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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 101, de 07/03/2024
cve: BOCG-15-D-101
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de marzo de 2024
Núm. 101
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania.
Enmienda ... (Página3)
Aprobación con modificaciones ... (Página4)
162/000090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a impulsar proyectos de transformación económica y social de nivel regional.
Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página4)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000017 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la política general del Gobierno sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras del campo ... (Página5)
172/000018 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la responsabilidad del Gobierno en los hechos que derivaron en las detenciones por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de
mascarillas durante la pandemia de la COVID-19 ... (Página6)
172/000019 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario VOX, al Ministro de Cultura sobre las políticas que va a desarrollar su Ministerio para defender el legado cultural y civilizador de España ... (Página6)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000009 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas que va a adoptar el Ministro del Interior para acabar con los actos de apoyo, enaltecimiento y homenaje a los terroristas.
Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página7)
173/000010 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre la situación del Delta del Ebro.
Texto de la moción así como enmienda formulada ... (Página9)
Aprobación con modificaciones ... (Página15)
173/000011 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la escasez de medios para hacer frente al narcotráfico y la responsabilidad del Gobierno en el asesinato de dos
guardias civiles en Barbate.
Texto de la moción así como enmienda formulada ... (Página15)
Aprobación ... (Página17)
173/000012 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para garantizar la
independencia del Poder Judicial.
Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página18)
Otros textos
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000002 Declaración institucional con ocasión del incendio de Valencia que tuvo lugar el 22 de febrero de 2024 ... (Página22)
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000003 Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Aprobación por el Pleno ... (Página22)
430/000004 Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto
no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024.
Aprobación por el Pleno ... (Página23)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000089
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la enmienda formulada a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63, de 12 de enero de 2024.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra), relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta a:
1. Continuar apoyando los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional para conseguir un alto el fuego permanente, la liberación de los rehenes y el reconocimiento de los dos Estados para una paz duradera y estable.
2. Mantener la suspensión temporal de las exportaciones de armas a Israel.
3. Redoblar los esfuerzos para lograr la apertura de corredores humanitarios y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.
4. Promover en el seno de la Unión Europea la adopción de medidas contra los responsables de violaciones de los Derechos Humanos cometidos contra la población civil en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo sanciones
contra los colonos violentos en Cisjordania.
5. Promover la adopción de medidas por violaciones de las cláusulas del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea e Israel, incluyendo las referidas a violaciones de derechos humanos.
6. Apoyar a las jurisdicciones internacionales competentes para investigar posibles violaciones de Derecho Internacional en los Territorios Palestinos Ocupados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-Patxi López Álvarez, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva
de Israel en Gaza y Cisjordania, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63, de 12 de enero de 2024, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a redoblar los esfuerzos para lograr la apertura de corredores humanitarios y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, incluyendo la coordinación a nivel europeo para el envío conjunto de ayuda
y su lanzamiento por vía aérea sobre la Franja.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000090
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a impulsar proyectos de transformación económica y social de nivel
regional, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 63, de 12 de enero de 2024.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a impulsar proyectos de transformación económica y social de nivel regional.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar la co-gobernanza y complementariedad en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación con las Comunidades Autónomas, destacando el papel que cumplirá el Fondo de Resiliencia
Autonómica en este sentido. Este fondo permitirá realizar inversiones sostenibles con la participación de las Comunidades Autónomas, canalizando proyectos que se identifiquen y contando con el Banco Europeo de Inversiones, con una experiencia
contrastada en la gestión de fondos europeos, como catalizador de los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-Patxi López Álvarez, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a impulsar
proyectos de transformación económica y social de nivel regional, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para lograr que los fondos europeos lleguen de manera efectiva a las empresas y tejido productivo.
Enmienda
De modificación.
Se propone la siguiente redacción:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Activar y poner en marcha los denominados 'PERTEs regionales' que suponen activar las capacidades de gestión de las Comunidades Autónomas (proyectos de transformación económica y social de nivel regional alineados con los objetivos del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que las Comunidades Autónomas sean las encargadas de gestionar directamente parte de los fondos aún disponibles para apoyar a las empresas en los procesos de transformación).
2. Que se destine a las Comunidades Autónomas el 65 % de los recursos de subvenciones de los PERTE estatales que quedan por ejecutar (aún no distribuidos).
3. Convocar la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación para consensuar con las Comunidades Autónomas los criterios de territorialización de estos fondos sobrantes para asegurar el máximo impacto transformador.
4. Que las Comunidades Autónomas participen activamente en la gestión de los préstamos del Fondo de Resiliencia Autonómica incluido en la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se clarifique el sistema de
colaboración y gobernanza entre el BEI, Comunidades Autónomas y Gobierno del Estado.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000017
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la política general del Gobierno sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras del
campo, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de su Portavoz adjunta y Diputada de Podemos, lone Belarra Urteaga, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación
urgente en relación con la política general del Gobierno sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras del campo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000018
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la responsabilidad del Gobierno en los hechos que derivaron en las detenciones
por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno, relativa a la
responsabilidad del Gobierno en los hechos que derivaron en las detenciones por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
172/000019
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, al Ministro de Cultura sobre las políticas que va a desarrollar su Ministerio para defender el legado cultural
y civilizador de España, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula interpelación urgente al ministro de Cultura sobre las políticas que va a desarrollar su
ministerio para defender el legado cultural y civilizador de España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000009
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas que va a adoptar el Ministro del Interior para acabar con los actos de
apoyo, enaltecimiento y homenaje a los terroristas, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Alberto Catalán Higueras, diputado por Navarra de Unión del Pueblo Navarro (UPN), integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente moción consecuencia de interpelación urgente al ministro del Interior sobre las medidas que va a adoptar para acabar con los actos de apoyo, enaltecimiento y homenaje a los terroristas.
Exposición de motivos
Los actos de enaltecimiento de la banda terrorista ETA y de sus miembros han sido una constante a lo largo de los últimos años. También en los últimos meses, en los que se han desarrollado decenas de convocatorias en tal sentido. Dicha
situación es una humillación a las víctimas del terrorismo, que tienen que padecer no solo la pérdida o mutilación de un ser querido, sino también comprobar cómo se apoya y ensalza a sus asesinos.
