Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 14-3, de 16/10/1996
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie A:
PROYECTOS DE LEY 16 de octubre de 1996 Núm. 14-3
ENMIENDAS DE TOTALIDAD
121/000015 Presupuestos Generales del Estado para 1997.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara, se ordena la publicación en el BoletIn Oficial de las Cortes
Generales de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 (número de
expediente 121/000015).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 1996.--P. D., El
Secretario General en funciones del Congreso de los Diputados, José Luis
Peñaranda Ramos.
ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Don José María Chiquillo Barber
(Grupo Mixto-UV).
José María Chiquillo Barber, Diputado de Unió Valenciana, adscrito al
Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en los artículos
110 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente enmienda a la Totalidad al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1997, con solicitud de devolución
del mencionado Proyecto de Ley al Gobierno para su reforma.
JUSTIFICACION
El Gobierno ha presentado un Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 1997 donde el objetivo de reducción del déficit público se
basa en gran medida en un significativo aumento de la recaudación y una
reactivación del consumo privado, muy por encima de cálculos considerados
optimistas. De su estudio y valoración de objetivos se desprende la
renuncia a articular reformas estructurales que apoyen e incentiven a la
economía productiva, limitándose a meras medidas de ajuste y de
restricción presupuestaria, poniendo los criterios de Convergencia
Europea recogidos en el Tratado de la Unión Europea como justificación.
Siendo éstos los dos ejes fundamentales del presupuesto, nos parece aún
más preocupante el hecho de que, ante unos presupuestos tan restrictivos,
los presupuestos vayan a ver la luz sin el necesario consenso social,
amplio y mayoritario, sin exclusiones; que si bien no es necesario para
su aprobación parlamentaria, sí que lo es para su plasmación en el
entramado socioeconómico del Estado.
Tampoco los presupuestos presentados servirán para mejorar el empleo (en
España la tasa de paro está muy por encima de la media de la Unión
Europea), y la calidad de vida de nuestra sociedad, en los mismos, el
Gobierno renuncia a la Convergencia Social con los países más avanzados
de nuestro entorno, como lo atestigua el drástico recorte de las
inversiones públicas (olvidándose del objetivo del 5 por ciento del PIB),
nivel de infraestructuras, creación de empleo y calidad de vida.
Pero si hay un lugar donde las consecuencias de esta política se van a
hacer sentir de una manera especialmente dura es en la Comunidad
Valenciana. A las consecuencias de la política económica expresada por el
Gobierno en los presentes presupuestos y al atraso histórico en
inversiones publicas en nuestra Comunidad, hay que añadir el espectacular
retroceso de las inversiones reales del Estado, Capítulo VI, en torno al
15 por ciento, el mayor de los últimos siete años.
En definitiva unos presupuestos de muy dudoso cumplimiento, y que no sólo
consagran la marginación de Alicante,
Castellón y Valencia, sino que ponen en peligro su sistema productivo, su
potencial económico y su desarrollo de futuro, constituyendo una gravosa
hipoteca sobre la economía valenciana cuyos vencimientos difícilmente
podremos cumplir los ciudadanos de nuestra Comunidad.
Madrid, 14 de octubre de 1996.--José María Chiquillo Barber, Diputado de
Unió Valenciana. Grupo Parlamentario Mixto.--Francisco Rodríguez Sánchez,
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal (Grupo Mixto-EA).
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña Lasagabaster
Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna (EA), al amparo de lo dispuesto
en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de
Totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado Para 1997.
JUSTIFICACION
A juicio de Eusko Alkartasuna, el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1977 carece por completo de credibilidad. No se
puede creer en unos Presupuestos que pretenden alcanzar unos objetivos a
través de unas vías que no tienen solidez.
Parten de unas previsiones absolutamente infundadas: el crecimiento del
PIB del que se parte no es real, los ingresos están inflados y los gastos
se han presupuestado con notable optimismo.
