El señor presidente lee los puntos 5., 5.1., 5.1.1. y 5.1.2.

El señor PRESIDENTE: Estos dos proyectos de ley serán debatidos de
manera conjunta dada la materia sobre la que versan, sin perjuicio de que
las votaciones se hagan de manera separada.

Para la presentación de los dictámenes, tiene la palabra la
presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, su señoría la senadora
Edo Gil.

La señora EDO GIL: Gracias, presidente.

Bon dia. Buenos días, señorías. Hoy, día 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, comenzamos una nueva jornada de debate en el
Senado. Quiero aprovechar el momento, si me lo permiten, para reivindicar
este día y el espíritu que mueve la lucha por la igualdad entre mujeres y
hombres, la reivindicación de los derechos y la igualdad de oportunidades
y denunciar las desigualdades que hemos sufrido las mujeres a lo largo de
la historia y seguimos padeciendo pese a los avances conseguidos por el
simple hecho de ser mujeres (Aplausos). Quiero reivindicar el papel de
tantas y tantas mujeres que han venido luchando por la libertad y la
igualdad y que nos han abierto el camino para sobrepasar cualquier tipo
de limitaciones, cualquier barrera, cualquier brecha. Gracias a ellas, al
movimiento feminista y a los hombres que las acompañaron en esta lucha,
hoy es posible que cada vez más mujeres ocupemos espacios en los
parlamentos, como en este Senado, que desde lugares de responsabilidad y
de representatividad podamos seguir reivindicando nuestro papel
fundamental, el de las mujeres en la sociedad, una igualdad, una libertad
que debe seguir siendo una lucha colectiva de mujeres y hombres para
seguir avanzando en la conquista y defensa de los derechos y la igualdad
real y efectiva de las mujeres. Es un día para no olvidar todo lo
conseguido y lo mucho que queda por hacer por las que estamos y por las
que vienen.

Entrando en la materia del orden del día, que es la presentación en
el Pleno de los dictámenes al Proyecto de la Ley de protección de los
derechos y bienestar de los animales y al Proyecto de Ley Orgánica de
modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, en materia de maltrato animal. Los proyectos de ley que se someten
en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramitan
por el procedimiento de urgencia tuvieron su entrada en esta Cámara el
día 17 de febrero del presente año, fecha asimismo de la publicación en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de
enmiendas finalizó el día 23 de febrero de 2023. Al proyecto de ley de
protección de derechos y el bienestar de los animales se presentaron
cuatro propuestas de veto y cuatrocientas cuarenta y nueve enmiendas, de
las cuales las números, 150, 152, 159 a 163, 168, 169, 171
a 176, 180, 181, 183 a 185, 190, 192, 193, 196 y 199, del señor Mulet
García, fueron posteriormente retiradas. Al Proyecto de Ley Orgánica de
modificación del Código Penal en materia de maltrato animal se
presentaron dos propuestas de veto y setenta y seis enmiendas.

Las ponencias encargadas de emitir su informe sobre sendos proyectos
de ley han quedado integradas de la siguiente manera. La del Proyecto de
Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales por doña
Nerea Ahedo Ceza, don Bienvenido de Arriba Sánchez, don Joaquín Egea
Serrano, doña Adelina Escandell Grases, don Pablo Gómez Perpinyà,
doña Ruth Goñi Sarries, don Amaro Huelva Betanzos, doña María Teresa
Macías Mateos, don Jorge Domingo Martínez Antolín, don José María Oleaga
Zalvidea y doña María Teresa Rivero Segalàs, y la del Proyecto de Ley
Orgánica de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal
por doña Nerea Ahedo Ceza, don Joaquín Vicente Egea Serrano, doña Adelina
Escandell Grases, don Pablo Gómez Perpinyà, doña Ruth Goñi Sarries, don
Amaro Huelva Betanzos, doña María Teresa Macías Mateos, don José María
Oleaga Zalvidea, don Luis Alberto Plaza Martín, doña Maria Teresa Rivero
Segalàs y don Fernando de Rosa Torner.

El pasado 2 de marzo se reunieron las ponencias para emitir sus
respectivos informes, que en ninguno de los dos casos introdujeron
modificaciones en los textos remitidos por el Congreso de los Diputados.
La Comisión de Derechos Sociales se reunió ese mismo día y emitió sus
dictámenes de conformidad con los informes de las ponencias.

Finalmente, se han presentado catorce votos particulares al Proyecto
de Ley de protección de los derechos y bienestar de los animales y ocho
al Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia
de maltrato animal, que se debatirán en la presente sesión. Quería
agradecer a la ponencia, a los miembros de la ponencia, a la señora
letrada y a los servicios de la Cámara el trabajo realizado.

Muchísimas gracias señorías. Muchísimas gracias, presidente.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora senadora.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

Para la defensa de la propuesta de veto número 1 a ambos proyectos de
ley, de sus señorías Marín Gascón, Merelo Palomares y Rodríguez de
Millán, tiene la palabra su señoría la senadora Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Decía el filósofo Peter Singer, padre del
animalismo moderno, que la resistencia a reconocer derechos a los
animales es similar a la que enfrentaron en su día la esclavitud racial o
la discriminación de la mujer. Esta frase aparece en su libro Liberación
animal, publicado en 1975 y que es una de las biblias del movimiento
animalista, junto a la teoría de los derechos de los animales de Tom
Regan. Singer criticaba que el especismo se aplicara al hombre; dar
derechos a los animales es un disparate jurídico porque el propio
concepto de derecho se relaciona íntimamente con el de obligación, algo
no exigible a los animales. Se ha querido extrapolar a los animales los
cambios sociales y de mentalidad en relación con los derechos de los
individuos. El animalismo se ha constituido como un heterogéneo sistema
de creencias filosóficas y morales que busca abrirse su camino en la
sociedad actual, pero dar derechos a los animales no tiene encaje legal
alguno. El propio concepto de derecho se relaciona íntimamente con el de
obligación, algo no exigible a los animales. (La señora vicepresidenta,
Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

Hoy hemos venido a hablar de una ley que se supone debe proteger los
derechos y el bienestar de los animales. Todos estamos de acuerdo en que
el bienestar de los animales debe ser protegido por la obligación moral
de cuidado de la naturaleza que tenemos como seres humanos. El bienestar
animal es una disciplina científica ampliamente estudiada por
veterinarios, biólogos e ingenieros agrónomos, que se encuentra regulada
tanto en España como en la Unión Europea, pero, como he querido hacer
constar en mi introducción, esto no va de ciencia sino de
creencias.

Pudimos escuchar a la señora ministra Belarra, aquí presente hoy,
agradecer a los diputados animalistas su implicación en la tramitación de
esta ley, pudimos escuchar en esta misma Cámara agradecimientos a los
animalistas por parte de algunas de sus señorías y hemos visto cómo
durante la tramitación de esta ley se ha silenciado deliberadamente a los
científicos, porque los científicos han intentado hablar y solo se
permitió su comparecencia en el Congreso de los Diputados durante el
periodo de enmiendas de forma más maratoniana, para intentar acabar lo
antes posible, tras suspender las ya previstas de forma
incomprensible.

El pasado 9 de diciembre la Organización Colegial Veterinaria ya
intentó de forma desesperada paralizar la tramitación de esta ley por
medio de una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados,
Meritxell Batet, a Joan Ruiz y a la misma ministra Ione Belarra, pero no
sirvió de nada porque el animalismo asegura responder a una práctica
moral similar a la lucha por la igualdad del feminismo o contra el
racismo y la homofobia, y todas las acciones en este sentido están
justificadas. Esta es una ley animalista, como llegó a calificarla su
impulsor Sergio García Torres, un activista por los derechos de los
animales, como él mismo se autocalifica en Twitter. La filosofía del
movimiento animalista es esencialmente prohibicionista. La defensa de los
seres sintientes pasa por rechazar todo producto que provenga de ellos,
como su lana o su piel, por no poder criar animales para su consumo sin
que haya algo de maltrato y sufrimiento, a tanto no se han atrevido,
claro, pero toda acción que acelere la liberación de los animales se
considera válida, incluida la aprobación de una ley sin el consenso de
todos los actores implicados y sin el beneplácito de la comunidad
científica, aun llevando en su enunciado las palabras bienestar animal.
Sin embargo, hay que reconocer que no engañan a nadie, puesto que en su
exposición de motivos se dice que el principal objetivo de esta ley no es
tanto garantizar el bienestar de los animales, evaluando las condiciones
que se les ofrecen, sino regular el reconocimiento y la protección de la
dignidad de los animales por parte de la sociedad. Y díganme ustedes cómo
se regula eso de manera científica, dígamelo usted, señora ministra.
Porque esta ley intenta cambiar de forma radical la manera en la que nos
relacionamos con los animales, siempre bajo la perspectiva moral del
animalismo, una moral que poco o nada tiene que ver con nuestra cultura
de raíces cristianas y que supone un nuevo intento de ingeniería social
por parte de este Gobierno. Porque solo desde la perspectiva de la
filosofía animalista de la liberación animal de Singer se entienden todas
estas imposiciones de esa ley.

La ley burocratiza la relación entre los seres humanos y los animales
de una forma antinatural, cualquier acto estará sometido a un control
excesivo. Si alguien quiere criar un canario deberá inscribirse en un
registro bajo la amenaza de una fuerte multa y tener al corriente a la
Administración de casi cualquier cosa que ocurre en la vida de ese
animal. Con los perros la situación todavía es peor porque obligará a los
dueños a realizar cursos y evaluaciones de los propios animales para
valorar su actitud para desenvolverse en el medio social, algo que se
determinará reglamentariamente. ¿Hasta qué punto vamos a consentir la
intromisión del Estado en nuestras vidas? ¿Qué sucederá si el perro
suspende esa prueba o si los dueños la suspendemos? ¿Cuántas veces vamos
a poder repetirla? ¿Habrá una parte online y otra presencial? ¿Se va a
garantizar el acceso sencillo a Internet a toda la población del medio
rural para que puedan hacer estos cursos y la expedición de certificados
electrónicos?

Pero no solo se nos va a decir cómo tenemos que relacionarnos con los
animales y si somos aptos para ello, sino que se nos va a decir qué
especies podemos o no tener a través de una lista llamada listado
positivo; una lista que viene directamente con las presiones de los
lobbies europeos, como Eurogroup for Animals, AAP, rechazada en múltiples
ocasiones por la Comisión Europea, y que se impone en la ley a través de
una referencia tergiversada en la exposición de motivos, identificando
estos listados positivos de animales de compañía con la petición de
elaboración de listas blancas de especies exóticas invasoras para toda la
Unión Europea en una resolución no vinculante del Parlamento Europeo, en
un pasmoso ejercicio de manipulación para justificar lo injustificable.
El listado positivo supone un cambio de modelo en la comercialización,
cría y tenencia de animales, rechazado, insisto, en numerosas ocasiones
por la Comisión Europea, como explícitamente contestó el comisario, sobre
el establecimiento de una lista positiva de animales exóticos
considerados aptos para ser tenidos como animales de compañía, a un
eurodiputado socialdemócrata danés: Avanzar hacia una lista positiva de
especies animales autorizadas para el comercio internacional, sean o no
animales de compañía, supondría un cambio sistémico, tanto en la Unión
Europea como en el derecho internacional, con base en la Convención sobre
el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestre, CITES. Aunque algunos Estados miembros ya han adoptado listas
de este tipo, la Comisión no tiene previsto presentar una propuesta en
este sentido. La lista positiva propuesta en esta ley supone una renuncia
efectiva al modelo del Convenio CITES, que acaba de cumplir cincuenta
años, y supondrá la prohibición de miles de especies sin razón alguna,
especies que ya viven en los hogares españoles y que no están esperando
en ningún recóndito lugar a ser importadas. En el Consejo de Agricultura
y Pesca de la Unión Europea, del pasado 24 de mayo, el comisario
interpelado volvió a ser muy claro: Las listas positivas no han
demostrado ser un modelo mejor que el actual. Las listas positivas no son
más que otra vuelta de tuerca del modelo prohibicionista impulsado por
los animalistas para separar a los seres humanos de los animales y evitar
su supuesta explotación y maltrato, lejos de proteger a los animales el
listado positivo es letal para la protección de las especies por la
pérdida del acervo genético de los millones de animales en
cautividad.

La prohibición de especies protegidas y la inmovilización de animales
adquiridos legalmente, casi como si fueran especies invasoras, no tiene
sentido alguno para la conservación de la naturaleza, además de atentar
contra la propiedad privada de una forma injustificada, afectando a los
proyectos vitales y económicos de muchas personas, pero también
constituye un atentado contra la biodiversidad. Parece que los redactores
de la ley desconocen, o si lo conocen, lo omiten, que es mucho peor, que
en España los criadores particulares mantienen miles de especies que no
se encuentran en los zoológicos por su falta de atractivo para la
exhibición, muchas especies que sobreviven en acuarios, terrarios y
aviarios se han utilizado ya para acciones de conservación en sus lugares
de origen, como el pez picote tequila o el cachorrito de charco. La
tecnología desarrollada por los aficionados a la zootecnia doméstica y
las empresas que los proveen se utilizan para el manejo y recuperación de
especies protegidas en los centros de recuperación, y no son pocos
animales. En España hay cerca de siete millones de aves, 1,5 millones de
territorios con cerca de nueve millones de reptiles y anfibios, y cerca
de ocho millones de especies de peces, según datos de Anfac, de Fediaf y
de Fauna, hoy aquí presente.

Las consecuencias pueden ser nefastas. Hay muchos animales distintos
a los perros y a los gatos y muchas personas que se van a ver señalizadas
y criminalizadas. A su entrada en vigor, la ley introduce prohibiciones
sin base científica alguna, como la de los reptiles de más de dos kilos,
no hay datos de siniestralidad que avalen la prohibición directa de esas
especies, mientras que los perros causan cientos de lesiones al año,
incluso de muertes. No hay criterios objetivos y no discriminatorios que
respeten los principios de igualdad y proporcionalidad que avalen dicha
prohibición, como obligan diversas sentencias del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea al respecto, no pudiéndose invocar el principio de
precaución como mera justificación. Además, las autoridades se reservan
el derecho a incautar de forma injustificada dichos animales adquiridos
legalmente, debiendo autodenunciarse los dueños en un plazo de seis
meses, sometiendo a ciudadanos honrados a una persecución por parte de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si optan por no declarar la
tenencia de esos animales ilegalizados para que no sean incautados.
Porque seamos realistas, nadie va a ir a declarar la posesión de unos
animales bajo la espada de Damocles para que el Estado disponga de ellos
a su antojo, y menos aún como pretende el Partido Socialista con la
enmienda 445, que obliga a los ciudadanos a comunicar a las autoridades
la posesión de reptiles de más de dos kilos de peso y mamíferos de más de
cinco, para que las autoridades competentes adopten las medidas
necesarias para su intervención y puesta a disposición de centros de
protección de animales silvestres zoológicos o centros de protección
animal. Les auguro poco éxito, señorías, estas medidas tienen un
resultado contraproducente.

Cuando la pitón bola se declaró invasora en 2019, de forma muy
polémica se dio un plazo de más de dos años, hasta el 1 de enero de 2022,
para que su tenencia fuese declarada en las comunidades autónomas. Solo
tenemos datos oficiales de la Comunidad Valenciana. La pitón bola era una
especie muy común en los terrarios, con varios miles solamente en esa
comunidad. Se ofrecía en todas las tiendas de animales con cientos de
variedades de cría. A 1 de enero de 2022, solo había siete animales
registrados. Desde que el 30 de marzo de 2015 se convirtió en delito
tener una tortuga mora en casa, y no solo una falta administrativa, 2500
ejemplares han sido depositados en el Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre El Valle, en Murcia, de las cuales más de 1000 han muerto. No
se optó por hacer una regulación de los ejemplares por medio del convenio
CITES, que hubiera permitido a esos animales quedarse en sus casas.
Muchos de ellos eran criados en cautividad, siendo algo muy común en esa
zona del sureste de España. Una medida orientada a la protección de los
animales y de la especie fue letal para el 50 % de los ejemplares
depositados. Los animales salieron de sus hogares para morir en un centro
que no estaba preparado para recibirles.

Señora ministra, ¿queremos repetir ese mismo error a gran escala? Las
tiendas de mascotas no solo cumplen una función en la sociedad: alimentar
y proveer de todo lo que necesitan a los animales que conviven con
nosotros, sino que, además, sirven como centro de recogida involuntario
de muchos animales que ya no pueden convivir con sus dueños, no solo
gatos y perros. Esas tiendas se verán muy afectadas por el listado
positivo, pero no solo por él, sino que deberán acometer reformas para
que no estén a la vista los animales a la venta y no podrán vender
perros, gatos, ni hurones. Todo el sector se verá gravemente afectado y
el pequeño comercio se verá abocado al cierre. De todo ello llevan
avisando desde hace mucho tiempo veterinarios, aficionados, juristas y
científicos. Pero no solo el listado positivo es un problema para la
diversidad. En una carta titulada Derechos de los animales y conservación
de la biodiversidad, publicada en el diario El País, más de 800
investigadores, encabezados por José Tella, profesor de la estación
biológica de Doñana, aseguraban que el borrador del Anteproyecto de Ley
de protección de los animales era profundamente desacertado y erróneo,
por sus contradicciones y por colisionar con la normativa
existente.

Volviendo a Singer —con quien iniciaba este discurso—,
resulta que se opone al consumo de animales, de todos, no solo de los que
muestran un interés irremplazable en vivir, como podrían ser los
chimpancés, por cuanto el mismo conlleva a su sufrimiento y muerte; pero,
simultáneamente, defiende que los padres de los niños con discapacidades
severas, con una vida menos prometedora que la de un niño normal, se
impliquen y puedan decidir sobre su eutanasia. Extiende todo tipo de
derechos a los animales no autoconscientes, mientras se los niega a los
niños con discapacidad. El animalismo es una filosofía profundamente
misántropa. Reconocer derechos a los animales, desde el punto de vista de
esta ley, supone anteponerlos a los de las personas, a su derecho al
trabajo, a la propiedad privada o a la sanidad. La ley prevé transporte
sanitario para animales y veterinarios municipales de guardia en lugares
donde ni siquiera hay un médico toda la semana. La Constitución configuró
en España un Estado aconfesional pese a sus profundas raíces cristianas,
pero eso no fue para imponer, a través de las leyes, otras creencias
ajenas a nuestra tradición moral y a nuestras costumbres.

Por todo ello, los senadores de Vox presentamos el veto a esta
ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto número 2, del señor Catalán
Higueras, tiene la palabra el senador.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Gracias, señora presidenta.

Muy buenos días, señorías. Señora ministra, muy buenos días. El día 8
de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un buen momento, una vez más,
para ratificar, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, nuestro compromiso
en seguir trabajando para conseguir una sociedad, un mundo más
igualitario, más justo entre hombres y mujeres. Estas debían ser y son
mis primeras palabras al subir hoy a esta tribuna.

Señorías, una vez más, estamos ante un nuevo atropello, un nuevo
desprecio a la Cámara de representación territorial, al Senado. ¿Por qué
decimos esto? Porque, una vez más, el Gobierno nos remite un proyecto de
ley por el procedimiento de urgencia, y así van demasiados proyectos. En
algún momento determinado deberemos analizar —o deberá
analizarse— si esta Cámara de representación territorial está
cumpliendo las funciones que le encomendó la propia Constitución
española, porque mucho nos tememos que no; y después de este análisis,
quizá, o se reforma el Reglamento de la Cámara, o mejor suprimirla.

La tramitación de esta norma no solamente ha evidenciado estas
limitaciones del Senado, sino que ha venido a evidenciar una vez más la
inutilidad, lo prescindible de algunos ministerios, fundamentalmente de
aquellos que a la hora de legislar y de aprobar una norma no lo hacen
sobre la base de dos cuestiones fundamentales, como son el rigor y la
seguridad jurídica que deben emanar de la soberanía popular, y porque,
además, las consecuencias las van a pagar otros. De esto estamos
padeciendo demasiado en los últimos meses.

Señorías, se habla mucho de la España vaciada; se habla mucho de cómo
la gente está abandonando el medio rural. Cómo no lo van a abandonar, si
todo son limitaciones y obstáculos. Se ha hablado de la agricultura y de
la ganadería, pero ¿qué han dicho los agricultores y ganaderos? Pues,
fundamentalmente, que quieren vivir de su trabajo, pero que lo quieren
hacer dignamente, y, sin embargo, son las propias administraciones
públicas las que lo están impidiendo y las que están echando a la gente
de la España rural.

Por otro lado, es evidente que este proyecto va en esa misma línea.
Nosotros no estamos de acuerdo ni en el fondo ni en la forma con la que
se ha tramitado. No se ha querido escuchar a los expertos, a los
científicos, a los biólogos, a los veterinarios, a los
medioambientalistas, no se les ha querido escuchar en el momento procesal
oportuno a la hora de la tramitación de este proyecto de ley, pero es
que, además, las discrepancias entre los propios socios de Gobierno han
sido una realidad, señora ministra; basta recordar, única y
exclusivamente, cómo en el Congreso de los Diputados, durante la
tramitación de esta ley, los grupos parlamentarios —que no eran ni
el Partido Socialista ni Unidas Podemos— calificaron la tramitación
de chapuza y de caos. Evidentemente, el procedimiento no ha sido el más
adecuado, sobre todo porque se viene a evidenciar una vez más que el
Gobierno está legislando en contra de la España rural. Un Gobierno,
señorías, que, desde la prepotencia y la soberbia, en este caso, viene a
imponer sus tesis animalistas; un Gobierno que, por lo tanto, desprecia
el rigor jurídico y, también, el rigor científico. Ocurrió ya con la Ley
del solo sí es sí, donde una ley que iba a proteger a la sociedad
española, y de manera especial a las mujeres, a los menores, a las
personas con discapacidad de los agresores sexuales, ha permitido y ha
posibilitado que más de setecientas agresores sexuales vean reducidas sus
condenas y que más de setenta agresores sexuales estén en la calle o
hayan sido puestos en libertad. Y, aquí, nadie, nadie asume ninguna
responsabilidad. La propia ministra responsable de aquel proyecto de ley
manifestó que no se iba a dar ni un caso. Pues bien, aunque se hubiera
dado uno solo, hubiese sido más que suficiente para que hubiese
presentado su dimisión, para que hubiese asumido sus responsabilidades la
propia ministra, y si no el Gobierno, y, en este caso, el propio
presidente del Gobierno cesándola. No es admisible, es una auténtica
vergüenza que más de setecientas condenas de agresores sexuales se vean
reducidas. Es un escándalo, se pongan ustedes como se quieran poner. Esta
ley de bienestar animal, señorías, no ha sido tramitada por el Ministerio
de Medio Ambiente —que sería lo lógico y normal—, como
tampoco por el de Ministerio de Desarrollo Rural —que también
podría ser una posibilidad— o, incluso, por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería —que también podría ser otra
posibilidad—, sino por el Ministerio de Asuntos Sociales. Con eso,
al menos, desde nuestro punto de vista, está dicho todo. Una vez más,
Podemos imponer sus tesis y el Partido Socialista se las traga.

Como se han cansado de afirmar expertos y también científicos,
aplicar derechos humanos a animales no significa que se vaya a mejorar su
calidad de vida, pero a ustedes les da igual; una vez más, utilizan la
imposición y el sectarismo como forma de hacer política. Estamos ante un
proyecto de ley, señorías, sesgado, que es incapaz de realizar una
división real y adecuada de lo que son animales de compañía, animales de
trabajo y, también, animales silvestres. Estamos ante un proyecto de ley
que, por puro interés sectario e ideológico, hace unas especificaciones
inadecuadas —vamos a denominarlo así— de determinadas
especies, como el gato, sin tener en cuenta lo que puede suponer esta
situación para la biodiversidad de nuestro país e, incluso, también,
señorías, para la propia supervivencia de algunas especies animales. Pero
eso les da igual. Estamos, señorías, ante un proyecto de ley que genera
incertidumbre, que establece un listado positivo a su antojo y que coarta
las libertades individuales, pero es que, además, es un proyecto de ley
que deja en la indefinición a veterinarios y fomenta el intrusismo
profesional; un proyecto de ley que burocratiza sobremanera el medio
rural e incrementa el gasto, no solamente público, y de manera especial a
los ayuntamientos, sino, también, el privado. Pero, claro, es muy fácil
legislar desde un despacho y que las consecuencias y la factura la paguen
otros. Nunca se había atacado tanto a la biodiversidad y a la protección
de los animales desde una ley que dice defender el bienestar animal, pero
tampoco nos extraña de este Gobierno y de sus socios. Nosotros, en la
Comunidad Foral de Navarra, ya lo venimos padeciendo. Les voy a poner un
ejemplo concreto de estas últimas semanas. Con la superpoblación que hay
de conejos en determinadas zonas de la Comunidad Foral de Navarra, que
son prácticamente una plaga, el Gobierno está poniendo limitaciones al
uso, por ejemplo, de los hurones, y los agricultores y los cazadores
están hartos de tantas limitaciones, de tantos obstáculos. Pero, claro,
qué bonito es pasear por el campo, ver los corzos, ver los conejos y que
las consecuencias de esta superpoblación la paguen los agricultores, los
ganaderos o los ciudadanos del medio rural.

Pero es que, además, señorías, este proyecto de ley se hace con una
total, absoluta y descarada intromisión, desde nuestro punto de vista, a
las competencias que tienen las comunidades autónomas, en este caso
concreto, la Comunidad Foral de Navarra; intromisión que, desde nuestro
punto de vista, se hace a las competencias que, en materia de caza, tiene
la Comunidad Foral de Navarra —competencias exclusivas e
históricas—, como también a las competencias históricas y el
desarrollo legislativo en materia de sanidad, interior e higiene, y
también, cómo no, en medio ambiente y en ecología; e, incluso, también de
protección civil. Sobre la base de estas competencias, la Comunidad Foral
de Navarra ha venido legislando a lo largo de estas décadas e, incluso,
durante los últimos años, de manera específica. Por ejemplo, en el
año 1993, a la hora de abordar la Ley de protección y gestión de la fauna
silvestre y sus hábitats; en el año 2019, respecto a la protección de
animales de compañía; en el año 2020, en relación con la sanidad animal,
además de otras leyes forales, otros decretos forales, otras órdenes
forales y otros reglamentos. ¿Por qué no se deja a las comunidades
autónomas desarrollar sus competencias, si ya lo están haciendo? ¿Por qué
esa intromisión? ¿Por qué el Gobierno de España quiere entrometerse de
esa manera en las facultades y las competencias autonómicas en lo que se
refiere a la protección animal, cuando esta, como la sanidad animal, se
encuentran dentro de la competencia histórica exclusiva de la Comunidad
Foral de Navarra en materia de ganadería, de acuerdo con la Ordenación
General de la Economía y con base en el artículo 50, la Ley orgánica de
reintegración y amejoramiento del régimen foral de la Comunidad Foral de
Navarra?

También podríamos hablar de la sanidad animal y del medio ambiente,
en el que este proyecto de ley entra en detalles que no son competencia
del Gobierno y de la Administración central, como marca también el propio
artículo 149 de la Constitución española. Además, en el artículo 66 se
está hablando de legislación civil, algo que iría en contra del derecho
civil foral navarro. Pero, señorías, lo triste y paradójico de la
política es que este proyecto de ley se hace por una responsable, la
señora ministra, que, a su vez, es diputada por Navarra. Triste, pero es
una realidad.

Señorías, estamos ante un proyecto de ley tramitado en una Cámara que
se dice de representación territorial, donde se deberían defender, si
cabe, con mayor ahínco, con mayor claridad, con mayor contundencia, las
competencias de las comunidades autónomas y, sin embargo, no se hace. El
Gobierno de España ha pretendido con este proyecto de ley invadir las
competencias que tienen las comunidades autónomas. Por lo tanto,
nosotros, Unión del Pueblo Navarro, en defensa de las competencias que
tienen asumidas las comunidades autónomas y, también, cómo no, la
Comunidad Foral de Navarra, y a la vista de una legislación que da la
espalda a la España rural, hemos presentado este veto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Egun on,
guztoi.

Debatimos hoy la ley de protección de los derechos y el bienestar de
los animales, y voy a empezar diciendo dos cosas. En primer lugar, que no
vamos a hablar de animales, que daría para hablar mucho y largo; porque
fíjense en todo lo que podríamos debatir, discutir y filosofar sobre
animales después de haber leído esta ley. Y, en segundo lugar, creo que
no voy a necesitar todo mi tiempo para poderles explicar, y espero
convencerles de que me apoyen, las razones por las que presentamos un
veto y pedimos la devolución de este proyecto al Gobierno. Las razones
son tres y son sencillas. La primera: hay ausencia de título competencial
por parte del Estado para legislar sobre este tema. La disposición
adicional sexta de esta ley no tiene un pase, pero luego lo desarrollaré.
Segunda razón: supone una clara invasión competencial. Yo voy a hablar
fundamentalmente del País Vasco —me van a disculpar— porque
es lo que más conozco, pero no somos los únicos afectados; creo que somos
absolutamente todas las comunidades autónomas. Y tercera razón: porque
tiene un claro carácter centralizador y, también, reglamentista, tan
reglamentista que, desde nuestro punto de vista, excede con creces el
carácter básico que pretende como ley.

En el veto —que espero que hayan podido leer— hablamos de
tres generaciones normativas respecto a los animales. Inicialmente, el
bien jurídico a proteger era la sanidad animal. De esta protección
exclusiva de la sanidad animal, pasamos a proteger las condiciones en las
que se encontraban; es decir, de un control sanitario sin más, a la
responsabilidad por el cuidado de los animales. Y, finalmente, en los
últimos años, hemos dado un salto cualitativo, pasando a una protección
holística de la vida animal. En todo este tránsito, a nivel estatal,
podríamos hablar de la Ley de Epizootias de 1952, que fue derogada
en 2003 con la Ley de sanidad animal, donde ya se reconoce que el
contexto normativo había cambiado. Por un lado, por una progresiva
regulación por parte de la Unión Europea y, por otro, por una asunción
competencial de las comunidades autónomas. ¿Esto qué quiere decir? Pues,
en castellano cervantino: que el medio, el Estado, se estaba quedando sin
papel. Otra cosa es que a algunos eso no les guste, pero es la realidad,
que ya en 2003 reconoce la propia ley.

En virtud de esas competencias que tenemos las comunidades autónomas,
en la mía en concreto, en la Comunidad Autónoma vasca —pero seguro
que si van a las suyas encuentran relaciones similares—, la
producción normativa nos ha llevado a una Ley en 1993, de protección de
los animales, que se modificó en 2012 —que intentó una adaptación a
la Directiva 2006/123— y, finalmente a la Ley 9/2022, de protección
de los animales domésticos. Por tanto, las comunidades autónomas, las
competentes, ya lo tenemos regulado; y si no, por favor, que levante la
mano alguien que viva en una comunidad en la que esto no sea así.

Hablábamos de ausencia de título competencial. La competencia de
protección animal está atribuida, en el caso de la Comunidad Autónoma
vasca, en el artículo 10.9 del Estatuto de Guernica —el resto de
las comunidades podrán acudir a sus respectivos estatutos—, porque
no existe un título específico de atribución competencial al Estado en
esta materia; no existe. Así, en esta ley, como no existe un título
específico, se tira de tres títulos genéricos; por cierto, sin concretar
qué artículos de la ley se adscriben bajo la cobertura de cada uno de
esos títulos, una técnica legislativa, cuando menos, curiosa. Por un
lado, el artículo 149.1.13 de la Constitución española, que habla de
planificación general de la actividad económica; el artículo 149.1.16, de
bases y coordinación general de la sanidad; y el 149.1.23, de legislación
básica sobre protección del medio ambiente. Y, luego, unos cuantos para
dar cobertura a preceptos concretos, pero los importantes son estos tres.
Pues bien, vamos a ir al invocado 149.1.13, ordenación de la economía.
Ustedes saben cómo es este. El párrafo 3 del preámbulo de esta ley dice:
«El principal objetivo de esta ley no es tanto [...], sino regular el
reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte
de la sociedad». Por tanto, no regula a los animales como un elemento más
dentro de nuestra actividad económica. ¡Olé! Pues ustedes me dirán. ¿Qué
sentido y qué base jurídica hay entonces para invocar al tema de la
ordenación económica cuando en el propio preámbulo de la ley se dice que
esta no regula esto dentro de la actividad económica? A veces pienso que
tengo que volver a EGB y que las clases de castellano me las vuelvan a
repetir. Lo digo de verdad. Han elegido ese título como título general de
atribución competencial, que además no resulta conforme con la doctrina
constitucional, porque el Tribunal Constitucional, respecto de este
título, ya tiene fijados criterios y ninguno de esos criterios se
verifica aquí, ninguno se verifica en este caso. Así que no teniendo el
proyecto vocación de regulación de la perspectiva económica, la norma
estatal no parece servir para inhabilitar o dejar sin efecto, no solo
invadir, competencias exclusivas de las comunidades autónomas, por
ejemplo, en agricultura, ganadería o protección animal.

Además de la ausencia de título competencial —yo hablaba al
inicio del carácter centralizador y reglamentista de la ley—, que
se desprende, además, del conjunto de toda la regulación que se propone,
es reglamentista, de manera tal que baja hasta unos detalles que parecen
más propios del rango de un reglamento que de lo que se supone que es
legislación básica. Es otra manera curiosa de legislar. Yo no soy
legisladora, pero hay cosas que son como el sota, caballo y rey o como el
abecé. Sin extenderme, les voy a citar ejemplos de clara invasión
competencial y de claro intento recentralizador de lo que son
competencias autonómicas, claramente autonómicas. Obliga a implantar
programas. ¿A quién corresponde la planificación? Desde luego, al
Gobierno central, no. Habla de un registro al que deben subordinarse los
registros autónomos. Oiga, ¿eso dónde está? Estadística. ¿Quién tiene
también las atribuciones de estadística? O, por ejemplo, los planes de
emergencia. Yo reconozco que el Estado puede aprobar una norma básica de
protección civil, pero no parece que el artículo 21 de esta ley tenga esa
condición, con lo cual, por favor, cuando hablan de planes de emergencia
sepan quiénes los tienen que desarrollar.

Hablan de obligaciones para generar protocolos, pero la verdad es que
no les voy a decir lo que me parece, porque no encuentro un objetivo que
pueda decir en esta tribuna. Lo voy a dejar aquí y voy a resumir, porque
creo que he sido muy clara en mis argumentos. Resumo. No hay título
competencial por parte del Estado para esta ley. Está claro. Los títulos
que se invocan son absolutamente insuficientes. Está claro también. Ni la
ordenación general de la economía ni la sanidad animal ni el
medioambiente en sí mismo, que son los títulos que se invocan para poder
hacer esta ley, pueden constituir realmente título competencial para
desarrollar una ley sobre la protección integral de la vida animal.

No les voy a aburrir ni me voy a enrollar más. Solo quiero decirles
que presentamos este veto y que solicitamos a los grupos de la Cámara que
lo apoyen, porque nos parece que no es de recibo que una ley así ni
siquiera se presente en una Cámara y menos que la podamos y tengamos que
estar discutiendo y debatiendo en la Cámara territorial.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las propuestas de veto 2 y 3, del Grupo
Parlamentario Popular, que se presentan respectivamente a los proyectos
de ley, tiene la palabra el senador Rollán Ojeda.

El señor ROLLÁN OJEDA: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, señorías, muy buenos días. Mis primeras palabras han
de ser para agradecer el trabajo de los cuatro ponentes, mis compañeros
del Grupo Parlamentario Popular, bienvenidos Jorge, Fernando y Alberto,
como también a mis compañeros participantes en el Congreso de los
Diputados, gracias, Milá y gracias, Mikel. Son cuarenta y nueve páginas,
cuarenta y nueve páginas que han requerido de no pocas lecturas porque,
conforme ibas avanzando en la lectura de cada una de las páginas,
llegabas a la conclusión de que no podía ser. Quien me ha precedido en el
uso de la palabra hacía referencia a que tenía que regresar a la EGB y
revisar sus clases de castellano. A mí también me ha ocurrido. Cuando
llegabas al final de la página, al final del capítulo, decías: no he
entendido bien, voy a volverlo a leer, porque esto no puede ser. Esto es
una broma. Pero no es una broma, estamos hablando de algo francamente muy
serio.

Partimos de la base de que los que conformamos el Partido Popular, de
los propietarios de más de veintinueve millones de mascotas que hay en
nuestro país y de la inmensa mayoría de los españoles, todos, todos sin
excepción, queremos a nuestras mascotas, adoramos a nuestros animales y,
por supuesto, queremos evitar su maltrato y queremos evitar su abandono.
Consiguientemente, una ley de protección animal y la modificación del
Código Penal en lo relacionado con los delitos contra los animales es
reclamada por nuestra sociedad. Ciertamente lo es, pero lo que ustedes
presentan hoy aquí en el Senado es todo lo contrario. Es una ley, a decir
de todos los expertos, que no beneficia a los animales, que atenta contra
los propietarios de nuestras mascotas, que promueve el intrusismo
profesional, que genera inseguridad jurídica, que limita el derecho de
las personas, que invade competencias de otras administraciones, que
supone un ataque al mundo rural, que atenta contra el medio ambiente, que
limita la capacidad de actuación ante posibles plagas, que pone en
peligro especies protegidas y que puede llegar a provocar problemas de
salud pública al limitar el control de zoonosis.

Se trata de una nueva ley elaborada en base a la ideología y a la
soberbia, con un claro sectarismo ideológico. Permítanme que les diga que
creo que esta es una ley de pancarta, una ley populista y una ley muy
alejada del conocimiento y de los criterios técnicos, profesionales y
territoriales por la invasión de competencias a las que antes me refería.
Por tanto, estamos ante otra chapuza legislativa del Gobierno de Pedro
Sánchez, otra más a lo que lamentablemente nos tienen acostumbrados. No
entendemos que se hayan sumado a apoyar esta ley, que está ampliamente
contestada por la comunidad jurídica y por aquellas asociaciones que
luchan por el bienestar animal. Ustedes nos hablan de que traen el
progreso, pero no son un Gobierno progresista, porque ¿acaso es
progresista poner a los violadores en la calle? ¿Llevar al límite de la
exclusión social a trece millones de españoles?






¿Allanar el camino a los
golpistas o suavizar las condenas y las penas a malversadores y
corruptos? Como tampoco lo es este texto, esta ley que nos ocupa. Señoras
y señores senadores, todo parece indicar que este es el próximo juguete
roto de la ministra Belarra, la ministra Montero ya tiene el suyo y la
ministra Belarra quiere seguir la misma senda, avanzar el mismo camino y
tener el mismo resultado. Con esa ley, señora ministra, ustedes no
contentan a nadie y confrontan con todos.

Señorías, esta será otra ley que traerá lo contrario de lo que
pretende, lo contrario de lo que se necesita. Esta ley es fruto de que
ahora mismo en España no hay un Gobierno de coalición, lo que hay es un
Gobierno de colisión, de disputas internas, de líos y de ministros que se
pasan el día discutiendo, de dos formaciones que luchan entre sí, que no
son capaces de ponerse de acuerdo para ayudar a un país europeo invadido,
que no son capaces de ponerse de acuerdo para abaratar la cesta de la
compra ni tampoco para corregir a su debido tiempo sus chapuzas
legislativas.

Señorías, no vuelvan a tropezar en la misma piedra, como ya se hizo
con la ley de libertad sexual. Traen la reforma del Código Penal por
tramitación urgente que anula la capacidad del Senado para hacer un
análisis pausado y sosegado de su contenido y hay que decirles que las
prisas no son buenas consejeras. Esta ley fue aprobada por el Consejo de
ministros el 1 de agosto, en pleno verano. No sé si tenían algo que
ocultar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la
ministra del ramo, hoy aquí presente, la señora Belarra, no compareció,
no apareció. Oiga, esto, muy normal no es. Es una ley que no gusta al
PSOE, porque a ustedes no les gusta, y que no convence a Podemos. La
división dentro de los dos partidos de coalición de Gobierno ha sido
evidente con la tramitación de esta ley. Resulta curioso que una ley que
fue aprobada en el Consejo de Ministros luego fue autoenmendada en el
Congreso por los grupos que conforman el Gobierno de España y su
presidente. Van a pasar a la historia del parlamentarismo español por lo
que no se debe hacer y por las situaciones surrealistas y esperpénticas a
las que nos tienen acostumbrados.

Su tramitación en el Congreso ha sido, cuando menos, peculiar.
Convocaban comisiones, diez minutos antes de celebrarlas las suspendían;
a la media hora de haberlas suspendido las volvían a convocar. Oiga, un
mínimo de rigor, señora ministra.

Esta ley se ha elaborado sin contar con la opinión de los expertos y
de los colegios profesionales. Se registraron hasta treinta ponencias, de
las cuales, casi la mitad no han tenido la oportunidad de comparecer y,
tampoco, lógicamente, de que hayan sido escuchadas. Es una ley que ha
recibido más de seis mil alegaciones, ni una ni dos ni quinientas ni
seiscientas, seis mil alegaciones de expertos, de asociaciones, de
entidades, de comunidades autónomas, también de ayuntamientos, de todo
signo político. El señor Page, el señor Lambán o también el señor
Fernández Vara la han criticado. ¿Saben lo que les ha hecho reaccionar?
Las elecciones de mayo y minimizar los daños de este bodrio legislativo
en sus respectivos territorios. Ahora bien, los tres presidentes
autonómicos del Partido Socialista no han dicho ni mu ni a sus diputados
en el Congreso ni tampoco a sus senadores en la Cámara Alta (Aplausos). Y
seremos nosotros, en nuestros respectivos territorios, los que vamos a
recordar cómo están poniendo a los pies de los caballos al mundo
rural.

Es una ley en la que se han posicionado en contra ochocientos
investigadores y expertos a través de un manifiesto, que cuenta con un
informe del Consejo General del Poder Judicial alertando de la
desproporcionalidad de las penas, y en el mismo sentido crítico va la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que ha recibido
más de 650 enmiendas. Consiguientemente, ¿cómo pueden ustedes hablar de
consenso, si no se ha tenido en cuenta prácticamente ninguna? Es una ley
que se empezó a tramitar, para variar, sin todos los informes pertinentes
y que en el Congreso tan solo fue apoyada por Partido Socialista y
Podemos con el apoyo tímido de Esquerra Bildu y la CUP. En resumidas
cuentas, 174 votos a favor frente a 172 votos en contra, lo que genera
división política y división social.

