CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 626

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIPE JESÚS SICILIA ÁLVAREZ

Sesión núm. 30

celebrada el martes,

22 de marzo de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Justicia (Rodríguez Esquerdo), a petición propia, al objeto de informar sobre las líneas generales de actuación en el ámbito de sus competencias. (Número de expediente 212/002113) ... href='#(Página2)'>(Página2)


Preguntas:


- Actuaciones que van a llevarse a cabo por el Ministerio de Justicia para dar cumplimiento a las exigencias de la Ministra de Igualdad de que se establezca una 'justicia feminista' ... (Página20)


Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX).


Sánchez García, José María (GVOX).


Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX).


Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX).


De las Heras Fernández, Patricia (GVOX).


(Número de expediente 181/001200).


- Motivo por el que la ministra de Justicia no ha dimitido tras haberse conocido el fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declara inconstitucional parte del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobado por el Gobierno ... (Página23)


Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX).


Sánchez García, José María (GVOX).


Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX).


Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX).


De las Heras Fernández, Patricia (GVOX).


(Número de expediente 181/001210).

Página 2

- Circunstancias concretas y razones de 'justicia y equidad' que ha valorado la ministra de Justicia para otorgar el indulto a doña Juana Rivas Gómez ... (Página25)


Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX).


Sánchez García, José María (GVOX).


Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX).


Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX).


De las Heras Fernández, Patricia (GVOX).


(Número de expediente 181/001587).


Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (RODRÍGUEZ ESQUERDO), A PETICIÓN PROPIA, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. (Número de expediente 212/002113).


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.


Damos inicio a la Comisión, que, como ven en el orden del día, tiene por fin celebrar la comparecencia del secretario de Estado de Justicia, y, una vez celebrada la comparecencia, se procederá a contestar las preguntas escritas que aparecen
en el orden del día.


Iniciamos la comparecencia del secretario de Estado, al que, en nombre de la Comisión, permítame que le dé la bienvenida a esta Comisión, al Congreso de los Diputados. Sin más, procedemos a escuchar su comparecencia. Señor secretario de
Estado, tiene usted la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Rodríguez Esquerdo): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas.


En primer lugar, es un honor para mí estar hoy en el Congreso de los Diputados ante los representantes de los y las españolas, sobre todo, para un exsenador y también, por lo tanto, miembro de estas Cámaras.


Comparezco hoy, como les decía el presidente, a petición propia, ante esta Comisión de Justicia de la Cámara Baja para desgranar las líneas de trabajo de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia en los próximos meses. Si me
permiten, me gustaría comenzar realizando una reflexión sobre los principios rectores que, a través del equipo del ministerio, con la ministra Pilar Llop a la cabeza, guían la acción del Ejecutivo en materia de justicia.


Las políticas públicas, todas las políticas públicas, deben orientarse a responder a las demandas ciudadanas y a la política pública, y la política pública de justicia no debe exceptuarse en esto, por lo que la pregunta que cabe hacerse por
nuestra parte es qué espera la ciudadanía en materia de justicia. La ciudadanía espera que la justicia cuente con las garantías propias del Estado social y democrático de derecho y, sobre la base de dicha garantía, se configure como un servicio
público, fiable y confiable, un servicio público accesible, eficiente, sostenible y ágil. Pero ello pasa también por la misión, nuestra misión, de generar en la ciudadanía el sentimiento de que la Administración de Justicia es, ante todo, un
servicio público, como lo son, y deben seguir siendo, la sanidad, la educación o la atención a la dependencia, por ejemplo. Para ello, es ineludible terminar con el mayor escalón que separa a la justicia del resto de políticas públicas que llevan
aparejado un servicio público. La justicia debe dejar de ser percibida como algo lejano, como algo de difícil acceso y prolongado en el tiempo con falta de certidumbres, que es como a veces se percibe la justicia en España.


Señorías, lejos de estas incertidumbres, la justicia debe ser un servicio público accesible y cercano, como les decía, al que acudir con plena confianza, en el que cada ciudadano o ciudadana confluya cuando necesite defender los derechos que
la Constitución y las leyes reconocen, y debe gestionarse de modo que lleve a ser sentida por la sociedad con la habitualidad de cualquier otra política pública básica. En ese sentido, la justicia debe ser un elemento tractor en el camino hacia la
igualdad de oportunidades, debe ser un instrumento de igualación sobre la base de la agilidad, de la legalidad, donde nadie sea más que nadie en el amparo de la ley. La justicia, como principio ético, y la igualdad como valor supremo, se encuentran
íntimamente ligadas, y es en ese nexo donde nace la exigencia de una especial consideración a la protección y a la asistencia de las personas en situación de vulnerabilidad.

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Las orientaciones que la justicia ha venido recibiendo desde el final del siglo pasado y el inicio de este, en el que nos encontramos, no deben permanecer ajenas en nuestro quehacer diario, porque son indicaciones que informan al despliegue
a nuestros días de todas las políticas públicas. La justicia en España se contextualiza, lógicamente, en un contexto europeo, como una política que requiere de una cooperación constante y una visión de conjunto con la Unión Europea y los Estados
miembros. Tampoco debemos dejar de mencionar la cooperación que mantenemos dentro de la comunidad iberoamericana. No debemos, tampoco, mantener ajena a la justicia de la gran lucha en nuestros días: el cambio climático y la defensa del medio
ambiente. Cómo no, la justicia debe dirigirse a ser un elemento puntal en términos de cohesión social. Nuestra Constitución define en su artículo 1 a España como un Estado social y democrático de derecho. El trabajo de este secretario de Estado,
incardinado en el Ministerio de Justicia, va a estar no solo en las facetas de esa definición -que decía, tradicionalmente ligadas a la justicia, tanto relativa al Estado de derecho, como al fortalecimiento de la democracia y de la protección de las
instituciones frente a quienes pretenden socavarlas-, sino que vamos a implicarnos de fondo en que la justicia sea un elemento configurador, como nunca, del Estado social, un Estado que vela por que ningún ciudadano quede desamparado socialmente,
pues consideramos que la exclusión social es un fracaso de los poderes públicos en sus deberes para con la ciudadanía.


La especial configuración geográfica y social de nuestro país ha devenido en una exigencia de la que tampoco podemos extraer a la justicia ni a la acción del Ministerio de Justicia. Nuestro país tiene por delante una labor titánica en
términos de cohesión territorial y de aportación de soluciones al reto demográfico, cuestiones ambas que se encuentran amenazadas en el plazo más corto de lo que algunos piensan por la despoblación.


Señorías, nos hayamos también en un Estado complejo y descentralizado. La gobernanza multinivel no es una opción política, es una exigencia propia de la consolidación, cuando no de la superación del Estado autonómico, y es, desde ese pleno
respeto al autogobierno de las comunidades autónomas y a las competencias, también, de las entidades locales, desde la cooperación del Gobierno con las demás administraciones públicas, que se han reforzado -no lo olviden- con el actual Gobierno,
desde donde vamos a dirigir las políticas en el ámbito de la justicia.


Pero, señorías, si hay una decisión ineludible, en una reflexión previa sobre los principios que deben inspirar la acción de esta secretaría de Estado, si hay una evidencia que inspira la acción del Gobierno entero, si hay un hecho
incontrovertible, ineludible e insoslayable -y antes también tenía que haber sido así-, es que en este año, en 2022, no se puede, no se debe, realizar la más mínima política pública sin considerar qué aporta, cómo afecta y en qué influye en términos
de igualdad de las mujeres.


La justicia debe ser una herramienta de esta revolución casi en paridad, como, por ejemplo, en la educación. Porque, si la educación la orientamos hoy a las generaciones futuras para poner fin a todo aquello que ha mantenido a las mujeres
en desigualdad, con la justicia se nos presenta una herramienta de presente para las generaciones actuales a la hora de combatir esa misma desigualdad. Es con la ley, es desde la ley, y es por la ley, que la igualdad de la mujer sea y se dé en sus
pasos más firmes. La justicia y las políticas públicas de justicia deben estar informadas e inspiradas en feminismo. Es en las políticas públicas de justicia donde tenemos la capacidad de cambiar las leyes y la manera de administrarlas para
trabajar por la emancipación de la mujer y su consideración como individuo verdaderamente igual en dignidad y en derechos. La justicia no es aquí una mera respuesta que ofrece el ordenamiento jurídico, no es una actitud lateral, sino que debemos
pasar a verla como un poder público empeñado en la igualdad y empeñado en la superación de todas las trabas que la sociedad encuentre en ese camino hacia la igualdad.


Nos hayamos, pues, ante un cambio de cultura política, donde configuremos desde la política pública de justicia una esfera legal de todas las personas como un servicio público digna de una sociedad democrática avanzada. Sé que algunas de
sus señorías reniegan de este papel, reniegan de que las labores de quienes dirigimos las políticas públicas de justicia, sean la transformación social o la emancipación de la mujer, pero son labores que están apuntadas ya en nuestra Constitución, y
en la Constitución hay que quedarse con todo, no solo con aquello que más nos guste, porque precisamente su configuración como norma básica viene dada por acoger un pacto de principios.


Señorías, los principios inspiradores de la Constitución cimentan los tres objetivos fundamentales que pretende lograr esta secretaría de Estado: mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la configuración de la justicia como un servicio
público orientado a la protección de los derechos; en segundo lugar, mejorar las condiciones profesionales y laborales de todas las personas, de todas las que trabajan en el sector de la justicia; y, en tercer lugar, contribuir en el ámbito de la
justicia a la transformación de un país,

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haciendo lo posible para lograr una sociedad más democrática, más igualitaria y cohesionada, a nivel social y territorial. Estos objetivos no son algo abstracto, responden a realidades de personas. Hay 70 000 personas que trabajan
directamente en la Administración de Justicia: 5500 jueces y juezas, casi 2300 fiscales, 4300 letradas y letrados de la Administración de Justicia, más de 14 500 gestores procesales, 22 700 tramitadores procesales, más de 9700 personas trabajan en
auxilios judiciales, 1144 forenses, más de 200 facultativos y facultativas, 100 técnicos especialistas y 120 ayudantes de laboratorio. Y ello sin contar, además, con los 2000 funcionarios y funcionarias de la Administración General del Estado y de
las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, entre los que se encuentra también la Abogacía del Estado. Y tampoco debemos olvidarnos de los casi 150 000 abogados y abogadas ejercientes, de los 11 000 procuradores y
procuradoras, 14 500 graduados y graduadas sociales ejercientes, de los 3000 notarios y notarias, y de los 1100 registradores y registradoras.


Señorías, para dar respuesta a estos objetivos serían los tres anteproyectos de ley de eficiencia -eficiencia procesal, eficiencia organizativa y eficiencia digital- en torno a los que gira el proyecto de Justicia 2030. Estoy en condiciones
de anunciarles en esta Cámara que, en menos de un mes, el Consejo de Ministros remitirá al Congreso de los Diputados tanto el proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa como el proyecto de ley de eficiencia procesal. En ellos pondremos las
piedras fundacionales de la oficina de Justicia en el municipio, especialmente orientada a aquellas poblaciones que no son cabeza de partido judicial. Apostamos, señorías, por una justicia más accesible en términos sociales, con la intención de
cohesionar territorialmente y ayudar en la lucha contra la despoblación. Apostamos igualmente por la creación de los tribunales de instancia para dar más flexibilidad a la planta judicial, para simplificar el acceso de la ciudadanía a la justicia y
para implementarla en términos de especialización.


En lo que respecta al anteproyecto de ley de eficiencia procesal, pone su principal esfuerzo en potenciar esa agilización y darle un empuje también a los medios adecuados para la resolución de controversias. Apuntamos, pues, en la dirección
de la eliminación de la sobrecarga de nuestros juzgados y tribunales y esta agilidad de la que les hablo está íntimamente ligada con la configuración de un servicio público orientado a la recuperación económica y social de nuestro país. La
ciudadanía quiere agilidad, pero aun más cuando esa agilidad va ligada a pretensiones económicas que no pueden esperar porque su resolución afecta a las condiciones laborales y socioeconómicas de las familias. La justicia no solamente es
jurisdicción; debemos fomentar el acuerdo y la cultura de paz como forma de superar nuestras diferencias, por lo que proponemos especial atención en la regulación de la mediación, la conciliación y la designación de terceros expertos para la
solución de controversias. Son miles de millones de euros -concretamente más de 11 000 millones- los que están ligados a litigios en los diferentes órganos jurisdiccionales.


Señorías, hay otra revolución pendiente en la justicia española, la revolución tecnológica. Siendo nuestro país puntero en este campo, más puntero sería aún si damos un salto de gigante y no precisamente en la misma dirección que se ha
venido dando hasta ahora, sino mucho más allá de lo que hasta ahora hemos avanzado. Es posible que alguien muestre reticencias a la introducción de la inteligencia artificial en el mundo de la Administración de Justicia, pero es algo que ya se ha
realizado y de manera más precisa en el mundo procesal. ¿Por qué tendría que permanecer ajena la Administración de Justicia a que una herramienta tan beneficiosa se incorpore en su propio haber? Que no se confunda nadie, si alguien expresa temor
por una presunta sustitución del juez persona, nuestra intención no puede estar más alejada, y lo digo porque lo he leído en algún medio de comunicación. Creemos y queremos que la tecnología esté al servicio de las personas y, en lo tocante a la
función jurisdiccional, obviamente no para sustituir a las personas, sino para ayudarlas. Pretender disociar justicia y eficiencia es tratar de evitar que la justicia esté al margen de los días en que vivimos. La Administración de Justicia no es
algo abstracto y situado por encima del devenir social. Si el devenir social incluye un avance tecnológico es en la justicia, como poder público que emana del pueblo, donde también debe implementarse. Pretendemos que el acceso digital de la
ciudadanía a los asuntos judiciales sea más fácil y mucho más directo. Abogamos por facilitar las gestiones a los operadores de un modo que no se ha visto hasta ahora, y este va a ser un proceso que desarrollaremos en cogobernanza, favoreciendo la
interoperabilidad de la información y de los procedimientos.


Vamos a configurar una justicia absolutamente orientada al dato. En la sociedad de nuestros días el dato es uno de los recursos más valiosos, con un papel preponderante en la prestación de servicios públicos. Vamos a crear la carpeta
ciudadana judicial, que permitirá consultar el estado y la tramitación de expedientes, de notificaciones, apoderamientos y citas previas, entre otras cuestiones. Estamos hablando de actuaciones automatizadas, que ya se mencionaron hace once años en
la Ley 18/2011, pero ahora se

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favorece, se fomenta y se detalle su regulación, dando cabida a actuaciones asistidas y proactivas. Que nadie se engañe y que nadie tenga o esparza miedos infundados, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia mantendrán
siempre el pleno control sobre el mismo y, por tanto, sobre la resolución última, aprovechando la información de la que ahora se dispone. Esto nos va a llevar a dos avances importantes, tanto en términos de estadísticas judiciales como en materia
de ciberseguridad.


