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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 116, de 31/10/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 116
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 111
celebrada el miércoles, 31 de octubre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
- Real Decreto-ley 14/2001, de 28 de septiembre, por el que se
establece el régimen del reaseguro por cuenta del Estado de los
riesgos de guerra y terrorismo que puedan afectar a la navegación
aérea («BOE» núm. 234, de 29 de septiembre de 2001). (Número de
expediente 130/000023.) . . . (Página 5643)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, núm. 21-1, de 1 de diciembre de
2000. (Número de expediente 121/000021.) . . . (Página 5649)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica de Universidades. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, núm. 45-1, de 31 de julio de 2001. (Número de
expediente 121/000045.) . . . (Página 5651)
Votación de conjunto . . . (Página 5701)
Preguntas . . . (Página 5701)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Gobierno
en política de empleo y soluciones que contempla a las graves
carencias y anomalías que se observan en nuestro mercado laboral.
(Número de expediente 172/000125.) . . . (Página 5725)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de
siniestralidad laboral. (Número de expediente 172/000126.) . . .
(Página 5731)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación actual y
perspectiva de futuro de la construcción naval pública en el Estado
español. (Número de expediente 172/000127.) . . . (Página 5736)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página 5643)
Real Decreto-ley 14/2001, de 28 de septiembre, por el que se
establece el régimen del reaseguro por cuenta del Estado de los
riesgos de guerra y terrorismo que puedan afectar a la navegación
aérea . . . (Página 5643)
En nombre del Gobierno, presenta el Real Decreto-ley el señor
vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y
ministro de Economía (De Rato y Figaredo). Califica al Real Decreto-
ley como una de las primeras y más importantes consecuencias de los
acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York, que han supuesto
una transformación en varios mercados mundiales, entre ellos el
mercado del seguro y el reaseguro de las terceras personas no
pasajeros en accidentes aéreos provocados por guerras o terrorismo,
que es el objeto de la norma que hoy trae a la Cámara. Señala que las
compañías aéreas se enfrentan por un lado a una disminución de la
demanda, sobre todo en vuelos de gran distancia y a destinos
concretos, y a un cambio en los costes derivados del reaseguro.
Agrega que en el caso europeo la Comisión ha considerado necesario
que los Estados miembros se hagan cargo transitoriamente de esta
cobertura, de manera que no se trata de establecer una solución
permanente que sustituya al mercado y a los acuerdos entre compañías
mercantiles, sino de solucionar un problema momentáneo durante
el plazo de 30 días, prorrogable por otros sucesivos de la misma
duración, de los que tendrá informada a la Cámara. La administración
del régimen de reaseguro se encomienda al Consorcio de Compensación
de Seguros, que gestionará los recursos correspondientes. Termina
justificando la urgencia del Real Decretoley en el hecho de que, sin
el mismo, el transporte aéreo se hubiera paralizado el 24 de
septiembre y, en segundo lugar, en el acuerdo de la Unión Europea
como consecuencia de las disminuciones del mercado en los días
siguientes al 11 de septiembre y a la vista de las ayudas públicas
arbitradas por otros países como Estados Unidos y Suiza para sus
compañías aéreas, que indudablemente podrían suponer una competencia
desleal.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentariode Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torme
Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley
por 273 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
Enmiendas del Senado . . . (Página 5649)
Proyecto de Ley Orgánica reguladora delderecho de petición . . .
(Página 5649)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka
Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López (don
Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Romeu i Martí, del Grupo Parlamentario Socialista, y Belda Pérez-
Pedrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación, son aprobadas las enmiendas del Senado al
proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición por 260
votos a favor.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 5651)
Proyecto de Ley Orgánica de universidades . . . (Página 5651)
La señora presidenta informa que, de acuerdo con la ordenación del
debate, las enmiendas mantenidas al dictamen de la Comisión se
debatirán en tres bloques sucesivos.
En defensa de las enmiendas al primero de los bloques, título
preliminar, títulos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII y XIII y
las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales,
intervienen los señores Rodríguez Sánchez y Núñez Castain, del Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria; el señor González de Txabarri Miranda, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Castro Fonseca, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno en contra de las enmiendas al primer bloque interviene, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor
Guerra Zunzunegui.
En defensa de las enmiendas presentadas al segundo bloque, título
III, del Gobierno y representación de las universidades, intervienen
el señor Puigcercós i Boixassa y la señora Lasagabaster Olazábal, del
Grupo Parlamentario Mixto; el señor González de Txabarri Miranda, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Castro Fonseca, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores
Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ollero
Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Defienden las enmiendas presentadas al tercer bloque, título IX, del
profesorado, los señores Saura Laporta y Labordeta Subías, del Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria; el señor González de Txabarri Miranda; la
señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; el señor Guardans i Cambó; la señora Chacón Piqueras, del
Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ollero Tassara, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.
Se procede a las votaciones de las enmiendas de los distintos grupos
parlamentarios que afectan a los tres bloques en los que se ha
dividido el debate del proyecto de ley.
A continuación se procede a la votación del dictamen de la Comisión
siguiendo el orden establecido en el debate.
En primer lugar se vota el texto del dictamen del título preliminar,
de los títulos I, II, IV, , VI, VII, VIII, X, XI, XII y XIII y de las
disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
En segundo lugar se vota el texto del dictamen del título III.
En tercer lugar se vota el texto del dictamen del título IX.
Y finalmente se vota el texto del dictamen de la exposición de
motivos.
Votaciones de conjunto . . . (Página 5701)
Sometido a votación final de conjunto el texto del dictamen de la
Comisión del proyecto de ley orgánica de universidades, por su
carácter orgánico, se aprueba por 197 votos a favor y 129 en contra.
Sometido asimismo a votación final de conjunto el texto del dictamen
del proyecto de ley reguladora del derecho a petición, por su
carácter orgánico, se aprueba por 324 votos a favor.
Preguntas . . . (Página 5701)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿En qué piensa el Gobierno replantear su posición ante los
efectos en la población civil de los bombardeos en Afganistán?
(Número de expediente 180/000939) . . . (Página 5701)
Del Diputado don Gabriel Cisneros Laborda, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree el Gobierno
que en las últimas semanas se han producido avances sustanciales en
la lucha contra el terrorismo en todo el mundo? (Número de expediente
180/000917) . . . (Página 5702)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Cuáles son las razones por las que el
Gobierno mantiene una reforma de la Universidad que ha provocado un
amplio rechazo social? (Número de expediente 180/000930) . . .
(Página 5703)
Del Diputado don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto,
que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno para
Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Qué opinión tiene el
Ministro de Economía sobre las posibles incompatibilidades de las
actividades empresariales de un miembro del Gobierno con el desempeño
de sus responsabilidades políticas? (Número de expediente 180/000916)
. . . (Página 5704)
Del Diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones
está llevando a cabo el Gobierno para sensibilizar a las poblaciones
más vulnerables ante la llegada del euro? (Número de expediente 180/
000918) . . . (Página 5705)
Del Diputado don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Ha actuado
el Sr. Ministro conforme a la Ley de Incompatibilidades en sus
declaraciones de actividades y bienes? (Número de expediente 180/
000931) . . . (Página 5706)
De la Diputada doña María Teresa Costa Campi, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Con qué
criterios elige el Ministro de Economía a sus colaboradores más
directos? (Número de expediente 180/000932) . . . (Página 5707)
Del Diputado don Ángel Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Cuáles son
los criterios que utiliza el Ministerio de Economía para otorgar
subvenciones a empresas privadas? (Número de expediente 180/000933) .
. . (Página 5708)
Del Diputado don Juan Fernando López Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Cómo valora
el Sr. Ministro de Economía la evolución del sector turístico?
(Número de expediente 180/000934) . . . (Página 5710)
Del Diputado don Germà Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Ha tomado
alguna medida el Ministro de Economía para evitar el blanqueo de
dinero a través de entidades financieras que operan en nuestro país y
mantienen sucursales en los llamados paraísos fiscales? (Número de
expediente 180/000935) . . . (Página 5711)
De la Diputada doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y
Ministro de Economía: ¿Ha tomado alguna medida el Ministro de
Economía sobre las entidades bancarias que operan en nuestro país,
que mantienen cuentas de clientes secretas y opacas al Banco de
España y a la Agencia Tributaria? (Número de expediente 180/000936) .
. . (Página 5713)
Del Diputado don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el
Gobierno la evolución de las privatizaciones de empresas públicas que
se están llevando a cabo en la actual Legislatura? (Número de
expediente 180/000922) . . . (Página 5714)
De la Diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones
tiene el Gobierno para el curso 2001-2002 en materia de ayudas al
estudio? (Número de expediente 180/000920) . . . (Página 5715)
Del Diputado don Joxe Joan González de Txabarri Miranda, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿En qué basa
el Gobierno su acusación de que el Partido Nacionalista Vasco ha
presionado al Gobierno mejicano del Presidente Fox, en relación a la
extradición de miembros de ETA residentes en la República de Méjico?
(Número de expediente 180/000914) . . . (Página 5716)
De la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
información tiene el Gobiernoen relación a los españoles
desaparecidos en Nueva York en el incendio de las Torres Gemelas?
(Número de expediente 180/000923) . . . (Página 5717)
Del Diputado don Roberto Soravilla Fernández, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Gobierno de las conclusiones de la Conferencia Mundial Contra el
Racismo patrocinada por la ONU, celebrada en Durban? (Número de
expediente 180/000924) . . . (Página 5718)
Del Diputado don Carlos Núñez León, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la valoración que
hace el Gobierno de los resultados obtenidos en las primeras
elecciones democráticas celebradas en el Timor oriental? (Número de
expediente 180/000926) . . . (Página 5719)
Del Diputado don Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede informar el
Ministerio de Ciencia y Tecnología acerca de las líneas básicas del
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, sobre límites a las
emisiones radioeléctricas? (Número de expediente 180/000925) . . .
(Página 5720)
De la Diputada doña Antonia Febrer Santandreu, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actividades va a realizar el Ministerio de Ciencia y Tecnología para
promover en España la celebración de una semana de la ciencia?
(Número de expediente 180/000928) . . . (Página 5720)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Fomento: ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar algún tipo
de medida que garantice adecuadamente las comunicaciones aéreas entre
Canarias-Península- Canarias ante el anuncio realizado por las
compañías aéreas de suprimir distintos vuelos? (Número de expediente
180/000913) . . . (Página 5721)
Del Diputado don Ramón Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar las obras en el
tramo de la N-II comprendido entre Lleida y Els Alamús? (Número de
expediente 180/000929) . . . (Página 5723)
De la Diputada doña Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones está
desarrollando el Gobierno para facilitar las iniciativas
empresariales entre los jóvenes? (Número de expediente 180/000919) .
. . (Página 5724)
De la Diputada doña Amelia Caracuel del Olmo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo está
funcionando el Programa «Renta Activa de Inserción» en el año 2001?
(Número de expediente 180/000921) . . . (Página 5724)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 5725)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Gobierno en
política de empleo y soluciones que contempla a las graves carencias
y anomalías que se observan en nuestro mercado laboral . . .
(Página 5725)
Defiende la interpelación urgente el señor Jáuregui Atondo, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista. Manifiesta que su intención al
presentar esta iniciativa es discutir con el señor ministro sobre los
efectos que está produciendo la política de empleo en nuestro país
teniendo en cuenta que constituye el problema principal no sólo del
mercado laboral español sino también de la sociedad española en su
conjunto. Se acerca a esta discusión con un espíritu constructivo y
no desde la confrontación entre una visión triunfalista de la
política de empleo y una visión catastrofista, como pudiera
corresponder al Gobierno y a la oposición, y anuncia la presentación
de una moción en la que propondrá a la Cámara una serie de medidas
para mejorar la política de empleo en España.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Considera que cualquier momento es
bueno para hablar de empleo y está de acuerdo con el señor
interpelante en que el empleo es una de las preocupaciones más
importantes de la sociedad española, confiando en poder alcanzar en
el debate un equilibrio entre el optimismo y el catastrofismo, a lo
que sin duda ayudará el saber que se está en un momento histórico en
el que el número de ocupados es el más alto desde que se realiza la
propia encuesta de población activa, situándose la tasa de paro por
debajo del 13 por ciento cuando no hace mucho llegó a alcanzar el
22,3 por ciento. Rebate algunos datos y afirmaciones ofrecidos por el
señor Jáuregui y afirma que prestará la máxima atención a cuantas
propuestas vengan del principal partido de la oposición en materia de
empleo.
Replica el señor Jáuregui Atondo, duplicando el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las medidas
que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de
siniestralidad laboral . . . (Página 5731)
Presenta la interpelación urgente el señor Ruiz López (don Antero),
del Grupo Parlamentario Mixto. Recuerda la frecuencia con que vienen
a la Cámara iniciativas sobre la siniestralidad laboral, que achaca
a la persistencia de unas cifras de siniestralidad intolerables y a una
insensibilidad social del Gobierno toda vez que, a pesar de los
innumerables propósitos de enmienda y de la retórica empleada en el
Parlamento no dejan de estrellarse contra la dramática realidad de
las cifras. Da una serie de datos que avalan sus afirmaciones y
afirma que el gran fracaso de la política contra la siniestralidad
laboral estriba en diversas cuestiones de fondo como, por ejemplo, la
duración de la jornada, las subcontrataciones, la temporalidad, la
débil formación de seguridad, la débil inspección, la débil sanción y
la aceptación pasiva de la actividad constructora especulativa.
Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio
Pérez), en nombre del Gobierno. Está de acuerdo con la afirmación de
que es un problema que preocupa a todos los grupos de la Cámara y la
prueba son la cantidad de iniciativas parlamentarias sobre la materia
y, sin eludir sus responsabilidades, afirma que es una
responsabilidad que debe ser compartida entre administraciones,
empresarios y sindicatos. Confía en que los acuerdos sociales que se
demandan con entusiasmo cuenten
con el apoyo también entusiasta de la Cámara, porque se da la
paradoja de que luego, a la hora de debatirlos, no solo son
criticados, cosa lógica en un debate parlamentario, sino votados en
contra. Rechaza las acusaciones de falta de transparencia en la
información y pasa a exponer las acciones más relevantes llevadas a
cabo por su Ministerio.
Replica el señor Ruiz López (don Antero), duplicando el señor
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación actual y
perspectiva de futuro de la construcción naval pública en el Estado
español . . . (Página 5736)
Presenta la interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, del
Grupo Parlamentario Mixto. Se refiere a un informe titulado «Impacto
económico de las industrias marítimas en Europa» sobre un
conglomerado industrial en los quince Estados de la Unión Europea más
Noruega, cuyos datos son pasmosos e indican la importancia del sector
de la construcción naval dentro de la Unión Europea, lo que se
contradice con la situación de las empresas navales del sector
público en el Estado español. Centra su interpelación en el caso de
Galicia y muestra su extrañeza ante una especie de pasividad, de
inercia y de incompetencia que manifiestan los organismos de la Unión
Europea a la hora de defender el sector naval en su conjunto, pero en
particular del Estado español.
Contesta el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero), en nombre
del Gobierno. Explica los problemas que han venido arrastrando los
astilleros públicos, ya expuestos por el señor Rodríguez, de
competitividad y de capacidad productiva, sufriendo elevadas
pérdidas, y las medidas que puso en marcha la SEPI orientadas a
mejorar la situación de la construcción naval pública
Replica el señor Rodríguez Sánchez, duplicando el señor ministro de
Hacienda.
Se levanta la sesión a las ocho de la tarde
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 14/2001, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL RÉGIMEN DEL REASEGURO POR CUENTA DEL ESTADO DE LOS
RIESGOS DE GUERRA Y TERRORISMO QUE PUEDAN AFECTAR A LA NAVEGACIÓN
AÉREA. (Número de expediente 130/000023.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VIII del orden del día: Convalidación o derogación de reales
decretos-leyes. Real Decreto-ley 14/2001, de 28 de septiembre, por el
que se establece el régimen del reaseguro por cuenta del Estado de
los riesgos de guerra y terrorismo que puedan afectar a la navegación
aérea.
Para la presentación del real decreto, tiene la palabra el
vicepresidente segundo del Gobierno, señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señora presidenta,
señorías, buenos días a todos.
Comparezco ante la Cámara para solicitar la convalidación del Pleno
respecto al Real Decreto 14/2001, de 28 de septiembre, por el que se
establece el régimen del reaseguro por cuenta del Estado de los
riesgos de guerra y terrorismo que puedan afectar a la navegación
aérea. Esto es, sin duda, una de las primeras muestras más
importantes probablemente de las consecuencias de los acontecimientos
del 11 de septiembre en Nueva York, que ha supuesto una
transformación en varios mercados mundiales y probablemente en uno de
ellos, como es el caso del mercado del seguro y el reaseguro en
concreto de las terceras personas no pasajeros en accidentes aéreos
provocados por guerras o por terrorismo, que es el objeto que traigo
hoy a la Cámara. Se ha producido una drástica reducción de la
capacidad del mercado asegurador debido a un cambio completamente
comprensible de criterios de los sistemas de cobertura de riesgos por
parte de las entidades reaseguradoras, que son las que, como la
Cámara conoce muy bien, garantizan en última instancia estos riesgos.
Por ello y como consecuencia directa de los ataques terroristas en
Nueva York y en Washington realizados, como todos sabemos, a través
de aeronaves, las compañías de navegación mundial se enfrentan, por
un lado, a una disminución de la demanda, sobre todo en vuelos de
gran distancia y algunos destinos muy concretos, pero desde el punto
de vista de todas las compañías aéreas, a un cambio en los costes
derivados del reaseguro.
La cobertura de responsabilidad civil frente a terceros no pasajeros
por riesgo de guerra y terrorismo, como he mencionado, ha sufrido una
brusca disminución en los tramos de cobertura, provocando un
descubierto en los potenciales riesgos, que seguro que afectaría, si
no hubiéramos reaccionado, a las compañías de aviación, hasta el
punto de que las impediría ejercer su
normal actividad y, por tanto, se hubiera producido una paralización
del transporte aéreo a nivel mundial y a nivel europeo. Esta es una
situación que tiene efectos y consecuencias a nivel mundial, pero que
tiene que ser regulada o atendida en los diversos niveles
gubernamentales, y en el caso europeo al nivel de la Comisión y del
Consejo. En ese sentido, la propia Comisión ha considerado que es
necesario que sean los Estados miembros los que transitoriamente se
hagan cargo de esta cobertura, basándose las decisiones en el
concepto jurídico de fuerza mayor, y bajo tres condiciones que fueron
establecidas por el ECOFIN el pasado 22 de septiembre: la primera
condición que está en el acuerdo de la Comisión Europea y de los
países miembros es que el apoyo dado por los Estados a las compañías
aéreas se limitará a un único objeto, que es afrontar el descubierto
del mercado de seguros en un determinado plazo, que también
mencionaré, para asegurar en todo caso la continuidad de todas las
coberturas.
La segunda condición es que los gobiernos de los países de la Unión
Europea recibirán una prima por la cobertura ofrecida. Es decir, no
estamos aquí ante una ayuda gratuita o un regalo de los Estados, sino
que estamos ante una acción que ejercen los Estados en el mercado del
reaseguro, por la que van a cobrar, y de hecho estamos cobrando, una
prima a las compañías aéreas.
Por último, esta nueva cobertura del reaseguro para accidentes
provocados por guerra o terrorismo y para los daños causados a
terceras personas no viajeros tendrá un plazo de 30 días. De manera
que los gobiernos no tratan de establecer una solución permanente que
sustituya al mercado y a los acuerdos entre compañías mercantiles,
sino de solucionar un problema momentáneo, entendiendo que debe haber
una solución desde el punto de vista de las compañías de reaseguro y
de las compañías aéreas. Este plazo de 30 días es prorrogable por
otros sucesivos de la misma duración, como mencionaré posteriormente.
Este acuerdo, adoptado el 22 de septiembre por el Consejo ECOFIN,
permitió una reacción conjunta y uniforme de los gobiernos de la
Unión Europea, evitando así lo que podría haber sido una política de
ayudas de Estado prohibidas por el tratado, para dar respuesta a una
cuestión de máxima importancia sin duda, como es garantizar el
tráfico aéreo, y hacerlo con criterios similares y homogéneos en
todos los países de la Unión Europea.
Desde el punto de vista español, señora presidenta, señorías, han
sido los ministerios de Fomento y de Hacienda los encargados de
perfilar y acordar con nuestros socios europeos este real decreto. El
primero, desde el punto de vista de las negociaciones de las
condiciones de las compañías aéreas, y el segundo, como consecuencia
de su responsabilidad en la rama de seguros. De esta forma, y previo
acuerdo con la ssociación española de compañías aéreas, así como con
los operadores más importantes del sector de aviación civil, el
Ministerio de Fomento y el de Economía han diseñado, a través de este
real decreto ley, un régimen de reaseguro por cuenta del Estado que
será administrado por una institución que tenemos en España: el
Consorcio de Compensación de Seguros.
Recuerdo a la Cámara que esta entidad pública, el Consorcio de
Compensación de Seguros, está precisamente especializada en cubrir
riesgos de naturaleza catastrófica -como pueden ser riesgos agrícolas
o de otro tipo- y, en concreto en nuestro país, riesgos relacionados
con el terrorismo. Por tanto, era una institución perfectamente
adecuada para enfrentarse y dar respuesta a esta nueva necesidad. De
hecho, el artículo 3.2 de sus estatutos legales indica que: el
Consorcio de Compensación de Seguros podrá asumir una cobertura
concertando pactos de coaseguro o aceptando en reaseguro aquellos
supuestos en que concurran razones de interés público que lo
aconsejen, atendiendo a la situación o a las circunstancias del
mercado asegurador. Por tanto, este estatuto legal, en su punto 3.2,
es perfectamente aplicable al caso que nos ocupa, como puede
comprobar la Cámara.
El consejo de administración del consorcio adoptó el pertinente
acuerdo en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2001, dos días
después del acuerdo del Consejo ECOFIN, y sobre esta base se ha
establecido el sistema de reaseguro regulado por el presente real
decreto ley, que persigue restablecer íntegramente la cobertura
otorgada a las compañías aéreas, debiendo ésta comenzar donde termina
la actualmente disminuida oferta privada, y terminar donde lo hacían
los contratos privados hasta ahora.
El real decreto que tengo el honor de presentar ante la Cámara
establece un régimen de reaseguro por cuenta del Estado de los
riesgos de guerra y terrorismo que pueden afectar a la navegación
aérea y que se encuentren cubiertos por contratos de seguros de
responsabilidad civil frente a terceros no pasajeros, suscritos por
compañías aéreas españolas y por el ente público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, que se hallasen vigentes a las 23 horas
59 minutos del día 24 de septiembre del año 2001. Por tanto, no
traemos aquí contratos nuevos, sino los que estaban vigentes y cuya
capacidad de cubrir los riesgos se vio disminuida por los cambios de
criterio de las compañías reaseguradoras del mercado internacional.
La administración del régimen de reaseguro se encomienda, como ya he
mencionado a la Cámara, al Consorcio de Compensación de Seguros,
quien gestionará los recursos correspondientes. A este respecto, y
teniendo en cuenta que el mecanismo acordado no puede aplicar
criterios técnicos en la instrumentación del citado apoyo, por cuanto
es precisamente la enorme intensidad del riesgo la que ha ocasionado
la falta de cobertura internacional (no es fácilmente previsible
cuándo se puede producir un accidente por causa de terrorismo o de
guerra, dónde, y cuáles puedan ser sus consecuencias),
resulta imprescindible la actuación del Consorcio de
Compensación se Seguros que se efectúa por cuenta del Estado.
Existe en nuestra propia experiencia un antecedente de esta forma de
operar que se encuentra en la cobertura que realiza el Estado español
con ciertos riesgos vinculados al crédito a la exportación que,
aunque está gestionada por la Compañía Española de Seguros de Crédito
a la Exportación, el propio Consorcio de Compensación de Seguros
tiene encomendada la administración de los fondos.
Así pues, señorías, dada la imposibilidad de aplicar criterios
técnicos en la instrumentación del apoyo que el Estado debe dar al
sistema, se justifica la actuación del consorcio por cuenta del
Estado. Como he dicho al comienzo de mi intervención, la duración de
este esquema es de 30 días prorrogables por plazos similares de 30
días y, en este sentido, el Consejo de Ministros del pasado 19 de
octubre ha hecho uso del derecho acordado en la Unión Europea para
prorrogar por otros 30 días más esta situación. Tengo que anticipar a
la Cámara que es previsible que el Consejo de Ministros realice
prórrogas por lo menos hasta fin de año por bloques de 30 en 30 días.
La cobertura se establece a partir de los límites cubiertos en cada
contrato de reaseguro privado y de acuerdo con límites, porcentajes
de cobertura y resto de cláusulas contenidas en los contratos de
reaseguro que se hallaban en vigor el día 24 de septiembre. El hecho
es que a partir del 24 de septiembre las compañías de reaseguro
privadas deciden no cubrir más allá de unos determinados riesgos que
estaban ya expresamente puestos en las pólizas y es por lo que los
Estados cubren el margen de esa diferencia, pero en las condiciones
establecidas en los contratos.
En el real decreto-ley se fijan primas para los diferentes asegurados
y para los distintos tramos de cobertura porque, como ya he informado
a la Cámara, el acuerdo del ECOFIN establece que los Estados cobrarán
una prima a las compañías por este reaseguro. Esas primas son las
siguientes: para la responsabilidad civil por el transporte aéreo de
viajeros; por el tramo de cobertura hasta 750 millones de dólares el
coste será de 25 centavos de dólar por pasajero; para el tramo
comprendido entre 750 millones de dólares y el límite máximo de
cobertura previsto en los contratos vigentes hasta la fecha, 50
centavos de dólar por pasajero para el límite máximo de 2.000
millones de dólares y la parte proporcional de dicho precio para
límites inferiores. En el caso de responsabilidad civil por el
transporte aéreo de mercancías se establece un importe equivalente al
50 por ciento de la prima que para igual período corresponda
satisfacer por la cobertura reaseguradora privada de la
responsabilidad civil derivada de riesgos distintos de los que
constituyen el objeto de esta norma. Finalmente, sobre la
responsabilidad civil de AENA, se establece un importe equivalente al
doble de la prima correspondiente a la cobertura de reaseguro de
responsabilidad
civil general que hasta la fecha de entrada en vigor de la
presente norma se encontraba vigente.
Asimismo, señorías, se prevén los mecanismos para que el Consorcio de
Compensación de Seguros cuente con los recursos económicos que
permitan al Estado atender el pago de las obligaciones que del
régimen de reaseguro podrían derivarse en caso de un accidente
provocado por guerra o terrorismo en daños a terceras personas no
pasajeros, repito. En caso de que fuera necesario que el consorcio
hiciese frente al pago de las obligaciones que para el Estado
pudieran derivarse de esta cobertura, es decir, que se produjera ese
accidente y unos daños en terceros no pasajeros, se habilita al
Tesoro público para que conceda anticipo de tesorería hasta el
importe necesario, sin perjuicio de que en tal supuesto sería
necesario efectuar la dotación presupuestaria correspondiente.
También se regula la colaboración de las entidades aseguradoras, las
cuales deberán remitir información sobre sus contratos al propio
consorcio. Por último, se establece la posibilidad de que por el
acuerdo del Consejo de Ministros, y sobre la base de la situación del
mercado de reaseguro, se pueda ampliar la cobertura de otros
asegurados, modificar las primas y ampliar el período de cobertura.
En este sentido, por acuerdo de Consejo de Ministros del 5 de octubre
de este mismo año, se amplió la cobertura a empresas de prestación de
servicios, a compañías aéreas españolas, es decir, a empresas que
están en los aeropuertos en labores de transporte de maletas y otras
que se pudieran ver afectadas por accidentes provocados por
terrorismo y en daños a terceras personas.
Todo ello creo que merece, sin duda, primero, la urgencia del
Gobierno en aprobar un real decreto-ley, sin el cual el transporte
aéreo en España se hubiera paralizado el 24 de septiembre, y,
segundo, de hacerlo en el contexto de un acuerdo de la Unión Europea,
que no cierra otras cuestiones planteadas en los temas de transporte
aéreo y que han sido abordadas en los consejos tanto de transporte
como de economía, que son aquellas que se refieren a la utilización
de slots, a los posibles acuerdos entre compañías dentro del régimen
de vigilancia de la competencia de la Comisión Europea, a cuestiones
de ayudas públicas relacionadas con las disminuciones del mercado en
los días inmediatamente siguientes al 11 de septiembre y cuestiones
relacionadas con las ayudas públicas que países fuera de la Unión
Europea, como es el caso de Estados Unidos y Suiza, han arbitrado
para sus compañías aéreas que podrían, indudablemente, suponer una
competencia desleal y que estamos estudiándola desde distintos puntos
de vista. En cualquier caso, la Cámara será informada por el ministro
de Fomento y por mí mismo de todos estos otros aspectos y la Cámara
también conocerá, como es natural, las sucesivas prórrogas que de
este sistema de reaseguro por daños a terceras personas no pasajeros
motivados por guerra o por acciones terroristas se puedan producir.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente. ¿Turno en
contra del decreto? (Pausa.) ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Real Decreto-ley 14/2001 aborda la necesidad de amparar
temporalmente la cobertura de riesgos derivados de acciones de guerra
o terrorismo en la navegación aérea, de forma que sea el Estado quien
asume el aseguramiento y la responsabilidad civil de los daños que
puedan ocasionarse en la navegación a causa de los citados actos de
guerra o terrorismo.
Es evidente que la situación creada a raíz de los atentados de las
Torres Gemelas en Nueva York ha generado una importante situación de
descobertura para los riesgos de guerra y terrorismo, pues la mayoría
de las compañías aseguradoras han rescindido o revisado los contratos
que mantenían con las empresas de navegación aérea. Parece claro que
las compañías aseguradoras, que no esconden sus beneficios para
elevar sus cotizaciones bursátiles, no desean asumir unos riesgos
cuya magnitud desconocen y es en este momento cuando el Estado, que
muchos y muchas veces están empeñados en hacer desaparecer, tiene
ahora que actuar para compensar las deficiencias de un mercado
liberalizado. La responsabilidad y la reparación a las víctimas de
atentados no puede desaparecer, por lo que el Bloque Nacionalista
Galego tiene que compartir que sea el Estado quien articule un
sistema de reparación a posibles víctimas de atentados terroristas o
actos de guerra acaecidos en el transporte aéreo, y que ello se
articule además a través del sistema de seguro, lo que permitirá
recibir primas por la cobertura ofrecida.
Por otra parte, los convenios internacionales de navegación aérea o
el reglamento C, número 2.027/1997, del Consejo, de 9 de octubre,
sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de
accidente, se desenvuelven en la línea del seguro directo; es decir,
se establece la responsabilidad directa de las mismas en caso de
accidente y el deber de reparación desde el momento en que se produce
el daño, con independencia de las causas, con lo que sería
irresponsable no ofrecer una cobertura de reaseguro mientras la
situación no se normalice.
Ello, desde nuestro punto de vista, no debe evitar analizar en el
futuro inmediato soluciones intermedias que permitan al Estado,
cuando ejerce funciones de reasegurador in extremis, no sólo percibir
las primas correspondientes de las compañías afectadas, sino también
obligar a las aseguradoras a contribuir con porcentajes de las primas
que perciben a un fondo que permita responder con suficiencia a las
posibles
indemnizaciones a satisfacer en concepto de reparación de los daños
sufridos.
Por todo esto, vamos a apoyar el real decreto-ley, pero consideramos
que se debería hacer un seguimiento de la situación y, en todo caso,
contar con un mayor compromiso de las compañías aseguradoras.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Quienes dependemos -aquí en esta Cámara hay parlamentarios de tres
fuerzas políticas- del transporte aéreo continuado para poder cumplir
con nuestras misiones parlamentarias tenemos una clara sensibilidad
especial con este transporte (igual que otros compañeros y toda la
parte de la sociedad española que utilice el transporte aéreo para
sus actividades sociales, políticas, económicas o de cualquier orden
legal), y los atentados terroristas sufridos en Estados Unidos han
agravado esta ultrasensibilidad hasta límites insospechados.
Se ha producido el fenómeno de las empresas reaseguradoras planteando
un fundamento económico a las compañías aéreas en cuanto al mundo de
los reaseguros, porque todo el entramado del seguro de una compañía
de transportes tiene que estar soportado en los grandes segundos
riesgos, muy aleatorios, muy escasos pero que han aparecido con las
compañías de reaseguros; alguien tenía que hacerse cargo para evitar
que las compañías trasladaran esos gastos inmediatamente a las
tarifas, cosa que tampoco podían afrontar con claridad por la caída
de la demanda del transporte aéreo de pasajeros.
Nosotros vamos a votar favorablemente la convalidación de este real
decreto-ley porque obedece a una lógica y obedece también a un
comportamiento que se ha adoptado a nivel de la Unión Europea, como
ha señalado el señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos
Económicos y ministro de Economía, señor Rato, en cuanto a que ha
sido el ECOFIN el órgano que ha puesto en concordancia lo que son las
directrices de política económica en la Unión Europea y las
doctrinas, vamos a llamarlas así, que ha venido imponiendo, es decir,
que sea el Estado el que haga una aportación para las primas de las
compañías reaseguradoras. Como bien se ha dicho, con este real
decreto se trata, sencillamente, de garantizar una aportación del
Estado en un régimen de reaseguros precisamente a cargo de los
poderes públicos, en las mismas condiciones que ha señalado el
ECOFIN: que sea a corto tiempo. Se han fijado 30 días y esperemos
que, como dice
la tercera conclusión, sirva para que las empresas reaseguradoras,
las compañías de aviación y los poderes públicos en el campo del
transporte y de la economía armonicen, sobre todo para el mercado
aéreo europeo, unas condiciones de viabilidad de las empresas y que
no suceda lo más perjudicial para el usuario, que es, en primer
lugar, la suspensión de líneas de transporte aéreo por
replanteamientos de tipo económico que ya venían padeciendo
anteriormente determinadas compañías, en una competencia bastante
rara económicamente y que sólo las grandes empresas con circuitos de
financiación pueden soportar, y, en segundo lugar, la subida de
tarifas, que produciría también un efecto negativo.
Creemos que con este real decreto-ley se da una solución, aunque sea,
digamos, un poco a toro pasado, prácticamente después de un mes de la
vigencia económica y financiera que se ha señalado para este
decretoley, pero pensamos que es una medida que venía dada por sí
misma y por los acuerdos del ECOFIN. Por tanto, señora presidenta,
nuestro grupo va a votar favorablemente la convalidación del mismo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
El real decreto-ley que hoy convalidamos responde a una necesidad
obligada por las circunstancias que se pueden provocar en la
navegación aérea como consecuencia de los acontecimientos ocurridos
el pasado 11 de septiembre. Esa necesidad se ha resuelto desde la
Unión Europea en el sentido de que sean los Estados los que
solucionen las descoberturas que puedan producirse en situaciones de
guerra o de terrorismo, con tres condiciones generales que figuran en
el real decreto y que han sido comentadas por el señor ministro.
Como el detalle viene muy bien especificado en el decreto y, además,
la presentación del señor ministro, sus comentarios, han sido más que
suficientes, tanto en lo que se refiere a las características
generales como de detalle del decreto, a mi grupo simplemente le
queda decir que lo vamos a apoyar favorablemente.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, este real decreto-ley que nos acaba de presentar el
ministro de Economía sobre régimen de reaseguros por cuenta del
Estado de los
riesgos de guerra no viene a ser más que una transcripción sencilla,
la más escueta, de un amplio mandato que el ECOFIN ha dado a todos
los gobiernos de la Unión Europea. Del amplio espectro de medidas que
el ECOFIN ha posibilitado a los gobiernos comunitarios, este Gobierno
ha elegido la sección más reducida que puede adoptar un Gobierno
comunitario para hacer frente a una crisis internacional de colosales
dimensiones, sin precedentes en la situación moderna en que se
encuentra la aeronáutica.
El mercado internacional del flete es algo tan evidente que pone de
manifiesto que las compañías aéreas no sobreviven por sí mismas sino
que han de asociarse, han de competir en un mercado
internacionalizado, y en consecuencia han de estar en una situación
de equilibrio económico-financiero permanente a lo largo del tiempo.
Si se producen acontecimientos como los del 11 de septiembre pasado,
ese mercado internacional sufre una convulsión de colosales
dimensiones, que implica la necesidad de adoptar medidas por parte de
los gobiernos a efectos de garantizar el servicio público del
transporte. Las Cortes Generales españolas tienen que ser sensibles
ante la grave situación en que se encuentra el mercado internacional
del transporte aéreo y el servicio público del transporte aéreo en
nuestro país.
Vamos a votar favorablemente este real decreto con un contenido
específico, porque es una medida reducida de las muchas que
propusimos en un debate anterior ¿cómo no vamos a votar esta medida?,
pero no podemos dejar de poner de manifiesto algo que está en el
sentimiento ciudadano, pues en otro caso, señorías, ya me dirán
ustedes qué estamos haciendo en un debate parlamentario, cuando 40
millones de ciudadanos españoles están preocupados por la situación
del sector. Señorías, en estos instantes las tres grandes compañías
que operan en los servicios regulares del transporte aéreo en España
anuncian extraordinarias medidas de reducción de empleo; no hay más
que leer los medios de comunicación. La compañía Iberia,
recientemente privatizada pero que ha sido mantenida por los
Presupuestos Generales del Estado durante 70 años, reduce en 3.500 el
número de empleados, reduce prácticamente en un 20 por ciento el
número de vuelos y su producción, reduce las conexiones
internacionales de forma importante, y consiguientemente coadyuva a
un quiebro importante en el transporte aéreo español. En segundo
lugar, una de las compañías filiales de Air Europa, la compañía Air
Europa Express, con 17 aviones -son datos que han aparecido en la
prensa-, los deja en tierra y deja de operar, produciendo un
quebranto importante entre otros a la comunidad balear. La compañía
Spanair está en una situación equivalente, reduciendo en más de 500
personas el número de empleos y reduciendo el número de operaciones.
El efecto global de las decisiones adoptadas por los respectivos
consejos de administración implica que hay una situación de quebranto
importante en el transporte
aéreo español. Estamos convalidando hoy un real decreto-ley con una
medida mínima, una medida singular; de las muchas medidas que podía
haber adoptado el Gobierno de España ha adoptado una muy reducida.
Señorías, el ECOFIN adoptó un acuerdo general en el que quedaban
excluidas las ayudas directas a las aerolíneas por parte de los
gobiernos europeos, para evitar una ventaja competitiva frente a
otros sectores con problemas tras los atentados terroristas; que las
actuaciones en materia de seguros deben limitarse a esas situaciones
de cobertura a terceros en caso de guerra; que los gobiernos europeos
podrán cobrar a las aerolíneas, total o parcialmente, una prima
razonable que debe estar en consonancia con el coste de los riesgos
asumidos; que las medidas que apruebe cada Gobierno, dentro de los
límites fijados, han de ser notificados a la Comisión Europea para
recibir el visto bueno y comprobar si se ajustan a la legislación
comunitaria y que los Quince han de justificar las medidas por la
situación de fuerza mayor que se ha declarado en la industria
europea. Lo que estamos aprobando hoy aquí es sencillamente el alza
de las primas de los seguros. El Gobierno ha impulsado un acuerdo con
las compañías aéreas y las compañías aseguradoras para ampliar la
cobertura por riesgo de guerra o terrorismo durante un solo mes, un
mes que ya ha transcurrido y que fue del 25 de septiembre al 25 de
octubre. A partir del 25 de octubre, ¿qué ocurre? Una prórroga. Y
después de la prórroga de ese mes, con esa sola medida, estamos
comprobando, señorías -y no lo tomemos en broma-, que hay una crisis
en el sector del transporte aéreo español, y nosotros dócilmente
solamente aprobamos este real- decreto ley que implica la medida de
las coberturas de reaseguros que aquí se han puesto de manifiesto,
durante un mes, una prórroga de otro mes y probablemente de un
tercero, parcheando desde luego una situación durante un trimestre.
La prima, señorías, que recibirá como contraprestación el Consorcio
de Compensación de Seguros ha sido expresada aquí: 0,25 dólares por
pasajero en siniestros de hasta 750 millones de dólares; 0,5 dólares
por siniestros de hasta 2.000 millones de dólares, que deberían ser
reembolsados, si se produjese, por las aseguradoras que a su vez lo
cargan a las compañías aéreas y que a su vez lo cargan a los
usuarios. ¿Y qué ha venido ocurriendo a lo largo de este último mes?
Que las compañías han tomado la decisión de subir 8 euros en cada
tramo en España y los consumidores y usuarios de las compañías aéreas
han tenido que soportar esos recargos sin que se hayan adoptado
medidas gubernamentales.
Señorías, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, el 26 de
septiembre formuló en el Pleno una interpelación al ministro de
Fomento. Consecuencia de esa interpelación, muy pocos días después,
el 2 de octubre posterior, planteamos una moción y en ella hablábamos
de la necesidad de un plan de ayuda al transporte aéreo español desde
la perspectiva del servicio público; decíamos
y pedíamos que por parte del Gobierno se elaborase un plan
estratégico coyuntural o un programa económico de emergencia, con la
finalidad de apoyar a las compañías aéreas españolas mediante la
aplicación de medidas variadas que en ningún caso deberían
representar ayudas de Estado ¡ojo con este dato! que desde luego no
se nos puede imputar que planteamos lo que no hemos planteado, y
entre esas medidas nosotros proponíamos la asunción por parte del
Consorcio de Compensación de Seguros de los riesgos no cubiertos por
las aseguradoras, de manera que el tratamiento de las primas de estas
coberturas situase a las compañías aéreas españolas en las mejores
condiciones de las que se deben dar en la Unión Europea, llegando
incluso a ser asumidas por el Estado a través del Consorcio de
Compensación de Seguros, si así ocurriese en algún país de la Unión
Europea en línea con lo que aprobó el ECOFIN. Esto es lo que trae hoy
el Gobierno, como contenido esencial de un real decreto ley para su
convalidación, que recoge una de las varias medidas que nosotros
propusimos en una moción que curiosamente fue votada en contra por la
mayoría de la Cámara.
Proponíamos también que los Ministerios de Economía y de Fomento
deberían acordar con el Consorcio de Compensación de Seguros los
adecuados mecanismos financieros para instrumentar todas aquellas
medidas que permitan afrontar las cuantías exigidas por las compañías
aseguradoras por las nuevas cláusulas de reaseguro ante el riesgo de
guerra o de terrorismo, debiéndose entender que se deberá impedir que
las posibles sobreprimas que se exigen para cada pasajero
transportado se recarguen en el precio del billete, y esto no viene
ocurriendo. Se están produciendo incrementos injustificados en el
precio del billete, y el Grupo Parlamentario Socialista, aquí, en
este debate, quiere poner de manifiesto una vez más su rechazo a
estos recargos económicos en el coste del billete y su rechazo a que
la crisis internacional en el sector tengan que pagarla los usuarios
que necesariamente han de tomar los aviones como medio de transporte.
Señorías, somos un Estado con dos archipiélagos, con ciudades
situadas en el continente africano, y además para potenciar la
cohesión interior es necesario potenciar y dar estabilidad al sector
del transporte aéreo. Desde esa perspectiva, señorías, anunciamos
iniciativas próximas por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
que complementen los contenidos de este real decreto-ley, al que
daremos nuestro voto favorable a pesar de considerar que es una
medida mínima de las muchas que debería contener.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo muy brevemente para anunciar el voto favorable
del Grupo Parlamentario Popular a la convalidación de este real
decreto-ley; un real decretoley que por cierto nos lleva nuevamente a
recordar en esta Cámara los atentados terroristas que tuvieron lugar
el pasado 11 de septiembre. Estos hechos han generado una nueva
situación internacional; situación que viene exigiendo que se adopten
medidas de muy diversa índole y en muy distintos campos.
La Unión Europea, que ha sabido estar a la altura de las
circunstancias en este nuevo contexto histórico, ha ido adoptando las
decisiones adecuadas. Así, en lo que se refiere a este sector
concreto que hoy abordamos, como es el de la aviación que está
sufriendo muy directamente las consecuencias de esos atentados, el
ECOFIN ha acordado que los Estados miembros se hagan cargo
transitoriamentede la cobertura de responsabilidad civil frente a
terceros no pasajeros por riesgo de guerra y terrorismo en aquellos
tramos que habían quedado al descubierto como consecuencia de la
reducción de la capacidad del mercado asegurador.
Como ha señalado el vicepresidente segundo del Gobierno, es
precisamente la enorme intensidad de los potenciales riesgos lo que
ha ocasionado la falta de cobertura internacional, hasta el punto de
que las compañías de aviación no podían ejercer su actividad con
normalidad. Se enfrentaban, y lo ha destacado así el señor Rato, por
una parte a una fuerte disminución de la demanda de vuelos, y por
otra a un aumento de los costes de sus contratos de seguro, dando
lugar a una delicada situación que exigía una urgente respuesta. Esa
respuesta se plasma en el acuerdo adoptado por el ECOFIN el pasado 22
de septiembre, y precisamente este real decreto-ley que hoy presenta
el Gobierno desarrolla dicho acuerdo conforme a las condiciones
establecidas en el mismo. Así pues, el texto que nos remite el
Gobierno recoge los principios y requisitos establecidos por la Unión
Europea que permiten una acción conjunta y homogénea por parte de
todos los Estados miembros, mediante el reaseguro por cuenta de los
propios Estados de determinados riesgos, articulándose una medida
provisional de auxilio al sector de la navegación aérea. No se trata
en esta ocasión de desarrollar un debate en su conjunto sobre cuál es
la política respecto al sector de la navegación aérea, sino abordar y
dar respuesta de manera urgente a una nueva situación que ha surgido
precisamente como consecuencia de esos dramáticos atentados que
tuvieron lugar en Estados Unidos.
Por todo ello, y con la certeza de que en tanto en cuanto se adopta
en el seno de la Unión Europea una solución duradera este real
decreto-ley viene a dar respuesta a una situación provisional de
urgente necesidad, el Grupo Parlamentario Popular va a votar
favorablemente la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torme.
Señorías, ruego ocupen sus escaños. Convalidación o derogación de
reales decretos-leyes. Real decreto-ley 14/2001, de 28 de septiembre,
por el que se establece el régimen del reaseguro por cuenta del
Estado de los riesgos de guerra y terrorismo que puedan afectar a la
navegación aérea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
277; a favor, 273; en contra, uno; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. ¿Desea
algún grupo parlamentario que el real decreto- ley convalidado sea
tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia?
(Pausa.)
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE PETICIÓN (Número
de expediente 121/000021.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: enmiendas del
Senado.
Antes de iniciar el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de
ley orgánica del derecho de petición, anuncio a SS.SS. que la
votación de conjunto, dado el carácter orgánico de la ley reguladora
del derecho de petición así como el proyecto de ley orgánica de
universidades que se debatirá a continuación, no se producirá antes
de las tres de la tarde.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica reguladora del
derecho de petición. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Vasco. Señor Erkoreka. (Rumores.)
Un momento, señor Erkoreka. Señorías, ruego ocupen sus escaños o
abandonen el hemiciclo al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Vasco para anunciar nuestro voto
favorable a las cuatro enmiendas que proceden del Senado en relación
con este proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición.
Se trata de cuatro enmiendas que suponen cuatro alteraciones
prácticamente irrelevantes en el curso... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Erkoreka.
Señorías, hay un diputado en el uso de la palabra intentando ser
escuchado por los miembros de esta Cámara, cosa que resulta harto
difícil con el nivel de murmullo de las conversaciones que SS.SS.
están manteniendo en los escaños. (Pausa.)
El señor ERKOREKA GERVASIO: Decía, que intervenía en nombre del Grupo
Vasco para anunciar el voto favorable de nuestro grupo a las cuatro
enmiendas que han sido aprobadas en el Senado en relación con este
proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición. Se trata
de cuatro enmiendas que apenas suponen una alteración mínima en el
texto del proyecto de ley que en su día fue dado por esta Cámara. La
primera de ellas se intitula expresamente como gramatical, la segunda
especifica de modo expreso que se trata de una mejora técnica y las
otras dos suponen también, aunque no se intitule de forma expresa,
modificaciones de carácter técnico y gramatical en el texto de la
ley, todas ellas correctas y compartidas por este grupo. Hay una que
aparentemente tiene mayor enjundia que es la enmienda número 3,
dirigida a la disposición adicional primera, que pretende sustituir
la referencia que esta disposición hacía al artículo 12 de la ley por
una referencia al artículo 42 de la Ley orgánica reguladora del
Tribunal Constitucional. Se trata de una modificación que a nuestro
es juicio es técnicamente correcta porque, se trata de una referencia
más precisa y más exacta en el contexto de la ley. Por tanto, anuncio
nuestro voto favorable a estas cuatro enmiendas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Al igual que el portavoz del grupo
parlamentario que acaba de intervenir, queremos anunciar nuestro voto
favorable a estas enmiendas que vienen del Senado, que efectivamente
se trata de enmiendas técnicas que mejoran el redactado. En ese
sentido anuncio el voto favorable de Izquierda Unida, puesto que no
hay ninguna novedad en la que haya que precisar intervención
diferente de la que ya hicimos en su momento.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Romeu.
El señor ROMEU I MARTÍ: Muchas gracias, señora presidenta.
Tratamos hoy el proyecto de ley reguladora del derecho de petición
tras las enmiendas aprobadas por el
Senado, de conformidad con el artículo 90.2 de la Constitución
española. La Cámara Alta ha introducido diversas enmiendas que
afectan a la exposición de motivos, al artículo 10.1 y a la
disposición adicional primera en sus apartados 1 y 2.
En primer lugar este portavoz manifiesta, en nombre del Grupo
Socialista, la intención de aceptar las enmiendas presentadas por el
Senado en los propios términos que se han aprobado. No obstante
quiero expresar la consideración por la participación y el esfuerzo
de consenso manifestado por todos los grupos políticos, tanto en el
Congreso como en el Senado, que han posibilitado la consolidación de
un texto que regula y protege el derecho de petición siguiendo el
propio espíritu de la Constitución española. El derecho de petición
es un derecho fundamental y su regulación es importante al considerar
además la necesidad de acercar las instituciones a la ciudadanía y
aumentar la complicidad de las mismas en la atención y solución de
los problemas cotidianos que nos hacen llegar. El proyecto de ley
establece una titularidad del derecho de manera amplia y efectiva,
reconociendo el derecho de petición a toda persona natural o jurídica
prescindiendo de su nacionalidad y pudiendo ejercerse de manera
individual o colectiva. Asimismo, el proyecto de ley que hoy
aprobamos definitivamente establece, regula y protege en relación con
el derecho de petición la confidencialidad de los datos del
peticionario; el acuse efectivo de la petición, concretando el órgano
competente y el procedimiento; los tiempos para subsanar las
deficiencias a favor del peticionario, que se han establecido en 15
días; la obligación de contestar y resolver sobre lo pedido en un
plazo máximo de tres meses; la posibilidad de dirigirse a las
instituciones públicas donde sea posible en las lenguas cooficiales;
la no exigencia de nacionalidad para dar así cabida a los apátridas;
la obligación de cumplir de manera efectiva lo que se pide o solicita
en el sentido de la resolución aprobada; y finalmente algo importante
que este grupo quiere resaltar, se autoriza la audiencia pública en
las instituciones a los peticionarios según se regule y establezca.
Atendido lo anterior, las peticiones dirigidas al Congreso, al Senado
o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas se
tramitarán según lo establecido en sus respectivos reglamentos, que
deberán recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a
los peticionarios si así se considera. Por tanto, señorías,
corresponde ahora adecuar el Reglamento del Congreso para que se
permita y se establezca el procedimiento para posibilitar la
audiencia pública de peticionarios en el Congreso, dinamizando así la
Comisión de peticiones del Congreso para acercar decididamente esa
institución a la ciudadanía en general.
Dicho lo anterior y para terminar, manifestamos nuestro voto
favorable a la incorporación de las enmiendas del Senado, agradezco
nuevamente el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios para llegar
a un texto
consensuado, cuya finalidad es la regulación de un derecho
fundamental que se basa en la participación y en definitiva en el
acercamiento de las instituciones y la dinamización de la vida social
y política.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Romeu.
Grupo Parlamentario Popular. Señor Belda.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Gracias, señora presidenta.
Como han dicho los portavoces del resto de grupos parlamentarios, la
Cámara Alta, el Senado ha cumplido con su misión de ser una cámara de
segunda lectura y ha introducido unas modificaciones técnicas que
nuestro grupo va a votar favorablemente.
Al intervenir en último lugar y al tratarse afortunadamente de un
texto consensuado sólo tenemos que convenir con el resto de
portavoces de los grupos parlamentarios que se ha producido una
situación envidiable, y más cuando se refiere al desarrollo de un
derecho fundamental y a una libertad pública. De esta manera nos
estamos retrotrayendo 23 años atrás para así ponernos todos de
acuerdo en algo tan sustancial como es el desarrollo del título I,
capítulo segundo, sección 1.ª de la Constitución española, en los
artículos 14 al 29. También quiero aprovechar la oportunidad para
hacer un llamamiento a que este consenso permanezca en el desarrollo
de otros derechos políticos que están en tramitación en esta Cámara y
que después pasarán al Senado, como es el proyecto de ley orgánica
del derecho de asociación.
Hay que decir una cosa. El consenso es posible porque hay una buena
materia prima. En este caso se trata de un buen proyecto de ley
orgánica del Gobierno, y entre todos esos avances que aquí se han
glosado y que por parte del Grupo Popular en su día se manifestaron
en la persona del señor Bermúdez de Castro hay que resaltar dos datos
fundamentales: en primer lugar, frente a todas esas garantías de
ámbito material, que indudablemente son un acierto, y de ámbito
procedimental, la incorporación de los extranjeros como titulares del
derecho; y en segundo lugar, como no podía ser de otra manera
también, la obligatoriedad que los poderes públicos subsumen del
contenido de la propuesta del derecho de petición, una vez que la van
a aceptar. Estos son dos avances fundamentales que contribuyen a que
este derecho sea algo más que un derecho de cierre del sistema y que
manifieste que la individualidad de las personas en el sistema
también tiene su valor y puede ser compatible con el sistema de
representación popular.
Poco más queda por decir. Agradezco el trabajo de todos los grupos,
el afán de consenso que ha presidido, el entendimiento que ha reinado
en este tema, y deseo que en el futuro y siempre que se trate de
desarrollo de
derechos fundamentales y libertades públicas y de temas conexos
estemos de acuerdo.
Nada más, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Belda. (Pausa.)
Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica reguladora del
derecho de petición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
260; a favor, 260.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado al
proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición.
Señorías, antes de entrar en el punto siguiente, dictámenes de
comisiones sobre iniciativas legislativas, proyecto de ley orgánica
de universidades, quiero aclarar a SS.SS. que las votaciones tanto
del dictamen del proyecto de ley como de las enmiendas, así como la
votación de conjunto como ley orgánica tanto de la reguladora del
derecho de petición, las enmiendas del Senado que acabamos de
aprobar, como de la de universidades se producirán todas no antes de
las tres de la tarde; si el debate finalizara más tarde, al final de
debate, pero en cualquier caso no habrá votaciones antes de la tres
de la tarde.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES. (Número de expediente
121/000045.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate de los dictámenes de
comisiones sobre iniciativas legislativas: proyecto de ley orgánica
de universidades. De acuerdo con la ordenación del debate, las
enmiendas mantenidas por los grupos parlamentarios al dictamen de
Comisión las debatiremos en tres bloques sucesivos.
En primer lugar, y por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez. (Pausa.)
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, el Bloque Nacionalista Galego quiere expresar su
total rechazo a la celeridad en la tramitación de esta ley, que para
colmo de males coincidió con todo un proceso electoral en nuestro
país, en Galicia. Decimos esto porque el asunto que nos ocupa es
suficientemente complicado y problemático como para haber necesitado
mayor demora, desde luego mayor preocupación e incluso mayor matiz.
Tenemos que dejar sentado también que si se hubiesen dado las
condiciones oportunas tendríamos en este momento unas enmiendas mejor
elaboradas, muchísimo más amplias y mejor matizadas.
Dicho esto, quiero centrar el debate exclusivamente, debido a la
escasez de tiempo que se nos concede, en tres temas para nosotros
troncales en esta ley. En primer lugar, el que hace referencia a los
aspectos recentralizadores de la misma y a la dependencia al Gobierno
español que posibilita esta ley. Nos parece que este es el aspecto
más preocupante, el más cualitativo, incluso el que sería motivo de
una confrontación política más abierta. Somos totalmente contrarios a
que las funciones de evaluación y acreditación de la calidad y de
todo tipo de parámetros que debe cumplir la universidad se realicen
por órganos de carácter central y de tipo estatal. Somos
consecuentemente descentralizadores y pensamos que deben ser las
comunidades autónomas las que, en el ámbito de su territorio,
constituyan y desarrollen órganos de esta característica, por lo que
nuestras enmiendas van destinadas a este fin en los artículos 12 y
35. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la
presidencia.) Pensamos que hay un caballo de Troya fundamental en
todo el sistema, la agencia, que va a convertir la enseñanza
universitaria en un modelo ad hoc a favor de una determinada idea de
España, de una determinada idea de la universidad e incluso del
profesorado.
