El señor presidente lee el título que figura en el
orden del día.

El señor PRESIDENTE: De conformidad con el acuerdo
de la Mesa del Senado de 11 de febrero de 2020, procede ratificar la
Ponencia de este proyecto de ley con la siguiente composición: por el
Grupo Parlamentario Socialista, los senadores Morales Quesada y Poveda
Zapata y la senadora Moreno Duque; por el Grupo Parlamentario Popular, la
senadora Rojo Noguera y el senador Silván Rodríguez; por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, la senadora Bailac Ardanuy; por el
Grupo Parlamentario Vasco, la senadora Vaquero Montero; por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal, el senador Martínez
Urionabarrenetxea; por el Grupo Parlamentario Nacionalista, el senador
Cleries i Gonzàlez; por el Grupo Parlamentario Democrático, la senadora
Martín Larred, y por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador
Sánchez-Garnica Gómez.

¿La comisión ratifica la Ponencia? (Asentimiento).
Se ratifica por asentimiento. Por lo tanto, queda ratificada la Ponencia
del proyecto de ley.

El señor presidente lee el título que figura en el
orden del día.

El señor PRESIDENTE: A este proyecto se han
presentado seis propuestas de veto y trescientas veinticuatro enmiendas,
de las cuales ha sido objeto de corrección de errores la enmienda
número 140, del senador Vidal Matas, y retirada la enmienda 297, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Asimismo, el Gobierno, al
amparo de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución y
conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del Reglamento del Senado, no
ha dado su conformidad a la tramitación de las siguientes enmiendas: 41,
del senador Cleries i Gonzàlez; 45, del senador Sánchez López; 52 a 54
y 64, del senador Martínez Urionabarrenetxea; 139, del senador Vidal
Matas; 186 y 190, del senador Marín Gascón y las senadoras Merelo
Palomares y Rodríguez de Millán; 192, del senador Gómez Perpinyà,
y 252, 274 y 296, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La ponencia designada en relación con este proyecto
de ley, reunida hoy mismo a las nueve horas, no ha introducido
modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los
Diputados.

Por lo tanto, pasamos al debate de los seis
vetos.

Comenzamos por el veto número 1, presentado por el
senador Cleries i González. Senador, tiene la palabra.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias,
presidente.

De una forma muy sintética diré que presentamos un
veto a este proyecto de ley porque, en primer lugar, no respeta las
competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, las comunidades
autónomas no podrán hacer política de vivienda, se la reserva el Estado
prácticamente, y es una tónica de toda esta legislatura, un Gobierno tan
progresista y autonomista, y en cada ley perdemos competencias.

En segundo lugar —en el Pleno me extenderé
más—, no tiene en cuenta el papel del tercer sector social. Cuando
la Administración no ha respondido a las necesidades de vivienda, hemos
tenido un tercer sector social que sí lo ha hecho y nos ha solucionado
muchos problemas. Cuando se hace una ley de viviendas se olvida de este
tercer sector en lo que serían determinadas ventajas que tendrían que
tener respecto al sector mercantil, es decir, el ámbito sin ánimo de
lucro queda discriminado por esta ley, que algunos dicen que es una ley
de izquierdas, algún día me tendrán que dar un cursillo sobre qué
significa una ley de izquierdas. Lo que sí les puedo decir es que es una
mala ley, y por eso presentamos un veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos a la propuesta de veto número 2, presentada
por el senador Catalán Higueras.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Damos por defendido
el veto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Sánchez-Garnica.

Pasamos a la propuesta de veto número 3, presentada
por el senador Sánchez López. Señora Martín Larred, tiene la
palabra.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente.

Damos por defendido el veto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Pasamos a la propuesta de veto número 4, presentada
por el senador Marín Gascón y las senadoras Merelo Palomares y Rodríguez
de Millán.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Presidente, damos
por defendido el veto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos a la propuesta de veto número 6, presentada
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. La senadora Vaquero
Montero tiene la palabra.

La señora VAQUERO MONTERO: Buenos días a todos y a
todas.

Partimos de una realidad que nos interpela a todos:
la dificultad del acceso a una vivienda digna y asequible, que condiciona
el proyecto de vida de las personas. Es una necesidad, ya lo sabemos
todos y todas, que no solo está reflejada en el objeto de este proyecto
de ley, sino que, como todos sabemos, es una preocupación de toda la
ciudadanía.

El artículo 47 de la Constitución española recoge
el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada y atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de hacer
efectivo ese derecho, siendo así que, de conformidad con el
artículo 148.1.3 de la Constitución, tal referencia se ha de entender
hecha, en principio y sin perjuicio de otros títulos transversales, a las
comunidades autónomas, a quienes la Constitución atribuye dicha
responsabilidad.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi esta
competencia viene recogida en el Estatuto de Gernika, en el
artículo 10.31, en cuyo ejercicio Euskadi ha desarrollado durante décadas
su política de vivienda y su normativa propia. Visto el Proyecto de Ley
por el derecho a la vivienda aprobado por el Gobierno, el Grupo Vasco en
el trámite del Congreso registró una enmienda a la totalidad, de
devolución. A nuestro juicio el texto legislativo presentado para su
tramitación en el Congreso incurría, e incurre, en evidentes excesos,
tanto allí donde pretende actuar en el ejercicio de sus propios títulos
competentes, como en abuso o extralimitación allí donde el Estado carecía
de título alguno en materia de vivienda. Tras el periodo de tramitación
se han incorporado enmiendas, o parte de estas, sin que la petición
previa y primera de nuestro grupo fuera satisfecha, es decir, que esta
norma no limitara el autogobierno vasco. No basta para ello aludir a
fórmulas estereotipadas, como la continua referencia en el articulado a
las constantes «sin perjuicio de». Dichas referencias más parecen una
excusa anticipada para regular en exceso allí donde el legislador estatal
tiene título y solapar con sus determinaciones allí donde no lo tiene, ya
que la concreción de tales determinaciones corresponde al legislador
autonómico, en nuestro caso, al Parlamento vasco. Este es un punto de
partida compartido por aquellos grupos que denunciábamos y seguimos
denunciando la invasión competencial del proyecto de ley y que, pese a
las diferentes modificaciones planteadas durante el proceso de
tramitación, no son cambios suficientes para responder afirmativamente a
la siguiente pregunta: ¿Era necesaria la extensa regulación de este
proyecto de ley para que las comunidades autónomas pudieran tener un
paraguas normativo que diera seguridad a sus parlamentos a fin de adoptar
las medidas conducentes a garantizar el acceso a una vivienda digna y
asequible?

El Grupo Vasco entiende que la regulación que
recoge este proyecto de ley es tan exhaustiva que condiciona las
facultades del legislador autonómico para establecer, conforme a la
orientación política de sus parlamentos, la regulación en materia de
vivienda. A nuestro juicio, y es lo que defendemos con este veto, hubiera
bastado con crear un marco para que las comunidades autónomas pudieran
desarrollar con seguridad jurídica las medidas necesarias en dicho
ámbito. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, evidentemente, es un
rotundo no.

Sin esta ley y con la suya propia Euskadi ha
desarrollado durante décadas medidas que conforman una política propia de
vivienda, medidas mucho más garantistas y protectoras que las que
pretende impulsar este texto. Con otra ley del Estado que se limitara a
ofrecer a las comunidades autónomas un marco jurídico mínimo y suficiente
para regular aquellos aspectos para los que carece de cobertura
suficiente, como la limitación de renta o las zonas tensionadas, Euskadi
y otras comunidades autónomas podrían disponer de herramientas para
actuar en aquellos aspectos necesarios para garantizar el acceso a una
vivienda digna y asequible, y esa sería una ley que nuestro grupo hubiera
apoyado.

En consecuencia, este grupo formula la propuesta de
veto que defendemos hoy y que, si no es aprobada, seguiremos
defendiéndola en el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Propuesta de veto presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. El senador Silván tiene la palabra.

