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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 129, de 23/04/2024
cve: BOCG-15-D-129
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de abril de 2024
Núm. 129
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000610 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la garantía de la aplicación de las políticas de memoria democrática en España... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000598 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, en relación con el asalto por la Policía ecuatoriana de la Embajada de México en Quito... (Página9)
161/000611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la situación de los periodistas y la prensa en México... (Página10)
161/000615 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la posible evidencia de trata de personas y esclavitud moderna en las 'misiones de colaboración en el exterior de Cuba'...
161/000643 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la grave crisis económica y social que vive el Líbano... (Página14)
Comisión de Justicia
161/000644 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la disponibilidad del sistema LexNET en gallego... (Página16)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000631 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la supresión de la tasa de reposición en las Administraciones públicas... (Página18)
Comisión de Interior
161/000599 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la seguridad de la ciudadanía, en general, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en particular, incrementando
los medios personales y
materiales de la Guardia Civil en las zonas rurales y territorios más dispersos, prestando especial atención a aquellas comarcas con riesgo de despoblación y/o zonas afectadas por la okupación ilegal de viviendas...
161/000630 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reforzar las actuaciones contra la inmigración irregular en las costas españolas del mar de Alborán... (Página21)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000624 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la movilidad sostenible en la Costa del Sol y el desarrollo del eje mediterráneo andaluz... (Página23)
161/000634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el incremento de plazas en la ruta aérea entre Menorca y Madrid operada bajo Obligación de Servicio Público... (Página25)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000617 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la exclusión de Israel de los próximos Juegos Olímpicos... (Página27)
161/000629 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prevención, detección y actuación frente al acoso escolar en España... (Página30)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000625 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la puesta en funcionamiento del Reglamento del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto y la necesaria modificación de la propuesta hecha pública
por el Gobierno... (Página33)
161/000638 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa del principio de la caja única de la Seguridad Social... (Página39)
Comisión de Industria y Turismo
161/000601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la financiación a cargo de fondos europeos del proyecto de ALTRI de instalar una macroplanta de celulosa líquida en Palas de Rei...
161/000632 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la creación y divulgación de estadísticas y estudios que midan la calidad del turismo en España, en términos sociales y ecológicos...
161/000635 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la promoción de la instalación de camas elevables en todos los establecimientos turísticos de España... (Página49)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000605 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la puesta en marcha de la Estrategia de Desinstitucionalización... (Página51)
161/000628 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las bonificaciones del coste de la Seguridad Social en el caso de las familias numerosas... (Página52)
161/000641 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre una Estrategia de Desinstitucionalización del modelo de cuidados... (Página54)
161/000642 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reconocimiento y atención a la situación de electrodependencia... (Página55)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000616 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas para exigir un etiquetado adecuado a los productos veganos de sustitución que vienen utilizando denominaciones
de pescado... (Página56)
161/000620 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de buscar una solución urgente para la Comunidad de Regantes del Canal Macías Picavea de la provincia de Valladolid, que pasa
por la sustitución de la tubería general a través de SEIASA... (Página57)
161/000621 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre la exención del IVA a las comunidades de regantes y a los agricultores a título principal para facilitar la superviviencia económica de las
explotaciones agrarias y facilitar la adaptación al cambio climático a través de la modernización de riegos... (Página59)
161/000622 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para facilitar la supervivencia de las explotaciones agrarias en un contexto de cambio climático... (Página61)
161/000623 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del sector pesquero en el Mediterráneo y en apoyo a las reivindicaciones para hacer más competitiva la actividad pesquera...
(Página62)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000602 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la financiación a cargo de fondos europeos del proyecto de ALTRI de instalar una macroplanta de celulosa líquida en Palas de Rei...
161/000604 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la línea de muy alta tensión, 400 KV y 270 Km de longitud entre Zaragoza y Gatika... (Página69)
161/000619 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas y actuaciones de impulso para la recuperación ambiental del litoral de Balerma (Almería)...
161/000627 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la intervención urgente para acometer las carencias en infraestructuras hidráulicas de la provincia de Huelva...
(Página72)
Comisión de Cultura
161/000600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al reconocimiento y divulgación de la figura de doña Beatriz Galindo, 'La Latina'... (Página73)
161/000626 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los documentos medievales procedentes de instituciones monásticas gallegas y conservados en el Archivo Histórico Nacional...
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000640 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la necesidad de que la banca española destine los fondos obtenidos por la remuneración de depósitos del Banco de España a reducir su
infracapitalización... (Página78)
Comisión de Sanidad
161/000637 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la implantación de un Sistema Nacional de Salud que acabe con las desigualdades entre los españoles... (Página82)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000606 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a ciencia y mujer... (Página86)
Comisión de Igualdad
161/000603 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la igualdad real y efectiva de la población gitana... (Página88)
161/000614 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la remisión urgente a las Cortes Generales del proyecto de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, al
objeto de garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias sexuales, en los términos y con los objetivos previstos en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual...
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/000636 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para prevenir la violencia que los padres ejercen contra sus hijos... (Página91)
161/000639 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al acceso al servicio de atención a las víctimas de violencia doméstica a todas las personas.... (Página94)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/000612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la independencia de las instituciones del Estado como garantía de calidad democrática...
161/000613 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora del funcionamiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para que pueda cumplir eficazmente sus funciones como
organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública y, por tanto, la calidad democrática... (Página97)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/000114 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Conde Bajén, Agustín (GP), sobre valoración de la Ministra de Defensa acerca de que España esté a la cola de la OTAN en gasto de defensa, en un momento de rearme en
Europa, ya que, según los datos facilitados por la Alianza Atláncia, España empleará este año el 1,3 % del PIB nacional... (Página100)
181/000115 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Conde Bajén, Agustín (GP), sobre opinión acerca de si es suficiente la ayuda del Gobierno a Ucrania... (Página100)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000112 Pregunta formulada por la Diputada María Mercedes Fernández González (GP), sobre motivo por el que resulta inasumible para el Ministerio el denominado Vial de Jove en la ciudad de Gijón... (Página100)
181/000113 Pregunta formulada por los Diputados Héctor Palencia Rubio (GP) y Llamazares Domingo, Esther (GP), sobre criterio que determinará los municipios en los que se llevarán a cabo los soterramientos ferroviarios ya comprometidos,
teniendo en cuenta que tanto el Ministro y el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible informaron en sus respectivas comparecencias a la Comisión de la imposibilidad de acometerlos todos... (Página100)
181/000116 Pregunta formulada por los Diputados Esther Llamazares Domingo (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre fecha de los informes que obligan a descartar el proyecto inicial del 'Vial de Jove' por el riesgo que podría suponer la
construcción del túnel proyectado para ciento cincuenta viviendas y para un geriátrico... (Página101)
181/000117 Pregunta formulada por los Diputados Esther Llamazares Domingo (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre motivos de la paralización de las obras del puente de Ribadesella iniciadas el 12 de marzo de 2023...
Comisión de Industria y Turismo
181/000119 Pregunta formulada por los Diputados Esther Llamazares Domingo (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre previsiones acerca de la incorporación de SEPIDES a la estructura societaria de la Zona de Actividades Logísticas e
Industriales de Asturias (ZALIA), como se anunciara ya por primera vez en el año 2020 desde el Gobierno del Principado de Asturias... (Página101)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000118 Pregunta formulada por los Diputados Esther Llamazares Domingo (GP) y Requena Ruiz, Juan Diego (GP), sobre posibles soluciones que se han estudiado para evitar el derribo del Mirador de la Peñona, en el Ayuntamiento de Castrillón
(Asturias), que ha sido definitivamente aprobado por la Dirección General de Costas y del Mar... (Página102)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000120 Pregunta formulada por los Diputados María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), Tarno Blanco, Ricardo (GP), y Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), sobre previsiones acerca de mantener, y en la misma cuantía, o de eliminar, la
subvención nominativa para el año 2024 que se venía otorgando al Ayuntamiento de Sevilla en los años 2021, 2022 y 2023 para la necesaria promoción de vivienda protegida.... (Página102)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/006836 Autor: Micó Micó, Àgueda
Situación en la que se encuentra el Registro de objetores de conciencia regulado en la Ley Orgánica 1/2024, de 28 de febrero, así como fecha estimada para que se reúna el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para acordar el
protocolo específico que ha de influir en las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos en dicha Ley Orgánica... (Página102)
184/006837 Autor: Micó Micó, Àgueda
Retirada por el Ayuntamiento de Burriana de la placa conmemorativa a las víctimas del franquismo en el convento de la Mercé... (Página104)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/000610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la garantía de la aplicación de las políticas de memoria democrática en
España, para su debate en la Comisión de Constitucional.
Exposición de motivos
El pasado 29 de febrero, Aragón se convirtió en la primera Comunidad Autónoma de nuestro país en derogar su ley de memoria democrática. Este hecho viene como consecuencia de los resultados en las elecciones autonómicas y municipales de mayo
de 2023, los cuales favorecieron el pacto de gobierno entre formaciones de derecha y de ultraderecha en muchos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, lo que se está traduciendo ya en la derogación de las normativas que impulsaron los distintos
gobiernos autonómicos sobre esta materia.
Además de la Comunidad Autónoma aragonesa, territorios como Cantabria o Extremadura han iniciado ya los correspondientes procedimientos en sus Asambleas legislativas para derogar su normativa autonómica de Memoria democrática; mientras que
otros como Castilla y León o la Comunidad Valenciana han presentado nuevas leyes autonómicas 'de concordia' en sustitución de las anteriores. A ello hay que añadir las situaciones de regiones como Madrid, Galicia y Murcia, que carecen de
legislación propia.
Esta oleada negacionista de las políticas de memoria democrática por parte de los gobiernos del PP-VOX supone ya no solo toda derogación autonómica sobre esta materia y su consiguiente desprecio a las víctimas de la Guerra de España y la
dictadura, sino que supone también un desafío en la aplicación, implementación y desarrollo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
Como recuerda el artículo 9.1 de nuestra Constitución: 'Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico', añadiendo su apartado 2.º, además, que: 'Corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social'.
Es decir, además de estar sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, los poderes públicos están obligados a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Por ello, con la aprobación de la Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón, no solo se han derogado -entre otros derechos- el de reconocimiento y consideración de
víctimas a todas aquellas personas que fueron asesinadas, desaparecidas y represaliadas durante la Guerra y la dictadura franquista por parte de la legislación aragonesa, sino que, además, suponen de facto la eliminación de toda financiación en la
búsqueda de las fosas con los restos de las personas desaparecidas, así como la paralización de las exhumaciones y los procesos de identificación genética de las víctimas. Es decir, son tres ejemplos de derechos que les ha costado décadas conseguir
a la ciudadanía aragonesa y que, de un plumazo, el Gobierno de PP-VOX en Aragón les ha suprimido con esta derogación.
En consecuencia, es necesario que, atendiendo al principio de competencia, los poderes públicos, en base a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establezcan técnicas dirigidas al aplicador del derecho para la integración
del ordenamiento jurídico de esta normativa en aquellos territorios donde la legislación autonómica sea derogada o inexistente.
Hay que recordar que el 19 de octubre de 2023, la ley de Memoria Democrática cumplió un año de vigencia. Una ley que se fundamenta en los principios humanitarios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición y que, por primera
vez, incluye el repudio y la condena del golpe de Estado de julio de 1936 y de la dictadura franquista.
Igualmente, esta norma ha supuesto la dignificación de las víctimas de la Guerra de España (1936-1939) y de la dictadura franquista, su reconocimiento y su reparación plena; y también establece como uno de sus principales objetivos la
recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, centrándose en el conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos.
Como recuerda su Exposición de Motivos: 'La vigente Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra y los
cuarenta años de dictadura franquista. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país'.
Una ley, en definitiva, que mejora la ley de memoria histórica de 2007 y que establece una serie de consonancias con las distintas leyes autonómicas que las distintas Comunidades Autónomas fueron aprobando durante los últimos años.
Por otra parte, como ya se advirtiera en las recomendaciones y observaciones emitidas a España por parte del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición
sobre la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, nuestro país debía asumir un claro compromiso en desarrollar políticas públicas que asumiese la responsabilidad del Estado en los procesos de exhumaciones, algo que se ha
asumido desde el primer momento por parte del Gobierno socialista de Pedro Sánchez y que se había paralizado abruptamente tras los sucesivos gobiernos del Partido Popular entre 2011-2018.
Así, desde la creación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se ha retomado e impulsado con más fuerza que nunca las exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes. Partiendo de un riguroso
diagnóstico de situación y definición de problemas en relación con las exhumaciones de la Guerra y la Dictadura franquista (2000-2019), se implementó un Plan Cuatrienal de Exhumaciones, a través del cual se han financiado en torno a 600 actuaciones
en todo el territorio nacional, mediante cuantiosas transferencias de los PGE a todas y cada una de las comunidades autónomas, así como subvenciones anuales a la FEMP para la puesta en marcha de exhumaciones por parte de las entidades locales. Una
apuesta por la colaboración institucional de todas las administraciones públicas que también se ha materializado en convenios específicos para acometer intervenciones en grandes fosas comunes que albergan millares de víctimas en distintos
cementerios.
Una política memorialista de exhumaciones cuya finalidad es la de cerrar aquellas heridas que todavía siguen abiertas, permitiendo los duelos no realizados y el descanso definitivo a las familias que han esperado tantos años a que el Estado
les devolviese los cuerpos de sus familiares que tan vilmente les arrebató la dictadura franquista.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirma el deber y el compromiso de nuestra sociedad democrática de proceder a la dignificación, el reconocimiento y la reparación de los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra de España (1936-1939) y, posteriormente,
sufrieron y padecieron las consecuencias y la represión de la dictadura franquista.
2. Insta al Gobierno de España a seguir desarrollando, aplicando y garantizando, en el marco de sus competencias, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en todas las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-Raúl Díaz Marín, Teresa Llorens Carbonell, Artemi Rallo Lombarte, María Adrio Taracido, José Zaragoza Alonso, Francisco Aranda Vargas, Rafaela Crespín Rubio, Isaura Leal Fernández,
Ignacio López Cano, David Serrada Pariente, Rafaela Romero Pozo y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente Proposición no de Ley en relación del asalto por la policía ecuatoriana de la Embajada de México en Quito, para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado viernes 5 de abril el Gobierno de Daniel Noboa ordenó a sus fuerzas policiales el asalto a la Embajada de México en Quito y la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que había solicitado y obtenido refugio en dicha
representación diplomática. Las escenas grabadas y accesibles en You Tube muestran la violencia con la que la policía ecuatoriana actuó, golpeando al cónsul Roberto Canseco y al resto del personal diplomático mexicano y causando importantes daños
materiales antes de proceder a lo que ya solo cabe calificar de secuestro de Jorge Glas.
Los hechos son una clara violación de la Convención de Relaciones Diplomáticas de Viena de 1961, que establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Pero también de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, que es
un elemento esencial y obligatorio del sistema de asilo y refugio interamericano.
En vista de todo ello y en defensa del derecho internacional, México ha cerrado su representación y retirado a su Embajador en Ecuador. Se han producido condenas de los hechos por parte de la Organización de Estados Americanos y de las
cancillerías de Colombia, Chile y Argentina.
Esta grave violación del derecho internacional ocurre pocos días después de otra violación, y en este caso crimen de guerra, con el ataque israelí a la Embajada de Irán en Damasco. Se está produciendo un grave deterioro del respeto de la
Convención de Relaciones Diplomáticas, que es un instrumento esencial del Derecho Internacional.
Proposición no de Ley
'Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR solicita al Gobierno de España:
1. Que condene el asalto ordenado por el Gobierno de Ecuador a la representación diplomática de México en Quito como una grave violación del derecho internacional.
2. Que exprese su solidaridad con México.
3. Que exija, bilateral y multilateralmente, la inmediata entrega de Jorge Glas a las autoridades mexicanas, que le habían otorgado refugio político de acuerdo con la Convención de Caracas de Asilo Diplomático de 1954.
4. Que haga las gestiones diplomáticas necesarias para defender y reforzar la Convención de Viena de 1961 de Relaciones Diplomáticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2024.-Agustín Santos Maraver, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación de los
periodistas y la prensa en México, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
México celebrará elecciones presidenciales el próximo 2 de junio dentro del Proceso Electoral 2023-2024, el más grande que ha tenido México hasta ahora. La antesala de estos comicios está condicionada por una serie de hechos que han
provocado un clima de desestabilización para un país hermano, al que nos une la historia, la lengua, la cultura y profundos vínculos sociales.
Una de las situaciones más graves a las que se enfrenta México es la violencia, especialmente contra la prensa. De hecho, el país norteamericano es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, el peor de todos si no
consideramos zonas de guerra. Una situación alarmante, sobre todo si tenemos presente que el mismo presidente del país es quien ha adoptado un discurso en contra de los periodistas, a los que señala y acusa de hacer periodismo 'faccioso', de
responder a 'grupos de interés', de calumniar, manipular y ser 'castas'. Incluso se ha referido directamente a medios de comunicación nacionales e internacionales.
Estos discursos son pronunciados constantemente en las ruedas de prensa que el presidente mexicano ofrece diariamente, entre estas, se ha incluido un espacio llamado '¿Quién es quién en las mentiras de la semana?', en dicho espacio se ha
desacreditado en más de una ocasión a la prensa y a algunos periodistas.
Entre los muchos ejemplos que se pueden describir sobre esta lamentable situación, destaca, en los últimos meses, la filtración por parte del presidente López Obrador de información personal de una periodista. El pasado 22 de febrero, el
presidente mexicano, durante una rueda de prensa, dio a conocer públicamente el número móvil de la corresponsal en México del New York Times, a causa de una investigación que esta realizaba sobre familiares del presidente por presuntos vínculos con
el narcotráfico. Al ser cuestionado sobre estos hechos, lejos de mostrar una muestra de empatía o retractarse, López Obrador dijo que no había sido un error, incluso afirmó que volvería a hacer público un móvil de un periodista cuando esté de por
medio la dignidad del presidente, y se limitó
a decir 'si la periodista está preocupada, que cambie su teléfono'. Unas actitudes reprochables en todo sentido, máxime en un país en el que el último sexenio han sido asesinados 43 periodistas.
Desgraciadamente, este tipo de situaciones no son nuevas y se han acrecentado en los últimos años. Ya en marzo de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la situación de los periodistas y los defensores de derechos humanos
en México, en el que condenó las amenazas, el acoso y el asesinato a estos. En la misma resolución, el Parlamento admite que observa con preocupación las sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra
los periodistas y su labor. Asimismo, pide a las autoridades abstenerse de publicar cualquier comunicación que estigmatice a los periodistas o medios de comunicación. A la citada Resolución, el Gobierno mexicano emitió un comunicado oficial
rechazando los argumentos de la misma y llamando a los eurodiputados 'borregos'.
Más allá de las ofensas vertidas en contra de parlamentarios europeos, es necesario que el Gobierno tome medidas, algunas expuestas claramente en la Resolución, sobre la situación que acecha a la prensa en México.
Congruentes con una política exterior, que profesamos como impulsora y defensora de los derechos humanos y la libertad, es oportuno que España se sume a las peticiones de la comunidad internacional en relación con esta situación acaecida en
México.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar los ataques y señalamientos directos en contra de los periodistas realizados por las más altas autoridades de México.
2. Instar al Gobierno mexicano a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa.
3. Pedir al Gobierno de México que se abstenga de publicar información personal de comunicadores, respetando la privacidad de estos.
4. Promover una política de cooperación bilateral con México en materia de fortalecimiento de derechos humanos y libertad de prensa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-Belén Hoyo Juliá, Esteban González Pons y Carlos Javier Floriano Corrales, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la posible evidencia de
trata de personas y esclavitud moderna en las 'misiones de colaboración en el exterior de Cuba', para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 11 de julio de 2021 y días posteriores, se produjeron una serie de manifestaciones pacíficas en Cuba (en adelante, las 'Manifestaciones' o '11J'), que comenzaron en el municipio de San Antonio de los Baños y se extendieron rápidamente a
toda la isla. Estas Manifestaciones revistieron un marcado carácter prodemocrático, generando malestar en las autoridades cubanas por colisionar dichas pretensiones prodemocráticas con la forma de organización política unipartidista en dicho país.
Así, la excesiva reacción del régimen cubano a las Manifestaciones se produjo ese mismo día, de mano del propio Miguel Díaz-Canel, quién llamó en la televisión pública 'al combate' contra aquellos que cuestionaban al Gobierno y sus
políticas.
Tras las palabras de Díaz-Canel, llegaron a los lugares de las Manifestaciones autobuses cargados de individuos convocados por el régimen y organizaciones dependientes del único partido existente en la isla, en coordinación con transportes
del personal del Departamento de Seguridad del Estado y fuerzas policiales del Ministerio del Interior y las fuerzas armadas, quienes se enfrentaron violentamente a los manifestantes prodemocráticos, entre los que eran mayoritariamente ciudadanos no
militantes en organización alguna. Posteriormente, las citadas fuerzas de seguridad comenzaron a disolver violentamente las manifestaciones, deteniendo a miles de personas por todo el país, muchos en situación de desaparición forzada, como los 187
casos de Acción Urgente (CED-UA 1200 a 1386/2021) 1 adoptados por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
A la disolución violenta de las manifestaciones, las detenciones y las desapariciones forzadas, se sucedió el procesamiento penal de miles de manifestantes, quiénes fueron sometidos a medidas cautelares de limitación o privación de libertad
emitidas únicamente por las fiscalías, todos sin tutela judicial como es amparado por la Ley de Procedimiento Penal de Cuba, vigente cuando se desarrollaron las detenciones y procesos penales de los sucesos del 11J, así como la actual Ley del
Proceso Penal.
Abundando en el uso de la fiscalía al servicio del poder político, el Comité Contra la Tortura de la ONU expresó, en sus conclusiones del tercer Informe periódico de Cuba el 9 de mayo de 2022, que 'le preocupa la subordinación de la Fiscalía
General de la República al Presidente de la República establecida en el artículo 157 de la Constitución'.
Así, se está ante una circunstancia estructural generadora de gravísimas vulneraciones de los derechos humanos, concretamente en relación con la obligatoriedad para el Estado y sobre el derecho para el procesado a la pública comparecencia
ante un juez, que no puede ser sustituido por un Agente de la Seguridad del Estado (el llamado agente 'Instructor' en Cuba) y, a la asunción de funciones jurisdiccionales por personal ajeno a la judicatura, sin la cualidad de independencia e
imparcialidad, por cuanto la Fiscalía es parte interesada en el proceso penal, al ser, en cierta medida, dependiente del poder político por naturaleza, y mucho más ampliamente en el sistema penal cubano.
Desde los sucesos del 11J, todos los privados de libertad sin tutela judicial fueron llevados, meses o años después, ante el poder judicial, y fueron condenados a permanecer en prisión desde uno hasta treinta años en primera instancia.
Sobre esta situación, el día 29 de febrero de 2024 el Parlamento Europeo aprobó la Resolución P9_TA (2024)0122 sobre la 'situación crítica en Cuba' en materia de libertades y derechos, como libertad ideológica, religiosa, a la seguridad, a la libre
circulación, a la libertad de expresión, etc.
A todo ello, se añade que, el régimen cubano se ha encargado de expandir sus limitaciones y violaciones a los derechos y libertades de su personal civil profesional, tales como médicos, marinos, profesores, artistas o deportistas, entre
otros muchos, prestando servicios a terceros en el exterior a través del Estado o sus empresas. En ese sentido, la Resolución 368 de 26 de octubre de 2020, del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que determina el reglamento
de los denominados 'colaboradores', legislativamente denominado 'Reglamento Disciplinario para los colaboradores que prestan servicios en el exterior', dispone de un amplio abanico de deberes y obligaciones sancionables. Entre los deberes se
encuentra informar a su superior jerárquico inmediato de sus relaciones íntimas con nacionales o extranjeros.
1 CED-UA 1200 a 1386/2021:?https://drive.google.com/file/d/1709zDWjnGhWNrNuYOm-ieJOzSYqbwMhm.
En el ámbito de los 'derechos' está aceptar, previa aprobación de sus superiores, invitaciones de entidades docentes; viajar a Cuba o recibir la visita de sus familiares. En el ámbito de las infracciones se encuentran el mero hecho de
participar en actos públicos de carácter político 'o social' sin autorización, o sostener relaciones de amistad o vínculos de otro tipo con personas con 'posiciones contrarias a la revolución cubana'. Esta Resolución está fuertemente amparada por
el Código Penal, cuyo artículo 176 prevé penas de prisión de tres a ocho años para aquellos funcionarios o empleados civiles del Estado que abandonen el trabajo en el exterior o que, habiendo cumplido el trabajo, no regresen a Cuba de inmediato.
Este fue el motivo por el cual, en las Conclusiones del Examen Periódico de Cuba respecto al Comité de los Derechos del Niño, el 9 de junio de 2022, el Comité recomendó a Cuba que 'ponga fin a toda separación de niños de sus padres por la
decisión de estos de terminar un contrato laboral, y modifique el artículo 135 del Código Penal (actualmente el 176) a fin de eliminar todos los obstáculos que impiden la reunificación familiar'.
Asimismo, los mandatos de la relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y de la relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ambas, emitieron una carta condenatoria al régimen cubano el
2 de noviembre de 2019, debido a la situación de los profesionales en las llamadas 'misiones', donde destacaron, entre otras cosas:
'- Si bien la participación en las misiones de internacionalización es oficialmente voluntaria, muchos médicos se sienten presionados para acogerse a dichas misiones y temen represalias por parte del Gobierno de Cuba si no participan;
- [...] En los países donde el gobierno anfitrión paga directamente al trabajador cubano, este debe devolver al Gobierno de Cuba un porcentaje de su salario que aumentaría al 75 % o hasta el 90 % de su salario mensual. En muchos casos, el
salario entregado a los trabajadores médicos no permitiría vivir dignamente.
- Los médicos trabajarían cuarenta y ocho horas por semana más dieciséis adicionales de guardia, lo cual aumenta a un total de sesenta y cuatro horas semanales, muchas veces incluyendo sábados y domingos. El exceso de horas trabajadas
ilustra la explotación laboral a la cual estarían sometidos los médicos cubanos en el exterior;
- La libertad de movimiento de los trabajadores cubanos en el país de destino estaría restringida y bajo vigilancia por funcionarios del Gobierno;
- El derecho a la privacidad estaría limitado por el control y seguimiento efectuado a los médicos, incluyendo la comunicación y las relaciones sostenidas con personas nacionales y extranjeras durante las misiones de internacionalización.
Las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización Internacional de Trabajo. El trabajo forzoso constituye una forma contemporánea de
esclavitud.'
Por ello, el 10 de junio de 2021, el Parlamento Europeo, por mayoría absoluta, votó a favor de condenar la esclavitud en las misiones laborales de Cuba en el extranjero, incluidos los médicos, y así se describe en la Resolución del
Parlamento Europeo 'Los derechos humanos y la situación política en Cuba'.
Cabe recalcar que el mandato del relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, el 2 de noviembre de 2023, reiteró que todas las preocupaciones seguían vigentes y amplió las acusaciones contra el Estado Parte, añadiendo
el acoso sexual de las cooperantes por parte de sus jefes de misión, entre otras características rechazables causadas por la situación estructural descrita.
España, que comparte grandes vínculos históricos con la isla de Cuba, debe actuar ante semejantes abusos, al igual que lo ha hecho ya la comunidad internacional, en concordia con los valores de nuestra política exterior.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar los abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados sistemáticamente por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre
otras personas.
2. Exigir al Gobierno de Cuba que ponga fin inmediatamente a la política de represión.
3. Manifestar su preocupación por el incremento del número de presos políticos y exigir la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de
expresión y el derecho de reunión pacífica.
4. Condenar las condiciones laborales que promueve el régimen cubano para con sus trabajadores y cooperantes civiles en el exterior.
5. Solicitar a las autoridades cubanas la facilitación del retorno a Cuba de las personas que se encuentran en el exilio y a los profesionales y ciudadanos a los que no permite regresar con sus familiares, para que lo puedan hacer en plenas
garantías de libertad y sin represalias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-Esteban González Pons, Carlos Javier Floriano Corrales, Belén Hoyo Juliá, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Manuel García Félix, José Manuel Velasco Retamosa, Cayetana
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Marta González Vázquez, Pedro Navarro López, Ana María Pastor Julián, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la grave crisis económica y social que vive El Líbano, para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Líbano está acostumbrado a vivir al borde del precipicio, su vecindario es uno de los más conflictivos del mundo y lleva viviendo décadas bajo el paraguas de crisis financiera, económica, social, política, pero también alimentaria y
sanitaria sin precedentes. La población del país es la que más sufre las dificultades cada vez mayores que atraviesa el país.
La crisis económica y financiera que vive el Líbano es una de las diez peores crisis mundiales desde mediados del siglo XIX y podría encontrarse entre las tres primeras de continuar esta senda. 'Frente a desafíos colosales, la continua
inacción política y la ausencia de autoridad ejecutiva en pleno funcionamiento amenazan las ya complicadas condiciones socioeconómicas y una frágil paz social sin un punto de inflexión claro en el horizonte'. 'El Líbano se ha enfrentado a múltiples
retos: la más larga crisis económica y financiera en una época de paz, la COVID-19 y la explosión en el puerto de Beirut', recoge el informe del Banco Mundial, el mismo informe recoge que Líbano encabeza la lista de países con las tasas de
inflación de los precios de los alimentos más elevadas del mundo, registrando una tasa de inflación nominal de los alimentos del 352 % en 2023, y su tasa de inflación es de 154 %, lo que se traduce en el tercer puesto del ranking de inflación
mundial.
La explosión del puerto, una de las mayores explosiones no nucleares de la historia, causo una devastación generalizada y un inmenso sufrimiento (más de 200 personas fallecidas, más de 6.000 resultaron heridas de por vida y cientos de
personas se quedaron sin hogar), a pesar de estos datos y del paso del tiempo, la investigación aún no ha aclarado responsabilidades ni dado respuestas a los afectados y a sus familias. Para la población libanesa, esto ha sido una muestra más del
abandono de la ciudadanía por parte de sus políticos.
Las profundas crisis que asolan al Líbano, que cuenta con un historial de quince años de guerra civil (1975-1990) y conflictos, han afectado a la paz en el país y en la región, lamentablemente, con demasiada frecuencia, se producen tensiones
y enfrentamientos entre facciones políticas. Y a pesar de todo lo anterior, el pueblo libanés, de todas las religiones, lleva tiempo denunciando la corrupción y la necesidad de recuperar la confianza en la clase dirigente, con reivindicaciones como
la renuncia de las autoridades afectadas por esta desconfianza, reivindicando un cambio de régimen, e incluso un Estado laico.
A esta agonía hay que añadirle que tras el brutal ataque de Hamas el pasado 7 de octubre contra la población israelí supuso el comienzo de una nueva guerra a gran escala en Gaza, la quinta en apenas quince años, pero sin duda la más
devastadora y ha supuesto que el conflicto haya superado las fronteras de Palestina e Israel y se ha extendido por gran parte de la región evidentemente incluyendo el Líbano, pero implicando también a Estados Unidos y a potencias europeas. Esta
internacionalización de la guerra amenaza con desatar un conflicto a gran escala en una región con grandes tensiones geopolíticas y que en el Líbano este temor se debe a que parte de los dirigentes israelíes han hablado abiertamente de invadir parte
del sur del país.
El Líbano ya estaba sometido a fuertes tensiones internas, a las que hay que añadirle la crisis de los refugiados palestinos y sirios, que arrastra desde hace décadas. Algunos organismos de Naciones Unidas, organizaciones internacionales y
organizaciones de la sociedad civil libanesa y también asociaciones sirias tratan de prestar ayuda a los refugiados, pero sus aportaciones siguen siendo muy insuficientes, y los problemas de desempleo, sanidad, desescolarización y vivienda aumentan
cada año y amenazan con estallar a la larga.
El Gobierno de España se ha mostrado dispuesto a acompañar al Líbano en el objetivo de abordar sin más dilación las urgentes reformas pendientes para afrontar las graves crisis que vive el país y responder a las demandas del pueblo libanés.
España siempre ha estado comprometida con la estabilidad en el Líbano, país vecino y fundamental para la estabilidad y la paz en la convulsa región de Oriente Próximo.
España, además, participa desde 2006 en la misión de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL), que tiene entre sus cometidos vigilar el cese de hostilidades entre Hezbolá e Israel y acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur
del país y a lo largo de la separación entre ambos países denominada Línea Azul, decisión plasmada en la Resolución 1701 que, posteriormente, se ha ido ampliando. En la actualidad, alrededor de 600 militares españoles participan en la misión.
Asimismo, el Líbano está entre los países prioritarios dentro del plan director de la Cooperación Española, lo que se traduce en que, a través de la AECID, el Gobierno de España desarrolla diferentes programas que atienden y tratan de dar
respuesta a, entre otros, a la población refugiada que vive en campos de refugiados, especialmente vulnerable y que en estos últimos tiempos ha visto empeorar su situación, especialmente a partir del 7 de octubre, con recortes en los servicios
esenciales, como agua y electricidad, dificultando su acceso a la educación, a la asistencia y suministros médicos, a una alimentación equilibrada y saludable y a la protección de cada ser humano.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Reiterar su apoyo a la población libanesa, que vive una crisis económica, política y social sin precedentes; y acompañar al país en el objetivo de abordar las reformas necesarias
para afrontar esta crisis y responder a las demandas de sus ciudadanos, garantizando la participación autentica y efectiva de mujeres y jóvenes en todas estas reformas.
2. Trabajar, en el marco de la Unión Europea, para proporcionar apoyo, asistencia y, en su caso, observación de los futuros procesos electorales, contribuyendo a garantizar que los libaneses en el exterior puedan también ejercer su derecho
a voto.
3. Apoyar la pronta formación de un nuevo gobierno en el Líbano, respetando los acuerdos que dispongan los partidos políticos participantes en las elecciones de mayo de 2022. Instar al Parlamento libanés a la elección de un nuevo
presidente lo antes posible.
4. Secundar a las autoridades libanesas para que puedan llevar a cabo las urgentes y necesarias reformas políticas y económicas, tal y como demanda la sociedad libanesa.
5. Animar en el marco de la Unión Europea a finalizar con la cultura de la impunidad e instar a las instituciones y autoridades libanesas a que respeten los procedimientos judiciales y la independencia del poder judicial y a que apoyen
todos los esfuerzos que permitan investigar adecuadamente y exigir responsabilidades a los responsables directos o indirectos de las diferentes investigaciones judiciales; a que promuevan la justicia y la restitución de las víctimas en las
diferentes investigaciones iniciadas, removiendo todos los obstáculos en las investigaciones judiciales.
6. Trabajar en la mejora de la situación humanitaria en el Líbano, especialmente en los campos de refugiados, abordando las causas profundas de los refugiados del país, impulsando medidas que conduzcan a la integración e inclusión de los y
las refugiados en la sociedad libanesa.
7. Reforzar el apoyo de la cooperación española al país, con especial incidencia en los sectores más vulnerables y que se han visto especialmente afectados por las diferentes crisis.
8. Reafirmar el apoyo al trabajo humanitario que realiza la OOPS y otras organizaciones y agencias, comprometiendo que la UE y sus Estados miembros sigan proporcionando financiación al OOPS y a los refugiados sirios.
9. Expresar el apoyo a la labor de la FINUL a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel, y condenar enérgicamente todos los ataques contra las fuerzas de pacificación de las Naciones Unidas; pidiendo que, con carácter de urgencia, los
responsables rindan cuentas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2024.-Hana Jalloul Muro, Diputada.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/000644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la disponibilidad del sistema LexNET en galego para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
LexNET es una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia, con efectos legales plenos. Se regula en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de
noviembre,
sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia.
Permite la presentación de escritos y documentos, así como el traslado de copias en aquellos casos en que sea necesario, por parte de los profesionales y la remisión de notificaciones desde los órganos judiciales.
El programa LexNET, propiedad del Ministerio de Justicia del Gobierno del Estado, es de uso obligatorio para profesionales de la abogacía y procuradores y procuradoras en Galiza, pero en la actualidad está disponible solo parcialmente en
lengua gallega, mezclando galego y español en la versión que debería ser la gallega.
Cabe recordar que la Carta Europea de las Lenguas Minorizadas, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, de la que el Estado español es firmante, establece en su artículo 9 relativo a la justicia que los Estados parte se comprometen a
que tanto en los procedimientos penitenciarios como civiles y administrativos se asegurará la posibilidad de que se lleve el procedimiento en la lengua elegida por las partes, que se garantizará el derecho a expresarse en la lengua de su elección y
que las demandas, documentos y pruebas podrán ser redactados también en las lenguas minorizadas.
