nos hemos
dado que hemos conseguido que se trate en esta primera sesión, de lo cual -insisto- nos congratulamos sinceramente.


Señorías, si hay un asunto estructurante en lo que se refiere a la constitución del Estado español, un Estado complejo, plurinacional, cuasifederal, es precisamente la cuestión de la financiación autonómica; la otra es la cuestión de la
organización territorial. Es un asunto estructurante y extremadamente complejo, porque legítimamente todas las comunidades autónomas tratan de defender los intereses que creen que las asisten para defender su población, para defender esencialmente
los servicios públicos, que en un 90 % es a lo que va dirigida la financiación que reciben las comunidades autónomas del Estado, y, por lo tanto, es lógico que en torno a este asunto exista complejidad y exista una dificultad en contemplar a todas
las partes. Sin embargo, nosotros creemos que podemos demostrar que con el nuevo modelo de sistema de financiación que con los datos del año 2007 se puso en marcha en enero del año 2009 lo que se ha producido en el caso de Canarias es un
importantísimo retroceso en relación con las condiciones de financiación de las que se disfrutaba en el sistema anterior, que era el del año 2002.


Históricamente, Canarias se ha visto obligada a pelear para que se entiendan sus singularidades. Esto de ser un territorio alejado, fragmentado, en consecuencia discontinuo, en medio del Atlántico, con características singulares es un
asunto que nos viene ocupando desde los Reyes Católicos. Por cierto, tengo que decir aquí -y yo soy poco sospechoso de ser monárquico- que los Reyes Católicos entendieron de las singularidades del archipiélago, ¿saben por qué? Porque no había más
remedio, porque hay cosas que se caen por su propio peso. ¿Qué ha ocurrido con este modelo de financiación establecido en el año 2009? Pues que se ha producido un retroceso gravísimo, asociado a una crisis que ya estaba instaurada en ese momento,
en lo que se refiere a la estabilidad financiera de la Comunidad de Canarias y, por supuesto, a la sostenibilidad de sus servicios públicos esenciales -creo que esto lo vamos a poder demostrar ahora con datos-, de forma que la Comunidad de Canarias
pierde en torno a 600 millones de euros todos los años para financiar ni más ni menos que los esenciales servicios públicos, vitales, más aún en un momento de crisis como la que todavía estamos viviendo. Y si esto lo asociamos con los Presupuestos
Generales del Estado, Canarias ha perdido una media de 240 millones de euros todos los años en materia de financiación por incumplir con otro elemento, que es el Régimen Económico y Fiscal de Canarias -esa es otra historia, que contaremos otro día-,
y la broma es de más de 800 millones de euros todos los años, 2 puntos del PIB canario, ni más ni menos.


Y podemos objetivar lo que estamos diciendo. Si atendemos a criterios de carácter poblacional, ustedes saben que en el año 2009 el sistema de financiación añade 11.000 millones de euros adicionales que iban a tener un sistema de reparto
atendiendo a criterios especiales o distintos, una cierta discrecionalidad. ¿Qué ha pasado con esos 11.000 millones de euros? A la Comunidad de Canarias, que tiene el 4,8 % de la población española, ha correspondido el 3,6 % de los recursos. Hay
comunidades, que no voy a nombrar porque no tengo nada en contra de ellas pero es muy llamativo, que, teniendo el 2,4 % de la población, reciben el 4,5 % de los ingresos o de los recursos disponibles. No tenemos nada en contra de eso; estamos en
contra de que a Canarias la haya ocurrido esto. ¿Y qué ocurre con respecto a la media de las comunidades del Estado español? Una pérdida de convergencia gravísima y objetivable. En el año 2002, sistema anterior, Canarias estaba en el 100,4 % de
la media de las comunidades del Estado en materia de financiación. Como en ese sistema tenía una dificultad, y es que no estaba previsto para adaptarse a las modificaciones, a los cambios poblacionales, vino ocurriendo que en el año 2007 la
población de Canarias creció de una manera muy significativa y ya íbamos por el 94,5 % de la media, es decir, habíamos perdido 6 puntos de convergencia en ese corto periodo de tiempo. Y viene el nuevo modelo de financiación del año 2009 y, en vez
de estar en el 94,5 %, empezamos en el 93,9 %, es decir, con el nuevo modelo de sistema de financiación Canarias recibía menos con relación a la media de todas las comunidades del Estado de lo que venía recibiendo al final del anterior periodo.
Como comprenderán, es para no estar satisfechos. Hasta tal punto es así que, fíjense, el anterior vicepresidente del Gobierno

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de Canarias y consejero de Economía y Hacienda en aquella época, en septiembre de 2010, decía: Canarias con este sistema ha pasado de menos 206 euros a menos 260 euros por habitante y año.


El señor PRESIDENTE: Señor Quevedo, vaya terminando por favor.


El señor QUEVEDO ITURBE: Es que para hablar de esto se tarda. Estoy hablando rápido, rápido, se habrá dado cuenta, señor presidente. (Risas).


El señor PRESIDENTE: Lo entiendo perfectamente.


El señor QUEVEDO ITURBE: Acabo en un momento. Es que esto que tengo que contarle es muy importante. ¿Saben quién era este señor que decía que perdíamos en torno a 600 millones de euros al año? El señor Soria, actual ministro de
Industria, Energía y Turismo del Gobierno en funciones del Estado español. Claro, lo que nos preguntamos es ¿cómo es posible que esto se dijera en el año 2010 y no haya pasado nada en todo este tiempo? Señorías, nosotros creemos que hay datos
absolutamente claros que pueden demostrar que la financiación es absolutamente injusta en muchas comunidades autónomas, pero también en Canarias. Además, tenemos que decir respecto a los servicios públicos en Canarias, que el objetivo no es estar
en la media. ¿Saben por qué? Porque en un territorio como el canario está absolutamente aquilatado que los servicios públicos representan como mínimo un 16 % más de recursos necesarios, dada la fragmentación territorial y las singularidades del
archipiélago. Por lo tanto, no solo no deberíamos estar en la media, sino que deberíamos estar por encima.


Haré referencia a las enmiendas que se han formulado. Ya adelanto nuestro absoluto acuerdo con la enmienda que defenderá el Grupo Parlamentario Socialista, y ya explicaremos nuestra posición respecto a las demás.


Muchísimas gracias por su benevolencia, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted.


En este punto tenemos en concreto cuatro enmiendas. Para su defensa, en primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Mucha gracias, señor presidente.


Señorías, conozco perfectamente la situación de Canarias. Comparto además residencia con el señor Quevedo. Y vamos a aprobar, por supuesto, la enmienda en cualquier caso. Nosotros consideramos que Canarias -nos hemos cansado de decirlo-
es un territorio ultraperiférico. Y no es que lo digamos desde Ciudadanos, es que está recogido así en los tratados de la Unión Europea y en la Constitución. Canarias está infradotada desde el punto de vista presupuestario -parece que soy
nacionalista, no es el caso-, y los datos que acaba de aportar el diputado, señor Quevedo, lo dejan muy claro. Además, he oído al señor Soria decir claramente que en la última legislatura por motivos personales detrajo de las arcas Canarias 3.400
millones de euros. Desde luego tenemos un problema, y es que vivimos en un arhipiélago. Cualquiera que haya visitado Canarias sabe que es un paraíso, pero esa moneda tiene otra cara, y es que vivimos en siete islas muy apartadas. Les voy a contar
un caso muy concreto, el Hospital General de Fuerteventura para tener un anestesista tiene que venir desde Las Palmas de Gran Canaria. Lo que supondría un coste normal de una guardia de un médico en cualquier centro público del conjunto del Estado
español, 300 euros, pues se multiplica por dos. Es decir, el coste no es un 16 % más, es más del cien por cien. Por lo tanto, nosotros que hemos defendido y defenderemos siempre la igualdad de todos los ciudadanos en la prestación de servicios
básicos como son la educación, la sanidad y otro tipo de prestaciones sociales, no podemos hacer otra cosa que no sea estar a favor y apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, en este caso presentada por el señor Quevedo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pita.


La señora PITA CÁRDENES: Gracias, señor presidente.


Señorías, buenos días a todos y a todas. El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea va a votar sí a la proposición no de ley sobre la corrección del injusto sistema de financiación autonómica. Evidentemente, suscribimos en su
totalidad la exposición de motivos. La descentralización

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del Estado en comunidades autónomas quedaría en nada si no va acompañada, como la uña al dedo, de una financiación adecuada. Coincidimos absolutamente en que tenemos un injusto sistema de financiación, en este caso focalizado en Canarias, y
como se señala en la exposición de motivos de la propia proposición no de ley, existe un acuerdo social generalizado sobre ese déficit de financiación que, efectivamente, se cuantifica en unos cuantos millones de euros, y que viene a dificultar aún
más, por nuestra condición arhipelágica y de ultraperificidad que ha explicado también el compañero de Ciudadanos como una dificultad añadida, la protección de los derechos sociales esenciales que dan cobertura al Estado social, que no es una
quimera. Esos fundamentos del Estado social que son la sanidad, la educación y los servicios sociales, se devalúan aún más por el déficit de financiación, por este injusto sistema que desde luego habrá que corregir de inmediato.


Por tanto, anunciamos nuestro voto favorable, enfatizando que esa reforma urgente del sistema de financiación, como se establece en la parte dispositiva, tiene que garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales a todas las
comunidades autónomas y, por tanto, a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente del lugar donde vivan. Y luego quiero subrayar que estos recursos de financiación autonómica deben estar destinados a garantizar esos servicios públicos
esenciales, insisto, que dan cobertura al artículo uno de la Constitución, donde se establece que España es un Estado social, excluyendo -y ese es nuestro añadido en la enmienda presentada a la proposición del diputado, señor Quevedo- de estas
partidas presupuestarias las subcontrataciones privadas, porque hemos venido asistiendo durante la última década a la privatización de esos servicios públicos esenciales, que como cobertura del Estado social nosotros consideramos que deben estar
fuera de la ley de la oferta y la demanda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pita.


Pasamos a la intervención del siguiente enmendante, el señor Hernández del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor HERNÁNDEZ SPÍNOLA: Gracias, señor presidente.


Buenos días, en primer lugar quiero fijar la posición favorable del Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición no de ley presentada por el señor Quevedo, del Grupo Parlamentario Mixto, de Nueva Canarias, en relación con la necesidad
de acometer con urgencia una reforma del sistema de financiación autonómica para favorecer la prestación de los servicios públicos, si bien haré alguna matización al texto.


El sistema de financiación de las comunidades autónomas aprobado por la Ley 22/2009 debió actualizarse en el año 2014, sin que hasta la fecha el Gobierno de España haya acometido tan importante e inaplazable tarea, cuestión que merece todo
nuestro reproche. El actual sistema de financiación ha resultado pernicioso para muchas comunidades autónomas, podría citar la Comunidad Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía, pero sin duda la peor financiada es la Comunidad Autónoma de
Canarias, con un déficit anual que ronda los 700 millones de euros según nuestros cálculos. La financiación homogénea por habitante ajustado en promedio 2009-2013 ha sido en Canarias el 85 % de la media del conjunto de comunidades autónomas, es
decir, un 15 % menos que la media de las comunidades autónomas de régimen común. Es importante establecer que el sistema de financiación es la principal fuente de ingresos de las comunidades autónomas. En el caso de Canarias representa el 65 % de
los ingresos de la comunidad autónoma. Por tanto, esta reforma del sistema de financiación autonómica es urgente e inaplazable porque dicho modelo, el modelo actual de 2009, ha aumentado las desigualdades entre las distintas comunidades autónomas
de manera notoria, entre la mejor y la peor financiada, con lo que ello significa en la calidad de la prestación de los servicios públicos fundamentales, que se agrava en un territorio como el canario, insular, alejado y discontinuo.


Hay un asunto capital para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias al que me quiero referir, y es la necesaria separación de las fuentes de financiación entre los recursos del sistema de financiación autonómica y los recursos
del régimen económico y fiscal. Esto es muy importante. Ya la disposición adicional segunda de la Ley 22/2009, que aprueba el actual sistema de financiación, señala que se respete el REF para la determinación de los recursos financieros del
sistema; es decir, por un lado están los recursos que provienen del Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, del Fondo de suficiencia global y de los Fondos de Convergencia, sin embargo, quiero poner de manifiesto que sí se tuvieron
en cuenta los recursos del REF para determinar el Fondo de competitividad. Esto ha supuesto un notable perjuicio para las arcas de la Comunidad Autónoma de Canarias que nosotros calculamos

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entre 400 y 500 millones de euros anuales. Por tanto, se está incumpliendo el principio de separación de fuentes de financiación entre el REF y el sistema de financiación autonómica, con un perjuicio estimado entre 400 y 500 millones
anuales.


Acabo, señor presidente, proponiendo una enmienda técnica al Grupo Parlamentario Mixto para modificar el apartado segundo de la proposición no de ley. La redacción que proponemos es la siguiente: 'Distribuir los recursos del sistema de
financiación autonómica destinados a favorecer los servicios públicos fundamentales atendiendo al principio de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias'. Se trata en definitiva de ligar los recursos del sistema de
financiación a los servicios públicos fundamentales, pero concediendo a las comunidades autónomas margen para la atribución específica de los recursos a esos servicios públicos fundamentales'.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernández.


Para finalizar el turno de defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señor presidente.


Antes de comenzar quisiera pedir una aclaración al portavoz de Ciudadanos, que ha hecho una referencia concreta y personal al señor Soria que ninguno hemos sido capaces de entender con corrección.


En segundo lugar estoy encantado, estamos felices y compartimos el diagnóstico respecto a que esta es una ley injusta, una ley perniciosa, una ley mala, y que el sistema de financiación socialista es un pésimo sistema de financiación
autonómica. Se sorprenderían ustedes y muchos se sonrojarían si leyesen el debate de hace seis años en esta Cámara, donde solo nosotros, solo el Grupo Parlamentario Popular con 150 votos, se opuso a este sistema de financiación autonómica malo,
pernicioso e injusto. Digo que se sorprenderían porque este sistema que se aprobó con nuestra oposición, no lo hizo solo el PSOE, no tenía los 180 votos, tenía que haber algunos cómplices necesarios, si no, no hubieran alcanzado esa exigua mayoría
con la que se aprobó en contra del Grupo Parlamentario Popular ese sistema de financiación injusto, muy injusto con Canarias, muy injusto con la Comunidad Valenciana y muy injusto con el resto de comunidades autónomas. Nosotros dijimos literalmente
que este sistema de financiación autonómica socialista generaría más desigualdades y su respuesta fue la chanza, la broma. Recuerdo incluso alguno de esos aliados nacionalistas, algún portavoz que prefiero no nombrar, que cuando ustedes ganaron esa
votación que tanto daño ha hecho a Canarias, a la Comunidad Valenciana y a las diecisiete autonomías españolas, decía: a por ellos -a por nosotros, por defender lo mismo que ustedes defienden aquí hoy- que son pocos y cobardes. Y eso por decir
literalmente lo que todos ustedes han dicho aquí. Por tanto, saludo fervientemente que el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Quevedo, que ha dado ese voto en blanco, ese abrazo al Partido Socialista, autor material de esta
financiación autonómica, ahora tenga esa opinión.


Todos compartimos que este sistema de financiación debe ser modificado. No compartimos que Canarias tenga que renunciar a su autonomía, abdicar, que tenga que pedir un tutelaje como se establece en el segundo punto de la propuesta, donde se
solicita una financiación finalista. Eso es contrario a la Constitución y a multitud de leyes. De acuerdo con el artículo 156 de la Constitución, la financiación ha de ser para garantizar la autonomía. En ese sentido van tanto la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista como la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que, por tanto, persiguen una reforma y que la financiación sea incondicionada. Canarias, la Comunidad Valencia, Murcia o La Rioja no tienen por qué someterse al
tutelaje que pretende el señor Quevedo, y que desde el Gobierno de España se diga que esta financiación debe ir dirigida a determinada carretera o a determinada actuación. Eso es libertad, autonomía, y nuestro sistema constitucional así lo
contempla. Por tanto, estamos de acuerdo con esta propuesta y la hemos enmendado en su punto primero para hacer una revisión, no así en el punto segundo porque la financiación autonómica no puede ir desde Madrid con carácter finalista. Nos hubiese
gustado modificarlo en 2014. ¿Qué ha cambiado hoy? Pues que en 2011 la izquierda, después de arruinar por segunda vez a este país, nos entrega un sistema de financiación autonómica pésimo, y además nos entrega 3.700.000 parados nuevos, y una
cosita que se llama agujero; un agujero fiscal de 100.000 millones de euros que hemos conseguido reducir con el esfuerzo de los españoles a aproximadamente 45.000 millones a día de hoy. (El señor Elorza González sonríe).


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Barrachina, por favor.

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El señor BARRACHINA ROS: He escuchado una risa, será que al diputado socialista le da apuro reconocer que había un déficit de 100.000 millones euros en diciembre de 2011. ¿Es posible que sea eso? (El señor Elorza González: Le contesto
luego, si quiere).


El señor PRESIDENTE: Por favor, no entre en conversaciones con portavoces de otros grupos políticos porque me lo van a poner más complicado.


El señor BARRACHINA ROS: Le pediría, señor presidente, la misma condescendencia que con el resto de los grupos.


El señor PRESIDENTE: La estoy teniendo, se ha excedido un minuto y cuarto de su tiempo.


El señor BARRACHINA ROS: Justo la mitad que el resto de portavoces.


El señor PRESIDENTE: Por favor vaya terminando.


El señor BARRACHINA ROS: Es que esas mismas risas son las que escuchamos en el año 2009, cuando nosotros dijimos que este sistema era malo y todos ustedes dijeron que era un sistema bueno. Digo que ese agujero de déficit está hoy en la
mitad y que en lugar de destruirse millones de empleos, España es la nación que más empleo crea de Europa. Hoy España se puede permitir modificar ese sistema de financiación autonómica, y lo que me gustaría es que se hiciese de forma no
condicionada, no finalista, sino que permita el uso libre, la autonomía y la suficiencia financiera que las comunidades autónomas justamente reclaman. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrachina.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Con la venia, señor presidente... (El señor Ramírez Freire pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Señor presidente, me gustaría contestar al diputado, señor Barrachina, ya que me ha pedido una aclaración y me ha hecho una interpelación personal.


El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Creo que me sobra con treinta segundos. Señor Barrachina, yo entiendo que usted no estuvo en los debates en los que yo sí estuve con el señor Soria, en los que reconoció públicamente que su mala relación con el
anterior presidente del Gobierno de Canarias, le había llevado a esa posición de detraer fondos de las arcas canarias. Bien, otra cosa de la que me está hablando usted es de la famosa ley de financiación. ¿Ustedes no han tenido mayoría absoluta
estos últimos cuatros años? ¿No han podido cambiar esa ley de financiación si les parecía tan mala? No nos den lecciones encima. Ese es el nuevo talante del que también nos estaba hablando antes su compañero. (Una señora diputada: Era el señor
Soria). Sí, sí, el Gobierno del señor Soria, con mayoría absoluta, no ha modificado la Ley de financiación de las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Creo que ha quedado totalmente claro.


El señor BARRACHINA ROS: ¿Puedo responderle, señor presidente?


El señor PRESIDENTE: Preferiría que no porque no podemos liarnos en un pimpampum. Usted le ha preguntado y él ha aclarado aquello a lo que se estaba refiriendo.


El señor BARRACHINA ROS: No ha aclarado absolutamente nada. El señor Soria, como yo, nos opusimos al sistema de financiación socialista...


El señor PRESIDENTE: Seguramente no le va a convencer. (Rumores.) Haya paz.


Tiene la palabra el señor Barandiaran.

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El señor BARANDIARAN BENITO: Si de algo me alegro es precisamente de no estar dependiendo de este sistema de financiación autonómica, puesto que no solo vemos que cada uno está barriendo para su casa entendiendo que la culpa es de uno o del
otro, sino que al fin y al cabo lo que se revela es que esta, si no me equivoco, es la séptima norma sobre un sistema de financiación autonómica que no ha dado lugar a ningún tipo de solución. Y lo digo porque mi posición en este punto va a ser la
de abstenernos, precisamente porque ya tenemos un sistema de financiación propio de carácter municipal, igual que lo tiene Navarra -perdone, pero yo también tengo opinión sobre Navarra-, y por lo tanto, es una cuestión en la que poco más puedo
decir. Lo que sí es deseable es que de alguna manera sean capaces de llegar a aquellos mínimos que sirvan para que los municipios del resto del Estado sí puedan atender sus necesidades, y también el sistema de financiación pueda conformar a todas
las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán Democràcia i Llibertat tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Quisiera hacer alguna matización a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando se atribuía la única oposición a este sistema de financiación, cosa que no es verdad. Si ustedes recuerdan perfectamente, nuestro Grupo
Parlamentario, Convergència i Unió, se opuso a esa ley más allá de un error en la última de las votaciones, que el presidente Zapatero se atribuyó como un regalo de Navidad, pero nosotros no apoyamos esa ley. Pueden repasar las actas
tranquilamente. Es igual, a veces va pasando el tiempo y vamos transformando la realidad.


En todo caso la proposición presenta una reforma urgente que se tendría que haber iniciado ya por el propio cumplimiento de la ley, y en eso ni entramos ni salimos. Otra cosa es el contenido de la moción que va a llevar a que nuestro grupo
parlamentario se abstenga por lo que hay detrás. El punto dos propone distribuir los recursos de la financiación autonómica de manera finalista para garantizar los servicios públicos fundamentales. Va en dirección completamente opuesta a lo que
piensa mi grupo parlamentario, las comunidades autónomas deben ser responsables. Hay un cierto paternalismo respecto a condicionar cómo tiene que gastar y en qué una determinada Administración. Me consta que hay una enmienda, pero yo no sé si la
enmienda se va a admitir o no. En todo caso lo que se desprende es que las comunidades autónomas, y pasa también con las Administraciones locales, no dejan de ser Administración de segunda y alguien las debe tutelar, alguien las debe controlar,
alguien debe marcarles las direcciones. Si las comunidades autónomas, y hablo por la Generalidad de Cataluña en mi caso, no han podido defender con más ahínco los servicios públicos fundamentales, por ejemplo en Cataluña, es por alguna
infradotación en la financiación. Efectivamente, lo vamos a ver dentro de un rato, por ejemplo, por una distribución asimétrica, injusta e insolidaria de los objetivos de déficit. En todo caso el Parlament de Cataluña es soberano para decidir en
qué se deben gastar y cómo se deben gastar sus recursos. Se debe reformar el sistema de financiación autonómica, y no es que lo diga esta Cámara o lo diga esta Comisión, es que lo dice la propia ley. Nosotros entendemos que a estas alturas de la
película ya se tendría que estar trabajando en este nuevo sistema de financiación autonómica. No se ha hecho, en todo caso cada uno es responsable de sus hechos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.