El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Muchas gracias,
presidente. Buenos días.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado
presenta la enmienda a la totalidad o, lo que es lo mismo, el veto al
Proyecto de Ley de vivienda; una ley que ya comenzó mal en su tramitación
inicial, al ser el resultado del chantaje de ERC y Bildu para que el
presidente Sánchez siguiera en la Moncloa, los mismos con los que el
presidente del Gobierno nunca iba a pactar, que incluso le quitaban el
sueño, eso sí en campaña electoral, porque una vez en la Moncloa donde
dije digo, digo Diego. No se dan cuenta, señores socialistas, de que en
política no todo vale, y con la Ley de vivienda tampoco. Les voy a decir
algo evidente: ninguna ley en el Senado ha despertado tanta oposición
como la Ley de vivienda; nada más y nada menos que seis vetos, seis
enmiendas a la totalidad de otros tantos grupos parlamentarios. ¿Y eso
por qué? Porque es una ley oportunista, populista, intervencionista,
okupista, atentatoria contra el derecho constitucional básico de la
propiedad privada. En definitiva, una ley okupa de la propiedad
privada.

El Grupo Parlamentario Popular pide al Grupo
Socialista y a todos los grupos parlamentarios del Senado el voto a favor
del veto, el voto a favor de la enmienda a la totalidad del Proyecto de
Ley de vivienda, por varias razones: por su naturaleza marcadamente
intervencionista; porque carece de medidas claras que den respuesta
eficaz a la vivienda y a los problemas de acceso a la misma; porque ataca
directamente y sin escrúpulo alguno al derecho a la propiedad privada;
porque ataca igualmente a la libertad de empresa; porque afecta muy
negativamente al sector inmobiliario; porque perjudica gravemente tanto a
inquilinos como a los propietarios de viviendas; porque no soluciona el
problema de la vivienda a las familias vulnerables, ni, por mucho que se
empeñen, a nuestros jóvenes; porque facilita la okupación ilegal de las
viviendas, primando al okupa frente al legítimo propietario; porque, en
definitiva, es un texto legal que no respeta los derechos básicos de
nuestra Constitución y traslada a todos una absoluta inseguridad
jurídica.

Señores socialistas, a ustedes se les llena la boca
con el consenso, con el acuerdo, y son los más sectarios de la historia
democrática española, y se lo voy a demostrar con un ejemplo: este
proyecto de ley es un texto legal que no ha contado con el consenso ni la
aprobación de las administraciones que tienen competencia en materia de
vivienda, ayuntamientos y comunidades autónomas, pero tampoco ha contado
con el consenso y la aprobación de los organismos, entidades y
asociaciones del sector inmobiliario, ni tampoco de organismos
independientes, como el Banco de España —lean hoy los medios de
comunicación—, el Consejo General del Poder Judicial o la OCDE.
Señores socialistas, todas estas reflexiones sobre el proyecto de ley y
todos los argumentos que en nombre del Grupo Parlamentario Popular he
trasladado tienen el objetivo de que reflexionen y rectifiquen antes de
que sea demasiado tarde. Avisamos en la Ley de solo sí es sí de sus
nefastas consecuencias, de sus perniciosas consecuencias, y ahí están los
resultados, más de mil delincuentes sexuales condenados y que se han
beneficiado de la ley, y hoy les avisamos con la Ley de vivienda: que no
sirve, que supondrá que no habrá más viviendas en el mercado, que serán
más viejas y sin reformar, que aumentará el fraude fiscal; una ley contra
la propiedad privada, la libertad y el sentido común; una ley, como decía
antes, perniciosa. ¿Y saben lo peor de todo? Que ustedes lo saben; saben
el daño que harán a nuestros jóvenes, a las familias vulnerables, a los
propietarios y que solo van a favorecer a los okupas. En vivienda no hay
atajos, ni remedios mágicos ni inmediatos, prometer lo contrario es
mentir, y ustedes lo saben.

Muchas gracias. (Varias señorías golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Silván.

En el turno en contra tiene la palabra el senador
Morales.

El señor MORALES QUESADA: Gracias, presidente.

Antes de empezar, me gustaría comentar al señor
Silván que ya es hora de que empiece a cambiar los argumentarios, que
están muy manidos; comisión tras comisión vuelve usted a lo mismo, a la
Ley del sí es sí, a todos los argumentarios a los que nos tienen
acostumbrados. Y dejen de meter miedo con temas que no tienen nada que
ver con la Ley de vivienda. Pero hablemos de lo importante, que es la
vivienda.

Esta es la primera norma en la democracia que
desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna. Creemos que
este proyecto de ley consolida la vivienda como el quinto pilar del
Estado de bienestar y aborda el problema de la vivienda en toda su
dimensión. Queremos que nuestras políticas de vivienda sirvan para
garantizar una respuesta útil a los ciudadanos y a las ciudadanas que
demandan el acceso a una vivienda digna y adecuada. La vivienda tiene que
ser un derecho y dejar de ser un problema, que, a diferencia de otros
gobiernos, señor Silván, que liberalizaban el suelo, se vendía el parque
público de viviendas, se recortaban sistemáticamente los presupuestos o
aumentaban los desahucios y los más vulnerables siempre quedaban
desprotegidos, nosotros no somos así. Creemos en la función social de la
propiedad, en la importancia de rescatar a las personas, en las políticas
públicas, en la colaboración y cooperación entre administraciones y en el
reconocimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada, que es el
objeto último de este proyecto de ley.

Se recoge en el preámbulo de esta ley que la
vivienda es un bien esencial de rango constitucional que presenta
múltiples dimensiones. El propio Tribunal Constitucional ha reiterado que
no constituye un título competencial autónomo, y dicha complejidad
competencial es clara consecuencia de las distintas dimensiones
constitucionales que presenta la vivienda. Por ello, por ejemplo, la
iniciativa y capacidad para la declaración de zonas con precios de
alquiler tensionados y, por tanto, la aplicación de las limitaciones
expuestas corresponderá a cada comunidad autónoma, lo que es un ejemplo
más de nuestro respeto a la distribución de competencias entre las
administraciones. Creo que es igualmente necesario insistir en que dichas
limitaciones están diseñadas como respuesta a situaciones excepcionales,
a casos en los que se está produciendo una distorsión de los precios de
los alquileres. Para dichas limitaciones, además, la ley acota una
duración temporal limitada, nada que ver, por lo tanto, con alguna de las
críticas que el proyecto legislativo ha sufrido. Y bien lejos de todo
ello, estamos ante limitaciones muy medidas, en las que se mantiene una
adecuada proporción entre los medios empleados y la finalidad social
perseguida. En el ámbito procesal se refuerza la conexión entre los
procedimientos judiciales que supongan el alzamiento de personas o
familias en situación de vulnerabilidad y los servicios sociales
correspondientes, a efectos de que puedan encontrarse soluciones
alternativas de alojamiento.

Somos conscientes de que la plena consecución de
esta protección a los más vulnerables no se conseguirá hasta que en
España no se cuente con una oferta de vivienda asequible que resulte
suficiente para garantizar una vivienda a los jóvenes, a los desempleados
y a todos los que no puedan acceder a ella. Esta ley está llamada a ser
el motor que, junto con la acción de las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, nos conduzca a esta meta deseada. Nuestras prioridades en
las políticas que estamos desempeñando son por y para nuestra ciudadanía
y, en este caso, para que, por primera vez, pueda ser la vivienda el
quinto pilar del Estado de bienestar.

Este es un texto que se ha conformado con solvencia
jurídica, ha sido reforzado con las aportaciones de todos, respetando la
Constitución y sin que suponga ninguna vulneración de sus artículos ni de
las competencias de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos y
ha sido un trabajo arduo, escrupuloso, muy debatido, consensuado con los
agentes sociales y, en definitiva, con todo el sector. Se han realizado
mesas de trabajo, se han recibido y estudiado todas las observaciones
remitidas, ha sido sometido a los informes de todos los ministerios,
siendo ajustado a derecho, y esta ley, en su trámite parlamentario ha
sido enriquecida con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios
durante su debate. Esta ley es una emergencia para que muchas familias y
jóvenes puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.

