Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 322, de 10/09/2021
cve: BOCG-14-D-322
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
10 de septiembre de 2021
Núm. 322
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
059/000016 Calendario de sesiones plenarias para el período septiembre-diciembre de 2021... (Página4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Interior
161/003037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos ambientales y económicos del incendio forestal sucedido en Alburquerque (Badajoz) en agosto de 2021...
161/003038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos ambientales y económicos de los incendios forestales sucedidos en el municipio de Ezcaray y el Monte Yerga en Autol
(La Rioja)... (Página7)
161/003039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la recuperación de la zona afectada en el incendio del Talave entre Hellín y Liétor... (Página9)
161/003041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos ambientales y económicos de los incendios forestales sucedidos en la provincia de Castellón....
161/003042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos ambientales y económicos de los incendios forestales sucedidos en la provincia de Córdoba...
161/003043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil de los municipios afectados por el incendio forestal originado el 14
de agosto de 2021 en la provincia de Ávila... (Página13)
161/003062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la no celebración de homenajes a condenados de la banda terrorista ETA... (Página16)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras... (Página18)
161/003046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la accesibilidad universal en los Programas de rehabilitación de barrios, edificios y viviendas del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia... (Página21)
161/003058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las camareras de piso... (Página23)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al fomento de la agricultura inteligente sostenible... (Página24)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/003059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a aumentar el presupuesto y la plantilla del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que pueda realizar
eficazmente sus funciones como órgano democrático de control... (Página26)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la protección del patrimonio marítimo español y de los océanos... (Página28)
161/003055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas que garanticen la sostenibilidad ambiental en el Mar Menor... (Página29)
161/003060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a un Pacto de Estado por la Energía... (Página34)
161/003061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las actuaciones urgentes y prioritarias para la recuperación del Mar Menor... (Página36)
Comisión de Cultura y Deporte
161/003049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un Plan nacional de impulso al Arte Sacro en España... (Página37)
161/003050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Plan Estratégico de Desarrollo de los Caminos a Guadalupe, y de apoyo al Año Jubilar Guadalupense 2020-2022...
161/003051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la protección del patrimonio histórico y cultural del Pueblo Viejo de Belchite... (Página41)
161/003052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a formar parte del Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz... (Página43)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la Medicina Personalizada de Precisión, y de la Estrategia Farmacéutica Europea desde el diálogo, la colaboración y la
inversión de fondos europeos... (Página44)
161/003047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la formación y el reconocimiento académico y profesional de los Técnicos Superiores Sanitarios...
161/003048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la puesta en marcha de una Estrategia para la Atención Integral a las Enfermedades Respiratorias en el Sistema Nacional de Salud...
161/003056 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar la atención a los pacientes de COVID-19 persistente... (Página49)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al sistema de gestión de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo... (Página50)
161/003057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a ofrecer más certidumbre a los científicos sobre las ayudas a la investigación... (Página53)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001258 Pregunta formulada por los Diputados don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), Robles López, Joaquín (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX),
Contreras Peláez, Francisco José (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre medidas adoptadas a lo largo de esta legislatura para la protección y recuperación del Mar Menor...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/057571 Autor: Trías Gil, Georgina Robles López, Joaquín Ramírez del Río, José Romero Vilches, María de los Reyes Borrás Pabón, Mireia López Álvarez, María Teresa
Medidas previstas acerca de la vacunación en menores de entre 12 y 15 años, así como uso de los centros educativos como centros de vacunación. Retirada... (Página55)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000016
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado aprobar, oída la Junta de Portavoces, el calendario de sesiones plenarias para el período septiembre-diciembre de 2021.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CALENDARIO DE SESIONES PLENARIAS
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021
IV PERIODO DE SESIONES
Semana;Con/Sin Pleno;Observaciones
Del 7 al 9 de septiembre;Sin Pleno;
Del 13 al 16 de septiembre;Con Pleno;
Del 21 al 23 de septiembre;Con Pleno;
Del 28 al 30 de septiembre;Con Pleno;
Del 5 al 7 de octubre;Sin Pleno;
Del 13 al 14 de octubre;Con Pleno;Festivo el día 12 de octubre
Del 19 al 21 de octubre;Con Pleno;
Del 26 al 28 de octubre;Con Pleno;
Del 2 al 4 de noviembre;Sin Pleno;Festivo el día 1 de noviembre
Del 10 al 11 de noviembre;Con Pleno;Festivo el día 9 de noviembre
Del 16 al 18 de noviembre;Con Pleno;
Del 23 al 25 de noviembre;Con Pleno;
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre;Con Pleno;
Del 7 al 9 de diciembre;Sin Pleno;Festivo los días 6 y 8 de diciembre
Del 14 al 16 de diciembre;Con Pleno;
Del 21 al 23 de diciembre;Con Pleno;
Del 28 al 30 de diciembre;Sin Pleno;
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
161/003037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos ambientales y económicos del
incendio forestal sucedido en Alburquerque (Badajoz) en agosto de 2021, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Desde el pasado 13 de agosto en el que Extremadura se encontraba en aviso naranja por altas temperaturas y riesgo de incendio se extremaron las medidas de control y de alerta con respecto a posibles incendios, recomendando el 112 a los
alcaldes de toda la región que mantuvieran en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, así como a los servicios de Policía local ante el riesgo elevado de incendios forestales.
El alto calor en la zona el pasado 18 de agosto, que alcanzó los 40 grados, así como la baja humedad entorno al 2 % y la velocidad del viento que alcanzó según la AEMET rachas no esperadas de 16 km/h ayudó a que el incendio , que parece
fortuito y en unas primeras informaciones producido por el choque de un ave de gran tamaño con unos cables de alta tensión, en Alburquerque (Badajoz) y localidades cercanas se propagara a gran velocidad y de forma descontrolada durante las primeras
horas de ese mismo día.
El incendio que se inició en la zona conocida como los picorros se extendió rápidamente durante la tarde del día 18 de agosto y a las 18:30 era ya declarado el nivel 1 de alerta y se desplazó a la zona a más de 100 efectivos de la lucha
contra incendios, así como maquinaria pesada, helicópteros e hidroaviones.
Como consecuencia del fuego, varias fincas y casas de campo tuvieron que ser desalojadas al propagarse las llamas a ambas laderas de la sierra de la Carava y la de Maldonado, así como a otras de propiedades cercanas a donde se temía que
llegara el incendio avivado por el fuerte viento. Entre ellas se encuentra la Urbanización Puente Seco que tuvo que ser desalojada.
En unas primeras estimaciones del INFOEX en Extremadura el incendio ha sido el más importante de este verano y de los últimos años en la provincia de Badajoz con más de 650 hectáreas afectadas, principalmente zonas de cultivo, pasto y
sierra.
Todos estos incendios dejan huella sobre el territorio y su biodiversidad y un impacto económico que empieza por el propio coste de la extinción, de los bienes perdidos (forestales, agrícolas, ganaderos, viviendas, infraestructuras,
patrimonio cultural, etc.) y las cuantías necesarias para la restauración.
Al tratarse de una zona ganadera, los incendios han afectado principalmente al ganado y a las futuras ayudas de la PAC, es importante tener en cuenta que las llamas han arrasado con el pasto y las reservas
de paja de las explotaciones ganaderas, es posible también que haya reses muertas, daños aún imposibles de contabilizar; pero que deberán tener una atención especial por parte del Gobierno.
Así mismo, el fuego ha afectado a viviendas de campo y rodeando las llamas las pinturas rupestres del risco de San Blas, monumento histórico artístico desde 1924, que parece que no se han visto afectadas, aunque sí sus accesos y su entorno
que es zona protegida.
Por todo ello se hace necesario realizar una evaluación de los daños de los incendios forestales sucedidos en el entorno de Alburquerque, San Vicente de Alcántara y La Codosera (Badajoz), determinando y cuantificando el alcance real de los
mismos.
No es una situación esta que tenga fácil solución en este municipio. Alburquerque tiene un Ayuntamiento con escaso margen de maniobra para poder ayudar a los vecinos afectados, ya que dispone de una deuda de más de 11 millones de euros y a
día de hoy debe a sus empleados públicos hasta nueve nóminas, por lo que por sí mismo será incapaz de ayudar a sus vecinos en la intensidad que la grave desgracia medioambiental lo requerirá. Por ello solicitamos que este incendio sea declarado por
el Estado como zonas afectada gravemente por una emergencia de protección civil y poder paliar sus efectos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en colaboración con las administraciones afectadas y a la mayor brevedad posible, un informe con la evaluación de los daños del incendio forestal sucedido en Badajoz, determinando y cuantificando el alcance real del mismo, y
activar las ayudas derivadas de la situación de emergencia o naturaleza catastrófica, especialmente de los denominados como 'gran incendio' o que hayan afectado a la población o espacios naturales singulares.
2. Analizar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios pacenses afectados gravemente por
este incendio forestal.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por los incendios, y en concreto:
a) Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
b) Realizar la compensación a las corporaciones locales pacenses por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
c) Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.
d) Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
e) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
f) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras hidráulicas que se hayan podido ver afectadas por las llamas, en particular aquellas que dan servicio a las comunidades de regantes y pequeños agricultores.
g) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
h) Aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
5. Colaborar, con las administraciones competentes, en la realización de los trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por el incendio y coordinar las medidas de carácter preventivo, para evitar la repetición de
situaciones similares.
6. Que el Gobierno comunique a los Ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Víctor Valentín Píriz Maya, María Teresa Angulo Romero, César Sánchez Pérez, Paloma Gázquez Collado, Juan Diego Requena Ruiz, José Alberto Herrero Bono, Diego Gago Bugarín, José
Ángel Alonso Pérez, Carmen Navarro Lacoba, Tomás Cabezón Casas y Guillermo Mariscal Anaya, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos ambientales y económicos de
los incendios forestales sucedidos en el municipio de Ezcaray y el Monte Yerga en Autol (La Rioja), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado 21 de agosto de 2021, sobre las 13,30 h, en una zona de monte del municipio riojano de Ezcaray, entre las aldeas de Azárrulla y Posadas, se originó un importante incendio en la que se han quemado 125 hectáreas de alto valor
ecológico. A falta de realizar la investigación policial de los hechos, todo apunta a que el incendio fue intencionado.
En las labores de extinción, dificultadas por el viento que soplaba, participaron más de 150 efectivos, entre técnicos en incendio y sala, agentes forestales, retenes de bomberos forestales. También se movilizó al Servicio de Extinción de
Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja (CEIS). El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aportó medios procedentes de Navarra, La Rioja, Plasencia del Monte Zaragoza, Guadalajara, Daroca (Zaragoza), Lubia
(Soria) junto con Pradoluengo (Castilla y León) aportaron a las labores de extinción las brigadas de refuerzo de incendios forestales (BRIF). Además se utilizaron dos hidroaviones con base en Agoncillo, helicópteros, aviones anfibios, autobombas,
bulldozer de camino y una Unidad móvil de análisis y planificación (Umap). Además SOS Rioja movilizó equipos de respuesta inmediata a emergencias a la zona del incendio para prestar asistencia logística.
A última hora del día, y ante la imposibilidad de controlar el incendio, se solicitó la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que acudió con dos secciones de 36 personas cada una y seis autobombas por sección, además de un
bulldozer y un dron.
El domingo 22 de agosto de 2021, a las 17,30 h, el Gobierno de La Rioja comunicó que el incendio de Ezcaray se había desescalado a nivel 1 y quedaba desactivada la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Este incendio se debe enmarcar como uno más de la media docena de incendios provocados que se han producido en este municipio entre los años 2009 y 2017.
Los indicios para no dudar de su voluntariedad son muy claros, desde el inicio del mismo en dos focos diferentes separados en el tiempo y en el espacio, el segundo comenzó unos 20 minutos después a unos 300 metros del primero, incluso hasta
el conocimiento de la previsión de viento para ese fin de semana en la sierra riojana.
Por otro lado, el 18 de julio de 2021, otro incendio arrasó con 360 hectáreas fruto de una imprudencia en las faldas del Monte Yerga entre Autol, Quel, Villarroya y Grávalos convirtiéndose en uno de los incendios más importantes de La Rioja
desde el año 2007. Las llamas del fuego afectaron a una zona muy rica en su biodiversidad siendo un gran motor ecológico de la zona, calificada como una de las zonas de mayor riqueza ambiental de La Rioja.
En el incendio del Monte Yerga se dieron los tres parámetros del 'triángulo del 30': más de 30 grados, viento de 30 km/h y poca humedad, por ello, se procedió a desarrollar sobre la zona todo el equipo de campo con 85 efectivos y medios del
Gobierno de La Rioja, técnicos, bomberos, retenes, agentes forestales y el refuerzo de 54 profesionales de la Unidad Militar de Emergencias con seis autobombas,
una nodriza y un bulldozer, entre sus 25 vehículos desplazados, seis medios aéreos junto al avión de coordinación.
En la última década La Rioja ha sufrido 668 incendios forestales, el 71 % fueron considerados simples conatos y según los datos oficiales, en nueve de cada diez casos tuvieron uno o varios culpables: 165 sucedieron por causas accidentales o
negligencias y 424 fueron intencionados.
Si nos referimos a las pérdidas económicas, para La Rioja en esta última década han supuesto unas pérdidas de 3,89 millones de euros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en colaboración con las administraciones afectadas y a la mayor brevedad posible, un informe con la evaluación de los daños de los incendios forestales sucedidos en Ezcaray y Autol, determinando y cuantificando el alcance real
de los mismos, y activar las ayudas derivadas de la situación de emergencia o naturaleza catastrófica.
2. Analizar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios de Ezcaray y Autol afectadas
gravemente por los incendios forestales durante el verano 2021.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por los incendios, y en concreto:
a) Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
b) Realizar la compensación a las corporaciones locales abulenses por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
c) Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.
d) Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
e) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
f) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras hidráulicas que se hayan podido ver afectadas por las llamas, en particular aquellas que dan servicio a las comunidades de regantes y pequeños agricultores.
g) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
h) Aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
5. Colaborar, con las administraciones competentes, en la realización de los trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por el incendio y coordinar las medidas de carácter preventivo, para evitar la repetición de
situaciones similares.
6. Que el Gobierno comunique al Ayuntamiento afectado su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Alicia García Rodríguez, César Sánchez Pérez, Paloma Gázquez Collado, Juan Diego Requena Ruiz, José Alberto Herrero Bono, Diego Gago Bugarín, José Ángel Alonso Pérez, Carmen
Navarro Lacoba, Tomás Cabezón Casas, Guillermo Mariscal Anaya y Javier Merino Martínez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación de la zona
afectada en el incendio del Talavera entre Hellín y Liétor para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El 24 de julio se declaró un incendio en las inmediaciones del embalse del Talave, en el término municipal de Liétor que rápidamente se extendió hacia el término municipal de Hellín, que oficialmente quedó extinguido a las 21 horas del día
28 de julio.
El viento y las condiciones meteorológicas adversas hicieron declarar el nivel 2 de alerta, si bien ya antes había sido declarado el nivel 1, en el que se aumenta la alerta por la posible afección a bienes no forestales como viviendas o vía
de comunicación.
El incendio sembró la preocupación de los habitantes de los términos municipales de Hellín, sobre todo de los vecinos de las pedanías de Isso y Mingogil, que sufrieron el confinamiento domiciliario por la cercanía con el incendio y
especialmente por el humo; así como los vecinos de Liétor y de Elche de la Sierra.
El incendio ocasionó la interrupción del tráfico entre los puntos kilométricos 236 y 263 de la carretera CM-412 (de Isso a Elche de la Sierra) debido a que el humo impedía la visión y las llamas podían cruzar la vía, lo que finalmente
ocurrió.
La presencia de la UME fue determinante para contribuir a la extinción del incendio, más de 160 militares y 47 vehículos participaron en el dispositivo para dar a apoyo a los medios regionales de Infocam y del Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico, en total más de 190 personas y 48 medios (29 terrestres y 17 aéreos).
Los esfuerzos coordinados impidieron que la tragedia fuera mayor, pero el fuego se ha cobrado 2500 hectáreas de masa forestal y además varios agricultores han visto perder sus cosechas de almendros, olivar, vid y las instalaciones de
invernaderos de hortalizas, incluso han perdido infraestructuras de riego. El incendio ha ocasionado daños materiales a particulares devastadores para sus cosechas y cultivos pero también ha dejado socavado el patrimonio ambiental de la zona que
aun recuerda el fatídico incendio de la Sierra de los Donceles.
Es necesario concentrar los esfuerzos de todas las Administraciones implicadas en la prevención de incendios y en la contribución a la protección de nuestro Medio Ambiente.
Corresponde ahora coordinar las acciones encaminadas a la recuperación de la zona y a paliar los daños materiales y medioambientales ocasionados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Analizar la posible declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, así como la adopción de medidas urgentes para
paliar los daños causados por los incendios en los términos municipales afectados por el incendio del Talave, en la provincia de Albacete, desde el día 24 de julio.
2. Activar en cualquier caso la ayuda para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
3. Evaluar si procede las medidas excepcionales de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
4. Colaborar con las Administraciones competentes en la realización de trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por el incendio y coordinar las medidas de carácter preventivo, para evitar situaciones similares.
5. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre las medidas acordadas para que lo tengan en cuenta en sus presupuestos municipales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Carmen Navarro Lacoba, José Ángel Alonso Pérez, Tomás Cabezón Casas, Diego Gago Bugarín, Paloma Gázquez Collado, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya, Juan Diego
Requena Ruiz y César Sánchez Pérez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos ambientales y
económicos de los incendios forestales sucedidos en la provincia de Castellón, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Durante los días 14 y 15 de agosto las temperaturas extremas y el fuerte viento de poniente fueron los aliados perfectos para el inicio y propagación del incendio originado por un rayo tras las tormentas secas registradas en el interior de
la provincia durante la jornada del sábado y que arrasó 500 hectáreas de masa forestal, concentradas básicamente en el municipio castellonense de Azuébar, enclavado en el parque natural de la Sierra de Espadán.
Según declaraciones del Gobierno valenciano ha sido el más importante del verano con un despliegue de 23 medios aéreos (helicópteros, avionetas y aviones), 350 efectivos terrestres (bomberos de los consorcios provinciales de Castellón y
Valencia y bomberos forestales de la Generalidad) y 154 militares adscritos a la UME.
Tal fue la virulencia de las llamas que siete integrantes del dispositivo de extinción tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios tras sufrir golpes de calor.
El fuego, que también alcanzó el término municipal de Almedíjar, puso en peligro zonas de alto valor ecológico como la Mosquera, lugar donde se concentra una de las áreas de alcornoques más importantes de la provincia.
Además de los daños económicos y medioambientales, 300 vecinos de Azuébar fueron desalojados de sus viviendas durante más de 15 horas, siendo acogidos en las localidades de Soneja y Sot de Ferrer.
A todo esto había que sumar dos incendios más en las mismas fechas en los municipios de Culta y Suera, también de la misma provincia. Aunque las condiciones convirtieron al de Azuébar como el más peligroso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en colaboración con las administraciones afectadas y a la mayor brevedad posible, un informe con la evaluación de los daños de los incendios forestales sucedidos en la provincia de Castellón, determinando y cuantificando el
alcance real de los mismos, y activar las ayudas derivadas de la situación de emergencia o naturaleza catastrófica, especialmente de los denominados como 'gran incendio' o que hayan afectado a la población o espacios naturales singulares.
