BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


10 de junio de 2022

Núm. 469

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/001045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la eliminación de los cargos eventuales sin competencias en la Administración ... (Página2)


162/001046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a dotar de carácter estructural la evaluación del currículo educativo ... (Página3)


162/001047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la consecución de acuerdos entre las formaciones políticas al objeto de preservar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas ... (Página4)


Otros textos


INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR


120/000020 Proposición de Ley de recuperación del Sistema Nacional de Salud.


Prórroga del plazo para la recogida de firmas ... (Página6)

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


162/001045


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la eliminación de los cargos eventuales sin competencias en
la Administración para su debate en el Pleno.


Exposición de motivos


La Constitución Española establece en su artículo 31.2 que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y fija que la programación y ejecución del mismo deberá responder a los criterios de eficiencia y
economía. Esto supone que la adecuación de los medios previstos en los presupuestos públicos a los objetivos propuestos en los mismos debe realizarse con el menor coste posible. De hecho, este principio de eficiencia se encuentra también recogido
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que en su artículo 7 establece que las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y
presupuestación, atendiendo tanto a la situación económica como a los objetivos de la política económica y, además, atendiendo también al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.


Por desgracia, durante demasiado tiempo el bipartidismo ha ignorado este principio y ha utilizado los recursos públicos a su antojo, mirando más por sus objetivos particulares y partidistas que por el interés general y la sostenibilidad de
las finanzas públicas. En numerosas ocasiones, los sucesivos gobiernos del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han intercambiado recursos públicos de todos los españoles por apoyos parlamentarios de los partidos
nacionalistas e independentistas para apuntalarse en el poder a costa de la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a servicios públicos o a oportunidades económicas. Además, durante más de cuarenta años el bipartidismo ha aprovechado esa
situación para copar las instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico e incluso local, con cargos eventuales de libre designación que, en demasiadas ocasiones, no tenían asignadas funciones reales. Esto suponía que, por ejemplo,
durante el gobierno de Mariano Rajoy se contrataran 'a dedo', en torno a 600 asesores de los que, además, ni siquiera un centenar de ellos contaban con estudios superiores. Actualmente, el gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez y
Yolanda Díaz ha incrementado ese número en unos 170 asesores de libre designación más, llegando a suponer un gasto de unos 27 millones de euros al año.


De hecho, de acuerdo con los datos aportados por la plataforma de transparencia Civio, muchos de esos puestos de libre designación están ocupados por personas que han estado ligados al PSOE o a Unidas Podemos, habiendo incluso sido
candidatos electorales de estas formaciones que, finalmente, no obtuvieron escaño. Más de 200 de estos asesores del Gobierno son integrantes de gabinetes que, al no

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haber conseguido el éxito electoral en comicios en los que integraron las listas de ambos partidos, fueron contratados 'a dedo' como asesores de los diferentes ministros que conforman el Gobierno. Esto supone, además, que algunos de los
partidos políticos que entraron en la escena pública española prometiendo regeneración y acabar con este tipo de prácticas que benefician a los partidos a costa de los recursos públicos de todos los españoles también han acabado entrando en el mismo
juego del bipartidismo, protagonizando casos tan bochornosos como el de la niñera de la ministra Irene Montero, empleada a cargo del erario del Ministerio de Igualdad.


Por el contrario, desde Ciudadanos hemos defendido siempre la necesidad de proteger y promover ese principio de eficiencia del gasto público, también en lo referente al personal. Por ejemplo, cuando Ciudadanos ostentaba las competencias de
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, nuestra vicepresidencia llegó a un acuerdo con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para encomendar a este organismo la elaboración de
un estudio de la Administración de Castilla y León para la implantación de un sistema de evaluación de políticas públicas y, por otro lado, de un estudio de revisión del gasto público para asegurar que ese principio de eficiencia se integraba en
todas las medidas aprobadas por el gobierno autonómico. Sin embargo, el PP decidió dinamitar ese gobierno para expulsar a Ciudadanos del mismo, evitando que se pusieran en marcha esas medidas de regeneración y ahorro en el presupuesto público. Es
más, la nueva Junta de Castilla y León ha cambiado la vicepresidencia liberal de las medidas para asegurar la eficiencia del gasto público por una vicepresidencia ocupada por VOX cuya única función es, precisamente, dar un sueldo público al
candidato electoral de esta formación y colocar 'a dedo' incluso a sus familiares.