Hay otro elemento que también contribuye a esta imagen, a esta
función, a esta recentralización, y es el sistema que se denomina
habilitación nacional. En el artículo 57 optamos por modificarlo con
una fórmula que sería de acreditaciones, no de habilitación, que
debían ser dadas por las agencias respectivas de cada comunidad
autónoma, lo que elevaría estas acreditaciones, puras evaluaciones de
cuál es el currículum de cada uno, al consejo de coordinación
universitaria, que debe ser el único órgano de carácter estatal que
recoja la ley. Además, habría que simplificarla dejando a desarrollo
reglamentario, bien de carácter estatal o autonómico, muchos aspectos
que la ley trata pormenorizadamente pensamos que de forma equivocada.
Igual que hay que optar por un fomento de la investigación que no
impida la vinculación de las universidades al sistema productivo de
su entorno, que sería fundamental en el caso de nuestro país. El
sistema articulado por la ley va a conducir a que el hecho de usar
como lengua vehicular de la enseñanza superior, y especialmente de la
investigación, el gallego, el catalán y el vasco, va a ser
prácticamente imposible, sobre todo en el caso del gallego.
Igualmente las metodologías de investigación estarán perfectamente
determinadas y condicionadas por el carácter recentralizador de la
ley.
Otro aspecto es el referido a la privatización. Tal como establece el
marco de la ley, pensamos que no hay que aceptar centros privados
adscritos a universidades públicas, ya que tienen un margen perfecto
para que se creen universidades privadas con todas las consecuencias.
No se debe excluir a los centros de la Iglesia católica
de la necesidad de la ley de reconocimiento de los respectivos
parlamentos autonómicos.
Otro bloque se refiere a las becas, las ayudas al estudiantado y la
financiación. Pensamos que esta ley sí debía de contemplar la
dotación y el número de becas suficiente en convergencia con Europa.
Además, en la adicional octava se debió contemplar un plan de
financiación para la mejora de la calidad y la equidad del sistema
educativo superior en el Estado español en un período de seis meses,
exactamente igual que la homologación de la inversión pública en
relación con la media europea, e impulsar hasta el umbral europeo el
sistema de becas y ayudas al estudio. No nos deja de preocupar el
hecho de que la ley no contemple algo muy importante que va a afectar
a muchos titulados universitarios. Sería necesaria una nueva
adicional que dejase claro que se van a equiparar en la homologación
de títulos universitarios con los de la Unión Europea todos los
existentes en el Estado español, de tal manera que no haya lugar a
discriminaciones que posibiliten que títulos universitarios del
Estado español acaben siendo títulos de formación profesional de la
Unión Europea.
En el aspecto del profesorado, señorías, pensamos que no es de recibo
que todo lo que no es personal funcionario quede a un galimatías de
controles que no va a garantizar para nada la calidad de ese
profesorado. Por tanto, estamos por la supresión de contratos por
obra o servicio de personal de todo tipo que permite el artículo
48.4. Pensamos que los ayudantes deben ser preparados para la
investigación y para la docencia, y así modificamos el artículo 49;
que los ayudantes doctores no tienen por qué verse limitados por esta
ley a no estar vinculados, por lo menos durante dos años, a la
universidad en que van a ser contratados; exactamente igual que los
profesores contratados doctores no tiene ningún sentido que vayan a
ser evaluados previamente por una agencia de carácter estatal o
autonómica. El sistema universitario tiene medios para saber la
calidad e idoneidad del profesorado contratado de las respectivas
universidades.
Por último, hay algo que es muy importante y que debe de garantizar
la ley, que son las reclamaciones. Deben ser competencias de las
comunidades autónomas, no del Consejo de coordinación universitaria,
especialmente en todo...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Rodríguez, le
ruego concluya. Su tiempo ha terminado.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo ya, señora presidenta.
Pero los derechos de revisión del proceso y deimpugnación ante la
jurisdicción contencioso-administrativa
deben afectar a todos los actos que pongan fin a la vía
administrativa. Esto es fundamental.
Estos son los aspectos claves para nosotros en esta ley, que merecía
más demora, más atención y un debate político más pormenorizado.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en una sociedad cambiante como en la que vivimos, con unos
retos y unas incertidumbres tan importantes como las que tenemos
encima de la mesa, creo que a nadie, a ninguno de los grupos
presentes en esta Cámara, le cabe la duda sobre la necesidad de
contar con una nueva ley de universidades. A mi juicio la
universidad, que debe estar en la raya de lo desconocido, dispuesta a
dar un salto más sobre lo desconocido y siempre aportando o
innovando, en este mundo cambiante hace falta que sea flexible,
abierta, participativa, esponjosa ante lo que está pasando; una
universidad donde se debe enseñar mucho más actitudes, con ce que
aptitudes con pe, porque realmente los problemas que tienen que
solucionar nuestros universitarios todavía no están ni enunciados. Yo
creo que deben prepararse para un futuro que casi desconocemos. ¿Y
qué nos encontramos, señorías, en vez de este modelo abierto,
flexible y participativo? Pues con una situación forzada de un modelo
cerrado, inflexible, donde se niega el diálogo abierto y tranquilo,
donde se niega el consenso, donde hay un rechazo importantísimo y
donde además se aplica el acelerador. Yo no alcanzo a entender por
qué estas prisas de debatir en unas horas 800 enmiendas y de
cargarnos en una mañana este proceso con tal de tener la nueva ley
ya. ¿Por qué una ley tan confusa? Yo no sé si cuando se renueva la
ley cambiando las cosas es la renovación por la renovación, pero
espero que no sea como en aquella película de El hotel de los
hermanos Marx en la que por la noche cambiaban los números de las
habitaciones y cuando le preguntaban al dueño si aquello no iba a ser
muy confuso contestaba: Sí, pero será muy divertido. Yo no sé si va
ser divertido el marasmo en que nos vamos a meter con esta ley. Son
muchas las enmiendas presentadas a los tres grandes temas que estamos
debatiendo hoy. Respecto a cómo es la universidad, si es
participativa, si es abierta, esta ley se basa en la desconfianza y
en la descalificación. Por un lado se mantiene a los rectores
actuales -parece que se les reconoce su capacidad de representación
democrática- pero se suprimen los claustros, como si los actuales no
tuvieran capacidad para emprender la reforma de sus propios
estatutos, como si hicieran falta unos claustros democrático-
constituyentes que sustituyesen a los actuales. Hay una reforma del
profesorado que, buscando cosas, no habla de lo principal: la
financiación; buscando luchar contra la endogamia -que me parece muy
bien; y una de las armas fundamentales para hacerlo es el dinero,
cuánto cuesta mover a la gente-, se fuerza a la exogamia, echando a
los profesores ayudantes doctores de su equipo por dos años -a
todos-, como si fuera necesario y bueno que se fuera todo el mundo
del nido donde está investigando.
Estamos ante una ley que está tan fuera de la realidad que va a
forzar la trampa. Es como cuando en el movimiento moderno se
diseñaron los bloques en altura para acabar con la densidad y buscar
parques y espacios soleados, y acabó usándose el invento para
incrementar la densidad de las casas bajas poniendo los bloques unos
junto a otros. Esto es igual. Esta ley está inventando un escenario
que no existe porque no resuelve la financiación, no se resuelve el
respeto a la autonomía de las comunidades autónomas y a la autonomía
universitaria, y porque estamos aquí en una gran ceremonia de la
confusión diciendo muy rápidamente lo que pensamos de estas 800
enmiendas porque es necesario que hoy, a las tres, esté aprobado el
proyecto. Es una responsabilidad grave la que está asumiendo el
Gobierno: la de perder la oportunidad de un debate sereno sobre el
modelo de universidad; un debate sereno sobre cómo evaluar a nuestros
profesores y quién lo va a hacer; un debate sereno sobre cómo se
financian las universidades, por qué ese número de laborales y no
laborales, por qué esos controles tan distintos entre privados
y públicos, por qué puede haber universidades alfa y universidades beta
no en base al trabajo de los profesores sino al dinero con que
cuenten, que no será similar en todas las universidades. Estamos
creando un ranking que va a depender de la gasolina: correrá más
quien más gasolina tenga. No se nos oculta el mapa en que estamos
situados, el disenso absoluto existente en un asunto tan vital para
una sociedad como es la universidad, la fábrica de intelectuales
futuros.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Núñez, le ruego
concluya. Su tiempo ha terminado.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Para terminar, señorías, creo que esto es un
auténtico despotismo sin ilustración; es el despotismo político, el
despotismo partidario contra los ilustrados. Si hay un foro donde se
mueve el cerebro y la materia gris es la universidad. Se va a
imponer, desde una actitud partidaria, un modelo cerrado, inflexible
y que no nos va a servir. La responsabilidad será de los proponentes
y en ningún caso hoy aquí tengo tiempo ni medios para defender una a
una las enmiendas de otro modelo de universidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, para la defensa de
sus enmiendas, tiene la palabra la señora Julios Reyes.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Son pocas las enmiendas que le quedan vivas el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria en esta parte del debate, y ahora pasaré a
defenderlas. No obstante, quisiera hacer una valoración general
previa. Pensamos que hemos perdidos todos la oportunidad de llevar a
cabo un debate que nos permitiese llegar a un consenso amplio -que
involucra a los dos grupos mayoritarios de esta Cámara- y a un
consenso importante, es decir que abarcase los aspectos más polémicos
de esta ley, que hubiera sido sano y bueno para el futuro de las
universidades, para la continuación del desarrollo de la reforma de
la universidad y para su estabilidad. Lo cierto es que la polémica
previa al debate en esta Cámara ha pesado y ha sesgado tremendamente
las posiciones partidistas predeterminadas ya antes del debate habido
en esta Cámara. Entendemos que esto ha impedido un verdadero debate
de fondo sobre los pros y los contras de los modelos. Todos estábamos
de acuerdo en que era necesaria una reforma. Nuestro grupo está de
acuerdo, en líneas generales, con lo que está planteado en este texto
que hoy estamos discutiendo; nos preocupa la repercusión que pueda
tener alguna de las novedades que se introducen, como es el caso del
nuevo proceso de habilitación y, fundamentalmente, que no se
convierta en un elemento de aislamiento de las universidades canarias
en el doble sentido, hacia adentro y hacia fuera de la universidad;
pero este punto lo veremos en el turno correspondiente. Sin embargo,
también es cierto es que -es mi opinión- en el escaso tiempo que
hemos tenido para debatir, este proyecto ha estado sesgado
profundamente por el debate habido fuera de esta Cámara y que los
enfrentamientos entre los dos grupos mayoritarios han sido a veces
más de forma que de fondo; más de forma que de una discusión profunda
sobre los modelos, que es lo que hubiera dado mayor enriquecimiento
al texto. Sabemos el modelo que tenemos actualmente y el que
pretendemos reformar; sabemos el modelo propuesto en esta ley, aunque
sus repercusiones no hayan sido debatidas con suficiente profundidad,
pero no sabemos cuáles eran las otras alternativas que se proponían
que no fuera la de que la universidad permaneciera en la misma
situación que ahora. Entendemos que si bien la LRU de 1983 supuso un
impacto imprescindible y positivo que nos ha permitido tener hoy las
universidades que todos conocemos -ha permitido su apertura, su
democratización, la autonomía universitaria, la libertad de docencia,
etcétera-, lo cierto es que esta evolución positiva de nuestro
sistema universitario se ha dado en un contexto social y
económico, el de España y de sus autonomías, que también ha
evolucionado rápidamente y que exige una constante readaptación e
interacción con las respuestas que deben dar las universidades. La
evolución económica y demográfica -que ya está impactando en el
sistema educativo-, así como el impacto que producen en todos los
aspectos de la vida y también en las universidades las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación, son aspectos que
deben ser valorados en sus justos términos. El entronque de la
universidad con la sociedad y la necesidad de educación y cultura así
como con el mundo productivo, el entronque de la universidad con el
tejido empresarial, con las necesidades formativas de éste, con el
desarrollo de la investigación aplicada, se establece como
prioritario.
Todos estos aspectos son necesarios si queremos que nuestras
universidades no pierdan muchos de los trenes que ya están puestos en
marcha y si queremos que sean competitivas tanto en el orden nacional
como internacional. Esto implica necesariamente readaptar las
estructuras de la universidad para que den respuesta a estos nuevos
retos que permitan a las universidades ejercer un efecto de liderazgo
en nuestra sociedad como instancia crítica y científica basada en el
rigor y en el mérito y como un referente para el conjunto de la
sociedad. En este sentido entendemos que tiene que haber una mayor
participación y control de la universidad por parte de la sociedad,
que debe participar en su organización y en sus objetivos, como la
hay o debe haberla en otros servicios públicos. Esto no debe ser
enfrentado con un principio que todos defendemos que es el de la
autonomía universitaria.
Tenemos también que recordar y reconocer que son las propias
universidades públicas las que tienen vocación de abrirse a la
sociedad, una sociedad que cada vez exige más: más servicios, más
calidad, más compromiso por parte de la Administración pública, más
eficiencia, mejor gestión; y también se lo exige a la universidad.
Esto ha de entenderse como una conquista de la sociedad y también
como un mérito que hemos de reconocerles a los profesionales que
trabajan en el entorno de la universidad, en el mundo académico y en
el mundo de la investigación. Hay que entenderlo como una conquista
porque también en ellos hay una constante voluntad de apertura y de
respuesta a las necesidades de la sociedad.
Se han incorporado bastantes enmiendas a esta parte del texto.
Nosotros mantenemos la número 346, a pesar de que se ha incorporado
en el artículo 3 del texto del dictamen una mención especial a la
modalidad de las enseñanzas no presenciales. Entendemos que esta es
una modalidad de gran importancia en general, pero desde luego es de
futuro para territorios insulares y fragmentados como el nuestro. Sin
embargo, aunque ha quedado mejor en el texto que hoy tenemos,
mantenemos viva la enmienda que planteábamos para que se incorpore
una disposición adicional nueva en referencia a que se especifique
que las enseñanzas universitarias no presenciales deben de
ser fomentadas por los poderes públicos, al igual que las tecnologías
que permitan la implantación y la modalidad del desarrollo de estas
enseñanzas. También mantenemos viva la enmienda 349 donde planteamos
una modificación a la disposición transitoria quinta que, como saben
SS.SS., se refiere a que a la entrada en vigor de la presente ley los
profesores asociados que se encuentren contratados tendrán que
adaptarse a la nueva legislación y se fija un plazo de tres años.
Nosotros proponemos que se modifique ese plazo por el de cinco años,
ya que con esto intentamos flexibilizar el tránsito de los profesores
asociados hacia el nuevo sistema diseñado en este texto, dándoles un
mayor margen de tiempo para que puedan obtener el grado de doctor y
ser contratados como profesor ayudante doctor. Es importante no sólo
el desarrollo de la ley a niveles legislativos, sino que -estoy
hablando de un territorio como es el de Canarias en el que hay
universidades que son relativamente nuevas, no tan consolidadas como
en otros territorios del Estado- para nosotros es importante que el
periodo de tránsito, de adaptación de esta nueva ley permita a todas
las universidades y por tanto a todo el profesorado que en ellas se
encuentra adaptarse para estar en igualdad de condiciones en la
aplicación de la nueva ley y en la competitividad también de nuestro
profesorado y de nuestras universidades.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri para la defensa de las enmiendas.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco mantiene cuatro conjuntos de
enmiendas todavía vivas a este proyecto de ley, tras su debate en
Comisión, que quisiera subrayar al inicio de mi intervención para que
los portavoces del Grupo Popular en sus respuestas sistematizaran las
mismas y nos centrásemos siempre en los debates sobre el fuero, señor
Guerra Zunzunegui, con todo el cariño, cuatro paquetes de enmiendas
vivas.
Uno primero se refiere a la arquitectura legislativa que en una
materia como la universitaria, en la que intervienen tres polos a
coordinar, es necesario tener en cuenta previamente a la definición
del propio proyecto de ley. Estamos hablando de unas competencias que
el Estado sostiene sobre estas materias y que nosotros no negamos. Lo
hemos querido dejar claro en y a lo largo de todo el debate: el
sistema universitario español tiene que ser único -básico se dice
ahora incorporando una enmienda del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), que a ese respecto, aunque nosotros preferíamos el término
de mínimo, hace luz-; un sistema universitario que está
coordinado, que es único en sus distintas dimensiones en el conjunto
del Estado -para que los ataques no vengan en esa línea-; unas
comunidades autónomas que tienen sus universidades transferidas, no
estamos en estos momentos en el año 1983 y los análisis no se pueden
hacer desde la perspectiva de 1983. Y después está el concepto de
autonomía universitaria que, en nuestra opinión, es indudable que hay
que definir en términos distintos, más extensos, con más competencia
para los propios órganos rectores de la universidad. El esfuerzo que
se hace en este tipo de enmiendas es esto que en fútbol llaman ahora
el tridente, intentar compaginar el juego de lo que es el Estado, de
lo que son las comunidades autónomas y de lo que es la autonomía
universitaria para llegar a un modelo que sea eficaz y que sea de
calidad y de excelencia.
En segundo lugar, hay una serie de enmiendas que se refieren al
modelo de universidad; un modelo de gestión universitaria, un modelo
de enseñanzas. Hay un tercer paquete de enmiendas que hace referencia
a la concepción pluricultural y plurilingüe de los servicios
universitarios en un Estado en el que hay un 40 por ciento de
ciudadanos que son bilingües, según las últimas estadísticas del CIS,
y un 8 por ciento de ciudadanos que son trilingües. Desde esta
posición entendemos que no es razonable plantear un proyecto de ley
universitaria como si en el Estado todos fuésemos monolingües. Hay
que incorporar también los criterios de calidad desde el punto de
vista lingüístico, teniendo en cuenta esta realidad del Estado.
Finalmente están las enmiendas de fuero que hacen referencia a
aspectos competenciales de las comunidades autónomas, a un modelo de
Estado.
En consecuencia, nosotros creemos que algunas de las previsiones que
están recogidas en este proyecto de ley deben remitirse a legislación
autonómica y otras a los propios estatutos de las universidades,
porque no corresponde a esta Cámara legislar en torno a estas
materias y que el esquema de trabajo debiera establecerse, en nuestra
opinión, como Partido Nacionalista Vasco, como Grupo Vasco en esta
Cámara, en los siguientes términos. En primer lugar, redactar una ley
básica que articule el conjunto del sistema universitario. En segundo
lugar, que las comunidades autónomas, mediante ley, pudieran
desarrollar dicha ley de mínimos para acomodar sus universidades a
sus realidades sociales, económicas, industriales, educativas y
lingüísticas. En tercer lugar, que las universidades pudieran tener
su propio marco estatutario con las normas de que se doten,
preservando su autonomía y garantizando los necesarios controles
sociales.
Sin embargo, el proyecto de ley, el dictamen de la Comisión que en
este momento estamos analizando, tiene un marcado carácter
omnicomprensivo, totalizante. El mismo proyecto de ley contiene la
ley orgánica,contiene la ley básica y además contiene los reglamentos
de desarrollo, facultando, más a más, al Gobierno del Estado para
ejercer funciones que corresponden a las comunidades autónomas o a la
autonomía que cada una de las universidades debiera conocer en el
ámbito de sus competencias. En nuestra opinión -y es la crítica más
dura que vamos a realizar a este proyecto del Estado- el Gobierno no
puede abarcar y agotar todo el contenido legal en estas materias
universitarias. La autonomía política de quien va a financiar la
universidad, en este caso las comunidades autónomas, debe tener mayor
margen de actuación. Tampoco se puede agotar la autonomía
universitaria en grandes segmentos de su dimensión académica,
organizativa o estructural. En consecuencia, el Gobierno no puede
invadir de esta manera todos estos aspectos. En nuestra opinión, el
proyecto de ley en su actual redacción pretende determinar hasta la
extenuación los objetivos, los programas, los órganos de gobierno, la
carrera docente del profesorado universitario, incluso los propios
itinerarios del alumnado y la única función que reservan a las
comunidades autónomas es la financiera. Están diciendo, en
definitiva: pongan ustedes dinero para hacer lo que yo quiero.
En relación con el modelo de universidad -una cuestión que fue
suficientemente debatida en el trámite en Comisión-, en nuestra
opinión el modelo que presenta este proyecto de ley es el modelo
latino, en sus estructuras básicas de personal funcionario, de
órganos de gobierno, de control administrativo y de carrera docente;
es verdad que, como decía el señor Guerra Zunzunegui en el debate en
Comisión, entreverado, con líneas complementarias en orden a dotar al
sistema universitario español de flexibilidad, pero esto se enmarca
siempre en el proyecto de ley con un carácter secundario y segundón.
En consecuencia, el proyecto de ley presenta una redacción que
encorseta al conjunto de universidades españolas en un modelo único
que, en nuestra opinión, es el modelo volteriano-napoleónico, de
amplia tradición en la Europa continental. Nos seguimos preguntando
por qué no se quiere aceptar que las universidades que mejor
funcionan en nuestro entorno son las universidades anglosajonas, que
son las que mejor preparan a los alumnos y las que mejor
investigación realizan. Si de verdad el objetivo que se pretende con
este proyecto de ley es el de la calidad y el de la excelencia,
nosotros creemos que hay que ser más reformistas, señorías del Grupo
Popular, no sé si del centro reformista, pero más reformistas. En
consecuencia, las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
intentan avanzar en esta línea de modelo universitario anglosajón. Ya
sabemos que no se puede romper completamente con el modelo latino,
hasta ahí llegamos, pero sí puede tener más de anglosajón. En esa
línea, entendemos que el modelo universitario español necesita mayor
flexibilidad, necesita mayor diversidad, necesita mayor pluralidad y
necesita mayor modernidad. Nos seguimos preguntando, y esa
es la respuesta que quisiéramos obtener hoy, cuando terminamos los
trámites de este proyecto de ley, ¿por qué no existe un modelo
universitario como el que se propone en ninguna de las universidades
más competentes o de más prestigio académico del mundo? ¿Por qué este
modelo no es el vigente en ninguna de estas universidades? Ninguna de
las universidades de excelencia de nuestro entorno cuenta con un
modelo universitario tan rancio, tan encorsetado y tan colegial.
Seguimos sin saber el porqué de la opción de este modelo.
En tercer lugar, siguiendo el esquema con el que he iniciado mi
intervención, el Grupo Parlamentario Vasco sostiene dos enmiendas
competenciales. La primera se refiere a las comunidades autónomas de
régimen foral. El Grupo Parlamentario Vasco sostiene que la tradición
foral no está ligada únicamente al fisco, a la hacienda y al
bolsillo. En estas enmiendas se significa que esta tradición foral
también se entronca en su dimensión cultural y lingüística y que, en
consecuencia, debe ser de aplicación en materias de educación en las
lenguas oficiales distintas del castellano.
Entrando en la cuarta dimensión de este grupo de enmiendas, en
opinión del Grupo Parlamentario Vasco, es necesario introducir en
esta ley orgánica la regulación específica que precisa la enseñanza
universitaria en lenguas oficiales distintas del castellano. El
modelo está redactado sobre una dimensión estrictamente monolingüe.
No existe el profesorado bilingüe o trilingüe en las universidades
españolas. Esa es una realidad que el Partido Popular intenta obviar.
Cuando el Partido Popular observa las universidades españolas, está
viendo profesores monolingües. Nosotros, cuando observamos esa
realidad del profesorado......
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor González de
Txabarri, vaya concluyendo por favor.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Comprenderá que es un conjunto de enmiendas muy extenso. Lo intentaré
reducir en el tiempo. Gracias.
En nuestra opinión, difícilmente se podrá abordar un modelo
universitario único, homogéneo y uniforme cuando la realidad del país
y de las propias enseñanzas universitarias es plural, es diversa y
además es plurilingüe. El proyecto de ley del Gobierno no contiene
ninguna previsión para garantizar los derechos constitucionales de
los miembros de las comunidades universitarias bilingües, y creemos
que este es un planteamiento grave y miope, que además se agiganta al
constatar que tampoco se realiza ningún planteamiento sobre el
aprendizaje y el uso de otras lenguas europeas, cuando uno de los
principales objetivos que se plantean en el proyecto de ley es la
integración en el sistema universitario europeo, una vez que hemos
aceptado las
enmiendas que proponía el Grupo Socialista en relación con el título
XIII.
Para terminar, señora presidenta, el proyecto en su actual redacción
condiciona terminantemente los derechos y libertades de los
ciudadanos que libremente optan por realizar sus estudios
universitarios en lenguas distintas del castellano.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor diputado, le
ruego que concluya.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Se potencia el monolingüismo
en detrimento del bilingüismo y se ignora que los estudios más
especializados se realizan en inglés. Nosotros seguimos insistiendo
en que el factor lingüístico es un factor de calidad. El alumno
bilingüe o trilingüe está mejor capacitado que el alumno monolingüe,
y el profesor que domina varias lenguas está en condiciones de
impartir...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor González de
Txabarri, le ruego concluya.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Pues concluyo, señora
presidenta, pero entenderá que así no se puede debatir un proyecto de
ley de esta dimensión y con tantas enmiendas; y comprenderá que si
estamos haciendo un esfuerzo serio por hacerlo...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Lo comprendo, señor
González de Txabarri, y por eso se ha excedido usted en el tiempo en
más de dos minutos, lo entiendo y por eso le ruego concluya ya.
(Rumores y protestas.)
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Solo le pido, con todo
respeto, señora presidenta, que atienda así al resto de los grupos,
con esa generosidad.
Muchas gracias. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Sí, procuraré
hacerlo. (Rumores y protestas.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Como todo el mundo sabe, esto es un trágala y,
evidentemente, a mí también me quitarán la palabra, por eso quiero
decirlo al principio. También quiero denunciar la utilización
partidista que hace el Gobierno, en el día de hoy, invitando a La
Moncloa para una recepción especial a los alumnos participantes en el
Aula de verano Ortega y Gasset, organizada por la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo, y becada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, siendo, como ustedes saben, el único
requisito para optar a la beca poseer una nota media en
el bachillerato superior a 8,5 sobre 10. Esto quiere decir que,
curiosamente, invitan ustedes a La Moncloa a los alumnos que tienen
los mejores expedientes del país el día en que se debate su reforma
universitaria, aunque sinceramente, señora ministra, por mucho que
usted quiera bendecir el santo, a este santo no lo va a bendecir en
este país ni Dios. (Aplausos.-Protestas.)
Dicho esto, hace tan solo tres semanas, en esta Cámara, este Pleno
debatió nueve enmiendas a la totalidad al proyecto de ley orgánica de
universidades que el Gobierno había remitido a las Cortes. Todos los
grupos enmendantes, entre ellos el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, coincidían en la necesidad de proceder a la reforma
de la LRU, a la vista de los cambios experimentados por la sociedad
española, de los retos nuevos que se nos plantean y, por supuesto, de
las propias insuficiencias que la LRU ha venido demostrando tras
cerca de veinte años de vigencia. Sin embargo, ustedes han hurtado el
amplio debate social necesario que debería anteponerse a una ley de
esta envergadura. Izquierda Unida planteó diversas iniciativas en
legislaturas anteriores y la última, señora ministra, el 6 de junio
del año 2000, solicitando la creación de una subcomisión, en el seno
de la Comisión de Educación, para analizar la reforma universitaria
de un modo sereno, de un modo respetuoso, del modo que se merece la
sociedad española y la comunidad universitaria. Lejos de aceptar
ustedes tal moción, desde el Gobierno se diseña una estrategia de
calendario, y no de caracol, a partir del mes de mayo, utilizando los
meses de verano e imponiendo plazos para dificultar la articulación
de alternativas que pudieran surgir de un debate sosegado y riguroso.
Ustedes han olvidado que las comunidades autónomas tienen
transferidas las competencias educativas y que las universidades
gozan de autonomía. Lejos de diseñar una ley básica que permitiera un
posterior desarrollo por parte de los parlamentos de las diferentes
comunidades autónomas, así como por parte de las propias
universidades, el proyecto de ley que usted trae a esta Cámara,
señora Del Castillo, es un proyecto centralista, excesivamente
reglamentista y, en consecuencia, atenta contra el principio de
autonomía universitaria reconocido en nuestra Constitución, olvidando
la pluralidad social, lingüística y cultural que convive en el Estado
español. No da solución, y si la da es una solución errónea, a los
problemas detectados en aplicación de la Ley de Reforma
Universitaria. En este sentido, tenemos que reiterar que el proyecto
no cuenta con un plan de financiación de las universidades públicas,
lo que supone dejar al margen de este debate un asunto central dado
el unánime acuerdo existente sobre la insuficiente financiación de la
universidad pública para entender los cometidos que tiene
encomendados, máxime cuando España, señora ministra -lo sabe usted
muy bien-, está muy por debajo de la media europea en gasto público
para enseñanza superior y para la investigación. ¡Qué vamos a decir
de las becas y ayudas
a los estudiantes! Hay que denunciar que la ley, tan
reglamentista por otra parte en otras cuestiones, no establece
procedimiento alguno para asegurar que ningún estudiante quede
excluido del sistema universitario por razones económicas a través
del sistema de becas. Tampoco se resuelve el problema de acceso ni de
la carrera docente del profesorado. Se recorta la democracia interna
en los órganos de gobierno de las universidades, se mantiene la
incógnita, indefinición o arbitrariedad en el acceso de estudiantes a
la universidad y el trato discriminatorio o preferencial a las
universidades privadas, y en especial a las de la Iglesia católica.
Rechazadas las enmiendas de devolución, la comisión de Educación ha
procedido a estudiar las enmiendas parciales al proyecto. Lejos quedó
ese marco idílico que anunciaba en esta Cámara -usted misma, señora
del Castillo-, por el que esperaba que, con espíritu abierto, se
estudiara el proyecto y sus enmiendas para mejorarlo. La Comisión ha
despechado este importante trámite sin que el Grupo Parlamentario
Popular haya permitido las comparecencias planteadas por el Grupo
Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida para adquirir mayor
conocimiento de causa de la realidad sobre la que se está legislando
y dedicando una sesión maratoniana única al estudio de las cerca de
800 enmiendas. Para que lo sepan la Cámara y también las personas que
asisten al debate desde la tribuna de invitados, a minuto por
enmienda, imposibilitando que se haya producido el necesario debate
de aproximación de posiciones para elaborar un dictamen más
integrado. Ante la ausencia del debate social que hemos venido
demandando junto con amplísimos sectores de la comunidad educativa,
esperábamos que la Comisión de Educación hubiera cumplido algún papel
respecto al consenso necesario para un tema de tanta transcendencia
que no debe estar sometido a vaivenes partidistas o centralistas,
sino que debe tener un consenso de Estado que le garantice apoyo y
vigencia. Como dicen los geólogos, señora ministra, en la naturaleza,
para conseguir buenos cristales, hace falta espacio, tiempo y reposo.
A falta de estas condiciones, un buen caldo de cultivo puede
transformarse en un precipitado turbio.
El dictamen que ha elaborado la Comisión, fruto de la precipitación y
de la ausencia de un verdadero debate, introduce sobre el texto
inicial diversas lagunas que, a nuestro entender, no sólo no mejoran
globalmente el texto, sino que, claramente, lo empeoran. Algunas de
estas modificaciones abordan omisiones o lapsus importantes que tuvo
el Gobierno a la hora de traer este proyecto a la Cámara: El nuevo
título XIII trata sobre el espacio europeo de la enseñanza superior-
se olvidan ustedes de que estamos en el marco europeo-. Las nuevas
enmiendas adicionales versan sobre el acceso de mayores de 25 años y
titulados de formación profesional. También olvidan alegremente la
integración de discapacitados. Otros ejemplos son: la estructura de
los consejos de departamento, artículo 19, señora ministra,
el reconocer como criterio relevante al evaluar la dedicación
docente, artículo 33.4, etcétera, etcétera; el etcétera podría durar
hasta que la señora presidenta me quitara la palabra.
Respecto a la regulación del consejo social, han sido tantos los
vaivenes que en este apartado ha dado el Gobierno que, finalmente, el
dictamen ofrece una fórmula que se contradice entre lo que se indica
en la exposición de motivos y lo que se ha incluido en el artículo
14.3, que da cabida a una mínima representación de la comunidad
universitaria en dicho órgano. En esta misma línea de sinsentidos
queda sin asegurar la presencia del presidente del consejo social en
el consejo de gobierno. (Pido perdón a las estenotipistas, pero la
urgencia me hace ir a esta velocidad.) Esperamos que este tipo de
olvidos y chapuzas derivadas del procedimiento que se nos ha impuesto
se corrijan a partir de mi humilde intervención, señora ministra.
Se suprime el artículo 43.3 sobre política de becas, ayudas y
créditos, sin que se incluya en ningún otro sitio del texto de la
ley. ¿Acaso piensa en Partido Popular que no se debe instrumentar una
política con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la
universidad por razones económicas? Pues díganlo con claridad
y déjense de hacer declaraciones desmintiendo lo que dicen cada día en
las comisiones y en las ponencias. ¿Es otro olvido, es otra chapuza o
se trata sencillamente de un lapsus freudiano o de un cinismo
político de calado que yo no me atrevería ni a calificar? Desaparece
el artículo 70.4, señora ministra, que establecía la necesidad de que
la relación de puestos de trabajo fuese coherente con las
expectativas de realización de una carrera docente, incentivo básico
para el profesorado de una universidad pública. Desaparece el
requisito de habilitación para un 25 por ciento del profesorado de
las universidades privadas, sustituyéndolo por un simple requisito
académico, el doctorado (artículo 72.2). Frente a esto Izquierda
Unida ha mantenido siempre que las universidades privadas deben
cumplir los mismos requisitos que las públicas. Abundando en esta
posición de facilitar el máximo funcionamiento de las universidades
privadas, abren la posibilidad -modificación de la disposición
adicional decimonovena- para utilizar denominaciones propias de los
cuerpos docentes universitarios, lo que indudablemente abre la vía a
que puedan autodenominarse profesores titulares o catedráticos sin
haber realizado ninguna prueba para ello, creando manifiesta
confusión y en clara contradicción con lo que, sin embargo, usted le
va a plantear al alumnado, que son 12.000 pruebas para llegar a la
universidad mientras la carrera docente en las universidades públicas
sigue una sinuosa carretera de montaña plagada de obstáculos. Desde
este proyecto se pone a disposición de las universidades privadas
pistas rápidas para circular a toda velocidad.
Se suprime el punto 2 de la disposición transitoria segunda, se da en
consecuencia marcha atrás en la
necesidad de proceder a convocar elecciones a rector en el plazo de
seis meses, se reconoce así la legitimidad de los rectores actuales
para dirigir el proceso de elección del nuevo claustro para la
elaboración de estatutos con arreglo a la nueva ley. La legitimidad
que ahora se reconoce a los rectores se niega a los claustros, que
perfectamente podían tener encomendada la función de elaborar los
nuevos estatutos. Resulta sintomático otorgarle legitimidad al
rector, órgano unipersonal, y negárselo al claustro, órgano colegiado
representativo de la comunidad universitaria, cuando este fue quien
eligió a aquél a tenor en lo dispuesto en la ley que usted viene aquí
a reformar, en la LRU. ¿Esta es la manera que tienen ustedes, señoras
y señores del Grupo Popular, de entender la democracia? Se elimina
también el plazo de seis meses que se había dejado en la disposición
transitoria octava punto 1 para poder realizar accesos a cuerpos de
funcionarios según la LRU. Con ello, en la práctica quedan
paralizados los concursos de acceso hasta que se desarrollen todas
las previsiones que exige el nuevo sistema, desde las que tenga que
tomar el Gobierno y comunidades autónomas hasta las que deben
establecer los estatutos de cada universidad. Esta medida compromete
evidentemente la realización de los acuerdos de estabilización de
plantillas que fueron suscritos en su día por el anterior ministro y
hoy vicepresidente del Gobierno, señor Rajoy, y cuya vigencia
temporal se mantiene aún viva. En las comisiones del consejo de
coordinación universitaria se establece un alejamiento entre las de
coordinación y la académica al establecer que los rectores no pueden
acudir a la primera ni los responsables de la enseñanza a la segunda,
impidiendo por tanto incorporar una perspectiva que en ambos casos
sería sin duda desde nuestro punto de vista enriquecedora.
El dictamen de la Comisión empeora ...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego concluya,
señora diputada.
La señora DE CASTRO FONSECA: Ya me lo temía. Sobre las enmiendas no
incorporadas a la.... Bueno, para acabar, porque no estoy dispuesta a
ponerme más nerviosa (Risas.) -llevamos con este trágala mucho tiempo
y con mucho estrés en el cuerpo-, le quiero decir únicamente una cosa
para que lo sepa todo el mundo. El dictamen ha sido generoso con las
enmiendas de Convergència i Unió, con las suyas, con las de Coalición
Canaria y con las demás han aplicado el rodillo más vil -el cien por
cien de las del PP, el 70 por ciento y el 50 por ciento de los demás
citados han sido admitidas-.
Con independencia, señorías, del previsible resultado de la votación
del dictamen queremos hacer una llamada de atención respecto al
debate en el Senado porque seguimos siendo optimistas y aún ustedes
pueden reflexionar. Todavía estamos a tiempo a escuchar las
voces de la sociedad, señora ministra, que está reclamando al
Parlamento y especialmente al partido mayoritario, a su partido, al
partido que sustenta al Gobierno, al Partido Popular un esfuerzo en
la búsqueda del consenso para lograr una ley más sintonizada con lo
que la universidad y la sociedad hoy están demandando. Anunciamos
desde esta tribuna que Izquierda Unida va a combatir esta ley con
uñas y dientes, que apoyaremos todas las movilizaciones sociales de
la comunidad educativa y también todas aquellas que se produzcan en
el seno de la sociedad. En ese sentido hoy estaremos presentes a las
12 de la mañana -porque aquí realmente vamos a servir para poco,
excepto para votar- en las movilizaciones convocadas delante del
Ministerio de Educación y los días 7 y 14 Izquierda Unida estará en
la calle porque esta es la ley del Partido Popular, no la ley que
necesita la sociedad española.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Catalán
de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, la verdad es
que llegamos hoy a este debate con mucho ruido de fondo, mucho ruido
externo, ruido real y ruido político; ruido de manifestaciones y
protestas en la calle muchas de las cuales nos parecen perfectamente
legítimas y compartimos en alguno de sus extremos; ruido que en unos
casos nace estrictamente de la demagogia, en otros de la ignorancia
de la realidad de lo que hoy se va a someter a votación y en algunos
-lamentamos decirlo, aunque también lo podamos respetar- de la pura y
simple estrategia política de algún grupo parlamentario. (Rumores.)
Conviene clarificar las cosas para que al menos en esta Cámara - no
sé si conseguiremos hacer llegar esa clarificación a la sociedad-
sepamos de qué estamos hablando, qué es lo que vamos a votar y en qué
contexto lo vamos a hacer. En primer lugar, recordaré una obviedad
que conviene recordar -porque parece que algunos lo olvidan cada vez
que se somete a votación algo en esta Cámara-, y es que hay un grupo
parlamentario que obtuvo mayoría absoluta en las últimas elecciones
que tiene perfecta capacidad y legitimidad democrática para aprobar
cualquier ley orgánica con sus votos exclusivamente, en aplicación de
su programa electoral. Eso es democracia, es el sistema que entre
todos nos hemos dado y es un dato que conviene tener presente entre
todos. Habrá ley universitaria si el Grupo Popular decide que la
haya. Lo que vamos a discutir es el contenido de esa ley, no si la
hay o no. En segundo lugar, existe una gran cantidad de voces en
contra de ese proyecto de ley en este momento. Se trata de unas voces
en contra que suponen tantas alternativas o respuestas como
voces se escuchan. Me interesa repetir, como lo hice en el debate de
totalidad, que no hay una alternativa a lo que hoy se va a someter a
votación; ni la hay entre todos los grupos de la Cámara que van a
oponerse a este texto, ni la hay entre los distintos sindicatos que
se han opuesto a este texto, ni entre las distintas asociaciones de
estudiantes que se oponen a este texto, ni siquiera entre los
distintos rectores que están protestando por este texto, que es lo
que ha imposibilitado que la CRUE (Conferencia de Rectores) llegara a
aprobar ni una sola propuesta positiva alternativa al texto que hoy
se somete a votación. Hay infinitos o gran cantidad de elementos de
discrepancia por parte de todos. No hay ni un solo punto en el que
todos los que protestan estén de acuerdo; es muy importante
subrayarlo cuando estamos hablando de legislar y no de un debate de
cafetería.
Finalmente hay -me importa decirlo también- un discurso por parte del
Grupo Socialista que pretende presentar a la sociedad un texto
alternativo, que este grupo se ha ocupado mucho de esconder en sus
discusiones y presentaciones a la sociedad, que podría recibir
exactamente las mismas críticas en algunos puntos que merece el texto
que hoy se va a someter a votación. Cuando se está discutiendo la
habilitación no se está discutiendo su puro aspecto procedimental,
sino -especialmente en Cataluña- la necesidad de pasar un filtro
previo al acceso a la función pública en cada una de las
universidades. Ese filtro previo también lo impone el Grupo
Parlamentario Socialista en su texto, filtro previo que sería la
acreditación, distinto de la habilitación y probablemente mucho más
oscuro. Se critica también del texto de hoy la desregulación en la
que va a quedar el espacio europeo de enseñanza superior. La realidad
es que este texto no prevé los cambios que se van a producir en
Europa, y cuando a muy corto plazo en Europa se evolucione hacia un
espacio europeo de enseñanza superior, el Gobierno podrá, vía
decreto, modificarlo. Esa es una crítica válida y que este portavoz
ha escuchado de boca de todos y cada uno de los rectores de las
universidades catalanas.
Lo que el Grupo Socialista no ha tenido ningún interés en explicar es
que esa es también su propuesta. Por tanto, esa crítica, si es
legítima, tiene que dirigirse no sólo al texto que se somete a
votación hoy sino también al texto alternativo del Grupo Socialista
porque dice exactamente lo mismo en ese punto. ¿Existen razones
contrarias a la votación de esta ley? Por supuesto que sí. La primera
de ellas -comparto en este punto lo que han dicho el resto de
portavoces- es el lamentable proceso de tramitación parlamentaria a
que esta ley se ha visto sometida y de la que espero que no se haga
cómplice la presidencia de la Cámara en el debate de hoy; una
tramitación acelerada que no se justifica por ninguna razón de
urgencia, que ha recortado los derechos de los grupos parlamentarios
y que ha tensionado innecesariamente a la sociedad. Eso es cierto y
lo denunciamos desde esta tribuna. Es una ley que contiene
reglas excesivamente intervencionistas como tantas otras leyes
básicas, como empieza a ser habitual, que se extienden mucho más allá
de lo que tendría que ser el ámbito básico. Ciertamente es una ley
con la cual tenemos discrepancias serias en algunos de sus aspectos,
muy particularmente en el modelo de habilitación que establece. Es
una ley a la que le faltan muchas cosas, que se queda corta para
regular la universidad en el año 2001 si pretende tener una cierta
estabilidad a principios del siglo XXI. Es cierto que esta ley, lo
diremos muy alto y muy claro, contiene elementos muy positivos. En
primer lugar, tenemos la sensación, errónea o no en función de los
documentos, reuniones de trabajo, etcétera mantenidas con todos los
grupos sociales, de que existe unanimidad en que la Ley de Reforma
Universitaria tiene que ser modificada y eso debe hacerse porque ha
quedado obsoleta en muchos aspectos. En segundo lugar -también me
interesa decirlo muy alto y muy claro-, la ley que hoy se vota, no el
anteproyecto de ley que elaboró el Gobierno en su momento, ni
siquiera la ley que entró en esta Cámara como proyecto de ley;
repito, la ley que hoy se vota, después de la introducción de
enmiendas de varios grupos parlamentarios y fundamentalmente en este
punto del nuestro, no sólo respeta las competencias de las
comunidades autónomas sino que clarifica y perfecciona el marco
autonómico mucho más allá que el derecho vigente. Clarifica
perfectamente las competencias autonómicas. Mi grupo entiende después
de un profundo estudio que han quedado desactivadas en su inmensa
mayoría, por no decir en su totalidad, las críticas en muchos casos
fundadas que se contenían en un bien publicitado dictamen que se
elaboró a iniciativa de los rectores de universidades catalanas por
parte de varios catedráticos de derecho constitucional. Esas críticas
en lo que tuvieron de válidas lo tenían respecto del proyecto de ley,
no lo tienen respecto de lo que hoy se va a someter a votación, que
es un texto distinto.
La ley que se va a someter a votación va a permitir la elaboración en
el caso de Cataluña, y evidentemente en el de las comunidades
autónomas que tienen estas competencias, de una ley universitaria
catalana que en el marco de las competencias de la Generalitat, que
son muchas (estatutarias y bien clarificadas por esta ley orgánica),
desarrollará todo aquello que es de su competencia en el ámbito
autonómico. El marco para llevar a cabo esa ley universitaria
catalana es mucho más claro de lo que hubiera sido antes de la
aplicación de esta ley. Esta ley clarifica con toda nitidez la
capacidad de la Generalitat de Cataluña y de las demás comunidades
autónomas y gobiernos autónomos con competencias universitarias para
desarrollar políticas de calidad en el ámbito universitario, para
mantener agencias de control de la calidad y para fiscalizar e
impulsar la calidad de las universidades en su territorio. Esta ley
clarifica que toda la normativa que establece el Estado esnormativa
básica, que será desarrollada después por las
comunidades autónomas. Esta ley fija por primera vez en muchos años
(cierto es, siguiendo una sentencia del Tribunal Constitucional, pero
saben ustedes que el propio Constitucional se puede interpretar de
muchas maneras) un marco válido, jurídicamente correcto y
constitucionalmente perfectamente admisible de desarrollo
competencial en el ámbito de becas, que reparte perfectamente y con
nitidez las competencias del Estado central y de las comunidades
autónomas en el ámbito de las becas. Esta ley fija por vez primera un
marco jurídico claro y estable que da seguridad jurídica a la
enseñanza virtual en España y a aquellas instituciones universitarias
que desarrollen, ya sea como complemento de la enseñanza presencial,
ya sea con carácter exclusivo, la enseñanza virtual. Eso no existía y
eso existe hoy.
Esta ley establece un modelo de carrera docente paralelo al
funcionarial, algo por lo que mi grupo parlamentario y muchos otros
grupos desde el principio de la transición han venido clamando, la
posibilidad de que exista una carrera docente paralela a la
funcionarial. Aunque hoy por hoy -someteremos a votación dos
enmiendas que nos quedan en ese ámbito- se impide todavía que el
profesor contratado o doctor tenga cargos de responsabilidad, salvo
eso, como tal carrera docente, esta ley establece la posibilidad de
contratos laborales indefinidos, no temporales, como decía el Grupo
Socialista, que pueden afectar al 49 por ciento del profesorado
docente e investigador en el ámbito universitario. Esa es una
reclamación que viene de muy lejos del Grupo Parlamentario Catalán y
que hoy queda reflejada perfectamente en este texto. Esta ley
establece algunas mejoras en la autonomía universitaria, menos de las
que algunos querríamos, pero algunas que se han obtenido fruto de la
iniciativa de nuestro grupo: en el ámbito de la creación y supresión
de departamentos, donde se remitía a la autorización de la comunidad
autónoma, o también en lo que es el funcionamiento del consejo de
coordinación universitaria, o también se establece una mejora en la
descentralización de ese proceso, que ya de por sí no nos gusta, que
es la habilitación. Esta ley mantiene efectivamente la posibilidad de
que el Estado pueda crear universidades en las comunidades autónomas,
y eso es algo que no nos gusta y es una de las enmiendas que
mantenemos pendientes.
Termino. Nuestro grupo parlamentario tenía una responsabilidad como
grupo político, y como tal la va a ejercer. Podíamos haber hecho como
otros -y no me refiero en este caso tanto a grupos políticos, aunque
en alguno también-: protestar, atacar, destruir, impugnar, criticar,
sin aportar ni una sola propuesta positiva de sustitución. (Rumores y
protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.) No se den por aludidos, señorías, ustedes verán por qué se
dan por aludidos.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Guardans, le
ruego concluya.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino, señora presidenta.
Les aseguro que políticamente para mi grupo parlamentario eso hubiera
sido tremendamente rentable, y lo saben ustedes perfectamente, mucho
mejor que yo. Podíamos haber hecho, y en este caso sí les ruego que
se den por aludidos, como ha hecho en muchas ocasiones en este último
debate el Grupo Parlamentario Socialista: introducir aquí un grupo de
tensión, cogiendo como rehén la política educativa para disimular la
incapacidad de hacer oposición en otros ámbitos o los acuerdos que ya
tienen (Rumores.), que le impiden hacer oposición en otros ámbitos, y
decidir que toda la oposición que realiza al Gobierno se va a
concentrar sin excepción en el ámbito educativo para disimular los
acuerdos que puede tener con el grupo mayoritario en tantos otros
ámbitos. (Rumores y protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor diputado, le
ruego concluya.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino en treinta segundos, señora
presidenta.
Si además eso le sirve al Grupo Parlamentario Socialista para hacer
política catalana desde Madrid, dos pájaros matados de un tiro.
(Rumores.) Mi grupo parlamentario ha preferido asumir la realidad
parlamentaria de esta Cámara y las mayorías que tiene en lugar de
limitarse a protestar desde la barrera ganándose quizá la simpatía de
unos y otros, habiéndose sumado a esa protesta, que en muchos casos
-insisto- nos parece legítima; hemos preferido aportar aquello que
hemos podido aportar; mejorar donde ha sido posible el texto, tanto
en fase de tramitación de enmiendas como en negociaciones previas;
salvaguardar con toda nitidez y rotundidad las competencias
autonómicas y mejorar en muchos aspectos el texto de la ley. Eso
evidentemente, señorías, en un régimen parlamentario no se hace a
cambio de nada, se hace a cambio del compromiso político valiente, y
ese compromiso es el que dará nuestro grupo votando afirmativamente
hoy este proyecto de ley. (Rumores.-Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben.)
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las
enmiendas, tiene la palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora presidenta, le ruego, por favor,
que tenga usted la misma generosidad con el tiempo que la que acaba
de tener con el interviniente que me ha precedido en el uso de la
palabra.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, señora ministra de
Educación, subo a esta tribuna para hacer en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista una primera intervención de carácter general
sobre el proyecto de ley orgánica de universidades que hoy culmina su
acelerada tramitación en esta Cámara. No tengo más remedio que
empezar por comentar brevemente justamente eso, señorías: el proceso
de tramitación. La mayoría absoluta del Partido Popular le ha
impuesto a la universidad española un calendario sumarísimo que
supone un agravio, tanto al Parlamento español, sede la soberanía
popular, como a la universidad española. Ni nuestra ciudadanía ni
nuestra universidad merecen un trato semejante, porque este Pleno
tiene que ser consciente de que hemos dedicado doce horas en una sola
sesión para discutir alrededor de 800 enmiendas. Como ya les han
comentado el cálculo es muy sencillo, el debate se ha saldado a un
minuto por enmienda. Ese es para el Gobierno del Partido Popular
y para el grupo mayoritario el tiempo máximo que le podemos dedicar en
esta Cámara al debate de una ley que va a regular el futuro de
nuestra mayor empresa de pensamiento y de formación: la universidad
española. La pregunta que querría dejar hoy en esta Cámara es muy
sencilla. ¿De verdad, señorías, creen que una ley, la LRU, que ha
estado en vigor durante dieciocho años, no podía haber permanecido en
vigor tres meses más, para haber debatido a fondo aquí, en el
Parlamento, y con la comunidad académica una norma tan trascendente
para la universidad española? (La señora vicepresidenta, Rubiales
Torrejón, ocupa la presidencia.)
Señorías, estamos sinceramente cansados de oír a la ministra y a los
portavoces del Grupo Popular comparar la tramitación de esta ley con
la de la Ley de Reforma Universitaria en 1983. Saben SS.SS. que la
urgencia de la LRU venía dictada por una razón de sentido común. La
universidad española vivía pura y sencillamente en la alegalidad:
rectores provisionales, claustros provisionales, provisionales
también muchos planes de estudio, títulos que esperaban ser
homologados desde hacía años. La universidad fue, señorías, la última
gran institución del Estado en acomodarse a la Constitución española.
Esas eran las razones de la urgencia, y en todo caso fíjense ustedes
en lo que les voy a decir. Si eso fuera cierto, si como ustedes
dicen, se hizo mal, ¿creen de verdad que es un argumento sólido que
porque se hizo mal ustedes lo van a hacer peor? A continuación me
pregunto en voz alta: ¿Por qué estas prisas? ¿Por qué de manera
indefectible había que traer este texto a aprobación el día de hoy?
Se lo voy a decir, porque el Gobierno es consciente de que esta es
una ley que está provocando el rechazo frontal en la universidad
española y quiere sacar la ley de este Parlamento antes de que la
universidad despierte y exprese públicamente su rechazo a una
normativa impuesta, retrógrada, centralista y reaccionaria. Esa es la
única razón para
estas prisas dictadas desde la desconfianza y desde el resentimiento.
Señorías, el actual secretario de Estado de Educación le dijo a
algunos rectores de universidades de Cataluña lo que para el Grupo
Parlamentario Socialista explica lo que ha sucedido en la Universidad
española durante estos últimos tres meses: ¿Por qué si tenemos
mayoría social no tenemos mayoría de rectores del Partido Popular en
las universidades públicas? Eso le preguntaba el secretario a los
rectores. Ese es el sentido que para el actual Ministerio de
Educación tiene esta ley: conseguir una mayoría política en el
Consejo de Rectores, pero, señores del Gobierno, señora ministra,
usted se equivoca. Sí que hay rectores conservadores en la
universidad española, lo que sucede -eso es lo que usted no ha
comprendido- es que antes que conservadores o progresistas los
rectores son representantes de la comunidad universitaria y como tal
se han expresado durante todo este proceso. Eso es lo que aún no han
comprendido ustedes: lo que significa representar a la universidad
española.
Las enmiendas socialistas, que derivan del proyecto alternativo que
defendí en esta tribuna hace pocas semanas, van en la dirección de
corregir la desconfianza, impedir el recorte de la autonomía, evitar
las rigideces y constreñimientos, salvar la burocratización y las
dificultades de gestión que su ley implica y, finalmente, garantizar
la financiación para la universidad y el sistema general de becas. El
Grupo Parlamentario Socialista a través de estas enmiendas quiere
poner fin a la práctica que empieza a ser ya habitual en el
Ministerio de Educación, según la cual el ministerio legisla y las
comunidades autónomas pagan. Quien cambia las reglas del juego debe
procurar la financiación necesaria para que esas leyes se puedan
aplicar. Detrás de nuestras enmiendas existe un texto alternativo, un
modelo alternativo al del Gobierno, le guste o no al señor Guardans;
un modelo alternativo. Señor Guardans, no voy a perder ni un minuto
en discutir con usted un modelo alternativo de universidad porque su
intervención aquí no tiene nada que ver con la universidad ni con las
enmiendas rechazadas o aprobadas. Su intervención aquí, su sí a esta
ley sólo tiene que ver con su debilidad política en Cataluña.
(Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien.) Eso le impide a usted
absolutamente no sólo hacer oposición, sino incluso hacer política.
Como les decía, detrás de nuestras enmiendas existe un texto
alternativo al del Gobierno, muy distinto; distintos son sus
presupuestos de partida, distintas las soluciones que se aportan para
resolver los problemas y distintas las prioridades. Los socialistas
queremos que haya más universitarios, queremos que la actividad de
aprender, también en la universidad, deje de estar ligada a una
determinada edad y se extienda durante toda la vida. Por eso, al
contrario de lo que propone el Gobierno, con nuestras enmiendas
pretendemos abrir nuevas vías de acceso a la universidad. Queremos
universidades innovadoras, capaces de crear nuevas enseñanzas,
de organizarse de acuerdo con las nuevas necesidades y con los nuevos
retos. Por eso en nuestras enmiendas incrementamos la autonomía
universitaria, al contrario de lo que hace el texto del Gobierno, que
reduce la capacidad de autoorganización de nuestras universidades.
Los socialistas queremos universidades eficaces y bien gestionadas,
por lo que proponemos simplificar los mecanismos para le gestión
universitaria, al contrario de lo que hace el texto del Gobierno, que
añade estructuras y suma burocracia. Los socialistas queremos
perfeccionar el control social, por eso en nuestras enmiendas
reforzamos el consejo social y su eficacia, también al contrario de
lo que hace el texto del Gobierno.
