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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 449, de 21/06/1999
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D: 21 de junio de 1999 Núm. 449 GENERAL
ÍNDICE Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Socialista del Congreso, sobre elaboración de una normativa legal que
regule las condiciones del «alimento natural». ... (Página 4)
162/000390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre transposición al Derecho
español de la Directiva 97/55/CEE, por la que se modifica la
Directiva 84/450/CEE, sobre publicidad engañosa. ... (Página 5)
Comisión de Asuntos Exteriores 161/001605 Proposición no de Ley
presentada por los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Mixto,
Popular en el Congreso, Socialista del Congreso, Catalán
(Convergència i Unió), Coalición Canaria y Federal de Izquierda
Unida, sobre liberación de la Senadora colombiana doña Piedad
Córdoba ... (Página 5)
161/001628 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre suspensión urgente de las modificaciones
introducidas al Convenio de Protección Recíproca de Inversiones entre
España y Chile. ... (Página 6)
Comisión de Justicia e Interior 161/001580 Retirada de la Proposición
no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el
cierre inmediato de las actuales instalaciones del Centro de
Internamiento de Extranjeros de Barcelona ... (Página 8)
161/001625 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre el cambio inmediato de ubicación de las
instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros de
Barcelona. ... (Página 8)
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda 161/001630 Proposición no
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
sobre medidas para aclarar el tipo correspondiente al Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA) aplicable a las transacciones de ganado en sus
diferentes estadios ... (Página 9)
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 161/001627 Proposición no
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
sobre desarrollo de un programa de apoyo y promoción para el cultivo
del trigo blando panificable. ... (Página 10)
Comisión de Política Social y Empleo 161/001631 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
de modificación del Estatuto de los Trabajadores con el fin de
facultar a las Comunidades
Autónomas para establecer como festiva, con carácter de
recuperable, una segunda fiesta tradicional, adicional al máximo de
catorce. ... (Página 11)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 161/001626
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del
Congreso, relativa a que las cantidades asignadas a los sectores
sociales básicos, educación básica y educación en general,
representen el 20 por ciento, 10 por ciento y 25 por ciento,
respectivamente, del total de la ayuda bilateral oficial al
desarrollo. ... (Página 12)
Comisión de Infraestructuras 161/001629 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre medidas para mantener la actividad del Taller Central de
Reparaciones de RENFE de Málaga, así como para potenciar, modernizar
e incrementar el tráfico ferroviario con el material propio de la
citada empresa. ... (Página 15)
Comisión de Medio Ambiente 161/001624 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las obras de
recuperación del cauce y márgenes del río Arnoia, en el término
municipal de Allariz (Ourense). ... (Página 15)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 181/002562 Pregunta
formulada por el Diputado don José Pliego Cubero (GS), sobre
producción de aceite de oliva y aceitunas de verdeo con derecho a
ayudas comunitarias en la campaña agrícola 1998-1999 ... (Página 16)
181/002563 Pregunta formulada por el Diputado don José Pliego Cubero
(GS), sobre cuantía que percibirán los olivareros españoles e
italianos en concepto de ayudas comunitarias por el aceite producido.
181/002568 Pregunta formulada por el Diputado don José Luis Centella
Gómez (GIU), sobre medidas a adoptar en caso de confirmarse el hecho
de que el Presidente de la empresa pública Alycesa haya cargado
gastos personales en las cuentas de la sociedad que dirige.
Comisión de Política Social y Empleo 181/002569 Pregunta formulada
por el Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega (GMX), sobre
razones por las que los responsables del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales desautorizaron el proyecto de relaciones de puestos
de trabajo de los Centros de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS) presentado en el mes de octubre de 1997 por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ... (Página 18)
181/002570 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (GMX), sobre argumentos y estudios utilizados para que
la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de
Retribuciones (CECIR) haya rebajado el proyecto presentado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de relaciones de puestos de
trabajo de los Centros de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS) ... (Página 18)
181/002571 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (GMX), sobre razones del incumplimiento del precepto
legal que regula las materias que serán objeto de negociación en los
ámbitos respectivos en la relación aprobada de puestos de trabajo de
los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social..
181/002572 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (GMX), sobre destino de los créditos presupuestarios
incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social para el año 1998
para actuaciones relativas a atención e información personalizada en
el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ... (Página 19)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 181/002565
Pregunta formulada por la Diputada doña María Jesús Celinda Sánchez
García (GP), sobre objetivos del Registro de Organizaciones no
Gubernamentales de la Agencia de Cooperación Internacional ...
(Página 19)
181/002566 Pregunta formulada por la Diputada doña María Jesús
Celinda Sánchez García (GP), sobre procedimientos de colaboración
existentes entre la Agencia de Cooperación Internacional y las
Comunidades Autónomas ... (Página 20)
181/002567 Pregunta formulada por la Diputada doña María Jesús
Celinda Sánchez García (GP), sobre competencias y funciones del
Consejo de Cooperación al Desarrollo.. ... (Página 20)
Comisión de Infraestructuras 181/002564 Pregunta formulada por el
Diputado don José Pliego Cubero (GS), sobre inclusión de Jaén en el
proyecto del Tren de Alta Velocidad (AVE) Córdoba-Málaga..
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO
200/000007 Comunicación del Gobierno en la que se solicita la
celebración de un debate de política general en torno al estado de la
Nación ... (Página 21)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000150 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en los
recursos de inconstitucionalidad acumulados números 265 y 266/1989,
promovidos, respectivamente, por el Gobierno Vasco y el Parlamento de
Cataluña contra determinados preceptos de la Ley 32/1988, de 10 de
noviembre, de Marcas ... (Página 23)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000389
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre elaboración de una normativa legal que
regule las condiciones del «alimento natural».
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
elaboración de una normativa legal que regule las condiciones del
«alimento natural», para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los avances tecnológicos han contribuido y contribuyen a mejorar la
calidad de los alimentos; sin embargo, la aplicación apresurada de
alguno de ellos, junto a la
mala utilización de otros, ha provocado escándalos muy recientes,
como el derivado del consumo de piensos que contenían dioxinas por
gallinas, cerdos y vacas.
Esta compleja cuestión obliga a tomar medidas urgentes al Gobierno en
varias direcciones, ya que por un lado la demanda de productos
alimenticios obliga a seguir potenciando una agricultura y ganadería
intensiva, en un marco de seguridad alimentaria, y por otro lado
España posee unas condiciones físicas, ligadas tanto a la naturaleza
de nuestros bosques y pastos como a la extensión de los mismos, que
nos puede y debe permitir desarrollar productos naturales de alta
calidad, ligados a la base territorial en que se produzcan, y estas
producciones agrarias deben tener legislación específica que los
cualifique en los aspectos productivos y los tipifique en los de
mercado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que con urgencia
elabore una normativa legal oportuna que defina:
1.o La problemática planteada en la utilización de semillas, especies
vegetales o animales transgénicos, determinando prohibiciones,
moratorias y prevenciones de una eventual contaminación biológica.
2.o Creación de la figura legal de producto natural, que al menos
definiría:
a) Piensos naturales, como aquellos formados exclusivamente por
granos o harinas procedentes de semillas o vegetales, no
transgénicos, exentos de materias animales de cualquier naturaleza, y
a los que tan solo se podrían añadir correctores minerales puros sin
transformación industrial de naturaleza química.
b) Productos vegetales naturales. Al menos como aquellas especies
vegetales no transgénicas.
c) Productos naturales animales, como aquellos que su alimentación
estuviesen ligados a la base territorial donde se engordan, y
completada aquélla tan solo con piensos naturales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 1999.-Francisco
Amarillo Doblado, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
162/000390
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre transposición al Derecho español de la
Directiva 97/55/CEE, por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE,
sobre publicidad engañosa.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley, para que se transfiera al Derecho español la Directiva 97/55/
CEE, por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE, sobre publicidad
engañosa a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa, para
su debate ante el Pleno del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
La adhesión de España a las Comunidades Europeas implicó el
compromiso de actualizar la legislación española en aquellas materias
en las que ha de ser armonizada con la comunitaria.
Entre estas materias está la publicidad, que por su propia índole es
una actividad que atraviesa las fronteras. Regulada en España por la
Ley General de Publicidad del año 1988, de conformidad con la
Directiva 84/459/CEE, sobre la publicidad engañosa.
La publicidad será un medio importante para abrir salidas reales a
todos los bienes y servicios en el mercado interior que la comunidad
tiene como objetivo realizar, dado que la variedad de la oferta
aumentará cada vez más, y con ella la posibilidad y la necesidad de
que los
consumidores obtengan el máximo beneficio del mercado interior.
