CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 37

VIVIENDA Y AGENDA URBANA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISABEL MARÍA BORREGO CORTÉS

Sesión núm. 2 (extraordinaria)

celebrada el jueves,

25 de enero de 2024

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana (Rodríguez García):


- A petición propia, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. (Número de expediente 214/000014) ... (Página2)


- Para explicar las líneas estratégicas del ministerio para la XV Legislatura, atendiendo especialmente a la promoción de vivienda pública, al financiamiento y a la cesión de las viviendas propiedad de la SAREB para destinarlas a vivienda
social. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000017) ... (Página2)


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000043) ... (Página2)


- Para exponer sus líneas de actuación al frente del departamento en la XV Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/000071) ... (Página2)

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Se abre la sesión a la una de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenos días. Se abre la sesión, procediéndose a tramitar el orden del día consistente en la celebración de las siguientes comparecencias de la ministra de Vivienda y Agenda urbana que, si ustedes no tienen ningún
inconveniente se van a celebrar de manera acumulada. Las comparecencias son las siguientes: a petición propia, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, el autor es el Gobierno; para explicar las líneas
estratégicas del ministerio para la XV Legislatura, atendiendo especialmente a la promoción de la vivienda pública, al financiamiento y a la cesión de las viviendas propiedad de la Sareb para destinarlas a vivienda social, el autor es el Grupo
Parlamentario Mixto; para informar sobre las líneas generales de la política su departamento, el autor es el Grupo Parlamentario Popular; para exponer sus líneas de actuación al frente del departamento en la XV Legislatura, el autor es el Grupo
parlamentario VOX.


Teniendo en cuenta que las diferentes solicitudes de comparecencia se tramitarán de forma acumulada, el debate se desarrollará de la siguiente manera: primero, va a intervenir la compareciente, la señora ministra y, a continuación, por un
tiempo de diez minutos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor. A continuación, contestará la compareciente y, si fuera necesario, tendrá lugar un segundo turno de intervenciones de los portavoces por tiempo de cinco
minutos, que serán contestados en una última intervención por parte de la ministra.


Sin más, damos la bienvenida a la señora ministra, señora Isabel Rodríguez García, a quien gradecemos su presencia en esta Comisión. Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA (Rodríguez García): Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes a sus señorías, a todos ustedes, a los medios de comunicación, que están atendiendo también esta comparecencia, a los servicios de la Cámara, a sus letrados, a las taquígrafas y a todos los servicios que atienden a esta
Comisión. Les tengo un afecto muy especial, porque he tenido el honor y la responsabilidad de ser diputada durante algunos años en el Congreso de los Diputados; fui también presidenta de Comisión, querida presidenta, y en las últimas elecciones
concurrí también por mi circunscripción como cabeza de lista a este Congreso de los Diputados. Dejé mi acta para asumir la responsabilidad que hoy me ocupa en esta comparecencia como ministra de Vivienda y Agenda Urbana, así que también es para mí
una responsabilidad atenderles hoy a ustedes para darles cuenta de la gestión de las líneas generales de la acción del Gobierno ante las Cortes Generales del Ministerio de Vivienda y Agenda urbana. Además, me acompaña todo el equipo del Ministerio:
el secretario de Estado, el secretario general, el director de Vivienda y la directora de la SEPES, como a ella le gusta llamar a la entidad pública. Desde este este mismo momento estarán siempre a su disposición para que puedan ejercer la tarea
que tienen encomendada de gestión y de control al Gobierno y cuantas consultas o necesidades tengan al respecto para poder desarrollar su trabajo de representar al pueblo español, que no es ni más ni menos que la encomienda que tiene esta Cámara.


Es la segunda vez que comparezco en una comisión de estas características para dar cuenta de líneas generales. La primera lo hice como ministra de Política Territorial y ahora lo hago como ministra de Vivienda, pero siempre que tengo la
ocasión, y no quiero dejar de hacerlo en el día de hoy, hago una reivindicación de la política, de la política como la entiendo, de la política como herramienta para cambiar y mejorar la vida de la gente. Esta es la convicción que ha guiado siempre
mis pasos en diferentes responsabilidades, desde que he tenido la oportunidad de participar como parlamentaria, también en mis responsabilidades en el Gobierno de Castilla-La Mancha, después como alcaldesa y ahora como ministra. También quiero
tener unas primeras palabras de agradecimiento en esta primera intervención para todos los empleados y empleadas públicos, para los funcionarios del ministerio por el trabajo que han realizado a lo largo de estos años, pero, sobre todo y en lo que a
mí se refiere, por la acogida que me han brindado en estas primeras semanas, facilitándome esos primeros pasos y también quiero reconocer aquí en esta sala y ante ustedes su compromiso, su vocación de servicio público que, sin duda, a mí me resultan
muy inspiradores. Por eso, no quería dejar pasar la oportunidad para trasladarles todo mi reconocimiento y gratitud.


Afronto este mandato, esta nueva responsabilidad con la conciencia de saber que estamos trabajando en un asunto de especial sensibilidad para la ciudadanía. Nuestro departamento está dirigido fundamentalmente a garantizar el acceso a la
vivienda digna, adecuada y asequible, ni más ni menos que a cumplir con el mandato constitucional del artículo 47. Además, tenemos como objetivos estratégicos la

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Agenda Urbana, que da nombre y que complementa a este ministerio. Sin duda, la vivienda es una de las prioridades del Gobierno de España que hemos conformado tras las pasadas elecciones del 23 de julio, una prioridad política que ya avanzó
el presidente del Gobierno también en esta Cámara en el debate de investidura para dar respuesta a ese derecho, como decía, recogido ya hace cuarenta y cinco años en la Constitución y que hemos de trabajar para consolidar el quinto pilar del Estado
de bienestar. Tengo también que evocar en estas primeras palabras mi absoluto respeto al título VIII de la Constitución y, en ese sentido, a la configuración territorial de nuestro país, donde las competencias en materia de vivienda están
principalmente en las comunidades autónomas. No podremos avanzar en la consolidación de este derecho, si no somos capaces de articular acuerdos que antepongan el derecho a las diferencias partidistas o a los intereses, intereses legítimos, por
supuesto, pero en ocasiones contrapuestos, con absoluto respeto y diálogo también con distintos agentes y actores que intervienen y participan en el sector y que, por lo tanto, también tienen cosas que decir y aportar. El Gobierno está poniendo en
marcha un gran volumen de recursos a todas las comunidades autónomas para mejorar el acceso a la vivienda y esperamos también del mismo modo que estas puedan reforzar esa corresponsabilidad en el despliegue de sus recursos económicos, de sus
políticas presupuestarias en el desarrollo de la política pública de vivienda.


No concibo la política sin diálogo, la búsqueda de consensos como camino para afrontar con éxito los grandes desafíos. Desde ese convencimiento afronto esta etapa al frente del Ministerio. En estas primeras semanas he tenido ocasión de
encontrarme con distintos representantes de todas las administraciones públicas, autonómicas y locales, con asociaciones, con colectivos, con operadores sectoriales y profesionales y también con organizaciones vinculadas al sector. Por supuesto, he
querido también tener un encuentro con los agentes sociales, con la patronal y con los sindicatos, que he mantenido esta misma semana. Ese diálogo, esa interlocución me está permitiendo conocer aún mejor, más de primera mano y, desde luego, con una
perspectiva más profunda y enriquecedora los diferentes puntos de vista y el alcance de la realidad que nos afecta como sociedad y que nos interpela a quienes ostentamos responsabilidades públicas. El diálogo y la colaboración son elementos
esenciales en el modo de cogobernanza, y esta es la guía de acción del Gobierno. Lo hemos demostrado en los años previos, en la anterior legislatura. Esa cogobernanza, que proclamamos y que practicamos, se vio bien reflejada en la última
Conferencia Sectorial de Vivienda, que se celebró la semana pasada. En esa cita pude comprobar una vez más que, cuando se quiere, se puede, y que la voluntad para alcanzar acuerdos es mucho más frecuente de lo que parece y, desde luego, mucho más
eficaz que el ruido y la polarización, que suele acentuarse cuando uno no tiene nada que proponer, cuando uno no tiene que aportar y, desde luego, sería conveniente que la rebajáramos en el espacio político e institucional. Esta última conferencia
sectorial concluyó con un importante acuerdo para todos los territorios, acuerdo que adoptamos por unanimidad, y fue culminar con el reparto de fondos por un importe de 430 millones de euros para el plan de recuperación, que están destinados
fundamentalmente a la rehabilitación de viviendas de edificios públicos, de espacios urbanos y también para la construcción de nueva vivienda asequible y con eficacia energética.


No tengo que explicarles la dimensión del problema de la vivienda y del desarrollo urbanístico, ustedes lo conocen como yo, pero quizá tenemos que poner más acento en la escucha activa, en el intercambio de información, porque esto resulta
esencial para entender en toda su magnitud un problema que es muy complejo y que es el que nos ocupa, que nos volquemos en la creación de sinergias positivas, derivadas de ese diálogo al que antes me refería y de esa colaboración con las distintas
administraciones, para implementar políticas que sean más eficaces y eficientes cada vez que demos un paso o que invirtamos un euro público.


Me aproximo a la Agenda Urbana Española. Como saben ustedes, la Agenda Urbana Española forma parte de la política palanca del plan de recuperación y se constituye como una herramienta al servicio de todos y de todas y, especialmente, de las
administraciones públicas, en el diseño de sus políticas en los pueblos y ciudades de todo el territorio para situar en el centro la vida de las personas. Es la hoja de ruta que está marcando y va a marcar la estrategia y las acciones de aquí al
año 2030 para hacer de nuestros pueblos y ciudades lugares de más convivencia, lugares más amables, acogedores, saludables y también con mayor conciencia cívica. En la práctica podríamos decir que la Agenda Urbana constituye un menú a la carta en
el que los distintos actores públicos y privados podemos intervenir y debemos intervenir en la búsqueda de un desarrollo más equitativo, más justo y más sostenible a la hora de elaborar nuestros planes de acción.

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Quiero plantearles esta intervención con un breve diagnóstico, no porque dude de su conocimiento, sino porque a veces es necesario realizar un breve balance para contextualizar y poner en valor de dónde venimos y porque, en cierto modo
también, de dónde venimos es hacia dónde vamos, y ahí marcaremos la hoja de ruta para estos próximos años, que es lo que me interesa, fundamentalmente, compartir con ustedes en esta comparecencia. Después, estaré encantada de poder atender sus
inquietudes, sus preguntas y poder complementar y nutrirnos de esas aportaciones.


En cuanto al diagnóstico y a la dificultad para acceder a una vivienda, es una constante que se viene sucediendo desde hace mucho tiempo en nuestro país, desde hace décadas -tal vez los padres de las generaciones que hoy estamos aquí también
la padecieron-, y ha ido cambiando según ha evolucionado la vida en España y también es distinta dependiendo del punto geográfico en el que nos encontremos. No es un problema homogéneo, tiene muchas aristas que es necesario analizar. Tampoco
ninguno de los que estamos en la sala precisaríamos -estoy convencida- ir a estudios sociológicos para conocer el alcance de este problema, para valorarlo, porque todos tenemos amigos, familiares, compañeros de trabajo que en estos momentos pueden
estar encontrándose ante la dificultad de alquilar o comprar una vivienda. Pero sí hay que acudir a esos estudios para analizar de forma más rigurosa y planificar las políticas públicas, para extraer alguno de los datos más relevantes.


Me centro en el barómetro periódico del CIS, que en el año 2007 posicionaba este problema, el de la vivienda, como el primer problema; fue su récord histórico. Recordemos que la burbuja estalló en el 2008, y ahí la vivienda estaba en su
máximo histórico de preocupación, situándose como uno de los principales problemas de los españoles y las españolas, solo superado entonces por el terrorismo de ETA y muy seguido de cerca por el paro. En la actualidad la vivienda sigue estando en
este barómetro entre los diez principales problemas que afectan a la población: ocupa el séptimo lugar, por detrás de la crisis económica, los problemas derivados de ella, la sanidad, la calidad en el empleo, las situaciones personales, el paro y
los problemas políticos, en general. Y es que los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria han dejado mella en nuestro país, no solo porque devastó un importante sector económico, el inmobiliario y el de la construcción, tuvo una importante
afectación en el empleo del sector y, desde luego, su forma más dramática, los desahucios. Tendríamos que dimensionar el alcance de lo ocurrido aquellos años y la evolución de cómo aquellos problemas que derivando de una crisis mundial afectaron
expresamente y de manera muy especial a nuestro país, porque nuestra economía estaba muy vinculada entonces a este sector. Insisto, se registraron las peores cifras de la historia en cuanto a desempleo, aumentaron los desahucios, que afectaron en
una primera fase a las personas que no podían seguir atendiendo a su hipoteca y aparecieron también los desahucios de aquellos que no podía pagar el alquiler. Aparecieron nuevos modelos de explotación de la vivienda, que la alejaban de su uso
principal, que es el social, como bien de primera necesidad. Los precios del alquiler y los de propiedad se han ido disparando por diversos motivos y se ha producido una drástica disminución de la vivienda protegida.


Por tanto, hoy el esfuerzo para acceder a la vivienda, ya sea en alquiler o en compra, es uno de los principales problemas, con unos porcentajes que no podemos permitirnos en una sociedad que quiera seguir avanzando. Es cierto que este
problema y estos porcentajes de esfuerzo económico para acceder a la vivienda varían dependiendo del territorio y de la renta de las personas, pero sin duda hay un dato que me parece el más dramático, y es que hay personas trabajadoras que,
disponiendo de un salario, con el cien por cien de su salario no pueden hacerse cargo de la renta del alquiler o del pago de la cuota de su hipoteca. Este es, sin duda, el dato más dramático, y debe ser este el acicate que nos fuerce a trabajar.
Hemos avanzado en otras medidas que van en la dirección de dar también respuesta a las rentas para acceder a una vivienda, como ha sido la mejora de los salarios, la creación y la estabilidad en el empleo o el incremento de las pensiones, pero, sin
duda, no voy a hacerles un discurso conformista, tenemos que hacer más, porque esta realidad social está ahí y nos interpela a todos.


Estamos hablando de un problema que amplía la brecha de la desigualdad social, que afecta a diferentes extractos sociales -si queremos llamarlos así- y, desde luego, a distintas etapas de la vida: a la juventud, para los que es una
herramienta fundamental para la emancipación, pero también afecta a otros colectivos vulnerables, afecta a las personas y a las familias más humildes, pero también a las clases medias, afecta a todas las franjas de edad. Estamos conmovidos por el
último estudio del Consejo de la Juventud, en el que, si bien algunos indicadores mejoran, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la temporalidad laboral, con la tasa de desempleo, lo cierto es que la edad de emancipación en nuestro país es
preocupante y está muy por encima de la media europea. Como les decía, lo más preocupante del momento que vivimos es que esto ya no es solo un problema de una parte de la población, de un periodo

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de vida de las personas, sino que es un problema de una mayoría social. Hoy, en algunas de las ciudades de nuestra España podemos encontrarnos a profesionales fundamentales en el Estado del bienestar, como maestros, maestras, enfermeros,
enfermeras, que se encuentran en esa situación que antes les describía, que con su salario no pueden pagar la renta de su alquiler o la letra de su hipoteca. Y esto requiere de esa conciencia colectiva, de ese acuerdo de país para dar respuesta a
una circunstancia que afecta no solo a una situación económica, sino que lastra las vidas, que lastra los proyectos vitales en diferentes etapas. Podía compartir con algunos de estos colectivos alguno de esos estudios que tienen que ver con otros
problemas circunstanciales de nuestro país, y que también son parte de nuestra atención, como lo que tiene que ver con el crecimiento vegetativo, con el desarrollo demográfico. Y es que la vivienda condiciona de manera muy determinante la decisión
de la natalidad, las decisiones personales de maternidad o paternidad, si no disponemos de un espacio para criar a nuestros hijos, condiciona -y ya me he referido a ello- la emancipación de nuestros jóvenes, y no me quiero olvidar de que también
está condicionando la salud de nuestras personas mayores, que se ven impedidas para acceder a su casa o salir a la calle como consecuencia de la existencia de viviendas antiguas con falta de accesibilidad.


Verán ustedes que no hago un análisis triunfalista. Es cierto que hemos hecho mucho, y ahora me voy a referir a ello, pero en esta primera parte del balance quiero interpelar ya a esa necesaria alianza de país. Todo aquel que tenga algo
que decir, todo aquel o aquella que tenga algo que aportar, todo aquel que se sienta interpelado por este problema tiene la obligación de actuar y encontrarán en mi responsabilidad y en el Gobierno de España la mano tendida y, desde el Gobierno,
como ha expresado el presidente, pondremos todos los recursos del Estado para dar respuesta a lo que consideramos es uno de los principales problemas que hoy tiene nuestro país y que estamos dispuestos a afrontar.


Además, hemos situado este problema en la agenda política no solo de nuestro país, y esto me gustaría subrayarlo ya que acaba de terminar la Presidencia española del Consejo de la Unión. Hemos llevado también esta preocupación de país al
contexto y a la política europea. No podemos abstraernos de que esto que ocurre en España no es algo singular, está ocurriendo también en otros países de nuestro entorno, incluso también con mayores agravantes en algunos de los indicadores y datos.
Por eso, firmamos recientemente la Declaración de Gijón, que hemos suscrito todos los países de la Unión durante la Presidencia española del Consejo, donde reconocemos esos desafíos actuales en materia de vivienda y desarrollo urbano y donde
planteamos esa necesidad de reforzar la promoción y la aplicación de políticas públicas coordinadas para hacer frente desde una perspectiva integral, mejorando nuestra cogobernanza y también la colaboración entre los distintos Estados. Ese
encuentro informal de ministros europeos que celebramos en la ciudad asturiana fue importante porque hicimos un diagnóstico común, porque recogimos también los compromisos de los diferentes representantes comunitarios, porque nos comprometimos a
impulsar políticas que faciliten el acceso a una vivienda adecuada en pueblos y ciudades más sostenibles e inclusivos y porque hemos marcado una tendencia, ya que Bélgica, que ahora ostenta esta Presidencia del Consejo, ha recogido el testigo de
España y en el próximo mes de marzo se celebrará también un nuevo consejo informal sobre vivienda.


Podría darles algunos otros datos de cómo está la situación en el contexto europeo, pero les entiendo informados y no creo que merezca la pena seguir profundizando, más allá de sí indicar o advertir que no debemos olvidar nuestra perspectiva
en el contexto europeo. Es este compromiso, el de facilitar el acceso a una vivienda adecuada, digna y asequible, el que va a guiar la acción del Gobierno, especialmente en el departamento que dirijo, con una apuesta firme en políticas en beneficio
de una mayoría. Ojalá tuviéramos que atender solo a una minoría. Hoy, la política de vivienda hemos de dirigirla hacia una mayoría social; esta es fuente de sus preocupaciones y, por tanto, tiene que estar como una de nuestras principales
ocupaciones.


La situación, como he advertido también al principio de mis palabras, es compleja y, por tanto, ante situaciones complejas, no caben soluciones fáciles. Somos conscientes de esa dificultad y tenemos el convencimiento de que vamos a
necesitar reforzar las políticas públicas para dar respuesta a este desafío y también incorporar la iniciativa privada. Por eso, también hago el llamamiento a la iniciativa privada y reitero el compromiso de que pondremos todos los recursos del
Estado para darle solución.


A continuación. Haré un pequeño balance que, como les decía, me servirá para abordar las principales líneas de actuación sobre las que va a pilotar la acción del Gobierno y, por tanto, mi mandato al frente del ministerio. Tiene sentido
porque la hoja de ruta que nos hemos marcado contempla actuaciones que ya formaban parte de compromisos asumidos, porque hemos reeditado un Gobierno de progreso manteniendo algunas de aquellas prioridades de la anterior legislatura, porque hemos
dado ya pasos

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importantes que ahora me gustaría poner en valor, porque hemos tenido que adoptar también durante este tiempo medidas coyunturales, primero, para dar respuesta a los problemas originados por la pandemia y, después, también por la invasión de
Rusia en Ucrania, y otras también de carácter estructural, que serán las que marcarán las políticas a futuro en búsqueda de soluciones a medio y largo plazo.


En primer lugar, y como siempre, los recursos, el presupuesto, porque hechos son amores y no buenas razones, y este Gobierno, cuando dice que compromete todos los recursos, está diciendo que está poniendo muchos recursos en torno a las
políticas de vivienda: ni más ni menos, hemos multiplicado por ocho los Presupuestos Generales del Estado en materia de vivienda, pasando en el año 2023 a 3500 millones de euros; les recuerdo que veníamos de 475 millones. Esto, junto con
instrumentos legislativos, como esa primera ley de vivienda de nuestra democracia, que garantiza condiciones básicas en el acceso a la vivienda y nos dota de herramientas que garanticen, como antes decía, la función social de la vivienda, que queda
blindada con esta norma. Considerar a la vivienda no una mercancía, sino un derecho, ha sido un gran avance para el ordenamiento jurídico español. Y junto a ella, la Ley de Calidad de la Arquitectura, un hito también importante, demandado por el
sector y que cambia la perspectiva en torno a la arquitectura y lo que ello significa, con un modelo también de desarrollo más sostenible, de preservación de nuestro entorno urbano, en coherencia con la Agenda 2030 y con un Gobierno comprometido con
los grandes desafíos, como la lucha contra el cambio climático, incorporando criterios ambientales y de eficiencia energética en el diseño y en la ejecución. Con estas medidas también contribuimos a mejorar la vida de las personas. Quizá es un
texto que reivindica aquella idea que expresó Moneo de que todo lo que gravita en torno a la vida está en la arquitectura. Estamos desplegando también estrategias globales con impacto muy importante en todos los territorios y en todas las
poblaciones, situando al sector en la vanguardia en el ámbito de las energías renovables, de la eficiencia energética y de la sostenibilidad, porque estos impactos, sin duda, se pueden abordar de manera muy determinante desde la política de vivienda
y repercutir en el desarrollo individual y social de las personas.


En cuanto a los programas y actuaciones que el Gobierno ha puesto en marcha en materia de vivienda, como novedades en la pasada legislatura incorporamos nuevas ayudas económicas al alquiler, que están resultando y valorándose de manera muy
positiva. Hemos hecho un esfuerzo sin precedentes en materia de rehabilitación y regeneración de barrios y edificios y un refuerzo también muy singular en el parque público de vivienda.


En lo que se refiere a las ayudas económicas para las personas con mayores dificultades para el pago del alquiler, contábamos con los instrumentos de los planes de vivienda, que aplicamos y trabajamos con las comunidades autónomas, e
incorporamos en los dos últimos años el Bono Alquiler Joven, que el informe del Consejo de la Juventud, al que antes me he referido, contemplaba como un instrumento útil para mejorar esas circunstancias. Tenemos el compromiso -así lo anunció el
presidente en el discurso de investidura- de ampliar sus aportaciones y también me lo han escuchado, y así lo compartí con las comunidades, llamamos a las comunidades autónomas a participar, a complementar esa aportación ante la demanda que hemos
visualizado una vez que se puso en marcha en forma de solicitudes para acceder al mismo. Junto a las de las personas jóvenes, también están las ayudas que van dirigidas a las familias, a las unidades de convivencia con menores ingresos,
especialmente donde existen niños y niñas y personas con especial vulnerabilidad.


Otro de los retos que comenzamos que, sin duda, ha recibido una gran respuesta social y en el que hemos sido capaces también de trabajar muy eficazmente con las comunidades autónomas, ha sido todo el plan de rehabilitación y regeneración de
barrios, edificios y viviendas. Estamos consiguiendo un ahorro muy relevante en materia de eficiencia energética, pero también esto va a acompañado con mejoras en la seguridad, en la habitabilidad, en la accesibilidad de edificios y viviendas, en
la calidad, en el ahorro, en la eficiencia energética, en reducir consumos, en definitiva, en mejorar la vida de las personas a las que estamos atendiendo, y algo muy importante también, mejorar su salud. Como antes indicaba, este eje de actuación
lo estamos desarrollando no solo con el instrumento del Plan Estatal de Vivienda, sino que se ha visto reforzado de manera muy importante con los fondos Next Generation. Esta actividad de rehabilitación ha experimentado un crecimiento muy notable
en nuestro país -antes iba a un ritmo muy lento-, pero seguimos estando por debajo de los países de nuestro entorno y todavía lejos de la aspiración a la que nos hemos comprometido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Nos hemos
comprometido y mantenemos la ambición de llegar a rehabilitar en torno a un millón de viviendas.


Como decía, para centrar estas medidas del plan de recuperación, también hemos cooperado con otras administraciones. Por darles las cifras globales: con las comunidades autónomas, como les

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comentaba, los 430 millones de euros que repartimos la semana pasada, que se suman a los 3500 que ya habíamos transferido a las comunidades autónomas. Por tanto, estamos hablando de 4000 millones de euros del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia para rehabilitación y vivienda asequible, que están gestionando ya las comunidades autónomas como consecuencia del esfuerzo del Gobierno de España. También hemos incorporado a la Administración local, en lo que se
refiere a la rehabilitación de edificios públicos, 600 millones de euros. Además, tengo que decir que los están gestionando también de una manera muy eficaz. Hemos suscrito más de 250 acuerdos dentro de este programa de rehabilitación de barrios o
entornos residenciales; hemos firmado ya más de 165 acuerdos para construir vivienda en alquiler asequible, energéticamente eficiente, y la mitad de todas las obras comprometidas con este programa de rehabilitación de edificios públicos, tanto
local como autonómico, ya están iniciadas.


Dentro de estas actuaciones que se contemplan en este eje de apoyar la rehabilitación y la regeneración de barrios, me gustaría hacer un especial paréntesis, si me lo permiten, en la importancia que le concedemos a la accesibilidad de
nuestras viviendas. España cuenta con uno de los parques más antiguo de viviendas del entorno europeo. He tenido la oportunidad de reunirme recientemente con el presidente del CERMI, hemos puesto en marcha un grupo de trabajo en el que también los
animo a participar para mejorar la accesibilidad del parque de viviendas en España, y para ver dónde podemos lograr más recursos de los que ya está poniendo en marcha el Gobierno. Me parecía importante hacer este recordatorio y felicitar a sus
señorías, porque hoy es un día importante. A estas horas se está concluyendo en el Senado definitivamente la reforma del artículo 49 de la Constitución, donde se reconoce con dignidad a las personas con discapacidad. Me parecía importante hacer
esta mención, porque en materia de accesibilidad también tenemos datos que combatir con mejores políticas públicas.


El tercer eje de esta trayectoria en materia de vivienda ha tenido que ver con una de las principales prioridades, que era reforzar el parque público de vivienda en nuestro país, incrementar el parque a precio asequible, con altos estándares
de eficiencia energética, para lo que también hemos fusionado a los planes de vivienda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tenemos un objetivo que vamos a cumplir, que son esas 184 000 viviendas a precios asequibles. Este plan,
que ustedes conocen, tiene como propósito conseguir ese objetivo con distintos instrumentos, desde luego, con el ministerio y sus políticas, con la Sareb y con el fondo social de vivienda en alquiler.