Quiero también, si me lo permiten, señor presidente, aludir a determinados proyectos de ley que suponen la trasposición de directivas europeas. El primero de ellos -que ya debaten sus señorías en esta Cámara- es el relativo a la Ley
Concursal y que se tramita en paralelo a las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que concierne a los Juzgados de lo Mercantil. Creemos que hemos hecho la trasposición adecuada, como también les digo que vamos a analizar las
aportaciones que los diferentes grupos han realizado al proyecto vía enmiendas, con un ánimo, el ánimo de que el texto resultante concite el mayor apoyo parlamentario posible. En el próximo periodo de sesiones sus señorías debatirán la trasposición
de la directiva europea de denunciantes, que avanza en el trámite prelegislativo y cuyo anteproyecto ya ha sido remitido en primera vuelta al Consejo de Ministros. También el próximo periodo de sesiones sus señorías debatirán la trasposición de
determinadas directivas de índole penal, y permítanme que les haga un llamamiento a todos los grupos parlamentarios a que el trabajo de todos -insisto, de todos- redunde en la mejor adaptación de nuestro ordenamiento y del propio ordenamiento
comunitario.


Quiero referirme también -si me lo permiten, porque hay cierta inquietud, cuando no desinformación, en algunos grupos parlamentarios de esta Cámara y sus equivalentes en la Cámara Alta y también en algunos medios de comunicación- a los
cambios normativos a la Ley 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. En esa ley orgánica -quiero que quede claro en esta Cámara-
solamente se van a hacer las modificaciones que sean necesarias para la correspondiente trasposición de la Directiva 2019/884, repito, solamente y en los términos del plan anual normativo.


Señoras y señores diputados, quiero también en esta comparecencia poner en valor el avance en términos de igualdad de oportunidades y de cohesión social que supone el sistema de becas que estamos poniendo en marcha; becas dirigidas a acabar
con las barreras de acceso para quienes realizan las oposiciones a la carrera judicial y fiscal y al Cuerpo Superior de Letrados de Justicia o al Cuerpo de Abogados del Estado. El Ministerio de Justicia aprobó, el 28 de diciembre de 2021, un plan
estratégico de subvenciones 2022-2024 que, entre otras, incluyó una línea de becas para la preparación de las pruebas de acceso a las carreras y cuerpos que antes les señalaba. A la carrera judicial y fiscal, 173 becas; al cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia, 60 becas, y a el cuerpo de Abogados del Estado, 12 becas. La dotación global por primera vez en la historia es de 1 619 940 euros, que se financiarán con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2022 del Centro de
Estudios Jurídicos. En total se van a convocar 245 becas, con un importe individual de 6611 euros anuales. Repito, es la primera vez que se hace esto para conseguir una igualdad en estos términos. El objetivo es la eliminación de las barreras
socioeconómicas que puedan limitar el acceso a los cuerpos sindicados y afectar a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El criterio principal de cohesión será el de menor renta familiar. Se reservará un cupo para personas que tengan
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 % y se tendrá en cuenta a las víctimas de violencia de género o de terrorismo, así como la superación de exámenes propios del proceso selectivo en el que se participe. Las becas podrán
renovarse por un máximo de tres ocasiones en tres años, y esa es una voluntad importante de este ministerio y de este Gobierno.


Señorías, he expresado también la voluntad de mejorar las condiciones de trabajo de todas las personas que trabajan en el ámbito de la justicia. Así, en términos de conciliación, el anteproyecto de ley de eficiencia procesal introduce
diferentes medidas para mejorar la conciliación de la vida personal y familiar de la abogacía, la procura o de graduadas y graduados sociales. También vamos a abordar la regulación de la baja por maternidad o paternidad como causa de suspensión de
procedimientos, no solo en los actos procesales sino también en las vistas, y lo hemos hecho escuchando a todos los sectores implicados.


Con las nuevas leyes de eficiencia organizativa y eficacia digital, facilitaremos que quienes trabajan en la Administración de Justicia puedan hacerlo de manera y forma deslocalizada. Con ello vamos a contribuir en términos de cohesión
territorial, permitiendo que el personal de justicia desarrolle sus funciones desde pequeñas poblaciones, aunque este esté adscrito a grandes núcleos urbanos. La reducción de los desplazamientos del propio personal de justicia contribuirá también,
y en paralelo, a disminuir la huella ecológica de la que antes hablábamos.

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Señorías, somos conscientes de las reivindicaciones de adecuación salarial de algunos colectivos profesionales. Creo sinceramente que hemos realizado un importante esfuerzo presupuestario y de diálogo sin menoscabar soluciones consensuadas,
y estoy convencido de que el Ministerio de Justicia ha desplegado medidas suficientes en materia salarial.


Señoras y señores diputados, como ya he expresado con anterioridad, soy un convencido del contexto en que se deben desarrollar las políticas públicas en un Estado autonómico, un contexto de corresponsabilidad, de diálogo y de cogobernanza,
de la mano de las comunidades autónomas. El plan Justicia 2030 sigue avanzando, con el impulso del Ministerio de Justicia y el respaldo de todas las comunidades autónomas. El próximo viernes, 25 de marzo, vamos a celebrar una conferencia sectorial
en Avilés para definir los criterios y la asignación de los 302 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que estaban pendientes. Con este acuerdo asignaremos los 470 millones del plan correspondientes al Ministerio
de Justicia, pero, sobre todo, habremos dado un impulso de transformación que supone Justicia 2030. Si hemos podido hacerlo es porque tenemos un proyecto definido y claro, pero sobre todo un proyecto compartido con todas las comunidades autónomas.
Las inversiones hechas en 2021 ya están dando sus resultados. Se han mejorado las infraestructuras digitales y se ha invertido en la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal. En diciembre podremos tener conectados los siete sistemas
en esta primera fase. Eso supone que los expedientes judiciales podrán moverse digitalmente en todo el territorio del Estado. Les voy a poner un ejemplo. El caso de un ciudadano de Murcia que vaya a ser visto en Barcelona ya no tiene que
imprimirse, no tiene que mandarse en un vehículo y digitalizarse después en Barcelona de nuevo, para gestionarlo. El ahorro de tiempo, de recursos y la reducción del impacto medioambiental van a ser grandes. Lo que hace dos años parecía una
quimera, hoy ya empieza a ser una realidad.


Señorías, también estamos incorporando otros elementos como la accesibilidad, la transición ecológica, mediante la rehabilitación de sedes judiciales o la igualdad en el desarrollo de planes de igualdad, ya que en justicia no todo es
tecnología, no todo son leyes, también hay sociedad y también hay ciudadanos.


Las inversiones son una parte importante del proyecto, que tiene un importante componente legislativo. Las tres leyes de eficiencia -como antes les decía: organizativa, procesal y digital- van a pasar por este Congreso, y deben asegurar
normativamente que la esperada transformación de la justicia sea una realidad y sea un hecho este año 2022.


Señorías, el otro contexto ineludible, que ya antes hemos apuntado, es que nuestra justicia y el ordenamiento se desplieguen en el marco de la Unión Europea, en el marco de las obligaciones de nuestro país ante los organismos internacionales
y en un mundo cambiante, como es el de hoy, que exige una adaptación constante, especialmente en un campo como es el del derecho. Trabajamos, pues, en una nueva ley de enjuiciamiento criminal, una labor para modernizar nuestro proceso penal y
adaptarlo al contexto europeo. Y quiero dejarlo muy claro también en esta Cámara: se ha oído que esta ley se había aparcado por parte del Ministerio de Justicia y es rotundamente falso, estamos trabajando en esa nueva ley de enjuiciamiento
criminal.


Voy terminando, señor presidente. En materia de trasposición de directivas, vamos a destacar, de una parte, el anteproyecto de ley para luchar contra el fraude digital, que tiene como objetivo la lucha contra la ciberdelincuencia,
especialmente la que se refiere al fraude digital en medios de pago distintos al efectivo. Por otra parte, trabajamos también en el marco del anteproyecto de la ley del derecho a la defensa, cuya pretensión es aunar en un único cuerpo legal todos
los aspectos de este derecho fundamental a la defensa incorporando las novedades oportunas a la luz de la jurisprudencia y del ejercicio diario de la abogacía. Para terminar, igualmente queremos enviar a esta Cámara el anteproyecto de la ley
reguladora del procedimiento de determinación de la edad de personas migrantes menores de edad. Es una extensión de la LOPIVI que va a girar sobre los propios valores que tiene esta ley.


Concluyo, señorías, pidiéndoles sobre todo esfuerzo en las leyes que van a llegar próximamente a esta Cámara, búsqueda de acuerdos y búsqueda de consensos, y me pongo a su disposición para atender las cuestiones que quieran plantearme.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.


A continuación, tomarán la palabra los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, dado que no se encuentran los representantes del Grupo Mixto ni del Grupo Bildu ni del Grupo Vasco, en nombre del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, tiene palabra el señor Bal por un tiempo de diez minutos, tal y como acordamos en Mesa y portavoces.

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El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, señor secretario de Estado, por acudir a esta comparecencia. Me disculpo de antemano porque en un rato tendré que asistir a la Junta de Portavoces; es lo que tienen los grupos pequeños, que nos tenemos que multiplicar.


El primer asunto por el que le quiero preguntar es un tema de su estricta competencia. Si bien no es usted quien lo puso en marcha en su momento, sino su predecesor, me interesa mucho saber qué es lo que va a hacer a raíz del auto
notificado ayer por parte de la Sala tercera del Tribunal Supremo, con fecha 21 de marzo del año 2022, en donde se acuerda la suspensión provisional del acuerdo del Consejo de Ministros que remite a esta Cámara para hacerla cómplice de las
componendas, de las trapisondas y de los trapicheos en la Agencia Española de Protección de Datos entre el Partido Popular, el Partido Socialista, Unidas Podemos y el resto de los partidos políticos que apoyan a este Gobierno y que en la anterior
Junta de Portavoces incluso votaron en contra de la petición de reconsideración que hizo mi grupo parlamentario. Se lo digo porque las bases de la convocatoria que sacó el Ministerio de Justicia son absolutamente ilegales. Se inventaron en estas
bases de la convocatoria un requisito que no venía en el Real Decreto 389/2021, de 1 de junio del año 2021, que es dar una terna al Consejo de Ministros sin evaluar los méritos a pesar de que el real decreto dice que hay que evaluar los méritos.
Verá, señor secretario de Estado, quienes somos funcionarios y hemos pasado por muchos concursos de méritos, tanto como evaluados como como evaluadores -porque yo he formado parte de la evaluación de algunas de estas comisiones-, sabemos que
consisten en poner puntos; consisten en valorar seminarios, conferencias, trabajos, currículums, experiencia, titulación académica, etcétera. Es decir, el real decreto tiene una cosa extraña: lo que quiere el real decreto es que la Agencia
Española de Protección de Datos, que depende del Ministerio de Justicia, esté dirigida por los mejores, no por los amiguetes del Partido Popular y del Partido Socialista. Y la Comisión de Justicia depende de usted, es usted quien la convoca; la
Comisión del Ministerio de Justicia, no la Comisión de Justicia de este Congreso de los Diputados, obviamente. Por eso, le pido que anule las bases de la convocatoria, que rectifique, que haga una valoración de méritos como Dios manda -con puntos-,
que la pase al Consejo de Ministros, que el Consejo de Ministros proponga un candidato concreto para cada puesto y que se someta esa proposición a la Comisión de Justicia de este Congreso para que la ratifique o para que no la ratifique. En cuanto
al auto del Tribunal Supremo, mire que llevo yo años viendo juicios contra la Administración y contra el Gobierno, pero no me he encontrado nunca un auto tan duro por parte de la Sala tercera del Tribunal Supremo contra una decisión del Gobierno de
España. Dice literalmente que ha llevado a cabo un procedimiento viciado de raíz -viciado de raíz-, ya que se mencionaron los nombres de Belén Cardona y Borja Adsuara antes siquiera de convocarse el concurso de méritos para la Agencia Española de
Protección de Datos en el marco de los trapicheos del Gobierno con el Partido Popular para el Tribunal de Cuentas, para el Tribunal Constitucional y para el Defensor del Pueblo. Así que díganos qué va a hacer con esta cuestión.


Creo que ha explicado usted otro asunto, pero he llegado un poco tarde y no sé si habrá contado algo sobre las críticas del informe del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de la ley de eficiencia procesal, porque yo le he
escuchado hablar de esta ley de una forma muy elogiosa para sí mismo y para el Gobierno de España, pero el Consejo General del Poder Judicial dice que supone una intromisión en aspectos reservados a la potestad reglamentaria del Consejo y difumina
sus funciones; que puede ser incompatible con una 'cosilla de nada' que se llama derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que recoge nuestra Constitución en relación con la aplicación de la inteligencia artificial; que ignora por completo
que la competencia del Consejo General del Poder Judicial en materia de firma electrónica es exclusiva para jueces y magistrados, y que omite la referencia al punto neutro judicial. En fin, no sé si usted estará muy contento con esta ley, pero ya
le digo yo que el Consejo General del Poder Judicial no está muy contento con su ley. No sé si tendrá usted algo que decir o me apelará a las generales de la ley, a eso de que el Ministerio Fiscal es autónomo -eso que nos hace tanta gracia a los
demás, porque sabemos que es mentira- y entonces el Ministerio de Justicia no puede decir nada. Por supuesto, no tiene nada que ver que la fiscal general del Estado anteriormente haya sido la propia ministra de Justicia; de verdad, es para
partirse de risa. Se lo pregunto básicamente porque nos hemos encontrado con que doña Dolores Delgado, como le ha salido mal la elección de la comisión ética del Ministerio Fiscal -porque ha ganado la asociación que no es la suya-, ha suspendido
las elecciones. No sé, seguro que haría las delicias de Fidel Castro y compañía esto de suspender unas elecciones cuando no sale el resultado que a uno le gusta.


Por cierto, se me ha olvidado decirle en relación con ese auto que le he citado de 21 de marzo del año 2022, ese de la Agencia Española de Protección de Datos, que va con costas, condena en costas al

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Gobierno, 500 euros que pagamos todos los españoles debido a su negligencia, a la negligencia del Ministerio de Justicia y del Gobierno de España. Pero es que esas mismas costas, señor secretario de Estado, también se imponen en el caso
Stampa. ¿Tiene el Ministerio de Justicia alguna idea sobre qué hacer con Dolores Delgado? Ya se lo pregunto en genérico, porque, como ya le he pedido la dimisión tantas veces a Lola Delgado, no sé si el Ministerio de Justicia hará algo en relación
con esto de que la han pillado mintiendo descaradamente en el sentido de que no tenía nada que ver con el expediente de investigación del señor Ignacio Stampa, cuando resulta que el señor fiscal jefe de Madrid, el señor Klink, había informado por
correo electrónico a la fiscal general del Estado de cómo iba el expediente. Yo no sé si de verdad quieren que toda la Fiscalía General del Estado vea emborronada su buena imagen, la imagen de honorabilidad que tiene y la magnífica profesionalidad
de sus fiscales simplemente por poner al frente de la Fiscalía General del Estado a una persona indigna, porque no se puede utilizar otro adjetivo.


Dice usted que hacen cosas porque hay colectivos que están enfadados con ustedes. Bueno, no sé si habrá alguno que no lo esté en el mundo de la justicia, a lo mejor sería más rápido empezar por ahí. Porque, efectivamente, a los LAJ, los
letrados de la Administración de Justicia -los antiguos secretarios judiciales-, los tienen ustedes contentos. En primer lugar, porque no les reconocen capacidad negociadora, algo tan sencillo como que las condiciones laborales de los LAJ otorguen
capacidad de negociación colectiva a los LAJ y no a los sindicatos más representativos de la Administración, que prácticamente no tienen entre sus afiliados a ningún secretario judicial. Esto es de cajón. Pero es que, en segundo lugar, lo que les
están ofreciendo son subidas de sueldo míseras en comparación con el aumento de competencias que desde el año 2015 las sucesivas reformas de las leyes procesales han atribuido a la responsabilidad de los letrados de la Administración de Justicia,
que además las realizan con una enorme profesionalidad y hoy en día son la garantía de que el servicio público de la justicia funcione a pesar de su Ministerio de Justicia.


