CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO



Año 1998 VI Legislatura
Núm. 73



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE



Sesión del Pleno



celebrada el martes, 10 de febrero de 1998



ORDEN DEL DIA:



Primero



--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de los Senadores
Excelentísimos señores don Marcelino Artieda García y don Adriano Antonio
Marques de Magallanes (Número de expediente 500/000271; 500/000272).




Segundo



--Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 1997.




Tercero



Mociones consecuencia de interpelación:



--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta a la
incorporación al diseño curricular de las aportaciones de las mujeres a
lo largo de la historia, así como de los contenidos encaminados a
prevenir la violencia de género; a la creación de un órgano de
asesoramiento técnico para incluir en la televisión pública la
perspectiva de género con especial atención a los programas dirigidos a
la infancia y la juventud; y al establecimiento de la participación
igualitaria de las mujeres en la administración educativa, en la adopción
de políticas y en la toma de decisiones en materia de educación
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 354, de fecha 15 de diciembre de 1997) (Número de expediente
671/000035).

Página 3238



Cuarto



Mociones:



--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a elaborar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las
Administraciones Locales, un plan integral de retorno de los emigrantes a
España, a establecer los mecanismos precisos para el desarrollo
coordinado de las políticas en este sentido, y a mejorar los mecanismos
de información y asesoramiento a los españoles residentes en el
extranjero, en lo referente a las medidas existentes para favorecer su
regreso a España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998)
(Número de expediente 662/000107).




--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
que, en la liquidación definitiva de la participación de los municipios
en los tributos del Estado para 1996, utilice los procedimientos de
cálculo de los indicadores límites de dicha participación más comúnmente
aceptados y que menos se desvíen de la evolución de los ingresos del
Estado, así como a que no proceda al reintegro de las cantidades
negativas fruto de esta liquidación definitiva sin la previa discusión
del procedimiento que debe seguirse en el caso de los municipios cuya
liquidación siga arrojando un resultado negativo (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 382,
de fecha 9 de febrero de 1998) (Número de expediente 662/000106).




--Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por
la que se insta al Gobierno a que, con carácter urgente, convoque una
reunión monográfica del Consejo del Patrimonio Histórico Español y, a
continuación, una conferencia de Consejeros de Cultura de las distintas
Comunidades Autónomas para analizar a fondo esta cuestión y encontrar una
solución satisfactoria (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998)
(Número de expediente 662/000104).




Quinto



Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:



--Acuerdo Marco sobre comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra,
firmado en Luxemburgo el 28 de octubre de 1996 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 141, de fecha
3 de diciembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000141) (Número de
expediente C. D. 110/000123).




--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Cuba sobre
modificación del Convenio aéreo entre el Estado Español y la República de
Cuba, de 19 de junio de 1951 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 142, de fecha 3 de diciembre
de 1997) (Número de expediente S. 610/000142) (Número de expediente C. D.

110/000141).




--Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de
Croacia, firmado en Madrid el 21 de julio de 1997 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 143,
de fecha 3 de diciembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000143)
(Número de expediente C. D. 110/000142).




--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Kuwait sobre
transporte aéreo del 3 de diciembre de 1979 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 144, de fecha
3 de diciembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000144) (Número de
expediente C. D. 110/000143).




--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Croacia para la
promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 21 de
julio de 1997(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 145, de fecha 19 de diciembre de 1997) (Número
de expediente S. 610/000145) (Número de expediente C. D. 110/000144).




--Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el
Reino de Marruecos sobre supresión de visados en pasaportes diplomáticos,
hecho en Madrid el 15 y el 16 de julio de 1997 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 146, de fecha
19 de diciembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000146) (Número de
expediente C. D. 110/000145).




Sexto



Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado:



--Proposición de Ley orgánica de modificación del artículo 19 de la Ley
orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (autor: Grupo
Parlamentario Popular en el Senado) (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes



Página 3239



Generales», Senado, Serie III-A, número 11, de fecha 19 de noviembre de
1997) (Número de expediente 622/000011).




Séptimo



--Solicitud de ampliación del plazo para la presentación ante el Pleno
del Informe de la Comisión Especial sobre la prevención y asistencia en
situaciones de catástrofe (Número de expediente 650/000002).




SUMARIO



Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.




JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE LOS SENADORES
EXCELENTISIMOS SEÑORES DON MARCELINO ARTIEDA GARCIA Y DON ADRIANO ANTONIO
MARQUES DE MAGALLANES (Página 3241)



El señor Artieda García promete acatar la Constitución.




El señor Marques de Magallanes jura acatar la Constitución.




Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 1997 (Página 3241)



Se aprueba el Acta.




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 3241)



Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta a la
incorporación al diseño curricular de las aportaciones de las mujeres a
lo largo de la historia, así como de los contenidos encaminados a
prevenir la violencia de género; a la creación de un órgano de
asesoramiento técnico para incluir en la televisión pública la
perspectiva de género con especial atención a los programas dirigidos a
la infancia y la juventud; y al establecimiento de la participación
igualitaria de las mujeres en la administración educativa, en la adopción
de políticas y en la toma de decisiones en materia de educación (Página 3241)



La señora Martín i Vigil defiende la moción. La señora Rodríguez Saldaña
defiende una enmienda del Grupo Popular a la moción. En turno de
portavoces, hace uso de la palabra el señor Bolinaga Bengoa, por el Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos. A instancias del señor Presidente, la
señora Martín i Vigil comunica a la Cámara la aceptación de la enmienda
del Grupo Popular. Continuando con el turno de portavoces, hace uso de la
palabra el señor Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. El señor Presidente comunica a la Cámara la
presentación de una propuesta de modificación, firmada por todos los
Grupos Parlamentarios.




Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.




MOCIONES (Página 3245)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a elaborar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las
Administraciones Locales, un plan integral de retorno de los emigrantes a
España, a establecer los mecanismos precisos para el desarrollo
coordinado de las políticas en este sentido, y a mejorar los mecanismos
de información y asesoramiento a los españoles residentes en el
extranjero, en lo referente a las medidas existentes para favorecer su
regreso a España (Página 3245)



El señor Bellido Muñoz defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Oliart Pons, por el Grupo Socialista, y Bellido
Muñoz, por el Grupo Popular.




Se aprueba la moción del Grupo Popular por asentimiento de la Cámara.




Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que,
en la liquidación definitiva de la participación de los municipios en los
tributos del Estado



Página 3240



para 1996, utilice los procedimientos de cálculo de los indicadores
límites de dicha participación más comúnmente aceptados y que menos se
desvíen de la evolución de los ingresos del Estado, así como a que no
proceda al reintegro de las cantidades negativas fruto de esta
liquidación definitiva sin la previa discusión del procedimiento que debe
seguirse en el caso de los municipios cuya liquidación siga arrojando un
resultado negativo (Página 3250)



El señor Granado Martínez defiende la moción. El señor Bris Gallego
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Granado Martínez, por el Grupo Socialista, y Bris
Gallego, por el Grupo Popular.




Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 88 votos a favor, 116 en
contra y 25 abstenciones.




Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por
la que se insta al Gobierno a que, con carácter urgente, convoque una
reunión monográfica del Consejo del Patrimonio Histórico Español y, a
continuación, una conferencia de Consejeros de Cultura de las distintas
Comunidades Autónomas para analizar a fondo esta cuestión y encontrar una
solución satisfactoria (Página 3256)



El señor Varela i Serra defiende la moción. El señor Presidente anuncia a
la Cámara la presentación de una enmienda del Grupo Popular a la moción,
así como una propuesta de modificación, firmada por todos los Grupos
Parlamentarios. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Ferrer Roselló, por el Grupo Mixto, y Bolinaga Bengoa, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; así como la señora Arribas
Esteve, por el Grupo Socialista, y el señor Zapatero Villalonga, por el
Grupo Popular.




Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.




CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3259)



Acuerdo Marco sobre comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra,
firmado en Luxemburgo el 28 de octubre de 1996 (Página 3259)



No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.




Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Cuba sobre
modificación del Convenio aéreo entre el Estado español y la República de
Cuba, de 19 de junio de 1951 (Página 3259)



No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.




Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de
Croacia, firmado en Madrid el 21 de julio de 1997 (Página 3259)



No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.




Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Kuwait sobre
transporte aéreo del 3 de diciembre de 1979 (Página 3259)



No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.




Acuerdo entre el Reino de España y la República de Croacia para la
promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 21 de
julio de 1997 (Página 3260)



No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.




Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el
Reino de Marruecos sobre supresión de visados en pasaportes diplomáticos,
hecho en Madrid el 15 y el 16 de julio de 1997 (Página 3260)



No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza



Página 3241



al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.




TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 3260)



Proposición de Ley orgánica de modificación del artículo 19 de la Ley
orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Autor: Grupo
Parlamentario Popular en el Senado) (Página 3260)



El señor Fernández Aguilar defiende la toma en consideración. La señora
Martínez García consume un turno a favor. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Caballero Lasquibar, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, y Fernández Aguilar, por el Grupo
Popular.




Se aprueba la toma en consideración por asentimiento de la Cámara.




Solicitud de ampliación del plazo para la presentación ante el Pleno del
Informe de la Comisión Especial sobre la prevención y asistencia en
situaciones de catástrofe (Página 3264)



Se aprueba la solicitud de ampliación por asentimiento de la Cámara.




Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cincuenta minutos.




Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Señorías, se abre la sesión.




--JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE LOS SENADORES
EXCELENTISIMOS SEÑORES DON MARCELINO ARTIEDA GARCIA Y DON ADRIANO ANTONIO
MARQUES DE MAGALLANES (500/000271) (500/000272).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Punto previo del orden del día:
juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.

Don Marcelino Artieda García, ¿jura o promete acatar la Constitución?
El señor ARTIEDA GARCIA: Sí, prometo.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias. (Aplausos.)
Don Adriano Antonio Marques de Magallanes, ¿jura o promete acatar la
Constitución?



El señor MARQUES DE MAGALLANES: Sí, juro.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.

(Aplausos.)
Sean bienvenidos a esta Cámara, señorías.




--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 15, 16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 1997.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Comenzamos con el primer punto
del orden del día, que es la lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior, celebrada los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 1997.

¿Alguna observación al Acta? (Pausa.)
Queda aprobada.




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA A LA
INCORPORACION AL DISEÑO CURRICULAR DE LAS APORTACIONES DE LAS MUJERES A
LO LARGO DE LA HISTORIA, ASI COMO LOS CONTENIDOS ENCAMINADOS A PREVENIR
LA VIOLENCIA DE GENERO, A LA CREACION DE UN ORGANO DE ASESORAMIENTO
TECNICO PARA INCLUIR EN LA TELEVISION PUBLICA LAS PERSPECTIVAS DE GENERO,
CON ESPECIAL ATENCION A LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y A LA
JUVENTUD, Y AL ESTABLECIMIENTO DE LA PARTICIPACION IGUALITARIA DE LAS
MUJERES EN LA ADMINISTRACION EDUCATIVA, EN LA ADOPCION DE POLITICAS Y EN
LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE EDUCACION (671/000035).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Señorías, pasamos al punto
segundo, que se refiere a las mociones consecuencia de interpelación. La
primera moción es la que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, por
la que se insta a la incorporación al diseño curricular de las
aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia, así como de los
contenidos encaminados a prevenir la violencia de género; a la creación
de un órgano de asesoramiento técnico para incluir en la televisión
pública la perspectiva de género, con especial atención a los programas
dirigidos a la infancia y la juventud; y al establecimiento de la
participación igualitaria de las mujeres en la administración educativa,



Página 3242



en la adopción de políticas y en la toma de decisiones en materia de
educación.

Tiene la palabra la señora Martín i Vigil.




La señora MARTIN I VIGIL: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, ésta es una moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, consecuencia de la interpelación que realizó también nuestro
Grupo el día 3 de diciembre, de manera que ha llegado aquí en esta forma,
aunque actualmente la suscribimos espero que todos los grupos. En este
momento, ya podemos decir que es una moción enmendada y pactada con el
Grupo Parlamentario Popular y con el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que a modo de entender de esta Senadora no modifica
sustancialmente los cuatro puntos que conforman la propuesta...

(Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Señoría, espere un momento, por
favor.

Pido a los señores Senadores atención a un tema particularmente
importante e interesante. Se trata de una moción sobre los derechos de la
mujer en la sociedad actual. Pido a sus señorías atención, por favor.

(Rumores.)
Vuelvo a repetir, señorías: pido atención.

Muchas gracias.




La señora MARTIN I VIGIL: Gracias, Presidente.

Les decía que ésta es, efectivamente, una moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, consecuencia de una interpelación que tuvo
lugar en esta Cámara el día 3 de diciembre, pero que llegado este momento
hemos de decir que es una propuesta que suscriben el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència I Unió y el Grupo Popular en el
Senado. De manera que, de entrada, debo mostrar mi satisfacción, como no
podía ser de otra manera, por tratarse de una cuestión importante como
bien ha calificado con su sensibilidad habitual el Presidente de la
Cámara, pero también porque realmente, al llegar a este acuerdo,
comprobamos que hay cuestiones que requieren efectivamente eso que
llamamos consenso, que no es otra cosa que aplicar el sentido común y, si
sus señorías me permiten, todavía más allá, aplicar en la práctica a las
mociones, a los acuerdos, a las propuestas, aquello que expresamos como
declaración de intenciones en otros momentos, como fue el caso de la
interpelación que formulamos al Gobierno sobre cuáles eran sus
intenciones en política educativa para eliminar todas las formas de
sexismo en la educación.

Decíamos en aquel momento que entendíamos la educación en un sentido
amplio y que queríamos conocer por boca de la señora Ministra sus planes
en el llamado sistema educativo. Pero íbamos más allá y hablamos también
de otros agentes sociales, públicos o privados, que inciden de forma
tanto o más determinante que la propia escuela en los niños y las niñas
para formar o para deformar, como pueden ser los medios audiovisuales. En
ese sentido, y a partir del debate que se suscitó aquí con motivo de
aquella interpelación, pensamos nosotros entonces --y ahora, repito, dos
grupos más-- que sería bueno comprometer al Gobierno y comprometer a
todos los grupos de la Cámara, porque creo recordar que el día 3 de
diciembre --y se puede comprobar en el «Diario de Sesiones»-- todos los
grupos mantuvieron una actitud de acuerdo, de interés, de valoración de
la importancia del tema, de reconocimiento de la necesidad de avanzar
algo o bastante más en la dirección de incorporar con pleno derecho, con
plena solvencia en los curriculum escolares, pero también en otros
agentes que pueden o deben ser educadores, los elementos que faciliten a
los hombres y a las mujeres, a los niños y a las niñas, una formación,
unos elementos de juicio que les permitan formar parte después de una
sociedad mejor. Tomábamos varias referencias, algunas más próximas que
otras; hablábamos de los planes para la igualdad de oportunidades que se
han venido aprobando por los diferentes gobiernos democráticos.

Hablábamos también de otros referentes un poco más lejanos, como son los
compromisos que adquirimos los Estados miembros de las Naciones Unidas en
la Cuarta Conferencia que se celebró en Pekín en el año 1995. Tomábamos
también un referente importante, como era el Cuarto Plan Europeo para la
Igualdad de Oportunidades, y tomamos como referencia marco la propia
LOGSE, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, ley que, por
primera vez, habla de coeducación en un sentido extenso, profundo y de
obligado cumplimiento, que hace referencia a la coeducación y al sexismo
no solamente en el preámbulo de la ley, sino también en diferentes
momentos de su articulado, cuando habla del material didáctico, del
diseño curricular, de la preparación del profesorado, etcétera.

En aquel momento, según consta en el «Diario de Sesiones», decíamos:
Estamos en tiempo de aplicación de reformas educativas; estamos en
tiempos de construcción europea; estamos en tiempo de compartir
responsabilidades administrativas en la construcción del Estado de las
Autonomías. Es un buen momento para dar un paso adelante en aquellos
objetivos que parecen siempre difíciles porque son objetivos de valores,
son objetivos culturales.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora Martín i Vigil, su
tiempo ha terminado.




