CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 137

PARA EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ

Sesión núm. 4

celebrada el martes,

26 de junio de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias:


- Del señor director general del área de sostenibilidad de Acciona (Silva Ferrada), para que informe a la Comisión sobre su opinión respecto del resultado de la Cumbre de Durban y sobre estrategias de lucha y mitigación ante el cambio
climático en el nuevo escenario. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 219/000007) ... (Página2)


- Del señor secretario de medio ambiente de Comisiones Obreras (Serrano i Giménez), para informar sobre la compatibilidad de las medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático y la creación de empleo. A petición del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000015) ... (Página11)

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Se abre la sesión a las once de la mañana.


COMPARECENCIAS:


- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD DE ACCIONA (SILVA FERRADA), PARA QUE INFORME A LA COMISIÓN SOBRE SU OPINIÓN RESPECTO DEL RESULTADO DE LA CUMBRE DE DURBAN Y SOBRE ESTRATEGIAS DE LUCHA Y MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO EN EL NUEVO ESCENARIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 219/000007).


La señora VICEPRESIDENTA (Bonilla Domínguez): Se abre la sesión.


Como punto 1.º del orden del día tenemos la comparecencia de don Juan Ramón Silva Ferrada, director general del área de sostenibilidad de Acciona, al cual le doy la bienvenida y le agradezco su comparecencia en esta Comisión para que informe
sobre su opinión respecto del resultado de la Cumbre de Durban y sobre estrategias de lucha y mitigación ante el cambio climático en el nuevo escenario. Le comunico que puede intervenir sin límite de tiempo y le cedo la palabra.


El señor DIRECTOR GENERAL DEL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD DE ACCIONA (Silva Ferrada): Señorías, les agradezco que me hayan dado esta oportunidad.


Voy a comenzar con una breve introducción y algunas consideraciones sobre la lucha contra el cambio climático para pasar después a algunas de las actuaciones y recomendaciones que nosotros pensamos que son necesarias en cuanto a mitigación.
La actuación frente al cambio climático es una prioridad ineludible, independientemente del entorno socioeconómico del momento, que puede ser más o menos favorable pero que nunca debería retrasar el camino hacia una gestión responsable de los
recursos disponibles en nuestro planeta. ¿Hemos alcanzado un punto irreversible en cuanto al cambio climático? Se le hizo esta pregunta a Rajendra Pachauri hace unos días con motivo de Río+20 y su respuesta fue que era irreversible para los países
que ya lo están sufriendo, que ya han llegado a un punto de no retorno, son -países pobres-, pero en cuanto a cambio climático todos estamos unidos con el destino de esos países; no hay fronteras en este asunto. Visto desde otro ángulo, todo lo
que necesitamos para implementar una economía verde es necesario para abordar el cambio climático y uno de los protagonistas para superar este gran desafío será el sector privado. El éxito de las políticas orientadas a la lucha contra el cambio
climático depende en gran medida de la inversión del sector privado. Además, es una de las oportunidades industriales más claras de las próximas décadas, en la que tanto España como Europa partimos de una posición privilegiada, que si no
consolidamos en un proyecto común europeo, si no llegamos a un compromiso de los principales Gobiernos de la Unión en esta materia, consideramos que esa posición está amenazada, está en peligro.


El grupo Acciona al que represento crea, promueve y gestiona infraestructuras, energía y agua, contribuyendo activamente al bienestar social en este sentido, al desarrollo sostenible y a la generación de valor para nuestros grupos de
interés. Nuestra visión es ser capaces de dar respuesta al reto de conseguir un desarrollo sostenible a través de nuestras áreas de actividad, para que generaciones actuales y futuras disfrutemos de una vida mejor. Nuestra posición frente al
cambio climático se refleja en los proyectos que asumimos a través de las líneas estratégicas de negocio: infraestructuras, agua y energía. Aunque es a través de esta última donde Acciona asume la responsabilidad de convertirse en un referente
internacional de la viabilidad tanto técnica como económica de un nuevo modelo energético, innovador, sostenible y destacado en la lucha contra el cambio climático.


Acciona actualmente es líder mundial en energías renovables. Tenemos presencia en ocho tecnologías limpias: eólica, biomasa, solar fotovoltaica, solar termoeléctrica, hidráulica, biodiesel y bioetanol. Nuestra experiencia en este campo
nos dota de conocimiento y herramientas para implementar y fomentar medidas y políticas asumibles tanto por España como por el resto de países para la disminución de gases de efecto invernadero. En 2011, Acciona incrementó su potencia instalada en
energía eólica, solar termoeléctrica, biomasa e hidráulica, situando nuestra capacidad instalada al final del año en 8.211 megavatios con una producción de 17.749 gigavatios. Tenemos una importante presencia internacional, nuestras renovables están
en doce países y las emisiones evitadas por el grupo en 2011 fueron de 11,7 millones de toneladas de CO2.


A continuación me gustaría comentar algunas de las propuestas que consideramos más significativas y que desde Acciona hacemos con relación a la mitigación del cambio climático. Como primera medida hay que fijar objetivos de reducción de
emisiones a largo plazo, a 2030 y a 2050. La disminución de emisiones hasta un nivel suficiente requiere de cambios en los modelos económicos y sociales, a la vez que inversiones muy significativas que serán realizadas en su mayoría por el sector
privado. En este contexto el planteamiento de objetivos a medio y largo plazo ligados a obligaciones de reducción de emisiones es crucial para una señal de continuidad y confianza al sector privado y a la sociedad, en línea con lo que ya pueden
estar haciendo muchos países europeos como Alemania o Dinamarca. Es importante que se planifique un horizonte bajo en carbono, en sintonía con los objetivos a medio y largo plazo en la Unión Europea. En la Roadmap 2050 de la Unión Europea de marzo
de 2011 la Comisión trabaja a partir de un objetivo que se ha marcado formalmente Europa, confirmado por el Consejo Europeo en febrero de 2011,

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de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a 2050 en un 80 o 90% basándose en los niveles de 1990. Este objetivo, que es coherente con la meta acordada por los líderes mundiales de mantenernos por debajo de la subida de
temperatura de 2 grados centígrados como media en el planeta requiere, según los análisis realizados por la Comisión, la asunción de unos objetivos de reducción intermedios, del 40% en 2030 y del 60% en 2040. De hecho, según los análisis realizados
por la Comisión y debido al nivel de emisiones actual de Europa, el cumplimiento de las políticas que marcan un 20% de energías renovables y un 20% de reducción del consumo de energía primaria llevaría automáticamente a una reducción del 25% en las
emisiones en 2020. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) España tiene ya unos objetivos de limitación de emisiones a 2012 en el marco del Protocolo de Kioto y a 2020 en el marco de la Unión Europea. Consideramos que España podría dar un paso
más y que constituiría una señal de compromiso y de proactividad que se planteara los objetivos de reducción de emisiones a más largo plazo, a 2030 y a 2050 en sintonía con la senda que marca Europa.


La segunda medida que recomendamos es aumentar el precio del carbono. La internalización del coste del carbono en las actividades productivas es esencial en el camino hacia una economía baja en carbono. Que el carbono tenga un precio
suficiente, genera una señal de mercado ante la que el sector privado reacciona, lógicamente. En mayo de 2010 la Comisión Europea lanzó una comunicación en la que valoraba la posibilidad de ir más allá del 20% de reducción de emisiones en 2020, ya
que las condiciones de mercado, como todos sabemos, han cambiado. La reducción del crecimiento económico ha producido una disminución del precio del derecho del carbono en el mercado del carbono europeo, dejándolo según sus estimaciones en unos 16
euros la tonelada; ese sería el precio de 2020. Cuando se planteó el paquete de energía y clima en la Comisión Europea los precios que se esperaban del carbono superaban los 30 euros la tonelada para 2020. Una medida necesaria para reactivar el
mercado del carbón europeo es tratar de aumentar los precios del mismo.


Nosotros planteamos tres opciones para esto. En primer lugar, incrementar el objetivo europeo al 30%, en lugar del 20%, tal y como se contempla en el paquete anterior, el del 20/20/20. En segunda lugar, la retirada temporal de derechos de
emisión del mercado, el set aside; esto permitiría que se reequilibrara de nuevo la oferta y la demanda, si bien es cierto que esta solución necesitaría una modificación de la directiva europea, lo cual llevaría probablemente años. Y en tercer
lugar, apoyamos la última iniciativa de la Comisión Europea que tiene un carácter un poco más urgente, que posibilitaría elevar el precio del CO2 y que consiste en un retraso de los derechos que tienen que ser subastados en el sector eléctrico.
Esta redistribución de volúmenes no exigiría modificaciones en la directiva sino una definición a través de un proceso de comitología. La Comisión Europea presentará en agosto un informe de adopciones y una propuesta regulatoria para esta
alternativa.


El impacto del precio de los derechos de emisión es especialmente relevante en el mercado eléctrico. Un precio suficiente determinaría el orden de méritos con el que las centrales ven su electricidad, favoreciendo las menos emisoras y
contribuiría a la convergencia de precios de tecnología fósiles y renovables. La caída de los precios que ha tenido lugar en los últimos años con motivo de la crisis económica es muy considerable a nuestro juicio. A mediados de 2008 el precio
estaba en torno a los 20 euros la tonelada y en mayo de 2012 estábamos alrededor de 6,5 euros la tonelada de CO2. Consideramos que desde España deberían impulsarse las medidas que sean necesarias para la recuperación de un precio del carbono en el
mercado europeo que dé una señal de mercado suficiente que favorezca el cambio. El incremento del objetivo del 20% al 30% en 2020 y el set aside de derechos de emisión deberían ser apoyados por su efecto a medio plazo y el retraso en las subastas
sería una buena medida de apoyo por su efecto más inmediato. Las tres medidas son herramientas diferentes para llegar a lo mismo en realidad, pero con distinto grado de firmeza. En el incremento de objetivos lo que se hace es incrementar el
porcentaje de reducción de derechos puestos en el mercado año a año sobre el actual, se retiran derechos; en el set aside se retiran directamente parte de esos nuevos derechos, pero temporalmente hasta que la Comisión lo considere oportuno, quizá
con la probabilidad de que nunca lo considere oportuno, y en el retraso de la subasta disminuyen los derechos que se ponen en el mercado al principio, aunque los incorpora más tarde. Todo eso implica disminución de derechos puestos en el mercado,
aunque de diferente forma, con lo cual contribuirían a subir el precio del carbono.


Como tercera medida, consideramos que el fomento de las energías renovables, dentro de la evolución del mix de generación eléctrico, en los últimos años ha logrado emprender un camino de transformación del mix eléctrico en España hacia uno
más limpio. Esto está evidenciado en una disminución del factor de emisión del mismo en un 42% en 2010 respecto a 2005. El desarrollo de energías renovables en España ha contribuido a esta reducción. En el periodo 2005-2010 la potencia instalada
renovable se ha incrementado en un 46% y en 2010 las renovables eléctricas contribuyeron a la reducción de 32 millones de toneladas de CO2 por sustitución de los combustibles fósiles en el mix de generación. Esto incluye la gran hidráulica. Sin
esta contribución, las emisiones globales se encontrarían 26 puntos por encima del objetivo del 15% marcado por el Protocolo de Kioto, en lugar de los 7 que teníamos a finales de 2010. La situación de inestabilidad e incertidumbre regulatoria, por
otro lado, en la que últimamente se ve inmerso el sector de las energías renovables, incluyendo la paralización en el desarrollo futuro a través del decreto de enero de este año, pone

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en peligro la evolución de estas tecnologías. A nuestra manera de ver, resulta imprescindible mantener una política de incentivos alineada con los objetivos de descarbonización del mix que aproveche lo que se ya se ha logrado y que siga
promoviendo un sistema de generación más limpio. Uno de los segmentos clave es la recuperación y el mantenimiento de las políticas de apoyo e incentivos de las energías renovables que se ha venido desarrollando hasta ahora desde los poderes
públicos. Consideramos también que mantener ese entorno de certidumbre y estabilidad regulatoria es fundamental, tanto más cuanto la mayor penetración renovable en el sistema y la mejora en la eficiencia técnica y económica de estas tecnologías
aseguran en el futuro en una tendencia bajista de los precios de mercado de la electricidad y una tendencia como mínimo sostenida, si no descendente en términos relativos, del impacto de los sinsentidos de estas energías.


Como escenario futuro, la evolución del mix de generación eléctrica es uno de los aspectos clave en la definición de una senda de reducción de emisiones. Hay que considerar además que el comportamiento de la demanda a futuro se verá muy
influido no solo por mejoras significativas en ahorro y eficiencia energética, sino también por nuevos sectores que se sumarán al consumo eléctrico como consecuencia de los cambios previstos en el modelo de crecimiento de la economía española con
una creciente tercialización y una mayor electrificación del tejido productivo y los servicios del país. Un buen ejemplo de ello sería la progresiva electrificación del transporte a nivel mundial. La Agencia Internacional de la Energía estima que
para 2015 existirán unos 7 millones de vehículos eléctricos; en 2030, unos 34 millones, y se considera que se superarán los 100 millones en 2050. Esto incrementará la demanda de energía eléctrica.


La contribución del sector eléctrico al Roadmap 2050 de la Comisión es especialmente significativa. Se contempla que el porcentaje de generación con tecnologías limpias se incremente del porcentaje que representa hoy de alrededor del 60% en
2020 y del 75% u 80% en 2030 para acercarnos al cien por cien en 2050. Esto significa la práctica descarbonización del sector eléctrico, que eventualmente se concretaría en el Roadmap de energía 2050 que está preparando la Comisión y que se
publicará antes de fin de año. Esta tendencia nos debería conducir hacia un horizonte de participación de las renovables en la generación de electricidad bruta muy relevante que consideramos que en España podría alcanzar más del 55% en el año 2030.
En este escenario, el peso de la energía eólica será especialmente significativo. Estimamos que se pueden alcanzar los 65 gigavatios, correspondiendo buena parte de estos, el potencial adicional, a la repotenciación, el repowering, la mejora de las
instalaciones actuales y la puesta en marcha de las primeras instalaciones offshore.


Como cuarta medida, que no es exactamente de mitigación sino de compensación, consideramos el impulso a los mecanismos de desarrollo limpio. Las empresas españolas participan activamente en el mecanismo de desarrollo limpio, que es un
mecanismo de flexibilidad creado en el marco del Protocolo de Kioto para ayudar a las empresas y países con obligaciones en Kioto de la manera más eficiente posible, incentivando al mismo tiempo la transferencia a los países que no están.


Para hacer proyectos MDL, estos tienen que cumplir una serie estricta de condiciones de elegibilidad, dirigidas a garantizar, entre otras cosas, que las reducciones de emisión sean reales, adicionalmente a lo que hubiera ocurrido en ausencia
del mecanismo, y que cumplan con los criterios sociales y medioambientales requeridos. España participa activamente en este mecanismo de varias formas; por una parte, a través de sus empresas, que desarrollan proyectos en diferentes países y en
múltiples tecnologías; por otra parte, a través de la participación de España a nivel país en fondos, como pueden ser el Fondo de carbono español, el Fondo de carbono Asia-Pacífico, la iniciativa iberoamericana de carbono, el Fondo multilateral de
crédito del carbono. El apoyo a nivel europeo del incremento del objetivo de reducción al 30% no solo contribuiría a corregir el precio, sino que abrirá una oportunidad a la entrada de proyectos MDL más allá de 2012, con los beneficios que conlleva
tanto para el sistema global como para el desarrollo de las empresas europeas y españolas. Además del apoyo al 30%, hay una serie de actuaciones que actualmente lleva a cabo el Gobierno español y que consideramos que debería seguir haciendo, como
son la priorización de ciertos tipos de proyectos en su cartera -la energía renovable es una área básica para el desarrollo sostenible-, habiéndose demostrado además que el MDL es eficaz en la promoción de este desarrollo sostenible. En un estudio
particularizado que hemos realizado sobre el MDL en India se puede ver que cada dólar que aporta el mercado de carbono a los proyectos eólicos que se desarrollan levanta 4 dólares de inversión, mientras que solamente es el 0,01 en el caso de los
proyectos CO2. La eficiencia energética también es un área prioritaria para el desarrollo. Recomendamos también y creemos que se debe seguir la participación en fondos de carbono que, además de ser una herramienta que contribuye a disminuir los
costes de cumplimiento y favorecer el desarrollo sostenible, así como la continuidad en el apoyo a estos fondos con proyectos registrados con posterioridad a 2012, da una señal de precio muy interesante al mercado.