Lo que se ha venido en llamar contabilidad creativa consiste simplemente
en utilizar unos artificios que buscan simular una realidad que en el
futuro aparecerá con crudeza. Se atacan los síntomas y no las causas. El
recorte del gasto en los Departamentos que más deben contribuir al
desarrollo indica que el futuro, contra lo que se dice, no preocupa
demasiado. El recorte del gasto social ya indica la poca atención que al
Gobierno le merece la situación de los parados, cuyo número y proporción
alcanzan unos niveles dramáticos.
El recorte que han sufrido las inversiones es brutal y en Euskadi las
cifras son especialmente llamativas. De los 8.800 millones de pesetas
dedicados a inversiones en la CAPV, casi 3.000 se los llevan los
Ministerios de Defensa e Interior, mientras que, a título de ejemplo para
la «Y» vasca se presupuestan 100 millones de pesetas que no necesitan
comentario, el Aeropuerto y el Puerto de Bilbao, el Canal de Navarra, o
el Emisario Submarino de Donostia, reciben tratamientos del mismo tenor.
Los presupuestos de Investigación y Desarrollo que, en buena parte, se
adscriben a los Ministerios de Industria y Educación no crecen, que es lo
que deberían hacer si se apostara por el futuro y se quisiera iniciar un
acercamiento a los países más próximos. No sólo no aumentan, sino que
disminuyen, lo que acredita claramente lo que al Gobierno se acuerda del
futuro y del progreso industrial.
Tampoco podemos estar de acuerdo con los presupuestos de la Seguridad
Social que tienen el sello de la huida hacia adelante.
Ni en un caso ni en otro, ni en la Seguridad Social ni en la
Investigación y Desarrollo, se prevé la transferencia de estas
competencias a la Comunidad Autónoma Vasca, ignorando una vez más lo que
el Estatuto de Autonomía prescribe.
Finalmente, estamos en desacuerdo con la insolidaridad que supone la
disminución de la aprobación destinada a los países en vías de
desarrollo. Difícilmente puede explicarse un ajuste para aquellos pueblos
que tienen hambre como acompañante cotidiano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1996.--Begoña
Lasagabaster Olazábal, Diputada por Guipúzcoa (EA).--Francisco Rodríguez
Sánchez, Portavoz del Grupo Mixto (BNG).
ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Mixto-BNG).
ENMIENDA
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Francisco Rodríguez
Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda
de Totalidad por la que se propone la devolución del Provecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1997.
JUSTIFICACION
Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 están gravemente marcados
por un objetivo monetarista: la consecución del «euro», como legitimación
de la política económica. El núcleo duro de la política dominante
consiste en una prolongada dieta de adelgazamiento de la intervención del
Estado en la economía. El tratado de Maastricht sitúa como única
ortodoxia y referente incuestionable la reducción del déficit público --a
un máximo del 3% del PIB para 1998 y a una práctica eliminación en el
horizonte del año 2000--. Para 1997, el actual Gobierno Central opta,
para cumplir los objetivos, por una combinación de medidas entre las que
destacan cuatro: venta de empresas públicas, incremento de tasas,
reducción en las asignaciones destinadas a inversiones y congelación
salarial de los empleados públicos (con pérdida de salario real por causa
de la inflación registrada).
La reducción de gastos se quiere lograr, pues, a través de 3 medidas
concretas que no comparte el BNG:
a) La congelación salarial a los funcionarios.
b) Menos inversión pública, con el agravante consiguiente para
territorios del Estado claramente deficitarios en infraestructuras y
equipamientos, como Galicia.
c) El recorte de subvenciones a empresas públicas, sin criterio alguno
más que el de reducir su dependencia de los
presupuestos del Estado. El peligro de su desaparición o reducción
productiva no preocupa.
Para el aumento de ingresos, se recurre a dos medidas empobrecedoras y
regresivas para la mayoría de la sociedad:
a) La política de privatizaciones de empresas publicas rentables.
b) El aumento de tasas.
