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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 269, de 16/05/2023
cve: DSCD-14-PL-269
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2023 XIV LEGISLATURA Núm. 269
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 260
celebrada el martes,
16 de mayo de 2023
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 346-1, de 3 de mayo de 2023. (Número de
expediente 122/000321) ... (Página4)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el cambio de modelo de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial y
el fortalecimiento de la independencia judicial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 310-1, de 27 de enero de 2023. (Número de expediente 122/000286) ... (Página15)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la ampliación de permisos remunerados en el trabajo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 616, de 3 de mayo de 2023. (Número de expediente 162/001193) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la renaturalización de las ciudades para incrementar la biodiversidad y la conectividad ecológica en los entornos urbanos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 616, de 3
de mayo de 2023. (Número de expediente 162/001195) ... (Página38)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno frente a la sequía. (Número de expediente 173/000215) ... (Página48)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)
El señor don Carlos Martínez de Tejada Pérez adquiere la condición plena de diputado al prestar acatamiento a la Constitución.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Socialista, para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante ... (Página4)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Seva Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Boadella Esteve y
Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural, y Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Medel Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Steegmann Olmedillas, del
Grupo Parlamentario VOX, y la señora Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el cambio de modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y el
fortalecimiento de la independencia judicial ... (Página15)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Rego
Candamil, Boadella Esteve y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural.
Hacen uso de la palabra los señores Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX, y Pagès i Massó.
Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común; Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX, y Aranda Vargas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página28)
Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la ampliación de permisos remunerados en el trabajo ... (Página28)
Defiende la proposición no de ley el señor Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX, y Pérez Recuerda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Rego Candamil y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; y García Nieto, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y la señora Guerra López, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Rufián Romero.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la renaturalización de las ciudades para incrementar la biodiversidad y la conectividad ecológica en los entornos urbanos ... (Página38)
Defiende la proposición no de ley el señor Anguita Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el señor Gago Bugarín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rego Candamil y la señora Sabanés Nadal,
del Grupo Parlamentario Plural; y los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; García Nieto, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Zambrano García-Raez, del Grupo
Parlamentario VOX.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Anguita Pérez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página48)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno frente a la sequía ... (Página48)
Defiende la moción la señora Marcos Ortega, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; el
señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Mestre Barea, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Araujo Morales,
del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Marcos Ortega, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.
En sustitución de doña Margarita Prohens Rigo, pregunto a don Carlos Martínez de Tejada Pérez si jura o promete acatar la Constitución.
El señor MARTÍNEZ DE TEJADA PÉREZ: Sí, juro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Don Carlos Martínez de Tejada Pérez ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DONANTES EN VIVO DE ÓRGANOS PARA SU POSTERIOR TRASPLANTE. (Número de expediente 122/000321).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la mejora de protección de las personas donantes en vivo de órganos para
su posterior trasplante.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Seva Ruiz.
La señora SEVA RUIZ: Gracias, señor presidente.
'He donado un riñón a un ser querido. Era mi deber hacerlo. El donante iba a ser yo y, cuando pasara todo, no íbamos a volver a hablar del tema entre nosotros. Fue un acto de amor fácil y racional, lo más importante que he hecho en mi
vida desde el punto de vista personal. La resolución del problema era sencilla: yo le doy el riñón y los dos estamos en igualdad de condiciones. Mi hijo sigue viviendo y yo sigo viviendo'. Javier Solana, donante vivo de riñón. (Aplausos).
Quiero dar las gracias a la dirección del Grupo Parlamentario Socialista por darme la oportunidad de subir a esta tribuna para defender esta proposición de ley, para contar que existen personas buenas que toman decisiones desde la
racionalidad y el amor más profundo. Señorías, la proposición de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista para su toma en consideración va dirigida a la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su
posterior trasplante.
Antes de comenzar, quiero dar las gracias a las asociaciones que luchan por la mejora de las condiciones de los pacientes, a la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, ALCER, y la Federación
Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, FNETH, por su presencia y su lucha por la mejora de la calidad de vida de los enfermos, sus familias y los donantes. Muchísimas gracias. (Aplausos). También mi agradecimiento, como no podía ser de
otra manera, a las compañeras de las comisiones de Sanidad, Seguridad Social y Trabajo, que han realizado una labor excelente para que esta proposición de ley llegara a este Pleno y fuera una realidad.
Y, en especial, a la perseverancia de Rafi Crespín y Luisa Carcedo (aplausos), para que, en palabras suyas, sea una propuesta de calado que ahorre sufrimiento y mejore la calidad de vida. Gracias, Luisa; gracias, Rafi; gracias,
compañeras.
Con esta iniciativa hemos diseñado y hemos logrado un estatuto de protección que constituye un hito pionero en nuestro país. Maite, amiga de la infancia de mi Santa Pola natal, me contaba: 'Nunca imaginé que la vida iba a golpearnos tan
duro. Recuerdo cuando recibí la noticia de que mi hermano necesitaba un trasplante: quimio, aislamiento y la incertidumbre acerca de si todo iba a salir bien. Hoy mi hermano, diez años después, hace una vida normal, es la persona más valiente que
conozco y doy gracias por haber podido ayudarle. Animo a todo el mundo a perder el miedo a ser donante vivo. Es un sencillo acto de amor hacia los demás que puede salvar vidas. No soy una heroína, soy una afortunada. Los verdaderos héroes son
los que padecen la enfermedad, con la que luchan todos los días'.
La donación de órganos es uno de los actos más altruistas, totalmente desinteresado, que puede realizar el ser humano y merece el reconocimiento social de la ciudadanía. España es el país con mayor tasa de donación de órganos y es referente
mundial en esta materia. La excelencia del programa de la Organización Nacional de Trasplantes se refleja en los altos niveles de actividad registrados en España a lo largo del último año tras el impacto de la pandemia. El trasplante de órganos
entre personas vivas es una técnica consolidada en el sistema español de donación y trasplante, siendo los trasplantes de riñón y parte del hígado las modalidades más comunes. La donación de órganos en vida proporciona a sus receptores excelentes
resultados, en términos de supervivencia y de calidad de vida. Se trata de un acto que alivia la presión de la lista de espera para trasplante y representa un importante ahorro para el Sistema Nacional de Salud, ya que los pacientes dejan de
recibir tratamientos de hemodiálisis y diálisis.
Con esta proposición de ley se refuerza la protección del donante vivo. A partir de ahora las personas que de forma altruista ceden un órgano con el fin de salvar la vida o mejorar las condiciones de vida de otra persona disfrutarán de los
pertinentes permisos que permitan realizar los actos necesarios para llevar a buen término la donación, de modo que así se encuentren amparados por la máxima cobertura social. Este tipo de donación supone, por una parte, una intervención quirúrgica
para la extracción del órgano, que implica un período en el que la persona donante requiere asistencia sanitaria y se encuentra impedida para su trabajo, y, del mismo modo, en esos casos resulta precisa la realización de pruebas previas a la cirugía
de extracción; igualmente, esas actuaciones preparatorias, de diversa naturaleza, pueden exigir la ausencia del trabajo durante toda la jornada laboral o parte de ella.
Si bien es cierto que en la actualidad los procesos de donación de órganos encuentran cobertura a través de la prestación de incapacidad temporal por enfermedad común, se estima necesario configurar estos procesos como supuestos especiales
de incapacidad temporal, con un régimen específico de protección, a fin de otorgar en estos casos una cobertura lo más amplia posible. El objeto de esta proposición de ley es que la persona donante no se vea obligada a asumir determinados
perjuicios económicos por realizar la donación. Una mayor protección laboral para las personas donantes en vida puede fomentar este tipo de donaciones. Era una realidad que el donante y su médico se veían en la necesidad de justificar la baja por
incapacidad temporal transitoria una vez llevada a cabo la intervención de extracción, pero ya no será así. Por eso se modifica la legislación socio-laboral y de la función pública, sin olvidarse del ámbito de la justicia y la defensa, y se
articula un permiso retribuido para cubrir las ausencias motivadas, entre otras cosas, por la asistencia a sesiones de formación, para la realización de los informes preceptivos o exámenes en clínicas, en definitiva para la realización de actos que
determinen la idoneidad de los donantes vivos y sus órganos, donde se incluye la prestación del consentimiento, siempre que tenga lugar dentro de la jornada de trabajo.
También se mejora la protección social de la persona donante mediante el reconocimiento, como situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes, de las bajas laborales por donación de órganos. De este modo, para tener
derecho a la prestación no se exige ningún período previo de cotización, cubriendo tanto los días discontinuos como interrumpidos en que el donante no pueda asumir su prestación de trabajo debido a la preparación médica de la cirugía como los
transcurridos desde el día del ingreso hospitalario para la realización de la intervención hasta que sea dado de alta por curación. La prestación económica que cubre esta contingencia alcanza el cien por cien de la base reguladora. En La Fe, de
Valencia, dicen: 'Fue donante de su hermano durante la pandemia, con el miedo al contagio y nerviosa por si no hacía el proceso de forma correcta. Tenía que cuidarse para salvar a Marichu, con la incertidumbre de si no llegaba a término y su
hermana moría'. 'Me da igual cuántas veces lo tuviese que hacer, lo repetiría con los ojos cerrados', decía. (Aplausos).
Defendamos nuestro Sistema Nacional de Salud y a sus profesionales: nuestra vida depende de ello. Poner en valor las decisiones de este Gobierno, de nuestro presidente es de justicia, y así valora la Asociación contra el Cáncer de forma
muy positiva el anuncio del presidente del Gobierno de regular el derecho del paciente oncológico. Este anuncio supone un gran paso para la protección social de los pacientes de cáncer, ya que van a contar con un marco normativo que evite que se
sientan obligados a informar sobre su historial de cáncer al solicitar un seguro para contratar productos o servicios financieros y que puedan acceder a ellos. Con esta medida tan importante y necesaria España se pone a la vanguardia de Europa y
dota de derechos a los y las enfermas de cáncer.
Seguro que todos nosotros no nos pensaríamos el salvar la vida de un ser querido. Ojalá fuera posible en todas las circunstancias mitigar el sufrimiento de las personas que más queremos, mejorar su calidad de vida. Yo lo hubiera hecho,
pero era imposible dar un trocito de mi corazón para salvar la vida de mi padre, José Seva, que se marchó con sesenta y dos años. Lo hubiera hecho para que hoy pudiese verme aquí, en esta tribuna, (aplausos), defendiendo las ideas que él defendía
siendo socialista, como diputada en el Congreso y candidata a la alcaldía de su querido Santa Pola; defendiendo de nuevo una proposición presentada por los socialistas para garantizar derechos, en este caso mediante el reconocimiento y la
protección de aquellas personas que con altruismo, en un acto de bondad y amor, facilitan la vida o las condiciones de vida digna a otras personas. Gracias a los valientes que donan vida, gracias a los héroes que luchan cada día con la enfermedad.
Gracias, señorías.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señora Seva.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, presidente. Señoras y señores diputados, muy buenas tardes, y un saludo cordial también para cuantos nos acompañan en la tribuna, con una especial referencia a los representantes de las
asociaciones que nos acompañan esta tarde. Para los españoles siempre resulta un motivo de orgullo referirnos al modelo nacional de donaciones y trasplantes de órganos que desde hace décadas ha salvado la vida de decenas de miles de personas que
han recibido un órgano de uno de sus semejantes, en lo que, sin duda, es la mayor muestra de solidaridad entre seres humanos. Hacia quienes han donado y hacia sus familias solo caben las mejores palabras de gratitud. Y permítame que me sume
también a las palabras de reconocimiento hacia cuantos profesionales participan en todo el complejo entramado de la Organización Nacional de Trasplantes, organismo encargado de desarrollar y coordinar la utilización clínica de órganos, tejidos y
células. Con motivo del Día Nacional del Trasplante, que se celebra cada 29 de marzo, la ONT subrayó la buena evolución del programa nacional de donación y trasplantes en el primer trimestre de 2023, con un significativo aumento porcentual de
donantes en vida de riñón o hígado, del orden del 37 % en relación con el mismo periodo del año anterior. Observando las estadísticas, me alegra señalar que Asturias es una de las comunidades en las que más trasplantes se realizan, y también
destaca en el número de donantes.
Señorías, si bien la normativa española en relación con los trasplantes es, como todo el modelo nacional, avanzada y muy amplia, el Grupo Parlamentario Socialista, a través de esta iniciativa parlamentaria que ha defendido la señora Seva
Ruiz, abre una ventana para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante. No cabe objeción alguna porque todo ayuda, y más aún si se trata de eliminar aristas en las leyes o de habilitar
facilidades para un logro humano tan sobresaliente y admirable como es la donación de órganos. Cabe recordar que durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy se produjeron importantes medidas legislativas que favorecieron la donación en vivo de
órganos, y, a la vista de los datos estadísticos, fueron muy efectivas. Este tipo de donaciones se ha extendido en los últimos años como alternativa a la donación de órganos de personas fallecidas y ante la escasez de órganos disponibles para
trasplantar. La propia ONT, dentro de su línea de consolidación de liderazgo mundial, viene desarrollando una estrategia para favorecer la donación renal en vivo y también para fomentar la donación renal altruista a través de la figura conocida
como buen samaritano, por la que una persona dona un riñón o un fragmento de hígado a un desconocido. Está resultando fundamental el esfuerzo realizado para la formación y la información en la aplicación de esta terapia, que, como dije antes,
aumenta año tras año, si bien quisiera hacerme eco de la llamada de atención realizada por diferentes autoridades sanitarias con motivo de la celebración del Día Internacional
del Riñón para que se fomente la donación en vivo, siendo que España aporta el 3 % de todos los trasplantes de riñón del ámbito mundial y el 19 % del europeo.
Señorías, los cambios que se promueven con esta proposición de ley son numerosos y afectan a la Ley General de la Seguridad Social, al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, al régimen especial de la
Seguridad Social relativo al personal al servicio de la Administración de Justicia y también de los funcionarios civiles del Estado, así como a la ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Tal vez pudieran resumirse los cambios
legislativos contemplados en el amplio y complejo contenido de los diferentes artículos que se modifican diciendo que son ajustes que amplían las garantías de cobertura laboral y económica para aquellos trabajadores que afronten el procedimiento de
donación de un órgano. No obstante, queda pendiente, y con toda seguridad tendrá que ser objeto de posterior atención legislativa, una mayor cobertura y protección, que se extienda también a quienes atienden al donante vivo de un órgano y a su
receptor, porque en muchos casos hay un componente de parentesco que implica a familiares que se tienen que dedicar al posterior cuidado durante la convalecencia de ambos tras las respectivas intervenciones quirúrgicas, que en este tipo de
trasplantes son simultáneas, y, de hecho, se practican en quirófanos contiguos.
Concluyo, señor presidente, anunciando mi voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley, que, además de promover la mejora de la normativa laboral en relación con la donación en vivo de órganos para el trasplante, es
también una gran oportunidad para trasladar a la sociedad, a través de las Cortes Generales, un mensaje de consenso político en torno al magnífico sistema español, que nos distingue ante el mundo
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Arratsalde on. Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados.
En primer lugar, señora Seva, muchísimas gracias por su intervención y su iniciativa, la del Grupo Socialista. Gracias también a la Comisión Nacional de Trasplantes, que ha sido la que de alguna manera ha dado su bendición, ellos y los
profesionales que atienden este tipo de actividad, puesto que lo que han hecho ha sido impulsar algo que, evidentemente, no solo merece un reconocimiento social, sino algo más que ese reconocimiento o su traducción en medidas efectivas, porque, como
indica la exposición de motivos de la proposición de ley y recordaba la señora Seva, si existe una manifestación clara y aceptada de lo que consideramos un acto altruista, todos entendemos que la donación de órganos entre personas vivas es
paradigmática de dicha objetivación.
Al margen de las estadísticas sobre cuántas se producen o cuántas se necesitan, al margen también de felicitarnos por las tasas de donaciones e incluso al margen de la vinculación de estas medidas con el ámbito laboral y asistencial, lo
cierto es que la donación debe ser considerada, sobre todo, como un acto de altruismo, por lo que debemos ser consecuentes con el reconocimiento de esa situación. Por tanto, entiendo que la razón de esta iniciativa y su régimen especial es tanto el
reconocimiento social de tal acto como la solución a cualquier tipo de problema que asociado a la donación se puede provocar al donante pero también al donatario. Por ello, nada tiene de particular adecuar la normativa a la realidad actual, a la
que se pretende dar una determinada cobertura, hasta el momento inexistente. Sin embargo, no deja de ser también curiosa la acepción que la proposición de ley proyecta de una prestación nacida como contraprestación a una situación incapacitante,
cuando, en realidad, constituye una especie de tercer género en el orden laboral, consistente en una prestación especial, a la que no podemos olvidar que se caracteriza como de naturaleza contributiva, con las consecuencias que ello debe tener en el
ámbito del régimen de Seguridad Social, pero vinculada la extensión de la cobertura de incapacidad a cualquier situación en la que se puede encontrar el donante vivo de órganos antes, durante y después del acto médico que lo justifica. Eso sí, me
van a permitir indicar que llama la atención otro hecho, y es que deja fuera del campo del análisis y, por tanto, de las medidas tanto a los donantes que no se encuentran sometidos a algún vínculo de actividad laboral o funcionarial como a las
empresas, a las que con la modificación que se realiza en el 144 y en el 169 de la Ley General de Seguridad Social no se tiene en cuenta a la hora del mantenimiento de la obligación de cotizar, y eso sin olvidarnos tampoco de la especial
caracterización que hubieran podido merecer los autónomos, que, en su práctica,
posiblemente vayan a quedar fuera no del campo de cobertura pero sí de la actividad que pretende impulsar esta modificación legislativa.
Desde el punto de vista médico, la donación exige del donante la comprobación de su idoneidad en referencia a la garantía de su propia salud, así como respecto del destinatario de la donación en cuanto a que no se incurra en actos médicos
que pusieran en riesgo la vida del donatario. Y desde el punto de vista laboral, la donación sitúa al donante ante contradicciones del propio régimen de permisos y prestaciones, ya que los actos previos y posteriores en muchos casos se alejan de
los parámetros vigentes para el reconocimiento de las situaciones de incapacidad y permisos remunerados, por lo que su caracterización como situación de incapacidad temporal especial, y, por ello, el subsidio que se realiza por su parte posiblemente
necesitará alguna adaptación, si bien entendemos que es adecuada. Es más, si acaso cabe preguntarse qué sucede con los donantes vivos de órganos que, a diferencia de los que se encuentran en situación activa, no tienen derecho a cobertura alguna
respecto de las situaciones indicadas en la ley, a pesar de que son actos igualmente altruistas e igualmente provocadores de consecuencias para esos donantes no activos.
Finalmente, quiero indicar que, por supuesto, vamos a apoyar esta iniciativa legislativa, también quiero felicitar a los especialistas, a cuantos han intervenido en la bendición -entre comillas- de esta iniciativa, y también quiero señalar,
como ha hecho señor Martínez Oblanca hace un momento, que no cabe olvidar respecto de estas situaciones y de las futuras hipotéticas prestaciones, a las que también nos referiremos en la PNL del punto tercero del orden del día de este Pleno, a los
familiares de donatarios, un ámbito que también resulta afectado y queda fuera del campo de cobertura del sistema actual de Seguridad Social.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
Comienzo diciendo que votaremos a favor de esta proposición de ley que mejora las garantías legales de los donantes vivos, esas personas que demuestran que el altruismo es una evidencia. No hay mayor acto de generosidad entre personas, al
margen de dar la vida por otro, que la donación de un órgano; los donantes vivos lo son habitualmente de riñones y de parte del hígado, pero también lo son de hueso, de médula, de tubo digestivo o de otros órganos. La ciencia y la medicina han
hecho su trabajo, la cirugía lo ejecuta, pero es esencial el principal elemento que opera en este tipo de intervenciones, que es la generosidad absoluta de la persona que sabe que puede dar vida y la da a cambio de parte de sí mismo. Se dan a sí
mismos para salvar a otros, para sanar a otros, para evitar, por ejemplo, huérfanos prematuros, o para salvar la peor de las desgracias imaginables, tan atroz y dura que no tiene sustantivo, y es que, si bien tenemos un huérfano para quien pierde a
sus padres, no tenemos palabra para quien pierde a un hijo; siglos de castellano no han dado nombre a la más dura de las situaciones. Por tanto, cuando un donante evita la muerte de un niño -que se evita, y muchas veces-, opera el bien absoluto,
porque no salva una vida, sino tres.
La donación de un órgano es, por tanto, el bien puro, el altruismo absoluto. Por todo eso el donante debe tener todas las facilidades posibles. Para que su consentimiento sea válido hoy se exige que el donante sea mayor de edad, goce de
plenas facultades mentales y haya sido previamente informado de las consecuencias de su decisión; que otorgue, además, su consentimiento de forma expresa, libre y consciente y que el destino del órgano extraído sea el trasplante a una persona
determinada con el propósito de mejorar sustancialmente su esperanza o sus condiciones de vida, garantizándose el anonimato del receptor. Se modifican la Ley General de la Seguridad Social, el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del
Empleado Público y se está cumpliendo, además, una directiva, todo ello orientado a dar facilidades y garantías a los donantes y receptores de órganos.
Hoy hemos escuchado aquí loas muy merecidas al altruismo por parte de los portavoces que se han subido a la tribuna y escucharemos más de los que me seguirán en el uso de la palabra. La portavoz socialista ha elogiado el altruismo y la
generosidad de los donantes de órganos. ¿Estamos de acuerdo en que el altruismo es algo noble y bueno? Yo creo que sí. ¿Estamos de acuerdo en que existe altruismo para donar un órgano? Yo creo que sí. Por tanto, estamos de acuerdo en que hay
personas capaces de hacer altruistamente sacrificios físicos por otras personas. ¿Se le ocurriría a alguien en este hemiciclo afirmar que al legalizar la donación de órganos estamos abriendo la puerta a la explotación de personas? ¿Se le
ocurriría? No. ¿Se le ocurriría a alguien en este hemiciclo decir que la donación de órganos altruista no se
puede legalizar porque nadie lo haría de forma altruista? Yo creo que no. ¿Llamarían vasija a alguien que haya portado un riñón que termina destinándose a otra persona? Yo creo que no. (Rumores). ¿Calificarían de violencia contra las
personas la donación de órganos? Yo creo que no. ¿Y por qué lo hacen con la gestación subrogada, señores de todo el hemiciclo excepto mi grupo parlamentario? (Rumores). A juzgar por el murmullo, según la inmensa mayoría de los diputados que
están en contra de la opinión mayoritaria de los españoles, cabe el altruismo para donar un órgano, pero no para gestar un niño. ¿Por qué? Me tienen que explicar por qué. No es violencia donar un órgano, pero sí gestar un niño. ¿Por qué? No es
explotación donar un órgano, pero sí gestar un niño. ¿Por qué? Les pregunto: ¿es explotación de la mujer la gestación subrogada? (Varias señoras y señores diputados: Sí). Sí; perfecto. Les pregunto: ¿es violencia contra la mujer la
gestación subrogada? (La señora Leal Fernández: Sí). Sí; dice la portavoz adjunta del Grupo Socialista que sí. Pues bien, le pregunto otra cosa. Pedro Sánchez se ha ido a inaugurar la campaña a la Casa Blanca, a Estados Unidos. Señora
portavoz adjunta del Grupo Socialista, ¿le ha dicho Pedro Sánchez a Biden que en su país es legal la explotación y la violencia contra las mujeres? ¿Le han montado el cisco a Biden? No. ¡Pero cómo se ha olvidado! Es un país que explota y que
fomenta la violencia contra las mujeres, va a visitarlo ¿y no dice nada? ¿Ha denunciado Pedro Sánchez ese atropello en Estados Unidos, señora portavoz del Grupo Socialista? No, ¿verdad? ¿Calla Pedro Sánchez ante la explotación y la violencia
contra las mujeres, señora portavoz del Grupo Socialista? ¿Calla? (La señora Leal Fernández: No). ¿No? Usted me ha dicho que la gestación subrogada es violencia, que es explotación, pero se va a Estados Unidos y calla. ¿Callaría usted en
Estados Unidos frente a esto? Yo le digo lo que pasa. (La señora Medel Pérez: ¡Debería darte vergüenza!-Rumores). No, no me da vergüenza. Estoy muy orgulloso de defender la gestación subrogada, señora portavoz de Podemos. Son presos de su
hipocresía permanente. Tienen una moral laxa y adaptativa según su conveniencia. (Rumores). Por eso pueden admitir el altruismo para la donación de órganos, pero no para la gestación subrogada. Por eso aquí gritan contra la gestación subrogada,
pero en Estados Unidos callan.
Por cierto -y termino, señor presidente-, en Estados Unidos pasaron más cosas. El presidente del Gobierno, ante la inclusión de terroristas en listas electorales de Bildu, dijo que era legal, pero indecente. Tuvo una lipotimia moral, pero
mantendrá todos los acuerdos presentes y futuros. Termino citando al propio presidente del Gobierno en ese estupendo autodefinido que ha hecho de todos los pactos que ha perpetrado y los que vendrán con el filoterrorismo: es legal, pero indecente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes, señorías. Señor presidente, muchas gracias.
Déjenme hacer una pequeña digresión. A veces los grupos pequeños tenemos pocos minutos, pero quizás es mejor tener pocos minutos y decir lo justo que tener muchos e irse por peteneras. (Aplausos). Ahora les estoy haciendo de Ferran Bel,
ya lo ven, dando lecciones aquí a todo el mundo. (Risas).
Lo cierto es que el punto que nos ocupa hoy es un punto serio y se trata de una proposición muy interesante. Sin duda alguna, es necesaria la revisión de la regulación en el marco de las donaciones de órganos. Por nuestra parte, desde el
minuto uno ya les digo que vamos a dar apoyo a que esta proposición de ley se pueda tramitar y ojalá pueda ver la luz en lo que queda de legislatura. Sin duda alguna, es necesario revisar estos aspectos en materia de Seguridad Social, en materia
del Estatuto de los Trabajadores y en materia de función pública para articular una regulación que permita dar cobertura legal a una realidad que, como se ha definido aquí muy correctamente por parte del portavoz anterior, el señor Díaz, es
altruista y no tiene precedentes; también la portavoz socialista ha defendido que es una realidad altruista digna de poner de relieve.
En este marco, nosotros no vamos a poner ningún inconveniente para que esto se tramite y pueda avanzar. Creemos que podemos realizar algunas mejoras en el texto y, sin duda alguna, habrá un plazo para hacer enmiendas. En los pocos minutos
que nos quedan, y centrándonos en el tema que nos toca, queremos afirmar nuestro compromiso para dar cobertura a la realidad de la donación de órganos de personas vivas -a la situación del donante, del receptor y de sus familias- y también queremos
mostrar nuestro agradecimiento, pues la ocasión nos lo permite, a toda aquella gente que ha hecho posible que la vida continúe.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes, señor presidente, señorías.
Señora Seva, muchas gracias por su presentación. Ya le avanzamos que esta iniciativa que presenta nos incumbe. Gracias a la solidaridad de los donantes y de sus familias, en los hospitales catalanes en 2022 se realizaron 1346 trasplantes
de órganos, un 27 % más que en 2021. Esto significa un récord de actividad y una media de 3,7 trasplantes al día en Cataluña; por cierto, tenemos la tasa más alta del mundo con 173 trasplantes por millón de habitantes. Quiero destacar el récord
en 2022 de donantes en vida de riñón, 178, y el dato de que los donantes renales vivos gestionados en hospitales catalanes son el 50 % del total del Estado. Pero, más que estos números, destaca la constante innovación en las técnicas de donación y
trasplante y en la ingente capacidad organizativa del sistema para hacer frente a esta enorme actividad. Esto es así gracias a una sociedad sensibilizada y solidaria y, muy especialmente, al trabajo de los profesionales de la sanidad, gracias a los
cuales Cataluña dispone de un sistema sanitario de calidad que nos posiciona como país líder y referente en este ámbito.
Junts per Catalunya viene aquí a defender un tipo de sociedad responsable que no espera a los poderes públicos y que, si lo necesita, se adelanta a ellos. Por tanto, defendemos nuestro modelo sociosanitario, que integra con éxito todos los
recursos sanitarios en una única red, donde se incluyen los centros de titularidad pública junto con las entidades sanitarias de iniciativa social -mutuas, fundaciones, consorcios, etcétera-, unas entidades que históricamente han llegado donde el
Estado no llegaba y que dan ese plus de proactividad al sistema sanitario.
Le decía antes que esta iniciativa nos incumbe, como es lógico, y nos felicitamos por su presentación. Estamos a favor de modificar la Ley General de la Seguridad Social para que la intervención quirúrgica tenga una cobertura específica
para el donante trabajador, por cuenta propia o ajena, y para que mejore la cobertura de la actual incapacidad temporal por enfermedad común. Lo mismo nos ocurre con la reforma del Estatuto de los Trabajadores y del EBEP para que incluyan un
permiso retribuido por el tiempo necesario para todas las gestiones, pruebas y recuperación antes, durante y después de la intervención.