Tenemos un nuevo instrumento que hemos actualizado al servicio de esta causa, de esta política pública, al que antes me he referido en los saludos, que es la Entidad Pública Empresarial del Suelo, SEPES, que será un mecanismo estable para
implementar políticas estatales de vivienda, con más recursos, con mayor capacidad de intervención, no solo en zonas de mercados tensionados, sino también en aquellas que tienen que dar respuesta al reto demográfico. Una de las principales
actuaciones que vamos a llevar a cabo en suelo de SEPES es la conocida Operación Campamento, en la que ya hemos abordado y avanzado en el trámite administrativo con la intención de que, a mediados del año 2025, puedan estar ya viéndose los primeros
movimientos de tierra, y en la que contemplamos la construcción de 10 700 viviendas, de las cuales el 60 % serán protegidas. Aquí tengo que subrayar también la excelente colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. En el marco de este acuerdo con
SEPES de la pasada legislatura hay actuaciones previstas que también podrán ustedes ir conociendo y les podemos ir explicando en su actividad parlamentaria, pero quizá me quedo con dos actuaciones singulares de este de este plan y que están más
avanzadas. Una de ellas es en el regimiento de Artillería, en Sevilla, con una inversión de 63,3 millones de euros para habilitar 950 viviendas a precio asequible o la licitación del concurso de obras de edificación en una zona muy tensionada como
es Mahón, en la que SEPES ya tiene ese suelo como titular y vamos a intervenir.


Ahora voy a las líneas de acción durante los próximos meses y años. Una vez que hemos contemplado este balance que -como comprenderán, porque he formado parte de este Gobierno- valoro muy positivamente, porque además creo que ahí están los
datos objetivos e incuestionables que ustedes pueden observar y las consecuencias y la traslación de estas políticas a la mejora de la vida de muchas personas. Como les decía al principio, esta va a ser la legislatura de la vivienda, estamos
dispuestos a consolidarla como el quinto pilar del Estado del bienestar y vamos a abordarlo desde cuatro grandes líneas que se corresponden quizá con los grandes problemas de ese marco tan complejo que antes refería: con la falta de oferta -y vamos
a ir a más oferta-; con falta de financiación -y vamos a ir a garantizar más y mejor financiación-; con dar respuesta a problemas muy urgentes que están en el imaginario colectivo -y a los que ahora me voy a referir- y con aprovechar esta
importante política para mejorar la gestión de las políticas públicas y la gestión de los recursos públicos. Les he hablado de miles de millones de euros a lo largo de mi intervención en este balance y estos miles de millones de euros

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tienen que traducirse o expresarse con la mayor eficacia, porque son los recursos de todos, es el esfuerzo de todos en forma de política fiscal y, por tanto, tenemos que gestionar lo máximo y lo mejor posible. En ese caso también les
anuncio que vamos a abordar con seriedad, análisis, diagnóstico y más transparencia en las políticas públicas para ser más eficaces, que es también un mandato recogido en la Ley de Vivienda.


En cuanto al primer eje, el de reforzar la oferta de vivienda asequible, me gustaría subrayar, además de todo lo que ya estamos haciendo y que ya he compartido con ustedes en colaboración con las comunidades autónomas, que en estos meses
vamos a centrarnos en una fórmula que es la colaboración público-privada para movilizar viviendas vacías destinadas a alquiler asequible. El Gobierno va a trabajar en esta dirección para contribuir, como les decía también, a cumplir esa función
social que ha de tener la vivienda. Con este programa se trata de desarrollar el artículo 25 de la Ley de Vivienda que nos instaba a explorar vías para incrementar la oferta de vivienda allí donde se necesite y algunas comunidades ya están
expresando buenas prácticas en este ámbito, porque están desarrollando y han dado pasos en materia de colaboración público-privada, como les instaba a todas ellas en la conferencia sectorial, porque tenemos que tener en cuenta que esas buenas
prácticas en este Estado diverso, compuesto y descentralizado territorialmente nos permiten analizar cuando una de esas políticas va en la buena dirección para poder implementarse en otros territorios. Me gustaría subrayar y poner como ejemplo el
programa del Gobierno vasco para la vivienda vacía, cuyo objetivo es dar uso social a las viviendas deshabitadas, al tiempo que se está ayudando a los propietarios a incorporar su vivienda en el mercado, garantizando el cobro de la renta y con el
compromiso de que este inmueble se devolverá en su momento en buen estado. Desde su puesta en marcha, este programa ha permitido movilizar 7200 viviendas en alquiler social. (La señora Romero Pozo hace gestos afirmativos con la cabeza). Asiente
la compañera de la Mesa, de origen vasco, que conoce bien este programa. A través de la colaboración público-privada -y me refiero a otro programa más joven que este del País Vasco y con el impulso de los planes nacionales de vivienda-, en
Extremadura hace un par de años se puso en marcha también un proyecto piloto que se llamaba programa Rehabita, que consiste en rehabilitar viviendas vacías de propietarios privados para que puedan volver a ser habitadas y posteriormente ponerlas en
alquiler a precios asequibles. Previamente estos subpropietarios las han debido de ceder en usufructo a la Administración por un tiempo y los ingresos que se perciben del alquiler se invierten en nuevas rehabilitaciones. Además, este programa
sigue contemplándose por el nuevo Ejecutivo extremeño y creo que es un programa importante que hay que destacar. Ya hay modelos de éxito en los que inspirarnos y creo que es un campo en el que tenemos que transitar y avanzar en estos próximos
meses.


La segunda línea de actuación, a la que me refería, es dotarnos de mayores recursos en el ámbito de la financiación. Vamos a seguir avanzando y completando todos los programas de los que ya les he hablado, conservando ese presupuesto en
materia de vivienda y desplegando nuevas medidas en el ámbito de la financiación, especialmente -y será de manera inminente- vamos a poner en marcha distintas líneas con el Instituto de Crédito Oficial. Entre los distintos instrumentos que estamos
trabajando hay dos que deben conveniarse con el ICO -y estamos en el final de estos trámites de convenio para llevarlo al Consejo de Ministros- o también con entidades financieras, en su caso. Se trata de dar respuesta a familias con dificultades
en el acceso a la vivienda a precio de mercado, en propiedad o en alquiler, para que encuentren alternativas en ambas modalidades y pudiendo ser completadas con otros instrumentos de ayudas directas a los que ya me he referido. Es decir, son ayudas
complementarias a los instrumentos que tenemos en marcha. Son las dos líneas de ICO, una que va dirigida a los préstamos para la promoción de vivienda asequible y para mejorar también la oferta con esta financiación. Estas son fórmulas de
colaboración público-privada para movilizar la financiación al precio más reducido que el del mercado. Lo hemos dotado de 4000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda social. Entendemos que podemos llegar a más de 40 000 viviendas.
Hemos recibido ya el interés de comunidades autónomas y de privados y particulares por este instrumento -y creo que va a resultar muy exitoso-, que estará en marcha en el mes de febrero.


Otra línea de actuación sería el 20 % de avales dirigido a jóvenes y familias con menores a cargo para la cobertura parcial de parte de los préstamos hipotecarios. Esto viene a mejorar la acción en materia de préstamos hipotecarios. Lo
hemos dotado con 2500 millones de euros. Entendemos que da respuesta a 50 000 personas y va en la dirección de paliar esas urgencias, a las que antes me refería, porque en estos momentos, en algunas zonas de nuestro país, resulta tan caro o más
caro el alquiler que la letra de la hipoteca y tal vez no se no se accede a lo segundo por falta de unos recursos o de unos ahorros previos.

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En la línea de respuesta de emergencia -como conocen ustedes que han trabajado en esta Comisión en la pasada legislatura-, tenemos en nuestro país zonas especialmente tensionadas que se abordaron con interés en la normativa que sacamos
adelante, en la que tenemos que poner en marcha distintas herramientas para salvar esa situación de especial urgencia o emergencia, pónganle ustedes el calificativo que consideren. Tenemos ya los instrumentos en marcha. El sistema de índices de
precios de referencia para el alquiler en zonas de mercado tensionados es uno de ellos. Con este objetivo se pretende marcar el precio de las rentas de alquiler para apoyar a jóvenes y familias en el acceso. Estamos trabajando ese indicador con
máxima transparencia, con metodología que vamos a poner a disposición de comunidades autónomas, compartiendo la coordinación técnica. Está previsto que se publique a lo largo del próximo mes de febrero. Cataluña ha sido la primera comunidad
autónoma que se ha comprometido a la aplicación de la ley en lo que se refiere a la contención de los precios. Otras comunidades autónomas ya me han trasladado su interés, así como otros ayuntamientos que se lo están demandando a sus respectivas
comunidades autónomas.


Cumpliendo también la disposición adicional quinta de las Ley de Vivienda, hemos puesto ya en marcha, desde mi llegada al ministerio, un grupo de trabajo, que nos encomendaba dicha disposición, para abordar la regulación de los contratos de
arrendamiento con uso distinto al de la vivienda. Hemos comenzado por trabajar los contratos de arrendamiento temporales con el objetivo de establecer mecanismos para que no se eluda el cumplimiento de la Ley de Arrendamiento Urbano y salvaguardar
los alquileres de temporada para aquellos usos en los que realmente son necesarios, como para estudiantes o trabajadores temporales y, paralelamente, hemos conformado también un grupo interministerial de trabajo para abordar el alquiler turístico y
también el impacto -que no tiene controversia y que todo el mundo comparte, porque es consecuencia directa del incremento de los precios para la vivienda en muchas ciudades- que tiene la vivienda vacacional en el precio de mercado de las rentas para
el uso de vivienda residencial. Sabemos de las limitaciones de los márgenes competenciales, por eso quedó excluido de su regulación en la Ley de Vivienda, pero vamos a explorar todas las fórmulas que tengamos a disposición del Estado para acompañar
esas regulaciones y también estamos siguiendo con mucha atención y -celebrándolo cuando así se produce- y animando a comunidades autónomas y ayuntamientos que ya lo están haciendo a explorar estas limitaciones para que efectivamente la vivienda
cumpla con su objetivo social.


Además, quiero compartir con ustedes, porque sé que también ha sido objeto de participación en la anterior legislatura en esta Comisión, algunas dificultades que tiene el desarrollo urbanístico en nuestro país y los distintos instrumentos de
planeamiento por las distintas administraciones, por los problemas de anulación de los mismos que afectan a todo el programa, y tenemos la responsabilidad de adaptar y mejorar este marco normativo vigente. Es una demanda que volvió a ponerse de
manifiesto en la pasada conferencia sectorial y, desde luego, ya les adelanto que vamos a reactivar esta reforma legislativa para dotar de estos instrumentos de estabilidad, de certeza y de seguridad jurídica, porque estos planes urbanísticos y
territoriales van a ser una herramienta imprescindible en el desarrollo de todo el parque nuevo de vivienda al que antes me he referido. Por tanto, vamos a volver a llevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley por el que se modifica el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, un texto que decayó en la anterior legislatura, porque se quedó en la primera vuelta del Consejo de Ministros antes de iniciarse su tramitación parlamentaria.


En cuanto a la gestión de planificación y análisis, a la que me refería antes, creo que es muy importante que cuando valoremos una política pública tan determinante, que tiene una dimensión social tan extraordinaria, como es la vivienda, lo
hagamos también desde el rigor de los datos. Si uno se aproxima a esta realidad hoy lo que se percibe son muchos datos. Prácticamente todos los días pueden encontrar ustedes un informe relativo al precio del alquiler, a la vivienda, a la
aplicación de la Ley de la Vivienda. En fin, entiendo que cada día se aproximen a ellos, pero hemos de manejar esos datos, no desde el ámbito privado, sino desde lo público, porque solo cuando los datos públicos se manejan con interés general,
sirven a la causa general. Creo que todas las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo, he podido compartirlo también con administraciones locales y autonómicas, como también mandata la Ley de Vivienda, para aportar mayor transparencia a las
políticas de vivienda, a la situación del mercado y que eso nos sirva para una mejor planificación. De modo que esto será también una de las líneas que vamos a trabajar con una nueva dirección general que hemos puesto en marcha en la nueva
estructura del ministerio. Asimismo, vamos a avanzar en una mayor participación también en el diseño de las políticas, también mandatadas por la Ley de Vivienda, en la creación del Consejo Asesor de la Vivienda y del

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Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura, que estarán perfectamente preparados para llevarlos al Consejo de Ministros en el primer semestre del año.


Queda mucho por hacer, no creo que haya tenido ante ustedes una intervención conformista, pero también estoy esperanzada. Creo mucho en este país, en todas sus fortalezas, nos lo hemos demostrado a nosotros mismos en los momentos de mayor
adversidad, también a nosotros, a quienes tenemos y ostentamos responsabilidades públicas y políticas, porque considero que en este asunto todos estamos concernidos. Además, cuando uno se aproxima, como decía al principio de mi intervención, a la
política como herramienta de transformación y de mejora de la vida de la gente y comprueba esos casos sobre el terreno, sin duda es un acicate para mejorar. Estos días visité en Cornellá una promoción de vivienda. Porque, claro, el problema que
tiene la política de vivienda es que las casas no las podemos hacer con legos de un día para otro, necesitan un tiempo de proyección, de planeamiento urbanístico y de construcción, que aquí también vamos a ir implementando e innovando para poder
ahorrar tiempos, como ya les estoy adelantando.


Les cuento también un caso de buenas prácticas -y voy a terminar con esto- para demostrarnos a nosotros mismos, ante ustedes, ante la ciudadanía y ante todas las administraciones públicas que podemos hacerlo si mantenemos una colaboración
leal entre todas las administraciones. Tenemos recursos económicos que en otras momentos de nuestra historia no hemos tenido y tenemos la necesidad colectiva de hacerlo para dar respuesta a este problema. La semana pasada visité en Cornellá de
Llobregat una promoción de viviendas nuevas de actividad asequible que se han construido con el último Plan Estatal de Vivienda, son varios edificios que han aprovechado también los fondos de recuperación. Allí conocí a Juan Antonio y a Marta y a
Patricia y a Sergio, que son dos parejas jóvenes que se van a beneficiar de estas viviendas, y pude compartir con ellos la ilusión de un nuevo proyecto de vida. Esto ha sido posible. Hemos podido hacer una promoción de 327 viviendas, que no es
menor, que conveníamos en el año 2021, que no hace tanto. La obra se inició en el año 2022, se ha finalizado en noviembre del 2023 y van a estar entregadas en el próximo mes de febrero. Este ejemplo nos da la señal de que es posible que, en esta
legislatura, en cuatro años, avancemos mucho con todos estos indicadores e instrumentos de los que les he hablado, para que con esa necesaria colaboración y con esa voluntad política podamos seguir avanzando en esos objetivos que tienen grandes
cifras, como esas 184 000 viviendas; grandes ambiciones, como la Agenda Urbana Española, y en los que ya vamos a tener que empezar a profundizar en los próximos planes. También les anuncio que tendrán que trabajar ustedes con nosotros, porque en
el próximo semestre tenemos que diseñar el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 en el que tendremos que recoger todas esas innovaciones en las políticas públicas de vivienda que ya he ido deslizando a lo largo de mi intervención.


En definitiva, ante un desafío social como el que tenemos se precisa de una gran alianza. No queda nadie fuera. Reitero mi ofrecimiento, a todo aquel que tenga algo que decir, a todo aquel o aquella que tenga algo que hacer o que proponer
desde las administraciones públicas, desde las entidades privadas o desde las organizaciones sociales, las puertas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana están abiertas. Sin duda creo que las expectativas de los españoles y las españolas
también están puestas ante nosotros. Así que tienen ustedes por delante una legislatura importante en la que acompañar al Gobierno -si lo desean- en el impulso y en la aportación de nuevas ideas, también en la crítica y en el control, cuando
podamos errar, porque sin duda cometeremos errores como seres humanos que somos, pero siempre desde la voluntad de servir a España, de servir a los españoles y a las españolas y de dar respuesta hoy a lo que es uno de sus principales problemas,
preocupaciones y desvelos. Espero que de aquí a cuatro años volvamos a encontrarnos en esta sala y podamos hacer un nuevo balance del que todos nos podamos sentir orgullosos de lo que hemos podido hacer con esa colaboración y con esa alianza de
país por el acceso a una vivienda digna y asequible.


Muchas gracias, y ahora quedo a su disposición. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, ministra.


Tras la intervención de la señora ministra, tienen la palabra, por un tiempo diez minutos, como se ha dicho al inicio, los portavoces de los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, que se distribuye el tiempo
entre el señor Rego y la señora Verstrynge.


El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.


Señora ministra, o BNG solicitou a súa comparecencia especificamente para falar dunha cuestión que nos parece relevante como é o destino das vivendas da Sareb, e tamén porque entendemos que a política

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de vivenda é competencia autonómica e, nese sentido, que o papel do Estado debe ser de apoiar e particularmente de apoiar economicamente as iniciativas que quen ten a competencia poida levar adiante. Por iso tamén teño que dicir que nos
preocupa un pouco algunhas das cuestións ás que vostede fixo referencia que supón, pois, unha actuación directa de vivenda pública que creo que excede o que son as competencias do Estado e supón unha interferencia. E dicímolo nós no BNG que, neste
momento, non gobernamos na Galiza; esperamos poder facelo nos próximos meses e será ademais necesario porque hai que saber que a política de vivenda do Partido Popular de vivenda pública foi practicamente cero no momento en que a inercia das
iniciativas do BNG, na Consellería de Vivenda no Goberno bipartito, entre o ano 2005 e o ano 2009 se foron esgotando. Pasou a ser dunha vivenda pública, cinco vivendas públicas, cero vivendas públicas pero, en todo caso, como vostede entenderá, se
facemos esta defensa das competencias non é polo ovo senón polo foro.


De calquera maneira, en relación coa Sareb, o Goberno anunciou a mobilización de 50 000 vivendas públicas da Sareb. Non sabemos exactamente en que consiste iso porque non o vimos plasmado. No caso de Galiza, hai por volta de 3000, 4000, se
consideramos tamén os solos inmobles da Sareb. 1250 que poderían estar habitados. No entanto, non se están mobilizando, non houbo unha transferencia á comunidade autónoma. Polo contrario, pois hai actuacións que nos preocupan moito porque a Sareb
se comporta en moitos casos como unha inmobiliaria calquera e, ás veces, podemos dicir coma un fondo voitre: o caso, por exemplo, para a organización da privada moderna en Vigo, en que as seis vivendas que permanecen ocupadas tiveron que ir aos
tribunais e o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza deulles a razón porque o que facía a Sareb era acosalos para conseguir que abandonasen as súas vivendas, como xa abandonaron, pois as 42 restantes vivendas tapiadas, que en todo caso reclamamos
que sexan transferidas para poder facer un parque de vivenda público.


No caso do Peleteiro en Santiago, en que Arqura Homes non quixo modificar ese proxecto como lle pedía o Goberno municipal do BNG para facer unha actuación mellor integrada, pois, nese entorno urbano; en todo caso, reclamamos que a Sareb
mude esta actuación e se transfiran a totalidade das vivendas que ten na Galiza. Moito obrigado.


Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, el BNG ha solicitado su comparecencia específicamente para hablar de una cuestión que nos parece relevante, como es el destino de las viviendas de la Sareb, y también porque entendemos que la política es de competencia
autonómica. En ese sentido, el papel del Estado debe ser particularmente de apoyar económicamente las iniciativas que tiene la competencia para que se puedan llevar adelante. Por eso, también nos preocupa un poco algunas de las cuestiones a las
que ha hecho referencia, porque supone una actuación directa de vivienda pública que creo que excede lo que son las competencias del Estado y es una interferencia. Lo decimos nosotros en el BNG, que en este momento no gobernamos en Galicia, pero
esperamos hacerlo en los próximos meses y además será necesario, porque hay que saber que la política de vivienda pública del Partido Popular ha sido prácticamente cero, en el momento en el que la inercia de las iniciativas del BNG en la Consejería
de Vivienda, en el Gobierno bipartito entre el año 2005 y el 2009, se fueron agotando pasó a ser una vivienda pública, cinco viviendas públicas, cero viviendas públicas. Pero, en todo caso, como usted entenderá, si hacemos esta defensa de las
competencias no es por el huevo sino por el fuero.


En relación con la Sareb, usted anunció la movilización de 50 000 viviendas públicas de la Sareb, no sabemos exactamente en qué consiste eso, porque no lo vimos plasmado. En el caso de Galicia, si consideramos también los suelos, hay unas
3000 o 4000 inmuebles de la Sareb, y hay 1200 que podrían estar habitados. Sin embargo, no se están movilizando. No ha habido una transferencia a la comunidad autónoma. Al contrario, hay actuaciones que nos preocupa mucho, porque la Sareb se
comporta en muchos casos como una inmobiliaria cualquiera, por no decir que a veces lo hace como un fondo buitre. Por ejemplo, como la urbanización Privada Moderna en Vigo, en la que las seis viviendas que permanecen okupadas tuvieron que ir a los
tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia les dio la razón, porque lo que hacía la Sareb era acusarlos para conseguir que abandonasen sus viviendas, como se abandonaron las cuarenta y una viviendas restantes tapiadas que, en todo
caso, reclamamos que sean transferidas para poder hacer un parque de vivienda pública. En el caso del Peleteiro, en Santiago, en que no se quiso modificar ese proyecto como lo pidió el Gobierno municipal del BNG para hacer una actuación más
integrada en ese entorno urbano En todo caso, reclamamos que la Sareb cambie esta actuación y se transfiera la totalidad de las viviendas que tiene en Galicia.


Muchas gracias.

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La señora VERSTRYNGE REVUELTA: Buenas tardes, señorías, y a todas las personas interesadas en temas de vivienda que nos están siguiendo por streaming y también a usted señora ministra.


En primer lugar, me gustaría agradecerle su comparecencia puesto que la situación de la vivienda en nuestro país lleva demasiado tiempo atravesando una auténtica crisis habitacional y, sin duda, es uno de los principales retos que tiene este
Gobierno y también esta Cámara. Señora ministra, la verdad es que se nos hace difícil imaginar que un niño fuese expulsado de su colegio, porque su familia no pudiera pagar su educación o que, por ejemplo, un enfermo oncológico fuera rechazado en
su hospital por no poder costear su tratamiento. Sin embargo, parece que en este país hemos normalizado que miles de familias sean expulsadas de sus casas cada año al no poder hacer frente a los pagos de su alquiler o de su hipoteca. Nos hemos
acostumbrado a ver demasiados desahucios de familias enteras, incluso con bebés o con personas mayores en situación de dependencia, como si tener un hogar no fuese un derecho igual de importante, sino más, que la educación o la salud. El propio
presidente Sánchez dijo con orgullo que en España te hipotecas para tener una vivienda, pero nunca para pagar la educación de tus hijos. Está bien que el acceso a la educación sea universal, pero la pregunta es: ¿Por qué a un partido, como el
Partido Socialista Obrero Español, le parece bien que la gente se endeude casi de por vida o destine casi todo su sueldo para acceder a un derecho básico como es el derecho a la vivienda? Durante décadas hemos tenido un modelo de vivienda en
nuestro país que ha sido completamente contrario a lo que dice nuestra Constitución. Mientras el texto constitucional habla del derecho a la vivienda y de la responsabilidad de los poderes públicos de establecer las normas para hacerlo efectivo e
impedir la especulación, durante décadas el papel de la política ha sido el de reducir el rol del Estado a dar cheques en blanco al sector inmobiliario para que construyeran todo lo que pudieran sin exigir el más mínimo cumplimiento del derecho a la
vivienda digna. La razón, la han repetido ustedes también desde el Partido Socialista en muchas ocasiones, es que la vivienda es un bien de mercado. El resultado de todo esto es que hoy la crisis ya es una crisis de los precios del alquiler. Los
grandes fondos de inversión internacionales compran bloques enteros para especular con el precio de la vivienda, mientras la gente se deja más de la mitad de su salario para pagar un alquiler. Hoy es un problema en el centro de las grandes
ciudades, pero cada vez lo es en más zonas del país, en las ciudades intermedias, en las zonas rurales y en las periferias. Hoy la sociedad está cada vez más dividida entre los propietarios de una vivienda o quienes podrán heredarla y quienes no
podrán. Una potencial ruptura de la sociedad que creo que tenemos que evitar utilizando, como bien ha dicho usted, la política. Señora ministra, cuando hablamos de políticas de vivienda no es compatible pensar que puede ser un derecho y un bien de
mercado a la vez. Creo que no es complicado de entender, si la vivienda se entiende como un bien de mercado, el objetivo siempre será que sea más rentable, aunque eso suponga que las familias tengan dificultades para pagarla. Por el contrario, si
la vivienda se considera un derecho, el objetivo siempre será que sea más accesible, aunque eso implique que los propietarios hagan menos negocio con ella. Fruto de esta concepción de la vivienda, como bien de mercado, ustedes siempre suelen
apostar por políticas para subvencionar los precios y para subvencionar la nueva construcción, ya sea con bonos de alquiler o con incentivos fiscales, por ejemplo. Por el contrario, siempre rechazan las políticas que tratan de controlar los precios
o de darle un uso social a las viviendas ya construidas. Por eso, no es de extrañar que ustedes sigan hablando de construir más y más vivienda en el país con millones de viviendas vacías o que su política estrella en materia de vivienda sea un bono
de alquiler joven, que siempre que se ha puesto en práctica ha acabado generando una subida generalizada de los precios. Lo hemos visto en innumerables ejemplos de países vecinos, como en Francia sin ir más lejos. Lo explicaré con una metáfora, si
a un fuego se le echa gasolina el fuego se aviva. De la misma manera, si a un mercado descontrolado, como es el del alquiler, se le inyecta dinero público para pagar alquileres, los precios suben. A estas alturas ustedes saben perfectamente que el
bono del alquiler joven, sin limitar la subida de los precios, es como echar gasolina a un fuego, y es lógico que apuesten por ello si lo que creen es que la vivienda es efectivamente un bien de mercado. De la misma manera, es evidente también,
señora ministra, que los jóvenes van a seguir ahogados mientras el Estado paga la fiesta.