El Consejo de las Comunidades Europeas modificó la Directiva 84/450/
CEE, sobre publicidad engañosa, haciendo incluir en la misma la
publicidad comparativa en el entender que contribuiría a demostrar
objetivamente las ventajas de los distintos productos comparables y
estimular la competencia entre los proveedores de bienes y servicios
en beneficio del consumidor.
La no regulación de la publicidad comparativa puede constituir un
obstáculo a la libre circulación de bienes y servicios y crear
distorsiones de la competencia. Ya que las empresas pueden verse
expuestas a formas de publicidad desarrolladas por sus competidores a
los que no pueden responder con los mismos medios.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que se transfiera al Derecho español la Directiva 97/55/CEE, por la
que se modifica la Directiva 84/450/CEE, sobre publicidad engañosa, a
fin de incluir en la misma la publicidad comparativa.»
Madrid, 26 de mayo de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001605
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Mixto, Popular en el
Congreso, Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió),
Coalición Canaria y Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre liberación de la Senadora colombiana doña
Piedad Córdoba.
Acuerdo:
1. Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
CORTES GENERALES.
2. Solicitar de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso,
Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, de
Coalición Canaria y Mixto la subsanación, en su caso, de la falta de
firma de los Portavoces de dichos Grupos Parlamentarios, al no tener
legitimación para la presentación de esta iniciativa los Portavoces
de dichos Grupos en la Comisión correspondiente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo
establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre
secuestro de la Senadora doña Piedad Córdoba, para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados
condena el secuestro, por grupos paramilitares, de la Senadora
colombiana doña Piedad Córdoba, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de Colombia, y pide su inmediata liberación.
Considera el secuestro como un gravísimo ataque contra la libertad y
la democracia y un intento de obstruir el proceso de paz.
Manifiesta su pleno respaldo al proceso negociador iniciado el pasado
6 de mayo entre el Gobierno y la guerrilla, en el que se contempla
también, entre otros aspectos, la desarticulación de los grupos
paramilitares, requisito imprescindible para la paz y la convivencia
en Colombia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 1999.-Portavoz
del Grupo Parlamentario Mixto.- Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.- Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJPNV).- Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).-Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.-Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.-Portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
161/001628
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre suspensión urgente de las modificaciones
introducidas al Convenio de Protección Recíproca de Inversiones entre
España y Chile.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre suspensión urgente de las
modificaciones introducidas al Convenio de Protección Recíproca de
Inversiones entre España y Chile.
Motivación
El ciudadano español don Víctor Pey Casado adquirió en 1972 el
«Consorcio Publicitario y Periodístico», empresa titular, entre otros
bienes, del 99 por ciento de las acciones del prestigioso periódico
chileno «Clarín». Tras el golpe de Estado que derrocó al Gobierno del
Presidente Salvador Allende y acabó con la democracia en Chile, el
régimen militar incautó los bienes de las sociedades y ocupó la sede
del diario «Clarín», que se había destacado por su defensa de la
democracia, destinándola a sede de los temidos tribunales militares.
El diario «Clarín», símbolo de la democracia pluralista y las
libertades democráticas en Chile, sigue hoy, tras el fin de la
dictadura, sin poder aparecer, al mantenerse la incautación de todos
sus bienes.
El Acuerdo de 1991 entre el Reino de España y la República de Chile
para la protección y fomento recíproco de inversiones (APRI)
establece en su artículo 3.1: «Cada parte protegerá en su territorio
las inversiones efectuadas, conforme a su legislación, por
inversiones de la otra parte y no obstaculizará, mediante medidas
injustificadas o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, la
utilización, el disfrute, la extensión, la venta y, en su caso, la
liquidación de tales inversiones».
El artículo 5, por su parte, señala que, de producirse cualquier
forma de nacionalización o expropiación, ésta deberá estar
justificada y no podrá ser discriminatoria, debiendo en tal caso
abonar al inversionista una indemnización adecuada.
En comparecencia celebrada el 19 de febrero de 1997, el Secretario de
Estado de Política Exterior afirmaba «la voluntad de este ministerio
y del Gobierno de proteger los legítimos intereses de un compatriota
nuestro, don Víctor Pey Casado, y lograr que se le compense y se le
indemnice de las pérdidas de la expropiación del diario 'Clarín'
[...] dentro del marco legal establecido en el Convenio de Protección
de Inversiones entre España y Chile». En una comparecencia anterior,
el señor Ministro de AA. EE. afirmaba que el Gobierno de España
interpretaría ese Convenio en favor de los intereses españoles, sin
perjuicio de la resolución que en su momento adoptare el órgano
arbitral.
En aplicación de dicho Convenio bilateral, el señor Pey Casado
interpuso en noviembre de 1997 una Solicitud de Arbitraje ante el
CIADI, dependiente del Banco Mundial, en que reclamaba la
correspondiente indemnización por los bienes confiscados. Aceptada a
trámite la demanda en abril de 1998, el Centro de Arbitraje declaró
constituido el Tribunal en septiembre de 1998, tras no estimar
diversas alegaciones presentadas por la representación de la
República de Chile, la cual, durante meses, trató en vano de imponer
una interpretación del Preámbulo del APRI de 1991, y de sus artículos
1.1, 1.2, 2.2 y 10.1 y 2, que buscaba cerrar el acceso al inversor
español al Tribunal de Arbitraje.
Con posterioridad a la admisión a trámite de la Solicitud del
inversor español, y declarada la constitución del Tribunal
Internacional de Arbitraje, único juez de su propia competencia según
el artículo 41 del Convenio de Washington de 1965 regulador del
CIADI, a solicitud del Gobierno de Chile el señor Juan Banderas
(representante acreditado por el Gobierno de Chile para oponerse a la
demanda planteada por el ciudadano español) y el señor Mayorga,
también representante de Chile en el pleito con el inversionista
español, mantuvieron en Madrid, con funcionarios de los Ministerios
de Asuntos Exteriores y Economía y Hacienda, consultas tendentes a
convenir la interpretación de algunas disposiciones del Acuerdo de
Protección Recíproca de Inversiones, para facilitar la adecuada
comprensión y aplicación del mismo. La solicitud de la representación
chilena se refería, precisamente, al preámbulo del APRI y sus
artículos 1.1, 1.2, 2.2 y 10.1 y 2.
El Gobierno de España, aparentemente ignorante de que desde noviembre
de 1997 estaba incoado un procedimiento de arbitraje ante el CIADI
por un inversor español, contra quien se enfrentaba como parte
demandada la República de Chile, aceptó negociar y convenir el 1 de
octubre de 1998 con los señores Banderas y Mayorga, los
representantes de Chile, un Acta interpretativa de los artículos en
que Chile estaba basando sus alegaciones ante el Tribunal de
Arbitraje en contra del inversor español.
Dicha Acta supone, de hecho, la modificación por vía interpretativa
de los artículos del Convenio en que se
apoya la demanda arbitral del inversor español. Y ese Acuerdo lo
firmaba España con los señores Banderas y Mayorga diez meses después
de que estuviera sub iudice la interpretación de los arriba referidos
artículos del APRI, sin informar las autoridades españolas de ello,
ni oír al inversor español, que veía así afectada la base legal
existente en la fecha en que interpuso la demanda, con el riesgo que
ello conlleva para sus intereses.
La modificación interpretativa se ha producido sin que se haya
suscitado formalmente «controversia» alguna por ninguno de los
Estados Parte (pre-requisito que exige el artículo 9.1 del APRI), y
sin dejar constancia en el Acta de 1 de octubre de 1998 de que
existen actuaciones arbitrales en curso que en modo alguno pueden ser
afectadas por un acuerdo de la Parte demandada y de las Autoridades
de España a espaldas del Tribunal Internacional de Arbitraje. Por
ello, el referido Acuerdo interpretativo contraviene flagrantemente
el artículo 10.6 del Convenio bilateral, que establece «Las partes
contratantes se abstendrán de tratar, a través de los canales
diplomáticos, argumentos concernientes al arbitraje [...] ya en
marcha hasta que los procedimientos correspondientes hubieren sido
concluidos [...]».
Lo acordado en el Acta de 1 de octubre de 1998 entraña una violación
de lo dispuesto en el propio Convenio para su modificación por vía de
interpretación, con lo que se ha vulnerado el artículo 96.1 de la
Constitución.