Impagos del turno de oficio. En 2021 hubo retrasos en los pagos a los abogados de Madrid; no me diga que esto es competencia de la Comunidad de Madrid, por favor, no insulte a nuestra inteligencia. Y asistencia jurídica con respecto a las
personas jurídicas, que es una de las asignaturas pendientes de la reforma de la ley de asistencia jurídica. ¿De verdad van por fin a pagar aquellas designaciones de los letrados de oficio que hacen directamente los tribunales cuando no se reconoce
el beneficio de justicia gratuita? Esto es absolutamente imprescindible. No puede ser que los abogados del turno de oficio trabajen gratis y no tengan al final una retribución. A esto se une la necesidad de aunar criterios en relación con los
baremos, porque tampoco puede ser que, a igual trabajo, en las comunidades autónomas con competencias cedidas los baremos establezcan una retribución superior para los letrados del turno de oficio que la de aquellos que trabajan en el territorio
Estado, aquellos que trabajan bajo la competencia del Ministerio de Justicia.


Atienda, por favor, a las demandas que le está haciendo el Tribunal Supremo. Yo no sé qué problema tiene el Gobierno de España con el Consejo General del Poder Judicial y con el Tribunal Supremo de España, el más alto tribunal que tiene
este país creado por la Constitución de 1812. Como ustedes cometieron la tropelía de quitarle la competencia de nombramiento al Consejo General del Poder Judicial mientras se encuentre en situación de interinidad, las vacantes se siguen
produciendo. Ahora mismo nos encontramos con que tenemos un 14 % menos de magistrados de la cifra legal, pero en el próximo mes de octubre, cuando va a haber muchas jubilaciones, vamos a llegar al 20 % de vacantes en el Tribunal Supremo. Luego
querrán ustedes celeridad sin magistrados, con una ley de eficiencia procesal que va a ser mano de santo para acelerar la justicia. Sin magistrados no hay justicia y sin letrados asesores en el Tribunal Supremo -porque el Tribunal Supremo les está
pidiendo que los nombre y ustedes aducen dificultades presupuestarias- tampoco hay justicia con celeridad. Así que, por favor, aparquen sus diferencias y hagan que el Tribunal Supremo funcione.


Aunque sé lo que me va a contestar -porque me va a decir que ustedes no tuvieron nada que ver-, quiero preguntarle por el hecho de que la Abogacía del Estado -mi querida Abogacía del Estado- desistiera de la personación en el asunto de
DIPLOCAT contra la Generalitat de Catalunya -contra algunas personas que ocuparon puestos en la Generalitat de Catalunya- en el Tribunal de Cuentas. Eso es inaceptable. No me diga que no tiene legitimación la Abogacía del Estado, porque esos
recursos se integraban en el presupuesto de la Generalidad de Cataluña cuando estos hechos fueron vistos en la Sala segunda del Tribunal Supremo en el juicio del procés y se admitió precisamente la legitimación y personación de la Abogacía del
Estado -precisamente, del abogado del Estado que le habla- porque se dijo que esos recursos estaban nutridos por los presupuestos del Estado.

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No sé si quiere comentar algo sobre que el Defensor del Pueblo se hace eco de las quejas que se han presentado por el servicio LexNET, la accesibilidad a la web del Ministerio de Justicia y los servicios profesionales que deben retribuirse a
los peritos, algunos de los cuales tienen un retraso de más de diez años. En fin, son cosas que parece que ponen de manifiesto que el ministerio funciona poco.


Termino, presidente. Es una alegría que por fin el ministerio quiera regular la conciliación de la vida personal y familiar de los profesionales. Lo llevamos planteando desde Ciudadanos desde la anterior legislatura y, desde luego, le
deseo mucha suerte con el expediente digital. Ayer mismo un juzgado de Plaza de Castilla le pidió a mi mujer que le aportara copias en papel de los escritos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Bal.


A continuación, dado que no se encuentra ningún portavoz del Grupo Plural, tiene la palabra la portavoz del Grupo Republicano, la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidente.


Buenos días y gracias, secretario de Estado, por comparecer a petición propia hoy aquí en esta Comisión. Voy a intentar ser breve. Hay muchísimos temas, pero no tenemos mucho tiempo, así que voy a concentrarme en algunos que considero
importantes.


En su exposición usted ha comentado y ha hecho mucho hincapié en el tema de la igualdad de la mujer, en políticas públicas con esa mirada de género. Para nosotras es importante -muy importante- y venimos reclamando desde siempre esta
paridad en el ámbito de la justicia. Quería preguntarle qué medidas tiene previstas el ministerio para romper ese techo de cristal que ahora mismo hay en las cúpulas judiciales.


Asimismo, le queremos preguntar sobre cómo se está avanzando o si se va a avanzar en la especialización de los órganos judiciales con competencia en violencia machista y qué medidas se van a adoptar por parte del Ministerio de Justicia en
cuanto a la protección de los menores perjudicados por la violencia machista.


En relación con este tema, vemos bien las medidas de conciliación. De hecho, está muy bien que usted venga y nos lo diga, pero es que hay una iniciativa que está parada desde hace mucho tiempo porque se amplían constantemente los plazos de
enmiendas. Como ya comentaba mi compañero, el señor Bal, hay una iniciativa legislativa precisamente para la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el permiso de maternidad y paternidad sea una causa de suspensión. Todas hemos
sufrido, vivido y padecido las situaciones de angustia que se tienen cuando una mujer está de permiso de maternidad, tiene un embarazo de riesgo o tiene un parto programado con informes médicos y el juzgado le dice que se busque la vida porque no le
va a suspender la vista. Entonces, creemos que esto es urgentísimo y que debe finalizar ya ese plazo de enmiendas y tramitarse la modificación legislativa.


Por otro lado, ha hecho usted hincapié en el tema de la digitalización y la transformación de los juzgados. Le pregunto -porque hoy no hemos tenido la ocasión de escucharle hablar sobre ello- qué medidas tiene el ministerio para evitar o
para intentar que no se dé más la brecha digital. Es evidente que está muy bien ir hacia la digitalización y que se debe hacer, pero también debemos tener en cuenta que hay una realidad social en la que no todo el mundo tiene acceso; y más cuando
a veces hay trámites en la justicia para los que no se requiere la presencia de abogado ni procurador, que son los que normalmente dan apoyo a la ciudadanía. Además, como también ha comentado mi compañero, el señor Bal, además de la telemática,
todavía se requiere en muchos procedimientos la presentación en papel de demandas, escritos, etcétera, con lo cual vemos que no se está avanzando todo lo que se debería en este sentido.


Vemos bien el sistema de becas de acceso a la carrera judicial, pues es un tema que también venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo. Tenemos un cuerpo judicial y un cuerpo fiscal a los que acceden personas con un nivel socioeconómico
medio-alto y, puesto que no todo el mundo puede permitirse estar entre cuatro y ocho años de oposición sin cobrar ni trabajar nada, creemos que esos sistemas de becas son necesarios. Ya veremos cuando empiecen hasta dónde alcanzan, el número de
solicitudes y a cuántas personas abarcan.


Respecto a la trasposición de directivas comunitarias, quiero hacer hincapié en la reciente Ley Concursal. Supongo que le habrán trasladado las enmiendas y las posiciones de los grupos parlamentarios. En ese sentido, había unanimidad
prácticamente, a excepción de los grupos que dan apoyo al Gobierno, en varios aspectos que la Ley Concursal no está tratando correctamente. Esperemos que en el trámite de enmiendas esto pueda solucionarse.

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Por último, quería hacer hincapié en otro tema que todavía sigue ocurriendo, que es el bloqueo que existe actualmente en el Registro Civil en cuanto a las juras de nacionalidad. Lo venimos denunciando desde hace tiempo; somos muy pesadas,
yo lo sé, pero es que hay un colapso terrible con este tema. Por favor, intenten solucionarlo ya, porque esto es muy sencillo si se tiene voluntad de solucionarlo. Hay gente que está pendiente de obtener la nacionalidad por un simple trámite
formal que se puede solucionar de muchas maneras; así que insisto en que el ministerio dé respuesta lo antes posible.


Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Telechea.


A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra su portavoz, el señor Uriarte.


El señor URIARTE TORREALDAY: Gracias, presidente.


Señor secretario de Estado, querido Tontxu, ongi etorri a esta casa que, como bien has dicho, es tu casa desde hace muchos años. Siguiendo la tradición clásica del parlamentarismo, yo no voy a entrar en una crítica de actos, sino
simplemente en un análisis, ya que cuando alguien accede a un cargo lo que tiene que hacer simplemente es informar sobre cuáles son sus objetivos y cuáles son sus proyectos. Yo me centraré en lo que ha planteado, ya que creo en el concepto clásico
de los cien días de cortesía o de gracia para empezar a juzgar los hechos.


En cuanto a los principios, estamos básicamente de acuerdo. Creo que ha hecho un análisis bastante importante de las carencias o de las necesidades que tiene la justicia en este país. Creemos que la justicia tiene que estar claramente
vinculada al concepto de Estado social y democrático de derecho. No estamos en un Estado liberal de derecho, estamos en un Estado en el cual la igualdad no supone simplemente igualdad de oportunidades, no supone simplemente la igualdad del artículo
14, sino que supone también la igualdad material del artículo 9.2, y es absolutamente fundamental integrar en la gestión de la Administración de Justicia el concepto de Estado social y democrático de derecho.


Creemos también que es fundamental ese elemento que ha mencionado del concepto de un servicio público que sea fiable, que sea confiable y que sea accesible; es decir, la idea de una justicia cercana, una justicia de proximidad vinculada a
la idea genérica de lo que nuestro común amigo Imanol Zubero denomina como democracia de proximidad, la necesidad de que las instituciones no se vuelvan compartimentos estancos y alejados de la realidad social. Y todo esto está vinculado también
con otro elemento que ha mencionado, que es la idea de la tecnología al servicio del ser humano, el hecho de entender el derecho -y, por tanto, también, la administración del derecho y la administración de las normas- como un elemento instrumental.
El derecho no es el fin en sí mismo, sino que es un instrumento para encauzar los conflictos sociales, pero, por desgracia, muchas veces se pierde esta perspectiva, incluso en la formación de los jueces y en la carrera judicial. Por desgracia, los
estudios de derecho están centrados en la memorización de artículos de códigos y de leyes procesales, y esta es una carencia muy importante. Como bien señala Martín Pallín, lo que más necesita un buen juez es una amplísima cultura general y,
además, una formación humanística importante para entender el papel instrumental que tiene el derecho en las relaciones sociales.


Dicho esto, y estando completamente de acuerdo en ese diagnóstico que hace de necesidades, pasamos a las medidas concretas que plantea. Creemos que algunas de las medidas son absolutamente fundamentales, pero muchas llegan con retraso. Una
medida fundamental es la normativa sobre whistleblowers, alertadores de corrupción; un elemento fundamental para la lucha contra la corrupción y para la lucha por un Estado y por una democracia más transparentes. La transparencia es una virtud
democrática que por desgracia no está suficientemente valorada en nuestro país. Es absolutamente fundamental profundizar en la normativa y en la protección de los alertadores de corrupción, tanto en las administraciones como en las empresas, y
ofrecerles protección. Es absolutamente lamentable la situación a la que hemos llegado en la que hay personas que van a ser extraditadas a países donde muy probablemente se van a conculcar sus derechos y donde no van a tener las garantías
procesales suficientes y que precisamente sufren persecución por haber intentado ofrecer transparencia en todos esos espacios de opacidad u oscurantistas que todavía existen en todos los Estados de derecho, por decirlo así.


Junto con esta normativa de los whistleblowers, creemos que también es absolutamente fundamental la normativa sobre secretos de Estado. Hay que eliminar todas estas zonas de oscuridad, hay que eliminar todas estas zonas a las que no hay
acceso posible y no hay control jurisdiccional. Hay que dar pasos importantes en el camino de la justicia universal y en el camino de la imprescriptibilidad de los derechos de

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lesa humanidad. Es una asignatura pendiente de esta democracia; no solo porque lo que requiere una democracia con memoria, que no sea desmemoriada, es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, sino porque requiere
básicamente el acceso y el conocimiento de la verdad, sin la cual las nuevas generaciones no van a poder entender la democracia en toda su integridad. Entonces, le pido audacia en estas materias. Sabemos que son materias en las que tendrá muchas
dificultades y sabemos que el avance hacia un Estado y una democracia transparentes es algo que genera ampollas en determinados sectores que por nada del mundo quieren tener una democracia transparente, pues quieren mantener estos elementos de
opacidad y de oscurantismo, y ahí le pedimos que sea enérgico y que sea audaz.


Lo mismo pedimos en cuanto a las medidas feministas que se plantean, porque creemos que este es un elemento fundamental. Hay algo que probablemente las personas más jóvenes que estén aquí ni siquiera se lo pueden imaginar y pensarán que a
lo mejor es algo de la Edad Media, pero nuestra propia generación ha conocido normas que prohibían el acceso a la carrera judicial de las mujeres. Es decir, las mujeres han estado excluidas de la justicia hasta el año 1966. Eso supone que durante
miles de años, durante toda la historia de la humanidad y durante toda la historia del derecho, de la hermenéutica jurídica, de la interpretación y de la aplicación de las normas, todas las normas y toda la interpretación de las leyes se ha ido
configurando sobre criterios masculinos y sobre prerrogativas, prioridades, sensibilidades y valores fundamentalmente masculinos de personas que además creían que había que excluir explícita y expresamente a las mujeres de la Administración de
Justicia. Esto no se elimina fácilmente, igual que no se eliminan todas las barreras de la segregación racial solo con que deje de aplicarse la segregación racial, sino que se requieren políticas compensatorias. En este caso es mucho más evidente,
porque un Estado social y democrático de derecho se basa fundamentalmente en un principio de justicia material y de políticas compensatorias para revertir situaciones procedentes del pasado. Por lo tanto, en esta materia también le pedimos al
secretario de Estado audacia y medidas efectivas y profundas para revertir todo este cúmulo de elementos que hacen que la justicia tenga un sesgo profundamente masculino aún hoy en día. Es absolutamente fundamental que haya políticas
interseccionales y políticas transversales que, de alguna forma, tengan el efecto compensatorio propio del Estado social sobre los elementos de exclusión de la Administración de Justicia que afectan a las personas, tanto por su origen socioeconómico
como por su adscripción de género y por su adscripción étnica. Es absolutamente fundamental y es un elemento que nos viene exigido precisamente por el artículo 9.2 del texto constitucional.


Becas, otro elemento fundamental vinculado con el Estado social: dar la posibilidad de que todas aquellas personas cuya condición socioeconómica no les permite estar durante unos años a dedicación completa preparando unas oposiciones puedan
hacerlo. En este sentido, creo que es algo por lo que hay que felicitarle, pues ningún Gobierno anterior jamás se preocupó de ayudar a las personas que querían preparar oposiciones para la carrera judicial. Es el primer Gobierno de la historia que
se ha preocupado por esto y que ha tenido sensibilidad para intentar incorporar y dar facilidades a las personas que menos fácil lo tienen en la vida para que puedan ser jueces -y buenos jueces-, para que puedan ser fiscalas -y buenas fiscalas-, y
para que puedan estar en todos los estratos de la carrera judicial y de la carrera fiscal. Es un elemento absolutamente fundamental para hacer un país menos desigual y menos injusto.


