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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 215, de 05/02/2021
cve: BOCG-14-D-215
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
5 de febrero de 2021
Núm. 215
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a una educación sexual integral respetuosa con la diversidad sexual. Retirada ...
162/000149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la anulación de la sentencia dictada cuatro años después de su asesinato contra Blas Infante
Pérez, su viuda y herederos, por el Tribunal de Represión de Responsabilidades Políticas contra la Masonería y el Comunismo. Retirada ... (Página14)
162/000271 Proposición no de Le presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a una nueva formulación del modelo de residencias de mayores. Retirada ...
162/000286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la adopción de medidas efectivas contra la violencia en las aulas y el acoso. Retirada ...
162/000376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a establecer la adecuación del régimen de infracciones y sanciones para VTC en la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres. Retirada ... (Página15)
162/000390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la reubicación urgente de las personas refugiadas en Lesbos tras el incendio del campamento de
Moria. Retirada ... (Página16)
162/000511 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al desarrollo del Estatuto del Periodista Profesional ... (Página16)
162/000512 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo todas las acciones pertinentes para impedir la participación de proveedores tecnológicos chinos en la red 5G de
España, dado el riesgo que lo anterior supone para la Seguridad Nacional española ... (Página18)
162/000513 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a eliminar el IVA de las mascarillas FFP2/KN95 ... (Página24)
162/000514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Plan de rescate a la economía productiva ... (Página26)
162/000515 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la concesión de aplazamientos tributarios durante los seis primeros meses del ejercicio 2021 ... (Página28)
162/000516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la utilización responsable de los fondos Next Generation EU y la agenda de reformas estructurales ... (Página29)
162/000517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre refuerzo de los controles sanitarios en puertos, aeropuertos y estaciones españolas ... (Página31)
162/000519 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la Memoria del holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad... (Página33)
162/000520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la ejecución eficaz de una Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19.
34
162/000521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el presente y futuro del sistema alimentario español ... (Página37)
162/000522 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de
Pensiones de la Seguridad Social ... (Página40)
162/000523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que los autónomos que se han visto obligados a teletrabajar puedan
deducirse fiscalmente los gastos de suministros derivados del ejercicio de su actividad ... (Página41)
162/000524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar un Plan integral de actuaciones educativas específicas en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ...
Otros textos
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000013 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por don Alejandro Escribano Sanmartín y otros, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular sobre dación en pago ...
PREMIOS
292/000014 Convocatoria de la III edición del premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario.
Convocatoria ... (Página45)
Designación de los miembros del Jurado ... (Página46)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
RAMÓN UTRABO, Elvira (GS) (núm. expte. 005/000008/0001)1 ... (Página9)
SUÁREZ ILLANA, Aldolfo (GP) (núm. expte. 005/000044/0001)1 ... (Página4)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000132
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a una educación sexual integral respetuosa con la diversidad sexual.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000149
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a la anulación de la sentencia dictada cuatro años después de su asesinato contra Blas Infante Pérez, su viuda y herederos, por el Tribunal de Represión de Responsabilidades Políticas contra la
Masonería y el Comunismo.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000271
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a una nueva formulación del modelo de residencias de mayores.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000286
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas efectivas contra la violencia en las aulas y el acoso.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000376
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a establecer la adecuación del régimen de infracciones y sanciones para VTC en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000390
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a la reubicación urgente de las personas refugiadas en Lesbos tras el incendio del campamento de Moria.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo del Estatuto del Periodista Profesional,
para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El día 24 de enero se celebra el día del Periodista en España. Esta fecha corresponde al momento en que San Francisco de Sales, clérigo católico procedente de una familia noble, fue nombrado patrón de los periodistas y los escritores por
Pío XI en el año 1923. Sales fue reconocido por sus 'capacidades comunicativas' expresadas a través de la escritura y cabe destacar como entre sus obras más importantes Defensa del estandarte de la Cruz, Introducción a la vida devota, Sermones o
Cartas o Conferencias espirituales.
La Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en el año 1948 determina que todos los individuos tienen derecho a la libertad de opinión y de expresión, lo que incluye el 'derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión'.
La Constitución Española reconoce en su artículo 20 los derechos a 'expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción' y a 'comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión'. A su vez, la letra d) del apartado primero de este mismo artículo establece que se serán desarrollados por ley 'el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el
ejercicio de estas libertades'.
El 1 de julio del año 1993 se aprobó el Consejo la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el Código Europeo de Deontología del Periodismo, donde afirmaba que la información constituye un derecho fundamental reconocido como tal
por el Convenio europeo de los derechos humanos y las Constituciones democráticas, reconocía el papel de los medios de comunicación a la hora de garantizar 'el derecho a la información de la ciudadanía e instaba a los Estados a 'reforzar las
garantías de libertad de expresión de los periodistas a quienes corresponde en última instancia ser los emisores finales de la información'.
En la actualidad, el marco regulatorio en España sobre la profesión periodística y los principios generales de actuación de estos profesionales se encuentra recogido, principalmente, en la Ley de Prensa e Imprenta y en el texto refundido del
Estatuto de la Profesión Periodística, aprobados durante la dictadura franquista en la década de los sesenta. A pesar de la ruptura legal que supuso la aprobación de la Constitución Española con el sistema de restricción de la libertad de expresión
impuesto durante el franquismo, la innovación legislativa más importante introducida en esta materia por las Cortes Generales ha sido el desarrollo de derecho de conciencia de los profesionales de la información en el año 1997, que habilita a los
informadores a 'negarse a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación' y reconoce el derecho de los periodistas 'a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación
en que trabajen cuando en el medio de comunicación al que estuviera vinculado se produzca un cambio sustancial de orientación informativa'.
En lo que respecta a las iniciativas impulsadas para elaborar un nuevo marco legislativo sobre el ejercicio de la profesión periodista, todas las propuestas presentadas hasta la fecha han fracasado durante el proceso de tramitación
parlamentaria. En concreto, durante la VII Legislatura el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presentaron, respectivamente, una Proposición de Ley para desarrollar el Estatuto del Periodista Profesional.
Sin embargo, las discrepancias entre el Gobierno de España, los distintos grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y los diferentes actores del sector dinamitaron cualquier posibilidad de acuerdo.
La redacción de un Estatuto del Periodista Profesional se presenta en estos momentos como una tarea ineludible para mejorar la fiscalización que realizan los ciudadanos sobre sus representantes públicos y el funcionamiento de las
instituciones. La aparición de fenómenos como las 'fake news' supone una limitación del derecho a la ciudadanía a recibir una información veraz con el consiguiente perjuicio que este tipo de informaciones tienen para la calidad del debate público y
el proceso de deliberación y participación de los ciudadanos en la vida pública. Esta situación hace imprescindible mejorar y ampliar los mecanismos para garantizar la independencia de los profesionales de la información ante cualquier tipo de
presión política o económica así como habilitar las reformas necesarias para mejorar su acceso a la información que este en posesión de las administraciones públicas.
Por último, la nueva legislación también deberá abordar el debate sobre una nueva definición de la figura del periodista, realizar una nueva ordenación de las categorías profesionales, regular el derecho al secreto profesional y acordar un
nuevo Código Deontológico que los informadores deberán cumplir durante sus actuaciones.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a elaborar un Proyecto de Ley que desarrolle el Estatuto del Periodista Profesional para garantizar el ejercicio independiente de la profesión y el libre ejercicio del derecho a la
libertad de expresión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2021.--Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000512
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Víctor González Coello de Portugal y D. Julio Utrilla Cano, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a instar al Gobierno a llevar a cabo todas las acciones pertinentes para impedir la participación de proveedores tecnológicos chinos en la red 5G
de España, dado el riesgo que lo anterior supone para la Seguridad Nacional española, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El auge de China y su particular disputa con los Estados Unidos de América por la hegemonía mundial está provocando lo que los expertos conocen como 'Trampa de Tucídides' 1. Esta hipótesis señala que la guerra es inevitable cuando
una potencia emerge y existe otra dominante. Concretamente, el caso que relató el historiador griego Tucídides, en su narración de la Guerra del Peloponeso, fue el de Atenas y Esparta. En dicho conflicto bélico, el autor señaló que la guerra era
inevitable dado el ascenso de Atenas y el miedo que eso inspiró en Esparta 2.
Con el objetivo de arrebatar a Estados Unidos el liderazgo global, China no ha dudado en utilizar todas las herramientas a su disposición, como es el caso del ciberespionaje. Así, a la vista de la superioridad militar que todavía detenta
Estados Unidos, el país asiático emplea estrategias de 'zona gris'. En este sentido, en palabras del profesor Javier Jordán, 'la zona gris es un espacio intermedio en el espectro de conflicto político que separa la competición acorde con las pautas
convencionales de hacer política, del enfrentamiento armado directo y continuado. El conflicto en la zona gris gira en torno a una incompatibilidad relevante para al menos uno de los actores. Las estrategias utilizadas son multidimensionales, de
implementación gradual y con objetivos a largo plazo' 3.
De esta forma, entre las líneas de acción estratégicas empleadas en la zona gris, se encuentran los 'ciberataques contra entidades públicas y privadas' 4. Concretamente, Jordán destaca lo siguiente:
'[...] además de amedrentar y generar confusión en el proceso de toma de decisiones políticas, airean la vulnerabilidad del adversario (Baqués, 2017: 22; Wirtz, 2017:108). Pueden ser ataques de diversa consideración: desde denegaciones
temporales de servicio en sitios web institucionales a acciones de mayor calado como los famosos ciberataques sufridos por Estonia en 2007 (Kramer y Speranza, 2017: 89). También pueden entrar en esta categoría - siempre que se efectúen en el marco
de un conflicto en la zona gris- las acciones de ciberespionaje económico realizadas por las agencias de un Gobierno para abaratar los costes de investigación y desarrollo de su país, apropiándose de los avances obtenidos por las empresas de otros,
una acusación que frecuentemente recae sobre las agencias de inteligencia chinas (Frier, 2016: 38). La dificultad de confirmar la autoría de este tipo de episodios se ajusta a unas estrategias que como ya se ha señalado se caracterizan por su
ambigüedad' 5.
No obstante, este señalamiento hacia China no es balad!. Es de sobra conocido que el orden internacional liberal que ha regido desde la conclusión de la Guerra Fría se encuentra en un momento delicado, tanto que la crisis provocada por el
COVID-19 puede ser la causa definitiva de su derrumbe. Y es que, durante años, los principales poderes del Viejo Continente -Alemania, Francia y Reino Unido, se
1 'Qué es la trampa de Tucídides por la que se teme que estalle una guerra entre EE.UU. y China', BBC Mundo. 20.08.2017. Disponible [en línea]: https:/ /www,bbc.com/mundo/noticias-40974871
2 Para profundizar más en esta materia, véase: ALLISON, Graham, Destíned for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap? Houghton Mifflin Harcourt, New York, 2017. En este libro, el politólogo y asesor de seguridad nacional
Graham Allison, apunta que en los últimos 500 años se han producido 16 casos en los que el ascenso de una gran nación trastocó la posición de otra nación dominante. Doce de ellos terminaron provocando una guerra. Esto es, en un 75% de los casos.
3 JORDAN, Javier: 'El conflicto internacional en la zona gris: una propuesta teórica desde la perspectiva del realismo ofensivo', Revista Española de Ciencia Política, n°48, noviembre 2018, pp.129-151. Disponible [en línea]: https:/
/www.ugr.es/-jordan/Conflicto-zona-gris.pdf
4 Op. Cit. P. 139.
5 Op. Cit.
han dedicado a incentivar las relaciones comerciales con China, con la falsa esperanza de que éstas favoreciesen el inicio de un proceso democratizador en el país asiático.
Estas tesis, defendidas por autores de gran prestigio como Ronald Inglehart o Christian Welzel, son cuestionadas por la nueva realidad que emerge ya bien entrado el siglo XXI. Con unas prácticas propias de un régimen mercantilista, el
Partido Comunista Chino se ha servido del sistema capitalista y de la defensa a ultranza de éste por parte de las potencias occidentales, para mantener un crecimiento exponencial de su economía durante tres décadas. Gracias a esta bonanza, el
régimen autoritario chino ha conseguido aumentar la renta disponible de gran parte de su población. Como contrapartida, el politburó no ha abierto la mano en cuanto a reformas políticas que favorezcan las libertades individuales y los derechos
políticos y sociales de sus ciudadanos. Más bien todo lo contrario.
Recordemos que el pasado 28 de mayo, el Parlamento orgánico del régimen chino aprobaba imponer a Hong Kong una controvertida Ley de Seguridad Nacional que desató una fuerte oposición en la excolonia británica y entre la comunidad
internacional. La aprobación de ésta se desarrolló sin ningún debate, por 2.878 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.
El motivo de la fuerte oposición expresada por la comunidad internacional es que se considera una violación del principio de 'un país, dos sistemas' que otorga a la ciudad autónoma más libertades que al resto de China y que, en teoría, está
vigente hasta el año 2047, en virtud del acuerdo de devolución suscrito con el Reino Unido.
La ley establece en Hong Kong oficinas de la seguridad pública china, algo que horroriza a los habitantes de la ciudad por su fama de intimidar y hacer 'desaparecer' a los disidentes en el continente, donde la Policía puede retener
legalmente a los sospechosos hasta seis meses para interrogarlos sin pasar por un tribunal, señalan diversas fuentes de información pública.
Por ello, el pasado 2 de junio, los presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores de Australia (David Fawcett), Canadá (Michael Levitt), Nueva Zelanda (Simón O'Connor) y Reino Unido (Tom Tugendhat), dirigieron una carta al secretario
general de la ONU, Antonio Guterres, solicitando que, en colaboración con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se procediera a otorgar un mandato para el envío de un convoy especial a Hong Kong.
