La señora PRESIDENTA: Pasamos al primer punto del orden del día.
Ratificación de la ponencia del Proyecto de Ley reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. De
conformidad con el acuerdo de la Mesa del Senado de 11 de febrero
de 2020, procede ratificar la ponencia de este proyecto de ley con la
siguiente composición: Por el Grupo Parlamentario Socialista, dos
ponentes: la senadora Delgado Oval, doña Olivia María, y el senador
Nacarino Muriel, don Miguel Ángel; por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, dos ponentes: la senadora Del Brío González, doña Esther
Basilia, y el senador Puente Redondo, don Javier. Al resto de los grupos
parlamentarios les correspondía la designación de un ponente, siendo
estos los siguientes: Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, el senador Caminal Cerdà, don Miquel;
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, el senador
Uribe-Etxebarria Apalategui, don Luis Jesús; por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, la senadora Goñi Sarries, doña Ruth; por el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca,
Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem), el senador
Martínez Urionabarrenetxea, don Joseba Koldobika; por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario, el senador Matamala Alsina, don
Josep Maria; y por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Egea Serrano,
don Joaquín Vicente. ¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a dictaminar el Proyecto de Ley
reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de
confianza. A este proyecto de ley se han presentado 17 enmiendas. La
enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Socialista, fue retirada
posteriormente por su autor. Dichas enmiendas se distribuyen de la
siguiente forma: enmiendas números 1 a 3 del señor Egea Serrano y la
señora Martín Larred, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 4
a 7 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; enmiendas números 8
a 11 y 13 a 14 del Grupo Parlamentario Socialista; enmienda número 15 del
Grupo Parlamentario Ciudadanos; enmiendas números 16 y 17 del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.

La ponencia designada en relación con este proyecto de ley ha
emitido el siguiente informe: como cuestión previa, ha deliberado sobre
las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios y ha
acordado por unanimidad dejarlas todas vivas para la comisión.
Seguidamente, la ponencia ha resuelto aceptar las siguientes correcciones
en el apartado 2 del artículo 18, letras e, f y g: Añadir el artículo el
a las letras e y f y el artículo la a la letra g en los siguientes
términos: El volumen de facturación del prestador responsable; el número
de personas afectadas por la infracción; la gravedad del riesgo generado
por la conducta. En la disposición final cuarta, de modificación de la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, añadir el título a la disposición adicional
séptima introducida en los siguientes términos: Disposición adicional
séptima. Incumplimiento de la prohibición de discriminación.

A continuación, comenzamos el debate de las enmiendas, siendo en
primer lugar las individuales por orden de presentación y, a
continuación, las de los grupos parlamentarios de menor a mayor, por un
tiempo de diez minutos. Defensa de las enmiendas números 1 a 3, del señor
Egea Serrano y la señora Martín Larred, del Grupo Parlamentario
Mixto.

El señor EGEA SERRANO: Intervendré desde el escaño. No gastaré los
diez minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes a
todos.

La verdad es que se me hace raro tener que defender nuestras
enmiendas. Creo que es la tercera vez y ya les informo de que no lo haré
en el hemiciclo el día que toque, porque ya sé —puesto que así me
lo dijeron el otro día en la ponencia los dos grupos mayoritarios—
que no las iban a aceptar. Por tanto, no les vamos a aburrir más.

Expliqué en la ponencia a los que estábamos allí, y ahora les hago
partícipes aquí a todos, cuál era el sentido principal de nuestras
enmiendas. Como ya les dije en su día en la reunión que tuvimos con el
ministerio, se trata de una ley y de unas enmiendas que esperamos y
deseamos que dentro de cinco o seis años no tengan ningún sentido, porque
la capacidad de las redes de telecomunicaciones que tengamos en todo el
territorio español harán impensable que una persona tenga que personarse
personalmente —valga la redundancia— ante una administración
para certificar que realmente su identidad es la que es y quiere
conseguir un certificado digital.

En estos momentos, en mi provincia, en Teruel, y en muchas
provincias del interior de España, de lo que llamamos la España vaciada,
no ya hoy, sino en un futuro próximo, que es, además, cuando va a tener
que empezar a aplicarse esta ley —pues esta ley va a empezar a
aplicarse ya, no es una ley que venga a futuro—, la gente se va a
encontrar con ciertas dificultades a la hora de acercarse a la
Administración para conseguir su certificado digital. Cosas como la PAC
va a ser desde este año obligatorio hacerlas a través de certificado
digital. Y en muchos sitios va a ser muy complicado que la gente tenga
estos certificados. En estas circunstancias, lo que pretendemos nosotros
con las dos primeras enmiendas es acercar de la mejor manera posible la
Administración al ciudadano. Decimos muchas veces que la presencia del
Estado y el trato que da a sus ciudadanos en la España rural es una
muestra de cuál es el proyecto que tiene el Estado para suplir las
carencias que tiene y el problema de la despoblación. Creemos que es la
Administración la que tiene que echar el resto y poner todos los medios
posibles para facilitar al ciudadano el acceso a ella.

Por eso, en la primera enmienda hablábamos de que el ciudadano no
esté limitado a un solo interviniente a la hora de hacer una
acreditación. Y la otra enmienda pretendía que en los ayuntamientos de
los pueblos más grandes, en las cabeceras de comarca, cualquier
institución administrativa pueda ayudar al ciudadano a conseguir su
certificado digital. Como bien dije en su día en la ponencia, espero que
dentro de cinco o seis años no tengamos este tipo de problemas en las
áreas rurales, que sea un triste recuerdo del pasado. Nos habría gustado,
en la inmediatez que va a tener la aplicación de esta norma, que se
hubieran aceptado, por lo menos, las dos primeras enmiendas que
presentamos. No ha sido así y, a futuro, en otro tipo de leyes, en otro
tipo de mociones, les pediría a sus señorías de todo el arco
parlamentario, cualquiera que sea su ideología, que cuando miren hacia el
medio rural no lo vean como algo exótico, como algo que ahora está de
moda defender, sino que reconozcan realmente cuál es la dificultad de los
ciudadanos que se encuentran en el medio rural, que es mucho mayor y
mucho más complicada de lo que pensamos por lo que leemos o por lo que
vemos en los medios de comunicación.

Señora presidenta, muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Egea Serrano.

Para la defensa de la enmienda número 15 del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, tiene la palabra la señora Goñi.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidenta.

