CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 463

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MAGDALENA VALERIO CORDERO

Sesión núm. 6 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

7 de julio de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Escrivá Belmonte), para informar sobre distintas cuestiones relacionadas con el seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. A propuesta del
Gobierno. (Número de expediente 214/000117) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión. Buenos días, señorías, señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Vamos a celebrar la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a petición propia, para informar sobre distintas cuestiones relacionadas con el seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.


Antes de dar la palabra al compareciente y a efectos de ordenación del debate, hago saber a sus señorías que, como se hizo ya en anteriores ocasiones, la sesión se abrirá con la exposición del ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, don José Luis Escrivá, sin límite de tiempo. A continuación, se abrirá un turno de portavoces de los grupos parlamentarios, que podrán intervenir de menor a mayor, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, por tiempo de siete
minutos, tras lo cual intervendrá de nuevo el ministro para responder a las cuestiones planteadas. En su caso, podría haber un nuevo turno de portavoces por tiempo no superior a tres minutos cada uno, tras lo cual contestaría de nuevo el ministro
compareciente.


Ya saben ustedes que es norma de esta Comisión y, desde luego, de la ordenación de las tareas de esta presidenta, aplicar el criterio de flexibilidad, dentro de un orden, en cuanto a los tiempos. Ya ha habido grupos parlamentarios que me
han pedido acumular los dos turnos en el primero, es decir, que van a intervenir en torno a diez minutos. Si alguno de los que no lo ha pedido se pasa de tiempo, luego haré justicia y tendré que dar un poquito más a los que les sucedan en el uso de
la palabra, y a los que han hablado anteriormente les tendré que compensar en la réplica. Así que haremos una justicia redistributiva razonable.


Sin más dilación, le cedo la palabra al señor ministro.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Muchas gracias, presidenta. (Apoya su intervención en un powerpoint).


Señorías, comparezco para dar cuenta fundamentalmente del acuerdo alcanzado con los interlocutores sociales, con los sindicatos y con la patronal -tanto CEOE como Cepyme-, rubricado la semana pasada, sobre la modernización y refuerzo del
sistema de pensiones, acuerdo que da cumplimiento a doce de las veintidós recomendaciones que el pacto elevó, a su vez, al Pleno del Congreso y el Pleno del Congreso elevó al Gobierno en octubre pasado.


Antes de entrar a desgranar los elementos de este acuerdo, quería también darles cuenta de otra novedad muy importante. Como saben, en paralelo a la negociación con los agentes sociales, hemos estado ultimando y preparando el Plan de
recuperación y resiliencia. En el Plan de recuperación y resiliencia hay un componente entero, el componente 30, dedicado a pensiones. Eso es así para España y para los distintos países, porque el Plan de recuperación y resiliencia tiene que dar
respuesta y acomodar a satisfacción de las autoridades europeas lo que se conoce como recomendaciones específicas de país. Es decir, el Consejo Europeo cada año le va indicando a cada país aquellos elementos en los que tiene que mejorar o que tiene
que reformar para que su desenvolvimiento dentro de la Unión Económica y Monetaria sea verdaderamente funcional. Todos los países se han comprometido a que en el Plan de recuperación y resiliencia correspondiente se incorporen todos aquellos
elementos que den respuesta a esa recomendación específica de país.


El Consejo Europeo, tras suspenderse y dejar de aplicarse a partir del año 2017 la reforma del 2013, planteó a las autoridades españolas que cuál era su marco de referencia a medio plazo ante este vacío para las pensiones. Es decir, la
discontinuidad y la suspensión indefinida de la reforma de 2013 no solamente generó mucha incertidumbre a los pensionistas y futuros pensionistas, sino que, además, generó incertidumbre en nuestros socios europeos. Por eso, en el Plan de
recuperación y resiliencia hay un componente entero que intenta recuperar toda la credibilidad perdida como resultado de esta reforma fallida de 2013.


Pues bien, la Comisión Europea, al elevar las recomendaciones al Consejo Europeo, que tiene que resolver de forma inminente en los próximos días sobre el Plan de recuperación y resiliencia de España, en este caso -tengo aquí la página 289,
que es el componente 30, que es el último-, concluye y describe los distintos elementos del Plan de recuperación y resiliencia de España, y yo creo que los describe muy bien. Además, la Comisión Europea enfatiza -y es algo que es muy importante,
porque pone de manifiesto un cambio respecto a la situación anterior, pues recuerden que la reforma de 2013 se cerró sin ningún acuerdo en el diálogo social y sin ningún intento de consenso en el Congreso de los

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Diputados- y constata la importancia de que las medidas que hemos incorporado al Plan de recuperación y resiliencia responden a las recomendaciones del Pacto de Toledo acordadas con un gran consenso, como ustedes saben -ustedes mismos fueron
protagonistas de ese consenso en octubre pasado-, y también reconoce la importancia de que se dialoguen y se consensúen en el diálogo social. Esto es muy importante. Finalmente, la Comisión Europea concluye que lo que les hemos planteado en el
componente 30 responde a la recomendación específica de país de preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones que ha venido planteando a España en los últimos años.


Creo que esto es muy importante, porque al mismo tiempo que se alcanza ese acuerdo en el Pacto de Toledo y al mismo tiempo que se alcanza el acuerdo y el consenso con nuestros socios europeos en el ámbito del diálogo social, del que voy a
dar cuenta -espero que la semana que viene, también, con el Consejo Europeo-, hay un reconocimiento de que España ha abordado los problemas y los retos que supone el envejecimiento del sistema de pensiones de una forma adecuada. Porque el consenso
a nivel internacional y el apoyo internacional es algo también muy valioso, como se ha materializado a la hora de suscribir el Plan de recuperación y resiliencia. Trabajar en estas tres líneas en paralelo y hacerlas consistentes durante este último
año creo que es un éxito de todos.


Voy a dar cuenta de otro elemento del éxito, como es el acuerdo con los agentes sociales alcanzado la semana pasada, porque creo que la experiencia que les estoy describiendo refleja hasta qué punto en un tema como las pensiones, donde se
tienen que tomar planteamientos que afectan a tantísima gente y en horizontes tan largos, de 30 a 40 años, los consensos son fundamentales. Los acuerdos bien engranados a distintos niveles son absolutamente decisivos para que no ocurra lo que pasó
con la reforma de 2013, que no tuvo prácticamente recorrido. Es muy importante que esto no vuelva a ocurrir, porque cuando se ponen en marcha reformas que dejan de aplicarse de forma casi inmediata, esto no solamente genera incertidumbre y
desconcierto, sino que, además, supone un coste muy importante de credibilidad del país frente a las instancias internacionales. Con lo que estamos haciendo -y por eso doy cuenta específica del acuerdo de la Comisión Europea y los términos en los
que está establecido- estamos recuperando mucha de esa actividad perdida y eso es muy positivo para España, como positivo es el acuerdo de la semana pasada del que voy a dar cuenta.


Antes de seguir con el powerpoint, quería darles también cuenta, como siempre hago, de algunos elementos informativos que hemos podido recabar, adicionales a los que les he presentado en otras ocasiones Eso es lo que yo llamo contexto y
punto de partida. Nosotros hemos estado haciendo encuestas específicas durante los últimos meses para constatar algo que en ocasiones anteriores hemos discutido aquí y que hace tan relevante nuestro trabajo, y es que en los últimos años ha cundido
el pesimismo en la ciudadanía sobre sus pensiones actuales y, sobre todo, sobre sus pensiones futuras. Eso tiene como raíz fundamental la falta de acuerdo sobre el marco de medio plazo en el que nos tenemos que desenvolver. Esto que hemos visto en
distintas encuestas se constata en una encuesta específica que hemos hecho nosotros y de cuyo resultado les doy cuenta en este momento. Casi el 70 % de las personas encuestadas creen que su pensión será menor a la actual y solamente un 20 %, uno de
cada cinco, piensa que será igual a la actual. Este pesimismo se da de bruces completamente con elementos centrales y fundamentales del Acuerdo del Pacto de Toledo y de lo que estamos desplegando. Por tanto, yo creo que debe estar en el ánimo de
todos poner en valor lo que hemos acordado entre todos, lo que seguimos acordando entre todos, para eliminar esa incertidumbre y para que quede claro que con dos elementos fundamentales, la eliminación de los datos impropios y la separación de
fuentes que ya hemos acordado en gran medida y seguimos acordando, y la revalorización de las pensiones con el IPC, que se va a culminar en cuanto llegue al Congreso el texto que desarrolla el acuerdo con los agentes sociales y que, a su vez,
responde a una de las recomendaciones fundamentales que ustedes nos hicieron, con esos dos elementos, entre todos, tenemos que transmitir la convicción de que hemos incidido sobre los dos elementos fundamentales que están en la base de este
pesimismo, que ya no debería tener fundamento.


El segundo elemento que les quiero traer a colación es el de las previsiones. Hemos seguido manejando previsiones muy muy pesimistas. Aquí traigo las previsiones que utiliza la Comisión Europea en el Ageing Report, el informe sobre
envejecimiento del año 2018, el penúltimo, donde daba la estimación de que a 2050 la reversión del IRPF y la supresión del factor de sostenibilidad, es decir, el dejar sin efecto la reforma de 2013, tenía un impacto de 6 puntos más de gasto en el
2050. Este tipo de previsiones innecesariamente pesimistas y alarmistas, que han alimentado esta inquietud en la sociedad, se han hecho sin mucho rigor. Aquí, simplemente, reflejo de nuevo artículos en los periódicos que siguen apareciendo de vez
en cuando con interpretaciones verdaderamente poco acertadas y desde ángulos

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inadecuados sobre cuál es la situación financiera de la Seguridad Social, más aún cuando veamos lo que hemos acordado y lo que estamos acordando en este fondo. Yo creo que la propia reforma de 2013 validaba el mensaje de que teníamos un
problema gordísimo. Aquí traigo de nuevo el Ageing Report, el informe de envejecimiento del 2021, que acaba de publicar la Comisión, donde ha revisado las estimaciones de lo que suponía la reforma de 2013, es decir, la puesta en marcha de la
revalorización según un mecanismo de reequilibrio de la situación financiera de la Seguridad Social, con una revalorización del 0,25/0,50 % y el factor de sostenibilidad. Estoy simplemente dando datos de la Comisión. En términos de la ratio
pensión media sobre el salario medio, lo que estima la Comisión es que esa ratio, que es uno de los indicadores más habituales para medir la suficiencia del sistema de pensiones, que se situaba en el 66 % de pensión media sobre salario medio en el
año 2019, con la reforma del 2013 iba a ir decreciendo progresivamente hasta situarse en el 30 % del salario medio en el año 2070, en un proceso progresivo. Básicamente, quiere decir una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones durante este
periodo progresivo a largo plazo del 40 %. Esto es lo que dejó de aplicarse en cuanto se percibió la magnitud de lo que significaba y a lo que ahora la Comisión Europea, en el informe de 2021, pone números muy concretos, y esto es lo que estamos
revirtiendo y, entre todos, reconstituyendo un modelo totalmente distinto. De hecho, yo creo que este es un punto de partida muy importante.


Una de las cosas en las que nos hemos tenido que esforzar mucho con la Comisión es en que nos encontramos con que el informe de envejecimiento anterior de la Comisión Europea, del año 2018, estimaba este incremento del gasto en pensiones por
revertir el IRPF y el factor de sostenibilidad en 5 puntos. De nuevo estaba basado en estimaciones muy exageradas y muy pesimistas que habían sido aceptadas -digamos- por el Gobierno español. Nosotros hemos discutido intensamente con la Comisión
estos escenarios, los hemos basado en estimaciones mucho más finas de la propia Seguridad Social y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Creo que, afortunadamente -y esto es muy importante-, el Ageing Report, que a su vez es el
resultado del trabajo del ageing working group, el grupo de trabajo de envejecimiento que, a su vez, alimenta al Ecofin -es decir, es uno de los grupos que termina reportando al Ecofin-, acaba de revisar su estimación sobre estos impactos y los ha
bajado de 5 a 3,5 puntos, lo que nos da un escenario con el que nosotros estamos bastante conformes y cómodos, y nos permite tener una discusión mucho menos tensionada y más abierta y con un marco de referencia de cifras consensuado con las
autoridades europeas.


Este es el marco general y quiero recordarles que este es el punto del procedimiento en el que estamos. Ustedes acordaron esas veintidós recomendaciones, las elevaron al Gobierno, el Gobierno las ha estado concretando con los agentes
sociales, la semana pasada las plasmamos también en el Plan de recuperación y resiliencia que enviamos a las autoridades europeas hace unos meses y del que, como he explicado antes, la Comisión ha hecho una valoración muy favorable. Y, en paralelo,
hemos estado dialogando y acordándolo con los interlocutores sociales, hasta llegar al acuerdo de la semana pasada. Finalmente, ahora lo hemos plasmado en un anteproyecto de ley que presenté ayer al Consejo de Ministros, que pasará los trámites
adecuados durante el verano para que pueda llegar a la Cámara a principios de septiembre y pueda discutirse en la Comisión correspondiente, que es la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con esto se cierra el círculo en
el cual el marco de referencia lo han fijado ustedes y nosotros hemos hecho el trabajo con los agentes sociales y con las autoridades europeas. Les devolvemos un texto normativo para su discusión y aprobación en la Cámara, y la expectativa es que
podamos tener este proceso cerrado este año.


Tanto con los agentes sociales como con las autoridades europeas, dada la magnitud de todo lo que estamos poniendo encima de la mesa y todos los elementos sometidos a discusión, hemos establecido un cronograma de acuerdos que se extienden
durante este año y el año que viene. Lo que traigo aquí a su consideración es el primer acuerdo. El primer acuerdo tiene algunos elementos ya cerrados con los agentes sociales que se reflejan en el articulado concreto de la norma, y algunos otros
en los que nos hemos puesto de acuerdo sobre los principios generales, y tenemos que seguir cerrando algunos elementos adicionales durante los próximos meses. Hay otros elementos que, realmente, tenemos que empezar a discutir con los agentes
sociales para poder tenerlo el año que viene y poder traerlo a la Cámara en el curso de dicho año. Este calendario que hemos acordado con los agentes sociales a su vez también está reflejado en el cronograma del Plan de recuperación y resiliencia.
De forma ilustrativa, aquí tienen ustedes sus recomendaciones, y son marcadas, específicamente, aquellas recomendaciones que encuentran respuesta en el acuerdo con los agentes sociales. Estamos hablando de doce de las veintidós. No voy a ir
enumerándolas, simplemente lo reflejo en estas dos transparencias que tiene aquí.

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También voy a hacer referencia, para que lo tengan claro, al punto en el que estamos, desde el punto de vista del Plan de recuperación y resiliencia, en los distintos elementos. Como saben, el Plan de recuperación y resiliencia está
organizado por hitos que los países tienen que cumplir según un determinado calendario. En este acuerdo con los agentes sociales y con el anteproyecto de ley que traemos a colación estamos abordando cinco de estos hitos. El primero es la
separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, que se abordó de una forma sustancial en los Presupuestos Generales del Estado por la asunción por parte de la Administración General del Estado de casi 14 000 millones de gastos
impropios. El acuerdo es seguir avanzando en esta dirección en lo que queda, que ya es poco, en los próximos años de legislatura. Por lo tanto, son parte del acuerdo con los agentes sociales, en donde se ha concretado todavía más este calendario y
estos gastos impropios, y está reflejado en el anteproyecto de ley que llegará a la Cámara.


El segundo hito es el del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con el nuevo índice de revalorización que ustedes nos pidieron que trabajáramos y acordáramos con los agentes sociales. Y así hemos hecho; está en el acuerdo y
está en el anteproyecto de ley.


El tercer hito del plan es el alineamiento de la edad efectiva de jubilación con la edad ordinaria. Está en el acuerdo en sus elementos de jubilación voluntaria y jubilación demorada, y también está plasmado en el articulado del
anteproyecto de ley que traemos a la Cámara.


El cuarto elemento es la sustitución del factor de sostenibilidad por un factor de equidad intergeneracional. Este nuevo mecanismo está acordado, en términos conceptuales, en el texto con los agentes sociales. Su concreción final está en
proceso de discusión y tenemos que seguir trabajando con los agentes sociales en los próximos meses, y hay un compromiso con un plazo fijado en el anteproyecto de ley.


También en el hito R3 -esa es la jerga de la Comisión Europea-, que es el nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por los ingresos reales, están acordados los principios generales y plasmados en el
acuerdo, aquí no solamente con los agentes sociales, sino con las asociaciones representantes de los autónomos. El detalle final sigue en proceso de concreción para los próximos meses y entrará en una reforma normativa posterior, y nos hemos
comprometido con las autoridades europeas a traerla a esta Cámara a principio del año que viene, de 2022, con el objeto de que la reforma entre en vigor en 2023.


Esto, por lo tanto, les da una fotografía integral, tanto desde la perspectiva de los hitos del Plan de recuperación como del acuerdo que hemos cerrado y rubricado con los agentes sociales y también cómo se refleja, en su caso, en el
anteproyecto de ley.


Voy a pasar ahora a desgranar los distintos elementos con un poquito más de detalle. Antes de eso quería recordar que el acuerdo que hemos alcanzado es el primero en diez años y también quería poner de manifiesto, porque es un elemento
importante, el punto de partida de España. De nuevo traigo aquí a colación el Ageing Report de la Comisión, porque ha actualizado todos los datos y los ha hecho homogéneos entre países. Este es el gasto en pensiones públicas por países en el año
2019. Como ven, la mayoría de los países de nuestro entorno tienen un gasto superior al nuestro, en algunos es sensiblemente superior. Esto lo he contado yo varias veces, pero que haya cifras actualizadas y homogéneas por parte de la Comisión
Europea es bueno traerlo a colación y recordarlo. Básicamente, lo que pone manifiesto es la importancia de lo que hemos acordado entre todos sobre gastos impropios. Porque si España no está por encima -claramente está por debajo- de la mayoría de
los países que tienen sistemas de Seguridad Social similares a los nuestros y que son comparables -no podemos poner aquí países anglosajones, donde el sistema básicamente tiene un componente de capitalización muy fuerte- y, por lo tanto, el gasto en
pensiones de esos países que tienen un sistema de reparto como el nuestro es más alto, y si, por otro lado, nosotros tenemos cotizaciones sociales muy altas, más altas que la mayoría de nuestro entorno, ¿cómo es posible reconciliar esto? Pues es
posible reconciliar esto por lo que hemos explicado muchas veces y ustedes nos han pedido que arregláramos: por los gastos impropios. Además de estos gastos en pensiones, con las cotizaciones sociales se están abordando y se han abordado a lo
largo de muchos años políticas de distinta naturaleza -que, además, ustedes en el acuerdo las desgranaron en 22 000 millones de euros- que hacen que cuando se aborda -y esto lo hemos tenido que explicar muy bien a las autoridades europeas para que
lo entendieran- con los niveles de ingresos actuales y con el sistema que tenemos -por eso es tan importante transmitir tranquilidad y certidumbre a los pensionistas-, veamos que el punto de partida de nuestro sistema es sólido.

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Hay que abordar los retos del futuro y hacerlo con tiempo, con inteligencia y a través de mecanismos que sean aceptables por todos y que sean voluntarios, pero es muy importante recordar siempre cuál es el punto de partida. También es
importante recordar, al hablar de retos, dónde están y cuál es su horizonte temporal. Miren -son datos de la Seguridad Social-, aquí tienen la proyección de altas de jubilación y las jubilaciones que se han realizado hasta el año 2020. Como ven
ustedes, tenemos un problema, por así decirlo, que se sitúa entre 2025 y 2050, que es el período en el cual aumenta extraordinariamente el número de altas, y después, a partir del año 2040, empiezan a bajar. Si nos vamos hacia los años posteriores
a 2050, estamos en niveles similares a los actuales y, si siguiéramos, veríamos que incluso algo más bajos. Es decir, tenemos un punto de partida muy sólido y cuando miramos al futuro nos encontramos que tenemos un problema coyuntural, pero como
los ciclos poblacionales son de cierta extensión, es donde tenemos que concentrar nuestros sistemas de financiación para el aumento que se va a producir en el gasto en pensiones en este periodo. Esta es la dimensión futura sobre la que tenemos que
operar y trabajar, y sobre la que ustedes nos mandaron un conjunto de recomendaciones, a las que estamos dando satisfacción. Por lo tanto, tenemos un punto de partida muy sólido y un problema acotado en este horizonte temporal que les estoy
presentando en este momento.