En relación con la ejecución efectiva de las iniciativas que estamos debatiendo hoy, después el letrado leerá una nota porque la Mesa ha calificado cuáles de estas iniciativas serían de ejecución inmediata de este Gobierno y cuáles no, con
independencia de lo que opinemos cada uno. Después se especifica en cada una de las iniciativas en base al criterio de la Mesa.


Para finalizar este punto, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.


Únicamente intervengo para manifestar nuestra posición de voto que será la abstención.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.


Dada esta intervención tan corta, hemos avanzado algo más, pero por la evolución del debate, llevamos aquí un par de horas, no creo que podamos votar antes de la una y media. Lo digo por dar alguna previsión, me temo que será más tarde y en
cualquier caso no antes de la una y media.

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En relación con las enmiendas, los letrados de la Mesa me acaban de comunicar que según una nota de la Secretaría General, en el caso de que se admitan enmiendas en cada una de las iniciativas, la iniciativa no se puede trocear a la hora de
la votación, no se puede segregar. Es decir, hay que votarlas en sus términos, con la enmienda o sin la enmienda. Ya se ha comunicado a los dos ponentes anteriores y lo saben los siguientes.


Por tanto, tiene la palabra el ponente, en este caso del Grupo Parlamentario Mixto, para pronunciarse sobre las cuatro enmiendas presentadas.


El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias de nuevo, señor presidente.


Siguiendo el orden, ya hemos dicho al principio que la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista nos parece absolutamente oportuna para resolver algunas dudas que se han suscitado, incluso lo ha manifestado el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. En relación con la enmienda que ha planteado el Grupo Parlamentario Catalán, quede claro que con esa segunda parte nosotros lo que estamos haciendo es política. No tenemos ningún problema en decir que las comunidades
autónomas tienen efectivamente la posibilidad de tener su propia autonomía financiera para utilizar los recursos, pero lo que queríamos señalar es que el 90 % de los recursos van dirigidos a los servicios públicos fundamentales. No nos duelen
prendas, nos desprendemos de nuestra redacción y aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que creemos que cubre la cuestión planteada por el Grupo Parlamentario Popular. Agradecemos a Ciudadanos la explicación que ha dado de la
realidad de Canarias. En el caso de Podemos, agradecemos su apoyo y le decimos que entendemos el sentido y la intencionalidad de su enmienda, lo que pasa es que no la podemos incluir así porque si la colocamos en el texto de esa manera iba a
chirriar. No estamos aprobando eso, sabe muy bien que nuestra intencionalidad es que sirva para defender los servicios públicos fundamentales. Por último, solo quería decir que en el nuevo sistema de financiación es bueno que se sepa que quien
firmó por Canarias fue el señor Soria.


El señor PRESIDENTE: Señor Quevedo, para concretar las enmiendas, la del Grupo Parlamentario Socialista se aceptaría.


El señor QUEVEDO ITURBE: Creemos que la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista resuelve las dudas planteadas.


El señor PRESIDENTE: La enmienda de Podemos, diga simplemente si o no. ¿Y la enmienda de Ciudadanos?


El señor QUEVEDO ITURBE: La de Podemos le he dicho las razones por las que no podemos aceptarla. Y la enmienda de Ciudadanos no la aceptamos porque creemos que está superada por su intervención.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, solamente aceptan la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en este caso.


El señor BARRACHINA ROS: La enmienda del Grupo Parlamentario Popular es idéntica a la del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, me resulta impensable que se pueda aceptar una y rechazar la otra siendo iguales. Pueden asumirse las
dos.


El señor QUEVEDO ITURBE: Las dos enmiendas están escritas de forma distinta, lo digo por el texto.


El señor PRESIDENTE: En cualquier caso es el ponente el que lo decide. Dice que están escritas de forma distinta, él lo ha entendido así, por lo que solamente se acepta en este caso la del Grupo Parlamentario Socialista.


- RELATIVA A LOS ASTILLEROS PÚBLICOS DE LA RÍA DE FERROL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000119).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Proposición no de ley relativa a los astilleros públicos de la ría de Ferrol. No tengo anotado quién interviene en nombre del Grupo Parlamentario Podemos. ¿Quién va a
intervenir? (Pausa).

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La señora DÍAZ PÉREZ: Yolanda Díaz.


El señor PRESIDENTE: Perdón, no tenía la nota. Tiene la palabra.


La señora DIÁZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Bos días. Señor presidente, en primer lugar quiero corregir la denominación del grupo. Somos el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, en este caso la portavoz que va a intervenir representa a En Marea. Nos debemos a más de
400.000 votantes y nos gustaría que se respetase la denominación que nos hemos dado en este grupo.


El señor PRESIDENTE: Así se tendrá en cuenta en el futuro. No me lo han especificado, me han puesto los tres nombres y por abreviar dije Podemos, ya que no sabía exactamente quién iba a intervenir.


La señora DÍAZ PÉREZ: En este caso somos un grupo confluyente y yo represento a En Marea.


El señor PRESIDENTE: Así constará.


La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias.


Dicho esto, es un honor para esta portavoz defender uno de los temas sustanciales de este país, de este Estado, y de manera sustancial defender a la comarca que represento que es la de Ferrolterra. El sector naval es central en el Estado
español porque es un sector estratégico, pero, si me lo permiten, quizá es especialmente central y estratégico en Galicia. Una Galicia en la que desde que está gobernada por el señor Feijóo, hemos perdido 55.000 puestos de trabajo industriales, el
26 % de los mismos. Y una Galicia en la que desde que gobierna el Partido Popular también vemos cómo en nuestras gradas, aunque ya no pesa sobre Navantia Fene ningún veto, no se construyen barcos. Podemos afirmar, como decimos en nuestra
iniciativa, que la gestión que practica el Partido Popular en este sentido no solamente es mala, sino que va en la senda contraria de lo que defendemos en la comarca de Ferrol, lo que defienden las fuerzas plurales de la izquierda, lo que defiende
el sentido común y lo que defienden los sindicatos de clase. Esta iniciativa es fruto de lo que los sindicatos de clase han exigido a lo largo de estos años. Es cierto que ya no está el señor Almunia en Europa, es cierto que ya no hay veto que
impida que construyamos lo que sabemos hacer, que son buques de alto valor añadido, y lo que es cierto es que en un gran astillero como fue la antigua Astano, hoy Navantia Fene, lo que hacemos son jackets para Iberdrola. Tenemos un astillero
ocupado para esa empresa que se llama Iberdrola, pero construyendo jackets que, como saben todas y todos ustedes, ocupan la centralidad de la grúa pórtico e impiden, como señalan los colegios de ingenieros, la compatibilidad con la construcción
civil tradicional. Estas jackets, para su conocimiento pesan alrededor de 700.000 toneladas, insisto, este es un dato relevante, e impiden de facto la práctica o la compatibilidad con el desarrollo del sector naval tradicional. Los guiños que hace
el Partido Popular indican que de alguna manera vamos a acudir a privatizaciones indirectas de ese astillero. Decimos indirectas porque es cierto que formalmente no hemos puesto el astillero Navantia Fene a disposición de la empresa privada, pero
cierto y verdad es que este astillero está a disposición de una empresa que se llama Iberdrola que ocupa todas y cada una de sus instalaciones.


Es cierto también que tenemos necesidades que venimos reclamando desde hace muchos años, que tanto el Gobierno del Partido Popular como el antecedente, el Partido Socialista, no han cumplido. Particularmente saben ustedes que el balance
contable de la empresa Navantia tiene enormes dificultades, que seguramente una vez que tengamos Gobierno serán discutidas en esta y en otras Comisiones, pero lo cierto y verdad es que el único departamento que da todos los años beneficios es el
departamento de carenas, el departamento de reparaciones en Navantia Ferrol, con beneficios relevantes. Y además, digamos que con este departamento de reparaciones hasta hace exactamente un año éramos el primer país con el ranquin en reparaciones
de gaseros. Hoy ya somos el segundo país, pero sin lugar a dudas Navantia Ferrol necesita ya una nueva infraestructura que es un nuevo dique para poder hacer dos cosas muy sencillas: por una parte lo que ya venimos haciendo y demostrando que
hacemos bien, que es potenciar el área de carenas, el área de reparaciones, pero por otra parte compatibilizar con el mercado de transformaciones y, sobre todo, permitir la construcción de los nuevos buques, después del nuevo Canal de Suez, con
mangas mucho más anchas. Por ejemplo, los propios petroleros Suezmax que se van a construir ahora mismo en la Bahía de Cádiz y también en la comarca de Ferrolterra, tienen una manga de 48 metros de eslora, lo que dificulta, como señalan los
técnicos, incluso la entrada en nuestro dique porque, como saben ustedes, el de Ferrol tiene 50 metros. Hay un mercado nuevo que necesitamos

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desarrollar sin lugar a dudas. Presentamos una iniciativa en la que pedimos la aprobación inmediata del Plan industrial de Navantia y la desarrollamos en la exposición de motivos a través de quince puntos que sustancialmente exigen la
permanencia de la gestión y la titularidad de los astilleros en la red pública. En segundo lugar, la demanda del propio Ministerio de Defensa con el inicio de la construcción de la nueva serie de fragatas, las F110, es una demanda de defensa y
sería conveniente que nos pongamos a desarrollar esta nueva línea. En tercer lugar, una nueva línea en política comercial que nos asemeje al resto de los países, desde Francia a Holanda, que van acompañados en vía diplomática con el escalón más
alto de sus países para poder negociar en condiciones debidas. Como he dicho con el propio dique hay razones de gestión que son muy relevantes. Incluso el Partido Popular ha venido a Madrid a manifestarse, cuando era alcalde de Ferrol el señor Rey
Varela, para exigir la remoción de los puestos de la dirigencia de la empresa Navantia. Incluso hemos vivido aspectos grotescos como que el presidente de Navantia se ha dormido en una negociación con los trabajadores en la comarca de Ferrolterra,
mientras discutíamos la construcción o no del dique flotante. En definitiva, pedimos descentralización de los departamentos, la compra de un tornillo en Ferrol pasa por Madrid. Pedimos no solo el rejuvenecimiento de las plantillas, sino la
ampliación de las mismas. Piensen que Astano, hoy Navantia Fene, tiene 300 trabajadores de los que 260 tienen una media de edad de sesenta años. Por tanto, no solo basta con rejuvenecer...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Díaz, por favor.


La señora DÍAZ PÉREZ: ... -ya termino-, sino que ampliemos la plantilla. En sentido extenso, efectivamente, que aprobemos ese plan industrial según los quince puntos que incorporan los sindicatos y para el que el Grupo de Podemos-En Comú
Podem-En Marea pide el voto favorable al mismo. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz.


A esta proposición se han presentado tres enmiendas. Para defender la suya tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo de Ciudadanos, el señor Prieto.


El señor PRIETO ROMERO: Gracias, señor presidente.


Señorías, desde el Grupo Ciudadanos estamos de acuerdo en varias cuestiones planteadas en esta proposición no de ley. La importancia del sector naval, estamos de acuerdo en que el sector naval es estratégico y con potencialidades
extraordinarias para el desarrollo social, económico e industrial de nuestro país. Además Navantia representa una empresa fundamental para la industria gallega, tanto por los puestos de trabajo directos que se pueden llegar a generar, como por los
indirectos, a través de las industrias auxiliares. Ciudadanos está de acuerdo en que el balance contable es actualmente negativo, a causa de la caída de las ventas y de los bajos niveles de contratación y del alto nivel de endeudamiento y
desequilibrio patrimonial existente. Este balance es consecuencia de los problemas de competitividad que arrastra esta industria ya que debe competir con fabricantes de Asia o del este de Europa. Estamos de acuerdo en que ser competitivos no debe
de hacerse ni garantizarse mediante la reducción permanente de salarios, puesto que estaremos siempre en desventaja con estos otros países. Debemos competir mediante mejoras tecnológicas en la construcción que nos permitan ofrecer mayor calidad a
menor coste, garantizando derechos sociales y salariales del trabajador. Por ello, Ciudadanos está de acuerdo en que se debe atajar esta cuestión mediante un plan industrial para Navantia y para todo el sector, que nos permita ser más competitivos.
Este plan no puede comenzar de antemano, como plantea el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, acotado. La representación social debe de estar presente, por supuesto, pero también otras figuras y agentes del sector y no exclusivamente las
sindicales.


Por último, debemos cuantificar dicho plan y su financiación. Es fundamental no crear falsas expectativas proponiendo un plan que posteriormente no fuese realizable, por lo que hay que cuantificar dicho plan y saber cómo se va a financiar.
Está claro que Ciudadanos no puede votar en contra de esta PNL que toca un sector tan sensible en muchos lugares de España. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prieto.


En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García.


El señor GARCÍA MIRA: Gracias, señor presidente.

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Estoy honrado de participar por primera vez en esta Cámara en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que agradece la discusión de esta iniciativa para elaborar un nuevo plan industrial para Navantia, que no es la primera vez que se
suscita por nuestro grupo en esta Cámara. Anunciamos que votaremos a favor, porque estamos de acuerdo en el fondo y en lo fundamental, aunque nos sorprende la forma en que se presenta por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de lo que
solicitan al Gobierno que realice unas gestiones oportunas indeterminadas respecto a un plan industrial para Navantia y remite a buscar en la exposición de motivos las razones que sustentarían este plan. Consideramos que un grupo político debe de
hacer hincapié con firmeza en la acción política y no en las gestiones oportunas. Si yo fuese el Partido y estando el Gobierno en funciones, no tendría duda alguna en apoyar esta disposición, porque deja en mis manos la capacidad de hacer y
deshacer a mi antojo. En ese sentido, el Grupo Socialista quiere mejorar técnicamente esta iniciativa con la aportación de una enmienda, a través de la que se resaltan aspectos que consideramos importantes en la realización de este plan industrial.
Guiados también por la prudencia y la responsabilidad de lo que significa expresar en un documento a través del que se solicitan del Gobierno inversiones, ampliaciones de plantilla. Pero que inmediatamente se publiquen en el Boletín Oficial
suscitarán el interés y la intervención de la Comisión Europea para saber de dónde va a obtener los fondos el Estado para financiar estas inversiones o ampliaciones.


Es responsable y prudente cuidar lo que denominaríamos el warding. La forma en que escribimos una propuesta para hacer, sin duda, lo que hacen otros astilleros en Europa, pero hacerlo con la cautela y con la prudencia necesaria. Señorías,
nuestra enmienda, a pesar de la prudencia, no tiene ningún reparo en la firmeza para hacer hincapié en la necesidad de conocer al sector naval su carácter estratégico para la industria y la economía de Galicia por su elevada generación de empleo
directo e indirecto. Poner en marcha las iniciativas necesarias para recuperar un clima de normalidad y de negociación entre la parte empresarial y la sindical y conseguir así resolver todas estas incertidumbres en torno al futuro de los astilleros
y conseguir una carga de trabajo que sea sostenible y sostenida en el tiempo.


La enmienda propone abordar las necesarias inversiones que permitan afrontar los próximos contratos con el Ministerio de Defensa y otro tipo de contratos. Establecer nuevas vías de comercialización que fomente la exportación de productos
realizados por los astilleros y la búsqueda de mecanismos para la regularización y fidelizacion de la industria auxiliar, constituye otro elemento esencial de lo que consideramos debe integrar parte de la acción que se propone al Gobierno. Como
ejecutar un programa de inversiones productivas que afirmen la capacidad de los astilleros de la Ría de Ferrol y en el que se llevan a cabo las actuaciones necesarias que apuntalen la mejora de los procesos productivos y la mejora de las
instalaciones y, en concreto, la construcción de un dique que posibilite el desarrollo de tareas con buques de gran tamaño. La necesidad de adoptar el necesario proceso de rejuvenecimiento y formación continuada de la plantilla y la apuesta por la
inversión tecnológica y productiva. Así como por la investigación y la innovación que garanticen el futuro del sector como tractor de actividad industrial en las comarcas donde tiene influencia y donde se asientan estos astilleros públicos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García.


Para defender su enmienda también tiene la palabra el señor Juncal, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora Díaz, la proposición que nos presenta son unos fuegos de artificio, oportunista, ventajista y - si se me permite-, con el afecto que sabe que nos tenemos, hasta hipócrita. ¿Por qué? Porque esto lo presenta usted a rebufo de los
contratos conseguidos en estos momentos por Navantia. Usted ha presentado un panorama y nuestros compañeros algunos conocerán el tema y otros no, pero el 31 de diciembre de 2011, cuando el Partido Popular asumió la dirección de Navantia nos
encontramos con una Navantia sin carga de trabajo y estoy hablando nuevamente en general, que tiene varios centros, Ferrol es uno de los importantes, pero que tiene otros centros y que hay que mirarlo como empresa pública que es, con los cuatro
centros que hay en el país. Estábamos sin carga de trabajo y con un submarino que no flotaba y la Izquierda o quien gobernaba en este país, el 27 de julio de 2011 Navantia completa el diseño del submarino S-80 que ha costado 100 millones, en plena
precampaña socialista. Después nos pasaba que el submarino español más moderno se hundía por exceso de peso. Como decía, estábamos sin carga de trabajo, cuando han finalizado los LHD australianos. Astano, ese astillero de FENE al que se refería
usted, sin posibilidad de construir buques. Aún me acuerdo del señor Zapatero con la Unión Europea

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hasta el 31 de diciembre de 2014. Prejubilación de una plantilla con cincuenta y dos años. Si la norma fuera que a partir de esa edad no repitiera nadie en política. Fíjese lo que se podría generar. Desde luego me afectaría. A pesar de
estos cuatro años duros, sin carga de trabajo, se aguantó sin hacer una regulación temporal de empleo y se ha venido trabajando para solucionar el problema, el país en general y Navantia en particular. De ahí la enmienda del Grupo Popular en el
sentido de seguir trabajando y que indudablemente todos los planes de empresa hay que darlos a conocer y hay que pactarlo con los trabajadores, con la representación sindical. Eso no lleva a lo que plantea en su enmienda que prácticamente es que la
representación sindical dirija el plan de empresa. Cada uno tiene sus funciones.


Como le decía, en su exposición de motivos también mete una sarta de no verdades, decir mentiras me parece muy fuerte. Primero, el carácter público de Navantia no lo ha perdido en estos años de Gobierno del Partido Popular. Al contrario se
ha fundamentado. El Gobierno renuncia a intervenir. No, el Gobierno y la dirección de Navantia han estado trabajando estos cuatro años para sacar un problema muy gordo adelante. Incapacidad del área comercial. A día de hoy en el año 2012 no
había carga de trabajo. A día de hoy tenemos los Suezmax, los petroleros a los que ha hecho referencia, los contratos con Arabia y Australia. Por cierto, me gustaría que de los grupos que forman el Congreso hubiese apoyo para poder llevar a buen
fin esos contratos prácticamente cerrados, pero que falta el buen fin. Lo apoyamos. Indudablemente cuando hay compañeros suyos que critican la política comercial con Arabia Saudí, cuando le está insultando o faltando en los medios de comunicación
y luego les quiere pedir que les compren unos barcos o con posturas pacifistas, indudablemente fabricamos fragatas que son capaces de meter un misil donde quieren a 1.200 kilómetros. Las fragatas no reparten caramelos ni cosas por el estilo.


El señor PRESIDENTE: Señor Juncal, vaya terminando, por favor.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Permítame dos minutos porque el tema es muy denso.


El señor PRESIDENTE: Se ha pasado un minuto ya. A ver si en un minuto puede terminar.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Sí, señor presidente.


Como decía, vamos a votar que no, porque se ha venido desarrollando trabajo serio. Eso que usted denigraba de la eólica marina, voy a hacer circular a mis compañeros unas fotografías de los Yak para que sepan que se están construyendo. El
programa de las F110 se ha avanzado por este Gobierno y ya está en marcha desde el año pasado. Se ha corregido el sistema de submarinos del S80 para que ya flote. En el plan de administración de Ferrol si se interesara sabría que están trabajando
en ese tema. Con respecto al dique flotante que decía -para que lo sepan los compañeros y con esto termino-, la propuesta de Podemos en su momento era un dique flotante que costaba el día de varada 40.000 euros/día, cuando en el resto de todos los
diques de la cornisa atlántica vale 5.000 o 6.000 euros/día la varada. Con lo cual ya me dirán a qué armador le podíamos encasquetar un día de trabajo en ese dique. Muchas gracias y perdón por el exceso de tiempo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.


En turno de fijación de posiciones, el Grupo Mixto no había pedido intervención en este punto. Tiene la palabra, por el Grupo Vasco, el señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Solo intervengo para señalar nuestra abstención.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.


A continuación tiene la palabra por el Grupo Catalán, el señor Bel. (El señor Bel Accensi hace gestos negativos). Renuncia a la palabra. Por Esquerra, la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Intervengo para fijar nuestro voto de abstención.


El señor PRESIDENTE: En relación con las enmiendas, señora Díaz.


La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, en relación con la enmienda que presenta el Grupo Socialista, el señor García Mira ha leído una parte de la misma, pero yo quería leer dos elementos que desde luego discrepan en nuestra propuesta y que incluso con todo el
cariño al señor García Mira, ni el Grupo Popular se atrevería a ponerlo negro sobre blanco.

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El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Díaz, solamente para decir si la acepta o no. Porque si no reabrimos el debate otra vez.


La señora DÍAZ PÉREZ: Quiero justificar por qué no la voy a aceptar. Pide en el punto 6 reformar la organización interna enfocada al producto y a la reducción de costes y procesos y esto obviamente va en la senda contraria a lo que
nosotros pedimos en nuestra iniciativa.


En cuanto a la enmienda del señor Juncal, con todo el aprecio, sabe que respeto su posición, pero estamos en las antípodas. Usted quiere otra cosa, que Navantia Fene haga Yak, que no producen ningún valor añadido, y nosotros queremos que
haga petroleros, gaseros y buques con alto valor añadido.