El Acta de 1 de octubre de 1998 infringe también uno de los
principales fines de los Convenios APRI, cual es el de dar seguridad
jurídica a todos los inversores privados sin discriminaciones
ideológicas y el derecho a defenderse ante un Tribunal de Arbitraje
Internacional sin interferencias estatales. Con esta práctica, se
establecería un grave precedente, que pondría en peligro la seguridad
jurídica de las inversiones privadas españolas protegidas por
Convenios APRI, en Chile y en otros países.
La firma de la referida Acta, sin tan siquiera estar planteada entre
los Estados Parte una «controversia» digna de tal nombre, supone una
modificación del texto que en su día ratificaron las Cortes
Generales, sin que, hasta la fecha, se haya remitido a las Cámaras el
texto modificado, con las consiguientes implicaciones legales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados
insta al Gobierno:
1. A declarar en suspenso el Acta de 1 de octubre de 1998
interpretativa al Convenio de Protección Recíproca de Inversiones
entre España y Chile, y denunciar la firma de la misma.
2. A comunicar con urgencia al Centro de Arbitraje, el CIADI, que
dicha Acta carece de toda validez con relación a las actuaciones en
curso.
3. A remitir con urgencia al Congreso de los Diputados todas las
Notas Verbales u otras comunicaciones en que las Autoridades de Chile
propusieron 'interpretar'
los artículos del Convenio bilateral ya citados; las minutas
o transcripción literal de las propuestas formuladas por los
representantes de Chile, y la contrapropuesta formulada por los
miembros de la Delegación española.
4. A remitir igualmente un informe aclaratorio de las razones que
puedan haber llevado al Gobierno a la firma de dicha Acta, del
procedimiento seguido para la firma de la misma y de su incidencia
sobre las actuaciones arbitrales en curso, remitiendo igualmente el
texto de dicha Acta.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 1999.-Rafael
Estrella Pedrola, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Justicia e Interior
161/001580
Mediante escrito de fecha 7 de junio de 1999 se ha retirado por el
Grupo Parlamentario Mixto la Proposición no de Ley sobre el cierre
inmediato de las actuales instalaciones del Centro de Internamiento
de Extranjeros de Barcelona (núm. expte. 161/1580), publicada en el
BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 435, de 24 de mayo de
1999.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
161/001625
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre el cambio inmediato de ubicación de las
instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros de
Barcelona.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Mixto presenta
la siguiente Proposición no de Ley para el cambio inmediato de
ubicación de las instalaciones del Centro de Internamiento de
Extranjeros de Barcelona, para su debate en la Comisión de Justicia e
Interior, a instancia de Iniciativa-Els Verds.
La antigua Ley de Vagos y Maleantes, en su artículo 6.9, disponía que
los extranjeros peligrosos serían expulsados del territorio español,
y cuando quebrantaren la orden de expulsión, serían internados en
establecimientos de custodia por un año. La también preconstitucional
Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social establecía unos centros
especiales para la aplicación de medidas cautelares de detención e
internamiento preventivo de los extranjeros declarados peligrosos.
La entrada en vigor de nuestra Constitución dejó sin efecto un
sistema que permitía a la Administración imponer, en la práctica,
penas de privación de libertad. Sin embargo, la Ley Orgánica 7/1985,
reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España,
y sus normas de desarrollo, han mantenido un sistema de detención,
internamiento y expulsión, en torno a los denominados «Centros de
Internamiento de Extranjeros» que roza la inconstitucionalidad. Por
ello, el Defensor del Pueblo presentó un recurso ante el Tribunal
Constitucional que, en su Sentencia 115/1987, declaró la
constitucionalidad de este sistema, sólo si se interpretaba conforme
De cualquier modo, y mientras se debate en esta Cámara la
modificación de la legislación sobre extranjería, es inadmisible que
estos internamientos se produzcan en centros que, en muchos casos, se
encuentran en condiciones de insalubridad que ni siquiera serían
admisibles en centros penitenciarios.
En una reciente visita al Centro de Internamiento de La Verneda, en
Barcelona, la Diputada y el Diputado firmantes de esta proposición
pudieron comprobar personalmente las pésimas condiciones en que se
ven obligados a permanecer los inmigrantes que son detenidos por la
policía, por carecer de documentación, hasta el momento en que son
repatriados a sus países de origen.
Pese a que las instalaciones, ese día, estaban pintadas y limpias, no
se puede vivir en esas instalaciones con la dignidad a que todos los
seres humanos tienen derecho. Allí, los inmigrantes se encuentran en
un subterráneo donde no entra un rayo de sol, incluido el patio,
tapado
con una claraboya o techo de plástico que impide la filtración del
sol. No hay ventanas al exterior. Ni en las habitaciones, ni en el
comedor, ni en la sala de recreo, ni en los aseos, se dispone de luz
solar.
El Colegio de Abogados de Madrid, en un reciente informe sobre la
situación de estos Centros de Internamiento de Extranjeros, al
referirse al de Barcelona, destacaba lo siguiente:
« se observó gran discrecionalidad en la imposición de sanciones en
aplicación de su régimen interno, al encontrarse a extranjeros
recluidos en oscuras celdas individuales 24 horas al día, sin las
mínimas condiciones de habitabilidad e incluso haciendo en ellas sus
necesidades. Todo ello sin haberlo puesto en conocimiento del juez.»
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que proceda al
inmediato cambio de ubicación de las actuales instalaciones del
Centro de Internamiento de Extranjeros ubicado en la Comisaría de la
Zona I de Barcelona, en La Verneda.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 1999.-Mercè
Rivadulla Gràcia, Diputada.-Joan Saura Laporta, Diputado.-Francisco
Rodríguez Sánchez, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
161/001630
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre medidas para aclarar el tipo
correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a
las transacciones de ganado en sus diferentes estadios.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley, para aclarar el tipo de IVA aplicable a las transacciones de
ganado en sus diferentes estadios.
Exposición de motivos
La actual Ley de IVA establece que el tipo aplicable a las
transacciones de ganado en sus diferentes estadios es el tipo
reducido del 7 por ciento. Así, los distintos sectores ganaderos han
venido aplicando en sus transacciones ese tipo de gravamen.
Sin embargo, dos acontecimientos de distinto tipo han venido a crear
confusión en los sectores ganaderos. En primer lugar, la Subdirección
General de Impuestos sobre el Consumo ha emitido dos Resoluciones a
unas Consultas realizadas por sendas empresas, con fechas 17 de
febrero y 30 de enero de 1998, respectivamente, estableciendo que las
ventas de ganado (vacuno, pollos y pollitas de un día) que no vayan
directamente a su sacrificio para su consumo están sujetas al tipo
del IVA del 16 por ciento. En segundo lugar, los servicios de gestión
de la Agencia Tributaria de Asturias han levantado diversas actas o
liquidaciones provisionales a comerciantes de vacuno por haber
aplicado el tipo del 7 por ciento en sus transacciones en lugar del
16 por ciento.
Las Resoluciones mencionadas niegan la aplicación del tipo reducido
del 7 por ciento a cualquier transacción de animales que no sea la de
adquisición por el matadero o la posterior venta como carne por parte
del mismo. Por lo tanto, este criterio podría ser aplicado a
cualquier transacción sobre animales vivos de cualquier especie
ganadera que no sea la de venta a matadero.
Las consecuencias de esta interpretación son muy graves por tres
motivos:
1. Porque la Agencia Tributaria podría levantar actas por los
ejercicios no prescritos, exigiendo la diferencia en el tipo de
gravamen (9 por ciento), así como los correspondientes recargos e
intereses de demora, con las grandes dificultades (o imposibilidad)
de poder repercutir ese diferencia a los adquirentes.
2. Por tener que repercutir desde este momento el tipo del 16 por
ciento en las transacciones que no sean estrictamente las de
adquisición por el matadero o la venta de carne por parte de éste.
Esto supondrá un esfuerzo financiero, al tener que desembolsar unas
cantidades anticipadamente, que luego se recuperarán y que, en última
instancia, pueden traducirse en un incremento del precio del producto
final.
3. La situación de desventaja y el agravio comparativo que se
produciría respecto al resto de producciones ganaderas de la UE,
sujetas al tipo reducido.
La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA, establece claramente en
su artículo 91 dos supuestos de hecho en los apartados 1.o y 2.o En
el apartado 1.o se refiere a las transacciones sobre animales que van
a su sacrificio o a las propias carnes que se obtienen del mismo, y
en el apartado 2.o se refiere a las transacciones de animales que
serán utilizados para obtener los anteriores. Por tanto, la Ley
distingue dos supuestos. Si únicamente hubiera querido someter al
tipo del 7 por ciento a las transacciones de ganado para su
sacrificio y a las propias carnes obtenidas del mismo, no hubiera
distinguido dos supuestos.