Así, la gravedad de la amenaza que supone el Partido Comunista Chino -y las empresas chinas que controla- para Occidente, quedó reflejado el pasado 23 de julio de 2020 6, en un discurso del secretario de Estado americano, Mike Pompeo. Dicho
discurso se enmarca en una serie de conferencias impartidas por el Consejero de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, el director del FBI, Chris Wray y el Fiscal General William Barr. El alto perfil de los ponentes previos al secretario es la mejor
prueba de la prioridad que la Administración estadounidense ha dado a la cuestión.
En su discurso, el secretario Pompeo destacó los enormes desequilibrios existentes en la relación entre Estados Unidos y China, fruto de la dejadez de las anteriores Administraciones. Esta atrofia geopolítica estadounidense ha favorecido el
auge de China hasta convertirse en la principal amenaza para 'el futuro de las democracias libres en todo el mundo'.
Tras medio siglo de seguimiento de la falacia kantiana de la paz perpetua, del 'viejo paradigma del compromiso ciego', que postula que China se democratizaría mediante la cooperación y el comercio, Estados Unidos ha decidido cambiar de
estrategia. En palabras del secretario de Estado, 'no debemos continuarla [la estrategia del compromiso ciego] y no debemos volver a ella'. Y finalizó, '... la única forma de cambiar verdaderamente a la China comunista es actuar no sobre la base
de lo que dicen los líderes chinos, sino cómo se comportan[...]Nosotros, las naciones del mundo amantes de la libertad, debemos inducir a China a cambiar, tal como quería el presidente Nixon. Debemos inducirá China a cambiar de manera más creativa
y asertiva, porque las acciones de Beijing amenazan a nuestro pueblo y nuestra prosperidad'. Y para ello, el resto de las naciones libres tienen 'que llegar a su propia comprensión de cómo proteger su propia soberanía, cómo proteger su propia
prosperidad económica y cómo proteger sus ideales de los tentáculos del Partido Comunista Chino'.
Las acciones descritas han puesto de relieve la agresividad con que actúa China en el tablero mundial, así como su verdadero objetivo: arrebatar la hegemonía mundial al máximo representante de los valores liberales occidentales, los Estados
Unidos de América.
Segundo. Esta asertividad se plasma en las actuaciones que el régimen comunista está llevando a cabo en el campo de las tecnologías de la información. A diferencia de lo que ocurrió con el despliegue de las redes 3G y 4G, China adoptó como
plan de país ser pionero en el desarrollo de la tecnología 5G, como
6 https:/ /www.state.gov/communist-chma-and-the-free-worlds-future/
una rama fundamental en su estrategia de información, tanto ad intra como ad extra. Y ello a fin de controlar estrictamente el flujo de información dentro del país mientras se aprovecha de la información para influir en las sociedades
extranjeras.
Resulta evidente que la implantación de la tecnología 5G a nivel global es una oportunidad inmejorable para que cualquier potencia emergente intente ampliar su poder y capacidad económica a costa de la información y conocimiento de otros
países. Por tanto, resulta igualmente evidente que cualquier país que quiera mantener su independencia, soberanía, influencia, seguridad nacional, e incluso la supervivencia de su propia industria, deber proteger al máximo sus telecomunicaciones y,
por ende, su red de 5G.
En particular, esta tecnología está llamada a provocar un impacto disruptivo en la sociedad digital y a revolucionar nuestra manera de entender el intercambio de información en el siglo XXI, con las consecuentes implicaciones geopolíticas.
El 5G traerá una alta velocidad de transferencia, una mayor capacidad de conexión y una baja latencia en las comunicaciones. En consecuencia, permitirá que se pongan en marcha y perfeccionen productos y servicios en los que se requiera una alta
velocidad (aplicaciones multimedia o de realidad aumentada), así como el despegue definitivo del internet de las cosas (Internet of Things -IoT) por la posibilidad de tener simultáneamente conectado un volumen ingente de dispositivos.
Asimismo, posibilitará definitivamente las aplicaciones que requieran respuestas en tiempo real (industria 4.0, cirugía remota asistida, videojuegos), además de la expansión de servicios basados en decisiones automatizadas, muchas veces
usando inteligencia artificial (smart cities). En la telefonía móvil, el 5G supone adicionalmente un cambio sustancial con relación a las generaciones anteriores: por primera vez dejará de utilizarse hardware específico de telefonía para dar paso
a equipos 'de propósito general', idénticos a los que pueden encontrarse en un centro de procesamiento de datos TIC. Ello representa ventajas en materia de costes y de flexibilidad de implementación y hace que la infraestructura sea interoperable y
accesible por una multiplicidad de equipos en Internet.
Así, tres son las características que permiten calificar al 5G como una tecnología disruptiva y como cambio de paradigma en la concepción de las redes de comunicaciones móviles:
- Virtualización: La utilización de las tecnologías de virtualización es lo que podría suponer una mayor revolución y, consecuentemente, un más grande impacto en la privacidad. En este ámbito se incluyen nuevos conceptos como:
1. Software Defined Networking (SDN), que facilitará a los operadores realizar cambios en la red de forma rápida y, en algunas circunstancias, también de forma automática, adaptándose a las necesidades de demanda en la red.
2. NetWork Function Virtualization (NFV), que supone crear, desplegar y gestionar servicios de red virtualizando todas y cada una de las funciones que proporciona la propia red.
3. NetWork Slicing (NS), que implica mejorar y adaptar el soporte a diferentes tipos de tráfico en las redes 5G, subdividiendo las redes core en un conjunto de slices o redes core virtuales.
- Edge computing: el uso de hardware de propósito general para contener servicios virtualizados del operador o de otros proveedores de servicios permitirá implementar los denominados MEC (Multi-Access Edge Computing), desplazando el centro
de gravedad del tratamiento de datos desde los servidores hacia ubicaciones más cercanas al dispositivo terminal del usuario, cuando sea necesario. Esto es, podrá existir un flujo de información o servicios entre diferentes ubicaciones acordadas
por operadores de la red y gestores de servicios, en puntos cercanos al usuario final y dentro de la red de telefonía móvil de un operador de telecomunicaciones, en principio sin estar en Internet. Por tanto, ello permitirá una reducción en la
latencia de las comunicaciones tal que permitirá contar con capacidades próximas al tiempo real.
- Localización: el 5G necesitará una red de acceso mucho más compacta, con muchos puntos de acceso y menor distancia entre ellos, lo que proporcionará al operador y a otros agentes vinculados a la explotación de los datos de la red la
capacidad de localizar el terminal de usuario con una precisión mucho mayor de la que tiene en la actualidad. Se alcanzarán resoluciones de localización inferiores a un metro y, al contrario que las generaciones previas a 5G, incluyendo
posicionamiento en tres dimensiones.
Por tanto, con estas capacidades y atributos en su poder, el régimen comunista chino gozaría de un poder omnímodo sobre las comunicaciones y, por tanto, sobre los países en los que sus empresas tecnológicas operen y controlen la red 5G.
En adición a lo anterior, hay que tener en cuenta que el Partido Comunista de China tiene a gala el uso del 'discourse power' 7 : la creación y difusión de narrativas y relatos que sirven a los intereses del Estado chino y la eliminación de
aquellos que amenazan su integridad. Para ello, se busca la consecución de un 'Internet armonioso' en el que se persigue el disenso, se ponen en marcha instituciones como la Administración del Ciberespacio de China (CAC), se compran medios de
comunicación en países africanos y se enseña a los diplomáticos chinos a manejar redes sociales occidentales (prohibidas en su propio país) y a aumentar el impacto mediático de sus declaraciones. Y, como brazo ejecutor de esta política, se
encuentra la empresa Huawei.
Tercero. Huawei, fundada por Ren Zhengfei, ingeniero y exsoldado de la rama militar del Partido Comunista Chino, así como actual miembro destacado de este partido, es la primera auténtica multinacional global china, la cual da trabajo a
194.000 personas (de ellas, 1.200 en España) y consiguió el pasado año un beneficio de diez mil millones de euros. Además, es el mayor proveedor tecnológico del mundo, con un 28% del mercado global.
Además, Huawei controla casi medio centenar de contratos comerciales para la instalación de las infraestructuras de 5G (más de la mitad en Europa), y ha suscrito acuerdos de colaboración con diversos operadores europeos. Su principal
ventaja en el nicho de mercado del 5G es que puede hacer equipos para toda la cadena de distribución: produce los chips de los smartphones, routers, core y demás elementos de la infraestructura de red. Asimismo, este proveedor es el que más
contribuciones técnicas ha presentado a los estándares del 5G (más de 10.000, frente a las 8.400 de Ericsson y las 5.800 de Nokia), y también el que tiene más patentes registradas (1550, por 1427 de Nokia).
No obstante lo anterior, sobre esta compañía pesan numerosas acusaciones de espionaje generalizado a Gobiernos y a empresas de países occidentales, además de ser el brazo de vigilancia del Partido Comunista y del Gobierno chino -y
suministrarle información confidencial-, así como de colaborar en la represión de más de un millón de musulmanes pertenecientes a la minoría étnica uigur en Xinjiang. Así, a pesar de que Huawei ha desmentido estas últimas afirmaciones, tras meses
de investigaciones y pruebas, las informaciones se han confirmado 8.
Así pues, diversas instancias internacionales han alertado en este sentido de los riesgos para la privacidad y los derechos humanos en los que podrían estar incurriendo las acciones de Huawei. Por su parte, la revista Forbes publicó en 2019
un artículo en el que aseguraba que la avanzada tecnología de Huawei estaba siendo empleada para la vigilancia de los uigures en Xinjiang y para el monitoreo de sus móviles. Ese mismo año, el Wall Street Journal informó de que el Gobierno chino
habría concedido 75.000 millones de dólares a esta empresa a través de distintos medios de asistencia financiera 9.
Adicionalmente, el Instituto de Política Estratégica de Australia (ASPI) publicó un informe señalando que 'el trabajo de Huawei -y otras compañías tecnológicas chinas- en Xinjiang es extenso e incluye trabajar directamente con las oficinas
de seguridad pública del gobierno chino en la región' 10.
Por si esto no fuera suficiente, el National Cyber Security Centre del Reino Unido (NCSC), el cual había señalado en marzo de 2019 que no había encontrado evidencia de actividad maliciosa del Estado chino en Huawei pero que sí había
identificado algunos defectos graves en la ingeniería de software y en la competencia de seguridad cibernética de la compañía, ha anunciado recientemente que 'ha cambiado significativamente su evaluación de seguridad' sobre la presencia de Huawei en
la red 5G de Reino Unido y recomendó el veto a dicho proveedor. En este sentido, el Gobierno británico y sus aliados han responsabilizado a 'elementos del gobierno chino de realizar una gran campaña cibernética global contra propiedad intelectual e
información comercial sensible en Europa, Asia y Estados Unidos' 11.
Así pues, el por entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, señaló lo siguiente:
7 FAWCETT, Alicia: 'Chinese Discourse Power. Chinaos use of Information Manipulation in Regional and Global Competition', Atlantic Council, October 2020. Disponible [en línea]: https:/
/www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/10/Chinese-Discourse-Power.pdf
8 S.I: 'Huawei retira su plan de patente para identificar uigures', ABC, 15.01.2020. Disponible [en línea]: https: //www.abc.es/internacional/abci-huawei-retira-plan-patente-para-identificar-uigures-202101150108 noticia.html
9 Chuin-Wei Yap: 'State Support helped fuel Huawei's global rise', The Wall Street Journal, 25.12.2019. Disponible [en línea]: https://www.wsi.com/árdeles/state-support-helped-fuel- huaweis-global-rise-11577280736
10 'Huawei and Australia's 5G Network: Views from ASPI', Austmlian Strategic Policy Institute, Report No. 8/2018. Disponible [en línea]: https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad- aspi/2018-10/ Huawei% 20and % 20Australias % 205G %
20Network.pdf?wk2qurC5QGPslDZmePkkYm bKw8Rn5Yj
11 Press Release UK GOV: 'UK and allies reveal global scale of Chínese cyber campaign'. 20.12.2018. Disponible [en línea]: https: / /www.gov.uk/government/news/uk-and-allies- reveal-global-scale-of-chinese-cyber-campaign
'Esta campaña es una de las intrusiones cibernéticas más significativas y generalizadas contra el Reino Unido y sus aliados descubiertos hasta la fecha, apuntando a secretos comerciales y economías de todo el mundo. Estas actividades deben
cesar. Van en contra de los compromisos contraídos con el Reino Unido en 2015, y, como parte del G20, relativas a no llevar a cabo o apoyar el robo cibernético de la propiedad intelectual o secretos comerciales. Nuestro mensaje a los gobiernos
preparados para permitir estas actividades es claro: junto con nuestros aliados, expondremos sus acciones y tomaremos otras medidas necesarias para asegurar que se respete el estado de derecho' 12.
Por su parte, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos publicó una lista negra con las empresas consideradas como una amenaza para la seguridad nacional, entre las que se encuentra Huawei 13. En adición, la Comisión Europea ya ha
alertado de que 'las amenazas a la ciberseguridad (incluido el riesgo de intromisión de agentes de Estados no miembros de la UE o que cuenten con su respaldo) son un reto en constante evolución y cuya importancia aumenta al ritmo de la creciente
dependencia de la tecnología y los datos' 14.
Asimismo, la Comisión Europea, la presidencia finlandesa del Consejo de la Unión Europea y la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA) publicaron en octubre de 2019 un informe sobre la evaluación coordinada de riesgos realizada por la UE
acerca de la seguridad de las redes 5G, en el cual alertaron de que esta tecnología 'facilitará un mayor número de vías de ataque que podrían ser explotadas por agentes de riesgo y aumentará la gravedad potencial del efecto de tales ataques. Entre
los distintos agentes potenciales, los Estados no pertenecientes a la UE o aquellos respaldados por Estados son los más peligrosos y los que más probabilidades tienen de atacar las redes 5G'.