Cogobernanza y Plan Justicia 2030. Le digo exactamente lo mismo: audacia, profundización y energía. No escuchen a quienes ladran, meten ruido e intentan desviar a la ciudadanía de los problemas sociales. Hay que buscar soluciones
eficientes. Nos pagan para hacer política buena, para hacer política constructiva, para buscar soluciones para los problemas y no para meter ruido, y creo que este es el camino.


No quiero alargarme más y no quiero agotar todo mi tiempo. Simplemente, como le he dicho antes, creo que lo que tenemos que juzgar son las prioridades, el plan que ha manifestado usted y las medidas que plantea, pero me gustaría pedirle,
como ha hecho la compañera Telechea, que concretara un poquito esas medidas en materia de feminización o de transversalización de las políticas feministas dentro de la actividad judicial.


Quiero desearle todos los éxitos en su gestión y que estos éxitos redunden también en el bienestar de toda la ciudadanía y en esa justicia más humana, más próxima y más cercana por la que ha apostado.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Uriarte.


A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra su portavoz, el señor Zambrano.

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El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario de Estado, por comparecer hoy aquí ante nosotros.


En la última comparecencia del Gobierno que realizó la señora ministra nos dio una charla sobre género más que sobre justicia. Antes que ella vino el anterior ministro de Justicia y nos dio una buena charla sobre transición ecológica y reto
demográfico. Nosotros reclamábamos hablar de justicia y hoy tenemos una buena ocasión para ello. Usted nos ha hablado de cambio climático, de cuestión territorial, cogobernanza y autogobierno en comunidades autónomas, feminismo, ideología de
género, etcétera. Vamos a intentar hablar algo de la Administración de Justicia. Y ya le adelanto una contestación a algún comentario que usted ha hecho. Mire, la justicia no es un servicio público más. Evidentemente, es un servicio público,
pero, sobre todo, es un poder del Estado, y es un servicio público esencial. ¿Y qué reclaman los españoles de la Administración de Justicia? Usted ha hecho esa pregunta y ha contestado lo que usted ha considerado conveniente. Nosotros ya hemos
dicho en esta Comisión en más de una ocasión que la ciudadanía exige un poder independiente, profesional y eficaz. Son tres características que no le he escuchado a usted y que son esenciales para el Poder Judicial, para que sea un verdadero Poder
Judicial. Luego ha hecho usted una serie de promesas sobre reformas procesales, poniendo en evidencia una realidad, y es que el Poder Ejecutivo impone el ritmo legislativo al Poder Legislativo, a los diputados, en este sistema de mayorías absolutas
pactadas a cambio de respaldos partidistas.


Mire, vamos a hablar de justicia, y me refiero a un asunto que ya se le ha mencionado, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Desde el Gobierno se ha afirmado, por poner ejemplos, que la huelga del transporte hace juego
al señor Putin, que son unos fascistas; a los manifestantes en defensa del campo, a los agricultores y ganaderos ustedes los llaman señoritos y dicen que son de ultraderecha; ahora se les ha puesto en paro el sector de la pesca, y tienen ustedes
en huelga a los LAJ. ¿Considera este Gobierno que también los letrados de la Administración de Justicia son unos fascistas que hacen el juego a la ultraderecha o que están manejados por la ultraderecha? Somos conscientes de la habilidad de este
Gobierno para mantener en un bien remunerado silencio a sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, bien pagados, bien calladitos. Pero ¿van a atender a las demandas de los letrados de la Administración de Justicia? ¿Van a permitirles acceder a la
negociación colectiva? ¿Van a concederles esos justos derechos salariales que les están reclamando en proporción a sus responsabilidades? Son ustedes conscientes de la enorme brecha salarial que existe en la Administración de Justicia, porque es
pública y notoria. ¿Qué van a hacer ustedes para acabar con esa realidad? ¿Cómo puede ser que un gestor procesal en la comunidad autónoma vasca tenga una remuneración de 8100 euros más al año que otro del territorio del ministerio? ¿Tienen
ustedes pensado hacer algo sobre ello?


Tienen ustedes la pretensión de conceder o de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal, algo para lo que hoy día la estructura del Ministerio Fiscal no está preparada en absoluto, y además este grupo lo rechaza totalmente.
Solamente le voy a sugerir hacer algo en el Ministerio Fiscal: ¿Sería posible que se contase con un sistema de control de los plazos que se le confieren? ¿Por qué los trámites y plazos para el Ministerio Fiscal no son controlados por la
Administración de Justicia de una manera eficaz y transparente? ¿Por qué a cualquier abogado le es exigido el cumplimiento del plazo de forma estricta? Sin duda, si el Ministerio Fiscal considerase que los plazos que establecen las leyes
procesales son demasiado cortos, habría que reformarlos y ampliarlos. Pero ¿no es posible obtener igualdad de armas y de instrumentos procesales entre las partes en un proceso judicial? ¿Alguna vez será posible que en el turno de oficio una misma
labor profesional obtenga la misma remuneración, sea cual sea la región de España en la que se desarrolle? Ya se le ha adelantado por parte del Grupo Ciudadanos, pero es que las diferencias son brutales. Por ejemplo, la media de la remuneración
por caso en la comunidad autónoma vasca es de 300 euros, mientras que en Andalucía son 106 euros, y la media nacional está en 153,14, y tenga en cuenta que desde el turno de oficio se están atendiendo al año mucho más de un millón y medio de asuntos
en los juzgados. Le hablo del informe número 15 del Observatorio de Justicia Gratuita.


Le hablaba de independencia del Poder Judicial. Lo contrario es la politización de las instituciones del Estado. Y usted decía que la Administración de Justicia es protectora de las instituciones. Sin embargo, como ya se ha adelantado
también, el Supremo suspende en la renovación de la Agencia de Protección de Datos porque el proceso está viciado de raíz, y el auto dice que se da cobertura formal a una designación ya hecha al anunciarse la convocatoria, que no hay tal proceso,
sino mera apariencia. ¿No le parece a usted una vergüenza que este Gobierno maneje las instituciones de esta manera, como lo hacen los dirigentes de países que para nada se acercan a lo que es un sistema democrático?

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Este Gobierno está deslegitimado en lo moral y en lo político desde su inicio, desde que se incumplió su promesa de no pactar con comunistas, separatistas y bilduetarras, pero es que además este Gobierno se está deslegitimando con sus
decisiones y sus actitudes día a día. Y no solo se empeñan en mantener el control del Consejo General del Poder Judicial - por cierto, usted fue ponente, como senador, de esta reciente ley para limitar al consejo mientras no se renuevan sus
miembros-; además, en cuanto vieron que el Tribunal Constitucional anulaba el real decreto que ordenaba el estado de alarma que confinó a los españoles en sus casas, se apresuraron a pactar con el Partido Popular el nombramiento de nuevos
magistrados del Tribunal Constitucional.


Mantienen ustedes una gestión de la Administración de Justicia fragmentada según comunidades autónomas, también en relación con la parte aún gestionada por el ministerio. Son brutales diferencias salariales y diferencias de inversión, y
todo ello generando una desigualdad absolutamente injusta entre españoles. Pero les recuerdo lo que venimos pidiendo: justicia independiente, profesional y eficaz. Se lo pedimos porque es nuestra obligación pedirlo, pero es deber de todo diputado
hacerlo, sea cual sea su grupo, aunque evidentemente somos realistas y poco esperamos realmente de un Gobierno dirigido por quien no es de fiar. Y no lo decimos solo nosotros; lo ha llegado a decir incluso el señor Pablo Iglesias, antiguo
vicepresidente del Gobierno, cuya frase literal fue: 'No hay nada más imprudente que fiarse de él', en referencia al presidente del Gobierno.


Señor secretario de Estado, usted sabe que el buen funcionamiento de una Administración de Justicia independiente sería esencial para el control de los políticos, para la calidad de vida de los españoles y para el fomento y la seguridad
jurídica de la actividad económica. Sin embargo, desde su ministerio se siguen empeñando en vagas promesas, con reformas procesales que serán inútiles sin medios materiales, y, sobre todo, sin honestidad en la gestión. Las estadísticas relativas a
tiempo de resolución de asuntos siguen siendo desastrosas y la confianza de los ciudadanos en la justicia deja muchísimo que desear.


Para la mejora de nuestro sistema judicial es imprescindible que los políticos saquen sus manos del Poder Judicial, que se garantice su total independencia, que se recuperen las competencias de gestión, que las aplicaciones informáticas sean
homogéneas en todas las regiones de España, que las inversiones garanticen unos medios similares en toda España, unas remuneraciones que respondan a unos mismos criterios en toda la nación, que aumente el número de órganos judiciales, de jueces y
fiscales y que la gestión se centre efectivamente en la eficacia, y no en intereses políticos. De acuerdo con la última estadística, en España hay 11,5 jueces por cada 100 000 habitantes, mientras que la media europea es de 17,7. España tiene 5,2
fiscales por cada 100 000 habitantes, mientras que la media europea es de 11,25. España está dentro del grupo de países que más tarda en administrar justicia. Sin embargo, también según los datos estadísticos, la media de inversión en justicia de
los Estados en Europa es de 45 euros por habitante, mientras que en España la cifra está bastante por encima, en 88 euros. En conclusión, tenemos una justicia politizada, mal dotada de jueces y fiscales y lenta, y, sin embargo, se gasta más en ella
per cápita que en Europa. La ineficacia es absoluta; más gasto y más ineficacia.


Por último, le voy a preguntar sobre un asunto que también pregunté a su Gobierno en la última comparecencia en la que interviene, sobre los indultos del procés. Ya expliqué en aquella comparecencia que me parecía que esos indultos
apestaban a prevaricación y a falta de honestidad y pregunté sobre los contactos entre el ministerio, el PSOE y Esquerra Republicana o cualquier otro grupo político, pero no se me contestó. Vuelvo a dar la oportunidad al Gobierno, a ver si hoy nos
puede explicar, si nos dice usted cómo se gestaron aquellos indultos y qué contactos previos a su concesión hubo, porque, a mi juicio, fueron unos indultos concedidos exclusivamente a cambio de apoyos parlamentarios y por un interés partidista.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Zambrano.


A continuación, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Jerez.


El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenido, señor Rodríguez a esta Comisión de Justicia, por primera vez desde que fue usted nombrado secretario de Estado, aunque llegue tarde, demasiado tarde a este Congreso. Pidió usted cien días de gracia y refugio para comparecer,
pero cien días no sé para qué, porque no es usted ningún becario, como para otorgarle tanta vacatio parlamentaria, y a los ministerios se llega aprendido. Por lo tanto, creo que usted podría haber abordado antes esta comparecencia con absoluta
naturalidad y la misma solvencia con la que lo ha hecho hoy.

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Nos hubiese gustado que su comparecencia hubiese sido también, cosa que no ha hecho, para explicarnos los motivos del cese del anterior secretario de Estado y del secretario general del ministerio, unas explicaciones que todavía nos faltan.
Sea como fuere, tiene usted hoy una extraordinaria y magnífica oportunidad para hacerlo, y, si no lo hace, nos obligará a pensar que esos ceses fueron por falta de acuerdo con los sindicatos y las asociaciones del ámbito judicial, que se los llevó
por delante, y no tanto de una falta de confianza de la ministra Llop.


Todos los cambios deberían ser a mejor, si se cambia es para mejorar, pero en este caso lamento decirle que hemos salido perdiendo, sobre todo porque echamos en falta la capacidad de interlocución que teníamos con los anteriores titulares
del ministerio, que se ha roto en esta nueva etapa. Echamos en falta ese acercamiento que teníamos antes también desde la discrepancia, cuando podíamos sentarnos sin prisa para desarrollar políticas conjuntas y ponernos de acuerdo. Hoy echamos en
falta esa tendencia, echamos en falta precisamente ese acercamiento con el ministerio, que, como digo, se ha roto.


¿Y qué ha encontrado usted cuando ha llegado al ministerio? Usted se ha encontrado con un baño de realidad: se ha encontrado con una Administración de Justicia donde la carga de trabajo es desproporcionada, se ha encontrado con diecisiete
justicias distintas y diecisiete sistemas informáticos incompatibles entre sí, se ha encontrado con ratios de jueces y magistrados por cada cien mil habitantes descompensadas, se ha encontrado con la resolución de asuntos en una media de 352 días,
se ha encontrado con una alta litigiosidad y se ha encontrado con una brecha digital enorme. Se ha encontrado con un enconado conflicto entre los cuerpos funcionariales y el ministerio y además se ha encontrado con unas relaciones entre el Consejo
General del Poder Judicial y el ministerio, cuando menos, tirantes. Esta es la herencia que usted recoge, esta es la herencia de la señora Llop. ¿Qué puede salir mal, señor Rodríguez? No le arriendo las ganancias.


Como comprenderá, en diez minutos de intervención no tengo tiempo de abordar todas esas cuestiones, pero sí me gustaría poner de relieve los aspectos que más nos preocupan, sobre todo en lo que se refiere a la tarea legislativa que se han
propuesto para reconducir esta situación, y quiero comenzar por una de las leyes que pretende ser una de las tres patas a las que el ministerio fía su futuro; me refiero a la ley aprobada en Consejo de Ministros sobre digitalización en el ámbito de
la Administración de Justicia. Mucho nos tememos, señor Rodríguez, que para alcanzar los objetivos deseados esta ley debería ir acompañada de suficiencia en la dotación de medios económicos y, sobre todo, en la formación de personal para adaptarse
a lo que está por venir, pero, según se desprende de los dos últimos presupuestos aprobados, la realidad no acompaña a esta ley, la economía no acompaña a esta ley, el presupuesto no acompaña a esta ley.


El expediente digital electrónico debería convertirse en la punta del iceberg de cualquier sistema judicial que se precie, y, sin embargo, creo que hoy todavía está muy lejos de convertirse en una realidad, incluso en algunos territorios
sigue siendo una ensoñación, lo que nos hace pensar que seguimos teniendo o tendremos una justicia de dos velocidades, y esto se tiene que acabar. Usted ha comentado que efectivamente pondrán en marcha la carpeta digital, pero lo que no ha dicho es
cuándo, y posiblemente me interesa más saber cuándo que si se va a poner, porque solo faltaría que no se pusiera; en el Grupo Parlamentario Popular ya tiene claro que esto se tiene que desarrollar.


Con relación a la misma ley, va a hacer falta una transición importante, porque todo es susceptible de convertirse en un conflicto digital entre distintos sistemas y aplicaciones informáticas, como AVANTIUS y Minerva NOJ. Es necesario una
homogeneización de los sistemas para dar el primer paso, pero la pregunta es: ¿Cómo piensa usted abordarlo? Esto no está en la ley de digitalización, esto es una aplicación práctica del sistema. Se trata de una cuestión estrictamente técnica,
pero también le digo que sobre todo es una cuestión formativa. Hay muchos funcionarios que hoy siguen trabajando con medios y métodos tradicionales, propios del siglo pasado. Va a hacer falta una reconversión anticipada de mentalidad y de
formación para adaptarse, y esto tiene que ser lo primero. ¿Lo tienen ustedes previsto? ¿Cómo lo van a hacer?