También dijo usted, cuando asumió este ministerio, que una de sus prioridades sería proteger a quien tiene dos viviendas en propiedad. Señora ministra, tener dos, cuatro o diez viviendas para hacer negocio con ellas puede ser legítimo, pero
no es un derecho social. Tener una vivienda en la que vivir sí que lo es, y en este país hay demasiada gente que no tiene ninguna o a la que tenerla le cuesta la salud. La prioridad de su ministerio debería ser proteger a quien aún no ha podido
acceder a su primera vivienda o a quien a duras penas llega a poder pagarla. Le voy a pedir que lo piense, que piense en la angustia de muchos

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jóvenes cada vez que reciben una llamada de sus caseros por si esa llamada es para comunicarles una subida abusiva del alquiler o que piense en el miedo de muchas madres o padres de familias cada vez que reciben una carta del banco. Piense
después, aunque solamente sea un momento, si realmente es justo que este Gobierno considere prioritario proteger a quien tiene más de una vivienda en este país. Según idealista, nada sospechosa de tener planteamientos de extrema izquierda, en la
última década los alquileres en nuestro país han subido un 66,2 %. A pesar de las subidas del salario mínimo y otras medidas de protección social que llevamos a cabo en el Gobierno de coalición anterior, literalmente es imposible para cada vez más
personas hacer frente al pago del alquiler. Es tan imposible que los jóvenes deberían pagar la totalidad de su salario actual si quisiesen vivir solos, según datos del Consejo de la Juventud. Sé que ustedes reciben muchas presiones en materia de
vivienda, porque ha sido -y desgraciadamente es- el gran negocio español, pero creo que eso les debería ayudar a identificar qué políticas deben ustedes aplicar sin ninguna duda. Lo digo porque la patronal inmobiliaria nunca se equivoca. Sabe muy
bien en qué dirección presionar y a quién debe de proteger. Por eso, si la patronal inmobiliaria dice que no se pueden regular los precios de los alquileres es porque sabe que limitar los precios de los alquileres funciona para bajarlos Sí la
patronal inmobiliaria dice que penalizar la vivienda vacía para incentivar que salga del mercado es un error es porque sabe que es una medida que frena la especulación. Si la patronal inmobiliaria dice que no hay que aplicar la Ley de Vivienda, que
tanto costó arrancarles en la legislatura pasada, es porque saben perfectamente que la ley plantea algunas soluciones. Para garantizar el derecho a la vivienda hay que hacer justo lo contrario de lo que piden quienes llevan décadas forrándose con
la vivienda. Nosotros les pedimos que lo hagan, porque, señora ministra, creo que ustedes deben tener algo claro, que a ustedes les votaron para que gobernaran y no para que gobernasen los fondos de inversión.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Le corresponde el turno de palabra a la portavoz del Grupo Vasco.


La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker, presidenta andrea. Egun on, eta ongi etorri, ministra.


Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días y bienvenida, señora ministra.


En primer lugar, quisiera agradecer su presencia aquí para informar sobre las líneas generales de su departamento. Como usted bien sabe, las políticas de vivienda no se construyen de la noche a la mañana, no se pasa de la nada a decir que
hoy se garantiza el derecho a una vivienda digna gracias a la aprobación de una ley. Tampoco son serios, a nuestro entender, los anuncios entre mítines en vísperas y durante una campaña electoral, como si hasta la fecha no hubiera habido ninguna
necesidad de vivienda y de repente el Gobierno se sintiera interpelado a anunciar, un día sí y otro también, viviendas como si se pudieran sacar de una chistera. El acceso a una vivienda digna es un problema para muchas personas y familias, como es
un lastre, que se arrastra durante años, pagar el alquiler o la hipoteca para muchas personas y familias. La dificultad de acceder a una vivienda supone que las personas más jóvenes retrasen su edad de emancipación, incidiendo esta situación en su
proyecto de vida y también en la demografía de nuestros pueblos cada vez más envejecidos. La vivienda es muy cara, tanto la de alquiler como la de compra, y los sueldos de las personas que acceden al mercado por primera vez son bajos y en muchos
casos son muy precarios. Somos conscientes y estamos preocupados y ocupados con el grave problema del acceso a una vivienda digna. Sin embargo, creemos que, para dar la solución a este problema, que es de todos y de todas, no valen los atajos, los
mensajes demagógicos y las promesas no realizables y defendemos que las medidas que se tomen deben ser analizadas para medir el impacto real que estas tienen que, evidentemente, no será el mismo dependiendo del territorio donde se apliquen, como
usted bien ha reconocido.


Nuestro grupo defiende la intervención también en desarrollos legislativos siempre que sean realizados por quien tiene la competencia y que se actúe en políticas de vivienda atendiendo al marco competencial con políticas reales, basadas en
evidencias, que inciden realmente en el precio y la oferta de la vivienda y, lógicamente, adaptadas a la realidad de los municipios, territorios y países a los que tiene que dar solución. No es lo mismo dar solución a los problemas de vivienda en
un municipio costero y turístico, como es Zarautz o Donostia o incluso Lekeitio, o en un municipio pequeño, como Larraul o Salinas de Añana. Incluso dentro de Euskadi, la realidad de acceso a la vivienda es diferente, mucho más si la comparamos con
el resto del Estado. Abogamos por políticas que fomenten el alquiler y la promoción de

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vivienda pública suficiente para hacer frente a esta realidad y atienda las situaciones de emergencia social, tal y como se viene desarrollando por el Gobierno vasco dentro de su ámbito competencial exclusivo.


Somos la comunidad autónoma que más viviendas públicas de alquiler ofrece por habitante; desarrollamos durante años, incluso antes de la aprobación de la ley de vivienda de 2015, una política de vivienda que ha posibilitado estos datos. La
buena práctica que usted ha citado es incluso anterior a la aprobación de la ley de vivienda vasca de 2015. Reconozco que todo lo que se hace es todavía insuficiente. El Gobierno vasco ha asumido el compromiso de gestionar a tres años vista el 10
% total de las viviendas en Euskadi, es decir, contar con un parque de vivienda protegida superior a las 88 500 viviendas, de las cuales el 40 % sean de alquiler. También desarrollamos políticas y acciones para facilitar el acceso a la vivienda con
medidas como el Programa Emantzipa, que supone dar 300 euros a los jóvenes para que puedan alquilar una vivienda; gracias a este programa, al que el Gobierno vasco va a destinar 53 millones de euros en 2024, y también a los Programas Gaztelagun y
Bizigune.


Votamos en contra de la ley estatal de vivienda, en primer lugar y básicamente, por la invasión competencial de esta ley en la que gran parte de su articulado es erosionador; dijimos que otra regulación era posible y deseable. Seguimos
diciendo que existe invasión competencial, como lo hacen hoy la mayoría de los grupos nacionalistas. Sin embargo, no voy a incidir hoy más en ello. La ley está aprobada; veremos cómo se desarrollan los recursos a la ley, su interpretación y cómo
se desarrolla la propia ley. Por ello, ministra, hoy hacemos una escucha activa -y la haremos en el futuro- de lo que su ministerio propone, de lo que son sus líneas estratégicas y sus planes. Los estudiaremos atentamente cuando los traiga.


Hoy ha dedicado más de la mitad del tiempo a decirnos lo que han hecho, pero no lo que van a hacer. Por lo tanto, igual en la segunda intervención puede darnos más pistas sobre qué es lo que se pretende en esta legislatura. Le pediría, eso
sí, una valoración de la incidencia que ha tenido esta ley en los primeros ocho meses de vigencia, si es que la tienen; una valoración no autocomplaciente, por favor. Lo que hoy por hoy sabemos es que, según los datos publicados, la oferta de
pisos estables destinados a alquiler se ha reducido al menos en un 30 % desde la aprobación de la ley. Según los expertos, se ha producido una progresiva retirada de viviendas y muchos arrendatarios han optado por la venta del inmueble -siendo de
esta manera solo accesible para los hogares con más ingresos- o destinado sus pisos a otro modo de alquiler, como el de temporada, con una temporalidad menor a los once meses, retirándola de alquileres de larga duración, lo que a su vez puede llegar
a ser un fraude de ley si se contrata como temporal lo que debiera ser una vivienda habitual y ocasionando mayor inseguridad al inquilino, que lo que pretende es un domicilio habitual. Como dato, y en San Sebastián, tras la entrada en vigor de la
ley desaparecieron de la oferta de alquiler de larga duración un centenar de viviendas, es decir, un tercio de las viviendas de alquiler pasaron a venta o alquiler estacional. Y el periódico que lo publica no se puede decir que sea del Partido
Nacionalista Vasco.


La reducción de la oferta está generando un incremento de precios y una dificultad para ser aceptado como inquilino. Es la primera consecuencia de la contracción del alquiler, que supone también desplazar la demanda a zonas o municipios
limítrofes y en el futuro ampliar la calificación por la subida inducida del precio del alquiler de zonas tensionadas a municipios que hoy no cumplen los criterios para ser calificados como tales. Los efectos colaterales de esta ley a los ocho
meses de entrada en vigor, y en relación con la contención de precios y la oferta y la demanda, están suponiendo un retroceso en el objeto que pretende, es decir, el facilitar y garantizar el acceso a una vivienda digna. La incertidumbre y la carga
de responsabilidad en los propietarios es otra de las causas y en Euskadi - ya le digo, la gran mayoría no son grandes tenedores- han propiciado una merma significativa en la oferta de vivienda en alquiler, porque son estos pequeños propietarios los
que disponen en el mercado la gran mayoría de estas viviendas.


Tenía una pregunta para hacerle, y usted ha hablado de la disposición adicional quinta, que recoge que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley se constituirá un grupo de trabajo para avanzar en una propuesta normativa
de regulación de los contratos de arrendamiento o de uso distinto de la vivienda al que se refiere el artículo 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y, en particular, de los contratos de arrendamiento celebrados por temporada sobre fincas urbanas.
El grupo de trabajo ya se ha creado; si nos pudiera avanzar algo más del modo de trabajo o qué trabajo está desarrollando se lo agradeceríamos.

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Quisiera finalizar mi intervención diciendo que nuestro grupo siempre defenderá el marco competencial y el autogobierno de Euskadi, porque estamos convencidos y convencidas, y nos remitimos a los hechos, que mejoran la calidad de vida de la
ciudadanía vasca. No queremos ni necesitamos ser tutelados por el Gobierno del Estado en aquello que nos compete. Hemos desarrollado y tenemos una ley de vivienda más progresista en muchos aspectos que la estatal y para dar seguridad jurídica en
determinados aspectos no era necesaria esta ley; con la modificación de diferentes leyes en las que sí es competente el Estado hubiera sido suficiente. Sin embargo, como he dicho antes, estaremos expectantes a su desarrollo y a la evolución de las
medidas que se implementen porque, como he dicho, estamos comprometidos y comprometidas con esta problemática que requiere soluciones reales, factibles y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía, a la que tiene que dar solución. El Grupo Vasco,
por lo tanto, está y estará ahí para colaborar, para que el derecho a la vivienda sea una realidad y no una utopía. Es un reto, como he dicho al principio, que nos preocupa y nos ocupa.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, buenos días.


Yo voy a intentar ceñirme a lo que ha sido su declaración de intenciones y de propósitos al frente del ministerio hoy aquí expresadas. No voy a tirar tanto de hemeroteca, o sí; intentaré no irme por ahí, aunque algún recuerdo quizá sí
tenga, pero sobre todo quiero señalar que comparto la reflexión crítica que ha hecho sobre la actual, o casi perpetua, situación de la vivienda, como bien ha comentado. Señalaba usted que en el año 2007 -creo recordar que ha dicho- era el tercer
problema en grado de importancia en el Estado español; en la Comunidad autónoma vasca, según estudios que han salido recientemente, es el tercer problema hoy, 2024. No estaría muy lejos del tercero ni del segundo ni del primero ni quizás del
cuarto en 2007, por tanto, estamos enfrentándonos a un problema crónico; si el problema es crónico igual tendríamos que ver qué políticas se han llevado a efecto durante todo este tiempo o qué políticas no se han querido llevar a efecto, porque se
ha entendido que el libre mercado se regulaba solo.


Ya conocerán sus señorías aquello del laissez faire y la mano invisible de Adam Smith, pues nunca mejor dicho y nunca mejor expresado y aplicado que para el mercado inmobiliario, que ha hecho crear una burbuja y una mentalidad también en
muchísima gente que hacía del ladrillo -y esta expresión también nos sonará a todos y a todas- la mejor fórmula de inversión, que luego daba forma y daba pie a expresiones como la del boom inmobiliario -que también conoceremos todos y todas- y que
probablemente hoy se expresa a través de los alquileres como antes lo hacía a través de la compraventa de viviendas para la obtención de un rédito casi inmediato y, desde luego, no equiparable al que podría obtenerse en ninguna otra fórmula de
inversión. Esto no lo digo yo, lo señalaba Funcas -ya que todos vamos a citar fuentes- y hoy se hace eco un medio de comunicación, El Diario, cuando ellos mismos -y es Funcas- dice que el deterioro del acceso a la vivienda en España se debe a la
especulación. Y es más, dice que esa especulación viene provocada o promocionada fundamentalmente porque cuatro de cada diez viviendas que se compran se hacen sin ningún tipo de préstamo y se hacen por grandes inversores. Es decir, esto también
explicaría en buena medida la gentrificación y la acumulación de viviendas.


Es verdad que ahí nos encontramos con toda la lógica de la maraña competencial, y es verdad que la materia de vivienda es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, al menos de la Comunidad autónoma vasca y de la Comunidad Foral de
Navarra, que son las que mejor conozco. Pero no es menos cierto que la Ley de Arrendamientos Urbanos es competencia del Estado, y si estamos hablando de alquiler tendríamos que hablar de la Ley de Arrendamientos Urbanos y no escondernos en otro
tipo de competencias que todos queremos tener, que todos queremos defender y que todos queremos preservar hoy aquí, en 2024, y también en 2015. Porque es verdad que la ley que se aprobó en la Comunidad autónoma vasca en 2015, la Ley de Vivienda de
2015, era una ley -y lo digo con sinceridad- más progresista que la que se aprobó -y aprobamos nosotros también, Euskal Herria Bildu- aquí, en el Congreso de los Diputados en 2023. Es verdad, y la sacamos adelante frente al partido que gobernaba en
ese momento la Comunidad autónoma vasca, que es el mismo partido que gobierna en la actualidad la Comunidad autónoma vasca; es decir, la sacamos con los votos del Partido Socialista, de Euskal Herria

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Bildu, de un partido ya extinto -a no ser que lo recuperen con otra veleidad- que se llamaba Unión Progreso y Democracia, y con los votos en contra del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco.


Esto quizás explica la matriz de origen; igual estamos hablando de qué pesa más, si el derecho a la propiedad privada o el derecho a la vivienda. Cuando teníamos los debates de la ley de vivienda, ese era uno de los elementos que pesaba en
mayor medida, porque era el que permitía que se impugnaran muchas legislaciones autonómicas. Es decir, el de alguien que sentía que su derecho a la propiedad estaba siendo violentado por un supuesto ejercicio de una competencia exclusiva en materia
de vivienda por una comunidad autónoma, y es lo que esta ley pretendía evitar. Es decir, habilitar a través de la ley de vivienda la posibilidad de que las comunidades autónomas, en el ejercicio de su competencia exclusiva, pudieran llevar a efecto
acciones que no pudieran ser invalidadas por tribunal alguno en virtud de una vulneración del derecho a la propiedad. No me parece tan difícil de entender y estoy dispuesto a señalarlo siempre que haga falta, pero creo que ese es un elemento que
conviene no olvidar, ya que citamos todos y todas cosas de nuestro entorno.


De la misma manera que no conviene tampoco olvidar que es verdad que en la Comunidad autónoma vasca se han llevado a cabo proyectos pioneros como el de Bizigune, y también es verdad que en la Comunidad autónoma vasca, pese a que podríamos
gravar las viviendas vacías con un canon, la mayoría de los ayuntamientos no quieren gravarlas, y eso es algo que podríamos mirar; también en las grandes ciudades, también en las ciudades turísticas del País Vasco. Las capitales de provincia
turísticas del País Vasco no gravan con el canon del impuesto de bienes inmuebles, que posibilitaría el canon de vivienda vacía, y eso es algo que quien puede hacerlo tendría que reflexionar si no conviene la pena hacerlo.


Es verdad que la vivienda, como decía, es un problema que desde hace décadas se manifiesta y se va a seguir manifestando. Es tan así que todos los gobiernos que desde 1980 se han sucedido en la Comunidad autónoma vasca -porque es lo que más
conozco y así lo cito- lo han tenido como un eje principal de su actividad política. Y no es menos cierto, porque es atender a la hemeroteca, que en todos esos gobiernos de coalición -la mayoría ya conocen nuestra política de coaliciones, algo que
era bastante inédito hasta hace cinco años en el Estado español- han estado formados por diferentes partidos, pero siempre, salvo en una legislatura de cuatro años de esos cuarenta años, el departamento de Vivienda ha estado gestionado por el socio
minoritario de aquellos gobiernos. Es decir, Euskadiko Ezkerra, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua o Partido Socialista de Euskadi en la actualidad. Solo en cuatro años esa cartera tan importante para un problema tan vital y de tan enorme
trascendencia la ocupó el partido mayoritario. Yo creo que eso también nos da una foto y un reflejo de lo que hay aquí.


A mí me gustaría, y me parece muy oportuno lo que se ha dicho, que se nos presente una incidencia sobre los efectos prácticos de la ley en estos ocho meses de vigencia, porque yo creo que junto a eso también tenemos que ver qué comunidades
autónomas, pudiendo ejercer sus competencias, no las quieren ejercer. Yo creo que esa es una foto real para explicar a los ciudadanos y a las ciudadanas, es decir, la ley de vivienda te permite hacer no sé cuántas cosas y ahora depende de que las
comunidades autónomas las quieren hacer o no las quieren hacer. ¿Las están haciendo o no las están haciendo? Eso es lo que nos gustaría a nosotros conocer también, porque eso es lo que de alguna manera nos va a dar una buena imagen de lo que hay.


Por señalar algunos elementos concretos que se han puesto encima de la mesa en la comparecencia, yo agradezco que se hagan análisis realistas, pero la situación es dramática. Si cualquier organismo internacional considera que más del 35 %
de la renta disponible dedicada a vivienda ya supone un límite que no debería franquearse para poder dar una vida digna, y ahora estamos en realidad en el 65 o 70 % para poder pagar el alquiler, nos encontramos con un problema de extrema urgencia y,
por tanto, ahí todo lo que planteen hacer nos va a parecer poco.


Usted hablaba también de la Sareb. Nosotros somos críticos también con la gestión que se ha hecho de la Sareb y con la adquisición de los activos de la Sareb o a través de los terrenos del SEPES, porque no nos parece la mejor vía la de
comprar para luego vender o la de recaptar para luego vender otra vez a fondos privados. Pero, en cualquier caso y por ir a la casuística concreta, en Nafarroa, donde hay pocas viviendas de la Sareb, la mayoría están concentradas en una localidad
que se llama Lekunberri. Hay una voluntad clara por parte del ayuntamiento para rehabilitarlas y para ponerlas en modo alquiler social, y se encuentran trabas. Me gustaría que esto pudiera ser resuelto de alguna manera.


Ha hablado usted de las viviendas temporales y me parece importante que se hable de eso, porque ese es uno de los resquicios que ha quedado en la ley de vivienda. La ley de vivienda no llega a definir tanto, lo que permite que algunos hagan
de la picaresca -eso que alguno definió como género literario

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en el Estado español- un arte para burlar la ley de vivienda con contratos de once meses y disfrazarlos o encubrirlos de viviendas temporales o no. Yo creo que esa es una de las tareas fundamentales que habría que cubrir. Pero sí quiero
señalar otro elemento, porque usted ha hablado también de esas viviendas no destinadas a uso residencial de primer orden. Ahí hay que tener también cuidado porque ahí sí que es verdad que podría haber un choque competencial, porque si la vivienda
no está destinada a uso residencial y es de uso terciario -hotelero, por ejemplo, es decir, una vivienda turística- tendrían que ser las propias leyes de turismo de las comunidades autónomas -que las tienen, la Comunidad autónoma vasca la tiene-,
las que tendrían que regularlo. Ahí desde luego nosotros vamos a ser firmes defensores de que se respete la competencia autonómica; luego ya apretaremos o presionaremos en nuestro ámbito autonómico para que quien tenga que hacer haga, pero nos
gustaría que ustedes lo hiciesen. Digo para aclarar ese aspecto también.


Para terminar, nos parece importante lo que tiene que ver con la rehabilitación, pero también con las viviendas comunitarias en régimen de alquiler donde se pueden hacer cosas. Hoy mismo el grupo municipal de Euskal Herria Bildu de Gasteiz,
de Vitoria, ha decidido apoyar los presupuestos del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Gasteiz. Por cierto, nosotros ganamos, pero no es que no gobernemos porque no queramos sino que no gobernamos porque el Partido Socialista se alió con el
Partido Nacionalista Vasco y con los votos del Partido Popular para que no tuviéramos la alcaldía. Pero, como digo, pese a todo y porque hay que mirar para adelante y el problema es mucho más grande que nuestras cuitas personales o políticas,
nosotros hoy hemos apoyado los presupuestos de Gasteiz y hemos propuesto, por ejemplo, una medida que plantea viviendas comunitarias para gente mayor que en su última fase vital -se supone, por lo que la vejez tiene que ver con el término de la
vida-, no se vean obligadas a abandonar sus zonas de residencia por el encarecimiento de sus barrios. Eso podría evitar la gentrificación y eso, llevado a gran escala, podría suponer mucho.


Como lo podría suponer -y termino ya- la aceleración de los coeficientes para poder declarar zonas tensionadas. Era malísimo, pero cada vez hay más decenas y decenas de ayuntamientos en el País Vasco y en Nafarroa que están pidiendo esa
declaración de zona tensionada, porque tenemos la suerte o la desgracia de poder considerar casi al conjunto de nuestro territorio como una realidad tensionada.


Mila esker.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.


La señora MADRENAS I MIR: Moltes gràcies, senyora presidenta.


Moltes gràcies, senyora ministra, per les seves explicacions.


Òbviament, des de Junts per Catalunya hem de tornar a denunciar i posar en evidència com aquesta llei d'habitatge envaeix, com així vam manifestar, per altra banda, quan es va procedir a la seva aprovació, les competències de les diverses
comunitats autònomes que tenen aquesta competència com a exclusiva i, per tant, doncs, òbviament, en el que sigui respecte a aquest àmbit nosaltres purament dir-los que estarem absolutament amatents que en la realitat, a l'hora d'executar el que sí
que es vulgui executar, no s'estigui envaint les nostres competències.


Efectivament, Junts per Catalunya compartim alguns postulats que vostè ha manifestat en el sentit d'expressar que la situació actual del dret d'accés a l'habitatge per part de tot el conjunt de la ciutadania, efectivament està en una
situació dramàtica, podríem dir. I tal com vostè ha explicat, compartim i és important que la ciutadania també ho sàpiga, ja no es tracta només com potser a vegades fèiem amb anterioritat, perquè era el que realment passava, de parlar de
col·lectius especialment vulnerables, sinó que ara és el conjunt de la ciutadania que té moltes dificultats de poder accedir a un habitatge assequible. Els nostres joves a Catalunya han de destinar... És clar, sense aquesta dada et quedes
absolutament paralitzat, han de destinar més del cent per cent dels seus ingressos per poder emancipar-se sols i poder accedir a l'habitatge, més del cent per cent, per tant, és absolutament impossible. I com aquest cas dels joves, que ens preocupa
moltíssim perquè en el fons és com desenvoluparan els seus projectes vitals professionals, com desenvoluparan tot el seu talent per fer prosperar el nostre país si no poden tenir aquest accés a poder-se emancipar, ens preocupa moltíssim i jo crec
que tota la ciutadania hauria de ser conscient de les dificultats que hi ha ara.


Però no obstant, a l'hora de trobar solucions s'han d'entomar-les amb sentit comú i amb rigor, i no amb alguns sectarismes i amb algunes postures molt dogmàtiques i a vegades demagògiques que podem sentir. I dic amb rigor perquè tots estem
disposats a explorar tot, tots estem disposats a explorar. Però que

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després s'avaluïn els resultats i, si no funcionen, que es facin enrere, perquè el que funciona a Berlín pot no funcionar aquí, o el que funciona aquí pot no funcionar a París, i quan diuen: 'És que això s'està fent a no sé on i això està
funcionant', doncs no tot funciona arreu. I per tant, a nosaltres el que ens agradaria és que es treballés amb molt de rigor i amb moltes dades, i amb poc sectarisme i poca demagògia.


Dic això perquè nosaltres a Catalunya tenim certes experiències, perquè ja vam començar amb el tema de contenció de rendes, per exemple, i possiblement no ha estat una experiència molt satisfactòria. però poden haver-hi alguns paràmetres
que no hem pogut avaluar molt bé que ens indiquin per què no ha estat potser una experiència satisfactòria. I ara, en canvi, aquí, quant a ley de vivienda s'estava abordant pensant que és una gran solució. Una vegada vaig anar a un debat i aquest
tema ens preocupa moltíssim, qui és que ha de construir l'estat de benestar de la societat en un estat? Les administracions públiques, els governs. Ho han de fer els particulars? Els podem traslladar la responsabilitat de les polítiques públiques
als particulars? Home, jo tinc dubtes. L'altre dia, fa temps, un debat en què algú que estava expressant això que estic dient jo ara, deia: 'Ostres, a molts llocs, a molts territoris, hi ha llistes d'espera per tenir un servei sanitari. Doncs
escolti, quan el personal sanitari hagi acabat la seva jornada a casa seva que atenguin cada un tres persones més perquè...' No, no és responsabilitat dels metges. És responsabilitat d'aquell propietari que ha adquirit un habitatge com a fórmula
per complementar la seva jubilació, com tants tenen? A Catalunya estem parlant que gairebé el 60 % dels propietaris, jo no vull dir que són petits propietaris ni grans, és a dir, no estan conceptualitzats com a grans tenidor. Té sentit que
traslladem la responsabilitat de les polítiques públiques de l'habitatge a un propietari i, per què no, al titular d'un taller mecànic? No sé, m'explico jo, em pregunto jo.


Per tant, hem de ser molt curosos i sí que entenem que podem traslladar certes obligacions. Per exemple, ens preocupa molt el tema del tractament de la desocupació en casos d'ocupacions il·legals. Per què? A Catalunya tenim un registre de
persones vulnerables que necessiten accedir a un habitatge social, perfecte. Els tenim ordenats segons els criteris socials de si tenen fills menors, les seves capacitats econòmiques, etcètera. Però el que fa patada a la porta, aquest el protegim.
No passa res, No fem els desnonaments en aquests, tampoc. Home, però tenim una llista de persones que tenen dret prioritari perquè els serveis socials han dit que el número u és aquesta família i el número dos aquesta. Hem de protegir d'igual
manera de desnonaments aquests dos casos? També se'ns planteja aquest problema. Nosaltres creiem que no però, en canvi, està passant. Això envaeix competències de les comunitats autònomes? No, és competència estatal. Ostres, no hauríem
d'intentar resoldre aquest tema dels desnonaments d'aquestes ocupacions? De fet, s'acaba de presentar una petició a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu en aquest sentit i, per tant, en algun moment algú determinarà què està passant amb
les ocupacions a l'Estat espanyol, que és inaudit en el nostre àmbit europeu del dret. Són temes que ens preocupen. Tot i així, no ens tanquem a res. És a dir, estem disposats a explorar, però amb rigor i amb dades.