2. Analizar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios castellonenses afectados gravemente
por los incendios forestales durante 2021.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por los incendios, y en concreto:
a) Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
b) Realizar la compensación a las corporaciones locales castellonenses por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
c) Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.
d) Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
e) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
f) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras hidráulicas que se hayan podido ver afectadas por las llamas, en particular aquellas que dan servicio a las comunidades de regantes y pequeños agricultores.
g) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
h) Aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
5. Colaborar, con las administraciones competentes, en la realización de los trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por el incendio y coordinar las medidas de carácter preventivo, para evitar la repetición de
situaciones similares.
6. Que el Gobierno comunique a los Ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Óscar Clavell López, José Ángel Alonso Pérez, Tomás Cabezón Casas, Diego Gago Bugarín, Paloma Gázquez Collado, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya, Carmen Navarro
Lacoba, Juan Diego Requena Ruiz y César Sánchez Pérez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos ambientales y
económicos de los incendios forestales sucedidos en la provincia de Córdoba, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Durante el mes de agosto de 2021, la provincia de Córdoba ha sido asolada por distintos fuegos forestales que han devastado un importante territorio de la zona norte de la provincia con un alto valor medioambiental, agrícola y ganadero. Por
tanto, las pérdidas desde el punto de vista económico y medioambiental han sido cuantiosas, sobre todo en los términos municipales de Villaharta y Alcaracejos, donde se produjeron los dos incendios forestales más importantes. El primero de ellos
tuvo como
consecuencia la afección a un territorio de casi 200 hectáreas, afectando el segundo de ellos a un total de más de 600 hectáreas.
Tras culminarse la fase de respuesta inmediata a la emergencia, y conforme a lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, habría de iniciarse la fase de recuperación con las consiguientes medidas
y acciones de ayuda a entidades públicas y privadas en orden a conseguir el restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada en los municipios de Villaharta y Alcaracejos.
Para poder aplicar las medidas referidas cuyo objeto es la recuperación de la normalidad en las zonas siniestradas, es necesario que el Gobierno de España proceda del modo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 17/2015 y realice la
declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, siendo competente para la adopción de esta declaración el Consejo de Ministros.
Una vez realizada la declaración de zonas gravemente afectadas para las devastadas por los incendios forestales producidos en la provincia de Córdoba durante agosto de 2021, el Gobierno habrá de decidir qué medidas de las establecidas en el
artículo 24 de la Ley 17/2015 les serán de aplicación. Debido a las características de los incendios forestales mencionados, las pérdidas en materia económica y medioambiental producidas y valorando el resto de circunstancias en las cuales se han
producido, el Gobierno no debería restringir las medidas a aplicar y recoger en el correspondiente acuerdo la totalidad de las reflejadas en el referido artículo 24.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en colaboración con las administraciones afectadas y a la mayor brevedad posible, un informe con la evaluación de los daños de los incendios forestales sucedidos en la provincia de Córdoba, determinando y cuantificando el
alcance real de los mismos, y activar las ayudas derivadas de la situación de emergencia o naturaleza catastrófica, especialmente de los denominados como 'gran incendio' o que hayan afectado a la población o espacios naturales singulares.
2. Analizar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios cordobeses afectados gravemente por
los incendios forestales durante 2021.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por los incendios, y en concreto:
a) Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
b) Realizar la compensación a las corporaciones locales cordobesas por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
c) Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.
d) Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
e) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
f) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras hidráulicas que se hayan podido ver afectadas por las llamas, en particular aquellas que dan servicio a las comunidades de regantes y pequeños agricultores.
g) Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
h) Aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
5. Colaborar, con las administraciones competentes, en la realización de los trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por el incendio y coordinar las medidas de carácter preventivo, para evitar la repetición de
situaciones similares.
6. Que el Gobierno comunique a los Ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Andrés Lorite Lorite, María de la O Redondo Calvillo, José Ángel Alonso Pérez, Tomás Cabezón Casas, Diego Gago Bugarín, Paloma Gázquez Collado, José Alberto Herrero Bono, Guillermo
Mariscal Anaya, Carmen Navarro Lacoba, Juan Diego Requena Ruiz y César Sánchez Pérez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Georgina Trías Gil, D. Víctor Guido González Coello de Portugal, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Ricardo
Chamorro Delmo, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Ángel López Maraver, D. Luis Gestoso de Miguel, D.ª Magdalena Nevado del Campo, D. Francisco José Contreras Peláez y D. Pedro Jesús Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración como
zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil de los municipios afectados por el incendio forestal originado el 14 de agosto de 2021 en la provincia de Ávila, para su discusión en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Más de 20.000 hectáreas arrasadas por el fuego en varios municipios de Ávila.
El 14 de agosto de 2021, en torno a las 11 de la mañana, se originó el incendio de mayor gravedad en el transcurso de este año en España y el cuarto más grave desde que hay registros 1, a causa de un vehículo averiado que comenzó a arder en
la carretera que une los municipios abulenses de Navalcruz y Cepeda de la Mora 2 (Ávila). Unas 21.993 hectáreas habrían sido arrasadas (un perímetro de 160 kilómetros) según la información geoespacial facilitada por el Servicio de Gestión de
Emergencias de Copernicus, perteneciente al programa de observación de la Tierra de la Unión Europea 3.
Las llamas se extendieron rápidamente por la ladera próxima a la carretera N-502 (que une las provincias de Ávila y Córdoba), provocando la evacuación de los núcleos de población cercanos. Entre ellos, Robledillo, cuya población se duplicó
durante estos días estivales, pasando de 170 vecinos habituales a 300. También fueron desalojados cerca de un millar de vecinos de Riofrío, Sotalvo y los anejos de Solosancho y Villaviciosa.
1 ABC. (17/08/21). El incendio de Navalcruz, el cuarto más grave desde que hay registros, según los ecologistas. Recuperado de:
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-incendio-navalacruz-cuarto-mas-grave-espana-desde-registros-segun-ecologistas-202108171153_noticia.html
2 CAMARERO, I. (20/08/21). 22.000 hectáreas arrasadas en el fuego de Navalcruz. Diario de Ávila. Recuperado de:
https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZDE3BCDCC-B0B2-EA4E-A442B9CD22C9777F/202108/22000-hectareas-arrasadas-en-el-fuego-de-Navalacruz
3 EFE. (18/8/21). Estabilizado el fuego de Ávila, el más grave del año en España. Heraldo. Recuperado de: https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/08/18/estabilizado-el-incendio-
de-avila-que-ya-no-tiene-llama-en-su-perimetro-avance-incendios-forestales-1513667.html
Muchos de los animales han huido o han sido calcinados por el fuego, la fauna ha desaparecido y los manantiales se encuentran contaminados de ceniza. Como consecuencia, parte de la población no dispone de agua potable y los ganaderos se
encuentran sin pasto para el ganado.
Segundo. Posibles irregularidades en la gestión de la catástrofe medioambiental.
En las labores de extinción han trabajado 17 técnicos, 34 agentes medioambientales, 22 medios aéreos, ocho brigadas helitransportadas, 3 bulldozer, 30 autobombas, una cuadrilla nocturna, 23 cuadrillas de tierra y cuatro unidades de
intervención de la UME, entre otros 4. Sin embargo, la gestión llevada a cabo para extinguir el incendio forestal no deja de plantear dudas.
La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), la mayor asociación de bomberos profesionales del Estado, ha interpuesto una denuncia contra la Diputación provincial abulense. En esta se recoge, según exponen varios diarios, que
'la catástrofe medioambiental ha dejado de manifiesto la precariedad existente en el Servicio de Prevención y extinción de incendios en la Diputación de Ávila, en particular, y en Castilla y León en general'. Asimismo, exige 'responsabilidades ante
la falta de inmediatez a la hora de extinguir el (incendio en el) vehículo que posteriormente provocó el incendio forestal', tanto por 'inacción' como por 'actuación tardía y poco efectiva, además de una importante descoordinación entre las diversas
Administraciones' 5.
Tercero. De las medidas que podrían adoptarse si se declarasen los municipios perjudicados por el incendio forestal abulense como 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil'.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (en adelante Ley 17/2015 o la ley) regula en el artículo 23 el procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, señalando
a tal efecto lo siguiente:
'1. La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil prevista en esta ley se efectuará por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior
y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada. Dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas. En estos supuestos, y con
carácter previo a su declaración, el Gobierno podrá solicitar informe a la comunidad o comunidades autónomas afectadas.
2. A los efectos de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las
condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.'
La 'emergencia de protección civil' viene definida en el artículo 2 de la misma ley como una 'situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de
los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene
afectación colectiva'. También recoge el concepto de 'catástrofe' como aquella 'situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e
impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad'.
En caso de que el Consejo de Ministros acordase la declaración, se podrían adoptar una batería de medidas que figuran en el artículo 24 de la Ley 17/2015, y que son, entre otras, algunas de las siguientes:
a) Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
b) Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
4 EUROPA PRESS. (17/08/21). VOX pide investigar si se pudo haber actuado con mayor rapidez en los incendios de Ávila. Recuperado de:
https://www.europapress.es/nacional/noticia-vox-pide-investigar-si-pudo-haber-actuado-mayor-rapidez-incendios-avila-20210817223340.html
5 DE MIGUEL, C. (23/08/21). La Coordinadora de bomberos Profesionales quiere que la justicia depure responsabilidades por el incendio de Navalcruz. Ávila Red. Recuperado de:
https://avilared.com/art/56620/la-coordinadora-de-bomberos-profesionales-quiere-que-la-justicia-depure-responsabilidades-por-el-incendio-de-navalacruz
c) Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.
d) Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
e) Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.
f) Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
g) Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.
2. Además de las medidas previstas en el apartado anterior, se podrán adoptar las siguientes:
a) Medidas fiscales:
1.º Exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondiente al ejercicio presupuestario en el que haya acaecido la emergencia que afecte a viviendas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones
agrarias, ganaderas y forestales, locales de trabajo y similares, cuando hayan sido dañados y se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o
locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos, o los destrozos en cosechas constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o privado.
2.º Reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al ejercicio presupuestario en el que haya acaecido la emergencia a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, turísticos y profesionales,
cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducción será
proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales o en otros habilitados al efecto.
3.º Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos señalados en los ordinales anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre los mismos.
4.º Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los ordinales anteriores, hubieren satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.
5.º Exención de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos, y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de
conducción destruidos o extraviados por dichas causas.
6.º La disminución de los ingresos en los tributos locales que, en su caso, se produzca en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares y consejos insulares como consecuencia de la aplicación de este artículo, será
compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
7.º Las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
8.º De manera excepcional, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas podrá autorizar una reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
b) Medidas laborales y de Seguridad Social:
1.º Las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma que
queden debidamente acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En el primer supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el
periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía
Salarial, con los límites legalmente establecidos. En el supuesto que se decida por la empresa la suspensión de contratos
o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, el Servicio Público de Empleo estatal podrá autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el título III del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata de las emergencias no se compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción
establecidos. Igualmente, en esos supuestos, se podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.
2.º Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las
cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta correspondientes a tres meses naturales consecutivos, a contar desde el anterior a la producción del siniestro o, en el caso de trabajadores incluidos en el Régimen Especial
de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, desde el mes en que aquel se produjo.
3.º Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios establecidos en los ordinales anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones o a la moratoria de que se trate podrán pedir la devolución
de las cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los intereses de demora, los recargos y costas correspondientes, en los términos legalmente previstos. Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor a la Seguridad Social por cuotas
correspondientes a otros períodos, el crédito por la devolución será aplicado al pago de deudas pendientes con aquella en la forma que legalmente proceda.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Declarar los municipios afectados por el incendio forestal originado el 14 de agosto de 2021 como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, conforme al artículo 23 de la
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil Consejo de Ministros.
2. Aprobar en el más breve plazo posible un real decreto que recoja las medidas excepcionales que se arbitran para dicha zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por los efectos del incendio forestal ocurrido el 14 de
agosto de 2021.
3. Tramitar con carácter urgente los expedientes administrativos relativos a las medidas acordadas como consecuencia de la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en relación con el incendio forestal
originado el 14 de agosto de 2021.
4. Proceder a la inmediata constitución de la Comisión de Coordinación, integrada por representantes de las Administraciones estatal, autonómica y local afectadas, prevista en el artículo 25 de la Ley 17/2015 de 9 de julio'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Georgina Trías Gil, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Rodrigo Jiménez Revuelta, Pablo Juan Calvo Liste, Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón,
Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/003062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la no celebración de homenajes a condenados de la banda terrorista
ETA, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado lunes 23 de agosto, el etarra Agustín Almaraz fue recibido con lo que ha sido conocido popularmente como un 'ongi etorri' en las calles de Santutxu, Bilbao. Música, banderas y aplausos para recibir a un hombre que cumplía condena
por el asesinato de Emilio Castillo López de la Franca, Rafael Leiva Loro, Domingo Durán y Ángel María González Sabino. Una recepción propia de héroes para un asesino, y que, por desgracia, no ha sido condenada unánimemente.
Sortu, formación mayoritaria dentro de EH Bildu, ha declarado que las críticas a estos actos no son más que intentos de poner piedras en lo que ellos llaman 'proceso de paz', con una retórica deleznable que sitúa en pie de igualdad a las
víctimas del terrorismo y a sus verdugos, y que pretende hacer pasar por normal la exaltación de asesinos en las mismas calles en las que cometieron sus crímenes, tal y como ha señalado Covite. Bakartxo Ruiz, portavoz de Bildu en Navarra, los
definió como una 'muestra de alegría', 'criminalizados por asociaciones ultra' y 'sin intención de enaltecer o humillar'.
Estas palabras no pueden estar más alejadas de la realidad. Más allá de la jurisprudencia de nuestros tribunales al respecto de estas celebraciones, ha de reseñarse que los recibimientos no son hechos exclusivamente por familiares y amigos,
mostrando su alivio por el retorno. En su lugar, son eventos con un fuerte componente político, enalteciendo los actos que condujeron a esa persona a la cárcel. Por supuesto, estos son cargos de asesinato, habiendo contribuido a sembrar el terror
en el País Vasco, y España al completo, durante muchas décadas, y con especial virulencia en las primeras tras la consolidación democrática. Estos homenajes no solo son una humillación a las víctimas, sino también una peligrosa manera de reescribir
la historia y borrar el daño y la condición de terroristas de quienes tuvieron a nuestro país amenazado durante décadas y sembraron el miedo en el País Vasco y en toda España.
Nuestra democracia es una democracia no militante, tal y como se ha venido considerando repetidamente. Esto implica que ninguna ideología está prohibida. Sin embargo, no se permite que se intenten alcanzar los objetivos de esa ideología
violentando los derechos de otros ciudadanos, y, especialmente, recurriendo a la violencia incluso hasta el punto de acabar con sus vidas. Eso fue ETA, y ese es el legado que, desgraciadamente, aun reivindican partidos como EH Bildu, que continúan
una retórica falaz de 'dos bandos' para justificar asesinatos y recibimientos como el visto el pasado 23 de agosto.
Es esta concepción no militante una concepción profundamente liberal, pues permite que una mayor pluralidad de visiones sea expresada en las cámaras legislativas. Pero la democracia también requiere de cuidado, y de que todos los actores
políticos y civiles entiendan la necesidad de defender sus fundamentos. No puede darse ni un paso atrás en la defensa de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, ni contra aquellos que pretenden pasar de la política al lenguaje de los
puños y pistolas para alcanzar su objetivo. Los valores democráticos y su defensa pasan por la condena unánime de la violencia política, la exaltación de los que la cometieron como héroes y la humillación de las víctimas, héroes cívicos de un
período oscuro de nuestra historia, debido a la acción del terrorismo.
Evitar que se produzcan más homenajes como este es también una cuestión de la memoria democrática de este país. Normalizarlos supone construir una visión del pasado fundada en un relato falso de lo ocurrido en las últimas décadas en España,
situando como defensores de la democracia a aquellos que intentaron acabar con ella, y olvidando la defensa de sus principios por parte de todas las víctimas asesinadas. Si hemos de mirar al pasado para sanar las heridas, también debemos evitar que
ese pasado sea manipulado. Todas las fuerzas políticas debemos remar juntas para enviar que pueda construirse un relato alternativo en el cual los terroristas sean héroes, y confinar estas celebraciones, en todo caso, al ámbito privado de sus
hogares, pues las acciones de los asesinos solo deben provocar vergüenza.
Además, la previsible puesta en libertad de otros condenados por su actividad terrorista en las filas de ETA hace temer que este tipo de homenajes inaceptables se sigan repitiendo y sean recurrentes en el País Vasco y Navarra. Por ejemplo,
el próximo 18 de septiembre ya ha sido anunciado por organizaciones próximas a la formación EH BiIdu que se hará una movilización similar por Henri Parot en la localidad de Mondragón. De consumarse, esto supondría nueva humillación a las víctimas,
y el enésimo intento de los partidos y actores políticos que legitiman -cuando no incitan- la celebración de estos actos por reescribir la historia democrática de España, haciendo pasar por héroes a terroristas.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Asegurar, a través de las delegaciones del Gobierno en el País Vasco y Navarra, que no se vuelven a producir los denominados 'ongi etorri' que homenajean a terroristas condenados en firme por la justicia.
2. Cesar a los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra en el caso de que no actuaren para impedir la celebración de estos homenajes claramente contrarios a nuestra democracia liberal y a la memoria de las víctimas del terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2021.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas destinadas a mejorar la
calidad de vida de las personas con enfermedades raras para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad.
Exposición de motivos
Las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja incidencia en la población. Para ser considerada como rara, cada enfermedad específica solo puede afectar a un número limitado de personas. Concretamente, a menos de 5 de cada 10.000
habitantes. Sin embargo, las patologías poco frecuentes afectan a un gran número de personas, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7 % de la población mundial. Esto significa,
3 millones en España, 30 millones en Europa, 25 millones en Norteamérica y 42 millones en Iberoamérica.
Estas patologías se caracterizan por ser graves e invalidantes y por debutar precozmente. De esta forma, dos tercios de estas patologías se manifiestan antes de los 2 años. Además, producen dolores crónicos en 1 enfermo de cada 5 y en casi
la mitad de los casos el pronóstico vital está en juego.
Las Enfermedades Raras, o enfermedades poco frecuentes, son un conjunto de entre 5000 y 7000 patologías distintas que afectan a un reducido número de personas y para las que se cuenta con pocas alternativas terapéuticas. Se calcula que en
España el 5,9 % de la población padece una enfermedad rara. En su gran mayoría se trata, además, de enfermedades graves, crónicas, degenerativas y potencialmente discapacitantes y/o mortales que comprometen tanto la calidad de vida como la
autonomía personal.
Las enfermedades poco frecuentes se caracterizan por un comienzo precoz en la vida (2 de cada 3 aparecen antes de los dos años), dolores crónicos, o el desarrollo de déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de los casos. Debido a
ello, las personas afectadas sufren, en muchos casos, una discapacidad que les hace necesitar de ayuda para sus actividades diarias: vida doméstica (44 % de los casos), desplazamientos (42 % de los casos) o movilidad (39 % de los casos).
Además de las limitaciones físicas resultantes del desarrollo de estas patologías, las enfermedades raras también suponen una importante carga psicológica en los pacientes y sus familiares, y van acompañadas de elevados costes económicos
asociados a sus cuidados y necesidades específicas. Cabe destacar que la media de horas de dedicación al cuidado de un afectado es de 5 horas diarias.