Y también hay que destacar que numerosas organizaciones, como la
Organización Colegial Veterinaria, el Consejo General de Colegios de
Biólogos, científicos, ecólogos, especialistas de la conservación, las
asociaciones deportivas, como también lo ha hecho el Partido Popular,
todas ellas, al igual que también otros grupos políticos, instan a la
retirada de esta ley. La Organización Colegial Veterinaria ha remitido
una serie de observaciones a todos y cada uno de los grupos para que,
lógicamente, sean atendidas y, es nuestra obligación, recoger ese guante.
Deberían escuchar a los veterinarios y a esas numerosas entidades que
avisan de los problemas en materia de salud pública que se pueden generar
o cuando alertan del aumento del abandono y del tráfico ilegal, como, por
ejemplo, de aves exóticas y reptiles que también en esta misma tribuna se
han comentado con anterioridad.

Entrando en detalle, es una ley que promueve el intrusismo
profesional, siguiendo la línea propuesta de Podemos de multiplicar los
chiringuitos para colocar a amiguetes suyos, que condiciona la actividad
comercial de cientos de negocios y también de atracciones turísticas,
algunos de ellos se verán abocados a no poder levantar jamás el cierre de
sus comercios. Es una ley que promueve la castración de los animales y yo
me pregunto ¿esto es compatible con el bienestar animal? En mi humilde
opinión, no. Es una ley que crea órganos en la mastodóntica
Administración que ya tienen y obliga tanto a ayuntamientos como a
comunidades autónomas a crear centros en los que trabajarán profesionales
sin la debida cualificación, que obligará a los ayuntamientos a contar
con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria
durante las 24 horas. Exigir esto a los ayuntamientos sin la debida
transferencia económica es no conocer los apuros y las penurias que pasan
los alcaldes y las alcaldesas de los 8131 municipios de nuestro país, de
todo signo político.

Y en materia del Código Penal, puede imponer una pena de prisión de
seis a dieciocho meses si se causa la muerte de un animal vertebrado, de
un ratón. Claro, esto requería de dos o tres veces la lectura, porque es
que uno no da crédito, señora ministra. (Aplausos). Penas que contrastan
con las previstas en el Código Penal para delitos como el hurto, las
lesiones o las amenazas contra las personas. Una pena de delito de hurto
conlleva prisión de seis a dieciocho meses y causar la muerte de un
animal vertebrado, un ratón, la misma pena de prisión. La pena del delito
de lesiones conlleva pena de prisión de tres meses a tres años o multa de
seis a doce meses. Lesionar a una persona, en caso de aplicarse la menor
pena posible, sería menos gravosa que hacerlo contra un roedor. Es
curioso que ustedes rebajen las penas por sedición por la agresión sexual
y eliminen las de malversación y ahora nos traigan esta revisión del
Código Penal. Señorías, según esta ley, deberíamos empezar a convivir con
los roedores en nuestras ciudades. Sí, deberíamos empezar a convivir con
los roedores en nuestras ciudades. Hay una cuestión de responsabilidad y
hay una cuestión de salud pública y ustedes lo han omitido, porque les
ciega el sectarismo y les ciega, sobre todo, el no atender las
recomendaciones y los acertados consejos de quienes verdaderamente
conocen la casuística del día a día.

Resulta, por lo tanto, incomprensible que se haya presentado este
texto, que este texto haya salido del Congreso y haya sido remitido al
Senado. Están poniendo en duda con esta ley el buen hacer, el cuidado y
el cariño que tenemos los propietarios de nuestras mascotas. España no es
un país de maltratadores de animales, por mucho que ustedes lo pinten
así, sino de mucha gente que quiere y que cuida de sus animales, de sus
mascotas, maravillosos animales que hacen compañía a muchas personas que
están en soledad, de animales que mejoran la salud de las personas, de
todas aquellas que merecen una norma que les dé las garantías, lo que no
necesitan es que se les criminalice sin motivo alguno. Es una ley que
quería cerrar acuarios o lugares como el Loro Parque de Canarias y que
impedía, entre otras cosas, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado pudieran disponer y pudieran trabajar con sus animales, al igual
que otros colectivos.

La enmienda que dejó fuera a los animales auxiliares no la registró
el Partido Socialista, sino que fue una propuesta del Partido Popular
para librar a los animales auxiliares y evitar que los engaños entre los
socios de Gobierno de España sembrasen la inseguridad en el mundo rural.
Nos hubiera gustado una ley que protegiera a todos los animales. No ha
sido posible, pero, al menos, con nuestra enmienda hemos sido capaces de
salvar a unos pocos.

Voy finalizando. Por todo lo expuesto, solicito la retirada de esta
ley tal y como piden cientos de profesionales, asociaciones, científicos
y animalistas que han advertido de las nefastas consecuencias. Apelo a
sus señorías para que no salga de esta Cámara un texto que provoque lo
contrario de lo que pretende. Agradezco a los diferentes grupos
parlamentarios que por diferentes razones, y en muchas coincidentes,
consideran que este es un texto que debía ser revocado, anulado.

Al resto, señoras y señores senadores, les animo a reflexionar sobre
su posición y a que se sumen a nuestro veto. Legislar, ciertamente, es
algo muy serio, y nuestra responsabilidad no es ser los palmeros de un
Gobierno confrontado; nuestra responsabilidad es contribuir a conformar,
a elaborar, a redactar, a mejorar y a tener como resultado un buen texto
normativo que esté a la altura de lo que se espera de todos y de cada uno
de nosotros. Hoy tenemos, consiguientemente, la oportunidad de rechazar
este texto normativo y de trabajar de manera conjunta para elaborarlo en
los próximos meses, contando con la experiencia y con el aval de la
comunidad científica.

Y ya termino. Sinceramente pienso que con el apoyo ciego de no pocas
fuerzas políticas a este Gobierno, prestado en la Ley de libertad sexual,
conocida como la Ley del solo sí es sí, ya fue más que suficiente. En la
medida de lo posible, señorías, a quienes piensen apoyar la tramitación
de esta iniciativa les rogaría que no vuelvan a tropezar en la misma
piedra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.

Para la defensa del turno en contra a las propuestas de veto, tiene
la palabra el senador del Grupo Parlamentario Socialista, Huelva
Betanzos.

El señor HUELVA BETANZOS: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señorías. Quiero comenzar mi intervención en el día de
hoy, 8 de marzo, ratificando el compromiso del Partido Socialista, y del
Grupo Parlamentario Socialista, en seguir trabajando en la consecución de
los derechos y libertades de las mujeres, día a día, paso a paso y en
todos los aspectos de nuestra vida. (Aplausos).

Ha dicho aquí su señoría del Grupo Popular que esta ley —al
igual que lo dicen de otras leyes— es ideológica. Yo no sé si se
han levantado ustedes hoy sin ideología. Parece ser que eso hoy os llama
la atención. Nosotros, los socialistas, nunca nos levantamos sin
ideología, absolutamente nunca. ¿O acaso cuando ustedes hicieron la
reforma laboral la hicieron sin ideología? ¿Cuando ustedes hicieron la
amnistía fiscal la hicieron sin ideología? Yo creo que son situaciones a
las que ustedes deberían ponerles un parapeto, porque nada en este mundo,
nada, al menos en el Partido Socialista, se hace sin ideología. Puede ser
que vosotros sí hagáis las cosas sin ideología y con intereses muy
concretos. (Aplausos).

Y llegamos a este punto de hoy, en el que manifestamos la necesidad
de promover textos legislativos —por cierto, no he saludado a la
señora ministra, así que le doy los buenos días— que protejan a
seres vivos que conviven con nosotros y que forman parte de nuestra vida
cotidiana —unos en mayor medida que otros—, encontrándonos
con seis vetos interpuestos a las dos leyes que hoy debatimos, vetos ante
los que el Grupo Parlamentario Socialista quiere manifestar su posición
contraria, pero también su máximo respeto, aunque no entendimiento. Se
trata de los vetos presentados por el Grupo Popular, por Vox, por Unión
del Pueblo Navarro y por el Grupo Parlamentario Vasco, diferenciando,
como ya dije en la Comisión, la distinta naturaleza de algunos de ellos:
los que se presentan con resentimiento hacia todo aquello que pueda
suponer un avance social en la conquista de derechos, que son los que
presentan los grupos radicalizados de las derechas de nuestro país, y
otros vetos que sabemos que sí están hechos con respeto a los derechos de
los animales y conscientes de su necesidad, pero que, por distintas
razones, no están de acuerdo con el texto contenido en estas normas, por
lo que seguro que en el futuro, durante el desarrollo reglamentario, como
no puede ser de otra manera, se va a llegar a muchos acuerdos en
beneficio de la colectividad, en beneficio de la sociedad en
general.

Pero refiriéndome a los primeros, a los negacionistas diarios de la
sociedad en su conjunto, queremos decirles que tengan altura de miras,
que no tengan unos objetivos tan cortoplacistas, basados en encuestas
electorales, que no está bien estar permanentemente mintiéndoles a los
ciudadanos y creando falsedades sobre todo lo que ha hecho y está
haciendo el Gobierno progresista. Sabemos que a ustedes lo único que les
importa seriamente es el rendimiento político, pero les pedimos que, por
lo menos, tratemos todo lo que hacemos con un poco de rigor, que es lo
que les dicen ustedes a los ciudadanos. Porque ustedes, al igual que
todos, saben que esta ley no perjudica en absoluto, en nada de nada, al
medio rural, sino todo lo contrario. (Rumores). Señorías del PP y de Vox,
los discursos radicales son malos siempre. Ustedes pasan del ¡España se
rompe!, o de que ¡los independentistas se van a quedar con todo!, a que
con esta ley ¡nos van a invadir las ratas! Por favor, esto es todo una
catástrofe. (Aplausos). Como la gran recesión, esa que ustedes han
anunciado permanentemente y que nunca ha llegado. O como los fondos
europeos, contra los que ustedes permanentemente han estado yéndose a
Europa y no han sido capaces de parar.

Como ayer escuchamos tantas barbaridades por parte de sus señorías
del Grupo Popular, llamándonos absolutamente de todo, me van a permitir
ustedes que tenga una pequeña licencia, porque creo que esto no les va a
molestar, ya que están acostumbrados a las barbaridades. Su deseo ideal
respecto a esta ley es que este país tuviera que estar en manos del
flautista de Feijoolín para que no tuviéramos ratas en nuestras casas y
en nuestras calles. (Aplausos). Pero eso no va a pasar, por desgracia
para ustedes y por suerte para los españoles. Aunque radicalicen su
discurso y busquen siempre el incendio mediático, les sugerimos que
alguna vez hagan algún esfuerzo por aportar algo positivo, que hagan una
oposición, por lo menos, responsable. Ya no digo que nos ayuden, pero,
por lo menos, que sean ustedes responsables en lo que hacen, que no
desinformen. Creo que a todos nos iría mucho mejor. A menos, claro está,
que ustedes no quieran que a los españoles les vaya mejor por el mero
hecho de que Pedro Sánchez sea el presidente de España por haberles
ganado a ustedes elecciones —bastantes elecciones, por cierto, unas
cuantas veces—, y no vaya a ser que en nuestro país la gente se
acostumbre a vivir bien con un presidente socialista, que eso sí que
sería para ustedes un pecado mortal imperdonable. (Aplausos).

Señorías del Grupo Popular, maltratar a un animal ¿es grave o no?
Administrarle sustancias que alteren su comportamiento ¿es grave o no es
grave? Practicarle alteraciones corporales que no están autorizadas ¿es
grave o no? Abandonarlo a su suerte ¿es grave o no es grave? Deshacerse
de ellos, causándoles la muerte, ¿es muy grave o no es muy grave? Usarlos
en peleas hasta su muerte ¿es muy grave o no es muy grave? No podemos
decir que es grave o no si pasa en nuestro entorno. Tenemos que ser
coherentes. Y la mayoría de las personas que cuidan y respetan a los
animales, la mayoría, son buenos, respetan a los animales. Pero tenemos
que conseguir que las malas praxis no sucedan y velar por que la mayoría
que cumple con los criterios cívicos sea lo que nosotros
defendemos.

En cuanto a ustedes, señorías de Vox, menos derechos y más exabruptos
no es ser más patriota. Eso es así, una regla matemática. No son sinónimo
de patriotismo. Los patriotismos no los dan las banderitas, las
pulseritas y decir más alto ¡España! Eso no da el patriotismo. El
patriotismo lo da la sonrisa de una niña con su gato. El patriotismo lo
dan las mujeres, alcanzando la libertad con sus derechos. (Aplausos). El
patriotismo lo dan las grandes y pequeñas cosas que cada día cuidan los
españoles, los de bien y los que necesitan de la ayuda del Gobierno
progresista. No quieren ustedes más a su país que los que llevamos hoy
esta pulserita violeta que les estoy mostrando en la muñeca. No lo
quieren ustedes más. Pero sí les garantizo que los que llevamos la
pulserita violeta hoy vamos a aprobar derechos para cuando ustedes los
necesiten, ustedes y su animales, esos que dicen ustedes que quieren
mucho y que no tienen la culpa de lo que ustedes piensan, ignorando
deliberadamente cuando son maltratados. Quizá también lo quieren ustedes
justificar como violencia intrafamiliar.

Ante los vetos del Grupo Parlamentario Vasco y de Unión del Pueblo
Navarro, por supuesto, nuestro máximo respeto a su contenido, como no
puede ser de otra manera. En estos vetos se denota claramente la
preocupación por el bienestar animal, y conocemos su preocupación por la
concesión de derechos para ellos, por su aportación a la sociedad en la
que vivimos. Por ello, seguro que vamos a ser capaces de llegar a
acuerdos en el desarrollo reglamentario de esta ley. La preocupación por
los derechos de los animales es tarea de todos y de todas, y en todos
está la posibilidad y la responsabilidad de que sea una realidad. Saben
ustedes, señorías, que existe normativa autonómica que recoge una base
sustancial de esta ley y que los avances que hay en ella son compartidos
por sus señorías y por la sociedad en general. Sin perjuicio, claro está,
de que se pueda seguir trabajando y mejorando todos los textos y de que
el Gobierno progresista esté siempre dispuesto y abierto a las
aportaciones que se les pueda hacer desde cualquiera de los
ámbitos.

No quiero terminar sin agradecer a los demás grupos, a los que no han
presentado ningún veto, su trabajo, sus aportaciones, su disponibilidad
siempre a hablar y su condicionamiento positivo hacia el bienestar de los
animales. Señorías, esta ley mejora mucho el mundo rural, mejora nuestro
día a día porque mejora y genera derechos para los animales con los que
compartimos muchos momentos inolvidables en nuestra vida. El Gobierno
progresista siempre va a estar en esta generación de derechos. Nosotros
vamos a estar en los derechos, en mejorar la vida de los españoles y de
las españolas y de sus animales. Ustedes, señorías del Grupo Popular y de
Vox, pueden seguir en el ruido, en los cálculos electorales. Ustedes
sigan pagando encuestas, que nosotros ganaremos elecciones y gobernaremos
para todos, incluidos ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Señorías, pasamos al turno de portavoces. Les recuerdo que es el
turno de portavoces sobre el debate de los vetos. En primer lugar, por el
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Goñi.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidenta. Ministra,
bienvenida.

Señorías, todos queremos proteger a los animales, pero los políticos,
además, tenemos el honor y la responsabilidad de legislar para evitar su
abandono, su maltrato y asegurar su bienestar. Hagámoslo bien.

Todos los expertos han coincidido: esta ley no protege a los
animales, no evita el maltrato, no asegura su bienestar, perjudica la
biodiversidad y la conservación de la fauna, limita los derechos de las
personas y afecta a la salud pública porque puede provocar problemas de
control de plagas. Además, invade competencias de otras administraciones
y promueve el intrusismo profesional. Y, por supuesto, perjudica y mucho
a las personas que cada día luchan por mantener vivo el entorno
rural.

El Gobierno ha ignorado a profesionales, expertos y científicos, y
así no se puede legislar, como a estas alturas ya saben ustedes bien, y
como lo saben, y sufren, las víctimas de agresores sexuales por las
terribles consecuencias de la Ley del solo sí es sí. Por desgracia, con
la Ley de bienestar animal va a suceder lo mismo que sucedió con la Ley
del solo sí es sí, y de nuevo no podrán decir que no lo sabían. No podrán
decir que son efectos indeseados, porque se lo han advertido muchas veces
y de múltiples maneras: con 6000 alegaciones, con 450 enmiendas, con un
manifiesto de 800 firmas, se lo ha advertido la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia y, por supuesto, el Consejo General del Poder
Judicial. Pero ustedes han ignorado todas las advertencias por un motivo
muy simple: han elegido anteponer la ideología animalista al interés real
de los animales y de las personas.

Para anteponer esa ideología, ustedes tienen que hacer otra ley
chapucera, tienen que volver a ignorar todos los informes y, por
supuesto, tienen que insultar y descalificar a quienes les avisan de su
error. Les llaman maltratadores de animales y les acusan de difundir
bulos. No es nuevo, ustedes se repiten: ya llamaron fachas con toga a los
jueces.

En fin, ustedes no aprenden porque no quieren, no porque no se les
advierta por activa y por pasiva. El problema es que se están cargando el
Código Penal, y eso tiene difícil arreglo. Jueces expertos avisaron sobre
la desproporción de las penas. Esta reforma hace que quede más castigada
la agresión a un animal que a una persona con discapacidad o a una mujer;
sin embargo, rebaja los controles sobre los perros peligrosos. Con esta
ley habrá menos prisión y más multas para los casos graves, porque deja a
criterio de los jueces la decisión de penar con multa económica o con
prisión los casos más graves de maltrato. Multas que, además, no se
pagarán, porque muchos de los condenados se declararán insolventes, como
sabemos todos.

Señorías, hay avisos muy graves que justifican corregir o retirar
esta ley. Los expertos avisan de problemas de salud pública, porque esta
ley limita la posibilidad y la capacidad de los veterinarios de controlar
infecciones que se transmiten de animales a humanos. Por no hablar de
otro punto, por desgracia, ya famoso de esta ley: la despenalización de
la zoofilia, que nunca estuvo tipificada, porque era la explotación
sexual. Ahora se elimina el término explotación sexual y se cambia por
actos de carácter sexual, y se especifica que el animal debe tener
lesiones que requieran la visita del veterinario. Es decir, se exige un
informe que acredite esas lesiones, y, si no las hay, no habrá delito.
Ahora los abusos sexuales a animales podrían quedar impunes. Esto no
tiene ningún sentido. Los animales son seres sintientes, pero se les
puede someter a actos sexuales si no se les lesiona. Es increíble.

Las mascotas acompañan a muchísimas personas en su soledad, por lo
que necesitábamos una norma garantista, pero no tiene ningún sentido que
a través de esta norma criminalicemos a estas personas. Ustedes obligan a
hacer un curso, cuando no hace falta un carné ni un curso para ir, por
ejemplo, en patinete por la calle. Otro sinsentido. Y esta ley obliga a
identificar a los animales. A todos. ¿Pero han pensado ustedes en la
aplicación práctica, en la aplicación real de esta ley? ¿Han pensado en
qué animales son susceptibles de ser identificados? Otro
sinsentido.

Además, este proyecto de ley invade competencias de las comunidades
autónomas, competencias exclusivas, compartidas o de ejecución. También
las de Navarra, nuestras competencias exclusivas e históricas en materia
de medioambiente, de ecología, de ganadería, de caza y de sanidad
interior e higiene.

Ministra, esta ley está alejada de la realidad del mundo rural. Está
plagada de sinsentidos y está pegada a una ideología excluyente.
Señorías, legislemos pensando en los animales y en las personas, no en la
coalición de Gobierno y en una ideología excluyente. Ustedes saben que
esta ley atenta contra el mundo rural. Ustedes saben que esta ley atenta
contra los animales y contra los derechos de las personas que los quieren
proteger. Les ruego que rectifiquen.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el senador Catalán Higueras.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.

Siempre hemos defendido la propuesta de un proyecto de ley de
bienestar animal, y en este caso concreto tengo que hacer referencia a
las modificaciones del Código Penal, que es el segundo proyecto de ley
que nos remite el Gobierno. He de manifestar, en nombre de Unión del
Pueblo Navarro, que a la hora de modificar nada más y nada menos que el
Código Penal, siempre hemos defendido que se tiene que hacer con el
consenso debido. No puede obedecer en ningún caso al sectarismo de los
miembros del Gobierno y, por lo tanto, de espaldas no solamente al resto
de las formaciones políticas, sino también de la propia sociedad. Y más
aún se tiene que realizar con el rigor y la seguridad jurídica que una
norma de estas características precisa, porque, al final, el pagano de la
situación vuelve a ser el ciudadano, y las consecuencias nefastas las
hemos padecido con la Ley del solo sí es sí. Por lo tanto, podemos volver
a padecer consecuencias de este proyecto de ley de modificación del
Código Penal que, desde nuestro punto de vista, pueden llegar a ser
kafkianas e incoherentes, absurdas, y algunos ejemplos han puesto los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.

Por lo tanto, como dijimos en su día, lo diremos hoy y seguiremos
insistiendo, no se puede legislar con sectarismo ideológico. El propio
presidente de Castilla-La Mancha diría que no se pueden construir
trincheras con sectarismo ideológico, y en esa línea coincidimos. Hay que
buscar, en especial cuando se trate del Código Penal, el máximo consenso
posible y, sobre todo, que no haya ninguna duda en la aplicación de esta
ley tan importante, porque, al final, las consecuencias las van a pagar
los ciudadanos. Como he dicho en mi primera intervención, ahí tenemos la
Ley del solo sí es sí, que ha conllevado más de 700 condenas reducidas a
agresores sexuales y que más de 70 de ellos hayan sido puestos en
libertad. No se puede repetir, y algunas cuestiones concretas de esta
modificación van en esa línea de consecuencias lamentables.

También es evidente que una cosa es la voluntad de lo que viene
recogido en este proyecto de ley en su exposición de motivos y otra
cuestión completamente diferente es el articulado. Por lo tanto, no es de
extrañar que haya habido expertos juristas, también defensores
animalistas, que en esa línea hayan manifestado sus discrepancias
notables con lo que viene recogido en este proyecto de ley.

Este proyecto de ley, desde nuestro punto de vista, genera
inseguridad, y en algunos casos concretos puede llegar al esperpento. Por
consiguiente, en esa línea es mucho mejor tener las condenas y las
sanciones que en este momento se establecen en el Código Penal que jugar
con la seguridad y el rigor jurídicos que esta norma que hoy nos trae el
Gobierno nos puede deparar.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, el senador Sánchez López
tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Buenos días, señora presidenta.

Buenos días, señorías. Qué duda cabe que el bienestar de los animales
es una preocupación de prácticamente todos los españoles. Por ese motivo,
en Ciudadanos siempre hemos defendido la necesidad de traer una ley de
bienestar animal, tal y como hemos trabajado en las diferentes
autonomías. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Sin embargo, una
vez más nos hemos sumido en los trámites de urgencia. Siempre urgencia,
siempre las prisas, no van a cambiar ustedes. Para algunas cosas se
eternizan y para hacer buenas leyes van deprisa, corriendo y mal. Nos
hemos sumido en la urgencia impuesta por el Gobierno, lo que impide, como
siempre —esto ya es un lugar común y un mantra que todos decimos en
la tribuna—, el debate riguroso y de altura que requiere una ley
como esta, como tantas de las que ustedes traen. Si utilizamos símiles
futbolísticos, nosotros siempre nos ponemos a trabajar, y no se podrá
reprochar nada a Ciudadanos, que siempre intenta mejorar todos los
textos. A nosotros nos mandan una sandía, la intentamos controlar y
desarrollar algo de juego con ella. Eso es lo que ha pasado con esta ley,
que hemos trabajado activamente para intentar, con bastante poca fortuna,
mejorar esta norma, que no acierto, sino fortuna, porque se nos ha
permitido trabajar poco, pero nosotros lo hemos intentado.

Hemos defendido que resulta innecesaria, por ejemplo, la
obligatoriedad de realizar un curso de formación para la tenencia de
perros. No podemos añadir más trabas administrativas, señorías, porque la
gente ya tiene demasiadas. Nosotros apostamos por facilitar la
información necesaria respecto a la responsabilidad que supone tener una
mascota, obviamente. Sin embargo, el Gobierno, una vez más, ha terminado
cediendo ante sus socios —en este caso a algunos de ellos—
para que estos cursos de formación no solo sean obligatorios para la
tenencia de perros, sino para que se apliquen a todos los animales de
compañía.

Asimismo, por ejemplo, hemos trabajado sobre la regulación de las
condiciones de los animales en ferias, romerías, belenes y procesiones.
También hemos apostado, a través de una enmienda adicional, por la
creación de un banco nacional de chips para que tanto las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado como los veterinarios pudiesen acceder a
la información del animal, independientemente de la comunidad autónoma en
que se encuentren.

Coincidimos con la necesidad de regular la cría de animales, dotando
a los criadores de certificados de exclusividad en el campo en el que
están regulados por criterios de estándar y calidad. No podemos permitir
—creo que estaremos todos de acuerdo— que personas inexpertas
críen animales sin un mínimo de condiciones higiénico-sanitarias, por lo
que debemos regularlo.

Una cosa que también nos preocupa mucho es que en 2021 se
recogieron 285 000 perros y gatos, que fueron trasladados a las
correspondientes protectoras. Esta sobrecarga de las protectoras y de
refugios de animales repercute directamente en un coste añadido a
nuestros ayuntamientos. Es necesario un plan de medidas específicas que,
en primer lugar, sensibilice a la población sobre la responsabilidad que
supone tener un animal y, en segundo lugar, ofrezca una batería de
recursos a la protectora para recoger el elevado número de animales que
se abandonan cada año, por desgracia, comportamiento que hay que
repudiar. No podemos permitir que se sigan sacrificando aquellos animales
que ya no entran en las protectoras.

En definitiva, señorías, lejos de traer una ley que realmente vele y
proteja a los animales, como tantísima gente estaba esperando, frente al
abandono y al maltrato, tenemos una ley encima de la mesa —encima
de la tribuna en este caso— que resulta inviable por varios
motivos, como la excesiva invasión competencial, como se ha dicho esta
mañana en uno de los vetos, o la falta de dotación presupuestaria para
llevarla a cabo. Nosotros apostamos por regular el bienestar de los
animales, pero, desde luego, no de esta forma.

La mayoría de ustedes ha recibido no pocos mensajes, llamadas y
correos electrónicos de las diferentes asociaciones que luchan por el
bienestar animal pidiéndonos que paremos esta ley. A mí me han colapsado
el correo esta semana, yo no sé a ustedes. Me los he leído todos. Además,
para eso tenemos el correo, para que nos lo colapsen. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, un poco de silencio, por favor.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Si las asociaciones que defienden y luchan
por el bienestar animal nos piden que paremos esta ley, a lo mejor algo
estarán haciendo mal ustedes. Iba a dirigirme a la señora ministra, pero
no está, se ha ausentado.

En la misma puerta, esta mañana, nos hemos encontrado con una
concentración que nos pedía que paráramos esto, que algunos califican de
disparate o de sinsentido. Trasladen a la ministra, por si me escucha,
que ustedes solo saben confrontar. Señora ministra, solo sabe confrontar.
Siempre navegan contracorriente.

Nuevamente se han saltado a los expertos, a los colegios
profesionales y a los científicos. Esto lo hemos dicho aquí cien veces.
Cada vez que traen una ley, siempre tenemos que subir a la tribuna para
decir que ustedes se han saltado a los colegios profesionales, a los
expertos y a los científicos, porque se los saltan siempre. Además, esta
iniciativa viene por urgencia y por la puerta de atrás. Ya es un lugar
común subir a la tribuna y decir que se han saltado ustedes a los
colegios profesionales, a la comunidad científica y a los expertos. Y
también debo decir que han traído ustedes esto por el trámite de
urgencia, sin poder pactar, negociar, consensuar y trabajar con el mínimo
rigor. Es como decir buenos días cuando llegamos aquí por la mañana: nos
subimos a la tribuna y tenemos que repetir esto porque, por desgracia, es
lo de siempre, y en esta ley vuelve a pasar. Pero luego pasa lo que pasa,
que tenemos que modificar las leyes a los cuatro días, como ha pasado
esta semana en el Congreso. Hacemos leyes caprichosas, sectarias e
ideológicas, técnicamente infumables muchas de ellas porque no tienen la
pausa, el tiempo necesario, el rigor, no pasan por los lugares por donde
tienen que pasar, no recaban los consensos adecuados ni tienen los
documentos ni los informes técnicos necesarios y, a los cuatro días como
ha pasado esta semana en el Congreso, las tenemos que modificar.

Hay otra cosa, señorías del PSOE: no traen ni una sola ley con la
impronta del Partido Socialista, a pesar de que ustedes ganaron las
elecciones y son el partido mayoritario. No traen ni una sola ley con la
impronta del PSOE, sino que todas las cuelan con calzador sus socios.
Señorías del Partido Socialista, esta ni es su ley ni se le parece.
Ustedes nunca hubieran traído aquí esta ley, y luego les pasa lo que les
pasa, que aplauden mucho, pero les toca decir que yo no fui, yo no sabía,
y rápidamente corren para modificarla o a que se la modifiquen.

Señorías, ha habido 6000 alegaciones. Ha habido pocas leyes con tanta
contestación social como esta. De verdad, están ustedes avisados una y
otra vez y tropiezan siempre con la misma piedra. Un jurista de
reconocido prestigio, muy destacado y con amplia experiencia
parlamentaria, me decía el otro día que, legislativamente hablando
—no se metía en otras cuestiones—, esta es la peor
legislatura de la historia, en el fondo y en la forma. La mayoría de las
leyes que ustedes traen por el trámite de urgencia aquí son técnicamente
infumables. De hecho, como he dicho antes, algunas de ellas a los pocos
meses las tienen que modificar, incluso otras, directamente, las tendrían
que eliminar. Por no hablar del mundo rural, al que desprecian por
desconocimiento, y el PSOE no es de despreciar al mundo rural, pero como
hacen seguidismo de Podemos, ustedes sabrán.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría, por favor.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Para terminar, en cuanto al segundo proyecto
de ley, el de la modificación del Código Penal, se debe hacer —y
esto es de párvulos, es primero de vida parlamentaria— con consenso
y con el rigor requerido, y no por capricho, con sectarismo e inseguridad
jurídica, como se está haciendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
su señoría Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Les advierto, señorías del Partido Socialista,
para que nadie se asuste, que no voy a ser, en absoluto, complaciente con
ustedes; es lo lógico, y tampoco creo que ustedes esperen lo contrario.
Tienen este proyecto de ley en el lugar en el que han querido desde el
primer momento: con el Gobierno partido en dos, con el bloque de la
investidura con centenares de propuestas que han sido negociadas con las
asociaciones y organizaciones ecologistas y animalistas pero que ustedes
no han querido ni tan siquiera escuchar, y, por supuesto, con el señor
Tamames escribiendo su discurso a costa de la falta de liderazgo,
capacidad política y negociadora de este Gobierno. Por momentos hemos
tenido la sensación, señorías, de que ustedes, en realidad, no querían
que esta ley prosperara, todo lo contrario que las redes de activistas,
de asociaciones y organizaciones animalistas y ecologistas, a las que
aprovecho para agradecer no solamente sus propuestas, sino también su
inmensa paciencia con el Gobierno y con los tediosos trámites
parlamentarios.

Cuando se reunió la ponencia, señorías del Partido Socialista,
ustedes nos pidieron que apoyáramos el informe de la ponencia sin la
incorporación de ninguna enmienda para que ustedes tuvieran tiempo de
poder estudiarlas y con el compromiso de sentarnos a negociar
posteriormente. Ustedes decidieron tramitar esta ley por el procedimiento
de urgencia.






Nos han obligado a trabajarla a toda velocidad a todos los
grupos parlamentarios, a pesar de su complejidad y, luego, nos han pedido
más tiempo para poder negociar las enmiendas. A pesar de lo
contradictorio del argumento, por nuestra parte no hubo ningún
inconveniente, y lo saben perfectamente, se lo dimos. Luego, resultó que
ustedes no tenían los apoyos suficientes para aprobar en comisión el
informe de la ponencia y, a pesar de que habíamos votado en contra de
este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, también se lo dimos
con una sola condición, que, por cierto, ustedes aceptaron y está
reflejada en el Diario de Sesiones: abrir una mesa de negociación para
que pudiéramos, sobre la base del diálogo, incorporar algunas de las
propuestas razonables que el resto de los grupos parlamentarios habíamos
preparado.

Señorías del Partido Socialista, han faltado a su palabra. Yo sé que
esto, para algunos de ustedes, puede no significar nada porque sale de la
boca de un grupo parlamentario pequeño y en un tiempo en el que abundan
en la política aquellos que dicen un día una cosa y al día siguiente
hacen exactamente la contraria, pero para este senador que les habla y
para el grupo al que yo represento, la palabra tiene un valor importante.
Más allá del contenido concreto de esta ley, el Partido Socialista Obrero
Español nos ha vuelto a demostrar, al conjunto de la España progresista,
por qué no podemos fiarnos de ustedes.

Hemos recibido una decena de llamadas del Partido Socialista
echándole la culpa a Podemos; hemos recibido una decena de llamadas de
Podemos echándole la culpa al Partido Socialista. La realidad es que ni
uno ni otro ha querido priorizar las reivindicaciones de las asociaciones
y especialistas, que nos venían alertando de que esta no era la ley que
necesitábamos. Luego, señorías, ustedes vendrán a contarnos aquello de
que está en peligro la democracia, que si viene la extrema derecha, que
necesitamos unidad para combatirla... Señorías, sobre decepciones como
esta es sobre las que se cimentan partidos políticos como Vox; sobre
fracasos, como el de la Ley de bienestar animal, se aviva el descrédito
sobre la política y el todos son iguales. Con el trámite de esta ley
ustedes tenían la oportunidad de no profundizar en la división del
Gobierno, de no seguir jugando a la ruleta rusa con la estabilidad del
Gobierno y con el horizonte de toda esa España progresista que les sigue
a ustedes con mucha disciplina y con mucho entusiasmo, hasta que ustedes
decepcionan. Parece que el desastre al que hemos asistido y estamos
asistiendo con la Ley del solo sí es sí, con la parte socialista del
Gobierno pactando con el Partido Popular el contenido de una reforma que
no aprueba el propio Ministerio de Igualdad, o con un Ministerio de
Igualdad que se niega a reformar una ley que estaba produciendo efectos
indeseados, parece, por lo que nos están diciendo hoy, que se va a
convertir en la tónica habitual. Yo, señorías del Gobierno de España, se
lo digo con un inmenso pesar: son ustedes unos irresponsables.

Excluyo a la ultraderecha de esta reflexión porque su oposición a
esta ley, como bien nos han dicho, es absolutamente ideológica y no
podemos ponernos de acuerdo con ellos ni siquiera en las comas de su
texto. Todos los grupos de esta Cámara, sin excepción, han mostrado mayor
talante, mayor predisposición y mayor vocación de acuerdo que el Gobierno
de España en el trámite de esta ley. Su falta de voluntad negociadora ha
logrado algo que parecía absolutamente imposible: poner de acuerdo a
grupos políticos totalmente opuestos en torno a la negativa a esta ley.
Honestamente, si ustedes hubieran trabajado activamente para tumbar este
proyecto de ley, no lo habrían hecho mejor.

Señorías del Partido Socialista, ¿no quieren nuestro apoyo? Pues no
hay ningún problema, volveremos a rechazar esta ley, como, por cierto,
parece que la van a rechazar dos tercios de esta Cámara. Me da la
sensación de que a ustedes esto les importa poco, y quizás eso es lo que
más me alarma de toda esta situación. Con una salvedad, señorías, y es
que creemos que este proyecto contiene errores de bulto y, por tanto,
vamos a agotar todas las vías para intentar corregirlos. Llámenlo
responsabilidad, llámenlo diligencia o llámenlo respeto a los compromisos
políticos que tenemos.

Y ello nos obliga, lógicamente, a considerar los vetos que se han
presentado como una medida extraordinaria que permita hacerles entender a
ustedes que no tienen mayoría absoluta, a fin de que este proyecto de ley
se pueda aprobar definitivamente en el Congreso de los Diputados con las
modificaciones que estamos demandando.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Por el Grupo Parlamentario Nacionalista van a intervenir en este
turno? (Denegaciones). Muchas gracias.

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco van a intervenir? (Denegaciones).
No van a intervenir, muchas gracias.

¿Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana? (Denegaciones). No
intervendrán, muchas gracias.

¿Por el Grupo Parlamentario Popular van a intervenir en este turno?
(Asentimiento). Tiene la palabra el senador De Rosa Torner.

El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señor presidente.

Desde el inicio de esta legislatura, el Gobierno ha manifestado la
intención de desarrollar una norma sobre bienestar animal de ámbito
estatal, pero, señorías, ¿esta es la reforma que espera la sociedad? Los
proyectos de ley que vamos a debatir son los aprobados en el Congreso de
los Diputados con el voto favorable de algunos grupos que hoy presentan
múltiples enmiendas; por eso, no entendemos que se hayan sumado al hecho
de apoyar estas leyes que están siendo ampliamente contestadas por
múltiples asociaciones que están luchando por el bienestar animal.
Aprovecho la intervención para agradecer las aportaciones de las
asociaciones y colectivos que han denunciado las graves deficiencias de
estas iniciativas, y esa es la base de nuestros vetos.

En la fase de exposición pública, el texto de la ley de bienestar
animal recibió múltiples alegaciones a lo largo de todo el proceso. Se
han interpuesto múltiples enmiendas, incluso por grupos que en la sesión
de la comisión celebrada la semana pasada apoyaron la iniciativa del
Gobierno, lo cual parece absolutamente incomprensible. Muchas
organizaciones se han quejado, y continúan quejándose, de la poca
receptividad del Grupo Socialista, que una vez más ha decepcionado a toda
la comisión, a toda esta Cámara, prometiendo negociar para luego no
negociar absolutamente nada. Yo estuve presente en esa sesión, cuando se
comprometió con grupos de esta Cámara a esa negociación, pero han mentido
una vez más. Eso es lo que ustedes traen esta mañana aquí: mentiras,
mentiras y mentiras. (Aplausos).

La prohibición de la cría o transmisión de los animales de compañía
no incluidos en listado positivo condiciona la actividad económica. Eso
lo saben ustedes, lo han dicho las múltiples asociaciones. Hablan de
considerar y asegurar la constitucionalidad. ¿Ustedes han leído el veto
del Grupo Vasco, en el cual se plantea el carácter invasivo respecto a
competencias de las comunidades autónomas? ¿Ustedes realmente están aquí
haciendo una propuesta real, poniéndose en contra de grupos que están
apoyándoles a ustedes en otras leyes? ¿Están ustedes ya tan absolutamente
desnortados que no consideran que están invadiendo competencias de las
comunidades autónomas y poniendo a muchas corporaciones locales en un
límite que no van a poder soportar económicamente?

Entendemos que sería deseable abrir un espacio de reflexión, y por
eso presentamos este veto. Vamos a reflexionar, volvamos a empezar,
volvamos a la casilla de salida, empecemos a hablar de nuevo con las
asociaciones, con los grupos políticos, con todos aquellos que quieren
mejorar esta ley y que haya una ley de bienestar animal. Por eso, es
necesario requerir una armonización, ver lo que colisiona con las
competencias de las comunidades autónomas y con las corporaciones
locales. No pretendan siempre imponer sus criterios por encima del resto
de la Cámara. Somos senadores votados por los ciudadanos para defender
sus intereses, y ustedes se imponen mintiendo y haciendo promesas para
conseguir unos votos en la comisión y luego llegar aquí y decir que de lo
dicho, nada.

Y todo ello sin hablar de la tramitación urgente, que ya les ha
criticado el resto de los grupos, una tramitación urgente que ha hecho
que en una semana tengamos que estar discutiendo cientos de enmiendas
para luego, en la comisión, decir que no hay que discutirlas porque luego
las veríamos en el Pleno, pero en el Pleno no se ha visto ninguna.

Realmente, señorías, estamos ante unas leyes con graves deficiencias,
y no solamente lo dice el Grupo Popular; lo han dicho los grupos que me
han precedido, lo han dicho las asociaciones y lo ha dicho el propio
Consejo General del Poder Judicial en su informe, en el que habla de un
error técnico al configurar el bien jurídico protegido incluyendo todos
los animales vertebrados, independientemente de que estén o no bajo el
control humano.

Señorías, una vez leídos todos los informes de organismos
constitucionales y escuchados los expertos jurídicos, ¿saben cuáles son
los efectos de la presente reforma? Y que me escuche la ministra, que
está a lo mejor más pendiente del teléfono que de lo que está diciendo
este senador. Escúcheme: se despenaliza el maltrato de obra de los
animales, lo dice el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y esos
aspavientos? Por favor, respete a este senador.

No se especifica qué debe entenderse por tratamiento veterinario. Se
despenalizan los actos de explotación sexual de animales cuando no sean
lesionados. Este tipo de abusos resultan reprochables, peligrosos y
dañinos en sí mismos. No se regula el comiso definitivo de los animales,
por tanto, cuando un agresor cumpla la condena se le devolverá el animal
agredido. ¿Eso le parece a usted correcto, señora ministra? Robar,
hurtar, apropiarse indebidamente de un animal o amenazar a alguien con
matar a sus animales podrá dejar de ser delito, porque ustedes no han
previsto que, al introducir la reforma del Código Civil, y estableciendo
que los animales son seres sintientes, ya no son cosas y, por tanto, los
delitos contra la propiedad, que suponen la sustracción de una cosa, no
van a estar penados. ¿Usted cree que los juzgados y tribunales van a
dictar sentencia posiblemente diciendo que la sustracción de un animal no
es delito? ¿Ese es su legado, como la Ley del sí es sí y esas
consecuencias inesperadas que ustedes no querían? Esas son las
consecuencias de las que el Grupo Popular le está advirtiendo. Eso
implica, por tanto, que van a quedar desprotegidos muchos ámbitos de
aplicación.