Quan parlava dels propietaris que tenen un o dos immobles, o tres, que no són contextualitzats com grans tenidors, com que no estan organitzats sota una organització, una entitat, una associació, suposo que és de difícil plasmació aconseguir
saber les seves opinions, i quines dificultats tenen, i amb què es troben. Però vostè quan va prendre possessió va dir que volia tenir en compte la situació d'aquests propietaris. Nosaltres, en aquest sentit, hi estem absolutament d'acord i s'ha
de fer, però com ho pensa fer? Que ens digui com pensa abordar aquest aspecte.


Respecte a l'habitatge arrendat com a ús diferent d'habitatge habitual. Efectivament, també ens preocupa, però ens preocupa... Ara l'hi explicaré. Per exemple, a la ciutat de Girona hi ha 40 000 habitatges. Ho dic per també situar les
magnituds de les tragèdies. 40 000 habitatges. D'aquests 40 000 habitatges, 700 estan destinats a habitatge d'ús turístic, 3500 a habitatge... Som ciutat universitària, ens n'enorgullim i ho volem continuar sent amb tota la potència que sigui
possible. 3500 es dediquen a ciutat universitària, a estudiants, professors, etcètera. Això no pot quedar tocat, no es pot veure afectat això perquè és un pol imprescindible de coneixement i de creixement i de desenvolupament de la nostra ciutat i
del nostre país. Per tant, escolti, quan alguns ho aborden de forma massa a la lleugera, no, si us plau, perquè no ho diem per dir, ho diem perquè coneixem el territori i perquè sabem que això seria un problema depèn de com es pensi abordar, per
tant, volem estar molt amatents i volem saber quin capteniment té respecte a aquest tema perquè per nosaltres seria vital, per exemple, en una ciutat com és Girona, saber com s'aborda aquest aspecte.


Hi ha molts temes que ens agradaria abordar, però acabo. Al final el que necessitem són més habitatges. Al final potser ens hem de deixar de gaires invents de construccions jurídiques, sincerament

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ho dic, i fer més habitatges, que és el que necessitem per donar compliment a aquest dret a l'habitatge que efectivament té la ciutadania. I clar, per això calen més recursos. Nosaltres demanem més recursos. A Catalunya no tenim prou
recursos i, per tant, aquest dèficit fiscal que tenim i que patim ens està suposant uns problemes socials molt greus. I per altra banda, la inseguretat jurídica que comporten alguns d'aquests invents, efectivament, com deia la companya del PNB,
està produint que s'apartin immobles del mercat del lloguer. I això és un problema perquè al final només podran accedir al mercat de lloguer gràcies a aquests invents que ens semblen en el paper molt progressistes però que en la realitat estan fent
que només puguin accedir al mercat de lloguer gent que tingui nòmines importants, que percebi recursos importants perquè com que els propietaris ara poden escollir, perquè hi ha tan poca oferta i tantíssima demanda poden escollir, fan uns processos
de selecció que ni per ser funcionari. Per tant, no ho sé, hem d'actuar amb molt de rigor, saber de què estem parlant i, sobretot, quan es facin provatures, si us plau, que s'avaluïn amb rigor, que es trobin dades, i que modifiquem tot el que
s'hagi de modificar com si hem d'anar enrere, no hi ha cap problema. Tots tenim la mateixa voluntat, però deixem-nos de provatures, donem seguretat jurídica a tot el sector i aconseguim més habitatge, que és el que ens fa falta. Moltes gràcies.


Muchas gracias, señora presidenta.


Gracias, señora ministra, por sus explicaciones. Obviamente desde Junts per Catalunya debemos volver a denunciar, a poner en evidencia cómo la ley de la vivienda invade, como ya dijimos cuando se aprobó, las competencias de las distintas
comunidades autónomas que tienen esta competencia como algo exclusivo y, por lo tanto, en cuanto a este ámbito nosotros quisiéramos decir que queremos que quede claro que a la hora de ejecutar lo que se ejecute vigilaremos para que no se invadan
nuestras competencias.


Junts per Catalunya, efectivamente, comparte algunos postulados que usted ha manifestado, en el sentido de expresar que la situación actual del derecho de acceso a la vivienda por parte del conjunto de la ciudadanía se encuentra en una
situación dramática podríamos decir. Como usted explicó, compartimos -y es importante que la ciudadanía también lo sepa- que ya no se trata de, como hicimos antes porque era realmente lo que ocurría, que hablábamos de colectivos especialmente
vulnerables, sino que ahora se trata del conjunto de la ciudadanía, que tiene muchas dificultades para poder acceder a una vivienda asequible. Los jóvenes en Cataluña -escuchas estos datos y realmente uno se siente totalmente paralizado-deben
destinar más del 100 % de sus ingresos para poder emanciparse y poder acceder a la vivienda. Estamos hablando de más de un 100 %, con lo cual es imposible y cómo en este caso los jóvenes nos preocupan muchísimo; cómo van a desarrollar sus
proyectos vitales, profesionales, cómo van a desarrollar todo su talento para que nuestro país prospere si no pueden acceder y emanciparse. Esto nos preocupa muchísimo y pensamos que toda la ciudadanía debería ser consciente de las dificultades
existentes.


Dicho eso, a la hora de encontrar soluciones debemos tomarlas con un sentido común y con rigor, y no con algún tipo de sectarismo o algunas posturas muy dogmáticas y a veces demagógicas que hemos escuchado. Digo con rigor porque todos
estamos dispuestos a explorar todas las opciones, todos, pero también que se evalúen los resultados y si no funcionan que se echen atrás, porque lo que funciona en Berlín tal vez no funcione aquí, o lo que funcione aquí tal vez no funcione en París.
Y cuando se dice: esto se está haciendo allá. Bueno, a veces no funciona en todas partes. A nosotros nos gustaría que se trabajase con mucho rigor y con muchos datos, poco sectarismo y poca demagogia.


Digo esto, porque en Cataluña tenemos ciertas experiencias, ya empezamos con el tema de la contención del alquiler y tal vez no haya sido una experiencia muy satisfactoria, pero pueden darse o haber algunos parámetros que no hemos podido
evaluar muy bien y que nos indican por qué esta experiencia no ha sido tan satisfactoria. A nivel de ley de vivienda se estaba abordando y se decía que era una gran solución en cambio. Una vez fui a un debate, y es algo que me preocupa mucho:
¿Quién tiene que construir el estado de bienestar en la sociedad? Las administraciones públicas, los gobiernos. ¿O deben hacerlo los particulares? ¿Podemos trasladar esa responsabilidad de las políticas públicas a los particulares? Hombre, yo
tengo algunas dudas. Hace un tiempo, en otro debate, alguien que estaba expresando lo que yo estoy diciendo ahora decía: Bueno, en muchos lugares, en muchos territorios hay listas de espera para acceder a un servicio sanitario. Cuando el personal
sanitario haya terminado su jornada, ¿van a atender a tres personas más? No, porque no es su responsabilidad. ¿Es la responsabilidad entonces de ese propietario que ha adquirido una vivienda como fórmula a lo mejor para complementar

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su jubilación, como muchos otros? En Cataluña en torno al 60 % de los propietarios -aquí no digo que sean grandes o pequeños- no están conceptualizados como grandes propietarios. ¿Realmente tiene sentido que les traslademos a ellos la
responsabilidad de las políticas públicas de la vivienda? ¿A un propietario? ¿Y por qué no al titular de un taller, de un mecánico? Eso me pregunto yo. Tenemos que ser cautelosos.


Por supuesto que podemos trasladar ciertas obligaciones, por ejemplo, nos preocupa mucho el tema de cómo se tratan los desahucios en cuanto a una okupación ilegal. En Cataluña tenemos un registro de personas vulnerables que necesitan
acceder a una vivienda social. Muy bien, perfecto. Esto está ordenado en función de los criterios sociales, por ejemplo si tienen menores, capacidades económicas, etcétera. Pero luego ese que revienta una puerta, a ese lo protegemos; ahí no se
hace un desahucio como tal, pero hay una lista de personas que tienen un derecho, una prioridad porque los servicios sociales nos indican que el número uno es esta familia y el número dos es esta otra. ¿Deben protegerse de la misma manera estos dos
tipos de desahucios? Este es un problema que se nos plantea y nosotros no opinamos que deba hacerse así, y está pasando. ¿Invade esto competencias de las comunidades autónomas? Bueno, es una competencia estatal. ¿No deberíamos intentar el
problema de estos desahucios, de estas okupaciones? De hecho, se acaba de presentar una petición a la Comisión a nivel europeo en este sentido, así que en algún momento se decidirá qué ocurre cuando hablamos de las okupaciones en el Estado español,
porque es algo inaudito a nivel europeo.


Estos son temas que nos preocupan, pero no nos cerramos a nada. Dicho esto; estamos dispuestos a explorar las opciones, pero con rigor y con datos. Cuando se hablaba de los propietarios que tienen una, dos o tres viviendas, que no se
consideran grandes propietarios, al no estar organizados bajo una organización o entidad o asociación entonces imagino que es difícil saber cuál es su opinión o las dificultades que enfrentan, pero usted cuando asumió el cargo dijo que quería que se
tuviese en cuenta la situación de esos propietarios y nosotros en ese sentido estamos muy de acuerdo, y debe hacerse, pero ¿cómo va a hacerlo? Nos gustaría saberlo, nos gustaría que abordase ese tema.


En cuanto a la vivienda que se alquila para un uso distinto al de la vivienda habitual, esto también nos preocupa. Por ejemplo, en Girona hay 40 000 viviendas. De esas 40 000 -lo digo también para que vean la magnitud de las distintas
tragedias- 700 están destinadas a viviendas turísticas, de uso turístico. Nosotros somos una ciudad universitaria, es algo que nos enorgullece, y 3500 se destinan a la ciudad universitaria: a estudiantes, profesores, etcétera. Pero esto no puede
verse afectado porque para nosotros este es un polo imprescindible de conocimiento, de desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro país y, por lo tanto, cuando algunos lo abordan un poco demasiado a la ligera les diríamos que no, por favor, que no lo
decimos por decir, lo decimos porque conocemos muy bien ese territorio y sabemos que esto supondría un problema según cómo se aborde. Por lo tanto, estaremos pendientes y queremos saber cuál va a ser el enfoque, porque para nosotros es esencial
que, para una ciudad como es Girona, nos indiquen cómo se va a abordar esta cuestión.


Hay muchos otros temas que nos gustaría abordar, pero termino ya. A fin de cuentas, lo que necesitamos son más viviendas, porque tal vez deberíamos dejar de inventar cosas nuevas o construcciones jurídicas -y lo digo sinceramente- y crear
más viviendas, que es lo que necesitamos para dar cumplimiento al derecho a la vivienda que tienen los ciudadanos, y para ello se necesitan más recursos, con lo cual pedimos más recursos. En Cataluña no tenemos suficientes recursos y, por lo tanto,
ese déficit fiscal que tenemos y padecemos supone que tengamos unos problemas sociales muy graves. Por otro lado, la inseguridad jurídica que suponen algunos de estos intentos, como decía la compañera del PNV, está implicando que se retiren
viviendas del mercado del alquiler, y esto es un problema porque entonces solo podrán acceder al mercado del alquiler, gracias a estos inventos que parecen muy progresistas sobre el papel pero que en realidad implican que solo puedan acceder
aquellos que tengan una nómina importante, que tengan recursos considerables, porque ahora los propietarios pueden elegir porque hay poca oferta y mucha demanda. Son ellos los que puedan elegir, pues los procesos de selección son mucho más
complicados que los que afrontan los funcionarios, por ejemplo. Con lo cual tenemos que actuar con mucho rigor, saber de lo que estamos hablando y, sobre todo, que cuando se pruebe algo que se evalúe con rigor, que se encuentren los datos y que se
modifique todo lo que sea necesario; como si tenemos que dar un paso atrás, no pasa nada, todos contamos con la misma voluntad. Pero dejemos de hacer estas pruebas, demos una seguridad jurídica a todo el sector y consigamos que haya más vivienda,
que es lo que nos hace falta.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidenta. Gracias ministra, bon día. Bienvenida.


Deixi'm començar amb el corol·lari de la intervenció. I és que el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, des de la nostra perspectiva, simplement no hauria d'existir. I no hauria d'existir perquè això ho hem parlat moltes vegades, hi ha
ministeris que no tenen competències suficients com per ser un ministeri i, per tant, no entenem que residint les competències exclusives en matèria d'habitatge en seu de comunitats autònomes hagi d'haver-hi un ministeri que s'encarregui d'això. És
a dir, durant la tramitació de la llei fins i tot vam discutir si havia d'haver-hi una secretaria d'Estat, ara ja discutim lo mayor, el ministeri directament. Per a nosaltres estava molt millor incardinat anteriorment.


Però dit això, que no és personal, és un tema absolutament polític, la veritat és que de la compareixença, i no serà d'aquí quatre anys que ens tornarem a veure, ministre, espero que ens veiem cada any, que vingui cada any per comparèixer i
per fer l'avaluació de les polítiques que han portat a terme i l'explicació de les que pensaran dur a terme. Deia jo, després de tota la tramitació de la llei d'habitatge, que va ser dura i va ser pesada, i va ser tensa, i al final va acabar sent
aprovada pels que jo crec que potser el nostre mínim comú divisor era que crèiem que, efectivament, no es tracta d'un bé de mercat i que s'havia de sostreure a la lògica i a la dinàmica econòmica els habitatges, aquest era el nostre comú
denominador, vam arribar on vam arribar. Recordo a tothom que si es va donar possibilitat que aquesta llei evolucionés i fos una realitat és perquè prèviament les lleis que s'havien fet a la comunitat autònoma d'on jo vinc, que algun dia serà un
estat però de moment és una comunitat autònoma, van ser impugnades davant del Tribunal Constitucional. I és aquest el motiu pel qual es va donar suport a una llei estatal, perquè un cop delimitat per part del Tribunal Constitucional que no ho
podíem fer des dels parlaments nacionals, es va decidir fer-ho des del parlament estatal. Per què? Perquè al final l'afectació que tenia en el dia a dia de la ciutadania dels diferents territoris és tan brutal, és tan impactant, posa tant en risc
la resta de drets que entenem tots que són de pacífica interpretació -educació, sanitat, serveis socials-, si no hi ha un habitatge previ, ni dret a l'honor, ni dret a la intimitat, ni sanitat, ni escola, ni se'n pot predicar cap, per tant, és
previ, és anterior. Deia que per això vam donar-hi suport, perquè nosaltres ja havíem començat a instar polítiques en aquesta línia i ens van ser derogades.


Tot això ho dic perquè no voldria tornar a començar una batalla campal sobre competències amb habitatge de temporada, amb lloguer d'habitacions i amb tot el que hi ha a l'entorn. De fet, si vam transigir amb la creació d'un grup de treball
era perquè el grup de treball arribi a la conclusió que es pot fer a través de qui té les competències, a saber, els parlaments i els ajuntaments de cadascun dels llocs. Aleshores, jo no sé com han començat aquestes feines, sí que els dic, si us
plau, no cometem el mateix error que ja és habitual que ens porten l'avantprojecte de llei fet i aleshores hem de començar a discutir sobre un text en el qual neguem la major i ens passem tres anys discutint, i al final acaba al Constitucional,
perquè això no és pràctic per a la nostra gent.


Estàvem mirant Barcelona. Jo soc de Barcelona. La Carme és de Girona, jo soc de Barcelona. Clar, és que a Barcelona el lloguer mínim ara ja està, sigui a la Teixonera, sigui a Pedralbes, sigui a Ciutat Vella, o sigui com aquell que diu a
Sant Feliu de Llobregat, per damunt del salari mínim interprofessional. Aleshores, entrem en aquesta batalla campal entre l'unicorn del senyor que té un pis per compensar la seva pensió. Escolti'm, potser seria més fàcil fer pensions dignes, ho
dic perquè potser fent pensions dignes i potser no descarregant-nos tots els sistemes públics de benestar social no caldria que les infermeres atenguessin gent a casa seva, perquè després dels milions de retallades que ara em vinguin a dir el que no
hi ha és capacitat d'atendre la gent, no, no, el que no hi ha hagut és inversió. El que hi ha hagut és desinversió i és afebliment sistemàtic de tots els serveis públics. Per què? Perquè si els presta l'empresa privada són molt més rendibles, i
perquè al final la gent el que vol és que puguis estudiar, puguis estar sa, puguis viure, puguis tenir aigua, puguis tenir energia i puguis menjar, que això també ara s'està posant fins i tot en perill.


Per tant, hem d'atacar la gent que pobrets, propietat privada, s'han comprat un pis? Home, i tant que sí. Perquè és que els pisos no són per tenir rendes que no provinguin del treball, és a dir, inverteixi en borsa si vol, i assumeixi el
risc, però no em desmunti les ciutats i els pobles utilitzant una cosa que és per viure per invertir. I aquí és el drama. Han de col·laborar o hem de fer recaure sobre els privats? No ho sé, en qualsevol cas sé que fer-ho ens ha portat on ens ha
portat. No posar límits a la voracitat d'obtenir

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rendes cada vegada més grans ens ha dut on ens ha dut i, per tant, com a col·lectivitat ho haurem de parar, indubtablement.


Per tant, aprofito per comunicar que ahir es va aprovar una cosa i fa unes setmanes una altra molt interessants i que suposo que vostès saben, però que en qualsevol cas han de tenir en el seu imaginari primer. Primer, ahir el Parlament de
Catalunya va aprovar una llei els sobre la Sareb. Retorn gratuït immediat a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als ajuntaments. Això ja ho hem pagat a través del rescat bancari diverses vegades. Per tant, estem en el mateix,
no són actius financers per crear fons per a l'administració, perquè els ciutadans ja ho han pagat. Retorn immediat a les administracions perquè en gaudeixin els ciutadans, siguin locals, siguin de les comunitats autònomes.


L'altre element, respecte a pisos turístics. Recordin que hi ha un decret llei de la Generalitat de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya, que vincula l'ús turístic amb el planejament urbanístic. Ha estat una de les maneres
de posar també als ens locals la possibilitat que siguin ells els que determinin com han d'instal·lar-se els pisos turístics, si és que cal, a cadascuna de les comunitats, perquè el que sí que és cert és que aquí funciona el principi de
subsidiarietat més que cap altre lloc. Cada ens local sap quina és la realitat del seu territori.


I per acabar, vam discutir molt el tema dels arrendaments temporals, i un dels elements que hi havia damunt de la taula és que tenien lògica per a ciutats universitàries, per a investigadors que venien de fora i com s'hi posava fre. És que
no estem parlant d'això, estem parlant del frau de la temporalitat, és a dir, d'aquells propietaris que treuen de la LAU i van concatenar contractes de temporalitat que són un frau de llei i, per tant, evidentment que hi hem de posar fre, només
faltaria. Igual que hem d'atacar el frau fiscal, hem d'atacar el frau en l'àmbit de l'habitatge, sobretot perquè el frau fiscal ens deixa sense fons per atendre les necessitats públiques. Però és que el frau en els contractes d'habitatge el que fa
és deixar la gent absolutament desprotegida i les ciutats absolutament devastades. És a dir, és un autèntic drama passar-te per ciutats turístiques com les de la Costa Brava o com les del Pirineu al nord, o ciutats com Barcelona. Estem matant les
nostres ciutats i, a més a més, estem matant els nostres ciutadans. Però ja que no voleu fer-ho per la ciutadania i per les persones una per una, feu-ho almenys per les ciutats. Moltes gràcies.


Torn de rèpliques, ja el tindrem.


Déjenme empezar con el corolario de la intervención. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en nuestra opinión, no debería existir porque, ya lo hemos comentado en múltiples ocasiones, hay ministerios que no tienen competencias
suficientes para ser un ministerio y, por lo tanto, no entendemos por qué, existiendo competencias exclusivas de vivienda en las sedes de comunidades autónomas, debería haber un ministerio que se encargue de esta cuestión. Durante la tramitación de
la ley también debatimos si debiera existir una secretaría de Estado; ahora no pensemos ni siquiera en el ministerio.


En fin, dicho esto -y no es a título personal, sino que es una cuestión política-, espero que nos veamos no cada cuatro años sino cada año y que comparezca cada año para hacer una evaluación de las políticas que se han llevado a cabo y la
explicación de las que van a llevar a cabo.


Decía que después de la tramitación de la ley de la vivienda, que fue dura, pesada y tensa, y al final terminó siendo aprobada con el denominador común mínimo, ahí se vio que debería someterse a la lógica económica y dinámica de la vivienda
-ese era el denominador común- y llegamos hasta donde llegamos. Y quisiera recordar a todos que si se dio la posibilidad de que esta ley evolucionase y que fuese una realidad es porque previamente las leyes que se habían promulgado en la comunidad
autónoma de donde yo vengo -que de momento sigue siendo una comunidad- fueron impugnadas ante el Tribunal Constitucional, y esa es la razón por la cual se apoyó una ley estatal. Porque una vez delimitado por parte del Tribunal Constitucional que no
podíamos hacerlo desde los parlamentos nacionales, se decidió hacerlo desde el Parlamento estatal. ¿Por qué? Porque al final las consecuencias que tendría en el día a día de la ciudadanía de los distintos territorios era tan brutal y tan
impactante y pone tan en riesgo todos los otros derechos -como pueden ser educación, sanidad, servicios sociales, etcétera-, que todos entendemos que si no existe una vivienda previa, no hay derecho al honor, a la sanidad, a la privacidad, etcétera,
porque este derecho es previo, es anterior. Por eso brindamos nuestro apoyo, porque nosotros ya habíamos iniciado políticas en esa línea y fueron derogadas.


Todo esto lo digo porque no me gustaría volver a iniciar una batalla campal sobre las competencias en cuanto a la vivienda de temporada, el alquiler de habitaciones y todo lo que esto supone. De hecho, si transigimos para la creación de un
grupo de trabajo era para que ese grupo llegase a la conclusión de que

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puede hacerse por quien tiene las competencias, es decir, los Parlamentos y los ayuntamientos de los municipios, de cada lugar. No sé cómo han iniciado esta labor, lo que sí que les digo es que no se produzca el mismo error que ya es
habitual -es decir, que nos presentan el anteproyecto de ley hecho y entonces debemos empezar a debatir un texto en el que se niega la mayor parte y luego pasamos tres años debatiendo, y al final terminamos en el Constitucional- porque esto no es
práctico para nuestro pueblo.


Estaba mirando por ejemplo Barcelona porque yo soy de Barcelona, Carmen es de Girona, y en Barcelona la renta, el alquiler medio en La Teixonera, Pedralbes, en Ciutat Vella o en Sant Feliu de Llobregat está por encima del salario mínimo
interprofesional. Entonces, ¿entramos en esa batalla campal entre el unicornio de aquel señor que tiene un piso para compensar su pensión? Bueno, a lo mejor sería más fácil tener pensiones más dignas, porque si tuviéramos pensiones más dignas y no
elimináramos todo el sistema público social, no haría falta que las enfermeras atendiesen a personas en sus hogares, porque, después de todos estos recortes, que me digan ahora que no hay capacidad para atender a las personas... Lo que aquí ha
faltado es inversión, de hecho, ha habido una desinversión y se ha minado todos los servicios públicos, porque las empresas privadas son mucho más rentables. Lo que queremos es poder estudiar, vivir, tener vivienda y energía y poder comer -que
ahora ya está en peligro también-. Por lo tanto, ¿deberíamos atacar a aquellas personas pobres que han comprado un piso? ¡Pues, claro! Porque los pisos no son como tener una renta que venga del trabajado. Si lo desean, que inviertan en la bolsa y
asuman el riesgo, pero que no desmonten las ciudades y los pueblos, porque utilizan algo que es para vivir, para invertir, y ahí está el drama.


¿Deberíamos hacer que el peso recaiga sobre el sector privado? No lo sé. Lo que sé es que hacerlo nos ha llevado adonde nos encontramos ahora. No imponer límites a esta opción de contar con rentas cada vez más altas nos ha llevado adonde
nos encontramos ahora y como colectivo debemos frenarlo, sin duda. Por lo tanto, aprovecho para comunicar que ayer se aprobó algo muy interesante y hace unas semanas otra ley, imagino que lo sabrán, pero en todo caso se lo cuento para que lo tengan
presente: ayer el Parlamento de Cataluña aprobó una ley sobre la Sareb, retorno gratuito e inmediato a Generalitat, al Parlamento y a los ayuntamientos. Esto ya se ha pagado mediante el rescate bancario en varias ocasiones, con lo cual volvemos a
lo mismo, no son actos financieros para crear un fondo para la Administración porque los ciudadanos ya lo han pagado. Por lo tanto, pido un retorno inmediato a las administraciones para que puedan disfrutar de ello los ciudadanos, ya sean
administraciones locales o las comunidades autónomas.


En cuanto a los pisos turísticos, recuerden que hay un decreto ley del Gobierno de la Generalitat que vincula el uso turístico a la planificación urbanística y esto era una manera de también incluir a los entes locales y que ellos decidan o
determinen cómo deben instalarse esos pisos turísticos si es que hace falta en cada una de las comunidades, porque lo que sí que es cierto es que aquí funciona el principio de subsidiariedad, mucho mejor que en cualquier otra parte. Cada ente local
conoce la realidad de su territorio.


Para concluir, hemos hablado mucho del tema de los alquileres temporales, un tema sobre la mesa porque tienen sentido para ciudades universitarias, para investigadores que vienen de fuera y cómo se frenan. Es que no estamos hablando de
esto, estamos hablando del fraude de la temporalidad, es decir, de aquellos propietarios que van sumando un contrato temporal más otro, y esto es un fraude, los van uniendo uno detrás de otro. Y ahí debemos frenar ese proceso, faltaría más, del
mismo modo que debemos atajar el fraude fiscal también en el tema de la vivienda. Sobre todo, porque el fraude fiscal nos deja sin fondos para atender las necesidades públicas, pero el fraude cuando hablamos de contratos de vivienda deja a las
personas totalmente desprotegidas y a las ciudades totalmente devastadas. Es un auténtico drama pasar por ciudades turísticas como las de la Costa Brava o el Pirineo en el norte o como Barcelona. Estamos matando a nuestras ciudades y también a
nuestros ciudadanos, pero ya que no quieren hacerlo para la ciudadanía y para las personas una a una, hagámoslo, por lo menos para las ciudades.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tienen la palabra los portavoces del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, que se distribuyen los tiempos.


Tiene la palabra la señora Pin.

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La señora PIN FERRANDO: Gracias.


Es mi primera intervención en una Comisión. De hecho, me había preparado una intervención de la que no voy a hacer caso para intentar basarme en la intervención que ha hecho la ministra.


Creo que hay un elemento que compartimos, que es la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda como un elemento crucial para garantizar el Estado del bienestar. Pero a mí, sinceramente, me ha faltado una parte muy importante en esa
idea de garantizar el derecho a la vivienda y que es que garantizar derechos habitualmente está ligado a limitar privilegios. Y en esa parte tenemos algunas propuestas que hacerles, porque no se trata solo de buscar la colaboración público-privada,
sino también de la idea de que para salir del túnel hay que dejar de cavar y por tanto para abordar una emergencia habitacional que se ha hecho estructural hay que buscar medidas diferentes. También se puede seguir con algunas de las que ya se han
hecho, pero hay que buscar e implementar medidas diferentes, medidas nuevas que se están aplicando en otros lugares y que funcionan, y yo creo que justamente por eso hay que traerlas al Estado español, para equipararnos a otros países del entorno
europeo.