Por todo lo expuesto, no podemos aceptar ninguno de
los seis vetos presentados, porque lo que se persigue es la aprobación de
una ley que beneficie a todo el mundo.

Muchas gracias, presidente. (Varias señorías
golpean repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador
Sánchez-Garnica no hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, la senadora
Martín Larred tampoco hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
el senador Martínez tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente. Egun on, senatari jaun-andreok.

Ahora que ya falta menos para San Fermín, en Geroa
Bai vamos a intentar devolver a toriles esta res que iba para mihura y se
ha quedado en manso. El Gobierno podía haber presentado una ley que,
aunque no se llamara de derecho a la vivienda, modificara aspectos de
leyes que sí son de su exclusiva competencia, como, por ejemplo, algunos
aspectos de la legislación civil o del IVA, lo que hubiera dado más
herramientas a las autonomías a la hora de diseñar nuestras políticas de
vivienda. En lugar de eso, tras cuatro años y medio deshojando la
margarita, el Gobierno de coalición nos trae un corta y pega hecho en una
tarde de abril con sus socios preferentes, los que van de soberanistas de
izquierdas, con medidas ya en marcha en comunidades autónomas en las que
sí nos creemos la importancia de la vivienda como eje vertebrador de un
proyecto de vida y no como mero instrumento especulativo. ¡Qué paradoja!
Los que abogan por la independencia, salvando una ley estatal que trata a
las autonomías de forma paternalista, como si fuéramos menores de edad.
Nos gustaría saber si a partir de ahora, cada vez que el Gobierno central
intente hacer una incursión dentro de las líneas que marcan los estatutos
de autonomía y el Tribunal Constitucional en materia de competencias
exclusivas, los llamados soberanistas van a acudir a salvar al soldado
Sánchez y a fortalecer su invasión, porque ese y solo ese parece ser el
objetivo de Bildu, sin importarles laminar las competencias que son
propias de Navarra y de la Comunidad Autónoma vasca, no sabemos muy bien
a cambio de qué, aunque nos lo imaginamos. Porque a lo que hoy Sánchez
llama alinear las políticas autonómicas desde Madrid, tarea que, insisto,
ha recibido el respaldo expreso de Bildu, antes se llamó armonizar, y eso
acabó consagrado en la Ley Orgánica de armonización del proceso
autonómico, la LOAPA, y nosotros, en Geroa Bai, no queremos una nueva
LOAPA, queremos que Navarra sea sujeto político pleno, sin alineamientos
ni armonizaciones por parte del Estado, porque no necesitamos que nadie
nos tutele. Esta ley no tiene ningún sentido en un Estado autonómico en
el que las competencias en materia de vivienda son de las autonomías, tal
y como ha reiterado el Tribunal Constitucional y tal y como viene
recogido en la Constitución. En el caso de Navarra aún más, porque,
gracias al fuero, no dependemos del dinero que decida consignar el Estado
para vivienda, tenemos capacidad para priorizar dónde gastamos lo que
recaudamos, y hemos decidido que la vivienda sea un eje principal y hemos
actuado con leyes y medidas que acercan a la realidad un derecho que
hasta ahora no era más que un mero enunciado en un papel, en la
Constitución.

Para Geroa Bai el alquiler es el elemento central
de las políticas de vivienda, a diferencia del presidente Sánchez, que
hace cuatro días sacaba de la chistera promociones y más promociones de
alquiler social, para luego imitar las políticas del Partido Popular de
incentivar la compra de vivienda mediante avales, haciendo las delicias
de la banca, que verá cómo con fondos públicos se reduce su riesgo
crediticio. A diferencia del presidente Sánchez, en Navarra trabajamos
para impulsar un parque de viviendas en alquiler social y asequible y con
medios de construcción sostenibles; para evitar que se especule con los
pisos que se han edificado con dinero público, impidiendo descalificar la
VPO; para animar a los propietarios que tienen viviendas vacías a que las
pongan al servicio del parque público; para hacer de la vivienda un
derecho subjetivo y reclamable ante los tribunales, y para subvencionar
el alquiler a las y los jóvenes para que puedan tener un proyecto de vida
y emanciparse. Podría estar horas y horas relatando las medidas que los
gobiernos progresistas y transformadores en Navarra hemos estado poniendo
en marcha en estos últimos ocho años, y ahora viene papá Estado a
decirnos qué tenemos que hacer en materia de vivienda, cuando no ha hecho
nada en cuarenta años. ¡Hombre, un poco de por favor, señorías del
Partido Socialista y adláteres!

Progresismo no es llegar tarde y mal, tratando de
poner la guinda al pastel en pleno proceso electoral, apropiándose de las
iniciativas que ya aplicamos gobiernos de verdadero progreso y no de mero
postureo. Progresismo sí es ejercer las competencias que les son propias
al Estado, una de ellas el IVA, que lastra los recursos de los agentes
públicos que promueven alquiler social, tal y como proponíamos en
nuestras enmiendas, cuyo debate, el Gobierno supuestamente más
progresista de la historia ha cercenado al no permitir su tramitación en
esta Cámara, dando así la espalda a quienes trabajan por orientar las
políticas públicas de vivienda hacia el alquiler y no hacia la propiedad.
Progresismo sí es adoptar medidas drásticas ante situaciones dramáticas
como las que viven muchos jóvenes y familias con escasos recursos, que no
pueden acceder a una vivienda. Y para ello basta con mirar a nuestro
alrededor. Ahí tenemos a Francia, donde existe una libreta de ahorro
remunerado que ofrece un interés que marca el Estado y con cuyos fondos,
más de 300 000 millones de euros en Francia, se financian la construcción
y el mantenimiento de un parque social de vivienda en alquiler. ¿O es que
piensan que van a poder acometer el reto de llegar a un 20 % de vivienda
en alquiler social, como ha comprometido el presidente del Gobierno, con
los presupuestos de las administraciones? ¿No será que este reto es otro
brindis electoral más al sol? Frente al postureo, frente a las políticas
de Pinypon, frente a la falta de una hoja de ruta, apostando un día por
el alquiler y promoviendo al día siguiente la compra para favorecer a los
bancos, señorías del Partido Socialista y adláteres, desde Geroa Bai les
tendemos la mano para afrontar políticas públicas transformadoras,
profundas, serias, no estéticas, para abordar todos juntos un pacto
político y social que afronte el reto de transformar el mercado de la
vivienda acercándolo hacia el modelo europeo, en el que la vivienda se
considera un bien esencial, al igual que la sanidad o la educación, y no
un producto financiero.

Queda claro que votaremos que sí a algunos de los
vetos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos el turno al Grupo Parlamentario
Nacionalista. (Pausa). El senador Cleries no va a intervenir.

La senadora Vaquero Montero no va a
intervenir.

Tiene la palabra la Senadora, Bailac.

La señora BAILAC ARDANUY: Gracias, presidente.

Solo quiero anunciar nuestro voto en contra de los
vetos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Pasamos el turno al Grupo Parlamentario Popular en
el Senado. Tiene la palabra el senador Silván.

El señor SILVÁN RODRÍGUEZ: Gracias,
presidente.

Señores socialistas, señor Morales, solo aciertan
cuando rectifican. Rectifiquen con esta ley y acertarán.

El acceso a la vivienda es uno de los mayores retos
y desafíos de nuestra sociedad y debería ser una prioridad para cualquier
Gobierno responsable, y producto, además, del mayor consenso posible, y
ninguna de las dos situaciones se dan en su proyecto de ley. No es una
prioridad para ustedes, y se lo voy a demostrar. Cinco, cinco años han
pasado desde que gobiernan, y no se han preocupado en absoluto de la
vivienda, y como los malos estudiantes, fuera de tiempo, quieren
recuperar el tiempo perdido y, como decía antes, en la vivienda no hay
atajos ni remedios mágicos ni inmediatos. En tiempo de descuento, el
presidente Sánchez ha prometido más de 130 000 viviendas si sumamos todas
las promesas que en tres días nos iba diciendo sucesivamente, frente a
las cero construidas durante estos cinco años. Y, por otro lado, el
proyecto de ley carece de todo acuerdo o consenso, eso sí, excepto el que
proviene de Bildu o ERC, los mismos con los que Sánchez, como dije antes,
no quería pactar y, una vez más, lo ha hecho.