No obstante, también debo decir que tenemos la sensación de que estamos ante la enésima iniciativa retórica -la especialidad de la casa- del Grupo Socialista. A estas alturas de la legislatura, todos sabemos que hay muy buenas palabras y
hemos visto muy buenas intenciones, pero esta iniciativa tiene números para acabar en el cajón de los olvidos. Esperamos que esto no pase. Ustedes, señores socialistas, han incluido de todo en sus decenas de reales decretos leyes, un abuso
legislativo por el que les han reprendido desde el Defensor del Pueblo hasta el Tribunal Constitucional. Pero -¡qué casualidad!- se les ha olvidado añadir dos reformas sencillitas para resolver la situación de los donantes de órganos, estas que
ahora nos están proponiendo. De haberlo hecho, ya estarían aprobadas. No estaríamos ante una tramitación legislativa, estarían ya aprobadas y los ciudadanos donantes ya tendrían sus derechos. Insisto, si la prioridad es favorecer a los donantes y
no hacer el enésimo número buenista, ¿por qué no han metido estas reformas en alguno de estos decretos leyes macedonia, estos decretos leyes ómnibus, que nos ponen encima de la mesa cada semana? Se lo voy a decir: porque a veces parece que les
interesa más hacer postureo -en este caso, con los donantes- que ayudar. Esperemos que esta tramitación llegue a su fin.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidente.
Voy a ser breve para no distorsionar una iniciativa que en estos momentos resalta por su sentido común. Creo que no hace falta repetir lo que cada uno de los portavoces ha mencionado y, en ese sentido, les avanzo que vamos a votar a favor.
El Grupo Socialista nos presenta la Proposición de ley para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante. Precisamente, su propuesta viene a ser un reconocimiento de la generosidad de
esas personas que sacrifican su físico para poder ayudar a otras. El Estado español es el país con la mayor tasa de donación de órganos de todo el mundo, siendo su sistema de trasplantes integrado en el Sistema Nacional de Salud un referente
internacional, tal como han apuntado ustedes en su introducción. Esto es gracias -se ha de reconocer y ya se ha dicho aquí- a la generosidad
y a la solidaridad de los donantes y de sus familias que, con su gesto, hacen posibles los trasplantes. Sin esos donantes no habría posibilidad de poder hablar aquí de lo que lo estamos hablando. También es importante agradecer o hacer un
reconocimiento explícito a los profesionales y a los hospitales que han contribuido de manera decisiva al logro de los excelentes resultados de los trasplantes. Por lo tanto, es una felicitación general por las tasas que tenemos.
En Cataluña, en este inicio del año 2023, la actividad de los donantes -estoy hablando de donantes cadáver y vivos- y de trasplantes en los hospitales ha empezado con un incremento del 36,3 y del 30 %, respectivamente, según reflejan los
datos de la Organización Catalana de Trasplantes. Son unas cifras inmejorables que siguen la tendencia al alza del año 2022, año que ya fue récord. En concreto, en cuanto a las donaciones en vivo, fueron 29 los donantes vivos en el año 2022
respecto a los 23 del año anterior, con un 26,1 % de incremento. Aunque son datos estadísticamente poco valorables, justo antes de la llegada de la pandemia del COVID-19 la tasa estaba en 29 donantes vivos y, por tanto, estamos recuperando los
niveles previos al COVID, a la pandemia. Eso no quiere decir que no tengamos margen para ir creciendo, pero, en todo caso, sí que estamos en unos niveles que se han recuperado rápidamente después de la pandemia.
El trasplante de órganos entre personas vivas es una técnica asentada en el sistema español de donación y trasplante, siendo los trasplantes de riñón y de parte del hígado, como se ha dicho aquí, las modalidades más comunes, aunque hay otros
modelos. Ahora bien, tal y como se ha dicho también, ese tipo de donación supone una intervención quirúrgica para la extracción del órgano que implica un período en el que la persona donante, tanto si es trabajador por cuenta propia o ajena como si
es funcionario público, requiere una asistencia -no siempre sanitaria, sino también de otro tipo- que le imposibilita para el trabajo. Como acabo de decir ahora, también requiere actuaciones preparatorias de muy diversa naturaleza -no solo
sanitaria- que pueden igualmente exigir la ausencia del trabajo. En la actualidad, los procesos de donación de órganos encuentran cobertura a través de la prestación de incapacidad temporal por enfermedad común y, por lo tanto, entran dentro del
paraguas general. En ese sentido, esta iniciativa lo que aporta -y creo que es importante- es la modificación de los textos legislativos para mejorar la cobertura social y económica del donante vivo, reconociendo precisamente un régimen de
protección específico y unos supuestos especiales de incapacidad temporal. Por un lado, reconoce como situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes aquellas bajas laborales por donación de órganos, de manera que para
tener derecho a la prestación no se exija ningún periodo previo de cotización. Esto es importante, es un avance. Por otro lado, articula un permiso retribuido por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones previas de determinación
de idoneidad de los donantes vivos. Este es otro elemento importante. Son las dos patas, los dos pilares, sobre los que sustenta esta reforma. Se trata de cubrir las ausencias necesarias para pruebas que, por no consistir en actos médicos -como
hemos dicho-, no quedan cubiertas por la situación especial de la incapacidad temporal. Por todo ello, esas mejoras de la garantía de cobertura social y económica a las personas donantes vivas no solo permiten reducir los perjuicios económicos o
incluso personales de los donantes, sino que -así lo entendemos nosotros- suponen un reconocimiento a su labor altruista y a su generosidad. Por lo tanto, es un reconocimiento a todo el esfuerzo físico y personal que hacen muchos de ellos.
De hecho -y ya termino-, espero que la misma sensibilidad que ahora mostramos todos los grupos y portavoces con los donantes vivos se repita dentro de unos minutos con la Proposición no de ley que presenta nuestro grupo sobre la ampliación
de permisos remunerados en el trabajo por causas como, por ejemplo, la salud. Por lo tanto, hay muchos aspectos relativos a la salud en los que se tienen que ampliar las coberturas sociales y las coberturas económicas. Este es un primer paso, pero
hay mucha demanda y hay muchos grupos que realmente necesitan esa cobertura.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez.
La señora MEDEL PÉREZ: Buenas tardes.
Hay pocas decisiones tan altruistas como donar un órgano o parte de un órgano para que otras personas puedan vivir y mejorar su calidad de vida. Las personas que deciden donar sus órganos cuando mueran y los familiares que permiten las
donaciones de órganos de sus seres queridos hacen un acto de generosidad, y el donante vivo hace un acto de generosidad muy grande. Somos líderes en donantes y
en trasplantes desde hace treinta años. Desde 1993 el número total de donaciones y la tasa anual por millón de habitantes va en aumento, con la salvedad de 2020 por la pandemia, año en el que bajaron un poco. Pasamos de una tasa del 22,6 %
en 1993 a una tasa del 49 % en 2019, bajó en 2020 y ahora estamos en una tasa del 46 %. ¿Por qué? Porque nuestro sistema sanitario permite un alto nivel de donación por parte de la población, que confía plenamente en el sistema. La confianza en
la Organización Nacional de Trasplantes es absoluta, porque esta organización está estructurada de manera que el negocio no tiene cabida y se rige por ser absolutamente altruista y justa.
En la Comisión de Reconstrucción, el doctor Matesanz, expresidente de la Organización Nacional de Trasplantes, declaró que para que funcionara la Organización Nacional de Trasplantes era condición indispensable que la empresa privada y la
industria farmacéutica quedaran fuera de ella. Son palabras textuales del doctor Matesanz. Para crear la Organización Nacional de Trasplantes, el ministerio, mediante un real decreto, hizo que la estructura de la ONT pasara a formar parte del
Ministerio de Sanidad, algo innovador que ningún país había hecho, porque en el extranjero son ONG y fundaciones privadas. Resaltó el doctor Matesanz que había sido fundamental este tema y también que la ONT fuese coetánea con el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los países de nuestro entorno tienen problemas para alcanzar nuestro nivel de donantes y nuestro nivel de calidad porque sus sistemas sanitarios están privatizados. Nuestro sistema público permite
fidelizar a la población. La confianza, repito, es absoluta. En la ONT no tiene cabida el negocio y así debe ser también en la sanidad pública, porque la privatización implica la pérdida del derecho más importante que tenemos en España, que es el
derecho a la salud.
En el transcurso de estos procesos, los donantes vivos deben realizarse pruebas médicas y también deben completar trámites administrativos, tanto antes de la intervención quirúrgica para la extracción del órgano -si se necesita una
intervención quirúrgica- como después de la extracción. Estos trámites pueden requerir que el donante se ausente del trabajo durante la jornada laboral y la legislación debe proteger este acto para evitar perjuicios económicos de cualquier tipo.
Así, la proposición de ley del Grupo Socialista propone las modificaciones necesarias para este fin, con el que estamos absolutamente de acuerdo y, por eso, votaremos que sí.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Steegmann Olmedillas. (Aplausos).
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Con la venia, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Creo que hemos oído, como se dice en catalán, flors i violes. Todo muy sentimental. Efectivamente, esto trata de sentimientos, pero también trata de razón, ¿verdad? Es una proposición razonable que pretende
aumentar la protección de la persona que dona un órgano en vida, tratando -y cito textualmente- de que no se vea obligada a asumir perjuicios económicos por ello.
Un poco de historia. Fue en 1979 y en 1980 cuando se promulgaron la ley y el real decreto que desarrollaba la ley de trasplantes. Se lo debemos a los nefrólogos y a los enfermos renales, y conviene recordarlo. También conviene señalar que
tres características han hecho del modelo español de trasplantes el 'patrón oro' que todo el mundo quiere imitar. La primera, su carácter nacional, que elimina fronteras artificiales y particularismos egoístas, algo a trasplantar a toda la sanidad,
como propone VOX. (Aplausos). La segunda, que está prohibida cualquier contraprestación económica o asimilable. La tercera, que todos los españoles somos consideramos donantes cuando fallecemos, a menos que en vida hallamos dicho lo contrario.
Esta última característica, obviamente, no se aplica al donante vivo de órganos, aunque, si tuviéramos un régimen comunista, nos extraerían los órganos in vivo.
Convendría decir que de los tipos de trasplantes que menciona el expositivo solo tres proceden de órganos de vivos: el de riñón, el de hígado y el de la médula ósea, también llamado trasplante de progenitores hemopoyéticos. Lo digo porque
el proponente, para hablar de lo anterior, mezcla en el expositivo todo tipo de órganos y tejidos, lo que es signo de que han hecho un mal copia y pega de la página web de la ONT. A pesar de la confusión del proponente, evidentemente no se puede
extraer un órgano entero de un donante vivo, como un corazón o un pulmón, simplemente porque se le mata. Afortunadamente, señorías, no vivimos en la China comunista (aplausos), donde la extracción a personas de corazones vivos y palpitando ha sido
una realidad denunciada por los profesores Robertson y Lavee en American Journal of Trasplantation.
A esta imprecisión del proponente, se le une la pereza que muestra cuando ni siquiera describe la magnitud del problema que intentamos corregir; tampoco ninguno de los portavoces que me han
antecedido lo ha mencionado. Afortunadamente, este problema que tratamos aquí no es grande, porque tenemos una altísima actividad de trasplante renal y hepático de donantes fallecidos, de manera que la donación en vivo es menos necesaria.
Cosa distinta es el trasplante de médula, de progenitores hemopoyéticos, porque solo se puede hacer de donantes vivos. El proponente debería haber cuantificado estos particulares, a fin de que los diputados se hiciesen una idea de la repercusión
humana, económica y social de la donación en vivo, pero no lo ha hecho y, por eso, resulta conveniente que ustedes sepan lo siguiente.
Primero, toda donación necesita una preparación y un tiempo. En el caso del trasplante renal, solo se realizan del orden de 300 al año procedentes de donantes vivos, lo cual representa un 9,6 % del total, cifra en descenso desde 2014. Esto
es fruto del éxito de la donación de órganos de fallecidos. En el caso de trasplantes hepáticos que se realizan por hepatectomía parcial, solo son un 1 % del total; estamos hablando de 5 a 11 al año. En resumen, si nos circunscribimos al riñón o
al hígado, estamos hablando de 350 donantes al año. Si hablamos de período de baja, en el caso del trasplante de riñón, será de siete días y, en el caso del trasplante hepático, puede llegar a un mes. Aunque la mortalidad preoperatoria de donación
renal es nula, sí se produce morbilidad; y, en el caso de la donación de hígado, hay un 0,5 % de mortalidad. Es decir, esto no es baladí. Por ello, señorías, es importante decir que el hecho de que no se hagan más trasplantes de donantes vivos no
es un demérito de la Organización Nacional de Trasplantes, sino que es precisamente el signo de que somos un ejemplo en proveer de órganos de donantes fallecidos. (Aplausos). El caso del trasplante de médula, señorías, es mayor en términos
cuantitativos, pero es menor en repercusión social y económica. La mayoría se hace por un método que se llama aféresis y que no les voy a explicar aquí. Ese procedimiento tiene una mortalidad nula y exige una baja laboral de uno o dos días.
El proponente se basa en el deseo de protección del donante frente a los perjuicios económicos, y creemos que es de justicia, ya que persigue un fin loable. En el caso del trasplante de riñón o hígado, sepan ustedes que el beneficio es más
de ámbito particular, ya que el 99 % de los donantes son familiares o muy raramente amigos. En el caso de la donación de progenitores de sangre, esto es distinto y sí se podría hablar de un bien común, ya que muchas veces el paciente no tiene
donantes familiares y necesitamos acudir a donantes no emparentados. Y, señorías, tengo que decirles que en esto los españoles no vamos muy bien, porque el 75 % de los 600 trasplantes que hacemos de donantes no emparentados vienen del extranjero, y
esto debería mejorar. Por lo tanto, aunque el proponente no lo ha pensado ni lo dice, la protección del donante podría incentivar la donación en el caso de médula ósea.
Voy terminando. Hemos de decidir sobre quién han de repercutir las cargas asociadas a este gesto generoso que, en el caso del riñón o el hígado, es más bien particular y, en el caso de la médula, puede ser más de bien común. El peso
económico ya les he dicho que es distinto y la decisión de cómo distribuir estas cargas las tomaremos en el proceso de enmiendas.
Nuestro grupo parlamentario ve con buenos ojos la intención del proponente, aunque tiene una tremenda impericia desde el punto de vista sanitario.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Steegmann.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Velasco Morillo.
La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una proposición de ley para su toma en consideración sobre la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante, una forma de
trasplante dentro del modelo de éxito del trasplante español. Es un modelo que tiene como objetivo la promoción de la donación altruista con el único fin de que el ciudadano español que necesite un trasplante tenga las mejores y mayores
posibilidades de conseguirlo; un modelo que, gracias a la Organización Nacional de Trasplantes, con una estructura de coordinación nacional, autonómica y hospitalaria, nos sitúa como líderes mundiales por treinta y un años consecutivos y demuestra
la gran capacidad del sistema español de trasplantes, y un modelo que es marca España. Las cifras de trasplantes en 2022 en España suponen una tasa de 113 trasplantes por millón de población, alcanzando un total de 5383 trasplantes. Pero aún hay
un gran número de pacientes en lista de espera; a 31 diciembre, eran 4746, de los cuales 66 eran niños aún pendientes de un trasplante.
Señorías, una media de siete donantes al día en España posibilitan la realización de quince trasplantes diarios. Somos el único país del mundo que tiene más de cien pacientes trasplantados por millón de habitantes. ¿Qué significan estos
datos, señorías? Significan que el español que necesita un trasplante es el ciudadano más afortunado de todo el planeta y el que más posibilidades tiene de conseguirlo. Y está dentro del sistema sanitario, se nutre de personas y familias anónimas,
que son las verdaderas protagonistas y las que, día tras día, de manera altruista, hacen que seamos una sociedad más solidaria y generosa. Queremos también mostrar nuestro reconocimiento y gratitud a los profesionales sanitarios.
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, nos traen una cuestión particular que afecta al ámbito de la protección sociolaboral de las personas donantes en vivo, y no es nueva en esta Cámara, ya que se ha debatido en anteriores
legislaturas, aprobando una proposición no de ley en octubre de 2018, cuando el Grupo Socialista y el Gobierno recibieron un mandato de esta Cámara relativo a la protección sociolaboral de los donantes en vivo de un órgano. Recibieron un mandato
para que el Gobierno adoptara las medidas necesarias para que la donación de un órgano por parte de un donante vivo constituyera causa de incapacidad temporal laboral, con los efectos y las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes,
incluyendo todo el proceso médico necesario que conlleva el propio proceso de donación. También se instaba al Gobierno a que por parte de esta Cámara se elaboraran las modificaciones normativas necesarias para reconocer que los supuestos de
incapacidad laboral por donación en vida no constituyan una causa de despido. Hoy vemos cómo, en lugar de ser el Gobierno el que presenta una iniciativa legislativa dando cumplimiento al mandato recibido por esta Cámara, es el Grupo Parlamentario
Socialista el que lo hace.
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, nos presentan una proposición de ley con la que pretenden modificar seis reales decretos legislativos, nada más y nada menos, que afectan a diferentes ministerios y no sé si lo han tenido en
cuenta. Señorías, es una iniciativa con la que no sé si su objetivo es salvar al Gobierno de los casi cinco años que han tenido para presentarla y no lo han hecho. Hablamos de un tema de gran importancia que afecta a donantes vivos y, una vez más,
se debate al final de la legislatura y con la consiguiente desconfianza por parte de pacientes y donantes. ¿Se aprobará en esta legislatura?
En estos cinco años de Gobierno socialista, un Ministerio de Sanidad en permanente inestabilidad institucional y sin un proyecto global en materia sanitaria, como pudimos comprobar en esta Cámara la semana pasada por el quinto ministro desde
2018, no ayuda a impulsar cuestiones como la que hoy se trata. En el Grupo Parlamentario Popular les tendemos la mano para avanzar en las soluciones y para abordar los graves problemas que tiene el sistema sanitario, como hacemos hoy apoyando la
toma en consideración, porque es inadmisible la incompetencia del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, que la pagan todos los ciudadanos, los pacientes y las comunidades autónomas, responsables finales de los servicios que necesitan más recursos y
un ámbito nuevo de gobernanza y participación, una incompetencia para dar respuesta a la situación por la que pasa la atención primaria, sin médicos especialistas de familia y comunitaria, quedando cada año más plazas libres; este año, tras la
repesca, 131 libres al día siguiente de que el propio ministro nos anunciara que serían menos de las 93 que quedaron libres el año pasado. En fin, el quinto titular del ministerio tiene que aparcar la campaña electoral y aportar soluciones que son
de su ámbito de competencia y no echar las culpas a las comunidades autónomas, como hemos visto recientemente en su visita a Galicia. Es un ministro que se quita de en medio también cuando se habla de las listas de espera, ochocientos mil
pacientes, y dice que no es competencia del Ministerio de Sanidad, señorías.
A las señorías del Grupo Socialista y al Gobierno sanchista les pido que en materia sanitaria tengan en cuenta al Partido Popular. No pueden perder más tiempo acumulando problemas sin darles respuesta, problemas que hoy afectan a todos los
españoles y fundamentalmente a los más vulnerables. Atiendan también el ámbito de protección de los trabajadores, que siempre han sido una prioridad para mi grupo parlamentario, y lo son aún más cuando hablamos de salud. Creo que abordar la
protección sociolaboral de los donantes vivos para un trasplante requiere no abandonarlos cinco años. Les queda poco tiempo, están en tiempo de descuento. La primera evaluación de este Gobierno será el 28 de mayo y la evaluación final a finales de
año y estoy convencida de que los españoles tendrán muy claro qué Gobierno quieren para este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA EL CAMBIO DE MODELO DE ELECCIÓN DE LOS VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y
EL FORTALECIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. (Número de expediente 122/000286).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica relativa a la modificación
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el cambio de modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y el fortalecimiento de la independencia judicial.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.
La señora MORO ALMARAZ: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Como señalamos en el preámbulo de la iniciativa que presentamos, con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tomando ahora los fundamentos de su última sentencia del día 11
de mayo, las garantías de independencia e imparcialidad exigidas por el derecho de la Unión postulan la existencia de normas que permiten excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho
órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a la neutralidad de este ante los intereses en litigio. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia). La necesidad de independencia exige que ese régimen presente las
garantías necesarias para evitar cualquier riesgo. Cuando la normativa no está concebida de modo que no pueda suscitar dudas legítimas, no es una norma conforme al derecho de la Unión Europea.
Señorías, nunca en democracia en España se ha atacado, interferido y debilitado tanto al Poder Judicial como en esta legislatura mediante leyes, desmontando las facultades jurisdiccionales, atacando a los jueces o poniendo las leyes al
servicio de quienes han sido condenados por sentencia firme. Cuando nos encontramos con un Gobierno y unos grupos políticos de apoyo que son los artífices de este despropósito, indudablemente no se puede confiar ya en que ninguna de sus acciones se
dirija a fortalecer la independencia del Poder Judicial o la neutralidad de las instituciones. Es más, abiertamente se han impulsado y apoyado normas para todo lo contrario.
El 17 de mayo de 2017 comparecieron los representantes de las asociaciones judiciales en la Comisión de Justicia del Congreso y señalaron lo siguiente. El representante de Foro Judicial Independiente dijo: La Ley 6/1985, a pesar de las
múltiples modificaciones, no ha conseguido solventar el problema de la falta de independencia del órgano de gobierno de los jueces, y no solo no se ha solventado, sino que ha empeorado. Por eso defendemos que los doce vocales de procedencia
judicial sean elegidos por jueces y magistrados, porque lo democrático no es que un poder del Estado controle a otro poder del Estado.
El portavoz de Jueces para la Democracia dijo: Estoy de acuerdo en que ha habido una colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos y, especialmente, del Consejo. Creo que el descrédito que sufre este órgano contagia
al sistema judicial en su conjunto cuando se habla de politización de la justicia. Por eso propuso emancipar al Consejo del control de los partidos políticos y, en este sentido, buscar un sistema de elección de los vocales de procedencia judicial
por jueces y magistrados con una mayoría plural y equilibrada.
El representante de la Asociación Francisco de Vitoria, refiriéndose a la importante percepción de dependencia de la justicia del poder político, dijo: Proviene, lo quieran o no entender, del sistema actual de elección de vocales
judiciales.
Finalmente, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, refiriéndose a las causas de percepción de la ausencia de independencia, señaló que el constituyente con el propio diseño del Consejo lo que quiso fue introducirlo como
un mecanismo para garantizar la independencia de los jueces, sustrayendo del Ejecutivo todas aquellas competencias que más pudieran influir en el ejercicio de jurisdicción como nombramientos, ascensos, inspección o régimen disciplinario. Sin
embargo, lo cierto es que, transcurridos treinta años -decía su portavoz-, se ha convertido en un paradigma de politización de la justicia. Es necesario revisar el sistema de elección, al menos de los vocales jueces del Consejo.
Entendemos también como grupo político que, si ya entonces existía ese consenso, tras cinco años de pasividad y negativa del Gobierno a ejecutarlo, no podemos seguir manteniendo un debate que ha trascendido fronteras y que deteriora nuestro
Estado de derecho. Urge alcanzar un nuevo consenso que
profundice en un marco jurídico de fortalecimiento de nuestros pilares democráticos en la línea que vienen reclamando reiteradamente a España y a otros países europeos el grupo Greco, la Comisión de Venecia o el comisario de Justicia en
nombre de la Comisión. Esa es también la línea que han marcado el Tribunal de Justicia de la Unión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Como acabo de recordar, por ser muy expresivas las declaraciones en 2017 dentro de los trabajos para una Subcomisión para una estrategia nacional de justicia, las cuatro asociaciones mayoritarias se pronunciaron alto y claro sobre la
cuestión. Sin embargo, a lo largo de los meses de trabajo de la Subcomisión, tras escuchar a todos los profesionales de justicia, el mayor obstáculo fue el mismo: la elección de los vocales jueces en el Consejo. Fue el obstáculo definitivo y, por
ello, se levantaron todos los grupos políticos en ese momento de la oposición. De nada sirvió que mi grupo tuviera la voluntad política de cambiar y se intentara en 2018, cuando sí se reformaron algunos aspectos relevantes exigidos por el grupo
Greco en materia de independencia judicial. El obstáculo siempre ha sido el no rotundo al cambio del controvertido sistema, especialmente por parte del Partido Socialista.
Quiero creer, aunque me llamen ingenua, que lo publicado ayer en un medio que suele actuar en los últimos tiempos como altavoz del Gobierno no anticipa, como tantas veces en esta legislatura, los argumentos y la posición del Grupo Socialista
para afrontar una reforma que es un clamor imparable y una exigencia que las instituciones europeas nos demandan para cumplir con los parámetros de calidad del Estado de derecho que debemos satisfacer quienes somos miembros de la alianza europea.
Esta iniciativa que presentamos incorpora elementos que ya han concitado un amplísimo acuerdo desde 2018 en la carrera judicial y en varios grupos políticos y se ajusta a los estándares europeos requeridos a España, como al resto de países de la
Unión.
Aprovechando esa reforma que citaba en curso en el año 2018, se nos demandó no esperar y dar el paso definitivo, proponiendo la modificación del sistema de elección de los doce vocales jueces. Con las herramientas con las que contábamos, en
un avanzado trámite parlamentario, presentamos en ese momento una enmienda transaccional en el Senado con enmiendas de nuestro grupo, del Grupo Ciudadanos y sugerencias de la carrera judicial, pero lamentablemente fue vetada.
Este instrumento que traemos hoy a debate para recuperar la credibilidad de nuestro país, demostrando claridad y contundencia en el compromiso con la independencia judicial, parte de aquellos avances y presenta dos partes diferenciadas, pero
que integran una herramienta para alcanzar el mismo objetivo: un régimen jurídico que garantice el fortalecimiento de la independencia judicial. En primer lugar, el cambio del sistema de elección de los doce vocales jueces del Consejo y, en
segundo lugar, otras medidas de regeneración sobre nombramientos o sobre las llamadas puertas giratorias de la política en la legislatura.
Como he explicado, no partimos de cero ni de una ocurrencia del Partido Popular, sino de la articulación de propuestas sobre las que ya se ha venido identificando un denominador común de las iniciativas de los grupos políticos y de la
carrera judicial, con el fin de contribuir al encuentro y alcanzar la mayoría. Esta no es una tarea fácil, porque, aunque todos parecen pedir lo mismo, no ha sido sencillo encontrar durante años una propuesta en la que no solo los grupos políticos
estuvieran de acuerdo.
Hoy estamos ante el trámite de toma en consideración y, por tanto, señorías, cabe el debate posterior para mejorar o completar una reforma que no admite demoras. No hay razón alguna que puedan esgrimir los grupos parlamentarios que
consideren urgente recuperar el timón de la independencia judicial.
Sin duda vendrán a decirme de inmediato, en particular el Grupo Socialista, siguiendo la senda abierta por la ministra Llop el pasado Pleno -que a juzgar por la situación en la que tiene la justicia no ha entendido nada-, que cumplir la
Constitución es solo que el PP agache la cabeza y acepte una lista de nombres sí o sí, y después ya se hará lo que nos pidan (aplausos), porque parece que esa es la forma en la que ustedes entienden los acuerdos. (El señor vicepresidente, Rodríguez
Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Pero es que, señorías, después será: No modificamos el modelo porque nos sentimos cómodos. En palabras de Bolaños, los jueces no pueden elegir a los jueces. Quizá ahora nos digan: Bueno, esto no es así,
pero no estamos de acuerdo con el orden. ¿Pero cuál es su credibilidad, señorías? Dijeron que nunca pactarían con Bildu y hoy es su socio preferente; ni siquiera deciden abandonar su apoyo cuando han roto todo tipo de decencia, en palabras del
presidente del Gobierno, incorporando en listas a terroristas condenados, y nada ha cambiado hoy, aunque lo pretendan. (Aplausos). Decencia es reconocer que un sistema ha generado una grandísima e insalvable desconfianza sobre injerencia (el señor
Iñarritu García hace gestos negativos) en el poder político, que está contaminando la credibilidad que ostentan los titulares de la potestad jurisdiccional, y no podemos tolerar que se mantenga el deterioro.
¡Cómo vamos a creerles si anunciaron que iban a cumplir íntegramente las penas los condenados por el procés y los han indultado, han suprimido la sedición y han rebajado las penas de malversación a su conveniencia! ¡Cómo vamos a creerles si
han cambiado las reglas de juego a mitad del partido, sin importarles estrangular y colapsar al Tribunal Supremo! (La señora presidenta ocupa la Presidencia). ¡Si han amenazado con dar un paso más grave, que es cambiar las mayorías para la elección
para que les apoyen quienes realmente insultan a los jueces, quienes los llaman golpistas, fachas con toga o quienes reiteradamente declaran que no reconocen el Poder Judicial! Es, pues, una responsabilidad inaplazable que los grupos
constitucionalistas apoyen esta toma en consideración.
Ya sabemos qué han hecho con el Tribunal Constitucional: han integrado a miembros del Gobierno que conocen de sus propios asuntos que primero votan la constitucionalidad de las leyes y, después, redactan la sentencia. No podemos esperar
otra cosa. Por eso les pedimos en esta iniciativa que apoyen que los doce vocales sean elegidos por la carrera judicial, que no pueda aspirar a su elección quien haya participado en política, que en el turno de juristas no puedan intervenir los
jueces, salvo que estén fuera del ejercicio activo de la carrera judicial durante más de cuatro años, que el juez que haya participado en política no pueda retornar a la actividad jurisdiccional en dos años, y así sucesivamente.