Asimismo, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, Ciudadanos también se encarga de las competencias de eficiencia del gasto público en la administración autonómica, y sólo durante los primeros 100 días de gobierno conseguimos
eliminar más de 100 entes públicos sin competencias que servían únicamente como refugio de 'enchufados' por el PSOE. Según un informe de la Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local liderada por Juan
Marín, se han realizado 54 auditorías para eliminar, reducir o fusionar organismos, se han puesto en marcha medidas de racionalización organizativa para agilizar procesos en la administración andaluza, se ha suprimido gasto superfluo y se han
cerrado entes cuya única función era posibilitar la colocación de personas y el pago de favores políticos.


En definitiva, los liberales hemos demostrado ser la garantía de que se toman medidas de ahorro de recursos públicos y hemos sido los únicos que hemos mantenido nuestro compromiso con la ciudadanía de velar por la eficiencia del gasto que
financian todos los españoles. Además, Ciudadanos ha sido uno de los mayores impulsores de la labor que realiza la AIReF, especialmente los denominados 'Spending Review', que se encargan de estudiar, precisamente, esa eficiencia del gasto público
de las administraciones desde la independencia y la experiencia profesional.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a encomendar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un estudio especial de revisión del gasto público de las administraciones públicas que identifique todos los cargos
de libre designación sin competencias reales para proceder a su eliminación y al consiguiente ahorro presupuestario que esto supondrá.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2022.-José María Espejo-Saavedra Conesa y Edmundo Bal Francés, Portavoces del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


162/001046


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dotar de carácter estructural la evaluación del currículo
educativo, para su debate ante el Pleno.

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Exposición de motivos


En los últimos meses, en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Gobierno de España ha aprobado distintos reglamentos para dar
desarrollo a los currículos educativos de las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato.


Durante la elaboración de los Reales Decretos así como de forma posterior a su entrada en vigor, diferentes órganos y expertos han cuestionado algunos de los contenidos que se establecen en los Reales Decretos. En este sentido cabe destacar
que el Consejo Escolar del Estado destacaba que el Proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, debido a su notoria complejidad, podía dificultar el aprendizaje
competencial, por la dificultad que entraña en la realización de las programaciones curriculares ajustadas a sus principios. A su vez, este mismo órgano, en lo que respecta a las asignaturas de Geografía e Historia, destacaba la falta de concreción
de lo relativo a los básicos de estas dos materias, lo que haría complejo dar cumplimiento a las previsiones del artículo 6.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de octubre, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.


Por otra parte, EsadeEcPol publicó un documento que abordaba las dificultades para ampliar el alcance del currículum por competencias entre las que se destacaba la ausencia de consenso y politización del sector educativo, la falta de
participación en torno al currículum o la inflación curricular.


En este contexto, la existencia de un organismo encargado de evaluar las políticas públicas en materia educativa ayudaría a mejorar el proceso de toma de decisiones de los poderes públicos y contribuiría a poner sobre la mesa información
suficiente para impulsar reformas ambiciosas y eficaces. Además, garantizaría el derecho de la sociedad a conocer el estado general del sistema educativo a través de informes rigurosos cuyos resultados no responderían a los intereses de los
partidos políticos u otros actores.