Señorías, ¿tendremos que escuchar de nuevo al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, afirmar que esta ley produce efectos
inesperados, y me quedo corto? ¿Tendrán que venir reformas,
contrarreformas, enmiendas a esta ley? ¿Volveremos a ver las luchas
dentro del Gobierno de colisión, que usted representa más que nadie,
porque están haciendo leyes que colisionan con el sentido común y
colisionan con el Estado de derecho? ¿Dónde esta la ministra de Justicia,
que debería estar aquí? Desde luego, solucionando el problema de la
huelga de la Administración de Justicia, con más de 200 000 juicios
suspendidos, no. Tampoco evitando reformas de este tipo, en la que
efectivamente el Código Penal va a suponer un ataque. Señora ministra,
cuando se reforma el Código Penal, cuando ustedes introducen un tipo
penal en el articulado, han de saber que afecta a todo el cuerpo
legislativo, a la parte general y a la parte especial.

Ustedes están introduciendo unos nuevos tipos penales que colisionan
con otros delitos, por ejemplo, con los delitos contra el medioambiente o
los delitos contra la salud pública; con esos son con los que colisionan.
Colisionan con los delitos de sustracción y con los delitos contra la
propiedad. Están ustedes estableciendo penas alternativas de prisión y
penas alternativas de multa, algo que todos los operadores jurídicos
están reclamando que no hagan. Van a hacer que cuando un animal sea
quemado o agredido, sea devuelto a su propietario porque no quieren
modificar el artículo 127 del Código Penal. Ustedes están viendo cómo se
está trastocando la proporcionalidad de las penas, porque así lo dice el
Consejo General del Poder Judicial. Un poco más de respeto a los informes
técnicos. (Rumores).

Señorías, ¿nos vamos a encontrar con una nueva Ley del sí es sí? ¿Nos
vamos a encontrar con una nueva Ley trans, con unos efectos, como dice el
Consejo General del Poder Judicial, que coloca al Registro Civil en
inseguridad jurídica? (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senador De Rosa Torner, espere un momento.
Perdóneme que le interrumpa, discúlpeme.

Señorías, si necesitan hablar entre ustedes, háganlo, por favor,
fuera del hemiciclo. Muchas gracias, señorías.

Puede continuar.

El señor DE ROSA TORNER: ¿Nos vamos a encontrar con otra ley que
tendrán ustedes que ir a explicar a Europa? Porque, efectivamente, su
ministro Bolaños ha tenido que ir a explicar a Europa las leyes y todo
aquello que supone un ataque al ordenamiento jurídico.

Señorías, tenemos una oportunidad. En esta Cámara somos mayoría
aquellos que no queremos esta ley; somos mayoría aquellos que hemos
presentado enmiendas; somos mayoría los que queremos respeto a las
asociaciones de animalistas y a los colegios de abogados, que han estado
atacando esta ley; somos mayoría los que queremos una mejor ley. Por
tanto, les pido que apoyen nuestro veto, que apoyen el veto de otras
formaciones que son adecuadas, que son absolutamente equilibradas. Les
pido que en este momento trabajemos comúnmente en mejorar y digamos al
Partido Socialista que ese método de trabajo, de mentir, de no aceptar
las enmiendas, de tramitar por la vía de urgencia, de desconocer las
competencias de las comunidades autónomas, de poner en un brete a las
corporaciones locales, de no escuchar los informes técnicos, de no
escuchar lo que representamos millones de españoles aquí, no es la manera
de acabar. Voten nuestro veto, apoyemos otros vetos y digamos al Partido
Socialista que ¡basta ya!

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría
la senadora Macías Mateos.

La señora MACÍAS MATEOS: Señor presidente, miembros de la Mesa,
ministra Belarra, colectivos y asociaciones presentes, en el Grupo
Parlamentario Socialista tenemos claro que lo primero ―es una
prioridad― es combatir la desinformación. Tenemos que tranquilizar
a la bancada de la derecha. Algunas de las diez plagas de Egipto no van a
venir a España, porque la salud pública y la sanidad animal prevalecen
sobre este marco normativo. Por lo tanto, tenemos que empezar a desmontar
algunos bulos perniciosos. También tenemos que recordarle a la bancada
del Partido Popular que va siendo hora de abandonar esa maniobra
constante que tienen de confrontar el medio rural con el medio urbano. A
ustedes en el Congreso se les rompió el muñequito con el que estaban
jugando, y ahora se quedan sin argumentos. Intentan seguir escarbando en
cuestiones que son falsas, y vamos a ver cómo en este debate les vamos
desmontando esos bulos.

Quería, señor Rollán, hacerle una aclaración, ya que usted ha hablado
de los chiringuitos. Existe algo que viene resultando cansino. Ustedes
hablan siempre de los chiringuitos de los demás y vemos cómo su líder, el
siempre ausente señor Feijóo, todavía no nos ha dicho qué opina del
chiringuito que tenía el señor Fernández Díaz, al que se le han pedido
quince años de cárcel. Vamos a hablar de esos chiringuitos.
(Aplausos.— Rumores.— El señor Román Jasanada pronuncia
palabras que no se perciben). Vamos a hablar de esos chiringuitos, no se
ofendan.

El señor PRESIDENTE: Senador Román Jasanada, si es tan amable, por
favor… Muchas gracias.

La señora MACÍAS MATEOS: Tranquilos, tranquilos.

Hablan también de que esta ley ataca el medio rural. Señorías, cuando
ustedes quieren ser portavoces de los líderes territoriales del PSOE, se
les olvida que, además, son presidentes o presidentas de comunidades
autónomas, y se les olvida que también están muy interesados en que se
mantenga la fortaleza del Gobierno de coalición, porque es lo que permite
que vayan Presupuestos Generales del Estado a los territorios para
compensar todos los recortes y la supresión de servicios que sus
Gobiernos del PP practican en el medio rural. (Aplausos). Por lo tanto,
tienen que entender que el mayor ataque al medio rural que se produce en
este país lo provocan ustedes cuando votan no a todas las medidas que el
Gobierno despliega para el ámbito rural. Por cierto, muchas también en el
ámbito de la protección de actividades clásicas y tradicionales que se
desarrollan en el medio rural. Y otra cosa también importante: escuchen
ustedes lo que dicen algunos compañeros de su partido con respecto al
discurso que están manteniendo, porque han perdido el equilibrio en las
posiciones.

A la señora Goñi le quería decir que, por favor, no entremos en los
bulos. Le agradezco también su buena predisposición ―pensaba que
hablaba usted por boca del PP; ya sé que va a ir en sus filas―,
pero, por favor, bulos no. Ha dicho usted que se penaliza más el maltrato
a un animal que el daño a una persona con discapacidad o a una mujer. Es
falso, señora Goñi; se lo tengo que plantear, sobre todo para que no
sigamos propagando bulos. (Aplausos).

Por otra parte, al señor Gómez Perpinyà, a Pablo, le agradecemos su
buena predisposición. Fui yo quien dijo en la comisión que nos
emplazáramos al Pleno para el debate de las enmiendas, y es así. Entiendo
que ustedes se puedan ver defraudados, lo asumimos y no vamos a decir
mentiras, pero eso sí, le tengo que señalar una cosa: el Grupo
Parlamentario Socialista en el Senado apoya al Gobierno de coalición, y
nosotros no hemos echado la culpa al otro lado del Gobierno ni lo haremos
nunca, porque hay una cosa que prevalece, y es la lealtad a las
instituciones y a un Gobierno fuerte que va a seguir gobernando España.
(Aplausos). Por lo tanto, se lo vuelvo a aclarar: falso. Nosotros no
entramos en esas dinámicas.

Por otra parte, hablando del contenido de la ley, como decía, salud
pública y sanidad animal prevalecen sobre el marco normativo. Por lo
tanto, algunas cuestiones que se están planteando en el debate quedan
totalmente solventadas. Les queremos plantear también algo esencial: ¿por
qué nos oponemos y planteamos resistencia a una ley para reducir al
máximo el maltrato? Si partimos de la base de que la mayor parte de la
sociedad cumple, ¿por qué esas resistencias? ¿Por qué? La explicación la
tienen que dar quienes se oponen taxativamente a esta ley, porque
nosotros podemos hablarles del contenido de los vetos que ustedes han
presentado. Hay algunos que, de verdad, parece que no han gobernado nunca
en sus territorios, parece que no han ido nunca a una comisión bilateral
para solventar determinadas incidencias que pueden surgir con las
normativas autonómicas y las normativas de la Administración General del
Estado, pero no vamos a ir por ahí.

Hay una cuestión clara: la prioridad es informar y facilitar el
cumplimiento. Y respecto al desarrollo reglamentario de estos dos
proyectos de ley, en el caso de la ley administrativa habrá desarrollo
mediante reales decretos que irán a trámite de consulta en las
comunidades autónomas y con participación de todos los colectivos, y ahí
es donde tenemos que estar. No digan ustedes ni formen bulos sobre la
base de que queda pendiente el desarrollo reglamentario.

¿Qué recoge la ley? La ley recoge lo necesario. Todos estamos de
acuerdo con que es necesario tener registros centralizados compartidos
con las comunidades autónomas para tener una correcta identificación,
porque sin identificación no hay control. Y tampoco tenemos estadísticas.
No sabemos dónde fallamos, y tampoco podemos plantear políticas de
planificación para el bienestar animal. No podemos plantear políticas de
protección, no podemos plantear reformas legislativas posteriores que nos
ayuden a avanzar. Por lo tanto, creemos que ahí también la ley entra en
lo necesario.

Avanzamos también en la determinación e identificación de qué figuras
participan en el marco normativo, con las definiciones, con los
registros, con los requisitos que se establecerán también en desarrollos
reglamentarios para las entidades de protección animal, colaboradores,
etcétera. El papel de los veterinarios va a estar siempre presente. Si
partimos del compromiso respecto al concepto de one health para toda la
sanidad animal y la salud pública y el PSOE está firmemente convencido
del papel que juegan los veterinarios, ¿por qué seguimos insistiendo en
discursos perniciosos y en bulos respecto a eso?

Hablamos también de las cuestiones que afectan a las colonias
felinas. El PP no habla de ello. Si seguimos aumentando el número de
animales abandonados, al final tendremos mayores problemas, pero no
podemos acudir sistemáticamente a matar animales. Tenemos que controlar,
concienciar, hablar de la tenencia responsable. En cuanto a la castración
de animales, otro bulo, y es que en todos los casos no es necesaria la
castración. También hay que preguntarse si estamos leyendo bien el texto
que ha llegado del Congreso, porque hacemos un flaco favor a la sociedad,
pero está claro que algunos no quieren descabalgarse de ese discurso. Y
con relación al control y la inspección, las comunidades autónomas tienen
muy claras cuáles son sus competencias, algo que van cuestionando por
ahí. Nadie va a autorizar un santuario de animales si estos no reúnen
unas condiciones sanitarias.

Pero hay otra parte del mensaje que dice que esta ley no es
suficiente para proteger a los animales. Se publica hoy un real decreto
que se aprobaba la semana pasada también para mejorar las condiciones de
bienestar animal para los animales de producción, que están al margen.
Eso lo hace el Gobierno progresista a través de otro ministerio. Por lo
tanto, seguimos protegiendo. En el ámbito de la modificación de la Ley
Orgánica del Código Penal, hoy, que es 8 de marzo, todos deberíamos
recordar que introducimos en este texto legal un agravante, un agravante
para combatir también la violencia vicaria, el maltrato que se infringe a
los animales cuando estamos en un entorno de violencia, de violencia
machista. Eso lo debemos tener claro. ¿Por qué nadie se encarga de poner
en positivo lo bueno que tiene este paquete legislativo de protección
frente al maltrato? Es realmente triste, es realmente triste. (Aplausos).
Y cuando hablan del ataque a la biodiversidad, en la ley también se
contemplan excepciones para Red Natura a parques protegidos y se
contemplan otra serie de excepciones que serán reguladas por el
desarrollo normativo. Por lo tanto, no es solo que se empeñen en la
desinformación, es que también atacan el concepto de formación. Si vamos
a tener animales, si vamos a plantear un curso gratuito, accesible,
corto, para que sepamos que cuando nos hacemos cargo de un animal tenemos
también responsabilidades, ¿qué problema hay con eso?, ¿qué daño tan
enorme supone si partimos de la base de una sociedad que respeta los
derechos?

En fin, podríamos seguir hablando en este debate, pero sí, es verdad,
era la voluntad de este grupo negociar las enmiendas, pero las
circunstancias han sido otras, y si se ven defraudados asumimos la parte
que nos toca, pero, por favor, combatan la desinformación, porque, si
todos predicamos que estamos a favor de los derechos de los animales
—excepto la ultraderecha, claro, que si no está a favor ni de los
derechos de las mujeres, cómo va a estar a favor de los derechos de los
animales—, (Aplausos) si todos estamos en el discurso de que
estamos en favor de la protección, no desinformemos.

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría, por favor.

La señora MACÍAS MATEOS: Muchas gracias, presidente.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senadora.

Pasamos a continuación al debate de las enmiendas.

De sus señorías Marín Gascón, Merelo Palomares y Rodríguez de Millán,
enmiendas 30, 97 y 208 a 240 al proyecto de ley. Para su defensa, tiene
la palabra su señoría Merelo Palomares. ¿Desde el escaño?

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor presidente. Sí, desde el
escaño.

Las damos por defendidas. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

De su señoría Sánchez López, defensa de las enmiendas 1 a 13 al
proyecto de ley, y enmienda 1 al de ley orgánica. ¿No está presente? (La
senadora Martín Larred pide la palabra). Senadora Martín Larred, tiene la
palabra.

La señora MARTÍN LARRED: Sí, presidente, no está mi compañero.

Doy por defendidas las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

De su señoría Egea Serrano y su señoría Martín Larred, defensa de las
enmiendas 26 a 29 al proyecto de ley. Tiene la palabra su señoría Martín
Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente.

Doy por defendidas las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

De su señoría Gómez Perpinyà, enmiendas 98 a 118 al proyecto de ley y
enmiendas 2 a 10 al proyecto de ley orgánica. Tiene la palabra su señoría
Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor presidente.

Más Madrid, señorías, ha presentado un total de 29 enmiendas. Como he
hecho en mi primera intervención, quiero insistir en dar las gracias a
todas las entidades que nos han escrito, con las que nos hemos reunido y
con las que hemos trabajado de forma conjunta todas estas propuestas. El
volumen de iniciativas que hemos recibido es impresionante, y ello habla
bien del movimiento animalista del que disfrutamos en nuestro país y de
la enorme implicación que ha demostrado tener en los asuntos públicos y,
en definitiva, en una ley que va a ser importante para el conjunto de la
ciudadanía. Me van a permitir que les diga, señorías, que son unos
proyectos de ley que han envejecido muy pronto, tan pronto que no han
llegado siquiera a entrar en vigor y ya están viejos. La propuesta
inicial ha sufrido recortes por parte del Gobierno, recortes que han ido
desprotegiendo a diversos grupos de animales, y a eso se añade también,
por ejemplo, la aprobación hace nada de la Ley de bienestar animal
valenciana, que deja en bastante mal lugar a la que debatimos en el día
de hoy que en muchos aspectos es bastante menos avanzada. Señorías,
convendrán conmigo en que, como mínimo, esta sería una línea roja que
podríamos consensuar a la hora de tramitar estas leyes, que en ningún
caso deberían ser menos ambiciosas que las leyes autonómicas que ya
existen.

Con ese espíritu pretendemos, señorías, que con nuestras enmiendas
puedan cambiar algunas cosas. En primer lugar, que se establezca la
definición de sacrificio para diferenciar esta práctica de la eutanasia.
El sacrificio de animales debe ser solo para situaciones excepcionales y
siempre como último recurso. La prohibición de usar animales, en general
todo tipo de animales y no solo silvestres, en el circo y en otros
espectáculos públicos. Pretendemos acabar con los espectáculos de
cetáceos en zoos y acuarios. Queremos prohibir la cría y el comercio de
animales explotados por sus pieles o por otros subproductos y, por
supuesto, no excluir a los animales de caza o a los utilizados en
actividades deportivas, profesionales, etcétera, del ámbito de protección
de esta ley. Y quería referirme también, señorías, a la enmienda
número 103, con la que pretendemos eliminar la referencia a la mendicidad
en las prohibiciones del uso de animales. Creemos que, sin esta
referencia explícita, la protección de estos animales se cumple
exactamente igual, pero, tal y como está redactado en el proyecto de ley
en estos momentos, puede suponer un perjuicio en el día a día de las
personas sin hogar que cuidan a sus animales. Creo que un principio que
tiene que inspirar a todas las políticas de un Gobierno que se dice
progresista es precisamente hacer políticas que luchen contra la
estigmatización de las personas que lo tienen más difícil dentro de
nuestra sociedad.

Respecto a la modificación del Código Penal, compartimos propuestas
con algunos partidos aquí representados, así que espero sinceramente,
señorías —ya no me dirijo a las señorías del Partido Socialista,
sino a la mayoría parlamentaria, que son todos los demás—, que
podamos llegar a acuerdos para que puedan salir adelante algunas de
ellas. Nuestras 9 enmiendas pretenden solucionar varios problemas
importantes que hemos detectado. Hay que suprimir la multa como pena
alternativa a la pena de prisión. Queremos tipificar los actos sexuales
con animales y su explotación sexual de forma independiente a la
causación de lesiones. Castigar no solo la violencia que tiene lugar en
el ámbito de la pareja a través de los animales, sino también fuera del
ámbito de la pareja. No rebajar las penas para casos de maltrato cruel,
que esta ley pretende bajar de una multa de hasta seis meses a un máximo
de dos. E incluir a los animales en los delitos contra la propiedad en
caso de robo, sustracción, apropiación indebida, etcétera. En fin,
señorías, multitud de enmiendas que lógicamente quedan a su disposición
para que las puedan tener en cuenta de cara a la votación, y si
consiguen, ojalá, el apoyo necesario, finalmente puedan ser
incluidas.

Señorías, desde el primer momento lo hemos dicho, y no me cuesta lo
más mínimo volver a repetirlo: en Más Madrid tenemos voluntad de acordar,
no de imponer nuestra perspectiva. Nuestras enmiendas son una buena
descripción de cuál es la posición política de mi grupo. Entendemos que
algunas de ellas puedan no suscitar el acuerdo general del Pleno y, por
tanto, puedan no ser incorporadas a la ley, más allá de que sea la
posición que tiene mi partido; sin embargo, hay algunas otras que
lógicamente pueden formar parte de esos hipotéticos acuerdos. Pero
nuestra voluntad es de acuerdo, no de imponer nuestras posiciones, y, en
este sentido, quiero llamar la atención, además de sobre las enmiendas
que presenta mi grupo, sobre una enmienda que presenta el Grupo Esquerra
Republicana de Catalunya relativa a los perros de caza. Nosotros llevamos
una sobre el mismo tema y ciertamente es la posición de mi partido, pero
entendemos que la posición que defiende Esquerra puede representar un
punto de equilibrio entre las diferentes posiciones que se han expresado
por los distintos grupos parlamentarios y quizás podría ser un buen punto
de acuerdo que mejorara la redacción actual de la ley. Insisto, señorías,
no pretendemos imponer nuestra visión en todos los aspectos, y este es un
buen ejemplo de ello. Tenemos la oportunidad de mejorar la ley desde el
diálogo y el acuerdo; una pena que no haya sido posible realizar este
ejercicio democrático de la mano del grupo mayoritario del Gobierno; en
todo caso, el conjunto de los senadores tenemos la responsabilidad de
llevar a cabo esta tarea con o sin el apoyo del Gobierno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Del senador Vidal Matas, enmiendas 119 a 135 al proyecto de ley y
enmiendas 11 a 24 al proyecto de ley orgánica. Para su defensa, tiene la
palabra el senador Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Gràcies, president. (Continúa su intervención
en catalán).

El señor PRESIDENTE: Senador Vidal, discúlpeme, sabe que no hay
servicio de traducción simultánea en este punto del orden del día; debe
utilizar la lengua castellana para que podamos compartir su interesante
exposición.

El señor VIDAL MATAS: No era tan difícil, presidente, pero lo voy a
decir en castellano, no se preocupe.

Hoy, 8 de marzo, chillemos bien fuerte en las calles, pero luchemos
todo el año por el feminismo. (Aplausos). Ahora, sí, presidente, puede
aplaudir si quiere también, porque lo he dicho en castellano.

Vamos al tema. Este senador tiene siempre un sentimiento de
frustración en las leyes que más le apetecen: con la Ley de cambio
climático, con la Ley de residuos, con leyes que por cuestiones
profesionales se vinculan a mi trayectoria política y profesional y, por
tanto, hoy tengo sentimientos encontrados. Haré primero una serie de
reflexiones. Creo que estas dos leyes que nos traen hoy no cumplen las
expectativas que nos habían marcado y no cumple las expectativas para los
animalistas ni para el mundo ecologista, que a veces no coinciden, pero
defraudar a los dos en un proyecto de ley es sumamente complicado.
Desgraciadamente, tenemos que añadir a esta ley una visión centralista,
una visión que contradice las competencias de las comunidades autónomas.
Pero, claro, con la experiencia de legislar en las Illes Balears leyes de
bienestar animal, lo que queríamos es que estas leyes fueran un enganche,
un punto de apoyo para que las leyes de las Illes Balears, que fueron
pioneras en bienestar animal, prohibiendo, por ejemplo, el uso de
animales en los circos o intentando regular el maltrato animal llamado
cultura que es la tauromaquia, tuvieran amparo en el marco estatal, cosa
que tampoco pasa. Un tercer y último punto es que queríamos negociar
claramente mejoras más ambiciosas para sentirnos más cómodos, y eso no ha
podido ser. Por tanto, defraudamos, defraudamos al movimiento animalista,
defraudamos a los ecologistas, porque, evidentemente, sí que entra en
contradicción en algunos aspectos con la conservación de la
biodiversidad. Entiendan ustedes que este senador interviene desde un
sistema insular, un sistema insular donde la biodiversidad es uno de los
ejes más importantes y las especies invasoras suponen el máximo riesgo de
pérdida de biodiversidad.

Hemos presentado un conjunto de enmiendas a la reforma del Código
Penal basadas básicamente en no cambiar penas por multas —es muy
fácil de explicar— o que los abusos a los animales sigan siendo
penados. Son dos aportaciones muy sencillas, que se repiten en varios
grupos y que modificarían y regularían muy bien el texto. Voy a
estructurar las enmiendas en cinco bloques para que queden claras y sean
ideas muy fáciles.

La tortura no es cultura, y este es el primer eje. En las Illes
Balears tenemos claro que la tauromaquia es tortura, no queremos que los
toros estén excluidos de esta ley. Con la misma técnica que ustedes han
excluido a los perros de caza, yo he incluido a los toros en esta ley.
Hemos redactado una enmienda a la disposición adicional en la que
recogemos la regulación que ustedes llevaron al Constitucional, que
decayó, para regular los toros en las Illes Balears.






En las Illes Balears
no queremos este tipo de espectáculos, ese tipo de cultura de la tortura
y, por tanto, vamos a mantener esta regulación que de facto impide que en
las Illes Balears se lleven a cabo corridas de toros.

El segundo bloque de enmiendas va destinado a que no se utilicen
animales en los espectáculos circenses y a que no se utilicen los
cetáceos en los acuarios o espectáculos. Los animales no tienen que ser
objeto de esa exhibición, de esa explotación para sacar dinero, tienen
que respetarse sus derechos y tienen que vivir en libertad. Los que
tienen que estar en centros de recuperación o correspondan a proyectos de
conservación no tienen nada que ver con los que están siendo utilizados
en espectáculos para obtener beneficio.

El tercer punto, también muy fácil y un clásico de la lucha
animalista, es que la industria peletera ya no tiene sentido, hoy en día
la podemos sustituir; el maltrato de este tipo de animales y el
sufrimiento y el riesgo que supone no compensa el beneficio que se
obtiene. Ahora mismo, con los coronavirus y todas las enfermedades de
transmisión y el foco que puede significar ese tipo de industrias es el
momento para su prohibición.

El cuarto punto es un clásico para una persona que viene del mundo
local. Cuando miras el Boletín Oficial del Estado o de la comunidad
autónoma, cuando eres un regidor o un alcalde y ves que te caen más
responsabilidades, pero no llega el dinero, tienes un problema; llegan
más responsabilidades, pero no llega dinero. Claro que queremos todas las
instalaciones de bienestar animal, claro que queremos un refugio; en el
caso de mi municipio tenemos un refugio gestionado por una entidad, hemos
invertido muchísimo dinero, pero es ilógico que carguemos con más
responsabilidades sin dotación económica.

Y, el último bloque, la protección de la biodiversidad. Yo entiendo,
señorías, que, respecto de la biodiversidad de la M-30 —disculpen
mis compañeros de Madrid, no se me enfaden—, a lo mejor ustedes
tienen los límites muy claros entre lo urbano y lo rural, pero en las
Illes Balears el espacio es más limitado, la transición de un espacio
ambientalmente relevante a un espacio urbano es inmediata. Por tanto, no
podemos entender que no se tomen medidas de bioseguridad para poder
realizar con garantías el desplazamiento de algunas colonias felinas.
Entendemos que estas tienen que estar en el mundo urbanizado y no en el
mundo rural, y podemos gestionarlas de forma adecuada; evidentemente, eso
quiere decir desplazarlas, no quiere decir otra cosa.

Por tanto, creemos que hemos hecho aportaciones significativas,
creemos que esta ley no cumple los objetivos que nos habíamos marcado y
esperamos que algunas de estas enmiendas aún puedan ser aceptadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría Mulet García, para
la defensa de las enmiendas al proyecto de ley y al proyecto de ley
orgánica.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, president. Buenos días,
ministra.

También quiero empezar la intervención celebrando el día 8 de
marzo.

No me voy a alargar demasiado explicando nuestro sentido del voto; en
el caso de la ley de protección animal, lo podemos resumir con una frase:
Ley sí, pero no así. Solo quiero decir que una ley que deja fuera a los
animales utilizados para la caza, a los animales mal llamados de trabajo,
a los animales que se les despelleja para la industria peletera, a los
que mueren tras ser lanzados por un tubo a 120 kilómetros/hora o a la
tauromaquia, no merece nuestro apoyo, ni tampoco merece el título que
tiene porque ni es de protección ni es de bienestar para los animales.
Hemos presentado enmiendas para paliar estos déficits y muchos otros,
pero no podemos ser optimistas al respecto. Han tenido mucho tiempo si
realmente tenían voluntad para intentar llegar a algún acuerdo, y otra
vez la soberbia del partido del Gobierno —en este caso únicamente
tenemos a uno de sus miembros en esta Cámara— ha hecho que sea
imposible llegar a ningún acuerdo porque no han querido ni sentarse a
negociar ningún tipo de enmienda. Tenemos enmiendas que proponen volver a
incluir dentro del ámbito de esta ley a los animales que nunca debieron
salir de ella; nos referimos a los animales afectados por la enmienda de
la vergüenza del Partido Socialista apoyada por la derecha, que deja
desprotegidos a los animales de actividades específicas. No deja de
sorprendernos que algunos partidos que se califican de izquierdas en sus
postulados cada vez son más parecidos a la ultraderecha, para estar al
mismo nivel ya solo les falta que vocalicen en el Partido Socialista que
como los animales no tienen obligaciones, tampoco pueden tener derechos.
Bienvenidos a la prehistoria. Ha habido casos de seres sin obligaciones,
algunos incluso de nuestra especie, que nos cuesta mucho mantener. ¿Les
quitamos también a ellos la personalidad jurídica? ¿Sacamos a esas
personas de la protección de las leyes y las metemos en la categoría de
cosas o bienes semovientes, como pasaba hasta hace muy poco con los
animales? Es muy lamentable que en pleno siglo XXI aún tengamos que
escuchar pseudoargumentos de ese tipo. Los derechos más fundamentales,
que son de los que estamos hablando, nunca, nunca han sido a cambio de
obligaciones. Pero, además, se da el caso de que su argumento es falso,
pues hay animales que sí tienen obligaciones y, además, da la casualidad
de que estos animales con obligaciones son los que las señorías del
Partido Socialista, con el apoyo de la derecha, han querido desposeer de
estos derechos. ¿Vamos a decirle, por ejemplo, a un perro pastor que ya
no tiene obligación de recoger a su ganado? ¿Vamos a decirle a un perro
lazarillo, por ejemplo, que no haga su labor de guía? ¿Vamos a decirle a
un perro rescatista o detector de drogas que ya no tiene obligación de
hacerlo? ¿Vamos a decirle a un perro utilizado para la caza que no tiene
obligación de recoger a las presas? ¿Imaginan lo qué pasaría si alguno de
estos animales no pudiera cumplir con su función, esa que ha sido
impuesta por el hombre? Nada bueno, ya lo saben. Sin embargo, es
justamente a estos animales a los que se ha excluido de la ley. Y no me
digan que ya se regulará por la legislación europea o autonómica, bla,
bla, bla..., porque, de nuevo, es echar balones fuera. Esto es el Senado,
no un partido de fútbol. En Compromís queremos que exista una ley de
protección animal estatal, pero queremos que sea para todos los animales,
también estos (El señor Mulet García muestra la fotografía de un perro)
que, gracias a la enmienda del Grupo Socialista, dejan de estar
protegidos. Estos animales no tienen derechos, tienen muchas
obligaciones, pero no tienen derechos. Todos los animales merecen
protección. Lo repetimos: Ley sí, pero no así. En la Ley valenciana de
protección animal, estos animales que ustedes excluyen quedan protegidos.
Todos los perros son perros, lo dicen las normas europeas, pero, también,
y mucho más importante, lo dice nuestra sensibilidad y nuestro sentido
común. Votaremos, por ejemplo, a favor de una enmienda de Esquerra
Republicana que propone prohibir el tiro al pichón, por coherencia, como
llevamos pidiendo desde hace años. Por cierto, en el País Valencià no se
pudo prohibir el tiro al pichón porque el Partido Socialista se desmarcó
de sus socios de Gobierno. Debe de ser que es una prioridad política
seguir disparando los fines de semana y matando a pichones indefensos y
aturdidos. En esta ley hemos visto de nuevo la misma jugada: hacer un
amago de prohibirlo todo para dejarlo tal y como estaba.

Podría extenderme mucho más, pero la ley que votamos hoy, tal y como
está, no tiene ni pies ni cabeza. Prefiero gastar el tiempo de esta
intervención en centrar nuestro posicionamiento respecto al Código Penal.
No les voy a negar que la modificación del Código Penal tiene algunas
bondades, como la posibilidad de castigar a personas jurídicas que hayan
maltratado animales. A una persona jurídica no se le puede meter en
prisión, pero sí podemos impedir que obtenga subvenciones públicas o que
firme contratos con las administraciones y, en los casos más graves, se
puede acordar la clausura de sus instalaciones o su disolución. Como
aspectos positivos, también es de agradecer que se amplíe la protección
penal a todos los animales vertebrados y que se introduzcan nuevas
circunstancias agravantes a la hora de juzgar el caso de maltrato animal.
Pero, por ahora, y a falta de votar las enmiendas —que ya sabemos
que no van a contar con el respaldo del grupo del Gobierno—, les
adelanto también que, si no se avanza en temas que suponen líneas rojas,
nuestro voto va en el sentido del veto. Esta modificación no puede dar
lugar a un Código Penal que retrocede en la protección de los animales.
Para eso, nos quedamos como estábamos. Es un retroceso nunca visto en la
democracia, un retroceso que aumentará la impunidad de delitos contra los
animales. Alguien debe dar la cara, alguien tiene que ser responsable de
semejante estropicio legislativo. Les voy a pronunciar una frase: Hemos
llegado tan lejos como hemos podido con las fuerzas que tenemos. Seguro
que a todos les suena. ¡Y tanto que se ha llegado muy lejos! Se ha
llegado demasiado lejos dejando que estos dos textos llegaran como han
llegado aquí al Senado. Se han traspasado líneas rojas. Para empezar, y
en primer lugar, la multa como pena alternativa a la prisión. Obviamente,
nuestra postura siempre será el antipunitivismo; algo falla cuando no se
actúa en el origen del delito y al final se convierte en: yo maltrato,
pero, ¡ojo!, que yo pago y, por tanto, no pasa absolutamente nada. ¿Cómo
se entiende que ahora haya prisión para los maltratadores y después de
esta reforma se vayan a su casa con una palmadita en la espalda y una
multa? Y, ¡ojo!, una multa inferior a la que les impone la Administración
—todo hay que decirlo—, como si en vez de haber asesinado o
torturado a un animal, se hubiesen saltado un semáforo. Lo voy a repetir
para que quede: este Gobierno quiere para los peores maltratadores de
animales una multa inferior de la que se establece para las infracciones
penales o administrativas por maltrato. Multita, palmadita, me he
equivocado y no volverá a ocurrir. ¿En serio? ¿Eso es lo que se pretendía
con esta reforma? Rebajar las multas no tiene ningún efecto disuasorio,
más bien, lo contrario. Para no ingresar en prisión, actualmente, hay que
solicitar la suspensión, y esta debe ser concedida por un juez. En el
caso de la pena de prisión, existe la posibilidad de pisar cárcel en caso
de tener antecedentes previos o de reincidencia posterior, cosa que con
la multa no sucede.

Según la exposición de motivos de esta modificación, que parece
sacada de una película de ciencia ficción, con ella se pretendía
solucionar la impunidad del maltrato animal, pues actualmente hay penas
no proporcionadas con la gravedad de los hechos y falta de mecanismos
para la salvaguarda efectiva de los animales. Es curioso, para arreglar
la impunidad a secas, imponen ustedes la impunidad total. Desde que se
introdujo por primera vez el delito de maltrato animal en el Código
Penal, los supuestos graves de maltrato animal siempre se han castigado
con penas de prisión. No se trata de multa en vez de la prisión, lo que
se reivindica es que la multa y la prisión vayan juntas y, en segundo
lugar, penalizar los abusos sexuales a animales y la explotación sexual
de estos. Sabemos que la regulación del Código Penal actual no es
perfecta, lo sabemos, y la judicatura ha tenido que realizar sus
interpretaciones al respecto, pero lo que no se puede dudar es que limita
el delito que tiene que ver con actos sexuales con animales, con
independencia del maltrato animal. Sin embargo, con esta modificación,
ustedes centran el problema en la lesión al animal. ¿Qué hay detrás de
esta reforma? ¿Qué es lo que pretenden? No lo sabemos. Si no hay lesión,
anuncios como estos que les voy a leer entrarán dentro de la normalidad.
Hoy, hemos hecho una búsqueda en internet, en un portal de anuncios
clasificados, al cual no es demasiado difícil acceder, y hemos encontrado
lo siguiente: Soy un hombre de 47 años, de Madrid; busco gente con perros
machos adiestrados para sesiones de zoofilia; pago, seriedad. Otro
anuncio: Busco amigo, no importa edad ni físico, que tenga perrito para
ver cómo te monta; me encantaría ver cómo lo hace; también se daría
gratificación. Otro anuncio: Soy mujer madura que le gusta ser penetrada
por perro muy grande; (Rumores); soy amante de la zoofilia, la practico
desde jovencita; hoy, con mis 50 añitos, sigo practicando; si alguna
mujer quiere, tengo el perro perfecto; no cobro. Esto es normal con esta
reforma del Código Penal. (Rumores). Busco a chico para que hagamos
zoofilia, con su perro o el mío, en Vitoria, en mi casa o la suya;
pago 20 a 50 euros. Esto lo pueden encontrar fácilmente en portales de
anuncios clasificados, a los cuales puede acceder, incluso, una persona
menor. Chico, 40 años, interesado en iniciación a la zoofilia con
caballos; busco a alguien de Badajoz que tenga caballo dócil para
iniciarme; no penetración, pero... No continúo. (Rumores). Chico, busco
iniciarme en zoofilia con perro grande o mediano; soy muy discreto.
Podría continuar leyendo. ¿A que duele? Y no leo, por ejemplo, lo que
pone en el informe que ha hecho la Coordinadora de Profesionales por la
Prevención de Abusos sobre el vínculo entre el abuso sexual de animales y
la violencia interpersonal en España. Obviamente, no lo voy a leer,
porque si lo anterior me parecía excesivo, esto supera todos los límites,
pero lo pueden encontrar en internet. Anuncios como estos los pueden
encontrar en cualquier portal —al que puede acceder incluso una
persona menor—, y si no hay ningún tipo de lesión, no suponen
ningún delito. Eso es lo que estamos votando hoy, ni más ni menos. ¿Quién
tiene que demostrar la lesión? ¿Tiene que ir el animal al veterinario
para que el veterinario acredite que hay lesión? Obviamente, quien
practica la zoofilia no será quien lleve al animal para que un
veterinario determine si ha habido o no lesión. Por tanto, nos parece
realmente insostenible.

¿Se puede hacer peor esta reforma de la ley? Me pregunto, nos
preguntamos si es posible hacerlo peor. Seguramente, no. Europa está
estremecida. Los medios extranjeros no paran de preguntarse cómo puede
ser esto posible. ¿Queremos tener el dudoso honor de ser el país europeo
donde se permite y se fomenta la zoofilia? ¿Se quiere fomentar el turismo
zoofílico con esta chapuza de ley? ¿El Gobierno y el ministerio están
trasladando este mensaje erróneo intencionadamente y de manera
consciente, o no? ¿Se está queriendo decir a la prensa que aquí nunca se
va a penalizar la zoofilia si no hay un informe de lesiones de los
animales? En realidad, solamente por este punto, pensamos que es
suficiente para retirar esta ley. Con el Código Penal vigente —que
sabemos que es muy mejorable—, hay condenas por agresión sexual a
animales, y, a pesar de que es un delito muy difícil de probar, porque
suele suceder dentro de cuatro paredes, hay sentencias de condena. ¿Se
equivocan los jueces que han condenado por estos hechos, o se equivoca
este Gobierno al decir que el Código Penal actual no establece un
castigo? ¿Por qué sacar pecho con este tema? No lo entendemos. ¿No les
vendría mejor una estrategia del avestruz?

En tercer y último lugar, quedan cabos sueltos en otros temas
importantes, como quedaron con modificaciones anteriores. Desde enero
de 2022, los animales ya no son cosas, pero esto no ha quedado reflejado
correctamente a nivel penal. Por ello, es necesaria la inclusión expresa
de animales dentro de los delitos patrimoniales y otros, y que se haga
constar y articule convenientemente el decomiso definitivo. No sé a quién
le puede parecer una buena idea que se pueda castigar algo tan grave como
el maltrato animal con una multa y que, luego, el animal vuelva a manos
de su maltratador.

Para terminar, nos preguntamos por qué ustedes no hacen caso a un
órgano como el Consejo Fiscal, que ha alertado de todos estos riesgos, y,
además, por qué no se ha escuchado ni se ha tenido en cuenta en esta
reforma a los juristas especializados en derecho animal.

Por tanto, estamos profundamente en contra de cómo se ha tramitado
esta ley. Estamos también muy decepcionados con el trato que hemos
recibido por parte del Partido Socialista, que prometió en ponencia
sentarse a negociar con nosotros las enmiendas que habíamos presentado.
Pensamos que no se puede presionar hoy, por todas las vías posibles, para
que no votemos a favor de los vetos. Han tenido mucho tiempo para llegar
a acuerdos con nosotros. Saben que, cuando quieren llegar a acuerdos con
nosotros, llegan a acuerdos con nosotros, porque somos dialogantes, pero
no pueden venir hoy aquí con la soberbia de exigirnos que votemos en
sentido contrario de lo que habíamos decidido. Así no se hacen las cosas.
Han tenido mucho tiempo y no lo han aprovechado. Lo sentimos mucho, más
que por nosotros, por ustedes.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 200 a 207 presentadas al proyecto de
ley, de su señoría Chinea Correa, tiene la palabra su señoría.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente. Buenos días,
ministra.

El Gobierno ha institucionalizado el uso del Senado como una
autopista de alta velocidad en la que tramitan los proyectos de ley en
tiempo récord y, lo que es peor, sin la más mínima intención de tener en
cuenta nuestras propuestas. Esta ha sido una constante durante toda esta
legislatura. Los pocos textos que han sido devueltos al Congreso lo han
sido por esa aprobación de manera imprevista de alguna enmienda, o esa
introducción de alguna corrección o algún matiz que se pasó por alto en
el Congreso. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llega la
ley de bienestar animal. ¿Y qué ocurre? Que el ministerio se pone en
contacto con nosotros para valorar nuestras opiniones y nuestras
enmiendas. Eso sí, con el aviso de que no nos hiciésemos muchísimas
ilusiones con nuestras enmiendas, porque parece que la idea del Partido
Socialista y de Podemos es no cambiar ni mover una sola coma, pese a que
la ley es claramente mejorable.

Señorías, creo sinceramente que tendríamos que reflexionar, unos y
unas más que otros y otras, sobre el flaco favor que le estamos haciendo
a esta casa, el Senado, que, una legislatura más, no solo ha sido
desprovisto de ese carácter territorial, sino que, además, ha sido
degradada a Cámara de segunda lectura.

Una vez dicho esto, continúo con la que, sin duda, es la principal
preocupación en mi tierra, Canarias, por la aprobación de esta ley.
Señorías, en Canarias sobreviven 9 especies de aves y 15 especies de
reptiles, entre ellas, los lagartos gigantes de islas como El Hierro o La
Gomera, que son únicas y exclusivas de mi tierra. Esta biodiversidad
endémica en el archipiélago no solo constituye un patrimonio natural, en
cuya conservación y estudio trabajan tanto las administraciones como las
instituciones y los profesionales, sino que también es un recurso
económico que atrae al archipiélago millones de visitantes de todo el
mundo cada año. En Europa, nuestro país destaca por esa rica
biodiversidad, y si hay un territorio que sobresale en este país es
Canarias, con esa desproporcionada cantidad de endemismos que poseemos en
las islas. En Canarias tenemos, nada más y nada menos, más de 500 plantas
y más de 3000 animales, desde pequeños invertebrados a lagartos gigantes,
como los que ya expuse de las islas de El Hierro y La Gomera, que son
exclusivos del archipiélago. Y es que el territorio volcánico insular y
los millones de años de evolución en las islas han convertido a Canarias
en una de las zonas más importantes desde el punto de vista de la
diversidad biológica de la Unión Europea. Sin embargo, voy a citar
textualmente las palabras del profesor de Zoología y Biología de la
Conservación de la Universidad de La Laguna, en la isla de Tenerife, Juan
Carlos Rando: A las numerosas amenazas que padecen las especies
silvestres, desgraciadamente, es posible que haya que sumar otra en los
próximos meses: la ley de protección, derechos y bienestar de los
animales; es esta, la ley, otra amenaza más.