La señora PRESIDENTA: Señora Moro, tiene que terminar, por favor.
La señora MORO ALMARAZ: Termino. Todas ellas son medidas solicitadas desde Europa.
Señorías, por más que se empeñen, la Constitución no ordena que mantengamos un sistema que no cumple los estándares europeos. ¿Por qué tenemos que aceptar que estamos condenados a consolidar un modelo que va contra los estándares europeos
durante cinco años más, cuando podemos aprobar y aplicar ahora un sistema conforme a los mismos?
La señora PRESIDENTA: Señora Moro, tiene que terminar, por favor.
La señora MORO ALMARAZ: Ustedes han demostrado que quieren aprobar una norma exprés para beneficiar a quienes no respetan el Estado de derecho. ¿Por qué no nos ponemos manos a la obra con toda urgencia para fortalecer el Estado de derecho
con la misma velocidad?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moro.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Perdone, señor Legarda, me informan de que el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu también quiere intervenir.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Gracias, presidenta. Arratsalde on.
Señorías del Partido Popular, no cuela. Exactamente hace unas semanas, el señor Reynders, comisario europeo que, por cierto, es de su misma formación política, del Partido Popular Europeo, les decía que lo que urgía no era la renovación del
sistema, sino la renovación del Consejo. Ustedes invierten las dos solicitudes que hizo -dijo que había que renovar el sistema, pero que lo que urgía era renovar a los miembros- y las convierten en un chantaje y en una cortina de humo. ¿En cuántas
ocasiones han puesto excusas para no renovar a los miembros del Consejo? Creo que, a estas alturas de la película, cualquier estratagema que traigan para ocultar lo principal se convierte en un mero chiste.
Ahora que ha hablado usted del Estado de derecho, de forzar al Estado de derecho, llevan cuatro años y medio colaborando para que se incumpla la Constitución y fomentando, mediante su insumisión, que unos señores sigan ocupando de manera
ilegítima cargos que no les corresponden. ¿Y por qué? Porque creen que ustedes así controlan el resto de los tribunales y de las altas magistraturas, porque, si fuera un órgano independiente, no hubieran tenido ningún problema para que se
renovase. ¿Por qué no quieren renovarlo? Precisamente porque lo controlan no con el famoso mensaje de WhatsApp de que controlamos la justicia por detrás, es algo más serio, la controlan por delante. Controlan la designación de los jueces, no de
los cinco mil magistrados y magistradas que hay en España, de aquellas cámaras, de aquellos tribunales y de aquellos juzgados que tienen especial relevancia para ustedes. Siempre que se ha bloqueado la renovación del Consejo, el Partido Popular
estaba en el poder: de 1995 a 1996, de 2006 a 2008 y desde hace cuatro años y medio. ¿Y qué han hecho en ese tiempo? Entre otras cosas, elegir a una mayoría de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y miren la casualidad. En el año 1995, en
esa sala que se encarga de juzgar -¡qué casualidad!- los delitos de corrupción, había siete jueces
progresistas y seis conservadores. En este momento hay doce conservadores y cuatro progresistas. ¡Qué casualidad! ¿No será porque su objetivo es seguir controlando la designación de las altas magistraturas en aquello que les interesa?
Cuando hablan de independencia judicial, la verdad es que buscan todo lo contrario, el control de las altas magistraturas, que no es un problema nuevo porque viene de lejos. Ya hubo algún presidente como el señor Felipe González que hace
muchísimos años intentó acabar con esa anomalía. Les recomiendo un libro que ya les comenté hace un tiempo en otra intervención donde proponían también una nueva cortina de humo, que es aquel de El fracaso del autogobierno judicial del señor Diego
Íñiguez, que viene a mostrar cómo el problema continuó desde el señor González y sigue hasta nuestros días.
En Euskal Herria Bildu, que somos una formación independentista, no tenemos ningún problema en abordar también la reforma de la elección de los miembros del Consejo. No es un modelo que nos guste y estamos dispuestos a abordar otros asuntos
de la independencia judicial en el Estado y de hablar, cómo no, de qué funciones debería tener ese Consejo, haciendo un ejercicio de derecho comparado con otros Estados europeos, o también cuál debe ser el papel de las comunidades autónomas en la
justicia, ya que siempre se repite que España es el país más descentralizado de Europa e incluso del mundo -dice alguno-, cuando vemos que las regiones y los territorios de otros Estados como Reino Unido o Alemania también tienen funciones a nivel
de la justicia.
¿Están dispuestos a abordar este debate, señores del Partido Popular y del Partido Socialista? Nosotras y nosotros estamos dispuestos a ello. Dígannos y lo abordaremos. Ahora bien, lo que urge en este momento es la renovación de los
miembros del Consejo y no porque se lo diga Euskal Herria Bildu, sino porque se lo dice el comisario de Justicia europeo.
Y sobre la renovación de los vocales, y ahora ya miro a la bancada socialista, esto ya va de responsabilidad y de un ejercicio de radicalidad democrática. Teniendo en cuenta que quedan siete meses para las elecciones y que estos señores y
estas señoras no van a dejar ese control que tienen sobre el Consejo General del Poder Judicial a siete meses vista, yo creo que tocaría activar esa mayoría que existe en esta Cámara y, como ya les he propuesto en alguna ocasión -miro al señor
Aranda, que yo creo que tampoco lo vería tan mal- cabría la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con la introducción de un artículo único cambiaría el artículo y, una vez cesados los vocales okupas, se acabaría con esas prerrogativas que
se les reconoce en el artículo 121, es decir, con tener un sueldo, con tener un despacho y con tener un vehículo oficial y verán qué rápido estas señoras y estos señores se muestran dispuestos a activar esa renovación, porque, mientras lo dejen en
sus manos, no lo van a hacer. Si no lo han hecho en cuatro años y medio, ahora, que creen que van a volver al poder en unos meses, ¿consideran ustedes que van a aceptarlo, por mucho que se lo diga el comisario europeo y por mucho que se lo diga la
Comisión Europea? ¡Ni por el forro!
Por eso, desde un ejercicio de responsabilidad, señorías del Partido Socialista, como ya se hizo con otro órgano constitucional que, además, se rebeló e intentó acabar con la división de poderes en el mes de diciembre del pasado año, les
animo a hacer un ejercicio de responsabilidad democrática y a que cojan el toro por los cuernos y, si hay voluntad política, no tengan duda de que incluso nosotras y nosotros estaremos dispuestos a abordar ese punto que normalmente son asuntos en
los que no solemos entrar, pero, vista la gravedad del asunto, y para acabar con el control judicial que tienen estos señores por la puerta de delante y por la puerta de atrás y, desde un punto de vista de responsabilidad democrática, actuaremos en
esa vía.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
De la renovación del prorrogado Consejo General del Poder Judicial en sus ya casi cinco años de mandato caducado hemos hablado y debatido en el Pleno de esta Cámara, seguramente, más de una docena de veces. Por eso, señorías, mi
intervención será breve, simplemente para manifestar que el orden de factores que propone el Grupo Parlamentario Popular en su iniciativa no lo compartimos. No compartimos que primero se reforme el sistema de nombramiento de los vocales de
procedencia judicial del consejo general para, a continuación, realizar los nombramientos sobre la base de dicha reforma.
Señorías, consideramos que el procedimiento debe ser inverso; es decir, primero, realizar los nombramientos conforme a la legislación vigente y, a continuación, iniciar un diálogo parlamentario en
busca de un acuerdo para, en su caso, reformar el actual sistema de nombramiento de los vocales de procedencia judicial del consejo general, al modo como se preveía en el non nato acuerdo de septiembre pasado, cuando se disponía que -y leo-
en el plazo de seis meses, el Consejo General del Poder Judicial elaborará un informe cuyo objeto será examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los consejos de la Magistratura análogos al español. Sobre la base de dicho
informe, el Consejo General del Poder Judicial elaborará una propuesta de reforma sobre el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, aprobado por una mayoría de tres quintos del consejo general, conforme a lo dispuesto en el 122 de
la Constitución, y se añadía en un inciso: para que pueda ser evaluado positivamente por el informe del Estado de derecho de la Comisión Europea, en cuyo informe se reconozca la elección de jueces y magistrados por jueces y magistrados acorde con
los mejores estándares europeos. Y añadía, a continuación: Dicha propuesta será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado, para que por los titulares de la iniciativa legislativa, y basándose en ella, se elabore y someta a la consideración
de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate -y añadía- y, en su caso, tramitación y aprobación.
Señorías, no proceder en el orden señalado -primero, nombramiento y, después, diálogo para un posible modelo de nombramiento alternativo al actual- supondría, a juicio del Partido Parlamentario Vasco -ya lo hemos expuesto en otras ocasiones
en esta tribuna-, dar carta de naturaleza al injustificable bloqueo que el Partido Popular lleva practicando desde 2018 en la renovación de los vocales de procedencia judicial del consejo general, para mantener a todas luces una mayoría en el
consejo general que represente en el mundo del derecho y en el de la práctica jurídica corrientes conservadoras de pensamiento existentes en la sociedad en la que se integra, impidiendo -también señalábamos- la incorporación renovadora de otras
sensibilidades también presentes en la sociedad; actitud de bloqueo del Grupo Parlamentario Popular que no es la primera vez que practica -ya se ha señalado- cuando se encuentra en la oposición, a nuestro juicio, politizando de este modo el sistema
de designación.
Señorías, nada justifica la labor de obstrucción que se está practicando, exigiendo cambiar las reglas para desbloquear institucionalmente la renovación del consejo general. Consideramos que plegarse a esta exigencia, a través de la
instrumentalización partidista de un proceso garantista, no puede revertir en beneficio de quien la practica, ni tampoco en perjuicio del buen funcionamiento institucional. Instrumentalizar un proceso garantista, que busca recrear consensos y
estimular tendencias hacia la unanimidad, es no solo una anomalía constitucional, sino también poner en cuestión el funcionamiento de las instituciones y degradar la calidad democrática.
En definitiva, señorías -y voy finalizando, presidenta-, no daremos nuestro apoyo a la iniciativa debatida, sin perjuicio -también ya lo he señalado- de estar abiertos al diálogo para la renovación del consejo general de conformidad con la
legislación vigente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos.
La verdad es que da un poco de vergüenza o de hastío el tener que subir aquí, a la tribuna, a hablar de algo tan sencillo, tan claro, tan lógico y tan evidente como que la dirección del Consejo General del Poder Judicial, del órgano de
dirección de los jueces, sea mayoritariamente elegida por parte de los propios jueces, por sus pares. Hablar, en definitiva, del Estado de derecho, de la división de poderes, de la democracia, o de esas cosas que importan en Bruselas, de esas cosas
que parece que no importan nada al Gobierno de España y de esas cosas que producen además ese sentimiento de desafección de los ciudadanos en la justicia, como ponen de manifiesto las encuestas, la demoscopia de la propia Comisión.
Por supuesto que vamos a apoyar la iniciativa del Partido Popular, pero me perdonará la señora Moro, con todo respeto, que sea escéptico respecto a que ustedes, cuando, antes o después, lleguen al poder, vayan a acometer de verdad esta
reforma o, por el contrario, vayan a permanecer en este mismo sistema, aprovechándose de él, porque el PP, al final, con esto es el partido de Pablo de Tarso, el que se cae del caballo y parece que ve la luz y, ahora, de repente: ¡Uy! La
independencia del Poder Judicial. Hace cuatro días se estaban ustedes repartiendo el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos, Radiotelevisión Española, el Tribunal de Cuentas... Y sale usted aquí y dice:
Fíjense qué tropelía, en el Tribunal Constitucional hay una serie de jueces... Con su consentimiento, con su
acuerdo. Entonces, ¿de qué se quejan? Me perdonará también que le diga que esto tiene mucha hipocresía. Ustedes son los que iban a controlar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo desde atrás, mientras que se estaban
tramitando Gürtel, Lezo y Púnica.
Nosotros, sin embargo, hemos mantenido esto desde el inicio, desde la fundación de nuestro partido, forma parte de nuestro ADN, nunca hemos vacilado un ápice. La verdad es que hay que decir que el Partido Socialista tampoco. Desde 1985,
con esa famosa frase, que Dios tenga en su gloria, de 'Montesquieu ha muerto', que dijo Alfonso Guerra, desde entonces siguen siendo los enemigos de la separación de poderes y seguimos siendo el único país de Europa que elige a toda la dirección del
Consejo General del Poder Judicial a dedo. Pero aún más, es que el PSOE, encima, se ha podemizado, y en este tema ha llegado incluso a acuerdos con Podemos para tratar de reformar la mayoría por la cual se elegían los vocales del Consejo General
del Poder Judicial, que menos mal que tenemos a Reynders, que amenazó a España con ponerles sanciones si no daban un paso atrás o que cercenó la competencia para el nombramiento de las plazas del Tribunal Supremo y nos encontramos ahora mismo a un
Tribunal Supremo con ochenta bajas. Así debe ser cómo estos señores pretenden agilizar la justicia. Pero vamos, que tanto ustedes como ustedes (señala los escaños de los grupos parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso, respectivamente),
han utilizado históricamente la justicia como un arma política.
Algunas cosas de su proposición nos agradan mucho, porque nos las copian. Reducen a veinticinco los avales para poder presentarse al Consejo General del Poder Judicial y, de esa forma, no sustituyen los partidos por las asociaciones
judiciales, que igual ahí detrás está también lo que está diciendo el Partido Socialista, que es apoyar a la asociación judicial que le es favorable, porque no tiene tantos afiliados como la otra asociación que les es menos favorable. En fin,
señores del Partido Socialista, ustedes en homologarse con Europa no tienen precio, como con la malversación, que nos va a perseguir ahora también Europa por la modificación de la malversación. Ustedes en esto pretenden homologarse con Polonia o
con Hungría; prefieren homologarse con Orbán que no homologarse con Macron. Se acaba de producir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de Rumanía respecto al ejercicio de la potestad disciplinaria por parte del
órgano de dirección de los jueces que, una vez más, lo pone negro sobre blanco.
Y, señores del Partido Popular, en fin, su ímpetu, su coraje con las reformas cuando están ustedes en la oposición es exactamente el mismo que su desidia cuando están en el Gobierno. Exactamente el mismo. No van a acometer esta reforma
cuando lleguen al poder como no quieren acometer la reforma de la ley electoral que haría que Bildu no mandara en España, que haría que, llevando a los que quisieran en sus listas, no decidieran sobre los intereses generales de los españoles.
Ustedes han gobernado este país con mayoría absoluta y no han reformado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que esto no pase ni han acometido la financiación autonómica ni han atendido la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Nosotros, en nuestra proposición de ley, que yo mismo he defendido desde esta tribuna en alguna otra ocasión, les ofrecemos, además, que se refuerce la objetivación del sistema de mérito y capacidad para los ocho vocales del consejo que no
son de extracción judicial; que el presidente del Tribunal Supremo sea elegido entre los jueces de carrera que tengan una cierta antigüedad en este tribunal también; que no exista la posibilidad de la designación de los magistrados de designación
autonómica que a ustedes parece que sí les gusta; que los cargos de poder gubernativo sean elegidos por los propios jueces y magistrados, y que se refuerce la imposibilidad de las puertas giratorias con soluciones más arriesgadas, más valientes que
las que ustedes proponen.
Pero ahora va a salir el PSOE, va a salir el portavoz del Partido Socialista aquí, a la tribuna, y yo imagino que ya habrá contado los días, que es una de las cosas que dice ahora el Partido Socialista: ¡Ustedes del Partido Popular llevan
mil y pico días sin renovar el consejo! Señor Aranda, ¡los mismos días que llevan ustedes sin resolver el problema con una reforma como la que le está planteando ahora el Partido Popular, los mismos días que llevan ustedes sin atender a las
prescripciones de Bruselas para acomodarnos a las recomendaciones del grupo GRECO y de las democracias avanzadas en Europa! Los mismos días. Hacen ustedes, de verdad, que en Europa nuestro país en lo referente a la justicia sea el hazmerreír, y eso
a mí me duele mucho.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Como supondrán, lo que suceda con el Consejo General del Poder Judicial no es la principal preocupación del BNG, y no solo porque en mi país, en Galiza, tenemos problemas mucho mayores que afectan cada día a cientos de miles de personas y
que las administraciones competentes en manos del Partido Socialista y del Partido Popular no atienden, cuando no agravan, sino también porque el Consejo General del Poder Judicial, como toda la estructura del Poder Judicial y el propio Tribunal
Constitucional, son desde su origen uno de los pilares más relevantes del régimen del 78, que los dos principales partidos que lo sustentan, PP y PSOE, se vinieron repartiendo pacíficamente a lo largo de cuarenta años en beneficio mutuo y que,
además, cada vez que fue necesario estuvieron no solo dispuestos, sino encantados, para tomar decisiones políticas, por cierto, siempre en la misma dirección: bloquear avances sociales, frenar las aspiraciones de autogobierno de los pueblos, torcer
la voluntad democrática y popular, etcétera. El actual desencuentro entre estas dos fuerzas del régimen, con un PP echado al monte que intenta competir con la extrema derecha y, por tanto, cada vez derecha más extrema, no puede ocultar la entente
tradicional ni tampoco la responsabilidad compartida en la utilización política de estos órganos.
Aun así, que el Partido Popular venga aquí con una propuesta de modificación de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que califica como de despolitización y de defensa de un Poder Judicial independiente no es solo
sarcasmo, es directamente indecente. Un partido que bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial precisamente porque lo controla con un presidente que se reúne con los fiscales y se compromete a derogar leyes aprobadas por este
Congreso, un partido que en no pocas ocasiones manipuló la justicia para favorecer sus intereses, casi siempre espurios, cuando no directamente delictivos, por los numerosos casos de corrupción en que está envuelto.
La señora PRESIDENTA: Señor Rego, tiene que terminar, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: Evidentemente, no vamos a colaborar en esta farsa.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Tiene la palabra, a continuación, el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, la toma en consideración que nos toca en este momento hace difícil la intervención, porque la verdad es que la calidad técnica y jurídica de la señora Moro hay que ponerla en valor. La propuesta, sin duda alguna, es un debate
interesante, pero uno no puede tampoco olvidar el contexto en el que se produce, y a veces es tanto el contenido como la oportunidad de las cosas. ¿Cuál es la oportunidad de las cosas si lo analizamos a fondo? Que estamos en plena campaña
electoral para las municipales, que en lo que llevamos de legislatura el PP y el PSOE se han tirado los platos a la cabeza en relación con este tema y que yo creo, es mi íntima convicción, que el PP sabe tan bien como yo que esta toma en
consideración no va a salir bien y no va a prosperar. Me parece, hago una apuesta, pero creo que va a ser así, con lo cual la toma en consideración de esta propuesta, que seguro que en contenido es honesta, en oportunidad no lo es. En oportunidad
no lo es porque este es un gran debate que no está resuelto desde hace mucho tiempo, e igual que le digo esto al Partido Popular, se lo digo también al Partido Socialista, porque a uno le da la sensación de que al Partido Socialista también le va
bien no corregir esto, también le va bien que esto sea la cantinela habitual para ir poniendo el dedo en la llaga y, por tanto, que el PP es muy malo, que el PP no nos deja, que el PP no sé cuántos. Por tanto, el debate de hoy es, como se ha
apuntado anteriormente, quizá la décima, undécima o duodécima vez que se produce, con propuestas que se lanzan de textos que tienen algún punto interesante, que tienen algún punto en desacuerdo, pero no abordan la cuestión de fondo. Esta es una
reforma estructural, y una reforma estructural es imposible hacerla con los dos grandes partidos tirándose los platos a la cabeza. A uno le da la sensación de que ninguno de los dos grandes partidos tiene la intención de solucionar esto y, por el
camino, ¿quién acaba perdiendo? ¿Los partidos pequeños? No, los partidos pequeños, los partidos grandes y, sobre todo, los ciudadanos, los derechos y las libertades fundamentales, el servicio de justicia y, en definitiva, el Estado democrático y
de derecho.
No le vamos a poder dar apoyo a la toma en consideración y les pedimos que sí que tomen en consideración ustedes las reflexiones de oportunidad política que les hemos intentado trasladar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes, señora presidenta.
Señorías, esta iniciativa, que propone lo mismo que las tres anteriores sobre exactamente el mismo tema del Partido Popular, supongo que es el resultado de la reciente reunión del señor Feijóo, no con el comisario Reynders, sino con la muy
independiente e imparcial -aunque, eso sí, un poco ultraderechista- Asociación de Fiscales que, según tengo entendido, aplaudió a rabiar cuando el presidente del PP les dijo que iba a impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La
asociación de Consuelo Madrigal y Antonio Narváez, los mismos que desde sus cargos o en la prensa han mostrado su desprecio a los principios más básicos del constitucionalismo y de la democracia, dando coba a las teorías de VOX sobre la
inconstitucionalidad del confinamiento en la pandemia, justificando la intromisión del Tribunal Constitucional en la autonomía de los parlamentos, incluso de estas Cortes, afirmando también la ilegitimidad del Gobierno de coalición y dando pábulo,
obviamente, al cuento fascista de que los independentistas catalanes somos unos terroristas y que el proceso independentista catalán, un proceso ejemplar y democrático, fue un golpe de Estado.
Pues, miren, hablando de golpes de Estado, en España sí que ha habido golpes de Estado. Por ejemplo, la aplicación inconstitucional del 155 para suspender la autonomía de Cataluña y disolver su Parlamento. Eso sí fue un golpe de Estado,
por mucho que el señor Narváez, con su voto en el Tribunal Constitucional, dijera que no lo era. Otro ejemplo: cuando el Supremo se niega a aplicar las leyes, como está haciendo con la malversación. Otro ejemplo: la rebelión de los vocales del
consejo para no nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y golpe de Estado es lo que el PP está haciendo con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Eso sí que es un golpe de Estado, y no lo digo yo, lo ha dicho
recientemente el catedrático y exministro de Justicia, señor Tomás de la Quadra-Salcedo. Porque golpe de Estado es alterar o cambiar un poder del Estado utilizando fraudulentamente funciones y competencias constitucionales para cargarse una
autonomía y disolver un Parlamento -esto es un golpe de Estado-, para inaplicar una ley -esto es un golpe de Estado- o para impedir la renovación del Poder Judicial. Ustedes y ustedes (señala los escaños de los grupos parlamentarios Socialista y
Popular en el Congreso, respectivamente), que se llaman constitucionalistas, lleven toga o no, son unos golpistas.
Acabo. El problema -lo sabemos todos- no es de independencia, es que la cúpula judicial es una costra de franquismo ocupada por la derecha y la ultraderecha. No está en juego la independencia del Poder Judicial, lo está su imparcialidad y
su legitimación democrática, y también lo está lo realmente importante: la independencia de criterio de los jueces en su actividad jurisdiccional; ahí está la independencia judicial en juego.
Últimamente se está hablando mucho de desocupar. El Consejo General del Poder Judicial sí que se debe desocupar, y les voy a decir cómo. Junts per Catalunya ha presentado una proposición de ley y también una enmienda a la ley de eficiencia
judicial con la que, acabado el mandato de cinco años por el que fueron nombrados los vocales del Consejo General del Poder Judicial, deben cesar. Cesan en sus funciones y cesan en sus sueldos y prerrogativas. Se quedan tres miembros para tareas
administrativas básicas sin que puedan realizar ningún nombramiento. ¿Saben lo curioso? Que los jueces más responsables del Tribunal Supremo apuestan por esta solución. Señores socialistas, si quieren dejar de ser cómplices de este golpe de
Estado del Partido Popular, de este golpe de Estado de la derecha y de la cúpula judicial, ya lo saben: ayuden a desocupar el Consejo General del Poder Judicial y apoyen la iniciativa de Junts per Catalunya para que cesen inmediatamente en sus
funciones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pagès. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la palabra).
¿Sí, señor Espinosa de los Monteros?
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Por el artículo 72.1 en relación con el artículo 103.1 del Reglamento, me gustaría pedirle que solicite o bien que retire o que usted borre del Diario de Sesiones la expresión del diputado de
Junts per Cat 'la cúpula judicial es una costra del franquismo'.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Pagès i Massó, ¿desea usted retirar dicha expresión?
El señor PAGÈS I MASSÓ: En ningún caso. Es la pura verdad. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats.
Primero de todo, quisiera decir que hoy se conmemora el Día de la Resistencia Romaní. Desde aquí nuestro abrazo a todo el pueblo gitano. ¡Opré romá! (Aplausos).
Miren, desde que estoy en este Parlamento he perdido la cuenta ya de la cantidad de veces que hemos debatido sobre el tema. La última, que yo recuerde, fue también una iniciativa del Partido Popular cuya toma en consideración debatimos en
Pleno el 21 de septiembre de 2021. Debatimos mucho mucho mucho, pero no acabamos de solucionar el problema, y traslado toda la responsabilidad a los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que ahora mismo
tienen esa mayoría. Sinceramente, creo que con esta proposición de ley tampoco lo van a solucionar, porque ya es una línea roja que ha puesto el Partido Popular y hemos escuchado en declaraciones públicas que, si no se aprueba esta ley, no hay
renovación. Señorías, está claro que ninguno de los dos tiene voluntad de renovar nada porque les conviene que todo siga así: el PP afinando todo lo que pueda por la puerta de atrás contra el movimiento independentista catalán y el PSOE porque
cuanto peor, mejor y así mantienen el conflicto y la pugna con su gran rival. (Aplausos).
Somos muy conscientes de lo que vienen recomendando los organismos europeos -créame que nosotras sí que escuchamos y atendemos todo lo que nos viene de Europa, no como otros-, pero lo que no se tiene en cuenta es esta mayoría conservadora y
también machista de la cúpula judicial, y lo que haría esta reforma es garantizar esa hegemonía a todos los amiguitos en la cúpula judicial para seguir campando a sus anchas y haciendo y deshaciendo a su antojo. El órgano de gobierno de la justicia
debe ser representativo de la democracia, y eso, señorías del PP, parece que les cuesta entenderlo, porque los jueces no son la justicia, no son los salvadores de la patria, sino que la justicia es del pueblo y es el pueblo quien debe organizar y
escoger quién y cómo la va a dirigir, como ocurre con cualquier otro poder del Estado.
Esta proposición de ley no soluciona el verdadero problema, que no es otro que el de cómo hacer entrar la democracia en un órgano mal diseñado, mal conformado e indebidamente representativo de la pluralidad política. Ese es el principal
problema. Además, esta iniciativa nos ha sorprendido porque no garantiza efectivamente la paridad en la cúpula judicial, otro gran techo de cristal que no son capaces de romper.
Parece que el Partido Popular y el PSOE no comparten ningún tipo de opinión respecto a este órgano de gobierno de los jueces. Escuchándoles durante la presente legislatura en repetitivos debates, si es que se puede llamar así, una pensaría
que jamás se han puesto de acuerdo en este asunto, pero lo cierto es que, salvo esta vez, la tónica habitual viene siendo justo la contraria: el Partido Popular y el Partido Socialista siempre se han repartido los cargos de la cúpula judicial de
forma amistosa. De hecho, hace poco más de cuatro años vimos el último e ignominioso episodio de este gran pacto en materia de gobierno judicial entre el PP y el PSOE que lleva décadas en funcionamiento. Concretamente, el 12 de noviembre de 2018
asistimos a un acuerdo entre estos dos partidos del establishment para nombrar presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a Manuel Marchena, todo ello con los presos polítics catalans encarcelados sin sentencia
condenatoria; de hecho, todo ello con un juicio en marcha que dependía concretamente de este Tribunal Supremo y de ese juez que lo presidía, que era Manuel Marchena. El elemento más recordado de aquel bochornoso episodio fue el que perfectamente
se ha repetido aquí en el debate de hoy, el que le permitía al Partido Popular controlar esa Sala segunda del Tribunal Supremo. Señoras del PP, esto de la independencia de los jueces no la han descubierto ahora, porque, cuando las mayorías les son
favorables, es un tema que no les preocupa tanto; de hecho, es justo lo contrario, poco menos que se jactan de esta ausencia de democracia e independencia del Poder Judicial. Y, señorías del PSOE, ¿por qué entonces el Partido Popular no era, como
dicen ahora, un partido corrupto e incumplidor? ¿O es que ya lo era para ustedes entonces, pero les convenía seguir alimentando la máquina? ¿Por qué les critican ahora, por convicción democrática sobrevenida o, más bien, por un interés partidista?
Quizás en este punto Partido Socialista y PP no son tan distintos.