Como quinta recomendación estimamos la eficiencia energética y ahorro. Los edificios, como saben sus señorías, son responsables del 40% del consumo energético y el 36% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea. La importancia de la
eficiencia energética para afrontar el cambio climático es importante, realmente es abrumadora. En un escenario de 450 partes por millón -450 PPM- la eficiencia energética debería conseguir la mitad de las reducciones en 2035. El desarrollo de un
mercado de servicios energéticos y la creación y fortalecimiento de las empresas de servicios energéticos puede ser un gran impulsor en la consecución de este objetivo. Así como en energías renovables los avances

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han sido significativos, en eficiencia energética aún no se ha conseguido despegar, quizás por falta de definición del producto y, por tanto, de las palancas que lo favorecerían. El producto que ofrece una empresa de servicios energéticos
requiere acometer muchas pequeñas inversiones y obtener rentabilidades a partir principalmente de los ahorros obtenidos, independientemente de si es cliente de la Administración pública o del sector privado. Es necesario lograr definir un producto
interesante, tanto para cliente como para proveedor. Un producto que pueda implantarse en un mercado de crecimiento, y en su definición habría que considerar que sea un producto interesante para alcanzar los objetivos de ahorro y eficiencia
energética. Habría que tender a productos lo más integrales posibles -suministro, generación distribuida, operación de mantenimiento, iluminación, sistemas de monitorización y control, etcétera-, ya que cuando más completo sea el producto, más
efectivo será en cuanto a la consecución de objetivos de ahorro y eficiencia energética. En segundo lugar, el ahorro y la eficiencia energética deben ser un objetivo, no un medio en la actualidad, con proyectos fragmentados. Muchas veces el
objetivo de estas empresas de eficiencia es más la fidelización y captación de nuevos clientes por parte de otro tipo de empresas de suministro de electricidad y gas o empresas mantenedoras. En tercer lugar, la gestión energética de barrios que
incorpore en concepto de generación distribuida y microredes podría ser una meta a medio plazo que iría incluso más allá de la gestión energética completa de edificios, abarcando barrios. En cuarto lugar, que sea un producto interesante para que el
sector privado lo adopte y comercialice. Hablamos de productos nuevos que implican relaciones contractuales a largo plazo donde para la empresa de servicios energéticos la gestión del riesgo es un aspecto clave. Uno de los problemas más
importantes con los que se enfrenta es el de la financiación de pequeños proyectos que se adaptan con dificultad a los modelos actuales de proyectos de mayores dimensiones. Creemos que el papel ejemplarizante de la Administración es esencial en
este aspecto. Nos encontramos con un sector nuevo que ofrece productos nuevos que implican relaciones contractuales a largo plazo, por lo que el mercado reacciona con prevención y prudencia. Además, los precios de las energías actuales no ofrecen
una señal de precio lo suficientemente incentivadora como para que se desarrolle un mercado espontáneo. La identificación de las barreras a la entrada y el desarrollo de los planes previstos, así como la propuesta de soluciones a dichos problemas
es clave para generar confianza, desarrollar este producto y movilizar el mercado en torno a este producto.


Por último, creemos que jugar un papel en las negociaciones internacionales es importante. En la Cumbre de Durban, como saben sus señorías, se ha extendido el Protocolo de Kioto con un segundo período de compromiso con la decisión de lograr
un acuerdo global en 2015, donde todos los países contribuyan con esfuerzo de reducción a no superar los 2 grados de incremento sobre la temperatura preindustrial. El Protocolo de Kioto ha conseguido éxitos muy relevantes y ha enviado señales que
desde el sector privado hemos interiorizado en nuestras estrategias de negocio. Por eso, consideramos fundamental que no se quiebre la confianza adquirida, que se mantengan vivos los mercados de carbono con esta prórroga el protocolo de Kioto, con
la vocación de que en un futuro próximo va a ser sustituido por un acuerdo global, donde los países adquieran compromisos vinculantes y se eviten discontinuidades e incertidumbres en las señales que se envían al sector productivo y a la ciudadanía
en general. Sin embargo, el protocolo de Kioto, tal y como está planteado en la actualidad, no es suficiente para detener el calentamiento global en los 2 grados, como es consenso común. Además de la extensión firmada, consideramos que es
necesario apoyar decididamente la consecución del tratado internacional que va a incluir a todos los países del mundo y que determinará los compromisos necesarios, lo que se supone que va a suceder en 2015. Mientras tanto y sin necesidad de esperar
a que este tratado esté firmado para tomar decisiones, los gobiernos deben diseñar e implantar las políticas adecuadas de manera temprana para que sea fructífero el camino de la posterior negociación multilateral. Esta ha de complementarse y ser
impulsada por políticas nacionales y regionales que fortalezcan los mercados y la confianza adquirida. Es el momento de empezar a pensar en dos procesos paralelos que se retroalimenten mutuamente. España y Europa deberían trabajar activamente con
cuantos mercados se pudieran establecer estos acuerdos con el objetivo de poder sumarse a dichas iniciativas y hacer un mercado lo más grande posible a nivel mundial.


Con esto, señorías, termino las medidas de mitigación. Si sus señorías lo desean, después puedo dar explicación de nuestra experiencia en Río+20 y de qué nos parecen los acuerdos a que se han llegado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva, por su ilustrativa exposición y sobre todo por su oferta, que puede conferir menos extemporaneidad a esta Comisión, ya que se ha ofrecido a informarnos sobre la Cumbre de Río y ampliando, por lo
tanto, el pedimento que le hacíamos al explicitar lo ocurrido en Durban. Yo invito a todos los portavoces de la Comisión a que si quieren tener información más actualizada y en concreto lo ocurrido en Río, sobre lo cual tenemos información
periodística muy fraccionaria e incluso contradictoria, en mi opinión sería algo muy relevante. En todo caso, empezamos el turno de los grupos. El grupo peticionario es el Grupo de La Izquierda Plural; en cuyo nombre tiene la palabra doña
Ascensión de las Heras.


La señora DE LAS HERAS LADERA: En primer lugar, quiero dar las gracias a don Juan Ramón Silva por comparecer en esta Comisión, cierto es que bastantes

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meses después de haberse celebrado la Cumbre de Durban. No obstante, lo agradecemos igualmente. Compartimos ciertas cosas y otras muchas de las que ha dicho. Quiero hacer constar que Kioto solo controla el 15% de las emisiones que se
producen a nivel global, por lo tanto no sirven para estabilizar el calentamiento. También es cierto que no ha entrado en profundidad sobre la cuestión que queríamos que nos explicara, que es cuál era su opinión respecto a todos y cada uno de los
países y las arduas conversaciones que se tuvieron que mantener en Durban para llegar a este acuerdo tan lamentable, porque solo se ha conseguido fijar una hoja de ruta que posterga el protocolo para la reducción de los gases de efecto invernadero a
2015. Ha demostrado una falta de ambición notable y parece que es muy difícil que vayamos a llegar al objetivo de mantener la subida de la temperatura a menos de 2 grados para finales del siglo, como usted ha manifestado y como deseo que
compartimos. Ha hablado de algo que a La Izquierda Plural le preocupa por la orientación que pueda tener en la economía verde. Es verdad que es un desafío para el sector privado. Creemos que desde las administraciones públicas tiene que haber un
compromiso que potencie e impulse esa economía verde, pero también la economía verde, si no viene con un cambio de modelo productivo, puede ser un gran peligro por la depredación que puede llevar a cabo respecto al medio ambiente.


Quisiera, si tiene la oportunidad, que nos dijera qué opina sobre el Fondo verde del clima que se aprobó en la Cumbre de Durban, que plantea unas ayudas en esta situación de crisis global de 74.000 millones de euros a partir de 2020 para que
los países en desarrollo puedan acercarse a los objetivos del milenio en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. Preocupa a La Izquierda Plural lo que ha dicho de que cree oportuno, adecuado y conveniente el aumento del 30% del precio
del carbono, los 16 euros para la tonelada en 2020, en relación con los derechos de emisiones del mercado. Entendemos que quien contamina tiene que pagar y si contamina más, tiene que pagar más, pero el hecho de que pagando se pueda contaminar
también es preocupante. Habrá que buscar otras soluciones, ya que las grandes empresas, que son las que más contaminan, salen beneficiadas porque tienen mayor facilidad para pagar, y porque a los Estados nos cuesta mucho y, en una situación como
esta, hay que reducir los costes.


Por último, quería que nos diera su opinión sobre las demandas realizadas a España, enfocándolo a los retos en los que dice que podemos estar, dentro del conjunto de otros países de Europa, en una situación de privilegio, pero también es
cierto que estamos ante una crisis energética, no solo económica y medioambiental, por lo tanto los retos tienen que ser muy ambiciosos. Las organizaciones ecologistas más importantes han realizado al Gobierno una serie de demandas. Quería saber
cuál es su opinión, porque creo que habrá un encuentro de intereses en cuanto a lo que usted representa. Quiero hacer hincapié en alguna de ellas, porque son muchas. En realidad se han planteado cuarenta demandas que consideran absolutamente
imprescindibles a la hora de salir de esta crisis económica, que también es ambiental, con un nuevo modelo. Entre ellas están reducir las emisiones causantes del cambio climático de manera mucho más ambiciosa, cerrar progresivamente las centrales
nucleares y apostar de manera decidida por una ley de cambio climático, detener -hasta que no se haga una correcta evaluación de la demanda real- las infraestructuras, apostar por el ferrocarril, fomentar los sistemas de depósito y retorno de
envases y prohibir la distribución gratuita de las bolsas de un solo uso de aquí a 2013, una gestión adecuada de la Red Natura 2000, que se cumpla el Plan estratégico de patrimonio natural y biodiversidad y una ley de fiscalidad ambiental que rebaje
los impuestos indirectos a los productos más verdes y que grave con cargas adicionales las actividades dañinas para el entorno. Querría saber su opinión sobre estas demandas hechas al Gobierno por las asociaciones ecologistas más importantes de
nuestro país, que consideramos muy importantes y necesarias.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Gallego.


La señora GALLEGO ARRIOLA: Gracias a don Juan Ramón Silva por sus explicaciones. Agradezco su presencia porque sabemos que ha sido una petición muy precipitada y que viene de Río, donde la empresa Acciona ha tenido una actividad muy
notable. Gracias a esta comparecencia yo también he tenido la oportunidad de conocer mejor la empresa Acciona. He tenido que estudiar cómo funciona y nos podemos sentir orgullosos de empresas como esta que tiene en su ADN la lucha contra el cambio
climático, que es el primer generador de energías renovables y que tiene una política de buen gobierno. He rescatado el discurso de mayo de 2012 de su presidente, don José Manuel Entrecanales, acerca de las energías renovables, en el que hablaba de
la necesidad de un cambio cualitativo en el sistema energético tradicional, siendo además un objetivo globalmente compartido. Hemos visto que países tan dispares como Japón, Alemania, Reino Unido, México, Chile o Sudáfrica han adoptado decisiones
sobre esa necesidad de un cambio cualitativo en el sistema energético tradicional.


Sin embargo, aquí, en España, nos encontramos con que el Gobierno decide priorizar la eliminación del déficit tarifario como uno de los objetivos de su política energética, a costa de los efectos nefastos para el desarrollo futuro de las
energías renovables. Al final, el total de los incentivos de las energías renovables supone un 15% de los costes totales del sistema eléctrico y han sido los más sacrificados con la paralización radical de los desarrollos que ha supuesto el Real
Decreto 1/2012. Tendremos que preguntar qué piensa el Gobierno sobre el desarrollo de estas energías renovables. Sin embargo, la Comisión Europea, en la evaluación del programa nacional de reformas, del programa de estabilidad de

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España ya nos está diciendo algunas cosas. Le dice a España que la suspensión de las ayudas a las energías renovables en enero de 2012 está desalentando la inversión en ese sector y por tanto será difícil que España alcance sus objetivos
energéticos y climáticos en el marco de la estrategia europea 2020. Aumentará también la dependencia de España de la energía importada respecto de la actual tasa del 79%, que ya es muy superior a la media de la Unión Europea, que es del 54%.
Además, el aumento en marzo de 2012 de las tarifas aplicadas a los consumidores también puede frenar el consumo interno y reducir la competitividad exterior de las empresas.


La Comisión Europea también ha recordado a España que existen en nuestro país importantes retos en las áreas de gestión del agua, de los residuos y de la contaminación atmosférica -sabemos que la empresa Acciona se dedica a estos temas-.
Por ejemplo, una aplicación plena de la legislación existente podría crear más de 54.000 puestos de trabajo y aumentar el volumen de negocio actual del sector de los residuos en aproximadamente 5.700 millones de euros, reduciendo así las emisiones
globales directas e indirectas de gases de efecto invernadero en 3,5 puntos porcentuales, hasta un 6,1% en 2020. Por tanto, la política medioambiental pasa por alto el programa nacional de reformas y España sigue retrasada respecto a otros países
de la Unión Europea en la aplicación de la legislación ambiental.


Otra de las recomendaciones de la Unión Europea va en el sentido de que hay un nuevo marco institucional sólido que reduce la incertidumbre y que debe aumentar la asignación de los recursos a la I+D+i. Se está hablando de un plan de ciencia
y tecnología y la Unión Europea pide a España que sea más explícita en la articulación del plan con las comunidades autónomas, puesto que la innovación es particularmente importante a nivel regional. Bien, pues los presupuestos del Gobierno español
para 2012 van en contra de todo esto con los recortes en I+D+i, en educación, en formación, con la caída de la inversión en infraestructuras y con recortes en la internacionalización de las empresas. En definitiva, vamos en contra de mejorar la
productividad y la competitividad de la economía española. Por supuesto, está paralizado el sector de las renovables con argumentos tan peregrinos como que nos lo podemos permitir porque llevamos ocho años de adelanto. Eso se traduce en
desperdiciar el liderazgo de España en el desarrollo de estas energías para volver a potenciar la energía nuclear. Es mala decisión para España y para su crecimiento, pero también es mala para el empleo, porque cerca de 50.000 empleos están en
riesgo y frena además cualquier expectativa de creación de nuevos empleos en el sector. Es una mala decisión para el medio ambiente porque España se aleja de alcanzar el 30% de reducción de CO2 en 2020. Desde luego, el PSOE apoya la reducción de
las emisiones en un 30% para 2020 porque creemos que es viable.


Permítame decir que esta comparecencia coincide con la reciente Cumbre de Río, adonde han acudido más de ciento treinta primeros ministros, y también vamos a hablar un poquito de dicha cumbre, aunque sé que usted luego nos explicará qué es
lo que ha realizado Acciona en ella. Las empresas llevaban soluciones prácticas que se resumen en la inversión en energías limpias, en inversión en infraestructuras para potabilizar el agua a través de plantas de desalación y en infraestructuras de
vanguardia con proyectos de I+D+i orientados a minimizar el impacto ambiental de la construcción. Para que el sector privado pueda cumplir con su papel en el proceso de crecimiento económico sostenible, las empresas necesitan unos marcos de
políticas globales y locales estables que apoyen y que premien las inversiones en este tipo de negocios. Es verdad que hace falta financiación, pero hace falta también la voluntad política de crear verdaderamente los objetivos que antes hemos
citado, porque si se destina dinero a una economía más sostenible, se va a generar más bienestar para los ciudadanos empleando muchos menos recursos. Por ejemplo, el volumen de ayuda a los combustibles fósiles a nivel mundial multiplica por siete
lo que se dedica a energías renovables. Hay inmensos agujeros negros, los paraísos fiscales, que junto con la corrupción son los agujeros negros de la globalización. En nuestro país se está haciendo lo contrario de lo que se está propugnando. En
el momento actual hay un importante descenso en la I+D+i, hay una bajada importante, como he dicho antes, en los presupuestos de formación y educación y hay una paralización en las ayudas a las energías renovables. El Grupo Socialista está
preocupado por la apuesta de este Gobierno por el ladrillo y por el desarrollo no sostenible, que va a afectar a la economía, al empleo y al medio ambiente. Nuestro presidente del Gobierno, el señor Rajoy, con el ministro Arias Cañete han acudido a
la Cumbre de Río y nos han sorprendido porque han hecho declaraciones en las que se comprometen a cumplir los objetivos del milenio y a cumplir con las políticas medioambientales. España no solamente puede salir con arrojo, con determinación y con
paciencia de esta crisis, tiene que salir con más cosas. Habrá que explicar qué tipo de políticas se hacen y que son las que se han plasmado en los presupuestos de 2012.