Esa idea de limitar privilegios liga mucho con el sufrimiento y el malestar que genera ahora mismo esa vulneración sistemática del derecho a la vivienda que se da en nuestras ciudades. Voy a explicar un hecho que narraba ayer la plataforma
de afectados de Lleida, que explicaba que una familia había llegado a la PAH con una orden de desahucio para ese mismo día y la habían acompañado para intentar pararlo. Creo que debería llamarnos la atención y nos debería interpelar cada día el
hecho de que nuestro país haya normalizado quedar para parar desahucios. Pues bien, la PAH de Lleida explicaba que habían ido a acompañar a esta familia -practicando la desobediencia civil, que tantos desahucios ha paralizado en este país-, era un
desahucio de una vivienda con la hipoteca por parte del BBVA, la comitiva judicial iba acompañada de Mossos d´Esquadra y, frente a la desesperación y la angustia, uno de los miembros de la familia se había hecho una barricada en la casa con bombonas
de butano. Creo que eso es una muestra muy clara de la violencia institucional que implica que no estemos haciendo mucho más de lo que ya hacemos para evitar que la vivienda siga siendo un derecho vulnerado de manera sistemática.


Y cuando hablaba de limitar privilegios lo decía pensando por ejemplo en Blackstone, que es el mayor casero a nivel estatal, que atesora del orden de más de 40 000 viviendas y que solo en 2022 tuvo unos beneficios de más de 1600 millones de
euros. Frente a estos beneficios de más de 1600 millones de euros, más de setenta de desahucios diarios y un 43 % de los arrendatarios de nuestro país que destinan más del 40 % de sus ingresos al alquiler. Como decía, esta idea de vincular y de no
perder de vista que garantizar un derecho es limitar privilegios creo que nos obliga a implementar medidas para luchar contra la especulación, contra la especulación que se da también en los pueblos pero que sobre todo se está dando en las ciudades.
En ese sentido anuncio ya que nosotros trabajaremos para que se implementen tres medidas concretamente, y aquí esperamos encontrar la colaboración del ministerio. Una es esta medida que ya ha puesto en marcha la ciudad de Ámsterdam, que prohíbe las
inversiones en vivienda de carácter especulativo. En la ciudad de Ámsterdam si tú compras una vivienda tienes que garantizar que los próximos cuatro años vas a vivir en ella. Basta ya de inversiones especulativas, porque, como decía ahora la
portavoz de Esquerra Republicana, la vivienda no es para generar renta, sino que es un derecho fundamental, hay que garantizar que podemos tener un hogar, que nos podemos proyectar, que hay un espacio de derecho a la intimidad, que hay un espacio
donde podemos proyectar la vida.


La segunda medida -creo que aquí podemos estar de acuerdo con el Partido Socialista y espero que también con el resto de grupos que apoyaron la investidura- es eliminar la golden visa, que implica que las inversiones de más de 500 000 euros
en patrimonio inmobiliario por parte de personas extranjeras suponen el permiso de residencia. A mí me recuerda mucho a esa pintada -que creo que todas hemos visto en muchos barrios- que dice: El enemigo no viene en patera, viene en limusina.


Y, por último, debemos no solo colaborar, sino también corresponsabilizar al mercado privado, haciendo que aquellas personas o empresas con más de cincuenta viviendas en propiedad que no destinan como mínimo el 25 % al alquiler social estén
exentas de cualquier tipo de bonificación fiscal. Creo que eso es clave. También es clave -y aquí se ha mencionado- implementar la ley de vivienda y desplegarla. En esta cuestión está el debate sobre las competencias, pero a día de hoy, ocho
meses después de aprobar la ley de vivienda que no se ha aplicado aún el índice de precios y el topall de preus implica que ahora mismo está habiendo un efecto negativo y contrario al que buscaba la ley, que ha hecho que aumenten los precios. Hoy
en día en Barcelona el alquiler medio está en 1171 euros, que es una cosa absolutamente impagable para una gran parte de la población. Evidentemente yo creo que tanto el alquiler

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de temporada como el alquiler turístico tienen que entrar dentro de este tope de precios y así desincentivaríamos este uso rentista.


Esta idea de cómo garantizar el derecho a la vivienda implica también dejar de financiar la compra y financiar sobre todo el alquiler social. En algunas poblaciones lo están haciendo, en otras no, y creo que esto es crucial. Es crucial
también dejar de darles ayudas a los propietarios a través de las ayudas al alquiler y asegurar salarios dignos y este límite de precio.


Y, por último, sí quiero decirles que yo creo que este trabajo por el derecho a la vivienda implica un reconocimiento del trabajo que hacen los movimientos sociales por el interés general, por garantizar este derecho a la vivienda, y un
reconocimiento que no tiene que ser simbólico, sino que tiene que ser un compromiso político, porque en materia de vivienda ha sido la ciudadanía la que ha ido por delante de las instituciones desde hace muchos años.


Le paso ya la palabra a mi compañero Alberto.


El señor IBÁÑEZ MEZQUITA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, en primer lugar, quiero felicitarle y tenderle la mano sinceramente para buscar consensos y diálogo. Creo que nos tenemos que esforzar en ello, pero creo que no nos tenemos que despistar y hay que ser valientes. Quizá esta
sea la Comisión donde más diferencias políticas hay, quizá haga menos ruido que otras, pero es donde más diferencias hay. Y quizá nos despistamos porque mientras en la calle solamente hay un 5,8 % de personas adultas que tienen ingresos por
alquilar, en este Parlamento un 17 % de los diputados reconocen que perciben ingresos por alquilar vivienda. Y quizá nos equivocamos porque hacemos demasiado caso a la opinión publicada -que no publica-, que nos despista con cuestiones que son muy
residuales y no pone el ojo en aquello que es dolorosamente mayoritario, y es que en España es 180 veces más probable que te desahucien a que te okupen tu casa y, en cambio, los minutos que dedicamos a una cosa y a otra en el debate público no
tienen nada que ver.


Esta mañana nos desayunábamos con una noticia terrible que dice que seis de cada diez viviendas en España se pagan a tocateja. ¿Quién puede hacer esto hoy? ¿Cómo se especula? Esto se hace porque la herencia inmobiliaria representa el 75 %
de la desigualdad en España y, por tanto, lo que hay que hacer es cambiar todo el sistema de políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda. No tiene sentido que en España el 20 % más rico perciba el 30 % del dinero público, mientras
que el 20 % más empobrecido perciba solamente el 12. Esto es inconstitucional porque atenta contra los principios de progresividad e igualdad, y, por tanto, hacemos una propuesta muy concreta que es eliminar cualquier bonificación fiscal en IRPF o
en socimis, como mínimo, a aquellos especuladores que quieran alquilar sus propiedades por encima del índice de precios recomendado. Ya que no nos vamos a poner de acuerdo en prohibir que tengan más precio de lo que sería justo, digno y posible,
como mínimo, no le regalemos dinero a aquella gente que especula y asfixia a nuestras familias. Esta regulación de índices tiene que incluir también, obviamente, a las viviendas habitacionales y también a los pisos compartidos. Hace doce años la
habitación que yo pagaba en Benimaclet costaba 190 euros, hoy la misma cuesta 400.


La prioritat de l'agenda valenciana és l'habitatge per moltes raons. I és que no debades som la segona comunitat autònoma on més difícil és emancipar-se. Només un 13,4 % dels joves pot fer-ho. És una realitat especialment sagnant a les
comarques d'Alacant on el lloguer s'ha disparat un 19 %, un 35 % a Benidorm, un 33 % a Santa Pola. De fet, el 45 % de la compravenda a la província és de població no resident, és a dir, de fons voltors o persones ultrariques que no viuen ni
treballen a Alacant.


I per tant, llancem també una proposta molt senzilla que ha fet Andorra, que ha fet també el Canadà, que és aprovar una moratòria que impedixca la compravenda a població no resident durant 36 mesos per estabilitzar els preus del dret a
l'habitatge. Proposem també que, en el cas dels apartaments turístics i les estances habitacionals, es tinga en compte l'IVA, no pot ser que no es pague IVA. Hem d'intentar fer que les externalitats negatives del turisme, que tant dolor causen a
les nostre comarques, als nostres pobles, siguen assumides per totes i tots.


I per últim, una reflexió que crec que és la que ha de portar-nos a la solució que fem aquesta legislatura. I és que si el dret a l'habitatge és un dret i no un privilegi ni un bé de mercat, hem d'invertir diners públics? Sí, però sobretot
hem d'atrevir-nos a regular i limitar aquells que mai tenen prou. Moltes gràcies.


Somos la segunda comunidad autónoma donde más difícil es emanciparse, solamente el 13,4 % de los jóvenes pueden hacerlo. Es una realidad muy importante en algunas regiones donde se ha disparado: un 35 % en Benidorm, un 33 % en Santa Pola.
De hecho, el 45 % de la compraventa en la provincia es de

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población no residente, de fondos buitre o de población que ni vive ni trabaja en Alicante. Lanzamos una propuesta sencilla que han hecho Andorra y otros sitios, que es aprobar una moratoria que impida la compraventa a población no
residente durante treinta y seis meses para estabilizar los precios de la vivienda. También proponemos que en el caso de los apartamentos turísticos y viviendas estacionales se tenga en cuenta el IVA; no es posible que no se pague IVA. Debemos
evitar que las externalidades negativas afecten a nuestros pueblos y que estas externalidades sean asumidas por todos.


Y una reflexión final que creo que debe llevarnos a la solución en esta legislatura: si el derecho a la vivienda es un derecho y no un privilegio ni un bien de mercado, debemos invertir dinero público, sí, pero debemos osar a regular y
limitar a aquellos que nunca tienen suficiente.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


El señor HERNÁNDEZ QUERO: Muchas gracias por la intervención.


Le agradezco el tono y le reconozco que era difícil, porque viene aquí a rendir cuentas de una de las áreas peor gestionadas por el Gobierno -al menos la pasada legislatura- y de uno de los principales problemas del país y en concreto de mi
generación. Créame que le deseo sinceramente suerte y acierto, no solamente a usted, si no que se lo deseo a todos los miembros de la Comisión porque lo que tenemos entre manos es suficientemente serio como para que seamos capaces de sacar lo mejor
de nosotros mismos y ponerlo al servicio de nuestro pueblo.


Le agradezco que no haya sido triunfalista -a diferencia de otras de las comparecencias que hemos visto esta semana de otros ministerios-, no nos ha querido colar el guion de una película de fantasía y, de hecho, reconozco que he encontrado
cuestiones de interés en sus palabras, pero creo que no ha sido del todo autocrítica, creo que ha sido algo autocomplaciente.


A la misma hora a la que usted estaba aquí rindiendo cuentas, un joven entraba en un portal inmobiliario y comprobaba desolado que las únicas treinta viviendas por debajo de 700 euros en Madrid tienen menos de 40 metros cuadrados. Yo me
pregunto qué proyecto vital se puede formar ahí y si esto es progreso. A la misma hora a la que usted rendía cuentas, una ciudad media castellana perdía su última fábrica y un joven hacía las maletas rumbo a una macrourbe, donde sinceramente no le
espera un futuro ilusionante, sino solamente compartir salón y baldas de nevera con desconocidos. Y yo me pregunto, ¿este es el modelo que queremos? Yo creo que estamos construyendo autopistas a la soledad y al desarraigo para muchos españoles. A
la misma hora que usted rendía cuentas, una señora abandonaba un barrio donde ha vivido toda la vida porque ya no puede más, el vecindario ya no es para ella, no le quedan vecinos, no le quedan amigos, no le quedan familiares, no quedan los
comercios de siempre y el entorno se ha convertido en hostil y en tremendamente caro, con unos precios inasumibles. A la misma hora que usted rendía cuentas, una madre de familia se desespera porque no consigue sacar horas para estar con los suyos,
vive a 50 kilómetros del trabajo, su vida es lo productivo, la carretera y llegar a dormir, y los pocos días que puede poner la tele se encuentra con que políticos de izquierdas y derechas se ríen de ella por tener un coche diésel. A la misma hora,
una joven se sentía insegura en su barrio de la periferia de Barcelona o de Tarragona, y dice basta; no quiere salir allí donde no la respetan por ser mujer, no quiere más miradas incómodas ni más comentarios desafortunados; tampoco quiere que
políticos de izquierda o derecha nieguen su realidad; busca estar tranquila, no quiere ser una heroína. A la misma hora, una unidad monoparental con hijos, que no encuentra vivienda asequible, ni siquiera destinando el 70 % de ingresos, ni
siquiera teniendo en cuenta que en verdad gana bien, que ganaría como para poder comprar, pero los precios se han disparado y quienes compran son otros, son otros de fuera; actualmente está en el limbo. A la misma hora, a una chica en Zaragoza le
piden 300 euros para empezar a ser candidata a vivir en un cuchitril. ¿Rapiña y voracidad? Pues puede ser, pero también es necesidad en la mayoría de los casos. Si uno depende de los ingresos de su segunda vivienda para pagar los gastos de sus
hijos y el Gobierno le garantiza que percibirá la renta uno se encastilla.


Efectivamente, aquí se ha mencionado que la okupación es un problema del que se habla más que de los desahucios, los desahucios son un problema, pero la okupación también lo es, y a esta misma hora seguramente en algún lugar del país a una
pareja de ancianos le han okupado la segunda vivienda -lo digo porque, según los datos, en cinco años ha subido un 62 %, es un dato objetivo-, una segunda vivienda que seguramente han comprado con mucho esfuerzo y por la que encima han tenido que
pagar el IBI al ayuntamiento y los suministros a unos getas mientras que no pueden disfrutar de su vivienda. No

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cabe duda, el Estado ha abandonado a los ciudadanos honrados y tranquilos, a estos señores, pero también a los que tienen al lado un narcopiso, también a los que tienen al lado un punto de venta de droga cuyo control se disputan en una
esquina de forma sangrienta dos o tres bandas. También ha abandonado a los más vulnerables de los más vulnerables, que no pueden acceder ya a una vivienda de protección oficial porque otros los han adelantado por la derecha. A la misma hora, hay
una comunidad de vecinos en lucha porque los siete pisos turísticos ilegales que hay en su edificio no cesan su actividad, y no sabemos qué se va poder hacer para que de verdad se someten a la ley. A la misma hora, un fondo de inversión desembarca
en una capital, compra manzanas enteras, expulsa a los vecinos y convierte las viviendas en colmenas o cajas de cerillas por las que después pedirá a un ojo de la cara. Por cierto, un fondo o un lobby como aquel en el que querían poner de
presidenta a Isabel Pardo de Vera, antigua secretaria de Estado socialista -no sé si se acuerdan de esto-. A la misma hora, una pareja pospone tener un hijo por la subida de tipos de interés, no por el medio ambiente, no, por los tipos de interés o
por los impuestos abusivos que le impiden poder acceder a la compra de vivienda. A la misma hora, hay gente en una ciudad dormitorio peleando por tales servicios porque alguien se limitó a poner ladrillos en torno a una carretera y les dejó sin
centros de salud, sin instituciones culturales, sin espacios de encuentro y conocimiento mutuo, sin parques y sin frecuencia de transportes.


Yo creo que estamos peor que nunca, y esto no es una plaga bíblica o una maldición. Lo verán ustedes que son los que tienen afrontar la responsabilidad. Es cierto que hace poco el señor Rodríguez Zapatero dijo que vivimos un momento dulce.
No sé para quién, yo creo que vivimos en un país con enormes problemas de cohesión territorial, con cifras récord de suicidios, donde aumenta el sinhogarismo, con colas del hambre, con vivienda inasequible, con inseguridad creciente. Se ha
mencionado hoy aquí algunos datos: la gente no se puede emancipar, la media de emancipación es 30,5 años, la más alta de los últimos veinte años. El 85 % de los menores de 35 años vive con sus padres, el 70 % de los menores de 35 años en 2000 era
propietario; el parque de vivienda para el alquiler social en España es del 1 % y en Europa la media es del 7,5; y la vivienda pública es del 2,5 y la media europea es el 9,5. Hay ciudades en las que el precio del suelo ha subido un 50 % en un
lustro. Hemos superado la media europea de sobreendeudamiento, cada vez tenemos menos propietarios de rentas bajas. Yo creo que, aunque haya muchos retos por cumplir y haya mucha predisposición para satisfacerlos, hay muchos problemas que vienen
de atrás y que no podemos hacer como si no existieran. Además, la familia ha hecho de amortiguador de muchos de estos problemas. ¿Qué pasaría si no hubiera familias? ¿Quién podría llegar a pagar hipotecas? ¿Quién va a llegar a pagar alquileres?
¿Quién podría llegar a final de mes? ¿Quién no estaría atendido si no tuviera familia? La soledad no deseada es la gran plaga de las ciudades que vienen.


Muchos de los problemas de la agenda urbana y la vivienda tienen que ver con la globalización y con la incapacidad de los Gobiernos para domesticarla o encauzarla. Por eso me ha sorprendido que usted no haya mencionado nada, sin embargo, ha
salido después en preguntas de algunos de los grupos parlamentarios. ¿Qué vamos a hacer con el golden visa y con los inversores de fuera? La compraventa ha caído un 15 % y, mientras tanto, los precios han subido un 8 %. Esto es algo artificial.
Si seis de cada diez casas se están pagando al contado en un momento en el que ahorrar es una quimera, ¿quién está comprando? Incluso algunos vienen dopados con ayudas o con deducciones autonómicas. Entonces me pregunto, ¿qué va a hacer usted al
respecto? ¿Y qué le parecen las decisiones tomadas no solamente en Holanda, como preguntaba el Grupo SUMAR, sino también en Canadá o en Portugal? ¿Se puede estar preocupado por nuestros barrios sin hablar de los problemas de convivencia que ha
traído para muchos -con frecuencia humildes- el multiculturalismo? ¿Se puede hablar de ciudades medias y no mencionar la desindustrialización o la deslocalización de producción a la que conducen sus políticas? ¿Se puede hablar de ciudades costeras
y no hablar de cómo los nómadas digitales están desplazando a los de siempre al disparar el coste de la vida? ¿Es sostenible para la población local ser una ciudad de moda? Yo creo que no. ¿Se puede hablar de agenda urbana sin mostrar el proceso
de sustitución del pequeño comercio familiar por la gran superficie? De verdad, ¿se puede hablar de agenda urbana sin pensar en cómo vamos a proteger a los nuestros de las inclemencias de un mundo global?


Decía que muchos son problemas que tienen que ver con la falta de investigación o de encauzamiento de la globalización, pero muchas otras tienen que ver con los fracasos de la regulación. Fíjese que, si le soy sincero, a mí no me sonaba mal
la regulación, eso de embridar el mercado para poder hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución a mí no me sonaba mal. Poner el bien común en el centro a mí no me sonaba mal, pero lo cierto es que no ha salido bien en ningún sitio. Entonces,
pongamos el empirismo y la experiencia real por encima del dogmatismo. Si funcionara yo diría: pongámoslo sobre la mesa, pero

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creo que no está funcionando, y cuando ustedes se pusieron a aplicarlo en el Estado ya teníamos datos suficientes de otras realidades donde no estaba funcionando, donde lo que sucedía es que los más perjudicados eran los que tenían menos
ingresos.


¿El resultado cuál ha sido? Subida de precios; reducción drástica de oferta de la vivienda de alquiler - de la duradera- en un 12 o un 15 %; endurecimiento de requisitos inasequibles para muchos; alquileres estacionales disparados, hasta
el 10 %; se ha pasado al mercado estacional; subida de los alquileres más bajos; mercado negro; familias que no pueden salir adelante ni siquiera destinando el 80 % del salario.


Creo que usted tiene un gran trabajo por delante y le deseo de verdad mucha suerte y mucho acierto. Creo que nuestro gran reto en materia de agenda urbana y de vivienda es tener un país saludable y que en este momento ese país saludable al
que aspiro no existe, porque creo que no es saludable un país concentrado en torno a cinco o seis grandes polos de desarrollo que absorben todo mientras el resto del país está infradotado. Usted ha sido alcaldesa de Puertollano y ministra de
Política Territorial y entiendo que estará bastante preocupada por la cohesión territorial. No es saludable un país fracturado entre ciudades multiculturales, centrificadas y conectadas de la gran trama global y otras que están desahuciadas y a las
cuales mucha gente mira por encima del hombro. No son saludables, incluso dentro de las grandes ciudades, las enormes diferencias de renta, de servicios o de esperanza de vida que hay entre unos barrios y otros. No son saludables ciudades en las
que las familias no pueden quedarse en el barrio en el que han nacido, en el que los hijos están lejos de los padres, en los que no hay futuro para el pequeño comercio familiar. Yo creo que no es saludable tener ciudades en las que hay más pisos
turísticos en los cascos históricos que niños, capitales de comarca que se vacían, o ciudades en las que se ponen fronteras de clase a transportistas, a familias pobres de la periferia o a trabajadores manuales porque no pueden cambiar de coche.


Para mí un país saludable es un país que tenga ciudades de uso mixto, seguras, tranquilas, donde nos encontremos, donde podamos forjar -si así lo deseamos- vínculos fuertes, donde la propiedad esté extendida y el alquiler sea asequible,
donde se realice el nosotros, el sujeto colectivo, que es la precondición para la democracia, la soberanía y la nación. Donde hay precariedad residencial, hay precariedad emocional, familiar y de seguridad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tienen la palabra los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, que se distribuyen el tiempo. En primer lugar, el señor Conesa.


El señor CONESA COMA: Bona tarda. Gracias, presidenta. Gracias, ministra.


Yo quería lanzar algunas preguntas al aire, no directamente a usted. ¿Qué podemos hacer con las comunidades que han manifestado que no quieren cumplir la ley de vivienda? Como vemos, muchos se llenan de declaraciones que solo quieren
encarcelar a las personas que no cumplen la ley, y resulta que ellos se niegan a cumplir una ley vigente. ¿Qué hacemos con esas presidencias de comunidades que se ríen de los problemas de los jóvenes que intentan solucionar sus problemas de
vivienda? ¿Qué hacemos con esas comunidades a las que les cuesta pagar el bono joven? ¿Saben los ciudadanos y ciudadanas de esas comunidades que el Gobierno central aporta 3 de cada 4 euros en materia de vivienda? Nos da la sensación a este
grupo, ministra, de que hay que comunidades que intentan eludir sus responsabilidades y creo que lo que quieren es cargar lo que va mal al Gobierno central e intentan ponerse medallas de lo que va bien en su comunidad, pero la realidad es que el
ministerio es el que actúa en muchas comunidades.


El Grupo Socialista sí cree en el Estado. El Estado es el Gobierno central, son las comunidades autónomas y son los ayuntamientos. Debemos, desde todas las instancias, estar allí donde se nos necesita, y la política de vivienda está llena
de necesidades. Lo sabemos todos. El mercado por sí solo -lo hemos comprobado- no resuelve los problemas, esa mano invisible que comentaba su señoría de Bildu no existe. Debemos ser conscientes de que, si el Estado no interviene de alguna manera,
los más vulnerables se sentirán inseguros, cuando lo que intentamos todos es encontrar la seguridad allí donde habitamos.


Ministra, sabe perfectamente que tiene detrás, al lado o donde haga falta a este grupo parlamentario. Ministra, tiene a los y las socialistas para realizar las políticas de vivienda que ha expuesto. Sabemos que es un reto, que las
políticas de vivienda son asuntos complejos, que no tienen una sola vía de solución y que se deben compaginar intereses y necesidades vitales. Sabemos, ministra, que es complejo, como la misma sociedad, que es poliédrica, aunque a veces nos quieren
hacer pensar que todos somos uniformes.

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Creemos que este es un ministerio clave en esta legislatura, lo creemos de verdad, de los que toman decisiones que afectan a las personas, un ministerio que debe quedar lejos de la palabra elegida como protagonista del año pasado. ¿Se
acuerdan de cuál fue? Polarización. No nos gusta que la polarización marque la actividad política, porque no es sinónimo de soluciones, que es lo que necesitan las políticas de vivienda en estos momentos. Necesitamos consensos y acuerdos, y lo
que vemos enfrente es oposición pura y dura, y que ni en esta materia tan delicada son capaces de llegar a acuerdos. Pensamos que las leyes están para aplicarlas y, desde todos los estamentos del Estado, se deben hacer esfuerzos de entendimiento,
no de confrontación, que es a lo que nos tienen acostumbrados algunos.


Permítame, ministra, que le diga que estamos ante un ministerio -se lo diré en catalán, porque no he encontrado exactamente la traducción- engrescador; podría decirse motivador. Tenemos una tarea por delante muy ilusionante y sabe que aquí
estamos los miembros del Grupo Socialista; otros parece que ni están ni se les espera. Creemos que este es el camino que hay que seguir: hablar con todo el mundo, porque todo el mundo debe participar, como usted ha dicho, de estas políticas.
Estar implicados es la línea correcta, para analizar las necesidades y los intereses en todo lo referente a vivienda, y le reitero que el Grupo Socialista estará para ayudar en un tema tan importante, de los que importa. Nosotros estaremos para
tirar del carro no para poner palos en las ruedas.


El presidente del Gobierno decidió crear un ministerio específico, demostrando la importancia de esta materia. Esto es vital para darle valor al quinto pilar del Estado. Cuando ha existido, siempre hemos tenido al frente personas de alta
preparación, por cierto, todas mujeres socialistas. Y si me lo permiten, me gustaría tener un recuerdo para mi queridísima Carme Chacón, que fue ministra de Vivienda, después de Defensa, a la que siempre llevaremos en el corazón. ¿Y qué tenemos
enfrente, señora ministra? Pues a la derecha de siempre, la que apuesta por el sálvese quien pueda. Nosotros hemos decidido jugar fuerte, abordar lo que es un problema mayúsculo, y ustedes, las derechas, solo apuestan por derogar y no aplicar. La
verdad es que con lo que les gusta la Constitución tienen una oportunidad de oro para aplicarla, ayúdennos. ¿Saben lo que se rompe? No se rompe España, se rompieron muchas economías de muchas familias por culpa de las políticas de vivienda de
otros tiempos. Nosotros, el Gobierno de coalición, con los votos de más grupos, nos hemos tomado en serio el problema de la vivienda, y ante sus inacciones y la falta de empatía hacia los más vulnerables, ponemos medios económicos, ponemos
colaboración y una visión amplia de un problema complejo, que tiene muchas variables, como la sociedad misma.


Ministra, este grupo está a su disposición. Le paso la palabra a mi compañero Javier.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez Palacios.


El señor RODRÍGUEZ PALACIOS: Buenos días, presidenta.