Voy terminando. Para Esquerra Republicana Europa siempre ha sido nuestra aliada y es en donde esperamos que nos den la razón, como, por ejemplo, ha ocurrido recientemente con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha admitido a
trámite la demanda que Oriol Junqueras presentó por vulneración
de sus derechos políticos mientras estaba en prisión preventiva en el año 2017. (Aplausos). Claramente, fue una vulneración de la libertad de expresión y del derecho a unas elecciones libres, así como un abuso de poder por parte del
Estado. Ahora, el Gobierno tiene hasta el 1 de septiembre para posicionarse al respecto; veremos qué dice. Otro gran ejemplo, también reciente, es el del compañero Carles Mundó, al que se le ha reconocido que su prisión provisional, que duró más
de un mes, fue totalmente injusta, y se le ha reconocido derecho a indemnización. En este caso no ha sido la justicia europea, pero sí su jurisprudencia la que ha influido en la decisión. A ver si ocurre lo mismo con las miles de causas que
tenemos abiertas en Cataluña contra el movimiento independentista. Así que, por todo ello, nosotros no vamos a dar apoyo a esta iniciativa.
Por último, les hago una advertencia, señorías del PSOE: les han avisado ya desde Europa que antes de su Presidencia, en julio, este tema debe estar resuelto; veremos cómo lo hacen. Estaremos expectantes.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.
El señor ASENS LLODRÀ: Señorías de VOX, no se rasguen las vestiduras con las palabras del señor Pagès. Que la Transición pasó de puntillas, o no pasó, por la cúpula judicial es una verdad. Usted tiene la piel muy fina, pero después no
tiene ningún problema a la hora de insultar. Este domingo, sin ir más lejos, el señor Abascal llamó a la alcaldesa de Barcelona psicópata peligrosa. Desde aquí, queremos solidarizarnos con la alcaldesa y con todas las mujeres que reciben los
ataques de la extrema derecha. Eso sí que es reprobable. (Aplausos).
Señorías del Partido Popular, señora Moro, que traigan ustedes esta propuesta hoy aquí es una tomadura de pelo, es un chantaje. Existen argumentos para defender la reforma del modelo de selección de los jueces; es un debate pertinente. Lo
que no es pertinente, lo que no es aceptable, es que tengamos un gobierno de los jueces caducado, que lleva cuatro años y medio funcionando contra el mandato de las urnas y de la Constitución. Si esto pasara con el Gobierno, ¿qué diríamos?
Imagínense ustedes que el Gobierno, después de las elecciones, las pierde, decide no disolverse y seguir en funciones, pues diríamos que eso es un golpe a la democracia, que es un gobierno ilegítimo. Pues eso es lo que está sucediendo con el
gobierno de los jueces. Ser demócrata es aceptar que la ciudadanía con su voto es la que tiene la última palabra, que son las Cortes Generales. La democracia se basa en eso, en la soberanía popular, y con ese principio se legitiman las
instituciones y se renuevan después de las elecciones. Así pasa en el Congreso, así pasa también en el Poder Judicial, en el Gobierno del Estado y en el gobierno de los jueces; y ustedes están subvirtiendo ese principio fundamental de la
democracia. Que ustedes vengan hoy aquí a esta Cámara y se presenten como los demócratas defensores de la Constitución, de la independencia judicial y de la neutralidad de las instituciones es un acto de puro cinismo, es un acto de pura hipocresía.
Es hipocresía porque ustedes son los de 'La Fiscalía te lo afina', que dijo su ministro del Interior, porque a ese exministro le piden quince años de prisión y todavía forma parte de su partido. Es hipocresía porque ustedes cuando están en la
oposición dicen una cosa, pero cuando están en el Gobierno hacen la contraria. Lo hicieron con Rajoy, politizaron todavía más la justicia con una reforma diseñada para dar todo el poder a los vocales del Partido Popular. Fue una reforma como la
que pretenden ahora, una reforma hecha a medida de sus intereses. Es hipocresía porque ustedes han utilizado las instituciones para financiarse ilegalmente, para amañar en elecciones o evitar la formación de gobiernos democráticos. Es hipocresía
porque esta Cámara les reprobó a ustedes al fiscal general del Estado y al fiscal Anticorrupción por obstruir a la justicia. Es hipocresía porque a ustedes les ha calificado la UDEF, la justicia, de organización criminal y porque ustedes son el
partido con más de trescientos imputados o condenados por corrupción, entre ellos seis ministros y ocho presidentes autonómicos. Por eso, necesitan controlar la cúpula judicial, necesitan ahí jueces afines, porque es una cuestión de pura
supervivencia. Ese es el sentido del famoso mensaje de su señor Cosidó, que explicaba el modus operandi mafioso para atar en corto a los jueces, controlarlos por detrás. Por eso, también está el famoso mensaje de M. Rajoy: 'Luis, hacemos lo que
podemos'. 'Sé fuerte'. (Aplausos).
Ustedes hablan de despolitizar la justicia, pero cuando pueden colocan a sus afines en la Sala segunda, como al señor Hurtado. Siempre que ustedes vuelvan con una propuesta como esta, les recordaré esos nombres. El señor Hurtado fue el
único que se opuso a la condena de la Gürtel, el único que se opuso a la entrada en prisión de la mujer de Bárcenas, condenada a catorce años de prisión; por
eso, ustedes le premiaron con la Sala segunda del Supremo. El señor Hurtado no es una excepción, hay muchos, como Concepción Espejel y Enrique López, afines al Partido Popular, por eso fueron recusados también en la Gürtel, y que ustedes
han ascendido a lo más alto de la Audiencia Nacional; incluso a Enrique López lo llevaron al Tribunal Constitucional, hasta que le cazaron por conducir borracho y hace un tiempo lo rescataron como portavoz de Justicia y mano derecha de la señora
Ayuso. El mensaje que mandan a los jueces es peligrosísimo: si te atreves a investigar o condenar la corrupción del Partido Popular no vas a poder ascender en el escalafón. Que se lo digan a Pablo Ruz, que se atrevió a ordenar el registro de la
sede del Partido Popular y ahora está en un juzgado del extrarradio de Madrid; o que se lo digan al juez Ricardo de Prada, que es el ponente de la Gürtel, y al que ustedes vetan. Después, tienen la caradura de venir aquí a decir que están a favor
de despolitizar la justicia y que defienden la neutralidad de las instituciones. Es que ustedes son la auténtica amenaza a la Constitución y a la independencia judicial en España. (Aplausos).
Ustedes, cuando gobiernan, utilizan las cloacas del Estado para perseguir a sus adversarios políticos, para destruir pruebas, para tapar los casos de corrupción, para extorsionar; y cuando pierden el poder, intentan recuperarlo por vías
ilegítimas, con fake news, con mentiras, agitando el odio o atrincherándose en las instituciones del Estado, en el Tribunal Constitucional o en el gobierno de los jueces. El problema de fondo es que ustedes no aceptan las reglas del juego
democrático, solo las aceptan cuando les sirve para acceder o mantenerse en el poder; cuando lo pierden, intentan subvertir el orden constitucional, el orden democrático. Esto no es de ahora, ha sido siempre así: fue así en la República, fue así
con Zapatero. Y tiene que ver con la visión patrimonialista que tienen ustedes del poder, porque creen que, si el poder no lo ocupan ustedes, quien lo ocupa lo hace de forma ilegítima. Por eso, le digo al resto de miembros de la Cámara que tengan
presente que no se va a renovar el Consejo General del Poder Judicial de la mano de quien lo sostiene como rehén y chantajea a este Congreso, chantajea a la democracia, a la sede de la soberanía popular, con no cumplir con la ley ni con la
Constitución si no se cumplen sus exigencias, que son cambiantes. Por eso, tenemos que acabar con su estrategia, porque su estrategia es ganar tiempo para llegar a las elecciones y, si las ganan, renovar con mayoría absoluta el Gobierno de los
jueces. Esa es su estrategia. Por tanto, el resto de formaciones nos tenemos que poner de acuerdo para rescatar la propuesta que pusimos nosotros sobre la mesa, precisamente para poder renovar el gobierno de los jueces sin el Partido Popular.
Esta es una cuestión de obligación democrática.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Asens.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina. (Aplausos).
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
Ante esta proposición de ley del Partido Popular, debemos hacernos tres preguntas. La primera: ¿por qué la presenta ahora? Respuesta: porque estamos a diez días de las elecciones del 28 de mayo, porque estamos en la recta final de una
legislatura próximos a unas elecciones generales y porque estamos en un momento de huelga en el ámbito judicial. Segunda pregunta: ¿en qué justifica el Partido Popular volver a este asunto? Dice que es porque el grupo Greco, porque la Comisión de
Venecia o el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos indican que debe hacerse así. ¿Pero es que no creemos en nuestra propia soberanía nacional y judicial? ¿Es que tenemos que esperar a que nos digan desde la Unión Europea o desde los
diferentes organismos internacionales que hay que defender la división de poderes y la independencia judicial? (Aplausos). Tercera pregunta que nos debemos hacer: ¿es necesaria esta iniciativa? La respuesta es que sí. Cualquier iniciativa que
tenga como objetivo lograr la independencia del Poder Judicial es buena, pero ustedes no son creíbles.
El modelo de 1980, aprobado en la época de la UCD, fue el único modelo respetuoso con el espíritu de la Constitución, de los artículos 122.3, sobre la conformación del Consejo General del Poder Judicial, y 117, sobre la independencia del
Poder Judicial. Tuvo que venir el Partido Socialista en 1981 a destruir ese espíritu de independencia, decidiendo que los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial iban a ser elegidos por el Poder Legislativo, por los partidos políticos
en el Congreso y en el Senado. Y,a pesar de que el Tribunal Constitucional advirtió en su memorable sentencia que era un riesgo el hecho de que los partidos tuvieran la tentación de utilizar ese sistema de elección para meter a sus peones
políticos, eso ha sido una realidad durante años y ustedes lo han aceptado. Tuvo que venir el Partido Popular con el maquillaje de la Señorita Pepis, y en el 2001 nos dijo que íbamos a elegir 36 precandidatos o en el 2013 que iban a hacer falta los
avales de las asociaciones. Pero en ambos modelos del Partido
Popular volvíamos al punto de partida: quienes en última instancia elegían a los vocales del Consejo General del Poder Judicial eran los partidos políticos en el Congreso y en el Senado. En el 2021, el Partido Socialista hizo una
modificación, porque le venía mal, como no controlaba el Consejo General del Poder Judicial, y no estaba dispuesto a que la elección de las altas magistraturas se pudiera llevar a cabo por el Consejo. Luego, se dio cuenta de que le venía bien, hizo
una reforma parcial y dijo: bueno, sí, se pueden elegir en funciones precisamente los dos que necesito que elija el Consejo General para que yo pueda introducir los dos a dedo en el Tribunal Constitucional y controlar el Tribunal Constitucional,
porque ya no les gustaba lo que el tribunal estaba sentenciando a favor, precisamente, de las iniciativas judiciales de VOX. (Aplausos). El Partido Popular, ahora, entre otras cuestiones, introduce la cuestión de la proporcionalidad entre
magistrados asociados y no asociados -lo hace en el artículo 574- o la búsqueda de la proporcionalidad entre hombres y mujeres. Digo yo que los vocales habrán de ser elegidos por su valía profesional y su independencia, no en función de si están
asociados o no asociados o en función de si son hombres o mujeres. (Aplausos). En definitiva, Partido Popular y Partido Socialista, tanto monta, monta tanto, siempre a cuestas con la colonización de los órganos judiciales y la injerencia política
en el Poder Judicial.
VOX, desde su fundación, ha levantado la bandera de la necesaria independencia del Poder Judicial, de la elección de los doce vocales de origen judicial por y entre jueces y magistrados, con un voto personal, directo, igual y secreto,
reforzando la antigüedad para acceder a las plazas del Tribunal Supremo, de los tribunales superiores de Justicia, restringiendo el acceso de aquellos que provenían de cargos electos públicos y, por tanto, intentando no contaminar la elección de
magistrados provenientes de la política. El 7 de julio del 2022, presentamos una iniciativa precisamente en relación con la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Muchas otras iniciativas ha presentado nuestro grupo
siempre con el mismo objetivo: lograr la independencia de la Fiscalía General del Estado o lograr una retribución justa y unos presupuestos suficientes para el Poder Judicial, o reforzar el papel de la Policía judicial o la instrucción del proceso
penal a manos de los jueces.
Siento decirles que los españoles ya se han dado cuenta de que el PP es el partido de las promesas y las propuestas incumplidas, que dice una cosa cuando está en campaña -como ahora- o cuando está en la oposición -como ahora- y hace una cosa
muy distinta cuando se encuentra en el Gobierno con facultades de reformar y de modificar las cosas. (Aplausos). Porque, señoría, las mismas propuestas y las mismas promesas que ahora nos hacen para reformar el Consejo General del Poder Judicial
en el sistema de elección las han hecho ustedes proponiendo y prometiendo bajar impuestos; proponiendo y prometiendo ilegalizar a los proetarras -y nos quedamos solos cuando VOX lo trajo aquí en dos ocasiones-; prometiendo acabar con las leyes
ideológicas de la memoria histórica o de la ideología de género; prometiendo y prometiendo, proponiendo y proponiendo, y traicionando la confianza de sus votantes, como lo han hecho aquí mismo, como aquí mismo. (Un señor diputado pronuncia
palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: No, como aquí mismo, como aquí mismo. Nosotros, a quien nos traiciona lo echamos a patadas de nuestra casa. (Un señor diputado: Ya, ya). Ustedes lo dejan dentro hasta que lo echan los tribunales.
(Aplausos).
Termino, señora presidenta. Iba a añadir que también, hablando de promesas, hay una que se va a recordar en los anales de la historia de la mentira política: es el centro de la mentira, el Madrid Central de Carmena que prometió quitar y
hoy lo sufrimos todos los madrileños.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda Vargas.
El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el día de la marmota. Señora Moro, hoy traen con 88 votos la proposición de ley que no trajeron con 180. ¿Qué ha pasado? Ahora se lo explicaré. Esto es una mentira -otra-, una proposición falsa, oportunista, electoralista y
engañosa. No nos traigan más proposiciones, cumplan la Constitución y desbloqueen el Consejo. (Aplausos). Hagan caso del comisario europeo de Justicia,
que les dijo bien claro: primero, se renueva el Consejo y, después, se habla sobre el sistema de elección. Están solos, aislados y van contra dirección. Ustedes, en cambio, nos dicen: primero, cambio el sistema, me garantizo de paso una
mayoría conservadora y, luego, ya si eso, elegimos el Consejo para que me satisfaga.
¿Aquí de qué estamos hablando? Ustedes lo único que quieren es controlar la justicia y nos van distrayendo con fuegos artificiales, excusas y palabras vacías; ustedes, que son los genios del lenguaje, para no decir una verdad. Cuando
dicen crisis inmobiliaria para no decir especulación; precariedad, para no decir abusos laborales; sobrecostes en vez de pelotazos; apoyo financiero en vez rescate a la banca; movilidad exterior en vez de fuga de cerebros; reformas
estructurales en vez de recortes. Nos dicen ahora -y lo diré sin reírme- que hay que fortalecer la independencia judicial, en vez de decir que hay que seguir controlando la justicia (aplausos), porque en su proposición de ley brilla por su ausencia
la independencia judicial. Lo quieren hacer todo al revés. Primero, señorías, renovar. Ustedes quieren empezar la casa por el tejado, y yo les digo que lo digan claro, que digan en público lo que dicen en privado, en los wasaps: el único acuerdo
que queremos es el que nos garantice el control conservador de la justicia, díganlo. Sean sinceros y digan: señores del PSOE, si el pacto es nombrar los veinte nosotros, oye, no hay cambio de sistema, ya está hecho. Porque en el fondo lo que les
pasa y lo que les venimos diciendo es que son prisioneros de su miedo, que quieren controlar la justicia por si un día acaban en ella. Y miren, su proposición carece de fundamentos suficientes que respalden un cambio tan importante en el proceso de
elección de los vocales, en el que se elimina la participación de estas Cámaras como representantes de la soberanía popular.
Señorías, a lo que vamos, cuando intervine aquí en esta legislatura por primera vez, allá en mayo de 2020, el Consejo ya estaba caducado. Por cierto, señor Bal, sí, 1620 días, desde el 4 de diciembre de 2018. Por cierto, ser equidistante
en ese tema es justificar al que bloquea, porque ¿saben qué pasa?, ¿saben de qué va todo esto? Esto va de que ustedes nunca han sabido perder, dado que ustedes no aceptan el mandato de las urnas. Su proyecto es un proyecto de bloqueo, sí, pero
también de demolición, y ya lo han dicho, de demolición de las conquistas sociales. Es un proyecto de bloqueo institucional y de derogación, como ha dicho su líder, es un proyecto antipático y desleal. Y miren, sí, ustedes y su proyecto han robado
cuatro años de mayoría progresista de la justicia a la soberanía popular, eso es lo que tenemos ahora mismo. Porque, señorías, las cosas pasan cuando pasan, y aunque a ustedes no les guste reconocerlo, ha tenido que ser un gobierno socialista el
que afronte la reforma profunda de nuestra justicia. Y son ustedes, el PP, ahora que no están gobernando, casualmente otra vez, los que bloquean la justicia negándose a ejercer el papel constitucional que otros hemos jugado cuando hemos estado en
la oposición. Y miren, no me cansaré de repetirlo y quisiera que todos aquellos que nos escuchen, nos vean o nos lean, sepan de la gravedad de la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que sepan de la importancia que tiene
este bloqueo para España. Miren, sí, las cosas pasan cuando pasan, y no es casualidad que esta omisión pase con el PP en la oposición. Porque lo que no vale, lo que es una trampa como un piano, es reformar la ley a solas, cuando gobiernan, apostar
por el mismo modelo los últimos años, pactar con el PSOE cuando están en la oposición y girar 180 grados cuando son ustedes los que han de ser constitucionalmente leales; y el colmo de la desfachatez es traer esta reforma a las Cortes. Por eso
siempre digo -e insisto, lo repito- que el problema de raíz es su concepción patrimonialista de la justicia, del poder y de España (aplausos), es su concepción de que España es suya, es de su propiedad.
Es verdad, aquí se dice que en la España de VOX no cabemos todos, eso ya se ha dicho y está claro, no cabemos todos. Pero mire, hay un matiz, en la suya sí que cabemos todos; eso sí, ha de quedar claro que es suya, que aquí las cosas pasan
cuando ustedes gobiernan. Por eso, no es de recibo que esta actitud suya sea meramente electoralista, partidista e instrumental y que usen de manera impúdica a la justicia. Pero miren, tanto o más grave es su actitud estos últimos años, pues no
han estado nunca en los grandes retos a los que este país se ha enfrentado; y no solo no han estado, sino que han sido desleales, señorías del PP. Por eso -y acabo, señora presidenta-, ante su rencor, ante su lealtad, ante su mala fe, seguiremos
en esta bancada con más gestión, lealtad y compromiso con los españoles.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PERMISOS REMUNERADOS EN EL TRABAJO. (Número de expediente 162/001193).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la ampliación de permisos remunerados en el trabajo.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Señorías, sencillo y breve, porque yo creo que las cosas buenas en política suelen ser sencillas y breves.
Primer ejemplo. En este país, 45 000 mujeres cada año sufren un aborto espontáneo, 45 000 mujeres pasan probablemente por uno de los peores trances que pueden pasar en su vida. ¿Y saben dónde lo pasan si lo pasan antes del día 180 de
gestación? En su trabajo, en su puesto de trabajo.
Por eso, hoy aquí el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana propone, pide un permiso laboral retribuido para intentar cubrir ese espacio de tiempo entre la sexta semana y el día 179 de gestación, de tal forma que si sucede un aborto
espontáneo, tengan un permiso laboral retribuido de cinco días para no tener que ir a trabajar al día siguiente. La pregunta es sencilla, señorías: ¿alguien está en contra de esto?, ¿a alguien le suena mal esto? En definitiva, ¿alguien va a
votar en contra de esto?
Segundo ejemplo. En este país, señorías, casi dos millones de personas van a terapia, casi dos millones de personas van al psicólogo o a la psicóloga. Es bueno, está bien, pero sería muchísimo mejor si no tuvieran que gastarse de media 60
o 70 euros por cada sesión, y sobre todo sería muchísimo mejor si no tuvieran que ir reventados o reventadas después del trabajo a cada sesión. Sería mucho mejor si no tuvieran que negociar cada sesión con su jefe, y sería aún mejor si no tuvieran
que negociar cada sesión en recuperación de horas, si no tuvieran que recuperar las horas de terapia en horas de trabajo, sería muy bueno, sobre todo, señorías, en un país con once suicidios al día. Señorías, para muchísima gente, para todas
aquellas personas que tengan que seguir tratamientos de este tipo, la diferencia entre vivir o morir quizá sea tener este permiso laboral retribuido que hoy en día no existe. Para mucha gente la diferencia entre vivir o morir puede ser esa. Así
que la pregunta vuelve a ser muy sencilla: ¿alguien está en contra? ¿A alguien le suena mal esto? En definitiva, ¿alguien va a votar en contra de esto?
Tercer ejemplo. ¿Saben qué pasa en este país cuando a alguien, desgraciadamente, se le muere un hijo o una hija, por ejemplo? ¿Saben qué pasa? Pasan tres cosas: primero, que tiene que gestionar el tanatorio; segundo, que tiene que
gestionar el funeral, y tercero, que tiene que ir a trabajar, repito, tiene que ir a trabajar. Y ya no hablo de la gente, muchísima gente, centenares de miles de personas que en este país tienen a sus hijos y a sus hijas a miles de kilómetros. ¿Se
pueden llegar a imaginar cuánta gente de otros países del mundo que trabajan en este país no han podido enterrar in situ a sus hijos simplemente porque no existe un permiso laboral retribuido? Por eso, hoy aquí el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana propone un permiso laboral retribuido de diez días de traslado aparte.
Les pedimos, señorías, en definitiva, que hoy voten por algo bueno y que hoy hagamos algo bueno para la gente, más allá de nuestras siglas, de nuestras banderas e incluso de nuestras ideologías. Les repito, ¿quién está en contra de estos
tres ejemplos? ¿Quién está en contra de esto que hemos dicho? ¿Alguien puede votar en contra de que la gente pueda seguir una terapia sin tener que negociarlo con su jefe? ¿Alguien puede estar en contra de que si desgraciadamente una mujer sufre
un aborto espontáneo, no tenga que ir al día siguiente a trabajar? ¿Alguien está en contra de no poder enterrar a su hijo o a su hija simplemente porque está a miles de kilómetros? ¿Alguien está en contra de estos permisos laborales retribuidos
que hoy aquí pide Esquerra Republicana?
Sabemos que el partido del Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, probablemente vote en contra de esto o no vote a favor. La respuesta es que Hacienda dice que no hay dinero. ¿Pero esto qué es? Primero, es falso, y segundo, si un
país merece estar endeudado es por cosas como esta, señorías. (Aplausos).
No hagan elegir a la gente entre su inherente derecho a la salud o llegar a final de mes. No hablen tanto de ETA, cuando pueden hablar de derechos para la gente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rufián.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Presidenta, señorías, buenas tardes.
Compartimos con sus señorías de Esquerra la necesidad de tomar medidas para facilitar la conciliación entre la vida laboral y la familiar, porque no es la primera vez que yo subo a esta tribuna a hablar del problema que tiene España, en
general, con la conciliación. Con datos hasta marzo de 2023, el 70 % de los padres y madres dicen que tienen dificultades para compaginar su vida profesional con el cuidado y la educación de sus hijos y, de las pocas soluciones que hay, casi todas
tienen un efecto colateral, que es lastrar de manera injusta la carrera profesional de las mujeres. En concreto, nueve de cada diez madres tienen dificultades para compaginar su vida profesional con su vida familiar, y ese porcentaje del 70 % de
padres y madres que tenían dificultades asciende y supera el 80 % en el caso de las mujeres.
Pero estando de acuerdo con usted, señor Rufián, y con el fin de esta iniciativa, creemos que la propuesta que plantea no va en la dirección adecuada ni es justa con las empresas. Usted ha dicho que hagamos algo bueno hoy, y yo le digo:
sí, hagámoslo, pero hagámoslo bien, y por ese motivo hemos presentado una enmienda a su iniciativa.
Los permisos retribuidos son una figura totalmente excepcional en el marco laboral español, y lo son por una razón sencillísima, porque suponen un enorme coste para una empresa, pues a la dificultad que conlleva la ausencia de un trabajador,
en muchos casos por breves periodos de tiempo que ni siquiera pueden cubrir, se añade pagar un salario a pesar de que no se esté realizando ese trabajo. A poco que uno se fije en la legislación laboral actual se da cuenta de ello, porque las
causas, además de tasadas, tienen todas una duración cierta y determinada, como los quince días por matrimonio, un día por traslado de domicilio o un día por jornada electoral. Sin embargo, la propuesta de sus señorías de Esquerra plantea permisos
retribuidos totalmente irrestrictos para cuidados propios y de hijos. Bienintencionado es su planteamiento, pero creo que no está nada reflexionado, porque la salud, por desgracia, no depende de la voluntad de cada uno, pues uno puede estar años
sin pillar un resfriado -me van a permitir la expresión- o tener rachas de acudir al médico prácticamente cada mes o cada semana. Que me lo digan a mí, que tengo un niño con los virus de guardería día sí y día también. No hay empresa que pueda
asumir el coste económico de tener un trabajador encadenado a permisos semanales retribuidos. Hasta ustedes, señor Rufián, en su iniciativa se han dado cuenta de esto que plantean y han tenido que incluir un quinto punto en su proposición no de ley
para que creemos un mecanismo de compensación para las pequeñas empresas, para que estas puedan reclamar a la Administración General del Estado una compensación equivalente a las cantidades salariales abonadas en los permisos retribuidos.
El problema es que -y ese es otro de los motivos para enmendar su iniciativa-, o se trata de un derecho subjetivo del trabajador que puede ejercer frente a la empresa, en cuyo caso esta asume el coste, o se trata de una prestación pública en
el marco de la protección social que garantiza nuestro Estado del bienestar. Lo que no puede ser, señor Rufián, es que sea las dos cosas a la vez para que nos pueda cuadrar el relato, porque al final este apaño que se han querido sacar de la manga
es lo de siempre -o es lo que yo he entendido, que también tengo una mente retorcida-, que las empresas son malas y que lo paguen todo. Pero incluso partiendo de ese marco mental, esto no es forma de hacerlo, sería un mecanismo absurdamente
burocrático y habría una barrera arbitraria de cincuenta trabajadores que actuaría como barrera de crecimiento de las empresas.
Yo misma le planteo una alternativa: amplíen la cobertura del Estado para el cuidado y la asistencia sanitaria que asuma el coste del permiso, y luego, si quieren, aumenten la fiscalidad de las empresas a un modelo más progresivo, pero no
creen mecanismos ad hoc cuyo único fin es crear un entramado imposible de gestionar, dándole otra cuota de poder al duopolio sindical. Y, por una vez, piensen de verdad en los trabajadores, porque, como le decía, podemos poner miles de mecanismos
de ayuda, de prestaciones, de subvenciones, de deducciones o cualquier cosa que se nos ocurra, pero la principal causa de que en España sea imposible formar familias con hijos es bien conocida...
La señora PRESIDENTA: Señora Muñoz, tiene usted que terminar, por favor.
La señora MUÑOZ VIDAL: ... es el tiempo, y sin tiempo no se puede conciliar. Señor Rufián, hagamos algo bueno, pero hagámoslo bien.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. (Aplausos).
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidenta.
Señor Rufián, los mítines déjelos usted para el fin de semana.
El Grupo Parlamentario VOX mantiene una distancia infinita con el grupo proponente, con Esquerra Republicana, una formación política, como todos sabemos, socio preferente del Gobierno de Sánchez, que sistemáticamente proyecta sus iniciativas
con el objetivo de dinamitar dentro de las instituciones la unidad de la nación española y, por tanto, la base de nuestra Constitución, pero al mismo tiempo es una formación política que pretende trasladar a la opinión pública que ellos son los
defensores de los trabajadores, y yo creo que para poder defender algo o a alguien primero uno debe conocer aquello que defiende, es decir, el trabajo. (Aplausos).
Claro, hoy, en plena campaña electoral, nos traen una iniciativa que, en apariencia, viene a ampliar derechos de los trabajadores solicitando que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.3, contemple más supuestos en los que el
trabajador pueda ausentarse del trabajo justificadamente, sin que ello suponga la pérdida de su sueldo. Sin embargo, el carácter proteccionista que promueve esta iniciativa se aleja de los estándares normativos que imperan, por ejemplo, en
ordenamientos jurídicos de países de nuestro entorno, como Francia, Portugal o Italia, que cuentan con una normativa sobre permisos retribuidos muy similar a la nuestra. Ustedes, que son los de la homologación con Europa. Esta cuestión, omitida a
propósito por el grupo proponente, tiene como única finalidad sugerir o trasladar a los ciudadanos la idea de que el empresario es un sujeto maligno, carente de sensibilidad y explotador por naturaleza, cosa que denota la falta de consideración y
empatía de Esquerra Republicana con quienes sí se deciden a contribuir y a generar puestos de trabajo, cosa que otros no hacen. Pero la realidad es que en España son cada vez más los convenios colectivos que contemplan este tipo de permisos
retribuidos, por lo que la urgencia que señala la iniciativa para reforzarlos normativamente no queda del todo justificada, ya que algunos de los permisos retribuidos que se proponen se encuentran protegidos por la vía de la negociación colectiva.