La primera medida reduce la capacidad del Estado para planificar e
incidir en la economía general, además de privarse de una importante
fuente de ingresos. Conlleva el peligro de la reducción de puestos de
trabajo, y de la subordinación a grupos oligárquicos
financiero-industriales y trasnacionalizados.
La segunda es expresión de regresividad fiscal que contrasta con la
renuncia a ingresar a través de los impuestos por plusvalías y
actualización de balances, rebajados con la llegada del Gobierno del
Partido Popular.
Con estos presupuestos y su filosofía es imposible el aumento de puestos
de trabajo estables y la potenciación de los sectores productivos.
El síntoma claramente formal y monetarista de la mecánica de hacer
cuadrar las cuentas, para pasar el examen de las convergencias formales,
con claras diversidades reales, está en los artificios contables para
ingresar más en el año 97: el crecimiento en 5 puntos en las retenciones
del impuesto de sociedades y la substitución de la subvención de pérdidas
de empresas públicas por avales que lo único que hacen es desplazar el
gasto para el futuro.
Finalmente el sistema de financiamiento de las Comunidades Autónomas,
mucho más en el contexto de la marcha general de la economía arriba
descrita, resulta claramente perjudicial para las que tienen un bajo
nivel de renta (IRPF) como Galicia, que contaría con otras fuentes de
ingresos importantes, de aplicarse criterios de financiación asentados en
un mayor control de sus recursos financieros y de sus fuentes de energía,
por no hablar de la localización fiscal de muchas de las grandes empresas
públicas y privadas que desenvuelven en su territorio la actividad
productiva.
Desde la perspectiva de Galicia, el horizonte económico que dibujan los
Presupuestos para 1997, resulta preocupante. En Galicia existe una
debilidad relativa del sector privado, especialmente autóctono, y una
importancia del sector público en la dinámica socioeconómica. La lógica
de la reducción del déficit, en un contexto así, tiene un determinado
impacto.
No es buena noticia la disminución de inversiones públicas; el déficit
histórico de infraestructuras o de equipamientos no queda reducido a la
construcción de las autovías.
En estos presupuestos existen las siguientes evidencias:
a) La autovía Vigo-Benavente no estará acabada, en el mejor de los casos,
hasta el año 1999.
b) La autovía A Coruña-Benavente no podrá entrar en servicio en su
totalidad hasta más allá del año 2000.
No existe ninguna previsión presupuestaria para financiar la construcción
de los tramos de Pedrafita, con lo que no se permitirá el despegue de su
construcción en los años 97 y 98.
c) Para el ferrocarril en Galicia, se contempla la ridícula cifra de 696
millones de pesetas, con lo que resulta imposible su urgente mejora.
Tampoco es satisfactoria la expectativa de incrementar los ingresos a
costa de vender los activos industriales del Estado: sólo habrá más
incertidumbre social en las comarcas afectadas (A Mariña luguesa, As
Pontes, Ferrol, Vigo ... ) y menor capacidad de incidencia de las
instituciones gallegas en el sector industrial.
Por todo esto, el BNG (Bloque Nacionalista Galego) considera estos
Presupuestos seguidistas de consignas económicas trasnacionalizadas, nada
beneficiosas, de forma especial para Galicia; obsesionados por cuadrar
unas cuentas en el aspecto formal, sin reparar en sus consecuencias para
la mayoría de la población y para el tejido económico industrial;
claramente regresivos desde el punto de vista social; desinteresados de
la creación de empleo y en la dinamización real de la economía
productiva; orientados a fortalecer el proceso de deterioro y
privatización de los servicios públicos básicos; claramente perjudiciales
para territorios del Estado, como Galicia, con graves déficits de
infraestructuras y equipamientos, y con importante presencia relativa del
sector público de la economía.