Sin perjuicio de lo anterior, Estados Unidos y el Reino Unido no se han quedado solos en el veto a Huawei. Países como Australia, Nueva Zelanda y Japón también han bloqueado el acceso de la empresa china a su red de 5G. Incluso Suecia,
país conocido por su equidistancia en las rivalidades por el poder, ha bloqueado la entrada tanto a Huawei como a ZTE en su red 5G 15. Además, se están llevando a cabo investigaciones sobre la falta de seguridad y, por tanto, la interferencia del
gobierno chino sobre las comunicaciones (ciberespionaje,) en las redes gestionadas por Huawei en Francia y Alemania.
Cuarto. En lo que a España se refiere, cabe destacar que el pasado 15 de julio, la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la señora Arancha González Laya, mantuvo una reunión con el secretario de Estado estadounidense,
Mike Pompeo, en la que según señaló la propia Ministra, se trataron temas como 'la recuperación económica post Covid-19, la fiscalidad de actividades digitales, de 5G, de la agenda común entre España y EE. UU. en la OTAN y la movilidad
internacional para profesionales y estudiantes'.
12 Op.cit.
13 Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce. Disponible [en línea]: https: / / www.bis.doc.gov/Índex.php/regulations/export-administration-regulations-ear
14 'Despliegue seguro de la 5G en la UE- Aplicación de la caja de herramientas de la UE', Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Comisión Europea,
p.14. 29.01.2020. Disponible [en línea]: https: / / eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=:CELEX:52020DC0050&from=FR
15 Mukherjee, Supanta y Soderpalm, Helena: 'Sweden bans Huawei, ZTE from upcoming 5G networks', Reuters. 20.10.2020. Disponible [en línea]: https://www.reuters.com/article/uk- sweden-huawei-idUKKBN2750VL
A raíz de lo anterior, el 17 de julio de 2020, el Grupo Parlamentario VOX se interesó mediante pregunta con respuesta escrita -con número de registro 46421- por los temas tratados en la citada reunión y, en particular, sobre la posibilidad
de limitar la entrada de proveedores chinos en la red 5G de España. Por su parte, el Gobierno, en su respuesta escrita fechada el 22 de septiembre de 2020 -con número de entrada 56657-, señaló lo siguiente:
'El Gobierno considera que una rápida y completa implantación en todo el territorio nacional de la tecnología de telefonía móvil 5G es una prioridad para el desarrollo de las comunicaciones y la modernización de la economía en nuestro país.
El Gobierno facilitará, por ende, el marco general y las condiciones objetivas para un acceso de las administraciones públicas, los agentes económicos, las empresas y los particulares a una tecnología digital 5G abierta, segura y asequible.
Para ello, garantizará que haya una diversificación de proveedores confiables, así como una seguridad en el suministro del servicio y la privacidad de las comunicaciones. Todo ello en cumplimiento de las Recomendaciones y de la 'caja de
herramientas' acordadas por la Comisión Europea para prevenir y mitigar posibles vulnerabilidades derivadas de la implantación de las tecnologías 5G.
España milita a favor de una autonomía estratégica y una soberanía tecnológica y digital de la Unión Europea, que permita a sus Estados miembros, incluido nuestro país, contar con nuestros propios operadores y tecnologías, también en la
decisiva tecnología 5G. Mientras tanto, se apuesta por un acceso al mercado abierto, libre y justo, sin plantearnos fijar cuotas de mercado a determinadas compañías.
Por otra parte, cabe indicar que el pasado jueves 23 de julio, el Presidente del Gobierno presentó la nueva Agenda Digital que llevará el nombre de España Digital 2025. Esta Agenda incluye cerca de 50 medidas agrupadas en diez ejes
estratégicos.
Uno de estos ejes es el de seguir liderando el despliegue de la tecnología 5G en Europa e incentivar su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y ala vertebración territorial. En ella se fija como objetivo
que en 2025 el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para el 5G.
En la consulta pública para recabar aportaciones en relación con la elaboración de normas sobre la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones móviles de quinta generación o 5G, ya se recogía a la cadena de suministro como clave
para mantener la seguridad de la red. Tal y como figuraba en la Recomendación (UE) 2019/534 donde se alude a este tipo de amenaza como un riesgo no tecnológico u 'otros factores' de riesgo.'
Por tanto, a pesar de todo lo anteriormente expuesto, y a la luz de la respuesta emitida por el Gobierno, mientras nuestros principales socios y aliados vetan o al menos se encuentran actualmente investigando tanto a Huawei como al resto de
proveedores tecnológicos chinos de red 5G, el Gobierno español presume de seguir colaborando con ellos.
Quinto. Resulta verdaderamente difícil la consecución del postulado del Gobierno sobre 'seguir liderando el despliegue de la tecnología 5G en Europa', así como el objetivo de 'que en 2025 el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado
para el 5G', sobre todo teniendo en cuenta que nuestro país todavía no tiene un marco normativo propio que establezca y asegure los criterios, obligaciones y las condiciones de seguridad mínimas que deban aportar los proveedores que estén
interesados en operar en nuestra red de 5G. Por ello, parece inconcebible que el presidente del Gobierno realice declaraciones como las siguientes:
'Antes de que termine este año, el 75 % del territorio español va a tener acceso a la tecnología 5G. Y lo estamos haciendo con distintas empresas también extranjeras.'
No obstante, pese a no existir un marco normativo propio que, como se ha comentado anteriormente, establezca y asegure los criterios, obligaciones y las condiciones de seguridad mínimas que deban aportar los proveedores que estén interesados
en operar en nuestra red de 5G, sí se puede abordar este tema desde el ámbito de la Seguridad Nacional. En concreto, la Ley de 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, contempla en su artículo 10 los ámbitos de especial interés de la
Seguridad Nacional, a saber, los siguientes:
'Se considerarán ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional aquellos que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el
suministro de los servicios y recursos esenciales. A los efectos de esta ley, serán, entre otros, la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la
seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente'.
En el siguiente plano normativo, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 destaca el espionaje como una de las principales amenazas a las que se enfrenta nuestro país. En concreto, dicha estrategia señala lo siguiente:
'El espionaje es una amenaza de primer orden para la seguridad, que se ha adaptado rápidamente a las posibilidades que ofrece la tecnología moderna. En este sentido, el ciberespacio juega hoy un papel más relevante a nivel de espionaje y es
utilizado por Estados, grupos o individuos que usan sofisticados programas que proporcionan acceso a ingentes volúmenes de información y datos sensibles' 16.
Además, en el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2019 se destaca la ciberseguridad como uno de los pilares fundamentales para la Seguridad Nacional. Así, este informe manifiesta lo siguiente:
'El ciberespacio se consolida como entorno de relevancia estratégica, geopolítica, económica, social e individual con importantes implicaciones para la Seguridad Nacional.
Es un ámbito sin fronteras ni nítidas demarcaciones jurisdiccionales, de débil regulación, más allá de los códigos de buenas prácticas sobre comportamiento responsable, donde resulta difícil la trazabilidad y atribución de las acciones
delictivas llevadas a cabo con diferentes objetivos tanto por actores estatales -o sus posibles intermediarios-, como no estatales -organizaciones terroristas, hacktivistas y grupos de ciberdelincuencia organizada-, dada la fácil accesibilidad a un
amplio abanico de técnicas y la extensión del cibercrimen como modelo de negocio' 17.
A la luz de lo anterior, resulta evidente que el ciberespionaje que pudieran desarrollar en España compañías extranjeras a través de nuestra red de 5G, especialmente proveedores tecnológicos chinos controlados por el propio Gobierno opresor
chino, supone un riesgo para la Seguridad Nacional de España que debe de ser, cuanto menos, prevenido. Así, España debería evitar por todos los medios conceder la explotación de nuestras redes de telecomunicaciones a proveedores de opacidad
manifiesta, controlados por Estados con fines espurios en nuestras propias redes.
En virtud de todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a llevar a cabo todas las acciones pertinentes para impedir, al amparo de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, la participación en la red española de 5G a
cualquier proveedor tecnológico chino que se encuentre en los listados (entity list) del Departamento de Defensa y de Comercio de los Estados Unidos de América, o que sea sospechoso de estar bajo la influencia directa o indirecta de China, al objeto
de impedir el ciberespionaje y, por ende, prevenir el riesgo que este tipo de acciones supone para los intereses estratégicos y de Seguridad Nacional de España'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2021.-Víctor González Coello de Portugal y Julio Utrilla Cano, Diputados.-Macarena Olana Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para eliminar el IVA de las mascarillas FPP2/KN95 para su debate
en Pleno.
16 Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Págs. 62-63. Disponible [en línea]: https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia de Seguridad Nacional ESN%20Final.pd
17 Informe Anual de Seguridad Nacional 2019. P.77. Disponible [en línea]: https: / /www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/MASTER%20IASN2019%20WEB O.pdf
Exposición de motivos
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, las mascarillas han sido uno de los elementos más efectivos para limitar la propagación del virus SARS-CoV-2, debido a su transmisión por aerosoles. Por ello, una de las primeras acciones que se
realizaron tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional fue la compra de mascarillas, tanto las quirúrgicas -que previenen el contagio de terceros si el portador es positivo- como las llamadas FPP2 o K95 -que previenen el contagio tanto
del portador como de terceros-. Sin embargo, desde el Gobierno de España se emitieron recomendaciones contrarias a esta evidencia, llegando a anunciar que el uso de mascarillas no era necesario, cuando realmente se admitió más tarde que la razón
para emitir dicha recomendación era la falta de suministro.
Asimismo, y a raíz de la decisión del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid de repartir de forma gratuita una mascarilla FPP2 a cada ciudadano residente en dicha comunidad, el Gobierno de España llegó incluso
a afirmar que las mascarillas de este tipo eran 'mascarillas egoístas', con la excusa de que sólo debían utilizarlas las personas con una mayor vulnerabilidad al COVID-19. La evidencia científica se ha llevado por delante estas recomendaciones mal
intencionadas, y se ha demostrado que las mascarillas FPP2 son las más efectivas para prevenir contagios, especialmente allí donde más se producen: en los espacios cerrados con escasa ventilación.
Por esta razón, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos defendido en numerosas ocasiones la necesidad de reducir el IVA de todas las mascarillas, así como de los geles de naturaleza biocida que nos protegen del contagio por fómites,
por ser unos productos esenciales en la protección de los ciudadanos frente al COVID-19. La Comisión Europea ya comunicó en abril de 2020 a los gobiernos de los Estados miembros que permitiría estas reducciones de IVA que, de otro modo, podrían ser
contrarias a la legislación comunitaria. Sin embargo, es bien sabido que el Gobierno de España se escudó en una supuesta prohibición europea que no existía para negarse a llevar a cabo esta reducción, argumentando además que supondría una pérdida
de ingresos para el Estado. Es decir, el Gobierno de España prefirió hacer menos accesible para familias vulnerables el uso de un elemento clave de protección sanitaria con tal de dar rienda suelta a su afán recaudatorio. Finalmente, el Gobierno
se vio obligado a aceptar esa bajada de IVA del 21% al 4% el pasado mes de noviembre, pero lo hizo únicamente para las mascarillas quirúrgicas desechables, y no de las FPP2.
El pasado 22 de diciembre de 2020 se debatió en la Comisión de Sanidad y Consumo una proposición para extender esta bajada de IVA a otros productos esenciales, y el GP Ciudadanos registró varias enmiendas para que se aplicara un tipo de IVA
0% a todos los tipos de mascarilla, también las FPP2, y a los geles de naturaleza biocida mientras dure la pandemia de COVID-19. Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de España se negaron a aceptarla y la propuesta fue rechazada.
Ahora, y ante las cifras récord de contagios que estamos experimentando en la Unión Europea, algunos gobiernos como el de Alemania incluso han declarado la obligatoriedad de las mascarillas FPP2 por ser las más efectivas para frenar los
contagios, especialmente en espacios cerrados como el transporte público. Desde el GP Ciudadanos creemos, como ya hemos defendido anteriormente, que es necesario reiterar la necesidad de eliminar el IVA de estos productos esenciales para que el
coste de los mismos no cree una brecha de protección que afecte especialmente a los más vulnerables.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar, de forma excepcional y hasta que remita la pandemia de COVID-19 en nuestro país, el IVA aplicado a todo tipo de mascarillas, incluyendo especialmente las FPP2/KN95, y a los geles
hidroalhólicos de naturaleza biocida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan de Rescate a la
Economía Productiva, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La crisis sanitaria consecuencia de la pandemia de la COVID-19 ha provocado una crisis económica y social sin precedentes que ha afectado a todos los países del mundo. Siendo cierto esto, también lo es que el impacto no ha sido simétrico en
todos los países.
La intensidad de la crisis económica en cada país ha sido diferente en función de tres factores: la situación económica y fiscal en la que se encontraban en el momento previo a la pandemia; el peso relativo de los sectores más perjudicados
por la pandemia en su estructura productiva; y la rapidez y la contundencia de las medidas adoptadas para atajar tanto la crisis sanitaria como la crisis económica y social derivada de la misma.
A falta de conocer la evolución del cuarto trimestre y, por tanto, la caída acumulada en el año, se puede afirmar que nuestro país ha sufrido la mayor caída del PIB desde la guerra civil, probablemente más que en todos los años juntos de la
pasada crisis financiera (2008-2013), y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos.
Con datos del tercer trimestre de 2020, la economía española ha perdido el -9,0% del PIB en términos interanuales, más del doble que la media en la zona euro (-4,3%). En ese mismo período Portugal cayó el -5,7%, Italia el -5,0%, Alemania el
-4,0% y Francia -3,9%.
En términos de empleo la comparativa es aún más desfavorable: la tasa de paro en España (17%) duplica la media europea (8,2%). En España se destruyó el -5,0% del empleo, frente al -2,3% de media en el Euro área; en Portugal y Francia el
-2,6%, en Italia el -2,4%, y en Alemania el -1,4%. Sólo como ejemplo para ilustrar la gravedad de la situación, uno de cada tres jóvenes europeos que en el último año han quedado en paro es español. La tasa de paro juvenil (40,4%) es la mayor de
todos los países europeos y también más que duplica la media europea (18,0%).