Es, por lo tanto, un deber del Estado español facilitar los medios para el desarrollo íntegro de los procedimientos judiciales íntegramente en cualquiera de las lenguas distintas del español. Para conseguirlo, la traducción íntegra de este
programa es imprescindible, como una herramienta más de las muchas que es preciso implantar para que la presencia del gallego en la administración de justicia deje de ser anecdótica. La traducción parcial, al igual que la mezcla de las dos lenguas,
no es aceptable
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a traducir, a la mayor brevedad y de forma completa, el programa LexNET, de uso obligatorio por profesionales de la abogacía y procuradores y procuradoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á dispoñibilidade do LexNET en galego para o seu debate na Comisión de Xustiza.
Exposición de motivos
LexNET é unha plataforma de intercambio seguro de información entre os órganos xudiciais e os profesionais que se relacionan coa Administración de Xustiza, con efectos legais plenos. Regúlase no Real Decreto 1065/2015, de 27 de novembro,
sobre comunicacións electrónicas na Administración de Xustiza no ámbito territorial do Ministerio de Xustiza. Permite a presentación de escritos e documentos, así como o traslado de copias naqueles casos en que sexa necesario, por parte dos
profesionais e a remisión de notificacións desde os órganos xudiciais.
O programa LexNET, propiedade do Ministerio de Xustiza do Goberno do Estado, é de uso obrigatorio para profesionais da avogacía e procuradores e procuradoras na Galiza, mais na actualidade está dispoñíbel só parcialmente en lingua galega,
mesturando galego e español na versión que debería ser a galega.
Cabe lembrar que a Carta Europea das Linguas Minorizadas, feita en Estrasburgo o 5 de novembro de 1992, e da que o Estado español é asinante, estabelece no seu artigo 9 relativo á xustiza que os Estados parte comprométense a que tanto nos
procedementos penais, como civís e administrativos se asegurará a posibilidade de que se leve o procedemento na lingua elixidas polas partes, que se garantirá o dereito a expresarse na lingua da súa elección e que as demandas, documentos e probas
podan ser redactados tamén nas linguas minorizadas.
É, polo tanto, un deber do Estado español, facilitar os medios para o desenvolvemento íntegro dos procedementos xudiciais integramente en calquera das linguas distintas do español. Para conseguilo, a tradución íntegra deste programa é
imprescindíbel, como unha ferramenta máis das moitas que é preciso implantar para que a presenza do galego na administración de xustiza deixe de ser anecdótica. A tradución parcial, do mesmo xeito que a mestura das dúas linguas, non é aceptábel.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a traducir, á maior brevidade, e de forma completa o programa LexNET, de uso obrigatorio por profesionais da avogacía e procuradores e procuradoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la supresión de la tasa de reposición en las Administraciones Públicas,
para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Las Administraciones Públicas tienen como fin servir a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, además de garantizar los derechos y libertades que les reconocen las leyes y prestar servicios públicos que nos permiten ser una sociedad
cohesionada, equilibrada y justa, en definitiva, vertebrando el modelo de Estado autonómico y del bienestar.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, supuso una para la administración pública. Este decreto, ratificado después por las sucesivas leyes de
Presupuestos Generales del Estado, estableció la tasa de reposición, limitando el porcentaje máximo de puestos de trabajo de las ofertas de empleo público condicionado al número de personas que se jubilan anualmente.
Desde el año 2012 y hasta el 2018 y 2019 se produjo una importante reducción de las plantillas de la administración pública, justificada en esa tasa de reposición de efectivos, muy cuestionada por la importante caída del empleo público.
Esto ocurrió en un momento de creciente aumento de las jubilaciones en el ámbito del sector público.
Las políticas austericidas llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular desde el año 2012, unidas a las limitaciones en las tasas de reposición de personal en el empleo
público, hizo necesario pedir un aumento de las tasas de reposición por encima del 100 % en los años posteriores, con el doble objetivo de, por un lado, recuperar parte del empleo público destruido por las políticas de esos años, y por otro,
reforzar y mejorar servicios públicos esenciales.
El actual Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su compromiso con unas administraciones públicas modernas, de calidad, adaptadas a las necesidades y a las expectativas de la ciudadanía y, sobre todo, capaces de afrontar los múltiples retos
que tenemos como sociedad.
Desde el año 2018, hizo un enorme esfuerzo por ir superando las tasas de reposición hasta conseguir en el año 2023 el 110 % general, 120 % para sectores prioritarios y 125 % para FFSS, donde la pérdida de efectivos y la imposibilidad de
reponer las plantillas lastraba la eficacia en la prestación de los servicios públicos y, por ende, siendo los ciudadanos los mayores perjudicados.
Los servidores públicos han dado ejemplo de su compromiso con un trabajo excelente que ha permitido que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales hayan seguido funcionando pese a los estragos causados por una
pandemia que ha causado millones de víctimas mortales y ha tenido importantes consecuencias económicas y sociales.
La pandemia fue sin duda un punto en el que se puso de manifiesto de forma evidente la importancia de la Administración pública en los momentos duros y difíciles. La Administración pública fue capaz de revertir una situación tan complicada
y de mitigar los efectos disruptivos tan potenciales que tuvo la pandemia, por supuesto en la sanidad pública, pero pensemos en las fuerzas de seguridad del Estado y en los funcionarios de la Seguridad Social, que tuvieron que poner en marcha el
ingreso mínimo vital, los ERTE y la prestación extraordinaria de los autónomos. Tuvieron que hacerlo en los años 2020 y 2021, cuando su plantilla se veía reducida por la inercia de años atrás.
La reducción de efectivos públicos se ha producido en un contexto en el que ha aumentado la nueva prestación de servicios públicos. Con esta plantilla, básicamente estabilizada finalmente en el año 2022, se ha gestionado todas estas
prestaciones. Hemos gestionado el plan de recuperación desde la Administración pública, un plan tan extenso y con elementos tan novedosos de gestión de lo público, y lo hemos hecho básicamente con el número de funcionarios existentes, ya que la
dinámica de caída era tremenda y la falta de planificación llevaba a un envejecimiento de las plantillas creciente.
Según los datos del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, el número de trabajadores al servicio del Estado actualmente está un 10 % por debajo del que había antes de la crisis financiera de 2008. Esto, como explicó el
Ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, el pasado 31 de enero en el Congreso, es debido a la tasa de reposición, 'un procedimiento muy cuestionado que lleva a una caída del empleo muy grande; esto, unido a una creciente tasa
de jubilaciones, ha dejado muy tocada la plantilla'. Como indican las cifras del Ministerio, el 60 % de los empleados estatales se jubilará en los próximos diez años, siendo una de las plantillas públicas más envejecidas en el ámbito de la OCDE.
En un momento como el actual, donde estamos apostando por una importante modernización de la Administración Pública, se precisa un modelo distinto al de la tasa de reposición, un modelo de previsión y de proyección sobre qué puestos
necesitamos y dónde los necesitamos en la Administración General del Estado y, en general, en toda la Administración Pública. Y al mismo tiempo, el sector público tiene que ser mucho más atractivo para atraer nuevos empleados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a través del diálogo social con todos los agentes sociales, a:
1. Aprobar las reformas normativas necesarias para suprimir la tasa de reposición en todas las administraciones públicas con el objetivo de recuperar la plantilla perdida en los
últimos años, favoreciendo la atracción de nuevos perfiles profesionales al sector público, en un momento como el actual donde se prevé un alto porcentaje de jubilaciones. La tasa de reposición se sustituirá por otros indicadores, mucho más
pertinentes y significativos para la ejecución de las políticas públicas encomendadas, que guardarán relación con la planificación de la actividad de las administraciones públicas y las limitaciones del presupuesto disponible.
2. Apostar por un nuevo modelo que dote de más autonomía a los gestores de recursos humanos que permita optimizar el capital humano de sus organizaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-José Luis Aceves Galindo, Juan Antonio González Gracia, Juan Carlos Jerez Antequera, Alicia Álvarez González, José Losada Fernández, Pedro Casares Hontañón, Gabriel Cruz Santana,
Luis Alfonso Rey de las Heras y Marta Trenzano Rubio, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/000599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la seguridad de
la ciudadanía, en general, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en particular, incrementando los medios personales y materiales de la Guardia Civil en las zonas rurales y territorios más dispersos, prestando especial atención a
aquellas comarcas con riesgo de despoblación y/o zonas afectadas por la okupación ilegal de viviendas, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Comunidad autónoma de Cantabria, de acuerdo con los datos que recoge el Ministerio del Interior en el Balance de Criminalidad que corresponde al tercer trimestre del año 2023, presenta un aumento en los índices de criminalidad y como
consecuencia de ello, una mayor exposición a problemas de seguridad ciudadana.
En este sentido, los delitos contra el patrimonio han aumentado considerablemente. Robos con fuerza en domicilios aumentan un 8,2 %, pasando de 871 en el tercer trimestre de 2022 a 942 casos contabilizados en el tercer trimestre de 2023.
Aumentan los hurtos, aumenta la sustracción de vehículos (aumentando un 50 % y pasando de 62 a 93 casos). Aumenta el tráfico de drogas un 31,9 % (pasando de 69 a 91 casos).
Y aumenta sustancialmente los casos de cibercriminalidad, es decir, aquellas infracciones penales que tienen que ver con estafas informáticas y otros ciberdelitos.
Si nos fijamos en los núcleos más importantes por población de Cantabria podemos observar que, en el caso concreto de Santander, a tenor de los datos del informe, resultan especialmente preocupantes el incremento del tráfico de drogas (un
67,9 % mayor respecto a 2022), la sustracción de vehículos (un 62,1 % mayor) y la mayor incidencia de los delitos cibernéticos (un 14,2 % superior). De manera global, la criminalidad en la capital de Cantabria ha experimentado un incremento
interanual del 8,4 %.
Por su parte, Torrelavega muestra un aumento significativo de los ciberdelitos distintos a la estafa informática (un incremento del 111,8 %), los robos con violencia e intimidación (aumentan en un 94,7 %) o los dos homicidios
dolosos/asesinatos en grado de tentativa (afortunadamente, no se había producido ninguno en el año anterior).
Resulta especialmente preocupante el aumento de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (con mayor incidencia de los robos con fuerza en domicilios, que aumentaron un 29,7 % interanual) en el municipio de
Piélagos, así como los ciberdelitos (incremento del 14,9 %) y los delitos contra la libertad sexual (con un aumento del 33,3 %).
En el caso concreto del municipio de Castro Urdiales, es posible señalar que, si bien la criminalidad total descendió ligeramente, resulta muy significativo y preocupante el aumento de los delitos cibernéticos (con una subida superior al 88
%), tanto en forma de estafa informática (incremento del 92,3 %), como de cualesquiera otras formas (aumento del 46,2 %).
El último de los ejemplos es el de Camargo donde se incrementan los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (incremento del 37,5 %) y, sobre todo, de los delitos cibernéticos, que aumentan un 11,8 %, con especial
prevalencia de aquellos distintos a la estafa informática (con un incremento del 25 %).
Si a esto le unimos que el Gobierno de España en el eje 7 del documento, 'Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico', contempla medidas para el refuerzo de la seguridad pública entre los que se incluye 'incrementar la
capacidad de actuación, tanto preventiva como asistencial, de las Unidades de la Guardia Civil', así como 'mejorar la atención a la ciudadanía, acercando los servicios que la Guardia Civil presta a las localidades más alejadas y despobladas'.
Además, en su apartado número 2 expone que 'es necesario incrementar la capacidad de asistencia y preventiva de los puestos de la Guardia Civil, así como mejorar las condiciones de vida y trabajo de los guardias civiles', así como reforzar la
seguridad de los guardias civiles que prestan servicio en estas zonas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la seguridad de la ciudadanía, en general, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en particular, incrementando los medios personales y materiales de la Guardia Civil
en las zonas rurales y territorios más dispersos, prestando especial atención a aquellas comarcas con riesgo de despoblación y/o zonas afectadas por la okupación ilegal de viviendas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2024.-Félix de las Cuevas Cortés, Ana Belén Vázquez Blanco, Carlos García Adanero, Fernando Rosa Torner, Sofía Acedo Reyes, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, María Eugenia
Carballedo Berlanga, Manuel Cobo Vega, Llanos de Luna Tobarra, José Ignacio Romaní Cantera, Maribel Sánchez Torregrosa y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reforzar las actuaciones contra
la inmigración irregular en las costas españolas del mar de Alborán, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El aumento de la presencia de las mafias internacionales que operan en el norte de Marruecos continúa fletando embarcaciones con decenas de inmigrantes que usan como
medio las narcolanchas para navegar desde el continente africano hasta las costas españolas pasando por el corredor del mar de Alborán.
El ritmo de la llegada de pateras a las costas del sur de España es incesante, entre los años 2022 y 2023 fueron interceptadas alrededor de 400 y 500 embarcaciones, respectivamente.
Tanto es así que el último informe del año del Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras de la Guardia Civil cifra en 6.323 las personas, principalmente de origen magrebí, que llegaron de forma irregular a
diferentes puntos de la costa almeriense en 2023, un aumento de un 66 % más respecto al año 2022 cuando fueron atendidos 3.806 migrantes.
En este contexto, y teniendo en cuenta que solo durante los meses de enero y febrero de 2024 se han localizado más de 50 pateras, todo apunta a que tales cifras se van a ir incrementando, pues no se atisba en próximas fechas un descenso de
estos movimientos migratorios por varias razones. La primera de ellas es la falta de medios que sufre la Guardia Civil y la Policía Nacional para atajar los déficits en seguridad para luchar contra el tráfico de personas y de drogas en la zona. La
escasez de efectivos de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la falta de inversiones en el sostenimiento de las infraestructuras e instalaciones de la Guardia Civil, junto con la necesidad de mejora de los medios técnicos
necesarios para poder desarrollar con efectividad sus funciones, tienen como principal consecuencia la impunidad de las mafias que operan en el mar de Alborán a plena luz del día.
Otra de las razones por las que se prevén cifras récord de llegadas de migrantes de forma irregular a través de este corredor marítimo es la cercanía de tiempos veraniegos que muy probablemente facilitarán el transporte de estas personas.
Para poder luchar contra la delincuencia organizada de trata de personas y defender la seguridad del Estado son imprescindibles las inversiones en vigilancia policial y presencia suficiente de efectivos, ya que es de sentido común y está
demostrado que cuanto menores son las plantillas policiales, mayores son los índices de criminalidad. Teniendo en cuenta que existen plazas vacantes de las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en varias provincias de la costa sur
de nuestro país, el Gobierno tiene la responsabilidad de cubrir dichas vacantes, ya sea reincorporando agentes en segunda actividad o en reserva no activa, para que puedan dar apoyo en tareas administrativas y de esta manera liberar más efectivos
para el trabajo en zonas costeras, urbanas y rurales.
Ante estos hechos, el Gobierno considera la situación como 'inusual' o 'excepcional'. Sin embargo, los diferentes operativos de Salvamento Marítimo o del Servicio Marítimo de la Guardia Civil se encuentran desbordados y con falta de medios
desde hace meses y los militares que defienden la soberanía nacional del islote de Alborán afrontan cada día con más dificultades su misión.
La falta de respuesta y la nula transparencia del Gobierno en relación con esta situación de llegada masiva de inmigrantes pone en riesgo la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la seguridad de los propios
migrantes víctimas de las mafias que, desgraciadamente llegan en demasiadas ocasiones fallecidas.
El Gobierno no debe ni puede ocultar una realidad que debe abordarse sin demora y que muchos vecinos, ayuntamientos, organizaciones políticas y profesionales de las provincias afectadas llevan denunciado desde hace demasiado tiempo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Reforzar la plantilla de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en las provincias de Almería, Alicante y también en la Región de Murcia, destinando el total de esas plazas al Servicio Marítimo, unidades territoriales, Policía
Judicial, fiscales, Fronteras y el CATE.
- Cubrir todas las plazas vacantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en las provincias de Almería, Alicante y en la Región de Murcia y promover destinos para la segunda actividad y reserva.
- Acometer las actuaciones necesarias para recuperar, mantener y poner en funcionamiento los acuartelamientos, infraestructuras, vehículos terrestres y marítimos de la Guardia Civil en las provincias de Almería, Alicante y en la Región de
Murcia.
- Dotar de los medios humanos, materiales y técnicos a las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que operan la zona del mar de Alborán.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2024.-Ana Belén Vázquez Blanco, Isabel María Borrego Cortés, Macarena Montesinos de Miguel y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la movilidad sostenible en la
Costa del Sol y desarrollo del eje mediterráneo andaluz, para su debate en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El Eje Mediterráneo andaluz se ha configurado en los últimos años como la zona geográfica de mayor pujanza, crecimiento y perspectivas de futuro de nuestro país. Este dinamismo tiene especial intensidad en la Costa del Sol y se refleja en
numerosas estadísticas oficiales, desde el padrón de los municipios que la componen hasta la creación de empresas, los residentes e inversiones extranjeras, el número de turistas, la actividad del aeropuerto de Málaga, el crecimiento de las
intensidades medias diarias de tráfico (IMD) de las autovías y los viajeros tanto de AVE como de Media Distancia como del núcleo de Cercanías de Málaga.
No existe en España un territorio similar a la conurbación de Málaga y la Costa del Sol. El sistema de ciudades comprendido en los 170 kilómetros de litoral que separan Nerja de Manilva se comporta como una unidad funcional en muchos
aspectos. Los vecinos bien pueden residir en un municipio, trabajar o estudiar en otro y desplazarse por motivos de ocio o logística a otros diferentes.
La Costa del Sol no se puede definir exactamente como un área metropolitana, pero cada vez lo parece más tanto en los mapas urbanos como en sus sistemas de equipamientos o sus dinámicas sociales y económicas.
Se trata de un territorio que se configura como el tercer gran eje urbano de nuestro país, tras Madrid y Barcelona, con una gran capacidad de atracción de población, empresas e inversiones que, al ritmo actual de crecimiento, en la próxima
década se convertirá en la provincia más poblada de Andalucía, superando a Sevilla y alcanzando los dos millones de habitantes.
Esta realidad no es nueva, y tampoco puede analizarse sin tener en cuenta que la Costa del Sol es además uno de los principales destinos turísticos de Europa. La provincia de Málaga recibe cada año más de 14 millones de visitantes, que
generan una actividad económica superior a los 19.100 millones de euros y 130.000 empleos.
Tanto esos cientos de miles de turistas, como esos miles de trabajadores, se mueven a diario por un eje costero que da claros síntomas de colapso y saturación en su movilidad, con una autovía, la A-7, que cada vez funciona más como una
avenida urbana, y una autopista de peaje que es la más cara de España por kilómetro, y que encima sube de precio en la temporada alta, justamente cuando mayor intensidad de tráfico hay.
El único sistema de transporte público potente alternativo es claramente insuficiente, porque no cubre todo el territorio ni cuenta con las frecuencias necesarias. La línea de Cercanías entre Málaga y Fuengirola, inaugurada en el año 1975,
deja fuera a la mayor parte de la población. Desde el año 1979 vienen sucediéndose estudios y propuestas para ampliar la conexión ferroviaria a Marbella, Estepona y el resto de la Costa del Sol. En la campaña electoral del año 2000, el entonces
presidente de la Junta y candidato socialista, Manuel Chaves, prometió que el Gobierno andaluz ejecutaría el corredor ferroviario de la Costa del Sol. Se llegaron a realizar proyectos y adjudicar las obras de dos tramos, en Mijas, que nunca
empezaron.
Paralelamente, desde el año 2005 el Gobierno de España lleva incluyendo partidas presupuestarias para estudios de ese corredor ferroviario, acumulando más de 8,4 millones de euros con diferentes grados de ejecución. En estos años, se han
acumulado también los reveses, como la exclusión en 2011, por parte del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, del litoral mediterráneo andaluz del Corredor Ferroviario del Mediterráneo y, por lo tanto, de las redes prioritarias para
su financiación por la Unión Europea.
Lo más cerca que ha estado de ser una realidad, a pesar de la crisis económica, fue con el Gobierno de Mariano Rajoy. En enero del año 2018, el entonces ministro de Fomento íñigo de la Serna, llegó a presentar un estudio con dos
alternativas de trazado para un nuevo corredor ferroviario de la Costa del Sol, pero la posterior moción de censura y la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez conllevaron de nuevo la parálisis total con este proyecto.
Durante los últimos cinco años se han perdido muchas oportunidades para desarrollar el tren de la Costa del Sol, una infraestructura que encaja a la perfección con los objetivos de sostenibilidad ambiental, económica y social definidos en el
Plan de Recuperación y Resiliencia presentado a la Unión Europea y que sin embargo ha sido excluido por el Gobierno. Todo ello a pesar de que el PSOE se ha comprometido con el tren de la Costa del Sol en numerosas ocasiones en los últimos años,
tanto en mociones presentadas en las distintas instituciones locales y provinciales, como en la firma de un manifiesto con la Plataforma por el Tren Litoral y con el PP y Ciudadanos.
El último y alarmante hito de este abandono del Gobierno tuvo lugar el pasado 1 de abril, cuando el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, afirmó 'se me antoja complicado hacer una apuesta de ese tipo o por lo menos en
un plazo de tiempo razonable, cuando no hay en este momento estudio de viabilidad ni declaración de impacto ambiental. No hay ni un solo papel con el que trabajar'.
Estas declaraciones han provocado una fuerte contestación e indignación en la provincia de Málaga, y una ola de reacciones de todos los alcaldes de la Costa del Sol, de colectivos ciudadanos y profesionales, de los empresarios y de los
sindicatos, que reclaman, ni más ni menos, que la provincia de Málaga y el Mediterráneo andaluz reciban por parte del Estado las inversiones necesarias para garantizar una movilidad sostenible, tal y como ocurre en otros muchos territorios del país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que haga públicos, con carácter urgente e inaplazable, el contenido y los avances de los diferentes estudios e informes del tren de la Costa del Sol que obran en poder del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
2. Incorporar a dichos estudios y trazado, la planificación de la conexión ferroviaria del Mediterráneo andaluz, como gran área de oportunidades de Andalucía y de España, contemplando como primera fase la que une Málaga con el Campo de
Gibraltar.
3. Incorporar inmediatamente, mediante la modificación de crédito correspondiente del presupuesto vigente y prorrogado, partidas suficientes para la actualización de dichos estudios.
4. Contar con las diferentes administraciones y agentes sociales y económicos afectados en el proceso de decisión del trazado y la planificación del sistema de transporte ferroviario a desarrollar, atendiendo a las diferentes demandas de un
área urbana tan extensa y con una población que supera el millón y medio de habitantes. La conexión con el Aeropuerto de Málaga resulta imprescindible, así como contar con unas frecuencias suficientes que hagan competitivo dicho medio de
transporte.
5. Que, en tanto dure este proceso de planificación, redacción de proyectos y ejecución de la nueva infraestructura ferroviaria, y hasta que el conjunto de la Costa del Sol no cuente con un sistema de transporte público potente alternativo
al vehículo privado, suspenda temporalmente el peaje de la AP-7, dado que no hay alternativa de transporte público ferroviario y hay que pagar por usar la carretera de alta capacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Elías Bendodo Benasayag, María del Mar Vázquez Jiménez, Mario Cortés Carballo, Cristóbal Garre Murcia e Isabel Gema Pérez Recuerda, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el incremento de plazas en la ruta aérea entre Menorca y Madrid operada bajo
Obligación de Servicio Público, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Menorca, como todas las islas de España, sufre las consecuencias de la insularidad y, en su caso, de la doble insularidad. La ciudadanía de la isla, para poder estar cohesionada con el resto del estado, depende del transporte marítimo y
aéreo.
Como recoge la Constitución Española en su artículo 19, los menorquines y las menorquinas, como todo ciudadano español, tienen derecho 'a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional'. Y en el artículo 138, donde
se establece que 'el Estado debe garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes
del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular'.
Lo mismo se recoge en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en su artículo tercero, donde se indica que 'los poderes públicos, de conformidad con lo que establece la Constitución, garantizan la realización efectiva de todas las
medidas necesarias para evitar que del hecho diferencial puedan derivarse desequilibrios económicos o de cualquier otro tipo que vulneren el principio de solidaridad entre todas las comunidades autónomas'.
También la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de la Unión Europea establece, en el artículo 45, el derecho de todo ciudadano de la Unión 'a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros', así como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, el derecho de toda persona a 'circular libremente en el territorio de un Estado'.
Además, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido como uno de los cuatro pilares de la futura Ley de Movilidad Sostenible 'la movilidad como un derecho social'.
La insularidad puede suponer un obstáculo a la hora de asegurar este derecho a la movilidad de la ciudadanía de Menorca. En el caso de la conectividad entre Menorca y Madrid, la capital del país, la dependencia es exclusivamente de la
disponibilidad de rutas aéreas, que siempre están sujetas a las condiciones del mercado, algo que deja en condiciones de fragilidad la movilidad entre Menorca y Madrid.
El repentino cese de operaciones de la compañía aérea Spanair, supuso que a finales de 2011 se produjera la pérdida de la conexión directa que unía estas las ciudades de Mahón y Madrid durante el periodo de menor demanda de tráfico, dejando
a la ciudadanía de la isla sin conexión directa con la capital. Ante esta situación, el Gobierno de España decidió declarar dicha ruta aérea bajo una Obligación de Servicio Público (OSP), que garantizó unas frecuencias mínimas para cubrir la
conexión.
Actualmente, la ruta aérea Menorca-Madrid tiene declaradas OSP entre el 1 de noviembre y el 30 de abril de cada año. Dado que hasta la fecha no ha habido ninguna compañía aérea interesada en operar en ese periodo bajo las obligaciones
impuestas, el Estado ha venido contratando el servicio para garantizar la conectividad de los ciudadanos. El contrato actual cubre estos periodos para los años 2023-2024 y 2024-2025.
En los últimos años y especialmente después de la pandemia, se puede observar una tendencia al alza en los datos de ocupación de los vuelos operados en la ruta. La demanda en los vuelos Menorca-Madrid, en ambos sentidos, en los meses
cubiertos por OSP ha aumentado sustancialmente y de forma sostenida.
Teniendo en cuenta esta tendencia, en el proceso de licitación del actual contrato el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible incluyó un aumento en el número de asientos y de frecuencias que debía ofrecer la empresa adjudicataria.
Concretamente, respecto al anterior contrato, el número mínimo de plazas a ofertar ha pasado de 74.000 a 79.000 y se ha reforzado la ruta con una frecuencia adicional en días señalados de especial afluencia como las fechas del día de Menorca, el
puente de la Constitución o Navidad.
Pese a este aumento de plazas respecto al anterior contrato, en los primeros meses en vigor ya ha quedado demostrado que la demanda sigue superando la oferta. Según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la media de
ocupación de los vuelos con sentido Menorca a Madrid en el mes de noviembre de 2023 fue del 99,3 %.
En el sentido inverso, de Madrid a Menorca, la media de ocupación fue del 91,8 %. Estos altísimos datos de ocupación en la ruta explican las quejas que se han trasladado desde la sociedad al agotarse los billetes de los vuelos muy
rápidamente, una situación que no solo se ha producido durante el mes de noviembre de 2023, sino que ha continuado posteriormente.
Por lo tanto, se constata que es demanda muy superior a la oferta en la ruta aérea Madrid-Menorca provoca dificultades para la ciudadanía de la isla a la hora de ejercer su derecho a la movilidad. Con este desencaje entre oferta y demanda,
es difícil para la ciudadanía poder planificar sus viajes a la capital, algo que a su vez dificulta a estas personas, por ejemplo, poder realizar su trabajo, poder trasladarse a la capital para tratar una enfermedad, o, en el caso de los
estudiantes, poder volver a casa en vacaciones.
El contrato por el que se presta servicio en esta ruta prevé la posibilidad de que el contratista incremente las plazas cuando se constate que hay una muy alta ocupación. Así, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a petición
de representantes del PSOE-Menorca, contactó en diciembre de 2023 con al contratista, la UTE formada por Iberia, Iberia Express y Air Nostrum, para solicitar un incremento de plazas y que estudiara medidas que, dentro de los márgenes que permite el
contrato pudieran paliar esta situación.
El 26 de enero de 2024 el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comunicó que la UTE, como respuesta a su petición, había decidido incrementar las plazas ofertadas
en cada vuelo durante el mes de abril de 2024, a la vez que sumaba tres frecuencias en marzo de 2024, que operarán los días 5, 20 y 24 de marzo.
Esta decisión responde a las peticiones de la sociedad menorquina de disponer de más plazas y también al compromiso del contratista con el servicio. Abril, mes en el que Menorca empieza a recibir turistas, es previsiblemente un mes con una
mayor demanda en la ruta y, por lo tanto, el incremento de plazas ayudará a que no esté tan saturada. Concretamente, la aerolínea cambiará durante ese mes la aeronave con la que se presta el servicio, pasando del avión CRJ 1000 de cien plazas, al
Airbus 320 de ciento-ochenta plazas lo que supone un incremento del 80 % de la oferta.
Siendo este incremento de plazas durante el mes de abril una muy buena noticia, cabe recordar que el actual contrato de la OSP cubre también el periodo que va del 1 de noviembre de 2024 al 30 de abril de 2025. Para dicho periodo la UTE no
ha comunicado, de momento, ninguna decisión de incrementar las plazas ofertadas. Disponiendo de suficiente antelación, sería importante que las aerolíneas empezaran a organizar las operaciones de la ruta aérea durante ese periodo con un incremento
sustancial de frecuencias y plazas con el objetivo de dar respuesta a la evolución observada de la demanda en esta ruta.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Analizar la posibilidad de incrementar el número de frecuencias y plazas ofertadas para los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero, febrero, marzo y abril de 2025 establecidas en las Obligaciones de Servicio Público en la ruta
aérea Menorca- Madrid.
- Que, en la medida de lo posible, dicho incremento se adecúe a la alta demanda que demuestran las cifras de ocupación de los primeros meses en los que ha estado en vigor el actual contrato de OSP y también a los datos de búsquedas de vuelos
en la web de la aerolínea.
- Estudiar si a la finalización del contrato actual vigente continúa siendo necesario mantener total o parcialmente (durante la totalidad de los meses o solo una parte de ellos) el contrato de servicios en la ruta aérea entre Menorca y
Madrid durante los meses de noviembre a abril, considerando la tendencia al alza en la demanda en dicha ruta y la posibilidad de que pueda haber compañías aéreas interesadas en operar en régimen de libre mercado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-Pepe Mercadal Baquero, Milena Herrera García y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta, de conformidad con los establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Proposición no de Ley sobre la exclusión de Israel de los próximos Juegos
Olímpicos, para su debate en la Comisión Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
En los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, los conflictos entre las ciudades estado participantes se posponían hasta la finalización de las competiciones deportivas. Este
cese de las hostilidades fue conocido como paz o tregua olímpica. Esta paz olímpica era un periodo en el cual las guerras se suspendían temporalmente, para que los deportistas pudieran desplazarse a Olimpia para participar en los Juegos
Olímpicos y después volver a sus ciudades en paz. Además, la ciudad de Olimpia tenía el estatus de zona neutral, y aunque las ciudades se encontraran en guerra, sus representantes podían entablar allí negociaciones para la paz. Ya en la Era
Moderna de los Juegos Olímpicos, y considerando las nuevas realidades políticas que rodean al deporte y los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió revitalizar la tradición de la tregua olímpica para preservar, en la medida
de lo posible, los intereses de los atletas y del deporte en general y contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y diplomáticas a los conflictos que asolan el mundo (Unesco, 2004, La tregua olímpica).
El punto de partida fue 1991, cuando el Comité Olímpico Internacional comenzó a estudiar la restauración de la tregua olímpica con motivo de las guerras en la antigua Yugoslavia y las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, aprobando el COI (99 Asamblea General) la restauración de la tregua olímpica en 1992 e instando a todos los Estados a observarla ya para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Posteriormente, en 1993 y en 2003, la Asamblea General
de las Naciones Unidas también insta desde entonces a los Estados miembros a que observen la tregua olímpica.
Además, en la vigente Carta Olímpica, del Comité Olímpico Internacional, se regula que: - Punto 1. El Olimpismo [...] se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la
responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales; - Punto 2. El objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del ser humano, con el fin de favorecer el
establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana; - La Misión y la función del COI, punto 4, es cooperar con las organizaciones públicas y privadas, así como con las autoridades competentes, a
través de sus dirigentes, con objeto de poner el deporte al servicio de la humanidad, promoviendo así la paz; - En el Capítulo 6, de medidas y sanciones, art. 59.2 precisa que en el marco de los Juegos Olímpicos, en caso de violación de la Carta
Olímpica [...] podrá acordar la no admisión o expulsión permanente o temporal de los Juegos Olímpicos de deportistas individuales y por equipos [...] así como del personal oficial, dirigentes y demás miembros de una delegación.
Los Juegos Olímpicos como medida diplomática en situaciones extremas ha sido una herramienta útil en distintas ocasiones. Entre 1964 y 1992, por ejemplo, se decidió excluir a Sudáfrica por su política de apartheid. Lo mismo sucedió con
Afganistán en 2000 debido al autoritarismo del régimen talibán y el maltrato a las mujeres en ese país. También pasó con Irak, en 2004, por la inestabilidad política que provocó en ese país asiático la invasión militar de Estados Unidos. Rusia y
Bielorrusia y no fueron invitados a los Juegos Olímpicos de París 2024, por la invasión de Ucrania.
Sin embargo, se han cumplido casi cinco meses desde que el ejército israelí intensificó sus acciones militares en Gaza, transformándose en la masacre -calificada por sendos líderes políticos internacionales e incluso el Secretario General de
la ONU como genocidio y crímenes de lesa humanidad- continuada de Gaza. Algunos de los datos publicados evidencian que más de 33.000 personas han sido asesinadas (42 % niños y niñas, 29 % mujeres y 29 % varones) en lo que va de conflicto.
La directora ejecutiva de la agencia de la ONU para las Mujeres, Sima Bahous, ha denunciado que dos madres mueren cada hora en la guerra de Gaza. Si en los últimos 15 años el 67 % de los civiles palestinos asesinados eran hombres y menos
del 14 % mujeres y niños, ahora la proporción se ha invertido y el 70 % son mujeres y niños, ha señalado, evidenciando que se trata de una acción bélica deliberada contra la población civil. Tanto las autoridades palestinas como Naciones Unidas
alertan de que el número real de víctimas mortales podría ser superior, porque los más de 33.000 fallecidos son solo aquellos que han llegado a los hospitales gazatíes hasta estos días; otros 8.000 están desaparecidos y sus cuerpos se encuentran
bajo los escombros y los números podrían
subir 'cuando los cuerpos enterrados o pulverizados bajo los escombros sean descubiertos e identificados'. A ellas hay que sumar las más de 70.000 personas que están heridas y sin poder ser apenas atendidas tras los bombardeos y destrucción
de casi todos los hospitales.
Además, los dos millones de personas que todavía sobreviven en la Franja se encuentran encerradas, sin posibilidad de escapatoria mientras son bombardeadas sin ningún respeto al Derecho Internacional humanitario. Especialmente ahora en la
zona de Rafah, donde el Ejército de Israel ha ido arrinconando y aniquilando progresivamente a la población civil palestina. Además, el hambre y la desnutrición aguda están muy extendidas en la Franja de Gaza, donde unos 2 millones de palestinos
enfrentan una situación de grave escasez, después de que Israel terminara con sus fuentes de alimentos y restringiera severamente el flujo de comida, medicamentos y otros suministros básicos, y después de que sus tropas hayan disparado a camiones de
ayuda humanitaria y a palestinos que hacían cola para recibir asistencia. Las hambrunas afectan especialmente a niños, bebés, mujeres embarazadas y ancianos, los grupos con mayor riesgo de sufrir malnutrición, enfermedades y muertes prematuras. En
el norte de Gaza, donde 300.000 personas malviven atrapadas y las fuerzas israelíes impiden casi por completo la llegada de ayuda alimentaria, uno de cada seis menores de dos años (casi un 16 % de este grupo de edad) sufre desnutrición aguda o
emaciación, de acuerdo con un estudio publicado este mes de febrero por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Es decir, que en Gaza las personas están muriendo por los bombardeos y ataques israelíes y también por las consecuencias del asedio de suministros impuesto a la Franja: la gente y especialmente los niños y niñas están perdiendo la, vida por
causas relacionadas con el hambre, con más de 500.000 personas al borde la inanición. Un informe publicado esta semana por varias agencias de Naciones Unidas concluye que la situación de hambrunas es especialmente extrema en el norte del enclave.