Finalmente, resultan irresponsables por acríticamente enfeudados a una
política económica en la que el Estado Español no tendrá un protagonismo
acorde con las necesidades de las distintas naciones que lo integran.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 1996.--Francisco
Rodríguez Sánchez, Portavoz Grupo Mixto (BNG).
ENMIENDA NUM. 2
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
enmienda a la totalidad de devolución a los Presupuestos Generales del
Estado para 1997, publicado en el «B. O. C. G.», serie A, número 14-1, de
1 de octubre de 1996 (número de expediente 121/000015).
MOTIVACION
Los socialistas coincidimos con los objetivos en los que se inscribe el
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1997, en coherencia
con nuestro apoyo al Programa de Convergencia, y colaboraremos lealmente
para conseguirlos.
En particular, consideramos necesario que el crecimiento del empleo
previsto para el próximo año sea una realidad, y por tanto también
compartimos el objetivo de un crecimiento del PIB del 3% para 1997.
Además, el Grupo Parlamentario Socialista comparte la conveniencia de
reducir el déficit público al 3% del PIB y la tasa de inflación al 2,6%,
para que España pueda cumplir los requisitos de la Unión Económica y
Monetaria.
Sin embargo, a pesar de esta coincidencia en los objetivos, el Grupo
Parlamentario Socialista considera que dichos Presupuestos deben ser
rechazados y devueltos al Gobierno porque adolecen de graves defectos en
su concepción y diseño, no definen una estrategia de política económica
adecuada para alcanzar el crecimiento del que depende críticamente el
equilibrio presupuestario y no distribuyen equitativamente entre los
distintos sectores de la sociedad española el esfuerzo necesario para
ello.
El estado de ingresos refleja la pérdida de capacidad recaudatoria del
sistema fiscal, que se proyecta con mayor gravedad aún en el futuro, como
consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular
en materia de tributación de las ganancias de capital, tributación por
módulos de empresarios individuales y regularización de balances.
Esta disminución estructural de los ingresos públicos, viene acompañada
de un aumento permanente del gasto público como consecuencia de las
modificaciones en el sistema de financiación autonómica, cuyos efectos
globales en términos de mayor coste, así como su distribución sobre cada
una de las Comunidades, no figuran entre la documentación remitida por el
Gobierno, lo cual es particularmente lamentable.
Estos elementos estructurales de divergencia en el equilibrio
presupuestario se pretenden compensar de forma coyuntural congelando las
retribuciones de los trabajadores del sector público, reduciendo
drásticamente la inversión pública, difiriendo gastos y anticipando
ingresos mediante cambios en los criterios contables, reduciendo más allá
de todo realismo las aportaciones a las empresas públicas, aumentando su
endeudamiento de forma no sostenible, y abordando sin garantías un
proceso acelerado de privatización de activos públicos rentables.
Resulta así un presupuesto carente de credibilidad en sus previsiones de
ingresos y de gastos, que no define las medidas necesarias para que sus
créditos se adapten a la realidad, y que oculta, bajo una aparente
disminución del déficit, un mayor endeudamiento de otros agentes del
sector público.
Por otra parte, las medidas presupuestarias propuestas conforman un
escenario de insostenibilidad del objetivo de déficit propuesto que
entrará en conflicto con la estabilidad exigida por la Unión Económica y
Monetaria.
Este Presupuesto y sus medidas de acompañamiento hacen más regresivo el
sistema fiscal, más desequilibrado el reparto de recursos entre las
distintas administraciones y más injusto el reparto de la renta personal
en nuestra sociedad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín Almunia Amann.
ENMIENDA NUM. 3
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU-IC.
ENMIENDA
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la
siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997 (número de expediente 121/000015).
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1996.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz Grupo Parlamentario Federal de IU-IC.
ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE DEVOLUCION DEL PROYECTO DE LEY DE PGE-1997
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-lniciativa per
Catalunya presenta esta enmienda a la totalidad de devolución del
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, puesto
que este Proyecto de PGE-97, así como sus distintas y variadas leyes de
acompañamiento profundizan en un modelo económico que originará
previsiblemente efectos deflacionistas, al someter a la economía a un
esfuerzo excesivo de disciplina económica para presentar en 1997 el
balance exigido para formar parte de los países que inicien la fase
definitiva de la Unión Económica y Monetaria (UEM).
En estos momentos, ni la recuperación del ahorro privado, ni la del
excedente empresarial, ni los tipos de interés a la baja, son suficientes
para compensar la incertidumbre que pesa sobre los trabajadores, sobre el
futuro de sus puestos de trabajo, la precariedad e inestabilidad de buena
parte de ellos, el incierto porvenir de la protección social o, el propio
factor depresivo de la demanda interna que provoca la reducción acelerada
de los déficits públicos, de demanda pública, en buena parte de los
países de la Unión Europea (UE). Esta orientación común de política
fiscal tanto en España como en el resto de la Unión Europea, en un
contexto de alto desempleo, incertidumbres y desaceleración de la demanda
privada, con el consumo creciendo a tasas moderadas y con un crecimiento
ralentizado de la inversión, puede originar graves efectos de carácter
recesivo.
En suma, se trata de unos presupuestos excesivamente optimistas,
voluntaristas, obsesionados con la reducción del déficit público y en
donde el principal problema de la economía española, el desempleo, sigue
sin tener una solución satisfactoria.
Es significativo, además, que no aparezcan en el cuadro de proyecciones
macroeconómicas previsiones o estimaciones de las principales variables
en años posteriores a 1997, parece que ese año es el «fin de la
historia». Pero es imposible ocultar la importancia del «post-1997»:
tanto por las duras condiciones de ajuste macroeconómico en las que se
desenvolverán las economías europeas, cuanto por las decisiones
económicas del gobierno español, que anticipan futuros y mayores
recortes. Recortes que vendrán determinados por el denominado «pacto de
estabilidad» que establece, en el marco europeo, la permanencia de cifras
de déficit público iguales o inferiores al 3% como mínimo hasta 1999.
Esto supondría, sin crecimientos extremadamente altos para la economía
española, la necesidad de rebajas de prestaciones públicas dada la
imposible perpetua pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios, la
cada vez menor aportación de venta de patrimonio público o el
deslizamiento de forma regresiva del sistema fiscal.
En el caso que nos ocupa, las proyecciones macroeconómicas previstas para
el año 1997 se han confeccionado prioritariamente, sobre unos objetivos
que intentan dotar falazmente
de un cierto clima de credibilidad y confianza a los agentes económicos.
Así muestran idílicamente, como el déficit del conjunto de las
administraciones públicas representará el 3% del Producto Interior Bruto
(PIB), la inflación será del 2.6% y la economía tendrá un crecimiento del
PIB real a tasas del 3%, todo ello cimentado en la continua moderación o
congelación de los costes laborales, en los recortes de gasto, en una
política brutal de privatizaciones --y no ya sólo de empresas públicas
rentables--, en un aumento de la imposición indirecta, en la
desfiscalización de las rentas del capital, en un elevado aumento de los
gastos fiscales, por supuesto, todo ello, en consonancia con el
cumplimiento de los criterios de convergencia a final de año.
El problema, es que no existen fundamentos sólidos para que en 1997 la
economía española crezca un 3% en términos reales. Por un lado, los
últimos datos de la Contabilidad Nacional certifican la atonía y
ralentización de la actividad económica, y por otro, los ritmos previstos
de crecimiento del consumo y, particularmente, de la inversión, no se
justifican ni con la situación de partida de las diferentes
macromagnitudes, ni con las actuaciones de política económica que se
pretenden aplicar. Así, la previsión de que crezca el consumo cerca de un
2,7% --habida cuenta de la pretensión de congelación salarial de los
empleados públicos, la recomendación de moderación en el sector privado y
las incertidumbres sobre la calidad del empleo y el futuro de otras
prestaciones sociales--; el que la inversión aumente en un 6,9% --con el
recorte brutal de la inversión pública-- o el que la evolución del sector
exterior influya de forma muy positiva en la economía, y teniendo en
cuenta la situación económica y la política fiscal de nuestros
principales socios comerciales, nos parecen unos objetivos no
alcanzables, dada la situación de partida de la economía española.
