El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden
del día, Proyectos y proposiciones de ley.

Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Justicia, señor Lerma
Blasco.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor
presidente.

Proyecto de ley por la que se modifica la
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de
abogado y procurador de los tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de
marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto Ley 5/2010, de 31 de
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas
económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, general
de telecomunicaciones.

Esta ley, de acuerdo con su preámbulo, trata de
acomodar la legislación española a las previsiones del derecho europeo y,
singularmente, a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 25 de la
Directiva 2006/123, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, y en los
artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y se
concreta en una reserva de actividad para el ejercicio de la procura, las
sociedades de carácter multidisciplinar que puedan abarcar la procura y
la abogacía y, finalmente, la modificación del sistema de aranceles. Se
flexibiliza el ejercicio de la procura, permitiendo que los profesionales
de la abogacía puedan ejercer como procuradores, si bien continúa siendo
incompatible el ejercicio simultáneo. Se habilita a las sociedades
profesionales multidisciplinares el ejercicio simultáneo de la abogacía y
la procura para poder ofertar un servicio de defensa y representación. Y
se fija un máximo de 75 000 euros como cuantía global de los derechos
devengados por una persona profesional de la procura en un mismo asunto,
estableciendo que el sistema arancelario de la procura no podrá fijar un
límite mínimo.

El proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el
procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el 6 de julio
de 2021, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el
pasado 11 de septiembre. A este proyecto de ley se presentaron treinta y
tres enmiendas, de las cuales, la número 2, de la señora Goñi, fue
posteriormente retirada.

El 30 de septiembre la comisión ratificó la
ponencia, que quedó integrada por doña Cristina Ayala, don Josep Maria
Cervera, don Pau Furriol, doña Sara María Galván, don Imanol Landa, don
Joseba Koldobika Martínez, don José María Oleaga Zalvidea, don Antonio
Julián Rodríguez Esquerdo, don Fernando de Rosa Turner, don Miguel
Sánchez López y don Clemente Sánchez-Garnica. Ese mismo día, se reunió la
ponencia para emitir su informe, que introducía modificaciones en el
texto remitido por el Congreso de los Diputados, y, a continuación la
comisión emitió dictamen de conformidad con el informe de la
ponencia.

Finalizados estos trámites, y para la defensa
de sus enmiendas, han presentado votos particulares a este dictamen la
señora Goñi, el señor Sánchez-Garnica, los señores González-Robatto,
Marín Gascón y la señora Merelo Palomares; los señores Cervera Pinart y
Cleries Gonzàlez y los Grupos Parlamentarios Vasco en el Senado, Esquerra
Republicana y Popular en el Senado.

Nada más y muchas gracias, presidente.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, procede a continuación pasar al
debate de totalidad.

¿Algún grupo desea intervenir en el turno a
favor? (Pausa).

¿En el turno del turno en contra? (Pausa).

En consecuencia, pasamos directamente al debate
de las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas 4, 6 y 8,
tiene la palabra el señor Sánchez-Garnica Gómez.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señor
presidente, señorías, buenos días.

Con las enmiendas presentadas, además de tratar
de mejorar el texto, se pretende poner en valor y dignificar la procura
como profesión jurídica esencial y fundamental para el funcionamiento de
la Administración de Justicia. Los procuradores y las procuradoras son
claros protagonistas de la práctica judicial, agilizando el proceso y
representando a las partes, garantizando sus derechos. Su intervención es
fundamental para garantizar mayor eficacia, rapidez y bien discurrir del
procedimiento judicial en el que los ciudadanos están inmersos. Es por
ello imprescindible dar a la procura la relevancia que merece.

En primer lugar, quiero agradecer la voluntad
de aceptar en la comisión la enmienda número 3, así como la transacción
de las enmiendas 5 y 9. Sin embargo, teniendo en cuenta la finalidad de
la ley, es necesario hacer un último esfuerzo para intentar llegar a un
punto de encuentro en las enmiendas 4, 6 y 8.

La enmienda 4 tiene como objetivo propiciar un
convenio entre el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de
Procuradores para garantizar la inclusión de materias propias del
ejercicio profesional de la procura y sus prácticas externas en los
cursos organizados por las escuelas de práctica jurídica creadas por los
colegios de abogados. Es necesario, desde nuestro modesto punto de vista,
homogeneizar la formación de la procura a través de materias propias del
ejercicio profesional y prácticas externas en todo el territorio del
Estado. No tiene demasiada justificación que exista una previsión en los
cursos organizados por las universidades, pero no en los cursos
organizados por las escuelas de práctica jurídica creadas por los
colegios de abogados.

La enmienda 6 tiene como objetivo paliar la
injusticia que supone la limitación de los límites cuantitativos de los
honorarios de los procuradores, que se ha pasado de 350 000 a 75 000. Por
ello, se propone que en los supuestos excepcionales en los que se puedan
percibir esas cantidades —que, como sus señorías saben, se da en
muy pocos casos—, la limitación tendría que hacerse por cada
instancia y por cada recurso ordinario o extraordinario.

Finalmente, con la enmienda 8 se pretende
garantizar que para el ejercicio de la procura se exija el título
correspondiente, como en la abogacía.

Señorías, las propuestas que acabamos de
exponer no desvirtúan el sentido y la finalidad de la ley y sí
contribuyen a mejorarla, poniendo en valor la esencial profesión de la
procura. Por ello, solicitó un esfuerzo para llegar a un punto de
encuentro que permita que se acepten las enmiendas o, por lo menos,
transaccionarlas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señorías.

La enmienda número 1, de la senadora Goñi,
decae.

Para la defensa de las enmiendas 21 a 29, de la
señora Merelo Palomares y los señores Marín Gascón y González-Robatto
Perote, del Grupo Parlamentario Mixto, interviene el senador
Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.

Señorías, a este proyecto de ley hemos
presentado nueve enmiendas, ocho de modificación y una de supresión,
siempre con un carácter constructivo, intentando mejorar lo que, a
nuestro criterio, puede ser mejorable. Su motivo es el siguiente.

La primera de nuestras enmiendas es de
modificación al apartado II de la exposición de motivos, sobre la base de
que la redacción propuesta resulta incompleta y ciertamente imprecisa,
por lo que la enmienda pretende clarificar la incompatibilidad no solo
del ejercicio conjunto por una misma persona, sino también de la
pertenencia simultánea a ambos colegios profesionales en calidad de
ejerciente.

La segunda de nuestras enmiendas es también una
enmienda de modificación al apartado III la exposición de motivos, siendo
en este caso dos las razones: por un lado, el artículo 25 de la
Directiva 2006/123, del Consejo de Europa, del 12 de diciembre, relativa
a los servicios del mercado interior, la conocida como la Directiva,
permite el establecimiento de obligaciones de ejercicio exclusivo o
delimitaciones al ejercicio en conjunto o en asociación por los
prestadores de servicios en el mercado interior cuando se trate
—abro comillas— «las profesiones reguladas, en la medida en
que esté justificado para garantizar el cumplimiento de requisitos
deontológicos distintos debidos al carácter específico de cada profesión
y sea necesario para garantizar su independencia e imparcialidad»
—cierro comillas—. En consecuencia, es evidente que, de
manera adicional a lo que se contemple en los propios estatutos
profesionales que rigen la actividad de las sociedades profesionales,
debe hacerse una referencia ex profeso a las normas deontológicas de cada
una de las profesiones que se incardinen en la meritada sociedad
profesional. Por otro lado, se realizan mejoras ortográficas y de
redacción.

La quinta de nuestras enmiendas es, igualmente,
de modificación al artículo primero.seis. La razón es que la referencia a
la posibilidad de que los estudios se impartan en cualquiera de las
lenguas oficiales es innecesaria, por cuanto tal posibilidad ya está
garantizada en cuanto lengua cooficial en el territorio de que se trate.
La inclusión de este inciso solo puede entenderse como un mecanismo para
que en el futuro dichos estudios se impartan únicamente en la lengua
regional del territorio de que se trate, infringiendo el derecho a la
igualdad de los españoles, artículo 14 de la Constitución, y el derecho
de emplear el castellano, artículo 3 de la Constitución. Esta
modificación del proyecto de ley es una coartada para que en el futuro
solamente se enseñe en esos idiomas.

La sexta enmienda, asimismo, es de modificación
al artículo primero.ocho sobre la base, por un lado, de que se reputa
necesario contemplar en la norma la incorporación a la tutoría de un
procurador de los tribunales, de tal forma que el alumno conozca los
aspectos teóricos y prácticos específicos de la profesión y adquiera las
aptitudes requeridas para el ejercicio de la procura; dicho procurador
deberá tener un ejercicio superior a cinco años. Asimismo, el Estatuto
general de los procuradores de los tribunales de España regulará los
aspectos prácticos relacionados con el ejercicio de la procura, que han
de ser supervisados en la orientación del alumnado, así como los derechos
y obligaciones de los procuradores adscritos a las tutorías. Por otro
lado, esta enmienda es por coherencia con enmiendas anteriores.

La séptima enmienda es también de modificación
del artículo primero.nueve, por coherencia con enmiendas anteriores. Por
otro lado, la salvedad que pretende introducirse solo puede entenderse
como un mecanismo para que en el futuro los estudios constituyan una
nueva herramienta diferenciadora entre españoles, distinguiendo a los
mismos en función del lugar donde reciban los estudios e infringiendo el
derecho a la igualdad de los españoles, artículo 14 de la
Constitución.

La octava enmienda, al igual que las
anteriores, es de modificación, en este caso al artículo tercero, y está
relacionada con nuestra tercera enmienda. Señorías, el arancel de los
procuradores de los tribunales no es discriminatorio, sino que cumple con
la condición de necesidad debido a la labor de estos en pro del interés
general. Además, se ajusta también al principio de proporcionalidad, en
tanto que solo supone un pequeño porcentaje sobre el coste total del
procedimiento. Este proyecto de ley propone una reducción del límite
máximo, pasando este de 300 000 euros a 75 000 euros para todo el
proceso. En este caso, el límite de 75 000 euros debería ser para cada
instancia o recurso y no para cada proceso en general. Por otro lado, nos
oponemos a la supresión del límite mínimo del arancel y, en caso de que
este se aprobara, debería aprobarse también una reducción proporcional de
la responsabilidad del procurador. La eliminación de mínimos no solo
desnaturalizaría el arancel mismo, convirtiéndolo en un mero baremo
orientador, sino que además provocaría efectos muy perjudiciales en la
calidad del servicio público o prestación profesional de los
procuradores.

Por último, la novena enmienda es de supresión
de la disposición transitoria tercera, por coherencia con las enmiendas
anteriores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas de los
senadores Cleries i Gonzàlez y Cervera Pinart, del Grupo Nacionalista en
el Senado, tiene la palabra el señor Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, president.
Bon dia. Buenos día.

El Grupo Nacionalista, Junts per Catalunya,
presentó seis enmiendas al texto que nos llegó del Congreso de los
Diputados: una fue transaccionada, garantizando la igualdad de
condiciones en materia de formación práctica entre la procura y la
abogacía, y hemos mantenido vivas cinco enmiendas para este Pleno. Todas
ellas hacen referencia a la garantía de las competencias de las
comunidades autónomas, en el caso de Cataluña, y por el tema que nos
ocupa, de las de justicia y universidades, y también, cómo no, hacen
referencia a la garantía de las lenguas propias de cada territorio, de
las lenguas cooficiales. Las voy a dar por defendidas en los términos que
fueron presentadas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda 30, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el señor Landa
Jáuregui.

El señor LANDA JÁUREGUI: Egun on. Buenos días a
todos y a todas.

Conforme da cuenta el expediente
correspondiente al presente proyecto de ley, el Grupo Vasco abordó, en
clave constructiva y propositiva, esta iniciativa legislativa, aportando
para ello en su tramitación en el Congreso cinco enmiendas, cuatro de las
cuales obtuvieron una respuesta favorable, bien a través de su aceptación
directa, bien mediante las correspondientes transaccionales, con el
objetivo último de defender y reforzar en lo posible el ámbito
competencial propio de las comunidades autónomas desde su realidad
competencial.

La quinta enmienda, relativa a la disposición
adicional tercera de la Ley 34/2006, ha desembocado finalmente en el
Senado. No fue posible su incorporación en la ponencia celebrada la
semana pasada, por lo que la hemos mantenido viva para este Pleno y,
finalmente, la hemos reconducido al acuerdo a través de una transaccional
con el Grupo Socialista, en virtud del cual se posibilita a los
funcionarios y funcionarias que hayan accedido a un cuerpo o escala del
grupo A en su condición de licenciados en Derecho y que desempeñen
labores de asistencia letrada o asesoramiento jurídico el ejercicio de la
abogacía o la procura sin tener que disponer del título exigido en la
Ley 34/2006 para poder colegiarse, en reconocimiento, entendemos, justo y
coherente a su capacitación técnica acreditada por su misma praxis
laboral.

Nos hubiera gustado extender esta posibilidad
también a los funcionarios o funcionarias que, habiendo desarrollado esas
funciones en las condiciones señaladas, dejan de serlo, por ejemplo, por
acceder a la jubilación y pretenden ejercer la abogacía o la procura. Así
se recogía en nuestra enmienda inicial, pero, en todo caso, estamos
satisfechos y satisfechas con el avance conseguido y agradecemos al Grupo
Socialista, y en especial al senador Oleaga y al ministerio, su interés y
compromiso en favor del acuerdo. También agradezco a los grupos
parlamentarios que me han trasladado su disposición a apoyar nuestra
enmienda su actitud al respecto.

Por tanto, procederemos a retirar la enmienda y
a conducirla a la transaccional acordada.

Eskerrik asko. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, para la defensa de las enmiendas 17
y 18, tiene la palabra la señora senadora Castel Fort.

La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.

En primer lugar, agradecemos el esfuerzo del
senador Oleaga y del Partido Socialista en general por transaccionar las
enmiendas 16, 19 y 20, que ha presentado nuestro grupo. Sí les pedimos un
esfuerzo ulterior para transaccionar las que nos quedan, la 17 y 18, que
nosotros seguiremos intentando defenderlas hasta el último minuto.

En la enmienda 17 proponemos que se pueda
delegar en las comunidades autónomas que así lo soliciten la gestión del
desarrollo de las pruebas de aptitud profesional. Consideramos que la
actual organización de las pruebas de acceso se basa en una visión
recentralizadora de las competencias en materia de profesiones tituladas
y entendemos que la organización de las pruebas de aptitud profesional
corresponde a una ejecución normativa y no forma parte, pues, de la
competencia estatal estipulada en el artículo 149.1.30.ª de la
Constitución española. El proyecto de ley propone la unificación del
acceso de las profesiones de abogado y procurador sin modificar el modelo
organizativo ni el funcionamiento de las pruebas. Por lo tanto,
respetando el concepto de que la evaluación para el acceso tendrá
contenido único en cada convocatoria, se propone descentralizar la
gestión del desarrollo de las pruebas de evaluación de la aptitud
profesional. Esta descentralización, además, tiene como precedente la
llevada a cabo para las pruebas para la obtención del título de gestor
administrativo. En conclusión, si de verdad se creen la cogobernanza,
esta enmienda es una materialización sin afección competencial.

En cuanto a la enmienda 18, proponemos que,
como alternativa al arancel y a efectos únicamente de tasación de costas,
los derechos devengados por un procurador en un mismo asunto no excedan
de 75 000 euros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 31 a 33, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la señora
senadora Ayala Santamaría.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Buenos días a todos
los compañeros de la Cámara.

Mi grupo trae al Pleno tres votos particulares
y nos gustaría tener un poquito más de suerte que en la comisión. Me
hubiera gustado poder agradecer al señor Oleaga y a la señora Galván su
predisposición, incluso, a hablar de nuestras enmiendas, pero lo cierto y
verdad es que hemos visto a los senadores del Partido Socialista
intentando hacer tratos con otras fuerzas políticas y a nosotros, señores
del Partido Popular, ni agua ni enmiendas, porque nosotros no estamos en
el bloque que los apoya.

Como digo, han aceptado enmiendas de casi todos
los grupos restantes, y no es que las nuestras no sean razonables, porque
traemos una primera enmienda, la 32, relativa a las escuelas de práctica
jurídica. En esta ley se incluían dos momentos diferentes respecto a la
formación: uno era la escuela de práctica jurídica y otro era las
prácticas externas. Lo lógico y normal es que, si de esas escuelas van a
salir abogados y procuradores, que tanto los abogados como los
procuradores tengan una figura, una parte en esa formación. Pues bien,
puro sentido común, pero no les ha parecido bien aceptarla.

La 31 es respecto al Cuerpo de gestión
procesal, muy parecida a la que presentaba el Grupo Parlamentario Vasco a
este respecto. Si alguien sabe de procesal es el Cuerpo de gestión
procesal, que trabaja con todos los aspectos de un procedimiento. Lo que
les pedíamos era algo muy sencillo: que ellos tampoco tengan que obtener
el título para ejercer como abogado o procurador. Sencillo, simple,
razonable. Tampoco ha tenido su punto de vista a favor.

La número 33 es la otra que hemos presentado
varios grupos, atendiendo a lo que nos parecía una justa reivindicación
de los procuradores, y es el tema del arancel máximo. No nos parece
razonable limitarlo a 75 000 euros por proceso, en los términos en los
que se considera un proceso, que es desde el principio hasta el final, es
decir, incluyendo también, por ejemplo, los recursos. Nosotros lo que
decíamos es que fuera por cada instancia. Creo que aquí hay que dejar
claro que no es que todos los procuradores cobren por cada proceso 75 000
euros, pero hay procesos que se complican, procesos que tienen
incidentes, procesos que llegan al Supremo. Parece lógico aumentar esa
cantidad y no dejarla en esos 75 000 euros o que, por lo menos, sean solo
por instancia.

Y, por último, quiero plantear un tema para la
reflexión de esta Cámara sobre lo que ha entrado en el Congreso. Esta era
una ley de acceso a la abogacía y a la procura y con una enmienda esta
ley ha pasado a ser también una modificación de la Ley general de
comunicaciones. Y esta reflexión la hago por lo que nos ha pasado y nos
pasa frecuentemente con las enmiendas, que dicen que, por no tener
relación material, nos las excluyen. En el Congreso incluyen, en una ley
de acceso a la abogacía y a la procuraduría, una modificación de la Ley
general de comunicaciones y aquí no podemos hacer prácticamente nada. Lo
dejo para la reflexión de esta Cámara.

Esto es todo por lo que se refiere a las
enmiendas. Mi compañero Fernando de Rosa explicará la parte del turno
general.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para el turno en contra de las enmiendas, por
el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora senadora Galván
Lobato.

La señora GALVÁN LOBATO: Gracias, presidente.
Muy buenos días, señorías.

Estamos hoy debatiendo el Proyecto de Ley de
modificación de la Ley 34/2006, que incluye también modificaciones en la
Ley 2/2007, en el Real Decreto Ley 5/2010 y en la Ley 9/2014.