Señorías, resulta penoso comprobar que una ley, tan necesaria y vital
como esta, en su redacción actual pretenda invadir las competencias de
las principales directivas europeas en este asunto, tratando de proteger
a los animales asilvestrados, como los gatos cimarrones, que son la
principal amenaza para muchas especies endémicas del archipiélago
canario. Esta realidad, que otros grupos denunciaron activamente en el
Congreso y que se mantiene viva aquí en el Senado, no se ha tenido en
cuenta, pese a esos efectos devastadores sobre especies que son únicas en
el planeta y, lo que es peor, ha sido despreciada por los autores de esta
ley. Los gatos, según este mismo profesor de Tenerife, han tenido una
enorme facilidad para asilvestrarse y adaptarse a los espacios naturales
isleños; y, en las islas, son los responsables del 13,9 % de la extinción
de especies en Canarias. Además, y muy importante, el gato también es el
responsable del descenso de, al menos, el 8 % de las especies catalogadas
actualmente en peligro crítico de extinción, como es el caso de tres
especies de lagartos gigantes de Canarias, que a duras penas sobreviven
en riscos y pequeños acantilados, donde, por suerte, los gatos no llegan.
Por ello, según la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, el gato se encuentra entre las especies invasoras más dañinas
en las islas. Recordemos que los gatos, en Canarias, no tienen
depredadores naturales. Hasta ahora, los proyectos de conservación de las
especies amenazadas han incluido acciones de control sobre los gatos
asilvestrados, ya que, como hemos indicado, constituyen una enorme
amenaza, y, además, porque una disposición adicional del catálogo de
especies invasoras indica que se considerarán especies exóticas invasoras
los ejemplares de compañía asilvestrados. De acuerdo con el texto actual
del anteproyecto de ley de bienestar de los animales, los gatos
asilvestrados no podrán ser considerados especies invasoras, impidiendo
estas acciones y empeorando aún, si cabe, mucho más el período y el mal
estado de conservación de especies que están a punto de extinguirse en
las islas, chocando de lleno con esa legislación básica europea y
nacional en materia de conservación de estas especies.

Así que, en resumen, señorías, un paso atrás de nuestro país en
materia de conservación de la biodiversidad que nos aleja bastante de
esas políticas de otros países de Europa, que sí se preocupan por esa
conservación de su biodiversidad. Estas palabras tan contundentes, como
indicaba antes, no son mías, no son de este senador que les habla, ni
tampoco de mi partido, la Agrupación Socialista Gomera, sino que
corresponden, señorías, a la Asociación para la Conservación de la
Biodiversidad de mi tierra, Canarias. Y con estos argumentos en la mano,
las preguntas que nos plantemos son muy claras: ¿Por qué el ministerio no
ha tenido en cuenta esa opinión de los expertos en conservación de
biodiversidad de las islas? ¿Por qué han seguido adelante, pese a esos
riesgos y a las amenazas que existen? ¿Y por qué otros diputados y
senadores canarios no se han unido a esa reivindicación tan justa para
las islas? ¿De verdad que no se están dando cuenta de esta situación,
pese a sus efectos tan negativos? Le recuerdo al Grupo Socialista que,
en 2020, fue el propio consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias
quien advirtió del poder depredador de los hurones de la fauna autóctona,
y apeló a esa sensibilidad de los cazadores del archipiélago para reducir
el riesgo de pérdida o abandono durante la temporada de caza. Señorías,
el hurón ha encontrado hábitats adecuados para prosperar en islas como La
Palma o La Gomera, pero también en otras como Tenerife, Gran Canaria o El
Hierro se ha detectado un incremento importante en el número de
avistamientos en varios municipios de estas islas y problemas causados en
distintas granjas. Así que, señorías, estamos a tiempo de corregir este
gravísimo error. Ya sé que parece que es casi imposible, pero yo les
pido, especialmente a mis compañeros y compañeras, a los senadores y a
las senadoras canarias, que son conocedores de esta problemática, que
recapaciten y voten teniendo en cuenta esas razones científicas y no la
aritmética parlamentaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

De los senadores Cleries i Gonzàlez y Clavijo Batlle, inicialmente
presentadas por el senador Clavijo Batlle, enmiendas 14 a 25 al proyecto
de ley. Tiene la palabra su señoría Clavijo Batlle.

El señor CLAVIJO BATLLE: Gracias, señor presidente. Buenos días.
Buenos días, señora ministra.

Yo voy a ser breve, porque quien me ha antecedido en la palabra, el
compañero Fabián, ha hecho una exposición muy acertada y pormenorizada de
cuál es el problema con esta ley en el caso de Canarias. Sí quiero
destacar aquí, una vez más, el respeto que parece ser que Podemos, el
Partido Socialista y el Gobierno de España tienen a esta Cámara. Esta
Cámara tiene su origen como representación territorial precisamente para
que todas las normas que emanan de las Cortes Generales puedan tener su
encaje en los territorios. España es diversa y, en este caso, Canarias
mucho más aún. No somos un territorio continental y, evidentemente,
tenemos nuestras singularidades, que deberían ser respetadas si se quiere
hacer justicia con las normas. Por lo tanto, más allá de no haber tenido
en cuenta los gatos asilvestrados y el daño que están ocasionando a
especies protegidas y en riesgo de extinción, el no haber tomado en
consideración las singularidades canarias, ni siquiera haber tenido la
más mínima voluntad de alcanzar puntos de encuentro en esta Cámara,
evidencian no solo la falta de respeto, sino también la arrogancia con la
que el Gobierno de España últimamente parece que está actuando y en la
que se ha instalado. He estado escuchando atentamente y, al final, es muy
probable que salga un veto a esta ley, por lo que creo que todos
deberíamos reflexionar, precisamente, para poder sacar adelante una norma
que, si bien no satisfaga a todo el mundo —porque esta ley también
tiene cosas buenas—, sí por lo menos intente encajar las
sensibilidades de los distintos grupos y de los distintos territorios de
este país. Por lo tanto, yo, desde aquí —probablemente sea un
llamamiento estéril—, si quiero hacer un llamamiento a que paremos,
acordemos, busquemos el consenso, intentemos estar todos lo más cómodos
posible y saquemos una norma que de verdad priorice el bienestar animal,
no la aritmética política, las posiciones poco humildes o arrogantes o,
en algunas ocasiones, el dogmatismo que quiere impartir el Gobierno de
España.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Del senador Cleries i Gonzàlez y de la senadora Rivero Segalàs, para
la defensa de las enmiendas 241 a 263 al proyecto de ley y 43 a 56 al
proyecto de ley orgánica, tiene la palabra su señoría la senadora Rivero
Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. Bon dia,
senyories.

Como le ha dicho al senador Matas que en esta sesión no tenemos
traducción y la modificación del reglamento para que podamos hablar
nuestras lenguas parece que se va a eternizar, vaya desde Junts per
Catalunya nuestra felicitación hoy, el Día de la mujer, a todas las
mujeres y también a todos los hombres cómplices que quieren un mundo más
igual, un mundo más justo en la diversidad y el respeto. Hoy es el día,
pero la lucha es cada día. Seguimos. (Aplausos).

En Junts per Cataluña hemos recogido enmiendas que beben de las
fuentes del animalismo, pero también de los sindicatos agrarios, de los
intereses del mundo rural y de otras organizaciones y asociaciones
afectadas por estas leyes. A todos ellos les agradezco su interés por
mejorar el texto y, a la vez, quiero pedirles disculpas por la premura en
los plazos, que en algunos casos no nos ha permitido atender esas
demandas que, en parte, han recogido otros grupos y a las que vamos a dar
apoyo.

Hemos presentado 32 enmiendas al Proyecto de Ley de protección de los
derechos y el bienestar de los animales y 14 enmiendas a la Ley Orgánica
de reforma del Código Penal. No voy a abundar en las enmiendas al
Proyecto de Ley de protección de bienestar animal, las damos por
defendidas, aunque haré alguna mención a alguna de ellas, pero ya les
avanzo que nos habían prometido un escenario y una voluntad de
negociación que no hemos visto y no hemos podido abundar. Por eso,
tenemos pocas esperanzas en que este proyecto de ley salga de esta Cámara
como un buen proyecto de ley. En ese sentido, vemos muy difícil que pueda
salir de esta Cámara, al menos por parte de Junts per Catalunya, tal como
está ahora, por lo que progresaremos de la abstención que tuvimos en el
Congreso a un no rotundo, no solo por el fondo sino también por la
forma.

Nuestras enmiendas, aparte de algunas que ya se han comentado por
otros grupos, abundan en el respeto competencial y, por supuesto, vamos a
apoyar todas aquellas que hagan referencia a ello. No nos gusta que
queden fuera de la ley los perros de caza. Afortunadamente, estos sí que
están protegidos en la legislación catalana, que, sin necesidad de
criminalizarlos, ha hecho que el bienestar animal también sirva para
ellos en cualquier circunstancia, de hecho, se protege a todos los perros
en la ley catalana. Parece que en su ley perros y dueños van a tener
distintas categorías. No nos gusta cómo queda resuelto el tema de las
granjas peleteras. Cambiamos algunas definiciones que no tienen en
cuenta, por ejemplo, la naturaleza de los perros pastores en cuanto que
estos no tienen que ir siempre bajo la supervisión humana para no ser
considerados perros abandonados; no siempre tienen que ir acompañados.
Además, insistimos en que no pueden estar siempre geolocalizados, pues en
algunas zonas es imposible. Ya se comentó en el Congreso que quieren que
todos los perros pastores vayan geolocalizados; nos parece muy bien, pero
en Junts per Catalunya pedimos que se implementen partidas para ayudar al
sector a que sea así, porque parece que Economía no está de acuerdo en
implementar partidas para ello. ¿Y saben qué les decimos? Que el mundo
rural y el sector primario necesitan más ayudas y menos trabas. Recogemos
regulación de cetáceos en cautividad y proponemos prohibición de
espectáculos con estos animales. Pedimos que se contemple la tenencia de
sus animales de compañía a las personas sin techo o de especial
vulnerabilidad, porque, tal como está redactado el proyecto de ley,
podría ponerse en entredicho. Proponemos la prohibición del tiro al
pichón o tiro a tubo y prácticas asimilables. Y nos supone algún problema
y alguna incongruencia la definición de gato comunitario sometido a
control mediante captura, esterilización y retorno, porque por definición
ya no son animales asilvestrados en el momento que están bajo la tutela,
manejo y supervisión de las personas. También hay un tema que nos
preocupa, que es el de las entidades de protección de tipo RAD, rescate y
rehabilitación de aquellos animales que, siendo de producción, pasan a
ser animales de compañía, en el sentido de que debemos asegurar también
en esta ley el bienestar para la salud humana y, por ello, tienen que
cumplir todos los requisitos de sanidad animal y control epidemiológico,
así como garantizar su trazabilidad. Es algo que exigimos al sector y, en
este caso, no se le puede suponer, debe estar contemplado en la ley que
así sea. Pero ya les he dicho que la ley administrativa para nosotros
tiene pocos visos de salir como una buena ley. Nos preocupa mucho más lo
que va a suponer de no corregirse en esta Cámara la modificación del
Código Penal en los delitos de maltrato animal. Por ello, me voy a
referir a nuestras enmiendas, todas ellas nucleares.

Presentamos 14 enmiendas que modifican y proponen abordar, por
ejemplo, la supresión de la multa como pena alternativa a la pena de
prisión. El maltrato animal, que ya fue recogido como delito en 2003, se
pena en el vigente Código Penal con penas de prisión. Que en esta reforma
se dé un paso atrás como pena alternativa de menor gravedad, la multa,
también en aquellos casos de gravedad y muerte, supone para Junts per
Catalunya un efecto disuasorio de las penas en estos delitos. Así lo
creemos y así también lo ha advertido el Consejo Fiscal. Además,
incorporamos la tipificación de los actos sexuales con animales y su
explotación sexual de forma independiente a la causación de lesiones. La
tramitación que estamos viendo supone la exclusión del delito de
explotación sexual de los animales en el proyecto, en su lugar, tan solo
vemos referencia a actos sexuales con animales. Además, el hecho de que
no se tipifique expresa y separadamente la causación de lesiones al
animal lleva a la imposibilidad de condenar conductas peligrosas. Que se
refiera el texto solo a actos sexuales y no a la explotación también
dejaría fuera a las personas que, sin participar en los actos, los
promueven o participan en el comercio de animales para esos fines, unos
fines que ha explicitado muy bien el compañero Mulet y que no voy a
relatarles.

Recogemos en varias modificaciones la previsión de pena de privación
del derecho de porte de armas, independientemente de si el delito se ha
cometido con arma de fuego o no. Para Junts per Catalunya, personas
violentas y armas jamás son una buena suma. Otras enmiendas recogen los
errores técnicos en los rangos de penas de este proyecto de ley orgánica.
Debemos tener en cuenta la regulación del rango de penas que establece el
propio Código Penal en su artículo 33.






Así, se recoge la privación de
tenencia y porte de armas como pena menos grave en una horquilla que va
mínimo de un año y un día a máximo ocho años. No podemos regular solo un
año en el proyecto de ley, porque entraríamos en una incongruencia en la
que sería difícil aportar seguridad jurídica. La misma dinámica la
encontramos también cuando hablamos de inhabilitación o, incluso, en las
penas de abandono. Igualmente, recogemos una adaptación a las penas que
quedan recogidas en el artículo 337.4 del Código Penal. Mientras en este
artículo las penas de maltrato cruel se penan con multa de hasta seis
meses en la actualidad, en la redacción de este nuevo Código Penal se
reduce, pues rebajamos a dos meses y además incorporamos los trabajos en
beneficio de la comunidad, que tampoco llevan coherencia con la multa,
según aquello que dispone el propio Código Penal, que dice que para una
multa de más de tres meses —que es lo que teníamos recogido y que
ustedes rebajan a dos, cosa que no podemos entender, creemos que debe de
ser un error— debería corresponder trabajos de beneficio para la
comunidad de un mínimo de treinta y un días.

Modificamos también en el sentido de ampliar la agravante dedicada a
la violencia vicaria u otras formas de violencia interpersonal, más allá
de la de género. De esta manera, recogemos que las penas se impongan
siempre, en este caso, en su mitad superior cuando se llevan a cabo para
controlar o provocar sufrimiento a un ser humano, independientemente de
que sea la pareja o cualquier otra persona, por ejemplo, un vecino. No
queda claro en el proyecto de ley —y por eso también intentamos
subsanarlo— que se pueda prever el decomiso definitivo de animales.
No sabemos qué pasa con el animal intervenido cautelarmente cuando el
maltratador ha cumplido la pena de inhabilitación para la tenencia de
animales. ¿Se le va a devolver ese animal? En ese sentido, creemos que el
proyecto debe contemplar la protección del bien jurídico como objeto
esencial del Código Penal y no dejarlo al carácter potestativo del
juez.

Modificamos también los artículos relativos al hurto, sustracción,
robo y apropiación indebida. Ya se ha hablado aquí. Con la última reforma
del Código Civil, las conductas consistentes en hurto, sustracción, robo
o apropiación indebida de toda clase de animales han dejado de ser
delictivas. Así, se ha creado un vacío legal, un vacío legal que,
teniendo la ley aquí, como legisladores no podemos dejar que salga de
esta manera. Una indefinición que debemos subsanar para garantizar
seguridad jurídica y también protección de los derechos de todas las
personas con animales a su cargo. En este mismo sentido, y también
derivado de la modificación del régimen jurídico de los animales distinto
de los bienes, amenazar a una persona con agredir a su animal, acosarla
atentando contra esta sería una conducta impune. Por ello, proponemos la
modificación de los artículos referidos a amenazas, acoso o integridad
moral, con el fin de tipificar en el sentido de dañar a los
animales.

Señorías, pedimos que apoyen estas propuestas, que también tienen
recogidas otros grupos y creemos que, a pesar de la falta de voluntad del
Partido Socialista, podemos llegar a acuerdos para que este Código Penal
que pretendemos modificar no sea un retraso histórico para el bienestar y
los derechos de los animales respecto de aquel Código Penal de 2015. Este
texto, de salir como esta, no sería un buen texto, pues contiene muchas
incongruencias; más allá de no garantizar el fin mismo, la protección de
los animales, va a conllevar, si sale como está, una gran inseguridad
jurídica. Podemos arreglarlo, debemos arreglarlo. Aquí están nuestras
propuestas. En Junts per Catalunya, a pesar de su discurso del diálogo y
su poca voluntad de negociar, somos propositivos y estamos para buscar
soluciones. Mejorémoslo en esta Cámara y, si no somos capaces de
mejorarlo, devolvámoslo al Congreso para que se subsane.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 414 a 441 al proyecto de ley, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra su señoría Ahedo
Ceza.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, presidente.

Voy a empezar haciendo una autoenmienda, porque antes he cometido un
error, he dicho que no soy legisladora y legisladora sí soy, lo que no
soy, y creo que se nota, es jurista. Les voy a confesar que cuando llegó
esta ley y llegó la posibilidad de enmiendas, viendo el veto que habíamos
presentado, se nos generó duda, porque lo primero que pensamos fue: esta
ley no tiene enmienda. Pero, finalmente, pensamos que, si la ley iba a
salir, o ante la mínima duda de que saliese, era mejor intentar subsanar
al menos lo que mi grupo entendía que era lo más nocivo. Por esto, hemos
presentado 27 enmiendas, que se las voy a desglosar un poquito a
pinceladas. Sé que no ha habido mucho tiempo en el trámite parlamentario
para estudiarlas, pero tampoco me quiero alargar.

Lo primero, queremos retirar la enmienda 429, porque ha sido un error
en un trámite tan poco relajado como este, y es que hablamos de perros de
caza y de guarda que en el Congreso quedaron excluidos del ámbito de
aplicación de esta ley. Entonces, olvidándonos de esa enmienda que
procedemos a retirar en este momento de viva voz, les comentaré algunas,
pero haré una defensa relativamente genérica.

La enmienda 414 pide que también se excluyan del ámbito de esta ley
las plagas urbanas y su tratamiento. Parece algo lógico y normal, pero
estas plagas no aparecen. Así que, en la práctica, la ley, sin que esto
quede clarificado, supone que está amparando, por ejemplo, una plaga de
ratas y creo que esto genera más que inseguridad.

Las enmiendas 415, 416, 417 y 418 se refieren al artículo 3, que se
dedica a las definiciones; una de ellas habla del maltrato y dice que el
maltrato es cualquier conducta, pero nosotros entendemos que el maltrato
debe ir siempre junto con la intencionalidad. Por eso, planteamos que sea
cualquier conducta intencionada. Y proponemos suprimir tres definiciones,
porque creemos que o son subjetivas o están repetidas o son un
sinsentido.

En la enmienda 420 pedimos suprimir el artículo 6, que habla de un
comité científico y técnico, que está formado por representantes de los
ministerios, o sea, que, estando exclusivamente formado por
representantes de los ministerios, no tenemos claro si aporta tanto como
para llamarse, incluso, comité científico y técnico.

Tenemos otras dos enmiendas, la 422 y la 425, que lo que proponen
tiene mucho más sentido como desarrollo reglamentario que como artículos
de la ley.

Por otro lado, las enmiendas 427 y 428 hablan de obligaciones de los
ayuntamientos. Se trata de obligaciones excesivas, de obligaciones
costosas, que, al final, lo único que están diciendo es: Yo te pido que
lo hagas, pero no te doy con qué; tú te organizas, pero tienes la
obligación. Esto, unido a todo lo que habíamos pensado, y que ya hemos
expuesto durante el debate del veto, hace que nos parezca que estas
enmiendas debieran ser aceptadas.

En la enmienda 430 pedimos que se supriman los puntos 1, 2 y 3 del
artículo 30, relativos a los cursos de formación y los test de aptitud.
Estamos totalmente de acuerdo con la tenencia responsable de animales
—eso está claro—, pero nos preguntamos quién da esos cursos y
quién los paga. Y, puestos a rizar el rizo, cuando fui madre a mí nadie
me dio un cursillo y tengo dos hijos estupendos. Desde nuestro punto de
vista, hay cosas sobre las que a lo mejor nos estamos pasando de
frenada.

Finalmente tenemos un bloque grande, que son todas las enmiendas a
las que no me he referido hasta ahora y que tienen que ver con una clara
invasión competencial. Por ejemplo, tienen que ver con el impulso de la
protección animal, que no le corresponde al ministerio; con el sistema de
registro —y, en este sentido, nos preguntamos si no es suficiente
con el que ya existe, el Reiac, la Red Española de Identificación de
Animales de Compañía—, o cuando se habla de planificar políticas.
Pedimos que se suprima todo ello, porque, ¿quién es el Estado para
planificar políticas cuando no es competente? Es la pescadilla que se
muerde la cola.

Respecto a los planes de protección civil, ya lo he dicho cuando he
defendido el veto, no le corresponde decir ni qué ni cómo ni cuándo ni
dónde a ningún ministerio porque dependen de las comunidades autónomas.
O, por ejemplo, el listado ese, que no sabemos si tiene que ser positivo,
negativo o neutro —tenemos nuestras serias dudas—, y que es
estatal y dependiente del ministerio; pues miren, igual no. O el tema de
la inclusión de especies y la actualización de ese propio listado. Se
plantea que eso lo tiene que hacer el ministerio, pero lo cierto es que
el ministerio es incompetente; incompetente no por incompetencia de
quienes lo forman, sino porque no tiene competencia legal. Creo que me
han entendido perfectamente. Lo mismo digo con respecto a las colonias
felinas, sobre las que dicen a las comunidades autónomas lo que tienen
que hacer. Bueno, como mucho, díganselo a las comunidades autónomas que
no tengan ya legislación sobre el tema. Eso, como mucho. O en cuanto al
tema de la función inspectora. O a dónde tienen que ir los ingresos de
las sanciones. Esto ya es una invasión competencial financiera. En
fin...

Hemos presentado varias enmiendas que espero que las miren con
cariño, pero quiero remarcar dos. La enmienda 140, con la que pedimos
suprimir la disposición derogatoria única, porque esa disposición
derogatoria lo que dice es que toda legislación, todo reglamento, todo lo
que esté por debajo de esta ley, desaparece. Pero ¿qué es lo que está por
debajo? Porque según quién sea el competente, lo de abajo o arriba es un
poco relativo. ¿Qué está por debajo de esta ley? ¿Todo? ¿O solo aquello
para lo que esta ley tiene atribuciones, que, desde nuestro punto de
vista, la tiene en muy pocas cosas?

Y tenemos otras enmiendas, como la enmienda 441, que es de supresión
de la disposición final sexta, que es la del título competencial. Yo no
voy a repetir mi intervención del debate del veto, pero es que esta
disposición final no tiene un pase. Lo siento, pero no les puedo decir
otra cosa. Esta disposición final sexta invoca títulos totalmente
insuficientes, por lo que entendemos que debería desaparecer. Si tiene
que aparecer otra, pues vale, pero ya nos dirán qué títulos
competenciales reales tienen para poder hacer una ley de este tipo.

Estas son nuestras enmiendas, que esperamos que los grupos tengan en
consideración. Y les aseguro al resto de grupos que hemos estudiado todas
las demás y que las hemos valorado, pero todo ello desde una premisa que
para nuestro grupo es clara: que esta ley es invasiva, y, sobre todo, es
innecesaria.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Antes de proseguir con el debate de las enmiendas, permítanme que
salude a un grupo de estudiantes del Colegio Logos de Las Rozas que nos
acompañan en la tribuna del público. Bienvenidos y bienvenidas.
(Aplausos).

De la senadora Cortès Gès y de la senadora Escandell Grases, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, para la defensa de las
enmiendas 264 a 301 al proyecto de ley; y 57 a 74 al proyecto de ley
orgánica, tiene la palabra su señoría.

La señora ESCANDELL GRASES: Gracias, señor presidente. Buenos
días.

Ya sé que no hay traducción, pero me van a permitir que, como hoy
es 8 de marzo, haga un paréntesis antes de empezar. (Continúa su
intervención en catalán). Es de Montserrat Abelló. (Aplausos). Gracias.
He elegido una poesía que podría parecer suave, pero no se equivoquen:
nuestra voz viene del fondo de los siglos, con paso firme y seguro. Y
llegará mucho más lejos. (Pronuncia palabras en catalán.— Rumores).
Frente a los ataques contra nuestros derechos, decir alto y
claro...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio.

Perdóneme, senadora.

La señora ESCANDELL GRASES: Para algunos es igual que haya traducción
o no.

El señor PRESIDENTE: Pero a mí me van a entender todos. Al menos, lo
voy a intentar.

Señorías, por favor, guarden un poquito de silencio, porque es muy
difícil que podamos escuchar a la senadora que está en el uso de la
palabra.

Discúlpeme, puede continuar.

La señora ESCANDELL GRASES: Gracias.

Frente a los ataques contra nuestros derechos, decir alto y claro
que, a pesar de todos los obstáculos, seguiremos avanzando. Y tengan
claro que solo sí es sí. (Aplausos).

Y vamos a hablar del tema que nos ocupa, de dos leyes de contenido y
objetivos diferentes, que se tramitan y discutimos conjuntamente. Nuestro
grupo, Esquerra Republicana de Catalunya, con vocación de ser útil,
propuso muchas enmiendas, a través de nuestro diputado, Joan Capdevila,
durante el trámite en el Congreso. Algunas hacían referencia al Proyecto
de Ley de protección de los derechos y modificación del bienestar de los
animales y, otras, al Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal en
materia de maltrato animal. Las enmiendas presentadas fueron el fruto de
un trabajo concienzudo con diversas entidades y asociaciones animalistas
del derecho, con el propio ministerio, y también del trabajo conjunto con
la sectorial del propio partido. La tramitación de estos dos proyectos
legislativos ha suscitado gran preocupación entre diversos grupos,
entidades y operadores jurídicos, como creo que coincidimos la mayoría de
los grupos de la Cámara. Se trata de la reforma de dos leyes, que, como
ya he dicho, son de distinta naturaleza, radicalmente distintas. Además,
esta tramitación se está desarrollando por la vía de urgencia, y es
evidente que nadie entiende que se tramite de esta manera.

El Proyecto de Ley de protección de los derechos y el bienestar de
los animales cita en su preámbulo que los animales, en general, y
particularmente los que viven en el entorno urbano, en tanto que seres
dotados de sensibilidad, tienen derechos que deben protegerse, tal y como
recoge el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
y el Código Civil español. Sitúa también el concepto de bienestar animal,
definido por la Organización Mundial de Sanidad Animal, como el estado
físico y mental de un animal en relación con las condiciones en que vive
y muere. Por tanto, no se entiende que si hablamos de derechos y
bienestar de los animales se haga una excepción con los que más violencia
y maltrato padecen. Hablamos de que quedan excluidos de la ley los
animales utilizados en espectáculos taurinos y los animales utilizados en
actividades específicas: perros de caza, de rescate, o los animales de
las fuerzas y cuerpos de seguridad o de las Fuerzas Armadas. En este
sentido, nuestro grupo ha presentado la enmienda 267, que me gustaría que
leyeran y consideraran, y que creemos que se tendría que aceptar puesto
que intenta encontrar un punto de consenso y síntesis entre posiciones
diversas. Plantea que estos perros solo queden excluidos mientras
realizan aquellas actividades en concreto a las que están destinados; sin
embargo, que cuando acaben aquella actividad, deben estar igual de
protegidos que un perro que habite en una casa particular. Hay que
obligar a que sus titulares tengan una formación específica, que tengan
al animal en un habitáculo digno, castigar el abandono, el maltrato o la
mala nutrición, tal y como dice el preámbulo de la ley: debe garantizarse
para cualquier animal. Por suerte, a la sociedad, en su mayoría, le sabe
mal que todavía queden algunas personas o colectivos que crean que la
violencia es una manera de relacionarse, no solo con los animales, sino
también con los humanos. La humanidad, la sociedad, ha progresado, y no
acepta el maltrato a ningún animal. Incluirlos en la legislación no
impediría la realización de la actividad que mantendría su legalidad.
Excluirlos, por el contrario, solo se entiende si está motivada por la
presión de algún grupo organizado que ve peligrar sus intereses, y ante
los que ustedes, señores del PSOE, se doblegan.

También queremos poner especial atención en la enmienda 271, que
plantea que el comité científico y técnico para la protección y derechos
de los animales, que se crea como órgano colegiado, consultivo y de
asesoramiento, quede integrado no solo por personas pertenecientes a
diversos ministerios, sino por personas de reconocido prestigio en
materia de protección animal, incluyendo a representantes de entidades
profesionales, veterinarios, personas expertas en ética y derecho
animal... Así se convertiría en un auténtico órgano consultivo técnico
que posea la experiencia y la autonomía científica. Asimismo, quiero
centrarme en la disposición derogatoria única, por la que quedaría
derogada la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de
la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Y, respecto al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Código
Penal en materia de maltrato animal, creemos que se dan pasos que son
claramente regresivos respecto al Código Penal vigente, y que deja a los
maltratadores de animales con penas más leves. Así, en la enmienda 57 que
ha presentado nuestro grupo, planteamos que se suprima la multa como pena
alternativa a la pena de prisión. También aquello relativo a la
explotación sexual de animales, uno de los grandes avances de la reforma
de 2015, que ahora se propone castigar, únicamente, cuando se hayan
provocado lesiones físicas al animal que puedan ser acreditadas, quedando
impunes conductas que actualmente sí son denunciables. También proponemos
imponer la pena de privación de armas para cualquier persona condenada
por delito de maltrato animal, al ser el maltrato a los animales una
forma de violencia que, lógicamente, requiere esta inhabilitación para
quien la cometa.

Otra cuestión es la necesidad de garantizar que cuando se haya
dictado la condena, los animales intervenidos o decomisados no vuelvan
con la persona maltratadora después de cumplir el periodo de
inhabilitación para la tenencia de animales. La reforma del Código Penal
no puede ignorar tampoco el cambio en el Código Civil de enero de 2022
respecto al régimen jurídico de los animales, según el cual, los animales
son declarados jurídicamente como seres que sienten y no bienes muebles o
cosas. Entidades de juristas han reiterado que esto tiene también
repercusiones en el Código Penal, por lo que hemos recogido enmiendas
dirigidas a incluir expresamente a los animales en los delitos de hurto,
robo, sustracción, o apropiación indebida, que actualmente solo serían de
aplicación a los bienes. También hemos hecho nuestras las consideraciones
que desde hace años traslada la Coordinadora de Profesionales por la
Prevención de Abusos, sobre el hecho de que el maltrato a los animales y
su tipificación en el Código Penal debe hacerse desde una perspectiva
amplia e integral, que tenga en cuenta las implicaciones que este tipo de
violencia puede tener también para las víctimas humanas, cuando la
agresión o la amenaza contra los animales se lleve a cabo para dañar o
controlar a las personas.

Hemos planteado algunas enmiendas para, desde esta perspectiva,
ampliar la protección de las personas, revisando delitos contra los
humanos, en los que la violencia contra los animales puede ser un
instrumento de victimización, coacciones, acoso, delitos contra la
integridad moral y contra la libertad sexual, así como añadiendo esta
consideración a las penas de alejamiento y libertad vigilada.

En el Senado, señorías, hemos participado en los diferentes trámites
previstos: la ponencia y la comisión. En los dos ámbitos, los portavoces
del PSOE manifestaron con énfasis su voluntad negociadora, pero no ha
sido así. He quedado muy sorprendida porque no ha habido ningún tipo de
conversación, de diálogo.

Y, antes de acabar, quiero dar las gracias a todas las entidades y
asociaciones que nos han hecho llegar sus aportaciones, que hemos
escuchado y muchas de las cuales hemos hecho nuestras. Muchas gracias,
porque seguro que también contribuyen a hacer una sociedad más justa para
todo el mundo.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Escandell.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular al
proyecto de ley, 302 a 413, y al proyecto de ley orgánica, 75 y 76, tiene
la palabra su señoría De Arriba Sánchez.

El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Gracias, presidente.

Señorías, si solo leyésemos el título de este proyecto de ley,
podríamos decir que la música suena razonablemente bien. Sin embargo, si
prestamos atención a su letra y la analizamos, no tardamos ni un compás
en darnos cuenta de que en poco o en nada está orientado a mejorar la
protección y el bienestar de los animales.

Hace casi tres años, el exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo
Iglesias, informó a esta Cámara de que la Dirección General de Derechos
de los Animales llevaba tiempo trabajando en un gran consenso con todos
los colectivos profesionales y sociales, que colocaría a nuestro país en
la media europea en protección animal. No será por tiempo porque tres
años después, en efecto, señorías, debatimos un proyecto de ley que ha
conseguido ese gran consenso; un gran consenso, sí, pero en su contra. El
proyecto de ley que debatimos hoy, señorías, ha generado un enorme
rechazo social de todos los sectores relacionados y de todas las
administraciones afectadas. Se trata de una ley que no deja a nadie
indiferente: más de 6000 alegaciones realizadas; 800 investigadores y
expertos advirtiendo de sus fatales consecuencias; el informe del Consejo
General del Poder Judicial alertando de la falta absoluta de
proporcionalidad de las penas; el informe de la CNMC, informando de la
invasión de derechos y de los problemas de competencia; la contestación
de dirigentes de comunidades autónomas y ayuntamientos, con independencia
del signo político; un Partido Socialista que se enmienda a sí mismo; 3
enmiendas a la totalidad y 657 enmiendas presentadas en el Congreso de
los Diputados, y, en esta Cámara, 4 vetos rechazados in extremis en
comisión, que a punto estuvieron de tumbar la ley y las casi 400
enmiendas presentadas. Todo ello deja meridianamente clara la falta de
rigor jurídico y científico-técnico de esta ley, así como también que la
ley no se dirige en ningún momento a preservar los intereses
generales.

¿No les parece, señorías, que todo este embrollo debería hacerles
reflexionar? Gobernar es conciliar intereses. Legislar es encontrar el
punto de mutua avenencia para que lo legislado sirva al interés de todos,
al interés común, y, al tiempo, sirva para el arbitrio de soluciones
eficaces de los problemas. Legislar argumentando la verdad absoluta para
generar problemas, para polarizar, o defendiendo los intereses de una
exigua minoría en perjuicio de todos, es lo más parecido a la autocracia.
Si no, pregunten a los colegios profesionales, a veterinarios, biólogos,
ingenieros agrónomos; pregunten a científicos, a ecólogos, a las
organizaciones profesionales agrarias y ganaderas, a las asociaciones
cinegéticas, deportivas, de conservación, al sector comercial, a los
zoos, a los operadores jurídicos... Pregunten a todos sin excepción
porque les van a mostrar su profunda preocupación por las nefastas y
demoledoras consecuencias que se pueden producir de salir adelante este
proyecto de ley.

Todos ellos, como se ha dicho aquí esta mañana, han intentado hacerse
escuchar por el Gobierno, el Gobierno de la gente, que no escucha a la
gente porque rehúye de la gente. Señorías del Gobierno, ¿este es el
consenso y el diálogo del que tanto presumen? ¿Un consenso que ni tan
siquiera existe en el seno del Gobierno? Nos han acostumbrado a narrarnos
todos y cada uno de sus encontronazos en tiempo real y, en esta ocasión,
hasta la misma secretaria de Estado de la Agenda 2030 y el propio
director general de Derechos de los Animales promocionan vídeos en contra
del presidente del Gobierno. Nos han acostumbrado a la disputa diaria y
da igual la importancia del tema. La única certeza que genera el señor
Sánchez a todos los españoles es que en su Gobierno habrá lío, sí o sí.
Esa es, lamentablemente, la única certeza que tienen ya los españoles,
para todo lo demás, la incertidumbre y la división.

Señorías, todos, sin excepción, queremos proteger a los animales,
todos queremos evitar el maltrato y el abandono animal y todos queremos a
nuestras mascotas. Aquí no se produce la típica dicotomía populista entre
los muy, muy malos, enemigos de los animales, y los muy, muy buenos, que
son los de Unidas Podemos. No, señorías. Querer la protección de los
animales y evitar su maltrato no es contrario a la conservación de la
fauna y de la biodiversidad, ni a la libertad individual de los
ciudadanos ni al respeto del mundo rural y la garantía de su viabilidad
futura.

Nuestro grupo parlamentario ha formulado un total de 112 enmiendas,
para las que les pedimos su voto favorable. Las enmiendas presentadas
pretenden proteger a los animales de compañía, evitar el maltrato y
asegurar su bienestar, sin cercenar el derecho de los ciudadanos a cuidar
de sus mascotas, sin contravenir la normativa europea y sin invadir las
competencias de las comunidades autónomas. Son enmiendas referidas a su
ámbito de aplicación, para minimizar el riesgo y la amenaza que supone la
puesta en marcha de esta ley, para garantizar y respetar el derecho de
los ciudadanos a cuidar y asegurar el bienestar de nuestras mascotas sin
ser señalados ni etiquetados como maltratadores y están dirigidas a
conseguir seguridad para los animales y velar por la protección de la
salud animal y de las personas. Señorías, con nuestras enmiendas
pretendemos que la ley garantice los cuidados profesionales para los
animales, que se evite el desproporcionado sistema sancionador, tan
alejado de la realidad, y corregir una ley que llega sin memoria
económica ni presupuesto conocido. Este conjunto de enmiendas trata de
evitar el despropósito de una ley basada en prohibiciones, con demasiadas
imprecisiones, incoherencias y ambigüedades. Con nuestras enmiendas
perseguimos modificar el preámbulo del proyecto de ley, que plasma el
sustento ideológico del texto y su carente falta de rigor
científico-técnico. Aportan datos sin fuente alguna que los respalden y
mencionan resoluciones del Parlamento Europeo de manera tergiversada.
Establecen un listado positivo, que busca limitar las especies que pueden
ser consideradas animales de compañía, cuando el convenio Cites, firmado
por España, está basado en listas negativas y es el defendido por la
Comisión Europea. El listado negativo es el más utilizado en los países
de Europa, y ustedes pretenden implantar un listado positivo, contrario
al derecho de la Unión y que debe ser eliminado por su absoluta falta de
motivación, tanto legal como científica, que ha generado una gran alarma
social y solo traerá problemas —si no, al tiempo—, y un
recorte de los derechos de los ciudadanos de una manera
injustificada.

Afirman que esta ley no supondrá un incremento del gasto, algo que
desmiente la propia memoria de impacto normativo, y si no, pregunten a la
Federación Española de Municipios y Provincias. Es más, lo desmiente
hasta el propio subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030, que
argumentaba, hace tan solo cuatro meses, en sede parlamentaria, el
incremento presupuestario del 23 % de la Dirección General de los
Derechos de los Animales —la de los 8 funcionarios, para que se me
entienda, la de los 7,5 millones de euros de presupuesto—,
incremento que basaba en la puesta en marcha de esta ley.

Señorías, hay definiciones que deben modificarse; un exceso de
competencias, más allá de lo que se entiende por una regulación de
mínimos; un afán regulatorio que invade todo, y es una intromisión en las
competencias autonómicas; existen hasta injerencias en las competencias
municipales; incompatibilidades desde el punto de vista sanitario;
prohibiciones que no se entienden; contradicciones entre artículos,
imprecisiones en la comprensión de algunos, dudas en la legalidad de
otros y otros imposibles de cumplir. En definitiva, señorías, podríamos
estar horas debatiendo aspectos de este proyecto de ley, tan sumergido en
la confusión y en la inseguridad jurídica. No se extrañen ni se hagan los
ofendidos cuando les decimos que no hay por dónde cogerlo.

Estamos asistiendo, en estos últimos minutos de legislatura, a
ejemplos de cómo objetivos que podríamos compartir se convierten en una
nueva chapuza legislativa, como la Ley del solo sí es sí o la Ley trans.
Más que enmendar, tendríamos que empezar de nuevo, sobre la base del
rigor y la evidencia científica, para proteger realmente a los animales y
mejorar su bienestar, como lo hacen leyes autonómicas. Necesitamos una
nueva ley menos partidista, menos populista y menos demagógica, que evite
los perjuicios y riesgos de los que alertan quienes realmente saben y se
han manifestado en su contra.

Señorías del Gobierno, ustedes, como legisladores, vuelven, una vez
más, a despreciar el valor fundamental de las leyes. No se puede pasar
por alto la importancia del rigor, de la evidencia científica, de la
buena administración y, sobre todo, del debate serio y sosegado,
tramitando por urgencia, una vez más, este proyecto de ley. Aunque su
hábitat natural sea la mentira, aquí no vengan a engañarnos, ustedes han
tramitado un 53 % de las leyes que han traído a esta Cámara por el
procedimiento de urgencia. Esta obsesión por que no se debata nada en las
Cortes Generales, nuevamente, les aproxima a las autocracias. Es así,
señorías.

En fin, señoras y señores senadores, España no necesita más leyes que
provoquen efectos indeseados y causen alarma social. España no necesita
más leyes que causen problemas en vez de solucionarlos. Sobra
inexperiencia, sobra división y sobra soberbia.

El director general de Derechos de los Animales, el señor García
Torres, aseguró públicamente que tumbaría este proyecto y lo limitaría si
salían adelante algunas excepciones al ámbito de aplicación de la ley.
Pues a la vista está que debe cumplir su palabra, retirar la ley y
dimitir, y no porque no se cumpla su voluntad, sino porque se cumple la
voluntad de la mayoría representada en las Cortes Generales. Eso es la
democracia. En democracia, cuando no se tiene el respaldo de la mayoría,
se dimite. Eso es de primero de democracia y lo otro, nuevamente, es
acercarse a la autocracia.

Señorías, los ciudadanos necesitan un Gobierno que dé certezas y
soluciones y, por ello, son cada día más y más españoles los que están
cansados de la división y de la imposición de criterios accesorios y
minoritarios sobre los de la mayoría social. Cada día, más españoles
huyen de su populismo, cada día, más españoles huyen de su demagogia y,
cada día, más españoles huyen de su incapacidad. Ahórrense dar más
espectáculos, ahorren a los españoles estos meses de desgobierno, sean
responsables y convoquen elecciones.

Gracias por su atención. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el mismo grupo parlamentario, para la
defensa del mismo bloque de enmiendas, tomará la palabra su señoría Plaza
Martín.

El señor PLAZA MARTÍN: Gracias, presidente. Buenos días a todos.
Buenos días, ministra Belarra.