El año 2023 se cerró con decenas de homenajes a etarras en diferentes localidades de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), en su Observatorio de la Radicalización
violenta en el ámbito del terrorismo de ETA, registró 466 actos de apoyo a ETA. De ellos, 375 se han realizado en la Comunidad Autónoma Vasca y 67 en Navarra. Entre ellos, 48 han sido homenajes públicos a etarras muertos, 27 fiestas populares
celebradas para enaltecer a ETA y 5 homenajes en vía pública de etarras todavía en prisión.
En la Comisión de Interior del Senado de 29 de mayo de 2020, ante la denuncia de Unión del Pueblo Navarro (UPN) de los actos de apoyo, durante esas semanas, al terrorista etarra que asesinó a Tomás Caballero, concejal regionalista en el
Ayuntamiento de Pamplona, el ministro del Interior se comprometió a realizar una modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que incluyera, entre otras cuestiones,
medidas para acabar con enaltecimientos, homenajes y recibimientos de terroristas. La previsión era incorporar un nuevo título con la finalidad de regular un régimen sancionador que, en palabras del ministro, sirva como instrumento para terminar
con actos de homenaje incompatibles con el respeto y dignidad que merecen las víctimas.
Las propias entidades que agrupan a víctimas del terrorismo han venido reclamando reformas legales para que se sancionen por la vía administrativa los actos de apoyo y enaltecimiento a ETA y a los terroristas de la banda terrorista. El que
fuera presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero Martínez, afirmaba en 2022, durante el Homenaje que el Congreso de los Diputados rinde a las víctimas del terrorismo
cada 27 de junio, lo siguiente: 'Recuerden que la memoria y el honor de las víctimas no son negociables ni mucho menos renunciables'. Ensalzaba el papel de las Cortes Generales en la lucha contra la violencia y el reconocimiento de las
víctimas para ir acorralando todo el entramado armado e ideológico de los terroristas. También interpeló a los allí presentes sobre si creen que nos acercamos a la justa normalización de la convivencia con un claro reconocimiento de víctimas y
victimarios y si consideraban que la memoria que las víctimas merecen es la que estamos construyendo. 'La respuesta a mis preguntas no es afirmativa', afirmó. Asimismo, recordó que la celebración de homenajes a presos de ETA es algo objetivamente
indigno e inmoral, y la ocupación de espacios públicos con manifestaciones que blanquean lo acontecido y disfrazan la única realidad, la provocada por victimarios y sufrida por víctimas.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) realizó en 2020 un estudio sobre el daño psicológico que producen los actos de apoyo a los terroristas en las víctimas y las conclusiones revelaron que 'los actos de recibimiento y homenaje
público a los terroristas generan un impacto psicológico negativo en las víctimas del terrorismo de ETA' y emociones como 'el enfado, la injusticia, o la humillación, con una intensidad muy elevada'. También destacaba que 'influyen negativamente'
en la vida diaria e 'interfieren en la recuperación psicológica de las víctimas'.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), en la presentación de los datos del observatorio de la radicalización, manifestaba que la legitimación pública de ETA sigue muy presente en las calles de Euzkadi y de Navarra, que centenares
de jóvenes están creciendo con la idea de que los etarras son héroes, presos políticos o refugiados políticos, que el culto a ETA y a sus terroristas está lejos de desaparecer y reclamaba mayor implicación de las instituciones para acabar con esta
lacra ya que les preocupa que se pueda instalar en la sociedad la falsa idea de que esta es una lacra en la que las instituciones no tiene ninguna responsabilidad, cuando sí la tienen. En esa línea recordaron las leyes de memoria histórica y
democrática aprobadas que contemplan un régimen sancionador para actos de exhibición pública de elementos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual y colectivo del franquismo y de la dictadura.
El presidente de la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, Daniel Portero, manifestaba hace unos meses: 'A mí nunca nadie me ha preguntado si esas fotos de los asesinos de mi padre me degradan mi integridad. Ningún juez ni ningún
fiscal. Si, me deshonran públicamente, me humillan ante los demás, me provocan vergüenza social, me indignan, me vejan, me mortifican, me generan bochorno, me degradan como persona, suponen una afrenta a mi familia y a mi orgullo personal'.
En definitiva, hay que salvaguardar la dignidad, la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas del terrorismo. En España hemos padecido la sinrazón de diferentes grupos terroristas, el más sanguinario el de la banda terrorista ETA que
sembró de muerte y sangre con cientos y cientos de hombres, mujeres y niños asesinados, miles de perseguidos, amenazados y coaccionados y miles que tuvieron que salir de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra.
Es del terrorismo de ETA del que se siguen realizando actos de enaltecimiento, tanto de la propia banda terrorista como de sus asesinos. En un país democrático y en el que impera el Estado de derecho, como el que disfrutamos en España, las
víctimas no pueden ser humilladas permanentemente y el relato de la lacra del terrorismo de ETA no lo pueden escribir los verdugos, lo deben hacer las víctimas y las instituciones, en ambas cuestiones tienen una obligación y responsabilidad que
asumir.
No se puede mirar para otro lado ni permanecer, como hacen algunos, en una falsa equidistancia. La sociedad española tiene una deuda permanente con las víctimas del terrorismo de ETA y no puede permanecer impasible mientras se les humilla y
se les desprecia con actos y manifestaciones en las que se ensalza a los asesinos. Es una aberración, totalmente injusta e injustificable, que las víctimas tengan que padecer no solo el asesinato de un ser querido sino comprobar cómo se rinde
homenaje o se defiende a sus asesinos. Es una degradación ética y moral que no puede, en ningún caso, ser justificada o defendida.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados, ante la ofensa y humillación que conllevan los actos y convocatorias a favor de los asesinos de la banda terrorista ETA:
1. Manifiesta su solidaridad y reconocimiento a las víctimas de ETA, rechaza y condena los actos de homenaje y apoyo de los miembros de la banda terrorista ETA que se vienen realizando en diferentes localidades de España, especialmente en
la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra.
2. Insta al Gobierno a poner fin, a través de las medidas o sanciones administrativas que se consideren oportunas, con las modificaciones legislativas pertinentes, los actos de homenaje, enaltecimiento y apoyo de la figura y trayectoria de
los terroristas etarras, de la propia banda terrorista ETA y de otros grupos terroristas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Alberto Catalán Higueras, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000010
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per
Catalunya, sobre la situación del Delta del Ebro y de la enmienda presentada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Josep Maria Cruset i Domènech, al amparo de lo que establece el artículo 184 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación
urgente sobre la situación del Delta de l'Ebre.