Por otra parte, más allá de los problemas que se plantean a nivel doméstico, una enfermedad poco frecuente supone una barrera para el acceso a la formación y al mercado laboral. Según la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER), el 41 % dice haber perdido oportunidades laborales; el 37 % ha tenido que reducir su jornada laboral y el 37 % ha perdido oportunidades de formación.
A todo lo expuesto anteriormente, debemos añadir determinadas deficiencias asistenciales que perjudican a estos pacientes. La falta de profesionales sanitarios especializados en estas patologías y el hecho de contar con pocos CSUR les
obliga, en muchas ocasiones, a desplazarse fuera de su provincia e incluso de su Comunidad Autónoma hasta recibir un diagnóstico adecuado o para acceder al tratamiento, provocando una grave situación de inequidad.
Discapacidad, dependencia y políticas sociales.
El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, es el encargado de regular el procedimiento por el cual a una persona se le reconoce un determinado
grado de discapacidad. Dependiendo de dicho grado, esta persona podrá o no acceder a determinadas ayudas o prestaciones.
El baremo establecido en este Real Decreto afecta negativamente a los derechos y a la igualdad de oportunidades que, como ciudadanas y ciudadanos, tienen reconocidos todas las personas con enfermedades raras, ya que no se están adoptando las
medidas necesarias para que estas personas disfruten de sus derechos en condiciones de igualdad.
Dentro de la comunidad de pacientes con enfermedades poco frecuentes y sin diagnóstico, más de la mitad de los pacientes cuenta con discapacidad por déficit motor, sensorial o intelectual con reducción de la autonomía en 1 de cada 3 casos.
Concretamente, según el Estudio sobre situación de Necesidades Sociosanitarias de las personas con Enfermedades Raras en España (Estudio ENSERio) más de un 80 % de las personas posee el certificado de discapacidad. No obstante, el 35 % de
las personas asegura no estar satisfechas con el grado reconocido, normalmente porque consideran que no se les hizo una valoración adecuada por escaso conocimiento acerca de la enfermedad.
En materia de dependencia, el 25 % dispone de la valoración de su grado de dependencia: más de un 40 % en Grado III, un 32 % en Grado II y un 25 % en Grado I.
Por tanto, se deben tomar medidas para reforzar la valoración en ambos procesos, mayor accesibilidad y transparencia en la información, mejorar la coordinación, y la especialización de los profesionales, teniendo en cuenta las necesidades
específicas de cada persona, atendiendo a su situación, con independencia de su patología.
Revisión pendiente del baremo para la valoración de la discapacidad.
Actualmente sigue pendiente la reforma del nuevo baremo para la valoración de la discapacidad. Se trata de la incorporación de la CIF -la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud-, que se desarrolla
con un enfoque más global donde se amplía la escala de dificultades en el desempeño de la vida diaria.
Este nuevo baremo destaca por la importancia que otorga al individuo y al contexto en el que se desenvuelve; un marco en el que tienen mayor cabida las enfermedades poco frecuentes ya que:
- Ofrece una oportunidad para valorar de forma más completa, ya que, si bien entendemos que no se pueden situar todas las enfermedades raras de forma explícita, la apertura que ofrece la nueva clasificación permite integrar mejor sus
particularidades.
- Ajusta la valoración a la edad. La mayoría de las enfermedades poco frecuentes aparecen en la infancia, pero gracias a los progresos de la investigación, cada vez más personas con enfermedades poco frecuentes pueden llegar a la edad
adulta, de forma que también varía el abordaje de la enfermedad en cada etapa de la vida.
- Integra el pronóstico de la enfermedad, una perspectiva fundamental a la hora de valorar la discapacidad en enfermedades degenerativas, como ocurre en la mayor parte de las poco frecuentes.
- Aporta mayor protagonismo a los factores sociales, determinante en el caso de las enfermedades poco frecuentes, donde las repercusiones sociales de la enfermedad condicionan el desarrollo de la persona tanto o igual que las consecuencias
clínicas.
El principal problema que se identifica en la actualidad por pacientes y profesionales es que España continúa trabajando según la antigua Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad a
pesar de que ya se ha diseñado un nuevo baremo basado en la clasificación CIF, impulsada hace ya más de una década.
Además, desde la perspectiva de pacientes, las personas y sus familias se identifica la necesidad de mejorar la información sobre los informes que deben aportar y mejorar la coordinación entre especialistas y profesionales para garantizar el
conocimiento completo sobre la enfermedad a valorar.
Consideraciones sobre la regulación de la participación económica del beneficiario en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD RD Ley 20/2012).
Durante los últimos años, el SAAD ha sufrido a nivel estatal reformas de que han repercutido de forma directa en las familias.
A lo largo de los últimos seis años, muchas familias han visto reducido su grado de dependencia y, en consecuencia, la cuantía a percibir, que se ha visto reducida en un 13 % de media. A ello, se añade que muchas de ellas han tenido que
renunciar a otras ayudas sociales al considerarse incompatibles con la prestación por dependencia.
También figura plazo suspensivo de 2 años desde la solicitud hasta la prestación de la dependencia.
Una situación que se ve agravada en el caso de las enfermedades poco frecuentes, donde el abordaje de la patología supone más del 20 % de los ingresos familiares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actualizar con urgencia la 'Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud' desde el consenso con las Comunidades Autónomas, la coordinación con los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes, la cooperación
con la industria tecnológica y farmacéutica y el trabajo conjunto en el marco de la Unión Europea.
2. Priorizar -desde un impulso decidido a la l+D+l- la consecución de avances y mejoras tangibles en el diagnóstico precoz y el abordaje temprano e integral; en la actividad de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia; en la
atención sociosanitaria, en el acceso a las innovaciones terapéuticas para todos los pacientes en condiciones de equidad en todo el país, prestando especial atención a las necesidades de los pacientes y sus familiares que la pandemia de COVID-19 ha
generado o desarrollado.
3. Mejorar y reforzar el funcionamiento del Registro Estatal de Enfermedades Raras -Real Decreto 1091/2015- garantizando que el mismo esté al servicio de los pacientes y la investigación en EERR. Se establece como prioritario que sus datos
abarquen la totalidad de las enfermedades raras diagnosticadas en España, actualizando su catálogo al efecto, y que los mismos sean de calidad y se vuelquen debidamente validados y autorizados desde los registros autonómicos de salud. Asimismo, es
necesario el historial clínico único y compartido con las debidas garantías de confidencialidad en el acceso a la información.
4. Facilitar la participación activa de las Asociaciones de pacientes en los distintos comités, foros de discusión o grupos de trabajo que den soporte a la Administración desde un punto de vista consultivo, todo ello bajo las premisas de la
ética, el derecho a la intimidad y transparencia en el tratamiento de la información.
5. Modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, concretamente los baremos para la evaluación del grado de discapacidad, para garantizar el reconocimiento adecuado del grado correspondiente a las personas afectadas por una
enfermedad poco frecuente, a fin de compensar la especificidad, la realidad y las necesidades diarias que generan los cursos de estas enfermedades.
6. Reformar el nuevo baremo para la atención a la discapacidad, incluyendo la propuesta de adecuación del actual procedimiento a la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud), aumentando los
recursos técnicos y profesionales de valoración con el objetivo de garantizar su correcta implementación.
7. Impulsar programas de formación para los profesionales que valoran la discapacidad, ya que el colectivo de pacientes con enfermedades raras cuenta con unas necesidades muy especializadas.
8. Instar a que la información, orientación y valoración de la discapacidad en menores de 0 a 6 años se realice convenientemente en centros específicos. (Un ejemplo de ello es el CRECOVI, el Centro Regional de Coordinación y Valoración
Infantil, ubicado en la Comunidad de Madrid, que puede ser un referente que seguir en otras Comunidades Autónomas).
9. Abordar dentro del seno del Consejo Territorial un proceso por el que las Comunidades Autónomas lleguen a un acuerdo acerca de las medidas necesarias para homogeneizar las condiciones de participación de los beneficiarios de dependencia
estableciendo unos criterios y condiciones que, independientemente del lugar en el que residan, preserven su derecho a un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias.
10. Contar con un mapa de los recursos sociales disponibles y un directorio de fácil acceso para las personas con discapacidad.
11. Unificar los procesos de valoración de la discapacidad y la situación de dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-María Teresa Angulo Romero, Alicia García Rodríguez, María del Carmen González Guinda, Elvira Velasco Morillo, Margarita Prohens Rigo, José Ignacio Echániz Salgado, María Sandra
Moneo Díez, Carmelo Romero Hernández, Diego Movellán Lombilla, Carmen Navarro Lacoba, José Ortiz Galván y Miguel Ángel Paniagua Núñez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la accesibilidad
universal en los Programas de rehabilitación de barrios, edificios y viviendas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad.
Exposición de motivos
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de su Política Palanca I denominada 'Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura', en su Componente 2, establece como una de sus actuaciones
fundamentales el 'Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales'.
La inversión se articula en tres líneas de actuación:
- Línea de actuación 1: Programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.
- Línea de actuación 2: Programa de actuación integral de edificios.
- Línea de actuación 3: Creación de un entorno favorable a la actividad (Medidas fiscales).
Esta inversión, según la descripción del texto enviado a Europa, está dirigida, a través de subvenciones y la aplicación de otros instrumentos de apoyo, a impulsar operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana a pequeña y
gran escala, en barrios o zonas delimitadas en función de su nivel de renta, favoreciendo el desarrollo de actuaciones de mejora de la eficiencia energética de edificios y viviendas aisladas que formen parte de un enfoque de rehabilitación integral,
que atienda a la conservación, seguridad y sostenibilidad.
En todo caso, siempre según el texto del Componente 2 del Plan, las actuaciones objeto de subvención serán las necesarias para llevar a cabo la renovación de la eficiencia energética de determinados edificios residenciales de la zona,
atendiendo a la lógica de la intervención, la tipología edificatoria y las características de cada edificio.
En consecuencia, de la descripción de las actuaciones en el Componente 2, se podría interpretar que, dentro de las actuaciones integrales que se detallan, aunque de manera somera, podrían tener cabida actuaciones de accesibilidad.
Descripción que no se corresponde con las determinaciones del borrador del Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial v vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia que da cobertura al referido epígrafe 'Programa de
rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales' a través de cinco programas definidos como:
1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.
2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación.
3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.
4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética de las viviendas.
5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.
Debe destacarse que las actuaciones a nivel de barrio vienen a ser una nueva versión de las ARIS o ARRUS de Planes de vivienda anteriores, pero mucho más precarias y mucho más restrictivas, puesto que no se contempla la posibilidad de
transformaciones urbanas, sino únicamente contemplan edificios construidos y la adecuación de su entorno, sin mencionar de forma expresa las actuaciones de accesibilidad y cualquier otra de mejora del parque edificado que no tenga que ver con
eficiencia energética.
En materia de accesibilidad, este borrador de Real Decreto debería afrontar la realidad de determinados sectores de población, mayores y personas con discapacidad, que requieren que la sociedad esté preparada para dar respuesta desde
distintos ámbitos.
En este sentido y atendiendo al fenómeno del envejecimiento, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la edad media de la población española se sitúa en los 42,9 años frente a la media de 39,5 de la Unión Europea,
existiendo en nuestro país más de 8 millones de personas de más de 65 años. Por otro lado, las personas con discapacidad, más de 3 millones, según la Base Estatal de Datos con valoración del Grado de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030 también requieren de una respuesta social similar, capaz de atender las necesidades de viviendas dignas y adecuadas.
A fecha de 31 de diciembre de 2019, la Base de Datos contenía un total de 4.521.806 registros correspondientes a personas a las que se les ha valorado la discapacidad (148.536 más que a 31 de diciembre de 2018, un incremento del 3,4 %
interanual). De ese total, 3.257.058 corresponden a aquellas personas que por haber obtenido un grado de discapacidad igual o superior al 33 % han resultado con la consideración de personas con discapacidad (93.066 más que a 31 de diciembre de
2018, un incremento del 2,9 %). De ellas 1.637.077 son hombres y 1.619.981 son mujeres.
España es uno de los países que más se verá afectado por el envejecimiento de la población en los próximos años debido al importante volumen de su generación de babyboomers. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE)
2020-2070, el punto álgido del proceso de envejecimiento de la población se alcanzará previsiblemente alrededor del año 2050, para empezar a declinar a partir de entonces.
Considerando tan solo el horizonte más cercano de los próximos quince años, hay que tener en cuenta que entre 2020 y 2035 el volumen de mayores de 65 años pasaría de representar el 19,6 % de la población en 2020, al 26,5 % en 2035.
Dentro de este grupo, los mayores de 70 años pasarían de representar el 14,4 % en 2020, al 19,4 % en 2035 y los mayores de 80 años pasarían de representar el 6 % al 8,1 % en el mismo periodo.
A estos datos se añade otra realidad, como es el deseo de las personas mayores de permanecer en el domicilio y en su entorno habitual, aun cuando las personas necesiten ayuda, esto es una constante en todos los estudios. Parece necesario
reformular el modelo de los cuidados y por tanto los servicios de apoyo en el domicilio, acompañado de ayudas que hagan accesible las viviendas y sus entornos.
La mayoría de las personas quieren vivir en sus hogares el mayor tiempo posible, por lo que los Servicios Sociales deberían propiciar todos los apoyos necesarios de proximidad, ayuda a domicilio, teleasistencia avanzada o asistencia
personal, que serán más efectivos si los hogares cuentan con las medidas necesarias de accesibilidad.
Máxime cuando en el propio Componente 22 'Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión' dentro de la Política Palanca VIII 'Nueva Economía de los Cuidados y Políticas de Empleo', recoge como una de
sus Reformas: Reforzar la atención a la dependencia y promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración. Según detalla el Plan, uno de sus objetivos es mejorar el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD),
impulsando cambios en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, promoviendo una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y la implantación de un modelo de Atención Centrada en la persona.
Por lo expuesto, parece imprescindible que el Componente 2 deba tener en cuenta esta realidad además de una serie de medidas relativas a la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad concreta en viviendas, que podrán
concederse a aquellos propietarios de viviendas en edificios de tipología residencial colectiva y viviendas unifamiliares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer las determinaciones normativas precisas para garantizar la accesibilidad universal en el 'Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos
residenciales' a través de las actuaciones de rehabilitación de barrios, edificios y viviendas aisladas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con este objetivo, se regularán las siguientes iniciativas:
a) Se considerarán subvencionables todas las actuaciones referentes a accesibilidad y a promover la igualdad y la no discriminación de personas mayores y con discapacidad.
b) Se deberán articular mecanismos de incentivación fiscal para la ejecución de tales actuaciones complementando las relativas a eficiencia energética, así como en las herramientas que se articulen de mejora de la financiación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Ana María Zurita Expósito, Alicia García Rodríguez, Margarita Prohens Rigo, Mario Garcés Sanagustín y Ana María Pastor Julián, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las
camareras de piso, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales.
Exposición de motivos
En España trabajan 100.000 camareras de piso en temporada alta turística, pero la pandemia de COVID-19 también ha hecho que muchas de ellas hayan perdido el empleo o hayan sido sujetas a ERTE. De acuerdo a las cifras facilitadas por el
sindicato Comisiones Obreras (CCOO), esto podría haber afectado a unas 40.000 profesionales aún en mayo de 2021, aunque en abril la cifra aumentaba a 90.000. Incluso con la mejoría de la situación sanitaria, los niveles de ocupación turística
siguen por debajo de las cifras pre-pandemia y, por consiguiente, también es más difícil para estas profesionales recuperar su empleo.
A esta situación coyuntural se suman las dificultades estructurales que afectan a las camareras de piso en el desarrollo de sus labores, con un esfuerzo físico superior a la media. Además, las dificultades económicas por las que está
pasando el sector hotelero han recortado la capacidad de contratación de las empresas y, por tanto, el personal en plantilla debe enfrentarse en ocasiones a una mayor carga de trabajo, lo que repercute de forma directa en su salud precisamente por
esos esfuerzos asociados a sus labores de limpieza de las habitaciones de establecimientos hoteleros.
La situación difícil que ha provocado la crisis económica derivada de la pandemia ha hecho que muchas de estas profesionales no puedan tampoco permitirse una baja por enfermedad si desarrollan alguna dolencia asociada a su desempeño laboral,
lo que les empuja a seguir trabajando con posibles lesiones o daños, agravándolas aún más. Muchas de ellas han desarrollado fascitis plantar, lumbalgia, bursitis, artrosis, infiltraciones en las articulaciones, e incluso hongos, normalmente a
consecuencia no ya únicamente de las tareas que tienen encomendadas, sino de realizarlas también a gran velocidad y durante un largo período de tiempo. Ya en 2018, estas profesionales organizaron movilizaciones para
demandar una mejora de sus condiciones laborales y de su calidad de vida, y a consecuencia la Seguridad Social instruyó a las mutuas para que se reconocieran como enfermedades profesionales el síndrome del túnel carpiano, la bursitis y la
epicondilitis, muy comunes en el gremio. Sin embargo, las camareras de piso siguen afirmando que las mutuas no siempre acatan esa instrucción y se ven obligadas a emprender procedimientos legales para ver reconocidas sus dolencias como enfermedad
profesional.
En 2018, precisamente, el Parlament de Cataluña aprobó la creación de un Sello de Trabajo Justo y de Calidad para establecimientos hoteleros que no solo cumplieran con lo establecido en la legislación laboral, sino que garantizaran unas
condiciones especialmente buenas para las camareras de piso que buscaran evitar las consecuencias más lesivas de estas tareas sobre sus profesionales. Por ejemplo, no se otorgaría este sello a establecimientos que tengan antecedentes de
infracciones laborales muy graves en un determinado plazo de tiempo, mientras que se valoraría positivamente la contratación de profesionales de colectivos vulnerables o el fomento de contrataciones indefinidas frente a las temporales. Sin embargo,
lo cierto es que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña aún no ha puesto en marcha este sello de calidad, causando la frustración de estas profesionales.
En esta misma línea, la Secretaría de Estado de Turismo firmó en Fitur 2020 el protocolo de actuación para la certificación de 'Hoteles Justos, socialmente responsables' (HJSR), una iniciativa de las principales organizaciones sindicales del
país en colaboración con la Universidad de Málaga. El sistema de certificación HJSR está compuesto de diversos requisitos que proporcionarán información sobre las distintas dimensiones de la responsabilidad social empresarial, con especial énfasis
en la calidad del empleo, permitiendo una valoración global de un 'hotel justo' desde un punto de vista laboral con sus trabajadores.
Desde el GP Ciudadanos apostamos por incentivar que el sector privado vaya más allá de sus obligaciones legales en materia de responsabilidad social, y consideramos que el reconocimiento de aquellas empresas o grupos que tienen culturas
empresariales de un mayor impacto social deben ser el ejemplo a seguir.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el uso de la certificación 'Hoteles justos, socialmente responsables' por aquellos establecimientos hoteleros que cuenten con las mejores prácticas y condiciones laborales.
2. Dar medios suficientes a la Inspección de Trabajo de manera que pueda aflorar el empleo sumergido en el sector de las camareras de piso que pudiera existir y para velar por el cumplimiento de la legislación laboral que rige las tareas
que desempeñan.
3. Acordar con los representantes de las empresas y las organizaciones sindicales del sector una Guía Práctica de Salud Laboral para las profesionales que se desempeñan como camareras de piso.