Todo ello se está traduciendo en una gravísima crisis humanitaria y de los derechos humanos más básicos en la Franja de Gaza, pero que ya se extiende también a Cisjordania y Jerusalén este por los crecientes y numerosos ataques llevados a cabo por
los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes. Esta crisis ha sido y es objeto de múltiples peticiones de la ONU y de la práctica totalidad de los países miembros de la ONU para que Israel cese en estas continuas violaciones de derechos humanos
y se produzca un alto el fuego y el inicio de conversaciones de paz.
Además, ya se ha pronunciado en un primer veredicto la Corte Internacional de Justicia sobre Israel por posible violación del Convenio sobre Genocidio, tras la demanda presentada por Sudáfrica (y apoyada por un creciente número de países),
exigiéndole que tome todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de actos susceptibles de incurrir en los tipos criminales registrados por la Convención sobre el Genocidio, velando con efecto inmediato para que su ejército no cometa
tales actos. También exige a Israel que tome todas las medidas necesarias para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio, así como a tomar medidas efectivas para permitir la llegada inmediata de servicios básicos y
asistencia humanitaria que la población de Gaza necesita con urgencia, según el Real Instituto Elcano. Además, el Parlamento Europeo aprobó la petición de alto el fuego incondicional y que la entrada de material humanitario a la Franja de Gaza sea
permanente (28 febrero 2024), así como igualmente se contempla en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 25 de marzo de 2024, resoluciones y acuerdos que vienen siendo ignorados por el estado de Israel.
A estas llamadas a la paz y al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, por parte de la ONU y su Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, el Parlamento Europeo, un creciente número de países, y de miles y miles de
personas que están saliendo a la calle en todo el mundo para que se detengan éstas masacres y hambrunas en Palestina, este Congreso de los Diputados, el Gobierno y el Comité Olímpico Internacional
pueden sumarse atendiendo a los valores de paz de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y de la Era Moderna, tal como vienen recogidos en la Carta Olímpica.
Por todo esto se presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Congreso de los Diputados inste a través del Gobierno al Comité Olímpico Internacional a excluir al Estado de Israel de la participación deportiva en los próximos
Juegos Olímpicos de Verano de 2024, Juegos Paralímpicos de Verano de 2024 y Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano de 2024, por considerar que cualquier participación del citado país en el escenario deportivo olímpico internacional representa una
postura de indiferencia y legitimación de los asesinatos y masacres contra civiles provocados por Israel en Gaza y Cisjordania.
En virtud de lo expuesto el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a que solicite al Comité Olímpico Español, para que a su vez traslade al Comité Olímpico Internacional:
1. La no admisión de la delegación de deportistas y personal oficial del Estado de Israel a los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 mientras el Estado de Israel continúe con su agresión militar sobre la población de Gaza.
2. La no admisión de la delegación de deportistas y personal oficial del Estado de Israel a los Juegos Paralímpicos de 2024 mientras el Estado de Israel continúe con su agresión militar sobre la población de Gaza.
3. La no admisión de la delegación oficial de deportistas y personal oficial del Estado de Israel a los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2024 mientras el Estado de Israel continúe con su agresión militar sobre la población de Gaza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Nahuel González López, Juan Antonio Valero Morales y Teslem Andala Ubbi, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la prevención, detección y actuación frente al acoso
escolar en España, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La Constitución española, en el artículo 27.2, establece que 'la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales'. El acoso escolar constituye una de las principales barreras psicológicas, emocionales, sociales y educativas en el desarrollo de la personalidad infantil.
Así lo describe la Fundación ColaCao, que junto con la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid ha llevado a cabo una investigación para conocer la realidad del acoso escolar en España. En noviembre de 2023 se
presentó el Estudio sobre acoso escolar y ciberacoso en España en la infancia y en la adolescencia, que ha contado con la participación de 20.662 estudiantes, de 4.º de Primaria a 4.º de la
ESO, de 17 comunidades autónomas, y de un total de 325 centros educativos. Y sus principales conclusiones son las siguientes:
- El 19,2 % del alumnado reconoce haber sufrido situaciones de maltrato entre estudiantes que podrían derivar en acoso escolar, tales como llamar por motes o burlarse. En el caso del ciberbullying, las víctimas de estas situaciones
ascienden al 10,3 %.
- Haber sufrido acoso escolar incrementa el riesgo de sufrir ciberacoso: casi la mitad de las víctimas de bullying (46,4 %) reconoce haber sufrido alguna situación de maltrato digital.
- La relación del bullying y el suicidio es muy alarmante: en el caso del acoso escolar, el 20,4 % de las víctimas y el 16,8 % de los acosadores declaran haber intentado quitarse la vida alguna vez. En el caso del ciberacoso, este dato es
del 21,1 % de las víctimas y del 24,9 % de los acosadores.
- 1 de cada 3 víctimas de acoso afirma no contárselo a nadie: el miedo y no querer preocupar a sus familiares son los dos motivos principales,
- Se reconocen como acosadores un 2,1 %: un acosador por cada dos clases.
- Un 16,3 % de estudiantes, 5 estudiantes por aula, afirma haber presenciado situaciones en las que se ha acosado a un compañero del mismo centro en los últimos meses.
Como dato positivo destaca que los centros educativos avanzan en la sensibilización en la temática e imparten formaciones de prevención. Casi el 80 % de los estudiantes recuerda haber trabajado en su centro educativo la prevención del acoso
y qué hacer para detenerlo.
Según la Fundación ANAR, en su V Informe. La opinión de los estudiantes sobre acoso escolar, uno de cada diez alumnos (11,8 %) cree que en su clase hay compañeros que sufren acoso escolar, frente al 24,4 % del curso anterior. La percepción
sobre el ciberbullying también baja, pero más moderadamente -un 0,8 %- en el último curso y se sitúa en el 7,4 %. Los insultos, motes y burlas siguen siendo la principal forma de agresión y descienden en 20 puntos las agresiones físicas con
respecto al estudio del curso anterior. Los profesores tienen cada vez más constancia de casos de acoso escolar y están cada vez más implicados en la detección y solución de estos casos. Por último, advierte que alrededor del 90 % de los menores
de edad que sufren acoso escolar tiene problemas psicológicos (ansiedad, depresión y miedo permanente); más de la tercera parte de los que lo sufren no se lo cuenta a sus padres y el resto tarda entre 13 y 15 meses de media en pedir ayuda; y un 13
% de las víctimas tiene que cambiar de centro educativo.
El Informe anual del Defensor del Pueblo 2023 destaca, por su parte, que no ha aumentado el número de quejas, pero si la gravedad de algunas de las conductas que evidencian conflictos escolares.
Hace referencia asimismo, al Estudio estatal sobre la convivencia escolar en centros de Educación Primaria, publicado en 2023 por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que coincide en la creciente concienciación social respecto
a este fenómeno que ha llevado a un aumento del número de intervenciones por parte de los centros docentes y las familias, pero resalta la necesidad de revisar el abordaje que se está dando desde los centros educativos a las situaciones de acoso
escolar y seguir avanzando en una respuesta educativa más contundente a través de medidas específicas, así como también plantea el establecimiento de tiempos y espacios para dialogar sobre convivencia escolar, y mejorar la difusión de los programas
de convivencia escolar entre el alumnado.
El Defensor del Pueblo demanda a las Administraciones educativas la puesta en marcha efectiva de la figura del coordinador de bienestar y protección, con la que se pretende reforzar la protección que deben ejercer los docentes en todos los
centros educativos, con independencia de su titularidad. Corresponde a esta figura velar por el correcto funcionamiento y maximizar los resultados de los preceptivos protocolos de actuación contra los diferentes tipos de abuso y maltrato como acoso
escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio, autolesión, o cualquier otra manifestación de violencia.
Es competencia de las Administraciones educativas establecer los requisitos y funciones que debe desempeñar el coordinador de bienestar social y los criterios de designación de esta figura en función de las características concretas de sus
centros educativos, pero el Defensor del Pueblo subraya que la falta de concreción en la regulación estatal ha provocado que las comunidades autónomas apliquen criterios muy dispares en la implantación de dicha figura, en muchos casos sin definir el
perfil y sin una suficiente formación habilitante.
En definitiva, las Administraciones educativas tienen atribuidas competencias para regular los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de
violencia. En este marco normativo, las comunidades autónomas han desarrollado diferentes sistemas de organización para trabajar de manera coordinada la convivencia escolar en los centros educativos: planes autonómicos de convivencia; normativa
para la elaboración de planes de convivencia de centro; observatorios de convivencia escolar; equipos o unidades específicas de convivencia escolar; coordinadores de convivencia en los centros educativos; colaboración con las consejerías o
servicios de salud, y protocolos de actuación en materia de prevención y actuación en los centros educativos.
Los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias deben prestar atención prioritaria y desarrollar políticas educativas para garantizar los principios del sistema educativo, como es la educación para la convivencia, y en especial en
el del acoso escolar y ciberacoso.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, el 16 de marzo de 2023, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular, sobre las políticas desarrolladas en el ámbito educativo para la prevención, detección y
atención a los problemas de salud mental y de la conducta suicida ante el alarmante incremento de casos (173/000201), sin que el Gobierno haya dado cumplimiento a la resolución aprobada. Dicha resolución apelaba al Gobierno a convocar con carácter
urgente una Conferencia Sectorial de Educación para la elaboración de un Programa integral para la prevención, detección y atención a los problemas de salud mental y de la conducta suicida y a impulsar una serie de medidas que hasta la fecha no han
sido atendidas.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar a la Conferencia Sectorial de Educación, para la elaboración de un Plan para la prevención, detección y actuación frente al acoso escolar, con la colaboración de las asociaciones
especializadas en la protección del menor y de los expertos, que promueva las siguientes actuaciones:
1. La actualización de los planes de convivencia y los reglamentos de los centros educativos.
2. Un plan específico de formación del profesorado y profesionales que trabajan con niños y adolescentes para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
3. La dotación de personal suficiente, especializado, perfectamente cualificado y adecuado a las necesidades y demandas de los centros educativos.
4. La definición del perfil profesional y requisitos del coordinador de bienestar y protección de los centros educativos, contemplada en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
5. El incremento progresivo del número de orientadores escolares, conforme a la recomendación de la UNESCO.
6. Información actualizada de los servicios y recursos disponibles para que los niños y adolescentes y sus familias puedan solicitar apoyo y ayuda.
7. La incorporación de las actuaciones y prácticas educativas de éxito basadas en evidencias científicas destinadas a la prevención y orientación de problemas de salud mental.
8. Insistir y mejorar las campañas de prevención y sensibilización social, en particular dirigidas a los alumnos espectadores.
9. El avance en políticas de investigación educativa y social en convivencia escolar y elaboración de materiales didácticos con tal finalidad.
10. Dar cumplimiento a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular, aprobada por el Pleno del Congreso de 16 de marzo de 2023 sobre las políticas desarrolladas en el ámbito educativo para la prevención,
detección y atención a los problemas de salud mental y de la conducta suicida ante el alarmante incremento de casos (173/000201).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la puesta en funcionamiento del Reglamento del Fondo de Compensación de las Víctimas del Amianto y la necesaria modificación de la propuesta hecha pública por el Gobierno, para su debate en la Comisión de Trabajo,
Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La Ley 21 /2022, de 19 de octubre, de creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto prevé en su Disposición Adicional Única la aprobación de un reglamento de desarrollo en el plazo de tres meses desde la publicación de
la norma, hecho que tuvo lugar el 20 de octubre de 2022.
Está, por lo tanto, a punto de cumplirse un año y medio desde la publicación de la Ley y el Reglamento aún no existe. Para el BNG resulta injustificable una demora semejante que, además, viene a añadirse a un proceso legislativo
artificiosamente prolongado retrasando cada uno de los sucesivos trámites. Tenemos que recordar que el proyecto de ley fue tomado en consideración por segunda vez en el Congreso de los diputados el 13 de abril del año 2021 y que el período para la
presentación de enmiendas en comisión fue prorrogado nada menos que 20 veces por la Mesa del Congreso de la anterior legislatura, antes de la aprobación final de la Ley.
Hace unos meses, aún en la XIV legislatura, el Gobierno hizo público un borrador o propuesta de Reglamento que, aunque necesario y urgente, de aprobarse en esos términos el Fondo de compensación quedaría muy lejos de cumplir los objetivos y
las expectativas de todas las entidades, sindicatos y partidos políticos que hemos defendido su creación, una demanda que nace con un espíritu y unos objetivos muy determinados, así como también, con unas referencias internacionales también muy
claras.
Desde el BNG hemos analizado la propuesta de Reglamento elaborada por el Gobierno estatal, realizando consultas con diferentes personas expertas en la materia, así como con la asociación AGAVIDA y el sindicato CIG. El resultado de este
trabajo es una serie de
propuestas para modificar el borrador de Reglamento que consideramos mejorarían la norma notablemente y que deberían contar con el respaldo del conjunto de fuerzas políticas para lograr una norma que realmente atienda al conjunto de las
víctimas del amianto.
En primer lugar, en el artículo 2 se establece la naturaleza jurídica de la compensación, sin embargo, este precepto no supone que se considere exenta de tributación, cuestión que precisaría de la modificación de la normativa tributaria para
lo cual es necesaria una norma con rango de ley.
Además, en este mismo artículo se prevé la percepción por una sola vez de la compensación del Fondo por los daños producidos sobre la salud, una cuestión que se vuelve a reiterar en el artículo 3.3. Este es, a nuestro juicio, uno de los
grandes problemas del borrador, pues la enfermedad evoluciona y debería preverse, explícitamente, la posibilidad de poder percibir diferentes indemnizaciones para cada patología, e incluso, para el caso de los herederos, por ejemplo, prever otros
hechos susceptibles de ser indemnizados como el daño moral y la pérdida de rentas que se producen con el fallecimiento del familiar enfermo. Es más, en este sentido las sentencias judiciales son claras y abalan esta tesis.
El artículo 3.1.b) de la propuesta de Reglamento establece que el período de cómputo de los años de prescripción (también en el artículo 4) comience a contar desde la fecha del auto de insolvencia, criterio que puede dejar fuera del ámbito
del fondo a muchas personas. Entendemos que sería más lógico y, desde luego beneficioso, que el plazo para reclamar ante el fondo comience a contar con la efectiva entrada en funcionamiento del mecanismo, momento en que será realmente posible que
una persona presente a solicitud.
Asimismo, este artículo 3 nos sus apartados a) y b) limita el acceso al fondo a aquellas personas que ya disponen de un reconocimiento administrativo o judicial de una pensión por las patologías recogidas en el Anexo I o de una indemnización
por las mismas patologías que no hubiera podido ser ejecutada. Por lo tanto, el apartado c) sería la única puerta de acceso al Fondo para el resto de personas que no cuenten con ese reconocimiento. El problema principal es que en este caso no se
hace referencia al conjunto de las patologías del anexo, sino que se limita a los casos de mesotelioma o asbestosis con una repercusión moderada o severa. No consideramos que exista justificación alguna para establecer una relación de patologías
más restrictiva que las de los supuestos a) y b), más cuando la relación recogida en el anexo ya es de por sí restrictiva y debiera ser ampliada.
El apartado c) también obliga a que la persona trabajadora conste previamente inscrita en el RETEA (Registro de Trabajadores/as Expuestos al Amianto) o equivalentes, requisito que también es sumamente restrictivo y que dejaría fuera, por
ejemplo, a todo el personal de las compañías auxiliares de Navantia, de la marina mercante, ejército, personas funcionarias o autónomas. Pensemos, por ejemplo y a título ilustrativo, del reciente caso de un funcionario del Ayuntamiento de
Ortigueira que consiguió el reconocimiento judicial del origen laboral de su dolencia con la correspondiente indemnización, al demostrar su exposición al amianto en las numerosas obras en tejados en las que practicó, reiteradamente, operaciones de
corte de uralitas.
El origen laboral de la dolencia debe poder acreditarse de otras maneras, cuando menos por aquellos que están siendo aceptadas en los procesos judiciales, actividades recogidas en el cuadro de enfermedades profesionales, testigos, etc. No
tiene sentido hacer cómo si no existiera en esta altura una abundante jurisprudencia a este respeto en los Tribunales Superiores de Justicia.
En lo relativo al procedimiento y estructura administrativo sería necesario promover una estructura descentralizada y especializada para asegurar una atención adecuada a las personas víctimas del amianto. En esta línea, consideramos
oportuna la creación de organismos de valoración propios y diferentes de los EVIs en el artículo 6. El hecho de que sean las consellarías las que deban emitir una certificación va también en esta línea, sin embargo, a continuación, vuelve a
centralizarse el procedimiento remitiendo todo a la Dirección General del INSS. Parece que el borrador se inspire en el funcionamiento del FOGASA para, por ejemplo, topar las compensaciones impidiendo la asunción de las
cantidades declaradas judicialmente, pero por el contrario establece una estructura mucho más centralizada que este, pues el FOGASA cuenta con unidades periféricas provinciales que son las que resuelven las solicitudes.
Por su parte, el artículo 10 reitera que, en el caso de sufrir varias patologías, se indemnizará solo una, aplicando para eso el baremo de la de mayor gravedad. Esto resulta extremadamente grave y evidencia una gran ignorancia sobre la
realidad de la enfermedad, de sus consecuencias familiares y sociales, así como del importante histórico de resoluciones judiciales a este respeto.
Además, en el artículo 11.3 se remite la impugnación de las resoluciones al ámbito administrativo y, por lo tanto, a la jurisdicción contencioso- administrativa, lo que no se sostiene, pues entendemos que las reclamaciones en esta materia
deberían mantenerse en el ámbito de lo social, sobre todo cuando las sentencias declarativas de indemnizaciones seguirán dándose en la jurisdicción social.
Lo más seguro es que las personas que accedan al fondo por la vía del artículo 3.1 apartado a) o b) no tengan más problemas que los derivados de la correcta realización de los trámites, pero aquellas que lo hagan a través del apartado c) sí
que tienen muchas posibilidades de encontrar problemas de fondo, puede ser, por ejemplo, habitual que no se les reconozca el origen laboral de la dolencia que padecen en cualquiera de los puntos de la tramitación, es decir, tanto en la resolución
final como en una fase anterior, decisión que debe ser recurrida. Lo lógico es mantener sobre estas cuestiones la jurisdicción social pues la contencioso-administrativa es completamente ajena a la problemática de la que tendría que entrar a
conocer. Se debería mantener una fórmula semejante a la del FOGASA, en que las resoluciones son impugnadas también ante la jurisdicción del social.
Asimismo, nos parece absolutamente inaceptable lo propuesto en el artículo 12 que establece topes a las indemnizaciones declaradas judicialmente y consideramos que no se pueden reducir las cantidades establecidas en concepto de
responsabilidad civil por daños contra la salud de las personas. Mucho más si entramos a valorar el retraso o tardanza de las administraciones en esta materia, primero para prohibir el uso y establecer normas de seguridad en la manipulación o por
la falta de actividad inspectora y ahora con las dilaciones para el establecimiento del Fondo.
Por otro lado, consideramos un avance la incorporación de la comunidad científica dentro de la composición de la Comisión de Seguimiento, un órgano que también debería descentralizarse al igual que reclamamos que se haga en la estructura
orgánica de gestión del Fondo. Sin embargo, no se establece que actividad se encomienda a esta Comisión, cuestión que debería ser corregida, para atribuirles la redacción de memorias anuales sobre la actividad del Fondo, recomendaciones o incluso
la posibilidad de que actúe como mediación previa a la vía judicial.
En lo referente al Anexo I cabe destacar que se trata de una relación muy restrictiva que no incorpora todas las enfermedades y patologías relacionadas con la exposición al amianto. Así, por ejemplo, falta la fibrosis y las placas pleurales
(que sí son objeto de indemnización en otros Estados como el Reino Unido) o la asbestosis sin repercusión. Además carece de perspectiva de género, pues obvia la posibilidad de que existen patologías exclusivas de las mujeres, como son el cáncer de
útero derivado de la exposición al amianto, que ya está reconocido también en otros países europeos.
En conclusión, de mantenerse el contenido propuesto la finalidad que debería tener el Fondo, de servir de alternativa a la vía judicial para todas las personas afectadas desaparece y no permitiría reparar el daño en su integridad.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a agilizar la tramitación del necesario Reglamento que desarrolla la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un
Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto y a que modifique la propuesta hecha pública en los siguientes términos:
1. Ampliar las patologías del anexo I incluyendo el cáncer de útero, la fibrosis, las placas pleurales y la asbestosis sin repercusión.
2. Ampliar las patologías para ser persona beneficiaría por la vía del artículo 3.c) a todas las del anexo I reformado, así como eliminar el requisito de estar inscrita en el RETEA.
3. Dotar al Fondo de una estructura descentralizada resolviéndose las solicitudes al Fondo desde organismos de carácter provincial.
4. Establecer que la Jurisdicción social será la competente para conocer en vía judicial de los recursos presentados contra las resoluciones del Fondo así como de cualquier otro asunto relacionado.
5. Prever la constitución de Comisiones de Seguimiento a nivel autonómico con idéntica composición que la comisión estatal pero reservando 4 de los 8 puestos adjudicados a la Administración General del Estado para la administración
autonómica que, asimismo, nombrará a las personas representantes de la comunidad científica. La representación de las organizaciones patronales y sindicales se entenderán referidas al ámbito autonómico correspondiente y los puestos reservados para
la Federación de víctimas se entenderá referida a las asociaciones de víctimas con más implantación en el territorio de la Comunidad Autónoma. Estas comisiones podrán realizar funciones de intermediación previa a la vía judicial, elaboración de
memorias, informes o recomendaciones y, asimismo, se dotarán de un reglamento de funcionamiento propio.
6. Las compensaciones económicas se calcularán cómo promedio del que vienen decretando los juzgados y tribunales para cada una de las patologías nos últimos 24 meses antes de la entrada en vigor del reglamento.
7. Una misma persona podrá ser beneficiarla de más de una compensación aplicando los criterios judiciales vigentes a este respeto.
8. Las compensaciones económicas percibidas por las personas beneficiarías estarán exentas de tributación.
9. La resolución favorable de la solicitud por parte del Fondo dará lugar al derecho al recargo de prestaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.- Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei sobre
posta en funcionamento do Regulamento do Fondo de Compensación das Vítimas do Amianto e a necesaria modificación da proposta feita pública polo Goberno para o seu debate na Comisión de Traballo, Economía Social, Inclusión, Seguridade Social e
Migracións.
Exposición de motivos
A Lei 21/2022, de 19 de outubro, de creación dun Fondo de Compensación para as Vítimas do Amianto prevé na súa Disposición Adicional Única a aprobación dun regulamento de desenvolvemento no prazo de tres meses desde a publicación da norma,
feito que tivo lugar o 20 de outubro de 2022.
Está, polo tanto, a punto de cumprirse un ano e medio desde a publicación da Lei mais o Regulamento aínda non existe. Para o BNG resulta inxustificábel unha demora semellante que, ademais, vén a engadirse a un proceso lexislativo
artificiosamente
prolongado atrasando cada un dos sucesivos trámites. Temos que lembrar que o proxecto de lei foi tomado en consideración por segunda vez no Congreso dos deputados o 13 de abril do ano 2021 e que o período para a presentación de emendas en
comisión foi prorrogado nada menos que 20 veces pola Mesa do Congreso da anterior lexislatura, antes da aprobación final da Lei.
Fai uns meses, aínda na XIV lexislatura, o Goberno fixo público un borrador ou proposta de Regulamento que, aínda que necesario e urxente, de aprobarse en eses termos o Fondo de compensación quedaría moi lonxe de cumprir os obxectivos e as
expectativas de todas as entidades, sindicatos e partidos políticos que temos defendido a súa creación, unha demanda que nace con un espírito e uns obxectivos moi determinados, así como tamén, cunhas referencias internacionais tamén moi claras.
Desde o BNG temos analizado a proposta de Regulamento elaborada polo Goberno estatal, realizando consultas con diferentes persoas expertas na materia, así como coa asociación AGAVIDA e o sindicato CIG. O resultado deste traballo é unha
serie de propostas para modificar o borrador de Regulamento que consideramos mellorarían a norma notabelmente e que deberan de contar co respaldo do conxunto de forzas políticas para lograr unha norma que realmente atenda ao conxunto das vítimas do
amianto.
En primeiro lugar, no artigo 2 estabelécese a natureza xurídica da compensación, porén, este precepto non supón que se considere exenta de tributación, cuestión que precisaría da modificación da normativa tributaria para o que é necesaria
unha norma con rango de lei.
Ademais, neste mesmo artigo prevese a percepción por unha soa vez da compensación do Fondo polos danos producidos sobre a saúde, unha cuestión que volve reiterarse no artigo 3.3. Este é, ao noso xuízo, un dos grandes problemas do borrador,
pois a enfermidade evoluciona e debería preverse, explicitamente, a posibilidade de poder percibir diferentes indemnizacións para cada patoloxía, e mesmo, para o caso dos herdeiros, por exemplo, prever outros feitos susceptíbeis de seren
indemnizados como o dano moral e a perda de rendas que se producen co falecemento do familiar enfermo. É máis, neste sentido as sentenzas xudiciais son claras e abalan esta tese.
O artigo 3.1.b) da proposta de Regulamento estabelece que o período de cómputo dos anos de prescrición (tamén no artigo 4) comece a contar desde a data do auto de insolvencia, criterio que pode deixar fóra do ámbito do fondo a moitas
persoas. Entendemos que sería máis lóxico e, desde logo beneficioso, que o prazo para reclamar ante o fondo comece a contar coa efectiva entrada en funcionamento do mecanismo, momento en que será realmente posíbel que unha persoa presente a
solicitude.
Así mesmo, este artigo 3 nos seus apartados a) e b) limita o acceso ao fondo a aquelas persoas que xa dispoñen dun recoñecemento administrativo ou xudicial dunha pensión polas patoloxías recollidas no Anexo I ou dunha indemnización polas
mesmas patoloxías que non puidese ser executada. Polo tanto, o apartado c) sería a única porta de acceso ao Fondo para o resto de persoas que non conten con ese recoñecemento. O problema principal é que neste caso non se fai referencia ao conxunto
das patoloxías do anexo, senón que se limita aos casos de mesotelioma ou asbestose cunha repercusión moderada ou severa. Non consideramos que exista xustificación algunha para estabelecer unha relación de patoloxías máis restritiva que as dos
supostos a) e b), máis cando a relación recollida no anexo xa é de por si restritiva e debera ser ampliada.
O apartado c) tamén obriga a que a persoa traballadora conste previamente inscrita no RETEA (Rexistro de Traballadores/as Expostos ao Amianto) ou outro equivalente, requisito que tamén é sumamente restritivo e que deixaría fóra, por exemplo,
a todo o persoal das compañías auxiliares de Navantia, da mariña mercante, exército, persoas funcionarías ou autónomas. Pensemos, por exemplo e a título ilustrativo, do recente caso dun funcionario do Concello de Ortigueira que conseguiu o
recoñecemento xudicial da orixe laboral da súa doenza coa correspondente indemnización, ao demostrar a súa exposición ao amianto nas numerosas obras en tellados nas que practicou, reiteradamente, operacións de corte de uralitas.
A orixe laboral da doenza debe poder acreditarse de outros xeitos, cando menos por aqueles que están a ser aceptados nos procesos xudiciais, actividades recollidas no cadro de enfermidades profesionais, testemuñas, etc. Non fai sentido
facer como se non existise na altura unha abondosa xurisprudencia a este respecto nos Tribunais Superiores de Xustiza.
No relativo ao procedemento e estrutura administrativa sería necesario promover unha estrutura descentralizada e especializada para asegurar unha atención adecuada ás persoas vítimas do amianto. Nesta liña consideramos oportuna a creación
de organismos de valoración propios e diferentes dos EVIs no artigo 6. O feito de que sexan as consellarías as que deban emitir unha certificación vai tamén nesta liña, porén, a continuación, volve a centralizarse o procedemento remitindo todo á
Dirección Xeral do INSS. Parece que o borrador se inspire no funcionamento do FOGASA para, por exemplo, topar as compensacións impedindo a asunción das cantidades declaradas xudicialmente, mais pola contra estabelece unha estrutura moito máis
centralizada que este, pois o FOGASA conta con unidades periféricas provinciais que son as que resolven as solicitudes.
Pola súa parte, o artigo 10 reitera que, no caso de sufrir varias patoloxías, se indemnizará só unha, aplicando para iso o baremo da de maior gravidade. Isto resulta extremadamente grave e evidencia unha gran ignorancia sobre a realidade da
enfermidade, das súas consecuencias familiares e sociais, así como do importante histórico de resolucións xudiciais a este respecto.
Ademais, no artigo 11.3 remítese a impugnación das resolucións ao ámbito administrativo e, polo tanto, á xurisdición contencioso administrativa, o que non se sostén, pois entendemos que as reclamacións neste materia deberan manterse no
ámbito do social, máis cando as sentencias declarativas de indemnizacións seguirán a darse na xurisdición social.
O máis seguro é que as persoas que accedan ao fondo pola vía do artigo 1 apartado a) ou b) non teñan máis problemas que os derivados da correcta realización dos trámites, mais aquelas que o fagan a través do apartado c) si que teñen moitas
posibilidades de encontrar problemas de fondo, pode ser, por exemplo, habitual que non se lles recoñeza a orixe laboral da doenza que padecen en calquera dos puntos da tramitación, é dicir, tanto na resolución final como nunha fase anterior,
decisión que debe ser recorrida. O lóxico é manter sobre estas cuestións a xurisdición social pois a contencioso administrativa é completamente allea á problemática da que debera entrar a coñecer. Deberíase manter unha fórmula semellante á do
FOGASA, en que as resolucións son impugnadas tamén ante a xurisdición do social.
Así mesmo, parécenos absolutamente inaceptábel o proposto no artigo 12 que estabelece topes ás indemnizacións declaradas xudicialmente e consideramos que non se poden reducir as cantidades estabelecidas en concepto de responsabilidade civil
por danos contra a saúde das persoas. Moito mais se entramos a valorar o retraso ou tardanza das administracións en esta materia, primeiro para prohibir o uso e estabelecer normas de seguridade na manipulación ou pola falta de actividade inspectora
e agora coas dilacións para o estabelecemento do Fondo.
Por outro lado, consideramos un avance a incorporación da comunidade científica dentro da composición da Comisión de Seguimento, un órgano que tamén debera descentralizarse do mesmo xeito que reclamamos se faga na estrutura orgánica da
xestión do Fondo. Porén, non se estabelece que actividade se encomenda a esta Comisión, cuestión que debera ser corrixida, para atribuírlles a redacción de memorias anuais sobre a actividade do Fondo, recomendacións ou mesmo a posibilidade de que
actúe como mediación previa á vía xudicial.
No referente ao Anexo I cabe destacar que se trata dunha relación moi restritiva que non incorpora todas as enfermidades e patoloxías relacionadas coa exposición ao amianto. Así, por exemplo, falta a fibrose e as placas pleurais (que si son
obxecto de indemnización noutros Estados como o Reino Unido) ou a asbestose sen repercusión. Ademais carece de perspectiva de xénero pois obvia a posibilidade de existiren patoloxías exclusivas das
mulleres, como son o cancro de útero derivado da exposición ao amianto, que xa está recoñecido tamén noutros países europeos.
En conclusión, de manterse o contido proposto a finalidade que debera ter o Fondo, de servir de alternativa á vía xudicial para todas as persoas afectadas desaparece e non permitiría reparar o dano na súa integridade.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a axilizar a tramitación do necesario Regulamento que desenvolve a Lei 21/2022, de 19 de outubro, de creación dun Fondo de Compensación para as Vítimas do Amianto e a que modifique a
proposta feita pública nos seguintes termos:
1. Ampliar as patoloxías do anexo I incluíndo o cancro de útero, a fibrose, as placas pleurais e a asbestose sen repercusión.
2. Ampliar as patoloxías para ser persoa beneficiaria pola vía do artigo 3.c) a todas as do anexo I reformado, así como eliminar o requisito de estar inscrita no RETEA.
3. Dotar ao Fondo dunha estrutura descentralizada resolvéndose as solicitudes ao Fondo desde organismos de carácter provincial.
4. Estabelecer que a Xurisdición social será a competente para coñecer en vía xudicial dos recursos presentados contra as resolucións do Fondo así como de calquera outro asunto relacionado.
5. Prever a constitución de Comisións de Seguimento a nivel autonómico con idéntica composición que a comisión estatal mais reservando 4 dos 8 postos adxudicados á Administración Xeral do Estado para a administración autonómica que, así
mesmo, nomeará ás persoas representantes da comunidade científica. A representación das organizacións patronais e sindicais entenderanse referidas ao ámbito autonómico correspondente e os postos reservados para a Federación de vítimas entenderase
referida ás asociacións de vítimas con máis implantación no territorio da Comunidade Autónoma. Estas comisións poderán realizar funcións de intermediación previa á vía xudicial, elaboración de memorias, informes ou recomendacións e, así mesmo,
dotaranse dun regulamento de funcionamento propio.
6. As compensacións económicas calcularanse como promedio do que veñen decretando os xulgados e tribunais para cada unha das patoloxías nos últimos 24 meses antes da entrada en vigor do Regulamento.
7. Unha mesma persoa poderá ser beneficiaria de máis de unha compensación aplicando os criterios xudiciais vixentes a este respecto.
8. As compensacións económicas percibidas polas persoas beneficiarias estarán exentas de tributación.
9. A resolución favorábel da solicitude por parte do Fondo dará lugar ao dereito ao recargo de prestacións.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez, David García Gomis, Lourdes Méndez Monasterio y Pablo Sáez Alonso-Muñumer, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley en defensa del principio de la caja única de la Seguridad Social, para su discusión en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. La Seguridad Social, expresión de igualdad entre los españoles.
Una de las principales manifestaciones de la igualdad entre todos los españoles en el plano social se garantizaba, hasta hace poco, en la configuración del Sistema Nacional de Seguridad Social. La Ley sobre Bases de la Seguridad Social de
28 de diciembre de 1963 implantó un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación, cuyos principios fueron posteriormente recogidos en el texto
articulado de 1966. En coherencia con ello, el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece como principios fundamentales de la acción protectora
del sistema de Seguridad Social la universalidad, la unidad, la solidaridad y la igualdad.
Segundo. La garantía del sistema: el principio de caja única.
En palabras del profesor Cruz-Villalón 2, la 'caja única' 'constituye una expresión particularmente agraciada, que sintetiza una de las ideas fuerzas principales que materializa la lógica de solidaridad intergeneracional e interterritorial
propia de la Seguridad Social'. Y, refiriéndose al Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo, añade que 'es de justicia destacar que este Real Decreto-Ley, a la altura de
1978, es una de las primeras normas que acuña formalmente la expresión 'caja única', que con notable éxito y de modo sencillo logra transmitir una de las claves más sólida de nuestro sistema público de Seguridad Social'.
El principio de la caja única de la Seguridad Social, consagrado hoy en el artículo 21 de la Ley General de Seguridad Social, forma ya parte de la mejor tradición jurídica de nuestro ordenamiento. Este mecanismo se ha planteado desde su
origen como una de las garantías del sistema, convirtiéndose, junto a la solidaridad intergeneracional, en uno de los elementos nucleares en la configuración del modelo.
Tercero. Recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la materia.
La Constitución Española establece en su artículo 149.1.17ª la competencia exclusiva del Estado en materia de 'legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social'. A propósito de este precepto, el Tribunal Constitucional se ha
pronunciado en diversas ocasiones para determinar el alcance de dicha competencia. Así, en la Sentencia 124/1989, de 7 de julio, se establece que 'del artículo 149.1.17.ª de la Constitución no puede extraerse la apresurada conclusión de que en
materia de régimen económico de Seguridad Social el Estado retenga solo potestades normativas. Que ello no es así se deduce sin dificultad de un análisis sistemático, histórico y teleológico del precepto constitucional. El designio perseguido con
el acantonamiento del 'régimen económico' dentro de la competencia exclusiva del Estado no ha sido otro, con toda claridad, que el de preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de 'un régimen público', es decir,
único y unitario de Seguridad Social para todos los ciudadanos (artículo 41 de la Constitución), que garantice al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social (artículo 149.1.1.ª
de la Constitución)'.
2 https://revista.seg-social.es/-/un-doble-aniversario.
Por su parte, de manera más reciente, la Sentencia 7/2016, de 21 enero reitera que, 'de los antecedentes y de los debates parlamentarios que culminaron en la aprobación del texto del citado precepto constitucional, la mención separada del
'régimen económico' como función exclusiva del Estado trataba de garantizar la unidad del sistema de la Seguridad Social, y no solo la unidad de su regulación jurídica, impidiendo diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de
las Comunidades Autónomas...'.
