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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 374, de 22/04/2021
cve: DSCD-14-CO-374
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 374
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SEÑORA D.ª ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ
Sesión núm. 14
celebrada el jueves,
22 de abril de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Retirado del orden del día:
Comparecencia del señor secretario general de Instituciones Penitenciarias (Ortiz González):
- Para explicar el motivo del aumento de muertes en la citada prisión, especialmente por suicidios, y las medidas que se van a tomar al respecto. A petición del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. (Número de expediente 212/000470) ...
(Página2)
Comparecencia del señor secretario general de Instituciones Penitenciarias (Ortiz González):
- Para informar de las actuaciones generales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la Legislatura XIV. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001193) ... (Página2)
- Para explicar los motivos para no facilitar medios de prevención, protección y test a los trabajadores de centros penitenciarios, así como no considerarlos personal de alto riesgo por contagio COVID y negarse a considerarles Agente de la
Autoridad mientras durase el estado de alarma. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000118) ... (Página2)
- Para dar cuenta de los criterios seguidos en la aplicación del régimen penitenciario durante el estado de alarma. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000158) ...
- Para informar sobre las políticas que se están adoptando en materia de acercamiento de presos terroristas desde su departamento, y sobre los desplazamientos realizados durante la vigencia del estado de alarma de presos terroristas en
centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 212/000266) ... (Página3)
- Para informar del contagio masivo por COVID-19 de 52 internos en el centro penitenciario de Picassent el día 7/1/2021, y las actuaciones llevadas a cabo para la salvaguarda de la salud de los internos y trabajadores penitenciarios, así
como para evitar la propagación del virus en el centro penitenciario. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 212/001027) ... (Página3)
- Para explicar la gestión de los medios materiales y personales del complejo penitenciario de Nanclares de Oca. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001113) ...
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
RETIRADO DEL ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (ORTIZ GONZÁLEZ):
- PARA EXPLICAR EL MOTIVO DEL AUMENTO DE MUERTES EN LA CITADA PRISIÓN, ESPECIALMENTE POR SUICIDIOS, Y LAS MEDIDAS QUE SE VAN A TOMAR AL RESPECTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU. (Número de expediente 212/000470).
La señora PRESIDENTA: Buenos días. Se abre la sesión de la Comisión de Interior para tramitar la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias a petición propia, y acumuladamente a las peticiones de los grupos
popular y VOX, que fueron solicitadas y que así fue acordado en la reunión de Mesa de portavoces que tuvo lugar el pasado día 20.
Deseo informar a sus señorías de que habrá una variación en el orden del día. El Grupo Bildu no va a asistir a la reunión, por lo que ha pedido que la comparecencia que tenía solicitada se posponga para una siguiente ocasión. Solicito que
sea por asentimiento de sus señorías. (Asentimiento). Tendremos una comparecencia menos en este caso. Así lo hacemos constar.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (ORTIZ GONZÁLEZ):
- PARA INFORMAR DE LAS ACTUACIONES GENERALES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS PARA LA LEGISLATURA XIV. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001193).
- PARA EXPLICAR LOS MOTIVOS PARA NO FACILITAR MEDIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y TEST A LOS TRABAJADORES DE CENTROS PENITENCIARIOS, ASÍ COMO NO CONSIDERARLOS PERSONAL DE ALTO RIESGO POR CONTAGIO COVID Y NEGARSE A CONSIDERARLES AGENTE DE LA
AUTORIDAD MIENTRAS DURASE EL ESTADO DE ALARMA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000118).
- PARA DAR CUENTA DE LOS CRITERIOS SEGUIDOS EN LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000158).
- PARA INFORMAR SOBRE LAS POLÍTICAS QUE SE ESTÁN ADOPTANDO EN MATERIA DE ACERCAMIENTO DE PRESOS TERRORISTAS DESDE SU DEPARTAMENTO, Y SOBRE LOS DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DE PRESOS TERRORISTAS EN
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 212/000266).
- PARA INFORMAR DEL CONTAGIO MASIVO POR COVID-19 DE 52 INTERNOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE PICASSENT EL DÍA 7/1/2021, Y LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO PARA LA SALVAGUARDA DE LA SALUD DE LOS INTERNOS Y TRABAJADORES PENITENCIARIOS, ASÍ
COMO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN EL CENTRO PENITENCIARIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 212/001027).
- PARA EXPLICAR LA GESTIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE NANCLARES DE OCA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001113).
La señora PRESIDENTA: Como saben, conforme a precedente ya acordado en esta comisión y expresamente para esta misma, el orden que va a haber es el de los solicitantes, los grupos que han solicitado esta comisión por riguroso orden de
solicitud. En este caso, primero intervendría el Grupo Popular y luego el Grupo Vox, y luego ya los demás grupos de menor a mayor, empezando por el Grupo Mixto y terminando por el Grupo Socialista.
Quiero recordarles que la duración de los tiempos acumuladamente para todas las comparecencias que se han acumulado en los grupos sería de 10 minutos por grupo en la primera intervención y 3 minutos en la de réplica.
Ya sin más dilación, le vamos a dar la palabra y la bienvenida al secretario general de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Luis Ortiz, dándole la bienvenida al Congreso de los diputados y a esta comisión de Interior. Su intervención no
tiene límite de tiempo. Muchas gracias. Tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Ortiz González): Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta, por su presentación y por la puntualidad ejemplar.
Señorías, buenos días. Comparezco ante ustedes como secretario general de Instituciones Penitenciarias a petición propia, y al mismo tiempo para dar cumplida contestación a las solicitudes de información que han presentado el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario de Vox y el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, aunque creo que ha retirado, lo que han dicho.
Me hubiera encantado venir antes ante ustedes, pero debido a la pandemia no ha sido posible. Les agradezco su presencia y la oportunidad que me brindan para exponerles la gestión que he realizado durante el último año, y para poder
informarles de las principales líneas de actuación para el futuro. En primer lugar, es obvio y necesario informarles de cómo se ha gestionado y del balance de la COVID-19 en la Administración penitenciaria.
Conforme a las recomendaciones e indicaciones de las autoridades sanitarias, en esta Administración hemos ido adoptando decisiones para proteger la salud e integridad física tanto de las personas que trabajan en ella como de las que están
privadas de libertad, tratando de alcanzar la máxima protección con la mínima afectación de los derechos que se han visto limitados o suspendidos según cada momento.
Aprovecho este punto para dar respuesta a parte de la pregunta número 2, presentada por el Grupo Popular, y a la número 6, del Grupo Parlamentario Vox. Así, en lo que atañe a la gestión de la pandemia respecto a los trabajadores
penitenciarios, comentarles que el 15 de marzo de 2020 se publicaron y difundieron a todos los centros las normas de actuación para los empleados públicos penitenciarios que trabajaban en los centros penitenciarios y que podían tener contacto con
personas susceptibles de tener o desarrollar la enfermedad del coronavirus antes de ser aprobados, se mantuvieron reuniones presenciales en unos casos y por videoconferencia en otros con las organizaciones sindicales. Hicieron alegaciones y
aportaciones al documento, teniéndose estas en cuenta a la hora de la publicación definitiva.
Debido a las actualizaciones que el Ministerio de Sanidad ha ido publicando, se han realizado nuevas versiones de esa primera circular y de las normas de actuación, hasta el punto de haber editado siete
versiones más, la última actualizada el 21 de enero de 2021. Con fecha 21 de enero y 12 de febrero de 2021 se remitió a todos los centros de trabajo la última versión de los criterios de utilización de mascarillas quirúrgicas y del uso de
la mascarilla FFP 2, respectivamente, para los empleados y empleadas públicas penitenciarias que trabajan en los centros penitenciarios o en los centros de inserción social.
Con fecha 27 de marzo del 2020 se procedió a la actualización de la evaluación de riesgos, teniendo en cuenta la exposición de los distintos empleados públicos penitenciarios al riesgo de exposición a la COVID-19, en función de los distintos
puestos que desempeñan en los centros penitenciarios y áreas funcionales a los que pertenecen. Este documento ha sido revisado en varias ocasiones, siendo la última actualización de 13 de julio de 2020.
De todas las actuaciones realizadas, se ha dado comunicación a las organizaciones sindicales representativas, remitiéndoles puntualmente copia de todos los escritos a los que he hecho referencia. Desde los centros de trabajo siempre se ha
informado a los delegados de prevención de estas actuaciones, así como de los casos posibles o confirmados de COVID-19 que ha habido, habiéndose celebrado reuniones presenciales o por videoconferencia de los comités de seguridad y salud en el ámbito
provincial. En concreto, en el año 2020 se celebraron 226 reuniones.
Igualmente hay que reseñar que con la colaboración de las consejerías de Sanidad de varias comunidades autónomas en bastantes centros se han realizado cribados y estudios de seroprevalencia. Desde primeros del mes de febrero de 2020, viendo
la dimensión que podía suponer la infección de la COVID-19 se solicitó a todos los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que informaran sobre el stock de equipos de protección, con la finalidad de conocer la
dotación con la que se contaba en ese momento y proceder a realizar pedidos en función de las necesidades de manera centralizada.
Una vez recibida esa información, se observó que algunos centros tenían déficit de material, y otros, excedente, por lo que se ordenó una redistribución entre los centros para que todos pudiesen hacer frente a las necesidades. Con
independencia de ese reparto intercentros, desde los servicios centrales de la Secretaría General se ha procedido a distribuir a todos los centros de trabajo, desde el 20 de marzo de 2020 hasta la actualidad, un número importante de mascarillas
quirúrgicas, mascarillas, FFP 2, buzos, etcétera. Todo este material ha sido suministrado de manera centralizada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior.
En concreto, el material que se ha suministrado desde los servicios centrales ha sido el siguiente: en mascarillas quirúrgicas, 4 802 000 unidades; mascarillas FFP 2, 1 206 000; mascarillas FFP 3, 2000; buzos impermeables, 68 200; gafas
antisalpicaduras, 855; gel desinfectante, 50 000 litros; y guantes, 188 unidades.
Por ello esta Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se ha adherido a los acuerdos marco realizados por Ingesa para el suministro de material COVID. Se han realizado los siguientes contratos derivados. En cuanto al suministro
de batas, 30 000 unidades; el suministro de guantes, 500 000; suministro de gafas, 3000; y mascarillas FFP 2, 2 millones y medio; y suministro de mascarillas FFP 3, 3000 unidades más.
En el ejercicio pasado 2020 también se tramitaron expedientes de emergencia para la adquisición de mascarillas y de gel hidroalcohólico. Se irán realizando nuevos contratos derivados en la medida en que se vaya siendo necesario, disponiendo
para estos momentos de un importante stock de material de protección de la COVID.