Nosotros hemos transaccionado con el Grupo Socialista y
retiraremos nuestra enmienda.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Enmiendas números 16 y 17 del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado. Tiene la palabra el señor Uribe-Etxebarria.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Gracias, presidenta.

Nosotros hemos presentado dos enmiendas. La primera pide que el
sello electrónico cualificado se expida también a las personas físicas
que mantengan una actividad económica para su uso en las actuaciones
automatizadas. En definitiva, nos estamos refiriendo a un colectivo nada
desdeñable en su número y en su peso en la economía, como son los
autónomos y los empresarios individuales. Los sellos electrónicos son
servicios de confianza que permiten garantizar la autenticidad e
integridad de la información en el marco de las actuaciones
automatizadas, es decir, allí donde no interviene la expresión de la
voluntad de una actuación humana. Sirven para garantizar la autenticidad
y la integridad de los documentos, tales como facturas electrónicas o
cualquier otro documento sujeto a automatización. Aquí lo que ocurre es
que, según determinadas definiciones, a los autónomos y a los empresarios
individuales se les pretende dejar al margen. Y nosotros no estamos de
acuerdo con ello. No parece tener sentido excluir al conjunto de
empresarios individuales o a los autónomos en la obtención de
certificados de sellos electrónicos cualificados, puesto que este
colectivo integra una tipología más en el ámbito de los operadores de
mercado. Dejarlos excluidos hace que las transacciones digitales
automatizadas que deban llevar a cabo los autónomos y los empresarios
individuales tengan que efectuarlas con su certificado cualificado de
persona física. Así, esos certificados, en tanto que son de persona
física, aportan una serie de datos personales, lo que, desde nuestro
punto de vista, va en contraposición de esos principios, que tanto
defendemos en esta nueva economía digital, de la seguridad jurídica, de
la privacidad de los datos y de la intimidad de las personas.

Había cierta discusión sobre cómo interpretar el Reglamento
comunitario del año 2014. Nosotros hemos aportado en la justificación una
serie de argumentos desde el punto de vista jurídico-lingüístico, visto
siempre desde el prisma de la Unión Europea. Hemos aportado
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha
tenido que recurrir frecuentemente a distintas versiones lingüísticas de
las normas comunitarias para interpretarlas adecuadamente. La tarea de
interpretación, que aparentemente resulta sencilla, de traducción de un
idioma a otro, se torna más compleja, dadas las particularidades que
ofrece el derecho comunitario. En este sentido, la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos señala varias cosas, pero
déjenme destacar una, en la que dice: Toda disposición de derecho
comunitario debe ser situada en su contexto e interpretada a la luz del
conjunto de disposiciones de este derecho, de sus finalidades y del
estado de su evolución, en la fecha en que la aplicación de la
disposición de que se trate deba realizarse. Desde nuestro punto de
vista, en este caso, el Reglamento del año 2014, sobre los servicios
cualificados, habla de mercado interior digital, transacciones en el
mercado interior, mercado interior de comercio electrónico, desarrollo
económico y de mercado único digital. Y ahí, en nuestra opinión, no se
puede excluir a operadores económicos tan importantes como son los
autónomos y los empresarios individuales. Consecuentemente, si vamos al
artículo 1 del Reglamento que acabo de citar, dada la vertiente mercantil
que el propio Reglamento establece, parece conveniente precisar el
significado del concepto en la versión en inglés, legal person, de
acuerdo con el ámbito mercantil del derecho. Pensamos que no podemos
dejar al margen a los autónomos de poder transaccionar y desarrollar su
actividad a través de facturas electrónicas, por ejemplo, con la debida
seguridad jurídica y privacidad de sus datos.

Con la segunda enmienda pedimos que las comunidades autónomas,
prestadoras de servicios de confianza cualificados, y organismos de la
Administración pública puedan ser reconocidos también con una vertiente
europea. Se trata de una enmienda que nosotros pactamos y transaccionamos
con el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. El objeto es ese,
es decir, desde un punto de vista también comunitario, del mercado único
digital, aplicar los principios comunitarios europeos de reconocimiento
mutuo. Apelamos al carácter territorial de esta Cámara, el Senado, y
apelamos al Grupo Popular a que mantenga el acuerdo que alcanzamos en el
Congreso de los Diputados en una transacción, y a todos en general,
respecto a esos principios que tanto repetimos y tanto decimos defender,
como son el Estado autonómico, el Estado compuesto, la cogobernanza y la
colaboración entre las instituciones.

Quiero decirles que hay comunidades autónomas que ya tienen un
trabajo hecho en este ámbito, que no se puede dejar de lado o, si me
permiten la expresión, tirar a la basura. Por ejemplo, en lo que respecta
a Euskadi, no sé si lo escucharon, pero ayer la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, en una intervención ante el Comité de las
Regiones, citó como un territorio avanzado en el ámbito digital a
Euskadi. En Euskadi existen en estos momentos 300 000 certificaciones. En
Cataluña, aproximadamente, 800 000. Por lo tanto, apelamos, a unos, a que
cumplan su palabra, y a otros, a que sean consecuentes con las ideas que
dicen defender acerca de que vivimos en un Estado autonómico, en un
Estado compuesto, que es necesario desarrollar la cogobernanza y la
cooperación entre las administraciones.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

En defensa de las enmiendas números 4 a 7, por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Puente.

El señor PUENTE REDONDO: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas
tardes, señorías.

En primer lugar, quería agradecer al resto de grupos la
interlocución en todas las reuniones que hemos mantenido con diferentes
sectores, incluso con los diferentes partidos, no solamente entre
nosotros, sino junto con esas organizaciones, ya sean empresariales, ya
sea con el ministerio. Creo que ese debate ha sido fructífero. En
relación con nuestras cuatro enmiendas, si no me equivoco, a lo largo de
la tarde llegaremos a unas transaccionales con diferentes grupos de cara
a incluir todos los textos en el proyecto de ley, lo cual da una idea de
nuestro interés en llegar a acuerdos y en mejorar ese proyecto de ley. Es
verdad que es una ley con un perfil marcadamente técnico, pero realmente
importante para adaptarnos a las normas europeas y avanzar en la
digitalización de nuestro país que nos permita ser más competitivos, que
nos permita ser más productivos; así lo vemos todos. La digitalización
tiene que ser una palanca de cambio y una palanca de salida de la
situación en la que nos encontramos.