Sin embargo, la Seguridad Social no ha escapado de la reciente labor de destrucción del orden constitucional que viene realizando el Tribunal Constitucional a través de su respaldo a las medidas derivadas de los pactos con separatistas de
los sucesivos gobiernos, en especial de los últimos compuestos por socialistas y comunistas. De gran importancia ha sido, a este respecto, la decisión relativa a la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se
establece el ingreso mínimo vital, que cede la competencia para la gestión de esta prestación no contributiva a las regiones con régimen económico especial; cesión que, tras la modificación operada por la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, se hizo
asimismo extensiva a su pago.
En concreto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 19/2024, de 31 de enero de 2024, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad planteado por los diputados del GP VOX en el Congreso contra esa disposición adicional quinta de la
citada Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y, pocas semanas después, el Tribunal Constitucional vuelve a avalar tal cesión aludiendo idéntica razones: 'la asunción por las CC. AA. de régimen foral de la tramitación y reconocimiento del ingreso
mínimo vital no afecta a la 'caja única' porque la normativa que habrán de aplicar las citadas CC. AA. es íntegramente estatal y el Estado se reserva funciones (como la fijación de criterio, la gestión del sistema de la 'tarjeta social digital',
el control financiero posterior, etc.) que garantizan el mantenimiento del modelo unitario y el funcionamiento económico uniforme. Además, y aunque las CC. AA. forales no tienen especialidades competenciales en materia de Seguridad Social, su
peculiar sistema de financiación les permite, a diferencia del resto de CC. AA., asumir también el pago de la prestación, descontando posteriormente del cupo y aportación el importe que se derive del Concierto y Convenio económico con el Estado' 3.
Estas decisiones recientes no solamente contrastan con la jurisprudencia del propio Tribunal antes aludida, sino también con otras como la Sentencia 40/2014, de 11 de marzo y la ya mencionada 7/2016, de 21 enero; en esta última se dice que
'la determinación de una prestación de la Seguridad Social constituye una norma básica que corresponde establecer al Estado ex artículo 149.1.17 CE, y debe hacerlo de forma unitaria para todos los sujetos comprendidos dentro de su ámbito de
cobertura, salvo razones excepcionales debidamente justificadas y vinculadas a la situación de necesidad que se trata de proteger'.
La nueva doctrina del Tribunal Constitucional no puede separarse de la deriva que este órgano constitucional de importancia fundamental ha adoptado, particularmente, desde que está presidido por Cándido Conde-Pumpido. Desde que en diciembre
de 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados consiguió el control del Tribunal, éste no solamente se ha dedicado a validar todas las medidas de la agenda ideológica sectaria y antiespañola de la izquierda y el separatismo, sino que, en algunos
casos, como los del aborto y la eutanasia, ha llegado a identificar los planteamientos de esa agenda con las propias disposiciones constitucionales.
Una vez declarada la supuesta constitucionalidad por el politizado Tribunal Constitucional, eran la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
los que se unían para advertir que la citada Sentencia 19/2024 supone abrir las puertas 'de par en par' 4 a que se pueda transferir a las Comunidades Autónomas la gestión de otras
3 https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2024_020/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2 %BA%2020-2024.pdf.
4 https://www.larazon.es/economia/letrados-inspectores-seguridad-social-avisan-ruptura-caja-unica-transferencia-ingreso-minimo_2024020665c2b049361b9100010509de.html.
prestaciones y del régimen económico de la Seguridad Social, acabando por tanto con la caja única que da sentido a todo el sistema.
En todo caso, el Grupo Parlamentario VOX ya advirtió de que la cesión del IMV a las comunidades de régimen foral suponía un ataque a la configuración de la Seguridad Social, a la viabilidad del propio sistema y a la igualdad de todos los
españoles. Nuestra fuerza política siempre ha afirmado que tal cesión constituye una ruptura del principio de unidad de caja que debe informar el funcionamiento de la Seguridad Social, en cuya virtud el Estado es, en todo el territorio nacional, el
único titular de la totalidad de los recursos, obligaciones y prestaciones de la Seguridad Social.
No puede existir un elemento de distinción solamente en función de su lugar de residencia cuando se trata de los derechos y las obligaciones de los españoles beneficiarios de las prestaciones sociales. Es más, la posibilidad de que ciertos
territorios puedan asumir la gestión y el pago del IMV, basada únicamente en el sistema de financiación de dichas regiones con régimen económico especial, implica por sí misma un factor de desigualdad entre los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de las obligaciones. Ello exige que, como primera medida, se derogue la citada disposición adicional quinta de la Ley 19/2021.
Es necesario proteger a los españoles y asegurar la permanencia y el fortalecimiento de nuestro Estado social. Igualmente necesario es preservar y reafirmar la unidad nacional, que es el presupuesto indispensable de la propia existencia de
ese Estado social. La defensa del principio de caja única es un elemento fundamental de esa protección, a la vez que una medida imprescindible para combatir esa manifestación de deslealtad y de insolidaridad que es el separatismo.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Preservar el principio de caja única de la Seguridad Social como garantía del sistema público de pensiones.
2. Garantizar los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad que establece el artículo segundo de la Ley General de la Seguridad Social.
3. Repudiar los pactos que atentan contra los principios más básicos del Sistema de Seguridad Social, y que lesionan la igualdad y la solidaridad entre los españoles.
4. Impulsar una modificación legislativa que tenga por objeto la supresión de la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2024.-Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez, David García Gomis, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Lourdes Méndez Monasterio, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Industria y Turismo
161/000601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la financiación a cargo de fondos europeos del proyecto de ALTRI de instalar
una macroplanta de celulosa líquida en Palas de Rei para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El proyecto de la empresa portuguesa Altri de instalar en Galiza una supuesta planta fibras textiles (lyocell) comenzó a generarse hace algo más de dos años, siendo aún Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feixóo. Inicialmente, la empresa
barajaba instalarse en la comarca de A Mariña o en As Pontes, pero en el año 2022 decidió cambiar la propuesta de ubicación a Palas de Rei. La principal alegación fue que descartaba As Pontes por el impacto sobre el río Eume, sin embargo, ahora,
cuando ya quedó claro que es un proyecto diferente del anunciado inicialmente y que consiste, sobre todo, en la producción de celulosa, niega su impacto sobre el río Ulla, el espacio de la Red Natura Ulla-Deza y la Ría de Arousa.
El plan no fue explicado con transparencia por parte de la compañía ni por parte de la Xunta en el momento inicial, pero ahora se están conociendo cuestiones de fondo que causan gran preocupación en el conjunto de la sociedad gallega. El
proyecto de Altri supondrá una auténtica 'bomba ambiental' y causará un enorme impacto en las comarcas de A Ulloa, de Terras de Melide, del Ulla y del Sar y también en la Ría de Arousa. Una afectación que está generando una fuerte movilización
social, de los vecinos y vecinas, entidades ecologistas, fuerzas políticas y de los sectores productivos que se van a ver directamente perjudicados en su actividad económica.
En la actualidad, queda claro que lo que Altri pretende instalar en Palas de Rei no es una biofactoría de fibras textiles, sino una fábrica de celulosa líquida que multiplica por tres el tamaño de Ence en la Ría de Pontevedra. Una planta
altamente contaminante en una zona enormemente sensible.
Así mismo, Altri -a través de Greenfiber, una sociedad constituida en agosto de 2022 en que la empresa lusa es la accionista mayoritaria y la gallega Greenalia posee el 25 % restante- ha hecho público en reiteradas ocasiones que reclama
financiación a cargo de fondos europeos, sin embargo, sería completamente contradictorio que se utilicen recursos públicos del llamado PERTE de descarbonización para apoyar la instalación de una industria altamente contaminante en un contexto de
lucha contra el Cambio Climático.
La promotora prevé una inversión de unos 900 millones de euros, de los cuales reclama que 250 millones sean a cargo de ayudas públicas. La Xunta de Galiza, que ya declaró de interés estratégico este proyecto en diciembre de 2022 para darle
prioridad en su tramitación y reducir los plazos comunes, apeló al Gobierno central para que garantice el acceso a los Next Generation, en concreto a los PERTE de descarbonización. Así, aunque Altri quedó fuera de los PERTE anteriormente licitados,
espera recibir fondos en la cuarta convocatoria prevista para el mes de junio. En este mismo sentido, fue hecho público que la compañía también inició contactos con el propio Ministerio de Industria para obtener un compromiso de financiación y este
Departamento confirmó la existencia de esas conversaciones, así como también que está trabajando con Altri de cara a la obtención de ayudas directas que estarían supeditadas a la aprobación por parte de la Comisión Europea.
Hay que recordar que los criterios fijados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia hacen referencia a que los proyectos a financiar deben contribuir a asentar economías más sostenibles y mejor preparadas para las transiciones
ecológicas y digitales. Por lo tanto, no puede ampararse el desarrollo de industrias que afectan negativamente al medio ambiente, a la protección de la biodiversidad y a un uso sostenible de los recursos hídricos.
El Reglamento (UE) 852/2020 relativo al establecimiento de un régimen para la promoción de la inversión sustentable, fija en su artículo 9 cuáles son los objetivos medioambientales que los proyectos deben respetar. Se menciona expresamente
que deben servir para la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición para una
economía circular, la prevención y control de la contaminación y, finalmente, la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Esto es, los proyectos no pueden afectar negativamente a uno o a varios de estos objetivos
para ser considerados inversiones sostenibles y, consecuentemente, ser financiados por el PERTE, criterios que, cómo veremos a continuación, no se cumplen en el proyecto promovido por Altri.
A todo lo anterior debe añadirse la necesaria vigencia del principio de precaución en sede medioambiental. Dicho principio está consagrado cómo uno de los fundamentos de la política comunitaria en materia de medio ambiente en el artículo
191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante la toma de decisiones preventivas en caso de riesgo.
Es por todo esto que el Gobierno del Estado y, en particular, el Ministerio de Industria, tiene que analizar rigurosamente este proyecto, contrastar la información y escuchar las denuncias de la sociedad civil para conocer la realidad de la
propuesta.
El Gobierno gallego hizo bandera de este proyecto sin reparar en las consecuencias negativas para el conjunto del País. Ya ha requerido al Gobierno del Estado para que garantice el acceso a la financiación y también el acceso a la red de
transporte eléctrica de forma que incluya en su planificación la subestación que esta planta precisaría para su operatividad. Queda claro, por lo tanto, que la Xunta está optando por defender los intereses de la empresa promotora por encima del
bienestar y el futuro de Galiza.
Es debido a la verdadera naturaleza del proyecto que este está contando con el rechazo social, ante el gran impacto ambiental, el elevado consumo de agua junto con la contaminación de los recursos hídricos, la afectación a la planificación
forestal y a la producción agroganadera o marisquera.
La planta pastera necesitaría captar más de 16 millones de metros cúbicos al año de agua procedente del embalse de Portodemouros, es decir, unos 46.000 metros cúbicos de agua al día, consumiría más agua que una población de 350.000 personas.
Siguiendo con el ciclo, la planta vertería al río Ulla en torno al 80 % del agua después de someterla a procesos industriales contaminantes y de depuración industrial, río que desemboca en la Ría de Arousa, una ría rica en productividad marisquera,
actividad de la que viven más de 4.000 familias, pues solo en esta ría se produce 70 % del mejillón gallego.
La contaminación no solo se produciría a través del agua utilizada, sino que también por la emisión a la atmósfera de azufre reducido, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido y material particulado, entre otros, lo que afectaría a la
calidad del aire.
Distintas organizaciones ecologistas han denunciado que se trató de ocultar el impacto sobre la Red Natura 2000 y sobre especies endémicas en peligro de extinción, sobre todo en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Serra do Careón. En el
entorno hay especies endémicas como la magarza de Barazón o la santolina de Melide que están catalogadas como especies vulnerables. Denuncian que Altri ocultó en la documentación presentada la presencia de estas especies dentro de las zonas que la
empresa pretende ocupar.
Esta macro planta precisaría ocupar una superficie de 360 hectáreas en una zona con un gran valor natural, afectando también al área DOP Arzúa-Ulloa, con numerosas explotaciones agroganaderas, muy importante en la producción láctea, sin
olvidar su atractivo turístico por ser zona de paso del Camino de Santiago.
Por otra parte, esta factoría precisaría abastecerse cada año de 1,2 millones de toneladas de eucalipto y dejaría 30.000 metros cúbicos de residuos. Por lo tanto, va a condicionar, aún más, una política forestal ya fuertemente dependiente
del eucalipto debido a Ence. Altri cambió el emplazamiento de la factoría a Palas de Rei precisamente por necesitar el suministro de eucalipto. Esta nueva situación le garantiza el acceso en un radio de 60 km a la principal zona de producción de
esta madera, la llamada área Santiago-Meseta, que ya ha superado a A Mariña en talas de eucalipto -cada año corta cerca de un millón de toneladas de eucalipto casi lo que precisa Altri para funcionar-. Asimismo, estaría próxima al área
Bergantiños-Mariñas coruñesas la segunda área en importancia de producción de eucalipto y a otras comarcas productoras.
En conclusión, el BNG considera que es preciso que el Gobierno priorice la preservación del medio natural, la adecuada gestión de los recursos hídricos y el
mantenimiento de la actividad agroganadera y marisquera de Galiza en el momento en que se evalúe la concesión de fondos europeos, optando por proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible de nuestro País en lugar de financiar la
instalación de una pastera que, ciertamente, causará un tremendo impacto ambiental y que está generando el rechazo del conjunto de la sociedad gallega.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Revisar con rigor el proyecto de la empresa Altri para la instalación de una planta de pasta de celulosa líquida y fibra textil y sus infraestructuras en el municipio de Palas de Rei (Lugo) y tener en cuenta los numerosos alegatos
presentados por parte de distintos colectivos, organizaciones y entidades de todos los ámbitos en el proceso de Información Pública abierto por la Xunta de Galiza el 4 de marzo.
2. Rechazar la inclusión del proyecto de macro planta de celulosa líquida promovido por Altri entre las propuestas con financiación a cargo de ayudas públicas del PERTE de descarbonización, así como el acceso a cualquier otra ayuda directa
o crédito, por su enorme impacto ambiental, su afectación a la actividad agroganadera, a los recursos hídricos, al ecosistema del río Ulla, a la riqueza marisquera y pesquera de la Ría de Arousa y a espacios de la Red Natura, incumpliendo claramente
los criterios fijados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que indica que los proyectos deben contribuir a asentar economías más sostenibles y mejor preparadas para las transiciones ecológicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao financiamento a cargo de fondos europeos do proxecto de ALTRI de instalar unha macroplanta de celulosa líquida en Palas de Rei para o seu debate na Comisión de Industria e Turismo.
Exposición de motivos
O proxecto da empresa portuguesa Altri de instalar na Galiza unha suposta planta fibras téxtiles (lyocell) comezou a xerarse hai algo máis de dous anos, sendo aínda Presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo. Primeiramente, a empresa
barallaba instalarse na comarca da Mariña ou nas Pontes, mais no ano 2022 decidiu cambiar a proposta de ubicación a Palas de Rei. A principal alegación foi que descartaba As Pontes polo impacto sobre o río Eume, porén, agora, cando xa ficou claro
que é un proxecto diferente do anunciado inicialmente e que consiste, sobre todo, na produción de celulosa nega o seu impacto sobre o río Ulla, o espazo da Rede Natura Ulla-Deza e a Ría de Arousa.
O plan non foi explicado con transparencia por parte da compañía nin por parte da Xunta no momento inicial, mais agora estanse a coñecer cuestións de fondo que causan grande preocupación no conxunto da sociedade galega. O proxecto de Altri
suporá unha auténtica 'bomba ambiental' e causará un enorme impacto nas comarcas da Ulloa, de Terras de Melide, do Ulla e do Sar e tamén na Ría de Arousa. Unha afectación que está xerando unha forte mobilización social, dos veciños e veciñas,
entidades ecoloxistas,
forzas políticas e dos sectores produtivos que se van ver directamente prexudicados na súa actividade económica.
No momento actual, fica claro que o que Altri pretende instalar en Palas de Rei non é unha biofactoría de fibras téxtiles, senón unha fábrica de celulosa líquida que multiplica por tres o tamaño de Ence na Ría de Pontevedra. Unha planta
altamente contaminante nunha zona enormemente sensíbel.
Alén do máis, Altri -a través de Greenfiber, unha sociedade constituida en agosto de 2022 en que a empresa lusa é a accionista maioritaria e a galega Greenalia posúe o 25 % restante- ten feito público en reiteradas ocasións que reclama
financiamento a cargo de fondos europeos, porén, sería completamente contraditorio que se utilicen recursos públicos do chamado PERTE de descarbonización para apoiar a instalación dunha industria altamente contaminante nun contexto de loita contra o
Cambio Climático.
A promotora ten previsto un investimento duns 900 millóns de euros, dos cales reclama que 250 millóns sexan a cargo de axudas públicas. A Xunta da Galiza, que xa declarou de interese estratéxico este proxecto en decembro de 2022 para darlle
prioridade na súa tramitación e reducir os prazos ordinarios, apelou ao Goberno central para que garanta o acceso aos Next Generation, en concreto aos PERTE de descarbonización. Así, aínda que Altri ficou fóra dos PERTE anteriormente licitados,
agarda recibir fondos na cuarta convocatoria prevista para o mes de xuño. Neste mesmo sentido, foi feito público que a compañía tamén iniciou contactos co propio Ministerio de Industria para obter un compromiso de financiamento e este Departamento
confirmou a existencia desas conversas, así como tamén que está a traballar con Altri de cara á obtención de axudas directas que estarían supeditadas á aprobación por parte da Comisión Europea.
Hai que lembrar que os criterios fixados no Mecanismo de Recuperación e Resiliencia fan referencia a que os proxectos a financiar deben contribuír a asentar economías máis sustentábeis e mellor preparadas para as transicións ecolóxicas e
dixitais. Polo tanto, non pode ampararse o desenvolvemento de industrias que afectan negativamente ao medio ambiente, á protección da biodiversidade e a un uso sustentábel dos recursos hídricos.
O Regulamento (UE) 852/2020 relativo ao estabelecemento dun réxime para a promoción do investimento sustentábel, fixa no seu artigo 9 cales son os obxectivos medioambientais que os proxectos deben respectar. Menciónase expresamente que
deben servir para a mitigación do cambio climático, a adaptación ao cambio climático, o uso sustentábel e a protección dos recursos hídricos e mariños, a transición para unha economía circular, a prevención e control da contaminación e, finalmente,
a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas. Isto é, os proxectos non poden afectar negativamente a un ou a varios destes obxectivos para seren considerados investimentos sustentábeis e, consecuentemente, seren financiados polo
PERTE, criterios que como veremos a continuación non se compren no proxecto promovido por Altri.
Ao anterior debe engadirse a necesaria vixencia do principio de precaución en sede medioambiental. Dito principio está consagrado como un dos fundamentos da política comunitaria en materia de medio ambiente no artigo 191 do Tratado de
Funcionamento da Unión Europea, a fin de garantir un elevado nivel de protección do medio ambiente mediante a toma de decisións preventivas en caso de risco.
É por todo isto que o Goberno do Estado e, en particular, o Ministerio de Industria, ten que analizar rigorosamente este proxecto, contrastar a información e escoitar as denuncias da sociedade civil para coñecer a realidade da proposta.
O Goberno galego fixo bandeira deste proxecto sen reparar nas consecuencias negativas para o conxunto do País. Xa ten requirido ao Goberno do Estado para que garanta o acceso ao financiamento e tamén o acceso á rede de transporte eléctrica
de forma que inclúa na súa planificación a subestación que esta planta precisaría para a súa operatividade. Fica claro, polo tanto, que a Xunta está optando por defender os intereses da empresa promotora por riba do benestar e o futuro da Galiza.
É debido á verdadeira natureza do proxecto que este está a contar co rexeitamento social, ante o grande impacto ambiental, o elevado consumo de auga xunto coa
contaminación dos recursos hídricos, a afectación á planificación forestal e á produción agro gandeira ou marisqueira.
A planta pasteira precisaría captar máis de 16 millóns de metros cúbicos ao ano de auga procedente do encoro de Portodemouros, é dicir, uns 46.000 metros cúbicos de auga ao día, consumiría máis auga que unha poboación de 350.000 persoas.
Seguindo co ciclo, a planta vertería ao río Ulla en torno ao 80 % da auga despois de sometela a procesos industriais contaminantes e de depuración industrial, río que desemboca na Ría de Arousa, unha ría rica en produtividade marisqueira, actividade
da que viven máis de 4.000 familias, pois só nesta ría prodúcese 70 % do mexillón galego.
A contaminación non só se produciría a través da auga utilizada, senón que tamén pola emisión á atmosfera de xofre reducido, óxidos de xofre, óxidos de nitróxeno, monóxido e material particulado, entre outros, o que afectaría á calidade do
aire.
Distintas organizacións ecoloxistas teñen denunciado que se tratou de ocultar o impacto sobre a Rede Natura 2000 e sobre especies endémicas en perigo de extinción, sobre todo na Zona Especial de Conservación (ZEC) Serra do Careón. Na
contorna hai especies autóctonas como a magarza de Barazón ou a santolina de Melide que están catalogadas como especies vulnerábeis. Denuncian que Altri ocultou na documentación presentada a presenza destas especies dentro das zonas que a empresa
pretende ocupar.
Esta macro planta precisaría ocupar unha superficie de 360 hectáreas nunha zona cun grande valor natural, afectando tamén á área DOP Arzúa-Ulloa, con numerosas explotacións agro gandeiras, moi importante na produción láctea, sen esquecer o
seu atractivo turístico por ser zona de paso do Camiño de Santiago.
Por outra parte, esta factoría precisaría abastecerse cada ano de 1,2 millóns de toneladas de eucalipto e deixaría 30.000 metros cúbicos de residuos. Polo tanto, vai condicionar aínda máis unha política forestal xa fortemente dependente do
eucalipto debido a Ence. Altri cambiou o emprazamento da factoría a Palas de Rei precisamente por precisar do subministro de eucalipto. Esta nova situación garántelle o acceso nun radio de 60 km á principal zona de produción desta madeira, a
chamada área Santiago-Meseta, que xa ten superado á Mariña en cortas de eucalipto -cada ano corta preto dun millón de toneladas de eucalipto case o que precisa Altri para funcionar-. Así mesmo, estaría próxima á área Bergantiños-Mariñas coruñesas a
segunda área en importancia de produción de eucalipto e a outras comarcas produtoras.
En conclusión, o BNG considera que é preciso que o Goberno priorice a preservación do medio natural, a adecuada xestión dos recursos hídricos e o mantemento da actividade agro gandeira e marisqueira da Galiza no momento en que se avalíe a
concesión de fondos europeos, optando por proxectos que favorezan o desenvolvemento sustentábel do noso País en lugar de financiar a instalación dunha pasteira que, de seguro, causará un tremendo impacto ambiental e que está a xerar o rexeitamento
do conxunto da sociedade galega.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Revisar con rigor o proxecto da empresa Altri para a instalación dunha planta de pasta de celulosa líquida e fibra téxtil e as súas infraestruturas no municipio de Palas de Rei (Lugo) e ter en conta as numerosas alegacións presentadas
por parte de distintos colectivos, organizacións e entidades de todos os ámbitos no proceso de Información Pública aberto pola Xunta de Galiza o 4 de marzo.
2. Rexeitar a inclusión do proxecto de macro planta de celulosa líquida promovido por Altri entre as propostas con financiamento a cargo de axudas públicas do PERTE de descarbonización, así como o acceso a calquera outra axuda directa ou
crédito, polo seu enorme impacto ambiental, a súa afectación á actividade agro-gandeira, aos recursos hídricos, ao ecosistema do río Ulla, á riqueza marisqueira e pesqueira da Ría de Arousa e a espazos da Rede Natura, incumprindo claramente os
criterios fixados no Mecanismo de
Recuperación e Resiliencia que indica que os proxectos deben contribuir a asentar economías máis sustentábeis e mellor preparadas para as transicións ecolóxicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación y divulgación de estadísticas y estudios que midan la calidad del
turismo en España, en términos sociales y ecológicos para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
España es una potencia turística a nivel mundial, como bien lo muestran los últimos datos disponibles. En el año 2023 fue el segundo país más visitado del mundo con más de 85 millones de turistas, muy cerca de superar a Francia en número de
visitantes. Es el éxito de un país con una variedad de destinos de la mayor calidad, de un sector muy maduro y, también, gracias a una estrategia de país por parte de las administraciones públicas.
El turismo fue el sector más golpeado por la crisis de la COVID-19, sin embargo, ha conseguido recuperarse gracias a su capacidad de adaptación y resistencia. Los datos de 2023 demuestran, no solo una completa recuperación, sino un
crecimiento respecto al año anterior a la pandemia. En comparación con 2019, el número de turistas ha crecido un 1,9 % y, por primera vez en la serie histórica, ha superado los 85 millones de visitas. El gasto de los turistas también creció un
18,2 % respecto a 2019, dejando 108.662 millones de euros en España. Además, el último dato de afiliación a la seguridad social de febrero de 2024 señala que los afiliados en actividades turísticas supusieron el 12,5 % del total de afiliados en la
economía nacional.
Todos estos datos muestran la recuperación y el crecimiento de uno de los sectores con más peso en la economía española. Aun así, el turismo no es solo un sector que se pueda medir en la cantidad de beneficios económicos que deja en nuestro
país. Se trata de un sector que también puede tener repercusiones positivas en términos sociales y ecológicos en nuestra sociedad.
Por ejemplo, el turismo puede atraer nuevos habitantes a zonas despobladas, puede incentivar la creación de empresas relacionadas con el sector, ser un motor para potenciar el sector digital en una región o puede contribuir a la inclusión
social para aquellos sectores de la sociedad menos favorecidos. Además, la actividad turística, como toda actividad económica, aporta una gran cantidad de recursos a las administraciones locales, regionales y estatal a través de los impuestos;
unos recursos que, posteriormente, son invertidos en el Estado del Bienestar o en mejoras urbanísticas, por ejemplo.
En la vertiente ecológica, dentro del sector turístico encontramos subsectores como la hostelería y la restauración que hoy en día ya pueden descarbonizarse con la tecnología disponible y se están llevando a cabo inversiones importantes, por
ejemplo, en la conversión de hoteles y restaurantes para dejar de emitir gases de efecto invernadero. Por otro lado, la actividad turística también puede contribuir a la conservación de ecosistemas dedicando parte de los beneficios económicos de su
actividad a la protección de la biodiversidad.
Por regla general, el balance anual que hacemos en España respecto a la actividad turística se centra muy mayoritariamente en la cantidad de beneficios económicos que aporta o el volumen de visitantes que llegan a nuestro país. Sin embargo,
no disponemos -o no se difunden lo suficiente- de datos sobre sus impactos en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía o en cuestiones como la digitalización o la transición
ecológica. Esta falta de información podría estar perjudicando al máximo desarrollo del potencial del sector, afectando a la generación de riqueza y empleo.
Disponer de datos y estudios es fundamental para la sociedad, y para las administraciones públicas, como herramienta para poder analizar, interpretar y entender el mundo que nos rodea y en la toma de decisiones. Mejorar el conocimiento
sobre la actividad turística, en el contexto actual que estamos viviendo, permitiría poder desplegar de manera más eficiente los recursos públicos y privados con el objetivo de lograr un turismo más sostenible, competitivo y de calidad. Además,
apostar por mejorar y ampliar la información del turismo facilitaría la medición del impacto de la que es la principal actividad económica de nuestro país.
Esta cuestión ya está siendo trabajada en ONU Turismo con el apoyo de la División de Estadística de las Naciones Unidas, poniendo en marcha el Marco Estadístico para la Medición de la Sostenibilidad del Turismo (MST), una iniciativa que
establece un marco estadístico internacional para medir el papel del turismo en el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta sus tres dimensiones: económica, ambiental y social. Este Marco ha sido adoptado por los 193 países miembros de las
Naciones Unidas en la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en su 55° período de sesiones, un proceso liderado por Austria y España.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar la recogida y divulgación de datos estadísticos para crear nuevos indicadores que muestren el impacto del turismo en términos sociales y ambientales en la sociedad
española, siguiendo el nuevo Marco Estadístico para la Medición de la Sostenibilidad del Turismo (MST), a través del Instituto Nacional de Estadística.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-Adriana Maldonado López, Pepe Mercadal Baquero, Cristina López Zamora, Andreu Martín Martínez, María Dolores Corujo Berriel, María Carmen Castilla Álvarez, Noelia Cobo Pérez, César
Joaquín Ramos Esteban, Jesús Mayoral Pérez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla y María Araceli Poblador Pacheco, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la promoción de la instalación de camas elevables en todos los
establecimientos turísticos de España, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Los datos conocidos en las últimas semanas muestran que 2023 ha sido un año récord para el sector turístico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), nuestro país recibió a más de 85 millones de turistas que gastaron un
total de 108.662 millones de euros. Con estas cifras, algunos estudios ya apuntan a que el turismo aporta el 12,8 % del Producto Interior Bruto de España. Es indiscutible que el turismo es uno de los sectores que más contribuye al crecimiento de
la economía española, que en 2023 creció un 2,5 % respecto al año anterior, liderando el crecimiento entre las grandes economías de la Unión Europea.
Este éxito de la actividad turística y su contribución a la contabilidad nacional no podría entenderse sin el papel que desempeñan todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del sector. Los datos de afiliación a la Seguridad
Social, en el cierre de 2023,
muestran que el sector ha empleado al 12,6 % del total de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, con un aumento del 5,4 % respecto a 2022.
Como en muchos otros sectores, en la actividad turística existen ocupaciones que pueden llegar a ser muy sacrificadas y exigentes. Ejemplo de ello es el trabajo que realizan las camareras de piso, el de la limpieza de habitaciones de
establecimientos turísticos, que conlleva actividades muy manuales, de movimientos repetitivos y de sobresfuerzos, lo que puede derivar en lesiones y enfermedades musculares y de carácter psicosocial. Se trata de una actividad profundamente
feminizada, con aproximadamente un 60,2 % de la fuerza laboral compuesta por mujeres y expuesta a importantes esfuerzos físicos, según ONU Turismo. Además, este trabajo es muy invisible para el turista.
Este colectivo ha ganado notoriedad, en los últimos años, a través de la movilización de distintos sindicatos y plataformas que han exigido mejoras en sus condiciones laborales y mayor prevención de los riesgos asociados a su trabajo. Las
organizaciones que defienden los derechos laborales de estas trabajadoras han reivindicado diversas medidas de protección laboral y el reconocimiento de enfermedades derivadas de la sobrecarga muscular a la que están sometidas.
En mayo de 2022, el Govern de les Illes Balears aprobó la Ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Illes Balears, que incluye una de las medidas que las camareras de piso han venido
reivindicando históricamente: la instalación de camas elevables en los establecimientos turísticos. De esta manera, la nueva ley balear establece un periodo transitorio de cinco años en los que los establecimientos deben de ir sustituyendo sus
camas por camas que sean elevables mecánica o eléctricamente hasta que en 2028 la totalidad de las camas de todos los establecimientos turísticos atiendan a este criterio.
Esta medida supone una evidente mejora en las condiciones laborales de las camareras de piso, que verán sus esfuerzos físicos a la hora de levantar cama drásticamente reducidos, y supone 'una esperanza real y una guía para otros gobiernos'
según la Unión Sindical Internacional.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover entre las distintas administraciones -en el respeto de sus competencias - y entre el sector hotelero la instalación de camas elevables en los establecimientos turísticos con el objetivo de transitar hacia un modelo turístico más
sostenible y de protección de las trabajadoras ante posibles riesgos ergonómicos o psicosociales.
2. Avanzar en el reconocimiento de enfermedades laborales aquellas lesiones musculares derivadas de los esfuerzos físicos del trabajo realizado por las camareras de piso, así como la inclusión en el catálogo de profesiones de alta
peligrosidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-Adriana Maldonado López, Pepe Mercadal Baquero, Cristina López Zamora, Andreu Martín Martínez, César Joaquín Ramos Esteban, María Carmen Castilla Álvarez, María Dolores Corujo
Berriel, María Araceli Poblador Pacheco, Noelia Cobo Pérez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla y Jesús Mayoral Pérez, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo relativa a la
puesta en marcha de la Estrategia de Desinstitucionalización.
Exposición de motivos
El cuidado residencial y en centros especializados es, y ha sido históricamente, una de las principales respuestas del Estado del Bienestar a la necesidad de proporcionar apoyos y cuidados de larga duración a determinados grupos de
población.
En base a las cifras oficiales, más de 5 millones de personas, es decir, cerca del 10 % de la población española, requiere de cuidados y apoyo, incluyendo a las personas que forman parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD, a las personas con discapacidad, a las personas sin hogar y a los niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección.
A mayor abundamiento, se prevé que en 2033 se alcancen los doce millones de personas mayores. Tal y como apunta el Observatorio Estatal de Discapacidad en base a datos obtenidos por la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y
situaciones de Dependencia 2020 del INE, de los 4,38 millones de personas con discapacidad el 59,9 % tiene más de 65 años. Esto pone de manifiesto, que en el futuro aumentará el número de personas que requerirán de cuidados de larga duración.
Además de lo anterior, en nuestro país existen otras personas con necesidades de apoyo y cuidado para el pleno desarrollo de las actividades de la vida cotidiana y para el pleno ejercicio de sus derechos. Esto es, las personas sin hogar y
los niños, niñas y adolescentes que por diferentes circunstancias requieren de cuidado y educación por parte de las instituciones públicas.
El modelo actual de centros residenciales se encuentra muy lejos de parecerse a un hogar y tiende a institucionalizar a las personas que requieren de cuidado. Entre los principales efectos de esta 'institucionalización', se incluyen la
segregación de los usuarios, la despersonalización (eliminación de personales, signos y símbolos de individualidad y humanidad), la rigidez de la rutina (horarios fijos, horarios para despertarse, comer y realizar actividades, sin tener en cuenta
las preferencias o necesidades personales), el trato en homogéneo (tratamiento de las personas en grupos sin privacidad ni individualidad) y la distancia social (que simboliza el diferente estatus del personal y de los residentes). El proceso de
abandono del entorno habitual para la integración progresiva en centros colectivos y segregados provoca sensación de desarraigo, tristeza y abandono en los individuos institucionalizados, así como la pérdida de autonomía y control de sus vidas y la
sensación de aislamiento progresivo. Esto cobra mayor importancia, si tenemos en cuenta que la mayor parte de las personas que requieren de cuidados de larga duración quieren permanecer en su entorno de siempre, disfrutando de su 'nicho ecológico';
esto es, el contexto natural y social que nos permite vivir y buscar nuestro bienestar junto a otras personas.
Diversos organismos internacionales como las Naciones Unidas (UN CPRD), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Europea de Derechos Humanos y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como el
Movimiento de Vida Independiente, han alertado sobre la necesidad urgente de la elaboración de una Estrategia para la Desinstitucionalización, así como de la necesidad de poner en marcha medidas que refuercen la transición de los servicios
institucionales a los servicios basados en la comunidad, que impulsen la vida independiente.
Por tanto, necesitamos un cambio de enfoque que exija un giro radical en la orientación de los cuidados, guiándose por los principios de la ética y la salvaguarda de la dignidad, la autonomía y el ejercicio de los derechos de la infancia, de
las personas en situación de discapacidad y en situación de dependencia. El modelo de apoyos y cuidados más seguro y respetuoso con los derechos humanos es el de los servicios de pequeña escala incluidos en la comunidad a la que pertenecemos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Trabajar conjuntamente con el resto de administraciones para:
a. Reorientar la financiación de servicios sociales y dependencia, en concreto del SAAD (nivel acordado y mínimo) y del Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a servicios que estén alineados con la
autonomía, la vida independiente en la comunidad y la permanencia y acceso a una vivienda con apoyos para las personas en situación de dependencia y otras personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social.
b. Impulsar, medir y avanzar en el cumplimiento del acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD.
2. Aprobación de la Estrategia de desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad (2024-2030) como hoja de ruta que oriente las políticas públicas.
3. Impulsar la modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con el fin de adecuarla a la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, ratificada por España en diciembre de 2007, así como su adecuación al nuevo artículo 49 de la Constitución.
4. Realizar un análisis para detectar lagunas en el reconocimiento jurídico y la aplicabilidad del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad, así como los derechos conexos, con vistas a poder poner en marcha
propuestas legislativas para subsanarlas, estableciendo un marco jurídico que sirva de guía a las administraciones públicas para materializar procesos de desinstitucionalización.