Dentro de este apartado de medidas de protección en materia de recursos humanos hay que hacer una mención especial a las adoptadas con el personal sanitario que trabaja en los establecimientos penitenciarios con el fin de salvaguardar su
salud, evitar el posible contagio de la enfermedad y poder prestar asistencia sanitaria oportuna. Así, las medidas preventivas, normas adoptadas y actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes:
Elaboración de protocolos de actuación para la prevención, creación de un servicio de guardia permanente con teléfonos móviles institucionales atendido por los profesionales de la Subdirección General de la Sanidad Penitenciaria para
realizar todo el seguimiento de los internos afectados por COVID y para cualquier consulta técnica del personal sanitario o equipo de dirección, establecimiento de un sistema específico de vigilancia epidemiológica y registro de casos, remisión de
toda la documentación técnica e información emitida por el Ministerio de Sanidad y por la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria a todos los directores y subdirectores, médicos y jefes de servicios médicos de los establecimientos
penitenciarios.
Elaboración del documento Recomendaciones de actuación para los centros penitenciarios en relación con la COVID-19, conjuntamente con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Elaboración por la Subdirección General de
Sanidad Penitenciaria del documento Compendio de toda la gestión para la COVID-19 en los centros penitenciarios, con acceso directo al mismo desde la intranet corporativa y la web institucional, que incluye toda la Normativa nacional e internacional
respecto a la pandemia, todas las instrucciones dictadas por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y las comunidades autónomas, así como las infografías, información relativa al
diagnóstico, pruebas, serología, radiología, tratamientos de COVID, artículos científicos, alertas, etcétera.
Realización de un seguimiento telefónico con los profesionales sanitarios y directores de los establecimientos para la toma de decisiones y actuaciones sanitarias con relación a los casos confirmados y posibles contagios entre internos,
organizando los aislamientos de internos de módulos o departamentos. Se ha creado una Comisión de Seguimiento y Coordinación para la COVID, encabezada por mí, y compuesta por el director general de Ejecución Penal y las diferentes subdirecciones
generales afectadas en esta materia.
Se han realizado desinfecciones por parte de la UME en los centros penitenciarios. La Subdirección General de Sanidad Penitenciaria mantiene una coordinación permanente con el CAES del Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas,
y se participa en todas las videoconferencias como miembro permanente de la ponencia de alertas y planes de emergencia del Ministerio de Sanidad.
Debido a que el número de profesionales sanitarios no es el suficiente en este momento para cubrir todos los puestos de trabajo, quiero aquí dejar constancia del buen hacer y agradecerles públicamente a estos profesionales penitenciarios su
entrega y profesionalidad para la lucha contra la pandemia. Como ustedes conocen, la mejora de la sanidad penitenciaria pasa por el traspaso de los servicios de salud a cada comunidad autónoma de la atención sanitaria que hoy realiza el personal
médico perteneciente a Instituciones Penitenciarias. De esta forma se logrará que todas las personas, con independencia de si se encuentran o no privadas de libertad, tengan las mismas prestaciones en materia de salud.
Quiero dejar aquí constancia de la última noticia que hemos tenido conocimiento, por la cual el próximo mes de mayo se firmará la transferencia de la sanidad penitenciaria en la Comunidad Autónoma de Navarra, hecho que nos satisface y que
pensamos que puede ser el primero de otra serie de acuerdos de transferencias.
Respecto a las actuaciones llevadas a cabo para salvaguardar la salud e integridad de los internos por parte de esta Secretaría General, y desde el punto de vista de salud pública, se han adoptado las siguientes medidas en función de la
situación epidemiológica y de las circunstancias específicas de cada centro penitenciario, dando conocimiento al correspondiente juez de vigilancia penitenciaria. Las medidas regimentales, consistentes en limitaciones provisionales, han sido las
siguientes:
Las comunicaciones orales por locutorios familiares y de convivencia, aumentando el número de llamadas telefónicas de los internos en tiempo y número, y facilitando teléfonos móviles de la institución para hacer videollamadas. Debido a la
experiencia acumulada durante estos meses se está procediendo a la mejora de las comunicaciones de los internos y el exterior, instalándose progresivamente en los centros, videocabinas para normalizar y, con carácter general, habilitar las llamadas
de imagen y de voz de todas las personas privadas de libertad.
También se limitaron los permisos y las salidas de los internos, los traslados o conducciones, salvo por razones de necesidad estrictamente sanitaria. Se limitaron también los talleres de producción y ocupacionales, las actividades grupales
o actividades extramodulares, la entrada de personal extrapenitenciario, solo accede el personal penitenciario a los establecimientos. Se limitaron también las salidas a diligencias judiciales. En caso de decretarse la libertad de un caso
confirmado o posible, se ha comunicado urgentemente a la autoridad sanitaria y judicial correspondiente para que se determinen las actuaciones pertinentes.
En cuanto a las medidas sanitarias, se ha hecho diagnóstico precoz de sintomáticos. Se ha realizado los aislamientos que procedían. Se ha hecho un estudio y cuarentena de contactos. Se ha intentado, en todos los casos, realizar búsquedas
activas para poder, desde el primer momento, detectar y aislar a las personas contagiadas.
En este momento les puedo adelantar que únicamente tenemos un caso, que surgió ayer en Madrid 2, donde hay ocho internos que han dado positivo en el día de ayer. Estamos ahora mismo en plena información y haciendo la evolución de estos ocho
casos que sucedieron. Por supuesto, se les
ha facilitado el uso de mascarillas y se les ha recomendado el mantenimiento de la distancia interpersonal.
Otras medidas que se han adoptado en los establecimientos: todos los internos que ingresan en el establecimiento o reingresan cumplen un período de cuarentena de 14 días, con vigilancia activa en el módulo de ingresos o en aquel
departamento habilitado para ello, y realización de pruebas diagnósticas. Se ha adaptado departamentos específicos -unidades de COVID- en los centros como módulos de aislamiento sanitario para el alojamiento de internos que deben realizar
aislamientos.
Se ha informado a los internos de las medidas adoptadas, de todo lo relacionado con la COVID-19 y de la prevención y control de la enfermedad. Se han dado instrucciones de limpieza y desinfección exhaustiva en zonas comunes, y puesta a
disposición de los internos de las zonas comunes de gel hidroalcohólico. Se ha ventilado de manera obligatoria las celdas. Se ha autorizado la permanencia voluntaria en celdas por la mañana y por la tarde de los internos que así lo pedían, y se ha
establecido turnos de comedor para posibilitar el distanciamiento social.
En términos generales, el comportamiento de los internos e internas con todas estas medidas ha sido ejemplar, gracias a la excelente labor pedagógica que nuestros funcionarios y funcionarias han realizado desde que comenzó la pandemia.
En materia de cumplimiento de medidas comunitarias en medio abierto, especialmente en lo relativo a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y realización de programas de tratamiento, los servicios de gestión de penas y medidas
alternativas, con la finalidad de prevenir la propagación de contagios y contribuir, en la medida de lo posible, a controlar dicha crisis, el 12 de marzo se informó a las autoridades judiciales de la paralización de todos los planes de ejecución
tanto de trabajos en beneficio de la comunidad como de los programas de tratamiento vinculados a suspensiones de condena.
En total se paralizaron 11 157 planes de trabajos en beneficio de la comunidad, de los cuales 2273 correspondían a talleres educativos, y 8884 a planes de programas de tratamiento. A finales de marzo se solicitó a los psicólogos y
psicólogas de Instituciones Penitenciarias como a las entidades colaboradoras la realización de seguimientos telefónicos de las personas cuyo programa de tratamiento había sido paralizado. Se solicitó que estos seguimientos llegaran al máximo
número de personas posible, priorizando a aquellas que se consideraban de mayor vulnerabilidad o en riesgo de reincidencia.
Al mes de comenzar con los seguimientos telefónicos, y con el objetivo de darle una mayor estructura a los seguimientos que se estaba realizando, se remitió a todos los servicios de gestión de penas y medidas alternativas la guía para
profesionales de apoyo psicológico telefónico, que incluye preguntas y orientaciones para cada profesional a la hora de realizar el seguimiento de las personas penadas, permitiendo también la recogida de información que pudiera ser relevante cuando
se reanudara la ejecución de los programas.
Finalizado el primer estado de alarma, se publicó la guía para la reanudación de talleres y programas en medidas comunitarias, apuesta por la intervención telemática, donde se establece un protocolo de actuación con diferentes orientaciones
para retomar la ejecución penal a través de la realización de talleres y programas específicos de tratamiento, priorizando la intervención telemática.
En cuanto a la vacunación, quiero decirles que, en relación con la estrategia de vacunación para la COVID-19, en Instituciones Penitenciarias se realiza conforme al documento técnico de la ponencia de programa y registro de vacunaciones del
Ministerio de Sanidad, estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España de 18 de diciembre de 2020, y posteriores actualizaciones. En esta ponencia participa como miembro permanente un técnico de la Subdirección General de Sanidad
Penitenciaria.
Las fases de vacunación y los colectivos incluidos en cada una de ellas, y su priorización, se acuerdan en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las vacunas son proporcionadas por el Gobierno de las comunidades
autónomas y su Administración a los centros penitenciarios corresponde a los servicios de salud pública de las comunidades autónomas.
Siguiendo dicha estrategia, los sanitarios que han sido considerados de primera línea ya han sido vacunados, y el resto de los funcionarios que han sido considerados como trabajadores esenciales están en proceso de finalización de su
vacunación. A día de la fecha, falta por determinar la vacuna que se va a administrar al personal menor de 60 años de edad, todo ello debido a los cambios que se han producido en las últimas fechas con la administración de vacunas, existiendo un
número importante de personal no sanitario que no ha recibido la vacuna en ese rango de edad.
Actualmente se ha vacunado al siguiente personal: en sanitarios, 1210 en la primera dosis, prácticamente la totalidad de este personal ha recibido ya la segunda dosis. Otro personal no sanitario, 14 700 en primera
dosis y 540 en segunda dosis. Total: 15 900 personas en primera dosis y aproximadamente 1750 en la segunda dosis.
En cuanto a la población penitenciaria, que también ha sido considerada como prioritaria para vacunar, no más tarde que el grupo 8 de la población general, está en funcionamiento un mecanismo de colaboración y coordinación entre el
Ministerio de Sanidad y las consejerías de Salud autonómicas con el propósito de acelerar su vacunación, además del constante contacto que se mantiene desde dicha subdirección general con los correspondientes responsables autonómicos.
La vacuna que utilizar tanto para los internos como para los trabajadores de los centros penitenciarios la establece la estrategia mencionada anteriormente, de acuerdo con las prioridades establecidas en el punto 3 de la estrategia nacional
en sus diferentes etapas.
Los servicios de salud pública de algunas comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Asturias, Ceuta y Madrid- ya han solicitado a los centros penitenciarios los listados de los internos a vacunar en función de sus grupos de edad para
proceder a su vacunación en cuanto sea posible. En los centros penitenciarios ubicados en el País Vasco, Cantabria y en el centro penitenciario de León, ya se ha procedido a la vacunación de toda la población penitenciaria.