Como digo, nos parece de especial relevancia este proyecto de ley
que sienta las bases jurídicas y la seguridad jurídica necesarias para
avanzar en esa transformación digital, en esa digitalización y en los
servicios electrónicos de confianza que constituyen, como ya se ha
comentado aquí, el día a día de las relaciones entre las empresas, los
ciudadanos y las administraciones públicas. Es un proyecto de ley que
adapta el ordenamiento jurídico nacional al reglamento comunitario para
reforzar la seguridad en el uso de determinados servicios electrónicos de
confianza. Y antes de dar paso a nuestra postura y a los acuerdos
llegados, entre estos servicios se encuentran la firma y sello
electrónico de personas físicas y jurídicas o el sello de tiempo
electrónico, que son utilizados, como hemos dicho, de forma habitual en
esas relaciones de ciudadanos, empresas y Administración pública.

Entrando ya en las enmiendas, quería hacer una consulta a la
letrada, porque no sé si luego esas enmiendas se votan una a una y si esa
transaccional se incluye en el texto. (La señora letrada: Se incluyen).
De acuerdo. Esos textos los presentaremos ahora, porque a lo largo de
estas reuniones la verdad es que ha habido bastante complicidad a la hora
de llegar a acuerdos.

En cuanto a las enmiendas presentadas, entendemos que la número 4
mejora el artículo 6, y se solapa en mucho con lo que dice la número 8
del PSOE, por lo que ya tenemos redactado un texto transaccional que
presentaremos a la Mesa.

Igualmente, respecto a la enmienda número 5 ya hablamos con la
letrada en la ponencia de la posibilidad de añadirlo en vez de como un
punto en el artículo como un artículo nuevo, y así se ha tratado con el
resto de partidos. Esta enmienda número 5 es similar a la 11, por lo
tanto, entendemos que se va a mantener el texto.

En cuanto a la enmienda número 6, hemos comentado la posibilidad
de hacer una transaccional añadiendo un pequeño texto que proponía el
PNV, ya que entendemos que mejora la redacción del artículo y deja
bastante más claro lo que queríamos trasladar.

Igualmente, nuestra enmienda número 7 tiene mucha similitud con
la 13 del PSOE, por lo que tenemos un texto transaccional que
presentaremos a la Mesa.

Finalmente, quedan las enmiendas relacionadas con el artículo 7,
relativo a la video-identificación. Se trata de un artículo en el que
podemos tener disparidad de opiniones, pero creo que al final podemos
llegar a un compendio, porque debemos ser capaces de agilizar todos los
trámites con la Administración, ya sea para crear una empresa, ya sea
para realizar trámites jurídicos. Por tanto, entendemos que esa
video-identificación tiene que producirse, como decía nuestro compañero
de Teruel Existe, por la necesidad de no tener que ir presencialmente
para que te den unos certificados y, sobre todo, en el entorno rural.
Apostamos por avanzar en esos sistemas de video-identificación que se
diferencian realmente de la videoconferencia en que la identificación se
hace aprovechando la tecnología biométrica, la inteligencia artificial o
la geolocalización. Es algo que nosotros queremos resaltar en ese
artículo 7. Por las últimas conversaciones que hemos tenido, yo creo que
podemos llegar a una transaccional.

Por lo demás, creo que en su conjunto quedará una buena ley y, si
Dios quiere, votaremos a favor de todo el proyecto de ley.

Muchísimas gracias, presidenta, y reitero mi agradecimiento al
resto de grupos por su disposición a dialogar y a transaccionar.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puente.

En defensa de las enmiendas números 8 a 11 y 13 a 14, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Nacarino.

El señor NACARINO MURIEL: Buenas tardes. Muchas gracias, señora
presidenta.

Como bien ha dicho, el Grupo Socialista ha presentado un total de
seis enmiendas al texto del proyecto de ley que llegó del Congreso de los
Diputados. Y, aunque ya lo ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo
Popular, sí me gustaría recalcar también —para que conste en
acta— que es fruto del trabajo que hemos desarrollado todos los
ponentes. Y, gracias al clima de diálogo y buen entendimiento, parece que
a lo largo de esta tarde vamos a conseguir transaccionar las enmiendas
números 8, 11 y 13, presentadas junto con el Grupo Popular, ya que ambos
hemos presentado enmiendas de contenido muy parecido, prácticamente
iguales. Como bien ha apuntado el senador Puente, la enmienda 8 es al
artículo 6.1, referido a la identidad y atributos de los titulares de
certificados cualificados. Con la enmienda 11 queremos añadir un nuevo
artículo al texto, según nos indicó la letrada, para señalar con mayor
claridad la responsabilidad de los prestadores y de las personas en las
que deleguen sus actividades. También hemos llegado al acuerdo con
respecto a la disposición adicional tercera, cuya enmienda 13 propone
volver a la redacción del texto original del proyecto de ley que entró en
el Congreso de los Diputados.

Como bien ha comentado la portavoz de Ciudadanos, vamos a llegar a
un acuerdo transaccional de nuestra enmienda número 9 con la número 15 de
dicho grupo, aprovechando también para incorporar en el texto algunos
aspectos que nos han resultado muy interesantes, que han proporcionado
tanto el Grupo Popular como el Partido Nacionalista Vasco y con los que
también estamos de acuerdo. Esta enmienda lo es al artículo 7.2, que hace
referencia a las condiciones y los requisitos técnicos de verificación de
la identidad a distancia de la persona que solicita un certificado
cualificado. Ha quedado de manifiesto en ese texto —o lo entendemos
así— el compromiso absoluto del ministerio para llegar a tal fin
incorporando al texto para ello los métodos de video-identificación y
videoconferencia.

Aparte, también en ese artículo hemos llegado al consenso de
suprimir la referencia a los procedimientos autorizados en el ámbito de
la prevención de blanqueo de capitales, ya que, tras la información que
hemos recabado en diferentes reuniones, hemos llegado todos juntos a la
conclusión de que no puede existir un trasvase natural regulatorio
específicamente por el sector bancario a otros ámbitos mercantiles o
sectores donde no se pueden encontrar regulados los mismos procedimientos
ni tampoco son práctica regular de sus negocios. Además, en las reuniones
que hemos mantenido con los colectivos, en este caso con la Asociación
Nacional de Prestadores Cualificados de España, han puesto de manifiesto
su aceptación al respecto.