Sin embargo, los acontecimientos producidos relatados anteriormente
exigen una clarificación para que el sector ganadero no se encuentre
inmerso en una situación de clara inseguridad jurídica en caso de
aplicar el tipo reducido al 7 por ciento en todas sus transacciones.
Por todo ello, se presente la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que tome las
medidas oportunas para que se aclare el contenido del artículo 91.
Uno.1.1.o y 2.o de la Ley del IVA o promueva, en su caso, la
modificación de dicho precepto, al objeto de que se aplique el tipo
reducido a todas las transacciones de ganado que mediata o
inmediatamente se destine al consumo humano o animal.»
Madrid, 8 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
161/001627
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre desarrollo de un programa de apoyo y
promoción para el cultivo del trigo blando panificable.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente
y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley sobre Programa de apoyo y promoción para el cultivo del trigo
blando panificable para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La industria harinera española tiene un importante valor estratégico,
económico y social, tanto para el sector agrario como para industrias
alimentarias, como son la panadería bollería, pastelería, galletas o
alimentos infantiles. Todos estos sectores tienen carácter
nutricional básico y precisan del abastecimiento cuantitativo y
cualitativo de una materia prima insustituible como es la harina de
trigo.
El sector harinero utiliza la mayor parte del trigo blando
panificable producido por los agricultores españoles. Es necesario
mantener una correcta diversificación de la industria harinera a lo
largo de toda la geografía nacional. Esto permitirá coadyuvar a un
adecuado grado de desarrollo rural en zonas cerealistas tradicionales
que tendrán una nueva opción a la hora de planificar las
explotaciones.
La Política Agraria Común ha supuesto una importante reducción de la
superficie dedicada a este cultivo. España ha pasado de ser un país
exportador en trigo de calidad a tener que importar todo tipo de
trigos. Las importaciones actuales fluctúan en torno a un millón y
medio de toneladas anuales.
Por motivos económicos y sociales, el sector necesita para mejorar su
competitividad abastecerse de la mejor materia prima.
En la actualidad, y con el paso de los años, las importaciones han
ido creciendo y la producción nacional adolece de una oferta, muchas
veces dispersas y con variedades poco interesantes para la industria.
Los agricultores se encuentran desorientados, poco informados sobre
cuestiones tan básicas como puedan ser: las variedades de semillas,
los ciclos de producción, el valor añadido generado por las mismas, e
incluso la compatibilidad con otros cultivos.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una
política informativa, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
que mejore el conocimiento y la transparencia del mercado del trigo
blando, las variedades más interesantes para la industria y todas
aquellas cuestiones que puedan mejorar el conocimiento de la
situación real del sector.
Así mismo se insta al Gobierno a tomar iniciativas que fomenten el
consumo de alimentos transformados a partir de cereales
panificables.»
Madrid, 20 de mayo de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Social y Empleo
161/001631
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley de modificación del Estatuto de los
Trabajadores con el fin de facultar a las Comunidades Autónomas para
establecer como festiva, con carácter de recuperable, una segunda
fiesta tradicional, adicional al máximo de catorce.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep López de Lerma i López, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
previsto en los artículos 193 y siguientes de la Cámara, presenta
para su discusión en
la Comisión de Política Social y Empleo una Proposición no de Ley de
modificación del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de facultar
a las CC. AA. para establecer como festiva, con carácter de
recuperable, una segunda fiesta tradicional, adicional al máximo de
catorce.
Exposición de motivos
La Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados
artículos del Estatuto de los Trabajadores, del texto articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, modificó, entre otros, el artículo 37,
apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores, el cual establece el
régimen de fiestas laborales.
Durante la tramitación parlamentaria de la referida Ley, se aprobó
una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), mediante la cual se añadió a dicho artículo
37.2 un cuarto párrafo para permitir que en el caso de que alguna
Comunidad Autónoma no pudiera señalar como festiva una de sus fiestas
tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de
fiestas nacionales pueda, en el año en que así ocurra, añadir una
fiesta más, con carácter de recuperable, al límite anual de catorce
fiestas, máximo permitido por la mencionada Ley.
En la defensa y justificación de la referida enmienda se puso de
manifiesto que Cataluña tiene cinco fiestas de fuerte arraigo
popular, que son el 6 de enero (Reyes), el lunes de Pascua de
Resurrección, el 24 de junio (San Juan), el 11 de septiembre (Diada
Nacional de Cataluña) y el 26 de diciembre (San Esteban).
De estas cinco fiestas hay dos coincidentes con todas las Comunidades
Autónomas, son la fiesta de Reyes y la fiesta de carácter cívico
específica de cada Comunidad Autónoma, mientras que las otras tres,
24 de junio (San Juan), lunes de Pascua de Resurrección y 26 de
diciembre (San Esteban) son fiestas tradicionales fuertemente
arraigadas en Cataluña y en otras Comunidades Autónomas, así como en
numerosos países europeos.
Después de sucesivas modificaciones legales producidas en los años
1981, 1983 y 1985, el margen de días que las Comunidades Autónomas
podían establecer como festivos quedó limitada a tres, en aquellos
años en los que no coincidían en domingo por lo menos dos de las
fiestas estatales. Esta situación, en Cataluña, representaba un
problema que generaba insatisfacción en los ciudadanos y en los
trabajadores, además de intensas polémicas en los medios de
comunicación.
Por ello, y gracias a la modificación legislativa del Estatuto de los
Trabajadores, producida por la Ley 11/1994, de 19 de mayo,
anteriormente mencionada, se ha venido solucionando el problema para
aquellos años en que solamente una de las fiestas coinciden en
domingo, al declararse festivas pero con carácter recuperable una de
las cinco fiestas tradicionales, propias de Cataluña. El problema
queda limitado ahora a años, muy excepcionales, en los que ninguna de
las fiestas estatales y autonómicas coincide en domingo. Precisamente
este es el caso de lo que ocurrirá en el próximo año 2000, situación
que, para las fiestas de Cataluña, no volverá a ocurrir hasta el
2028.
Para solventar esta situación, sería conveniente flexibilizar la
normativa con el objeto de articular una vía de aplicación muy
excepcional y que permitiera compatibilizar la regulación del
calendario laboral, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores y
el respeto por las festividades tradicionales de cada Comunidad
Autónoma.
Se trata de añadir, al párrafo cuarto del mencionado artículo 37.2,
del Estatuto de los Trabajadores, la posibilidad de ampliar en dos
fiestas, de carácter recuperable, la facultad de las Comunidades
Autónomas para establecer el calendario de días festivos, para
aquellos casos en los que no coincidiera con domingo un suficiente
número de fiestas nacionales y de la Comunidad Autónoma. La
frecuencia de aplicación de la citada facultad sería ínfima, pues se
produciría una vez cada veinticinco o más años.
Por todo ello este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la
modificación del artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto
de los Trabajadores, a los efectos de posibilitar que las Comunidades
Autónomas puedan establecer una segunda fiesta, con carácter
recuperable, adicional al máximo de catorce, y para aquellos casos
excepcionales en los que no coincida con domingo un suficiente número
de fiestas nacionales y de fiestas tradicionales de la Comunidad
Autónoma correspondiente.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 1999.-Josep
López de Lerma i López, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001626
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a que las cantidades asignadas a los
sectores sociales básicos, educación básica y educación en general,
representen el 20 por ciento, 10 por ciento y 25 por ciento,
respectivamente, del total de la ayuda bilateral oficial al
desarrollo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo
proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa
para presentar, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley relativa a que las cantidades asignadas a los
sectores sociales básicos, educación básica y educación en general,
representen el 20 por ciento, 10 por ciento y 25 por ciento,
respectivamente, del total de la ayuda bilateral oficial al
desarrollo, para su debate en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
I
La noción de desarrollo, como ya se acepta generalmente, no se
refiere exclusivamente a lo económico, sino que extiende su
significado a otros muchos aspectos, todos los cuales configuran un
conjunto de condiciones que se consideran necesarias para que los
seres humanos podamos desplegar al máximo nuestras capacidades de
todo tipo.
Una amplia variedad de estudios e investigaciones han puesto de
manifiesto la existencia de una fuerte interdependencia entre
aspectos que superficialmente pudiera pensarse que tienen ninguna o
muy poca relación. Así, el desarrollo económico, los servicios
sociales, la pobreza y la exclusión social, los movimientos
ciudadanos y la participación democrática poseen un alto nivel de
interdependencia.