Este proyecto de ley surge por la necesidad de
corregir los excesivos obstáculos en el ámbito de los servicios
profesionales, que llevaron a que la Comisión Europea iniciase en 2015 un
procedimiento de infracción contra España. Uno de los objetivos
principales que aborda es el de flexibilizar el ejercicio de la procura,
con el fin de que las personas profesionales de la abogacía tengan opción
de prestar sus servicios como profesionales de la procura, aunque no de
manera simultánea. Para ambas profesiones se establece un acceso único a
través de la licenciatura o el grado en Derecho, una misma capacitación,
la superación de la evaluación de la aptitud profesional y la colegiación
en el colegio profesional respectivo.

Como ya dije el otro día en comisión, esta
modificación ha sido muy trabajada y ha dado lugar a muchas
negociaciones, empezando por la Comisión Europea, con los colegios
profesionales y también ha sido muy trabajada en el Congreso, de donde se
ha sacado un buen texto que hemos conseguido mejorar aún más aquí en el
Senado. Quiero agradecer el trabajo de todos los grupos parlamentarios y
el espíritu constructivo en todo momento, que ha llevado a aprobar alguna
enmienda y a presentar cuatro transaccionales, una de ellas recién
acordada. También vuelvo a recordar que si no podemos pactar más
enmiendas es por el encorsetamiento al que estamos sometidos debido a las
exigencias europeas. Otras enmiendas, simplemente, son imposibles.

Senador Sánchez-Garnica, del Grupo Mixto, le
hemos aprobado una enmienda y se ha sumado usted a dos transaccionales.
La tercera, pactada en comisión, va en consonancia con lo que usted pedía
en su enmienda número 5: incluimos la representación de una persona
profesional de la procura, siempre que sea solicitado por el alumno o
alumna. Así que piénselo y súmese.

Otro de los objetivos de este proyecto de ley y
que más enmiendas ha concentrado es el establecimiento de la cuantía
global máxima de 75 000 euros de los derechos devengados por las personas
profesionales de la procura en un mismo asunto, actuación o proceso, y
vuelvo a explicar en Pleno el porqué de esta modificación. No es nuestro
capricho: la Comisión Europea imponía la eliminación del arancel, pero
España consiguió su mantenimiento a cambio de eliminar los aranceles
mínimos y limitar los máximos. Esta modificación persigue la protección
del consumidor para producir un abaratamiento de los servicios
profesionales de la procura. Para todas las señorías enmendantes de este
artículo, piensen dónde queda su ánimo de protección al consumidor,
posiblemente el más débil en todo el proceso judicial. Y si no podemos
abrir más la mano en este aspecto, es debido a las exigencias de la
Comisión Europea. En todo caso, el proyecto de ley sigue contemplando
que, si no se consiguen remunerar de forma adecuada los servicios
profesionales, excepcionalmente y de manera justificada se podrá superar
el límite siempre y cuando lo autorice el juez.

En cuanto a las enmiendas vivas relativas a los
derechos competenciales de las comunidades autónomas, quiero aclarar de
nuevo que no se trata de atacar las competencias autonómicas en justicia,
simplemente porque la evaluación a que se refiere en sus enmiendas el
Grupo Nacionalista es una prueba de ámbito nacional para garantizar la
igualdad en todo el territorio y está convocada por el Ministerio de
Justicia y el de Universidades. El contenido del curso de evaluación debe
ser acreditado por ambos ministerios, de manera conjunta, para garantizar
la igualdad de todos los aspirantes. Y en cuanto a los representantes
autonómicos en la comisión evaluadora, el proyecto contempla claramente
que el número de representantes del ministerio, comunidades autónomas y
Consejo General de la Abogacía Española es en condiciones de
igualdad.

Y hablando de igualdad y de las lenguas
cooficiales, les recuerdo que estas no constituyen un límite, sino una
posibilidad, establecida reglamentariamente y con garantías tanto para
las lenguas regionales como para la castellana, siendo la prueba de
evaluación en la lengua deseada por el o la aspirante.

Señorías de Vox, tienen ustedes una fijación
enfermiza por el tema de las lenguas cooficiales. No se preocupen, que el
castellano no peligra. Se lo está diciendo una senadora de Valladolid,
con un castellano bastante aceptable a pesar de nuestros laísmos y
leísmos. (Risas.— Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista). Les recuerdo que, en tiempos no muy lejanos, quienes
hablaban otras lenguas, como el catalán en la intimidad, eran los
políticos de la derecha, a la que muchos de ustedes antes pertenecían. No
se olviden de ello. Y quiero aclarar que yo no tengo aversión a ninguna
de las modalidades lingüísticas de España, porque, como dice la
Constitución, que también lo dice en el artículo 3.3 —también
existe el artículo 3.3—, son dignas de especial protección.

Señorías del Grupo Popular, no se pongan
celosos porque no me refiera a ustedes en la comisión y mucho menos
pequen de egocentrismo. En todo caso, quienes nos tendríamos que sentir
ofendidos somos el Grupo Socialista, porque estamos trabajando una futura
ley y lo que hicieron ustedes en el turno de portavoces de la comisión
fue hablar del funcionamiento de las comisiones en lugar de ceñirse al
tema. En tal caso, somos nosotros los que tendríamos que sentirnos
ofendidos por sus continuos insultos, porque somos diana de sus continuos
insultos.

Sus enmiendas han sido estudiadas y si no hemos
alegado nada es porque, desde nuestro punto de vista, no ofrecen mejoras
técnicas. Respecto a la enmienda de adición al artículo primero, no
podemos admitirla, puesto que el cuerpo al que se refieren, aunque posea
la titulación requerida, la licenciatura o el grado en derecho, no
justifica la aptitud profesional exigida, porque, seguramente, conocerán
muy bien el derecho procesal, pero no tienen la actitud requerida en
derecho sustantivo como para una defensa adecuada, como sí pasa con la
abogacía, que conoce ambas.

Dicen ustedes que el proyecto de ley presenta
demasiadas inconcreciones. Creemos que es una buena modificación. Si no
fuera así, su grupo político hubiera votado que no en el Congreso y
hubiera votado que no en la comisión. De momento, se han abstenido; no sé
ahora lo que harán, pero de momento se han abstenido. Muy mala no será la
ley.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la
palabra el señor Sánchez-Garnica.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señor
presidente, señorías.

En primer lugar, quiero agradecer la
sensibilidad y el esfuerzo de la señora Galván, del señor Oleaga y de
nuestra querida ministra Llop, así como su esfuerzo en intentar llegar a
puntos de encuentro. Yo creo que esta actitud es la que pone en valor las
funciones del Senado como Cámara de segunda lectura y nos tiene que
animar para que sucesivos proyectos puedan seguir el mismo camino.

En relación con las enmiendas, en cuanto a la
enmienda número 4, no comprendo la razón por la que no se ha admitido o
bien no se ha transaccionado, porque tiene la misma finalidad que la 5, a
la que ahora me referiré. Yo pido un esfuerzo porque, en definitiva, lo
que se pretende es garantizar que los temarios de la procura figuren en
igualdad de condiciones en las escuelas de práctica jurídica.

En cuanto a la 5, señora Galván, me lo he
pensado. Tiene usted razón: cuando no se puede lo más hay que intentar lo
menos. Entonces, la entiendo incluida dentro de la transacción a la que
se ha llegado y, en consecuencia, la retiro como enmienda.

Respecto a la cuantía, yo creo que ha habido
unanimidad en todos los grupos en cuanto a distintas fórmulas para llegar
a un punto de encuentro. No puedo retirarla porque nos parece
injusto.

Y en cuanto a la enmienda 8, a la vista de las
explicaciones dadas, teniendo en cuenta que, en definitiva, lo que se
pretende es un título común para abogados y procuradores; considerando,
además, que lo que se pretende es que no haya una diferencia, es decir,
que haya una igualdad entre las dos profesiones en cuanto al acceso y a
la permanencia, y comprendiendo lo que se ha hablado, también la retiro,
con lo cual quedarían vivas la 4, que tiene relación con la 5, y la 6,
que es la que hace referencia a la cuantía.

En todo caso, muchas gracias no solo al grupo
que tiene la obligación de defender al Gobierno, sino también a los demás
grupos, con los que se ha mantenido un debate muy rico que nos ha
permitido, por una vez, que en esta Cámara mejoremos lo que nos viene del
Congreso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Tiene la palabra el senador Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.

Señorías, esta reforma de la Ley 34/2006 no nos
gusta y, por ello, hemos realizado nuestras enmiendas, con el objetivo de
mejorarla y corregir ciertos errores. Pero es que, además, supone un
ataque a la figura del procurador, llegándose a la precarización de esta
profesión. Esta reforma que presenta el Gobierno, el que dice que
favorece a los trabajadores, va a crear el procurador del todo a un euro.
Como he indicado anteriormente, Vox ha intentado corregir este proyecto
con enmiendas, pero, para variar, ninguna va a prosperar.

No cabe duda de que esta reforma presentada no
mejora en casi nada la ley en vigor. En resumen, este atropello se basa,
sobre todo, en los siguientes puntos. Primero, unifican el título
habilitante para ejercer ambas profesiones, pero en el nuevo artículo 5.2
rechazan la participación de los colegios de procuradores en la formación
a través de convenios con las escuelas de práctica jurídica, lo cual es
injusto.

El nuevo artículo 6.2 elimina la figura del
procurador tutor, quedando solo el abogado como único profesional que
puede asumir ese rol. Solo se podrá adscribir, y como opción, a un
procurador a la tutoría. Es decir, para este Gobierno el procurador nunca
debe ser tutor, solo es un colaborador prescindible que, además, reduce
su actuación a los aspectos prácticos de su profesión.

El nuevo artículo 7.3 suprime la mención de que
el número de miembros designados en las comisiones de evaluación por el
Consejo General de Procuradores sea el mismo que el designado por el
Consejo General de la Abogacía. La eliminación de la actual paridad
colegial es una nueva afrenta a la profesión del procurador, lo cual es
discriminatorio.

Amparándose, según dicen, en lo que dispone la
Directiva 2006/123, del Parlamento y del Consejo, el Gobierno propone
eliminar el mínimo arancelario, pero, curiosamente, al mismo tiempo,
plantea fijar un máximo global de 75 000 euros por asunto. El dictamen
del Consejo de Estado sobre esta cuestión recuerda que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea resolvió en 2016 que el real decreto que
aprueba el sistema español de aranceles de los procuradores es conforme a
derecho europeo. Por tanto, les pregunto dos cosas. Primera, ¿por qué
proponen eliminar el mínimo arancelario, pero establecen un máximo?
Ustedes buscan justificación en el artículo 15.2 g) de la directiva, pero
si se elimina el mínimo, también debería hacerse lo propio con el máximo,
porque así lo dice dicho artículo. Segunda pregunta, ¿qué necesidad tenía
el Gobierno de tocar los aranceles de los procuradores cuando son
ajustados a derecho? Creemos que se pueden y se deben mantener. Con
respecto a los máximos, deberían fijarse para cada etapa del
procedimiento y no en su conjunto. Su propuesta, señorías, es
dañina.

En definitiva, señorías del Gobierno y grupos
que le dan apoyo, Vox les invita a que vayan de cara y si ustedes
consideran que la profesión de procurador ya no tiene sentido y que debe
desaparecer, sean valientes y díganlo abiertamente. Digan a los
procuradores que se dediquen a otra cosa y háganlo para que, al menos,
sepan a qué atenerse.

Por lo expuesto anteriormente, votaremos en
contra de este proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra su señoría Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con
la venia.

Señorías, como ustedes saben, yo soy letrado.
El abogado es la persona que se encarga de la defensa y la dirección de
las partes involucradas en procesos judiciales. (Rumores). El abogado
también puede ser mediador extrajudicial para evitar que un problema o
enfrentamiento se transforme en un proceso judicial. Y, como abogado,
también afirmo que la figura del procurador es necesaria —esto me
lo da la experiencia—, y en esta ley es verdad que no sale muy bien
parada la figura del procurador.

Señorías, no quiero seguir mi discurso sin
sumarme al agradecimiento al señor Oleaga por su esfuerzo en intentar
consensuar el texto, algo que no es fácil. Muchas veces hemos criticado
el rodillo y las leyes que pasaban por aquí deprisa y corriendo, y en
este caso sí que se ha hecho un esfuerzo por consensuar, se han admitido
enmiendas y se ha mejorado el texto que volverá al Congreso de los
Diputados. Por tanto, Ciudadanos nos mostramos satisfechos con este paso
adelante en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley que, en
cierto modo, responde a la necesidad de acomodar nuestra normativa a las
exigencias del derecho europeo y cuyas líneas maestras vienen a coincidir
con nuestra visión política liberal, al poner el acento en lo necesario
que resulta, en general, flexibilizar y simplificar el desarrollo de la
actividad económica y, concretamente, en este caso, la actividad
profesional de abogados y procuradores.

La ley de acceso a las profesiones de abogados
y procuradores, grosso modo, viene a unificar ambas profesiones, con
ciertos matices. Por eso, compartimos ya desde el inicio de la
tramitación en el Congreso de los Diputados los objetivos perseguidos por
esta reforma legislativa, como flexibilizar la reserva de actividad para
el ejercicio de la procura, permitiendo que también las personas
profesionales de la abogacía puedan ejercer como procuradores asumiendo
la representación técnica de las partes y desarrollando el resto de las
funciones que son propias de la procura para la cooperación y auxilio de
los tribunales, aunque —esto es cierto— no de forma
simultánea con el ejercicio de la profesión de la abogacía —este es
un matiz importante—. Asimismo, habilitar a las sociedades
profesionales multidisciplinares para el ejercicio simultáneo de la
abogacía y la procura para poder ofertar y prestar un servicio integral
de defensa y representación.

Señorías, quiero recordar aquí que mi partido,
Ciudadanos, presentó enmiendas en el Congreso y entendemos que su
aceptación —junto con las enmiendas transaccionales alcanzadas, que
suponían una aceptación parcial— ha contribuido a la mejora del
texto. Aquí no hemos presentado enmiendas porque se presentaron en el
Congreso y o bien fueron aceptadas o bien fueron transaccionadas. Así
pues, ya en el Congreso hubo voluntad de consenso y en el Senado también
la ha habido, con lo cual, doy la enhorabuena a todos los actores de la
tramitación de esta ley.

Lamentamos —también hay que
lamentar— que no se haya alcanzado el acuerdo político necesario
para abordar cuestiones ciertamente interesantes, como el controvertido
tema de la limitación de aranceles. El límite de aranceles de la procura
de 75 000 euros debería ceñirse —como el señor Clemente ha
propuesto y también otras enmiendas de alguna u otra manera— a cada
instancia y no ser para el proceso general. Y también lamentamos la forma
de articular la posibilidad de que funcionarios del grupo A1 para cuya
oposición es preciso ostentar el título de Derecho pudiesen acceder de
forma directa a la condición de abogado o procurador —cuestión que
también se ha puesto encima de la mesa esta mañana en una enmienda del
Grupo Parlamentario Popular—.

Por tanto, hay cosas que mejorar en el texto,
pero, en cualquier caso, nosotros votaremos a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra su señoría Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcias, president.
Buenos días de nuevo, señorías.

El proyecto de ley que hoy debatimos, por el
que se modifica la Ley 34/2006, sobre acceso a las profesiones de abogado
y procurador de los tribunales, la Ley 2/2007, de sociedades
profesionales y el Decreto ley 5/2010, es resultado —lo saben
todos— de la necesidad de adaptar la legislación del Estado a la
Directiva europea 2006/123, del Consejo de Europa, relativa a los
servicios en el mercado interior.

Como ya he dicho en mi anterior intervención,
el Grupo Nacionalista, Junts per Catalunya, habíamos presentado en su
momento seis enmiendas al texto que nos fue remitido desde el Congreso de
los Diputados. Han llegado vivas al Pleno cinco porque una de ellas
—y agradezco también la labor del senador Oleaga— fue
transaccionada en ponencia, garantizando con ello la reserva legal de la
necesaria formación práctica de la procura en igualdad de condiciones que
la abogacía, sin perjuicio del desarrollo reglamentario de las demás
circunstancias que correspondan.

El resto de nuestras enmiendas —lo he
dicho en mi anterior intervención— tenían la finalidad de preservar
explícitamente las competencias autonómicas y, ciertamente, agradezco las
palabras de la senadora Galván, que podrían generarnos tranquilidad si no
fuera porque sabemos por experiencia que en cada ocasión que un texto
tiene un ápice de ambigüedad o da pie a interpretaciones, siempre se
acaba imponiendo una lectura recentralizadora. Por lo que en Junts per
Catalunya tenemos la obligación de velar desde aquí para que las
competencias autonómicas no sean erosionadas, sin olvidar que nuestro
objetivo es el de continuar trabajando para que, más pronto que tarde,
Cataluña sea un Estado en forma de república, que será la única manera de
garantizarlas al cien por cien.

En el tema que nos ocupa, yo les hablaba de las
competencias que tenemos en materia de justicia y de universidades,
porque es cierto que el texto garantiza que las comunidades serán oídas,
pero nosotros entendemos que no es suficiente, sino que deben ser tenidas
en cuenta realmente, como debería hacerse con los consejos de la abogacía
y procura en el ámbito autonómico, con un trato equivalente a los de
nivel estatal, y todo ello sin olvidar las peculiaridades en materia de
formación, como el conocimiento de las lenguas oficiales en los distintos
territorios. En este sentido era en el que se expresaban nuestras
enmiendas.

A pesar de habernos anunciado que no
prosperarán, Junts per Catalunya, como europeístas que somos, va a votar
de forma favorable. Y lo haremos, primero, porque creemos que es
imprescindible dar respuesta a las objeciones que la Comisión Europea
hizo respecto al ejercicio de estas profesiones en el Estado español y,
segundo, porque todos sabemos que la adaptación y equiparación de la
legislación española a la europea es una necesidad, una necesidad que,
por el bien de la imagen de España en el mundo, deberían extender de
forma generalizada y no ponerse en evidencia y hacer el ridículo cada vez
que el president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, les confronta
con la justicia europea de democracias verdaderamente consolidadas.
Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra su señoría Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA:
Presidente, con su permiso, desde el escaño por la brevedad.

Izquierda Confederal no presentó ninguna
enmienda y, como grupo, nos felicitamos de que esta ley, que salió ya
bastante consensuada del Congreso, haya sido mejorada con la
incorporación de algunas enmiendas y con algunas enmiendas
transaccionales en el Senado. Felicitamos a los grupos que han sido
capaces de transaccionar y votaremos sí a esta ley.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra su señoría Landa Jáuregui.

El señor LANDA JÁUREGUI: Egun on, danori.
Buenos días a todos y todas de nuevo.

Abordamos el Proyecto de Ley por el que se
modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las
profesiones de abogado y procurador de los tribunales, así como
determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo,
de sociedades profesionales, y el Real Decreto Ley 5/2010, de 31 de
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas
económicas de carácter temporal.

El Grupo Vasco aborda este proyecto de ley en
clave constructiva y propositiva, como lo hacemos siempre, con la mirada
y la atención puestas en la defensa y reforzamiento de las competencias
autonómicas establecidas en la materia, siendo plenamente conscientes de
la necesidad ineludible de adaptar la legislación estatal de referencia a
las normativas europeas de aplicación. De esta forma y con esta
finalidad, fueron cinco las enmiendas presentadas por nuestro grupo en la
tramitación del proyecto en el Congreso de los Diputados, cuatro de las
cuales obtuvieron una respuesta finalmente favorable a través o bien de
su aceptación o bien mediante las correspondientes transaccionales.