En cuanto a las enmiendas números 10 y 14 del Grupo Socialista,
referidas a los artículos 7.4 y 10.1, he de decir que también hemos
llegado a un acuerdo tras el diálogo y la negociación que hemos
mantenido, que vuelvo a agradecer. Consideramos que podemos recabar los
apoyos necesarios para que puedan prosperar en el informe de la ponencia.
Concretamente, la enmienda número 10 hace referencia al artículo 7.4, que
habla de las comprobaciones pertinentes que deben realizar los
certificados cualificados de desarrollo electrónico y de firma
electrónica con atributo de representante. Nosotros hemos enmendado con
el único fin de poder volver al texto del proyecto original que entró en
el Congreso de los Diputados para evitar así la inseguridad jurídica e
inaplicabilidad, ya que el concepto de documentos privados como tal no
existe y no puede sustituir tampoco a los documentos públicos, y tampoco
conocemos documentos públicos con validez jurídica equivalente a un
documento público que acredite poderes a un solicitante que pretenda
representar a un tercero. Y la enmienda número 14, al artículo 10.1,
pretende acotar la responsabilidad de los prestadores de servicios de
confianza, conforme establece la Ley de firma electrónica, con el fin de
poder establecer que el prestador no sea responsable, siempre que haya
actuado con la debida diligencia para comprobar la información del
solicitante del servicio, siempre y cuando, obviamente, el solicitante
haya proporcionado la información veraz, completa y exacta.

También quiero comentar nuestro posicionamiento respecto al resto
de enmiendas presentadas. Las enmiendas números 16 y 17 del Partido
Nacionalista Vasco proponen la adición de disposiciones adicionales
nuevas referentes, la primera, a la extensión del sello electrónico a las
personas físicas que actúan como operadores económicos, y, la segunda, al
impulso de un sistema de notificación nacional para medios de
identificación electrónica por parte de las comunidades autónomas.

En el primer caso, referente a la enmienda número 16, el Grupo
Socialista no la apoya, ya que el Reglamento de la Unión Europea señala
taxativamente que las personas físicas firman electrónicamente y las
personas jurídicas sellan electrónicamente. Además, la Ley del estatuto
del trabajo autónomo establece igualmente que los autónomos no son
entidades, ni empresas ni personas jurídicas, sino que son personas
físicas que realizan una actividad económica o profesional por cuenta
propia. Por tanto, los autónomos no pueden ser titulares de certificados
de sello electrónico y tampoco nos consta que ningún Estado miembro haya
permitido lo que se propone en esta enmienda. Países cercanos al nuestro,
como Francia, son de la misma opinión, y es que este tipo de contenido
podría incluso generar problemas de reconocimiento transfronterizo de
servicios.

En el segundo caso, la enmienda número 17 tampoco la podemos
apoyar. Esta ley regula los servicios electrónicos de confianza; no
regula los medios de identificación electrónica del ciudadano ante los
sistemas de administración, cuyo marco normativo está regulado en la Ley
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
que es donde se debe acometer esta cuestión y no en la que estamos
debatiendo esta tarde en comisión.

Muy brevemente ya. Respecto a las enmiendas del Grupo Mixto, el
senador Egea ya ha puesto de manifiesto su contenido. El Grupo Socialista
no las puede apoyar ya que consideramos que jurídicamente no son
asumibles. Por un lado, creemos que la capacidad que ostenta un notario
no puede equiparar la de otros intervinientes y, por otro lado, la
propuesta que realiza usted en la enmienda número 3 no respeta el
principio de neutralidad tecnológica, como establece el Reglamento de la
Unión Europea de identificación electrónica y servicio de
confianza.

Por último, respecto a la enmienda número 6 del Grupo Popular, que
hace referencia al artículo 11, tal y como comentamos y conversamos, no
estábamos de acuerdo en principio con ella, ya que consideramos que al
publicar las dos listas disminuye la seguridad jurídica y fomenta la
competencia desleal. No obstante, con el fin de llegar a un buen
entendimiento, a un buen acuerdo conjunto, aceptaremos la transaccional
que proponen ustedes con el Grupo Nacionalista Vasco.

Entendemos que con esto que acabo de exponer podemos incorporar la
totalidad de las enmiendas, o en su mayor parte, al proyecto de ley, y es
posible dictaminar a favor el informe esta tarde.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Nacarino.

Ahora se abre un turno en contra por tiempo de diez minutos. ¿Por
el Grupo Mixto? (Denegaciones). ¿Por el Grupo Nacionalista en el Senado?
(Denegaciones).

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: ¿En contra de qué es el
turno ahora?

La señora PRESIDENTA: Es un turno en contra a lo que se ha
manifestado aquí. (La señora Del Brío González: ¿Pero no es el turno de
portavoces?) No, una vez que se agota el turno en contra, se abre el
turno de portavoces. Evidentemente, si no se quiere usar, no se usa. Yo
tengo que darles la palabra y el que quiera que se manifieste y el que
no, no.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Perdone, presidenta.
Entonces, este sería el turno de portavoces.

La señora PRESIDENTA: No.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Es turno en contra. Pero,
¿en contra de qué?

La señora PRESIDENTA: Hay un turno para las enmiendas, que cada
uno ha usado y ha expuesto lo que considera. Luego, hay un turno en
contra a lo que se ha defendido en las enmiendas. Es otra especie de
debate sobre lo que cada uno quiera defender otra vez de su enmienda o
decir en contra de lo que ha dicho el portavoz del grupo que sea. Y luego
hay un turno de portavoces, ¿de acuerdo? (Asentimiento).

Bien, ¿por el Grupo Izquierda Confederal? (Denegaciones).
¿Ciudadanos? (Denegaciones). ¿Por el Grupo Vasco en el Senado?
(Denegaciones). ¿Esquerra Republicana-EH Bildu? (Denegaciones). ¿El Grupo
Popular? (Denegaciones). ¿El Grupo Socialista? (Denegaciones).

Entonces ahora empieza el turno de portavoces, por un tiempo de
cinco minutos y de menor a mayor.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto por un tiempo de
cinco minutos.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora presidenta. Seré muy
breve.

Por supuesto, estamos de acuerdo y vamos a votar a favor de la
ley.