¿Y cuáles son los acuerdos ya concretos? El primer, y muy importante, elemento que transmite más certidumbre y que más consenso suscita entre todos, por supuesto, es que los pensionistas tienen que tener asegurado en todo momento que sus
pensiones se revalorizan y mantienen su poder adquisitivo y, además, lo hacen conforme al índice de precios al consumo. Ya no pueden depender de que el Gobierno de turno en unos presupuestos del Estado fije una cantidad u otra. Ya no pueden
depender, obviamente, de una reforma, como la del 2013, que les erosionaba su poder adquisitivo de una forma extraordinaria, porque se establecía un mecanismo por el que todos esos gastos impropios que no tenían cabida en las pensiones se
neutralizaban, básicamente, perdiendo poder adquisitivo. Con esto damos respuesta a las recomendaciones 2 y 15 del Pacto Toledo y damos respuesta al hito, la reforma 2A del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Qué es lo que estamos
haciendo? Estamos garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo -esta es la fórmula concreta-, de tal forma que todos los años los pensionistas sabrán que el 1 de enero se incrementarán sus pensiones de acuerdo con la inflación media, medida
a través del IPC, registrada en el año anterior. Es así de simple y así de claro. Cada cinco años, el ministerio elevará un informe al Pacto de Toledo para que se constate, con este mecanismo que es más o menos evidente -puede haber algún decalaje
temporal-, que se ha producido lo que realmente es el objetivo, que los pensionistas mantienen en todo momento su poder adquisitivo.


Segundo elemento. Medidas para acercar la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. Con esto damos respuesta a las recomendaciones 6, 11 y 12 del Pacto de Toledo y también al hito 2B de la Comisión Europea. Me parece que es
importante aclarar desde el principio, porque a veces me lo preguntan, que la edad ordinaria de jubilación, la edad legal, como a veces se llama, en España es adecuada y, en ningún caso, ni ustedes lo han planteado ni nosotros consideramos que se
deba modificar. Es una edad adecuada. El problema que tiene España -y es aquí donde sí que tenemos que incidir a través de los mecanismos voluntarios que hemos acordado y que ustedes nos pidieron que desarrolláramos- es que tenemos una baja tasa
de actividad, es decir, un mercado laboral con poca gente trabajando a partir de los cincuenta y cinco años. Este gráfico mide, por tramos de edad en el eje horizontal, la desviación de la tasa de actividad, es decir, el número de personas en el
mercado de trabajo en cada franja de edad, en relación con lo que ocurre en la media de la Unión Europea. Como vemos, entre veinticinco y cincuenta y cuatro años estamos 1 punto por encima de la media europea; entre cincuenta y cinco y sesenta y
cuatro años bajamos a 2 puntos, y por encima de sesenta y cinco años, donde operan fundamentalmente los mecanismos de jubilación demorada voluntaria, estamos 4 puntos por debajo de la media europea. Es aquí donde tenemos capacidad para incidir,
mediante mecanismos voluntarios, para que la edad efectiva se vaya alineando con la edad real. Esto es lo que tenemos detrás, y la referencia europea y otros estudios son muy relevantes.


¿Qué es lo que hemos acordado con los agentes sociales con todo detalle y hemos trasladado al articulado? En primer lugar, mejorar la jubilación demorada mediante incentivos positivos. En segundo lugar, finalizar las cláusulas de los
convenios que impedían de alguna forma la efectiva aplicación de la jubilación demorada. Y, en tercer lugar, mayor flexibilidad y mejora de equidad en los coeficientes de jubilación anticipada, fundamentalmente los de jubilación voluntaria, pero
también afecta a los de jubilación involuntaria. Son más flexibles y, además, se introduce una equidad al aplicarse sobre la pensión y no sobre la base reguladora. También incorporamos una mejora del tratamiento de la incapacidad temporal

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para mayores de sesenta y dos años. Claro, en este contexto en el cual estamos propiciando carreras laborales más largas a través de los incentivos voluntarios, en línea con los países de nuestro entorno, parece lógico que si las bajas
laborales son un poquito más largas en esas edades, se compense a las empresas de alguna forma por ese elemento.


Los incentivos de jubilación demorada. Esto es el resultado de una encuesta. También hemos comprobado toda la experiencia internacional. En España, aparte de comprobar que los incentivos que ya existen son prácticamente desconocidos,
¡prácticamente desconocidos!, por todo el mundo que debería conocerlos, que son los que están cercanos a la edad de jubilación, hemos planteado dos alternativas a las personas que están en la edad próxima a jubilarse. La jubilación demorada
voluntaria supone un ahorro para el sistema y de alguna forma lo que estamos diciendo aquí es que ese ahorro para el sistema lo vamos a repartir entre el que realmente ha tomado la decisión de demorar y el propio sistema, que se refuerza desde el
punto de vista de la sostenibilidad. Cuando planteamos dos alternativas, la alternativa de recibir un tanto alzado al que haya demorado año a año su jubilación de forma voluntaria y la alternativa de recibir un incremento mensual mayor de la
pensión, como ven, es abrumadora o muy destacada la preferencia por el tanto alzado en todos los niveles de pensión y también en todas las edades, aunque no esté aquí. Y eso es lo que hemos acordado. Lo que hemos acordado con los agentes sociales
es que el pago único por año de demora, obviamente dependiendo del nivel de la base de cotización que tenga cada uno y también de los años de cotización, pueda llegar hasta los 12 000 euros al año, que básicamente es equivalente a un incremento de
la pensión del 4 % por año en todo su periodo de demora. Vamos a permitir -así está en la norma que traemos a su consideración- la combinación de los dos elementos, demora e incremento; con lo cual, uno elige la combinación que le parezca más
adecuada, aunque hemos percibido una cierta preferencia por la cantidad a tanto alzado. También mejoramos las condiciones para las empresas y los trabajadores, porque les exoneramos de la obligación de cotizar por contingencias comunes a partir del
cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria. Es un incentivo adicional.


Como decía, para que estos mecanismos de jubilación demorada sean realmente eficaces, las cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos tienen que acotarse muchísimo, porque si no, les dejamos sin capacidad de decisión. La
decisión de cuándo se jubila es un derecho de la persona, pero dejaría de serlo si en un convenio colectivo se decide lo contrario. Aparte de ser una anomalía española, esto recibe fuertes críticas de los especialistas a nivel internacional, como
se refleja en esta referencia de la OCDE que he traído aquí a colación. Hay más de un millón de trabajadores afectados por cláusulas de este tipo en 2021.


¿Qué hemos acordado? Hemos acordado que no será posible aplicar cláusulas convencionales de jubilación forzosa a los trabajadores con una edad inferior a los sesenta y ocho años, y por encima de dicha edad solo será posible si la persona
que se jubila tiene derecho al cien por cien de la pensión y cada jubilación conlleva simultáneamente la contratación indefinida y a tiempo completo de otra persona trabajadora. Hemos acordado con los agentes sociales una cláusula de género, por
así decirlo; son excepciones para sectores con una baja participación laboral femenina, por debajo del 20 %. Estos casos, siempre que se verifiquen las condiciones señaladas para mayores de sesenta y ocho años, tendrán la particularidad de que se
podrá realizar la jubilación a una edad inferior, siempre que la persona contratada sea mujer. Este es el acuerdo sobre jubilación demorada y empiezo con lo que tiene que ver con la mejora de la equidad y la mayor flexibilidad de la jubilación
anticipada.


En el caso de la jubilación anticipada voluntaria -ya lo he traído a colación- lo que constatamos es, primero, que la mayoría de las personas que se jubilan -eso ya lo he enseñado otro día- lo hacen estando en la base máxima de cotización y,
después, que la concentración está fundamentalmente materializada -estos son datos para el año 2019- en el primer momento en que es posible, es decir, con sesenta y tres años. Esto refleja después las decisiones que, como saben, se van tomando,
porque los desincentivos se van reduciendo en el tiempo por trimestres y, por lo tanto, esas barras mayores trimestrales reflejan decisiones adicionales en trimestres posteriores. Por ejemplo, jubilarse anticipadamente no en dos años, sino en un
año, lo hace un 10 % de las personas. Con este resultado, mirando la sostenibilidad del sistema e intentando propiciar -eso está en la memoria económica que acompaña el análisis en todos los cálculos- pequeños cambios de comportamiento en el
margen, que agregados afecten de una forma sustantiva al sistema, lo que hemos hecho es crear un ajuste o unos cambios en los coeficientes que incentiven y propicien demorar esa decisión unos meses para quien realmente quiera jubilarse
anticipadamente, de tal forma que desde el punto de vista individual no cambia

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mucho, pero desde el punto de vista agregado tiene efectos importantes desde la perspectiva de la sustitución.


Estas son las ideas fundamentales del planteamiento, junto al elemento de equidad, de que el coeficiente desincentivador se aplica sobre la pensión que uno va a recibir y no sobre la base reguladora. En la mayoría de los casos hay incluso
penalizaciones menores de las actuales -lo vamos a ver a continuación- y, como explicaba, los desincentivos aplicables en pensión máxima se alinean de forma gradual en un periodo transitorio. Es decir, lo que está aquí lo vamos a desplegar
progresivamente en diez años, y vamos a llegar a este punto para que ninguna persona que esté en edad próxima a jubilarse y que tenía ya pensado algún tipo de planteamiento se vea afectada o tenga que cambiar su planteamiento como resultado de este
cambio de incentivos. Por eso lo desplegamos de una forma muy gradual; teniendo en cuenta que es una reforma a treinta años es la forma adecuada de hacerlo. Se premian las cotizaciones en las carreras más largas, es decir, estas curvas que voy a
enseñar difieren en función de las carreras profesionales.


Esta es la situación actual, es decir, los coeficientes actuales de desincentivación de la jubilación anticipada evolucionan por trimestres, como vemos, y con un horizonte de dos años. Lo que tenemos en el eje horizontal son meses y esta es
la nueva curva que surge, que es continua y, por tanto, ya no tiene saltos trimestrales. Genera un cambio de comportamiento en los primeros meses, pero después, excepto muy al final, es ligeramente menos desincentivadora de lo que es ahora. Este
es un cálculo hecho para personas trabajadoras entre treinta y ocho y cuarenta y un años y medio cotizados, por coger una de las referencias que existen. Es muy importante y relevante recordar que estos coeficientes de facto, para las personas que
están en base máxima, no son actualmente de 16 %, sino que son del 4,8 %.


Voy a pasar a explicar la separación de fuentes, que es otro de los acuerdos del Pacto de Toledo. Esta es la reforma 1 y también el hito 1 del Plan de recuperación y resiliencia. Ustedes nos pidieron que hubiera una imagen fiel en la
Seguridad Social, de tal forma que figuraran todos aquellos gastos que han sido cubiertos durante los últimos años con cotizaciones sociales pero que responden a políticas públicas de distinta naturaleza, sin duda legítimas, y que tienen que ser
sufragadas por los Presupuestos Generales del Estado porque son decisiones de política que responden a iniciativas para mejorar o para incentivar determinados elementos en la contratación, del mercado de trabajo, políticas activas de empleo,
subvencionar determinados regímenes, etcétera. La lista la establecieron ustedes. Nosotros, con los agentes sociales, la hemos afinado un poquito más, pero sigue estando en torno a los 22 000 millones. Les recuerdo que ya en los Presupuestos
Generales del Estado de 2021 todos estos elementos que aparecen debajo están siendo sufragados con transferencias de la Administración General del Estado a la Seguridad Social, y ya no tienen que materializarse en créditos, como ocurría hasta ahora.


Como digo, el compromiso con los agentes sociales es seguir avanzando en esta línea, en respuesta al Pacto de Toledo. Recuerdo que el déficit de la Seguridad Social, que deberíamos retornar cuando acabe todo el efecto de la pandemia, se
cifraba en torno a los 18 000 millones de euros; 14 000 ya están cubiertos, pero nos queda todavía un poquito, no mucho. Hemos resuelto cuatro quintas partes del problema y nos hemos comprometido a cerrar todo en los presupuestos de los próximos
dos años.


Este sistema es un planteamiento para el futuro que me gustaría poder incorporar en el proceso legislativo, y es bueno que los nuevos compromisos de gastos ajenos a la Seguridad Social requieran el acuerdo del Ministerio de Hacienda. Es
decir, una vez que este tipo de políticas que antes iniciaba el antiguo Ministerio de Trabajo y ahora harán los dos ministerios que llevan este tipo de políticas, como se ha hecho por ejemplo durante la pandemia (políticas que en un momento
determinado hay que poner en marcha por coyunturas tan excepcionales como las que ha habido, o por determinadas realidades del mercado de trabajo que requieren políticas públicas de gasto o de exoneración o de reducción de cotizaciones a la
Seguridad Social), y que tienen un coste fiscal, ya no se sufragan dentro del subsistema de la Seguridad Social -que es lo que nos han pedido ustedes que se acuerde-, aunque la iniciativa sea desde estos ministerios, que el acuerdo, dada la
implicación de gasto que tiene, requiera el acuerdo del Ministerio de Hacienda, y esto es algo muy razonable desde el punto de vista del rigor y la disciplina presupuestaria.


Paso a continuación al siguiente elemento del acuerdo con los agentes sociales, que es la cotización por ingresos reales de los autónomos, que es el hito 3 del componente 30 del Plan de recuperación y resiliencia. Esto es algo muy
perseguido por los representantes de los autónomos durante muchos años y, en general, por todos. Las características del sistema de cotización de autónomos son una anomalía del sistema. Al cruzar los últimos datos de autónomos que tenemos en la
Seguridad Social con la Agencia

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Tributaria hemos constatado lo siguiente: por un lado, en torno a un tercio, o algo más, de los autónomos tienen rendimientos negativos o no presentan declaración y cotizan a la Seguridad Social, y por otro lado, algo más de otro tercio
tienen rendimientos superiores a la base mínima. La situación es muy heterogénea, pero, como verán aquí, en este gráfico, dominan ampliamente los rendimientos inferiores a la base mínima. Es decir, que la transición, que se va a hacer
progresivamente, a un régimen con ingresos reales, en principio, da la opción a muchos trabajadores autónomos, a la mayoría de trabajadores autónomos, a cotizar menos de lo que están cotizando en este momento.


Este acuerdo no es solamente con los agentes sociales, sino que a esta parte del acuerdo se han incorporado y se han adherido los representantes de las tres principales asociaciones de trabajadores autónomos. Se implantará de forma gradual
a partir del año 2022 y se hará efectivo en 2023 con un periodo transitorio. Lo que se busca es un equilibrio entre mayor protección y contributividad, y eso se hará a través de un número de tramos. ¿Cuántos tramos? ¿Cuántos tramos existirán por
debajo y por encima de la base mínima actual? Pues eso es lo que todavía tenemos que cerrar con los autónomos. Nos hemos dado un plazo de unos meses. Yo creo que el abanico de opciones está relativamente acotado. El número de tramos que se
establezcan por debajo de la base mínima será especialmente relevante para aquellos autónomos que tengan ingresos por debajo del salario mínimo, que son muchos, porque el salario mínimo y la base mínima están más o menos alineados.


Hemos acordado que los autónomos puedan elegir su base de cotización en distintos momentos del año; es decir, es verdad que los autónomos -sobre todo si hubiera muchos tramos, si hay menos tramos es menos relevante- van estimando cuál va a
ser su rendimiento neto al final del año y, en función de eso, pueden ir ajustándolo. Lo pueden hacer trimestralmente, como lo hacen ahora con las declaraciones -va a ser un sistema muy sencillo-, y pueden modificar a su elección en qué tramo
quieren cotizar durante el año. Y después, terminado el año, cuando llegue la hora de regularizar, podrán también tener opciones distintas, como, si quieren, dejar a cuenta para el futuro.


Estamos discutiendo con los autónomos un modelo que yo creo que va a ser muy flexible, se va a desplegar gradualmente y estarán todos los elementos del acuerdo. Yo creo que va a generar mucha equidad y, sobre todo, va a permitir que un
número significativo de autónomos tengan pensiones y se beneficien más del sistema de Seguridad Social de lo que se benefician en este momento.


El siguiente elemento es la sustitución y derogación del factor de sostenibilidad. Esto está en la recomendación 17 bis del Pacto de Toledo y es la reforma 2 del Plan de recuperación y resiliencia. Yo creo que es conveniente recordar qué
es lo que se está derogando con el factor de sostenibilidad. Sorprendentemente, el diseño -por eso yo creo que hay consenso en que este factor de sostenibilidad estaba mal diseñado y mal planteado- del factor de sostenibilidad se vinculaba con la
esperanza de vida. Los problemas de sostenibilidad en el sistema que plantea la esperanza de vida se resuelven, lógicamente, con la edad de jubilación y haciendo que la edad efectiva se alinee a la edad legal. Y esa es la vía lógica. Con lo cual,
trabajando más y, sobre todo, si podemos hacerlo -parece que sí- con los números que nos salen hacia delante, simplemente de forma voluntaria, con las posibilidades que da la profesión de cada uno, abordamos gran parte del problema de esperanza de
vida.


El otro problema, que es el que yo reflejaba al principio, es el que se plantea por esta jubilación tan intensa de una generación, entre 1960 y 1975, que ha sido particularmente ancha. Pero después, como veíamos en las proyecciones y como
sale en las proyecciones del Ageing Report de la Comisión, el problema vuelve otra vez a minorarse mucho y volvemos a una situación que no es muy distinta de la que hemos tenido en los últimos años. A pesar de eso, el factor de sostenibilidad, tal
y como estaba diseñado en la reforma de 2013, suponía un recorte creciente de pensiones con una fórmula alineada con la esperanza de vida pasada -y pasada en varios años-, que debería haberse empezado a aplicar en el año 2019 y que supondría un
recorte de pensión. Hemos hecho la simulación siguiente: para un trabajador con una pensión de 1500 euros que se jubilara a los 67 años, lo que supondría jubilándose en el año 2030, en el año 2050 y en el año 2070, este sería el recorte en
términos reales de su pensión de aplicar el factor de sostenibilidad. Esto es lo que estamos derogando entre todos. Claro, como vemos en este gráfico -y esto es muy importante-, el efecto es creciente en el tiempo y va afectando más a los más
jóvenes. La forma en que está diseñado el factor de sostenibilidad hace que los que hoy son más jóvenes y empiezan a jubilarse, digamos, a partir del año 2050 -que son personas que ahora tienen 35 o 40 años-, tendrían una merma en su pensión muy
superior a la que tendrían las personas que se jubilan, por ejemplo, en el año 2030, que son personas que ahora pueden estar en torno a los 55 o 57 años.

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Es muy importante entender qué es lo que estamos sustituyendo. Este mecanismo lo estamos sustituyendo, y por eso es tan importante desde el punto de vista de la equidad intergeneracional, porque para un problema que se concentra en el
tiempo -lo que yo he reflejado antes- se estaba aplicando el mecanismo del factor de sostenibilidad. Ante la eventualidad -y digo ante la eventualidad porque nosotros hemos hecho números y, como he estado explicando, el punto de partida es muy
sólido; estamos tomando decisiones sobre la edad efectiva, que tiene un efecto muy relevante desde el punto de vista de allegar mayores recursos al sistema y, además, hay otros elementos adicionales pendientes para la segunda fase que también
generan ingresos-, repito, ante la eventualidad de que en el periodo de mayor tensión que genera la jubilación de esta generación hubiera que llegar a ingresos adicionales, lo que hemos acordado con los agentes sociales es lo siguiente.


En este tema quiero transcribir exactamente los párrafos que están en el plan. Primero, la sustitución, y que exista un mecanismo que esté disponible para su eventual funcionamiento a partir del año 2027, que es cuando realmente nosotros
tenemos acotado este mayor aumento de personas que se empiezan a jubilar -no en el año 2019, como existía en el factor anterior, sino a partir del año 2027-. Este es el primer elemento del acuerdo. Hemos establecido un periodo para acordar este
mecanismo con los agentes sociales que se extiende durante los próximos meses, teniendo en cuenta la pausa del verano, aunque vamos a continuar el diálogo con ellos en este momento.


Quiero recordar -porque esto es parte del acuerdo con los agentes sociales- que ya en 2011 los agentes sociales se pusieron de acuerdo en que existiera un mecanismo de este tipo. El mecanismo está acordado y pendiente de desarrollo en la
reforma pactada, tanto en el Pacto de Toledo como con los agentes sociales, en el año 2011. Lo que ocurrió después es que en el año 2013, sin acuerdo con los agentes sociales y sin acuerdo en el Pacto de Toledo, se introdujo el mecanismo que acabo
de explicar y que tiene esa naturaleza. Por lo tanto, el siguiente elemento del acuerdo es recuperar el concepto que existió y que se construyó hace diez años.


Lo que hemos acordado sobre la naturaleza de este mecanismo de equidad intergeneracional está en los dos párrafos siguientes, que los dejo ahí, los podría leer pero los pueden leer ustedes y probablemente los habrán leído todos ustedes. Y
yo creo que viene a plantear lo siguiente: ante la eventualidad -digo ante la eventualidad porque yo creo que cuando acordemos este mecanismo, aunque el problema está básicamente acotado y resuelto, tenemos que ser previsores y tenemos que tener
todas las posibles opciones preparadas- de la necesidad de que lleguen mayores ingresos al sistema y mayor esfuerzo de sostenibilidad en ese periodo, la discusión en ese momento -y se podría ir revisando y activando en función de variables y
elementos que en este momento tenemos que estimar y no sabemos muy bien cuáles son- sería que -y leo la última frase- ello implicaría incorporar indicadores en el conjunto que ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone
el envejecimiento de la población, y que, actuando de forma equilibrada sobre el conjunto de los parámetros del sistema, sirvan de base para un diseño de un nuevo mecanismo que evite hacer recaer en las generaciones más jóvenes el coste derivado de
la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más poblados, repartiendo de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema a largo plazo.