4. Incorporar en el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo la realización de estudios específicos sobre las condiciones y problemas que afectan a las camareras de piso y al resto de trabajadores del sector hotelero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de la agricultura inteligente
sostenible, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La agricultura es un sector esencial para el tejido productivo español. En un contexto muy difícil de pandemia, la labor de nuestro sector agrario para garantizar el suministro de alimentos fue clave, especialmente durante el confinamiento
domiciliario. En 2020, de hecho, el sector agrícola, ganadero, silvícola y pesquero fue el único que consiguió crecer respecto a 2019, con un incremento de riqueza generada del 4,7 %. Esto supone que, mientras otros sectores económicos se veían
afectados por las restricciones impuestas para contener la pandemia, el sector agrario era fuente de riqueza para la economía española, generando más de 782.000 empleos en nuestro país.
Pese a esta importancia, lo cierto es que el sector agrario en España se enfrenta a varios riesgos importantes. En primer lugar, el relevo generacional en el sector ante la falta de atractivo de estas actividades para los jóvenes. En
segundo lugar, la adaptación del sector a los efectos del cambio climático y a un contexto en el que graves desastres como sequías, riadas o tormentas serán cada vez más frecuentes. En tercer lugar, facilitar la adopción de nuevas tendencias por
parte de agricultores, ganaderos, silvicultores y pescadores, para que puedan aprovechar la innovación en favor de una mayor productividad, una calidad aún mejor y un menor esfuerzo.
Frente a estos retos, sin embargo, se erige una oportunidad que permite enfrentarlos de forma coordinada: la agricultura inteligente. La agricultura inteligente se denomina de este modo por incorporar a los procesos agrícolas los avances
tecnológicos como la agricultura de precisión, la utilización de Big Data, la supervisión de explotaciones utilizando drones o la integración de robots en las mismas. En Estados Unidos, uno de los grandes países productores de alimentos del mundo,
la adopción de la agricultura inteligente oscila entre el 20 % y el 80 % de las explotaciones. En la Unión Europea, en cambio, esa tasa de penetración oscila entre el 0 % y el 24 %, que se da principalmente en Países Bajos. En España, su adopción
se ve lastrada, por ejemplo, por una falta de formación en competencias digitales entre la población y, precisamente, por la media de edad elevada de los trabajadores agrarios, que se sitúa en los 55 años.
La agricultura inteligente permite que, con menos recursos y con un uso eficiente de los mismos, se pueda incrementar la producción de alimentos incluso en contextos menos favorables. Por ejemplo, en España el 90 % del agua disponible se
dedica a la agricultura de regadío, pero la disponibilidad de agua puede verse comprometida debido al cambio climático y, con ella, la viabilidad en el tiempo de esos cultivos. Por ello, sistemas de irrigación que permitan un uso más eficiente de
los recursos hídricos o el desarrollo de variantes de cultivos que puedan crecer con menos necesidad de agua se convierten en los claros aliados del sector agrario español.
Además, la agricultura inteligente permite también que esas nuevas variantes exijan menos fertilizantes, ayudando a los agricultores a llevar a cabo técnicas más respetuosas con el medio ambiente. A su vez, la aplicación a la ganadería
permite, por ejemplo, un seguimiento pormenorizado y en tiempo real de las cabezas de ganado, así como de su estado de salud y ciclos de cría.
Afortunadamente, empiezan a surgir en España iniciativas en esta dirección. Destaca la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), una agrupación transversal en la que participan las principales organizaciones profesionales agrarias que
tiene como objetivo el impulso del modelo de producción sostenible agrícola y ganadero que garantice simultáneamente la sostenibilidad medioambiental y económica, a través herramientas e innovaciones de Sanidad Vegetal, Biotecnología (edición
genómica) y Digitalización, basadas siempre en la evidencia científica (EFSA).
En definitiva, la agricultura inteligente sostenible es la opción más robusta para que agricultores, ganaderos, silvicultores y pescadores puedan obtener una mayor rentabilidad, puedan alcanzar una mejor calidad de vida, y puedan adaptar su
sector a la realidad que supone el cambio climático. Además, la introducción de los avances tecnológicos de última generación en el sector agrario supone un mayor atractivo para la población joven, con más formación, y que pueda optar por
desarrollar su carrera profesional en un sector tan fundamental para nuestro país y para la seguridad alimentaria mundial.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incentivar la formación en competencias científicas y digitales para agricultores, ganaderos, silvicultores y pescadores, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las organizaciones
interprofesionales agrarias, para asegurar una mejor comprensión de las alternativas tecnológicas a disposición del sector.
2. Crear una oficina de asesoramiento científico, con área de especialización en el ámbito agrario, para contribuir a los trabajos del Gobierno y de las Cortes Generales y garantizar que la regulación está siempre alineada con la última
evidencia científica disponible.
3. Facilitar plataformas de inversión colectiva para pequeños y medianos agricultores y cooperativas agrarias para que puedan optar a la instalación de tecnologías en sus explotaciones aprovechando posibles economías de escala y que no se
vean lastradas por barreras de entrada.
4. Establecer un programa de colaboración entre la Administración, el sector académico investigador y el sector agrario para facilitar la adopción de avances tecnológicos por parte de las empresas y trabajadores agrícolas, así como la
adquisición de competencias digitales que les permitan utilizarlos en su día a día.
5. Incorporar al Plan de Medidas ante el Reto Demográfico medidas para incentivar el establecimiento y desarrollo de clústeres empresariales relacionados con los sectores biotecnológico, digital y agrario en zonas rurales y/o escasamente
pobladas, aprovechando así posibles sinergias entre estos sectores y contribuyendo a la atracción de profesionales a estas áreas.
6. Elaborar, a la mayor brevedad posible, una Estrategia Nacional para Luchar contra la Desertificación debido al reto que este fenómeno supone para la productividad agraria y el medio ambiente, especialmente en un contexto de cambio
climático, con medidas a corto, medio y largo plazo para garantizar la sostenibilidad de la actividad agraria en el tiempo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/003059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, por la que se insta al Gobierno a
aumentar el presupuesto y la plantilla del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que pueda realizar eficazmente sus funciones como órgano democrático de control, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
En el año 2020 se presentaron casi tres reclamaciones al día contra el Gobierno por parte de ciudadanos que intentaron sin éxito que distintos ministerios y empresas públicas les aportaran la información requerida. La palma se la llevó el
Ministerio del Interior, donde la opacidad constituye ya 'marca de la casa', seguido de Política Territorial y Función Pública, de Sanidad y de Presidencia.
Más de un tercio de las reclamaciones contra el Gobierno se recibieron entre junio y agosto de 2020, justo después de que se levantara la suspensión de los plazos administrativos que el Gobierno acordó en el Decreto del estado de alarma.
Suspensión de plazos que no afectó a los procedimientos de recaudación de la Agencia Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad Social. Es decir, el Gobierno suspendió dar información a los ciudadanos, pero no el exigirles el pago de los
impuestos y de las cotizaciones sociales en pleno confinamiento, con la actividad económica prácticamente paralizada.
Este apagón informativo del Portal de la Transparencia durante la pandemia ha hecho que España haya retrocedido dos puestos en el ranking mundial contra la corrupción por la oscura gestión llevada a cabo por el Gobierno, al que el Consejo de
Europa en su informe anual del 2020 ha criticado también duramente.
La opacidad ha sido alarmante por la nula transparencia habida respecto al uso de los recursos económicos y al despilfarro en la contratación de material sanitario a empresas dudosas que en algunas ocasiones no entregaban los productos o
carecían de los estándares de calidad exigibles.
Si los ciudadanos se han dado cuenta de la importancia que tiene la transparencia como derecho esencial para la calidad democrática ha sido precisamente durante la pandemia.
La Asociación de Profesionales de la Transparencia 'Acreditra' ha censurado al Gobierno declarando 'que el estado de alarma puede limitar derechos que estén en relación con la salud pública, pero no puede limitar la transparencia en unos
momentos en los que es un elemento fundamental del contrapeso democrático al poder gubernamental', frase a la que añadiríamos, 'al abuso' del poder gubernamental.
Abuso que se ha evidenciado en la suspensión de los plazos administrativos, en la negativa de Sanidad a facilitar los nombres de los expertos que les asesoraban sobre la desescalada, en la negativa a facilitar la información sobre la agenda
de Sánchez en el viaje a Nueva York, así como del coste del innumerable séquito que lo acompañaba, en la negativa a dar información sobre el gasto de la reunión del Gobierno en la finca de Quintos de Mora, o sobre lo que ha costado llevarse a una
docena de amigos al Palacio de Doñana, o cuánto nos cuesta a los españoles sus constantes viajes en Falcon o en helicóptero para ir a festivales o para hacer trayectos cortos, tras los que luego tiene la desfachatez de recomendarnos que utilicemos
el tren.
En muchas de esas cuestiones, Transparencia ha estimado las reclamaciones de información solicitada, información que en la mayoría de los casos el Ejecutivo sigue sin facilitar pese al pronunciamiento del citado Consejo.
Hemos de señalar que este Gobierno PSOE-Podemos es el que más resoluciones tiene del Consejo en contra y el que menos las cumple, apenas llega al 6 % (el Gobierno del PP cumplía con el 85 %).
El Consejo de Transparencia dio amparo a más de la mitad de las reclamaciones que resolvió en 2020 contra el Gobierno.
El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha manifestado en esta Cámara, en comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática (12 de mayo de 2021) y ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública (10 de
junio), con motivo de la presentación de las Memorias del Consejo de 2019 y 2020 que 'la precariedad de recursos impide cumplir eficazmente con las funciones que tiene encomendadas'.
Recursos económicos que él estima por una cantidad del doble del importe que actualmente tiene asignado.
Falta de recursos que choca con los medios dispensados a otros organismos, por citar ejemplos, el Gobierno ha reforzado con 4 funcionarios el CIS de Tezanos, o por mencionar otro, no existe límite ni de asesores ni de presupuesto para el
macro equipo del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Evidencias de que este Gobierno gasta sin límites nuestro dinero para manipular a la opinión pública, pero que no lo tiene para que los órganos democráticos de control puedan hacer su trabajo.
También es importante contar con mayor presupuesto para contratar unos Servicios Jurídicos externos. Ocurre con frecuencia que la Abogacía del Estado no los puede representar ya que, al dirigirse las reclamaciones del Consejo contra la
Administración, existe conflicto de intereses.
El tener poco presupuesto y muchos temas, además de gran complejidad, conduce a que no se pueda disponer de gabinetes altamente especializados en asuntos contencioso-administrativos con lo que las posibilidades de éxito del control en la vía
judicial es también escasa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Cesar en el incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contrarias a la opacidad ejercida desde las estructuras gubernamentales.
Segunda. Aumentar el presupuesto y los recursos humanos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que pueda desarrollar eficazmente sus necesarias y esenciales funciones de control democrático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Alberto Casero Ávila, Milagros Marcos Ortega, Vicente Betoret Coll, Llanos de Luna Tobarra, Juan Manuel Constenla Carbón, Carmen Navarro Lacoba, Ana María Beltrán Villalba, Beatriz
Jiménez Linuesa y Pablo Montesinos Aguayo, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección del patrimonio marítimo
español y de los océanos, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La realidad del cambio climático amenaza a todos los países, sin excepción, como ha recordado recientemente el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Nos enfrentamos a un enemigo
común, del que ninguna nación puede escapar, y que solo será atajable merced a la acción combinada de todos los actores implicados. Los daños causados por el cambio climático ya están teniendo efectos perceptibles a golpe de vista, como el
incremento del nivel de los mares, temperaturas más extremas o catástrofes naturales, que según la aseguradora Swiss Re en el pasado año 2020 ya se cobraron la cifra de 175.000 millones de dólares.
Más allá del impacto económico, el cambio climático también está teniendo un efecto directo sobre nuestro patrimonio natural, incluyendo el que es común a toda la humanidad. De acuerdo con ese último informe del IPCC, bajo todos los
escenarios contemplados de incremento de emisiones de gases de efecto invernadero, los océanos y masas forestales perderán capacidad de absorber esas emisiones, es decir, de actuar como sumideros de carbono que nos ayuden a alcanzar una economía de
cero emisiones netas en 2050. Además, los expertos alertan de que los cambios que están sufriendo los océanos, las masas de agua helada y el nivel del mar son ya irreversibles, aunque podemos evitar que vayan a peor.
El área de los océanos que no está bajo la jurisdicción de ningún Estado alberga el 95 % de los ecosistemas del planeta. Este bien público global requiere de un marco de protección adecuado, especialmente dado el descubrimiento de recursos
en el mismo, tales como las tierras raras, que podrían incentivar una explotación de recursos sin amparo legal y a costa de un patrimonio que nos pertenece a todos. Actualmente, solo el 1 % de esa área se encuentra bajo protección legal que pueda
evitar su degradación. Si queremos evitar daños irreparables, que contribuyan al cambio climático y que dañen la biodiversidad de nuestro planeta, es necesario emprender acciones rápidas y efectivas para protegerlo. Por ello, en 2018 se empezó a
dar forma a un tratado para la protección de los océanos en alta mar y su patrimonio natural. Una actuación coordinada es vital para asegurar su efectiva defensa.
España es uno de los países que más tiene que perder con el cambio climático. Uno de los principales atractivos de nuestro país es la riqueza de su patrimonio natural, con 132 parques naturales repartidos por la Península y los
archipiélagos. El vasto número de especies, la diversidad de sus parajes y la belleza de sus paisajes ha atraído la fascinación de científicos, la admiración de poetas y el deseo de turistas que buscan experiencias relacionadas con la naturaleza, y
no con el sol y playa que también caracterizan a nuestro país. Además, los beneficios que aporta nuestro patrimonio natural son también de carácter económico. De acuerdo a estimaciones de la Comisión Europea en 2018, el sector de la economía azul
-es decir, la relacionada con el mar y los océanos- da empleo a 945.000 personas y aporta un valor
agregado bruto de 32.700 millones de euros anuales a nuestra economía. Es más, este valor de la economía azul es mucho más alto en España que en países de nuestro entorno como Francia, Italia o Reino Unido. De continuar deteriorándose las
condiciones de los mares y de sus ecosistemas, esa aportación económica vital en la que España cuenta con una clara ventaja comparativa se esfumará.
Es por ello que España debe ser un actor principal en la protección de los mares y océanos, en tanto que patrimonio natural y como fuente de empleos y crecimiento económico sostenible, instando a acciones coordinadas a nivel europeo y global
para asegurar que se toman todas las medidas posibles para proteger estos espacios de los efectos adversos del cambio climático. Este verano hemos visto directamente las consecuencias de este fenómeno en forma de riadas en el Norte de Europa y de
incendios en el arco Mediterráneo, Canadá o Estados Unidos. Pero, además, las hemos sufrido en nuestro propio país con incendios como el que asola la provincia de Ávila, el mayor registrado en España en todo 2021, o en un nuevo episodio de
eutrofización del Mar Menor, causando la muerte una vez más de cientos de peces alevines en sus inmediaciones. En definitiva, esto demuestra que es necesario hacer más para poder garantizar un futuro para nuestro patrimonio y el de todos.
Pese a ello, el Gobierno de España ha mantenido a nuestro país como un actor de segunda fila en la esfera internacional, sin intervenir con la determinación y la claridad necesarias para propiciar una actuación decidida en materia de
protección de los océanos. Sin ir más lejos, el Ejecutivo se opuso recientemente a que la Gran Barrera de Coral fuera considerada como patrimonio mundial en situación de riesgo. Debemos evitar este tipo de acciones, consecuencia de una política de
protección de la biodiversidad sin ambición, y apostar firmemente por la defensa del patrimonio natural, especialmente el marino, dentro de nuestras fronteras y más allá.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Liderar las negociaciones sobre el Tratado Global de los Océanos para que establezca un marco normativo que permita el desarrollo de la economía azul y la protección de los ecosistemas marinos.
2. Reforzar la diplomacia climática de España con el componente ambiental, convirtiendo nuestro país en una referencia a nivel mundial en la materia, para asegurar que nuestros socios internacionales cumplen con los objetivos establecidos
en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de protección de los ecosistemas.
3. Publicar, a la mayor brevedad posible, el Informe sobre el Estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España, incluyendo datos de la contribución del patrimonio natural marítimo a la economía y el empleo, y áreas de actuación
para evitar su degradación en un contexto de cambio climático.
4. Acordar con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, y con la colaboración de expertos en la materia, una Estrategia de Conservación y Restauración de Hábitats Marinos de España, con actuaciones a corto, medio y largo plazo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Luis Gestoso de Miguel, D.ª Lourdes Méndez Monasterio, D. Joaquín Robles López, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Ángel López Maraver, D. Pedro Requejo Novoa, D. Francisco José Contreras Peláez, D.ª María Magdalena
Nevado del Campo y D. Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la adopción de medidas que garanticen la sostenibilidad ambiental en el Mar Menor, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. De la singularidad del Mar Menor.
El Mar Menor, situado en el sudeste peninsular -Región de Murcia- es un ecosistema único, de gran valor paisajístico y ambiental por su diversidad de ecosistemas. Incluido en el año 1994 en la Lista Ramsar 6, 'Lista de Humedales de
Importancia Internacional', sus valores ambientales le hacen contar con numerosas figuras de protección. Posee una extensión de 135 km 7 de superficie conforme a las cifras del Gobierno de España2,180 km2 según datos de la Región de Murcia 8, lo
que la convierten en la mayor laguna costera hipersalina de Europa 9. En este espacio convergen múltiples usos como el turístico, recreativo, salinero, pesquero o el agrícola.
Se trata de una bahía singular en fase de colmatación cuya alimentación proviene básicamente del Mar Mediterráneo, lo que la convierten en singular, solo comparable con Mar Chica, en Melilla, también conocida como laguna de Nador.
Segundo. De los últimos acontecimientos acaecidos en el Mar Menor.
En las últimas décadas, el Mar Menor está sufriendo un proceso de deterioro importante que sobrepasa la turbidez de las aguas, agravado desde el año 2016, como consecuencia de decisiones políticas incorrectas.
El suceso más reciente estalló el pasado 16 de agosto de 2021, cuando doscientos cincuenta kilos de alevines aparecieron muertos en las orillas de las playas de Los Nietos, Los Urritias e Islas Menores. En los días posteriores, la cantidad
de peces, crustáceos y moluscos se fue incrementando hasta las cinco toneladas recogidas hasta la fecha 10, lo que obligó a cerrar ocho playas para ejecutar las labores de limpieza.
El Gobierno regional puso el foco en un primer momento en el aumento de temperatura como causa principal de la tragedia, inclinándose posteriormente hacia un episodio de anoxia (ausencia de oxígeno en el agua) y a la entrada de nutrientes y
agua dulce en el Mar Menor 11. Como consecuencia, el 25 de agosto de 2021 se anunciaron medidas regionales a la agricultura, relativas a la imposición de límites al uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos en la llamada zona 1 (que abarca unas
9.132 hectáreas aledañas al ecosistema) para evitar que la lluvia pueda arrastrar nutrientes a la laguna, así como un posible recorte de plazos en los procedimientos sancionadores a los regadíos ilegales 12.
Por su parte, la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Dña. Teresa Ribera, aplaude las actuaciones que pretende llevar a cabo el ejecutivo regional, a la espera de que se pronuncie acerca de las
medidas que puedan adoptarse en el ámbito de sus competencias 13.
No obstante, ambos ejecutivos se culpabilizan mutuamente de lo acontecido en el Mar Menor 14, provocado por la inacción de ambos durante años de deterioro de este.