Los socialistas queremos facilitar la movilidad y la calidad en los
procesos de selección de los profesores universitarios, por eso
proponemos que la universidad seleccione a sus propios profesores
entre doctores con méritos docentes e investigadores acreditados, a
diferencia del texto del Gobierno en el que las universidades deben
elegir entre profesores previamente seleccionados. Los socialistas
queremos una universidad que enseñe porque investiga, por eso en
nuestras enmiendas vinculamos la investigación universitaria al
sistema de ciencia y tecnología español. Los socialistas queremos una
universidad de más calidad, por eso proponemos la creación de una
agencia independiente del Gobierno para evaluar y estimular la
calidad y queremos establecer un periodo de 10 años para que el gasto
por estudiante se homologue al de las universidades europeas. Los
socialistas queremos garantizar la igualdad de oportunidades, por eso
nos fijamos un objetivo: que en el plazo de 10 años cuatro de cada
diez universitarios estudien con una beca. El Gobierno olvida los
recursos financieros para las universidades y para las becas.
Finalmente, los socialistas deseamos que el proceso de adaptación de
la realidad universitaria actual a las previsiones de la nueva ley se
realice por las propias universidades, respetando su autonomía y la
legitimidad de los órganos elegidos democráticamente por la comunidad
universitaria, porque, aunque el Gobierno y el grupo mayoritario en
esta Cámara no lo quieran reconocer, la universidad española no
estrenará autonomía en el año 2001 ni estrenará democracia tras la
aprobación de esta ley. Les gustará más o menos, estarán más o menos
de acuerdo con lo que piensan los actuales responsables académicos,
pero para el bien de la educación universitaria de nuestro país, la
universidad española ha gozado ya de más de 18 años de autonomía
frente al poder político.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado ante esta
Cámara sus propuestas para reformar la universidad española. Lo hemos
hecho conscientes de la importancia que tiene la universidad en el
desarrollo de la sociedad del conocimiento en España. Los países más
avanzados del mundo saben que nunca en la historia
de nuestra civilización la enseñanza, la investigación y la
innovación han tenido tanta trascendencia, porque los avances
sociales y económicos en nuestro país van a estar directamente
ligados en el futuro a lo que seamos capaces de crear, de innovar y
de enseñar a las generaciones venideras. Por todo ello, acertar en la
reforma de la universidad es casi una necesidad imprescindible, pero
la historia nos ha enseñado que la universidad nunca se ha podido
reformar desde fuera de las aulas y desde fuera de los claustros. Las
reformas han culminado con éxito cuando la propia universidad las ha
asumido y protagonizado finalmente.
Quiero terminar expresando el rechazo de mi grupo parlamentario a una
ley que se ha hecho de espaldas a quienes deben desarrollarla y
aplicarla y que, por lo tanto, son fundamentales en su éxito o en su
fracaso: las comunidades autónomas y las propias universidades. El
rechazo a una ley que ni soluciona los actuales problemas de la
universidad española ni la preparan para afrontar los retos de
futuro. El rechazo a un texto que se ha elaborado agraviando al
Parlamento y a la propia universidad española, lo que no es de
justicia, porque la universidad española merece nuestra confianza.
Los últimos 20 años, señora ministra, son una buena prueba de ello.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora
Chacón.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señora presidenta, señora ministra,
señoras y señores diputados, en la mañana de hoy este grupo
parlamentario ha oído algunas cosas muy pintorescas: desde un
diputado que se ha subido a esta tribuna y ha definido la universidad
como una fábrica de intelectuales, siguiendo por las manifestaciones
efectuadas en la defensa de varias enmiendas por la representante de
Izquierda Unida -y siento que no esté en este momento- en las que ha
mezclado todo, diciendo algunas frases que son intolerables en un
ámbito académico y en un ámbito parlamentario. No quería dejar pasar
esto. Entro en los temas concretos.
En primer lugar, quiero agradecerle al representante del PNV la forma
de expresarse, a pesar de las divergencias que se pusieron de
manifiesto en la Comisión. Quiero indicarle, y así se ha manifestado
también un representante de un partido de una comunidad autónoma
importante, de Convergencia i Unió, que esta ley no es centralista.
Esta ley respeta las competencias de las comunidades autónomas -como
no podía ser de otra forma- estableciendo el régimen jurídico del
personal contratado, que se ve reforzado por un incremento de
personal que, como sabe S.S., pasa del 20 al 49 porciento. Con esto
enlazo con el modelo de universidad
que defendía el PNV, prácticamente imposible de aplicar en su
totalidad en España. Hemos hablado varias veces del sistema
anglosajón y del sistema latino, y yo dije en mi primera intervención
en este Pleno sobre el tema de universidades que íbamos a un sistema
mixto y que avanzábamos respecto a la LRU. Me reconocerá, señor
González de Txabarri, que esto es así. No puedo entrar en algunas de
las enmiendas, sobre todo en las números 40, 46, 47, etcétera, por
falta de tiempo, pero de verdad, señor González de Txabarri, según el
dictamen del Consejo de Estado y con las enmiendas que se han
introducido en Comisión, el proyecto de ley no atenta en absoluto a
las competencias de la comunidad autónoma. Dice S.S. que es una
riqueza para los alumnos el ser bilingües o trilingües de lenguas del
Estado español y de lenguas extranjeras, estamos totalmente de
acuerdo.
En cuanto a la representante de Izquierda Unida, primero, no está en
el Pleno y, segundo, creo que ha hecho un totum revolutum que no
venía a cuento. Si ella cree que sus diputados y sus parlamentarios
deben estar al frente de las manifestaciones, yo entiendo que los
parlamentarios lo que deben estar es al frente de defender sus
enmiendas y en su escaño cuando se está debatiendo una ley
importante, pero allá cada uno en estos momentos.
A la representante de Coalición Canaria le agradezco su tono.
Efectivamente, señora Julios, hemos llegado a acuerdos en la mayoría
de las enmiendas. Nos quedan nada más la 346 y 349. Como muy bien ha
dicho S.S., la 346 está mejor redactada dentro del artículo 3,
párrafo 4. En lo que respecta a la 349, en donde pide cinco años en
vez de tres, son tres años cuando venza el contrato correspondiente.
Creo que hemos dado un paso muy importante, y aquí se ha dicho
anteriormente, que son los contratos laborales por tiempo indefinido,
algo que pedían los sindicatos. Quiero subrayar aquí que desde el
primer momento el Gobierno y la señora ministra así lo hicieron saber
a los representantes de los sindicatos. Era algo que se pedía desde
hace muchísimo tiempo y no comprendo cómo la representante del Grupo
Socialista no lo ha considerado positivo.
Señor Guardans, no coincido al cien por cien, como es lógico, y S.S.
no coincidirá al cien por cien con nuestra posición, pero le
agradezco, primero, el tono, y segundo, lo positivo que ha sido el
decir cómo entró la ley y cómo después de muchísimas reuniones y
muchísimo trabajo en común hemos incluido unas enmiendas en el
dictamen de la Comisión, por ejemplo, en el artículo 45, de becas,
puesto que cuando se redactó todavía desconocíamos la sentencia del
Tribunal Constitucional. Reitero, señor Guardans, que esa es la gran
posibilidad, en ésta y en otras leyes, de estudiarlas a fondo, de
hacer las enmiendas que se correspondan y entre todos sacar las
máximas posibilidades de la ley. Reconozco además, como han dicho
todos los grupos, la necesidad de modificación de la LRU, que tenía
partes
buenas y partes no tan buenas, que llevaba 18 años en vigor y que
había que modificar.
Quiero hacer referencia a la representante del PSOE. Señora Chacón,
ni retrógrada ni centralista ni reaccionaria. O no se ha leído bien
la ley o realmente se ha expresado mal, porque la ley no contiene
nada en absoluto de estos calificativos. Además, algunas partes de la
ley están exactamente igual que la LRU, pero le voy a hacer mención
de algunas de las enmiendas que usted ha defendido. Por cierto, ha
visto que yo no me he dirigido a los otros grupos respecto de la
prisa en la tramitación, pero se lo tengo que volver a repetir. En
verano, cuando presidía esta Cámara el señor Peces-Barba -en cuyas
manifestaciones no quiero entrar por respeto y por la amistad que le
tengo desde hace muchos años-, se hizo la LRU, en los meses de julio
y agosto, que se habilitaron, es decir, en plena vacaciones y además
por el procedimiento de urgencia declarado por el Gobierno.
(Aplausos.) No me diga S.S. que fue porque la que estaba vigente era
la de 1970; más importantes -y eran leyes franquistas- eran la de
Enjuiciamiento Civil y la de Enjuiciamiento Criminal, y no se
trajeron con nocturnidad, en verano y en dos meses. Creo que lo mejor
es que pasemos ese tema, señoría. Este proyecto vino el 31 de julio y
hemos tenido tiempo; estoy de acuerdo con usted en que, en vez de 14
horas un día, podríamos haber estado dos, pero se discutieron todas
y cada una de las enmiendas en Comisión, y S.S. lo sabe porque
estuvimos hasta las 4 de la mañana. En ese momento no eran ya 800,
sino 700, porque habíamos admitido gran parte en la ponencia.
Respecto de las comunidades autónomas, tengo algo que decirles.
Incluyen ustedes unas enmiendas en las que se elimina la iniciativa
de las comunidades autónomas para la creación, modificación y
supresión de centros en las universidades de acuerdo con el consejo
social. Se regula de forma exhaustiva la composición del consejo
social, dejando poco margen de maniobra a las comunidades autónomas.
Además, no se respetan las competencias y ámbitos de actuación de las
agencias de calidad de las comunidades autónomas, presentando un
modelo totalmente centralista.
En cuanto a la financiación -se lo volveré a repetir- esta ley lleva
una memoria económica con 2.000 millones de pesetas para cubrir las
necesidades: las habilitaciones y la agencia nacional. Y no lo pagan
las comunidades, como usted dice, lo pagamos todos los españoles,
unas veces a través de los impuestos que pagamos a las comunidades y
otras a través de lo que pagamos al Estado. Además -y le voy a
repetir lo que ya le dije-, hay un acuerdo de financiación con las
comunidades autónomas, que han firmado todas ellas, las gobernadas
por ustedes, las gobernadas por CiU, las gobernadas por el Partido
Popular, etcétera. Por medio de él se han elevado las cifras que
recibe cada comunidad, y ahora es responsabilidad de ellas destinar
el porcentajeque crean conveniente a educación. Pregunte el
porcentaje que destina a la educación la Comunidad Autónoma de
Andalucía, señora Chacón, y vea usted lo que destina Castilla y León,
La Rioja u otras comunidades; ahí es donde hay que hacer el esfuerzo,
en el porcentaje que cada una de las comunidades dedique a la
financiación.
Se ha olvidado completamente de la investigación, señoría, o yo no le
he oído mencionarlo. Ante la importancia que ha adquirido la
investigación en el sistema universitario durante los últimos años,
el proyecto de ley apuesta por el reconocimiento de esta actividad.
Se crea la figura del profesor contratado, que pueda tener funciones
básicamente investigadoras. Se posibilita que las universidades creen
estructuras dedicadas a la investigación. Se prevé la creación de
estructuras mixtas de investigación. Por fin, se define la actividad
investigadora como criterio relevante para el desarrollo de la
actividad profesional con efectos retributivos.
Por último, quiero aclarar algo a muchos estudiantes, a parte de los
cuales me dirigí el otro día en una manifestación -pequeña, por
cierto-, preguntándoles: ¿por qué no estáis de acuerdo con la ley?
Uno de ellos me contestó: es que ahora nos van a exigir mucho más
para entrar en la universidad -ahora no me refiero a la señora
Chacón, ya no es estudiante, aunque el señor Ollero le decía que era
muy joven-. Yo le indiqué: eso no es cierto. Aquí, para el ingreso en
la universidad, no se exige más que el título de bachiller o de
formación profesional de grado superior, dejando aparte la
posibilidad para mayores de 25 años. El sistema actual de
selectividad -que, al parecer, siguen ustedes defendiendo- de la Ley
30/1974 va en contra del Convenio de Lisboa y de los sistemas
generales europeos. La forma de selección del alumnado que contempla
el proyecto presentado por el Gobierno ha sido defendida por el
Consejo de Universidades en el informe de 1995 y, más recientemente,
durante la tramitación del Real Decreto 1640/1999, sobre pruebas de
acceso a estudios universitarios. El proyecto de ley se limita a
establecer como único requisito para el acceso a la universidad la
posesión del título de bachiller o equivalente. Vuelvo a poner un
ejemplo, en estos momentos en que nuestros estudiantes se moverán y
estudiarán por toda Europa: el bac francés, que es un examen difícil,
no sirve para estudiar en la universidad española, hay que hacer la
selectividad. Lo que queremos, y proponemos en esta ley, es que se
tenga únicamente el título de bachiller, como se exige en los 15
países de la Unión Europea. Ya hablaremos más adelante para el
título...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Perdón, señor Guerra;
ya ha consumido su tiempo, debe ir terminando.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Perdón, señora presidenta.
Finalizo, señorías. Creo que esta ley es un paso positivo, respeta
las competencias de las comunidades autónomas y termino subrayando
que elevará la calidad de nuestra universidad mediante la
habilitación, va a propugnar la movilización de estudiantes y de
profesores y, en definitiva, será favorable para el conjunto de la
sociedad española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Guerra.
Señorías, pasamos a continuación al debate de las enmiendas relativas
al título III, del gobierno y representación de las universidades.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar,
el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, Esquerra Republicana de Catalunya ha
presentado 25 enmiendas a esta ley, con la seguridad de que
perfectamente podrían ser el triple, aunque hemos hecho un esfuerzo
para ceñirnos a lo fundamental. En primer lugar, huelga decir que
esta es una ley que cuenta con la oposición de la mayoría de la
comunidad universitaria y con un recelo claro por parte de los
gobiernos de las comunidades autónomas con más vocación y tradición
de autogobierno. Además, el Gobierno ha puesto a fondo el pie en el
acelerador, imponiendo un calendario fuera de la lógica del diálogo y
supeditando esta ley a unos imperativos de calendario partidistas muy
lejos del interés general.
Nuestras enmiendas hacen referencia, en primer lugar, a una gran
laguna en esta ley: la financiación pública para la universidad
pública. Si esto no se refleja en la ley de forma clara, concisa y
detallada es porque es la base de la involución. Sin un buen modelo
de financiación estable no hay autonomía universitaria. Además, a la
larga, puede suponer un claro perjuicio de lo público ante
determinadas universidades privadas; todo ello conllevaría un
deterioro claro de la universidad pública que supondría un grave
problema social y mermaría la igualdad de oportunidades. Lejos
estamos, pues, de la media europea de financiación per cápita de los
alumnos. El Gobierno perdió con el modelo de financiación de las
comunidades autónomas una oportunidad para fijar un sistema
consensuado y estable, y no es justo decirnos que con este modelo
generoso -como lo han calificado los diferentes representantes del
Partido Popular- tendrán las comunidades autónomas capacidad para
financiar públicamente las universidades.
En segundo lugar, significa una usurpación clara de los ámbitos
competenciales, lo que aquí se ha llamado la involución autonómica.
Para dotar de las máximas competencias a las universidades no hacía
falta una legislación doble Estado-comunidades autónomas; en el
ámbito de las comunidades autónomas y con su
legislación ya era suficiente. No se aprovecha para fijar el papel de
las comunidades autónomas en la creación de nuevas universidades y
tampoco tiene sentido la creación de una agencia nacional de
evaluación y acreditación cuando ya existen agencias de carácter
autonómico. Señorías, la coordinación de éstas no implica en ningún
caso la suplantación y es la sensación que uno tiene después de leer
atentamente la ley. Tampoco fija condiciones para las comunidades
autónomas con lengua propia ni éstas pueden exigir el conocimiento de
la misma al profesorado estable. La universidad tiene que ser
obligatoriamente políglota y esto no es contradictorio con la
legítima defensa de la lengua propia y natural de las comunidades
autónomas que la tienen, como es el caso de Cataluña. En lo que hace
referencia a las lenguas propias, tampoco respeta la Declaración de
Bolonia, lo que significa otra vuelta de tuerca a la involución
autonómica que ya empezó con el distrito único universitario y que
ahora se remacha.
En lo que se refiere a las fundaciones, podría ser la ley una buena
ocasión para dar un margen de maniobra a la universidad pública, pero
nuestras enmiendas muestran el recelo de que la universidad privada
canalice con esta fórmula capital de origen público y que su margen
de maniobra no quede suficientemente acotado en la ley. En la
legislación actual y con simples retoques se daría un gran margen de
maniobra a la universidad pública. Tampoco es de recibo que, vía
fundación, pueda aparecer un nuevo modelo universitario, lo que
podríamos definir como la universidad privada concertada, y si no, al
tiempo.
No podemos estar de acuerdo con el funcionamiento de los órganos de
gobierno. Nuestras enmiendas corrigen la voluntad clara de convertir
a los rectores en presidentes plenipotenciarios y reducir el margen o
simplemente eliminar el claustro. Profesores en activo,
representantes del PAS y los estudiantes son la base del claustro y
están representados de forma paritaria en los órganos de gobierno,
según nuestras enmiendas. Como está fuera de lugar que en el consejo
de coordinación universitaria se imponga a 21 parlamentarios
escogidos por mayoría, restándole, pues, pluralidad. Para no redundar
en el papel que el Grupo Popular quiere otorgar al consejo social,
diré que si es social se entiende, por lógica, que tiene que ser
plural. Esta es, como mínimo, la concepción de Esquerra Republicana
de lo social. Tampoco parece serio querer imponer un sistema de
sufragio universal para la elección del rector, que llevaría a una
especie de campaña electoral permanente en el seno de la comunidad
académica.
La supresión de la selectividad reduce el acceso a la universidad y
la selección de cada centro universitario, liquida el filtro objetivo
universal igualitario que representaban las actuales pruebas de
acceso, beneficiando, pues, a la universidad privada, que podrá
discriminar de forma no sólo económica, como ahora, sino también
arbitraria la entrada de alumnos.
Por último, no querría pasar por alto lo que nosotros entendemos que
es un chantaje. Ha aparecido estos días en los medios de
comunicación, básicamente de Cataluña, que el Gobierno ha presionado
al Gobierno de Cataluña y, evidentemente, al partido que le da apoyo,
Convergència y Unió, con la amenaza de enmendar en el Senado lo que
podría ser hoy ya la regularización definitiva de las universidades
virtuales y en este caso de la Universidad Oberta de Cataluña. Si es
así, nos parece un chantaje en toda regla al Gobierno catalán, que ha
trabajado...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Puigcercós, debe
concluir.
PUIGCERCÓS El señor I BOIXASSA: Voy acabando, señora presidenta.
Que ha trabajado, creemos que con acierto, para la creación de una
universidad virtual muy importante para Cataluña, una universidad muy
buena, de calidad y que está ofreciendo un gran producto a los
estudiantes y también a la comunidad académica en Cataluña. Si fuera
así creemos que es inconcebible este chantaje y seguramente nos daría
a entender algunas de las actitudes que se han expresado hoy en esta
Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores
diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor
Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos en esta fase de la tramitación, después de haber
tenido un debate de totalidad y un apresurado debate en la Comisión,
al que me referiré mínimamente luego. Desde luego en Eusko
Alkartasuna teníamos la intención -en el debate de totalidad así lo
dijimos- de hacer aportaciones a lo que nosotros entendíamos que
debía ser esta ley de universidades. Así lo hicimos, presentamos 60
enmiendas, ninguna de las cuales ha sido tenida en consideración.
Planteábamos cuatro razones claves por las cuales no estábamos de
acuerdo con esta ley y creo que podemos seguir manteniendo en este
trámite las mismas razones o las mismas intenciones. En primer lugar,
entendíamos que no obedece a una adecuación, actualización
y potenciación de la universidad con vistas a afrontar los retos y
necesidades que la sociedad requiere. Desde luego en esta fase en la
que nos encontramos seguimos sin conocer el modelo de universidad que
quiere lograr esta ley, más allá de los atributos retóricos que los
autores le dan, ley de calidad, etcétera. Lo cierto es que lo que se
deriva del texto es que no existe un modelo universitario al cual
pretenda dirigirse la universidad actual y no existe un modelo que
nos diga
cómo pretende adecuarla y potenciarla con vistas a esos retos tan
importantes.
Segunda razón o segundo tipo de razones claves: no desarrolla esta
ley, es más, obstaculiza y disminuye la autonomía política de las
comunidades autónomas, desde luego de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en particular, y creo que aquí se siguen manteniendo de forma
clara toda esta serie de inconvenientes. Hablábamos del artículo 4,
creación de universidades, del artículo 8.2, etcétera, que desde
luego no mejoran en nada este ataque tan rotundo a la autonomía
política de las comunidades autónomas. Se podrá decir que en el
ámbito de la evaluación ha habido una aportación por cuanto se ha
reconocido la reivindicación de las comunidades autónomas para
contemplar sus órganos de evaluación. Lo cierto es que es tan confuso
el reconocimiento de esta materia que entendemos se sigue
manteniendo, en este y en otros temas, ese ataque a la autonomía
política de las comunidades autónomas.
La tercera consideración era que no respetaba la autonomía
universitaria y desde luego está claro y es rotundo que se sigue sin
respetar y sin creer en la autonomía universitaria. Y qué decir del
procedimiento de elaboración. Lo decíamos al inicio de la
tramitación: este proyecto de ley que aquí se presentaba no había
sido respetuoso en su elaboración, desde nuestro punto de vista, con
el sistema establecido al respecto y había ignorado cualquier intento
de consenso. Desde luego, si eso ha sido así en la fase previa a la
tramitación parlamentaria, en la tramitación parlamentaria se ha
elevado no sé a qué potencia. Se ha dicho aquí, y no lo voy a
reiterar, que la tramitación parlamentaria que ha seguido es todo lo
que no debe ser un debate parlamentario. Es decir: ausencia de
debate, ningún intento de consenso, nocturnidad -por decirlo de
alguna manera- y alevosía, sobre todo nocturnidad. Lo que está claro
es que se ha intentado hacer rápidamente, a ver si lo sacábamos
rápidamente con los votos, que son muy legítimos, pero no hablen de
consenso porque aquí no lo ha habido. En definitiva, estas cuatro
cuestiones han sido las claves que se siguen manteniendo.
En relación con los órganos de gobierno, creemos que la ley ha
perdido una ocasión única para resolver los problemas derivados de la
continua interacción que mantenían órganos colegiados y unipersonales
obstaculizando una toma de decisiones eficaz y eficiente. En segundo
lugar, creemos que la reforma que se realiza de algunos órganos, como
el consejo social y la junta de gobierno, ahora consejo de gobierno,
o la creación de otros órganos como la junta consultiva, llevan a una
confusión mayor entre responsabilidad y autoridad que entendemos que
hará que no pueda existir una gestión de calidad eficaz y eficiente;
la elección del rector por sufragio universal aporta una originalidad
a este sistema que puede ser solamente compartida, creo, por alguna
universidad en Guatemala. Saquen ustedes conclusiones.
Respecto del profesorado, el sistema de habilitación propuesto no
resuelve la endogamia, tan sólo la transforma. Pasamos de un tipo de
comportamiento endogámico a incentivar otro tipo de comportamiento
endogámico, eso sí, de contenido más ideológico y, por tanto, más
criticable. El sistema que aquí está establecido supone que no se
confía en que las universidades como instituciones puedan actuar por
sí solas en entornos cada vez más abiertos y más competitivos; desde
luego, no hay ninguna confianza en las universidades. Creemos que
esto no tiene parangón en ningún otro país europeo. Respecto al
sistema de contratación es poco valiente y limita al profesor
contratado a un ámbito de desarrollo en su carrera profesional
excesivamente constrictivo.
En definitiva, señoras y señores diputados, esta ley es más de lo
mismo; más de lo mismo en materia educativa, pero más de lo mismo en
la concepción que tienen de la autonomía o del Estado autonómico el
Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular; una clara
involución autonómica que se refleja en esta materia, como hemos
visto reflejadas en muchas otras materias, eso sí, todo mucho más
desordenado en lo que a la materia concreta de universidades se
refiere y, desde luego, en cuanto al contenido concreto, mucho más
reaccionaria y, tengo que decirlo, mucho más retrógrada. No sé si en
el Senado pretenderán ganar otro récord y hacerlo, a ser posible, en
medio día para que todavía haya menos debate parlamentario. En todo
caso, nosotros no entendemos esto como debate parlamentario, esto es
lo que a nosotros no nos gusta como defensa de las autonomías y esto
es lo que no nos gusta como respeto a la autonomía universitaria.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora
Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor González
de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
En este bloque de enmiendas quisiera comenzar incidiendo sobre los
argumentos genéricos que he intentado expresar en la intervención
anterior, al hilo de la intervención que ha realizado el señor
Guardans. Señor Guardans, resulta llamativo que erija usted aquí el
suyo en argumento de autoridad, tanto en lo que respecta al modelo de
universidad como al modelo competencial al que nos estamos
refiriendo. Usted podrá descalificar al conjunto de grupos de la
Cámara que presentaron a este proyecto de ley nueve enmiendas a la
totalidad sosteniendo que no tienen un modelo alternativo de
universidad. En representación del Grupo Parlamentario Vasco, del
Partido Nacionalista Vasco, le puedo indicar que nosotros tenemos un
modelo alternativo que está reflejado, que está explicado, el
nuestro, uno, que se
puede defender y no pasa nada, que no tiene por qué erigirse en
argumento de autoridad sobre uno que indudablemente es mayoritario.
Nosotros defendemos otro modelo, y lo defendemos con toda
legitimidad. Incluso le voy a decir que la política catalana es
distinta a la política vasca. Por ejemplo, cuando el Partido
Nacionalista Vasco dice en Euskadi que va a hacer una ley sobre
alguna cosa, como la Agencia Nacional de Evaluación, que ustedes
tienen vigente en Cataluña, el Grupo Parlamentario Popular en el
Parlamento vasco llama a rebato y dice: ¡Hombre! ¡Esto no puede ser!
¡Qué es esto! Porque es distinta la política catalana que la política
vasca, razón por la cual hay que circunscribir los comentarios y las
críticas. Por eso esta Cámara es plural y cada uno enfoca los temas
desde su propia posición. Al igual, señor Guardans, que todos los
estatutos no son iguales, porque los estatutos de autonomía no se
hicieron fotocopiados.
Admito que usted pueda sostener en esta Cámara que el estatuto
catalán está bien reflejado en este proyecto de ley. Yo le reconozco
que los aspectos competenciales están sustancialmente mejorados sobre
la LRU anterior gracias a sus enmiendas, porque intento ser riguroso
y porque, leyendo el proyecto de ley, eso es lo que leo, pero
admítame usted que existen estatutos de autonomía en este país, y que
si usted tiene informes que sostienen que este proyecto de ley se
ajusta a lo dispuesto en materia universitaria en el estatuto
catalán, nosotros tenemos otros informes que dicen que no se ajusta
al modelo competencial vasco. Eso es hablar con rigor y con
competencia. Yo reconozco lo suyo, pero haga usted el esfuerzo de
reconocernos nuestros planteamientos.
Lo mismo ocurre con el funcionamiento por mayorías en esta Cámara, al
que se ha referido S.S. Ha dicho una obviedad desde la tribuna en
relación con ese tema. Me parece una obviedad de aceptación
generalizada en esta Cámara. Le tengo que decir que sobre este
proyecto de ley, ni el Grupo Popular ni el Ministerio de Educación se
han puesto ni una sola vez en contacto con este grupo parlamentario y
con lo que este partido representa. Si usted defiende este tipo de
parlamentarismo, lo tendrá que justificar muy mucho, porque no parece
razonable que un proyecto de la relevancia del que estamos examinando
se tramite con este desprecio y con una actitud política tan
excluyente. Usted, que pudo seguir los debates en la Comisión, pudo
oír, al igual que este diputado, cómo algún diputado del Grupo
Popular sostenía que al PNV ni agua. Pues eso no parece que sea
parlamentarismo a principios del siglo XXI.
Una vez hechas estas consideraciones -con el debido aprecio al señor
Guardans e intentando aportar temas al debate-, en relación con las
enmiendas que mantenemos vivas a estos apartados, entendemos que
respecto a la autonomía universitaria deben ser los estatutos de las
universidades los que concreten la participación
del corpus universitario y las que definan su arquitectura
interna y el alcance de la misma respecto a la composición de cada
órgano de gobierno, que pueda afectar a la determinación del número
de miembros, su elección, designación, duración del mandato,
remoción, etcétera. En consecuencia, las enmiendas que mantiene vivas
el Grupo Parlamentario Vasco en estas materias sobre órganos de
gobierno introducen un cambio significativo, por ejemplo, respecto a
la figura de la elección del rector. Aquí existe un modelo
alternativo, y en el trámite de Comisión pusimos ejemplos de que las
universidades anglosajonas de mayor calidad y excelencia llegan a
poner anuncios en prensa buscando un rector: Se busca rector con este
perfil para llevar a cabo determinada gestión universitaria. Desde
esta perspectiva, y porque creemos que el modelo de la elección de
rector, siguiendo estos procedimientos, es un modelo distinto, se
flexibiliza la figura de este órgano unipersonal, desde una visión
más moderna y más eficaz. Además, pueden definirse distintos modelos,
todos homologables, todos sobre requisitos básicos, como indicaba S.
S. Todos deben ser homologables, pero los plurales pueden ser más
ajustados a las necesidades de cada una de las universidades a las
que deben de servir.
Nosotros creemos que esta posición es aún más relevante en el caso de
las universidades privadas, que deben y tienen que mantener una
autonomía sobre la definición de este perfil, sobre la formación y
capacitación de las personas a las que encomiende la dirección de sus
centros, dado que son de iniciativa social, porque ello es
consustancial a la libertad de empresa, amén de que sobre el tema de
los rectores ningún perfil predeterminado, como el que se quiere dar
en el articulado de este proyecto de ley, puede servir de absoluta
garantía para el correcto desarrollo de una función multidisciplinar
como es la gestora.
En segundo lugar, señora presidenta, quiero hacer una serie de
matizaciones en relación a la composición del consejo de coordinación
universitaria, que en el texto actual, que está recogido en el
dictamen de la Comisión, pasa de tener 15 miembros a 21, rompiendo,
en nuestra opinión, equilibrios suficientemente inestables desde la
aprobación de la LRU. Nosotros creemos que, en este aspecto, pasamos
de Guatemala a guatepeor.
Ayer, señorías, se excluyó en esta Cámara a la persona propuesta por
el Partido Nacionalista Vasco para el Consejo General del Poder
Judicial, en una decisión sin precedentes en este período
democrático, y hoy se realiza una actualización que relativiza las
posiciones de lo que representa este grupo parlamentario, porque el
consejo de coordinación universitaria, que es, en parte, un consejo
de extracción parlamentaria, relativiza su propia posición, dado que,
cada vez que se ha elegido o renovado este consejo, no se ha dado
cabida al representante propuesto por el Grupo ParlamentarioVasco en
este órgano. En general, los dos grupos mayoritarios
de la Cámara, cada vez que se ha elegido o renovado este
consejo, se lo han guisado y se lo han comido solitos, y nosotros
entendemos que, con este incremento de miembros del consejo de
coordinación universitaria, si hasta ahora existían desequilibrios,
el desequilibrio es ahora mayor, y que se siguen primando, dígase lo
que se diga, los criterios de exclusión sobre los de integración, los
criterios de homogeneización sobre los de pluralidad.
Para terminar, señora presidenta, en relación a la creación de
universidades públicas y el reconocimiento de universidades privadas,
el Grupo Parlamentario Vasco discrepa de la previsión gubernamental
recogida en el artículo 4.1.b). La creación de una universidad por
ley de Cortes Generales, en nuestra opinión, debe acotarse a dos
supuestos y perder, en consecuencia, su carácter general. Un primer
supuesto, cuando la universidad que se cree o reconozca tenga una
función especializada y destinada predominantemente a la
investigación científica y técnica del Estado, y la de intercambio,
fomento y comunicación cultural, en el plano internacional, como
segundo supuesto. En nuestra opinión, ese es el ámbito de
competencias del Estado en esta materia. Y al igual que sucede en
materia de educación universitaria, en nuestra opinión, el único
poder público competente para la creación de centros docentes
universitarios es la comunidad autónoma y, en consencuencia, también,
desde este punto de vista, debía trasladarse este modelo al sistema
universitario.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la defensa de sus
enmiendas tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.
Señorías, quiero empezar mi intervención de esta segunda ronda del
debate diciéndole al señor Guerra Zunzunegui que lamento
profundamente la descortesía parlamentaria que ha tenido conmigo en
su intervención, tanto por su experiencia en esta Cámara, como por su
edad, puesto que lleva aquí muchos años. Parece mentira que ignore
que, paralelamente a este Pleno, aunque no debería de ser así, hay
otros trabajos parlamentarios. Comprendo que usted, desde la cómoda
posición de la mayoría absoluta, no tenga más trabajos que hacer,
pero yo tengo que asistir a los trabajos de una ley que se va a
discutir esta tarde en la que se ventila algo tan importante como el
trabajo de 60.000 personas de la sanidad pública, y esta diputada no
está manifestándose. Ha anunciado la participación de Izquierda
Unida, no la ausencia del debate de esta portavoz.
Dicho esto, voy a defender las enmiendas que el Grupo de Izquierda
Unida plantea a los órganos de gobierno que han traído ustedes a la
Cámara a través de
este proyecto de ley. Nosotros hemos presentado una enmienda al
artículo 14, relativo al consejo social. Es una enmienda que va en la
dirección de asegurar la cooperación necesaria entre los
representantes de los intereses sociales y los de la comunidad
universitaria mediante una composición equilibrada y representativa.
La propuesta que sostiene el texto del artículo supone una
desvinculación casi total entre la comunidad universitaria y el
consejo social, al establecer una composición que deja al margen a
los distintos sectores de la universidad y es un claro atentado
contra el carácter representativo de los intereses sociales que debe
tener el consejo social.
Asimismo, hemos presentado una enmienda de sustitución a la junta de
gobierno, en coherencia con otras enmiendas presentadas por el Grupo
de Izquierda Unida, sobre todo porque nos preocupa tremendamente la
representatividad de los distintos sectores de la comunidad
universitaria, que no queda garantizada, así como tampoco queda
garantizado el mantenimiento de los mismos porcentajes.
Señorías, hemos enmendado también el artículo 16, referido al
claustro universitario, porque rechazamos -y lo hacemos
enérgicamente- el criterio de primar al profesorado funcionario y
doctor en la composición de los órganos colegiados, especialmente en
lo que se refiere al claustro. Por ello, en nuestra enmienda se
sustituye esa categoría por la de personal docente e investigador.
Asimismo, entendemos que para guardar equilibrio en la representación
de los distintos sectores de la comunidad universitaria deben
asegurarse los porcentajes que en nuestra enmienda se plantean.
Pretendemos también suprimir la junta consultiva porque entendemos
que este órgano no es necesario para el gobierno de la universidad.
Hemos presentado una enmienda de sustitución al artículo 20.2 porque
no nos parece adecuado el planteamiento que hacen ustedes del rector
-no voy a repetir el planteamiento que hacen ustedes porque ya lo he
dicho en mi intervención general- y porque pensamos que la elección
del rector debe ser una competencia básica del claustro. No cabe
presentar la elección directa con voto ponderado como un avance en la
participación democrática. Por el contrario, desde el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida entendemos que sólo sirve
para potenciar el presidencialismo, recortar las competencias del
claustro y la participación de los estudiantes y del personal de
administración y servicios.
Existe una enmienda de sustitución al artículo 21 porque nos parece
absolutamente injustificado que sólo los profesores doctores puedan
acceder a ser vicerrectores. Por el contario, el Grupo de Izquierda
Unida plantea que esos nombramientos puedan recaer sobre miembros de
cualquier sector integrante de la comunidad universitaria y no única
o necesariamente sobre componentes del personal docente e
investigador.
Enmendamos, asimismo, el artículo 24, referido a los decanos de
facultad, en coherencia con las enmiendas que he venido planteando
hasta este momento.
Planteamos una enmienda de sustitución al artículo 28 en lo que tiene
que ver con el consejo de coordinación universitaria. Entendemos que,
dada su composición, este órgano es el que debe asumir plenamente las
competencias que se plantean en la enmienda sin las limitaciones que
entraña el carácter de órgano consultivo que le atribuye el texto del
artículo 28 que ustedes han traído a esta Cámara.
Hemos presentado una enmienda de sustitución al artículo 29 en la que
mantenemos que el consejo de coordinación universitaria, cuya
presidencia ostentará el ministro de Educación, Cultura y Deporte,
estará compuesto por los responsables de la enseñanza universitaria
en los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, los
rectores de las universidades públicas, tres miembros designados por
el Gobierno, seis miembros representantes de los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados, seis miembros
representantes de los estudiantes claustrales de las universidades
públicas y seis miembros representantes de los sindicatos y
asociaciones empresariales de mayor implantación. Los rectores de las
universidades privadas serán especialmente invitados a asistir con
voz y sin voto cuando se traten cuestiones que les afecten y
únicamente en esos casos, señorías. Naturalmente, no hace falta que
explique las motivaciones porque tienen plena coherencia con las
enmiendas que hemos venido defendiendo y con mi intervención general
sobre el carácter de la ley.
Al artículo 30.6 presentamos una enmienda de supresión para evitar el
voto sobre cualquier asunto en el consejo de coordinación
universitaria de los rectores de las universidades privadas y de la
Iglesia católica. No voy a hacer aquí ninguna intervención sobre este
tema para que luego ustedes aprovechen la oportunidad de que el
Pisuerga pasa por Valladolid para llamarme demagoga, pero sí quiero
hacer un llamamiento al sentido de la responsabilidad del Partido
Popular. La coyuntura internacional lo aconseja, señorías.
También presentamos una enmienda de adición, el artículo 30 bis.
Entendemos que hay que dotar a las comunidades autónomas de un órgano
equivalente al consejo de coordinación universitaria con competencias
análogas en su ámbito territorial y con una composición acorde con la
planteada en la enmienda al artículo 29 que he defendido. Asimismo
enmendamos el artículo 31.3. Presentamos una enmienda de adición en
lo que se refiere a la comisión de calidad docente. Pretendemos
introducir, señorías, señora presidenta, un sistema de evaluación que
contribuya a la mejora de la calidad en la docencia y la
investigación y en el que se tenga en cuenta la opinión del alumnado
y se asegure la transparencia en el procedimiento y criterios de
evaluación.
Dicho esto, señorías, me parece mucho más grave la clamorosa ausencia
de la ministra de Educación en este momento en la Cámara que el hecho
de que esta ponente esté haciendo otro trabajo parlamentario para una
ley que se sustancia hoy en el Pleno con plenas competencias
legislativas. Eso sí que es grave, señor Guerra Zunzunegui.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora
Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Yo querría empezar haciendo referencia a las intervenciones de dos
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, desde el
enorme respeto parlamentario y amistad que creo que tengo con todos
ellos. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha empezado
diciendo que no quería dedicarme ni un minuto -entiendo que al Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)-. Yo se lo agradeceré,
que no le dedique ni un minuto más, saldremos ganando todos. Hablemos
de la ley de universidades, pero mientras la portavoz del Grupo
Socialista intente utilizar este micrófono para hacer política
catalana y más ruido del que pueden hacer en Cataluña con iniciativas
estrambóticas y salga a la palestra diciendo que si hoy votamos la
ley de universidades estamos votando contra Cataluña -que es algo que
tendrá que explicar y que, evidentemente, nos parece de una
frivolidad espectacular-, si juega a ese juego, juguemos todos. De
ahí que nosotros expliquemos y razonemos el sentido de nuestro voto.
Que el Grupo Socialista explique perfectamente por qué, por ejemplo,
tiene también una prueba centralizada o por qué quería suprimir la
presencia de la agencia catalana en el ámbito europeo. Pero yo no
quiero entrar aquí a hacer política con el PSC, no creo que nos
corresponda, hablamos de universidades. Nosotros justificamos nuestro
voto por una realidad y lo reitero, y lo reiteraré en cada una de
nuestras intervenciones, luego usted haga el juicio de intenciones
que desee, puesto que es muy legítimo, tan legítimo como que yo a
usted no la inhabilito para hacer política, es más, lo hace usted muy
bien. No me inhabilite usted para hacer política, critíqueme los
argumentos, que ya decidiré yo o probablemente decidirán los
ciudadanos el día en que tenga que dejar los asuntos públicos.
Nosotros justificamos nuestro voto en una realidad: habrá ley
orgánica de universidades, con nuestras mejoras o sin nuestras
mejoras. Nuestra opción es que la ley orgánica de universidades
incorpore las mejoras que le hemos introducido, las garantías de
respeto competencial y las demás que he comentado en mi intervención
anterior y que hemos introducido. Eso, señorías,
en política es fruto de una negociación en la cual comprometemos
nuestro voto positivo. Ese es nuestro discurso reducido a su mínima
expresión.
Con el portavoz del PNV yo creo que me he explicado muy mal. Yo no he
dicho que el PNV no tenga una alternativa que, por supuesto que la
tiene y me merece enorme respeto, y, probablemente, está mucho más
próxima a la nuestra que el texto que hoy vamos a votar. Lo que sí he
dicho es que el PNV tiene una alternativa, el Partido Socialista
tiene otra que nos gusta mucho menos, Izquierda Unida creo que tiene
una alternativa, aunque no la acabo de conocer imagino que la tienen
y lo digo sin retintín, la CRUE no tiene alternativa, los estudiantes
tienen tantas alternativas como asociaciones existen y los sindicatos
tienen varias alternativas. (La señora presidenta ocupa la
presidencia) Por tanto, todas las denuncias, ataques y quejas
reunidas a la ley que votamos no forman una alternativa.
Lo que pretendo con esta intervención, y reitero, es explicar a la
opinión pública desde aquí que no estamos teniendo que escoger entre
un texto que se nos somete a votación y otra propuesta que es la que
suscriben todos los que están en la calle o todos los que hoy van a
votar en contra. Eso no es verdad, hay un texto que se nos somete a
votación y 200 posibles alternativas que alguien podrá traer a esta
Cámara algún día si gana las elecciones. Esa es la realidad y en
términos parlamentarios eso tiene unas consecuencias, porque lo que
se hace es votar o no un texto que se somete a votación. Eso es lo
que yo he intentado explicar y no negar que ustedes puedan tener la
suya. Lamentablemente, parece que ni ustedes ni nosotros juntos
tendremos, a corto plazo, la mayoría absoluta de esta Cámara para
aprobar leyes orgánicas. Le doy la razón, lo he dicho en mi
intervención anterior y aprovecho la ocasión para volver a decirlo
ahora que tenemos un poco más de tiempo en esta segunda intervención.
Hemos denunciado la falta de diálogo del Grupo Parlamentario Popular
con otros grupos. Nosotros (lo han reconocido ustedes y se constata
porque nos quedan muy pocas enmiendas a este título a las que voy a
dedicar apenas un minuto) sí hemos tenido una intensa negociación. No
lo hemos ocultado sino que hemos mantenido cierta discreción mientras
tenía lugar y en este momento ya no hay lugar para ella. Ha habido
mucha reuniones de trabajo entre el Grupo Parlamentario Catalán, el
Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular. También ha existido cruce
de documentación antes, incluso, de que se presentara el proyecto de
ley a esta Cámara. Nosotros nos consideramos corresponsables de
algunos puntos, particularmente en el ámbito del profesorado
contratado. Incluso, antes de que el proyecto de ley llegara aquí y
mientras estaba aquí, ha habido gran cantidad de reuniones. Eso es
así, pero no nos impide, es más, nos legitima para decir que
esperamos -y todavía queda el trámite del Senado- que el Grupo
Parlamentario Popular también se abra a
aquellas enmiendas que contienen las alternativas de otros grupos que
puedan ser compatibles con su modelo -porque algunas lo son-, y que
sencillamente por una cierta cerrazón, un cierto a estos ni agua, ni
siquiera se han sentado a hablar con ustedes.
Hay enmiendas del Grupo Socialista, de Izquierda Unida, del Grupo
Mixto y en las propuestas del Partido Nacionalista Vasco que podrían,
con un poco más de cintura, ser aceptadas por el Partido Popular
dentro de su propio modelo; no digo ya si cediera y admitiera que su
modelo puede ser corregido. Eso es lo que esperamos que se haga en el
Senado y demostraría un talante de diálogo que respecto de los demás
no ha tenido, aunque sí lo haya tenido respecto de nosotros. Por
tanto, no se preocupe que no será esta ley la que introduzca un punto
de división entre el Grupo Vasco y el Grupo Catalán en este ámbito.
En cuanto a las enmiendas que nos quedan en el título III, que se
supone que hacen referencia al gobierno de la universidad, nos quedan
muy pocas. Nos queda fundamentalmente un punto, que es llevar a sus
últimas consecuencias la existencia del profesorado contratado
doctor. Nosotros entendemos que el profesorado contratado doctor
debería poder ser decano y director de departamento en las mismas
condiciones que el profesorado funcionario. Entendemos que eso, sólo
por razones de corporativismo funcionarial y sindical, no se ha
aceptado en este momento. Creemos que el tiempo corregirá eso, porque
no tiene sentido, lo dije en Comisión y lo reitero, que un profesor
-imaginemos que esta ley dure cierto tiempo en su vigencia- con 20
años de antigüedad en un departamento, con una experiencia académica
espectacular, un reconocimiento científico y de prestigio y una
capacidad para dirigir en el ámbito académico no pueda acceder a la
dirección del departamento ni ser decano de facultad simplemente
porque no es funcionario, aunque, a efectos de toda su actividad
académica, esté desarrollando las mismas actividades. Eso nos parece
un punto absurdo de este modelo y una disfunción, una vez aceptado el
principio de que existen profesores contratados doctores con contrato
laboral indefinido. Ahí es donde se mantiene vigente nuestra
enmienda, que es simplemente ser coherentes con las propuestas que ya
han quedado aceptadas.
Otras enmiendas que han quedado aceptadas y que me interesa destacar
son, por ejemplo, el peso del rector en el consejo social, el hecho
de que tenga voz y voto. Ese era uno de los puntos de escándalo antes
del proyecto de ley y hoy se ha cambiado. ¿Se ha cambiado porque el
Espíritu Santo ha iluminado a alguien, o se ha cambiado fruto de una
negociación política, con independencia de si finalmente es la
enmienda de uno u otro la que ha quedado aprobada? Yo lo dejo a la
interpretación de SS.SS. Cuántas veces el Espíritu Santo ha
modificado leyes orgánicas y cuántas veces
las leyes orgánicas se cambian porque alguien ha pedido que si eso no
se cambiaba no habría voto afirmativo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Se ha dicho desde esta tribuna que iba a haber una ley de
universidades. El problema es qué ley de universidades, porque
haberla la habrá, a no ser, ya que citaba el señor Guardans al
Espíritu Santo, que la lengua de fuego del Espíritu Santo se deposite
sobre las cabezas de los parlamentarios del Grupo Popular, les haga
ser clarividentes y retiren esta ley. Yo creo que harían un favor. El
problema no es que exista una ley, el problema es que es una ley que
a mí me recuerda una película de Fernán Gómez que se titulaba Viaje a
ninguna parte. Es una especie de recorrido circular para tocar muchas
cosas de la universidad, algunas de las cuales había que tocar
necesariamente, y al final llegar al mismo punto.
Habiendo sido importante el método, y aquí se ha hablado de él, yo
creo sinceramente que desde el punto de vista del método ha habido
muchísimos aspectos que se han resaltado. Ha habido falta de debate,
ha habido falta de diálogo, ha habido prisas. No quiero entrar en las
perlas del proyecto de ley como, por ejemplo, en la segunda línea,
que dice: el sistema universitario español ha experimentado profundos
cambios en los últimos 25 años de democracia. Agradecemos a la
ministra de Educación, ausente, que nos haya regalado algún año más
de democracia. Estas son enmiendas que no se recogen y que no se
quieren corregir, que son errores absolutamente de bulto y que no
ponen en buen lugar al Gobierno, ni siquiera a este Parlamento.
Entendemos que haya otras enmiendas que no se recojan o que no se
voten por el Grupo Popular porque son modelos distintos el que
presenta el Partido Socialista y el que presenta el Partido Popular
para la universidad. Lo que uno no entiende es que este tipo de
enmiendas, que son abundantes a lo largo del texto, ni siquiera se
corrijan. Allá ustedes.
Sí quería referirme a algo que me parece fundamental. Punto de
partida. Todos pensábamos que era necesario cambiar algunos aspectos
en la universidad. ¿Por qué? Porque partíamos de una sociedad que era
mucho más compleja, más volcada a la sociedad del conocimiento, una
sociedad que quería integrarse en el espacio europeo de enseñanza
superior. Partíamos de esa unanimidad: hay que reformar la
universidad. Lo que ocurre es que ha sido distinto cómo hacerlo. Se
ha hecho con prisas, se ha hecho sin debate, se ha hecho sin
consenso, a no ser que se entienda por debate lo que decía un digno
representante del Partido Popular hace
unos días en un acto en el que coincidí con él. Decía: si recibir
hemos recibido a todos, lo que pasa es que no les hemos hecho caso;
hasta ahí podía llegar la broma. No es cuestión de recibir a todos,
es cuestión de escucharles y ver qué se puede incorporar. Y desde
luego hay dos modelos y hay diferencias porque fundamentalmente lo
que el Grupo Socialista detecta en este proyecto de ley es un recorte
de la autonomía universitaria.
Si la sociedad es compleja, desde la universidad tendremos que
diseñar un modelo que sea lo más flexible posible para intentar dar
respuesta a esa complejidad que tiene ahora mismo la sociedad para
que la universidad sea lo más útil posible. ¿Qué instrumentos tenemos
para ello? El instrumento fundamental es la autonomía universitaria.
La autonomía universitaria es el motor de la universidad y esa
autonomía no es que sea algo inmutable; lo que hay que hacer es
potenciarla y perfeccionarla y no recortarla. Y a lo largo del
proyecto de ley del Grupo Popular y del Gobierno evidentemente hay un
recorte de esa autonomía universitaria. Es un recorte que ha llevado
a situaciones complejas que yo creo que necesitan respuestas
complejas y se ha tendido a la simplicidad. Por un lado, una falta
tremenda de imaginación y, por otro lado, ninguna flexibilidad.
El departamento innovador del Ministerio de Educación y Cultura, en
el caso concreto de esta ley se ha lucido, porque -y no me quiero
quedar con las perlas del proyecto de ley, perdería tiempo en ello-
yo creo que le ha faltado dar soluciones a problemas reales de la
universidad, han sido soluciones espesas, contra la sensibilidad han
antepuesto la rigidez, y ante esa autonomía fundamental de las
universidades que tanto teme el Partido Popular o al menos el
Gobierno, ha sido una política de perder una oportunidad desde ese
planteamiento rígido y temeroso y desde un modelo que hace pensar en
muchos años atrás en muchos aspectos.
La autonomía ha de ser también organizativa, y vamos a hablar por
tanto de centros, y si cabe llama más la atención cuando desde el
Partido Popular se dedican a poner todo tipo de apellidos a la
nomenclatura de los propios centros, hacen que unos centros queden
fuera, otros quedan dentro, con lo fácil que es llamarles facultades,
escuelas y centros, y dejar que las universidades, en su autonomía
universitaria, sean capaces luego de darle el nombre que quieran, la
nomenclatura que quieran. Habrá que marcar unos mínimos, digámoslo
así, y lo que no habrá que hacer es entrar en ese hiper-
reglamentismo.
Creemos que además este proyecto de ley entra de lleno y ataca a los
departamentos. Consideramos que la estructura departamental es básica
a la hora de organizar y desarrollar las enseñanzas y las
investigaciones. Se ha bajado el peso del departamento, tanto por
arriba como por abajo, y me parece que es un error. ¿Cómo se baja el
peso del departamento? Pues diciendo que para temas de investigación,
por ejemplo, solamente apoyará a la investigación, y ahí entramos en
otro órgano -y
hago referencia a ello- los institutos universitarios, a los que el
Partido Popular llama de investigación, les pone un apellido cuando
resulta que no sólo hacen investigación sino que hacen otras cosas.
¿Qué se intenta con esto? Decir: qué preocupados estamos, puesto que
ponemos un apellido a los institutos universitarios. La investigación
es uno de los principales vacíos que el proyecto de ley tiene, es
retórica hueca nombrar de una manera a unos institutos universitarios
cuando hay que entrar en el fondo de la cuestión, que son
universidades donde investiga más del 66 por ciento de los
investigadores españoles, y cuando resulta que hemos aumentado la
producción científica y la producción individual en esas
universidades, cuando es el primer agente tecnológico del país,
cuando tenemos problemas reales dentro de esa conexión del sector
productivo con el sector público, es un enorme vacío el que hay en
esta ley de universidades.
No hay una sola cita al sistema de ciencia y tecnología, no aparece
como tal ni una sola cita a la innovación tecnológica. Las
universidades tienen que mirar a Europa y a sus comunidades
autónomas, y la innovación debe ser ese punto de encuentro. Se
desaprovecha la ocasión, ni una sola idea, ninguna imaginación en lo
referente a aspectos como disminuir la carga docente del profesorado
que quiera dedicarse a aspectos que tengan interés en la
investigación, no se nombra al personal técnico, que es una de las
principales carencias que tiene el sistema de investigación de las
universidades; simplemente y de forma tangencial se habla de
movilidad de personal docente investigador.
En cualquier caso, la desconexión tremenda que existe en el sistema
de ciencia y tecnología con las universidades al dividirse en dos
ministerios es un clamor. Las propias universidades tienen ellas
mismas -de ahí la ventaja de la autonomía universitaria- que defender
sus propios proyectos dentro del programa marco de Europa. Los
ministerios no la representan. Planteamos en nuestras enmiendas la
creación de un consejo que permita esta representación, que
posibilite sentarse en torno a la mesa.
En cuanto a las privadas, centros adscritos, yo ya he dicho más de
una vez que creemos se rebaja la calidad y que se pueden tomar
decisiones, por ejemplo suprimiendo los centros adscritos, que los
hay privados y que están adscritos a universidades públicas o
privadas, que muchas veces son chiringuitos que dan lugar a
publicidad fraudulenta y engañosa, que engañan a los alumnos y a los
padres, y además esos centros, que son academias a veces de garaje o
de piso, donde incurren en muchas incompatibilidades profesores de
las universidades públicas, deberían cerrarse, y hablo porque están
haciendo competencia desleal a la universidad pública, pero también a
las universidades privadas serias. Hay una oportunidad de oro también
en mejorar ahí, y en otros aspectos que se verán luego en
profesorado.
Señores del Grupo Popular, este proyecto de ley es hiper-
reglamentista, es rígido y constriñe, vulnera la autonomía
universitaria cuando vamos a los órganos de gobierno, al consejo
social, donde entra por ejemplo el rector -que no le dan el voto,
luego lo corrigen-, o la junta de gobierno, que a eso sí le cambian
el nombre y hacen que entren otros miembros del consejo social.
Debían dejar que las propias universidades decidieran en sus
estatutos, porque ya existen ejemplos para ello, y no obligarlo por
ley, recortando y a veces vulnerando en nuestra opinión posiblemente
la autonomía universitaria. Todo ello hace que este proyecto de ley
sea, si me permiten la expresión, un bodrio. Ustedes disminuyen la
participación; disminuyen la participación de los estudiantes y del
personal de administración y servicios. Como se ha dicho en público
-y evidentemente hay testimonio de ello-, en un debate el viernes
pasado, se demostraba como disminuye la participación de estudiantes
en la junta de gobierno, al hacer una junta de gobierno rígida de 40
miembros, de los cuales el 40 por ciento se elige por el claustro,
hacía que una representación en término medio el 25 por ciento de
estudiantes, pasaba en torno al 10 ó 12 por ciento. En el personal de
administración y servicios la presencia de los sindicatos era
exactamente igual, y se contestó, el señor Ollero lo saber porque fue
el que dijo la frase: pero si es así, si es que nuestro proyecto de
ley quiere que haya menos representación de los estudiantes y menos
representación del personal de administración y servicios; está dicho
en la Facultad de Granada, en presencia del rector de Granada. En ese
sentido si eso es quitarse la careta, quitarse la máscara -como hacía
Juan de Mairena-, me parece perfecto, porque esa es la diferencia con
su modelo: la participación. Nosotros no tememos, queremos
profundizar, queremos impulsar esa autonomía universitaria, porque
creemos que desde la desconfianza no se puede actuar, porque creemos
sinceramente que hay que darle más peso al consejo social, al
presidente del consejo social; debemos tener más autonomía y también
que rendir más cuentas a la sociedad y por eso tenemos un modelo
alternativo, un modelo desde el peso que tiene que tener el
presidente del consejo social -porque ustedes no consideran ni los
órganos unipersonales- desde su elección por dos terceras partes de
la asamblea legislativa, que le puede dar un refuerzo importante a su
persona, hasta las funciones de investigación, hasta las funciones
que tiene que llevar a cabo en programación económica, etcétera.