Voy a ceñirme a las dos enmiendas que ha presentado el Grupo Popular
en relación con la modificación del Código Penal en el tema que nos
ocupa. Las doy por reproducidas, aunque conviene hacer alguna referencia
al debate que estamos teniendo hoy. Voy a empezar por modificar mis
propias notas porque empezaba diciendo que el objetivo del Grupo Popular,
claramente, era el de volver al texto inicial, pero voy a hacer esta
cuestión extensiva a todos los grupos políticos que se han referido de la
misma manera, porque lo que hoy está quedando muy claro en este hemiciclo
es la necesidad de volver a ese texto inicial. Volver y revertir ese
texto es lo fundamental. En definitiva, y con independencia de que
estemos en el turno de las enmiendas, lo fundamental aquí es que los
vetos, que son 4, nada más y nada menos, cobren el peso necesario para
revertir ese texto hasta el inicio de este debate. Queda muy claro que
hay un consenso, como ya se ha manifestado, pero de forma negativa, no
hacia delante, sino hacia atrás.

No hay un acuerdo en la urgencia. Es imposible entender que la
urgencia, en un tema como este, sea fundamental. Coincidimos,
mayoritariamente, en la necesidad de esta reforma, pero no coincidimos en
la urgencia. No se puede tramitar una norma de este tipo —sobre
todo, cuando se trata de modificar una ley orgánica, el Código
Penal— con urgencia.

Partimos de una cuestión ideológica, y aquí me voy a referir al
portavoz del Grupo Socialista. Claro que todas las modificaciones tienen
una ideología detrás, pero lo malo, en este caso, es que la ideología no
es suya, sino que es de Podemos. La ideología no es de una parte del
Gobierno, sino de la parte minoritaria del propio Gobierno.

Además, estamos hablando de modificar el Código Penal. Los hemos
escuchado decir hoy que, después, vendrán unos reglamentos que pueden
llevar a mejor término toda esta modificación, pero, en el caso del
Código Penal, no hay reglamento posible. Nos vamos a encontrar, como nos
estamos encontrando con la Ley del solo sí o sí, con una aplicación
jurisdiccional en los propios juzgados de esta normativa. Luego, no hay
pasos intermedios, no hay mejoras posibles en el trámite reglamentario,
sino que hay una jurisprudencia. ¿O es que también van a seguir
criticando a los jueces?

Incluyen tres disposiciones transitorias de estilo, eso sí
—podemos considerarlo de forma positiva—, sobre la
legislación aplicable, la revisión de sentencias y las reglas de
invocación. Qué casualidad y qué pena que no lo incluyeran, precisamente,
en la Ley del solo sí es sí para evitar la reducción de más de 800
condenas y la salida de unos 75 condenados, hasta hoy. Qué pena que esas
tres disposiciones que ahora se incluyen no se recogieran entonces.

Termino diciéndoles que no aceptamos tampoco ese paternalismo con el
que nos pretenden convencer, como decía el senador Oleaga, de que todo
esto trata de hacer un país más civilizado. Si quieren hacer un país más
civilizado, tienen que volver al texto inicial y tramitar esto de una
forma lógica.

Miren, salgan de Madrid, salgan al mundo rural, escuchen, porque
gobernar es escuchar, y, sobre todo, tomen nota de las cuatro últimas
meteduras de pata de este Gobierno. Llevan 4 de 4: La Ley del solo sí es
sí, la mal llamada Ley trans, la Ley de universidades…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminado, señoría, por favor.

El señor PLAZA MARTÍN: Gracias, presidente.

Y esta no puede ser la cuarta metedura de pata. Dejen de ser ustedes,
señores del Grupo Socialista, los abogados de Podemos. No es aceptable
trabajar así.

El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.

El señor PLAZA MARTÍN: No es aceptable mejorar nuestra legislación de
esta manera.

Gracias, presidente, por su benevolencia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las
enmiendas números 442 a 449 al proyecto de ley, tiene la palabra su
señoría Oleaga Zalvidea.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko, presidente jauna. Ongi
etorri, ministra.

Hacer una ley como esta es complicado porque ya hemos visto los
intereses contrapuestos. Aquí, todo el mundo sabe negociar, pero, a la
hora de la verdad, nadie se baja de su postura para llegar a un acuerdo,
que es lo que el Partido Socialista ha intentado en todo momento. Habrá
observado, ministra, la manera que tienen de dirigirse, especialmente,
los partidos de la derecha y de la ultraderecha, que siempre utilizan
insultos y un alto nivel de agresividad: chapuza, ustedes no tienen ni
idea, es un desastre. Todo es así. Dijo el señor Feijóo, en su día, que
él venía para no insultar, pero lo que no nos dijo fue que venía para
decirles a los suyos que insultasen a los demás, que es lo que parece que
está pasando últimamente en el Senado. (Aplausos).

Hoy, han utilizado dos argumentos. El primero es que esta ley es,
poco más o menos, una chapuza, que los que la han hecho no saben nada, no
saben derecho y no saben nada de los animales, nada, como si las personas
que han participado en esto fueran todos unos inútiles. Les pido un poco
de respeto. Aquí se hace referencia a unos expertos, pero no a otros.
¿Qué pasa, que solamente son válidos aquellos cuyas tesis coinciden con
las del que está en el uso de la palabra? Un poco de respeto hacia lo que
dicen los demás porque es difícil negociar con alguien que lo primero que
hace es insultarte y darte un tortazo dialéctico. Y el segundo argumento
que utilizan, y lo han expresado en varias ocasiones, es que no tenemos
ni idea de hacer las leyes, que son bodrios legislativos y ustedes nos
habían advertido, y nos ponen el ejemplo del solo sí es sí
constantemente, como acaba de decir el último senador que ha intervenido.
Recuerdo perfectamente aquel debate y, desde luego, ustedes no dijeron
nada de lo que luego algunos juzgados y tribunales han hecho.






Intervinieron tres personas. La primera fue la señora Salanueva, que lo
único que pidió fue que no se insultase al PP, pero hoy no la he visto
pedir que no se insulte a los demás. Intervino la señora Pedrosa y habló,
en concreto, de la dificultad para, vamos a decir así, defenderse que
pueden tener algunos violadores porque se rompía el principio de
presunción de inocencia y, también, de cómo algunas cosas se iban a
castigar muy duramente. Pero sobre las rebajas no dijeron nada ustedes. Y
luego nos habló el señor De los Santos, que hizo una intervención muy
interesante. Nos dijo, en primer lugar, que a él le gustaba el Partido
Socialista de Felipe González, con lo cual, intuimos todos que no le
gustaba el Partido Popular de Aznar. Y, en segundo lugar, nos dijo que su
padre era un hombre inteligente, tenía buen gusto y había votado y votaba
al Partido Socialista, pero de este tema nada. O sea, que no digan
ustedes aquí que ya lo sabían, etcétera. (Aplausos). Si ustedes sabían lo
que iba a pasar, ¿por qué no vinieron aquí y lo dijeron? Por tanto,
podemos pensar que no lo dijeron porque no les dio la gana, porque
querían que pasara. (Protestas de la señora Acedo Reyes).

El señor PRESIDENTE: Señora Acedo Reyes, guarde silencio, si es tan
amable.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: ¡Por favor! No se dijo. Revisen el Diario
de Sesiones de aquel día. Esto es lo que pasa, ministra, que nos
encontramos con este tipo de cosas y con estas dificultades para avanzar
en estas materias.

Se ha hecho referencia a unas palabras que dije en la comisión. La
verdad es que yo sí creo que es posible una sociedad civilizada, que
tenga un trato más razonable con los animales. ¿Por qué no? A ustedes,
quizá, no les guste esta forma laica de hacer las leyes, pero piensen,
por ejemplo —eso les gustará más—, en los textos de San
Francisco de Asís —les recomiendo su lectura—, que defendía,
precisamente, lo que estas leyes están defendiendo, que no es más que
buscar una manera razonable de incorporar la convivencia con los animales
en el día a día de los seres humanos. ¿Por qué no lo vamos a regular?
Esto parece que es algo razonable.

En fin, han dicho aquí cosas difíciles de definir porque han
utilizado exageraciones, no solamente los grupos de la derecha y la
ultraderecha. Respecto a la intervención del señor Mulet, si usted ha
visto esos anuncios, que, según el Código Penal actual, como dice usted,
esto es delito, supongo que habrá ido al juzgado para presentar una
denuncia contra las personas que los han publicado. Decir, poco más o
menos, que con esta ley ponemos en marcha la zoofilia… Uno ya no
sabe ni de qué hablar porque es absurdo. Uno quiere hablar de cosas
interesantes de la ley y puede discutir de enmiendas, pero ¡hombre!, de
ensoñaciones, no. O venir a decir, como se ha hecho, que con esta ley se
van a considerar impunes todo tipo de acciones que busquen el maltrato
animal, no tiene ningún sentido.

Señora ministra, es difícil salir aquí para intervenir y, cuando le
toque a usted, si finalmente toma la palabra, también le será muy difícil
hacer su exposición ante todo este público que, en algún caso, parecía
más… No quiero utilizar una expresión porque no me quiero deslizar
por ningún camino extraño, pero, más que senadores o senadores
interviniendo para apoyar una ley o no, era una manera de insultar a los
grupos. Este nivel de hipérbole, sobre todo, de algunos miembros de
partidos que dicen ser de izquierdas, en el fondo, no es más que su
justificación para apoyar los vetos de la derecha. (Aplausos). Con las
intervenciones que hoy hemos oído aquí de los grupos de la derecha, no
concibo que ni un solo senador o senadora de un partido de izquierdas
pueda votar a favor de algunos de los vetos de la derecha. (Aplausos). No
lo puedo concebir. Como no puedo entender que se acuse al Partido
Socialista de querer bloquear las negociaciones, pero algunos cambien su
voto con respecto al del Congreso. ¿Qué pasa, que los diputados y
diputadas piensan una cosa y los senadores y senadoras otra? ¿Así se
puede llegar, realmente, a entender una negociación? ¿Haces una
negociación en un lugar para luego hacer otra diferente en otro? Eso no
ha sido, en absoluto, una forma razonable de negociar esta ley.

Por tanto, insisto, creo que es posible un trato más razonable con
los animales, que es lo que demanda la sociedad. Esto supone defender
absolutamente los valores de una sociedad civilizada que propugna la
defensa de la naturaleza y de la convivencia con los animales. Esta es
una ley pionera, una ley progresista y que va a servir de modelo a otras
legislaciones en otros países que ya la están esperando y observando. Lo
verán ustedes.

Y quiero acabar con la referencia al Código Penal, porque aquí hemos
escuchado básicamente dos posturas: la de los que quieren poco más o
menos que pongamos la pena de muerte y la de los que poco más o menos
quieren que se pueda hacer cualquier cosa con los animales, y es muy
difícil conciliar intereses. El Grupo Parlamentario Socialista lo que
siempre ha buscado es una manera de encontrar el equilibrio entre las
diferentes posturas, que es de lo que se trata cuando uno aborda una ley
de esta naturaleza: de buscar el equilibrio entre intereses tan
contrapuestos. En cualquier caso, cuando hablamos de Código Penal tenemos
que referirnos a sus dos principios fundamentales, que se aplican en todo
tipo de delitos. El primero de ellos es el de la mínima intervención
penal. Es decir, que uno utiliza el Código Penal cuando no le queda más
remedio, porque hay otras herramientas que tienen que utilizarse con
anterioridad, y aquí parece que se desprecian esas herramientas y
solamente se pide endurecer, castigar. Esto no tiene ningún sentido
porque no es la función del Código Penal. Y, el segundo de ellos es
buscar la proporcionalidad de las penas. No puede ser que se castiguen
conductas leves más que conductas más graves, y esto parece razonable,
esto es lo que se hace y fundamentalmente esto es lo que hace el Código
Penal. Pero hoy, que es 8M, me ha parecido muy serio lo que se ha venido
a decir aquí, en el sentido de que, poco menos, queremos que este Código
Penal castigue más, por ejemplo, el maltrato a una mascota que a una
mujer. Que se diga esto no es admisible. Lo que se está introduciendo en
el Código Penal es una agravante para aquellos que utilizan los daños a
las mascotas para hacer daño a sus parejas. Esto, que es la violencia
vicaria, que es algo tan serio, merece un especial reproche penal, y así
lo piensa la sociedad. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Sí.

Para terminar ―y ya anuncio, presidente, que no voy a utilizar
el turno en contra de las enmiendas y, por tanto, acabo ya―, solo
quiero decirle al señor Rollán sobre esto de que es una legislación
sectaria porque ha salido por muy pocos votos, que vaya a la sala Clara
Campoamor, en la planta tercera del edificio noble, y verá un mural donde
se ve que el voto de las mujeres el 1 de diciembre de 1931 se consiguió
solamente por 4 votos de diferencia. Los que votaron en contra, los
partidos liberales que estaban en contra, esos sí que tienen una
ideología en contra del avance de la mujer, y el Grupo Parlamentario
Socialista defiende leyes progresistas, leyes inclusivas y una sociedad
más justa y más decente en todos los campos, incluido el campo de la
defensa de los derechos de las mujeres.

Eskerrik asko. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos, a continuación, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tomará la palabra su señoría la
senadora Merelo Palomares. (Rumores).

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor presidente.
(Rumores).

Señorías, señora ministra, no queríamos desaprovechar esta
oportunidad para denunciar el completo despropósito que constituye este
proyecto de ley con una inspiración animalista que es incompatible por
completo con la tradición humanista y cristiana que informa nuestra
civilización. Sin embargo, hay que reconocer que comparte con otras
iniciativas legislativas de este Gobierno una característica…
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señora senadora, discúlpeme un momento, por
favor.

Señorías, ¿pueden guardar silencio? ¿Serían tan amables?

Muchísimas gracias, y discúlpeme. Puede continuar.

La señora MERELO PALOMARES: Continúo.

Como decía, sin embargo, hay que reconocerle que comparte con otras
iniciativas legislativas de este Gobierno una característica que la aleja
de modo abismal de lo que debe ser una ley: la irracionalidad. Establece,
además, un sistema de obligaciones, de restricciones, de prohibiciones y
de sanciones que está fuera de todo sentido de la proporción. Es, por
tanto, una norma que lejos de procurar el bien común impone en la
sociedad las abusivas consignas ideológicas de los partidos que apoyan al
Ejecutivo, además de crear una atmósfera de sospecha en torno a los
propietarios de animales, por no hablar de la enorme inseguridad jurídica
que va a provocar.

Ustedes no nos van a engañar con esta ley, ya que por todos es sabido
que lo que realmente pretende este Gobierno es intervenir ―sí,
intervenir― también en el mundo animal. Pretenden interferir de
modo desproporcionado en la compraventa de animales, y sobre todo hay un
claro propósito de favorecer a los lobbies animalista y del ecologismo
radical. Por no hablar de que en el ADN de la izquierda intervencionista
y totalitaria está prohibir el consumo de la carne de la caza y de los
toros. Parece que no se incluyen por el momento en esta norma, pero no
tenemos duda alguna de que ustedes ―nunca mejor dicho― han
abierto la veda para ir en esa dirección, pero nosotros no vamos a
quedarnos de brazos cruzados. Ya les avisamos desde Vox que derogaremos
esta ley en cuanto tengamos la más mínima oportunidad, como hoy
anunciamos en este hemiciclo.

Señorías, desde Vox vamos a apoyar los otros tres vetos presentados a
esta ley de bienestar animal, y aunque no compartimos ni mucho menos sus
argumentos sí que compartimos la visión de que esta ley es nociva, es
perjudicial para los ganaderos, es perjudicial para los empresarios, es
perjudicial para los cazadores y sobre todo es perjudicial para los
amantes de los animales. Por eso, porque Vox muestra su distancia
infinita con los postulados de esta ley, apoyaremos cualquier iniciativa
que impida que entre en vigor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el mismo grupo parlamentario toma la palabra su señoría
Sánchez— Garnica.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señor presidente, señora ministra,
señorías, buenos días.

El Partido Aragonés se quiere sumar, como no podía ser de otra
manera, al Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo debe significar
igualdad entre hombres y mujeres, contribuyendo a hacer a Aragón y a
España, por supuesto, un territorio solidario, productivo y libre de todo
tipo de violencia.

Aragón es una comunidad autónoma cuya sociedad, tanto urbana como
rural, está muy vinculada a los animales, y en ambos casos estas
vinculaciones revisten su propio carácter. En las zonas urbanas no solo
abundan los animales de compañía y crianza, así como asociaciones
relacionadas con el sector, sino también iniciativas relacionadas con la
divulgación, como el magnífico acuario fluvial de Zaragoza, el mayor de
Europa y uno de los más grandes del mundo, que alberga 5000 ejemplares de
más de 350 especies. En las zonas rurales, Aragón disfruta de multitud de
ecosistemas y espacios protegidos. Los aragoneses se desenvuelven en una
realidad donde los animales han convivido y conviven con las personas
formando parte de su día a día y de sus medios de vida. En este contexto,
cabe centrarse en la ganadería, que supone el sustento principal en
muchos pueblos de nuestra comunidad. Estamos hablando de una actividad
que representa cerca del 4 % del PIB de Aragón, que da empleo a 20 000
personas y día a día crece con nuevas iniciativas.

Desde Aragón hemos seguido con mucha atención la tramitación de esta
ley, como lo demuestra el hecho de que recientemente se ha producido un
intenso debate sobre el tema en las Cortes de Aragón acerca de los
efectos que esta norma podría tener en nuestra comunidad autónoma.
Hablamos de una ley que ha generado, como se ha dicho aquí, enorme
controversia desde su inicio y sobre la que hay dudas razonables de que
se hayan aplicado los necesarios principios de prudencia y de consenso
con los sectores económicos y sociales afectados.

Respecto a la controversia generada, no vamos a entrar en el difícil
equilibrio entre las diferentes visiones que existen en el seno del
Gobierno de coalición, porque de estas cuestiones en el Partido Aragonés
sabemos mucho y de sobra en virtud del cuatripartito que tenemos, que
afortunadamente, a pesar de todo, funciona, y funciona bien. Sin embargo,
la inaplicación de los principios de prudencia y consenso ha dado lugar a
una rotunda oposición en personas y entidades relacionadas con los
animales, entre ellas, algunas de las que más los quieren, los cuidan y
los defienden. Por ello, más allá incluso del repaso directo al
articulado, hay que pensar si el enfoque ha sido correcto desde el mismo
nacimiento de la norma, y, en particular, si la ausencia de apoyos y
acuerdos por parte de los directamente interesados no resulta indicativa
de la necesidad de repensar, no tanto su planteamiento y objetivos
iniciales, como su definición legal y su previsible ―o mejor dicho,
su imprevisible― desarrollo.

No lo decimos solo nosotros, lo dice el colectivo, por ejemplo, de
veterinarios, que ha cuestionado la ley con argumentos como que se trata
de una normativa que carece de rigor científico-técnico, es confusa al
utilizar términos abstractos, no hace referencia a la financiación
necesaria para su implantación y, además, puede generar serios problemas
en su aplicación práctica. Ese punto de vista sobre las dudas en la
aplicación concreta de la ley debería ser valorado y destacado. ¿Qué
pasará cuando entre en vigor? Nadie lo sabe y, en consecuencia, esto
genera gran preocupación por los perjuicios que pueda causar sobre todo
en territorios como Aragón, tan vinculados a las materias de las que
trata la norma.

Las leyes, señorías, señora ministra, por muy avanzadas que pretendan
ser ―y el Partido Aragonés siempre ha apoyado cualquier avance en
cuanto a los derechos, sobre todo de las personas― no deben generar
incertidumbres, como alguna vez hemos dicho, y en este caso, sin que haga
falta recurrir a exageraciones o a bulos, como lamentablemente ha
sucedido, las incertidumbres, desde nuestro modesto punto de vista, son
máximas. Se puede afirmar que ha faltado participación y sensibilidad
hacia los puntos de vista de los afectados, tanto en la consulta pública
previa como en la resolución de las alegaciones, y también, en cuanto a
los cientos de enmiendas, ha sobrado complejidad.

Nadie discute la lucha contra el abandono animal, pero aspectos como
la obligación de superar un curso de formación, por ejemplo, para tener
un animal de compañía parece excesivo, por no decir que se podrían estar
limitando derechos. Y en cuanto a la necesidad de control de colonias
felinas asilvestradas, es un objetivo que se puede compartir sin problema
alguno, pero dictar la esterilización obligatoria puede suponer no
solamente una contradicción con esa defensa del bienestar y respeto a los
animales, sino también un colapso de los servicios encargados de realizar
esta esterilización. La remisión, por otra parte, a un listado positivo
para permitir los animales de compañía ―listados que todavía no
conocemos― introduce esa misma incertidumbre que es preciso evitar,
más en un ámbito tan sensible y cuando ya existen convenios
internacionales al respecto. Pero ¿qué sucederá con todos los animales
que sean excluidos?

Como verán sus señorías, son demasiadas cuestiones en el aire que,
además, a través de la modificación del Código Penal, se suman en una
especie de demonización de la caza, que es ―y lo dice alguien que
no es cazador, no lo ha sido nunca ni lo será― parte importante de
la actividad social, económica y ambiental en muchos pueblos de Aragón.
Ahora mismo, por citar un caso concreto, en nuestra comunidad autónoma ha
sido necesario prolongar la temporada de caza del jabalí a causa del
crecimiento de su población, que es necesario controlar por los riesgos
de transmisión de enfermedades a cultivos y a cabañas ganaderas, así como
por la seguridad vial, ciudadana y del medio ambiente.

Con todo ello, y coincidiendo en la necesaria protección del
bienestar animal y en la necesidad de avanzar en esa materia frente a los
desalmados, no podemos compartir la filosofía con la que se ha envuelto
esta cuestión en las nuevas normas, pero menos todavía cuando se plasma
en leyes que posiblemente sea imposible desplegar y que tienen en contra
a la mayoría de las personas afectadas, entre ellos, a tantos aragoneses
y aragonesas.

Una vez más, y con esto termino, se ha hurtado a esta Cámara del
necesario y reposado debate. Somos, de nuevo, un mero trámite, y por este
camino, señoría, no sumamos, no vamos a ningún sitio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, ¿van a intervenir? Tiene la
palabra la señora Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente.

Simplemente quiero comentar que, si bien es cierto, que hay partes de
la ley que sí son necesarias, hay otras con las que no estamos de
acuerdo. No se ha tenido en cuenta el punto de vista del territorio ni se
ha enfocado en todos los aspectos y en todos los lugares afectados. No se
ha tratado como debería y por esa razón nos vamos a abstener.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
su señoría Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías del Partido Socialista, creo que todas las posiciones son
respetables, pero no intenten que vuelva a funcionar eso de: O conmigo o
contra mí, como si ustedes fueran la quintaesencia de los valores
progresistas y los únicos que tienen la capacidad de representar el
avance en esta sociedad. Ustedes, en esta ocasión, han decidido no
negociar, han decidido no escuchar a las asociaciones y colectivos
ecologistas y animalistas y han decidido no profundizar en los acuerdos
políticos con aquellos grupos que les hemos dado la oportunidad de
gobernar en este país. Es así de sencillo, y ustedes dígannos por qué lo
han hecho, pero no vengan aquí a intentar hacer el truco este que
funcionó, es verdad, en España durante muchas décadas de: O con el
Partido Socialista o con la extrema derecha. No, señorías, nosotros
defendemos los derechos de los animales como los que más y evidentemente
no estamos de acuerdo con la estrategia política que ustedes han
defendido.

Estamos debatiendo una ley de bienestar animal que no mejora de
manera clara el marco legal en defensa de sus derechos, y esto creo que
hay que decirlo alto y claro, les guste a ustedes más o les guste menos.
De hecho, desde que se anunció ha ido dejando a más animales fuera de la
protección de esta ley: los perros de caza, los utilizados en el tiro al
pichón, las granjas peleteras o los cetáceos en cautividad. Esto es lo
que ustedes están defendiendo, por tanto, no nos vayamos por los cerros
de Úbeda.

Hemos llegado a un punto, señorías —y ustedes deben
saberlo—, en el que una parte importante de los sectores
animalistas que más han luchado por leyes de estas características, que
durante muchos años han estado fuera de la discusión pública, que han
tenido poca presencia en la discusión entre los diferentes agentes
políticos, hoy estén encima de la mesa y podamos estar debatiendo sobre
esto, están diciendo que prefieren que esta ley no salga adelante en
estas condiciones, y esta también es la realidad del trámite legislativo
que nos arroja este proyecto de ley.

Señorías, creo que debemos garantizar un mínimo de bienestar para
todos los animales y esta ley ha quedado más o menos garantista y más o
menos exigente respecto a los animales de compañía a cambio de algunas
otras concesiones que desde Más Madrid consideramos que son inaceptables,
a cambio de sacar a demasiados animales del paraguas protector de esta
ley, como les concretaba anteriormente, y de ceder a las presiones de
algunos de los lobbies afectados.

Este Gobierno, que se ha atrevido, y eso nosotros se lo hemos
reconocido en otras ocasiones, a poner impuestos a las grandes eléctricas
o a la banca, ahora resulta que se achica frente a la industria peletera,
frente a los acuarios o frente al lobby de la caza, unos sapos que no
estamos dispuestos a tragarnos ni, desde luego, les vamos a ayudar a
ustedes a que los digieran con facilidad.

Respecto al Código Penal, señorías — creo que algunas de las
cosas más graves que estamos debatiendo en el día de hoy tienen que ver
precisamente con la ley orgánica—, si no se elimina la posibilidad
de que la pena de prisión pueda ser sustituida por una multa en los
delitos más graves de maltrato animal, este Código Penal sencillamente
supone un retroceso, no ya respecto al sentido común mayoritario en la
sociedad española, sino sencillamente frente al Código Penal de 2015 del
Partido Popular, y eso es inaceptable para un Gobierno progresista. No sé
si es que a lo mejor tenemos una consideración de ustedes más alta de la
que ustedes tienen de sí mismos, pero ciertamente nosotros esperamos y le
exigimos al Gobierno progresista muchísimo más de lo que, por lo que
parece, el Partido Socialista le exige. Señorías, esta situación hará que
un maltratador reincidente de animales se pueda liberar con una simple
multa, es decir, dependiendo del dinero que tenga, la capacidad
coercitiva del Código Penal tendrá mayor efecto o menor efecto. Habrá
quien diga, como dice el Partido Socialista: mejor esta ley que nada, ya
la podremos mejorar en algún momento cuando se alineen los astros; pero,
señorías, esta ley no es que se quede corta, es que, tal y como llega,
puede ser el inicio de un retroceso porque inexplicablemente protege
menos a los animales que buena parte de las leyes autonómicas ya
existentes. Así que podría abrir la puerta a un recorte de derechos que
evidentemente nosotros no podemos avalar, y el ejemplo más claro, lo
hemos comentado antes, es la ley valenciana, que precisamente la promueve
el mismo partido que hoy nos trae una ley que representa una clara
involución.

Les voy a poner dos ejemplos más. No se recogen en el texto, como se
ha comentado, los actos de carácter sexual, solo la explotación sexual, y
además no se contempla castigo si no hay lesiones para los animales,
lesiones comprobables por un veterinario. A mí, más allá de los detalles
escabrosos en los que no tengo mayor interés en profundizar, me gustaría
preguntarle, señorías del Partido Socialista y señora ministra, ¿a quién
beneficia esto? ¿Cuál es el bien jurídico que ustedes pretenden proteger
con esta modificación del Código Penal? Se lo digo honestamente, no lo
entiendo; no quiero desvirtuar todo el trabajo legislativo que se haya
podido hacer y seguramente haya cosas que sean más razonables y otras
menos, pero la realidad es que absolutamente nadie, ni del Gobierno, ni
del grupo mayoritario que apoya al Gobierno, nos ha explicado qué es lo
que ustedes pretenden con esta modificación del Código Penal y
exactamente cuáles son los grupos a los que ustedes supuestamente
defienden con esta modificación. Y último tema, puede pasar, señorías,
que un animal que ha sido decomisado a su propietario por maltratador le
sea devuelto a la misma persona que lo ha maltratado, poniendo en riesgo
evidente la integridad física y psíquica del animal.

En fin, hemos reiterado todas estas cuestiones a lo largo del debate
y no me voy a detener más en ellas; tampoco tengo interés en hacerles
perder el tiempo. Yo creo que les hemos dado argumentos más que de sobra
para que reflexionen y para que vayan asumiendo que, aunque hoy pudieran
llegar a aprobarse estas leyes, que todavía está por ver, señorías, más
pronto que tarde van a tener que ser revisadas, porque, como les digo,
nacen caducadas y con unos errores de bulto importantes que estamos
haciendo todo lo posible por evitar. Yo creo, señorías, lo digo con
honestidad, que algunos grupos minoritarios estamos haciendo un ejercicio
de responsabilidad con nuestro país, que está incluso por encima del
número de votos y del número de escaños que tenemos en esta Cámara, y que
es una tarea que le correspondería por la importancia que tiene y por la
responsabilidad que tiene como miembro del Gobierno al Partido
Socialista. Después de su negativa a negociar absolutamente nada en este
trámite en el Senado Más Madrid vamos a votar a favor de defender los
derechos de los animales, a favor del respeto al marco competencial, a
favor de la negociación y del acuerdo, y, por tanto, a favor de devolver
este proyecto al Congreso de los Diputados para que sea esta la ley que
la sociedad española está demandando.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, tomará la
palabra su señoría Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Señorías, se nos está quedando una bonita manera de legislar: abuso
de reales decretos, en los que, como ustedes dirían, mezclan churras con
merinas, un veto sistemático del Gobierno al debate de algunas enmiendas,
unos tempos injustificados que no dejan lugar al debate, a la negociación
y al trabajo riguroso y un diálogo y una cogobernanza, que tenemos la
impresión de que solo existen en función de la aritmética. Decían ustedes
que hace falta buscar el equilibrio, ¿cómo lo vamos a encontrar si no
escuchan?, ¿cómo lo hacemos si no hablamos? Se ocupan ustedes más de
contar que de hablar con los grupos parlamentarios, y a veces tenemos la
impresión de que se olvidan de que no tienen mayoría absoluta. En
cualquier caso, en Junts mantenemos nuestro incondicional posicionamiento
contra todas las violencias; resulta de Perogrullo manifestar nuestra
voluntad a favor del bienestar animal y contra cualquier tipo de
maltrato, y, de hecho, el arduo trabajo de nuestra compañera Pilar Calvo
en el trámite del Congreso es la prueba de cargo del esfuerzo y de los
proactivos que hemos sido para mejorar un texto manifiestamente
mejorable. Pero, aun con todo, aun con el esfuerzo de muchos grupos, nos
llega a esta Cámara, a esta Cámara legislativa, un mal texto, de ahí las
casi quinientas enmiendas, un texto que además llega precipitado con un
carácter urgente que, a nuestro entender, no se explica con el
parlamentarismo y responde más, pensamos nosotros, a las prisas por
materializar un proyecto que les resulta polémico, y me atrevería a decir
incluso incómodo a los propios socios de Gobierno, y que está más sujeto,
por esas prisas, a los tempos políticos, que a las verdaderas demandas de
la sociedad. Parece últimamente que esa lucha por las etiquetas del ismo
entre los socios de Gobierno, animalismo feminismo, progresismo, nos
llevan a los demás grupos a tener que decidir entre leyes o malas leyes,
dejando poco margen al matiz, por ende, poco margen al consenso. Ayer, en
el debate de esta Cámara, oíamos a una senadora socialista, para
justificar el voto en contra de una propuesta justamente de Junts, decir
que las prisas no son buenas; si cogemos esa premisa de esa senadora
socialista, tendríamos que votar prácticamente que no a todas sus
propuestas porque siempre llegan a esta Cámara con muy poco respeto para
nuestra voluntad y nuestra capacidad legislativa.

Vemos hoy un Proyecto de Ley de protección de los derechos y el
bienestar de los animales y un Proyecto de Ley Orgánica de modificación
de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, en materia de maltrato
animal, una ley orgánica. Para Junts per Catalunya, estamos delante de
dos proyectos de ley, uno de ellos, ya lo he dicho y hay que remarcarlo,
orgánico, que no son buenos proyectos y que no llegan a alcanzar la
finalidad para la que han sido propuestos. Hemos pasado de una ley de
protección de los animales de compañía a un tutifruti entre ecología,
bioética y enfoque político de los derechos de los animales, que aborda
un debate a la hora de concebir los derechos de los animales, donde
además del componente moral se aborda la percepción de algunos animales
como parte de la comunidad política; un debate que sin duda quiere
cambiar el modelo, pero para ello se requiere consenso, primero, consenso
político, que ustedes no han buscado en esta Cámara, pero también
consenso social. Si queremos cambiar modelos, tenemos que aprender a ser
ejemplo de ese consenso para lo que proponemos a la sociedad. Además,
este debate se encuentra todavía abierto entre los distintos
posicionamientos animalistas. Les decimos que, a pesar del sesgo
ideológico de la ley que nos proponen, tampoco esta va a contentar a los
colectivos animalistas, en tanto que cada vez ha venido siendo menos
ambiciosa en el fin último que pretende, la protección de los animales.
Es una mala ley. Han conseguido en un tema en el que todos podríamos
estar de acuerdo, la lucha contra el maltrato y la defensa del bienestar
animal, que haya una gran contestación por parte de todos los sectores
afectados; ni las organizaciones animalistas, ya lo he dicho, van a estar
contentas, porque esta ley, aparte de poco ambiciosa, también es poco
precisa y crea problemas donde no los había, ni las asociaciones de razas
autóctonas, ni los colegios profesionales, ni el sector comercial, por
supuesto, ni las asociaciones deportivas, ni las cinegéticas, ni los
sindicatos agrarios, ni el propio Colegio de profesionales veterinarios,
por citar algunos, ni tampoco organismos como la como la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia o las asociaciones
municipalistas, por el impacto que esta ley va a generar en el mundo
local, donde se les amplía competencias y obligaciones, pero no se les
dan los medios para llevarlas a cabo. Por ello, a pesar de las
incongruencias, contradicciones y falta de visión rural, muchas veces
también de los proyectos, dando contestación en muchos casos a temas
donde las comunidades autónomas, dada su capacidad competencial, han ido
mucho más allá, más lejos, con más consenso, sin tanto ruido y, sobre
todo, sin un sesgo ideológico y muchas veces urbanita, que ha conseguido
dividir en lugar de aunar esfuerzos en algo en lo que se podría llegar a
acuerdos, sin duda; y Junts per Catalunya hemos sido proactivos a tal
efecto; ustedes no han querido. Una regulación y unas competencias, les
decía, las de las comunidades autónomas, que de nuevo son laminadas por
esta ley que pretende ser básica, pero es poco respetuosa a nivel
competencial, no solo con las comunidades autónomas, también con las
entidades locales. Esto es ya un hecho recurrente en su manera de
legislar y por sí mismo sería un buen motivo para no darle apoyo. La
sociedad, el mundo y los ecosistemas son mejores, sin duda, cuando se
conserva el equilibrio y la protección. ¿Debemos regular? Sí, sin
entorpecer la regulación que la propia naturaleza nos impone. Debemos
regular para proteger sin desnaturalizar. Esos ecosistemas que se rigen
por normas naturales los variamos con nuestra intervención y hay que ser
muy minuciosos para no romper los ciclos vitales que nos impone la
naturaleza. ¿Hay que descosificar a los animales? Por supuesto, sin
humanizarlos y, si deben formar parte, al conferirles derechos, de
nuestra comunidad política, se deben entender con la ciencia en la mano,
con los informes científicos de cada especie, sus necesidades etológicas,
con sentido común y teniendo en cuenta las diferentes maneras de
relacionarnos con ellos, sin dejar de lado por ejemplo oficios
vernáculos, como lo son aquellos vinculados al primer sector, en los que
los animales de compañía juegan además un papel de cómplice y compañero
necesario en el desarrollo de un oficio. Cabe recoger, además, un enfoque
urbano, por supuesto, pero también la realidad rural sin contraponer o
excluir estas dos realidades, sencillamente teniendo en cuenta estos
diferentes papeles que van a tener los animales como sujetos de derecho y
que estos derechos se adapten a las diferentes realidades.

Pero la preocupación de Junts per Catalunya, y ya lo he dicho en mi
anterior intervención, se centra y radica más en el Proyecto de Ley
Orgánica que va a modificar el Código Penal en maltrato animal.
Consideramos que va a ser, de no modificarse en esta Cámara, ya lo
dijimos en el Congreso, un retroceso histórico respecto del Código Penal
de 2015, respecto de la tipificación de los delitos contra animales. En
primer lugar, haría falta corregir errores técnicos para garantizar una
buena técnica normativa y una buena práctica parlamentaria. No debemos
permitir que salgan malas leyes, si lo sabemos; y lo sabemos; no debemos
permitirlo. Necesariamente hay que incorporar cambios para recoger las
modificaciones en la Ley 17/ 2021, de 15 de diciembre, en el sentido de
evitar vacíos legales que ahora existen, además de impunidad, que sin
duda alguna evita el propósito de protección que queremos alcanzar.
También lo hemos propuesto en nuestras enmiendas — no voy a tener
tiempo de extenderme—; hemos hablado ya de todas esas enmiendas y
de lo que pueden suponer; por ello, tenemos que dar respuesta a esas
peticiones que nos hace la sociedad. ¿No vamos a castigar la zoofilia si
no hay lesiones? ¿De verdad? ¿Cómo lo explicamos?

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría, por favor.

La señora RIVERO SEGALÀS: Acabo.

No voy a tener tiempo de abundar en ello, ya lo he hecho en mi turno
de enmiendas. Voy a acabar como empecé, diciéndoles que nuestro
compromiso, el de Junts per Catalunya, está con el bienestar y contra el
maltrato animal. Esta ley, que pretendía ser básica y de máximos, acaba
siendo una ley de mínimos, que además muerde competencias autonómicas en
ese afán recentralizador disfrazado de progresismo.

El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.

La señora RIVERO SEGALÀS: No nos gusta, han conseguido que no guste a
nadie. Podemos hacerlo mejor y no vamos a darle apoyo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la palabra su señoría la
senadora Ahedo Ceza.

La señora AHEDO CEZA: Bai, egun on berriro

Yo no sé si hay mucho más que decir después de lo que hemos dicho
cada uno y de lo que hemos escuchado a todos los demás, así que voy a
intentar resumir bastante mi intervención. Yo no dudo, no tengo ni la más
mínima duda, de que todas las personas que estamos en esta sala abogamos
por el bienestar animal, por su defensa y por su cuidado, lo que no es
sinónimo de apoyar esta ley, son dos cosas muy diferentes. Tampoco hay
duda de que creemos necesaria la responsabilidad en el cuidado y también
que la irresponsabilidad o lo que es más que irresponsabilidad, abusos,
maltratos y agresiones, deben ser perseguidos y deben ser castigados. Yo
no lo dudo, y me gustaría que nadie lo dudase tampoco cuando nuestro voto
a la ley vaya a ser negativo, porque sería bastante maniqueo. Y les voy a
confesar que estoy encantada porque he cumplido un autopromesa, y es que
creo que voy a ser capaz de terminar este debate sobre la ley de
bienestar animal sin hablar de animales, porque no hace falta hablar de
animales en esta ley; esta ley tiene problemas previos; yo no voy a
hablar del huevo cuando de lo que hay que hablar es del fuero. (Rumores).
Esta ley es invasiva, esta ley es innecesaria, esta ley es impositiva, y
lo hemos dicho ya en la defensa de nuestro veto, tiene una clara ausencia
de título competencial por parte del Estado, supone una flagrante
invasión competencial, tiene un claro carácter centralizador; estamos
acostumbrados, (Continúan los rumores) pero lo tiene…

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría. Senadora Ahedo, espere un
momento, perdone que la interrumpa.

Señorías, un poco de silencio. Por enésima vez durante la mañana de
hoy, si necesitan hablar, háganlo fuera, incluso pueden hablar fuera
también por teléfono.

Muchas gracias. Puede continuar.

La señora AHEDO CEZA: Gracias, señor presidente.

Decía que tiene un claro carácter centralizador, pero además es
claramente también reglamentarista, cosa que no se corresponde en
absoluto con su supuesto carácter básico. Pero es curioso que en la
respuesta al veto del Partido Nacionalista Vasco, en el turno en contra
de los vetos, el Grupo Socialista lo único que nos ha dicho es que nos
muestran todo el respeto y que podemos acordar en el desarrollo
reglamentario, ¿en el desarrollo reglamentario de una ley que no tenía
que haberse hecho, y menos como se ha hecho? Lo que no le he oído en
ningún momento al Grupo Socialista es un argumento rebatiendo las razones
que hemos expuesto en nuestro veto, ni una razón, o sea que lo que tengo
que interpretar es que para ustedes nuestro planteamiento es correcto.
Entonces, no sé qué estamos haciendo aquí.

Sobre la Ley Orgánica de modificación del Código Penal, solo voy a
darles dos pinceladas. Por un lado, entendemos que la revisión del Código
Penal requiere de un diálogo y una revisión profunda y sosegada, y nos
genera dudas si la modificación propuesta es necesaria y oportuna aquí,
así y ahora. La verdad es que la tramitación en esta Cámara tampoco ha
ayudado mucho. Todo ha sido rápido, no hemos tenido ponencia y en la
comisión se dijo: Bueno, ya iremos viendo si luego podemos trabajar algo.
Sin embargo, estamos en el día del Pleno y lo único que he recibido es
una llamada para preguntar qué vamos a hacer con los vetos; absolutamente
nada más. No sé el resto de los grupos; igual es que yo he tenido mala
suerte y me ha tocado la llamada corta. De todas maneras, creo que todos
los grupos de la Cámara deberíamos hacer una reflexión, y es que yo no
tengo nada clara la urgencia de esta ley, en absoluto. Pero no solo
tenemos que reflexionar sobre si esto ha sido rápido o no, sino de si se
trata de legislar rápido o de legislar bien, porque ahora lo estamos
haciendo rápido y, en muchísimas ocasiones, mal; y con esta ley es
palmario.