Buenos días, ministra. Intervengo para hablar de la Agenda Urbana Española, elevada al Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019, anclada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular del 11, que buscaba y
busca ciudades más inclusivas, sostenibles, seguras y resilientes. Se ha avanzado mucho en estos cuatro años, a pesar de la pandemia, a pesar de la COVID. La ministra lo ha indicado, por ejemplo, la rehabilitación de vivienda como una pieza
fundamental para la calidad de vida; compromiso de más de 400 000 actuaciones de rehabilitación residencial hasta el año 2026; 2970 millones ya transferidos a las comunidades autónomas, y aquí empieza a tener vigencia lo que ha afirmado la
ministra, esa alianza de país. Necesitamos que se visibilice la alianza entre comunidad autónoma, municipio y Gobierno de España, porque eso prestigia la política en positivo.


Hablamos de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de rehabilitación edificatoria, que marca un antes y un después, porque, a pesar de las competencias -y entiendo lo que han dicho aquí algunos intervinientes-, ha hecho de motor para que muchas
comunidades autónomas, muchos municipios vean la rehabilitación de vivienda no solo desde un punto de vista energético y de calidad, sino para intervenir en el entorno, ese entorno que también se tiene que regenerar con espacios verdes, con espacios
donde convivan los mayores, los niños, los jóvenes, donde saquemos un poco a la gente de su casa para que recupere esa manera de vivir la ciudad y abandonemos esa vida sedentaria muy colgada en lo virtual, que nos preocupa tanto de cara a nuestros
jóvenes. Para eso hace falta esa rehabilitación amplia que marca la nueva ley, en la que se interviene también en el espacio común, en el barrio. Porque hablamos de eso, hablamos de los barrios, hablamos de los lugares donde se produce la
convivencia. Y quiero hacer un apunte. Hay que abandonar esas posiciones retrógradas en las que decíamos: de toda la vida el coche es fundamental y se llegaba al centro de mi ciudad en coche. Eso es mentira. Los que hemos tenido el honor de ser
alcaldes

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de ciudades que tienen 2000 años de historia, como Alcalá de Henares, sabemos que el coche ha funcionado en los últimos sesenta años como el rey de la calle, pero el futuro está llamado a que la calle sea de las personas, y en eso es en lo
que se está trabajando desde el ministerio.


Además, también se está trabajando en cuestiones técnicas muy importantes, como es esa ley de arquitectura que tiene que ahondar en la calidad de la edificación, esa calidad que en muchas ciudades hemos visto que no era la adecuada y que,
por eso, fuerza a esas rehabilitaciones incluso casi de emergencia en algunos de los barrios construidos en los años sesenta y setenta. Es muy importante desarrollar esa ley y es una tarea


Quiero hacer un inciso sobre algo que hoy apenas hemos escuchado. Ocho de cada diez personas vivimos en ciudades y a veces nos olvidamos del medio rural, y en el medio rural también hace falta Agenda Urbana. Allí residen dos de cada diez
habitantes de este país, pero reside nuestra cultura, residen nuestros orígenes, residen las personas que nos facilitan la mayoría de nuestros alimentos, nuestra historia. Es muy necesario apoyar a esos municipios que muchas veces carecen de las
capacidades técnicas que tenemos en los grandes municipios. Nos olvidamos muchas veces de esa agenda rural. Por eso, es importante -y ha sido otro hito importante en estos años- esa orden que aprobó las bases reguladoras para realizar esos planes
piloto de Agenda Urbana en los que también había muchos municipios pequeños. Es muy importante la transversalidad conseguida con esa orden, que permitió a más de 120 municipios acceder a esos planes piloto. En definitiva, estamos hablando también
de esas zonas rurales donde el 2 % cultural también opera, y es parte importante de este ministerio. Ese 2 % cultural es el que nos permite rehabilitar edificios históricos importantes de nuestra historia a lo largo y ancho de todo el país, y que
son 80 millones para este año.


Voy acabando. Me preocupa enormemente que se den pasos atrás. Por mi experiencia como alcalde, conozco a muchos alcaldes de todos los colores políticos -del año 2015 al año 2023 da para conocer a muchos alcaldes y alcaldesas- y creo que
todos estábamos de acuerdo en mayor o menor grado con la existencia de la Agenda 2030, con la necesidad de una Agenda Urbana. No demos pasos atrás. Me preocupan enormemente esos pactos retrógrados que se están llevando a cabo en algunas
comunidades autónomas, como en Castilla y León hoy mismo, al decir que hay que eliminar el concepto Agenda 2030 de la educación medioambiental en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Cómo vamos a hablar de medio ambiente, cómo vamos a hablar
de sostenibilidad, negando la existencia de la Agenda 2030? Yo pido amplitud de miras, una alianza de país, no dar marcha atrás, porque todos los que hemos tenido responsabilidad política en los municipios sabemos que la Agenda Urbana existe, que
es buena para nuestros vecinos y vecinas, y siguiéndola nos situamos en la mayoría social de nuestros pueblos y de nuestras ciudades.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


A continuación, tienen la palabra los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, que también se distribuyen el tiempo.


Tiene la palabra el señor Mesquida.


El señor MESQUIDA MAYANS: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías, y también a los que nos siguen fuera de esta sala. Gracias, señora ministra, por su comparecencia de hoy. En septiembre de 2020, el Parlament de Catalunya aprobó la ley de contratos de arrendamiento, presentada por
Podemos. Un año y medio después el Tribunal Constitucional la anuló parcialmente por invadir competencias estatales. Durante el tiempo que esta nueva ley estuvo en vigor, los problemas de acceso a la vivienda en Cataluña se agravaron. Por tanto,
podemos afirmar que la política intervencionista en el alquiler fue perversa, es decir, consiguió el resultado contrario al perseguido. A partir de ese momento, y a pesar de la experiencia de los resultados en Cataluña, Podemos, Esquerra
Republicana y Bildu chantajean al PSOE de Pedro Sánchez para aprobar la misma ley, pero para toda España, y así fue. Hoy, ocho meses después de su aprobación, la oferta de alquiler ha disminuido más de un 30 %, según la FAI, la Federación Nacional
de Asociaciones Inmobiliarias. Los precios, automáticamente, han aumentado un 10 %, por tanto, el desequilibrio entre la oferta y la demanda se incrementan exponencialmente. ¿Dónde se están yendo las propiedades del mercado de alquiler? Como ya
han dicho, al alquiler temporal, al mercado turístico o, lo que es peor, al mercado negro, todo para escapar de una normativa que no favorece a nadie. Pero ¿quiénes son los principales perjudicados de esta política intervencionista? Una vez más
los ciudadanos con rentas medias y bajas. ¿Quién manda en el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda? La antigua Podemos y actual SUMAR, junto a

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los partidos independentistas. ¿Les suena que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe leyes que van en contra del interés general? Les cito unas cuantas: ley del solo sí es sí, por la que nadie dimitió, a pesar de las más de mil mujeres
afectadas; Ley de Educación, que ahora Pedro Sánchez intenta reforzar tras publicarse los nefastos informes PISA y, por último, la nueva ley de la vivienda, que ahora intentan remediar con miles de millones de euros para compensar su
intervencionismo. A todo esto, debemos añadirle las promesas de construcción de vivienda pública por parte del Gobierno y tenemos dos: por una parte, en el año 2021 el ministro Ábalos prometió 100 000 viviendas, 44 000 previstas por promoción
directa del ministerio o en colaboración con administraciones y 56 000 más en colaboración con asociaciones gestoras de alquiler. Por otra parte, en abril de 2023, el presidente Sánchez prometió decenas de miles de viviendas públicas más: 43 000
en una comparecencia en el Congreso, que se suman a las 50 000 más que había prometido veinticuatro horas antes, bajo el comodín de la Sareb. Al final, han acabado, como ha dicho la ministra, prometiendo 184 000 viviendas sociales, desglosadas en
diferentes anuncios, como si de una subasta se tratara, para tratar la pésima gestión en materia de vivienda.


Por tanto, tenemos dos grandes problemas: una ley intervencionista, que reduce el mercado de alquiler y crea una inseguridad jurídica y, por otra parte, las promesas irreales de construcción de vivienda pública del Gobierno. Desde el
Partido Popular somos partidarios de incentivar el mercado en lugar de intervenirlo. ¿Cómo? Por ejemplo, reforzar la seguridad jurídica, movilizar suelo público para vivienda, agilizar los trámites urbanísticos o poner en marcha de una vez los
avales para hipotecas de jóvenes, como estamos haciendo en comunidades como Madrid, Murcia o Andalucía. Por otra parte, también con medidas creativas, como las que está poniendo en marcha el Govern balear de Marga Prohens, facilitando el cambio de
uso de locales comerciales por viviendas. Como todos sabemos, el Gobierno de Pedro Sánchez pacta el rumbo y la agenda de este país en el extranjero, cumpliendo las exigencias de los independentistas y de SUMAR que, como todos los socios, se saben
imprescindibles y que el presidente Sánchez no tiene límites en las concesiones. Esto se ha convertido en un mercadeo insostenible. Por tanto, señora ministra, ¿usted se compromete a poner en el mercado las 184 000 viviendas públicas durante esta
legislatura?


Señora ministra, desde el Grupo Popular le tendemos la mano para resolver el problema de la vivienda desde la moderación, pensando en los ciudadanos, abandonando el intervencionismo y apostando por las políticas de incentivo que usted y yo
sabemos que son las que funcionan. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señora Agüera Gago.


La señora AGÜERA GAGO: Gracias.


Señora ministra, ahora yo le voy a hablar de otro de los grandes problemas que tienen los ciudadanos de nuestro país, un problema incentivado por sus políticas porque, cuando hablan de que ustedes hacen que la vivienda sea un derecho, usted
a quienes se refieren es a aquellos individuos que okupan propiedades ajenas Miren, la okupación ilegal que ustedes fomentan con sus políticas, además de una vulneración de la propiedad privada, perjudica gravemente la convivencia en las ciudades,
la cohesión social y provoca la degradación urbana. Y ustedes son los más tolerantes con estos delitos y, si ya lo eran, no me puedo imaginar qué es lo que va a pasar a partir de ahora, ahora que se están traspasando todas las líneas rojas, incluso
las que marcan ustedes mismos -de hecho, no existen las líneas rojas-, ahora que tenemos un Gobierno rehén de sus socios y que cada vez que decida algo tendrá que pasar por la mesa de Bildu, de Puigdemont, de Podemos y de los demás, que cada vez le
exigirán más y más, ahora que para ustedes todo vale y que España está viviendo una degradación institucional inconcebible que, mientras continúe Sánchez, va a mantenerse.


Con sus políticas de vivienda están perjudicando gravemente a miles de ciudadanos, y se lo digo yo que pertenezco a la comunidad más castigada. por ello, y sé de lo que hablo. Sé lo que es ver cómo una persona jubilada, que tiene una
pensión y un complemento de un pequeño piso alquilado, que se lo ha ganado fruto de su trabajo, tiene que padecer porque unos individuos han decidido hacer negocio con él. Se lo merece. Recuerden una cosa: el 95 % de los arrendadores son pequeños
propietarios, pero a ustedes estas realidades no les interesan y no les importan. Y sé lo que sufren los vecinos de un entorno con una okupación, la mayoría conflictivas. Usted no sabe lo que significa que te okupen un piso en tu comunidad o en el
entorno de tu vivienda: incrementa la inseguridad, la segregación de la zona, hay conflictos. ¿Esto es lo que se merecen los ciudadanos? ¿Estas son las ciudades que queremos? Y también sé el esfuerzo que se debe hacer por los ayuntamientos, que
estamos al pie del cañón cuando te

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llaman tus vecinos para avisarte de que les acaban de okupar un piso de su comunidad, y ustedes, mientras, limitando cualquier recurso para ayudar al ciudadano. No hablo del okupa, obviamente, el okupa cada día está más protegido con su
Gobierno. Mire, señora ministra, la okupación ilegal ha aumentado desde que Sánchez está en el Gobierno: de 2018 a 2022 se ha incrementado en un 37 %, un dato incuestionable, como usted dice. Tenga clara una cosa, la tolerancia con la okupación
ilegal no ayuda a los más débiles, sino que castiga a los barrios más humildes, que es donde se producen gran parte de estas okupaciones. ¿Y ustedes qué hacen frente a esto? La ley de vivienda, esa de la que presumen, una ley permisiva con la
okupación. ¿Qué más hacen? Un decreto pactado con sus socios de Bildu, anunciado a bombo y platillo, donde cargan en el propietario la obligación de protección social que tiene el Gobierno con los vulnerables, se lo cargan al particular, al
privado. Entonces, ¿ustedes para qué están? Para que su responsabilidad la cargue el particular, el propietario está totalmente desamparado, y se sienten orgullosos, ven las consecuencias gravemente perjudiciales de todo lo que hacen y, en lugar
de rectificar, continúan.


Señora ministra, construyan viviendas, pongan a disposición viviendas y no solo lo anuncien. Gracias a ustedes ha aparecido un nuevo fenómeno, la inquiokupación, y todo ello lo que, evidentemente, ha provocado es una reducción de la oferta
de viviendas y una exigencia de mayores garantías para los inquilinos. ¿Y por qué? Por el miedo a que te okupen una vivienda y no puedas recuperarla por culpa de sus políticas, por el miedo a tener que sufragar gastos de abogados, gastos derivados
de la vivienda, gastos de suministros e incluso gastos de rehabilitación de la vivienda por los destrozos que pueden hacer los okupas. Incluso la Comisión Europea va a investigar este fenómeno que ustedes han creado; les sorprende. Escuchen a las
víctimas de las okupaciones. El particular no tiene que pagar su falta de gestión. Ustedes se han posicionado muchas veces, pero nosotros vamos a seguir exigiendo una ley contra la okupación y todas las medidas necesarias para acabar con estos
delitos, porque son delitos. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir de la mano de Bildu, de SUMAR, de Podemos?


Señora ministra, están yendo por mal camino, y lo único que tengo claro es que, para tristeza de todos los ciudadanos españoles, no se puede esperar nada bueno de su Gobierno, un Gobierno con un presidente que está humillando, día tras día,
a nuestra democracia, con el único propósito de seguir en el poder.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


A continuación, para contestar las intervenciones de los portavoces, tiene la palabra la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA (Rodríguez García): Muchas gracias, señora presidenta, y gracias a todos los portavoces, a todos los diputados y diputadas por el tono de sus intervenciones. Para no perderme en mis
anotaciones, voy a tratar de responder en el orden en que ustedes han intervenido, a riesgo de poder repetir en alguna ocasión la coincidencia en la preocupación o la crítica. Valoro mucho el tono que ustedes han mostrado en esta Comisión, pero
sobre todo creo que es valorado por la ciudadanía, y eso tiene que ser motivo de celebración.


En primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Rego -no está, habrá tenido que salir a otra Comisión- focalizaba su intervención en el asunto de las competencias y la Sareb. En el ámbito competencial -lo reiteraré también ahora, porque ha
habido alguna otra intervención y más concreta sobre algunas cuestiones y su encaje constitucional-, en relación con la Sareb, saben ustedes que en estos momentos está anclada en el Ministerio de Economía. Desde luego, vamos a prestarle mucha
atención desde el Ministerio de Vivienda, porque la tenemos como un instrumento más en la finalidad que antes manifestaba. Creo que hemos avanzado con este instrumento, que es quizá un símbolo de aquel drama, de aquella crisis y, sobre todo, de
cómo se gestionó la crisis. Porque, lamentablemente, todos los que tenemos responsabilidades públicas estamos expuestos a tener que gestionar crisis, también individualmente, en nuestras vidas cotidianas, y las crisis lo que marcan, desde lo
público, es la respuesta que se da a esas crisis. Y puestos a presumir -que también me gusta presumir de lo que hace mi Gobierno-, si pudiéramos sintetizar qué es lo que ha hecho el Gobierno de España en estos años con respecto a otras crisis, es
que la salida ha sido bien distinta, y luego puedo mencionar algunos ejemplos, claramente también en materia de vivienda, donde se priorizó salvar a la banca, en lugar de salvar a las personas de los desahucios. Se siguió especulando con la
vivienda, en lugar de abordar políticas públicas dirigidas a salvar esa situación. Todos vivimos con angustia aquella respuesta a la crisis. Yo estaba aquí entonces,

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en esta casa, cuando los mensajes eran: ante la crisis, hay que recortar salarios, hay que propiciar una reforma laboral, que nos llevó a las tasas más altas de desempleo; vivimos por encima de nuestras posibilidades. ¿Por qué no
recortamos maestros, sanitarios, etcétera? Este no es el objeto de mi comparecencia, pero sí quería ponerlo en valor con respecto a la Sareb, porque lo que se ha hecho en estos últimos cuatro años es, primero, hacernos con el control de la entidad,
con la participación del Estado, porque todavía cuando nosotros llegamos el Estado no tenía el control de la entidad, y hemos puesto la entidad al servicio de la causa. Ciertamente, hemos avanzado -y después concretaré también algunos datos-, hemos
conseguido regularizar esas viviendas para que sus inquilinos estén tranquilos.


Por lo que se refiere a las familias vulnerables, las estamos regularizando; hay también procesos de regularización en marcha. Después me detendré en algún dato adicional, pero claramente hemos reorientado la dirección de la Sareb, y creo
que ahora es un instrumento puesto a disposición de las políticas públicas de vivienda, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, no solamente de la Administración General del Estado, con un potencial de 50 000 viviendas, como ustedes
saben, 21 000 de ellas están terminadas, 14 000 están habilitadas en su mayor parte ya regularizadas, -que es a lo que antes me estaba refiriendo- y, además, abordando no solamente a esos inquilinos con la respuesta de la vivienda, sino también
acompañándoles en un proceso de orientación laboral y de reinserción social. Creo que esta es una propuesta que también se corresponde con el ADN de este Gobierno. Y, como ya he dicho, también está a disposición de otras administraciones públicas,
con un potencial de suelo de hasta 15 000 viviendas. No me detengo más en esto por la ausencia del señor Rego.


La señora Verstrynge hacía mención a los desahucios, que yo he calificado como la cara más amarga de la gestión de aquella crisis. Lamentablemente, todavía se están produciendo, pero también podemos poner en valor lo que hemos logrado en
estos años. Hemos protegido a las personas vulnerables, también estamos abordando los desahucios hipotecarios, por lo que también en este en este campo hemos conseguido dar un cambio de dirección en lo que venían siendo las políticas habituales.


Incidía también la señora Verstrynge en lo que yo he puesto de manifiesto en mi intervención, en la brecha social que propicia este problema que hoy tiene el país. Esto no puedo más que compartirlo, y creo que compartimos también el
objetivo de combate, estamos dispuestos a combatirlo. Los matices siempre están en el diálogo político de las diferentes fuerzas que estamos representadas en esta Cámara. Me consta la dificultad con la que se debatió la ley de vivienda, y muchos
de los que estáis en esta sala fuisteis ponentes, otros lo vivimos con otra preocupación desde el Gobierno. Por tanto, no trato de reabrir debates, pero sí creo, porque también se ha deducido de las intervenciones, que tenemos que empeñarnos en
exprimir todo lo bueno que esta ley nos ha dado para intervenir en la política pública de vivienda. Algunas cuestiones ya las he mencionado a lo largo de mi intervención: más oferta, más alquiler, más rehabilitación, que están en las líneas y en
el trabajo del ministerio. Me indicaba usted que me pusiera en esas situaciones de mayor adversidad. No tengo que ponerme, y no voy a hacer populismo con mi trayectoria vital, pero no me hace falta imaginarlo, porque lo he vivido.


No he recibido ninguna presión hasta ahora. Llevo unos cuantos años dedicada a la vida pública y he tenido siempre la sensación de que esto es que se debe transpirar, como la comunicación, y entonces uno sabe cuándo se puede acercar a
presionar y cuándo no, y cuándo se puede acercar para corromper y cuándo no. Yo no la he sentido y creo que no la voy a sentir, porque no sería eficaz.


De su intervención también tengo anotado -le pongo mucho valor a esto y, además, otros portavoces también han abordado esta cuestión- el dato público al servicio del interés público. Todos leemos muchos informes -habéis hecho mención a
algunos de ellos-, y todos vienen con interés legítimo -insisto, respeto los intereses privados-, pero tienen intereses privados, que no son los nuestros, los nuestros son los intereses públicos. Por eso, es muy importante mejorar, y la ley nos
mandata a ello, toda la gestión del dato público en materia de vivienda. ¿Cuántas son las personas realmente afectadas por los desahucios? Este es uno de los problemas que nos plantemos. ¿Cuántas personas están demandando un alquiler en España?
¿Qué tipo de contratos de alquiler se están firmando? Ese es un campo en el que vamos a poder avanzar mucho a lo largo de esta legislatura.


La señora Vaquero, del PNV, me hablaba de promesas no realizables, de que habíamos prometido mucho y no lo habíamos hecho. He dado buena cuenta de ello, pero, si me lo permite, me voy a reservar alguna cosa también para el Grupo Popular,
porque a lo largo de mi intervención he ido deslizando algunos de esos compromisos, algunos muy materializados y concretos, como el ejemplo en Cornellá del que antes les hablaba. Podría resumir la conferencia sectorial materializada ya en todas las
transferencias de créditos a las comunidades autónomas. Entiendo el interés en la causa competencial, por lo que

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significa el Partido Nacionalista Vasco. Debe saber también, por mi trayectoria en la gestión de la política territorial en nuestro país y mi colaboración con el Gobierno vasco, que tienen mi absoluto respeto al marco competencial, y creo
que en ocasiones es una tarea apasionante, desde el punto de vista intelectual, de la academia, pero en ocasiones también la ciudadanía nos exige que consigamos soslayar esos ámbitos más de rigor jurídico para dar respuestas rápidas. Y lo hemos
hecho en pandemia donde, con clara separación de ámbitos competenciales, fuimos capaces de unirnos en torno a objetivos. Yo reclamo mucho esa forma de trabajar, con el absoluto y escrupuloso respeto al marco competencial.


Además, valoro mucho que el Gobierno vasco no haya ido directamente a un recurso al Tribunal Constitucional, sino que haya preferido entablar un diálogo con el Gobierno para intentar articular algunos acuerdos en torno al texto vigente. Lo
valoro expresamente, como valoro mucho la política de vivienda, no solo de esta última legislatura -que, además la gestiona un compañero mío, el señor Arriola-, sino la política que el País Vasco ha llevado a cabo en los últimos años en nuestro
país, incluso antes de esta legislatura; esa avanzadilla que hubo ya con esa ley a la que también se ha referido el señor Matute.


Me pedía usted una valoración de la ley, y en aras de ese rigor al que antes me he referido, llevamos seis días a cargo del ministerio; la ley lleva ocho meses con citas electorales que han intervenido en la gestión de algunas de las
cuestiones que estaban pendientes de la ley. Pero ya le puedo asegurar, por esa incidencia que antes le decía y esa dirección general que hemos creado en el ministerio, que vamos a seguir muy de cerca la evolución de la ley, que la vamos a seguir
muy de cerca. Otros portavoces también me planteaban cuáles están siendo sus efectos. Soy de la opinión -lo he manifestado en alguna ocasión públicamente- de que solo una norma no acaba con un problema, igual que una sola Administración no puede
hacerse con él. En definitiva, como antes decía, ante problemas complejos, no puede haber soluciones fáciles. No puede ser que todos los males que hoy tiene la vivienda en nuestro país se deban a una ley que tiene una vigencia de ocho meses, que
es lo que plantean desde algunos ámbitos de esta Cámara o desde el sector privado. Eso tampoco puede ser, porque hace ocho meses ya teníamos problemas muy graves de vivienda en este país.


En relación con los grupos de trabajo, tengo que informarles que -igual no me he detenido lo suficiente- efectivamente ya nos hemos reunido, lo hicimos apenas al mes de llegar al ministerio, siguiendo ese mandato de la disposición adicional
quinta. Se ha creado un grupo de trabajo que está compuesto por representantes de la Administración General del Estado, por representantes de la sociedad civil, por entidades y organizaciones públicas y privadas y además por sectores sociales. El
objetivo es eliminar o reducir los impactos negativos sobre la vivienda en alquiler. Nos hemos concentrado en temporada y también estamos abordando turísticos. El equipo, como les decía al comienzo de mi intervención, está a su disposición para
poder ampliarles la información, pero tengo que decirles que estamos en los trabajos iniciales. Nos hemos reunido el 22 de diciembre y estamos esperando las propuestas de las personas que participaron en ese primer encuentro para ponerlas en común
en las próximas semanas. Puedo compartirlas con ustedes. Cuando antes decía venir aquí dentro de cuatro años me refería para hacer balance de la legislatura. Estaré encantada de comparecer cuantas veces ustedes consideren necesario. Aunque
todavía me encuentro dando respuesta a su señoría del PNV, como he detectado interés por otros portavoces, no se trata en ningún caso de invasión competencial. Todo lo contrario, esto quedó fuera de la ley, sabiendo que era una cuestión que
tendríamos que abordar con mucho cuidado desde el punto de vista competencial. Quiero aplaudir -y lo he dicho antes en mi intervención, pero quizás no con suficiente entidad- a aquellas comunidades autónomas que se están remangando y están tomando
decisiones en materia, por ejemplo, de apartamentos turísticos, y también a aquellos ayuntamientos, que los hay de todos los colores, que también están abordando la cuestión de los pisos turísticos en sus municipios. Por tanto, no se trata de
interferir en las competencias autonómicas, sino todo lo contrario. Quizá desde aquí lo que puedo hacer es un llamamiento a todas las comunidades autónomas para que exploren ese margen de actuación que tienen en el ámbito de sus competencias, con
el máximo respeto también, porque creo que en el caso de los apartamentos turísticos hay mucho de autonomía local, porque España es muy diversa, muy distinta y nada tiene que ver una realidad con otra, todo lo que está en sus manos e incluso algunas
cuestiones que ya se prevén en las normas, como es el cargo, a través del IBI, a las viviendas vacías y que no se está haciendo uso de ello por parte de los ayuntamientos. Tenemos muchos instrumentos y mi llamamiento sería a explorarlo cada uno en
el ámbito de sus competencias. ¿Qué está haciendo la Administración General del Estado? Ver en el ámbito nuestras competencia, fundamentalmente dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos, qué más podemos explorar para ser más eficaces ante un
problema que ustedes mismos han denunciado y que,

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en el momento en que es un fraude, hay que perseguirlo, porque, como todo fraude, no puede quedar sin respuesta.


El señor Matute, al que agradezco también el tono de su intervención, hacía un poco un balance histórico de que ciertamente este es un problema endémico en nuestro país. Seguramente habremos cometido muchos, muchos, errores. Hemos cometido
muchos, porque hemos gobernado distintos partidos, en unos sitios y en otros, porque las competencias no solo están aquí, sino que están en las comunidades autónomas. Ciertamente, en los últimos años -y hablo solo durante la democracia- hemos hecho
un gran esfuerzo inversor en una dirección que ya hemos detectado, como se pone de manifiesto en la aprobación de la ley, que no fue en la dirección correcta, por eso la estamos reorientando y una de las bondades de esta norma es que la inversión
pública, el esfuerzo público, sigue sirviendo al interés general, que fue uno de los avances importantes que se consiguió en aquella Ley de Vivienda, la que tenemos en vigor.