Es la tercera crisis del medio natural del Mar Menor en el último lustro, tras los episodios de 2016 y 2019. El primero de ellos en el tiempo supuso la proliferación de fitoplancton (catalogado tradicionalmente como alga) por eutrofización
(proceso de contaminación causado por exceso de nutrientes), provocando la llamada 'sopa verde' en la laguna litoral. El más reciente implicó un nuevo crecimiento masivo de
6 'España firmó el Convenio el 4 de septiembre de 1982 y el Mar Menor fue incluido en la lista Ramsar en 1994 con el número 706'. Ayuntamiento de Cartagena. Recuperado de:
https://urbanismo.cartagena.es/medionatural/areas.asp?CodMenu=70000&Ficha=70002&Activa=1.
7 León, V.M y J.M. Bellido. Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su estado. Madrid, Instituto Español de Oceanografía, Ministerio de Economía y Competitividad, 2016. 414 p. Temas de Oceanografía, 9. ISBN
978-84-95877-55-0. Página 22.
8 'El Mar Menor, con 180 kilómetros cuadrados de superficie, es la laguna salada más grande de Europa'. Región de Murcia. Recuperado de: https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,2584.
9 León, V.M y J.M. Bellido. Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su estado. Madrid, Instituto Español de Oceanografía, Ministerio de Economía y Competitividad, 2016. 414 p. Temas de Oceanografía, 9. ISBN
978-84-95877-55-0.
10 EFE. (24/8/21). Mar Menor, la cronología de un desastre ambiental. El Mundo. Recuperado de: https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ medio-ambiente/2021/08/24/61251389fdddff9b6f8b4590.html.
11 ANDREU, G. (19/8/21). El Gobierno de Murcia no se hace cargo de la muerte de peces en el Mar Menor: culpaba al calor y ahora, a Teresa Ribera. El Diario. Recuperado de:
https://www.eldiario.es/murcia/politica/gobierno-murcia-no-cargo-muerte-peces-mar-menor-culpaba-calor-ahora-teresa-ribera_1_8231299.html.
12 MIRANDA, I. (25/08/21). Murcia prohibirá el uso de fertilizantes en zonas aledañas al Mar Menor. ABC. Recuperado de:
https://www.abc.es/sociedad/abci-murcia-prohibira-fertilizantes-nitrogenados-zonas-aledanas-mar-menor-202108251359_noticia.html.
13 Ídem.
14 REDACCIÓN. (24/8/21). El Gobierno y Murcia se culpan del desastre en el Mar Menor. El Mundo. (Edición en papel).
microalgas y consiguiente aumento de microorganismos pronunciado por las lluvias torrenciales (DANA y gota fría). Como consecuencia, se formaron dos capas en el mar: la más profunda -en proceso de descomposición y con sustancias tóxicas,
así como con síntomas de anoxia- y la superficial -con menor salinidad por verse mezclada con el agua procedente de la lluvia-. La capa baja expulsaba los peces, crustáceos y moluscos hacia la alta que, tras los movimientos de agua por el cambio de
tiempo, acabó por acorralar y matar hasta tres toneladas de especies.
Tercero. De la problemática del Mar Menor que urge atajar.
Son varias las causas que contribuyen al deterioro del Mar Menor, entre las que se encuentran las naturales (producidas por efecto de la naturaleza) y las humanas (consecuencia de la intervención del hombre).
- Causas naturales.
1. Cerramiento de las golas y colmatación. La bahía cuenta, en su trazado longitudinal, con cinco golas o canales: dos de ellas (gola de La Torre y El Ventorrillo, situadas en el paraje de la Encañizada) son pasos naturales mientras que
las tres restantes (Marchamalo, El Estado y El Charco) son total o parcialmente creadas de forma artificial.
Fuente: El Confidencial
La reducción de profundidad y aterramiento de la bahía es un factor que contribuye a que las golas se hayan ido cerrando y colmatando de forma natural.
El Mar Menor es la única bahía del Mediterráneo europeo en proceso de colmatación 15 generalizado 'por los aportes de materiales terrígenos', que alcanzó los +8,8 cm entre los años 2016 y 2017, tal y como recoge el Informe de Asesoramiento
Técnico del Instituto Español de Oceanografía (IEO), de 10 de julio de 2020. Contribuyen a ello el transporte de sedimentos del mar Mediterráneo al Mar Menor, los
15 'Se denomina colmatación al relleno total de una depresión natural o artificial (lago, albufera, embalse) o de una cuenca sedimentaria mediante la acumulación de sedimentos'. Wikipedia. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/ wiki/
Colmataci?%C3?%B3n.
fenómenos meteorológicos como las DANA ('Depresión Aislada de Niveles Altos'), la circulación de residuos ocasionados por la dinámica lagunar, entre otros 16.
Es por ello por lo que se requiere la apertura de golas, recuperando el estado y dimensión del año 1960 (la época ideal del Mar Menor), lo que permitiría el intercambio de aguas entre el Mar Menor y el Mediterráneo a través de los canales.
El resultado supondría la reducción del grado de salinidad (habida cuenta que el Mediterráneo es menos salino) y la mejora de las condiciones térmicas del agua (que provocan la evaporación por efecto de las altas temperaturas).
2. Las ramblas que desembocan en el Mar Menor. El cauce natural del agua pluvial, particularmente el que cae de forma torrencial cerca de la costa murciana, presiona los acuíferos provocando su desbordamiento. Las riadas suponen, a largo
plazo, un fenómeno de cerramiento que se puede solucionar con el desvío de las ramblas al mar Mediterráneo.
En la siguiente figura podemos observar las principales ramblas que desembocan en el Mar Menor (Rambla de los Alcáceres, Rambla del Albujón, Rambla de Miranda, Rambla de El Beal, Rambla de Posice y Rambla de Carrasquilla).
Fuente: Researchgate.net
- Causas humanas.
3. Saneamientos no separativos que sobrepasan la capacidad de depuración. Existen cuatro ayuntamientos sobre el Mar Menor: San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena. Estas poblaciones costeras están dotadas de
saneamiento con sus correspondientes depuradoras, cuya agua, una vez tratada, se emplea para riego. Sin embargo, utilizan un saneamiento unitario y no separativo (entendiendo este último como aquel con dos tuberías que distingue las aguas negras
-contaminada con sustancias fecales y orina- y la recogida de aguas pluviales). Esto supone que, con el incremento del turismo y/o durante los días de lluvia, el caudal es superior a la capacidad de depuración de las
16 León, V.M y J.M. Bellido. Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su estado. Madrid, Instituto Español de Oceanografía, Ministerio de Economía y Competitividad, 2016. 414 p. Temas de Oceanografía, 9.
ISBN 978-84-95877-55-0.
instalaciones, produciéndose vertidos por el aliviadero de dichas depuradoras a las ramblas cercanas a las mismas, que terminan vertiendo a su vez nitritos y fosfatos en el Mar Menor.
En conclusión, es imprescindible promover la construcción de saneamientos separativos para paliar el problema de capacidad y verter las aguas pluviales limpias al Mar Menor.
4. Supuesta incidencia de la actividad agrícola. Tal y como revela un informe realizado por el Grupo TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria, S.A., grupo empresarial público) para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, solo 8,5 hectómetros cúbicos de agua con altas concentraciones de nitratos provienen de las infiltraciones de los riegos agrícolas 17, 18. Esta cantidad es insignificante si se compara con las aportaciones derivadas de otras causas.
Por ejemplo, las aportaciones de riadas y lluvias rondan los 20 hectómetros cúbicos mientras que las de aguas negras alcanzarían los 2 hectómetros cúbicos.
Se debe relativizar la incidencia de la actividad agraria en el estado del Mar Menor ya que la actual agricultura dista mucho de la practicada hace una o dos décadas. Actualmente, podemos hablar de una agricultura de precisión, que aplica
las nuevas tecnologías para mejorar la productividad de los cultivos y disminuir el impacto medioambiental, optimizándose, por lo tanto, el uso del agua y nitratos, limitando el desperdicio y, en consecuencia, las filtraciones.
No obstante, consideramos oportuno minimizar los posibles efectos negativos de la agricultura sobre el Mar Menor. Por ello, proponemos que se promueva la construcción de un drenaje construido por una zanja perimetral que rodee el Mar Menor
y haga de filtro de nitratos y salmuera que puedan provenir de las escorrentías de riegos agrícolas. Esta zanja drenaría a polos de recogida de agua, impulsándola posteriormente a la desalobradora de El Mojón, e interceptando la entrada de aguas de
percolación en el Mar Menor.
5. Problema distinto es el de la contaminación de los acuíferos. Esta contaminación no es reciente, ya que procede de décadas atrás. No cabe duda que los acuíferos deben ser drenados y limpiados.
Consideramos imprescindible elaborar un Plan Salmuera Cero encaminado a la eliminación de salmuera de las aguas extraídas de los acuíferos, que permita a los agricultores la instalación de desalobrizadoras, así como la promoción del
desarrollo de un sistema de doble desalobrización. La inversión necesaria para llevar a cabo la desalobrización es cuantiosa. Por ello, solo podría llevarse a término implicando a los agricultores como parte de la solución, principales interesados
en utilizar el agua para regar. Estas actuaciones permitirían dar continuidad a la actividad agrícola, motor de la economía murciana.
Durante múltiples años se ha mantenido el Mar Menor en una situación de deterioro, no atajada por el Ejecutivo central ni regional. Por ello, es necesario superar el periodo de inacción y abordar las medidas que contribuyan a la mejora del
Mar Menor de forma coordinada con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El conjunto de propuestas tendrá un gran impacto positivo en la sostenibilidad del ecosistema del Mar Menor, manteniendo los puestos de trabajo
relacionados con la agricultura, motor económico de la zona, y defendiendo el agua como un bien de dominio público al servicio de todos los españoles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo una apertura de golas, recuperando el estado y dimensión del año 1960, con el fin de facilitar el intercambio de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo.
2. Elaborar un Plan Salmuera Cero encaminado a la eliminación de salmuera de las aguas extraídas de los acuíferos, que permita a los agricultores la instalación de desalobrizadoras.
3. Promover la construcción de saneamientos separativos para paliar el problema de capacidad y verter las aguas pluviales limpias al Mar Menor.
4. Promover la construcción de un drenaje constituido por una zanja perimetral que rodee el Mar Menor y haga de filtro de nitratos y salmuera que puedan venir de las escorrentías de riegos agrícolas.
17 Según datos recogidos para el año 2018/2019.
18 'El estudio, al que ha tenido acceso Onda Regional, se denomina 'Modelo de Flojo Acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena: Cuantificación, control de la calidad y seguimiento piezométrico de la descarga de agua subterránea''.
REDACCIÓN. (23/3/21). Onda Regional. Recuperado de: https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/el-mar-menor-recibio-8-hm3-de-agua-con-altas-concentraciones-de-nitratos-en-el-ano-hidrologico-2018-2019/.
Esta zanja drenaría a polos de recogida de agua, impulsándola posteriormente a la desalobradora de El Mojón, e interceptando la entrada de aguas de percolación en el Mar Menor.
5. Promover el desvío de las ramblas pertinentes al mar Mediterráneo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-Luis Gestoso de Miguel, Lourdes Méndez Monasterio, Joaquín Robles López, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Pedro Requejo Novoa, Francisco José Contreras Peláez, María
Magdalena Nevado del Campo y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un Pacto de Estado por la Energía, para su debate ante la Comisión
de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El aumento de los precios de la electricidad en España como consecuencia del encarecimiento de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 es una constante en España desde hace ya varios meses. El día 15 de marzo de este año, el
precio del MWh en el mercado mayorista en España se situaba en los 47,59 euros. Un mes más tarde, concretamente el 20 de abril, el precio del MWh había aumentado más de 30 euros, hasta alcanzar los 78,58 euros. Esta escalada incesante de precios,
que se inició durante el primer trimestre del año, amenaza con mantenerse hasta los primeros meses de 2022, momento en el que algunos expertos apuntan que los precios podrían estabilizarse.
El miércoles 21 de agosto, el precio de la luz llegó a 122 euros/MWh en el mercado mayorista. Apenas una semana antes, el viernes 13 de agosto, se registró un precio medio de 117,29 euros/MWh, superando todos los niveles de julio e incluso
los picos de este arranque de agosto, mes que ha marcado ya ocho máximos históricos. El aumento generalizado de la factura de la luz en España está afectando a las personas acogidas al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que son
más de 10 millones de consumidores. En cuanto a los consumidores que se encuentran en el mercado libre, el aumento de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 también acabará redundando a medio plazo en un incremento de sus facturas
por consumo de electricidad.
La ciudadanía española enfrenta esta situación cuando aún se está recuperando del impacto económico y social provocado por la COVID-19. En estos momentos, la tasa de desempleo sigue estando casi 2 puntos por encima del porcentaje de
personas desempleadas alcanzado en febrero de 2019. A su vez, consecuencia de esta situación, el número de personas en España con carencia material severa y que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días ha
aumentado casi un 50 %, y el 13,5 % de la población afirma que tiene que aplazar los pagos relacionados con la vivienda principal.
Por su parte, Cruz Roja anunciaba recientemente que durante el año 2021 tiene previsto atender a más de 17.000 personas por motivos de pobreza energética, lo que supondrá un incremento del 15 % en relación al año anterior. Además, según
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 11 % de los hogares españoles no puede permitirse mantener una temperatura adecuada en casa.
Desde Ciudadanos, siempre hemos defendido que es necesario arreglar los problemas del mercado eléctrico español, incluyendo diversas medidas a este respecto en nuestros acuerdos de gobierno alcanzados en 2016 tanto con el Partido Popular
como con el Partido Socialista. Una factura eléctrica entre las más caras de Europa no solo perjudica el poder adquisitivo de los hogares, cebándose especialmente con los más vulnerables, sino que lastra la competitividad de nuestras empresas, que
se enfrentan a costes fijos más altos que los de sus competidores en otros lugares de la UE.
Desde este grupo parlamentario ya propusimos la reducción temporal del IVA aplicado a la factura de la luz y la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica, algo que tras oponerse inicialmente finalmente aprobó el Gobierno el
pasado mes de junio. Sin embargo, las escaladas de precios de las últimas semanas ya han absorbido el efecto de esas medidas. El 50 % de los días del mes de agosto el
precio de la electricidad superó los 100 /MWh de media al día, algo que antes de este año solo había ocurrido una vez, en 2002. También presentamos recientemente una iniciativa para actualizar el Bono Social de Electricidad, de tal manera
que se ampliara su cobertura y cuantía, para proteger mejor a los consumidores vulnerables. Sin embargo, está claro que no ha sido suficiente, dado que el alza de los precios continúa y el gobierno sigue paralizado, sin atender a una de las
principales preocupaciones de los españoles.
Es por ello que necesitamos una actuación conjunta y coordinada de todos los actores implicados. Soluciones unilaterales y centradas exclusivamente en la búsqueda de réditos políticos no serán más que parches a un sistema que debe ser
reformado para garantizar la protección de los consumidores y la competitividad de las empresas españolas. Por ello, es necesario un Pacto de Estado por la Energía, que contribuya a un acercamiento de todos los grupos políticos para proporcionar
soluciones realistas ante este problema.
Ese Pacto de Estado pasa también por la creación de una Mesa de la Energía multilateral, donde estén representados actores políticos y de la sociedad civil, y que sirva como fuente de propuestas y de estudios para la elaboración de políticas
públicas adecuadas. Frente a mesas bilaterales y soluciones cortoplacistas, es necesario mirar a largo plazo, al horizonte de futuro de nuestro país, y solucionar los problemas de nuestro mercado eléctrico, incluyendo la doble imposición, las
posibles manipulaciones del sistema de fijación de precios y la evaluación del funcionamiento del mercado. Desde esta Mesa de la Energía será posible oír a todos los actores y proponer las mejores soluciones técnicas, en perspectiva comparada.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un Pacto de Estado por la Energía, que conmine a todos los actores políticos a trabajar por la reforma del mercado eléctrico español, y evite soluciones basadas en parches cortoplacistas que no aborden los problemas
estructurales del mismo, y que incluya, al menos, las siguientes medidas:
a) Crear una Mesa de la Energía en la que estén representados actores políticos, sector energético y sociedad civil, con el objetivo de escuchar todas las voces y estudiar soluciones técnicas y realistas, con perspectiva comparada, para
atajar los problemas de nuestro mercado eléctrico.
b) Reforma integral de la fiscalidad de la energía que aborde no solo el IVA y el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, sino la totalidad de tributos que afectan al sistema energético, de manera que se eviten
dobles imposiciones innecesarias y se den las señales adecuadas a consumidores y empresas.
c) Avanzar en la descarbonización del sistema eléctrico apostando decididamente por las tecnologías no emisoras de CO2, así como infraestructura y tecnologías que permitan el almacenamiento de energía.
d) Introducir mecanismos que eviten que la volatilidad del mercado eléctrico se traslade a empresas y consumidores vulnerables.
e) Garantizar la seguridad del suministro y la competitividad de la industria electrointensiva española.
f) Progresar en la integración del sistema eléctrico español con el resto de países europeos, aumentando la capacidad de las interconexiones eléctricas internacionales.
2. Trabajar para proteger a los consumidores, especialmente los más vulnerables, y mejorar la competitividad de nuestras empresas ante la escalada del precio de la luz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las actuaciones urgentes y
prioritarias para la recuperación del Mar Menor, para su debate en Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Mar Menor es un tesoro natural y ecológico para la Región de Murcia y para el resto de España y Europa. Así lo demuestra el hecho de que las Naciones Unidas lo haya denominado como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el
Mediterráneo, junto a sus humedales periféricos; o el hecho de que esté incluido en la lista de humedales de importancia internacional, la lista RAMSAR, que reconoce las características fundamentales y ecológicas de los humedales y su valor
económico, cultural, científico y recreativo.
El equilibrio medioambiental del Mar Menor se vio seriamente afectado por los efectos de la DANA del mes de septiembre de 2019 que provocó la entrada de millones de litros de agua dulce en el Mar Menor con graves consecuencias para su
ecosistema. En los últimos días el Mar Menor ha sufrido de nuevo un episodio dramático que ha reflejado su máxima fragilidad.
Desde el Partido Popular consideramos que la recuperación del Mar Menor es un asunto de Estado y exige la coordinación de los trabajos de todos y cada uno de los actores que en ella intervienen, aportando conocimientos y poniendo en práctica
proyectos y estrategias para un objetivo común.
Y así se viene reclamando en el Congreso de los Diputados por el Grupo Popular, por ejemplo exigiendo dotación presupuestaria para su recuperación, para la ejecución del Plan Vertido Cero mediante enmiendas a los Presupuestos Generales del
Estado de 2021 o la exigencia del nombramiento de un Comisionado para la recuperación del Mar Menor para coordinar los distintos trabajo entre las administraciones, así como con órganos de naturaleza pública y privada que puedan participar,
solicitando actuaciones prioritarias para evitar las inundaciones en los municipios del entorno del Mar Menor.
En 2018 el Gobierno aprobó el Plan de Vertido Cero, tres años después la ejecución de este plan sigue sin iniciarse a pesar de las reclamaciones del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los ayuntamientos. Los
últimos acontecimientos demuestran que es inaplazable su ejecución, y teniendo en cuenta que gran parte de las competencias para poderlo llevar a cabo son de carácter estatal, el Gobierno de la Nación debe acometer de forma inmediata acciones para
recuperar el Mar Menor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, en relación con la situación que atraviesa el Mar Menor y su urgente e inaplazable recuperación, insta al Gobierno a:
1. Declarar el Mar Menor como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
2. Ejecutar todas las actuaciones incluidas en el Plan Vertido Cero, de competencia estatal, consensuándolas entre las Administraciones y la Sociedad Civil.