La señora MARTIN I VIGIL: Termino diciendo, señor Presidente que vuelvo a
congratularme de que haya habido un acuerdo fundamental. Me parece que
los cuatro puntos que conforman esta propuesta son fundamentales y no se
acabarán hoy aquí, sino que podremos continuar tutelando, siguiendo
desarrollando y trabajando sobre los mismos. Agradezco a todos su
atención. (Aplausos).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Francesca Martín i Vigil.

A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa, tiene la palabra la Senadora doña María Cruz
Rodríguez Saldaña.




La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Gracias, señor Presidente.




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Señorías, utilizo este turno para defender la propuesta de modificación
efectuada por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista al «petitum»
de la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

El objetivo de esta enmienda transaccional es enunciar de una forma más
operativa el «petitum» de esta moción para conseguir unos objetivos
compartidos, entiendo, por todos los grupos políticos de esta Cámara;
para facilitar que desde la Educación se eliminen todas las formas de
discriminación contra las mujeres; para promover la igualdad de acceso de
las mujeres a todos los procesos educativos; para desarrollar un modelo
educativo que esté informado por valores igualitarios.

La propuesta de modificación del «petitum» inicial está consensuada, como
digo, entre el grupo proponente y el grupo al que represento en los
siguientes términos: En un primer punto del «petitum» de la moción
pretendemos potenciar en el desarrollo de los diseños curriculares, de
acuerdo con la LOGSE, el estudio de las aportaciones de las mujeres en
los diversos campos de actividad a lo largo de la historia. Consideramos
que las aportaciones de la mujer han sido verdaderamente importantes,
trascendentales y, siendo respetuosos con la Comisión de Expertos,
recientemente creada, que estudiará los contenidos mínimos en el diseño
de la enseñanza de las humanidades, hacemos desde el Senado la previsión
de potenciar la inclusión de las aportaciones de las mujeres para que
sean conocidas y valoradas por los escolares en los distintos niveles
educativos dentro del diseño curricular.

El segundo punto de la moción pretende desarrollar las orientaciones
pedagógicas de los contenidos curriculares referidos a igualdad de
oportunidades entre ambos sexos de manera que incluya la perspectiva
efectiva de género. Creemos que los contenidos están ya dentro de ese
diseño curricular y es necesario promover orientaciones metodológicas
para hacerlos efectivos dentro de la práctica escolar; orientaciones
metodológicas dirigidas al profesorado para llevarlo a cabo dentro del
aula, e impregnar de esta perspectiva de género todos los contenidos
curriculares en las distintas etapas, sobre todo infantil y primaria, de
la educación obligatoria, con las siguientes estrategias: supervisión de
proyectos educativos, redes de trabajo para prevenir la violencia y
atender los casos que se producen dentro de la perspectiva de género,
fomento de la relación y la coordinación entre los equipos
psicopedagógicos de centros y sector, en definitiva, de los centros
escolares con los centros básicos de acción social y con los servicios
especializados, así como difundir materiales didácticos que puedan
facilitar la atención de los casos en los que se produzca violencia.

El tercer punto de la moción es el de proponer que en el seno del comité
que regulará los medios audiovisuales, según la proposición de Ley que se
está debatiendo en el Congreso de los Diputados, se vele para que los
contenidos televisivos contemplen la perspectiva de género con especial
atención en los programas dirigidos a la infancia y a la juventud.

Verdaderamente, hay distintos mecanismos legislativos, distintos
instrumentos que hacen patente la necesidad de que los menores tengan una
protección efectiva. Hago referencia a la Ley 25/1994, de protección de
los menores frente a la programación televisiva, así como al convenio de
autorregulación firmado por el Ministerio, las Comunidades Autónomas y
las cadenas de televisión. Pretendemos articular todos estos mecanismos
para conseguir, efectivamente, que en los programas dirigidos a la
infancia y la juventud se contemple de manera especial esta perspectiva
de género.

Por último, el cuarto punto es el referido a promover la participación de
las mujeres en la administración educativa, así como la adopción de
políticas y toma de decisiones en materia de educación. Pretendemos
favorecer con ello la formación e información del profesorado, sobre todo
el profesorado femenino, para que asuma el desarrollo de su propia
carrera profesional. Se trata de medidas de acción positivas que
faciliten la participación de las mujeres, acciones dirigidas hacia toda
la sociedad que faciliten la conciliación entre la vida profesional y la
familiar, así como el incremento de servicios complementarios que hagan
factible el que la mujer pueda desarrollar dicha carrera profesional,
dicha carrera administrativa.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora Rodríguez Saldaña, le
ruego que concluya.




La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, no hacen uso de
la palabra.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador don Imanol Bolinaga.




El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.

Tal como decía su señoría, señor Presidente, efectivamente, sí que es
importante esta moción desde una perspectiva humana y social.

Sobre todo cuanto nos ha sido expuesto con auténtico sentimiento y plena
equidad por la Senadora Martín i Vigil, señorías, nada que restar y muy
poco que añadir por parte de los Senadores Nacionalistas Vascos, salvo
complementar con el voto de apoyo los fines propios de la moción
presentada, habida cuenta de la propuesta de modificación del Partido
Popular, que ha sido aceptada. Por nuestra parte, considerando la
atinencia al caso y a toda la argumentación en su defensa, nos vamos a
permitir reforzar, si es que cabe, las tesis mantenidas en la presente
moción, basándonos, eso sí, nada más que en la filosofía del concepto.

A estos efectos, señorías, rememoramos uno de los puntos esenciales
contemplados en la Declaración Final surgida de la II Cumbre del Consejo
de Europa, de fecha reciente, por la que se nos reafirma la particular y
esencial importancia de una representación más equilibrada de hombres y
de mujeres en todos y cada uno de los sectores



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de la sociedad, comprendido el de la propia política en su más amplio
entendimiento. Asimismo, en el marco solemne de dicha declaración, se
apela y se insta a un esfuerzo sincero de progresión hasta alcanzar una
real igualdad sobre la distribución de posibilidades y de oportunidades
entre la mujer y el hombre.

Continuando por la misma línea interpretativa de nuestro criterio sobre
el particular, ya expuesto, y de nuestro apoyo a la moción en todas sus
partes, y en consenso con la propuesta de modificación citada, nos
permitimos evocar, señorías, entre las no pocas existentes y de similar
tono pertinente, las recomendaciones números 1.146 y 1.229 de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, a la cual me honro en pertenecer,
por ser ambas recomendaciones relativas a la exaltación de la igualdad de
derechos y de oportunidades entre las mujeres y los hombres en todos y
cada uno de los aspectos que les son vitales, dentro de una idéntica
gradación, que no es otra que la que corresponde por el mero y
extraordinario significado del ser humano, constituido como «sapiens» y
también, a veces, desgraciadamente, como «demens».

En definitiva, señor Presidente, señorías, el criterio de nuestro Grupo,
que sin duda es compartido, se determina por considerar la tantas veces
mentada igualdad como un principio relevante de los derechos de la
persona humana, como una condición esencial de la democracia y como una
exigencia de justicia social, por lo que nos sentimos activamente
comprometidos, y en toda la extensión del término, para la puesta en
función del plan europeo del programa de acción adoptado por la IV
Conferencia Mundial sobre las Mujeres, al entender la primordialidad del
reconocimiento explícito de la mujer como elemento superesencial de la
sociedad humana y al aceptar la ética de su obligada implicación en todas
las decisiones que afectan a esta misma sociedad humana.

Por tanto, señorías, mientras el paisaje de las decisiones,
particularmente las vitales, continúe siendo dominado sólo por los
hombres, tal hecho debe ser estimado como un desprecio a los derechos
fundamentales de la mujer y debe ser considerado, en todo caso, como
indicativo de que la democracia no funciona como debiera.

En consecuencia, señorías, es preciso que nos esforcemos en concebir vías
nuevas e imaginativas para eliminar desequilibrios existentes y conseguir
que la mujer ostente la misma igualdad y similar implicación que los
hombres en programas y decisiones que afectan a la sociedad. En mi
condición de Senador por la Comunidad Autónoma de Euskadi, y con el
humilde deseo de que mis modestas palabras se interpreten como homenaje
al décimo aniversario de la creación de Emakunde, Instituto de la Mujer
en Euskadi, termino señalando, señor Presidente, señorías, que los
contenidos de la presente moción, que tan acertada y atinadamente han
sido presentados por la Senadora Martín Vigil, apuntan una de las vías
comentadas, por lo que no podemos más que apoyarla con plena
consistencia, al tiempo que felicitamos a la Senadora Martín i Vigil por
su iniciativa.

Muchas gracias, señor Presidente, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bolinaga
Bengoa.

Pido un segundo, porque esta Presidencia ha tenido un lapsus que ha sido
dar la palabra a los portavoces antes de que la presentadora de la moción
dijera si acepta o no la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, lo que
es sustancial, como ustedes saben, en la tramitación. Por lo tanto
pregunto a la señora Senadora si admite a trámite la enmienda y, por
ello, que se apruebe según sus términos.




La señora MARTIN I VIGIL: Sí, está aceptada, señor Presidente, muchas
gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.




El señor BOLINAGA BENGOA: Quiero decirle, señor Presidente, que antes de
subir a este estrado he consultado con la Senadora Martín i Vigil, quien,
efectivamente, me ha reconfirmado el hecho de su aceptación.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, lo que ha sido una
consulta particular ahora ya tiene carácter público oficial. Muchas
gracias.

Senador Varela, tiene su señoría la palabra por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.




El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Como usted mismo ha dicho, estamos en una cuestión particularmente
interesante y particularmente importante. Yo siempre hago caso del señor
Rigol y procuro atender a todas sus peticiones e intereses, y nunca más
acertadas que en esta cuestión.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Que cunda el ejemplo, señoría.

Muchas gracias.




El señor VARELA I SERRA: Cuando la Senadora Francesca Martín i Vigil
anunciaba su interpelación, decía que el motivo que le impulsaba a ello
era el de eliminar toda forma y todo fondo de educación sexista en el
sistema educativo, y que hubiese una preocupación por esas cuestiones
relativas a la educación así como procurar que las cuestiones que se
refieran a la desigualdad de oportunidades entre las personas se
eliminasen.

Evidentemente, señoría, nuestro Grupo no puede estar más de acuerdo con
su iniciativa; nos parece muy acertada y la felicitamos por ello. Por eso
estamos satisfechos de añadirnos en este consenso a esta propuesta que,
finalmente, podrá ser aprobada por el Senado.

Como sabe la Senadora, en Cataluña hace mucho tiempo que, con la ayuda y
el soporte de todos los partidos políticos, desde el Institut Català de
la Dona y desde el Departament de Ensenyament se están promoviendo
acciones a favor de los puntos que usted misma reclamaba para toda España
en su interpelación y en su moción posterior.

Concretamente, tengo delante algunos textos que se editan ya en Cataluña
para los escolares. Traduzco: Las



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Mujeres a través de la Historia; Las Mujeres en la Historia
Contemporánea; La Igualdad de Oportunidades entre Chicos y Chicas. Estos
textos se facilitan en las escuelas de Cataluña. Y en todas las
resoluciones de instrucciones de inicio de curso del Departament de
Ensenyament se dice que se tiene el deber de incorporar en el proyecto
educativo de los centros la programación de actividades educativas que
promuevan la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas y la
superación de comportamientos y actitudes discriminatorias por razón de
sexo.

Esas son las intenciones, las realidades. Desgraciadamente, los diarios
nos traen noticias en las que vemos que todavía nos queda mucho camino
por recorrer en todas partes, también en Cataluña. Por eso, aunque
estamos parcialmente satisfechos y ya hacemos caso de las recomendaciones
de la señora Martín i Vigil, siempre hay que insistir y por eso estamos
tan de acuerdo con esta moción.

Hay un punto especialmente importante del acuerdo general al que hemos
llegado que me place resaltar, y es el acuerdo relativo a la televisión.

Como sus señorías ya conocen, nuestro Grupo siempre ha insistido en la
necesidad de llevar a la práctica los resultados de la Ponencia sobre los
Contenidos Televisivos que se impulsó en la anterior Legislatura y la
necesidad de que el país se dote de una autoridad independiente que
controle los contenidos televisivos. Por eso, el hecho de que en esta
moción se haga mención a que en la ley que regule los contenidos
televisivos que se está tramitando en el Congreso se vele porque en los
mismos se ponga atención a los programas dirigidos a la infancia y a la
juventud, nos parece especialmente relevante.

En definitiva, señorías, señor Presidente, estamos satisfechos de esta
iniciativa de la Senadora Martín i Vigil y de poder contribuir, en
nuestra pequeña medida, a la aprobación de una moción que esperamos
represente un paso positivo, un paso adelante en la línea de la igualdad
entre hombres y mujeres.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Varela.

Después de escuchar las diversas intervenciones, si no hubiere ninguna
observación en contra, propongo que se pudiera aprobar por asentimiento.

(Pausa.)
Hay una transacción sobre la propia enmienda en la que están de acuerdo
todos los Grupos, y aunque no conste por escrito la firma del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, su portavoz me indica
verbalmente que está de acuerdo, por lo que se la pasaremos para su
firma. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda
aprobada.




MOCIONES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A ELABORAR, EN COORDINACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES, UN PLAN INTEGRAL DE RETORNO DE LOS EMIGRANTES A
ESPAÑA, A ESTABLECER LOS MECANISMOS PRECISOS PARA EL DESARROLLO
COORDINADO DE LAS POLITICAS EN ESTE SENTIDO, Y A MEJORAR LOS MECANISMOS
DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO A LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, EN LO REFERENTE A LAS MEDIDAS EXISTENTES PARA FAVORECER SU
REGRESO A ESPAÑA (662/000107).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El tercer punto del orden del día
es el de Mociones.

La primera es la que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por la que se insta al Gobierno a elaborar, en coordinación con
las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales, un plan
integral de retorno de los emigrantes a España, a establecer los
mecanismos precisos para el desarrollo coordinado de las políticas en
este sentido, y a mejorar los mecanismos de información y asesoramiento a
los españoles residentes en el extranjero, en lo referente a las medidas
existentes para favorecer su regreso a España.

Para defender esta moción, tiene la palabra el Senador Bellido.




El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Como se recoge en la introducción de la moción que mi Grupo defiende, el
fenómeno de la emigración es comúnmente un acontecimiento traumático para
aquellos que por distintas causas deben afrontarlo, pues implica, de una
parte, la ruptura de muchos vínculos familiares, culturales o sociales y,
de otra, el inicio de una vida en un medio desconocido, cuando no hostil.

Es traumático, efectivamente, porque muchos de esos más de 2.200.000
españoles que viven fuera de nuestras fronteras debieron abandonar
España, en unos casos, como consecuencia de la Guerra Civil y, en otros,
ante la profunda depresión económica que sufrimos en los años posteriores
a esa Guerra, lo que les llevó a buscar trabajo en otros países. Hay
también quienes a lo largo de los últimos decenios buscaron distintos
horizontes lejos de España, con mayor o menor fortuna.

En cualquier caso, resulta evidente que el fenómeno de la emigración,
cuando ésta se realiza por causa de fuerza mayor, quebranta no sólo los
sentimientos individuales de quien se ve forzado a emigrar,
descubriéndose impotente para permanecer en el país que lo vio nacer,
sino que rompe también con vínculos tan importantes como los familiares,
los culturales y sociales, todos ellos muy ligados al desarrollo integral
de la personalidad del ser humano.

Transcurridos más de veinte años desde la aprobación de un texto
constitucional, que en su artículo 42 recoge el deber que el Estado tiene
en el sentido de orientar su política hacia el retorno de los emigrantes
a España, son, como decía al principio de mi intervención, más de
2.200.000 los españoles que aún residen en el extranjero, repartidos el



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50 por ciento de ellos en América del Sur, más de 830.000 en Europa, lo
que representa alrededor del 37 por ciento, un 10 por ciento entre
América del Norte y América Central, y poco más del 2,5 por ciento entre
Africa, Asia y Oceanía; españoles que, en una gran mayoría de los casos,
encuentran serias dificultades, muchas veces de tipo económico pero otras
de carácter social, para incorporarse nuevamente a la sociedad en la que
nacieron. Dificultades económicas porque carecen de los medios
necesarios, no sólo para afrontar a veces largos y costosos
desplazamientos, sino también para hacer frente a la inversión que
representa establecer un nuevo asentamiento personal o familiar.