Me congratula ver que han sido capaces de llegar incluso a algunas
transaccionales, lo que significa que una de las misiones de esta Cámara,
que no deja de ser otra que pactar con el resto de grupos medidas que al
final han de servir para bien de todos, ha sido posible. Me alegra ver
este clima de paz y sosiego que se percibe en la comisión.

Y solo una cosita más, como fedatarios públicos en la
Administración a veces hay muchísima gente; o sea no solo son los
notarios, el juez de paz puede llegar a ser fedatario público en los
pueblos pequeños y en cualquier otra Administración. Solo quería hacer
ese matiz.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Nacionalista en el Senado,
tiene la palabra su portavoz. (Denegaciones).

Por el Grupo Izquierda Confederal, por un tiempo de cinco minutos,
tiene la palabra su portavoz.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Seré
mucho más breve.

Nosotros también queremos felicitarnos por este clima de concordia
y de consenso, que es lo que la ciudadanía en estos momentos exige a las
personas que nos dedicamos a la política en algún momento de nuestras
vidas. Esperaremos a ver cómo quedan las enmiendas transaccionadas y,
desde luego, en Izquierda Confederal, con las diferencias de los grupos
que tenemos dentro de nuestro grupo, sí vamos a apoyar las dos primeras
enmiendas de Teruel Existe, si es que las mantiene, y también las del
Grupo Vasco en el Senado, si es que las mantiene.

Eskerrik asko. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Ciudadanos, la señora Goñi
tiene la palabra.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidenta.

Aun a riesgo de repetirme, ha sido agradable y muy interesante
poder hablar con todos los grupos, además de múltiples maneras, dada la
situación de la COVID —nos ha faltado hacer el pino.

Me gustaría dar las gracias especialmente a los distintos
proveedores que nos han ayudado, en concreto iba a decir a nosotros, pero
no es cierto, a todos a mejorar esta ley. Han trabajado mucho y han
conseguido que una ley muy técnica, aparte de que la entendamos
perfectamente, salga mucho mejor de cómo vino a la Cámara. Esto lo han
conseguido proveedores de servicios y me gustaría agradecérselo.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra,
por un tiempo de cinco minutos, su portavoz.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Sí, seré breve, presidenta,
gracias.

Yo creo que esta ley es una ley importante, es una ley que viene a
cubrir toda una serie de lagunas que establece el Reglamento del
año 2014, siempre desde la perspectiva comunitaria. Pensamos que,
efectivamente, puede ayudar al sector a seguir desarrollándose y a ir
creando el mercado único europeo digital.

Nosotros hemos intentado al máximo aportar textos y expresiones
para llegar a consensos. Pero, como decía en mi anterior intervención,
creo que hay algunos aspectos que indudablemente se podrían haber
mejorado si se hubiera tenido una mínima visión de lo que son los
operadores económicos y también de lo que suponen las comunidades
autónomas en un Estado, insisto, compuesto o autonómico.

En relación con los operadores económicos, es evidente que si sale
derrotada la enmienda que hemos presentado, autónomos y empresarios
individuales, que, insisto, son muchos y tienen un peso económico también
desde el punto de vista de la empleabilidad considerable, van a quedar al
albur de la inseguridad en cuanto a la privacidad de sus datos, y creo
que no tenemos derecho a dejar al margen de las evoluciones y del
progreso de la economía digital a un colectivo tan importante como son
los autónomos y como son los empresarios individuales. Nosotros hemos
aportado argumentos, como he dicho antes —no los voy a
repetir—, con un enfoque comunitario, jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Justicia, y ahí queda eso. Ese es un punto de amargura que le
queda a mi grupo.

El otro punto de amargura que nos queda es, evidentemente, nuestra
enmienda 17; una enmienda que fue transaccionada con el Partido Popular
en el Congreso de los Diputados y que ahora cambia de opinión y no es
fiel ni mantiene su palabra. A mí me resulta incomprensible, me resulta
muy llamativo y, evidentemente, de cara al futuro complica las cosas. Y
también nos queda ese punto de amargura respecto al Partido Socialista y
al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que no
aportan una posición política en torno a este asunto. Insisto, se habla
mucho del Estado autonómico, del Estado compuesto, de la cogobernanza, y,
si no se acepta esta enmienda, pensamos que lo único que se hace es
coartar, limitar las posibilidades de las comunidades autónomas para
aportar al resto, incluido evidentemente el Estado, en todo el ámbito de
la economía digital. Resulta bastante descorazonador que haya actitudes
de ese tipo donde se dice una cosa y luego se hace otra.

Por lo demás, esperamos que en el futuro, aunque no sé si
llegaremos tarde, tengamos ocasión de enmendar algunas cosas.

Hay otro aspecto que también se me olvidaba, y se refiere a la
enmienda número 4, del Grupo Popular, al artículo 6 del proyecto de ley,
donde lo que pedíamos era que, en este caso, el colectivo al que
tuviésemos que tener en cuenta fuesen los funcionarios públicos y,
especialmente, también son funcionarios públicos los secretarios de
ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque, según la regulación actual, cuando
un secretario de ayuntamiento o un funcionario público envía un documento
automatizado a un ciudadano, en las entrañas de ese documento —y
los informáticos saben mucho de eso— aparecen su nombre y su DNI, y
otra vez son datos que no tienen por qué estar en el dominio público, en
este caso, de unos funcionarios públicos. Hay alguna legislación;
nosotros hemos respondido que eso está reservado a jueces y policías, y
lo que queríamos era extenderlo, por ejemplo, a los secretarios de
ayuntamiento, que están expresando una preocupación grave a la hora de
firmar ese tipo de documentos porque en las entrañas, insisto, de ese
documento aparecen su DNI y su nombre y apellidos, lo cual, desde su
punto de vista —y nosotros lo entendemos y lo comprendemos—,
es una vulneración de su privacidad. Parece ser que esa aportación no ha
sido aceptada y, bueno, a ver si en el futuro es posible.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracia, señoría.

Por el Grupo Esquerra Republicana, EH-Bildu, tiene la palabra su
portavoz. (Denegaciones).

Por el Grupo Popular en el Senado, tiene la palabra la señora Del
Brío.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Buenas tardes. Muchas gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, quiero sumarme a las felicitaciones que han
expresado la mayor parte de los grupos aquí representados por la
negociación que se ha desarrollado en estos días que ha sido intensa, que
ha sido difícil, además, muchos éramos novatos en estos temas pero hemos
aprendido muy deprisa, tan deprisa como avanza la tecnología y la
digitalización de la Administración pública y de nuestras empresas.