Si leemos el documento final de la conferencia -lo tenemos aquí-, observamos las contradicciones del Gobierno español entre lo que dice fuera y lo que hace dentro. Por ejemplo, el primer objetivo es el de erradicar la pobreza con sistemas
de protección social que reduzcan las desigualdades y la exclusión social estimulando incentivos que ayuden mejor a la protección social. En España, por el contrario, se reducen las ayudas a la cooperación y todos los sistemas de protección social.
Como segundo objetivo se recomienda un mayor uso de las energías renovables, instando a los Gobiernos a crear entornos propicios que faciliten la inversión en los sectores públicos y privados y hay promoción de incentivos fomentando las actividades
de investigación y desarrollo.

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En España sin embargo se suspenden las ayudas a las renovables y se baja el sector de I+D+i. En cuanto al tema del agua y del saneamiento, se incide en la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a las inundaciones, sequías, escasez de
agua y la necesidad de movilizar recursos financieros e inversiones en infraestructuras para los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. En España se está promoviendo la mercantilización del agua. Por último, como objetivo final, está
la promoción del pleno empleo productivo, trabajo decente y protección social. En España la reforma laboral cambia todo tipo de relaciones laborales eliminando además la protección social a los parados.


Esta es la situación actual y como representante del Grupo Socialista tengo la oportunidad de preguntarle acerca de cómo ven empresas como la suya este tipo de reformas y conocer su opinión, que creemos muy autorizada, para saber cómo se
pueden cumplir los objetivos de la Cumbre de Río. Por ejemplo, qué tipo de políticas o qué medidas de regulación son más oportunas para apoyar las inversiones de las empresas que trabajan en el proceso de crecimiento económico sostenible; o de qué
manera puede promover el Gobierno la reducción de costes en las tecnologías de las energías renovables; o qué podría hacer el sector público para favorecer las expansión de las energías renovables -lo tengo todo apuntado por si acaso luego se lo
quiere usted llevar-; o qué tipo de políticas o de medidas de regulación serían oportunas para evitar una mercantilización del agua.


Ban Ki-moon promovió la energía sostenible para todos y las preguntas serían ¿cómo cree usted que España puede contribuir para que esta iniciativa cumpla su objetivo en 2030? ¿Cómo se pueden reducir los costes en las tecnologías de
desalación? ¿Cuál ha sido la evolución reciente de los puestos de trabajo de Acciona en las diferentes actividades productivas en las que esta empresa actúa? Por último, ¿cree usted que la reforma laboral aprobada por el Gobierno es compatible con
los nuevos modelos de empresa que abogan por el empleo pleno y productivo, por el trabajo y la protección social?


El señor PRESIDENTE: No tengo que explicar al compareciente que tiene la obligación de responder aquello que él considere oportuno y adecuado o concordante con lo que legitima su presencia aquí.


En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fumero.


La señora FUMERO ROQUE: En primer lugar, quiero agradecer al director general del área de sostenibilidad de la empresa Acciona, don Juan Ramón Silva Ferrada, su participación en esta Comisión para el Estudio del Cambio Climático. De veras
quiero agradecer su exposición en la que pone de manifiesto su dilatada experiencia y su participación en foros internacionales relacionados con el medio ambiente y con la lucha contra el cambio climático. Ha manifestado usted algunas opiniones
como dirigente de la empresa Acciona, en alguna de las cuales estamos totalmente de acuerdo, como puede ser la apuesta por una economía verde o la inversión en la iniciativa privada.


Desde el Grupo Popular valoramos muy positivamente trabajar de la mano con el sector privado, de empresas como Acciona, que están comprometidas con un desarrollo más sostenible, que invierten en tecnología verde como apuesta a la hora de
diferenciarse de sus competidores, a la hora de reducir costes y también a la hora de conseguir nuevos nichos de mercado, de ver oportunidades en un desarrollo más sostenible. Las empresas comparten con los Gobiernos -y creo que ahí no hay nadie
que discrepe- la necesidad de apostar por una economía verde, de apostar realmente por una gestión más eficiente y más responsable, siendo conscientes de que en un inicio hace falta un esfuerzo y hay que llevar a cabo una inversión, que luego a
medio y largo plazo supone un retorno económico para las empresas, y no solo económico sino también social y medioambiental.


El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el señor Arias Cañete, ha comparecido ya en esta Comisión y también en la de Medio Ambiente y ha manifestado que el Gobierno trabaja para reforzar las capacidades de las empresas en
el contexto de sostenibilidad, máxime en un momento de crisis económica donde realmente no saldríamos de esta situación si no fuera con el apoyo de las empresas. Si no hay un desarrollo en las empresas, difícilmente saldríamos de esta crisis
económica. Por tanto, creemos que es indispensable trabajar de una manera intensa, de una manera más coordinada, no solo entre los Gobiernos y el sector privado, sino también entre las diferentes instituciones públicas, entre las organizaciones no
gubernamentales, los sindicatos, la comunidad científica y, en general, toda la ciudadanía, porque si realmente tenemos claro que esto es un gran reto, difícilmente vamos a poder alcanzarlo con soluciones individuales, sino que tiene que ser de una
manera comprometida entre todos.


Se ha hablado un poco de los resultados de Durban -de hecho, era uno de los motivos para invitarle a comparecer en esta Comisión- y quiero decir que ya se ha debatido en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático y que hay opiniones
para todos los gustos, como también está ocurriendo con la Cumbre de Río+20. Hay quienes salieron de la Cumbre de Durban siendo muy optimistas y quienes, por el contrario, fueron muy pesimistas. Lo que está claro es que en cualquier cumbre
internacional -llámese Durban o Río+20- las negociaciones son muy complicadas, muy difíciles, teniendo en cuenta que participan más de ciento noventa países con problemas, necesidades e intereses a defender muy diferentes entre los participantes.
Valoramos positivamente cualquier acción que se haga y que suponga un pequeño paso hacia delante, aunque también se deduzca entre líneas de su comparecencia que a veces somos más lentos de lo que nos gustaría. Valoramos positivamente cualquier paso
hacia delante. Con respecto a Durban, coincidimos en la continuidad del Protocolo de Kioto a

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través de un segundo periodo de compromiso y en la búsqueda de compromisos que sean realmente vinculantes para todos los grandes emisores. Es algo muy importante.


Como conclusión, algo muy positivo -así lo determino yo- es que realmente lleguemos a un gran acuerdo, a estar de acuerdo -valga la redundancia- en coincidir en la importancia y en la necesidad de la lucha contra el cambio climático, en
avanzar en un desarrollo más sostenible. Si hay unanimidad en este sentido, no la hay en cuanto a qué medidas aplicar y de qué manera hacerlo. Ahí se va a poner de manifiesto el interés de cada uno de los países. Está claro que nos hubiera
gustado que tanto en Durban como en Río+20 hubieran nacido más compromisos, más objetivos reales, medibles, que realmente fueran encaminados a la disminución real y eficaz de nuestras emisiones. Lo que está claro es que para el Gobierno de España
la lucha contra el cambio climático es fundamental, no solo por su dimensión ambiental, que lo es, sino también por su impacto socioeconómico y sobre todo -lo resalto en un momento de máxima dificultad económica, de crisis económica- por la
necesidad de rediseñar la manera en que nuestros sistemas productivos están funcionando, de rediseñar la fabricación para minimizar los efectos ambientales, buscando la protección del medio ambiente, por supuesto, pero también la creación de nichos
de actividad y la generación de empleo, que es un compromiso de este Gobierno.


Queda mucho trabajo por hacer y se escucha a otros portavoces y parece que no han tenido responsabilidades de Gobierno. Antes hablábamos de ser positivos, optimistas o todo lo contrario. Nosotros somos realistas. El Partido Popular ha
llegado a un Gobierno y se ha encontrado con un panorama en el que no se habían llevado a cabo muchas tareas pendientes. El compromiso del Partido Popular es cumplir con el objetivo 20-20-20, pues realmente en sectores difusos queda mucha tarea por
hacer. Hemos establecido prioridades teniendo en cuenta que nos queda poco margen presupuestario para actuar y esas prioridades son cumplir con los compromisos internacionales y comunitarios, con los más inmediatos, así como establecer estrategias
a medio y largo plazo. El ministro Arias Cañete también ha comparecido y ha dado a conocer una hoja de ruta comprometida a llevar a cabo proyectos que van en la línea de disminución de emisiones, pero siendo conscientes, como decía antes, de cuál
es nuestra realidad presupuestaria. Se ha hecho un ejercicio de transparencia contando a todo el mundo cuál es esa situación. Nosotros nos encontramos con un escenario de crisis económica y financiera muy grave y me sorprende que se nos critique
por querer superar ese gran reto, que es reducir el déficit tarifario, que son 25.000 millones de euros -se dice pronto- y realmente es uno de nuestros principales objetivos. Nos hemos encontrado también con una desviación del déficit público del
6,5 al 8%, así como con una desviación en la compra de créditos de carbón, pasando de 159 millones de toneladas a una estimación de 194 millones, con el desembolso económico que eso supone. Así podríamos seguir enumerando una serie de realidades o
de desviaciones que hacen que nuestro margen en materia presupuestaria sea realmente poco. Tenemos que ser capaces de gestionar con la máxima eficacia, con la máxima austeridad -no queda otro camino- y sobre todo con mucha seriedad. Hay que ser
serios y no podemos hablar y luego no hacer nada. Los ciudadanos están cansados de palabras huecas, de papel mojado.


A pesar de esta situación, de esta herencia a la que no he podido dejar de hacer alusión, está claro que el Gobierno está trabajando y lo está haciendo ya en buscar soluciones para mejorar y trabajar en un desarrollo más sostenible, tomando
decisiones de manera rigurosa para dar un giro a la política energética de España -coincidimos en que es un sector estratégico para nuestro países- para alcanzar también una sostenibilidad económica y medioambiental del sistema. Un eje sin el otro
no sería viable. Debemos potenciar las energías renovables. Se ha dicho que el Gobierno del Partido Popular ha paralizado las energías renovables. Lo que ha paralizado el Partido Popular no han sido las energías renovables, sino las primas. ¿Por
qué digo esto? En España se ha producido una burbuja fotovoltaica, y de un objetivo de 500 megavatios de fotovoltaica se ha pasado a 3.500 megavatios. Realmente, nuestro Gobierno en este momento no se puede permitir seguir bonificando estas
primas, estas cantidades. Lo que está claro es que debemos potenciar las energías renovables, aprovechar el avance tecnológico y la adopción de medidas para obtener un mix energético que realmente sea diversificado, flexible, competitivo y por
supuesto que sea limpio, que nos ayude a reducir la tasa de dependencia energética. España está trabajando, como digo, por una economía baja en carbono, eficiente en el uso de los recursos y que genere crecimiento, competitividad y empleo en aras
del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza, y no hay mayor pobreza cercana que ver a un país con más de 5 millones de parados.


Como decía al principio de mi intervención, mi grupo, el Grupo Popular, no entiende una recuperación económica sin contar con el tejido empresarial y sin trabajar de la mano para mejorar en este desarrollo sostenible. Por eso le agradecemos
que haya comparecido en esta Comisión en representación de Acciona, así como las aportaciones que ha hecho, algunas de las cuales compartimos y otras no. Termino diciendo que se ha mencionado la reciente Cumbre de Río+20, en relación con la cual
quiero manifestar que el ministro de Agricultura, el señor Arias Cañete, ha pedido comparecer para hacer una evaluación de la misma, que será en breve. De verdad le agradezco honestamente que haya participado en esta Comisión de Estudio para el
Cambio Climático.


El señor PRESIDENTE: Señor Silva, tiene la palabra para responder a esta miscelánea de cuestiones que le han planteado, no todas vinculadas seguramente al

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objeto de su competencia, sino más propias de la retórica parlamentaria habitual. No le recomiendo que penetre por terrenos vidriosos y que en la medida de lo posible nos ilustre sobre lo que ha justificado su presencia entre nosotros.


El señor DIRECTOR GENERAL DEL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD DE ACCIONA (Silva Ferrada): Voy a intentar ir por orden. No sé si voy a poder responder a todo -he intentado apuntarlo casi todo-. Las consideraciones y las preguntas desde luego han
sido muy interesantes.


Empezando por la señora De las Heras, respecto a nuestra opinión sobre la hoja de ruta y lo que se acordó en Durban, consideramos que la velocidad a la que avanzan estas negociaciones, el hecho de que se haya acordado prácticamente acordar
que vamos a acordar en 2015 es un poco desesperante para muchos, lento para otros y suficiente para un cierto número de Estados. En realidad, la situación es esta y se ha vuelto a repetir en Río. Si estamos en el sector de las renovables, para
nosotros cualquier retraso en las emisiones o en asegurarnos que la temperatura no sube 2 grados en el calentamiento global significa un retraso realmente peligroso. Independientemente de que afecte a nuestro negocio directamente, consideramos que
es peligroso para el medio ambiente, para la biodiversidad, etcétera.


Se me pidió la opinión sobre el Fondo verde para el clima para 2020. Este Fondo verde tiene un problema y es que no está articulado; lo que se discutirá será la articulación cuando exista. Por otra parte, nos encantaría que existiera. Se
intentó otro tipo de fondo. El G-77 ha promovido un tipo de fondo de 30.000 millones de dólares ahora en Río, que tampoco ha quedado muy claro. Básicamente nuestra respuesta al Fondo verde es que lo apoyamos ampliamente y nos encantaría conocer la
articulación cuando exista.


Me ha preguntado si en Europa estábamos en una situación de privilegio y, al promover la reducción de emisiones, qué opinamos de una serie de aspectos como las nucleares, las bolsas de plástico y otras cosas que no he conseguido apuntar.
Primero, la situación de privilegio en Europa. Cuando hablamos de una situación de privilegio es porque Europa, y España en particular, han trabajado duramente para tener una posición de liderazgo mundial en energías renovables. Ahora mismo nos
enfrentamos con que China está invirtiendo mucho más que Europa y otros países en desarrollo están invirtiendo también, con lo cual sus desarrollos tecnológicos van a competir directamente con nosotros. Cuando al principio de mi intervención decía
que estamos en peligro en ese sentido, es que realmente vamos a tener menos que vender. Como empresa nos dedicamos a vender una serie de servicios y no queremos que la competencia nos adelante. Con respecto a las bolsas plásticas, como ironía me
permito recordar que hace unos días se cerró el acuerdo en Río y ese mismo día el ministerio público de Sao Paulo decidió revocar la prohibición de las bolsas de plástico en el Estado de Sao Paulo y las han vuelto a permitir. Eso da una idea a qué
se han sentido autorizadas las autoridades y lo plano que fue el acuerdo. Si hay algo que me he dejado sin contestar o que pueda aportar por escrito, estaría encantado de hacerlo.


Con respecto al cambio cualitativo en el modelo energético, pensamos que la tendencia hacia la descarbonización de la economía implica un avance. Aquí podemos discutir las velocidades, pero es inevitable ese avance hacia la descarbonización
del modelo energético, es decir, hacia la reducción del porcentaje que hasta ahora implican los combustibles fósiles y el aumento de fuentes de energía renovable. Cuando nos planteamos si puede haber una paralización o una ralentización del
desarrollo de las renovables, lógicamente esto mantiene nuestra dependencia energética. Nosotros consideramos que las energías renovables contribuyen a la independencia energética, además de otras ventajas. Esto para nosotros está vinculado a las
ayudas o a la inversión en I+D+i, que es básica por lo mismo que hemos hablado antes, para mantener un liderazgo. Acciona tiene previsto invertir 500 millones de euros en I+D+i entre 2010 y 2015 -ya hemos invertido y estamos en línea con los
objetivos- y el 74% de esa inversión va a renovables. Por tanto, mantener ese pulso inversor en I+D+i significa mantener nuestra competitividad en el mercado. Cualquier cosa que nos obstaculice obstaculiza nuestra gestión como empresa, obstaculiza
nuestra competitividad. Preguntaba qué pedíamos nosotros al marco regulatorio. Lógicamente, pedimos más o menos siempre lo mismo, y a veces parecemos un poco pesados en esto. Pedimos un marco estable, predecible y a largo plazo. Para nosotros
predecible no son tres años; para nosotros predecible son veinte o veinticinco años. Casi todos nuestros proyectos tienen esa longitud en el tiempo. La inversión en un proyecto de renovables es de capital intensivo, con una serie de agravantes, y
uno de ellos es que el coste financiero se mantiene más o menos unos veinte años. Nos cuesta defender nuestro modelo si no tenemos una certeza de un sistema o un marco regulatorio predecible en ese sentido.