3. Construir las infraestructuras necesarias para permitir la extracción de agua del acuífero y la reducción del nivel freático.
4. Diseñar y construir el salmueroducto que permita el tratamiento adecuado del rechazo de las desalobradoras y su reutilización.
5. Construir el Colector Norte en el campo de Cartagena, incluida la desnitrificadora del Mojón, en San Pedro del Pinatar.
6. Impedir el 100 % de los vertidos de la Rambla del Albujón.
7. Iniciar, de manera urgente, la ejecución del Plan de restauración hidrológico-forestal que está ya redactado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que está pendiente del informe favorable del Ministerio.
8. Llevar a cabo actuaciones de mantenimiento para la recuperación del calado de las diferentes golas o zonas de intercambio de agua entre el Mar Mediterráneo y el Mar Menor, como la recuperación puntual y reversible del calado de
Marchamalo.
9. La retirada de lodos y fangos del Mar Menor.
10. Crear una Comisión lnteradministrativa, constituida por los Ayuntamientos del Mar Menor y su cuenca vertiente, la Administración Regional y Estatal, y que será presidida por un Alto Comisionado.
11. Aprobar una subvención a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución de todas las actuaciones del Plan Vertido Cero y para promoción del Destino Mar Menor.
12. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado 2022 la ejecución de las acciones destinadas a la recuperación del Mar Menor.
13. Destinar Fondos Next Generation para la financiación de actuaciones para recuperación y protección del Mar Menor.
14. Establecer bonificaciones fiscales para empresas, entidades y organismos que inviertan en la rehabilitación integral, la regeneración ambiental y la recuperación económica del Mar Menor.
15. Aprobar ayudas directas a los empresarios del Mar Menor para compensar las pérdidas de sus negocios, agrícolas, pesqueros, turísticos, ganaderos.
16. Ceder las competencias sobre aguas internas superficiales y subterráneas y sobre costas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de agosto de 2021.-Teodoro García Egea, Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura y Deporte
161/003049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de un Plan nacional
de impulso al Arte Sacro en España, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Según el propio Ministerio de Cultura y Deporte, a través de una carta dirigida a Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla 'el arte sacro es un valor cultural y patrimonial al que hay que proteger' e indica que 'supone una expresión
arraigada y diversa en toda la geografía regional', señalando que supone 'una expresión arraigada en toda España'.
Los artesanos y artistas de arte sacro, además de proteger un patrimonio de incalculable valor, promueven la producción de obra nueva e impulsan una actividad artesanal con identidad propia, permitiendo que se mantengan vivos estos antiguos
oficios, que sin ellos se habrían perdido.
El arte sacro en España esta íntimamente relacionado con nuestra historia, y es un innegable atractivo turístico, impulsor de la creación de empleo y de la actividad económica. Como dato de referencia, el impacto económico de 400 millones
de euros que deja en la ciudad de Sevilla la Semana Santa, que supone en torno al 4,5 % del PIB, a través de un amplio tejido empresarial, con actividades como la escultura, la orfebrería, el bordado, floristería, artesanía, velas, bandas
procesionales, hostelería...
El arte sacro es parte fundamental y distintiva de nuestra cultura. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha considerado numerosas fiestas relacionadas con el arte sacro como de interés turístico internacional o nacional. Desde la
Semana Santa de Sevilla, Málaga o Granada, a la de Cuenca, Zamora o Valladolid, son numerosas las obras escultóricas y objetos artísticos del ámbito del arte sacro declarados BIC.
El arte sacro en España se desarrolla prácticamente en todo el territorio, aunque de manera especial tiene un fuerte arraigo en Andalucía, y de forma especial en la provincia de Sevilla, suponiendo un importante motor para nuestra economía
del que dependen miles de familias.
La organización en hermandades, consejos y asociaciones gremiales, como la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, es un buen camino para articular el impulso a un sector que se ha visto gravemente afectado por la crisis del COVID-19.
Una reivindicación histórica del sector, que no es considerado, injustamente, como actividad cultural, lo que supone un agravio comparativo, y un lastre para poder terminar con la economía sumergida del sector. En el gremio del arte sacro se
aglutinan distintas disciplinas, como son doradores, orfebres, bordadores, escultores, bolilleros, ebanistas, tallistas, restauradores, así como la elaboración de pasamanerías o de pelucas. Unos artesanos aplican el 10 % y otros el 21 % del IVA,
perteneciendo todos al mismo gremio. Muchas de estas profesiones ni siquiera tienen epígrafes propios, incluyéndose en sectores industriales que nada tienen que ver con el arte o la artesanía.
El artículo 91 de la Ley 37/1999, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, dice que se les aplicará el tipo reducido de IVA (10 %) a:
'4. Las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, cualquiera que sea el importador de los mismos, y las entregas de objetos de arte realizadas por las siguientes personas:
1.º Por sus autores o derechohabientes.
[...]'
Solo podrán aplicar el tipo reducido de IVA al 10 %, las disciplinas del arte sacro que estén contempladas en el artículo donde se define el concepto de obra de arte, el artículo 136 de la Ley del IVA, que dice:
2.º Objetos de arte, los bienes enumerados a continuación:
a) Cuadros, 'collages' y cuadros de pequeño tamaño similares, pinturas y dibujos, realizados totalmente a mano por el artista, con excepción de los planos de arquitectura e ingeniería y demás dibujos industriales, comerciales, topográficos o
similares, de los artículos manufacturados decorados a mano, de los lienzos pintados para decorados de teatro, fondos de estudio o usos análogos (código NC 9701).
b) Grabados, estampas y litografías originales de tiradas limitadas a 200 ejemplares, en blanco y negro o en color, que procedan directamente de una o varias planchas totalmente ejecutadas a mano por el artista, cualquiera que sea la técnica
o la materia empleada, a excepción de los medios mecánicos o fotomecánicos (código NC 9702 00 00).
c) Esculturas originales y estatuas de cualquier materia, siempre que hayan sido realizadas totalmente por el artista; vaciados de esculturas, de tirada limitada a ocho ejemplares y controlada por el artista o sus derechohabientes (código
NC 9703 00 00).
d) Tapicerías (código NC 5805 00 00) y textiles murales (código NC 6304 00 00) tejidos a mano sobre la base de cartones originales realizados por artistas, a condición de que no haya más de ocho ejemplares de cada uno de ellos.
e) Ejemplares únicos de cerámica, realizados totalmente por el artista y firmados por él.
f) Esmaltes sobre cobre realizados totalmente a mano, con un límite de ocho ejemplares numerados y en los que aparezca la firma del artista o del taller, a excepción de los artículos de bisutería, orfebrería y joyería.
g) Fotografías tomadas por el artista y reveladas e impresas por el autor o bajo su control, firmadas y numeradas con un límite de treinta ejemplares en total, sean cuales fueran los formatos y soportes.
Consideramos esta regulación incompleta y confusa, dejando fuera de la posible aplicación del tipo reducido de IVA a un número importante de disciplinas del arte sacro, cuyos artistas ejecutan indudablemente verdaderas obras de arte. Prueba
de ello es que hace un año se obtuvo la confirmación, por parte del Ministerio de Hacienda, al considerar a efectos fiscales obra de arte a la creación de los mantos bordados de las diferentes Vírgenes, hechos a mano (incluidos en la NC 58050000)
por tener correspondencia con los tapices regulados de forma expresa en el artículo 136 de la Ley del IVA.
Por ello se solicita, entre otras acciones, en esta PNL, que los artesanos/autores que llevan a cabo entregas de productos relacionados con las disciplinas del arte sacro puedan aplicar el tipo de IVA reducido al 10 % en las entregas de sus
obras de arte. Este cambio aportaría numerosas ventajas económicas y
sociales, como la mejora del mercado laboral para los profesionales del sector, el incremento de los márgenes comerciales, el ajuste de los precios para los clientes, el aumento de la cifra de negocio de las empresas proveedoras y una
situación económica más favorable.
En el Parlamento Andaluz todos los grupos políticos instaron al gobierno a considerar la bajada del IVA al sector del arte sacro, a través de una declaración Institucional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un Plan Nacional de impulso al arte sacro donde se desarrollen un paquete de medidas específicas para el apoyo a los artesanos y artistas del Arte Sacro, entre las que se deberían
incluir:
- Implementar a las actividades empresariales artísticas de arte sacro un IVA cultural o reducido.
- Establecer una línea de ayudas para la digitalización del sector y desarrollar proyectos de comunicación online.
- Impulsar actividades como la realización de exposiciones, conciertos o conferencias, que permitan paliar los efectos de la crisis en los sectores más afectados.
- Desarrollar actividades de formación y difusión para el fomento del asociacionismo gremial y artístico en el ámbito del arte sacro.
- Desarrollar ayudas a la conservación y restauración del patrimonio religioso a través de las asociaciones sin ánimo de lucro.
- Ayudas al inventario y archivo de bienes BIC relacionados con el arte sacro.
- Promover rutas turísticas nacionales de arte sacro, como el camino Guadalupense, los caminos jacobeos, la Semana Santa en Andalucía, la Semana Santa de Valladolid, etc.
- Impulsar y apoyar la candidatura del arte sacro como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Marta González Vázquez, María José García Pelayo Jurado, José Alberto Herrero Bono, Javier Merino Martínez, Óscar Gamazo
Micó, Carlos Aragonés Mendiguchía, Alberto Casero Ávila y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan Estratégico Caminos de
Guadalupe y apoyo al Año Jubilar Guadalupense 2020-2022, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El Camino Real de Guadalupe fue el camino de peregrinación más popular durante tres siglos. Miles de peregrinos se desplazaban a lo largo del año desde muy diferentes puntos de la geografía española, pasando por el centro de Talavera de la
Reina. En aquella época se denominaba a estos caminos 'caminos reales', vías de comunicación que pertenecían al rey y que por tanto no podían ser enajenadas, ni roturadas, ni invadidas.
El Camino Real de Guadalupe tiene dos orígenes: Madrid y Toledo. El trayecto desde Madrid suma 257 km. en total, pasando por Alcorcón, Móstoles y El Álamo, entre otros municipios, antes de unirse con la variante de Toledo en La Mata.
Desde La Mata viene hasta Talavera de la Reina, pasando por Alberche, Calera y Chozas, Oropesa, Alcolea de Tajo, Puente del Arzobispo, Villar del Pedroso, Carrascalejo y Navatrasierra.
Esta ruta, ya utilizada como vía de comunicación por los romanos y más tarde por los árabes, tuvo un papel determinante a partir de la construcción del monasterio de Guadalupe en el siglo XIV, fundamentalmente en las peregrinaciones que lo
unían con Castilla; fue una de las rutas más frecuentadas desde la Baja Edad Media, teniendo su mayor apogeo entre los siglos XV y XVI. Múltiples viajeros ilustres fueron dejando constancia, en distintas épocas, de los lugares que recorrieron y
visitaron en sus largos trayectos por el Camino Real; aquellos parajes, veredas, ventas y villas que componían el trazado histórico de nuestra ruta y que han sido de gran utilidad para, trasladándolos y adaptándolos en la medida de lo posible,
reconstruir el Camino.
Alfonso XI y su hijo Pedro I favorecieron la creación del Priorato Secular de Guadalupe y la construcción de un santuario que se convirtió posteriormente en lugar de peregrinación, afianzando así esta ruta, con hospital, colegios, hospedería
y otros servicios. Serían los Reyes Católicos los artífices de la consolidación del Camino Real: se cuentan como dieciséis las veces que la reina viajó hasta Guadalupe, de las que al menos en siete ocasiones utilizó este Camino. La designación
como Camino Real se consolida en la España de los Austrias, por haber sido protegido y utilizado por sus diferentes monarcas.
Llegaron en peregrinaje personalidades religiosas, como San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús o San Francisco de Borja, y también otros ilustres peregrinos fueron Cristóbal Colón, que trajo aquí a bautizar a los indios Cristóbal y
Pedro, o posteriormente Miguel de Cervantes, quien vino a ofrecer sus cadenas a la Virgen tras ser liberado de las mazmorras de Orán. Así fue que hasta finales del siglo XVII conservó Guadalupe su carácter peregrino y de centro espiritual del
reino, pues gozó del aprecio de la casa de los Austrias.
La Asociación de Vecinos Fray Hernando de Talavera ha puesto en marcha un proyecto que tiene como objetivo la recuperación del Camino Real de Guadalupe, uno de los elementos histórico-culturales-espirituales más característico de nuestras
comarcas, e intentar ampliarlo a aquellas otras localidades y provincias implicadas en el mismo. Se trata de un plan de futuro con un peso destacado en el desarrollo económico, cultural y social. De acuerdo a los problemas y activos detectados en
la comarca, las prioridades y valores sobre los que debe fundamentarse el desarrollo de este proyecto, de manera integral, son los siguientes:
- Potenciar la mejora urbana y atracción demográfica de las comarcas que atraviesa.
- Frenar el estancamiento, la recesión y la despoblación.
- Diversificar la economía.
- Crear ciudades y pueblos equilibrados en cuanto a las dotaciones e infraestructuras públicas.
- Potenciar el valor turístico del grupo de municipios del recorrido, la diversificación de la oferta turística.
- Fomentar la participación vecinal y de los agentes y colectivos en las decisiones públicas.
Desde su puesta en marcha la asociación ha conseguido la señalización, impulso y difusión del Camino Real de Guadalupe a su paso por Madrid, Alcorcón, Móstoles, El Álamo, Casarrubios del Monte, Las Ventas de Retamosa, Camarena, Fuensalida,
Novés, Torrijos, Gerindote, Carmena, La Mata, Escalonilla, Burujón, Albarreal de Tajo, Toledo, Aranjuez, Titulcia, Erustes, Cebolla, Montearagón, Talavera de la Reina, Alberche, Calera y Chozas, Alcañizo, Oropesa, Alcolea de Tajo, El Puente del
Arzobispo, Villar del Pedroso y Carrascalejo. Se han colocado los hitos kilométricos generales desde el Monasterio de los Jerónimos en Madrid hasta el Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Guadalupe (Cáceres), un total de 257 mojones de
granito toledano con azulejería de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo. Se ha señalizado con postes de madera cada una de las bifurcaciones que encuentra el camino a su paso, siendo un total de 459. Se ha construido un monumento al Camino
de Guadalupe de ladrillo y con motivos cerámicos de singular belleza, en Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo. Se ha implantado un Pasaporte Oficial similar al del Camino de Santiago para ser sellado a su paso por las distintas localidades.
Así mismo, se ha puesto a disposición de los peregrinos un Diploma al que se tiene derecho si se realiza el camino desde Talavera y su comarca, del mismo modo que se han distribuido Sellos Oficiales en los lugares de paso. Se ha creado una
Plataforma de Difusión a través de redes sociales para animar a caminantes, ciclistas y jinetes de toda España para realizar el Camino. Finalmente, se ha potenciado y coordinado la apertura de albergues municipales de coste gratuito, que ya están
funcionando en Torrijos, Noves, Talavera de la Reina, Oropesa, Villar del Pedroso y La Calera.
El Proyecto Guadalupe de señalización y difusión del Camino Real de Guadalupe, Madrid-Guadalupe, de 267 kilómetros, es un ejemplo de iniciativa popular donde se han implicado 31 municipios, que afecta
a tres provincias, Madrid, Toledo y Cáceres, y tres comunidades autónomas, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, que ha movilizado a miles de peregrinos y cuyos objetivos económicos y de desarrollo social y turístico son vitales para
frenar la progresiva despoblación de municipios y comarcas de las zonas rurales deprimidas que atraviesa el camino..
Además del Camino Real de Guadalupe, existen otros 23 caminos de peregrinación a Guadalupe que conforman una amplia red, como el Camino de los Montes de Toledo, Camino de la Jara, Camino de Guadalupe de Cabañeros, Camino Levante, Camino
Mineros, Camino Mozárabe, Camino Romano, Camino Visigodo, Camino de los Descubridores, Camino de Monfragüe, Camino de los Jerónimos y Camino Real de Sevilla a Guadalupe, que conforman una amplia red de itinerarios históricos que interesa conectar y
preservar.
El proyecto ITINERE1337 de cooperación interterritorial formado por 17 grupos de acción local, APRODERVI, CEDER LA SERENA, ADICOMT, ARACOVE, ADEVAG, ASOCIACIÓN COMARCAL CASTILLOS DEL MEDIO TAJO, ADECOM-LÁCARA, ADECOR, ADISMONTA, ADC-TIERRAS
DE TALAVERA DE LA REINA, ARBAJOR, ASOCIACIÓN CONCEJO DE LA MANCOMUNIDAD DE CABAÑEROS, ADICOVER, MONTES SUR, ADEME, ADEMA, A.D.I.T. MONTES DE TOLEDO Y CEDER DE LA SIBERIA, ha conseguido la recuperación de 12 caminos de peregrinación al Monasterio de
Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad, que unen Plasencia, Talavera de la Reina, Cáceres, Mérida, Ciudad Real, Toledo y Madrid, y ha puesto en valor corredores ecoculturales, ejes de ordenación territorial que son motores para el desarrollo de las
comarcas rurales que conectan, recuperándose así la red de caminos a Guadalupe.
Además de las iniciativas antes mencionadas para la recuperación de caminos y promoción del peregrinaje a Guadalupe, este año se celebra el 'Año Santo Jubilar Guadalupense 2020-2022' por lo que debería aprovechar este hito para implicar a
todas las administraciones en el desarrollo y conmemoración ya que es una oportunidad para estrechar los vínculos entre las comunidades autónomas con Hispanoamérica.
El desarrollo de los caminos a Guadalupe cumple los objetivos de desarrollo del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU, tales como el Pacto Verde, la transformación digital del medio rural y una mayor cohesión
social y territorial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo de los Caminos a Guadalupe.
2. Utilizar los fondos de recuperación Next Generation de la Unión Europea para financiar el Plan.
3. Incluir en los PGE de 2022 una partida presupuestaria para elaborar el Plan Estratégico Caminos de Guadalupe y desarrollar las infraestructuras necesarias y promoción de los mismos.
4. Reconocer los beneficios fiscales aplicables al evento 'Año Santo Guadalupense 2020-2022'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Vicente Tirado Ochoa, Alberto Casero Ávila, Antonio González Terol, María Soledad Cruz-Guzmán García, Javier Merino Martínez, Marta González Vázquez, José
Alberto Herrero Bono, Eduardo Carazo Hermoso, Óscar Gamazo Micó, Carlos Aragonés Mendiguchía y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección del
patrimonio histórico y cultural del Pueblo Viejo de Belchite para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Las ruinas del Pueblo Viejo de Belchite ofrecen un patrimonio histórico, cultural, turístico y económico de gran valor para la comarca zaragozana Campo de Belchite. Esta Proposición no de Ley responde a la acuciante necesidad de asegurar su
protección, actualmente amenazada.
El Pueblo Viejo de Belchite se encuentra en ruinas desde la Guerra Civil y la famosa batalla de Belchite (24 de agosto-6 de septiembre de 1937), de las más cruentas en el frente de Aragón. Se enfrentaron las tropas republicanas que estaban
de camino a Zaragoza para tomar la ciudad maña, con las fuerzas franquistas que ocupaban la villa de Belchite, fuertemente fortificada. La batalla dejó más de 5.000 muertos y un pueblo arrasado, tomando finalmente la localidad el bando republicano.