Y, mire, yo les diría, si quieren defender y proteger de verdad a los trabajadores, que se hagan ustedes autónomos, que monten una empresa o un negocio, que emprendan algo; que contraten trabajadores, que les paguen un salario adecuado, no el
salario mínimo interprofesional, sino el que merecen por su cualificación, esfuerzo y dedicación; que abonen esas cotizaciones sociales disparatadas (el señor Capdevila i Esteve: No he parado de hacer esto durante treinta años); que paguen los
impuestos, arbitrios, tasas a la Agencia Tributaria, a la Seguridad Social, a la Administración local y la autonómica, y, si eso, ya después, vengan aquí ustedes con una propuesta seria, creíble, real y entonces podrán decir ustedes que saben y
conocen lo que sí necesitan los trabajadores y que entonces los defienden. Y, sí, yo lo digo alto y claro, porque quiero y porque puedo, porque sé de lo que hablo. (Aplausos).
Mire, Jorge tiene un bar en Toledo y, ahora mismo, tiene cinco trabajadores, uno en situación de baja laboral, y necesita al trabajador. ¿Qué hace? ¿Contrata a otra persona, paga dos sueldos, dos cotizaciones a la Seguridad Social? ¿A
Jorge quién le ayuda? ¿Ustedes? No, ¿verdad? Juan tiene un taller mecánico con dos trabajadores, uno en situación de baja y necesita a los dos. Díganme ustedes, ¿qué le decimos a Juan?, ¿que contrate a otro mecánico, que pague dos sueldos y dos
cotizaciones? Ustedes, claro, vienen aquí, cobran su sueldo con sus propuestas mágicas, a ver si llenan las urnas de votos para seguir calentando el escaño. En fin, no es lo mismo predicar que dar trigo. Yo les invito a que monten un negocio,
contraten trabajadores y luego traigan propuestas sobre la base de esa realidad que los autónomos y las empresas españolas viven.
En cuanto a las enmiendas que hemos planteado a su PNL, cuando habla del permiso laboral para los padres que afronten una pérdida gestacional, nosotros estamos parcialmente de acuerdo, pero para nosotros no hay que poner una fecha de inicio,
sino que debe ser desde el inicio de la gestación, porque toda vida es igual de digna, desde la concepción hasta la muerte (aplausos), por tanto, la norma no debe dejar hitos en el embarazo.
En cuanto a instaurar un mecanismo de compensación para las empresas y entidades de economía social que deban hacer frente al abono de salarios, como ya hemos dicho, por estos permisos sin prestación efectiva del servicio, consideramos que
resulta preciso atender a las diferentes particularidades de cada empresa y, en concreto, al tamaño de las mismas. Por ello, se requiere el establecimiento de un sistema gradual de compensación que tenga en cuenta la dimensión de la plantilla y la
situación en la que puede encontrarse una empresa ante la ausencia de un número determinado de trabajadores.
Para terminar, con la tercera enmienda que les planteamos el Grupo Parlamentario VOX insta al Gobierno a impulsar la reducción de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, con el fin de promover la creación de empleo y riqueza, así
como la que corresponde a los trabajadores, para fomentar la disminución de la presión fiscal y del esfuerzo fiscal, al objeto de aumentar la renta disponible e incrementar la capacidad de ahorro de las familias. Porque, hoy, en España -y termino-,
ni los trabajadores cobran lo que se merecen ni las empresas pagan más de lo que deberían, y la enorme distancia que separa una y otra cifra debemos acortarla. ¿Saben cómo se acorta? Recortando el Estado del bienestar de los políticos y no el de
los españoles, poniendo la Administración al servicio de los ciudadanos y que la Administración no se convierta en el cortijo de los políticos. Y, para eso, solo hay un camino: cuidar lo tuyo, cuidar lo nuestro y el voto seguro, que es el voto a
VOX. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cañizares.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pérez Recuerda.
La señora PÉREZ RECUERDA: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Estamos debatiendo una proposición no de ley sobre la ampliación de permisos remunerados en el trabajo, ya que en el Estatuto de los Trabajadores hay una lista de circunstancias por las cuales una persona trabajadora tendrá derecho a
ausentarse de su puesto de trabajo manteniendo su remuneración, y es verdad que a día de hoy es un listado insuficiente. El apoyo a las políticas de natalidad y de conciliación de la vida personal y familiar es una seña indiscutible del Partido
Popular. Entendemos que no es posible garantizar plenamente el derecho al trabajo si no se generan los mimbres oportunos para permitir conciliar este con el disfrute de la vida personal y familiar. (Aplausos). La maternidad o la paternidad nunca
han de ser obstáculos al libre desarrollo de la vida profesional, debiendo implementarse todas las ayudas y herramientas precisas para lograr que en España el modelo de conciliación de la vida personal y laboral sea una realidad. La medida que se
propone, incorporando un permiso retribuido a trabajadores con hijos o menores bajo su cuidado o dependencia, es un paso decidido en esta dirección, una eliminación de barreras que busca fomentar el mejor equilibrio entre la vida personal y la
laboral. Tanto es así que he tenido que mirar dos veces de qué grupo procedía esta iniciativa, ya que, me tendrán que perdonar, pero precisamente el Grupo Republicano no nos tiene acostumbrados a presentar iniciativas digamos razonables, pero
créanme que lo celebro. (Aplausos).
Permítanme también que aproveche para hacerles una pequeña recomendación. En su iniciativa dicen que existe la urgencia de ampliar derechos sociales y laborales para que la vida gane terreno a la explotación. Quiero recordarles que, en
nuestro país, la normativa laboral prohíbe radicalmente cualquier tipo de explotación y es una irresponsabilidad por su parte hablar de explotación como si fuera la tónica general del mercado laboral español. Igualmente, quiero recordarle que, en
el hipotético caso de que suceda, debería denunciarse ese caso ilegal puntual ante la Inspección de Trabajo. Ante esa Inspección de Trabajo -dicho sea de paso- descontenta y en huelga por el abandono y la mala gestión del Ministerio de Trabajo que
no cumple con lo que les prometió. (Aplausos).
Dicho esto, insistimos en que esta iniciativa que su grupo acaba de proponer va en la misma línea que lo que el Grupo Parlamentario Popular ha defendido en esta área, pero creemos que es muy poco ambiciosa y que se debe ampliar y mejorar.
Les recuerdo que el pasado 11 de diciembre de 2018 en la Comisión de esta área se debatió y aprobó una iniciativa del Partido Popular en la que ya pedíamos ampliar el permiso por fallecimiento pero no solo de hijos, sino que pedíamos ampliarlo para
familiares de primer grado de consanguinidad. Este grupo también votó a favor el pasado 23 de junio de 2021 en dicha Comisión, en la que se debatió una proposición no de ley del Grupo Plural por la que se insta al Gobierno a reformar la regulación
de las prestaciones de maternidad y paternidad en cuanto a los supuestos de muerte perinatal o gestacional. Igualmente, el Partido Popular presentó una enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado en 2022, en la que pedíamos un permiso
retribuido por cuidado de hijo hospitalizado mientras durase la hospitalización y un permiso de cinco días laborales al año para el cuidado de hijos menores de edad que, por motivo de enfermedad debidamente justificada, necesitasen presencia
inmediata de uno de los progenitores. Por ello hemos presentado una enmienda, para que se garantice por ley la existencia de un permiso retribuido de diez días hábiles para los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena por el fallecimiento
del cónyuge, pareja de hecho -acreditada conforme a la ley- o familiar de primer grado de consanguinidad. Un permiso que se ampliará, como mínimo, en dos días, si fuera necesario trasladarse al lugar de la defunción o del funeral. Y hemos
propuesto un punto
adicional para incorporar un permiso de cinco días laborales al año para el cuidado de hijos menores de edad por motivo de enfermedad.
Voy terminando. Por todo ello, señorías, les pido que acepten nuestra enmienda, porque mejora su PNL, amplía los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras cuando más lo necesitan, facilita la logística familiar sin miedo a
reproches laborales y en beneficio de los hijos menores, que podrán ser atendidos por sus progenitores cuando enfermen. Es una enmienda realista, que defiende a la familia, para que no tenga que hacer malabares logísticos para cuidar a sus hijos
enfermos; es un paso más para que se eliminen barreras y lograr lo que todos queremos, que España sea un modelo real y garantista de conciliación de la vida personal y laboral.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pérez.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Salvo que se tengan en cuenta algunas de las enmiendas que se acaban de explicar, no respaldaré esta iniciativa, aunque quiero reconocer la tenacidad del señor Rufián, del señor Salvador y todos sus compañeros en el planteamiento de
propuestas que responden a un ideario con el que no estoy en absoluto de acuerdo, pero que sigue una línea de insistencia personal en el planteamiento de mejoras y nuevos derechos relativos al ámbito laboral. Lástima que, en contradicción con los
postulados que dicen defender, el Grupo Parlamentario Republicano haya sucumbido en varios momentos decisivos a los cantos de sirena del Gobierno. Así ha sucedido en la reciente reforma del sistema público de pensiones perpetrada por el ministro
Escrivá con la complicidad de los sindicatos del régimen, que ha supuesto un palmario retroceso en los derechos de los trabajadores. Esto se refleja en las abusivas penalizaciones a quienes quieran jubilarse anticipadamente, en el endurecimiento
para acceder al denominado contrato relevo y también en la extensión de la vida laboral hasta los sesenta y siete años, como planificó el anterior Gobierno socialista, mientras se autorizan o impulsan desde el propio Ejecutivo prejubilaciones
masivas, en una muestra patente de contumaz desigualdad y destrucción de puestos de trabajo.
Con esta proposición no de ley se insta al Gobierno a un amplísimo conjunto de modificaciones normativas que requieren sobre todo y por encima de todo de un amplísimo y profundo proceso de reflexión y diálogo, con participación política,
sindical y empresarial. Aquí se promueven cambios que tienen una trascendental incidencia económica, tanto para el sector público como para el sector privado, y ya hemos visto en esta XIV Legislatura las grandes dificultades para resolver y remover
este tipo de asuntos.
Señorías, no conozco a nadie que esté en contra o en desacuerdo con garantizar los derechos esenciales, que esté en desacuerdo en extender el Estado del bienestar y que se realicen mejoras laborales que vayan en beneficio de los trabajadores
y de sus familias. Sin embargo, para alcanzar estos objetivos es imprescindible mantener el equilibrio que permita a la sociedad sacar adelante el día a día y vivir mejor. La Constitución española marca inequívocamente el camino cuando resalta en
varios de sus artículos el derecho al pleno empleo, a tener un trabajo con una remuneración suficiente para satisfacer necesidades propias y las de la familia, a velar por la seguridad e higiene en el trabajo y la garantía del descanso necesario.
En la propuesta de Esquerra Republicana se desdeña que todos estos objetivos están condicionados a la existencia de un marco de estabilidad económica y, por lo tanto, la amplísima gama de modificaciones normativas con efectos sobre permisos
laborales, retribuciones, compensaciones económicas y ayudas parten de un obstáculo mayúsculo para alcanzarlos, como es una crisis que hoy limita las posibilidades de aplicar los cambios que aquí se quieren plantear, por muy bienintencionados que
sean o por mucho que puedan ser compartidos.
Sorprende, además, que el Grupo Parlamentario Republicano, que ha sido llave y clave para que Pedro Sánchez haya sacado adelante muchas de sus propuestas, promueva ahora algunas medidas que en su momento rechazó en su tarea de salvavidas del
Gobierno. Es el caso de varias enmiendas planteadas al último proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que estaban dirigidas a mejorar el complemento de maternidad o para crear un permiso retribuido para el cuidado de los hijos, por
citar algunas de las cuestiones que se reiteran en varios de los puntos de la proposición no de ley.
Finalmente, quiero señalar que, en relación con el mercado laboral, nos encontramos sistemáticamente con un falseamiento de las estadísticas oficiales que distorsiona la realidad. Será imposible profundizar en
reformas de calado cuando el diagnóstico parte de análisis y pruebas que son incorrectos. Instituciones y organismos económicos de toda solvencia vienen advirtiendo de los efectos secundarios de aquellas medidas laborales adoptadas por
intereses políticos particulares que con el tiempo impactan muy negativamente en los intereses generales. Uno pensaba que la lección estaba aprendida tras el desastre de Rodríguez Zapatero, que en 2008 prometió el pleno empleo y que tres años
después dejó la economía hecha una calamidad. Señor Rufián Romero, convendría repasar los precedentes antes de promover planteamientos de este tenor.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, arratsalde on guztioi.
Hay quien dice que el tiempo de campaña electoral no es bueno para hacer política, porque parece que todos estamos centrados en la búsqueda de votos más que en el debate sereno y sosegado que se tiene que tener para hacer una ley. Sin
embargo, asistiendo como he asistido a este debate, uno casi convendría en lo contrario, que casi es el mejor tiempo para hacer política y para hacer leyes, porque oír aquí a la representante del Partido Popular decir que esta iniciativa se queda
corta y que a ellos les gustaría ir más allá en la defensa de los derechos de la clase trabajadora es pura fantasía; es pura fantasía teniendo en cuenta cuál es su currículum, con la reforma laboral de Rajoy, con los recortes sistemáticos a los
derechos de la clase trabajadora perpetrados por gobiernos del Partido Popular, ya fueran de Aznar o fueran de Rajoy.
Pero digo más. Hay quien señala que esta iniciativa, la que plantean las gentes de Esquerra Republicana de Catalunya, no se puede hacer si no se ha hecho antes todo un bagaje o un recorrido en el mundo laboral que a uno le permita
presentarse aquí con los avales suficientes como para que lo que dice fuera verdad. Y yo me pregunto: ¿qué avales tuvo que presentar Díaz Ferrán, entonces presidente de la CEOE, para decir lo que le venía en gana sobre el mercado laboral si ahora
está en el maco, si ahora está en la cárcel? No parece que en el Estado español haya sido obligatorio esto de la experiencia previa y el cumplimiento fiel con la legalidad para poder decir lo que a uno le viniera en gana en relación con las
políticas del mercado laboral. (Aplausos).
Pero diría más. Hemos pasado de la elasticidad de una campaña electoral, de esa especie de defensa cuasi revolucionaria de la clase trabajadora que nos hace el Partido Popular, a otras que vienen a decir que cuidado, que esto pone patas
arriba todo. Yo les diré una cosa: no siempre poner patas arriba algo es malo. Fíjense qué hubiera sido de nosotros y nosotras si los partisanos en Italia no hubieran puesto ya hace varias décadas a Mussolini patas arriba. Estaríamos en una
situación bastante más complicada y dura. (Aplausos).
Centrándome en los contenidos, nosotros vamos a apoyar la iniciativa porque creemos que cualquier avance en la defensa de los derechos de la clase trabajadora es una línea de recuperación de derechos, porque a veces parece que se nos olvida
que llevamos décadas perdiendo derechos, que la clase trabajadora lleva décadas soportando gobiernos, algunos abiertamente antagónicos con sus intereses y otros pretendidamente aliados con sus intereses, que lo que han hecho ha sido siempre
sacrificar los derechos de los y las trabajadoras para poder cumplir con el sacrosanto mercado, para flexibilizarlo, para dotarlo de estabilidad, para dotarlo de garantía, para acercarnos a Europa, para maximizar y cumplir objetivos, etcétera,
etcétera, etcétera, y siempre perdiendo derechos. ¿Qué plantea esta iniciativa?, ¿recuperar derechos? Es una buena iniciativa. Y se lo decimos a las señorías de los partidos de Gobierno: no se lo tomen como una afrenta, como una prueba del
algodón; aprovéchenlo, es ahora o nunca. Seguramente, un trabajador o una trabajadora nunca va a pensar que con la derecha le va a ir mejor, probablemente pensarán que con la izquierda les puede ir mejor. Por tanto, demuéstrenles que les puede ir
mejor.
Permítanme que haga una analogía. Las colmenas son fundamentales para el sostenimiento de la vida -la polinización y esas cosas, ya saben-, y todos sabemos que en una colmena hay una abeja reina, abejas obreras también y abejas zánganos.
Cuando los zánganos, que se aprovechan del trabajo de las obreras, son mayoría, cuando prácticamente son los que arrinconan a las abejas obreras de la colmena, ¿qué pasa a la colmena? Que colapsa, se acaba. Lo que habrá que hacer será cuidar a las
abejas obreras, como hay que cuidar a los y a las obreras, y, por tanto, darles más permisos retribuidos nos parece una muy buena iniciativa. Pero creemos que hay otra dimensión que también es importante y
que apenas ha asomado en el debate, porque siempre se va a decir que cualquier iniciativa que plantea más derechos para los y las trabajadoras puede ser un gran retroceso, pero, ojo, que esto ya se decía con la explotación de los niños en el
mercado laboral del Estado español, ya se decía entonces que cuidado, que eso podía hundir la economía; cuando se incorporó en 1919, con la huelga de La Canadiense, la jornada de cuarenta horas semanales, ya se decía que pasar de las diez a las
ocho horas podía hundir la economía. Probablemente con esto también se diga que se puede hundir la economía, pero no es cierto, porque lo que no es normal, lo que no es razonable es que sigamos atendiendo a la lógica de producción de mediados del
siglo XX, por ser muy generoso o muy moderno, cuando estamos ya en una fase de revolución tecnológica que tendría que permitirnos trabajar de otra manera, y hacerlo con mayores garantías.
Pero termino con otra cuestión, con una que tiene que ver con los cuidados. Me parece importante que también aquí entre el debate de los cuidados. Me parece importante que sepamos diferenciar entre lo que es el empleo remunerado y el
trabajo, porque el trabajo lo vienen soportando las mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad, mientras que el empleo remunerado durante mucho tiempo solo fue cosa de hombres. Por tanto, hablar de cuidados y de conciliación sin
corresponsabilidad nos puede llevar a que perpetuemos nuevamente la carga del trabajo no remunerado, es decir, ese trabajo que se hace para la sostenibilidad de la vida, sobre las mujeres, para que los hombres podamos dedicarnos a eso que se llama
la actividad productiva. Ese es el gran debate que tenemos aquí si atendemos a lo que las calles tanto de Euskal Herría como supongo que de todo el mundo vienen proclamando desde el feminismo, porque lo que hace falta es poner en el centro la
reproducción de la vida, frente a la reproducción del capital.
Eskerrik asko, muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Nuevamente, arratsalde on, buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores diputados.
Lo acabamos de ver en la proposición de ley para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos, porque también giraba en torno al debate sobre la acción protectora del sistema de la Seguridad Social y del sistema de
permisos y de la modificación de la legislación laboral, porque, señoras y señores de Esquerra Republicana, cuando hablamos del debate sobre los permisos retribuidos, estamos hablando de la acción protectora tanto del Estado en materia de Seguridad
Social como de la legislación laboral a la que se refiere el artículo 37.3, 4 y 6 del Estatuto de los Trabajadores, pero también el 42.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Hoy día existe una serie de permisos
retribuidos, el artículo 37.3 reconoce el derecho a ausentarse del trabajo sin pérdida de remuneración por matrimonio, fallecimiento de parientes hasta de segundo grado, accidentados o enfermos graves, hospitalizados o no, por traslado de domicilio
habitual, tras cumplir deberes inexcusables de carácter público y personal, incluido el sufragio activo, y se suma ahora el de donantes de órganos, pero, sin perjuicio de otros, como es el caso de los permisos parentales o los asociados al
nacimiento y cuidado de hijos a que se refieren los apartados 4 y 6 del referido artículo 37.
Pues bien, en este caso, la PNL insta al Gobierno a actuar en una materia concordante pero diferenciada, proponiendo o bien la creación de nuevas prestaciones o la modificación de otras. En tono parecido propone reconocer un nuevo permiso
retribuido para poder acompañar a hijos o menores a cargo para su asistencia sanitaria por el tiempo indispensable; otro nuevo por el tiempo indispensable para la asistencia sanitaria, que podríamos llamar especializada o diagnóstica; otro nuevo,
de cinco días, asociado a la pérdida gestacional, además de ampliar a diez días el permiso por fallecimiento, y, por su parte, como ya se ha recordado, un nuevo mecanismo de compensación a empresas de menos de cincuenta trabajadores por los salarios
asumidos como consecuencia de los permisos del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.
No podemos estar en desacuerdo con estas medidas. Podríamos debatirlas, sin duda, y es muy posible que nos posicionáramos a favor de ellas, pero en lo que no estamos de acuerdo es en plantear el debate de esta forma. A este debate, el de
estos permisos que ustedes proponen, el permiso que se acaba de aprobar en el primer punto de la ley, los permisos que contiene el proyecto de ley de familia, se suma una numerosa panoplia de diferentes permisos, y, sí, ¿cuál de ellos no es justo?
¿Respecto de cuál de ellos podrían votar en contra ustedes, señor Rufián? ¿Con cuál de ellos estarían en desacuerdo? Es que
no se trata de eso, no se trata de venir en un momento electoral determinado a decir que estas son las cuestiones que a nosotros nos importan en este momento, cuando la cuestión relativa a los permisos de trabajo, a los permisos vinculados a
la relación laboral con retribución no está descontextualizada de dónde se producen, en el marco de la relación laboral, en el marco del Estatuto de los Trabajadores y, por lo tanto, en el marco del diálogo social y, ojo, también en el marco del
Pacto de Toledo, ya que indirectamente supone una cierta afección a su viabilidad y sostenimiento con las pequeñas nuevas cargas que se están produciendo.
Por tanto, al igual que sucede con otros discursos que estamos oyendo en este contexto electoral, demasiados ya, entendemos que no es este el momento de empezar a hacer alusión a este tipo de cuestiones. Creemos que hay que tener un debate
sobre los permisos de trabajo y que estos también pueden formar parte de ese debate, que otros que también se contienen en proyectos de ley que están en trámite pueden formar parte del mismo, pero no de esta manera, no en este ámbito. De verdad,
nos parece descontextualizado, y, si me permite que le diga, nos parece hasta triste y decepcionante que esta cuestión tan importante se esté abordando de esta manera tan poco seria. No la vamos a apoyar no porque estemos en desacuerdo, sino porque
creemos que no es el momento oportuno para hacerlo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Esta es una de esas propuestas que, de ser tomadas en cuenta, realmente supondría más derechos para los trabajadores y trabajadoras y mejoraría su situación vital precisamente en momentos complicados. Lamentablemente, con la modificación de
la reforma laboral se perdió una oportunidad de oro de recuperar derechos, pero cada día es una nueva oportunidad para reclamarlos, para colocarlos en el debate político e impulsar avances. Como muy bien dicen los proponentes, Esquerra Republicana,
los derechos esenciales deben ser garantizados por ley, no pueden quedar al albur de la negociación de convenios colectivos, que, como sabemos, parten de situaciones muy diversas y, por tanto, también acaban arrojando diferentes resultados.
Precisamente, de lo que se trata es de universalizar y ampliar derechos que ya están reconocidos en algunos convenios en relación con los permisos retribuidos en determinadas circunstancias. Lo contrario no solo es mantener las brechas existentes,
también la de género, sino continuar penalizando a los trabajadores y trabajadoras que tienen peores condiciones sociales y/o salarios más bajos.
Por tanto, es imperativo que se avance en la universalización de los permisos retribuidos en circunstancias como las que recoge esta proposición no de ley, para el acompañamiento de un hijo o hija o menor a cargo para su asistencia
sanitaria, para la asistencia sanitaria del propio trabajador o trabajadora, para el duelo gestacional a partir de la sexta semana o por el fallecimiento de un hijo o hija, y también es oportuno establecer medidas compensatorias a las pequeñas
empresas y entidades de economía social con cargo a la Administración pública para que estos nuevos derechos no supongan un quebranto que ponga en duda su viabilidad.
Sabiendo donde estamos, es bastante posible que no salga adelante o, lo que probablemente sería aún peor, que salga pero después no sea tomada en cuenta, como habitualmente sucede con las PNL. No obstante, ya sabemos que, cuando se trata de
reclamar derechos para los trabajadores y trabajadoras, hay que ser persistentes, y en el soberanismo político y sindical de izquierdas lo somos. Evidentemente, votaremos a favor.
Obrigado. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta.
Señorías, la proposición no de ley que nos plantean nos genera algunas dudas que sí querría trasladarles. Lo cierto es que la buena intención la compartimos; en cuanto al debate planteado, en los términos que usted lo ha hecho, señor
Rufián, es evidente que tener la mínima empatía ante estas situaciones llevaría a cualquiera a dar apoyo a esta proposición no de ley. Pero lo cierto es que su articulación, más allá del brindis al sol de una proposición no de ley que interpela al
Gobierno para que
haga, entendemos que quedaría mucho mejor en la tramitación parlamentaria con enmiendas concretas y mucho más ajustadas a la legislación. Lo digo porque ustedes apuntan en los primeros cuatro puntos de la proposición no de ley a permisos
retribuidos, y recordarán el famoso permiso retribuido que se dio en época de pandemia para evitar que la gente tuviera que ir al trabajo y que las empresas tuvieron que asumir el coste porque se tenía que recuperar antes del 31 de diciembre y al
final casi nadie lo recuperó. Cuando ustedes dicen permiso retribuido, automáticamente eso quiere decir que la empresa tiene que asumir el salario, los costes de cotización de esos días, que, desde un punto de vista humano y empáticamente, por
supuesto que compartimos que deberían existir. Entonces, ustedes solucionan la cuestión con un quinto punto, que dice que la empresa pueda recuperar este dinero a través de la Administración General del Estado, las coberturas, etcétera. Pero de
este modo ya no hablamos de un permiso retribuido, hablamos de una situación equiparable a la incapacidad temporal, hablamos de una situación equiparable a la recuperación de los salarios, a la de su tramitación en aquel momento, hablamos de algún
tipo de ingreso por parte de la empresa que la compense de aquel dinero que ha adelantado antes. Pero, conceptualmente, los primeros cuatro puntos no casan con el quinto, aunque comprendemos la buena intención del planteamiento.
Y en esta cuestión hay una cosa, como mínimo, sorprendente. ¿Por qué las empresas de menos de cincuenta trabajadores? Si nuestra conjura en la vida es la de defender a los autónomos, defender a las pymes y, en definitiva, a las empresas y
la creación de trabajo, pero especialmente a los autónomos, a las pequeñas empresas y pymes, una pyme es hasta doscientos cincuenta trabajadores. ¿Por qué motivo blindamos esto a los cincuenta, y no a los cien o los doscientos? Quizás estaría
mucho mejor enfocado si esto fuera a proteger y generar estas prestaciones, como mínimo, en el ámbito de los autónomos y las pymes, puesto que, desde nuestra perspectiva, son el objeto de especial protección y tenemos especial voluntad política de
ayudarlos en tirar hacia delante.
Nosotros les emplazamos a que esto, más allá de una proposición no de ley, se convierta en enmiendas. Es previsible que la ley de familias se acabe tramitando y esa ley contiene unas cuantas variaciones del Estatuto de los Trabajadores para
contemplar situaciones de conciliación. Estoy convencido de que tendremos proyectos de ley concretos en los que poder vehicular estas propuestas, algunas de las cuales sin duda algunas son necesarias, van a contribuir a la conciliación laboral y
familiar y al bienestar de las personas trabajadoras.
No obstante, en cuanto a entenderla como un brindis al sol en referencia al propósito de que el Gobierno haga, nosotros hemos venido a intentar solucionar cosas y, por tanto, más allá de fiarlo al Gobierno, le puedo prometer que nosotros lo
que haremos será presentar enmiendas en este sentido, y les interpelo a que ustedes también lo hagan, puesto que seguro que tienen capacidad de presentarlas para conseguir estos objetivos, de modo que con la fuerza de unos o de otros podamos
convertir este deseo en norma jurídica válida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Boadella.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor García Nieto.
El señor GARCÍA NIETO: Gracias, presidenta.
Antes que nada, señor Boadella, le diré que voy a seguir una línea parecida a la que usted ha expresado, pero cuando termine entenderá que las formas importan, que importa mucho la forma cuando se dicen algunas cosas.
Señorías del Grupo Parlamentario Republicano, esta proposición no de ley sobre la ampliación de los permisos remunerados que nos traen hoy es muy necesaria en pleno año 2023 en un país rico que presume de ser un Estado social y democrático
de derecho. Las circunstancias de la vida que enumeran en su exposición de motivos las he vivido en mi entorno más cercano, con cuarenta y ocho años que tengo, y apuesto a que no soy la excepción, sino que más bien supone la regla para todas las
señorías hoy presentes en el Pleno. Mi hermana mayor con tan solo catorce años sufrió repentinamente un coma diabético, que la mantuvo ingresada durante un mes completo en el Hospital Virgen del Rocío; año 1988, cuando mi padre, con cincuenta y
dos años, perdió su trabajo como consecuencia de la situación y no recuperamos la normalidad en casa hasta un año después del incidente. Para entonces la única solución para nuestra familia -éramos ocho hermanos- fue vender la casa donde habíamos
crecido. Créanme cuando les digo que con trece años recién cumplidos por fin entendí el significado del término conciencia
de clase. (Aplausos). Nadie acudió al rescate de mi querido padre, ni su jefe ni el Estado, le dejaron solo. Y me resulta desolador el hecho de imaginarme que hoy, treinta y cinco años después, la historia continúa repitiéndose en hogares
humildes, de gente trabajadora que apenas consigue llegar a fin de mes con un salario mileurista.