Exposición de motivos
El Parc Natural del Delta de l'Ebre, con una superficie superior a los 300 km2, representa uno de los ecosistemas con mayor riqueza biológica de Catalunya, y por este motivo la UNESCO lo incluyó dentro de la Reserva de la Biosfera de las
Terres de l'Ebre y forma parte del convenio de Rämsar como humedal de importancia internacional en lo relativo al hábitat de pájaros acuáticos. Además, su territorio tiene un enorme potencial agrícola y económico que se suma a su fortaleza social.
Desde hace décadas el Delta de l'Ebre ha sufrido un proceso de regresión que, si no se revierte, llevará indefectiblemente a su desaparición física. Existe un consenso por parte de los científicos que han estudiado su dinámica sobre to de
destino en un futuro, mas o menos cercano. Así, históricamente, la principal causa de la situación actual es la retención de los sedimentos debido, mayoritariamente, a la regulación de los cauces del río Ebre como consecuencia de la construcción,
principalmente, de los pantanos de Riba-roja y Mequinensa en la parte baja de la cuenca de l'Ebre en 1969 y 1958, respectivamente.
Esta retención de sedimentos en los embalses, que son responsabilidad del ente gestor de la cuenca, la Confederación Hidrográfica del Ebre, provoca un incremento de la fragilidad de la zona deltaica que desencadena y agrava la erosión.
Además, el aumento
del nivel del mar y los, cada vez más frecuentes episodios meteorológicos extremos, como consecuencia del cambio climático, y la falta de ejecución de políticas de protección de la franja costera por parte de la Dirección General de Costas
han generado un efecto devastador sobre la morfología de este espacio de máximo interés natural.
Todo lo expresado anteriormente evidencia, desde el punto de vista técnico, que se está llegando a un punto de no retorno en el que, si no se adoptan medidas de forma inmediata, la situación será irreversible y con un impacto negativo
contundente en el valor ambiental, paisajístico, social y económico del territorio.
Por otro lado, las medidas correctoras necesarias, tanto desde el punto de vista competencial como de cuantía económica, son competencia de la administración del Estado español y de la Generalitat de Catalunya. Por tanto, y atendiendo a la
gravedad de la situación, resulta del todo necesario que las medidas sean adoptadas inmediatamente por parte de estas administraciones, manteniendo, pero, una mirada a largo plazo que debe consolidar la pervivencia del Delta de l'Ebre.
Desde el punto de vista de la gobernanza de las posibles acciones, estas dos administraciones tienen como espacio de trabajo la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en la que no han permitido participar a los actores propios del territorio
del Delta de l'Ebre.
La Taula de Consens del Delta, creada el año 2018 por los ayuntamientos de la plana deltaica y las dos comunidades de regantes, ha conseguido en los últimos dos años generar un consenso total entre todos los actores, respecto a las acciones
a realizar y el calendario en que se han de ejecutar, estando recogidas en el denominado Pla Delta.
De forma incomprensible, en lugar de escuchar este consenso territorial, el Gobierno del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, está trabajando en un plan propio al amparo de la disposición
adicional décima de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Este Plan de Protección del Delta, el cual debería incluir, entre otros aspectos, las medidas para proteger la
morfología pero que se está elaborando sin la participación de los agentes territoriales, a pesar de que se requiere en el punto 3 de su articulado '... y se realizará con la consulta y participación de los representantes de los entes locales de la
zona del Delta de l'Ebre, así como de los usuarios y organizaciones sociales más representativas, con carácter previo a su aprobación'. Además, sumando en el despropósito, el punto 4 recoge que el 'Plan deberá estar redactado y aprobado en el plazo
máximo de un año a los efectos regulados en la presente disposición adicional'.
Pero no solo no se está alineando este documento del ministerio con el elaborado por la Taula de Consens del Delta de l'Ebre, sino que, además, el mismo ministerio está impulsando una serie de expedientes para una nueva propuesta de
delimitación del dominio público marítimo-terrestre en la zona del Delta de l'Ebre que son incoherentes con lo que sería necesario realizar, hecho que ha generado un enorme nivel de oposición entre la población y los actores afectados, que no
entienden que la revisión de la delimitación se haga sin confluencia con las acciones de protección de la morfología del Delta.
Por otro lado, el pasado 8 de febrero, el Tribunal Supremo declaró nulo el RD/668/2022 que modificaba el Reglamento General de Costas, abriendo la oportunidad a encontrar nuevas vías de consenso territorial y superar los efectos perniciosos
que las delimitaciones impulsadas por el ministerio tenían:
- Afecta a un porcentaje importante del Delta, el cual cambiará su calificación actual.
- Afecta a los humedales naturales que corresponde a hábitats especialmente protegidos que pertenecen a la XARXA NATURA 2000.
- Se realiza sin el preceptivo estudio técnico-geológico.
- No actúa en la principal causa de degradación y regresión del Delta de l'Ebre que es la antropización que impide la aportación de sedimentos.
- Afecta a fincas agrícolas privadas, productoras de arroz, que pasarían a ser concesionarias del Estado para un periodo temporal limitado.
- Afecta infraestructuras de bombeo, riego y desguace de las comunidades de regantes, que actualmente gestionan de forma integral las masas de agua dulce y de transición en el Delta.
- Afecta a terrenos urbanizables, entrando en contradicción con los informes del Servicio Provincial de Costas que se incorporaron en los POUM's correspondientes.
- Y, finalmente, dado que la nueva línea marítimo-terrestre se hace en la zona terrestre, la nueva delimitación normaliza la regresión que ha sufrido el delta en las últimas décadas e incluso consolida la que se producirá en los próximos
años si no se actúa.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar cumplimiento integro a los compromisos que la Ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, asumió con la organizaciones sociales del Delta de l'Ebre en su visita del 10 de febrero de 2023.
2. Que el consenso del Plan de Protección del Delta se realice mediante la incorporación en la Comisión Bilateral de una representación de la Taula de Consens del Delta de l'Ebre, órgano reconocido y legitimado por todos los actores
territoriales.
3. Que el Plan de Protección del Delta, se encaje en lo que establece el Pla Delta de la Taula de Consens del Delta de l'Ebre.
4. La paralización inmediata de la tramitación de todos los expedientes de delimitación del Delta de l'Ebre hasta que los puntos anteriores no se hayan cumplido.