Señores socialistas, no solo lo dice el Partido
Popular, que también, lo dicen los informes del Banco de España
—insisto, miren hoy los medios de comunicación—, lo dice el
informe del Consejo General del Poder Judicial, que es demoledor para el
texto legal, no solo por su posible inconstitucionalidad, sino por su
propia incoherencia interna. Varias comunidades autónomas ya han
anunciado que recurrirán la ley al Tribunal Constitucional. Los
promotores de viviendas han coincidido en su rechazo por considerarla
ineficaz, generadora de inseguridad jurídica y que va a dificultar el
acceso a la vivienda. La Ley de la vivienda socialista es lo contrario a
lo que se necesita para abaratar los precios y aumentar la oferta de
vivienda. La Ley de vivienda coincide con los inventos Sánchez: un
día 30 000 viviendas; otro día, 3000; otro día, 10 000; otro día, 100 000
y así día tras día, pero solo en campaña electoral. El zoco Sánchez de la
vivienda. Inventos Sánchez para ocultar la realidad. Cinco años en
blanco; cinco años sin mirar a la vivienda; cinco años sin hacer nada en
favor de los jóvenes, de las rentas medias, de los más vulnerables y de
los propietarios, que ven ocupadas sus viviendas. Señores socialistas,
hay una verdad incuestionable: hoy es más caro, más difícil y consume más
renta tener una vivienda en alquiler o comprar que cuando Sánchez llegó a
la Moncloa. Sánchez y su Ley de vivienda han podemizado la vivienda. El
intervencionismo puro y duro, que no ha funcionado donde se ha aplicado;
un ejemplo es Cataluña, donde se ha reducido el número de viviendas
disponibles. Su ley, señores socialistas, es intervencionista y desprecia
la propiedad privada. El precio de la vivienda baja cuando se construyen
más viviendas, no interviniendo el mercado. Intervenir los precios puede
sonar bien, pero funciona mal.

Les digo una cosa, y con esto termino: Sánchez
acierta cuando copia al Partido Popular. Pido que Sánchez copie al
Partido Popular, que se adhiera al pacto de Estado por la vivienda que ha
formulado el presidente Feijóo, un pacto de Estado que involucre a todas
las administraciones, que suba la oferta de vivienda para que baje el
precio, que ayude a los que más lo necesitan, que acabe con la okupación;
propietarios sí, okupas no. En definitiva, pedimos la retirada de esta
ley para que entre todos elaboremos un texto legal que, partiendo de la
realidad territorial, social, económica y competencial de España, adopte
las medidas oportunas que faciliten el acceso a una vivienda digna a
todos los españoles. Es posible diseñar una política de vivienda con el
mayor consenso posible; empecemos cuanto antes.

Muchas gracias. (Varias señorías golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Senadora Moreno Duque, cierra el turno de
portavoces.

La señora MORENO DUQUE: Gracias, presidente.

Hablaba el senador Silván de verdad incuestionable.
La verdad incuestionable es que el Gobierno ha consignado 3000 millones
de euros más que el Gobierno del Partido Popular, que el Gobierno
nacional, y no en época electoral, desde el principio de la legislatura,
en esos cinco años de los que hablaba el Partido Popular. Esa es la
verdad incuestionable: 3000 millones de euros más.

Proteger los intereses del capital inmobiliario
frente a las necesidades de la gente es profundamente injusto. Se puede
enmascarar, disimular, utilizar la invasión competencial, como lo hacen
los partidos, los grupos parlamentarios nacionalistas, el ataque a la
propiedad privada o cualquier otra justificación, como la llamada al
miedo de la derecha de este país. La ley aprobada en el Congreso resuelve
los problemas de incardinación competencial. No es la única solución al
problema de la vivienda, ya lo hemos dicho en otras intervenciones en
esta casa, aunque es una ley absolutamente necesaria, porque habilita
hacer precisamente a las comunidades autónomas aquello que algunas
comunidades autónomas con voluntad de atajar el problema han querido, han
intentado sin éxito, pero que, precisamente por una cuestión
competencial, no han podido.

Señorías, ¿por qué cuesta tanto asumir que este es
el primer Gobierno comprometido con ampliar no solamente la vivienda
social, sino la vivienda de precio asequible en este país? ¿Por qué
cuesta tanto? A ver si va a ser precisamente porque estamos en época
electoral. ¿Es que 183 000 viviendas es un postureo, como decía el
senador Koldo? ¿183 000 viviendas, de verdad, es una medida estética?
Porque, como la competencia exclusiva en materia de vivienda la tienen
las comunidades autónomas, también tendrán la responsabilidad de contar
con un parque de vivienda asequible, y hasta ahora, ¿dónde está ese
porcentaje de vivienda asequible ajustado a las necesidades de la
población? ¿Por qué no reconocemos que si el Gobierno de la nación no se
implica, conjuntamente con las comunidades autónomas y ayuntamientos, no
daremos solución al problema de la vivienda? ¿O es que la implicación del
Gobierno tiene que ser solo monetaria? Entonces, ¿los 80 millones de
euros que van para Andalucía no vulneran las competencias?

Señor Cleries, la primera Ley de vivienda catalana
la impulsó un Gobierno progresista, presidido por un socialista, salió
adelante con los votos, entre otros, de Esquerra Republicana y del PSOE.
¿Dónde estaban ustedes? La excusa fue entonces la invasión de las
competencias, que asumían competencias que no tenían. Hoy se vuelven a
utilizar las competencias, pero justo para lo contrario.

La senadora del PNV hablaba de que tienen una
legislación de vivienda en Euskadi garantista, protectora. Lo
compartimos, senadora. Lo compartimos, porque no olvidemos que esa Ley de
vivienda vasca, que ustedes votaron en contra, fue una ley impulsada por
el Partido Socialista de Euskadi, un texto que fue aprobado con los votos
del PSOE, que lógicamente la defendió en el Parlamento vasco, de Bildu y
de UPyD. Al PNV le correspondió gestionarla, pese a que entonces no
creían en ella, en esa ley de vivienda socialista. No lo digo yo, lo
decían los parlamentarios del PNV cuando votaron en contra de la ley. Y,
curiosamente, la principal línea argumental es que asumían competencias
que no tenían. Esas mismas competencias que entonces les sirvieron para
votar en contra de la Ley de vivienda vasca impulsada por los
socialistas, hoy les sirven para votar en contra de la Ley de vivienda
nacional impulsada por un Gobierno progresista. Y en ambos casos,
señorías, lo que hay es un avance social en derechos y, lamentablemente,
un voto en contra del PNV, con el que nos gustaría haber contado, igual
que con el voto de Junts.

En cuanto a la intromisión de la que habla el
Partido Popular, la intromisión ilegítima en el mercado inmobiliario con
la limitación de los alquileres como mecanismo de contención de precios,
cito textual: «Los alquileres de usura no tienen cabida en una economía
social de mercado. No podemos permitir que algunos aprovechen la escasez
de vivienda para enriquecerse». No lo dice esta senadora socialista, lo
dice el líder de la derecha bávara, ministro del Interior de Merkel, que
extendió por los länder el mecanismo de contención de precios, no ahora,
con un Gobierno de corte progresista, sino en Alemania en época Merkel.
El país de la Unión Europea con más vivienda social, Holanda, topará los
alquileres en más de 300 000 viviendas a partir de 2024. Quieren llegar
al 90 % del parque inmobiliario de Holanda. Lo hace un Gobierno del
Partido liberal por la libertad y la democracia, partido conservador. En
Francia son numerosos los ayuntamientos de derechas que han aumentado sus
peticiones para acogerse al control de precios. Aquí, en este país, la
derecha llegará tarde, como siempre, también a esta solución de la
vivienda. Las administraciones deben garantizar el acceso a la vivienda a
toda la ciudadanía, no solo a las élites, como se pretende desde una
visión clasista y segregadora. Solo hay que ver el anuncio del señor
Feijóo desde un ático en pleno centro de Madrid. No es conservadora;
conservadora es la de la derecha europea; la de ustedes es clasista y
segregadora.