Dificultades económicas también porque las expectativas laborales frenan
en muchos de los casos dar un paso que implica evidentes riesgos. Pero no
son sólo económicas las trabas que se enfrentan al retorno de nuestros
emigrantes, sino que las hay también de tipo social, bien porque los
bajos niveles educativos de algunos de ellos les impidan enfrentarse con
decisión o incluso conocimiento a las alternativas que se ofrecen, o bien
porque teman no poder integrarse plenamente en una sociedad que, por el
paso de los años, desconocen y les es ajena.

Es cierto, y hemos de reconocerlo, que, en los últimos años y por los
distintos gobiernos y grupos políticos, se han adoptado y demandado
medidas de todo tipo tendentes tanto a atender a estos emigrantes en los
países de destino, como a mantener permeable la comunicación umbilical
con España, e incluso facilitarles el regreso a sus puntos de origen.

Así, en la IV Legislatura, una moción del Grupo Parlamentario del CDS
sobre políticas para los españoles emigrantes y residentes en el exterior
contó con el apoyo de toda la Cámara. Posteriormente, en la V
Legislatura, distintas mociones, proposiciones no de ley y proposiciones
de ley de diferentes grupos políticos, como Izquierda Unida, Coalición
Canaria, Convergència i Unió, siguieron una suerte dispar. No podemos
olvidar la Orden Ministerial de 14 de diciembre de 1995 sobre programas
de actuación en favor de los emigrantes españoles, en la que se
establecían distintos tipos de ayuda de carácter asistencial, integración
social y orientación profesional, de promoción social, de carácter
asociativo y cultural y de gestión de empleo en el exterior.

Más recientemente, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, de 25 de junio de 1996, que fue aprobada, originó la creación
de una subcomisión para estudiar la situación de los españoles que viven
fuera, así como de los inmigrantes y refugiados que han llegado a nuestro
país. Dicha Comisión emitió su informe el pasado 23 de diciembre, y está
pendiente su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados. Junto a
ello, por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del
INSERSO y de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, se
vienen desarrollando distintas líneas de actuación en esta materia. Así,
en cuanto a pensiones asistenciales, hay que recordar que hay
presupuestados para este año 5.594 millones de pesetas, lo que supone un
incremento del 15 por ciento con respecto al año anterior, presupuesto
que se distribuye entre un total de 26.000 pensiones repartidas en
treinta y nueve países, de las que Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela
acaparan el 90 por ciento. Una cuantía esta de las pensiones que se
enfrenta a dos problemas fundamentales: por una parte, la mejora de la
gestión a fin de que puedan ser reconocidas y pagadas en el período de
tiempo más breve posible y, por otra, el control del fraude, de forma que
sean recibidas por quien realmente las necesita. En ambos aspectos se
hace precisa una intervención activa a través de las consejerías
laborales de nuestras embajadas, que tengo constancia de que se ha
iniciado, y esperemos que pueda cristalizar en actuaciones concretas.

Otra materia de sumo interés hasta tanto se pueda producir el retorno en
aquellos casos en que así se desee es la que hace referencia a la
asistencia sanitaria de nuestros emigrantes, regulada en algunos casos
por convenios bilaterales, pero que, en otros, precisa de planes
específicos que, desde España, cubran ese tipo de atención, planes estos
que están en proceso de elaboración, descentralizándose de acuerdo con
las características específicas de cada país y las circunstancias del
colectivo de emigrantes españoles a los que hay que asistir, y que en
este período presupuestario ha contado con una dotación de 150 millones
de pesetas. Actuaciones encaminadas a desarrollar programas para mayores
y jóvenes, que son los dos colectivos de edad que pueden encontrar más
dificultades a la hora de integrarse nuevamente o por primera vez en la
sociedad española. Hemos de reconocer que muchos de los mayores carecen
en España de familiares en primer grado que los acojan e, incluso, de los
medios materiales necesarios para instalarse en condiciones de idoneidad
en nuestro país. De ahí la importancia de disponer de plazas
residenciales suficientes para asumir este flujo y de hacerlo, además, en
aquellas ciudades o pueblos más ligados al origen geográfico, cultural o
social de los retornados, de forma que logremos minimizar el impacto
negativo que su regreso pueda generarle.

Gran parte de estos mayores asumen que tienen que morir fuera de su
patria porque desconocen cuáles son los canales de información precisos
para lograr el retorno o, incluso, por miedo a una sociedad con la que
perdieron el contacto y de la que desconocen el proceso evolutivo que han
sufrido, sus nuevas costumbres, su organización política, estructural,
sanitaria, etcétera. De ahí la necesidad de acometer o potenciar acciones
dirigidas a hacer llegar la información precisa a todos esos españoles y
a mantenerlos cercanos a la realidad de España, de forma que libremente
puedan tomar la decisión de regresar, de acuerdo, lógicamente, con muchos
otros factores de todo tipo que puedan influirles en este u otro sentido.

Antes hablaba de los jóvenes porque los hijos de emigrantes representan
un colectivo que, a veces, retiene a los adultos y mayores en el país
extranjero ante la ausencia de expectativas educativas y formativas que
les faciliten tanto el conocimiento del país en el que en muchos casos no
nacieron como su futura integración a todos los niveles y, entre ellos,
evidentemente, en el laboral.

He de reconocer que en tal sentido se están llevando a cabo diversas
actuaciones: las becas Reina Sofía para estudios de emigrantes en España,
los programas de intercambio,



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los de formación profesional en los países de residencia con prácticas en
empresas españolas, o la participación en los cursos de verano de las
universidades españolas. De todos modos, se hace preciso concertar todas
estas actuaciones haciendo partícipes de ellas a todas las Comunidades
Autónomas y municipios, de modo que de la coordinación nazca una mayor
rentabilización de los esfuerzos que unas y otras instituciones puedan
asumir.

Evidentemente, queda un colectivo de edad encuadrado en una etapa de la
vida marcada por la actividad laboral que encuentra dificultades para su
regreso, fundamentalmente, porque carece de las garantías suficientes
para insertarse laboralmente en España, bien por la baja oferta laboral o
bien por carecer de la formación suficiente para acceder a un puesto de
trabajo en el marco competitivo existente en la actualidad. A ello se
suma, en otros casos, la falta de recursos económicos para levantar un
hogar, desplazar a toda una familia y formalizar una nueva residencia.

Hemos de reconocer que estas situaciones chocan con las que en España se
producen y precisan, por tanto, de mayores esfuerzos que poco a poco
deberemos seguir realizando entre todos.

En cualquier caso, señoría, las distintas administraciones que componen
el Estado deben tener presente el mandato constitucional y no sólo asumir
el compromiso, sino también llevarlo a término para hacer posible que
todo español residente en el extranjero que desee volver a España pueda
hacerlo en condiciones de igualdad con el resto de los españoles y con el
planteamiento solidario de la sociedad que deba acogerlo.

Con este fin --y ya lo he comentado-- se vienen realizando importantes
actuaciones, e incluso se han formalizado convenios con Comunidades
Autónomas --como es el caso de la gallega o de la extremeña-- para
fomentar la vinculación de estos emigrantes a su Comunidad Autónoma de
origen, y también con el Ministerio de Justicia y con el de Asuntos
Exteriores para la realización de la prestación social sustitutoria en
los países de residencia de aquellos jóvenes que se declaren objetores de
conciencia, y asimismo con la Federación Española de Municipios y
Provincias, con Radiotelevisión Española para la creación y desarrollo de
programas dirigidos a los emigrantes españoles, u otros que están en fase
de elaboración, como puedan ser algunos con la Delegación para el Plan
Nacional sobre Drogas, con la ONCE para la orientación y asistencia a
nuestros emigrantes invidentes, o con el Banco Exterior de España para
conseguir fondos destinados a becas universitarias y de postgrado para
hijos de emigrantes.

Todas ellas son actuaciones en las que, si bien es cierto que el Gobierno
central debe jugar un importante papel impulsor, coordinador y ejecutivo
en algunas ocasiones, no lo es menos que la actual realidad de un Estado
descentralizado obliga a que dicho papel precise de la colaboración
activa de Comunidades Autónomas, ayuntamientos y diputaciones con
competencias transferidas en materia educativa, de asistencia social,
judicial, sanitaria, de vivienda e incluso de empleo, todo ello, como
decía, en un marco coordinado en el que se logren los efectos deseados
aunque de hecho reconozcamos las dificultades que en su consecución vamos
a encontrar.

Por ello, el Pleno general del Consejo de la Emigración elaboró
recientemente una serie de conclusiones dirigidas a facilitar el retorno
de nuestros emigrantes, conclusiones que se concretan en los siguientes
puntos: En primer lugar, habilitar mecanismos y métodos adecuados en
materia de información y asesoramiento para hacer llegar a los españoles
residentes en el extranjero todo aquello que pueda ser de interés, tanto
desde el punto de vista de la normativa, como desde el punto de vista de
los procedimientos necesarios para facilitar su retorno a España en las
mejores condiciones posibles. En segundo lugar, establecer las medidas
adecuadas para la formación de determinadas personas, tanto
pertenecientes a la Administración como a organizaciones interesadas en
el tema, que puedan servir de cauce para hacer llegar aquella información
a los interesados. En tercer lugar, establecer la adecuada coordinación
entre las Administraciones, centros regionales, asociaciones en el
exterior y en el interior, así como con los interlocutores sociales para
conseguir que la información y el asesoramiento sean proporcionados y en
las mejores condiciones posibles. En cuarto lugar, unificar criterios en
materia de retorno entre las distintas Administraciones, la central, la
autonómica y la local, considerándose fundamental la coordinación entre
ellas. Por último, y como quinto punto, elaboración de un plan integral
de retorno en el que se recojan las actuaciones a llevar a cabo por la
Administración central, así como todas aquellas que sean competencia de
las Comunidades Autónomas y de las Administraciones locales.

Por ello es por lo que el Grupo Popular se hace eco, tanto de las
circunstancias y de los trabajos que se han venido y se vienen
realizando, como de las propias recomendaciones que nuestros emigrantes
dirigen a las Administraciones, presentando esta moción por la que se
insta al Gobierno, en primer lugar, a elaborar, en coordinación con las
Comunidades Autónomas y las Administraciones locales, un plan integral de
retorno de los emigrantes a España en el que, tras analizar las medidas
que vienen aplicándose en este sentido, se introduzcan aquellas otras
necesarias para su perfeccionamiento, sistematización y armonización. En
segundo lugar, a establecer los mecanismos precisos para el desarrollo
coordinado de las políticas en materia de retorno por parte de las
diferentes Administraciones, central, autonómica y local. Y como tercer y
último punto, también se insta al Gobierno a través de esta moción a que
se mejoren los mecanismos de información y asesoramiento a los españoles
residentes en el extranjero en lo referente a las medidas existentes para
favorecer su regreso a España, moción esta que, tengo la total confianza,
será apoyada por sus señorías.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bellido.

¿Desea hacer uso del turno en contra el Senador Oliart? (Pausa.)



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Está bien. Su señoría intervendrá en el turno de portavoces.

Muchas gracias.

Entramos, pues, en turno de portavoces.

¿Desea intervenir el Grupo Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra don Imanol Bolinaga
Bengoa.




El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.

Sin absolutamente nada que objetar al fondo y la forma de la presente
moción, que nos parece realmente excelente en todos sus contenidos, desde
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos quiero resaltar que,
efectivamente, y por desgracia, los vascos sabemos un rato largo de las
situaciones difíciles y traumáticas emanadas del desgraciado fenómeno de
la emigración y de todo cuanto, o por tal motivo, significa desgarro,
desraizamiento, medio hostil y lucha sin cuento por la vida.

Sólo recordaré, señor Presidente, señorías, los más de 200.000 emigrantes
que con motivo de la guerra incivil hubieron de exilarse al extranjero en
condiciones harto difíciles, sin contar las de otros muchos que fueron la
consecuencia forzada de otras complicaciones bélicas anteriores o de
situaciones económicas o político-sociales de grave memoria.

En consecuencia, señorías, nos parece de absoluta propiedad apoyar los
contenidos de esta moción, si bien, en honor de la verdad, nos parece más
propio, oportuno, conveniente y acertado hablar preferentemente de
colaboración o de cooperación en lugar de hacerlo de coordinación cuando
se trata de elaborar con las Comunidades Autónomas y las Administraciones
locales un plan integral de retorno de los emigrantes; retorno que, bajo
los auspicios de un plan integral, entendemos que se refiere a emigrantes
de baja cualificación económica o que se encuentran en situación difícil.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bolinaga.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.

Como decía el portavoz del Grupo Popular, sin duda, el fenómeno de la
emigración de un acontecimiento traumático para todos aquellos que, por
distintas causas, deben afrontarlo. Por tanto, hay que establecer todos
los mecanismos que sean necesarios y aplicar todas las acciones oportunas
para apoyar y colaborar en el desarrollo de la política relativa a la
emigración.

Y tal como se indica en la exposición de motivos, la solución pasa, entre
otras cosas, por una continua salvaguarda de los derechos económicos y
sociales de los emigrantes, así como por la puesta a su disposición de
los medios necesarios para favorecer el regreso a sus lugares de origen.

A nuestro entender, en este punto radica la concreción de la moción
presentada; es decir, en todo lo referente al retorno de los emigrantes.

Me ha parecido que no deberíamos entrar en otras valoraciones, aunque
estoy seguro de que otros portavoces lo van a hacer. Así, estoy
convencido de que el portavoz del Grupo Socialista, Senador Oliart, va a
tratar más a fondo esta cuestión, lo que me parece muy correcto. Pero,
insisto, nos ha parecido que sólo debíamos hablar de estas
puntualizaciones, a las que hace referencia la propia moción.

Ha habido, es cierto, distintas iniciativas. Y según consta al repasar
algunas de ellas, en estos momentos existen una serie de actuaciones
tendentes a conseguir una mejor protección de la emigración y una eficaz
gestión de los recursos. La coordinación de las actuaciones entre las
distintas Administraciones y los convenios de colaboración --ayudas la
mayoría de ellas mediante convenios incluso con los sindicatos-- permiten
a los trabajadores españoles la obtención de puestos de trabajo en el
exterior. Incluso hay convenios que afectan a la prestación social
sustitutoria, en este caso, en tareas de apoyo a los emigrantes, así como
con las universidades, y también con la Federación Española de Municipios
y Provincias para proporcionar asesoramiento e información a los
emigrantes y retornados.

Pero vuelvo a insistir en que mi intervención no va encaminada a realizar
un análisis general --si bien es cierto que éste puede hacerse--, por lo
que sólo me he ceñido al texto y el contenido de la moción. En este
sentido, la posición de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió va a ser favorable a la misma.

Hay tres puntos concretos. El primero hace referencia a elaborar, en
coordinación con las Comunidades Autónomas y también con las
administraciones locales, un plan integral de retorno de los emigrantes;
el segundo plantea establecer los mecanismos necesarios, y el tercero,
mejorar los de información y asesoramiento.

Repito, señor Presidente, señorías, nuestra posición va a ser favorable a
la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Nada más. Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Oliart.




El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, el Grupo Socialista ya anticipa que va a dar
su voto favorable a la moción que ha presentado el Grupo Popular. Estamos
también completamente de acuerdo con los argumentos y razones que han
motivado esa presentación y que han sido aquí expuestos por el Senador
Enrique Bellido. Sin embargo, la gran importancia que damos a este hecho
y el gran respeto que sentimos hacia todos los españoles y españolas que
están en estos momentos trabajando en el extranjero, me impulsan a
hablar, aunque sea brevemente, desde esta tribuna.