Esta Secretaría General coincide en la necesidad de vacunar a las personas privadas de libertad lo antes posible, ya que, además de beneficios clínicos, permitirá reducir las medidas que esta institución adopta para la prevención y control
de la pandemia en los centros penitenciarios, y que podrían suponer limitaciones de derecho a los internos.
No obstante, como ya ha quedado expuesto, esta priorización de grupos de riesgo no depende de esta Secretaría General y, además, está en función de las vacunas disponibles. La Administración penitenciaria en su conjunto, al tener que hacer
frente a las dificultades enunciadas, ha demostrado ser una Administración eficaz, con altísima capacidad de adaptación y totalmente implicada en la protección de los derechos de sus profesionales y de las personas internadas en prisión, a quienes
se ha garantizado el máximo nivel de protección de sus derechos y el máximo de normalidad posible, gracias al más alto de los compromisos profesionales, que no han dejado de atender todas sus responsabilidades tanto a nivel de centros penitenciarios
como desde los servicios centrales, en clara correspondencia con la importancia que reviste la actividad penitenciaria como un servicio público esencial para la sociedad en su conjunto.
Gracias a ello podemos hablar hoy de un balance de la gestión muy positivo, ya que hasta la fecha tanto las tasas de personas afectadas como las de hospitalizadas o fallecidas están por debajo de las cifras de la población en general. En
concreto, y según el análisis realizado por la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, la tasa de incidencia acumulada del coronavirus entre las personas privadas de libertad dependientes de la Administración General del Estado es casi dos
veces menor que la de la población en general.
El número de casos positivos desde marzo del año pasado asciende a 2008 casos. Tengan ustedes en cuenta que desde esa fecha hasta el día de hoy han pasado por los centros penitenciarios dependientes de esta Secretaría General 80 311
personas. En su mayoría han sido casos asintomáticos. De hecho, un 81,6 % se ha detectado mediante estudios de contacto. El 14,5 % de los casos ha mostrado sintomatología leve y ha sido atendido por los equipos médicos del centro penitenciario
donde cumplen condena.
Respecto a los internos, han requerido hospitalización 68 casos. La frecuencia ha sido cinco veces menor que en la población general. Con relación a la mortalidad entre internos, se han registrado 6 fallecimientos durante la tercera ola y
un total de 9 desde marzo de 2020. La tasa de mortalidad es de 8,5 veces inferior que la de la población en general.
En el momento actual, la incidencia acumulada en centros penitenciarios en los últimos 14 días se sitúa en 27,66 por cada 100 000 habitantes, frente a los 229,55 por cada 100 000 habitantes en España a fecha 20 de abril. Cabe reseñar que,
de los 71 centros penitenciarios gestionados por la Administración General del Estado, 10 de ellos no han referido caso alguno de coronavirus, y 18 han notificado entre 1 o 2 casos.
Esta Secretaría General de Instituciones Penitenciarias actualiza cada día los datos de COVID-19. En la Administración penitenciaria, a fecha 20 de abril, el número de internos infectados activos por coronavirus es de 13. El número de
casos totales desde el inicio de la pandemia, de marzo de 2020, se sitúa en 2008, y el número de altas médicas en 1984. En el caso de los trabajadores, 68 se encuentran de baja médica por coronavirus en este momento. El dato total de infectados
desde el inicio de la pandemia asciende a 1766, y el de altas laborales 1693.
En cuanto al número de funcionarios que han fallecido, su número asciende a 5. Para todos ellos quiero tener un recuerdo especial y un mensaje de ánimo a sus familiares.
Antes de acabar este apartado quiero darle contestación a la pregunta formulada por el Grupo Euskal Herria Bildu que, al no estar presente, omito su contestación.
En segundo lugar, paso a informarles sobre la evolución de la población penitenciaria y sus grados de clasificación, y aprovecho también este punto para dar respuesta a la pregunta número 3 del Grupo Popular y a la pregunta número 4 del
Grupo Parlamentario Vox. Desde mi nombramiento como secretario general y con la llegada del nuevo equipo directivo, uno de los compromisos asumidos fue el de favorecer el desarrollo de la intervención tratamental y de los procesos de reinserción
social, así como el incremento de las personas penadas en régimen de semilibertad.
Desde esta perspectiva, y por lo que respecta a la situación de la aprobación reclusa, a mi llegada los datos eran los siguientes. Había en total 51 183 personas privadas de libertad. En la actualidad ha disminuido el total de población
reclusa en un 6,7 %, descenso producido fundamentalmente a partir del mes de marzo de 2020. Concretamente, hoy en día, las personas en prisión son 47 739.
Si nos atenemos a su situación procesal penal, las cifras ofrecían este panorama: con un casi 16 % de la población preventiva y un 83 % de población penada. Estas son unas cifras inmejorables, y que dicen mucho a favor del funcionamiento
de la justicia penal en España. Pocos países en Europa pueden presentar una tasa de población preventiva de solo un 16 %.
Justamente me referiré a esta última y a su situación respecto de la distribución por grados de tratamiento desde mi toma de posesión. Se ha producido una constante disminución de las personas clasificadas en primer grado, el más
restrictivo, y un progresivo aumento de la población en medio abierto. Así, se ha pasado de un 2,1 % de población penada en primer grado a un 1,3 %, es decir, casi un punto porcentual menos.
Por lo que concierne a la población en medio abierto, es decir, todas las personas clasificadas en tercer grado y aquellas en torno a unas 600 clasificadas en segundo grado, pero con la modalidad de vida del tercer grado, el conocido
popularmente como artículo 100.2, se ha pasado de un 17,7 % a un 20,5 %, es decir, un crecimiento de casi 3 puntos. En este sentido merece una mención especial la denominada modalidad de cumplimiento extrapenitenciario o telemática. Comparando los
datos actuales con respecto a los habidos en junio de 2018, se ha producido un aumento de un 122 %.
A nadie se le escapa la relevante influencia que ha tenido en este sentido la pandemia de la COVID-19, tampoco que esta es una forma de cumplir la pena que, sin duda, tendrá en el futuro cada vez más importancia. Es necesario indicar que
apenas se han producido incidencias en esta modalidad de cumplimiento, que fue incentivada durante la pandemia, siendo testimoniales las regresiones a segundo grado producidas por incumplimiento de las condiciones exigidas para su concesión.
Llegados a este punto, doy respuesta a la pregunta número 4 del orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Vox, relativa a la política penitenciaria de los condenados de la banda terrorista ETA. Les informo que las decisiones
adoptadas respecto de los condenados por terrorismo se fundamentan en los mismos criterios y consideraciones jurídicas que se utilizan para el resto de penados, con dos circunstancias diferenciadoras. Primero, dada la repercusión pública que tienen
las decisiones que afectan a condenados por terrorismo, se informa mediante nota de prensa a los medios de comunicación. Es fruto del ejercicio de transparencia que queremos trasladar de todo lo que se hace. En segundo lugar, previamente a hacer
públicas las resoluciones que afectan a este tipo de condenados, se comunica a las víctimas. Es un compromiso que asumió el ministro del Interior nada más tomar posesión, y que se está cumpliendo rigurosamente cada vez que hay una decisión de este
tipo.
Por lo que respecta a la inquietud manifestada por este grupo parlamentario sobre los desplazamientos realizados durante la vigencia del estado de alarma, simplemente recordarles que esta Secretaría General no tiene competencia alguna en
esta materia. En cualquier caso, les informo que, desde marzo de 2020 a la actualidad, han sido realizadas 91 visitas a las prisiones de España por representantes de la soberanía popular. Una de esas visitas, por cierto, fue protagonizada por el
Grupo Parlamentario Vox.
Quiero decirles que les agradezco a todos ustedes las visitas que realizan a los centros penitenciarios, y les invito a que puedan aumentar este número de visitas, para que conozcan la forma en la que funciona el sistema penitenciario en
España. El desglose de esas 91 visitas fue: 82 visitas por parlamentarios y 9 visitas por una plataforma ciudadana que defiende los derechos de las personas en prisión.
En tercer lugar, les informo sobre las actividades tratamentales en prisión y en medidas alternativas. Como les decía, uno de los ejes fundamentales en los que he centrado la política penitenciaria en este
tiempo es el de potenciar el tratamiento, entendiendo como herramienta fundamental de intervención con el desarrollo de programas específicos que aborden las carencias que las personas condenadas presentan en su etiología delictiva.
A un sistema penitenciario como el español, que cuenta con un marco jurídico garantista y con unas infraestructuras que han sido renovadas casi en su totalidad, solo le queda un reto, que es el de ofrecer a las personas privadas de libertad
las actividades necesarias para que su estancia en prisión sirva para algo positivo.
Segundo, que a las personas que han sido condenadas para el cumplimiento de una medida comunitaria, que tras su realización sean capaces de adquirir las habilidades y actitudes que les permitan mantenerse alejadas de las actividades
delictivas. En la institución penitenciaria apostamos por la modernización, la apertura, la innovación, poniendo en marcha políticas de igualdad de género, introduciendo nuevas vías de intervención, como la justicia restaurativa, la seguridad vial,
nuevas medidas contra la violencia de género, la delincuencia económica, la potenciación del medio abierto y la prevención de la radicalización violenta, especialmente la terrorista.
Esta Administración en permanente evolución tiene planteados nuevos retos, que se derivan de una nueva realidad criminológica a la que tiene que dar respuesta con programas que se ajustan a las necesidades planteadas por las nuevas
realidades delictivas. Por ello en mi intervención de hoy me voy a centrar en los programas de tratamiento más relevantes que se han implantado durante los últimos meses, tanto en régimen cerrado como en régimen abierto.
Estos son: el programa para condenados por delitos de odio, denominado Programa Diversidad; el programa para condenados por delitos económicos y las actuaciones realizadas en materia de justicia restaurativa.
En cuanto a los delitos de odio, en los últimos años el reproche de la sociedad y las instituciones públicas hacia los delitos de odio se ha manifestado en distintas actuaciones y leyes específicas para combatir este fenómeno. Esto se ha
traducido en un aumento del número de denuncias y, consecuentemente, de condenas de esta tipología delictiva. En el ámbito de la Administración penitenciaria ha habido una preocupación constante por ofrecer y adaptar los programas de intervención a
las características y a los factores de riesgo específicos de los penados. En este sentido, se ha elaborado el Programa Diversidad para condenados por delitos de odio.
Para ello, se trabajó con carácter previo en conocer el perfil más común de los condenados por delitos de odio en prisión, y con una medida alternativa en la comunidad. Se analizaron las características sociodemográficas, criminológicas y
psicológicas de una muestra de 33 condenados por delitos de odio, y se han comparado con un grupo de control de 38 personas condenadas por otras tipologías delictivas.
En segundo lugar, se analizó cómo afectan los perjuicios a la agresividad de los condenados por delitos de odio, y, por último, se exploraron las posibles tipologías dentro de los internos que han cometido ese tipo de delitos. Se ha podido
comprobar que los internos condenados por delitos de odio reaccionan de una manera más agresiva. Es lo que se conoce como los 'perjuicios sutiles'. Este hallazgo tiene importantes repercusiones de cara a los programas de tratamiento que se deben
aplicar, pues intentar disminuir los perjuicios de los participantes debe ser el eje vertebrador de la actividad terapéutica.