En cuanto a su relato sobre los okupas, generan
miedo para luego vender seguridad. Podríamos debatir sobre la antinomia
existente entre el principio de intervención mínima del Derecho Penal y
la creciente necesidad de tutela en una sociedad cada vez más compleja.
Podríamos debatir sobre ese extremo, pero no quieren debatir. Ustedes, el
Partido Popular, y Vox, quieren generar miedo para vender posteriormente
seguridad, en la creencia de que el miedo a los okupas les dará más
votos. Y nosotros ya les hemos dicho en otra ocasión que no aceptaremos
ninguna propuesta que forme parte de una agenda de regresión en derechos
y libertades. Y a ver si ponemos las cosas claras: el inquilino que no
paga es un moroso, no es un okupa. Repito: el inquilino que no paga es un
moroso, no es un okupa. Cumplidor el que paga, moroso el que no paga.
Dejen de criminalizar conductas que el ordenamiento jurídico no ha
criminalizado nunca. Y por eso el Código Penal no castiga a la persona o
familia que está en riesgo de desahucio por no pagar el alquiler. La
derecha de este país obvia la posible existencia de un estado de
necesidad que no obvia la ley. Por eso esta ley no protege al que no
quiere pagar. Lo que quiere es distinguirlo del que no puede pagar,
porque, en ese caso, cuando no puede pagar, dado que existe un estado de
necesidad, actúan los servicios sociales de forma inminente, profunda y
seria. El procedimiento que se arbitra se hace justamente para eso, para
que la vulnerabilidad sea estudiada por los servicios sociales de la
Administración pública. Intentan trasladar una imagen deshonrosa de las
personas en riesgo de desahucio, muy propio de la derecha, pero muy
injusto.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Debatidas las propuestas de
veto, el letrado pasará a comprobar la asistencia y sustituciones antes
de iniciar la votación.

El señor letrado comprueba la existencia de
cuórum.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, letrado.

Pasamos a las votaciones.

Propuesta de veto número 1, presentada por el
senador Cleries i Gonzàlez.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 14; en contra, 15; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. Les recuerdo
que necesita 16 votos afirmativos, que es la mayoría absoluta.

Pasamos a la propuesta de veto número 2, presentada
por el senador Catalán Higueras.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 16; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos a la propuesta de veto número 3, presentada
por el senador Sánchez López.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos a la propuesta de veto número 4, presentada
por el senador Marín Gascón y las senadoras Merelo Palomares y Rodríguez
de Millán.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 11; en contra, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos a la propuesta de veto número 5, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 12; en contra, 15; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Por último, votamos la propuesta de veto número 6,
presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 14; en contra, 15; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Finalizado el debate y votación de los vetos sin
que ninguno de ellos haya sido aprobado, comienza a continuación el
debate de las enmiendas.

Turno de defensa de las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 7
tiene la palabra la senadora Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente.

Doy por defendidas las enmiendas, tanto las
nuestras como las de nuestro grupo, las del señor Sánchez López.
Simplemente quiero informar de que las mantendremos vivas para el Pleno,
al igual que los vetos de mi compañero, porque me tengo que marchar y no
puedo terminar la comisión.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos a la defensa de las enmiendas números 8
a 40, del senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias,
presidente.

Doy por defendidas las enmiendas y también
mantendremos tanto el veto como las enmiendas para el Pleno como votos
particulares.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muy amable, señoría.

Se han dado por defendidas por la senadora Martín
las enmiendas 42 a 44, del senador Sánchez López.

Pasamos entonces a la defensa de las enmiendas
números 46 a 50, de los senadores Fernández Viadero y Sánchez-Garnica.
(El señor Cleries i Gonzàlez pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Perdón,
presidente.

También doy por defendidas las enmiendas de
Fernando Clavijo, y también mantendremos el voto particular. Por querer
ir rápido, me he dejado esta parte.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Repito. Pasamos a la defensa de las enmiendas
números 46 a 50, de los senadores Fernández Viadero y Sánchez-Garnica.
Tiene la palabra el señor Sánchez-Garnica.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ:






Damos por
defendidas las enmiendas y anunciamos el voto particular para el
Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 51, 55
a 63 y 65, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente.

El presidente Sánchez afirmaba de forma enérgica
hace unos días: «Yo quiero que España se convierta en un país que tiene
un 20 % de vivienda protegida. Esa es la gran causa nacional a la que voy
a convocar a todos los españoles para la próxima década». Un deseo
loable, sin duda, pero que también, sin duda, quedará reducido a una
frase mitinera de las que atraen el aplauso del respetable si no se ponen
los recursos necesarios para ello.

Les voy a dar un dato: en el conjunto del Estado
hay actualmente 290 000 viviendas públicas. Si tenemos en cuenta que el
parque total de viviendas alcanza casi los 26 millones, para alcanzar ese
objetivo del 20 % de vivienda protegida, sería necesario
construir 5 200 000 viviendas. ¿Piensa, de verdad, el presidente Sánchez,
que va a construir en la próxima década 5 200 000 viviendas protegidas?
¿Eso qué es, insolvencia o mala fe? Porque, obviamente, el filón de las
ayudas europeas no va a durar eternamente y con los presupuestos de las
administraciones ese objetivo es inabordable.

Si realmente hay voluntad de afrontar uno de los
mayores retos a los que se enfrenta España, que es dar una alternativa
habitacional a quien de verdad lo necesita, hay que buscar otras
opciones. Y el reloj corre muy deprisa para quienes tienen necesidad de
una vivienda y no pueden recurrir al mercado libre. Por eso, en Geroa Bai
hemos buscado modelos exitosos en otros países. Uno de ellos es la Livret
A, un producto financiero que data de 1818, cuando el Rey Luis XVIII de
Francia recurrió al ahorro de los franceses para pagar las deudas
contraídas durante las guerras napoleónicas. Hoy día, afortunadamente, el
destino no es el esfuerzo bélico, sino el esfuerzo social, ya que parte
de los fondos se transfieren y reinvierten en la Caisse des Dépôts et
Consignations, propiedad del Estado francés, para otorgar préstamos a las
entidades públicas y público-privadas que promueven y gestionan vivienda
social en alquiler asequible. Los fondos restantes son utilizados por los
bancos para otorgar préstamos a las pequeñas y medianas empresas
francesas. El producto actúa como una cuenta de ahorro para ciudadanos y
residentes franceses y sus declaraciones anuales de renta no están
sujetas a impuestos. Les voy a dar más datos. En enero de este año
había 55 millones de livret A, con un importe total de 384 700 millones
de euros. Con este método se han promovido 4 760 000 viviendas en las que
viven ya más de 13 millones de francesas y franceses. Solo se puede abrir
una libreta por persona, y el saldo máximo que se remunera es de 22 950
euros, por lo que los bancos privados tienen también margen de negocio
para captar ahorro. La remuneración media de los depósitos en Francia se
situó en el 2,37 %, cuatro veces más de lo que pagan los bancos en
España, que viene a ser el 0,6 %. Seguramente algo tendrá que ver la
libreta, que actúa como incentivo para que la banca privada francesa
remunere también el ahorro.