En el marco de la cooperación para el desarrollo hay un conjunto de
sectores que se consideran básicos, lo que conduce al diseño de
programas de prioridad social que se refieren a la enseñanza básica,
la sanidad, la nutrición, la salud reproductiva y la planificación
familiar.
Estas ideas han tenido un claro reflejo en la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, que en el artículo 7 establece que
«la política española..., en su objetivo de luchar contra la pobreza
en todas sus manifestaciones, se orientará especialmente» a un
conjunto de prioridades sectoriales, entre las que se fija en primer
lugar «los servicios sociales básicos, con especial incidencia en
salud, saneamiento, educación, obtención de la seguridad alimentaria
y formación de recursos humanos».
II
Como se acaba de indicar, entre los sectores que se consideran
prioritarios en la cooperación internacional para el desarrollo está
la educación básica, que abarca el equipamiento básico, la formación
de profesores, la educación primaria y preescolar y la educación no
académica.
Esta consideración de la educación básica como uno de los sectores
básicos de la cooperación se justifica al entenderla como uno de los
ejes principales del desarrollo. Afin de cuentas, la educación es un
factor clave en la dinámica económica, facilita el acceso al trabajo,
potencia el aumento de la productividad y favorece la disminución de
la pobreza y la marginación.
Especial mención merece la importancia de la educación de mujeres y
niñas, pilar sobre el que se asienta la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, además de implicar múltiples beneficios de diverso orden,
tales como evitar embarazos no deseados e implantar hábitos
saludables. En tal sentido cabe destacar los acuerdos de la
Conferencia de Beijing de 1995.
La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI,
presidida por Jacques Delors, en su Informe «La educación encierra un
tesoro» (1996), elaborado a petición de la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha
defendido «una cooperación internacional basada en la solidaridad y
la colaboración en pie de igualdad», reconociendo la «contribución
específica de la educación al desarrollo social».
La educación no se entiende ya como una corta etapa en la vida de las
personas, sino que debe considerarse como una actividad a lo largo de
toda la vida. El objetivo de una educación permanente para todos ha
sido aprobado en la Conferencia sobre la Educación celebrada en
Jomtien en 1990 y ratificado por la Cumbre sobre Desarrollo Social
celebrada en Copenhague en 1995.
III
Reconocida la importancia de la educación básica en el desarrollo de
las sociedades y las personas, se han ido formulando diversos
objetivos en ese ámbito sectorial de la cooperación internacional
para el desarrollo.
En la Conferencia sobre la Educación (Jomtien, 1990) se fijó que en
el año 2000 se debería alcanzar la educación universal.
Sin embargo, en la Cumbre sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995)
se retrasó hasta el año 2015 la consecución de tal objetivo, aunque
se acordó destinar a los programas de prioridad social al menos el 20
por ciento del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en su documento
estratégico «El papel de la cooperación al desarrollo en los albores
del siglo XXI» de 1996, plantea «lograr avances en los campos de la
enseñanza primaria, de la igualdad de sexos, de la atención médica
elemental y de la planificación familiar». Y de forma más precisa,
«asegurar, de aquí al año 2015, una educación primaria
para todos los habitantes de todos los países». Un propósito que
también ha suscrito el Banco Mundial.
La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI
«considera que habida cuenta de la contribución específica de la
educación al desarrollo social, se debería consagrar a aquélla un
porcentaje significativo de la ayuda pública para el desarrollo, que
se podría fijar ... en un cuarto de la ayuda global».
Por otra parte, debe también tenerse en cuenta la Resolución aprobada
el 9 de junio de 1998 por el Pleno del Congreso de los Diputados que
recogía el compromiso de incrementar el apoyo financiero destinado a
la puesta en marcha de programas de educación primaria, en apoyo de
los objetivos de la marcha mundial contra la explotación laboral de
la infancia. Ese mismo día, la Comisión de Cooperación Internacional
para el Desarrollo aprobó una Proposición no de Ley, suscrita por
todos los Grupos Parlamentarios, en el que se establecía el objetivo
de dar prioridad a «aquellos programas de cooperación al desarrollo
encaminados a conseguir la Educación Primaria Universal antes del año
2015».
Recientemente la red Oxfam International de organizaciones no
gubernamentales ha observado que el logro de la educación universal
en el año 2015 exige dedicar a la educación básica un mínimo cercano
al 10 por ciento del total de la ayuda que procede de los países
donantes.
Así pues, se han fijado, entre otros, estos tres objetivos mínimos:
del total de la AOD, destinar el 20 por ciento a sectores básicos, el
25 por ciento a la educación y, como parte de ambos porcentajes, el
10 por ciento a la educación básica.
IV
La realidad de la ayuda está lejos de alcanzar los objetivos
mencionados, tanto por parte de España como del conjunto de los
países que participan en el CAD.
La AOD bilateral española durante 1997 se situó en los 110.000
millones de pesetas.
De esos 110.000 millones de pesetas, unos 15.000 se dedicaron a la
educación (incluida la básica), lo que no alcanza ni el 15 por ciento
del total de la AOD bilateral, lejos del 25 por ciento que aconseja
la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI.
En 1997, la cantidad destinada a sectores básicos (entre ellos la
educación básica) fue de unos 10.000 millones de pesetas, menos del
10 por ciento del total de la AOD bilateral, no alcanzándose ni la
mitad del objetivo del 20 por ciento para sectores básicos que ha
sido asumido por la Cumbre de Copenhague.
Tan sólo unos 3.000 millones de pesetas se han dedicado en 1997 a la
educación básica, menos del 3 por ciento del total y a mucha
distancia del deseable 10 por ciento. Es decir, la educación básica
supone el 20 por ciento del total de la ayuda en educación y el 30
por ciento de la que se dedica a sectores básicos, debiendo ser, sin
embargo, de al menos el 40 por ciento y 50 por ciento,
respectivamente.
En la siguiente tabla se refleja la distribución de la AOD bilateral
española en 1997, atendiendo a lo destinado a la educación y a los
sectores básicos:
AOD bilateral española en 1997
Mp = Millones de pesetas
1997
%Mp % Mp % Mp
Educación ... 2,7 3.000 10,9 12.000 13,6 15.000
No educación .. 6,4 7.000 80,0 88.000 86,4 95.000 Total ... 9,0
10.000 91,0 100.000 100,0 110.000
V
El logro de los objetivos mínimos señalados (20 por ciento para
sectores básicos, 10 por ciento para la educación básica y 25 por
ciento para educación) debe fundarse, a nuestro juicio, en el aumento
de las cantidades correspondientes a través de un incremento de la
ayuda total y no en que disminuya la cantidad que ahora reciben los
distintos sectores.
Tomando como referencia los datos de 1997 ya comentados, sería
suficiente la cantidad de 135.000 millones de pesetas como total de
la AOD bilateral para poder alcanzar los porcentajes mínimos del 20-
10-25 sin disminuir las cantidades asignadas a otros sectores. Para
ello habría que destinar los 25.000 millones de aumento a la
educación básica (10.500), a los sectores básicos no educativos
(6.500) y a la educación no básica (8.250), de forma que las
cantidades correspondientes supongan el 10 por ciento, 20 por ciento
y 25 por ciento, respectivamente. En la tabla se detalla esta forma
indicativa de distribuir el aumento.
AOD bilateral española. Propuesta 1997 Mp = Millones de pesetas
Propuesta Básico No básico Total
%Mp % Mp % Mp
Educación ... 10 13.500 15 20.250 25 33.750
No educación .. 10 13.500 65 87.750 75 101.250 Total ... 20 27.000
80 108.000 100 135.000
Como puede observarse, con un pequeño esfuerzo por parte de nuestro
país pueden alcanzarse los objetivos del 20-10-25 de forma inmediata.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados, en el marco de la cooperación
internacional para el desarrollo:
1. Considera que la educación es uno de los ejes principales sobre
los que debe descansar el desarrollo de las sociedades y de las
personas.
2. Asume las siguientes recomendaciones de la Comisión Internacional
sobre la Educación para el Siglo XXI, bajo la presidencia de Jacques
Delors, tal como se expresan en su Informe para la UNESCO 'La
educación encierra un tesoro', entendiendo que tales propuestas deben
desarrollarse en un marco cooperativo y no meramente de asistencia:
a) Desarrollar una política extremadamente dinámica en favor de la
educación de las niñas y las mujeres, conforme a la Conferencia de
Beijing (1995).
b) Utilizar un porcentaje mínimo de la ayuda para el desarrollo (una
cuarta parte del total) para financiar la educación; este cambio en
favor de la educación debería también producirse en el ámbito de las
instituciones financieras internacionales y en primer lugar en el
Banco Mundial, que desempeña ya una función importante.
c) Desarrollar mecanismos de 'trueque de deuda por educación' (debt-
for-education swaps) con objeto de compensar los efectos negativos
que tienen las políticas de ajuste y la reducción de los déficit
internos y externos sobre los gastos públicos de educación.
d) Difundir las nuevas tecnologías llamadas de la sociedad de la
información en favor de todos los países, a fin de evitar una
agudización aún mayor de las diferencias entre países ricos y pobres.
e) Movilizar el enorme potencial que ofrecen las organizaciones no
gubernamentales y, por consiguiente, las iniciativas de base, que
podrían prestar un valioso apoyo a las actividades de cooperación
internacional.