5. Que se incluyan en los presupuestos de 2024 los recursos económicos necesarios para ejecutar inmediatamente las actuaciones de consolidación de la morfología del Delta de l'Ebre de acuerdo con lo que recoge el Pla Delta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Josep Maria Cruset Domènech, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instàncies del diputat, Josep Maria Cruset i Domènech, a l'empara del que estableix l'article 184 del Reglament de la Cambra, presenta la següent moció consequència d'interpel·lació urgent sobre la
situació del Delta de l'Ebre.
Exposició de motius
El Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb una superfície superior als 300 km2, representa un dels ecosistemes amb una major riquesa biològica de Catalunya, motiu pel qual la UNESCO el va incloure dins de la Reserva de la Biosfera de les
Terres de l'Ebre i forma part del conveni de Rämsar com a zona humida d'importància internacional pel que fa a l'hàbitat d'ocells aquàtics. A més a més, el seu territori té un enorme potencial agrícola i econòmic que es suma a la fortalesa social
del mateix.
Des de fa dècades el Delta de l'Ebre ha patit un procés de regressió que, si no es reverteix, portarà indefectiblement a la seva desaparició física. Hi ha un consens per part dels científics que han estudiat la seva dinàmica cap a quin punt
ens encaminem en un futur, més o menys, proper. Així, històricament, la principal causa de la situació actual és la retenció en l'aportació de sediments deguda, majoritàriament, a la regulació dels cabals al riu Ebre conseqüència de la construcció,
principalment, dels pantans de Riba-roja i Mequinensa a la part baixa de la conca de l'Ebre el 1969 i 1958, respectivament.
Aquesta retenció de sediments als embassaments, responsabilitat de la Confederación Hidrográfica de l'Ebre, ens gestor de la conca, provoca un augment de la fragilitat a la zona deltaica que desencadena i agreuja l'erosió. Amb tot i amb
això, la pujada del nivell del mar i els cada cop més freqüents episodis meteorològics extrems, com a conseqüència del canvi climàtic i la manca d'execució de polítiques de protecció de la franja costanera per part de la Direcció General de Costes,
han generat un efecte devastador sobre la morfologia d'aquest espai de màxim interès natural.
Tot l'expressat anteriorment fa evident, des del punt de vista tècnic, que s'està arribant a un punt de no retorn en que si no s'adopten mesures de manera immediata la situació serà irreversible i amb un impacte negatiu contundent en el
valor ambiental, paisatgístic, social i econòmic del seu territori.
Per altra banda, les mesures correctores necessàries, tant des del punt de vista competencial i de quantia econòmica, són competència de l'administració de l'Estat Espanyol i de la Generalitat de Catalunya. Per tant, i atesa la gravetat de
la situació, és del tot necessari que les mesures correctores siguin adoptades immediatament per part d'aquestes administracions, mantenint, però, una mirada en el llarg termini que ha de consolidar la pervivència del Delta de l'Ebre.
Des del punt de vista de la governança de les possibles accions, aquestes dues administracions tenen com espai de treball la Comissió Bilateral Generalitat-Estat a la que no han permès participar els actors propis del territori del Delta de
l'Ebre.
La Taula de Consens del Delta, formada pels ajuntaments de la plana deltaica i les dues comunitats de regants l'any 2018, ha aconseguit em els darrers dos anys generar un consens total en tots els actors, respecte de les actuacions a
realitzar i el calendari en que s'han de porta a terme, estant recollides a l'anomenat Pla Delta.
De manera incomprensible, en lloc d'escoltar aquest consens del territori, el govern de l'Estat, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, està treballant en un pla propi a l'empara de la Disposició
Addicional Desena de la Ley 11/2005, de 22 de juny, per la que es modifica la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional. Aquest Plan de Protección del Delta, el qual hauria d'incloure, entre d'altres aspectes, les mesures per
protegir-ne la morfologia però que s'està elaborant sense la participació dels agents territorials, tot i que es requereix al punt 3 del seu articulat '... i es realitzarà amb la consulta i participació dels representants dels ens locals de la zona
del Delta de l'Ebre, així com dels usuaris i organitzacions socials més representatives, amb caràcter previ a la seva aprovació'. A més, abundant en el despropòsit, el punt 4 recull que 'El Pla haurà d'estar redactat i aprovat en el termini màxim
d'un any als efectes regulats a la present disposició addicional'.
Però no només no s'està alineant aquest document del ministeri amb l'elaborat per la Taula de Consens del Delta de l'Ebre, sinó que a més a més el mateix ministeri està impulsant diferents expedients per una nova proposta de delimitació del
domini públic marítim-terrestre a la zona del Delta de l'Ebre els quals són incoherents amb allò que seria necessari portar a terme, la qual cosa ha generat un enorme nivell d'oposició entre la població i actors afectats, que no entenen que la
revisió de la delimitació es faci sense confluència amb les accions de protecció de la morfologia del Delta.
Per altra banda, el darrer 8 de febrer el Tribunal Suprem va declarar nul el RD/668/2022 que modificava el Reglament General de Costes obrint l'oportunitat a trobar noves vies de consens territorial i superar els efectes perniciosos que les
delimitacions impulsades pel ministeri tenien:
- Afecta a un percentatge important del Delta, el qual canviarà la seva qualificació actual.
- Afecta a zones humides naturals que es corresponent a hàbitats especialment protegits pertanyents a la XARXA NATURA 2000.
- Es realitza sense el preceptiu estudi tècnic-geològic.
- No actua en la principal causa de degradació i regressió del Delta de l'Ebre que és l'antropització que impedeix l'aportació de sediments.
- Afecta a finques agrícoles privades, productores d'arròs, que passarien a ser concessionàries de l'Estat per un període temporal limitat.
- Afecta a infraestructures de bombament, reg i desguàs de les Comunitats de regants, que actualment gestionen de forma integral les masses d'aigua dolça i de transició al Delta.
- Afecta a terrenys urbanitzables, entrant en contradicció amb els informes del Servei provincial de Costes que es van incorporar als POUM's corresponents.
- I, finalment, donat que la nova línia marítim-terrestre es fa terra en dins, la nova delimitació normalitza la regressió que ha patit el delta en les darreres dècades i fins i tot consolida la que es produirà en els pròxims anys si no
s'actua.