España ha sido tradicionalmente un país de emigrantes. Durante el siglo
XX millones de españoles salieron de su



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tierra en busca de fortuna y se dispersaron por los cinco continentes, en
especial por América y por Europa. No hablo de la emigración del siglo
XIX, que también la hubo. Al término de la guerra civil, como también ha
señalado el señor Senador, un millón de hombres y mujeres tuvieron que
emigrar de España para evitar la persecución política, la prisión y,
algunas veces, la muerte. Durante la dictadura franquista, dos millones
más de hombres y mujeres tuvieron que dejar su solar natal y marcharse de
España en busca de trabajo. Muchos se integraron en los países de
destino, incluso se nacionalizaron en ellos. Otros, volvieron a su tierra
y ya están entre nosotros. Dos millones de españoles quedan todavía en el
extranjero, dos millones doscientos mil para ser más precisos, como ya ha
indicado también el señor Senador del Partido Popular. Seguro que a la
mayoría les va bien, seguro también que a otros no tanto, segurísimo que
son muchos los que, por diversos motivos, se han planteado su regreso.

Favorecer este retorno no es solamente una política necesaria, sino
también, y muy especialmente, nuestra obligación; nuestra obligación por
muchísimos motivos. En primer lugar, por un motivo básico de solidaridad.

Fueron españoles obligados a marcharse por diversas circunstancias pues
España, en alguno de sus períodos históricos, no podía dar de comer a
todos sus hijos. En segundo lugar, por un sentimiento de agradecimiento,
porque durante muchísimos años fueron una fuente de divisas que favoreció
la economía española y el despegue de los años sesenta, ya que enviaban
también dinero a los familiares que se habían quedado aquí. En tercer
lugar, por un sentimiento de humanidad para aquellos cuya situación
requiere medidas urgentes y, sobre todo, un mandato constitucional.

Se ha mencionado --y no lo voy a reiterar-- el artículo 42 de la
Constitución que nos mandata orientar precisamente esas políticas de
retorno, además de defender los derechos sociales, humanos y de todo tipo
de estos españoles y españolas en el extranjero.

La moción del Partido Popular tiene tres puntos: primero, elaborar un
plan integral; segundo, coordinar las políticas de retorno entre los tres
niveles administrativos, cosa lógica, normal y muy necesaria, además de
que sea obligado por el hecho de estar en un Estado Autonómico, que
observa y contempla esos tres niveles administrativos y tercero, mejorar
la información y asesoramiento a los beneficiarios de esas políticas. No
tendría ningún valor ni ninguna eficacia que nosotros diseñáramos y
aprobásemos aquí un plan, y que el Gobierno lo quisiera aplicar, si los
beneficiarios no supieran que existe ese plan y que existen esas medidas
de acogimiento y de favorecer el retorno por parte del Gobierno español.

Estas líneas de actuación nos parecen bien. Les daremos, repito, nuestro
apoyo. Pero déjenme ustedes, señoras Senadoras y señores Senadores, que
haga algunas consideraciones. El plan no ha de ser una simple hoja de
papel. Quiere decir que una vez efectuado, una vez elaborado el plan
tiene que haber los créditos presupuestarios suficientes para poderlo
aplicar y para que pueda llegar a todos los ámbitos, que no sea un
brindis al sol.

Que también se ponga manos a la obra de inmediato. En la moción que se
somete a nuestra consideración no hay un plazo fijado. Nosotros pedimos
que sea lo más inmediato posible. No hemos querido presentar una
enmienda, porque hemos considerado que si el Partido Popular ha
presentado esa moción es que el Gobierno también está de acuerdo con ella
y que, por lo tanto, es voluntad del Gobierno hacerlo lo más pronto
posible. Le damos esa confianza.

Que se contemplen también todas las situaciones posibles, que no sea un
simple billete de avión lo que estamos aprobando aquí, que se miren todas
esas posibilidades y todas las situaciones de esas personas, hombres y
mujeres, que quieren regresar a nuestra patria. Por ejemplo, algunos
tendrán medios económicos y a lo mejor quieren montar un negocio.

Favorezcámosles y démosles la información precisa para que puedan montar
ese negocio en su lugar de origen o en otro lugar de la geografía
española.

Ofrecer un trabajo a aquellos que lo necesiten, de acuerdo con los
conocimientos que han adquirido en su estancia en el extranjero; acoger a
los ancianos sin recursos; facilitar viviendas, porque sobre todo será
necesario que tengan un fácil acceso a la vivienda pública y a la
vivienda de protección oficial; pagar pensiones a aquellos que no las
tengan y programas, sobre todo, de promoción para los jóvenes.

Y hay una última reflexión, señoras y señores Senadores. Nos hemos
convertido en un país de inmigración; éste es un hecho positivo, que hay
que valorarlo así. La moción nos recuerda que también fuimos un país
exportador de mano de obra, de hecho todavía hoy hay cuatro veces más
españoles trabajando en el extranjero que extranjeros trabajando en
España. Es bueno recordarlo para la mejor comprensión y respeto hacia
todos aquellos que un día se vieron obligados, se ven obligados hoy y se
verán obligados mañana a dejar el cielo que les vio nacer en busca de un
porvenir mejor.

Finalmente, señoras y señores Senadores, agradezco al Senador Enrique
Bellido, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el reconocimiento que
ha hecho a la labor realizada anteriormente por el Grupo Socialista.

Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Senadores.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Oliart.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador don
Enrique Bellido.




El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Con suma brevedad. Solamente quiero agradecer el apoyo que los portavoces
han manifestado a esta moción, que si en el Registro figuró en su
titularidad como del Grupo Parlamentario Popular, a partir de este
momento entiendo que es una moción de todos los grupos de la Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

¿Puedo proponer que sea aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Así es y así consta.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE EN LA LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN
LOS TRIBUTOS DEL ESTADO PARA 1996 UTILICE LOS PROCEDIMIENTOS DE CALCULO
DE LOS INDICADORES LIMITES DE DICHA PARTICIPACION MAS COMUNMENTE
ACEPTADOS Y QUE MENOS SE DESVIEN DE LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DEL
ESTADO, ASI COMO A QUE NO PROCEDA AL REINTEGRO DE LAS CANTIDADES
NEGATIVAS, FRUTO DE ESTA LIQUIDACION DEFINITIVA, SIN LA PREVIA DISCUSION
DEL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE EN EL CASO DE LOS MUNICIPIOS CUYA
LIQUIDACION SIGA ARROJANDO UN RESULTADO NEGATIVO (662/000106).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente moción es la que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a que en la liquidación definitiva de la participación de los
municipios en los tributos del Estado para 1996 utilice los
procedimientos de cálculo de los indicadores límites de dicha
participación más comúnmente aceptados y que menos se desvíen de la
evolución de los ingresos del Estado, así como a que no proceda al
reintegro de las cantidades negativas, fruto de esta liquidación
definitiva, sin la previa discusión del procedimiento que debe seguirse
en el caso de los municipios cuya liquidación siga arrojando un resultado
negativo.

Se me ha indicado que para esta moción tenía la palabra la Senadora
Helena Arribas, pero no es así.

Tiene la palabra el Senador don Octavio Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, durante el año 1994 el Ministerio de
Economía y Hacienda, representando al Gobierno de España, y la Federación
Española de Municipios y Provincias pactaron el modelo de financiación
que iba a regir la participación de los municipios en los tributos del
Estado para el quinquenio 1994/1998. Este pacto se tradujo en un
protocolo de intenciones firmado el primero de agosto de 1994, que luego
tomó carta legal en el artículo 28 de la Ley 42/94, de Medidas,
correspondiente al citado año, que modificó algunos artículos de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

En dicho texto legal, tal y como ya recogía el protocolo de intenciones
firmado entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el
Gobierno de la Nación, se establecía como norma general --y de ello quedó
reflejo en la Ley Reguladora-- que el crecimiento de la financiación de
los ayuntamientos correría parejo al crecimiento de los ingresos
tributarios de la Administración del Estado. Luego se marcaba un límite
aplicado a dicho crecimiento, señalando que éste sería, como máximo,
igual al del producto interior bruto en términos nominales, medido en un
cociente de cada año respecto del año base.

En ninguno de los dos textos encontramos referencia alguna al sistema de
cálculo del producto interior bruto en términos nominales: ni en el
protocolo de intenciones ni en la Ley Reguladora. Para este cálculo del
producto interior bruto en términos nominales hay dos sistemas
generalmente aceptados: el de coste de factores y el de precios de
mercado.

El problema se planteó ya en la liquidación del ejercicio de 1995 y ha
alcanzado extraordinaria crudeza en la liquidación del ejercicio de 1996.

En esta liquidación el Gobierno, como en el año 1995, ha utilizado para
estimar el crecimiento del producto interior bruto en términos nominales
el sistema de coste de factores. No es mi intención aquí hacer un
análisis técnico de cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro
sistema de cálculo, si bien, si tengo oportunidad en una segunda
intervención, podría explicar por qué es más adecuado a la voluntad del
legislador el cálculo del sistema de precios de mercado.

Simplemente quiero señalar que este sistema de cálculo del PIB a coste de
factores no es el que el Gobierno utiliza cuando cuenta a la opinión
pública el crecimiento del PIB --entonces se refiere a los precios de
mercado-- ni es el que reflejan los anuarios del Instituto Nacional de
Estadística ni es siquiera el que utiliza el Banco de España en sus
publicaciones. No es, digámoslo así, el más usual. El más usual es el
sistema de precios de mercado.

¿Qué diferencia práctica hay? La diferencia práctica es la siguiente:
medido en términos de cociente, de límite, el sistema de costes de
factores es medio punto inferior, en el año 1996 sobre el año 1994, que
si se hubiera utilizado el sistema de precios de mercado. Como
consecuencia de esto los ayuntamientos españoles ven cómo su liquidación
definitiva se ve minorada por el uso de este sistema en 4.500 millones de
pesetas, en términos redondos. Para ser exactos y según mis cálculos
--puedo haberme equivocado en alguna cifra-- en 4.484 millones de
pesetas.

Fruto de este particular cómputo de la participación de los ayuntamientos
en los tributos del Estado nos encontramos con que la liquidación
definitiva del ejercicio de 1996 sube sólo poco más de mil millones de
pesetas sobre las entregas a cuenta que se practicaron en dicho
ejercicio. Se practicaron unas entregas a cuenta de 565.631 millones de
pesetas; la participación definitiva establecida es de 566.633 millones
de pesetas, según la Dirección General de Coordinación con las Haciendas
Territoriales, del Ministerio de Economía y Hacienda.

¿Cómo se reparten estos mil millones de pesetas de incremento en la
participación? Fruto del reparto interno de lo que es la participación de
los municipios en los ingresos del Estado, esto supone lo siguiente: Los
ayuntamientos de Madrid y Barcelona van a recibir aproximadamente unos
1.500 millones de pesetas más; 4.231 municipios de toda España,
especialmente los municipios con menor población



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y con menores ingresos, van a devolver a la Hacienda Pública 5.507
millones de pesetas, y un número menor de municipios van a cobrar
aproximadamente unos 5.000 millones de pesetas.

Por primera vez, y de una manera absolutamente inusual --nunca se había
producido nada parecido--, más de la mitad de los municipios españoles
tienen que devolver dinero al Estado, no recibir dinero por la
liquidación de la participación. El total de los ayuntamientos practica
una liquidación prácticamente equilibrada --lo que unos cobran otros lo
pagan--, y si descontamos Madrid y Barcelona son más a los que les toca
pagar y más el dinero que tienen que pagar que lo que el resto de los
municipios va a cobrar. Y esto es para el año 1996.

En el año 1995 el efecto fue menor, pero invito a sus señorías a que
hagan simplemente el cálculo de lo que va a pasar en el ejercicio de
1997, en el que el PIB a precios nominales, fruto curiosamente de una
menor inflación va a crecer por debajo de las previsiones, lo cual no es
malo, simplemente es un indicador objetivo, pero va a crecer por debajo
de las previsiones, y las entregas a cuenta han crecido aproximadamente
un 5,8 por ciento. Si esta tendencia se consolida, si el Gobierno sigue
calculando la participación de los municipios en los ingresos del Estado
siguiendo el sistema del coste de factores, cuando se produzca la
liquidación de la participación definitiva del ejercicio de 1997,
exceptuando a Madrid y a Barcelona, la práctica totalidad de los
municipios españoles deberán devolver dinero a Hacienda. Puede decirse y
argumentarse a lo mejor que éste es el sistema de financiación pactado
por la Federación Española de Municipios y Provincias con el Gobierno
socialista, pero lo que no se tiene en cuenta es que el Gobierno
socialista, como reconoce la propia Federación Española de Municipios y
Provincias, siempre que calculó el PIB, el producto interior bruto en
términos nominales, utilizó el sistema de precios de mercado, no el
sistema de coste de factores y, como he señalado ahora, de utilizar un
sistema u otro la diferencia en el año 1996 era de 4.500 millones y en el
año 1997 aproximadamente el doble.

¿Qué es lo que pedimos nosotros al Gobierno? Que tenga en cuenta la
situación de los ayuntamientos españoles. No parece en modo alguno
razonable que la participación definitiva se sustancie con una
liquidación en la que más de la mitad de los municipios deben devolver
dinero a la Administración del Estado. No parece en modo alguno razonable
que se utilicen unos criterios de estimación cuando uno tiene que dar
estadísticas de lo bien que va España y se utilicen otros criterios de
estimación un poquito más rigurosos y un poquito menos complacientes
cuando el mismo responsable público debe abonar a los ayuntamientos su
participación definitiva en los ingresos del Estado. Les pedimos una
mínima coherencia con ese enorme triunfalismo del que hacen gala en otras
actuaciones de la vida pública y, desde luego, si España va bien, no
parece que sea tan razonable hacer devolver esas cantidades de dinero a
la mayor parte de los municipios españoles.

Pueden pensar sus señorías que las cantidades son muy bajas: 5.500
millones es poco más o menos un millón de pesetas por municipio y año.

Hay casos realmente extremos. Les voy a citar un municipio de mi
Comunidad Autónoma, el municipio de Béjar, en la provincia de Salamanca,
con 15.000 habitantes aproximadamente y sometido a una brutal crisis
industrial: 44 millones de pesetas de devolución. Pero podría citarles
ejemplos similares en todas y cada una de las Comunidades Autónomas de
las nacionalidades y regiones que componen el Estado español. No parece
razonable que esta cuestión se aplique sin discutirla con la Federación
Española de Municipios y Provincias.

En estos momentos estamos en el último año del quinquenio de
financiación. La Federación Española de Municipios y Provincias discute
ya con el nuevo Gobierno las modificaciones del sistema de financiación
de los municipios para el quinquenio 1999-2003. Creemos sinceramente que
en ese marco de negociación puede contemplarse una situación tan extraña
como la que se ha producido en la liquidación del ejercicio de 1996; tan
extraña porque no se había producido nunca, ni con mucho, que el número
de municipios que tenían que devolver dinero hubiera superado el 20 por
ciento, y en muchísimos años nunca hubo más allá de una cantidad
absolutamente irrelevante, tanto en cuantía económica como en número de
municipios afectados.

Como de lo que estamos hablando es de un límite que se produce sobre una
norma general que establece la ley, y que es la de que los ingresos de
los ayuntamientos deben crecer en términos lo más paralelo posible a los
propios ingresos tributarios de España, nos parece razonable que este
límite se aplique de la manera más favorable para que se cumpla la norma
general que prevé la propia ley.

En este sentido, sin entrar en debates técnicos --y no es porque no pueda
hacerlo, pues lo realizaré en una segunda intervención y no en la
primera--, el sistema utilizado para establecer el límite será el más
congruente con la norma general, el que menos impacto cause en la norma
general. Nos parece absolutamente razonable que, en el último caso, si
existiera --aun así y después de haber tenido en cuenta todas estas
consideraciones-- un número de ayuntamientos a los que les sale a
devolver una determinada cantidad, sea después de la negociación y no
antes cuando se les pida el reintegro y, en cualquier caso, en función
delas cantidades de las que estemos hablando, el Gobierno considere
incluso la elevación a definitivas de las entregas a cuenta.