Es verdad que el Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos no es el culpable de la pandemia, ni podía evitar la crisis económica y social que la ha seguido, pero sí es responsable de que España sea de los países que peor se han comportado
en esta crisis sanitaria y económica, y que más empleo ha destruido de todo el mundo. En el último año habremos perdido, al menos, 125.000 millones de euros de PIB, se han cerrado 107.000 empresas y tenemos casi cinco millones de españoles que,
queriendo trabajar, no pueden hacerlo: 3.888.000 parados, 755.000 trabajadores en ERTE y 350.000 autónomos en cese de actividad.
De los tres factores que inciden en la severidad con la que la crisis económica ha azotado a cada país, el ejecutivo socialista lo ha hecho mal en todo lo que era su responsabilidad directa.
En primer lugar, la falta de proyecto y la debilidad del gobierno socialista habían agotado las inercias de crecimiento y creación de empleo de los años previos de gobierno del Partido Popular. En 2019, por primera vez en diez años, no solo
no se redujo el déficit público, sino que se aumentó gastando 19.000 millones de euros más de lo pactado con Bruselas en 2018. En febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia, ya había claros indicadores de desaceleración económica: tanto el
índice de Confianza Industrial (-4.6%) como el de Confianza del Consumidor (-9.7%) estaban en terreno negativo y la creación de empleo llevaba meses desacelerándose; de hecho, en enero de 2020 se habían destruido 244.000 empleos.
A pesar de esa evidente desaceleración, el Gobierno mantuvo los proyectos de ley para crear nuevos impuestos que perjudican nuestra competitividad y agravarían esa desaceleración. Que el punto de partida no fuera bueno, sobre todo en
términos fiscales, es responsabilidad exclusiva del Gobierno socialista.
En segundo lugar, es cierto que nuestra vulnerabilidad era grande por la propia exposición de nuestra estructura productiva al doble shock que sufrimos tras la pandemia: el shock de oferta afectaba sobre todo a los sectores que más pesan en
nuestra economía -turismo, servicios y algunas industrias específicas, como la del automóvil- y un shock de demanda, por la fuerte destrucción de empleo y la caída de renta de los trabajadores.
La severidad del confinamiento y el cierre total de nuestra economía, decretado un domingo a la madrugada a pesar del aviso de los agentes sociales y del Partido Popular, que provocaron el cierre de
133.000 empresas -mayor destrucción de empresas de nuestra historia- y la pérdida de casi 800.000 empleos en dos meses, también es responsabilidad del gobierno socialista.
En tercer lugar, era clave adoptar medidas rápidas, eficaces y contundentes para proteger a los colectivos y sectores más afectados por la crisis, intentando minimizar el daño provocado por la misma y su impacto negativo en el tiempo. Y
aquí tampoco acertó el Gobierno.
No acertó porque el diagnóstico inicial fue erróneo. Fernando Simón ('España tendrá, como mucho, algún caso aislado de coronavirus') y la Vicepresidenta Económica (afirmando días antes del estado de alarma que el impacto económico del
coronavirus en España sería 'poco significativo y transitorio') se disputaban el podio de la incompetencia.
Las primeras medidas adoptadas tras el estado de alarma, las recogidas en el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, y en el
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 eran totalmente insuficientes (una línea de crédito de 200 M para un sector turístico que ha perdido más de 100.000
millones de euros), ineficaces (la escasez de mascarillas no era un problema de precio sino de oferta), y no llegaban al fondo del problema (no pagar intereses en los impuestos aplazados era el menor de los problemas de los autónomos, que mantenían
todos los gastos y cero ingresos al verse obligados a cerrar sus negocios).
Y las medidas más importantes, las líneas de liquidez para pymes y autónomos o el uso de los ERTES que habíamos potenciado en la reforma laboral de 2012, llegaban tarde -desde el Partido Popular las habíamos reclamado insistentemente- y se
diluían en el colapso administrativo y en una ejecución ineficaz. De hecho, las medidas más inmediatas, ejecutables y eficaces fueron las que no requerían la intervención del Gobierno central: el uso del superávit de las Entidades Locales, la
garantía de los suministros básicos, la flexibilidad laboral (teletrabajo, jornada, horarios...) o la moratoria en las hipotecas.
No entendemos la negativa del Gobierno a adoptar en tiempo las medidas que le propone el Partido Popular, para luego aprobarlas semanas más tarde con una merma evidente de su eficacia. El último ejemplo ha sido la ampliación de los plazos y
la carencia de los créditos de la línea de liquidez COVID concedidos por el ICO que fue rechazado por el Gobierno cuando lo propuso el Partido Popular, votando en contra de la 'Proposición no de Ley sobre la flexibilización de los préstamos con
garantía pública de la línea de liquidez del ICO COVID-19' que el Grupo Parlamentario Popular registró el 15 de septiembre y que se debatió el 27 de octubre de 2020, y que luego aprobó en idénticas condiciones en Consejo de Ministros celebrado tres
semanas después, el 17 de noviembre de 2020.
La recuperación económica del tercer trimestre fue un espejismo. En primer lugar, porque estaba distorsionada al compararse con un trimestre en el que buena parte de nuestro sector productivo había estado cerrado. En segundo lugar, porque
se apoyaba en los pies de barro de una falsedad apoyada por el propio Presidente del Gobierno ('Gracias a la unidad de las instituciones, los grupos parlamentarios y el conjunto de la sociedad española, hemos vencido al virus', 'ahora, tras este
esfuerzo titánico, hay que salir a la calle, no dejarse atenazar por el miedo y recuperar la economía'...) y difundida a bombo y platillo por el altavoz mediático de Moncloa ('Salimos más fuertes' fue portada en toda la prensa nacional).
Los rebrotes del coronavirus tras el verano, un nuevo estado de alarma aprobado en noviembre para los próximos seis meses -se extiende hasta mayo de 2021- y nuevas restricciones tanto a la movilidad como a la apertura de los negocios en todo
el país, nos volvieron a la dura realidad en el cuarto trimestre de 2020. Las primeras semanas de 2021 tampoco invitan al optimismo: una vacunación más lenta de lo deseable y nuevas variantes del virus -especialmente la británica- que han
provocado una tercera ola de contagios muy severa, van a retrasar aún más la recuperación económica y, frente al optimismo del gobierno que sigue creyendo en una recuperación en V asimétrica, el resto de organismos e instituciones tanto nacionales
como internacionales estiman que no recuperaremos los niveles previos a la pandemia al menos hasta finales de 2023.
En este punto se hace más necesario que nunca un Plan de Rescate a la Economía Productiva que vaya más allá de la gestión de los fondos europeos, que parece que es el único salvavidas al que se agarra un Gobierno que está totalmente superado
por los acontecimientos. Un Plan de Rescate que llegue a todos los autónomos y pymes que tienen negocios viables pero que se encuentran al borde de la quiebra por una situación que se está alargando en el tiempo mucho más de lo inicialmente
previsto, que llegue a todos los territorios de nuestro país sin el filtro partidista del Gobierno, que permita frenar la destrucción de nuestro tejido productivo (107.000 empresas cerradas en 2020) y, por tanto, del empleo (520.000 empleos
destruidos en el sector privado en 2020), que recupere la competitividad de nuestras empresas -y nuestro país-, y
que nos permita volver al círculo virtuoso del crecimiento económico y la creación de empleo que ya nos permitió salir de la anterior crisis financiera con el Gobierno del Partido Popular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno -en coordinación con las diferentes administraciones públicas, los agentes sociales y el resto de las fuerzas políticas- a aprobar un Plan de Rescate a la Economía Productiva que se apoye,
entre otros, en los siguientes pilares:
1. Un fondo de apoyo financiero y capitalización de empresas que, a través de diferentes fórmulas (coinversión, fondos de capital riesgo, créditos participativos...), pueda inyectar directamente liquidez para garantizar la solvencia de
nuestro tejido productivo en una cantidad de, al menos, 50.000 millones de euros, tanto a empresas viables que necesitan capital para subsistir hasta que la recuperación económica sea posible como a 'startups' que puedan contribuir al crecimiento y
la creación de empleo en sectores innovadores.
2. Un marco laboral estable que reduzca la incertidumbre actual al que se enfrentan las empresas, que avance en la flexiseguridad pactada que ha permitido mantener tres millones de empleos y que extienda los ERTE hasta el fin del estado de
alarma.
3. Un Plan de Choque Fiscal, con exenciones a los autónomos y pymes que no pueden desarrollar su actividad con normalidad, que retrase la entrada en vigor de los nuevos impuestos hasta que se adopten de forma coordinada en Europa para no
perjudicar la competitividad de nuestras empresas, y que incluya bajadas selectivas y temporales de impuestos que permitan reactivar sectores estratégicos de nuestra economía.
4. Un Plan de Reequilibrio Fiscal que reduzca el gasto público superfluo e ineficiente y libere los recursos suficientes para adoptar todas las medidas anteriores, al tiempo que se comprometa con una senda de reducción del déficit público
que permita recuperar la credibilidad de nuestro país y atraer inversión y talento que contribuyan al crecimiento económico y a la creación de empleo'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la concesión de aplazamientos tributarios durante
los seis primeros meses del ejercicio 2021, para su posterior debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En estos momentos, recién iniciado el año 2021, el país está experimentando otro nuevo repunte de contagios por coronavirus que mantiene enormemente preocupados a ciudadanos y sanitarios. Atravesamos momentos muy delicados con una tercera
ola atenazando la salud de los españoles y afrontamos el enorme reto de la vacunación con incertidumbre.
La tercera ola del coronavirus está golpeando fuertemente nuestro país con un elevado empeoramiento de todos los indicadores epidemiológicos que se sitúan ya a niveles similares a los registrados durante el pico de la segunda ola, con una
cifra diaria de fallecidos y contagiados inasumible. Por otro lado, el riesgo de rebrote, que mide el potencial de crecimiento del virus, así como la presión hospitalaria y, en particular, la presión hospitalaria en las UCI, también está
incrementando de manera exponencial en varias comunidades autónomas. A todo ello, debe sumarse la amenaza de las cepas británica y sudafricana, con cifras de contagio en continuo aumento en varias regiones de España.
A la vista de este gravísimo estado de la situación, las comunidades autónomas están pidiendo imponer medidas de restricción de la movilidad más contundentes e, incluso, el confinamiento domiciliario de la población.
Hacer un somero repaso de la situación en nuestro país resulta desolador. Al margen de los confinamientos perimetrales, presentes en casi todas las autonomías y muchas de nuestras provincias y municipios, se están decretando restricciones
con consecuencias enormemente negativas para la actividad económica de nuestro país. Así, la mayoría de autonomías han impuesto medidas muy duras para la viabilidad de los establecimientos de hostelería y centros comerciales, como el adelanto del
cierre a las 18 horas decretado en Andalucía o Aragón; la clausura interior, o incluso el cierre total durante al menos dos semanas, de los bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios, de Baleares, Comunidad Valenciana y las dos Castillas;
o el cierre de todos los locales, establecimientos, servicios y actividades durante un mes en La Rioja, por nombrar solo algunos ejemplos.
Estas medidas son necesarias desde el punto de vista sanitario y deben ser atendidas y respetadas pero, incuestionablemente, tienen unas consecuencias económicas devastadoras para unos autónomos ya al borde del colapso.
Ya en marzo este grupo parlamentario planteó la necesidad, entre otras medidas, de otorgar aplazamientos tributarios a nuestras pymes y profesionales con el fin de darles pulmón financiero en un momento de crítica situación de sus ingresos y
su liquidez. El Gobierno escuchó nuestras demandas y otorgó tal aplazamiento, si bien muy limitado en su alcance, a nuestro entender.
Es ahora, el momento de ayudar de nuevo a quienes no pueden abrir sus negocios o a quienes, porque apenas pueden abrirlos unas horas y con aforos limitados, no consiguen facturar apenas ni para cubrir sus gastos fijos.
Como ya hiciéramos al inicio de esta crisis, y como se demostró necesario después, proponemos la congelación del calendario fiscal durante el primer semestre del ejercicio 2021, tanto en lo referente a las obligaciones formales como con
relación al ingreso de la deuda tributaria y el pago de la cuota de autónomos. Así, de un lado, se otorgaría pulmón financiero y liquidez a las empresas y negocios que están resultando más gravemente afectados por esta crisis y, de otro lado, se
les liberaría de la burocracia que supone la presentación de declaraciones tributarias en un momento de confinamientos parciales y perimetrales, recursos limitados y merma de los medios humanos y materiales a su alcance para la preparación de
declaraciones fiscales de una manera sencilla y garantista.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un aplazamiento de seis meses en el pago de la cuota de autónomos de la Seguridad Social así como en la presentación e ingreso de todas las declaraciones tributarias por impuestos
que recaigan en el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, incluyendo declaraciones informativas, declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido, retenciones e ingresos a cuenta,
y pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, que finalicen desde el día 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, para todos los contribuyentes que sean empresas y autónomos y que,
como consecuencia de esta crisis sanitaria, estén sufriendo una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas estipulada, al menos, en un 40% con respecto al mismo período del año 2019.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2021.- María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la utilización responsable de los fondos
Next Generation EU y la agenda de reformas estructurales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Las instituciones de la Unión Europea, Consejo, Parlamento y Comisión finalizaron en las últimas semanas el Reglamento que regirá el funcionamiento de los fondos europeos para paliar las consecuencias del COVID-19 y que, previsiblemente, se
aprobará definitivamente en febrero. Entre las consideraciones que se reflejan en este documento, destaca la condicionalidad que muchas veces se ha mencionado por parte de algunos países miembros y de varios grupos parlamentarios, con el ánimo de
que estos fondos contribuyan a fortalecer los pilares de los sistemas económico y social de los países receptores.