5. Promover el escalado de experiencias piloto exitosas e innovadoras basadas en la comunidad para garantizar su sostenibilidad en el tiempo y fomentar el intercambio de conocimiento y su escalado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-Júlia Boada Danés y Lander Martínez Hierro, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las bonificaciones del
coste de la seguridad social en el caso de las familias numerosas, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Las familias numerosas tienen unas necesidades específicas debido al mayor número de hijos lo que multiplica el coste derivado de su cuidado, educación, atención y formación. A su vez, estas familias son merecedoras de un reconocimiento
social por la aportación
que representan en una sociedad donde cada vez nacen menos niños lo que, a futuro, podría poner en riesgo la sostenibilidad del Estado del bienestar.
Para poder hacer frente a los mayores gastos de estas familias en la mayoría de los casos es necesario que ambos progenitores trabajen fuera de casa lo que a su vez plantea graves problemas de conciliación. Así lo reconocen el 80 % de las
familias numerosas, esto es, 8 de cada 10, un porcentaje que sube hasta el 87 % en el caso de las familias con padres más jóvenes y presumiblemente hijos más pequeños, según datos del Estudio sobre las Familias Numerosas en España, elaborado por la
Federación Española de Familias numerosas (FEFN) con encuestas a más de 9.000 familias de distintas partes de España.
Las dificultades para poder compaginar los horarios laborales con las necesidades de los niños se dan a diario, pero afectan sobre todo en vacaciones escolares y días no lectivos, en los que la mayoría de las familias tiene que hacer un
desembolso económico para que sus hijos estén atendidos mientras ellos trabajan. Según la encuesta, un 51 % se ven obligadas a pagar para que los niños puedan ir a campamentos de verano, mientras que un 35 % asegura haber necesitado la ayuda de
abuelos o familiares para el cuidado de los niños.
Para ayudar a la conciliación de estas familias, la Ley 40/2003, de Protección de las Familias Numerosas, establecía una bonificación del 45 % en las cuotas a la Seguridad Social al contratar personal de apoyo para el cuidado de los hijos y
la familia, con el requisito de que se tratara de familias de categoría especial (a partir de 5 hijos) o general si ambos progenitores trabajan fuera de casa.
Este apoyo específico a la conciliación se vio alterado en 2022, cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al
servicio del hogar.
La Disposición transitoria tercera de dicho Real Decreto-ley establece que 'Las bonificaciones por la contratación de cuidadores en familias numerosas que se estuvieran aplicando el 1 de abril de 2023, en los términos previstos en el
artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, mantendrán su vigencia hasta la fecha de efectos de la baja de los cuidadores que den derecho a las mismas en el Régimen General de la Seguridad Social. Tales
bonificaciones serán incompatibles con la reducción en la cotización establecida en el párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional primera de este real decreto-ley, así como con las bonificaciones establecidas en el apartado 2 de
dicha disposición adicional'. De esta forma el Gobierno decidió eliminar a futuro esta bonificación específica, sustituyéndola por otras generales sujetas a requisitos de renta y patrimonio lo que, en el caso de las familias numerosas, cuyos gastos
de crianza y manutención son obviamente mayores, claramente las discrimina.
En todo caso, aunque el Gobierno ha prorrogado el plazo hasta el 1 de abril de 2024 debido al retraso en la aprobación del Real Decreto para desarrollar reglamentariamente las nuevas bonificaciones, y puede que incluso vaya más allá, su
objetivo es poner fin a esta medida, en detrimento una vez más de las familias numerosas, especialmente maltratadas en su proyecto de ley de familias donde son estigmatizadas, como demuestra la eliminación de su propia denominación, algo innecesario
y a todas luces injusto.
Las organizaciones que representan a las familias numerosas se han manifestado en reiteradas ocasiones en contra de esta supresión, que supone un alivio económico para estas familias, es un valioso apoyo a la conciliación y además incentiva
la contratación en el sector del servicio doméstico. La medida facilita, a la vez, que ninguna mujer, madre de familia numerosa, abandone el mercado laboral o deje de incorporarse a él tras su maternidad, dado que son ellas las que sufren un mayor
impacto en sus carreras laborales o profesionales por sus especiales dificultades de conciliación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recuperar con urgencia la bonificación del 45 % de la cuota de la seguridad social que tenían reconocida en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las familias
Numerosas, para que puedan atender sus especiales necesidades de conciliación mediante la contratación de personas de apoyo en el hogar.
2. Dicha medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de abril de 2024, para que todas las familias numerosas de categoría especial o de categoría general en los casos en los que ambos progenitores trabajen, puedan beneficiarse de la
misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Ana Isabel Alós López, Raquel Clemente Muñoz, Patricia Rodríguez Calleja, Sandra Fernández Herranz y Bella Verano Domínguez, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre una Estrategia de Desinstitucionalización del modelo de cuidados, para su
debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
En el año 2021, el Gobierno puso en marcha el Plan de Choque en Dependencia, que tenía como objetivos, entre otros, reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que las condiciones laborales de las
personas que trabajan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sean apropiadas; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas beneficiarias. Este Plan de Choque sentó
las bases del cambio de modelo de cuidados de larga duración.
Es necesario continuar en esa senda para profundizar en nuevos modelos de convivencia y cuidados de larga duración, a través de servicios de apoyo comunitarios innovadores que puedan contribuir a sostener vías alternativas a la
institucionalización. Es el momento de pasar de un modelo de cuidados basado en la atención asistencial de las personas en instituciones a otro modelo de atención comunitaria y personalizada, donde las personas tengan la posibilidad de elegir dónde
vivir, y hacerlo integradas en su comunidad.
En este sentido, el Gobierno lleva tiempo trabajando en una estrategia de desinstitucionalización, que beneficiaría a grupos de población diversos que comparten la característica de necesitar apoyos, tales como las personas en situación de
dependencia, mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o de desamparo, personas jóvenes extuteladas o personas en situación de sinhogarismo.
Para alcanzar ese objetivo se debe trabajar en la coordinación de las políticas de distintos ministerios, más allá del ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. También es necesario que exista una buena coordinación
y cooperación entre las diferentes administraciones públicas con competencias en la materia, así como que se aborde desde el diálogo social.
Este nuevo modelo debe apostar por una atención mucho más personalizada y por respetar la autonomía y la libre elección de las personas. Además, se tiene que velar por la cobertura no solo de las necesidades físicas, sino también de otras
de tipo emocional, como la de sentir seguridad y afecto. Se trata de ofrecer lugares para vivir en comunidades o entornos familiares que respeten la diversidad de cada persona, además de ser accesibles y estar adaptadas.
El cambio de modelo debe ir estrechamente unido a la dignificación y mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector de los cuidados. Es fundamental reconocer el valor de estas profesionales y facilitar el
acceso a que más personas puedan formarse de manera adecuada en este sector estratégico. También debe
velarse por la mejora de las condiciones de las cuidadoras no profesionales, que llevan muchos años desempeñando una labor encomiable.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias y contando con la mesa del Diálogo Social, a aprobar una Estrategia de Desinstitucionalización que tenga por
objeto pasar del actual modelo de cuidados basado en la atención asistencial de las personas en instituciones a uno de atención comunitaria y personalizada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2024.-Sonia Guerra López, Noelia Cobo Pérez, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, María Luisa Faneca López, María Guijarro Ceballos, Margarita Martín Rodríguez, Inés Plaza
García, Modesto Pose Mesura, María de las Nieves Ramírez Moreno, Esther Rodríguez Suárez y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reconocimiento y atención a la situación de electrodependencia, para su
debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Se utiliza la expresión 'electrodependencia' para hacer referencia a la situación de las personas que dependen de una o varias máquinas conectadas a la red eléctrica para preservar su salud y, en ocasiones, también su vida.
Si la conexión se apaga o falla, las consecuencias pueden ser fatales, pues los aparatos eléctricos permiten a estas personas llevar a cabo acciones vitales, tales como respirar, alimentarse o extraer secreciones. A ello hay que añadir que
las familias afectadas tienen que hacer frente a unas facturas eléctricas de importe muy superior al que tendrían que asumir si no tuvieran que afrontar la electrodependencia de uno de sus miembros.
Esta especial vulnerabilidad ha llevado a algunos países a regular la situación de electrodependencia y reconocer determinados derechos a los hogares afectados.
En el ordenamiento jurídico español no hay un reconocimiento legal expreso de esta figura, aunque existe un antecedente en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Esta ley, en su artículo 52, apartado 4, señala que se
podrán considerar suministros esenciales aquellos que cumplan alguno de los criterios que enuncia. Uno de los colectivos enumerados en dicho apartado, concretamente en su letra i), es el de aquellos suministros de ámbito doméstico en los que exista
constancia documental formalizada por personal médico de que el suministro de energía eléctrica es imprescindible para la alimentación de un equipo médico que resulte indispensable para mantener con vida a una persona. El mismo apartado, atribuye
para aquellas instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales el beneficio de que en ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica.
Para el Gobierno las políticas sociales son una prioridad y así lo ha demostrado con multitud de medidas que inciden en el ensanchamiento de nuestro Estado de Bienestar. Para seguir avanzando en este camino es necesario continuar dando
respuesta a las
necesidades de la ciudadanía que se encuentra en situación de vulnerabilidad, como son las personas en situación de electrodependencia.
Es necesario, en primer lugar, regular y definir qué se entiende por situación de electrodependencia. Y, una vez hecho esto, se deben adoptar medidas encaminadas a ensanchar la protección de estas personas, tales como garantizar que no se
les pueda suspender el suministro eléctrico, el acceso a bonificaciones en la tarifa eléctrica, o la puesta a disposición de dispositivos que garanticen el suministro, como equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida, en casos de
cortes programados e inevitables o coyunturas imprevistas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular y definir la situación de electrodependencia.
2. Establecer medidas destinadas a apoyar a las familias que cuenten entre sus miembros con personas con electrodependencia, tales como la garantía de que no se les pueda suspender el suministro eléctrico; el acceso a bonificaciones en la
tarifa eléctrica; o la puesta a disposición de dispositivos que garanticen el suministro en casos de cortes programados e inevitables o coyunturas imprevistas, como equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2024.-Sonia Guerra López, Noelia Cobo Pérez, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, María Luisa Faneca López, María Guijarro Ceballos, Margarita Martín Rodríguez, Inés Plaza
García, Modesto Pose Mesura, María de las Nieves Ramírez Moreno, Esther Rodríguez Suárez y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para
exigir un etiquetado adecuado a los productos veganos de sustitución que vienen utilizando denominaciones de pescado, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En los últimos años estamos asistiendo a la aparición de modificaciones en las costumbres alimentarias, con campañas de información y etiquetados que viene introduciendo en ocasiones confusión y desconocimiento en los ciudadanos.
Uno de los últimos episodios se esta dando con el etiquetado de algunas conservas de los denominados productos veganos de sustitución y su correspondiente etiquetado. Un ejemplo relevante se produce con el denominado 'atún vegano' y otros
productos vegetales que se comercializan bajo la denominación de 'pescado' o especies de pescado.
Esta práctica esta regulada a nivel comunitaria en el Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, pero que debe hacerse cumplir de manera correcta a nivel nacional, cuestión
que ahora no se produce.
Recientemente en el seno del Parlamento Europeo y en el debate sobre la reforma de la PPC y su futuro, diputados del Grupo Popular afirmaban que 'el nombre comercial del pescado o de especies de pescado debe de estar reservado en el mercado
interior a los productos del pescado la acuicultura de origen animal'.
La información alimentaria no debe inducir a error en cuanto a las características del alimento y en cuanto a su naturaleza, identidad, propiedades y composición, requisito que también se exigen a los productos de origen vegetal.
El Reglamento comunitario permite a los Estados miembros, por ser las autoridades más indicadas, actuar en situaciones como la que es objeto de esta iniciativa, el etiquetado inadecuado sobre las conservas de origen vegetal que induce a
error sobre la verdadera naturaleza y composición del producto.
A nuestro juicio la comercialización de conservas de origen vegetal bajo la denominación de atún vegano es un ejemplo de comercialización de productos puramente vegetales bajo la utilización comercial de 'pescado', conduciendo al consumidor
a confusión.
También hemos conocido ejemplos de comercialización como 'pescado 100 % vegetariano' con nombres comerciales como 'MERVZA' (con V en lugar de U) o 'PE'XE' con apostrofe en lugar de 'I' de peixe, pez en gallego.
Este fenómeno esta generando preocupación en el sector pesquero por sus perjuicios para sus intereses comerciales y socioeconómicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias en el desarrollo del Reglamento (UE) 1169/2011 de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, para evitar la información confusa en el etiquetado de productos de origen
vegetal bajo denominación de pescado.
2. Instar a la Comisión Europea para que en la próxima revisión del Reglamento de la organización común de los mercados (OCM) en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura se incluya una propuesta legislativa para reservar
cualquier definición comercial, designación y descripción de venta de 'pescado' a los productos pesqueros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-Rosa Quintana Carballo, Asier Antona Gómez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc,
Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados y Diputadas.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de buscar una
solución urgente para la Comunidad de Regantes del Canal Macias Picavea de la provincia de Valladolid, que pasa por la sustitución de la tubería general a través de SEIASA, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La Comunidad de Regantes del Canal Macías Picavea abarca 2.451 hectáreas de regadío en la provincia de Valladolid, concretamente en los términos municipales de Medina de Rioseco, Villabrágima, Tordehumos y Villagarcía de Campos. Una zona
donde el reto demográfico es un desafío preponderante y cuenta con cerca de 750 regantes, lo que supone para el territorio un medio de vida, un motor de sustento para cientos de agricultores y sus familias, respetuoso con el medio ambiente y la
naturaleza, y que constituye un esfuerzo diario en los meses de verano para los agricultores que han de controlar su uso y buscar la mayor eficacia en sus cultivos y que permite el mantenimiento de trabajo, y por tanto, contribuye al reto
demográfico con la fijación de población en la zona desde el sostenimiento del empleo en el sector primario y aquellos derivados del mismo.
Por Acuerdo de 27 de febrero de 2004, la entidad SEIASA del Norte, S.A., hoy dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, anunció la adjudicación del contrato de ejecución de obras de mejora y modernización del regadío de
la Comunidad de Regantes del Canal Macías Picavea con un importe de adjudicación de contrato de ejecución de obra de 14.616.113,69, IVA incluido. Al mismo tiempo, la misma entidad dependiente del Gobierno, publicaba el mismo acuerdo en la misma
fecha para la dirección facultativa de las mismas obras de dicho proyecto en contrato de consultoría y asistencia, por un importe de adjudicación de 344.960,04 , como se puede leer en el BOE número 57, de sábado 6 de marzo 2004 en la página 2064.
Las obras fueron ejecutadas entre el 6 de abril de 2004 y el 1 de marzo de 2006, y fueron recibidas el 18 de abril de 2008 con 97.814 metros de tuberías enterradas, que en las últimas campañas están sufriendo una situación insostenible como
consecuencia del elevadísimo número de averías y roturas en la tubería ejecutada por SEIASA, haciendo peligrar la viabilidad de la Comunidad de Regantes tal y como han informado a la entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y con ello, el futuro de muchas familias y la prosperidad de una zona ya azotada por una creciente despoblación y envejecimiento.
Las averías han traído consecuencias devastadoras con excesos de cargas económicas, daños en los cultivos, pérdidas de dotación de agua por hectárea y un alto riesgo para la seguridad vial, llegando a provocar accidentes de circulación en la
carretera VA-505.
Más de 23 averías se han provocado en el último año y medio, según consta en el informe que obra en posesión de la entidad pública ministerial, en una infraestructura que apenas tiene 18 años de vida y que se entiende con una vida útil
próxima a los 50 años, en los que SEIASA es responsable de la infraestructura.
La situación es tan preocupante y genera tal cantidad de averías en una de las comunidades de regantes pioneras en la modernización de la infraestructura hídrica, que los problemas generados la hacen inviable. Además, hace difícil la
rentabilidad de las explotaciones de regadío, lo que provoca una importante morosidad que repercute de forma muy negativa en la situación económica de la Comunidad. La situación dramática ha llegado a tal punto de insostenibilidad, que el pasado
jueves 21 de marzo de 2024, en Junta General Extraordinaria, han aprobado la suspensión de la campaña de riego para el año 2024 con un respaldo superior al 90 % de los votos.
La comunidad de Regantes lleva desde finales de julio de 2023 solicitando a SEIASA una comisión de seguimiento para intentar buscar una solución de forma urgente a este problema, que pasa irremediablemente por la sustitución de la tubería
general, tal y como se ha hecho en alguna otra zona, siendo SEIASA responsable de la infraestructura, que es donde se acumulan las averías.
Entendemos que el Ministerio no puede abandonar a esta Comunidad por la responsabilidad en la infraestructura que impulsó, por el ejemplo que puede suponer en una medida que en palabras del titular del ministerio para el conjunto de las
comunidades de regantes 'las inversiones en modernización de regadíos forman parte de las prioridades del Gobierno para la nueva legislatura, ya que el cambio climático exige acelerar la
transición hacia un modelo de producción agrícola más sostenible, que se caracterice por un menor y más eficiente consumo de agua y de energía' y porque como está sucediendo en alguna otra infraestructura con problemática similar, el
Ministerio puede y debe actuar con carácter de urgencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que, de forma urgente, se ponga en marcha un plan para la reposición de la tubería general que proporciona agua para regadío a la Comunidad de Regantes del Canal de Macías Picavea (Valladolid), a desarrollar por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de SEIASA.
2. Que se convoque una mesa, con la participación de todos los afectados, donde se puedan examinar las responsabilidades de la mala ejecución de la tubería y asumir las consecuencias que se deriven de las mismas.
3. Que se valore la asunción, por el propio Ministerio responsable de la infraestructura, de la deuda contraída por la Comunidad de Regantes del Canal de Macías Picavea como consecuencia de la obra.
4. Que se busquen fórmulas para resarcir a los regantes por lucro cesante y daño emergente por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de las obras de mejora y modernización
del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Macías Picavea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Eduardo Carazo Hermoso, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Milagros Marcos Ortega, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez,
Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados y
Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario, a instancias del diputado Isidre Gavín i Valls, al amparo de lo que establece el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, una
Proposición no de Ley sobre la exención del IVA a las comunidades de regantes y a los agricultores a título principal para facilitar la supervivencia económica de las explotaciones agrarias y facilitar la adaptación al cambio climático a través de
la modernización de riegos.
Exposición de motivos
Una de las claves de la crisis del sector es la rentabilidad de las explotaciones, a veces incluso para garantizar la supervivencia de las mismas o la continuidad generacional.
Esta grave situación en un contexto de lucha contra el cambio climático se agudiza y obliga a hacer compatible la supervivencia económica con inversiones para mejoras del riego, actuaciones de riego de supervivencia en los cultivos o asumir
las inversiones en modernización de riegos ya planificada en aquellas zonas donde esto es posible.
La dificultad para hacer frente a estas inversiones es el origen que en muchas zonas regables, los campesinos no se sumen a esta iniciativa, simplemente por la
dificultad de hacer frente a la inversión o por la poca visibilidad en la amortización o a los ingresos futuros.
Actualmente, las Comunidades de Regantes están soportando una carga financiera derivada del encarecimiento de los precios- des de hace dos años, de las inclemencias meteorológicas como la sequía persistente, así como de la disminución de los
ingresos por la reducción de la producción derivada de la sequía. De esta forma, estos gastos se añaden a los pagos de importes globales del Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) sobre la energía, la realización de obras, la modernización de las
explotaciones, etc.
Ante esta situación, se propone impulsar la aplicación de un IVA al 0 % a las comunidades de regantes y colectividades de regantes tanto en las facturas que emiten como en las que reciben para aliviar la carga financiera que soportan y
asegurar así la viabilidad económica del sector cuando su sistema fiscal actual no les permite la deducción del IVA.
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un Plan de choque para la viabilidad económica de los regantes que incluya un IVA del 0 % a las comunidades y colectividades de regantes tanto en las facturas que emiten como en las
que reciben, así como para el agricultor a título principal (ATP) en aquellas inversiones realizadas en sus explotaciones con finalidades de tecnificación y modernización de los regadíos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Isidre Gavín i Valls, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancies del diputat Isidre Gavín i Valls, a l'empara del que estableix l'article 193 i ss del Reglament de la Cambra presenta, per al seu debat a la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
una Proposició no de Llei sobre l'exempció d'IVA a les comunitats de regants i als agricultors a títol principal per a facilitar la supervivència econòmica de les explotacions agraries i facilitar l'adaptació al canvi climàtic a través de la
modernització de regs.
Exposició de Motius
Una de les claus de la crisi del sector és la rendibilitat de les explotacions, de vegades fins i tot per garantir la supervivència de les mateixes o la continuïtat generacional.
Aquesta greu situació en context de lluita contra el canvi climàtic s'accentua i obliga a compaginar la supervivència econòmica amb inversions per a millores de regs, actuacions de regs de supervivència dels conreus o assumir les inversions
en modernització de regs ja planificades en aquelles zones on això és possible.
La dificultat de fer front a aquestes inversions és en l'origen que en moltes zones regables, els pagesos no s'adhereixin a la iniciativa, simplement per la dificultat de fer front a la inversió o per la poca visibilitat en l'amortització o
els ingressos futurs Actualment, les Comunitats de Regants estan suportant una càrrega financera derivada de l'encariment dels preus- des de fa dos anys, de les inclemències meteorològiques com la sequera persistent, així com de la disminució dels
ingressos per la reducció de la producció derivada de la sequera. D'aquesta manera, aquestes despeses s'afegeixen als pagaments d'imports globals derivats de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre l'energia, la realització d'obres, la
modernització de les explotacions, etc.
Davant d'aquesta situació, es proposa impulsar l'aplicació d'un IVA al 0 % a les comunitats i col·lectivitats de regants tant en les factures que emeten com en les que
reben per alleugerir la càrrega financera que suporten i assegurar així la viabilitat econòmica del sector quan el seu sistema fiscal actual no els hi permet la deducció de l'IVA.
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al Gobierno a elaborar un Pla de Xoc per a la viabilitat econòmica dels regants que inclogui un IVA del 0 % a les comunitats i col·lectivitats de regants tant en les factures que emeten com en les que reben,
així com per a l'agricultor a títol principal (ATP) en aquelles inversions realitzades a les seves explotacions amb finalitats de tecnificació i modernització de regadius.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 d'abril de 2024.-Isidre Gavín i Valls, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
161/000622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Isidre Gavín i Valls, al amparo de lo que establece el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca
y Alimentación, una Proposición no de Ley para facilitar la supervivencia de las explotaciones agrarias en un contexto de cambio climático.
Exposición de motivos
Las consecuencias del cambio climático son de distinta tipología pero todas, en mayor o menor medida, tienen una afectación en los cultivos y alteran los normales calendarios de manejo, cultivo y tareas relacionadas con la cosecha.
Una de las afectaciones está vinculada al efecto combinado de la sequía con el incremento medio de las temperaturas y la existencia de puntas de calor. Estos fenómenos pueden tener efecto en la perdida parcial o total de la cosecha,
afectación a las plantaciones con la muerte de los árboles o afectaciones a futuras cosechas, etc.
Otra de las afectaciones es en la alteración de los calendarios de cosecha, dependiendo de la zona sometida a estas afectaciones y también a las variedades o tipo de cultivo.
Estas situaciones conllevan alterar los calendarios normales de las prácticas agrarias como la poda, los aclareos, las tareas de abono y sobre todo en el momento de la cosecha que obliga a adaptar los horarios y las jornadas de trabajo tanto
de la fruticultura como de la horticultura de forma importante.
Para facilitar a las explotaciones esta adaptación y flexibilizar los recursos disponibles para realizar estas tareas se propone
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reajustar el cómputo de horas trabajadas por el personal de las explotaciones agrarias vinculado a las tareas de cosecha, mantenimiento y manejo de la explotación de cómputo semanal a mensual
para adaptarse mejor a los cambios del ciclo vegetativo y de maduración del producto producido por loes efectos del cambio climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Isidre Gavín i Valls, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancies del diputat Isidre Gavín i Valls, a l'empara del que estableix l'article 193 i ss del Reglament de la Cambra presenta, per al seu debat a la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
una Proposició no de Llei per a facilitar la supervivència de les explotacions agràries en un context de canvi climàtic.
Exposició de motius
Les conseqüències del canvi climàtic són de diferent tipologia però totes, en major o menor mesura, tenen una afectació en el conreu i alteren els normals calendaris de maneig, cultiu i tasques relacionades amb la collita.
Una de les afectacions està vinculada a l'efecte combinat de la sequera amb l'increment mitjà de les temperatures i l'existència de puntes de calor. Aquests fenòmens poden tenir efecte en la pèrdua parcial o total de collita, afectació a
plantacions amb la mort dels arbres o afectacions a collites futures etc.
Una altra de les afectacions és en l'alteració dels calendaris de collita depenent de la zona sotmesa a aquestes afectacions i també a les varietats o tipus de conreu.
Aquestes situacions comporten alterar els normals calendaris de les pràctiques agràries com l'esporga, les aclarides, les tasques d'abonament i sobre tot en el moment de collir que obliga a adaptar els horaris i les jornades de treball tant
de la fructicultura com de l'horticultura de forma important.
Per tal de facilitar a les explotacions aquesta adaptació i flexibilitzar els recursos disponibles per a fer aquestes tasques es proposa
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al Gobierno a reajustar el còmput d'hores treballades pel personal de les explotacions agràries vinculat a les tasques de collita, manteniment i maneig de l'explotació, de còmput setmanal a mensual per
adaptar-se millor als canvis del cicle vegetatiu i de maduració del producte produïts pels efectes del canvi climàtic.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 d'abril de 2024.-Isidre Gavín i Valls, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
161/000623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa del sector pesquero en el
mediterráneo y en apoyo a las reivindicaciones para hacer más competitiva la actividad pesquera, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El pasado 12 de diciembre de 2023, el Consejo de ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) alcanzaban un acuerdo sobre las posibilidades de pesca en el Atlántico, el mar del Norte, el Mediterráneo y el mar Negro para 2024.
En el caso del Mediterráneo occidental han establecido reducir los esfuerzos pesqueros de los arrastreros en un 9,5 %, en consonancia con la obligación legal de la UE de alcanzar el rendimiento máximo sostenible para estas poblaciones de
aquí a 2025, con la posibilidad
de mecanismos de compensación, como incentivo para aumentar la protección de la población, cuando se cumplan unos requisitos específicos.
Hay que recordar que en junio de 2019 se adoptó un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, que se aplica desde 2020, que introdujo un régimen de gestión del esfuerzo pesquero para los arrastreros de cara a
lograr una reducción global de hasta el 40 % en cinco años, calculada con respecto a las jornadas en que se salió a faenar durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017. Por consiguiente, este sería el
cuarto año en el que se reduce los días posibles de pesca.
Algunas de las Cofradías de pesca han estimado que para el año 2024 no se van a alcanzar los 120 días hábiles de actividad por embarcación. En estas condiciones el ejercicio de la pesca se vuelve inviable ya que, con tan escasos días, no se
puede alcanzar una rentabilidad mínima. En consecuencia, se está originando el abandono de la actividad pesquera, con el amarre definitivo o el desguace de embarcaciones.
Como es habitual en muchos puertos mediterráneo, en los que se aplica el sistema de cobro 'a la parte', es decir la retribución del trabajo en función de la facturación de las capturas en partes (gastos asociados al barco y, el resto,
distribuido entre propietario del barco y quienes faenan) el recorte de días afecta tanto a empresarios como a marineros, no compensando el esfuerzo con el resultado económico.
La reducción de días hábiles tiene varias consecuencias. Los trabajadores del mar no pueden cotizar lo suficiente para poder optar, cuando llega la paralización de la actividad, bien por paros biológicos o por fin de los días de pesca
asignados, al cobro del desempleo.
Por otra parte, el exceso de burocracia y el retraso en el cobro de las ayudas está poniendo en apuros la financiación de la actividad pesquera e incluso para el propio mantenimiento personal y familiar, durante los periodos de inactividad.
En este contexto es fácil entender que la actividad pesquera no resulte atractiva a los jóvenes, ni para enrolarse como tripulantes ni continuar con la empresa familiar como armadores, lo que está impidiendo el relevo generacional. Incluso
existe preocupación por la desaparición a corto plazo de la actividad económico, cultural y turística de muchas de las regiones costeras de nuestro país.
El sector lleva tiempo manifestando el trato diferencial que la normativa europea da a la pesca española respecto a competidores de terceros países, lo que les permite competir deslealmente con la producción, y no solo en precio. El recorte
del esfuerzo es un problema añadido.
Conviene recordar que el paro del sector pesquero no solo supone gravísimas pérdidas económicas en este sector. También representa una merma de la actividad económica y de los puestos de trabajo que afectará a muchas familias que tienen en
la mar su sustento económico. Además de que privará a los consumidores, ya sean desde el punto de vista de la restauración o a nivel particular, del consumo a través de los mercados centrales y pescaderías.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas económicas necesarias para ayudar al sector a aplicar las medidas establecidas en el reglamento que permitan aumentar los días de actividad, después de que se haya aprobado que los pescadores de arrastre podrán faenar
entre un máximo de 116 y 120 días en 2024.
2. La paralización y retraso al año 2030 de la aplicación del Reglamento Europeo sobre la pesca de arrastre para el Mediterráneo, que pone en jaque el futuro de los pescadores, las cofradías de toda la Comunidad Valenciana y, en general, de
la costa mediterránea española.
3. Instar a todas las administraciones implicadas a crear una mesa de trabajo conjunta con el ISM y la Federación Provincial de cofradías para buscar una fórmula legal
que resuelva la problemática de todo aquel marinero que no llegue a tener el mínimo de días para optar a la ayuda por desempleo.
4. Dotar presupuestariamente con una partida destinada a administraciones competentes para que imparta cursos gratuitos de marinero pescador para seguir incorporando nuevos profesionales y así garantizar el relevo en dicha actividad.
5. Analizar, en colaboración con el resto de las administraciones implicadas, una propuesta para deducir los costes que dificultan la competitividad del sector y repercuten en el precio final del pescado al consumidor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Óscar Clavell López, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la financiación a cargo de fondos europeos del proyecto de ALTRI de instalar una macroplanta de celulosa líquida en Palas de Rei para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El proyecto de la empresa portuguesa Altri de instalar en Galiza una supuesta planta fibras textiles (lyocell) comenzó a generarse hace algo más de dos años, siendo aún Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feixóo. Inicialmente, la empresa
barajaba instalarse en la comarca de A Mariña o en As Pontes, pero en el año 2022 decidió cambiar la propuesta de ubicación a Palas de Rei. La principal alegación fue que descartaba As Pontes por el impacto sobre el río Eume, sin embargo, ahora,
cuando ya quedó claro que es un proyecto diferente del anunciado inicialmente y que consiste, sobre todo, en la producción de celulosa, niega su impacto sobre el río Ulla, el espacio de la Red Natura Ulla-Deza y la Ría de Arousa.
El plan no fue explicado con transparencia por parte de la compañía ni por parte de la Xunta en el momento inicial, pero ahora se están conociendo cuestiones de fondo que causan gran preocupación en el conjunto de la sociedad gallega. El
proyecto de Altri supondrá una auténtica 'bomba ambiental' y causará un enorme impacto en las comarcas de A Ulloa, de Terras de Melide, del Ulla y del Sar y también en la Ría de Arousa. Una afectación que está generando una fuerte movilización
social, de los vecinos y vecinas, entidades ecologistas, fuerzas políticas y de los sectores productivos que se van a ver directamente perjudicados en su actividad económica.
En la actualidad, queda claro que lo que Altri pretende instalar en Palas de Rei no es una biofactoría de fibras textiles, sino una fábrica de celulosa líquida que multiplica por tres el tamaño de Ence en la Ría de Pontevedra. Una planta
altamente contaminante en una zona enormemente sensible.
Así mismo, Altri -a través de Greenfiber, una sociedad constituida en agosto de 2022 en que la empresa lusa es la accionista mayoritaria y la gallega Greenalia posee el 25 % restante- ha hecho público en reiteradas ocasiones que reclama
financiación a cargo de fondos europeos, sin embargo, sería completamente contradictorio que se utilicen recursos
públicos del llamado PERTE de descarbonización para apoyar la instalación de una industria altamente contaminante en un contexto de lucha contra el Cambio Climático.
La promotora prevé una inversión de unos 900 millones de euros, de los cuales reclama que 250 millones sean a cargo de ayudas públicas. La Xunta de Galiza, que ya declaró de interés estratégico este proyecto en diciembre de 2022 para darle
prioridad en su tramitación y reducir los plazos comunes, apeló al Gobierno central para que garantice el acceso a los Next Generation, en concreto a los PERTE de descarbonización. Así, aunque Altri quedó fuera de los PERTE anteriormente licitados,
espera recibir fondos en la cuarta convocatoria prevista para el mes de junio. En este mismo sentido, fue hecho público que la compañía también inició contactos con el Gobierno del Estado para obtener un compromiso de financiación.
Hay que recordar que los criterios fijados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia hacen referencia a que los proyectos a financiar deben contribuir a asentar economías más sostenibles y mejor preparadas para las transiciones
ecológicas y digitales. Por lo tanto, no puede ampararse el desarrollo de industrias que afectan negativamente al medio ambiente, a la protección de la biodiversidad y a un uso sostenible de los recursos hídricos.
El Reglamento (UE) 852/2020 relativo al establecimiento de un régimen para la promoción de la inversión sustentable, fija en su artículo 9 cuáles son los objetivos medioambientales que los proyectos deben respetar. Se menciona expresamente
que deben servir para la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición para una economía circular, la prevención y control de la contaminación
y, finalmente, la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Esto es, los proyectos no pueden afectar negativamente a uno o a varios de estos objetivos para ser considerados inversiones sostenibles y, consecuentemente, ser
financiados por el PERTE, criterios que, cómo veremos a continuación, no se cumplen en el proyecto promovido por Altri.
A todo lo anterior debe añadirse la necesaria vigencia del principio de precaución en sede medioambiental. Dicho principio está consagrado cómo uno de los fundamentos de la política comunitaria en materia de medio ambiente en el artículo
191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante la toma de decisiones preventivas en caso de riesgo.
Es por todo esto que el Gobierno del Estado tiene que analizar rigurosamente este proyecto, contrastar la información y escuchar las denuncias de la sociedad civil para conocer la realidad de la propuesta.
El Gobierno gallego hizo bandera de este proyecto sin reparar en las consecuencias negativas para el conjunto del País. Ya ha requerido al Gobierno del Estado para que garantice el acceso a la financiación y también el acceso a la red de
transporte eléctrica de forma que incluya en su planificación la subestación que esta planta precisaría para su operatividad. Queda claro, por lo tanto, que la Xunta está optando por defender los intereses de la empresa promotora por encima del
bienestar y el futuro de Galiza.
Es debido a la verdadera naturaleza del proyecto que este está contando con el rechazo social, ante el gran impacto ambiental, el elevado consumo de agua junto con la contaminación de los recursos hídricos, la afectación a la planificación
forestal y a la producción agroganadera o marisquera.
La planta pastera necesitaría captar más de 16 millones de metros cúbicos al año de agua procedente del embalse de Portodemouros, es decir, unos 46.000 metros cúbicos de agua al día, consumiría más agua que una población de 350.000 personas.
Siguiendo con el ciclo, la planta vertería al río Ulla en torno al 80 % del agua después de someterla a procesos industriales contaminantes y de depuración industrial, río que desemboca en la Ría de Arousa, una ría rica en productividad marisquera,
actividad de la que viven más de 4.000 familias, pues solo en esta ría se produce 70 % del mejillón gallego.
La contaminación no solo se produciría a través del agua utilizada, sino que también por la emisión a la atmósfera de azufre reducido, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido y material particulado, entre otros, lo que afectaría a la
calidad del aire.
Distintas organizaciones ecologistas han denunciado que se trató de ocultar el impacto sobre la Red Natura 2000 y sobre especies endémicas en peligro de extinción, sobre todo en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Serra do Careón. En el
entorno hay especies endémicas como la magarza de Barazón o la santolina de Melide que están catalogadas como especies vulnerables. Denuncian que Altri ocultó en la documentación presentada la presencia de estas especies dentro de las zonas que la
empresa pretende ocupar.
Esta macro planta precisaría ocupar una superficie de 360 hectáreas en una zona con un gran valor natural, afectando también al área DOP Arzúa-Ulloa, con numerosas explotaciones agroganaderas, muy importante en la producción láctea, sin
olvidar su atractivo turístico por ser zona de paso del Camino de Santiago.