Esta iniciativa, por tanto, además de ofrecer
financiación para lograr nuestro objetivo, así como para hacer realidad
el sueño del presidente Sánchez de contar con un parque público de
vivienda del 20 %, podría animar a la banca española a ser un poco menos
rácana a la hora de pagar por la materia prima que ahora le sale casi
gratis, mientras cobra por prestar ese dinero casi un 4 %, ¡Vamos, un
auténtico chollo! Imagino que al Gobierno supuestamente más progresista
de la historia no le temblará el pulso a la hora de reducir, aunque sea
un poquito, el negocio de la banca, cuyo rescate nos ha costado a todas y
todos 52 000 millones de euros, a cambio de financiar una tarea tan
primordial como es la vivienda pública. Por eso, a pesar de que el
Gobierno no ha prestado su conformidad, o, dicho de otro modo, ha vetado,
y por tanto, ha impedido discutir aquí en el Senado las enmiendas de
Geroa Bai, que pedían aplicar un IVA reducido del 4 % a la entrega de
viviendas y solares destinados a vivienda pública en alquiler para
personas con dificultades, con el fin de que puedan acceder a una
vivienda en el mercado, no tengo la menor duda de que partidos
progresistas, como el Partido Socialista o Bildu, apoyarán esta
iniciativa, que supondría revolucionar el mercado de la vivienda en
España y hacer realidad lo que hoy es un mero enunciado, el derecho a una
vivienda digna, y, de paso, avanzar en el cumplimiento de la promesa que
acaba de hacer el secretario general del Partido Socialista. Si no lo
hacen, estaremos de nuevo ante ese Partido Socialista que cada día actúa
más como el perro del hortelano, que ni hace ni deja hacer. Bueno, decir,
sí; decir, dice y mucho. Hacer, poco, muy poco. Y ahora, además, con el
apoyo de partidos autodenominados soberanistas, como Bildu, Sortu y HB
—¡Quién te ha visto y quién te ve!—, se entromete en las
comunidades, donde sí hacemos lo que debemos, y no solo en materia de
vivienda, por cierto. Todo un despropósito, señorías.

Para terminar, quiero preguntarle a la portavoz
socialista dónde están esas 180 000 viviendas de las que he hablado.
Porque, desde luego, yo no las veo; no las veo en ningún lado, y la
ciudadanía tampoco.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (El
señor Martínez Urionabarrenetxea pide la palabra).

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Perdón,
presidente.

También quería decir que doy por defendidas las
enmiendas de mis compañeros de Izquierda Confederal.

El señor PRESIDENTE: En efecto, las del senador
Mulet, e imagino que las del senador Vidal Matas también.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Enmiendas 66
a 134; 135 a 140, y 191 a 205.

El señor PRESIDENTE: Correcto. También las del
senador Gómez Perpinyà.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Eso es. Muchas
gracias.

El señor PRESIDENTE: Perfecto.

También se han dado por defendidas por el senador
Cleries las enmiendas números 141 a 163, del senador Clavijo.

Para la defensa de las enmiendas 164 a 185 y 187
a 189, del senador Martín Gascón y de las senadoras Merelo Palomares y
Rodríguez de Millán, tiene la palabra el señor Sánchez-Garnica, del Grupo
Mixto.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Ya las di por
defendidas.

El señor PRESIDENTE: Sí, las dio ya por defendidas.
Muchas gracias.

Pasamos a la defensa de las enmiendas 301 a 323,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Tiene la palabra la senadora
Vaquero Montero.

La señora VAQUERO MONTERO: Aprovechando el turno
que tenemos para defender las enmiendas, intervengo para decir que las
damos por defendidas y que las vamos a mantener para el Pleno. Pero yo
creo que el Grupo Socialista merece una contestación.

Ni ustedes ni Euskal Herria Bildu entienden que,
cuando defendemos el ámbito competencial vasco, también defendemos la Ley
vasca de vivienda, aunque hayamos votado en contra. Yo misma
en 2015 estaba en el Parlamento vasco y fui una de las personas que votó
en contra de esa ley, lo cual no quiere decir que ahora no la defienda
porque es una ley aprobada democráticamente por aquel Parlamento que
tiene el título competencial para hacerlo. No pensamos lo mismo de esta
ley, que ni siquiera recoge el derecho subjetivo a vivienda.

Euskadi no necesita esta ley para ayudar a las
familias a tener una vivienda digna. Unas 35 000 familias vascas reciben
ayudas para poder tener una vivienda asequible y lo hacía, incluso, antes
de la aprobación de la Ley vasca de 2015. Por lo tanto, seguimos
manteniendo nuestro veto y las enmiendas, muchas de ellas de supresión
del articulado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 206
a 251, 253 a 273, 275 a 295, 298 a 300 y 324, del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador Sanz Vitorio.

El señor SANZ VITORIO: Muchas gracias, señor
presidente.

El texto que hoy sometemos a consideración para su
dictamen, lo normal es que hubiera sido la consecuencia del diálogo, del
acuerdo —en caso de haber sido posible— entre la
Administración General del Estado, el Gobierno y las distintas
administraciones que tienen competencia en las materias, las comunidades
autónomas y las entidades locales; si hubieran sido capaces de presentar
un texto que planteara un escenario amable en el cual se pudiera dar
solución a los graves problemas que tienen muchas personas de acceso a la
vivienda. Frente a esto, ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado
un texto impuesto, que genera inseguridad jurídica, que ataca
directamente el derecho a la propiedad privada, que invade competencias
de las comunidades autónomas —no sé por qué se discute, no es una
cuestión que diga yo, que diga el Partido Popular, sino que lo ha
advertido el Consejo General del Poder Judicial—; un texto que no
da solución a los problemas de acceso a la vivienda y genera nuevas
incertidumbres.

Yo he oído aquí algunas cosas y voy a ver si soy
capaz de explicarlas de manera que se entienda. Esta ley es un desastre
para todos los agentes afectados. En primer lugar, es un desastre para
los arrendadores porque ataca sus derechos de manera directa, genera
incertidumbre e inseguridad, y eso va a provocar como consecuencia la
detracción del mercado de esos activos inmobiliarios en una buena parte,
lo que va a generar inevitablemente un mantenimiento de la demanda, una
escasez de la oferta, a corto plazo, una contención de los precios y, a
medio plazo, un incremento de estos. Pero es un grave problema también
para los inversores. Creo que deberían recordar que nos movemos en un
escenario en el que en estos momentos los pasivos son retribuidos. Se
ponen límites y topes y, en consecuencia, esos inversores buscarán
desplazar las inversiones hacia otros sectores. Esto traerá consecuencias
graves también para los promotores, y a todo eso le añaden una creciente
escalada de los tipos, lo que genera problemas de financiación, reducción
de márgenes y búsqueda de nuevos nichos más interesantes. Y todo esto
perjudica fundamentalmente a los arrendatarios, que se encontrarán con la
misma necesidad, con una menor oferta, con una mayor demanda y, en
consecuencia, con un incremento de los precios y el mantenimiento de la
dificultad para acceder a ese derecho que es la vivienda. Y no lo digo
yo, olvídenlo, lo dice el Banco de España, pero también el director
general de la Agencia negociadora del alquiler, que ha sido
clarísimo.

¿Sabe cuál es su problema? Que tratan de que una
situación que debe ser solucionada por las administraciones, la
solucionen los particulares. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues hemos
tratado de paliar los efectos nocivos que tiene este texto, dar solución
a lo que entendíamos que eran algunos de los problemas y, además, tratar
de evitar lo que ustedes después llaman efectos no deseados a través de
la transitoriedad. Y lo hemos hecho presentando 94 enmiendas que no voy a
defender de manera detallada, entre otras cosas, porque aquí no se votan
las enmiendas y lo haremos en el Pleno, pero sí me voy a detener en una
cuestión. Señorías, en la Ley del solo sí es sí, más de mil beneficiados
son un efecto indeseado, según ustedes; habría que preguntarles a las
víctimas qué es. Aquí se puede generar un enorme problema con aquel
planeamiento que está en desarrollo si no se garantiza que los
porcentajes de cesión para vivienda protegida se mantienen y solamente
entrarán los nuevos porcentajes a partir del momento en que esté aprobada
la ley. Evitemos esos efectos indeseados en forma de indemnización y
aprueben la disposición transitoria.