Hay que tener en cuenta que este tipo de actividad delictiva causa mayor sufrimiento psicológico a sus víctimas que delitos similares, no basados en el perjuicio, dado que el miedo y la ansiedad generados por los delitos de odio se extienden
más allá de los individuos y afectan a la familia y a la comunidad a la que pertenecen. Por ello, como señalaba la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2017, requieren del esfuerzo de un abordaje conjunto de las diferentes
Administraciones ante este tipo de ataques de los derechos humanos.
El Programa Diversidad es el fruto de dicha realidad, y responde a una necesidad que existe en todos los países de nuestro entorno, ya que, a pesar de la creciente atención legislativa y policial en la detección y procesamiento judicial de
los delitos de odio, existe escaso desarrollo de intervenciones especificadas dirigidas a la rehabilitación de personas condenadas por este tipo de delito.
Por ello la institución penitenciaria, ya sea en ejecución penal privativa de libertad como en penas comunitarias, ha desarrollado el Programa Diversidad, consciente de la complejidad del problema y de la responsabilidad en el cumplimiento
de los objetivos resocializadores que la Constitución asigna. Tiene una duración que oscila entre 11 meses en medidas de penas alternativas, y de 18 meses en los centros penitenciarios. Sin embargo, estas podrán variar en función de las
necesidades terapéuticas.
Tras la realización de unas jornadas formativas sobre el contenido del programa a profesionales de la institución penitenciaria, el programa de tratamiento se ha aplicado en los centros penitenciarios de Córdoba, de Navalcarnero, de Murcia
2. También se ha puesto en marcha en el CIS Victoria Kent, en los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de Valencia y Valladolid.
Otro de los programas que mayor repercusión e importancia han tenido es el de delitos económicos, aquel programa que se aplica a las personas condenadas por este tipo de delitos. El incremento de la delincuencia económica en los últimos
años merece especial atención por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, siendo necesario abordar este comportamiento ilícito a través de una intervención ajustada a los factores criminógenos que han podido conducir hacia
dicha actividad.
A pesar de que existe la opinión por parte de algunos sectores de que los delincuentes, por estos actos, no necesitan ningún tipo de intervención tratamental, puesto que se les considera totalmente reinsertados en la sociedad, no es una
afirmación que se ajuste a la realidad, sino que más bien responde a la concesión tradicional de asociar delincuencia con exclusión social.
Si bien la mayoría de este tipo de delincuentes disponen de los medios necesarios para desenvolverse en su vida en libertad, no hay que olvidar que han sido condenados por la comisión de un hecho delictivo y, por tanto, han quebrantado la
ley penal con daños a esa sociedad de la que forman parte. Volver a educar a aquellos factores personales, valores, creencias, actitudes y conductas y situacionales que concurrieron en la secuencia de la comisión del delito, y enfocar su vida en
libertad con una actitud y conducta prosocial es precisamente el objetivo que a través de este programa pretende la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Previamente a la elaboración del presente programa, y con el fin de profundizar en las características personales de este tipo de delincuentes, se procedió a la realización de una investigación acerca de las variables y características de
este tipo de delincuentes más citadas en la literatura científica. A través de una serie de cuestionarios se trató de medir variables psicológicas, como las creencias en un mundo justo, valores, personalidad, sensación de poder, competencia
emocional, narcisismo, psicopatía y modificar las distorsiones cognitivas, desarrollar la capacidad de empatía y comprender las consecuencias del abuso de poder.
Durante la semana del 23 de noviembre de 2020 se realizó el primer curso de formación destinado a los profesionales penitenciarios encargados de desarrollar este programa. Participaron trabajadores de 32 centros penitenciarios y de 8
centros de inserción social. En el momento actual, el programa ha comenzado en 11 centros ordinarios, en los que intervienen 80 hombres y 9 mujeres. En otros 3 se está procediendo a la selección de los participantes. Se espera ampliar próximos
meses la implantación de este programa en todo el territorio nacional.
Actuaciones realizadas en materia de justicia restaurativa. La justicia penal tradicional gira en torno a la noción del castigo y de la pena privativa de libertad. Frente a esa justicia basada en el castigo aparece la llamada justicia
restaurativa o justicia reparadora. Dentro de la Normativa interna española, el Estatuto de la Víctima, la Ley 4/2015, señala en su artículo 15 que las víctimas de cualquier delito tienen derecho a que se les ofrezcan los servicios de justicia
restaurativa también en fase de ejecución penitenciaria. Por ello, la institución penitenciaria vio la necesidad de iniciar este camino y lograr prácticas de justicia restaurativa en su campo de acción.
El camino recorrido ha tenido, desde junio de 2018 hasta la actualidad de 2021, dos líneas de desarrollo diferentes. En primer lugar, en el ámbito de las penas y medidas comunitarias y medio abierto penitenciario, y, en segundo lugar, en el
ámbito de las penas privativas de libertad.
Respecto de la primera línea de trabajo, en el ámbito de las penas comunitarias y para el medio abierto penitenciario, desde el año 2018 se han realizado las siguientes actuaciones. El cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la
comunidad a través del taller Diálogos Restaurativos ha sido realizado por un total de 1700 personas, distribuyéndose en los diferentes servicios de gestión de penas y medidas comunitarias.
A partir del año 2020, y con mayor proyección en el año 2021, de la misma forma, todos los centros de inserción social cuentan con talleres específicos para los internos en tercer grado de tratamiento o libertad condicional. El cumplimiento
en medio abierto se estima que tenga una participación aproximada de 250 penados.
En la esfera de las penas privativas de libertad como segunda línea de trabajo, desde el año 2019 y a lo largo del 2020 hemos realizado varios talleres de diálogo restaurativo. En 2019 se han realizado los primeros pilotajes, con buenos
resultados en los centros penitenciarios de Sevilla 1, Sevilla 2, Morón,
Alcalá de Guadaira, Valladolid y Burgos. Para el 2021 nuestra planificación del trabajo pasa por implementar los talleres de justicia restaurativa en 40 centros penitenciarios.
Para la realización de esta actividad contamos con entidades externas, los facilitadores, mediadores de reconocida experiencia, que desarrollan las sesiones de intervención. Con ello garantizamos la imparcialidad frente al ofensor y frente
a la víctima. Trabajamos en la actualidad con muy diferentes etiologías delictivas. Excluimos los delitos de violencia de género.
Por último, indicarles, en cuanto a la justicia restaurativa, que se han publicado en el año 2020 por el programa editorial del Ministerio del Interior, dos documentos penitenciarios para la puesta en marcha de talleres de sensibilización y
reparación del daño y para la celebración de encuentros restaurativos penitenciarios. Con los programas y los estudios expuestos pretendemos ir aumentando y mejorando las posibilidades de inclusión de las personas que cumplen una pena privativa de
la libertad, así como mejorar las posibilidades de reeducación y reinserción de los que cumplen penas comunitarias, incidiendo de modo integral para que la ruptura del círculo de pobreza y exclusión pueda romperse.
Además de los programas de tratamiento resultan esenciales, a la hora de conseguir la reeducación y reinserción de las personas condenadas, los cursos de formación laboral que se les ofrecen y las posibilidades que tienen para poder
desempeñar dentro de prisión trabajos remunerados. Sobre este particular, les informo que esta materia la gestionamos a través de la Entidad Estatal de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el empleo.
En cuanto a los planes de formación para el empleo y la inserción laboral, que tienen como objeto incrementar el nivel de empleabilidad de las personas sentenciadas a penas privativas de libertad a través de itinerarios integrados de
inserción social, se han impartido 432 cursos formativos de formación profesional, en los que han participado 6749 personas privadas de libertad, de las cuales el 9,53 % son mujeres.
Dentro de esta misma vertiente encontramos el plan de inserción laboral, cuyo objetivo es proporcionar apoyo individualizado a quienes inician su etapa de semilibertad, así como facilitar el acompañamiento a la inserción laboral. Nuestro
principal financiador es la Fundación Bancaria La Caixa, habiendo atendido durante 2020 a 2523 participantes.
La otra línea de actividad de trabajo penitenciario y formación para el empleo lo constituye igualmente el objetivo de reinserción social laboral de los internos. Es el trabajo productivo en los diferentes talleres penitenciarios, trabajo
enmarcado dentro de la relación laboral especial que regula el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio. A pesar de las dificultades originadas tras la irrupción de la COVID-19, la ocupación del trabajo de los penados se ha mantenido en unos niveles
muy aceptables, habiendo mostrado un comportamiento más positivo en su evolución con respecto al resto del mercado laboral en general.
En este sentido, reseñar que únicamente las semanas posteriores a decretarse el primer estado de alarma en los que las medidas de prevención decretadas por el Gobierno aconsejaban limitar los desplazamientos y el contacto directo, esta
entidad decretó, con la connivencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, una batería de medidas para combatir y prevenir la pandemia. Esto, lógicamente, provocó una disminución de la actividad, que repercutió en el número de
empleos activos.
La media de empleados durante el año 2020 ha sido de 11 539 internos trabajadores, de los cuales 9,2 % son mujeres. Sobre esta cifra, debe tenerse en cuenta que el número de mujeres en las prisiones de España es del 7,4 %, motivo por el
cual en esta materia no existe ninguna discriminación respecto a este colectivo. Se han pagado salarios por un total de 37 millones y medio de euros durante todo el año 2020. La media está en torno a algo más de 3 millones de euros por mes.
Para 2021, en materia de formación de trabajo productivo, estamos trabajando para conseguir los siguientes objetivos. Primero, se tratará de introducir nuevos certificados de profesionalidad más demandados por el sector empresarial, y así
facilitar las incorporaciones al mundo laboral a la salida del centro penitenciario. En este sentido, además de seguir con la colaboración del Servicio de Empleo Público Estatal como años anteriores, se va a firmar las próximas semanas un convenio
con el Ministerio de Educación para ampliar las acciones formativas que lleva aparejado el certificado de profesionalidad, así como la acreditación de las competencias profesionales.
Se continuará desarrollando la formación por competencias a través del Programa Épico, y con su implantación en todos los centros gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Todo ello en colaboración con la
Fundación Acción contra el Hambre, y cofinanciado con el Fondo Social Europeo. Se pondrá en marcha nuevos proyectos de inserción laboral para personas con discapacidad
que cumplen condena en los centros penitenciarios en colaboración con Plena Inclusión, para lo que se ha firmado ya el correspondiente convenio de colaboración.
Por último, les informo de la evolución de las penas y medidas alternativas. El número de casos gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias durante los últimos años deben conocer que, además de las personas
privadas de libertad, recibimos sentencias para ejecutar, en la mayoría de las veces, trabajos en beneficio de la comunidad que superan cada año las 100 000 sentencias. Concretamente, 118 000 en el año 2018, 117 000 en 2019 y 100 000 sentencias en
el año 2020. En el primer trimestre del año 2021 ya hemos recibido más de 66 000 sentencias condenatorias.