Finalizada la Guerra Civil, se decidió no reconstruir el pueblo, sino levantar uno totalmente nuevo, utilizando prisioneros republicanos como mano de obra. Este pueblo nuevo se situó a un kilómetro del Pueblo Viejo, cuyas ruinas simbolizan
hasta el día de hoy la devastación de la guerra. No existe en España otro ejemplo igual de un municipio que se mantuviera enteramente en ruinas tras la guerra, evidencia material que perdura en el tiempo y que la sociedad española no debe
permitirse perder. En ese sentido, coincidiendo con el 80 aniversario de la batalla de Belchite, en 2017 el Ayuntamiento de Belchite impulsó una iniciativa bajo el lema de 'memoria y paz', recordando lo sucedido.
Pese a la destrucción generada por la batalla y el paso del tiempo, Belchite Viejo todavía conserva elementos arquitectónicos de indiscutible importancia cultural e histórica. Así lo constata que el Conjunto Histórico de Belchite fuera
declarado como Bien de Interés Cultural en 2002. Sin embargo, sus monumentos se encuentran cada vez en peor condición, como se demostró con los daños sufridos durante la borrasca Filomena. Esto se debe, en gran parte, a que las instituciones
públicas no han apoyado debidamente el mantenimiento del conjunto a lo largo de los años.
Caminando por las calles del Pueblo Viejo, se pueden observar, entre otras construcciones, las ruinas del arco de San Roque, la torre mudéjar del siglo XV conocida como Torre del Reloj, la iglesia de San Martín de Tours, la iglesia del
convento de San Rafael y la iglesia conventual de San Agustín. De hecho, el pueblo era antes de la guerra uno de los principales exponentes del estilo mudéjar aragonés.
Se debe tener en cuenta también que el Pueblo Viejo es un importante polo de atracción de turismo en la Comarca Campo de Belchite. Tanto es así, que recibió 40.605 visitantes en 2019, último año previo a la pandemia, generando
indispensables ingresos para el Ayuntamiento de Belchite y los negocios turístico-hosteleros de la zona. No obstante, la pobre condición de conservación hace que las visitas solo se puedan realizar con el acompañamiento de un guía, tanto por el
posible peligro para los visitantes como por los daños que pueda sufrir el patrimonio.
Asimismo, el Pueblo Viejo, con sus características únicas en España, se ha convertido también en un escenario cinematográfico que ofrece amplias posibilidades, habiendo sido escogido como ubicación de rodaje de numerosas películas. Entre
ellas, El Laberinto del Fauno o la última película de Spider-Man. También visitó Belchite en 2016 Arnold Schwarzenegger para grabar el anuncio de un videojuego.
El propio Ayuntamiento de Belchite está trabajando para impulsar esta faceta, lanzando un exitoso concurso de cortometrajes en el municipio. La IV edición, que ha tenido lugar en 2021, tuvo 120 participantes. El Gobierno de España debe
acompañar estas iniciativas, contando con Belchite en sus esfuerzos de promoción audiovisual, como puede ser el Spain Audiovisual Hub.
El Ayuntamiento de Belchite lleva años solicitando un mayor apoyo y financiación, habiendo invertido todos los recursos a su disposición para la conservación del Pueblo Viejo, un mínimo de 10.000 euros anualmente, alcanzando una partida de
80.000 euros en 2019. En 2021, serán más de 155.000 euros.
Dadas las circunstancias, resulta difícil de entender que Belchite Viejo se encuentre en un estado de riesgo, siendo el complejo un elemento dinamizador en la zona tanto cultural como económicamente. Además, se debe incidir en la grave
despoblación que sufre la Comarca Campo de Belchite, teniendo un índice de densidad de población de 4,8 habitantes por km2, con 4.600 habitantes en una comarca de 15 municipios. La continua pérdida del patrimonio de Belchite Viejo sin duda alguna
agravaría el éxodo rural en la comarca.
Por lo tanto, es fundamental que las administraciones autonómicas y estatales se involucren con mayor intensidad, impulsando así la actividad económica y cultural, además de la memoria, en una zona que se enfrenta a enormes retos
demográficos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta el reconocimiento a la función desempeñada por el Pueblo Viejo de Belchite como símbolo de memoria y paz, así como de la desolación causada por la guerra.
2. Insta al Gobierno a:
- Incluir en los Presupuestos Generales para el ejercicio 2022 una partida destinada a la conservación de Belchite Viejo.
- Trabajar con la Diputación General de Aragón para asegurar la inversión necesaria para consolidar Belchite Viejo como baluarte histórico, turístico y cultural, aportando seguridad y estabilidad a la Comarca Campo de Belchite.
- Promover Belchite Viejo como destino turístico, así como recurso para el sector cinematográfico, en el marco del Spain Audiovisual Hub.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Alberto Casero Ávila, Marta González Vázquez, José Alberto Herrero Bono, Andrés Lorite Lorite, Carlos Aragonés Mendiguchía, Eloy Suárez Lamata, Javier Merino Martínez, Juan Luis
Pedreño Molina, Óscar Gamazo Micó, Pedro Navarro López y María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno de España a
formar parte del Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La recuperación del casco Antiguo de la ciudad de Badajoz, barrio histórico y emblemático de la localidad, es una demanda histórica que desde hace décadas viene siendo reivindicado por parte de numerosos colectivos ciudadanos (Asociación de
vecinos, SOS Casco antiguo, amigos de Badajoz, asociación cívica...).
En el año 2019 el Ayuntamiento de Badajoz aprobó una iniciativa, con el consenso de todos los grupos municipales, en apoyo a la creación del Consorcio Monumental Ciudad de Badajoz. Se unía así a la solicitud efectuada por el propio equipo
de gobierno en el año 2016 y a las innumerables reivindicaciones de colectivos y asociaciones que buscan la recuperación del Casco Antiguo de Badajoz.
El Casco Antiguo de Badajoz necesita del compromiso, ayuda, colaboración y apoyo inversor de todas las administraciones públicas para su recuperación y rehabilitación. El casco Antiguo tiene un enorme valor patrimonial histórico y gran
potencial turístico. Ya hay un compromiso por parte de casi todas las administraciones a participar en dicho consorcio donde 'todas las instituciones arrimarán el hombro y el bolsillo', algo muy positivo para Badajoz y para Extremadura. Se actuará
en la recuperación del barrio en varios frentes; en el patrimonial, en el urbanístico y en el social.
Con el consorcio se pretende aunar y coordinar las políticas, inversiones y dinero que las distintas administraciones públicas destinan al casco Antiguo. El objetivo es recuperar, modernizar, revitalizar, impulsar, poner en valor el casco
Antiguo de la ciudad de Badajoz.
Todas las Administraciones públicas, menos el Gobierno de España, han mostrado su voluntad e interés en participar en dicho consorcio (Ayuntamiento de Badajoz, Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz).
Debemos ser conscientes de que el Consorcio Monumental Ciudad de Badajoz es la mejor herramienta para aunar el esfuerzo, canalizando la coordinación de todas las administraciones públicas, poniéndolo al servicio de la conservación,
restauración y revalorización de la riqueza monumental de la parte antigua de la ciudad de Badajoz.
Como objetivos, la mejora de la calidad de vida de la ciudad y sus vecinos a través de la conservación y recuperación; la revitalización y mantenimiento del Casco Antiguo; la apuesta por el turismo; o el desarrollo económico de la ciudad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a formar parte como miembro del futuro Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz junto con el Ayuntamiento de la ciudad, Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Víctor Valentín Píriz Maya, María Teresa Angulo Romero y Marta González Vázquez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/003044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la Medicina
Personalizada y de Precisión, y de la Estrategia Farmacéutica Europea desde el diálogo, la colaboración y la inversión de fondos europeos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha generado en Europa una crisis sin precedentes y ha colocado a los Gobiernos de los Estados Miembros y, en particular, a sus sistemas sanitarios, en situaciones muy difíciles de gestionar.
La reparación de los daños sanitarios, sociales y económicos causados por la pandemia ha obligado a las instituciones europeas a impulsar el camino hacia la recuperación, la transformación y la resiliencia, adoptando un paquete de medidas
económicas en forma de ampliación del Marco Financiero Presupuestario 2021-2027 y del Instrumento Europeo de Recuperación, Next Generation EU.
Estas medidas abren importantes oportunidades para emprender un proceso de modernización y mejora de los sistemas sanitarios, en particular impulsando los avances que comporta la Medicina Personalizada de Precisión. Para ello son factores
clave la investigación, las terapias dirigidas, las técnicas diagnósticas innovadoras y la transformación digital, así como la colaboración público-privada.
Se trata de un proceso que ya está dando pasos muy significativos y esperanzadores, según se desprende de alentadoras experiencias nacionales y comunitarias.
Así, el programa aprobado en nuestro país vecino ('France Médicine Genomique 2025') es todo un ejemplo de lo que se puede avanzar en especial cuando se trata del abordaje de patologías graves. Dicho programa arrancó con un presupuesto de
670 millones de euros, con el objetivo de secuenciar cada año alrededor de 235.000 genomas correspondientes a 20.000 pacientes con enfermedades raras y sus familias y a 50.000 pacientes prioritarios más, con tumores metastásicos o refractarios a sus
tratamientos. El objetivo es que en Francia, llegado 2025, la Medicina Genómica pueda ser aplicada a enfermedades comunes.
En el plano comunitario otro ejemplo a tener muy en cuenta es el proyecto europeo 'Horizonte 2020: Más allá de los 1 millones de genomas'. Desde su lanzamiento en 2018, esta iniciativa se ha convertido
en un verdadero mecanismo de cooperación en el que participan 22 Estados Miembros, además de estar abierto a los países del Espacio Económico Europeo y de la Asociación Europea de Libre Comercio.
España también ha dado pasos en esta dirección. Este es el caso de algunas iniciativas del Instituto de Salud Carlos III y de Comunidades Autónomas que han contado con apoyo público y han atraído talento e inversión.
La Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados en julio del pasado año alienta decididamente este tipo de iniciativas, cuya viabilidad será mayor gracias a los fondos europeos antes mencionados. A estos
objetivos habrá de dirigirse el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, remitido por el Gobierno a la Comisión Europea, de modo que las inversiones constituyan una oportunidad para que los operadores sanitarios puedan colaborar y
contribuir a la renovación y mejora de nuestro Sistema Nacional de Salud, a partir de una gestión transparente y compartida.
Un aspecto específico a contemplar en este orden de cosas habría de ser la implementación de la Estrategia Farmacéutica Europea, cuyo desarrollo en el plano comunitario y en el nacional habría de ir muy ligado a una apuesta decidida por la
innovación, la protección del medio ambiente, la accesibilidad a nuevos tratamientos farmacológicos y a la competitividad transparente.
Para ello es fundamental abrir un nuevo espacio para el diálogo entre stakeholders y los poderes públicos, tanto comunitarios como nacionales, debería ser una pieza fundamental
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aplicar a la implementación de la Estrategia de Medicina Personalizada de Precisión prioritariamente recursos económicos procedentes de los fondos Next Generation UE, reforzando la inversión en los proyectos liderados por el Instituto de
Salud Carlos III y los impulsados por las Comunidades Autónomas, en especial aquellos orientados al desarrollo de la investigación en genética molecular y secuenciación genómica.
2. Habilitar programas específicos de capacitación y dotación de habilidades para los profesionales sanitarios, así como campañas de información dirigidas a los ciudadanos, que les permitan conocer las ventajas y beneficios de la Medicina
Personalizada de Precisión.
3. Fomentar y apoyar la colaboración público-privada y el establecimiento de espacios de diálogo y de estructuras de redes y consorcios nacionales y transnacionales para la aplicación y la coordinación de actividades conjuntas, y para la
financiación de la investigación en el marco del 'Partenariado Europeo en Medicina Personalizada'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Elvira Velasco Morillo, José Ignacio Echániz Salgado, Ana María Pastor Julián, Juan Antonio Callejas Cano, Rosa María Romero Sánchez, María Teresa Angulo Romero, Carmen Riolobos
Regadera, Elena Castillo López y Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la formación y
el reconocimiento académico y profesional de los Técnicos Superiores Sanitarios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
En España existen alrededor de 30.000 Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) de distintas especialidades que realizan una labor imprescindible para la organización de la asistencia sanitaria. Existen hasta once titulaciones diferentes,
principalmente en las siguientes especialidades: Técnicos
Superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (TSIDyMN), Técnicos Superiores en Radioterapia y Dosimetría (TSRyD), Técnicos Superiores en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (TSAPyC), Técnicos Superiores en Laboratorio
Clínico y Biomédico (TSLCyB), Técnicos Superiores en Dietética (TSD).
La normativa vigente en materia educativa que afecta a los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) los sitúa actualmente en el ámbito de la Formación Profesional de Grado Superior, siendo regulada esta figura por diversos Reales Decretos del
año 2014, que establecen la titulación de las diferentes especialidades, y por Órdenes del año 2015, que establecen el currículum de los ciclos formativos correspondientes.
Competencialmente, se inicia la regulación de los TSS con la Orden Ministerial de 14 de junio de 1984, del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre competencias y funciones de los técnicos especialistas, y posteriormente por la Ley 44/2003, de
21 de noviembre de 2003, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS). Así, en la disposición transitoria tercera de esta Ley ya se establece la previsión de adecuación de las profesiones sanitarias de formación profesional al espacio europeo
de enseñanza superior.
Posteriormente, los Reales Decretos 1087/2005, de 16 de septiembre, 140/2011, de 4 de febrero y 887/2011, de 24 de junio, establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, situando a la mayoría de los TSS en un nivel 3 de cualificación profesional, dentro de la familia profesional de sanidad, en la formación profesional de grado superior. Dicha regulación establece por una parte las 'unidades de
competencia', con las correspondientes 'realizaciones profesionales' y 'criterios de realización'; y por otra parte, los 'módulos formativos', con las correspondientes 'capacidades' y 'criterios de evaluación', quedando delimitado así el marco
académico y competencial de los mismos.
Más tarde, el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, las titulaciones de TSS quedan situadas en el Nivel 1 del MECES (120 créditos ECTS, equivalentes a 2.000 horas de formación), como así se refleja,
posteriormente, en lo articulado en el Real Decreto 770/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y se fijan sus enseñanzas mínimas; en el Real Decreto
772/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría y se fijan sus enseñanzas mínimas; el Real Decreto 771/2014 por el que se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio
Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas, o el Real Decreto 767/2014 para el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, mientras que en Europa el tratamiento es distintivo, haciendo incompatible la equivalencia
de los respectivos Marcos de Cualificaciones, e impidiéndose a los titulados españoles el acceso a postgrados (másteres y doctorados) con los que avanzar en su capacitación y desarrollar su profesión, al contrario de lo que ocurre con sus homólogos
europeos.
Ocurre, por otra parte, que en el Espacio Europeo de Educación Superior, las titulaciones de sus homólogos europeos (por ejemplo, 'radiographer-radiotherapist') que, realizando funciones análogas a las de estos TSS, exigen una formación y
reconocimiento de Grado universitario, con una exigencia de carga lectiva y desarrollo de competencias también superior (180 a 240 créditos ECTS). Esto obliga a los TSS españoles que desean ver reconocida su titulación o ejercer en otro país
europeo a realizar formación y prácticas de formación que compensen la diferencia en los programas formativos entre los países para lograr una equiparación académica, ser aceptados como profesionales y poder trabajar fuera de España. Con ello se
perjudica la libre circulación de estos profesionales dentro del espacio europeo y, en ocasiones, se promueven determinados comportamientos que no benefician a nadie, como, por ejemplo, la matriculación de españoles en Universidades extranjeras con
el fin de lograr la homologación de sus títulos y la validez en Europa.
Por otra parte, es evidente que una mejora de la formación y cualificación de estos profesionales redundaría en la mejora de la calidad técnico-asistencial que reciben los usuarios de la sanidad española en las áreas de Técnicas Diagnósticas
y Tratamiento, por otra parte, sometidas a una acelerada innovación y tecnificación en muchas de sus especialidades, y así son avaladas estas mejoras necesarias desde Sociedades Médico-Científicas españolas ante la falta de una formación adecuada a
las necesidades asistenciales de la Sanidad en España.
El último informe que se conoce realizado por el Ministerio de Sanidad y Consumo de agosto de 2006 ('Informe de Síntesis: La profesión de Técnico Especialista de Laboratorio Clínico y Radiología Médica en Europa: Situación actual y
principales tendencias de evolución') ya avanzaba que en esos años la mayoría de los países europeos estaban revisando sus planes de estudio para adaptarlos al marco educativo de Bolonia. También es cierto que en la mayoría de los países europeos
existe una titulación única para las dos especialidades de Laboratorio: Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Anatomía Patológica; y otra, para las dos especialidades radiológicas: Imagen para el Diagnóstico (que incluye Medicina Nuclear) y
Radioterapia que recoge mejor la realidad profesional de estas titulaciones. Previamente, en marzo de 1998, el Ministerio de Sanidad publicó, a través de su Centro de Publicaciones, 3 estudios comparativos coordinados por la Secretaría General
Técnica ('Estudio sobre la profesión del Técnico Especialista de Laboratorio en la Unión Europea', 'Estudio sobre la profesión del Técnico Especialista en Radiodiagnóstico, Radioterapia y Medicina Nuclear en la Unión Europea', y 'Estudio relativo a
la Profesión del Técnico Superior en Dietética de la Unión Europea'), donde ya entonces constataba las diferencias y los déficits formativos de estos profesionales sanitarios respecto a Europa.
Otro fenómeno que se produce es la coexistencia en España de las titulaciones de formación profesional superior sanitarias con nuevos grados universitarios desarrollados por Universidades españolas dentro del mismo espectro de competencias
(dietética y nutrición o Ciencias biomédicas, por ejemplo).
Los TSS españoles llevan muchos años reclamando y luchando por una mejora de su formación, cualificación y reconocimiento académico y profesional, así como por su homologación en el Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido,
diferentes organizaciones profesionales han visto aceptadas por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sus protestas por la falta de armonización entre las titulaciones españolas y europeas, y la falta de reconocimiento a su actual
titulación, que deberían haberse resuelto con la implantación en España del Espacio Europeo de Educación Superior y los compromisos adoptados por España para su adaptación, que disponen, entre otras, que las titulaciones sean fácilmente
comprensibles y comparables, siendo prerrequisitos para la movilidad de los ciudadanos, eliminando las barreras al acceso y permitiendo la progresión entre ciclos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un plan de reordenación de las actuales titulaciones de TSS orientadas a las nuevas necesidades tecnológicas requeridas por el Sistema Nacional de Salud, a la mejora de la formación de estos TSS, a su reconocimiento académico
más apropiado y al mutuo reconocimiento en el espacio europeo, tomando en consideración la práctica de la mayoría de los países del Espacio Europeo de Educación Superior.
2. Incluir en el citado plan de reordenación los procedimientos y requerimientos que permitan a los actuales TSS su recalificación académica y de nivel de cualificación de acuerdo con los nuevos programas y titulaciones.
3. Considerar prioritariamente, por existir ya una clara armonización europea, la unificación de las especialidades de laboratorio clínico y biomédico y anatomía patológica y citodiagnóstico, por una parte, y de Imagen para el Diagnóstico y
Medicina Nuclear con Radioterapia y Dosimetría, por otra, homologando su formación a los estándares europeos.
4. Estudiar con las entidades e instituciones competentes la unificación bajo un mismo título a los Técnicos Superiores en Dietética y Graduados en Dietética y Nutrición Humana, realizando las acciones correctivas que corrija la actual
situación de 2 profesiones con ejercicio profesional prácticamente casi idénticos.
5. Recabar de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud una posición respecto de la adecuación de titulaciones y planes de estudio de estos profesionales, así como de su adaptación a la realidad tecnológica actual y
futura de las instituciones sanitarias.