Creo que tenemos que estar orgullosos porque en esta última
redacción de la ley hemos recogido el sentir de la sociedad civil, de la
ciudadanía y de parte de los proveedores de servicios, como comentaba la
portavoz de Ciudadanos, y en definitiva, creo que hemos hecho una ley
mejor. Y, desde luego, el Partido Popular, que ha trabajado siempre por
impulsar la digitalización de la sociedad española, está orgulloso de
haber aportado su granito de arena, además, en una ley que no se aleja
tanto de lo que habría sido una ley que hubiera presentado el Partido
Popular en el Gobierno porque, de hecho, los últimos gobiernos del
Partido Popular ya habían avanzado en estos temas legislativos, y eso
quizás es lo que explica por qué en esta última redacción aparece el cien
por cien de las enmiendas que nosotros presentábamos, no queda ninguna
viva, hemos transaccionado todas. Creo que la satisfacción es completa y
quiero agradecer muy especialmente a Javier Puente su trabajo de consenso
con el resto de los grupos.

Se ha hablado aquí de muchos asuntos, pero lo prioritario es que
hemos avanzado en dos temas fundamentales, uno es la transparencia, que
era uno de los objetivos del Partido Popular con esta enmienda en la que
pedíamos que se establecieran diferenciaciones en las listas de
proveedores oficiales y no oficiales. También queríamos avanzar en
seguridad jurídica; eso lleva necesariamente a ser, vamos a decir, un
poco conservador en determinadas herramientas digitales que hay que estar
dispuestos a utilizar, pero también hemos sido valientes a la hora de
proponer —y se ha recogido en el texto final— el uso de
video-identificación o videoconferencia.

Por tanto, pensamos que estamos ayudando a que llegue a la
ciudadanía una versión importante, inteligente y bien adaptada del
espíritu europeo de esta Ley de identidad digital. Creemos que antes de
cerrar esta ponencia tenemos que priorizar y dejar claro que ante todo
está la redacción final de la ley. Eso significa que ha podido haber
cambios en posturas ante la interpretación, muchas veces técnica más que
política, de determinados artículos, pero que además creemos que es el
sentir del Senado. El Senado como Cámara de segunda lectura tiene
lógicamente un papel que representar y no me gustaría pensar que se hable
de deslealtad cuando un partido político entiende que los avances de la
tecnología te tienen que llevar a un cambio de decisión política. Por
tanto, la dialéctica parlamentaria está bien, pero el bienestar de los
ciudadanos tiene que estar por encima de ello. Somos un partido de Estado
y siempre vamos a anteponer el consenso y la sensatez por encima de
todo.

Y solo quiero recordar que estamos ante la cuarta revolución
industrial. La historia mirará hacia atrás, valorará el papel que la
parte legislativa, que es la que a nosotros nos corresponde, ha realizado
y ojalá hayamos acertado entre todos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, en su turno de portavoces, tiene la
palabra la señora Delgado.

La señora DELGADO OVAL: Gracias, señora presidenta.

La situación actual creada por el coronavirus está teniendo un
impacto sin precedentes, no solo en el ámbito sanitario sino también en
el económico y en el social. En este sentido, quiero resaltar cómo ha
impactado la transformación digital incrementándose el teletrabajo,
acelerando la digitalización en la educación o multiplicando las
capacidades de la sanidad. Hemos experimentado grandes cambios en muy
poco tiempo, y estos cambios deben venir acompañados de leyes acordes a
las nuevas realidades.

El Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los
servicios electrónicos de confianza tiene un alto contenido técnico y
complejo, como así ya lo han manifestado los distintos portavoces de los
grupos parlamentarios, por eso hemos tenido infinidad de reuniones en las
que hemos podido participar los portavoces y donde hemos aclarado las
dudas que se nos han planteado a lo largo de la tramitación.

También quiero agradecer en este turno el ambiente en el que se ha
desarrollado esta negociación y el ánimo de alcanzar consensos, y quiero
sumarme al agradecimiento de la portavoz de Ciudadanos a la Asociación de
prestadores de servicios electrónicos de confianza y, sobre todo, a la
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que ha
estado ahí pendiente para resolver cualquier tipo de duda que le
planteásemos.

El objetivo de esta ley es complementar el Reglamento de la Unión
Europea relativo a la identificación electrónica y servicios electrónicos
de confianza, ya que el reglamento prevé que determinados aspectos
técnicos y de organización interna se establezcan por parte del
legislador nacional. Este proyecto de ley se refiere a los servicios
electrónicos de confianza, como pueden ser la firma y el sello
electrónico de personas, tanto físicas como jurídicas, o el sello del
tiempo electrónico.

En definitiva, con esta ley lo que pretendemos es garantizar la
seguridad jurídica, algo que es absolutamente fundamental para avanzar en
el proceso de transformación digital. Pretendemos contribuir a un marco
normativo estable, predecible, integrado y claro para avanzar en los
procesos de digitalización, y más cuando se trata de servicios
electrónicos de confianza. Este proyecto de ley contribuye al avance del
mercado único digital. El objetivo es que cualquier ciudadano pueda
acceder de forma fácil y segura a cualquier servicio público o privado
ofrecido por cualquier Estado o empresa. Por lo tanto, este proyecto de
ley constituye una base común para lograr interacciones electrónicas
seguras y la realización de trámites transfronterizos seguros, que son
fundamentales para eliminar esa barrera electrónica que excluye a los
ciudadanos del pleno disfrute de los beneficios del mercado
interior.

Mi grupo ha presentado seis enmiendas. Como ya ha explicado el
senador Miguel Ángel Nacarino, hemos alcanzado acuerdos transaccionales,
tanto respecto a las enmiendas del Grupo Popular como a las de
Ciudadanos. Quiero subrayar y resaltar la importancia de que se apruebe
esta enmienda transaccional que se refiere al artículo 6.1 a), puesto que
eliminar ese DNI, como ya venía en el texto del Congreso, de los
certificados electrónicos de confianza originaría una gran inseguridad
jurídica y se rompería el principio de interoperabilidad. Por lo tanto,
ese diálogo, ese estudio en profundidad de la ley nos ha permitido llegar
a ese acuerdo, a ese ánimo de llegar a un consenso para mejorar esta
ley.