Con respecto a las actuaciones más relevantes en ejecución penal comunitaria quiero mencionarles una de las intervenciones tratamentales más importantes que se desarrollan respecto de las personas condenadas por delitos contra la seguridad
vial. El pasado 15 de abril de 2021 la Universidad Europea de Valencia, en colaboración con la Secretaría General, presentó un informe sobre el perfil del delincuente vial en el ámbito de penas y medidas alternativas a la privación de libertad.
En este ámbito, las condenas por delitos contra la seguridad vial son las más numerosas, con 28 081 casos gestionados el pasado año por los servicios de penas y medidas alternativas. Los penados en prisión son poco más de 1000. Según el
estudio, el perfil del delincuente contra la seguridad vial es el de ser español, soltero, entre 18 y 45 años, con estudios de primaria.
Otros porcentajes relacionados con los condenados por este delito son los siguientes: casi el 50 % había perdido puntos de su permiso previamente al delito, y un 31 % había perdido la vigencia del permiso por la detracción total de los
puntos. La mitad de la pérdida de estos puntos fue por conducción bajo los efectos de las drogas.
En relación con el consumo de sustancias tóxicas, el 40 % presenta consumos problemáticos de alcohol, y un 28 % consumos nocivos de otras drogas. En cuanto al perfil psicológico, destaca la baja percepción de miedo ante situaciones de
riesgo y sus posibles consecuencias, tanto para sí mismos como para terceras personas. Respecto a la motivación para delinquir, los profesionales que realizan las intervenciones refieren que los participantes en los talleres -condenas más cortas-
apuntan de forma mayoritaria a esa escasa percepción de riesgo. Los participantes en programas -condenas más largas- tienen como principal motivación la sensación de impunidad.
El estudio pone de manifiesto que la reincidencia es mucho menor cuando los penados se someten al programa o al taller que cuando su condena son trabajos en beneficio de la comunidad, y estos se cumplen realizando una actividad de utilidad
pública. Esa reincidencia disminuye aun más cuando se prolonga la intervención tratamental sobre el penado con el programa, que se comparó con condenados a más de 60 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. La reincidencia cayó hasta el
6,6 % entre los condenados que cumplieron la pena haciendo el programa, mientras que un 16,97 % la reincidencia delictiva, entre los que solo cumplieron sus trabajos en beneficio de la comunidad realizando actividades de utilidad pública.
En cuarto lugar, les informo de las actuaciones realizadas en materia de recursos humanos. En este tema hay que destacar el número elevado de jubilaciones, así como el incremento del contingente de funcionarios del área de vigilancia, que
por razón de edad han pasado a realizar la segunda actividad. La media de jubilaciones durante los tres últimos años ha rondado las 600 jubilaciones por año.
Para hacer frente a esta situación se han aprobado durante los tres últimos años ofertas de empleo público, cuyo número total de plazas ha alcanzado la cifra de 3252. Solamente faltan por realizar los procesos selectivos relativos a la
oferta del año 2020, los cuales se realizarán a partir del próximo mes de septiembre.
A ese número de plazas hay que unir 182 plazas más correspondientes a los procesos de estabilización de empleo temporal, los cuales también se realizarán a lo largo del presente año. Otra de las peticiones demandadas por las organizaciones
sindicales ha sido la convocatoria anual de concursos de traslados, ya que durante algunos años no se habían convocado estos concursos. El número total de plazas ofertadas en los concursos correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020 superó las
4000, y el número total de movimientos realizados, teniendo en cuenta que también se permitía la petición de plazas a resultas, fue de más de 12 000 plazas. El número total de solicitudes recibidas para esos tres concursos fue exactamente de 26
666. Para el desarrollo de estos concursos generales de traslado esta Secretaría General alcanzó acuerdos previos con las diferentes organizaciones sindicales representadas en la Mesa delegada de Instituciones Penitenciarias.
El hecho más reseñable en esta materia ha sido la constitución de un grupo de trabajo con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa delegada de negociación. En dicho grupo de trabajo
se ha redactado un texto que pudiera servir de base para la futura ley de cuerpos o ley de la función pública penitenciaria. El contar con una ley nueva es de vital importancia para las funciones y el contenido que tienen que desarrollar
los trabajadores penitenciarios, ya que el marco legal vigente en la actualidad se encuentra claramente desfasado. Son la Ley 39/1970, sobre reestructuración de los cuerpos penitenciarios, y la Ley 36/1977, de Ordenación de Cuerpos Especiales
Penitenciarios y de Creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Ese nuevo texto afecta no solo a la Administración penitenciaria, sino que, por su contenido y alcance, debe ser también objeto de análisis por los ministerios de Política Territorial y Función Pública y por el Ministerio de Hacienda. En
este momento estamos trabajando para poder concretar todos los aspectos que debe contener una ley que es fundamental para regular las funciones de los profesionales penitenciarios durante los próximos años.
Aprovecho este tema para contestar en su totalidad a la pregunta número 2, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, dejando claro que, por supuesto, y sin ningún género de dudas, esta Secretaría General apoya la condición de agente de
autoridad de los trabajadores penitenciarios, no solo durante el estado de alarma, sino durante toda su vida profesional.
Por último, y en relación con la pregunta número 7 del mismo grupo parlamentario, les informo que el centro penitenciario de Nanclares de la Oca fue clausurado en el año 2011. Durante años con posterioridad, una parte del mismo quedó como
sección abierta, siendo cerrada definitivamente en diciembre de 2019. Finalmente, quiero indicarles que los pabellones de ese centro han sido clausurados el 1 de marzo de este año 2021, todo ello informando con suficiente antelación -más de un año-
a los últimos funcionarios que ocupaban esos pabellones.
En quinto lugar, les informo del estado de las últimas iniciativas legislativas, así como de las nuevas instrucciones dictadas. En cuanto a iniciativas legislativas, en primer lugar, quiero destacar la propuesta de reforma del real decreto
por el que se modifica el Reglamento penitenciario para la introducción de las nuevas tecnologías en el medio penitenciario, relativo al ejercicio de los conjuntos de los derechos de los internos, especialmente comunicaciones, formación y
tratamiento, así como la creación de la Distinción Concepción Arenal al Periodismo Penitenciario. El trámite de audiencia pública finalizó el día de ayer, habiéndose reanudado la tramitación del borrador del real decreto en el día de hoy.
En relación con la iniciativa de proposición de ley sobre la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, fue presentada el 7 de julio de 2020. Ha sido reconducida al contexto más global de la ley de cuerpos
que se está negociando en la actualidad.
Instrucciones. Desde el inicio de 2020 se han firmado las siguientes instrucciones: la número 1, sobre provisión de puestos de trabajo a través de comisiones de servicio; la instrucción número 2, procedimiento de actuación para
posibilitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Código Penal, el artículo que contempla la posibilidad de cambiar una pena por una medida de seguridad; la instrucción número 3, hemos dado instrucciones para gestionar las peticiones
que hacen los periodistas en medios de comunicación en general para entrevistar a la población reclusa. Es una instrucción demandada por el Defensor del Pueblo.
La instrucción 4/2020 es un protocolo de aplicación de la sujeción mecánica por motivos regimentales; la instrucción número 5 es sobre comunicaciones de internos, eliminando el plazo de seis meses por locutorios para poder autorizar una
comunicación íntima. Es una instrucción que deriva también de una sentencia del Tribunal Supremo.
La instrucción 6/2020 es el protocolo que hemos realizado para ingresos directos en medio abierto, especialmente referido aquellas condenas que no superan los cinco años.
Por su parte, en el año 2021 se ha hecho la instrucción número 1, sobre productividad del personal directivo y predirectivo, y a su vez, a lo largo de este año, se está trabajando en las siguientes instrucciones: una, sobre acoso laboral en
el ámbito de la Secretaría General; también sobre la libertad vigilada, traslados; los objetos permitidos en los centros de inserción social y la videovigilancia. Esta última instrucción está a la espera de la implementación de la directiva
680/2016, en protección de datos mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, en tramitación
parlamentaria, y que es de aplicación directa también a la Administración penitenciaria.
Desde el punto de vista orgánico se han regulado las funciones de la Dirección General de ejecución penal y reinserción social, deslindando las mismas de las del secretario general, tal y como se ha plasmado en el Real Decreto 734/2020, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del
Interior. Ello con relevantes consecuencias prácticas, por ejemplo, en la tramitación y resolución de los recursos administrativos en materia de centro de destino, y solventando cuestiones interpretativas que se habían venido planteando en
esta y en otras materias.
En sexto lugar y último, paso a informarles de las principales inversiones y reformas de infraestructuras. En materia de inversiones, los avances más importantes se están consiguiendo en materia de digitalización. Por un lado, se está
trabajando en el estudio de la digitalización de los procedimientos administrativos de mayor impacto en la gestión penitenciaria con objeto de avanzar en la implantación de la Administración digital.
Como complemento a la adquisición de equipos informáticos, se ha iniciado la adquisición de equipos de videoconferencias para los centros penitenciarios, dada la obsolescencia del equipamiento actual, tarea que habrá que realizar a lo largo
de los próximos tres años. Asimismo, se adquirirá todo el equipamiento necesario para implementar y gestionar un servicio de comunicaciones unificadas que integre telemedicina, videoconferencia y las aulas de la Universidad Nacional a Distancia.
El reto para 2021 es conseguir la interconexión de la persona privada de libertad con el exterior de forma telemática, juzgados, Defensor del Pueblo, entre otros, de manera segura tanto para las instituciones referidas como para la propia
Administración penitenciaria. En colaboración con el Ministerio de Justicia, se está desarrollando un proyecto de despliegue de soluciones de videoconferencia para juicios telemáticos, que supondrá la mejora de este sistema en todos los centros
penitenciarios.
De igual modo, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital se quiere potenciar el nuevo puesto de trabajo que facilite los nuevos modelos de teletrabajo o trabajo no presencial a través de la adquisición del
equipamiento necesario. Durante 2020 se comprometieron más de 3 millones de euros en adquisición de equipamiento informático y licencias. Respecto a las actuaciones en infraestructuras penitenciarias, el pasado año 2020 fue un año complejo en
cuanto a la planificación y gestión, debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
Aun así, se pudieron realizar 52 actuaciones de mejora en los centros penitenciarios. El total de esas actuaciones alcanzó los 2 164 000 euros. En cuanto a las inversiones a realizar a lo largo de 2021, con el presupuesto de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, las inversiones más relevantes van a ser las siguientes: en el Centro Penitenciario de Dueñas se va a remodelar la estación depuradora de aguas, ascendiendo la obra a más de 500 000 euros. En el centro
penitenciario de Madrid 3, Valdemoro, se va a remover remodelar la red de agua caliente y fría, superando su importe de los 420 000. En el centro penitenciario de Madrid, 1 de mujeres, se va a realizar obras de remodelación de la enfermería por un
importe superior a los 200 000 euros. En el centro penitenciario de Ocaña se va a rehabilitar su cubierta ascendiendo a más de 220 000 euros.