Según este reglamento, los países miembros deberán remitir a Bruselas un plan de reformas estructurales con hitos y metas que será evaluado por la Comisión y recibirá una nota. Esta evaluación determinará el desembolso de los fondos, a
excepción del primer 13% que será incondicional. El Plan de Reformas debe contener los mecanismos y objetivos para conseguir reducir los desafíos y prioridades identificadas en el procedimiento del Semestre Europeo y así mismo incluir los aspectos
fiscales y las recomendaciones hechas a los países bajo el amparo del Artículo 6 del Reglamento 1176/2011 de prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Sobre estos principios generales, la Comisión evaluará específicamente la
contribución del plan a los siguientes pilares: la mejora del crecimiento potencial, la creación de empleo y actividad económica, la resiliencia social e institucional del país miembro, la promoción de políticas dirigidas a los jóvenes que mitiguen
el impacto social y económico de la crisis, la contribución al Pilar Europeo de Derechos Sociales, el impulso de la cohesión y convergencia económica, social y territorial dentro de la Unión, y el plan para que estos objetivos no dañen el
medioambiente en consonancia con el Artículo 17 del Reglamento 2020/852.
Bajo el paraguas de los fondos europeos, el desembolso se hará de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de reformas que se determinará recabando la opinión del Comité Económico y Financiero basado en el análisis
preliminar del desempeño del país en cuestión elaborado por la Comisión. Además, si uno o más países creen que hay desviaciones significativas del plan presentado por el país analizado, pueden referir la decisión de desembolso al Consejo Europeo
donde el asunto será discutido en profundidad.
El Reglamento, además, es claro en relación con el destino de los fondos, que no podrán ser empleados para sustituir gastos corrientes de la Administración.
Todo lo anterior, da una muestra de los retos a los que se enfrentará el Gobierno para llevar cabo las reformas estructurales que necesita nuestro país y que, desde Ciudadanos siempre hemos defendido y que, de no acometerse, podrían ser una
gran pérdida para España ya que eso supondría que nuestro país pierde la condición de receptor de los fondos europeos. Así lo reflejamos también en las enmiendas que presentamos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que
aspiraban a asegurar un uso responsable de los fondos europeos del paquete Next Generation EU, siempre de acuerdo con las recomendaciones hechas a España en el seno del Semestre Europeo, y que fueron rechazadas por los Grupos Parlamentarios que
apoyan al Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Se insta al Gobierno a garantizar que la utilización de fondos europeos del paquete Next Generation EU tendrá como objetivo la puesta en marcha de las reformas estructurales contenidas en las recomendaciones del Semestre Europeo respecto a
los siguientes puntos:
1. En materia laboral, la lucha contra la precariedad laboral -especialmente entre los jóvenes-, la eliminación de la dualidad del mercado laboral, el establecimiento de incentivos a la contratación y la reinserción laboral de desempleados
de larga duración.
2. En materia fiscal, la revisión del sistema impositivo para establecer un régimen fiscal más favorable al crecimiento, la inversión privada y la competitividad, reduciendo impuestos al trabajo y al capital y sustituyéndolos por impuestos
a actividades perjudiciales.
3. En materia económica, la eliminación de la fragmentación y las trabas burocráticas que impiden a las empresas beneficiarse de las economías de escala y afectan negativamente a la productividad, garantizando una coordinación reforzada y
sostenida entre los distintos niveles de gobierno para aumentar la eficacia de las políticas encaminadas a facilitar la recuperación.
4. En materia de gasto público, garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas mediante la contención del gasto público primario neto por debajo del 0,9% y un ajuste estructural anual del 0,65% en el momento en que dejen de aplicarse
medidas de salvaguarda, destinando ingresos extraordinarios a la reducción de la ratio de deuda pública.
5. En materia de pensiones, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante los incentivos a complementar la prestación pública con un sistema de ahorro alternativos y facilitando la creación de empleo entre los jóvenes.
6. En materia educativa y de formación, reforzar la orientación educativa en particular a los estudiantes con algún tipo de desventaja o en situación de vulnerabilidad, atendiendo de forma especial al sistema educativo en Comunidades
Autónomas, municipios y distritos con peores resultados académicos y con una mayor tasa de abandono escolar temprano, y mejorando las competencias digitales de alumnos, docentes y trabajadores, también en zonas rurales.
7. En materia de innovación, mejorar los incentivos a la cooperación público-privada y establecer un sistema más ambicioso de incentivos fiscales para fomentar la inversión empresarial en innovación, incluyendo medidas para la atracción y
retención de talento.
8. En materia institucional, el refuerzo de la separación de poderes y la independencia del poder judicial, mejorando su eficiencia; la eliminación de trabas burocráticas y procedimientos repetitivos en la contratación pública y la
cooperación público-privada, y el refuerzo de la prevención, control y sanción de conductas fraudulentas.
9. En materia climática y de energía, la inversión en renovaciones a gran escala de edificios públicos y privados para mejorar la eficiencia energética, el desarrollo de redes inteligentes para mejorar los patrones de consumo de las
familias, y la promoción de fuentes de energía renovables y de emisiones cero como motor de la creación de empleo.
10. En materia ambiental, invertir en la conservación de ecosistemas, en las soluciones para prevenir y paliar los efectos adversos del cambio climático como olas de calor, inundaciones, incendios forestales y otros fenómenos extremos, así
como en las mejoras de la calidad del aire, de la gestión de recursos hídricos y de los residuos, y en el desarrollo de la economía circular a nivel industrial y de consumidores particulares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2021.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de refuerzo de los controles sanitarios en
puertos, aeropuertos y estaciones españolas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los casos de COVID-19 en nuestro país siguen incrementándose en las últimas semanas, marcando cifras récord de incidencia acumulada en los últimos 14 días, de fallecidos notificados en 24 horas y también de nuevos casos notificados. Este
aumento coincide con los desplazamientos con motivo de las fiestas de Navidad tras el descubrimiento de la cepa ahora llamada Variant Under Investigation (VUI) 202012/01 en el Reino Unido, que presenta una tasa de contagio el 70% más alta que la
cepa del SARS-CoV-2 que conocíamos anteriormente y, según algunas evidencias comunicadas por el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, podría ser también un 30% más letal. El gobierno británico ha reconocido ya que el contagio de esta cepa
está fuera de control y está experimentando también cifras récord de contagios en su territorio.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos llevamos meses insistiendo en la necesidad de reforzar los controles sanitarios de los viajeros que llegan a España a través de nuestra red de aeropuertos, estaciones y puertos. Este tipo de medidas
son aún más efectivas cuando la situación epidemiológica está bajo control, como era el caso de los meses de verano o las primeras semanas de la segunda ola, cuando el
resto de países europeos presentaban situaciones más preocupantes. Por ello, solicitamos en reiteradas ocasiones al Gobierno de España, tanto desde las Cortes Generales como desde los gobiernos autonómicos de los que forma parte Ciudadanos,
que introdujera un requisito de presentación de prueba PCR negativa por parte de cada viajero con destino a España.
Desde el pasado mes de noviembre, el Gobierno de España accedió finalmente a esta exigencia como medida de refuerzo de los controles de posibles casos importados. Este requisito aplicaba a aquellos viajeros que procedieran de algún país
considerado de riesgo según las cifras de avance de la pandemia de COVID-19, y sólo sería aceptada si la prueba PCR negativa se había realizado en las 72 horas anteriores a ese vuelo. Sin embargo, la exigencia se realiza en el aeropuerto en origen
por parte de las aerolíneas, y se desconoce si el Gobierno de España ha puesto en marcha algún tipo de verificación sobre esa exigencia de PCR negativa a los pasajeros a su llegada a cualquier aeropuerto español. Esto supone que el requisito es más
disuasorio que real, puesto que no se asegura que no haya casos importados, algo de especial relevancia cuando también se han detectado otras variantes más contagiosas en Brasil y en Sudáfrica.
Finalmente, el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) recomendó a los Estados miembros de la Unión Europea que realizaran un seguimiento de los casos positivos de COVID-19 detectados en su
territorio para rastrear la nueva cepa VUI 202012/01. Este tipo de seguimiento debe realizarse mediante la secuenciación genómica del SARS-CoV-2 detectado en los pacientes positivos para poder identificar las 47 mutaciones características de dicha
cepa.
En la Comunidad de Madrid, y según declaraciones del jefe de servicio de Microbiología del Hospital 12 de Octubre a El Independiente, los laboratorios están remitiendo las muestras a este hospital, a La Paz, el Gregorio Marañón y el Ramón y
Cajal para su secuenciación, puesto que son los cuatro hospitales madrileños con capacidad para hacerlo. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos solicitamos al Gobierno de España mediante pregunta escrita el pasado 15 de enero que se realizara un
plan nacional de secuenciación genómica de muestras de positivos para poder tener un mejor seguimiento de la expansión de la VUI 202012/01, así como de otras variantes del SARS-CoV-2 como las descubiertas en Brasil y Sudáfrica. Este seguimiento
permitiría, a su vez, diseñar e implementar medidas más eficaces ajustadas a la realidad epidemiológica y a la presencia de variantes más contagiosas que pueden dar lugar a brotes descontrolados de COVID-19.
El Ministerio de Sanidad aprobó la puesta en marcha de un sistema de alerta que incluía la realización de esa secuenciación de pruebas el pasado 21 de enero. Sin embargo, es necesario tomar medidas adicionales para asegurar la contención de
nuevos casos de las cepas más contagiosas del SARS-CoV-2 que puedan descontrolar de forma aún más acusada la pandemia en nuestro país.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar de los medios necesarios a los controles de llegada en aeropuertos, puertos y estaciones españolas para que puedan verificar la presentación de PCR negativa realizada en las 72 horas anteriores de viajar a España por parte de cada
viajero.
2. Alcanzar acuerdos con las aerolíneas que operan vuelos entre España y otros países para, en caso de no poder verificar dicha presentación, asegurar el retorno de los viajeros que no poseen dicha PCR negativa realizada en las 72 horas
anteriores a su vuelo al país desde el que viajaron.
3. Considerar, de forma complementaria, el refuerzo de los controles de llegada en aeropuertos, puertos y estaciones españolas para que el personal de los mismos cuente con los medios materiales y humanos necesarios para la realización de
test de antígenos en llegada a los viajeros que lleguen a nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2021.-Inés Arrimadas Gárcia, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Santiago Abascal Conde, D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán y D. Francisco José Contreras Peláez, en sus respectivas condiciones de Presidente, Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición No de Ley relativa a la Memoria del Holocausto y la prevención de los
crímenes contra la humanidad, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
El 27 de enero se celebra el 'Día Europeo de la Memoria del Holocausto' y el 'Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad'. Esta fecha coincide con la liberación, en 1945, del campo de
exterminio de Auschwitz-Birkenau (Polonia), donde fueron asesinadas un millón cien mil personas. El 90 % de ellas (980.000) fueron judías, como parte de la 'Solución Final' adoptada en la conferencia de Wannsee en enero de 1942, que implicó el
exterminio de casi 6 millones de judíos europeos. En Auschwitz fueron también asesinados unos 70.000 polacos no judíos, 21.000 gitanos, unos miles de prisioneros de guerra soviéticos y unos cientos de homosexuales, junto a · pequeños contingentes
de otras nacionalidades.
Las ideologías totalitarias -nazismo y comunismo- desarrolladas después de la Primera Guerra Mundial compartían el desprecio a la democracia y la subordinación incondicional del individuo a un 'Estado total' que supuestamente encarnaba un
gran proyecto histórico (en el caso del nazismo, la realización de la supremacía germánica; en el caso del comunismo, la construcción del socialismo). Ambos practicaron la criminalización de colectivos humanos completos: etnias en el caso del
nazismo, clases sociales en el del comunismo (Martin Latsis, uno de los primeros jefes de la Cheká, policía política soviética, afirmó: 'Los prisioneros de la Cheká no deben ser juzgados por sus actos, sino por sus orígenes sociales; no estamos en
guerra contra individuos, sino contra la burguesía como clase'; en 1929, Stalin ordenó 'la supresión de los kulaks como clase', y cientos de miles de personas murieron en la 'deskulakización'; los comunistas también declararon '
contrarrevolucionarias' a algunas etnias: la 'descosaquización' de 1920 produjo entre 300.000 y 500.000 víctimas, y el Holodomor, hambruna inducida por Stalin en 1932-33 que se cobró 4 millones de muertes sólo en Ucrania, tuvo una parte de castigo
al nacionalismo ucraniano.
Pero el Holocausto es un crimen sin igual en la Historia: por haber sido teorizado desde 1925 en la obra de Hitler, convertido en uno de los ingredientes principales de la ideología nazi, anunciado sin ambages en discursos de Hitler y
Goebbels, llevado a la práctica con minuciosidad diabólica y eficacia industrial al amparo de la Segunda Guerra Mundial, y haber alcanzado en gran parte sus objetivos (el 70 % de los judíos de los territorios controlados por los nazis fueron
exterminados: casi seis millones).
El exterminio de los judíos europeos fue puesto en práctica desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La eutanasia de los deficientes mentales y físicos ('vidas indignas de ser vividas') -ordenada por Hitler en septiembre de 1939
('Aktion T4'), y que se cobró 80.000 víctimas antes de ser detenida en el verano de 1941 gracias a las protestas del obispo católico Von Galen- sirvió de campo de experimentación para los primeros ensayos con el gas Zyklon B. La aniquilación de
judíos a gran escala comenzó con la invasión de la URSS en 1941: en ese año, los Einsatzgruppen o escuadrones móviles de ejecución ya asesinaron a unas 900.000 personas. En enero de 1942 se decidió la 'solución final', y ese año entraron en
funcionamiento los campos de exterminio de Chelmno, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Maidanek y Belzec. Cada uno de ellos podía aniquilar miles de personas en un solo día.
La ejecución del Holocausto detrajo recursos humanos y bélicos (ferrocarriles, tropas, suministros) que eran urgentemente necesarios en el frente. Hitler siempre dio prioridad al genocidio sobre la misma victoria en la guerra. Cuando la
derrota alemana resultaba ya inevitable, se apretó el acelerador del exterminio. En el campo de Belsen, el 15 de abril de 1945, con la ciudad ya tomada por los británicos, los guardias de las SS todavía ejecutaron a 72 judíos.