La señora Gallego pregunta por el tipo de medidas consideramos oportunas. Creo que está más o menos explicado aquí. El marco regulatorio para nosotros es importante y creemos que debería haber una apuesta de las autoridades por seguir
poniendo en valor los desarrollos tecnológicos españoles internacionalmente o, por lo menos, por impedir que se rebaje ese prestigio que hemos tenido hasta ahora, y ahí sí consideramos que es posible una ayuda; esto no son subvenciones, pero sí es
una ayuda que consideraríamos muy útil para todo el sector de renovables español.


¿Cómo contribuir al acceso a la energía para todos? En este momento, hay casi un billón y medio de personas sin acceso a la energía. Uno de los aspectos del acceso a la energía para todos es el acceso a la gente que está fuera del alcance
de la red eléctrica, es decir, el acceso de las zonas rurales aisladas. Este es un problema que

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va persistir en los próximos años. Una cosa es renovables en la red y otra el acceso a la energía para todos. Uno de los problemas más graves y más hirientes es que haya 1.300 millones de personas que no tienen acceso a la red. Nosotros
trabajamos en este momento en el norte de Perú en un proyecto que se llama Luz en casa para dar acceso a sistemas fotovoltaicos domésticos en una zona donde la red no va llegar en quince o veinte años. Una de las contribuciones interesantes de la
empresa a esta situación no es donar cosas, no es regalar equipos -eso es más o menos fácil-, sino, considerando que tenemos experiencia suficiente, y este es el caso de la experiencia que tenemos de Luz en casa, diseñar unos modelos de
microempresas sociales que puedan ser autosuficientes y que, además, puedan crecer por sí solas. Consideramos que esto es una aportación interesante de Acciona a ese aspecto del acceso universal a la energía. Como sabéis, esta ha sido una de las
bofetadas que ha sufrido el pobre señor Ban Ki-moon en la Cumbre de Río, en la cual se quitó la referencia a su iniciativa de acceso universal a la energía, que es una iniciativa muy interesante; el acceso a la energía es un derecho y no hay ningún
tipo de desarrollo sin energía.


Por último, contesto a doña Águeda. Me han parecido muy interesantes dos menciones a trabajar más coordinadamente entre todos. Aun habiendo opiniones para todos los gustos y entendiendo la complejidad de las negociaciones, que la sufrimos
pero la entendemos, y la dificultad de poner de acuerdo intereses tan dispares como pueden ser la OPEP o las islas pequeñitas que se están hundiendo ahora mismo en el Pacífico, todos tenemos que estar de acuerdo en la importancia de luchar contra el
cambio climático, pero cada uno a su manera. Nosotros evidentemente levantaremos nuestra bandera. Consideramos que las renovables son un asunto urgente, que la lucha contra el cambio climático no admite muchas dilaciones. Estamos llegando a un
punto complicado, al menos la evidencia científica así lo admite. Rajendra Pachauri, en una entrevista que le hicieron durante Río+20, cuando le preguntaron -lo decía al principio- si él creía que cambio climático había llegado a un punto de no
retorno, dijo que ha llegado a un punto de no retorno para los países que lo están sufriendo, que son algunos de los países más pobres. Desde ahí hasta no hacer nada, que no es nuestro caso ni creo que sea el de España, hay una gama bastante
amplia. Considero que esperar una acción coordinada en breve no sería sensato. Por otra parte, entiendo y apoyamos su referencia a rediseñar aspectos del tejido productivo para reducir la huella y crear empleo. Esto es algo en lo que trabajamos y
pensamos que las energías renovables sí crean empleo estable básicamente porque son unas energías estables cuyo precio se puede garantizar de manera muy estable, además de reducir la dependencia y contribuir al producto interior bruto porque cada
céntimo que se invierte en renovables se queda aquí, y lógicamente producir una energía limpia. Por nuestra parte, le agradezco la honestidad al referirse al poco margen de acción. Somos conscientes de la grave situación que estamos viviendo y una
de las cosas que agradecemos es esa honestidad en el sentido de que la situación es bastante cruda, pero la tenemos aquí delante y es interesante trabajar desde esa óptica.


El señor PRESIDENTE: Señor Silva, muchas gracias por sus reflexiones tan ilustrativas, elocuentes y sobre todo por haber sabido regatear algunas de las reflexiones retóricas que se han intercambiado los grupos que le han interpelado,
cuestión no siempre fácil cuando se comparece en esta Cámara. Damos por concluida esta comparecencia y si tiene la posibilidad de dejarnos por escrito algunas de las reflexiones que ha explicitado, esta Comisión se lo agradecerá. Suspendemos la
sesión durante cinco minutos para que el siguiente compareciente prepare su comparecencia. (El señor vicepresidente, Lagares Flores, ocupa la Presidencia.- Pausa.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE DE COMISIONES OBRERAS (SERRANO I GIMÉNEZ), PARA INFORMAR SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE LAS MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO. A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000015).


El señor VICEPRESIDENTE (Lagares Flores): Reanudamos la sesión, en este caso con la comparecencia de don Llorenç Serrano i Giménez, secretario de medio ambiente de Comisiones Obreras, sobre la compatibilidad de las medidas para la
mitigación y adaptación al cambio climático y la creación de empleo. Tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE DE COMISIONES OBRERAS (Serrano i Giménez): En primer lugar, quiero agradecerles el interés por conocer nuestra opinión, agradecerle al grupo que lo ha solicitado que lo haya hecho y dar las gracias a
las diputadas y diputados que procuran mantener una relación habitual con mi sindicato sobre estas cuestiones que estén aquí. Sé que hoy es un día en el que competimos con temas de mucho interés en el Congreso y me gustaría pedirles disculpas
porque supe que íbamos a comparecer el jueves y he traído una presentación elaborada a mano que no les podré facilitar, pero para esto están los servicios del Congreso, que lo transcribirán.


En primer lugar, quería trasladarles mi experiencia. Yo comparecí en el año 2009 en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Cambio Climático, recién asumida mi responsabilidad en Comisiones Obreras como secretario de Medio
Ambiente, a las puertas de Copenhague. Copenhague era la gran expectativa porque terminaba Kioto en 2012 y existía la conciencia de que algo debíamos acordar para sustituirlo.

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Era la primera cumbre del clima de la Presidencia Obama, de la que se esperaba una posición mucho más abierta con respecto a las anteriores. Se había evidenciado ya la crisis pero parecía que solo era una crisis financiera que algunos no
sospechosos de ser revolucionarios decían que debía llevar a refundar el capitalismo y que por tanto pondría en cuestión el modelo que nos había llevado hasta allí. Copenhague venía precedido de un G-20 en Pittsburgh donde las grandes economías se
habían puesto de acuerdo en decir que el problema del empleo y el problema climático eran dos caras de la misma moneda y que por tanto se podían prever iniciativas en el sentido de dar soluciones comunes a las dos cuestiones. Además, se celebraba
en Dinamarca, país que sobre el papel debía jugar un papel activo y acertado en conseguir acuerdos que al final creo que fueron todo lo contrario. Creo que, con perspectiva, podemos decir que esa cumbre fue un fracaso para el clima y para el
planeta y que desde entonces vamos cosechando fracaso tras fracaso.


En las negociaciones de Cancún y en las de Durban, a las que he tenido la oportunidad de asistir, de alguna forma a la población se nos ha dado la mística del esfuerzo de negociar hasta el último momento, rompiendo incluso los horarios
establecidos, en lugar de resultados operativos, que es lo que necesitamos. De hecho, en la práctica aumenta la brecha entre lo que es necesario para mitigar el cambio climático y lo que comprometen los distintos Estados, y luego si quieren me
extiendo en este aspecto. El principal obstáculo para llegar a los acuerdos necesarios es que la aproximación mayoritaria de los Estados y de buena parte de la sociedad a las negociaciones del clima es la siguiente: nos reunimos para asumir
sacrificios, en lugar de ver que nos reunimos para aprovechar oportunidades. A partir de este punto de vista, el principio de responsabilidades y de capacidades comunes y diferenciadas de los distintos países para ver qué puede poner cada cual en
la cesta para luchar contra el cambio climático, en lugar de convertirse en un motor de tomar acuerdos y medidas, se convierte en una trinchera donde guarecerse y decir que los sacrificios los hagan otros. Río+20, a la cual también he tenido
oportunidad de asistir -y a la que el anterior compareciente se refería-, fundamentalmente es el resultado de la misma dinámica. Además, en Río se ha hecho evidente, más que en cualquier otra reunión, la desconfianza de los Estados a que se les
impongan objetivos desde algo que podría ser una iniciativa de gobierno global. Hay una constante referencia a que todos los objetivos deben adoptarse en el marco de la legislación de los objetivos nacionales, y así como en Durban la Unión Europea
consiguió romper el bloqueo a que se había visto sometida en Copenhague -y creo que también en Cancún, aunque menos-, llegando a identificar intereses comunes con parte de los países en desarrollo, del G-77, en Río no ha sido así. En Durban, la
Unión Europea fue capaz de ofrecer algo a cambio, la prórroga del Protocolo de Kioto. En Durban, lo que se podía a dar a cambio era financiación, pero, porque no se podía o porque no se quiso, no se trabajó a fondo esa posibilidad, y creo que la
Unión Europea ha vuelto a padecer una cierta situación de aislamiento que se expresaba claramente en la frustración -aunque seguro que después metabolizada y maquillada- de los negociadores europeos el miércoles a las dos de la madrugada esperando
un papel que no llegó hasta el día siguiente, aunque al día siguiente y con el papel delante se dijese que la Unión Europea estaba de acuerdo con el documento que había preparado la Presidencia brasileña.


Mi intervención quiere desarrollar brevemente esta visión de que las políticas climáticas no son un sacrificio sino una oportunidad; por supuesto, en el caso de España: reducir el consumo, la intensidad energética, la huella, la
dependencia energética de materiales; reducir nuestro déficit exterior, la transferencia de renta que suponen nuestras importaciones de materiales y combustibles, que sobre todo nos tiene que servir para poner en pie sectores y actividades que son
nuevos, que nos permiten un posible liderazgo mundial que jamás hemos detentado en sectores industriales consolidados, que incorporan una parte de conocimiento y la gestión de todo esto que deberíamos aprovechar y que sobre todo debería servir para
construir un modelo productivo menos vulnerable a los ciclos económicos que el que hemos tenido. Si eso es así, quiero señalar que en las negociaciones climáticas, lo mismo que en Río+20 -y lo ha dicho el anterior compareciente-, hay obstrucciones
engañosas. Los mismos países que obstruyen tener objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos son hoy los que tienen programas de investigación, desarrollo e implantación de energías renovables más potentes; y yo, que tengo experiencia
sindical en la industria, estoy convencido de que el gran juego del futuro -lo han dicho responsables políticos con mayor solvencia- es ver qué países llegamos a tener una presencia importante en el conocimiento y la fabricación de los equipos que
deben suministrar la energía del mundo dentro de quince o veinte años, y el bloqueo de los objetivos de reducción de emisiones no debería hacernos perder de vista que el gran desafío industrial y de futuro está ahí.


Creo que Europa tiene la visión adecuada, pero no tiene la voluntad, porque Europa ha llegado a un punto de estancamiento donde, si bien expresa que puede ser bueno para nuestra economía y nuestra sociedad persistir en objetivos de reducción
de emisiones, sigue condicionando una mayor ambición a lo que hagan los demás. Algún día tendremos que resolver si nuestra política climática, y por tanto industrial, tiene que ver con aquello que nos conviene o tiene que ver con los posibles
acuerdos de las cumbres del clima, que sabemos que hasta 2015 son prácticamente ilusorios y no creo que se vayan a dar. La pregunta entonces es: ¿Es posible el cambio? ¿Por qué no lo hacemos? Yo creo que una visión de desarrollo sostenible para
Europa -porque el desarrollo sostenible no es solo para los países pobres- implicaría muchos cambios, de carácter normativo,

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técnico, fiscales, de políticas industriales que durante mucho tiempo no hemos tenido, de políticas de estímulo en la situación económica en que estamos, pero debiéramos afrontarlos. Algunos, cuando empezó la crisis -creo que la visión que
estoy expresando es una visión que evidentemente tiene más peso en algunas organizaciones sociales y partidos que en otros, pero es una visión que de alguna forma puede llegar a ser incluso transversal-, algunos, los que tenemos esta visión que
intento expresar, fuimos un poco ingenuos cuando empezó la crisis y dijimos: ya está, la realidad nos da la razón, se verá que ese es el camino. Pues a estas alturas es obvio que hay mucha resistencia a saber que ese es el camino porque hay muchos
intereses creados, legítimos, algunos quizá no tanto, y sobre todo hay inercias que cuesta mucho romper. Como no se trata de actuaciones de un ministerio o de dos, y sobre todo hay que evitar que esas actuaciones sean contradictorias, o tenemos un
marco europeo, trasladado después a la política española, que integre todo lo que hay que hacer -y no puedo entrar en detalle-, o la verdad es que estamos en una situación de parálisis muy preocupante.


Quiero comentarles también una cosa por el nombre de la Comisión y la comparecencia que me pedían: adaptaciones en España, la gran ignorada. Yo me he referido a esto en el Consejo Nacional de Cambio Climático, se lo he dicho al ministro, y
creo que en España no existe ni conciencia de los que ya son efectos inevitables del calentamiento global en nuestro país ni sobre todo conciencia de las medidas que debemos tomar para minimizarlos, porque no se me ocurre que podamos aprovechar
alguno de ellos. Creo que este es un déficit importante en la acción política y, por tanto, en la percepción de la población española, que sigue pensando que los efectos del cambio climático se dan, y es cierto, de forma más acentuada en los países
más pobres y vulnerables. Pero creo que para conseguir consensos para lo que hay que hacer sería conveniente que fuésemos capaces de explicar que nosotros también somos sujetos afectados por ese calentamiento global ya inevitable.


Salto rápidamente a decirles que como nosotros hemos querido ver en las políticas necesarias una oportunidad, hemos hecho estudios sobre qué capacidad de generación de empleo tenían determinadas políticas de mitigación del cambio climático.
Nosotros, hasta la fecha, podemos contar con el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, Istas, que utilizamos para estas cuestiones, que ha tenido para estos estudios que les voy a referir financiación del IDAE, financiación de la Fundación
Biodiversidad, de algunas comunidades autónomas como Cataluña y la Comunidad Valenciana, que nos han pedido que hiciésemos estudios de caso limitados a ese territorio. Hemos hecho estudios para ver en qué sectores, cuánto empleo y de qué calidad
podíamos generar teniendo mayor ambición ambiental en nuestras políticas. Toda esta línea de trabajo nace del estudio de empleos verdes que realizó la Organización Internacional del Trabajo por encargo del programa de Naciones Unidas para el medio
ambiente, que por ser de la OIT es un informe que cuenta con el apoyo de la Confederación Sindical Internacional, pero también de la Internacional de Empleadores, que se presentó en septiembre de 2009, a las puertas de Copenhague, a las puertas del
G-20 de Pittsburgh, y del que yo quiero destacar lo siguiente. Primero, la definición de empleos verdes como aquellos empleos que reducen el impacto de la actividad económica de los sectores y empresas en el medio ambiente. Por tanto, una idea
clara de gradualidad en el cambio, una idea clara de que no existen empleos fantásticos del futuro que sean verdes y que ahora tenemos empleos marrones que hay que extinguir, sino la idea de que todo o casi todo es susceptible de enverdecer.
Segundo, una cuestión que para Comisión Obreras es fundamental, que no existe empleo verde, no existe empleo sostenible si no es empleo decente, empleo con derechos dentro y fuera de la empresa. A partir de esta visión, el Observatorio de la
sostenibilidad de España, financiado por la Fundación Biodiversidad, presentó en abril de 2010 un estudio sobre empleos verdes que venía a decir que en 2020 España contaría con 1.000.000 de estos empleos, entendido en la acepción más reduccionista
de empleo verde como empleo nuevo generado. Eso le permitió al presidente Zapatero en el G-20 de Corea decir que ese sería el resultado. Estos resultados son coherentes con un estudio posterior de la Escuela de Organización Industrial, que depende
del Ministerio de Industria, y quiero decirles que nuestros estudios son también coherentes con estas prospectivas. Ahora bien, nosotros, como instituto sindical, hacemos estudios no para hacer de forenses, no para hacer prospectivas, sino para
hacer prescripción, y nos permitimos decir qué políticas deberíamos desarrollar para llegar en las mejores condiciones a este 1.000.000 de empleos y, si es posible, más.