Per tot això, es presenta la següent
Moció
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a:
1. Donar compliment integral als compromisos que la Ministra de Transició Ecològica i per al Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va assumir amb les organitzacions socials del Delta de l'Ebre en la seva visita del 10 de febrer de 2023.
2. Que el consens del Plan de Protección del Delta es faci mitjançant la incorporació en la Comissió Bilateral d'una representació de la Taula de Consens del Delta de l'Ebre, òrgan reconegut i legitimat per tots els actors territorials.
3. Que el Plan de Protección del Delta, s'encaixi amb el que estableix el Pla Delta de la Taula de Consens del Delta de l'Ebre.
4. La paralització immediata de la tramitació de tots els expedients de delimitació del Delta de l'Ebre fins que els punts anteriors no s'hagin acomplert.
5. Que s'incloguin en els pressupostos del 2024 els recursos econòmics necessaris per tal d'executar immediatament les actuacions de consolidació de la morfologia del Delta de l'Ebre d'acord amb el que recull el Pla Delta.'
Palacio del Congrés de los Diputats, 22 de febrer de 2024.-Josep Maria Cruset Domènech, Diputat.-Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del Grup Parlamentari Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya sobre la situación del Delta de l'Ebre.
Enmienda
Se propone la modificación del punto dos, que queda redactado como sigue:
'2. Que el consenso del Plan de Protección del Delta se realice mediante la incorporación en la Comisión Bilateral de una representación de la Taula de Consens del Delta de l'Ebre, órgano reconocido y legitimado por todos los actores
territoriales. Y que esta Comisión Bilateral, entre gobiernos, y la Mesa de Consenso, se reúnan como mínimo 2 veces al año, una de la cuales en el Delta de l'Ebre y representada por el máximo nivel de las Direcciones Generales representativas.'
Enmienda
Se propone la modificación del punto tres, que queda redactado como sigue:
'3. Que el Plan de Protección del Delta, se encaje en lo que establece l'Estratégia Delta de la Generalitat de Catalunya i el Pla Delta de la Taula de Consens del Delta de l'Ebre.'
Enmienda
Se propone la modificación del punto cinco, que queda redactado como sigue:
'5. Que se incluyan en los presupuestos de 2024 los recursos económicos necesarios para ejecutar inmediatamente las actuaciones de consolidación de la morfología del Delta de l'Ebre de acuerdo con lo que recoge el Pla Delta y Estratégia
Delta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Republicano.
Esmena
Es proposa la modificació del punt dos, que queda redactat com segueix:
'2. Que el consens del Pla de Protecció del Delta es realitzi mitjan$ant la incorporació en la Comissió Bilateral d'una representació de la Taula de Consens del Delta de l'Ebre, organ reconegut i legitimat per tots els actors territorials.
I que aquesta Comissió Bilateral, entre governs, i la Taula de Consens, es reuneixin com a mínim 2 vegades a l'any, una de la quals en el Delta de l'Ebre i representada pel máxim nivell de les Direccions Generals representatives.'
Esmena
Es proposa la modificació del punt tres, que queda redactat com segueix:
'3. Que el Pla de Protecció del Delta, s'encaixi en el que estableix l'Estratégia Delta de la Generalitat de Catalunya i el Pla Delta de la Taula de Consens del Delta de l'Ebre.'
Esmena
Es proposa la modificació del punt cinc, que queda redactat com segueix:
'5. Que s'incloguin en els pressupostos del 2024 els recursos economics necessaris per tal d'executar immediatament les actuacions de consolidació de la morfologia del Delta de l'Ebre d'acord amb el que recull el Pla Delta i Estratégia
Delta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Republicano.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre la situación del Delta del Ebro, ha acordado lo
siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir dando cumplimiento íntegro a los compromisos que la Ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, asumió con las organizaciones sociales del Delta del Ebro en su visita del 10 de febrero de 2023.
2. Constituir la Mesa de trabajo por el Delta, en sustitución de la Comisión Mixta Estado Generalitat, la cual se reunirá como mínimo semestralmente, una de las cuales en el Delta del Ebro con representación de máximo nivel por parte de las
DG's respectivas; siendo la primera reunión en el primer semestre del 2024. La Mesa de trabajo por el Delta reunirá a las dos administraciones, central y autonómica, y a una representación de la Mesa de Consenso del Delta del Ebro, órgano
reconocido y legitimado por todos los actores territoriales.
3. Que el Plan de Protección del Delta estudie y tenga en cuenta lo establecido en el Plan Delta de la Mesa de Consenso y la Estrategia Delta de la Generalitat de Cataluña.
4. Estudiar los efectos de la suspensión de la tramitación de todos los expedientes de delimitación del Delta del Ebro hasta que se apruebe el Plan de Protección del Delta.
5. Que se mantengan como prioritarias las inversiones que sean necesarias para la protección y gestión del Delta del Ebro.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
173/000011
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa a la escasez de medios para hacer frente al narcotráfico y la responsabilidad del Gobierno en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate y de la enmienda presentada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente moción, consecuencia de interpelación urgente, relativa a la
escasez de medios para hacer frente al narcotráfico y la responsabilidad del Gobierno en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.
Exposición de motivos
Ante los hechos acaecidos el pasado 9 de febrero, cuando los dos guardia civiles David Carracedo y Miguel Ángel González fueron asesinados en Barbate por narcotraficantes, y otro compañero suyo resultó herido, es necesario adoptar medidas
inmediatamente.
En primer lugar, y con carácter urgente, medidas dirigidas a la provisión de los medios humanos y materiales necesarios para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y quienes desarrollan sus funciones de lucha contra el
narcotráfico en la zona, estén dotados de los recursos óptimos para desarrollar su esencial misión. Una misión que no sólo nos protege a los ciudadanos, sino que es nuclear para el adecuado mantenimiento del Estado social y democrático de derecho
que consagra nuestra Constitución.
La inacción y autocomplacencia de este Gobierno, incapaz de atender a las demandas de quienes, cada día, nos defienden de diversas las amenazas, como es el narcotráfico, ha supuesto no sólo que se ignore a la Guardia Civil, a la Policía
Nacional, al servicio de Aduanas, o a la Fiscalía Especial Antidroga, sino que incluso se hayan adoptado medidas contrarias a su seguridad y buen hacer.
Son numerosos los ejemplos, pero por su trascendencia han de significarse los siguientes:
- El desmantelamiento, en 2022, de la unidad OCON Sur, por motivos no aclarados y basándose en información presuntamente manipulada, como ha sido denunciado por miembros de la propia unidad.