6. Impulsar el diálogo con la CRUE, los sindicatos, colegios profesionales y asociaciones de Técnicos Superiores Sanitarios, con el fin de dar una respuesta coherente en la reforma del Real Decreto de
Ordenación de las enseñanzas universitarias y en la correspondiente normativa de cualificaciones profesionales, para atender las demandas de reconocimiento académico y profesional de estos TSS.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Elvira Velasco Morillo, María Jesús Moro Almaraz, Ana María Zurita Expósito, Ana María Pastor Julián, José Ignacio Echániz Delgado y María Sandra Moneo Díez, Diputados.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha de una
Estrategia para la Atención Integral a las Enfermedades Respiratorias en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Las enfermedades respiratorias representan la tercera causa de muerte en hombres y mujeres en España. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017 fallecieron más de 51.000 personas en España a
causa de una enfermedad respiratoria. Por patologías, el cáncer bronquial y pulmón es también la tercera causa de muerte en nuestro país.
Además de ser una de las principales causas de mortalidad, las enfermedades respiratorias generan una gran morbilidad en la población, lo que se traduce en una alta repercusión en la calidad de vida de los pacientes, así como en un
importante impacto en términos de coste y de carga asistencial en nuestro sistema sanitario.
Entre las enfermedades respiratorias de mayor prevalencia, se encuentran la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), el asma o el cáncer de pulmón.
En España, cerca de tres millones de personas padecen EPOC y alrededor de 30.000 muertes al año se producen por esta patología, lo que la convierte en la cuarta causa de mortalidad en nuestro país. Asimismo, la incidencia de EPOC ha crecido
en los últimos 10 años y es especialmente destacable su incremento entre las mujeres.
A pesar de estos datos, se estima que el 80 % de pacientes con EPOC no está diagnosticado. Cabe recordar en este punto que la Estrategia Nacional de EPOC no se actualiza desde el año 2014, habiendo cambiado de forma considerable desde
entonces tanto el perfil de los pacientes como el paradigma de tratamiento para esta patología.
La atención a la EPOC en España supone un gasto anual para el sistema sanitario de entre 750 y 1.000 millones de euros, siendo este, de 1.500 millones anuales en el caso del asma.
Por lo que se refiere al asma, la enfermedad respiratoria más prevalente en el mundo, en España afecta a un 5 % de la población adulta y al 10 % de la población pediátrica, siendo la enfermedad crónica más prevalente en la infancia.
También el infradiagnóstico y el mal control de esta patología es un problema de enorme envergadura, puesto que afecta al 70 % de los pacientes. Además, el asma es la causa de más de 1.100 fallecimientos anuales en España.
Respecto al cáncer de pulmón, cada año se diagnostican en España 30.000 nuevos casos. La neoplasia de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en hombres y la sexta en mujeres. Las muertes que genera anualmente en España ascienden a
20.000.
Junto con estas patologías de alta prevalencia, las enfermedades respiratorias comprenden también un grupo de patologías minoritarias, como la fibrosis pulmonar idiopática, la hipertensión pulmonar, el déficit de Alfa-1 antitripsina o la
linfangioleiomiomatosis, que también requieren de una atención especial por parte de clínicos y de los gestores del Sistema Nacional de Salud.
Es especialmente reseñable que la mayoría de las enfermedades respiratorias son prevenibles, por lo que es necesario tomar conciencia de ello y adoptar las medidas oportunas para su prevención, su
diagnóstico precoz y su adecuado tratamiento; que permita conseguir reducir la morbimortalidad asociada a este grupo de patologías que constituyen un problema de salud pública global.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una Estrategia para la Atención Integral a las Enfermedades Respiratorias en el Sistema Nacional de Salud.
Dicha estrategia deberá ser consensuada y ratificada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud e implementada en las Comunidades Autónomas para:
1. Poner en marcha actuaciones informativas y formativas en el ámbito sanitario, así como en el escolar, el empresarial y el asociativo, para preservar la salud pulmonar de los ciudadanos y prevenir las enfermedades respiratorias.
2. Establecer medidas concretas para mejorar el diagnóstico de las enfermedades respiratorias más prevalentes en España -asma y EPOC-, y velar por su implantación en las Comunidades Autónomas en términos de equidad, cohesión, calidad y
seguridad.
3. Proponer y poner en marcha de las recomendaciones necesarias para que la asistencia y el tratamiento de las enfermedades respiratorias se produzca en el conjunto del Sistema Nacional de Salud en las condiciones óptimas de calidad y
equidad en el acceso a los profesionales y las unidades de referencia, y asegurando los mejores tratamientos disponibles adaptados a las circunstancias clínicas de cada paciente.
4. Coordinar la puesta en marcha de planes de atención integral a las enfermedades respiratorias en cada Comunidad Autónoma para conseguir una implantación real y operativa de la Estrategia Nacional.
5. Atender de forma específica las enfermedades respiratorias minoritarias para asegurar su diagnóstico en tiempo y forma adecuados y el acceso al tratamiento para cada caso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2021.-Elvira Velasco Morillo, José Ignacio Echániz Salgado, Ana María Pastor Julián, Juan Antonio Callejas Cano, Rosa María Romero Sánchez, María Teresa Angulo Romero, Carmen Riolobos
Regadera, Elena Castillo López y Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la atención a los pacientes de COVID-19 persistente, para su
debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha supuesto una grave emergencia sanitaria que ha afectado a todo el planeta, pero que se ha cebado especialmente con nuestro país. La vacunación ha hecho que podemos atisbar la luz al final del túnel, y que las
cifras de cuadros clínicos graves de COVID-19 y de fallecidos por esta enfermedad hayan disminuido en los últimos meses. Por ello, desde el GP Ciudadanos hemos animado en varias ocasiones a la población española a vacunarse, puesto que las vacunas
son seguras y efectivas para dejar atrás lo peor de esta pandemia.
Sin embargo, más allá de eso, poco a poco la evidencia sigue mostrando la gravedad de esta enfermedad. Tras unos 18 meses de lucha contra la pandemia, hay un nuevo reto al que nos enfrentamos: el COVID-19 persistente. Esto se refiere a
situaciones en los que la sintomatología de la enfermedad se prolonga en el tiempo incluso después de que la infección haya desaparecido. La prolongación de síntomas puede durar más de una semana e incluso, en algunas ocasiones, meses.
Dado que algunos de los síntomas de la enfermedad son la sensación de debilidad, el cansancio o la dificultad para respirar, el COVID-19 persistente puede suponer una barrera para que las personas que lo
sufren puedan llevar una vida normal. Por ejemplo, las personas aquejadas de esta enfermedad prolongada en el tiempo pueden ver perjudicadas su calidad de vida en el ámbito laboral y social. Pese a que aún estamos descubriendo nuevos datos
sobre esta dolencia, se estima que afecta en torno a medio millón de personas en España. El 20 % de los pacientes de COVID-19 sufren algún síntoma cinco semanas después de haber dado positivo, mientras que incluso el 10 % de ellos notifican
sintomatología hasta 12 semanas después del mismo. Además, pese a que no hay evidencias robustas que permitan prever si hay algún grupo poblacional más propenso a sufrirlo, lo cierto es que por ahora se han notificado más casos en mujeres de
mediana edad.
Mientras que la imagen colectiva de la pandemia se ha centrado en quienes sufren COVID-19 grave, como es lógico, lo cierto es que el COVID-19 persistente requiere atención para evitar que se convierta en un problema para el desarrollo de la
vida de las personas que lo sufren o un obstáculo para que puedan ejercer sus derechos y libertades. Como liberales, desde el GP Ciudadanos queremos poner en marcha un sistema que responda a las necesidades de estos afectados por la pandemia de
COVID-19 que les permita poder desarrollar su autonomía personal.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Proponer, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la creación de unidades de referencia en todo el territorio nacional que puedan dar una mejor información y asistencia sanitaria a los pacientes del
COVID-19 persistente, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los servicios sanitarios autonómicos.
2. Elaborar, a la mayor brevedad posible, una Guía Clínica para la Atención de Personas con COVID-19 persistente, que contemple la coordinación entre la educación sanitaria, la Atención Primaria y los médicos especialistas que permita una
asistencia sanitaria más completa a quienes sufren esta enfermedad.
3. Aprovechar la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía para informar a los pacientes de COVID-19 persistente y a sus familiares de los recursos a su disposición para poder recibir la asistencia sanitaria que necesitaren, con especial
atención a los pacientes con discapacidad y a los sectores de población con una mayor proporción de esta sintomatología, como las mujeres.
4. Reforzar los sistemas de rehabilitación para facilitar el acceso de las personas con COVID-19 persistente a servicios de rehabilitación que les permitan poder recuperar su vida cotidiana lo antes posible, evitando además las posibles
barreras económicas que puedan afectar al acceso de estos pacientes a esos servicios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Pedro Fernández Hernández, D. Francisco José Contreras Peláez, D. Julio Utrilla Cano y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley
relativa al sistema de gestión de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para su discusión en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante, 'LOU'), es la normativa marco destinada a ordenar el sistema universitario español. Así, el artículo 6.1 señala lo siguiente:
'1. Las Universidades se regirán por la presente Ley y por las normas que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias.'
Las funciones de la Universidad quedan descritas en la primera disposición de la norma mencionada. Así, según el legislador de la LOU, esta institución cuasi milenaria de Occidente es 'un servicio público de la educación superior mediante
la investigación, la docencia y el estudio' cuyas funciones pueden resumirse en cuatro puntos:
a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.
c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico.
d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
Más adelante, la LOU cita directamente a la UIMP por su condición de ser una universidad previamente fundada a la entrada en vigor de la norma. Así, la disposición adicional primera (De las Universidades creadas o reconocidas por Ley de las
Cortes Generales) señala:
'Las Cortes Generales y el Gobierno ejercerán las competencias que la presente Ley atribuye, respectivamente, a la Asamblea Legislativa y al Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas, en cuanto se refiere a las Universidades creadas o
reconocidas por Ley de las Cortes Generales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, y en atención a sus especiales características y ámbito de sus actividades, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.'
En el mismo sentido, la LOU se refiere específicamente a esta institución de estudios superiores por medio de la disposición adicional tercera. Así, el párrafo primero define la UIMP como:
'(...) centro universitario de alta cultura, investigación y especialización en el que convergen actividades de distintos grados y especialidades universitarias, tiene por misión difundir la cultura y la ciencia, fomentar las relaciones de
intercambio e información científica y cultural de interés internacional e interregional y el desarrollo de actividades de alta investigación y especialización.'
De la lectura de este precepto se puede interpretar claramente la apuesta de la UIMP por la excelencia académica ajena a cualquier tipo de sesgos ideológicos, guiándose en sus actuaciones por los principios fundacionales de la universitas.
Segundo. Los principios generales del sector público.
A los principios propios de la UIMP por su naturaleza académica se suman los de carácter jurídico. Así, la naturaleza jurídica de la UIMP (organismo autónomo adscrito al Ministerio de Universidades con personalidad jurídica y patrimonio
propios, según indican el segundo apartado de la mentada disposición adicional y el artículo 2.3 del Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Universidades) confirma su
integración en el entramado del sector público institucional estatal.
El artículo 84.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ('LRJSP') indica qué clase de entidades forman parte del sector público institucional estatal, entre ellos los organismos autónomos:
'Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:
a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en:
1. Organismos autónomos.
2. Entidades públicas empresariales.
3. Agencias estatales.
b) Las autoridades administrativas independientes.
c) Las sociedades mercantiles estatales.
d) Los consorcios.
e) Las fundaciones del sector público.
f) Los fondos sin personalidad jurídica.
g) Las universidades públicas no transferidas'.
De esta forma, queda meridianamente clara la participación de la UIMP en la composición del sector público institucional estatal. De ello se deduce su deber de respeto y cumplimiento de los principios generales enumerados en el artículo 3.1
de la LRJSP en su actividad diaria:
'Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la
Ley y al Derecho.
Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.'
Tercero. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo está perdiendo su prestigio y reconocimiento académicos.
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y, en concreto, sus cursos de verano, han sido durante décadas un estandarte de Cantabria y un símbolo de tolerancia, colaboración e innovación de España. Sin embargo, en las últimas décadas
estamos asistiendo a un proceso acelerado de degradación de la imagen de esta prestigiosa institución.
Varios son los motivos que llevan a esta situación: los continuos cambios de Rectores encargados de establecer una estrategia de excelencia en los cursos a impartir; el abandono de los cargos intermedios conocedores de la actual situación
de derribo de la institución 19; el recorte de financiación por parte del
19 https://www.vozpopuli.com/espana/nuevo-frente-rectora-uimp.html.
gobierno central 20 y el sectarismo que desprenden sus últimos responsables 21, actuando de manera contraria a ofrecer un libre conocimiento.
A ello, se une una reducción de financiación y la deriva ideológica en la elección del rector, situación toda ella aceptada y asumida por el Gobierno Regional 22. Ninguna actuación reivindicativa de esta gestión. Ninguna declaración en
defensa de la independencia económica e intelectual de esta Universidad.
Ante la actual situación de dejadez del Gobierno, ante la irresponsabilidad y sectarismo de la actual rectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que con sus decisiones la está convirtiendo en un lugar donde la ideología está
por encima de la excelencia y del saber, estas Cortes Generales deben exigir un regreso a la senda del prestigio y buena fama ganadas por esta institución que en 2022 cumplirá 90 años 23.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a lo siguiente:
1. Modificar el sistema de gestión de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a fin de asegurar la elección de responsables que sientan como propia la institución y actúen con base en principios de excelencia y libertad de pensamiento
y no a imposiciones ideológicas.
2. Conceder una financiación adecuada a la ingente tarea científica que desarrolla la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con la finalidad de permitir el desarrollo de esta actividad en óptimas condiciones, de tal manera que la
Institución retorne a su condición de referente internacional.
3. Vincular e involucrar de forma decidida a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con la ciudad de Santander, origen de la institución, y con Cantabria, lugar de nacimiento de quien da nombre a esta prestigiosa institución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Mireia Borrás Pabón, Pedro Fernández Hernández, Francisco José Contreras Peláez y Julio Utrilla Cano,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ofrecer más certidumbre a los científicos sobre las ayudas a
la investigación para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
En los últimos años, los investigadores españoles han expresado en varias ocasiones sus quejas sobre las debilidades del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en España. Nuestro país dedica muy pocos recursos a la ciencia y la
innovación en comparación con la media de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluso cuando se nos compara con otros países mediterráneos que tradicionalmente han estado en desventaja
comparativa en este ámbito como Grecia, Portugal, Italia o con países de Centroeuropa como la República Checa.
Una de las quejas principales se dirige a los retrasos en la principal de las fuentes de financiación de la investigación española: las ayudas de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). El pasado junio de 2021
20 https://www.abc.es/sociedad/abci-menendez-pelayo-desintegra-desde-llegada-rectora-elegida-gobierno-sanchez-202108081956_noticia.html.
21 https://www.eldiariomontanes.es/opinion/crisis-uimp-20210818191441-ntvo.html.
22 https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/ayuntamiento-santander-reclama-gobierno-central-medios-economicos-resurgir-uimp_1_8221527.html.
23 http://www.uimp.es/institucional/historia.html.
el Gobierno aprobó el nuevo Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PEICTI) para el periodo 2021-2023, en el que se concretan las acciones e inversiones que se acometerán en ciencia e innovación en la
Administración General de Estado. El Plan, según el propio Gobierno, se estructura en torno a las líneas definidas en la Estrategia Española de Ciencia Tecnología y de Innovación 2021-2027.
Ya el pasado 30 de diciembre de 2020, la AEI publicó un calendario en el seno de la planificación de convocatorias de ayudas que no se ajustaba a los plazos de los proyectos de investigación, provocando vacíos de financiación que afectaban
tanto a los propios científicos como a la capacidad de continuar con las investigaciones. Estos vacíos de financiación supusieron una losa sobre un sistema de ciencia que ya lucha por salir adelante en un contexto poco propicio por la escasa
financiación y plagado de procedimientos burocráticos. Asociaciones y sociedades científicas mantuvieron una reunión con el exministro Pedro Duque para hacerle llegar su descontento, mientras que la AEI afirmaba que se habían prorrogado los plazos
más allá del 31 de diciembre de 2020, una prórroga que sin embargo no venía acompañada de financiación alguna.
Esta mala planificación del calendario y la nula dotación de soluciones provocaron una disfunción muy importante en los grupos de investigación, sobre todo los liderados por investigadores más jóvenes y por personal de campus universitarios
que, generalmente, no tienen otra financiación más que la derivada de los proyectos de la AEI. Ahora, el PEICTI 2021-2023 debe contemplar nuevas planificaciones de financiación, que no pueden caer en los errores vividos que ponían en peligro la
viabilidad de proyectos de investigación por cuestiones procedimentales y administrativas. Los científicos españoles deben poder dedicar todo su tiempo a investigar y hacer avanzar la ciencia española, no a lidiar con problemas burocráticos para
poder continuar esas investigaciones.
De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno, la financiación de las actuaciones del PEICTI 2021-2023 provendrá de diferentes instrumentos que incluirán subvenciones, ayudas no reembolsables o parcialmente reembolsables, préstamos, contratación
pública o mecanismos de inversión. Además de los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, las actuaciones previstas en el Plan podrán contar con otras fuentes de financiación como son los fondos europeos, y en especial el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Publicar, a la mayor brevedad posible, el calendario actualizado de todas estas ayudas e instrumentos de financiación no reembolsable contemplados en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PEICTI) para el
periodo 2021-2023 para dar certidumbre a los investigadores españoles.
2. Favorecer la creación de unidades técnicas de apoyo que puedan dar asistencia a los grupos de investigación radicados en España a la hora de lidiar con los diferentes procedimientos administrativos ligados a la concesión, renovación y
justificación de las ayudas e instrumentos de financiación no reembolsable recibidos por estos grupos.
3. Apostar por nuevas formas de financiación de la ciencia española, incentivando una mayor colaboración del sector privado en la financiación de proyectos de investigación radicados en España y evitando fórmulas de financiación que acaban
suponiendo una losa financiera sobre los investigadores, como suele ocurrir con los préstamos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Luis Gestoso de Miguel, doña Lourdes Méndez Monasterio, don Joaquín Robles López, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Pedro Requejo Novoa, don Francisco José Contreras Peláez, doña María Magdalena Nevado del
Campo y don Ricardo Chamorro Delmo.
Dirigidas a la Excma. Vicepresidenta Cuarta y Sra. Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Qué medidas ha adoptado el Ejecutivo a lo largo de esta legislatura para la protección y recuperación del Mar Menor, deteriorado desde hace años y donde, desde el pasado 13 de agosto de 2021, se han encontrado más de 5.000 kilos de peces,
crustáceos y moluscos muertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2021.-Luis Gestoso de Miguel, Lourdes Méndez Monasterio, Joaquín Robles López, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Pedro Requejo Novoa, Francisco José Contreras Peláez, María
Magdalena Nevado del Campo y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/057571
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Trías Gil, Georgina (GVOX). Robles López, Joaquín (GVOX). Ramírez del Río, José (GVOX). Romero Vilches, María de los Reyes (GVOX). Borrás Pabón, Mireia (GVOX). López Álvarez, María Teresa (GVOX).
Retirada de su pregunta sobre medidas previstas acerca de la vacunación en menores de entre 12 y 15 años, así como uso de los centros educativos como centros de vacunación.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 312, de 29 de julio de 2021.