No voy a profundizar en ellas, simplemente
deseo apuntar sucintamente que la primera de ellas versaba sobre la
acreditación de los cursos de las escuelas de práctica jurídica, para que
sean oídas las comunidades autónomas y en la forma que reglamentariamente
se determine antes de que los ministerios de Justicia y Universidades la
concedan. Además, mediante esta enmienda, se habilita a las comunidades
autónomas con competencia ejecutiva en la materia para la expedición del
título profesional regulado en la ley. La segunda enmienda, sobre la
formación universitaria en concreto, sobre los cursos de formación,
posibilitando a través del reglamento la impartición de estos estudios en
cualquiera de las lenguas oficiales, incluyendo además la formación sobre
el derecho autonómico. La tercera, relativa a los cursos de las escuelas
de práctica jurídica y su acreditación tras ser oídas las comunidades
autónomas y en la forma que reglamentariamente se determine. Y la cuarta,
sobre las prácticas externas en orden a garantizar el fomento de la
formación en todas las lenguas oficiales. Con esta realidad, nuestro voto
fue favorable al dictamen finalmente aprobado por una amplia mayoría en
la Comisión plenaria del Congreso de los Diputados.

La quinta enmienda, relativa a la disposición
adicional tercera de la Ley 34/2006, que se presentó por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Congreso, ha desembocado finalmente en el
Senado en tanto no tuvo aceptación en la fase inicial del Congreso. No
fue posible su incorporación en la ponencia celebrada la semana pasada,
por lo que la hemos mantenido viva para este Pleno y, finalmente, la
hemos reconducido al acuerdo, como señalaba en mi primera intervención, a
través de una transaccional con el Grupo Socialista, que habilita a los
funcionarios y funcionarias que hayan accedido a un cuerpo o escala de
grupo A en su condición de licenciados en Derecho y que desempeñen
labores de asistencia letrada o asesoramiento jurídico al ejercicio de la
abogacía o la procura sin tener que disponer del título exigido en la
Ley 34/2006 para poder colegiarse, en reconocimiento —a nuestro
entender, justo y coherente— de su capacitación técnica acreditada
por su misma praxis laboral.

En definitiva, estamos razonablemente
satisfechos con el texto final que se configura en virtud del resultado
de esta sesión plenaria, conscientes, como somos, de las limitaciones
propias de un grupo pequeño como el nuestro y de las derivadas de toda
negociación y, por tanto, votaremos a favor.

Termino agradeciendo al Grupo Socialista, y en
particular al senador Oleaga y a la senadora Galván, su esfuerzo y
compromiso por el acuerdo.

Muchas gracias. Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora senadora
Castel Fort.

La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.

Señorías, Esquerra Republicana es un partido
tan eurocrítico como europeísta y, por ello, estamos firmemente
comprometidos con la legislación de origen comunitario. Sabemos que la
ley que hoy debatimos tiene ese impulso y es fruto, además, de unas
negociaciones con las más altas instancias de la Unión Europea, y para
nosotros esto es relevante. Ahora bien, de la misma manera que este
proyecto de ley trata de acomodar la legislación española al derecho
europeo, nos gustaría que este mismo celo armonizador lo tuvieran con las
recomendaciones de otros organismos internacionales, ya sea el Greco, el
working group de detenciones arbitrarias, el Consejo de Europa o la
Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia.

Señorías, partimos de la base de que ninguna
norma es buena en sí misma por su lugar de origen. Por esta razón, y a
tenor de dicha reflexión, hemos analizado el proyecto de ley con los
actores afectados y hemos trabajado parlamentariamente para que sus
justas reivindicaciones tuvieran acogida en el cuerpo legal
definitivo.

Y no renunciamos aún, en esta fase, a mejorar
el texto. Así, en primer lugar, hemos acordado la adecuación de plazos de
entrada en vigor para hacer posible la realización de informes, también
los no preceptivos, por parte de los órganos de gobierno de los abogados
y los procuradores. En segundo lugar, hemos garantizado que no hubiera
discriminación entre abogados y procuradores en lo que a cambiar de
profesión se refiere. Si uno es licenciado o graduado en Derecho y está
colegiado como abogado o procurador debe estar en igualdad de condiciones
respecto al homólogo de cara al futuro profesional. Igualmente, en tercer
y último lugar, hemos conseguido asegurar que cualquier estudiante del
máster de acceso a la profesión de abogado y procurador que desee optar
por la procura pueda contar con una tutoría adecuada a su futura
profesión, de manera que, si una persona quiere ser abogado, será
tutorizado por un abogado sénior, y quien quiera ser procurador, gracias
a los cambios introducidos, podrá contar también con esa misma
ventaja.

Tenemos el convencimiento de que con el trabajo
pequeño, de detalle, de apoyo a las justas reivindicaciones,
independientemente de si son muchas o pocas las personas afectadas,
también se construye un futuro mejor; y, humildemente, eso es lo que
hemos hecho con el presente texto legislativo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra su señoría, el señor De Rosa Torner.

El señor DE ROSA TORNER: Gracias, señor
presidente.

Señorías, en la Comisión de Justicia ya
manifestamos nuestra posición sobre el presente proyecto de ley y sobre
la necesidad de acomodar a la normativa europea nuestra legislación
nacional, que regula la representación y defensa técnica ante los
tribunales de justicia. Estamos de acuerdo en la existencia de una
reserva de actividad para el ejercicio de la procura y también en la
regulación de las sociedades que puedan abarcar la procura y la abogacía.
Con respecto a los aranceles, ya hemos puesto de manifiesto nuestra
posición con nuestra enmienda. Y, señora Galván, sobre todo haremos
llegar a los gestores procesales el desprecio expresado por el Grupo
Socialista hacia su labor, diciendo que no saben de Derecho sustantivo.
¡Anda que tiene narices la cosa! (Aplausos).

Señorías, no han querido negociar ni una sola
enmienda del Grupo Popular, lo que acredita su escaso talante
democrático; y no se escuden en el europeísmo. No han querido negociar
nada con el Grupo Popular, pero arrieros somos y en el camino nos
encontraremos.

El Parlamento está obligado a dignificar las
profesiones de abogado y procurador, que son esenciales para la
Administración de Justicia. Con su trabajo, los abogados y procuradores
hacen efectiva la tutela judicial que están llamados a prestar jueces y
magistrados. Por estas razones no entendemos que el Gobierno no haya
atendido las peticiones de este grupo, que intentaban dignificar la
defensa y la procura. Nosotros hemos estado trabajando con estos
profesionales, ¿pueden decir ustedes lo mismo? Sí, señorías, aunque les
moleste, hay 26 mociones presentadas en comisión y 31 preguntas orales no
contestadas. Los miembros del Grupo Popular hemos hecho cuantiosas
preguntas al Gobierno, que se ha limitado a dar contestaciones de corta y
pega. No se sorprendan cuando el Tribunal Constitucional censura su
gestión de la crisis sanitaria y su desprecio hacia esta Cámara,
declarando que el Gobierno actúa al margen de la Constitución y del
Estado de Derecho, y no nos vengan acusando de vulnerar la Constitución.
Ustedes han sido condenados, y lo repito, han sido condenados por el
Tribunal Constitucional.

Les hemos instado en múltiples ocasiones a que
elaboren un protocolo de salud para los abogados y procuradores; ni caso,
y eso que nuestra voluntad siempre ha sido que trabajen en condiciones
seguras. El Grupo Popular ha solicitado, sin éxito, que puedan ser
vacunados de forma preferente, y no han aceptado. Se han negado a
reconocer el trabajo duro, durante la pandemia, de los abogados y los
procuradores. Igualmente, el Grupo Popular solicitó, y se nos negó, que
colaboraran en el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y
ustedes dijeron que no cabían abogados y procuradores para poder informar
la LECRIM, un desprecio más. También les pedimos que se extendieran las
ayudas del decreto ley de 17 de marzo del 2020 para estos colectivos, y
no quisieron. Otra cuestión es que no han querido conciliar la vida
personal y profesional de los abogados. ¿Saben ustedes que han impedido
que el parto y la adopción sean causas para la suspensión en los juicios?
Ustedes consideran que una mujer que ha dado luz no puede solicitar la
suspensión de un juicio; ustedes se lo han negado al Consejo General de
la Abogacía, como han puesto de manifiesto. Por tanto, nosotros vamos a
trabajar por que exista una verdadera conciliación y para que las causas
de suspensión sean recogidas. Podríamos haber aprovechado este momento
para introducir esas causas, respecto de las cuales estoy convencido que
toda la Cámara estará de acuerdo.

Asimismo, ¿recuerdan ustedes que 170 000
profesionales, abogados, procuradores y graduados sociales, se quejaron
de su desprecio hacia ellos en agosto de 2020, habilitando el mes para
que trabajaran, atacando así su conciliación? Otra cuestión que queremos
plantearles, y se lo decimos aquí y vamos a presentar mociones en ese
sentido, es la reducción del IVA de las minutas profesionales al 10 %,
porque esa es una manera de abaratar el procedimiento, y no con los
aranceles. Lo que ustedes quieren siempre es meter la mano en el bolsillo
de los profesionales y no rebajar el IVA. Nosotros vamos a pedir una
rebaja del IVA al 10 % para las minutas de estos profesionales, y así,
repito, abarataremos este procedimiento.

Señorías, antes de terminar quiero leer las
palabras de la decana del Colegio de Abogados de Valencia: La abogacía y
la procura en este país, además de ser indispensables para el
funcionamiento de la justicia, somos capaces de testar todos los órdenes
jurisdiccionales. Conocemos las carencias y las necesidades, por lo que
nos ha ocupado y preocupado siempre la mejor y más eficaz defensa de la
ciudadanía.

El Grupo Popular suscribe estas palabras;
ustedes, lo dudo mucho.

Muchísimas gracias.






(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra su señoría, el señor Oleaga Zalvidea.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko,
presidente jauna. Egun on guztioi.

Más allá de lo que se haya dicho, aquí nos
encontramos ante la necesidad de ajustar la legislación de nuestro país
en lo que respecta al ejercicio de la abogacía y la procura a los
estándares europeos. Hay unos partidos comprometidos con el europeísmo,
que lo aceptamos y buscamos soluciones en todos los casos, y hay otros
que, o no son suficientemente europeístas y se abstienen, como el Partido
Popular, que ha hablado de toda clase de cosas, salvo de lo que a afecta
esta ley, o como Vox, que ha dicho claramente que no le gusta para nada
la ley. Pero, señorías del Grupo Popular, es imprescindible para la
dignificación de la profesión de la abogacía y para la dignificación de
la profesión de la procura ajustar la legislación vigente a la
legislación europea. Todo lo demás son excusas.

Por otro lado, lo que hoy hacemos aquí es algo
bastante sencillo, y realmente creo que debemos explicarlo, porque parece
que no ha quedado claro. La Comisión Europea planteó unas objeciones muy
serias al ejercicio de la abogacía y al ejercicio de la procura en
nuestro país, y esto lo hemos resuelto con esta ley, con un amplísimo
consenso en el Congreso y otro aquí, en el Senado, incluso más amplio.
Son tres cosas muy sencillas: en primer lugar, que quien quiera ejercer
la profesión de la abogacía o quien quiera ejercer la de la procura habrá
de tener el mismo título: licenciado o grado en Derecho, y la misma
capacitación, el mismo máster. Esta es la primera cuestión y afecta a
todo el colectivo. En segundo lugar, a partir de ahora las sociedades
profesionales, que hasta el momento eran sociedades básicamente formadas
por personas que ejercían la abogacía, van a poder incluir también a
personas que ejercen la procura, pero, eso sí, los estatutos de esas
sociedades han de tener claro que se va a proteger la independencia de
los profesionales que ejercen la defensa y la representación, y
garantizar, en todo caso, que no se van a perjudicar los intereses de los
justiciables. Esta es, por tanto, una reforma también muy importante, que
afecta a cómo se organiza en la práctica el trabajo. Y, en tercer lugar,
y en cuanto al asunto de los aranceles que tanto preocupaba, básicamente
de lo que se trata es de acabar con un sistema que viene del siglo XIX.
Establecemos la supresión de los aranceles mínimos, no habrá aranceles
mínimos, estarán prohibidos, lo que va a permitir la competencia, pero
también establecemos una única cuantía de 75 000 euros para el conjunto
del proceso como límite máximo, y esto es así porque así lo dice una
sentencia del Tribunal Supremo. De esta manera, lo que conseguimos es
ajustar nuestra legislación a la legislación europea, y este es el
objetivo principal.

Pero hay otro elemento que sí quiero destacar,
señorías, que me parece muy importante, y es que una de las leyes que hoy
modificamos se llamaba en su día Ley de abogados y procuradores. Pues
bien, haciendo un esfuerzo importante el Gobierno ha planteado también
incorporar el lenguaje inclusivo en la ley, y hoy hablamos de abogacía y
de procura. Vamos avanzando también en este campo tan importante como es
el del lenguaje inclusivo. (Aplausos). El lenguaje inclusivo es difícil y
exige mucho trabajo a la hora de redactar los textos, pero bien vale ese
trabajo si el resultado final es, como en este caso, excelente.

Señorías del Grupo Popular, no me resisto a
contestar muy brevemente a algunas de las cosas que ustedes han dicho. No
sé si vienen enardecidos por esa convención que han celebrado y en la que
hasta había un Premio Nobel que decía que sabía lo que había que votar,
cómo había que votar y que había que votar bien, pero luego dijo que
había votado siempre a Ciudadanos. Realmente es curioso. (Aplausos). El
día 1 de octubre, el señor Casado volvió a negar que el Partido
Socialista hubiese votado a favor del sufragio femenino en la república,
y dijo: Liderados por Victoria Kent. Y yo solo quiero recordarles una
cosa, porque, si no, el señor Casado tendrá que hacer otro máster.
(Aplausos). El 1 de octubre de 1931, de los 161 votos que propiciaron el
sufragio femenino, 84 fueron del Partido Socialista, y no hubo ni un solo
voto en contra por parte del Partido Socialista a esa ley; y Victoria
Kent nunca fue militante del Partido Socialista. (Aplausos).

Y, para concluir, señorías, la Comisión de
Justicia ha hecho un trabajo muy importante que, evidentemente, al señor
De Rosa no le gusta, aprobando leyes como, por ejemplo, la de eutanasia,
colaborando en la Ley de personas con discapacidad...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Termino ahora mismo,
señor presidente.

Todas esas leyes acreditan una transformación
real de nuestro país, y esta que hoy debatimos es igual. Yo les
recomiendo, señorías, que vuelvan ustedes a la senda del europeísmo y que
abandonen los cánticos de la ultraderecha.

Eskerrik asko. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Señorías, al no haber recibido todos los grupos
la ordenación del debate de las enmiendas, propongo que celebremos la
votación después del debate del siguiente punto del orden del día. ¿Les
parece bien a los portavoces? (Asentimiento).

Muchísimas gracias.

El señor presidente lee los puntos 7.2.
y 7.2.1.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la toma
en consideración, tiene la palabra su señoría, el señor Sánchez
López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio, por favor.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con
la venia. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia).

Señorías, el Gobierno eliminó la prestación por
hijo a cargo con la aprobación, por real decreto ley, del ingreso mínimo
vital, por entender que este sustituía a aquel; sin embargo, esa
sustitución no era tal. La naturaleza de una y otra prestación es
totalmente distinta. El ingreso mínimo vital tiene como fin atajar las
situaciones de pobreza severa, y exclusivamente esas situaciones, lo que
es un objetivo imprescindible de nuestra sociedad, que no solo apoyamos,
sino que consideramos que no es suficiente y esperamos que se mejore en
su tramitación parlamentaria. Sin embargo, la prestación por hijo a cargo
tiene como objeto el apoyo a las familias con hijos en casos de pobreza
relativa. Dicho de otro modo, la razón de ser de esta prestación es la
ayuda por los hijos en general y la razón de ser del ingreso mínimo vital
es paliar la pobreza.

Lo cierto, señorías, es que la derogación de la
prestación por hijo a cargo no se vio compensada por el ingreso mínimo
vital, y que hay un enorme colectivo de familias que venían percibiendo
la prestación, que no cumplen los requisitos —y esto hay que
decirlo— del ingreso mínimo vital, de modo que ahora se ven
desamparadas por el Estado. Por si esto fuera poco, el ingreso mínimo
vital no está cumpliendo sus propios objetivos, señorías; de los más
de 800 000 hogares que debería cubrir, solo ha llegado a unos 300 000,
una situación que, en el caso de las familias con hijos, es una auténtica
tragedia, y así hay que decirlo.

En resumidas cuentas, el ingreso mínimo vital
no sustituye a la prestación por hijo a cargo ni en la teoría ni mucho
menos en la práctica. Como he dicho antes, esperamos mejorar el ingreso
mínimo vital en su tramitación parlamentaria en el Congreso y en el
Senado, para que cubra mejor la infancia y la juventud, pero eso ni es
suficiente ni tenemos la garantía de que, con el Partido Socialista y
Unidas Podemos, salga adelante. El Gobierno tiene la mala costumbre de
reunirse con otros grupos, cuando se reúne, y lo hace sin aportar un
número —en el caso de los Presupuestos Generales del Estado, con
una hoja en blanco—, son todo promesas vacías y al final estas
cosas no se cumplen y no se ponen negro sobre blanco. Por eso nos
preocupa.

En este sentido, señorías, les voy a dar unos
datos. La pobreza infantil en España es un problema absolutamente
preocupante. Uno de cada cuatro niños, algo más de dos millones, vive en
hogares que no tienen los recursos suficientes para llegar a fin de mes.
Lo repito: uno de cada cuatro niños vive en hogares que no tienen los
recursos suficientes para llegar a fin de mes. Un millón y medio ni tan
siquiera tienen recursos para cubrir sus necesidades básicas, pues los
ingresos del hogar no superan los 370 euros al mes. Veo que no me prestan
atención, supongo que no les interesa mucho el tema.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, les ruego que guarden silencio.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Si hablamos de hogares
monoparentales, esta pobreza extrema supera el 70 %, y en caso de grupos
de población especialmente vulnerables, la situación es todavía
peor.

Según un estudio de la Fundación Secretariado
Gitano, el 89 % de los menores gitanos viven en hogares en riesgo de
pobreza. Hablamos, señorías, de hogares que no disponen de recursos
suficientes para cubrir adecuadamente las necesidades básicas de los
niños y las niñas. Pero voy a ir más lejos, porque un estudio de Save the
Children estima que estos gastos de crianza ascienden a 479 euros
mensuales, en el caso de niños y niñas menores de 3 años, y que van
creciendo progresivamente hasta alcanzar los 588 euros, en el caso de
adolescentes de 13 a 17 años; unas cifras, señorías, que pese a ser
consideradas de mínimos, resultan directamente impensables para muchas
familias que viven en la pobreza.