- La absoluta y constante pasividad frente a los informes que alertaban de la necesidad de dotar de medios humanos y materiales adecuados. Especialmente relevante es el informe del Ministerio del Interior que dejaba constancia de la 'muy
envejecida flota' destinada a este fin.
- La ignorancia frente a los reiterados avisos (incluso en medios de comunicación) de la Fiscalía Especial Antidroga, donde se alertaba de la carencia de recursos para hacer frente a esta labor.
- La negativa a declarar Zona de Especial Singularidad (ZES) a la provincia de Cádiz y en particular al Campo de Gibraltar.
El Gobierno no sólo no ha cumplido con su obligación, sino que, además, la ha ignorado. Por eso, y ante el total desprecio que ha demostrado, debe asumir las más altas responsabilidades políticas. Unas responsabilidades que debían haberse
asumido hace tiempo.
Porque, desgraciadamente, el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate es el hecho que hace esta decisión imperiosa, pero son muchas las cuestiones anteriores que deberían haberlo propiciado. Por ejemplo, la nefasta gestión que hizo
el Ministerio del Interior tras la crisis del asalto a la valla de Melilla en junio de 2022, donde fallecieron, al menos, 23 inmigrantes.
Esta última, de hecho, motivó la reprobación del Ministro (que incluía también la solicitud -nunca atendida por el Presidente del Gobierno- de su destitución inmediata) en el Congreso de los Diputados, en febrero de 2023, apoyada incluso por
algunos de los grupos que sostienen al Gobierno.
También el 21 de febrero de este año, en el Senado, la mayoría de la Cámara votó a favor de la reprobación del Sr. Grande-Marlaska, con la abstención del socio del Gobierno de Coalición (Sumar) y de otros grupos parlamentarios que sostienen
al mismo (ERC, Bildu y Junts).
El Gobierno guarda silencio y es incapaz de asumir responsabilidades por su nefasta gestión.
Por todo ello, se formula la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Reprobar al Ministro del Interior por su gestión al frente del Ministerio, especialmente por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en su misión de lucha contra el narcotráfico.
Segundo. Urgir al Presidente del Gobierno a la destitución inmediata del Ministro del Interior ante la negativa del señor Marlaska a asumir su responsabilidad política dimitiendo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, por medio de su portavoz adjunta lone Belarra, integrante de Podemos, presenta una enmienda de sustitución a la moción subsiguiente a la interpelación urgente, relativa a la escasez de medios para hacer frente al narcotráfico
y la responsabilidad del Gobierno en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (C. DIP 12961), que se sustanciará en la sesión plenaria del día 27 de febrero de 2024.
Enmienda
De sustitución.
Se sustituye el punto primero de la moción por:
'Primero. Reprobar al Ministro del Interior por su gestión al frente del Ministerio, especialmente por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en su misión de lucha contra el narcotráfico, la tragedia de la valla de Melilla del 24
de junio de 2022, donde murieron en condiciones inhumanas decenas de personas, la expulsión ilegal de menores desde Ceuta a Marruecos, el uso de una tanqueta en la represión de la huelga del metal en Cádiz y la situación de hacinamiento e
insalubridad de las personas solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas o en el muelle de Arguineguín, de donde se sacó y abandonó a su suerte a más de 200 personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la escasez de medios para hacer frente al
narcotráfico y la responsabilidad del Gobierno en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Reprobar al Ministro del Interior por su gestión al frente del Ministerio, especialmente por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en su misión de lucha contra el narcotráfico.
Segundo. Urgir al Presidente del Gobierno a la destitución inmediata del Ministro del Interior ante la negativa del señor Grande-Marlaska a asumir su responsabilidad política dimitiendo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
173/000012
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Ministerio de la Presidencia, Justicia y
Relaciones con las Cortes para garantizar la independencia del Poder Judicial, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el
Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para garantizar la independencia del Poder Judicial.
Exposición de motivos
I
La actual crisis institucional.
El Gobierno de España bajo la presidencia de Pedro Sánchez se ha revelado como una gravísima amenaza contra el Estado de Derecho y contra la propia vigencia del orden constitucional. Esta amenaza se ha manifestado principalmente en sus
pactos con fuerzas separatistas, que tienen como principal designio la destrucción de la unidad nacional, y cuyos dirigentes han sido responsables en el pasado de distintos delitos de extrema gravedad, incluida la implicación en actividades
terroristas y golpistas. En la medida en que esos pactos han consistido en proporcionar impunidad a criminales, a cambio de votos parlamentarios para la investidura del propio Gobierno y para la aprobación de sus propuestas, la misma dirección del
Estado se ha visto envuelta en una espiral de ilegalidad y de deterioro institucional verdaderamente fatídica.
Con razón se ha podido afirmar que la situación provocada por el actual Gobierno y sus socios constituye la peor crisis del sistema constitucional en sus más de cuarenta años de existencia. No puede, sin embargo, decirse que tal situación
haya surgido de modo repentino. Décadas no ya de pasividad, sino de activa complicidad de los principales partidos de ámbito nacional con el separatismo y con sus políticas son las que nos han traído a la dramática coyuntura en que vivimos.
Mas también hay factores de esta crisis que se refieren específicamente a la propia configuración del Estado constitucional de 1978 como Estado de Derecho. Y quizá el más destacado de ellos es el ataque a la independencia del Poder Judicial
en que se ha embarcado el actual Gobierno. Sin duda la expresión más desvergonzada y brutal de dicho ataque es la pretensión de amnistiar los crímenes del separatismo catalán, expropiando así a los jueces y tribunales de su función constitucional
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero debe admitirse que la hostilidad contra la independencia judicial viene de mucho más atrás, y que deriva directamente de la pretensión de politizar la Justicia que tienen los partidos políticos
mayoritarios.
II
Responsabilidad del bipartidismo en el deterioro de la independencia judicial.
La Constitución Española de 1978 (CE) quiso constituir un sistema de autogobierno de la Justicia, estableciendo un órgano.de gobierno propio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto era coherente con la contundencia con la que el
propio texto
constitucional quiso preservar la independencia de los tribunales, al ser el judicial el único de los tres grandes poderes del Estado al que se denomina de este modo. El artículo 122 CE preveía que dicho Consejo estaría integrado por veinte
vocales, de los cuales doce se elegirían entre jueces y magistrados. Los ocho restantes, por su parte, serían elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, cuatro por cada Cámara.