Por otra parte, esta factoría precisaría abastecerse cada año de 1,2 millones de toneladas de eucalipto y dejaría 30.000 metros cúbicos de residuos. Por lo tanto, va a condicionar, aún más, una política forestal ya fuertemente dependiente
del eucalipto debido a Ence. Altri cambió el emplazamiento de la factoría a Palas de Rei precisamente por necesitar el suministro de eucalipto. Esta nueva situación le garantiza el acceso en un radio de 60 km a la principal zona de producción de
esta madera, la llamada área Santiago-Meseta, que ya ha superado a A Mariña en talas de eucalipto -cada año corta cerca de un millón de toneladas de eucalipto casi lo que precisa Altri para funcionar-. Asimismo, estaría próxima al área
Bergantiños-Mariñas coruñesas la segunda área en importancia de producción de eucalipto y a otras comarcas productoras.
En conclusión, el BNG considera que es preciso que el Gobierno priorice la preservación del medio natural, la adecuada gestión de los recursos hídricos y el mantenimiento de la actividad agroganadera y marisquera de Galiza en el momento en
que se evalúe la concesión de fondos europeos, optando por proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible de nuestro país en lugar de financiar la instalación de una pastera que, ciertamente, causará un tremendo impacto ambiental y que está
generando el rechazo del conjunto de la sociedad gallega.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Revisar con rigor el proyecto de la empresa Altri para la instalación de una planta de pasta de celulosa líquida y fibra textil y sus infraestructuras en el municipio de Palas de Rei (Lugo) y tener en cuenta los numerosos alegatos
presentados por parte de distintos colectivos, organizaciones y entidades de todos los ámbitos en el proceso de Información Pública abierto por la Xunta de Galiza el 4 de marzo.
2. Rechazar la inclusión del proyecto de macro planta de celulosa líquida promovido por Altri entre las propuestas con financiación a cargo de ayudas públicas del PERTE de descarbonización, así como el acceso a cualquier otra ayuda directa
o crédito, por su enorme impacto ambiental, su afectación a la actividad agroganadera, a los recursos hídricos, al ecosistema del río Ulla, a la riqueza marisquera y pesquera de la Ría de Arousa y a espacios de la Red Natura, incumpliendo claramente
los criterios fijados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que indica que los proyectos deben contribuir a asentar economías más sostenibles y mejor preparadas para las transiciones ecológicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao financiamento a cargo de fondos europeos do proxecto de ALTRI de instalar unha macroplanta de celulosa líquida en Palas de Rei para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
O proxecto da empresa portuguesa Altri de instalar na Galiza unha suposta planta fibras téxtiles (lyocell) comezou a xerarse hai algo máis de dous anos, sendo aínda Presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo. Primeiramente, a empresa
barallaba instalarse na comarca da Mariña ou nas Pontes, mais no ano 2022 decidiu cambiar a proposta de ubicación a Palas de Rei. A principal alegación foi que descartaba As Pontes polo impacto sobre o río Eume, porén, agora, cando xa ficou claro
que é un proxecto diferente do anunciado inicialmente e que consiste, sobre todo, na produción de celulosa nega o seu impacto sobre o río Ulla, o espazo da Rede Natura Ulla-Deza e a Ría de Arousa.
O plan non foi explicado con transparencia por parte da compañía nin por parte da Xunta no momento inicial, mais agora estanse a coñecer cuestións de fondo que causan grande preocupación no conxunto da sociedade galega. O proxecto de Altri
suporá unha auténtica 'bomba ambiental' e causará un enorme impacto nas comarcas da Ulloa, de Terras de Melide, do Ulla e do Sar e tamén na Ría de Arousa. Unha afectación que está xerando unha forte mobilización social, dos veciños e veciñas,
entidades ecoloxistas, forzas políticas e dos sectores produtivos que se van ver directamente prexudicados na súa actividade económica.
No momento actual, fica claro que o que Altri pretende instalar en Palas de Rei non é unha biofactoría de fibras téxtiles, senón unha fábrica de celulosa líquida que multiplica por tres o tamaño de Ence na Ría de Pontevedra. Unha planta
altamente contaminante nunha zona enormemente sensíbel.
Alén do máis, Altri -a través de Greenfiber, unha sociedade constituída en agosto de 2022 en que a empresa lusa é a accionista maioritaria e a galega Greenalia posúe o 25 % restante- ten feito público en reiteradas ocasións que reclama
financiamento a cargo de fondos europeos, porén, sería completamente contraditorio que se utilicen recursos públicos do chamado PERTE de descarbonización para apoiar a instalación dunha industria altamente contaminante nun contexto de loita contra o
Cambio Climático.
A promotora ten previsto un investimento duns 900 millóns de euros, dos cales reclama que 250 millóns sexan a cargo de axudas públicas. A Xunta da Galiza, que xa declarou de interese estratéxico este proxecto en decembro de 2022 para darlle
prioridade na súa tramitación e reducir os prazos ordinarios, apelou ao Goberno central para que garanta o acceso aos Next Generation, en concreto aos PERTE de descarbonización. Así, aínda que Altri ficou fóra dos PERTE anteriormente licitados,
agarda recibir fondos na cuarta convocatoria prevista para o mes de xuño. Neste mesmo sentido, foi feito público que a compañía tamén iniciou contactos co Goberno do Estado para obter un compromiso de financiamento.
Hai que lembrar que os criterios fixados no Mecanismo de Recuperación e Resiliencia fan referencia a que os proxectos a financiar deben contribuír a asentar economías máis sustentábeis e mellor preparadas para as transicións ecolóxicas e
dixitais. Polo tanto, non pode ampararse o desenvolvemento de industrias que afectan negativamente ao medio ambiente, á protección da biodiversidade e a un uso sustentábel dos recursos hídricos.
O Regulamento (UE) 852/2020 relativo ao estabelecemento dun réxime para a promoción do investimento sustentábel, fixa no seu artigo 9 cales son os obxectivos medioambientais que os proxectos deben respectar. Menciónase expresamente que
deben servir para a mitigación do cambio climático, a adaptación ao cambio climático, o
uso sustentábel e a protección dos recursos hídricos e mariños, a transición para unha economía circular, a prevención e control da contaminación e, finalmente, a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas. Isto é, os
proxectos non poden afectar negativamente a un ou a varios destes obxectivos para seren considerados investimentos sustentábeis e, consecuentemente, seren financiados polo PERTE, criterios que como veremos a continuación non se compren no proxecto
promovido por Altri.
Ao anterior debe engadirse a necesaria vixencia do principio de precaución en sede medioambiental. Dito principio está consagrado como un dos fundamentos da política comunitaria en materia de medio ambiente no artigo 191 do Tratado de
Funcionamento da Unión Europea, a fin de garantir un elevado nivel de protección do medio ambiente mediante a toma de decisións preventivas en caso de risco.
É por todo isto que o Goberno do Estado ten que analizar rigorosamente este proxecto, contrastar a información e escoitar as denuncias da sociedade civil para coñecer a realidade da proposta.
O Goberno galego fixo bandeira deste proxecto sen reparar nas consecuencias negativas para o conxunto do País. Xa ten requirido ao Goberno do Estado para que garanta o acceso ao financiamento e tamén o acceso á rede de transporte eléctrica
de forma que inclúa na súa planificación a subestación que esta planta precisaría para a súa operatividade. Fica claro, polo tanto, que a Xunta está optando por defender os intereses da empresa promotora por riba do benestar e o futuro da Galiza.
É debido á verdadeira natureza do proxecto que este está a contar co rexeitamento social, ante o grande impacto ambiental, o elevado consumo de auga xunto coa contaminación dos recursos hídricos, a afectación á planificación forestal e á
produción agro gandeira ou marisqueira.
A planta pasteira precisaría captar máis de 16 millóns de metros cúbicos ao ano de auga procedente do encoro de Portodemouros, é dicir, uns 46.000 metros cúbicos de auga ao día, consumiría máis auga que unha poboación de 350.000 persoas.
Seguindo co ciclo, a planta vertería ao río Ulla en torno ao 80 % da auga despois de sometela a procesos industriais contaminantes e de depuración industrial, río que desemboca na Ría de Arousa, unha ría rica en produtividade marisqueira, actividade
da que viven máis de 4.000 familias, pois só nesta ría prodúcese 70 % do mexillón galego.
A contaminación non só se produciría a través da auga utilizada, senón que tamén pola emisión á atmosfera de xofre reducido, óxidos de xofre, óxidos de nitróxeno, monóxido e material particulado, entre outros, o que afectaría á calidade do
aire.
Distintas organizacións ecoloxistas teñen denunciado que se tratou de ocultar o impacto sobre a Rede Natura 2000 e sobre especies endémicas en perigo de extinción, sobre todo na Zona Especial de Conservación (ZEC) Serra do Careón. Na
contorna hai especies endémicas como a magarza de Barazón ou a santolina de Melide que están catalogadas como especies vulnerábeis. Denuncian que Altri ocultou na documentación presentada a presenza destas especies dentro das zonas que a empresa
pretende ocupar.
Esta macro planta precisaría ocupar unha superficie de 360 hectáreas nunha zona cun grande valor natural, afectando tamén á área DOP Arzúa-Ulloa, con numerosas explotacións agro gandeiras, moi importante na produción láctea, sen esquecer o
seu atractivo turístico por ser zona de paso do Camiño de Santiago.
Por outra parte, esta factoría precisaría abastecerse cada ano de 1,2 millóns de toneladas de eucalipto e deixaría 30.000 metros cúbicos de residuos. Polo tanto, vai condicionar aínda máis unha política forestal xa fortemente dependente do
eucalipto debido a Ence. Altri cambiou o emprazamento da factoría a Palas de Rei precisamente por precisar do subministro de eucalipto. Esta nova situación garántelle o acceso nun radio de 60 km á principal zona de produción desta madeira, a
chamada área Santiago-Meseta, que xa ten superado á Mariña en cortas de eucalipto -cada ano corta preto dun millón de toneladas de eucalipto case o que precisa Altri para funcionar-. Así mesmo, estaría próxima á área Bergantiños-Mariñas coruñesas a
segunda área en importancia de produción de eucalipto e a outras comarcas produtoras.
En conclusión, o BNG considera que é preciso que o Goberno priorice a preservación do medio natural, a adecuada xestión dos recursos hídricos e o mantemento da actividade agro gandeira e marisqueira da Galiza no momento en que se avalíe a
concesión de fondos europeos, optando por proxectos que favorezan o desenvolvemento sustentábel do noso País en lugar de financiar a instalación dunha pasteira que, de seguro, causará un tremendo impacto ambiental e que está a xerar o rexeitamento
do conxunto da sociedade galega.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Revisar con rigor o proxecto da empresa Altri para a instalación dunha planta de pasta de celulosa líquida e fibra téxtil e as súas infraestruturas no municipio de Palas de Rei (Lugo) e ter en conta as numerosas alegacións presentadas
por parte de distintos colectivos, organizacións e entidades de todos os ámbitos no proceso de Información Pública aberto pola Xunta de Galiza o 4 de marzo.
2. Rexeitar a inclusión do proxecto de macro planta de celulosa líquida promovido por Altri entre as propostas con financiamento a cargo de axudas públicas do PERTE de descarbonización, así como o acceso a calquera outra axuda directa ou
crédito, polo seu enorme impacto ambiental, a súa afectación á actividade agro-gandeira, aos recursos hídricos, ao ecosistema do río Ulla, á riqueza marisqueira e pesqueira da Ría de Arousa e a espazos da Rede Natura, incumprindo claramente os
criterios fixados no Mecanismo de Recuperación e Resiliencia que indica que os proxectos deben contribuír a asentar economías máis sustentábeis e mellor preparadas para as transicións ecolóxicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel Pozueta Fernández, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, al amparo del vigente Reglamento presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la línea de muy alta tensión, 400 KV y 270 km de longitud entre
Zaragoza y Gatika, para su inclusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Aragón se ha convertido en la segunda Comunidad del Estado con mayor presencia de energía eólica. Decenas de parques eólicos, parques de iniciativa privada, del grupo Forestalia.
En esta iniciativa nos referimos a una línea de muy alta tensión, 400 KV y 270 km de longitud entre Zaragoza y Gatika, para la evacuación de la electricidad generada en los polígonos eólicos de esta empresa: Keneo, Kaori, Kari, Kasumi,
Keiko y Kirin, situados en las inmediaciones de Uncastillo (Zaragoza).
Esta infraestructura se internaría en Navarra en Carcastillo, atravesando después 29 municipios más en la Comunidad Foral de Navarra para continuar en dirección a la Comunidad Autónoma Vasca.
Además esta línea que iría paralela a la que proyecta Red Eléctrica Española por todo el valle de Sakana. Este proyecto que cuenta con el rechazo de las cuatro autonomías
colindantes con Aragón, Navarra una de ellas, genera una enorme preocupación en todas las zonas afectadas por esta macroinfraestructura proyectada.
El pasado 9 de octubre de 2023 se publicó en el BOE que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha otorgado una Declaración de Impacto Ambiental favorable con condiciones a la línea de alta tensión que proyecta la
empresa Forestalia, que parte de su recorrido sería paralelo a la LAT de 400 kilovoltios de REE, que tanta contestación social generó en su día por los importantísimos impactos medioambientales que tenía.
Entre las condiciones que el Ministerio impone al proyecto destaca la de que la línea de Forestalia comparta apoyos con la línea de REE 'siempre y cuando sea técnica y normativamente posible'. En la Declaración de Impacto Ambiental se
indica: 'La propuesta final de ejecución de la línea ha de obtener el informe favorable de los órganos ambientales de las comunidades autónomas afectadas por la ejecución de la misma'.
El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del gobierno de Navarra emitió informe desfavorable:
'La infraestructura de evacuación se considera INVIABLE ambientalmente en lo que respecta a su afección en la Comunidad Foral de Navarra. El proyecto resulta totalmente insostenible e incompatible con la conservación de los valores
ambientales, sociales, culturales y paisajísticos que esta Administración trata de proteger.'
(Zonas de especial conservación, Zonas de especial protección para las aves, Entornos de enorme valor ecológico, Afección para especies en peligro de extinción, La LAT se aproximaría a varios bienes de interés arqueológico y arquitectónico,
Zonas de protección para la avifauna, Impacto acumulativo por el gran número de parques ya existentes a ambos lados de la LAT, Pérdida de conectividad).
Por último, se debe tener en cuenta también que la Fiscalía aprecia indicios de delitos ambientales y de prevaricación en la tramitación de 62 centrales eólicas y solares y cuatro líneas eléctricas desplegadas por Teruel, Zaragoza y Huesca.
Los fiscales aprecian en sus denuncias ante los juzgados indicios de la posible existencia de delitos ambientales en la tramitación de los expedientes por, básica y presuntamente, omitir la ocupación de áreas protegidas o su cercanía a
algunas de ellas.
Además de por analizar proyectos troceados sin tener en cuenta su impacto conjunto, o por saltarse exigencias procedimentales en cuanto a plazos de tramitación, periodos de información pública o formatos administrativos o, también, por
carecer de los preceptivos estudios arqueológicos en algunos casos.
Desde hace años se lleva advirtiendo la especulación que se está dando en torno a la gestión de la energía renovable al ser considerada por muchas empresas como un nicho de negocio.
Y pese a la controversia, señalan en Forestalia, ningún proyecto se ha paralizado.
Por todo ello presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a que, teniendo en cuenta el informe desfavorable del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del gobierno de Navarra y la postura
de las entidades locales afectadas, emita un informe desfavorable a la línea de muy alta tensión, 400 KV y 270 km de longitud entre Zaragoza y Gatika.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-Isabel Pozueta Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
161/000619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la 'Adopción de medidas y
actuaciones de impulso para la recuperación ambiental del litoral de Balerma (Almería)', para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El sistema costero y, particularmente sus playas, constituyen uno de los valores más importantes de nuestro país. No solo desde el punto de vista medioambiental o paisajístico, sino también desde el punto de vista económico, turístico,
demográfico, social y cultural.
En el caso de Andalucía, esos factores se acentúan por su privilegiada situación geográfica. Así, los datos hablan por sí solos, la mayoría de sus provincias tienen dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y su costa alcanza 1.000
kilómetros lineales. La biodiversidad del medio terrestre y marino de Andalucía es de una extraordinaria riqueza, siendo al mismo tiempo fuente de riqueza y motor económico que hay que preservar e impulsar por parte de todas las Administraciones
competentes y evitar así el deterioro del litoral andaluz.
Tal es el caso del frente litoral de Balerma, localidad perteneciente al municipio de El Ejido, en la Costa de Almería. El avance del nivel del mar afecta ya de manera considerable al patrimonio público, a bienes privados, al medio ambiente
y al propio paisaje de la playa, con graves repercusiones económicas, sociales y de salud para los propios vecinos.
Desde el pueblo de Balerma, su Junta Local, la Mesa de trabajo para la estabilización de su playa, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de El Ejido y desde el Partido Popular de Almería, llevamos años reclamando una solución definitiva
y estructural al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Gobierno de España, que revierta la situación de pérdida y regresión del litoral que padece la costa de Balerma, especialmente agravada en los últimos años.
El pasado 31 de diciembre de 2023 finalizó la prórroga de cuatro meses solicitada por la empresa encargada de llevar a cabo las prospecciones para hallar bancos de arena en el fondo marino adecuados para la regeneración de la playa. Unas
prospecciones que son necesarias para la ejecución del proyecto escogido por la Dirección General de la Costa y el Mar del 'Estudio de alternativas para la Recuperación Ambiental del Litoral de Balerma desde la Rambla de Balanegra y hasta el Espigón
de la Peña del Moro'.
Hace unos meses se llevó a cabo una nueva aportación de 23.500 m3 de arena que en solo un mes y medio ha desaparecido por completo tras los temporales de estas últimas semanas.
Por tanto, tras la preocupante situación actual de la playa de Balerma, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar medidas transitorias, mientras ejecuta una solución definitiva, que ayuden a estabilizar la playa de Balerma, tales como retener la arena con sacos geotextiles de contención, ya que, tras los últimos temporales, ha desaparecido
la aportación de 23.500 metros cúbicos de arena de hace apenas un mes y medio.
2. Agilizar los plazos a la mayor brevedad, ante el deterioro progresivo de la costa de este núcleo de población, y lleve a cabo la urgente y necesaria solución estructural y definitiva de estabilización de la playa de Balerma, que no
requiera mantenimiento y movimientos de arena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Ana Martínez Labella, Maribel Sánchez Torregrosa y Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a
intervención urgente para acometer las carencias en infraestructuras hidráulicas de la provincia de Huelva, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La provincia de Huelva presenta una serie de singularidades hídricas, que siendo en un principio favorables pese a su situación geográfica peninsular, resultan sin embargo desaprovechadas por falta de las adecuadas inversiones de manera
histórica en las infraestructuras necesarias para su aprovechamiento.
Además de dicho déficit histórico en infraestructuras, la evolución tanto de la población provincial como de las oportunidades económicas surgidas en decenios anteriores, ligadas tanto a productos de regadío, como industria química o
turística, entre otros factores, aumentan y evidencian las carencias en embalses y las conexiones hídricas de la provincia, que se agudizan gravemente en momentos cíclicos como el que nos encontramos de sequía prolongada.
Pese a ello, el balance hídrico provincial podría llegar a ser positivo, pero por dichas carencias termina produciéndose la absurda circunstancia doblemente grave: en unos casos el agua embalsada se encuentra en lugares que no la usan en el
marco de su volumen de aprovechamiento, dadas las características del sistema de explotación del Tinto, Odiel y Piedras y de otras infraestructuras de aguas de la provincia, no todo el recurso embalsado está disponible. Lo más grave aún, por falta
de infraestructuras desde hace años aprobadas, pero en las cuales no se invierte ni se ejecutan por el Gobierno de España, una gran cantidad de hectómetros cúbicos se desaprovecha en términos de recursos.
Mientras que en el agua embalsada en la provincia de Huelva va disminuyendo por las demandas propias del sistema, en situaciones de abundantes lluvias, algunas presas de Huelva tienen que aliviar agua constantemente; infraestructuras como
la Presa de Alcolea (con una futura capacidad de embalse de 220 metros cúbicos) están paralizadas y las precipitaciones desde el 1 de enero de 2024 hasta 31 de marzo de 2024, con los datos exportados a día 2 de abril de 2024 son de 222,25 Hm3, de
los cuales, en el mes de marzo se ha aforado 113,35 Hm3. Es decir, 222 Hm3 de agua se han vertido directamente al mar por no estar hecha dicha presa.
La responsabilidad de las infraestructuras demandadas corresponde en exclusiva al Gobierno de España.
Desde el año 2019, fecha en la que asume el Gobierno de la Junta de Andalucía el Partido Popular, las inversiones de la parte correspondiente a la Junta de Andalucía se han ejecutado sobrepasando incluso en algunos casos las propias
obligaciones, y se han ejecutado y se están ejecutando obras que son competencia del Estado, a la espera de las consignaciones económicas que le corresponden en la ejecución de proyectos pendientes de aprobación, iniciación, consignación e impulso
por el Estado.
A todo esto, el Gobierno de España se limita a un continuo anuncio de inversiones provinciales que en la gran mayoría de las ocasiones no se encuentran respaldadas por consignación presupuestaria alguna o falsean la realidad, como es el caso
de la anunciada obra del túnel de San Silvestre, que siendo muy necesaria, deja sin embargo un resultado idéntico al volumen de aprovechamiento y capacidad actual, tal y como viene recogido en la DIA que da soporte a dicha obra (BOE martes 15 de
febrero de 2022), sin que se vaya a modificar el actual caudal máximo de 10 m3/s.
Si tan solo tuviéramos que referirnos a las ejecuciones más acuciantes y urgentes, enumeraríamos: la Presa de Alcolea, la Presa de La Coronada, la Presa de Pedro Arco, y
la del Corunjoso, así como impulsar y desbloquear el Canal de Trigueros, previa conclusión de las obras que debe acometer el Estado, recogidas en los distintos Planes Hidrológicos y las restantes leyes estatales, especialmente la Ley
10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, aprobado para atender el déficit estructural de recursos
hídricos superficiales de la comarca de Doñana y preservar el equilibrio de los ecosistemas asociados al mismo.
Los incumplimientos de plazos reiterados, las falsedades en pseudo informaciones, las dilaciones y las continuas carencias ya no solo de inversión, sino de verdadera intención, no deben ni pueden ser soportadas por más tiempo por la
provincia de Huelva, so pena de castigar a la provincia y cercenar gravemente sus posibilidades de desarrollo presente y futuro.
Mientras que los incumplimientos de plazos, ejecuciones e inversiones por parte del Estado se suceden pese a su reiterada publicidad e incluso aprobación.
Representantes del Gobierno se ha ocupado de visitar la zona para realizar anuncios consumados y prometer el inicio de las obras, que se han incumplido.
Por contra y pese a la carencia de obligaciones estatutarias en muchos casos, la Junta de Andalucía ha realizado ya inversiones provinciales en esta materia, y están en fase de redacción proyectos, otras en licitación, incluyendo 4 decretos
de emergencia por sequía, por valor de más de 500 millones de euros.
La situación actual alcanza una tensión, agravada por el ciclo de sequía, pero también por la reiterada injusticia y maltrato a la Provincia de Huelva, en materia de inversiones en infraestructuras hídricas que exige definitivamente una
contundencia en las peticiones de cumplimiento de obligaciones, no de favores, por parte del Estado español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplicar con carácter de urgencia las dotaciones económicas necesarias por vía de urgencia de todas las obras y agilizar la ejecución de las infraestructuras hidráulicas recogidas y aprobadas
tanto en la Planificación Hidrológica, como en la Ley 10/2018.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Bella Verano Domínguez, Manuel García Félix, César Sánchez Pérez y Javier José Folch Blanc, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Cultura
161/000600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río e Ignacio Hoces Íñiguez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento y divulgación de la figura de doña Beatriz Galindo, 'La Latina', para su discusión en la Comisión de
Cultura.
Exposición de motivos
Primero. Breve biografía de doña Beatriz Galindo, 'La Latina'.
De la vida de doña Beatriz Galindo, apodada 'La Latina' por su notable fama en el conocimiento del latín, se sabe lo suficiente para poder concluir que tuvo una vida intensa repleta de sucesos y actos que, sin temor a caer en afirmaciones
aventuradas, bien pueden categorizarse de extraordinarios para una mujer que vivió a caballo entre el siglo XV y XVI 5.
Aunque la fecha exacta de su nacimiento es dudosa, se sabe que doña Beatriz Galindo nació en Salamanca, aproximadamente en 1465, en el seno de una familia de la baja nobleza castellana. Gracias a una dedicada educación, 'La Latina' destacó
sobremanera desde que era una niña en el campo de las Humanidades: hasta tal punto sobresalía en algunas de las disciplinas, como la Gramática y la lengua latina, que cundió el asombro entre de los académicos de la Universidad de Salamanca.
Así, su fama de mujer sabia, leída y culta llegó a oídos de Isabel la Católica, quien se interesó tanto por ella que la mandó llamar a la Corte. Pronto fue consciente de sus especiales dotes intelectuales y la convirtió en su maestra, de
sus hijas y de otras damas de su círculo más íntimo.
A pesar de que no se sabe con absoluta certeza que doña Beatriz Galindo pudiera llegar a ser considerada consejera de la Reina Isabel, tampoco es descabellado afirmar que gozaba de la confianza de la reina y que esta se dejaba instruir por
ella. Fruto de este estrecho contacto diario es muy probable que 'La Latina' ascendiera peldaños en el círculo de personajes que influían en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y religiosas de Isabel I de Castilla. También,
probablemente, influyeron en este especial apego de la Reina Isabel por Beatriz Galindo su características discreción y virtud.
Otra de las contribuciones de doña Beatriz Galindo a su tiempo, más desconocida, fue su especial preocupación por la situación de desamparo de muchos de sus contemporáneos. Esta nota social en su vida se manifestó en la construcción de un
hospital en Madrid, precisamente localizado en el barrio que hoy lleva su sobrenombre. Allí se atendía no solo a enfermos, sino a desvalidos, necesitados y, especialmente, mujeres, niños y huérfanas. Igualmente, hizo construir en el centro
sanitario unas dependencias para ella y sus dos hijos, con lo que no se desentendió de esta labor social tras su puesta en marcha, sino que, más bien, procuró alentar y preocuparse por su buena dirección, llevanza e impacto positivo en la sociedad
madrileña.
Junto al lanzamiento de esta iniciativa hospitalaria, doña Beatriz Galindo, inspirada por la política religiosa reformista de Isabel la Católica, fundó dos conventos concepcionistas, también en Madrid: la Concepción Jerónima y la Concepción
Francisca. Iniciativas con las que contribuyó sobremanera al bienestar espiritual de la sociedad de su tiempo.
Doña Beatriz Galindo, tras enviudar en 1501, se dedicó a tiempo completo a estas iniciativas religiosas y sociales y abandonó la corte de los Reyes Católicos. Esto le permitió, igualmente, mantener la tutela de sus dos hijos y desarrollar
un excepcional manejo de los asuntos privados de su patrimonio, lo que confirma su talento no solo para las Humanidades, sino también para los asuntos públicos y su propia hacienda. Únicamente se sabe que abandonó en una ocasión temporalmente
Madrid para acudir a los actos fúnebres de la Reina Isabel.
'La Latina' murió en Madrid en 1535, dejando tras de sí un inmenso legado para la ciudad de Madrid y para la historia de España. Tal fue su buena reputación que el Rey Fernando 'el Católico' la visitó en su hospital tras la muerte de su
esposa Isabel de Castilla. También hizo lo propio, más adelante, el Rey Carlos I.
5 Aproximación biográfica basada en la ficha de la Real Academia de la Historia: https://dbe.rah.es/biografias/10051/beatriz-galindo.
Segundo. Divulgar y encumbrar la figura de doña Beatriz Galindo, 'La Latina', modelo de sabiduría y servicio público.
La figura de doña Beatriz Galindo 'La Latina' rompe los esquemas de muchos hoy en día: una mujer que influyó notablemente en la política de su tiempo a través de las Humanidades y su especial relación con Isabel la Católica. Su biografía
puede servir, igualmente, para promover una referencia para los españoles del siglo XXI: un modelo de virtudes y sabiduría que destacó excelentemente por sus dotes para el latín y otras disciplinas humanísticas y que se implicó especialmente en el
cuidado de los más desfavorecidos.
Igualmente, cabe destacar su concreta preocupación por la promoción de las mujeres y la cultura: así lo demuestra su mecenazgo religioso y su inquietud por criar e instruir a niñas huérfanas para que pudiesen salir adelante.
Estas habilidades para las letras, para la enseñanza y para los asuntos públicos son datos suficientes para tratar de divulgar en todos los niveles educativos y en la sociedad española en general, a través de los instrumentos de las
administraciones públicas, la vida y contribución de doña Beatriz Galindo 'La Latina' a España y su tiempo.
Asimismo, llama poderosamente la atención que en las 15 legislaturas de los últimos más de 45 años no se haya dedicado ninguna atención ni ninguna iniciativa parlamentaria a doña Beatriz Galindo. Es una injusticia histórica que los
legisladores del Congreso de los Diputados no hayan prestado ningún minuto a debatir una Proposición no de Ley destinada a encumbrar una figura de tanta valía para nuestra historia.
Tercero. Conclusión.
Reconocer la aportación de Beatriz Galindo a la historia de España es un deber y una necesidad, toda vez que, a pesar de que goza de honores como titular con su alias de un barrio, una parada de metro y un monumento en Madrid, aún es
ampliamente desconocida por la mayoría de los españoles.
Difundir entre nuestros compatriotas personajes históricos ejemplares puede ser beneficioso por partida doble: para profundizar en nuestra extensa historia, repleta de personajes, anécdotas y hazañas, y para sacar a la luz figuras que
destacaron por vivir habilidades y virtudes que pueden ser especialmente útiles para el día a día personal y profesional de los españoles que, sirviendo para su prosperidad personal, repercuten positivamente en última instancia a toda la comunidad,
al bien común.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Divulgar la figura de doña Beatriz Galindo 'La Latina' con conmemoraciones y homenajes a su trayectoria vital así como al reconocimiento de sus aportaciones a la Historia de España.
2. Promover la elaboración de materiales didácticos sobre la contribución de doña Beatriz Galindo 'La Latina', poniéndolos a disposición de los centros educativos.
3. Añadir en el catálogo de las bibliotecas públicas obras relacionadas con la vida y figura de doña Beatriz Galindo.
4. Impulsar, desde los canales de radiotelevisión de la Corporación RTVE, la divulgación y promoción de la figura de doña Beatriz Galindo 'La Latina', con el fin de reconocer su sabiduría y aportación fundamental a la historia de España
como maestra y consejera de Isabel la Católica, además de su destacable contribución social en Madrid.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2024.-Joaquín Robles López, Blanca Armario González, José Ramírez del Río e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los documentos medievales
procedentes de instituciones monásticas gallegas y conservados en el Archivo Histórico Nacional, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Las diferentes medidas desamortizadoras que tuvieron lugar en nuestro país en el siglo XIX, a partir de 1835, supusieron una verdadera transformación de la situación económica del país, pero también un enorme cambio social y cultural. La
desamortización pretendió, en primer lugar, a través de la supresión de las órdenes religiosas, que los bienes de conventos y monasterios pasasen a manos del gobierno, con el objeto de que fuesen vendidos y que con su producto se pagase la abultada
deuda pública. De esa manera, una masa enorme de tierras, bienes muebles e inmuebles, pasaron a propiedad del Estado.
En relación con el contenido de archivos y bibliotecas de estas instituciones eclesiásticas que desaparecieron, el gobierno ordenó primero que se examinase, inventariase y custodiase todo su contenido, al igual que todas las obras
artísticas, a la espera de su destino final. En 1836 se aprobó un reglamento, estableciendo que el destino de los archivos, libros, cuadros y objetos 'de ciencias y arte' serían las bibliotecas y museos provinciales que se estaban creando, o en su
caso, las academias e instituciones de instrucción ya existentes. En 1844 se instituyeron a través de una Real Orden las Comisiones de Monumentos provinciales, a las que se encomendó la tarea de reunir documentos, libros, códices y objetos
artísticos dispersos por cada provincia para evitar su desaparición, para que pasasen, en cambio, a las bibliotecas y museos provinciales.
Pero los gastos que conllevaba tanto el inventario de los diferentes materiales como los traslados de éstos dificultaron la finalización de estos procedimientos, quedando muchos libros, documentos y objetos varios pertenecientes a los
monasterios más alejados, almacenados durante años sin vigilancia alguna, expuestos a expolios y al deterioro consecuencia del paso del tiempo. Otros, trasladados a Madrid, quedaron depositados provisionalmente en el Ministerio de Hacienda. Con el
paso del tiempo, la Real Academia de la Historia solicitó responsabilizarse de su custodia, un hecho que se produjo en 1850, pero que también resultará provisional, hasta la creación del Archivo Histórico Nacional en 1866. En esta creación tuvo una
decisiva influencia el informe que redactaron Pascual de Gayangos y Tomás Muñoz, en el que evidenciaron la imposibilidad de la Real Academia de la Historia de acometer la organización de la documentación monástica, e instaron a la creación del
Archivo Histórico Nacional.
El Archivo Histórico Nacional se creó el 28 de marzo de 1866 6 para albergar esos fondos documentales procedentes de monasterios y conventos afectados por las desamortizaciones. El Real Decreto de creación dice expresamente: 'se adoptarán
las disposiciones necesarias a fin de que sean trasladados al Archivo Histórico Nacional todos los documentos procedentes de las suprimidas comunidades monásticas que existan en las Administraciones'. Nace por tanto con vocación histórica y
documental, y no como archivo administrativo, convirtiéndose en uno de los más importantes depósitos diplomáticos de la Edad Media que existe en Europa.
Los fondos procedentes de las órdenes monásticas son los que conservan los documentos más antiguos, indispensables para el conocimiento de los siglos de la Alta Edad Media peninsular, abarcando los fondos un período histórico muy largo,
desde el
6 Seguimos los artículos publicados por Luis Miguel de la Cruz Herranz, en especial 'La sección de Clero del Archivo Histórico Nacional', en Jornadas Científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV), Madrid, UCM,
2003, pp. 373-432.
siglo IX hasta comienzos del siglo XIX, con pergaminos sueltos, legajos, códices y libros, así como mapas, planos y dibujos. Destacan en número de documentos los de procedencia de Tarragona (por el fondo de Poblet) seguida por los
documentos de entidades situadas en la provincia de Lugo, como los San Xulián de Samos, Santa María de Ferreira y San Salvador de Lourenzá, en esta provincia; San Martiño Pinario en Santiago, Santa Eulalia de Curtís, San Sebastián de Monte Sacro
(Pico Sacro) y San Pedro de Soandres, todos en la provincia de A Coruña; San Salvador de Lérez en Pontevedra y San Salvador de Celanova en Ourense. 7
Pero no todos los fondos archivísticos y documentales procedentes de los monasterios y conventos de Galicia tuvieron como destino el Archivo Histórico Nacional. La única biblioteca recuperada intacta, la del monasterio de San Martiño
Pinario en Santiago, fue cedida en el mismo año de 1835 a la Universidad de Santiago de Compostela. La biblioteca del monasterio de Santa María de Montero, en cambio, se perdió por completo, al igual que la de Santa María de Sobrado. En la
agrupación de documentos procedentes de archivos monásticos fue decisiva la figura del político gallego Luis López Ballesteros, que fue director de la Real Academia de la Historia, y que comisionó al ya mencionado Pascual Gayangos para que visitase
Galicia, recopilando y ordenando la documentación y encargándose personalmente de su traslado a Santiago. Los fondos eclesiásticos procedentes de la desamortización y procedentes en cambio de los monasterios de Caaveiro, Cambre, Xubia, Montero, San
Martiño Pinario, Sobrado, los conventos, colegiata y parroquias de A Coruña, San Francisco de Betanzos y Santa Catalina de Montefaro pasaron al Archivo del Reino de Galicia.
No obstante, el Archivo Histórico Nacional fue el destino principal de la documentación gallega 8, incorporándose al apartado de Instituciones Eclesiásticas, que cuenta con 2090 fondos documentales, 1382 de órdenes masculinas y 708 de
femeninas, correspondientes a 26 órdenes religiosas, del Secular, con 96 fondos de catedrales y 2011 de iglesias parroquiales, colegiatas y ermitas, y los de Instituciones Pías y Asistenciales, con 110 fondos de hospitales. Junto con los fondos
depositados en el Archivo del Reino de Galicia, se trata del fondo documental más importante de la Edad Media gallega.
El 21 de junio de 2006, el Congreso de los Diputados aprobó en la Comisión de Cultura, por unanimidad, una proposición no de ley relativa a los archivos monásticos gallegos, cuyo texto decía: 'El Congreso de los Diputados insta al gobierno
a firmar un convenio entre la Xunta de Galicia y el Ministerio de Cultura para que los archivos de las instituciones eclesiásticas, pías y asistenciales gallegas que pasaron a manos del Estado como consecuencia de las medidas desamortizadoras del
siglo XIX sean objeto de reproducción, por los medios y en las condiciones que se estime oportuno, para su incorporación a los archivos históricos provinciales de su correspondiente demarcación'.