3. Asume el objetivo fijado en la Cumbre de Copenhague de 1995 de que
al menos el 20 por ciento del total de la ayuda oficial al desarrollo
bilateral sea dedicado a los sectores básicos y considera que no
menos del 10 por ciento de ese total debe destinarse a la educación
básica.
4. Insta al Gobierno a que:
a) Asuma las recomendaciones de la Comisión Internacional sobre la
Educación para el Siglo XXI referidas a la educación en el marco de
la cooperación internacional para el desarrollo, en particular que,
como mínimo, el 25 por ciento del total de la ayuda sea dedicada a
educación.
b) Incluya en el Plan Director que está elaborando, como objetivos a
conseguir de manera inmediata, que el 25 por ciento de la ayuda total
se dedique a educación y que el 20 por ciento sea destinado a los
sectores básicos, de forma que la educación básica represente el 10
por ciento, aumentando para ello la cantidad para ayuda oficial al
desarrollo bilateral en la cuantía necesaria, de manera que no
disminuya la cantidad que ahora reciben los distintos sectores.
c) Identifique en el Plan Director los indicadores para evaluar la
consecución de los anteriores objetivos, consignando en los sucesivos
Planes Anuales de Cooperación y en los planes-país las dotaciones
correspondientes.
d) Defienda, en cuantos foros internacionales participe, el logro de
los objetivos mencionados de porcentajes del 20-10-25, y procure que
la contribución y financiación de proyectos en los organismos
multilaterales se adapte también a dichos porcentajes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 1999.-Antonio
Martinón Cejas, Diputado.- Belarmina Martínez González, Diputada.-
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista
del Congreso.
Comisión de Infraestructuras
161/001629
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre medidas para mantener la actividad del
Taller Central de Reparaciones de RENFE de Málaga, así como para
potenciar, modernizar e incrementar el tráfico ferroviario con el
material propio de la citada empresa.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Infraestructuras.
La provincia de Málaga padece de manera singular los efectos de una
tasa de desempleo elevada.
Dentro del poco tejido industrial que aún permanece en la provincia
perdura el Taller Central de Reparaciones que RENFE tienen en la
barriada de los Prados.
Estos talleres son la evolución de los que se empezaron a construir
tras la inauguración de la línea férrea Málaga-Córdoba en el pasado
siglo.
La actividad principal del TCR fue la revisión cíclica o kilométrica
de vagones y coches de viajeros.
El desarrollo del ferrocarril y su infraestructura relegó el material
convencional a un segundo plano, provocando la falta de las cargas de
trabajo habituales, lo cual se corrigió en su día al adjudicarse a
este taller la transformación- modernización de material obsoleto,
siendo por tanto ésta la ocupación principal del TCR entre los años
ochenta y parte del noventa.
Durante la década de los noventa RENFE empieza a comprar a empresas
particulares nuevo material rodante con la particularidad de que en
los contratos de compra también se recobre el mantenimiento de los
mismos.
Ante los retos que la entrada del nuevo milenio planteará a la
sociedad en general y al ferrocarril en particular, para mantener la
actividad del TCR de Málaga tras más de un siglo de servicios y
fuentes de riqueza para la ciudad y en consonancia con lo manifestado
en el Parlamento Andaluz.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias encaminadas a:
1. Activar los contratos con los distintos clientes para los que
habitualmente trabaja el Taller Central de Reparaciones, destinados a
obtener nuevos pedidos de trabajo, y aquellos que puedan suponer la
incorporación de materiales de última generación.
2. Solicitar a RENFE que el material ferroviario que circula por
Andalucía sea reparado en Málaga, por ser el único taller con
instalaciones adecuadas para efectuar grandes reparaciones en todo el
sur de España.
3. Potenciar, modernizar e incrementar el tráfico ferroviario con el
material propio de la empresa RENFE.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 1999.-José Luis
Centella Gómez, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Medio Ambiente
161/001624
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a las obras de recuperación del cauce
y márgenes del río Arnoia, en el término municipal de Allariz
(Ourense).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponersu conocimiento por la Comisión de
Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Francisco Rodríguez
Sánchez y Guillerme Vázquez Vázquez, Diputados del Bloque
Nacionalista Galego, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a obras de recuperaciones
del cauce y márgenes del río Arnoia, Allariz (Ourense) para su debate
en Comisión.
Exposición de motivos
En el año 1996, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la
Confederación Hidrográfica del Norte, redactó el Proyecto de las
obras de recuperación del cauce y márgenes del río Arnoia en el
término municipal de Allariz (Ourense).
Con una presupuesto contabilizado en proyecto de 180.405.750 pesetas
el Ministerio pretendía con estas obras, y según había manifestado en
la memoria del referido documento, «acondicionar el cauce y los
márgenes del río Arnoia a su paso por Allariz minimizando los efectos
de eventuales crecidas en una zona de especial importancia
paisajística».
En realidad, la redacción del proyecto fue el resultado de varias
conversaciones entre el Ministerio y los responsables municipales de
Allariz. Se consideró entonces como la colaboración lógica de una
entidad, la Confederación Hidrográfica, con una institución, el
Ayuntamiento de Allariz, que había sido distinguido por la Unión
Europea con el «Premio Europeo de Urbanismo 1994» y que el propio
Ministerio había incluido en su manual de buenas prácticas, con el
que el Estado participó en la Conferencia Mundial HÁBITAT II.
El acuerdo alcanzado entre ambas administraciones no sólo significó
la redacción del proyecto por parte de la Confederación Hidrográfica
del Norte, sino también la puesta a disposición de los terrenos
necesarios para la ejecución de la obra por parte del Ayuntamiento de
Allariz, con los trámites de compra o expropiación a que dieron
lugar, proceso acabado hace tiempo.
A pesar de todo lo dicho anteriormente, durante los años 1996 y 1997
el Ministerio no dio ningún paso para la ejecución de las obras con
el consiguiente perjuicio que se ocasiona a una entidad participante,
el Ayuntamiento, que sí cumplió con los plazos marcados.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al GobiernoMinisterio de Medio
Ambiente a sacar a concurso público
y adjudicar, durante el primer semestre del año 1998, las obras
enumeradas en el proyecto 'Obras de recuperación del cauce y márgenes
del río Arnoia en el término municipal de Allariz (Ourense)', cuyos
antecedentes obran en la Confederación Hidrográfica del Norte.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 1999.-Guillerme
Vázquez Vázquez, Diputado.- Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz
Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
181/002562
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Pliego Cubero, José (GS).
Producción de aceite de oliva y aceitunas de verdeo con derecho a
ayudas comunitarias en la campaña agrícola 1998-1999.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca
¿Cuál es la producción real y total para España de aceite de oliva y
aceitunas de verdeo con derecho a ayudas comunitarias en la campaña
agrícola 1998-1999?
Madrid, 27 de mayo de 1999.-José Pliego Cubero, Diputado.
181/002563
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Pliego Cubero, José (GS).
Cuantía que percibirán los olivareros españoles e italianos en
concepto de ayudas comunitarias por el aceite producido.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca
Según las cifras reales de la campaña actual, ¿cuánto van a cobrar
los olivareros españoles de ayudas comunitarias por cada kilo de
aceite producido y cuánto van a cobrar por el mismo concepto y para
la misma campaña los olivareros italianos?
Madrid, 27 de mayo de 1999.-José Pliego Cubero, Diputado.
181/002568
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Medidas a adoptar en caso de confirmarse el hecho de que el
Presidente de la empresa pública Alycesa haya cargado gastos
personales en las cuentas de la sociedad que dirige.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca
¿Qué medidas piensa adoptar el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación en caso de confirmarse la veracidad de las noticias
existentes respecto de que el Presidente de la empresa pública
Alycesa haya cargado gastos personales en las cuentas de la sociedad
que dirige?
Madrid, 10 de junio de 1999.-José Luis Centella Gómez, Diputado.