En la actualidad, ya hay países de la OCDE que evalúan sus políticas educativas de forma sistemática a través organismos independientes o con un elevado nivel de autonomía que se 'encargan de la generación de evidencias científicas
(cuantitativas y cualitativas). Es el caso de Education Endowment Foundation, en Reino Unido, o la Iterative Best Education Synthesis, en Nueva Zelanda'.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a establecer con carácter estructural la evaluación ex-ante y ex-post de las disposiciones reglamentarias que desarrollen el currículo educativo de las diferentes etapas educativas en
el marco de la elaboración del Proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de las Políticas Públicas en la Administración General del Estado.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


162/001047


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la consecución de acuerdos entre las formaciones políticas al objeto de
preservar el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


Durante el mes de abril de 2022 hemos asistido a las elecciones francesas, unas elecciones marcadas por el auge de la extrema derecha. El resultado arroja varias conclusiones. La primera es la consolidación del partido de ultraderecha
liderado por Marine Le Pen, Agrupación Nacional -AN-, como alternativa al Presidente Macron. La segunda, es el ejercicio de responsabilidad política aplicado por la mayoría de las

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fuerzas políticas, extendiendo un cordón sanitario frente a la amenaza que representa el ultra nacionalismo para su sistema democrático. El mismo domingo de la primera vuelta, la mayoría del arco parlamentario, pidió el voto para el
presidente Macron, con el objetivo de proteger y preservar las ideas y valores de la República Francesa.


Otro ejemplo fue el ejercicio de responsabilidad política acometido por la anterior canciller de Alemania, Angela Merkel. Todos recordamos aquella rueda de prensa conjunta con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en Pretoria. Aquel
día, la canciller alemana, presidenta de Alemania y de la CDU -partido democristiano alemán y partido homologable al PP-, cambió el orden previsto de la rueda de prensa para lanzar un mensaje a su nación. Aquel 6 de febrero de 2020, quiso
transmitir al pueblo alemán el 'imperdonable' error que se había cometido eligiendo a un presidente liberal en la región de Turingia con los votos de la coalición formada por liberales, democristianos y la extrema derecha. Angela Merkel afirmó que
lo ocurrido fue un 'procedimiento excepcional' que ha roto con la 'profunda convicción' tanto suya como de su partido de que 'no se deben ganar mayorías con el apoyo de la AfD'. Prosiguió diciendo que 'no debe participaren un gobierno bajo el
primer ministro electo'. Terminó la comparecencia con estas palabras 'fue un mal día para la democracia, fue un día que rompió con los valores y convicciones de la CDU y ahora debe hacerse todo lo posible para dejar claro que esto en ningún modo
puede ser conciliable con lo que piensa y hace la CDU. En esto habrá que trabajar en los próximos días'. Días más tarde terminaría por retirar el apoyo de la CDU a aquella coalición y permitiendo que gobernase la izquierda en Turingia. En su
retina, al igual que en la de muchos alemanes, tienen muy presente la falta de condena o, incluso, en muchos casos, la defensa del régimen nazi por parte de la extrema derecha que tanto avergonzó al pueblo alemán.


El pasado febrero tuvo lugar en Madrid la reunión de la internacional de extrema derecha europea, donde VOX ejerció de anfitrión para los principales líderes europeos. Asistieron catorce líderes, entre ellos estaban Marine Le Pen, Mateusz
Morawiecki y Vicktor Orbán. Todos ellos, hasta hace bien poco, rendían homenaje, cuando no alabanzas, al presidente ruso, Vladimir Putin. El ultranacionalismo ruso ha sido para muchos partidos de extrema derecha en el mundo, incluyendo a VOX, el
espejo donde enriquecerse ideológicamente. Un país donde la corrupción campa a sus anchas entre el Kremlin y los oligarcas rusos, un país donde no se respeta, se persigue y se reprime al colectivo LGTBI, un país donde su sistema democrático es
falseado para perpetuar en el poder a su presidente desde hace más de dos décadas.


Después de la invasión de Ucrania, las fotos, camisetas, alabanzas y homenajes a Vladimir Putin han sido puestos en cuarentena para no perder el apoyo de la opinión publica en sus respectivos países. Esta reunión concluyó con la 'amenaza'
que para ellos supone el proyecto europeo y la 'deriva globalista' que supone la burocracia de Bruselas, y mostrando el apoyo tanto a Polonia y Hungría frente a los expedientes abiertos por la Unión Europea por el hostigamiento al colectivo LGTBI y
a la independencia judicial.