Seamos sinceros. ¿De qué estamos hablando? Estamos
hablando del pánico electoral de un presidente del Gobierno que piensa
que existe un riesgo potencial claro de quedarse sin vivienda y, en
consecuencia, ha aceptado postulados que la propia vicepresidenta negó,
aunque nuevamente quede en ridículo, cuando dijo que en ningún caso
podrían hacerse limitaciones de ese tipo. Y voy a discrepar de mi
compañero porque no es verdad que no haya habido ni una sola actuación en
materia de vivienda por parte de este Gobierno. Conocemos una, la reforma
del palacete de Núñez de Balboa para la ministra de Ciencia e Innovación,
y creo que ha quedado muy bien. Dicho lo cual, hagan una reflexión
conmigo: qué se puede esperar de una ley a la que da el visto bueno un
presidente del Gobierno, en materia de principios, marxista
—marxista de Groucho— (Protestas); que impulsa un partido
político como Esquerra Republicana de Catalunya, intervencionista
reconocido —no lo discute—, incluso yo diría confiscatorio; y
que tiene como otro gran socio, no sé cómo calificarlo…

El señor PRESIDENTE: Senador, ha cumplido ya los
cinco minutos.

El señor SANZ VITORIO: Termino.

Y el siguiente socio es Bildu, cuya única
experiencia en materia de vivienda y de gestión son las criminales
soluciones habitacionales que llamaban zulos y donde encerraban a los
secuestrados. (Protestas). El resultado de una ley como esta es que se
perjudica a la gente decente en beneficio de los okupas.

Muchas gracias. (Varias señorías golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? No hay turno
en contra.

En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario
Mixto, el senador Sánchez-Garnica tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Intervengo con
brevedad porque no voy a entrar en el contenido concreto de las enmiendas
que, en todo caso, dejaremos para el Pleno. Yo diría, quizás por razones
de edad y porque llevo muchos años en el ámbito jurídico, aunque también
tengo experiencia política, que tendríamos que reflexionar sobre la forma
en que estamos legislando. Legislar requiere prudencia, requiere
paciencia, requiere diálogo y las prisas no suelen conducir a buenas
soluciones, entre otras cosas, porque las leyes que aprobamos
—tenemos que saber cuál es la responsabilidad que asumimos los que
estamos representando a la ciudadanía— requieren certezas y
eficacia porque, si no, corremos el riesgo de incurrir en la inseguridad
y en la incertidumbre. Al final, lo que puede ocurrir con esta ley, como
con otras —podemos referirnos a algunos ejemplos—, es que no
se acabe aplicando. Las leyes tienen que adaptarse a la realidad y no al
revés. No se pueden aprobar por mayorías ideologizadas porque, en algo
tan importante como es el tema de la vivienda, se requiere un más amplio
consenso.

El Partido Aragonés se ha encontrado con un texto
sobre el que no nos han consultado. Hay dudas sobre la propiedad privada
y sobre otras cuestiones de carácter intervencionista que requieren
análisis y prudencia, pues hay informes que lo desaconsejan. En
consecuencia, sin entrar en la cuestión, como ya dijimos el otro día, no
es el momento, no es el tiempo, no es una buena ley que vaya a solucionar
el problema de los ciudadanos, sino una ley que tiene un claro y marcado
matiz político. En definitiva, dudo de su eficacia práctica cuando se
apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado, entre otras
razones, porque muchas de las medidas corresponden a las comunidades
autónomas, a las que tampoco se ha consultado, y a los ayuntamientos, por
lo que va a ser difícil que se aplique. En cuanto al fondo, hay cosas con
las que no estamos en desacuerdo, pero hay otras en las que sí; por eso,
nos abstendremos en la votación de este informe, independientemente de lo
que hagamos en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

La senadora Martín Larred no va a intervenir.

Senador Martínez, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente.

Yo solo quería decir que, si realmente el Gobierno
quería impulsar una ley de derecho a la vivienda, en vez de inmiscuirse
en las competencias de las comunidades autónomas tenía que haber
modificado determinadas leyes, por ejemplo, la del IVA, y en ese caso
hubiera tenido nuestro total apoyo. Pero, claro, cuando el Gobierno se
mete en camisas de once varas, puede salir escaldado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Senador Cleries, tiene la palabra.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias,
presidente.

Junts per Catalunya consideramos la Ley por el
derecho a la vivienda como una ley muy importante y, por eso, lamentamos
cómo se ha tramitado. El Gobierno la ha pactado con quien le ha parecido,
¡faltaría más!, pero discrepamos y, además, vemos que es una laminación
de las competencias, en nuestro caso de Cataluña, y no entendemos cómo
algunos pueden dar apoyo a este planteamiento cuando incluso están en el
Gobierno. (Pronuncia palabras en catalán).

Una ley importante se tramita en el Senado de forma
que entra el 28 de abril y se acaba el plazo para presentar enmiendas
el 4 de mayo. Suerte que es importante y es una ley clave para un país,
como es el derecho a la vivienda. Aquí, en el Senado, algunos dicen:
¡Hombre!, es que ha llegado tan bien del Congreso… Pues, oiga, si
las leyes se hacen tan bien en el Congreso, cerremos al Senado porque no
tiene ningún sentido mantener toda esta casa y esta institución para
ponerle el sello, porque es lo único que haremos con esta ley. Siento
decepcionarles, pero lo que hacemos es un mero trámite. Cuando yo llegué
al Senado, me dijeron: El Senado es la Cámara de segunda lectura y aquí
se hace el trabajo más sosegado porque en el Congreso, como hay más
tensión con los medios de comunicación y aquí no vemos ninguno, pues el
trabajo que se hace es más de debate, de discusión y de pulir aquellos
temas que en el Congreso no se han podido tratar. Lo que estoy
descubriendo en esta legislatura es que el Senado sí es una Cámara de
segunda, sin lectura, porque una ley como esta que es tan larga,
difícilmente te la puedes leer toda con los plazos que ustedes dan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Senadora Vaquero Montero, tiene la palabra.

La señora VAQUERO MONTERO: Intervengo de manera
breve porque hemos explicado largamente, por lo menos en esta comisión, a
qué se debe nuestro rechazo a la ley, que es, sobre todo, por la defensa
del autogobierno vasco y porque es invasiva con el ámbito competencial.
Es una pena que los que la estén apoyando lo hagan en plena campaña
electoral y quieran reducir el mensaje a quiénes están a favor de que las
personas tengan vivienda y quiénes, por el contrario, parece ser que
están a favor de hacer negocio con la vivienda. Reducir ese debate a los
que están a favor de las personas o los que quieren hacer negocio con la
vivienda es un debate falso, que como eslogan en una campaña electoral
les puede valer, pero que tiene muy poco recorrido. Si verdaderamente se
hubiera querido hacer el trabajo bien, hubiéramos dispuesto de más
tiempo, hubiéramos podido hablar más y, evidentemente, no se hubiera
aprobado una ley como esta porque es invasiva y nosotros, en Euskadi, no
necesitamos una ley que invada nuestro autogobierno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, la
senadora Bailac tiene la palabra.

La señora BAILAC ARDANUY: Gracias, presidente.

Miren, en Esquerra Republicana hemos conseguido que
se limite el precio de los alquileres. Ya lo avisamos: si no se topan los
alquileres, no hay ley; si no se regula el mercado del alquiler fijando
topes y poniendo freno a la especulación y a los abusos, no hay ley. Y
oigan, ha habido ley. Es una ley que recupera el espíritu de la Ley
catalana de contención de rentas, que fue tumbada por el Tribunal
Constitucional, esa losa con la que nos topamos cada vez que en Cataluña
queremos avanzar en derechos para todas y todos. Los precios de los
alquileres aumentan desde hace años de forma descontrolada y esta medida,
la de poner límite a los alquileres, es muy importante, y más cuando el
Banco de España —que el Partido Popular solo cita para lo que le
conviene— dice que la mitad de los inquilinos en este país está en
riesgo de pobreza por los alquileres disparados y por los bajos salarios.
Es una problemática que afecta a muchas personas, también a los jóvenes,
que ven su futuro y su proyecto de vida condicionados al acceso a la
vivienda.