¿Cómo entiendo yo esto? Yo entiendo que, llegado el momento y en su caso -lo digo porque esto no es algo que haya que dar por garantizado-, si hubiera que allegar nuevas fuentes de financiación al sistema -que, en cualquier caso son
pequeñas, muy pequeñas, pero que, de acuerdo con los cálculos que les he presentado, que están en el Ageing Report, y con las otras decisiones que estamos tomando de acompañamiento a través de incentivos voluntarios, son muy importantes-, la
disyuntiva es: ¿una situación de este tipo se paga con impuestos, que los pagan todos, o podría contemplarse la posibilidad de mecanismos más selectivos a la hora de llegar las fuentes de financiación? Esto es lo que está planteando este acuerdo
con los agentes sociales y creo que es un elemento de reflexión muy importante -una sociedad madura tiene que tenerlo- y que trasciende, sinceramente, lo que estamos hablando de pensiones.


Tenemos unas generaciones de jóvenes que tienen un nivel de precariedad y de tasa de desempleo muy superior a la que ha tenido una generación, por ejemplo, como la mía. Es una generación no muy ancha, desde el punto de vista del tamaño que
tiene el cohorte de población, y que, como todos los ciudadanos hacemos, tendrá que afrontar el mantenimiento de un estado del bienestar en el que todos creemos extraordinariamente que no solamente tiene como elemento central las pensiones, sino la
dependencia, la sanidad, etcétera.

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A la hora de diseñar las políticas públicas de los próximos años, yo estoy convencido de que del mismo modo que en este momento -ya nadie lo discute, pero hace unos cuantos años era raro oírlo- la consideración de género es una consideración
fundamental de justicia y de equidad que hay que incorporar a las políticas públicas, con el tiempo -y por eso es bueno dejar un hilo del que tirar hacia delante, y creo que es responsabilidad de todos plantearlo así- plantear este mecanismo de
equidad intergeneracional va a ser un elemento que probablemente sea también elemento de justicia y de equidad.


Esto es lo que hay detrás del acuerdo, y nada más que eso. Es un concepto que se ha reflejado de esta forma, es un concepto que se ha reflejado en estos términos en el acuerdo que hemos firmado con los agentes sociales, con los sindicatos y
la patronal la semana pasada. Arranca del acuerdo del 2011, está derogando un factor de sostenibilidad del año 2013 mal diseñado, que genera unos recortes probablemente innecesarios de pensiones porque, probablemente, estén atendiendo a otro tipo
de consideraciones o a problemas de percepción errónea de un problema que es permanente, que era permanente y que se extiende indefinidamente en el tiempo y afecta fundamentalmente a los jóvenes.


Frente a eso, planteamos este concepto de cómo deben abordarse los problemas de financiación o cómo debe incorporarse este elemento de equidad intergeneracional en la posible solución de un problema que, a día de hoy, no tenemos ni siquiera
cuantificado adecuadamente. Como digo, con las decisiones que estamos tomando entre todos en este momento y con el punto de partida sólido que tiene el sistema, una vez eliminados los gastos impropios, tenemos tiempo y tranquilidad para ir viendo
cómo se van desplegando nuevos elementos.


Hay algunas otras medidas de mejora del acuerdo. Una es la creación de la agencia estatal de la Seguridad Social; esta fue un recomendación que nos hicieron ustedes y que hemos acordado también con los agentes sociales, que están
lógicamente muy interesados, porque a todos nos interesa la Seguridad Social, que es la instancia administrativa que gestiona las pensiones y muchísimos otros elementos del Estado del bienestar. Miren, si no, durante la pandemia, lo que ha hecho la
Seguridad Social en el ámbito de los ERTE, en el ámbito de los autónomos y en el ámbito de la incapacidad temporal. El sostenimiento tan difícil durante la pandemia se ha hecho, en una parte muy importante, gracias a esta institución. Esta
institución debe mejorarse desde el punto de vista tecnológico, organizativo y administrativo para que cumpla sus funciones de una forma más plena. Esto que nos pidieron ustedes también está en el acuerdo.


Nos hemos dado un plazo de seis meses para abordar el marco regulador del acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho. Lo vamos a hacer con los agentes sociales en los próximos meses, en paralelo con el elemento anterior que les
he explicado. Y, también, en el plazo de tres meses, en este caso, vamos a abordar el problema de la cotización de los becarios, en el que yo creo que también, en el ámbito del diálogo social, llegaremos a un acuerdo.


Con esto concluyo. El acuerdo alcanzado con los agentes sociales, una vez desgranados ante ustedes los distintos elementos, como verán, es extraordinariamente extenso y profundo. Aborda cuestiones de naturaleza muy compleja e, incluso, por
primera vez, temas que llevaban décadas sin ser abordados, como el asunto de que los autónomos coticen por sus ingresos reales. Cumple, como he dicho antes, doce recomendaciones de las veintidós -con el resto seguimos trabajando e irán llegando
nuevos elementos a esta Cámara y a esta Comisión-; y cumple la mayoría de los compromisos del componente 30 del Plan de recuperación y resiliencia. Despeja, fundamentalmente, las incertidumbres que generó la reforma del 2013 y, sobre todo, la
sensación de vacío que hemos trasladado a los pensionistas y futuros pensionistas. Y aborda, claramente, los problemas del reto demográfico en distintas líneas.


La más importante de estas revalorizaciones es la de las pensiones y el mantenimiento del poder adquisitivo. Esto es lo que asegura la suficiencia de las pensiones, fundamentalmente, y lo hacemos con una fórmula sencilla y clara que va a
entender todo el mundo, y que va a despejar cualquier duda indefinidamente sobre cómo van a evolucionar las pensiones de los pensionistas actuales y futuros. Se fortalece extraordinariamente la estructura financiera de la Seguridad Social con un
reconocimiento, por parte de la Administración General del Estado, de gastos impropios que superan el nivel de déficit de la Seguridad Social de partida. Trabajamos -yo creo que esto es moderno- alineando incentivos para que la edad efectiva de
jubilación siga aumentando, y damos más flexibilidad, donde se puede dar, en la toma de decisiones. Finalmente, incorporamos mecanismos de equidad y sostenibilidad del sistema, como la cotización de los autónomos por ingresos reales y este nuevo
concepto, que todavía tenemos que terminar de parametrizar, sobre el mecanismo de equidad intergeneracional.


Muchas gracias, presidenta y señorías. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, ministro, por sus explicaciones.


A continuación, voy a ir pasando la palabra, como les he dicho anteriormente, de menor a mayor. En primer lugar, tienen la palabra dos personas que van a repartirse el turno del Grupo Parlamentario Mixto y que van a acumular también, en
esta primera intervención, los tres minutos de réplica. Así que, en primer lugar, va a intervenir la señora Oramas y, a continuación, el señor Botran.


Ana Oramas, tiene la palabra.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro.


Este Gobierno es el campeón de las falsedades. (Rumores). Es un Gobierno bipolar. Tenemos un ministro Penélope, que teje por la mañana lo que Podemos y Moncloa desteje por la noche. Usted, que no era afiliado del PSOE, el técnico, el que
venía a resolver el déficit de la Seguridad Social, el hombre de los consensos políticos, ha sido un bluf y un desastre. Yo nunca esperé que usted se plegara e hiciera lo que ha hecho. No entro ya en el desastre de la gestión del ingreso mínimo
vital y de la inmigración en Canarias, ahora es un desastre para llegar a acuerdos políticos que garanticen el futuro de las pensiones.


Ha llegado usted a un acuerdo con sindicatos y CEOE porque ha pospuesto los asuntos conflictivos. Se trata de un acuerdo que no concreta nada, un acuerdo de parches, señor ministro, para tener una foto del presidente en los jardines de la
Moncloa. ¿Va a estar Sánchez en la firma de los ajustes y los recortes, que son los que vendrán en el otoño? Seguro que no.


En noviembre vendrá el mecanismo de equidad intergeneracional, ese nombre que lo que supone es bajada de prestaciones e incremento de la edad de retiro, el nuevo factor de sostenibilidad, el nuevo sistema de cotización de los autónomos.
¡Ustedes aprueban ayer un anteproyecto con la falta de consideración de no haber venido primero aquí, al Pacto de Toledo! Y nos vienen con los hechos consumados de un anteproyecto de ley, cuando tenía que haber un acuerdo político. Ustedes aprueban
el anteproyecto de ley sin estos elementos que les estoy diciendo, los que aplazan para noviembre. ¿Ustedes no estarán pensando en traerlos como una enmienda a la tramitación del proyecto de ley, sin los informes preceptivos de determinados
organismos y sin acuerdos políticos? Yo le pido hoy -es mi petición principal- y le exijo que diga que no lo harán así, que no lo harán así.


Seguimos. Vuelve a faltar al respeto a esta Comisión. Firma acuerdos sin presentarlos en esta Comisión, aprueban el anteproyecto antes de comparecer en el Pacto de Toledo. ¿Creen de verdad ustedes que pueden engañar a Bruselas? Ustedes
no garantizan la estabilidad de las cuentas de futuro de las pensiones. No hay consenso político en este momento con lo que ustedes han aprobado. ¿O es que dentro de su soberbia creen que ustedes van a gobernar los próximos veinticinco años y que
a Bruselas solo le interesa el acuerdo entre sindicatos y CEOE, y no el acuerdo político? A no ser que piense que en los próximos veinticinco años ustedes van a gobernar. El acuerdo sobre el futuro de las pensiones es un todo, lo bueno y lo malo,
para el consenso social y para el acuerdo político. Y ustedes traen un parche. No ha enviado a esta Comisión la información que se le pidió sobre las personas de largas carreras de cotización, que además se le dio un plazo hasta febrero. ¿Qué
tiene que ocultar? ¿O qué intenciones no quiere adelantar?


Se le escapa en una entrevista de televisión que una generación, los del baby boom, tendrán que asumir los costes de todos. Luego lo desmiente o le obligan a desmentirlo, porque yo le conozco a usted. Usted dijo lo que pensaba y después le
tocaron y tuvo que retroceder porque, si no, el mismo día de la firma, se ponía en riesgo la firma y la fotito de Sánchez en los jardines de Moncloa. Es injusto que los que más aportaron al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, los que más años
han cotizado, que son los del baby boom, y que distintos Gobiernos usaron para cosas impropias que no tenían que ver con garantizar la pensión, van a ser los que, con un pequeño esfuerzo de cobrar menos o de trabajar muchos más años, tienen que
resolver que cuadren las cuentas. ¿Por qué una sola generación, que es la que más años ha trabajado y la que más aportó al sistema, es la que tendría que hacerlo? Usted ya había dicho que tendremos que discutir si eso va a impuestos de toda la
sociedad. ¿Pero a usted le preocupa más que el de 29 o 30 años, cuando se jubile en el 2070, pierda 200 euros? Tiene tiempo el de treinta y pico años de hacer sus previsiones. El que no tiene tiempo, y le está cogiendo usted a mitad de partido,
es el que tiene 59, 60 o 61 años y que usted le cambia las reglas del juego a 3, 4 o 5 años antes de jubilarse.


Voy terminando. El sistema de pensiones español solo se puede mantener con más trabajadores y más empleo y con mejores salarios y mayor productividad. Hay 10 millones de pensionistas, 4 millones de trabajadores públicos, 3 millones de
parados, o sea, 17 millones de obligaciones salariales públicas, prácticamente igual que las del sector privado. Esto no se puede sostener si no se produce un incremento

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del empleo y la actividad. Seguimos teniendo unas pensiones mínimas del hambre y unas pensiones no contributivas vergonzosas. Son un fraude. No estamos para fotos ni felicitaciones y, desde luego, no habrá consenso político si ustedes no
rectifican.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Oramas.


A continuación, tiene la palabra el señor Botran. Además, como he comentado anteriormente, han pedido acumular los dos turnos.


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.


Señor ministro, lo que nos trae hoy tiene algunos elementos de cal y otros de arena. Entendemos que la revalorización en el índice del IPC era necesaria para que lo firmasen Comisiones y UGT, pero, por otro lado, una serie de medidas
consolidan los recortes que ya hizo el PSOE en el 2011 e, incluso, algunos del PP en el 2013. Consolida el alargamiento de la edad de jubilación; consolida el periodo de cálculo, que pasó de los quince a los veinticinco años; endurece la
jubilación anticipada, cuando lo que ha venido reivindicando el movimiento es que la gente que ya tiene cuarenta años cotizados se pueda jubilar con el 100 % de la pensión, que es una demanda muy razonable; no sube las pensiones mínimas a 1080
euros como pide la Carta Social Europea, una situación que afecta, principalmente, a mujeres de clase trabajadora, y el factor de sostenibilidad no desaparece porque, al fin y al cabo, se transformará en esta, llamado nuevamente ahora, equidad
intergeneracional. Estos son recortes. Lo firman Comisiones y UGT, pero son recortes.


Y el problema es que el planteamiento de base ya es falso, es decir, se nos cuenta que en el futuro faltarán cotizantes por una pirámide demográfica y, ante esto, hay que negar la mayor. Primero, que en cuanto a dinero de pensiones, están
los gastos impropios; parece que se empieza a resolver, pero la cantidad de 22 000 está muy por debajo de lo que realmente se quitó de los fondos de pensiones y por eso se ha pedido, en muchas ocasiones, una auditoría. Hay cifras que lo elevan a
100 000 millones de euros, incluso más. Pero digo que negamos la mayor a este hecho de que sea un problema demográfico porque siempre que se hacen estas prospectivas se habla del número de trabajadores que habrá, pero no se habla de la
productividad o de los salarios que tendrán, que es lo fundamental. Es decir, si la productividad crece porque son empleos de calidad también crecerán las cotizaciones. Y no es un problema de número de trabajadores. De hecho, ya no es ahora un
problema demográfico, porque hay 3 600 000 parados que podrían estar cotizando. El problema, entonces, es de paro y de salarios bajos. Este es el problema fundamental que existe con las pensiones, y la razón es que el dinero y quien dirige las
inversiones, que es el capital privado y la banca, se sitúan en el campo de la especulación y no en el de la economía productiva; unos dirigentes de banca, por otro lado, que no sufrirán en ningún momento por sus pensiones, que son
multimillonarias. El problema demográfico nosotros no lo podemos validar como base de las contrarreformas que se han ido dando ya, como he situado, en el 2011, con el PSOE, en el 2013, con el PP, y que ahora la Unión Europea les exige y ustedes se
pliegan a más contrarreformas. El problema fundamental es la distribución de la riqueza; no es que no haya dinero, sino quién se lo queda. Hubo dinero para el rescate bancario, hay evasión fiscal que no se persigue lo suficiente y hay reformas
fiscales para hacer que quien más tiene más contribuya.


Entonces, el dilema no puede ser trabajar más años o cobrar menos pensión, sino que la premisa de cualquier Gobierno de izquierdas debe ser repartir los trabajos y la riqueza, y no aceptamos que se presente como un conflicto entre
generaciones lo que es un conflicto entre clases, es decir, de quién se queda la riqueza que produce una sociedad, un país. Hay dinero para pensiones, hay dinero para el Estado del bienestar y hay dinero para inversión social. La cuestión es que,
a través de los impuestos y una evasión fiscal, las clases dominantes eluden sus obligaciones con estas pensiones, con estas inversiones sociales, etcétera. Por eso, exigimos salarios altos, creación de empleo, que se deje la economía especulativa
y se aborde la economía productiva e impuestos a las grandes fortunas.


Por eso tendrán el rechazo del movimiento de pensionistas a estas medidas y a las que nos traiga en noviembre, si lo que van a hacer es favorecer los fondos de pensiones privados, como parece que todo indica que va a ir por aquí, y seguir
debilitando y recortando el sistema público de pensiones.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Matute.

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El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Yo acumularé también el tiempo de las dos intervenciones.


Señor ministro, buenos días, aprovecho también para pedirle disculpas por si no puedo estar en el total de su respuesta, pero, en cualquier caso, lo veré.


Voy a seguir el esquema de intervención que usted mismo ha señalado porque creo que es más fácil para poder intercambiar impresiones o, al menos, para poder señalar aquello con lo que estamos de acuerdo y en desacuerdo.


Empezaba usted su intervención con una reflexión en torno a una encuesta que señalaba que el grado de pesimismo respecto al futuro del sistema de pensiones había crecido. ¿Quién lo diría? Pues yo no me lo explico, no me explico cómo puede
crecer el pesimismo cuando ven que se ha vaciado la hucha de las pensiones para cosas que nada tienen que ver con las pensiones durante estos últimos años; cuando ven que se cuestiona día sí, día también, por parte de grandes bancos -no solo por
ellos, pero también de grandes bancos-, y con la aquiescencia de diferentes Gobiernos, la propia viabilidad del sistema de pensiones para intentar detraer recursos hacia los fondos privados de pensiones; cuando ven y constatan en su propia realidad
que tienen que trabajar más y por más tiempo para cobrar menos o igual de lo que vienen cobrando; y cuando ven que la reforma fiscal pretendida y soñada nunca llega y que al final la redistribución de la riqueza no deja de ser una especie de
quimera a perseguir, pero, en absoluto, realizable.


Parece natural que la gente tenga cada vez una visión más pesimista sobre cuál va a ser la posibilidad de percepción de una pensión digna dentro del sistema público de pensiones. Pero es que eso también es responsabilidad de los Gobiernos.
Es decir, si los Gobiernos nos están señalando -y el suyo no es una excepción, y su labor en el Ministerio no es una excepción- que tenemos que complementar las pensiones con fondos privados, que tenemos que buscar alguna fórmula de
complementariedad a la pensión pública que venga con el esfuerzo personal e individual que cada uno haga en el individualismo, para ser más claros, para poder implementar las pensiones, probablemente, la gente entienda que si le dicen eso es porque
algún riesgo hay; y si quien se lo dice es quien lleva las riendas o el designio de las pensiones, pues parece que el riesgo aumenta.


Usted nos ha planteado, siguiendo eso, una lectura marco con la que podemos tener alguna coincidencia, pero también tenemos divergencias. Usted plantea como un elemento casi de primer orden que el problema fundamental tiene que ver con la
pirámide poblacional o con las diferencias poblacionales entre generaciones, cuando creemos que eso no es más que una causa coyuntural; no menor, pero coyuntural. Y las causas estructurales son otras. Las causas estructurales tienen que ver con
un mercado laboral, tienen que ver con una realidad del mundo del trabajo que cada vez necesita menos gente y a la que cada vez se está dispuesto a pagarle menos y que, por tanto, en la medida en que les pagan menos, cotizan menos; y como cotizan
menos, probablemente, hay menos recursos para todas y para todos. Y de eso no hemos oído hablar nada. Están bien todos los esfuerzos que se puedan hacer en materia de sostenimiento del sistema de pensiones, pero, si no entendemos que va
íntimamente ligado al mercado laboral, probablemente nos encontraremos siempre poniendo parches a un sistema de pensiones que seguirá estando condicionado por los designios y las voluntades del capital, que ha decidido que en esta nueva fase de
transformación del mercado laboral sobra gente; nunca sobran los beneficios a acumular por parte de las grandes empresas, pero, en cualquier caso, sí sobran determinados beneficios que se repartían para los y las trabajadoras. Hay muchos ejemplos
para sostener esto que digo, pero creo que hay uno que hemos vivido todos y todas y que, por tanto, a nadie le es ajeno, que se entiende bastante bien, que es el del COVID. Con el COVID hemos podido constatar que el esfuerzo de todos y todas es
necesario para sostener a todos y todas, y que los salarios de todos y todas son fundamentales para sostener los salarios de todas y todos. Sin embargo, en esa lectura, y podíamos aprender bien de esta realidad dura que todavía hoy estamos
atravesando, poco vemos en lo que aquí se nos señala.


Al final, el problema estructural es el que es. Sobre el problema estructural no se dice nada, y sobre el problema coyuntural cargamos todas las tintas. Para nosotros la realidad, como le digo, que se está imponiendo es que el
funcionamiento que sufrimos es el que impone el capital generando cada vez mayores tasas de beneficio y reduciendo el peso de la masa salarial; y al ser esta una parte fija, la que tiene que ver con las pensiones de la masa salarial, la que nutre
el sistema de Seguridad Social, pues el sistema pierde liquidez económica; y si pierde liquidez económica, no puede ser siempre que lo que nos encontremos para solucionarlo es que con las arcas del Estado vayamos compensando lo que otros han
decidido que tiene que hacerse y, además, tiene que hacerse, en la medida en que se quiera paliar con

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recursos de todos y todas. Pero por ir a lo concreto y aterrizando en las medidas que usted ha planteado, le decía que no voy a negar las que están bien. Nos parece bien derogar el factor de sostenibilidad. Nos parecerá mal que se nos
tome el pelo cambiándole el nombre al factor de sostenibilidad para llamarlo de solidaridad intergeneracional si al final es lo mismo, pero cierto es que todavía no está presentado. Habrá que esperar a la que parece que, en lugar de cuesta de
septiembre, va a ser la cuesta de noviembre con esas nuevas medidas que tienen que venir fruto de ese diálogo social del que tanto ha hablado, y entonces veremos. En cualquier caso, es positivo que se derogue el factor de sostenibilidad. También
es positivo que las pensiones se revaloricen con el IPC. Esos son elementos positivos y podríamos citar alguno más. Podríamos hablar de la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, como estoy señalando, pero también del blindaje
indefinido de la conocida como cláusula de salvaguarda o de la equiparación de las pensiones de viudedad en las parejas de hecho con las de matrimonio. También es cierto que ahí se oculta la gran tragedia de esta sociedad, pues las viudas y los
viudos -fundamentalmente, las viudas- siguen cobrando muchísimo menos de lo que deberían para el esfuerzo que han hecho para levantar las economías domésticas y familiares; siguen estando en unos porcentajes que yo sinceramente creo que dan cierta
vergüenza. Podríamos hablar también como elemento positivo de la cotización de autónomos sobre ingresos reales o de la cotización efectiva de los becarios.