Con respecto al artículo 7.2, que es donde más diferencias había
en principio, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que entre todos
los grupos hemos alcanzado un buen acuerdo, que, además, aglutina las
sensibilidades y las propuestas de los distintos portavoces de los
grupos. Señorías, tengan claro que el compromiso del ministerio es
incuestionable con respecto a la puesta en marcha de los sistemas de
identificación a distancia para la identificación de los solicitantes de
certificados cualificados. Y como ya hemos explicado, la secretaría de
Estado ha estado trabajando junto con la Asociación de prestadores para
elaborar esa orden que regule los requisitos técnicos.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, por
parte de Teruel Existe, quiero decir al senador Egea —aunque ya lo
sabe, pues se lo he dicho en otras ocasiones— que vengo de Canarias
y sé las dificultades que encontramos en los núcleos rurales, en los
núcleos alejados; imagínese si son pueblos que están en una isla no
capitalina, donde los ciudadanos incluso se desplazan en avión para ir a
la consulta de un médico especialista. Conozco el trabajo y el compromiso
de este Gobierno para alcanzar la cohesión social y territorial a fin de
que los servicios lleguen a todas y todos, independientemente del lugar
de residencia, ya sea en un municipio como Arico, en la isla de Tenerife,
o que residan en la Gran Vía. Pero con respecto a las enmiendas de este
grupo, ya ha explicado el senador Nacarino por qué no las podemos
apoyar.

Las enmiendas del PNV no son viables, como ha explicado mi
compañero el senador Nacarino, y voy aclarar dos cuestiones: una, con
respecto al artículo 6.1 a), que hablaba de la confidencialidad de los
funcionarios, he de decir al senador que la cuestión de identificación de
los funcionarios se regula en la Ley de régimen jurídico y procedimiento
administrativo común, no en esta Ley de servicios electrónicos de
confianza que nos ocupa. Y con respecto a la enmienda número 17, quiero
dejar claro que en este caso los autónomos no pueden tener certificado de
sello electrónico, ya que se entiende que podrían ser subsumidos en la
categoría de persona jurídica, además de ser personas físicas, y esto es
incompatible con el reglamento.

La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando, señora Delgado, su
tiempo ha concluido.

La señora DELGADO OVAL: Disculpe, señora presidenta,
finalizo.

Simplemente concluyo agradeciendo el esfuerzo de todos los
portavoces por llegar a acuerdos para que del Senado salga la mejor ley
posible. Aprovecho para felicitar a todos los portavoces por el trabajo
que han desarrollado, así como agradecer a la letrada el apoyo que nos ha
prestado, porque siempre ha estado dispuesta para responder a nuestras
dudas en el trámite de este proyecto de ley.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Ahora se suspende la sesión por diez minutos para que se reúna la
ponencia.

Se suspende la sesión a las dieciséis horas y cincuenta y ocho
minutos.

Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Vamos a reanudar la sesión y pasar a las
votaciones.

Al existir informe de la Ponencia, este será sometido seguidamente
a votación con las modificaciones, en su caso, introducidas durante el
debate de la comisión, y, si fuera aprobado, se entenderá que quedan
rechazadas todas las enmiendas que no hubiesen sido aceptadas por la
ponencia.

Pasamos a votar el informe.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Perdón, presidenta.

Yo, por lo menos, no tengo ni siquiera las enmiendas
transaccionales.

El señor PUENTE REDONDO: Igual estaría bien leer las transacciones
que se han hecho, que son bastantes.

La señora PRESIDENTA: ¿El informe tal y como ha quedado una vez
aportadas las transaccionales?

El señor PUENTE REDONDO: Sí, para que lo sepa todo el mundo creo
que puede ser interesante que se conozcan.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Y quizás antes de votar el
informe también habría que saber si, por ejemplo, Teruel Existe, por
mencionar a alguien, sigue manteniendo sus enmiendas o no. No lo sé,
pregunto, estoy en primero de Senado. (Risas).

La señora PRESIDENTA: Lo que les voy a leer son los cambios que se
han producido a los largo de la sesión.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Perdón, presidenta.

¿Las enmiendas que se han presentado y que se guardaron de
ponencia a comisión no se votan una a una?

La señora PRESIDENTA: No.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Entonces, ¿cómo sabemos las
que se incorporan o no se incorporan al dictamen?

La señora PRESIDENTA: Se vota el informe de la ponencia con las
enmiendas que se incorporan.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: ¿Y qué enmiendas se
incorporan? Porque no las hemos votado, ¿no?

La señora PRESIDENTA: La ponencia se acaba de reunir y ustedes se
han puesto de acuerdo sobre las propuestas, lo que se ha quitado o lo que
se ha añadido, ¿no?

Yo les leo todo lo que se ha incorporado, porque no tengo ningún
problema, pero si existe alguna duda sobre lo que ha hecho la ponencia,
si les parece, suspendemos y que se vuelva a reunir.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI:






No, simplemente, si quiere,
lo puede leer. En todo caso, sí quería manifestar que las dos enmiendas
del Grupo Vasco las guardo para el Pleno.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Eso sí, es decir, si en este momento se
aprueba el informe con las incorporaciones que hay aquí, se supone que
quedan rechazadas las enmiendas, y si usted las reserva para su debate en
Pleno, así se hace constar y así se debatirán Pleno. E igual para todos
los portavoces que no hayan visto sus enmiendas recogidas.

El informe es el proyecto de ley que todos teníamos con las
modificaciones que se han pactado en estos momentos, pero si quieren yo
se lo leo.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Presidenta, creo que es bueno
leerlas, porque, desde luego, yo he firmado para que se pudieran
presentar las enmiendas, no porque esté de acuerdo con ellas, porque las
desconocía.

La señora PRESIDENTA: Los portavoces de los grupos parlamentarios
abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 125 del
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de
modificación, enmienda transaccional, entre la enmienda 4 del Grupo
Parlamentario Popular y la 8 del Grupo Parlamentario Socialista, al
dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación
Digital.

La propuesta de modificación es la siguiente.