El señor PRESIDENTE: ¿En relación con la enmienda de Ciudadanos?


La señora DÍAZ PÉREZ: Perdón, porque no la he visto la de ciudadanos. Si me permite.


El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda de modificación.


La señora DÍAZ PÉREZ: Perdonad, porque no tengo el texto de la enmienda de Ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, nos lo comunique a la Mesa en cuanto la lea.


La señora DÍAZ PÉREZ: Sí, en cuanto la mire, sin ningún problema. Muchas gracias.


El señor GARCÍA MIRA: Señor presidente, por parte del Grupo Socialista no tendríamos ningún inconveniente en transaccionar quitando ese punto que acaba de criticar la ponente. Si lo acepta.


La señora DÍAZ PÉREZ: Ya lo he hablado con el diputado.


El señor PRESIDENTE: Vamos a tener tiempo para que lo vayan acordando y comuniquen a la Mesa cómo queda al final.


- SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000169).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5º, que es una proposición no de ley sobre la implantación del software libre en la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo de Esquerra Republicana. Tiene la palabra la señora
Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Esta proposición no de ley viene a racionalizar y a hacer sostenibles los recursos públicos en el sentido de que la Administración General del Estado invierte gran cantidad de presupuesto al año en pago de licencias a las compañías de
informática que en definitiva encorsetan la capacidad de acción a la voluntad de las grandes compañías que son propietarias de las licencias. A la vez que hipoteca el propio desarrollo de las tecnologías y las capacidades propias, en este caso de
la Administración del Estado. En definitiva, el Estado no es dueño y depende de la voluntad de las compañías si quiere modificar, ampliar, etcétera. Con el software libre se permite destinar parte de este presupuesto a pagar personal informático
propio que desarrolle un software más flexible y de más fácil adaptación a las propias necesidades de la administración, a la vez que con ello se invierte en el propio desarrollo tanto tecnológico como económico y, en definitiva, se genera
ocupación.


Las principales ventajas que aporta el software libre a la Administración pública, la primera sería disminución del presupuesto destinado a licencias de programas informáticos, que se reinvertiría en personal informático propio, garantizando
mayor ocupación, mayor formación de los técnicos y una mejora del nivel tecnológico propio. La segunda sería la independencia, esa mayor flexibilidad a las propias necesidades. Adaptar a cada uno de los puestos de la Administración al permitir el
software libre a diferencia de licencia propietaria. Hacer los cambios que el propio Estado considere oportunos. La tercera ventaja para que esta proposición no de ley sea aprobada es la seguridad. La utilización del software libre sirve para
detectar aquellas posibles puertas traseras que por otro lado pueden estar creadas conscientemente por las compañías creadoras con fines de espionaje o control de las propias acciones de otros Gobiernos. El ejemplo más claro de utilización de
software libre como garantía de seguridad es

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la que el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos usa más de un centenar de aplicaciones de software libre y reconoce que este permite solucionar problemas de seguridad de manera inmediata sin depender de empresas externas. La
cuarta ventaja, a criterio de Esquerra Republicana, es el libre acceso de la ciudadanía a la información pública. La quinta sería el mantenimiento de los datos públicos. Para la perennidad de los datos públicos es necesario que no dependa de
ninguna empresa, sino que exista un código fuente conocido y a disposición de la propia Administración pública para garantizar su utilización y mantenimiento. La sexta sería la garantía para la utilización de las distintas lenguas oficiales del
Estado español. Los derechos de traducción, donde termina el programa de licencia propietaria corresponde a la voluntad del propietario, en este caso sería el Estado. En todo este contexto, la Administración Estatal debería invertir en desarrollar
un software libre para poner a disposición de las administraciones locales, para reducir sus costos, a la vez que les permite disponer de un software adaptado a las propias necesidades de las distintas administraciones.


En conclusión, la Administración pública, en este caso la Administración del Estado, no tienen ninguna necesidad de depender tecnológicamente del software propietaria y es inaceptable cuando existe software libre que permite una mayor
adaptación de cada una de las administraciones. Una mayor formación, competitividad de la industria local y una mayor seguridad tanto para la protección de la ciudadanía. Presentamos esta proposición no de ley que entendemos que racionaliza y hace
sostenibles los recursos públicos. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella, por su disciplina.


Hay dos enmiendas. En primer lugar, tiene la palabra por Ciudadanos, la señora Millán.


La señora MILLÁN SALMERÓN: Gracias, presidente.


Señorías, desde Ciudadanos abogamos por un software libre puesto que el ejercicio de la ejecución de conocimiento, modificación y redistribución de este tendría consecuencias positivas en el ejercicio de sus potestades, en especial en las
administraciones públicas. Para ello, vemos correcto definir en el marco de dicho plan una estrategia de difusión, promoción y distribución del software libre en las distintas lenguas oficiales del Estado en el seno de todas las instituciones,
asociaciones y entidades públicas, privadas y en especial en las administraciones locales y en el mundo educativo. Este plan tendría que ser difundido mediante organismos competentes. Simultáneamente tendría que fomentar la industria informática
de todas las administraciones y de las comunidades autónomas. También estamos de acuerdo en un proceso de pedagogía, de formación y de asistencia en la emigración para la implementación del software libre. Ahora bien, todo ello a presentar en un
plazo lo más breve posible. Porque vemos inviable el plazo propuesto de dos meses, en tanto en cuanto no sabemos si para entonces habrá nuevas elecciones o Gobierno. Todo gracias a la abstención de ustedes. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Millán.


Tiene la palabra por parte del Grupo Socialista, el señor Elorza.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: El origen de la iniciativa de ERC tengo la impresión de que es una PNL de 22 de junio de 2011 debatida en la Comisión de Política Territorial. Una iniciativa que, por cierto, aprobó una enmienda del Grupo
Socialista que lamentablemente luego no se ha cumplido por parte del Gobierno que gobernó este país a partir del 2011. Teniendo en cuenta esta cuestión tan significativa que es una repetición de una PNL. Debo señalar que España se encuentra
actualmente a la cabeza de los países de la Unión Europea en materia legislativa y de promoción e implantación de este tipo de software, porque nuestro país cuenta con un buen número de iniciativas de adopción y creación de software libre que han
merecido la atención del entorno europeo. En este proceso, señorías, sucesivos Gobiernos socialista, tanto a nivel central como autonómico, han adoptado una posición claramente militante a favor de la implantación centralizada del software libre en
la Administración, favoreciendo su interoperabilidad entre sistemas informáticos.


Destacando como hitos de este proceso de implantación la propuesta de recomendaciones a la Administración General del Estado sobre utilización de software libre y fuentes abiertas del año 2005; la Ley 11/2007, de 11 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información y el Decreto 72/2003 de la Junta de Andalucía que requiere explícitamente la implantación de sistemas
que utilicen software libre en su sistema educativo, otorgando preferencia a su uso en otros ámbitos. Por cierto que Andalucía junto con

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Extremadura constituyen comunidades autónomas adelantadas en el proceso de implantación que nos ocupa. Cabe concluir que, aunque queda mucho por hacer, y en ese sentido es bien intencionada la redacción de ERC, ya que el grado de
implantación actual es muy diferente, dependiendo de la Administración en cuestión e incluso de los organismos que se encuentran dentro de cada una de ellas, el caso es que el sector educativo, por ejemplo, es el más aventajado en este proceso de
implantación y el Grupo Socialista se felicita de la iniciativa, pero entiende que debe presentarse una enmienda mucho más razonable y, sobre todo, mucho más ajustada en plazos. Una cuestión que ha señalado anteriormente el portavoz de Ciudadanos.
Con esta enmienda nuestra queremos complementar y contribuir a la PNL presentada por ERC en la consideración de que esta enmienda es mucho más completa y que puede desarrollar en un tiempo más real el objetivo que compartimos buena parte de los
grupos aquí presentes en la Cámara. Quiero también señalar que la enmienda que se aprobó en esa Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados, de fecha 22 de junio de 2011, proponía tres puntos realmente muy rotundos que, como
decía al inicio, no han sido desarrollados por el Gobierno del Partido Popular en los pasados cuatro años. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorza.


En fijación de posiciones por el Grupo Mixto.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Simplemente, señor presidente, intervengo para fijar nuestra posición favorable a esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por parte del Grupo Vasco, señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Simplemente intervengo para fijar nuestra posición de abstención.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Bel, por parte del Grupo Catalán.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.


Mi grupo va a apoyar la iniciativa más allá de las enmiendas que puedan ser aceptadas o no. Comprendo que dos meses son muchos o un poco. Llevamos dos meses sin hacer Gobierno. Si en dos meses no hacemos Gobierno cómo vamos a hacer todo
un plan de implantación del software libre. Tiene razón, señora Capella, dos meses aquí dan para poco. Como bien se ha recordado por el portavoz del Grupo Socialista y como reza en la misma propuesta de Esquerra Republicana, ya se presentó en el
2011 una iniciativa que se aprobó y que de hecho no ha tenido mucho recorrido. Nos parece que debe aprobarse. Es verdad que algunas comunidades autónomas y especialmente algunos ayuntamientos han hecho un desarrollo modélico en cuanto a la
implantación del software libre, sin que ello tenga que significar que el software de licencia tenga que desaparecer absolutamente. Sería absurdo. En todo caso, entendemos que es una buena propuesta, que es conveniente poder aprobarla y nuestro
grupo la va a apoyar.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


Para finalizar, tiene la palabra en nombre del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Honorato.


La señora HONORATO CHULIÁN: Gracias, señor presidente.


Buenos días a todos y todas. Nosotros compartimos totalmente la exposición de motivos y la propuesta presentada por el Grupo de Esquerra Republicana. Llevamos décadas viendo como en la Administración pública se eligen soluciones basadas en
el software privativo, con criterios de elección contrarios a los intereses de la ciudadanía. Ya que la utilización de programas en formato cerrado no permite a la comunidad saber cómo se utiliza esta información ni utilizar el conocimiento
alcanzado gracias a la innovación tecnológica. Nosotros apostamos plenamente por el software libre de implantación en las administraciones y sobre todo desde una triple perspectiva. Por un lado, porque nos parece que desde el punto de vista ético
es la medida que nos garantiza la soberanía tecnológica. Esto porque la solución del software libre sin exigir la liberación del código fuente implica contratar con dinero público la elaboración de un software que no podrá ser reutilizado de forma
pública. También porque el uso de formatos cerrados o privativos limita el software con el que se puede gestionar la información, vulnerando los principios de

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neutralidad tecnológica. Además, desde el punto de vista económico nos parece que es la solución acertada, ya que parece razonable exigir que las administraciones públicas opten por un software sin costes de licencia, antes que por una
opción comercial con licencias de uso.


En ese mismo sentido, la utilización de software privativo proporcionado por grandes multinacionales extranjeras supone impulsar con dinero público a empresas que generan riqueza fuera, normalmente en países distintos al nuestro, en
detrimento de pequeñas empresas locales altamente competitivas en el suministro de soluciones basadas en el software libre.


Por último, también nos parece que desde el punto de vista social el software libre es imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social, mediante el libre acceso al conocimiento. La no existencia de licencias
por uso y el acceso libre a repositorios de información y comunidades de conocimiento público convierten el software libre en el más accesible para iniciar un proyecto.


Por ello, nos parece oportuna y votaremos afirmativamente a esta proposición no de ley, instando al Gobierno y a las administraciones a caminar de forma decidida en esta dirección, que debería incluir controles por parte de la Dirección de
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones o cualquier órgano equivalente respecto de la compra de licencias impidiéndolas en caso de que existan productos de software libre que ofrezcan funcionalidades similares, así como exigiendo a los
órganos contratantes la liberalización de códigos fuente y documentación de interés para la reutilización del mismo en portales públicos como puede ser el actual portal de la administración electrónica.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Popular, señor Martín-Toledano.


El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, nos encontramos ante la típica PNL que se saca del baúl de los recuerdos, porque han pasado ya dos legislaturas desde que fue presentada por Esquerra Republicana. Esta proposición no de ley se registró en agosto de 2010 y, tal
como se ha recordado, fue debatida en la Comisión de Política Territorial. Pero digo mal, porque no se debatió ya que el representante de Esquerra Republicana tenía prisa porque perdía el avión; no se quedó a debatirla ni a votarla y, por tanto,
la enmienda del PSOE fue el texto que quedó aprobado. Además, hay que decir que tampoco ha habido tanto interés en Esquerra Republicana ni en el Partido Socialista porque en seis años -cinco y pico- no se ha vuelto a insistir sobre el tema, ni se
ha hecho ninguna solicitud al Gobierno de aplicar aquella PNL que se aprobó, ni ha habido interés en presentarla. El poco interés que suscita esta propuesta está claramente acreditado y solo se intenta llenar un espacio de debate político, porque
no se tenía PNL preparadas para esta reunión de la Comisión.


El Grupo Popular va a votar en contra de la misma por dos motivos. En primer lugar, la Administración General del Estado ya está aplicando el software libre como herramienta fundamental de política de eficacia y eficiencia técnica y
económica en la Administración pública. Así, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene establecidos expedientes electrónicos de software libre, gestión municipal, sede electrónica, urbanismo en red, firma electrónica, etcétera.
Hay ya hasta cincuenta aplicaciones que están ya a disposición de los ciudadanos y de las administraciones públicas. Por tanto, hay que reconocer que se está trabajando en esta línea y que se ha avanzado mucho en estos cinco años desde que se
aprobó la propuesta del PSOE. Se puede decir esto, porque Esquerra Republicana ni debatió ni votó su propia proposición no de ley. En segundo lugar, dentro de la estrategia de desarrollo de la Ley de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, el Gobierno ha creado la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado, que tiene como voluntad vertebrar la herramienta del software libre como funcionamiento
prioritario en las administraciones públicas.


Para terminar quería decir que además no debemos perder de vista obligaciones legales tanto nacionales como de la Unión Europea. Por tanto, la Administración está obligada a una estricta neutralidad tecnológica en la selección, uso y puesta
a disposición de productos tecnológicos que exige la legislación nacional y la Unión Europea, así como debe respetarse la propiedad intelectual y los derechos de autor de los propietarios legítimos. Termino diciendo que lógicamente no vamos a votar
a favor de algo que ya se está poniendo en marcha y, además, el plazo de los dos meses propuesto es absolutamente insuficiente. Se seguirá trabajando en esta línea, pero recordar ahora proposiciones no de ley de hace seis años no tiene sentido.

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Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín-Toledano.


Con relación a las dos enmiendas que hay presentadas, una por el Grupo Socialista y otra por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Como Esquerra Republicana está aquí de paso no vamos a aceptar las enmiendas. Nos parece razonable el plazo de dos meses, si se está desarrollando como decía el representante del Grupo Popular, para terminar de
implementar lo que se dice que se está haciendo. No obstante, los ciudadanos no percibimos que se esté efectuando por parte de la Administración el Estado el desarrollo del software libre.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, ¿no se aceptan las enmiendas?


La señora CAPELLA I FARRÉ: No las vamos a aceptar.


- SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000182).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día: proposición no de ley sobre la actualización del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, presentada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Hernández Spínola.


El señor HERNÁNDEZ SPÍNOLA: Gracias, señor presidente.


Señorías, es para mí una gran satisfacción intervenir como diputado en esta Cámara para presentar una iniciativa sobre la actualización del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en sus aspectos económicos. (La señora vicepresidenta,
Madrazo Díaz, ocupa la Presidencia).


Permítanme una breve descripción histórica. Como muchos de ustedes ya sabrán, las singularidades fiscales y comerciales de Canarias hunden sus raíces en el siglo XVI y en el sistema de puertos francos surgido en el 1852, mediante la
promulgación del Real Decreto de Bravo Murillo, conocido como Ley de Puertos Francos, que supuso la liberalización de la entrada y salida de mercancías del archipiélago canario. Esa situación se prolonga desde mitad del siglo XIX hasta la guerra
civil española de 1936. Después vino la importante reforma intervencionista y proteccionista del año 1972, en pleno tardofranquismo y, por último, están las reformas de 1991 y 1994 impulsadas por los Gobiernos socialistas de Felipe González, que
regularon los aspectos fiscales y económicos respectivamente. La Constitución española de 1978, el Estatuto de Autonomía, los protocolos que ha suscrito el Reino de España con la Unión Europea han respetado siempre las especificidades de las islas.
Por tanto, Canarias ha dispuesto históricamente de un régimen de libertad comercial que implicaba la existencia de franquicias al consumo, de una menor presión fiscal indirecta y de exenciones de determinados monopolios estatales.


Ahora, transcurridos más de veinte años desde la última reforma nuclear del Régimen Económico y Fiscal -me refiero a la del año 1994-, procede adaptar y actualizar nuestros fueros a las circunstancias del siglo XXI. Las fuerzas políticas,
económicas y sociales de las islas han alcanzado un acuerdo sobre la imprescindible reforma del Régimen Económico y Fiscal, que se ha vehiculizado a través de un acuerdo unánime del Parlamento de Canarias. Este es el trabajo que ha hecho la
sociedad civil canaria a lo largo del año 2015.


Por eso, señorías, consideramos que al inicio de esta legislatura y en esta primera reunión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Pública es oportuna y conveniente la presentación y aprobación de esta iniciativa parlamentaria, de
modo que instemos al Gobierno de España en plenitud de sus funciones a que la mayor brevedad posible actualice el Régimen Económico y Fiscal, en sus aspectos económicos, previa negociación con el Gobierno de Canarias.


Los objetivos que persigue esta actualización del Régimen Económico y Fiscal son brevemente los siguientes: en primer lugar, que se garantice que las que las limitaciones estructurales permanentes de Canarias, que la convierten en región
ultraperiférica de la Unión Europea, sean compensadas a través de políticas específicas y suficientes; en segundo lugar, que se desarrolle un conjunto de medidas estables

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económicas y fiscales encaminadas a promover el desarrollo y la cohesión económica social y territorial de Canarias, velando especialmente por la doble insularidad; en tercer lugar, que se fomente la internacionalización de la economía
canaria; en cuarto lugar, que se mantenga el principio de libertad comercial de importación y exportación, sin que sea de aplicación en Canarias ningún monopolio sobre bienes y servicios; en quinto lugar, que el REF establezca y garantice una
presión fiscal menor que en el conjunto del Estado, como viene siendo habitual; en sexto lugar, que los recursos del REF no den lugar a la disminución del resto de gasto público estatal y sea al mismo tiempo complementario de los previstos en el
sistema de financiación autonómica; en séptimo lugar, que en las políticas relativas a transporte, telecomunicaciones, energía, agua, empleo, formación profesional, promoción comercial y turística, incentivos económicos regionales, residuos,
incentivos a la inversión, universidades, financiación, convenios y sector primario se tenga en cuenta la lejanía e insularidad y, por consiguiente, se compensen las desventajas del hecho insular.


Si bien es cierto, señorías, que mediante el Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, se actualizaron los aspectos fiscales del REF, lamento que el Gobierno del Partido Popular haya desaprovechado los cuatro años de la pasada
legislatura para modificar el REF económico. Su prologando desinterés contrastó con las prisas de última hora cuando intentaba en plena campaña electoral convencer a los canarios de que el Partido Popular resolvería esta cuestión, cosa que
obviamente no ocurrió, lo que me llevó a tachar de paripé los encuentros que entre ambos Gobiernos se celebraron por aquellos días. Incluso en estas semanas pasadas...


La señora VICEPRESIDENTA (Madrazo Díaz): Señor Hernández, por favor, tiene que ir finalizando.


El señor HERNÁNDEZ SPÍNOLA: Acabo enseguida, señora presidenta.


Decía que incluso en estas pasadas semanas el Gobierno en funciones solicitó un dictamen de la Abogacía del Estado para intentar en vano aprobar en el último minuto lo que no hicieron en cuatro años.


Señorías, por todo ello, solicito el apoyo de todos los grupos parlamentarios para la aprobación de esta proposición no de ley con el fin de garantizar el futuro del REF porque es nuestro acervo histórico.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Madrazo Díaz): Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra por un tiempo de tres minutos la señora Pita.


La señora PITA CÁRDENES: Gracias.


Anunciamos en principio el voto favorable a la PNL presentada por el Grupo Socialista sobre la negociación con el Gobierno del Estado en los aspectos económicos del REF.


Como sus señorías saben, el REF constituye un conjunto de herramientas fiscales y económicas que tiene un objetivo claro: paliar las desigualdades que surgen en el archipiélago por su situación y su condición de esa puerta sur de Europa,
por esa ultraperificidad. Lo triste es que todo este conjunto de herramientas arrojan socialmente en Canarias ahora un cuadro devastador: la tasa de paro más alta; un alto índice de desigualdad porque si España está a la cabeza de Europa en
índices de desigualdad, Canarias está todavía por arriba que el Estado en este desgraciado tema; el paro ha llegado al 31 % -casi un paro estructural-; pobreza infantil y exclusión social. En definitiva, hay un devastador cuadro social, lo que
nos lleva a pensar que todo este conjunto de herramientas ha servido poco para paliar esas desigualdades, en cuanto a la distribución social que citábamos al principio. Hasta ahora el REF para lo que ha servido -eso sí- es para beneficiar a un
tejido empresarial sin contraprestación alguna. Fíjense en una de las herramientas que es el RIC, el Régimen de Inversiones de Canarias que, como sus señorías conocerán, es una exención de impuestos del 90 %. Cuando en democracia decimos a un
sector que no pague impuestos es porque hay un fin social. ¿Cuál era el fin social? Era crear empleo, pero nos ha llevado a tener una tasa de paro del 27 %, una de las mayores de Europa. Por tanto, poco o nada ha servido este fuero específico, al
que tan bien ha citado históricamente el diputado socialista desde su génesis, para llevar un equilibrio y acabar con esas desigualdades que en Canarias sufrimos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Por tanto, nosotros apostamos por un REF desde el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea que fundamentalmente cubra dos elementos. Por un lado, que contribuya especialmente a la diversidad económica del archipiélago. Por otro lado, ustedes
saben que el turismo es el mascarón de proa de la economía canaria, pero este no puede ser el turismo del todo incluido, el turismo que devasta el territorio

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y acaba con los recursos. Debe ser un turismo ligado a lo que sí somos -cito palabras de expertos en el tema-, a la Arabia Saudí de las energías limpias. Creemos que esa es una de las líneas fundamentales a seguir, no solo debe ser un
turismo sostenible y de calidad que enriquezca esa calidad turística, sino que tiene ser un elemento para crear puestos de trabajo y la propia supervivencia de la sociedad canaria en su conjunto. Por ahí creemos que deben ir los tiros: soberanía
energética y soberanía alimentaria, ligadas a ese mascarón de proa que es el turismo. Decía Saramago que el turismo de calidad --nos gusta citarlo siempre- es aquel que visita lugares que se respetan a sí mismos. Por tanto, en Canarias intentamos
que así sea. Insistimos en que todas estas herramientas aplicadas a las empresas tienen que tener una contraprestación. Es decir, las empresas no pueden recibir este tipo de beneficios sin nada a cambio y todos esos beneficios que reciban tienen
que estar ligados forzosamente a la creación de empleo, de un empleo digno y de calidad.