Queremos unos órganos de gobierno que sean un traje a la medida de
las universidades, no queremos que vayan todos de uniforme No sé yo
si con este proyecto de ley el Partido Popular intenta que todo el
mundo vaya de uniforme a la universidad. No a la uniformidad; sí a la
flexibilidad, porque sinceramente a mayor complejidad, mayor
autonomía, mayor flexibilidad, menos rigidez, menos burocracia.
Señoras y señores del Partido Popular, creo sinceramente que se está
perdiendo una gran oportunidad de crear más órganos consultivos -tipo
Senado-, como la junta consultiva; que hacer esa injerencia como se
hace en el consejo de gobierno de las universidades, no dar el peso
que puede tener el consejo social dentro de este modelo
universitario, disminuir el peso de los departamentos y su
importancia, aumentar la burocracia creando grupos de investigación,
que ya existen como tal, pero que no tienen capacidad jurídica de
contratar, es cerrar los ojos a una realidad que está ahí de las
comunidades autónomas y de Europa, creer en nuestras universidades,
actuar de manera inteligente, con altura de miras y no con vuelo
rasante, sería una oportunidad aprovechada. Ustedes, señores del
Partido Popular, con este recelo o con esta desconfianza
desaprovechan una vez más esta oportunidad. No sé cuál será el
epitafio de esta ley cuando sea sustituida por otra. Deseo -y mi
grupo lo hace así- lo mejor para la universidad española, pero
sinceramente desde la obligación que tenemos y con un texto
alternativo que sí hemos presentado en esta Cámara, creemos que la
universidad española se merecería más tiempo, más respeto, y por
favor alguna idea más.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, señorías, estamos sin
duda, estoy convencido de ello y es para mi un gran honor representar
al Grupo Parlamentario Popular en este momento, viviendo un momento
histórico dentro de la universidad española, porque sea cual sea el
juicio que esta ley pueda merecer, está claro que estamos comenzando
una nueva página en la historia de la universidad española. Ya
veremos, porque para eso hay que tomarse tiempo, cuál es el alcance
de esta página. Yo pienso que no ocurrirá como ocurrió con la LRU,
que prácticamente seis años después de haberla hecho, el mismo
Gobierno que la había traído a esta Cámara ya la quería enmendar. En
este caso creo que no es esa la situación y estoy convencido de ello.
Se ha dicho que hay mucho ruido. Muy bien. Yo he estado en la
universidad toda mi vida, sigo en ella en la medida que la ley me lo
permite y el ruido de la universidad me parece algo fundamental, me
preocupa el silencio en la universidad, salvo en la biblioteca, por
tanto el que haya ruido me parece muy bien. Antes ha dicho una
portavoz socialista que tenemos miedo a que se despierte la
universidad, por lo visto ella piensa que está dormida, desde luego
no es la idea de nuestro grupo. La universidad afortunadamente está
viva y faltaría más que se movilice mínimamente, lo preocupante es
que haya estado tantos años sin movilizarse, habría que preguntarse
por qué y por quiénes. Eso es lo que había que preguntarse y es lo
preocupante. Quizá
por ese sistema corporativista que ha subordinado el gobierno de la
universidad a intereses de determinado partido que gobernaba
entonces; por eso estaba tan quietecita. (Aplausos.)
Ahora no es así, y afortunadamente tenemos en marcha un debate muy
amplio. Ha habido legislaturas anteriores en que hemos hablado de
estas cuestiones y cuando aquí cuando se ha hablado de esta cuestión
se ha entendido que se enriquecía el debate. Así ocurrió con la Ley
de lo contencioso, así ocurrió con el Código Penal; todo el mundo ha
entendido que una ley ya debatida era una ley que tenía un diálogo en
marcha y así ha sido. Ha sido al Partido Socialista el que por dos
veces ha intentado modificar esta ley, consciente de los disparates
que de ella se derivaban. No es que aquí el Grupo Popular dijera,
como acaba de decir el PSOE: el día que gobernemos la cambiaremos.
No; fueron ellos, que decían que esta ley era la visión eterna de la
universidad, que ahí quedaba y que no había quien la tocara, los que
iban a tocarla seis años después y no consiguieron -porque a su
presidente le salieron mal las encuestas y disolvió la Cámara una
semana antes- que su reforma, que ya estaba hecha en el Senado,
saliera adelante. Esa es la realidad de los hechos.
Ha habido diálogo, claro que lo ha habido, lo que pasa es que ustedes
confunden siempre el diálogo con las cuotas. Usted no puede decir,
señor Lissavetzky, que hay diálogo si yo le apruebo tales enmiendas.
Les hemos escuchado con el mismo interés que a otros grupos, la falta
de habilidad de SS.SS. es que han hecho un texto alternativo que
luego han despiezado en enmiendas particulares y eso no había manera
de digerirlo. Entre otras cosas me he quedado asombrado de cuáles son
sus grandes reparos a la ley, porque al parecer casi todas son
cuestiones de nomenclatura, asunto muy curioso que queda en el
«Diario de Sesiones» para el que quiera sacar alguna consecuencia.
Estamos hablando de órganos de gobierno, que es un punto
significativamente polémico de esta ley, un punto que ustedes no
quisieron tocar en ninguno de los dos intentos de reforma, por algo
sería; no fuera a despertarse la universidad, que por lo visto la
tenían bien dormidita; querían tenerla acurrucadita. Pues, por mucho
que a ustedes les perjudique, hemos abordado esa cuestión y la hemos
abordado porque entendemos que una cosa es la autonomía y otra el
corporativismo y no tiene nada que ver una cosa con la otra. La
Constitución dice que se respeta, se reconoce la autonomía de la
universidad en los términos que la ley establezca. Simplemente vamos
a cambiar la ley. Respetamos la autonomía, no sean maniqueos. La
autonomía no es propiedad de ustedes. Hemos hecho esto dialogando con
mucha gente, no como el señor Maravall que no dialogó ni con el PSOE.
Todo lo que el PSOE había defendido contra la LAU el señor Maravall
lo tuvo a beneficio de inventario. Dialogó con él y con poca
atención, lo digo por lo que le salió, y esa es la realidad, señor
Lissavetzky.
Nosotros sí hemos dialogado y un síntoma de ello son las caricaturas
que ustedes tienen que hacer para criticarnos. Cada vez que cojo un
periódico y veo las declaraciones de algún portavoz del PSOE me
asombro más. El otro día estuve en Barcelona, y casualmente me
tropecé con una entrevista en La Vanguardia. Allí se decía que el
señor Ollero defiende que los profesores no enseñan. El señor Ollero
es profesor y enseña, enseña en la medida que la ley se lo permite en
dos universidades por falta de una, y gratis, por supuesto. Cómo va a
decir el señor Ollero que los profesores no enseñan. Señora Chacón,
yo sí enseño. No sé si S.S. ha vuelto a clase desde que está aquí; yo
sigo yendo a clase en la medida que la ley me lo permite y sin cobrar
un duro. Por tanto, hay profesores que enseñan y al señor Ollero le
merecen el máximo respeto. Que he dicho que los alumnos son unos
gandules. Mire usted, los alumnos no son unos gandules. El otro día
en Granada, en un coloquio al que se ha hecho referencia, había unos
alumnos protestando con pancartas, con pitos, con caretas de la
ministra, le han regalado una a la ministra como recuerdo. Al salir
hablé con ellos y les pregunté por qué estaban contra la ley. Me
reconocieron que no conocían la ley porque estaban contra cosas que
no están en la ley y yo los animé a venir hoy al debate. Han venido.
Eso no lo hacen unos gandules, eso es gente que tiene interés por
estos problemas. Por tanto, jamás he dicho eso. Por lo visto, he
dicho también que los rectores prevarican. Quisiera saber dónde y
cuándo. Le encantaría a S.S. que yo hubiera dicho eso, pero no lo he
dicho, como tampoco es verdad que el señor presidente del Gobierno,
en un acto al que tuve el honor de asistir, mencionara para nada a
los rectores. No los mencionó. Habló del rancio corporativismo, y por
lo visto los rectores ayudados por algún medio de comunicación se
dieron por aludidos, es su problema; pero el presidente del Gobierno
no mencionó a los rectores. Doy fe de ello porque estuve allí.
Hay que hacer caricaturas, hay que hacer decir al contrario lo que no
dice. Eso es muy original. Ahora que estamos en la época del plagio,
en que todo el mundo se atribuye a sí mismo lo que dicen otros, aquí
estas portavoces son tan generosas que hacen lo contrario: me
atribuyen a mí lo que nunca he dicho, pero a ellas les gustaría que
hubiera dicho. Ya puestos, plágienme, pero no me organicen esos líos.
A la hora de la verdad, aquí hay simplemente unas propuestas que
están sobre la mesa y que no son insólitas. Son sistemas que han
existido ya. En España han tenido un curso y una práctica, ahí están
los resultados y cada cual tendrá su opinión sobre los mismos.
Desde el Partido Nacionalista Vasco se observa que no hemos contado
con ellos. El Partido Nacionalista Vasco presentó una enmienda
dirigida al modelo. Ustedes tienen un modelo muy pensado para una
comunidad autónoma determinada, lo cual me parece muy legítimo sobre
todo si hacen la ley allí; pero aquí estamos
haciendo una ley para todas las comunidades autónomas, y por
tanto ese modelo no cabe. Ya hablaremos luego, en el tema del
profesorado, de algunas de las sugerencias que SS.SS. hacen.
Simplemente, con toda simpatía no lo podemos aceptar porque es un
modelo distinto. Respecto al consejo de coordinación dicen que se
produce un incremento y un desequilibrio. El incremento es lógico
porque si cada vez hay más rectores, lo normal es que también entren
en juego otros miembros que están pensados para compensar ese posible
corporativismo y para que las comunidades autónomas no queden tan
desequilibradas. ¿Que usted profetiza que el PNV se va a quedar fuera
a la hora de nombrar esos miembros? Eso depende de cómo planteen
ustedes su vida política. Evidentemente no es cosa mía. En cuanto
a la presencia en ese mismo consejo de coordinación, ya que hablamos de
las universidades privadas, señora Castro, se puede estar a favor de
que haya universidades privadas o de que no las haya, pero estar a
favor de que las haya y dejarlas sin voto en el consejo de
coordinación sería tan curioso como dejar sin voto en el Consejo
Escolar del Estado a los representantes de los centros escolares
privados. ¿Su señoría haría eso? ¿Su señoría tiene algún interés en
que las universidades privadas estén descordinadas? No acabo de ver
la ventaja, aparte de que pueda dar lugar alguna intervención más
o menos espectacular. En cuanto al consejo social, el Grupo de
Izquierda Unida propone la posibilidad de que los propios sectores
sociales elijan a sus representantes en el consejo social. Nos parece
que es entrar en una dinámica de elecciones obligatorias, cuando
estamos en una ley marco. Allá luego cada comunidad autónoma cómo
monte ese asunto, que lo monte como quiera; pero hacer obligado ese
tipo de cosas en una ley como esta no viene a cuento. En cuanto al
consejo de gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista entiende una
injerencia la presencia de miembros del consejo social. A nosotros
nos parece que por el contrario no perturba y puede ser positivo.
Vamos al claustro. Izquierda Unida dice que el claustro no tenga más
de 400 miembros y que sean con unos porcentajes de 50, 35 y 15 por
ciento. Señora Castro, si ustedes entienden eso así ¿por qué
defienden que un claustro que no cumple esos requisitos sea el que
desarrolle la ley? ¿Por qué un claustro que tenga más de 400 miembros
y cuyo porcentaje no se ajuste a su composición, según ustedes está
legitimado, cuando ustedes mismos dicen que no, que es así como debe
ser el claustro para desarrollar la ley? Reconózcame que es una
contradicción en sus propios términos. Si el claustro es nuevo y se
supone que no es cambiar por cambiar sino porque entienden que esa es
la manera de desarrollar óptimamente la autonomía universitaria ¿por
qué lo dejan ustedes fuera nada menos que al hacer los estatutos que
desarrollan una ley nueva? Es un disparate,reconózcamelo. No tiene
pies ni cabeza.
Al Grupo Parlamentario Socialista no le gusta la junta consultiva. Ya
lo dije el otro día también. En el peor de los casos, lo más que
puede pasar es que no sirva para nada. Ojalá ocurriera eso con todas
las leyes. No hay ningún problema. No afecta para nada a los órganos
de gobierno de la universidad; por tanto no entendemos cuál puede ser
el problema.
Los departamentos. Nomenclatura aparte, lo que tendría que explicar
el señor Lissavetzky es si a una empresa de esas que usted sabe como
yo que debe procurarse que se acerque a la universidad, le supone una
ventaja que en vez de contratar con un grupo de investigación, como
reconocemos que ya existen, que saben quiénes son y cómo trabajan,
tenga que pasar por el lío burocrático de un departamento. Yo por
ejemplo formo parte de un departamento con más de 100 profesores al
que pertenecen diez áreas de conocimiento sin ningún tipo de conexión
entre sí, ¿por qué va haber que pasar por ese asunto? Las empresas se
quitan del medio y se van porque no quieren líos, porque no les gusta
jugar a esos numeritos; por tanto, no acabo de entender tampoco su
reticencia. En cuanto a la ciencia y la tecnología, hay una ley
entera dedicada a ella. Ustedes lo que hacen es copiar un artículo de
esa ley y ponerlo como enmienda, lo cual es una pura redundancia que
no sé qué beneficio tendrá.
Nos preocupan los estudiantes, señora Castro, ya se lo he dicho
antes. No sólo habrá estudiantes hoy con el presidente Aznar, según
su información, también hay estudiantes hoy y han venido al debate
simplemente por puro interés. Aquí nadie es propietario de los
estudiantes. Con arreglo al proyecto, nada impide que un rector -que
no será el de la Carlos III, seguro- con su porcentaje de presencia
en el consejo de gobierno que puede nombrar, sean todos estudiantes,
señor Lissavetzky. Usted y yo sabemos que el rector de la universidad
Carlos III no lo va a hacer, pero lo podría hacer simplemente para
dejarle a usted bien; nada lo va a impedir. Ahora bien, si usted me
dice como el otro día que se puede dar una circunstancia en que haya
menos estudiantes y menos personal de administración y servicios en
los órganos de gobierno yo digo que sí, y si lo dije delante de
estudiantes con pancartas y pitos, ¿cómo no lo voy a decir aquí? No
se me caen los anillos. Pues claro que sí. Y si usted me dice que el
peligro de la universidad española es que en sus órganos de gobierno
haya un estudiante menos, dígalo usted, coja mármol, déjelo ahí para
que todo el mundo le rinda pleitesía hasta el fin de la humanidad.
Señoría, aquí cada cual es muy libre de decir lo que se le antoje,
pero no me va a asustar diciendo a ver si yo soy capaz de decir que
haya un estudiante menos; pues claro que sí, sobre todo si el rector
no quiere que haya un estudiante más. Ese problema se va a resolver
ahí.
En cuanto a la elección del rector, nos hemos enterado hoy de una
cosa que no sabíamos, yo por lo menos.
La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego concluya, por favor.
El señor OLLERO TASSARA: Por lo visto el diseño de la elección por
sufragio universal del rector se debe a que a través de una alta
autoridad del Gobierno sabemos -y se lo cree el Partido Socialista-
que elegidos por sufragio universal los rectores serán del PP. Muy
bien. O sea que por lo visto se quiere mantener la elección del
rector por el claustro para que no sea del PP, porque se da por hecho
que es de verdad, que si es por sufragio universal será del PP.
Estupendo, es una cosa que no sabía, que demuestra en qué medida las
encuestas no se equivocan. Esto no debe ir tan mal como algunos
dicen. Lo único que queremos es que los miembros del claustro no sean
los que elijan al rector por dos cosas: primero: para algo que es una
afrenta a la autonomía universitaria, que es el absentismo. Ustedes
saben como nosotros que se presentan al claustro una serie de
personas para poder elegir rector y luego no van ni una vez. En
Granada se ha intentado elegir cuatro veces seguidas al defensor
universitario y no hubo quórum, porque pusieron el quórum de aquí...
La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego concluya, por favor, en
treinta segundos.
El señor OLLERO TASSARA: Termino, señora presidenta, pero son muchas
las enmiendas. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio. La
presidencia se basta y se sobra para dirigir el debate.
Señor Ollero, es el tiempo pactado, le ruego concluya en treinta
segundos.
El señor OLLERO TASSARA: Termino.
Aquí hay un gran interés, por ejemplo, en que los vicerrectores no
sean doctores. Muy bien, si ésa es la universidad del futuro,
vicerrectores que no son doctores, pues encantado. No es nuestro
modelo, por eso rechazamos esa posibilidad. Y al señor Guardans,
aunque no está aquí ahora, le voy a hacer una observación que le va a
sorprender, y es que él defiende una enmienda anarquista -aquí llega
el señor Guardans- y es la enmienda del profesor que lleva 20 años,
que publica, que es conocido mundialmente y que sin embargo por no
ser funcionario no pude dirigir un órgano de gobierno. Me recuerda
esa sentencia del Tribunal Constitucional de una pareja anarquista
que no se quiso casar porque era anarquista. Pues el otro día había
una manifestación de anarquistas delante del Ministerio que decían:
ni estatal ni privada. Muy bien, es un modelo. Pregunto al señor
Guardans: un profesor con esas características ¿qué problema tiene en
ser funcionario? Es mi única pregunta.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.
Iniciamos el debate del tercer bloque, título IX, del profesorado.
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender las enmiendas de
Iniciativa per Catalunya-Verds. Como las tengo que defender
globalmente, me referiré a conceptos globales, no a detallar en
concreto el contenido de cada una de ellas porque evidentemente no
tengo tiempo. Se han aceptado algunas enmiendas en el trámite de
ponencia y de Comisión, pero evidentemente el modelo y la orientación
global del proyecto continúa siendo el que era y que por nuestra
parte significa el rechazo de este proyecto. Rechazo de este proyecto
no quiere decir que creamos que no hay que modificar la ley vigente.
Tiene un gran consenso en la sociedad española, en la universidad, y
estoy seguro de que en esta Cámara la necesidad de modificar la ley
actual, pero no compartimos la orientación y el modelo que se nos
propone.
Dije en el debate de totalidad que había tres concepciones que
atravesaban todos o prácticamente todos los proyectos de ley del
Partido Popular, y que a nuestro entender también atravesaban este
proyecto de ley, lo que implicaba la necesidad de rechazarlos. Me
referí entonces a la concepción uniformizadora del Estado; alguien
dijo en el anterior debate de totalidad que esta ley podría ser
preconstitucional, y quiero recordar que leyendo el proyecto de ley
de universidades no sabemos que estamos en un Estado plurilíngüe. En
segundo lugar, hay una concepción intervencionista del Gobierno, de
control de la sociedad que lleva a la intervención de la universidad
a través de esta ley que a nuestro entender -y al entender de
juristas y de una parte importantísima de la universidad-, vulnera la
autonomía universitaria, y la ley de nuevo corre el riesgo de acabar
en el Tribunal Constitucional. En tercer lugar, falta el diálogo
social en torno a la ley. El proyecto de ley que se aprobará hoy es
un gran error; no es posible que lo rechace prácticamente todo el
mundo. Al final, no significará una mejora, sino el empeoramiento de
la situación de la universidad y su distorsión.
Desde el punto de vista de los contenidos, nuestras enmiendas
responden a la necesidad de dar respuesta a cuatro grandes temas. El
primero es modificar, dentro del modelo que propone el Partido
Popular, la concepción centralista decimonónica; esta ley vulnera
competencias de las comunidades autónomas y desconfía de las
universidades públicas. Hay un segundo bloque de enmiendas que trata
de evitar el retorno a antiguos modelos de selección del profesorado;
la habilitación ha sido ampliamente debatida, y es rechazable. El tercer
bloque pretende modificar la contradicción que se manifiesta en
la reducción de los requisitos de habilitación de profesores en las
universidades privadas, con los privilegios que esto comporta. El
cuarto bloque quiere cambiar el sistema de elección del rector, que
revela la debilidad democrática del proyecto.
Quiero señalar también tres aspectos que han sido objeto de discusión
a lo largo de todo el debate, tanto en el de totalidad como en
Comisión, que son fundamentales y de los cuales adolece el proyecto
de ley. El primer lugar, el proyecto de ley carece de un marco
financiero, absolutamente necesario para llevarlo adelante. En
segundo lugar, y esta es una de las cuestiones más graves del
proyecto de ley, desatiende la adecuación de las carreras
universitarias a las orientaciones del nuevo espacio educativo
europeo. En tercer lugar, aunque existe una ley y un Ministerio de
Ciencia y Tecnología, en esta ley no hay ninguna referencia a la
interconexión y a la necesidad de relación real de la universidad con
la ciencia y la tecnología, lo que a nuestro entender es
absolutamente rechazable.
Voy a decir aquí una vez más que no estamos de acuerdo con el
contenido de esta ley y vamos a votar en contra de su aprobación.
Estamos preocupados porque significará distorsión y conflicto en las
universidades españolas y sobre todo no supondrá una mejora de las
universidades para que den respuesta a los retos de la sociedad
española de hoy.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, después de la
intervención de algún diputado en esta Cámara hace falta mucho valor
para subir a la tribuna e intentar defender tímidamente las enmiendas
que hacemos los grupos minoritarios, porque la ley está ya decidida,
el grupo mayoritario nos va a arrasar y no sabemos muy bien qué
puñetas hacemos aquí los ciudadanos que representamos grupos
pequeños. De todas maneras, echándole valor y levantando la depresión
por encima de estas situaciones, vamos a intentar decir por qué y
cuáles son las enmiendas que seguimos presentando y defendiendo.
Me quedo siempre asombrado porque estamos viviendo una realidad que
no es la normal. Mientras hay una especie de exaltación de que esta
ley universitaria es una maravilla -que sí hacía falta renovar la
reforma universitaria anterior, pero una cosa es renovarla y otra
cambiarla completamente-, es impresionante el amplio rechazo de la
comunidad universitaria, de los agentes sociales a la ley. Los
rectores dicen que este amplio rechazo debería hacer reflexionar
sobre su contenido y la necesidad de adoptar actitudes abiertas y
flexibles que permitan alcanzar el deseable consenso
que requiere la ley de universidades que precisa nuestra sociedad.
Precisamente el lunes pasado estuve en Barcelona, en la facultad de
Psicología y Pedagogía, y charlando con los profesores y los alumnos
ponían como ejemplo a una persona que creo que tenemos todos en la
memoria, González Seara -me parece que era secretario de
Universidades-, que recorriéndose el país de norte a sur y de este a
oeste intentó llegar a una ley universitaria de consenso. Pues bien,
por razones electorales aquella ley no salió, pero lo que debería
haber hecho el Partido Popular, a pesar de su mayoría absoluta, es
intentarlo, porque la realidad es que todas las universidades y las
facultades están en contra de esta ley universitaria, aunque
naturalmente el Partido Popular, igual que en otras leyes como el
Plan Hidrológico Nacional o la Ley antiterrorista, siempre saca a
colación que hay gentes que están a favor de estas leyes que hemos
ido viendo cómo se han pasado por aquí rápidamente. La verdad es que
uno llega a las facultades y se encuentra con que el enfrentamiento a
esta nueva ley es absoluto.
A pesar de todo, nosotros seguimos defendiendo las enmiendas
parciales que Chunta Aragonesista ha presentado intentando proteger
la autonomía universitaria, reafirmar el compromiso de una carrera
profesional para los docentes, impedir la quiebra de un modelo
democrático y participativo de gobierno en las universidades. En
definitiva, queríamos evitar el desmantelamiento de lo público en
beneficio de lo privado y conseguir una enseñanza de calidad. Así,
pedíamos en unas enmiendas parciales que han sido rechazadas en
Comisión y que ahora mantenemos cuestiones como reclamar, en el
artículo 16, que sean las propias universidades las que puedan
definir el tamaño de su claustro universitario; diferentes propuestas
referidas a la junta consultiva regulada en el artículo 17, a la
junta de facultades o escuelas y a los consejos de departamento, con
el fin de garantizar la autonomía universitaria y la participación de
todos los sectores implicados. La enmienda al artículo 29 pretende
conseguir la supresión de los privilegios que, a nuestro juicio, se
otorgan a las universidades privadas en cuanto a la representación en
el consejo de coordinación universitaria, muy superior a su
importancia real. Recordemos que las universidades privadas son el
26,5 por ciento del total de las universidades, pero en el curso
1999-2000 sumaban el 6,5 por ciento de los estudiantes y su capacidad
investigadora era menor; si a ello sumamos la débil regulación que
sobre ellas realiza el proyecto de ley, no parece lógico otorgarles
representación en el consejo de coordinación universitaria. En este
mismo ámbito presentábamos una enmienda de supresión a la disposición
transitoria tercera porque no nos parece lógico establecer
privilegios temporales para las privadas; igualmente al artículo 40,
relativo a la investigación en la universidad. También presentábamos
enmiendas en ámbitos vitales para los estudiantes como los que se
regulan en
el artículo 42 sobre el acceso a las universidades, la oferta de
plazas en las universidades públicas y el límite máximo de admisión
de estudiantes. Igualmente, presentamos enmienda al artículo 50 en la
que denunciamos la inexistencia de una auténtica carrera docente para
el profesorado con iniciativas tanto para profesores ayudantes
doctores como para profesores contratados doctores y con propuestas
para la convocatoria de concursos.
La sensación que nos da, señorías, es que esta ley universitaria ha
salido urgente y rápidamente por razones que no acabamos de entender.
Da la sensación de que esta ley tan importante ha sido puesta en
marcha por un problema de resentimiento de alguien; alguien se sentía
resentido contra la universidad y ha decidido montar una ley con la
que va a pasar lo mismo que ha pasado con la Ley de extranjería y
como va a pasar, supongo, con el Plan Hidrológico Nacional; la Ley de
extranjería no ha servido absolutamente para nada y el Plan
Hidrológico Nacional esperamos pararlo. Supongo que dentro de muy
poco tiempo vamos a ver que el Partido Popular se ha precipitado al
sacar adelante esta ley y por eso pediríamos que se rechazara o que,
por lo menos, se volviera a discutir tranquilamente un proyecto tan
importante como es todo el proceso universitario en un país como
España, tan necesitado de una universidad mucho más moderna de la que
actualmente tiene.
Nada más. Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidentaA este
título, que hace referencia al profesorado, nuestro grupo presentó
bastantes enmiendas, muchas de ellas recogidas en el texto. Hay
aspectos importantes que han atenuado muchas de las preocupaciones
que teníamos en este título, algunas otras no y por tanto comentaré
las enmiendas que quedan vivas a nuestro grupo.
En primer lugar, es cierto que el artículo 50, que habla de la forma
de contratar al profesorado ayudante doctor, ha quedado algo más
flexible pues en el texto originario figuraba que para poder ser
contratado no debía haberlo estado en esa misma universidad en los
dos últimos años. El texto actual lo que pretende fundamentalmente es
no penalizar que esté o haya estado contratado en esa universidad,
sino incentivar el que de alguna forma haya optado por movilizarse en
un periodo de dos años a cualquier otra universidad. Creemos que aun
siendo una cuestión de matiz es importante.
Mantenemos viva la enmienda 326, relativa a los profesores
colaboradores. La actual redacción dice que éstos podrán ser
contratados en las áreas que establezca el Gobierno. En nuestra
enmienda lo que proponemos
es añadir otro párrafo de forma que, manteniendo éste, también las
comunidades autónomas puedan establecer, por motivos de interés
autonómico, criterios para adaptar la figura del profesor colaborador
a titulaciones con una proyección preferentemente profesional, en
atención a las peculiaridades y a las circunstancias de cada
comunidad autónoma, en función de aquellos sectores del mundo
empresarial y de la actividad productiva de cada comunidad autónoma
que queremos que enlacen con la figura del profesor colaborador. Nos
parece que podría seguir discutiéndose en el Senado, porque no
desvirtúa el sentido del artículo, pero sí que permite posibilidades
a las comunidades autónomas a la hora de utilizar con mayor agilidad
la figura de los profesores colaboradores.
Por seguir comentando aspectos que han sido recogidos en el texto, es
importante un bloque de enmiendas que habíamos planteado sobre las
retribuciones del personal docente investigador, tanto contratado
como funcionario. Ha quedado recogida la posibilidad de que las
comunidades autónomas, con criterios homogéneos para su propio
territorio, en las diferentes universidades que tengan, establezcan
retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales de
investigación y docencia. Creemos que es importante pues ayuda a dar
cohesión a las estrategias de desarrollo de las universidades en cada
ámbito territorial, unido al punto que se ha incorporado, de forma
que en estos programas que desarrollen tanto las comunidades
autónomas como el Gobierno del Estado la distribución individual de
estos incentivos se haga previa valoración de sus méritos por un
órgano o una comisión de evaluación externa. Pensamos que introduce
criterios objetivos y de transparencia a la hora de facilitar la
gestión de la distribución de esos incentivos.
Mantenemos viva la enmienda número 330, que hace referencia al
procedimiento de habilitación, y reitero lo que comenté en la
Comisión. Nosotros tenemos fundadas preocupaciones en torno a ciertos
aspectos del proceso de habilitación. Tenemos razones para estar
preocupados puesto que puede impactar de forma negativa en las
universidades, en concreto, como es lógico, por sus peculiaridades en
las universidades canarias. Entendemos -y es lo que planteamos en
nuestra enmienda- que debe quedar explícito en el texto el que, por
un lado, las universidades públicas establezcan en sus estatutos
acordar anualmente el número de plazas que van a necesitar que sean
ocupadas mediante el concurso de acceso que se hará entre los
habilitados; esto unido a que también figure en el texto
explícitamente que el consejo coordinador de universidades debe
convocar anualmente esas habilitaciones a las áreas de conocimiento,
en función de que hayan determinado su necesidad las universidades.
Ahora no figura ninguna cadencia en el tiempo, no se dice cada cuánto
tiempo van a ser convocadas las habilitaciones. Nos preocupa que se
produzcan descoordinaciones en este
sentido, puesto que del pool de profesores habilitados van a tirar
todas las universidades, incluidas las privadas, y nos podemos
encontrar con desfases que dificulten que se ocupen las plazas que
han solicitado las universidades públicas. Nosotros decimos que por
lo menos figure una cadencia y que sea anual.
Nos preocupa esta cuestión si la unimos al tercer punto del artículo
62, al cual también presentamos una enmienda, puesto que en la actual
redacción el número de habilitados va a ser igual al número de plazas
que hayan solicitado las universidades. Nosotros planteamos que, para
poder garantizar que las universidades hagan la selección entre los
habilitados, las comisiones de habilitación podrán proponer al
consejo de coordinación universitaria la habilitación de cuantos
candidatos estimen que reúnen méritos para ser habilitados y no
limitarlos en cuanto a su número. Lo digo porque en Canarias tenemos
la experiencia -y es lo que nos preocupa- de procesos centralizados
que se han dado y se dan ahora mismo en otras administraciones
públicas y que afectan a servicios públicos en los que existen
mecanismos de selección centralizados bien para la contratación, bien
para la incorporación a los cuerpos de funcionarios, bien para el
acceso a la formación de postgrado, como es el caso en sanidad de la
selección de los MIR. Aunque estamos de acuerdo en los efectos
positivos que muchos de estos procesos ocasionan desde el punto de
vista de la homogeneidad, en cuanto a garantías de mínimos de
calidad, lo que sí es cierto -y además es constatable- son los
efectos que a la larga estos mecanismos, por no estar corrigiéndose,
están produciendo en comunidades autónomas como la nuestra; efectos
negativos desde el punto de vista de la excesiva movilidad por un
lado y, por otro, de la descapitalización de los recursos humanos en
ciertos sectores públicos, como es en este caso la universidad. La
excesiva movilidad es evidente, y lo vemos en administraciones como
las de justicia o sanidad, donde una vez tomada posesión de la plaza
se produce una movilidad que dificulta la continuidad y la garantía
de calidad en esos servicios, si bien con la incorporación de una
enmienda nuestra está algo salvada esta situación puesto que se ha
incorporado en el texto que una vez obtenido destino, tras el
concurso de acceso, se tenga que estar -nosotros decíamos tres y ha
quedado en dos- dos años de permanencia en la plaza. Lo cierto es que
nos preocupa, insisto, la descapitalización, como está ocurriendo en
otros sectores públicos, de los recursos humanos en este caso en
nuestras universidades y que haya las mismas posibilidades de acceder
a esas convocatorias de la primera fase de homologación, que los
profesionales que salen formados de nuestras universidades tengan las
mismas probabilidades de ser habilitados que los que salgan de otras
universidades, como hemos venido comentando. A la hora de seleccionar
profesores habilitados por medio de concursos, nuestras universidades
deben tener la capacidad de optar
por un pool suficiente en el que los profesores habilitados puedan
competir de alguna forma. Quiero dejar constancia de nuestra
preocupación en este debate; después el tiempo nos lo dirá. Espero
que exista el compromiso de reaccionar para corregir estas
situaciones en caso de que se den. Este es un punto importante para
nosotros y es una enmienda que mantenemos viva aquí y para su debate
en el Senado.
Para finalizar, señora presidenta, quiero comentar una enmienda que
mantenemos viva, la número 336. En el articulado, tal como está, se
dice que las universidades van a poder crear categorías de personal.
En nuestra enmienda especificamos, primero, que estamos hablando de
personal laboral, puesto que el resto pertenece a la Función pública,
y segundo, que ésta debe ser por ley una competencia a desarrollar
por las comunidades autónomas. En caso contrario nos podemos
encontrar diferentes categorías en cada universidad dentro de un
territorio autonómico, con dificultades para la movilidad, entre
otras cosas. Pensamos que entre el Estado y las universidades hay que
interponer por ley la capacidad de las comunidades autónomas para
regular estos aspectos, por razones de coherencia entre las
diferentes universidades que estén dentro del mismo territorio y de
capacidad normativa de las propias comunidades autónomas en este
sentido.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, respecto al apartado referido al personal docente
investigador, más que repetir los planteamientos que el Grupo
Parlamentario Vasco ha realizado en las intervenciones anteriores o
en el debate en Comisión, y dado que el señor Ollero, en su
intervención anterior, ha dejado ver por dónde se va a producir el
ataque del Grupo Popular en la defensa de sus posiciones, me he
permitido ir a mi despacho a recuperar un artículo que el lunes de
esta semana publicó el rector de la Universidad del País Vasco, don
Manuel Montero -nada adicto a las tesis nacionalistas, como bien
saben SS.SS.-, que en relación con este tema dice: Cabe mencionar un
aspecto crucial en la ley que nos afecta de lleno, el referido al
personal docente e investigador. Sin duda resulta imprescindible
mejorar los procesos de selección del profesorado universitario,
incluso cabría admitir una evaluación de méritos que habilite para
participar en los concursos de acceso convocados por las
universidades. Pero el sistema propuesto no es una habilitación, sino
un examen nacional, un modelo centralista del pasado que ajusta el
número de habilitados al de plazas convocadas. Es una fórmula
insólita en
la universidad europea. En el caso de la UPV -la Universidad del País
Vasco- tiene un efecto particularmente negativo: no garantiza el
desarrollo de las enseñanzas en euskera, pues no podrían realizarse
convocatorias de profesorado con ese perfil. No las impide
necesariamente, pero dificulta las previsiones que al respecto pueda
realizar la universidad, y aquí estamos en una cuestión crucial.
Nuestra obligación es desarrollar la enseñanza universitaria en
euskera, asegurarla. De hecho, la nuestra es la única universidad en
el mundo con esta obligación; no hay otra. Sí está reconocido, y es
de simple sentido común, el derecho de nuestros estudiantes a cursar
sus estudios en euskera sin más límites que nuestras propias
capacidades de ir desarrollando la oferta de asignaturas en euskera.
Ollero jauna: hemen kontua da herritar batzuk gaztelera ez den
hizkuntza batean bizitzeko aukera egin dugula, eta, ondorioz,
erakundeek beren zerbitzuak aukera horietara egokitu dituztela,
euskaldunon kasuan, Euskararen Erabilerarako Oinarrizko Legean
xedatutakoaren arabera, Euskal Herriko Unibertsitateak euskaraz ere
eskaintzen ditu bere zerbitzuak. Egoera honen aurrean, Ollero jauna,
ezin dira begiak itxi eta ez ikusiarena egin. Decía, señora
presidenta, que esta es la cuestión, que hay ciudadanos que han
optado por vivir en más de una lengua y consideran como propia una
lengua distinta del castellano; que la propia universidad tiene
estudiantes que requieren estos servicios, que existe una dimensión
plurilingüe en ciudadanos que han hecho determinadas opciones en
universidades que ofertan determinadas cuestiones y que lo que no se
puede es ser sencillamente miope porque esas opciones están hechas y
están asumidas en la sociedad con toda naturalidad. Se lo dice el
rector de la Universidad del País Vasco, como digo, nada adicto a
tesis nacionalistas. Usted decía en su intervención que el PNV verá
cómo se plantea su vida política. Esa no es la cuestión. Se lo está
diciendo el rector de la Universidad del País Vasco en nombre de lo
que él representa. No es cómo nos planteamos nosotros nuestra vida
política; ya nos la planteamos sin ninguna duda y con toda
coherencia. El problema es que aspectos sustanciales, dimensiones
fundamentales de la vida de los ciudadanos de este país están siendo
sesgadas por lo más bajo y que es obligación nuestra derrotar aquí
estas consideraciones. Dice el rector de la Universidad del País
Vasco que es un modelo insólito el de la habilitación, y es verdad.
Por mucho que se empeñen ustedes en argumentar en sentido contrario,
no existe en ninguna de las universidades europeas un modelo como el
que ustedes plantean y, en consecuencia, el Grupo Parlamentario Vasco
sigue manteniendo vivas sus enmiendas, reforzadas tras los debates
habidos en relación con esta cuestión en el trámite de ponencia. De
acuerdo con el dictamen de la Comisión que estamos analizando ahora
se abren dos vías: la habilitación para el profesorado funcionario de
las universidades públicas y la acreditación para el profesorado
de las universidades privadas. Dado que para sostener la
habilitación y sus virtudes el Grupo Popular ha optado por
ridiculizar la opción de la acreditación sostenida, entre otros, por
el Grupo Parlamentario Vasco y, a la vez, la acepta para las
universidades privadas, nosotros insistimos en optar por la fórmula
de la acreditación con carácter general. Lo que no puede ser es que
lo que es bueno, razonable y justo para las universidades privadas
sea injusto y no razonable para las universidades públicas, porque no
es una cuestión semántica, lo es de fondo, dado que acreditar es un
verbo que se ajusta con mayor precisión al objetivo de medir la
calidad, mientras que habilitar contiene el sema negativo de
trasladar una intervención pública sobre la capacitación profesional,
que no se puede poner en duda desde la perspectiva de las
titulaciones que respaldan y ostentan los candidatos. ¿Se imaginan la
aplicación de este sistema generalizado en el ámbito sociolaboral? El
Ministerio de Industria habilitando a los ingenieros de Iberdrola o
el Ministerio de Economía y Hacienda habilitando a economistas del
BBVA. Que convoquen estos ministerios pruebas ad hoc a este respecto.
¿Les parecería razonable?
Nosotros seguimos manteniendo vivas estas enmiendas para que en el
texto del proyecto de ley se introduzcan las normas necesarias para
que se garantice la igualdad en el desarrollo del sistema y
coordinación de la acreditación del profesorado, sin perjuicio de las
decisiones que corresponden a las comunidades autónomas y a sus
universidades, que a través del pertinente convenio conducirá a la
celebración de convocatorias conjuntas. Este es, señor Ollero, el
meollo de la enmienda que creo que usted no ha entendido
suficientemente, pues de lo que se trata es de articular una fórmula
cooperativa. En nuestra opinión, esta fórmula cooperativa basada en
la residencia es la única forma admisible para justificar
constitucionalmente la intervención del Estado en esta materia. Ese
es el modelo que propone el Grupo Parlamentario Vasco en sus
enmiendas al respecto.
La enmienda número 67, sobre el acceso a la universidad, solicita la
eliminación de la remisión al Gobierno de una norma básica sobre la
admisión de alumnos que en nuestra opinión debe producirse en
coherencia con los razonamientos que he intentado exponer esta
mañana, según dispongan las universidades de acuerdo con el consejo
de coordinación y teniendo en cuenta la programación de oferta
pública que determinen las comunidades autónomas. En esta misma
dirección, la enmienda 68 traslada del Gobierno a las comunidades
autónomas el establecimiento de los límites máximos de admisión de
alumnos, toda vez que ninguno de los motivos aducidos por el Grupo
Popular justifica, en nuestra opinión, esta competencia para el
Gobierno del Estado, pues la ponderación del interés general o el
cumplimiento de directivas europeas o de convenios internacionales
corresponde, a tenor de la Constitución,
a todos los poderes públicos de acuerdo con sus competencias, y así
lo ha manifestado reiteradamente y con la misma claridad el Tribunal
Constitucional. En nuestra opinión, se ha subsanado un grave error en
el planteamiento inicial al incorporar el título XIII, como he
indicado anteriormente. Otro conjunto de enmiendas, señora
presidenta, pretende introducir una reforma que dote a las
universidades de instrumentos más flexibles y eficaces respecto a la
planificación y gestión de los recursos humanos, lo que entraña
modificar las normas de la legislación general funcionarial en el
sentido de adaptarlas a la modernización de la organización
universitaria, así como a la mejora de la eficacia y la eficiencia de
la gestión universitaria. Existe también un par de enmiendas
relacionadas con el vigente modelo sobre la UNED. Creemos que esta es
una ocasión propicia para actualizar la adaptación de las funciones y
de las estructuras de esta universidad, de modo que se posibilite,
alternativamente, la transferencia de sus funciones, servicios y
medios a las comunidades autónomas que así lo soliciten o la
adaptación, en el resto de los casos, en cuanto a la participación
autonómica de sus estructuras y a la aplicación del ámbito
territorial en el que desarrollan su actividad. Existen también
varias enmiendas relacionadas con la prestación de servicios en
instituciones sanitarias por parte del profesorado universitario
perteneciente a áreas de conocimiento de carácter clínico y
asistencial, que en nuestra opinión deben estar recogidas en su
conjunto en una disposición final.
Anuncio, señora presidenta, que el Grupo Parlamentario Vasco, a la
vista del dictamen de la Comisión, va a retirar las siguientes
enmiendas: la número 44, relacionada con los requisitos mínimos, al
incluir el término de básicos; la número 62, relativa a la agencia de
evaluación; la número 69, relativa a las becas y la número 85,
referida a las acreditaciones de universidades privadas.
Como valoración final, dado que es la última intervención, señora
presidenta, quisiera manifestar que la sociedad del conocimiento
reclama una profunda transformación del sistema educativo a todos los
niveles y que esa transformación es especialmente relevante en lo que
respecta al sistema universitario. Desde la posición del Grupo
Parlamentario Vasco, los tiempos son los que van en contra de esta
ley o esta ley es la que va en contra de los tiempos. Desde nuestra
perspectiva, la propia dinámica universitaria será la que romperá y
rechazará las posturas de este corsé de belle époque que el Grupo
Popular trata de imponer a las comunidades universitarias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Señor Ollero, yo no esperaba coincidir con usted en este debate
porque, evidentemente, ustedes plantean un modelo de universidad que
tiene que ver con el modelo de sociedad que defienden y es
radicalmente contrapuesto al que defiende Izquierda Unida. Nosotros
queremos una sociedad más democrática, más participativa y más plural
y, en consonancia, esa es la universidad que demandamos para esa
sociedad.
Respeto y reconozco su talla intelectual, pero me ha dejado usted
perpleja planteando aquí cuestiones que no voy a pasar por alto.
Parece mentira que sea usted precisamente quien diga en esta Cámara
que es un estudiante eterno y que los demás, la señora Chacón y los
portavoces parlamentarios de los otros grupos, no seguimos estudiando
y no estamos en la universidad. Primero, la única forma de acceder al
conocimiento, señor Ollero, y se lo digo yo que no soy catedrática,
no es el academicismo. Segundo, fíjese si estamos en la universidad
que la universidad está con nuestras posiciones y con nosotros, no
con las suyas. Tercero, no le voy a permitir bajo ningún concepto,
señor Ollero, que desde esta tribuna se permita usted el lujo de
llamar tontos a los universitarios, a los hombres y mujeres
universitarios. Dice usted que no sabe por qué se manifiestan. Tal
vez por eso les han mandado ustedes la policía, que les tiene
rodeados en la puerta del Congreso en este momento. Los periódicos de
este país, las televisiones y la radio dejan bien claro que los
estudiantes sí saben por qué se manifiestan. Tal vez son ustedes o
tal vez sean los alumnos de su ámbito de influencia, de los
profesores como usted, los que no saben por qué hay que manifestarse.
Permítame que se lo diga con todo respeto, señor Ollero.
Dicho esto, subía yo a esta tribuna para defender las enmiendas de
Izquierda Unida sobre el profesorado. Enmendamos artículos del
proyecto de ley relacionados con este tema, como el artículo 53,
porque es evidente que en el caso de que una universidad establezca
un perfil lingüístico docente asociado a una plaza deberá tener la
posibilidad de requerir la correspondiente competencia lingüística
para el acceso a la misma. ¿Por qué lo planteamos? Porque queremos
eliminar todos los artículos relativos al procedimiento de la llamada
habilitación nacional, del 57 al 67, por entender que este
reglamentismo es absolutamente impropio de una ley de carácter
general, por tanto sustituir las múltiples figuras de personas
docente e investigador por una estructura más simplificada -personal
contratado, en formación y PDI permanente-, ya sea contratado o
funcionario. En definitiva, ¿qué venimos a plantear? Que es solamente
admisible para profesores asociados o visitantes que pueda existir la
contratación temporal o a tiempo parcial; eliminar, por tanto,
cualquier exigencia de trashumancia -artículo 50- como requisito,
señor Ollero, señorías, para poder pasar de personal
en formación con contrato temporal a profesorado permanente,
funcionario o contratado.
Enmendamos también el artículo 47. Alguien decía por aquí que no
sabía si Izquierda Unida tenía proyecto alternativo. Pues sí,
señorías, tenemos proyecto alternativo al modelo de sociedad y
tenemos proyecto alternativo a la reforma universitaria, lo que
ocurre es que, como ustedes bien saben, somos un grupo pequeño - no
hace falta que explique que con ocho diputados no tenemos tan fácil
el trabajo parlamentario como ustedes, que gozan de una mayoría
parlamentaria absoluta- y hemos presentado una enmienda de devolución
sin texto alternativo. Enmendamos el artículo 47, que se refiere al
personal docente e investigador, porque el profesorado que tendrá
funciones docentes o investigadoras debe estar formado por
funcionariado y por personal contratado laboralmente en la forma que
establezcan los estatutos de la propia universidad.
Enmendamos también el artículo 48, que se refiere al personal docente
e investigador en formación, porque el profesorado en formación
debería ser contratado laboralmente como ayudante de forma temporal
con una docencia reducida, teniendo como tarea central su formación
docente e investigadora con vistas a la obtención del doctorado y, en
su caso, con una primera fase orientada a la obtención de la -valga
la redundancia- suficiencia investigadora. La contratación será con
dedicación, en nuestra opinión, a tiempo completo y con una duración
de cuatro años prorrogables dos años más. Su dedicación docente no
podrá superar en ningún caso el 50 por ciento de la correspondiente a
los profesores a tiempo completo pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios. Además, la contratación como ayudante
requerirá desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa la posesión del título de licenciado o
equivalente o del de diplomado en aquellas áreas de conocimiento en
las que así se establezca, en cuyo caso se preverá una mayor duración
durante de la primera fase. La universidad podrá también contratar,
señor Ollero, laboralmente de forma temporal personal investigador en
formación. La contratación de este personal será también con
dedicación a tiempo completo y con la misma duración que en el caso
de los ayudantes.
Enmendamos también el artículo 49. Nuestra voluntad en la reforma de
esta ley ha sido la del consenso, pero, a la vista del interés que
ustedes tienen en el consenso en una reforma del calado social que
tiene ésta, nosotros hemos tratado de mejorar naturalmente su texto.
En el artículo 49, que se refiere al profesorado permanente, nosotros
decimos que deberá estar en posesión del doctorado y será colaborador
con contrato indefinido o titular con la adscripción a una plaza
funcionarial. En aquellas áreas de conocimiento en las que así se
establezca por el consejo de coordinación universitaria podrá existir
la figura del colaborador o titular de diplomatura sin el requisito
del doctorado. El total
del profesorado colaborador no superará el 20 por ciento de la
plantilla docente de la universidad. Izquierda Unida enmienda también
el artículo 50 que se refiere al profesorado titular y decimos que el
acceso al mismo requerirá la previa habilitación que acredite la
madurez docente e investigadora. Los concursos de habilitación podrán
ser convocados, señor Ollero, por el Estado, por una o varias
comunidades autónomas y por una o varias universidades, con validez
para el ámbito correspondiente y serán resueltos atendiendo
únicamente a los méritos académicos de cada concursante y sin
limitación numérica, por comisiones formadas por especialistas de
distintas universidades de la Unión Europea. En el punto 2 del mismo
artículo nos referimos a la adscripción a las plazas funcionariales
como titulares, que debería realizarse por concurso resuelto por una
comisión de la misma universidad de acuerdo con sus estatutos y
atendiendo, naturalmente, a la idoneidad para las tareas a realizar.
Así mismo, en el apartado 3, planteamos que el Estado o una o varias
comunidades autónomas y una o varias universidades podrán convocar
concursos de habilitación entre titulares para la categoría de
catedrático, que serán resueltos, señorías, únicamente atendiendo a
la excelencia académica de cada concursante y sin limitación
numérica, por comisiones formadas por especialistas de distintas
universidades, también de la Unión Europea, que tengan la condición
de catedráticos o equivalente. Dicha habilitación entendemos que
capacitará para el desempeño de las funciones de dirección académica
que se establezcan en los estatutos de la universidad. La condición
de catedrático se adquirirá por la asunción de dichas funciones de
acuerdo con el catálogo de puestos de trabajo de la universidad y por
los procedimientos establecidos en los propios estatutos de la
universidad.
Enmendamos también el artículo 51 que se refiere al profesorado
asociado. Las universidades podrán contratar profesorado asociado a
tiempo parcial entre profesionales de reconocida competencia que
desarrollen su actividad principalmente fuera de la universidad. El
total del profesorado asociado no superará el 20 por ciento de la
plantilla docente de la universidad. También enmendamos el artículo
52, que se refiere al profesorado visitante. Las universidades podrán
contratar profesorado visitante entre el profesorado permanente de
otras universidades para que sea posible la realización de estancias
temporales en la propia.
Señor Ollero, como sé que no le voy a convencer ni a usted ni al
Partido Popular y que este debate es estéril, desgraciadamente, para
la sociedad española y para la comunidad educativa, no voy a agotar
mi tiempo para no tener que poner a la presidenta en una situación de
apuro en la que tenga que llamarme la atención y tenga yo que
recurrir perdirle la generosidad política que ha tenido con usted en
su intervención. Así que, señorías, gracias por su atención. Me voy a
mi escaño para ver qué es lo que tiene que contestarme esta vez.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Voy a ser breve porque aunque algunos grupos están utilizando
legítimamente estos turnos para hablar de más temas de los que
estaban originariamente previstos, y tienen toda la razón para
hacerlo vistas las limitaciones de tiempo, la realidad es que se
supone que este tercer bloque va dirigido a hablar del profesorado,
recogido en el título IX, al que nuestro grupo parlamentario apenas
tiene presentada ninguna enmienda, concretamente mantiene una
enmienda viva.
Antes de hacer referencia a esa enmienda - ya que otras muchas ya han
sido aprobadas o incorporadas en ponencia o en Comisión- quería hacer
aludir a las palabras del señor Ollero. Es un tema menor pero de
cierto interés parlamentario, porque me dicen que, como ya ha hecho
un compañero de usted con la portavoz de Izquierda Unida y usted
mismo lo hace conmigo, en el momento en que nos ausentamos del debate
ironiza un tanto por el hecho de no estar presente. Yo le quiero
recordar que usted tampoco está presente desde el principio, igual
que está ocurriendo en el Grupo Parlamentario Socialista. Los grupos
pequeños, porque efectivamente somos un grupo pequeño en esta Cámara
en número de diputados, tenemos un portavoz, por tanto, permítanos
salir en algún momento durante un debate de cuatro horas y no
aproveche para ridiculizar, aunque entiendo que usted se encuentre a
veces más cómodo ahí. También quería decirle que yo sabía, porque
usted lo ha dicho más de una vez y lo reconoció en el último debate
en Comisión, que tiene usted unas gotas de sangre jacobina; lo ha
admitido y además me consta que a veces se ha manifestado muy
satisfecho por ello. Hoy he detectado algo más. Usted pregunta por
qué un profesor contratado doctor que lleva veinte años en una
universidad no quiere ser funcionario. Yo le voy a contestar de una
forma muy sencilla: porque no le da la gana, que es una razón
suficiente para hacer las cosas en la vida. Entiendo que usted,
cuando formula las cosas de esa manera, se está haciendo portavoz de
una gran masa de gente, que afortunadamente va disminuyendo pero que
existe, por tanto no está usted solo, que sigue creyendo que la
máxima aspiración del profesional es ser funcionario y que el que no
es funcionario no ha colmado su satisfacción. En Cataluña, por
fortuna, desde hace muchos años no vemos las cosas así. Creemos que
se puede ser muy digno y tener la plena satisfacción profesional, no
a medias sino el máximo, sin tener asiento funcionarial. Entiendo que
usted no lo vea así. Usted es funcionario y tiene su asiento
garantizado. Otros prefieren la libertad que da un contrato laboral,
la flexibilidad que da un contrato
laboral, indefinido pero laboral. Eso, afortunadamente desde esta
ley, se introduce también en el ámbito de la carrera académica para
un 49 por ciento del profesorado; sigue quedando un 51 por ciento
como mínimo -ciertamente será bastante más durante muchos años- que
será funcionario. Desde nuestro punto de vista -usted revela con su
intervención que no desde el suyo y tengo mis dudas sobre el del
Grupo Popular como tal- la ley dice lo que dice y aquí votamos leyes
y no discursos, por fortuna, porque, si no, no sé dónde estaríamos.
La ley dice que estarán en igualdad de condiciones, excepto en
aquello que nosotros queremos enmendar, que es que puedan ser decanos
o directores de departamento. Por tanto, tendrá la misma
respetabilidad académica el profesor contratado doctor que el
profesor titular, por ejemplo, la misma, aunque algunos funcionarios
hoy, entre ellos usted, intenten transmitir a la sociedad que como no
son funcionarios son menos. No. Ya nos ocuparemos algunos y ya se
ocupará la sociedad de poner a cada uno en su sitio según sus méritos
académicos e intelectuales y no conforme a su estatus funcionarial.
Ese es nuestro modelo de universidad y eso es lo que entendemos que
recoge el título IX en el ámbito del profesorado: un profesorado
funcionarial que tiene una prueba de habilitación para ser
catedrático, para ser titular, y un profesorado contratado, previa la
evaluación por parte de las comunidades autónomas, con un régimen que
fijarán las comunidades autónomas y que puede concurrir incluso
después de ocho años de ejercicio directamente a la cátedra. No será
indispensable ser titular de universidad para concurrir a la
habilitación de la cátedra sino que un contratado doctor, con ocho
años de experiencia, previa una simple comprobación de que cumple los
requisitos pero de forma automática, reglada, por decirlo en términos
administrativos, podrá concurrir a la cátedra. Nosotros entendemos
que eso encaja con nuestro modelo y es el punto de acuerdo al que
hemos llegado con su grupo. Entiendo que le pueda gustar más o menos
pero la ley, afortunadamente a partir de hoy, dirá lo que dirá.