Por otra parte, se podría hablar de la pandemia
—siempre ponemos la pandemia como excusa y es verdad que ha sido
devastadora y terrible—, pero la pandemia no está detrás de estas
elevadas cifras de pobreza. España ya era el quinto país de la Unión
Europea con mayor pobreza infantil antes de la pandemia y el tercer país
con más pobreza si solo se considera a los menores de 16 años. Pero es
que la pandemia lo ha empeorado todo. La crisis sanitaria puede elevar el
número de niños y niñas que viven en pobreza hasta los tres millones; de
los dos millones que hablaba al principio de la intervención, se ha
elevado hasta los tres millones.

La realidad que se desprende de estos números,
de estas estadísticas, es altísimamente preocupante porque, para
cualquier menor, la pobreza tiene efectos devastadores, tanto en el
presente como, sobre todo, en el futuro. Por ejemplo, en educación; así,
los alumnos de hogares en situación de pobreza en España tienen cuatro
veces más posibilidades de repetir curso, según indican los resultados
del informe PISA.

Señorías, frente a estos niveles de pobreza y
carencias estructurales que afectan a la población infantil, la respuesta
que ha ofrecido hasta la fecha nuestro sistema de protección pública ha
sido muy insuficiente. La inversión española en infancia supone tan solo
—voy a decirlo despacio— el 1,2 % del PIB; repito, la
inversión española en infancia supone tan solo el 1,2 % del PIB; la mitad
del 2,4 %, que es el promedio de la Unión Europea. Estamos justo en la
mitad del promedio de la Unión Europea, en unos niveles que no permiten
abordar adecuadamente las desventajas en las que se traducen nuestras
elevadas tasas de pobreza y desigualdad infantil, y, menos aún
corregirlas, para garantizar la igualdad de oportunidades.

Una de las principales medidas en las que se
materializaba la inversión en infancia hasta el año pasado era la
asignación económica por hijo menor a cargo, que nosotros queremos
recuperar. Esta se configuraba como una prestación económica dentro de
las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva del sistema
de la Seguridad Social. Hasta la entrada en vigor del Real
Decreto 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo
vital, esta prestación, que recibían más de 800 000 familias en toda
España, se reconocía por cada hijo menor de 18 años o mayor de dicha edad
pero con una discapacidad en grado igual o superior al 65 % a cargo del
beneficiario, cualquiera que fuera la naturaleza legal de la filiación,
así como por los menores a cargo en régimen de acogimiento familiar
perteneciente a guarda con fines de adopción que formaran parte de
hogares que se encontraran en situación de vulnerabilidad económica por
no alcanzar un determinado nivel de ingresos anuales. Por tanto, esta
prestación, que ha desaparecido con el ingreso mínimo vital —y
termino, ya que prácticamente no me queda tiempo—, ha quedado
baldía, ha quedado fuera de juego, no se cubren las necesidades; por eso
la propuesta que traemos nosotros aquí es absolutamente de sentido común
y de sensatez, que es rehabilitarla y recuperarla.

Pongo en manos de sus señorías que esta
proposición siga su curso, se admita a trámite y si ustedes estiman que
se debe enmendar, que se enmiende, pero, desde luego, que no la paren
aquí, y que, por supuesto, al final se apruebe.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

¿Algún grupo quiere utilizar un turno a favor
de la toma en consideración? (Denegaciones).

¿Algún grupo quiere utilizar un turno en
contra? (Denegaciones).

Pasamos entonces al turno de portavoces.

En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la
palabra la senadora Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta. Muy buenos días, señorías.

Vox siempre va a apoyar todas aquellas
iniciativas que tengan como objetivo ayudar a las familias, y esta
proposición de ley lo hace. La familia es la célula básica de la
sociedad, donde se desarrolla la enseñanza básica afectiva, educativa,
social y económica de todas las personas. La eliminación de la asignación
económica por hijo es un paso más de este Gobierno, que quiere suprimir
todo aquello que tenga que ver directamente con las ayudas a las
familias. Se piensan que hablar de familia es anticuado, cuando realmente
es el único futuro que tenemos como sociedad y la mejor garantía contra
la exclusión de los más vulnerables. Por ello, Vox ya ha propuesto que se
incluya la perspectiva de familia en todas las normas que elabore el
Gobierno.

El argumento que dio este Gobierno para
integrar la asignación por hijo a cargo en la prestación del ingreso
mínimo vital fue que así eliminaban duplicidades y que los que ya eran
beneficiarios seguirían recibiendo ayudas, pero ya los conocemos,
señorías del Gobierno, querían acabar con una medida específica que era
la vez, profamilia y pronatalidad; este último, uno de los temas más
preocupantes de nuestro país. Ustedes prefieren diluir esta ayuda dentro
de otra más general, como es la del ingreso mínimo vital. Este
despropósito que ustedes hicieron también tenía otro claro objetivo a
batir: las familias numerosas. Con la integración de las prestaciones en
el ingreso mínimo vital, ustedes han bloqueado las ayudas a partir del
tercer hijo; es decir, que a los que más aportan a la sociedad y a los
que más les cuesta llegar a fin de mes han decidido abandonarlos. Hoy,
lamentablemente, la familia numerosa es un sector desprotegido de nuestra
sociedad y la gran ausente en las políticas sociales, puesto que se les
está discriminando a la hora de fijar los requisitos y cuantías de las
ayudas. Primero, se vio en los ERTE, cuya prestación máxima es la que
perciben los que tienen dos hijos y se repitió después con el ingreso
mínimo vital.

Señorías del Gobierno, dejen de discriminar y
protejan a las familias sin prejuicios, ya verán que saldremos todos
ganando.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

En nombre del Grupo Parlamentario Democrático,
tiene la palabra el senador Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señora
presidenta.

La decisión de suprimir la prestación por hijo
a cargo por la vía de su integración en el ingreso mínimo vital resulta
ciertamente cuestionable atendiendo a los argumentos que esgrimió el
Gobierno, que alegaba que ambas prestaciones tenían fines análogos. Sin
embargo, señorías, es una afirmación que se ha demostrado que no se
ajusta a la realidad; al contrario, cada una de estas prestaciones
responde a objetivos y cubren necesidades básicas diferentes: por un
lado, el ingreso mínimo vital garantiza unos ingresos mínimos a hogares
que se encuentran en riesgo de exclusión social, que carecen de ingresos
y que no alcanzan para superar el umbral de la pobreza severa, la pobreza
extrema, al objeto de que puedan ser destinados a satisfacer las
necesidades vitales básicas de las personas que integran la misma unidad
de convivencia, de ahí que su cuantía sea más elevada, pero su
destinatario más reducido, y, por otro, la prestación por hijo a cargo
tiene por objeto prestar un apoyo económico a hogares con ingresos
reducidos en situación de pobreza relativa, no necesariamente en riesgo
de exclusión social, para asegurar una adecuada atención a las
necesidades básicas de los niños y niñas, contribuyendo con ello a la
igualdad de oportunidades. Estamos en ello, es decir, debe ser un pilar
básico garantizar la igualdad de oportunidades, y a eso nos tenemos que
dedicar nosotros. Esta diferencia queda patente en el hecho de que
existen hogares que, hasta ahora, atendiendo a sus condiciones personales
y económicas, podrían ser beneficiarios de la prestación con hijo a
cargo, que, sin embargo, no podrán ser beneficiarios del ingreso mínimo
vital. Está claro, hay hogares que podrían y eran beneficiarios de la
prestación por hijo a cargo y, sin embargo, tal y como está estructurado
el ingreso mínimo vital, no podrán ser beneficiados por este ingreso. Por
tanto, habrá niños y niñas que viven en estos hogares que sean privados
de protección.

Con el ingreso mínimo vital, que es una ley
loable que nosotros apoyamos —es una iniciativa buena y a nosotros
nos parece importante—, se puede dar la paradoja de que se
desproteja a determinados niños y niñas que viven en estos hogares.
Fíjense ustedes la paradoja: el ingreso mínimo vital puede desproteger a
nuestra infancia de recibir ayudas. Estas circunstancias son las que
entendemos que justifican que presentemos la presente proposición de ley
para que se rectifique esta integración, con la finalidad de que la
asignación económica por hijo o menor a cargo se conserve como prestación
económica de naturaleza singular; también en el supuesto de que el hijo
menor a cargo no presente discapacidad o el grado de discapacidad sea
inferior al 33 %, como sucedía con anterioridad a la puesta en marcha del
ingreso mínimo vital en el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo.

Además, esta proposición busca un
fortalecimiento de la prestación, en línea con las reclamaciones que ha
venido planteando el tercer sector de acción social, que permita mejorar
su eficacia en la lucha contra la pobreza infantil y para avanzar hacia
la igualdad de oportunidades de la infancia y adolescencia. No quiero
repetir las cifras que les he dado en la primera intervención, pero, en
España, la situación de pobreza infantil es absolutamente preocupante. En
este sentido, la norma incorpora una serie de cambios en los parámetros
de la prestación, que amplían de forma notable el alcance y la intensidad
de la acción protectora en el presente, a la vez que señalan una senda de
incremento de cara al futuro. Así, en primer lugar, con efectos a partir
de su entrada en vigor, se establece el umbral para el acceso a la
asignación económica, con carácter general, en 14 000 euros anuales; en
correspondencia, el umbral de ingresos de la prestación para familias que
tengan la consideración de familia numerosa, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de
familias numerosas, se fija en 20 275 euros anuales. En ambos casos,
estos umbrales se incrementarían para cada ejercicio en la misma
proporción que la establecida para las pensiones no contributivas del
sistema de la Seguridad Social.

En segundo lugar, señorías, se determina un
umbral de ingresos superior para el acceso de la prestación para las
familias que tengan consideración de familias monoparentales. A estos
efectos, se entienden como tales aquellas constituidas por un solo
progenitor con el que convive el hijo o menor a cargo y que constituye el
sustentador único de la familia. En particular, tras la entrada en vigor
de esta ley, se establece que dicho umbral se corresponderá con lo
establecido con carácter general para las familias numerosas,
incrementándose en los mismos términos por cada hijo o menor a cargo
—en este caso, a partir del tercero, inclusive—, con efectos
a partir del día de entrada en vigor esta ley.

En tercer lugar, también de manera destacada,
se incrementaría la cuantía de esta asignación económica con carácter
general hasta los 100 euros mensuales; 1200 euros al año por cada hijo
menor a cargo. En paralelo, se incrementa hasta los 150 euros
mensuales, 1800 euros al año por hijo o menor a cargo, la cuantía a la
que tiene derecho la unidad familiar que se encuentra en situación de
especial vulnerabilidad en términos equivalentes a los que se recogían en
el Real Decreto Ley 1/2020, de 14 enero. Asimismo, señorías —y con
esto voy terminando—, para mantener la correspondencia entre las
cuantías establecidas para cada supuesto causante de la prestación, se
incrementa el importe de la prestación por hijo menor a cargo con
discapacidad superior al 33 % hasta los 200 euros al mes; estaríamos
hablando de 2400 euros anuales.

Por tanto, y con esto termino, les he
desgranado un poco en qué consistiría la ley, que no solo pretende
recuperar la prestación por hijo a cargo, sino con estas medidas que les
he plasmado en los últimos minutos, incluso se mejorarían, porque, como
hemos dicho, estamos en el quinto peor lugar de la Unión Europea y
dedicamos el 1,2 % del PIB, cuando la media europea es el doble, en torno
al 2,4 % del PIB.

En definitiva, el ingreso mínimo vital no
sustituye la prestación por hijo a cargo, son dos cosas distintas, son
dos caminos paralelos, dos caminos importantes, pero que no se deben
fusionar en uno, en detrimento de la infancia y en detrimento de la
prestación por hijo a cargo. Son dos vías que nuestro Estado de derecho
debe contemplar para llegar al fin que se persigue, que es la igualdad de
oportunidades que debemos dar a nuestros menores y a nuestras familias
con menores a cargo.

Por tanto, les ruego encarecidamente que tengan
a bien pensar muy en serio en esta toma en consideración, que la admitan,
que la ley entre a trámite parlamentario, y si ustedes creen que hay que
enmendarla o mejorarla, estaremos encantados de debatir, discutir, y en
su caso, consensuar.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.

Señorías, nos encontramos ante una proposición
de ley relativa a la prestación por hijo a cargo que, con motivo de la
creación del ingreso mínimo vital, ha sido modificada.

De sobra conocen la posición del Govern de la
Generalitat respecto del ingreso mínimo vital, por entender, una vez más,
que se vulneran las competencias en materia de gestión íntegra y
ejecución de la modalidad no contributiva de la Seguridad Social. Esto se
nos reconoce en el artículo 165 del estatuto de autonomía y también los
relativos a los servicios sociales recogidos en el artículo 166. Es por
ese reconocimiento que desde 1990 la Generalitat gestiona pensiones no
contributivas de invalidez o de jubilación. Siempre esa lupa que ponemos
sobre las competencias nos devuelve una clara imagen de recentralización
que nos alienta más a perseverar para obtener todas las competencias, a
través de una república independiente.

No vemos ningún motivo que justifique que el
Instituto Nacional de la Seguridad Social adquiera la competencia de
reconocimiento y control de la prestación económica del ingreso mínimo
vital. Les debo recordar que Cataluña cuenta desde el año 2017 con la
renda garantida de ciutadania, con la misma finalidad que el ingreso
mínimo vital creado posteriormente por el Estado. Por ello, las dos
prestaciones comportan un conjunto de actuaciones de gestión y
reconocimiento referidas a los propios servicios sociales, de los cuales
Cataluña tiene competencias exclusivas. De ahí que sea necesario el
traspaso de la gestión y resolución, entendiendo que de esta proximidad
se podría evitar la complejidad en la gestión que hasta hoy se ha
manifestado a todas luces insuficiente. De hecho, como indica el informe
de la taula del tercer sector en Cataluña, el primer año de aplicación
del ingreso mínimo vital ha sido un fracaso y solo se han aprobado
un 15,6 % de las solicitudes resueltas, denegando casi un 85 %.

Respecto a la proposición que pide retornar la
prestación por hijo a cargo a la situación anterior al ingreso mínimo
vital, debo aclarar que en mi grupo ciertamente considerábamos la
prestación por hijo a cargo una medida buena para la lucha contra la
pobreza infantil y, además, se ha manifestado ya efectiva en algunos
países europeos de nuestro entorno, donde además de que las cuantías han
sido claramente superiores, esta prestación ha llegado a ser
universal.

En estos momentos se reconoce el derecho de
prestación por hijo a cargo si el hijo menor de 18 años tiene
discapacidad en grado igual o mayor al 33 %, o si son mayores de 18 años,
en grado igual o mayor al 65 %. Estamos a favor de que se reconozca a las
personas con discapacidad, lo que conlleva reconocer un incremento que
hay que tener en cuenta en la economía familiar, especialmente cuando se
trata de familias vulnerables, pero es cierto que los menores de 18 años,
los menores como tal, han quedado absorbidos por el ingreso mínimo vital.
Como medida contra la pobreza infantil, ciertamente tenemos dudas
respecto de que el ingreso mínimo vital y la prestación por hijo a cargo
tengan finalidades análogas y necesitaríamos abundar más en cuantías y en
su impacto económico y la repercusión real en las familias, como la
repercusión real en la lucha contra la pobreza infantil. También es
cierto que existen familias que no tendrán derecho al ingreso mínimo
vital, pero necesiten atender necesidades básicas de sus hijos.

En Junts per Cataluya somos partidarios siempre
de facilitar el debate, pero en este caso esta propuesta nos llega a la
vez que se está tramitando un proyecto de ley de modificación del ingreso
mínimo vital que va a llegar a esta Cámara y creo que será una gran
oportunidad para proponer todos aquellos cambios de calado que creamos
oportunos.

Como ya les hemos dicho, la puesta en marcha
del ingreso mínimo vital no ha sido efectiva en Cataluña —para la
mayoría de solicitantes— por el claro efecto invasivo de
competencias y porque todavía estamos estudiando el verdadero impacto con
la finalidad de hacer propuestas que, a nuestro entender, pasan por la
proximidad para que la cuantía necesaria llegue a todas las familias
vulnerables pero, sobre todo, para que los niños y adolescentes queden
protegidos contra la pobreza. Podría abundar, señorías, en muchos datos,
pero ustedes los conocen y saben que se traducen en situaciones
dramáticas.

Por eso, sin estar en desacuerdo con la
propuesta, pero tampoco completamente de acuerdo, consideramos que este
debate se debe trasladar al proyecto de ley que ya está en marcha, para
no crear así debates paralelos que vendrían a abundar en más complejidad
en un tema que ya lo es para aquellos que tienen que optar a él.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene
la palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta. Senatari jaun andreok, egun on.

Hace un par de semanas, el Partido Socialista
unió sus votos a Vox y al Partido Popular en esta Cámara para rechazar la
toma en consideración de una proposición de ley de Geroa Bai, con el fin
de regular el funcionamiento de los clubes cannábicos. Una pena; una pena
hurtar a esta Cámara un debate sobre el uso lúdico del cannabis. Por
cierto, a los dos días, tres grupos anunciaron que llevarán al Congreso
este debate. Parece que a algunos les da miedo que la opinión pública
visualice que el Senado, la Cámara territorial, sirve para algo más que
para hacer preguntas al Gobierno o mociones que, si son aprobadas,
terminan siendo un brindis al sol. Estas actitudes contribuyen a la
percepción de que el Senado no pinta nada y son una afrenta al sistema
parlamentario definido en la Constitución.

Hoy debatimos la toma en consideración de una
proposición de ley del Grupo Democrático a la que anuncio que votaremos a
favor porque pensamos que todas las leyes que se presenten en esta Cámara
y que partan de principios democráticos deben ser atendidas, analizadas,
corregidas si hace falta y, desde luego, votadas, y también porque
coincidimos en buena parte con lo que el grupo proponente presenta; no en
vano en Geroa Bai presentamos en agosto una moción en este mismo sentido.
Coincidíamos en las cuantías, 100 euros al mes por hija o hijo como base,
aunque diferimos en su alcance porque consideramos que deberían otorgarse
con carácter universal. Pero para eso estamos aquí, para tratar de
convencer al resto de que nuestra propuesta es mejor, y para ello,
señores de la bancada socialista, antes hay que dar una oportunidad al
debate. En este sentido, espero que esta vez no tengan la osadía de negar
a la Cámara el poder discutir de un asunto que es vital para acabar con
la pobreza infantil y para la sostenibilidad de nuestra sociedad. Y es
vital porque España vuelve a estar en el furgón de cola en materia de
protección social respecto a Europa. En el conjunto de la Unión Europea,
el gasto destinado a estas ayudas a la crianza supera los 163 000
millones de euros, lo que representa casi el 1 % del PIB de la Unión, en
torno al 3,8 % del gasto en protección social.