En proyecto está la realización de obras en el CIS de Tenerife y en el Centro Penitenciario Madrid 2, por un importe superior a los 650 000 euros. En cuanto a las obras ejecutadas en vía de ejecución por parte de la Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, durante el año 2020 se llevaron a efecto reformas en 13 centros penitenciarios por un importe de más de 29 millones de euros. Para el año 2021 está prevista la realización de reformas integrales en
22 centros penitenciarios, cuyo importe total asciende a más de 61 millones de euros.
Con esto termino. Aprovecho esta ocasión que me brinda el Parlamento para hacerles un anuncio y para dar cumplimiento efectivo a la proposición no de ley que hace unos meses nos instaba a la creación del Centro de Estudios Penitenciarios.
Pues bien, tras un minucioso estudio elaborado por los técnicos de la Administración penitenciaria, se ha acordado que la ciudad que se convertirá en sede del Centro de Estudios Penitenciarios será la ciudad de Cuenca.
He de agradecer los magníficos proyectos que han presentado todas las ciudades que se ofrecieron para albergar la sede: Burgos, Segovia, León y Santander. Todas ellas contaban con méritos más que suficientes, y créanme que la decisión ha
sido difícil y muy meditada. Pero, a la hora de decantarnos por Cuenca, se ha tenido en cuenta la oferta de infraestructuras que nos presentó esa ciudad. En concreto, la residencia universitaria María de Molina y el complejo en el que se encuentra
ubicado el colegio San Julián, así como la situación geográfica y el sistema de comunicaciones de la citada ciudad, instalaciones que se adaptan a las necesidades que tiene esta Administración para la ubicación del Centro de Estudios Penitenciarios.
Además, se ha valorado la posibilidad de que puedan utilizarse con carácter inmediato y durante los próximos años las dependencias de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca. Por último, otra
razón de peso es la circunstancia de que Cuenca y su provincia, como recientemente ha reconocido la Comisión Europea, es una de las zonas más despobladas de nuestro país.
Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas que puedan hacer. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario general de Instituciones Penitenciarias. El tiempo está dentro de las coordenadas habituales en este tipo de comparecencias.
Vamos a proceder a continuación a dar la palabra a los grupos que han solicitado las comparecencias.
En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Popular. Interviene el diputado, señor Rojas García. Tiene usted la palabra por 10 minutos.
El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta, con la venia.
Señor secretario general de Instituciones Penitenciarias, le agradezco mucho que venga a presentar las líneas generales de su departamento de Política Penitenciaria después de tres años en el Gobierno del señor Sánchez. Fíjese el respeto de
este Gobierno por el Congreso. Fíjese la sujeción al principio de transparencia y a los principios constitucionales del control parlamentario. La izquierda clamaba cuando exigía controlar al Gobierno en funciones, pero ahora resulta que, después
de tres años de ejercicio del Gobierno de la izquierda, el Gobierno de la izquierda no quiere que el Congreso lo controle.
Tres años de Gobierno, y ahora se presentan las líneas generales de política penitenciaria. Señor secretario general, ¿no le parece que esto es un poco vergonzoso por parte de su Gobierno? Lo digo con el debido de los respetos. Tres años
para venir aquí al Congreso a presentar la política general penitenciaria, después de un año de acercamiento de terroristas. Después de tres años de abandono gubernamental a los funcionarios de prisiones, que han sido incapaces de declararles
autoridad.
Señoría, como es grave que haya ocurrido esto, es igualmente grave que no conociéramos su comparecencia aquí hasta hace un par de días. No sabíamos que usted iba a comparecer en esta comisión. Usted debería haber venido mucho antes a
comparecer en el Congreso, y ha decidido venir en este mes horribilis para el Ministerio del Interior. En este mes donde los grupos políticos estamos pidiendo la reprobación de su jefe, el señor Grande Marlaska, ministro del Interior, por tener una
sentencia en contra por desviación de poder, y por haber cesado ilegalmente al coronel Pérez de los Cobos. Un mes horribilis de un ministerio -el del Interior- que se está convirtiendo en el ministerio ejemplo de desgobierno en todas las
instituciones democráticas, señoría.
Viene usted al Congreso apenas 48 horas después de que los grupos que apoyan al Gobierno se hayan negado sencillamente a darle trámite a una proposición de ley del Partido Popular que lo que busca precisamente es reconocer la autoridad de
los funcionarios de prisiones, sencillamente abrir la puerta al debate. Ya no es que estuvieran o no de acuerdo con la proposición de ley, es abrir la puerta al debate para ese reconocimiento que usted dice tener, pero que no sabe ni quiere
ejercer.
Los funcionarios de prisiones merecen un reconocimiento y no merecen un Gobierno que no les reconozca. Nuestros funcionarios de prisiones merecen un respeto y merecen ser reconocidos como agentes de la autoridad, y no merecen un Gobierno
que no los respete ni les reconozca su autoridad. Como bien dijo nuestra portavoz este pasado martes -no sé si usted tuvo ocasión de escuchar el debate-, unos 60 000 internos conviven en 69 centros penitenciarios para el cumplimiento de las penas,
medidas de seguridad y para prisión preventiva, en un complejo régimen de limitación de sus derechos.
Es que es evidente, señoría, que los riesgos a la integridad física que sufren los empleados públicos en las prisiones -usted lo sabe- son riesgos de enorme envergadura. Por eso necesitan la protección del Estado, al que ellos están
sirviendo y al que ellos están protegiendo. Por eso el Estado no les puede abandonar. Sí, señor secretario general, su abandono los puede matar. El abandono del Estado puede acabar también con sus vidas.
Cada día se produce una agresión grave en un centro penitenciario de nuestra nación. ¿Cuál es la respuesta de su Gobierno? Ya la tuvimos el martes. La propuesta del Gobierno es votar que no a la proposición de ley del Partido Popular, de
los grupos que apoyan al Gobierno. ¿Qué opina de esto, señor secretario general?
Veremos su respuesta, que ya conocemos a través de la vía de los hechos. Lo que sí le voy a recordar es la posición del Partido Popular, muy clara. Desde el Partido Popular queremos transmitir todo el apoyo a nuestros funcionarios de
prisiones. Estaremos siempre a su lado reivindicando sus justas reivindicaciones y propuestas, porque usted sabe que posiblemente en el día de hoy un funcionario será nuevamente agredido en uno de los centros penitenciarios de nuestro país, más de
400 agresiones notificadas de
funcionarios de prisiones al año. ¿No cree, señoría, que ya va siendo hora de declarar a los funcionarios de prisiones agentes de la autoridad? Pero no echando balones fuera. Llevan tres años en el Gobierno y no han sido capaces de mover
un solo dedo para esto, señoría. Eso es lo lamentable.
Es que parece que llegaron a gobernar ayer. Usted viene aquí a comparecer hoy, como si el Gobierno llevara tres meses. No, llevan tres años, señoría. El presidente Sánchez Lleva tres años gobernándonos y usted comparece aquí por primera
vez, y no se ha hecho nada por los funcionarios de prisiones en tres años. Basta ya de palabras y vamos ya a los hechos, señoría.
Frente a esto, fíjese, hay más. En lugar de apoyar a los funcionarios en todas estas reivindicaciones resulta que hacen un protocolo donde se desliza la duda sobre la profesionalidad de los funcionarios, dando presunción de veracidad a los
reclusos al denunciar cuando no hay lesiones. Protocolo de fecha 17 de marzo de 20021, muy reciente. ¿Qué nos puede decir de esto, señoría?
Tiene usted ahora a los sindicatos, ahora mismo, mientras estamos debatiendo, a los funcionarios, en la puerta de la misma Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a no muchos metros de aquí, manifestándose. Ese es el clima que
se está viviendo en su Gobierno.
Ustedes llevan tres años sin escuchar a los funcionarios de prisiones. El 4 de febrero del 2020, hablando ya de la pandemia, alertaban de las consecuencias del virus y la necesidad de mascarillas y materiales de prevención, que tardaron más
de tres meses en llegar. Ustedes mientras, en el Ministerio del Interior, estaban dedicados a monitorizar las redes sociales para ver quién criticaba en las redes al Gobierno, en lugar de estar ocupándose de las cosas que son necesarias para
nuestro país, y de defender a los funcionarios de la pandemia.
Solo es hasta el 15 de mayo, es decir, dos meses después de que el Gobierno declarara el estado de alarma, señoría, cuando usted firma una orden para declarar la emergencia en la contratación de suministros, que luego llegaron con
racionamiento, llegaron mal y tarde, no como lo que usted nos ha planteado y propuesto hoy aquí, que no tiene nada que ver con la realidad de lo que ocurrió, precisamente y específicamente cuando se tuvieron que tomar las decisiones más rápidas al
inicio de la pandemia, y no se supo tomar una decisión acertada por parte de su Secretaría General y del Ministerio del Interior, señoría.
Ustedes crearon un grupo de trabajo para ver qué guantes tendrían que comprar, esto en los tres años de Gobierno. ¿Sabe usted cuánto ha tardado en tomar una resolución el grupo de trabajo para comprar los guantes en prisiones? Dos años,
señoría, para decidir qué guantes tenían que comprar. Las plantillas sanitarias son deficitarias. ¿Qué previsiones de inversiones tienen, señorías?
Llegamos definitivamente al acercamiento de los presos, a los acercamientos de terroristas etarras que no se han arrepentido, que no están colaborando para esclarecer los crímenes que se han cometido, y que ustedes están premiando con
acercamientos en un pacto vergonzoso del presidente Sánchez con Bildu. Es, señoría, el pacto de la ignominia. El acercamiento de 5 terroristas todos los viernes, 5 presos acercados por 5 votos de Bildu. Un pacto ignominioso, que va a perseguir
siempre al presidente Sánchez y a su Gobierno, señoría.
Aquí tenemos a dos víctimas, como usted sabe, del terrorismo, nuestros diputados Teresa Jiménez-Becerril y Jaime Mateu. Pues bien, el asesino Parot fue trasladado del puerto de Santa María, a la cárcel de León. El señor Mateu, aquí
presente, se enteró por la prensa, señoría. Nadie le avisó.
Los asesinos Azurmendi, Pedrosa y Barrios, el señor Alberto...
La señora PRESIDENTA: Disculpe un minuto.
Por favor, les ruego silencio. Si tienen que hablar, no hay problema, pero hablen un poquito fuera, porque si no el interviniente no puede...
Disculpe.
El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Estos asesinos, Azurmendi, Pedrosa y Barrios, asesinos de Alberto Jiménez-Becerril -su hermana está aquí presente-, señoría, han sido trasladados sin haberse arrepentido, porque el concepto de arrepentimiento que ha mostrado el Gobierno es
falso, y la audiencia se lo ha rectificado, se lo ha clarificado. Ese concepto no es de arrepentimiento, señoría.