Hay una cierta tentación por algunas organizaciones de entender a Canarias como un paraíso fiscal, como la Singapur de Europa. Quienes así piensen van a encontrarse en frente con la oposición de los hombres y mujeres de Podemos y muchos
ciudadanos y ciudadanas canarios. Nosotros tenemos otros planes para Canarias, queremos una Canarias limpia, inclusiva, socialmente equilibrada y estable, que sea puente de buena vecindad con ese continente que es África. En definitiva, queremos
un territorio de paz, de solidaridad y de democracia avanzada.


Votaremos afirmativamente, siempre y cuando -ya se lo decíamos al portavoz socialista- sea inclusiva. Hay un Parlamento nuevo que salió en mayo de 2015 con dos nuevas incorporaciones de dos fuerzas políticas que tendrán que ver en esta
negociación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación tiene la palabra, para el turno de enmiendas, la señora Asian González.


La señora ASIAN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra por el tono y las formas que han empleado. Aquí hemos oído muchas propuestas constructivas y votaremos a favor de algunas, aunque
de otras no. Creo que hay que poner de manifiesto, porque ha sido cierto, el talante constructivo de todas las intervenciones. Sin embargo, ha habido una manifestación por parte de un diputado, el señor Ramírez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
respecto al ministro de Industria, señor Soria, que es rotundamente falsa. Quiero que conste expresamente en el 'Diario de Sesiones' la falsedad de su afirmación. Además, entiendo que fuera de este ámbito, y por respeto a la verdad material que
deben de presidir todas nuestras actuaciones como representantes públicos, el señor diputado tiene que acreditar lo que ha manifestado con las pruebas correspondientes o bien tiene que retirarlas y reconocer su falsedad. Entiendo que este tipo de
manifestaciones no enriquecen nada el debate parlamentario. El señor Soria no ha detraído de las arcas públicas fondos, lo que sí ha hecho el ministro Soria es impulsar un acuerdo con el presidente del Gobierno de Canarias, el señor Clavijo, en
virtud del cual los fondos del extinto impuesto general de tráfico de empresas no se van a retener en las liquidaciones que se efectúan al Gobierno de Canarias, con lo cual los ciudadanos de Canarias vamos a tener mayor liquidez y vamos a
incrementar nuestro bienestar. Esto que manifiesto sí que es cierto y se puede acreditar.


En cuanto al tema de la enmienda presentada a la proposición no de ley del Grupo Socialista quiero manifestar que vamos a favor de la PNL, con el texto que hemos enmendado porque estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de actualizar
el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Además estamos de acuerdo con mantener el espíritu y la colaboración que ha presidido las actuaciones del Gobierno de España hasta ahora para modificar el Régimen Fiscal de Canarias que ha entrado en vigor
reciente, el 1 de enero de 2015, y que es el régimen fiscal más social que nunca ha tenido Canarias porque el empleo es el gran protagonista. Ahora el Partido Popular ha impulsado, bien es cierto que con el Gobierno de Canarias, un nuevo régimen
fiscal para Canarias donde el eje vertebrador de los incentivos es la creación de empleo. Por eso, entendemos que es necesaria reformar los aspectos económicos de nuestro régimen. Es cierto que no se ha hecho antes, pero ¿por qué? Porque la
recuperación económica no lo permitía. ¿Cuál es el primer elemento que se necesita para iniciar una modificación de un régimen económico que tiene que pivotar, como se ha dicho aquí, sobre la condición ultraperiférica de Canarias y, por tanto,
compensar la situación de desventaja que tenemos respecto al territorio continental? Pues que exista una recuperación económica y con ello una recaudación tributaria que permita llegar a unos acuerdos y así se

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ha hecho. Desde el mes de julio del año pasado se han reunido representantes tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España, se han creado siete grupos de trabajo y todos los principios que inspiran nuestro régimen económico han
quedado plasmados en unos trabajos que han quedado pendientes de trasladar a la ley, puesto que el Gobierno está en funciones y como todos sabemos le es imposible proponer proyectos de ley. Sin embargo, creo que el trabajo está realizado, todos los
grupos políticos estamos de acuerdo en los principios que han de presidir esta renovación. Yo creo que hemos ido incluso algo más allá, ha habido aportaciones muy interesantes por parte del Gobierno de Canarias y por parte del Gobierno de España,
que indudablemente van a redundar en mejorar las condiciones de vida de todos los canarios.


Además de este texto pendiente de aprobación que ya está realizado, el Gobierno de España se ha implicado junto con el Gobierno de Canarias hasta elaborar una estrategia para internacionalizar la economía de Canarias. En Canarias tenemos
muchos problemas y necesitamos mejorar nuestra economía, esto es evidente y esta colaboración de internacionalización seguramente va a traer inversión a Canarias y creación de empleo, que es lo que todos queremos para que las tasas insoportables de
desempleo que tenemos actualmente en Canarias se vean reducidas.


Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: Entiendo que se ha terminado el turno de defensa de enmiendas. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, señor Alli.


El señor ALLI MARTÍNEZ: El Grupo Mixto votará a favor.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Vasco, señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Votaremos a favor.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.


Intervendré rápidamente para fijar nuestra posición favorable a la propuesta. Entendemos que sí hay una voluntad clara y explícita del Parlamento canario para poder establecer este nuevo régimen económico y fiscal en su comunidad autónoma y
a nosotros nos parece favorable esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por parte del Grupo de Esquerra Republicana, señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Mi grupo se abstendrá.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Ciudadanos, señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.


Desde el Grupo Ciudadanos vamos a apoyar la proposición no de ley, con la esperanza de que de una vez por todas el REF sirva para lo que fue concebido, como un elemento sustancial para la creación de empleo. Es cierto que nosotros hemos
visto en estos últimos meses un acercamiento por parte del Gobierno de la nación con el Gobierno de Canarias, como bien dice la diputada Asian. Nos hemos incluso hartado de ver las reuniones y las fotos en los últimos dos meses, coincidiendo con la
campaña electoral, pero sí que hemos echado de menos en la última legislatura ese acercamiento. Le puedo decir que si me pide pruebas, lo único que tiene que irse es al fondo documental de Canarias Ahora. Ahí puede ver los debates y puede ver
claramente cuáles son las intervenciones de todos y cada uno de los que fuimos candidatos en las elecciones en Canarias, incluyendo al ministro Soria.


Por otro lado, si el REF es tan aplaudido y están haciendo lo que han hecho hasta ahora, lo que tenemos que dejar claro es que si fue concebido para la creación de empleo y empleo de calidad, desde luego no ha servido para eso. Tenemos una
de las tasas de paro más alta de Europa con un 27,8 %, cuatro puntos por encima de la media nacional y la tasa de paro juvenil rozando el 50 %, lo que es un drama. En cualquier caso, como ya le decía antes, votaremos a favor con la esperanza de que
una vez por todas el REF sirva para lo que fue concebido.


Muchísimas gracias, señor presidente.

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El señor PRESIDENTE: En relación con las dos enmiendas, ¿grupo proponente?


El señor HERNÁNDEZ SPÍNOLA: Gracias, presidente.


Nosotros vamos a aceptar las dos enmiendas que se han presentado por ambos grupos, por el Grupo Podemos y por el Grupo Popular. De tal forma, que tenemos una redacción ultimada de cómo quedaría la proposición no de ley, con el siguiente
tenor: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar...


El señor PRESIDENTE: Por favor, simplemente pásela a la Mesa para que conste.


El señor HERNÁNDEZ SPÍNOLA: Ahora la paso, pero están aceptadas las dos enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Hernández.


- RELATIVA A CONTINUAR CON LAS BAJADAS DE IMPUESTOS A AUTÓNOMOS Y FAMILIAS TAN PRONTO SE ALCANCE UN NIVEL DE INGRESOS PÚBLICOS DEL 38-39 % DEL PIB. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000225).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al 7.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a continuar con las bajadas de impuestos a autónomos y familias tan pronto se alcance un nivel de ingresos públicos del 38-39 % del producto
interior bruto. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Moya.


El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en la medida en que esta es mi primera intervención en el Congreso de los Diputados quiero, en primer lugar, manifestar mi gratitud a la dirección del Grupo Parlamentario Popular por haberme confiado el desarrollo de la función de
la portavocía de Hacienda y también poner de manifiesto que para mí nuevamente es un honor volver a esta sala, donde tuve la oportunidad de intervenir como ponente de la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía en su título VI, en economía,
hacienda y empleo, cuando desde mi tierra, desde Andalucía, abordamos la reforma estatutaria.


Créanme que el motivo de presentar esta proposición no de ley fundamental se circunscribe a un ámbito que evidentemente es específico. Los Presupuestos Generales del Estado, que son la ordenación jurídica del gasto público, establecen una
mera previsión del ingreso y una autorización del gasto público. Por tanto, a partir de la política presupuestaria es cuando podemos definir lo que debe ser una política tributaria y lo que debe ser una política de gasto público. En ese sentido,
señorías, quiero ponerles en valor algo que me parece importante. Hoy España, miembro de la Unión Europea, ha sido y tiene que seguir siendo un país y una nación completamente comprometida con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Por tanto,
desde esa perspectiva, el Partido Popular ha afrontado a lo largo de la legislatura que acaba de terminar, y vamos a seguir haciéndolo a lo largo de la presente legislatura desde el Gobierno, rebajas de impuestos vinculadas fundamentalmente ahora en
lo que significa la apreciación y la explicación que voy a dar, a la imposición directa en el ámbito de la capacidad económica que grava precisamente rentas del trabajo. Estamos, por tanto, hablando de dirigir una reforma tributaria a familias, a
autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, en suma, al tejido socioeconómico del conjunto de la nación española.


Por cierto, en la línea del objetivo de estabilidad presupuestaria se fraguó un gran acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista que llevó a una modificación de la Constitución española en el ámbito de su artículo 135, suscrito
por esos dos grandes partidos en España, dos fuerzas políticas constitucionalistas que fundamentalmente ponían de manifiesto el cumplimiento del objetivo del Pacto de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno de España tuvo que hacer frente a unas
variables económicas y macroeconómicas extraordinariamente complejas con un déficit público desbocado, por encima del 9 % finalizando el año 2011 y comenzado el 2012, y tuvimos que tomar una serie medidas que fueran capaces de establecer una
nivelación entre ingreso y gasto público, porque en nuestra opinión el gasto público estaba completamente desbocado.


Yo creo, señorías, que este cuadro pone de manifiesto lo que significaba una situación objetiva, llevada a cabo en la legislatura del señor Rodríguez Zapatero, donde en el año 2009 el gasto público estaba por encima del 46 % respecto al
producto interior bruto y el nivel de ingresos estaba en torno al 35 %. Una vez que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno más reformista que ha habido en la etapa democrática

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de España a lo largo de lo que han significado los últimos años, ha conseguido establecer esa nivelación entre ingreso y gasto (aproximadamente si ustedes cogen el gasto público de este año contemplado en el presupuesto del año 2016 está en
torno al 40 % y el nivel de ingresos públicos en torno al 38 % o 39 %), ha acometido rebajas del impuesto sobre la renta de las personas físicas y lo hemos hecho fundamentalmente mirando a aquellas personas, cuya base imponible precisamente está por
debajo de la media en niveles de renta que gravan la capacidad económica vinculada a la imposición directa.


Señorías, quiero poner en valor el esfuerzo que el Gobierno de España ha hecho, sobre todo con una rebaja media del 12,50 % para el conjunto de los contribuyentes y cuando el 72 % de los declarantes con rentas inferiores a 24.000 euros
tendrán una rebaja media del 23,5 %. Además, la política tributaria sirve para hacer política social. En ese sentido, hemos habilitado precisamente reducciones en el ámbito de la base imponible o deducciones vinculadas al ámbito de la cuota que
determinan una apuesta firme y decidida por la familia y por las personas con discapacidad, hemos elevado los mínimos vinculados al descendiente y a quien tenga a su cargo persona que sufra discapacidad. Hay una rebaja importante de los tipos de
gravamen aplicables sobre la base y hay una reforma que desde el punto de vista tributario fundamentalmente lo que pretende es -y así lo hemos conseguido con la que habilitamos en julio de 2015- colocar en el bolsillo de los contribuyentes, de los
españoles, más de 1.500 millones de euros, que determinan una reactivación del consumo y un mayor crecimiento económico y han aportado un incremento del 0,55 % del producto interior bruto sobre el conjunto de la riqueza de la nación española. Lo
hemos hecho cuando hemos podido, cuando hemos equilibrado las cuentas públicas y cuando hemos puesto en valor -de ahí también el título de esta proposición no de ley- conseguir un nivel de ingresos que desde el punto de vista tributario se aproxime
a una media en torno al 38, 39 % sobre el producto interior bruto. Eso significa que hemos tenido un Gobierno que, como ustedes saben, ha adelantado esa rebaja desde el punto de vista tributario, desplegando eficacia desde el 1 de julio de 2015.
El tipo de retención para profesionales lo rebajamos del 19 % al 15 %, medida que beneficia a cerca de 800.000 autónomos, que, en concreto, ven incrementada su liquidez en 263 euros cada año.


Igualmente, hemos querido poner en valor lo que significan nuevas exenciones, que, al mismo tiempo, ponen de manifiesto el cumplimiento de un mandato constitucional, artículo 31 de la Constitución, cuando se dice que todos contribuirán al
sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que no tenga alcance confiscatorio. La progresividad tributaria es una medida y un
elemento esencial que manifiesta la capacidad económica en la tributación del IRPF, diferenciada del consumo que grava la imposición indirecta vía IVA, pero -agradeciendo su benevolencia, señor presidente- hemos querido poner en valor también cuatro
aspectos, que solo pretendo enumerar, por falta de tiempo, que son las ayudas sociales, que quedan exentas, la limitación vinculada a los embargos, la progresividad con respecto a las antenas colectivas vinculadas a la TDT, y en violencia de género
la exención de tributación de las ayudas a las víctimas.


En suma -y con esto termino, señor presidente-, queremos seguir en esta línea, y de ahí que instemos al Gobierno, a nuestro Gobierno, el del Partido Popular, que se encuentra en funciones y que desde nuestro grupo esperamos que siga
gobernando durante los próximos años, a que sigamos en la bajada por la senda de la imposición, al servicio de los españoles.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Moya.


Hay una sola enmienda en este punto, que defiende la señora Millán, por parte del Grupo Ciudadanos.


La señora MILLÁN SALMERÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, nos encontramos con una proposición no de ley que comienza en su punto primero con la palabra continuar; no se puede continuar lo que no se ha comenzado a bajar. A continuación, en ese mismo párrafo se dice que tan pronto como
sea posible; hemos pasado de un presente: continuar, que no existía, a una condición: tan pronto como sea posible. Consideramos que esta medida condiciona la bajada de impuestos a una supuesta mejora de la recaudación. Esconde la intención, por
tanto, de no bajarlos. No nos parece serio, sino de ciencia ficción, cuando los españoles están pagando la mayor subida de impuestos de la historia de España. Nos encontramos con una medida vacía y sin contenido, que aparentemente se preocupa de
la clase media y trabajadora, haciendo ver que pretende bajar los impuestos, solo que la realidad es muy diferente, puesto que condiciona la supuesta bajada, la cual no se especifica, a una subida de los ingresos públicos, por lo que no prima a la
clase media y trabajadora ni se

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toman medidas concretas para que esta pueda emprender, poner en práctica su proyecto y generar, a su vez, más empleos.


Señores del Partido Popular, tampoco se están cumpliendo los objetivos de déficit. ¿Se pueden bajar los impuestos y cumplir con los objetivos de déficit? Sí se puede: suprimiendo gastos superfluos. ¿Cómo? Suprimiendo las diputaciones,
dejando que los españoles puedan emprender, puedan poner en práctica su proyecto, y para esto urge una reforma en autónomos. Estos necesitan una bajada de sus cuotas con carácter urgente. Nuestra propuesta es concreta y específica. El Régimen
Especial de Trabajadores Autónomas requiere una reforma profunda, para que, entre otras cosas, se avance hacia un sistema más justo y equilibrado, en el que las cotizaciones de los autónomos se acerquen a la realidad de los ingresos, porque la
función de la Administración no debe ser ahogar a los autónomos con impuestos, sino apoyarlos para que sus negocios funcionen y puedan vivir dignamente. Para ello, es necesario la creación de un grupo de trabajo de expertos, para alcanzar los
siguientes objetivos: establecer un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales del autónomo, encontrar fórmulas de cotización para el trabajo de autónomo a tiempo parcial y revestir las subidas de impuestos de este Gobierno
cuando la situación presupuestaria lo permita; de manera inmediata, introducir una reducción en la cuota de 45 euros, que se aplicará a todos los autónomos para los ingresos reales que no superen el salario mínimo interprofesional.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Millán.


Pasamos al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra en primer lugar el señor Alli, del Grupo Mixto.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, de nuevo, a todas sus señorías.


Efectivamente, nosotros votaremos a favor de esta proposición no de ley puesto que va en el sentido de la propia ideología que tiene Unión del Pueblo Navarro, hoy portavoz del Grupo Mixto, y que no es otra que la responsabilidad pública y,
por tanto, la dotación de los presupuestos públicos suficientes para el cuidado de las personas más vulnerables, es decir, todo lo que hablamos de las políticas sociales, tanto a nivel educativo, como sanitario o del modelo de protección social, y,
por otra parte, el apoyo, el impulso al tejido productivo, que es, al fin y al cabo, el que genera el empleo, y, cómo no, lógicamente, a la familia, que es -insisto- la mayor institución que vertebra realmente el desarrollo de las personas en este
país y, lógicamente, en cada una de las comunidades de España. Por tanto, el modelo económico tiene que ir encaminado a que la mejor política social es la del desarrollo económico y, por tanto, la de generación de empleo, que, desde el punto de
vista de la empresa, supone la mejora de la competitividad de esta. Y la mejora de la competitividad de las empresas no solo se consigue deflactando sueldos, sino también mejorando infraestructuras, aplicando las nuevas tecnologías a la
productividad de las empresas, etcétera.


Y siguiendo con este ciclo virtuoso en cuanto al desarrollo económico para la mejora de una sociedad y, por tanto, para una reducción posterior de impuestos, lo que está claro, señorías, tal como consideran los economistas, es que el
progreso se define como la mejora de la renta per cápita de un ciudadano año a año, lo que pasa, entre otros muchos factores -que no es cuestión de detallar, por el tiempo-, lógicamente, por la reducción de impuestos. Por tanto, en un momento clave
como el actual, en el que parece que nos vamos recuperando, que estamos en la famosa senda de la recuperación económica, desde la responsabilidad pública hacia las personas más vulnerables, estamos a favor de esa reducción suficiente de impuestos,
que es precisamente lo contrario de lo que está viviendo en el momento actual la Comunidad Foral de Navarra, en la que grupos como Podemos, Izquierda Unida, Bildu o PNV Geroa Bai están haciendo precisamente lo contrario, que es subir los impuestos:
en el IRPF a las personas físicas, pero sobre todo el tipo marginal máximo, con el mayor tipo marginal en la cuota íntegra de la declaración de renta de todos los españoles, y en la subida de impuestos sobre sociedades, que es precisamente lo que
está frenando la inversión, etcétera.


Por tanto, desde esa moderación, esa centralidad ideológica, y en aplicación de esas políticas, estamos a favor de una reducción y, por ende, a favor de esta PNL que propone el Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alli.


En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran.

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El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, señor presidente.


Tenía pensado abstenerme, porque esta es una cuestión en la que también estaba viendo que había determinados aspectos en los que es difícil que pudiéramos incidir. Sin embargo, me acaba de hacer la traducción el señor Alli de lo que es esa
aplicación con respecto a Navarra y el País Vasco y estoy dándome cuenta de que casi me obliga a votar en contra.


Primera cuestión, la crítica a las actuaciones del Gobierno de Navarra es conveniente que usted la haga en las instituciones de Navarra, no en este sitio. Punto segundo, la actuación que está teniendo el Gobierno de Navarra, evidentemente,
con participación de muchos partidos, a diferencia de la dificultad que parece que hay para que ocurra en este Congreso, está suponiendo el enriquecimiento de los puntos de vista y el enriquecimiento también de las políticas públicas, fiscales y
sociales. Y tercero, no solo eso es así, sino que teniendo como uno de los partícipes al Partido Nacionalista Vasco, a lo que conduce es a que, como ocurre en la Comunidad Autónoma del País Vasco, los niveles de cohesión social, los niveles de
desarrollo de las políticas sociales, los niveles de protección de los sectores más desfavorecidos hayan sido los más intensos que existen en todo el Estado, sin perjuicio además de que también haya políticas fiscales pactadas, habladas con todos
los grupos, tanto con el Partido Socialista, como incluso con Bildu en otros sitios, en la Diputación de Guipúzcoa, que han supuesto que existan unos niveles de progresividad suficiente para permitir que aquellos que deben contribuir lo hagan de una
manera más o menos razonable, que aquellos que deben soportar la carga fiscal lo hagan en la medida de sus posibilidades.


Siendo eso así, lo siento, pensaba abstenerme, pero me obliga usted, señor Allí, a votar en contra.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. (El señor Alli Martínez pide la palabra).