Respecto a la lucha contra la especulación, comparto el objetivo y tendremos que seguir abordándolo. Insisto en que no vamos a reabrir el debate de la Ley de Vivienda en aras, como usted decía también, a avanzar en el futuro y en exprimir
todo lo bueno que nos deje para seguir poniendo soluciones y tener los instrumentos para abordar esta política. Se pregunta si las comunidades autónomas están cumpliendo. Algunas más -militantes-, otras menos e incluso algunas rebeldes, podríamos
decir, pero claramente es una ley que está en vigor y que hay que cumplir. El máximo respeto, insisto, a las competencias autonómicas y a los procedimientos ante el Tribunal Constitucional, que es el garante -hace falta recordarlo a veces- del
cumplimiento y del marco constitucional en nuestro país. Tenemos toda la confianza en el Tribunal Constitucional para que emita su opinión en torno a estos recursos que las comunidades autónomas tienen interpuestos y los trabajos que se están
desarrollando en el Ministerio de Política Territorial. Sí me preocupan -y, desde luego hay que ver y hay que articularlo jurídicamente- aquellos ayuntamientos -y también lo ponía de manifiesto el portavoz del Grupo Socialista-, que los hay de
todos los colores, porque estos días yo les estoy escuchando y son de todos los colores, que están exigiendo en sus zonas que se aplique el criterio de zona tensionada para poder aplicar los índices de precios. Si hay una ley en vigor y hay una
comunidad autónoma, que finalmente tiene que ser la que gestione el procedimiento de zona tensionada, los ayuntamientos tienen que dirigirse a esa comunidad autónoma para exigir el cumplimiento de la ley, porque hoy la ley está en vigor. Insisto,
los hay de todos los colores. Entiendo -y aquí algunos de los portavoces hemos tenido responsabilidades municipales- la urgencia del alcalde o de la alcaldesa que tiene esta circunstancia en su municipio, que sabe que tiene un instrumento y que
quiere utilizarlo. También estamos recibiendo en el ministerio algunas peticiones y he puesto a trabajar a los servicios jurídicos para asesorar a los ayuntamientos en torno hacia dónde tienen que ir, pero no dejo de recibir -y también de ver en
prensa- a ayuntamientos que quieren implementarla, y a los que yo animo a hacerlo. Me quedo con el municipio dispuesto a la Sareb, y nos ponemos en contacto con economía.


Respecto a la preocupación de los arrendamientos temporales turísticos y el ámbito competencial, me he referido a ellos e insisto en que podemos mantener mayor conversación e información con los equipos del ministerio sin ningún problema.
Sobre los proyectos de viviendas comunitarias y las personas mayores ya estaban en la proyección del Plan Estatal de Vivienda. Es verdad que no todas las comunidades se están haciendo cargo del mismo. Cuando les hablaba antes de que estamos
diseñando y pensando ya -y tendremos que tenerlo por escrito para final de año- el próximo plan de vivienda estatal, considero que esta Comisión puede hacer algún trabajo especial para sugerirnos algunas cuestiones que se han puesto encima de la
mesa en esta primera comparecencia. Seguramente habrá que orientar o dirigir más lo que sean políticas estratégicas de país, porque ciertamente no todas las comunidades reaccionan de la misma manera con estos planes, y cuando uno pone recursos
públicos tiene que hacer también una tarea de fiscalización en el sentido de objetivos. Igual hay que trabajar más por esos objetivos. Estas iniciativas son muy importantes, porque se ponen en contexto con otra política del Gobierno, que a mí no
me parece menor, ya hemos hablado mucho de los jóvenes, pero este es un país que va con una tendencia poblacional donde las personas mayores cada vez son más importantes, desde el punto de vista del número de población, y a las que queremos atender
de manera distinta y que terminen viviendo el máximo tiempo posible en sus viviendas. Hemos hecho un replanteamiento de las políticas de cuidado en el Gobierno, que tiene que ser coherente también con la política de vivienda. Probablemente aquí
tengamos que prestar mayor atención en los planes estatales para motivar, sugerir o condicionar más estos recursos que ponemos a disposición de las comunidades autónomas, que ya tenían estas partidas para este tipo

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de proyectos, que fue una de las novedades del plan anterior, como lo fueron también -alguien me preguntaba por ello e igual no he hecho suficiente mención siendo yo muy rural- las acciones concretas para el desarrollo de viviendas en el
ámbito rural, que es otro de los problemas que tiene el país. Hay dos contrastes. Los problemas en las zonas de las grandes capitales de España y los problemas en las zonas rurales, cada una necesita distintas soluciones, pero los planes de
vivienda ya tienen abiertos esos capítulos y los recursos económicos para llevar a cabo acciones que seguro que vamos a mejorar a lo largo de la legislatura. No sé si me he dejado algo, señor Matute. (El señor Matute García de Jalón hace gestos
negativos con la cabeza). Me había metido aquí la ficha de la importancia de la Ley de Vivienda de blindar el interés social frente a los especuladores, sin duda es uno de sus objetivos prioritarios.


Contesto a la señora diputada de Junts. Respecto a la experiencia de Cataluña, es verdad que en algunas cuestiones Cataluña va por delante. Véase la gestión de la regulación por parte de la autonomía de los pisos de alquiler turístico, que
es importante, y además vamos a analizar todas las experiencias. De hecho, hemos tenido en cuenta esa experiencia del indicador de precios, que existía en la anterior ley catalana, para adecuarlo introduciendo algunos mecanismos adicionales. El
equipo ha estado trabajando directamente con los equipos de la Generalitat, porque los hemos tomado como referencia, por lo que sí que tenemos en cuenta esa experiencia y la hemos tomado como referencia.


Respecto a las okupaciones y a la delincuencia, tengo algunos datos que, como digo, me he dejado para el final. Es muy importante distinguirlas, lo que es una ilegalidad de lo que es una familia que se encuentra con un problema, que hemos
de abordar. También hay que ver dónde están las competencias, porque esto del debate de las competencias a mí me encanta. Por eso digo que podríamos estar horas, porque, claro, cuando uno es competente de la protección social también tiene que
ejercerla, y las comunidades autónomas tienen un papel muy importante. La ley las mandata a atender estos casos de vulnerabilidad. Hemos ampliado, en el último decreto de urgencia que aprobó el Parlamento, la protección a las personas vulnerables
frente a los desahucios. Pero las comunidades autónomas han de atender ya esta realidad, porque también están mandatadas por la Ley de Vivienda.


La seguridad jurídica es muy importante. Hay veces que no solamente es el texto de la ley, sino que cuando nos ponemos a hacer ruido con las leyes no sabemos hasta dónde eso genera incertidumbre e inseguridad en la ciudadanía. Esta ley,
que costó sacarla del Parlamento, generó mucha más inseguridad durante su tramitación que ahora que está en vigor. Ustedes, señorías, que son los responsables de legislar, también tienen que tener eso muy presente. Cada vez que uno de nosotros o
que uno de ustedes, uno de vosotras y vosotros, hace una consideración, porque la gente no está todo el día leyendo los periódicos ni entrando al BOE, o un anuncio la gente se piensa que la ley está en vigor y eso tiene consecuencias en su vida, en
su desazón y en sus expectativas. Ciertamente, la tramitación de la ley generó mucha sensación de inseguridad. Pero hoy tenemos una ley en vigor que lo que tenemos que hacer es analizarla correctamente para ver cuáles están siendo sus resultados y
orientar las políticas en torno a esas conclusiones.


En cuanto a la seguridad jurídica y los propietarios, creo que uno tiene que gestionar la realidad existente y no la realidad deseada, y también otros portavoces me han hablado de esto. Tenemos el país que tenemos, con la tradición que
tenemos, en todos los aspectos, también en su cultura de propiedad. Eso tenemos que gestionarlo también desde las administraciones públicas. Hay propuestas en torno a la protección de los propietarios, les he hablado de algunos proyectos muy
singulares, pero yo lo que haría hoy sería un llamamiento desde aquí a todos los propietarios que tienen un una vivienda vacía para que la pongan en el mercado a un precio asequible, claro que sí. ¿Qué puedo ofrecer yo? Herramientas que ya estamos
dando a las comunidades autónomas: seguridad en cómo serán entregadas después, participación en la gestión y el programa de avanzarles la renta. Hay empresas que se están dedicando a esto y hay negocio, pero no quiero que sea negocio, quiero que
las administraciones públicas, porque estamos poniendo muchos recursos, hagan también ese trabajo.


Respecto a los usos turísticos, ya he podido poner en valor el decreto de Cataluña sobre más recursos. Este es un debate importante. Creo que hay que centrar los recursos públicos. Es un debate que no se puede separar del debate de la
fiscalidad, porque la máquina de hacer dinero todavía no la hemos inventado. Esto viene de la fiscalidad y es un debate leal que tenemos que mantener con las autonomías y el Estado está haciendo todos los esfuerzos necesarios -y también esperamos
todos los esfuerzos necesarios por parte de las comunidades autónomas- y vamos a seguir explorando esa vía. Además, también tengo que decirle que puedo destacar la buena relación que tenemos con la Generalitat de Catalunya (La señora Vallugera
Balañà hace gestos afirmativos con la cabeza), que ha marcado la

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política de vivienda como una prioridad. He podido estar reunida con la consellera y hemos avanzado ya en algunos trabajos y, sin duda, será una legislatura provechosa también en Cataluña para la consolidación del derecho a la vivienda.
Hablábamos del fraude en relación con los temporales, creo que hay que perseguirlo. Las comunidades autónomas también tienen sus competencias en materia de consumo. Hemos activado al Ministerio de Consumo para prestar atención a ello y es uno de
los temas que tenemos sobre la mesa para abordar precisamente en este grupo de trabajo que hemos puesto en marcha.


Señoría, usted fue la que habló de la importancia o no del Ministerio de Vivienda, que valoraba que no era importante. (La señora Vallugera Balañà hace gestos negativos). Aprovecho para reivindicarlo entonces, igual entendí mal. Me habré
perdido, pero no pasa nada. Creo que es importante, porque de este modo se enmarca la priorización política; porque permite analizar de manera mucho más determinada la situación; porque marca unas dinámicas dentro del propio Gobierno; porque
pasar de una dirección general, como estábamos, a una estructura ministerial nos ha dado la capacidad de interlocución y de poder tener esa relación con otros ministerios, que gestionan materias que afectan a la vivienda, y les he hablado también
tanto de la Sareb como de la legislación hipotecaria. Tener una cartera que represente y defienda este derecho constitucional es un avance de nuestra democracia. Además, como decía también el portavoz socialista, siempre ha existido cuando ha
habido gobiernos socialistas en los últimos años en democracia en nuestro país. Lo han gestionado compañeras (El señor Conesa Coma hace gestos afirmativos con la cabeza) y especialmente me adhiero a ese recuerdo, que comparto también, a Carme
Chacón, que además de ministra fue miembro de esta Cámara como vicepresidenta de la Mesa.


En cuanto al alquiler turístico, que también le preocupaba, y el tema de la competencia, insisto, para que no quede ninguna duda en esta comparecencia, en que lo estamos explorando a petición incluso de las comunidades autónomas. Es decir,
en alguno de estos encuentros que estoy manteniendo en las bilaterales con las comunidades autónomas y también en la sectorial fue objeto de preocupación por parte de las comunidades autónomas. Es decir, estoy atendiendo una preocupación de las
autonomías. Estamos explorando el margen que pueda quedar, más allá del ámbito competencial autonómico, para abordar esta situación. Es verdad que aquí hay mucho derecho comparado. Alguien hablaba de experiencias en otras ciudades europeas. Aquí
tenemos ya mucho derecho comparado para abordar esto. Es verdad que la distribución territorial de nuestro país es distinta y quizás es lo que lo complica, pero tenemos una voluntad clara, porque, como se decía -y se ha expresado-, no se trata solo
de la afectación a las rentas, que sin duda es lo más importante, sino incluso de cómo esto afecta al diseño de nuestras ciudades, que dejan de ser ciudades para ser un parque temático de pasajeros y de turistas.


Al Grupo SUMAR, a la señora Pin, que intervino en primer lugar, y al señor Ibáñez, que lo hizo seguidamente, les comento que es muy importante, cuando hablamos en cada una de nuestras intervenciones, que además de subrayar las iniciativas
que tenemos cada grupo político, porque tenemos nuestros dos programas electorales, pongamos en valor y subrayemos la importancia de esta coalición y de lo importante que ha sido recoger, con las alianzas de otros grupos, el sentir general del 23 de
julio en la protección de los derechos, en la consolidación de las libertades y en la garantía de la convivencia en nuestro país, que es lo que está propiciando este Gobierno. Anoto esas aportaciones que nos hacían, pero creo que es muy importante
que aprovechemos cada ocasión que tengamos, porque otros aprovechan todas las que tienen para atacar al Gobierno, para poner en valor todo lo que este Gobierno ha hecho en muchas materias, también en vivienda, más allá de mostrar después estas
posibles divergencias en nuestros programas electorales. Tenemos un campo de actuación que es el acuerdo, porque hay una buena parte del acuerdo que hemos firmado las dos formaciones políticas, SUMAR y el Partido Socialista Obrero Español, que está
dedicado a la vivienda. En dicho acuerdo se refleja claramente la priorización por parte de ambas formaciones de esta política, y ese acuerdo es lo primero que tenemos que explorar. Por supuesto, la legislatura es larga para ir viendo otras
opciones, siempre con ese mensaje, que antes decía, de seguridad y de que cuando vayamos a proponer algo lo tengamos muy maduro para lanzarlo a la ciudadanía sin ningún tipo de riesgo de tener que retroceder o de tener que modular. Esta experiencia
del primer Gobierno de coalición nos ha de servir para que, cuando hayamos acordado algo, si ya lo hemos acordado y ya lo hemos trabajado, no tengamos que venir después al Parlamento a mostrar las diferencias, seguro que la ciudadanía nos va a
entender mejor. Es un aprendizaje, al menos yo así lo he vivido en mi experiencia en el Gobierno, de cara a esta legislatura, que se muestra también apasionante, y espero que sea sin altercados, como vivimos la anterior, de pandemias y otros
sucesos que no podíamos imaginar. Por tanto, anoto sus propuestas como guía para trabajar dentro del seno del Gobierno y explorarlas también en todos los foros de participación y de implicación que podamos llevar a cabo.

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En cuanto a las experiencias concretas, ya le avanzaba que había tenido la ocasión de reunirme con la PAH, necesitamos datos para abordar bien la realidad y evitar este tipo de casos a los que usted hacía mención antes. Decía usted: La
sociedad ha ido antes que la política. Pasa muchas veces. (La señora Pin Ferrando hace gestos afirmativos con la cabeza). A nivel personal -y lo lanzo aquí para compartir con ustedes- siempre me marco un reto cuando asumo cualquier
responsabilidad, pero tampoco hay que ponerse retos muy elevados. A veces basta mirarse en el espejo de la sociedad para decir quiero estará a su altura. Si nos ponemos a su altura, la sociedad española es extraordinaria. Si conseguimos estar a
la altura de la sociedad española ya lo estamos haciendo muy bien.


El señor Ibáñez insistía un poco en las instituciones frente a las organizaciones, era él quien lo había dicho -y de ahí esa esa reflexión sobre desahucios y okupación-, ya me he referido a ello y quiero volver a final de esta intervención.
Sobre aquellos ciudadanos que alquilan un piso o un apartamento o una vivienda, como decía antes, les pido que lo hagan a un precio asequible. No les quiero perseguir, quiero que lo hagan a un precio asequible, porque así estarán dando
oportunidades a otras personas.


Al señor Hernández, de VOX, tengo que decirle que le agradezco mucho el tono, muchísimo -y sus deseos de aciertos, que espero tenerlos-, y la sensibilidad que muestra en alguno de sus temas. Casi, casi, estaba pensando que igual le podía
convencer para cambiar de partido político. Más allá del diagnóstico, igual ya en la propuesta no estamos tan de acuerdo, porque lo que usted ha hecho es dibujar un escenario de evidencias -que no dudo que estén ahí- de vivencias, de experiencias y
de situaciones que existen en España y que se producen hoy en nuestro país. Se preguntaba usted qué pasaría si no estuviera este Gobierno o algo así. No sé cómo lo ha formulado. Desde luego, esas experiencias están ahí y yo, volviendo al orgullo,
como han dicho que me hacía falta un poco de autocrítica, le doy una dosis de orgullo de gestión. Volviendo al orgullo, todas las situaciones que usted ha descrito, de no haber estado este Gobierno al frente, serían mucho peor, porque todas esas
situaciones se han visto acompañadas de ingreso de sus pensiones. Esos mayores a los que usted hace mención hoy tienen pensiones revalorizadas del entorno de los 1400 euros, creo que es la media en mi provincia. Entonces era de 900 y pico o 1000
euros, según recuerdo de mi etapa de diputada en la que analizaba mucho este dato. Esos trabajadores con problemas, a los que usted hacía mención, hace cinco años cobraban 735 euros y hoy están cobrando 1134. Esas familias que no pueden tener
hijos o que tienen dificultades con sus hijos hoy tienen más facilidades para su crianza con permisos de paternidad, con ingresos mínimos, como el ingreso mínimo vital, o con incrementos de ese salario mínimo al que antes me refería. Esas familias
con dificultades para estar en su casa o con casas precarias, que también las hay -y las abordamos con el plan de rehabilitación de viviendas en precario-, igual han podido encender la caldera este invierno, porque había un bono térmico, igual la
pudieron encender. Aquellos que no hubieran podido pagar la factura de la luz la han podido pagar, porque conseguimos intervenir en la regulación eléctrica. Estos que se movían de unas provincias a otras, ¿sabe que lo hacen al 50 % de manera
gratuita? Que el trabajador o trabajadora que viene de mi provincia está inyectando, a nivel de renta de su familia, del entorno de los 300 euros con los que se ahorra en el transporte, más allá de las emisiones que es otro objetivo que
perseguimos. Es decir, toda esa situación que usted describe está ahí, seguro, no la pongo en cuestión, y trabajamos cada día para combatirla con estas propuestas. Me gustaría que su grupo se sumará cada vez que hacemos estas o que nos ilustren
realmente cuáles son las suyas, porque veo la crítica y el diagnóstico, pero ¿cuál es la respuesta? Insisto, le agradezco mucho el tono. Hablaba usted también de datos y ahí les recuerdo este mantra que me van a escuchar mucho del rigor en los
datos que tengamos, que sean datos de gestión pública para hacer políticas públicas. Le agradezco especialmente su tono.


La verdad es que cuando vamos al Grupo Popular -y yo lo lamento-, al final es verdad que las formas moderadas también las agradezco, porque nos vamos a tener que escuchar y ver muchas horas, y está bien que podamos hablarnos sin griterío,
sin insultos y con esta cordialidad, pero lamento que en sus intervenciones hayan recurrido a lo mismo, porque estamos ya muy agotados de esto. Está bien, pero ¿sabe lo que pasa? Que las preocupaciones de la gente, se las he dicho antes, en el CIS
son por orden: la educación, la vivienda y los políticos, pero no están las que usted menciona. (El señor Mesquida Mayans hace gestos afirmativos con la cabeza). Esas están muy bajitas, no están teniendo éxito, lo siento. (La señora ministra de
Vivienda y Agenda Urbana, Rodríguez García, se ríe). Lo siento, por ponerle un poco de humor.


Entrando a cosas que sí me interesan. Si es un fracaso es un fracaso colectivo, porque, fíjese, es que ustedes están gobernando en las comunidades autónomas que tienen esas competencias. Lo que no voy a hacer nunca y no van a encontrar
nunca en mí son declaraciones como la que le escuchaba a la

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presidenta de la Comunidad de Madrid, no sé dónde lo tengo, ha sido esta semana, ante los datos del Consejo de la Juventud, que nos han alarmado a todos: Esto no va conmigo. Oiga, pero si usted es la competente. Es que está en sus manos,
es que está en su estatuto de autonomía, es que tiene usted una consejería que se dedica a esto, cómo que esto no va conmigo. Pero cómo se puede desentender uno de esa responsabilidad y, lo que es peor, culpar a los jóvenes de vagos y de que no
quieren trabajar. Textual, busque la declaración textual.


La Ley de Vivienda es la madre de todos los problemas, pero hemos llegado aquí al año 2023 con cuarenta y cinco años de democracia, con mandato constitucional y con comunidades autónomas ejerciendo su competencia. Insisto, lo dije el primer
día y lo vuelvo a decir hoy, no busco culpables, pertenezco a un partido que ha gobernado todas las comunidades autónomas y he dicho antes que hemos cometido errores y a la vista de los resultados no hemos acertado. Es que yo no me voy a desprender
ni de la responsabilidad ni de la asunción de errores, pero lo que no puedo decir es que no quiero o que no voy a hacer nada. Vamos a ver la evolución de la Ley de Vivienda, porque se nos mandata a ello y ustedes están aquí ejerciendo el control,
pero es que tiene ocho meses. Ya se lo decía antes, comprenderán ustedes que en ocho meses no hemos llegado aquí a esta situación y que algunas cositas han pasado los últimos años: hemos hablado del boom de la especulación y de las viviendas
públicas que se vendieron a fondos buitres. Hace más de ocho meses, es decir, cuando no había entrado la Ley de Vivienda, la misma presidenta a la que antes me refería, dijo: Estoy harta de pagar alquiler y tengo la ilusión de comprarme una casa,
pero en Madrid se ha disparado el precio de la vivienda. Toma ya, hombre, es su responsabilidad, y entonces no había ley. (El señor Mesquida Mayans: Asúmalo). Yo lo asumo, claro que lo asumo, y nunca me voy a desprender de mi responsabilidad.
Por eso les digo que la Ley de Vivienda no es la causante de todos los males. En junio del año 2022 no había Ley de Vivienda y, en Madrid, la presidenta de la comunidad, que no debe ser la peor pagada de la comunidad autónoma, no se podía comprar
un piso. Entonces tenemos un problemita. Tenemos un problemita que es de todos. Por eso hago ese llamamiento a la alianza y a unirnos en la respuesta. En este asunto conviene, como antes decía, que dejemos otros asuntos, para los que ya hay
otros foros en el Parlamento, para centrarnos y hablar de vivienda.


Me preocupa mucho la cuestión de los ayuntamientos, porque hay comunidades autónomas que no quieren aplicar el índice de precios, que están reclamando que se aplique para dar cobertura a zonas tensionadas, que es algo que tendremos que
estudiar y que ver. Después, también he escuchado en su crítica algunas medidas que les he anunciado y coincidimos, por lo que vamos a ponerlas en valor: la seguridad jurídica, el agilizar los trámites, la política de avales y algunas
experiencias, que usted comentaba, se están haciendo con cargo a los fondos del plan de vivienda. O sea, que tenemos campo para trabajar como puede ver y como les comentaba en la anterior conferencia sectorial.


En cuanto a okupación, de verdad, les insto a basarse en los datos y a no generar alarmas sociales. Han superado ustedes a sus colegas, es que les está pasando mucho esto últimamente, él ha sido más prudente a la hora de hacerlo. Porque
los datos están ahí y podemos hablar de los datos que nos ofrece Interior: En el tercer trimestre de este año 2023 la okupación ilegal descendió un 12 % con respecto al mismo periodo del año anterior. El sistema estadístico de criminalidad, que se
nutre de los datos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de las policías autonómicas y de las policías locales, dice que se han disminuido en un 12 %. Respecto a las ejecuciones también tengo datos del consejo. En fin, que ahí están los
datos para que ustedes puedan verlos. Conviene diferenciar el drama social de la ilegalidad que, cuando se produce, ha de perseguirse con rotundidad. Con rotundidad, claro que sí. No tengo pelos en la lengua: Con rotundidad, cuando se produce
una ilegalidad.


Respecto a las 184 000 y a los compromisos cumplidos, les diré que algunos los hemos visto superados ya. Un titular para los periodistas, que ya se habrán marchado -no sé qué hora es, nos hemos extendido, perdonadme, creo que he sido yo-:
Tenemos un compromiso de 184 000 viviendas que vamos a cumplir. Por ejemplo, en cuanto al que se refiere a las 20 000 que vamos a hacer con comunidades autónomas, hemos firmado 161 convenios; estaba previsto, es la inversión 6 del componente 2 del
PRTR. Hemos firmado 165 convenios y hemos dado un margen de tres meses hasta el mes de marzo, acordado con ellos el otro día. Estos 165 convenios se traducen en 21 742 viviendas -el objetivo eran 20 000, lo hemos superado-. Ahora les puedo dar
datos para la suma, a riesgo de ser pesada. Del Plan de Vivienda 2018-2021, 7234; Plan de Vivienda 2022-2025, 7000; convenio con entidades locales, comunidades autónomas diciembre de 2025, 9849; con Sepes tenemos varias cosas a las que antes me
he referido, algunas más maduras, como las que he mencionado -15 957-, y otras que están para

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comenzar esta legislatura, como son todos los suelos a disposición del Ministerio de Vivienda, que tenemos que estudiar en estos momentos, pero tenemos los recursos para adquirirlos y los trabajos en marcha. En el PRTR había 20 000, y son
las que estoy diciendo que estamos ya en 21 742; Sareb son un conjunto de 50 000, que tenemos que explorar en cada uno de los proyectos que antes decía. En cuanto al protocolo para ser habitadas, ya estamos con 15 000; en proceso para entrar en
esa fórmula de poder ser habitadas, 8353; en derechos de superficie, 10 000-15 000 -me quedo con 15 000- ; resto de acuerdos con entidades locales y comunidades autónomas -precisamente el otro día también pude visitar una acción del área
metropolitana de Barcelona- 20 000; del Fondo Social, 11 000; de la línea de préstamos de 4000 millones, que son los avales para la promoción de vivienda en alquiler asequible, 43 000; suman 184 000. Como digo, algunos indicadores ya los hemos
superado. Les iré dando rigurosa cuenta de cada una de ellas, seguro que, en respuestas parlamentarias escritas. Soy yo la que tengo un contador mental cada mañana en mi cabeza para cumplir este compromiso del Gobierno.