Dicho convenio nunca se firmó, aunque parece que sí se realizaron las reproducciones de la documentación de origen gallego en papel, pero nunca fueron trasladadas a Galicia,
7 Cruz, Luis Miguel de la, 'La sección de Clero del Archivo Histórico Nacional'.
8 El AHN alberga fondos procedentes de las siguientes Instituciones monásticas gallegas: Santa María de Montederramo, Santa Comba de Naves, Santa María de Oseira, Santo Estevo de Ribas do Sil, Santa María de Ribeira, San Pedro de Rocas,
Santa María de San Clodio do Ribeiro, San Salvador de Sobrado de Trives, San Salvador de Celanova, Santa María de Xunqueira de Espadañedo, Santa María de Melón, San Pedro de Ramirás, Santo Domingo de Ribadavia y Santa Clara de Allariz, en la
provincia de Ourense; San Pedro de Vilanova de Dozón, Santa María de Armenteira, San Lourenzo de Carboeiro, Santa María de Franqueira, San Salvador de Lérez, Santo Domingo de Pontevedra, Santa María de Acibeiro, San Francisco de Pontevedra, Santa
María de Oía, San Xoan de Poio, Santo Domingo de Tui, Santa Clara de Pontevedra, San Pedro de Ansemil y San Salvador de Camanzo, en Pontevedra; San Marlño da Cova, San Miguel de Coelleira, San Salvador de Asma, San Xoan da Cova, San Andrés de
Orbea, San Salvador de Ferreira de Pantón, Santa María de Ferrelra de Pallares, San Salvador de Vilanova de Lourenzá, San Martiño de Vilaoriente y San Estebo de Chouzán, en Lugo; y San Xusto de Toxosoutos, Santa María de Montero, Santa María de
Mezonzo, San Xoan de Caabeiro, San Salvador de Pedroso, San Miguel de Breamo, San Antolín de Baíñas, San Antolín de Toques, San Cibrán de Bribes, San Martiño de Xubia, San Martiño Pinario, San Paio de Antealtares, San Pedro de Fora de Santiago, San
Pedro de Soandres, San Salvador de Bergondo, San Salvador de Cis, San Sebastián do Picosacro, Santa María de Cambre, San Cristobo de Dormeá, Sancti Spiritus de Melide, Santa Catalina de Montefaro, San Francisco de Santiago, Santa Clara de Santiago y
Santa María de Belvís de Santiago, en la provincia de A Coruña. Alvarez-Coca González, M.ª Jesús, 'La difusión del patrimonio del AHN', Cuadernos del Instituto de Historia de la Lengua (2018), 11, 69-93.
tal y como se había acordado en la comisión del Congreso y se debería haber establecido en el convenio.
Por ello es imprescindible que las acciones que fueron previstas y comenzadas hace ya más de 15 años se concluyan, procediendo a digitalizar esos documentos, y a vincular esas copias a los lugares de origen de los documentos, lo cual tiene
un valor simbólico importante, pues en esos documentos están muchas veces reflejados los testimonios de los antiguos habitantes de esas parroquias, sus nombres y los de sus familias, sus propiedades, sus creencias, sus devociones, así como los
nombres de los lugares donde vivían, y la información relativa a la actividad agraria, forestal, económica y social en general de todas esas parroquias, comarcas, aldeas, villas y ciudades.
El hecho de no poseer reproducciones digitales o en papel supone en ocasiones un perjuicio para la investigación, ya que no existe por ahora un acceso exhaustivo y en condiciones óptimas a esas fuentes, si no es a través de su consulta in
situ. Es cierto que el AHN realiza desde hace décadas, al compás de las innovaciones tecnológicas que se suceden, una enorme labor de divulgación de sus fondos, pero que el convenio propuesto y acordado no se haya firmado impide esa otra forma de
divulgación tan pertinente como es la consulta digital o el depósito de las copias de la documentación en los archivos de origen. Además del interés propio que suscita, esas fuentes de los siglos X al XV son determinantes e imprescindibles para el
conocimiento de la lengua, la literatura, la historia, la economía, la sociedad o la religiosidad de la población en las fechas en las que fueron suscritos.
Es por ello sumamente importante, en el contexto investigador actual y con el fin de mejorar la disponibilidad de las fuentes de estudio para el conocimiento, especialmente de la Edad Media, que Galicia pueda contar con la digitalización de
esas fuentes en el menor tiempo posible. Esto exige la finalización del esfuerzo de la Administración del Estado, principal interesada también en velar por el desarrollo de la investigación y el conocimiento sobre el pasado de Galicia,
enriqueciendo así el conocimiento sobre España en su conjunto.
Por todo lo expuesto, se presenta para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a firmar un convenio con la Xunta de Galicia, en el plazo máximo de seis meses, para poner a disposición de la comunidad autónoma las reproducciones digitales de toda la documentación
eclesiástica, pía y asistencial gallega que obra en poder de los archivos y bibliotecas estatales como consecuencia de las desamortizaciones del siglo XIX, con el objetivo de facilitar el acceso investigador.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Marta González Vázquez, Tristana Moraleja Gómez, Álvaro Pérez López, Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Rosa Quintana Carballo, Irene Garrido Valenzuela, Ana María
Pastor Julián, Pedro Puy Fraga, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela y Cristina Abades Martínez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para
su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, sobre la necesidad de que la banca española destine los fondos obtenidos por la remuneración de depósitos del Banco de España a reducir su infra capitalización.
Exposición de motivos
A finales de enero de 2024, las principales entidades financieras de nuestro país sorprendieron al público al anunciar sus impresionantes beneficios obtenidos durante el año 2023. Los resultados totales antes de impuestos ascendieron a
38.922 millones de euros, un aumento del 21,6 % con respecto al año anterior, marcando un récord histórico en los registros contables de los bancos.
Encabezando la lista de resultados se encuentra el Banco Santander con 16.459 millones de euros, seguido de BBVA con 12.419 millones, Caixabank con 6.924 millones, Sabadell con 1.891 millones y Bankinter con 1.229 millones. Estas cifras sin
precedentes, junto con los beneficios del año anterior (32.000 millones de euros), equivalen a seis veces el presupuesto del Estado destinado a sanidad, agricultura o servicios sociales.
El principal motivo detrás de estos impresionantes beneficios bancarios radica en la aplicación de una política monetaria restrictiva por parte del Banco Central Europeo (BCE) para combatir los niveles de inflación superiores al 10 % en la
Unión Europea. En tan solo 14 meses, el BCE elevó los tipos de interés de referencia en diez ocasiones, pasando del 0 % al 4,5 %. Esta medida, inusual tanto por su velocidad como por su objetivo de detener una inflación impulsada por factores de
oferta, ha tenido un impacto limitado según el informe anual del Banco de España del año 2022.
Este contexto de beneficios récord de la banca contrasta con la realidad de las personas que tienen hipotecas a tipo variable. Según datos del Banco de España y la Asociación Hipotecaria Española, en junio de 2022, justo antes del inicio de
la subida de tipos de interés por parte del BCE, más del 70 % de las hipotecas estaban sujetas a un tipo de interés variable.
Para hacernos una idea del impacto que ha supuesto el incremento en las familias con este tipo de producto, utilizando los datos de importe medio y plazo medio de las hipotecas en 2021 publicados por el INE (147.962 euros y duración de 25
años), y estableciendo un tipo del 1 % más Euribor revisable anualmente, podemos estimar que la cuota mensual se ha incrementado en más de 300 euros mensuales, o lo que es lo mismo, más de 3.600 euros al año.
El aumento del precio de la hipoteca, que se suma al de los bienes y servicios básicos, puede dificultar el cumplimiento de otras obligaciones financieras, como facturas de suministros o alimentación. Además, puede llevar a situaciones de
estrés y ansiedad financiera, ya que las familias se ven obligadas a hacer malabarismos para equilibrar sus gastos y evitar el incumplimiento de pagos.
Ante esta situación, el Gobierno de Coalición aprobó en 2022 el Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios
sobre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios.
Dicho texto normativo fue recientemente reformado por el RDL 8/2023 con el objetivo de ampliar la cobertura de las medidas que refuerzan la protección del deudor hipotecario vulnerable.
Asimismo, a finales de 2022 también fue aprobada por las Cortes Generales el gravamen temporal para las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito cuya suma de ingresos por intereses y comisiones superase los 800 millones
de euros. Se trata de una prestación patrimonial con el objetivo de contribuir a la financiación de las medidas extraordinarias implementadas por el Gobierno para dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales generadas por el alza de
precios, y al refuerzo del pacto de rentas y de la cohesión social.
Desde el sector bancario no han cejado en su empeño de cuestionar el gravamen y acabar con él, aprovechando para ello toda intervención en medios y utilizando, en algunos casos, un tono beligerante contra el Gobierno de Coalición.
Argumentos como 'hay que dejar de ver mal que las empresas sean rentables', 'la mejor manera de mejorarlo es eliminarlo' o 'el impuesto no ayuda a la economía' fueron utilizados por los presidentes de las tres primeras entidades financieras del país
durante la rueda de prensa en la que exponían los beneficios récord de 2023. Este tipo de declaraciones no hacen más que demostrar la falta de compromiso de las entidades por el interés general en un contexto socioeconómico adverso.
Recordemos que el sector financiero fue el protagonista de la crisis de la pasada década. Ante el colapso de numerosas entidades bancarias debido a la burbuja inmobiliaria y la mala gestión de riesgos, el gobierno español implementó una
serie de medidas para estabilizar el sistema financiero. Esto incluyó la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para recapitalizar y reestructurar bancos en dificultades, así como la adquisición de activos tóxicos y la
inyección de fondos públicos en entidades específicas. En total han sido más de 71.000 millones de euros de fondos públicos los empleados durante el rescate, de los que se han beneficiado las grandes entidades tras el proceso de concentración del
sector.
En la actual coyuntura, se observa nuevamente una extracción de recursos del sector público por parte de las entidades financieras, esta vez canalizada a través de las reservas del Banco de España y aprovechando la política monetaria
restrictiva del BCE.
El BCE utiliza los tipos de interés oficiales como herramienta para dirigir la política monetaria y mantener la estabilidad de precios. Estos tipos incluyen el de las operaciones principales de financiación (MRO), que indica el costo para
las entidades de crédito de obtener financiamiento a una semana; el de la facilidad marginal de crédito, que es el que cobra el BCE a las entidades de crédito por préstamos a un día; y el de la facilidad de depósito, que determina el interés que
las entidades de crédito reciben por sus depósitos a un día en el banco central.
El tipo de interés de depósito estuvo en niveles negativos desde junio de 2014 hasta julio de 2022 para impulsar la financiación de la economía real. Sin embargo, con un cambio en la política monetaria, este tipo de interés aumentó
abruptamente al 4 % actual. Las entidades financieras trasladaron rápidamente sus reservas a los bancos centrales nacionales cuando el tipo de interés de depósito se volvió positivo, incluyendo aquellas obtenidas a través de líneas de financiación
con bonificación del BCE durante la pandemia.
Esta operación resultó altamente segura y rentable. Según estimaciones, el Eurosistema transfirió 146.000 millones de euros a los bancos privados, equivalente al presupuesto de gasto de la UE. En el caso de los bancos españoles la cifra
supera los 9.000 millones. Esto supone la desaparición de los beneficios de la autoridad monetaria nacional que son utilizados por el Tesoro público para la financiación de políticas públicas.
Esta situación contrasta no solo con la dificultad financiera experimentada por las personas con hipotecas a tipo variable, sino también con la baja remuneración de los depósitos ofrecidos por las entidades financieras españolas (muy por
debajo de la media europea) y con los altos dividendos distribuidos a los accionistas. Todo ello hace necesaria una mayor intervención pública.
En enero, un grupo de distinguidos economistas y miembros del Parlamento Europeo enviaron una carta abierta al Consejo de Gobierno del BCE en la que denunciaban la ganancia extraordinaria de la banca como consecuencia de los altos tipos de
interés de depósito del BCE y la diferencia de remuneración existente con los tipos de interés ofrecidos a los ahorradores, indicando que 'esta discrepancia no solo socava la confianza pública en la política monetaria del BCE, sino que también
exacerba la división entre el sector financiero y el público en general'. Para atajar esta problemática, los expertos proponen el aumento de las reservas mínimas no remunerada hasta el 10 % como un instrumento para reducir el exceso de liquidez en
el sistema bancario (objetivo que se busca con una política monetaria restrictiva) y al mismo tiempo frenar los beneficios extraordinarios que los bancos están obteniendo. Los gobernadores de los bancos
centrales alemán y austriaco también han recomendado elevar la reserva legal, este último igualmente hasta al menos, el 10 %.
La propuesta de elevar las reservas no remuneradas no sería algo fuera de lo normal. Los bancos ya quedaron exentos en 2019 de pagar el tipo de interés negativo que entonces se cobraba por depositar dinero en los bancos centrales. La
exención fue para una parte de los depósitos. De la misma manera hoy se podría dejar una parte de lo ingresado en la facilidad de depósito sin remuneración.
Lamentablemente, esta medida propuesta por el grupo de expertos trasciende las competencias de los gobiernos estatales. No obstante, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, consideramos que existe una alternativa viable que
permitiría canalizar estas importantes transferencias públicas, que las entidades de crédito han recibido del Banco de España, hacia la solvencia del sector. Esto implicaría una modernización de sus capacidades para gestionar riesgos y conceder
créditos, así como una respuesta más efectiva ante los riesgos macroprudenciales que han aumentado tras los impactos impredecibles, como la pandemia o la invasión de Ucrania, y las consiguientes respuestas adicionales de política monetaria. En este
sentido, proponemos elevar los colchones de capital, una acción sobre la cual la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), órgano colegiado adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y conformado por el
Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), sí tiene competencia.
La distorsión existente entre los niveles de reservas y beneficios, derivado de las decisiones de política monetaria adoptadas, podría afectar de forma significativa a la percepción de solvencia y liquidez real que tienen los gestores de las
entidades de crédito. De ser así esto conduciría a una toma de decisiones de negocio erróneas, como puede ser la infravaloración de riesgos en el activo, la infra provisión o provisión demasiado lenta de determinados riesgos (por cambio climático,
envejecimiento de la población o impacto sobre el empleo y las empresas de la transformación digital), la relajación de la inversión en innovación financiera o en procesos de digitalización, la menor concesión de créditos y/o la distribución
excesiva de beneficios.
En consecuencia, lo prudente, desde el punto de vista macroeconómico, es que el regulador eleve algún colchón de capital. En concreto, de los cinco colchones existentes (colchón de conservación de capital, colchón anticíclico, colchón de
entidades de importancia sistémica, colchón para otras entidades de importancia sistémica y colchón contra riesgos sistémicos), el colchón de riesgo sistémico (CRS) sería el más adecuado. Éste debería elevarse en un porcentaje equivalente a los
beneficios extraordinarios resultado de los dos movimientos en la política monetaria mencionados y cuyo efecto sumado provoca la distorsión.
Este colchón ya ha sido elevado por Bélgica, Francia y Croacia. Bélgica lo aumentó al 9 %, justificándolo por características de su sector bancario (tamaño y concentración, estructura de la propiedad y otros riesgos estructurales), riesgos
de propagación y amplificación de shocks al sistema financiero (concentración y homogeneidad en activos y modelos de negocio bancario) y riesgos sectoriales y de la economía real (apertura económica y riesgos procedentes de sociedades no
financieras, hogares y sector público). Francia los ha elevado al 3 % y lo ha justificado por cuestiones similares a las de Bélgica. Por último, Croacia lo tienen en el 1,5 % y lo ha justificado por la alta exposición a la deuda pública que tienen
sus bancos, por desajustes en el mercado de trabajo y por las dinámicas de inmigración.
La elevada concentración del sector, junto con la existencia de entidades financieras con un tamaño del pasivo en relación al PIB nacional superior al de las principales entidades alemanas o francesas y una ratio de solvencia alejada de la
media europea constituyen un motivo más para reforzar el colchón de riesgo sistémico y descartar un nuevo rescate con fondos públicos.
Por último, desde nuestro grupo parlamentario consideramos que la transparencia y claridad en la información proporcionada por las Administraciones Públicas son
indicadores cruciales de calidad democrática. Sin embargo, resulta preocupante que el Banco de España no divulgue datos sobre la importante transferencia de recursos públicos generada por la remuneración de su facilidad de depósito
desglosada por entidades de crédito, y que asciende a 7.806 M en 2023, esto es, 6,4 veces más que en 2022. Esta información, debería estar disponible para los ciudadanos, siguiendo el modelo de divulgación de subvenciones públicas o de la EBA, que
ofrece detalles sobre cada banco, incluso salarios de altos ejecutivos. Dado el papel fundamental de estos bancos, respaldados por la capacidad pública de generar crédito, el regulador debe proporcionar información transparente sobre cada entidad
supervisada. Además, se requiere una explicación por parte del Banco de España y los responsables del Ministerio de Economía sobre la acumulación de una provisión de 28.000 millones de euros desde 2012, fondos que podrían haberse utilizado para
fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo, como miembro de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), las medidas oportunas para elevar los colchones de capital en un porcentaje proporcional a los beneficios extraordinarios que las
entidades financieras han obtenido con la remuneración de sus depósitos en el Banco de España, con el fin de fortalecer la solvencia del sector, reducir riesgos macroprudenciales y promover la estabilidad financiera en el contexto actual de aumento
de precios e inestabilidad económica.
2. En aras de alcanzar una mayor claridad y transparencia en la información que suministran las Administraciones Públicas a los ciudadanos, solicitar al Banco de España la publicación de la siguiente información:
a) La cantidad pagada por el Banco de España a las entidades de crédito en los años 2022 y 2023 en concepto de intereses abonados por sus fondos depositados en la facilidad de depósito, desglosado por entidades.
b) Justificación contable e importe de cada provisión o concepto dentro de cada provisión, dotado por el Banco de España con cargo a sus beneficios entre 2012 y 2023.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2024.-Carlos Martín Urriza, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Sanidad
161/000637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación de un Sistema Nacional de Salud que acabe con las desigualdades entre los españoles, para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Primero. Radiografía de un Sistema Nacional de Salud en crisis.
El último Barómetro Sanitario, correspondiente a 2023 y publicado en febrero de 2024, dibuja un panorama en crisis para el Sistema Nacional de Salud 9 cuya conclusión es definitiva: cada vez más españoles consideran que nuestro Sistema
Nacional de Salud no es óptimo y precisa de cambios profundos, lo que afecta tanto a la atención que se ofrece a los ciudadanos como a las posibilidades del personal sanitario de desempeñar su trabajo adecuadamente. Así, entre los que creen que
algunas cosas funcionan bien, pero es necesario promover cambios esenciales y los que sostienen que el sistema funciona francamente mal y exige llevar a cabo cambios de calado, suman el 43 % de los encuestados 10. Además, la cifra no ha parado de
crecer desde 2015: por aquel entonces, únicamente el 35 % manifestaba estas reflexiones. Al mismo tiempo, el núcleo de personas que son más optimistas y afirman que el sistema sanitario funciona bien, aunque precise de algunos cambios, no ha
dejado de caer en los últimos 9 años: desde el pico alcanzado en 2019, con el 72,1 %, hasta el actual 56,7 % 11.
Otro dato que confirma esta tendencia es el nivel de satisfacción con el desempeño de nuestro sistema sanitario, que se recoge en el Barómetro Sanitario 12: 6,27 sobre 10, siendo 1 muy insatisfecho y 10 muy satisfecho. Puede parecer una
cifra reconfortante, pero es engañosa: la tendencia es negativa, pues si en 2015 la puntuación era de 6,38, alcanzando un pico en 2019 con 6,74, se observa claramente el descenso. O, en todo caso, una cierta estabilidad probablemente consecuencia
de cierto conformismo de los españoles en el sentido de su poca esperanza en que nuestro Sistema Nacional de Salud mejore 13. Asimismo, este clima de desconfianza hacia nuestro sistema sanitario se manifiesta en que cada vez más españoles deciden
contratar un seguro privado: desde 2015 se han incrementado las contrataciones, del 13,7 % al 21,5 %. Y entre quienes optan por un seguro privado, la inmensa mayoría (3 de cada 4) aduce razones de mayor celeridad en la atención de los servicios
sanitarios privados 14. Por otra parte, en relación con el tiempo de espera desde que se solicitó cita hasta la consulta de atención primaria, casi el 70 % tuvo que esperar más de un día porque no había cita disponible antes. La media de espera
para estos pacientes fue de 9,12 días 15. Este fenómeno lo confirma, además, el Sistema de Información sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud (SISLE-SNS) 16. Su última edición, que evaluó el sistema sanitario a 30 de junio de 2023,
muestra que la lista de espera de consultas con especialistas del Sistema Nacional de Salud es extremadamente desigual entre distintas regiones españolas. Así, por ejemplo, mientras que en territorios como el País Vasco o La Rioja el tiempo medio
de espera es de 44 y 46 días, respectivamente, en Andalucía y Canarias los tiempos ascienden hasta los 121 y 123 días. Entre medias se sitúa el resto de las regiones. Como se ve, la disparidad es enorme 17.
También lo es si se presta atención a la diferencia de tiempos de espera por especialidades. En Neurología, por ejemplo, mientras en Andalucía se tarda de media 213 días para atender a un paciente, en el País Vasco, Aragón y Navarra son 27,
38 y 36 días, respectivamente. Una diferencia abismal que genera ciudadanos de primera y de segunda en su propio país según su lugar de residencia habitual. Esta tendencia es igualmente
9 https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2023/Barom_Sanit_2023_totales/Resumen_ejecutivo_BS2023.pdf.
10 Ibid., pág. 6.
11 Ibid., pág. 6.
12 Una población de 7.800 personas repartidas por toda España.
13 Ibid., pág. 7.
14 Ibid., pág. 13.
15 Ibid., pág. 13.
16 https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LISTAS_PUBLICACION_jun2023.pdf.
17 https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LISTAS_PUBLICACION_jun2023.pdf.
ratificada por el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días a ser atendidos por un médico especialista: en todas las regiones, a excepción del País Vasco, Galicia y Cataluña, al menos el 40 % tiene que esperar más de 60 días, con
casos notables que se salen de la media como Canarias (90,3 %) y Cantabria (83,7 %) 18.
A estos datos hay que añadir otros igual de preocupantes: el creciente fenómeno del desgaste profesional (conocido como burnout) entre los facultativos españoles, con una de las tasas más elevadas entre los países occidentales (hasta el 47
%, según el 'Informe global de calidad de vida y desgaste profesional del médico') 19; la escasez de personal médico en distintas especialidades como pediatría y medicina de familia (según el informe 'Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos
2021-2035', de enero de 2022, para 2027 habrá un déficit global de unos 9.000 médicos 20); la sobrecarga de pacientes por cada médico en las consultas, especialmente en la atención primaria, en la que de media se atiende a tres decenas de pacientes
al día 21; la elevada tasa de interinidad entre el personal sanitario en la Sanidad pública (casi la mitad) 22; la diferencia entre regiones en la tasa de médicos por cada 100.000 habitantes (de los 483,94 en Castilla-La Mancha a los 720,77 en la
Comunidad de Madrid) 23 y el desigual acceso a determinadas prestaciones sanitarias en función del lugar de residencia como los cuidados paliativos, por poner un ejemplo (según un informe de 2014 de la Asociación Española contra el Cáncer sobre la
situación de los cuidados paliativos en España, solo dos regiones cumplen con la ratio mínima de una unidad básica de cuidados paliativos por cada 80.000 habitantes) 24.
En suma, el Sistema Nacional de Salud está en grave riesgo en multitud de ámbitos con déficits y carencias causadas, principalmente, por la desigualdad y falta de solidaridad creada por el Estado de las autonomías. Estos datos demuestran el
declive de nuestro Sistema Nacional de Salud. De manera paulatina, pero sin pausa, los españoles están manifestando su descontento con el modo de funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Es necesario avanzar a un cambio de modelo del mismo
para ofrecer a los españoles unos servicios públicos de calidad y en los que no haya grandes diferencias entre unas regiones y otras.
Segundo. La necesidad de pasar de 17 administraciones sanitarias a un Sistema Nacional de Salud único en toda España.
Ante la persistencia de estos problemas, no parece sensato mantenerse impasible ni proponer soluciones parciales. Conviene tomar decisiones valientes y llevar a cabo cambios profundos, porque si cada vez son más evidentes los fallos
internos en el funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Salud, carece toda lógica seguir aplicando recetas que se han demostrado del todo ineficaces.
Algunas de las soluciones parciales referidas han consistido en reformar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que ciertas decisiones sean ejecutivas y no meramente consultivas 25 o crear una Agencia Estatal de Salud
Pública que, a fecha de registro de esta iniciativa, se encuentra en tramitación parlamentaria y sin visos de resolver las problemáticas de nuestro Sistema Nacional de Salud 26.
Sin embargo, lo que verdaderamente necesita nuestro Sistema Nacional de Salud es un cambio que vuelva a hacer de él una herramienta esencial y eficaz para asegurar el
18 Ibid., pág. 8.
19 https://www.aceprensa.com/sociedad/sanidad/burnout-en-los-hospitales-por-que-la-medicina-es-una-profesion-tan-inflamable/.
20 https://www.sanidad.gob.es/areas/profesionesSanitarias/profesiones/necesidadEspecialistas/docs/2022Estudio_Oferta_Necesidad_Especialistas_Medicos_2021_2035V3.pdf.
21 https://www.rtve.es/noticias/20230202/medicos-atencion-primaria-limite/2415268.shtml.
22 https://www.eldiario.es/sociedad/mitad-trabajadores-sanidad-publica-espana-son-interinos_1_9857736.html.
23 https://www.es-datalab.es/.
24 https://observatorio.contraelcancer.es/informes/informe-de-la-situacion-actual-en-cuidados-paliativos.
25 https://elpais.com/sociedad/2020-05-16/los-17-sistemas-sanitarios-necesitan-un-mecanismo-que-los-unifique.html.
26 https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p p id=iniciativas&p p lifecycle=0&p p state=normal&p p mode=view& iniciativas mode=mostrarDetalle& iniciativas legislatura=XV& iniciativas id=121 %2F000007.
bienestar de los españoles. La proliferación de hasta 17 sistemas sanitarios diferentes (además de Ceuta y Melilla, competencia directa del Ministerio de Sanidad, gestionada a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria -INGESA-) no
ha hecho sino provocar desigualdad, desprotección, pérdida de calidad y accesibilidad y peores condiciones laborales para los sanitarios.
A mayor abundamiento, la crisis sanitaria de la COVID-19 hizo más visibles todavía las grietas del sistema y la ineficacia de un modelo sanitario en el que cada región actuaba de manera aislada e individualista, sin tener en cuenta el bien
común de todos los españoles. Por ello, es más necesario que nunca abogar por que el Estado recupere las competencias en materia sanitaria, para avanzar hacia un sistema único a nivel nacional donde impere la equidad de recursos y de atención en
toda nuestra Nación y para todos los españoles, sin distinción por el lugar de residencia habitual.
En tanto en cuanto no se alcance ese ideal, es necesario tomar pequeños pasos en esa dirección mediante medidas como la tarjeta sanitaria única a nivel nacional, la accesibilidad en español para el personal sanitario en toda España del
historial clínico y farmacéutico de los españoles y una cartera de servicios común con la que evitar la desigualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias en función del lugar de residencia de los pacientes.
Asimismo, para evitar que las plazas de personal sanitario se queden desiertas con motivo de la exigencia de una lengua cooficial, urge cambiar de criterio y que las lenguas cooficiales nunca sean requisito para acceder a dichos puestos de
trabajo, sino únicamente el español, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Española, que establece el deber de todos los españoles de conocer nuestra lengua oficial y el derecho a usarla.
En definitiva, un Sistema Nacional de Salud de verdad, que evite anomalías propias del Estado de las autonomías como el retraso mayúsculo en las distintas regiones en la llegada de nuevos medicamentos autorizados por las autoridades de la
Agencia Europea del Medicamento y el Ministerio de Sanidad 27, así como que algunos pacientes puedan recibir novedosos tratamientos con nuevos medicamentos y otros, en otras regiones, no puedan hacerlo por el retraso de su financiación, lo que
impacta de lleno en su bienestar y salud 28.
Tercero. Conclusión.
España necesita con urgencia dejar atrás el modelo obsoleto e ineficaz de 17 sistemas sanitarios y avanzar hacia un modelo único a nivel nacional con el que dar respuestas a las principales carencias y problemas que sufre nuestro Sistema
Nacional de Salud desde hace varios lustros.
Solo mediante una apuesta decidida y sin complejos por devolver al Estado las competencias en materia sanitaria se podrá comenzar a reconstruir un sistema sanitario a todas luces en decadencia, como ha quedado demostrado más arriba.
Millones de españoles claman por un cambio de rumbo en nuestro Sistema Nacional de Salud para restaurar un sistema sanitario óptimo y eficaz que deje atrás los desórdenes derivados del Estado de las autonomías.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas:
1. Promover la devolución de las competencias en materia sanitaria al Estado.
2. En tanto en cuanto no se logre la recuperación estatal de las competencias sanitarias, diseñar un Plan Nacional de Sanidad que subsane progresivamente las
27 https://www.eleconomista.es/salud/noticias/12086877/12/22/Las-CCAA-aumentan-el-retraso-a-los-nuevos-farmacos-hasta-dos-anos-mas.html.
28 https://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/algunos-pacientes-pueden-ser-tratados-con-nuevos-medicamentos-pendientes-de-financiacion-en-algunas-ccaa-y-otros-no/.
desigualdades en materia sanitaria entre regiones como consecuencia del Estado de las autonomías.
3. Instaurar una tarjeta sanitaria única a nivel nacional para mejorar el acceso de los españoles al sistema sanitario sin importar su lugar de residencia habitual.
4. Promover en las distintas regiones con lenguas cooficiales el establecimiento único en materia lingüística del requisito del español para acceder a plazas de personal sanitario.
5. Avanzar hacia un sistema de autorización y financiación de nuevos medicamentos a nivel nacional, para poner fin a las desigualdades entre regiones en el acceso a estos por parte de los pacientes que los necesitan para su tratamiento.
6. Promover la interoperabilidad de las historias clínicas en español entre cualquier centro del Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2024.-David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a ciencia y mujer, para su debate en Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.
Exposición de motivos
Desde 1999 cada 10 de noviembre se celebra el día mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo promovido por la ONU. Entre sus objetivos principales se encuentran renovar el compromiso nacional e internacional de utilizar la ciencia en
beneficio de las sociedades e impulsar el apoyo a la labor científica. Ninguno de estos desafíos es posible si no consideramos el papel de las mujeres en la ciencia. Por eso en 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de
febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El objetivo es incentivar la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia y reducir las desigualdades de género en este campo. En ese sentido, el impulso a la Igualdad de
género en el sistema de ciencia e innovación es una condición básica para que las mujeres y las niñas disfruten plenamente de sus derechos en este ámbito, y que resulta fundamental para su empoderamiento y para el logro de una sociedad sostenible e
integradora.
En líneas generales, las mujeres se siguen enfrentando a un acceso desigual a los puestos de investigación, a la financiación y publicación de sus investigaciones y a las distinciones académicas, ya que en muchos casos se ven obligadas a
asumir más obligaciones relacionadas con los cuidados o la crianza. Además de ser profundamente injusta, esta situación genera un desaprovechamiento del capital humano que conlleva la pérdida de ventajas desde el punto de vista económico y
empresarial para los negocios vinculados a la investigación y la innovación y para el desarrollo económico general.
Según el 'Informe sobre las carreras profesionales de las mujeres en los ámbitos científico y académico y los techos de cristal existentes', elaborado y aprobado por el Parlamento Europeo también en 2015, las mujeres están
infrarrepresentadas en numerosos puestos científicos, de ingeniería y de gestión, y en los niveles jerárquicos superiores, así como en el sector educativo y carreras vinculadas a la ciencia, la tecnología, matemáticas e ingeniería. Las carreras
académicas de las mujeres siguen caracterizadas por una
segregación vertical, y el porcentaje de mujeres en los puestos de mayor relevancia en el ámbito académico universitario es muy reducido, llegando solamente al 10 % de los rectores universitarios. Desgraciadamente, estas cifras no han
cambiado sustancialmente en 2023.
En España, de acuerdo con el último informe 'Científicas en Cifras 2023' que analiza la presencia de las mujeres en los distintos ámbitos y niveles de la ciencia, y a pesar del aumento paulatino en la presencia de investigadoras a lo largo
de los últimos años representando un 42 % del total del personal investigador, sigue existiendo una situación de desigualdad de género en ámbito científico que se caracteriza por algunos datos relevantes: una menor presencia de estudiantes e
investigadoras en áreas STEM con un descenso especialmente preocupante en ingenierías y tecnologías, con un 12,2 % cuando en 2016 era de un 18,7; altas tasas de abandono de la carrera investigadora en donde el efecto tijera es alarmante; e
importantes dificultades para superar el techo de cristal, pues solo un de cada cuatro mujeres está al frente de los equipos de investigación. Asimismo, la tasa de éxito de solicitudes de proyectos l+D relacionados con estudios feministas, de las
mujeres y de género así como la integración de la dimensión de género en el contenido de los proyectos de l+D es todavía insuficiente.
Estudios e informes de diversa índole llegan a la misma conclusión: los sesgos de género, cimentados en estereotipos y prejuicios, son el principal factor que incide en la menor presencia de mujeres en ciencia y tecnología. Estos sesgos
discriminatorios tienen un carácter cultural y social. Suponen, para ambos sexos, una barrera en las elecciones individuales en las carreras profesionales, y contribuyen a la persistencia de desigualdades entre mujeres y hombres. La segregación
por sexo de juegos y juguetes tiene impacto tanto en la transmisión de estereotipos como en el desarrollo de habilidades. Existe una vinculación entre el tipo de juegos durante la infancia y la configuración de intereses y desarrollo de
habilidades.
El pasado 29 de junio como parte del compromiso ante las elecciones generales se firmó un nuevo Pacto por la Ciencia impulsado por el Movimiento Marea Roja de la Investigación -integrado por sindicatos y asociaciones de investigadores y
trabajadores en ciencia-. Dicho Pacto, respaldado por la práctica totalidad de partidos políticos tanto de ámbito estatal como autonómico, así como cuarenta asociaciones de diversa índole, incluye la necesidad de abordar la igualdad de género y la
lucha contra el techo de cristal en la ciencia.
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta para su debate la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Desarrollar medidas de acción positiva específicas en favor de las mujeres, para corregir situaciones de desigualdad de hecho respecto de los hombres, especialmente en los grados y niveles superiores de la carrera de investigación que
serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones.
2. Establecer mecanismos para el seguimiento del cumplimiento de las medidas previstas en materia de igualdad en la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación, en universidades, OPI y agencias de financiación mediante la creación de un
Observatorio que permita evaluaciones periódicas e independientes de la consecución de objetivos e impacto de género positivo de dichas medidas.
3. Dotación suficiente para la creación de escuelas infantiles asociadas a los grandes centros de investigación y campus universitarios STEM, a lo largo de la legislatura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-Teslem Andala Ubbi, Gala Pin Ferrando, Esther Gil de Reboleño Lastortres y Francisco Sierra Caballero, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR.
Comisión de Igualdad
161/000603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz, lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley para su tramitación ante la Comisión de Igualdad relativa a la igualdad real y efectiva de la población gitana.
Exposición de motivos
El 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano en conmemoración del Primer Congreso Mundial del Pueblo Gitano, que se celebró en Londres entre el 7 y el 12 de abril de 1971. En nuestro país fue en 2018, a petición del
Congreso de los Diputados, cuando se reconoció esta fecha como el Día del Pueblo Gitano.
Este día, declarado oficialmente en Serock (Polonia) en 1990 durante el cuarto Congreso Mundial Romaní, recuerda y conmemora la reunión en Londres, hace 53 años, de representantes de organizaciones gitanas de varios países, en un encuentro
en el cual se reconoció la bandera gitana, formada por una franja verde y otra azul que simbolizan el cielo y el campo, con una rueda de carro roja en el centro, que simboliza el camino y la libertad. También se adoptó la canción Gelem, Gelem como
el himno gitano; una canción en lengua romaní, que habla de los sufrimientos de este pueblo, especialmente durante el nazismo, pero que también habla de esperanza, de la luz que se ve al final del largo camino.