Está demostrado que estas prestaciones
contribuyen al sostenimiento del pacto intergeneracional en el que se
basa el Estado del bienestar, contribuyen a la redistribución vertical y
horizontal de la renta, mejoran la situación de los niños y de sus
familias, incluso a medio y largo plazo desde el punto de vista educativo
y de salud, y tienen un efecto positivo, aunque es verdad que reducido,
en el incremento de la fecundidad, pero ayudan, sobre todo de forma
eficaz, a reducir la pobreza infantil que en España es una lacra. Tras
Rumanía y Bulgaria tenemos la mayor tasa, con más de 2,1 millones de
niños y niñas en situación de pobreza, y lo dice el Alto Comisionado para
la Lucha Contra la Pobreza Infantil, no solo yo. Estamos hablando de una
tasa del 27,4 %, casi 10 puntos más que la media de la Unión Europea, y
es una cifra que irá en aumento, según las previsiones de Save the
Children, que apuntan a que España puede superar el 30 % de menores en
situación de pobreza debido a la pandemia. Y eso no va a cambiar
alineando el deporte en la lucha contra la pobreza infantil, como decía
el presidente del Gobierno la semana pasada, sino con políticas rotundas
que parece que no se quieren adoptar, o al menos no con la intensidad que
requiere el problema. Y una de esas políticas eficaz es, sin duda, esta,
mejorar las prestaciones por hija o hijo a cargo.

Es necesario avanzar y hacerlo ya. Hay
comunidades, como la mía, Navarra, cuyas políticas reconoció precisamente
el Alto Comisionado para la Lucha Contra la Pobreza Infantil, Ernesto
Gasco, y ya estamos trabajando en esta línea, extendiendo las
bonificaciones fiscales por hija o hijo a cargo a las unidades familiares
que no están obligadas a hacer la declaración de renta por estar exentas
de presentar la declaración dado sus bajos ingresos; de esta manera
también pueden estas familias optar a esos beneficios fiscales. Y digo
avanzar porque lo que está haciendo España es retroceder al subsumir la
prestación por hijo o hija a cargo de la Seguridad Social en el ingreso
mínimo vital, decisión que demuestra que este tema, desde luego, no está
en la agenda del Gobierno.

Vamos a apoyar sin el menor atisbo de duda la
toma en consideración de esta proposición de ley, pero, desde luego,
avanzo que, en el caso —como espero— de que el Partido
Socialista no la vete, presentaremos en su debate modificaciones de
calado como esta de la universalidad que ya anuncio. La cuestión de la
universalidad en el acceso es esencial, puesto que está demostrado que
existe una relación positiva entre el carácter universal de estas
prestaciones y su capacidad para la reducción de la pobreza infantil. Las
prestaciones familiares universales tienen menos problemas de no acceso,
es decir, de no solicitud de las ayudas por parte de personas o familias
que han sido designadas a tener derecho —ya sea por motivos de
desconocimiento o por rechazo voluntario de estos beneficios— que
las prestaciones focalizadas, además resultan más fáciles y baratas de
gestionar, tienen mayor apoyo social y evitan las trampas de la pobreza
asociadas a las prestaciones condicionadas a la participación laboral.
Alemania, y más recientemente Italia, ya disponen de un modelo de estas
características que universaliza la prestación por hijo o hija a
cargo.

Señorías, pongámonos las pilas y abordemos de
forma definitiva políticas que animen a los jóvenes y a las jóvenes a
construir un futuro. Estas ayudas por hijo o hija a cargo son un paso, un
paso que no es suficiente porque hay que dar más, por ejemplo, convertir
la vivienda en un derecho real y no en un mero enunciado en la
Constitución sin valor alguno. Para eso hay que dejar de mirar por el
rabillo del ojo a los grandes tenedores de vivienda y afrontar medidas
expeditivas como el control de los precios de alquiler. Lo hizo Angela
Merkel, lo hizo Emmanuel Macron y lo han hecho los demócratas
norteamericanos en varios Estados. Por cierto, el presidente del Gobierno
anunció en septiembre de 2018 una Ley de vivienda, y han pasado tres
años.

En Navarra llevamos desde 2018 aportando 250
euros a jóvenes a través del programa Emanzipa para el alquiler y del
programa David a familias vulnerables con carácter indefinido, no como el
proyecto que hemos podido leer en la prensa de hoy, durante dos años,
sino con carácter indefinido. Además, tenemos ayudas al alquiler con
carácter general, también para jóvenes, según renta, desde el 25 al 75 %.
Por cierto, el Gobierno, lo hemos leído en prensa, dice que va a
establecer un impuesto municipal sobre las viviendas vacías, algo
aprobado en Navarra hace años, y, oh casualidad, recurrido al Tribunal
Constitucional.

Señorías del Partido Socialista, si necesitan
un tacataca para avanzar, nosotros se lo proporcionaremos y les
apoyaremos, pero dejen de recurrir decisiones navarras al Constitucional
cada vez que vamos por delante de ustedes, gracias a nuestro autogobierno
y a su desarrollo en clave progresista, como hacemos siempre en Geroa
Bai.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, senador.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Vaquero Montero.

La señora VAQUERO MONTERO: Gracias, presidenta.
Egun on. Mila esker, presidenta andrea,.

Senatari jaun andreok, señorías, nadie duda de
la importancia de la familia en sus múltiples formas, organización y
modelos, ya que es en su entorno donde se realiza el proyecto de vida de
las personas y es la institución básica para el soporte afectivo y
emocional, y la protección de las personas que la componen.

La proposición de ley que presenta Ciudadanos
nos permite hablar —y digo hablar porque en esta Cámara es difícil
debatir en profundidad ya que no hay turnos de réplica— y poner
sobre la mesa el problema de la pobreza infantil, que necesita de un
diagnóstico y de un enfoque más amplio e integral, que va más allá de
decidir en qué ley se engloban las percepciones por hijo o hija a
cargo.

La familia de hoy nada tiene que ver con la
familia de hace unos años, tampoco la sociedad, y es este nuevo contexto
social y económico donde se tienen que reorientar las políticas de apoyo
a las familias, ya que estas tienen que prever las necesidades que se
plantean y plantearán en el orden social y también, y lo quiero subrayar,
en el demográfico, uno de los mayores retos de las sociedades
envejecidas. Sin embargo, antes, como cuestión previa a la valoración de
la proposición de ley presentada por Ciudadanos, quiero subrayar que no
hablamos de recuperar una prestación desaparecida, sino que lo que
pretende el proponente es volver a una regulación similar a la alterada
por el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece
el ingreso mínimo vital. No ha desaparecido de la Ley General de la
Seguridad Social la asignación económica por hijo o hija menor a cargo, y
así, el artículo 351 sigue recogiendo como prestaciones familiares no
contributivas la asignación económica por hijo menor a cargo, la
prestación económica por nacimiento o adopción en supuestos de familias
numerosas, monoparentales y de padres o madres con discapacidad, y la
prestación por parto o adopciones múltiples. Esto es, la asignación
económica por hijo o menor a cargo continúa vigente entre la relación de
prestaciones no contributivas en la Seguridad Social, si bien modificada
tras la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, y así lo recoge la
disposición transitoria séptima de este real decreto ley, de una manera
tal vez confusa cuando habla de la integración de la asignación por hijo
o menor a cargo en el ingreso mínimo vital. Lo que se ha modificado,
dando una nueva redacción al artículo 351 de la Ley General de la
Seguridad Social, es que se pasa a contemplar, como requisito no exigido
hasta entonces, que el menor se encuentre afectado por una discapacidad
en un grado igual o superior al 33 %.

La motivación de esta proposición de ley se
basa en la diferencia conceptual entre ambas prestaciones porque, según
el grupo proponente, responde a situaciones y problemáticas diversas. A
nuestro entender, parece complicado encontrar la diferencia conceptual
entre los términos contemplados por el Real Decreto Ley 20/2020, que
regula el ingreso mínimo vital, y los sugeridos por Ciudadanos, puesto
que los conceptos situación de vulnerabilidad, riesgo de pobreza y riesgo
de exclusión social no se configuran en el ingreso mínimo vital como
ideas generales ajenas, sino que se articulan y plasman en la práctica.
Así, la regulación del ingreso mínimo vital atiende a diversas
situaciones, adaptándose en cada caso a la diversidad a la que pretende
hacer frente, como ocurre en Euskadi con la renta de garantía de
ingresos, o la RGI, donde la cuantía final de la prestación se determina
en función de la composición de la unidad convivencial y del umbral de
ingresos económicos exigido para la condición de beneficiario, lo que se
denomina la renta estandarizada, que permite dar un trato más equitativo
a los distintos tipos y situaciones familiares, y que en Euskadi es de
aplicación en las ayudas económicas y servicios de apoyo a las familias,
puesto que no parten de la misma situación las familias monoparentales,
mucho menos, las monomarentales, las numerosas, aquellas en las que
algunos de sus miembros tengan discapacidad o en los casos en que alguna
de sus miembros haya sufrido violencia de género.

La renta de garantía de ingresos, por lo tanto,
en coordinación con otras ayudas, crea un sistema de protección social
que ha permitido que Euskadi sufra unos porcentajes de pobreza, también
la infantil, por debajo de la media del Estado e incluso de Europa, según
los datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, aunque cualquier índice —en el caso de Euskadi es
del 13 % de pobreza infantil frente al 29,5 % del Estado— es
inasumible y requiere, tal y como se está haciendo, de una política
integral para combatirla.

Euskadi apostó hace más de tres décadas, en
plena crisis, por la responsabilidad social, por la cohesión social, por
lo que hoy conocemos como la RGI y aunque no todo es perfecto y hay mucho
margen de mejora, podemos afirmar que aquella apuesta, junto con las
diferentes políticas públicas que se han puesto en marcha, ha supuesto
una red de apoyo para numerosas personas, familias, niños y niñas.

En consecuencia, consideramos más acorde con la
finalidad de atención a las necesidades básicas de la infancia integrarlo
en el marco de la prestación del ingreso mínimo vital, con el fin de
atender a las necesidades de los niños y niñas de una unidad
convivencial. Incluso, para mejorar su atención respecto al resto de la
ciudadanía se podría modular la valoración con la oportuna modificación
del umbral de ingresos requerido para el acceso a esta prestación y, en
su caso, incrementar las cuantías cuando haya menores de edad en la
unidad convivencial, cumpliendo así con mayor claridad la finalidad
buscada con esta iniciativa de Ciudadanos.

En esta línea, el informe sobre el impacto de
infancia, adolescencia y familia de los Presupuestos Generales del Estado
para este año recoge que el ingreso mínimo vital será objeto de
evaluación permanente, con especial atención al número de familias con
menores, adolescentes y jóvenes que se benefician de la prestación,
examinando las cuantías y la evolución en el tiempo para, así, mejorar la
tramitación parlamentaria y su posterior desarrollo reglamentario.

No puedo finalizar mi intervención sin
denunciar el incumplimiento de un pacto, el de la transferencia de las
funciones y servicios para la gestión íntegra del ingreso mínimo vital a
la Comunidad Autónoma de Euskadi y a la Comunidad Foral de Navarra, tal y
como expresamente recoge la disposición adicional quinta del Real Decreto
Ley 20/2020. Nuevamente, reclamamos el cumplimiento de lo pactado, ya que
todo depende de la voluntad política del Gobierno del Estado. Pedimos, y
lo digo claramente, con respeto institucional, lo que por derecho nos
corresponde. Además, en el caso de la iniciativa que debatimos, esta
transferencia supondría mejorar el nivel de atención económica y de
protección a la infancia de Euskadi, ya que, como recoge el
artículo 10.12 del Estatuto de Gernika, de 1979, que todavía no se ha
cumplido, corresponde a Euskadi la competencia exclusiva en el desarrollo
comunitario, la condición femenina y las políticas infantil, juvenil y de
la tercera edad.

Finalizo con un último apunte. No puedo pasar
por alto sin señalar que aún nos queda mucho trabajo pendiente en el uso
del lenguaje inclusivo de género en todas las iniciativas que se
presentan y que, a veces, aprobamos en esta Cámara. Señalo esto porque,
desde ayer, los diferentes grupos de la Cámara estamos hablando para
consensuar una declaración institucional para resaltar la figura de Clara
Campoamor. En este caso, se deja fuera de la proposición de ley a la
mitad de las personas a las que va dirigida cuando no se nombra a las
hijas. Y no me digan que en el 2021 las hijas tienen que sentirse
aludidas porque nosotras y nosotros no seamos capaces de nombrarlas en
una ley. Les aseguro que mis hijas, como me imagino que muchas de las de
ustedes, no se van a sentir aludidas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra la senadora Escandell Grases.

La señora ESCANDELL GRASES: Gracias. Buenos
días, señora presidenta.

Buenos días, señoras y señores senadores. La
prestación familiar que se plantea en esta proposición de ley es sensible
para la mayoría de nosotros y nosotras como ciudadanas, además de para
los grupos parlamentarios. Es evidente que es un tema de interés central
para las organizaciones sociales, especialmente para aquellas que se
dedican a la infancia. En esto estamos de acuerdo.

Coincidimos en que la aportación pública del
Estado español para esta cuestión es absolutamente insuficiente. Sabemos
—está muy demostrado— que la pobreza de los padres y madres
condiciona el buen desarrollo de las niñas y los niños en todos los
ámbitos y aspectos: físico, emocional, cognitivo, social; no me voy a
extender porque lo sabemos. Nos avergüenza e indigna oír hablar de
categorizaciones de pobreza: extrema, moderada, vulnerabilidad extrema,
límite de ingresos, como si la pobreza la justificáramos con adjetivos.
Hay leyes y más leyes que regulan y establecen estas categorías,
obligando así a ciertos ciudadanos y ciudadanas a luchar unas contra
otros, a competir y a discutir por las migajas del pastel que se les
ofrece desde el sistema. Por esto, quizás nos tendríamos que plantear que
las prestaciones —ahora hablamos de las de los hijos— fueran
universales, lo que implicaría no solo una mayor eficacia en la
cobertura, sino un cambio de concepción de la función de las prestaciones
sociales.

Unicef lleva años apostando por las
prestaciones universales por hijo e hija como la política más en
consonancia con los principios de igualdad y no discriminación que
defiende. Según nos dice, sus tasas de cobertura, comparativamente más
altas, y sus menores errores de exclusión la hacen una política mucho más
coherente en términos de derechos humanos para la organización; pero es
que en muchos países europeos ya se hace así. Los derechos universales
ayudan no solo a no estigmatizar a quienes reciben, sino que, además,
permiten incorporar a grandes sectores de la población al compromiso de
un buen funcionamiento del Estado de bienestar y a sentir que forman
parte de su configuración. Fijémonos, siempre hablamos de la pobreza,
pero ¿si en lugar de poner el énfasis en la pobreza, en las personas, lo
pusiéramos en el otro punto de la balanza, en los que tienen mucho, en
los ricos? Porque necesitamos aumentar ingresos. Por ejemplo, una de cada
tres multinacionales españolas paga en impuestos menos del 10 % de su
beneficio global, o 20 grandes grupos en 2018 abonaron a Hacienda menos
del 2 % de sus beneficios. Podríamos hablar también del gasto en
armamento o del presupuesto para la defensa en general, sobredimensionado
absolutamente, porque al único enemigo al que hemos tenido que hacer
frente ha sido a la COVID-19, y a este no se le vence ni con cañones ni
con muchas metralletas ni con muchos aviones. Podríamos hablar también
del gasto de la Casa Real, de las comisiones del rey emérito; no
acabaríamos.

En principio, nuestro grupo está de acuerdo en
que se tramiten las tomas en consideración de las leyes, nos parece un
buen ejercicio democrático, pero en este caso vamos a votar en contra.
¿Por qué? Porque la propuesta que se nos presenta ya se está tramitando y
discutiendo en el Congreso de los Diputados a través de un proyecto de
ley sobre el ingreso mínimo vital que recoge las necesarias aportaciones
en los hogares con niños e incorpora un complemento de ayuda a la
infancia. ¿Qué necesidad hay de presentar esta propuesta cuando el
proceso de mejora de la situación actual ya está en marcha y se está
debatiendo? Como no le vemos el sentido ni el significado ni la
necesidad, vamos a votar en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Heredia de Miguel.

La señora HEREDIA DE MIGUEL: Buenos días.

El Grupo Parlamentario Democrático presenta en
esta Cámara una proposición de ley para, literalmente, la recuperación de
la asignación económica por hijo a cargo. Por tanto, es una proposición
de ley para recuperar una prestación no contributiva de la Seguridad
Social que quedó recortada, en parte, con su inclusión en el Real Decreto
Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establecía el ingreso mínimo
vital. Aunque a este recorte el señor Escrivá lo llamará reordenación, en
derecho, como en la vida, las cosas son lo que son, con independencia del
nombre que le queramos dar.

La aprobación del ingreso mínimo vital
introdujo modificaciones en otras prestaciones, se dijo, para evitar
duplicidades. Así lo indica el propio real decreto ley: Con el objetivo
de evitar duplicidades de cara al ciudadano, la puesta en marcha del
ingreso mínimo vital exigirá también una progresiva reordenación del
conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se solapen con los de esta
nueva política. El señor Escrivá inauguró este proceso de reordenaciones
con la eliminación de la actual prestación de la Seguridad Social por
hijo o menor a cargo cuando ese menor no tuviera ninguna discapacidad o
tuviera una discapacidad inferior al 33 %. La eliminó sin más.

El Grupo Parlamentario Popular lo dijo en su
momento: era muy dudoso —se ha dicho hoy aquí— que los
objetivos se solaparan, y el tiempo ha demostrado que no. Era dudoso que
fuera buena idea desmontar una estructura consolidada de prestaciones
familiares, que se encuentra perfectamente configurada dentro del sistema
protector de la Seguridad Social, para trocearla y pasar una parte de esa
acción protectora a una ayuda de nuevo cuño, de dudoso diseño, de nefasta
gestión y pobres resultados, como ha sido el ingreso mínimo vital, y
hacer desaparecer sin más otra parte de la prestación. La acción
protectora de la Seguridad Social se define en función de la cobertura de
una serie de contingencias, y la contingencia cubierta por el régimen de
protección a la familia —protección, por otra parte, garantizada en
el artículo 39 de la Constitución española— es, simplemente, la
necesidad económica o exceso de gasto producido en el sujeto protegido
como consecuencia de la existencia de responsabilidades familiares. Es
una prestación compensatoria, no hace falta nada más, solo hace falta
atender a gastos sobrevenidos; no hace falta llegar a situaciones de
pobreza extrema o de exclusión social. Por eso, estas prestaciones han
convivido en paz durante tanto tiempo con las rentas mínimas de inserción
de cada comunidad autónoma, porque entre ellas no había ningún tipo de
conflicto. ¡Y claro que esto se puede cambiar! ¡Claro que todo se puede
hacer de forma diferente!, pero lo que se debe hacer es mejorar, si se
puede; si no se puede, hay que dejarlo como está y reflexionar un poco
más.

El señor Escrivá, el que vino porque todo lo
iba a hacer mejor que nadie, no ha sabido hacerlo mejor, y tampoco ha
tenido la humildad necesaria para dejarlo como estaba. Hizo aquí otra de
las suyas y, con el eufemismo de la reordenación, lo que hizo fue un
recorte. Por eso, desde la entrada en vigor del ingreso mínimo vital solo
se puede solicitar esta ayuda para hijos menores cuando estén afectados
por una discapacidad de, al menos, el 33 %. El Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso pidió rectificar dicho recorte en la prestación.
Insistimos, no había reordenación, no había solapamiento; había recorte,
como también denunciaron muchas familias, sindicatos, ONG y asociaciones
dedicadas a la protección de la familia.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones salió al paso de las críticas que ya recibió en aquel
momento, como hace siempre, confundiendo todavía un poco más en el perfil
de Twitter del ministerio. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, por favor, guarden silencio.