Al final, todo se reduce al deseo de que el mayor crecimiento de la
economía «vendrá propiciado», tal y como recoge el libro de presentación
de los Presupuestos «por el cambio de las expectativas de los agentes
económicos generado por la determinación del Gobierno de llevar a cabo
las reformas estructurales, por el descenso de la inflación y de los
tipos de interés y por el elevado ahorro de familias y empresas» y en una
continua esperanza de que se produzca un fortalecimiento de la actividad
económica durante 1997, fundamentalmente en Alemania y Francia, lo que
estimularía al resto de economías europeas y, en suma, a la producción y
el empleo en la UE. No obstante, estos deseos entran en flagante
contradicción con las medidas anunciadas por los gobiernos de los países
de la UE, que obligará a revisar las propias perspectivas de crecimiento
para 1997, porque el objetivo de «consolidación» fiscal de los países
implicados en la convergencia monetaria tendrá efectos multiplicadores
negativos sobre la demanda efectiva y el empleo.
En cuanto a las cifras del presupuesto, es preciso remarcar que es
realmente --por el recorte de gasto que conlleva-- el más duro y
restrictivo desde la Transición: Implica, considerando que el déficit de
las Administraciones Públicas en 1996 se elevará a unos 3,3 billones de
pesetas (un 4,4% del PIB), un intento de reducción en torno al billón de
pesetas, hasta situarlo en 2,3 billones. Esta cifra se espera lograr
sobre la base de unas previsiones de crecimiento del PIB nominal del 6% y
del PIB real del 3%, con un crecimiento del empleo del 2%, y por un
aumento del gasto del 2,1% (sin tener era cuenta los presupuestos de los
Entes Territoriales), cifra sensiblemente menor que el 6,1% de
crecimiento previsto de los ingresos.
Para ello y por el lado de los ingresos, la previsión de crecimiento,
superior ligeramente a la tasa de crecimiento nominal de la economía,
indica un ligero repunte de la presión fiscal. En primer lugar, cualquier
desviación del crecimiento del PIB sobre el previsto, tendrá un efecto
inmediato sobre la recaudación y --en el contexto en el cual se realiza
la política económica-- una mayor presión a la baja en el gasto público,
es decir, la posibilidad de sufrir nuevos recortes en el gasto público a
lo largo del ejercicio presupuestario, así se viene a recoger en el
Informe Económico y Financiero «si los ingresos no crecen al ritmo
esperado, se adoptarán medidas adicionales de reducción del gasto que
garanticen el cumplimiento del objetivo de déficit». En segundo lugar, la
carga fiscal se distribuye de forma regresiva, con un claro cambio en la
composición interna de la presión tributaria, mayor imposición indirecta
sobre la directa y un excesivo aumento de los gastos fiscales: no
olvidemos que en el mes de julio pasado se aumentaron ciertos impuestos
especiales (alcohol y tabaco); se alivió de carga fiscal a las rentas del
capital de contribuyentes con capacidad económica elevada y se aumentó
los beneficios fiscales de sociedades y empresarios individuales, con la
actualización de balances, y creación de nuevas tasas y aumentos en otras
ya existentes, sin atender al principio de capacidad económica.