Evidentemente, no nos gusta el modelo de habilitación pero no hemos
presentado grandes enmiendas a este punto. Se nos podrá decir que por
qué. Es una opción parlamentaria; porque, como he comentado
anteriormente, nosotros estábamos en diálogo con el Grupo
Parlamentario Popular desde antes incluso de que el proyecto de ley
se trajera a esta Cámara, es algo de lo que nos mostramos
perfectamente satisfechos, y sabíamos hasta qué punto el Grupo
Parlamentario Popular, como así ha sido, no iba a ceder ni un
milímetro en su modelo de habilitación. Por tanto, como los esfuerzos
inútiles provocan melancolía, ni siquiera hemos concentrado nuestros
esfuerzos en presentar enmiendas a la habilitación; simplemente,
desde el primer al último momento, hemos dejado claro que no nos
gusta, y hoy lo vamos a hacer de una forma parlamentaria muy
evidente, como es votar en contra. Vamos a votar en contra de cada
uno
de los artículos que hacen referencia a la habilitación. Por tanto,
mayor expresividad democrática no podemos tener. Votaremos a favor de
la ley, votaremos a favor del conjunto de las mejoras de la ley,
votaremos en contra de los artículos, separadamente, sin perjuicio de
la votación de conjunto del texto, que hacen referencia a la
habilitación. No es nuestro modelo, no nos gusta y lo dejamos bien
claro y palmario en términos parlamentarios con una votación. Tampoco
es muy distinto -y también lo digo y lo he dicho antes- del modelo
del Partido Socialista, en el punto que menos nos gusta no es
radicalmente distinto del modelo de acreditación del Partido
Socialista, pero me dicen que estoy dedicando demasiadas energías a
criticar el modelo socialista y puede que tengan razón. Critiquemos
en este punto el modelo del Grupo Popular, que en este punto no es el
nuestro ni nos gusta.
Nos queda vigente una enmienda al artículo 68 que se relaciona con
otra al artículo 83 -las dos van juntas, aunque una haga referencia a
otro título-, sobre las relaciones que pueden tener los funcionarios
-eso sí, de los cuerpos docentes universitarios- en dedicación
exclusiva con la actuación económica de la universidad. No me he
traído a la tribuna el texto del proyecto de ley, pero el artículo 83
es el que establece la participación regulada de los profesores
universitarios en régimen de exclusiva en actividades económicas,
fundaciones, etcétera, que desarrolla la universidad. Se fijan
algunas excepciones, pero en conjunto nosotros creemos que ese
régimen es perfectamente correcto, y así lo votaremos favorablemente,
aunque entendemos que precisa y que cabe un desarrollo autonómico más
explícito que el que prevé la propia ley. Tanto lo entendemos que, en
el fondo, aunque voten ustedes en contra de esta enmienda, tenemos
perfectos títulos constitucionales y autonómicos para hacerlo y por
eso no le causamos gran alarma, pero preferiríamos que quedara claro
ahí. ¿Por qué? Porque el artículo 83, que, insisto, regula esa
posibilidad de que las universidades tengan relaciones con institutos
de investigación, e incluso con empresas, y por tanto los profesores
universitarios en dedicación exclusiva en determinados casos puedan
colaborar con empresas, no sólo afecta a las competencias en el
ámbito universitario en términos políticos, sino que la regulación de
esos contratos, el desarrollo de las figuras jurídicas que se deriven
de ahí, afectan también a otros títulos competenciales, como pueden
ser industria, turismo o incluso, si me apuran, medio ambiente,
distintas competencias en las cuales las universidades podrán aportar
su profesorado, con un régimen legal que establece la ley, y el
desarrollo de las figuras contractuales afectará no sólo al ámbito
académico, sino también a otros ámbitos. Querríamos que este elemento
competencial fuera más explícito en la ley, pero insisto en que
estamos tranquilos desde la certeza de que tenemos esa competencia y
que por tanto podremos desarrollar esa legislación. Tendríamos más
tranquilidad a efectos pedagógicos, si se quiere, que también lo hace
la ley, si así apareciera, pero, si no es así, en su momento
legislará el Parlamento catalán, si lo estima oportuno, en ese
ámbito, porque tiene plenas competencia autonómicas, estatutarias y
constitucionales para hacerlo.
Esta es la última intervención en este debate, que ha sido
fructífero, aunque lo hubiera podido ser mucho más si el Grupo
Parlamentario Popular hubiera decidido una tramitación más tranquila,
y termino como empezaba. El proyecto de ley que vamos a votar hoy no
es el que hubiera elaborado, ni mucho menos, el Grupo Parlamentario
Catalán. Es un proyecto de ley que queda corto para el año 2001 y
para empezar el siglo XXI, pero es un proyecto de ley que, a nuestro
modo de ver, mejora -botella medio llena, botella medio vacía;
preferimos verla medio llena-, y mucho, la actual situación legal,
tanto desde el punto de vista del funcionamiento en algunos aspectos
de la universidad española como desde el punto de vista del respeto
competencial. Porque eso es así nosotros daremos nuestro voto
favorable a la ley. Preferimos una ley que será mejor que la que
ustedes hubieran hecho sin nuestro voto.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señor Guerra Zunzunegui, visto lo visto, quisiera comenzar por
agradecerle el tono de su intervención, incluso cuando me llama
joven, cosa que hacen muy habitualmente y que en la Comisión repitió
el señor Ollero por tres veces, aunque de su tono no podría decir lo
mismo que del suyo. En cualquier caso, sí que querría decirles una
cosa. Es cierto que pertenezco a una generación distinta de la suya,
pero no es a causa de la edad, señorías, es a causa de las ideas que
defiendo. Más allá de eso, quisiera decirles respecto al título que
estamos defendiendo, que en el Grupo Socialista compartimos algunos
de los objetivos que en relación con el profesorado universitario se
recogen en el preámbulo del proyecto de ley. Creemos que es necesario
revisar algunos extremos de la actual normativa para corregir
disfunciones, introducir más flexibilidad en el régimen del
profesorado universitario contratado y revisar la distribución
competencial entre Estado, comunidades autónomas y universidades.
Nada que objetar. Compartimos en lo esencial que es preciso evitar la
endogamia en los procesos de selección del profesorado, que resulta
necesario recuperar el carácter original de la figura del profesor
asociado, que hay que revisar las categorías del profesorado
contratado y que hay que continuar con las prácticas de evaluación
-continuar he dicho-
de la calidad docente e investigadora de los docentes en nuestro
ordenamiento universitario. Todo ello porque si mejoramos la calidad
de nuestros profesores, estaremos sentando las bases más sólidas para
mejorar también la calidad de nuestra enseñanza superior. Todo ello
y sobre todo partiendo del reconocimiento de la tarea que desarrollan
nuestros profesores y profesoras. Si hoy tenemos la mejor universidad
de la que nunca ha dispuesto la sociedad española es porque tenemos
los mejores profesores e investigadores de los que nunca, señorías,
hemos dispuesto. El problema es que lamentablemente no podemos
compartir prácticamente ninguna de las propuestas que para alcanzar
esos objetivos nos propone el Gobierno. Se trata de propuestas poco
meditadas, que en muchos casos no solo no van a alcanzar los
objetivos que se proponen sino que, al contrario, van a empeorar los
sistemas actuales y van a restar flexibilidad a las universidades,
propuestas que en algún caso son radicalmente incompatibles con la
autonomía universitaria, insólitas en los países con sistemas
universitarios más avanzados y en algún otro son sencillamente
incumplibles. El Gobierno nos ha planteado que con el objetivo de
luchar contra la endogamia y favorecer la movilidad establece un
nuevo modelo de profesorado, del que buena parte, hasta el 51 por
ciento, va a ser funcionario y el 49 será profesor contratado. Se
establece así lo que en la jerga universitaria se conoce como doble
vía, dos tipos distintos de profesores universitarios estables, unos
funcionarios y otros contratados laborales; dos tipos de profesores,
que en principio van a efectuar exactamente las mismas tareas, ambos,
contratados y funcionarios, darán clases e investigarán; eso sí,
tendrán distintos derechos, distintas retribuciones, distintos
sistemas de jubilación y, por supuesto, distintos mecanismos de
acceso y de promoción. Harán lo mismo, pero serán distintos, y ya
sabemos lo que eso quiere decir: dificultades de gestión e incluso
eventuales discriminaciones. Si hacemos lo mismo -dirán los
profesores- por qué no ganar lo mismo; si hacemos lo mismo, ¿por qué
no tenemos los mismos derechos? Descendamos un poco más. ¿Por qué si
yo soy contratado como catedrático de universidad -y no lo duden va a
existir ese tipo de contratos- por qué no puedo ser rector? ¿Por qué
si yo soy catedrático de universidad, no tengo derecho a un convenio
laboral como mis compañeros contratados? ¿Cuál es realmente,
señorías, la diferencia que en la ley se establece -y digo en la ley-
entre un profesor funcionario y uno contratado laboralmente? Su
sistema de acceso. Para un funcionario -pongamos un titular de
universidad- un complejísimo sistema que comienza con una
habilitación, que en realidad no es otra cosa que resucitar las
viejas oposiciones centralistas, es decir, una oposición con tres
ejercicios, a la que le sigue un concurso en la universidad en la que
se pretende ingresar. Una fórmula insólita en nuestros días en la
universidad europea e inimaginable en cualquiera de
los países de mayor desarrollo universitario, porque su sistema de
habilitación no es otra cosa que unas oposiciones para elegir
aquellos profesores de entre los que las universidades tienen
obligatoriamente que seleccionar a sus docentes. Esta ley, señorías,
reimplanta un sistema contrario a la autonomía universitaria y a la
autonomía política, creo que ha quedado bastante claro; contrario,
además, a la lógica académica más elemental y lo hace al tiempo que
establece una vía de contratación estable en las universidades a la
que puede accederse con la obtención de una evaluación positiva de la
Agencia Nacional de Calidad u órgano autonómico equivalente. En ambos
casos se exige la titulación de doctor y tres años de experiencia
docente e investigadora postdoctoral, en el supuesto de acceso al
contrato laboral. Puestas así las cosas, no es difícil imaginar,
señorías, que la vía elegida preferentemente por aquellos doctores
que pretendan alcanzar un puesto estable en la universidad va a ser
la vía contractual. Sin embargo, la decisión simultánea de diseñar
una fórmula de acceso centralizada y retrógrada para acceder a los
cuerpos docentes y crear la figura de profesores contratados estables
puede conducir a muchas universidades a que vayan orientando sus
plantillas hacia la que podríamos denominar vía contractual, por
cierto, la potencialmente más endogámica de las dos. Se trata de una
verdadera vía paralela a la funcionarial que, bajo el objetivo de
dotar de mayor flexibilidad a las universidades a la hora de
contratar a su profesorado, no sólo relativiza la lucha contra la
endogamia, sino que aumenta las rigideces en el sistema de selección
del profesorado, porque, no lo olvidemos, el profesorado contratado
en el texto de ley no es una categoría temporal, sino dotada de
estabilidad laboral y en ese punto el Estatuto de los Trabajadores es
taxativo; la temporalidad laboral tiene un tope, fijado en el propio
estatuto: tres años. Después, la fijeza, el contrato laboral
indefinido. Por cierto, una estabilidad que, a tenor de la
experiencia, es tan sólida e inamovible como la de los funcionarios.
Para el Grupo Socialista la solución que se aporta para combatir la
endogamia es mala. Se sacan del baúl de la historia las viejas
oposiciones centralistas a las que se bautiza con nombre alemán,
habilitación, pero son viejas y son centralistas y, además, como dije
antes, son un sistema insólito, porque, con la excepción de Italia,
no existe ningún otro país de la OCDE en que las universidades tengan
que elegir obligatoriamente sus profesores de entre aquellos
previamente soleccionados por tribunales estatales. Existen países,
como Francia, en los que se establece algún sistema de acreditación,
por cierto, como el que los socialistas proponemos en nuestras
enmiendas: acreditación sin límite de plazas; otros, en los que ni
tan siquiera se exige ningún tipo de acreditación. Señor Ollero, digo
acreditación, no carné de baile; digo acreditación, semejante a las
que ustedes proponen para el profesorado contratado permanente
de la universidad española. El sistema que ustedes deciden en este
texto es insólito y, sobre todo, incompatible con la autonomía
universitaria y política que protege la Constitución y, además, no es
nuevo en nuestro país. Oposiciones como las que plantea esta ley ya
las hubo en España y ya las rechazaron nuestras universidades.
Hemos oído del Gobierno que este sistema es el idóneo para garantizar
la incorporación a nuestros claustros de los profesores e
investigadores que en estos momentos trabajan fuera de nuestro país.
La verdad es que nos resulta imposible imaginar a uno de esos
investigadores brillantes encerrado unas cuantas horas en una
habitación preparando una lección de un temario básico de su
especialidad para exponerlo después frente a un tribunal antes de ir
a concursar a las distintas universidades para obtener una plaza de
profesor titular. Que deje su universidad, que deje su laboratorio,
sus colaboradores, sus estudiantes de doctorado y se vuelva a España,
donde después de tres ejercicios y unos cuantos concursos va a tener
una plaza y podrá empezar de nuevo. Señorías, ¿de qué estamos
hablando? Y me dirán: para eso tenemos la vía contractual. Yo les
digo: sí, siempre que no se presente a los concursos un doctor que
tenga la habilitación, porque, si se presenta, según la ley que
ustedes defienden, tiene un mérito preferente. Es más, contratamos a
nuestro investigador o a nuestro profesor, se supone que con un gran
currículum, pero no puede ser rector ni decano ni jefe de
departamento ni participar en los tribunales de habilitación.
Señorías, su ley tampoco arregla este problema.
El sistema de profesorado que han diseñado, lejos de dotar de mayor
flexibilidad a las universidades, les resta capacidad de maniobra. Ya
he hablado de la contratación laboral; sin duda, tiene ventajas, pero
presenta algunas limitaciones sobre las que cabría reflexionar. La
universidad podrá contratar con las características ya comentadas,
profesores doctores, también ayudantes y ayudantes doctores y en
algunas áreas de conocimiento, pero sólo en algunas, colaboradores.
¿Por qué establecer limitaciones? ¿No resultaría más razonable dotar
a las universidades de un sistema menos rígido, más flexible, que
permita contratar temporalmente a las universidades, con más
libertad, de acuerdo con sus necesidades? Nosotros creemos que sí,
como creemos que los efectos negativos de la endogamia se pueden
corregir sin limitar la autonomía universitaria. Se puede garantizar
a través de un sistema de acreditación abierto que todo aquel que
pase a ser profesor estable de la universidad tenga los méritos
suficientes para serlo y, después, que sean las universidades quienes
decidan, de entre quienes tengan esos méritos suficientes, el mejor
en función, desde luego, del currículum, pero también de sus propias
necesidades docentes e investigadoras. En fin, creemos que a las
universidades se pueden incorporar a profesores de otras
universidades o centros de investigación españoles o extranjeros
mediante concursos específicos convocados de acuerdo
con las universidades. En ese sentido van nuestras enmiendas. Además,
por difícil que parezca, la ley, en su tramitación parlamentaria, ha
empeorado algunas de sus propuestas iniciales. Se han reducido las
exigencias que el proyecto de ley enviado por el Gobierno contenía
respecto al profesorado de las universidades privadas para garantizar
la calidad de la enseñanza. Donde había una exigencia de habilitación
para un 25 por ciento del profesorado de las universidades privadas
hoy nos encontramos con una simple evaluación positiva de la Agencia
Nacional de Calidad u órgano autonómico equivalente, habilitación
nacional con tres ejercicios para los profesores de la universidad
pública, evaluación para sólo el 25 por ciento del profesorado de la
universidad privada. Esa es la ley del embudo, señorías, la parte
ancha para la universidad privada y la estrecha para la universidad
pública.
Se ha modificado asimismo el régimen transitorio para impedir que las
universidades convoquen plazas después de la aprobación de la ley.
Esta modificación, aparte de paralizar por un tiempo difícil de
predecir las convocatorias de cualquier concurso para acceder al
funcionariado docente universitario, va a impedir en la práctica el
cumplimiento del plan de estabilización del profesorado que firmaron
con el anterior gobierno del Partido Popular. En resumen, la ley de
Pilar del Castillo enmienda un acuerdo de Mariano Rajoy. Finalmente,
la ley mantiene una prórroga de tres años para la adaptación a la
nueva ley de los actuales contratos de profesores asociados. Por
cierto, en el documento que el Ministerio envió ayer a los medios de
documentación para tratar de parar lo ya imparable hay muchos
errores. Uno está referido a este asunto, porque los actuales
profesores asociados tendrán sólo tres años a partir de la aprobación
de esta ley. Léanse su propia ley, señorías del Grupo Popular, y
déjenme que le recomiende desde aquí al gabinete de prensa del
Ministerio que se la lea también. A todas luces, como pueden
comprender, tres años son un tiempo insuficiente para que ellos
puedan acomodar su situación a la nueva, respecto a sus proyectos
docentes e investigadores.
Señorías, señora presidenta, termino ya. Como he tratado de relatar a
lo largo de mi intervención, el tratamiento que el proyecto de ley da
al profesorado universitario, lejos de mejorar la tramitación en esta
Cámara, ha empeorado. El Grupo Popular ha ignorado todas las
propuestas del Grupo Socialista en esta materia, propuestas que
venían avaladas por buena parte de la comunidad universitaria,
incluidos los actuales responsables académicos. Quisiera equivocarme,
pero mucho me temo que su habilitación sencillamente no va a
funcionar; su carrera docente tampoco. En resumen, como en el resto
de la ley, estamos ante una oportunidad perdida, porque la voluntad
de llegar a un acuerdo se ha sustituido por el empecinamiento y el
miedo al debate y a la discusión. Déjeme acabar diciéndole, señora
Ministra, que ha dado usted un nuevo ejemplo de ello
no interviniendo en esta Cámara. Hemos sabido que dará una rueda de
prensa esta tarde para hablar de este tema. Así entiende este
Gobierno que debe debatirse la universidad, con el monólogo.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, ha quedado puesto de
relieve que nos hallamos ante un punto decisivo de esta reforma que
da final a un largo debate. Como ya hemos recordado, el Grupo
Socialista intentó por dos veces modificar la situación actual del
profesorado, que es donde se cebaron particularmente los desajustes y
la falta de conocimiento de la realidad universitaria española del
proyecto del señor Maravall. Como ya quedó claro en Comisión, no es
la primera vez que se debate en esta Cámara sobre el modelo que
proponemos, porque ya en una enmienda con texto alternativo que
tuvimos ocasión de presentar hace años se habló de la habilitación.
Por tanto, no es ningún tema que surja hoy como una novedad. Estamos
desarrollando un trámite que ha sido calificado de sumarísimo, pero
que duplica al de la LRU -nunca vendrá mal recordarlo- y que iguala
el de leyes tan importantes para salir de la configuración del
sistema político anterior como el de la Ley orgánica del Consejo
General del Poder Judicial, que se debatió en el mismo tiempo, cuatro
meses, que es en el que acabará debatiéndose esta ley. Por tanto, no
hay ninguna novedad al respecto.
El problema que se aborda en este título es cómo hacer compatible un
auténtico control del mérito y la capacidad de los que aspiran a
incluirse en la Función pública como profesores con la autonomía de
nuestras universidades, reconocida por la Constitución en los
términos que fije la ley. Ahí es donde la LRU fracasó
lamentablemente. El otro día en una reunión en la Fundación
Santillana fue muy expresivo el diagnóstico que se hizo por parte de
sociólogos de reconocido prestigio, que dijeron que era una vergüenza
la endogamia que viene sufriendo la universidad española. Recordaron
con cifras, que es como hablan los sociólogos, que el 90 por ciento
de las plazas está viciado por esa endogamia localista. Es más, el
rector de la Universidad de Alcalá, el señor Gala, no elegido por
sufragio universal todavía y, por tanto, según la teoría que mantiene
el PSOE, imposible que sea del PP, dijo concretamente: Lo que hay no
es endogamia, lo que hay es que ha entrado en el profesorado
universitario todo el que pasaba por al puerta. Esto ya es un clamor.
Por eso cuando se habla de que toda la universidad en pleno está
contra esta ley se falta a la verdad. Toda la universidad española
está escandalizada de que la endogamia que el PSOE intentó
desmantelar hace diez años siga en pie. Simplemente hay algunos
profesores, y yo les entiendo, que después de que aquí ha habido
vacas gordas desde 1983 se preguntan: ¿Por qué precisamente a
mí me toca ahora el que no sea por ese sistema? Yo lo comprendo, pero
estoy haciendo una ley; haré una ley y daré un pésame. De acuerdo que
hay que darles el pésame a los que les ha tocado, pero es así; es
absolutamente impresentable. El presidente de la CRUE dice: El hablar
de endogamia hace que se dé por hecho que el de casa es el malo, a
eso se ha llegado.
Usted puede criticar aquí las oposiciones todo lo que le dé la gana,
pero sus compañeros de partido con don Gregorio Peces Barba a la
cabeza, que las hizo conmigo, estaba orgulloso de haberlas hecho y
eso le desmarca de los que no las han hecho. Eso han conseguido
ustedes. Eso es una realidad. En este país se hacen oposiciones para
otras muchas cosas y prestigian socialmente, les guste a ustedes o
no, porque son esclavos de un discurso que sólo se lo creen ustedes.
¿O es que ustedes me van a decir que en España desprestigia hacer
oposiciones? ¿Qué me cuenta usted? Eso no es así, en absoluto, y
mucho menos en el ámbito universitario. Eso es una realidad. ¿Qué es
lo que hemos propuesto? Algo muy simple, que haya un control del
mérito y la capacidad creíble, mientras que ustedes lo han hecho al
revés, con ese carné de opositor que se han inventado, que ya me dirá
en qué país europeo existe eso con unas pruebas posteriores. Dígame,
señora Chacón, porque yo no le acabo de entender, si las pruebas que
ustedes ponen en las universidades son para garantizar el mérito y la
capacidad, ¿la acreditación para qué es? ¿Para expender un carné de
opositor? ¿Tienen ustedes interés en hacer eso? ¿Lo van a hacer en
otros ámbitos de la Función pública? Si usted me dijera: Yo hago una
acreditación que consiste en presentar un currículum y punto, sin
publicidad, así voy a juzgar el mérito y la capacidad y luego la
universidad se va a llevar el que quiera; eso sería pintoresco, pero
tendría algún sentido. Usted me dice que va a acreditar para que
luego alguien pueda hacer los ejercicios; para hacer los ejercicios
hace falta saber hablar, simplemente. Es como si usted pidiera un
carné a los estudiantes para examinarse. Eso es absurdo. Se pagan los
derechos de matrícula y punto. ¿Tiene usted que acreditar a un
estudiante para que se examine? Usted examina en las universidades,
dos ejercicios y en algún caso tres. ¿Para qué acredita antes? Eso es
una cosa churrigueresa, perdone que se lo diga. Es absurdo
totalmente, y ya me dirá a qué modelos se remite con ese tipo de
inventos tan originalísimos que nos trae aquí. Se trata de hacer una
habilitación que no es una habilitación abierta. Vamos a ver el
mérito y la capacidad para acceder a la Función pública, que tiene
las plazas que tiene, no más. No queremos incurrir en corruptelas
como los adjuntos sin plaza que llegaron al Tribunal Constitucional,
que tuvo que establecer que era algo que no rimaba con nuestra
Función pública.
Tampoco se van a producir bolsas de paro, como dice alguna enmienda
del PNV, aunque hoy aquí no se ha expresado. Ya que está doña Begoña
Lasagabaster y
como reconocimiento al rigor de su trabajo, le diré que el
planteamiento que ella hace en la enmienda dentro del Grupo Mixto no
es real. Dice que vamos a limitar la libertad profesional, no es
verdad, y se lo voy a explicar. Va a haber libertad en tres sentidos:
primero, libertad de traslado en un cuerpo que el Tribunal
Constitucional ha definido como de profesores interuniversitarios y
que hoy no se pueden trasladar, tienen que hacer oposiciones para
trasladarse, y el Grupo Socialista quiere que tengan que seguir
haciendo oposiciones para trasladarse con un tribunal donde el
candidato local pone un miembro. Eso es absurdo. En toda la Función
pública se trasladan los funcionarios sin ningún problema. ¿Por qué
en la universidad no va a ser así? Gracias a este proyecto va a haber
esa libertad, porque no hay un pool de habilitados, como se ha dicho
antes. Todos los que tienen una plaza pueden trasladarse cuando haya
una convocatoria de una universidad, no tienen que pertencer a pool
ninguno, porque por fin hay traslado, por fin hay movilidad, como por
fin la hay entre los estudiantes. Vamos a enterarnos de qué
universidad quieren los estudiantes y qué universidad quieren los
profesores y nos vamos a dejar de rollos. Se habla mucho de los
chiringuitos privados -y yo el primero-, pero lo que me duele en el
alma, puesto que he estado toda la vida -y sigo estando- en la
universidad pública porque he querido, es que haya chiringuitos
públicos; no hay derecho a que se hagan chiringuitos con dinero
público. Vamos a ver dónde quiere ir la gente y a enseñar qué.
Hay además una segunda libertad: la de la universidad para poner por
orden a los candidatos que reciba. Caben dos posibilidades, señor
González de Txabarri: o monta usted una acreditación basada en que
uno sepa euskera y luego las universidades eligen, o monta una
acreditación basada en que uno sepa filosofía del derecho y luego la
universidad del País Vasco entre los candidatos pondrá el primero al
que sepa euskera. Lo que propone su grupo -y perdóneme que se lo
recuerde- es un sistema de acreditación que es como el Atlético de
Bilbao pero sin entrenadores extranjeros; o sea, para presentarse a
la acreditación hay que ser de la comunidad autónoma, avecindado -con
el padrón en la mano-, y para estar en la comisión también. Luego
usted sugiere que haya un pacto entre la comunidad autónoma vasca y
la andaluza para intercambiarse estampas; es realmente de aurora
boreal. Explíquemelo; ni en Suiza montan un lío de ese calibre. Ya me
contará; la universidad, que es pura universalidad, convertida en un
asunto en el que hay que estar avecindado en una comunidad autónoma
para decir aquí estoy yo, y eso es compatible con su discurso del
euskera -por cierto, le envidio por la fluidez con que lo utiliza;
algunos de su partido no tienen tanta suerte-. En tercer lugar, el
propio candidato, si varias universidades le han colocado en su
ránking, elegirá universidad -la que le dé la gana-, y algunos van a
quedar en evidencia; algunos que han malbaratado la autonomía
hundiendo
su propia universidad van a quedar en evidencia, como están
quedando ya desde que la señora ministra ha convertido en realidad el
distrito abierto, y se ha acabado el rollo de estabular a los
estudiantes y obligarles a estudiar donde no quieren; ese rollo se
acabó también, y eso es muy sano.
No va a surgir otra endogamia, señora Lasagabaster, esa otra
endogamia funciona ya. En mi universidad, el candidato local coloca
en el tribunal a profesores de fuera de su universidad, porque los
que hay dentro lo conocen, y busca apoyos que no tienen nada que ver
con la endogamia local, sino con esa otra endogamia. Eso pasa ya; eso
no va a entrar ahora, pasa ya, lo sabe todo el mundo. Las escuelas
han ido colocando a sus candidatos en universidades mostrencas, donde
no había nadie en una plaza, para que activaran desde allí la plaza.
Eso es más viejo que la mar, no es nada nuevo. Frente a eso, la
alternativa del PSOE es la del carné de opositor, con un puro
curriculum, y luego a pasar pruebas. Se escandaliza la señora Chacón
de que pretendamos que los profesores se sepan la asignatura. Señora
Chacón, ¿examina usted a sus estudiantes diciéndoles: Hábleme usted
de lo que usted quiera? Pues así la habrían examinado a usted con la
LRU, si la hubieran examinado; así: Hábleme usted de lo que usted
quiera. Sería como en el festival de Eurovisión: cada uno lleva su
canción a su gusto y antojo. Pretendemos que un señor se sepa el
programa; si se lo exigimos a los estudiantes, ¿cómo no vamos a
exigírselo a un profesor? Yo les digo a los estudiantes que exijan en
su universidad que les examinen diciendo: Hable usted de lo que usted
quiera, por lo menos a los que defienden esta ley; si no, estamos en
un doble lenguaje absolutamente intolerable. Eso sí que es atropellar
a los estudiantes, señora Castro, y no tirarse aquí farolitos. Eso es
atropellar a los estudiantes, exigirles más que a los profesores. Eso
es una vergüenza, y es lo que se está haciendo actualmente. ¿Es un
crimen pedirle a un profesor titular o catedrático que se sepa el
programa? ¡Por favor, de qué estamos hablando! ¿Es eso así? Pues,
claro que sí; es que no lo acabo de entender.
Luego está el concurso de méritos, puramente facultativo, como ahora,
por tanto, no hay traslado; con una posibilidad de no provisión por
parte de la universidad, por lo que seguiremos con la endogamia. Por
fin, como monumento a la mala conciencia por todo esto, se dice que
habrá un 15 por ciento de profesores no endogámico; claro, se da por
hecho que al 85 por ciento restante no hay quien lo salve. ¿Qué tiene
usted contra la doble vía, señora Chacón, si usted la mantiene en su
proyecto a través de los profesores colaboradores? Tiene una doble
vía, absolutamente igual. Además a gusto y antojo de las
universidades, que se lo organizarán como les dé la gana.
Por parte de Izquierda Unida, lo único que vemos es que el discurso
del cuerpo único se ha vuelto femenino, lo cual es un avance, ahora
se habla de estructura simplificada;
pero es el cuerpo único, para entendernos. Nos parece muy
bien, es el discurso de siempre con una nueva vestimenta. En cuanto
al personal laboral lo defendemos porque tiene más derechos
reconocidos que esos contratos atípicos administrativos; algún grupo,
el de Iniciativa per Catalunya-Verds, se oponía a ello. Defendemos el
contrato para obra y servicio, que es una exigencia además en el
ámbito del I+D, y por tanto algo necesario; el Bloque Nacionalista
Galego se opone a ello. Defendemos la flexibilidad en el porcentaje
de contratados hasta un 49 por ciento, mientras que Izquierda Unida
se queda en un 20. En ese sentido hay más posibilidades para que la
universidad se organice.
La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego que concluya.
El señor OLLERO TASSARA: Termino, señora presidenta.
La señora Chacón ha aludido a los asociados en su carácter original;
el carácter original de los asociados es el que conocemos todos,
demencial, porque admite el asociado a tiempo completo, que es lo que
ha vuelto absolutamente del revés a la universidad española. Ese es
el carácter original, no ha habido otro. A no ser que llame usted
carácter original a las críticas que desde el Grupo Popular se
mantuvieron desde el primer día, diciendo que eso era un disparate,
que un señor de reconocido prestigio no se iba a dedicar a tiempo
completo a la universidad, sino que sería un botarate, como
evidentemente acabó siendo porque no había otra opción. Se trataba de
alguien que dedicaba a enseñar el tiempo que necesitaba para
aprender; así lo he definido y no me arrepiento de ello porque es la
verdad.
Profesores de las privadas. Mire usted, señora Chacón, el embudo
consistiría en que para ser contratado en la pública como doctor haya
acreditación y para ser contratado en la privada como doctor hubiera
habilitación. Eso sí que sería un embudo, cuando además la
habilitación tiene sentido en la medida en que se accede a la Función
pública y en la universidad privada no se accede a la Función
pública. Al contrario, el proyecto lo que ha hecho -aceptando una
enmienda muy razonable de CiU- es dar el mismo trato en la pública
y en la privada a los contratados doctores, eso es lo que hay. Léaselo
usted con tranquilidad, porque a lo mejor va a tener que ir alguien
del servicio de prensa a leérselo, y tienen mucho que hacer porque
después de la movida que tienen ustedes montada... No obligue al
servicio de prensa a ir a contárselo. Léase la ley usted, que tampoco
le vendrá mal; léasela un poquito.
La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego que concluya.
El señor OLLERO TASSARA: Por último, estamos terminando con este
trámite la corrección de un malunánimemente reconocido que es el de
la endogamia
universitaria y lo hacemos de una manera decidida y no con los
parches, las timideces y las vacilaciones del Grupo Socialista.
Ponemos así fin, por el momento, a este largo debate. No puedo
olvidar una escena que, la verdad, me place mucho recordar ahora y es
a la actual ministra en una reunión en una fundación -donde eran
inmensa mayoría los que no eran del Partido Popular- donde se hablaba
de la reforma futura de la universidad. Ella ejercía allí una de sus
mayores virtudes que es la capacidad de oír a los demás. Recuerdo que
en aquella reunión que presidía el que aún no había sido secretario
de Estado porque estábamos en la oposición, profesor Tejerina, ya se
hablaba de estos temas. Hoy está aquí, sentada en el banco azul,
sacando adelante contra viento y marea -también contra esas
movilizaciones legítimas pero que serán como las hojas del otoño, se
las llevará el viento- una ley como la que se merece la universidad
española. Enhorabuena. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.
Se suspende la sesión, que se reanudará a las tres de la tarde.
Iniciaremos en ese momento la votación de las enmiendas y,
posteriormente, el dictamen del proyecto de ley de universidades.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Señorías, vamos a iniciar las votaciones correspondientes tanto a las
enmiendas como al texto del dictamen del proyecto de ley de
universidades. Votaremos en primer lugar y de manera sucesiva las
enmiendas de los distintos grupos parlamentarios que afectan a los
tres bloques en los cuales se ha dividido el debate del proyecto de
ley. A continuación votaremos el texto del dictamen, también de forma
sucesiva, y terminaremos con la votación de conjunto de carácter
orgánico del proyecto de ley de universidades, así como con la
votación de conjunto de carácter orgánico del proyecto de ley
reguladora del derecho de petición, que ha quedado pendiente de esta
mañana.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 286
y 318.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
317; a favor, 17; en contra, 186; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 319.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
317; a favor, 17; en contra, 300.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 284, 297 y 320.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
317; a favor, 125; en contra, 187; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 287.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
317; a favor, 144; en contra, 173.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas que afectan al primer bloque, presentadas por
el diputado del Grupo Parlamentario Mixto (BNG) señor Rodríguez
Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
316; a favor, 130; en contra, 185; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el señor Núñez
Castain, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, las números
596 y 608.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
317; a favor, 21; en contra, 189; abstenciones, 107.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Núñez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, 125; en contra, 183; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el señor
Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, enmiendas
números 174, 177 y 182.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
317; a favor, 18; en contra, 186; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas número 171, 172 y 176.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
317; a favor, 17; en contra, 298; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 169.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor 126; en contra, 187; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 173 y 175.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 12; en contra, 185; abstenciones, 121.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 179, 180 y 181.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 12; en contra, 292; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 160.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 136; en contra, 174; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Puigcercós, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 131; en contra, 188.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del bloque de enmiendas firmadas por el señor
Saura, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, enmiendas
números 202, 203, 205, 208, 235 a 237, 248 y 252.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 17; en contra, 192; abstenciones, 111.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 245.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 13; en contra, 193; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 190, 197, 200, 201, 231, 250 y 251.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 126; en contra, 188; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 204, 206, 207 y 246.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 12; en contra, 189; abstenciones, 119.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 188.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 142; en contra, 176; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 131; en contra, 189.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por la señora
Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar,
enmiendas números 616, 619, 637, 640, 641, 659, 663, 664, 666, 671 y
672.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 17; en contra, 189; abstenciones, 112.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 635, 638, 639, 642, 644 y 658.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 17; en contra, 300; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 620 y 670.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 13; en contra, 195; abstenciones, 111.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 669.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 11; en contra, 190; abstenciones, 118.
La señora PRESIDENTA: Queda rechaza.
Enmiendas números 636, 660 y 667.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 14; en contra, 302; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 617,618, 643, 657,662.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 13; en contra, 190; abstenciones, 116.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 668.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 12; en contra, 298; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 613.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 31; en contra, 178; abstenciones, 112.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 615 y 656.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 142; en contra, 177; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 665.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 35; en contra, 175; abstenciones, 110.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por la señora Lasagabaster, del
Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 15; en contra, 300; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el señor
Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, las
números 25 y 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 17; en contra, 190; abstenciones, 111.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 22 y 27, del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 18; en contra, 301; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 31.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 13; en contra, 303; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Labordeta, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 127; en contra, 191; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. En primer lugar, la número 336.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 26; en contra, 285; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, tres; en contra, 187; abstenciones, 131.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las enmiendas números
58, 86, 87 y 98.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 19; en contra, 301.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 41, 45, 47, 64 y 68.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 17; en contra, 192; abstenciones, 111.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 59 y 92.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 12; en contra, 194; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 67.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 12; en contra, 306; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Rumores y protestas.-
Aplausos.)
Señorías, les ruego que presten un mínimo de atención al objeto de
poder seguir el orden de las votaciones.
Enmiendas números 60 y 97.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 125; en contra, 189; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 40.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 147; en contra, 175.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 43.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 146; en contra, 176.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), excepto las números 44, 62, 69 y 85, que han sido
retiradas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 18; en contra, 191; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
En primer lugar, votamos las números 105, 127, 130, 132, 134, 144 a
146, 147, 148, 150 y 152.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 18; en contra, 189; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 128 y 137.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 11; en contra, 309; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 130; en contra, 189; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas que han sido presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar, votamos la número 560.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 26; en contra, 176; abstenciones 119.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 538.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 146; en contra, 172; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 542.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 145; en contra, 174; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 581.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 31; en contra, 282; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 592.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 24; en contra, 182; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 593.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor 27; en contra, 185; abstenciones, 107.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Catalán(Convergencia i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 30; en contra, 286; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista. En primer lugar, enmiendas números 384,
385, 417, 495 y 505.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 122; en contra, 195; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 357, 365 y 509.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 124; en contra, 188; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 369.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 140; en contra, 175; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas al primer bloque del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 131; en contra, 190.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas que afectan al segundo bloque.
En primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez
Sánchez, las números 289 a 291.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 128; en contra, 189; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 294.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 15; en contra, 303.
La señora PRESIDENTA: Que rechazada. (Rumores.- Aplausos.)
Resto de las enmiendas formuladas por el señor Rodríguez Sánchez, del
Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 17; en contra, 191; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el señor Núñez, del Grupo Parlamentario
Mixto. En primer lugar, la número 603.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 17; en contra, 304; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 605.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 17; en contra, 191; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 598 y 599.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 123; en contra, 191; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 602.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 12; en contra, 191; abstenciones, 119.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Núñez Castain.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 129; en contra, 190; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas que han sido mantenidas por el
señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.
En primer lugar, la 161.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 124; en contra, 191; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 163 y 166.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 126; en contra, 192; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 164.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 17; en contra, 303; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 167.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 18; en contra, 304.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas presentadas por el señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 128; en contra, 190; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el señor Saura, del Grupo Parlamentario
Mixto, números 211, 217, 219, 223 a 225 y 228.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 19; en contra, 189; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas presentadas por el señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 130; en contra, 190; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 622 y 634 de la señora Lasagabaster, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 15; en contra, 192; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números, 623 y 627.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 122; en contra, 196; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 624, 631 y 632.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 18; en contra, 300; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 630.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 12; en contra, 192; abstenciones, 118.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 18; en contra, 191; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del señor Labordeta, del Grupo Parlamentario
Mixto, a este segundo bloque. En primer lugar, enmiendas de la número
7 a la número 13.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
319; a favor, 131; en contra, 188.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 14 a 18, del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 129; en contra, 191; Abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), en primer lugar, las
números 53 y 56.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 19; en contra, 191; abstenciones, 111.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 55, del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
317; a favor, 11; en contra, 199, abstenciones, 107.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 57.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 125; en contra, 192, abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 131; en contra, 193.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En
primer lugar, las números 114 y 117.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 131; en contra, 191; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida a este bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 18; en contra, 191; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a
este segundo bloque. En primer lugar, la número 552.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 24; en contra, 289; abstenciones, diez.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 32; en contra, 290; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las
números 403 y 404.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 126; en contra, 190; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas a este bloque del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 131; en contra, 192; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Vamos a iniciar la votación de las enmiendas que afectan al tercer
bloque. En primer lugar, las presentadas por el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, números 301 a 303, 310 y 312.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 19; en contra, 301; abstenciones, dos.
PRESIDENTA:
La señora Quedan rechazadas.
Enmienda número 313, del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 21; en contra, 192; abstenciones, 111.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 300 y 304, del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
316; a favor, 11; en contra, 297; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 131; en contra, 192; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 13; en contra, 307; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del señor Saura, del Grupo
Parlamentario Mixto. En primer lugar, la número 255.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 14; en contra, 195; abstenciones, 111.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 260.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 13; en contra, 301; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 262, 277, 278, 280, 281 y 283.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
325; favor, 18; en contra, 194; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 256.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
325; a favor, 133; en contra, 192.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 257, 259, 263, 264 y 272.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
325; a favor, 18; en contra, 305; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 132; en contra, 190; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
En primer lugar, la 646.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 18; en contra, 304; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas de la señora Lasagabaster números 653 a 655.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 18; en contra, 193; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 129; en contra, 193; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 30, del señor Labordeta, del Grupo Parlamentario
Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 18; en contra, 192; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas a este bloque del señor Labordeta, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 19; en contra, 299; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 125; en contra, 195; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV). En primer lugar,
las números 75 a 77, 80 y 83 a 85.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 125; en contra, 191; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 71, 72, 78 y 79.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 19; en contra, 303.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 73.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 14; en contra, 193; abstenciones, 116.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 85.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 126; en contra, 190; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 70.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 144; en contra, 177; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 19; en contra, 192; abstenciones, 112.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas a este bloque de debate por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 128; en contra, 192; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
321; a favor, 138; en contra, 182; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas mantenidas a este bloque del debate por el Grupo
Parlamentario Socialista. En primer lugar, la número 472.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 119, en contra, 190; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista a este tercer bloque de debate.
Comienza la votación. (Pausa.-Entran en el hemiciclo varios miembros
del Gobierno.-Aplausos.- Rumores.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
320; a favor, 127; en contra, 192; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos a continuación la votación del dictamen de la Comisión
también siguiendo el orden establecido para el debate, en tres
bloques. En primer lugar, votamos el título preliminar, los títulos
I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII y XIII y las disposiciones
adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
Empezamos la votación de este bloque por lo siguiente. Texto del
dictamen de los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 31, 33, 39, 41,
77 a 81 y 86, disposiciones adicionales primera, undécima y vigésima,
disposición transitoria tercera, disposición derogatoria y
disposiciones finales segunda y cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, 197; en contra, 19; abstenciones, 107.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de los referidos
artículos y disposiciones. (Entra en el hemiciclo el señor
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía.-
Aplausos.-Rumores.- Varios señores diputados: ¡Dimisión, dimisión!)
Seguimos con la votación del texto del dictamen. Sometemos a votación
los artículos 3, 4, 9, 11, 28, 29, 30, 32, 34 a 38, 40, 42, 46, 73 a
76, 82 y 83, las disposiciones adicionales tercera, cuarta, sexta,
octava, novena y decimoquinta, las disposiciones transitorias
primera, segunda, cuarta, quinta y octava y la disposición final
quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 196; en contra, 129; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de los referidos
artículos y disposiciones.
Votamos a continuación los artículos 43, 44, 45, 84, 85 y 87 a 89,
las disposiciones adicionales segunda, quinta, séptima, décima,
duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimosexta a decimonovena,
vigesimoprimera a vigesimosexta, las nuevas disposiciones
transitorias sexta y séptima y las disposiciones finales primera
y tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 309; en contra, 15; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de los referidos
artículos y disposiciones.
Iniciamos, señorías, la votación del segundo bloque. Título III. En
primer lugar, los artículos 13 a 18, 20 y 24 a 26.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 195; en contra, 130; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos a continuación los artículos números 19, 21 a 23 y 27.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 195; en contra, 21; abstenciones, 110.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Iniciamos la votación del tercer bloque que se ha sometido a debate.
En primer lugar, votaremos los artículos números 47, 49, 50, 53, 54,
68 y 71.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 307; en contra, 18; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los referidos artículos.
Votamos a continuación los artículos números 61, 66, 67 y 69.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 196; en contra, 130; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los artículos referidos.
Votamos los artículos números 48, 51, 52, 55 y 56.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 197; en contra, 129.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los referidos artículos.
Artículos números 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64 y 65.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 184; en contra, 143.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Artículos números 70 y 72.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 197; en contra, 19; abstenciones, 111.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
A continuación vamos a votar la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 195; en contra, 129; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
VOTACIONES DE CONJUNTO:
La señora PRESIDENTA: A continuación, señorías, votamos el conjunto
del texto del dictamen de la Comisión del proyecto de ley de
universidades por tener carácter de orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 197; en contra, 129.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley en votación
final sobre el conjunto del texto. (Fuertes aplausos.-Fuertes
protestas.-La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se
perciben.)
Señora López, le ruego guarde silencio.
Señorías, sometemos a votación final de conjunto del texto por tener
el carácter de orgánico el proyecto de ley reguladora del derecho de
petición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 324.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley en votación
final sobre el conjunto del texto.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿EN QUÉ PIENSA EL GOBIERNO REPLANTEAR SU POSICIÓN ANTE LOS
EFECTOS EN LA POBLACIÓN CIVIL DE LOS BOMBARDEOS EN AFGANISTÁN?
(Número de expediente 180/000939.)
La señora PRESIDENTA: Punto XII del orden del día: Preguntas. En
primer lugar, las dirigidas al señor presidente del Gobierno.
Pregunta número 19, que formula el diputado don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Buenas tardes, señor Aznar. ¿Piensa usted
cambiar su política de apoyo incondicional a los bombardeos en
Afganistán a tenor de las importantes víctimas civiles que se están
produciendo en los últimos días?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora presidenta,
señorías, el Gobierno va a mantener su política.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Aznar, ha sido usted uno de los
primeros en sumarse a la guerra y a los bombardeos, como expresión de
la legítima defensa. Yo quiero preguntarle mirándole a los ojos...
(Risas.- Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor LLAMAZARES TRIGO: ...si piensa que es legítima defensa
bombardear a la población civil y a los organismos internacionales,
si es legítima defensa utilizar bombas de racimo, prohibidas por la
legislación internacional, si es legítima defensa autorizar a la CIA
para asesinatos extrajudiciales. Coincidirá conmigo en que eso no es
legítima defensa, que esa guerra no es legítima.
Señor presidente, la guerra es el fracaso de la política, pero
también puede ser una política fracasada. Yo también le pregunto,
señor presidente, ¿nos encontramos más cerca o más lejos de la
solución del problema? En nuestra opinión, estamos más lejos de
encontrar a los terroristas y de ponerlos a disposición de los
jueces, pero estamos más cerca, peligrosamente cerca, de provocar una
confrontación entre civilizaciones. Las víctimas civiles y los
millones de personas que están en peligro de catástrofe humanitaria y
también la confrontación y la inestabilidad en Oriente Medio y en
Asia Central nos alejan cada vez más de la solución de los problemas
y en concreto de la solución del ataque terrorista del 11 de
septiembre.
Señor Aznar, esperamos que escuche la voz de los que cada vez en
mayor número plantean que esta guerra termine. Lo plantean los
organismos internacionales, la ciudadanía y, probablemente, cada vez
más gobiernos. Señor Aznar, no haga usted como Otto von Bismarck que
en vez de parar la guerra la trasladó
luego al seno de su propio país criminalizando a la oposición,
amordazando al Parlamento o planteando salidas de restricción de las
libertades. Espero que no haga eso.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, lo que se
está librando es un combate importante en la lucha entre la comunidad
internacional, los terroristas y el terrorismo. (Rumores.) El dilema
no es tanto bombardear o no, el dilema es si somos capaces de
responder al terrorismo o si el terrorismo queda impune y, por tanto,
puede golpear cuando quiera. Desde luego, lo que está muy claro es
que la comunidad internacional ha decidido -y yo me alegro mucho de
ello- que el terrorismo no quede impune y en ningún caso vamos a
esperar impávidos a que podamos ser golpeados otra vez, sin
reaccionar y, además, sin acabar con los terroristas, naturalmente,
si podemos.
Quiero aprovechar para reafirmar nuestra posición, como he dicho
antes. Nuestra posición no tiene fecha de caducidad. Todos sabemos
muy bien que conforme pasa el tiempo es difícil mantener las
posiciones, es difícil mantener un proyecto y una acción política
determinada, pero el Gobierno de España no va a flaquear en la lucha
contra el terrorismo. No asumirá esa responsabilidad y apoyará a
aquellos que asumen el riesgo de combatir el terrorismo, aunque
algunas veces tengamos que lamentar víctimas inocentes que no
deseamos. Hay que lamentar las víctimas inocentes del pueblo afgano,
que es víctima de un régimen tiránico que ampara a una organización
terrorista responsable de los ataques terroristas en los Estados
Unidos. Hay que empezar por ahí, señoría, y darse cuenta del coste
que significa erradicar el terrorismo y mantener claramente una
posición política y moralmente digna.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL CISNEROS LABORDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CREE EL GOBIERNO
QUE EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS SE HAN PRODUCIDO AVANCES SUSTANCIALES EN
LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO EN TODO EL MUNDO? (Número de expediente
180/000917.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 21, que formula el diputado don
Gabriel Cisneros. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio. (La señora López i Chamosa
pronuncia palabras que no se perciben.)
Señora López, le ruego guarde silencio.
Adelante, señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Señor presidente del Gobierno, hace unos
días Su Majestad el Rey formuló la contundente afirmación de que la
democracia es el único sistema político digno de la especie humana.
A este juicio de estirpe ética cabría añadir que, en términos de
eficiencia productiva y de capacidad de expandir y distribuir los
beneficios del crecimiento, la democracia se ha acreditado como la
más útil herramienta de organización de la convivencia. Partiendo de
esa convicción, hay que añadir que ninguna apelación a las creencias
religiosas, al peculiarismo multicultural, a la identidad nacional o
étnica, al irredentismo territorial o a cualquier otra coartada,
deben disuadir la voluntad de la comunidad de los pueblos libres de
preservar su estilo de vida y erradicar la amenaza global del
terrorismo. Así, el terrorismo, todos los terrorismos sustancialmente
idénticos muestran su descarnada fisonomía totalitaria, acogidos al
denominador común de la pretensión de sojuzgar a los demás mediante
el uso artero de la violencia ilegítima. No es sorprendente que ante
la dimensión de la agresión del 11 de septiembre se venga produciendo
un rearme moral, jurídico y político en la comunidad de los pueblos
libres y en el interior de cada uno de ellos.
Pese a la interesada teoría de la especificidad de los terrorismos
que algunos han querido propalar entre nosotros, ningún observador ha
dejado de vincular el 11 de septiembre con el anuncio del desarme del
IRA, noticia que ha tenido entre nosotros comprensible repercusión al
comprobar que a España le toca la triste singularidad de albergar el
último reducto del terrorismo en Europa, como dijo el señor
presidente hace pocos días, el más cruel, el más fanático, el más
estúpido. Sin entrar en el debate estéril de las analogías y de las
diferencias, nada tiene de mistificador recordar que hace más de 20
años el País Vasco se otorgó libremente un estatuto de autonomía que
le dispensa las más amplias facultades de autogobierno que todo el
derecho comparado ofrece en los ejemplos de Estados compuestos; una
autonomía, por cierto, que improbablemente el Ulster tendría nunca,
triunfasen a muy largo plazo las tesis unionistas o las tesis
republicanas. Nada tiene de mistificador evocar que hace más de
veinte años sucesivas amnistías excarcelaron a todos los terroristas
y, sobre todo, nada tiene de mistificador concluir que ningún
sedicente derecho colectivo de autodeterminación puede prevalecer
sobre el más primario derecho de autodeterminación individual, el
derecho de todas las personas a seguir vivas. (Rumores.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cisneros.
Señorías, ruego guarden silencio. (Continúan los rumores y las
protestas.)
Señorías, ruego guarden silencio.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora presidenta,
señorías, sabemos muy bien que la lucha contra el terrorismo es
extraordinariamente dificultosa, extraordinariamente difícil, pero
creo que el mundo va avanzando claramente en su decisión, en su
determinación de aislar, eliminar y erradicar el terrorismo. En la
búsqueda y eliminación de los terroristas en Afganistán, desde el
primer momento se anunció que iba a ser una operación duradera, larga
y difícil, que incluso iba a durar años. Sabemos nosotros, por
nuestra dura experiencia al respecto, que no es la lucha
contraterrorista precisamente una lucha para aquellos que aspiran a
tener resultados inmediatamente o que son tan impacientes que aspiran
a que se desarrollen las cosas buscando las naturales consecuencias.
En la Unión Europea se ha producido un avance muy importante que se
tiene que consolidar en el ámbito de la lista común de organizaciones
terroristas, las organizaciones que les apoyan, la lucha contra la
financiación, la construcción de una Europa más segura jurídica y
políticamente, que va a tener sus repercusiones muy importantes en
todo el mundo y, por supuesto, también en España. Desde el punto de
vista de las consecuencias, hemos visto también el anuncio de un
grupo terrorista irlandés, el IRA, de abandonar las armas. Como ha
dicho S.S., nos queda el triste honor aquí de ser el último reducto
de un grupo terrorista en toda Europa. Desde el punto de vista de la
lucha contra el terrorismo en España, se ha avanzado. Me quiero
referir solamente a lo que ha ocurrido a lo largo del día de hoy. Las
fuerzas de seguridad actúan con plena determinación en el marco del
Estado de derecho. Sí quiero marcar una diferencia muy clara. Hay
quien se dedica a eso y hay quien se dedica a establecer diferencias
con el terrorismo o a subvencionar a grupos que son colaboradores del
terrorismo, como se ha demostrado esta misma mañana.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO MANTIENE
UNA REFORMA DE LA UNIVERSIDAD QUE HA PROVOCADO UN AMPLIO RECHAZO
SOCIAL? (Número de expediente 180/000930.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 34, que formula el diputado don
José Luis Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, es la segunda ocasión que le pregunto sobre la
universidad española y la reforma que su Gobierno ha puesto en
marcha. Es notorio que desde la primera vez a hoy las cosas están
peor, y que el rechazo en la comunidad universitaria a su proyecto y
a su texto ha aumentado de manera significativa. Por eso le quiero
preguntar cuáles son las razones que le llevan a mantener, de una
manera claramente obstinada, la reforma que ha planteado y que, por
cierto, acabamos de votar en esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Que acabamos de votar
y de aprobar, afortunadamente.
Consideramos esa reforma necesaria y conveniente y, además, es un
compromiso electoral, político, refrendado hoy ante esta Cámara por
una gran mayoría de españoles que quieren el proyecto de reforma de
la universidad española. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, los métodos y las formas en democracia tienen una gran
importancia. Hemos vivido en los últimos días situaciones en el uso
de su mayoría absoluta que no enriquecen la democracia, más bien la
deterioran y empobrecen el Estado de derecho. (Rumores.) Hemos visto
cómo ministros de su Gobierno se han parapetado para no responder en
una Comisión en pie de igualdad con todos los ciudadanos. (Rumores.-
Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Hemos visto cómo el debate de la reforma
de la universidad se ha producido en muy pocas horas y con
nocturnidad, en la Comisión y en este Pleno. Hemos visto cómo usted
se ha negado -y se reúne con mucha gente- a reunirse con los rectores
de este país, que no le han merecido la mínima consideración, ante la
reforma de la universidad. Ha comprobado que los claustros y las
aulas han rechazado su reforma, ha mantenido su soledad en esa
carrera hacia una reforma inútil y hacia un calvario que va a suponer
el intento político de hacer una universidad con menos autonomía, con
menos burocracia, que no nos incorpora a la era digital, que no
facilita la estabilidad de los investigadores, que no mejora la
calidad
de la docencia y que lo único que va a suponer es un paso atrás. Pero
no tenga duda, señor Aznar, de que una nueva mayoría derogará esta
ley (Rumores.) y hará una reforma con la universidad, no contra la
universidad, para dar un impulso de futuro y, desde luego, ningún
mensaje negativo. Han sido frecuentes sus voces sobre lo mal que está
la universidad y los docentes. Lo que yo creo que es un desastre es
el área educativa de su Gobierno y no la universidad española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): No se preocupe S.S.
porque la mayoría actual hará lo posible por preservar la Ley de
Reforma Universitaria, naturalmente en los términos que acaba de
aprobar la Cámara. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): De la reforma de la
universidad se lleva hablando bastante tiempo en nuestro país y
tenemos una universidad bastante distinta de la del año 1983, en la
cual se aprobó la Ley de la Reforma Universitaria. Quiero recordar
que en el año 1995 se envió un proyecto de ley que no pudo ser
debatido porque las Cámaras fueron disueltas. Por tanto la reforma de
la universidad es una idea con la que no se viene trabajando con
apresuramiento por parte del Gobierno sino que se ha discutido en
España desde hace mucho tiempo. Hay un dato objetivo: estamos en una
universidad sustancialmente distinta de la de hace 18 ó 20 años en
nuestro país.
Nuestra aspiración no es hacer nada de lo que S.S. ha dicho sino
sencillamente mejorarla, que haya más calidad en la enseñanza
universitaria, que haya más movilidad del profesorado, que haya más
movilidad en los estudiantes, que haya más posibilidad para la
investigación, que haya mejor formación, que haya una universidad de
más calidad y unos universitarios mejor formados que los que tenemos
ahora. Señoría, no se engañe, nadie está diciendo que la universidad
sea mala, está diciendo que puede ser mejor y que la ley que tenemos
puede ser mejor para alimentar lo que significa un espíritu
universitario en el siglo XXI, basado fundamentalmente en la calidad
y no en ningún prejuicio del pasado que, sin duda, puede ser útil
para pronunciar algunos discursos, pero que es perfectamente inútil
para las necesidades de la universidad española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOAN SAURA LAPORTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS
ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE EL MINISTRO DE
ECONOMÍA SOBRE LAS INCOMPATIBILIDADES DE LAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES DE UN MIEMBRO DEL GOBIERNO CON EL DESEMPEÑO DE SUS
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS? (Número de expediente 180/000916.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía.