En este Congreso se inició un proceso de concienciación sobre la necesidad de promover y proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas pertenecientes al pueblo gitano. El reconocimiento de la
historia, la lengua y la cultura del pueblo gitano es una deuda histórica en todo el territorio del Estado español así como lo es también la memoria, la justicia, la reparación y la no repetición de los siglos de violencia y opresión que la
población gitana ha sufrido en nuestro país y que ha incluido prácticas de limpieza étnica que podrían considerarse constitutivas de genocidio antigitano, como la Gran Redada de 1749. El 30 de julio de ese año, por orden del Marqués de la Ensenada
se decretó la conocida como Prisión General de Gitanos que, comenzando esa misma madrugada supuso el encarcelamiento de aproximadamente 12.000 hombres, mujeres y niños gitanos. Los hombres, a partir de 15 años fueron destinados a los arsenales para
trabajar forzosamente en la construcción de navíos. Mientras, las mujeres, junto a los menores de 12 años, fueron recluidas en fábricas-prisión.
La historia de nuestro país es también la historia del sufrimiento y la violencia contra el pueblo gitano y solo desde el reconocimiento de esta violencia histórica se podrá reparar el daño y caminar hacia un verdadero horizonte de igualdad.
Por eso, es necesario continuar visibilizando la discriminación y el antigitanismo que todavía sufren las personas gitanas, así como la necesidad de promover desde las instituciones públicas la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato, la
igualdad de género y la no discriminación de la población gitana.
El 8 de abril señala una jornada dedicada a la memoria de los siglos de persecución que han sufrido los gitanos y las gitanas, en Europa y en España. Pero también de los siglos de resistencia de un pueblo que, con dignidad, ha luchado
incansablemente contra la opresión. Por ello, es necesario reconocer también la tarea del movimiento asociativo gitano, así como todos los avances en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la población gitana y su contribución a la
sociedad, la cultura y la historia española.
La mejora de las condiciones de vida de la población gitana ha sido posible gracias al desarrollo de un estado del bienestar que garantiza a toda la ciudadanía unos servicios
esenciales como la educación, la vivienda y la sanidad. Debemos también reconocer los avances hechos los últimos años en materia de igualdad real y de trato, así como en la lucha contra el antigitanismo. En junio de 2022 se aprobó la Ley
Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que incorpora por primera vez el antigitanismo como delito de odio en el Código Penal. También se aprobó el informe de la Subcomisión por un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y por la
Inclusión del Pueblo Gitano, en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados. Así como la inclusión en la nueva Ley de Educación de la historia del Pueblo Gitano en el currículum escolar.
Aun así, la realidad nos muestra la enorme brecha existente en todos estos ámbitos entre el pueblo gitano y la sociedad en su conjunto. Para reducir esta brecha, los poderes públicos tenemos que comprometernos a reforzar políticas públicas
que permitan derribar las barreras existentes, y posibiliten el ejercicio de los derechos sociales de todos de una manera real y efectiva.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reiterar su compromiso con la igualdad real y efectiva de la población gitana.
2. Conmemorar el Día del Pueblo Gitano el 8 de abril.
3. Impulsar la inclusión en el currículum escolar de la historia del pueblo gitano, en trabajo conjunto con las Comunidades Autónomas, para dar cumplimiento de la nueva Ley de Educación.
4. Promover la creación de una Comisión de Seguimiento de los acuerdos del Pacto de Estado contra el Antigitanismo y por la Inclusión del Pueblo Gitano.
5. Poner en marcha la comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, tal y como recoge la Ley de Memoria Democrática. Dicha comisión deberá elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los
principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España. Se garantizará la participación del Consejo de la Memoria Democrática, del conjunto de las administraciones
públicas y de las asociaciones y organizaciones representativas del pueblo gitano de ámbito estatal, a través del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
6. Realizar análisis sobre las medidas que lleva a cabo el Ministerio de Igualdad para conocer cómo afectan a las mujeres gitanas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la remisión urgente a las Cortes
Generales del proyecto de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, al objeto de garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias sexuales, en los términos y con los objetivos previstos en Ley
Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La violencia contra las mujeres constituye una de las violaciones de derechos humanos más persistentes y devastadoras de nuestro tiempo. Así se reconoce expresamente en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 y ratificado por España el 18 de marzo de 2014 cuyo artículo 3. a): establece que 'Por 'violencia contra la mujer' se deberá entender una violación de los
derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o
económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada'.
En el ordenamiento jurídico vigente, la regulación de la lucha contra la violencia contra la mujer se enmarca en las siguientes disposiciones legales:
- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que comprende toda violencia contra las mujeres procedente de sus parejas o exparejas. El art. 20.1 de esta ley reconoce a las
mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia jurídica gratuita; Una asistencia que, con independencia de sus recursos económicos, se encuentra a su vez garantizada en el apartado h) del artículo 2 de Ley 1/1996, de 10 de
enero, de asistencia jurídica gratuita.
- La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual que reconoce en el apartado e) de su artículo 33, el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de las violencias sexuales contempladas
en el Convenio de Estambul.
Su disposición final vigesimoprimera concede al Gobierno el plazo de un año, desde su entrada en vigor, para remitir a las Cortes Generales un proyecto de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, al objeto
de garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias sexuales en los términos y con los objetivos previstos en dicha ley orgánica. Dicho plazo expiró el pasado 7 de octubre de 2023. Precisamente, la disposición final
vigesimoquinta sobre la entrada en vigor, establece que la letra e) del apartado 1 del artículo 33 será de aplicación a partir de la entrada en vigor de la modificación normativa prevista en la disposición final vigesimoprimera.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 destaca que la asistencia jurídica gratuita en casos de violencia de género es un derecho fundamental de las víctimas, e incluye a este respecto la medida 140: 'Reforzar la asistencia
jurídica a las mujeres víctimas antes y durante todo el procedimiento judicial e incluso después de éste, durante la fase de ejecución de condena, incorporando un mayor número de letrados y letradas a los turnos de oficio especializados y mejorando
la formación especializada de los mismos'.
Esa asistencia jurídica forma parte de la respuesta integral frente a todas las manifestaciones de la violencia machista. El retraso en el cumplimiento del citado mandato legal y, en consecuencia, de esta medida 140 del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género, está generando una asimetría grave entre los derechos que asisten a las víctimas de violencia de género. Mientras las víctimas de la violencia de género objeto de la Ley Orgánica 1/2004 tienen plenamente reconocido el
ejercicio de su derecho a la asistencia jurídica gratuita, no ocurre lo mismo con las víctimas de la violencia de agresión sexual objeto de la Ley Orgánica 10/2022, que no disponen del beneficio de justicia gratuita (salvo las excepciones ya
contempladas por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Justicia gratuita -las víctimas de trata y personas menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas en los delitos contra la libertad e
indemnidad sexual-).
Según el último informe sobre delitos contra la libertad sexual elaborado por el Ministerio del Interior correspondiente al cuarto trimestre de 2023, este tipo de delitos
muestra una tendencia al alza. En 2023 las fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieron conocimiento de 19.981 casos, frente a los 17.367 del año anterior (excluidos los computados en el ámbito de cibercriminalidad), lo que supone un incremento
del 15,1 % sobre el mismo periodo del año anterior. Las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 14,2 % mientras que el resto de los delitos contra la libertad sexual lo hicieron un 15,3 %.
Los datos apenas muestran la magnitud y proporciones reales de la violencia sexual en nuestro país debido los niveles de infra denuncia en estos tipos penales. Según el Informe 'Violencia sexual en España: una síntesis estimativa'
elaborado por el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV) de la Universidad de Barcelona en noviembre de 2020, unas 350.000 personas al año son víctimas de actos de violencia sexual; 1 de cada 45 mujeres y 1 de cada 60 menores tienen riesgo
de sufrir este tipo de violencia cada año. Este documento llama la atención sobre los 'datos ocultos' o 'cifra negra' en este tipo de delitos, esa parte de hechos criminales que no son conocidos por la policía y la justicia. Mientras un 52 % de
las mujeres agredidas sexualmente que acuden a servicios médicos de urgencia declaran la intención de denunciar los hechos ante la policía, un estudio llevado a cabo en 2009 por el Observatorio de la Delincuencia (ODA) del Instituto Andaluz
Interuniversitario de Criminología estimó que solo el 30 % de las víctimas de violencia sexual habían denunciado los hechos.
Estas cifras revelan la trascendencia y la importancia de la asistencia letrada a las víctimas antes y en el momento de la formulación de la denuncia, a fin de que tengan conocimiento del procedimiento que se va a iniciar, sus consecuencias
y sus posibilidades de éxito.
Las víctimas de violencia sexual no pueden seguir postergadas, deben tener a su disposición todos los recursos necesarios en un momento tan crítico. Existe una obligación no solo moral, sino legal, de asegurar a todas las mujeres víctimas
de violencia sexual una asistencia jurídica integral, inmediata, eficaz y gratuita.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, sin demora, remita a las Cortes Generales un proyecto de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, al objeto de garantizar la asistencia jurídica
gratuita a las víctimas de violencias sexuales, en los términos y con los objetivos previstos en Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-Silvia Franco González, María Jesús Moro Almaraz, Ana Isabel Alós López, Beatriz Álvarez Fanjul y Fernando de Rosa Torner, Diputados y Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/000636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío Aguirre Gil de Biedma, María de los Reyes Romero Vilches y Blanca Armario González, Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para prevenir la violencia que
los padres ejercen contra sus hijos, para su discusión en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de género.
Exposición de motivos
Primero. La necesaria protección de los menores contra las conductas violentas.
Aunque toda violencia es una lacra social que ha de ser condenada con rotundidad y prevenida con eficacia, la presente Proposición no de Ley se centra particularmente en una de sus manifestaciones: la violencia que infligen algunos padres
(masculino genérico) a sus hijos en su etapa más vulnerable -la que transcurre entre la gestación y sus primeros años de vida-.
La protección de los niños que esta iniciativa promueve es una cuestión urgente, dado el actual contexto político, jurídico y social en España, donde no solo se menoscaba la dignidad del no nacido, como lo evidencia, v. gr., la reciente
aprobación de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo; sino además se ataca constantemente la inocencia de los
menores, encontrándose dicho ataque auspiciado, incluso, por aquellos poderes públicos sobre los que pesa el mandato legal de defenderla.
Segundo. El maltrato infantil.
La violencia de los padres contra sus hijos es uno de los supuestos incluidos en el concepto más amplio de maltrato infantil, definido como 'toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y su
bienestar, que amenaza o interfiere en su desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores son personas del ámbito familiar' 29 o responsables a cargo del cuidado de los menores.
El maltrato infantil está experimentando un incremento alarmante. Pese a que los informes oficiales se fundamentan únicamente en los casos que las Comunidades Autónomas notifican a través del Registro Unificado de casos de sospecha de
Maltrato Infantil (RUMI), dando lugar a un listado que no contiene todos los casos realmente acontecidos, las cifras referentes a 2021 son escalofriantes:
'Continúa la tendencia al alza en el número total de notificaciones. Si en el año 2020 se registra un incremento del 2,1 % respecto al año 2019, en el 2021 respecto al 2020 ha habido un notable incremento del 37,18 %, pasando de 15.688
notificaciones a 21.521 en... 30'.
El maltrato infantil comporta un daño particularmente grave para la integridad física y psicológica de los menores y les provoca secuelas que pueden afectar a su conducta y a su desarrollo emocional, cognitivo y social:
- En cuanto a los efectos emocionales, el maltrato puede 'perturbar el proceso de formación de los vínculos de apego e interferir en la capacidad del niño de regular sus emociones. Así, el menor puede acabar desarrollando un apego inseguro'
31. Esta situación se traduce en problemas para relacionarse con sus padres y con su entorno social en general.
- Por otro lado, el maltrato puede producir distorsiones cognitivas. Aquellos niños que experimentan el maltrato 'carecen de creencias positivas esenciales acerca de sí mismos y de su mundo. Además, muestran menos habilidades a la hora de
reconocer o
29 Soriano Faura, F. J., 'Promoción del buen trato y prevención del maltrato en la infancia en el ámbito de la Atención Primaria', Revista Pediatría de Atención Primaria, Volumen XI, número, enero-marzo 2009, p. 122.
30 https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/infancia-y-adolescencia/PDF/Estadisticaboletineslegislacion/BOLETIN_Proteccion_ANO_2021_ACCESIBLE.pdf.
31 'Maltrato infantil en la familia en España', Informes, estudios e investigación 2011, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, p. 13. Acceso en línea:
https://observatoriodelainfancia.mdsocialesa2030.gob.es/productos/pdf/malt2011v4_total_100_acces.pdf.
reaccionar ante el malestar de los demás' 32. Estos efectos derivan en una mayor dificultad para entender, graduar y regular sus estados internos.
- Asimismo, el maltrato infantil puede ocasionar un daño permanente en la estructura neuronal y en el funcionamiento de un cerebro todavía en desarrollo, condicionando en cierto modo la personalidad del niño 33.
- Los efectos conductuales varían en función del tipo de violencia. Los menores que padecen violencia física 'suelen ser más agresivos con sus compañeros (tanto física como verbalmente), responder con ira y violencia ante estímulos
positivos (por ejemplo, manifestaciones amistosas) y negativos (por ejemplo, señales de malestar), ser menos populares, sufrir rechazo por parte de compañeros y tener más tendencia a relacionarse con otros menores violentos' 34. En cambio, las
víctimas de violencia psicológica 'pueden presentar problemas de rendimiento académico, especialmente a escala intelectual y lingüística, así como problemas para relacionarse con sus compañeros. Además, suelen aislarse del resto' 35.
- Por último, cuando el maltrato infantil adopta la forma de abusos sexuales suele provocar que los menores tengan problemas de enuresis y desarrollen conductas antisociales 36.
El maltrato infantil tiene, en suma, gravísimas consecuencias para los niños, muchas de ellas irreversibles.
Si toda violencia contra un neonato o un niño es grave por la extrema vulnerabilidad de la víctima y por las graves consecuencias que le provoca, merecen mayor reproche jurídico y social aquellas conductas de maltrato infantil que acontecen
en el ámbito donde se debería garantizar, por excelencia, la indemnidad de los menores: el hogar.
A pesar de ello, no son desdeñables las cifras que indican la presencia de maltrato contra los hijos en muchos hogares españoles. Algunos de estos terminan incluso en la muerte de los hijos (denominado neonaticidio, cuando se asesina a un
bebé en sus primeros momentos de vida, o filicidio, en el resto de los casos).
Mientras que en los casos de maltrato infantil la autoría corre más o menos pareja entre padres y madres (siendo un poco superior la de aquellos) 37, en los supuestos de neonaticidios y filicidios son las madres las que, con grandísima
diferencia, encabezan las cifras de autoría 38.
Tercero. Conclusión.
Los datos expuestos nos llevan a concluir, una vez más, que la óptica de la 'violencia de género' auspiciada por este y otros gobiernos es errada. No solo porque se fundamenta en una premisa falsa (la presunción iuris et de iure de que la
causa de la violencia es el sexo de víctima y victimario); también porque, al centrarse en la protección de la mujer -y, en la de los menores, solo en tanto en cuanto sea consecuencia de la violencia 'de género' del varón contra la madre de los
niños- 39, implica una desatención hacia otras
32 Op. cit., p. 14.
33 Giménez-Pando, J. en 'Secuelas neurológicas del maltrato infantil. Revisión bibliográfica', Neurocirugía, 2007, vol. 18, n.° 2, Estados Unidos, afirma: 'Se calcula que más del 10 % de los niños con retraso mental y parálisis cerebral
son debido a maltrato'. Acceso en línea: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-14732007000200002.
34 Idem.
35 Idem.
36 'Maltrato infantil en la familia en España', Informes, estudios e investigación 2011, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, p. 15. Acceso en línea:
https://observatoriodelainfancia.mdsocialesa2030.gob.es/productos/pdf/malt2011v4_total_100_acces.pdf.
37 https://www.anar.org/wp-content/uploads/2022/06/Estudio_Evolucio%CC%81n-de-la-Violencia-a-la-Infancia-en-Espan%CC%83a-segu%CC%81n-las-Vi%CC%81ctimas.pdf, p. 14.
38 https://www.abc.es/espana/abci-filicidios-estan-cometidos-casi-70-ciento-mujeres-201905160155_noticia.html.?https://www.elconfidencial.com/espana/2024-04-13/filicidios-menores-asesinados-ano-estadisticas-oficiales_3865671/.
39 https://www.ine.es/prensa/evdvg_2022.pdf.
conductas violentas, particularmente de aquellas que suceden en el seno del hogar, como el maltrato infantil.
La familia está llamada a ser comunidad de amor y espacio de comprensión y respeto donde se acoge y se acompaña la vida de cada uno de los miembros que la conforman. Y habitualmente así es, siendo por ello una institución esencial para
nuestra sociedad. Solo para aquellos casos en que la violencia aflora en el ámbito doméstico -concretamente, por cuanto a esta PNL se refiere, los de violencia de los padres contra sus hijos-, se insta al Gobierno a que, a la hora de acometer
medidas de protección contra esta y cualquier otra clase de violencia, lo haga abordando en profundidad dicha realidad, considerando sus causas y sus consecuencias, y desde el respeto al principio constitucional de igualdad.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover la derogación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
2. Promover en su lugar la aprobación de una Ley de protección integral de la familia, que reconozca y ampare la trascendencia de la familia y el papel esencial que desempeña como núcleo vertebrador de nuestro ser social y como medio
natural de desarrollo y crecimiento de la persona. Esta norma incluirá medidas de protección fiscal, económica, social y en el ámbito de la violencia doméstica.
3. Promover la concienciación social sobre las graves consecuencias de las conductas violentas ocurridas en el seno de la familia.
4. Elaborar estudios sobre cualquier tipo de violencia que se produzca dentro de la familia, incluyendo, de manera pormenorizada, las conductas que constituyen maltrato infantil, y visibilizar los resultados que se obtengan para que la
violencia doméstica pueda ser adecuadamente prevenida y perseguida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2024.-María de los Reyes Romero Vilches, Blanca Armario González y Rocío Aguirre Gil de Biedma, Diputadas.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío Aguirre Gil de Biedma, María de los Reyes Romero Vilches y Blanca Armario González, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputadas, del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al acceso al servicio de atención a las víctimas de violencia doméstica a todas las personas, para su discusión en la
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de género.
Exposición de motivos
Primero. La atención telefónica a las víctimas de violencia sobre la mujer.
Por Acuerdo del Consejo de ministros de 15 de diciembre de 2006 se aprobó la puesta en funcionamiento de un teléfono para la atención de víctimas de violencia sobre la mujer, dentro de un 'catálogo de medidas urgentes contra la violencia de
género' 40.
40 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2006/refc20061215.aspx.
En virtud de la Resolución de 19 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuyen recursos públicos de numeración al servicio de información y asesoramiento
jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género ('Resolución de 2007'), 'se atribuye el número Corto 016 al servicio de información y asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género' 41. En esta Resolución se desglosan
las prestaciones del servicio, que son las siguientes:
'a) Información actualizada sobre los derechos de las víctimas y los recursos disponibles para su atención.
b) Asesoramiento jurídico.
c) Atención y derivación de las llamadas de emergencia relacionadas con la violencia de género'.
Por su parte, la Resolución de 20 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ('Resolución de 2021') decretó la modificación de los apartados 1 y 3 de la Resolución de 2007, ampliándose los
recursos de la siguiente manera: 'este número podrá utilizarse, además, para la prestación mediante mensajes cortos de texto y mensajes multimedia de servicios de información y asesoramiento de la misma naturaleza o complementarios al de
información telefónica' 42.
La gestión del servicio del número de teléfono '016' corresponde actualmente al Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que, conforme a los Presupuestos Generales del Estado vigentes,
cuenta con presupuesto suficiente para atender 90.000 llamadas en 53 idiomas durante el ejercicio 43. La última adjudicación publicada del servicio, de 9 de diciembre de 2021, refleja un importe total de licitación (sin impuestos) de 1.570.247,93
euros 44.
Los servicios de atención se dirigen, por un lado, a las posibles mujeres víctimas de la llamada 'violencia de género' -en los términos en que la definen según lo establecido en la discriminatoria 45 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género- 46 pero desde la firma del nuevo contrato para la prestación del servicio '016', también se dirigen a las posibles mujeres víctimas de
41 Junto al 016 coexiste el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO). Se trata de 'una modalidad de servicio que, con la tecnología adecuada, ofrece a las víctimas de violencia de género
una atención inmediata, ante las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren'. Es un servicio gestionado por la Federación Española de Municipios y Provincias,
mediante convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Igualdad: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/servicioTecnico/home.htm.
42 En este sentido fue modificado igualmente el apartado 3 del resuelvo tercero -sobre el tratamiento de las llamadas al número atribuido-, estableciendo que 'tanto el envío de mensajes al 016, como, en su caso, la recepción de mensajes
desde el 016, serán gratuitos para el usuario y no dejarán registro en la factura'.
43 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2023Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_23_A_G30.PDF.
44 https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/contratolicitacion.htm?id=Licitacion_8ba8619129e3679ef29d7c9b43ff040476e68553&fcAct=Thu%20Jan%2025%2012:38:53%20CET%202024&lang=gl.
45 La ley viola el principio de isonomía, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española. En el texto prevalece de forma sistemática la discriminación por razón de sexo hacia el varón, de forma particular en lo que se refiere a la
tutela judicial y penal, creando tribunales de excepción y previendo penas superiores para los varones por la comisión de los mismos delitos. V. gr., el artículo 36 de la norma modifica el Código Penal para establecer una pena superior en el delito
de lesiones 'si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia'. Es decir, prevé, en las mismas circunstancias, penas distintas para mujer
(pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses) y varón (pena de prisión de dos a cinco años).
46 Este tipo de violencia se refiere a aquella ejercida (1) 'como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o
hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia'; (2) 'comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad'; y (3) se refiere igualmente a aquella 'que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las
personas indicadas en el apartado primero'.
'violencia doméstica, violencia sexual, acoso, mutilación genital femenina, matrimonio forzoso, aborto y esterilización forzosos o acoso sexual' 47.
Segundo. La atención a todas las víctimas de violencia doméstica.
Sin embargo, los servicios de atención a los que se ha hecho referencia en el primer expositivo, al dejar a los hombres fuera de su alcance, pueden conducir a una vulneración del principio de igualdad y el derecho a la vida y a la integridad
física y moral, reconocidos respectivamente en los artículos 14 y 15 de la Constitución Española. Además, cabe señalar asimismo que las normas internacionales que respaldan las políticas de igualdad promovidas por el Gobierno de España cuentan con
un ámbito de aplicación que comprende la violencia doméstica en general (esto es, la padecida por hombres y mujeres) sin que pueda circunscribirse este último únicamente a las mujeres.
En definitiva, lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del texto constitucional, unido a la competencia material exclusiva que este otorga al Estado en su artículo 149.1.1.a sobre 'la regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales', exige al Gobierno la ampliación de la atención a todas las personas que padezcan violencia doméstica, independientemente de su
sexo.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el acceso al servicio de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial a todas las víctimas de violencia doméstica, con independencia de su sexo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2024.-Rocío Aguirre Gil de Biedma, María de los Reyes Romero Vilches y Blanca Armario González, Diputadas.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/000612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la
independencia de las instituciones del Estado como garantía de calidad democrática para su debate en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Exposición de motivos
La independencia de las instituciones es un pilar fundamental de cualquier democracia saludable. Es lo que garantiza que nuestras instituciones puedan actuar de manera justa y equitativa, sin interferencias políticas que puedan sesgar sus
decisiones y, desde su toma de posesión, el presidente del Gobierno ha demostrado tener unas intenciones totalmente contrarias a esto.
El comportamiento del poder del Ejecutivo con el resto de los poderes del Estado, la colonización política de las instituciones, la erosión de las libertades individuales, la
47 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/laDelegacionInforma/2021/DGVGInforma_016paratodas.pdf.
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o el ensimismamiento en los problemas internos de un gobierno dividido, son algunas de las causas del deterioro de la calidad democrática de nuestra democracia.
El Gobierno de Sánchez pretende ocupar todas las instituciones independientes y ese afán de control está causando un enorme descrédito de la democracia española fuera de nuestras fronteras -singularmente en la Unión Europea-, por lo que
resulta imprescindible revertirlo para recuperar la salud de nuestras instituciones y, en definitiva, virar el camino de descrédito al que el gobierno lleva a nuestra democracia.
El Gobierno ha creado una estructura de poder con epicentro en La Moncloa con el único objetivo de mantenerse en el gobierno. Esta telaraña de poder se extiende más allá del propio gobierno, colonizando empresas públicas, organismos
independientes y hasta otros poderes del Estado, erosionando la legitimidad de las decisiones tomadas por instituciones y organismos totalmente legítimos que ven como momentáneamente el gobierno toma el control sobre ellos.
El Gobierno tiene el deber de gobernar, pero las instituciones del Estado tienen el deber de supervisar y equilibrar ese poder. Cuando las instituciones son independientes, pueden hacer su trabajo de manera efectiva, asegurando que el
Gobierno actúe en el mejor interés de todos los ciudadanos, y no solo de unos pocos.
Sin embargo, el devenir del gobierno de Pedro Sánchez hace que el cumplimiento de esta afirmación sea sumamente complicado. La independencia de las instituciones no es solo una cuestión de principios democráticos, sino también de confianza.
Cuando las instituciones son independientes, los ciudadanos pueden confiar en que sus decisiones se toman de manera justa y transparente. Sin embargo, la intención de este Gobierno es evidente y colonizar todas las instituciones del Estado puede
llevar a un desequilibrio de poderes y a una erosión de la democracia, que ya se está produciendo.
Las instituciones independientes son esenciales para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, por ello es de vital importancia democrática defender la independencia de las instituciones y prevenir este tipo de situaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Respetar la independencia de las instituciones del Estado, pilares sobre los que se asienta nuestra democracia e imprescindibles para elevar la calidad democrática de España.
2. Cesar en su política de rendición del Estado al independentismo, que tanto daño está causando a la independencia de nuestras instituciones, afectando la calidad de nuestra democracia y vulnerando los valores constitucionales
fundamentales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Carlos García Adanero, Marta Varela Pazos, Héctor Palencia Rubio, Enrique Belda Pérez-Pedrero, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Manuel Cobo Vega, Mirian
Guardiola Salmerón, Pedro Luis Huguet Tous, Javier Merino Martínez, Carmen Navarro Lacoba, Javier Noriega Gómez y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora del
funcionamiento del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para que pueda cumplir eficazmente sus funciones como organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública y, por tanto, la calidad democrática para su debate en la
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Exposición de motivos
El Preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que 'la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes
fundamentales de toda acción política. Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué
criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos'.
Esta necesaria Ley, impulsada por un Gobierno del Partido Popular, vino a desarrollar de manera completa un aspecto de nuestra Constitución, el artículo 105, que reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros de
la Administración y, en consecuencia, impone a las administraciones la obligación de suministrar la información que en ellas se contiene. Supuso la implantación de una nueva cultura de apertura política que impone el cumplimiento de objetivos y la
responsabilidad en la gestión y facilita la rendición de cuentas de todos los servidores públicos, electos y no electos, políticos, altos cargos y empleados públicos en general.
La necesidad de aprobar esta Ley también surgió de la constatación de que los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que a su vez favorecen el crecimiento
económico y el desarrollo social.
Es evidente que permitir o propiciar una mayor y mejor fiscalización de la actividad pública contribuye a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficacia del Estado y favorece el crecimiento económico de una Nación y, además,
trae consigo un aumento del índice de la calidad de sus democracias.
La Ley de Transparencia nació, pues, con un triple objetivo: incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, a través de la implantación de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades
públicas; reconocer y garantizar el acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.
El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público cuya finalidad es promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de
acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
Desde su creación, el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones de actuar con independencia para promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones
de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
Para el cumplimiento de sus funciones y, por tanto, para garantizar la calidad democrática de nuestro país, el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno requiere de unos medios materiales y económicos adecuados.
En diferentes ocasiones, el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha manifestado en esta Cámara, tanto en comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática como ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública
de la XIV Legislatura, que 'la precariedad de recursos impide cumplir eficazmente con las funciones
que tiene encomendadas'. Recursos económicos que él estima por una cantidad del doble del importe que actualmente tiene asignado.
Las críticas al Gobierno por la falta de transparencia han sido constantes en los últimos tiempos -algo que se puede ver en las recomendaciones del propio Consejo de Transparencia- y exigen una respuesta y desarrollar los mecanismos legales
para evitar que en el futuro vuelvan a producirse situaciones como la que se vivió durante la pandemia de COVID-19 y que permitió a los responsables sustraerse de esa obligación de transparencia y de rendición de cuentas.
Los ciudadanos necesitan saber qué datos se utilizan para tomar cualquier decisión, qué personas contribuyen a la toma de decisiones, a qué se destina el dinero de sus impuestos, cuáles son y si se respetan los procedimientos de
contratación.
En definitiva, la sociedad cada vez reclama más transparencia a sus representantes y las instituciones del Estado tenemos la obligación de fomentar esa cultura de la transparencia y agilizar los cauces para ofrecerla.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revertir su actitud de permanente incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en contra de la línea de opacidad ejercida desde las estructuras gubernamentales.
2. Colaborar de forma activa con el resto de las administraciones públicas, instituciones del Estado y organismos para dar cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
3. Aumentar los medios materiales y humanos adscritos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que este organismo público pueda desarrollar eficazmente sus necesarias y esenciales funciones de control de la transparencia en la
actividad pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Carlos García Adanero, Marta Varela Pazos, Héctor Palencia Rubio, Enrique Belda Pérez-Pedrero, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Manuel Cobo Vega, Mirian
Guardiola Salmerón, Pedro Luis Huguet Tous, Javier Merino Martínez, Carmen Navarro Lacoba, Javier Noriega Gómez y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Defensa
181/000114
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: don Carlos Rojas García y don Agustín Conde Bajén.
Texto:
¿Cómo valora la ministra de Defensa que España esté a la cola de la OTAN en gasto de defensa, en un momento de rearme en Europa, ya que, según los datos facilitados por la Alianza Atlántica, España empleará este año el 1,3 % del PIB
nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-Carlos Rojas García y Agustín Conde Bajén, Diputados.
181/000115
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: don Carlos Rojas Garcia y don Agustín Conde Bajén.
Texto:
¿Considera suficiente la ayuda del Gobierno de España a Ucrania, teniendo en cuenta que la Ministra ha declarado, en una entrevista reciente, que espera que sigamos ayudando a Ucrania porque nos jugamos la razón de ser de Europa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-Carlos Rojas García y Agustín Conde Bajén, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000112
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Mercedes Fernández González
Texto:
¿Por qué resulta inasumible para el Ministerio el denominado Vial de Jove en la ciudad de Gijón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2024.-María Mercedes Fernández González, Diputada.
181/000113
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: don Héctor Palencia Rubio y doña Esther Llamazares Domingo
Texto:
¿Qué criterio determinará en qué municipios se llevarán a cabo los soterramientos ferroviarios ya comprometidos, teniendo en cuenta que tanto el Ministro y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible informaron en sus
respectivas comparecencias a la Comisión de la imposibilidad de acometerlos todos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-Esther Llamazares Domingo y Héctor Palencia Rubio, Diputados.
181/000116
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: doña Esther Llamazares Domingo y don Héctor Palencia Rubio
Texto:
¿De qué fecha datan los informes que obligan a descartar el proyecto inicial del 'Vial de Jove' por el riesgo que podría suponer la construcción del túnel proyectado para 150 viviendas y para un geriátrico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-Esther Llamazares Domingo y Héctor Palencia Rubio, Diputados.
181/000117
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: doña Esther Llamazares Domingo y don Héctor Palencia Rubio
Texto:
¿Qué ha motivado la paralización de las obras del Puente de Ribadesella iniciadas el 12 de marzo de 2023?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-Esther Llamazares Domingo y Héctor Palencia Rubio, Diputados.
Comisión de Industria y Turismo
181/000119
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: doña Esther Llamazares Domingo y don Francisco José Conde López
¿Está previsto que se produzca la incorporación de SEPIDES a la estructura societaria de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), como se anunciara ya por primera vez en el año 2020 desde el Gobierno del
Principado de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-Esther Llamazares Domingo y Francisco José Conde López, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000118
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: doña Esther Llamazares Domingo y don Juan Diego Requena Ruiz
Texto:
¿Qué otras posibles soluciones se han estudiado para evitar el derribo del Mirador de la Peñona, en el concejo de Castrillón (Asturias), que ha sido definitivamente aprobado por la dirección General de Costas y del Mar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-Esther Llamazares Domingo y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000120
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: doña María Soledad Cruz-Guzmán García, don Ricardo Tarno Blanco y don Rafael Belmonte Gómez
Texto:
¿Va el Gobierno a mantener, y en la misma cuantía, o por el contrario, va a eliminar la subvención nominativa para el año 2024 que se venía otorgando al Ayuntamiento de Sevilla en los años 2021, 2022 y 2023 para la necesaria promoción de
vivienda protegida asegurando así el acceso a vivienda digna para los ciudadanos de Sevilla que más lo necesitan, tal y como se publicó en un medio nacional de comunicación donde se indicaba que el ministerio de Vivienda estudiaba su eliminación
para otorgársela a la Diputación de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Ricardo Tarno Blanco y Rafael Belmonte Gómez, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/006836
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Situación en la que se encuentra el Registro de objetores de conciencia regulado en la Ley Orgánica 1/2024, de 28 de febrero, así como fecha estimada para que se reúna el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para acordar el
protocolo específico que ha
de influir en las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos en dicha Ley Orgánica.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó y Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
En el mes de febrero de 2023 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta Ley regula
el derecho al aborto pero las comunidades autónomas aún no han aprobado el protocolo respecto al registro de los objetores de conciencia.
Esta Ley establece la creación de registros de objetores de conciencia, con el objetivo de que las intervenciones sean asumidas mayoritariamente en centros de la sanidad pública. Actualmente esto solo ocurre en el 15 % de los casos de las
IVE (interrupciones voluntarias del embarazo), el resto se hace en clínicas privadas y concertadas. La inexistencia de registro, además, obliga a muchas mujeres a desplazarse a otros territorios del Estado español para abortar, retrasando la
intervención.
En el caso del País Valencià, el 92 % de las IVE se dieron en centros privados, a pesar de que solo el 15 % de los médicos se declararon objetores de conciencia en 2020. El objetivo de esta ley es hacer asegurar el derecho de las mujeres a
la interrupción voluntaria del embarazo y, además, hacerlo compatible con los derechos de los profesionales sanitarios para impedir que la cláusula moral entre en conflicto con la decisión de las mujeres.
En la norma se indica que la creación de los mencionados registros depende del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde participa el Gobierno central y las comunidades autónomas, que tienen cedidas las competencias
sanitarias. No obstante, casi un año después, no existe constancia de haberse abordado esta cuestión.
Es por eso, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. ¿En qué situación se encuentra el Registro de Objetores de conciencia que se regula en la Ley Orgánica 1/2024, de 28 de febrero, más de un año después de su aprobación?
2. ¿Cuando se estima que se reunirá el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para acordar el protocolo específico que ha de influir las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos en la
Ley Orgánica 1/2024, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.
184/006837
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Retirada por el Ayuntamiento de Burriana de la placa conmemorativa a las víctimas del franquismo en el convento de la Mercé.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de lo Diputados
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó y Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
El Ayuntamiento de Borriana, dirigido por el Partido Popular, ha decidido retirar la placa conmemorativa a las víctimas del franquismo en el convento de la Mercé. La adopción de esta decisión y, por extensión, la retirada de la placa
implica el incumplimiento de la ley de Memoria Democrática.
La concejalía de Cultura, encabezada por Vox, ha procedido a la retirada de la placa, que supone borrar el hecho que el Convento de Mercé fue una prisión franquista donde más de 4.000 personas sufrieron represión por el hecho de no comulgar
con las ideas del bando golpista; una humillación a las víctimas, que va acompañada de la nueva ley de Concordia que está impulsando el gobierno valenciano, con el objetivo de equiparar las víctimas que están en las cunetas con los responsables de
su muerte entrante en contradicción con la ley de Memoria Histórica estatal, como la acción llevada a cabo por el gobierno de Burriana con la retirada de la placa conmemorativa a las víctimas del franquismo.
Es por eso, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo valora el Gobierno de España la acción llevada a cabo por el regidor de Cultura de Burriana y el Ayuntamiento de Burriana de retirada de la placa conmemorativa a las víctimas del franquismo?
2. ¿Qué acciones piensa llevar a cabo el Gobierno de España para asegurar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica estatal? Y, en el caso concreto de Burriana, ¿cómo piensa actuar el Gobierno para asegurar el cumplimiento de la
referida ley?
3. ¿Cómo valora el Gobierno de España la ley de Concordia que está impulsando el actual gobierno valenciano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.