Ya he expuesto los argumentos fundamentales de mi grupo en las tres
intervenciones que he tenido y no me quisiera repetir, pero sí me
gustaría hacer otra reflexión, sobre todo a los grupos que tengo delante
de mí, y es que la cuestión del ámbito competencial se defiende todos los
días. No se es mediopensionista en esto de la defensa del ámbito
competencial. Cuando hablamos del derecho a decidir, cuando hablamos de
autodeterminación, burujabetasuna, de soberanía, esto no es algo
abstracto que un día llegará o nos caerá del cielo, esto se trabaja día a
día, ley a ley, eso se va construyendo, se va consiguiendo logrando
avances y poniendo pie en pared ante los retrocesos. ¿Y qué pasa con esta
ley? Creo que no nos tenemos que engañar. Con esta ley han entrado en
nuestra casa sin permiso. Nos han dicho qué tenemos que poner de comer, a
qué hora comemos, con quién y qué vajilla tenemos que poner. Pero no hay
problema, porque cuando llegue el desarrollo reglamentario, el Partido
Socialista nos dirá: ¡Bah, tranquilos, tranquilos, que ahora ya podéis
poner lo que queráis! Puedes poner de comer lo que quieras, pero ya están
en tu casa, y sin invitación. Por tanto, no podemos olvidar que la
soberanía se consigue día a día y ley a ley. Me imagino que quien tenga
que comentar esto luego en casa, lo hará, si lo tiene a bien.

Finalizo mi intervención diciendo que, evidentemente, nos vamos a
posicionar en contra de los dos proyectos de ley. Creo que todos los
grupos deberíamos pensar que contamos con la herramienta de los vetos
para que estos proyectos sean devueltos, que en este momento sería lo
mejor para todos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tomará la palabra su señoría Escandell Grases.

La señora ESCANDELL GRASES: Gracias, señor presidente.

Ya dijimos anteriormente que nuestro grupo, como es normal en él, ha
abordado estas dos leyes con voluntad negociadora, con intención de
mejorarla, de sumar sinergias y esfuerzos, con el objetivo de que esta
responda a las preocupaciones de más entidades y sea más plural,
entendiendo que, en este tema, como en la mayoría de los temas, hay
diversos intereses y miradas, algunas, además, contrapuestas. Sí, se
tenían que buscar equilibrios —estamos de acuerdo— , pero no
se han buscado, y así, ahora tenemos delante unas leyes que no satisfacen
a nadie.

En Cataluña, ya tenemos una ley de protección de animales. La primera
es la Ley 3/1988, pionera en nuestro entorno, que tenía como objetivo
recoger los principios de respeto, defensa y protección de los animales
que figuran en los tratados de los países socialmente más avanzados.






Pero
como la sociedad va progresando, las leyes también tienen que hacerlo, y,
por esto, se aprobó el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el
cual se creaba un texto refundido de la Ley de protección de los
animales, que incorporó la experiencia acumulada en aquel periodo de
tiempo. Como no es el tema, y no vamos a tener tiempo, no les explico
todo lo que significa este decreto y este texto refundido.

Cuando se propuso la ley estatal, la verdad es que no la vimos con
malos ojos. En el Congreso, la Ley de derechos y protección de los
animales mejoró muchos aspectos, como, por ejemplo, proteger las
legislaciones y competencias autonómicas —en este caso, mantenemos
alguna discrepancia con el grupo anterior— y para poder seguir
avanzando en derechos en Cataluña, a la par que hemos conseguido que el
Estado desarrolle competencias estatales, para que podamos trabajar y
legislar con más garantías. Durante el trámite en el Congreso avanzamos
en el sacrificio cero, en medidas antiabandono, se acabó con las razas
peligrosas, se acordó el método CER para el control y el bienestar de las
colonias felinas, etcétera, pero no ocurrió en absoluto con lo que
representa la reforma del Código Penal. Por ello, y con esta misma
voluntad negociadora, nos dispusimos a abordar el proceso también en el
Senado. Participamos en la ponencia y en la comisión y en los dos marcos
se nos manifestó que existía voluntad de llegar a acuerdos, pero es que
para llegar a acuerdos a mí me suena que primero la gente tiene que
hablar y explicar los desacuerdos. A partir de ahí, se pueden llegar a
acuerdos, pero si no hay este primer paso, es muy difícil. Pues bien, no
se ha aceptado ninguna propuesta. Por eso, y viendo que en el PSOE son
incapaces de penalizar a los maltratadores con un tipo penal que
realmente envíe el mensaje de que los animales son seres sintientes, que
merecen respeto y empatía; viendo cómo este partido arrastra los pies
cada vez que hay que negociar con aquellos que les hemos permitido
gobernar, se entiende más el grotesco espectáculo —¡qué
pena—, que ayer, 7 de marzo, se dio en el Congreso. Se lanzan a los
brazos de quienes les insultan día sí, día también, y que, además, les
niegan la legitimidad de gobernar, en lugar de pactar con los que
pensamos que la igualdad, la justicia social, la equidad o la sororidad
no son palabrejas progres y globalistas vacías de contenido, sino una
manera de hacer del mundo un lugar un poquito mejor... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.

La señora ESCANDELL GRASES: Esta lógica que aplican del mal menor y
de que es mejor esto que nada, tiene las patas cortas, o diríamos mejor,
tiene muy poco recorrido, porque si perdemos la capacidad de transformar
la realidad, si siempre nos quedamos entre dos aguas, abrimos la puerta a
que los que les están negando la legitimidad, ocupen su espacio y arrasen
con todo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tomará la palabra su señoría
Martínez Antolín.

El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Gracias, presidente.

Señorías, era de esperar que cuando los ministros de Podemos
legislasen iba a pasar de todo menos cosas buenas, y la verdad es que nos
han sorprendido y se han superado, porque lo cierto es que el conjunto de
leyes que están sacando no hacen nada más que perjudicar a la sociedad.
De los creadores de la Ley del solo sí es sí y de la Ley trans, nos llega
ahora la nueva ley de protección de los derechos y el bienestar de los
animales, un auténtico bodrio de ley; sí, señorías de la bancada
socialista, un auténtico bodrio de ley —no es un insulto, es una
definición de lo que es esta ley—, y prueba de ello son las
innumerables enmiendas y alegaciones que se han presentado durante todo
el periodo de exposición pública, nada más y nada menos que 6000
alegaciones. Ha generado un tremendo rechazo en la sociedad y en el
sector, que ha presentado alegaciones y enmiendas, que nos han
transmitido a muchos de los grupos parlamentarios que estamos hoy aquí,
como el Colegio de Veterinarios, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la
Federación Española de Caza, las organizaciones profesionales agrarias,
las tiendas de animales... En definitiva, todo el sector, que se ve
afectado, está en contra. Más de ochocientos científicos y expertos han
firmado un manifiesto en el cual se oponen a este proyecto de ley y dicen
que se está favoreciendo el bienestar del individuo sobre la
supervivencia de su propia especie; aunque eso, en el caso de un Gobierno
del señor Sánchez, no nos llama mucho la atención, porque es la política
y la filosofía que aplica para él mismo. Además, tienen ustedes en contra
hasta los suyos. Ha habido un quinto veto, el veto que han presentado los
barones socialistas, que no les va a quedar más remedio que asumir.
Esperemos que haya aquí hoy gente valiente que se oponga, que de verdad
se manifieste con su voto y apruebe algunos de estos vetos. Parece que lo
que quieren hacer ustedes con este proyecto de ley es humanizar a los
animales y animalizar a las personas, porque si no, díganme ustedes qué
sentido tiene ahora aprobar la zoofilia. (Aplausos).

Es preocupante la falta de consenso y la falta de diálogo social, una
falta de consenso en la sociedad y, también, entre los políticos.
Recordemos que, la semana pasada, en la comisión hubo quince votos a
favor y quince votos en contra en los vetos. Eso demuestra cómo está de
fragmentada la opinión y la política, en este caso, respecto a este
proyecto de ley. Es que ustedes, si tuviesen un mínimo de vergüenza, con
un empate quince a quince, lo que tenían que haber hecho es retirar
inmediatamente la ley; solo con ese resultado. Este es un proyecto que
denota también y pone de manifiesto las enormes incongruencias del Grupo
Socialista y del Gobierno, del PSOE y de Podemos. Con una tremenda
ideología animalista, resulta que vemos cómo se preocupan más por el
maltrato animal que por el maltrato a la mujer, y prueba de ello es esa
Ley del solo sí o sí. En un día como hoy, menudo papelón tienen ustedes.
Es curioso, también, que este Gobierno haga que sea necesario pasar un
curso para poder tener, por ejemplo, un perro, y no sea necesario pasar
un curso para tener un hijo. Ustedes, que tanto se alarman del maltrato
animal, resulta que aprueban una orden ministerial para proteger al lobo,
pero no para proteger a los ganaderos, pues ese lobo sí puede realizar
agresiones a animales y estar campando a sus anchas y provocando enormes
agresiones a los ganaderos, enormes daños a la ganadería y a los perros
que están cuidando a esa ganadería. (Aplausos).

No sé si son ustedes conscientes del enorme daño que van a hacer a
muchas tiendas de animales con ese famoso listado positivo de animales de
compañía. ¿Qué va a pasar con los animales que no se encuentren dentro de
ese listado positivo? Porque este proyecto de ley no recoge lo que se va
a poder hacer con ellos. Va a haber miles de animales que se van a
encontrar en una auténtica ilegalidad. Repiénsenlo, porque la situación
es muy grave, porque hay muchos empleos, muchos puestos de trabajo y
muchas economías que dependen de ello. De momento, por lo menos, este
listado positivo no está hecho y tienen ustedes la oportunidad, cuando lo
hagan, de meter el mayor número de especies, con el fin de hacer el menor
daño posible a esas empresas y a esos puestos de trabajo que dependen de
esas empresas.

Y el colmo de todos los colmos es oír aquí a los portavoces del Grupo
Socialista decir que es una ley que favorece al mundo rural, que respeta
al mundo rural y que apoya al mundo rural. Bueno, habrá que verlo... Y
hablan ustedes también de los chiringuitos. Pues, bien, hablando del
mundo rural y de los chiringuitos, explíquenos ustedes los chiringuitos
del caso Berni, las extorsiones que han hecho a los ganaderos y dónde
están las oficinas de esos chiringuitos, porque igual las tenemos muy
cerca.

Ustedes dicen que esta ley favorece al mundo rural, pero en sus
bancadas hay también muchos alcaldes y yo no sé qué opinarán de que haya
muchos municipios que tienen dificultades para tener un centro médico, o
que ni siquiera tienen un médico, y que ahora se les vaya a obligar,
vayan a tener una competencia más, la de tener un centro de protección
abierto durante las 24 horas del día, con un profesional, eso sí, sin
titulación.

Otro problema importante, una nueva puñalada que mete este Gobierno
del PSOE y Podemos al mundo rural a través de este proyecto de ley: cómo
se van a gestionar las plagas, y esto no es hacer demagogia. Ustedes
decían que no había que hablar de cosas que no eran ciertas, pero
explíquennos cómo se van a gestionar las plagas; y a ver qué opinan los
alcaldes que tienen ustedes aquí hoy. Cómo vamos a gestionar las plagas,
según el artículo 22.5, que dice que el control poblacional no letal
tiene que prevalecer sobre otra cosa, y ya saben ustedes cuál es el
control poblacional no letal, el método CER, que significa: captura,
esterilización y retorno. A ver cómo vamos a explicar los alcaldes a los
vecinos de nuestro pueblo que nos gastamos el dinero público, ante una
plaga de ratas, en tener que capturar a la rata, externalizarla y, luego,
volverla a soltar. (Aplausos). Toda una auténtica lógica que recoge y
desarrolla esta ley.

En cuanto a la modificación del Código Penal, ustedes introducen un
asunto mollar, ya que han cambiado la expresión «animal doméstico» por la
de «animal vertebrado». Lo que han hecho con ello es abrir el abanico de
posibilidades de animales con los cuales una persona puede incurrir en
una pena o una sanción. Pero decían los portavoces del Grupo Socialista
en sus intervenciones: Vamos a desmontar los bulos que está diciendo el
Partido Popular. Pues bien, yo les pregunto: si se lesiona a una rata, a
una culebra o a una paloma, ¿cuál es la sanción que se va a tener? Porque
yo entiendo que, según viene en la ley, esa sanción va de 50 000
a 200 000 euros. Esto lo pone aquí. Pero es que, además, si se mata,
puede provocar una pena de dieciocho meses e, incluso, de tres años de
prisión si existiera un agravante, como, por ejemplo, que esté delante un
menor o que se haya hecho con ensañamiento. Eso es lo que dice la ley.
Pero, claro luego ustedes vendrán diciendo aquí, cuando se aplique esto,
que la culpa la tienen los jueces; lo mismo que están diciendo ahora con
la Ley del solo sí es sí. (Aplausos). Lo que no hacen ustedes es tener en
cuenta los informes que les remite el Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, esa soberbia ideológica, que ustedes ponen por encima del
razonamiento de los informes del Consejo General del Poder Judicial, hará
que luego pasen cosas y ustedes dirán que es por culpa de los señores de
la toga. Pero no, siguen sin hacer caso a los informes del Consejo
General del Poder Judicial también en lo que hace referencia a que con
esta ley se quiebra el principio de proporcionalidad. Y no hay
proporcionalidad, si tenemos en cuenta que es la misma pena para una
lesión leve a un animal y a una persona. Tampoco parece que esto sea algo
muy lógico.

Ya han hablado aquí también los portavoces de otros grupos de la
zoofilia. Nosotros, en el año 2015, prohibimos la zoofilia, que estaba
penada con cárcel; pero ustedes, ahora, la han habilitado. Pues bien,
curiosamente, entramos en otra paradoja de este Gobierno del PSOE y
Podemos. Siempre nos repiten, nos repiten y nos repiten que en el acto
sexual debe haber consentimiento y que, si no, es agresión sexual.
Entonces, en este acto sexual, ¿quién va a dar el consentimiento? Ustedes
están entrando en una contradicción. (Aplausos). Deberán explicar si esto
es agresión o no, pero tampoco vemos que estén protegiendo en este
sentido a los animales.

Señorías, estamos ante leyes como la Ley del solo sí es sí, que está
haciendo que salgan más de 70 agresores sexuales a la calle y se reduzcan
condenas a más de 700 agresores sexuales; estamos ante una Ley trans que
deja que los menores cambien de sexo sin el consentimiento de sus padres;
y estamos hoy aquí ante una ley de protección animal con la que ustedes
se podrán ir el viaje y dejar a su mascota, pero no más de tres días
—24 horas, como máximo, en el caso de un perro—; eso sí,
cuando lleguen a casa podrán penetrarla impunemente y, si no la provocan
ninguna lesión, no pasara absolutamente nada. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría, por favor.

El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Señorías, estamos en el Sodoma y Gomorra
del siglo XXI. Eso sí, el castigo les vendrá a ustedes a través de las
urnas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Un poco de silencio señorías.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría,
la senadora Macías Mateos.

La señora MACÍAS MATEOS: Muchas gracias, presidente

Miembros de la Mesa... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría, un momento.

La señora MACÍAS MATEOS: Gracias, presidente.

En el Grupo Parlamentario Socialista no vamos a entrar a comentar
chistes ni chascarrillos ni sobreactuaciones ni frivolidades (Aplausos)
ni cosas que son verdaderamente de mal gusto. Para que tenga la
tranquilidad, señor Martínez Antolín, no, no le van a poner una sanción
de 50 000 euros por matar a una rata, no, quédese tranquilo. Y le voy a
decir otra cosa, señor Martínez Antolín, cuando usted habla de las
mujeres y del Gobierno progresista que nosotros vamos a defender, porque
sabemos que es lo que ustedes realmente temen, deben tener muy claro que
todas las leyes que han hecho evolucionar los derechos y las libertades
de las mujeres tienen el sello del Partido Socialista Obrero Español
(Aplausos); todas, todas, Y otra cosa, no queremos capitalizar los
movimientos feministas, todos son bienvenidos, porque nosotros somos del
feminismo de la igualdad. Ahora bien, ustedes donde gobiernan se unen a
esa ultraderecha que lo que quiere es llevarnos al oído del latido fetal,
a la derecha que nos quiere tutelar; ustedes quieren devolvernos al
tiempo del paleolítico, y las mujeres que venimos de otras mujeres que
han luchado por sus libertades les vamos a seguir haciendo frente.
(Aplausos).

En cuanto al resto de grupos, contesto al señor De Arriba, que
cerraba su intervención diciendo: Convoquen ustedes elecciones. Pues
bien, nosotros estamos muy preocupados, pero por ustedes, porque pensamos
que a ustedes cada vez les inquieta más que el señor Núñez Feijóo, el
siempre ausente Núñez Feijóo, no les llegue a las elecciones generales,
no sea que le vayan a meter otra puñalada en la espalda, como hicieron
con el señor Casado. (Aplausos). Y hablando de chiringuitos, como decimos
los que somos del rural, nombre usted un caso de corrupción donde el PSOE
haya tardado en expulsar a quienes manchan el nombre de la política, de
la buena política. Pero queremos saber qué opina del señor Rajoy, del
Estado paralelo que tenían montado en el Ministerio del Interior, qué
opina de las investigaciones homófobas a los periodistas, como el
periodista valenciano, qué opinan ustedes de su agenda judicial, con la
Kitchen, la Gürtel, la Púnica. Es que tienen ustedes una agenda judicial
que les da mucho miedo. (Aplausos). Claro, claro, nombran ustedes la
bicha, pues tienen que responder y no queríamos nosotros entrar en este
debate. (Varios senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado:
¡No! ¡No!). No queríamos entrar.

El señor PRESIDENTE: Señorías, un poco de silencio, por favor.

La señora MACÍAS MATEOS: En cuanto al resto de grupos, a Vicenç, de
Mas Mallorca, de verdad que le agradecemos siempre la capacidad que hay
para hablar con ustedes. No tenemos una visión centralista de la
protección animal y del bienestar. No es eso. Se trata de converger.
También hemos conversado con Teresa Rivero Segalàs, de Junts, y con
Adelina Escandell. No tenemos una visión centralista; como digo, se trata
de converger, porque hay diferentes velocidades en los territorios
autonómicos en cuanto a la protección y los derechos animales. No es
centralismo; se trata de que si tenemos legislaciones avanzadas vayamos
todo aumentando el ritmo de convergencia. En la ley hay contenidos que no
son extraños, puesto que ya se aplican en los territorios. No es
intervencionismo, sino, como decíamos, intención de converger.

Queremos dar las gracias también a los socialistas de La Gomera, al
señor Chinea y al señor Clavijo, que no le veo, no sé si se ha marchado.
Señor Chinea, sabemos de la problemática insular, que puede existir, pero
también le recordamos que existen excepciones contempladas en el propio
techo del proyecto de ley de protección con respecto a las zonas
protegidas en la Red Natura. Hablaba usted de los problemas. Están
también los planes de gestión de los propios territorios protegidos. En
su caso, los organismos autónomos no tienen competencias transferidas,
pero recordamos que existen excepciones. Queremos recordar también,
porque ha vuelto a salir, que, en España, que somos miembros de la Unión
Europea, tenemos que respetar la arquitectura competencial que también
nos marca el marco europeo. Quien siga insistiendo desde la tribuna en
que esta Ley de bienestar animal está al margen de sanidad animal y de la
salud pública, pues se olvida de que estamos en Europa. Vayamos también
allanando eso que siguen diciendo repetitivamente.

En cuanto al PNV, señora Ahedo, querida Nerea, lo de la rata, yo sé
que usted no lo dice con plena convicción; ya le he respondido al PP, no
va a ir usted a la cárcel ni va a tener una multa de 50 000 euros por
matar una rata. Y le agradezco también que hayamos podido hablar sabiendo
de lo que estamos hablando. Y sobre otras cuestiones que han ido
saliendo, queremos recordar que lo más importante de esta ley es avanzar.
Por lo tanto, seguimos preguntando al resto de grupos por qué están en
contra del listado positivo. Sabemos que es un cambio de mentalidad,
porque antes trabajábamos con un listado negativo. El listado positivo,
que todavía no está confeccionado, va a desarrollarse. Existen unos
órganos de participación y, evidentemente, estamos avanzando en algo que
irá a las Mesas de las comunidades autónomas, donde estamos seguros de
que habrá diálogo, participación y escucha, porque esta ley se va a
nutrir de lo que bien hacen muchos territorios.

Al señor Mulet quería decirle, y no es nada personal, que el mayor
peligro de la política es la ignorancia y los radicalismos. (El señor
Mulet García: La de usted). Cuando entramos en los radicalismos de
posturas ignoramos realidades. Usted ha hablado aquí de los perros de
caza. Y quiero decirle una cosa, esos animales no van a quedar sin
protección. Y quiero decirle otra cosa, para que lo sepa, porque la
ignorancia es muy mala para la política. Yo soy de Extremadura y en
Extremadura la Federación Extremeña de Caza se persona ante los casos de
maltrato, porque hay mucha gente también en el mundo de la caza, que está
cansada de que se le pongan determinados estigmas. Lo apunto para que no
ignoremos y cuando apuntamos a la gente sepamos que no todos somos
iguales. (Aplausos). A quien incumple, máxima condena, lo que establezca
la ley, pero, por favor, no metamos a toda la gente que hace bien las
cosas en el mismo saco. Hablamos también de las cuestiones de las
sanciones. Lo preguntaba bien el senador Amaro Huelva, ¿es que no es
grave administrar sustancias a un animal para alterar su comportamiento?
¿No es grave permitir verlos matándose entre ellos en las peleas? ¿No es
grave también practicarles alteraciones corporales que supongan un daño
para la salud? ¿No es grave una selección genética que sea también
contradictoria para la salud y para el comportamiento normal, y la vida
de los animales? ¿No es grave abandonar a un animal cuando te aburres de
él? Nosotros aquí trajimos una ley, que votamos, en la que dotábamos de
una personalidad muy específica a los animales, la de seres sintientes, y
ahora muchos nos olvidamos, porque se reniega en los discursos. Es que lo
hemos votado, por lo tanto, tenemos que ir avanzando en esos derechos que
hemos reconocido. Y cuando hablamos de objetivo maltrato cero, partimos
de la base de lo que señalábamos antes. La mayoría cumple. Vamos a cerrar
los espacios donde los incumplidores siguen actuando y, ojo, también
vamos a perseguir la delincuencia, la delincuencia que utiliza los
animales para sus fines. También lo debemos tener claro.

Hay algo que ha pasado inadvertido en el debate y es que se
introducen en la modificación del Código Penal cuestiones tan positivas
como las medidas cautelares; es decir, se pueden adoptar medidas
cautelares para retirar la propiedad, la tenencia, la capacidad de
decisión sobre la vida de un animal cuando alguien, evidentemente,
proporciona un maltrato. Y también estamos hablando de las
inhabilitaciones, porque hay malas praxis y cuando las hay, porque es un
reducto, hay que perseguirlas. Entonces, cuando la regla general en la
práctica veterinaria es cumplir y vemos que hay un caso de mala praxis,
lo más normal es que hablemos de las inhabilitaciones, algo que es
positivo en esta ley.

También está la cuestión del bloque de nuevos agravantes que se
incluyen en la modificación del Código Penal. No quería perder la
oportunidad de decir que esta ley también entra en la protección de la
biodiversidad. Saben ustedes que se agravan todos aquellos delitos que
van en contra de la biodiversidad. Hablamos también de furtivismo,
hablamos de especies protegidas, hablamos, al fin y al cabo, de proteger
un patrimonio natural que es propiedad de todos y en el que hay animales
a los que tenemos que dar un tratamiento. Lo que sí queremos decir, como
Grupo Parlamentario Socialista, después de todos los discursos, unos más
ásperos, otros más suaves, es que agradecemos, como siempre, el diálogo a
los grupos, y agradecemos también que podamos seguir trabajando en otros
tonos de conciliación fuera de los micrófonos y las cámaras, porque,
evidentemente, la ciudadanía necesita mucho de la política y los que
están más empeñados en hacer ruido y en hacer escándalos son aquellos que
se olvidan de las personas que más necesitan a la política.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señorías, sobre la base del artículo 84.4 del Reglamento del Senado,
ha solicitado la palabra la señora ministra de Derechos Sociales y
Agenda 2030 para cerrar el debate. Tiene la palabra la señora
ministra.

La señora MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Belarra
Urteaga): Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Hoy quería empezar, obviamente, felicitando la
lucha de las mujeres. Creo que todas sabemos que el feminismo es el
movimiento social más transformador de nuestro tiempo; el feminismo es el
movimiento que está haciendo las preguntas correctas y está ofreciendo
las mejores respuestas a esas preguntas. Es quien está proponiendo el
reparto del trabajo, el reparto de los cuidados y también quien nos está
proponiendo que pongamos el consentimiento y el deseo de las mujeres en
el centro. Por eso, yo creo que hoy es el día también para reiterar
nuestro compromiso con el avance de los derechos de las mujeres y con
toda esa nueva generación de derechos feministas, que, gracias a la
mayoría feminista en el Congreso y aquí, en el Senado, se ha conseguido
que estén escritos ya negro sobre blanco en el Boletín Oficial del
Estado. ¡Qué viva la lucha de las mujeres! Hoy más que nunca.

Es un honor para mí subir a esta tribuna para defender dos leyes que,
seguramente, son algunas de las que tienen más corazón de toda la
legislatura. Está no es solo una legislación que es importante, diría que
es imprescindible para nuestro país. Necesitamos acabar con los espacios
de impunidad contra el maltrato animal; necesitamos acabar con el
abandono y necesitamos acabar con la crueldad contra los animales.
Necesitamos, señorías, que este país esté a la altura de lo que la
ciudadanía de nuestro país necesita y exige.

Hace algo más de un año —lo recordaba hace un momento la
portavoz del Partido Socialista— esta Cámara reconocía a los
animales como seres dotados de sensibilidad, se convertía en ley lo que
los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país ya sabían hace mucho
tiempo y es que los animales no son cosas, que los gatos o los perros con
los que convivimos a diario tienen capacidad para sentir dolor y
sufrimiento, que no pueden ser abandonados como un mueble ni embargados
como una propiedad. Hoy damos varios pasos más y nos encaminamos a
aprobar con su apoyo, si así lo quiere la Cámara, una normativa que cuide
y que defienda a los animales. Sabemos que eso es lo que nos demanda la
sociedad, que de forma abrumadora cree que hacen falta leyes que protejan
más y mejor a los animales y sus derechos. Y no les falta razón. Hemos
dicho muchísimas veces que cuando hablamos de estadísticas sociales
solemos decir que detrás de los números hay personas, gente de carne y
hueso, que vive en su día a día la realidad que esos datos arrojan. Hoy
creo que también toca decir que cuando hablamos de estadísticas de
abandono o de maltrato animal, detrás de esos datos hay seres de carne y
hueso que sufren y tenemos que ponerle piel a esos datos. Hace una
semana, señorías, pude visitar a la protectora Alba, una más como muchas
otras en nuestro país, y quiero leerles solo algunas de las historias de
animales que me contaron en esa visita. La historia de Monda, una perra
que no tenía familia que la cuidara y que si alguna vez la tuvo fue
abandonada a su suerte. La historia de Raven y Starfire, dos gatas que
también fueron abandonadas recién nacidas en una caja al lado de un
contenedor de basura; habrían sido tripuladas con el resto de la basura
si no las hubieran puesto a salvo. La de Limón, otro gato rescatado
también por Más Vida, que apareció en un estado horrible, porque le
habían deformado la cara a golpes. O la de Vida, una perra de otra
protectora a la que encontraron desnutrida, sucia y con un golpe en la
cabeza que tenía la intención de matarla y que la mantuvo durante varios
días hospitalizada. Esta es la realidad de nuestro país. Son solo algunas
de las historias entresacadas de ese registro de 285 000 animales que
cada año las protectoras de nuestro país recogen y que salvan su vida
gracias —y desde aquí quiero, una vez más, agradecerles su
trabajo— a personas que la mayoría de las veces voluntariamente
dedican su tiempo y sus recursos a cuidar y proteger a estos animales.
Pero otros animales, tristemente, señorías, no tienen tanta suerte. Hace
poco conocíamos también la historia de aquel galgo, Ketama, que fue
abandonado y estuvo caminando sin rumbo, sin nada que alimentarse hasta
su muerte y al que encontraron con la cabeza atrapada entre dos sofás en
un vertedero. O los animales que han aparecido muertos en esa fosa de
Hellín, donde varios mostraban mutilaciones. Esto sigue sucediendo cada
día en nuestro país y esto, señorías, es todo lo contrario de lo que una
mayoría social quiere que ocurra. Por eso, es tan urgente, tan importante
y tan necesaria esta ley de derechos animales. Por eso, hoy traemos a
esta Cámara para su consideración, en primer lugar, la reforma del Código
Penal en materia de maltrato animal, que trae, como ya se ha dicho, dos
cambios fundamentales a nuestra normativa. Primero, se amplía la
protección a todos los animales vertebrados y endurecemos la lucha contra
el maltrato. Hasta hoy, aunque parezca increíble, patear o apedrear hasta
la muerte a un animal silvestre, como un zorro o como un jabalí, no tenía
en España ningún reproche penal. Acabamos con este foco de impunidad de
los maltratadores de animales y también vamos a introducir, como también
se ha dicho, la violencia instrumental como agravante, porque sabemos que
en los casos de violencia machista los maltratadores utilizan todo lo que
está a su alcance para hacer daño a sus víctimas, para amenazarlas, para
coaccionarlas, evitando de esta manera que abandonen la situación de
violencia. Cuando se apruebe esta ley tendremos un instrumento
legislativo más para proteger a las mujeres frente a todas las formas de
violencia machista. Y también debatimos en el día de hoy la Ley de
derechos de los animales, que establece un marco común de protección y
bienestar para todos los animales en todo nuestro país. Con esta
legislación diremos adiós definitivamente a los circos con animales
silvestres, a las peleas de gallos, a las prácticas crueles, como atar
animales a vehículos en marcha, o también a la utilización de collares o
pinchos que puedan ahorcar a los animales. Y también aprobaremos otra de
las medidas más demandadas por el sector, prohibiremos el sacrificio de
animales sanos sin motivos sanitarios o eutanásicos, así evitaremos que
perros y gatos que son abandonados sean sacrificados en las perreras por
falta de espacio.

Señorías, hoy traemos una legislación que empieza a dejar atrás el
maltrato y el abandono animal, pero también señala todo lo que queremos
construir como país. Con esta ley proponemos que nuestros hijos y que
nuestras hijas crezcan en un país en el que entiendan que tener un perro
o un gato es una responsabilidad para toda la vida y no un objeto del que
te puedes encaprichar, porque lo has visto en el escaparate de una
tienda; en un país en el que los circos dejen de tener animales
silvestres, en un país en el que los zoológicos sean centros de
recuperación de especies y no lugares donde los animales viven encerrados
de por vida única y exclusivamente para nuestra diversión. También
queremos un país donde dejen de llegar miles y miles de animales
abandonados a las protectoras y donde se potencie la adopción. Por eso,
vamos a desplegar medidas contra la reproducción incontrolada con la
creación de un registro de criadores, vamos a mejorar la garantía de
identificación y de trazabilidad en todo el territorio y vamos a fomentar
la tenencia responsable. Todas estas medidas harán mucho más difícil que
se abandone a su suerte a un animal. Y soy consciente de que, a pesar de
los avances de esta normativa, también es cierto que esta ley no llega
tan lejos como queríamos en muchos aspectos.

Y quiero decir de forma particular que he intentado absolutamente
todo para reconstruir el consenso que construimos en el seno del
Gobierno, para proteger también a los perros de caza. Por eso, quiero
decirle a toda la ciudadanía que cuida y que quiere a los animales que el
trabajo no termina aquí. Sabemos que este país tiene una deuda con los
animales que, pese a haberlo intentado por todos los medios, han quedado
excluidos de esta legislación. Por eso, vamos a seguir trabajando todos
los días hasta tener la fuerza suficiente que nos permita incluir a los
perros de caza. Hasta entonces, quiero reiterar mis disculpas, como
ministra, a todas las personas que cada día ven las consecuencias de esa
realidad de maltrato, que sanan, cuidan y acompañan a los perros de caza
cuando al final de la temporada son abandonados, cuando vagan
aterrorizados porque precisamente sus cuidadores, que tenían que haberles
protegido, no lo han hecho, y a los que hallan cachorritos descartados y
enterrados en cal viva. Lamento muchísimo no haber podido convencer a una
mayoría de los grupos parlamentarios que esto es lo que quiere la mayoría
de la gente de nuestro país.

Y seguramente porque esta ley dibuja nítidamente el país hacia el que
queremos dirigirnos, ha habido tantas y tantas resistencias por parte de
una minoría que no quiere ni respeta a los animales. Una minoría que, sin
embargo, hace mucho ruido y goza del favor de los medios de comunicación
y que no ha dudado, además, en extender bulos y mentiras sobre esta
legislación —y, créanme, señorías, que milito en una formación
política que de bulos y mentiras extendidos sobre nosotras, sabe
bastante—, sobre una ley que lo único que hace es acercarnos a
Europa y que responde a la sensibilidad de millones de personas que
quieren y que cuidan a los animales. Quizás por eso lo único que han
tenido contra esta ley son mentiras y bulos, que se extienden desde los
medios de ultraderecha pero que acaban reproducidos en lugares como esta
tribuna, como hemos escuchado a lo largo de la mañana de hoy. He
escuchado una intervención sorprendente del portavoz del Grupo Popular,
teniendo en cuenta que fue el consejero de la Comunidad Autónoma de
Madrid cuando se aprobó la Ley 8/2016, que tiene definiciones que están
prácticamente calcadas en esta norma, ahora para protección en todo el
Estado. También se ha hecho referencia a esas 6000 alegaciones. ¿Saben
qué recogen la mayoría de esas 6000 alegaciones a esta norma? Medidas más
ambiciosas para aumentar la protección de esta normativa. Eso es lo que
querían la gente y las asociaciones que nos escribieron con esas
alegaciones, muchas de las cuales, por cierto, nos pedían prohibir los
espectáculos taurinos.

Ahora quiero dedicar un minuto a hablar no solo a los grupos de esta
Cámara, sino también a la gente que nos está viendo y que está siguiendo
este debate. Quiero hablarte a ti, a quien de verdad te preocupa la Ley
de derechos animales. No, esta ley no va a multarte si te encuentras una
rata en casa y tienes que matarla. Las cuestiones de salud pública están
excluidas de esta normativa. Lo que sí va a hacer es perseguir a los
desalmados que disfrutan apaleando a un jabalí o a un zorro, o
quemándolos vivos o torturándolos mientras sufren, que es lo que no tenía
reproche penal hasta ahora en España. No, esta ley no va a quitarte
ningún animal que tengas conviviendo contigo, tampoco un hámster. Lo que
sí va a hacer es fomentar la tenencia responsable, dando herramientas a
quienes quieren hacerlo bien y persiguiendo a quienes maltratan a los
animales. Y no, esta ley no despenaliza la zoofilia, como quiere extender
la ultraderecha, sino que endurece su persecución, y podría hacerlo
bastante más, señorías, si no fuera porque algunas fuerzas políticas,
incluidas las de extrema derecha, no aceptaron más ambición en esta ley.
Y no, esta ley no va contra ti, solo quieren asustarte. Si no maltratas a
los animales, si no los abandonas, si no toleras ningún tipo de crueldad,
esta ley te va a proteger. Quien se opone a esta ley, se está colocando
del lado de los maltratadores de animales, del lado de la impunidad.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

La señora MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Belarra
Urteaga): Avanzar en bienestar animal es lo que quiere la mayoría de la
gente de este país. Esta es la primera ola de derechos animales de la
historia de nuestro país. Pero estoy convencida, señorías, de que no va a
ser la última.

Y termino ya con una última reflexión. Durante estos tres años, el
Gobierno de España ha demostrado que se pueden hacer las cosas de forma
distinta. Hemos conformado un escudo social sin precedentes; hemos
implementado el tope al gas, que es un ejemplo en Europa; hemos reforzado
como nunca antes la atención a la dependencia, invirtiendo en ello más
del doble que cualquier Gobierno anterior; y hemos avanzado en nuevos
derechos sociales y feministas.






Hemos demostrado, en definitiva, que hay
alternativa. Quizás por eso el ruido y la bronca incesante de la derecha,
que no acepta haber perdido las elecciones. Hoy volvemos a
demostrarlo.

Con esta norma comenzamos el principio de algo nuevo. Comenzamos un
camino que, por desgracia, habían recorrido solas durante muchísimo
tiempo las asociaciones, las protectoras y las personas anónimas
organizadas a lo largo y ancho de nuestro país para proteger y cuidar a
los animales abandonados. Hoy queremos acompañarlas e impulsar desde las
instituciones ese camino. Frente a esa minoría que piensa que el poder en
España es su coto privado de caza, quiero decirles que vamos a seguir
trabajando para devolver el poder a la gente y para construir de la mano
de toda la ciudadanía un país que merezca la pena ser vivido, un país que
cuide y proteja a los animales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Derechos
Sociales y Agenda 2030. (Rumores).

Señorías, un poco de silencio. (Rumores).

Señorías, ¿son tan amables de guardar silencio para poder continuar?
(Pausa). Muchas gracias.

Señorías, finalizado el debate conjunto de los proyectos de ley, se
procede a continuación a abrir el plazo de una hora y treinta minutos
para emitir el voto telemático desde este momento, en que son las 14:05,
para realizar las votaciones de los siguientes asuntos: de la moción por
la que se insta al Gobierno a presentar un plan de choque contra la
infrafinanciación de los servicios públicos que prestan las comunidades
autónomas de régimen común, que se vota en los términos de la enmienda
transaccional 172901; de la moción por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para lograr la reapertura de la aduana
comercial entre España y Marruecos a través de la frontera de Melilla,
que se votará en sus propios términos; y del proyecto de ley de
protección de los derechos y bienestar de los animales, que se tramita
por el procedimiento de urgencia; así como del Proyecto de ley orgánica
de modificación de la Ley orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código
Penal, en materia de maltrato animal. Asimismo, les recuerdo que la
votación presencial de estas iniciativas tendrá lugar, una vez finalizado
este plazo, cuando sea anunciado por la Presidencia.

El señor presidente lee el punto 5.1.3.

El señor PRESIDENTE: Señorías, vayan abandonando el hemiciclo en
silencio.

Quiero dar la bienvenida en la tribuna de invitados a varias personas
rederas, neskatillas y empacadoras que vienen del País Vasco. Ongi
etorriak, zuen etxean zaudete (Aplausos).

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la vicepresidenta
primera de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, su señoría
la senadora Villar Lechón.

La señora VILLAR LECHÓN: Gracias, presidente.

Quiero sumarme a las palabras del presidente, y, hoy, 8 de marzo,
como no puede ser de otra manera, felicitar a todas las mujeres, que
juntas hemos llegado hasta aquí y juntas somos imparables.
(Aplausos).

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del
Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el pasado día 29 de
diciembre, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas concluía el
pasado 9 de febrero, si bien se amplió hasta el día 15. A este proyecto
de ley se presentaron un total de 174 enmiendas, que se distribuyen de la
siguiente forma: por el Grupo Parlamentario Mixto, las enmiendas
números 27 a 38, formuladas por el senador Marín Gascón y las senadoras
Merelo Palomares y Rodríguez de Millán Parro; por el Grupo Parlamentario
Democrático, las enmiendas 1 a 6, formuladas por el senador Sánchez
López; por el mismo grupo, las enmiendas números 7 a 21, formuladas por
el senador Fernández Viadero; por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, las enmiendas números 39 a 44, formuladas por el senador
Mulet García; por el mismo grupo, las enmiendas 45 a 55, formuladas por
los senadores Mulet García y Vidal Matas; por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado, las enmiendas 22 a 26, formuladas por el
senador Clavijo Batlle; por el mismo grupo, las enmiendas 56 a 76,
formuladas por el senador Cleries i Gonzàlez y la senadora Rivero
Segalàs; por el Grupo Parlamentario Vasco, las enmiendas números 170
a 174; por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu, las enmiendas 131 a 169, formuladas por la senadora Cortès Gès y
el senador Rufà Gràcia, y por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, las enmiendas 77 a 130. Hay que señalar igualmente que las
enmiendas números 136, 155, 158, 159 y 168 fueron retiradas por sus
autores y que el Gobierno manifestó su disconformidad con la tramitación
de las enmiendas números 21, 38, 129, 130 y 169, por lo que quedan
excluidas del debate.

El día 1 de marzo se reunió la ponencia para informar del citado
proyecto de ley. Acordó no introducir enmiendas en el texto remitido por
el Congreso de los Diputados, así como, por unanimidad, llevar a cabo una
serie de correcciones de carácter técnico y gramatical a lo largo de todo
el texto del proyecto de ley que no tienen la naturaleza de enmienda, a
los efectos del artículo 90.2 de la Constitución. El mismo día se reunió
la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación para ratificar la
ponencia y emitir dictamen sobre el citado proyecto de ley. La ponencia
se ratificó con la siguiente composición: por el Grupo Parlamentario
Socialista, doña Josefa Inmaculada González Bayo, don Manuel Mirás
Franqueira y doña María Mercedes Otero García; por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, doña Amaya Landín Díaz de Corcuera y don Jorge
Domingo Martínez Antolín; por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, doña Idurre Bideguren Gabantxo; por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, don Juan Carlos Medina Martínez;
por el Grupo Parlamentario Nacionalista, doña Maria Teresa Rivero
Segalàs; por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, don Carles
Mulet García; por el Grupo Parlamentario Democrático, don José Miguel
Fernández Viadero, y por el Grupo Parlamentario Mixto, don José Manuel
Marín Gascón. La comisión acordó aprobar como dictamen el informe de la
ponencia.

Se han presentado los siguientes votos particulares: por el senador
Marín Gascón y las senadoras Merelo Palomares y Rodríguez de Millán
Parro, para la defensa de las enmiendas 27 a 37; por el senador Sánchez
López, para la defensa de las enmiendas 1 a 6; por el senador Fernández
Viadero, para la defensa de las enmiendas 7 a 20; por el senador Mulet
García, para la defensa de las enmiendas 39 a 44; por el mismo senador y
el senador Vidal Matas, para la defensa de las enmiendas 45 a 55; por los
senadores Clavijo Batlle y Cleries i Gonzàlez, para la defensa de las
enmiendas 22 a 26; por la senadora Rivero Segalàs y el senador Cleries i
Gonzàlez, para la defensa de las enmiendas números 56 a 76; por la
senadora Cortès Gès y el senador Rufà Gràcia, para la defensa de las
enmiendas 144 y 148 a 150; por el Grupo Parlamentario Vasco, para la
defensa de las enmiendas 170 a 174, y por el Grupo Parlamentario Popular,
para la defensa de las enmiendas 77 a 123 y 125 a 128.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora
se ha llevado a cabo. Y quiero agradecer a los miembros, tanto de la
comisión como de la ponencia, el buen tono y el trabajo realizado, y, en
especial, al letrado de la comisión por su disposición en todo el trámite
de este proyecto de ley.