La señora HEREDIA DE MIGUEL: Se dedicó a
explicar que la prestación se podía mantener, que se podía decidir, que
se podía compatibilizar. Se refería al periodo transitorio, intentando
desviar la atención de la realidad, que era que parte de la prestación se
había perdido, que se había abierto un agujero en la protección a la
infancia más vulnerable —no voy a repetir los datos de pobreza
infantil que ya se han dicho aquí— y que muchas familias que antes
tenían derecho a la protección por hijo a cargo, que ahora ya no podían
solicitarla y que tampoco cumplían los requisitos del ingreso mínimo
vital, saldrían perjudicadas. Estas asociaciones, como Unicef, Save the
Children, sindicatos, etcétera, pidieron al ministro que no desmantelara
tan rápido esta prestación, pero el señor Escrivá no dio su brazo a
torcer. Lo que pasa es que la realidad es muy tozuda, a las familias no
les salen las cuentas y hay una enorme casuística de familias que han
resultado perjudicadas. El ministro lo sabe, y también el Gobierno. (El
señor presidente ocupa la Presidencia).

Ahora, con la presión de ONG, asociaciones,
sindicatos y grupos políticos, trabajan en el Congreso para aprobar una
prestación de ayuda a la infancia, que no sé si estará en torno a
los 50 euros. No reconocen lo que se ha quitado y, además, parece que se
va a dar más. No tardando veremos al ministro Escrivá contar aquí las
maravillas de esta ayuda, y si no, al tiempo. Por supuesto, lo importante
es que las familias recuperen sus ingresos, está claro, pero desmantelar
un sistema de prestaciones tan consolidado como el de la Seguridad Social
para hacer esto es una chapuza técnica, jurídica y social.

Respecto al ingreso mínimo vital, el propio
ministerio indica que realizará evaluaciones y que analizara si se cubren
o no los objetivos marcados. Nosotros lo único que pedíamos era que
evaluara y que rectificara, porque no es lo único que, en el ingreso
mínimo vital, ha necesitado rectificación.

Hasta aquí coincidíamos plenamente con el
enunciado de la proposición de ley, pero, como señala Ciudadanos en el
documento, ellos van más allá y lo que quieren es fortalecer la
prestación. Por eso, proponen la modificación de varios artículos de la
Ley General de la Seguridad Social para ampliar el alcance, es decir, la
cobertura, los umbrales de acceso a la prestación y las cuantías de
asignación económica. Entendiendo que es totalmente lícito debatir esta
propuesta, debatir el contenido material, no vemos que esta sea la Cámara
adecuada en este momento. Es simplemente una cuestión de oportunidad.
Está abierto el Pacto de Toledo. El día 30 de septiembre, el jueves
pasado, se celebró en el Congreso el debate de totalidad sobre el
proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de
otras medidas de refuerzo y sostenibilidad financiera y social del
sistema público de pensiones; es decir, está abierto el trámite para la
reforma de la Seguridad Social. El plazo para presentar enmiendas al
articulado termina hoy, día 6 de octubre, a las 18 horas. Nosotros
creemos que este es el procedimiento adecuado para incorporar el debate
que propone el Grupo Democrático.

En resumen, el Grupo Parlamentario Popular es
partidario de restablecer la prestación por hijo o menor a cargo tal y
como estaba antes de su inclusión parcial en el ingreso mínimo vital. Es
partidario de debatir cualquier iniciativa que mejore la vida de las
familias en situación de vulnerabilidad, pero no sería coherente con
nuestra posición en el Pacto de Toledo abrir aquí y en este momento un
debate paralelo. Esta es la clave de nuestra posición en la toma en
consideración; ya llegará al Senado. La definición de nuevas prestaciones
y cuantías, que las cifran en 360 millones de euros anuales, afecta a la
configuración y a la sostenibilidad del sistema de pensiones y, en
nuestra opinión, debería tratarse en el marco del Pacto de Toledo, que se
encuentra abierto precisamente para la reforma de la Ley General de la
Seguridad Social.






Por eso, nosotros votaremos abstención en la toma de
consideración de esta proposición de ley.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Arnáiz García.

La señora ARNÁIZ GARCÍA: Gracias, señor
presidente.

Buenos días a todos y a todas. Voy a comenzar
mi intervención expresando mi extrañeza por que se debata finalmente esta
toma en consideración. Sinceramente, pensé que el grupo proponente la iba
a retirar, porque en estos momentos no tiene sentido debatir una
iniciativa que se elaboró hace más de un año. En un año ha cambiado el
escenario enormemente, de tal manera que lo que propone esta proposición
de ley está, de largo, superado.

La protección familiar se aborda en el proyecto
de ley del ingreso mínimo vital, que está en estos momentos, dentro de la
tramitación parlamentaria en el Congreso, en fase de inicio de ponencia.
Ya se cerró el plazo de enmiendas, y el Grupo Socialista ha registrado
dos, la 233 y la 236, para establecer dentro del ingreso mínimo vital
—escuche, señor Sánchez— un nuevo complemento de ayuda para
la infancia para aquellas unidades de convivencia que tengan menores
entre sus miembros y que sean perceptoras del ingreso mínimo, así como
para aquellas otras que, excediendo los límites de renta establecidos en
el ingreso mínimo vital, se encuentren en situación de pobreza moderada.
Con este complemento, muchas de las familias que actualmente perciben la
prestación familiar se podrán incorporar al ingreso mínimo vital porque
se van a aumentar los umbrales de renta para familias con hijos. Este
nuevo complemento va a mejorar y modernizar la prestación actual por hijo
a cargo menor de 18 años sin discapacidad y va a ampliar la intensidad
protectora, tal y como nos solicitaban las entidades del tercer
sector.

Era necesario actualizar y reformular la
prestación familiar, una prestación no contributiva de la Seguridad
Social creada en 1991 para apoyar a familias con hijos menores y pocos
recursos. Para los socialistas, luchar contra la pobreza infantil es y ha
sido una prioridad absoluta. Por tanto, señor de Ciudadanos, señor
Sánchez López, lo que persigue su proposición de ley está estudiándose en
estos momentos en el Congreso de los Diputados. No quiera embarrar el
debate ni adelantar acontecimientos manteniendo un debate paralelo. ¿O
pretende, de aprobarse esta toma en consideración, dejarla luego en
barbecho hasta ver qué ocurre en el Congreso? ¿Es lo que pretende? Esta
cuestión la debe conocer sobradamente, así que no entiendo con qué fin
nos hace perder el tiempo, señoría, porque es de primero de Derecho que
el Senado, que es una Cámara de segunda lectura, no puede ni debe
torpedear ni ir en contra de unas negociaciones que se están
produciendo.

Señorías, la semana pasada conocimos unos datos
que se han hecho públicos respecto al ingreso mínimo vital. Ha llegado ya
a 800 000 beneficiarios y beneficiarias y está teniendo una especial
incidencia en la reducción de la pobreza infantil. ¿Por qué lo digo?
Porque el 40 % de los beneficiarios son menores y el 60 % de los hogares
perceptores cuentan con algún menor a su cargo. Les repito: 800 000
personas beneficiadas por el ingreso mínimo vital (Aplausos), 800 000
personas que se encontraban en la extrema pobreza y a las que el manto
protector del Estado del bienestar arropa y no les deja en la estacada,
mejorando sus vidas. Casi 170 millones de euros se destinan al mes para
proteger a 316 000 hogares españoles, donde viven más de 300 000 niños,
niñas y adolescentes.

En el diseño del ingreso mínimo vital se ha
priorizado a las familias con menores, ya que están en el centro de la
prestación. Así, de las 14 tipologías de unidad de convivencia que se
recogen, 10 de ellas tienen en cuenta la presencia de menores; se
reconoce un complemento específico a las familias monoparentales, y a los
menores se les da el mismo peso que a los adultos a la hora de computar
el número de miembros de la unidad de convivencia.

Señora Heredia, del Partido Popular, el ingreso
mínimo vital, según el programa del Gobierno, iba a llevarse a cabo a lo
largo de la legislatura, pero ha habido que ponerlo en marcha en meses,
con celeridad, con una plantilla muy reducida por los recortes de los
gobiernos del señor Rajoy (Protestas.— Aplausos). Sí, y en unas
condiciones muy adversas, las de la pandemia, que hemos sufrido todos.
Pero, con todas esas dificultades, se han tramitado 1,24 millones de
solicitudes en quince meses, a las que hay que sumar el trabajo ordinario
de la Seguridad Social. Se han recibido casi 1 400 000 solicitudes en un
año, el doble que las solicitudes de pensiones que se reciben en el INSS
en el mismo tiempo. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio.

La señora ARNÁIZ GARCÍA: Ahora mismo hay más
beneficiarios del ingreso mínimo vital, 800 000 personas, que
beneficiarios de rentas mínimas de todas las comunidades autónomas. En el
año 2019 —es el último dato conocido—, después de muchos años
de existencia, no llegaban a 700 000 personas. Además, la prestación
media del ingreso mínimo vital es mayor que la prestación media de las
distintas comunidades autónomas. Es decir, no solo estamos protegiendo a
más personas, sino que también la prestación que reciben es más elevada.
En Castilla y León, señora Heredia, el ingreso mínimo vital ha llegado
a 35 400 beneficiarios, de los cuales 13 300 son menores.

Señora Heredia, ¿sabe que en su primer año de
vigencia el ingreso mínimo vital llegó en Castilla y León a 14 000
hogares y que, en diez años de vigencia, la renta garantizada de
ciudadanía alcanzó a 13 000 hogares? (Aplausos). Por tanto, 14 000
hogares protegidos en un solo año de ingreso mínimo vital frente a 13 000
de renta garantizada de ciudadanía en diez años de existencia en Castilla
y León. Desde luego, no hay color. Y si quiere comparaciones entre
comunidades autónomas, Castilla y León queda francamente mal: mientras el
Principado de Asturias cubre el 30 % de la población en situación de
pobreza, Castilla y León tan solo llega al 9 %.

Señorías, claro que sacamos pecho con el
ingreso mínimo vital —miren los datos—, y no solo eso: en lo
cualitativo, el ingreso mínimo vital se resuelve en un plazo de un mes,
mientras que en Castilla y León la renta garantizada de ciudadanía se
resuelve en tres meses. Los socialistas y las socialistas estamos muy
orgullosos del ingreso mínimo vital porque suma un nuevo derecho y supone
un gran avance del Estado del bienestar, otra vez impulsado por el
Partido Socialista. (Aplausos).

El ingreso mínimo vital es necesario porque
partíamos de una tasa de pobreza extrema, el 7 %, que duplicaba la media
de la Unión Europea y triplicaba la que existía en Alemania. Éramos de
los pocos países de Europa que no contaban con esta medida de ámbito
estatal. Y ya el relator especial de las Naciones Unidas, Philip Ashton,
dijo que en España, en 2018, el 26 % de las personas y el 29,5 % de la
infancia —lo ha dicho el señor Koldo— se encontraban en
riesgo de pobreza o de exclusión social. Por tanto, ahora era necesario,
pero antes de la pandemia era un clamor, y por ello nos conminaba el
Consejo Europeo año tras año desde el 2014.

Defender el ingreso mínimo vital es amparar el
principio de igualdad que figura en nuestra carta magna para constituir
una red de seguridad que proteja a los más vulnerables, particularmente a
la infancia, pero, como dice el ministro señor Escrivá, el ingreso mínimo
vital es una política viva que debe ser evaluada antes, durante y después
de su despliegue; tiene como objetivo evitar duplicidades y exige
reordenar políticas cuyos objetivos se solapen buscando la efectividad.
Por eso, ha sido objeto de distintas modificaciones para mejorar su
gestión y, en su trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso registró unas enmiendas que mejoran el diseño de la
protección familiar. Desde luego, no queremos recuperar la prestación
familiar tal cual estaba, porque sabemos que, de los 600 000
beneficiarios originales de esta prestación, tan solo el 70 % se
encontraban bajo el umbral de la pobreza. El resto no estaba en esta
situación.

Por tanto, se trata de rediseñar la protección
mediante la creación de un nuevo complemento de ayuda a la infancia para
combatir la pobreza infantil, estableciendo una cantidad fija al mes por
cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia. Se trata, pues,
de mejorar y actualizar la prestación familiar para apoyar a familias con
hijos menores y bajos recursos económicos. Este complemento mejorará, en
primer lugar, las cuantías de los actuales perceptores del ingreso mínimo
vital con menores a cargo; en segundo lugar, aumentará el número de
beneficiarios del ingreso mínimo vital al aumentar los umbrales de renta
de familias con hijos, y, en tercer lugar, reemplazará a los actuales
perceptores de la prestación familiar por perceptores del ingreso mínimo
vital porque será más generosa. Son ventajas múltiples para focalizar más
recursos en quien más lo necesita, para gastar mejor.

Concluyo anunciando que votaremos en contra de
la toma en consideración por todas estas razones que les he
comentado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Concluido el debate, procede la votación de
esta proposición de ley a efectos de su toma en consideración.

Ruego a los servicios de la Cámara que llamen a
votación. (Pausa).

Señorías, procedemos a la votación de la
proposición de ley a efectos de su toma en consideración.

La votación telemática ha sido autorizada para
las senadoras doña María Pilar Alía Aguado y doña María Jesús Castro
Mateos y para los senadores don Francisco Javier Fragoso Martínez, don
Miguel Ángel Heredia Díaz y don Sergio Ramos Acosta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 250 más 5 votos telemáticos, 255; votos
emitidos, 252 más 2 votos telemáticos, 254; a favor, 15; en contra, 139
más 2 votos telemáticos, 141; abstenciones, 95 más 3 votos
telemáticos, 98.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto,
rechazada.

COMISIÓN: JUSTICIA

El señor presidente lee los puntos 7.1.
y  7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda
número 4, del senador Sánchez-Garnica.

Comienza la votación. (Pausa.—
Rumores).

Señorías, disculpen, ha habido un error
técnico. Se anula la votación.

Votamos otra vez. Insisto: votamos la enmienda
número 4, de su señoría el señor Sánchez-Garnica.

Comienza la votación. (Pausa.—
Rumores).

Señorías, les ruego un poco de paciencia. El
sistema de votación es nuevo y estamos intentando corregir algunas
pequeñas deficiencias. Les ruego su colaboración. Gracias. (Pausa).

Señorías, vamos a hacer un tercer intento.
Volvemos a votar la enmienda número 4, de su señoría el señor
Sánchez-Garnica.

Comienza la votación. (Pausa.—
Aplausos).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 251; votos emitidos, 250; a favor, 106; en
contra, 120; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Procedemos a la votación de la enmienda
número 6, del senador Sánchez-Garnica.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 106; en
contra, 140; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Procedemos a la votación de la enmienda
número 8, de su señoría el señor Sánchez-Garnica.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 106; en
contra, 140; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Procedemos a la votación de las enmiendas 21
y 25 a 28, de sus señorías González-Robatto, José Manuel Marín Gascón y
Yolanda Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 3; en
contra, 245; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Procedemos a la votación de la enmienda
número 22, de los mismos senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 6; en
contra, 242; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Procedemos a la votación de la enmienda
número 23, de los mismos senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 99; en
contra, 147; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Procedemos a la votación de las enmiendas 24
y 29, de sus mismas señorías.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 3; en
contra, 242; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas 10 a 12 de
los senadores Josep Lluís Cleries i Gonzàlez y Josep Maria Cervera
Pinart, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 18; en
contra, 225; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 14,
de las mismas señorías.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 18; en
contra, 214; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 15,
de los mismos senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 18; en
contra, 224; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 17,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 18; en
contra, 214; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 18, del mismo grupo
parlamentario.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 18; en
contra, 224; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 31,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 99; en
contra, 145; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 32, del Grupo
Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 97; en
contra, 135; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 33, del Grupo
Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 100; en
contra, 145; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos a continuación la enmienda
transaccional sobre la base de la enmienda 30, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu, Grupo Parlamentario Vasco, Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, Grupo Parlamentario Nacionalista y Grupo Parlamentario
Democrático, con número de registro de entrada número 113033.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 155;
abstenciones, 97.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos a continuación, en un solo
acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no
comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 152; en
contra, 3; abstenciones, 97.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
(Aplausos).

Señorías, a continuación, votamos en un solo
acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 152; en
contra, 3; abstenciones, 96.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
(Aplausos).

Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de
la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

El señor presidente lee los puntos 8
y 8.1.

El señor PRESIDENTE: Pido a sus señorías que
permanezcan en el escaño porque la votación va a ser rápida.

No se han presentado propuestas a dichos
tratados. ¿Algún grupo desea intervenir? (El señor Martí Deulofeu pide la
palabra).

El señor Martí Deulofeu tiene la palabra.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidente.

El Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu se va a abstener en todos los puntos,
excepto en el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile,
que vamos a votar en contra, y lo vamos a hacer por los siguientes
motivos. En primer lugar, es conocida la posición de Esquerra Republicana
de Catalunya y Euskal Herria-Bildu en relación con la industria del
armamento y su comercialización en diferentes países. Hace poco conocimos
la participación del rey emérito en el comercio armamentístico con Arabia
Saudí, con los muertos que esto ha representado. También supimos que
España participó en la recaudación de millones de euros que fueron
enviados a Estados Unidos para el plan Colombia, que también supuso un
número importante de muertos, y, por otro lado, quisiéramos añadir que la
República de Chile tiene diferentes denuncias por torturas, por crímenes
de lesa humanidad e incluso por la represión de manifestantes.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

La votación telemática ha sido autorizada para
las senadoras doña María Pilar Alía Aguado y doña María Jesús Castro
Mateos y los senadores don Francisco Javier Fragoso Martínez, Miguel
Ángel Heredia Díaz y don Sergio Ramos Acosta.

El señor presidente lee el punto 8.1.1.

El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 250 más 5 votos telemáticos, 255; votos
emitidos, 250 más 5 votos telemáticos, 255; a favor, 225 más 5 votos
telemáticos, 230; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

El señor presidente lee el punto 8.1.2.

El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 251 más 5 votos telemáticos, 256; votos
emitidos, 251 más 5 votos telemáticos, 256; a favor, 226 más 5 votos
telemáticos, 231; en contra, 14; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

El señor presidente lee el punto 8.1.3.

El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 251 más 5 votos telemáticos, 256; votos
emitidos, 251 más 5 votos telemáticos, 256; a favor, 228 más 5 votos
telemáticos, 233; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

El señor presidente lee el punto 8.1.4.

El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.
(Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 249 más 5 votos telemáticos, 254; votos
emitidos, 249 más 5 votos telemáticos, 254; a favor, 224 más 5 votos
telemáticos, 229; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

En consecuencia, quedan todos ellos
autorizados.

El señor presidente lee los puntos 9., 9.1.,
y 9.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
informe, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Función
Pública, el senador Vidal Varela. (Rumores). Señorías, un poco de
silencio, por favor. Muchas gracias.

El señor VIDAL VARELA: Señor presidente,
señorías, paso a presentar el informe de la Ponencia de estudio sobre
transformación digital de las administraciones públicas.