Hemos estudiado el sector de las renovables, de la rehabilitación energética de viviendas, de la movilidad sostenible de personas y de la gestión de depósito, devolución y retorno de envases. El estudio de las renovables nos dice que
tenemos 118.000 empleos en España en 2010; que de seguir la tendencia -el objetivo del 20% de generación renovable de nuestra demanda energética- en 2020 tendríamos unos 202.000 empleos y que si tuviésemos un objetivo más ambicioso, como el del 30%
de generación renovable en 2020, el empleo generado sería de 395.000 empleos. Por tanto, una diferencia muy sustantiva entre mantenernos en la tendencia ya comprometida o dar un salto de ambición.


El estudio también analiza la calidad del empleo. Resumiendo les diría que es un empleo de características parecidas al empleo industrial y quizá algo por debajo de las grandes empresas eléctricas españolas, pero muy por encima en su
calidad al empleo que durante los mismos años se estaba generando en España, por ejemplo, en el sector servicios e incluso en el de la construcción. ¿Calidad en base a qué la valora mi sindicato? Pues en que más de la mitad de los contratos son de

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personal de alta y media capacitación y en que el porcentaje de empleos indefinidos estaba muy por encima de la media de los contratos que se hacían en el conjunto de la economía. También tengo que señalarles que es un empleo escasamente
feminizado, aquí el sector tiene, evidentemente, un déficit importante. Esa era la foto en 2011, cuando presentamos el estudio. No voy a entrar en las causas -veo que después habrá oportunidad, si ustedes me quieren preguntar- pero ahora no
estamos en esa perspectiva sino que vamos hacia atrás y la destrucción de empleo en el sector de las renovables ha sido mucha y muy importante. Ocurre que en el sector de las renovables, por ser nuevo, de empresas pequeñas y medianas, con presencia
en todos los territorios pero al mismo tiempo con centros de trabajo más atomizados que otros sectores, cuando se pierde el empleo quizá no se visualiza con la intensidad de, entre otras cosas, la reivindicación de los trabajadores que ocurre en
otros sectores.


Por lo que se refiere a rehabilitación energética de viviendas, la primera normativa española que tiene una tímida referencia a la eficacia en el uso de la energía en las viviendas viene de 1979. Eso no quiere decir, por supuesto, que las
viviendas construidas desde esa fecha se hayan hecho de acuerdo con esa normativa y posteriores y que esas normativas sean suficientes. Estamos hablando de 14,5 millones de viviendas en España que evidentemente deberían pasar por una mejora en su
eficacia energética. Reunimos una mesa de expertos que planteaban ocho actuaciones tipo por vivienda. A diferencia de otros estudios, la estimación no es: tanto dinero invertido igual a tantos puestos de trabajo, sino: tantas actuaciones, tantas
horas de trabajo por tantos empleos. Y llegamos a la conclusión de que con una inversión media de 22.500 euros por viviendas -del año 2010-, es decir, 12.500 millones/año para llegar a medio millón de viviendas, estaríamos generando 105.000 empleos
constantes de aquí a 2040 en esta actividad. La gente del sector nos riñe mucho y nos dice que hemos sido muy pacatos y que nos hemos autolimitado mucho en esta estimación porque sé que hay estudios del propio sector que están planteando que el
impacto en generación de empleo de esta actividad sería mucho mayor. Les llamo la atención sobre este estudio que por supuesto les puedo mandar, poner a su disposición o que encuentren en nuestra página web.


También hicimos un tipo de discusión cualitativa porque, si esto claramente una actividad de win win -todos ganamos- por qué no se desarrolla en nuestro país. Identificamos varias barreras: normativas, de escala de intervención, que las
ayudas públicas en lugar de estar orientadas a rehabilitaciones integrales de viviendas están muy parcializadas. Ustedes habrán visto anuncios en el metro para cambiar cerramientos. Esa es una acción insuficiente. Por otro lado, esto supone
grandes beneficios, no solo en generación de empleo, sino de ahorro de emisiones de CO2, ahorro de importaciones de barriles de petróleo y calidad de vida de las personas que usen esas viviendas.


En movilidad sostenible de viajeros, partimos por definir cuáles son los modos sostenibles a partir del consumo energético por viajero/kilómetro, y definíamos como sostenible ir a pie y en bicicleta y prácticamente todo el transporte
público, quedando excluido el avión. Con este criterio en España en 2008 teníamos 280.000 empleos en estos sectores proveedores de movilidad sostenible y nuestra movilidad sostenible era del 18,8%. Dirán: sí que afinan, pero es que los de empleo
y los de qué parte de nuestra movilidad se refiere a estos sectores son datos muy consolidados del Observatorio de movilidad metropolitana y, por tanto, no discutidos. Entonces hacíamos el mismo ejercicio: a qué empleo llegaríamos con un objetivo
tendencial que el propio observatorio identifica que en 2020 nuestra movilidad sostenible llegaría al 21% del total y qué ocurriría si éramos más ambiciosos y llegáramos al 30% del total de movilidad sostenible en 2020. Pasaríamos de 307.000
empleos, un incremento pequeño de tres decenas de miles respecto a la situación de 2008, a 329.000 empleos con una propuesta mucho más ambiciosa, un salto importantísimo para llegar a ese objetivo enunciado del millón de empleos verdes en España.
Además es evidente que los empleos que se generan en este tipo de sectores son difícilmente deslocalizables y, en el caso de los servicios de movilidad, clarísimamente. No les describo, además, toda la serie de ventajas en coste, salud pública,
menor accidentabilidad, tiempo invertido, etcétera que tiene la promoción de la movilidad sostenible.


Por último, pieza evidentemente mucho más pequeña, la puesta en marcha de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases, que si ustedes convalidan el último decreto de medidas urgentes de medio ambiente será una posibilidad que
desaparecerá de la legislación española. Creíamos que esto, aparte de ser un sistema con muchos mejores resultados en cuanto a gestión de residuos y sobre todo en cuanto a balance material y energético, iba a suponer una vez puesto en marcha e
implantado 12.500 empleos constantes en todo el país.


En todo esto hay cuestiones que suelen surgir. Una, el saldo neto. Nos dicen: ustedes cuentan los empleos que se van a generar con esas actividades, pero qué va a pasar, ¿algunas actividades van a bajar? No conozco ningún estudio que
haya abordado en España esta cuestión. Sí conozco uno a nivel europeo, si bien sería deseable que aterrizara más sector por sector. Y entre este estudio europeo de 2009 y las percepciones está claro que el saldo neto siempre es positivo, porque
estamos sustituyendo actividades muy intensivas en el uso de materiales y combustibles por actividades más intensivas en el uso de trabajo humano. Por otro lado, hay otros sectores que no hemos llegado a estudiar donde se puede generar mucho empleo
con estas características de empleo sostenible y, por supuesto, esperando que sea de calidad. Por ejemplo, una reformulación de la agricultura, no solo la ecológica, sino una

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vuelta a pautas más tradicionales, que necesitamos porque tenemos problemas importantes de corrupción de suelos y masas de agua por culpa de un tipo de modelo agrícola muy intensivo. También la gestión forestal, gestión del ciclo integral
del agua y recogida selectiva de biomasa, el gran desafío que tenemos para alcanzar los resultados comprometidos. Es importante analizar los distintos impactos sobre el empleo y el tejido empresarial si se desarrollan las renovables como se ha
venido haciendo hasta ahora en España con grandes instalaciones o si se hace de una forma más distribuida. Conozco un estudio hecho en Sicilia donde claramente el impacto sobre el tejido empresarial local y por tanto el empleo más local es mucho
más beneficioso con un modelo de implantación renovable mucho más distribuida, aparte de una cierta democratización del acceso a la generación de electricidad. También el turismo activo y sostenible es otro yacimiento de empleo e incluso la
movilidad de mercancías.


Quiero decirles también que desde el año 2006 existen en España las mesas del Plan nacional de asignaciones, que son mesas donde la Administración, los sectores empresariales y los sindicatos valoramos la evolución de las políticas
climáticas en aquellos sectores acogidos al sistema europeo de comercio de emisiones. En ninguna mesa desde entonces -en julio tendremos la ronda correspondiente a este año- hemos detectado que las políticas climáticas supongan una pérdida de
empleo para nuestras industrias. Lo digo porque a veces se dan por establecidas determinadas certidumbres que resulta que la realidad no confirma. Evidentemente, estas mesas podrían servir para más. Ahora van a cambiar porque las asignaciones a
las plantas van a venir dadas desde Bruselas y no desde el Gobierno de España y podrían ser más prospectivas, más encaminadas a ver políticas de adaptación de los sectores para situarse en la mejor situación de competitividad. Por nuestra parte,
tenemos toda la voluntad para que tenga mucho recorrido. Me temo que nuestra contraparte social, las organizaciones patronales, no están por la labor.


Voy concluyendo, porque supongo que he consumido sobradamente mi tiempo. Si vemos en las políticas climáticas una oportunidad encontraremos importantes yacimientos de empleo en ellas, pero debemos tener una cosa muy clara y es que las
oportunidades en cualquier actividad económica las aprovechan los primeros que las ven y los primeros que llegan, si nos conformamos con ser furgón de cola, los mayores beneficios de este cambio -que por razones que ustedes ya conocen es inevitable-
los recogerán otros países, otras sociedades en lugar de la nuestra.


El señor VICEPRESIDENTE (Lagares Flores): Muchas gracias, señor Serrano.


A continuación damos la palabra a los portavoces, como ya saben por tiempo de diez minutos. Tiene la palabra la señora Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Quiero agradecer al señor Serrano su comparecencia, pero también todo el trabajo que vienen haciendo desde Comisiones Obreras y desde listas que han estado claramente comprometidas con ese cambio cultural de no
ver el medio ambiente o el cambio climático como una amenaza sino como una oportunidad. Hoy hemos tenido un ejemplo con su comparecencia y lo agradecemos porque los documentos y el trabajo que vienen haciendo son de referencia para la labor de
nuestro grupo parlamentario, tanto en esta Comisión como en otras. Así, quiero agradecerle toda la tarea que vienen haciendo. Creo que ha hecho un repaso bastante exhaustivo, sin entrar a fondo en muchas cuestiones. Seré breve y me disculpo
porque a lo mejor no puedo estar en la respuesta porque tendré que estar en otra Comisión pero leeré detalladamente la respuesta que da.


Usted ha empezado pintando cómo ha ido evolucionando en el panorama internacional de las cumbres el debate internacional. Creo que es relevante porque en paralelo estamos viviendo muchos debates ahora en el Congreso en clave española. El
Gobierno y varios sectores viven todavía instalados en que ahora, en época de crisis económica, no nos podemos permitir el medio ambiente o no podemos permitirnos hablar de cambio climático. A nuestro entender es un error estratégico, un error por
el impacto que tiene en creación de empleo pero también por los costes económicos que tiene para el país, tanto en el sector privado como en el sector público; es un error no tener en cuenta el saldo energético, el saldo comercial, etcétera. Pero
antes de entrar en cuestiones más concretas, ya que acaba de venir de Río+20 -y usted hablaba de un nuevo fracaso: Copenhague, Durban- nos gustaría que nos detallara un poco más, ya que usted lo vivió y estuvo allí. Nos gustaría ver desde dentro
cómo ha ido la cumbre más allá del fracaso. Usted ha hablado de identificar países del norte más desarrollados, que precisamente están haciendo más los deberes en inversiones medioambientales, pero que son los que también están poniendo más
obstáculos. De hecho, fruto de esta acumulación de fracasos empieza a haber voces que cuestionan la propia metodología de las cumbres multilaterales como forma de avanzar en compromisos medioambientales y en la lucha contra el cambio climático.
Hemos empezado a leer en articulistas y analistas si, una vez hemos puesto el cambio climático y el medio ambiente en la agenda a raíz de las cumbres multilaterales, no es el momento de buscar otros mecanismos para avanzar. Esta sería la pregunta,
sé que es compleja pero hemos empezado a oír voces que apuntan en esa dirección y queremos saber si ustedes lo comparten.


Entrando un poco más en la cuestión de que usted hacía pedagogía, es decir cuáles son los empleos, cuál es la parte de nuestra economía que ha crecido precisamente vinculada a la economía verde, compartimos la reflexión que usted hacía:
ahora se está poniendo esto en cuestión y precisamente son sectores nuevos, que

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están en transición, y seguramente estas pausas o esta ruptura con unas políticas de inversión y de liderazgo político, de apostar por las energías renovables, el cambio cultural en temas de agua, o en residuos, o en movilidad, en algunos de
estos sectores que estaban siendo pioneros a nivel europeo precisamente, significan un parón que no es que se vaya a poder reemprender cuando salgamos de la crisis, sino que perderemos el tren, como usted decía, y aquí quiero profundizar un poco
más. Usted ha hablado de renovables, que yo creo que es el paradigma de esa manera de perder el tren. España lideraba en tecnología, en inversión, la producción de energía renovable, pero también la creación de empleos de personas con alta
capacitación, de empleos vinculados a la formación y de alta calidad. Nos gustaría que entrara un poco más en los costes que está teniendo -seguramente ha pasado poco tiempo desde la entrada en vigor del decreto, en febrero-, el impacto que está
teniendo, incluso si tiene algún dato por sectores; seguramente dentro de las renovables habrá algún sector que esté más afectado y otro que no, y también cuál es el análisis que hacen desde Comisiones Obreras en este sentido.


Otra cuestión sobre la que nos gustaría que nos dieran su opinión: el Gobierno está apostando claramente por hacer ese parón de las renovables y está apostando por alargar la vida útil, por ejemplo, de Garoña y apostar por la nuclear como
una fuente de energía. Nos gustaría saber también su opinión y si los estudios pueden comparar a nivel de puestos de trabajo lo que puede generar la energía vinculada a un sector y a otro. De hecho hay estudios que dicen que el desmantelamiento de
una central nuclear, los doce años que dura el proceso de desmantelamiento, crearía puestos de trabajo y permitirían la transición en esa zona. Nos gustaría saber la opinión que usted tiene.


Usted ha hablado de rehabilitación, pero antes de dejar el tema de la energía quiero decirle que otra cosa que nos preocupa es el discurso del Gobierno, que se basa mucho en evitar todas las políticas de ahorro y eficiencia energética. En
reiteradas ocasiones hemos preguntado al ministro Soria sobre la necesidad de mantener e impulsar más decididamente políticas de ahorro y eficiencia energética, dando un impulso al IDEA, también en cooperación con comunidades autónomas, y lo que
hemos visto es una respuesta contraria precisamente, un desmantelamiento presupuestario pero también efectivo del propio IDAE y una huida con discursos de: ahora no, es el momento de ahorrar, las empresas no se lo pueden permitir y ya ha caído la
demanda por efecto de la crisis. A nuestro entender este es un error estratégico por los puestos de trabajo vinculados al ahorro y a la eficiencia energética. En este sentido, nos gustaría preguntar por un sector que aquí no se ha desarrollado y
seguramente tiene que ver con la falta de políticas, legislación o impulso, que son las empresas de servicios energéticos, que están creando economía en muchos países pero aquí parece que no y no será por los costes de la energía puesto que tenemos
una de las tarifas más caras de Europa en España. Nos gustaría que nos pudiera dar alguna explicación.


Por otra parte, más allá de las empresas eléctricas, que han empezado a crear producción vinculada a la energía renovable, nos gustaría que nos diera su opinión de cómo se puede dar un mayor impulso a la economía verde en un país que está
protagonizado sobre todo por pequeñas y medianas empresas. En otros países esta arquitectura empresarial es distinta y querríamos saber si cree que esto es una ventaja o un obstáculo para el desarrollo de ciertos sectores. De hecho íbamos a
preguntarle también sobre la parte de residuos aprovechando que se está tramitando el proyecto de ley de medidas urgentes de medio ambiente. El propio ministro argumentaba la complicación de aplicar este sistema de devolución y depósito y las
consecuencias económicas que tenía para las empresas. Nosotros hemos leído el estudio y precisamente lo defendemos no solo por un tema de ahorro y de implantar sistemas de prevención, teniendo en cuenta que los residuos son los responsables del 5%
de las emisiones, sino también por las oportunidades de generación de empleo que tiene un sistema de este tipo, además de la reducción en la generación de depósitos, un objetivo que estamos lejos de conseguir. Hemos aumentado el reciclaje, pero no
la reducción en generación.