Esta es una ley ambiciosa gracias a Esquerra
Republicana, aunque seguro que podría serlo más porque hay muchos
derechos que conquistar todavía. Valoramos positivamente que, tras
nuestro empeño, el Gobierno se haya abierto a regular el acceso asequible
a la vivienda, aunque queda mucho por hacer. Ahora estamos señalando el
camino a seguir. Nadie puede negar que el acceso a la vivienda es un
problema en este país, y a los políticos nos toca trabajar y legislar
para garantizar que deje de serlo. La vivienda es un derecho para todas y
todos o, al menos, debería serlo, y es nuestro deber trabajar para ello.
El modelo de especulación salvaje, que ha promovido durante años la
derecha, está caduco y, además, es insostenible.

Déjenme decir que, después de meses de negociación,
hemos conseguido darle la vuelta al texto inicial y, con ello, hemos
logrado blindar, social y competencialmente, un derecho fundamental para
toda la ciudadanía: la garantía de acceso asequible a una vivienda digna
y combatir a los especuladores que tratan la vivienda como una mercancía.
Cuando en Cataluña intentamos hacer políticas de vivienda progresistas
para avanzar en derechos, nos hemos topado siempre con el Tribunal
Constitucional y, en este caso, hemos logrado que se supriman siete
artículos, repito, siete artículos del anteproyecto y hemos conseguido
modificar otros para blindar las competencias autonómicas. Nosotros
trabajamos para avanzar en derechos y, también, para tener todas las
competencias, todas las herramientas de un Estado. Soberanistas, no;
independentistas. Trabajamos para lograr la independencia de Cataluña y,
por tanto, para tener todas las competencias y hacer todas las leyes y
todas las políticas que los catalanes y las catalanas reclaman y
necesitan. Y de izquierdas, sí, porque avanzamos en derechos para todos y
para todas. Esta es una ley para la gente, para nuestras ciudades, para
nuestros pueblos, para nuestros barrios y, aunque estemos en campaña, y
entendemos que para algunos de los presentes esto sea su prioridad,
nosotras estamos muy preocupadas por el acceso a la vivienda y trabajamos
para resolverlo y para mejorar la vida de la gente.

Muchas gracias. (Varias señorías golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra, en el turno de portavoces, el senador Sanz Vitorio.

El señor SANZ VITORIO: No iba a hacer uso del
turno, pero voy a intervenir de manera breve porque en mi intervención
anterior ha habido un momento de murmullos. He utilizado un símil o
comparación al calificar al presidente del Gobierno como marxista, de
Groucho, porque me parecía más suave que hacer una relación detallada de
los momentos que acreditan la afirmación de que el presidente del
Gobierno es así, aparte de que hubiera tenido serios problemas de tiempo
para enumerar todos los casos en los que entra en contradicción lo que
dice el presidente con lo que hace. Y también ha habido más murmullos en
relación con Bildu. Miren, no son mis socios los señores de Bildu, son
sus socios. Yo comprendo que eso sonroja, es indignante y les tiene que
hacer sentirse avergonzados, pero es su problema, no es el mío. Bastante
lástima me da verlos en esta situación. (Varias señorías golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Poveda.

El señor POVEDA ZAPATA: Señor presidente, señorías,
efectivamente, estamos ante la primera ley de vivienda de la democracia,
una ley necesaria para garantizar el acceso a una vivienda digna y a un
precio justo. Es una ley que ha tenido un largo proceso participativo en
estos dos últimos años de la sociedad civil, entidades sociales y
empresas vinculadas al sector inmobiliario y tratando la vivienda como un
bien de primera necesidad. Es una ley muy consensuada en el Congreso,
donde se presentaron numerosas enmiendas y muchas fueron aceptadas como
enmiendas transaccionales, que han sido incorporadas al texto de la ley.
También, algunas enmiendas que no fueron aceptadas en el Congreso han
sido presentadas nuevamente aquí, en el Senado. En total, se han
presentado 324 enmiendas; una ha sido retirada, la número 297, y doce han
sido vetadas por el Gobierno, no por un tema ideológico, sino meramente
económico. Creo que la mayoría de los grupos parlamentarios se pueden
sentir representados en diferentes partes del texto de la ley, gracias
precisamente a ese proceso participativo, y la virtud de esta ley es que,
aunque algún grupo no esté de acuerdo en su totalidad, se han aportado
ideas y propuestas diferentes. Esto hace que mantengamos el texto de la
ley. Evidentemente, señorías, por descontado, no íbamos a asumir ninguna
enmienda que no corrigiera los desequilibrios del mercado inmobiliario.
De ello son conocedores todos los grupos parlamentarios que han
presentado diferentes enmiendas.

Hoy podemos estar orgullosos de la ley porque
también las comunidades autónomas y los ayuntamientos se pueden sentir
representados en materia de vivienda. Por mucho ruido que se haga por
parte del Partido Popular, por mucho que el Partido Popular ponga en
marcha el ruidómetro, esta no es una ley que ampare las ocupaciones, y no
hay que generar alarma social. Tenemos los instrumentos del Código Penal
que prevén la figura de la usurpación y el allanamiento y se puede
desocupar si el juez lo autoriza en un plazo máximo de 48 horas. Lo que
sí dice la ley es que cuando existen personas vulnerables socialmente hay
que intentar llegar a un acuerdo con los grandes tenedores, y esto,
señores del PP, no afecta a los pequeños propietarios; se ha de llegar a
un acuerdo para intentar encontrar un alquiler social, si es posible.
Necesitamos un parque de viviendas público en el Estado español, pero no
como lo entiende el Partido Popular; el Partido Popular hace viviendas
públicas y luego se las vende a los fondos buitre. Esta es la política de
vivienda que ha hecho en Madrid; la política de vivienda del Partido
Popular, además como socio de Vox, en media España. Su aliado Vox es el
que a ustedes les gusta, es con el que se sienten satisfechos y con el
que quieren llevar a cabo las políticas de vivienda. Pues con estas
políticas de vivienda de Vox y del Partido Popular ninguna persona
necesitada podría hacer un proyecto de vida y de futuro, porque a lo que
tenemos que hacer frente es a los problemas de la vivienda y, por eso, se
ha recogido el tema de las zonas tensionadas.

Señorías del PP, recurren mucho al Banco de España.
La verdad es que no lo entiendo, pues esta ley, por lo que dice el Banco
de España, va a ser un éxito. ¿Se acuerdan de lo que decía el Banco de
España de la economía? ¿Saben lo que ha dicho hoy el gobernador del Banco
de España? Que se equivocó con la economía, que la economía está bien y
está creciendo mucho más de lo que habían previsto. Esto es lo que ha
dicho esta mañana el gobernador del Banco de España, son las noticias de
hoy, señorías del Partido Popular, y efectivamente esta ley será un
éxito. Queremos un parque público de vivienda, ayudar a los colectivos
más desfavorecidos y a todos aquellos que no tienen vivienda y tienen
necesidad de llevar a cabo un proyecto de vida de cara al futuro.

Muchas gracias. (Varias señorías golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Procede, después del debate de enmiendas, votar el
Informe de la Ponencia del Proyecto de Ley por el derecho a la
vivienda.

Votamos el informe de la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 15; en contra, 14; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Por lo tanto,
ha sido dictaminado por la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda. (Aplausos).
Recuerdo que la presentación de los votos particulares se debe hacer no
más tarde del día siguiente a aquel que permite la deliberación en la
comisión, que es mañana.

Finalmente, además de darles las gracias, procede
designar al miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del
dictamen ante el Pleno. Ya les he dado las gracias por anticipado al
entender que seré yo mismo como presidente de la comisión.

Muchas gracias por su paciencia y que tengamos buen
regreso a nuestros territorios. Se levanta la sesión.

Eran las doce horas y veinticinco minutos.