Estas cosas pasan cada día a nuestro alrededor, señorías, y, aunque, obviamente, el drama puede ser idéntico, la forma de gestionar esta tragedia es sensiblemente distinta si las condiciones económicas son buenas o son malas, si uno es
trabajador o es rentista. Perder a un hijo, sufrir un aborto, convivir con una rutina de continuas pruebas médicas y tratamientos experimentales tras superar un cáncer agresivo o acompañar durante años a una hija que sufre una enfermedad crónica o
degenerativa causa muchísimo dolor, pero que además te dejen en el paro en mitad del calvario o dejes de ingresar con la nómina el dinero para pagar la hipoteca, la factura de la luz o comprar unas botas a tu hijo porque se le han roto jugando en el
patio supone la diferencia entre mantenerse mentalmente a flote o hundirse en la desesperación. Esta PNL, señorías, es de ese tipo de iniciativas que retratan la calidad humana de las personas y la ética de los partidos políticos.
Ahora, permítame, señor Rufián, hablar de la fórmula para que estas medidas que trae la PNL puedan llevarse a cabo. Permítanme que les recuerde que en este momento se encuentra en tramitación en esta Cámara el Proyecto de Ley de Familias
que ha impulsado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la ministra Belarra, que, entre otras muchas medidas de ámbito social y salud familiar, contiene en sus disposiciones finales tercera y cuarta una propuesta de reforma del Estatuto
de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado Público para mejorar los permisos laborales y las reducciones de jornada vinculadas a las necesidades de cuidados familiares de las personas trabajadoras que se encuentra en sintonía con las
peticiones que se realizan en su PNL. Entre las medidas contenidas en la ley de familias figura la mejora del derecho de adaptación de la jornada por conciliación respecto al cuidado de hijos o familiares convivientes por necesidades relativas a la
salud; la ampliación de dos a cinco días del permiso por hospitalización o intervención quirúrgica del familiar; la mejora del derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares afectados por cáncer u otra enfermedad grave; la
creación de un nuevo derecho a ausentarse del trabajo por causa justificada respecto a la necesidad de acompañamiento al médico de hijos o familiares por un tiempo máximo acumulado de hasta cuatro días al año, y la creación de un nuevo permiso
parental para ausentarse del trabajo por causa del cuidado de hijos menores de ocho años, que podrá disfrutarse de manera fraccionada, con una duración de hasta ocho semanas.
Señorías del Grupo Republicano, en el Grupo Confederal entendemos que su PNL y nuestro proyecto de ley de familias están en sintonía, por lo que les invitamos a traducirlas en enmiendas para convertirlas en ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guerra López.
La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Señor Rufián, cuánta demagogia. Entiendo que las encuestas no le pintan bien en Santa Coloma. Por suerte, quedan ya solo doce días y el resultado le dejará en su lugar. Solo con fines electoralistas se entiende una proposición que es un
batiburrillo de diferentes temas que ya se están tratando legislativamente con instrumentos mucho más efectivos, como, por ejemplo, la futura ley de familias.
Su propuesta se centra en los permisos laborales como instrumentos de conciliación de la vida laboral y familiar. Según ustedes, los permisos no retribuidos incrementan el sesgo de clase, y yo estoy de acuerdo; y el de género también, pero
en su propuesta no hay ni una sola alusión al impacto que la falta de corresponsabilidad tiene en la vida de las mujeres. Y sin tener en cuenta ese impacto, señor Rufián, su exposición también está sesgada, sesgada de machismo. (Aplausos). ¿Sabía
usted que el 85 % de las excedencias las solicitan mujeres? ¿Sabía que el 95 % de las personas que se ausentan del mercado de trabajo para cuidar a un familiar dependiente son mujeres? ¿Sabía que las mujeres dedicamos quince horas semanales más
que los hombres al trabajo reproductivo? Son quince horas semanales, el equivalente a setecientas ochentas horas anuales, es decir, un mes, ¿Lo sabía? Entonces, si usted lo sabía, ¿por qué su exposición ignora el sesgo de género? ¿Cuáles son sus
propuestas para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en el trabajo productivo y también en el reproductivo? Porque este Gobierno ha impulsado diferentes medidas, como la equiparación de permisos de maternidad y paternidad y el incremento
del salario mínimo interprofesional, y, sí, ya que hablamos de derechos laborales, la reforma
laboral, la que usted y su partido votaron en contra, conjuntamente con el Partido Popular y VOX. Votaron en contra de que ocho de cada diez contratos sean indefinidos, votaron en contra de una medida que ha impactado sobre todo en las
mujeres en edad reproductiva, esas a las que afectan más las medidas que ustedes plantean hoy aquí y a las que usted ni siquiera ha aludido ni en el texto ni en su exposición. Por cierto, si le preocupa tanto la conciliación, dígale al conseller d'
Ensenyament que deje ya de experimentar con el calendario escolar en Cataluña, porque las familias ya no sabemos cuándo empiezan nuestros hijos el colegio; el año pasado, sin ir más lejos, fue el 5 de septiembre. Y eso sí que tiene un impacto en
la conciliación, y eso sí que tiene un sesgo de clase. ¿Ustedes creen que todas las familias catalanas tienen poder adquisitivo para pagar actividades extraescolares, señor Rufián? ¿Eso es lo que creen ustedes?
Pero es que su propuesta tampoco es honesta con el procedimiento parlamentario. Es completamente incomprensible que ustedes presenten una iniciativa que propone medidas que ya están recogidas en la directiva europea relativa a la
conciliación de la vida familiar y profesional y que ya están contempladas en la futura ley de familias. Se lo han dicho ya varios portavoces: Si ustedes quieren mejorar la ley de familias, ¿por qué no hacen enmiendas al articulado, y dejan de
amenazar con una enmienda a la totalidad día sí y día también? ¿Eso es lo que le preocupa a usted la conciliación, señor Rufián? En las competencias, ahí se centran todos sus intereses. Lo suyo es oportunismo y electoralismo, señorías de
Esquerra. Por cierto, en su propuesta de hoy también defienden que los derechos esenciales se estipulen por ley. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta: ¿En qué quedamos, legislamos en el Congreso o no legislamos? ¿Invadimos competencias
entonces o no invadimos competencias? Ustedes van cambiando de posicionamiento en función del día.
Señorías de Esquerra, mejorar la vida de la ciudadanía no pasa por generar falsas expectativas ni por inventarse realidades paralelas. Mejorar la vida de la ciudadanía pasa por legislar para reconocer nuevos derechos y ampliar los
existentes. Espero que esta vez estén a la altura y voten a favor de la ley de familias, no vayan a hacer como con la reforma laboral.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Guerra.
Señor Rufián, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?
El señor RUFIÁN ROMERO: Deje que me recupere de la intervención miserable...
La señora PRESIDENTA: Señor Rufián, este turno es exclusivamente para decir si acepta o no alguna de las enmiendas presentadas.
El señor RUFIÁN ROMERO: Lo diremos a lo largo del día. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rufián.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE IMPULSO DE LA RENATURALIZACIÓN DE LAS CIUDADES PARA INCREMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN LOS ENTORNOS URBANOS. (Número de expediente 162/001195).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la renaturalización de las ciudades para incrementar la biodiversidad y la conectividad ecológica en los entornos urbanos.
(Rumores).
Señorías, les pido silencio, por favor.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Anguita Pérez.
El señor ANGUITA PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes.
Como bien saben ustedes, las diferentes instituciones europeas y las naciones que conformamos la Unión Europea ya hemos puesto en marcha diferentes proyectos y estrategias para tratar de favorecer la conservación de la biodiversidad y la
naturaleza en los espacios donde vivimos. Estas estrategias persiguen dos objetivos claros: en primer lugar, combatir los efectos y el propio cambio climático y, a su vez, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente en las grandes
ciudades. La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 y la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea son proyectos que promueven las infraestructuras verdes
dentro de la planificación urbanística y la conservación de nuestro entorno y, como decía antes, son una oportunidad única para luchar contra el cambio climático.
Es por ello, señorías, que el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley: España está teniendo uno de los papeles más activos dentro de la Unión Europea en lo que en materia de transición ecológica se refiere, y lo
hacemos, señorías, no solo porque entendamos que la lucha contra el cambio climático es necesaria, sino porque para nuestro país ya es urgente. La amenaza de desertificación es cada vez mayor y cada vez afecta a más áreas de nuestro país, y no
estamos dispuestos a asumir ese riesgo, no solo por el impacto económico y social, que sería devastador, sino porque, sencillamente, es incompatible con la vida o, cuando menos, con una mínima calidad de vida. No hace falta que esperemos más avisos
para darnos cuenta de que el cambio climático no es una amenaza del futuro, sino una realidad irrefutable, que ya acecha a nuestro país.
Por lo que veo, este debate no va a suscitar mucho interés entre algunos diputados; es más, algunos siguen sin creer que exista el cambio climático. Sin embargo y para su desgracia, pasados algunos años volveremos a leer el Diario de
Sesiones y, con cierta vergüenza, nos echaremos las manos a la cabeza al ver los fundamentos negacionistas de una minoría de esta Cámara. Sin embargo, gracias a los votos de fuera, gracias a la mayoría de la izquierda en este Parlamento, muchos
gobiernos dentro de España están presentando proyectos municipales y autonómicos que buscan mejorar sus territorios a través de la mejora de la habitabilidad de nuestras ciudades. Es por eso, señorías, por lo que queremos impulsar la coordinación
entre las diferentes administraciones públicas, desde la local hasta el Gobierno de la nación, para renaturalizar nuestras ciudades, apostando por proteger y recuperar nuestra biodiversidad, los espacios ecosistémicos y la conectividad del medio
urbano y periurbano. Estamos en un momento clave para España y debemos actuar, porque tenemos la oportunidad que nos brindan los fondos europeos, por el impulso claro en transición ecológica que tiene este Gobierno y por la acuciante necesidad de
revertir el cambio climático en nuestro país.
Señorías, yo quiero dejar claro que los socialistas queremos romper con la vieja, obsoleta y también especuladora forma de ver el urbanismo que tienen algunos todavía. Frente a quienes solo quieren seguir viendo ladrillos en lo vertical y
asfalto en lo horizontal, nosotros y nosotras lo que estamos planteando es una apuesta clara por la inversión para la ampliación de los espacios verdes y naturales y para recuperarlos allá donde antes los había. (Aplausos).
Para muestra, un botón, señorías. Hay diferentes modelos urbanísticos, uno del pasado y uno que está presente. Por un lado, el modelo del pasado, ese que representaba la derecha valenciana, el del asfalto de la Fórmula 1 en Valencia a
precio de oro con derribo de viviendas incluido, algo que, desgraciadamente, también sabemos qué es en San Fernando de Henares aquí en Madrid. Y, por otro lado, está el nuestro, el de la izquierda, el del cambio. Sigo con el mismo ejemplo,
Valencia. Hemos apostado decididamente en los últimos cuatro años por los entornos urbanos verdes, recuperando el espacio público para la ciudadanía, construyendo vivienda pública, peatonalizando plazas y calles y ampliando espacios naturales allí
donde en su tiempo paseaba Camps en su Ferrari a costa del bolsillo de los valencianos.
Otro caso similar también del pasado es el modelo desfasado de la ciudad de Madrid donde, después de la 'inteligente' obra -permítanme cierta ironía- que han hecho en la Puerta del Sol, hemos conseguido un nuevo hito: buscar una sombra es
tan complicado como buscar una vivienda asequible en la ciudad de Madrid. (Aplausos). Ahí arriba, ese solar en el que se ha convertido la Puerta del Sol es el más claro ejemplo de lo que no se debe hacer. A ver si el alcalde busca algún amiguete,
como hizo en la pandemia, que venda árboles en vez de adoquines. Creo que será la única manera de que los gobiernos del Partido Popular empiecen a comprar algo que no sea hormigón.
Si hay recursos, lo que hay que hacer es mejorar nuestras ciudades y, para poder mejorar nuestras ciudades, tenemos que tener compromiso. Tenemos casos como el de Pinto, donde a través de un proyecto para renaturalizar la ciudad ya se han
llevado 3,9 millones de euros de los fondos europeos y los han completado con 1,6 millones más por parte del consistorio. O como ya hicieron en Vitoria hace más de diez años, que se convirtió en la Capital Verde Europea en el año 2012, convirtiendo
a esta ciudad en un ejemplo a seguir gracias al compromiso del Gobierno socialista de esa época.
Señorías, queremos pintar de verde nuestros municipios, no eliminar los pocos espacios verdes que aún nos quedan para implantar más naves logísticas, como quiere hacer el señor Almeida en Villaverde. Esto no se arregla prometiendo medio
millón de árboles para la próxima legislatura. Esto consiste en recuperar los casi 80 000 árboles menos que tenemos en esta ciudad por culpa de su mala gestión.
(Aplausos). Esto se mejora, señorías, con una apuesta urbana clara y decidida para cambiar la cada vez más asfixiante vida en las ciudades, impulsando el transporte público y buscando nuevas alternativas de movilidad, como pueden ser, por
ejemplo, los carriles bici. Voy a poner un ejemplo que me parece muy curioso. Señorías de la derecha, lo que no pueden hacer ustedes es aplaudir, como hizo el Partido Popular de Madrid, la escasísima apuesta por el uso del carril bici o la bici
promocionada por el Ayuntamiento de Madrid para luego ir a otros municipios gobernados por la izquierda, como es el caso del mío, donde vino Ayuso a criticar el carril bici. Queda clara una cosa: por el pinganillo te pueden pasar información, pero
no se transmite la coherencia.
Señorías, la defensa de la biodiversidad de la naturaleza de nuestro planeta no puede ser de quita y pon ni puede ser una defensa pasajera. La defensa tiene que tener unos principios sólidos basados en una evidencia inequívoca. Si no
tenemos un planeta B, cuidemos el que tenemos. La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de los hombres, pero no la codicia de cada hombre. Démosle una pensada.
Y termino, señora presidenta, agradeciendo el apoyo a esta proposición no de ley de los grupos parlamentarios que así me lo han dicho y también felicitando al próximo orador del Grupo Popular que va a estrenarse como padre. Quiero desearle
la mejor de las suertes a él, a su mujer y a su hijo Lucas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anguita.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Señorías, la magnitud y gravedad del cambio climático que afrontamos hacen necesario tomar medidas que nos permitan, por un lado, frenar su progresión a través de la decidida reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta
alcanzar la neutralidad climática y, por otro lado, prepararnos y adaptarnos para las olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos que se están produciendo y que van a seguir produciéndose cada vez con mayor frecuencia e intensidad. Esta
necesidad de actuación y adaptación es especialmente acuciante en España, como país particularmente afectado por el avance de la desertificación, con temperaturas estivales ya limitantes para muchas actividades productivas y sociales y donde, como
en el conjunto de la cuenca mediterránea, el incremento de la temperatura media está siendo -y se prevé que vaya a ser en el futuro- sensiblemente superior al ya acusado incremento en el conjunto del planeta.
Debido a los efectos de las islas de calor urbanas, ese impacto de las elevadas temperaturas es especialmente notorio y perjudicial en las ciudades, donde se concentra la mayor parte de la población española. El incremento de la cobertura
arbórea y vegetal -y de las zonas verdes en general- es una de las mejores y más efectivas medidas de adaptación al cambio climático en los ámbitos urbanos, al crear zonas de sombra y condiciones microclimáticas que atemperan los extremos térmicos y
mejoran la infiltración y retención del agua, reduciendo así los riesgos de inundación, entre otros muchos beneficios que contribuyen a reducir también la gravedad de las olas de calor y de otros fenómenos meteorológicos extremos en las ciudades. A
estos beneficios directamente relacionados con la adaptación al cambio climático se suman otros muchos, como la contribución a la mejora de la salud física y mental de la ciudadanía, la revalorización de las viviendas y de los barrios, el incremento
de la biodiversidad urbana o la reducción de la contaminación acústica, entre otros. Es por todo ello que en Ciudadanos creemos que hay que apostar por esa renaturalización urbana a través del despliegue de nuevas infraestructuras verdes, masas
arboladas y elementos vegetales en las ciudades, planteado todo ello como una respuesta y solución basada en la naturaleza para la adaptación al cambio climático.
Esa renaturalización urbana debería plantearse y abordarse a varias escalas, cada una con planteamientos singulares y diferenciados pero siempre interrelacionados: a escala del conjunto de municipios, incidiendo en la planificación
urbanística y buscando la conectividad del conjunto de las infraestructuras verdes; también a escala de barrio, con actuaciones localizadas que mejoren la cobertura vegetal y las condiciones de calidad del espacio urbano, y, por supuesto, también a
escala del edificio, fomentando el despliegue de fachadas, cubiertas y azoteas verdes en el parque edificado a través de la facilitación y adaptación del marco regulatorio y mediante inversiones directas en el caso de edificios públicos.
En los proyectos y actuaciones de renaturalización urbana se deben utilizar especies arbóreas, arbustivas y herbáceas autóctonas y adaptadas a las condiciones del suelo y del clima actual y futuro, considerando las previsiones de evolución
del cambio climático, especialmente en lo referente al consumo de agua. Se debe contar también en todos los casos con la participación ciudadana en el diseño e implementación de las acciones de renaturalización, así como con la colaboración
público-privada, aprovechando, entre otros factores, el potencial de los programas empresariales de responsabilidad social corporativa y de compensación de emisiones y huellas de carbono.
En Ciudadanos, llegado este momento en el que presentan esta proposición no de ley, creemos que se quedan cortos al pedir que se siga trabajando en lo mismo en lo que lleva trabajando este Gobierno durante mucho tiempo. Al final, ¿qué
pensamos? Teníamos la ilusión de que de verdad quisieran cambiar ciertas cosas y, de ahí, que nos tomáramos la molestia de intentar mejorar esta proposición no de ley, como también han hecho otros grupos parlamentarios. Sin embargo, escuchando su
intervención, nos damos cuenta de que es un movimiento puramente electoralista y que lo que quieren es seguir trabajando como siempre. Les digo una cosa: llegan tarde en cuanto a las medidas contra la sequía y, aunque haya elecciones ahora y las
vaya a haber también a final de año, no podemos permitirnos que no trabajen para solucionar este tipo de temas con tiempo. Si siempre hacen lo mismo, estando en la situación en la que estamos, yo creo que no van a solucionar nada. Abran su mente,
acepten alguna enmienda y, así, votaríamos a favor.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Gago Bugarín.
El señor GAGO BUGARÍN: Muchas gracias, presidenta.
Muy buenas tardes a todos. Señorías, según Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial vive en entornos urbanos, porcentaje que irá en aumento de aquí a mediados de siglo. Las ciudades suponen el 3 % del total de la superficie
del planeta, emiten el 70 % de los gases de efecto invernadero y generan la necesidad de consumir casi ese porcentaje en materia energética. Esto inevitablemente contribuye a un avance más acelerado de la evolución del clima y favorece la pérdida
de la biodiversidad, poniendo más en jaque todavía a nuestros ecosistemas ecológicos, tanto en zonas urbanas como en zonas periurbanas. Por ello, este grupo parlamentario no solo cree necesario, sino urgente avanzar en la lucha contra el cambio
climático. Es necesario y urgente avanzar en la preservación de la biodiversidad y es necesario y urgente seguir manteniendo nuestros caudales hidrológicos y nuestras reservas hídricas; en definitiva, la preservación de nuestra ecología. El
Partido Popular está plenamente involucrado en la preocupación social y medioambiental. Por eso, les avanzo que siempre estaremos a favor de iniciativas técnicas y no ideológicas dirigidas a mejorar nuestras infraestructuras verdes, nuestros
espacios naturales, los corredores verdes, el mantenimiento de humedales y espacios azules, además de la preservación de la biodiversidad, como he dicho.
La convocatoria del MITECO para el fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de las ciudades españolas, dirigida por la Fundación Biodiversidad, recoge propuestas subvencionables para la puesta en marcha de
proyectos que fomenten algunas de las necesidades que les acabo de comentar. Pero este grupo parlamentario ha presentado una enmienda a fin de completar y mejorar las actuaciones que, sin duda, nos dotarían de resortes técnicos a las distintas
administraciones para hacer frente a las necesidades que en este momento estamos debatiendo en la sede de la soberanía nacional.
En primer lugar, el Partido Popular considera necesario aumentar la puntuación de los criterios ambientales y sociales dentro de las bases de la convocatoria. En segundo lugar, se debe incluir a las comunidades autónomas en la coordinación
de las ayudas como entidades encargadas de la vertebración territorial. En tercer lugar, hay que establecer un protocolo de gestión del agua a medida que aumenten la masa forestal y las infraestructuras verdes en las ciudades, porque,
desgraciadamente, al mismo tiempo generan una disminución del caudal hidrológico urbano. Este es un aspecto fundamental en los tiempos corren, como todos ustedes saben. En cuarto lugar, se han de utilizar criterios de circularidad y absorción en
el desarrollo de infraestructuras verdes, más allá de los referentes a los residuos de construcción y demolición que se recogen en la convocatoria, incluyendo para ello la vivienda dentro de la estrategia de reorganización de los espacios urbanos y
priorizando procesos de recalificación, reorganización y rehabilitación frente a la ocupación del suelo para usos urbanísticos. En quinto lugar, debemos integrar los criterios de la Estrategia Forestal de la Unión Europea para 2030 en el desarrollo
de las infraestructuras
verdes, para aumentar las absorciones de carbono a través de los sumideros naturales utilizando especies más resilientes y adaptadas al cambio climático. Y, en sexto y último lugar, debemos asegurar la continuidad de las convocatorias y de
las ayudas con recursos propios cuando hayan finalizado los fondos Next Generation. Este es un compromiso de actuación irrenunciable al cual no se le puede cortar el grifo cuando se acabe la panacea de los fondos europeos.
Señorías, honestamente, este grupo parlamentario considera asumible, además de necesaria, la implementación de estas mejoras sobre la base de la actuación del Gobierno y del fondo de esta proposición no de ley, pero mucho nos tememos que no
aprobarán ninguna de las iniciativas recogidas en la enmienda del principal partido de la oposición. No lo van a hacer aunque sean enmiendas técnicas, porque, sobre la base de la actuación del Ministerio de Transición Ecológica, sobre la base de un
criterio ideológico, ustedes rechazan todas y cada una de las iniciativas presentadas por el Partido Popular. Esta ha sido la deriva ideológica, la deriva política y la forma actuar de la señora Ribera durante estos cuatro años en esta legislatura.
Voy terminando. Este Gobierno ha puesto en marcha, según sabemos y según se recuerda en el texto de esta proposición no de ley, la Estrategia nacional de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas, el Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático o el plan estratégico estatal de biodiversidad, donde se enmarca el fondo de esta proposición no de ley, pero a este grupo parlamentario le surgen una serie de preguntas. ¿Dónde están y cuáles son los resultados de
toda esta legislación? ¿Están monitorizando los avances o logros conseguidos? ¿Cuál es el grado de eficacia de las iniciativas? Sinceramente, no se conocen. Los únicos resultados que se han conseguido en los últimos años con las políticas del
Ministerio de Transición Ecológica son el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento del consumo de gas para generar la misma electricidad -por cierto, gas ruso- y el aumento de los contaminantes atmosféricos sobre la base
de una política ideológica que ha contribuido al envejecimiento del parque móvil español.
Por lo tanto, señorías, aún hay espacio para avanzar en la lucha contra el cambio climático; para reconducir determinadas formas de producir, consumir y actuar, y para reverdecer y organizar nuestras ciudades, pero ello requiere el
compromiso de todos, el no abanderamiento ideológico de las políticas medioambientales y climáticas y el aprovechamiento de la tecnología existente, además de la colaboración públicoprivada y la sensibilización social en el cambio de rutinas. Esto
será posible si existe un diálogo real entre el Gobierno y el sector privado...
La señora PRESIDENTA: Señor Gago, tiene usted que terminar, por favor.
El señor GAGO BUGARÍN: Voy terminando, presidenta.
... pero, para ello, como decía, no se puede hacer política y no se puede abanderar.
Hoy aquí, señor Anguita, le tengo que decir que usted ha cumplido con una exigencia electoral como madrileño que es. Me gustaría recordarle que en Vitoria gobernaron dos alcaldes que han marcado un antes y un después en la historia de la
ciudad: por una parte, el señor Alfonso Alonso y, por otra parte, el señor Javier Maroto. Ambos han conseguido que Vitoria sea hoy un referente como green city y han sido referentes también en la instalación y en la reforestación urbana.
La señora PRESIDENTA: Señor Gago, por favor, tiene usted que terminar.
El señor GAGO BUGARÍN: Ahora mismo termino, presidenta.
Termino con Madrid, señoría. No sé si sabe usted que en Madrid se han planteado 90 620 árboles en el último año, posicionándola como la tercera ciudad de España con mayor número de árboles.
Muchas gracias, presidenta. Siento la demora, pero había que contestar. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gago.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Al igual que en anteriores plenos, persiste el Grupo Parlamentario Socialista en la utilización de su cupo de proposiciones no de ley para ataviarse con el disfraz de paladín de la naturaleza e instar al Gobierno, a su Gobierno, a que siga
haciendo lo que ya debería estar haciendo sin que se lo diga nadie. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
Aplicando marca de la casa, esta iniciativa llega surtida de nueva terminología, de rimbombantes expresiones y de frases promocionales para rematar instando ni más ni menos a que el Ejecutivo continúe haciendo 'mismamente lo mismo' en el
marco de la Estrategia nacional de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas. Esta es una estrategia -recordémoslo- que el Consejo de Ministros aprobó a mediados de octubre de 2020 y que se publicó en el Boletín Oficial
del Estado en el verano de 2021, pero que a fecha actualizada presenta un balance en forma de bluf. Me temo que estamos ante otro montaje de la reconocida factoría de fantasías animadas patrocinadas por la vicepresidenta tercera del Gobierno y
ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que profundiza en unas políticas de consecuencias dañinas, como tantas veces he denunciado a lo largo de esta XIV Legislatura. Baste recordar que la pasada semana la señora Ribera
compareció a rastras aquí, en el hemiciclo, a propósito de sus planes de ocupación marina que tienen angustiados a los pescadores, quienes han recurrido al Tribunal Supremo para tratar de evitar el atropello.
Es cierto que, para mayor confusión, en el desarrollo de esta estrategia nacional participan muchos ministerios y organismos, si bien voy a referirme a algunas muestras de lo que es gobernar sin contar con la gente y diseñando muchos
espejismos pero pocas ayudas, a pesar de la lluvia de fondos europeos. Ya he citado lo que quieren perpetrar en los espacios marítimos con los POEM, que se van a cargar caladeros en los que históricamente ha faenado el sector pesquero. Voy a
referirme también a la oleada de incendios que, en el caso de los que asolaron recientemente Asturias, está muy ligada al abandono del medio rural; un abandono favorecido por una política urbanita de despachito oficial que ha modificado normas en
contra de los agroganaderos -como es el caso de la protección del lobo- o que va directamente en contra del sector primario, tal y como denunciaron una vez más miles de personas concentradas el pasado domingo aquí en Madrid. Este mediodía en
Oviedo, centenares de tractores colapsaron la capital de Asturias con una nueva protesta en la que invitaron a los partidos políticos a suscribir el contrato rural en defensa de la agroganadería. Ni PSOE ni Unidas Podemos ni Izquierda Unida
firmaron el contrato rural.
Señorías, se refiere esta iniciativa que ha defendido el señor Anguita Pérez a la renaturalización urbana que, efectivamente, también forma parte de varias metas y objetivos de la estrategia nacional verde que tiene su horizonte temporal en
2050 -es decir, dentro de un cuarto de siglo- y exámenes parciales de seguimiento que comienzan en 2023. De momento, en plena campaña de elecciones municipales y autonómicas, hay que señalar que se habla muy poco de compromiso de implementación de
esta herramienta para la que hace dos años y medio se reclamó desde el Consejo de Ministros complicidad de comunidades autónomas y entes locales. Repito: abundante literatura gaseosa para acabar reconvirtiendo estas iniciativas parlamentarias en
un pretexto para atacar a la oposición en lugar de rendir cuentas.
Hablando de biodiversidad, el Gobierno de Pedro Sánchez incumple sus propias leyes, sus propias estrategias y sus propios planes. Pretenden ustedes que les apoyemos en su petición de seguir impulsando una estrategia nacional de la que el
Gobierno no ha rendido cuentas pese a su relevancia y a su contenido. Comiencen por hacer un balance del grado de cumplimiento y del grado de satisfacción de lo que se ha hecho hasta ahora; háblennos de inversiones y de ejecución del gasto, y
expliquen a la sociedad en qué consisten sus planes de renaturalización urbana que, en el caso de Gijón, mi ciudad, han quedado tristemente patentes en el cierre del canal navegable del río Piles, reconvertido ahora en una cochambre e inutilizado
para prácticas deportivas. Le invito, señor Anguita, a preguntar a sus compañeros socialistas de esta Cámara por el desastre.