Por el lado del gasto público se impone una política restrictiva en donde
los ajustes se acometen con criterios antisociales. Este decrece en tasas
reales en un 0,8%. debemos destacar, la congelación de las retribuciones
de los empleados públicos, la caída de la inversión pública en un 16%, el
recorte en un 1% de los créditos en sanidad, del 4,8% en educación o del
1,7% en vivienda, del 25% en el primer Ministerio del Medio Ambiente y el
ficticio aumento de los de Sanidad, que implican más allá de los reclamos
a la austeridad y al rigor del sector público, una degradación de los
servicios sociales básicos, que en muchos casos irá acompañada de la
privatización de la gestión, con lo que ello significa de beneficios para
sectores empresariales y de potenciación de los servicios privados en
detrimento de los públicos. En suma, recortes presupuestarios que tendrán
efectos negativos sobre la actividad económica y el empleo --caso de la
inversión--, sobre el consumo --congelación salarial-- y sobre el nivel
de satisfacción de necesidades colectivas.
Así, y abundando más en las cifras de los gastos referidas a la Seguridad
Social, éstas muestran una degradación del sistema público de protección
y un endurecimiento en las condiciones para acceder a las prestaciones
--como es el caso de las «incapacidades», o para el subsidio de paro--.
El total de gastos crecerá sólo en un 3,4%. El gasto en pensiones, que
representa el 60% del gasto de la Seguridad Social, crecerá un 5,4%, que
engloba una revisión del 2,6% (cuando la inflación en 1996 será del 3,4%)
y de un aumento del 1,8% de los pensionistas. Los gastos del resto de las
prestaciones de la Seguridad Social se verán prácticamente congelados en
términos nominales, cuando no registrarán una disminución, como ocurre
con los del INEM para atender el desempleo. La optimista evolución
prevista del empleo ha dado pie, no ha mejorar la suerte de los parados
cuya tasa de cobertura ha descendido de forma aguda en los
últimos tiempos, sino a prever una reducción del 2,4% de los gastos de
este organismo.
Por último hay que señalar que los drásticos recortes en las subvenciones
a empresas públicas y otros entes públicos, por encima del 20%, abren las
puertas a agresiones laborales muy duras y preparan el terreno para el
desmantelamiento y cierre de muchos de ellos. Se puede concluir que, con
independencia de su cumplimiento en otros aspectos, el presupuesto de
1997, desde el punto de los servicios y prestaciones sociales, asegura un
nuevo golpe al raquítico Estado del Bienestar, respondiendo a las
presiones patronales y haciendo honor a los planteamientos neoliberales
del PP.
Asimismo, es preciso comentar el engaño que supone la utilización de
técnicas de enmascaramiento de la realidad económica, como el adelanto al
ejercicio actual de ingresos futuros, o el no reconocimiento de gastos de
algunas empresas y entes públicos, o el retraso de pagos. De esta forma
se oculta una situación de fondo con grandes tensiones sociales, demandas
insatisfechas, gastos pendientes y agujeros presupuestarios y sólo sirve
para corregir el déficit público de un modo ficticio, ya que antes o
después habrá que hacerse cargo de estas cuentas y de sus efectos
económicos y sociales.
En definitiva, el Gobierno no encuentra otra vía de reducir el déficit
público que recortando el gasto o privatizando las pocas empresas
rentables, que por su dimensión son las adecuadas para mantener,
fortalecer y garantizar nuestro tejido productivo, además de dar paso a
la privatización de servicios hasta ahora de carácter público. Déficit
público condicionado por la carga financiera derivada de la política
monetaria restrictiva realizada hasta ahora, sin plantearse compromisos
serios contra el fraude impositivo.
En suma, para Izquierda Unida-lniciativa per Catalunya, los presupuestos
de 1997 son rechazables por tres objeciones fundamentales: La primera es
que no abordan la imperiosa necesidad de combatir el paro, dado que la
política adoptada implica relegar para mejores tiempos la política
necesaria para disminuir fuertemente la tasa de paro, crear empleo y que
éste sea retribuido adecuadamente. La segunda objeción es que imponiendo
estos presupuestos una política restrictiva, los ajustes se acometen con
criterios antisociales y la tercera objeción es que son regresivos
fiscalmente dadas las modificaciones fiscales introducidas en el mismo.