La financiación de los municipios españoles ha sido siempre un tema
problemático pero que se ha resuelto con cierto grado de acuerdo. Los
municipios nunca están satisfechos de lo que reciben del Estado pero,
evidentemente, han alcanzado con el Gobierno anterior --y conseguirán con
éste-- sistemas de financiación que consolidan la autonomía municipal, un
cierta insuficiencia financiera para hacer frente a todas sus
actuaciones. No parece razonable que, al final, la participación de los
ayuntamientos, de los municipios, en los ingresos del Estado ponga en
peligro esta suficiencia financiera con reclamaciones que a la mayor
parte de los ayuntamientos les han parecido sorprendentes, que no se
habían producido nunca, que generan un



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problema, porque los ayuntamientos están habituados por la costumbre y
por la historia a considerar las entregas a cuenta como una cantidad de
financiación casi definitiva y que, al final, supone poco más o menos
cómo repartir la miseria, es decir, sacar un dinero de unos ayuntamientos
para que otros cobren un poquito más.

No era éste el espíritu del legislador. Puedo dar pruebas de que no era
ésta la voluntad del legislador socialista cuando abordó el nuevo modelo
de financiación y, desde luego, la Federación Española de Municipios y
Provincias, todos sus alcaldes y concejales suscriben el planteamiento
que hace el Grupo Parlamentario Socialista con esta moción, porque no
hemos sino pretendido dar cauce a una reclamación unánime aprobada por
los órganos correspondientes de la Federación Española de Municipios y
Provincias.

A esta moción no se ha presentado ni una sola enmienda. Me temo, teniendo
en cuenta los usos de la Cámara, que esto quiera decir que la moción
corre más riesgo de no ser aprobada que de serlo. Lamentaría que la única
aportación que hicieran algunos grupos parlamentarios a la financiación
de la mayor parte de los municipios españoles --y en esta Cámara hay
ilustres municipalistas-- fuera simplemente un voto negativo a una
reclamación que es unánime de todos los municipios y provincias de
España.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Granado.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bris Gallego.




El señor BRIS GALLEGO: Señor Presidente, señorías, en primer lugar, el
Grupo Parlamentario Popular en relación con esta moción quiere destacar
el carácter municipalista del Partido que mayor número de ayuntamientos,
diputaciones, cabildos y consejos insulares gobierna en estos momentos y,
por lo tanto, la preocupación que tenemos por la financiación que desde
el Estado se pueda hacer hacia los mismos ya que, si bien la Constitución
en su articulado habla de autonomía local, todos estamos convencidos
deque la misma no es posible si las corporaciones locales no gozan de los
recursos financieros suficientes para ejercerla.

Hechas estas necesarias puntualizaciones, en relación con la moción
presentada hemos de decir que la misma hace referencia a las
liquidaciones definitivas del ejercicio presupuestario de 1996 en
relación con la participación de los ayuntamientos en los tributos del
Estado. Según señala la moción en su exposición de motivos, 4.271
municipios deberían reintegrar al Tesoro cantidades diversas, que suman
un total de 5.507 millones de pesetas, cantidad que aunque realmente,
Senador Granado, fuera ésta, para la tranquilidad de los señores
Senadores diré que representa tan sólo el 0,7 por ciento de la
participación total del año 1996. Lo que en estos momentos se discute es
si debe ser o no devuelta al Estado como consecuencia de haber cobrado
por adelantado una mayor cantidad de lo que legalmente le correspondería.

Entrando en las dos cuestiones de fondo que plantea la moción, la primera
hace referencia a que en la liquidación definitiva de la participación en
los tributos del Estado se utilicen aquellos procedimientos de cálculo
que menos se desvíen de la evolución de los ingresos del Estado.

Respecto a esta primera cuestión, hay que señalar que dicha liquidación
fue realizada conforme a las disposiciones contenidas en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado para 1995 y 1997 y en la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, sin que, como se ha dicho también aquí, haya
sufrido alteración alguna el método de cálculo utilizado, que ha sido
igual al de 1994 y 1995 y que debe permanecer igual a lo largo del
quinquenio actual, conforme a los acuerdos alcanzados al respecto,
utilizándose en este caso concreto para la liquidación definitiva de la
participación en los tributos del Estado el PIB nominal al coste de
factores.

La elección del PIB al coste de factores en lugar del de al precio de
mercado, dado que ni la Ley Reguladora de Haciendas Locales establece
nada sobre cuál debería ser el que se aplicase, ya que en ella se dice
que será de aplicación el PIB nominal, única y exclusivamente, sin
especificar otra cosa, así como tampoco otros protocolos existentes, está
justificada en el plano teórico por cuanto que es el que más se ajusta a
la evolución de las bases imponibles de la imposición directa e indirecta
en cualquier ámbito de aplicación de los tributos. Este mismo PIB se ha
utilizado para actualizar la participación de las Comunidades Autónomas y
si a todo ello se añade la pretensión de la Federación Española de
Municipios y Provincias, aceptada por los representantes de la
Administración, de dotar de mayor establecimiento el crecimiento de la
financiación local procedente de la participación en los tributos del
Estado, se puede concluir, señorías, que el PIB a coste de los factores
cumple con mayor rigor dicho criterio. De ahí que, con la mejor
disposición de gobierno, se haya aceptado este último como referente para
la determinación del índice de crecimiento.

Esta circunstancia se ve avalada por datos que muestran de forma
indudable que a lo largo plazo el PIB a coste de los factores ha crecido
más en los últimos años --dos puntos, Senador Granado-- que el PIB a
precios de mercado, manteniendo además un mayor grado de estabilidad y
una disposición en sus variaciones. Es decir, los ayuntamientos han
perdido dinero, en el conjunto, por no haber aplicado el PIB a coste de
los factores, incluyendo también a veces en los municipios el hecho de
que en el esfuerzo fiscal normal que se entrega a cuenta correspondiente
a 1996 se les aplica en la liquidación definitiva el coeficiente mínimo
de esfuerzo fiscal por habitante por haber incumplido su obligación de
remitir las certificaciones con los datos básicos para su cálculo
previstos en las leyes presupuestarias, con lo que a esos municipios las
liquidaciones definitivas les resultan inferiores.

En definitiva, es importante señalar que los criterios aplicables ya
fueron discutidos en su día al aprobarse el modelo de financiación para
el quinquenio 1994-1998 y, si bien alguien pudiera considerar que los
mismos no resultan adecuados para una correcta financiación de los
municipios,



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podrá tenerse en cuenta --y se estudiará en su momento-- la revisión a la
hora de negociar el modelo que se aplicará al próximo quinquenio
1999-2003. Lo que no parece en ningún caso de recibo es considerar en
este momento que el modelo que se ha venido aplicando hasta ahora debe
ser revisado con respecto a la liquidación de 1996, por lo que esa
primera parte de la moción dirigida a que el Gobierno cambie los
criterios y utilice otros procedimientos de cálculo de los indicadores de
la participación de los municipios en los tributos del Estado para 1996,
diferentes a los que se aprobaron en el quinquenio 1994-1998, no es
posible admitirla.

En lo que se refiere a la segunda parte de la moción, en la que se
solicita que en el caso de que la liquidación final resulte negativa para
los ayuntamientos, el Estado debería abstenerse de exigir la diferencia
dando por buena la liquidación provisional, en el supuesto de que las
liquidaciones sigan dando resultado negativo después de las negociaciones
oportunas para financiación de las Corporaciones locales para el período
1999-2003, tengo que decirle, Senador Granado, que no puede aprobarse.

Ello supondría un grave incumplimiento, como sabe muy bien, de la Ley
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, y de las sucesivas leyes de
presupuestos, así como del modelo de financiación que fue aprobado para
el quinquenio 1994-1998, y al tratarse de una moratoria o condonación de
unas deudas de derecho público generadas como consecuencia de liquidación
a que nos venimos refiriendo, sólo puede tener reflejo en una norma con
rango formal de ley, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del
artículo 30 de la Ley General Presupuestaria.

El criterio que el Ministerio ha adoptado en la propuesta presentada es
el de fraccionar el cobro de los reintegros producidos en un ámbito
temporal de cinco años como máximo, mediante deducciones en las entregas
a cuenta de los años 1998 y sucesivos, con ritmo trimestral, equivalente
al 25 por ciento de una entrega a cuenta mensual de su participación de
cada ayuntamiento afectado, de forma que el reembolso total a realizar en
cada año no supere en ningún caso el importe de una mensualidad de dichas
entregas a cuenta. Todo ello, técnicamente, porque es importante,
soportado en un fraccionamiento fundamentado en el número 4 del artículo
84 de la Ley General Presupuestaria, en conexión también con lo dispuesto
en el artículo 154.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin
que pueda considerarse una moratoria por cuanto la ejecución de la
correspondiente resolución se inicia inmediatamente con efectos del 1 de
marzo del presente año.

De todas formas, repito que dado que el modelo de financiación de las
Corporaciones hasta ahora vigente finaliza en el ejercicio 1998 y
municipios y Administración del Estado deben negociar el modelo a aplicar
para el período 1999-2003, será, Senador Granado, en ese momento cuando
puedan plantearse las correcciones oportunas para ajustar lo más posible
el importe de las entregas a cuenta de la liquidación final y evitar los
problemas que para muchos municipios supone tener que efectuar
devoluciones al Tesoro público.

En consecuencia, y por las razones aportadas, no nos es posible votar a
favor de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bris.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no se hace
uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador don Sixte Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a fijar
la posición de mi Grupo ante esta moción del Grupo Parlamentario
Socialista.

En primer lugar, queremos dejar constancia de la precisión técnica con
que ha sido expuesta por el Senador Granado y, asimismo, apuntar que lo
que queda muy claro después de su intervención y de la respuesta que ha
dado el Senador Bris es que el problema se centra en una interpretación
del criterio que se debe utilizar para fijar el máximo de la evolución de
la participación de los municipios en los ingresos del Estado y,
concretamente, en qué términos debe calcularse el PIB nominal, sobre el
que hay una discrepancia: si por el sistema del coste de factores o por
el sistema de precios del mercado.

En cualquier caso, de la exposición y, sobre todo, del texto de la moción
nos asalta una duda, que es la de si lo que aquí se está discutiendo es
una cuestión de tipo formal en cuanto a la aplicación de la norma
respecto a la evolución o más bien una cuestión de tipo material, ya que
estamos hablando de un problema de tesorería derivado, precisamente, de
los cálculos que ha autorizado el Gobierno a efectos de calcular la
evolución en el año 1996.

Entrando en el contenido concreto de la moción, desde nuestro punto de
vista entendemos que el primer punto de la misma no pide otra cosa que la
aplicación de la ley, abriendo un paréntesis en cuanto a la
interpretación de cómo debe calcularse el PIB, si por un sistema o por
otro. En cualquier caso, no podemos estar en contra, pues lo que está
pidiendo es una interpretación de la ley con el matiz acerca de cuáles
son los indicadores límites de dicha participación más comúnmente
aceptados, que es el término que introduce dudas. Pero, globalmente,
entendemos que el primer punto no es otro que la aplicación de la ley.

Y no podemos estar de acuerdo con el contenido integral del segundo punto
de la moción por cuanto, sobre todo la última parte, entendemos que no es
posible, dado que hay un sistema vigente y no debe procederse en este
caso a mantener o elevar a definitivas las cantidades entregadas a cuenta
en 1996, además, porque ello podría crear situaciones discriminatorias de
unos municipios a otros dado que en este cálculo concreto también
intervienen otros aspectos, como la evolución de las variables propias de
cada municipio.

Queremos destacar el aspecto que entendemos que debe quedar como
conclusión más positiva de esta moción,



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y es la necesidad de que en el marco de las negociaciones que se han
iniciado para el quinquenio 1999-2003 se utilicen las experiencias de los
dos quinquenios transcurridos desde el año 1989 hasta la fecha para
evitar que en el futuro se produzcan estas dificultades en el cálculo de
la devolución, que debería ser automático. Por lo tanto, evitar estas
dificultades de interpretación y aprovechar también este marco para
buscar la mejor solución para los municipios a efectos de que les resulte
lo menos gravosa posible en aquellos casos en los que definitivamente
esta liquidación de 1997 o las futuras, como ha anunciado el Senador
Granado, de 1997-98, produzcan los mínimos problemas posibles desde todos
los puntos de vista, lógicamente, financieros.

Por todo ello, nuestro Grupo anuncia que va a abstenerse en la votación
que se va a producir sobre esta moción.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cambra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don
Octavio Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, subo a esta tribuna para agradecer al
Senador Cambra su abstención, que no es poco en los tiempos que corren.

Ello es señal de que, al menos en parte, esta moción refleja alguna
problemática compartida. Y también lo hago para contestar, en la medida
en la que ello sea posible, a los argumentos del Senador Bris.

Ha comenzado el Senador Bris su alocución haciendo una referencia como de
pasada a la cifra que el Senador que les habla había ofrecido en su
primera intervención. Y decía el Senador Bris: en el supuesto de que sea
esta cantidad de 5.507 millones de pesetas lo que tienen que devolver los
ayuntamientos... Senador Bris, si tiene usted otra cifra, dénosla aquí,
porque yo he citado una que está extraída de un documento de la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de
Economía y Hacienda. ¿Su señoría, que es del Grupo que apoya al Gobierno,
tiene otra cifra? Pues déla aquí y explique de dónde la ha sacado. De lo
contrario, no empiece usted a discutirlo todo, porque ése es un mal
principio para ponernos de acuerdo en algo.

A continuación, su señoría ha deslizado una imprecisión --que luego ha
aclarado-- que puede sostener, de alguna manera, interpretaciones falsas,
y es que la liquidación no se ha hecho tal y como decían las leyes de
presupuestos y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No es verdad. El problema principal de la liquidación de este año --y el
del año pasado, no así el del año 1994-- es que se ha calculado el
Producto Interior Bruto en términos nominales a coste de factores. Yo,
simplemente le voy a hacer una pregunta, Senador Bris, porque usted no es
especialista en estas cuestiones, y yo tampoco, valga este reconocimiento
por anticipado. Cuando habla el Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda del producto interior bruto en términos
nominales, ¿qué sistema de estimación utiliza? Cuando dice que el PIB ha
crecido tanto, ¿qué sistema de estimación utiliza: el de coste de
factores o el de precios de mercado? Le voy a contestar que es el de
precios de mercado. ¿Por qué? Porque es el más alto.

Senador Bris, no deje usted de reconocerme que es un poco pintoresco que
utilicemos los indicadores más altos para hacer publicidad y propaganda,
y a la hora de pagar utilicemos los indicadores más bajos. Podríamos
sacar, aunque sólo fuera ésa una primera conclusión, y es pedirle al
Gobierno de España que cuando utiliza los indicadores los utilice para
todo, y no utilice unos para la propaganda y otros para abonar cantidades
a los ayuntamientos españoles.

Me ha dicho, Senador Bris, que a coste de factores el producto interior
bruto había crecido más en los dos últimos años que a precios de mercado.

O ha leído mal su señoría alguna de las notas que tenía para la
intervención o simplemente está equivocado. Senador Bris, eso ha pasado a
veces, es decir, a veces a coste de factores ha crecido más el PIB que a
precio de mercado, pero en los dos últimos años, 1996 y 1997, no.

Le voy a dar a usted un cálculo que supongo tiene alguna autoridad. Sabe
que su compañera la señora Barberá y los dignos representantes del
Partido Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias no
son tontos, porque no lo son, ¿verdad? Sus dignos representantes en la
Federación Española de Municipios y Provincias --repito que no son
tontos-- han hecho el cálculo y han considerado que a precios de mercado
el crecimiento, en el año 1996 sobre el año 1994, hubiera sido el 13,71,
y a coste de factores el 13,27.