Esta previsión constitucional sería absolutamente pervertida en su concreción legislativa con la aprobación de la vigente Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). Esta norma determinaba que los veinte vocales del CGPJ
fuesen elegidos por las Cortes Generales, diez por cada Cámara, lo que ha derivado directamente en una designación por las cúpulas de los partidos políticos que participan en ella. De hecho, la mayoría de tres quintos que la CE requiere para la
elección de los citados ocho vocales de origen parlamentario pretendía asegurar el consenso en torno a juristas de incuestionables imparcialidad y prestigio; pero la exigencia de esa mayoría se desvirtuó por los partidos, que se dedicaron durante
décadas a pactar los nombramientos de vocales a través de cuotas proporcionales a la respectiva representación parlamentaria.
La elección parlamentaria de todos los vocales del CGPJ es así una ofensa a la letra y al espíritu de la Constitución. Este modo totalmente parlamentario de elección ha sido presentado por sus defensores como la introducción de un elemento
supuestamente democrático en un sector, el judicial, al que se ha tachado de 'conservador'. No obstante, a poco que se observe, puede apreciarse que ese 'conservadurismo' es una etiqueta que se aplica a los jueces y magistrados que desempeñan su
función con profesionalidad y que aplican la ley con imparcialidad, sin introducir criterios ideológicos personales en sus decisiones.
Lo cierto es que la legitimidad democrática del Poder Judicial no tiene su origen en ninguna elección parlamentaria de sus órganos de gobierno, ni menos aún en la imposición de pautas partidistas en la designación de jueces y magistrados,
sino en el hecho de que esos jueces y magistrados estén efectivamente sometidos al imperio de la ley, como marca el artículo 117 CE. Siendo la ley la manifestación de la voluntad de los órganos legislativos, que sí han sido elegidos por sufragio
popular, es en la aplicación profesional e imparcial de esa ley donde la jurisdicción tiene su fundamento en un Estado democrático.
Por tanto, la intromisión de los partidos en la elección de los vocales del CGPJ, lejos de afirmar el carácter democrático del Poder Judicial, constituye una extralimitación inadmisible que pone en peligro la independencia de un poder del
Estado. Y, siendo ese poder, el Judicial, el que garantiza precisamente la adecuación a la legalidad de los distintos sujetos y de la misma Administración, nos encontramos con que amenazar la independencia del Poder Judicial es poner en riesgo el
mismo Estado de Derecho.
La responsabilidad de la aprobación de la citada LOPJ de 1985, con la implantación del sistema parlamentario de vocales del CGPJ, corresponde al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que en aquel momento ocupaba el Gobierno en su primera
legislatura con mayoría absoluta. Pero la culpabilidad por la pervivencia de tan nocivo modelo hasta nuestros días debe atribuirse conjuntamente a los dos grandes partidos de ámbito nacional que han ocupado el Ejecutivo en los últimos decenios. En
efecto, el Partido Popular (PP), aunque ha criticado nominalmente desde hace décadas la elección puramente parlamentaria de los vocales, no ha sido precisamente coherente con esa crítica cuando ha tenido la oportunidad de actuar. Y es que, en los
momentos en que dicho partido ha ocupado el Gobierno con mayoría absoluta, en los dos casos de 2001 y 2013 en que emprendió reformas de la norma reguladora, optó por pactar con el PSOE esas reformas y dejar el sistema básicamente igual.
Por tanto, por iniciativa del Partido Socialista, y con la complicidad del PP, desde hace casi cuarenta años el órgano de gobierno de la judicatura ha sido sometido a un intenso proceso de politización. Esto a su vez ha provocado una
importante pérdida del prestigio y de la confianza que el Poder Judicial debe inspirar en la sociedad y, quizá peor, un gravísimo daño a las funciones de jueces y tribunales de tutelar los derechos e intereses de las personas y de garantizar la
sujeción de las instituciones al imperio de la ley.
III
Atentados del Gobierno contra el Poder Judicial desde 2018
Ya se ha dicho que el ejercicio de la presidencia del Gobierno por Pedro Sánchez se ha caracterizado por un deterioro absolutamente sin precedentes de nuestro sistema institucional. Esta situación ha sido provocada fundamentalmente por dos
líneas de actuación de los gobiernos que se han sucedido desde entonces, y las cuales se han mostrado invariablemente fieles: la predisposición a llegar a cualesquiera pactos con fuerzas separatistas, por incompatibles que sean con el orden
constitucional y por dañinos que resulten para la unidad nacional; y un indisimulado propósito de colonizar todas las instituciones posibles, en especial las que puedan implicar un control de su acción de gobierno. Estas dos tendencias son las que
han venido a confluir en las agresiones del actual Ejecutivo y de sus socios contra el Poder Judicial y contra su independencia.
Ante todo, debe reseñarse un hábito, consciente y deliberadamente adquirido, de comprar votos parlamentarios de los partidos separatistas a cambio de asegurar la impunidad de los crímenes perpetrados por sus líderes y activistas: es el caso
de la concesión de indultos en 2021 a los delincuentes condenados por los sucesos delictivos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. Aún más grave fue la aprobación de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas
europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, que, en un acto de
legislación a medida de criminales, despenalizó los delitos de sedición y modificó la regulación de los de malversación para adaptarlos a las exigencias de sus socios antiespañoles. Y, por supuesto, el golpe final en este historial de fechorías
será la futura ley de amnistía, cuya trascendencia afecta directamente a la continuidad del edificio constitucional.
Los ataques directos del actual Gobierno y de sus secuaces al Poder Judicial son parte de un plan más amplio para lograr el control de todas las instituciones. Este designio no solamente obedece a un vulgar afán de poder de los dirigentes
del Partido Socialista, sino a una voluntad clara de hegemonía política, social y cultural por parte de la alianza que integran dicho partido y sus socios comunistas y separatistas. En este sentido, el control obtenido en diciembre de 2022 del
Tribunal Constitucional por parte de las fuerzas mencionadas ha constituido un golpe durísimo para el Estado de Derecho, ya que ha puesto en sus manos un instrumento tan fundamental como el control de constitucionalidad de las leyes. El único poder
del Estado que no ha quedado completamente sujeto a la acción de los partidos del Gobierno es el Judicial, y de ahí el propósito por controlar su citado órgano de gobierno, el CGPJ.