En primer lugar, pregunta número 20, que formula el diputado don Joan
Saura Laporta.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señor Rato, en julio de 1998, el abogado del Estado en nombre del
Gobierno solicitó a la juez el archivo del caso de las cesiones del
crédito del Banco de Santander, caso que apareció en su momento como
uno de los posibles fraudes fiscales más importantes. Esta decisión
-usted lo recuerda- fue de sorpresa y de incomprensión, movió grandes
debates parlamentarios, hizo correr mucha tinta, significó
declaraciones de la Fiscalía Anticorrupción en contra de la decisión
del abogado del Estado, que en repetidas ocasiones ha tenido el
rechazo de la juez que reiteradamente ha mantenido el procedimiento
abierto. Pocos meses después de esta decisión, señor Rato -según
informaciones aparecidas recientemente que, en caso de ser falsas, me
gustaría que las desmintiera e inmediatamente y yo retiraría la
pregunta-, Banesto, grupo financiero integrado en el grupo de
Santander, adquirió participaciones de empresa en su familia. También
fue ésta, a mi entender, una compra sorprendente e incomprensible
porque son las únicas compras de Banesto ajenas a su grupo
corporativo.
Señor Rato, estos hechos, tanto desde un punto de vista político como
ético, son feos - por decirlo de forma simple- y me gustaría que
usted diera explicaciones para desmentir algo, si hay que
desmentirlo, o en todo caso, para escuchar su valoración.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor vicepresidente, el diputado interviniente no ha leído el
enunciado de su pregunta que, de acuerdo con el Reglamento, es a lo
único que usted está obligado a contestar. (Rumores.) Señorías, ruego
guarden silencio.
El enunciando de la pregunta dice: ¿Qué opinión tiene el Ministerio
de Economía sobre las posibles incompatibilidades de las actividades
empresariales de
un miembro del Gobierno para el desempeño de sus responsabilidad
políticas?
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Señor diputado, es indudable que la pregunta no tiene nada que ver
con lo que S.S. ha dicho, pero no tengo ningún inconveniente en
contestarle. No existe ninguna relación entre las decisiones que tome
independientemente y siguiendo criterios jurídicos la Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado y actividades de ningún
miembro de este Gobierno. Si S.S. creyera lo contrario, debería
manifestarlo y, probablemente, acudir a los tribunales. Si no lo hace
es porque S.S. está utilizando una capacidad parlamentaria para
injuriar impunemente a miembros del Gobierno. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor Rato, si no pudiéramos ejercer la
crítica política al Gobierno y sólo ir al juzgado, tal vez deberíamos
cerrar este hemiciclo. Este hemiciclo está para pedirle
responsabilidades políticas y éticas también, porque la política en
definitiva es ética, independientemente de las responsabilidades
penales. (Aplausos.) Es incorrecto, inaceptable, éticamente
indefendible, que el ministro de Economía que juega un papel
fundamental -no el abogado del Estado, señor Rato- en la decisión de
archivar un caso como éste, al mismo tiempo, sus empresas familiares
están relacionadas financieramente en una operación que, en todo caso
-lo digo de forma neutra-, es sorprendente con esa misma entidad
financiera. No dudo de su honorabilidad, señor Rato, pero le recuerdo
lo de la mujer del Cesar: no sólo es necesario ser honrado, sino
parecerlo y creo que usted se ha equivocado. (Un señor diputado: ¡Muy
bien!-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta, gracias, señor diputado.
Tengo que decirle que quien no me parece honrado en este caso es S.S.
(Rumores.) Afirmar aquí que un profesional del servicio jurídico del
Estado ha vulnerado su conciencia y su profesionalidad partiendo de
la base de afirmar también que yo he vulnerado la mía para que S.S.
pueda hacer crítica política, demuestra
por qué los votantes no se fían de S.S. (Aplausos.-El señor Saura
Laporta pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
Señor Saura, ¿a qué efectos pide la palabra?
El señor SAURA LAPORTA: Por alusiones, porque ha dicho que yo no era
una persona honrada, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, en el turno de preguntas no se
aplica, habitualmente (Rumores.), la réplica por alusiones por cuanto
permanentemente, en un debate de preguntas como es éste, de dos
minutos y medio de un interpelante y dos minutos y medio del miembro
del Gobierno, siempre hay alusiones.
Señor Saura, lo siento pero no tiene la palabra.
- DEL DIPUTADO, DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACTUACIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA SENSIBILIZAR A LAS
POBLACIONES MÁS VULNERABLES ANTE LA LLEGADA DEL EURO? (Número de
expediente 180/000918.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, del señor Albendea Pabón.
El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señora presidenta.
En el mes de julio de 1996, señor vicepresidente, cuando usted asumió
la responsabilidad de dirigir la política económica del Gobierno,
España no cumplía ninguno de los requisitos exigidos en el Tratado de
Maastricht. (Rumores.) Ninguno, señorías.
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor ALBENDEA PABÓN: En mayo de 1998, España se sometió al examen
y aprobó holgadamente dichas exigencias. Ese es un hecho
incontestable y por hechos de ese relieve pasará usted, señor
vicepresidente, a la historia de este país y no por los infundios, y
no por los infundios... (Fuertes rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Albendea.
Señorías, ruego guarden silencio y permitan que se celebre el debate
en esta Cámara en todos los casos.
El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señora presidenta.
Decía que usted pasará a la historia no por los infundios con los que
la oposición intenta manchar su limpia trayectoria política.
(Rumores.) Como no tuvieron bastante con el revolcón del lunes
pasado, esta tarde vuelven a las andadas. Masoquismo se llama esa
figura. (Una señora diputada: ¡Pelota!) El euro ha prestado ya a
España relevantes servicios. ¿Cómo hubiera aguantado la peseta la
crisis del verano de 1998, o más acentuadamente la crisis actual, si
no hubiera estado al socaire del euro? ¿La favorabilísima evolución
de los tipos de interés de los últimos años se hubiera producido en
España sin pertenecer a la zona euro? De todas estas ventajas
derivadas de pertenecer al área del euro tiene cabal conciencia la
sociedad española, y los esfuerzos de comunicación que están haciendo
tanto el Gobierno como los agentes económicos y financieros permiten
aventurar que la operación de conversión física a llevar a cabo a
partir del 1.º de enero va a resultar un éxito. Hay, sin embargo,
algunos sectores de la sociedad más vulnerables a los que se hace más
difícil trasladar los mensajes y su intelección. Por ello le
pregunto, señor vicepresidente, ¿qué actuaciones está llevando a cabo
el Gobierno para sensibilizar a las poblaciones más vulnerables ante
la llegada del euro?
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta, gracias, señor diputado.
Como sabe la Cámara, desde el año 1997 el Ministerio de Economía está
llevando a cabo una campaña de comunicación del euro y en el caso
concreto en los que podrían llamarse sectores con mayores
dificultades, que están identificados por la propia Comisión Europea
como personas mayores, personas que vivan en lugares rurales
apartados y los disminuidos físicos y psíquicos, y también la
población escolar. Entre los meses de julio 2000 y julio 2001,
titulados superiores con experiencia en formación de adultos han
impartido más de 4.600 charlas a personas mayores, y este número,
directa o indirectamente, ha podido llevar esta información ya a
860.000 personas. El objetivo es que a finales del año 2001 o
principios del 2002 se visiten los 7.000 centros, que es el 50 por
ciento aproximadamente de hogares y residencias de España para
impartir formación a más de 1.300.000 personas, por fórmulas directas
e indirectas, lo cual supone el 20 por ciento de la población de más
de 65 años. Asimismo, siguiendo experiencias de la Comisión Europea,
se han elaborado materiales adaptados a las necesidades de los
mayores, llamados de eurofácil, y se están llevando a cabo programas
de este tipo que irán más allá de finales del 2001. Estamos
ampliando este programa con la colaboración de ayuntamientos y
diputaciones provinciales a escuelas de adultos y a centros
culturales.
En cuanto a deficientes visuales, auditivos y psíquicos, se han
repartido manuales expresos para cada uno de ellos, en cifras
bastante considerables, en colaboración con la ONCE, la Confederación
Nacional de Sordos y otras asociaciones, y además se ha hecho una
distribución, con la autorización del Banco Central Europeo, de
billetes y monedas ficticios entre los formadores de las personas con
deficiencias visuales auditivas y mentales, para poderles ayudar. Al
mismo tiempo, en el medio rural, aproximadamente entre los años 1999
y 2001, 1.500 localidades han sido visitadas por un número de 400.000
visitantes en autocares concebidos con aulas móviles y dotados de
formadores, vídeos y puntos informáticos. Por otro lado, en el año
2001 diez exposiciones itinerantes sobre el euro recorrerán 400
municipios, estimando que las vean también un millón y medio de
personas. Por otra parte, se ha puesto en marcha un material
didáctico en todas las lenguas cooficiales, además del castellano
como es natural, junto a vídeos infantiles que se han repartido en
los colegios.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO ANTONIO CUEVAS DELGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿HA ACTUADO EL SEÑOR
MINISTRO CONFORME A LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES EN SUS DECLARACIONES
DE ACTIVIDADES Y BIENES? (Número de expediente 180/000931.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 35, que formula el diputado don
Antonio Cuevas Delgado.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente y ministro de Economía, mantiene usted intereses
en numerosas empresas de este país, en sectores importantes como la
alimentación, la energía, el turismo, el sector inmobiliario; en
algunas de ellas con participaciones por encima del 10, del 20 ó del
30 por ciento, y en otras también mantiene contratos con el Estado,
subvenciones que a veces da su propio ministerio y créditos en
condiciones muy peculiares.
Con todo esto, ¿considera usted que ha cumplido con la Ley de
Incompatibilidades y por lo tanto puede explicar a los ciudadanos la
conducta de no reflejar ensu declaración de actividades ninguna
actividad?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta, gracias, señor diputado. Sí.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Señor vicepresidente, esa respuesta le
descalifica ante los ciudadanos, que son los que querían haber
conocido la verdad.
Señor Rato, le hemos pedido por activa y por pasiva su declaración de
bienes que, como usted sabe, es secreta. No la conoce, no sé si la
conocerá alguien, o si usted se acordará de ella. La declaración de
actividades, como he dicho, refleja nula actividad. Sin embargo,
mantiene todas estas relaciones y le quiero decir que después del
asunto Rebecasa -¿se acuerda usted?-, con una frenética actividad de
cambios de accionariado -me imagino que tendrán mucho trabajos los
notarios-, de declaración de nuevas sociedades, en todas estas
sociedades familiares usted mantiene el accionariado con sus
familiares más directos, se obtienen, como he dicho antes, créditos,
subvenciones; estas empresas van funcionando, algunas de ellas
participan en otras, como por ejemplo la empresa Muinmo, que
participa en Ibermar -aunque se ría la señora ministra de Sanidad, se
ve que tiene mucho conocimiento de esto-, y lo que acabo de enumerar
no lo estoy diciendo yo solamente, sino que lo dice usted. Usted
públicamente ha dicho que es accionista de esa sociedad y de otras
más en las que ésta participa. A mí me parece, señor ministro, que es
una actuación intolerable, no digna de un vicepresidente de este
Gobierno y ministro de Economía. Debe usted tomar en consideración su
dimisión por esta actitud absolutamente irregular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cuevas.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta. Gracias, señor diputado.
Cuando llegue a la edad del señor Zapatero y necesite hacer una
biografía, S.S. será la persona que mejor la pueda escribir, porque
parece que se conoce mi vida, la de mis hermanos y la de mis
familiares de manera detallada. Si dedicara tanto esfuerzo a hacer
propuestas para mejorar la vida de los españoles (Rumores.), sin duda
los electores se lo agradecerían.
Una vez que sé que S.S. será un impagable colaborador si alguna vez
puedo escribir una biografía, me gustaría sólo hacer dos matizaciones
sobre algunas afirmaciones. La primera es que cuando S.S. dice que en
empresas en las que participo directa o indirectamente tengo créditos
bancarios en condiciones peculiares, se refiere a que nunca me han
provisionado un crédito, que nunca he pedido un crédito que he pagado
a tipo de interés por debajo del mercado. ¿Sabe S.S. lo que es
provisionar créditos? Es ir a una Caja de Ahorros andaluza a pedir un
crédito que al día siguiente lo anulen por impagado. Eso es
provisionar un crédito.
Pues bien, respecto a la empresa Rebecasa, quiero decirle que yo
estoy en el lado de los accionistas españoles que cuando una empresa
suya va mal, probablemente por responsabilidad de los gestores,
venden su patrimonio para que los derechos de los trabajadores no se
vean disminuidos. (Aplausos.) Fíjese lo que le digo, estoy orgulloso
de que tanto mis familiares como yo, no cuando nos va bien, sino
cuando nos va mal, vendamos nuestro patrimonio para que los
trabajadores y los demás acreedores puedan cobrar. Estoy seguro de
que S.S. y su grupo parlamentario siempre podrían decir lo mismo.
(Aplausos.)
PRESIDENTA:
La señora Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOMA MARÍA TERESA COSTA CAMPI, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CON QUÉ
CRITERIOS ELIGE EL MINISTRO DE ECONOMÍA A SUS COLABORADORES MÁS
DIRECTOS? (Número de expediente 180/000932.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 36, que formula la diputada
doña María Teresa Costa. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
La señora COSTA CAMPI: Señor ministro, le recomiendo la última
película de Woody Allen. Se sentirá como él cuando afirma: Piensan
que soy un sospechoso pero muy prometedor. La ficción siempre ayuda,
señor Rato, a sobrellevar la realidad, porque la suya es harto
complicada y usted es el único responsable de la situación en que se
encuentra. Quiere huir hacia delante, señalando a tirios y troyanos
como causantes de sus males, pero ya se lo ha dicho ABC: Lo suyo son
las tablas sin argumentos, y eso no da credibilidad.
No nos diga que esa ingenuidad que le caracteriza, ese rasgo
distintivo de su personalidad es la causa de los nombramientos que
usted ha hecho, que sus currícula eran adecuados pero su alma menos,
y eso usted no lo sabía. Son catorce los nombramientos en los que se
había equivocado y ahí ya no cabe error. Sus nombramientos en la CNMV
han permitido el robo de 18.000 millones de pesetas, minando la
credibilidad del órgano regulador y creando una alarma social. ¿Qué
criterios de elección son los suyos, señor Rato? (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Tiene la palabra el señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, yo le recomendaría que viera una película española que se
llama Los otros, porque es sobre personas que creen que están vivas
pero están muertas (Risas.) y políticamente a lo mejor es lo que
sucede en este momento en su grupo parlamentario. (Aplausos.) Pero
aparte de que nos intercambiemos gustos cinematográficos... (La señora
López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.-Aplausos.-
Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor vicepresidente. Señorías, guarden
silencio. ¡Señora López, le llamo al orden!
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señora presidenta,
déjela, si es lo más alegre de la sesión. (Risas.)
Señoría, la elección de mis colaboradores tiene diversos momentos. La
última es un impulso del señor Caldera y del señor Zapatero que me
han urgido a que ayer por la mañana presentara un escrito para
garantizar que voy a elegir a un señor que yo no conozco y que ellos
sí para la Comisión Nacional de la Energía. (Risas.) Por lo tanto, en
la variada...(Aplausos.) No se me moleste, señor Zapatero, que no he
dicho nada. (Rumores.) En la variada vida de un ministro sucede de
todo. En serio, ¿su señoría afirma que las catorce personas nombradas
por el Ministerio de Economía y el resto de los funcionarios de la
CNMV son cómplices del señor Camacho? ¿Su señoría se da cuenta de lo
que acaba de decir? (Un señor diputado: ¡Díselo a Ramallo!) ¿Su
señoría se da cuenta de que a catorce personas que han pasado por
esta Cámara, que son personas honorables, que son funcionarios
públicos (Una señora diputada: ¡Ramallo!), que es posible que a S.S.
le convenga utilizarlos como ariete para desgastarme a mí
políticamente y que vienen acompañados de decenas de funcionarios de
la CNMV, S.S. acaba de equipararlos a los estafadores gestores de
Gescartera? Perdone que se lo diga, pero S.S. está mucho mejor en el
cine que en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Iré al cine cuando sea usted la estrella de
una película de terror. (Risas.- Aplausos.) Señor Rato, a quienes
nombró, sus próximos, sus fieles -léase las actas- adoptaron acuerdos
contrarios a la ley, contraviniendo sus obligaciones en la
supervisión, en la inspección y en la protección de los inversores.
Otros fueron los intereses que toleraron, en beneficio, señor Rato,
de Gescartera. Sus dimisiones no son por responsabilidades políticas.
Esas, en su caso, le corresponden a usted y se derivan de los actos
realizados por los elegidos. Ningún otro órgano regulador del Mercado
de Valores se ha visto envuelto en supuestos de esta envergadura con
una normativa similar, pero aquí el caso es que los eligió usted.
Señor vicepresidente, léase a Bobbio y podrá saber que podemos tener
leyes excelentes, pero si quienes deben aplicarlas carecen de ética
es como si no tuviéramos nada. No es cuestión de normativa. Es
cuestión de personas, señor Rato. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Costa.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Señora diputada, cuando una persona de un grupo parlamentario dice
que funcionarios públicos actúan en contra de la ley, si su grupo
parlamentario tiene un poco de decencia, se persona en los
tribunales. Nosotros lo hemos hecho y me voy a referir en otra
pregunta a esa cuestión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CUÁLES SON LOS
CRITERIOS QUE UTILIZA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA OTORGAR
SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS? (Número de expediente 180/000933.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 37 que formula el diputado don
Ángel Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta. ¿Con
qué criterios concede el Gobierno las subvenciones y ayudas a las
empresas privadas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señora presidenta, señor
diputado, con los que marcan las leyes y si S.S. se refiere a
incentivos regionales, con la ley del año 85.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Esto ya lo sabía, señor ministro, pero me parece que también usted
debe de saber... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor Rato, usted también debe saber esa
frase del Nuevo Testamento que dice que muchos son los llamados y
pocos los elegidos, con esa misma normativa, y usted sabe que su
entorno familiar es precisamente de los elegidos. Señor Rato, yo
pensaba que Peridis cuando lo pintaba de mago lo hacía por sus
previsiones económicas -aunque en cuestión de inflación no acierta
casi nunca-, pero me he enterado que es por su habilidad. Lo pinta de
mago por su habilidad para echar balones fuera, para contestar lo que
no tiene que contestar cuando mis compañeros le preguntan lo que le
preguntamos, para conseguir que le esponsorizaran viajes cuando
estaban en la oposición; luego, con bancos que parece que son los que
tienen alguna relación con los créditos de sus empresas, por su
habilidad para sumarse a la ingeniería fiscal tan de moda en su
Gobierno, posiblemente para optimizar fiscalmente sus ingresos; por
su habilidad para conseguir créditos en condiciones que posiblemente
casi nadie en este país consigue y, sobre todo, con bancos que hasta
hace cuatro días nadie conocíamos, pero también por su habilidad,
señor Rato, para conseguir subvenciones y ayudas destinadas a su
entorno familiar.
Señor vicepresidente, nos preocupa, aunque el señor Arenas lo
aplauda, que el ministro de Economía mezcle tanto lo privado con lo
público y haya permanentemente este conflicto de intereses. Nos
preocupa, señor Rato, que el máximo responsable del turismo de
España, es decir usted, conceda ayudas y subvenciones a empresas
turísticas de su entorno familiar. Nos preocupa, señor Rato, que el
máximo responsable de la energía en este país conceda explotaciones a
empresas que van a producir energía eléctrica. Nos preocupa que se
concedan créditos a su entorno familiar.
Señor Rato, sin ponerse colorado, hay que mantener la ética y la
estética. Como decía mi amigo Carmelo, en cuestión de estética y
ética, señor Rato, usted mismo. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Entiendo que el señor diputado considera que los responsables del
Ministerio de Economía del año 1988, 1991 y 1995, además de los
representantes de la Junta del Principado de Asturias de esos años,
además de los representantes de la Junta del Principado de Asturias
de abril de 2001, todos ellos han prevaricado. (Rumores.) Sí,
señoría. Lo que no se puede es insultar gratuitamente. (Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
EL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Si S.S. considera que en
la concesión de estas subvenciones regladas, que proponen las
comunidades autónomas y da el Gobierno central a una empresa de la
que yo era accionista en esos años, y fueron personas del Gobierno
socialista en Asturias y en Madrid los que las concedieron, éstos han
prevaricado -algunas de estas personas puede que incluso estén
sentadas aquí- S.S. está faltando al honor de estas personas, que yo
defiendo.(Rumores.- Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego que guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): En segundo lugar, en ese
magnífico trabajo bibliográfico que están ustedes haciendo para
cuando yo pueda hacer mi biografía, como el señor Zapatero -la voy a
hacer más viejo-, quiero decirle que la famosa empresa de viajes
nunca cobró la subvención y que por tanto S.S. está haciendo mal su
trabajo de perseguir a una familia española (Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben.), porque ni siquiera conoce...
(Rumores.) Sí, sí, señoría, hay que tener la hombría de reconocer lo
que uno hace, y S.S. está haciendo eso.
En tercer lugar, si su grupo parlamentario cree que la Ley de
incompatibilidades de altos cargos del año 1995 está mal hecha, ¿por
qué no proponen un cambio? Adelante. Háganlo. Ahora, si S.S. quiere
hacer una ley específicamente contra una persona porque esa persona
es de otro grupo parlamentario, el nivel democrático de S.S. está muy
bien definido.
Muchas gracias. (Aplausos y protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, si se dignan guardar silencio,
podremos continuar con el turno de preguntas.
- DEL DIPUTADO DON JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CÓMO
VALORA EL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR
TURÍSTICO? (Número de expediente 180/000934.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 38, que formula el diputado don
Máximo Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Señor Rato, a estas alturas no sé si preguntarle, después de oído lo
oído, por el nombre del toro que mató al Espartero, o darle las
gracias en nombre de todos los españoles por tener un poco de tiempo
para dedicárselo al Gobierno después de todos los intereses que tiene
usted en tantos sectores. No sé qué hacer. (Protestas.-Rumores.) En
cualquier caso, señor Rato, para ir por lo derecho, le hago la
pregunta que viene en el orden del día no sólo como responsable
político del sector turístico, sino también, por lo que hemos podido
conocer por distintos medios de comunicación, por los intereses que
usted tiene en este sector. ¿Qué le parece, cómo va el turismo, señor
Rato? (Risas.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): El turismo internacional
hacia España ha crecido (Risas.) al 2,7 por ciento desde los
incidentes que se han producido en el mes de septiembre y la
temporada de verano va por lo tanto a saldarse con un crecimiento del
4 por ciento. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Muchas gracias, señor Rato, por la
información. Yo creo que es importante que un sector tan relevante
para nuestra economía vaya como usted ha mencionado, pero yo he
querido ir de frente y le he preguntado por lo que conocemos -además
se ha mencionado una empresa, Viajes Ibermar-,
y quería conocer su opinión no solamente sobre lo que le
pregunto obviamente, sino también sobre si a usted le parece normal
que el vicepresidente económico del Gobierno no dé respuestas claras
e información transparente a este Parlamento en relación a si no le
parece que existe una colisión entre sus intereses privados y su
responsabilidad política. ¿No va usted a responder a esta cuestión en
toda la tarde? (Protestas.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Porque, señor Rato, la mayoría de los
españoles, cuando salen de su casa, el primer banco que ven es el
Hong Kong & Shanghai Bank. Cuando salgo de mi casa, lo primero que
veo en la esquina de mi calle es el Hong Kong & Shanghai Bank, y
resulta que este banco, que es el que trabaja con Gescartera, es el
que le da un crédito -sobre cuyas condiciones usted debe informar- a
su familia, a su empresa, a una empresa en la que usted tiene
participaciones. (Protestas.-Rumores.) ¿Usted no va a dar en toda la
tarde explicaciones sobre este asunto, que es el que realmente
interesa a los españoles? Creo que usted es un ministro a tiempo
parcial porque usted no puede tener dedicación exclusiva a la
política teniendo los intereses que tiene. (Continúan las protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Estos segundos que usted me concede,
señora presidenta, me sirven para decirle que el toro se llamaba
Perdigón y que en cualquier caso le pido, si puede explicar, señor
Rato, que me diga, por el bien de esta Cámara y por el bien de la
clase política, que usted no está infringiendo -y espero que así sea
y mi grupo quiere que así sea- la ética política mezclando
actuaciones públicas con actuaciones privadas. Que un presidente de
una sociedad que era pública, Aldeasa, que ahora es privada y de la
que sigue siendo presidente, concierte con Viajes Ibermar una serie
de condiciones, con una empresa en la que usted tiene intereses, me
parece que es algo que necesita una mínima explicación, al margen de
cualquier otra broma, señor Rato.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Gracias, señor diputado. Dada la finura intelectual y la oratoria de
su señoría, me he conmovido. (Protestas.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Me he conmovido porque
hay que reconocer que sus compañeros no han sido capaces de centrar
bien la cuestión. La cuestión es muy simple. Yo cumplo la ley, desde
el año 1993 hago mis declaraciones y por lo tanto le ratifico lo que
he dicho a sus compañeros. Si SS.SS. quieren cambiar la ley, tienen
un elemento muy distinto del que tiene cualquier otro ciudadano
español, que es hacer una proposición de ley. Por cierto, la ley es
de ustedes, o sea que la cambien. Si SS.SS. no la quieren cambiar
pero creen que me pueden erosionar a mí personalmente acusándome de
cosas que no he hecho, es cuestión de credibilidad, señoría, y
después de escucharle, no es que yo me considere con una gran
credibilidad, pero la suya es cero. (Protestas.-Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
En tercer lugar, yo no sé cuándo sale S.S. de su casa, a qué hora
sale y cómo sale, si se encuentra de bruces con lo que se encuentra,
pero, por ejemplo, la Junta de Andalucía al salir de su casa también
se encontró con el Hong Kong & Shanghai Bank, que es el tercer banco
del mundo. (Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras
que no se perciben.)
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON GERMÀ BEL I QUERALT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿HA TOMADO ALGUNA
MEDIDA EL MINISTRO DE ECONOMÍA PARA EVITAR EL BLANQUEO DE DINERO A
TRAVÉS DE ENTIDADES FINANCIERAS QUE OPERAN EN NUESTRO PAÍS Y
MANTIENEN SUCURSALES EN LOS LLAMADOS PARAÍSOS FISCALES? (Número de
expediente 180/000935.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 39, que formula el diputado don
Germà Bel i Queralt. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor BEL I QUERALT: Bueno, les veo excitados y, si me apuran, muy
excitados, ¿eh?
Señor Rato, ¿ha tomado alguna medida para evitar el blanqueo de
dinero a través de entidades financieras que operan en nuestro país y
mantienen sucursales en los llamados paraísos fiscales? (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Antes de contestarle, señor diputado, me gustaría saber si me va a
hacer una pregunta o me va a dar un consejo. (Risas.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señor Rato, usted no me va a contestar a mí,
como no ha contestado a ninguna de las cuestiones que le han
planteado aquí ni a las que le han planteado en la Comisión de
investigación, pero su posición en esta materia es sumamente volátil.
Usted comenzó la semana declarando que había ordenado al Banco de
España que investigara si hay cuentas secretas en el Hong Kong &
Shanghai Bank Corporation, un banco que le es familiar. (Rumores.-
Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Dijo por la mañana: He dado instrucciones al Banco de España -le cito
literalmente- para que investigue si existen en nuestro país cuentas
numeradas en entidades de crédito, bla, bla, bla, habida cuenta que
estas cuentas están prohibidas en la legislación española. Son sus
palabras del lunes, pero bueno, donde dije digo, digo Diego. Ayer,
como quien no quiere la cosa, usted informa a España que las 138
cuentas opacas del HSBC no son ilegales, pues su titular está
identificado, es el HSBC-Republic Suisse. O sea, las cuentas opacas
son legales en España a día de ayer. Usted el lunes lanzó la piedra
para tener un titular y ayer escondió la mano. ¿O es que usted hasta
ayer estaba mal informado? Créame, esta permanente confusión nos ha
introducido problemas e inquietudes adicionales, porque usted
certifica la existencia en España de vericuetos legales -según su
valoración de ayer- que permiten que cuentas en España tengan un
titular que no es el propietario real, eludiendo el control fiscal y
la transparencia monetaria. Señor Rato, si esto se puede hacer en
España, ¿puede usted asegurar a los españoles que el terrorismo
nacional, es decir ETA, o el terrorismo internacional no tienen
alguna de esas cuentas en España? Pero, señor Rato, visto lo visto,
lo probable es que usted hoy nos diga una cosa y mañana la contraria.
Usted ha reaccionado tarde y mal a los muchos disparates que han
emergido con el escándalo de Gescartera. ¿Tardanza en el
conocimiento? ¿Falta de diligencia? ¿Una mezcla de ambos? ¡Usted
sabrá! Cualquiera de estas hipótesis le deja francamente mal y usted
debería actuar en consecuencia.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Mi duda sobre la
pregunta de S.S. -que como es exactamente igual que la siguiente que
me van a hacer la voy a responder en segundo lugar- era porque S.S.
pertenece a un partido político muy conocido en estos ámbitos. Mire
usted, existen 41 sucursales o entidades propiedad de bancos
españoles en paraísos fiscales, pero no existe más que un partido
político que tenga cuentas en paraísos fiscales, el Partido
Socialista Obrero Español, condenado en sentencia firme. (Protestas.-
Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señorías.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Y como S.S. además
pertenece a la rama del Partido Socialista catalán (Un señor
diputado: ¡Qué poca vergüenza!-Rumores.), donde premian manteniendo
en las listas a las personas condenadas por el Tribunal Supremo y
Tribunal Constitucional por financiación ilegal, por eso creí que S.
S. me iba a dar más consejos. (Protestas.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): En cualquier caso, para
que la Cámara lo conozca -y como quieren que la Cámara lo conozca me
lo pregunta-, en la causa especial 880/91, caso Filesa, se prueba que
el PSOE se financió a través de una trama de empresas. (Rumores.) De
aquella causa especial se desgajaron al inicio de la instrucción
(Continúan los rumores.) una serie de asuntos relacionados con la
trama Filesa y la financiación del PSOE, como el pago de comisiones
ilegales al AVE y la circulación de dinero de origen ilícito a través
de cuentas... (Continúan las protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías guarden silencio. ¡Señora López, le
llamo al orden por segunda vez! (Continúan las protestas.)
Un momento, señor vicepresidente. Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): No hay como preguntar...
La señora PRESIDENTA: Señor vicepresidente, un momento, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio. ¡Señora López, no me obligue a
llamarla al orden por tercera vez! (Continúan las protestas.-La
señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.) Señora
López! Señorías, ruego guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señor Bel, en el auto
del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, en las diligencias previas
3037/94, ha quedado confirmado, y esto es lo que yo quería que S.S.
me aclarase (Rumores.), que el 17 de octubre de 1988 se abrió una
cuenta en la Union des Banques Suisses de Ginebra, que a lo mejor es
con la que tropieza su compañero, entre varias personas, entre ellas
don Guillermo Galeote Jiménez, que estaba autorizado para utilizarla
(Rumores.), y que en dicha cuenta, así como en otras abiertas por los
señores Navarro y Oliveró en la banca suiza, fueron ingresadas
comisiones ilegales pagadas por las empresas adjudicatarias del AVE.
(Continúan los rumores.) Don Íñigo Larrazábal, ex miembro del comité
electoral del PSOE y presidente de la empresa Viso Publicidad,
proveedora del PSOE, reconoció el pasado 17 de septiembre de este año
que con cargo a dicha cuenta en Suiza pagó los trabajos realizados...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
(Aplausos.-Protestas.)
El señor BEL I QUERALT: Señora presidenta, invoco el 71.1 del
Reglamento.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Bel, no le veía.
El señor BEL I QUERALT: Artículo 71.1 del Reglamento y petición de
aclaraciones expresamente formulada por el señor vicepresidente.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Bel, que no está en el uso de
la palabra. (Rumores.)
Señor Bel, le tengo que argumentar exactamente lo mismo que le he
argumentado al principio de la tarde al señor Saura. (Un señor
diputado: ¡Qué vergüenza!- Continúan los rumores.) Señorías, ruego
guarden silencio. Quería comprobar si usted me estaba argumentando
otro artículo del Reglamento. Señor Bel, permanentemente, en el
debate de las preguntas, se pueden plantear alusiones directas al
diputado o al miembro del Gobierno que las formula y normalmente no
aplico turno de alusiones en preguntas. (Protestas.)
Señor Ripa, le ruego guarde silencio y sabe que no le llamo la
atención por esta vez. (Continúan las protestas.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTZA MENDIZÁBAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿HA
TOMADO ALGUNA MEDIDA EL MINISTRO DE ECONOMÍA SOBRE LAS ENTIDADES
BANCARIAS QUE OPERAN EN NUESTRO PAÍS, QUE MANTIENEN CUENTAS DE
CLIENTES SECRETAS Y OPACAS AL BANCO DE ESPAÑA Y A LA AGENCIA
TRIBUTARIA? (Número de expediente 180/000936.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 40, que formula el diputado don
Juan Fernando López Aguilar. (Rumores.) Señorías, guarden silencio.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿ha tomado el Ministerio de Economía alguna medida
sobre las entidades bancarias que operan con cuentas secretas y
opacas al Banco de España y a la Agencia Tributaria?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Sí.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Señor ministro, usted nos anunció en la
Comisión que había adoptado una indagación de irregularidades a 138
cuentas opacas del HSBC en España. Demasiado tarde, incluso demasiado
tarde para que se pueda asegurar que esas cuentas no son vaciadas
como fueron vaciadas a Gescartera. Demasiado tarde actuaron todos los
organismos bajo su responsabilidad en el área económica del Gobierno
y demasiado tarde aceptó usted la dimisión de doña Pilar Valiente al
frente de la CNMV, aceptó, que no exigió, a pesar de todo lo que se
sabía entonces acerca de lo desastrosamente que funcionaba la CNMV.
Demasiado tarde se ha dado cuenta de que catorce altos cargos de su
confianza política cometieron errores concatenados, sólo que todos
esos errores, mira qué casualidad, en la misma dirección. ¿Y todavía
se pregunta usted, señor Rato, sobre el concepto socialista de
responsabilidad política? Se lo expliqué. En primer lugar, asumir los
propios errores sin echar la culpa al pasado ni a los demás ni
amenazar con querellarse contra quienes quieren indagar una estafa.
Queréllese usted
contra los estafadores, no contra los estafados ni contra quien
quiere indagar una estafa, señor Rato (Aplausos.), sin intentar
dictar prisión provisional contra los miembros de la oposición que le
hacen preguntas incómodas. El concepto de responsabilidad política
exige también explicaciones transparentes y resulta que hay algo
difícil de explicar. El director del HSBC, el representante en
España, acude a la Comisión de investigación y falta a la verdad
varias veces en relación con viajes de miembros del Partido Popular y
en relación con un crédito; en relación con un crédito falta a la
verdad. Ayúdenos, señor Rato, a despejar cualquier duda que pueda
alcanzársele a la imaginación acerca de las motivaciones del director
de un banco para faltar a la verdad en ese punto. Ayúdenos a despejar
cualquier duda de su capacidad para inspeccionar un banco al que
usted le debe dinero, señor Rato. Usted puede inspeccionar sin ningún
problema a ese banco, un banco que le otorga un crédito, que explicó
como una reasignación técnicamente muy sofisticada pero sobrevenida,
sin enseñar ningún papel, tampoco la fecha de la reasignación del
crédito. Señor Rato, tenemos derecho a pensar que ese crédito no
hubiera sido concedido a ninguno de los que estamos aquí presentes.
Usted utilizó un símil cinematográfico: sólo o en compañía de otros,
en la película de los socialistas. Señor Rato, explique la verdad a
solas con el Parlamento, sin la compañía de la guardia pretoriana que
le acompañó en la Comisión, que le blindó en la Comisión y le blinda
aquí en el Pleno.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Sólo quiero decirle una vez más, señor diputado, que incluso para
hacer desgastes políticos no hay que cometer errores de bulto. El
Gobierno no tiene capacidad de inspección sobre entidades
financieras. A partir de aquí, voy a contestar a la doble pregunta
que me ha hecho, puesto que creo que interesa a los españoles,
independientemente de que S.S. quiera hacerme el tercer turno que no
pudo realizar el lunes y me parece que voy a cargar con esa cruz lo
que me queda de vida parlamentaria.
Según la Ley 19/1993, de medidas de prevención de blanqueo de
capitales, no se permiten las llamadas cuentas cifradas o cuentas
fiduciarias. La citada ley recoge como sujetos obligados al
cumplimiento de la misma a todas las entidades de crédito y aclara
expresamente que se entenderán incluidas entre ellas los sujetos
obligados, las personas o entidades extranjeras
que a través de sucursales o mediante prestación de servicios sin
sucursal permanente desarrollen en España actividades de igual
naturaleza a las entidades anteriormente citadas. Además, en nuestro
país no son posibles las denominadas cuentas cifradas, porque entre
otras obligaciones establecidas en la ley figura la de identificar
a los clientes en el momento de entablar relaciones de negocio. Por
todo ello si el Banco de España tuviera conocimiento, en el ejercicio
de sus funciones supervisoras, de que una entidad ha incumplido la
normativa, debe ponerlo en conocimiento del servicio ejecutivo de la
Comisión para blanqueo de capitales. El lunes 29 de octubre remití
una carta, de la cual informé a S.S., al Banco de España, en la que
solicitaba una información acerca de si en las inspecciones
practicadas por el mismo se había detectado este tipo de cuentas.
Esta misma mañana se ha reunido el secretario de Estado de Economía,
el servicio ejecutivo de la Comisión de prevención de blanqueo de
capitales, el Banco de España y la Agencia Tributaria para dictaminar
y en dicha reunión el Banco de España ha informado que no se han
detectado cuentas cifradas o sin identificación del titular en el
sistema español. En todo caso, el Banco de España va a remitir al
servicio ejecutivo de la Comisión de prevención de blanqueo de
capitales información sobre estas cuentas y sobre las que usted se
preocupa con el objeto de que se examine si la entidad donde están
abiertas ha cumplido sus obligaciones derivadas de la legislación en
materia de blanqueo de capitales. El secretario de Estado de
Economía, como presidente de esa Comisión, ha dado instrucciones al
servicio ejecutivo para que preste especial atención dentro de su
plan de inspección. Espero que esto, que ya sé que a S.S. no le
importa nada, porque ya se lo expliqué el otro día, por lo menos sea
de utilidad para el resto de los españoles y que S.S. no pretenda que
estemos haciendo el mismo debate durante toda la legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON JAVIER GÓMEZ DARMENDRAIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL
GOBIERNO LA EVOLUCIÓN DE LAS PRIVATIZACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS QUE
SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LA ACTUAL LEGISLATURA? (Número de
expediente 180/000922)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de
Hacienda, la número 26, que formula el diputado don Javier Gómez
Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en la anterior legislatura se pusieron en marcha las
bases y los principios fundamentales para la modernización del sector
público empresarial. El objetivo era salvarlo, consolidarlo
haciéndolo viable económicamente y privatizarlo siempre que se
dispusiera de un proyecto industrial solvente. En la anterior
legislatura el Gobierno Aznar cambió el rol del Estado pasándolo de
propietario a regulador, pagó la deuda histórica del INI, actuó en
defensa de la competencia, evitó dificultades financieras a los
Presupuestos Generales del Estado y siguió las directrices de la
Unión Europea, que prohíbe ayudas estatales a las empresas, excepto
defensa. Todo ello permitió sustituir el anticuado Ministerio de
Industria, cuyo presupuesto fundamentalmente se empleaba en compensar
las pérdidas de las empresas públicas deficitarias, por el moderno
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que utiliza esos recursos
liberados en programas para el futuro a través de I+D+I. Aunque
resulta evidente que muchas de las empresas públicas que han ido
pasando al sector privado lo han hecho con éxito, tanto para el
Estado como para la sociedad española, en las actuales circunstancias
internacionales cada privatización se realiza en un entorno de mucha
mayor incertidumbre. En esta legislatura es más difícil elegir el
mejor momento, es más difícil encontrar compradores industriales de
garantías y también es más difícil encontrar capitales dispuestos
a colocarse en proyectos empresariales, si no es a cambio de un riesgo
contenido y un proyecto empresarial convincente. En definitiva,
parece que es más complicado privatizar como se hizo años atrás.
Por todo ello, señor ministro, a mi grupo le gustaría conocer si se
mantiene el pulso privatizador y si se mantiene la convicción que
permitió desarrollar el programa de modernización del sector público
empresarial de 1996, a pesar de las condiciones cambiantes de la
actual coyuntura económica internacional. Por lo que le pregunto,
señor ministro, ¿cómo valora el Gobierno la evolución de las
privatizaciones de empresas públicas que se están llevando a cabo en
la actual legislatura?
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez Darmendrail.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, como recordaba al final de su intervención, desde la
aprobación en 1996 del programa de modernización del sector público
empresarial del Estado, se ha culminado la privatización de 41
empresas, se han realizado tres OPV y se han obtenido ingresos por
más de 4,3 billones de pesetas. En esta legislatura se ha aprobado la
Ley 7/2001, de modificación de la Ley de Patrimonio
del Estado, con el fin de mejorar la reestructuración del
sector público empresarial y se han llevado a cabo importantes
privatizaciones en diferentes sectores. En el sector del transporte
aéreo, sector que atraviesa un momento difícil, se ha llevado
adelante y con éxito la privatización de Iberia, y recientemente, la
de Aerolíneas Argentinas. Otras privatizaciones de importancia han
sido en el sector aerospacial CASA, en el sector de defensa, Santa
Bárbara, en el sector de aluminio, Conversión Aluminio, en el sector
de celulosa, ENCE y en el sector de bienes de equipo, Babcock &
Wilcox. Algunas de ellas son empresas tradicionalmente deficitarias
que han sido saneadas y ahora se enfrentan a un futuro más optimista.
En primer lugar, por el fortalecimiento financiero y societario de la
empresa que se ha privatizado, a través de la aportación de fondos
y de la entrada de nuevos socios. En segundo lugar, la empresa se abre
a una mayor internacionalización y amplía su mercado. En tercer
lugar, se ha mejorado su competitividad, gracias a las aportaciones
de tecnología de los nuevos socios. Por último, y lo más importante,
por el mantenimiento de la actividad y, por tanto, del empleo.
En la mayoría de las privatizaciones se han diseñado planes
industriales y se ha llegado a acuerdos sindicales para asegurar la
viabilidad de las empresas, mantener los proyectos industriales y la
estabilidad en el empleo, en un clima de diálogo y cooperación con
las partes implicadas. Esta es la filosofía que sustenta el proyecto
de privatización que el Gobierno continuará en esta legislatura y que
aplicaremos en próximas privatizaciones, como son las que se están
planteando para la Compañía Trasmediterránea, Expasa, Alicesa, Coosur
o Empresa Nacional de Autopistas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA BELÉN VÁZQUEZ BLANCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO PARA EL CURSO 2001-2002 EN MATERIA DE
AYUDAS AL ESTUDIO? (Número de expediente 180/000920.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta número 24, dirigida a la
señora ministra de Educación, Cultura y Deporte, que formula la
diputada doña Belén Vázquez Blanco.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en primer lugar quiero felicitarla y felicitarnos
como Grupo Parlamentario Popular por el
logro conseguido, en la tarde de hoy, con la aprobación por esta
Cámara de la Ley de Universidades.
Hace escasas semanas dio comienzo el curso escolar y con ello también
dieron comienzo las preocupaciones para las familias españolas que se
ven obligadas a desembolsar una cantidad de dinero para la educación
de sus hijos. Pero siempre les queda una luz, que es saber que van a
contar con ayudas del Estado, sin más límite que la vocación y
actitudes personales que tengan sus hijos. Nadie ha de verse privado
a causa de su condición económica o de su origen social de las
posibilidades y beneficios que la sociedad de las oportunidades
reporta. La sociedad española no puede prescindir de ese enorme
potencial intelectual y de progreso que reside en una ciudadanía bien
formada y adecuadamente cualificada y el Estado debe ayudarle. El
objetivo básico del Ministerio de Educación en los presupuestos nos
decía que debía seguir siendo hacer real el principio de igualdad en
el ejercicio del derecho a la educación. Nuestra preocupación hoy,
señora ministra, es saber cómo se va a llevar a la práctica este
principio y en concreto es por lo que le formulamos desde el Grupo
Parlamentario Popular la siguiente pregunta: ¿Qué previsiones tiene
el Gobierno para el curso 2001-2002 en materia de ayudas al estudio?
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vázquez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, querría comenzar dándole las
gracias por esa enhorabuena y trasladando esa felicitación al Grupo
Parlamentario Popular, a sus portavoces por el trabajo realizado en
esta Cámara sobre la Ley de Universidades y también a los grupos
parlamentarios de Coalición Canaria y Convergència i Unió que han
votado favorablemente. No obstante, quiero agradecer a esta Cámara y
al conjunto de grupos parlamentarios el trabajo que han dedicado
también a debatir la ley.
Con relación a la pregunta específica que me hace, señoría, usted
sabe bien que un objetivo básico del Ministerio de Educación es hacer
efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la
educación mediante la provisión de los recursos económicos que
aseguren las mismas oportunidades para que todos, con independencia
de su situación económica, puedan acceder a la educación. En este
sentido, en el presupuesto para el año 2002 las dotaciones totales
que se canalizan directamente para becas y ayudas al estudio se
elevan a 690,6 millones de euros o, lo que es lo mismo, 114.900
millones de pesetas, lo que supone un incremento del 8,99, casi un 9
por ciento, sobre el presupuesto vigente, exactamente la cantidad de
9.500 millones de pesetas o 57 millones de euros. Debo resaltar
que ese incremento se produce además en un entorno de notable
disminución del alumnado, lo que pone de manifiesto que se está
continuando en el proceso de extensión de ayudas para la adquisición,
por ejemplo, de libros de texto y material didáctico complementario
para niveles obligatorios, iniciado este proceso ya en años
anteriores. Asimismo se han aumentado en más de un 4 por ciento los
umbrales -y esto es muy importante- de renta máxima que dan derecho a
la obtención de una beca, lo cual permite un notable incremento de
las familias beneficiarias.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOXE JOAN GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJPNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ BASA
EL GOBIERNO SU ACUSACIÓN DE QUE EL PARTIDO NACIONALISTA VASCO HA
PRESIONADO AL GOBIERNO MEJICANO DEL PRESIDENTE FOX, CON RELACIÓN A LA
EXTRADICIÓN DE MIEMBROS DE ETA RESIDENTES EN LA REPÚBLICA DE MÉXICO?
(Número de expediente 180/000914.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Asuntos Exteriores.
En primer lugar pregunta número 18, que formula el diputado don José
Juan González de Txabarri Miranda.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿en qué basa el Gobierno sus acusaciones en contra
del Partido Nacionalista Vasco para sostener que éste ha presionado
al Gobierno de México con relación a la extradición de miembros de
ETA residentes en esa República?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta.
El Gobierno no acusa de nada, se ha limitado a tomar nota de lo que
ha dicho el presidente de México. Como es natural no sólo se lo cree
sino que tiene la convicción de que es verdad, cosa que además ha
sido confirmada por el comisionado del Instituto Nacional de
Inmigración de México, como sabe muy bien S.S.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Humo, señor ministro, hablar
por hablar y pura palabrería. No me podrá mostrar una sola cita
pública en medios de comunicación en la que el presidente Fox haya
sostenido eso. Ustedes diciendo que el presidente Fox dice eso, sí.
El comisionado de Inmigración dice que tiene una carta de ocho
ayuntamientos vascos, presididos por el Partido Nacionalista Vasco.
Son de la Comunidad Autónoma de Navarra y están presididos por HB.
Señor ministro, ¿esto es una broma o qué es? Pero, ¿ustedes se creen
que se puede jugar con estas cosas así? Están intentando poner contra
las cuerdas al Partido Nacionalista Vasco. Parece que acusar al
Partido Nacionalista Vasco sale gratis. Pero, señora presidenta,
a esto no hay derecho. El presidente Fox no ha dicho eso, no lo ha
dicho en ninguna de sus intervenciones. Fueron los gobiernos de
Suárez y los de González los que negociaron en su día con el Gobierno
de México la reinserción de miembros de ETA, y lo hicieron muy bien.
Ahora México, ese comisionado que usted cita, no logra probar las
presiones del PNV contra las extradiciones. Ustedes, señor ministro,
les han obligado a realizar una cantinflada. Menuda forma de entender
la diplomacia. Esto es una utilización flagrante y partidista de las
instituciones. En vez de poner contra las cuerdas al Partido
Nacionalista Vasco, han puesto al borde de los nervios al presidente
Fox y a su equipo. Esa es la realidad; agit-prop, señor ministro,
agit-prop puro y duro. Le sale ese joven soviético que lleva dentro,
débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Si a esto le llaman
patriotismo constitucional... Esto, señor ministro, es fanatismo, es
fundamentalismo, es rigidez mental. Quieren llevar a Euskadi al
precipicio, buscando la confrontación. Están tratando de imponer sin
rubor. Señor ministro, el embajador de Marruecos se les ha ido y ni
se han enterado. Activen las alarmas, porque el de México va a ser el
siguiente que se va a marchar. Ha puesto a su presidente en evidencia
de tal manera, realizando un ridículo internacional, que no ha podido
visitar ni la ciudad natal de su madre. ¿Qué temían, que el
lehendakari Ibarretxe le contase las cosas a la cara?
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta.
Yo al presidente Fox le he visto muy tranquilo. A quienes veo muy
nerviosos es a usted, señor González
de Txabarri, a su grupo y a su portavoz, porque quien reaccionó a las
declaraciones del presidente Fox no fue el Gobierno, sino el señor
Anasagasti; por algo será. (Rumores.) Yo no tengo nada más que decir,
ustedes reaccionaron y ustedes sabrán por qué. A mí, en lugar de
verle tan nervioso, argumentado como ha argumentado, lo que me
gustaría es que usted dijera que tenemos que perseguir a los
terroristas allí donde están (Los señores Anasagasti Olabeaga, Txueka
Isasti y González de Txabarri Miranda: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!), y que ustedes
celebran que pidamos la extradición de los etarras...
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Pero no me
lo digan aquí, ahora, de esta manera; díganlo cuando lo tienen que
decir y de la forma en que lo tienen que decir, y a partir de aquí a
lo mejor les hacemos algún caso.
Gracias. (Aplausos.-El señor González de Txabarri Miranda pide la
palabra.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señor González de Txabarri, usted sabe
perfectamente que en el turno de preguntas hay intercambio de
opiniones y en algunos casos se dejan en el aire preguntas de
carácter retórico, no para que sean contestadas en ese momento. (Los
señores Txueka Isasti, Anasagasti Olabeaga y González de Txabarri
Miranda hacen gestos negativos.- El señor Txueka Isasti pronuncia
palabras que no se perciben.)
Señor Txueka, le ruego guarde silencio.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA ROMERO SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
INFORMACIÓN TIENE EL GOBIERNO CON RELACIÓN A LOS ESPAÑOLES
DESAPARECIDOS EN NUEVA YORK EN EL INCENDIO DE LAS TORRES GEMELAS?
(Número de expediente 180/000923)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, que formula la diputada
doña Rosa María Romero Sánchez.
La señora ROMERO SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me gustaría comenzar por decirles que tomo la palabra hoy,
en esta Cámara, con un sentir muy profundo, un sentir que tengo la
seguridad que todos compartimos y que ya ha sido ampliamente
manifestado en esta sede de la representación popular, tanto por el
Gobierno como por los representantes de todos los grupos
parlamentarios, desde los terribles atentados terroristas ocurridos
en los Estados Unidos el pasado 11 de septiembre, que no es otro que
la profunda solidaridad con todo el pueblo americano, con todos los
pueblos del mundo que, como el nuestro, se han visto conmocionados
por los trágicos sucesos ocurridos en Nueva York y Washington. Una
solidaridad que se nos une al dolor de los familiares de los miles de
desaparecidos por las nunca justificables actuaciones terroristas que
tanto sufrimiento ocasionan en los pueblos que lo único que desean es
vivir en paz y libertad. Estos dramáticos acontecimientos son un
atentado contra todos los que compartimos unos mismos principios y
valores democráticos.
Por todo ello, con la seguridad de que el Gobierno del que usted
forma parte, señor ministro, ha actuado en todo momento guiado por
este sentimiento de solidaridad y ha puesto en marcha desde un
principio todos aquellos mecanismos que nos permitieran conocer la
presencia de compatriotas, tanto en las Torres Gemelas, en el momento
de los atentados, como en los aviones utilizados por los terroristas,
le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué información tiene el Gobierno
en relación con los españoles desaparecidos en Nueva York en el
incendio de las Torres Gemelas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Romero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta.
Efectivamente, tan pronto como tuvimos noticia de los atentados
terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington, el
Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, determinó
como una de sus prioridades averiguar si había víctimas españolas,
tanto en el Pentágono como en las Torres Gemelas del World Trade
Center, y también, como es natural, a bordo de los cuatro aviones
utilizados por los terroristas en sus acciones. Rápidamente pudimos
establecer que no había ningún español fallecido ni en el ataque al
Pentágono ni en ninguno de los cuatro aviones siniestrados; como es
lógico, fue más difícil averiguar si entre los miles de desaparecidos
en las Torres Gemelas había algún compatriota. Se distinguió entre
residentes españoles que trabajaran habitualmente en el World Trade
Center y no residentes que pudieran encontrarse circunstancialmente
en dichas torres. Respecto a estos últimos, la hora en que se
llevaron a cabo los ataques resultó decisiva porque, como ya se sabe
ahora, los turistas podían disfrutar de la vista de Nueva York desde
las Torres Gemelas a partir de las 9,30 de la mañana. El primer
ataque se produjo un poco antes de las nueve y, por lo tanto, se
inició inmediatamente el desalojo de las torres y ningún turista pudo
acceder a dicha plataforma. Cabe añadir que había varias decenas de
turistas españoles esperando y la circunstancia que acabo de citar
les libró de un terrible destino. Hablando de los residentes, debo
decir también que no había ninguna
empresa española que tuviera su sede en el World Trade Center y,
por lo tanto, se reducía drásticamente la posibilidad de que hubiera
un número apreciable de compatriotas afectados por esta tragedia. Sin
embargo, era necesario averiguar si había ciudadanos españoles que
trabajaran en alguna de las múltiples empresas cuyas oficinas estaban
situadas en dichas Torres Gemelas. Habilitamos inmediatamente
teléfonos de información al público, funcionaron 24 horas al día
hasta el domingo 16, y a través de este servicio establecimos un
listado de personas, residentes y de paso en Nueva York, por cuya
integridad física temían familiares, amigos y allegados. En
comunicación permanente con el consulado general en Nueva York, se
fue depurando rápidamente dicho listado y finalmente la lista de
presuntos desaparecidos se redujo a tres personas. Dos de ellas,
siendo españolas de origen, ostentaban en el momento del atentado la
nacionalidad norteamericana y una tercera, doña Silvia San Pío,
ostentaba ambas nacionalidades.
Debo decir, por lo tanto, que nuestro país ha sido, dentro de la
enorme desgracia de lo que estamos comentando, entre los socios de la
Unión Europea, uno de los menos afectados por esos sucesos trágicos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ROBERTO SORAVILLA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LAS CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA
MUNDIAL CONTRA EL RACISMO PATROCINADA POR LA ONU, CELEBRADA EN
DURBAN? (Número de expediente 180/000924.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 28, que formula el diputado don
Roberto Soravilla Fernández.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó la
Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en 1997 para
celebrarla precisamente este año 2001, declarado Año internacional de
la movilización contra el racismo. La Conferencia tuvo lugar en
Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 7 de septiembre pasado, bajo
el lema Unidos en la lucha contra el racismo. Igualdad, justicia,
dignidad. Sin duda, la convocatoria era oportuna y ahora, en
perspectiva, tras los trágicos sucesos del 11 de septiembre,
adquiere, si cabe, mayor relieve.
Ante los alarmantes brotes de intolerancia aparecidos en las últimas
décadas, con resultados dramáticos de conflictos religiosos,
limpiezas étnicas y discriminaciones de género, era imperativo
proclamar con toda nitidez desde una conferencia mundial que todos
somos una sola humanidad, pero de una pluralidad complementaria y
enriquecedora, que es una idea que yo creo que los españoles
entendemos muy bien. Sin embargo, asuntos del pasado como la trata de
esclavos, el colonialismo o incluso asuntos del presente como el
conflicto de Oriente Medio hicieron que su desarrollo y el consenso
final fueran difíciles. Aunque tampoco debemos olvidar que ningún
consenso fue posible en las conferencias anteriores, de los años 1978
y 1983.