En España, acabamos de asistir a la formación del primer gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha en el ejecutivo autonómico de Castilla y León. Después de cuarenta años de democracia y el fin del régimen del dictador
Franco, el Partido Popular ha abierto las puertas a VOX. Muy lejos, incluso, en las antípodas de los tradicionales partidos conservadores europeos, el nuevo PP de Alberto Núñez Feijoo, ha sido el primer partido europeo que ha situado a la
ultraderecha en las instituciones de gobierno. Hasta la fecha, la extrema derecha había apoyado externamente a gobiernos del PP como en Andalucía o en Madrid. De este modo, las primeras exigencias de VOX al PP, han sido la transformación de la Ley
Autonómica Contra la Violencia de Género por la Ley de Violencia Intrafamiliar y del decreto que regula la Ley de Memoria Histórica por una norma de concordia. Este mal presagio hace que, sobre todo, las mujeres y las víctimas de la dictadura
tengan que preocuparse, pero de igual forma, el colectivo LGTBI, inmigrantes y todas aquellas personas que no piensan como ellos.


Desde Bruselas, el Presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, lamentó en unas declaraciones el pacto alcanzado entre el PP y VOX, expresando su preocupación y transmitiendo la esperanza de que fuese una situación 'anecdótica' el
pacto alcanzado.


Es importante remarcar que España ha alcanzado las mayores cotas de prosperidad y paz durante los más de cuarenta años de democracia. Un progreso que ha sido construido por todos los españoles y españolas. En el resto de países europeos,
como en Francia o Alemania, los principales partidos, recuerdan el peligro que supone para sus sistemas democráticos las fuerzas de extrema derecha. Un peligro que destruye los derechos y libertades conseguidos con mucho esfuerzo, un peligro que
amenaza el ordenamiento constitucional, pero, ante todo, un peligro que hacer recordar otras épocas tenebrosas.

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Estos partidos muestran actitudes anticonstitucionales y antisistema, manifestando una grave amenaza para la convivencia y cohesión de la ciudadanía europea y, en particular, para la ciudadanía española. Atentando contra la paz social, la
cual no se consigue sin estados pacíficos y de derecho que respeten la dignidad de las personas.


La Agenda 2030, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, marca como meta el fortalecimiento de las instituciones como elemento nuclear del buen funcionamiento de los estados. El constante
ataque a las medidas que representan este proyecto por parte de la ultraderecha hace más necesario si cabe la mención del cumplimiento del objetivo 16. Así mismo, las metas 16.6 y 16.a nos indican la necesidad de fortalecer y crear instituciones
eficaces.


A modo de conclusión, existen varias formas de abordar la relación con partidos políticos que no respetan la arquitectura constitucional, amenazan la democracia, vierten discursos de odio y no respetan la pluralidad política: rechazarlos de
forma absoluta y aislarlos basándose en su forma de hacer política o competir con ellos, adoptar su discurso y asumir sus propuestas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la democracia e insta a las distintas formaciones políticas a no aceptar acuerdos y pactos de gobierno con los partidos de extrema derecha que no respetan el
ordenamiento y configuración constitucional para proteger nuestro Estado social y democrático de derecho, en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2022.-Noemí Villagrasa Quero, Arnau Ramírez Carner, María Montserrat García Chavarría, Daniel Senderos Oraá, Eva Patricia Bueno Campanario, Javier Alfonso Cendón, Sonia Ferrer Tesoro y
Helena Caballero Gutiérrez, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


OTROS TEXTOS


INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR


120/000020


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(120) Iniciativa legislativa popular.


Autor: Don José Miguel Martín Rodríguez.


Solicitud de prórroga del plazo previsto para la recogida de firmas en relación con la Proposición de Ley de recuperación del Sistema Nacional de Salud.


Acuerdo:


Prorrogar por tres meses y, por lo tanto, hasta el día 4 de noviembre de 2022, el plazo para la finalización del procedimiento de recogida de firmas en relación con la referida Proposición de Ley de iniciativa popular. Asimismo, comunicar
este acuerdo a la Comisión Promotora y a la Junta Electoral Central y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.