Respecto a esta misma ley -lo ha apuntado también el señor Bal y espero que nos conteste-, parece ser que se está abriendo nuevamente una situación de tensión con el Consejo General del Poder Judicial en relación con los dictámenes e
informes que emite, en este caso sobre la ley de digitalización. El Consejo General del Poder Judicial entiende que esta ley invade potestad reglamentaria, que rebaja sus funciones, que es incompatible con el derecho de tutela judicial efectiva en
algunos aspectos, cosa que no es menor, y que también omite cualquier referencia al punto neutro judicial. El Consejo General del Poder Judicial cuestiona la incorporación de la inteligencia digital a la tramitación de los procedimientos

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judiciales, cosa que a usted parece no preocuparle. El Consejo General del Poder Judicial ha considerado este aspecto de la inteligencia digital de alto riesgo, como también lo ha hecho la Comisión Europea. ¿Y qué plantea el Consejo
General del Poder Judicial? Ve razonable esperar a que concluya el proceso legislativo europeo en el que deberán fijarse las normas nacionales sobre esta materia. Por lo tanto, la pregunta es: ¿Están ustedes de acuerdo con lo que concluye el
Consejo General del Poder Judicial en relación con la inteligencia digital? ¿Están ustedes de acuerdo en esperar a que se fijen las normas nacionales sobre esta materia en el ámbito europeo?


Ha hecho referencia a la ley orgánica del derecho de defensa. Nosotros no hemos visto en el plan normativo del Gobierno que pretendan traer al Congreso de los Diputados la ley orgánica del derecho de defensa y no conocemos las razones que
les han llevado a paralizar la tramitación de una ley que entendemos que es capital para los abogados y a la vez ampara los derechos de los justiciables. Crearon ustedes una comisión de trabajo y los trabajos han concluido, pero la ley sigue sin
presentarse en el Congreso de los Diputados para su tramitación. Por tanto, la pregunta es clara, y otra vez estamos en el cuándo: ¿Cuándo van a presentar ustedes la ley orgánica de derecho de defensa en el Congreso de los Diputados?


Hay dos cuestiones que también le quería plantear en relación con las leyes que ustedes tienen previsto presentar en este Congreso y que configuran las tres patas de la evolución judicial en España, y lo quiero engarzar con la procura,
porque la ley de digitalización y la de eficiencia en algunos casos son susceptibles de suponer también una amenaza para la procura. ¿A qué me quiero referir? La ley de eficiencia, cuando se está hablando de procedimientos y resoluciones
extrajudiciales, de conflictos, es susceptible de prescindir de la figura del procurador. Cuando se habla de la digitalización de la tramitación del procedimiento, es posible que esto también amenace a las competencias del procurador. Hoy la
procura está intentando asumir más competencias en su ámbito y lo que propone, y me gustaría conocer su opinión al respecto, es si ustedes están de acuerdo en que el desarrollo de las ejecuciones judiciales, que son el verdadero talón de Aquiles de
la Administración de Justicia, sea asumido por la procura. En este sentido, está intentando conocer cuál es la opinión del ministerio y tiene una propuesta encima de la mesa para saber si efectivamente su profesión tendría encaje en el desarrollo
de esta cuestión, que también es susceptible, como digo, de ser una medida de agilización y eficiencia en el ámbito de la Administración de Justicia.


En el ámbito de la ley de eficiencia, han creado ustedes la figura de los MASC, a los que se atribuye esa capacidad de llegar a un acuerdo previo a la vía judicial, lo que llamamos la resolución extrajudicial de conflictos. Evidentemente,
la mediación no es una ciencia, sino una técnica, y, como tal, se tiene que aprender. Por tanto, la pregunta es clara: ¿Tienen previsto ustedes formar a todas esas personas que tienen que desarrollar esta negociación en el ámbito de la resolución
extrajudicial de conflictos para que esa técnica redunde en la calidad del servicio de la Administración de Justicia? Sin duda, entendemos que aquellas personas que no estén formadas suficientemente no van a ser capaces de llegar a acuerdos y que,
por lo tanto, la calidad de la justicia no va a ser la misma.


En relación con los LAJ, ya se lo han dicho distintos portavoces, y yo también voy a insistir en ello: ¿Tanto cuesta cumplir la ley? ¿Tanto cuesta cumplir a Ley de Presupuestos Generales del Estado, en la que se reconoce un aumento
salarial a aquellas personas que son las principales promotoras del expediente judicial en los juzgados, a aquellos cuya intervención es capital en toda la tramitación del expediente judicial, a aquellos a los que constantemente se les están
atribuyendo muchísimas más competencias? Y podíamos hacer referencia a la Ley Concursal, que también vuelve a atribuirles más competencias. ¿Cuesta tanto reconocer su capacidad negociadora? ¿Cuesta tanto sentarse con las asociaciones que los
representan? ¿Cuesta tanto, señor secretario de Estado?


Efectivamente -tanto el señor Bal como el portavoz de VOX ya lo han señalado-, un verdadero talón de Aquiles de la Administración de Justicia son las vacantes por cubrir tanto de jueces como de magistrados y fiscales. Los datos son
demoledores, y lo son más todavía si los comparamos con el resto de Europa. Como se ha dicho ya, nosotros tenemos una ratio de quince jueces por cada cien mil habitantes, mientras que Polonia tiene veinte. Ya nos gustaría ser como Polonia en este
caso, pero, lamentablemente, no es así.


Y acabo con algo relacionado con los fiscales. El otro día tuvimos la oportunidad de asistir a una charla con la última promoción de fiscales. En primer lugar, quiero señalar que el 74 % eran mujeres, a las que nadie les ha regalado nada y
han llegado por sus propios méritos, posiblemente sin necesidad de políticas relacionadas con el género. Pero, en cualquier caso, le tengo que decir...

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El señor PRESIDENTE: Señor Jerez, le ruego que vaya terminando, porque ha excedido con creces su tiempo.


El señor JEREZ JUAN: Acabo, presidente.


Una de las cosas que pedían era que pudiesen estar en todas las salas. Hoy el fiscal no está en todas las salas, hoy el fiscal está en una sala despachando o participando en un asunto y en la sala de al lado no hay ningún fiscal tratando de
la misma cuestión. Por tanto, creo que esto es un déficit importante que tiene que ver muchísimo con la falta de cobertura de vacantes en el ámbito de la Fiscalía.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Jerez.


A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor González Caballero.


El señor GONZÁLEZ CABALLERO: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor secretario de Estado de Justicia.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, le damos la bienvenida, y también en nombre de su portavoz, el señor Aranda; bienvenido a esta su casa. Gracias por su petición de comparecencia en esta Comisión de Justicia y gracias también
por su intervención sobre lo que están siendo y serán las líneas maestras de su secretaría en el Ministerio de Justicia.


Me va a perdonar el señor Jerez, pero este podría ser un martes más, un 22 de marzo del 2022, pero es el día 1254 en que el Consejo General del Poder Judicial sigue sin renovarse. El nuevo PP se parece tanto al viejo que hay cosas que no
cambian. Este PP lampedusiano de Feijóo solo ha servido para dejar claro que el PP no está aquí para echar una mano a España, no está aquí para echar una mano a la justicia, sino para echar una mano al cuello al Gobierno. Así que Feijóo ya sabe lo
que hay que hacer para que no le muevan la silla: en vez de girar ciento ochenta grados, su giro ha de ser de trescientos sesenta, volver a donde estaban, leer lo que le escribían a Casado y avalar los pactos de la vergüenza en Castilla y León.
(Aplausos).


Dicho esto, señor secretario de Estado -discúlpeme-, quisiera comentar algunas líneas que usted ha mencionado en su intervención. Sin duda, ha esbozado algunos de los aspectos fundamentales en los que se sustenta la justicia del futuro que
defiende el Gobierno de Pedro Sánchez; una justicia con una perspectiva social, porque la justicia debe ser un servicio público accesible al ciudadano; con perspectiva demográfica, cercana a los territorios y a las provincias, que tienen un reto
demográfico importante en los próximos años, y también con perspectiva igualitaria de género. Le agradezco tanto su exposición como especialmente su voluntad de acuerdo.


Está usted en la comisión legislativa por antonomasia, se podría decir que la Comisión de Justicia es un parlamento dentro del Congreso de los Diputados. Y, escuchándole desgranar sus planes de trabajo, es posible que cuando en el futuro,
dentro de unos años, echemos la vista atrás, al trabajo que se hizo en esta legislatura de Gobierno de coalición, sin una mayoría parlamentaria suficiente de base, lo hagamos con poco disimulado orgullo por los avances conseguidos, unos avances que
en materia de justicia se necesitaban de manera urgente y que hay que afrontar y este Gobierno afronta con diseño, preparación, capacidad técnica, voluntad de diálogo y construcción de consensos tanto dentro de este Parlamento como, más importante,
con la mayoría de los agentes que interactúan en el mundo de la justicia. Es posible que en esta mirada atrás se puede hacer dentro de unos años veamos cómo leyes que usted ha mencionado hoy aquí, como las de eficiencia organizativa, procesal y
digital, supusieron una verdadera transformación de la justicia que tanto tiempo se llevaba anhelado en este país. No es fácil abarcar un proyecto de estas dimensiones y muchas veces las piedras en el camino pueden provocar que nos centremos en
asuntos que deberían estar fuera de toda duda, en vez de en poner el rumbo colectivo en el futuro de la justicia y en armar un servicio de justicia de calidad, eficiente y cercano, que cuida de sus profesionales pero que, sobre todo, pone al
ciudadano en el centro de todas nuestras decisiones.


Ha hablado usted de la digitalización. Iba a contestar al señor Bal, pero no ha estado en su primera intervención, aunque no entro en las razones, y parece que tampoco está ahora, cuando le quiero contestar. Lo que queda claro es que ya
tenía su discurso y el tono bien preparado para esta Comisión, y no sé si le va a poder escuchar su réplica, aunque desearía que así fuera. En todo caso, cuando oigo otras voces y oigo a otros portavoces de la ultraderecha siento una mezcla entre
pereza e indignación. Pereza por estar constantemente teniendo que rebatir argumentos neolíticos, por dedicarle tiempo a

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planteamientos totalmente marginales en nuestra sociedad; es como explicar una y otra vez la ley de la gravedad a quien no cree en ella. E indignación, sí, porque estos debates, estos posicionamientos, estas invectivas contra derechos
adquiridos, este camuflaje de la violencia machista tras ese eufemismo indecente de la violencia intrafamiliar, este amparo a quienes acosan a mujeres que quieren libremente disponer de sus cuerpos son una seria amenaza a nuestra convivencia, una
amenaza a la democracia incluso, pues siempre más feminismo supone más democracia. Sí, más democracia, y respondo al portavoz de VOX. Aquí los únicos que no son de fiar ni para España ni para la democracia son Abascal y sus amigos Salvini y Le
Pen, que se hacen fotos con el tirano de Putin. ¿Recuerdan aquello de los amigos de mis amigos son mis amigos? Pues aplíquense el cuento. Por eso es la pereza inicial de volver a oír las mismas perogrulladas una y otra vez, que se convierten al
final en una indignación política de este grupo, y no vamos a pasar absolutamente ninguna. Ante la regresión, no cabe más que desmontar sus mentiras y odios y reivindicar la fortaleza de una sociedad plural, diversa, tolerante y de derechos, mal
que les pese a algunos. Y en esta batalla sí nos gustaría contar con más ayuda; en esta batalla dialéctica, política y social por la igualdad nos gustaría contar con más apoyo de aquellos que, creo, en Europa defendemos unos mismos valores
democráticos y de igualdad, como por ejemplo hacen en Europa los partidos de centro derecha. Pero aquí el Partido Popular se encuentra desarmado y cautivo en sus palabras, sus ideas y sus políticas de VOX, para lamento y escándalo -es cierto- del
Partido Popular Europeo.


Decía, señor secretario de Estado, que de sus palabras se demuestra una voluntad decidida de trabajo. El impulso del legislador, del Gobierno de Pedro Sánchez, del Ministerio de Justicia y, por qué no decirlo, de este Parlamento están yendo
a una en el objetivo de trazar un camino de reforma, diálogo y transformación. He dicho que somos un parlamento dentro del Parlamento, y se demuestra en que hemos tramitado en esta Comisión más de quince leyes durante esta legislatura, muchas de
ellas muy importantes y que han cambiado la vida de millones de personas en nuestro país, con amplias mayorías. Esa voluntad legislativa se va a mantener por este Gobierno, y me alegra escucharlo también en boca de usted, señor secretario de
Estado, en pro de la transformación de la Justicia 2030. El ejemplo es patente en el plan anual normativo presentado por el Gobierno y también en los proyectos y anteproyectos de ley que ha mencionado usted esta mañana en esta Comisión. Por eso,
dada la relevancia del momento que vivimos, la importancia que tienen las iniciativas legislativas planteadas por usted, señor secretario de Estado, quisiera aprovechar esta intervención para reclamar a los grupos altura de miras, debates rigurosos
y capacidad de acuerdo. Digo esto agradeciendo también la presencia del señor Bal, que, como todos los portavoces de esta sala, va a tener la oportunidad de escucharle en su réplica, señor secretario de Estado.


Usted, en su primera intervención, ha desgranado de manera clara y entendible las líneas de su mandato; junto a la ministra Llop, están llevando a cabo la tarea ingente de construir el armazón jurídico de las leyes de eficiencia, a la vez
que dan traslado de esas directivas europeas que hemos mencionado y que avanzan en reformas clave de nuestras leyes y despliegan esa visión social de la justicia, todo ello desde la escucha permanente a las administraciones, a los colectivos de
justicia y entendiendo la cogobernanza como una forma de entender la política en nuestra España de las autonomías. Este grupo siempre lo ha defendido y siempre lo defenderá: estamos ante una oportunidad histórica de dejar de lado las diferencias y
el regate corto, de hacer de legisladores, respetando, por supuesto, las diferencias legítimas y abarcar y ser aliados en ese proyecto que lleva su ministerio, de enorme trascendencia jurídica, política y social. Yo, personalmente, así lo siento y
lo agradezco. Agradezco también pertenecer a un grupo parlamentario como el Socialista, que es protagonista en este trabajo legislativo desde el primer momento, acompañando en esa tarea al Gobierno, en este esfuerzo transformador. Estoy
convencido, espero y tendemos la mano, como hacemos siempre, a todos los grupos parlamentarios aquí representados en este proceso.


Termino, señor secretario de Estado. Esta es la posición firme del Grupo Parlamentario Socialista, y no quería terminar mi turno sin hacerle una última pregunta. Concretamente, me gustaría preguntarle por las posibilidades de despliegue de
juzgados de Infancia y Familia, en el sentido de poder dotar a nuestro sistema judicial de sedes especializadas que den un trato judicial diferenciado, donde jueces y juezas, formados concretamente en estos ámbitos, puedan dar un servicio que tenga
una visión global de las problemáticas asociadas y diferenciadas en los asuntos de infancia y de familia. Tenemos un alto interés en esta cuestión y, esperando su respuesta, le agradezco una vez más su intervención.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor González Caballero.


A continuación, para responder a los portavoces, tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Rodríguez Esquerdo): Muchas gracias de nuevo, señor presidente.


Señorías, sinceramente lamento no compartir con algunos de ustedes los extremos de sus intervenciones. En algunos casos, se han manejado ustedes en términos de catastrofismo. Entiendo que algunos tengan la labor de oposición y que otros
elaboren un discurso de pesadumbre y tormentoso, pero les recuerdo que algunos de ustedes están gobernando en determinadas comunidades autónomas y esas comunidades autónomas no comparten en absoluto ese discurso ni esa exageración, como se verá
próximamente en la conferencia sectorial de Avilés.