Con fecha 13 de octubre de 2020, hace casi un
año, la Comisión de Función Pública aprobó la moción número 661/000102,
cuyo texto es el siguiente: La Comisión de Función Pública propone, en
aras de impulsar y mejorar la digitalización de la Administración, la
creación de una ponencia que se desarrolle de forma telemática en un
plazo no superior a dos meses, que estudie la transformación digital de
las administraciones públicas y la adaptación a la nueva norma de
teletrabajo de las administraciones públicas, con el objetivo de
optimizar los recursos, mejorar la prestación de los servicios a los
ciudadanos y hacer una Administración pública sostenible, moderna y
competitiva respecto a nuestro entorno europeo.

En cumplimiento de dicha moción, la Comisión
procedió, en su sesión de 26 de noviembre de 2020, a designar a los
miembros de la ponencia, quedando formalmente constituida de la siguiente
manera. Bajo la presidencia del titular de la Comisión, Salvador Vidal
Varela, que les habla, formaron parte de esa ponencia, de acuerdo con los
criterios fijados por la Mesa de la Cámara, los siguientes senadores y
senadoras: por el Grupo Parlamentario Socialista, don Santiago José
Castellà Surribas y doña María Victoria de Pablo Dávila; por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, doña Esther Basilia del Brío González
y don Juan Pablo Martín Martín; por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria-Bildu, don Miguel Caminal Cerdà; por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, doña María Mercedes Garmendia
Bereciartu, que causó baja el 13 de mayo de 2021 y la sustituyó doña
María Dolores Etxano Varela; por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera), don Carles Mulet García; por
el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, don Josep María
Cervera Pinart; por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Emilio Argüeso
Torres, que causó baja el 23 de marzo pasado, doña María Ponce Gallardo,
del 8 de abril al 11 de mayo de este año, y don José Luis Muñoz Lagares,
que causó alta en esa fecha, 11 de mayo; y por el Grupo Parlamentario
Mixto, don Clemente Sánchez-Garnica Gómez.

La ponencia estuvo asesorada por los letrados
adscritos a ella y contó con la eficaz colaboración de los servicios
técnicos y administrativos de esta Cámara. Previamente a los acuerdos
entre los distintos portavoces, se celebraron diez comparecencias de
expertos procedentes de diversas administraciones públicas, del ámbito
universitario y del mundo empresarial, todas ellas del máximo interés y
relevancia para los fines de la ponencia. Paso a describir quiénes eran
esas personalidades: don Alfredo Ávila de la Torre, catedrático de
Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca; don Josuè Sallent
Ribes, director de la Fundación TIC Salut Social, de la Generalitat de
Catalunya; doña Isabel Moya Pérez, subdirectora general de Gobierno
Abierto; don Fernando Antonio Acero Martín, responsable de ciberseguridad
del Grupo Oesía; doña Esther Peña de las Heras, jefa de la Oficina de
Innovación y Administración Digital de la Generalitat de Catalunya; don
Juan Jesús Torres Carbonell, secretario general de Administración
Digital; doña Laura Flores Iglesias, subdirectora general de Inteligencia
Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales; doña Paloma Rivero
Ortega, directora general de la Función Pública de la Junta de Castilla y
León —mi comunidad—; don Andrés Gomis Font, director general
de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Buen Gobierno, de la
Generalitat Valenciana; don Javier Bikandi Irazabal, director de Atención
a la Ciudadanía y Servicios Digitales, del Gobierno vasco. A todos ellos
y ellas, por supuesto, les agradecemos su participación y el
enriquecimiento de dichas ponencias.

Los trabajos de la ponencia permiten alcanzar
por unanimidad 54 propuestas —que a continuación los demás grupos
detallarán—, propuestas de valoración y análisis sobre la
transformación digital de las administraciones públicas. Es opinión común
que estamos ante una realidad ya consolidada, incluso acelerada por la
pandemia, que exige respuestas inmediatas. Además, el artículo 103 de la
Constitución española dispone que la Administración sirve con objetividad
los intereses generales y actúa de acuerdo, entre otros, con los
principios de eficacia y eficiencia. En esta sociedad contemporánea,
estos planteamientos requieren una transformación digital de la gestión
pública al servicio de los ciudadanos, de todos los ciudadanos: los que
viven en las ciudades y los que viven en los pueblos, en esa España rural
tan importante de la que tanto hablamos y tan poco valorada por ciertos
especuladores que solo acuden allí cuando hay recursos para
llevarse.

La ponencia, cuyos trabajos tengo el honor de
presentar, ha pretendido contribuir al debate actual con rigor técnico y
consenso político; dos conceptos que en el Grupo Parlamentario Socialista
defendemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
presidente.

A continuación, se producirá el debate de
totalidad del informe. En turno a favor, ¿algún grupo desea tomar la
palabra? (La señora Del Brío González pide la palabra).

Senadora del Brío González, tiene la
palabra.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Buenos días.
Muchas gracias.

Presidente, señorías, hemos decidido tomar la
palabra en este turno a favor porque ha sido un enorme honor formar parte
de esta ponencia que ha abordado el tema de la transformación digital de
nuestras administraciones públicas; una ponencia que fue propuesta por el
Partido Popular y que se ha desarrollado, casualmente, durante el tiempo
de la pandemia. Cuando se propuso no esperábamos que se fuera a producir
esta enorme transformación que ha supuesto la COVID: los confinamientos,
el aislamiento y la falta de presencialidad en nuestra vida, en nuestra
economía y también en nuestras administraciones públicas. De hecho, se
desarrolló al mismo tiempo que otra ponencia de transformación digital en
la Comisión de Asuntos Económicos, cuyas conclusiones aún no hemos
aprobado, pero muchos de los ponentes fuimos los mismos y creo que nos
sirvió a todos para poner en valor cómo muchas veces podemos consensuar y
podemos hacer una vida en comunidad, que yo creo que es muy recomendable
en otras escenas de la vida.

Esta ponencia nació con el voto en contra del
Partido Socialista, que, sin embargo, se ha sumado a las conclusiones y
creo que, al final, ha estado tan agradecido como el resto de los grupos
por haber formado parte de estas conclusiones. Creo que ha sido también
un buen ejercicio de oposición, porque justamente los que somos oposición
hemos sido capaces de ejercer como lo que somos, unidos y buscando, por
tanto, modificar la voluntad del grupo que sustenta al Gobierno, que
nunca viene mal. Lo logramos más tarde con el IVA de las peluquerías,
pero tuvimos ya esta pequeña victoria en esta comisión.

La transformación digital de las
administraciones públicas es fundamental, porque todos sabemos la
percepción que de ellas tienen los ciudadanos, y se ha producido un
cambio tan grande, una digitalización, una transformación digital y una
ampliación del teletrabajo —que son los tres pilares de esta
transformación— en la economía, en el sector privado y en la
sociedad, que es necesario que las administraciones públicas rompamos esa
brecha con la ciudadanía y que, por supuesto, no nos encontremos con que
cada vez más el ciudadano se siente alejado de esa Administración.

Además de esta brecha con la ciudadanía,
encontramos que también se producían distintas brechas entre los
territorios. Las distintas comunidades autónomas han tenido una
transformación digital a ritmos muy diferentes y, por tanto, eso nos
lleva también a necesitar una mayor unidad entre los territorios, algo
que se puede producir gracias a la digitalización. Por eso, las
conclusiones que se van a tratar más adelante, en esta sesión de hoy,
veremos que son fundamentales y debemos hacerlas llegar a las comunidades
autónomas y también a todos los expertos. Logramos crear aquí un foro de
debate entre la sociedad civil, los expertos, los representantes de las
comunidades autónomas y de la Administración General del Estado que fue
muy enriquecedor y que tenemos que trasladar a todos los agentes
participantes. También me gustaría que el Senado se diera cuenta de las
conclusiones fundamentales a las que hemos llegado y que tienen mucho que
ver... (Rumores). Discúlpeme, con este ruido no puedo hablar.

El señor PRESIDENTE: Sí, señoría, tiene toda la
razón. Señorías, por favor, guarden silencio. Están dificultando el
desarrollo de la intervención de la senadora.

Muchas gracias.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Es porque me
gustaría cumplir los tiempos, porque me dicen que el Grupo Parlamentario
Socialista va a intervenir también.

La conclusión fundamental es que estamos
viviendo ya la incorporación a la presencialidad segura, el cien por cien
de presencialidad, pero precisamente de lo que nos advirtieron fue del
riesgo de que todas las capacidades, todas las habilidades digitales que
durante este tiempo hemos ganado como ciudadanos, como trabajadores, como
empleados y empleadores se vayan a perder con la presencialidad
segura.

Me gustaría pensar que el Senado, que ha
acogido esta ponencia, se puede convertir en un ejemplo de equilibrio con
ese balance perfecto entre presencialidad y digitalización, y que
sabremos incorporar en esta Cámara esa parte de ética, esa parte
humanística que tiene también la digitalización.

Quiero manifestar muy especialmente mi
agradecimiento —y ya termino— a los tres ponentes que
participaron por el Grupo Parlamentario Popular: don Alfredo Águila
Latorre, de la Universidad de Salamanca; doña Paloma Rivero, de la Junta
de Castilla y León, y don Fernando Acero, experto en ciberseguridad desde
el sector privado, que, una vez más, nos advirtió de la necesidad de que,
cuando las administraciones públicas digitalicen...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: ... pongan su
empeño en la ciberseguridad.

Muchas gracias a todos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, y en el
turno a favor, tiene la palabra el senador Castellà Surribas.

El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Intervendremos solo
en el turno de portavoces.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Turno en contra ¿Alguien desea intervenir?
(Denegaciones). Muchas gracias.

Pasamos, pues, al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). No
interviene nadie.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra su señoría, senador Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidente.

Quisiera empezar agradeciendo la labor de todos
los portavoces de todos los grupos parlamentarios que han participado
activamente en esta Comisión de Función Pública para hacer posible la
unanimidad en la elaboración y aprobación de la presente ponencia, con
veintiocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones; una
ponencia que en un primer momento quisieron monopolizar tanto el Grupo
Socialista como el Popular, consensuando entre ellos un texto, pero que
afortunadamente recularon para que el resto de los grupos pudiéramos
aportar y sumar distintos puntos de vista que mejoraban y enriquecían el
informe final de la ponencia.

Señores que apoyan al Gobierno, eso mismo es lo
que quiere la ciudadanía que está ahí fuera, quiere que hagamos nuestro
trabajo con consenso, poniéndonos de acuerdo, dejando de lado los
partidos extremistas y populistas que muchas veces alimentan el odio con
palabras gruesas y malsonantes o sacan fotos de nuestros hijos, como le
pasó a nuestra querida compañera, Begoña, la pasada semana. Por eso pido
a esos partidos que paren y reflexionen, y aprovecho para reiterar y
trasladar mi cariño a Begoña Villacís, y para manifestarle todo mi apoyo
a ella y a su entorno familiar tras los acontecimientos de hace unos
días.

La presente pandemia de COVID-19 ha servido de
catalizador para la transformación digital en todos los ámbitos de
nuestra sociedad, tanto a nivel educativo, como laboral, empresarial y
social; una transformación digital que supone una auténtica revolución
industrial, en concreto la cuarta revolución industrial, un cambio
radical en el sistema productivo y en el modo en que nos relacionamos
unos con otros, que mejora la eficacia y la calidad, ahorra costes y
mejora las relación de los ciudadanos con la Administración; una
Administración que debe estar preparada y a la altura de las
circunstancias. Sin embargo, debemos asegurar que esta transformación no
causa desigualdades como sí las han causado otros intentos de acercar la
Administración al ciudadano. No podemos permitir que, una vez más, se
generen barreras entre ciudadanos libres e iguales con la excusa de
acercar los servicios a la ciudadanía. Como bien sabemos, los fondos Next
Generation suponen un auténtico balón de oxígeno a fin de restaurar los
daños económicos y sociales ocasionados por la presente pandemia de
COVID-19, una inyección monetaria que no debe caer de nuevo en la nefasta
gestión de planes anteriores, como ocurrió con el famoso Plan E de
Zapatero. Estos fondos europeos deben servir de palanca para apoyar la
transición ecológica, la cohesión social y territorial, la igualdad de
género y, sobre todo, deben ser una auténtica transformación digital para
la modernización de las empresas y de las administraciones públicas. Como
liberales, consideramos que es nuestra responsabilidad trabajar para
velar por los derechos y libertades de los ciudadanos, protegerlos y
promoverlos, tanto en el mundo analógico como en el digital.

En el informe final de la ponencia de
transformación digital del sector público nuestro grupo ha incorporado
una serie de puntos. Entendemos que este es un momento que debemos
aprovechar para simplificar la burocracia y el lenguaje administrativo,
para fin de hacerlo más cercano al ciudadano y conseguir una
interoperatividad administrativa real, poniendo al ciudadano en el centro
del proceso de transformación. Los sistemas que se empleen deben ser
livianos para la identificación del usuario. Asimismo, los requisitos
técnicos y ofimáticos deben contar con distintos niveles de seguridad
según la acción que se realice, pero sin contribuir a crear barreras que
lo hagan inaccesible para el usuario común. Debemos realizar campañas de
concienciación, conocimiento y formación en capacidades digitales e
inteligencia artificial, haciendo un mayor esfuerzo en los entornos más
despoblados, donde la brecha digital está más acentuada. Se debe impulsar
la cooperación con los colectivos sociales, asociativos, universidades y
con el sector privado, para que las acciones de formación puedan llegar
de una forma más rápida y homogénea a todos los territorios. Creemos que,
en aras de un buen servicio público dirigido a los ciudadanos, las
administraciones públicas deberían disponer de asistentes formados, tanto
digitalmente como con capacidades de comunicación y empatía con el
ciudadano para poder asesorar a aquellos que aún no disponen de los
conocimientos ni de las habilidades digitales.

La estrategia de implantación de la
transformación digital en las administraciones públicas debe disponer
—es fundamental— de un presupuesto para su implantación, así
como de partidas presupuestarias reales para su mantenimiento y de
inversiones periódicas para que puedan renovarse los equipos. Se requiere
también de la cooperación público-privada entre las administraciones
públicas y las empresas del sector digital de comunicaciones a fin de
que, ante cualquier riesgo potencial detectado, puedan aplicarse medidas
preventivas o mecanismos de acción rápida para mitigar las acciones
hostiles que puedan darse hacia los poderes públicos. Señorías, estos
puntos incorporados por nuestro grupo parlamentario y aprobados en el
informe final de la ponencia aportan, suman y enriquecen el texto
final.

Para concluir, el partido liberal español,
Ciudadanos, seguirá trabajando en este sentido para asegurar la igualdad
de oportunidades en el acceso a la Administración digital, para asegurar
la formación en competencias y habilidades digitales de los trabajadores
públicos y de la población en general, así como reforzar las capacidades
de ciberseguridad y defensa ante fraudes, delitos y prácticas poco éticas
a través de herramientas digitales, y apostaremos sobre todo por la
investigación y el desarrollo como clave para una digitalización más
inclusiva, eficiente y efectiva. Nuestro objetivo es destinar al menos
el 3 % del PIB a ciencia e innovación en 2030. Todo ello lo estamos ya
impulsando desde las administraciones en las que gobernamos, pero no solo
eso, sino que seguiremos haciéndolo en todas y cada una de las
instituciones donde estemos presentes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista tiene
la palabra su señoría Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gracias,
presidente.

Buenos días de nuevo, señorías. Quiero empezar,
como no puede ser de ninguna otra manera, dando las gracias a todos los
expertos que comparecieron ante la ponencia la pasada primavera y que
compartieron su conocimiento y experiencia —al menos a un servidor
le ha permitido una aproximación mucho más precisa al ingente reto que
supone la transformación digital de las administraciones públicas—,
que sin duda servirá de ayuda en el momento en que toque legislar al
respecto. Porque es cierto que llevamos años avanzando en la progresiva
digitalización de las administraciones, pero sabemos que este es un
avance desigual y a distintas velocidades, no solamente entre
administraciones, sino también entre territorios, por lo que el camino a
recorrer para llegar a una auténtica transformación digital, no solo de
la Función Pública, sino de la sociedad, es largo.

La crisis derivada de la pandemia provocada por
la COVID-19 ha puesto en evidencia las muchas carencias aún existentes,
pero, al mismo tiempo, ha sido un impulso en otros aspectos, porque ha
apuntado soluciones y ha confirmado, ya sin matices, la importancia de
esta transformación. Es evidente que la apuesta por la transformación
digital de la Administración Pública abre un mundo de posibilidades que
solo hemos empezado a descubrir. Para su implantación, no solamente será
necesaria una transformación de los medios técnicos, sino también un
replanteo de la organización y el funcionamiento de las propias
administraciones, apostando por la formación continuada del personal para
que los funcionarios públicos tengan las competencias precisas en este
ámbito.

Debemos también tener en cuenta que la
protección de datos es un imperativo; lo es siempre, pero mucho más en el
entorno digital, por lo que la ciberseguridad, como nos decía la senadora
Del Brío, requiere de un importante nivel de inversión que a menudo es
menospreciado porque no somos conscientes de los peligros de los
ciberataques. Sin duda este proceso de transformación digital requiere de
una puesta al día de la regulación, y para poder legislar con garantías
es bueno disponer de un amplio y buen diagnóstico para el que un servidor
está convencido que seguro ayudará la propuesta de valoración y
recomendaciones resultantes de la ponencia de estudio de transformación
digital de las administraciones públicas de esta Cámara.

Y déjenme terminar poniendo en valor la labor
realizada en Cataluña, y muy especialmente por el vicepresident del
Govern de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals, el honorable
Jordi Puigneró, que lleva años liderando la digitalización de la
Administración catalana con gran acierto, lo que la ha convertido también
en un referente para otras administraciones.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el señor Vidal.

El señor VIDAL MATAS: Muchas gracias,
presidente. Intervendré desde el escaño simplemente para anunciar que
votaremos a favor y para agradecer a todos los grupos el trabajo
realizado en esta ponencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra su señoría, señora Garmendia Bereciartu.

La señora GARMENDIA BERECIARTU: Eskerrik asko,
presidente jauna.

Senatori jauna andreok, egerdi on guztioi.

En primer lugar, quiero manifestar nuestro
agradecimiento a las y los ponentes que han compartido su conocimiento
con nosotros en este Senado. Ha quedado patente en esta ponencia que la
transformación digital debe estar en la agenda de las instituciones
públicas, porque afecta a todos los ámbitos y especialmente a los
servicios públicos. La pandemia ha acelerado la tramitación electrónica.
Hoy el uso de las herramientas digitales para interactuar con la
Administración es una realidad mucho más tangible. La ciudadanía nos
transmite que sus problemas son la situación económica, las pensiones, la
tramitación de ayudas públicas y el cumplimiento de las obligaciones
tributarias; no figura entre ellas, o no se percibe como tal, la
transición digital de la Administración Pública, pero sí, en cambio, una
preocupación por la brecha digital, por lo que no hay que perder la
perspectiva. Lo que hay que conseguir es que esa transformación digital
facilite o ayude a resolver esos problemas de la ciudadanía y a prestarle
mejores servicios.