Señor Alli, un minuto solamente. En cualquier caso -lo aclaro-, hoy estoy siendo condescendiente, pero el tema de las alusiones se refiere más a descalificaciones. Si no, entramos otra vez en debate.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Simplemente es para fijar dos cuestiones. Una, que el Partido Nacionalista Vasco ha cambiado la postura sobre lo que tenía previsto votar, y la ha cambiado después de unas declaraciones de otro grupo de una
comunidad vecina. Y en segundo lugar, quiero hacer constar que el Partido Nacionalista Vasco de la Comunidad Autónoma vasca sale aquí en defensa de la Comunidad de Navarra simplemente porque el Partido Nacionalista Vasco de Navarra no tiene
representación en esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Seguidamente, tiene la palabra el señor Bel, por parte del Grupo Parlamentario Catalán.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestro grupo se va a abstener ante esta propuesta, de la que tampoco vamos a juzgar la motivación por la que se presenta pero que en sí misma tiene ciertas contradicciones. El portavoz del Grupo Popular dice que habían anticipado una
bajada de impuestos para cuando se alcanzase el límite que ustedes mismos establecen en esta PNL en el nivel de ingresos públicos del 38, 39 % del PIB. No voy a valorar yo por qué anticiparon esta bajada de impuestos, que ustedes concretan
esencialmente en el IRPF, ni voy a discutir los datos que dan, pero les debo recordar que los autónomos y las familias pagan impuestos como el IVA -los pagamos todos- y, evidentemente, no hace falta que les diga que en las rentas más bajas este
tiene un impacto mayor que en las rentas medias y altas. Por tanto, cuando hablamos de bajada de impuestos, tendríamos que hacer una valoración global de todo el sistema fiscal, y, cuando hablamos de bajada del IRPF, lo tendríamos que concretar.


Ha apuntado algunas de las medidas el portavoz del Grupo Popular, como que han quedado exentas las ayudas sociales, o la inenvargabilidad de algunas de estas ayudas sociales que se aprobaron en la anterior legislatura. Es verdad y mi grupo
tuvo varias iniciativas que al final fueron admitidas y llevadas a cabo por el ministro Montoro; en todo caso, nosotros fuimos de los pioneros en reclamarlas. Pero entendemos que es una moción para fijar una posición ad futurum, que, desde nuestra
óptica, resulta un tanto débil. Si las familias y los autónomos requieren una bajada de determinados impuestos, nos lo deberíamos plantear independientemente de que se alcancen o no estos porcentajes del PIB, porque -insisto- en otros momentos se
ha hecho con independencia de estos objetivos, que ahora nos pueden parecer loables.


Muchísimas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


Por parte del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ DALMAU: Muchas gracias, señor presidente.


Los diputados y diputadas del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea van a votar en contra de esta propuesta.


Señores del PP, llegan ustedes a esta Comisión con una propuesta que haría sonrojar a cualquier estudiante de 1.º de Economía. En tres páginas quieren ustedes informarnos de que han descubierto la fórmula de la Coca-Cola. En un tono
sarcástico, yo diría que en un tono más bien ofensivo, afirman ustedes -y cito textualmente-: el endeudamiento insostenible y continuado en el tiempo no es una opción. Eso lo dicen ustedes, cuyas políticas de recortes en derechos sociales han ido
de la mano del mayor aumento de la deuda pública que ha habido en la historia de este país, que ha pasado del 60,1 % del PIB en 2010 al 98,95 % del PIB en 2015. Señores del Partido Popular, en estos momentos debemos más de un millón de millones de
euros. Es una deuda que han cargado sobre nuestras espaldas y las espaldas de nuestros hijos. ¿Cómo dicen ahora que el endeudamiento insostenible y continuado en el tiempo no es una opción? ¿Qué es lo que nos quieren contar? La propuesta que
ustedes realizan es poco responsable, como ha sido la política tributaria del Partido Popular durante estos últimos cuatro años y medio. Ningún país, ninguna institución, ninguna teoría económica recomienda modificar impuestos cuando se llega a un
determinado porcentaje de ingresos con respecto al PIB. Esto es una cosa que se han sacado ustedes de la manga y que parece más una ocurrencia de café que una propuesta seria. Fíjense ustedes, si al llegar a ese nivel se realizaran estas rebajas
fiscales, se volvería a reducir la relación entre ingresos y PIB, volviendo a necesitar un reajuste, y así sucesivamente. Es una ocurrencia que no argumentan con lecciones de teoría económica ni con informes de organizaciones competentes, sino con
un tuit de Pedro Sánchez citando a Rubalcaba. Lo que nos han traído aquí es un tuit. No sé qué creen ustedes realmente que es un Parlamento. Leyéndoles a ustedes uno entiende muchas cosas que han pasado estos últimos cuatro años. El Partido
Popular ha jugado con la política tributaria de manera poco responsable y pretende continuar haciéndolo con proposiciones como la que nos presenta.


Señorías, según datos de Eurostat, España tiene un problema estructural de ingresos que nos hace sufrir un diferencial de ingresos con respecto al PIB de la eurozona de hasta 8 puntos. Según todas las organizaciones internacionales, el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, y europeas, como el Banco Central Europeo o la Comisión Europea, esas que tanto les gustan a ustedes pero parece que a lo mejor no leen ajustadamente, y think tanks -que también les gustan-,
como Fedea, este es un problema que hay que corregir si España quiere realmente sostener un Estado social moderno equiparable a los Estados de nuestro entorno. Esta insuficiencia crónica se ha puesto de manifiesto en una caída de los ingresos
públicos como consecuencia de la crisis. Mientras que en España los ingresos han caído hasta 6 puntos porcentuales, en la eurozona tan solo ha caído un punto. La política del PP no solo no ha atajado este problema, sino que lo ha agravado,
llevando los recortes hasta el tuétano del Estado del bienestar en España.


Es que venimos sufriendo sus recortes desde hace cuatro años, señores del Partido Popular, y lo que nos queda por sufrir a causa de comportamientos y ocurrencias como la que nos muestran. No sé si saben que la rebaja fiscal electoralista
que el Partido Popular implementó a finales de 2015 supone menores ingresos y mayores recortes en 2016. El Partido Popular es un peligro para el Estado social, sobre la totalidad, sobre el que se apoyan las rentas más bajas, y hay una gran
proporción de las clases medias de este país. Hablemos en serio, pero de verdad. Es necesario acometer una profunda reforma fiscal, que permita reducir esta insostenible diferencia de 8 puntos porcentuales en los ingresos públicos con respecto a
la eurozona. Es posible realizarlo sin subir los impuestos a la mayor parte de los españoles. Tan solo hay que hacer pagar a los que hoy no pagan, a las grandes rentas, a las grandes empresas, a los grandes patrimonios. En España solo el 5 % de
los declarantes superan los 60.000 euros al año, y las grandes empresas tributan entre un 6 y un 7 %, frente al 25 % que tiene que tributar el pequeño comercio.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, vaya concluyendo, por favor.


El señor MARTÍNEZ DALMAU: Termino, señor presidente.


Hay un amplio margen para una reforma tributaria progresiva que modernice el Estado social.

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En definitiva, yo les digo que seamos serios, señores del Partido Popular. Trabajen seriamente, gánense su jornal y no nos traigan, por favor, más propuestas sonrojantes como esta. Somos nuevos en política pero sabemos reconocer cuándo
tenemos delante una propuesta seria y cuándo no.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.


Me he saltado antes el turno de la señora Capella; perdone. Su señoría tiene la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Ningún problema. Votaremos en contra. Soy breve, que no corta; pero breve, sí. (Risas).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.


Para finalizar, tiene la palabra el señor Galeano, del Grupo Socialista.


El señor GALEANO GRACIA: Buenos días, señor presidente. Señorías, también en mi situación de persona novata en esta Cámara, agradezco este primer turno de palabra que se me presta.


Tal y como decía la portavoz anterior del Grupo Ciudadanos, poniendo ya en entredicho el propio encabezamiento de esta propuesta que hace el Grupo Popular, le viene a cualquiera a la memoria aquel proverbio que dice que se puede engañar a
alguien todo el tiempo o engañar a todo el mundo durante un tiempo. Pero lo que ya es rizar el rizo es lo que hace el Partido Popular, engañando a todos, a todo el mundo, durante todo el tiempo. Su propuesta de bajar impuestos, en un contexto de
consolidación fiscal como el que vive España, pendiente todavía de alcanzar los objetivos de déficit público marcados por Bruselas, sin lugar a dudas llevaría a tener que forzar más la reducción del gasto público, a seguir reduciendo el peso del
Estado en nuestra sanidad, en nuestra educación, en las políticas de empleo, por ejemplo. Que la Comisión Europea haya advertido de los perniciosos efectos de estas reducciones de cara a esa senda de la consolidación fiscal o de los recortes
producidos socavando las políticas sociales de nuestro país no ha sido óbice en absoluto para que ustedes sigan insistiendo en esta estrategia. No es un hecho incuestionable, a pesar de su tozudez, casi aragonesa -como la de un servidor, por
cierto-, que la rebaja de impuestos en cualquier situación reactive la economía. Eso sí, parece bastante demostrado en la práctica que una estructura fiscal mal diseñada puede poner trabas a un crecimiento económico justo. Y desde el Grupo
Parlamentario Socialista queremos aportar que al hablar de impuestos hay que partir siempre de dos principios básicos: primero, que lo importante no es cuánto se paga, sino cómo y para qué; segundo, que la decisión sobre el nivel de presión fiscal
no repercute en demasía, de verdad, sobre el crecimiento económico, sino que es una decisión política sobre cuánto dinero queremos gastar y qué servicios queremos ofrecer a través de nuestro Estado público. El debate, por tanto, no debe ser sobre
crecimiento o redistribución, sino sobre qué nivel de redistribución queremos.


En cuanto a las medidas que ustedes propusieron para el colectivo de autónomos, en concreto -que me han afectado durante los últimos años, hasta hace bien poquito, porque era un autónomo más-, queremos considerar que el Partido Popular
presentó varias leyes de apoyo a los llamados emprendedores y prácticamente ninguna de estas medidas tomadas por el Partido Popular en la anterior legislatura ha dado resultados positivos. Una de sus medidas estrellas, el IVA de caja, por ejemplo,
ha sido un auténtico fracaso, reconocido incluso por el propio ministro de Hacienda. La rebaja fiscal a los autónomos, en cuanto al tema de los tipos de retención, ha sido realmente un camino de ida y vuelta. Pasamos de un 15 % a un 21 % y
volvemos a bajar los tipos de retención. Eso sí, llegando a un año electoral, volvemos a hacer guiños a estos colectivos tan marginados durante este tiempo. Y del mismo modo subieron las cotizaciones sociales a esos pequeños empresarios que tienen
que cuadrar sus cuentas al céntimo para hacer camino y no sucumbir en el intento, por no hablar de los perniciosos efectos que ha generado su política de bonificaciones, exenciones y tarifas planas en las cuentas de la propia Seguridad Social.


Por todas estas cuestiones y como compartía aquí algún compañero de la Cámara, consideramos que este no es el camino correcto en materia fiscal y presupuestaria.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galeano.


Hay una sola enmienda. ¿Se acepta por parte del Grupo Popular o se rechaza?


El señor FÉRNANDEZ DE MOYA ROMERO: He leído con atención el acuerdo que han suscrito PSOE y Ciudadanos y la enmienda reproduce de manera literal lo que significa precisamente en el ámbito del

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impuesto sobre la renta, vinculado a módulos en el IRPF. No les voy a contestar yo, les va a contestar una organización agraria, porque, como vengo de una tierra eminentemente agrícola...


El señor PRESIDENTE: Por favor, solamente para especificar si se acepta o no la enmienda.


El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Voy a contestar con respecto a la enmienda.


Asaja considera inasumible para el sector agrario la propuesta recogida en el documento de consenso suscrito entre el PSOE y Ciudadanos, que contempla una reforma del sistema de módulos que desnaturaliza su razón de ser y pierde eficacia
para este sector. Han contestado miles y miles de agricultores en Andalucía. No vamos a aceptar la enmienda.


Y, señor presidente, a los diputados de Podemos digo que no vamos a convertir España en el modelo griego. No se preocupen, que para eso estará aquí el Partido Popular. (El señor Martínez Dalmau: Aunque fuera del modelo islandés sería
suficiente).


El señor PRESIDENTE: Por favor, no aprovechen este turno para contestarse. Muchas veces se ha notado la experiencia de algunos diputados, que, como además estoy siendo flexible en los tiempos, utilizan los siguientes turnos para matizar
alguna cuestión. No entremos en el debate, porque, si no, no terminamos.


En cualquier caso, no se acepta la enmienda.


- SOBRE LA DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y MUNICIPIOS DE MENOR TAMAÑO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000226).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 8.º del orden del día, proposición no de ley sobre la defensa de las diputaciones provinciales y municipios de menor tamaño. Tiene la palabra el señor Nieto, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor NIETO BALLESTEROS: Muchas gracias, señor presidente.


Abordamos un tema creo que polémico de manera innecesaria, un tema que se ha querido incorporar como uno de los doscientos problemas prioritarios según dos partidos políticos, en concreto. Y creo que solo esos dos partidos, o, si me apuran,
uno y medio, creen que ese es un problema real en este país en este momento. Pero me gustaría que pudiéramos mantener este debate, ya que estamos entrando en un tiempo diferente al que había, con una actitud también diferente, la de construir, y no
destruir, la de aportar argumentos, y no insultos y descalificaciones. Creo que eso, sinceramente, no aporta nada. O sea, no se hace mejor un discurso porque se insulte más o porque se descalifique más al contrario, se lo puedo asegurar, venga de
Podemos o venga a quien sea. Creo que tenemos herramientas mucho más útiles y razonables que aportar y que poner sobre la mesa que esa descalificación, ese insulto o esa palabra gruesa, que no aporta nada y que lo único que hace es establecer
diferencias que -créanme- son más artificiales que reales en la mayoría de los temas que se plantean.


Dentro de esa petición de intentar no ir a la descalificación y sí al argumento, pediría a algunos grupos -acaba de suceder hace un momento- que no se emplee ese tipo de adjetivos de forma gratuita para calificar el trabajo de más de dos
siglos de una institución como la diputación provincial, que nace de la Constitución de Cádiz, que fue uno de los grandes avances que aportó la Constitución de Cádiz, que fue una respuesta a aquellos diputados que querían cambiar este país, y
ustedes se han empeñado -es legítimo, pero no lo comparto- en que se elimine. Se elimina, y eso se puede discutir aportando argumentos, pero no reduciéndola a esa descalificación que se acaba de hacer ahora, refiriéndose a gasto superfluo.
Señorías, las diputaciones provinciales, sus inversiones y sus gastos, no son un gasto superfluo. Se lo puede parecer a usted, pero me gustaría que lo argumentara. Me gustaría que nos dijera en qué se diferencia eso que entienden como gasto
superfluo en la diputación de cualquier otro gasto que se haga por otra administración en este país. Me gustaría que me dijeran por qué esa institución les parece a ustedes que hay que suprimirla y no otras y por qué abordan ese debate desde la
supresión y la eliminación y no desde la reforma, que es lo razonable y donde nos encontrarían, absolutamente.


Señorías, estamos hablando de una institución que conozco bien pero, sobre todo, que respeto profundamente. Nací en un pueblo de 1.500 habitantes. Conozco perfectamente mi provincia, Córdoba. He sido alcalde, he sido concejal y he sido
diputado provincial. Muchas de las cosas que estoy escuchando, incluido eso del gasto superfluo, incluido eso de la red clientelar, lo dicen personas que no han pisado en

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su vida una diputación y que no tienen ni idea de cómo funcionan, porque, si no, sencillamente, no lo dirían. Y creo, de verdad, que, si analizáramos con un poco de detenimiento esa realidad que son las diputaciones provinciales, el acuerdo
que es necesario, que va a ser necesario y que nos imponen los ciudadanos después de las elecciones estaría cerca. Señorías, nosotros defendemos las diputaciones, pero no porque nos parezcan algo que defender, sino porque el servicio que prestan sí
es algo a defender, porque muchos municipios pequeños, muchas personas que viven en esos municipios pequeños quedarían en una situación de desprotección absoluta con la desaparición de las diputaciones y porque no creemos que el trabajo que prestan
lo pueda desempeñar mejor la comunidad autónoma, como ustedes han dicho, o ese invento nuevo, que no sabemos de qué va, que no conocemos, del consejo de alcaldes o no sé qué de alcaldes que ustedes plantean. Nos gustaría que nos lo explicaran, pero
que nos dieran argumentos. Las diputaciones no son un gasto superfluo o no son diferentes en este sentido de cualquier otra Administración. No son una red clientelar o al menos no son una red clientelar diferente de otras redes clientelares que
ustedes podrían encontrar en comunidades autónomas, en mancomunidades, que quieren reforzar y que sí lo son, en cabildos que no suprimen o en diputaciones forales que tampoco pretenden eliminar. El único argumento objetivo se lo he oído hace unos
días a un portavoz de Ciudadanos, el señor Girauta - o Girauta pronunciado en catalán por algún diputado-, cuando decía que supondría un ahorro de 5.000 millones de euros. ¿Es cierto, mantienen eso en Ciudadanos? Me sorprende porque la última
liquidación oficial de presupuestos de todas las diputaciones, las 38 de régimen ordinario o común, la del año 2014, establece una cifra de 5.932 millones. ¿Cómo van a ahorrar 5.000 millones, cómo lo van a hacer? De esos 5.000 millones, 2.000 son
para gastos de personal, ¿los vamos a despedir?; 1.500 millones son para inversiones directas por parte de la diputación en mejora de carreteras, caminos rurales y servicios que se dan en los municipios; y otros 1.000 millones son transferencias a
los ayuntamientos para que presten servicios en sus municipios. Sinceramente, ¿de dónde sacan los 5.000 millones? Yo no lo sé, no entiendo cuál es la forma de resolverlo.


Concluyo, señor presidente, pero me gustaría hacerlo con una expresión que no es mía y citaré entrecomillas: 'Eliminar los niveles de Administración más cercanos a los ciudadanos, los entes locales, municipios y diputaciones, no solo
quiebra la vertebración política de un nivel administrativo básico, decisivo e irrenunciable, sino que además atenta contra la igualdad de los habitantes de estas localidades de menor tamaño, rompe la solidaridad entre las diversas partes del
territorio español, y refleja un desconocimiento enorme de nuestra distribución territorial y una total falta de sensibilidad social'. Esto lo ha dicho Antonio Ruiz, del Partido Socialista, presidente de la Diputación de Córdoba, alcalde de Rute,
un municipio socialista, y se leyó ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, donde el Partido Socialista votó a favor de un texto prácticamente igual al que hoy traemos aquí, con la abstención de Ciudadanos. Espero que hoy reproduzcamos también
esa voluntad de consenso porque, si no, dentro de poco vamos a votar y cuando los ciudadanos vean...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Nieto, por favor.


El señor NIETO BALLESTEROS: Como decía, todos los ciudadanos, los que votan a un partido político y a otro, van a ver que eso que dicen algunos de la pinza entre Partido Popular y Podemos para que no haya Gobierno no es cierto, y que los
votos de Ciudadanos están coincidiendo demasiado con Podemos, partidos independentistas y el Partido Socialista, a lo mejor eso es un aviso.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.


Se han presentado dos enmiendas a esta iniciativa. Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.


Sé que no es un turno de alusiones y yo le diría al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que entiendo su debate con Ciudadanos, pero, claro, acusar a Ciudadanos de coincidir con los partidos independentistas, alguien me lo tendrá que
explicar después tomando un café porque la verdad es que no sé en qué coinciden. (Risas).


Nosotros hemos presentado una enmienda en plan constructivo. Y si alguien lee la enmienda y el título de la proposición no de ley, puede decirle a este portavoz: Ferran, te has equivocado, eso no tiene nada que ver con el título. La
verdad es que el título de la proposición es sobre la defensa de las diputaciones

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provinciales y municipios de menor tamaño, pero cuando uno lee la parte dispositiva, pues no sé ver ni defensa ni ataque a las diputaciones provinciales. Por tanto, yo me planteo una enmienda en la misma línea. Ustedes hablan de la
necesidad de garantizar -no sé por quién- la igualdad y la solidaridad de todos los españoles ante la prestación de servicios públicos por parte de las entidades locales. Vuelven a ejercer este paternalismo con la Administración local, cuando no es
la Administración autonómica es la Administración local. Y nosotros ponemos encima de la mesa un debate que ya les avanzo que vamos a reiterar a lo largo de esta legislatura, no sé si durante pocas semanas o durante los cuatro años previstos. Este
debate es que si queremos hablar de igualdad en la prestación de servicios y la igualdad de todos los españoles en la recepción de algunos de los servicios públicos, debemos introducir un concepto que es la igualdad de los diferentes territorios -ya
no decimos comunidades autónomas, podemos entender que también podrían ser las provincias- teniendo en cuenta el coste de la vida en cada uno de ellos. Eso es claramente aplicable a las prestaciones no contributivas. Evidentemente, una persona con
400 euros tiene una capacidad adquisitiva diferente -voy a poner ciudades que no son de Cataluña- en Madrid que en Cuenca, es obvio, pero la prestación que está recibiendo es la misma. Eso se puede trasladar también a diferentes administraciones
públicas municipales. Evidentemente, los recursos que tiene un municipio del área metropolitana de Madrid para prestar el servicio de guardería son los mismos que tiene un municipio de otra provincia, por ejemplo, Teruel, pero seguramente los
costes no acaban siendo los mismos. Por tanto, nuestra enmienda va en este sentido, simplemente manifestamos que se debe tener en cuenta el coste de la vida para la prestación de determinados servicios públicos a la hora de establecer las
competencias en el ámbito local y la capacidad de financiación. Insisto, lo que me sorprende, a no ser que haya algo que se me escape por mucho que esté en este debate, es que en una proposición que tenía que ser para defender las diputaciones
provinciales, estas no aparezcan para nada en su parte dispositiva, a no ser que no me hayan pasado todo el texto. En todo caso, si se admite nuestra enmienda, obviamente vamos a votar a favor y, en caso contrario, vamos a votar no. Con este texto
que vamos a votar, nadie nos podrá acusar de que nos oponemos a las diputaciones provinciales.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.


Para defender su enmienda, tiene la palabra el señor Prieto, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


El señor PRIETO ROMERO: Gracias, señor presidente.