Señor ministro, sabemos de la activa participación de España en la
complicada consecución de tal consenso, en el que se manifestó la más
firme repulsa al racismo y a todas las formas de intolerancia; donde,
por otra parte, se aceptaron en buena medida los planteamientos de la
Unión Europea y de España sobre el conflicto de Oriente Medio y en el
que, reconociéndose los errores del pasado, se aceptó que tanto la
declaración como el plan de acción emanados de la Conferencia
tuvieran carácter exclusivo de documentos políticos carentes de
validez legal para reclamaciones históricas, aspecto relevante que yo
creo que debe subrayarse. La alta comisionada de las Naciones Unidas
para los derechos humanos y secretaria general de la Conferencia a la
sazón, señora Robinson, valoró este consenso en la clausura como un
hito que marca el comienzo del camino. En este contexto y desde la
posición de vanguardia que el Gobierno de España ha desempeñado, le
pregunto: ¿Qué valoración hace de las conclusiones de la Conferencia
de Durban?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Soravilla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señoría. Efectivamente, la Conferencia de Durban tuvo
un proceso de preparación, de desarrollo y de finalización
enormemente complejo, y es la primera vez que la comunidad
internacional aprueba por consenso documentos en una conferencia de
este tipo, algo que no se logró en experiencias anteriores, tanto en
el año 1978 como en el año 1983. Se ha conseguido un acuerdo final
debido a la voluntad de entendimiento respecto a los elementos
esenciales de un análisis del pasado, como usted nos decía, y también
de las injusticias históricas cometidas contra personas y contra
pueblos y a partir de ahí se ha acordado una agenda de actuación para
los próximos años.
La Conferencia de Durban ha abierto un proceso nuevo que ahora debe
desarrollarse. Se reconocen tragedias del pasado pero sin
responsabilidad jurídica y por lo tanto se entiende que las
eventuales reclamaciones históricas deben satisfacerse de otra
manera. Sin embargo, y precisamente por la enorme complejidad de todo
el proceso, el Gobierno español valora muy positivamente los
resultados alcanzados en la conferencia y entiende que el programa de
acción y la declaración aprobados tienen un contenido que ha de
considerarse, no sin reconocer las imperfecciones, como
satisfactorio. No cabe duda de que los enfrentamientos entre los
distintos grupos regionales, debido al colonialismo, a la esclavitud,
dificultaron la búsqueda de un consenso. Pero, finalmente, gracias a
la ardua labor emprendida por la Unión Europea y, en particular, por
las delegaciones belga y como usted bien recordaba por la delegación
española, pudo ser alcanzada.
La participación de la Unión Europea permitió armonizar los puntos de
vista divergentes respecto a un tema tan serio y tan dramático como
la situación en Oriente Medio y también respecto a las compensaciones
a las víctimas por la esclavitud y la colonización. Hay que insistir
en que era bueno que se consiguiera un mínimo resultado y así seguir
trabajando en ocasiones venideras. Se trata de establecer una
conciencia universal incompatible con el racismo, incompatible con la
intolerancia, con la xenofobia y con la discriminación. Y desde
luego, en ello estuvo la delegación española.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS NUÑEZ LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN QUE
HACE EL GOBIERNO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRIMERAS
ELECCIONES DEMOCRÁTICAS CELEBRADAS EN EL TIMOR ORIENTAL? (Número de
expediente 180/000926.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, que formula el diputado don
Carlos Nuñez León.
El señor NUÑEZ LEÓN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el pasado 30 de agosto del presente año se celebraron
las primeras elecciones democráticas en Timor oriental, elecciones
que abren el camino a la puesta en marcha de instituciones políticas
para un nuevo Estado democrático. No es la primera vez que en esta
Cámara se aborda el problema de déficit democrático en Timor
oriental. En abril de 1999 se aprobó una proposición no de ley
instando al Gobierno de España a seguir prestando total y absoluto
apoyo al secretario
general de Naciones Unidas en sus esfuerzos para conseguir una
solución definitiva, pacífica y democrática al conflicto de Timor
oriental. Es por eso por lo que le formulo la siguiente pregunta:
¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de los resultados
obtenidos en las primeras elecciones democráticas celebradas en el
Timor oriental?
Gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría.
La valoración que hace el Gobierno español es una valoración
claramente positiva y que corresponde perfectamente con la que hace
la propia Unión Europea que presenta una declaración, el 31 de
agosto, según la cual toma nota con satisfacción de los resultados de
su misión de observación. Informa que las elecciones a la Asamblea
constituyente de Timor oriental han tenido lugar de forma pacífica y
tranquila y felicita al pueblo de Timor oriental y a sus dirigentes
comprometidos en un largo proceso hacia la independencia que ese día
se ve recompensado. Al mismo tiempo aplaude a Naciones Unidas cuya
administración transitoria del territorio ha permitido el éxito de
dicho proceso.
Quiero decirle, por lo tanto, que todo eso se corresponde a una
actitud que ha mantenido la Unión Europea, pero particularmente
España respecto a Timor oriental, en plena coordinación con nuestros
hermanos portugueses que creo que ha dado resultados. Debo recordarle
que durante la ocupación de Indonesia, España nunca reconoció la
anexión de Timor. Siempre apoyamos las resoluciones de Naciones
Unidas sobre el territorio, adoptamos una posición moderada tanto
individualmente como en el seno de la Unión Europea, y alentamos el
compromiso y el diálogo político entre las partes. Hemos sido
miembros de los países amigos de Timor y hemos contribuido a las
misiones de la ONU. Quiero recordarle algo que probablemente todavía
es poco conocido por la opinión pública española, y es que enviamos
efectivos de la Policía nacional y de la Guardia Civil para que se
desplegaran en territorio de Timor en junio del año 1999 y a
principios de 2000 hemos enviado un contingente de guardias civiles
de la unidad especial de acción rural, cuyo destacamento sigue en
estos momentos en Timor oriental. Hemos aportado, a su vez, una serie
de recursos financieros, de tal manera que la participación
proporcional de España es de aproximadamente el 7 por ciento, en
función de una circunstancia y es que la independencia desde el punto
de vista oficial se va a producir durante la próxima presidencia
española de la Unión Europea, es decir, el 20 de mayo del próximo
año. Hemos enviado una
misión oficial a Dili, capital de Timor oriental, para preparar la
visita de una delegación de constitucionalistas españoles, entre los
que se encuentra el diputado del Partido Popular, don Gabriel
Cisneros, que puedan explicar a los recién elegidos miembros la
Constitución española y ayudar en la redacción de una nueva
constitución que rija dicho territorio hasta que culmine este proceso
de independencia que todos celebramos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON SERGIO GÓMEZALBA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE INFORMAR EL
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ACERCA DE LAS LINEAS BÁSICAS DEL
REAL DECRETO 1066/2001, DE 28 DE SEPTIEMBRE, SOBRE LÍMITES A LAS
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS? (Número de expediente 180/000925.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Ciencia y Tecnología.
En primer lugar, pregunta número 29, que formula el diputado don
Sergio Gómez-Alba.
El señor GÓMEZ-ALBA RUIZ: Señora presidenta, señora ministra, en los
últimos años la competencia en el sector de las telecomunicaciones y
el fuerte desarrollo de la telefonía móvil ha provocado la existencia
de un elevado número de instalaciones radioeléctricas que si bien
proporcionan un nivel de cobertura y de calidad óptima, también han
suscitado la preocupación de algunas asociaciones de ciudadanos,
administraciones territoriales, acerca de la protección efectiva de
la salud de las personas.
El Gobierno, a través de los ministerios de Ciencia y Tecnología y el
de Sanidad y Consumo, ha sido sensible a esta nueva situación y se
han adoptado medidas para conjugar el necesario impulso a la sociedad
de la información con la debida protección de la salud pública,
habiéndose aprobado recientemente y de forma coordinada entre los dos
departamentos ministeriales y tras un amplio proceso de consulta
pública, un reglamento que adopta las medidas necesarias para la
protección sanitaria de la población ante las emisiones
radioeléctricas. Por ello, señora ministra, ¿puede informarnos acerca
de las líneas básicas de este real decreto por el que se aprueba el
citado reglamento sobre límites a las emisiones radioeléctricas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez-Alba.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
Señoría, efectivamente es un objetivo básico del Gobierno fomentar el
uso de estas tecnologías de la información en las comunicaciones, el
desarrollo de la sociedad de la información y cumplir las garantías
de toda índole para los ciudadanos. Por tanto, el citado reglamento
sobre condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones y medidas de protección sanitaria
frente a estas emisiones, aprobado el pasado 28 de septiembre, regula
varios aspectos esenciales. En primer lugar, y de gran alcance para
la opinión pública, con el objetivo de garantizar esta protección
sanitaria se establecen límites de exposición a las mismas, de
acuerdo con la recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de
la Unión Europea y, por tanto, establece unos valores límites máximos
de lo que se denomina densidad de potencia, por debajo de los cuales
no existe peligro alguno para la salud pública.
En segundo lugar, establece una serie de condiciones que hacen
compatible el funcionamiento simultáneo y ordenado de las diversas
instalaciones radioeléctricas evitando interferencias, dando
cobertura a la población y cumpliendo estas condiciones de protección
sanitaria. Además, el reglamento refuerza los sistemas de control
preexistentes, garantizando un sistema de control permanente del
cumplimiento de los límites de protección sanitaria por parte de los
operadores de telecomunicaciones, los cuales previamente a la
autorización del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es previa a
su puesta en servicio, tienen que pedir esta autorización para las
estaciones de radio y comunicación presentando certificaciones de los
niveles de exposición en las áreas cercanas a las mismas y, además,
dicha exigencia tiene carácter retroactivo, por tanto, con las que ya
están establecidas. Se exigen, además, una presentación y una
certificación anual por parte de los operadores, una vez en
funcionamiento, y la obligación de señalización y vallado de las
áreas próximas en el caso de estaciones que por circunstancias
especiales puedan superar los límites de protección generales.
Además, hay una realización de planes de inspección por parte de los
servicios del Ministerio de Ciencia y Tecnología y dicho ministerio
pone a disposición de los ciudadanos un informe anual, con total
transparencia, sobre los resultados obtenidos en el control y
seguimiento de este nivel de emisiones y, por tanto, los ciudadanos
conocen perfectamente cuál es la situación de los que como mínimo
tienen a su alrededor y pueden...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANTONIA FEBRER SANTANDREU, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTIVIDADES VA A REALIZAR EL
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA PROMOVER EN ESPAÑA LA
CELEBRACIÓN DE UNA SEMANA DE LA CIENCIA? (Número de expediente 180/
000928.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32 que formula la diputada,
doña Antonia Febrer Santandreu.
La señora FEBRER SANTANDREU: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, un año más, desde 1996, hemos podido observar cómo
el Gobierno del Partido Popular sigue proponiendo por la vía
presupuestaria, entre otras, un peso cada vez mayor de las partidas
dedicadas al desarrollo científico y tecnológico. Para ello solamente
hay que fijarse en el porcentaje de incremento que tiene la sección
20, dedicada a ciencia, tecnología y sociedad de la información, y,
dentro de esta sección 20, el incremento que tienen los denominados
organismos públicos de investigación, más del 7 por ciento.
Observamos con claridad cómo el Gobierno pone como objetivo
prioritario de su política económica el cumplimiento de aquellos
programas públicos que permitan desarrollar con profundidad y
celeridad lo que se ha denominado la sociedad del conocimiento. Sin
embargo, el Gobierno, lejos de colmar sus prioridades de desarrollo
científico únicamente por la vía presupuestaria, también está
dispuesto a aproximar este importante avance al conjunto de la
sociedad española.
Así por lo menos nos parece que hay que entender la iniciativa que
desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha tomado con el
impulso a la celebración de la denominada semana de la ciencia y
tecnología, inscrita en el ámbito más tradicional de las denominadas
semanas europeas de la ciencia. Ahora bien, dado lo novedoso en
España de este tipo de iniciativas, nos gustaría conocer con mayor
detalle y extensión y de boca del propio Gobierno en qué va a
consistir esta semana y qué objetivos concretos se pretenden con la
misma. Por ello nos parece oportuno hacer la siguiente pregunta al
Gobierno: ¿Qué actividades va a realizar el Ministerio de Ciencia y
Tecnología para promover en España la celebración de una semana de la
ciencia?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Febrer.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Efectivamente, el reto de contar con un sistema de ciencia-
tecnología-empresa, señoría, requiere no sólo actuar desde el punto
de vista del reforzamiento de la ciencia, de la transferencia
tecnológica y de la inversión de las empresas, sino que es
imprescindible actuar en el campo de las relaciones entre la ciencia
y la sociedad. Ciencia y tecnología
deben ser una prioridad social y por lo tanto tienen que estar
involucradas con un importante elemento, con un importante componente
cultural.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología está trabajando activamente en
el desarrollo de acciones de divulgación y difusión. Una de ellas y
muy relevante es este impulso dado a la celebración de la semana de
la ciencia y tecnología, que, enmarcada dentro de la semana europea
de la ciencia, está planteada bajo el lema Conciénciate, y que
celebraremos entre los días 5 y 18 de noviembre. Este conjunto de
actuaciones afecta a más de 850 actividades, que se realizarán en
organismos públicos y privados de investigación, universidades,
parques científicos, tecnológicos, asociaciones empresariales,
museos, bibliotecas, fundaciones y otras instituciones educativas y
culturales, actividades que además se están desarrollando y se van a
desarrollar con total autonomía de gestión y en muchos casos con el
respaldo directo del Ministerio y de las comunidades autónomas, todas
las cuales, sin excepción, han apoyado la iniciativa de la que muy
pronto darán cuenta los medios de comunicación y podrá disfrutar el
conjunto de la población. Además, con esta finalidad, el propio
Ministerio ha mantenido abierta una convocatoria de ayudas para
colaborar a financiar este tipo de actividades orientadas a estimular
el interés social para la ciencia y la tecnología, en el marco del
programa nacional de difusión de la ciencia y la tecnología del plan
nacional de I+D, con más 500 millones de pesetas.
Con ocasión de la semana de la ciencia tendrá lugar en España el acto
de entrega de los nuevos premios nacionales de investigación, el
próximo día 7 de noviembre, presidido por Sus Majestades los Reyes.
Todos estos eventos además están disponibles y se pueden conocer a
través de un portal específico para esta semana que el Ministerio ha
abierto en Internet. Reforzará la identidad y la imagen de la
iniciativa y será una referencia y punto de encuentro permanente, no
sólo para esta semana de la ciencia sino para futuras ediciones de la
misma. Confío en que los ciudadanos participen y disfruten...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿TIENE
PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR ALGÚN TIPO DE MEDIDA QUE GARANTICE
ADECUADAMENTE LAS COMUNICACIONES AÉREAS ENTRE CANARIAS-PENÍNSULA-
CANARIAS ANTE EL ANUNCIO REALIZADO POR LAS
COMPAÑÍAS AÉREAS DE SUPRIMIR DISTINTOS VUELOS? (Número de expediente
180/000913.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Fomento.
En primer lugar la número 17, que formula el diputado don Paulino
Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señorapresidenta.
Señor ministro, el transporte aéreo en general pasa por graves
dificultades después de los graves incidentes ocurridos en los
Estados Unidos: disminución del tráfico de pasajeros, despidos de
personal, crisis económica en diversas compañías aéreas. Yo le
pregunto, ¿tiene previsto el Gobierno adoptar algún tipo de medida
que garantice adecuadamente las comunicaciones aéreas entre Canarias-
Península-Canarias ante la suspensión de diversos vuelos por las
compañías aéreas españolas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señoría, primero, en relación con el concepto graves
dificultades que S.S. menciona quiero decirle que los datos de
tráfico en los aeropuertos de Canarias en los meses de septiembre
y octubre reflejan caídas no superiores al 5 por ciento. Y en otros
casos hay aumentos. Por ejemplo, un aeropuerto típico de
comunicaciones nacionales con la Península como es Tenerife norte ha
recogido un aumento del 4,2 en septiembre y un aumento del 2,9 en
octubre. Esa es la situación de las graves dificultades que ha
mencionado S.S. en términos de tráfico. Segundo, sabe S.S. que el
funcionamiento del sistema de transporte aéreo se ajusta a los
reglamentos comunitarios y que el paquete comunitario sólo justifica
una intervención del Estado en los casos de falta de interés
comercial de las compañías aéreas que produjesen el abandono de los
servicios o su atención claramente insuficiente. En Canarias hay tres
compañías aéreas, que mantienen su oferta de servicios. Y en ese
ámbito es en el que el Gobierno se está moviendo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, cuando hablaba de graves dificultades me refería en
términos generales a lo que está ocurriendo en estos momentos en el
mundo, no particularizando en el caso de Canarias. Yo me alegro mucho
de que en Canarias se siga manteniendo el volumen de pasajeros y, si
se sigue manteniendo el volumen de
pasajeros en los aeropuertos de Canarias, usted, con esos datos, va a
reforzar la inquietud que tenemos allí. Si efectivamente la crisis
que en estos momentos vive el sector del transporte aéreo no ha
afectado a Canarias no tiene ningún tipo de explicación que se haya
llevado a cabo la suspensión de distintos trayectos entre la
Península con distintas islas o que se hayan disminuido las
frecuencias en general entre los tráficos de Canarias- Península.
El Gobierno del Estado, señor ministro, tiene que garantizar desde su
ámbito competencial la cohesión territorial y social del Estado
español. Estamos ante un régimen liberalizado y privatizado del
sector del transporte, estamos ante una situación en la que el
Ministerio en principio sólo tiene la responsabilidad de organismo
regulador, pero por encima de todo tiene que garantizar la cohesión
territorial del Estado. En una situación como la actual, en los
archipiélagos del Estado español en estos momentos no existen
alternativas al tráfico aéreo, no existe conexión por carreteras,
obviamente, ni existe ferrocarril. Para garantizar la cohesión entre
las islas de ambos archipiélagos, en la ley de acompañamiento del año
1997 se declaró el tráfico interinsular obligación de servicio
público. Las obligaciones de servicio publico, que son un instrumento
previsto en los reglamentos comunitarios, especialmente para...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero. Ha concluido su
tiempo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señor
diputado, estamos de acuerdo en los objetivos pero no estamos de
acuerdo en el método a seguir para alcanzarlos. En primer lugar,
porque, con arreglo a los datos que hasta ahora han sido remitidos al
Ministerio, la oferta de frecuencias y de asientos en los vuelos
Península-Canarias y CanariasPenínsula prácticamente se mantiene. 281
vuelos semanales en la temporada del invierno del año 2001, 269 en la
temporada de invierno del año 2002; y en asientos, 2.166.000 asientos
frente a 2.158.000. Por tanto, en estos momentos, en términos de
servicios y frecuencias hay un nivel de mantenimiento. ¿Cuál es la
fórmula que prefiere el Ministerio para garantizar la continuidad de
las frecuencias en un territorio que, por razones de cohesión, sólo
tiene la alternativa del transporte aéreo? La profundización en el
sistema de transporte liberalizado de la Unión Europea.
Y precisamente para mejorar la calidad y la cantidad necesitamos
perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico con medidas que permitan
adoptar decisiones en función de lo que cada compañía haga o deje de
hacer con los slot que tiene asignados. No disponemos de la norma
reguladora, espero que en muy pocas fechas el
Gobierno se dote de la misma para que se resuelva el problema.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAMÓN COMPANYS SANFELIÚ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
FOMENTO: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO INICIAR LAS OBRAS EN EL
TRAMO DE LA N-II COMPRENDIDO ENTRE LLEIDA Y ELS ALAMÚS? (Número de
expediente 180/000929.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 33, que formula el diputado don
Ramón Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Fomento, el día 20 de octubre de 1995 se aprobó
definitivamente el proyecto de desdoblamiento de la carretera N-II
entre Lleida y Els Alamús, quedando dicha obra pendiente de
contratación. Se trata, como usted sabe, de una obra de
desdoblamiento de la carretera en un tramo de 7,1 kilómetros, con un
presupuesto inicial de 3.676 millones de pesetas. Dicha obra está
situada en una de las entradas más importantes de la ciudad de Lleida
y a pesar de la autovía lo cierto es que en esta zona se forman
atascos y sobre todo hay muchos accidentes. Desde hace tiempo, el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha trasladado el interés
de los afectados instando a su Ministerio para que se realicen las
obras con la máxima rapidez. Como desde hace varios años se están
consignando en partidas presupuestarias cantidades importantes para
la realización de dicha obra y a la vista de que hasta el momento no
se ha iniciado es por lo que le pregunto: ¿Cuándo tiene previsto el
Gobierno iniciar las obras en el tramo de la N-II comprendido entre
Lleida y Els Alamús?
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señoría, la
previsión del Gobierno es enviar a la programación económica la
licitación de esta obra en el momento en que esté terminado el
proyecto que necesita Lleida para resolver los problemas que S.S. ha
mencionado. Su señoría ha dado un dato que es cierto y es que había
un proyecto en el año 1995. Lo que no ha contado S.S. es que el tramo
LleidaTárrega, de la N-II, se inauguró en el año 1992, y por el tramo
Lleida-Els Alamús, consecuencia de que no estaba la variante de
Lleida, circulaban entonces 25.000
vehículos. El proyecto que cita S.S. responde a la necesidad de dotar
a ese tramo de capacidad para que circulen 25.000 vehículos.
Posteriormente, en julio de 1996, se puso en servicio la variante de
Lleida y rebajó la intensidad de circulación en el tramo Lleida-Els
Alamús a 8.784 vehículos/día, básicamente ya comunicación urbana con
Lleida. Eso significa un cambio sustancial en la funcionalidad de la
vía. Porque, frente a una vía de gran capacidad para dar cauce a
22.000 vehículos, ahora hay que diseñar una vía que tenga
permeabilidad urbana, accesibilidad urbana, porque esa es la
prioridad de los tráficos que se generan en la zona y las necesidades
urbanísticas del entorno. Por eso estamos adaptando el proyecto. Una
vez terminado y supervisado, pasará a la fase de programación
económica, para lo cual, como S.S. dice, sigue teniendo dotación
económica en los presupuestos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, estoy sorprendido -yo creo que en 1995 la autovía
estaba ya inaugurada o faltaba poco para ello- de que en el momento
de hacer el proyecto no se hubiese previsto que la autovía estaba en
proceso de licitación. Pero no tendría que ser ningún problema para
que diesen la máxima celeridad al proyecto. Se lee en los proyectos
que las máximas aportaciones se realizarán en el año 2004.
Independientemente de que tuviesen que adaptarlo a la realidad,
aunque es cierto que hay menos tráfico que en 1995, me cuesta mucho
entender que en aquel año, cuando hicieron el proyecto, no lo
tuvieran en cuenta. Por tanto, señor ministro, le ruego que con la
máxima celeridad aprueben el proyecto y realicen las obras, porque
efectivamente hay atascos pero sobre todo hay muchos accidentes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Yo no quiero
mirar al pasado. Yo no soy responsable de la funcionalidad con la que
se diseñó esta vía en el año 1995. Lo que le digo es que hoy nos
proponemos acometer esta obra adecuada a sus características
funcionales, a las necesidades de los tráficos que circulan por ella,
a su accesibilidad con la trama urbana y a la permeabilidad de la vía
para el resto de los movimientos que afectan a esa zona de Lleida.
Así es como se hacen los proyectos cuando afectan a las tramas
urbanas. Hace muy pocos días hemos puesto en servicio el acceso a la
ciudad de Ávila o la circunvalación de la ciudad de Segovia y, como
son funcionalmente distintos, tienen
soluciones técnicas distintas. Lo tendrá Lleida y muy pronto,
señoría. Se lo aseguro, muy pronto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACCIONES ESTÁ
DESARROLLANDO EL GOBIERNO PARA FACILITAR LAS INICIATIVAS EMPREARIALES
ENTRE LOS JÓVENES? (Número de expediente 180/000919.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
En primer lugar la número 23, que formula la diputada doña Sandra
Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, durante años si hubo en este país un colectivo
azotado por la lacra del desempleo ese fue el de los jóvenes. La
generación mejor preparada de este país se veía abocada
inexorablemente a una frustrante sensación ante la imposibilidad de
optar a un empleo estable. A la vez, las iniciativas surgidas de sus
inquietudes empresariales topaban con un sistema fiscal rígido e
insolidario con aquel que arriesgaba su futuro en la aventura del
autoempleo. Nuestro grupo parlamentario siempre defendió -y así lo
entendió también este Gobierno- que la creación de empleo para los
jóvenes pasaba no sólo por potenciar y facilitar el diálogo social,
fruto del cual se acometieron sucesivas reformas laborales, sino por
crear las condiciones objetivas a través de los planes de empleo, a
través del incremento de los incentivos a la pequeña y mediana
empresa y, por supuesto, del plan de acción global en materia de
juventud, cuyos incrementos presupuestarios hacen especialmente
énfasis este año en actuaciones en materia de empleo.
Siendo conscientes de que los emprendedores de hoy son los
potenciales creadores de empleo del mañana, le formulo, señor
ministro, la siguiente pregunta: ¿Qué acciones está desarrollando el
Gobierno para facilitar las iniciativas empresariales a los jóvenes?
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moneo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, nuestras acciones están enmarcadas en el Plan nacional de
acción para el empleo, en este caso en
el pilar segundo, que desarrolla el espíritu de empresa y de creación
de empleo. Estas actuaciones tienen como objetivos facilitar la
creación y la gestión de empresas especialmente a través de programas
de apoyo financiero a las pymes así como favorecer el acceso a la
actividad empresarial. Como puede comprender S.S., dichas medidas van
a favorecer el desarrollo de las iniciativas empresariales de los
jóvenes, particularmente en el área relacionada con la sociedad de la
información, por tratarse de un sector innovador que ofrece
especiales oportunidades. Junto a estas actuaciones de carácter
generalista, desde el Ministerio de Trabajo y a través del Instituto
de la Juventud se están desarrollando líneas de cooperación con
asociaciones empresariales, fundaciones y corporaciones locales,
dirigidas específicamente a personas menores de 35 años. Así, a
través de convenios de colaboración con la Confederación de
Asociaciones de Jóvenes Empresarios se vienen realizando actividades
para el fomento empresarial entre jóvenes y para la potenciación de
los llamados semilleros o viveros de empresas. En lo que va de año se
ha asesorado a 205 jóvenes, se ha atendido a 195 consultas y se han
creado 49 empresas, habiéndose inaugurado un semillero de empresas en
Álava. Asimismo, del pasado ejercicio proceden otros 51 proyectos,
que están siendo estudiados para su constitución como empresas.
Una acción quizá especialmente grata para el Ministerio es la que se
lleva en colaboración con la Asociación de seniors españoles para la
cooperación técnica, Consecot, que es una entidad que ofrece el
asesoramiento técnico y específico a jóvenes que desean crear o
consolidar una empresa y que carecen de recursos económicos para
acceder a consultores comerciales. En lo que va de año el número de
consultas se aproxima al millar, previéndose un porcentaje del 25 por
ciento aproximadamente de constitución de nuevas empresas. En tercer
lugar, también ese año se ha suscrito un convenio de colaboración con
la Fundación Instituto Cameral para la creación de desarrollo de
empresas, Incide, y para la realización de actividades y programas
dirigidos a la sensibilización, formación y promoción empresarial de
jóvenes. En este caso son siete jornadas de formación y orientación,
siete cursos de formación empresarial de 400 horas, con amplio
repertorio territorial y casuístico. Son actuaciones que también
tienen su cabida en el segundo Plan de juventud 2000-2003 y sin duda
ninguna intentan que los jóvenes no queden al margen de lo que es una
de las grandes necesidades para crear empleo. Hace falta trabajadores
cualificados, pero también buenos profesionales.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMELIA CARACUEL DEL OLMO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO,
QUE FORMULA AL GOBIERNO:¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL PROGRAMA RENTA
ACTIVA DE INSERCIÓN EN EL AÑO 2001? (Número de expediente 180/
000921.)
La señora PRESIDENTA: Por último, pregunta número 25, de la diputada
doña Amelia Caracuel.
La señora CARACUEL DEL OLMO: Gracias, señora presidente.
Señor ministro, el Real Decreto 236, de 18 de febrero de 2000 como su
posterior modificación del 6 de julio de 2001 establecía las bases de
un programa de actuación que trataba de mejorar la inserción
profesional de los desempleados de larga duración y mayores de 45
años, combinando medidas de empleo activas con pasivas. Pues bien,
considerando este grupo parlamentario, de la misma forma que lo hacen
los mencionados decretos, eso sí, cumpliendo las directrices sobre el
empleo de la Unión Europea, que, si bien ha de mantenerse una
protección adecuada frente al desempleo, la mejor protección no es
una política exclusiva de garantía de ingresos sino combinar esta con
una adecuada política de inserción laboral. De ahí el interés de este
grupo parlamentario por saber cómo está funcionando el programa de
renta activa de inserción en el año 2001.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Caracuel.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, cabría decir que razonablemente bien, porque el paro de
larga duración, como señalaba S.S., representa aún un fenómeno de
importante y considerable presencia en nuestro mercado laboral a
pesar de haberse reducido también de manera significativa en estos
últimos años. Una de las principales estrategias que nos señala la
Unión Europea, y que recoge también nuestro Plan nacional de acción
para el empleo, consiste en la puesta en marcha de políticas
selectivas que combinan protección social con medidas adecuadas de
inserción laboral. Y el programa de renta activa de inserción se
enmarca, yo creo que perfectamente, en esta directriz. Tiene un
marcado carácter innovador pues en él se combinan en la misma medida
elementos de política activa y de protección por desempleo,
supeditando la percepción de una ayuda económica. Se trata de un
programa pensado para los trabajadores desempleados de larga y muy
larga duración, mayores de 45 años en situación de necesidad, bien
por haber agotado su derecho a la protección por desempleo o bien
porque nunca pudieron acceder a ella.
Entre las principales ayudas que se contemplan, hay que destacar las
de orientación profesional, incorporación inmediata a los programas
públicos de formación
y empleo, prioridad en las ofertas de empleo y la percepción de una
ayuda durante diez meses equivalente al 75 por ciento del salario
mínimo interprofesional. Se implantó en el año 2000, en el 2001 se
han introducido mejoras sobre la base de la experiencia obtenida y
dirigidas a incrementar el colectivo potencial de beneficiarios,
especialmente de trabajadores autónomas, que no tenían acceso, y
también un nivel de compatibilidad con trabajos y con rentas que
creemos que amplia este objetivo social, logrando así que la renta
preestablecida se convierta en un claro instrumento de inserción
laboral. Como resultado de esta mejora, el número de beneficiarios al
final del presente año calculamos que alcanzará los 68.000 respecto
al potencial, digamos, máximo previsto en la medida, que sería de
unos 75.000, con lo cual estaríamos en un importante acercamiento a
la plena cobertura del potencial al que va dirigido en este caso. Y
aunque el programa no ha alcanzado todavía su velocidad de crucero,
hay que destacar que estamos produciendo una media de unas 1.000
nuevas incorporaciones diarias al mismo, y ello a pesar de que la
suscripción del compromiso voluntario de actividad sigue siendo el
principal elemento de autoexclusión de esta medida. En el escenario
presupuestario para 2002, con los beneficiarios de este programa
vamos a poder alcanzar una tasa de cobertura en torno al 70 por
ciento de protección al desempleo en dicho año. Ello supone una
reducción de más de 700.000 personas con respecto a las existentes en
el año 1996.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO
EN POLÍTICA DE EMPLEO Y SOLUCIONES QUE CONTEMPLA A LAS GRAVES
CARENCIAS Y ANOMALÍAS QUE SE OBSERVAN EN NUESTRO MERCADO LABORAL.
(Número de expediente 172/000125)
La señora PRESIDENTA: Punto XIII del orden del día: Interpelaciones
urgentes.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión
del Gobierno en política de empleo y soluciones que contempla a las
graves carencias y anomalías que se observan en nuestro mercado
laboral.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señor ministro, en la
interpelación que vamos a debatir en la intimidad sobre la política
de empleo, mi propósito es discutir con usted sobre los efectos que
está produciendo la política de empleo en nuestro país,
teniendo en cuenta que, como todo el mundo sabe, constituye el
problema principal no solamente del mercado laboral español sino
también de la sociedad española en su conjunto. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Yo quiero acercarme a esta discusión con usted con un propósito
constructivo en la perspectiva de analizar qué es lo que no se está
haciendo bien o qué es lo que no se está haciendo en la política de
empleo en España. No quiero que tengamos una especie de confrontación
entre lo que pudiéramos llamar una visión triunfalista de la política
de empleo y una visión catastrofista, que pudieran corresponder al
Gobierno y a la oposición; desde luego, tampoco voy a hacer de
botafumeiro en el diagnóstico de esta cuestión, pero sí creo que
podemos encontrar, tal como es el espíritu que me anima al presentar
esta interpelación, señor ministro, algún diagnóstico común en torno
a las cosas que debieran mejorar en la política de empleo en España.
Porque mi propósito -ya se lo anuncio ahora- es presentar una moción
correspondiente a esta interpelación, proponiendo a la Cámara una
serie de medidas precisamente para mejorar la política de empleo en
España.
Es una evidencia afirmar que desde finales de 1994 se recuperó la
senda de crecimiento de creación de empleo en nuestro país y que
desde esa fecha aproximadamente estamos creando empleo. Además
estamos creándolo por encima de la media de la Unión Europea, como
también es evidente, y hemos creado más empleo que la mayoría de los
países de la Unión Europea. Ahora, son grandes las distancias con la
Unión Europea en materia de empleo. Por ejemplo, seguimos hablando de
tasas de paro cuando creo que debiéramos incorporar a nuestro
lenguaje las tasas de actividad, que son las que han fijado la Unión
Europea en sus directrices y objetivos. Y, en lo que es el conjunto
de la calidad del empleo en nuestro país, es tanta la distancia que
tenemos todavía para aproximarnos a esas medidas que tenemos que
analizar qué estamos haciendo y si estamos haciendo bien las cosas en
lo que es, repito, el conjunto de la política de empleo. Acepto
también que la importancia de las políticas de empleo de un país en
relación con la creación de empleo es relativa, porque para usted,
igual que para mí, es una evidencia que el empleo en gran parte
evoluciona con arreglo a los ciclos económicos y es evidente que los
países tenemos una capacidad relativa de influencia y de acción
política en el marco de nuestra propia legislación para establecer
políticas propias, porque estamos en un mundo global, todos lo
sabemos bien. Pero dentro de lo que es lo que podemos y lo que
debemos hacer los españoles en la política de empleo -aquí es donde
le hago mi primera crítica-, creo que en la política de empleo
española sigue habiendo una rutina, una especie de continuación
permanente de las mismas políticas, hay claras insuficiencias,
evidentes ineficiencias en lo que son las políticas concretas.
En primer lugar, señor ministro, en España gastamos poco en política
de empleo para la dimensión del problema
que tenemos; nuestra proporción de gasto en políticas activas
sobre las políticas pasivas, que llega al 40 por ciento, aunque ha
mejorado, para mí y para nuestro grupo es insuficiente, y el conjunto
de gasto de políticas de empleo sobre nuestro PIB es un porcentaje
muy bajo, claramente inferior al de la media europea. Si a esa
cantidad pequeña que gastamos en políticas de empleo le aplicamos un
primer gran concepto, el de promoción de empleo, que dedica nada más
y nada menos que 300.000 millones de pesetas aproximadamente
a bonificar las cuotas de los empresarios para que estos contraten
trabajadores fijos, ya estamos prácticamente pegándole un corte casi
por la mitad al conjunto de las políticas activas. Es el momento,
señor ministro, de preguntarnos honradamente. Todos sabemos que esta
partida procede de un compromiso con los sindicatos cuando se
estableció la reforma laboral de la contratación estable en 1997,
pero llevamos gastados ya un billón largo, un billón doscientos mil
millones quizás, en este concepto. Y es hora de preguntarnos,
insisto, si este es un dinero bien empleado, si efectivamente sirve
para algo, puesto que es verdad, mejoró un poco la contratación fija,
pero realmente seguimos haciendo solamente ocho o nueve de cada 100
contratos fijos y yo me pregunto si esos no se harían prácticamente
igual si no hubiera este estímulo económico. De aquí surge una
segunda reflexión que también le quiero hacer: ¿Quién evalúa estas
políticas? ¿Hay alguien que haya evaluado esto? ¿Cuándo lo vamos a
hacer? En España hay muy poca cultura de evaluación de las políticas
públicas y no solamente en el Ministerio de Trabajo, en prácticamente
ningún Ministerio. Es importantísimo incorporar a la cultura
administrativa española la necesidad de evaluar sus políticas. Y
esta, por ejemplo, debía evaluarse, pero evaluarse para mirar la
eficacia y la eficiencia de estas políticas, evaluar a través de
agencias independientes o dependientes pero suficientemente
autónomas: Francia -usted lo sabrá mejor que yo- y otros países
europeos tienen organismos de evaluación de sus políticas. En España
no hay y creo que es urgente que lo hagamos.
Sigamos. Por debajo de la cifra que he citado antes está el gran
capítulo de la formación profesional. Ya discutí con usted en una
interpelación lo que eran nuestras críticas a la situación actual de
la formación profesional en España, la necesidad de integrar el
conjunto de la formación profesional para parados y para ocupados,
junto con la inicial; la necesidad de hacer más transparente el
sistema; la necesidad de que la formación profesional tenga una
perspectiva y una prospectiva que responda a las demandas de las
empresas. En fin, todo lo que se refiere a la FP, honradamente le
digo, en España, siendo como es tan importante, necesita una revisión
profunda.
Esto me lleva a hablar del instrumento principal de la política de
empleo, el INEM. Yo no sé si usted me creerá, señor ministro, pero le
aseguro que tengo mucha proximidad personal, inclusive una cierta
aficióndoctrinal, a este instituto, y le hablo con todo afecto
respecto del INEM. Sinceramente, creo que el INEM está agonizante,
en gran parte porque ustedes no están tomando las medidas que les
corresponde tomar, porque desde que se hicieron las transferencias o
desde que se están haciendo, mejor dicho, estamos pendientes de una
reestructuración territorial del organismo que no llega. Los
funcionarios están, me consta, desorientados y desesperanzados. No
funciona una de las misiones clave del INEM, cual es la
intermediación laboral -no sé si llegaremos al 5 por ciento en la
intermediación laboral-; la conexión interprovincial del organismo no
funciona, el famoso SIPE lleva dos años para echar a andar y todavía,
parece ser que por dificultades técnicas, no avanza. No conocemos la
existencia de un observatorio que examine la demanda de las empresas
para orientar la formación profesional; no conocemos la existencia de
un instituto de las profesiones que determine por dónde hay que ir en
la formación inicial ocupacional continua, inclusive en la
universitaria; no conocemos un instituto que esté evaluando cuáles
serán las necesidades de mano de obra. Así, la radiografía de nuestro
desempleo nos ofrece una imagen tan absurda como que haya provincias
con pleno empleo y provincias con el 20 por ciento; que haya parados
en Castellón o en Teruel que no se enteran de las ofertas de empleo o
de las demandas de empleo, como quieran llamarse, de Cataluña o de
Baleares; que en Madrid o en Cataluña hoy haya serios problemas para
atender sus demandas de mano de obra; no hay ninguna previsión, que
yo conozca, a largo o medio plazo, a 10 años vista, sobre la
provisión de mano de obra a las empresas.
Señor ministro, también cabe decir que las políticas activas son
rutinarias; creo que falta una política más activa en relación con
los desempleados de larga duración; creo que tenemos la obligación,
por mandato europeo, de que cada desempleado de larga duración tenga
una nueva oportunidad laboral antes de un año, y esto obviamente no
lo estamos cumpliendo; creo que no hacemos lo suficiente en formación
tecnológica, en lo que se llama ahora la formación digital, el acceso
masivo de la población laboral a las TIC, a las tecnologías de la
información y de las comunicaciones; creo que no hay una aplicación
de buenas prácticas en políticas de empleo local en muchos
ayuntamientos, en muchas regiones y comunidades españolas, que
podrían servir de ejemplo para el desarrollo, para la atracción, para
la generación de empleo local; creo que tenemos un serio problema,
como se sabe, de desarrollo del tiempo de trabajo a tiempo parcial;
creo que tenemos un problema gravísimo de movilidad geográfica entre
nuestros parados; creo que -también hay que decirlo- no se está
haciendo lo suficiente para desarrollar el espíritu emprendedor y la
vocación emprendedora como una gran línea de la Unión Europea. Todo
esto merece un esfuerzo, señor ministro.
Queda todo el capítulo de la calidad del empleo. Tengo que terminar,
pero he de decir sinceramente que lo que se ha hecho desde el
Gobierno para mejorar la
calidad del empleo -otra línea básica de los pilares de la Unión
Europea- no ha salido bien. La reforma laboral del 5 de marzo, aunque
todavía es pronto -lleva ya ocho meses-, me parece que no ha mejorado
la calidad del empleo, no ha resuelto la problemática grave de
siniestralidad, eventualidad, etcétera, de nuestro mercado laboral.
Creo que el intento de la negociación colectiva se ha saldado con un
fracaso y que hay una insuficiencia evidente en la inspección. Todo
esto impide que haya una calidad de empleo suficiente.
Por último, el desempleo en España, señorías, tiene nombre de mujer,
como suele decirse. El paro es fundamentalmente femenino. ¿Qué
hacemos en relación con ello? Honradamente, creo que poco. Hay que
desarrollar nuevas políticas para fomentar la potencialidad del
empleo para las mujeres y este Gobierno no las utiliza.
Mi interpelación, señor ministro, evidentemente es una interpelación
crítica, pero responde a una crítica que conoce todo el país. En
estas materias no vamos bien. Hemos creado empleo porque la economía
ha crecido, pero se pueden hacer muchas más cosas y sobre todo mucho
mejor.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui.
Señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
Sinceramente, pienso que cualquier momento es bueno para hablar de
empleo. No hay duda alguna de que, en la inquietud sociológica
española y en la propia sociedad, el empleo debe figurar siempre como
una de las materias a tener en cuenta. El momento es bueno para
hablar porque quizás, buscando esa razonable armonía entre el
optimismo -nunca la autocomplacencia, ese no es mi estilo- y el
pesimismo, se pueda llegar a alcanzar un equilibrio. Datos que pueden
contribuir a ello es saber que estamos hablando en el momento
histórico en el que el número de ocupados es el más alto desde que se
realiza la encuesta de población activa. Estamos hablando felizmente
de más de 14.700.000 personas ocupadas. La tasa del paro se ha
situado algo por debajo del 13 por ciento cuando no hace tanto llegó
a alcanzar el 22,3 por ciento; incluso en momentos, por qué no
decirlo, de expansión económica, como pudo ser el año 1991, no bajó
del 15,9, prácticamente el 16 por ciento. De manera que yo creo que
las cifras pueden contribuir a una reflexión siempre oportuna y
necesaria.
De algunas de las cuestiones que ha suscitado S.S. -me voy al plano
estrictamente técnico- discrepo, pero porque discrepan las
estadísticas, no el concepto. Afirma que España sigue siendo el país
con más baja tasa de actividad. Pues no es lo que dice la Comisión
Europea en el informe que recientemente ha presentado, con presencia
de la señora Quentin, informe que se
llama, como usted sabe, El empleo en Europa, 2001: tendencias
recientes y perspectivas. Es un documento del mes de julio y en él se
dice que España tuvo... (Rumores.) ¿Puedo seguir con el permiso de SS.
SS.? Gracias.
España tuvo en el año 2000 una tasa de actividad del 64 por ciento
para las personas de 15 a 65 años; Italia tiene el 59,9 por ciento y
Grecia un 62,9 por ciento. Hago esta observación porque quizá rompe
uno de los tópicos más tradicionales y clásicos, y entiendo que eso
también da una imagen de un dinamismo positivo del mercado del empleo
español.
El Plan nacional de acción para el empleo, que aprobamos hace cinco
meses, sin duda ninguna tiene que ser semejante a los anteriores.
Esto lo digo porque sabe S.S., igual o mejor que yo, que, si en algo
hemos buscado una razonable coordinación de los sistemas y de las
políticas de empleo todos los países de la Unión Europea, es a partir
de la cumbre de Lisboa. A partir de ahí, entiendo que es difícil
cometer, por decirlo de alguna manera, extravagancias, lo cual es una
ventaja, o proponer grandes innovaciones. Por cierto, respondo a otra
de sus dudas. Nos autoevaluamos. Dice que podemos carecer de
mecanismos internos, pero estamos produciendo ya una evaluación, en
colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, una entidad seria
y responsable, de lo que ha sido la aplicación de la estrategia
llamada de Luxemburgo. Si de algo no se puede acusar al Plan nacional
de acción para el empleo español o al de cualquier otro país de la
Unión Europea es de falta de evaluación. En el propio método de
coordinación abierto radica que todos los años el resto de países
seamos tribunales que debemos juzgar la calidad y adecuación de las
acciones de los demás países.
Permítame que haga una corrección simplemente técnica. Se dice
respecto al Plan nacional de acción para el empleo del 2001 que no se
han seguido las directrices de años anteriores de la Unión Europea.
Me remito al borrador de informe conjunto propuesto por la Comisión
para este año, que dice que las medidas propuestas abarcan el
conjunto de las recomendaciones, aunque no todas se abordan de forma
explícita. Ya que en este caso la Comisión Europea reconoce nuestra
capacidad de atender a los objetivos, me parece una opinión más
objetiva que la mía y que la suya.
Dice también que los recursos públicos destinados a favorecer al
empleo están entre los menores de la Unión Europea y lo que nos
vuelven a decir las estadísticas a este respecto es que estamos en
una posición intermedia. ¿A usted le parecen insuficientes? A mí
también me gustaría poder dedicar, se lo digo con toda franqueza,
cuantos recursos sean necesarios, pero parece que España está
actuando con una razonable ratio o proporción de eficiencia, puesto
que el mismo informe que le señalaba antes del mercado de trabajo en
Europa dice que uno de cada cuatro puestos de empleo se ha creado en
la economía española.
Para hacerse una idea del esfuerzo presupuestario, desde 1996, el
esfuerzo en políticas de mercado de trabajo
ha crecido un 24 por ciento, pasando de 1,8 billones a casi 2,3
billones presupuestados para el año 2002. En estos últimos años,
hemos mantenido la participación en el PIB en torno al 2,2 por
ciento, pese a la importante reducción -felizmente, reducción- del
número de parados. Tal vez convenga recordar que en 1996, del
conjunto de políticas, solamente el 16 por ciento eran políticas
activas; en el año 2002, como bien señalaba S.S. - y ha manejado el
dato-, estamos en torno a un 40 por ciento, y no solamente nos
aproxima al estilo, sino también a las cifras de la propia Unión
Europea. Como sin duda sabe S.S., es en el año 1997 cuando se produce
el punto de inflexión en lo que era un descenso continuado del gasto
en políticas activas, que llegó a estar en el 0,38 por ciento del
PIB, y en este momento, la cifra es prácticamente el doble, estamos
hablando del 0,77 por ciento. Se ha seguido esa tendencia, en la que
insistía por parte de la Unión Europea, de reequilibrar nuestro gasto
entre políticas activas y pasivas. También quiero afirmar que no ha
sido a costa de las políticas pasivas, sino que han mantenido
-incluso han expandido- los niveles de cobertura en protección al
desempleado y sin realizar ningún cambio normativo que haya implicado
una reducción. Asimismo ha comentado que España gasta poco en
relación a cada parado, pero podemos comparar el año 1996, en el que
el gasto capitativo por parado era de 812.500 pesetas, con el
presupuesto para el año 2002, que lo eleva a 1.675.000, es decir, más
del doble. Su señoría me va a decir que es insuficiente, amén de que
toda obra humana es perfectible, quienes estamos en el área
denominada de lo social, tenemos que enfatizar más en estas
políticas, pero también debemos admitir que tenemos que tener unas
políticas, que en conjunto permitan lo que están permitiendo las
actuales, que crezca la economía y que naturalmente crezcan el empleo
y la protección social.
En cuanto a la falta de evaluación, que es otra de sus afirmaciones,
quiero insistir en que todos los países de la Unión Europea estamos
evaluados por el resto. Ese es uno de los compromisos de la propia
dinámica del denominado método de coordinación abierta, que
felizmente se está extendido a materias como la exclusión social y
probablemente, con grandes matices, también se lleve a las políticas
de protección social. Algunas acciones están evaluadas, han venido a
este Parlamento y son sobradamente conocidas. El nivel de eficacia en
la inserción laboral de las escuelas taller, de las casas de oficio,
está medido, como sabe S.S., porque el grado de inserción laboral en
las escuelas taller o en las casas de oficio se sitúa en torno al
77,8 por ciento y en los cursos de formación profesional se sitúa en
el 67 por ciento.
Nos dice que somos reiterativos, pero insisto en que es muy difícil,
cuando uno acuerda una estrategia, como la de Luxemburgo, para un
plazo de 5 años en la que se está autoevaluando, no insistir o
incidir en lo que se demuestra efectivo y positivo, sobre todo,
cuando en el ámbito de la Unión Europea se produce eseintercambio con
unas prácticas, que por supuesto las
vamos incorporando ya que lo que funciona bien se va trasladando a
las demás pero, como el resto de cambios que afectan al mercado
laboral, no hay duda de que la gradualidad y la prudencia no son
malas guías.
No voy a ir por el camino -quizás más sencillo desde el punto de
vista político, pero que me parece inadecuado- de decirle que
felizmente el INEM tiene unos excelentes profesionales. Estoy seguro
de que es una afirmación que usted comparte y que no hay reproche
hacia la capacidad de gestión de los muchos y buenos profesionales
que tiene el INEM. Prueba de ello es que están atendiendo a
muchísimas personas por cada ejercicio. Simplemente, durante el año
pasado han atendido a más de 1.200.000 personas -por cierto, más del
57 por ciento de las acciones del INEM han sido para mujeres-, lo que
da una idea de la gran dimensión de su esfuerzo.
Cuando antes hablaba de la capacidad de intermediación, se puede ver
claramente que en la intermediación laboral hay un antes y un
después, porque en el año 1994 se produce una reforma que tiene
efectos claros sobre la intermediación laboral; por decirlo en corto
y por derecho, se rompe el monopolio, es decir, la exclusiva que
hasta entonces tenía el INEM. Esta es una decisión que, entonces como
ahora, nos pareció correcta y que permite que, con limitaciones y
para ciertos sectores, puedan intermediar las Empresas de Trabajo
Temporal. Con lo que intentar hacer ahora emulaciones o simulaciones
sería realmente complicado desde el punto de vista de las series
estadísticas. Estamos hablando de porcentajes superiores incluso a
las cifras de antes producirse esa ruptura, con lo cual, aplicando el
coeficiente que haya de ser aplicado de estas nuevas formas de
intermediación, no solamente ha sostenido, sino que ha mejorado su
capacidad de intermediación.
Voy a bastante velocidad, pero me gustaría ir buscando ese razonable
equilibrio entre lo que nunca va a ser autocomplacencia y lo que
tampoco puede ser una imagen muy en negro.
Consumo este primer turno refiriéndome a dos grandes conceptos dentro
del paro que llaman la atención de S.S. y la mía: el paro de larga
duración y el paro juvenil. Felizmente, también aquí es el propio
documento de la Comisión cuando habla del empleo en Europa el que
señala que precisamente España es el país donde más se ha producido
un descenso, el mayor descenso en el paro de larga duración. Dice que
declinó en 6,5 puntos hasta situarse en el 5,9 por ciento del año
2000. Si usted me dice si yo creo que me siento satisfecho, le diré
que no, que todavía deberíamos hacer mayores esfuerzos, y en ello
estamos, pero qué duda cabe que ha habido una evolución también
positiva este año no sólo en términos de cantidad, sino también de
calidad.
Si un tipo de paro debe llamar nuestra atención es el paro juvenil.
Por definición, es inaceptable socialmente que personas que tienen
preparación, juventud y energía para trabajar no lo hagan. También
conviene recordar que la tasa de desempleo de jóvenes en los últimos
cinco
años ha bajado más de 17 puntos, con lo cual cabrá mayor velocidad,
no lo dudo, pero también cabe pensar que estamos en un camino
sustancialmente correcto.
Finalmente, con relación al último epígrafe, relativo a las
modificaciones de la Ley básica de empleo, sabe que asumimos ese
reto. Su señoría me va a decir, y con razón, que intentemos que este
reto de cambios en la Ley básica de Empleo y en el propio sistema
público de empleo se intente hacer al menos por la vía del diálogo
social. En este caso, lógicamente, tengo que proponer un calendario.
En el año y poco de gobierno de esta legislatura, se ha acometido una
reforma del mercado laboral, se ha acordado una de las grandes líneas
de trabajo en materia de protección social mediante un acuerdo. Hoy
se está hablando de la negociación colectiva de cara al próximo
ejercicio y no descarto, sino que los seguiremos proponiendo, cambios
allá donde fueran necesarios, especialmente en materia de mejora de
nuestro sistema público de empleo. El ritmo que puede seguir no ya
este gobierno, sino los propios interlocutores sociales, me parece
que cabe calificarse como de bastante alto. Yo no sé cuando acabe la
legislatura si nos podrá reprochar mayor o menor actividad, pero a
esta hora, si alguna queja recibo de los agentes sociales es el
exceso de trabajo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, rápidamente paso a hacer
la réplica de las cosas que merecen un comentario por mi parte. En
primer lugar, insisto en que la evaluación que hacen los países de la
Unión Europea se hace sobre los objetivos que el conjunto de la Unión
Europea establece para los países de la Unión, pero yo le hablo de
otro tipo de evaluación, de una evaluación de las políticas públicas
que nos permita determinar la eficacia y la eficiencia de muchas de
las subvenciones o de las estrategias que en materia de política de
empleo estamos desarrollando; creo que esa evaluación no existe.
En segundo lugar, me dice que hay que ser prudentes, que no se pueden
plantear medidas o iniciativas que estén fuera de la realidad. Esto
es lógico, pero en mi intervención le he sugerido cuatro o cinco
reflexiones sobre dónde intensificar las políticas activas de empleo
que en España no se está haciendo. No son estrambóticas, de manera
que cuando yo le he sugerido ese tipo de actuaciones o de
acentuaciones en nuestras propias políticas es porque creo que está
fallando el sistema en esas mismas políticas.
Esta es siempre una discusión en la que puede surgir lo de la botella
medio vacía y medio llena. Usted puede darme todas las cifras que
quiera, pero lo que me parece más decepcionante, señor ministro, es
que usted no me reconozca lo que es vox populi en el funcionamiento
del conjunto, por ejemplo, del INEM, lo que pasa
con la disparidad geográfica del país, lo que pasa con la ausencia de
políticas que orienten la formación profesional, lo que significa la
dificultad de la movilidad geográfica y qué se está haciendo o qué no
se está haciendo sobre todo esto. Me parece un poco decepcionante que
no me reconozca nada de eso.
Le voy a leer una conclusión que se produjo el otro día en un debate.
Este lunes hubo un debate en Barcelona, un debate interesante que
organizó la pequeña y mediana empresa de allí con los partidos
políticos, un debate en el que estaba su compañero, el señor Azpiroz,
y también el señor Pujol y el señor Rajoy. Allí era una evidencia el
sentimiento de que en España no se está haciendo nada por las
políticas activas de reciclaje profesional, de previsión sobre la
necesidad de atender las demandas de mano de obra de los empresarios,
sobre los problemas demográficos en relación con la mano de obra,
sobre las políticas de inmigración; era un clamor y todos lo
compartieron. Le voy a leer un texto que se concibió en aquel
simposio. Dice: En este sentido, en ausencia de políticas proactivas
de reciclaje de aquellos colectivos con niveles de estudio más bajos
que permitan adecuar el nivel de la población potencialmente ocupada
a los requerimientos de capital humano de las empresas, las
necesidades de inmigración con un nivel educativo en formación
profesional ascienden a 90.000 personas, las de un nivel educativo en
secundaria a 110.000 y las de una diplomatura a 68.000. Vienen a
señalar toda una serie de políticas que faltan: políticas para
incrementar la tasa de actividad de la población residente, políticas
de formación para incrementar la tasa de escolarización, etcétera. Es
una evidencia que hay una demanda general de políticas en esta
materia que no se está atendiendo.