Durante las distintas comparecencias se ha
visto que lo importante y fundamental es la formación, la capacitación de
los y las funcionarias dado el importante papel que juegan las personas a
la hora de prestar los servicios públicos; un campo en el que todavía
deben seguir trabajando las administraciones públicas. También es
necesaria, y así se hace constar, una estrategia para abordar la
transformación digital alineada con Europa y con la política que, en este
sentido, se impulsa desde la Administración General del Estado, pero esta
estrategia debe garantizar el reconocimiento mutuo de las plataformas,
del trabajo ya realizado por las comunidades autónomas en sus distintas
velocidades. Asimismo, queremos volver a criticar la forma en la que se
cerró la ponencia —creemos que con prisas y sin tiempo para el
debate—, no se trataba de dejarlo abierto otros seis meses, sino de
disponer de una semana más para poder analizar con más detenimiento las
recomendaciones realizadas por los y las expertas y las distintas
administraciones. Se llegó a un acuerdo, pero las prisas obligaron a que
los grupos parlamentarios no pudiéramos realizar aportaciones al informe
con más tiempo. Uno de los objetivos de la ponencia —de las
ponencias en general— es disponer de un espacio de reflexión sereno
y sosegado; eso no se ha logrado en esta.

Eskerrik asko guztioi.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana de Catalunya, Euskal Herria-Bildu, tiene la palabra su
señoría, Caminal Cerdà.

El señor CAMINAL CERDÀ: Gracias,
presidente.

Señorías, hablar de digitalización es hablar de
futuro, más aún si hablamos del mundo rural, donde el proceso de
digitalización es quizá la última oportunidad para garantizarlo y evitar
el proceso de regresión y despoblamiento. El equilibrio territorial pasa
por garantizar la igualdad de oportunidades entre territorios, y la
brecha digital actual sigue siendo factor claro de desigualdad. En medio
de expresiones repetidas en otras ponencias como las de inteligencia
artificial, algoritmos, sesgos, datos, ética, seguridad, etcétera, tras
unos meses de trabajo y las aportaciones extraordinarias de los ponentes,
en nuestro caso de Josué Sallent, a quien agradecemos su participación en
esta ponencia, nos han introducido en este sorprendente mundo digital y
se ha llegado a definir un conjunto de conclusiones y recomendaciones.
Ahora que tenemos esta herramienta toca aplicar estas conclusiones y
hacer de este documento una herramienta trascendente para modernizar y
transformar la gestión de la Función Pública.

Pese a ello no podemos ocultar nuestras
reservas ante el papel que se confiere al Ejército y a los servicios de
inteligencia como garantes de la seguridad y la libertad, que han
demostrado ser, en el caso catalán, defensores de unos intereses de parte
que nada tiene que ver con la defensa de los valores democráticos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
tiene la palabra su señoría Martín Martín.

El señor MARTÍN MARTÍN: Señor presidente,
señorías, permítanme, en primer lugar, y antes de entrar en el fondo de
mi intervención, que deje constancia de la positiva impresión que me ha
causado el formato y el desarrollo de esta ponencia de estudio. Creo que
en este caso concreto —no sé en otras— el número de ponentes
ha sido el adecuado; sus intervenciones, aunque lógicamente sectoriales,
fueron muy ilustrativas y, puestas en su conjunto, nos han permitido a
los miembros de la ponencia afrontar este asunto con la profundidad y la
capacidad de análisis de las que casi siempre se carece en esta Cámara
que, aun siendo de segunda lectura en muchos trámites normativos, en no
pocas ocasiones se nos imponen unos plazos tan perentorios que creo que a
todos nos dejan cierta sensación de frustración por no haber podido
mejorar unos textos que seguramente lo precisarían.

Por lo tanto, vaya por delante esa impresión
personal para, a continuación, mostrar el agradecimiento del Grupo
Popular a todas las personas que han pasado por una ponencia de estudio
que, como ya se ha dicho, fue impulsada por nuestro grupo, y en la que
durante todas las intervenciones por parte de especialistas en el ámbito
de la ciberseguridad, de la Función Pública, del derecho administrativo,
de la empresa privada o de la administración general del Estado y
territoriales, se puso de manifiesto cuánto camino hay por recorrer en un
campo que requiere no solo una importante inversión continua en más y
mejores medios tecnológicos y recursos humanos, sino, más aún, un cambio
en los procedimientos y, sobre todo, en la mentalidad de los propios
gestores de la Administración, de sus trabajadores y también de los
administrados.

Si tuviera que resumir en una sola frase la
conclusión principal de esta ponencia, podría ser algo así como que la
transformación digital de las administraciones públicas debe afrontarse,
no solo desde la perspectiva de un administrador que va a contar con un
mecanismo de mayor eficiencia y productividad, de mayor alcance y
potencialidad, sino desde la perspectiva de un ciudadano que se relaciona
con esa Administración y le exige una mayor eficacia, una mayor rapidez,
una mayor transparencia y un pleno respeto a sus derechos a la hora de
recibir un servicio público. La transformación digital de la
Administración Pública no debe tender a cosificar al ciudadano
reduciéndolo a un algoritmo, a un dato, porque, entonces, habrá perdido
su razón de ser.

La transformación digital de la Administración
es necesaria para su destinatario, que son los ciudadanos. Hacer
compatibles esas dos caras de una misma moneda es un reto, pero
constituye una perspectiva que debe presidir todo este proceso, así como
la regulación normativa que lo dirija y lo controle. No se puede
simplificar, no se pueden buscar atajos, y pongo un ejemplo. Hay quien
puede pensar que un proceso forzado y acelerado por las circunstancias de
la pandemia, como ha sido el de la generalización del teletrabajo,
representa por sí solo una manifestación evidente de este proceso de
transformación digital. Nosotros pensamos que no es más que una cara
dentro de un poliedro de enormes dimensiones, el cual, además, conviene
evaluar con detenimiento y aplicar con precisión quirúrgica para no hacer
descarrilar sus grandes ventajas en el ámbito de la Administración y no
frustrar a ninguno de los participantes en el proceso. Les invito a
reflexionar, como hemos hecho nosotros, sobre los enormes agujeros de
seguridad de este fenómeno tan súbito y masivo que, con el uso de
millones de equipos de conexiones de red o dispositivos móviles, en
muchos casos titularidad de los propios empleados públicos que con buena
fe desde su casa lo han hecho posible, han podido generar servicios
públicos esenciales y cuyas consecuencias aún no somos capaces de
adivinar; y también sobre la importancia de no dar bandazos, poniendo hoy
tres días de teletrabajo, mañana uno, y pasado mañana ninguno, como se
empieza a esbozar en algunas administraciones.

Desde nuestra perspectiva, si para algo ha
servido esta ponencia de estudio, ha sido para poner de manifiesto que,
aunque se han dado pasos importantes desde hace años, que, aunque se han
diseñado y aprobado diferentes estrategias nacionales, existe toda una
serie de campos en los que se deberían plantear iniciativas
parlamentarias transversales que permitan a los distintos niveles de las
administraciones españolas afrontar no ya el futuro, sino, en el más
imperioso de los presentes, una transformación digital lo más eficaz,
eficiente, segura y justa posible para todos los agentes
concernidos.

El proceso de transformación digital de las
administraciones en ningún caso puede generar una brecha entre ciudadanos
con mayor y menor grado de alfabetización digital; no puede generar
brechas entre territorios con mayores cuotas de conectividad frente a
otros —eufemísticamente llamadas zonas blancas— en los que es
difícil siquiera conectarse a una red; no puede generar tampoco una
fractura en la Administración entre empleados con mayores y menores
competencias digitales. En definitiva, este proceso no puede ni debe ser
fuente de desigualdades, como tampoco puede ser fuente de aparición de
puntos críticos de seguridad, de vulnerabilidad de servicios públicos o
de dudas respecto a la protección de los datos personales de los
ciudadanos, porque no olvidemos que la transformación digital es un medio
para hacer una Administración Pública más sostenible y eficaz, más cómoda
y accesible para el ciudadano. Pero esa digitalización no puede
considerarse un fin en sí mismo, en el que la inteligencia artificial,
como mecanismo de gestión masiva de servicios públicos o la tenencia y
gestión de datos personales como base para la toma de decisiones,
merodeen, cuando no superen, los límites jurídicos de los derechos
individuales.

Lamentablemente, el legislador suele ir a menor
velocidad que los datos circulando por la red, y aunque hay que asumir
ese desfase jurídico respecto a la realidad digital, no debemos renunciar
a mejorar nuestros fundamentos legales y nuestras prioridades de gestión
para evitar episodios que todos recordamos, como el de un Servicio
Público de Empleo completamente paralizado y desbordado por un
ciberataque, o los de secuestro de datos a entes públicos y privados,
como hospitales, medios de comunicación o empresas energéticas.

Para el Grupo Popular, resulta absolutamente
imprescindible y justificada una planificación a nivel nacional de la
Estrategia de digitalización de las administraciones públicas que aborde
integralmente las variables de este proceso, teniendo presentes algunos
principios básicos: la necesidad de interoperabilidad entre diferentes
administraciones y la necesaria prevención en materia de ciberseguridad
para evitar ataques y para afrontar la desactualización de equipos y
programas por el mero paso del tiempo. En las políticas públicas, la
inversión precisa para la actualización de los medios tecnológicos será
grande y debe ser sostenida en el tiempo.

Si algo pone de manifiesto este proceso también
es la absoluta interdependencia entre administraciones, no solo para
luchar contra la ciberdelincuencia, no solo para generar sinergias y
ahorros de costes, sino por el derecho superior del ciudadano a acceder a
la Administración de la forma más ágil, cómoda, transparente y eficaz
posible sin que se le impongan barreras o se le pongan obstáculos para
transitar digitalmente entre unas y otras administraciones. En este
punto, y en mi condición de alcalde, déjenme volver a traer a esta
tribuna la voz de las administraciones de menor tamaño y de mayor
cercanía al ciudadano, como son los ayuntamientos. Se trata de unos
ayuntamientos que, en ocasiones, y en relación directamente proporcional
a su tamaño poblacional, están expuestos y en situación de debilidad ante
el imparable proceso de digitalización de la Administración, que por sí
solo impone una obsolescencia tecnológica y unos peajes en materia de
cualificación de funcionarios, de actualización de programas de gestión
documental ilegales, así como de seguridad que son difícilmente asumibles
para ellos, más aún, en el caso de los pequeños ayuntamientos del medio
rural de una provincia como la mía, Ávila, donde es vital seguir
implantando redes digitales para garantizar su conectividad. Desde esta
tribuna, quiero decir que espero y deseo que ese estatuto del pequeño
municipio que todos los ministros de Política Territorial de los últimos
años han prometido y que aún no han traído a estas Cortes —supongo
que porque ninguno dura más de unos meses en el cargo—, pueda
prever algún avance al respecto de la simplificación administrativa
exigible a esos pequeños municipios.

Otros aspectos que también se han abordado en
la ponencia y que los ponentes los han considerado cuestiones troncales
son: el tratamiento de los datos como base de la transformación digital
—hay que garantizar la unidad del dato a nivel de todo el Estado,
regulando con carácter básico esta cuestión—, la inaplazable
formación continua del empleado público en competencias digitales, la
incorporación de estos requisitos a los procesos de selección y la
búsqueda de perfiles laborales de alta cualificación en la Administración
Pública. De no ser así, muchas administraciones tendrán difícil
viabilidad futura. La Administración, además, debe ser accesible para el
ciudadano desde un punto de vista digital, y por ello es imprescindible
redactar protocolos de lenguaje simple y comprensible.

También se ha hablado aquí de la
ciberdelincuencia. Para luchar contra ella es imprescindible la
colaboración público-privada. Hay que incorporar a los diferentes planes
de estudio, incluida la formación profesional, este tipo de conocimientos
por su alto grado de demanda laboral. Nosotros creemos que las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, los ejércitos y el Centro Nacional de
Inteligencia tienen una función básica al servicio no solo del Estado
sino de todas las empresas y de todos los ciudadanos en esta materia. En
definitiva, y sin ánimo de ser reiterativo, porque la ponencia en su
integridad será objeto de publicación —les recomiendo que la
lean—, en el Grupo Popular trabajaremos para que sus conclusiones y
recomendaciones puedan trasladarse a iniciativas parlamentarias concretas
que contribuyan a completar el proceso de transformación digital de la
Administración Pública española.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría Castellà Surribas.

El señor CASTELLÀ SURRIBAS: Gracias,
presidente.

Señorías, esta ponencia ha servido para poner
en valor y de manifiesto la intensa actividad iniciada por nuestro
Gobierno para realizar una efectiva transformación digital de nuestras
administraciones públicas. El plan de recuperación, transformación y
resiliencia España Puede, como respuesta a la pandemia y a sus efectos
sobre nuestra vida económica y social, propone una salida proactiva de
esta crisis con un plan de inversiones en reformas que permita una rápida
y sólida recuperación y que produzca una transformación estructural.
Sobre las bases de la doble transición ecológica y digital, se pretende
poner los cimientos de un futuro productivo más sostenible e inclusivo.
Pues bien, el componente 11 de dicho Plan «España puede», titulado
Modernización de las Administraciones Públicas, sirvió de base para el
Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, que
prevé una movilización sin precedentes de recursos para la transición
digital de la Administración General del Estado, de las administraciones
de las comunidades autónomas y de los diferentes niveles de la
Administración Local.

La arquitectura de estrategia y planificación
se concreta en seis grandes documentos: La Agenda España Digital 2025, el
Plan de digitalización de las administraciones públicas, el Plan de
transformación digital de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos, el Esquema Nacional de Seguridad, el Plan de
Gobierno abierto 2020-2024 y la Estrategia Nacional de Inteligencia
Artificial. Referido a las administraciones públicas, se propone mejorar
la accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos y actores
privados y sociales con las garantías necesarias para la protección de
sus datos, buscando superar las brechas digitales, a menudo también
territoriales, entre la España llamada vaciada y la realidad urbana,
señalando algunos ámbitos como tractores del proceso de transición
digital en la Administración, como serán la sanidad, la justicia, las
políticas de empleo, los servicios consulares o las políticas de
inclusión social. Y es que el siglo XXI reclama una administración
diferente, cuya reforma y transformación ha de servir como palanca y
tractor de las grandes transformaciones que la digitalización provocará
en nuestra sociedad; la digitalización permitirá aumentar la eficacia de
las administraciones públicas generando sinergias nuevas, ahorrando
costes, simplificando y automatizando procesos.

Antes de continuar, permítanme agradecer a los
que hemos trabajado intensa y conjuntamente en esta ponencia evitando,
como se ha señalado, los regates a corto partidistas para realizar un
trabajo sólido de Estado que sirva como base y guía a actuaciones
futuras. Gracias al presidente y al letrado de la comisión, juntos todos
los grupos parlamentarios logramos adoptar —precipitadamente,
sí— unas conclusiones por unanimidad, con aportaciones de todos, en
un texto consensuado que garantizaba un buen resultado a los intensos
trabajos de esta ponencia. Permítanme agradecer especialmente el trabajo
de mi compañera socialista María Victoria de Pablo Dávila y de Esther
Basilea del Brío, del Partido Popular. A estas dos mujeres, mi
reconocimiento, y mi agradecimiento a todos los ponentes. Fueron largas
sesiones encadenadas, escuchando expertos convocados y reflexionando con
ellos, como recogen los Diarios de Sesiones de la ponencia.

Estamos ante un reto fundamental, de cuyo buen
resultado dependerán muchas de las condiciones de nuestro futuro. Tan
solo si somos capaces de dotarnos de unas administraciones ágiles,
efectivas, rápidas y eficaces, podremos abordar constructivamente los
retos que nos plantea el futuro. Y es que, efectivamente, una nueva
energía ha aparecido; una energía transformadora que está llamada a
cambiar radicalmente toda la realidad: los datos. Miles de millones de
millones de millones de millones de datos ordenados en servidores nos
permiten cambiar nuestra manera de abordar la realidad de forma radical.
Hasta ahora, para hacer políticas públicas, solo podíamos disponer de
unos pocos datos que nos costaba mucho obtener. Ahora, lo importante es
la pregunta, porque las respuestas empiezan a estar allí. Combinando
datos, podemos preguntarnos cosas hasta ahora imposibles, como qué patrón
de llamadas siguieron las personas que se han suicidado; qué tratamientos
médicos han dado mejor resultado en determinadas tipologías de pacientes
de determinadas enfermedades, qué opciones de movilidad son más efectivas
los días de lluvia para desplazarse en ciudades densamente pobladas, y
así cuantas preguntas podamos imaginar. Ahora, cualquier pregunta que se
nos ocurra es posible responderla. Las administraciones, por lo tanto,
pueden plantearse nuevos retos, políticas nuevas, abordajes diferentes a
problemas tradicionales; además, con la inteligencia artificial y el
aprendizaje, con los datos, se tendrá la automatización y el automatismo
de muchas decisiones y se transformará la relación
Administración-administrado.

Tres grandes retos o peligros, o focos de
tensión, se perfilan: primero, el respeto a los derechos individuales, en
especial, de la intimidad y de la privacidad, de la garantía de la
dignidad, así como la emergencia de una nueva generación de los llamados
derechos digitales; en segundo lugar, la ciberseguridad y la protección
frente a la creciente cibercriminalidad y las vulnerabilidades de la
experiencia digital y, en tercer lugar, las resistencias que se originan
por miedo al cambio y a la pérdida de seguridades y privilegios,
resistencialismos que se producen en todos los procesos. Siempre aparecen
grupos de luditas digitales, igual que perviven negacionistas,
terraplanistas y creacionistas en nuestro panorama. Pero, permítanme una
reflexión final: nos abocamos a un mundo tecnológico y digital que
transformará radicalmente nuestra realidad. Viviremos más años, con más
oportunidades y servicios, con mejor accesibilidad, seguramente con menos
horas de trabajo y muchas más de ocio; un mundo muy diferente hacia el
que vamos aceleradamente mucho más rápido de lo que pensamos. Todo
cambiará con la revolución digital: la educación, la sanidad, la cultura
del trabajo, las formas de ocio, el desarrollo urbano, la relación del
urbano con lo rural, la producción energética; ningún ámbito de nuestra
vida permanecerá ajeno.

Nuestra generación tiene el deber de adoptar un
compromiso con los valores ilustrados para garantizar la supervivencia en
la sociedad y en la economía digital. Debe emerger un humanismo digital,
una mejor relación de las personas con el medio natural; unas mejores
relaciones humanas con menos explotación, con menos exclusiones y menos
patriarcado, unas mejores relaciones intergeneracionales. Decía Ortega
que ya que tenemos el deber de presentir lo nuevo, tengamos el valor de
afirmarlo. Pues bien, ahora, al abordar la transición digital de las
administraciones públicas asumiendo el deber de anticiparnos al futuro
próximo, tengamos el valor de afirmar la primacía absoluta de la dignidad
humana y de los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad que
marcan nuestra escarmentada Ilustración. Alfredo, el proyectista de
Cinema Paradiso, ante la llegada de las nuevas películas ignífugas tras
haberse quemado con las otras, exclamaba: «Ay, el futuro siempre llega
tarde». Pues el futuro está llegando.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias
señoría.

Procedemos a la votación. Llamen a votación,
por favor. (Pausa).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 251.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto,
aprobada. (Aplausos).

Enhorabuena, señorías, por su trabajo.
(Continúan los aplausos).