Comisión de Política Social y Empleo
181/002569
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (GMX).
Razones por las que los responsables del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales desautorizaron el proyecto de relaciones de puestos
de trabajo de los Centros de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS) presentado en el mes de octubre de 1997 por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política
Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y
Empleo
Objeto: En relación con la contestación del Gobierno a la pregunta de
este diputado, de fecha 11 de febrero de 1999, sobre los Centros de
Atención e Información de la Seguridad Social:
¿Cuáles son las razones por las que los responsables del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales desautorizaron el proyecto de
relaciones de puestos de trabajo de los Centros de Atención e
Información de la Seguridad Social (CAISS) presentado en el mes de
octubre de 1997 por el INSS y avalado por los sindicatos?
Madrid, 10 de junio de 1999.-Ricardo Peralta Ortega, Diputado.
181/002570
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (GMX).
Argumentos y estudios utilizados para que la Comisión Ejecutiva de la
Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) haya rebajado el
proyecto presentado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
de relaciones de puestos de trabajo de los Centros de Atención e
Información de la Seguridad Social (CAISS).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política
Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y
Empleo
Objeto: En relación con la contestación del Gobierno a la pregunta de
este diputado, de fecha 11 de febrero de 1999, sobre los Centros de
Atención e Información de la Seguridad Social:
¿Qué argumentos y que estudios, a su vez, han sido esgrimidos o
utilizados para que la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones (CECIR) haya rebajado
sustancialmente el proyecto presentado por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de relaciones de puestos de trabajo de los Centros
de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS)?
Madrid, 10 de junio de 1999.-Ricardo Peralta Ortega, Diputado.
181/002571
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (GMX).
Razones del incumplimiento del precepto legal que regula las materias
que serán objeto de negociación en los ámbitos respectivos en la
relación aprobada de puestos de trabajo de los Centros de Atención e
Información de la Seguridad Social.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política
Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y
Empleo
¿Por qué razones no se ha dado cumplimiento a un precepto legal, como
es el artículo 32, apartados b) y d), de la Ley 7/1990, de 19 de
julio, que regula las materias
que serán objeto de negociación en los ámbitos respectivos, como son
«la determinación y aplicación de las retribuciones de los empleados
públicos» y la «clasificación de puestos de trabajo», directamente en
conexión con la relación de puestos de trabajo aprobada?
Madrid, 10 de junio de 1999.-Ricardo Peralta Ortega, Diputado.
181/002572
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (GMX).
Destino de los créditos presupuestarios incluidos en los Presupuestos
de la Seguridad Social para el año 1998 para actuaciones relativas a
atención e información personalizada en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política
Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y
Empleo
¿Cuál ha sido el destino de los créditos presupuestarios incluidos en
los Presupuestos de la Seguridad Social para 1998 para actuaciones
relativas a atención e información personalizada en el INSS?
Madrid, 10 de junio de 1999.-Ricardo Peralta Ortega, Diputado.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/002565
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).
Objetivos del Registro de Organizaciones no Gubernamentales de la
Agencia de Cooperación Internacional.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
¿Qué objetivos pretende el Registro de Organizaciones no
Gubernamentales de la Agencia de Cooperación Internacional?
Madrid, 27 de mayo de 1999.-Celinda Sánchez García, Diputada.
181/002566
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).
Procedimientos de colaboración existentes entre la Agencia de
Cooperación Internacional y las Comunidades Autónomas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
¿Qué procedimientos de colaboración existen entre la Agencia de
Cooperación Internacional y las Comunidades Autónomas?
Madrid, 27 de mayo de 1999.-Celinda Sánchez García, Diputada.
181/002567
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).
Competencias y funciones del Consejo de Cooperación al Desarrollo.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
¿Qué competencias y funciones tiene el Consejo de Cooperación al
Desarrollo?
Madrid, 27 de mayo de 1999.-Celinda Sánchez García, Diputada.
Comisión de Infraestructuras
181/002564
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Pliego Cubero, José (GS).
Inclusión de Jaén en el proyecto del Tren de Alta Velocidad (AVE)
Córdoba-Málaga.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras
¿Tiene el Gobierno intención de incluir la conexión de Jaén con la
alta velocidad en Córdoba, en el proyecto de AVE Córdoba-Málaga?
Madrid, 4 de junio de 1999.-José Pliego Cubero, Diputado.
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO
200/000007
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(200) Comunicación del Gobierno.
AUTOR: Gobierno
Comunicación del Gobierno en la que se solicita la celebración de un
debate de política general en torno al estado de la Nación.
Acuerdo:
Admitir a trámite para su deliberación ante el Pleno conforme al
artículo 196 del Reglamento, trasladar a los Grupos Parlamentarios y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE
SOLICITALA CELEBRACIÓN DE UN DEBATE DE POLÍTICA GENERAL EN TORNO AL
ESTADO DE LA NACIÓN
Transcurridos tres años de esta VI Legislatura, es deseo del Gobierno
celebrar en la Cámara el oportuno debate de política general en torno
al estado de la Nación. Con ello se renueva una buena costumbre
parlamentaria que permite debatir, cada año, la evolución de España.
Además, esta será ocasión para analizar la acción de gobierno en los
tres años que han transcurrido desde la investidura del Presidente
así como para presentar las líneas básicas del impulso de una
actuación que se refiere a un horizonte para los próximos años.
Alo largo de la Legislatura se ha mantenido un apoyo parlamentario
que ha permitido que el Gobierno presente y las Cortes aprueben
iniciativas legislativas de gran alcance en el orden económico y
social. El diálogo con las fuerzas políticas y los agentes sociales
ha abierto nuevas posibilidades que se han traducido en la mejora y
consolidación de las prestaciones sociales.
El Gobierno afrontó el reto histórico que para España suponía el
proceso de la Unión Monetaria con decisiones que han conjugado con
éxito la modernización de nuestra economía y la creación de empleo
con el mantenimiento y mejora de la cohesión social expresada en
sectores claves para la sociedad como la sanidad, la
educación y las pensiones, permitiendo al mismo tiempo rebajar el
IRPF a las familias.
España participa hoy, con la categoría de socio fundador, en un
impulso europeo. Ello ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo,
la confianza de la sociedad en la política del Gobierno, las medidas
de modernización y la disciplina en el gasto público. Este éxito
colectivo, en lo que podría definirse como nuestro primer reto del
siglo XXI, nos ha situado además en mejores condiciones para afrontar
la competencia internacional al haber reducido nuestros
desequilibrios macroeconómicos, permitiendo culminar nuestra plena
integración en Europa y reforzando la presencia española en la
economía global.
El inicio de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, el 1
de enero de este mismo año, sitúa a nuestra economía ante un nuevo
marco pleno de oportunidades, basado en la estabilidad que limita las
incertidumbres, favoreciendo la inversión y la creación de empleo.
Una vez alcanzada la convergencia nominal con los principales países
europeos, el Gobierno considera que el siguiente desafío para nuestra
sociedad es la convergencia real con Europa, medida tanto en términos
de empleo como en lo que se refiere a niveles de renta.
La apuesta por la competitividad es elemento prioritario de la acción
del Gobierno dentro del nuevo marco económico. Las mejoras de
competitividad ya no podrán venir de las devaluaciones de nuestra
moneda, sino que sólo responderán a una evolución adecuada de los
costes de producción de nuestras empresas.
Uno de los pilares de la política económica del Gobierno está siendo
la profundización en las reformas estructurales, que incluye la
liberalización e introducción de competencia en los mercados de
bienes y servicios, así como la rebaja de los impuestos. El Gobierno
ha auspiciado una serie de actuaciones con objeto de proporcionar
mayores niveles de competencia a un conjunto de sectores
anteriormente poco expuestos a la misma. Así, se han promulgado las
leyes del Sector Eléctrico, de Liberalización de las
Telecomunicaciones, del Servicio Postal Universal y de Liberalización
de los Servicios Postales, del Sector de Hidrocarburos, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones, etc.. .
La más reciente iniciativa en este sentido se recoge en el Real
Decreto Ley, de 16 de abril de 1999, de Medidas Urgentes de
Liberalización e Incremento de la Competencia.
La acción del Gobierno y el diálogo social han permitido no sólo
aprovechar el buen momento del ciclo económico internacional sino
también poner el crecimiento económico al servicio de la generación
de empleo. A ello han contribuido el conjunto de reformas en el
mercado de trabajo.