Ningún judío era demasiado viejo para morir. Las cuatro hermanas octogenarias de Sigmund Freud rehusaron acompañarle a su exilio en Londres, pensando que los nazis las respetarían por su edad avanzada: fueron asesinadas en Theresienstadt,
Treblinka y Auschwitz.
Ningún judío era demasiado joven para morir: los guardias de las SS arrancaban los bebés de los brazos de sus madres y les estrellaban la cabeza contra la pared.
El antisemitismo no ha desaparecido de Europa. En las últimas décadas se ha reavivado, asociado sobre todo al fundamentalismo islámico, aunque también a una ultraizquierda hostil al Estado de Israel. Ha habido atentados contra bienes y
personas judías en ciudades tales como Toulouse, París, Amsterdam, Bruselas y Halle.
Por todo lo expuesto, consideramos esencial la defensa del derecho de toda persona a practicar sus creencias religiosas; el derecho de toda persona a manifestar sus ideas políticas y a ser respetado con independencia de su origen étnico o
cultural, o su orientación sexual; el rechazo a cualquier afirmación o manifestación orientada a negar o minimizar el Holocausto y otras matanzas de los regímenes totalitarios y la condena de toda forma de antisemitismo.
En su virtud, el Grupo Parlamentario VOX propone la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados, con motivo del día 27 de enero 'Día Europeo de la Memoria del Holocausto' y el 'Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad', rinde homenaje a todas las
personas que sufrieron persecución en campos de concentración y exterminio nazis, en especial a la comunidad judía.
2. El Congreso de los Diputados expresa su reconocimiento y recuerdo para todos aquellos que supieron ver la barbarie y, con sus limitados medios, lucharon por proteger a los judíos perseguidos o por su liberación, aun asumiendo enormes
riesgos personales, como son los españoles declarados Justos entre las Naciones en el museo Yad Vashem de Jerusalén por contribuir a salvar la vida de judíos perseguidos por los nazis: Ángel Sanz-Briz, José Ruiz Santaella y su esposa, Carmen
Schrader; Eduardo Propper de Callejón; Concepción Faya Blasquez; Martín Aguirre y Otegui y Sebastián de Romero Radigales, a los que dedicamos especial mención por ser ejemplo de generosidad, humanidad y respeto a la dignidad de la persona.
3. El Congreso de los Diputados condena expresamente los totalitarismos sufridos en Europa en el siglo XX, tanto el nacionalsocialismo como el comunismo, que provocaron la muerte de millones de personas y dejaron tras de sí la aniquilación
de naciones y una estela de represión, sufrimiento y miseria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 enero de 2021.-Santiago Abascal Conde y Francisco Contreras Peláez, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
162/000520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Juan Luis Steegmann Olmedillas, D. Ignacio Garriga Vaz de Conciçao, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida, D. Antonio Salvá Verd y D.ª Mercedes Jara Moreno, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Ejecución Eficaz de una
Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19, para su discusión en el Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Según la última actualización de la información del Instituto Nacional de Estadística (INE), el exceso de mortalidad desde la semana 11 de 2020, momento en el que se inicia la pandemia, hasta la última del año supera los 83.000
decesos. En concreto, la cifra alcanza los 83.706 fallecimientos. Son más de 30.000 por encima de los datos reconocidos de forma oficial por el Ministerio de Sanidad y el candidato socialista en Cataluña, Salvador Illa. El 23 de noviembre de
2020, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una Estrategia Única de Vacunación para toda España en 13.000 puntos acordada en
el ámbito del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, conforme a una prelación en función de la situación socio-sanitaria de las personas a vacunar.
Segundo. A pesar de la propaganda masiva del Gobierno, la Estrategia de Vacunación está resultando un desastre, cuando tendría que ser ejemplar, dado que España tiene el vergonzoso baldón de ser el primer país del mundo en fallecidos por
habitante, según datos de INE y MoMo, y el primero en número absoluto de sanitarios infectados.
Pero no ha sido así, y si tenemos en cuenta la 'deuda vacunal', es decir, el cociente entre la incidencia acumulada de vacunas y la incidencia acumulada de mortalidad, según datos de OwID 18, vemos que España está vacunando menos que
Alemania, Grecia, Rumania o Portugal.
Además, la situación en términos absolutos no es nada halagüeña: con 4,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna, tenemos para vacunar a 2,25 millones. Pero es que debemos vacunar en la 1.ª fase y en las Residencias a aproximadamente
400.000 personas. Y en la 2.ª fase a un millón de sanitarios y a 2,85 millones de ancianos mayores de 80 años. En total, 4,25 millones de personas que necesitarán 8,5 millones de dosis. Por otra parte, las regiones se quejan de que no llegan las
vacunas previstas o llegan en deficientes condiciones. Y es que desde el 27-12-2020 al 25-1-2021, se habían administrado 1,34 millones de dosis. Las matemáticas no mienten; el objetivo que se ha marcado el Gobierno, i.e. tener vacunada al 70 %
de la población antes del verano, sólo se lograría vacunando a 1,7 millones ¡a la semana! Para complicar aún más las cosas, La UE reconoce problemas con el suministro de vacunas, especialmente las fabricadas por Astra-Zeneca.
La Estrategia de Vacunación debe sustentarse en los principios de libertad personal, de igualdad entre los españoles, de justicia, de modo que puedan vacunarse antes quienes más lo necesiten, y de garantía de los derechos fundamentales,
incluido el de la intimidad y protección de los datos de carácter personal.
Uno de los problemas más importante, y que supone un gran desafío, es la necesidad de una adecuada logística y planificación. Aquellas personas que padezcan dificultad o imposibilidad de movimiento, o que estén en situación de dependencia,
deberán ser atendidas en sus propios domicilios o residencias. Ello conlleva un enorme esfuerzo logístico y de planificación, especialmente respecto de la vacuna de Pfizer, cuyos viales deben descongelarse y reconstituirse con suero, e inyectarse
en un plazo máximo de dos horas desde su reconstitución. Otro de los factores a tener en cuenta es el espacio de tiempo necesario entre la primera y la segunda dosis, que dependerá de la vacuna: en el caso de Pfizer, el intervalo es de 21 días; y
en el de Moderna, de 28 días.
Los problemas logísticos pueden ser solventados, y algunas naciones lo han hecho de forma ejemplar; lo que redunda en la exigencia de que la Estrategia sea nacional.
El estado de Israel está siendo protagonista en los titulares de la prensa internacional por ser el país con el ritmo de vacunación más alto del mundo. Tienen una media de 150.000 vacunas diarias, es decir ya ha conseguido vacunar al 15 %
de la población en un tiempo récord de 15 días. Con una población de 9 millones de habitantes, ya ha vacunado a 1,5 millones de personas. Y pretende lograr la inmunidad del 50 % de su población para finales del mes de mayo.
Han priorizado en su plan de vacunación a los mayores de 60 años. Y han conseguido administrarles un 70 % de las dosis, incluidos los trabajadores sanitarios y los grupos de riesgo con cuadros clínicos de vulnerabilidad.
Parece ser que la clave de su éxito radica en la combinación de distintos factores que describimos a continuación:
1. Acuerdos directos con los distintos laboratorios productores de las vacunas, como Moderna, Pfizer o AstraZeneca.
2. Agilización de la distribución en cantidades inferiores más fáciles de transportar a los lugares más remotos, una estrategia que aprobó el propio laboratorio Pfizer.
3. Implicación de la sanidad privada.
4. Disponibilidad absoluta de los centros de vacunación para que cualquier ciudadano que quiere vacunarse pueda dirigirse a ellos incluso sin cita previa, coger número y esperar a que le llamen los sanitarios, quienes registran
identificación y datos personales del vacunado.
5. Gran número de centros de vacunación por todo el país.
18 https://ourworldindata.org/coronavirus-data-expIorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&country=DEU=EsP-FRA-ITA-NLD-B
EL-PRT=Rou=swE=czE=Rus-GRC®ion=World&vaccinationsMetric=true&interval=total&perCapita=true&smoothing=O&pickerMetric=total_cases&pickerSort=desc
6. Campaña de vacunación, durante 24 horas y 7 días a la semana.
Tercero. En España nos encontramos una vez más ante un escenario en el que se combinan tres factores que ya sufrimos en la primera ola: Una epidemia que no cesa, y que se agrava por la entrada de nuevas variantes del virus, un estado
autonómico incapaz de vacunar de forma diligente y un Gobierno que es incapaz de comprar vacunas suficientes para los españoles.
En conclusión, resulta imperativo poner en marcha una serie de medidas que puedan contribuir a mejorar y acelerar la vacunación y que ésta se realice en óptimas condiciones de eficacia y seguridad. Es nuestro deber aprender de aquellos
países que están siendo más eficientes, y trasladar en lo posible modelos de éxito.
VOX es el único Grupo Parlamentario que está defendiendo públicamente el respeto a la libertad de vacunación, pero adicionalmente propugnamos que todos los españoles que quieran vacunarse han de hacerlo lo antes posible; y por ello se ha de
garantizar la eficacia de los esfuerzos sanitarios. Y es el Estado y, en particular, el Gobierno de España el que tiene la obligación de hacerlo realidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Movilizar al Ejército y a otros profesionales del sector privado. El personal sanitario de las Fuerzas Armadas y otros tipos de profesionales del sector privado, incluyendo odontólogos, y si se precisa, incluso veterinarios, han de
incorporarse e la Estrategia, previa la correspondiente formación, si fuere preciso.
2. Incorporar a las oficinas de farmacia a la Estrategia de Vacunación. Con la necesaria formación y, en su caso, con la supervisión de profesionales de la enfermería, se ampliarían exponencialmente los puntos de vacunación produciendo,
además, un efecto de 'cercanía' al paciente, tanto física como moral.
3. Utilizar recintos públicos para la vacunación masiva. Los polideportivos, recintos de congresos de titularidad pública, parques de atracciones y zoos podrían reconvertirse en sitios de vacunación 24/7, con un sistema de cita previa.
Hay que tener en cuenta que muchos de estos recintos tienen refrigeradores y sitio suficiente para poner carpas, tal y como se está ejecutando en países de nuestro entorno, como Alemania. Además, cabe utilizar centros escolares y universitarios,
así como utilizar la elasticidad de los hospitales, como se hizo en la primera oleada de la pandemia, mediante la instalación de carpas adyacentes. Asimismo, deben incorporarse puntos de vacunación móviles, especialmente en el ámbito rural.
4. Ampliar los horarios de vacunación con un plan objetivo para llegar al 'Vacunar 24 horas al día, 7 días a la semana'. Se incentivarían las horas extraordinarias fuera del horario habitual, o se contrataría personal que complete tales
turnos. La segunda opción: 12/7.
5. Aprovechar los huecos de personas que no acuden. Se debe implementar el diseño de una aplicación móvil para gestión de recuerdo de citas, posibilidad de cancelación por parte del usuario, citación de 2.ª dosis, etc. Debe establecerse
la posibilidad de cita online, y si alguien falla a la cita, debe crearse un sistema de reservas que permita notificar al 'suplente', e impedir así la pérdida o inutilización de cualquier dosis de la vacuna.
6. Emplear la capacidad hotelera no ocupada, si los espacios públicos no son adecuados o suficientes. Muchos de ellos tienen grandes refrigeradores y tienen ahora espacio de sobra.
7. Simplificar la burocracia del registro de vacunación. El registro de los datos de vacunación puede ser hecho por personal administrativo de otros sectores no esenciales, para que el personal sanitario no pierda tiempo.
8. Incentivar por productividad al personal adscrito a esta Estrategia. Abonar por realización de horas extraordinarias, si son necesarias, y no incentivar por cantidad de vacunas administradas.
9. Realizar una campaña de comunicación veraz, transparente y clara. Debe haber homogeneidad en la información, sin fisuras, ni contradicciones. Todas las Administraciones Públicas deben estar alineadas, desde Ayuntamientos al Gobierno
central.
10. Instaurar la transparencia en los datos de vacunación. Es fundamental tener un registro centralizado de personas vacunadas y su seguimiento en el tiempo, a fin de comprobar reinfecciones, grado de inmunidad, efectos adversos, etc. Sin
embargo, los datos que hagan públicos, tanto regionales como del Gobierno central tienen que ser en conjunto, desagregados y sin posibilidad de identificación individual, respetando la privacidad de los vacunados y los no vacunados.
11. Implementar un registro online de cita previa, a nivel nacional. Permitiría la vacunación de personas de unas Comunidades Autónomas en otras regiones limítrofes, cuando existiesen huecos disponibles. Es factible, toda vez que ya
existe una conexión similar para la receta electrónica.
12. Implicar al sector privado en la logística y en la vacunación, evitando conflictos de intereses. Para ello se deberá contar con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) así como con la Alianza de la Sanidad
Privada Española (ASPE) y, para la logística, contar con hoteles, cadenas de supermercados con congeladores, camiones congeladores y empresas de alimentación.
13. Aprobación rápida de vacunas, manteniendo la calidad de la evaluación por las agencias, pero disminuyendo la burocracia. Las vacunas han de autorizarse sólo cuando haya garantías de eficacia y seguridad, pero deben minimizarse y
agilizar todos los retrasos que obedezcan a razones exclusivamente burocráticas.
14. Incorporar a voluntarios, preferiblemente sanitarios jubilados, previo curso de formación. Si no fuese posible por escasez de personal, debe incorporarse a voluntarios formados a tal efecto. Todos ellos gozarán de unas condiciones de
trabajo establecidas con las debidas garantías de seguridad, tanto para quienes administran las vacunas, como para quienes las reciben.
15. Acudir y pujar de forma más agresiva en los mercados internacionales de vacunas y de mercados de materiales necesarios para la vacunación, permitiendo las compras directas por el sector privado. El Gobierno debe ser más ambicioso y
dejar de estar sometido a la Estrategia europea, negociando con las farmacéuticas y empresas de productos sanitarios y biotecnológicas, si bien el sector privado ha de implicarse en la logística y la vacunación. Creemos que esta estrategia pasa
necesariamente por una colaboración público-privada, implicando a todos los agentes que proporcionan servicios sanitarios.