Nada más y muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora presidenta.

Procede, a continuación, abrir el debate de totalidad.

¿Algún grupo desea intervenir en el turno a favor? (Pausa). Muchas
gracias.

¿En el turno en contra? (Pausa). Muchas gracias.

Pasamos al turno de portavoces del debate de totalidad. ¿Algún grupo
desea intervenir? (Pausa).

Pasamos, entonces, al debate del articulado. Muchas gracias.

Señorías, para la defensa de las enmiendas presentadas por sus
señorías Marín Gascón, Merelo Palomares y Rodríguez de Millán Parro,
enmiendas 27 a 37, tiene la palabra su señoría Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

Señorías, a este proyecto de ley hemos presentado doce enmiendas,
ocho de modificación y cuatro de adición. La enmienda 38, como ya se ha
dicho, no fue admitida por el Gobierno. Paso a relatarles las más
importantes: Enmienda 27. Se propone la modificación del primer epígrafe
de la exposición de motivos del proyecto de ley. La vinculación del
presente proyecto de ley a la Agenda 2030, los informes del IPCC o los
acuerdos adoptados en el seno de otras instituciones internacionales no
son un criterio válido para la definición de la política pesquera
española, por un lado, porque dichas agendas globalistas no tienen ningún
plan realista que garantice la viabilidad de nuestro sector pesquero, y,
por otro, porque dichos documentos no obedecen a criterios democráticos,
ya que se adoptan de espalda a los españoles. En este sentido, la
elaboración de nuestra política pesquera debe basarse en el respeto a la
capacidad de decisión de todos los españoles y en recuperar, fortalecer,
y asegurar la soberanía alimentaria de España como base de la prosperidad
social y económica y la continuidad de la nación.

Enmienda 29. Se propone la modificación del apartado 7, principio de
precaución, del artículo 4 del proyecto de ley. El principio de
precaución exige que, en caso de amenaza para el medio natural o la salud
y en una situación de incertidumbre científica, se tomen las medidas
apropiadas para prevenir el daño. No obstante, su aplicación tiene unos
límites, tal y como ha establecido la Comisión Europea, cuyo objetivo es
evitar el recurso injustificado y de forma arbitraria a dicho principio.
Así, deben cumplirse unos objetivos generales, tales como
proporcionalidad, no discriminación, coherencia, análisis de las ventajas
y los inconvenientes que se derivan de la acción o de la falta de acción
y estudio de la evolución científica. Por ello, se reputa necesario
incluir una modulación del contenido del principio, con el fin de
preceptuar su aplicación abierta y transparente y su orientación a la
generación de beneficios económicos, sociales y de empleo.

Enmienda número 30. Se propone la modificación de varios apartados
del artículo 4 del proyecto de ley. Por un lado, la redacción del punto 2
es demasiado abierta y no establece solo el objetivo loable de que la
información científica contribuya, aporte o coadyuve a tener una
normativa más precisa, sino que permite que dicha información afecte
directamente a la normativa española, cediendo nuestra soberanía. También
se elimina el punto 9, que establecía la adaptación y mitigación del
cambio climático. Se propone su supresión al considerar que, una vez más,
el alarmismo climático está haciendo las veces de una nueva religión. Es
irracional asumir como artículo de fe el paquete climático y
catastrofista en su totalidad. Por otro lado, uno de los principales
problemas del sector pesquero español es la falta de un relevo
generacional que asegure su viabilidad. De otra parte, el presente
proyecto de ley debe velar por garantizar la igualdad de acceso a las
posibilidades de pesca para todos los buques y embarcaciones sin que
quepan diferencias entre los españoles y menos aún las injusticias en el
reparto que existen en la actualidad. Para satisfacer ambos propósitos,
que deben guiar la acción regulatoria en la materia, se adicionan los
apartados 10 y 11 en la enumeración de principios generales que debe
seguir la regulación de la actividad pesquera.

Enmienda número 33. Se propone la modificación de los apartados 1, 2
y 3 del artículo 36 del proyecto de ley. Las modificaciones contenidas en
esta enmienda buscan ofrecer mayor seguridad jurídica tanto al sector
pesquero, en general, como a los buques afectados por el cierre de
pesquerías, en particular. Por ello, se entiende necesario incluir una
referencia al cumplimiento de la obligación de desembarque, pues lo
dispuesto en el presente proyecto de ley sobre el cierre de pesquerías
puede incurrir en posibles contradicciones con la normativa existente a
este respecto. Además, resulta imprescindible que antes de su publicación
en la página web del ministerio competente, sea notificado al sector
afectado, asociaciones, empresas y buques el cierre precautorio de una
determinada pesquería con un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas, ya
que el plazo propuesto en el presente proyecto de ley de veinticuatro
horas es insuficiente para asegurar la correcta reacción del sector
afectado.

Enmienda número 34. Se propone la adición de una nueva letra al
apartado 1 del artículo 40 del proyecto de ley. Uno de los principales
problemas de España es la falta de relevo generacional en el sector
primario y en especial en el sector pesquero; una amenaza que es
fundamental combatir para asegurar nuestra soberanía alimentaria. Por
eso, se considera que el 5 %, o el 10 % en algunos casos, de la reservas
de posibilidades de pesca que se detraigan del montante total con
anterioridad a la aplicación de los criterios para su asignación, debe
destinarse, además de a las finalidades referidas en el texto de la
iniciativa, a lo expuesto en la presente enmienda, apoyando así el
principio general de la actividad pesquera de promoción de la
incorporación de los jóvenes a la actividad pesquera y de aseguramiento
del relevo generacional.

Enmienda número 35. Se propone la adición de una nueva letra al
apartado 1 del artículo 40 del proyecto de ley. Desde hace tiempo, se
viene constatando el diferente acceso a las cuotas pesqueras en función
de la región a la que pertenezcan las embarcaciones, que no responde al
principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, y es diferente
la cuota asignada a un buque por el mero hecho de ser cántabro, vasco o
andaluz. Así, es esencial que el porcentaje de las reservas de
posibilidades de pesca que puede fijar el ministro del ramo mediante
orden se emplee también para compensar los desequilibrios y se asegure la
igualdad de todos los españoles, apoyando al mismo tiempo el principio
general de la regulación de la actividad pesquera expresado al hilo del
artículo 4 del proyecto de ley.

Enmienda número 36. Se propone la modificación del apartado segundo
del artículo 41 del proyecto de ley. Esta disposición debe aplicarse
únicamente a los SWAPS (el procedimiento de intercambio de posibilidades
de pesca entre los Estados Miembros) que realiza el ministerio con
relación a las especies cuyas cuotas no han sido repartidas en España.
Con respecto al resto de especies ya repartidas, tendrá que hacerse en
función de los porcentajes de los que disponga cada uno y de sus
aportaciones al intercambio. Por otro lado, se propone eliminar la mejora
de la selectividad de las artes de pesca empleadas como criterio para la
asignación de posibilidades de pesca, pues ello podría suponer un agravio
comparativo con relación a determinadas artes y flotas.

Y, por último, enmienda número 37. Se propone la adición de una nueva
disposición adicional novena al proyecto de ley. Desde hace años se viene
produciendo una situación injusta en el sector pesquero español por el
acceso a las posibilidades de pesca. Esta situación radica en el desigual
reparto de las cuotas pesqueras para las embarcaciones y buques españoles
en función de la región en la que se encuentren registrados. Así, para
una misma especie y un mismo caladero se producen situaciones distintas,
donde se beneficia a unos y se perjudica a otros, cuando las
posibilidades de pesca no pertenecen a las regiones, sino a España en su
conjunto. Por ejemplo, hasta el año 2013, la Interfederativa de Cofradías
de Pescadores del Cantábrico Noroeste fijaba las cuotas de pesca en 500
kilos por tripulante y día para la flota artesanal y en 1000 para la de
cerco. Sin embargo, la Orden AAA/1307/2013, de 1 de julio, por la que se
establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero
Nacional del Cantábrico y Noroeste fijó un criterio de reparto de las
cuotas entre las distintas regiones. Esta orden fue declarada nula por la
Audiencia Nacional por sentencia contraria a derecho, sentencia de la
Sala de lo ContenciosoAdministrativo, sección 1, de 17 de febrero
de 2015. Esta decisión fue posteriormente ratificada por el Tribunal
Supremo en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección 4, de 6 de febrero de 2017. No obstante, dicha orden sentó un
precedente en virtud del cual el criterio de reparto de las posibilidades
de pesca es territorial, es decir, se hace por regiones. Ello ha generado
una gran desigualdad entre los buques españoles en el acceso a las cuotas
pesqueras en función de la región a la que pertenezca el barco, lo que
pretendemos eliminar por medio de esta enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 6, tiene la palabra su
señoría Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, intervengo desde el escaño
para darlas por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 7 a 20, tomará la palabra su
señoría Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.

Mis primeras palabras, en nombre del Partido Regionalista de
Cantabria, son para adherirnos a los actos conmemorativos de hoy, 8 de
marzo, y sobre todo y muy especialmente, con las mujeres del mar. Dado
que estamos debatiendo esta ley de pesca, muestro aquí nuestro
reconocimiento por la labor que desarrollan tanto en mi región como en
otras regiones de España.

Nos llega a debate un proyecto de ley que consideramos importante,
pues pretende ser parte de la regulación de un sector económico y social
vital, como es el pesquero, que es un importante generador de actividad
económica dentro del sector primario y agroalimentario allí donde está
presente. Además, representa un valor fundamental a la hora de garantizar
nuestra soberanía alimentaria. Dada esta relevancia manifiesta, en el PRC
estudiamos desde el primer momento este texto con atención y llegamos a
la conclusión de que genera más problemas que los que soluciona y supone,
además, un duro golpe para el sector, tal y como nos han trasladado
diversos colectivos.

Tomando como base este análisis, presentamos una serie de enmiendas,
consensuadas con los actores implicados, que, a nuestro parecer,
contribuirían a mejorar la ley de una forma notable y que se centran en
revertir varias cuestiones que generan bastantes dudas e
inseguridades.

En primer lugar, nos llega una incertidumbre fundada de los
pescadores en torno al reparto de las posibilidades de pesca y la nueva
regulación que se hace de ellas, por varios motivos. El principal es la
posible revisión de los repartos hechos a la entrada en vigor de la ley.
De esta forma, varias enmiendas se centran precisamente en salvaguardar
la vigencia de los repartos ya hechos, sin que estos se vean afectados,
de ningún modo, por los nuevos repartos que se hagan. Por activa y por
pasiva, los grupos que sustentan al Gobierno y el Ministerio de
Agricultura niegan esta posibilidad, pero lo cierto es que la redacción
de varios artículos tal y como están generan una gran inseguridad, ya que
se alude a los repartos de forma genérica, sin establecer que no se
tocarán los repartos ya hechos. Esta incertidumbre, bastante fundada,
insistimos, se solucionaría añadiendo algo tan simple a la redacción de
esos artículos como que los repartos ya hechos no sufrirán
modificaciones. A la vez, nos genera muchas dudas el aumento al 5 % de la
posibilidad de retracción por parte del Gobierno en los repartos, con la
posibilidad de llegar incluso al 10 %.

No estamos de acuerdo en absoluto con que se retiren a las empresas
los derechos sobre la cuota que no se ha utilizado sin ninguna
compensación. Hay una gran variedad de circunstancias, pero muchas veces
cuestiones como las averías o las incapacidades temporales de parte de la
tripulación son motivos que llegan a que no pueda utilizarse toda la
cuota que una embarcación tiene asignada. ¿Es justo que las empresas sean
penalizadas por ello? Hemos de pensar que estos repartos, aún vigentes,
han sido la base sobre la que muchísimas empresas han realizado
importantes inversiones de mejora y modernización con expectativa de
futuro. Si esa expectativa se trunca, si ese estatus se modifica, estas
empresas quedarían en una situación de inseguridad y muy cuestionadas. No
olvidemos que este es el medio de supervivencia de miles de familias en
todo el Estado y su modificación generaría un serio golpe al poner en
cuestión cuánto se puede pescar en cada especie, algo que el sector y las
familias que viven de él no pueden permitirse.

Además de lo dicho en torno a nuestras discrepancias en lo que al
reparto se refiere, creemos que esta ley supera varias líneas respecto a
las competencias autonómicas en materia de pesca. Aunque sorprenda,
todavía tenemos que recordar que vivimos en un Estado descentralizado, en
el que las comunidades autónomas tienen potestad para gestionar ciertas
cuestiones. A pesar de ello esta ley se extralimita y, a través de ella,
se pretenden incluir regulaciones que chocan frontalmente con las
normativas autonómicas, algo a lo que nos oponemos.

Finalmente, abogamos por aumentar hasta las cuarenta y ocho horas el
plazo para el cierre de las pesquerías cuando se alcanza el 90 % del
consumo global de las posibilidades de pesca. La captura de algunas
especies, como el bonito del norte, requiere de una preparación previa de
la pesca, consistente, por ejemplo, en la captura de cebo o la navegación
de la zona de pesca el día anterior. La redacción actual determina que
esa labor previa, en ocasiones muy costosa, quedaría en nada, pues
mientras se está llevando a cabo podría cerrarse la pesquería. Esto puede
solucionarse de una manera muy sencilla: introduciendo como margen esas
cuarenta y ocho horas que les proponemos. Con dos días vista por delante,
ninguna de estas labores previas se llevaría a cabo y, por consiguiente,
no se tiraría a la basura un día de trabajo, con los gastos y el esfuerzo
que ello supone a las tripulaciones.

En definitiva, el PRC mantiene vivas catorce enmiendas, centradas en
corregir aquellas cuestiones que creemos que son perjudiciales para
nuestra flota pesquera y, por consiguiente, para el sector pesquero y el
agroalimentario, y esperamos que sean incorporadas. Sin ellas, no
apoyaremos un texto que, más allá de ser poco satisfactorio, nos parece
directamente perjudicial.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 33 a 44, tiene la palabra su
señoría Mulet García. También enmiendas 45 a 55.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, president.

Tenemos dos turnos de enmiendas, uno propio y otro compartido con el
señor Vidal Matas, pero haré un único turno, como he acordado con el
presidente, y no agotaré el tiempo.

Compromís ha estado consultando a las partes y trabajando
intensamente para que la nueva Ley de pesca sostenible e investigación
pesquera dé respuesta a la crisis ecosocial que sufren la pesca y el
ecosistema marino que la mantiene. Nos enfrentamos a una crisis climática
y de pérdida de biodiversidad a nivel global, especialmente grave en el
Mediterráneo, que en nuestro país debilita la resiliencia de las
comunidades pesqueras, agudiza la falta de relevo generacional y nos
aleja de una pesca más social. Hablamos, por lo tanto, de un recurso
público.

Pensamos que la ley incorpora mejoras relevantes que si ponemos en
marcha con decisión pueden contribuir a detener la preocupante tendencia
y construir una pesca más ambiental y social. Debemos aprovechar los
mecanismos de participación previstos en la ley estatal, en los planes de
gestión o en las reservas marinas de interés pesquero para mantener la
gobernanza pesquera, la transparencia, la rendición de cuentas y la
corresponsabilidad y promover la cultura del cumplimiento. Debemos
aprovechar estos mecanismos para facilitar el establecimiento de planes
de gestión que se basen en el ecosistema y se adapten a la realidad
climática, minimicen las capturas de especies protegidas y amenazadas,
mitiguen el impacto sobre los hábitats y maximicen los beneficios
sociolaborales de la pesca sostenible para así contribuir a construir
comunidades pesqueras más resilientes.

Dicho esto, también lamentamos profundamente que la ley, en una
cuestión clave como es un marco robusto para un reparto más justo de los
derechos de pesca, no esté al nivel que toque. Pedimos que incentive las
buenas prácticas ambientales y sociolaborales, tal y como establece el
artículo 17 de la política pesquera común. No comprendemos cómo el
Partido Socialista ha aceptado debilitar el proyecto de ley en este
aspecto o que el Senado no haya sido capaz de corregir errores de bulto,
como no definir las zonas de restauración de hábitats de interés pesquero
que prevé esta ley.

Hemos presentado un total de dieciocho enmiendas al Proyecto de ley
de pesca sostenible de la mano de organizaciones ambientales, como son
Clean Earth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Our Fish, SEO/BirdLife o
WWF y de la comunidad de pescadores del Palmar, de la Albufera de
Valencia. Las enmiendas pretenden una gestión racional de los recursos
pesqueros, los derechos, lograr una flexibilidad y apoyar la pesca
artesanal siempre que se garanticen los criterios ambientales y sociales.
Queremos que los criterios utilizados sean los que más beneficien al
sector y el equilibrio del ecosistema, garantizando la participación en
la gestión pesquera, la viabilidad del sector, el mantenimiento de las
poblaciones de peces en el Mediterráneo o la capacidad de carga del
ecosistema. La mediterraneidad no se entiende sin nuestro mar, nuestros
recursos, nuestra gastronomía y la gente que los trabaja. El cambio
climático puede suponer un trauma para esa actividad y nuestros fondos
marinos. Veintidós años después de la vigente Ley de pesca, es necesaria
una ley que se adapte a los requerimientos de la política pesquera común
y nos permita avanzar en la pesca sostenible y justa, dejando a un lado
los derechos históricos de algunos por encima de los sociales o
ambientales, de forma que aseguren un futuro justo para la gente del
mar.

Por otro lado, hemos planteado distintas enmiendas que recogen el
sentir de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, que
reclama el reconocimiento profesional de los pescadores y pescadoras
artesanales del lago en el régimen de la Seguridad Social, ya que el
actual modelo competencial los deja al margen de los derechos que sí
asisten a otros pescadores. Nuestras enmiendas piden el reconocimiento de
la comunidad de pescadores del Palmar incluidos en la ley,
independientemente de las aguas en las que pesquen, sean estas marinas o
continentales, garantizando la igualdad de trato y oportunidad. Estas
ayudas y fondos europeos les permitirían anticipar también su edad de
jubilación o el reconocimiento de las dolencias profesionales, además de
mejorar la coordinación entre administraciones en materia de acuicultura,
marisqueo y pesca en aguas interiores y continentales, así como su
participación dentro del sector. Es de justicia y no se pueden seguir
permitiendo ni un minuto más discriminaciones entre pescadores.

Estas son nuestras enmiendas. Imagino que pasará como siempre, dada
la escasa voluntad que existe en esta Cámara por intentar mejorar los
textos que vienen del Congreso, lo cual lleva a situaciones como la que
hemos vivido en el día de hoy con la ley anterior, respecto de la que no
hemos dejado de recibir presiones de última hora para intentar arreglar
aquello que no se arregla con la negociación y con el diálogo. Nos
gustaría que esta ley sí se pudiese mejorar, porque estamos hablando de
un sector sensible, como es el de la pesca, y sobre todo volver a incidir
en el tema de la situación específica de los pescadores y pescadoras de
la Albufera, que, desgraciadamente, no es la primera vez que lo traemos a
esta Cámara y que siempre sale sin el apoyo de los partidos que conforman
la mayoría.

No he saludado antes al señor ministro porque no lo había visto; lo
saludo ahora.

Espero contar con el apoyo mayoritario para que estas enmiendas
puedan mejorar la ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Enmiendas de sus señorías Cleries i Gonzàlez y Clavijo Batlle,
originariamente presentadas por el senador Clavijo Batlle; para la
defensa de las enmiendas 22 a 26, tiene la palabra la senadora
Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Las damos por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 56 a 76, de sus señorías Cleries i
Gonzàlez y Rivero Segalàs, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Las damos por defendidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Enmiendas de sus señorías Cortès Gès y Rufà Gràcia; para la defensa
de las enmiendas 144 y 148 a 150, tiene la palabra el senador Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Intervengo desde el escaño, presidente.

Esquerra Republicana va a retirar las enmiendas y, por lo tanto, no
se procederá a su votación. Agradecemos también la presencia de las
compañeras del mar, las trabajadoras, que hoy se merecen la bienvenida
que les ha dado el presidente de esta Cámara, pero también nuestro
reconocimiento por estar, no digo desde hace años, sino desde hace
siglos, al lado de los pescadores, labor que ahora verán reconocida por
su trabajo y tendrán mejores oportunidades y un buen futuro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rufà Gràcia.

Para la defensa de las enmiendas 170 a 174, por el Grupo
Parlamentario Vasco tomará la palabra su señoría el senador Medina
Martínez.

El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko, presidente jauna.

Intervengo brevemente desde mi escaño. Tras el compromiso que se ha
adquirido por el ministro de Agricultura y el Grupo Parlamentario Vasco,
y a la espera de que se cumpla lo propuesto por este grupo en el sentido
de las enmiendas que presentamos a esta ley, retiraremos las
enmiendas.

Eskerrik asco.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, senador Medina; muchísimas
gracias.

Y por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de las
enmiendas 77 a 123 y 125 a 128, tiene la palabra su señoría la senadora
Landín Díaz de Corcuera.

La señora LANDÍN DÍAZ DE CORCUERA: Gracias, presidente. Buenas
tardes.

Quiero dar la bienvenida a las mujeres del País Vasco que nos visitan
hoy.

Señorías, una ley debe perseguir varios principios y en el caso que
hoy nos ocupa debe abordar aquellas cuestiones normativas clave para el
desarrollo presente y futuro del sector pesquero. Sin embargo, aquí nos
encontramos con una ley que no aporta ni herramientas ni soluciones ni
seguridad. Por el contrario, lo que sí hace esta ley es acrecentar la
asfixia que muchos armadores, tripulantes y el sector en general están
sufriendo diariamente en su trabajo.

Por este motivo, el Grupo Popular presenta una serie de enmiendas que
a continuación, de manera resumida, paso a exponer. Empezaré por una
cuestión que preocupa, y mucho, al sector: la gestión de las
posibilidades de pesca no utilizadas. El Grupo Popular propone la
enmienda 112, porque nos decantamos por conocer los motivos que originan
esta situación antes que tomar la drástica decisión de retirar la cuota a
un buque, con el impacto que ello implica y que luego explicaré. Pero,
igual que proponemos eliminar este artículo 42, proponemos incorporar
nuevos puntos para subsanar otras carencias que detectamos, como es el
caso del artículo 11 y la enmienda 89, en la que se aborda la posibilidad
de que un buque pueda pertenecer a más de un censo. Para el Grupo Popular
esto supone un paso atrás respecto a la Ley 3/2001, porque en aquella ley
sí se fijaban unos criterios; hoy no. Por eso, nosotros les proponemos la
habitualidad y la idoneidad.

Por seguir hablando de criterios, mi grupo considera que se debería
tener más en cuenta lo que determine la ciencia y lo que marque la
investigación, una investigación a la que no basta con dedicarle un
espacio en el título de este proyecto de ley; eso no es suficiente.
Entendemos que su desarrollo no debería ser tan escaso; igual que
defendemos que la participación de quienes desarrollan dicha actividad
investigadora tampoco puede ser tan pobre en esta ley. Aquí se está
ignorando al Instituto Español de Oceanografía, de ahí nuestra
enmienda 93; y aquí se está ignorando también a los observadores marinos,
a los científicos, que son la base de todos los estudios que facilitan
conocer el estado de los mares y los océanos; por eso, nuestra
enmienda 122.

Señorías, como habrán visto, en varias de nuestras enmiendas dejamos
constancia de la importancia de incorporar la presencia real y efectiva
de todos los colectivos afectados. La ausencia que denunciamos denota
otra de las carencias de este proyecto de ley, una carencia muy propia y
muy habitual de este Gobierno, que es ignorar, que es no contar con la
participación de todos los agentes implicados. Aquí el barco del
ministerio vuelve a hacer aguas, porque desde el propio sector
―armadores, pescadores, buceadores, observadores, titulares de
almadraba— y hasta las propias comunidades autónomas han mostrado
su malestar en distintas reuniones mantenidas en esta misma casa.

Compartirán conmigo que todo esto denota una absoluta falta de
respeto hacia un sector que no solo debe ser conocedor de lo que se
aborda en esta ley, sino que además debe ser copartícipe, porque es
corresponsable de la situación de nuestros mares y de nuestros océanos y
porque le afecta todo lo que en el mar y en los océanos suceda. En este
punto le recuerdo varias enmiendas que hemos registrado y que están
relacionadas con garantizar la audiencia previa del sector, así como el
carácter preceptivo de su opinión; son las números 86, 91, 111 y 100, en
las que insistimos en la importancia de que la opinión sea preceptiva
allí donde las obras, instalaciones y demás actividades en el mar sean
susceptibles de interaccionar con los recursos pesqueros. Un ejemplo muy
actual es el de los pescadores de las distintas demarcaciones: la
noratlántica, la balear, la canaria o la costa andaluza, que la semana
pasada han conocido la ubicación de reservas de espacios marinos en los
caladeros de pesca en donde ellos faenan, una decisión tomada en el
Consejo de Ministros, y me gustaría saber si los pescadores de estas
zonas afectadas no van a poder decir absolutamente nada, si no van a ser
tenidos en consideración.

Señores del PSOE, ustedes no dialogan; ustedes directamente vetan. Mi
grupo quiere mostrar su malestar por el veto del Gobierno a cinco de las
enmiendas propuestas por cuatro grupos de esta Cámara, dos de ellas
nuestras, la 129 y la 130. Desgraciadamente este es un ejemplo más de su
falta de diálogo, porque si lo que quieren es no abordar el tema de los
coeficientes reductores más allá de los colectivos ya incorporados,
díganselo a los afectados. Señorías del PSOE, ustedes no han querido
registrar ninguna enmienda en esta Cámara. Ustedes consideran que esta
ley está así perfecta. Ustedes no quieren dialogar, como sí se hizo en
los años 2001 y 2014, en los que se incorporaron más del 50 % de las
enmiendas presentadas. Esa es su realidad, pero sepan que es una realidad
muy ajena a la realidad que vive el sector pesquero.

Otro punto que nos preocupa en este proyecto hace referencia al
empleo y a la cohesión social en las zonas costeras. Aquí empezaré
diciendo que esta ley va a afectar a 30 000 trabajadores directos y
a 150 000 trabajadores indirectos y va a tener gran repercusión en zonas
altamente dependientes para las mujeres, para los hombres, para el
presente y para el futuro de muchas familias que van a depender de estas
zonas, que fijan población y que generan economía local en pueblos y
comunidades pesqueras de nuestra costa. Por todos ellos lo que hay que
hacer es construir certezas y no generar incertidumbres, que es
precisamente lo que hace esta ley en varios de sus aspectos más
preocupantes.

Un golpe de timón más; otro más. Esta ley cambia radicalmente el
actual modelo de gestión de los derechos de pesca, unos derechos que
influyen, y mucho, en el valor de las empresas, porque el barco vale lo
que valen sus cuotas, y cualquiera de las modificaciones propuestas en la
ley va a contribuir a la pérdida de valor de las inversiones que realizan
y que han realizado muchas personas, porque, tal y como está redactado
actualmente el articulado, se está dejando abierta la posibilidad de que
se puedan modificar los repartos anteriores a la entrada en vigor de la
ley, así como a variar los repartos de posibilidades de pesca adicionales
de una determinada especie. Ambos casos son rechazados por mi grupo vía
enmiendas, la 103 y la 125, porque si bien en una ley nada debe quedar
redactado de forma ambigua, menos puede pasar en este punto, que requiere
de mucha claridad y de mucha concisión, y a nuestro juicio eso no sucede,
porque sigue quedando dudosa esa voluntad del Gobierno de no tocar los
derechos que se habían adquirido con anterioridad a la ley.

Otra cuestión que rechazamos es la que tiene que ver con que la
Administración central se reserve de manera ordinaria un 5 %, pudiendo
llegar de forma excepcional a alcanzar un 10 % cuando así lo justifique
la necesidad de la flota pesquera. Aquí me van a permitir una reflexión y
varias preguntas. La reflexión, señores del PSOE, es que con ustedes en
el Gobierno lo excepcional asusta siempre, porque suele ser para peor. En
cuanto a las preguntas, les planteo las siguientes sobre los criterios
para alcanzar ese 10 % tan excepcional. ¿Bajo qué criterios se van a
hacer? ¿Criterios científicos? ¿Criterios técnicos? ¿Pueden ser criterios
políticos? ¿Quién determina las condiciones para su uso? Porque desde mi
grupo compartimos que existan las posibilidades de pesca, que exista esa
figura y además que tenga un máximo, digamos un tope del 3 %; en nuestro
caso proponemos que sea de un 5 %. Pero es que el 10 % puede suponer
reservarse 50 000 toneladas al año de posibilidades de pesca. Es que
el 10 % puede significar reservarse un valor máximo aproximado a 170
millones de euros. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Esto quién lo decide y bajo
qué criterios?

Creo, señorías, que este es un buen ejemplo de la arbitrariedad y
ambigüedad de la que se queja el sector y de la desconfianza que muestra
hacia este Gobierno. De ahí, nuestra enmienda 109, en la que además
abogamos por suprimir la letra d) de este artículo 40. Si leen el texto
actual, verán que se está permitiendo la entrada en una pesquería a
buques de pesca que no han estado históricamente en esa pesquería. Esto,
a nuestro juicio, es un elemento que va a volver a generar incertidumbre
e inseguridad y que además puede acarrear serios problemas, porque
vulnera otra vez un criterio principal que impera a nivel europeo y entre
los organismos internacionales, que es el de las capturas históricas, lo
que se conoce comúnmente como los históricos. Son los que reflejan cuál
es la actividad de un barco y son los que determinan, aportan, enriquecen
la economía social y local de una flota, de su puerto, y por extensión de
su territorio.

En el Grupo Popular pensamos que todas estas actuaciones previstas en
la ley van a tener consecuencias muy negativas y van a pisotear cualquier
atisbo de relevo generacional, ese del que tanto oímos hablar al sector y
ese del que tan poco escuchamos hablar al Gobierno, que ni siquiera lo
incorpora en esta ley, aun siendo uno de los mayores problemas en la
actualidad pesquera.

Señorías, tenemos una flota que contribuye a la generación de riqueza
y a que tengamos comunidades pesqueras importantísimas como las que hay
en nuestras costas, pero también tenemos un grave problema con la falta
de jóvenes que se vayan a hacer cargo de esa flota en los próximos años,
porque ¿quién va a querer invertir sabiendo que cualquier inversión puede
ser eliminada o —como se escuchó en comparecencias en el Congreso
de los Diputados— directamente expropiada? ¿A quién le vamos a
pedir que invierta en modernizar buques, en incorporar recursos, en
mejorar las condiciones de trabajo o en formar a un nuevo personal si el
Gobierno decide unilateralmente abrir el melón, cambiar las reglas de
juego a mitad de la partida y echar por la borda las inversiones de
armadores, de pescadores, de sus familias y de cualquier empresa que
quiere aportar en este sector?

Voy terminando ya. He querido reservar la última parte de mi
intervención a otro de los colectivos que está ausente en esta ley, una
ley hecha por el Gobierno que se define como el más feminista de la
historia de nuestro país y que, sin embargo, ignora a la gran mayoría de
las más de 10 000 mujeres que viven directamente del sector de la pesca.
Tal y como se describe desde Anmupesca, ellas son agentes fundamentales
para el desarrollo de la actividad pesquera; lo son, aunque hayan
permanecido durante décadas invisibilizadas y olvidadas en muchas leyes y
en muchas políticas pesqueras. Mariscadoras, rederas, armadoras,
biólogas, pescadoras, depositarias en algunos casos de formas de trabajo
ancestrales transmitidas oralmente por sus madres y por sus abuelas.
Muchas de ellas son recolectoras que desarrollan su actividad con un
enorme cuidado hacia el medio marino en el que trabajan, en el que viven
y del que todos nos beneficiamos, porque ellas limpian, reciclan, sanean
y repueblan nuestras rías y nuestros mares. Las rederas en Galicia, en
Asturias o en Cantabria no solo hacen aparejos de pesca, sino que
reciclan lo que los marineros recogen del fondo marino para utilizarlo y
darle una segunda vida. Señorías, si alguna vez tienen la oportunidad,
acudan a la Cofradía de San Ginés en Colindres, Cantabria, y verán el
trabajo tan artesanal que ahí se realiza. (La señora vicepresidenta,
Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

Dicho esto, en el Grupo Popular tenemos claro que no es suficiente
con reconocer y destacar esta realidad. Estamos ante una ley que
solamente incorpora a la mujer en una de sus preocupaciones, la de los
coeficientes reductores, una reivindicación necesaria, justa y
compartida, porque afecta a otros colectivos. Precisamente por eso
consideramos que este tema debe ser estudiado para que sea más que una
disposición adicional metida de soslayo en una ley general de pesca, como
pretende hacer el Gobierno. Mi grupo considera que este tema debería
contar con las administraciones competentes en pesca y Seguridad Social y
que sean ellas las que estudien la normativa en vigor y las posibilidades
reales de cada una de las actividades; que lo hagan con los colectivos
afectados, y que lo hagan en un plazo máximo de seis meses. Esa es
nuestra enmienda. Rederas, empacadoras, neskatillas, mariscadoras,
observadoras marinas, buceadoras. Entendemos sus reivindicaciones y las
compartimos. Lo que no entendemos ni compartimos es que el Gobierno haya
decidido incorporar a unos y dejar fuera a otros.

Termino ya, y lo hago haciendo uso de las palabras utilizadas por mi
compañero el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados,
Joaquín García, quien conoce y resume a la perfección lo que es esta ley.
Dice que esta ley no es la demandada por el sector, que es inoportuna por
la situación que este actualmente atraviesa, que genera gran inseguridad
jurídica, que no aporta herramientas para abordar los principales
problemas del sector y que no contó además con su participación. En
resumen, el proyecto estrella, ese que anunció el ministro Planas al
comienzo de la legislatura como el más importante de la legislatura, no
sirve para mejorar la situación del sector porque no mejora cosas que se
podrían mejorar y, por el contrario, empeora otras, generando inquietud y
conflicto.

Por ello, nuestro grupo, el Grupo Popular, creo que desde una
posición responsable, ha tratado de corregir algunos de estos déficits
que observamos en el articulado, dando algo más de concisión y de
seguridad jurídica a este texto, mejorando técnicamente las definiciones
establecidas, que son recogidas en las enmiendas 78, 79 y 80,
introduciendo cuestiones importantes que se habían quedado fuera o que
estaban mal definidas, como podía ser alguna cuestión relacionada con la
pesca recreativa, y coordinando los respectivos marcos competenciales de
la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. En
este sentido, hemos priorizado respetar los principios de coordinación y
cooperación, y para no invadir competencias autonómicas donde sí se
hacía, hemos registrado un conjunto de enmiendas, las números 94 a 98,
entre otras. Todas ellas forman parte del total de cincuenta y tres
enmiendas que inicialmente presentamos, cincuenta y una tras el veto
efectuado por el Gobierno. Todas ellas están al servicio de mejorar este
texto. Por ello, esperamos que sean apoyadas por todos los grupos que
aspiran, como nosotros, a dicho fin.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para el turno en contra de las enmiendas, tiene la palabra el senador
Miranda.

El señor MIRANDA MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.

Quiero mandarles también un saludo muy afectuoso a las neskatillas y
rederas de Vizcaya.

Señora Landín, en el Partido Socialista Obrero Español somos señoras
y señores, no solo señores. (Aplausos).

Señorías, permítanme que dedique una parte de mi intervención a una
medida que hace que me sienta muy orgulloso de pertenecer al Partido
Socialista Obrero Español, especialmente un día como hoy, 8 de marzo.
Señorías, conocen ustedes las condiciones de los trabajadores del régimen
del mar que justifican que la Seguridad Social trate de manera diferente
su acceso a la jubilación. Este trato diferenciado se hace explícito en
el reconocimiento de unos coeficientes correctores de la edad ordinaria
de jubilación, los cuales varían en función de la ocupación. Sin embargo,
durante décadas el legislador dejó fuera de esta especificidad a las
únicas profesiones profundamente feminizadas entre los trabajadores del
mar. Me estoy refiriendo a las rederas, que el 88 % son mujeres; a las
mariscadoras, que el 61 % son mujeres, y a las neskatillas y empacadoras
de la costa vizcaína, que son exclusivamente mujeres. Analizada en
perspectiva esta situación, cabe preguntarse si el mero hecho de tratarse
de profesiones mayoritariamente feminizadas ha hecho más complicado
obtener el reconocimiento social y prestacional que sí se dio a otras
ocupaciones integradas exclusivamente por hombres.

Gracias al cambio normativo que recoge el texto que hoy debatimos y
votaremos, las neskatillas, empacadoras y rederas dejarán de ser las
únicas ocupaciones del régimen especial del mar sin acceso a los
beneficios en materia de edad de jubilación. Además, a las mariscadoras
se les subirá el coeficiente para homologarlas a las profesiones
análogas. Es por ello por lo que, en un día como hoy, reconozco y
agradezco el importante trabajo que desempeñan particularmente en mi
tierra, Galicia.

Una vez más, el Partido Socialista es quien resuelve la desigualdad
de género, en este caso, el acceso a la jubilación. Somos un partido que
no solo se acuerda de ellas en la oposición, sino que cuando gobernamos,
nos coaligamos en su causa para equiparar los derechos entre mujeres y
hombres. Somos el Partido Socialista, el partido feminista, el partido
que consigue hacer realidad lo que otros instrumentalizan cuando está en
la oposición, pero se olvidan cuando gobiernan. (Aplausos).

Como gallego y como español me complace especialmente la defensa de
este Proyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, que
actualiza y moderniza la Ley 41/2010, reguladora de la actividad de pesca
marítima, a la luz de los numerosos cambios normativos producidos en los
últimos años en el marco de la Unión Europea y de los tratados
internacionales. Como gallego, porque la pesca marítima no solo es una
actividad relevante en la comunidad que represento. Los gallegos pescamos
en cualquiera de los mares del mundo y desde las lonjas de nuestros
puertos, junto a una potente industria transformadora, la pesca, el
marisco y la conserva llegan a todo el mundo. Pero, mirando los 8000
kilómetros de costa española, nos encontramos igualmente con numerosos
pueblos que viven de la pesca y además dan a nuestro país un atractivo
singular.

Para los pescadores de toda España, para las personas que sustentan
la actividad pesquera va en primer lugar este proyecto de ley. Como todos
los proyectos legislativos que surgen de un Gobierno de mayoría
socialista, son los ciudadanos, los profesionales y sus derechos y su
protección los que inspiran transversalmente todos los títulos y
capítulos de esta importante norma,

España asume la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad
en todos los frentes de la actividad pesquera.






Contemplamos la
sostenibilidad en su triple dimensión, ambiental, económica y social, que
trae como consecuencia objetivos claros: la conservación de los recursos
pesqueros, la rentabilidad de la actividad pesquera y la cohesión social
de zonas costeras. Destacan también dos enfoques: ecosistémico, en el
principio de la explotación conforme a un rendimiento mixto sostenible, y
el integral e integrado del sector pesquero en el marco de la economía
azul. Son principios generales que impregnan todo el texto legal, de tal
forma que cualquier actuación o medida de protección, conservación y
gestión de los recursos pesqueros deberá ajustarse a los mismos.

Se trata pues de conservar el planeta, los mares, las especies
marinas, los caladeros, para hacer posible la continuidad de una
actividad pesquera regulada en todos los escenarios posibles; una pesca
que cobra aún mayor relevancia por su importancia en una alimentación
humana saludable. Las proteínas del pescado figuran en todas las dietas,
y la longevidad española está muy ligada al papel del pescado en la
alimentación.

La ley hace especial hincapié también en la conservación de la
biodiversidad marina, regulando la investigación a través del CSIC y su
Instituto Oceanográfico en sentido amplio, desde la genética de las
especies hasta las mejoras en los buques y en los métodos y artes de
pesca, para que la sostenibilidad abarque la totalidad de la actividad
pesquera.

En los principios, títulos y desarrollo de la ley se contempla una
orientación indefectiblemente unida a la misma visión progresista con que
el Gobierno de España está legislando en todos los ámbitos que afectan a
nuestra economía y a nuestra sociedad, que habían permanecido a la deriva
durante el mandato del Gobierno anterior de Mariano Rajoy, que parece ya
tan lejano, con sus recortes económicos y sociales.

La profunda transformación que el Gobierno ha dado a su actividad
política y legislativa abarca todos los ámbitos de actividad y los
derechos no reconocidos hasta ahora. Con la pesca, sucedió otro tanto. En
Galicia vivimos cuatro legislaturas de inacción y queja constante; no
cumplir con las propias competencias de la autonomía y reclamar al
Gobierno central la solución de las propias incapacidades. El candidato
Feijóo podría darnos un curso de la cultura de la queja, con la que
aspira a gobernar; todo un especialista en echar balones fuera y las
culpas a terceros, técnicas en las que está muy versado.
(Aplausos).

Frente a esa mala praxis, esta ley es generosa y participativa.
Recoge tanto los mecanismos de coordinación, cooperación y participación
en la política de pesca de las comunidades autónomas con la Comisión
Sectorial de Pesca, como la participación de asociaciones representativas
del sector, entidades de derecho público, organizaciones de productores,
sindicatos, organizaciones no gubernamentales y fundaciones en la
definición de la política de pesca sostenible, mediante la creación de
mecanismos como el Foro asesor de pesca o comités participativos de
carácter consultivo.

Es evidente que la Unión Europea ha gestionado la pandemia y la
crisis económica posterior de manera muy distinta a la crisis financiera
de 2008. Los fondos Next Generation de la Unión Europea nutren el plan de
recuperación, transformación y resiliencia, que el Gobierno de España
está ejecutando y que tienen sus pilares en la transición energética, la
digitalización, la igualdad de género y la cohesión social. Se encuentra
en esta ley plenamente asumido, con el objetivo de impulsar la
sostenibilidad económica y social y como elemento central de la gestión
pesquera, agrupando en una única ley la normativa actualmente dispersa,
adaptando la ordenación de los diferentes artes, modalidades y censos de
los caladeros.

Como los senadores y senadoras recordarán, en el plan se contempla la
modernización de la red, la reserva marina de interés pesquero, el
impulso a la investigación y formación en el sector, el fomento del
desarrollo tecnológico y la innovación en el sector pesquero y acuícola
para el impulso de la economía azul, la digitalización de lasTIC en el
sector pesquero, el apoyo a la lucha contra la pesca ilegal no declarada
y no reglamentada y el apoyo a la financiación del sector pesquero para
la mejora de la competitividad, las condiciones laborales y la seguridad
a bordo.