Usted ha hablado del turismo activo y del empleo verde vinculado al turismo. Nos interesa que nos dé su opinión ante el mantenimiento de un discurso sobre el turismo que es muy antiguo, basado en el turismo de sol y playa, de masificación.
Un ejemplo es la propuesta de modificación de la Ley de Costas para favorecer todavía más la sobreexplotación en el litoral. Esto iría precisamente en contra del propio objetivo que se quiere mantener, que es el turismo. En el siglo XXI se está
poniendo más en valor un tipo de turismo basado en la calidad y en el mantenimiento de los estándares ecológicos en el litoral y queremos conocer su opinión sobre las consecuencias que tendría una modificación o explotación en ese sentido.


Compartimos la necesidad de hablar de sostenibilidad y de calidad del empleo, así como la definición que usted hacía de calidad. Previsiblemente, el jueves se aprueba definitivamente la reforma laboral en el Pleno del Congreso y nos
gustaría conocer, si han hecho ese análisis, el impacto indirecto que puede tener dicha reforma en el desarrollo de un tipo de economía u otro. Precisamente en la economía verde se han creado empleos de alta calidad, empleos de más formación.
Dándole la vuelta a ese argumento, se podría decir que una reforma laboral que se basa en incentivar la precariedad, en sueldos bajos, en la irregularidad en los contratos, favorecería una ventaja competitiva de ciertos sectores que no están
precisamente en el desarrollo de la economía verde. Es una reflexión que he querido hacer a raíz de escucharle y, si pudiera, me gustaría que diera su opinión.

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Concluyo. Mi grupo insiste mucho en la necesidad -lo hacíamos antes de la crisis económica y ahora que se habla tanto de austeridad también- de una reforma fiscal verde precisamente para incentivar el desarrollo de ciertos sectores y
penalizar otros. Nos gustaría conocer su opinión sobre qué papel puede tener una política fiscal verde, ya que el Gobierno es tan temeroso de aplicarla porque dice que esto va a destruir la economía y puestos de trabajo. A nuestro entender no es
así y nos gustaría saber su opinión.


El señor VICEPRESIDENTE (Lagares Flores): Señora Narbona.


La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias por su comparecencia al representante y responsable en Comisiones Obreras de las cuestiones ambientales. Quiero comenzar agradeciendo el trabajo que ha llevado a cabo desde hace muchos años Comisiones
Obreras, y en particular el área ejecutiva de medio ambiente. Desde el año 1993 contamos en el Consejo Asesor de Medio Ambiente con la participación activa de Comisiones Obreras y a lo largo de todos estos años tanto en la Comisión Nacional del
Clima como en las mesas de trabajo de la aplicación del Plan nacional de asignación de derechos de emisión, que antes se ha mencionado, hemos visto en el sindicato de Comisiones Obreras una actitud permanentemente preocupada por los derechos
laborales, por la creación de empleo y por la compatibilidad de las políticas públicas relativas al medio ambiente y al cambio climático, entendiéndolas, como se ha señalado, como una oportunidad y no como un freno. Creo que esa visión anticipó
mucho la visión que tanto por parte de responsables políticos como empresariales se tenía en España de las políticas de cambio climático. En el año 2004, poco antes de las elecciones generales, el Gobierno del Partido Popular, presidido por el
señor Aznar, afirmaba que el cumplimiento del Protocolo de Kioto por parte de España significaría la muerte de las empresas españolas, la tumba de las empresas españolas, y eso llevó a que ni siquiera se hubiera preparado el programa nacional de
aplicación de la directiva sobre derechos de emisión, que hubo que construir a gran velocidad y donde efectivamente se contó también con la colaboración de muchas empresas y de los propios sindicatos. A lo largo de estos últimos años la aplicación
de las políticas de cambio climático ha ido en la dirección correcta, pero más lenta de lo que desearíamos. En ese sentido, solo quiero recordar que la propia Agencia Internacional de la Energía viene señalando en sus últimos informes la necesidad
imperiosa de una revolución urgente en materia de energía dando por concluida la era del petróleo barato; esto lo dice la Agencia Internacional de la Energía, que ha prestado mucho más interés en los últimos años precisamente a esa imperiosa
necesidad de una transición rápida hacia las energías renovables.


Y en cuanto a lo que ha sucedido en Río+20, me quedo con la afirmación realizada por Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Internacional de Sindicatos, en el sentido de que no habrá justicia social en el mundo mientras no se
proteja el medio ambiente, que es el garante del acceso a los bienes básicos, al agua, a la energía, a todos los bienes que constituyen la base imprescindible de la vida, de la salud y de la calidad de vida. En ese sentido, quiero reiterar el
agradecimiento y el reconocimiento del papel que Comisiones Obreras juega en el ámbito internacional, en las cumbres, tanto en el espacio de la Unión Europea como en las cumbres de naciones Unidas.


Mis preguntas abundan en algunas de las cuestiones que ya se han señalado. Por supuesto, nuestro grupo ha rechazado el decreto que ha supuesto el parón a las energías renovables y, de hecho, es una de las enmiendas que hemos incorporado a
la enmienda de totalidad presentada al decreto-ley sobre medidas de medio ambiente. Pedimos la derogación de ese decreto-ley, pero es verdad que no podemos confiar en estos momentos en que el Gobierno cambie de actitud, y ello a pesar de la opinión
de la Comisión Europea que, como se ha citado ya por nuestra portavoz en la anterior comparecencia, no solo dice que es dañoso para el sector de las energías renovables ese decreto-ley que paraliza las ayudas a las renovables, sino que si se quiere
resolver el problema del déficit tarifario hay otras cuestiones que España debería tener en cuenta, y en particular el hecho de que una competencia insuficiente en el sector energético ha favorecido una compensación excesiva de algunas
infraestructuras energéticas, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas ya amortizadas, porque efectivamente son retribuidas al precio más alto del pool energético. En ese sentido, mi pregunta va por el análisis del déficit
tarifario y las distintas opciones que existen para que se reduzca, y también, como ya se ha hecho por parte de la portavoz de La Izquierda Plural, cuál es la cuantificación que está haciendo Comisiones Obreras del impacto del parón a las renovables
en términos de destrucción de puestos de trabajo en este sector. No cabe olvidar que el Gobierno está a punto de tomar nuevas decisiones respecto del sector energético y mucho nos tememos que esas decisiones no ayudarán a reducir, sino más bien lo
contrario, el impacto que ya han tenido los cambios regulatorios anteriores.


Y siendo usted responsable de medio ambiente en el sindicato de Comisiones Obreras, querríamos conocer su opinión sobre el impacto en la salud en términos generales, salud pública, salud laboral, de las medidas que se están tomando en España
en el ámbito de la política ambiental y de cambio climático y que la Comisión Europea define como muy poco ambiciosas.


En cuanto a la adaptación al cambio climático, ha señalado el compareciente que en España no se está teniendo suficientemente en cuenta que nuestro país es uno de los más afectados por el avance del calentamiento global, y creo que hay un
ámbito en el que conviene

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escuchar la opinión de los sindicatos, y es el de la política del agua. Quisiéramos conocer cómo piensa el sindicato Comisiones Obreras que este país debería avanzar hacia una política del agua más compatible con los riesgos asociados en
materia de adaptación al cambio climático, los riesgos derivados del calentamiento del planeta.


Queríamos también preguntar por el apoyo actual que tenga, en su caso, el sindicato Comisiones Obreras desde los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente y de la Fundación Biodiversidad, puesto que se han señalado antes algunos de los
trabajos que ha realizado Istas, en nombre de Comisiones Obreras, para cuantificar el empleo que se puede crear asociado a las políticas ambientales, y desconocemos -porque no es fácil deducirlo de la presentación hecha por los Presupuestos
Generales del Estado- si en estos momentos Comisiones Obreras o Istas reciben algún tipo de apoyo como los que han recibido en el pasado para cuantificar las potencialidades de creación de empleo en nuestro país asociado a las políticas ambientales
y de cambio climático.


En materia de eficiencia energética el compareciente ha señalado la importancia que tendrían políticas más potentes en este campo, incluso en materia de rehabilitación de edificios. En estos momentos hay estimaciones todavía más amplias
desde el punto de vista del número de viviendas que en España podrían necesitar rehabilitación energética -se habla incluso de que el 80% del parque edificado necesita medidas para reducir el consumo de energía y para optimizar el uso de
materiales-, pero en esta cuestión hemos asistido recientemente a un planteamiento, a nuestro juicio equivocado, del Gobierno de España en la discusión de la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética. España ha sido uno de los países que ha
rebajado considerablemente la ambición inicial, defendida por el propio Parlamento Europeo, para que haya objetivos cuantificables y ambiciosos en cuanto a la introducción de límites a la intensidad energética en nuestras economías. Como muy bien
señalaba el compareciente, es importante que haya un marco europeo, pero claro ese marco europeo lo construimos desde la posición de todos los Gobiernos, no es algo que nos venga impuesto desde Bruselas por alguien anónimo, sino que es el resultado
de cómo actúan los Gobiernos en los Consejos de Ministros y de cómo los parlamentarios de los distintos países también contribuyen al debate en el Parlamento Europeo.


Quisiera terminar con una reflexión a propósito de Río+20, donde efectivamente los resultados han sido muy pobres en lo que ser refiere a la declaración de los Gobiernos presentes y, sin embargo, de la Cumbre de la Tierra hasta hoy, en los
veinte años que han transcurrido, ha aumentado de manera impresionante el reconocimiento de las interdependencias entre el deterioro del planeta y los problemas sociales, económicos y ambientales que nos aquejan. En ese sentido, cabe confiar en que
ciudadanos con más información y más conscientes de lo que se juega en el ámbito de nuestro planeta, sean ciudadanos más exigentes hacia los Gobiernos. Quería preguntar si en estos momentos, a la vuelta de Río, Comisiones Obreras plantea alguna
iniciativa social en la que esté ya participando. Y quiero terminar diciendo que hemos conocido una posición, que por supuesto apoyamos, muy positiva del presidente de las Cortes, don Jesús Posada, en la Cumbre de los legisladores celebrada pocos
días antes de llegar los líderes políticos a Río, donde el señor Posada ha defendido el papel de los parlamentos como fiscalizadores de la acción de los Gobiernos en el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre desarrollo sostenible,
citando incluso la existencia en nuestro Parlamento de esta Comisión. Como portavoz socialista en la misma, puedo decir que haremos todo el esfuerzo posible para que haya una participación activa de la sociedad y de los expertos en esta Comisión y
podamos seguir incidiendo en una mayor ambición por parte de nuestro Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Lagares Flores): Tiene a continuación la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Mora.


El señor MORA BERNAT: Señor Serrano, secretario de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, agradecemos también su comparecencia en esta Comisión y las explicaciones tan detalladas que ha hecho para informar sobre la compatibilidad de las
mediadas para la mitigación y adaptación al cambio climático y la creación de empleo.


Las actuaciones en materia política en cuanto al cambio climático se refiere merecen un cambio de estrategia, pero lo que se debe llevar a cabo es un cambio de actitud, un cambio que conlleve empezar a actuar más y a hablar menos. Tenemos
el deber de adaptarnos a la situación actual real y a los compromisos adquiridos a nivel comunitario e internacional. Ya no basta con hacer demagogia sobre los niveles de CO2, hay que efectuar y ejecutar propuestas concretas que se traduzcan en una
disminución eficaz y real de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. Esta tarea conlleva la actuación en la coordinación institucional para la integración del cambio climático en todas las políticas, económica, energética,
industrial, infraestructuras, agrícola, forestal, agua, gestión de residuos, comercial e internacional. España se comprometió a nivel internacional a evitar un incremento superior a 2 grados centígrados de temperatura media global; por ello España
tendrá una posición comprometida y activa en las negociaciones internacionales para conseguir cumplir con este objetivo de los 2 grados centígrados. El cambio climático es prioritario debido a su dimensión ambiental, ya que afecta a numerosos
ámbitos, pero concretamente a los recursos básicos de cada territorio, como pueden ser el agua y la agricultura. Tiene un impacto socioeconómico que lleva a cambios en nuestros modelos de producción, en nuestras formas de consumo que concluirán en
una economía baja en carbón. El cambio

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climático supone, además, una dimensión global del problema.


Señorías, soy consciente de las dificultades que estamos atravesando actualmente y todo ello podría llevar a pensar que lo más fácil sería ponerse de perfil y dejar pasar el problema, pero creemos que más que un problema esta transformación
de la sociedad en una sociedad baja en carbón puede suponer una oportunidad de empleo y de crecimiento económico, así como una potenciación de la innovación tecnológica. Estas oportunidades no hay que dejarlas escapar, hay que aprovecharlas, y
además de cumplir con la obligatoriedad de reducir las emisiones debemos conseguir avanzar en el crecimiento sostenible. España tiene ahora el deber ineludible de cumplir con el Protocolo de Kioto, y este último año del primer periodo de compromiso
de Kioto para cumplir con dicho protocolo tenemos tres herramientas en nuestras manos con las que vamos a llevar a cabo esta tarea: promover la reducción de emisiones en España, fomentar la captura de emisiones con sumideros de carbono nacionales y
adquirir créditos de carbono de proyectos o de terceros países.


La primera condición se ha dado, ya que ha habido reducciones en los sectores energéticos e industriales, pero estas han sido debidas más a la desaceleración económica por la crisis que padecemos que a medidas mitigadoras llevadas a tal fin,
mientras que las emisiones en los sectores difusos, aquellos de los que responde directamente el Estado -el transporte, el sector residencial, residuos y agricultura-, no han sufrido una reducción suficiente. Estamos convencidos de que una de las
grandes apuestas para rebajar las emisiones es apoyarnos en nuestro sector forestal, pues es en nuestros bosques donde tenemos un gran potencial para mitigar el cambio climático. Si utilizamos nuestros bosques como sumideros de CO2, conseguiremos
varios objetivos a la vez: pondremos en valor nuestros bosques, fomentando su crecimiento y evitando así la desertización que tanto nos ocupa y nos preocupa en un país como el nuestro dadas sus características especiales; colaboraremos además con
la creación de puestos de trabajo de los llamados trabajos verdes, ya que un enriquecimiento de la masa arbórea del país conlleva un aumento de las explotaciones forestales, ayudando de esta manera a la creación de puestos de trabajo cerca de dichas
masas forestales, o sea, en el medio rural, donde tan necesarios son estos puestos de trabajo para poder ir fijando la población. Este aumento de masa forestal ayudará también a la creación de puestos de trabajo derivados del sector turístico, ya
que este verá aumentada su oferta para poder contar con un número mayor de atractivos a la hora de visitar nuestro país, bien sea como parques naturales, parques nacionales o simplemente por embellecimiento de nuestro paisaje. El aumento de la masa
forestal dará pie al incremento de las centrales de biomasa, aportando al mix energético una energía limpia más, lo que nos garantizará una disminución del CO2 y un aumento de puestos de trabajo verdes. Debemos estar atentos a conseguir la
colaboración público-privada en todas estas creaciones de empleo verde, ya que es en estos momentos cuando tenemos que unir todas nuestras fuerzas para ir sumando en una misma dirección y conseguir que España sea un referente en el desarrollo de los
empleos verdes, con el impulso de la Administración a través del Plan nacional de adaptación al cambio climático. El Plan nacional de adaptación al cambio climático va a desarrollar su esfuerzo en una normativa a nivel nacional de los sectores
críticos -agricultura, agua o turismo- en una evaluación constante y sectorial de los efectos del cambio climático en sectores como turismo, energía, infraestructuras, transporte, etcétera, ayudando a que fluya la información conseguida en esas
evaluaciones entre las diferentes administraciones -nacional, autonómica y local- que además deberá ser compartida con la sociedad española y con la empresa privada.