Usted ha nombrado aquí a los asesinos etarras como este tipo de condenados. No, tienen un nombre, señoría, son asesinos inmisericordes. Son asesinos que no se arrepienten. Son asesinos que han hecho mucho daño a nuestro país, y el
Gobierno tiene que explicar esa política de acercamiento. Es decir, tiene que cesar esa política de acercamiento, señoría.
El 18 de marzo de este mismo año, el Gobierno también tomó la decisión de acercar a otros cinco terroristas, como todos los viernes. Juan Antonio Olarra, de Granada a Logroño. Se produce -señoría- en contra del criterio de la Junta de
Tratamiento de la prisión de Granada. Es una decisión política de su Gobierno. Las víctimas ya han mostrado su disconformidad, y lo van a recurrir. Nosotros las apoyamos totalmente.
Ainhoa Múgica Goñi, autora del asesinato de seis militares en Vallecas. El anterior asesino era del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero. Ainhoa Múgica Goñi, autora del asesinato de seis militares en
Vallecas, también traslada de Granada a Logroño, con criterio en contra de la Junta de Tratamiento, señoría. Con criterio en contra. Ustedes siguen y siguen con ese traslado. Un pacto ignominioso. 192 terroristas, ya han acercado a 176. Un
pacto vergonzoso, insisto, donde cambian cinco presos todos los viernes por cinco votos de Bildu.
Esta rutina semanal del Gobierno, señoría, permítame que se lo diga siempre desde el debido respeto, me parece que es vergonzosa. Es una forma de presión a la política penitenciaria para acercar a los presos que, además, no colaboran con
esclarecer los casos sin resolver. Pero ustedes presionan a la Junta de tratamiento, pero la presión es tal que incluso con el criterio en contra pasan por encima de ella, diciéndole: 'no nos importa lo que esté pasando en la prisión', 'no nos
importa si el preso se está arrepintiendo o no', 'no nos importa el comportamiento, nosotros ya tenemos una decisión política'.
Eso es pasar por encima, señoría, de mucha gente. Eso es herir a mucha gente, y eso es también dar un golpe directamente a lo que significa el Estado de derecho hecho por su Gobierno, y usted convendrá conmigo en que tiene que explicar aquí
esa política.
Voy finalizando, señora presidenta. Con respecto a la transferencia de prisiones, tengo aquí una entrevista de usted, donde dice exactamente que, a partir de la transferencia, será el Gobierno de Euskadi el que tenga que interpretar sus
competencias, el que tenga que interpretar la forma de organizar las prisiones, el tratamiento, los reclusos, los grados. Eso es lo que dice usted.
¿Puede explicarlo bien? Porque eso me parece que es grave. ¿Qué significa que, con la transferencia, Euskadi puede interpretar la legislación penitenciaria? ¿Significa que la transferencia de prisiones va a suponer un incremento de las
progresiones a tercer grado, como paso previo a la concesión de las libertades condicionales de los etarras, señoría? ¿Eso es lo que significa? ¿Puede aclarar usted, por favor, señoría, con claridad cuáles son las condiciones de esas
transferencias?
Creo que esta Cámara, después de tres años de espera para que usted venga aquí a comparecer, se lo digo -insisto- desde el respeto parlamentario y personal, tiene derecho a exigir que usted dé una explicación clara sobre esto.
Nada más y muchas gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Vox, el diputado, señor Ortega Schmidt Molina.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, secretario general, por su comparecencia.
Comienzo rindiendo un homenaje a esos héroes, a esos valientes que son todos y cada uno de los funcionarios de prisiones que, en condiciones de precariedad absoluta en cuanto al número de funcionarios, en cuanto a los medios y en grave
riesgo con su integridad y su seguridad, mal retribuidos y sin la menor protección y seguridad jurídica del Estado, a pesar de todo, siguen resistiendo, cumpliendo con su deber, a pesar del abandono del Gobierno.
Ya se ha dicho aquí, pero yo quisiera insistir: usted llega tarde, llega muy tarde. Además, la trampa esta, con la que su Gobierno comparece ante la sede de la soberanía nacional ya es bastante burda. Después de meses, los grupos
parlamentarios solicitándoles la comparecencia, ustedes siempre hacen el truco de decir que lo hacen a petición propia. Ustedes tienen la obligación de comparecer ante esta Cámara, y deben hacerlo con celeridad, con veracidad y con lealtad
institucional, lo que no hacen.
Por cierto, le han quedado muy mal -se lo digo con todo el respeto- las disculpas que ha dirigido al inicio de su intervención diciendo que pedía disculpas por no haber comparecido antes debido a la pandemia. ¿Sabe lo que pasa? Que
nosotros sí estamos aquí ¿Sabe lo que pasa? Que algunos diputados, como el que le habla, estamos en varias comisiones. ¿Sabe lo que pasa? Que también durante la pandemia han venido ministros, por ejemplo, el ministro de Justicia, el secretario de
Estado de Justicia o, por ejemplo, del mismo Ministerio del Interior en septiembre compareció ya el secretario de Estado de
Seguridad. Por tanto, esa excusa de que, como había pandemia, usted no venía, creo que se la podía haber ahorrado.
Señor secretario general, hace falta que le digamos a su Gobierno, y en concreto a usted, que nos encontramos en una situación excepcional, en una situación de auténtica emergencia sanitaria, y que usted, ante esa situación, ha tardado meses
desde que se decretó la pandemia -más de un año- en comparecer aquí, despreciando a la Cámara y despreciando a los funcionarios de prisiones que dependen de usted. Han abandonado a los funcionarios de prisiones durante toda la pandemia. Pero en
eso, ¿qué le voy a decir? Sigue usted la misma línea del ministerio del señor Marlaska.
De enero a febrero de este año, es decir, cuando ya han transcurrido muchos meses desde que se decretó la situación de emergencia sanitaria, se ha aprendido mucho respecto a la situación de cómo combatir la pandemia. Ustedes han tenido
muchos meses para haberse preparado, para haber protegido los centros penitenciarios, a los reclusos y a los funcionarios, y hace tan solo dos meses, de enero a febrero, se han producido uno de cada dos contagios en los centros penitenciarios. 611
casos, 274 trabajadores y 337 presos.
¿Qué han hecho ustedes desde marzo del 2020 a enero del 2021? Se lo voy a decir yo: nada, absolutamente nada, por más que usted nos cuente la lista de las muchas mascarillas, de los muchos EPI y de las muchas cosas que han hecho. No han
hecho nada y ahí está la prueba. Podríamos poner ejemplos de todos los centros penitenciarios. Lógicamente, en mi intervención no daría tiempo, pero ¿si le digo que en la prisión de Teruel ha habido, en enero-febrero, 132 positivos de 185
internos, o en Sevilla 52 funcionarios y 20 reclusos han sido contagiados?
Ahora sí, nos acaba usted de anunciar incluso que en Madrid 2 ha habido 8 casos nuevos. ¿Y ustedes qué no hicieron? Pues no declararon funcionarios de alto riesgo a todos los funcionarios de prisiones. No les entregaron a tiempo todas las
mascarillas, todos los EPI necesarios. No les hicieron el control de test. Tardaron en suspender las visitas, y por eso se les fueron de las manos, y por eso llega tarde, no a esta comparecencia, llega tarde, señor secretario general, al
cumplimiento del deber, que es el haber protegido a los centros penitenciarios, y no haberles dado prioridad absoluta ahora también en las vacunas. Tanto material, tantos recursos que nos cuenta usted han llegado tarde.
Con respecto a la otra cuestión por la que le pedíamos comparecencia, primero una aclaración de justicia. En esta sala no hay dos víctimas del terrorismo, hay tres. Está José Alcaraz, que también es víctima del terrorismo. De verdad que,
escucharles a ustedes contestar, como han contestado a este grupo parlamentario, que tras un acercamiento de 131 presos etarras por su Gobierno nos contesten diciendo aquello de que no es un acercamiento colectivo, no hay un tratamiento colectivo,
hay expedientes individualizados, faltaría más. Individualizados de uno en uno, todos a prisiones vascas para estar en la calle, tal y como han pactado ustedes con sus socios proetarras y separatistas. Esa es la realidad a la que no van a engañar
a la sociedad.
Tantas décadas de sufrimiento, tantas declaraciones de algunos partidos llenándoseles la boca de condolencias y de pésames a las víctimas, para que luego estas vean desfilar a los etarras -que no deberían haber salido jamás de prisión- por
las calles. Qué vergüenza y qué infamia.
Mire usted, en cuanto a las visitas de presos, nos referíamos en concreto a la visita que hicieron dos diputados proetarras a la prisión de la Ribera, en Huelva, en pleno estado de alarma. Se reunieron con cinco etarras, y no lo hicieron,
como establece el protocolo, en la sala de locutorios, sino en una sala especial que les permitieron ustedes, y no siguieron después la cuarentena correspondiente, ni los reclusos ni ellos. Esta es la realidad, un ejemplo dramático de cómo tratan
ustedes con guante de seda a los terroristas y quienes les apoyan políticamente.
Usted ha dicho aquí algo tremendo. Ha dicho que les aplican los mismos criterios, pero es que no se puede aplicar los mismos criterios al resto de presos a quienes son terroristas. Haré una matización. El compañero diputado del Partido
Popular ha dicho 'son asesinos'. Son más que asesinos. Asesino puede ser un demente que con un cuchillo asesina a su pareja. Asesino puede ser un asesino múltiple, o una mafia de una organización criminal. El terrorismo es mucho más que unos
asesinos.
El asesinato, la extorsión, es el medio político para lograr unos fines criminales. Esos terroristas no pueden ser tratados igual que el resto de los presos. Por eso, cuando usted habla de 'justicia reparadora', 'justicia restaurativa', yo
le pregunto a usted y a su Gobierno: ¿qué justicia, qué restauración y qué reparación han tenido las víctimas del terrorismo en primer lugar? ¿Qué justicia han recibido? Muchos de ellos ni siquiera han podido ver sentados en el banquillo de los
acusados a los terroristas que asesinaron a sus familiares. Más de 300 causas siguen sin haberse resuelto.
¿En que han colaborado todos los presos a los que ustedes les están dando todo tipo de beneficios? ¿En qué han colaborado? ¿Han informado en algo sobre la organización terrorista, sobre los autores de esos crímenes? ¿Se han arrepentido
públicamente? ¿Han condenado públicamente al terrorismo?
No diga usted, por favor, que informan a las víctimas. Aquí tenemos víctimas que podrían ponerse en pie. No es su turno de palabra, pero nos lo han dicho. No han recibido sus familias ninguna comunicación de ese acercamiento. A lo mejor
tampoco la reciben el día que estén por la calle los asesinos de sus familiares.
