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BOCG. Senado, serie II, núm. 154-c, de 27/10/1999
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VI LEGISLATURA
Serie II: PROYECTOS DE LEY
27 de octubre de 1999
Núm. 154 (c)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 147 Núm. exp. 121/000147)
PROYECTO DE LEY
621/000154 De Enjuiciamiento Civil.
PROPUESTAS DE VETO
621/000154
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del
Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Palacio del Senado, 25 de octubre de 1999.--El Vicepresidente primero del
Senado, Joan Rigol i Roig.--El Secretario segundo del Senado, Victoriano
Ríos Pérez.
PROPUESTA DE VETO NUM. 1
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de
veto.
JUSTIFICACION
El Grupo Socialista presenta esta propuesta de veto al Proyecto de Ley de
Enjuiciamiento Civil, remitido por el Congreso, porque entiende que no es
el Proyecto de Ley que la situación de la Justicia española demanda.
El Libro Blanco de la Justicia certificaba una situación de crisis en
nuestra administración de justicia. Recogía con claridad la opinión
negativa de los ciudadanos, que llegaban a poner en duda el valor
fundamental de la imparcialidad. Examinaba la situación de pendencia en
los Juzgados y Tribunales, que ponía en cuestión la efectividad de la
tutela judicial.
Es cierto que la solución a estos problemas requiere un conjunto de
medidas que deben ser abordadas en el conjunto de medidas que deben ser
abordadas en el marco de un Pacto de Estado para la Justicia, pero es
también cierto que la reforma procesal civil propuesta no va a ayudar a
la superación de esa realidad, sino que puede empeorarla, al aislarse
esta reforma del conjunto de las que son necesarias.
A pesar del esfuerzo realizado por los grupos parlamentarios en el
Congreso, que ha supuesto mejoras que valoramos positivamente, el
Proyecto sigue manteniendo importantes deficiencias técnicas.
No se consigue el objetivo fundamental de acortar la duración de los
procesos, en algunos casos incluso aumentará. La regulación está plagada
de incidentes procesales que permiten dilatar extraordinariamente el
resultado del proceso.
No compartimos la configuración del papel del juez en el proceso, porque
se le coloca en una posición de pretendida neutralidad, cuando no existe
igualdad ni neutralidad en la relación jurídica subyacente. Los
ciudadanos no podrán ver a un juez preocupado por acercarse a la verdad
material, porque la propia ley se lo impide.
No se aborda la creación de una justicia de proximidad, más cercana al
ciudadano, con juzgados más pequeños y más próximos, con un proceso oral
inmediato y concentrado.
El Proyecto adolece de un excesivo rigor formalista. Son numerosos los
supuestos en los que ese excesivo rigor perjudica derechos de las partes
sin que exista causa justificada. Por citar un ejemplo señalamos la
preclusión rigurosa impuesta en la presentación de documentos
probatorios.
No se avanza lo suficiente en la garantía del cumplimiento del principio
de inmediación, tan importante como la propia afirmación del principio.
En los procesos matrimoniales se empeora la situación de las parejas de
hecho.
La configuración de los recursos constituye un galimatías de difícil
comprensión, de manera muy especial el de casación, que puede ver
aumentado considerablemente su tiempo de tramitación.
En materia de ejecución, pese a los avances que se han producido, no se
llega a diseñar un sistema que permita que las resoluciones de los jueces
se cumplan rápida y completamente. Mucho nos tememos que la subasta siga
siendo el único medio de ejecución, porque el resto de los sistemas
introducidos no garantizan una posibilidad real alternativa.
Por último, la no aprobación de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, impide la aplicación de la de Enjuiciamiento Civil tal
como está redactada.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 1999.--El Portavoz, Juan José
Laborda Martín.