Intentaré ir grupo parlamentario por grupo parlamentario, pero algunas veces saltaré, si el señor presidente me lo permite. Empezaré por el primero que ha intervenido, Ciudadanos, que es un poco como el perro del hortelano, que ni come ni
deja comer. Primero, ha llegado quince minutos tarde a la intervención porque estaba atendiendo a la prensa, hablando precisamente sobre la Agencia de Protección de Datos. Es preferible estar en los medios de comunicación que atender al respeto
institucional y venir a la Cámara del Congreso de los Diputados y a la comparecencia del secretario de Estado en la Comisión de Justicia. Bueno, cada uno tiene, evidentemente, sus preferencias. No voy a entrar en sus manifestaciones malsonantes,
desafortunadas, a veces incluso insultantes en la terminología que usted utiliza, pero me pregunto a veces qué hacen ustedes compartiendo mesa y mantel -es verdad que cada vez menos, porque las urnas cada vez les ponen más cerca de la salida- en
determinados Gobiernos autonómicos con los señores que tienen a su derecha -en este caso a su izquierda, señor Bal- de VOX. Para ser ustedes tan liberales están un poquito -permítame que se lo diga- a la derecha, un poquito a la derecha; se ponen
ustedes en el centro de la Comisión, pero están un poquito a la derecha. Y para creer tanto en la Constitución y en la parte del Estado autonómico tengo que decirles que a veces la tienen ustedes un poquito oxidada, pero qué le vamos a hacer.
Usted ha hablado de la Agencia de Protección de Datos y yo le voy a decir una cosa: nosotros somos muy muy respetuosos con la Constitución y muy muy respetuosos con las decisiones que toman los jueces, y así lo haremos en este caso con las
decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo. Y habla de vacantes del Poder Judicial. Ya hemos hecho los esfuerzos oportunos para este año 2022, con doce vacantes al Tribunal Supremo, y haremos cinco refuerzos más para esas vacantes al Tribunal
Supremo en el próximo ejercicio. Simplemente, le recuerdo -y usted como abogado del Estado creo que es el primero en saberlo- que el ministerio fiscal es autónomo. Si usted no lo cree así... En fin, no vamos a entrar en sus declaraciones.


El siguiente grupo en intervenir ha sido Esquerra Republicana. A la señora Telechea quiero agradecerle su intervención. Efectivamente, con la ley de eficiencia digital usted señalaba la igualdad de la mujer y las medidas para romper ese
techo de cristal. Con la ley de eficiencia digital queremos ir un poquito más allá de lo que ustedes proponen y vamos a intentar superar ese techo de cristal, superar esa diferencia que hay entre personal femenino y masculino dentro de
Administración de Justicia y también la brecha digital existente en muchos municipios y también entre hombres y mujeres. Pero hay una cosa que sí le quiero dejar clara, señora Telechea, es el Consejo General del Poder Judicial el que hace los
nombramientos de jueces y fiscales y, por tanto, ese techo de cristal también tendrían que verlo los que están en las órdenes del Consejo General del Poder Judicial. Y usted hablaba también del tema de la nacionalidad y del Registro Civil.
Trabajamos en ello, somos conscientes -muy conscientes- de los atrasos que existen en la determinación de la nacionalidad y estamos tomando medidas para ello. Le puedo asegurar que desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se
está trabajando en ello con absoluto rigor e intentaremos por todos los medios llegar a eliminar esa lista de espera que existe en la adquisición de la nacionalidad española.


Con respecto a Unidas Podemos, al señor Uriarte -que ahora no le veo- quiero decirle que le agradezco sinceramente la confianza y el apoyo que ha mostrado en su intervención, porque este secretario de Estado todavía no lleva cien días en el
cargo, lleva simplemente setenta y cuatro, si no recuerdo mal. Trabajamos, efectivamente, con audacia y con energía para conseguir una mejor justicia, mucho más cercana, mucho más próxima y mucho más igualitaria, y hago el esfuerzo de nuevo de
explicar las becas y lo que interesa con respecto a las becas, que es acabar con el baremo, con esa diferencia que había y hay todavía en la adquisición de la titularidad de jueces, fiscales y abogados del Estado. Buscar la igualdad también es
acabar con esa posición en cuanto a las becas. De todas maneras, agradezco de verdad las palabras del Grupo de Unidas Podemos.

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En cuanto a VOX, que no tenemos nada en común es evidente, nadie lo va a negar. Es más, si tuviéramos algo en común con ustedes me empezaría a preocupar, y ustedes también. Les entraría un ataque de nervios y una urticaria porque la
izquierda habría entrado en su cuerpo. Es evidente que no tenemos nada que ver con ustedes, pero yo no vengo aquí a repartir carnés de constitucionalismo, no lo vengo a hacer. Ustedes hoy han citado más que nunca en esta Cámara -ahí están los
taquígrafos- a la Comunidad Autónoma vasca; no creo que en su boca haya aparecido tanto la comunidad autónoma vasca si no es gracias a que este secretario de Estado es vasco, y a mucha honra. Y han citado también que hasta están de acuerdo con
Pablo Iglesias. Eso hágaselo mirar, porque como le hayan escuchado algunos de sus compañeros le puede generar un problema. Pero le decía que yo no vengo a repartir carnés de constitucionalismo, no me ha gustado nunca hacerlo y tampoco lo voy a
hacer ahora, porque ustedes, con su discurso, se excluyen solos. Yo creo que es lo que quieren hacer, excluirse solos, ser algo fuera de la normalidad política, pero claro, eso genera que quien piensa diferente a ustedes o es un mal español o
directamente no es español, y eso tiene un nombre, que yo no lo voy a repetir y que creíamos felizmente que lo habíamos superado, pero veo que la democracia española tendrá que volver a superarlo de nuevo. Dice usted -y es en la única parte de su
intervención que voy a participar porque ya digo que no coincido en nada con ustedes, y gracias a Dios que no coincido- que el Gobierno no es de fiar. Pues será así para ustedes, yo solamente le recuerdo que el Gobierno goza de la confianza
mayoritaria del Congreso de los Diputados y que hace poquitos meses la mayoría que ha votado los presupuestos generales del Estado ha sido superior a la mayoría de que gozó la investidura de este Gobierno. Si no es de fiar el Gobierno, no es de
fiar tampoco quien los apoya; por lo tanto, señor Zambrano, la democracia española para usted no es de fiar, ese es el grave riesgo que corre esta democracia: que ustedes no creen en la democracia española y quieren acabar con ella.


Señorías del Partido Popular, ustedes son el segundo grupo parlamentario de esta Cámara, y yo le voy hacer -lo voy a intentar- un llamamiento de consenso en las profundas reformas del Ministerio de Justicia, Justicia 2030, porque tienen
vocación de durar en el tiempo. Yo supongo que ustedes, en algún momento, volverán a gobernar este país -espero que tarde-, pero estas reformas estarán vigentes y por eso le pido sobre todo que busquemos la forma de consensuar lo necesario en estas
leyes de eficiencia, porque ustedes gobiernan -y tienen, espero, sentido de Estado- en diversas comunidades autónomas, comunidades que tienen competencias de Justicia y, por lo tanto, yo les pido ese sentido de Estado y ese intento de consenso y de
acuerdo con las leyes fundamentales de Justicia 2030. Todos sabemos que ustedes ahora están un poco enfrentados en sus ajustes de cuentas internos dentro del Partido Popular. Dentro del Partido Socialista también los hemos tenido, pero por
tradición política del Partido Socialista siempre hemos separado las cuestiones de partido para que no afectasen a las cuestiones de Estado. Por eso le digo, señor Jerez, que ustedes aparten las cuestiones de partido y vayan a esas cuestiones de
Estado, como son las leyes de eficiencia, pero también una cosa muy importante -lo decía el portavoz del Grupo Socialista- es desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Son ustedes y su obcecación el único obstáculo para que nuestro sistema
democrático renueve uno de sus órganos más importantes. Les pido consenso en las leyes de eficiencia, igual que se lo pido al señor Bal, de Ciudadanos, o a los responsables de Esquerra Republicana, de Unidas Podemos o de otros grupos
parlamentarios, excepto a los intransigentes de VOX. Deberíamos convenir todos que esto es importante para España. Es verdad, usted lo decía, que ya no somos becarios. Yo no soy becario, usted tampoco; ya estamos entrados en años, ya tenemos
cierta edad para ser becarios, quizás somos sénior, pero usted, ha hablado sobre el Consejo General del Poder Judicial y le puedo asegurar que ha hecho la misma reflexión que me hizo a mí personalmente un miembro del Consejo General del Poder
Judicial: se ha roto la capacidad de interlocución que teníamos antes con los anteriores gestores del ministerio. Esa misma frase me la dijeron hace menos de una semana en el Consejo General del Poder Judicial. No voy a entrar en el porqué. Y
también hablaba usted del derecho de defensa. Le tengo que decir que no está paralizada la ley del derecho de defensa, en este momento está en información pública y creo que es de recibo hacerlo ver así.


Miren, en alguna de sus intervenciones, tanto del Partido Popular, como del Grupo Socialista y también de Ciudadanos o Esquerra Republicana, se ha hablado de las leyes de eficiencia. Yo les he pedido el apoyo a esas leyes de eficiencia por
algo que todos debiéramos convenir, y de nuevo y a instancia de algún diputado les resumo esas tres leyes de eficiencia como ejemplo o esencia de lo que pretende ser Justicia 2030. Se trata de poner a la ciudadanía en el centro de la justicia, como
destinataria de la labor del servicio público y del poder público que es la justicia. Se trata de ver mejorado y facilitado el trabajo de los operadores jurídicos, de todos los operadores jurídicos. Se trata de coordinar las diferentes

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administraciones sin contar con la aportación en términos ecológicos que la digitalización va a llevar a cabo. Daremos un paso más, pero un paso muy importante, en el abandono del soporte papel y por nuestra apuesta, como le decía antes,
por las sedes judiciales sostenibles, una apuesta decidida para las 1400 sedes judiciales con las que contamos en este momento en nuestro país.


Permítanme que me refiera, y alguno también lo ha hecho, a los conflictos que se mantienen con algunas asociaciones en relación con cuestiones retributivas. Señorías, tenemos en una consideración muy grande las reivindicaciones de las
centrales sindicales en el marco de la negociación tendentes a incrementar los complementos específicos de cuerpos generales, como también trabajamos, sin duda, para acordar con las asociaciones representativas de letrados y letradas de la
Administración de Justicia las condiciones de la adecuación salarial, abordadas en el marco del mismo proceso negociador. En esta sala me acompaña el secretario general del Ministerio de Justicia y creo que mañana se sentará de nuevo con una
asociación, la que convoca la huelga de letrados de la Administración de Justicia. Debo aclararle a algún representante de algún grupo parlamentario que los letrados de la Administración no están en huelga. Los letrados de Administración de
Justicia han hecho tres días huelga, un día en febrero y dos días en marzo. No están en huelga. Y la segunda cosa que quiero resaltar con respecto a algunas intervenciones que ha habido sobre los letrados de Administración de Justicia es que la
representación sindical, la de los sindicatos -estamos en un Estado democrático-, es la que tiene capacidad para negociar determinados aspectos, no las asociaciones, como en este caso, de los letrados de la Administración de Justicia. Pero en ambos
casos, por este secretario de Estado, por el Ministerio de Justicia y por el propio secretario general, como digo, que me acompaña, no va a faltar voluntad de dialogar y de llegar a todos los acuerdos que sean necesarios. Nosotros nos sentamos
habitualmente -insisto, alguno ha dicho que no- con los letrados de la Administración de Justicia, incluso con alguna asociación convocante de la huelga, pero con quién se negocia, y es que vivimos en una democracia, es con quien tiene capacidad
para negociar.


Voy a concluir, señor presidente, con una cuestión que creo que deben ustedes tener clara al término de esta comparecencia. Si algo he expresado en mi primera intervención es la voluntad decidida del Gobierno y también, por supuesto, del
Ministerio de Justicia de dar los pasos necesarios, que al día de hoy son más que convenientes, para la plena igualdad de la mujer, y no voy a referirme a alguna frase que ha dicho el Partido Popular sobre las fiscales y jueces que están en los
cursos de formación. Les decía que es una causa noble y un imperativo ético, porque la igualdad de la mujer debe ser y es algo consustancial a la dignidad de un país. Hay formaciones políticas que por conservar una cuota de poder han preferido
anteponer el servilismo de los valores básicos constitucionales, sinceramente, por mantener el Gobierno de una comunidad autónoma, y tengo que decirles que no todo vale en política.


Señorías, el Partido Popular es hoy la única formación integrada en el Partido Popular Europeo, la única, que ha claudicado frente a la extrema derecha, y les digo y les advierto que no van a doblegar la voluntad del Gobierno ni del
Ministerio de Justicia de hacer que esta sea una legislatura que evidencie los avances para las mujeres en España, por mucho que a algunos les duela.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor secretario de Estado.


PREGUNTAS:


- ACTUACIONES QUE VAN A LLEVARSE A CABO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA MINISTRA DE IGUALDAD DE QUE SE ESTABLEZCA UNA 'JUSTICIA FEMINISTA'.


AUTOR: ORTEGA SMITH-MOLINA, FRANCISCO JAVIER (GVOX).


SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ MARÍA (GVOX).


RUIZ NAVARRO, EDUARDO LUIS (GVOX).


ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ, CARLOS JOSÉ (GVOX).


DE LAS HERAS FERNÁNDEZ, PATRICIA (GVOX).


(Número de expediente 181/001200).


El señor PRESIDENTE: A continuación, seguiendo con el orden del día, corresponde la formulación de las preguntas. Para realizar la pregunta que aparece en segundo lugar en el orden del día que conocen, tiene la palabra la señora De las
Heras, en nombre del Grupo Parlamentario VOX.


Tiene su señoría la palabra.

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La señora DE LAS HERAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Yo formularé la pregunta en una única intervención, no lo haré de forma desglosada, con lo cual consumiré el tiempo de intervención en el primer turno.


El pasado 11 de junio, la ministra de Igualdad, en declaraciones públicas, exigió que se estableciese una justicia... (El señor secretario de Estado intercambia unas palabras con el señor presidente).


¿Le formulo la pregunta? Como está hablando... ¿Me escucha, secretario de Estado? ¿Le formulo la pregunta?


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Rodríguez Esquerdo): Perfectamente, soy vasco.


La señora DE LAS HERAS FERNÁNDEZ: El pasado 11 de junio, la ministra de Igualdad, en declaraciones públicas, exigió que se estableciese una justicia feminista y calificó la actual justicia de patriarcal que penaliza y criminaliza a las
madres que están defendiéndose a sí mismas y, sobre todo, a sus hijos e hijas de la violencia machista. Nos gustaría saber qué actuaciones va a llevar a cabo este ministerio para dar cumplimiento a las exigencias de la ministra de Igualdad, sobre
todo porque debemos partir del principio más básico: la justicia debe garantizar la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Sin embargo, este principio ya se quiebra con la ley integral de violencia de género, que -recordemos- fue apoyada por
todos los grupos políticos de forma unánime y que aún hoy se mantienen favorables a esta ley inconstitucional, una ley que aumenta las penas cuando el agresor es un hombre y la víctima una mujer; es decir, una ley que distingue entre sexos,
vulnerando de manera flagrante el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución. Casi doscientas cuestiones de inconstitucionalidad se presentaron al Tribunal Constitucional y fue el socialista Alfonso Guerra,
exvicepresidente del Gobierno, quien a finales de 2019 reconocía, como no podía ser de otro modo, que esta ley es claramente inconstitucional, pero además llegando a revelar que el Tribunal Constitucional recibió fuertes presiones para avalarla tras
las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas.