16. Vacunar a domicilio, en casos concretos e imprescindibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2021.-Juan Luis Steegmann Olmedillas, Ignacio Garriga Vaz de Concicao, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Antonio Salvá Verd y Mercedes Jara Moreno, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el presente y futuro del sistema
alimentario español, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El sector agroalimentario español es, con un valor añadido bruto superior a los 100.000 millones de euros, con más del 11 % del PIB nacional y más de dos millones y medio de puestos de trabajo, un sector estratégico para la economía
nacional.
Entre los datos del sector también destaca que, en la actualidad, las exportaciones agroalimentarias suponen el 17,7 % del conjunto de la economía nacional, siendo el segundo sector con mayor exportación, sólo por detrás de los bienes de
equipo, y el cuarto mayor exportador de los países de la UE.
Este valor estratégico se ha hecho aún más visible en los momentos de crisis. Entre los años 2008 y 2012 demostró su resistencia y su potencial, con un crecimiento sostenido de las exportaciones que contribuyó a la recuperación y a crear
riqueza en todo el país, muy especialmente en el ámbito rural. Durante la crisis sanitaria de la COVID-19, ha demostrado, también, el compromiso y la capacidad de adaptación en todos los eslabones de la cadena, asegurando el suministro y la
autonomía alimentaria.
El sector alimentario español tiene el valor añadido que proporcionan nuestros alimentos, amparados en marchamos de calidad y de seguridad, y el reconocimiento internacional de nuestra gastronomía. Además, es reconocida su aportación a la
fijación y creación de empleo en las zonas rurales, contribuyendo a la lucha contra la despoblación.
En definitiva, como sector estratégico que es, el sector agroalimentario merece una atención prioritaria.
Sin embargo, pese a la importancia de las exportaciones del sector para la balanza comercial, haber demostrado una elevada productividad y competitividad, y su contribución social, el sector agroalimentario está perdiendo peso en el conjunto
de la economía española y se enfrenta a nuevos retos y dificultades.
El futuro modelo de la Política Agraria Común (PAC) después de 2020 y la apertura de un nuevo periodo presupuestario de la UE, van a marcar el destino del sector en los próximos años. La PAC ha sido el principal instrumento del que se ha
dotado la Unión Europea para garantizar la rentabilidad de las explotaciones, la estabilidad de las rentas de agricultores y ganaderos y asegurar la autonomía alimentaria de los ciudadanos europeos, lo que respalda la idea de que las ayudas europeas
suponen un beneficio para el conjunto de la sociedad, no solo para los agricultores.
En este sentido, preocupa la incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos económicos, la implantación del Plan Estratégico Nacional o las medidas que van a orientar el modelo productivo de alimentos en el futuro. A esto se une la
difícil situación estratégica de comercio internacional que está generando serios problemas en el sector. Sigue pendiente un impulso definitivo a la modernización y digitalización que impulsaría la competitividad del sector. Tampoco se han
solucionado los desequilibrios en el mercado interior y la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.
Por esto motivos, para apoyar al sistema alimentario español, desde el Grupo Parlamentario Popular apostamos por una PAC que garantice la seguridad y autonomía alimentarias y salvaguarde el potencial productivo del sector alimentario,
dotándolo de los instrumentos adecuados para mejorar su resiliencia y el funcionamiento de los mercados en previsión de posibles distorsiones futuras en el comercio mundial.
La suficiencia y la calidad de los alimentos europeos deben ser principios ineludibles. Cualquier cambio de modelo debe ir acompañado de los necesarios estudios de impacto económico, social y ambiental para garantizar una PAC equilibrada
que ayude a la estabilidad, modernidad y progreso de nuestro sector agroalimentario en todo el territorio, adaptándose a las ricas y diversas circunstancias productivas de cada rincón de España.
En este sentido, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Comprometer los fondos específicos para la PAC en el periodo 2021-2027, siempre por encima de los del periodo 2014/2020 y, en su caso, incrementarlos proporcionalmente, si de la negociación se derivan nuevas exigencias de gasto,
asumiendo, en su caso, desde el Gobierno, el incremento de la cofinanciación que deben aportar las Comunidades Autónomas.
2. Aplicar rigor y transparencia en el diseño del modelo del futuro Plan Estratégico Nacional, que deberá ser elaborado con el consenso necesario y beneficiar al sector en todo el territorio nacional.
3. Compatibilizar el acceso a diferentes fondos, para permitir al sector acceder a los del Programa Nacional de Reconstrucción y Resiliencia dentro del Next Generation EU y a aquellos fondos europeos del MFP previstos para cumplir con las
exigencias en materia de promoción de la investigación, la innovación, la competitividad de las empresas y pymes, la transformación digital, la contribución al valor añadido y a la creación de empleo y la transición ecológica, para facilitar la
lucha contra el cambio climático.
4. Definir un concepto de agricultor genuino vinculado a la producción y la actividad agraria, dedicado a la producción de alimentos, con orientación de mercado, apoyando a los pequeños productores y su papel en el mantenimiento de la
actividad económica en el medio rural y en la lucha contra la despoblación.
5. Promover, entre las medidas de la PAC, la participación activa de las mujeres en las políticas para el sector agrario, otorgando un mayor protagonismo al papel de la mujer en el desarrollo de la agricultura y el medio rural, impulsando
las actuaciones que faciliten su incorporación a la actividad agraria, su inserción laboral y su emprendimiento empresarial en cualquier sector productivo y en igualdad de condiciones con los varones.
6. Facilitar, con medidas de la PAC, el acceso de los jóvenes a la actividad agroganadera y el avance en la profesionalización del sector productor, haciendo atractiva su incorporación, asegurando la estabilidad, la innovación permanente y
el impulso de proyectos basados en una visión integral de la cadena alimentaria.
7. Apoyar el cooperativismo como uno de los mejores mecanismos para optimizar los costes de producción de las explotaciones y otorgar a las cooperativas una mayor fortaleza en la negociación ante los operadores de la cadena alimentaria,
para la mejora de la capacidad comercializadora del sector primario.
8. Impulsar la formación agraria y alimentaria en todos sus niveles y el asesoramiento permanente.
9. Promover la investigación agroalimentaria, la bioeconomía, la mecanización y digitalización del sector, la agricultura de precisión, la internacionalización de las empresas y el acceso a nuevos mercados, para estar a la vanguardia ante
unos mercados cada vez más cambiantes y exigentes.
10, Garantizar la estabilidad de las rentas de agricultores y ganaderos y en consecuencia la suficiencia alimentaria, diseñando una reserva de crisis suficientemente dotada, promoviendo instrumentos eficaces para la gestión de riesgos, y
creando un adecuado sistema de seguros de rentas.
11. Asegurar el futuro de todos los agentes del sistema alimentario, mejorando los mecanismos que den seguridad al funcionamiento de los mercados, incluida la propuesta de reglamento de la OCM única, reforzando las ayudas al almacenamiento
privado, aumentando el precio desencadenante de los mecanismos de regulación y mejorando los importes de dichas ayudas, así como revisar y mejora sustancialmente el sistema de regulación del mercado y las ayudas y apoyos específicos a las
organizaciones de productores.
12. Promover, con los mecanismos de la PAC, un mejor funcionamiento de la cadena de suministro alimentario que facilite la generación de valor a lo largo de la misma, su reparto entre los operadores que la componen, y una mayor
transparencia en la formación y negociación de precios, de tal forma que todos los intervinientes en la cadena, especialmente los agricultores y ganaderos, obtengan una justa retribución que compense sus costes operativos y de producción, apoyando
las inversiones destinadas a mejorar las estructuras de producción y comercialización en origen.
13. Impulsar de forma inmediata la digitalización y conectividad del medio rural, que permita a agricultores, empresas e industrias del sector agroalimentario aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales para ganar
competitividad, utilizando los recientes fondos europeos destinados a tal efecto.
14. Avanzar en la mejora de la información al consumidor, para contribuir a valorar el trabajo de los productos y la alta calidad y seguridad de los alimentos que se ponen a su disposición, reforzando para ello la transparencia sobre las
características y cualidades de los alimentos, y sobre su procedencia.
15. Reconocer y valorar el papel que siempre han desempeñado los agricultores y ganaderos en la protección del medio ambiente y la prevención del cambio climático, asegurando que el porcentaje vinculado a los denominados Ecoesquemas no
supere en ningún caso el 20 %.
16. Apoyar de manera progresiva, técnica y económicamente, un aumento de la competitividad y rentabilidad del sector alimentario, en el seno del Pacto Verde y de todas las Estrategias asociadas, que deberán disponer de un análisis detallado
del impacto que sus medidas pueden producir en todo el Sistema Alimentario Español, evitando que nuestro actual sistema productivo suponga pérdida de poder adquisitivo para los productores, que la adaptación a las demandas de los consumidores no
impacten negativamente en ninguno de los eslabones de la cadena alimentaria, impidiendo así mismo que exista impacto negativo en los mercados e impulsando nuevas actividades económicas en el medio rural, que puedan servir de mecanismo de lucha
contra la despoblación.
17. Conocer previamente las evaluaciones de impacto social, económico y ambiental en relación con las Estrategias ya presentadas De la Granja a la Mesa y Biodiversidad, planteando una estrategia en la que los operadores del sector
agroalimentario español no pierdan competitividad respecto a sus competidores internacionales en el cumplimiento de dichos objetivos.
18. Mejorar la productividad en el cumplimiento y respeto de las nuevas exigencias medioambientales, reduciendo la huella hídrica y el consumo de agua.
a) Realizar las inversiones en modernización de regadíos en todo el territorio nacional, a fin de lograr reducir la huella hídrica y obtener la máxima eficiencia en el uso del agua para regadío.
b) Continuar con las inversiones para implantar nuevos regadíos donde haya disponibilidades hídricas para asentar población en el medio rural, asegurando la actividad económica en esas zonas.
c) Desarrollar una política hidráulica de adaptación al cambio climático que incremente la capacidad de almacenamiento, la reutilización y la eficiencia del aprovechamiento del agua mediante la ejecución de las actuaciones contempladas en
los Planes Hidrológicos de Cuenca.
19. Fomentar, de forma activa, la internacionalización de las empresas alimentarias españolas, así como adquirir un mayor compromiso en la negociación de los aranceles y una atención especial a las negociaciones sobre la aplicación del
Brexit.
20. Efectuar un mayor control de fronteras exteriores en el ámbito agroalimentario, de modo que, garantizando a los consumidores europeos una alimentación segura y de calidad, se evite tanto la
distorsión en el mercado único como los perjuicios a los productores europeos por una competencia desleal de los productores de terceros países. Para ello:
a) se evaluarán los aspectos sociales, económicos, ambientales y sanitarios de todos los acuerdos comerciales en su conjunto, a fin de adoptar las medidas que sean necesarias para evitar perjuicio a los productores comunitarios que cumplen
con mayores requerimientos.
b) se llevará a cabo un seguimiento continuo del comportamiento del mercado y de la evolución de la comercialización de los principales sectores agrarios que se vean afectados por acuerdos comerciales con terceros países.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2021.-Milagros Marcos Ortega y Marta González Vázquez, Diputadas.-Concepción Gamarra-Ruiz Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de derogación de
la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El 27 de noviembre de 2020 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 'Informe de Evaluación de Reforma del Pacto de Toledo'. Su Recomendación 2, relativa al 'mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones', después de
señalar que los pensionistas son uno de los sectores de población más perjudicados por las variaciones, generalmente al alza, que la inflación ocasiona en el coste de la vida, justifica la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real
por considerar que es el mecanismo que más se ajusta a conservar el poder adquisitivo de las pensiones. Y ello, tras la constatación que el actual índice de revalorización 'no goza del suficiente consenso político y social'.
El actual índice de revalorización de las pensiones recogido en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, trae su causa de la Ley 23/2013, de 23
de diciembre, reguladora, además, del factor de sostenibilidad. Esta Ley, aprobada al margen del diálogo social y fuera del marco del Pacto de Toledo, con la introducción de esta doble formulación, factor de sostenibilidad e índice de
revalorización de las pensiones, recorta desde el inicio la cuantía de las pensiones y sanciona para siempre la pérdida de su poder adquisitivo, dado el magro incremento de un 0,25 % de incremento, con independencia de si se trata de pensiones
contributivas, de pensiones mínimas o no contributivas.
La Ley prescinde del IPC real como índice de revalorización y recorta drásticamente la cuantía de las pensiones mediante la configuración de dos mecanismos de ajuste que se aplican simultáneamente, uno en la determinación de la cuantía
inicial de las pensiones, vinculando esperanza de vida al importe de la pensión de jubilación, y otro anualmente en su revalorización. Se trata de mecanismos de corrección inmediata, de aplicación automática, en atención a unas variables muy
precisas, que constriñen el margen de decisión en un ámbito que, como el de las pensiones, se encuentra presidido por principios de equidad y solidaridad intergeneracional que pueden demandar en un futuro, en función de las circunstancias
socioeconómicas, una mayor dedicación de recursos a la financiación de las pensiones.
En la configuración de ambos factores esta Ley se aparta, por primera vez en nuestra historia democrática, de la atención que exige el garantizar el derecho a una pensión adecuada, de cuantía económica suficiente, como colofón debido a la
dignidad de la persona (art. 10.1 de la Constitución), e ignora que nuestro sistema público de pensiones es un sistema de reparto, con transferencias de rentas entre generaciones, que ha funcionado aportando garantía a la estabilidad presupuestaria
en el largo plazo a la par que ofrecía pensiones suficientes.