Izquierda Unida-lniciativa per Catalunya no compartiendo ni los objetivos
ni los medios de estos presupuestos, aboga por una dimensión del Sector
Público que permita dar cumplimiento a su función redistributiva y
garantice el acceso de todos los ciudadanos a unos niveles «ciertos en
calidad y cantidad de servicios públicos», Sin propugnar el mantenimiento
de forma continua de elevados niveles de déficit público, creemos preciso
acompasar la evolución del déficit al ritmo que permita la actividad
económica, evitando el coste deflacionista de una reducción drástica y
real del mismo.
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-lniciativa
per Catalunya considera preciso una reelaboración del Proyecto de Ley de
Presupuestos para 1997 que contemple entre otros los siguientes aspectos:
1. El eje fundamental de la política presupuestaria en particular y
económica en general, debe ser la disminución de la insoportable tasa de
paro y la mejora de la distribución de la renta y la riqueza.
Para ello, la política presupuestaria de contención del déficit público,
aún respetando una cierta contención, debe abordarse a medio plazo y
sobre todo partiendo de una política de ingresos progresista, y no en
recortes de políticas activas que deben potenciarse, así la inversión
pública y el desarrollo de un tejido productivo endógeno, junto a una
política monetaria más relajada, y un apoyo a la generación de empleo y
al reparto del trabajo deben contribuir a paliar el desempleo en nuestro
país.
2. Potenciación de un sistema tributario más progresivo, con mayor peso
de la imposición directa, con una reducción de exenciones y gastos
fiscales no ligados al compromiso de generación de empleo y con nuevas
figuras tributarias que equilibren la actual descompensación que sufren
las rentas del trabajo dependiente. Asimismo es imprescindible una
verdadera lucha contra el fraude fiscal, dotando a la inspección
tributaria de los medios humanos, materiales y legales suficientes para
ello.
3. Políticas de inversión pública que fortalezcan nuestro tejido
productivo, dedicando un mayor esfuerzo a la I+D, y a la formación
continua, así como un incremento de los medios de apoyo a la
modernización y reindustrialización y a la capacitación de nuestra
capacidad comercial y turística y a nuestra competencia agroalimentaria,
ganadera y pesquera.
4. Un crecimiento y desarrollo económico compatible y sostenible con el
medio ambiente, haciendo frente a una mayor reforestación y un desarrollo
territorial con comunicaciones vertebradoras del territorio y apostando
por políticas de ahorro y uso eficiente de la energía y del agua.
5. Mejorando la convergencia social con Europa, reduciendo la distancia
que nos separa en cuanto a gasto social y de pensiones con la media
europea, así como a la universalización al cien por cien de la población
con Asistencia Sanitaria.
6. Planteando una recuperación de la capacidad adquisitiva de los
salarios, con cláusulas de revisión salarial para los empleados públicos
y prestaciones sociales, manteniendo la cobertura al desempleo a todos
los trabajadores que se vean en dicha situación.
7. Abordando de forma decidida la superación de la economía irregular y
sumergida por la degradación económica, social y laboral que supone.
8. Abordando una política presupuestaria solidaria a nivel externo,
alcanzando el 0,7% para cooperación y desarrollo del Tercer Mundo,
mejorando en cantidad y calidad la Ayuda a la Cooperación y Desarrollo.
9. Una política Presupuestaria solidaria a nivel de Entes Territoriales.
Por un lado con un incremento del poder competencial y financiero de los
Municipios, así como de su participación en los ingresos del Estado y en
los Fondos de Cohesión. Y por otro, con una mayor autonomía financiera,
corresponsabilidad y solidaridad de las Comunidades Autónomas con
dotaciones presupuestarias para la puesta en marcha de los fondos de
nivelación y deuda histórica, y mayor porcentaje de inversión destinado
al Fondo de Compensación Interterritorial y de la participación en los
Fondos de Cohesión.