Artículo 6, identidad y atributos de los titulares de certificados
cualificados. La identidad del titular en los certificados cualificados
se consignará de la siguiente forma: en el supuesto de certificados de
firma electrónica y de autenticación de sitio web expedidos a personas
físicas, por su nombre y apellidos y su número de documento nacional de
identidad, número de identidad extranjero o número de identificación
fiscal o a través de un seudónimo que conste como tal de manera
inequívoca. Los números anteriores podrán sustituirse por otro código o
número identificativo únicamente en caso de que el titular carezca de
todos ellos por causa lícita, siempre que se le identifique de forma
unívoca y permanente en el tiempo.

Esta es una transaccional que han hecho el Grupo Popular y el
Grupo Socialista entre la enmienda 4 y 8 del Grupo Parlamentario
Socialista.

Los portavoces de los grupos parlamentarios abajo firmantes, al
amparo de lo establecido también en el artículo 125 del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente propuesta de modificación, enmienda
transaccional, entre la enmienda 7 del Grupo Popular y 13 del Grupo
Socialista, al dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital en relación con el proyecto de ley reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Propuesta de modificación: disposición adicional tercera.
Documento nacional de identidad y sus certificados electrónicos. El
documento nacional de identidad electrónico es el documento nacional de
identidad que permite acreditar electrónicamente la identidad personal de
su titular en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana,
así como la firma electrónica de documentos. Todas las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, reconocerán la eficacia del documento
nacional de identidad para acreditar la identidad y los demás datos
personales del titular que consten en el mismo, así como la identidad del
firmante y la integridad de los documentos firmados en sus certificados
electrónicos.

Los órganos competentes del Ministerio del Interior para la
expedición del documento nacional de identidad cumplirán las obligaciones
que la presente ley impone a los prestadores de servicios electrónicos de
confianza que expidan certificados cualificados.

Sin perjuicio de la aplicación de la normativa vigente en materia
del documento nacional de identidad, en todo aquello que se adecúe a sus
características particulares, el documento nacional de identidad se
regirá por su normativa específica.

Los senadores abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el
artículo 115 del Reglamento del Senado, presentan la siguiente enmienda
transaccional sobre la base de la enmienda número 6 del Grupo
Parlamentario Popular al proyecto de ley reguladora de determinados
aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Enmienda de modificación del artículo 11. Se propone la siguiente
modificación: inicio de la prestación de servicios electrónicos de
confianza no cualificados. Los prestadores de servicios de confianza no
cualificados no necesitan verificación administrativa previa de
cumplimiento de requisitos para iniciar su actividad, pero deberán
comunicar su actividad al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital en el plazo de tres meses desde que la inicien,
que publicará en su página web el listado de prestadores de servicios de
confianza no cualificados en una lista diferente a las de los prestadores
de servicio de confianza cualificados, con la descripción detallada y
clara de las características propias y diferenciales de los prestadores
cualificados y de los prestadores no cualificados. En el mismo plazo
deberán comunicar la modificación de los datos inicialmente transmitidos
y el cese de su actividad. La justificación es identificar a los
prestadores del servicio de confianza tanto cualificados como no
cualificados, pero en listas diferentes.

Y por último, los portavoces de los grupos parlamentarios abajo
firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 125 del Reglamento
de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de modificación, enmienda
transaccional, entre la enmienda 9 del Grupo Socialista y 15 de
Ciudadanos, al dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital en relación con el proyecto de ley reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Propuesta de modificación al artículo 7.2. Reglamentariamente, mediante
orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, donde dice podrán determinarse, quedará en se
determinarán otras condiciones y requisitos técnicos de verificación de
la identidad a distancia y, si procede, otros atributos específicos de la
persona solicitante de un certificado cualificado, mediante otros métodos
de identificación como videoconferencia o videoidentificación que aporten
una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física
según su evaluación por un organismo de evaluación de la conformidad. La
determinación de dichas condiciones y requisitos técnicos se realizará a
partir de los estándares que, en su caso, hayan sido determinados a nivel
comunitario. Serán considerados métodos de identificación reconocidos a
escala nacional, a los efectos de lo previsto en el presente apartado,
aquellos que aporten una seguridad, equivalente en términos de
fiabilidad, a la presencia física y cuya equivalencia en el nivel de
seguridad sea certificada por un organismo de evaluación, de acuerdo con
lo previsto en la normativa en materia de los servicios electrónicos de
confianza.

Todo lo demás, hasta el punto y aparte, se suprime. ¿Leo también
todo lo demás que se suprime? (Denegaciones).

Estas son las enmiendas que se han transaccionado entre los
diferentes partidos y que se aportarán al proyecto de ley. Las que no se
encuentran en este bloque, si se aprueba el dictamen, quedarán
rechazadas.

Algunas enmiendas han quedado incorporadas por acuerdo de los
grupos, pero no como transaccionales. Se incorporan las números 4 y 8,
que van con transacción; la 9 y la 15, que van con transacción; se
incorpora la 10; la 11 y la 5 van con transacción y con corrección; la 14
se incorpora; la 6 se ha transaccionado, y la 7 y la 13 se han
transaccionado.

¿Alguna otra cuestión? (Pausa).

Dicho esto, con el conocimiento de todos y aclaradas todas las
cuestiones, pasamos a votar el informe con las enmiendas incorporadas y
las transacciones.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 23; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobado el
dictamen.

Las enmiendas defendidas solo serán sometidas a votación en el
supuesto de que el referido informe se haya rechazado, que no lo ha sido.
Los miembros de la comisión o senadores que habiendo defendido enmiendas
discrepen del acuerdo de la comisión por no haber aceptado este una
enmienda, podrán presentar votos particulares y defenderlos ante el
Pleno. En caso de introducirse cualquier modificación, los senadores
podrán convertir en enmienda y, en su caso, en voto particular, el texto
anterior del proyecto de ley. La presentación de los votos particulares
se deberá hacer no más tarde del día siguiente a aquel en que termine la
deliberación de la comisión —artículo 117 del Reglamento del
Senado— a través de la aplicación de votos particulares.

En consecuencia, queda dictaminado por la Comisión de Asuntos
Económicos y Transformación Digital el proyecto de ley reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Ahora se tiene que designar el miembro de la comisión que llevará
a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado. (El señor
Nacarino Muriel pide la palabra).

El señor NACARINO MURIEL: En el Grupo Socialista consideramos que
lo debe hacer la presidenta.

La señora PRESIDENTA: ¡Ah, gracias! (Risas).

Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Eran las diecisiete horas y veinticinco minutos.