Al Grupo Socialista quiero agradecerle mucho el apoyo, el trabajo de impulso al Gobierno, de aportar también ideas. Hay algunas cosas, que son muy importantes para el ministerio, a las que no me he referido porque focalizando en la vivienda
quizás no les he prestado suficiente atención. El portavoz del Grupo Socialista, el señor Rodríguez, lo ha hecho en torno a la Agenda Urbana, que yo creo que es un instrumento muy importante. Aprovecho su intervención y la indicación de esta
importante línea de trabajo del ministerio para poner en valor la implicación de los ayuntamientos; yo tengo mucha confianza en los ayuntamientos. Creo que junto con la reforma de la financiación autonómica tiene que estar una gran reforma de
reparto de competencias al ámbito municipal, para que realmente cuenten también con la financiación que precisan; en torno a 120 ayuntamientos adscritos, 200 están ya en iniciativas de Agenda Urbana. Los hemos dotado de 20 millones desde el
ministerio, que se suman a otras acciones del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Transición Ecológica. Es una iniciativa muy bonita de la que estamos muy satisfechos, porque realmente es un cambio de conciencia ciudadana para una
ciudadanía más crítica, más implicada, más participativa. Quizás es lo que yo subrayaría de este programa. Y en cuanto al 2 % cultural, que es también un programa muy cuidado por el ministerio, estamos interviniendo en mucho patrimonio del Estado,
a petición también de entidades locales y autonómicas, y todo el plan de rehabilitación de eficiencia energética al que me referí de manera muy breve quizás en mi primera intervención pero que está funcionando muy bien -son 1000 millones y muchas
iniciativas- y con el que vamos a cumplir también nuestro compromiso con la Comisión en el plan de recuperación.


Lamento si me he extendido demasiado. En general hago una valoración muy positiva de todas sus intervenciones, y si esto no tiene un poquito de salsa también, de compartir diferencia de criterio, tampoco es el Parlamento. Agradezco el tono
de la conversación, sobre todo, porque hay muchas expectativas, porque estamos hablando de las cosas de comer y mi madre siempre me dijo que con las cosas de comer no se juega. Vamos a intentar también trabajar en esta Comisión con el espíritu con
el que ustedes lo han hecho en esta primera intervención; yo también, además de estar a la altura de la ciudadanía, espero responder a sus expectativas. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, ministra.


A continuación, si los portavoces así lo consideran, tienen un nuevo turno de intervención por un tiempo de cinco minutos. En primer lugar, la portavoz del Grupo Mixto.


La señora VERSTRYNGE REVUELTA: Muchas gracias, ministra.


Cinco líneas de acción prioritarias para nosotros: Fin de los desahucios sin alternativa de vivienda pública; ni albergues ni habitaciones temporales ni tampoco interpretaciones capciosas de leyes que acaban con gente en la calle. En
segundo lugar, intervención firme para regular los precios de los alquileres y las ganancias de los especuladores, y también los pisos turísticos. Bélgica, por ejemplo, tiene ya una ley contra los fondos buitre. ¿Para cuándo la nuestra? En tercer
lugar, desplegar también íntegramente la ley de vivienda, como ha dicho usted. En cuarto lugar, que la Sareb deje de venderlo todo: casas, suelo, promociones a medio construir; lo necesitamos todo y no bastan los 10 000 alquileres que se han
conseguido en doce años. En quinto lugar, sentarse con los actores con vivienda vacía para ampliar ese parque casi inexistente: Bancos, fondos de inversión. Son los gobiernos los que han permitido que acaparen vivienda y, por tanto, son los
gobiernos los que tienen que conseguir que devuelvan esas viviendas. Estas son las líneas que piden quienes mejor conocen la situación de la vivienda en nuestro país y todas son posibles.

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Por eso, y dado también que arranca esta Comisión y el trabajo legislativo de la misma, creo que es de justicia aprovechar también para mencionar a quienes sin dejar de luchar y de sufrir en las calles, como por ejemplo la compañera Gala en
su momento, y con una paciencia infinita, llevan años defendiendo este derecho; a la PAC, que fue pionera y que todavía es ejemplo de solidaridad de la gente de a pie frente a los especuladores, pero también, por ejemplo, a los sindicatos de
inquilinos y de inquilinas, que cada vez son más en nuestro país y que estoy segura de que van a seguir extendiéndose ante la cada vez más preocupante crisis de los precios del alquiler. A Laura, a Asun, a Javi, a Bibi, a Paco, a Carme, a todos los
demás, sin los que no tendríamos una ley de vivienda en España y sin los que seríamos un país peor. También, si me permiten una licencia personal como ha habido algunas, a Mercedes, porque además de ser una activista incansable y, como dice ella
misma, totalmente enloquecida en favor del derecho a la vivienda, es también mi madre y quien me ha enseñado que cuando la gente se organiza puede conseguir que sus gobiernos hagan todas estas cosas y muchas más.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


A continuación, la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


La señora VAQUERO MONTERO: Muchas gracias.


Brevemente. Antes se me ha olvidado hacerle una pregunta y es lo único que voy a hacer. Ha hablado de un montón de fondos que se van a destinar a los diferentes planes. Me gustaría saber si podría darnos el dato de cuántos son fondos que
vienen de Europa para los diferentes planes y cuántos son fondos que se aportan por la propia Administración del Estado. Lo siento, me tengo que ir, ministra, porque esto de ser un grupo pequeño es lo que tiene.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, el señor Matute. (Denegación). ¿Junts? (Denegación). Tampoco. ¿Esquerra? (Denegación). Tampoco. Grupo Parlamentario SUMAR.


La señora PIN FERRANDO: Brevemente, porque no sé usted, pero yo tengo la glucosa por los suelos; no sé si es porque aún doy el pecho, pero creo que estamos todos medio desmayados.


Un pequeño apunte. Siempre tenemos la duda de si hay que intervenir cuando el PP ha hablado de ocupación ilegal. Yo, aparte de que son ustedes muy cansinos, sí que les diría que la mejor manera de evitar una okupación es tener la vivienda
habitada y, por lo tanto, lo que hay que hacer es evitar que haya vivienda vacía, sea con incentivos, sea con persecución fiscal, como sea, pero hay que evitar que haya vivienda vacía, que es la forma de evitar que haya okupaciones.


Respecto a lo que nos contestaba usted, señora ministra, yo creo que, efectivamente, hay que saber cuál es el equilibrio de fuerzas en el que contamos en este Parlamento, pero sí que creo que no hay que dejar de tener presente que, en el
caso de la ley de vivienda por ejemplo, fue Podemos, la ministra Belarra y sobre todo los sindicatos de alquiler y la PAC los que estuvieron presionando para que hubiera esta ley. Yo creo que sin ese trabajo también de normalizar las diferencias
dentro de un Gobierno de coalición y saber cuáles son los contrapoderes fuera a los que hay que escuchar es difícil avanzar. En todo caso, quiero acabar diciendo que nuestra voluntad es colaborar, trabajar para que se garantice el derecho a la
vivienda en esta legislatura. Es importante, y creo que lo compartimos, la preocupación en transmitir a la ciudadanía las complejidades; también partir de la idea de que la ciudadanía no es tonta, entiende la complejidad y que, por lo tanto, si
llevamos más de cuarenta años con unas políticas de vivienda que lo que han hecho es fomentar el régimen de propiedad y la especulación, para revertirlas hacen falta muchas medidas muy diversas. No hay que hacer grandes relatos triunfalistas sino
poner recursos públicos y trabajar de manera coordinada con la ciudadanía, que yo creo que, efectivamente, está muy por delante ahora mismo de las administraciones.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


El portavoz del Grupo VOX.


El señor HERNÁNDEZ QUERO: Usted decía que habían acompañado desde el Gobierno a las personas que aparecían en el diagnóstico, en el relato que yo hacía; yo no sé si una compañía más

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imaginaria que real, la verdad. No sé yo cómo han acompañado ustedes a las personas que se sienten inseguras en sus barrios. Creo que no lo han hecho, creo que han dicho que esa inseguridad no existía; realmente creo que ustedes les han
dicho que eso no pasaba, que lo que vivían no estaba sucediendo. No sé cómo han acompañado tampoco al pequeño comerciante para que puedan seguir subsistiendo; no sé cómo han acompañado tampoco a las víctimas de los grandes tenedores extranjeros,
cómo van a acompañar a las familias para que los barrios sean habitables o cómo han acompañado a los vecinos de las rentas más bajas de la periferia. Yo se lo decía antes, más que una mano amable lo que yo creo que encuentran los que entran a una
gran ciudad con su coche de 2002 no es una mano amable sino una mano que le dice: por aquí usted no puede pasar porque aquí solo estamos los que tenemos determinada renta o capacidad para cambiar de vehículo.


Ingreso mínimo, está llegando. Primera noticia. Salarios. ¡Si tenemos peores sueldos que hace veinte años! Bono térmico. Mi grupo parlamentario se pone a su disposición para garantizar soberanía energética en este país, para explorar y
disfrutar nuestros recursos y para ser autosuficientes, para no depender de otros. Habla de 50 % de descuento para el tren, para ir a ver a tu madre a otra provincia; está estupendo, yo tengo esta realidad en mi casa, pero mejor realidad es no
tener que irte a coger el tren una o dos veces al mes al 50 % sino tener oportunidades en esa pequeña ciudad, en esa capital de comarca que está desapareciendo. Y si me he equivocado de partido, lo siento mucho, señora ministra, pero no. (Risas).


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, los portavoces del Grupo Socialista, que se distribuyen el tiempo.


El señor CONESA COMA: Brevemente.


No me dirigiré a usted, ministra, me dirigiré a los grupos. Pensaba que me iba a dirigir a dos grupos, pero solo me dirigiré a uno. Tienen esta manía en la vivienda de hablar de buenos y malos. Yo creo que hay una tendencia de en vez de
hacer políticas pro decir este es bueno y este es malo, vamos a competir entre nosotros, estos lo hacen bien... Yo creo que deben empezar a pensar en colaborar, en que las políticas de vivienda son en beneficio de todos, y ponemos el ejemplo de
estas oficinas, que me parecen de un nombre feísimo, que le han puesto en Castilla y León: Oficinas antiokupa. Les regalo una idea. ¿Por qué no hacen oficinas pro? Proinquilinos, propropietarios, promediaciones, proayuda a todos para que la
gente pueda llegar a acuerdos, para que se pueda llegar a arreglos civilizados en vez de poner a malos y buenos. Les regalo esta idea, y aquí me quedo.


Muchas gracias.


El señor RODRÍGUEZ PALACIOS: También en la línea del portavoz de Vivienda. Señora Agüera, usted es edil en un municipio de 220 000 habitantes; yo lo he sido de un municipio de 200 000 y creo que nos parecemos bastante en cuanto a la
conformación de la ciudad. Ustedes siempre hablan de la gente que okupa pero, ¿a quién le okupan las casas? La realidad que yo he vivido, de verdad se lo digo, son de grandes tenedores, de entidades financieras que no cuidan de esas casas, que
permiten que entre la gente y a partir de ese momento molesten a los vecinos que sí viven allí. Por lo tanto, de verdad, Partido Popular, acompáñennos en las medidas hacia esos grandes tenedores sin ninguna sensibilidad social, y ahí nos podemos
encontrar. Porque en comisaría hay muy poquitos allanamientos de morada, y cuando uno no defiende su casa porque es una gran entidad financiera y está a otra cosa desde los poderes públicos tenemos que ponerle coto, y en eso no nos acompañan
habitualmente, y esa es la verdadera solución en las grandes ciudades.


Además, España es un gran país y estamos siempre lanzando ideas de que estamos mal; estamos entre los veinte mejores países para vivir en el mundo; tenemos unas grandes Fuerzas Armadas, Policía que nos permite movernos libremente sin tener
que mirar atrás, no nos van a secuestrar, no nos van a agredir; tenemos una sanidad pública importante, deteriorada en algunos lugares; tenemos una educación pública, que es lo que nos hace grandes como país, y ahora este Gobierno quiere también
poner el foco en la vivienda, y unirla a esas garantías que tenemos como el gran país que somos, donde, en general, se vive bien, con mucho que mejorar.


Le ofrezco un café al portavoz de VOX, señor Hernández Quero, sobre Madrid. Si quiere un día hablamos de por qué en Madrid está tan caro todo -treinta años de políticas neoliberales dan para hablar- y de la venta de viviendas a fondos
buitre. Pero lo hablamos tomando un café, cogiendo mano de su talante, que seguro que nos entenderemos.

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Acabo con dos ruegos, uno muy grande. Hablamos de okupaciones, pero muchas veces no hablamos de los niños y de los mayores que habitan nuestras ciudades y la Agenda Urbana habla de ellos. Tenemos que generar ciudades donde los niños y las
niñas de 4 años y las personas mayores de 70 años vivan a gusto, y la libertad que todos tenemos la tenemos que sacrificar en aras de ellos. Porque necesitamos ciudades donde la calidad del aire sea importante para que nuestros mayores no mueran,
como están muriendo, por afecciones respiratorias; ciudades en las que los padres no estemos agobiados porque nuestros hijos se nos vayan de la mano y tengan un accidente; ciudades tranquilas, ciudades que progresen en esa agenda de mayorías a las
que no escuchamos. Porque a veces nos centramos en las minorías que tienen el poder para hacerse escuchar y pocas veces son los niños y los mayores, a los que afortunadamente la Agenda Urbana les da una posición fundamental para diseñar el futuro
de las ciudades.


Segundo ruego, muy técnico. Hoy la ministra nos ha propuesto también avanzar en el anteproyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley del Suelo. Es un tema técnico, es un tema que no nos va a dar más o menos votos a nuestras
formaciones políticas a nivel nacional, se lo aseguro, pero es un trabajo que solo puede hacer esta Comisión. Y les vamos a pedir diálogo, porque esa cuestión técnica de facilitar cómo se puede desarrollar un plan general nos influye y nos importa
en todos los ayuntamientos donde esté gobernando un alcalde o una alcaldesa. Porque a veces poca gente bien organizada o poca gente con poder te paraliza un plan general bueno para un pueblo o una ciudad, especialmente para un pueblo donde tienen
poca defensa jurídica. Así que les tenderemos la mano desde este Grupo Socialista para ver si, abandonando un poco el ruido que nos está llenando las intervenciones en los Plenos y en algunas Comisiones, y con el mayor consenso posible -que ya lo
tiene desde el año 2021 por parte de comunidades autónomas y de municipios-, somos capaces de sacar un proyecto muy técnico de ese anteproyecto de ley, que sería muy útil para la vida de muchos de nuestros vecinos y vecinas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular.


La señora CRUZ-GUZMÁN GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, el daño ya está hecho. Esto podría servir como síntesis de muchas de sus leyes: La ley del sí es sí, como bien ha dicho nuestro portavoz de Vivienda -aunque me consta que ustedes no querían sacar por adelantado a mil
agresores sexuales- o a la Ley de Amnistía, como han gritado millones de españoles en la calle; una ley que ataca a nuestro Estado de derecho, a la Constitución y a la igualdad de los españoles. La semana que viene veremos cómo se saltan sus
propias líneas rojas aceptando los delitos por terrorismo en esta ley de amnistía. El daño ya está hecho también en esta ley de vivienda, que nos dice que va tan bien, pero es verdad que en esos ocho meses el precio de la vivienda ha subido un 10
%. Dato mata relato.


Y nos habla de consenso y de diálogo aquí en esta Comisión cuando ha sido una ley que no ha contado ni con el consenso de los grupos -lo hemos visto aquí, con la mayoría de los grupos que han hablado de esta ley de vivienda- y ni siquiera
con el del sector. Contaron con el consenso de algunos de sus grupos, pero no con sus socios actuales. Nunca un Gobierno había legislado a favor de los delincuentes en vez de hacerlo a favor de las víctimas porque, como bien ha dicho Cristina,
nuestra portavoz de Agenda Urbana, su ley también ampara a los delincuentes, a los que usurpan las viviendas de otros, pequeños propietarios en su mayoría, no grandes tenedores. El 95 % del parque pertenece a ellos, ahorradores que complementan su
pensión con alquileres y que este Gobierno está convirtiendo en vulnerables. El aumento del 37 % de la okupación es un drama en España, no sé los datos que tienen ustedes; si son del CIS, yo por lo menos los pongo en duda. Desde aquí nuestro
apoyo a todos los afectados. ¿Ha recibido a la plataforma nacional de antiokupación?


Le pedimos que ponga nuestras medidas en marcha, ya las conoce; no puede cargar a las familias españolas con su falta de eficiencia en la oferta de vivienda. Su ley también ha asustado a los inversores porque ataca a la propiedad privada y
han perdido la confianza en España. Sus condiciones hacen que a los promotores no les salga los números. La subida de los precios de los materiales, la falta de mano de obra, las historias interminables en el ámbito urbanístico han paralizado el
sector que necesita de medidas de estímulo, el impulso a la FP dual, la agilización de trámites y de suelo a disposición para poder construir esas 120 000 viviendas anuales que hacen falta. Nos habla de las 7000 viviendas del País Vasco y de la
decena de Extremadura. Pero es que Ayuso, a la que acaba de criticar con tanta ferocidad, ha conseguido

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gracias a su Plan VIVE poner 35 500 viviendas públicas a disposición de los madrileños. Yo entiendo que le duela, pero sacar de contexto unas palabras de la presidenta nos parece indigno.


Apuesten por la colaboración pública privada, si sus socios -si Bildu, si Esquerra, si SUMAR- les dejan. Nos da como solución las viviendas de la Sareb, pero usted y yo sabemos en qué condiciones están estas viviendas. Están, desde luego,
en una situación territorial y arquitectónica no habitables, no nos engañen más. Los Fondos Next Generation eran una oportunidad de oro para reactivar el sector, apostar por la industrialización y por la innovación, trabajar en el ámbito social.
Le apoyamos en ese plan nacional de accesibilidad, porque 100 000 españoles siguen encerrados en sus casas y no pueden salir. La baja ejecución de los Next ha sido una oportunidad perdida; esperamos que sea capaz de rescatar estos fondos. Nos ha
hablado de aquí de 430 millones para vivienda nueva, o parte de ellos. ¿Cuántas viviendas se van a hacer con estos millones y en qué plazo?


Nos anuncia una nueva cesión a sus socios, el índice de precios. Pues le avisamos ahora aquí, en esta comparecencia, para poder contrastar con la siguiente vez que venga a comparecer, que esta medida no ha funcionado en Alemania y tampoco
funcionará en España. Asustará a los propietarios, bajará la oferta y subirá los precios y la ilegalidad. Intervenir el mercado no trae buenos resultados y lo hemos visto en Europa. Los jóvenes siguen esperando. El bono alquiler no ha sido
suficiente ni ágil. ¿Sabe que aportan el 93 % de su sueldo para pagar el alquiler? Nos propone un pacto de Estado por la vivienda y no sabe cómo nos alegramos de que ponga en marcha nuestro programa electoral, las medidas de nuestro presidente,
Alberto Núñez Feijóo. Pero ¿de verdad cree que será capaz de poner de acuerdo a Esquerra con Junts o a Bildu con PNV en materia de vivienda? A mí hoy, desde luego, no me ha dado esa impresión, pero cuenta con nuestra mano si lo consigue y por eso
le ponemos cinco importantes medidas para nosotros: bajada de impuestos, apoyo a la financiación, incremento de la oferta de vivienda de verdad, defensa de la propiedad privada y refuerzo de la seguridad jurídica luchando contra la okupación
ilegal. Pero para eso tendrá que darnos su confianza, porque la tenemos totalmente perdida; la nuestra, la de los españoles y la de sus afiliados, porque en estos momentos comprenderá que la tenemos perdida.


Señora ministra, el Gobierno de Sánchez se ha convertido en el Gobierno de la mentira. ¿Le suena? No habrá indulto, no habrá amnistía, no habrá referéndum, no admitiremos delitos de terrorismo. Pero es que en materia de vivienda hemos ido
de anuncio en anuncio engañando a los españoles. ¿De verdad cree que hay algún español que aún se pueda creer las promesas que hoy nos ha dicho en esta Comisión? ¿Cuántas viviendas ha puesto a disposición en estos últimos cinco años el Gobierno de
Sánchez? Si de verdad quiere que este nuevo Ministerio de Vivienda sirva para algo constructivo más que para aumentar el inconmensurable gasto del Gobierno de Sánchez, derogue la ley de vivienda o al menos los artículos que le pedíamos y comience a
construir un espacio de diálogo real con el sector y con los grupos políticos. Tiene que volver a crear unos cimientos de confianza y seguridad que ha dinamitado su ley de vivienda y el sanchismo con el único objetivo de mantenerse en el poder.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Muchas gracias a todos por ajustarse a los tiempos.


Para finalizar, le doy la palabra a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana para acabar esta comparecencia.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA (Rodríguez García): Muchas gracias, señora presidenta. La felicito también por cómo ha gestionado el desarrollo de la Comisión.


Voy a empezar por el final. Espero ser muy breve. Estoy mirando el tiempo para para no sobrepasar y a ver si acabamos antes de las cuatro y media.


A la portavoz del Partido Popular, perfecto en todas aquellas cosas que usted ha mencionado y en las que estamos de acuerdo, como en la industrialización, la innovación -hay un gran consenso con el sector-, la agilidad, la seguridad jurídica
en las normas que vamos a traer a la Cámara. Creo que le he dado algunos datos de sumas, pero además usted lo tiene mucho más fácil que otros políticos, porque se puede ir a Andalucía, a Murcia, a Extremadura, a Castilla y León, a otras comunidades
autónomas y preguntarles a sus compañeros, porque lo están recibiendo y lo están gastando, y además yo lo he celebrado antes. Una de las grandes demandas de los consejeros y consejeras de todas las comunidades autónomas, hace una semana reunidos en
el Ministerio de Política Territorial, es que nos hemos agotado el crédito en materia de rehabilitación de barrios y vivienda, y construcción para nuevas viviendas en las que hemos invertido 4000 millones de euros -respondo a la portavoz del PNV-
junto con esos otros seiscientos ayuntamientos que también están cumpliendo. El Plan VIVE se nutre -si no estoy mal

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informada, querido equipo- del Plan Estatal de Vivienda, es decir, que los recursos vienen también del Gobierno de España, con lo cual lo comparto, y lo celebro. ¡Si mandamos nosotros los recursos económicos para que se haga y las líneas
generales sobre las que actuar! O sea, que tiene usted a disposición a mi equipo, como antes decía -usted y todas sus señorías-, para contrastar datos, para solicitarnos información; tiene, además, un recurso también valioso que es la gestión sobre
el terreno de las comunidades autónomas. Ayer mismo -creo que fue ayer- me reuní con Andalucía y el balance que hice con su consejera es que, en total, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dispuesto en Andalucía 30 000 viviendas. Creo recordar, porque
le estoy dando el dato de memoria, que era en torno a 7000 u 8000 vivienda nueva y el resto en rehabilitación de vivienda. Solo Andalucía, 30 000, de ayer, lo celebramos juntos la consejera y yo. Yo quiero que sean muchas más y en todas las
comunidades.


En cuanto al alquiler, usted lo crítica y las comunidades autónomas del PP me piden más recursos porque ha funcionado con una alta demanda. De hecho, lo que estamos viendo es cómo podemos mejorarlo en dónde se han producido errores, porque
ciertamente no todas las comunidades han tenido la agilidad de implementarlo. Lo que yo les he pedido a ellas, y comparto con ustedes, es que en el esfuerzo que hace el Gobierno también ellas aporten, como hacen otras comunidades autónomas, una
cuantía adicional para poder llegar a más personas, porque lo que hemos detectado es que los fondos que ha puesto el Gobierno de 200 millones en una anualidad -2022-2023, 200 y 200, en total 400 millones- han llegado a más de 66 000 personas en cada
una de las convocatorias y muchas otras se han quedado fuera. Por tanto, hacen falta más recursos y por eso les animaba a ponerlo, porque ciertamente estoy entrometiéndome en su competencia en este caso. Lo hago con gusto, lo hago con convicción
porque creo que todas las administraciones públicas tenemos que, en el margen de nuestras posibilidades, servir a esta causa.


En cuanto a la promoción de vivienda, creo que le he respondido. Con respecto a la mano de obra, efectivamente, estamos trabajando mucho en la cualificación y en la FP. Me gusta también que saque este asunto. No tengo el dato de memoria,
pero si usted se va a los datos de la EPA, también como en el resto de profesiones, en el ámbito de la construcción se ha incrementado notablemente la afiliación a la Seguridad Social. Puede ver esa curva ascendente. Del mismo modo, hemos logrado
que por primera vez la FP en nuestro país haya sobrepasado el millón de estudiantes, habiéndole aportado no solamente recursos sino también reputación, que era muy necesario para dar respuesta al mercado laboral y a la demanda de las empresas.
Respecto a otras cosas en las que usted ha insistido, yo se lo dejo a las agencias de verificación.


A los portavoces del Grupo Socialista les agradezco mucho sus palabras y alguna de las ideas que han propuesto como esa necesidad, sobre todo en este texto legal porque es un clamor, de que lo podamos hacer cuanto antes. El Grupo VOX me
volvía a preguntar qué habíamos hecho en otras cosas. No voy a responderle a todo, pero en ámbito de seguridad hemos recuperado todos los recortes del Partido Popular. Hemos creado 13 000 nuevas plazas de Policía y Guardia Civil en la última
legislatura. La señora Vaquero se marchó. He dado los datos globales de PRTR, pero le puedo aportar después, a través del equipo, los que se refieren al País Vasco si tiene interés especial. La compañera de SUMAR, en la línea de la colaboración.
Agradezco también mucho el tono de la señora Verstrynge. Mantendremos los contactos con toda la sociedad y estoy segura de que compartiendo mucho de los objetivos podremos trabajar muy bien juntas en esta legislatura, para dar también cumplimiento
a los deseos de su madre y de tantas madres que nos trajeron aquí a nosotras para poder contribuir a nuestro país.


Tenía una cita súper bonita porque estamos en la sala Prim, así que voy a terminar con el llamamiento a la alianza, a la que me he empeñado y que vamos a conseguir. La alianza y el consenso. ¿Es difícil un gran pacto en los términos en los
que los concebíamos antes? Probablemente, porque la España plural se manifiesta también en este Parlamento, donde reside la soberanía del pueblo español. ¿Es difícil que se sumen a esta causa muchas personas distintas? No, estoy segura. Cada uno
de ustedes ha hablado de sectores distintos y yo, por la experiencia que he tenido en estas primeras semanas, en todos los sectores, incluso en aquellos que tienen intereses privados, veo el interés en salvar esta situación. Porque tampoco a los
empresarios les conviene que sus trabajadores no vengan a sus empresas porque no pueden pagar una vivienda con su salario y les falte mano de obra. ¡Claro que necesitan que la vivienda esté a un precio asequible! Por tanto, ¿hay intereses
distintos? Sí. ¿Complejos? Sí. ¿Contrapuestos? Sí, pero hay un interés común. Y yo estoy convencida de que si hacemos -vamos a ver de qué manera- un banco de adhesiones a la alianza vamos a coincidir muchos más de los que creemos, incluso el
diputado revelación de esta Comisión. (Risas).

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Les deseo que lleguemos a ese acuerdo. Estamos en esta sala Prim, donde en algún tiempo se albergó también el Senado y se desarrollaron buena parte de los trabajos constitucionales. Así que con ese espíritu constitucional y de acuerdo, les
deseo buenos trabajos en esta Comisión y espero que podamos compartir muchos momentos como la jornada de hoy.


Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, ministra. En nombre de la Comisión, le agradecemos su presencia y sus explicaciones.


Al no haber más temas que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.


Eran las cuatro y treinta minutos de la tarde.


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