Quiero decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que en común con los nacionalistas tenemos que sabemos leer. Efectivamente, esta proposición no de ley en el argot jurídico se calificaría como capciosa. En su título se específica
que es una proposición no de ley para la defensa de las diputaciones, mientras que en la parte dispositiva, como bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, lo que votamos es garantizar la igualdad y solidaridad de todos los españoles
ante la prestación de servicios públicos por parte de las entidades locales. El acuerdo no contempla que la igualdad y la solidaridad de todos los españoles ante la prestación de servicios públicos por parte de las entidades locales se garanticen
mediante las diputaciones. Señorías, si ustedes al final hubieran manifestado la necesidad de garantizar la igualdad y la solidaridad a través de las diputaciones, obviamente nuestro voto sería rotundamente en contra. Si el Grupo Parlamentario
Popular entiende que las diputaciones son las garantes de la igualdad y la solidaridad, pues no se comprende qué ocurre en aquellas comunidades autónomas uniprovinciales donde no existen las diputaciones, algunas de ellas incluso gobernadas por el
Partido Popular. ¿Acaso en esas comunidades autónomas no se garantizan esa igualdad y esa solidaridad que vamos a votar hoy aquí? Por tanto, queremos decir al Grupo Parlamentario Popular que las diputaciones no significan igualdad y solidaridad,
son una herramienta que puede garantizarlas o no. Además, si las diputaciones las hubieran garantizado, probablemente nadie las cuestionaría a día de hoy, el problema es que algo se habrá hecho mal desde las diputaciones.


Si Ciudadanos votase en contra de esta proposición no de ley, habrá quien nos acuse de no estar de acuerdo con la igualdad y la solidaridad de todos los españoles ante la prestación de servicios públicos. Si Ciudadanos votase a favor, habrá
quien nos acuse de votar en contra de nuestro programa, en el que abogamos por la eliminación de las diputaciones. Por tanto, con esta enmienda traemos aquí nuestra propuesta, que además quedó reflejada en el pacto que usted mismo acaba de enseñar,
un pacto progresista y reformista, firmado recientemente entre Ciudadanos y el PSOE. Nuestra posición es de sobra conocida por todos, la ha explicado usted muy bien y ha sido motivo de debate en todas las tertulias de radio y televisión de este
país. Nosotros seguimos defendiendo que con la eliminación de las diputaciones ahorraríamos

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actualmente más de 5.000 millones de euros, sin renunciar a ofrecer servicios públicos de calidad y sin renunciar a la igualdad y solidaridad de las que hablamos, sustituyendo estas diputaciones por consejos provinciales de alcaldes, así
como mancomunando servicios entre ayuntamientos. Señoría, también eliminaríamos la red clientelar que usted ha anunciado, porque hoy día las diputaciones son auténticos paraísos o auténticos cementerios de elefantes. Yo conozco las diputaciones,
yo también vengo de un ayuntamiento y creo que las diputaciones están llenas de elefantes políticos que, de hecho, acaban enchufados allí. Le puedo poner muchísimos ejemplos, vaya a la de Sevilla, pero le puedo decir muchos más. En cualquier caso
en Ciudadanos nos vamos a abstener para que así nadie nos acuse de insolidarios e injustos ni de votar a favor de las diputaciones en contra de nuestro programa.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Alli.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Señor presidente, haré uso de la palabra simplemente para fijar la postura del Grupo Parlamentario Mixto que será la abstención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Intervengo en el mismo sentido solo para manifestar la abstención como posición de mi grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Ezquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.


Bien, entre lo que dice la proposición no de ley y lo que ustedes hacen y dicen es evidente que nos encontramos ante una PNL oportunista, de reafirmación nacional, en la línea de lo que ustedes hicieron ayer por la tarde en el Pleno, y que
desde Esquerra Republicana de Cataluña interpretamos que obedece a esa precampaña electoral en la que ustedes se encuentran instalados. Yo sí que me manifiesto en contra de las diputaciones. Este ha sido el papel que siempre hemos defendido en
Esquerra Republicana y que, en definitiva, también tiene que ver con lo que Cataluña ha defendido a lo largo de su historia. La voluntad de librarse de las diputaciones no es de ahora, sino que viene de lejos. Por ejemplo, la Mancomunidad de
Cataluña, constituida en 1914 -sus únicas competencias fueron las de las diputaciones catalanas mancomunadas- y con solo once años de vigencia porque fue abolida por la Dictadura de Primo de Rivera en 1925, hizo más para garantizar el bienestar de
los ciudadanos y apoyar a los municipios que cualquier otra diputación española. Ya en plena democracia, en el año 1980, el Parlament de Cataluña aprobó el traspaso urgente y pleno de competencias de las diputaciones a favor de la Generalidad.
Evidentemente, el devenir de esta ley de traspasos urgentes acabo con una sentencia en contra del Tribunal Constitucional, como no podía ser de otra manera. En 1987 intentamos convertir Cataluña en una comunidad uniprovincial para posteriormente
desarrollar nuestro propio modelo de organización territorial y Gobierno local. Obviamente, no es necesario que les explique cómo terminó la historia.


En Esquerra Republicana entendemos que las diputaciones provinciales no dejan de ser estructuras burocráticas y así lo podemos constatar. No lo dice únicamente Esquerra Republicana, he visto que también hay otros partidos que lo comparten.
Además, en el caso de Cataluña las diputaciones no están adaptadas a la realidad territorial. Fruto de esta constatación y en virtud de sus competencias, las comunidades autónomas han desarrollado estructuras territoriales de proximidad arraigadas
al territorio que pueden asumir la gestión descentralizada, eliminando la estructura provincial que se superpone, duplica la burocracia y, en definitiva, el gasto. Esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular va en su línea política,
la que históricamente han mantenido pero que estos cuatro años han puesto de manifiesto en cada ley que han aprobado, y es esa voluntad profundamente recentralizadora, centralizadora, homogeneizadora y que, por tanto, invade permanentemente
competencias, especialmente en el supuesto de Cataluña. En definitiva, para Esquerra Republicana las diputaciones provinciales son elementos ajenos a la realidad territorial de Cataluña. Por tanto, nosotros no podemos estar de acuerdo y no vamos a
votar a favor de esta proposición no de ley.


Gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Honorato.


La señora HONORATO CHULIÁN: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes. A nosotros también nos ha pasado un poco lo mismo, hemos leído con mucha atención esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular que, según su título, anuncia una supuesta defensa de las
diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de menor tamaño, si bien cuando pasamos a la propuesta concreta en nada se refiere a las diputaciones y se resume en un brindis por la solidaridad y la igualdad de los españoles y españolas ante la
prestación de los servicios públicos por parte de las entidades locales. Este brindis impreciso a favor de tantos intereses y tantos valores absolutamente legítimos de nuestros conciudadanos y conciudadanas tendría su virtud, aunque imprecisa, pero
tendría su virtud si no fuera porque durante los últimos cuatro años de Gobierno, el Partido Popular no ha cesado de arrinconar de manera sistemática a los ayuntamientos, a los servicios públicos que prestan y a los estratos de la ciudadanía que ya
de por sí peor lo tenían para enfrentarse a la carencia de estos servicios públicos. Parece que toca darse golpes de pecho preocupados por la igualdad y la solidaridad entre españoles y españolas, pero la necesidad de garantizar esta igualdad y
solidaridad de todos los españoles y españolas ante la prestación de los servicios públicos por parte de las entidades locales, no se logra con enunciados simbólicos y frases grandilocuentes; se logra con hechos concretos y legislando para que los
municipios tengan una financiación adecuada que garantice esos servicios. Fíjense, exactamente lo contrario de lo que ha pasado en la anterior legislatura. ¿Y por qué digo esto? Por algo que ya se ha dicho aquí a lo largo del día de hoy. En
plena crisis económica y política, cuando más falta hacía disponer de una Administración cercana, con más recursos para hacer frente a la debacle del país, el Gobierno del Partido Popular aprueba, como ya vimos antes, la Ley 27/2013, una ley que
contó desde su tramitación con el total rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias, como muestra el respaldo a los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 3.000 ayuntamientos en todo el Estado que representan a más de 16
millones de ciudadanos y ciudadanas. La igualdad y solidaridad entre todos los españoles y españolas ante la prestación de servicios públicos por parte de las entidades locales se garantizan comenzando por derogar esta Ley 27/2013, tal y como hemos
propuesto algunos grupos parlamentarios hoy aquí, e instando al Gobierno a presentar un proyecto de ley de régimen local que refuerce la autonomía local, espacios locales supramunicipales y de cercanía más acordes a las realidades socioeconómicas y
culturales de los territorios, como las comarcas o las veguerías en detrimento de las diputaciones, así como un sistema de financiación estable y proporcional a sus competencias, con el objetivo de garantizar la suficiencia financiera en la gestión.
Construyamos pues una nueva gobernanza democrática inclusiva, en la que el ámbito local sea la clave de la efectividad y la proximidad del Estado de bienestar.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Honorato.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, la señora Lastra.


La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Intentaré hacer lo mismo que el resto de los grupos parlamentarios y tomarme esta proposición no de ley con humor, porque al final es un gran ejercicio humorístico. A nuestro modo de ver es un juego de trileros, pero yo y mi grupo
consideramos que este Parlamento y sobre todo los ciudadanos a los que aquí estamos representando todos los presentes, nos merecemos algo más que un juego de trileros. Las diputaciones no se defienden suprimiendo los 140 millones de euros
destinados a la cooperación local del Estado, ni tampoco se defienden eliminando los 48 millones de euros del fondo para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que fue lo que hizo el Partido Popular en la pasada legislatura. Las
instituciones públicas se defienden con una gestión transparente dirigida a defender el interés general y orientada hacia el beneficio de la ciudadanía de forma eficaz. Así lo entendemos y lo defendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista. No
entendemos esta proposición no de ley en la que no tiene nada que ver la exposición de motivos con la parte propositiva, a no ser que fuera para poner palos en las ruedas al acuerdo de gobernabilidad que hemos suscrito entre el Partido Socialista y
Ciudadanos, insinuando que este acuerdo perjudica al medio rural español. Este acuerdo se ha suscrito con 200 puntos y la mayor parte son precisamente para luchar contra la brecha social y contra la brecha rural y urbana que se ha generado en los
últimos cuatro años de Gobierno del Partido Popular.

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Señorías, no garantizan la igualdad y solidaridad de todos los españoles los recortes en sanidad y educación, porque cuando se recorta en educación y sanidad, como hizo el Partido Popular, lo primero que se cierran son los colegios rurales
agrupados y también los centros de salud de los pueblos; no garantiza la igualdad y solidaridad de todos los españoles detraer 911 millones de euros de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural hasta dejarla a cero, que fue lo que hizo
el Partido Popular; ni garantiza la igualdad y solidaridad de todos los españoles que disminuya en 2.000 millones de euros la financiación de los PDR para el período 2014-2020, como aprobó el Partido Popular; ni garantiza la igualdad y solidaridad
de todos los españoles, como recordaba alguna portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, cercenar la autonomía local restando competencias a los ayuntamientos, especialmente a los del medio rural, los más pequeños o con menos de 20.000
habitantes, eliminando por tanto servicios a los ciudadanos que allí viven. Esto es lo que no garantiza la igualdad y solidaridad de todos los españoles. El Partido Popular siempre ha tratado -sobre todo en la pasada legislatura de una manera
flagrante- a los hombres y mujeres del medio rural como ciudadanos de segunda. Los han abandonado, nos han abandonado, cuando no agredido políticamente con la aplicación de una serie de políticas como las que acabo de relatar. Nosotros vamos a
votar a favor de esta proposición no de ley porque entendemos que es una enmienda a la totalidad de los últimos cuatro años de Gobierno del Partido Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lastra.


Para aclarar la posición en relación a las dos enmiendas, tiene la palabra el señor Nieto.


El señor NIETO BALLESTEROS: Muchas gracias, señor presidente.


Yo sí me lo quiero tomar en serio, me quiero tomar en serio esta Comisión, me quiero tomar en serio el trabajo que hacemos los diputados porque, si no, pasa lo que pasa y la gente piensa lo que piensa.


El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, a mí me apasiona este tema, se lo aseguro, pero el turno es solamente para fijar su posición respecto a las enmiendas.


El señor NIETO BALLESTEROS: Me consta que a usted le apasiona, pero creo que es importante tomarnos en serio las cosas, nosotros así lo hacemos. Y si a usted, señora Lastra, le parece que es de risa, a mí de verdad me da pena que eso
ocurra.


La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Señor presidente, si me está aludiendo, luego voy a pedir un turno por alusiones.


El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Nieto, cíñase a si admite o no las enmiendas.


El señor NIETO BALLESTEROS: Voy a hablar de las enmiendas. En relación con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán Democràcia i Llibertat, el señor Bel ha dicho algunas cosas que me parecen interesantes, pero que en
este caso tendrían que incluirse con calzador. Sí le digo que me gustaría poder hablar y abordar en otro momento sus propuestas para poder valorarlas y que tengan un debate propio. Respecto a Ciudadanos, el texto es una enmienda a la totalidad que
evidentemente no podemos aceptar. Sí le agradezco que con su posición de abstención de alguna forma apoyen la iniciativa. Y también le diría que con los independentistas, como me imagino que con todos los que estamos aquí, compartimos que sabemos
leer; léase el segundo punto de la proposición no de ley porque así se aclarará bastante y evitará tener errores en otra intervención.


Gracias.


- SOBRE LA REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT ENTRE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012 DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT). (Número de expediente 161/000230).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 9.º del orden del día: Proposición no de ley sobre la revisión de los objetivos de déficit entre la Administración Central y las comunidades autónomas, para el ejercicio

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presupuestario 2016, según lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. Tiene la palabra el señor
Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Este es un tema que a mí me apasiona, como supongo que también a muchos de ustedes, algunos compañeros del Senado lo conocen perfectamente de la anterior legislatura. No voy a negar que la situación que se encontró el Gobierno, hoy en
funciones, a finales de 2011 y principios de 2012 era extremadamente complicada, con un déficit público elevadísimo. Se tomaron una serie de medidas que hoy se pueden valorar, algunas más acertadas, otras menos acertadas. Se propuso una
modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y yo cuando dicen que lo han hecho todo solos, les recuerdo que nosotros apoyamos esta ley. Se nos ha afeado en distintas ocasiones, pero la apoyamos porque pudimos introducir algunas
enmiendas, como la disposición transitoria primera a la que voy a apelar en esta proposición no de ley, que después desgraciadamente no se han cumplido.


Antes de entrar propiamente en el contenido de la proposición, yo quisiera hacer una breve descripción de cómo ha evolucionado el déficit en el conjunto de las administraciones públicas españolas, porque cuando se dice que se ha hecho un
gran esfuerzo en la reducción del déficit, se debe constatar que este esfuerzo lo han hecho esencialmente la Administración Local y las comunidades autónomas. Quiero recordar que la Administración Central ha pasado de un déficit del 5,12 % a un
objetivo para 2016 del 2,2 %. En caso de cumplirse, la Administración Central habría reducido su déficit conjuntamente con la Seguridad Social un 52 %. En cambio las comunidades autónomas han pasado de un 3,35 % a un objetivo en 2016, en caso de
cumplirse, del 0,3 %, lo que significa una reducción del 91 % de su déficit. Ya no les explico las comunidades autónomas, que han pasado de un déficit del -0,4 % -veremos cómo se cierra este último ejercicio- a un superávit de un 0,5 o 0,6 %, por
lo cual han reducido su déficit e incrementado su superávit en un 1 %. Esto es la constatación de una realidad, igual que es la constatación de una realidad el que las comunidades autónomas estén dedicando de media, el caso de Cataluña es un
ejemplo, más del 75 % de sus gastos a políticas sociales como educación, sanidad y servicios sociales. Cargar el esfuerzo de la reducción del déficit sobre administraciones que gestionan estos servicios públicos esenciales es un error. Ha sido un
error y es un error intentar mantenerlo. En estos momentos el objetivo de déficit que tienen asignado las administraciones públicas españolas se distribuye de la siguiente forma: las comunidades autónomas que gestionan más de un 30 % de todo el
gasto público tienen asignado el 0,3 %, lo que significa un 10,71 % de todo el objetivo de déficit. La Administración Central y la Seguridad Social concentran un 90 % de todo el objetivo de déficit. El señor Sánchez se presentó a una investidura
que de momento no prosperó, y parece que otras formaciones políticas coinciden en que se debe renegociar con las autoridades europeas la senda de los objetivos de déficit a lo largo de los próximos años. Nosotros podemos estar absolutamente de
acuerdo, pero se deben corregir y reasignar los objetivos de déficit dentro del conjunto de las administraciones públicas españolas, y eso no depende de las autoridades europeas, depende de esta Cámara, depende del Gobierno del Estado español. Es
absolutamente injusto, es inasumible que se cargue con unos objetivos de déficit superelevados para las administraciones de las comunidades autónomas y no lo haga el Estado.


Por tanto, ¿qué pedimos? El cumplimiento de una vez por todas de la disposición adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, donde los objetivos de déficit se deberían reducir en función del déficit estructural de cada
Administración a fecha uno de enero de 2012. Debemos corregirlo con carácter retroactivo. Además, solicitamos que se comunique a las autoridades europeas, a la Comisión Europea, por qué se están incumpliendo los objetivos de déficit por parte de
las comunidades autónomas. Quiero recordar y dar este dato para terminar, hoy el déficit asignado a las comunidades autónomas para 2016 es - 0,3 %. Si se hubiese cumplido la disposición adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en
estos momentos el déficit para las comunidades autónomas en el 2016 tendría que ser el 1,09 %, y con esto estaría garantizada la prestación de los servicios públicos de sanidad, enseñanza y servicios sociales, al menos en Cataluña.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


Tiene la palabra por el Grupo Podemos, el señor Vendrell.

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El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, señor presidente.


Esta PNL que presenta Democràcia i Llibertat plantea un diagnóstico que es correcto y constata una realidad cierta que es la injusta distribución del déficit entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.
Coincidimos en que las comunidades autónomas en general, y la Generalitat de Catalunya en particular, han sufrido una política de ahogo financiero, que es una situación injusta, pero no ya para las comunidades, sino para los ciudadanos y ciudadanas
que son los que en definitiva reciben o no las políticas públicas en sanidad, educación o servicios sociales que en mayor grado han sufrido un ajuste brutal estos años. Las comunidades concentran el 75 % del gasto social. La Administración General
del Estado el 19 %. A las comunidades se les da un margen menor para la reducción del déficit, mientras que para el Estado es mucho mayor. Porque el Estado centrifuga la reducción del déficit aprobado por el Gobierno español en Bruselas hacia las
comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esto es lo que ha ocurrido precisamente estos años. En el periodo 2010-2013 el ajuste se centró en un 56 % en las comunidades autónomas y en un 12 % en el Gobierno central. Esto quiere decir que no se
han recortado tanto los gastos corrientes del Estado como el gasto social a cargo de las comunidades autónomas en salud, educación y servicios sociales principalmente. Nos parece que el remedio que se propone es insuficiente, porque lo que se
plantea es una correcta aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Al inicio de esta legislatura creemos que hay que derogar dicha ley. Esto es lo políticamente necesario en estos momentos y
hacerlo construyendo una mayoría parlamentaria para ello y en nuestra opinión también un Gobierno que lo haga posible. Entiendo la dificultad del Grupo Democràcia i Llibertat, heredero del de Convergència i Unió, que aprobó dicha ley, pero el
problema es la ley en sí. Precisamente esa disposición transitoria primera que establece unos objetivos y unos ritmos de reducción del déficit para el 2020 por encima de la necesidad de garantizar el crecimiento de la economía, la creación de
empleo y la sostenibilidad del Estado del bienestar. Es el núcleo duro de las políticas de austeridad que se han desarrollado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria estos años en España que han provocado empobrecimiento de la mayoría, crecimiento
de las desigualdades, pérdida del tejido productivo, es decir, una ley devastadora. Además, por eso nos sorprendió muchísimo que Convergència i Unió la aprobara en su momento, es una espada de Damocles permanente sobre las comunidades autónomas,
porque pierden autonomía real y es posible incluso la intervención de las comunidades autónomas por parte del Estado con duras medidas coercitivas. Es difícil encontrar una ley tan limitativa de los autogobiernos como esta Ley de Estabilidad
Presupuestaria. Sorprende que una formación política que se llama no solo nacionalista, sino que es defensora del autogobierno la haya aprobado en su momento, porque es la soga al cuello que han tenido permanentemente la Generalitat de Catalunya y
el resto de las comunidades autónomas. Por eso, desde el punto de vista social, de eficiencia económica y de la defensa de los autogobiernos, como el de Cataluña, para nosotros es una prioridad no quedarnos a medias. Ahora que estamos al principio
de la legislatura derogar esta ley y sustituirla por otra que tenga unos objetivos mucho más razonables. De hecho la misma exposición de motivos lo reconoce. Los objetivos de déficits no se cumplen ni los de las comunidades autónomas ni los del
Estado, porque son incumplibles, son irrealizables. Proponemos otra ley que garantice la soberanía del Parlamento en la elaboración de los presupuestos, que preserve el autogobierno de las comunidades autónomas, que tenga como prioridad el
crecimiento económico, la creación de empleo y garantizar el Estado del bienestar y el reparto que hay que hacer de los objetivos del déficit, hay que hacerlos en función de quién garantiza la cobertura universal de los servicios públicos que son
las comunidades autónomas. Para terminar, a la Unión Europea no hay que decirle solo que la culpa la tiene el Estado, a la Unión Europea hay que decirle que no, que basta, que no hay más recortes, que esta sociedad, que este país ya no aguanta más
recortes y más políticas de austeridad y que el objetivo es -fíjense la palabra- la sostenibilidad financiera. Cierto, pero para garantizar la cobertura de los servicios públicos fundamentales. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.


En nombre del Grupo Socialista, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor López Milla.