Ha hablado usted en su comparecencia de que es necesario alcanzar la igualdad. Entiendo que va a derogar la ley de violencia de género, una ley que parte de una presunción de culpabilidad y prohíbe a los padres ver a sus hijos o, en el
mejor de los casos, puede verlos media hora a la semana en un centro de visitas. Cuántos padres privados de eso precisamente, de poder hacer de padres. Tenemos una justicia que considera que haber nacido hombre es un pecado original y la ministra
de Igualdad la llama justicia patriarcal, y para decir estas barbaridades les quitan unos cuantos millones a los españoles. Se les debería caer la cara de vergüenza.


Pero esa desigualdad no solo afecta al varón, criminalizándolo antes de ser juzgado, sino que también afecta a las víctimas, desprotegiéndolas. ¿Es que acaso los hijos asesinados a manos de su madre no importan? ¿O las mujeres, a manos de
su pareja mujer? ¿O los hombres, a manos de su pareja hombre? ¿Por qué merecen menor protección? Explíquenles que sus vidas para este ministerio valen menos.


Debemos recordar, además, que este Gobierno declaró como esenciales los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. ¿Y es que acaso el resto de víctimas no lo son? Para este Gobierno ya sabemos que no. Para
este Gobierno hay víctimas esenciales y víctimas no esenciales. Lo más triste de todo es que se trata de una ley política, sin que realmente les importen las mujeres. A la vista está que esta ley discriminatoria no ha evitado que mujeres sean
asesinadas a manos de sus maridos. ¿Quieren proteger de verdad a las mujeres? Máxima condena para asesinos y violadores. En VOX condenamos todo tipo de violencia y afirmamos, sin que nos tiemble la voz por ello, que todas las víctimas valen lo
mismo, sin que haya unas de primera y otras de segunda. Aunque yo ahora mismo sea estigmatizada por salirme de lo políticamente correcto y del consenso político que votó de forma unánime en contra de ello, quiero decir una cosa: ¿Sabe qué es lo
que realmente criminaliza a las mujeres y, sobre todo, a las niñas? Que el partido de Gobierno se oponga a que se investiguen los abusos y la red de prostitución de las menores tuteladas de Baleares, drogadas, abusadas sexualmente, prostituidas y
una de ellas incluso obligada a abortar. Como mujer, como madre, me avergüenzo de que este Gobierno se oponga a su investigación y de que tenga que ser Bruselas, impulsada por VOX, la que actúe. Hasta los eurodiputados socialistas se oponen a que
la comitiva europea que viajará a las islas interrogue a dos madres de niñas. Titular del 5 de marzo (muestra un recorte de prensa): 'El PSOE intenta torpedear la investigación europea de los abusos a menores en Baleares'. Esta otra noticia del
sábado mismo, sin ir más lejos (muestra otro recorte de prensa): 'Dos detenidos en Palma por dar droga a menores fugadas a cambio de sexo'. Un dominicano de treinta y siete años y un argelino de veintidós acogieron en un apartamento a doce
adolescentes y las prostituían. Adolescentes fugadas de centros del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. O esta otra (muestra de

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nuevo un recorte de prensa): 'El juzgado investiga el caso de una menor tutelada que habría sido obligada a abortar'. Eso criminaliza a las mujeres, y lo que es patriarcal es prohibir que se investiguen abusos a niñas para evitar a toda
costa un escándalo mayúsculo y responsabilidades políticas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Rodríguez Esquerdo): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señora De las Heras, la igualdad entre hombres y mujeres es un eje transversal de la política de este ministerio y del Gobierno de progreso. Yo sé que a ustedes les puede doler, seguro que les duele, pero una de las señas de
identidad de este Ejecutivo es la conciencia feminista, es su apoyo a las mujeres, es su firme defensa de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Y desde el Ministerio de Justicia, como establece la Constitución, trabajamos
para remover los obstáculos al libre desarrollo de la personalidad. Y ni en esto ni en nada se puede dejar al margen a las mujeres en nuestro país. La propia ministra de Justicia en el Senado ya anunció hace unas semanas -le recomiendo que lea el
Diario de Sesiones del Senado- que es necesario eliminar expresiones arcaicas de nuestro ordenamiento jurídico, que, por cierto, usted ha utilizado; la ley de trata o la ley de regulación de reclamación de alimentos por la madre con carácter
retroactivo.


Señora De las Heras, usted tiene una concepción errónea, lamentablemente errónea del feminismo. Usted piensa, ustedes piensan, VOX piensa que el feminismo es poner a la mujer en un plano de superioridad frente al hombre. Pues no, no,
señora De las Heras, el feminismo no es ni más ni menos que poner en igualdad al hombre con la mujer y a la mujer con el hombre. (Aplausos). Y en esta igualdad debieran basarse los poderes del Estado.


La justicia no puede ser ajena a la realidad que vivimos en la actualidad. La respuesta del servicio público de justicia debe ser adecuada y firme. Para ello, es esencial reforzar la formación en perspectiva de género en la Administración
de Justicia. Antes, en la comparecencia, algún grupo ha hablado de la formación. Es necesario ofrecer a los operadores jurídicos una formación adecuada y especializada. En ese sentido, señora De las Heras, me voy a referir a la labor que en esta
materia realiza, si me lo permite, el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. Mire, antes le decía que más del 75 % del personal que trabaja en la Administración de Justicia está formado por el Centro de Estudios Jurídicos, pues
bien, más del 70 % del personal que se forma en el Centro de Estudios Jurídicos es mujer, desarrollando una estrategia de formación en igualdad, planificando las acciones formativas, profundizando en esta formación y haciéndola con un largo
recorrido para envolver dentro de ese carácter feminista el impacto de sus acciones formativas. Los módulos docentes del Centro de Estudios Jurídicos incluyen modelos específicos en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género, que
es verdad que ustedes llaman de otra manera: ¿intrafamiliar, es ahora?, ¿toca ahora intrafamiliar?


En segundo lugar, señoría, señora De las Heras, está la formación continua, algo muy importante en el Ministerio de Justicia. Los planes de formación continua de las distintas carreras y cuerpos prevén la formación específica en materia de
igualdad; una oferta formativa que va a suponer el 30 % del total de las actividades que realiza el Centro de Estudios Jurídicos; una oferta formativa mediante la cual es voluntad de este ministerio contribuir a la consecución de una sociedad con
plena igualdad de oportunidades y libre de violencia de género. Que le quede muy claro a su grupo parlamentario: plena igualdad y libre de violencia de género.


Mire, en el Ministerio de Justicia este año vamos a impartir veintidós actividades formativas basadas en ese criterio de igualdad de oportunidades. Le explico que el Centro de Estudios Jurídicos y la Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género del Ministerio de Igualdad firmamos el pasado 25 de octubre un convenio para la puesta en marcha de acciones conjuntas que quieren contribuir a la sensibilización, prevención, concienciación y detección de la violencia contra las
mujeres. Por tanto, señora De las Heras, si creemos en la justicia, debemos creer que la justicia debe estar en un permanente estado de formación en materia de igualdad y de violencia de género, de violencia contra las mujeres, y no solamente lo
creemos, señoría, sino que implantamos medidas administrativas y cambios legales para que así sea. Que a ustedes no les guste es otra cosa, será un problema suyo. Lo lamentable es que, además, quien lo dice, usted, es una mujer.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.

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- MOTIVO POR EL QUE LA MINISTRA DE JUSTICIA NO HA DIMITIDO TRAS HABERSE CONOCIDO EL FALLO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR LA QUE SE DECLARA INCONSTITUCIONAL PARTE DEL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE
DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, APROBADO POR EL GOBIERNO.


AUTOR: ORTEGA SMITH-MOLINA, FRANCISCO JAVIER (GVOX).


SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ MARÍA (GVOX).


RUIZ NAVARRO, EDUARDO LUIS (GVOX).


ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ, CARLOS JOSÉ (GVOX).


DE LAS HERAS FERNÁNDEZ, PATRICIA (GVOX).


(Número de expediente 181/001210).


El señor PRESIDENTE: Para realizar la siguiente pregunta, que figura en el orden del día como número tres, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, el señor Zambrano.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente, lo haré en dos turnos.


Señor secretario de Estado, decía usted antes que son muy respetuosos con la Constitución y con las decisiones de los jueces y que no vienen a repartir carnés de constitucionalismo. No es necesario; para los miembros de este grupo es
absolutamente innecesario. Tenemos muy claro que, precisamente, defender la democracia es luchar contra los planteamientos que hacen desde grupos como el suyo.


Poco después de cesar el exministro de Justicia, señor Campo, que fue utilizado para dar los indultos a los que antes me refería del procés y luego ser cesado -una prueba más de que este Gobierno no es de fiar ni siquiera para los suyos-, el
Tribunal Constitucional dictó primero una primera sentencia, luego una segunda y luego una tercera que venían, como usted sabe, a anular parte de los reales decretos de estado de alarma y otros, que venían a decir en definitiva que los ciudadanos
habían sido privados de una serie de derechos, que el Congreso había sido privado del poder de control, que se habían vulnerado los derechos políticos de los diputados, etcétera. Eso lo sabe usted perfectamente.


¿Cuál fue la reacción del Gobierno de boca de su actual ministra de Justicia? Se limitaron las facultades del Consejo General del Poder Judicial, a través de una legislación de la que usted fue ponente, como le dije antes; se pactaron con
el Partido Popular los nuevos nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional; se criticó al Tribunal Constitucional, se habló de división interna, y se reafirmaron en la valoración positiva de los actos ilegales del propio Gobierno.
Extraño respeto a la Constitución y extraño respeto a las decisiones de los jueces y magistrados de España. La pregunta es muy sencilla: Después de estas resoluciones judiciales nada más y nada menos que del Tribunal Constitucional, ¿no ha habido
alguien en el ministerio, no ya la ministra, que haya tenido la vergüenza torera de dimitir? ¿Es que este Gobierno, aparte de no tener vergüenza, tampoco es de fiar? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la actitud de este Gobierno ante las instituciones y el
respeto a las resoluciones judiciales? ¿No hay la más mínima humildad en este Gobierno?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, para responder a la pregunta, tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Rodríguez Esquerdo): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Zambrano, señoría, las decisiones del máximo intérprete de la Constitución, de nuestra respetada Constitución -respetada por este Gobierno y también por ustedes, supongo que en esto estará de acuerdo conmigo-, deben ser acatadas y
cumplidas por los ciudadanos y por los poderes públicos -supongo que también estará de acuerdo conmigo en esto-, se compartan o no se compartan las decisiones fundamentales que se sustenten. Este es un principio básico de democracia. Me gustaría
que aquí también estuvieran de acuerdo conmigo, pero creo que no, que en lo de la democracia ustedes no tienen la misma definición que tenemos en el Gobierno. Esto es un principio básico.


Decía que se puede discrepar respetuosamente de las sentencias de los tribunales, como se ha hecho con la sentencia que usted menciona, pero en los momentos más duros de la crisis, señor Zambrano, en los momentos más difíciles de la crisis
sanitaria este Gobierno tomó las medidas que tenía que tomar, que eran las necesarias y que entendió que estaban amparadas por la Constitución española, como también

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lo entendieron, señorías, señor Zambrano, algunos magistrados del Tribunal Constitucional. Señoría, seamos justos, seamos justos. Eran las medidas necesarias que había que tomar para contener la pandemia y, sobre todo -no se olvide-, sobre
todo, señor Zambrano, para salvar vidas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.


Tiene la palabra el señor Zambrano.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Muy brevemente, señor presidente.


Señor secretario de Estado, efectivamente, confiamos el Tribunal Constitucional; fue VOX el que formuló los recursos contra esos actos del Gobierno. Y efectivamente, podemos hoy comprobar algo de lo que usted hablaba antes, que este
Gobierno no es de fiar, no es de fiar para España; sí puede ser de fiar -entre comillas- para el respaldo de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, sí, porque estamos en un sistema de disciplina de partido, de listas cerradas, donde
el diputado de esa coalición que se atreva a pensar por sí mismo simplemente no va a ir en las próximas listas electorales, es así de sencillo. Ese es el sistema de partidos impuesto por el bipartidismo en estas decenas de años que llevamos de
democracia. En definitiva, lo que se confirma, efectivamente, es que en este ministerio, en este Gobierno -porque no solo hemos hecho esta pregunta al Ministerio de Justicia, también la hemos hecho al Ministerio del Interior y al Ministerio de
Presidencia- no hay nadie con la vergüenza torera suficiente como para reconocer los gravísimos errores que se cometieron y los derechos que se conculcaron, como pusieron en evidencia estas tres sentencias del Tribunal Constitucional. Bueno, pues
como este Gobierno no es de fiar para los españoles, como ya ha engañado a los españoles una y otra vez -la primera fue justo después de los resultados de las últimas elecciones, cuando fue corriendo a pactar un Gobierno con quien prometió una y
otra vez que no iba a pactar-, nos encontramos con que, efectivamente, se confirma lo que ya venimos diciendo desde hace meses. Este es un Gobierno presidencialista, autoritario, que impone una mayoría absoluta como rodillo a cambio de
negociaciones partidistas, de mercadeo político y de pactos con separatistas, con independentistas, con bilduetarras y con comunistas.


Por último, quiero hacer mención a una alusión anterior del Grupo Socialista. Hoy aquí se nos ha relacionado de forma retórica incluso con Putin. Putin es comunista, de la KGB. (Risas). Que la izquierda venga a relacionar a un partido
democrático, que respeta la ley, que respeta la Constitución, como es VOX, con Putin ya es de risa.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zambrano.


A continuación, tiene la palabra el señor secretario.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Rodríguez Esquerdo): Muchas gracias, señor presidente.


Bueno, algo he avanzado. Ya no somos nada de fiar, somos algo de fiar. Por lo menos me reconoce que la mayoría del Parlamento está de acuerdo con el Partido Socialista y el equipo de Gobierno.


Que a usted no le guste el sistema de partidos me preocupa, me preocupa profundamente, porque igual tienen otros pensamientos en la cabeza que no es el sistema de partidos, sino un sistema anterior de cuarenta o cincuenta años atrás. Y que
usted diga que Putin es comunista, ya es que me da la risa, me da la risa. Los comunistas de verdad tienen que estar removiéndose en la tierra rusa, en la madre Rusia, si oyen sus palabras. Espero que no lo oigan, de verdad; espero que no oigan
decir que Putin es comunista. Lo que hay que ver.


Sobre el tema en cuestión, yo creo que está todo dicho. Lo ha manifestado el ministro Bolaños en su comparecencia en la Comisión Constitucional y lo ha manifestado la ministra de Justicia tras la primera y la segunda sentencia. Ante la
mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente, el Gobierno adoptó las medidas urgentes, inmediatas y proporcionales que tenía que adoptar. Por cierto, señor Zambrano -le recuerdo-, medidas similares a las que se adoptaron en los países de
nuestro entorno, y solo con un objetivo, le repito, un objetivo: salvar vidas. No se olvide de eso. El confinamiento permitió salvar más de 450 000 vidas.