La fuerte contestación política y social de la Ley 23/2013 provocó que la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018 suspendiera la aplicación del factor de sostenibilidad, prevista para 2019, a una fecha que no podía ser
posterior al 1 de enero de 2023, y ello después de prever que su aplicación se llevaría a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcanzara un acuerdo acerca de la aplicación de
las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esta Ley de Presupuestos también suspendió el Índice de Revalorización de las Pensiones pues estableció que las pensiones se incrementarían un 1,6 %. Situación de suspensión que
se ha ido produciendo año tras año hasta la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que dispone una revalorización de las pensiones del 0,9 % para las pensiones contributivas y de 1,8 % para las
pensiones no contributivas, lo que supone una derogación de facto de dicho índice.
Las pensiones una vez que se originan deben mantener su poder de compra con un índice que garantice su suficiencia. Es la forma de dar seguridad y confianza a las personas que se jubilan y al resto de la ciudadanía. Por eso la Constitución
es tan expresa en esta materia en su artículo 50 al declarar que 'los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente a actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.'
Es necesaria por tanto una normativa que no genere incertidumbre sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que se adecúe a las Recomendaciones del Pacto de Toledo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de conformidad con las Recomendaciones del Pacto de Toledo, recientemente aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, estudie en la mesa del diálogo social la derogación de la
Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, y la implantación de la revalorización de las pensiones en función del Índice de Precios al
Consumo, con propuesta de modificación del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2021.-María Merce Perea i Conillas, María Olga Alonso Suárez, Javier Antón Cacho, Eva Bravo Barco, Rafaela Crespín Rubio, José Carlos Durán Peralta, Fuensanta Lima Cid, Gema López Somoza,
María Dolores Narváez Bandera, María Inmaculada Oria López, Ana Prieto Nieto y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar las
medidas pertinentes para que los autónomos que se han visto obligados a teletrabajar puedan deducirse fiscalmente los gastos de suministros derivados del ejercicio de su actividad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Es indudable que una de las consecuencias directas de la pandemia ha sido el teletrabajo. Según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, desde que se declaró el estado de alarma en marzo, han teletrabajado el 34 % de los empleados
cuando antes de la pandemia sólo teletrabajaba el 5 % de la población activa.
Este hecho ha puesto sobre la mesa de debate los llamados gastos del teletrabajo. A día de hoy, las empresas cuyos trabajadores -contratados por cuenta ajena- ejercen su actividad laboral desde su
domicilio pueden deducirse los gastos derivados de ese teletrabajo, sin embargo, con lo autónomos no ocurre lo mismo.
Los autónomos que se han visto obligados a cerrar su negocio por orden administrativa o quienes en lugar de ir a la oficina o lugar habitual de trabajo han tenido que trabajar desde su domicilio por recomendaciones sanitarias, o por
cuestiones de conciliación, no pueden deducirse los gastos adicionales que esta circunstancia les ha generado. Es decir, aquellos autónomos que se han visto obligados a teletrabajar a causa de la COVID-19, no podrán deducirse los gastos extra de
suministros, como agua, gas, electricidad, telefonía, internet etc., sino que deberán asumir íntegramente dichos gastos. Así lo ha establecido la Dirección General de Tributos en respuesta a la consulta vinculante efectuada por una trabajadora por
cuenta propia.
La normativa actual, permite a los trabajadores autónomos que trabajen desde su casa deducirse hasta el 30 % de los gastos del hogar, siempre y cuando la vivienda conste como afecta a la actividad y así se haya comunicado a Hacienda. Sin
embargo, dado que nos encontramos en una situación de excepcional, de restricciones y de confinamiento, numerosos trabajadores autónomos que habitualmente trabajan fuera de su hogar se han visto obligados a trabajar en casa, a pesar de no constar su
vivienda como afecta a la actividad, con el consiguiente perjuicio económico.
El teletrabajo ha sido fundamental para mantener la actividad no sólo de empresas, sino también de numerosos trabajadores autónomos de nuestro país que han visto en esta forma de trabajar la única vía para poder conciliar su vida laboral con
la familiar desde el pasado mes de marzo de 2020. El teletrabajo fue imprescindible, por ejemplo, cuando se cerraron los colegios por la crisis sanitaria, circunstancia que hizo que las familias tuvieran que reorganizarse de la noche a la mañana, o
en momentos de confinamiento o cuarentena. No es justo que a los trabajadores autónomos se les penalice por teletrabajar cuando lo que se debe hacer desde el Gobierno es apoyar e incentivar el trabajo a distancia para facilitar tanto la
reactivación de la economía como la conciliación laboral.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que esta resolución de la Dirección General de Tributos que prohíbe la deducción de los gastos extra de suministros (correspondientes a la actividad) a los autónomos que se han visto obligados
a teletrabajar es injusta y que debe rectificarse.
El colectivo de los trabajadores autónomos es el gran olvidado del Gobierno a pesar de ser uno de los grandes afectados por la crisis sanitaria. Ante un Gobierno ausente, es nuestra responsabilidad continuar apoyando -como siempre hemos
hecho- a uno de los colectivos más golpeados por los efectos económicos de la pandemia y seguiremos trabajando para allanarles el camino frente a un Gobierno que sólo les pone trabas. Hablar de autónomos es hablar de un colectivo que genera riqueza
y empleo en España, ya que crean más de cuatro millones de puestos de trabajo de manera directa o indirecta y no se les puede dejar en la cuneta.
Desde el Grupo Parlamentario Popular reafirmamos nuestro compromiso con este colectivo y reconocemos su imprescindible función en la política económica y social de nuestro país. Tenemos claro que el presente y el futuro de España pasa por
apoyar a los emprendedores y de manera particular a los autónomos. Apoyar a los autónomos es apoyar la creación de empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes a fin de que:
- Los trabajadores autónomos que se hayan visto obligados a cerrar su negocio por orden administrativa o que por recomendaciones sanitarias derivadas de la pandemia hayan ejercido o estén ejerciendo su actividad en su domicilio
-teletrabajando- puedan deducirse fiscalmente los gastos de suministros derivados del ejercicio de su actividad.
- Estos gastos extraordinarios en suministros ocasionados por trabajar desde casa, serán deducibles sin necesidad de que la vivienda se encuentre parcialmente afecta a la actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar un Plan integral de actuaciones educativas
específicas en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El artículo 23 de la Constitución Española establece que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. A su vez, el artículo 27 garantiza el derecho de todos a la
educación y obliga a los poderes públicos a articular la participación efectiva de los sectores afectados en la programación general del sistema educativo.
Una de las herramientas contempladas en Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, para garantizar el derecho a la participación en la programación general del sistema educativo es el Consejo Escolar del
Estado. La legislación lo define como el órgano de ámbito nacional que tiene como finalidad articular institucionalmente la participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanza y le atribuye la competencia, entre
otras, de asesoramiento respecto de los proyectos de ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno de España. Además, atendiendo a las características de nuestro modelo territorial, la Ley 8/1985 exige a cada comunidad
autónoma la creación de un Consejo Escolar en cada autonomía, cuya composición y funciones serán reguladas por Ley de cada comunidad autónoma.
En la actualidad, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, donde la gestión de la competencia educativa es responsabilidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la creación de los Consejos Escolares sigue siendo una tarea
pendiente. A pesar de las distintas peticiones realizadas hasta la fecha por la comunidad educativa presente en estas regiones, los distintos ministros con competencias en el ámbito educativo han ignorado hasta la fecha esta reivindicación.
En distintas ocasiones, el Consejo Escolar del Estado se ha referido a esta situación, achacando a la falta de voluntad política la inexistencia de este órgano en ambas ciudades, que debería garantizar el derecho a participación de la
comunidad educativa de Ceuta y Melilla en la programación del sistema educativo. A su vez, el Consejo Escolar del Estado ha instado al Gobierno de España a ponerlo en marcha cuanto antes.
Por otra parte, el Informe 2020 sobre el estado del sistema educativo para el año 2019, en lo relativo a la situación en Ceuta y Melilla, presenta cifras estremecedoras en cuanto al rendimiento del alumnado de estas ciudades. Según el
informe elaborado por el Consejo de Estado, ambas regiones soportan unos porcentajes de abandono escolar temprano superiores al 24 %, muy por encima de la media de las comunidades autónomas. En lo que respecta a los datos sobre repetición de curso
entre el alumnado que cursa estudios obligatorios, el alumnado de Ceuta y Melilla también obtiene peores resultados que la media de España en este indicador.
A su vez, el alumnado de ambas ciudades obtuvo la peor puntuación de entre todas las regiones de España en los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumno (PISA).
La responsabilidad directa que tiene el Ministerio de Educación y Formación Profesional en lo que respecta a la gestión del sistema educativo de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, obligan a este Departamento a adoptar las medidas
necesarias para garantizar el derecho a la participación que asiste a los miembros de la comunidad educativa en la programación del sistema educativo. Además, la desastrosa situación del sistema educativo en ambas regiones, que queda atestiguada
con los datos expuestos anteriormente, pone de manifiesto la necesidad de impulsar medidas con carácter urgente en el ámbito educativo con el objetivo de no comprometer el futuro de los más pequeños en estas localizaciones y garantizar el principio
de igualdad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Crear los Consejos Escolares de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, respectivamente, con el objetivo de garantizar el derecho a la participación de los miembros de la comunidad educativa en estas regiones.
2. Impulsar un Plan integral de actuaciones educativas específicas en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con el objetivo de equiparar sus recursos y resultados educativos a los del resto de Comunidades Autónomas en el plazo de 5
años. En concreto, el Ejecutivo deberá desarrollar las medidas siguientes:
a) Aumentar la oferta de plazas gratuitas en los dos ciclos de la etapa de Educación Infantil.
b) Aumentar el número de plazas gratuitas y de profesores que trabajan en los centros sostenidos con fondos públicos en la etapa de Educación Primaria.
c) Desarrollar cuantas medidas se consideren oportunas para garantizar que todo el alumnado finaliza el segundo curso de Educación Primaria alcanzando los objetivos previstos para el ciclo en materia de comprensión lectora y matemáticas.
d) Aumentar el número de plazas gratuitas y de profesores que trabajan en los centros sostenidos con fondos públicos en la etapa de Educación Secundaria.
3. Evaluar el impacto del Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento Educativo (PROA+) en el rendimiento del alumnado de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000013
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que sel indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa Legislativa Popular
Autor: Don Alejandro Escribano Sanmartin y otros.
Proposición de Ley sobre dación en pago.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín Oficial de la
Cortes Generales, conforme a los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PREMIOS
292/000014
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de 2 de febrero de 2021, ha acordado aprobar la convocatoria de la III Edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario, de acuerdo con las bases que figuran a continuación:
El Congreso de los Diputados convoca la III edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario, tanto audiovisual como gráfico y escrito. El Premio tiene como objetivo ayudar a fortalecer la imagen del Congreso y de los
miembros de la Cámara, así como fomentar la defensa de los valores de los derechos y libertades que los propios parlamentarios representan y defienden cada día en su acción política desde el Parlamento, y al mismo tiempo honrar la memoria de la
primera mujer que se dedicó profesionalmente de forma exclusiva al periodismo.
La convocatoria se hace con arreglo a las siguientes Bases:
Primera. El Premio 'Josefina Carabias' está dotado con 6.000 y un obsequio institucional.
Segunda. Podrán ser propuestos para el Premio los profesionales de la información o los medios de comunicación que hayan destacado por llevar a cabo una brillante narración del trabajo parlamentario o de la defensa de los derechos y
libertades desde el Congreso, bien a lo largo de su trayectoria, bien en alguno de sus trabajos.
Tercera. En la concesión del Premio se tendrá en cuenta su labor en pro de la democracia y de la pluralidad informativa. Su obra podrá haberse publicado en prensa escrita o digital, radio o televisión de todo el territorio nacional, en
castellano o en cualquier otra lengua cooficial en las Comunidades Autónomas de España.
Cuarta. El Premio en metálico estará sujeto a la normativa fiscal vigente en el momento de su entrega.
Quinta. Los candidatos al Premio deberán ser propuestos por asociaciones de periodistas, grupos parlamentarios o entidades reconocidas por su labor social y política en defensa de la democracia y de los derechos humanos. El plazo de
presentación de propuestas finalizará el día 31 de mayo de 2021.
Sexta. El Premio será otorgado por la Mesa del Congreso de los Diputados a propuesta de un jurado integrado por su Presidenta, que lo presidirá, cuatro miembros de la Mesa de la Cámara, la ganadora del Premio en su segunda edición, la
Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Parlamentarios o miembro de la Junta Directiva en quien delegue, la Directora de Comunicación de la Presidencia del Congreso de los Diputados y la Directora de Comunicación de la
Secretaría General del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretaria.
Séptima. El jurado resolverá cuantas cuestiones surjan en el proceso de concesión del Premio. Podrá proponer, asimismo, que se declare desierto. En todo caso, sus decisiones no serán susceptibles de recurso alguno.
Octava. Las propuestas de candidatos se enviarán por correo certificado o se entregarán en la Secretaría de la Dirección de Comunicación (calle de Floridablanca s/n, Edificio Ampliación II, planta baja, Congreso de los Diputados, 28071
Madrid), en horario de 10 a 14 horas, de lunes a viernes, con la identificación del candidato (nombre, domicilio y teléfono). En el sobre se hará constar 'Premio Josefina Carabias'.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de 2 de febrero de 2021, ha acordado que el Jurado de la III Edición del Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario esté integrado por las siguientes personas:
- Excma. Sra. D.ª Meritxell Batet Lamaña, Presidenta, que lo presidirá.
- Excmo. Sr. D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Vicepresidente Primero.
- Excma. Sra. D.ª Ana María Pastor Julián, Vicepresidenta Segunda.
- Excma. Sra. D.ª María Gloria Elizo Serrano, Vicepresidenta Tercera.
- Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Vicepresidente Cuarto.
- Sra. D.ª Anabel Díez, ganadora del Premio en su segunda edición.
- Sra. D.ª Elisenda Guardino Cusó, Directora de Comunicación de la Presidencia del Congreso de los Diputados.
- Ilma. Sra. D.ª María Rosario Rodríguez García, Directora de Comunicación de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretaria del Jurado.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.