Pese a ello, creemos que hay aspectos negativos que también hay que señalar y que desde luego no nos gustan y no vamos a apoyar. Se lo digo con absoluta franqueza, porque solemos hablar bastante claro. Nosotros no vamos a participar en
ninguna lectura que suponga un recorte ni un ataque a los derechos de los y las pensionistas de ningún tipo, ni ahora ni antes ni en noviembre; no lo vamos hacer. Pese a esos elementos positivos, por ejemplo, se vuelven a endurecen las condiciones
para la jubilación anticipada; de hecho, se elimina la posibilidad de que los convenios colectivos puedan acordar edades de jubilación inferiores a los 68 años. Usted nos hablaba en una estadística de las proyecciones de gente que podría jubilarse
en un determinado momento con 38,5 o 41,5 años de periodo trabajado y cotizado. Yo, cuando oigo esas cosas -perdóneme, señor ministro, no es nada personal-, entiendo que vivimos en realidades paralelas. No sé en qué realidad vive usted o qué gente
aporta sus datos para esa encuesta, porque la realidad en la que yo vivo -y no será una muy diferente a la de núcleos que antaño fueron industriales y luego pasto de la reconversión- no percibo esa realidad. No creo que haya mucha gente de mi edad
-por decir alguna-que pueda llegar a esa etapa con 38,5 años cotizados, porque parece que en algunos sitios hubo una crisis, la de 2008, que llevó a mucha gente a estar largos años en desempleo y sin ningún tipo de cotización y prestación, y que
antes de esa crisis tuvieron que alternar periodos de actividad con períodos de inactividad. Por tanto, sus cotizaciones ni de lejos van a llegar a esos mínimos de 38,5 años. Como digo, se ve que mí me ha tocado la parte mala de la foto y que yo
vivo en una realidad paralela. Me gustaría mucho creer que eso que usted señala va a ser así para todos y todas, pero desde luego no lo veo. Y, como digo, hay más elementos negativos que hay que señalar como, por ejemplo, el de los incentivos para
demorar la jubilación voluntaria o que se elimine con respecto a anteriores versiones la posibilidad de modificación del complemento de maternidad de pensiones para ver cuál de los progenitores se ha visto más perjudicado durante el nacimiento y el
tiempo de crianza de sus hijos e hijas y para que, en caso de duda, fuera a la madre a la que se le otorgase dicha posibilidad.


Con todo lo que he señalado de positivo y negativo, que ya no equilibra demasiado bien la balanza hacia lo positivo, hay elementos que nos preocupan sobremanera. Nos preocupa sobremanera que se amplíe el periodo del cálculo de la pensión.
Ya sé que nos hablan siempre de Austria y de Alemania y de los 35 o 40 años de media que estos tienen, pero, claro, la foto sería más correcta si también habláramos de los salarios que allí tienen. Entonces, la foto quedaría más correcta; si no,
no creo que esté diciendo nada equivocado si digo que la foto es parcial, sesgada e interesada. También creo que la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de solidaridad intergeneracional no es la solución si estamos intentando,
sobre la base de un problema coyuntural, no atajar realidades de cambio que tendrían que ser estructurales y que tienen que ver con la reforma fiscal, con la reforma laboral y con la reforma de pensiones para garantizar pensiones dignas para todos y
todas. Desde luego, también nos preocupa mucho el impulso a los planes privados de empresas, porque no todo el mundo tiene esas posibilidades; igual que no todo el mundo tiene la posibilidad de elegir que quiere alargar su vida útil en el empleo,
porque realmente llega extenuado a los años actuales. No todo el mundo llega en las mismas condiciones a la edad de jubilación y nos parece que plantearlo de manera unidireccional e igual para todos y todas es un tremendo error y además es
profundamente injusto.

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Termino ya y así agoto, sin pasarme, los diez minutos acumulados. Usted ha hablado mucho del diálogo social, pero nosotros echamos en falta su interlocución con los movimientos de pensionistas; en concreto, y por lo que nos toca, con el
movimiento de los pensionistas vascos y vascas, que han dado ejemplo de movilización constante durante muchos meses y que, sin embargo, no han visto recogidas sus reivindicaciones en estas medidas. Es más, el 30 de enero las dejaron por escrito con
la carta de derechos sociales en una huelga general. Nosotros nos sumamos a esas reclamaciones, seguimos vinculados a ellas, nuestra palabra se la hemos dado a ellas y a ellos y no al Gobierno y, desde luego, no moveremos nuestra posición ni
nuestro voto en un sentido diferente al que los pensionistas y las pensionistas vascas han reivindicado saliendo a la calle e incluso apoyando y participando en una huelga general el pasado 30 de enero. Si esto no se remedia, tendrá algún tipo de
réplica también en una movilización sostenida en las calles con carácter general.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta.


Ha tenido una intervención, como siempre, muy elocuente y bastante bien ilustrada en los powerpoints y yo enmarcaría sobre todo una de las primeras frases que usted ha señalado. Decía algo así como que el consenso, incluso en materias tan
importantes como el sistema de pensiones, es muy importante y que eso es lo que en su momento produjo el fracaso de la reforma del año 2013. El tejido de la evolución está construido sobre la base de acuerdos y de consensos. Mi grupo ha trabajado
mucho y constantemente en el Pacto de Toledo para obtener precisamente aquel resultado que en su momento firmamos todos -o casi todos- relativo a un conjunto de recomendaciones dirigidas a la mejora y sostenibilidad del sistema de pensiones,
entendida esta como el eje estructural sobre el que se cimienta el Estado social y de derecho -el ámbito social del Estado de derecho, diría yo-, que se construye ya incluso en algo que se llamó el consenso constitucional en el año 1979 y que
definía, de alguna manera, no solo la existencia de un ámbito de derechos y libertades, sino también de un ámbito de actividad del Estado en materia de protección que se diseñaba tanto en cuanto a las obligaciones que el Estado y las
administraciones públicas debían dibujar como también en el modo y en cuáles eran las administraciones que debían ser competentes para ello. El consenso se amplía a todos los ámbitos. El pacto se concreta en su cumplimiento. El año 1979 se
concretó en una Constitución que recoge un ámbito competencial determinado en el que, entre otras cosas, se señala que las comunidades autónomas van a tener aquellas competencias que se recojan en sus estatutos de autonomía. En Euskadi, la gestión
económica del sistema de Seguridad Social y también las prestaciones sociales que están incluidas dentro del ámbito del artículo 41 de la Constitución se recogen como tal, primero, para ser ejercidas directamente y, en su caso, también para ser
transferidas. En ese ámbito es donde ha trabajado el Grupo Parlamentario Vasco, en el desarrollo de un Estado social, evidentemente con carácter general, para todos los ciudadanos, mujeres y hombres, pero también con la idea de que aquel consenso
existente y el presente consenso existente, tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito del Pacto de Toledo, se concretan también en el respeto al ámbito estatutario, al ámbito constitucional y al ámbito de los acuerdos entre diferentes
administraciones.


La realidad es que a fecha de hoy se nos ha presentado un acuerdo en el ámbito de la Mesa de diálogo social con el que sustancialmente estamos de acuerdo, aun cuando existen también determinadas cuestiones con las que discrepamos. Pero la
primera situación desigual se produce cuando, a pesar de pasar por socios, nos tenemos que enterar por la prensa de los contenidos de los acuerdos. Esa ya, para empezar, no es una manifestación del consenso ni del acuerdo ni una forma de actuar
diligente. No nos gusta que se traten materias que se supone que son desarrollo del régimen económico de la Seguridad Social y del sistema de cobertura social para los ciudadanos vascas y vascos olvidando que es una competencia que desde hace más
de cuarenta años debería corresponder a la Comunidad Autónoma del País Vasco y que aún no se ha transferido. Hay contenidos y actitudes con las que discrepamos y que hoy por hoy no solamente no garantizan nuestro apoyo, sino que nos inclinan a ser
muy críticos con esta situación y con parte del contenido.


Si quiere contar con nuestro apoyo, señor ministro, deberá hablar y negociar más con este grupo y con sus interlocutores, porque está en juego algo más que el simple desarrollo de un texto legal. Está en juego el diseño del sistema de la
Seguridad Social, es decir, del sistema de protección dado a los ciudadanos

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para las próximas décadas, y nosotros no podemos ser ajenos ni a dicho diseño ni a su gestión, que deberá corresponder en su día a las instituciones vascas. Usted ha comentado en más de una ocasión que se debe concretar en una idea, que es
la de la ventanilla única, y no podemos estar en desacuerdo; solo que nosotros aspiramos a que, en ejercicio del artículo 41 de la Constitución, la ventanilla vasca sea la ventanilla a la que accedan los ciudadanos. Es algo que usted debe
trabajar, consensuar y pactar, entre otros, con el Grupo Parlamentario Vasco, pero sobre todo con el Gobierno vasco, incluido aquello relativo a su régimen económico.


Los consensos son pactos, señor ministro, y por desgracia hace poco hemos visto que hay alguno que falta por cumplirse y que, de hecho, se ha incumplido, que es aquel del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital no solo está en la
disposición adicional quinta de la Ley 20/2020, sino también en la interpretación que de esos términos se ha hecho en las conversaciones que se han mantenido entre usted y el portavoz de mi grupo, en las que se ha entendido otra cosa muy diferente a
la que se ha venido aplicando. Le instó a que recupere el diálogo y la conversación, pero sobre todo el talante de acuerdo en algo que es simplemente política; no es solo un texto jurídico, sino que es también política. Aquí de lo que se trata es
del cumplimiento de los acuerdos -aquellos constitucionales, los actuales del Pacto de Toledo y los presentes que se han suscrito con los grupos parlamentarios de este Congreso- para llevar a efecto el desarrollo del sistema de cobertura y atención
social a todos los ciudadanos.


Tenga muy clara una cosa, señor ministro: o aclaramos estas cosas antes del presupuesto o debe ser consciente de que, en caso contrario, su Gobierno puede tener problemas con él. Eso es algo que debe tener muy en cuenta.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Barandiaran.


A continuación, en cuarto lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora María Muñoz Vidal.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.


Buenos días, ministro. Antes de nada quiero agradecerle su comparecencia y su predisposición a venir a esta Comisión a comentarnos las distintas cuestiones relacionadas con esta reforma y con el seguimiento y evaluación de los acuerdos del
Pacto de Toledo.


Es una buena noticia, como ha dicho insistentemente en su explicación, que sus palabras sean de agradecimiento y de optimismo respecto a que estas reformas de calado se alcancen de una manera consensuada, pero tengo que decirle que la
reforma no tiene vocación real de consenso; ya se lo han dicho anteriormente algunos portavoces que me han precedido. El diálogo social es importante, es muy importante, pero no puede ser usado como coartada ni mucho menos como sustitutivo del
Parlamento. CEOE, UGT, Comisiones Obreras o Cepyme cumplen innegablemente una función de representación de los intereses de sus asociados, pero no son los representantes del conjunto de la sociedad. Esa labor de representación corresponde a las
Cortes Generales y, en concreto, a este grupo de trabajo que es la Comisión del Pacto de Toledo. Por mucho que su Gobierno se haya acostumbrado a abusar de la figura del real decreto-ley, yo personalmente y mi grupo parlamentario esperamos que
cumpla con su compromiso de tramitar esta reforma como proyecto de ley.


En su exposición también ha hablado de que se trata de una reforma profunda y de calado, porque da cumplimiento a casi la mitad de las recomendaciones del Pacto de Toledo y del componente 30 del plan enviado a Bruselas. No obstante, he de
decirle que, ya que se trata de un tema tan importante y debido a que la reforma está proyectada en dos fases, para nuestro gusto a esta reforma le falta fuerza. Nos hemos quedado en las cosas más fáciles y las difíciles las hemos empujado hacia
final de año.


Hay elementos de esta reforma que nos gustan y que, además, nosotros reclamábamos desde hace tiempo, como profundizar en esa separación de fuentes de financiación y liberar a la Seguridad Social de gastos impropios. También nos parece de
importancia y un gran paso adelante ese nuevo esquema de incentivos para retrasar la edad efectiva de jubilación y acercarla a la edad legal con la introducción, entre otras cosas, de esos coeficientes mensuales en lugar de trimestrales. Pero
también hay cosas que nos inquietan tal y como están planteadas en esta reforma, en esta presentación o en lo que hemos podido conocer de este borrador a estas alturas. Es el caso de la vinculación de las pensiones a la inflación, al IPC; en
teoría, para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Y digo en teoría porque luego hay una coletilla que añade que, en previsión de la posibilidad de que un IPC resultará negativo, ahí no se aplicaría esa vinculación al IPC. Yo quiero explicar un
poco qué significa esto. Basta con que haya un año de IPC

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negativo, solo uno, para que en cualquier periodo dado de pensiones estas hayan crecido por encima del incremento del coste de la vida. Esto ya no es mantener el poder adquisitivo, es aumentarlo. Es una opción perfectamente legítima y le
digo que ojalá siempre fuera así, porque es deseable, pero roza lo irresponsable si no viene acompañada de medidas que garanticen la sostenibilidad a largo plazo. Tengo que decirle que la eliminación de ese factor de sostenibilidad -que ni siquiera
el PP se lo creía, porque nunca lo llegó a aplicar- sin haberse previsto un mecanismo que lo sustituya dista mucho de ser un ejercicio de buena práctica.


Ha hablado usted de las recomendaciones a las que da cumplimiento esta reforma. Veo que en la documentación que nos ha pasado -he tenido que cerciorarme- está incluida la recomendación 12 del Acuerdo del Pacto de Toledo que, entre otras
cosas, habla no solo de equiparar la edad de jubilación legal a la real, sino que también habla y tiene un compromiso establecido con las carreras de larga duración. Se comprometió usted a dar a esta Comisión un estudio y una propuesta de los
costes financieros y la equidad de los coeficientes reductores que se aplican en la jubilación anticipada en el plazo de tres meses desde que se firmó el Acuerdo del Pacto de Toledo, y seguimos hoy esperándolo. Yo le pregunté por escrito en el mes
de abril sobre ese tema y me respondieron ustedes en mayo que seguían estudiándolo, porque es un tema complejo. Sabemos que es un tema complejo, pero estamos en julio y seguimos sin saber nada de esto y hay muchos jubilados, más de medio millón en
este país, esperando una respuesta por parte de usted y de su ministerio.


Termino la exposición y me quiero centrar en un tema para nosotros muy importante -para mí personalmente muy importante-: los jóvenes. He de decir que me ha hecho ilusión que usted hacia el final de su exposición haya mencionado, aunque
solo fuera una vez, la palabra joven, porque ya sienta una base. En esta Comisión, en este grupo de trabajo, se espera que hablemos de pensiones y, cuando hablamos de pensiones, siempre se nos viene a la cabeza la gente mayor, los pensionistas;
pero, visto el acuerdo parcial alcanzado, creo que es necesario que hablemos definitiva y seriamente de los jóvenes. Según el Instituto Nacional de Estadística, entre 2009 y 2018 el salario medio mensual de los jóvenes de 25 a 29 años subió un 1,38
% y el de aquellos entre 30 y 34 años solamente un 0,73 %. Estamos hablando de un 0,73 % no anual, sino en toda década; una década entera con la juventud viendo salarios totalmente estancados. Exactamente en ese mismo periodo de tiempo, según los
datos de su ministerio, el importe medio de una pensión de jubilación se incrementó un 33 %. Quiero repetirlo, porque es importante recalcar que, mientras las pensiones han subido más de un 30 %, los salarios de los jóvenes apenas han crecido un 1
%. Este debería ser el centro de todo debate, no ya sobre la sostenibilidad de las pensiones, sino sobre el modelo de sociedad que queremos. Le pido permiso para hacer esta pequeña digresión, porque la juventud de este país está teniendo que
soportar unas circunstancias que, de verdad, no tienen nombre para mí como cargo público y como gobernante. Salieron de la crisis económica del 2008 y se vieron inmersos en otra. Encadenan frustraciones, precariedad laboral, alta temporalidad y
salarios que no crecen, e imposibilidad de ahorrar, emanciparse y acceder a una vivienda, y no digamos ya de plantearse tener una familia quien lo desee. Además, es una juventud muchas veces criminalizada -lo estamos viendo estos días por esta ola
que se ha llamado también ola joven del COVID- y no caemos en la cuenta de que los jóvenes han realizado un importante sacrificio económico y social para proteger a sus mayores y siguen haciéndolo, pagando las cotizaciones sociales, en muchos casos
con salarios precarios, para seguir manteniendo a las generaciones de mayores. No quiero entrar en ejemplos porque ya veo que tengo la luz roja, pero es un colectivo que en el contexto general ha estado ignorado y sigue machacado por quienes
tomamos las decisiones. Y este último acuerdo anunciado a bombo y platillo, esta reforma aprobada y publicitada que nos trae usted bajo del brazo, vuelve a dejarlos tirados a ellos, a los jóvenes. Es un acuerdo parcial de las partes fáciles de las
recomendaciones del Pacto de Toledo, pero que ahonda aún más en esa brecha entre los jóvenes abocados a la precariedad y unos colectivos que digamos que han estado sobreprotegidos todos estos años.


La señora PRESIDENTA: Señoría, perdone, está utilizando el turno de réplica.


La señora MUÑOZ VIDAL: Lo sé, presidenta. Gracias.


Es un Estado del bienestar el que ahora tenemos que, si me lo permiten, solo mira por unos y abandona a otros, y eso no es un Estado del bienestar, es otra cosa. Así que yo querría dejar esta reflexión final diciendo que hemos empezado la
casa por el tejado y que hemos dejado para una futura negociación -que ya veremos qué frutos trae- la creación de ese mecanismo de equidad intergeneracional, cuando este mecanismo quizá era lo primero que se tendría que haber abordado, no

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solo en ese diálogo social, sino también aquí, en el Pacto de Toledo, entre todas sus señorías, entre nosotros. Le pido a usted, desde su responsabilidad y desde su ministerio, y también a todas sus señorías, los que estamos aquí, que
rompamos esta dinámica y que no fallemos más a los jóvenes de nuestro país.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Plural, se van a repartir el turno entre el señor Rego y el señor Boadella, que además van a acumular los dos turnos. Tiene la palabra el señor Rego.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Señor ministro, el BNG no apoyó las recomendaciones del Pacto de Toledo y tampoco este acuerdo. No lo hacemos porque no solo no revierte, sino que consolida los aspectos más lesivos y regresivos de la reforma de 2011 y de 2013,
particularmente, el aumento de la edad de jubilación a los 67 años, el aumento también del periodo de cómputo de 15 a 25 años, se mantiene la penalización de la jubilación anticipada y, a mayores, incentiva la permanencia en el mercado laboral más
allá de la edad legal. También persisten amenazas, como el factor de equidad intergeneracional y un nuevo aumento del cómputo a 35 años que usted en algún momento hizo público. Ustedes presumen de que el acuerdo llega en el marco del llamado
diálogo social; por cierto, un diálogo social establecido ad hoc frente a lo que sería lógico: el diálogo institucional en los organismos donde están presentes todas las centrales sindicales que tienen la condición de más representativas, también
la Confederación Intersindical Galega y la vasca ELA, además de Comisiones y UGT. Además de eso, no ignoran la posición contraria de las plataformas de jubilados y jubiladas y de otros sindicatos, como el mayoritario en mi país, en Galiza, la FIGA.


La primera cuestión que queremos formular es por qué este Gobierno, como hicieron los anteriores, prefiere actuar por el lado de los gastos, recortando prestaciones, en vez de hacerlo por el lado de los ingresos, por ejemplo, reduciendo la
jornada sin reducir salario para crear más empleo, promoviendo el empleo juvenil o aumentando los salarios. Todo ello redundaría en mayores ingresos de la Seguridad Social. Ampliar la edad de jubilación, como se hizo en 2011 y como ustedes
mantienen, penalizar la jubilación anticipada o destinar recursos públicos para lo que llaman jubilación demorada, además de ser injusto, establece una dirección claramente errónea, porque dificultará aún más la incorporación de los jóvenes al
mercado laboral. Con un 40 % de paro juvenil en el caso de Galiza y con la emigración en la última década de 300 000 personas -fundamentalmente jóvenes, más del 10 % de nuestra población- porque no encuentran empleo, no parece que sea una medida
sensata, no parece que sea la dirección correcta.


Nos venden como una gran solución la revalorización de las pensiones con el IPC y es verdad que esto es positivo, pero olvidan el compromiso de subir la pensión mínima hasta igualarla al salario mínimo interprofesional para situar ambos
progresivamente en el 60 % del salario medio, como establece la Carta Social Europea. La subida de la pensión mínima es fundamental para reducir la brecha de género, pero también la brecha territorial. Quiero recordar, una vez más, que Galiza
tiene las segundas pensiones más bajas del Estado español y que la provincia de Ourense tiene la más baja, poco por encima de 800 euros; es decir, más de 500 euros menos que la media de Madrid o más de 600 euros menos que la media provincial más
alta, que es la de Vizcaya. Suban, por tanto, la pensión mínima y apliquen el IPC. Ambas medidas deben ir juntas.


Además, como decía, persisten amenazas como el factor de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad y que tendrá efectos similares. En el acuerdo se comprometieron a negociarlo y establecerlo en los próximos
meses. Usted ya avanzó que supondrá recortes para la generación del baby boom. Después matizó sus palabras, como ya hiciera en su día con la propuesta de aumentar el periodo de cómputo a los 35 años, lo que supondría un nuevo recorte en las
cuantías. Está claro que se trata de globos sonda, de propuestas que ustedes tienen la voluntad de aplicar si no detectan gran contestación social. La nuestra, la del BNG y la de amplios sectores de la clase trabajadora gallega la tendrán.


Queremos pensiones dignas y, por eso -finalizo-, reclamamos que reviertan los recortes de las pensiones aplicados en 2011 y 2013 y los previstos en este acuerdo. Recuperen la jubilación ordinaria a los 65 años; favorezcan la jubilación
anticipada con 40 años sin penalización, incluso con la perspectiva de los 35; retiren los incentivos a la jubilación demorada; suban las pensiones mínimas; fomenten el empleo juvenil; reduzcan la jornada laboral, y mejoren los salarios. Es
decir, aumenten los ingresos, lo que también se puede hacer por la vía de políticas fiscales más justas y progresivas o de perseguir el fraude fiscal. En definitiva, mejoren las pensiones en vez de recortarlas.


Obrigado.

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor Boadella.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro.


He de empezar poniendo de relieve que nosotros hemos sido partícipes y seremos proactivos en esta cuestión de las pensiones, pero creo que hoy nos merecíamos todos disponer de toda la información. Le digo que hemos sido partícipes y
proactivos en esto porque tengo que reivindicar, como hago otras veces, que mis predecesores políticos son los que precisamente articularon esta Comisión del Pacto de Toledo. Por tanto, nosotros hemos firmado las actuales recomendaciones del Pacto
de Toledo, pero venimos del legado político que articuló precisamente esta Comisión, que creo sinceramente que ha generado un espacio de pacto y ha generado un espacio diferente con el que abordar el debate de las pensiones.


Mi sorpresa fue que nos llegó su petición de comparecer voluntariamente el 21 de mayo. Usted pidió comparecer ante la Comisión, pero de esto han pasado siete semanas. Y las preguntas a lo largo de estas siete semanas son: ¿Por qué no
comparece? ¿Por qué tarda siete semanas en comparecer? ¿Qué venía a contar antes del acuerdo? ¿Y cuáles son los desacuerdos? Hoy nos ha contado muchas cosas que, por supuesto, valoramos y en las que ahora entraremos, pero ¿cuáles son los
desacuerdos que se han producido? Porque, más que menos, han trascendido. Por tanto, hoy es tan importante saber cuáles son los acuerdos que usted nos ha detallado muy gráfica y explicativamente como saber cuáles son los desacuerdos. Y, también,
es importante saber por qué se cambia el método, este método de poner parches en las soluciones, de hacer una reforma que tocará algunas cosas y más adelante otras reformas que tocarán otras. Esto es un cambio de paradigma. Yo he sido bastante
crítico con las prórrogas de los ERTE -no es lo mismo, pero es parecido-, con ir haciendo una prórroga, luego otra y así hasta el 31 de diciembre. ¿Cuántas prórrogas se han ido haciendo? ¿Cuántos parches se han ido pegando para solucionar esta
cuestión? El sistema de pensiones es suficientemente relevante como para ir poniendo parches que rectifiquen los escenarios anteriores. Por tanto, le pedimos una solución global y que esto se aborde conjuntamente, sin cambios que vayan
sucediéndose en el tiempo.


Usted apuntó la cuestión de los baby boomers. Ya dijimos que era un reto para el sistema y que suponía replantear cuestiones, pero no coincidimos en la fórmula. Yo creo que no se trata de si usted tuvo un buen día o un mal día con aquella
frase. Se trata de que para alargar la vida laboral de las personas hay que basarse en un catálogo de propuestas, de incentivos, no en la disyuntiva de trabajar más o cobrar menos. Hay que buscar aquellos mecanismos que permitan incentivar a la
gente a adelantar su carrera laboral, porque, a veces, esta alternativa no existe, como demuestra la realidad actual. Mucha gente accede a la pensión de jubilación porque ya no tiene alternativa, porque ha sido expulsado del mercado de trabajo, por
algún despido o porque su capacidad de trabajar ya no está al cien por cien y opta por jubilarse. Por tanto, esta alternativa de poder decidir cuándo me jubilo a veces no es una alternativa.


Estamos en el marco de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Pactos de Toledo y si no pasamos esta evaluación en algún punto concreto tengo obligadamente que señalárselo. En la cuestión relativa a las largas carreras de cotización,
usted apunta una serie de medidas que podemos compartir, pero había que realizar un informe en el plazo de tres meses sobre aquella gente a la que ya le ha pasado esto. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que abordar de la mejor manera posible las
largas carreras de cotización en el futuro sistema de pensiones, pero ahora mismo tenemos una serie de gente a la que se le han aplicado unos coeficientes injustos -es una conclusión a la que hemos llegado todos- y tenemos que analizar esta
situación. Pues bien, ese informe se tenía que haber hecho en tres meses y han pasado seis y no lo tenemos todavía. Yo presenté una pregunta parlamentaria sobre este informe y me dijeron que lo estaban mirando todo. Lo que le pedimos no era la
proyección de futuro -estamos de acuerdo con lo que plantean y con la curva que usted nos ha enseñado-, lo que le preguntamos es si había alguna solución para lo que pasó anteriormente y qué análisis hacemos de la misma. Yo creo que, en la medida
en que estamos en esta Comisión de evaluación, tengo la obligación de comentárselo.


Otra evaluación que no hemos pasado -para entendernos- es la de los planes de pensiones. La Ley de Presupuestos bajó el importe que las personas se podían desgravar de los planes de pensiones, lo bajó de 8000 a 2000 euros. Si no se
desarrolla todo lo que el Pacto de Toledo planteaba sobre los planes de pensiones, perderemos oportunidades. Ya hay gente que deja de aportar a los planes de pensiones, porque la desgravación es menor de la que tenía, y a esa gente se le prometió
que ahora vendría un nuevo sistema.

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En cualquier caso, señor ministro, sabe que la relación es cordial y fluida. Para el PDeCAT la responsabilidad en materia de pensiones es absoluta y, por tanto, ahí nos va a encontrar. Pero le pedimos información completa y una solución
global, no medidas a corto, medio y largo plazo. Queremos saber cuál es la reforma del sistema de pensiones que se va a hacer. En definitiva, queremos ser realistas, pero también ambiciosos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, el señor Salvador.


El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes ya. Gracias, presidenta. Gracias, señor ministro.


Es la primera ocasión que tengo de intervenir después de que se aprobaran las recomendaciones del Pacto de Toledo y debo empezar diciéndole que las recomendaciones aprobadas no son las nuestras y que no participamos en el consenso. A veces
se habla de consenso, pero nosotros quedamos fuera; de hecho, trece votos particulares de veintidós eran nuestros, prácticamente una enmienda a la totalidad de las recomendaciones aprobadas en el Pacto de Toledo. Tampoco el acuerdo alcanzado de
diálogo social es el nuestro, obviamente. Es más, si se presenta como proyecto de ley tal como está, vamos a votar que no, y voy a explicar por qué. Es verdad que van a recuperar la revalorización de las pensiones según el IPC. Fantástico. En
esto estamos de acuerdo, de hecho presionamos fuertemente para que fuera así, pero tampoco es para tirar cohetes, porque es lo que hubo antes de la perversa reforma del 2013 del Partido Popular. También es verdad -aquí sí que le felicito- que por
primera vez se reconoce el saqueo de fondos de la caja de la Seguridad Social con este énfasis y que se comprometen a acabar con él antes del año 2023. Seguiremos saqueando, pero hasta el 2023.


Como saben, Esquerra Republicana de Cataluña lleva años luchando contra esa injusticia y valora que se reconozca y que se quiera poner fin a la misma, pero el tema va más allá, y ahí voy, porque me parece que es la clave de todo. Vamos a
los ingresos, al dinero. Según el Banco de España, la deuda de la Seguridad Social con el Estado supera ya los 85 000 millones de euros. De esto usted no ha dicho nada. ¿Se va a condonar o no se va a condenar? Pero lo importante es cómo se ha
llegado aquí, y conviene recordarlo tantas veces como haga falta, aunque me haga pesado. Hoy ya se ha aceptado que la caja de la Seguridad Social ha sido saqueada durante décadas, que se han desviado los recursos imprescindibles del salario
diferido de los más de dieciocho millones de cotizantes, de los trabajadores y trabajadoras asalariados y autónomos, y de los más de nueve millones de pensionistas para pagar estos gastos impropios -el propio Estado los llama impropios-, y usted
sabe que mientras se saqueaba nuestra caja y nuestro fondo de reserva se permitía que la Seguridad Social se endeudara con préstamos absolutamente ilegítimos. Vamos al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, este inefable Tribunal de Cuentas,
este famoso Tribunal de Cuentas, exige -para algunos es muy duro, pero para otros no tanto- compensar -repito: exige compensar- esta enorme injusticia. Es una injusticia que llega a ser, según el propio Tribunal de Cuentas, de 103 000 millones de
euros, que el Tribunal de Cuentas exigió reponer, y pienso que se quedó muy corto. ¿Qué pasa con esos 103 000 millones de euros? Sería un buen fondo de reserva. ¿Se va a recuperar? De esto usted no ha dicho nada. Lo dijo el Tribunal de Cuentas,
no cualquiera, el pasado agosto.


Usted promete que el saqueo va a terminar en 2023. Lo valoramos y, de hecho, tiene mérito. Pero seamos sinceros, señor ministro, lo que hacen es aplicar el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que obliga a no cargar con
préstamos, sino con transferencias directas, el desequilibrio que pueda haber entre ingresos contributivos y gastos en un determinado momento. ¿Se va a tocar este artículo 109? Esperemos que no se toque, porque es la clave de todo. Pero la
decepción es que no va más allá, porque nos olvidamos del pasado y de la reparación exigida, como decía, del Tribunal de Cuentas. En ninguna parte se habla de compensar este dinero gastado indebidamente. Más allá del Tribunal de Cuentas, hablamos
de más de 500 000 millones de euros, según Comisiones Obreras, o de más de 800 000 millones de euros, según otras fuentes, como Economistas Frente a la Crisis, muy cercana al PSOE, por cierto. Por ello, junto a la Coespe, que representa a las
principales asociaciones de pensionistas, exigimos una auditoría oficial, como presentamos en un voto particular, votado en contra por la mayoría de esta Cámara y como se ha aprobado en diferentes resoluciones de los congresos de UGT y Comisiones
Obreras y en ayuntamientos, etcétera, que determine el importe exacto de estos saqueos y así reponer, en la medida de lo posible, la sostenibilidad artificialmente ocultada. La pregunta es clara: ¿Va usted a hacer la auditoría en la Seguridad
Social? ¿Podremos saber, de una vez por todas, qué dinero se

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sacó? Esto es muy importante. ¿Va a impulsar esta auditoría o continuaremos con la gran mentira de la insostenibilidad del sistema de pensiones? Usted decía que la gente tenía una visión pesimista. Pues, precisamente, viene de este
relato.


Usted sabe que España tiene un problema de déficit público desorbitado e indecente -cierto-, que es estructural. Sus causas se conocen y sus responsables también. El déficit no es la causa del sistema de pensiones, como usted ha dicho
muchas veces. Los responsables han sido los diferentes Gobiernos, los ministerios que gestionan la economía del Estado, su fiscalidad -usted ha dicho hoy el de Hacienda-; el modelo productivo desindustrializado; una legislación laboral que
condena a la precariedad a la población en general y a los futuros pensionistas. Ahí está la clave, no en el sistema de pensiones. Es ahí donde se debe identificar el problema del déficit público. No se puede caer en el cinismo de identificar el
déficit público en la Seguridad Social ni en su sistema de pensiones ni en los futuros pensionistas. Ante esa realidad, creo que usted y su Gobierno están perdiendo la oportunidad de reparar el saqueo perpetrado por el Estado, de reconducir el
debate, de centrar el diagnóstico y de abordar el problema, que está en otros ministerios. De hecho, era muy muy esperanzador oírle la primera vez, porque creo que usted entiende perfectamente lo que estoy diciendo. No se ha atrevido a resituar el
verdadero debate político, que no está ni en el sistema de pensiones ni en la esperanza de vida ni en los boomers. Ha ido usted a lo fácil, como los demás Gobiernos, y la verdad es que me sabe mal. Ha optado por lo de siempre, por apelar a la
sacrosanta sostenibilidad del sistema de pensiones -esto ha salido varias veces en la exposición- como relato para seguir recortando, como se ha hecho siempre en las últimas décadas.


¿Qué nos proponen ahora? Nos proponen penalizar las jubilaciones con brocha gorda. ¿En qué mundo vivimos? En un reino con un paro estructural récord y con un paro juvenil récord también en Europa ustedes pretenden penalizar a las personas
que trabajan, por ejemplo, en una línea de montaje en el sector de manufacturas, donde manipulan cada diez segundos piezas de 2 kilos o, lo que es lo mismo, 120 por minuto o 720 kilos la hora; a personas que trabajan en el sector de la
construcción, con casi 80 000 bajas al año, con sobreesfuerzos y con trabajos a temperaturas extremas en verano y en invierno, o a las camareras de piso, con cargas diarias de más de veinticinco habitaciones, limpiando terrazas, ventanas, etcétera.
Podría dar ejemplos a punta pala. ¿En qué mundo viven? ¿Cómo vamos a penalizar a personas que no se quieren jubilar anticipadamente? La gente que se jubila anticipadamente, quitando a los ricos o a la gente que tiene once pisos, no es por
capricho, sino porque no pueden más.


No nos vale esta reforma de brocha gorda. Hay que afinarla mucho más. Han ido a lo fácil. Deberían dedicar muchísima más energía y estar más preocupados por lo que denuncia, por ejemplo, la Asociación Víctimas del Paro, que dice que
ustedes son incapaces de hacer un plan de choque para dar empleo a los mayores de cincuenta y dos años, que quieren trabajar y no encuentran trabajo. Por cierto, de todas estas personas mayores de cincuenta y dos años que no trabajan,
aproximadamente un 60 % de los mayores de sesenta son parados de larga duración y un 50 % de los mayores de cincuenta son de larga duración. Mucha de la gente que opta por jubilarse anticipadamente lo hace porque sus fuerzas ya no les llegan o
porque, como no encuentran trabajo, si no aceptan la jubilación anticipada tienen que ir a la beneficencia del Estado. No hay más. Mucha gente se jubila anticipadamente, pero no es por capricho.


La otra medida estrella para paliar el falso déficit de las pensiones es incentivar a la gente para que trabaje más años, y esto pasa en el país con más paro juvenil de Europa -repito que somos el Estado con más paro juvenil de Europa-. Se
piensa en incentivar que trabajen más años. El trabajo es el que es, y mientras no haya más, mejor pagado y más digno, que es el gran problema del Reino de España, pero es el que sustenta a todas las pensiones, se tendrá que afinar mejor un tipo de
reforma que vaya en ese sentido. El que hay se debe repartir, y eso no se consigue, como decía, ni incentivando el atraso de la edad de jubilación ni aumentando la edad de esta, sino creando ocupación. Más de seiscientos mil hogares no tienen
ningún ingreso, ese es el problema, y se debería estar hablando en todas las comisiones de ello, no solamente en el Pacto de Toledo. De lo que hablamos en el Pacto de Toledo es del sistema de pensiones, pero esto va ligado absolutamente a lo que
decíamos antes: si limpiamos el tema de gastos impropios, lógicamente el problema está en otra parte; si falla el modelo productivo, si falla la legislación o si falla la industrialización, pues falla todo. En cualquier caso, no nos vale con la
excusa. Le quería recordar lo que han dicho ya otros compañeros. La credibilidad se gana cumpliendo. Si dijimos que se haría un estudio a los pensionistas con largas carreras de cotización, penalizados de por vida, se ha de cumplir. Hay que
hacer ese estudio y solucionar el problema de esta penalización de por vida, sobre todo en aquellos casos de jubilación involuntaria o voluntaria a la fuerza -ya me entienden lo que quiere decir con lo de voluntaria a la fuerza-. En cualquier caso,
no nos vale como excusa que existan casos en los

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que, eventualmente, se beneficiara a las jubilaciones anticipadas. Lo que se debe evaluar en cualquier medida es el impacto que ha tenido, tiene o tendrá para los más desfavorecidos. Esto es de justicia. Exigimos ya el estudio y saber qué
medidas piensa tomar al respecto.


Señor ministro -con esto acabo-, la reforma que hoy nos presenta supone un recorte encubierto de derechos a los pensionistas y se sustenta de nuevo sobre la mentira de la insostenibilidad del sistema de pensiones y sobre la injusticia del
saqueo de la caja de la Seguridad Social, sobre la cual no dice nada. Tampoco habla de reposiciones de ningún tipo. Esquerra Republicana no va a ser cómplice de este recorte ni de la mentira ni de la injusticia.


Muchas gracias, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. Le comunico que ha utilizado usted también su turno de réplica.


A continuación, van a intervenir dos portavoces del Grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Se van a repartir el tiempo entre Aina Vidal y María Pita. Aina Vidal, tienes la palabra.


La señora VIDAL SÁEZ: Gracias, presidenta.


Yo hoy quiero empezar con un nombre propio, el de Samuel Luiz, un chico de veinticuatro años a quien este sábado asesinaron a patadas y al grito de maricón de mierda. (Aplausos). Yo quiero mandarle un abrazo enorme a su familia, a sus
amigos y a la comunidad LGTBI y quiero preguntarles a los aquí presentes si creen que los discursos que hacemos desde aquí han podido contribuir de algún modo a este hecho. Lo digo porque no sé si somos conscientes del poder de la palabra y del
altavoz que suponen tanto el Congreso de los Diputados como el propio Gobierno. Es fácil perderse por aquí con tanta moqueta y es posible que alguno, fruto probablemente de la vorágine de nuestro día a día, se haya podido olvidar o siquiera conocer
el efecto que tienen nuestras declaraciones en el sentir anímico y en la percepción de la gente y cómo damos o quitamos autoridad a ciertas actitudes, opiniones o formas de pensar. Creo que los que promueven o encienden básicamente el odio son muy
conscientes de esto y que hace tiempo que apuntan para que otros disparen de forma absolutamente desacomplejada. Creo que los que promovemos la concordia y la civilización o, al menos, lo intentamos no damos la suficiente importancia a que, más
allá de la batalla para aprobar determinada ley, hay valores y principios y está la consolidación, o no, de una determinada hegemonía cultural.


El debate sobre las pensiones es un muy buen ejemplo de esto que les cuento. No tenemos lo bastante en cuenta el temor que producen ciertas afirmaciones o debates en la ciudadanía. La gente tenemos miedo por si no podremos jubilarnos o por
si la pensión que nos quede será suficiente o será una miseria, porque quienes tienen un trabajo precario o una vida precaria se preguntan si van a tener pensión, incluso aquellos que tienen un trabajo estable saben que la precariedad es la realidad
para miles de contribuyentes y se preguntan quién va a pagar las pensiones. Cuando generamos dudas sobre el sistema público erosionamos su imagen y lo corrompemos básicamente desde dentro. La gente que tenemos un determinado nivel de
responsabilidad no nos podemos permitir tener un mal día, simplemente. Aun así, el sistema público de pensiones aguanta y año tras año supera las predicciones que aseguran su fin y que siempre se equivocan. Aguanta también la presión de quienes
pretenden hacer negocio con nuestros miedos y que corramos todas a abrirnos un plan de pensiones privado, que son básicamente los mismos. Lo cierto es que la historia de la Seguridad Social es una historia de éxito, y lo es gracias a la relación
que tenemos los trabajadores y las trabajadoras con nuestras pensiones. Sentimos que la Seguridad Social es nuestra, que nos pertenece, que es un salario diferido, que no es ningún regalo, por decirlo así. Esta conciencia es, precisamente, la que
otorga una protección extra, de la que otros servicios públicos no gozan, pero también es el miedo que tienen los partidos y los Gobiernos a perder votos con esta cuestión.


El acuerdo que hoy nos presenta es un buen acuerdo, necesario y ganado a pulso, y es mérito de las mareas, de los movimientos, de los sindicatos, de trabajadores y trabajadoras, que han estado organizados durante ocho años y apretando para
derogar la reforma del Partido Popular. Sin la presión de la calle esto habría sido imposible, por mucho que nosotras nos hubiéramos puesto como nos pusiéramos. Espero que sepan y valoren su conquista. Garantiza que los pensionistas no pierden
poder adquisitivo, que sus pensiones suben, al menos como lo hace el precio de la vida. Deroga el factor de sostenibilidad -ha costado-, ese mecanismo cruel y clasista que amenazaba las pensiones futuras. Genera nuevos derechos y más ingresos, que
eso es fundamental. Reconoce y asume la responsabilidad del Estado y abandona la lógica de recortes para avanzar en garantías y protección. Está bien, pero no es suficiente,

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ministro, y usted lo sabe. Este acuerdo expresa, básicamente, un nuevo consenso sobre cuestiones importantísimas, pero expresa también las limitaciones que tenemos. Faltan cuestiones centrales, que hemos aplazado básicamente a la suerte
del segundo acuerdo, y todas sabemos, sobre todo las aquí presentes, que es ahí donde están los temas más sensibles: a qué edad nos vamos a jubilar, cuántos años debo tener cotizados y qué pensión me va a quedar. Esto es lo que se preguntan todas
las personas mayoritariamente, y aquí sabemos que las respuestas a estas inquietudes más que legítimas están en el segundo acuerdo.


El pacto de Gobierno es claro: pensiones públicas y suficientes, hoy y para el mañana. Por eso, en Unidas Podemos proponemos abordar, básicamente, los ingresos, porque no tenemos un problema de gasto. Por eso seguimos insistiendo en los
contratos relevo y en bajar la edad de jubilación, porque es insostenible un país en el que los abuelos trabajan y los jóvenes están en paro. Por eso proponemos una reforma modernizadora del mercado laboral, porque si queremos una buena pensión
necesitamos un buen trabajo. También por eso defendemos la subida del salario mínimo interprofesional. Estoy convencida, ministro, de que usted también debe estar con esta cuestión. El elemento clave para el futuro de las pensiones, el que nos
permite vencer la curva de la demografía, es que hay riqueza. Gracias al esfuerzo colectivo de este país y al esfuerzo de todas, los trabajadores de hoy en una hora generamos muchísima más riqueza de la que generaban, por ejemplo, nuestros padres.
La cuestión es y sigue siendo cómo repartimos esta riqueza, y este es nuestro trabajo.


Señor ministro, creo que hemos hecho bien la primera parte. Hagamos bien la segunda también. Estaremos a su lado para dar garantías y asegurar pensiones dignas, pero no se nos desvíe. Lo digo porque ni nuestras abuelas ni la generación
del baby boom ni las que venimos detrás de la generación del baby boom vamos a aceptar recortes ni fórmulas raras. Es una extraña forma de explicar un acuerdo centrarse en algo que no forma parte de él. Demos garantías, demos seguridad y demos
pensiones dignas y dejemos a un lado las opiniones personales, ya que no generan consenso pero sí inquietud, especialmente entre los pensionistas de este país.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


La señora Pita tiene la palabra por tres minutos, más o menos.


La señora PITA CÁRDENES: La introducción que hizo la compañera -creo que era genérica- sobre Samuel había que hacerla, presidenta. En cualquier caso, intervendré brevemente.


Efectivamente, el acuerdo que nos trae hoy aquí no es un paso atrás; hacer esa lectura sería mentir. Pero ocultaríamos la verdad si calláramos que es claramente insuficiente. Esto es una evidencia y lo queremos resaltar. Se lo digo,
ministro, con toda honestidad, con claridad y siendo autocrítica, lógicamente. Esa política del mal menor, de hacer política de mínimos, que finalmente no responde a las necesidades de la mayoría social, que no supone cambiar las cosas en su
estructura, puede verse como una claudicación en la defensa de los derechos; a nosotras, al menos, esos derechos nos dan sentido como fuerza política. Está muy bien, claro que sí, la derogación del factor de sostenibilidad, pero estamos
preocupadas por ver en qué se traduce esa equidad intergeneracional que nos plantea -estaremos atentas-, porque me temo que usted tiene un concepto de la solidaridad que igual no compartimos. Usted sigue pensando que el problema de las cuentas de
la Seguridad Social -lo ha dicho mi compañera- es un problema de gastos, y en esa idea usted mueve, pone aquí, quita allí y desviste a un santo para vestir a otro. Para nosotras, y no voy ahondar en este tema, es un problema claramente de ingresos,
pero, aún por encima de esas consideraciones, de lo que se trata aquí es de garantizar una vida digna a las personas pensionistas. Eso es, en el fondo, de lo que se trata.


También se asume, por fin, la subida de las pensiones a la del IPC, pero queda mucho, señor Escrivá. La igualdad no es café para todos. No hay nada más desigual que tratar como iguales a quienes no lo son. Su empeño en dilatar la edad de
la jubilación e incentivarla nada tiene que ver con la realidad de miles de trabajadores y trabajadoras que tienen trabajos físicos muy muy duros. No es lo mismo el trabajo del médico que el de la auxiliar clínica que levanta al paciente para
bañarlo y que lo mueve, día sí y día también; no es lo mismo el trabajo de un peón que el de un arquitecto, igual que no es lo mismo el trabajo de una camarera que el del director del hotel. Por tanto, la igualdad es dar a cada uno lo que le
corresponde, y en este caso hay que hacer un listado de aquellos trabajos que por su dureza o especial dificultad nos llevan a una jubilación no dilatada ni tardía y, por tanto, no penalizada. Ya le hemos dicho también que nos parece un sinsentido
esa política suya de alargar la vida laboral con incentivos, cuando

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tenemos un paro juvenil que estremece. Por eso y por otras cuestiones, como la irrisoria subida de las pensiones mínimas, el acuerdo que hoy nos trae tiene lagunas y es manifiestamente -repito: manifiestamente- mejorable.


En otra orden de cosas, para no dilatarnos, quisiéramos recordarle también que estamos esperando en el Pacto de Toledo el cumplimiento del informe -hace meses que debió llegar- relativo al derecho de aquellos pensionistas con más de cuarenta
años de cotización a la percepción del cien por cien de sus pensiones, y cuya condena, señor Escrivá -parece que a perpetuidad- ha sido jubilarse después de los sesenta y antes de los sesenta y cinco años, cuando muchos de ellos lo han hecho con
expedientes de regulación de empleo encubiertos. Que esa generación, que ha sufrido con la pandemia un gran número de fallecidos, tenga que estar movilizándose, con muchos años a cuestas, para algo que es de sentido común dice muy muy poquito de
todas nosotras. Le ruego que apliquen esos coeficientes reductores a los años que les faltaban hasta los sesenta y cinco, pero que a partir de ahí se les abonen sus pensiones, porque han trabajado con creces durante más de cuarenta años. Le
reitero el tema de los afectados por la polio -hablaba usted en el Senado de este tema- y de más colectivos con discapacidad. Urge modificar el Real Decreto 1851/2009, en el sentido de suprimir esa exigencia de contar con quince años trabajados
para poder jubilarse anticipadamente con un 45 % de discapacidad reconocida. Es urgente modificarlo, como hemos hablado muchas veces, señor ministro. Se ha hablado también en el Pacto de Toledo. Es necesario intervenir ahí.


Acabo, presidenta. Estamos viendo cómo los pensionistas de nuestro país, con esa paciencia infinita del desencanto, vuelven a manifestarse, a empujar y a reivindicar democráticamente en las calles que nosotras, que somos representantes
institucionales, asumamos nuestro trabajo, que no es otro que convertir en derecho las justas reivindicaciones que hacen.


Muchas gracias y buenas tardes.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario VOX, el diputado señor Sáez Alonso-Muñumer.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señora presidenta. Comunico que acumularé también el turno de réplica; así hago el discurso seguido.


Gracias, señor ministro, por su comparecencia y por su exposición. Voy hablar en mi intervención de credibilidad o, más bien, de falta de credibilidad. En primer lugar, falta de credibilidad general sobre las afirmaciones de Gobiernos
socialistas. Recordemos que, en mes de abril del año 2019, el presidente Rodríguez Zapatero aseguró que, pese al grave deterioro de la economía y del empleo, la solvencia del sistema de pensiones era absoluta de ahí a quince o veinte años. El
mismo mes y mismo año el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, insistió en un Pleno en que los pensionistas podían estar seguros en 2009, 2010 y hasta 2025. La realidad es que los elevados déficits públicos de los años 2009 y 2010 provocaron que
el Partido Socialista Obrero Español congelara las pensiones en el año 2011 a más de seis millones de españoles y recortara el sueldo un 5 % a los empleados públicos.


En segundo lugar, falta de credibilidad cuando se habla de lagunas de cotización y mujeres. Es una evidencia, y así lo han puesto de manifiesto las asociaciones de familias numerosas, que el Real Decreto-ley 3/2021 supone una reducción de
las pensiones a las mujeres con tres hijos o más, y muy especialmente a las mujeres con más de cuatro hijos.


En tercer lugar, falta de credibilidad cuando se habla de solidaridad intergeneracional. En España el paro de los menores de veinticinco años asciende al 36,9 %. Duplicamos la media de la Eurozona, que se sitúa en el 17,2 %. La cifra
actual de menores de treinta años en paro supera el millón de personas. Solo un 19 % de los menores de veinticinco años trabaja y un 40 % de los menores de treinta años lleva dos lustros con empleos precarios o sin cotizar. Si no hay cotizaciones,
como sabe, señor ministro, se pone en peligro la viabilidad presente del sistema y condiciona las pensiones futuras de los hoy jóvenes. Que este Gobierno hable de solidaridad intergeneracional más que increíble es una burla.


En cuarto lugar, falta de credibilidad cuando se niega que esté sobre la mesa ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Recordemos que el PSOE ha llevado a cabo dos veces la ampliación del periodo de cálculo y que el Partido Popular
la ha llevado a cabo una vez. En 1985, el PSOE, con Felipe González, amplió el periodo de dos a ocho años y, en el año 2011, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero lo amplió de quince a veinticinco años. A este respecto, y hablando de
credibilidad, recordemos que en el año 2010 el Gobierno socialista precisaba en nota de prensa que no se había propuesto ampliar el periodo

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en diez años. Recordemos que la reforma de 2011 ha supuesto en 2015 que la pensión mensual de los hombres se reduciría en 46,3 euros y la de las mujeres en 49,8 euros.


En quinto lugar, falta de credibilidad ante la generación de los baby boomers. El señor ministro, tenga buen o mal día, sabe perfectamente que cualquier mecanismo de equidad intergeneracional supondrá un ajuste en las pensiones, y que los
pertenecientes a la generación de los baby boomers tendremos que elegir, según sus palabras, entre un ajuste en la pensión o trabajar más o ambas a la vez. Usted sabe, señor ministro, que han quitado un mecanismo de recorte de las pensiones futuras
para sustituirlo por otro.


En sexto lugar, falta de credibilidad del presupuesto de la Seguridad Social. ¿Se cumplirán los ingresos? De acuerdo al informe de ejecución presupuestaria hasta el mes de mayo de 2021 los ingresos por cotizaciones sociales habían
consumido el 42,57 % del total del año, frente a un 44,37 % registrado en 2019. Segunda pregunta, ¿se cumplirán los gastos? La Seguridad Social destinó en el presente mes de junio la cifra récord de 10 180 millones de euros al pago de pensiones
contributivas. Esto supone un 3,2 % más que en el mismo mes del año 2020. Recordemos que el presupuesto de la Seguridad Social de este año contemplaba un crecimiento del gasto el 3 %. Tercera pregunta, ¿será suficiente el apoyo del Estado para
cuadrar las cuentas? Recordemos que el Estado aportará un importe de 45 000 millones de euros, 31 177 millones de euros por transferencias y 13 830 millones de euros en préstamos para cubrir los gastos de la Seguridad Social en el año 2021. Cuarta
pregunta, ¿a cuánto ascenderá la regularización del IPC el año siguiente, el año que viene? Los Presupuestos Generales del Estado fueron realizados con una estimación de revalorización de las pensiones del 0,9 %. Con datos del mes de junio, el
incremento del IPC en España se sitúa en el 2,6 %. De mantenerse este IPC podemos estar hablando de un ajuste superior a 2400 millones de euros solo en pensiones contributivas. No perdamos de vista la consolidación de este posible incremento en el
gasto futuro de pensiones. Los españoles deberían ser informados de estos impactos.


En séptimo lugar, falta de credibilidad ante la Unión Europea. Lo que preocupa en la Unión Europea -y usted lo sabe perfectamente, señor ministro- es la estabilidad financiera del país y la sostenibilidad de la deuda pública. Traspasar el
déficit a la Administración central no arregla nada, tan solo es una ficción contable. Y no arregla nada porque las cuentas públicas están en una situación crítica. Tenemos un déficit previsto del 8,4 % en el año 2021, el FMI lo eleva al 9 % y nos
sitúa como el país con mayor déficit de la eurozona. Ojo, estamos hablando de un déficit superior a cien mil millones de euros. Hablamos de una previsión de déficit del 4 % en el 2023 y de un 3,2 % en el 2024. O sea, más de cinco años en alcanzar
el déficit existente antes de la crisis. Según el Fondo Monetario Internacional somos el país de la eurozona que más tiempo tardará en reducir el déficit. Tenemos unos niveles de deuda pública de 1,4 billones de euros, billones con be, 29 413
euros cada español. Recordemos que en tan solo tres años de Gobierno socialista se ha incrementado la deuda per cápita de los españoles en más de 4200 euros. Señor ministro, no ayuda a la credibilidad del Gobierno posponer unos meses la definición
del mecanismo de solidaridad intergeneracional. No ayuda no abordar asuntos relevantes como los sistemas de pensión complementaria, recomendación ya incluida en los acuerdos del 2011 del Pacto de Toledo. Tampoco ayuda no abordar los tramos de
cotización de los autónomos. Recordemos que acercar las bases a los ingresos reales también estaba presente en el año 2011. A propósito, estos dos últimos temas, incluidos en los compromisos enviados en el Componente 30 a Bruselas.


Para terminar, en VOX creemos que para garantizar la sostenibilidad de nuestras pensiones, primero, hay que fomentar la natalidad y aumentar los apoyos a las familias. Recordemos que las ayudas a las familias en España son las más bajas de
la Unión Europea. Y segundo, hay que crear empleo estable y de calidad y hay que aumentar la productividad de la mano de obra. Es irresponsable ignorar los problemas del mercado de trabajo en España; problemas que se demuestran en que España
tenga una tasa de paro del 15,3 % frente a una media del 7,9 % en la zona euro. No es realista estimar, como hace la AIReF, que para analizar la sostenibilidad del sistema vamos a converger a tasas de paro del 7 %, tasa que no hemos alcanzado en
España desde el año 1978. Ser creíbles y responsables significa admitir que para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y, por tanto, de nuestras pensiones será necesario tomar medidas de reducción de gasto superfluo y eliminación de
duplicidades. Comprendo que esto lo vean difícil quienes nunca han trabajado en la empresa privada, nunca han realizado un análisis de gastos y nunca han cuadrado un presupuesto.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Gamarra.

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La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias, presidenta.


Señorías, señor ministro, yo creo que la conclusión tras este primer turno de intervenciones puede ser que no hay consenso político. Tras las intervenciones, y a falta de que hable el Partido Socialista, la mayoría de los grupos
parlamentarios, sin duda alguna, lo que hemos manifestado es el desacuerdo con lo que usted está trayendo aquí, lo cual ya dificulta bastante la hoja de ruta que usted tiene marcada. Hoy comparece aquí en la Comisión del Pacto de Toledo y lo que
esperamos es que no cubra el expediente, como ha venido haciendo en su primera intervención, sino que aproveche la segunda intervención para decir la verdad a los españoles y que, por tanto, concrete qué supone la reforma que el Gobierno socialista
y comunista plantea; es decir, qué va a ser de las pensiones de los españoles, de los pensionistas de hoy, de los pensionistas de mañana, pero también de los pensionistas de pasado mañana, que nos tienen que preocupar y mucho. Señor Escrivá, la
reforma, no el acuerdo que aprobaron ayer, porque ustedes cuando hablan de un acuerdo histórico para el sistema de pensiones los españoles sabemos perfectamente que lo que nos están planteando es simplemente un tráiler edulcorado de los recortes que
están por venir, es decir, estamos en las reformas a plazos del socialismo: hoy anunciamos lo fácil y posponemos para próximas legislaturas los problemas que tendremos que asumir. La realidad de la reforma que usted plantea es: pensiones más
bajas, más incremento aún del déficit público, y una ausencia total de medidas de fomento de empleo. Y si tenemos en cuenta lo que todos sabemos, que estamos en un sistema de reparto, no podemos hablar de las pensiones si no hablamos de
generaciones futuras y, por tanto, de políticas de crecimiento demográfico y, por otro lado, si no hablamos de la sostenibilidad de las mismas en base al crecimiento económico y la creación de empleo. Y estos dos pilares: la política demográfica
y, por otro lado, las políticas de crecimiento y de creación de empleo, están en blanco por parte de este Gobierno. Un balance que, sin duda alguna, es el fracaso; el fracaso que estamos pagando todos los españoles y que repercute directamente en
el sistema de nuestras pensiones y el futuro de las mismas. Hoy mismo la OCDE ha dado esos datos. ¿Y por qué somos el país que tiene los peores datos de paro juvenil de toda Europa? Evidentemente, las políticas económicas del Gobierno de los
españoles son las que no funcionan. ¿O por qué la OCDE nos avisa de que la tasa de empleo precrisis no la recuperaremos hasta el año 2023? Sin duda alguna ese análisis, esos datos lo que reflejan es el fracaso de unas políticas económicas que no
están generando ni crecimiento económico ni empleo para el futuro de los españoles.


El presidente del Gobierno dijo literalmente: este acuerdo garantiza las pensiones y sirve para dar credibilidad a nuestros mayores y a nuestros más jóvenes. Pues ni lo uno ni lo otro. (Aplausos). Ni garantiza las pensiones ni ha dado
tranquilidad; dos aspectos, además, que usted sabe perfectamente que no están al alcance de un Gobierno cuya credibilidad está por los suelos, lamentablemente para los españoles. Sus propias palabras unas horas antes de esa firma fueron el
desencadenante de incertidumbre cuando usted dijo, en un ataque de verdad: el nuevo factor se traducirá en un ajuste bastante moderado que deberán afrontar en exclusiva las generaciones del baby boom. Señoría, para once millones de españoles
nacidos entre 1960 y 1975, es decir, el 25 % de los españoles: o trabajar más o recorte de las pensiones para la generación del baby boom. Ni responde al principio de equidad ni al principio de solidaridad intergeneracional, dado que solo está
afectando a una generación. Son sus propias palabras y usted lo sabe perfectamente aunque, evidentemente, cuando hablamos del Gobierno de la mentira rápidamente hay que negarla. Curiosamente, estamos ante un Gobierno en el que decir la verdad te
puede costar el cese, y cuando uno la dice tiene que decir que no ha tenido el mejor día, lo cual creo que a usted le incomoda enormemente.


Señor ministro, lo que se esconde tras el factor de la equidad intergeneracional -y lo sabemos todos- es el recorte. Los agentes sociales ya le han anunciado que ni forma parte del acuerdo ni lo comparten y, dado que si no lo alcanzan el
Gobierno impondrá su propuesta de factor de equidad intergeneracional, lo que queremos saber hoy aquí es -si puede concretárnoslo- cuánto prevé ahorrar con ese recorte de las pensiones, si van a ser más de diez mil millones, cuál es su propuesta
-que impondrá, vía enmienda, el 15 de noviembre en la tramitación de este proyecto de ley-, cómo van a informar esa enmienda el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social, ¿o va a seguir también usted la técnica ya habitual de este Gobierno
de saltárselos y que no puedan pronunciarse? Creo que estamos en disposición de poder exigirle aquí, en el Pacto de Toledo, que sea informada por ambos organismos. Diga hoy aquí, señor ministro, la verdad a los españoles y conteste a una pregunta
muy básica que llevamos haciéndole durante los últimos meses. ¿Esta contrarreforma quién la va a pagar? ¿Los españoles del baby boom? ¿Sus hijos? ¿Sus nietos? ¿Todos?

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La firma del acuerdo fue definida como un paso crucial para el futuro de los pensionistas y para la sostenibilidad del sistema. Usted sabe bien que el acuerdo nada establece en relación a la sostenibilidad y, por tanto, no se puede ahondar
en la suficiencia si estamos olvidando la sostenibilidad. Luego nos mienten cuando nos ocultan la parte que queda por acordar y que es la fundamental para saber dónde nos vamos a situar. Usted sabe, además, que la luz verde al anteproyecto de ley
incluye la primera pata de la reforma del sistema de pensiones que usted ha prometido a Bruselas, y que supone solo el aperitivo de una reforma global con la que usted se ha comprometido a ahorrar 30 000 millones de euros. Sí, señor ministro, este
fue el primer ataque de sinceridad que tuvo usted hace unos meses; el del otro día fue el segundo. Además del recorte que ya han sufrido las pensionistas en el complemento de maternidad, hoy se suma el recorte a los once millones de españoles del
baby boom. ¿Nos puede concretar cómo va a llegar a los 30 000 millones de euros? ¿Esta reforma será la puntilla definitiva del Gobierno a los autónomos, con subidas estratosféricas de cotizaciones e impuestos? Hay miles de autónomos en este país
preocupados por este tema. Esta reforma será, además, la que alargue el periodo de cotización para el cálculo de las pensiones, ¿pero hasta dónde? ¿Hasta los treinta y cinco años? ¿Cuándo y cuánto va a destopar las cotizaciones máximas?
¿Pretende adoptar medidas de auxilio a aquellos que, tras larguísimas carreras de cotización, se han visto expulsados del mercado de trabajo pocos años antes de la jubilación? ¿Y dónde está ese informe que venimos reclamándole todas las fuerzas
políticas y que no vemos?


Señor ministro, se lo ha advertido además Fedea: la contrarreforma de las pensiones plantea y pone en riesgo el sistema, y usted lo sabe perfectamente. No solo se lo ha dicho Fedea, sino también el gobernador del Banco de España. No puede
usted fiar por entero la viabilidad del sistema a un fuerte incremento de los ingresos por cotizaciones o por trasferencias estatales; hay que abordar la situación.


Señor ministro, esta reforma de las pensiones es un gran error, por ser una contrarreforma a la exitosa reforma del Partido Popular del año 2013, vinculada indiscutiblemente a la reforma laboral del año 2012 que usted mismo defendió en su
día, y que ahora mismo pretenden derogar; reforma que generó, como usted muy bien sabe, dos millones de nuevos cotizantes. Estas son las dos palancas sobre las que se puede promover el crecimiento económico en nuestro país. Hoy hay 3,6 millones
de españoles en situación de paro y 4,7 millones de españoles que quieren trabajar y que no pueden. La clave es: ¿qué medidas van a abordar para fomentar el empleo estable y de calidad, y que ese nuevo empleo estable y de calidad pueda abordar el
pago de las pensiones? ¿Van a seguir peleándose? Porque usted sabe perfectamente que sin empleo no hay pensiones. El Gobierno que piense en España y en los españoles tiene que ser un Gobierno que se centre en la solidaridad intergeneracional, en
la suficiencia del sistema y en su sostenibilidad, y ustedes no son ese Gobierno.


Señor ministro, estamos ante una generación de jóvenes que, por primera vez, va a vivir peor que sus padres y no tenemos el derecho a aprobar una reforma que les deje, además, sin pensiones. El Partido Popular no lo hará. Nos ha dicho hoy
en su intervención, señor ministro, que le preocupa el pesimismo y la incertidumbre, y yo le hago una pregunta: ¿ha pensado si es usted la causa del pesimismo y de la incertidumbre? Porque yo creo que sí y los españoles también.


Nos ha planteado una encuesta y le sorprende que el 68 % de los españoles piensen que las pensiones serán menores que en la actualidad. Fue previa a sus declaraciones esta última semana, le invito a que vuelva a hacer la encuesta: ni un
solo español avalará que las pensiones van a ser iguales o mejores que las que hay en la actualidad. Es usted el elemento que genera incertidumbre y pesimismo, es este Gobierno el que genera incertidumbre y pesimismo. Le he visto excesivamente
obsesionado con la reforma del año 2013, llegaría a decir que usted la ha demonizado aquí. Hubo otra etapa en su vida en la que usted aconsejaba a los españoles y a las instituciones que no la demonizáramos. Yo me permito, desde el respeto,
aconsejarle o recomendarle una lectura que puede ser muy reconfortante para este verano, y es que lea todos esos informes que avaló como autoridad independiente, que avalaban esa reforma y que, además, pedían no demonizarla. Aplíquese usted el
cuento porque nos irá mucho mejor a todos los españoles. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gamarra.


Recuerdo también al Partido Popular que ha agotado el primer turno y el segundo. Tal y como va la situación, solamente tendrían derecho a réplica, VOX por un minuto, y el PNV, que no ha agotado ni siquiera los siete minutos; lo digo para
ponerlo en orden. Me dice el portavoz del PNV que no va a utilizar ese tiempo.

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A continuación, ya para finalizar este turno, le cedo la palabra a la portavoz del Pacto de Toledo del Partido Socialista Obrero Español, la señora López Somoza. Quiero aprovechar esta oportunidad para desear a Mercè Perea, la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión, una pronta recuperación. No tiene nada grave, pero tiene una fractura de peroné que la tiene inmovilizada haciendo reposo. Tiene que tener mucho cuidado la próxima vez que baje escaleras.


Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora LÓPEZ SOMOZA: Gracias, presidenta.


Buenos días, señorías. En primer lugar, dos cuestiones previas: sumarme a la pronta recuperación de nuestra compañera Mercè Perea y también sumarme a las palabras de las compañeras de Unidas Podemos en relación con el asesinato de Samuel.
(Aplausos). ¡Por una sociedad libre e igual para todos!


Gracias, ministro, por una exposición tan detallada, tan clara y tan concisa del acuerdo alcanzado hace menos de una semana, y del que hoy ya se está informando en la Comisión del Pacto de Toledo, en un ejercicio claro de transparencia y de
rendición de cuentas, para explicarnos un acuerdo importante, necesario e histórico, el primer acuerdo en pensiones tras una década. Debemos sentirnos hoy todos orgullosos, porque todos hemos participado del acuerdo y, por tanto, sí hay consenso
político. Por cierto, esta comparecencia del ministro hoy aquí es para hablar del acuerdo, porque algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra aún no se han dado cuenta, pero vamos al debate, y vayamos por partes.


En primer lugar, les recuerdo que vivimos en un Estado social y democrático de derecho. ¿Y saben qué implica un Estado social? Un Estado social implica una exigencia ética para con los ciudadanos, una exigencia que se basa en tener un
Estado fuerte y capaz para satisfacer las necesidades más básicas de nuestros ciudadanos, y una de estas necesidades es tener una pensión digna. Tenemos casi nueve millones de pensionistas, señorías, nueve millones de personas que necesitan las
pensiones públicas.


Señorías de la derecha, si tan constitucionalistas dicen ser, entiendo que deberán estar conformes con el acuerdo. No entiendo las intervenciones que han realizado hoy aquí, porque este acuerdo es constitucionalista, porque es un acuerdo
del que ustedes han formado parte, participando activamente en el marco del Pacto de Toledo, ya que como ha dicho el ministro desarrolla doce de las veintidós recomendaciones del pacto, y porque además cumple con el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. En definitiva, el acuerdo alcanzado es, sin duda, un muy buen acuerdo y lo es porque tendrá efectos a corto, a medio y a largo plazo. Es un acuerdo de presente y de futuro, alejado del cortoplacismo de la reforma
unilateral del año 2013 del Partido Popular, que no pasó por la Comisión del Pacto de Toledo y que tampoco contaba con el acuerdo de la Mesa del Diálogo Social. (Aplausos).


Esa reforma, señorías, de la que ustedes tanto alardean, pero que ni ustedes mismos se creían -si no la ejecutaron, no la pusieron en marcha-, sabían que era una barbaridad, un ajuste drástico e injusto; suponía un recorte brutal de las
pensiones para todos. Es más, en 2018 tuvieron que modificarla para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado, porque si no, ni siquiera Ciudadanos y el PNV les iban a apoyar los presupuestos. Por el contrario, hoy estamos ante un
acuerdo que da certidumbre sobre todo a nuestro sistema de pensiones, certidumbre para hoy y para el futuro, para reforzarlo, para que nuestras pensiones sean más fuertes, más justas y más equitativas. Este acuerdo incluye un mecanismo de
revalorización para que las pensiones suban cada año exactamente lo mismo que haya aumentado el IPC medio del año anterior. De esta forma, se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas y que no dependa de la voluntad del gobierno que haya
en cada momento. Además, nuestro sistema de pensiones sí que es fuerte y sostenible, no tiene ningún problema de financiación. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Pues que se financiaban otras políticas públicas con los mismos fondos. Pero,
señorías, es que esto también se incluye en el acuerdo y, además, desarrolla la Recomendación 1 del Pacto de Toledo.


Señorías, hacer política no significa meter miedo a los pensionistas con que se van a quedar sin pensiones o con que el sistema no funciona o con que es injusto o con subirles un 0,25 % como excusa para decirles que suben las pensiones.
Jubilarse es un derecho y no una obligación, y esta reforma así lo entiende. Por eso, se generan nuevos incentivos, para que quien lo desee puede prolongar su vida laboral y así mejorar su pensión. Les recuerdo que con este artículo no se modifica
la edad de jubilación.


¿Qué incluye este acuerdo? Las medidas para acercar la edad real de jubilación a la edad legal, una forma de reconocer las diferentes realidades de las personas a la hora de enfrentar su jubilación, un mecanismo que da más libertad a los
trabajadores para que decidan cuándo se quieren retirar y un mecanismo que, a su vez, fomenta la participación de los mayores de cincuenta y cinco años en nuestro

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mercado laboral. La jubilación anticipada contará con un nuevo sistema más justo, flexible, equitativo y transparente para que los trabajadores que recurran a ella se beneficien de manera más clara por cada mes que decidan retrasar su
acceso a la jubilación.


Y no, no nos olvidamos de los trabajadores autónomos, de los trabajadores por cuenta propia, uno de los colectivos más numerosos de nuestro mercado laboral y que más protección necesita. Por ello, para garantizar la jubilación digna, se
establecerá un sistema de cotización por ingresos reales; un compromiso que pondremos en marcha dentro de unos meses, a partir del año 2022; una medida para tener un sistema de pensiones mucho más justo y con una protección para los trabajadores
por cuenta propia. Pero este proceso de modernización y reforma contempla también otros temas importantes, como son la cotización a los becarios, que nos ha comentado el ministro, y la de los cuidadores de personas en situación de dependencia.


Señorías, nuestro sistema de pensiones es fruto de un pacto intergeneracional; un pacto por el cual no podemos fallar ni a los más jóvenes ni a los más mayores. Por eso, se prevé crear un mecanismo de equidad intergeneracional que
sustituya al factor de sostenibilidad del año 2013; un mecanismo que asegure el equilibrio de cargas entre generaciones, pero que aún no está definido y confío en que, además, se haga en el marco del acuerdo de la Mesa del Diálogo Social. Proteger
a los jóvenes, garantizar las pensiones de viudedad en las parejas de hecho o la creación de la agencia estatal de Seguridad Social son medidas que toma un Gobierno progresista para reforzar nuestro Estado del bienestar.


Señorías del Partido Popular, la verdad es que ustedes, como principal partido líder de la oposición, parece que quisieran vivir al margen del sistema. Están ustedes totalmente irreconocibles: en contra de lo que dice la patronal, en
contra de lo que dice la Iglesia, ¿pero qué les pasa? Si es que están en contra absolutamente de todo. (Rumores). Como sigan así van a estar en contra incluso de ustedes mismos.


Esta reforma es fruto del diálogo, del acuerdo entre los diferentes agentes sociales y los legisladores, de nosotros, señorías. Se trata de un acuerdo profundamente democrático, un acuerdo calificado por el presidente de la CEOE de mucho
más valor de lo que parece, que igualmente ha calificado como fundamental para la paz social y que genera tranquilidad. Como les decía, este acuerdo nos permite modernizar y reforzar nuestro sistema de pensiones, y así tener un sistema más fuerte,
más justo y más equitativo. Un sistema de pensiones que nos permita afrontar con seguridad y solvencia los retos de las próximas décadas.


Durante más de diez años ha sido imposible cerrar un acuerdo sobre pensiones. Señorías, en 2021 un Gobierno de izquierdas lo ha conseguido. Es un acuerdo plenamente democrático, avalado por el Consejo Europeo, aunque a ustedes no les
guste. Un acuerdo alcanzado mediante el diálogo con los agentes sociales, un acuerdo que sigue las recomendaciones del Pacto de Toledo que el Congreso aprobó en noviembre de 2020, es decir, un acuerdo contando con todos. Y lo hace un Gobierno que
cuando debe acordar los ERTE lo hace con organizaciones patronales sindicales; cuando tiene que hablar de pensiones o empleo público llega a acuerdos con las organizaciones sindicales. Señorías, el Gobierno de Pedro Sánchez suma ya diez acuerdos
con sindicatos y patronal en tan solo dieciocho meses, y con las consecuencias de una pandemia mundial. Es evidente, y a los hechos me remito, que el acuerdo social solo existe cuando gobierna la izquierda.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra, en su segundo turno y para responder a las observaciones de los grupos, el señor ministro.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Muchas gracias, presidenta; muchas gracias, señorías.


Voy a empezar por un tema menor, que es el informe que me siguen reclamando ustedes sobre las carreras profesionales. Quizá es que somos en exceso perfeccionistas en la Seguridad Social y queremos tener todos los datos, todos los cálculos,
todos los ángulos, pero yo me comprometo a traérselo antes de que termine este mes, aunque no esté perfecto y no esté con todos los cálculos, para de esa forma satisfacer su petición. En cualquier caso, su tratamiento queda pendiente para una etapa
posterior como siempre hemos quedado aquí.


Yo salgo bastante optimista de todo lo que he oído, sinceramente. Y salgo bastante optimista porque aquellos grupos que no votaron o que tuvieron reservas respecto al acuerdo del Pacto de Toledo han vuelto, consistentemente, a plantear aquí
su posición porque hay elementos que no les gustan, pero, al mismo tiempo, han reconocido algunos elementos que hay en el acuerdo que van en la dirección correcta,

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y eso es así, he visto consistencia. También he visto consistencia en el caso de VOX, que tiene una visión clara sobre el tema de pensiones. Aquí tenemos doce recomendaciones que se han acordado con un amplio consenso y con mucho apoyo;
nosotros hemos presentado un anteproyecto de ley que llegará a ustedes en septiembre, como digo, y que conocen perfectamente porque es un anejo del acuerdo con los agentes sociales, y claro, cuando voy repasando mis notas e intento ver exactamente
en qué no estamos cumpliendo nosotros las recomendaciones y en qué me han presentado ustedes una alternativa, no encuentro nada. Y miren que cotejo las notas, pero no encuentro nada. Entonces, por eso soy optimista, porque como tendremos que ir
recomendación por recomendación y artículo por artículo viéndolo, espero que lo que hemos visto tenga más de escenificación, porque la sustancia no la encuentro, sinceramente. Por eso soy optimista.


Yo he comparecido aquí creo que ya cinco veces. Cada vez que vemos que hay oportunidad, lo hago. Saben ustedes perfectamente que todo el calendario que les he planteado hoy y que hemos resuelto yo se lo había anticipado a ustedes
totalmente y con detalle. Y aquí lo hemos discutido y hemos ajustado todo el calendario de lo que va en este acuerdo, lo que va en el acuerdo posterior, cómo hemos particionado los distintos elementos en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia con los agentes sociales. Todo esto lo conocían ustedes, y lo hemos discutido, y no solamente discutido, sino que se han hecho aportaciones y lo hemos ajustado. Eso ha sido así.


Por supuesto, en algunas intervenciones me ha parecido que pensaban que esto se iba a tramitar como un real decreto-ley. No, se va a tramitar como una ley y va a llegar como una ley en el mes de septiembre, y a partir de ahí iremos viendo
cada uno de los elementos y veremos cómo se ajustan los planteamientos iniciales, y veremos cuáles son las alternativas a los problemas que aquí se intentan resolver. Entonces, yo miro las notas y me quedo bastante tranquilo, porque no hay nada que
me inquiete particularmente. Bueno, hay alguna cosa que me inquieta a la que haré referencia, pero me parece que será alguna inconsistencia que tendrá que resolverse.


Señora Gamarra, usted ha dejado en un lugar malísimo a sus representantes del Pacto de Toledo, porque lo que ha dicho usted es absolutamente inconsistente con lo que ellos han estado acordando. ¡Pero es que usted misma ha votado a favor de
la recomendación del Pacto de Toledo! (Aplausos.-El señor Echániz Salgado: ¡No tiene nada que ver!).


Dice aquí este señor diputado: no tiene nada que ver. ¡Pero cómo que no tiene nada que ver! ¡Pero cómo que no tiene nada que ver! ¡Si las recomendaciones 1 y 2 del Pacto de Toledo son absolutamente inconsistentes con la reforma de 2013!
¡Ustedes lo que nos han pedido es que deroguemos completamente la reforma de 2013, recuperando el poder adquisitivo de las pensiones y manteniendo...! (Protestas.-Rumores). Bueno, ¡a lo mejor nos estamos refiriendo a dos reformas distintas! ¿La
ventaja que tengo yo sabe cuál es? Que la he estado evaluando año tras año personalmente. (Rumores.-El señor Echániz Salgado: ¡Así nos va!). Y al evaluarla, he encontrado hasta errores en las fórmulas. Les podría contar muchas cosas que están
en los informes de la AIReF; a ustedes alguien les ha escrito algo ahí, ¡pero es que los he escrito yo!, ¡los he escrito yo!, y, por tanto, sé lo que he dicho. Y también sé perfectamente cuál era el mandato de la AIReF.


Lo que tenía que hacer la AIReF -lo digo para que no confundan a todo el mundo- es comprobar que las proyecciones de ingresos y gastos que hacía la Seguridad Social a un horizonte de cinco años para determinar el grado de corrección que
había que hacer en la pensión a la baja estaban bien hechos o no. Lo que hemos constatado año tras año es que los cálculos estaban perfectos, y era el mandato de la AIReF. Tan perfectos eran que, al poner el tope del 0,50 % de máxima revaluación,
le preguntamos a la Seguridad Social que nos dijera, si no hacemos el cálculo, si no ponemos el tope y proyectamos ingresos y gastos tal cual, cuánto habría que recortar las pensiones en este año. Como la Seguridad Social decidió no decirlo, la
AIReF lo puso en conocimiento de todos, y recuerdo que en el año 2017 era un recorte de pensiones del 3 %. Lo único que hacía el 0,50 % era dilatar en el tiempo cuándo iban a llegar esos recortes mediante pérdida de poder adquisitivo. Y eso está
en los informes de la AIReF.


Señora Gamarra, usted ha leído aquí un informe que le ha escrito alguien ¡que no ha sabido lo que ustedes han estado defendiendo en el Pacto de Toledo! ¡Es que verdaderamente el grado de inconsistencia...! (Protestas.-Un señor diputado:
¡Educación!-Otro señor diputado: ¡No sea faltón!-Otro señor diputado: Un poco machista, ¡no?).


La señora PRESIDENTA: Señorías, paz, ¿vale?


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Mire, yo he estado escuchando a la señora Gamarra, que ha estado diciendo estas cosas, y aquí nadie

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ha dicho nada. (Protestas). Escuchen, por favor, un momento. (Protestas.-Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben). Lo que yo digo es que lo tendrán que revisar ustedes. Es que lo que han estado acordando ustedes en el
Pacto de Toledo es absolutamente inconsistente con lo que ha dicho hoy la señora Gamarra, ¡pero absolutamente inconsistente! Y tendrán que explicar a la opinión pública si lo que están diciendo es que quieren realmente recuperar, porque como habla
de contrarreforma... Usted ha hablado, señora Gamarra, de la exitosa reforma del 2013, ¡tan exitosa es que ustedes mismos dejaron de aplicarla en cuanto vieron cuáles eran sus efectos! ¡Nunca llegaron a aplicar esa exitosísima reforma del 2013!


Pero es que no es solamente eso, es que, después, cuando empezamos a discutir el Pacto de Toledo, evidentemente había que ir a un marco completamente distinto, porque la reforma del 2013 lo que implicaba -y eso está en los cálculos de la
Comisión Europea del año 2021 y de la AIReF- era una pérdida de poder adquisitivo... (Rumores). Comprendo que le cueste a usted escuchar esto, pero era una pérdida de poder adquisitivo del 40 % (aplausos), ¡del 40 %! Entonces, lo que estamos...
(Rumores.-El señor Echániz Salgado: ¡Congelasteis!).


La señora PRESIDENTA: Disculpe, ministro.


Señorías, como el señor ministro ha estado escuchando sin intervenir y el resto de los portavoces tampoco han intervenido mientras lo hacía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, les ruego que no entremos ahora a reconvenir lo que está
diciendo el ministro, no entremos en esta diatriba. Así que muchísimas gracias y mantengamos la calma.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Señora Gamarra, yo me reivindico. Usted ha dejado en muy mal lugar a todos sus compañeros que han estado defendiendo las recomendaciones del Pacto de
Toledo, ¡en muy mal lugar! Y así es. Pero no lo digo por nada, es que es una realidad, ¡es una realidad! El discurso es tan inconsistente, tan absolutamente inconsistente con todo lo que ustedes han estado defendiendo durante este último año, que
me produce perplejidad.


¿Qué ha pasado entonces en los últimos tres meses? A lo mejor ha habido unas elecciones, ha habido unas encuestas, ¡y a esto es a lo que no hay derecho! (Un señor diputado: ¡Llevan tres años!). No hay derecho a que por razones puramente
coyunturales le construyan a usted un discurso en esa fábrica que hay por ahí donde se hacen discursos completamente catastrofistas a costa de los pensionistas y de los futuros pensionistas (aplausos), ¡y que volvamos a caer otra vez, por regate
corto electoral o de coyuntura, en atrapar y secuestrar a nuestros pensionistas! Esto, que habíamos quedado en que no lo íbamos a hacer, ¡es lo que yo estoy viendo en este momento!, ¡de verdad! Y lo digo como lo siento. (Un señor diputado: ¡Otra
mentira!).


Yo creo que usted ha encontrado una aliada perfecta en la señora Oramas, que ha estado completamente en la misma línea, con un cambio absolutamente radical de planteamiento, y tampoco nos ha dicho exactamente cuáles eran las recomendaciones
que le parecían bien y que ahora ya no se lo parecen. (Protestas.-La señora España Reina: Comparece usted, no ella). No, no...


La señora PRESIDENTA: Por favor, no interrumpan a la persona que está interviniendo en este momento, como ha hecho el resto mientras han intervenido todos ustedes.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Yo estoy acostumbrado a entornos donde la gente escucha con respeto, donde atiende, pero este tipo de actitud, que, además, les singulariza a ustedes... Yo
agradezco siempre el extraordinario tono de respeto que tienen sus compañeros, los diputados de VOX, siempre -a VOX ahora le contestaré-. Me parece que dan constantemente un ejemplo impecable de comportamiento en este Pacto de Toledo frente a la
actitud que tienen ustedes -sinceramente lo digo-, desde el punto de vista puramente formal.


Pero ahora voy directamente a las observaciones concretas. La señora Oramas, aparte de hablar de las migraciones en Canarias, donde ya prácticamente quedan muy pocos inmigrantes de los veintitantos mil que nos creaban problemas y que ahora
no recuerda, ¡se le ha ocurrido hablar del ingreso mínimo vital! Pero, mire usted, señora Oramas, ustedes han estado gestionando la que era su responsabilidad durante muchos años en el Gobierno de Canarias: la renta autonómica. ¿Usted sabe,
después de veinte años, cuántos beneficiarios de la renta autonómica canaria llegaron a tener ustedes? ¿Cuántos? (Pausa). 9000 beneficiarios en el año máximo. ¿Sabe cuánto hemos conseguido la Seguridad Social en un solo año de gestión frente a
veinte?

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15 000 familias canarias reciben ya el ingreso mínimo vital. (Aplausos). Son 32 000. Le mandaremos los datos con todo detalle. Los puede comprobar. Usted dice que no. Pues 9000 contra 32 000.


Yo comprendo, de nuevo, el regate corto, intentar erosionar frente a los éxitos de los demás, pero confundiendo, utilizando datos..., no es el estilo que a mí... A mí me genera esto un poco de desazón, sinceramente.


A continuación ha hablado el señor Botran, que nos ha hecho un discurso absolutamente consistente con haber votado que no y utilizando argumentos de productividad, de creación de empleo. Por cierto, similares a los de la señora Oramas, pero
el señor Botran ha sido absolutamente consistente. La señora Oramas no, porque está en el regate político: ahora toca, ahora hay que crear empleo... ¿Y si a los pensionistas les confundimos?, ¿o a los beneficiaros del ingreso mínimo vital?
¡Pues ya está!, ¡qué más da!, ¡qué más da! (La señora Oramas González-Moro: [¡Qué mentiroso!] 1.-Un señor diputado: ¡Hala!).


La señora PRESIDENTA: Señoría, señora Oramas, vamos a ver... (La señora Oramas González-Moro: ¡Es que se está pasando!). Vale. Vamos a intentar, si es posible, mantener la calma y no insultarnos los unos a los otros, ¿de acuerdo?
(Protestas). Así que, le rogaría que para la buena marcha de esta Comisión -que hasta ahora hemos tenido- se retirara del Diario de Sesiones ese insulto, señoría.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Se retira1. ¡Y que el ministro tampoco lo haga!


La señora PRESIDENTA: Vale. Venga.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Pero, un momento...


La señora PRESIDENTA: Por favor, señor ministro, vamos a continuar. Se retira ese insulto del Diario de Sesiones1 y vamos a continuar, por favor. Y vamos a intentar mantener la calma.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Sí, sí, totalmente. Yo lo que quiero saber es qué es lo que tengo que retirar, si los datos ciertos los tengo que retirar o no. Señora Oramas, ¿qué tengo
que retirar? Lo retiro con muchísimo gusto.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: ¡Sus descalificativos hacia esta portavoz!)


La señora PRESIDENTA: Señora Oramas, no tenía usted la palabra. No quiero que una comisión que ha sido siempre seria se convierta en comisión de hazmerreír, ¡no lo voy a permitir como presidenta! (Un señor diputado: ¡Pues pídaselo al
ministro!). Nos estamos jugando mucho, estamos hablando del sistema público de pensiones. Luego diré, al final, unas palabras. Así que vamos a ver si intentamos mantener la calma y la tranquilidad que siempre ha reinado en esta Comisión.


Le paso la palabra de nuevo al señor ministro para que continúe su intervención.


El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Cualquier descalificativo que yo haya dicho, que no recuerdo, lo retiro ya. En ningún caso yo quería descalificarle. No sé exactamente cuál es el concepto,
pero, por si acaso, retiro cualquiera. No se preocupe. Los datos no los puedo retirar porque son verdad, ese es el problema.


Señor Matute, yo creo que ha planteado cosas interesantes. Es verdad, el problema de pirámide de población que he planteado es coyuntural. Yo he intentado expresar que es un problema coyuntural, una coyuntura poblacional larga, pero es
coyuntural. Y claro que sí, claro que los problemas estructurales que tienen que ver con el mercado de trabajo hay que abordarlos con políticas que no están aquí y que tampoco se espera que nosotros acordemos en este marco, porque son de gran
complejidad, de gran extensión y esta observación yo la encuentro en muchas de las presentaciones. Y claro que hay problemas en el ámbito de la natalidad y claro que yo soy de los que creen que hay que hacer cosas en el fomento de la natalidad y
que España ha perdido algunas oportunidades ahí -también lo han planteado los señores de VOX-; estoy totalmente de acuerdo. Hay cosas que vienen de ángulos completamente distintos y alternativos que han sido planteadas de forma muy sosegada y yo
creo que con cierta consistencia en sus planteamientos, y hay que reconocer que en el fondo de este tema subyace que para


1 Palabras retiradas por la señora Oramas González-Moro.

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hacer estas proyecciones tenemos que trazar realmente un montón de variables económicas que se han determinado de toda la estructura económica y de todas las políticas. Lógicamente, ustedes estarán pensando que hay que incidir en
determinados temas y en cosas muy distintas, y es legítimo que lo planteen y que discrepen.


Por lo tanto, muchas de las cosas que ustedes dicen y que plantean aquí, como que España tiene un mercado laboral disfuncional y que tiene un serio problema de natalidad, en el diagnóstico no podemos estar más de acuerdo. Del mismo modo que
estamos de acuerdo en que tenemos un serio problema, que se ha planteado, en el ámbito juvenil. No podemos estar más de acuerdo. Ahora bien, entre el año 1998 y el año 2021, la tasa de desempleo juvenil se ha duplicado, estructural y
consistentemente. Hagan todos ustedes un cálculo de quién ha gobernado más entre 1998 y el año 2021, y repartimos culpas. Claro que tenemos un problema colectivo en el mal funcionamiento del mercado de trabajo y claro que tenemos un problema,
efectivamente, de tasas de natalidad muy bajas, que tienen que ver con la precariedad laboral, que tienen que ver, probablemente, con la falta de un mercado de la vivienda para rentas bajas bien articulado, es decir, que hay normas, etcétera. Son
temas muy complejos, que durante muchas décadas no se han abordado con suficiente energía, eso es así, y que subyacen en lo que estamos hablando. Realmente es muy difícil encajar todos estos elementos en las piezas. Y aquí tenemos que seguir las
métricas internacionales. Lo que hacemos son unas proyecciones que recogen trayectorias inerciales irrazonablemente conservadoras y sobre eso intentamos ver cómo solucionamos el problema de aumento del gasto en pensiones con distintos mecanismos,
muchos de ellos con aumento del nivel de ingresos, por supuesto que sí. Esto es lo que estamos haciendo y es lo que hay detrás de todo esto. Estoy de acuerdo en el diagnóstico de muchas de las observaciones, pero si tuviéramos que discutir en
términos de soluciones, podríamos estar aquí semanas y semanas porque no hay una solución única y hay distintos planteamientos ideológicos y conceptuales. Pero me parece bien que en estas intervenciones uno haga planteamientos generales porque lo
que está por detrás es muy extenso, sinceramente.


El señor Barandiarán nos ha planteado el ingreso mínimo vital desde una óptica distinta de la señora Oramas. Ustedes tienen un muy buen ingreso mínimo vital, una renta de garantía de ingresos, la RGI, muy potente. Canarias ha construido
durante décadas una cosa básicamente virtual; a pesar de ser una comunidad autónoma mucho menos rica y con mucha más pobreza que la que tiene el País Vasco, ustedes han hecho unas políticas muy potentes, y yo les entiendo. Del mismo modo que el
ingreso mínimo vital está siendo una política extraordinariamente efectiva para erradicar la pobreza en muchas comunidades autónomas donde ya multiplicamos hasta por tres lo que antes había en las rentas mínimas, en el País Vasco no es así. Ustedes
tenían una política verdaderamente bien diseñada y potente, y ha llegado el ingreso mínimo vital. Efectivamente, tenemos que ponernos de acuerdo. Y estoy de acuerdo también en que no solamente tenemos la disposición adicional quinta en su tenor
literal, sino que tenemos conversaciones y que intentar aproximar las dos lecturas que hay detrás de este tema. Creo, de verdad, que nos pondremos de acuerdo, y en eso estamos.


Señora Muñoz, usted ha dicho algo que también han dicho otros, y es que hemos hecho lo más fácil. Aprovecho la ocasión para romper una lanza por los agentes sociales, por los interlocutores sociales que han llegado a un acuerdo, entre ellos
y con nosotros, en temas de una gran complejidad como jubilación voluntaria, jubilación demorada o ingreso real de los autónomos. Han hecho un gran trabajo con nosotros durante casi un año, nueve meses, desde que ustedes cerraron el acuerdo en el
Pacto de Toledo y nos lo pidieron. Si les preguntan a ellos si hemos acordado lo más fácil, habría una sonrisa. De hecho, en términos de métrica, si utilizamos la métrica del Ageing Report de la Comisión, lo más potente que estamos haciendo aquí
es, justamente, todo lo que tiene que ver con ampliar la edad de jubilación, acercar la jubilación efectiva a la jubilación real. Eso es muy sustantivo en términos de hacer más sostenible el sistema.


En relación con los acuerdos sobre el tema de los autónomos, no entiendo muy bien lo que ha dicho la señora Gamarra, porque todos los representantes de las comunidades autónomas estaban firmando el acuerdo y estaban de acuerdo con nosotros.
Y lo que hemos acordado es lo que hemos acordado, del mismo modo que yo, para evitar cualquier problema, en el caso del mecanismo de equidad intergeneracional -se lo digo a todos- lo que he hecho ha sido leer estrictamente lo que hemos acordado. Y,
por favor, dennos unos meses con los agentes sociales, con tranquilidad, para dar forma a lo que hemos acordado y que he leído aquí, y ya verán todos que esto no era lo más difícil. Señora Muñoz, lo volveremos a hablar y verá usted que eso no era
lo más difícil. Quizás mi responsabilidad -estoy de acuerdo- sea haber creado un ruido innecesario en este tema; esa parte de su intervención, señora Gamarra, se la compro completamente. Es haber puesto el foco innecesariamente en un tema que no
es

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muy sustantivo, que no es muy importante, que está por cerrar y aquilatar, que tiene, en el conjunto de lo que estamos acordando, una importancia verdaderamente secundaria, y que puede ser incluso algo para el futuro, pero que se ha
amplificado de esta manera. Ya lo verán ustedes, pero déjennos que vayamos con los agentes sociales, que tienen mucha responsabilidad en todo esto, acordando elementos y trayéndolos aquí, al Parlamento, con el calendario que todos hemos acordado.


La señora Muñoz también nos ha hablado del tema de la vinculación del IPC y ha planteado su preocupación por la inflación negativa. El mundo de aquí en adelante no va de inflación negativa. Hemos estado décadas y décadas sin verlo un solo
año con el IPC. Hemos tenido una crisis tan extrema como fue la crisis financiera y unos años con una pequeña caída de precios. Por lo tanto, no creo que estemos hablando de algo sustantivo. En la discusión con los agentes sociales nos hicieron
ver que un tema que es muy improbable que se materialice, que hay una baja probabilidad de que ocurra, era muy difícil de encajar en el diseño. Lo hemos dejado para esa revisión cada cinco años y, sinceramente, creo que es una buena solución.


Cuando me hablan ustedes del tema de parches, del tema de calendario, de que había que hacerlo todo junto, veo la complejidad que lleva cada uno de los pasos, si uno lo quiere estudiar bien. Tengan en cuenta que es una reforma que tiene que
durar treinta años. Por tanto, tenemos que estar seguros de que lo que estamos haciendo está bien aquilatado, bien trabajado, que tenemos bien los números, que hemos escuchado bien a los agentes sociales, que nos plantean cosas -a veces es un
sindicato, a veces una patronal- que no tenemos tan encima de la mesa. Sinceramente, ¿hubieran preferido ustedes que hubiese venido aquí con soluciones a las 22 recomendaciones, de una forma precipitada, con los números sin hacer del todo y con los
temas a medias? A lo mejor hubieran estado ustedes más satisfechos, pero yo sigo pensando que esta es la mejor metodología de trabajo si queremos que las cosas vayan llegando maduras, bien hechas y bien aquilatadas. Tiendo a pensar que hemos
acertado, porque, insisto, a los temas concretos de mi presentación, a las métricas concretas, no he encontrado contrapropuestas o incluso reservas significativas. No las he encontrado. Podemos ver cada uno de los temas que hemos planteado. Esa
es la sensación que yo tengo, y seguiremos avanzando. Creo que este método con el que estamos trabajando es el mejor.


El señor Sáez hace un planteamiento que me parece general y que, desde su perspectiva, tiene consistencia. Usted siempre nos trae la lógica de que a usted le preocupa muchísimo la sostenibilidad de las cuentas públicas, la deuda pública, de
que esto está muy frágil y que tenemos que tener mucha preocupación, y, por lo tanto, no termina de aterrizar en término de pensiones. Yo entiendo que eso le llevaría un poco en la línea de la señora Gamarra de decir: pues hagamos lo de 2013;
cojamos las pensiones, desvaloricemos el 40 %, reduzcamos el gasto en pensiones en 4 puntos y con eso abordemos el tema. Yo no estoy seguro de que vaya usted por ahí, de verdad que no. Creo que la señora Gamarra va por ahí, usted quizá no, que su
preocupación por el tema de la deuda pública es mucho más consistente que el que yo percibo en la señora Gamarra y el Partido Popular, que tienen idas y venidas de unos días a otros.


Creo -y esto a veces cuesta entenderlo- que con lo que estamos haciendo con los gastos impropios no estamos arreglando nada del déficit público, el déficit público sigue siendo el mismo. Pero, genuinamente, creo que cuando el déficit
público está contabilizado y tiene que abordarlo quien tiene palancas para arreglarlo, aumentan las probabilidades de que este tema se aborde. De alguna forma, el hecho de que se hayan ido desplazando hacia la Seguridad Social gastos impropios,
políticas que se iban haciendo, como exonerar a no sé qué colectivo y hacer unas políticas de empleo, todas legítimas, y que todo esto lo financie la Seguridad Social, con lo cual es un problema del ministro correspondiente, al resto del Gobierno y
a los ministros de Hacienda les permitía decir: No, yo me desentiendo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es decir: si usted quiere hacer políticas sociales de lo que quiera, lo tiene que pagar o tiene que ajustar ingresos y gastos en los
Presupuestos Generales del Estado, porque la Seguridad Social no tiene margen, la Seguridad Social tiene que cumplir sus compromisos de pensiones y de prestaciones sociales, y tiene los ingresos que le dan las cotizaciones. Es entrar en un callejón
sin salida. Por eso, a mí me parece que, incluso desde su punto de vista, señor Sáez, que hayamos desplazado con este acuerdo una parte significativa de los gastos de la Seguridad Social a la Administración General del Estado, que es la que tiene
que cubrirlos y abordarlos, va en la buena dirección desde el punto de vista de la sostenibilidad; sinceramente lo creo. Y no lo creo solo yo, también lo cree la Unión Europea. Usted habla de la credibilidad de la Unión Europea. Lo cree la Unión
Europea porque nos está avalando en este planteamiento. Insisto, léanse la Resolución de 16 de junio de la Comisión. Entiendo

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que es un documento muy largo, pero ahí se discuten los distintos componentes. En ese documento se discuten algunos de los temas que usted plantea de carácter más general.


El Plan de recuperación y resiliencia tiene tres componentes que inciden en la sostenibilidad de las cuentas públicas: dos directamente y uno indirectamente, que es este, que tiene que ver en parte con la sostenibilidad, pero también con
otras muchas cosas que estamos discutiendo aquí, que es mantener fundamentalmente un sistema de pensiones suficiente. En el componente 28 y en el componente 29 hay muchas medidas que van en la dirección de fortalecer las finanzas públicas. Por el
lado del gasto, hay un componente sobre spending review, sobre racionalización del gasto, que yo creo que irán ampliando las competencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha recibido muchos elogios en Bruselas, y que hay
que desplegarlo, ya que en España tenemos que profundizar en la evaluación del gasto público. Después, por el lado de los ingresos, está el compromiso de reformar todo el sistema a partir de la comisión de expertos. Luego en el plan sí hay una
estrategia integral. Seguro que a usted le gustaría hacerlo de una determinada manera y a otro, de otra, pero es evidente que los problemas de deuda pública creciente hay que abordarlos con determinación. Si algo sabemos es que cuando los
problemas de deuda pública y, sobre todo, la dinámica de una fuerte deuda pública no se abordan suficientemente, después, cuando hay que corregirlos de forma precipitada, de forma presionada, las soluciones que se toman son inadecuadas, subóptimas y
terminan perjudicando lo que supone una pérdida de bienestar. Luego yo no puedo más de acuerdo con esto.


Con lo que no estoy tan de acuerdo, señor Sáez, es cuando usted da datos de la pandemia. La pandemia es algo singular, acotado en el tiempo, cuya única solución, aquí y en todos los países del mundo, ha supuesto un enorme gasto fiscal
coyuntural y no recurrente para preservar el tejido productivo y, sobre todo, a los trabajadores que se han visto afectados por tantas decisiones sanitarias que han impedido su trabajo. No había alternativa en lo que hemos hecho, como no la ha
habido en casi ningún país del mundo que lo haya abordado de esta forma. No podemos agregar en los datos fiscales el aumento de deuda de este elemento, que no es recurrente y no tenía otra solución, con los problemas de fondo. Que el aumento de la
deuda pública se haya producido de esta forma sí supone que los ritmos a los que se deberá reducir y los puntos de partida son otros. La vida es así, uno tiene que abordar situaciones de esta naturaleza.


A la señora Gamarra le dije lo que veía, que era el planteamiento. ¿Ya no está la señora Gamarra? ¿Nos ha dejado?


Nada más. Con esto termino. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, ministro.


Incluso los portavoces a los que aún les quedaba algún tiempo me han hecho llegar que no iban a utilizar este segundo turno, concretamente VOX, PNV y PSOE. Así que, sin más dilación, les doy las gracias a todos los portavoces por sus
intervenciones y también al ministro por su comparecencia.


Al margen de que aquí, esta mañana, se hayan puesto de manifiesto algunas dudas en relación con el acuerdo en la Mesa del diálogo social, creo que debemos darnos todos la enhorabuena por este acuerdo. Yo espero que, una vez que entre el
proyecto de ley en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, seamos capaces de trasladar el acuerdo que obtuvimos el pasado mes de noviembre en el Pacto de Toledo para sacar adelante esta ley, esta primera parte de la reforma,
junto con la que esté por llegar. Creo que es nuestra obligación intentar dar a la ciudadanía certidumbre, confianza en el presente y en el futuro de nuestro sistema público de pensiones, por los actuales pensionistas, pero también -esta mañana se
ha hablado aquí mucho de este tema, y me parece muy importante- porque este asunto no solamente atañe a los actuales pensionistas, sino a los que vemos que, en más o menos tiempo, ya vamos a convertirnos en pensionistas, y sobre todo por nuestra
gente joven, que está sufriendo una situación laboral y personal muy complicada, para que sepan que este es un sistema público de reparto de solidaridad entre generaciones y que ellos, en un futuro, también van a cobrar una pensión digna. Creo que
esa es nuestra obligación y esta Comisión suele dar muy buen ejemplo en esta materia. Es nuestra responsabilidad.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


Se levanta la sesión.


Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.