La verdadera preocupación del Gobierno se va a centrar en las medidas para la mitigación de las emisiones difusas. Esta reducción de los difusos se va a llevar a cabo gracias a una serie de medidas, como fomentar proyectos a nivel nacional
que permitan la reducción en el sector de los difusos, impulsar el cálculo de la huella de carbono a nivel privado y de las administraciones públicas, incluir la huella de carbono en las contrataciones públicas, tener en cuenta la variable climática
en la concesión de ayudas al sector agrícola, crear un sistema voluntario de compensación de la huella de carbono entre empresas. Todas aquellas empresas que compensen sus emisiones a través de proyectos forestales en España podrán disponer de un
sello que las identifique y se establecerá un registro voluntario de estas empresas. Se reducirán gradualmente los depósitos en vertederos. Es importante la coordinación con el Ministerio de Fomento en la toma de decisiones, en el planteamiento
territorial y en los parámetros urbanísticos para que se tenga en cuenta el impacto de las emisiones de efecto invernadero.


Otro sector que compatibiliza a la perfección la creación de empleo con las medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático es el de la rehabilitación de edificios, ya sean de viviendas o públicos. Se deben crear edificios
inteligentes, edificios que sean eficientes energéticamente, en los que se usen energías limpias para su mantenimiento y su gestión, generando puestos de trabajo en la conversión de estos edificios y reduciendo la emisión de difusos al contar con
edificios energéticamente viables. El Gobierno ha creado un Fondo de carbono dotado con un presupuesto para este año de 4,17 millones de euros, con el que se impulsará el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero que se lleven a cabo en España mediante la adquisición de emisiones de CO2 verificadas que generen dichos proyectos. En este primer año el Fondo de carbono va a llevar a cabo experiencias piloto en los sectores de la biomasa y el
biogás. Los pasos que hasta ahora se han dado en materia de cambio climático han sido lentos y perezosos. Esperemos que estos pasos sean los que nos lleven a posicionarnos con firmeza en

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este tema, en el que creo que he dejado clara la implicación del Gobierno actual en la materia del cambio climático y espero que se pueda contar con la colaboración y el consenso de todos los sectores implicados en esta materia. Esperamos
que usted, señor Serrano, desde Comisiones Obreras también colabore en la tarea de sumar a favor de la lucha contra el cambio climático.


Señor Serrano, con el debido respeto, me gustaría que me aclarara el diferente posicionamiento que tiene Comisiones Obreras, que por un lado defiende el empleo verde, pero a su vez se manifiesta con los mineros. ¿Cómo afecta el carbón
nacional a las emisiones de CO2? La necesidad de un marco regulatorio estable ha quedado clara en la exposición que he hecho. Queríamos saber cuántos empleos en energías renovables, en el caso concreto de la energía eólica, se perdieron entre el
año 2010 y el año 2011 debido a las variaciones en el marco regulatorio. Y, por último, me gustaría también que me dijera por qué el estudio de Comisiones Obreras al que ha hecho referencia, que nos parece muy correcto y muy constructivo, no se ha
vuelto a rehacer desde 2009.


El señor VICEPRESIDENTE (Lagares Flores): Tiene la palabra de nuevo el señor compareciente, el señor Serrano.


El señor SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE DE COMISIONES OBRERAS (Serrano i Giménez): Muchas gracias por el interés. Voy a intentar agrupar las preguntas. En cuanto a Río+20 y las dificultades de las negociaciones internacionales, es cierto
que la metodología de Naciones Unidas es una dificultad para llegar a acuerdos, pero ocurre que hay quienes dificultan más los acuerdos. La gente que acudimos a esto, como todos los colectivos, acabamos generando una jerga propia y a algunos países
los conocemos como los bad boys; los bad boys van desde Estados Unidos a Venezuela, que fíjese en qué pocas cosas coinciden, pero coincidieron en que había que echar a las ONG de la reunión que discutía la cuestión de los océanos. En eso se
pusieron de acuerdo rápidamente. Entre esos bad boys hay de todo, y evidentemente hay algunos que parecen como obstruccionistas por posiciones ideológicas muy radicales como los del bolivariano grupo ALBA, etcétera, pero hay obstruccionistas muy
importantes, como son Estados Unidos, China e India, por otros motivos. Toda la crítica al sistema de Naciones Unidas está muy bien, es cierto, ¿pero la alternativa es que la política mundial la haga el G-20? Eso tiene un déficit democrático
importantísimo. Además, esos mismos que en otro ámbito todos damos a entender que serían proactivos, son los que están en muchas ocasiones impidiendo que avancen las negociaciones en el ámbito de Naciones Unidas. Está bien la crítica al sistema de
Naciones Unidas porque es evidente, pero todas las alternativas que se proponen van en la dirección de dar más peso a aquellos que hasta la fecha están demostrando que son un obstáculo para los acuerdos. Eso a mí me parecería muy grave. Esto sobre
la metodología.


Sobre la cuestión de la poca ambición, es el problema de la sensación de que vamos a sacrificarnos, de que es necesario. En Europa está ocurriendo esto, supongo que con esta pérdida de optimismo que tenemos los europeos ahora mismo.
Encontrarse con gente de Brasil, de Sudáfrica, de India, demuestra que en el mundo hay una percepción totalmente distinta de la que tenemos aquí; ellos creen que se van a comer el futuro, que socialmente, con muchísimas dificultades, progresan y
nosotros no. En Europa empezamos a refugiarnos en el discurso de, si al final somos el 15% de las emisiones, dentro de poco el 10%, ¿por qué vamos a asumir más sacrificios? Esto en el contexto internacional no vale. Aparte de las emisiones de
cada país, después resulta que aparecen las per cápita y ahí algunos países todavía están muy por encima de estos emergentes y el día que sean iguales las per cápita -las chinas pronto se equipararán a las europeas, no a las de Estados Unidos-,
habrá el argumento de las históricas. Hay que entender que esto es como el dilema del prisionero, o nos movemos todos en la misma dirección o al final vamos al desastre. Yo ya estoy convencido de que no llegamos al objetivo de que no aumente la
temperatura media de la tierra más de 2 grados. Sobre todas estas negociaciones creo que lo que hay es una falta de voluntad, de ambición y de asumir de verdad que tenemos un problema colectivo muy importante. Por ejemplo, en Sudáfrica, que es un
país carbonero, la actitud respecto al uso del carbón es muy generosa en el sentido de asumir que es una fuente que habrá que ir abandonando porque los efectos que perciben, no tanto en Sudáfrica, sino en países vecinos, de calentamiento global en
cuanto pérdida de cosechas y desertificación son inmediatos, los tienen allí. Entonces, claro, se reacciona de esa forma. La ciencia está allí, aunque algunos se empeñen a veces y se organicen aparatos muy bien dotados económicamente para
contradecir la ciencia, y es importante que el conjunto de la población -y ustedes tienen un papel muy importante- perciba el riesgo. Estamos en una pendiente muy peligrosa, y si se viaja un poco insisto en que se percibe.


Pese a estas insatisfacciones, me ha preguntado la señora Narbona: ¿y luego aquí qué? Precisamente porque el motor de la ambición, en términos ambientales, en Europa y en España ya han dejado de ser los compromisos internacionales -y será
así durante un tiempo-, nos hace falta una agenda propia sobre cómo abordamos políticas de desarrollo sostenible, con las condiciones que pedía el anterior compareciente: a largo plazo, previsibles y ambiciosas, porque si no son ambiciosas, el
beneficio marginal de la apuesta tecnológica y de inversión es insuficiente. Y eso exige, evidentemente, un pacto que blinde esos objetivos a los distintos cambios de mayorías que puede haber en Europa y en nuestro país, y donde sería muy
conveniente que también participásemos los agentes sociales.

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Acabo como todo el mundo, que le parece que su tema es tan importante que hace falta un pacto de Estado; al final no habría política porque todo serían pactos de Estado. Pero aquí de verdad pienso, porque los objetivos deben ser a largo
plazo, que esto sería deseable. Piensen que hablamos de un pacto de Estado de energía -y ustedes lo intentaron en la anterior legislatura-, y este es el envolvente. Las negociaciones climáticas tendrán que acabar siendo parte de negociaciones
sobre desarrollo sostenible, que es una visión mucho más amplia y con muchas más soluciones que no solo qué esfuerzo voy a hacer yo para la reducción de emisiones. A eso llegaremos y espero que no muy tarde.


Un comentario sobre Río. Jamás en la agenda de desarrollo sostenible habían tenido tanta presencia los temas sociales. La declaración habla del suelo de protección social universal, entendido como sistema de seguridad social pero también
de protección ante la enfermedad, etcétera; habla de acabar con el desempleo juvenil, con el empleo precario; del acceso a la formación; de la no discriminación por razón de género. Es decir, desde la perspectiva social de un sindicato la agenda
de desarrollo sostenible es una agenda mucho más amable que solo la climática. Pero después de hacer este reconocimiento -y con esto termino sobre Río-, es cierto que iniciativas sobre compromiso, sobre implementar iniciativas que obliguen a que
estos suelos existan, a que se terminen las leyes discriminatorias en determinados países, etcétera, no se toma ninguna. Y ya, como muestra de los despropósitos, se lleva la próxima cumbre del clima a Qatar, que es uno de los países con mayores
emisiones per capita, donde las organizaciones de trabajadores están prohibidas y perseguidas; parece que ese es un país idóneo para acoger una conferencia climática. Me parece que eso ya da muestra de lo que podemos esperar en los próximos años
de estos procesos.


Me han pedido ustedes datos, y de forma repetida, sobre empleo perdido en renovables. Lo primero que le voy a decir al señor Mora es que no tengo ningún problema en reconocer -entiendo que ustedes también tienen sus funciones aquí- que la
pérdida de empleo en las renovables empezó antes del cambio de legislatura. Nosotros hemos criticado la política que desde el Ministerio de Industria se hizo en la anterior legislatura y lamento que la que se está haciendo ahora sea una perfecta
continuidad, porque parece que no hemos cambiado de ministros. España pasó de un objetivo del 22,8% en renovables, en la documentación que se mandó a Bruselas en junio de 2010, a un objetivo menor, de solo el 20,8, en los trabajos del plan de
energía renovables que se hicieron en diciembre, justo antes de las elecciones. Esa pérdida de ambición que puede parecer poco significativa lo es mucho porque es una pérdida de ambición en las tecnologías que prometen, que han madurado todavía
menos. Cubrir los objetivos en base eólica y, por ejemplo, reducir mucho nuestros objetivos en eólica marina es una importante barrera para seguir el liderazgo tecnológico que podríamos tener en estos sectores.


Dicho eso, no es solo un problema de primas a las renovables. Por supuesto que la implantación de renovables exige un plan de negocio y no hay ninguna entidad de crédito, ni de aquí ni extranjera, que financie una implantación de renovables
si no se sabe qué remuneración va a tener. Hay otras barreras administrativas de prerregistro, autorización, etcétera, que también existen y también habría que remover. Por otro lado, estoy convencidísimo -porque convenía a algunos en el debate
público y no hablo de partidos políticos- de que hemos mezclado los objetivos de renovables con su financiación. Si tenemos problemas de financiación del desarrollo de las renovables parece que tenemos que renunciar a desarrollarlas. Pues no, como
país tenemos un objetivo que, estando ahora por encima de la media, en 2020 nos situará en la media europea y por tanto creo que habremos perdido liderazgo si nos quedamos allí. Tenemos un objetivo indiscutible del 20% -podríamos tener uno más
ambicioso- y después discutamos cómo lo financiamos. Yo no les voy a discutir que ha habido dinero caliente en las renovables. No les voy a discutir que cuando se puso -creo que también fue un error- una fecha de corte a partir de la cual la
remuneración era menos atractiva, todas las administraciones -de todos los partidos políticos- colaboraron dando certificados de que las instalaciones estaban en marcha para que se pudieran acoger a la tarifa más favorable. Esta es una culpa
compartida por todos -mi organización ha defendido que era posible una cosa y prácticamente la contraria, hemos pedido economía verde y todas las infraestructuras posibles-, como con las negociaciones del clima, con responsabilidades distintas pero
compartidas. Como aquí se han cometido muchos errores, existe la posibilidad de reconocerlo y decir: queremos ese escenario, vamos a ver cómo lo financiamos. Hay que desvincular las renovables del déficit de tarifa totalmente, porque hay otras
formas -hay experiencias al respecto- de buscar recursos para financiar el desarrollo de las renovables en España. Por supuesto, la política energética es fundamental en las cuestiones de cambio climático; el ahorro y la eficiencia son
fundamentales. Antes se ha comentado el informe de la Agencia Internacional de la Energía. El mayor esfuerzo para acercarnos al mejor escenario posible para conjurar los riesgos del cambio climático no pasa tanto -que también- por el desarrollo de
las renovables, sino por el ahorro y la eficiencia energética. Además, en España somos tan poco eficientes que se supone que tenemos unos márgenes impresionantes para mejorar.


En cuanto al déficit tarifario, el sistema de remuneración de la electricidad que tenemos es un puro despropósito que implantó un Gobierno del PP y que los Gobiernos socialistas posteriores no modificaron y creo que lo es por lo siguiente.
En la supuesta liberalización se quitó al Estado la capacidad de planificación de qué plantas productoras y dónde. Pese a ello, reclamamos

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que el Estado, sean renovables o sean por garantía de potencia o por lo que sea, garantice los ingresos a las empresas que libremente decidieron construir una central porque ahora no les funciona las horas que consideraron en su plan de
negocio. Algo parecido a lo de las autopistas que está ahora en la prensa. ¿Hay riesgo ventura o no hay riesgo ventura? Si alguien se equivoca haciendo una central, tendrá que arrastrar las consecuencias. Pero como la misma normativa establece
que no se puede cerrar una central sin permiso del ministerio, eso da pie a un juego que, al final, tiene que ver con círculos más reducidos y el fenómeno de la puerta giratoria donde, permanentemente, cosas que se han dicho a iniciativa empresarial
están bajo el paraguas de lo público cuando las cosas no funcionan. Si al final hay que pagar entre todos desde lo público -sea con tarifa o con Presupuestos Generales del Estado, por garantía de potencia o porque interesa desarrollar una
tecnología- una determinada capacidad de generación, creo que lo público tiene derecho a decir cuántos y dónde. Pues esa capacidad de planificación no la ha recuperado lo público en la Ley de Economía Sostenible, cuestión que considero uno de los
problemas.


El sistema de subasta en la fijación del precio. Antes se hacía referencia al informe de la Unión Europea sobre el plan de reforma; creo que es un varapalo importante y no solo al Gobierno actual, sino a España como país. Es un sistema un
poco absurdo. Habría que remunerar al coste porque el sistema de subasta lo que ha demostrado es un encarecimiento y unos beneficios caídos del cielo para determinadas tecnologías que no se justifican. Por otro lado, esto conlleva mecanismos como
la subasta Cesur que son claramente inflacionarios. Si el público llegara a saber quiénes son los que participan en estas actuaciones de aseguramiento, permítanme el punto demagógico, verían que son todos los que están implicados en el comienzo de
la crisis financiera. Son mecanismos de negocio que no responden al bien común.


En cuanto al empleo perdido, no tenemos datos. Las asociaciones del sector, por tanto empresariales, fijan en casi 30.000 los empleos perdidos desde 2010 hasta la fecha. El otro día en la convención eólica -a la que no pude asistir porque
estaba en Río- decían que no hay ni un solo encargo eólico en España para 2013. Cuando se terminen los ya encargados, fuera. Aquí solo quiero darles un mensaje. Nuestras empresas pueden intentar salir a vender al exterior -lo hacen con éxito-,
pero en toda tecnología o producto de maduración, si no existe un cierto margen de mercado interior -y esto tiene mucho que ver con el debate que ahora hay con la termosolar-, es difícil que ese sector salga adelante, sobre todo porque, en el
desarrollo de las renovables, si todas nuestras comunidades autónomas condicionaron autorizar parques, por ejemplo eólicos, a algún tipo de instalación industrial en su territorio, los brasileños, los indios y los sudafricanos no son menos listos y
también condicionan. Eso quiere decir que, de toda esa capacidad de este nuevo sector industrial de bienes de equipo para la energía renovable, nosotros nos podemos quedar con la financiación, el conocimiento, el know how, pero con poca tarea
industrial si no es para instalaciones en mercados cercanos, que es Europa y norte de África, y fundamentalmente el propio país. Si eso no se hace, vamos a perder ese sector industrial y entonces perderemos prácticamente no 30.000 sino 60.000
empleos en España.