Las necesidades, criterios y fundamentos de esta ley son
perfectamente compatibles con cualquier modificación en la política
pesquera común. Estamos en una actividad absolutamente regulada para que
sea sostenible. La Unión Europea no se separará en este camino que lidera
en el mundo. Esta ley exhaustiva que regula la pesca marítima incluye los
requisitos para el acceso a los recursos pesqueros, sus medidas de
protección, uso sostenible, conservación, regeneración y gestión, así
como el fomento de la recopilación de datos, el conocimiento y la
investigación oceanográfica pesquera de competencia del Estado, la
regulación del acceso a los recursos genéticos que tengan la
consideración de recursos pesqueros y la cooperación y coordinación entre
el Estado y las comunidades autónomas, que no puede esperar.

También regula cualquier otra actividad susceptible de afectar a los
recursos pesqueros, a sus hábitats, desarrollados ya en aguas sometidas a
soberanía de jurisdicción española, incluyendo el mar territorial, la
zona económica exclusiva y la zona de protección pesquera del
Mediterráneo, con excepción de las aguas interiores o bien fuera de aguas
bajo jurisdicción española por buques españoles, de conformidad con lo
dispuesto en los tratados, acuerdos y convenios internacionales, en la
normativa europea y en la legislación nacional de países terceros que
puedan ser de aplicación.

Se trata de un proyecto de ley, para el que pido el apoyo de esta
Cámara, que permite que la España costera siga desarrollando la actividad
pesquera en el nuevo escenario global de la lucha contra el cambio
climático y la sostenibilidad, aplicada a todos y cada uno de los
sectores de la actividad humana. Un proyecto de ley que fortalece el
vínculo entre la pesca e investigación, porque el conocimiento es
necesario para desarrollar en estos tiempos la actividad pesquera. Es
algo que nuestros pescadores, especialmente aquellos que se dedican a la
pesca artesanal, apoyan plenamente: la conservación del mar y las
especies marinas; la investigación para mantener la diversidad y repoblar
su caladero; la mejora en la eficiencia energética y el uso de
combustibles no fósiles en los buques, así como en las artes de pesca;
luchar contra los que no cumplen las normas, y garantizarnos a todos, a
los pescadores, a la industria, a los consumidores y a la sociedad en su
conjunto un mar y un mundo mejor.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marín
Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta. Bienvenido,
ministro.

Señorías, esta ley pretende vincular el uso sostenible de la pesca
con la Agenda 2030, en la cual no se contempla un plan de viabilidad para
el sector pesquero en España. España es la primera potencia en Europa,
con 8656 buques. Sin embargo, en estos últimos siete años hemos
perdido 299 empresas, a razón de 43 empresas por año, y la sangría
continúa debido a la postura de la Comisión y del comisario de Pesca,
señor Sinkevicius; postura apoyada por países sin interés en la pesca,
que exige, entre otras cosas, una nueva reducción del 7 % en las capturas
para los pescadores de la región del Mediterráneo; es decir, 150 días
menos al año para poder pescar.

Señorías, desde hace varios años el rumbo de la Comisión Europea en
materia de pesca no busca el equilibrio necesario entre sostenibilidad
ambiental y producción alimentaria, sino más bien se dirige hacia una
sostenibilidad más activista, que no tiene en cuenta los perjuicios que
puede acarrear. Así, últimamente la Comisión Europea ha cerrado 87 áreas
para la pesca de forma equivocada y sin tener en cuenta la información
científica actualizada, ni las consecuencias económicas y sociales de
esta medida.

Señorías, en materia de pesca debe de existir un equilibrio entre la
sostenibilidad ambiental y la producción alimentaria. Una auténtica
política nacional de pesca es incompatible con el sometimiento a la
Agenda 2030 porque dicha agenda globalista no tiene un plan realista para
nuestro sector pesquero y sus decisiones son tomadas de espalda a los
españoles, muy especialmente de espaldas al sector pesquero y nuestros
pescadores. En Vox pensamos que la elaboración de nuestra política
pesquera debe basarse en fortalecer y asegurar la soberanía alimentaria
de España como base de su prosperidad social y económica.

Señorías, al afrontar la Ley de pesca, lo primero que debemos
considerar es que los recursos pesqueros son recursos públicos y, por
tanto, pertenecen a todos los españoles, sin distinción de regiones ni
otra consideración parecida. Por tanto, su regulación y gestión debe
responder a un interés nacional y a la igualdad de todos los
españoles.

Este proyecto de ley y su desarrollo deben responder a una estrategia
y una política nacional de pesca en la que primen los intereses de España
por encima de intereses partidistas, regionalistas o intereses de
sectores empresariales concretos.

Según los repartos históricos sobre capturas que se hicieron en 2014,
solo en la campaña de la xarda, mientras que un barco asturiano puede
capturar únicamente 22 toneladas, un vasco puede alcanzar las 140
toneladas. ¿Por qué esa diferencia regional en la que se beneficia a unos
y se perjudica a otros? La respuesta está en el sometimiento que tanto el
Partido Socialista como el Partido Popular —tanto monta, monta
tanto— tienen a sus socios de Gobierno, en este caso el Partido
Nacionalista Vasco.

Señorías, recordemos el artículo 128.1 de la Constitución: «Toda la
riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad
está subordinada al interés general». Y el artículo 131.1: «El Estado,
mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para
atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el
desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y
de la riqueza y su más justa distribución». Señorías, todos los españoles
son iguales, por lo que debemos partir de esa igualdad a la hora de
considerar los derechos sobre los recursos pesqueros. Deben desaparecer
los privilegios regionalistas.

Por otro lado, el Plan de ordenación del espacio marítimo, POEM, en
el que se basará el futuro desarrollo en la costa española de parques
eólicos marinos, no convence a los pescadores del Cantábrico, los cuales,
agrupados en la plataforma Manifiesto de Burela, calificaron en noviembre
de 2021 como un ataque intolerable al sector por parte del Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico. El Instituto Español de
Oceanografía no tiene una cartografía marina de las zonas propuestas y
tampoco existe información de la afectación a los stocks de caballa,
sardina, cigala o bonito. Pese a ello, la directora general de Costa
indicó la obligación de cumplir con los requisitos de la Comisión
Europea.

Asimismo, el Gobierno desconoce los impactos socioeconómicos que la
reserva de espacios para la eólica marina puede tener en el sector
pesquero que trabaja en dichas zonas. Un sector sostenible como la pesca
y una riqueza biológica como la del Cantábrico —solo entre Galicia
y Asturias hay más de 300 caladeros— no puede ser objeto de
sacrificio en beneficio de grandes multinacionales, que ven en nuestros
mares un territorio para especular con la energía. Pero no olvidemos que
la flota del noroeste, según datos oficiales, cuenta con más de 4300
unidades, más de 12 000 pescadores y más de 48 000 puestos indirectos,
que proporcionan alimentos a la población, generan empleo y fijan
población en las comunidades costeras del Cantábrico noroeste, que ahora
se ven en peligro.

Por otra parte, consideramos que debe ser de interés nacional un
especial apoyo a dos sectores de población fundamentales: por un lado, la
pesca artesanal, a los pequeños empresarios de la pesca y, por otro, a
los jóvenes. Nos abstendremos en la votación.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador
Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes,
señorías.

Nuestro partido, Ciudadanos, ha desarrollado un intenso trabajo, como
muchos de ustedes, en la tramitación del Proyecto de Ley de pesca
sostenible e investigación pesquera, priorizando un eje alrededor del
cual se ha estructurado nuestro trabajo y nuestras enmiendas. Por cierto,
bienvenido ministro; no lo había visto.

La sostenibilidad es fundamental para la supervivencia y el
desarrollo de un sector tan vital como es el pesquero. Entendemos la
sostenibilidad de la forma más extendida, que es el cuidado del medio en
el que se desarrolla la actividad pesquera y su compatibilización con dos
actividades, con el objetivo general de garantizar su futuro. En este
sentido, hemos presentado enmiendas en los siguientes términos.

Respecto al uso de chatarra y otros materiales de desecho con el fin
de instalar arrecifes artificiales, se da mayor seguridad jurídica y
previsibilidad al uso de chatarra y otros materiales de desecho con el
fin de instalar arrecifes artificiales, igualando su regulación al
hundimiento de buques para el mismo fin. Si se hace siguiendo una
estricta normativa ambiental en lo referente a materiales y componentes
autorizados, redundaría en más arrecifes artificiales y mejor
aprovechamiento de residuos.

En cuanto a la inspección medioambiental, la Secretaría General de
Pesca creará un cuerpo especial de inspección para controlar la calidad
de aguas procedentes de las cuencas hidrográficas, incluidos los
acuíferos, emisarios e instalaciones depuradoras, con la finalidad de
comprobar posibles infracciones en los vertidos de todo tipo. Y el
tratamiento del material dragado deberá realizarse en tierra firme para
mejorar la garantía del cuidado del medio, del que dependen los recursos
pesqueros.

Sin embargo, además de entender la sostenibilidad desde este criterio
medioambiental, estamos convencidos de que es igualmente importante para
asegurar el futuro de la pesca española y su actividad. Ello pasa
necesariamente por una modernización del sector y un impulso a la entrada
de nuevas generaciones y de jóvenes profesionales. Para ello, hemos
presentado otra batería de enmiendas que, básicamente, redundan en
ponderar el criterio de historicidad, la actividad pesquera desarrollada
históricamente cifrada en volumen de capturas, esfuerzos de pesca, tiempo
y presencia en la zona; se ponderará como criterio en los casos en los
que resulte empate técnico entre buques o grupos de buques. Creación de
una aplicación informática; en este caso, el Gobierno desarrollaría una
aplicación informática para teléfono móvil y tablet, al objeto de que
pescadores, profesionales y recreativos puedan informar con carácter
previo a la entrada en puerto de las características de la captura. O
inclusión de pesca submarina; esta propuesta viene orientada a dar una
mejor regularización a la pesca deportiva submarina.

En definitiva, señorías, estas enmiendas que hemos dado por
defendidas anteriormente y que ahora ponemos encima de la mesa redundan
en las que presentamos en el Congreso y que no fueron admitidas. El
trabajo que hizo el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso fue
notable, y es muy de agradecer el trabajo del Gobierno y el del grupo
proponente de la ley porque han recogido nuestro trabajo y se ha visto
plasmado en el texto de la ley.

Por tanto, como conseguimos transar varias enmiendas en favor de la
seguridad jurídica del sector en el Congreso, este proyecto de ley
contará, obviamente, con nuestro apoyo. Y les pedimos que, asimismo,
valoren y tengan a bien apoyar las enmiendas que hemos presentado en el
Senado, porque, sin duda, mejorarían aún más, si cabe, el texto,
impulsando ese papel fundamental que, en nuestra opinión, tiene la
sostenibilidad ambiental y generacional del sector pesquero.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

¿Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal? (Denegaciones). No va a
intervenir el señor Mulet.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora
Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, presidenta.

Señorías, señor ministro, vaya por delante el compromiso con la
sostenibilidad de Junts per Catalunya con el sector primario, con la
pesca, en tanto que garante de la seguridad alimentaria, y por supuesto,
debe estar regulado ateniéndose a la normativa europea, a la que sale de
estas Cámaras, y también a aquellas competencias que desarrollan las
comunidades autónomas.

Estamos acostumbrados a que esta sea una Cámara de mero trámite donde
se nos merma la capacidad de llegar a consensos o, como mínimo a
intentarlo, y que pasen las leyes sin pena ni gloria. Yo tenía previsto
un discurso. No lo voy a hacer. Me ha sorprendido que algunos grupos
hayan retirado enmiendas en función de unos pactos in extremis entre
ejecutivos, algo que celebro, pues celebro los pactos, y espero que sean
buenos para aquellos que los han hecho y especialmente para Cataluña.
Pero, déjeme decirle que hemos presentado algunas enmiendas en pro de la
sostenibilidad y de ese matiz que contiene la ley, pero también otras que
hacen referencia a competencias autonómicas. Y algunas enmiendas de otros
grupos que se han retirado, también iban a ser apoyadas por nuestro
grupo, en tanto que reforzaban preocupaciones e intereses de empresas
catalanas referentes al reparto de la cesión de derechos, que, como usted
sabe, no implica solo a una comunidad autónoma pues, afortunadamente,
trabajamos conjuntamente País Vasco, Andalucía o la pesquería
catalana.

Como decía, no voy a hacer ningún discurso porque, como
parlamentaria, se me hace muy difícil, por un lado, no tener ocasión de
participar en el debate para mejorar el proyecto de ley y, por otro,
porque tampoco sé si esos acuerdos a los que han llegado y esa retirada
de enmiendas supone que las enmiendas que me preocupan van a ser
atendidas. Si se trata de eso, mi pregunta es: si las enmiendas que
tenemos nosotros, coincidentes con algunos grupos, van a ser atendidas,
¿por qué no aprovechar el proyecto de ley? Y si no van a ser atendidas,
nosotros las mantenemos igualmente para que el resto de los grupos les
den apoyo. Si no van a ser atendidas y los acuerdos no van de lo que va
el proyecto de ley, solo me queda felicitarles por esos acuerdos y que
sean buenos para los territorios, para las personas de dichos territorios
y, sobre todo, para el sector primario.

No he querido hablar de las calidades del sector primario porque me
ha preocupado, y me continúa preocupando, cómo se gestionan las leyes
últimamente en esta Cámara. Me gustaría decir que solo pasa con esta,
pero creo que eso hace que legislemos mal y que no encontremos consensos
donde puede haberlos. Con esto quiero decir que, como parlamentaria, ante
esas dudas sobre esos pactos in extremis que cambian el juego
parlamentario y cuyo contenido desconocemos, al no saber si aquello que
nos preocupa de esta ley va a ser recogido más tarde y de otra manera,
con lo cual igual podríamos estar de acuerdo o votar a favor de la ley,
nos vamos a abstener.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Medina
Martínez.

El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko, presidenta andrea.

Antes de empezar mi intervención, señora presidenta, señor ministro,
quiero dar la bienvenida y las gracias a una delegación de la Federación
de Mujeres Trabajadoras del Mar que hoy nos visita en el Senado.
Esperemos que esta visita sea de total valor para vosotras y para
nosotros por haber hecho el trabajo de hoy; que hoy marchéis para casa
contentas y con un pan debajo el brazo. Esperemos que sea así. Eskerrik
asko, eta ongi etorri.

Hoy debatimos en esta Cámara la tramitación del proyecto de ley de
pesca sostenible e investigación pesquera, que es un nombre que aúna dos
ámbitos que pueden estar relacionados o no, pero uno necesita del otro.
En cualquier caso, visto el título que el Gobierno le ha dado a este
proyecto de ley, creemos que pretende aunar dos objetivos comunes, es
decir, hacer una ley para que la pesca sea sostenible y para que, a su
vez, se formalice la investigación pesquera, necesaria para garantizar en
el futuro la actividad económica y social y que esta sea lo mejor
posible.

Está claro que hay que adecuar la legislación europea a la
legislación española vigente, pero también hay que tener en cuenta que,
por un futurible perfecto de la pesca, las exigencias, los
condicionantes, los planteamientos que desde Europa se hacen, por muy
perfectos y exigentes que sean, no pueden herir un presente delicado,
porque el presente del mundo de la pesca es débil en muchas cuestiones,
fuerte en otros, pero necesita de todos los cuidados por parte de todos y
de todas. Por tanto, no hagamos una legislación que atosigue y
perjudique, aunque el objetivo final sea el de beneficiar. Aun sabiendo
que los equilibrios son complejos, ha de tenerse en cuenta por y para el
futuro de la actividad pesquera. ¿Ha de ser una pesca sostenible? Sí,
pero sostenible en tres ámbitos, porque la sostenibilidad no es solo una
cuestión medioambiental, sino también ha de ser económica y social. La
pesca como actividad económica que es, no nos olvidemos, ha dado de comer
a la gente y seguirá dando de comer a la gente, y por ello, debe ser una
actividad regulada. De ello, no cabe ninguna duda. Evidentemente, esta
ley ha venido para adecuarse a la nueva realidad, tanto europea como en
el ámbito en el que nosotros nos movemos.

Estos tres parámetros son fundamentales a la hora de desarrollar un
proyecto de ley. Nosotros, como decía, hemos negociado y hemos peleado
para que algunas cosas sean modificadas y para que otras no se
modifiquen, porque consideramos que la paz existente y los beneficios de
la situación actual en muchos ámbitos es mejor que las modificaciones que
se plantean.

Se ha hablado en exceso de cosas como el dato de armadores de salón.
Nosotros planteábamos algunas modificaciones en el tema de intercambio de
cuotas. No es lo mismo que alguien que está en un salón, con un barco
amarrado, negociando las cuotas para no pescar, que nunca ha pescado, que
alguien que tiene actividad pesquera y que, aunque hay pesquería que no
pesca porque se dedica a otras actividades pesqueras, es poseedor de
estas cuotas. No creo que a todos los tengamos que calificar de la misma
manera. Sería una injusticia, porque en nuestro caso, en la flota vasca,
esas personas, esos barcos, esos armadores, son gente que va al mar y que
tiene actividad pesquera en otras pesquerías. Me parece que es de
justicia respetar los repartos anteriores porque eso da tranquilidad y
garantía jurídica y social a los pescadores que basan sus objetivos y sus
pesquerías en función de ello.

También habríamos deseado que las competencias de las comunidades
autónomas en materia pesquera fueran desarrolladas y respetadas en todo
su ámbito. La interpretación que el Gobierno hace sobre lo que es
competencia a veces no es la misma que la que hacemos nosotros. Creo que
el Gobierno, en algunas cuestiones, podría haber tenido más mano abierta
y no ser tan restrictivo y centralista como defensor de lo que considera
que es su ámbito competencial, porque las comunidades autónomas están
cerca del sector y tienen una realidad directa con él.

En cuanto a la investigación pesquera, tengo que decir que algunas
comunidades, como Euskadi, tenemos la suerte de disponer de centros de
investigación, como AZTI, reconocido internacionalmente no solo en
España, sino en Europa y en el mundo, por su capacidad investigadora y
por sus resultados positivos en los que es pionero en muchísimos
aspectos, incluso del propio Gobierno del Estado. Por tanto, nos
alegramos de que se reconozca la capacidad que puedan tener estos centros
de investigación.

Por último, afortunadamente, la ley contempla los índices reductores
de neskatillas, rederas y empacadoras; personas que han trabajado en el
mundo relacionado directamente con la pesca, de una manera injusta y
olvidada durante tantos años. Es un reconocimiento por parte de todos y
todas a la labor de estas mujeres, porque a partir de esta ley serán
reconocidos esos índices reductores para una más que merecida jubilación
en el futuro. Esta ley no nos llena, evidentemente; modifica cosas que no
hacía falta que se modificaran. Pronto tendrán que venir cambios nuevos
por parte de Europa, y ya veremos en qué contexto nos encontramos.

En cualquier caso, y a raíz de los últimos acuerdos y compromisos a
que hemos llegado, votaremos a favor de la ley.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Bildu, tiene la
palabra la senadora Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: (Comienza su intervención en
euskera).

Sin lugar a dudas, señorías, el mayor avance del Proyecto de Ley de
pesca sostenible que tramitamos hoy, aquí, en el Senado es la
modificación de la Ley 47/2015 que regula la protección social de las
personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. Por fin, se reconocen
los coeficientes reductores del colectivo de las rederas y neskatillas y
empacadoras que permitirán reducir la edad de jubilación. Es un hito
histórico. Sería justicia poética que esta ley sea aprobada precisamente
hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Tras muchos años de lucha, 545 rederas, neskatillas y empacadoras se
podrán jubilar casi cuatro años antes, y se da un paso gigante para
acabar con una clara discriminación en materia de Seguridad Social; una
clara discriminación hacia un colectivo que no es casualidad que sea el
más feminizado del sector, siendo las únicas a las que no se les reconoce
este derecho y, por tanto, no se les protege como al resto. Llega tarde,
porque muchas mujeres no podrán ejercer este derecho, pero probablemente
hoy todas ellas se sentirán un poco más reconocidas y un poco más
valoradas. Porque, aunque es evidente que es una profesión imprescindible
para el buen funcionamiento de la actividad pesquera, ha sido
invisibilizada durante demasiados años. Si no se hace, todo se para, pero
cuando se hace, no es valorada. Durante muchos años no ha sido
considerada actividad productiva, ha sido relacionada con el ámbito de
los cuidados y, por tanto, eran las mujeres las que lo hacían y, por
supuesto, ha estado totalmente desregularizada.

Afortunadamente, las cosas van cambiando, gracias, entre otras cosas,
a la capacidad de movilización y a la capacidad de organización de estas
trabajadoras. Pero, señorías, ¿cómo vamos a conseguir la equiparación
efectiva de mujeres y hombres si todavía existen claras discriminaciones
a nivel legislativo? Y aunque hoy damos un paso gigante, queda mucho por
hacer, y hay que decirlo y hay que reivindicarlo en una sociedad que, a
veces, vive en el espejismo de la igualdad.

Hoy he escuchado, una vez más, el problema de garantizar el relevo
generacional en la pesca, pero, para ello, señorías, hay que pensar en
las medidas que dignifiquen el trabajo. Porque la incorporación de la
mujer en todos los eslabones de la cadena de valor podría ser una
solución para el sector y acabaríamos con las divisiones sexistas del
trabajo, pero para ello hacen falta políticas feministas y medidas
concretas y eficaces.

Euskal Herria Bildu presentó enmiendas en el Congreso para mejorar la
Ley de pesca sostenible e investigación pesquera y para reducir la
incertidumbre y la preocupación generada en el sector con el primer
borrador. Como dice el título de la ley, la pesca ha de ser sostenible y
ha de ir unido a la investigación; de hecho, por lo menos por lo que yo
conozco en Euskal Herria con la pesca de bajura, la ciencia y el sector
de la pesca llevan trabajando juntos muchos años. No se puede entender el
trabajo de uno sin el otro. AZTI, el centro tecnológico vasco
especializado en el medio marino y la alimentación, tiene un claro
reconocimiento no solamente por la parte del sector, sino también por la
parte de los foros internacionales, y el objetivo que persiguen
conjuntamente es buscar la sostenibilidad ambiental, social y económica,
porque sin cuidar el mar, tenemos muy claro que no hay actividad
posible.

Por tanto, el objetivo está claro, y la experiencia nos dice que la
forma de garantizar esa sostenibilidad son los modelos de gestión muy
próximos al territorio y, por tanto, descentralizados. Y un modelo de
éxito en este sentido es la gestión de la pesca de la anchoa. Cuando hubo
que parar por falta de stocks, se paró; y en función de los stocks que
determina el conocimiento científico, se diseñan unas medidas de gestión
y se trasladan a los planes de gestión a medio plazo, que incluyen
medidas técnicas preventivas y criterios de autorregulación de las
posibilidades de pesca. De tal manera que la transmisibilidad de los
derechos dentro de un mismo caladero y priorizar el principio de
estabilidad relativa basado en derechos históricos de las capturas, como
se hace a nivel europeo para repartir las posibilidades de pesca, son
vías que contribuyen a la sostenibilidad económica y social. En todo
caso, señor ministro, detraer las posibilidades de pesca ha de hacerse
con criterios técnicos, con transparencia y limitando al máximo la
discrecionalidad. Y Euskal Herria Bildu lo tiene muy claro, modificar el
funcionamiento recogido en la legislación vigente, fomentado, además, por
la propia Administración y consensuado tras muchos años, podría poner en
riesgo la viabilidad de la flota vasca de bajura y también podría poner
en riesgo la sostenibilidad de algunos caladeros por los intercambios
provocados.

Señorías, podemos estar de acuerdo en que la pesca es una actividad
esencial para garantizar la soberanía alimentaria, pero, para que la
actividad continúe, tiene que ser rentable; y para que sea rentable, hay
muchas dificultades que la ley no resuelve, entre otras cosas, porque
cada zona y cada pesquería tiene una realidad bien distinta. La ley se
centra en el sector extractivo, y se olvida, desde nuestro punto de
vista, del enfoque global de la cadena de valor, y esta desconexión de la
cadena de valor no es buena para el sector. Hay problemas para mantener
unos precios mínimos en la primera venta del pescado. ¿Y qué ocurre, por
ejemplo, con todas las toneladas importadas de terceros países de la
Unión Europea que no garantizan el principio de sostenibilidad y las
condiciones laborales y ambientales estándares? Esto pone en riesgo la
viabilidad futura del sector, y debemos ser conscientes de que cada vez
somos más en el mundo, hay un incremento de demanda y, por tanto, una
mayor presión sobre los recursos naturales, y esto puede provocar que
haya un aumento de pesca ilegal y la explotación no sostenible. Por
tanto, esto también necesita respuestas.

También es importante la información que recibe el consumidor y, en
este sentido, apostar por las etiquetas de sostenibilidad para conocer si
los productos que llegan a nuestras manos cumplen los estándares
internacionales de sostenibilidad nos parecería una buena iniciativa.
Tampoco se concreta nada sobre la afección de otras actividades que van a
venir, como el eólico marino, y pueden ser otras. (Rumores). Y tampoco se
detalla cómo reducir la basura o los vertidos, o las
emisiones…

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Senadora, permítame un
minuto porque están subiendo mucho los decibelios. Por favor, señorías,
guarden silencio.

Continúe, senadora.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Decía que todo esto que nos parece que
falta en la ley es parte del ecosistema que tanto hay que cuidar y con
tanta responsabilidad. Por tanto, si la ley perseguía adaptarse a la
legislación comunitaria, a la gobernanza internacional de los océanos y a
los retos actuales, desde nuestro punto de vista se ha quedado corta. La
ley tiene muchos ámbitos de mejora y estamos de acuerdo con algunas de
las enmiendas propuestas, pero lo cierto es que tendremos ocasión de
debatirlo más adelante, sobre todo por los cambios que vienen a nivel
europeo, o eso espero, señor ministro.

Y concluyo. Consideramos que hemos mejorado la ley en el trámite
parlamentario, y es importante aprobarla cuanto antes, sobre todo por el
avance que supone en los derechos de las profesionales del sector, como
he mencionado al principio de mi intervención. Estoy orgullosa de las que
estuvieron, de las que están y de las que van a estar. (Termina su
intervención en euskera).

Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko mahaiburu andrea.
(Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskerrik asko.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Martínez Antolín.

El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Gracias, presidenta.

Damos la bienvenida también a las rederas, neskatillas y empacadoras
del País Vasco, sed bienvenidas. Bienvenido, señor ministro.

España es la primera potencia europea en el sector pesquero y,
además, nuestros profesionales son reconocidos a nivel mundial. Tenemos
una flota constituida por 8732 barcos, más de 31 000 profesionales y una
producción que ronda el millón de toneladas. Es un sector muy potente por
el que hay que trabajar y luchar profundamente. Lamentamos que esta ley
no llegue a profundizar lo suficiente como para ayudarles ante la grave
crisis que están atravesando como consecuencia de los altos costes de
explotación, por la falta de relevo generacional que hay en el sector y
también porque está habiendo una importante caída en el consumo de los
productos pesqueros. Seguramente a ello también contribuya la decisión
que ha tomado este Gobierno de no quererles bajar el IVA.

Ante este proyecto de ley que traen ustedes hoy, nos hacemos varias
preguntas. En primer lugar, nos preguntamos si era necesaria esta ley,
porque, según el sector, no parece que fuese necesaria; más bien sale por
una necesidad, un requisito o un capricho del propio despacho
ministerial. Nos preguntamos si es el momento de traer esta ley, y
creemos que tampoco, porque hay que tener en cuenta que está a punto de
llevarse a cabo una modificación de la política pesquera común y, desde
ese punto de vista, posiblemente haya que hacer modificaciones en la ley.
Nos parecía más sensato, más razonable haber esperado a esas
modificaciones de la política pesquera común para haber desarrollado esta
ley.

Otra pregunta que nos hacemos es si se defiende suficientemente al
sector con esta ley. En realidad, lo que observamos es que este Gobierno
ni con esta ley ni con ninguna de las medidas que está tomando está
defendiendo suficientemente al sector. Tengamos en cuenta la situación
que estamos viviendo con los vetos de prohibición en esas ochenta y siete
áreas de pesca en las cuales no se puede llevar a cabo la pesca de fondo.
Lo lamentamos enormemente. Se está prohibiendo todo tipo de artes de
pesca de una manera arbitraria, cuando, por ejemplo, hay artes como el
palangre que es totalmente selectiva y respetuosa con el medio ambiente.
En general, consideramos que todas las artes de pesca son respetuosos con
el medio ambiente, otra cosa es el uso que se pueda hacer de ellos. Pero
lamentamos que se hayan tomado estas medidas arbitrarias sin suficiente
base científica y que van a tener, y ya están teniendo, un importante
efecto negativo sobre nuestra flota pesquera en el Atlántico
nororiental.

Otra cuestión importante es que esta ley debería haber incluido algo
para proteger a nuestro sector en cuanto a esa reducción en el número de
días de pesca. En la zona del Mediterráneo nada más y nada menos que una
reducción del 30 % desde el año 2020, y sigue en aumento; una reducción
que está haciendo que esta flota pesquera únicamente pueda ejercer su
profesión durante 150 días, aproximadamente, de los 365 que tiene el año.
Nosotros pedimos que se lleve a cabo una revisión y se hagan nuevos
informes científicos sobre la evolución de esas poblaciones de peces y el
impacto económico que está teniendo, para conseguir un equilibrio y que
no todo sea luchar por esa sostenibilidad medioambiental, sino también
por una sostenibilidad económica que permita mantener la rentabilidad de
esas explotaciones.

Otra cuestión importante en una ley es si se cuenta o no con los
agentes implicados, y, una vez más, vemos que en la línea y en el estilo
del señor Planas no se cuenta suficientemente con el sector. Al menos es
lo que ha dicho el sector en sus comparecencias durante la tramitación de
esta ley. Se quejan de que se les escucha poco, de que no hay diálogo y
que sus peticiones se tienen muy poco en cuenta.

Y respecto a la seguridad jurídica, es una ley que tiene una mala
seguridad jurídica si tenemos en cuenta el informe del Consejo de
Estado.

Pero la parte mollar, la parte más importante, la que más
incertidumbre genera y por la que no vamos a poder votar a favor de este
proyecto de ley es el modelo de gestión de las posibilidades de pesca,
porque se generan muchas incertidumbres sobre esta gestión. No sabemos si
las posibilidades de pesca se pueden desvincular del buque; no sabemos
los requisitos que hay que cumplir para que estas posibilidades de pesca
se puedan pasar a otros grupos de buque. Consideramos que debía haber
quedado perfectamente claro que aquellos que tenían ya unos derechos
antes de la entrada en vigor de esta ley los mantendrían después, porque
han tenido que hacer importantes inversiones a lo largo de estos últimos
años que se podían poner en riesgo.

También vemos que genera una importante inseguridad jurídica el hecho
de que las posibilidades de pesca no se lleven a efecto en su totalidad.
Desde este punto de vista, este proyecto de ley está considerando la
posibilidad, más o menos, de requisárselas si durante dos años
consecutivos no se lleva a cabo la utilización de estas posibilidades de
pesca. Esto es lo que viene recogido, y es algo que nosotros no
compartimos.

Nos preocupa también la reserva de las cuotas por parte de la
Administración. Es cierto que durante la tramitación del proyecto de ley
se ha conseguido que se bajen del 10 % inicial que pedía el Gobierno a
un 5 %, pero nos preocupa enormemente el matiz que dice que, de manera
excepcional, se pueda subir a un 10 %. Y, sobre todo, nos preocupa el uso
que se puede hacer de esas reservas, porque podrían distribuirse entre
buques para que entren en pesquerías en las que históricamente no han
entrado.

Y como ya dijimos, nos preocupa que en este proyecto de ley no se
haya profundizado en el relevo generacional, que es algo muy importante,
o en la incorporación de la mujer al sector de la pesca. Existen graves
problemas en el sector pesquero. No estamos haciéndolo suficientemente
atractivo y, desde este punto de vista, deja mucho que desear este
proyecto de ley.

Y aunque en el proyecto de ley se habla de investigación, si
profundizamos, vemos que muy poco se habla de ello, solamente en su
título. Consideramos que sería urgente potenciar un marco común de
investigación marina dentro del Programa Marco de Investigación e
Innovación Horizonte Europa 2021-2027.

Echamos en falta que se hable más de las almadrabas y se establezcan
líneas de ayuda. En ese sentido, hemos presentado enmiendas. Por
referirme a alguna, pretendemos que se les permita optar a esas
subvenciones comunitarias y del Estado en las mismas condiciones que los
armadores o los tripulantes.

Y, aunque celebramos esa mejora en los coeficientes reductores para
la edad de jubilación que se han llevado a cabo en el sector femenino,
nos habría gustado una mayor ampliación de estos coeficientes reductores
en diferentes colectivos de trabajadores dentro del ámbito del mar y
pesquero.

En definitiva, señorías, estamos ante un proyecto de ley que se
preocupa mucho de la sostenibilidad de la pesca respecto al medio
ambiente, pero consideramos que tendríamos que pensar mucho más en la
sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Porque está muy bien
que cada vez haya mayor población de peces, pero no puede ser a costa de
que haya menos pescadores o a costa de que su rentabilidad sea menor o no
puede ser a costa de que dispongamos de menos alimentos pesqueros. Desde
este punto de vista, deberíamos hacer una reflexión y pensar que en
realidad quien de verdad está en peligro de extinción es el pescador, es
el sector de la pesca. Por eso, deberíamos poner en marcha leyes que
contemplen medidas que realmente apuesten por el sector, que apuesten por
mantener esa actividad pesquera y por su rentabilidad, que apuesten por
que se puedan incorporar nuestros jóvenes a esa actividad pesquera.
Hagamos leyes que de verdad apoyen y protejan al sector pesquero y
protejan a los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
González Bayo.

La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señora presidenta.

Gracias, señor ministro, por estar aquí esta tarde con nosotros.
Gracias también a la Asociación de mujeres del mar que nos acompañan en
la tribuna. Para nosotros es un placer debatir hoy, aquí, esta ley.

Voy a empezar mi intervención preguntando por qué tenemos que aprobar
hoy una ley de pesca sostenible y de investigación pesquera. Esa es la
pregunta. Porque, señor Martínez, usted quiere crear incertidumbre en el
sector, pero no aporta nada nuevo. Yo le voy a decir por qué hoy debemos
salir con una ley aprobada, por el conjunto del sector pesquero y porque
esta ley viene a dar soluciones a la demanda constante de pesca de la
flota artesanal, esa de la que ustedes nunca quieren hablar, pero que
existe y que este Gobierno quiere que siga existiendo.

Señor ministro, gracias por traer esta ley, por haber cumplido su
palabra. Ese es el compromiso de los socialistas, traer una ley digna
para modernizar la Ley de pesca marítima vigente desde 2001, más de
veinte años; una ley obsoleta, una ley caduca. ¿En veinte años nadie ha
pensado en hacer una ley de pesca? Sí, el señor Planas. Y hoy la estamos
debatiendo aquí. (Aplausos).

Y se hace necesaria porque son muchas las necesidades de las
pesquerías y debemos proteger a la pesca a corto y a largo plazo. Estamos
hablando, como usted ha dicho, de una flota muy importante en España, con
más 8732 barcos, 31 000 empleos directos, más de 150 000 indirectos; 949
de flota artesanal, esa que también protege esta ley. Una ley que
contempla un marco jurídico que garantiza herramientas para conseguir la
triple sostenibilidad: la sostenibilidad social, la sostenibilidad
económica y la sostenibilidad ambiental. Una ley del siglo XXI, una ley
que emana de la escucha activa del sector, porque no se ha atrevido
usted, señor Martínez, a decir que no se ha escuchado. Ha dicho que no se
ha escuchado lo suficiente porque sabe que se ha escuchado.
(Aplausos).

La sostenibilidad ambiental es importantísima, porque todos y todas
sabemos que los recursos pesqueros son finitos, lo que nos obliga a
garantizar una gestión eficiente, y para ello la ley apuesta por la
investigación y por la ciencia; una investigación en la que nos tenemos
que implicar todos, porque con la mejor información científica disponible
podremos llegar a conseguir la mejor gestión para nuestros océanos.
Sabemos que nuestros océanos están siendo amenazados por muchos factores,
y por ello tenemos que seguir apostando por la investigación: cambio
climático, el plástico, las especies invasoras, son muchos los factores
que están afectando a nuestros océanos.

Señorías, esta ley apuesta claramente por el binomio ciencia-pesca.
Tenemos que ser conscientes de que el conocimiento científico tiene que
ir unido a todos los pescadores, a todo el sector, porque tenemos un
patrimonio marino inigualable. Tenemos más de 8000 kilómetros de costa y
una superficie marina de más de un millón de kilómetros cuadrados. Está
en manos de todos y todas preservar este espacio, y esta ley lo protege.
Por eso es importante que hoy apoyemos esta ley, porque estaremos
apoyando nuestro sector pesquero, pero también nuestro medio
natural.

Tenemos que hablar también —han hablado de ello otros
portavoces— de la garantía económica, de la sostenibilidad
económica. Es verdad que tenemos que apostar y apoyar al
sector.(Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, un momentito.

Es que va subiendo otra vez el ruido. Vamos a hacer un ejercicio de
contención, por favor.

Continúe, senadora.

La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, presidenta.

Tenemos que garantizar la rentabilidad económica del sector. Porque
el sector tiene futuro si es rentable y es rentable si lo ligamos a la
investigación. Apostamos por un sector moderno y competitivo, que es
fundamental para que sea viable. Por eso esta ley actualiza los criterios
de reparto de posibilidades de pesca como un mecanismo dirigido a
racionalizar y ordenar su explotación mediante su distribución entre el
sector. Con esta norma se refuerza el vínculo entre los buques y las
posibilidades de pesca y se garantiza un fin social en el empleo de esos
recursos.

La apuesta por la economía local es manifiesta también en esta ley,
cobrando un peso importante el reparto de las artes y la flota que causan
un menor impacto sobre los recursos pesqueros e introduciendo por primera
vez el mecanismo de optimización de gestión de las posibilidades de
pesca, posibilitando acceder a estos repartos a los buques que no tienen
los requisitos de actividad histórica y poniendo fin —que ya era
hora— a las especulaciones que existen con las posibilidades de
pesca. Y no debemos permitir que alguno quiera jugar con el miedo al
sector. Esto está hecho para que pueda llegar a aquellas personas que
viven del sector. No tiene otra intencionalidad. No la busquemos porque
no la tiene. Y no es lícito que se busque para simplemente emborronar
esta ley.

Esta ley protege a los armadores que trabajan todos los días en
nuestros mares, a esos hombres que viven entre el cielo y el mar.
Señorías, esta norma garantiza la sostenibilidad de todo el sector, pero
cuida y protege especialmente a la flota artesanal y a aquellos que viven
en nuestros pueblos, que son los que fijan población y los que cuidan del
espacio marino porque les va la vida en ello.

En estos tiempos en que la derecha solo se preocupa por la gente de
bien, este Gobierno se centra en el bien de la gente, y por eso trae esta
ley. (Aplausos).

Para terminar, yo quiero destacar el hito histórico que trae esta
ley, que es la protección de las mujeres. Aquellas mujeres fuertes que se
han pasado la vida o en el agua o en los puertos; esas mujeres valientes
con gran relevancia social, cultural y económica. Gracias a ellas han
sobrevivido estas profesiones: rederas, neskatillas, empacadoras y
mariscadoras. Todas ellas consideradas como actividades marginales y
olvidadas, posiblemente, porque las hacíamos las mujeres, y esta ley da
un paso importante en eso.

Me sumo a las palabras de la compañera que ha dicho que es todo
poesía si hoy, día 8 de marzo, conseguimos que las mujeres tengan un
coeficiente reductor que las equipare a los hombres del mar. Así que yo
pido el esfuerzo de todos, porque el Gobierno de Pedro Sánchez, con el
apoyo del resto de los grupos, va a permitir que vosotras os podáis
jubilar antes. (Aplausos). Una vez más demostramos que somos el partido
de las mujeres. Y no nos podemos olvidar de que también es la primera vez
que a los buzos se les reconoce su coeficiente reductor.

Para terminar, señorías, quiero decir que estamos ante una ley que es
sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social; es una
ley que basa todo el desarrollo pesquero en la investigación y en la
ciencia; es una ley que introduce la pesca recreativa; es una ley que nos
habla de los recursos genéticos;






es una ley que crea un foro asesor para
escuchar a todo el sector. En definitiva, si queremos garantizar el
futuro a corto y a largo plazo del sector pesquero en nuestro país,
apoyemos esta ley.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Tiene la palabra el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Planas
Puchades): Gracias, señora presidenta.

Me permitirá que, en primer lugar, consuma unos minutos de cortesía y
agradecimiento a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara por el
trabajo que han efectuado en relación con este proyecto de ley. Es un
proyecto de ley clave sobre la pesca sostenible y la investigación
pesquera, un sector fundamental para España en la provisión de alimentos
como es el sector pesquero. Y quiero también extender en la conclusión de
este debate este agradecimiento a los grupos parlamentarios del Congreso
de los Diputados.

Tres objetivos básicos que han sido evocados esta tarde en relación
con los temas de la ley. La preservación y el cuidado de los recursos
pesqueros, que es absolutamente fundamental. Sin recursos pesqueros no
hay pesca sostenible y este es un elemento clave. También la optimización
en el uso y el reparto de las posibilidades de pesca, que es uno de los
elementos modernizadores más importantes que respecto a la ley del
año 2001 introduce este proyecto de ley. En relación con esto, quiero
indicar en este momento que en el desarrollo reglamentario tenemos
intención en el Gobierno de abordar aquellas propuestas que no han podido
ser reguladas en detalle en esta ley y, en particular, garantizar el uso
eficiente de las cuotas pesqueras, poniendo especial atención en las
especificidades de cada pesquería en relación con las flotas que
mantengan una actividad pesquera activa. Quiero significar este elemento
que sin duda preocupa a los grupos parlamentarios.

Finalmente, quiero poner en valor la relación fundamental entre la
ciencia y la actividad pesquera. Respecto al papel de nuestros
científicos, quiero rendir homenaje al Instituto Español de Oceanografía
y también significar la creación de este nuevo foro asesor de pesca que
será tan importante. Concluyo mi intervención, señora presidenta,
señorías, hoy es el Día Internacional de la Mujer... (Rumores).