Con respecto al centro de Picasent, en Valencia, en enero de este año 133 internos han dado positivo, 16 trabajadores han dado positivo, 473 en cuarentena. En enero de este año. Le recuerdo que la pandemia saltó el año pasado. Podríamos
hacer una lista interminable de lo que ha ocurrido en los centros de Teruel, de Palencia, de Murcia, de Lérida, de León, de Asturias, de Cádiz, de Granada o de Sevilla.
Señor secretario general, voy terminando. Yo me hago una pregunta, y se la hago a su Gobierno. ¿Este abandono ha sido por desinterés o dejadez hacia los funcionarios de prisiones, hacia los centros penitenciarios y hacia los reclusos, o ha
sido por negligencia, por incompetencia o por incapacidad? Es decir, ¿ha sido de manera voluntaria o de manera involuntaria?
Pero, en cualquiera de los dos casos, mire usted, lo que no puede venir aquí es a vanagloriarse con las cifras de que se ha reducido la población penitenciaria. Pero ¿usted se da cuenta de lo que está diciendo? ¿Venir a vanagloriarse de
que se ha reducido la población penitenciaria? La población penitenciaria solo se puede reducir de dos maneras, o porque se reduce el número de delitos, de lo cual nos alegraríamos todos, o porque, además, se han cumplido las penas íntegras que
establecieron los tribunales para esos reclusos.
Pero venir a vanagloriarse, porque usted parece que tiene como objetivo dos cosas, y las ha dicho ya en los medios de comunicación: la primera, que se lleve a cabo todo el acercamiento de los terroristas, se les ponga al Gobierno vasco en
sus manos, y que ya ellos hagan lo que quieran, y si los ponen en la calle, usted se lava las manos como Poncio Pilatos; y la segunda, el tema de que ustedes no tienen otro objetivo que lograr, a toda costa, que no haya reclusos en las cárceles.
Pero mire usted, ¿sabe lo que pasa? Que las sociedades modernas tienen que elegir entre que los reclusos, los criminales, estén en prisión, o que estén en la calle, y como la inmensa mayoría queremos poder vivir con seguridad y con
tranquilidad, preferimos que estén en prisión. Así que esa obsesión de ese sistema penitenciario a la carta que ustedes están escribiendo, que consiste en que está muy mal que haya prisiones y presos, ya lo sabemos todos. Pero ¿sabe lo que pasa?
Que prevalece la seguridad del resto o de la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Termino, señor presidenta. Ha estado usted un buen rato en su intervención hablando de los delitos de odio. La verdad es que nuestro grupo se alegra, y ya se lo dije al ministro de Justicia y al ministro de Interior, se alegra de que
ustedes se tomen en serio -o parezca que se quieren tomar en serio- el combate contra los delitos de odio. Lo que pasa es que nos encantaría que tomaran buena cuenta de todos los grupos de la extrema izquierda, de la ultraizquierda, que provocan el
odio permanente en las calles de España, en Cataluña, en Vallecas, en Madrid, en el País Vasco, y que a todos ellos les apliquen con rigor la legislación contra el delito de odio. Delito de odio político, delito de odio contra todos los que no
piensan igual que ellos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
A continuación, vamos a empezar ya el orden por los grupos que no han solicitado la comparecencia, yendo el orden de menor a mayor.
Del Grupo Mixto no veo a ningún representante, que antes sí estuvo en la sala, pero ahora mismo no está. Así que pasaríamos al Grupo vasco. El señor Legarda Uriarte tiene la palabra.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta. No le he oído muy bien. ¿10 minutos? (Murmullos). Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias también a nuestro compareciente, el secretario general de Instituciones Penitenciarias.
En primer lugar, que traslade nuestro reconocimiento a todos los funcionarios de prisiones, y muy especialmente a los familiares de estos que nos ha relatado cinco fallecidos como consecuencia de la COVID en los últimos tiempos.
De su intervención, amplia, extensa, animarle a seguir humanizando el cumplimiento de las penas. También, como ha dicho usted, los diálogos para una justicia restaurativa. Creemos que caminan en la dirección de la finalidad de las penas
constitucionalmente establecido, y animarle a seguir en ese paso.
También queríamos animarle a seguir en el respeto hacia el cumplimiento del principio geográfico de cumplimiento, sin mezclarlo con los beneficios penitenciarios. Entre ellos, beneficios penitenciarios, la progresión de grado, y en concreto
al tercero, en el que sí se requiere, no para el principio del cumplimiento geográfico para este sí, el respeto o la colaboración en el esclarecimiento de los delitos y el repudio de la actividad delictiva practicada, en concreto los delitos de
terrorismo, y cuya legitimación para recurrirlos lo tiene la Fiscalía, que nos ha dicho aquí, y también las víctimas, según la ley de víctimas.
Finalmente decide la justicia, decide el juez de vigilancia penitenciaria. No es una decisión que toma la Administración penitenciaria de una manera arbitraria y no revisable. Ahí están las legitimaciones, los tribunales y vigilancia
penitenciaria. Ahora, si algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra dudan de la justicia de vigilancia penitenciaria, nuestro grupo parlamentario no duda de ella.
También congratularnos por el reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno vasco para la futura transferencia de medios humanos y materiales para que la Comunidad Autónoma del País Vasco pueda ejercer sus
competencias respecto a la ejecución de la legislación penitenciaria.
Recordé el otro día en el Pleno, veo que sin mucho éxito, jurisprudencia del Tribunal Constitucional de hace 21 años, no a instancia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino de Galicia, cuando planteó conflicto de competencias ante el
Tribunal Constitucional por no realizarse los traspasos para que pudiera ejecutar sus transferencias hace 20 años, pasado 20 años ya del Estatuto de Galicia.
Recordé -y lo dije así en el Pleno, y lo repito ahora a esos dicentes constitucionalistas, que se dicen constitucionalistas para la parte de la Constitución que les interesa, pero no para la que no les interesa- la sentencia 209/90, que
decía: 'Poner obstáculos y retrasos a la plena efectividad del reparto de competencias es una anomalía constitucional que no puede seguir siéndolo indefinidamente. Es una vulneración del principio de lealtad constitucional que obliga a todos. Es
un obstáculo grave a la plena efectividad de la llamada Constitución territorial, a la plena efectividad del reparto de competencias'.
Finalizaba: 'Los decretos de transferencias -no de competencias, las competencias están en el estatuto para las comunidades autónomas o en el Estado, en el 149- de medios humanos y materiales para poder ejercitar las competencias del bloque
de constitucionalidad no son potestativos, sino obligados, y posponerlos supone una vulneración a la misma Constitución y a los principios que la sustentan'.
Volviendo ya, o centrándome en las cuestiones concretas de la comparecencia, sí le quería preguntar, ha citado usted esa nueva ley de cuerpos en la que está trabajando el ministerio Nos comentó en la comparecencia presupuestaria que nos iban
a mandar un proyecto para los primeros meses del '21. Veo que esto va a ser imposible, pero sí le preguntaría cuándo aprobarán el anteproyecto, a efectos ya de la tramitación de las consultas y de los informes.
Respeto a la sanidad penitenciaria pendiente de traspaso, como usted ha dicho, a los sistemas públicos de salud desde el 2003 nos anunciado -bueno, el País Vasco la tiene desde hace bastantes años- que se va a hacer inminente a Navarra, ¿qué
calendario tienen de convocar las comisiones mixtas de transferencias para hacer efectivos los traspasos al resto de los servicios públicos sanitarios que dependen de las comunidades autónomas?
Respecto a la plantilla... Bueno, perdón, en sanidad penitenciaria creo que hay unanimidad en todos que la cuestión más relevante son las enfermedades mentales, y no tanto por las que se adquieren internamente, sino porque buena parte de
los reclusos entran ya con disfunciones mentales. Entonces yo le preguntaría, para abordar esta cuestión de las enfermedades mentales que usted también enfatizó en la comparecencia presupuestaria, ¿tienen algún plan específico en tanto en cuanto se
hagan los traspasos a los servicios sanitarios públicos?
Respecto a la plantilla, le preguntaría cuántas vacantes tienen respeto a la plantilla presupuestaria. Segundo: si tienen vacantes, en qué fecha consideran que la pueden tener cubierta al cien por cien. También le preguntaría si tienen
previstas ampliaciones de la plantilla presupuestaria, y, por último, cuántas plazas tienen cubiertas por interinos y qué políticas de estabilización tienen. Usted conoce que la política de interinos está en el candelero a cuenta de las
resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión, y es un tema que afecta a todas las Administraciones públicas y, lógicamente, entiendo que a la penitenciaria también.
Respecto a la situación de las mujeres presas, aprobó el Pleno, en junio del año pasado, a instancias de nuestro grupo parlamentario, que se aprobara por Instituciones Penitenciarias un informe sobre la
situación de las mujeres reclusas, concretamente sobre la perspectiva de género de las mujeres en las instituciones penitenciarias, en las cárceles, y qué líneas de actuación tenía previstas abordar en este caso Instituciones Penitenciarias.
Los seis meses están agotados hace mucho tiempo, y yo le preguntaría cuándo definitivamente van a mandar el informe a la Cámara, porque volvimos a preguntarlo al ministro hace pocas semanas, y también comentó que se estaba elaborando y que
(no se entiende lo que dice). Mi pregunta concreta es: ¿cuándo van a mandar este informe, que tiene ya más de seis meses de retraso? Bueno, todavía no, junio del 2020, pero en breve cumplirá seis meses de retraso.
Nuevas tecnologías de comunicación. Ha comentado que ha empezado la implantación de una medida que consideramos muy positiva, que es la instalación de cabinas con videollamadas en cada uno de los centros penitenciarios. No ha comentado si
finalmente va a estar la posibilidad a cobro revertido o no, que también comentamos en presupuestos, y yo le pregunto cuándo va a estar completado este plan de implantación. Porque creo que usted manifestó que iba a haber al menos una cabina
telefónica -o como se denominen- en cada centro penitenciario. Nos ha indicado que han iniciado el programa, entonces yo le pregunto cuándo va a estar finalizado este programa.
Seguridad de funcionarios de prisiones. Hubo dotaciones importantes presupuestarias, y me gustaría que nos detallara la provisión de dotaciones, sobre todo material de defensa, vestuario de protección, realmente, qué nivel de ejecución del
gasto presupuestario están cumpliendo. Todavía no es mitad de año, pero si ya los contratos debieran estar empezando a formularse, o los pliegos, porque si no, no va a haber posibilidad de ejecución.
Una pregunta que ha salido: agentes de la autoridad. Es una cuestión que hemos barajado ya en la XII Legislatura, el martes pasado en el Pleno. Yo le haría una pregunta concreta en su condición también profesional. La pregunta sería:
¿los funcionarios de prisiones tienen problemas concretos de reconocimiento judicial como agentes de la autoridad, en cuanto que cumplen y ejecutan las decisiones de los directores de prisión? Que hay numerosísima jurisprudencia de que se los
considera autoridad. Entonces, cualquier funcionario que ejecuta las órdenes de una autoridad se convierte en agente de la autoridad.
Es una cuestión material. Yo le pregunto: ