CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 542

CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GERARDO PISARELLO PRADOS

Sesión núm. 24

celebrada el miércoles,

17 de noviembre de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley de convivencia universitaria. (Número de expediente 121/000068) ... (Página2)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proyecto de ley de convivencia universitaria. (Número de expediente 121/000068) ... (Página2)


- Votaciones ... (Página13)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIA. (Número de expediente 121/000068).


El señor PRESIDENTE: Muy buenos días a todas y a todos.


Comenzamos esta sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades procediendo a tramitar el orden del día, con la aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley
de convivencia universitaria.


En primer lugar, someto a la Comisión la ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de convivencia universitaria. ¿Se ratifica por asentimiento? (Asentimiento). Muy bien, queda, por lo tanto, ratificada la
ponencia.


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIA. (Número de expediente 121/000068).


El señor PRESIDENTE: Pasamos directamente al debate para la aprobación con competencia legislativa plena del proyecto de ley antes mencionado.


Como saben, según la ordenación del debate, se utilizará un solo turno, de menor a mayor, para la defensa de las enmiendas que quedan vivas y la fijación de posiciones por un tiempo máximo de diez minutos.


Comenzamos con el Grupo Vasco. Tiene la palabra la Diputada Josune Gorospe.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos.


Aunque en esta fase de trámite parlamentario el orden habitual suele ser la defensa de las enmiendas presentadas por los distintos grupos, en nuestro grupo parlamentario hemos decidido comenzar nuestra intervención por destacar lo que
consideramos que es verdaderamente el valor añadido del texto legislativo que hoy debatimos y probablemente sea aprobado, nos referimos a la mediación como medio de resolución de conflictos. A nuestro entender, el proyecto de ley identifica los
principios básicos del mecanismo y del procedimiento de mediación, y desde nuestro grupo parlamentario reivindicamos que manteniéndose la mediación como procedimiento a desarrollar, las comunidades autónomas tengan campo abierto para el desarrollo
del citado procedimiento, así como las universidades en el ejercicio de su autonomía universitaria; es decir, que las comunidades autónomas puedan desarrollar estas herramientas por propia normativa o remitir su regulación a las universidades.


Hemos llegado a un acuerdo de una transaccional al artículo 6, que incorpora al texto legal dos aspectos determinantes para nuestro grupo: uno, el respeto a las competencias de las comunidades autónomas con la incorporación de la expresión:
'sin perjuicio del desarrollo que en el ámbito de sus competencias pudieran llevar a cabo las comunidades autónomas'. Así lográbamos, desde un punto de vista competencial, visibilizar la autoridad normativa en la materia y recoger expresamente el
necesario respeto de la competencia autonómica para la regulación de este tipo de procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos, que al ser de carácter voluntario y no constituir un requisito obligatorio previo a la vía judicial pueden
ser desarrollados por la normativa autonómica.


Segundo aspecto que se incorpora, también muy importante: el carácter obligatorio de la mediación. Aunque en el texto del proyecto de ley se establecía la obligatoriedad de la mediación en las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista,
Unidas Podemos y Esquerra Republicana, esta obligatoriedad desaparecía porque se pasaba de 'contarán' a 'podrán desarrollar'. Sin embargo, en la transaccional que hemos firmado el Grupo Vasco con dichos grupos, con el PSOE, con Unidas Podemos y
Esquerra Republicana, hemos logrado que se incorpore nuevamente que las universidades desarrollarán, sin carácter optativo, en sus normas de convivencia medios alternativos de solución de conflictos de la convivencia basados en la mediación. Medios
que en todo caso deben descansar sobre los principios de voluntariedad, confidencialidad, equidad, imparcialidad, buen hacer, respeto mutuo, prevención y prohibición de represalias, flexibilidad, calidad y transparencia, como estaba establecido.

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En cuanto a las enmiendas que el Grupo Vasco ha presentado, han sido siete enmiendas parciales. La primera de ellas, a la exposición de motivos, también ha sido objeto de transacción. Se ha eliminado del texto legal la referencia al
artículo 149.1.1.ª de la Constitución, dado que, a nuestro entender, en esta norma no está de modo alguno implicado el citado título estatal. En realidad, nuestro grupo considera que el único título afectado por el proyecto de ley sería el
149.1.30.ª de la Constitución, que es por el que se desarrolla también el artículo 27 de la Constitución.


La segunda enmienda que hemos presentado ha sido al artículo 13.2 y ha sido considerada en una enmienda transaccional, firmada -esta y la anterior- por los grupos que he mencionado al inicio de mi intervención. Ha sido incorporada al texto
del informe de la ponencia, cuyo objeto es visibilizar las competencias que para la regulación de la potestad sancionadora tienen las comunidades autónomas. En coherencia con esta enmienda se ha incorporado también una transaccional al artículo
17.2.


Presentamos también una enmienda de supresión de la disposición adicional segunda, porque no es lógico, a nuestro juicio, que una potestad autoejecutiva de carácter general de tan importante calado sobre la actividad universitaria se
reconociera en esta disposición adicional. Hemos firmado una transaccional que también ha sido incorporada, en la que se reconoce que las universidades públicas tienen la potestad de ejecución forzosa de los actos administrativos, pero únicamente
los establecidos en esta ley, de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos.


En cuanto a la enmienda de supresión de la disposición final primera, en coherencia con lo acordado en la exposición de motivos, ha sido también incluida en el texto.


Pedíamos, asimismo, la supresión de la disposición final segunda en nuestra enmienda 69, pero hoy presentamos una enmienda transaccional firmada con el Grupo Socialista, con Unidas Podemos y con Esquerra Republicana, que será sometida a
debate en los términos acordados en dicha transaccional. Inicialmente estaba previsto que el Ejecutivo tuviera la posibilidad de hacer un desarrollo vía reales decretos con carácter de normas básicas que podían restringir el marco de las
competencias autonómicas y de la autonomía universitaria, y consideramos que el desarrollo de esta ley debía estar en manos de las comunidades autónomas y de las universidades. Hemos llegado a esta enmienda transaccional con un acuerdo para
modificar ese texto, que es más respetuoso con el reparto competencial vigente. En él se dice que corresponde al Gobierno, a las comunidades autónomas y a las universidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.


En relación con la única enmienda presentada por nuestro grupo que no ha sido aprobada, se la voy a explicar por si alguno de los grupos parlamentarios aquí presentes tiene a bien reconsiderar su posición y votar a favor de la misma. Es una
enmienda presentada el artículo 22, porque consideramos que el procedimiento sancionador previsto en el proyecto de ley traspasa el concepto de bases, llegando a una concreción y detalle que dificultan la competencia autonómica y superan ampliamente
la esfera de los principios que anima el propio proyecto de ley. Por ello, nuestra enmienda propone que el citado artículo se limite a establecer que el procedimiento disciplinario se desarrollará de acuerdo con lo establecido por las comunidades
autónomas y las universidades, respetando los principios contenidos en esta ley.


Afrontamos el debate del proyecto de ley con cuatro objetivos: en primer lugar, derogar el decreto de 1954 vigente por considerarlo en algunos aspectos antidemocrático con respecto al marco democrático vigente actual. En segundo lugar, que
el texto legal que lo sustituya se limite a lo básico, siendo su contenido lo más amplio y flexible posible para permitir que las comunidades autónomas con competencias normativas en la materia puedan adoptar sus propias alternativas políticas en
función de sus circunstancias específicas. En tercer lugar, que se reconocieran y visibilizaran lo máximo posible las competencias de las comunidades autónomas en la materia, así como la autonomía universitaria, y así es gracias a los textos de las
transaccionales que se han incorporado en el trámite parlamentario. Y en cuarto lugar, que mantuviera el mecanismo de mediación como vía de resolución de conflictos con carácter obligatorio para las universidades, y así es gracias a la
incorporación de la transaccional al artículo 6, como he explicado al inicio de mi intervención. Por todo ello, nuestro grupo votará a favor del texto.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko. Muchas gracias, diputada.


Es el turno del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el Diputado López-Bas Valero.

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El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente.


Evidentemente, estamos en el trámite de debate y de defensa de las enmiendas, pero yo creo que todos somos conscientes de cuáles son las enmiendas que se van a incorporar definitivamente al texto legal y cuáles no, porque ni siquiera han
tenido la oportunidad de ser comentadas al menos con los grupos proponentes, en este caso el mío.


El proyecto de ley que se debate en esta Comisión en su última versión, que desde luego nada tiene que ver con el proyecto que se planteó inicialmente por el ministerio dirigido por el señor Castells, tiene como objeto, como se ha dicho,
actualizar el régimen disciplinario sobre todo del estudiantado universitario y, en la práctica, derogar el anacrónico decreto de 8 de septiembre de 1954, que contiene el Reglamento de disciplina académica de los centros oficiales de enseñanza
superior y de enseñanza técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo, porque no creo que nadie en esta Comisión vaya a plantear que se deba mantener o que incluso sea necesaria una norma de
1954, que por tanto es absolutamente preconstitucional. Pero es tan preconstitucional como inaplicable, y lo sabemos todos, porque en la práctica, debido a la cláusula general derogatoria del texto constitucional, la aplicabilidad de esa norma
prácticamente ha desaparecido. Creo que además nadie recuerda que haya habido un campus universitario con un rectorado que haya tenido un problema desde 1978 en la aplicación de ese decreto de 1954. Es más, es que deberíamos tener claro que
también hay otras normas muchísimo más anacrónicas, muchísimo más preconstitucionales incluso por el elemento temporal, como puede ser por ejemplo, y seguro que a ustedes les suena, la Ley de 18 de junio de 1870 del derecho de gracia del Gobierno,
es decir, la ley de los indultos que permite indultar a condenados por la justicia. Mucho más preconstitucional es esta que aquella, que tanta necesidad tiene. Incluso parece que al Gobierno o a algunos grupos de esta Comisión les preocupa más la
preconstitucionalidad de unas normas que de otras, solo cuando les interesa.


Al Grupo Ciudadanos le parece que está muy bien que vayamos a actualizar una regulación que tiene nada menos que setenta años, pero resulta curioso que el Gobierno desde 1978 con la promulgación de la Constitución, después de casi cuarenta y
tres años, no se haya dado cuenta de que era una norma que necesitaba de una urgentísima reforma, sobre todo porque además en España, de esos cuarenta y tres años, en veintiuno ha habido gobiernos de izquierdas, del Partido Socialista en concreto, y
nunca se habían dado cuenta de la necesidad de reformar ese decreto de 1954. Y es que esa es la pregunta: ¿cuántos problemas se han suscitado desde el 78 con expedientes sancionadores en las universidades españolas que hayan supuesto un problema
para los rectores que tenían que aplicar esa norma de 1954? Porque en lo que estamos de acuerdo es en que la norma debe ser derogada, debe ser actualizada al marco constitucional actual. De hecho, nos parece importante y procedente que esta ley
sea denominada de convivencia universitaria, claro que sí, porque al fin y al cabo, qué problema tiene hoy la universidad que no sea la gestión económica de la misma o la identidad y número de sus títulos de grado y de máster o su necesaria
evolución hacia la calidad, la digitalización y la internacionalización; qué problema realmente tiene si no es el de la convivencia; y, además, el de la convivencia en los campus universitarios basada en conflictos sobre todo de sesgo político o
ideológico, porque eso es lo que estamos viendo actualmente. Hoy la universidad ha dejado de ser en muchos sitios un lugar de debate abierto, de confrontación de ideas, que es lo que debe ser la universidad, donde ya la palabra, el argumento y la
libertad para expresarlos no son las herramientas que se utilizan. En muchos campus -lo estamos viendo- se libra una batalla entre la libertad y la tolerancia y la imposición y el totalitarismo ideológico, y esta ley era una buena oportunidad para
evitar ese camino que se ha iniciado desde cualquier frente ideológico, que lleva a una deriva muy peligrosa, porque siempre hay quien agrede y quien es agredido, quien coacciona y quien es coaccionado y quien insulta y quien es insultado.


Como digo, la ley era una oportunidad para acabar con los escraches en la universidad, de cualquier signo político, y frente a quien pudiera producirlos. Era una oportunidad para acabar con las agresiones en determinadas universidades a
quienes defienden valores constitucionales que precisamente la ley dice que trata de proteger. Pero desgraciadamente no es así, y en ese sentido iban precisamente las enmiendas del Grupo Ciudadanos, enmiendas que apostaban por el sistema del
ministro Castells de priorizar un sistema de mediación antes que un sistema disciplinario. Pero ustedes con sus enmiendas, las que van a salir aprobadas, se van a cargar ese modelo Castells para convertirlo en la ley de Esquerra y en la ley de
Podemos, pero sobre todo de Esquerra Republicana y de la necesidad que tiene de tener un instrumento legal curiosamente, amparado teóricamente en la Constitución, para legitimar lo que está pasando en las universidades públicas catalanas. ¿Va a
defender esta ley a quienes son agredidos o coaccionados?

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¿Protege a quienes se pretende expulsar de los campus universitarios por motivos ideológicos? Nosotros entendemos que no, que no va a ser así. Y no, porque cuando era una ley del ministro Castells era una cosa, pero hoy, como digo, es
otra; es la ley de Esquerra y de Podemos, y su único objetivo es legitimar lo que está pasando en determinadas universidades, donde la violencia se ha impuesto para vetar que, por ejemplo, se pueda dar una conferencia amparándose en un supuesto
derecho de manifestación o de reunión, al que le van ustedes a dar preferencia y prioridad frente a la verdadera libertad de expresión, que es la de poder hablar y pronunciarse sobre cualquier cosa en una universidad. Van ustedes a legitimar que
una carpa con la bandera de España pueda ser vandalizada cuando, sin embargo, los muros de las universidades en Cataluña están llenos de soflamas independentistas, banderas esteladas, y cuando a esos centros pueden acudir determinadas personas
incluso condenadas judicialmente, pero no pueden ir otras porque resulta que se les considera personas non gratas. Cuando esto está sucediendo con la connivencia de determinados equipos rectorales; cuando se puede denunciar, por ejemplo, a un
profesor por utilizar indistintamente cualquiera de las dos lenguas cooficiales de una comunidad autónoma; cuando se permite que se pueda agredir a otros estudiantes simplemente por no compartir ideología y sin permitir -es una cosa curiosa- que
las fuerzas del orden público, la policía puede intervenir en una mal interpretada autonomía universitaria; cuando la norma deja a las universidades y a sus equipos rectorales que sean los que fijen las normas de convivencia interiormente, sabemos
que lo que está pasando es que se van a blanquear esas agresiones que por ejemplo sufrió una asociación estudiantil en la Universidad Autónoma de Barcelona el pasado 6 de octubre. Ustedes lo que van a hacer es dar carta de naturaleza y legitimar la
exclusión, la coacción y la violencia diciendo que es derecho de reunión, derecho de manifestación, derecho de libertad de expresión.


Esta podría ser una buena ley, podría serlo sobre todo si la mayoría de este Congreso hubiera aceptado algo tan elemental como hablar, como dialogar y como compartir las diferentes alternativas que podíamos aportar los grupos. Ustedes no
han querido hacer caso a ninguna de las enmiendas que se han presentado por la oposición. El Grupo Nacionalista Vasco hoy nos dice que ellos han conseguido que la mediación vuelva a entrar como un criterio aplicable en este texto. Sinceramente,
permítanme decir que yo creo que no es cierto porque sí, se plantea como una alternativa, pero en ningún momento se plantea legalmente que sea de aplicación necesaria o prioritaria. Por lo tanto, vuelve a ser un brindis al sol para quienes solo les
ha interesado blindar sus competencias autonómicas en la materia, al menos formalmente. Y, como digo, el problema es que en la universidad hoy se va a legitimar a quien quiere imponer y a quien sufre la imposición, que se aguante y se calle.


Ustedes podían haber permitido, como digo, que se planteara el debate de verdad de las enmiendas y llegar aquí a estudiar fórmulas consensuadas para algo tan importante como la ley de convivencia universitaria, no lo han permitido. Me
dirijo sobre todo a sus señorías del PSOE para decirles que su compañero el que fue secretario general, Felipe González, sufrió un escrache por parte de la derecha en 1993 en la Autónoma de Madrid; en 2016, en la misma universidad volvió a sufrir
un escrache en este caso por la izquierda. En ambos casos estaba vigente el decreto franquista de 1954 y no pasó absolutamente nada con los estudiantes y con los alborotadores que reventaron esos actos universitarios. Ustedes lo que van a votar
hoy con sus enmiendas es permitir una extraña normalidad que se está dando en las universidades de Cataluña, donde se puede agredir a quien no es nacionalista. Lo que van a hacer es convertir esto en legal, dejando en manos de rectores incapaces de
condenar agresiones establecer que esto pueda o no pueda hacerse. No nos extraña cuando el Gobierno ni siquiera ha sido capaz hoy de condenar agresiones en los campus universitarios. Podían haber escuchado ustedes otras opiniones, pero no han
querido, y han permitido que se tramite esta ley con nocturnidad y alevosía, deprisa y corriendo en la misma semana de la tramitación de los Presupuestos Generales. Simplemente, y para terminar, tengan claro que cuando a los socialdemócratas
intenten expulsarles de los campus universitarios los totalitarios algunos seguiremos asistiendo a esos campus a defenderlos, como hemos hecho hasta ahora.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, por la intervención.


Por el Grupo Republicano, tiene la palabra la Diputada Marta Rosique i Saltor.


La señora ROSIQUE I SALTOR: Gràcies, president.


Sin entrar en todas las cuestiones que ha planteado el grupo anterior, sí quiero comentarles una cuestión antes de empezar con mi intervención, y es que yo les invitaría a interactuar con la comunidad universitaria catalana para hablar de la
realidad en Cataluña, no únicamente con aquellas organizaciones

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que crean desde Madrid hacia Cataluña. Creo que esto igual cambiaría algunas de las perspectivas que defienden ustedes aquí en el Congreso de los Diputados.


Dicho eso y entrando en lo que supone esta ley, que para algo estamos aquí, y optimizando el tiempo teniendo en cuenta que ya discutimos sobre las enmiendas a la totalidad planteadas en el Pleno del Congreso de los Diputados, mi intención es
plantear los motivos del posicionamiento que hemos mantenido durante estos meses respecto a esta ley. En primer lugar, lo que nosotros queríamos era derogar el decreto franquista, el Reglamento de disciplina académica que considera como faltas
graves manifestaciones contra la religión, contra los principios del Estado, incluso la insubordinación contra las autoridades académicas; esto era evidente que debía ser derogado. Es un decreto que no solo no fue votado por los presentes aquí en
la sala, sino que fue decretado por un dictador que impuso el fascismo en el Estado español y, en consecuencia, también en mi país. Y aunque ahora podamos discutir sobre esto y parezca que los motivos son más que evidentes, igual es un buen momento
para plantearnos por qué no se había derogado con anterioridad, por qué ha habido varios gobiernos que han precedido a este que no derogaron antes el decreto franquista. Creo que este puede ser un buen momento para hablar sobre ello.


En segundo lugar, nuestro posicionamiento ha sido blindar el desarrollo competencial, y querría explicarme al respecto. Nuestro planteamiento es, y así lo defendemos ante toda ley que nos encontramos aquí en el Congreso de los Diputados y
que llega al Congreso, que la autonomía universitaria debe ser mucho más desarrollada, porque ahora mismo, si observamos el nivel de autonomía universitaria de los otros Estados europeos, en comparación, en el Estado español el nivel es demasiado
bajo. Y, sobre todo, porque creemos que debemos favorecer el desarrollo a nivel autonómico y universitario, porque son quienes conocen mejor la realidad, el contexto de la comunidad universitaria en cuestión. Y en este caso que estamos hablando de
la ley de convivencia universitaria, porque son los espacios que permiten una mayor participación, una mayor incidencia del movimiento estudiantil, en el que los estudiantes pueden dar su opinión con mayor repercusión. Asimismo, hemos querido
blindar los derechos del movimiento estudiantil, no queríamos que la ley de convivencia universitaria pasará a ser una nueva Ley mordaza universitaria, no queríamos que esto implicara mayores sanciones de las que se estaban aplicando a día de hoy y,
por ello, hemos querido -escuchando, sobre todo, al movimiento estudiantil en todo el proceso de enmiendas- blindar el mecanismo de mediación, haciendo una transaccional en la que sí se establece, al contrario de lo que decía ahora mismo el
compañero de Ciudadanos, que el mecanismo se debe aplicar y afectar a toda la comunidad universitaria, no solo a los estudiantes -que es lo que habían batallado los sectores estudiantiles- y que pueda ser desarrollado luego a nivel autonómico y
universitario, lo que permite, como decía anteriormente, que el estudiantado pueda tener una mayor participación en la definición del desarrollo de este y que se pueda tener en cuenta la realidad y el contexto de cada una de las universidades en
cuestión.


También queríamos blindar los derechos de movilización, organización y huelga de los estudiantes. En ese sentido, considerábamos que era importante -y así lo hemos conseguido en las negociaciones- que no se pudiese aplicar este régimen
sancionador en el ejercicio de estos derechos. Veíamos que había una cierta persecución a los murales y a los piquetes y creíamos que se debía acabar con ello. El motivo por el que defendíamos esto es porque, precisamente, el estudiantado, que
ahora mismo tiene una participación bastante minoritaria en los órganos colegiados del sistema universitario, podría tener así una incidencia mayor ejerciendo su propio derecho de movilización y porque, al fin y al cabo, el movimiento estudiantil es
uno de los pilares del movimiento asociativo que tenemos y, precisamente, es el que permite que ese movimiento asociativo se mantenga vivo, incluso en circunstancias donde las restricciones de libertades pueden ser mayores. También quiero destacar
que, añadiendo esta enmienda que permite que los modelos de movilización, organización y huelga sean tenidos en cuenta, hemos acabado mejorando sustancialmente el texto. Esto ha hecho que, aunque presentamos una enmienda a la totalidad en su
inicio, pasemos a votar favorablemente este texto porque ha cambiado en positivo.


Por último, quiero decir que vamos a defender estos principios, el de defensa de los derechos del movimiento estudiantil y el de autonomía universitaria y la autonomía catalana -que es por lo que hemos sido elegidos-, también en todas las
leyes que vengan a esta Comisión y, por tanto, en la ley orgánica del sistema universitario. Al fin y al cabo, vamos a utilizar siempre nuestra fuerza parlamentaria para blindar estos derechos, que es lo que hemos querido hacer con esta ley de
convivencia universitaria.


Gracias.

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El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, diputada.


Ahora, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra el Diputado Javier Sánchez Serna.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.


Seré muy rápido porque creo que ya dimos contados argumentos en el Pleno sobre la idoneidad de esta ley, una ley que resultaba urgente y necesaria, sobre todo porque con esta ley de convivencia universitaria se pone fin al régimen
preconstitucional que todavía regulaba la disciplina de los y las estudiantes a través de un decreto de 1954, nada más y nada menos, en plena Dictadura franquista y que a todas luces resultaba contrario a la protección de los principios del marco
político, jurídico y social de nuestra democracia. Por tanto, era un reglamento que colisionaba con la Constitución del 78, con los valores democráticos, así como con normas tan fundamentales como la aconfesionalidad del Estado y el pluralismo
religioso. Estamos hablando de un reglamento que tipificaba como faltas las manifestaciones contra la moral católica. Por tanto, la ley de convivencia que vamos a aprobar constituye una norma necesaria para salvaguardar el principio de igualdad de
derechos y deberes del estudiantado universitario, así como para asegurar el ejercicio pleno de sus libertades y garantías constitucionales también en el ámbito de la universidad. En concreto, lo que establece la norma que vamos a votar es que el
conjunto de universidades desarrollará sus propias normas de convivencia, garantizando siempre los derechos y libertades fundamentales -entre ellos, la igualdad y la limitación de toda forma de discriminación-, así como los derechos de reunión,
asociación, manifestación y huelga y las libertades de expresión, enseñanza y, por supuesto, la libertad de cátedra. Esta ley, lejos de ser una ley punitiva o disciplinaria -como seguramente les gustaría a otras fuerzas o grupos- lo que hace es
poner en el centro a la mediación. Por eso, la mediación será la principal herramienta para la solución de los conflictos en las universidades. En este sentido, todas las universidades deberán desarrollar medios alternativos de solución de los
conflictos de convivencia basados en la mediación, que podrán ser aplicados antes y durante el procedimiento disciplinario. Además, se creará una comisión de convivencia integrada por todos los sectores de la comunidad universitaria, una comisión
que, por cierto, será paritaria y que podrá canalizar consultas, formular propuestas y promover la utilización de estos mecanismos de mediación. Por lo tanto, esta ley define un nuevo acuerdo sobre el modelo de convivencia universitario que estará
basado, como he dicho, en los derechos fundamentales, en la mediación como principal herramienta para la resolución de los conflictos y en la concreción de un sistema de sanciones y faltas con todas las garantías de defensa para el estudiantado que,
por supuesto, tendrá el derecho en todas las etapas del procedimiento a estar informados y asistidos por una persona que elijan ellos mismos.


Señorías, lo cierto es que la vigencia del reglamento del año 1954, un reglamento de la Dictadura, era una anomalía democrática y, por eso, me parece un hecho importante que hoy sumemos voluntades y votos para pasar página y poner fin a una
situación que, por lo demás, avergonzaba a la comunidad universitaria y a todos los demócratas. Por eso quiero terminar esta intervención agradeciendo todos los grupos que se van a sumar este amplio consenso, al grupo EAJ-PNV, al Grupo Republicano,
también a los compañeros y compañeras del Grupo Socialista. Por supuesto, también quiero hacer una mención al trabajo importante que se ha hecho por parte del Ministerio de Universidades y el ministro Castells, así como por los compañeros del Grupo
Confederal de Unidas Podemos y los Comuns, que han hecho que todo esto fuera posible.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, diputado.


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra ahora el Diputado Francisco José Contreras Peláez


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, señor presidente.


Nosotros, evidentemente, votaremos en contra del proyecto de ley. Es un proyecto de ley que ha sido tramitado con autoritarismo y espíritu de aplicación implacable del rodillo de la mayoría parlamentaria actual. No entraré en nuestras
enmiendas porque todas han sido desestimadas sin ni siquiera ser examinadas. El otro día en la sesión de la ponencia desde el principio se presupuso que las enmiendas aportadas por VOX, Partido Popular y Ciudadanos ni siquiera debían ser
examinadas. No se entiende la precipitación ni la subversión del principio de jerarquía normativa porque lo lógico hubiera sido aprobar primero la ley general, la ley orgánica del sistema universitario, y, a continuación, esta otra ley de
disciplina académica que no es otra cosa que su desarrollo lógico. Pero, sobre todo, porque es

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una ley que no aporta nada ni resuelve nada. Es una ley más, como casi todo lo que hace este Gobierno, de adoctrinamiento ideológico y propaganda ideológica. En este caso se trata de la ideología Woke, es decir, esa metamorfosis del
marxismo que sustituye la lucha de clases por la lucha de sexos, razas y orientaciones sexuales. De ahí la obsesión, que recorre e impregna todo el articulado del proyecto de ley, con prevenir, castigar e impedir la discriminación por sexo, raza,
orientación sexual, etcétera -un etcétera cada vez más largo-, e incluso la violencia y las agresiones sexuales en la universidad, como si España fuese Somalia.


No tengo tiempo para apoyar en artículos concretos lo que estoy diciendo, pero voy a citar alguno para que se vea que no me lo invento. En la exposición de motivos se habla de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, el fomento de la igualdad plena entre unos y otros. Como decimos nosotros siempre, en España la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley está, afortunadamente, conseguida y garantizada desde hace más de
cuarenta años. No se entiende cuáles son esos obstáculos que hay que eliminar. El artículo 3.2 versa sobre la eliminación de toda forma de violencia, discriminación y/o acoso sexual por razón de sexo, orientación sexual, identidad o expresión de
género. El artículo 4 anuncia medidas de prevención y respuesta frente a la violencia y la discriminación o el acoso. Realmente esa obsesión contra la discriminación o la agresión sexual o la persecución racista u homófoba es lo único novedoso que
aporta este proyecto de ley porque es cierto que se contemplan otras infracciones de la disciplina académica -por cierto, disciplina académica, un término que el proyecto de ley evita cuidadosamente por razones ideológicas-, tales como la
destrucción de patrimonio universitario o la falsificación de documentos académicos o la suplantación de personalidad en la docencia o el plagio de tesis doctorales -sobre las que existen sospechas acerca de altas autoridades del Estado en este
sentido- u otros trabajos académicos. Pero todo esto estaba contemplado por la normativa anterior, por lo tanto, lo único que aporta este proyecto de ley es esa obsesión por la raza, el sexo y la orientación sexual. Eso se podría comprender en
Somalia o en Afganistán, donde sí existen problemas de discriminación por sexo, pero no en España, que es uno de los países del mundo más seguro para las mujeres y también para los homosexuales. Si hay seguridad para las mujeres en su conjunto, no
digamos ya en el ámbito universitario, donde esa seguridad es absoluta; cualquiera que haya trabajado en la universidad española sabe que hoy en día no existe ni discriminación ni mucho menos persecución o agresión por razones de sexo o raza. De
haber alguna es una que opera en sentido exactamente inverso al que presuponen los redactores de esta norma, una discriminación en detrimento de los hombres por el nuevo clima feminista, de cuotas y de conseguir a toda costa una ratio de 50/50, con
independencia de los méritos de unos y otros en todos los departamentos.


Por cierto, en este discurso sobre el peligro para las mujeres y agresiones sexuales en la universidad -que ya digo que no existen en España- cabe sospechar la influencia de una idea tóxica anglosajona que es la campus rape culture, la
cultura de la violación en la universidad. En ciertas encuestas realizadas en Estados Unidos trascienden cifras como que entre un 20 y un 25 % de las universitarias dicen haber sufrido violaciones o intentos de violación. No tengo mucho tiempo
para extenderme, pero esto fue investigado en un libro muy interesante titulado The diversity delusion, de Heather Mac Donald. A Mac Donald estas cifras no le cuadraban, si fueran ciertas resultaría que el lugar más inseguro del mundo para una
mujer sería la Universidad de Harvard o la de Yale, más incluso que un campamento del Estado Islámico en Irak o Siria. Evidentemente, las cifras no son verdaderas, no se traducen en denuncias policiales, no hay denuncias policiales de violaciones.
Es decir, bajo la campus rape culture se oculta la hookup culture, es decir, la cultura del aquí te pillo, aquí te mato, porque lo que ha tenido lugar ha sido una banalización del sexo, una proliferación de encuentros sexuales voluntarios, pero
frívolos, irreflexivos y precipitados, tras los cuales las chicas se sienten mal y utilizadas y, por tanto, procesan ese malestar, a la luz de la propaganda feminista, como intentos de violación o, incluso, violaciones consumadas.


Más allá de este paréntesis, otra cosa que sorprende en este proyecto de ley es el contraste entre el espíritu alarmista, casi catastrofista, como si la universidad española estuviese estragada por la persecución sexual y de raza, y la
sorprendente lenidad en la aplicación de sanciones, como bien ha indicado alguno de los portavoces anteriores. No queremos aplicar sanciones, hemos previsto un mecanismo y una burocracia de la mediación que se antepone a la aplicación de sanciones,
de tal forma que la sanción sea la última ratio, sea para casos ya desesperados en los que ha fracasado la mediación. Si fuera cierto que la universidad española es una especie de jungla en la que campan por sus respetos los agresores sexuales y
los discriminadores, no tendría sentido este espíritu de mediación. Evidentemente, a los agresores sexuales hay que sancionarlos de manera implacable. La incongruencia en cuestión

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revela que no hay sinceridad en la persecución de las agresiones y las discriminaciones, incluso los miembros de la mayoría saben que eso no se da hoy en día en la universidad española. Lo que sí hay es una contradicción con otro aspecto
ideológico de este Gobierno, que es el espíritu libertario del prohibido prohibir, según el cual la idea misma de disciplina académica sería rechazable por autoritaria y por propia de otros tiempos, como se ha notado en otras intervenciones de hoy
que aludían constantemente al origen franquista de la normativa anterior.


Finalmente, el verdadero mal -como indicado muy bien el portavoz de Ciudadanos antes- que está poniendo en peligro la libertad intelectual en la universidad y que está recortando y erosionando la libertad de cátedra, de debate y de expresión
nada menos que en el alma máter -que debería ser el templo de todos esos valores porque son necesarios para la búsqueda de juicios de la verdad, que es la misión principal de la universidad- es el clima de intimidación ideológica contra los
profesores, alumnos y oradores invitados en la universidad cuando son de tendencia ideológica conservadora o españolista. Se ha indicado muy bien que estamos viendo constantes ataques y escraches contra conferencias, debates y mesas redondas cuando
son protagonizadas por oradores que no gustan a los activistas de extrema izquierda o nacionalistas, que revientan tales actos. A veces ni siquiera necesitan atacar los actos, a veces basta la intimidación previa para que las autoridades académicas
se asusten y cancelen preventivamente -cultura de la cancelación- los actos en cuestión, aplicándose la autocensura preventiva. Esto, obviamente, es muy grave y pone en peligro el espíritu universitario en sus aspectos más valiosos y no hace falta
que lo repita porque lo hemos denunciado muchas en esta Comisión. De hecho, mi grupo parlamentario ha intentado sacar adelante una PNL que alertaba sobre esto y pedía que el Gobierno interviniese para garantizar la libertad de expresión en la
universidad, pero fue rechazada como todo lo que proponemos. Ha habido ataques recientes como el que hubo contra la plataforma S'ha Acabat! que intentó levantar una carpa con la bandera de España, contra Nicolás Nogueroles, contra Jaime Mayor
Oreja, contra el profesor Álvaro de la Torre y Marta Velarde, contra el profesor Pablo de Lora y un largo etcétera. Pero este fenómeno no es contemplado, mucha obsesión con las agresiones sexuales inexistentes, pero prácticamente nada sobre estos
ataques que sí son verdaderamente amenazadores para la universidad. Eso sí, el apartado c) del artículo 13 incluye entre las faltas graves -que no entre las muy graves- impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación
o transferencia del conocimiento. Pero lo cierto es que esas conferencias que son atacadas no son enseñanza reglada, luego son difícilmente subsumibles en este precepto, ya que no se trata en sentido estricto de actividades de docencia ni de
investigación.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señoría.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Si va Rosa Díez a hablar a la Complutense no es exactamente una clase, no lo es en absoluto, ni tampoco una actividad de investigación y, sin embargo, en esas reuniones es donde se producen los ataques.


Estas son las razones por las que rechazamos este proyecto de ley.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, por la intervención.


Entiendo que el Grupo Parlamentario Popular va a dividir el tiempo de intervención entre los diputados Moro Almaraz y Carazo Hermoso. Tienen la palabra por un máximo de diez minutos.


La señora MORO ALMARAZ: Buenos días, señorías.


Hoy traen a esta Comisión la ponencia de un proyecto de ley que ha transmutado de ley de convivencia a ley disciplinaria contra las universidades. Quiero dejar constancia expresa del atropello al que han sometido a la mayoría de los
parlamentarios ajenos al tripartito firmante de la autoenmienda a la totalidad del 20 de octubre con una tramitación exprés y urgente nunca solicitada ni declarada, con cuarenta y ocho horas no cumplidas para celebrar una ponencia y esta Comisión,
sin hablar con este grupo parlamentario ni escuchar ni leer ni debatir, rompiendo el principio de prioridad del debate presupuestario que se está celebrando, rompiendo los acuerdos previos de la Mesa de esta Comisión y dando la espalda a sus propios
compromisos con los universitarios. Nos hemos opuesto al procedimiento y a la ponencia expresamente y lo ratificamos en este acto. No formamos parte en absoluto de esa mayoría que ha destripado el proyecto de ley de su Gobierno. Su secretario
general de Universidades -que tantas veces dice que quiere hablar- mintió en sede parlamentaria porque el ministerio sí pacto algo a cambio de la

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retirada de la enmienda a la totalidad del Grupo Republicano para autorizar una autoenmienda a la totalidad como la que hoy van a aprobar. Tampoco se puso al teléfono cuando esta portavoz llamó. No han querido hablar ni escuchar, no digan,
pues, que no tenían alternativa. En eso han convertido la que tenía que ser la ley de convivencia universitaria propuesta desde el pacto con los interesados para ofrecer instrumentos que restablezcan los puentes de convivencia cuando esta se rompe.
La frágil convivencia en nuestros entornos sociales, también en las universidades, desaparece cuando se quiebran las reglas y principios sobre los que se cimenta, el cumplimiento de los propios deberes, el ejercicio de derechos y libertades con
respeto a los del otro, dentro de un marco común más amplio -el constitucional- que consagra el respeto a la dignidad de la persona y los principios de un Estado social y democrático de derecho. La convivencia en la universidad se construye cada
día para crear y transmitir conocimiento y valores que hagan a las sociedades más libres y prósperas.


En eso creemos los universitarios, los que desde hace ocho siglos tenemos el honor de ser doctores, entiendan la expresión. En nuestra investidura, después de que nuestro padrino nos dice: 'Siéntate en la silla de la sabiduría para que
desde ella, sobresaliente en tu ciencia, enseñes en la universidad, en el foro, en el Estado, gobiernes, juzgues y prestes sus servicios', juramos o prometemos siempre y dondequiera que estuviésemos guardar los derechos y privilegios y el honor de
la universidad y siempre ayudar, prestar apoyo y consejo en las obras y asuntos de la misma cuando fuera requerido. Yo así lo he hecho y muchos de mis compañeros que están aquí lo siguen haciendo y yo también seguiré trabajando en este sentido.


El ministro cerraba su presentación de la ley apelando a la ejemplaridad, cuando se acababa de perpetrar la traición a la palabra dada a los universitarios. La mayor falta de ejemplaridad dando la espalda a la universidad para entregársela
a las exigencias de un grupo político minoritario en el Estado cuyo ideario es la secesión y la ruptura de ese Estado. Esta es su tarjeta de presentación para un 'consensolos'. A partir de ese momento se consiente en ceder a unos pocos la
prerrogativa de cambiar el propio proyecto de ley que era el resultado compartido de muchos y que el Parlamento tenía que aceptar o no, pero tenía que cuidarlo. Lo hemos hecho otras veces con competencia y responsabilidad. Pero ustedes, sin luz ni
taquígrafos, materializan una enmienda a la totalidad para convertir una ley para la convivencia en una ley para la disciplina, sin mediación. El 'desarrollarán' del que han presumido no resuelve el problema que han creado. Se han convertido en
los mejores discípulos de aquel cuya obra pretenden borrar en la derogatoria, sin embargo, la hacen renacer de la peor manera posible. La metodología de esta ponencia es el ordeno y mando, la imposición no a este grupo de la oposición, sino a todos
los universitarios españoles. Con su hipócrita defensa de una autonomía universitaria en la que no creen, nos hacen volver a la rigidez del procedimiento disciplinario, la sanción y la ejecución de la sanción, la desigualdad de trato y, además,
anuncian normas en cadena, cadena para la libertad universitaria.


Hoy es el día de la vergüenza para ustedes. Ni siquiera han querido escuchar, no entienden nada. Tenían los votos para sacar adelante el texto de convivencia sin concesiones y los han despreciado, vendiendo las universidades al mejor
postor. No sé si las universidades catalanas y vascas se sentirán representadas, creo que no; desde luego el resto de las universidades del sistema no. Los estudiantes universitarios tampoco. Solo ustedes son responsables y lo escenifican con el
peor gesto, eliminando el título habilitante del artículo 140.1.1.ª de la Constitución, como si por el eliminarlo de la letra de la ley no siguiera siendo título habilitante de una ley básica para preservar el principio constitucional de igualdad
que hoy ustedes pretenden borrar y dinamitar para aprobar un bodrio jurídico incierto.


Las universidades tienen que ser distintas cada una en ciencia, en prestigio, en resultados, pero no en disciplina. Las mejores prácticas del debate universitario de los principios y los valores que la escuela de Salamanca nos transmitió
enseñaron a progresar en calidad humanitaria y derechos. Eso es lo importante. Por eso, la universidad, como obra y como principios más que como institución, ha pervivido durante siglos y está llamada a superarnos -a todos nosotros y a muchas
generaciones más- si no se topa en el camino muchas veces con artífices torpes como el ministro que ha cedido a esta tropelía que ustedes han rubricado con sus firmas. Nunca más digan que son progresistas porque han demostrado que no lo son; son
autoritarios, retrógrados e intolerantes y lo peor es que pretenden llevar la intolerancia a los campus universitarios contra algunos. Muchos seguiremos luchando para que ello no tenga lugar.


¡Universitas studii! ¡Vitor! (Aplausos).


El señor CARAZO HERMOSO: Señorías, lo que está ocurriendo esta mañana en esta Comisión es la crónica de un atropello anunciado. Como ha dicho la portavoz de mi grupo, la señora Moro, se tramita esta ley con carácter previo a la ley
orgánica que pretende reformar el conjunto del sistema universitario y se

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hace, además, con nocturnidad y alevosía, despachando la ponencia en un par de horas, la ley en un par de jornadas y pasando una vez más el rodillo parlamentario en una ley educativa. Cuando se actúa con nocturnidad y alevosía es porque
algo se quiere ocultar o porque no se tiene buena conciencia, y no me extraña. El ministro Castells prometió diálogo y pactó un texto con la CRUE y con los representantes de los estudiantes en el Ceune y en la Creup que profundizaba en los
mecanismos de conciliación y de mediación. Los representantes de los estudiantes han demostrado una gran responsabilidad en este proceso, combinando la defensa de sus intereses con los del conjunto de la comunidad universitaria, protegiendo sus
derechos, pero también asumiendo obligaciones. Los estudiantes le han tendido la mano al Gobierno y el Gobierno ha cogido la mano, pero la mano de Esquerra Republicana de Catalunya. Porque la tramitación de los presupuestos ha demostrado una vez
más que el Gobierno de Sánchez antepone su permanencia en el poder a cualquier otra cosa, en este caso que le importa mucho más el poder que la universidad española.


¿Hay problemas de convivencia en la universidad española? Sí, los hay, algunos de los más graves en las universidades catalanas y vascas, donde en los últimos meses hemos visto cómo se agredía a estudiantes por ser del Partido Popular en la
Universidad del País Vasco o como una turba violenta tumbaba la carpa informativa de S'ha Acabat! en la Autónoma de Barcelona por disentir del discurso oficial del separatismo. ¿Y qué dice el ministro Castells ante todo esto, un ministro que
impulsa precisamente una ley que llama de convivencia? Nada, el ministro calla y otorga todo el poder a los separatistas que amparan o justifican las agresiones. No se pone del lado de las víctimas, sino que se sitúa en el plano de una
avergonzante equidistancia moral entre los que agreden y los que son agredidos, entre los que practican su libertad y los que la amenazan. Solo eso invalidaría la legitimidad moral de este ministro para impulsar esta ley. Para solucionarlo podrían
haber aceptado las enmiendas del Grupo Popular en este sentido, pero, como ya se ha dicho, no han querido dialogar absolutamente nada. Además, han faltado a su palabra y el ministro ha tomado el pelo a los estudiantes. El acuerdo con Esquerra
rompe el pacto previo, vacía de contenido la ley, trocea un posible régimen común de convivencia para todos los campus que, con respecto a la autonomía universitaria, impediría discriminaciones y, por eso, organizaciones estudiantiles de izquierdas,
de derechas, de centro e independientes le han convocado mañana protestas en toda España, también en Cataluña. Por eso, quizá han tenido tanta prisa en la tramitación de esta ley, para acallar esas protestas. Quién nos lo iba a decir, un ministro
propuesto por la ultraizquierda, que se dice heredero del espíritu del Mayo del 68, tratando de acallar protestas estudiantiles porque son incómodas para su Gobierno.


Señorías, estamos acostumbrados a que el ministro Castells no haga nada, pero la tramitación de esta ley nos ha demostrado que cuando hace algo lo hace mal, que cuando hace algo es peor. Malos augurios para la tramitación de la ley orgánica
del sistema universitario, la imposición y el rodillo que hemos vivido por parte de los grupos que apoyan al Gobierno más sus socios separatistas no son el camino. No ha habido diálogo ni afán de pactar enmienda alguna con los grupos de la
oposición; se ha querido tramitar esta ley con rapidez para que no se notara mucho que estaban vaciando de contenido los mecanismos de convivencia y de conciliación de los que tanto han presumido. Es una pena, una mala señal y un mal camino para
la universidad española.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Diputado Roberto García Morís.


El señor GARCÍA MORÍS: Gracias, señor presidente.


Señorías, quiero comenzar agradeciendo a todos los grupos políticos que han enriquecido esta ley durante su tramitación parlamentaria y también a los que van a dar su apoyo porque sin él no sería posible y no podríamos cumplir con uno de los
compromisos de Gobierno que es, además, una reivindicación de las universidades y los estudiantes. La ley de convivencia universitaria cumple con el compromiso de la derogación del Reglamento de disciplina académica de 1954 y el impulso de una
nueva normativa en consonancia con los principios y valores democráticos, las libertades fundamentales, la igualdad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la convivencia pacífica, activa y responsable en el ámbito universitario. Queremos
agradecer también las aportaciones de la comunidad universitaria, tanto de la CRUE como de los estudiantes que se han involucrado en su desarrollo, por lo que somos sensibles a las manifestaciones y al posicionamiento que están defendiendo estos
días.

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La ley que sale de la ponencia es una ley que apuesta claramente por el desarrollo de las medidas alternativas de solución de los conflictos de convivencia basadas en la mediación. Ahí está esa enmienda transaccional que hemos trabajado
bien desde nuestro grupo que dice claramente que las universidades desarrollarán en sus normas de convivencia medios alternativos de solución de los conflictos de convivencia basados en la mediación para ser aplicados antes y durante el
procedimiento disciplinario, artículo 6 de la ley; es decir, la mediación no es una opción, su desarrollo es una obligación por parte de las universidades, digan lo que digan ustedes es una obligación. (Aplausos). La ley, como saben, tiene su
procedimiento parlamentario y esta ley, la ley de convivencia -y remarco convivencia-, recibió la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Parece que a ustedes se les olvida que presentaron una enmienda a la totalidad a esta ley. (Rumores).
Porque está muy bien, la verdad, eso de venir aquí a tender la mano, a decir que importa mucho la política universitaria, pero a la hora de la verdad no tienen piedad y presentan una enmienda a la totalidad a una ley de convivencia, como ha hecho el
Partido Popular. (Aplausos). Así que no vengan ustedes hoy aquí a apelar a la primera versión de la ley (rumores) porque ustedes a esa versión de la ley presentaron una enmienda a la totalidad con todas sus letras. (Aplausos). Enmendaron esa
primera versión de la ley, ese texto de la CRUE y del Ministerio de Universidades. (La señora Moro Almaraz: No es verdad). Lo que ustedes vienen aquí a reivindicar lo enmendaron, lo llevaron al Pleno del Congreso.


El señor PRESIDENTE: Diputada, le pido que sea respetuosa como se ha sido cuando usted ha intervenido.