El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, efectivamente, como ya se ha comentado a lo largo de los últimos cuatro años los objetivos de estabilidad presupuestaria han descansado fundamentalmente sobre las espaldas de las administraciones autonómicas, a las que se les ha
exigido que asumiesen la mayor parte de la rebaja del

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déficit que se ha ido comprometiendo con las instituciones europeas, sin tener en cuenta ni su participación en el gasto total ni la relevancia de los servicios que prestan las administraciones autonómicas. La sanidad o la educación no solo
forman parte de la categoría de los servicios que suelen considerarse como servicios fundamentales, sino que son unos servicios cuyo coste es también independiente e inflexible a los cambios de la coyuntura económica. La crisis que hemos padecido
en los últimos años no ha rebajado las necesidades de gasto sanitario y educativo, sino que más bien ha ocurrido todo lo contrario y lo mismo podría decirse de otros gastos autonómicos como los asociados a la política de vivienda o a la atención a
la dependencia. De manera que exigir mayores esfuerzos en la rebaja del déficit a las administraciones que proveen este tipo de servicios, sin tener en cuenta el elevado peso que estos servicios tienen en el gasto total ni la variedad de
situaciones de partida que hay en cada una de las administraciones autonómicas, ha acabado desembocando, como la propia autoridad independiente de responsabilidad fiscal ponía de manifiesto en un informe, en el establecimiento de unos objetivos de
déficits para las comunidades autónomas que eran inalcanzables y por serlo ha sido cuestionada la credibilidad de la propia política de estabilidad presupuestaria que se presuponía que se quería llevar a cabo a través del establecimiento de esos
objetivos de déficit autonómico. El Grupo Socialista coincide en la cuestión de fondo, coincide en la necesidad de cambiar el reparto del objetivo global de estabilidad presupuestaria. Por cierto, el Grupo Socialista votó en contra de la Ley
orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Coincidimos en la necesidad de cambiar el reparto de ese objetivo global entre los diferentes niveles de la Administración, tomando en consideración factores como los que acabo de mencionar: el peso de cada
Administración en el gasto total, la relevancia de los servicios que cada Administración presta desde el punto de vista de la ciudadanía o la suficiencia de los ingresos de los que dispone cada Administración para alcanzar un nivel de prestaciones
adecuado. Pensamos, de acuerdo con la solicitud que además varios Gobiernos autonómicos hicieron el año pasado en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, que probablemente a la autoridad independiente de responsabilidad fiscal le correspondería
elaborar un informe en el que de acuerdo con criterios transparentes y verificables se estableciese un procedimiento para distribuir el objetivo de déficit entre las diferentes administraciones. Un informe sobre esta cuestión y probablemente
también, aunque no se aborda en la propuesta, un informe semejante sobre la aplicación de la regla de gasto, que también es una especie de caja negra, donde no acaba de estar muy claro cómo se tiene que aplicar. Siendo la idea de un organismo
independiente, un organismo cuyas opiniones además por ser independientes suelen estar bien valoradas por las autoridades europeas. Entendemos que contar con ese informe ayudaría bastante a plantear ante las instancias europeas la necesidad de un
nuevo enfoque, la reducción del déficit, un proceso más gradual, como el que se plantea en el acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Podríamos evitar también que a través de la visión de ese informe, las recomendaciones de la
Comisión Europea hicieran como hacen y es que transmiten la responsabilidad de los incumplimientos del déficit de las comunidades autónomas y exigen al Gobierno de España que estas administraciones lleven a cabo nuevos ajustes, cuando ya han
rebajado su déficit, lo han hecho mucho, y en muchos casos incluso más allá del umbral acorde al mantenimiento de un nivel de prestaciones públicas adecuado. No coincidimos -y acabo- en la revisión retroactiva que se propone en la proposición
partiendo del 2012 del incumplimiento de los objetivos, por cuanto que nos parece una propuesta imprecisa, y no solo muy compleja, sino quizás imposible de desarrollar y determinar, y en su lugar presentamos una enmienda en la que proponemos
clarificar una situación en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar, el señor Alli, del Grupo Mixto. (El señor Bel Accensi pide la palabra).


El señor BEL ACCENSI: Perdón, señor presidente. Debería tomar la palabra para comentar si acepto o no las enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Al final del debate.


El señor ALLI MARTÍNEZ: No.


El señor PRESIDENTE: Señor Bariandiaran, por favor.

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El señor BARANDIARAN BENITO: Señor presidente, primero, con la cuestión que acaba de plantear el representante del Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat), me gustaría si fuera conveniente cambiar el momento de responder a esas propuestas de
modificación o a esas enmiendas o a las posibilidades de acuerdo que puedan existir respecto a ellas. Ello porque, con independencia de que sean o no aceptadas, eso permitiría a quienes luego vamos a fijar posición aceptar o no parte de ese
posicionamiento y sostener nuestro voto en un sentido o en otro. No se puede, dice el señor letrado. Es una cuestión que me parece interesante poder analizar.


El señor PRESIDENTE: Me dice el letrado que no hay ningún inconveniente. Podríamos terminar la sesión como va para que estemos todos en la misma situación y a partir de la próxima sesión al terminar el turno referido a enmiendas se le
pregunta la posición al grupo proponente.


El señor BARANDIARAN BENITO: En cuanto a la cuestión concreta de la solicitud o de la PNL planteada por el Grupo Democràcia i Llibertat la vamos a apoyar con independencia de que además la Comunidad Autónoma del País Vasco sería una de las
pocas junto con la de Galicia y Navarra, creo, que han podido sostener los objetivos de déficit. Lo hacemos porque tal y como ha planteado algún otro grupo, esa cifra del déficit incide sobre aspectos básicos, sustanciales y sociales. Esa es la
cuestión básica respecto de la que deberíamos hablar a la hora de plantear la sostenibilidad o no de determinados servicios. Es cierto que la sostenibilidad financiera de los servicios públicos sería el objetivo al contar con el déficit, pero
también hace falta contar con la sostenibilidad social de los propios servicios. No deben de existir menos servicios ni de menos calidad que aquellos que puedan ser demandados y se deberían de adaptar. Esta es una frase general que sirve para
todos y que la apoyan todos. Ahora bien las causas de esa modificación de la revisión de los objetivos que se ha producido, a nuestro juicio, en perjuicio de las comunidades autónomas, ha sido producto de dos cuestiones: una, las políticas
gubernamentales de sostenibilidad de determinado tipo de deuda que han afectado sobre todo a deuda de las comunidades autónomas y, unido a ello, también queremos destacar otro hecho que es el de la recentralización de muchos servicios que ha
supuesto que el gasto del Estado haya aumentado considerablemente. De tal manera que eso ha producido un empeoramiento de las situaciones de las comunidades autónomas. Un empeoramiento aun cuando han tenido que mantener sus propios gastos con
menos ingresos y ello a pesar de que es el propio Estado el que tiene la capacidad, tras del real decreto-ley correspondiente, de fijar esas cifras de los déficits concretos. Nos parece acertada la PNL planteada por el Grupo Democràcia i Llibertat
y por eso la vamos a apoyar.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Seguramente nos hubiese gustado que el planteamiento hubiese sido de derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No obstante, como desde este grupo históricamente a lo largo de estos cuatro años, al menos desde mi posición como
senadora de Esquerra Republicana, le he planteado al ministro Montoro en innumerables ocasiones la necesidad de la revisión de los objetivos del déficit y, por tanto, de la capacidad de gasto de las comunidades autónomas y en especial de Cataluña.
Es evidente que mi posición con respecto a la PNL presentada por el Grupo Democràcia i Llibertat será votarla favorablemente.


Cada uno de los objetivos de déficit que se han ido planteando a lo largo de estos años han significado para las comunidades autónomas y respecto a Cataluña ahogo económico de forma sistemática, nosotros lo entendemos como un ataque directo
a la capacidad de actuar y, por tanto, a las competencias propias que se desarrollan en este caso por Cataluña, porque en definitiva afectan a la capacidad de prestar los servicios básicos a los ciudadanos. Así lo hemos ido denunciando. El techo
de gasto impuesto sucesivamente no responde tampoco a criterios objetivos, que ha sido una constante demandada al ministro Montoro, por cuanto entendíamos que cuando nos imponía determinado techo de gasto nos estaba imponiendo recortes sobre
servicios básicos a las personas que eran en definitiva sobre las políticas sociales que son: educación, sanidad, servicios sociales, lo que es el Estado del bienestar. Compartimos la finalidad y los objetivos que se persiguen por la PNL planteada
por Democràcia i Llibertat y por eso la vamos a votar favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.


Tiene la palabra en nombre de Ciudadanos, el señor De la Torre.

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El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, esta proposición no de ley en nuestra opinión mezcla varios temas y los acaba sintetizando en el objetivo del déficit. Por una parte la cuestión de que el sistema de financiación autonómica no da fondos suficientes a las
comunidades autónomas, lo cual probablemente es cierto y el sistema de financiación no autonómica necesita una reforma, como aquí reconocen todos los grupos y que no se ha abordado cuando tocaba, que es cuando terminaba el plazo, en el año 2014, y
que la tenemos pendiente. Por otra parte hay un problema de estabilidad presupuestaria. España lleva incumpliendo varios años los objetivos de déficit y todos sabemos que muy probablemente lo incumplirá este año y de hecho la Comisión Europea nos
ha dicho que debemos centralizar un ajuste de más de 10.000 millones de euros que hace bastante previsible que el objetivo del déficit no se cumplirá en 2015 y tampoco en 2016. Ante esto creemos que hay varios problemas juntos y que en los términos
de la redacción original no se abordan de forma correcta. En primer término, creemos que es imprescindible renegociar el objetivo con Europa para este año, pero que hay que comprometerse con la estabilidad presupuestaria. Esto ha de ser un
compromiso del Estado en su conjunto y de todas las administraciones públicas. Si se pudiese renegociar este objetivo de déficit habría que hablarlo, pero este sería un segundo momento: la distribución del objetivo. Una segunda cuestión es que
nos parece que corregir con efectos retroactivos los efectos de los incumplimientos de déficit es sencillamente imposible. A día de hoy prácticamente ninguna comunidad autónoma puede acceder a los mercados financieros y se tiene que financiar a
través del Fondo de liquidez autonómica. La distribución del objetivo del déficit sea correcta o incorrecta la que se haya hecho no se puede volver para atrás. Es decir si ahora se liquidase el Fondo de liquidez autonómica, que hay que ir pensando
en ver cómo transformamos esto y cómo las comunidades autónomas pueden volver a salir en los mercados. Muchas comunidades autónomas esta vez sí quedarían en una asfixia financiera completa. Dice el representante de Democràcia y Llibertat, que ya
algunos de mis compañeros de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya les gustaría oír estas cosas y no lo que oyen, respecto a la financiación autonómica, por ejemplo, que no quiere negociar el Gobierno catalán. Está diciendo que si se modificase
este objetivo del déficit de las comunidades autónomas previsto no sería de 3 décimas, sino que sería del 1,09. Correcto. A ver el último ejercicio cerrado para que veamos si esto garantiza o no algo en la Comunidad Autónoma de Catalunya en el
2014 fue del 2,75 % y ahora estamos en el uno, setenta y tantos. Al tercer trimestre, pendiente de los datos de cierre, ¿eso que significa? Que esto tampoco sería suficiente. En nuestra opinión la proposición no de ley diagnostica que existen
varios problemas, pero nosotros con la redacción originaria no estamos de acuerdo. Estamos más de acuerdo con la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, aunque no garantiza que se vayan a resolver todos estos problemas porque se relaje el
objetivo de déficit a las comunidades autónomas de forma autónoma sin tener en cuenta la imprescindible renegociación con las autoridades comunitarias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para finalizar tiene el turno el señor Marí Bosó.


El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Bel, la proposición no de ley que presenta Democràcia i Llibertat parte de un supuesto y es que el Gobierno central no cumple la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria. No se sorprenderá que en el Grupo Parlamentario
Popular defendamos el supuesto contrario y es que consideramos que el Gobierno cumple con la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria. En todo caso, la fijación de los objetivos de déficit está recurrida. La Generalitat de Catalunya tiene puesto
un contencioso-administrativo al respecto. Sería prudente esperar a la resolución del contencioso para que pudiéramos hacer este debate sin partir de sus suposiciones y sin partir de nuestras suposiciones. Lo tendríamos aclarado y podríamos hacer
el debate correctamente. Sé también que aun eliminando la suposición la finalidad de la proposición no de ley sería parecida: la redistribución vertical de los objetivos de déficit. Motivadas por distintas razones en el caso de las comunidades
autónomas, que seguramente algunas compartiremos: infrafinanciación, un sistema de financiación perjudicial. Para determinadas políticas equivocadas de descontrol de gasto público siempre vienen acompañadas de es que estoy infrafinanciado y para
determinadas políticas descontroladas -no digo de gasto público- ni todos los sistemas de financiación del mundo son suficientes.


Permítame hacer unas breves reflexiones sobre el fondo de la cuestión. Mayor déficit no es ninguna alegría. Mayor déficit significa mayor endeudamiento, porque la diferencia entre los mayores gastos y los ingresos la cubrimos con
endeudamiento, ya sea comercial, impagando y alargando los plazos de pago a

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los proveedores o deuda pública y bancaria. Cuando algunos señalan el incremento de la deuda pública de los últimos años olvidan que gran parte de la deuda ya existía cargada a las espaldas de los proveedores de las administraciones
públicas. El camino que hemos hecho durante estos cuatro últimos años de reducir la brecha entre los ingresos y los gastos en 4 puntos porcentuales del PIB ha significado un menor endeudamiento. Imagínese si hubiéramos seguido manteniendo déficits
recurrentes del 9,5 del PIB la cantidad ingente de endeudamiento que tendríamos ahora. Desde que España tuvo que ser incluida en los protocolos de déficit excesivos hemos hecho planes plurianuales de establecimiento de esa senda de consolidación
con el objetivo de rebajar por debajo del 3 % de déficit. Esto no se hace para fastidiar a nadie. Se hace porque esa senda de reducción es la garantía de las políticas públicas, es la garantía del Estado del bienestar. Cuando desde determinados
posicionamientos políticos se hace defensa y se pone el énfasis en la defensa del Estado del bienestar, normalmente el Estado del bienestar sale mal parado. No por mala intención, sino por políticas equivocadas. Como fue equivocado en el pasado
modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria llevándonos al déficit público que tuvimos en el 2011 en el sentido de que había que cumplir el déficit en el conjunto del ciclo. Tuvimos que aprobar la Ley orgánica 2/2012 para volver a la senda de la
disciplina presupuestaria, para que las administraciones públicas pusieran su grano de arena para devolver a los españoles al crecimiento económico y a la generación de empleo. Es evidente que la fijación de la senda de consolidación se hará en los
programas de estabilidad del reino de España y se van reformulando dependiendo de las variables económicas, de la evaluación de nuestra economía y también -lo hemos hecho así durante los últimos cuatro años- en el establecimiento o en la
distribución vertical del objetivo del déficit, también en la distribución horizontal. Es necesario recordar que derivado de la reformulación de la senda de consolidación en 2013, el objetivo de déficit de comunidades autónomas pasó del 0,7 al 1,3.
Igualmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó objetivos de déficit asimétrico entre comunidades autónomas, variando la distribución...


El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Marí, vaya terminando.


El señor MARÍ BOSÓ: Acabo, señor presidente, con su mínima benevolencia.


También la reducción del 5,8 al 5,5 se hizo con cargo al objetivo de déficit del Estado. Es posible una distribución vertical y horizontal de los objetivos de déficit. Al señor Bel le diría que me sorprende que plantee la cuestión aquí y
no espere a, primero, acabar de formular el programa de estabilidad del reino de España, luego que podamos llevar ese debate al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Prácticamente me parecería que el pronunciamiento de la Comisión hoy aquí es
una mera recentralización. Las políticas de coordinación del Estado con las comunidades autónomas se hacen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera creo que es positivo que previamente se pronuncie el mismo, porque estas son las políticas que
compartimos con las comunidades autónomas. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marí.


La mínima benevolencia han sido dos minutos y medio.


Para posicionarse sobre las enmiendas tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, señor presidente.


También amparando a su benevolencia me voy a posicionar respecto a las cinco enmiendas que han presentado mis compañeros de Comisión. Cuatro de ellas son del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea. De hecho tres de ellas derivan de la
primera. No las voy a poder admitir porque entendemos que no podemos admitir la primera, porque fíjese usted en su discurso dice que se trata de derogar y promover una nueva ley. En la enmienda solo establecen impulsar la derogación de la ley
orgánica. Tiene que existir una Ley de Estabilidad Presupuestaria.


El señor PRESIDENTE: Señor Bel, su turno es para fijar la posición en relación con la enmienda. Le estoy dejando mínimamente, pero no se alargue, por favor.


El señor BEL ACCENSI: En todo caso, tiene que existir una Ley de Estabilidad Presupuestaria. Había una anterior que se rectificó, no porque fuera mala, que era medio buena, el problema era que no se cumplía de ninguna de las formas. No
podemos admitirlas.


En cambio de la enmienda del Grupo Socialista podríamos incorporar el punto 1.º, sin ningún problema, el de acordar con las autoridades europeas una nueva senda de reducción del déficit, pero teniendo en cuenta por las cuestiones que he oído
en el debate que esta redistribución que planteamos no tiene que

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estar condicionada a que se renegocie el déficit, sino que con el déficit actual ya se debería redistribuir interiormente en el conjunto del Estado español de acuerdo con la aplicación de la disposición transitoria de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria. Si tenemos que esperar que los tribunales sentencien, seguramente tendríamos que estar esperando.


El señor PRESIDENTE: Tendrían que ponerse de acuerdo con el Grupo Socialista si acepta la enmienda en los términos que la está planteando y si es así nos hace pasar a la Mesa la propuesta definitiva.


El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, presidente.


- SOBRE MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000241).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 11.º, proposición no de ley sobre medidas para la lucha contra el fraude fiscal en España, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y que defiende el señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señor presidente, señorías, muchas gracias.


Para mí es un auténtico honor que la primera propuesta que presenta mi Grupo Parlamentario Ciudadanos en esta Comisión de Hacienda sea para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. El fraude fiscal es una lacra que perjudica a todos y la
lucha contra el fraude no debería ser una cuestión ideológica de izquierdas o de derechas, sino de cumplimiento de las leyes. España tiene un problema grave de déficit público que no acabamos de atajar y, desde luego, es mucho más justo que
efectuar recortes indiscriminados o que subir impuestos a los que ya los pagan, luchar más y mejor contra el fraude fiscal. En este sentido, desde Ciudadanos nos ha parecido siempre absolutamente sorprendente, teniendo en cuenta que la inversión en
medios en la Agencia Tributaria para la lucha contra el fraude fiscal tiene una repercusión directa de ocho euros por cada euro invertido. Que durante toda esta crisis el Partido Popular lo único que haya hecho haya sido recortar los medios en la
Agencia Tributaria, nos parece literalmente inexplicable. En este sentido, uno de los puntos clave de esta proposición no de ley es aumentar los medios y la autonomía en la lucha contra el fraude. Pero hay que tener en cuenta, señorías, que no
podemos poner un inspector de Hacienda detrás de cada español. Por tanto, es absolutamente imprescindible mejorar la conciencia fiscal de los españoles. Hay que convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos, que es la medida
antifraude más importante de todas.


Sin embargo, si los que defraudan tienen premio y a los que cumplen con sus obligaciones lo que se les hace es subir los impuestos, lógicamente vamos muy mal. Eso es lo que ocurrió con la amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy y Montoro en
el año 2011. Además, en este caso ni siquiera se cumplieron las normas porque en lugar de pagarse el 10 %, que era lo que decía el Real Decreto-ley 12/2012, se acabó pagando un 3 % -estos son datos oficiales-. Es decir, pese a haber aflorado un
patrimonio de 40.000 millones de euros, solo se recaudaron 1.200 millones. ¿Y esto por qué ocurrió? Fue por un informe de la Dirección General de Tributos sin firmar que debería anularse. Debería exigirse el cumplimiento íntegro de la ley a los
defraudadores, antes de exigirles más medidas de recorte o más subidas de impuestos a los ciudadanos, que ya los pagan, para cumplir un déficit que en estos momentos no se está cumpliendo.


Además de eso, nosotros estamos muy a favor de no llevar medidas vacías. Por tanto, llevamos una serie de medidas concretas en esta proposición no de ley como, por ejemplo, actualizar nuestra lista de paraísos fiscales para luchar más
eficazmente contra los mismos; que los bancos tengan la misma obligación de informar sobre las operaciones de sus clientes en paraísos fiscales, en las mismas condiciones que dan información de los demás clientes que tienen actualmente en España, o
potenciar el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, el Sepblac, que también ha sufrido recortes en esta época y que es un instrumento clave para la lucha contra la corrupción. Otra de las medidas que nos parece fundamental es corregir
algo que fue un grave error legislativo de esta Cámara, como fue atribuir el control fiscal de las sociedades de inversión de capital variable, las sicav, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Nosotros proponemos devolver el control fiscal
de las sicav a la Agencia Tributaria, que es donde debe estar centralizado todo control fiscal del Estado. Por último, entre otras medidas que pueden ustedes consultar, también establecemos el derecho que debe tener todo español para pagar con
tarjeta de crédito, ya que permite aumentar la información y la transparencia del sistema. Por tanto, permitiría luchar no solamente contra fraude fiscal sino contra el blanqueo de capitales, dentro de una

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proposición ambiciosa de reforzamiento de los medios de la Agencia Tributaria. Con estas medidas, sobre todo, se lograría devolver la confianza de los españoles en sus autoridades antifraude y se conseguiría una mayor conciencia fiscal, que
es un objetivo al que nos debemos todos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Torre.


En turno de enmiendas tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ DALMAU: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, nosotros vamos a votar favorablemente a esta propuesta. Queríamos felicitar al Grupo Parlamentario Ciudadanos por la iniciativa que nos plantean en esta proposición no de ley porque es seria, está argumentada y tiene
elementos que hay que tener en cuenta. No es una propuesta descalificadora, como otras que hemos podido ver en esta Comisión, sino que es una proposición seria y bien argumentada. Seguramente con Ciudadanos no vayamos a coincidir en temas clave
como economía o el concepto territorial del Estado, pero desde luego nos alegra coincidir en cuestiones no menos importantes como la lucha contra la corrupción y contra el fraude fiscal y, por supuesto, vamos apoyar la propuesta.


La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que la falta de competencia y la corrupción generan un sobrecoste de la contratación pública en España equivalente a un 4,5 % del PIB, 48.000 millones de euros al año. Además,
un 23 % del PIB de la economía española es economía sumergida. ¿Y qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular? Una amnistía fiscal. Los datos triunfalistas de recaudación de la lucha contra el fraude son en sí mismos un fraude. Es decir, hay
algunas organizaciones como Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que dice que la cuantía que expresa el Gobierno no es la que dice que es, ni es representativa de lo que se debería estar haciendo. Gestha deja bien claro que
más del 80 % de la evasión fiscal en este país queda impune y se estima que en España la pérdida debida a la economía sumergida suponía un 70 % del total del gasto sanitario o un 6 % del PIB. Hay que tomarse muy en serio la lucha contra el fraude
fiscal porque de ella depende nuestro bienestar.