En definitiva, no voy a respaldar esta proposición no de ley con la que el Grupo Socialista busca amparo parlamentario para las fechorías 'ecologetas' del Gobierno. Votaré en contra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Intervendré de forma muy breve. Partiendo de que la Comisión Europea determina en su informe Construir una infraestructura verde para Europa que invertir precisamente en una infraestructura verde significa apostar por una red de espacios
naturales y seminaturales que, en buen estado, pueden ofrecer servicios de mayor valor, el objetivo de crear infraestructura verde es, desde luego, mejorar la capacidad
de la naturaleza para proporcionar ecosistemas, bienes y servicios múltiples y valiosos, como agua, aire limpio o sumideros de carbono. Esto lo compartimos y de esto va un poco la PNL.
Tal y como aparece en la exposición de motivos, la Fundación Biodiversidad aprobó ayudas al efecto y, de hecho, han sido muchas las comunidades autónomas que han presentado sus proyectos. Concretamente, Euskadi ha presentado dos. Sin
embargo, tengo que decir que hoy nos vuelven a traer una PNL para instar al Gobierno del que forma parte de su grupo a que, en coordinación con las administraciones públicas -en especial, con las administraciones locales-, y en el ámbito de sus
competencias, siga impulsando la renaturalización de las ciudades españolas, incrementando la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica en el medio urbano en desarrollo de la Estrategia nacional de infraestructura verde
y de la conectividad y restauración ecológicas. Lo paradójico es que una vez más se piden a ustedes mismos -es decir, desde el PSOE y para el PSOE- e instan al Gobierno del que forman parte a seguir impulsando la estrategia de infraestructura verde
y de restauración ecológica. Es una propuesta que quiero entender bienintencionada para incrementar la biodiversidad y la conectividad ecológica en esos entornos, pero es una propuesta de marketing puro y duro en periodo preelectoral. Además, en
la parte propositiva no plantean absolutamente nada concreto, ninguna medida concreta, solo seguir impulsando la renaturalización. ¿Pero cómo? ¿Van a destinar más dinero? ¿Van a plantear nuevos proyectos? ¿Van a plantear nuevas medidas? ¿Quizá
vamos a ver en estos días de campaña electoral alguna medida concreta al respecto?
Asimismo, nos hablan de impulsar esta estrategia en coordinación con las administraciones públicas, pero también les digo que en esto de la coordinación lo que vale no son las palabras, sino los hechos, y últimamente el Gobierno del que su
grupo forma parte, lejos de coordinarse o de hablar de cogobernanza, se está caracterizando más bien por lo contrario, por una recentralización.
Nosotros votaremos a favor, como no puede ser de otra manera, porque apostamos efectivamente por la renaturalización de las ciudades, pero preferiríamos que nos trajeran propuestas concretas y no genéricas, porque estas de poco valen y no
podemos trabajar con ellas.
Y, como desde aquí se está haciendo hoy campaña electoral también por parte del señor Diego Gago del Grupo Popular, quiero decirle que, efectivamente, Vitoria es green capital. Creo que fue José Ángel Cuerda el impulsor de estas medidas
medioambientales antes que nadie y luego vinieron ustedes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
El BNG está convencido de la necesidad de políticas de renaturalización urbana y, además, es coherente impulsándolas allí donde gobierna. Sin embargo, en el caso de esta PNL, estaríamos de acuerdo con la resolución, pero tenemos dos
problemas. En primer lugar, si ya es chocante que ustedes vengan habitualmente con proposiciones no de ley instando al Gobierno a que haga lo que ya debería hacer -dado que ustedes son el Gobierno-, hacerlo en periodo electoral con un discurso
electoralista como el que hizo aquí el señor Anguita es inaceptable. En segundo lugar, ustedes no son coherentes con lo que dicen. Le pongo solo tres ejemplos. Primero, hablan de renaturalización urbana y hablan de Valencia o de Vitoria. ¿Qué me
dice de Vigo? No menciona usted un caso como el de Vigo. ¿Sabe cuántos miles de árboles lleva talados el alcalde de Vigo? ¿Sabe que en la Gran Vía taló todos los árboles de gran porte para poner una escalera mecánica? Pero no sé si sabe que Abel
Caballero, además de alcalde de Vigo, es presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, porque ustedes lo colocaron ahí. Esa es su coherencia.
Segundo, hablan de eliminar los químicos, pero nosotros presentamos enmiendas a los presupuestos para que el Estado eliminara los glifosatos de las actuaciones de las vías que son de su competencia. ¿Sabe lo que hicieron ustedes?
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Tiene que terminar, señor Rego.
El señor REGO CANDAMIL: Votar en contra.
Tercero, y acabo. Mucho defender en esta proposición no de ley los ecosistemas verdes urbanos, pero lo que hacen ustedes en destruir aquellos naturales para poner parques eólicos, como sucede en mi país.
Obrigado.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Señorías, como me han escuchado decir en muchísimas ocasiones, a pesar de los negacionistas y de los que defienden la gravedad de la situación pero siempre se retraen en el momento en que hay que tomar decisiones o
comprometerse, a pesar de todo ello, el cambio climático y sus efectos están aquí.
Las olas de calor y los riesgos derivados del cambio climático afectan fundamentalmente a los sectores y a los barrios más vulnerables, y esta es una cuestión enormemente importante. Al contrario de lo que suelen decir los negacionistas,
afectan sobre todo a los sectores más vulnerables. Por eso, si combatir el cambio climático es una urgencia, la adaptación de nuestras ciudades a los efectos del cambio climático es una emergencia de primera magnitud. La propuesta que traen es
similar a otras que hemos aprobado ya en la Comisión de Transición Ecológica, y lo que fundamentalmente hace es situar la renaturalización de las ciudades como una pieza fundamental en la adaptación justa al cambio climático. Nosotros estamos de
acuerdo con la propuesta, como no podía ser de otra manera, y, además, la vamos a votar entre otras cosas porque sabemos que es posible. Nosotros nos anticipamos a la necesidad de renaturalización interviniendo mucho antes, hace ya siete años, en
la renaturalización del río Manzanares en su tramo urbano en Madrid. Efectivamente, han pasado siete años y solo puedo decir que ha habido una mejora de la biodiversidad y una mejora ambiental de la ciudad y de su conexión como corredor ecológico.
Porque además de los planes, de las propuestas y de las estrategias que existen, hace falta, sobre todo, voluntad política y solvencia para impulsar y tener ciudades más vivibles y más saludables. Por ejemplo, a estas alturas del cambio climático,
en el momento en el que estamos, no se puede seguir construyendo plazas duras sin frescor ni sombras como las que tenemos aquí al lado, en la Puerta del Sol, donde los turistas se tienen que refugiar a la salida del metro para encontrar un
centímetro de sombra. A estas alturas, eso no puede suceder. De la misma forma hay que abordar urgentemente la adaptación de los colegios y de los centros escolares porque no puede ser que los adultos tengamos en nuestros trabajos, en la mayoría
de los casos, sistemas de climatización adecuados y que los niños y las niñas estén en condiciones absolutamente lamentables por los incrementos de temperatura.
Tampoco nos podemos permitir que las grandes obras de infraestructuras -y ustedes lo han planteado- se lleven por delante ejemplares maduros de arbolado, existiendo como existen otras alternativas. No se puede confundir renaturalizar un río
con ajardinarlo y dejarlo bonito, como ha ocurrido, por ejemplo, con el río Genil en Granada -ustedes tienen que saber que eso no es renaturalizar un río-, de la misma forma que puede ocurrir también en Málaga.
Estamos totalmente de acuerdo con su propuesta, pero el tiempo apremia. Las medidas son urgentes y son imprescindibles. Hay que avanzar más rápido y, sobre todo, hay que avanzar sin cometer más errores.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Sabanés.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Gracias, señora presidenta.
Ni hoy ni mañana, señora presidenta, pero hoy quizás sí tenemos un palmario ejemplo, un ejemplo más, para reflexionar sobre la utilidad y la oportunidad de las proposiciones no de ley cuando son redactadas por los grupos que dan apoyo al
Gobierno instando al Gobierno a algo. Admitirán que contienen una cierta contradicción. (Rumores). Con todo respeto, yo creo que sí y, como estoy en el uso de la palabra, señoría, por eso me permito argumentarlo, si no le molesta. (Risas).
Hacen bueno el chascarrillo de que de proposición no de ley, la palabra más definitiva es la segunda. No obstante, quiero decir que el señor Anguita ha conseguido sacar petróleo y obtener discurso de una pura declaración de intenciones sobre la que
prácticamente nadie puede encontrar argumentos en contra. También es difícil encontrar argumentos a favor, cuando una declaración de intenciones nos cuenta qué, pero no nos cuenta cómo y ni siquiera nos cuenta en qué periodo de tiempo y cuando en
la propia exposición de motivos se sustancia el único número que importa, que es el de 62 millones. Señor Anguita, 62 millones sobre 8842 millones, que son los millones que tiene el departamento del ramo para gastarse, es un 0,7 %. Señor Anguita,
así no se rompe con los viejos clichés explotadores y extractivistas que compartimos con usted.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor García Nieto.
El señor GARCÍA NIETO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías del PSOE, socios y socias de Gobierno, hoy nos traen una PNL con la que es imposible que mi Grupo Confederal no esté de acuerdo. Si hacemos un poco de memoria, más que nada por justicia, encontramos publicada en prensa con fecha 7
de noviembre de 2020 la noticia de que en Unidas Podemos defendíamos que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 incluyeran una partida para la aplicación de la estrategia estatal de infraestructura verde, conectividad y restauración
ecológicas. Mi compañero Juancho López de Uralde dijo literalmente que debe prevalecer la renaturalización de las ciudades y la biodiversidad urbana. Es una cuestión de calidad de vida, pero también un importante beneficio para la salud de todos.
El pasado 28 de abril nuestra ministra Ione Belarra presentó el documento Escudo climático, un plan de choque urgente para luchar contra la sequía y las olas de calor en el que desarrollamos las medidas a impulsar para que los entornos
urbanos se transformen, según palabras textuales de mi compañera candidata a la alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, en grandes aires acondicionados naturales para bajar temperaturas.
Señorías, el cambio climático nos está arrollando, especialmente en el sur de España, donde vamos concatenando una ola de calor con otra. ¿Saben qué constatan los vecinos y vecinas de toda la provincia de Sevilla, señorías del PSOE? Que
sus gobiernos municipales en absoluto se distinguen en esta materia de los gobiernos de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Es la realidad que estos últimos años hemos vivido con impotencia en mi pueblo, Bormujos, en pleno corazón
de la comarca del Aljarafe. Es la misma que denuncia Susana Hornillo, una estrategia de tala y hormigón que ha dejado a día de hoy a Sevilla con solo un 5 % de masa arbórea, señorías. ¿Dónde están esos 55 proyectos de 2021 y los diez proyectos
para Andalucía de 2022? Repito, el 5 % de árboles en toda Sevilla. Es lo que pasa cuando deciden gobernar en solitario y cuando pactan los presupuestos municipales con Ciudadanos: hormigón, hormigón y más hormigón. En Unidas Podemos decimos que
somos valientes porque no nos conformamos con traer una PNL vacía de propuestas reales y de medidas concretas. Apunten, señorías del Grupo Socialista: ¿Quieren gobiernos de izquierda en los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía? Un 30 % de
masa arbórea en las áreas metropolitanas y red de pulmones verdes entre todos los barrios que conforman nuestras ciudades de mayor tamaño es nuestra línea roja.
En definitiva, el texto de esta PNL insta al Gobierno, en coordinación con las administraciones públicas, y en especial con las administraciones locales, a seguir impulsando la renaturalización de las ciudades españolas. ¡A ver si es
verdad! Escuchen la siguiente batería de propuestas de mi programa electoral de Bormujos (muestra su programa electoral): planes sombra, eligiendo especies sostenibles pensando en la escasez de recursos hídricos, caducidad de las hojas, emisión de
polen, etcétera, anteponiendo ética ecológica a estética; parques de agua urbanos sostenibles que permitan a nuestros hijos e hijas disfrutar de los jardines públicos, a la vez que combatimos las olas de calor, y mantenimiento regular y
ecológicamente sostenible de toda la vegetación de responsabilidad municipal, sin glifosatos ni pesticidas tóxicos, actuando diligentemente en la prevención de enfermedades de nuestros árboles. La tala casi nunca es la solución, es el fracaso de la
deficiente gestión pública medioambiental.
Termino recordando aquí el símbolo de una gestión aberrante que me pilló muy de cerca, el ficus de la parroquia de San Jacinto, en Triana. (Muestra dos fotografías). Cuando la justicia paralizó la tala el 18 de agosto pasado, ya solo le
quedaba parte del tronco y las raíces, con un alcalde socialista, señoría. ¡Nunca más!
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor García.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Zambrano García-Raez. (Aplausos).
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Con la venia, presidenta.
Señorías, esta iniciativa es de las que a uno le hacen pensar que sus señorías no saben lo que está pasando en España o es que les da igual.
Señorías, hablemos de una ciudad española, hablemos de una ciudad cualquiera, hablemos de mi ciudad, San Fernando, en la provincia de Cádiz, curiosamente gobernada por el PSOE, con dos
concejales de Ciudadanos que se malvendieron a la progresía. Pues bien, señorías, en esa ciudad hay más de cuarenta personas sin hogar que viven en la calle, personas que tienen como único patrimonio aquello que llevan consigo. Esas
personas son atendidas por la sociedad civil, no por la Administración, concretamente por asociaciones altruistas como las llamadas Personas sin hogar y con derechos o Calor en la noche. En mi ciudad son centenares las personas que acuden al
comedor El Pan Nuestro, que se mantiene con donaciones de vecinos, o que son atendidas por el párroco de El Buen Pastor o por Cáritas o por el banco de alimentos o gracias a ayudas de hermandades o entidades como la de Jóvenes Cargadores Cofrades.
En esa ciudad, en San Fernando, muchas madres recorren los mercados buscando ofertas con las que poder alimentar a sus hijos y llegar a fin de mes y muchos abuelos dedican su pensión a echar una mano para mantener a sus nietos. En mi ciudad hay
infravivienda, ocupaciones ilegales y una necesidad urgente de vivienda social. Hablamos de una ciudad de unos 94 000 habitantes, con 13 187 personas demandantes de empleo, una tasa de paro del 26,69 %. Y, por donde vayan, ustedes podrán ver
locales de negocio cerrados y que los autónomos y pequeños empresarios que sobreviven están asfixiados por la burocracia y la presión fiscal. Muchos jóvenes buscan su futuro fuera, pues para ellos crear una familia o adquirir una casa se hace allí
inalcanzable. Esta realidad que les describo de San Fernando podrían verla sus señorías en sus propias ciudades si pateasen sus calles y sus barrios y si saliesen de este mundo paralelo que se han construido desde sus partidos políticos.
(Aplausos).
Señorías, estando así nuestras ciudades y estando así nuestros barrios, venimos hoy aquí y nos encontramos con esta propuesta con la que el PSOE quiere que instemos al Gobierno del PSOE a que, según dicen, continúen con unas políticas que
llaman de renaturalización, servicios ecosistémicos, conectividad ecológica, todo de la mano de la Agenda 2030 y de toda esa red de entidades y fundaciones de nombre amable que, en realidad, conforman un entramado de clientelismo y un entramado para
la colocación de amigotes y progres de este nuevo régimen. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos). Señorías, un entramado de entidades y fundaciones que se gastará más de 217 millones de euros previstos para este año en este asunto, para
repartir entre quienes rindan obediencia y pleitesía a esta ideología ecologeta del pin multicolor. En eso ha quedado la Agenda 2030, en un medio y en una excusa para repartir millones entre los allegados. Los españoles no entienden que se
destinen cientos de millones a cuestiones ajenas a sus necesidades reales y, mucho menos, a este clientelismo ideológico. Y aun viniendo del PSOE, cuesta trabajo creer que se tenga la desfachatez de traer esta iniciativa a este Pleno, porque esta
iniciativa es un burdo intento de marketing político que en realidad revela una gran verdad, que es, como le decía al principio, o que la izquierda no sabe lo que realmente está pasando en España ni en sus ciudades, como San Fernando y otras muchas,
o simplemente lo sabe y le da igual. (Aplausos). Tanto el no saberlo como el que le da igual, sería imperdonable, pero, visto lo visto, yo me inclino por lo segundo, porque ustedes, señorías de la izquierda, se han instalado en la comodidad de sus
cargos, en la soberbia del mediocre y en el desprecio a su propio pueblo, y estoy convencido de que cada día son más los españoles que ven esas verdades que les ocultan con el control de los medios y con su marketing político.
Señorías, espero que esto ayude a que los españoles conozcan el uso que en realidad esta casta política da a tanta presión fiscal y el uso que en realidad da al esfuerzo de los trabajadores y a los recursos que vienen de Europa porque,
conociendo la verdad, los españoles no dudarán en arrancarles de esos sillones a los que tanto se aferran con sus engaños y sus mentiras.
Para terminar, señorías, espero que este nuevo engaño que hoy nos trae la izquierda haga ver a los españoles que solo cuidando lo nuestro y con un voto seguro y valiente podremos recuperar nuestro futuro y nuestra libertad.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señor Zambrano.
Señor Anguita Pérez, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas formuladas?
El señor ANGUITA PÉREZ: Mantendremos el texto inicial.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE A LA SEQUÍA. (Número de expediente 173/000215).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno frente a la sequía.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Marcos Ortega.
La señora MARCOS ORTEGA: Señorías, España tiene un grave problema que, si no se ataja hoy, limitará el mañana de nuestro país y condicionará nuestra calidad de vida, nuestro desarrollo económico y nuestro bienestar presente y futuro. A las
cesiones independentistas, los terroristas en las listas de Bildu y la malversación, la sedición o el dinero despilfarrado en la tómbola electoralista, se suma el ataque frontal del sanchismo al mundo rural. Cinco años de desprecio y falta de
respeto a las gentes del campo, de recortes en la PAC, subidas de costes e impuestos, ataques a la ganadería, insultos y acusaciones de contaminar, de esclavizar, de producir con mala calidad y, ahora, además, de gastar agua. Este es el ejemplo más
claro del sanchismo que hay que derogar, que está llevando a Tinín, en Villasarracino, a sacrificar sus animales o al pastor de Covaleda, en Soria, a irse, porque los ataques del lobo ya no le dejan estar en los pastos.
Esta miope visión ideológica y urbanita del mundo rural limita el desarrollo del 80 % del territorio; pone en riesgo tres millones de puestos de trabajo y el 12 % del PIB; atenta contra el medioambiente; provoca despoblación; lastra la
producción de alimentos, y compromete nuestra soberanía alimentaria. Sí, señorías de las izquierdas, luchar contra el cambio climático exige tomar medidas para adaptarse a él sin perder capacidad productiva. Negarse en nombre del planeta a
invertir para almacenar el agua cuando cae y poder aprovecharla de forma eficiente cuando se necesita es populismo infantil para justificar la incapacidad de la señora Ribera de gestionar la política del agua en España. (Aplausos.-El señor Hispán
Iglesias de Ussel: ¡Muy bien!).
La sequía es un grave problema, sí, pero no es nuevo, hace años que Naciones Unidas y la Comisión Europea han advertido de que debemos invertir para adaptarnos y han puesto dinero, mucho dinero, 140 000 millones de euros. ¿Me quieren decir
dónde están? Llevan gobernando cinco años, cuatro con alertas por sequía, y no han hecho nada más que buscar culpables y decir que se reduzca el consumo. ¿O pueden asegurar que no va a haber restricciones de agua? Es momento de tomárselo en
serio, de escuchar, de gestionar y de hacer de la política del agua una política de Estado que dé garantía y certidumbre a todos los territorios. Este es el pacto nacional que el presidente Núñez Feijóo propone, nada que ver con sus planes
hidrológicos de cuenca, todos retrasados y recurridos ante los tribunales, todos. (Aplausos.-El señor Hispán Iglesias de Ussel: ¡Muy bien!). El del Duero (muestra un recorte de prensa), en mi tierra, aprobado contra el Consejo Nacional del Agua
por primera vez en la historia; el del Tajo, recurrido por tres comunidades autónomas, la valenciana entre ellas, y todos los demás recurridos, todos, ante el Tribunal Supremo desde Castilla-La Mancha. A esto lo llaman ustedes Pacto de Estado,
pero lo que pasa es que a ustedes hablar de pacto nacional les viene muy grande. Les debe sonar a broma hablar de gestión responsable cuando convocaron un Consejo de Ministros extraordinario el día que comenzaba la campaña electoral y sin una sola
medida extraordinaria. Electoralismo y sectarismo también con la sequía. Ni está todo el territorio afectado ni están todos los sectores. Dejan al ganado sin ayudas para el agua, a sectores enteros, como el vacuno de cebo, el porcino o las aves
sin apoyo y el colmo es que crean un fondo con la cuarta parte del dinero que ustedes mismos pidieron en la sequía de 2017. Han oído bien, señorías del PSOE, la cuarta parte, mil millones de euros en 2017 con el Partido Popular, 276 millones con el
Gobierno de la gente ante la mayor sequía en años. Por desgracia, tampoco fue extraordinario ver al desaparecido ministro Planas aplaudir y conformarse una vez más, ni lo fue que el Gobierno intentara tratar y tapar con parches electorales su falta
de política hidráulica. Lo hemos intentado hasta en veinticinco ocasiones en el Partido Popular y hoy lo volvemos a proponer: agilizar la modernización de regadíos, hacer un plan de infraestructuras de almacenamiento, construir balsas y dejar de
destruirlas, aprovechar el dinero europeo, hacer los nuevos regadíos que estaban previstos por el Partido Popular y que todo ello se haga en el marco de un pacto nacional por el agua y contando con los presidentes de las comunidades autónomas.
Para el Partido Popular el agua es el futuro y es la mejor medida contra la despoblación. Donde hay agua hay un 40 % más de gente y los jóvenes se quedan en su pueblo, señora Ribera. ¿Cómo se permite el lujo de hablar mal de Castilla y
León, cuando son ustedes quienes están impidiendo que haya Internet y telefonía en muchos pueblos? Paséese por la montaña palentina, por la vega de Saldaña y explique también por qué han paralizado las balsas de la Cueza o los regadíos del Carrión,
los de Zamora, los de Soria o los de León. ¿Dónde está el corredor atlántico, la EBAU única o el nuevo modelo de financiación para las escuelas de niños de tres años y los médicos en los 3650 consultorios locales que existen gracias al Partido
Popular en Castilla y León? (Aplausos.-El señor Hispán Iglesias de Ussel: ¡Muy bien!).
Ocúpense de trabajar más y de insultar menos. No está legitimado para hablar mal de mi tierra quien actúa en su contra por puro sectarismo ideológico. (El señor Hispán Iglesias de Ussel: ¡Muy bien!). No, señorías, a golpe de
planificación ideológica y con la vista puesta en las urnas no impedirán que nos convirtamos en el mayor desierto de Europa. Hay que actuar ya, hay dinero. El problema no es Europa ni el pacto verde, el problema es el Gobierno de Sánchez y sus
políticas contra la economía rural. De hecho, mientras Portugal construye quince embalses con fondos europeos y Francia dieciséis balsas para asegurar la producción agraria, Sánchez las destruye; mientras otros utilizan los fondos europeos para
obtener regadíos, Sánchez los paraliza; mientras otros mantienen térmicas y nucleares, Sánchez las cierra y duplica el coste de la energía; mientras Francia y Alemania se quedan con las ayudas de Estado, Sánchez llega tarde, recorta, aumenta
exigencias y pone nuevos impuestos, y ahora, además, les deja sin agua, les culpa de la sequía y, escuchen bien, la señora Ribera acusa a la industria agroalimentaria de expoliar. ¿Se puede ser más irresponsable?
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Tiene que terminar.
La señora MARCOS ORTEGA: Termino ya, presidenta.
El único que expolia es el Gobierno, que hace caja con la inflación, 16 000 millones de euros extra el último año, pagamos un 25 % más por los alimentos y se niegan a rebajar el IVA de la carne, del pescado y de las conservas. Ya no les
queda nadie a quien echar la culpa; igual así ya empiezan a buscar soluciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Termine, señora Marcos, por favor.
La señora MARCOS ORTEGA: Las hay, pero la solución definitiva será derogar el sanchismo. (Aplausos). Mientras eso llega, apoyen esta moción. Sin agua no hay futuro. El mundo rural no aguanta más y España tampoco. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Señorías, no hace ni una semana que debatimos en la Comisión de Agricultura una proposición no de ley, que Ciudadanos presentó, bastante extensa y con medidas bastante interesantes que creemos que son necesarias. Lo creemos firmemente
porque hay que reaccionar ante este problema tan urgente y tan extremo que es la sequía que sufre nuestro país. Hace una semana, el miércoles pasado, el Partido Socialista y Unidas Podemos, entre otros partidos, votaban en contra porque no les
parecía muy interesante o básicamente porque no se acordaban de que justo después empezaban las elecciones. Curiosísimamente, ese mismo miércoles por la tarde, o el día después, convocaron un Consejo de Ministros urgente para tomar medidas frente a
la sequía. Es curioso que lo hicieran justo el día antes del comienzo de la campaña electoral y es curioso también que muchas de las medidas parecían inspiradas en nuestra proposición no de ley. Por lo tanto, yo creo que este Gobierno es bastante
irresponsable, porque no es capaz de tomar medidas con tiempo.
En Ciudadanos llevamos registrando en este Congreso de los Diputados, en diferentes iniciativas y también en los últimos presupuestos generales del Estado, medidas para adelantarnos a los problemas que ya sabíamos que iban a llegar no porque
nosotros seamos magos, sino porque nos lo decían los agricultores y los científicos. Esto ha llegado y los datos no mienten. Los datos, que además están recogidos en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo dicen
claramente: la reserva hídrica española está en un 48,9 % de su capacidad total; los embalses almacenan actualmente 27 400 hectómetros cúbicos de agua, que disminuyen en la última semana en 406 hectómetros
cúbicos y 2023 es el quinto año con menos agua almacenada en los embalses desde que hay registros. Sin embargo, el reparto de este recurso tan fundamental para la agricultura es notablemente desigual, y es donde tenemos el gran problema.
Mientras que la vertiente cantábrica tiene sus embalses por encima del 70 % de su capacidad, en la cuenca interna de Cataluña o en la vertiente atlántica de Andalucía están todas por debajo del 30 %. España padece una situación de estrés hídrico
muy importante, pero, como digo, dependerá de la zona. Por eso, desde Ciudadanos registramos una proposición no de ley con medidas que deberían implementarse de manera urgente.
Hoy el Partido Popular trae a debate una moción consecuencia de interpelación, donde sí podemos ver una serie de medidas que nos parecen bastante interesantes y que podríamos votar a favor perfectamente. Es cierto, señora Marcos, que
también nos llama la atención alguna cosa: que hoy pidan un pacto nacional por el agua, cuando podrían haberlo trabajado cuando estuvieron en el Gobierno; que ahora les interese hablar de cogobernanza y tengamos que confiar en que, si en algún
momento vuelven a gobernar, trabajen con cogobernanza. Pero, como les digo, es un plan que podemos asumir. Aun así, hemos registrado una enmienda para introducir los puntos que creemos que son necesarios y que se podrían añadir a los puntos que ya
tiene esta proposición no de ley o, cuando menos, buscar una transaccional donde quedaran recogidos. Porque nos parece muy importante, por ejemplo, que se impulse la aplicación de la solidaridad interterritorial como principio rector de la gestión
hidrológica en España o que se impulse desde la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea la posibilidad de que se utilicen fondos de solidaridad de la Unión Europea para paliar los daños provocados por la sequía. Como digo, todas las
medidas que hemos registrado desde Ciudadanos pretendían sostener, con la mayor de las garantías, un sector que es absolutamente vital para nuestra economía y para nuestra sociedad.
Los agricultores de nuestro país -esto se lo digo al Gobierno de España, al Partido Socialista y a Unidas Podemos- ya no pueden esperar más, merecen ayudas que sean fiables y de manera urgente. Veremos si en ese real decreto ley que
pretenden traer aquí realmente los agricultores y ganaderos tendrán facilidad para acceder a ese tipo de ayudas y medidas que han aprobado. Como digo, los agricultores merecen de manera urgente estas medidas porque las esperan como agua de mayo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
En lo que va de año se han multiplicado las iniciativas parlamentarias que plantean medidas de orientación política al Gobierno en torno a la gravísima sequía que está padeciendo España. Hoy la mayor parte de las veinticinco demarcaciones
hidrográficas de nuestro país tienen una reserva hídrica que ya está por debajo del 50 % de su capacidad total, con un almacenamiento del orden de 27 000 hectómetros cúbicos, cifras alarmantes que justifican la inquietud de nuestros agricultores y
de las regiones en las que la actividad productiva y la vida cotidiana de sus pueblos tienen una histórica dependencia del agua.