Senador Bris, la intención del Gobierno, utilizando el sistema de coste
de factores, no es dejar por tontos a los representantes de la Federación
Española de Municipios y Provincias ni ser generosos con los
ayuntamientos españoles. Es ahorrarse 4.500 millones de pesetas que se
han sustraído a los ayuntamientos españoles por el procedimiento del
coste de los factores. Como a alguna gente le roban la cartera o le roban
por el procedimiento del tirón, aquí se ha utilizado un procedimiento
teóricamente técnico para arrebatar a los ayuntamientos españoles 4.500
millones de pesetas de la liquidación, hasta tal punto que la liquidación
sólo supone 1.000 millones más que las entregas a cuenta, y hasta tal
punto que, de seguir esto así y de hacer los cálculos sobre el ejercicio
de 1997, en el año 1997, cuando se liquide la participación de los
municipios en los ingresos del Estado, tendrán que devolver todos 5.000
millones. Eso significará que algunos devolverán 11.000 millones para que
otros cobren 6.000, Senador Bris.

Usted dice que esto es de un procedimiento mecánico de la legislación. Yo
le digo que no, ya que esto tiene una matriz técnica que ha sido decidida
políticamente por el Gobierno del señor Aznar, que ha decidido sacar a
los ayuntamientos españoles esta cantidad de dinero.

Pero es que, además, esto se soporta en algún tipo de voluntad del
legislador. Vuelvo a leerle los informes de la



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Federación Española de Municipios y Provincias --que yo sepa-- en donde
son mayoría los representantes de su Grupo y donde están representados
casi todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara. En un texto, fechado
el día 22 de enero de 1998, se dice: en el informe que nos remitió la
Dirección General de Coordinación de las Haciendas Territoriales, se ha
hablado de la liquidación definitiva, calculando dicha liquidación el PIB
nominal al coste de los factores... Ello nos ha sorprendido, dado que
para nosotros, por las razones que más adelante se exponen, el valor del
PIB nominal que debe contemplarse se ha referido a precios de mercado.

¿Qué argumentan para explicar esto sus compañeros en la Federación
Española de Municipios y Provincias? Dicen, en primer lugar, que en el
quinquenio 1989-1993 el Gobierno Socialista calculó el PIB a precios de
mercado, lo cual fue favorable para los ayuntamientos. Dicen, en segundo
lugar, que cuando se discutió el modelo de financiación del quinquenio
que está ahora vigente, los documentos del Ministerio de Economía y
Hacienda, que hablaban de cómo debía calcularse el PIB nominal, siempre
hacían referencia a que había que tomar el PIB a precios de mercado.

Hacen una cita literal de un documento, firmado por el señor Solbes, que
decía que parecería que el tomar el PIB a precios de mercado podría ser
una solución, en principio, bastante lógica.

En resumen, han modificado ustedes los criterios del Gobierno anterior.

En resumen, este año han arrebatado a los municipios españoles 4.500
millones, el año que viene serán 10.000, o mejor dicho el ejercicio de
1997 se saldará con 10.000 millones menos. En resumen, ustedes no tienen
nada que ofertar a sus compañeros de la Federación Española de Municipios
y Provincias. Están todos ya bastante convencidos, y algunos votando
mociones que estamos presentando los socialistas en plenos de
ayuntamientos y de diputaciones provinciales, de que éste es un sistema
que les perjudica.

Usted sube a esta tribuna y en vez de reconocer la parte de razón que
pudiera asistirnos, nos viene a decir que todos sus compañeros en la
Federación son tontos porque proponen una cosa que les perjudica; que lo
único que ha hecho el Gobierno ha sido aplicar los criterios del Gobierno
anterior, cuando no es verdad --simplemente, no es verdad--, y además
añade: no se preocupen, porque no vamos a hacerles devolver todo de una
vez, y la devolución no va a ser superior en ningún caso a lo que reciben
mensualmente los ayuntamientos.

Señor Bris, habría sido muy razonable que ustedes presentaran alguna
enmienda. Habría sido muy razonable que ustedes explicitaran aquí alguna
voluntad de solucionar el problema. Habría sido muy razonable que nos
imputaran la parte de responsabilidad que yo, sin que usted me diga nada,
acepto. A lo mejor, el modelo de financiación tenía que haber previsto
ese supuesto y no lo previó, y en eso nos equivocamos los socialistas.

Habría sido muy razonable todo eso. Pero que ustedes voten simplemente
que no a la moción, y que lo hagan sobre la base de argumentos que
descalifican a sus propios compañeros en la Federación Española de
Municipios y Provincias, no es razonable. Ustedes están pura y
simplemente solucionando problemas que ustedes han creado con el dinero
de los ayuntamientos españoles.

Para terminar, le voy a dar un dato que abunda en favor de las
pretensiones del Senador que le habla. ¿Sabe usted que a la mayor parte
de los ayuntamientos españoles se les han hecho los ingresos de las
doceavas partes que les correspondían por su participación en las
entregas a cuenta de los tributos del Estado, en el mes de enero, y en
algunos casos en esta semana? ¿Sabe que hay muchos ayuntamientos de
España que todavía no han cobrado, y que antes lo hacían el día 20 de
cada mes? ¿Sabe usted por qué se ha producido esto? Por un problema de
tesorería. ¿Y sabe usted de lo que estamos hablando aquí? Aquí no
hablamos ni de cuestiones formales ni de cuestiones materiales: ustedes
empiezan a tener ya un problema de tesorería, y quieren que, en la medida
en que puedan, se lo resuelvan los ayuntamientos españoles. Pues no
cuenten con nosotros para eso.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Granado.

Tiene la palabra el Senador Bris.




El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.

Yo le diría al Senador Granado que aquí no se trata, ni mucho menos, de
descalificar a a ningún compañero de la FEMP. Sí le diría que el Partido
Socialista ha optado en los últimos tiempos por interferir siempre en las
negociaciones de la FEMP con la Administración. Es lo que sucede en este
caso en el que las conversaciones ya están iniciadas; es el caso, por
ejemplo, de la presentación en todos los ayuntamientos de España de
mociones para que las corporaciones locales puedan presentar recursos
ante el Tribunal Constitucional, que también son negociaciones ya
iniciadas.

Se está hablando mucho de consenso, y yo creo sinceramente, Senador
Granado, que el Partido Socialista no cree en el pacto local --se lo digo
con toda sinceridad-- porque saca las cosas de lo que debe ser el pacto
local, de esas conversaciones y negociaciones existentes entre la FEMP y
las administraciones públicas, y usted sabe, Senador Granado, que en este
caso existen conversaciones muy avanzadas.

Es indudable que es una problemática compartida. Los ayuntamientos de
España han tenido desde siempre problemas en su financiación. Ha dicho
que se hacía usted cargo de la responsabilidad que pudiera tener en este
sentido. ¡Pues muchísima, porque han estado catorce años gobernando! Por
lo tanto, responsabilidad, muchísima, porque cuando ustedes llegaron al
Gobierno los ayuntamientos no se encontraban en la situación catastrófica
en la que se encuentran en estos momentos. Yo no hablo de cifras,
simplemente le hablo de porcentajes, y es el 0,7 por ciento de lo que
usted está hablando, ni más ni menos. Me dice usted que es que se ha
cambiado el sistema. No se ha cambiado el sistema. Usted habla de un PIB
nominal a precios de mercado, y nosotros hablamos de un PIB nominal a



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coste de efectos. Y me habla usted de los dos últimos años. No; en los
cuatro últimos años, el PIB nominal a coste de efectos ha sido dos puntos
superior al PIB nominal a precios de mercado, con lo cual, los
ayuntamientos españoles han perdido, con la fórmula que ustedes han
aplicado, una gran cantidad de dinero, y eso también es importante que se
señale.

También me dice usted que, al final, solamente quedan 1.136 millones de
pesetas. Claro; si se ha ido adelantando el dinero y el PIB nominal, a
costes de efectos, se conoce en el mes de septiembre, es indudable que
cada vez, a la hora de liquidar, va quedando mucho menos dinero.

Sinceramente, creo que ustedes también deberían negociar estas cuestiones
en los lugares en los que se está haciendo, que es la FEMP, porque
ustedes, con estos planteamientos que nos hacen en los municipios y en el
Parlamento, están demostrando que no creen en el pacto local.

Muchas gracias, señor Presidente



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Vamos a llamar a votación. (Pausa.) (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la votación de la moción que se
acaba de debatir. (Rumores.) Señorías, silencio por favor.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 88; en contra, 116; abstenciones, 25.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO,
POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, CON CARACTER URGENTE, CONVOQUE UNA
REUNION MONOGRAFICA DEL CONSEJO DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL Y, A
CONTINUACION, UNA CONFERENCIA DE CONSEJEROS DE CULTURA DE LAS DISTINTAS
COMUNIDADES AUTONOMAS PARA ANALIZAR A FONDO ESTA CUESTION Y ENCONTRAR UNA
SOLUCION SATISFACTORIA (S. 662/000104).




El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno a que, con
carácter urgente, convoque una reunión monográfica del Consejo del
Patrimonio Histórico Español y, a continuación, una conferencia de
Consejeros de Cultura de las distintas Comunidades Autónomas para
analizar a fondo esta cuestión y encontrar una solución satisfactoria.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta moción.

Para su defensa tiene la palabra el Senador Varela. (Rumores.) Por favor,
silencio. El que no quiera estar presente en el debate que salga, pero
que lo haga en silencio. (Rumores.)
¡Señorías, silencio!
Senador Varela, espere un minuto a ver si sus señorías quieren guardar
silencio para que podamos entenderle. (Fuertes rumores.--Pausa.)
Tiene usted la palabra, Senador Varela.




El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente. (Fuertes rumores.)
Señorías, como ustedes saben, al finalizar el anterior período de
sesiones presentamos al Gobierno una interpelación para conocer sus
prioridades y criterios en cuanto a la distribución de los fondos
artísticos provenientes de dación o de convenios con empresas de capital
público en trámite de privatización, y la presentamos porque nuestro
Grupo no está nada satisfecho con cómo se resolvió en el pasado la
incorporación a los distintos museos del Estado de los fondos artísticos,
cosa que explicamos a través de las vías que motivaban la propia
interpelación.

Ni con el anterior Gobierno nos satisfizo lo acontecido con el reparto de
la herencia de Joan Miró o de Salvador Dalí, ni en la actual legislatura
nos ha complacido que de los siete «picassos» comprados por el Estado ni
uno tan sólo haya recalado en Málaga o en Barcelona, como tampoco nos
pareció nada equitativo lo plasmado en el convenio (Fuertes rumores.) del
Ministerio de Cultura con Telefónica...




El señor PRESIDENTE: ¡Por favor, silencio!



El señor VARELA I SERRA: ... que permite ubicar «sine die» --esto es en
realidad lo que significan esos cuatro años prorrogables-- los fondos
artísticos de Telefónica en el Centro de Arte Reina Sofía. (Fuertes
rumores.)
Pues dado que esto pertenece ya al pasado inmediato, debemos ocuparnos
más bien en mirar al futuro intentando encontrar soluciones positivas
para que se puedan hacer realidad políticas culturales más generosas en
el ámbito que nos ocupa...




El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!



El señor VARELA I SERRA: ... más justas de hecho, y que reconozcan la
aportación de todos al acervo artístico del Estado. Que sea realidad, en
definitiva, una distribución plural y equitativa.

Ahora nos encontramos con un caso bien concreto, el fondo artístico de
Argentaria, para cuya distribución el Ministerio de Cultura había
anunciado convenios con diversos museos del Estado, entre ellos el MACBA,
el IVAM, o el Centro Galego de Arte. Sin embargo, ha trascendido en los
medios de comunicación que los fondos de Argentaria, compuestos, al
parecer, por unas 3.000 obras valoradas en 10.000 millones de pesetas,
podrían quedarse únicamente en el Museo del Prado o en el Centro de Arte
Reina Sofía.

Ello nos parecería, sencillamente, un pequeño nuevo atropello.

Parafraseando a Talleyrand diríamos que sería peor que un atropello,
sería un error lamentable. Es verdad



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que, en declaraciones a los medios de comunicación, la Ministra Esperanza
Aguirre, ante las lógicas protestas que han empezado a surgir, ha
declarado: La decisión de Argentaria no prejuzga que los museos, con
permiso del depositante, no puedan hacer cesiones de las obras a museos
provinciales o a instituciones culturales.

Lo que dice la Ministra es cierto, evidentemente, y así ocurre en el caso
de Telefónica, pero no es menos cierto que sería mucho más claro,
correcto y necesario, que un reparto más justo de los fondos quede
reflejado en el convenio que aún se ha de redactar entre Argentaria y el
Ministerio.

Ante esta situación, pues, nos complace enormemente --y expresamos
nuestra sincera satisfacción-- que nuestra moción, que iba encaminada a
resolver estos aspectos que acabo de comentar, haya sido enmendada por
todos los grupos, y en especial, si se me permite señalarlo, por las
aportaciones del Senador Zapatero. Pues bien, con todo lo que ahora se
aporta a la moción, me parece que, tal y como quedará, podemos encontrar
una solución muy positiva a ese mal procedimiento empleado hasta ahora.

Con el acuerdo que hoy vamos a aprobar, gracias al respaldo de todos los
grupos --e insisto en que agradezco muy sinceramente este apoyo--, se
insta al Gobierno a que convoque una reunión urgente del Consejo del
Patrimonio Histórico Español para que se conozcan de manera objetiva los
criterios políticos y técnicos para la distribución de bienes culturales
obtenidos en concepto de dación en pago de impuestos o en compensación de
derechos de sucesiones. Esta era una parte del problema. En segundo
lugar, en dicha Comisión se estudiará el destino de los fondos artísticos
de las empresas públicas que se privaticen.

Estos eran los dos grandes retos que teníamos. Por tanto, creo que este
acuerdo es magnífico, ya que aborda esos dos problemas y busca vías de
solución. Así, después de la reunión del Consejo del Patrimonio Histórico
Español, se reunirá --si se cumple lo que hoy se acuerde aquí-- una
conferencia de Consejeros de Cultura que dé el respaldo político a una
decisión técnica y objetiva.

Me parece que hoy es un día magnífico que puede significar un punto de
inflexión importante en lo que se refiere a la distribución de los fondos
artísticos de las empresas públicas en trance de privatización, así como
a la distribución por todo el Estado de los fondos provenientes de
cuestiones fiscales. Hoy es, pues, un buen día, y me complace
especialmente que este acuerdo se pueda alcanzar en la Cámara
territorial, en el Senado.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela.

A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Popular. Sin
embargo, ha llegado a la Mesa una propuesta de modificación firmada por
los portavoces de todos los grupos parlamentarios. A pesar de ello, si el
Grupo Popular lo desea, puede defender su enmienda; si no es así,
pasaremos al turno de portavoces. (Pausa.)
Abrimos turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Ferrer.

El señor FERRER ROSELLO: Gracias, señor Presidente.

Intervengo únicamente para hacer constar la oportunidad de esta propuesta
y nuestro apoyo a la misma.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Bolinaga.




El señor BOLINAGA BENGOA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, precisamente en estos momentos en que Bilbao y los vascos
estamos un tanto de moda en estas cuestiones con el Guggenheim por
delante, nada en absoluto tenemos que objetar a la presente moción,
habida cuenta, además, de que, tanto por cuanto supone una implicación de
lo afectante al tema hacendístico en todas sus partes, como por cuanto es
relacionable con todo lo referido al patrimonio histórico y artístico,
ambos conceptos se enmarcan en las competencias plenas que ostenta la
Comunidad Autónoma de Euskadi con carácter de exclusiva.

Apoyamos, pues, la presente moción, incluida la propuesta de modificación
que la acompaña, por estimarla ciertamente razonable y práctica en todo
aquello que en la misma se expone e insta.

Esta es la posición del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos en lo
referente al tema que ocupa, con la presente moción, el interés de esta
Cámara. Por otro lado, evidentemente, a uno se le hace difícil resistirse
a discursos tan convincentes y tan bien trazados como los que acostumbra
a exponer ante esta Cámara el Senador, y buen colega, señor Varela, del
Grupo de Convergència i Unió.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bolinaga.