El señor GARCÍA MORÍS: Era fácil imaginar que un Gobierno progresista no iba a desarrollar una ley entendida como norma disciplinaria con la misma filosofía que el reglamento preconstitucional, sino una norma que apueste por una universidad
basada en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia y poniendo el foco, como se pone, en la prevención, en la mediación y en la resolución pacífica de los mismos.


Las medidas de sanciones sustitutivas no se eliminan, siguen estando en la ley intactas, al igual que las medidas de prevención. El único cambio que se produjo para llegar a un consenso parlamentario fue que los mecanismos de mediación, y
la mediación hay que desarrollarla, los van a desarrollar las universidades, pero tiene que haber obligatoriamente mediación. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿No confían ustedes en las universidades españolas? ¿No confían en la autonomía
universitaria? A ver si les pasa igual que a los señores de VOX -voy a recordarles las palabras de su diputado Manuel Mestre que en una de las subcomisiones por el Pacto de la Ciencia, abro comillas, dijo: Sin dar nombres para no denostar a
ninguna universidad podría poner un montón de ejemplos de universidades a lo largo del territorio español que son verdaderos desastres-, quienes en esta sede parlamentaria han opinado así de la universidad española. (Aplausos). Si por ustedes
fuera, solo habría una universidad y estamos seguros de que en ella no se hablaría de igualdad ni de Agenda 2030 ni siquiera de derechos humanos. De ustedes no esperamos nada, pero, al menos, no usen la universidad para confrontar unos territorios
con otros, que es lo que les encanta. Lo mismo que rechazamos sus manifestaciones hoy en sede parlamentaria por la gravedad de las mismas, puede leer usted, si quiere, una noticia de El País, de 19 de octubre de 2021, en la que la unidad de
igualdad de la Complutense comunicaba que en el último lustro había habido setenta expedientes abiertos por acoso y que les llegan víctimas de agresión sexual que tienen que derivar para que denuncien y reclamaba medios de acompañamiento a las
víctimas durante todo ese proceso. (Aplausos). Rechazamos profundamente esas declaraciones tan graves que han hecho hoy en esta sede.


Tras una enmienda del Grupo Socialista con otros grupos, las medidas alternativas de solución de los conflictos de la convivencia basados en la mediación, como les decía, serán de obligado desarrollo por parte de las universidades.


También sigue intacto el artículo 24 que dice que, si las partes quieren hacer mediación, la comisión de convivencia abrirá el procedimiento de mediación y separará el disciplinario. No sé si son conscientes de eso. Además, en el proceso
de tramitación se ha dejado de forma más clara la protección al derecho de expresión, huelga, reunión o asociación y manifestación en el artículo 4.


Las universidades públicas y privadas aprobarán sus propias normas de convivencia, que serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad universitaria. Las universidades elaborarán esta regulación con la participación y
audiencia de todos los sectores de la comunidad universitaria a través de sus respectivos órganos de representación y también de los estudiantes. Las

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normas de convivencia incorporarán el enfoque de género y se ajustarán a las normas sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de protección integral contra la violencia de género.


Les recuerdo, señores del Grupo Popular, que en su enmienda a la totalidad se referían al feminismo como término de maquillaje. ¡Que no se les olvide! Todas las políticas del Gobierno, y también las del Ministerio de Universidades, aplican
la perspectiva de género de forma transversal.


Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley, las universidades crearán una comisión de convivencia integrada de manera paritaria por representantes del estudiantado, del personal docente investigador y también del personal de
la administración y servicio.


Es una ley para todas las universidades del Estado, para la universidad de Oviedo, para la de A Coruña, para la de León, para la de Jaén y para todas, para las cincuenta universidades públicas y también para las universidades privadas.
Basta ya de querer centrar todos los debates en Cataluña y dejen de echarnos en cara que hayamos llegado a acuerdos parlamentarios porque con ustedes no es posible llegar a nada porque no son de fiar y a la vista están sus declaraciones hoy en esta
Comisión. (Aplausos).


Señora Moro, ¿sabe a qué tienen miedo los estudiantes universitarios y nos lo dicen cuando nos reunimos con ellos? Tienen miedo a que ustedes vuelvan a gobernar y a que vuelvan a recortarles derechos; a eso sí que tienen miedo y así nos lo
hacen saber. (Aplausos.-Rumores).


En definitiva, hoy es un día importante y para finalizar quiero también agradecer el trabajo del ministro Manuel Castells y de todo su equipo ministerial porque han hecho un gran trabajo y han echado muchas horas en esta ley que hoy
aprobamos. Todo esto va acompañado de un importante esfuerzo del conjunto del Gobierno como se puede ver también en los Presupuestos Generales del Estado que se están debatiendo ahora, que incorporan la mayor partida de becas de la historia de
nuestro país. Apostamos por la convivencia universitaria, sí, pero también apostamos por una universidad para todas las personas en la que las desigualdades socioeconómicas no sean un obstáculo para tener un título universitario.


Esta ley hace a la universidad una universidad más moderna que apuesta en su normativa por la convivencia porque, para lo que ustedes es ideología, para nosotros son valores y cultura democrática.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Morís, por su intervención.


Habiendo concluido las intervenciones de los grupos, pasamos a las votaciones. En primer lugar, votaremos las enmiendas vivas. Lo vamos a hacer por grupos, aunque, como tienen en el guion, algunas se van a votar... (La señora Moro Almaraz
pide la palabra).


Tiene la palabra, señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Simplemente pido un receso de dos minutos antes de votar y hago una aclaración respecto a la enmienda transaccional a la enmienda 69 que nos han pasado del Grupo Vasco. Fíjense si no quieren ni oírnos: lean nuestra
enmienda 93 y verán que lo que han incorporado en esa transaccional lo tenemos en nuestra enmienda.


El señor PRESIDENTE: Gracias, diputada.


Hacemos un receso de dos minutos. (Pausa).


- VOTACIONES.


El señor PRESIDENTE: Comenzamos con las votaciones.


Enmienda 66, del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Votamos en cuatro bloques a petición de los grupos. Enmiendas 3, 4 y 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 6, 10, 11, 13 y 14, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 21; abstenciones, 14.

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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 12, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 29; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 30; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Plural. Enmienda número 17.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 19, 32 y 35, del Grupo Plural.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas por unanimidad.


Enmiendas 38 y 40, del Grupo Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX. Enmienda número 100.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 105, 107, 111, 113, 114, 115 y 116, del Grupo Parlamentario VOX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 30; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario VOX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 21; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Se votan en bloque todas las enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 21; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda transaccional a la enmienda 69 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 5; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el texto del informe, incorporadas las observaciones técnicas del letrado distribuidas en la sesión.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 15; abstenciones, 1.

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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos).


Queda aprobado por la Comisión el proyecto de ley de convivencia universitaria, que se remitirá al Senado a los efectos previstos por el artículo 90.1 de la Constitución.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Muchas gracias.


Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.