Las medidas que plantea el Grupo Parlamentario Popular en su moción, tras la interpelación a la vicepresidenta tercera, son prioritarias y refuerzan las que el propio Gobierno adoptó en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebró
el pasado jueves en apoyo al sector agrario y en materia de agua. Estamos ante una situación catastrófica para muchos territorios y para muchas familias y, dado que estamos aún a mediados de mayo y con todo el verano por delante, resultan
prioritarias las propuestas de corte político y económico que ayuden a afrontar lo que se nos viene encima. Además, servirán para tratar de contrarrestar la parsimonia con la que el Gobierno y su Ministerio para la Transición Ecológica se han
tomado el problema histórico que una gran parte de España tiene con el agua y que se ha agudizado con los durísimos periodos de sequía como el que estamos sufriendo, uno de los peores desde que se tienen registros.
En este sentido, cobra total importancia la llamada que se hace en esta iniciativa que ha defendido la señora Marcos Ortega respecto a la mejora de las infraestructuras dedicadas al riego, así como la disponibilidad de nuevos recursos. Es
exactamente el camino inverso al de la disparatada opción de demoler y eliminar azudes y embalses. Una vez más, como ya sucedió anteriormente, y lo sabemos bien, con el cierre de las centrales térmicas de generación eléctrica, el Gobierno prefiere
la piqueta y la voladura antes de asegurarse un plan que proporcione alternativas socioeconómicas, en este caso, a nuestro sacrificado sector primario, que une al terrible impacto de la sequía el de los sobrecostes de la inflación,
los carburantes y la caída del consumo por la carestía de la cesta de la compra, así como la severa escasez de cereales para la alimentación del ganado, agudizada por la guerra de Ucrania. Por cierto, la gravedad de la situación está
arrastrando al sacrificio masivo de animales en toda España. Incluso en Asturias ha crecido un 20 % el sacrificio de las vacas de leche debido a los elevados costes de los piensos y forrajes, lo que aboca a un desabastecimiento y perjuicio para los
ganaderos y para todo el sector lácteo, industria transformadora incluida. En todo caso, aún resuenan las llamadas de auxilio que el medio rural grita en manifestaciones multitudinarias, la última a mediodía de hoy en las calles de Oviedo, con más
de 400 tractores.
Señorías, la moción es muy amplia y responde a necesidades urgentes. En el orden político, me parecen muy relevantes los dos puntos que se refieren, por una parte, a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, pero sobre todo, por
otra, a la elaboración de un gran pacto nacional sobre el agua. Cabe recordar que ya hubo intentos y conversaciones para forjar un acuerdo con el que responder a las necesidades sobre la gestión del agua en España y hacerlo procurando el mayor
grado de acuerdo. Quisiera recordar que se habían realizado muchos avances en pos de ese pacto nacional, pero que se vieron truncados en 2018 por la moción de censura. Hoy, como entonces, ante una situación agravada como secuela de la sequía,
cobran valor los objetivos relativos a la buena gobernanza en torno a un bien esencial como es el agua.
Finalizo señalando, una vez más, la decepción por la actitud del Gobierno reflejada, en la última sesión de control, en el desdén de la señora Ribera hacia la oposición y en un asunto de tantísima trascendencia como es la sequía, agudizada
por la denominada crisis del grano. Nuestros agroganaderos tienen un gravísimo problema que compartimos con otros países de la Unión Europea, que también ven peligrar su actividad productiva y sus explotaciones. Unos y otros necesitan de las
ayudas y de los fondos comunitarios de reserva agrícola de emergencia, que ya están muy mermados. Junto a la sequía derivada de la falta de agua, corremos el riesgo de sufrir otra incipiente sequía, la de las ayudas y los fondos de la Unión
Europea. Hace mal nuestro Gobierno en no busca la unidad política ante estas amenazas cuando se plantean además, como es el caso de esta moción del Grupo Parlamentario Popular, cuestiones muy razonables en torno al agua, un asunto de Estado que nos
concierne absolutamente a todos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
La ausencia de lluvias, la sequía o, mejor dicho, la crisis de la sequía ha entrado en campaña electoral. Entre hoy y mañana debatimos dos mociones consecuencia de interpelación que hablan de lo mismo, aunque con petitum algo distinto.
La sequía no es un fenómeno exclusivo que padece España, es un fenómeno que afecta también a los países del sur de Europa, y es el resultado del cambio climático, aunque algunos lo nieguen. Es un fenómeno que no se va a arreglar con medidas
parche que cada cual vaya planteando. El fenómeno de la sequía se produce por la ausencia de lluvias, pero también por una deficiente gestión del agua, que no es de ahora, sino que viene de mucho tiempo atrás, y desde luego requiere, a nuestro
entender, actuaciones de mucha mayor envergadura: planificar mejor los recursos hídricos, evitar pérdidas en la canalización del agua, atenuar la demanda, fomentar el consumo responsable promoviendo una cultura del ahorro y la sostenibilidad, la
reutilización de aguas residuales, además de todas aquellas medidas que se vayan anunciando para paliar todas esas consecuencias negativas. A nuestro juicio, desde luego, es un fenómeno de interés general que choca con los intereses particulares
por cuanto que afecta a las economías de las familias que viven de un sector esencial de la actividad, como es el sector primario, y que no debemos olvidar. Es un fenómeno que, además, no nos debe llevar a la confrontación, sino a buscar un
equilibrio entre intereses contrapuestos: las necesidades de la producción agrícola y la urgencia de cambiar el modelo productivo ante el avance del cambio climático. Lo cierto es que no hay recetas mágicas y hay que ser honestos. El fenómeno de
la sequía va a ser más recurrente, el agua no es infinita y los trasvases que plantean algunos como estructurales no son la solución por cuanto donde hoy hay agua, mañana, a lo mejor, no. Precisamente, el agua no sobra; hay que hacer una buena
gestión de la misma y no se puede alarmar a la población y a los sectores con cuentos como el derribo de presas o incluso con el vaciado de embalses.
Hay un Plan Nacional del Agua, los planes hidrológicos, además de los planes de inundación y de sequía -esos están en información pública-, y hay una apuesta por un PERTE por la digitalización del agua. Quizá no sea suficiente, pero la
sequía no se va a resolver con esas medidas que proponen todos de forma aislada o con promesas electorales. Por eso, mi grupo no va a entrar en esta pugna ni en usar de forma política y torticera la sequía y el agua con posiciones y planteamientos
totalmente enfrentados que no van a dar lugar a consenso alguno, y más en este momento que estamos en periodo electoral. Es un fenómeno que, desde luego, creemos que requiere altura de miras, una mirada desde la ciencia, de datos y de análisis,
porque las soluciones de la falta de agua en la industria, en las ciudades y en el campo no van a llegar ni con medidas puntuales ni tampoco con financiaciones extraordinarias. Será necesario aunar esfuerzos entre administraciones, sectores,
empresas, ciudadanía y ciencia -como he dicho-, y abordar políticas que promuevan cambios estructurales para adaptarnos al cambio climático, o, mejor dicho, para adaptarnos a la nueva realidad climática.
Por lo dicho, no vamos a entrar en estos debates que, desde luego, no ayudan a buscar soluciones factibles, y menos -como he dicho- en campaña electoral. No vamos a valorar todos los puntos de la moción.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, decía hace una semana la ministra Ribera que ahora toca gestionar las cosas de otro modo e invertir en infraestructuras, y que tiene poco sentido discutir sobre la responsabilidad de la situación actual. No podemos estar de
acuerdo; por supuesto que toca hablar de responsabilidades. Cataluña está en emergencia hídrica, un paso más allá de la sequía, y no hacía falta vivir el abril más seco y cálido desde que existen registros para saber que el cambio climático
suponía una amenaza inmediata para las personas en claro crecimiento demográfico, para el campo y la soberanía alimentaria o para la industria, a la que se exige reducir un 15 % el consumo de agua, y esto puede suponer paralizar la producción de
algunas. Hace meses, e incluso años, que esto se veía venir. Ha faltado previsión, y no solo de este Gobierno, sino también del de Zapatero o del de Rajoy. Tras la sequía de 2007-2008, se prometieron grandes inversiones en Cataluña para construir
tres desalinizadoras, aparte de la de Tordera, para salvar el balance hídrico entre recursos y consumos. Hoy en día, no ha habido ni un euro invertido por el Estado en Cataluña en nuevas plantas de tratamiento del agua salada o en las de
regeneración del agua residual urbana. Las únicas inversiones han sido de la Generalitat, de l'Agència Catalana de l'Aigua, a costa de lo recaudado con el canon catalán del agua y también de fondos europeos, tanto en la construcción de la primera
desalinizadora de Tordera como en la de El Prat. Por cierto, en Castilla y León las depuradoras las pagó el Gobierno central al cien por cien. Ahora, el Gobierno anuncia la ampliación hasta los 80 hectómetros de la planta de Tordera, con un
presupuesto de 220 millones de euros, pero ya veremos cuánto se demora en construirla. Y va a ser absolutamente insuficiente; esto ya se sabe. Siguen pendientes las plantas de regeneración de agua residual urbana y las infraestructuras para
llevar esa agua tratada allí donde es más necesaria, al campo, por ejemplo, desde El Prat a Lleida. (Continúa su intervención en catalán.-Protestas).
La campaña de arroz en L'Ebre va a ser ruinosa; algunos se van a ver obligados a dejar el campo tras generaciones dedicadas a él; els pagesos de Catalunya señalan a la CHE, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, como la principal
responsable del cierre de los canales de riego de Urgell y Segarra-Garrigas por falta de planificación y por improvisación. Y tienen razón, porque también esto, también esto, se veía venir. Las ayudas del Gobierno, anunciadas ahora, son
insuficientes y llegan tarde. Sin inversiones más ambiciosas, es, como suele decirse, pan para hoy y hambre para mañana.
Con respecto a las propuestas del Partido Popular en esta moción, no estamos de acuerdo, especialmente en las que son una especie de 155 hídrico, haciéndose con el control de las medidas a adoptar contra la sequía dentro de las comunidades
autónomas.
Para acabar, y volviendo al Gobierno, también ha habido falta de previsión en cuanto a los planes contra la sequía. Hace casi un año preguntamos al Gobierno si tenía previsto modificar protocolos, viendo la sequía que se nos venía encima.
Dentro de sus competencias, debería haber acordado con urgencia un nivel de seguridad de embalses por encima de lo que hay en estos momentos. ¿Qué ha hecho el Gobierno? ¿Qué ha hecho? El Gobierno todavía está en periodo de alegaciones en el
diseño de los
planes especiales de sequía. El campo está agonizando y el Gobierno está de alegaciones. Entonces, les hicimos la pregunta porque las hidroeléctricas abrieron compuertas y dejaron salir el agua para poder hacer negocio gracias al precio
elevado de la electricidad; y el Gobierno no puso ninguna sanción a las eléctricas, no podía, porque actuaban al límite de lo permitido por la ley. Había que haber actuado con mayor previsión y diligencia.
Así que, diga lo que diga la ministra, por supuesto que toca hablar de responsabilidades, sobre todo porque la prioridad es salvar los alimentos, ya que no se puede vivir de promesas incumplidas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidenta.
Hasta ahora, el modelo de gestión del agua en el Estado español ha permitido capear, con mayor o menor fortuna, las sequías cíclicas, a base de medidas coyunturales. De esto han surgido una parte de textos legislativos, reales decretos, lo
que ha permitido realmente establecer, más o menos, unas constantes. Sin embargo, hoy somos conscientes de que con el cambio climático la sequía constituye un problema estructural -repito, un problema estructural- cada vez más repetitivo y que no
podemos afrontar simplemente con medidas puntuales como lo estamos haciendo todavía hoy; serán necesarias acciones preventivas y cambios profundos en el modelo de gestión y gobernanza del agua.
Disculpen que insista, pero cada vez que oigo hablar de pacto nacional del agua y de garantizar la distribución equitativa del agua al conjunto de territorios, me viene a la cabeza la vieja política de trasvases. Detrás del pacto nacional
del agua está la vieja política de trasvases que, como hemos visto en el Tajo-Segura, ha resultado ser un fracaso absoluto. Ya saben que nuestro grupo está totalmente en contra de la política de trasvases, o, como dicen ahora, de armonización de
cuencas. Señorías del PP, no queremos que nos quiten el agua de Cataluña para regar los campos de golf de Murcia.
El marco de gestión es, y debe continuar siendo, la cuenca hidrográfica; está clarísimo. Lo que sí debemos exigir a las confederaciones hidrográficas es la gestión impecable del agua. Y eso quiere decir dos cosas: una mayor transparencia
en la gestión y el control público del recurso del agua, y una mayor participación en la toma de decisiones de los diferentes agentes sociales, económicos y administraciones que intervienen precisamente en esta gestión. Estamos hablando del modelo
de gobernanza. Esas son las dos cuestiones que realmente debemos afrontar y que no se están afrontando.
El problema es que, simplemente, no hay agua suficiente para cubrir todas las demandas; este es el gran problema que tenemos. Las aportaciones de las lluvias vienen sufriendo una drástica reducción desde el año pasado. El año hidrológico
2021-2022 finalizó con una precipitación un 25 % inferior al valor medio, un 25 %, es decir, una cuarta parte inferior al valor medio de precipitaciones. Desde el inicio del último año hidrológico hasta el final de marzo de 2023, es decir, del mes
pasado, el valor medio de las precipitaciones acumuladas ha sido un 18 % inferior al promedio para el mismo período. Estamos hablando de porcentajes muy altos. Y ante esta nueva realidad, que viene siendo estructural, el modelo tradicional de
gestión de recursos hídricos es totalmente ineficaz. Ya no funciona y esto tenemos que reconocerlo.
El pasado 25 de abril la CHE cortó el agua del canal d'Urgell de un día para otro, trasladando la responsabilidad de su gestión a la comunidad de regants y sin contar con la Generalitat, que es quien al principio establece las medidas de
restricciones para todo el territorio; responsabilidades compartidas con un modelo de gobernanza ineficaz donde la voluntad de coordinación brilla precisamente por su ausencia. Esta es la realidad que nos encontramos ahora. De hecho, hoy mismo,
Unió de Pagesos ha convocado una concentración ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro para exigir al Gobierno del Estado medidas para la sequía, pero también, al organismo propio de la CHE, mayor transparencia en la gestión de los
recursos hídricos.
No queremos que el Canal d'Urgell se convierta precisamente en un rodalies. Debemos reforzar la gestión, debemos mejorar su gestión. El Canal d'Urgell, a diferencia de otros sistemas de regadío, no está preparado para gestionar una crisis
de este tipo, de esta dimensión. Es una infraestructura diseñada en el siglo XIX, donde el estrés hídrico actual no existía y, por lo tanto, necesita un proceso de adaptación que solo puede hacerse efectivo a través de una modernización de los
regadíos; una modernización que permita garantizar el futuro de las explotaciones agrarias, pero también una mayor eficiencia en la gestión de los recursos hídricos.
Desde el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya hace tiempo que se está trabajando, en colaboración con la Comunitat de Regants del Canal d'Urgell en
el proyecto de modernización. Y para impulsar esa modernización, la Generalitat de Catalunya está dispuesta a asumir el 60 % de la inversión necesaria, siempre y cuando el Estado garantice el 40 % restante. Esto es lo que estamos pidiendo.
Solo a través de la suma de esfuerzos de las diferentes administraciones que tienen responsabilidad en la gestión del agua, podremos vencer realmente a la crisis que nos viene encima -o las crisis-, y eso, repito, requiere un cambio en el
modelo de gestión y de gobernanza del agua. De no hacerlo, los discursos populistas y demagógicos que fomentan la confrontación van a ganar terreno, y ya sabemos a quién favorece ese relato.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Les voy a dar un dato para empezar mi intervención. Un reciente estudio de Ecologistas en Acción dice que más del 90 % del agua se gasta en las zonas rurales, en el campo, y que el consumo humano e industrial es de menos del 10 %. Así que
ese, evidentemente, no es el problema. Como saben, nuestro espacio político se define por ser una fuerza que dice verdades, aunque sean incómodas y muchas veces sean difíciles de asimilar. Y ante esta moción que presenta el Partido Popular, lo
vamos a volver a hacer. Y es que la sequía no depende solo de que un año llueva más o lleva menos o de lo que llueva cada año, sino que tiene mucho que ver con en qué gastamos el agua de que disponemos, en si gastamos más agua de la que disponemos.
Este despilfarro tiene un componente de clase, señorías del Partido Popular, ¿porque quién está gastando el agua por encima de sus posibilidades? ¿Los pequeños y medianos agricultores y ganaderos? No. No, señorías, no. ¿Un habitante de Vallecas
o del sector sur de Córdoba? No, señorías. Vamos a ser muy claras y vamos a decir la verdad. La gastan, señorías, los fondos buitre (risas)... Bueno, sigan riendo, yo me voy a callar mientras. La gastan, señorías, los fondos buitre y de
inversión, que compran nuestros campos y se dedican al agronegocio; las grandes corporaciones que se quedan con nuestras tierras para especular en el mundo rural; los millonarios que hacen macronegocios con sus piscinas enormes y sus campos de
golf sin ton ni son. Y cada vez más fondos buitre están comprando tierras con regadíos hiperintensivos, plantando durante todo el año en tierras que eran de secano, y el ejemplo más claro es el olivar intensivo. Acaparan todo el derecho de riego,
en detrimento de los pequeños y medianos agricultores, acabando con el olivar tradicional a favor del intensivo. Y lo mismo pasa con las macrogranjas, señorías, y a nivel privado también con la proliferación de las macroconstrucciones privadas. Y
ante todo esto, que es una evidencia, su moción no propone ninguna solución, por lo que su moción es completamente inservible. Mientras no se aborde el componente de clase y la redistribución de los recursos hídricos, evidentemente no habrá
solución.
Nosotras sí hemos propuesto y hemos presentado un escudo climático, y como primera medida entendemos que hay que establecer una moratoria; una moratoria a esas macrogranjas, a esos campos de golf sin control, a esos regadíos hiperintensivos
en manos de fondos buitre y otras medidas para la reducción del consumo de agua en el campo que puedan garantizar el agua, eso sí, a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, y a la agricultura tradicional. Es decir, reducir, señorías, sí,
pero de forma justa.
Y hablando de justicia, una palabra: Doñana; una frase: saquen sus manos de Doñana, señorías del Partido Popular (aplausos), retiren su ley en el Parlamento andaluz lo antes posible, porque saben que no van a poder llevarla a cabo y se
nota mucho que tienen miedo. Tienen miedo a que salgamos a las calles, como este domingo en Sevilla, a que vayamos a salir también en Córdoba el jueves. Y no solo eso, sino que desde el principio se les ha notado muchísimo el miedo. Por eso, su
ley no la presenta el propio Gobierno, sino el Grupo Parlamentario del Partido Popular. ¿Por qué? ¿Qué temen? También tengo que decir que el señor Moreno Bonilla no se atrevió a estar en ese debate para la aprobación, ni siquiera a aparecer.
Paralizan la ley hasta después del 28 de mayo. ¿Por qué? Porque no quieren que se hable en campaña, porque les hace daño, porque están haciendo una barbaridad. Por eso usan Canal Sur, para engañar y desinformar sobre el contenido de su
ley, y la Junta Electoral tiene que apercibirles. El señor Moreno Bonilla pierde la forma con una periodista, inventándose artículos de la ley y sin saber el contenido de la ley.
Termino. Se les nota demasiado que saben desde el principio que esto no puede ir a ningún sitio, que no van a hacerlo, porque ni Europa ni este Gobierno ni los andaluces ni las andaluzas que están en las calles se lo van a permitir. Así
que, señorías, retírenla, pidan perdón, comprométanse a no volver a traer al Parlamento andaluz semejante salvajada contra nuestro patrimonio natural, paren de destruir Andalucía, de malgastar nuestros recursos hídricos. Paren ya, señorías del
Partido Popular, saquen sus manos de Doñana o se arrepentirán. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Velarde.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Mestre Barea. (Aplausos).
El señor MESTRE BAREA: Buenas tardes, señorías.
Señora Marcos, tengo que reconocer que anoche preparamos la contestación a esta moción con simpatía, pero resulta que esta mañana, en una emisora de Radio Nacional, el señor Azcón, actual alcalde de Zaragoza y proponente para presidente de
la Comunidad de Aragón, refiriéndose al trasvase del Ebro, dice que eso es una fantasía y que ni una gota de agua saldrá de la comunidad a otra comunidad. Pónganse de acuerdo. (Aplausos). Vemos con simpatía el Plan Nacional del Agua, pero estoy
seguro de que el señor Azcón no lo va a firmar. Pónganse de acuerdo.
Lo primero que hay que decir es que hay que distinguir entre sequía y escasez. En realidad, aquí de lo que se trata es de afrontar la escasez, porque la sequía es un proceso natural, es el resultado de condiciones climáticas que tenemos en
nuestra península ibérica, precipitaciones en torno a 300 milímetros al año y a veces menos en el Levante español concretamente. Para nosotros no es una cuestión excepcional, sino que la sequía es una cuestión estructural -se ha dicho aquí antes
por algún interviniente-, es una cuestión propia del clima Mediterráneo seco que tiene el Levante español y, en consecuencia, esto forma parte de nuestro estilo de vida. Decía Claudio Sánchez-Albornoz que la historia de España está determinada por
la sequía. La sequía, por lo tanto, es lo que tenemos por naturaleza, el problema es la escasez. ¿Y quién tiene la culpa de la escasez? Pues la culpa de la escasez la tiene el Gobierno, como casi de todo (rumores.-Aplausos). Es decir, cuando el
Gobierno no administra bien los recursos del agua hay escasez. Cuando el Gobierno dinamita las presas, cuando impide que se almacene el agua para distribuirla correctamente en tiempos de sequía, cuando el Gobierno renuncia a los trasvases, cuando
manda a Portugal más agua de la que nos exige el Tratado de Albufeira y deja que el Ebro descargue al Mediterráneo tanta agua como para alimentar el sureste durante un año, pues entonces a la situación de sequía le genera escasez, y lo mismo podemos
decir con las desaladoras y con el resto de infraestructuras hidráulicas.
Los planes hidrológicos son los que distribuyen el agua hacia las necesidades por este orden: primero, el consumo humano; luego, el medio ambiente y, luego, la agricultura. O sea, fíjense ustedes cuál es el orden y la prelación de usos
que la legislación establece. Por tanto, la sequía es principalmente sequía para la agricultura; la agricultura está castigada, está demonizada tanto en los planes como en el esquema de funcionamiento que para el agua tiene este Gobierno siguiendo
el catecismo radical de la Agenda 2030. (Aplausos). Y esto nos da una idea también del error de las políticas de agua en España, cómo hemos permitido liquidar la mitad del trasvase Tajo-Segura, defendido incluso por nuestro poeta de Orihuela,
Miguel Hernández: 'Donde no haya río, habrá / canales de agua y granito, / que están pidiendo en un grito / el Tajo y el Ebro ya'. Se quitan 110 hectómetros cúbicos al trasvase para aumentar el caudal ecológico en el Tajo a su paso por Aranjuez.
¿Y esto qué supone? Esto supone que se van a perder más de 1500 millones de euros que aporta el trasvase al PIB nacional de manera directa y también se van a perder más de 75 000 puestos de trabajo en términos absolutos. Pero, señores, lo más
grave de todo, lo imperdonable, lo que no tiene que pasar a la historia como una especie de suicidio colectivo -diría yo- es que tenemos una crisis alimentaria que es europea y que es española y que está haciendo que los precios de los alimentos
vayan a ser prohibitivos incluso para las clases medias. (Aplausos). Eso es muy grave, eso es muy serio y no es ninguna exageración, porque está en el proyecto de la Agenda 2030. Cada uno de nosotros lo estamos viviendo ahora cuando vamos al
mercado y vemos el precio de los pimientos o vemos el precio de los tomates, 4,80 euros un kilo de tomates. Para nosotros, la escasez es lo que es un asunto excepcional, pero provocado por el Gobierno para crear un estado permanente de alarma que
le llaman emergencia climática.
Por último, terminaré diciendo que no quiero que nos hablen de solidaridad. No queremos solidaridad, no queremos solidaridad en el Levante, porque solidaridad es cuando das algo que es tuyo por bonhomía, pero el agua es de todos.
(Aplausos). No queremos solidaridad, queremos justicia de agua para el
Levante español. Con agua o sin agua, pondremos la Vega Baja de color verde VOX en las próximas elecciones del 28 de mayo. (Un señor diputado: ¡Bravo!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en
pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mestre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Araujo Morales.
La señora ARAUJO MORALES: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Vamos a ver, señorías del Partido Popular, si el señor Feijóo dice en Cádiz que tiene las pupilas dilatadas; dice en Badajoz que percibe la ilusión de Andalucía, y en Valladolid dice que es la capital de Castilla y León, señorías del PP,
¿creen ustedes que Feijóo está capacitado para resolver el problema de la sequía? (Varios señores y señoras diputadas hacen signos afirmativos.-Aplausos). ¿Sí?, ¿en serio?
En su día criticaron el término cogobernanza e incluso se reían de cuando lo utilizaba nuestro presidente y, fíjese, me he llevado la sorpresa de que en el punto cuatro ustedes asumen el mecanismo de cogobernanza, señal de que estarán de
acuerdo con las medidas que hemos tomado, porque lo que están pidiendo es que nos pongamos de acuerdo en cómo repartirlo. Pero además son las medidas que los distintos sectores necesitaban, y ustedes, por lo que se ve, deben estar de acuerdo.
Señorías de VOX, no son conscientes del ridículo que hacen. Lo que nos quedaba por oír esta tarde es que Pedro Sánchez es el responsable del cambio climático; ¡un poquito de seriedad! (Aplausos). Pero lo que más me ha sorprendido es que
dicen ustedes que se ha desaprovechado la disponibilidad de los recursos financieros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Pero, señorías del PP, si ustedes han votado en contra de que nos llegaran esos fondos, si fueron ustedes
a Europa a hablar mal y a decir que esos fondos no nos llegaran. ¿Cómo se pueden atrever a tener ese cinismo? Pero es que no sé ni cómo se atreven a decirlo. En mi tierra, en Andalucía, ¿saben cuánto han ejecutado en la Junta de Andalucía de
fondos europeos, una de las comunidades autónomas que más fondos europeos ha recibido? Solo han ejecutado el 12,8 % de los fondos asignados. Si tan preocupados están por la sequía, díganle al señor Moreno Bonilla que retire la ley que amplía los
suelos regables de Doñana (aplausos), díganle que retire la ley que legaliza los pozos ilegales, salvemos Doñana, señorías de VOX y del Partido Popular. Pero para muestra un botón, y cada día podríamos sacar una: esta misma tarde se ha aprobado
por parte de la Junta de Andalucía un macroproyecto turístico frente a Doñana, con campos de golf, hoteles, trescientas viviendas en las marismas del Guadalquivir. ¿Y sabe qué dice el informe ambiental de la Junta de Andalucía? Que hay recursos
hídricos suficientes, señorías del PP. Entonces, ¿cómo llaman a lo que ustedes están haciendo en Andalucía? Hipocresía, señorías del PP, hipocresía. (Aplausos).
Frente a esos disparates, frente a los disparates del Gobierno andaluz, el Partido Socialista propone soluciones, soluciones que palien esta situación. Sabemos que es un problema a tratar en el futuro, aunque algunos lo nieguen. Hemos
aprobado de manera urgente un paquete de medidas que alivia la penosa situación, 2200 millones de euros, exenciones al canon de regulación y a la tarifa de utilización de aguas para regantes, la modificación de la Ley de Aguas, que permitirá
duplicar el volumen de aguas reutilizadas hasta alcanzar el 20 % de suministro de poblaciones. Se ejecutarán obras urgentes antes de este verano para acelerar la construcción de plantas desalinizadoras en Levante y Cataluña. En cuatro años hemos
incrementado la inversión anual en materia de aguas en un 50 %. Los planes hidrológicos de 2022 a 2027 prevén inversiones de 22 000 millones de euros, y el plan de recuperación otros 3100, incluyendo el PERTE de digitalización del ciclo del agua.
Hemos dado ayudas directas a los regantes que sufran una reducción de su dotación, exención del canon de regulación. Se han aprobado ayudas directas por más de 636 millones de euros y decía usted que no. Con 355 millones a los productores de
carne, leche de vacuno, ovino y caprino; 5 millones para el sector agrícola, y podría estar toda la tarde aquí relatando todas y cada una de las medidas que el Gobierno de España ha puesto en marcha. (Aplausos).
Dicen ustedes, señorías del PP, y voy acabando, que son medidas electoralistas porque estamos en campaña electoral, ¿creen ustedes que el campo y la agricultura pueden esperar a que acabemos con las elecciones? ¿Les están diciendo ustedes a
los afectados que esperen dos semanas más porque a ustedes ahora les molesta? Señorías del PP, ¿saben lo que a ustedes verdaderamente les molesta? Les molesta que a cada problema pongamos una solución, les molesta que lo hagamos con seriedad y con
rigor, y les molesta porque el Partido Socialista va a ser el que va a ganar las próximas elecciones municipales.
(Aplausos). Porque somos el partido de la gente que lo pasa mal, el del que tiene problemas de vivienda, el de los jóvenes, el de los estudiantes, el de los autónomos, el de los pensionistas y el de todos aquellos que, cuando tienen un
problema -¿saben qué?-, buscan un referente, y ese referente es el Partido Socialista. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Araujo.
Señora Marcos, ¿acepta su grupo la enmienda presentada?
La señora MARCOS ORTEGA: La estamos estudiando.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.