¿Por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la Senadora Arribas.




La señora ARRIBAS ESTEVE: Gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a expresar la posición del Grupo Parlamentario Socialista
respecto a la moción que el Senador Varela, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, ha defendido.

Fundamentalmente, mi intervención tiene como objetivo manifestar el apoyo
a esta iniciativa. Lo que sí quiero expresar es que, lamentablemente, han
transcurrido casi 10 meses desde que se aprobara por unanimidad en el
Congreso una proposición no de ley presentada por nuestro Grupo
Parlamentario que iba en la línea de lo que estamos debatiendo: reunir
con carácter urgente la conferencia de Consejeros de Cultura para que
acordaran, con el apoyo de la Junta de Calificación, Valoración y
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, los criterios
para la posible incorporación a los museos de titularidad pública



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de las colecciones de arte pertenecientes a las empresas públicas
privatizadas.

También aquí, en el Senado, el pasado mes de noviembre la señora Ministra
de Educación y Cultura manifestó su compromiso con este acuerdo, al igual
que con la propuesta que se le hacía referente a los fondos culturales
adquiridos por el Estado por dación, cesión, adquisición o depósito y que
deben estar incluidos, como he mencionado antes, en los museos de
titularidad pública, sean del Estado, de Comunidades Autónomas o de
Corporaciones Locales. Pero estamos igual, buenas palabras y nada más.

El actual Gobierno del Estado ignora, una vez más, los acuerdos
parlamentarios y no ejerce su responsabilidad en aplicar una política
adecuada para gestionar con eficacia el patrimonio histórico. El
patrimonio histórico español, constituido por todos aquellos bienes de
valor histórico, artístico, científico o técnico, es una riqueza
colectiva, unos bienes que han de estar al servicio de toda la
colectividad y con cuyo disfrute se facilita el acceso de todos a la
cultura.

Es responsabilidad del Ministerio de Educación y Cultura, de las
Consejerías de Cultura de cada Comunidad Autónoma y de los Ayuntamientos
su conservación, su mejor función cultural y científica, así como el
fomento y difusión de nuestro patrimonio. Corresponde al Ministerio de
Educación y Cultura la aceptación de estas daciones en pago de impuestos,
donaciones, herencias o legados a favor del Estado y, a su vez, debe
informar al Ministerio de Economía y Hacienda.

La Ley del Patrimonio Histórico Español, de 1985, establece en su
artículo 73 que el pago de la deuda tributaria del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades
podrá realizarse mediante la entrega de bienes que formen parte del
patrimonio histórico español que estén inscritos en el Registro General
de bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General, en la
forma en que reglamentariamente se determine,.

También hay legislado, desde el año 1994, un conjunto de medidas
tributarias y fiscales en la Ley de Fundaciones y de incentivos fiscales
a la participación privada en actividades de interés general que, entre
otras, ya contempla deducciones del 20 por ciento en la cuota por las
donaciones de bienes para que formen parte del Patrimonio Histórico
Español donadas al Estado, a Comunidades Autónomas, a corporaciones
locales, a universidades públicas, al Instituto de España y de las Reales
Academias oficiales integradas en el mismo, a las Instituciones con fines
análogos a las Reales Academias españolas de cada una de las Comunidades
Autónomas con lengua oficial propia, a los entes públicos y a otros
organismos autónomos administrativos. Me refiero a ello para poner de
manifiesto que está bien regulado en la legislación vigente.

Ahora sólo hay que establecer los criterios de distribución más
ponderada, con el previo asesoramiento de expertos en el tema y las
condiciones necesarias, como en algunos casos ya se ha hecho cuando los
socialistas estábamos en el Gobierno del Estado. No sólo existe el Prado
y el Reina Sofía para depositar los fondos culturales recibidos por el
Estado por compensaciones fiscales o los provenientes de las empresas
privatizadas, sino que deben redistribuirse por todos los museos de
titularidad pública de todo el territorio. El modelo a seguir lo puede
proponer el Consejo de Patrimonio Histórico Español o, como pide la
moción, la reunión de la conferencia de Consejeros de Cultura de las
distintas Comunidades Autónomas. Por esto, acertadamente se pide con
carácter urgente la reunión de ambos.

En una realidad política tan plural como la española, en la que hay
intereses generales comunes, es indispensable la existencia de fórmulas
de coordinación eficaces. Creemos que las conferencias sectoriales, en
este caso la de Cultura, han de ser la expresión de la voluntad política
de tener presente la diversidad de los pueblos de España en la toma de
las decisiones colectivas. Consideramos que estos marcos multilaterales,
a través de las conferencias sectoriales, han de ser el organismo
esencial de coordinación entre las Comunidades Autónomas y más cuando
todas las Comunidades tienen competencias en la materia.

Acabo. Goya decía: Dadme los ojos y la boca, y ya tendré el retrato.

Leonardo da Vinci decía: Los ojos son las ventanas del alma. Yo les digo
que si los ojos están elaborados con cánones académicos pueden parecer
perfectos, pero pasará como son los de cristal, que no trasmiten nada
desde dentro ni recogen nada de fuera; puro formulismo. Esperamos que
esta moción no sea eso: puro formulismo.

Como les he manifestado al principio, mi Grupo Parlamentario va a votar a
favor de esta moción.

Muchas gracias, señor Presidente y señorías.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Zapatero.




El señor ZAPATERO VILLALONGA: Muchas gracias, señor Presidente.

No teman ustedes que falte a la cortesía parlamentaria si resucito de
nuevo la polémica o la dialéctica que tuvo lugar hace apenas dos meses y
medio en esta misma Cámara con ocasión de la interpelación que se le hizo
a la señora Ministra de Cultura por parte del Grupo Catalán; a uno se lo
pide el cuerpo a raíz de las críticas que se han hecho tanto a las
actuaciones de los gobiernos socialistas en la pasada legislatura como a
las del Gobierno Popular en la actual, pero no lo voy a hacer.

Quiero tranquilizar a alguno de los portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra, en el sentido de que con sus recientes intervenciones
la señora Ministra de Educación y Cultura no pretende calmar inquietudes
ni pasiones políticas, sino que recuerda lo que es palmario, lo que es
evidente, lo que es claro y exacto, y es que todos estos bienes
culturales de los que nos estamos ocupando en esta moción son del Estado,
el Estado los asigna a un museo y ese museo puede depositarlos allá donde
los patronatos respectivos aconsejen sus actuaciones. No les voy a
entretener a ustedes con esta nueva discusión ni con los argumentos que
mis colegas del resto de los grupos políticos



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han expuesto en apoyo de la moción presentada por Convergència i Unió.

Se han recordado aquí suficientemente las vicisitudes que ha sufrido el
texto de la moción del Grupo Catalán hasta que se ha redactado uno nuevo,
firmado, como así lo requiere el Reglamento de la Cámara, por todos los
grupos políticos componentes de la misma, incluidos también los
antecedentes parlamentarios habidos tanto en el Senado como en el
Congreso de los Diputados. Mi Grupo político vio desde el primer momento
la oportunidad y la utilidad de la moción presentada por el Grupo Catalán
y decidió su apoyo al texto presentado. De tal manera es así que se
elaboró una enmienda transaccional, a la que ha hecho alusión la
Presidencia, que no pretendía sino hacer la propuesta inicial más
correcta, más útil desde el punto de vista exclusivamente semántico.

Posteriormente todos los grupos políticos de la Cámara hemos decidido
presentar a este Pleno un nuevo texto que no hace sino completar y
perfeccionar los dos textos iniciales, por su mayor utilidad. De este
modo queda claro y palmario el apoyo del Grupo Popular a este nuevo texto
a que ha dado lugar la moción presentada por el Grupo Catalán en el
Senado.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zapatero.

Teniendo en cuenta que la enmienda de modificación viene firmada por
todos los grupos parlamentarios, ¿se puede aprobar por asentimiento?
(Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento de la Cámara.




CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día:
Conocimiento por el pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados.




--ACUERDO MARCO SOBRE COMERCIO Y COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE COREA, POR OTRA,
FIRMADO EN LUXEMBURGO EL 28 DE OCTUBRE DE 1996 (S. 610/000141) (C. D.

110/000123).




El señor PRESIDENTE: El primero se refiere al Acuerdo Marco sobre
comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Corea, por otra, firmado en Luxemburgo
el 28 de octubre de 1996.

No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo
Marco sobre comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la república de Corea, por otra,
firmado en Luxemburgo el 28 de octubre de 1996.




--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y CUBA SOBRE
MODIFICACION DEL CONVENIO AEREO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA REPUBLICA DE
CUBA, DE 19 DE JUNIO DE 1951 (S. 610/000142) (C. D. 110/000141).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al Canje de Notas constitutivo de acuerdo
entre España y Cuba sobre modificación del convenio aéreo entre el Estado
español y la República de Cuba, de 19 de junio de 1951.

No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por



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medio del Canje de Notas constitutivo de acuerdo entre España y Cuba
sobre modificación del Convenio aéreo entre el Estado español y la
República de Cuba, de 19 de junio de 1951.




--ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
CROACIA, FIRMADO EL 21 DE JULIO DE 1997 (S. 610/000143) (C. D.

110/000142).




El señor PRESIDENTE: El siguiente es el Acuerdo de transporte aéreo entre
el Reino de España y la República de Croacia, firmado el 21 de julio de
1997.

No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo de
transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Croacia,
firmado en Madrid el 21 de julio de 1997.




--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y KUWAIT SOBRE
TRANSPORTE AEREO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1979 (S. 610/000144) (C. D.

110/000143).




El señor PRESIDENTE: El siguiente es el Canje de Notas constitutivo de
acuerdo entre España y Kuwait sobre transporte aéreo del 3 de diciembre
de 1979.

No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado, y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del Canje de Notas
constitutivo de acuerdo entre España y Kuwait sobre transporte aéreo del
3 de diciembre de 1979.




--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE CROACIA PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 21 DE
JULIO DE 1997 (S. 610/000145) (C. D. 110/000144).




El señor PRESIDENTE: El siguiente es el Acuerdo entre el Reino de España
y la República de Croacia para la promoción y protección recíproca de
inversiones, hecho en Madrid el 21 de julio de 1997.

No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Se puede aprobar por
asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado, y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Croacia para la promoción y la protección
recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 21 de julio de 1997.




--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO DE MARRUECOS SOBRE SUPRESION DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMATICOS,
HECHO EN MADRID EL 15 Y EL 16 DE JULIO DE 1997 (S. 610/000146) (C. D.

110/000145).




El señor PRESIDENTE: El último es el Canje de Notas constitutivo de
acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, sobre supresión
de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 15 y el 16 de
julio de 1997.

No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Se puede aprobar por
asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado, y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del Canje de Notas
constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos,
sobre supresión de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el
15 y el 16 de julio de 1997.




TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:



--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DEL ARTICULO 19 DE LA LEY
ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (622/000011).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley del Senado. En este caso,
proposición de ley orgánica de modificación del artículo 19 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. El autor es el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Su portavoz tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ AGUILAR: Señor Presidente, señorías, el Pleno del
Senado, en su sesión celebrada el día 23 de octubre de 1997, aprobó
diversas enmiendas expresando de esta manera su voluntad de que se
incorporaran al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Dicho proyecto, al no haber
alcanzado la mayoría absoluta en su posterior debate en el Congreso de
los Diputados, según exige la Constitución para las leyes orgánicas,
quedó ratificado en el texto inicial del Congreso y fueron rechazadas
todas las enmiendas propuestas por el Senado. Esta circunstancia dio
lugar a que una iniciativa parlamentaria que intentaba reparar una
notoria injusticia histórica, eliminando un notable agravio comparativo
para con los regantes de riegos tradicionales de la huerta de Murcia,
dejase aparcada nuevamente su justa reivindicación. Se trataba de
reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al
denominado Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Inmediatamente después de
su denegación, el Grupo Popular del Senado, y en su nombre nuestro
compañero el Senador Prada Presa, que ha demostrado una especial
sensibilidad en este asunto y al que los murcianos estamos muy
agradecidos, presentó el texto de la proposición de ley orgánica de
modificación del artículo 19, en su apartado cuarto, de la Ley Orgánica
6/1985, del Poder Judicial que hoy debatimos. Días más tarde, en el
Congreso de los Diputados, con el mismo propósito, e incluso con el mismo
texto, se presentaron idénticas proposiciones de ley formuladas por el
Grupo Socialista y el Grupo Federal de Izquierda Unida del Congreso, lo
que nos induce a augurar que tanto esta proposición de ley, como la
posterior ley de reforma, contarán con un altísimo consenso de ambas
Cámaras.

Señorías, el Consejo de Hombres Buenos es el que falla y resuelve todas
las cuestiones y demandas que se presenten sobre los perjuicios que se
causen a terceros y demás abusos e infracciones determinadas en las
ordenanzas y costumbres de la huerta de Murcia. Por tanto, las
consecuencias que se originan al no estar reconocido dentro del marco de
la Ley Orgánica del Poder Judicial como tal tribunal consuetudinario y
tradicional repercuten negativamente en el mecanismo de control, de
gestión y de regulación de los riegos tradicionales de Murcia.

El Consejo de Hombres Buenos es una institución popular de hondas raíces
históricas que nos proporciona una de las claves básicas para comprender
mejor las costumbres y tradiciones históricas de Murcia y entiende de la
utilización del agua y su control jurídico y social, por lo que
constituye el vértice sobre el que ha girado el devenir de decenas de
generaciones a lo largo de los siglos y que cuenta con el respeto y el
respaldo de todos los huertanos. Conoce, como digo, de las cuestiones de
hecho que se suscitan entre los regantes e impone a los infractores las
sanciones reglamentarias. Celebra sesión y juicios en el salón de Plenos
del Ayuntamiento de Murcia y dicta los fallos



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pertinentes fijando las indemnizaciones que deben satisfacerse a los
perjudicados.

Las primeras noticias de su existencia se remontan al siglo IX, al hilo
de la construcción de la contraparada, que sirve para derivar el agua a
las acequias mayores, por lo que su primera fase se basa en preceptos
consuetudinarios que se corresponden con la idiosincrasia y mentalidad
musulmanas.

A esta primera etapa sucede otra en la que se produce una serie de
privilegios reales, especialmente de Alfonso X el Sabio y otorgadas a
Murcia por el Fuero Juzgo y el Código de las Siete Partidas. Más tarde,
en el siglo XIV, aparecen reunidas todas las ordenanzas y acuerdos del
Concejo en un códice cuya recopilación recibió el título de «Libro de
Ordenamientos» o «Libro del Agua», que es, además, la primera
manifestación escrita del derecho consuetudinario.

Todo el proceso se culminó en las Ordenanzas de 1849, que fueron
modificadas y adoptadas finalmente, en nuestros días, por la vigente Ley
de Aguas y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

La cuestión del agua, ya sea por defecto como por exceso, tiene y ha
tenido siempre a lo largo de nuestra historia una importancia principal;
primordial, diría yo. La savia de Murcia es el agua y el Consejo de
Hombres Buenos convierte el agua en palabras. Son palabras que hablan de
aguas vivas y aguas muertas, de motas, quijeros o brazas de río, de
sendas y carriles; de acequias mayores como las de la Aljufía y Alfatego,
Caravija y Barreras, Turbedal y Alquibla; de heredamientos y partiores,
brazales y azarbes, landronas y meranchos, juntamientos y repartos.

Estas palabras que pronuncio ahora custodian y presiden todos los días de
mi niñez y mi juventud, cuando Murcia era un huerto inmenso, y aún hoy
con sus bancales en ciclo de cultivo, sin solución de continuidad,
durante todo el año. Son palabras que digo no tango para persuadir a sus
señorías como para interesarles. El Consejo de Hombres Buenos que
administraba con justicia la abundancia del agua de antes, cuando se
entrecruzaban las acequias, es el mismo que pacifica y disciplina el uso
de las aguas en la escasez y precariedad actuales. Es por ello que
instituciones como el Consejo de Hombres Buenos tienen, junto a su
antigüedad y rica historia, plena vigencia en nuestros días, en el umbral
del año 2000, y a las que los españoles tenemos la obligación de proteger
y salvaguardar.