Es cierto que el CGPJ lleva años con su mandato caducado y que ello técnicamente es una irregularidad, pero no es menos cierto que la causa de esa no renovación está en la contumacia de los partidos del Ejecutivo al negarse a modificar la
LOPJ para acabar con el sistema de cuotas partidistas para la elección de los vocales de origen judicial del Consejo. Esta negativa es la que provoca directamente la prórroga, en sí misma indeseable, del mandato del CGPJ. Toda la palabrería de las
instancias gubernamentales sobre el incumplimiento de la Constitución por esta no renovación no significa absolutamente nada al lado de este hecho cierto: el PSOE y sus socios se niegan a acabar con la elección de los vocales del CGPJ por las
cúpulas de los partidos políticos. Su propósito es mantener un sistema judicial politizado y liquidar la independencia judicial.
Prueba inequívoca de este propósito fue la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, con la que se modificó la LOPJ, añadiendo un nuevo artículo 570 bis, a efectos de despojar al CGPJ en funciones de varias de sus más importantes atribuciones.
Con esto se quería presionar a dicho órgano, aun al precio de paralizar buena parte de la actividad de los órganos judiciales superiores, como herramienta para no tener que prescindir del sistema de elección por cuotas partidistas. El mismo
Gobierno impulsaba poco después la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, para devolver a ese mismo CGPJ en funciones la facultad de nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, por la sencilla razón de que le
convenía en ese momento con objeto de obtener el control de este último órgano jurisdiccional. Con este acto de brutal cinismo el Ejecutivo manifestaba su propósito de no detenerse hasta acabar con la independencia de la última institución
fuera de su control.
En todo caso, y en línea con lo antes expuesto, hay que reconocer que no se habría llegado a esta situación sin la complicidad en muchos casos del PP. No solamente ha mantenido el sistema de elección de vocales por las cúpulas de los
partidos, sino que recientemente se ha prestado a un rocambolesco proceso de negociación con el Gobierno, con la mediación del Comisario de Justicia de la Unión Europea, con vistas a la renovación de los vocales del CGPJ. Ni esa negociación tiene
sentido, vista la trayectoria del Ejecutivo, ni es de recibo esa mediación, que está fuera de lugar en un Estado soberano -también en lo judicial- como España.
Otra muestra de la incompatibilidad del actual Gobierno con la independencia judicial y con el propio Estado de Derecho es su conducta con relación al Ministerio Fiscal. Esta institución, a la que la Constitución encomienda la defensa del
interés público tutelado por la ley, debe estar sujeta a los principios de legalidad e imparcialidad. Pero es precisamente de esos principios de los que la ha querido alejar el Ejecutivo.
Las declaraciones televisivas de Pedro Sánchez en que alardeaba en tono chulesco de su control del Ministerio Fiscal son solamente un síntoma de una línea de actuación igualmente inverecunda. La lista de actos de su Gobierno que evidencian
su desprecio por esos principios de legalidad e imparcialidad de dicha institución es interminable. Para empezar, es intolerable que nombrase fiscal general del Estado a quien había sido su ministra de Justicia, Dolores Delgado. Todavía más, su
sustituto y actual titular del cargo, Alvaro García Ortiz, promocionó a su propia antecesora como fiscal de Sala del Tribunal Supremo, y este mismo Tribunal anuló esa promoción por 'desviación de poder'. El mismo nombramiento actual del Sr. García
Ortiz como fiscal general del Estado ha sido realizado, por primera vez, contra el criterio manifestado por el CGPJ. Finalmente, el grado de imparcialidad del actual fiscal general queda perfectamente descrito por su política de nombramientos: la
asociación profesional de la que fue presidente, representando a menos del diez por ciento de la carrera, copa más de dos quintas partes de los puestos en la Junta de Fiscales de Sala.
No puede, por último, dejar de hacerse referencia a la creación de comisiones de investigación en esta misma Cámara a instancia de los socios separatistas del Gobierno, y con la descarada complicidad de éste. Tales comisiones pretenden
investigar supuestas acciones de lawfare por parte de jueces y tribunales, y no tienen otra finalidad que agredir al Poder Judicial y a su independencia por la vía de la intimidación y el matonismo políticos. Del mismo modo, en la tribuna del
Congreso se ha insultado gravemente a concretos jueces y magistrados por haber intervenido en la instrucción o el enjuiciamiento de conductas relacionadas con delitos perpetrados por dirigentes o activistas del separatismo de Cataluña.
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Abandonar su inaceptable actitud de hostilidad contra la independencia judicial y, en general, abstenerse en su constante empeño de promover la ocupación de las principales instituciones del Estado por personas afines a los partidos que
lo soportan en esta Cámara.
2. Promover la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de modo que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial que constitucionalmente deben elegirse entre jueces y magistrados lo sean
efectivamente por ellos, terminando con el sistema de cuotas partidistas.
3. Impulsar la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a efectos de suprimir su artículo 570 bis, dejando así sin efecto la reforma legal de 2021 cuya única finalidad era atacar la independencia judicial.
4. Proceder al cese inmediato del actual fiscal general del Estado, y adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia de la persona que lo sustituya.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
OTROS TEXTOS
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000002
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional con ocasión del incendio de Valencia que tuvo lugar el 22 de febrero de 2024.
'La ciudadanía ha quedado conmocionada ante el pavoroso y trágico incendio producido en el complejo residencial sito en la Avenida Maestro Rodrigo de la ciudad de Valencia, el cual ha costado la vida a diez personas.
En atención a estos hechos, el Congreso de los Diputados transmite el más sincero pésame a todas las personas afectadas, familiares, amigos y allegados de las víctimas del incendio, trasladando el sentimiento de tristeza y dolor, así como su
solidaridad con todos ellos. Igualmente, agradece la entrega y abnegación en el cumplimiento de su deber a los miembros de los cuerpos y servicios de seguridad y emergencias, así como la colaboración, el civismo y la generosidad mostrados por los
vecinos y vecinas, ciudadanía y entidades que desinteresadamente han ayudado a los afectados.'
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000003
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha debatido el Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, publicado en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 92, de 23 de febrero de 2024, habiendo procedido a su aprobación.
Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
430/000004
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha debatido el Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de
cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024, publicado en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 92, de 23 de febrero de 2024, habiendo procedido
a la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno.
Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.