Ya que usted me ha citado los textos de la Unión Europea, voy a
releerles el informe de recomendaciones para España de este año 2001
para el 2002. La Unión Europea nos dice que el desempleo sigue siendo
muy elevado, 14,1; que la tasa de desempleo de larga duración ha
disminuido, pero las mujeres siguen estando especialmente afectadas
por el problema del paro; que la tasa de empleo -55 por ciento-,
aunque ha aumentado, está entre las más bajas de la Unión Europea
y muy lejos del objetivo de Lisboa; que aunque la tasa de empleo
femenino ha aumentado, sigue siendo una de las más bajas de la Unión
Europea, 40 por ciento. Podría seguir hablando así sobre la formación
profesional, sobre el INEM, sobre las diferencias regionales, sobre
la movilidad geográfica. Todo esto nos lo dice la Unión Europea.
Tendrían que impulsar unas reformas evidentes, unas reformas
necesarias en las políticas nacionales de empleo en España.
Por eso mi grupo, lo anuncio aquí, va a presentar una moción
correspondiente a esta interpelación, con siete grandes líneas de
actuación que espero que ustedes consideren y, en su caso, si merecen
su buena consideración, las puedan aprobar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui.
Señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, no dude que pondré el máximo interés y prestaré la máxima
atención sinceramente a cuantas propuestas vengan del principal
partido de la oposición en materia de empleo.
Ha planteado como cuestiones fundamentales algunas cuyo objetivo es
evidente que compartimos, como mejorar la movilidad geográfica en el
mercado laboral español y tratar de salvar lo que sin duda son
importantes desequilibrios, pero S.S sabe tan bien como yo que la
política de movilidad geográfica no es una política unidimensional y
que elementos como las políticas de vivienda pueden ser determinantes
de una mayor o menor predisposición a los desplazamientos. Sin duda
ninguna también tenemos que intentar resolver estrangulamientos
mediante movilidad, pero no podemos pedir a ninguna comunidad
autónoma que renuncie a su propia cuota de desarrollo, que renuncie a
las expectativas que tenga ante sí de poder alcanzar esos mismos
niveles de prosperidad y de riqueza.
Dicho eso, y agradeciéndole también que me informe de la reunión de
Barcelona, que ha descrito con una viveza y un realismo propio de
quien hubiese asistido -me consta que mi compañero Azpiroz sí que
asistió, pero no así usted, lo cual le honra como relator-, debo
decirle que no hay duda de que se han puesto sobre la mesa grandes
estimaciones y a veces grandes expectativas de empleo, no solamente
de empleo, sino también de expansión de determinados sectores. Si
hablamos del sector de las nuevas tecnologías, que mantiene un
importantísimo potencial de crecimiento, no hay duda tampoco de que
muchos de los que hicieron predicciones sobre la capacidad económica
y financiera de ese sector, parece que están bastante arrepentidos, y
a lo mejor de algunos de estos arrepentimientos nacen las
dificultades que están atravesando empresas y grupos que quizás
hicieron apuestas no demasiado realistas. Eso no debe llevarnos a
alejarnos de ese objetivo de ser capaces de atender cuantas
oportunidades de empleo dispense una buena evolución económica.
Naturalmente, ese juego de evaluaciones que señalaba tiene que
mantener también ese juego de evaluación externa, porque hoy tenemos
confiada la evaluación de nuestras políticas de empleo a ese duro
tribunal que es el resto de los países de la Unión. Como antes le
señalaba, sobre algunas de nuestras políticas se han alcanzado
acuerdos, también conforme a metodología europea, con algunas de las
principales universidades española; trabajos que con mucho gusto
pondremos a su disposición.
La evolución de la reforma está teniendo una situación de contexto
distinta a la que todos podíamos imaginar hace unos meses, porque sin
duda alguna hay un antes y un después del 11 de septiembre. Como muy
bien señalaba S.S., no es imaginable una evolución del empleo al
margen de lo que es la evolución económica. Sí puedo informarle de
que se ha producido una atemperación, una deceleración económica que
afecta al mercado del empleo, pero que no se ha perdido,
afortunadamente, por los porcentajes, la participación, al menos la
presencia, de los contratos estables. Y ahí sí que con cierto
orgullo, si se me admite, tengo que decir que España es uno de los
pocos países de la Unión Europea que, también en ese contexto, ha
reducido su temporalidad. Es verdad que queda mucho diferencial por
recorrer, pero admítame también que parte se ha recorrido en camino
inverso al de otros 12 países de la Unión.
Permítame que le diga también, para concluir y agradeciéndole con
toda sinceridad el que podamos debatir sobre empleo, que entre las
muchas obligaciones que tiene un Gobierno no está la de elogiar a la
oposición, como supongo que tampoco la oposición incluye entre sus
obligaciones elogiar al Gobierno. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS
MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE
SINIESTRALIDAD LABORAL. (Número de expediente 172/000126.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): La siguiente interpelación es
la que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir los
índices de siniestralidad laboral.
Señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Gracias, señor presidente.
Señor ministro, una vez más venimos a esta Cámara a interpelar sobre
siniestralidad laboral. Le recordaré que Izquierda Unida formuló el
26 de mayo del año 2000 una moción con 14 medidas concretas; otros
grupos, como el PSOE o Iniciativa per Catalunya lo han hecho
igualmente. Especial relevancia tuvo también en esta Cámara la ILP
que Comisiones Obreras de la construcción trajo a este hemiciclo,
avalada por nada más y nada menos que 600.000 firmas. No quiero
recordarle a usted el tratamiento que tuvo aquella iniciativa. (La
señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
Hay una evidente razón por la que esta cuestión viene al Congreso con
tan inusitada frecuencia: la persistencia de unas cifras de
siniestralidad intolerables. Mientras percibimos el elevado consenso
que se está generando entre los grupos de esta Cámara sobre la
gravedad de esta cuestión, percibimos que el Gobierno es incapaz de
desempolvar algo de la sensibilidad
social de la que suele presumir, toda vez que la retórica que se
emplea, la legislación vigente y los innumerables propósitos de
enmienda y atención que se formulan en el Parlamento no dejan de
estrellarse contra la dramática realidad de las cifras. ¿Qué ha
ocurrido durante este año, desde la última vez que debatimos este
problema? En los seis primeros meses del año, señor ministro, en tan
sólo este tiempo, cerca de un millón de trabajadores han sufrido un
accidente relacionado con el trabajo; de ellos, más de 487.000 han
sufrido un accidente con baja en su lugar de trabajo, 66.000 fueron
graves, muchos de los cuales quedarán marcados con minusvalías
invalidantes. Tan sólo en el primer trimestre, cuatro trabajadores
perdían la vida diariamente.
Si las cifras se refieren sólo al sector de la construcción, se
constata que en los primeros nueve meses del año se han producido
83.195 accidentes laborales y que 197 trabajadores han perdido la
vida. En una palabra, 22 trabajadores fallecen al mes en la
construcción, mientras no faltan voces, incluidas las del Gobierno y
empresarios, que siguen atribuyendo a la actividad económica estas
dramáticas cifras. El último, señor ministro, ayer mismo, un
trabajador de 64 años a punto de jubilarse. Si dramática es la muerte
de cualquier persona, aún más cuando un trabajador después de toda su
vida laboral pierde la vida en un accidente que, según el primer
informe de los sindicatos, se produce por la caída de un andamio que
no tenía las medidas de seguridad suficientes.
Señorías, lo que afirmo desde el comienzo es, en primer lugar, la
incapacidad del Gobierno para acometer las acciones necesarias que
permitan frenar la siniestralidad laboral y, en segundo lugar, su
desesperante desidia en la función de vigilante y garante del
cumplimiento de las normativas en prevención de riesgos laborales. Ha
pasado casi un año desde que nuestro grupo presentó las medidas a
adoptar por el Gobierno para reducir de manera significativa los
índices de siniestralidad laboral en nuestro país. Vemos que un año
después es necesario volver a recogerlas y plantearlas, porque los
índices de siniestralidad siguen subiendo y es responsabilidad de
todos y del Gobierno adoptar medidas para reducirlos.
El gran fracaso de la política contra la siniestralidad estriba en
diversas cuestiones de fondo que, sin agotarlas todas, cito: la
duración de la jornada, las subcontrataciones, la temporalidad, la
débil formación de seguridad, la débil inspección, la débil sanción y
la aceptación pasiva de la actividad constructora especulativa. Una y
otra vez se plantean estas cuestiones y una y otra vez el Gobierno se
escuda en imponderables. El hecho político es que se hace preciso
intervenir con urgencia en este campo. Una legislación reciente, pero
que no frena la siniestralidad, nos debe obligar a intervenir sin
ninguna duda.
Se exige de este Parlamento, pero sobre todo del Gobierno, que
afronte a muy corto plazo una importante serie de cuestiones, como
serían: precisar en las condiciones
de licitación el régimen de subcontratas; impedir que
liciten, soliciten subvención o lleguen a acuerdos con las
administraciones las empresas sin plan de prevención; hacer públicos
los datos de las empresas en las que se producen accidentes y que han
sido sancionadas; aumentar los recursos inspectores; aceptar con más
claridad la concertación de acuerdo sindical en este campo, e
impulsar un plan extraordinario de formación y prevención en
seguridad, especialmente en las pequeñas empresas. Lo que decimos hoy
aquí ha sido dicho en no pocas ocasiones en esta Cámara por diversos
grupos. Creemos sinceramente que trabajadores, sindicatos y sociedad
española requieren de nosotros acción y propuestas concretas.
Los incumplimientos de la Administración en sus campos de
responsabilidad, señorías, son flagrantes en materias como:
evaluación de riesgos; planes de evaluación y emergencia;
planificación de la actividad preventiva; servicios de prevención;
información y formación de trabajadores; coordinación empresarial y
participación y consulta de los delegados de prevención.
El Gobierno, en su afán de esconder sus responsabilidades y la de los
empresarios, nos decía, en el año 2000, que el camino no era el
traslado de responsabilidades, sino la cooperación interinstitucional
y el diálogo. ¿Qué cooperación interinstitucional han emprendido o
qué diálogo se ha impulsado? Ninguna relevante, señor ministro. Lo
que sí crecen son los accidentes. He apuntado hace un momento
iniciativas que deben tomarse si se desea afrontar el problema de
fondo, que sustanciaremos en la moción que seguirá a esta
interpelación. Pero hay un hecho evidente en el campo de su
responsabilidad que deseo resaltar: las invocaciones a la ley son
inútiles porque es imposible aplicar la ley en estos momentos.
Señorías, por ejemplo, el sector de la construcción es la actividad
productiva que presenta mayores índices de siniestralidad laboral.
¿Qué puede hacer la ley en este campo, en empresas donde
prácticamente se carece de representación sindical, debido a la
subcontratación y con tasas de temporalidad del 80 por ciento? Lo que
ocurre, simple y llanamente, es que la normativa existente, la Ley
30/1995 y el Real Decreto 1627/1997, no se aplica, no se cumple y
sencillamente se ignora.
Se hacen necesarias nuevas instituciones. No hemos dejado de
proponer, lo han hecho los sindicatos también, la creación de
delegados territoriales sectoriales que cumplan el doble objetivo de
prevenir riesgos laborales y vigilar el cumplimiento de la
legislación. Estas instituciones deben ser aplicadas allí donde, como
ocurre en el sector de la construcción, las condiciones productivas
hacen imposible el cumplimiento de la ley. En este contexto, la
inhibición de los poderes públicos y la escasez de recursos que las
administraciones públicas le dedican a la prevención de riesgos,
forman parte de los problemas que deben resolverse. Señor ministro,
las causas de los accidentes graves siguen siendo fácilmente
evitables, además, sin elevados costes por parte de las empresas.
Notaremos, por último, que los accidentes
de jóvenes representan un porcentaje mucho más alto que la
media, y conocemos las razones: alta rotación, falta de formación,
reducida experiencia e imposibilidad real de ejercer derechos
sindicales. Seguimos sin saber, o mejor dicho, estamos convencidos de
que ustedes no piensan ampliar el número de medidas y mecanismos
concretos más allá de las campañas publicitarias, importantes pero
insuficientes en este contexto para afrontar este escenario de
siniestralidad. Debe reconocerse que existen una serie de condiciones
que exigen una intervención política y administrativa sin que quepa
escudarse en competencias de otras administraciones o en el tran tran
de una acción administrativa que no está produciendo ningún resultado
y, por el contrario, hay que afrontar regulaciones de fondo que
limiten las causas objetivas de estos accidentes. Lo que se exige son
medidas concretas ceñidas al terreno de los sectores más relevantes
en este campo de la siniestralidad. Lo que se exige es impulsar un
nuevo diálogo social en este terreno. Lo exigible es dar respuestas
a las cuestiones de fondo que explican estos accidentes y que se han
señalado hoy aquí.
Señor ministro, el imperio de la ley, del que hacen gala dentro y
fuera de nuestras fronteras, no se aplica en este campo, mientras la
mesa del diálogo social sobre la salud laboral languidece sin que el
Gobierno contribuya con idea alguna para atajar el problema. Las
instrucciones a la Fiscalía General del Estado, la circular de la
Inspección de Trabajo son pasos insuficientes que no pueden encubrir
su responsabilidad política. Señorías, esta es para nosotros una de
las cuestiones más graves que afectan a la sociedad española y no
estamos dispuestos a guardar comedido silencio o prudencia alguna en
la denuncia de su desidia y su inactividad.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Ruiz.
El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señora presidenta, señorías, siempre hay que intentar buscar un punto
de coincidencia con las intervenciones que preceden y, en este caso,
a lo mejor sólo estoy de acuerdo con la última, con que no quería
usted guardar mesura en sus afirmaciones. Ciertamente, creo que ha
conseguido ese objetivo. Lo que no sé es si ha conseguido -se lo digo
también desde la cordialidad parlamentaria- describir la realidad de
un problema que preocupa a todos los grupos de la Cámara. Creo que en
esta afirmación no hay ningún exceso. Y digo que preocupa porque ahí
está la demostración evidente de que en los últimos meses ha habido
intervenciones parlamentarias de la práctica totalidad de grupos y
ahí está también el hecho de que en este momento esté operando una
Comisiónparlamentaria en el Senado, que entiende y atiende a
uno de los principales problemas - se lo digo y se lo reconozco- del
mercado laboral español. Ha hablado de responsabilidad y, al menos,
yo debo expresarme sin eludir un ápice la propia, pero reconociendo
lo que también reconoce la sociedad española, que es una cuestión de
responsabilidad compartida entre administraciones, entre empresarios
y entre sindicatos. Ha hecho varias apelaciones al diálogo social y
espero, en lo que tengo puesta mucha confianza, que si se alcanzan
acuerdos, cuando vengan a esta Cámara merezcan el mismo entusiasmo
que cuando se solicitan, porque le puedo asegurar que se piden
acuerdos sociales con gran entusiasmo, se traen a esta Cámara y son
votados en contra, no le digo ya criticados, porque, como el resto de
la obra humana, pueden serlo.
Dice en su interpelación que no somos transparentes y no damos
información. Lo primero que me gustaría explicar es una cuestión
puramente metodológica. Las estadísticas de siniestralidad se
confeccionan por agregación matemática de las que remiten las
comunidades autónomas y solamente una fracción la aporta el Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Difícilmente puedo ser más diligente
y difícilmente podría pensar en manipular dato alguno. Además le diré
una cosa, están en Internet. Usted me dice que hay falta de
transparencia. Falta de transparencia creo que es una afirmación
difícil de compadecer con el hecho de que lo único que realiza en
este caso el Ministerio de Trabajo es esa agregación de datos.
Segundo aspecto. Yo no tengo ningún interés -yo no hago juicios de
valor ni de intención, se lo digo también- en arrojar optimismo sobre
esta materia, pero tampoco tengo el más leve interés en ocultar lo
que son avances conseguidos gracias a la cooperación entre
administraciones, agentes sociales y Gobierno. Tampoco me apetece
desanimar a quien creo que está haciendo su trabajo con
responsabilidad. Lo que hemos puesto en valor durante estos meses
como motivo de estímulo, que no de autocomplacencia, es el hecho de
que los índices de incidencia, tecnicismo que rápidamente traduzco,
los porcentajes de siniestralidad de accidentes en España, en el
periodo que podemos medir de este año con los datos disponibles -no
tengo más porque alguna comunidad autónoma no nos lo ha dado-, que es
el periodo enero-julio, son más favorables en esos indicadores
porcentuales, que son los más objetivos, que el año pasado. ¿Con esto
se pretende trasladar un enorme optimismo y decir que está resuelto
el problema? En modo alguno, pero no creo que haya que negar lo que
es una buena realidad estadística y en este caso social.
Se ha producido una disminución global, no ya de lo que usted sin
duda alguna va a dar más importancia, como yo, de los accidentes
mortales, sino también de los graves y de los leves; en conjunto, el
0,56. Sabe S.S. igual que yo que los leves representan más del 98 por
ciento de los accidentes en España, felizmente. Pero, puestos a
dramatizar, si quiere yo también dramatizo, porque parece que es una
de las figuras obligadas. En
los accidentes mortales se ha producido también una reducción. Por
sectores, afortunadamente también, salvo en servicios. En servicios,
sabe S.S. como yo, que también hay factores externos en muchos casos,
como puede ser la diferencia de protección social dispensada a la
situación de incapacidad temporal, según proceda de enfermedad común
o de accidente de trabajo, que parece determinante, no ya en mi
modesta opinión sino también en opinión de los expertos y de los
propios agentes sociales.
La mayor reducción, felizmente, le decía, se ha producido en los
mortales. ¿Y eso puede cambiar en un periodo breve de tiempo? También
le digo que sí, porque si se produce, Dios no lo quiera, una
situación de esas colectivas, por cierto de muy difícil delimitación
de responsabilidad, como sabe S.S., pueden cambiar las cosas, pero en
ese periodo los mortales se han reducido un 9,56 por ciento, y no
pretendo hacer más juicios de valor. Los graves, más del 1,38.
Insisto en que el único sector que, desgraciadamente, no se ha visto
beneficiado de esta reducción de accidentes graves ha sido el
industrial. ¿Por qué se producen estos cambios? Yo creo que se están
llevando a cabo acciones importante, como un plan de choque contra la
siniestralidad, que estoy seguro que conoce. Estamos aprendiendo
también, y eso es bueno, a distinguir la siniestralidad derivada del
tráfico y de la circulación de la otra, aunque usted se ha empeñado
una vez más en agregarme los datos, supongo que por presentación
parlamentaria está justificado, pero admítame que la etiología -voy a
ponerme yo también técnico- de los accidentes in itinere -no se lo
digo yo, se lo dirá cualquier experto- también parece que a veces es
externa y distinta a la intrínsecamente laboral. Me dirá que el
estrés y el cansancio pueden ser factores de riesgo. Sin duda alguna,
pero no me negará que también excede con mucho las posibilidades de
actuar al menos desde una simple legislación. Como tantas veces he
dicho, desgraciadamente no por la dureza del Código de Circulación ni
por la dureza de las sanciones mejoran automáticamente las
estadísticas de tráfico. Respecto a las medidas de disuasión de las
campañas publicitarias, créame que se han hecho de acuerdo con los
agentes sociales y están en los acuerdos suscritos entre mutuas de
accidentes de trabajo y el propio Gobierno, diseños y aplicaciones.
Si quiere que estemos de acuerdo en algo más -yo por lo menos vengo
con un ánimo bastante distinto al de S.S.- le diré que coincido en
que no se trata de una cuestión solamente normativa, no basta -que es
mucho- con tener una normativa comparable, homologable a la del resto
de países europeos. Sabe que una de las peticiones españolas es que
dispongamos de estadísticas favorables, lealmente comparables, si se
me permite el término, entre los países. El problema es que la ley no
solamente se apruebe sino que se conozca y se pueda exigir. ¿Para
poderla exigir también es necesario mejorar el número de
profesionales, incluso en algunos aspectos su reciclado profesional?
Sí. ¿Estamos
haciendo una expansión importante, de más de un 25 por ciento, de
las plantillas de inspección y subinspección? Le digo también que sí,
pero permítame que, junto a estas afirmaciones, avalando mi absoluta
confianza en los profesionales, le diga que no es sólo un problema
coactivo, pues también debo decirle que es un problema de difusión,
de conocimiento y también de exigencia, pero no sólo de exigencia.
Yo no quiero pasar a un segundo plano órganos importantes, que usted
los ha pasado a toda velocidad, pero ni la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, que creo que es un foro que está
actuando con corrección, ni la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, que está llevando medidas de apoyo concretas a los
proyectos especialmente de pequeñas y medianas empresas, ni la mesa
de diálogo establecida me parece que haya que minimizarlas. Tal vez
esté en la relatividad o en la subjetividad la importancia que
tengan, pero mientras sigan dando resultados, y ha habido acuerdos
recientes en esa mesa, yo seguiré considerando importante su trabajo.
Yo creo que esa línea de acuerdo y de diálogo es la que ha permitido
elaborar, por ejemplo, el Plan general de actividades preventivas de
la Seguridad Social para el año 2001, y que está dando resultados.
Brevemente, por las limitaciones de tiempo, por el día y por la hora,
todo hay que decirlo, sí me gustaría destacar las acciones que
considero más relevantes. Hemos mencionado un plan sobre
siniestralidad laboral, compuesto por tres grandes piezas: un plan de
formación, un plan nacional de investigación, insertado naturalmente
en el Plan Nacional de I+D+I 2000-2003, y un plan de choque sobre
empresas de alta siniestralidad. Son proyectos que están en marcha.
El último incluye a más de 23.000 empresas con altos índices de
siniestralidad, y hemos observado tras su aplicación, y no hay ningún
empacho en reconocer que consecuencia de un intercambio de buenas
prácticas que deberían ser más frecuentes entre administraciones, una
disminución sobre ese bloque de empresas de más del 20 por ciento.
¿Nos sirve a todos de buena experiencia y de referencia a utilizar?
Sin duda ninguna, a cada cual, como le decía antes, desde su
responsabilidad y desde su competencia.
Respecto a la mesa de diálogo social, sin perjuicio de otras
explicaciones que, si S.S. desea, puedo darle, quiero decirle que ya
se van alcanzando acuerdos: acuerdos en materia de enfermedades
profesionales, que van a permitir mejorar y adecuar a la realidad
social de nuestro país los procedimientos técnicos y normativos que
regulan la contingencia de enfermedades profesionales, evitando esa
contaminación estadística que antes le señalaba; desea el Gobierno
actualizar el cuadro de enfermedades profesionales conforme a la
recomendación europea al respecto; la problemática de falta de
profesionales sanitarios también ha sido objeto de análisis; hay una
deficiencia reconocible en el ámbito de la prevención y especialmente
en el ámbito de la medicina del trabajo, que hemos estimado, también
de acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio
de Trabajo y los propios agentes sociales, en 1.200 nuevos
especialistas formados, mejorando también los recursos de los
sistemas públicos de salud, del Sistema Nacional de Salud en esta
materia. En cuanto a la vigilancia de la salud de los trabajadores,
se han establecido criterios que sean razonablemente armónicos para
el conjunto del territorio nacional, orientados a dar una prioridad
real a la labor preventiva y de detección precoz del daño, y a
promover la utilización de protocolos médicos específicos en función
de los riesgos a los que esté expuesto el trabajador, de acuerdo con
lo establecido en la ley. También ha sido abordado por esta mesa el
sistema de información sanitaria y salud laboral. En este sentido,
los acuerdos ponen de manifiesto el interés de las partes en
desarrollar un sistema de información a nivel de Estado que permita
recabar información sobre los problemas de salud derivados de la
actividad profesional y desarrollar el soporte técnico que permita el
uso de las tecnologías de la información para notificación de lo
exigido por el sistema a través de los nuevos métodos.
Insisto en que cuando he traído datos que considero que son
alentadores no lo he hecho desde ningún ánimo de complacencia; no
tengo inconveniente en reconocer que queda mucho por hacer, pero
también debemos reconocer que se están produciendo cambios positivos.
Ojalá -lo digo en este momento- no conozcamos etapas como aquellas en
las que se producía descenso de la siniestralidad, pero por simple
descenso del empleo, por simple retracción del ciclo económico. Yo
confío que momentos, que espero próximos, de recuperación de la
economía sean perfectamente compatibles con la reducción de la
siniestralidad, pero, insisto, será un esfuerzo de diálogo y de
comprensión de todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
ministro.
El señor Ruiz tiene la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, no le quepa duda de que yo vengo también con el ánimo
tranquilo, pero cuando hablamos de temas como el de las muertes de
personas, a lo mejor nos ponemos un poco más dramáticos. Mi ánimo es
el mismo que usted pueda traer aquí, el de tratar de resolver un
problema en el que no avanzamos. Los avances conseguidos a los que se
refiere el señor ministro, son ciertos y algunos incluso se realizan
al margen de su ministerio, como el acuerdo por la obra pública que
se ha realizado. Son los acuerdos en los que hay que seguir
insistiendo, como en el del Ivima, Metrosur, ayuntamiento,
comunidades, porque están demostrando que dan más rentabilidad, como,
por ejemplo, elegir delegados de prevención en más sitios. Esa es la
vía por la que hay que incidir, pero no se incide, y las cifras son
las que son. Podemos maquillarlas, podemos decir que hay un 9,56 por
ciento menos de muertes. Nosotros también
sabemos cómo se manipulan esas cifras y cómo, en lugar de hacer todo
el año, se hacen seis meses y parece que ha reducido, pero, al final
del año, cuando se hace toda la estadística se ve que estamos
aumentando.
Señor ministro, lo que he afirmado y mantengo es lo siguiente: Su
incapacidad para acometer las acciones necesarias que permitan frenar
la siniestralidad laboral. Su desesperante complacencia, por no decir
desidia, en la función de vigilancia y garante del cumplimiento de la
normativa en prevención de riesgos laborales. En cuanto a las
actuaciones del ministerio que usted dirige, le voy a decir algunas
frases que no quiero que se las tome a mal, pero me recuerdan a aquel
consejero faccioso que decía que un muerto es un escándalo pero que
muchos es una simple estadística. En algunos casos queremos
complacernos a nosotros mismos y hablamos de estadísticas como si
estuviéramos hablando de una estadística simple, pero estamos
hablando de estadísticas de muertes.
Usted se enfrenta a la responsabilidad política y administrativa de
explicar este auténtico escándalo moral que constituye la
siniestralidad como forma de abaratar costes laborales. Y, por mucho
que nos duela, en muchos sitios es así. Resulta dramático, señor
ministro, que la única medida original que ustedes han anunciado,
según declaraciones de su ministerio a algunos medios, sea hacer
pruebas de alcoholismo a los muertos por accidente laboral. Supongo
que este será el penúltimo favor del Gobierno del PP a las empresas y
compañías de seguros, pero que no ayuda a los trabajadores a
conservar su vida, porque de eso se trata, señor ministro. Insisto en
que usted es el responsable de explicar y adoptar medidas ante las
cifras puestas de manifiesto por el Plan nacional de seguimiento de
empresas de alta siniestralidad. Le doy unas cifras para que las
anote. En el año 2000, 36.000 empresas sumaban el 40 por ciento de
los accidentes. En las empresas de menos 200 trabajadores, el 54 por
ciento no tenía delegado de prevención, el 64 por ciento no había
constituido comité de salud laboral y el 31 por ciento no había
adoptado ninguna medida de prevención. Estas cifras, ya escandalosas,
son notablemente más altas en el sector de la construcción, y ustedes
conocen las respuestas que se deben adoptar: ampliar la
responsabilidad de las empresas; aumentar la capacidad de inspección
y sanción; prohibir la contratación de empresas incumplidoras o con
insuficiente estructura organizativa; regular la subcontratación,
especialmente en la construcción, y controlar la extremada
desregulación y precariedad laboral. Ustedes saben lo que hay que
hacer, pero no tienen voluntad política para hacerlo. He afirmado y
reitero su desidia en la función de vigilancia que les corresponde.
En una palabra, sus acciones no pueden cubrir el hecho político más
evidente: su responsabilidad o la de su ministerio por complicidad en
el homicidio cotidiano que se produce en la economía española.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
diputado.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señora presidenta, señoría, he intentado, no sé si lo he conseguido
en la primera parte de mi intervención, hablar sobre la base de unas
estadísticas y de unos datos. Por cierto, vamos a empezar aclarando
las cosas. Habla usted de manipular. Le recuerdo que esta tarde, a lo
largo del debate, ha surgido en varias ocasiones un principio
perfectamente compatible con la libertad de expresión, que es la no
imputación de delitos.
Si usted cree que alguien manipula, le vuelvo a insistir en que por
parte del Ministerio de Trabajo no se hace otra cosa que no sea la
agregación de las cifras. Debemos acostumbrarnos a hacer compatible
la libertad de expresión con el respeto a la decencia. Si usted
conoce a alguien que esté manipulando estadísticas, denúncielo, por
favor. Se lo agradeceremos todos. Pero creo que debemos dejar un poco
ese camino, no ya del juicio de valor de poner en mi boca o en mi
intención lo que no está, sino además acusar de delitos. Y se lo digo
desde la más absoluta cordialidad, pero también con mucho años de
Parlamento. Comprendo la excitación que puede producir el día, la
hora o la materia. Lo que no entiendo es que sistemáticamente se
insulte. Si usted no quiere compararme con un consejero faccioso lo
tiene muy fácil, no lo diga, y evitará que yo también tenga que hacer
juicios semejantes. También se lo digo con toda claridad. Esa es la
forma de evitarlo. Usted dice: yo no quiero compararle a usted. Pues
no lo haga, así de fácil. Hablaba de escándalo. Me lo voy a tomar, si
quiere, por la vía del humor. ¿Sabe quién postuló, y todos lo
aceptamos, que desapareciese el delito de escándalo, ahí le doy la
razón? Un antiguo compañero suyo, Nicolás Sartorius, con lo cual me
parece que la figura está suficientemente deteriorada como para que
hoy tampoco venga a colación.
Finalmente, aquí es muy fácil hacer afirmaciones como que uno
interpreta mejor que nadie la sensibilidad ciudadana, el sentir de
los demás; lo que sucede es que de vez en cuando la calidad de esas
afirmaciones y esos asertos tiene un contraste, son los procesos
electorales. Ahí se puede saber hasta qué punto uno simpatiza,
sintoniza, entiende o no entiende a la ciudadanía. Ese no es el
camino, evidentemente. Veo que reconoce que ese no es el camino.
Insisto en que puede molestar, pero al final es una de las pocas
formas de objetivar las cuestiones. Es difícil de entender que
simultáneamente en el mismo discurso se pidan acuerdos sociales que
luego se rechazan, y desde luego seguiremos intentando que las
acciones del mercado de trabajo sean por la vía del diálogo. (El
señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) Es más,
seguiremos intentando que ese diálogo no sea solamente diálogo
social, le aseguro que seguiré intentando que también permita el
diálogo político, aunque, insisto, con intervenciones, como la de
esta tarde, es una labor aún más ardua, si cabe.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA A LA SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVA DE FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL PÚBLICA EN EL ESTADO
ESPAÑOL. (Número de expediente 172/000127.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Siguiente interpelación, la
que presenta el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación
actual y perspectiva de futuro de la construcción naval pública en el
Estado español.
Señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, se acaba de publicar un informe,
titulado Impacto económico de las industrias marítimas en Europa,
sobre este conglomerado industrial en los quince Estados de la Unión
Europea más Noruega. Los datos son pasmosos e indican la importancia
de este sector dentro de la Unión Europea. Nada menos que el 37 por
ciento de la demanda mundial de equipos marítimos corresponde a la
Unión Europea. La construcción naval de la Unión Europea representa
el 21 por ciento del total del mundo, y si contamos los servicios que
giran alrededor, desde luego las cifras serían aún más pasmosas.
Tanto que el propio documento indica que son 70.000 millones de euros
de valor añadido lo que produce esta industria marítima. Si tenemos
en cuenta todo el trabajo indirecto que crea, serían 111.000 millones
de euros, nada más y nada menos, de este conglomerado industrial. El
Estado español representa el 8 por ciento de la construcción de la
Unión Europea, en equipos marítimos el 6 por ciento y en actividades
de puertos y servicios vinculados estrictamente a esta industria el
11 por ciento. Pero es más, si se analizan los datos de empleo, se ve
que nada menos que 1.545.000 personas están ligadas en la Unión
Europea a la industria marítima, y si se cuentan los empleos
indirectos serían 2.400.000 personas el total de trabajadores dentro
de la Unión Europea. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Es
curioso que en los últimos años, desde 1964 hasta hoy, el Estado
español pasó de representar el 20 por ciento de participación en la
Unión Europea al 8 por ciento actual; Galicia en concreto pasó del 30
del Estado al 7 por ciento en la actualidad. Como ven ustedes, el
sector, que no es solamente el de la construcción sino el conjunto
importantísimo que hemos denominado el conglomerado industrial
marítimo, no ha sido reestructurado por igual en todas partes y en
todos los territorios de la Unión Europea y del Estado español. Si
hacemos caso a las cifras oficiales, tal como aparecen en la
respuesta por escrito del Gobierno a este diputado, sobre la
situación y el futuro del sector naval público en el
Estado español de 19 de junio de 2001, podemos comprobar lo
siguiente: entre 1984 y 1999 hubo una pérdida de puestos de trabajo
en el sector de la industria naval civil de 12.000 personas. Pues
bien, más de 4.000, concretamente 4.437, corresponden a Galicia. En
el sector militar, entre 1984 y 1989, el conjunto del Estado perdió
8.055 puestos de trabajo, de los cuales casi 4.000 pertenecen a la
comarca de Ferrol. Por si esto fuese poco, nos encontramos con la
situación atípica del antiguo Astano, hoy Izar-Fene. Fue expulsado
del sector de la construcción naval civil convencional hasta el
horizonte del año 2007. Curiosamente, es el único centro que no puede
recibir ayudas oficiales, y además fue utilizado su cierre a la
construcción naval civil a cambio de las ayudas a la reestructuración
del sector naval de la construcción en el Estado español, de tal
forma que mantiene la prohibición de construir buques prácticamente
hasta el 2007, si bien en las respuestas del Gobierno se dice que en
julio del año 2002 podría haber una posibilidad de levantar ciertas
restricciones. Señor ministro, nos gustaría saber si ustedes van a
pedir el levantamiento de estas restricciones en julio del año 2002.
Le pedimos que tenga en cuenta que la reestructuración que hubo en el
Estado español no fue por el alto nivel de salarios, y mucho menos en
Galicia, y tampoco porque no hubiese un ascenso en los últimos cinco
años de la demanda internacional de buques; en concreto, el
incremento del año 2000 fue del 11 por ciento respecto del ejercicio
anterior.
Por otra parte, tampoco se entiende -y nos gustaría que usted nos
dijese las causas- esa especie de pasividad, de inercia y de
incompetencia que manifiestan los organismos de la Unión Europea a la
hora de defender el sector naval de la Unión Europea en su conjunto,
pero en particular del Estado español. ¿Por qué no acaban de dar
fruto las negociaciones en el seno del Consejo de Ministros de
Industria? ¿Por qué su incapacidad para articular ayudas decisivas y
definitivas al sector naval de la Unión Europea y en particular,
lógicamente, del Estado español? Una vez que Corea del Sur rompió el
acta de acuerdo que parece que tenía definitivamente perfilado con la
Unión Europea, ¿por qué no se acaba de presentar ante la OMC el
recurso por competencia desleal? No parece haber idea en la Unión
Europea de la importancia económica de la industria marítima a la que
aludí al principio. ¿Por qué? Porque hay intereses encontrados,
porque no se acaba de encontrar un mínimo común denominador que sirva
para defendernos a todos. ¿Cómo es posible que, sabiendo que hay
grandes competidores en la industria civil, como son Japón y Corea
del Sur, y otro grandísimo en la industria militar, como es Estados
Unidos, no se logra un consenso capaz de defender de una forma
definitiva a este sector tan importante desde el punto de vista
industrial? Ustedes respondieron a nivel doméstico con un plan de
empresa 2001-2005, que llevó a reunir todos los astilleros públicos,
civiles y militares, en la nueva empresa Izar, diciendo que todos
iban a participar de la industria civil y militar, pero esto no se ha
producido; hay astilleros que siguen enfeudados a la industria
militar y otros no a la industria civil, sino a un segmento muy
determinado de especialización offshore, como es el caso de Izar-
Fene, y encima no se lo dejan ustedes en exclusiva.
Por otra parte, ustedes han agrupado los centros en unidades según el
criterio de capacidad tecnológica y posibilidad de transferencia de
trabajo, pero tampoco se demuestra en la práctica. Han agrupado a un
astillero como Izar-Fene con Sestao y con Cartagena, en una
agrupación de buques oceánicos, y no se acaba de ver la similitud en
capacidad tecnológica ni se transfiere trabajo de forma evidente.
Está claro que Cartagena no transfiere trabajo a Izar-Fene, pero
también está claro que Izar-Fene está a 500 metros de Izar-Ferrol y
ésta no transfiere carga de trabajo a Fene, ni siquiera se ponen de
acuerdo en las reparaciones ni se coordinan. Le pregunto: ¿No es
cierto que este plan no va a sacar al sector naval de la grave crisis
productiva y de empleo en el Estado español? ¿No será cierto más bien
que ustedes hicieron esto para que se evitase la quiebra técnica del
grupo AESA?
Señor ministro, quiero decirle en representación del Bloque
Nacionalista Galego, por las noticias recogidas en la zona de Ferrol,
que se están deteriorando gravemente los centros productivos, hay más
gasto y menos rentabilidad y, en concreto, usted tiene que saber que
las pérdidas se están aproximando a los 20.000 millones de pesetas
por año. Puede entenderse un argumento muy fácil: ¿Cómo va a ser
rentable una industria que tiene que mover bloques enormes a
distancias de mil kilómetros para agrupar de forma tan irregular y no
geográfica los centros de trabajo; llevar bloques por mar hasta Cádiz
o Cartagena, de Sestao a Ferrol o de Ferrol a Juliana? Creo que es un
despropósito total que tendrán que acabar por rectificar y en este
caso solamente cabe una agrupación territorial. Hay una agrupación
territorial en el sur, bastante clara en el caso de la bahía de
Cádiz, pero en Ferrol no funciona así y Cartagena es un centro en
cierta manera muy especializado en la industria naval militar de
bienes de equipo. Señor ministro, hay que contar con que ahora sí es
posible que lo que fue un aumento progresivo de la demanda de buques
a nivel internacional se reduzca como consecuencia de esta guerra
calamitosa que estamos padeciendo. De hecho, las cifras hablan de que
solamente se aumentará un 1 por ciento en el año 2001 a causa de
estas peripecias bélicas.
Por último, algunas cuestiones de interés. A pesar del nuevo plan de
empresa, la incorporación de jóvenes a la industria naval del Estado
español es prácticamente nula; solamente contemplaron 310 personas
hasta el año 2001 en el antiguo plan de Bazán, sin embargo, en el
nuevo plan de Izar no figura la renovación de plantillas a través de
la incorporación de jóvenes en cada una de estas comarcas tan
castigadas por el paro. Otra cuestión que nos interesaría saber,
señor ministro, y que no acaban de dilucidar, pero hay movimiento en
el trasfondo, oculto, es cómo van a relacionar la industria
naval del Estado español a nivel internacional: ¿Van a optar por la
colaboración con la Unión Europea en grandes conglomerados
industriales o van a ir por el camino de Estados Unidos, como
hicieron con Santa Bárbara y General Dynamics? A nosotros nos consta
la visita, por lo menos a Izar-Ferrol, de representantes de General
Dynamics que están interesados en el astillero y estaría bien no
seguir ocultándolo, decirle a la opinión pública, a la sociedad, a
los sindicatos, cuál es su proyecto estratégico de futuro en este
aspecto. Sabemos que ustedes quieren privatizarlo todo, pero no deja
de ser un problema de definición política si van a ir por la vía de
la transnacionalización europea o la de Estados Unidos: saberlo a
tiempo, debatirlo a tiempo y que no ocurra igual que en Santa
Bárbara.
Señor ministro -acabo ya-, a nosotros nos preocupa especialmente que
su actuación esté conduciendo al debilitamiento progresivo de una
industria tan importante, no residual; que podría serlo incluso
muchísimo más, que puede llevar a su desaparición o a ser solamente
la puerta de entrada de grandes transnacionales en Europa. Quedó
claro al principio que es un sector estratégico, todo el mundo sabe
que gran parte del comercio del Estado español se realiza por mar,
que la industria marítima mueve muchísimo valor añadido, que puede
producir tantos puestos de trabajo y hay que guiarla con esmero y con
un cariño con el que hasta ahora no se hizo, y tuvimos desde el año
1984 para rectificar fue una política equivocada. Espero muy ansioso
e interesado sus respuestas a los interrogantes que le he planteado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta,
señorías.
Como el señor Rodríguez ha expuesto y como SS.SS. saben, desde hace
ya muchos años los astilleros públicos han venido arrastrando
problemas que son los que ha venido a exponer desde esta tribuna el
señor Rodríguez, problemas de competitividad y de capacidad
productiva, sufriendo elevadas pérdidas. En el caso de los astilleros
civiles, a pesar de los sucesivos planes de ajuste entre 1984 y 1998,
no se pudo evitar que el conjunto de los astilleros acumulara unas
pérdidas, después de impuestos, de 408.389 millones de pesetas y
redujera la plantilla en 13.000 trabajadores. Por su parte, los
astilleros militares de Bazán, entre 1984 y 1999, acumularon pérdidas
por valor de 105.740 millones de pesetas y redujeron su plantilla en
8.203 trabajadores. Esta difícil situación de Astilleros Españoles y
Bazán ha requerido, a lo largo de los últimos años, un esfuerzo muy
importante de fondos públicos por importe de 835.000 millones de
pesetas. En 1996, SEPI puso en marcha una serie de medidas orientadas
a mejorar la situación de la construcción naval pública. En primer
lugar, se llevó a cabo la definición de un plan industrial para
Bazán 1998-2002, con el objetivo de situarlo a corto plazo en
rentabilidad. El acuerdo para su aplicación fue suscrito por los
sindicatos más representativos de la empresa y fue aprobado por los
trabajadores prácticamente por unanimidad. Los buenos resultados del
plan se pusieron de manifiesto ya en el año 2000, año en el que se
obtuvieron resultados positivos.
La segunda medida puesta en marcha fue el incremento de la actividad
comercial en la construcción naval. Gracias a ello se obtuvieron
importantes contratos. Por citar el más relevante, el contrato para
la construcción de cinco fragatas para la Armada noruega, que sin
duda alguna supone una gran exportación dentro de la historia
comercial de España, o el contrato para la construcción de cuatro
gaseros. Por otra parte, se inició un proceso de negociación con los
representantes sindicales en los que se suscribieron sendos acuerdos
para garantizar un buen clima laboral, así como la integración futura
de astilleros civiles y militares.
Finalmente, SEPI ha acometido la fusión de Astilleros Españoles y
Bazán para la creación del grupo Izar, actualmente, entre los 10
primeros del mundo. Se han concentrado las actividades militares y
civiles, siguiendo el modelo existente en otros países europeos y en
Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar su rentabilidad
y conseguir un sólido posicionamiento estratégico, dando respuesta
empresarial a lo que son muy exigentes condicionantes del mercado
mundial y acabar con las periódicas aportaciones de capital a la
construcción naval. Para reforzar competitivamente Izar, SEPI diseñó
un plan industrial para los años 2001 a 2005, plan consensuado con
los sindicatos, con los trabajadores. Este plan gira sobre dos
importantes características. Es el primer plan para la construcción
naval que parte del mantenimiento de todos los centros de trabajo
y no supone reducción alguna de plantilla ni coste para los
Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, con el plan se da
una respuesta estrictamente empresarial a los factores que
condicionan en la actualidad el mercado mundial de la construcción
naval, que son, como ha citado S.S., la competencia, dado que la que
viene de determinados astilleros del sudeste asiático no siempre es
leal; la política de supresión de ayudas de la Comisión Europea; el
exceso de capacidad de producción, que también estamos obligados a
acometer, y el descenso de los presupuestos de Defensa en buena parte
del mundo.
El conjunto de medidas contempladas en el plan pretende, de una
parte, un aumento de las ventas, fruto de los nuevos y mejores
productos y de la política comercial a aplicar y, por otra, un
descenso de los costes y el aumento de los márgenes, lo que debe
permitir a Izar reforzar progresivamente su solvencia financiera y
económica y obtener rentabilidad, de forma que se pueda cumplir el
objetivo de mantener la totalidad de los puestos de trabajo y de los
centros de producción. En el plan se incluyen inversiones por importe
de unos 120.000 millones de pesetas, destinadas fundamentalmente a
programas de innovación y desarrollo de nuevos productos
y a la mejora de los procesos productivos que incrementen la
competitividad de la empresa. Estas inversiones tratan de beneficiar
a todos los centros y líneas de negocio, que son concretadas en el
programa operativo anual correspondiente. Para este ejercicio están
previstas inversiones por importe de casi 25.000 millones de pesetas,
de los cuales 8.000 son para innovación tecnológica. Por otra parte,
Izar está llevando a cabo una política comercial activa, que
contribuye a la apertura de mercados en todo el mundo, actividad que
se mantiene tanto en el campo civil como en el militar. No sólo se
tienen en cuenta los programas militares nacionales, sino que se
presentan ofertas en todos los programas internacionales. En el área
civil existen importantes expectativas -quiero resaltarlo aquí esta
tarde- de nuevos contratos de gaseros, ferries y artefactos off-
shore, entre otros. En la actualidad, Izar tiene una importante
cartera de pedidos que eleva la ocupación prevista para el conjunto
de la compañía en este ejercicio hasta el 84 por ciento. Se espera
que las nuevas contrataciones en negociación permitan que incluso en
años sucesivos ésta se mantenga por encima del 90 por ciento. En
estos momentos están en vigor en Izar contratos tan importantes como
el de las cuatro fragatas F-100 para la Armada española, por importe
de 237.270 millones de pesetas; el de las cinco fragatas para la
Armada noruega, por importe de 225.730 millones de pesetas; el de los
seis gaseros, por importe de 235.000 millones de pesetas; el de las
cuatro dragas, por importe de 53.100 millones de pesetas y el de los
dos submarinos para la Armada chilena, por importe de 22.070 millones
de pesetas. Todos estos contratos, tanto las unidades militares como
las civiles, corresponden a buques tecnológicamente avanzados, según
lo previsto en el plan industrial de Izar y con ellos se han
consolidado o iniciado líneas de productos con buenas perspectivas de
mercado.
Por último, en cumplimiento del acuerdo de aplicación del plan
industrial, se ha elaborado un plan estratégico de formación para el
período 2001-2005, del que se beneficiarán todos los trabajadores de
Izar. Así, se están desarrollando diversas actividades formativas
destinadas, por ejemplo, a la flexibilidad funcional de la plantilla,
a la formación de mandos intermedios, al desarrollo de competencias
de gestión directiva o a la gestión de proyectos. Para este año 2001
está previsto que participen 16.800 alumnos y que se alcancen unas
520.000 horas lectivas. Se puede afirmar que a lo largo del primer
año, casi transcurrido de andadura de Izar se ha avanzado en la
ejecución de las líneas maestras del plan industrial. Se está
cumpliendo tanto en sus aspectos estructurales como en los
organizativos, comerciales, tecnológicos, productivos, de inversiones
y de personal. S.S. ha expresado con libertad desde esta tribuna que
no le parecen bien esos programas, pero yo tengo que destacar sus
resultados y no si le parecen bien o mal o si entiende que hay que
transportar una plataforma de aquí para allá o de allá para acá.
Tenemos un plan industrial serio que usted puede criticar, pero es el
que está demostrando que el Gobierno tiene un presente
y un futuro claro para Izar, habiéndose plasmado ello en dicho
plan, en aplicación en la actualidad. Se trata de un programa que ha
sido acordado con las centrales sindicales en marzo de este año -yo
mismo estuve en esa firma-, lo que significa que recibimos el apoyo
de los trabajadores. ¿Es un proyecto muy ambicioso? Sí, señoría. Es
realmente la ambición que hoy tiene la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales por poner en marcha dentro de lo que son
las normas europeas, dentro de las complejidades del mundo actual,
dentro de lo que significan los límites de la competencia
internacional, una empresa, que son nuestros astilleros, por la que
hacemos una apuesta de realidades, de aplicación de programas como
los que he descrito, que dan respuesta a los problemas que S.S. ha
subrayado, como el último: ¿Cuál es el proyecto, señoría? El que le
acabo de describir. El que le acabo de describir es exactamente el
proyecto de Izar. El proyecto que está dando lugar a que hoy
asistimos con esperanza a la evolución de un sector que,
efectivamente, es estratégico e importante para nuestra industria,
para nuestro empleo, para amplias zonas de nuestra economía y para
amplias zonas de nuestra sociedad, como en Galicia, donde los
astilleros tienen un grado de ocupación muy alto, como S.S. conoce.
¿A usted le parece un grado de ocupación improductivo? No sé de donde
saca esa impresión. Para su tranquilidad, le tengo que decir que ese
plan esta realizándose, estamos acometiendo las inversiones
programadas y estoy convencido de que van a proporcionar una mejora
de la competitividad que harán de Izar, de nuestros astilleros, una
empresa sólida, viable y con futuro, tanto para la empresa como para
sus trabajadores.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el hecho de que estemos defendiendo una interpelación
significa que hemos hecho preguntas y nos gustaría que se nos
contestaran. Es el sentido de la interpelación: hacer las preguntas y
en la moción ofrecer nuestras propuestas.
Es curioso que usted haga una versión de la situación tan sumamente
optimista que no coincide con las versiones de múltiples directivos
de las empresas que están instaladas allí. Todo el mundo sabe que las
cuentas que se están dando, no es que sean fraudulentas, sino que
momentáneamente son falsas. Sin ir más lejos, usted sabe que todo lo
que tiene que ver con los contratos militares tiene un gravísimo
problema. En primer lugar, su evolución: la compra de bienes de
equipo en el caso de Noruega; las fragatas de la Armada cuyo pago,
desde el punto de vista de los Presupuestos Generales del Estado,
está retrasado o, incluso, algunas inversiones que darán muchísimo
que hablar dentro de 6 ó 7 años. Nosotros aceptamos incluso que el
Estado pueda hacer
determinado tipo de ingenierías financieras para sacar adelante
ciertas industria y no nos oponemos a eso. Quiero hacer hincapié en
que las cuentas no son como usted dice y que en dos o tres años
veremos cómo el grupo va a tener problemas, a no ser que
efectivamente se haga una venta a la baja, como se hizo con Santa
Bárbara y se transnacionalice de forma gratuita, pero seguramente con
una carga importante para los astilleros de carácter militar.
Afirma S.S. que hay que seguir reduciendo capacidad de producción
porque hay un exceso, afirmación que no nos gusta porque pensamos que
la capacidad de producción en el Estado español ya está reducida al
mínimo. En segundo lugar, la forma de repartir la carga de trabajo no
solamente es discriminatoria, sino que repercute en que este tipo de
gaseros o de artefactos offshore va a salir sensiblemente más caro
que los precios de mercado y, por tanto, va a reducir la
competitividad del grupo. Nos gustaría que usted nos respondiese a la
siguiente pregunta: ¿Van a pedir el levantamiento de las
restricciones que pesan sobre Izar-Fene en julio del año 2002?
¿Podría explicar, porque esto es un problema político y es lo que nos
interesa, a qué se debe que la Unión Europea sea incapaz de defender
su industria naval y ponerse de acuerdo frente a la competencia de
Japón, Corea y Estados Unidos? Por otra parte, ¿usted cree que el
plan va a conseguir no solamente mantener el empleo existente, sino
aumentarlo en el sentido de integrar a gente joven? En último lugar,
¿por qué razón se empeñan en seguir haciendo una agrupación para
utilizar sinergias horizontales y verticales que, desde nuestro punto
de vista, es contraproducente? No se entiende que estén mejor
agrupados Astano y Bazán en la ría de El Ferrol, como está mejor
agrupado San Fernando- Cádiz y Sevilla en la Bahía de Cádiz. Es
imposible entender que se pueda hacer un conglomerado industrial en
la ría de Ferrol en el que se utilicen mejor las sinergias y, por
tanto, sea más rentable y no utilizar el modelo que ustedes han
escogido para Juliana y Sestao que, desde nuestro punto de vista, es
totalmente disparatado, que no es rentable y está provocando graves
deficiencias al hacer que dos industrias y dos centros de trabajo que
están situados a 500 metros no estén coordinados en absoluto. ¿Eso es
una empresa única que se llama Izar? No sé, en el caso gallego no
está repercutiendo positivamente.
Nos gustaría también que nos ilustrase sobre cuáles son las
propuestas del Gobierno. Sabemos que va a privatizar, usted dice que
la privatización es universal, que afecta también al sector de la
industria naval. Nos gustaría saber cuál es su predisposición, qué
privatización se va a llevar a cabo, teniendo en cuenta que esto va a
ser transnacionalizado, porque es evidente en el mundo que corre. Nos
gustaría saber cuáles son sus predilecciones o por qué van a optar
ustedes si por una industria naval europea, que por lo que se ve
tiene muchísimas dificultades, o por una industria naval que
incluiría a los gigantes de Estados Unidos y, en particular, a
General Dynamics, que se acaba de hacer con unos
importantes astilleros militares en Estados Unidos, de cientos de
miles de trabajadores a nivel internacional.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señorías, señor Rodríguez, en primer lugar, S.S. puede llorar sobre
la leche derramada, sobre la historia de los astilleros, sobre las
destrucciones de plantilla. Está muy legitimado para hacerlo, sin
duda alguna, pero la obligación del Gobierno es construir y
garantizar la viabilidad empresarial de empresas que son públicas y
que están residiendo en la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales. Esa es la tarea del Gobierno. Lo que no me parece tan
loable ni aceptable es que vuelva a insistir en que se están
falseando las cuentas. No hay falseamiento de cuentas, porque es
imposible falsearlas. Lo pagamos de una forma o de otra, no sé dónde
está ese falseamiento. Una contratación de pago aplazado, cuando
llega el momento en el que se va a materializar la primera entrega,
se hace a cargo del presupuesto del ministerio correspondiente; en el
caso de una fragata, del Ministerio de Defensa. No sé dónde ve S.S.
falseamiento alguno. No se preocupe, señoría, porque desde que está
gobernando el Gobierno del Partido Popular las cuentas están
cuadrando en toda España y también en Galicia. Gracias a eso hay más
actividad económica y gracias a eso estamos siendo capaces, en unas
circunstancias muy difíciles, con empresas que han tenido muchísimos
problemas en el pasado, de abrir un futuro para esas empresas. Ese
futuro es el que está en el plan. ¿Que S.S. tiene otro plan que es
capaz de hacer un rediseño empresarial, un rediseño diferente de
sinergias empresariales? Con mucho gusto, sírvanos de ese plan,
porque lo que ha hecho S.S. ha sido descalificar el actual.
A S.S. le parece que el asunto debería ser una agrupación
territorial, no una sinergia empresarial de ámbito nacional, sino
territorial. Ese es un criterio, pero a mí me gustaría verlo
sustentado sobre cifras reales. Si es así, con mucho gusto se
estudiará para ver si efectivamente
son encajables en el plan. Hoy existe un plan, unas sinergias
empresariales y unas cargas de trabajo que se están utilizando. Los
astilleros gallegos tienen una carga de trabajo muy importante, lo
sabe S.S. Están trabajando. Astilleros Ferrol, al 96 por ciento de
ocupación y Astilleros-Fene, al 78 por ciento. ¡Si eso no es estar
trabajando, señoría! A mí también me gustaría que estuvieran al 150,
pero estamos hablando de realidades, estamos hablando de materializar
viabilidad para una empresa que ha tenido muchos problemas durante
décadas en España. A partir de ahí, estamos trabajando en el seno de
la Unión Europea para evitar cualquier competencia desleal dentro de
la Organización Mundial del Comercio y seguir favoreciendo la
actividad económica dentro de los límites de nuestra capacidad de
actuación, que debe ser una actuación conjunta con la Unión Europea.
Estoy convencido de que las instituciones de la Unión Europea son las
primeras que avalan la actuación de las autoridades españolas a la
hora de hacer esta política que abra planos de futuro y de viabilidad
para nuestras empresas públicas con problemas, como ha sido
históricamente Astilleros. Dentro de esos límites europeos, en el
2002 tendremos ocasión de acometer la revisión de las restricciones.
Dependiendo de cómo vayan las aplicaciones de este plan, como nos
permite la legislación europea, estudiaremos la oportunidad de llevar
adelante esa revisión de restricciones.
En lo que se refiere a los proyectos de privatización, le he hablado
de IZAR, como empresa pública, y ese es el único plan que en este
momento está manejando el Gobierno. Su señoría seguramente tendría
otros planes para Santa Bárbara; los planes del Gobierno han sido
precisamente garantizar los puestos de trabajo, garantizar los
centros de producción de Santa Bárbara e incorporar a la industria de
defensa española los proyectos tecnológicos más actuales, que están
dando viabilidad y futuro a esos puestos de trabajo y a esos centros
de producción.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho de la tarde.