Usted no es el más adecuado para hablar de mercadeo político. Hombre, no es el más adecuado. Es que hace menos de veinte días salió en televisión su líder máximo diciendo ya el día de las elecciones de Castilla y León que veía de
vicepresidente al otro. No es usted el mejor para hablar de mercadeo político.

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Permítanme que me haga unas preguntas que se haría cualquier ciudadano de bien de este país por vergüenza torera, ¿sabe usted?, por vergüenza torera. ¿Cómo es posible que ustedes presenten esta pregunta, pidan explicaciones al Gobierno,
presenten recursos y pidan dimisiones, si ustedes fueron los que exigieron el estado de alarma el 10 de marzo de 2020 y votaron a favor de la primera prórroga del estado de alarma el 25 de marzo de 2020 en esta misma Cámara? De verdad, ¿es normal
que ustedes en esta Cámara pidieran la suspensión de las sesiones de esta Cámara en marzo de 2020 para luego recurrir al Tribunal Constitucional la suspensión de las sesiones producida en marzo de 2020? De verdad, ¿es normal? ¡Si es lo que ustedes
habían pedido! Se puede discrepar de los fallos del Tribunal. Hombre, se deben cumplir los fallos del tribunal -se lo insistía antes-, pero lo que no se puede hacer, señoría, es socavar los cimientos de nuestro sistema democrático. No se puede,
como ustedes hacen, golpear la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Lo que no se puede hacer es ser antisistema. Piden ustedes unas medidas y, cuando se toman, recurren esas medidas. Señorías, su ofensiva no es en contra del Gobierno,
no, ojalá fuera en contra del Gobierno; su ofensiva en contra del Estado de derecho. Esa es la ofensiva de VOX. Mire, usted es también -se lo decía antes al señor Bal- como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer, y en lo que vamos a
caer es en la falta de respeto a las instituciones, a los tribunales, a esta Cámara y, lo que es peor, a la democracia. ¿Usted se ha leído la sentencia? ¿Se la ha leído usted entera? ¿Se la ha leído entera? Mire, yo le voy a decir textualmente
que el Gobierno tomó las medidas que tenía que tomar para salvar vidas.


Y acabo, señor presidente. Seis magistrados del Tribunal Constitucional apoyaron la sentencia que usted cita. Cinco magistrados del Tribunal Constitucional apoyaron al Ejecutivo. Lo que yo tengo muy claro -y me gustaría que usted también
lo tuviera claro- es que el Gobierno y las autoridades autonómicas tomaron siempre las medidas que tuvieron que tomar para salvar vidas y la salud de los ciudadanos, y lo hicieron bajo el paraguas legal y jurídico, como dice el propio tribunal en
esa sentencia que usted nos ha leído, que le proporcionaba el estado de alarma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.


- CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS Y RAZONES DE 'JUSTICIA Y EQUIDAD' QUE HA VALORADO LA MINISTRA DE JUSTICIA PARA OTORGAR EL INDULTO A DOÑA JUANA RIVAS GÓMEZ.


AUTOR: ORTEGA SMITH-MOLINA, FRANCISCO JAVIER (GVOX).


SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ MARÍA (GVOX).


RUIZ NAVARRO, EDUARDO LUIS (GVOX).


ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ, CARLOS JOSÉ (GVOX).


DE LAS HERAS FERNÁNDEZ, PATRICIA (GVOX).


(Número de expediente 181/001587).


El señor PRESIDENTE: A continuación, para formular la última pregunta que aparece en el orden del día, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, el señor Ruiz.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente. Utilizaré dos turnos.


Señor secretario de Estado, usted ha venido aquí a responder, no a acusar. Está usted en la sede del Parlamento, de la soberanía nacional, no es su casa. Cambie usted el papel. Usted viene como Gobierno, para responder, no para acusar.
Eso, para empezar. Sea usted un poco más respetuoso con los derechos de los parlamentarios.


Queremos saber qué es lo que ha pasado con el indulto a la señora Juana Rivas, por qué el Gobierno le concedió este indulto. Mire, si algo ha dejado claro VOX en todas sus intervenciones es que la figura del indulto no nos gusta, y no nos
gusta porque, como en el caso de la señora Juana Rivas o como en el caso de los golpistas catalanes, este Gobierno la está utilizando exclusivamente por intereses políticos y bajo criterios políticos, y la política debería estar lo más lejos posible
de la Administración de Justicia.


Señor secretario de Estado, cuando un gobierno concede un indulto está desautorizando el trabajo del Poder Judicial. Es una clara injerencia que lesiona la división de poderes. Nunca debió concederse el indulto a la señora Rivas por dos
razones específicas. La primera, porque incumplió la primera de las condiciones que establece la propia ley, que es el hecho de que no cause perjuicio a tercera persona. Es evidente que quien sufrió la privación de sus derechos paternofiliales por
el secuestro que perpetró la indultada fue su exmarido, don Francesco Arcuri, quien ha sido objeto también de una revictimización por

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el propio aparato del Estado. No me diga usted, señor secretario de Estado, que es admisible que una ministra del Gobierno de España -la señora Montero- pierda las formas insultando al señor Arcuri, víctima de un delito tan grave, a quien
no conoce de nada, ni conoce su sufrimiento, porque, como es hombre, probablemente eso no importa, ¿verdad? Tampoco conoce nada del proceso penal que acabó con la condena de la señora Rivas, y es que, en realidad, la señora Montero no sabe nada de
nada, pero sorprendentemente es ministra del Gobierno de España. La segunda, que es la más grave, es que en 2017 el hijo pequeño del señor Arcuri fue víctima de un abuso sexual cuando se encontraba bajo la custodia de la señora Rivas y dicha señora
no solo no lo denunció, sino que ha hecho todo lo posible por entorpecer la investigación judicial, algo que el propio magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha dicho públicamente. Ustedes, Gobierno, ustedes lo sabían. Por mucho
que usted se llene la boca de igualdad, su igualdad es más falsa que una moneda de chocolate. Mire usted, aquí la igualdad siempre la refieren para la mujer, pero nunca para el hombre. La igualdad tiene que ser de la mujer con el hombre y del
hombre para la mujer, pero ustedes al hombre solo lo conciben con un sujeto de segunda categoría, bajo la bota de leyes como, por ejemplo, la de la violencia de género.


En definitiva, el indulto que ustedes han concedido a la señora Rivas no solo es repugnante, es que su Gobierno le deja las manos libres para seguir poniendo en riesgo la integridad física de sus hijos. Por tanto, ustedes se han cubierto de
gloria, para variar.


El señor PRESIDENTE: A continuación, para responder, tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Rodríguez Esquerdo): Muchas gracias, señor presidente.


Para aclarar un concepto gastronómico: la moneda de chocolate puede estar buena o puede estar mala, pero es de chocolate, no es de otra cosa, es una moneda de chocolate. Por lo tanto, no es ni falsa ni no falsa, es una moneda de chocolate.


De verdad, señoría, señor Ruiz, dentro de sus muchos problemas, dentro de sus muchos muchos muchos errores, este es uno muy importante, muy muy importante. Yo no voy a hablar hoy en esta pregunta de la igualdad de las mujeres -ya hemos
hablado mucho a lo largo de la mañana-; no voy a hablar de si una mujer busca lo mejor para sus hijos o no; no voy a hablar tampoco de los problemas de misoginia que tienen ustedes en su partido, no lo voy a hacer; no voy a hablar de esos
problemas de misoginia que van a llevar a algunas comunidades autónomas a decir cosas que el Partido Popular está diciendo, no lo voy a hacer. Usted, señoría, y sus correligionarios de la derecha de esta Cámara tienen una cosa clara, y lo han dicho
de manera reiterada: no aceptan a este Gobierno, no creen legítimo a este Gobierno. Les molesta, no toleran, les pone de los nervios que este Gobierno no solo gobierne, sino que haga uso de las facultades que la Constitución le da, entre ellas,
señoría, la prerrogativa del indulto. Y esto es lo que traen ustedes aquí. A ustedes les importan un higo Juana Rivas y los hijos de Juana Rivas. Ustedes traen aquí hoy solamente su crítica al Gobierno, y no toleran, les pone de los nervios que
el Gobierno utilice sus facultades. Por eso rebuscan sobre el indulto y hablan de Juana Rivas. No les importa Juana Rivas, porque ustedes tienen una mezcla difícil de macerar: un machismo patológico, por un lado, y no asumir que el Gobierno puede
dictar indultos, como así lo dice la Constitución y la ley.


El indulto, señor Ruiz, es un acto discrecional. Es una pena que no haya venido el señor Ortega -que firmaba esta pregunta- a esta Comisión. A usted seguramente le hubiera gustado que más que indultar a la señora Rivas se indultara, por
ejemplo, al toro (muestra una fotografía), al toro este que se hace fotos con usted, con el señor Ortega, que es de VOX, uno que fue condenado en Toledo. Seguramente, le hubiera gustado más indultar al toro. Pues el Gobierno no indultó al toro,
indulta a la señora Rivas. Es así, señoría.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.


A continuación, tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.


Ha dejado claro, señor secretario de Estado, que el problema lo tiene usted o su Gobierno, porque es evidente que ha omitido usted claramente, por su mentalidad femimarxista, que los hijos de Juana Rivas son también de Francesco Arcuri.
Usted nunca se acuerda de mencionar al padre de los hijos, ¿verdad?,

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que en este caso es el perjudicado por la situación. (Risas). No, no se ría usted, porque la situación de este señor es muy delicada gracias a su Gobierno.


Le voy a hacer una cita textual, a ver si la recuerda usted o si le suena de algo: Una democracia en la que la mitad de la población vierte violencia sobre la otra mitad no es democracia. ¿Le suena a usted esta cita? La dijo Pilar Llop
Cuenca. Esto quiere decir que para la ministra de Justicia de todos los españoles, los hombres -es decir, la mitad de la población- somos todos unos maltratadores y las mujeres -la otra mitad- son siempre víctimas. Por eso en España no hay
democracia, por eso el señor Arcuri tiene que ser un maltratador y por eso no puede tener derechos. Digámoslo claro: Su Gobierno ha blanqueado e indultado a una delincuente por su ideología femimarxista. Pasamos del 'hermana yo sí te creo' al
'hermana yo aquí te indulto', por el artículo 33. Para ustedes, el feminismo es eso, femimarxismo, es decir, la lucha de sexos, donde, evidentemente, ustedes siempre apuestan por el mismo. ¿Dónde queda el informe pericial de la psicóloga forense
italiana, Ludovica Iesu, que detalla que la señora Rivas sufre un funcionamiento mental patológico que podría dañar a sus hijos? Entre otras cosas, habla de manipulación de los hijos y habla de utilizarlos como escudos humanos. ¿Qué me dice usted
del informe pericial utilizado por el Tribunal de Menores italiano, que dice que la señora Rivas padece un funcionamiento psíquico gravemente patológico asociado a una desorganización mental?


Le pregunto, señor secretario de Estado: ¿Qué conclusiones podemos sacar de este indulto que ustedes han concedido? ¿Les parece a usted y a su Gobierno que secuestrar hijos es una conducta digna de compasión e incluso de promoción por
parte de los poderes públicos, especialmente si quien lo hace es una mujer? Porque este es el mensaje que ustedes lanzan a los españoles con esta decisión y con los mensajes de apoyo emitidos desde su Gobierno. Ya se han comentado antes los de la
señora Montero. Así que, me gustaría que, ya de paso, me contestara usted a preguntas que le han hecho anteriormente: ¿Cree usted que en España existe una justicia patriarcal? ¿Cree usted que la justicia española penaliza y criminaliza a las
madres que se defienden o defienden a sus hijas de la violencia machista? Le pregunto esto porque, lógicamente, si usted está de acuerdo con estas afirmaciones, debería hacer algo al respecto, ¿no? Y la pregunta siguiente es: ¿Va a hacer usted
algo?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz.


A continuación, tiene la palabra, para terminar la respuesta a la pregunta, el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Rodríguez Esquerdo): Muchas gracias, señor presidente.


No sé si usted me ha dicho que soy pseudomarxista o soy femimarxista. Me han llamado muchas cosas a lo largo de mi vida política -siendo alcalde, muchas más-, pero nunca me han llamado pseudomarxixa -no lo sé-, y femimarxista, tampoco. Le
aplaudo de verdad. Le aplaudo si de verdad me ha dicho que soy femimarxista; me lo voy a apuntar, porque es algo que nunca me habían llamado y me va a quedar ahí, en mi parte del subconsciente. Lo agradezco de verdad, profundamente además.


Ustedes tienen una inquina insana a quien piensa diferente a ustedes. Tienen un problema, una inquina insana. Yo no sé cómo se llama eso técnicamente, pero ustedes no conciben que se indulte a Juana Rivas y, lo que todavía es peor, lo que
ustedes piensan es que este indulto no es un acto discrecional del Gobierno, sino un acto arbitrario del Gobierno. Y esto mismo lo piensa el resto de la derecha española. Lamentablemente para la democracia española, no hemos tenido suerte con
ustedes. Mira que lo hemos intentado, pero no hemos tenido suerte; no nos ha tocado una derecha ni una ultraderecha con sentido de Estado. Ustedes, poco menos que han extendido el bulo de que doña Juana Rivas ha sido exonerada de toda culpa, de
que a esta señora se le ha quitado cualquier tipo de condena. Pues, no es así, y usted lo sabe. No ha dicho en toda su intervención que Juana Rivas es culpable y que así lo dijo el Poder Judicial; y, precisamente, porque es culpable y porque
asume la culpabilidad se le puede indultar una parte de la pena que le quedaba por cumplir. No lo ha dicho en su intervención. Digámoslo claro: se le ha indultado una parte de la pena que le quedaba por cumplir, conmutando dicha pena por otra.
Señoría, para que quede muy claro en el Diario de Sesiones: se le ha otorgado un indulto parcial como estipula la ley para estos casos, porque, oyendo su intervención, parece que a Juana Rivas se le ha quitado toda condena. Ese indulto parcial se
hace atendiendo a las circunstancias del caso de la señora Rivas y de sus hijos. Señorías, como les digo, a ustedes no les duele la señora Rivas; a ustedes no les duelen los hijos de la señora Rivas. Lo que ustedes piensan -y lo han dicho
reiteradamente- es que este es un Gobierno

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ilegítimo y que los indultos que concede un Gobierno ilegítimo no tienen que ser concedidos porque son también indultos ilegítimos. Eso es lo que les duele, por eso ustedes acuden a los tribunales y por eso ustedes recurren el indulto, no
porque el indulto tenga un defecto de forma, no porque les preocupen los hijos de la señora Rivas, no porque les preocupe el exmarido de la señora Rivas. Van ustedes a recurrir el indulto solamente porque creen que no es correcto que un Gobierno
ilegítimo presente un indulto. Yo les recuerdo simplemente que la cuestión de fondo es que es una prerrogativa propia del Gobierno, tal y como establece la Constitución. Sigan ustedes y todos sus palmeros atacando al sistema democrático, sigan
ustedes atacando en este caso a la señora Rivas y dejen que quien lucha por sus hijos lo haga con todas las consecuencias.


Muchas gracias, señor presidente, por esta comparecencia y por estas preguntas. Muchas gracias a todos los diputados y las diputadas miembros de esta Cámara. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.


Con esta última respuesta a las preguntas que aparecían en el orden del día termina la sesión de la Comisión. Gracias a todos por su participación.


Se levanta la sesión.


Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.