Aunque insisto en que estamos a favor de las medidas que propone Ciudadanos en esta proposición no de ley, nosotros pensamos que no pueden considerarse como suficientes. Es necesario avanzar más, plantear un plan integral de lucha contra el
fraude, una ley anual tributaria aprobada en sede parlamentaria con objetivos concretos, cuantificables en términos de lucha contra el fraude fiscal. España tiene uno de los gastos -como han comentado- más bajos en Administración tributaria de toda
la OCDE y existe, por tanto, mucho margen para reducir mediante políticas activas el tamaño de la economía sumergida y, al mismo tiempo, ampliar la recaudación tributaria. Por eso, entendemos que la propuesta de Ciudadanos puede ser enriquecida con
algunas otras medidas, que nos parecen importantes de cara a lo que esperamos que pronto sea un plan integral de lucha contra el fraude.


Nosotros hemos propuesto algunas como, por ejemplo, cuando ustedes se refieren a 'promover las normas oportunas para que las entidades financieras informen sobre las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales, en las
mismas condiciones que han que dan información a los demás clientes', nosotros añadiríamos 'de manera paralela se exigirá en todos los acuerdos internacionales que procedan la eliminación del secreto bancario privilegiado de estos paraísos
fiscales'. Para nosotros es necesaria junto a una reforma de las leyes de España, una modificación de la legislación europea internacional para facilitar de una manera instantánea y transparente el intercambio de información y la cooperación entre
Estados para que se eliminen esas prácticas de los paraísos fiscales. Se trata de trabajar localmente para influir globalmente y acabar con la impunidad del fraude en paraísos fiscales.


En segundo lugar, cuando ustedes se refieren a 'se afrontará urgentemente una reforma sustancial del delito fiscal', nosotros añadiríamos '..., para entre otras cosas establecer un único límite de 50.000 euros para estos delitos'. Nosotros
proponemos 50.000 euros no porque lo hayamos inventado nosotros, sino porque es la cantidad fijada en las subvenciones en materia europea, dentro de lo que podemos entender como delito fiscal.


En tercer lugar, cuando ustedes se refieren a que 'se potenciarán los medios y la autonomía de la Agencia Tributaria', nosotros incluiríamos al principio 'a elaborar un plan integral de lucha contra el fraude, que contemple la necesidad de
una ley anual tributaria...'. Esta es una legislatura del cambio y ustedes, como nosotros, debemos apoyarnos en aquello que coincidamos que pueda ser un cambio

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positivo y útil para la regeneración democrática. En cuestiones como la lucha contra el fraude y la lucha contra la corrupción cuenten con nosotros. Estamos seguros de que nosotros también contaremos con ustedes en cuestiones de
regeneración democrática. Eso sí que es nueva política.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.


Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra para defender su enmienda, el señor López Milla.


El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, el Grupo Socialista por supuesto va a apoyar la proposición no de ley presentada por Ciudadanos, como no puede ser de otro modo, ya que algunas de las cuestiones que se plantean, prácticamente todas, forman parte del acuerdo de
Gobierno que hemos alcanzado ambas formaciones políticas.


Entendemos, no obstante, que lo que plantea la iniciativa de Ciudadanos es difícilmente rechazable para cualquier grupo parlamentario que quiera enterrar de verdad las políticas del Partido Popular y corregir, al mismo tiempo, las
consecuencias de sus políticas. Desde la revisión de la amnistía fiscal, aprobada por el Gobierno anterior y con la finalidad de intentar recaudar hasta 2.800 millones de euros adicionales, hasta la reforma del delito fiscal, con el objetivo de
endurecer las penas, pasando por establecer de forma precisa la obligación de que las entidades financieras informen sobre las operaciones de sus clientes en paraísos fiscales o reforzar el servicio de prevención de blanqueo de capitales, elevando
las multas para los bancos que cooperen con estas prácticas, la proposición no de ley que estamos debatiendo contiene a nuestro juicio un catálogo de medidas que solo pueden rechazar quienes consideren que en materia tributaria y persecución del
fraude fiscal ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer y que, además, ha hecho bien.


No obstante, mi grupo ha querido efectivamente presentar una enmienda, con el fin de incorporar a la parte propositiva algún otro elemento del acuerdo de Gobierno que es especialmente importante para nosotros y que se refiere -seguro que el
grupo Ciudadanos coincide- al reforzamiento de la independencia y la profesionalidad de la Agencia Tributaria, que lamentablemente ha estado sujeta a lo largo de la pasada legislatura a presiones políticas, a nuestro juicio intolerables, que se
saldaron con diversos ceses y dimensiones, especialmente en el ámbito de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Se trata de episodios que, a juicio del Grupo Socialista, pusieron de manifiesto un grado de injerencia política absolutamente
intolerable y del que también da cuenta la difusión de un argumentario, que podemos calificar como mínimo de extraño, procedente del ordenador de un asesor del ministro de Hacienda, casualmente hermano del director de la Agencia Tributaria, que
contenía información de un informe pericial, al que tuvo acceso su autor antes de que pudiera verlo el juez instructor al que iba dirigido. Sus señorías probablemente lo recordarán porque era aquel en el que se comparaba al Partido Popular con
Cáritas y con la Cruz Roja.


Por último, quisiera también dejar constancia de que la enmienda que presenta el Grupo Socialista subraya la necesidad de que el Gobierno lidere de forma activa -es decir, no como hace Rajoy las cosas sino de manera activa- tanto en la Unión
Europea como en la OCDE, una agenda ambiciosa; una agenda ambiciosa de transparencia y armonización de la fiscalización europea internacional y de lucha contra la evasión fiscal, la elusión y los paraísos fiscales. En particular, instamos al
Gobierno en esta enmienda a la implementación de aquellas medidas del BEPS, Base Erosion Profit Shifting, que persiguen evitar la erosión de la base imponible en el país en que se genera y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.


En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bravo.


El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, al igual que ha afirmado Francisco de la Torre para mí es un orgullo tener la primera participación en la Comisión de Hacienda y además con una propuesta de lucha contra el fraude.


Discúlpenme que tenga que ir un poco rápido, porque visto todo lo que se ha dicho creo que tenemos que puntualizar bastantes cuestiones. Quiero manifestar que no estamos de acuerdo con la PNL que presenta Ciudadanos, aunque sí que estamos
de acuerdo en la lucha contra el fraude. Nos gratifica a

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todos que todos los partidos estemos en la misma línea, con lo cual creo que será muy fácil llegar a un consenso.


Antes de nada, el Partido Popular quiere poner de manifiesto su apoyo en la lucha contra el fraude y para ello no basta más que ver los resultados. En los últimos cuatro años se han conseguido recuperar 50.000 millones de euros, récord
histórico con relación a esos cuatro años anteriores, es decir, 10.000 millones más y, además, en el último año hemos tenido otro récord histórico, 15.600 millones de euros más.


En cuanto a lo que comentaban anteriormente de Gestha -estoy de acuerdo con el planteamiento-, tan solo le diría que tenemos al director de la agencia y hay una contabilización y un control de cada uno de los ingresos que suman hasta los
15.600 millones de euros. Se les puede requerir para comprobar si en algún caso hay falsedad y que, en su caso, Gestha se pueda pronunciar. Por otro lado, no debemos hacer mérito del Partido Popular esta gestión, es mérito única y exclusivamente
del conjunto de los funcionarios de la Agencia Tributaria. El único mérito que tiene Partido Popular, si cabe, es haber dotado a la agencia de los medios necesarios en materia presupuestaria y en materia legislativa, con un plan de intensificación
de actuaciones que ha permitido conseguir estos resultados en los años 2014, 2015 y 2016; además, el año 2016 ha sido apoyado por la mayoría de los sindicatos.


Además, todas esas actuaciones van en la línea de conseguir la independencia. Para aquellos que afirman que la Agencia Tributaria no tiene independencia -Francisco de la Torre está también aquí y es inspector de Hacienda-, les puedo
asegurar al resto de formaciones políticas que al frente de la Agencia Tributaria y de muchos puestos de dirección hay compañeros que les puedo asegurar que son de sus formaciones, con lo cual decir que está politizada me parece una afirmación un
tanto exagerada.


En cuanto al tema de personal, cuando hablamos de la necesidad de funcionarios estamos totalmente de acuerdo, pero no estamos de acuerdo con que Partido Popular no haya sido sensible. Cuando la tasa de reposición era cero, el Partido
Popular le puso el 10 %; cuando era cero, le puso el 50 % e hizo una convocatoria extraordinaria. Les puedo asegurar que la última oferta de empleo público será muy generosa con la Agencia Tributaria. Además, no olviden que los funcionarios no
son los únicos que cuentan en esto. Si analizamos los datos, con los mismos funcionarios, incluso menos, hemos superado los ingresos, por ejemplo, del año 2010, en los que rondaban los 100.000 millones de euros; con los mismos o incluso menos, hoy
hemos recaudado 15.600 millones de euros.


Cuando hablan de la concienciación fiscal, quiero recordarles que tenemos un Plan de educación cívico-tributaria, pero no solamente eso sino que ha sido el Partido Popular el que ha incluido en los planes de estudio para la educación
primaria el tema de la educación cívico-tributaria y está luchando para que se incorpore en la educación secundaria. Invito a todas las formaciones políticas a que hagamos un manifiesto pidiendo y apoyando a la Agencia Tributaria para su
incorporación en todos los planes de estudio.


En cuanto a la referencia que hacen los compañeros de la amnistía fiscal, quiero recordarles que no hubo amnistía fiscal sino que se trataba de una regularización extraordinaria voluntaria. Nosotros no podemos aceptar, bajo ningún concepto,
que se manifieste en su propuesta que se perdonó de manera ilegal a los defraudadores. Creo que es una afirmación que nosotros no vamos a entender. Hay algunos pronunciamientos de la Dirección General de Tributos y les recuerdo -mis compañeros que
están en la Agencia Tributaria los conocen perfectamente-, para aquellos que no lo conocen, que los subdirectores que están al frente de la Dirección General de Tributos llevan muchos años siendo los subdirectores, es decir, han estado con Gobiernos
del Partido Popular y con Gobiernos del PSOE, no se les ha cambiado. Hay pronunciamientos de la Dirección General de Tributos en contra de los pronunciamientos en un momento dado de la Agencia Tributaria, con lo cual entrar aquí a valorar la
independencia o no de la Dirección General de Tributos dice muy poco a favor de nosotros. Les pediría, como inspector de Hacienda que soy, y creo que Francisco de la Torre lo compartirá, que respetamos al máximo las instituciones.


Por otro lado, si seguimos con el tema de la amnistía fiscal podemos plantear el tema del PSOE, que en toda la legislatura anterior el único argumento que manifestó era la lucha contra el fraude. Pues bien, le doy un par de datos. En la
lucha contra el fraude afloraron 40.000 millones de euros y se recaudaron 1.200 millones. Si nos ponemos a comparar qué han hecho otros partidos políticos, el Partido Socialista también lo hizo en los años 1984 y 1991. Pero no solamente eso, vamos
más lejos, en la Unión Europea lo han hecho Alemania, Francia o Italia, y más recientemente lo ha hecho Estados Unidos en 2014. Podemos discutir si está mejor o peor el tema del pronunciamiento de la Dirección General de Tributos, pero creo que no
debemos olvidar lo que se ha hecho.

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En otra serie de cuestiones, si hablamos del Sepblac, estamos totalmente de acuerdo con ustedes, pero resulta que el 15 de octubre de 2015 el Banco de España acordó incrementar en 20 personas o funcionarios la plantilla del Sepblac. Hay que
recordar que no solamente es el Sepblac, sino que están incorporados la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, con lo cual no hay ningún problema. Cuando hablaban de gravar las penas en materia de...


El señor PRESIDENTE: Señor Bravo, tiene que ir terminando.


El señor BRAVO BAENA: Perfecto, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: No quiero llamarle la atención a un inspector de Hacienda, pero... (Risas.-Un señor diputado: Por si acaso).


El señor BRAVO BAENA: Ahora tenemos menos peligro.


Es la propia directiva de la Unión Europea 2015/849 la que ha venido a establecer que se van a gravar y que se tiene que hacer en el 2016, elevándolas hasta 5 millones de euros la posibilidad de la deuda o hasta el 10 % del volumen. Creo
que son suficientemente cuantiosas para poder valorar.


Si hablamos de la comprobación de grandes fortunas ya existe, se creó la Delegación Central de Grandes Contribuyentes; fiscalidad internacional, el Partido Popular crea la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional; la eliminación del
secreto bancario se ha incorporado, y hemos firmado acuerdo de doble imposición con países tan raros como Catar, Andorra, Mónaco, Macao, Jersey e Isla de Man.


En cuanto al estatuto de la agencia, quiero recordar al Partido Socialista, que ha sido Partido Popular el que se le ha ofrecido. Les puedo decir como funcionario de la Agencia Tributaria que existe un borrador del estatuto. Se lo ponemos
a su disposición y estamos dispuestos a negociar con ustedes y con el resto para intentar dar vía libre al estatuto que tiene internamente aprobado la Agencia Tributaria.


En cuanto a lo que son las medidas BEPS...


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminado, señor Bravo, por favor.


El señor BRAVO BAENA: ... ya están incorporadas.


Por todo ello hemos hecho una enmienda en la que partimos de la idea de un concepto general e instamos al Gobierno a seguir luchando contra el fraude. En esta línea nos van a encontrar siempre, siempre en la lucha contra el fraude pero con
argumentos sólidos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Alli.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Escuchando al portavoz, no entendemos por qué no se incluye su enmienda y, por tanto, vamos a votar en contra.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


En nombre del Grupo Vasco.


El señor BARANDIARAN BENITO: A favor.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barandiaran.


Señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.


Nuestro grupo va a votar a favor obviamente de esta proposición, ya que entendemos que algunas de estas medidas tendrán que ser desarrolladas posteriormente y necesitarán algún tipo de matización. Voy a poner un ejemplo, ya que lo nombran
en la exposición de motivos y después no lo hacen en los acuerdos. A nosotros nos preocupa que se autorice el pago de cualquier compra de bienes y servicios cuyo importe sea mayor a 10 euros con tarjeta de crédito, si no solventamos con carácter
previo las comisiones que están cobrando al pequeño comercio, por parte de las entidades financieras, con lo cual tomaremos una medida que mejoraría una cosa, pero que empeoraría otra. (El señor De la Torre Díaz: Sí, tiene razón). En todo caso,
vamos a votar a favor de la propuesta.

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Con el tema del fraude fiscal tenemos que hacer un esfuerzo por intentar buscar una acción conjunta, más allá de las discrepancias y de afearnos lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho unos y otros en anteriores legislaturas. Todo este
tema se puede malinterpretar.


Nosotros también tenemos que pedir -en su momento lo haremos- que la lucha contra el fraude fiscal sea simétrica en el conjunto del Estado español. Se lo digo porque ayer en Cataluña se generó un cierto debate, no sin razón, cuando se
publicaron unos datos que son un tanto significativos. Los datos eran que durante el 2015 las actuaciones de inspección y comprobación en Cataluña se habían incrementado 45 %. Nada que decir. Con este incremento del 45 % de este tipo de
actuaciones en Cataluña, se había recaudado un 7 % más. Estos mismos datos trasladados al conjunto del Estado español eran los siguientes. Las actuaciones de inspección y comprobación se había incrementado no un 45 % sino solo un 8 %. En cambio
cuando en Cataluña se habían incrementado las actuaciones un 45 %, se recauda un 7 %; en el Estado español incrementándose las actuaciones solo un 8 %, se incrementa la recaudación en un 27,2 %. Habría que pensar que quizá reequilibrando estas
actuaciones de inspección y comprobación, el incremento de recaudación sería mucho mayor en el conjunto del Estado español. (El señor De la Torre Díaz: Habría que verlo). Habría que verlo. Es difícil de justificar que en una comunidad autónoma
las inspecciones se incrementen en un 45 % y en el resto del Estado español solo se incrementen un 8 %.


Por tanto, tenemos que buscar el máximo consenso. Seguramente habría algunos aspectos en los que podríamos coincidir en que el consenso es necesario, pero en temas como la lucha contra el fraude es imprescindible. Desde nuestro grupo
intentaremos que esto sea posible a lo largo de esta legislatura, aunque será difícil habiendo visto el arranque del día de hoy.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.


En nombre del Grupo Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: A favor.


El señor PRESIDENTE: Señor De la Torre, en relación con las enmiendas que se han presentado por parte de los diferentes grupos.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Empezamos por las enmiendas del Grupo Podemos, si no les parece mal. Le agradezco el tono y su intervención. Quiero decirle que respecto a las propuestas concretas que plantea en el tema de promover en todos los
acuerdos la eliminación del secreto bancario, estamos de acuerdo. Aceptamos la enmienda y la agradecemos porque es una buena idea. La segunda enmienda que propone que sea delito fiscal a partir de 50.00 euros no la podemos aceptar
desgraciadamente, por la pura razón práctica de que colapsaríamos los juzgados. Nos gustaría que en el futuro la situación de los juzgados permitiese rebajar estos límites y que no hubiese además tantos delincuentes fiscales. En tercer lugar,
respecto al plan anual nosotros somos partidarios de no incluirlo ahora. Nos parece que esta propuesta necesita desarrollo y o bien la incluiremos en la proposición no de ley, actualizando la que hemos presentado que es muy parecida a esta ante el
Pleno de la Cámara y que discutiremos próximamente, esperemos que con el acuerdo mayoritario de esta Comisión, o bien la incluiremos en alguna otra propuesta específica que podamos presentar.


Respecto a las propuestas del Grupo Socialista estamos de acuerdo...


El señor PRESIDENTE: Perdón, por aclararnos. De las tres enmiendas, ¿se aceptarían las dos primeras?


El señor DE LA TORRE DÍAZ: No, solo se acepta la primera; la segunda y la tercera no se aceptan.


Respecto al Grupo Socialista estamos de acuerdo en ambas cuestiones, tanto en el reforzamiento de la independencia y de la autonomía de la Agencia Tributaria, como en la obligación de liderar una agenda ambiciosa de la lucha contra el fraude
fiscal en las instituciones internacionales, porque los fraudes internacionales hay que combatirlos a escala internacional.


Aunque ya ha anticipado...


El señor PRESIDENTE: ¿Cuáles aceptan? Perdónennos que insistamos tanto -es que se empieza a divagar-, pero nos tiene que quedar claro para la votación.

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El señor DE LA TORRE DÍAZ: Hemos aceptado las tres enmiendas del Grupo Socialista, así como el límite de 25 euros porque creemos que es más razonable.


Por otra parte, estamos de acuerdo con la observación del señor Bel, aunque no la podemos incluir, sobre que necesitamos renegociar las comisiones bancarias para poder implementar este derecho.


Por último, también rechazamos, como anticipó el señor Alli de Unión del Pueblo Navarro, la contrapropuesta del Grupo Popular porque nosotros defendemos medidas específicas y no un planteamiento puramente genérico de continuar con la lucha
contra el fraude fiscal. Esperemos que el continuar no se refiriese a continuar, por ejemplo, con medidas de lucha contra el fraude fiscal como la amnistía fiscal del Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: ¿Se rechaza entonces? Por favor, no hagan debate en la explicación porque así no hay manera. (Rumores).


Agradezco la explicación, pero no corresponde el turno para eso. Además, nos lía a nosotros.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Aunque aquí ha habido muchas alusiones personales, no voy a contestar.


El señor PRESIDENTE: Bien, perfecto.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Ya he terminado, gracias.


El señor PRESIDENTE: Muy bien.


Vamos a dar un receso de cinco minutos para poner un poco en orden todas las votaciones. Antes de ese receso, sí quería hacer constar, según nos comunica la Mesa con relación a las proposiciones que hemos debatido -las números 2, 3 y 5 a
11, ambas inclusive-, que en caso de eventual aprobación de las citadas proposiciones se entenderían dirigidas al Gobierno que se constituya. Lógicamente, no voy a abrir un turno para esto porque cada uno tenemos nuestra posición con relación a
este tema, se ha debatido por parte de los grupos en la Mesa y así es como se ha determinado. Lo hago constar para que lo que sepan a la hora de la votación.


Se suspende la sesión cinco minutos y a las dos votaremos. (Pausa).


Señorías, quedó claro que el punto 1.º fue aprobado por asentimiento de la Comisión.


Por tanto, pasamos a la votación del punto 2.º, proposición no de ley sobre la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, presentada por el Grupo Socialista, que se vota con la enmienda del Grupo
Vasco, la de Ciudadanos y la parte de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán que modifica el punto 2.º


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos al punto 3.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre la corrección del sistema de financiación autonómica, que se vota con la enmienda del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 26.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Punto 4.º, proposición no de ley relativa a astilleros públicos de la ría de Ferrol, presentada por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, que se vota en sus propios términos, tal como está formulada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 15; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Punto número 5.º, proposición no de ley sobre la implantación del software libre en la Administración General del Estado, presentada por el Grupo Esquerra Republicana. Se vota en sus justos términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 15; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos al punto 6.º del orden del día, proposición no de ley sobre la actualización del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que se vota con la transaccional del Grupo Popular.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Punto 7.º, proposición no de ley relativa a continuar con la bajada de impuestos a autónomos y familias tan pronto como se alcance un nivel de ingresos públicos del 38-39 % del PIB, del Grupo Popular. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 8.º, proposición no de ley sobre la defensa de las diputaciones provinciales y municipios de menor tamaño, presentada por el Grupo Popular, que también se vota en sus justos términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 10; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos al punto número 9.º, proposición no de ley sobre la revisión de los objetivos de déficit, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. En este caso, se vota también en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 21 abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a la proposición número 10.º, también relativa a la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, presentada por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se incorpora la enmienda del Grupo
Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Finalmente, votamos la proposición número 11.º, presentada por el Grupo Ciudadanos, sobre medidas para la lucha contra el fraude fiscal, con la primera enmienda de Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea y las tres enmiendas del Grupo
Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Antes de levantar la sesión, les comunico que tenemos la obligación de que nos presenten el informe en una comparecencia por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y mi idea es convocar Mesa y Portavoces la semana
después de Semana Santa para celebrar en la última del mes la sesión. En cualquier caso, me pondré en contacto con los portavoces y con los miembros de la Mesa.


Muchísimas gracias por la comprensión que sus señorías han demostrado hoy conmigo y con la Mesa.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y quince minutos de la tarde.