El Consejo de Hombres Buenos de Murcia es una parte de nuestra historia
que no nos podemos permitir el lujo de ignorar, porque es un punto
fundamental de la misma en tanto que ha permitido el uso civilizado del
regadío a lo largo de decenas, de centenares de años, en un marco general
de entendimiento y convivencia.

El Presidente del Senado, don Juan Ignacio Barrero, aquí presente, en
palabras recientes que hago mías, ha señalado la importancia que en sí
misma tiene la supervivencia multisecular del Conejo de Hombres Buenos y,
sobre todo, ha matizado la importancia de su aportación, que se inscribe
en la difícil construcción de la convivencia pacífica, en lo que tiene de
civilizado como respuesta al problema concreto del agua y, al mismo
tiempo, como solución democrática fundamentada en el acatamiento unánime
de sus decisiones por el conjunto de la comunidad de regantes.

Termino, señorías. La Constitución Española en su artículo 125 define y
ampara la existencia de los tribunales consuetudinarios y tradicionales.

De igual modo, la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce a estos
tribunales, pero cometiendo la injusticia de aceptar en su normativa al
Tribunal de las Aguas de Valencia, de igual transcendencia y riqueza
histórica, e ignorando al otro, al Consejo de Hombres Buenos, que es la
cuestión que tratamos de reparar. Además, el Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia, en su artículo 8, también destaca su especial atención
y preocupación por los tribunales consuetudinarios y tradicionales en
materia de aguas dentro del marco de sus competencias.

Por todas las razones expuestas, señorías, ruego a ustedes
encarecidamente el voto afirmativo para esta proposición de ley, que se
propone modificar el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fernández Aguilar.

Para turno a favor, tiene la palabra la Senadora Martínez.




La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista hace uso de este turno a favor porque
quiere --y así lo anuncio desde el principio-- votar favorablemente esta
proposición de ley orgánica. El apoyo que el Grupo Parlamentario
Socialista ofrece en la tarde de hoy no lo es por remediar una
injusticia, sino porque creemos que en estos momentos es de absoluta
justicia. Sobre una injusticia no debe nacer a la vida del Derecho una
institución tan importante para la Región de Murcia.

Es tradicional y antiguo, fundamentalmente en la Región de Murcia, hacer
comparaciones entre este tribunal y el de las Aguas de Valencia,
desconociendo algunas veces algo que atañe a la responsabilidad de los
propios murcianos, y es que en su momento no supimos recoger esta figura
en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, cosa que sí hicieron
los valencianos.

Como digo, vamos a apoyar esta proposición de ley porque estimamos que es
de absoluta justicia modificar el artículo 19 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial para que se reconozca el carácter consuetudinario y
tradicional del Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Lo estimamos así por
varias razones: unas de tipo formal; otras de fondo y otras de índole
práctica, que no por ello dejan de ser importantes. Las voy a exponer
brevemente empezando por las de forma.

La primera de ellas es que la iniciativa cuya toma en consideración
estamos debatiendo esta tarde coincide plena y textualmente con la
enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el anterior
período de sesiones al proyecto de ley orgánica de modificación de la



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del Poder Judicial que presentó el Gobierno sin que contuviera este
conocimiento. Tampoco el Grupo Parlamentario Popular entonces presentó
enmienda para dicho reconocimiento. Dicha enmienda, como ha dicho muy
bien el Senador don Adolfo Fernández Aguilar, fue aprobada por esta
Cámara y por el Congreso de los Diputados, si bien decayó, como el resto,
al no conseguirse en la votación final sobre el conjunto del proyecto la
mayoría absoluta que exige el artículo 81.2 de nuestra Constitución.

La segunda razón es que, tras lo anterior, el Grupo Parlamentario
Socialista, en el Congreso de los Diputados, presentó el mismo día una
proposición de ley orgánica en que presentaba su iniciativa en el Senado
el Grupo Parlamentario Popular el mismo día, no varios días después, y
también el mismo día, y casi a la misma hora, lo hacía el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.

Se produce así, señorías, una doble paradoja: que hoy esté el Grupo
Parlamentario Socialista dando su apoyo a esta proposición de ley
orgánica y no actuando como proponente y que esta Cámara se encuentre en
este trámite de toma en consideración, que, como bien saben sus señorías,
no tiene otra finalidad que remitir esta proposición de ley orgánica al
Congreso de los Diputados, donde existen con idéntico texto dos más.

Las razones de fondo, señorías, no son distintas de las que animaron a mi
Grupo a presentar, primero, la enmienda y, luego, la proposición de ley
orgánica en el Congreso; son, como decía al principio, que se reconociera
el Consejo de Hombres Buenos de Murcia con el rango que le corresponde,
puesto que goza de la naturaleza jurídica que exige el artículo 125 de la
Constitución y cuenta con el reconocimiento de su meritoria labor no sólo
por los ciudadanos de la Región de Murcia, sino también por una serie de
prestigiosos investigadores y estudiosos de la historia y de los usos y
costumbres de los territorios de España.

Breve, pero espléndido, es el reconocimiento que sobre este tribunal hizo
el profesor Francisco Tomás y Valiente en la reseña del libro sobre las
Ordenanzas de la Huerta de Murcia de Joaquín Cerdá. En este
reconocimiento hace una referencia expresa a que en pocas ramas del
Derecho hay ejemplos tan claros de continuidad hasta nuestros días de
instituciones y normas seculares como en el Derecho de Aguas,
especialmente en la regulación de los riesgos de las zonas hortícolas,
como las de Valencia y Murcia.

Y sigue el Profesor Tomás y Valiente estudiando el libro de Cerdá con una
distinción importante que creo que sus señorías deben conocer. Es que en
este derecho de la Huerta Murciana hay dos fases que se pueden distinguir
perfectamente: una primera que hace referencia a la regulación de los
riegos y otra a la de las instituciones más o menos autónomas en relación
con el Concejo, que son las encargadas de aplicar las normas y velar por
ellas. Sobre la primera no tiene duda ninguna la doctrina de que es de
origen musulmán y es, sin duda, la que conserva un mayor apego a la
tradición, y la doctrina afirma también casi unánimemente que ya estaba
formalmente completa a finales de la Edad Media.

Desde luego, no han seguido el mismo camino los órganos e instituciones
encargados de administrar y aplicar esta normativa, ya que estas
instituciones han sido imbuidas por las ideas y por los cambios políticos
de cada una de las épocas. Por tanto, creo que está casi unánimemente
aceptado hoy --y así lo hacen los profesores Joaquín Cerdá, que antes he
citado, Díaz Cassou, Mariano Ruiz-Funes García--, que si bien los árabes
fueron los organizadores de nuestro regadío, el tribunal de las aguas de
Murcia, como el de Valencia, es de origen castellano.

No voy a entrar en la exégesis por la que pasa la configuración
definitiva del Consejo de Hombres Buenos, porque ya lo ha hecho el
Senador que me ha precedido en el uso de la palabra, pero sí quiero hacer
una breve reseña a que es precisamente a finales del siglo XVIII cuando
surgen los primeros conatos de que los huertanos, esto es, los
propietarios y los labradores, se hicieran con la administración de la
huerta. Ya Díaz Cassou señala una importantísima conjura que hubo en
Sangonera en el año 1785. Fueron precisamente estos agricultores quienes,
ya en el siglo XIX, redactaron los proyectos de ordenanza en los años
1821 y 1847. Este último proyecto fue aprobado por la Real Orden de 30 de
agosto de 1849, en la que se contempla este órgano jurisdiccional, así
como otro de administración de las aguas.

Permítanme que haga uso de las palabras de nuestro poeta Martínez Tornel
cuando dice, en relación a este órgano jurisdiccional, que se ha
resucitado un nombre antiguo, el de Consejo de Hombres Buenos, que no es
consejo, sino jurado de la huerta, y cuya justicia no es quizá peor que
la del jurado de lo criminal y tiene sobre ella una gran ventaja, que es
más barata.

El Senador que me ha precedido en el uso de la palabra ha hecho
referencia a una de sus singularidades, pero permítanme que muy
brevemente haga referencia a algunas que lo distinguen de una forma muy
clara de otros tribunales de las aguas, como el de Valencia e incluso el
de l'Horta, cuales son la riqueza y la meticulosidad con que está
regulado su procedimiento.

Hay un lunar --decía Díaz Casón-- en este Tribunal, que sus resoluciones
no eran firmes, sino que conocía en un trámite previo el alcalde y
posteriormente volvían al Consejo. Para subsanar esa deficiencia, ya en
el año 1881 hay una orden, dirigida al Gobernador de Murcia, que dice que
Su Majestad se digna significar al Gobernador de Murcia en la
conveniencia de la reforma de las ordenanzas, de manera que los
juntamientos conserven su libertad de acción y armonía con el espíritu de
la ley, suprimiendo la intervención del ayuntamiento en los fallos del
Consejo de Hombres Buenos.

Este lunar, en parte, sigue existiendo. Y sin duda, el reconocimiento
jurisdiccional como tribunal consuetudinario que procedan a hacer las
Cámaras va a poner un punto final, borrar definitivamente este lunar por
algunas razones que sus señorías podrán comprender, como es el hecho de
que pueda haber apelaciones --no de forma generalizada, pero sí se da en
algunas ocasiones-- ante la Sala de lo contencioso-administrativo una vez
que son firmes los actos, las sentencias y los fallos de este tribunal.

No quiero hacer referencia a sus competencias, porque también ha sido
extensa, según me parece, la relación que



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de ellas se ha hecho, pero permítanme que sí me refiera a la composición
de este tribunal, que cumple los requisitos de naturaleza jurídica que
exige la Constitución. Lo componen los propios huertanos, los
propietarios de las tierras, y además se hace por sorteo. No se puede
ejercer de vocal titular nada más que una vez al año y se renuevan una
vez cada mes. Ya se ha dicho que sus sesiones son públicas, antes en la
puerta de la Iglesia de Santa Catalina, ahora en el Pleno del
Ayuntamiento. Algunas características de su procedimiento son singulares
para la época, por ejemplo, en los plazos: cualquier queja puede hacerse
en cualquier tiempo, sólo se exige que se hagan en tres días aquellas
quejas que hacen referencia a usurpación o extravío del agua. La queja se
presenta por escrito; también por escrito se hacen las citaciones. Hay
normas muy específicas que regulan todo el procedimiento de la prueba, de
tal modo que hacen prueba dos testimonios y el del interesado. Por
ejemplo, cuando hay sustracción y extravío de agua, es necesario el
testimonio de dos testigos que han visto regar el bancal, o, como dice,
de tres que lo hayan visto regado. También se toman precauciones y se
aísla a los testigos antes de proceder a tomarles testimonio. En cuanto a
las resoluciones que puede tomar, no sólo fija las indemnizaciones y
perjuicios sufridos y condena a que se haga lo que se ha dejado de hacer,
sino que además tiene la facultad de imponer multas, que las ordenanzas
estipulan que nunca podrán ser superiores a aquellas que se establezcan
para las faltas en el Código Penal.

Como digo, señorías, éstas son singularidades que hacen que este tribunal
sea un tribunal muy atípico y muy moderno para la época en la que fue
regulado su funcionamiento.

Decía al principio que también había una serie de razones prácticas por
las cuales nosotros primero iniciamos los trámites de enmienda y
propuesta de la proposición de ley orgánica y ahora apoyamos la que
presenta el Grupo Parlamentario Popular. Estas razones prácticas no son
otras, como digo, que el reconocimiento que de él hagan las Cámaras, al
igual que, cuando culmine la reforma del Estatuto de Autonomía que en
estos momentos se tramita en el Congreso de los Diputados, va a ser
posible que, a través de ese velar por el derecho consuetudinario, pueda
salvarse de una vez y definitivamente todo el peso que tiene el carácter
jurisdiccional de este tribunal y que los fallos puedan ser firmes a su
tenor, si bien, como decían las antiguas y nuevas ordenanzas, conociendo
en segunda instancia el doble de componentes que conocieron en la
primera.

Este reconocimiento también es necesario para tranquilizar la inquietud
que en estos momentos tienen en la Región de Murcia muchísimos
profesionales. Además va a descargar los órganos jurisdiccionales, que,
como antes decía, están conociendo un determinado número de asuntos que
en su mayoría se resuelven sin aplicar las normas de las ordenanzas por
su desconocimiento y es público y notorio en Murcia que los magistrados y
tribunales que conocen de estos temas piden consejo a los Hombres Buenos
para que sus decisiones sean lo más acordes posibles con los usos y
costumbres del lugar.

Por todas estas razones, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a
apoyar esta proposición de ley orgánica, con el deseo de que no sólo esta
Cámara ratifique la voluntad que en su día ya expresó, sino también que
esta vez, definitivamente, tenga el beneplácito del Congreso de los
Diputados consiguiendo la mayoría absoluta que es necesaria.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Martínez.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.

¿Por el Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? El Senador
Caballero tiene la palabra.




El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo muy brevemente para anunciar nuestro voto favorable a esta
proposición de ley que va a reconocer el carácter de tribunal
consuetudinario al Consejo de Hombres Buenos de Murcia, institución
tradicional cuya antigüedad no le priva de plena vigencia; institución
que, en una anterior ocasión fallida, también contó con nuestro voto
favorable.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Caballero.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
el señor Capdevila tiene la palabra.




El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Utilizo el turno de portavoces para anunciar el voto favorable de nuestro
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al
proyecto de ley orgánica de modificación del artículo 19 de la Ley
Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, presentada ahora por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado y sometida al trámite de toma en
consideración por el Pleno de esta Cámara.

En definitiva, se trata de adicionar, tal y como se ha manifestado, el
apartado 4.º al artículo 19, por el que se reconoce el carácter de
tribunal consuetudinario tradicional al Consejo de Hombres Buenos de
Murcia.

Consideramos, pues, adecuada la incorporación de dicho texto, saldando
así una omisión que venía arrastrándose desde el debate de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en 1995.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Capdevila.

¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Popular? El Senador Fernández Aguilar tiene
la palabra.




El señor FERNANDEZ AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.




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Intervengo brevísimamente para dar las gracias a los portavoces de todos
los Grupos Parlamentarios que apoyan esta proposición de ley.

Quiero felicitar con la mayor efusión y cariño a la Senadora María
Antonia Martínez por la magnífica exposición que ha hecho, en la que ha
defendido estupendamente lo que nosotros venimos planteando.

La idea que el pueblo español quiere de sus políticos y de sus
parlamentarios es precisamente ésta: que busquen el consenso, que busquen
puntos de encuentro, como el de hoy.

Por tanto, es un motivo de felicitación que el Consejo de Hombres Buenos,
que ha pasado por la travesía del desierto, al final haya llegado al
oasis y, nunca mejor dicho hablando de aguas, a la tierra prometida.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fernández Aguilar.

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado y felicito a los murcianos.

--SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA PRESENTACION ANTE EL PLENO
DEL INFORME DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE LA PREVENCION Y ASISTENCIA EN
SITUACIONES DE CATASTROFE (650/000002).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al sexto y último punto del orden del día
previsto en el Pleno de hoy: Solicitud de ampliación del plazo para la
presentación ante el Pleno del informe de la Comisión Especial sobre
prevención y asistencia en situaciones de catástrofe.

La Mesa del Senado, oída la Junta de portavoces, ha acordado someter al
Pleno la solicitud formulada por la Comisión Especial sobre la prevención
y asistencia en situaciones de catástrofe de ampliación del plazo para la
presentación de su informe, que tendría lugar en una sesión plenaria de
la semana del 10 de marzo de 1998.

¿Está de acuerdo la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada esta ampliación por asentimiento.

Se levanta la sesión hasta mañana a las diez de la mañana.




Eran las dieciocho horas y cincuenta minutos.