Otra reforma estructural es la reducción de impuestos contenida en la
Ley de reforma del IRPF que ha entrado este año en vigor. Esta
reforma está suponiendo una reducción media para las rentas del
trabajo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 17,57
por ciento, alcanzando un recorte del 45,5 por ciento para los cerca
de nueve millones de ciudadanos con rentas inferiores a dos millones
de pesetas.
Todo este proceso de reformas llevado a cabo en estos tres últimos
años, así como el que está en curso para los próximos, se ha
desarrollado reforzando a la vez los mecanismos de cohesión social, y
avanzando en la sostenibilidad de nuestro sistema de protección
social. Siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, con la Ley
24/1997 se han puesto las bases para conseguir la Consolidación y
Racionalización del Sistema Nacional de Protección Social en España.
En ella se establece la revalorización anual y automática de las
pensiones en función del Índice de Precios al Consumo. Además, y como
consecuencia del recorte de la inflación en los últimos tres años,
los pensionistas han mejorado su poder adquisitivo en 1,6 puntos.
También se ha avanzado en el proceso de separación de fuentes de
financiación del sistema de la Seguridad Social: en 1999 la Sanidad
se financia ya sin cargo a cuotas y está previsto que en el año 2000
se financien con impuestos los servicios sociales. La Seguridad
Social va a culminar este proceso con un déficit cero en su
presupuesto a partir del año 2.000. De hecho, la principal garantía
de reforzamiento del sistema de la Seguridad Social la constituye la
positiva evolución de la afiliación.
Dentro de las políticas de mejora del bienestar social ocupa un lugar
prioritario la política de Sanidad. Así, se han aumentado en los
últimos años los recursos destinados a la salud por encima del
crecimiento medio del gasto total. La sanidad pública dispone este
año, por primera vez en su historia, de más de cuatro billones de
pesetas. Este presupuesto garantiza la consolidación del servicio
público de salud y permite ofrecer a los ciudadanos más servicios
sanitarios de alta calidad y seguir reduciendo las esperas.
La formación de capital humano, principal activo de nuestra economía,
también constituye una preocupación constante del Gobierno lo que se
comprueba en el aumento de dotaciones en Educación. Por lo que hace a
la enseñanza universitaria, se han cambiado las directrices de planes
de estudio, se ha mejorado el tercer ciclo de estudios universitarios
y se han racionalizado los procedimientos de ingreso en los centros
universitarios.
Las dos piezas claves para el incremento de la competitividad en
nuestro país, junto con las ya examinadas de liberalización de los
mercados y atención a la formación de capital humano son la política
de I+D y el desarrollo de las infraestructuras. Por lo que se refiere
a la inversión en infraestructuras, elemento básico para impulsar el
crecimiento y crear empleo, cabe decir que estamos alcanzando
volúmenes máximos históricos. En 1999 se va a dedicar más de 1,1
billones de pesetas desde los Presupuestos Generales del Estado y la
inversión total va a alcanzar los 2,6 billones de pesetas.
El Gobierno ha impulsado profundas reformas legislativas en materia
de Justicia. Estas reformas se vertebran en torno a tres principios:
el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, la
agilidad y eficacia de la Justicia y la garantía de los derechos y
libertades de lo ciudadanos.
La reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, ha permitido
un aumento paulatino de la plantilla judicial que se ha visto
reforzado con un incremento en
la partida presupuestaria destinada a tal fin. En este sentido los
Presupuestos Generales del Estado para 1999 han aumentado en un 11,9
por ciento en relación con el ejercicio anterior, la dotación global
destinada al Ministerio de Justicia.
En cuanto a la seguridad ciudadana, está en marcha el proyecto de
Policía 2000, que se centra en la persecución de los delitos más
frecuentes y cuyo impulso está logrando unos resultados muy
esperanzadores.
Otro de los aspectos más destacables de esta Legislatura es el
impulso que ha recibido el desarrollo del modelo territorial diseñado
por nuestra Constitución. En este período se ha producido un gran
avance en el desarrollo autonómico, no sólo desde el punto de vista
cuantitativo, por el número de traspasos realizados a todas las
Comunidades Autónomas, que asciende a 233, sino cualitativo, puesto
que dichos traspasos han afectado a materias de la relevancia de la
Educación Universitaria, Educación no Universitaria, Administración
de Justicia o Políticas Activas del INEM. Así como por la posibilidad
que se les ha brindado a todas las Comunidades Autónomas de régimen
común de ejercer no sólo responsabilidad en el gasto sino también en
el ingreso.
La consolidación del Estado de las Autonomías exigía avanzar también
en la descentralización hacia la Administración más cercana al
ciudadano, la Administración Local. En este sentido, el Gobierno ha
promovido la aprobación de un paquete de medidas contenidas en seis
leyes y otras normas de rango reglamentario que, a través del
reforzamiento de la democracia y del gobierno local y la defensa de
la autonomía local, facilitan ese proceso descentralizador desde las
Comunidades Autónomas.
La crisis de Kosovo, derivada del fracaso de los acuerdos de
Rambouillet y!a limpieza étnica desencadenada por Milosevic, ha dado
lugar a partir del pasado 24 de marzo a once semanas de una operación
militar ininterrumpida que, aunque no ha llegado a implicar el empleo
de fuerza terrestre, ha obligado a todos los gobiernos y fuerzas
políticas de los países pertenecientes a la alianza a aplicar con
actos y decisiones el Nuevo Concepto Estratégico aprobado por la
Alianza en la Cumbre de Washington de abril.
Ya desde el inicio de la Legislatura, el Gobierno otorgó la máxima
prioridad a la política antiterrorista con la firme convicción de que
el fenómeno de la violencia acabaría remitiendo como resultado de la
eficaz acción policial y de la propia voluntad de los ciudadanos
vascos y del conjunto de los españoles. Ambos factores han sido
decisivos a la hora de alcanzar un nuevo y esperanzador escenario
para la normalización política y social en el País Vasco y el respeto
pleno a los derechos y libertades fundamentales. Desde el inicio de
la actual situación, y con toda la legitimidad jurídica y política
que ofrece el Estado de Derecho, el Gobierno insiste en la prioridad
de consolidar el cese de la violencia y buscar activamente el diálogo
y el consenso con todas las fuerzas políticas democráticas como medio
para abordar este proceso.
A España se le abre un horizonte lleno de oportunidades. Si
trabajamos bien para aprovecharlas, los próximos años impulsarán de
forma decisiva el futuro de nuestro
país. Es deseo del Gobierno seguir sumando esfuerzos con todos los
Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones
Locales, los agentes sociales y la sociedad en su conjunto convencido
de que éste es el camino seguro para seguir avanzando en un proyecto
común.
Por ello, el Gobierno solicita la autorización para celebrar este
Debate, de modo que, a su término, las diferentes propuestas de los
diversos Grupos Parlamentarios contribuyan a aprovechar con plenitud
las oportunidades de prosperidad política, social y económica que
España tiene ante sí.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000150
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
AUTOR: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en los recursos de
inconstitucionalidad acumulados números 265 y 266/1989, promovidos,
respectivamente, por el Gobierno Vasco y el Parlamento de Cataluña
contra determinados preceptos de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre,
de Marcas.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios y
Documentación de la Secretaría General, así como publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES el encabezamiento y fallo de
la sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pedro Cruz
Villalón, Presidente; don Carles Viver Pi-Sunyer, don Rafael de
Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Manuel
Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo
García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla,
don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez y
doña María Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
La siguiente
SENTENCIA
En los recursos de inconstitucionalidad acumulados núms. 265/89 y
266/89, promovidos, respectivamente, por el Gobierno Vasco y por el
Parlamento de Cataluña, representados por los Letrados don Josu Iñaki
Ercoreka Gervasio y don Carles de Alfonso Pinazo, contra los
artículos 15, 16, 17, 24, 27, 28, 45 (apartado primero), 75, 81
(párrafo segundo) y 85 y la Disposición Transitoria Primera de la Ley
32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. Ha comparecido el Abogado del
Estado, en la representación que legalmente ostenta, y ha sido
Ponente el Magistrado don Tomás S. Vives Antón, quien expresa el
parecer del Tribunal.
FALLO
En atención a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la
autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española
Ha decidido
Estimar parcialmente los recursos de inconstitucionalidad
interpuestos por el Gobierno Vasco y el Parlamento de Cataluña frente
a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y, en consecuencia:
1.o Declarar que corresponden a las Comunidades Autónomas recurrentes
las competencias de ejecución en materia de Propiedad Industrial,
contenidas en los artículos 15.2 y 3, 24.1, 45.1, 75.1 y 85, párrafo
segundo, de dicha Ley.
2.o Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a tres de junio de mil novecientos noventa y nueve.