En relación con otras cuestiones por las que me preguntan no me puedo extender mucho sobre residuos. Quiero transmitir que en España en algunas ocasiones las políticas de residuos han sido fundamentalmente autonómicas y nos ha faltado valor
para decirle a la ciudadanía que políticas ambiciosas son caras. Las políticas de residuos más ambiciosas son caras, ha habido mucho temor de trasladar esos costes a la población y la única salida que se me ocurre es buscar un sistema donde se
internalice en el consumo el coste de la gestión de residuos. Por supuesto, tenemos que llegar a repensar no solo el modo de producción sino también el modo de consumo y que aquellos que tienen conductas menos sostenibles sean quienes afronten el
coste y la señal más clara para estas cuestiones es la señal de precio. Ya está bien de campañas de sensibilización, llevamos veinte años haciéndolas. Hay una parte de la población que es sensible a eso y hay una parte -seguramente más amplia- que
a lo que es sensible es al sobreprecio de una lata de refresco o de otro tipo de envase menos sostenible. Quienes quisiéramos consumir cristal no tenemos por qué pagar los costes de tratamiento de esa lata de refresco, por tanto internalicemos el
coste. Así, ante una de las críticas que se hacen al sistema de depósito y recogida de envases, creo que está en la lógica que si los envases tienen un coste importante en su gestión y tratamiento lo incorporen. Además, este es un sistema que
permite que quien haga buen uso de él recupere parte de ese coste. Creo que es fundamental pensar en ir a internalizar costes y dar señales de precio si queremos cambiar las pautas de consumo, poco a poco, gradualmente, pensando qué pasa en algunos
sectores. Por ejemplo, el sector del papel mandó una carta protestando cuando al inicio de la crisis la entonces vicepresidenta De la Vega dijo que en la Administración iban a dejar de usar papel y a promover los correos electrónicos. En este
caso, al sector del papel hay que ayudarle y explicarle -y lo pongo como ejemplo- que vamos a dejar de hacer papel de oficio, pero que en el envasado con cartón tiene un amplio recorrido, porque es mucho más sostenible eso que las bandejas de PVC
que encontramos en todos los supermercados. Ese cambio hay que acompañarlo, ese cambio es muy complejo.


Respecto a lo que decía el señor Mora mi pregunta es quién lidera. En la situación actual, porque usted ha hablado en algunas ocasiones -me ha parecido- en nombre del Gobierno cuando explicaba qué se debía hacer, quién lidera. Antes
Fomento no digo que sirviera de mucho, pero tenía una visión que hizo que tuviera una secretaría de movilidad. Era una visión más moderna.

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Las personas, las mercancías tenemos necesidades de movilidad, cómo las proveemos. Es una visión más amplia que la vieja visión de infraestructuras. Mi impresión es que ahora mismo esa visión la hemos perdido. Desde Medio Ambiente se
pueden hacer semanas de la movilidad o estrategias españolas de movilidad, pero los instrumentos están en Fomento. Lo mismo que desde Medio Ambiente pueden ir a la Cumbre de Río y son ellos -también en mi casa- los que van a las conferencias del
clima, después el instrumento lo tiene el Ministerio de Industria. Es muy importante toda esa coordinación, primero dentro de la Administración General del Estado, quién lidera y quién coordina, y después con las comunidades autónomas.


Ustedes se referían a la importancia de hablar menos y actuar más. Tengo un diagnóstico clarísimo. Sí es cierto que ha habido muchos avances en reducción de emisiones en los sectores sujetos al sistema europeo de comercio. ¿Por qué?
Porque había obligaciones y había costes y nuestra industria y nuestro sector energético, que puede hacer más, ha cumplido sobradamente. Ahora es cierto que hay una reducción de emisiones por efecto de la crisis, pero también es cierto que mucho
antes que esto estos sectores habían reducido sus emisiones respecto del año base de 1990 y el sector del transporte las había doblado, porque en el sector del transporte hay dos cosas: una, que no hay obligaciones, otra, que la responsabilidad es
mucho más difusa: Administración General del Estado comunidades autónomas, esto quién lo aborda. Es mucho más complejo porque son políticas de efectos más indirectos, como por ejemplo potenciar el transporte público. ¿Eso lo vamos a poner en
marcha? Por ejemplo, al final de la anterior legislatura se hizo una Ley de Economía Sostenible que a los que tenemos la visión que les expreso nos decepcionó mucho. La prueba es que pasó a ser conocida como Ley Sinde. Ya me dirán qué tiene que
ver eso con la economía sostenible. Pero dicho eso, había allí unos compromisos, entre ellos hacer una ley de movilidad sostenible. ¿Vamos a tener una cierta continuidad en el marco de la continuidad institucional que debemos darnos y tendremos
ley de movilidad sostenible? Pues en esa petición que había de empujar todos y del consenso, yo le aseguro que Comisiones Obreras, que en su día participó en hacer una proposición de ley, estará encantada de colaborar.


Todo esto me lleva a hablar de la internacionalización de riesgos. Se me ha preguntado por la reforma fiscal verde. Yo que la defiendo -y también presentamos en anteriores legislaturas una proposición de ley junto con un grupo
parlamentario para ello- también les digo que en estos momentos desde el sindicato tenemos las siguientes prevenciones. Fiscalidad verde es fiscalidad indirecta. Yo creo que nosotros tenemos un sistema fiscal que cada vez se aleja más de la
equidad, donde aparte de los problemas de la poca equidad del propio IRPF, el aumento en la cesta de impuestos de los impuestos indirectos está fundamentalmente perjudicando a las personas con menos poder adquisitivo y sobre todo a los asalariados,
y debiéramos comprometernos a hacer una reforma fiscal verde que no fuese regresiva. ¿Hay formas? Sí, y tanto que hay formas. ¿Saben ustedes que los yates de recreo no pagan impuesto de matriculación? Ya sé que estamos hablando del chocolate del
loro, ya sé que eso debe ser consecuencia de una actuación legítima del sector que fabrica y vende yates, que también tiene trabajadores en algún momento convenciendo a algún ministro que para poder trabajar más les quitaran el impuesto de
matriculación, pero al final, cuando ha pasado el tiempo, lo que queda es que quien compra un utilitario paga impuesto de matriculación y quien compra un yate no. Y después, respecto a los utilitarios, no tenemos sistemas que graven los coches más
contaminantes de una forma que sea desincentivadora del uso de esos vehículos. Como el tema de los impuestos sobre los carburantes, existen, son muchos, es verdad, pero ¿hay alguno con finalidad de recaudar dinero para transferirlo, por ejemplo, al
desarrollo de las renovables o de la financiación del transporte público? Para nosotros eso sería fiscalidad verde. Creemos que identificamos hará cuatro años -y la mayoría deben persistir- elementos que permitirían hacer una reforma fiscal verde
que tuviera además contenidos de equidad.


Me ha pedido directamente -perdonen por el tiempo- que le aclare qué pasa en Comisiones Obreras con el carbón y la minería. Yo se lo aclaro rápido. Primero, si ustedes tienen a bien ver los carteles que nuestra federación de industria hace
sobre esa lucha que tiene ahora sobre que se haya borrado el sesenta y tantos por ciento de los recursos ya comprometidos por anteriores Gobiernos al carbón, verán que, en el subtítulo pero en letras bastante grandes, pone: Por el cambio y la
transformación de las comarcas mineras. Sé que llevamos muchos años gastando mucho dinero para el cambio y la transformación de las comarcas mineras y que parece que no hemos tenido éxito. No hace mucho estuve yo en el Nalón y me explicaban que
había empresas que se habían constituido al calor de esos fondos de transformación que con la crisis habían cerrado, y algunas de renovables. O sea, yo sé que con esta contradicción convivimos, pero los mismos mineros son muy conscientes de que hay
que transformarse, hay que recoger ese guante. Al final de todo el camino pienso que, mientras España queme un gramo de carbón, tiene que ser nacional, porque, ya que nos comemos las emisiones del carbón, que luego hay que pagar, al menos que sea
no para importar carbón, sino para usar el nacional. Ya sé que nuestro carbón nacional es de menor calidad y tiene más elementos contaminantes que otros carbones que importamos, pero lo que no puede ser es que el resultado del Decreto del carbón
del anterior Gobierno -que tenía un nombre larguísimo sobre garantía de suministro, pero que todos conocemos como Decreto del carbón- sea que al final las eléctricas usan menos carbón nacional del que estaba previsto y que solo el 18% del carbón que
usamos es nacional. Entonces, antes de terminar de cerrar del todo el uso del carbón nacional, hay un reco

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rrido, que es reducir el uso del carbón de importación, clarísimamente, y dar al carbón nacional un espacio.


A más largo plazo, hay gente que piensa que la tecnología de captura y secuestro de carbono es una de esas entelequias tecnológicas, como la fusión nuclear, que se nos anuncia, se nos anuncia, pero que al final no llega nunca. Hay gente que
piensa que sí va a llegar y estamos invirtiendo muchos recursos públicos, de la Unión Europea, en desarrollar esa tecnología. Parece razonable encontrar una situación puente en un sector que ya está muy minimizado respecto a lo que fue hasta
resolver esa incógnita, porque si se resolviera, sabiendo que solo sirve para generar electricidad, como va a haber una mayor electrificación de nuestra demanda eléctrica, que debiera ser el marco en el que resolver las tensiones que hay ahora en el
sector eléctrico que nos trae esta guerra entre tecnologías -no es el tema de esta Comisión, pero es lo que está en todos los debates-, si fuésemos ambiciosos, por ejemplo, en el vehículo eléctrico, en una mayor participación del ferrocarril,
etcétera, tendríamos una mayor electrificación de la demanda y allí habría márgenes para que pudiéramos ir superando cuestiones que ahora son muy agudas. Con eso quiero decirle que me parece que no es contradictorio defender el empleo en las
comarcas mineras ahora y tener una visión, insisto, en las ideas de graduar, que yo siempre doy, y de transición justa de la que hablamos los sindicatos para que en un horizonte el carbón sirva para producir energía de una forma sostenible o, con
eso y aun sin eso, las comarcas mineras sean transformadas, y eso está en las reivindicaciones de nuestros compañeros mineros.


La diputada Narbona me pedía alguna reflexión sobre el agua. Primero, hay que superar la idea de que en España tenemos un sistema de gestión del agua fantástico. Las confederaciones han servido para lo que han servido, que no es poco, y es
que cuando ha habido más concesiones que recurso disponible, mediante una gestión muy centralizada, han conseguido que llegue agua para todos los usos. Pero que haya más concesiones que recurso disponible es una mala situación, y todos los ahorros
que hemos venido consiguiendo, con inversión de muchos recursos públicos, en una mayor eficiencia del recurso en el regadío, al final no han revertido en mayor disponibilidad del recurso para usos ecológicos o para futuros usos, como por ejemplo la
generación de energía con fuentes renovables, sino en la extensión del regadío. Entonces, seguimos teniendo un problema de recurso y una perspectiva futura climática donde el recurso va a ser todavía más limitado.


Lo primero es pensar qué mecanismo podemos darnos para superar este problema entre concesiones y recurso disponible. Creo que claramente es reforzar el carácter público del agua, bancos de agua, posibilidad de retirar la concesión con una
adecuada compensación económica, pero que eso sea una decisión en función de las situaciones que puedan darse no solo de emergencia de los poderes públicos, y sobre todo hay una segunda parte importantísima y es que no se trata solo de caudales sino
del ciclo integral del agua. Tenemos que aprender a no empeorar tanto las condiciones de las masas del agua, respetarlas más, depurar, reutilizar. Eso implica inversiones. Cuando en Europa se habla ahora de posibles medidas de estímulo e
infraestructuras, de verdad que no están hablando de embalses ni de líneas de alta tensión ni de AVE ni de autovías. Están pensando en infraestructuras mucho más pequeñas, más al servicio de esta visión de la economía sostenible que decíamos. En
esta gestión del ciclo integral del agua o hay una gran colaboración entre la Administración General del Estado, confederaciones y comunidades autónomas o no vamos a tener éxito. Después, llevamos muchos años donde desgraciadamente se han
identificado las expectativas legítimas de uso de un sector económico con reivindicaciones territoriales, y las expectativas de un sector se han convertido en las expectativas y la bandera de una comunidad autónoma contra las expectativas de otro
sector, que se han convertido en la bandera de otra comunidad autónoma. Nosotros podemos colaborar y lo hacemos, pero si ustedes no ponen aquí mucho sentido común, vamos a tener problemas. Este año será el año del agua en España. Después de
muchos años de retrasos se está poniendo en marcha toda la planificación hidrológica y vamos a tener problemas importantes sobre todo en la cuenca del Tajo y la del Ebro. Por tanto, allí hace falta un ejercicio de responsabilidad y fundamentalmente
hay que intentar decir a alguien que si no hay agua para según qué uso, pues mala suerte, veremos cómo le compensamos, pero el recurso es el que es. Tiene que ir a los usos más prioritarios y a los que den más valor añadido e igual alguien tiene
que pasar a tener menos agua de la que históricamente ha tenido.


Soy consciente de que llevo mucho tiempo hablando y de que me dejo muchas respuestas pendientes. Me han preguntado por las pymes. Creo que en esta economía verde -por cierto, es un término que en Río se ha llevado una trompada
impresionante porque los países del sur no quieren oír hablar de ello- tiene que haber espacio para todo tipo de empresas. Actividades como las que hemos descrito de ahorro y eficiencia, renovables de forma distribuida, todos los aprovechamientos
forestales, etcétera, no las van a hacer grandes empresas, pero sí existen espacios de conocimiento industriales que necesitan de gran capacidad de inversión y comercialización en todo el mundo donde va a haber espacio para todo el mundo si
conseguimos poner eso en pie.


Cuento la anécdota, cuando me dan tiempo, de que el día que yo tomé posesión de mi cargo me desayuné leyendo una página entera de un periódico salmón donde el ministro Sebastián decía: Vamos a poner ya en marcha la normativa que va a dar
pie a las empresas de servicios energéticos. En febrero dejo el cargo -se me termina; igual mis compañeros quieren que repita- y no sé si veré la normativa o no. Es decir, han pasado casi cuatro años y lo que se anunció que se iba a hacer, que se
consideraba imprescindible para levantar una demanda solvente, para dar seguridad contractual como ha pasado

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en Alemania, que es el país donde esto ha ido muy bien, no se ha hecho. Lo máximo a que se llegó fue que el IDAE hizo una especie de censo de empresas y no son cosas tan distintas de las que tenemos. Es fácil ponerse de acuerdo en que el
cambio de modelo implica nueva necesidades de formación entre empresarios, trabajadores y Gobiernos -y esto no es conflictivo- y en Europa hay mucho discurso sobre las skills, las habilidades. Todos tenemos que aprender.


Fíjense en el desarrollo de las renovables. Los sistemas reglados de formación y hasta el de formación para el empleo en que mi sindicato tiene participación vivieron de espaldas al desarrollo de las renovables, pero si las empresas tenían
negocio se aseguraron de formar a los trabajadores y trabajadoras que iban a necesitar. Por tanto, para la rehabilitación energética, para instalar renovables en las viviendas y en las empresas nos siguen haciendo falta fontaneros, electricistas,
arquitectos y financieros. El cambio no es tanto un cambio de oficios ni de conocimientos, sino de orientación, y a las grandes empresas de este país les vamos a decir que van a seguir ganando mucho dinero, pero en lugar de hacer autovías van a
hacer, a lo mejor, tranvías y a las pequeñas empresas les vamos a decir que van a seguir ganando dinero, pero en lugar de construir nuevos edificios -tenemos un exceso de parques, estaremos de acuerdo- van a pasar a rehabilitar los ya existentes.
Por tanto, ahí hay espacio para todo el mundo en la medida en que seamos capaces de diseñar un modelo de cambio que tendrá que estar sujeto a cambios permanentes, porque es imposible concebirlo y acertar en todo, pero sería importante que hubiese la
voluntad política de hacerlo.


Otra cuestión es la calidad del empleo -y ahí de verdad termino-. No les voy a decir cuál es la opinión de mi sindicato sobre la reforma laboral y todo eso. No está escrito en ningún lugar, porque algunos a veces caemos en una cierta
ingenuidad, que una economía descarbonizada, más sostenible y verde sea necesariamente una economía más social. No está escrito en ningún lugar -esta es una pelea que tenemos en otro sitio, pero también en los parlamentos-, pero si hemos
caracterizado que el futuro está en el conocimiento y en las habilidades, las carreras profesionales son fundamentales. Eso es lo que da valor a las empresas, nuestras empresas tienen que salir con unas características que en nada favorece un
empleo más precario, menos remunerado y que exija menos formación, pero no continúo porque no quiero abusar de su paciencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Lagares Flores): Damos por concluida la Comisión.


Se levanta la sesión.


Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.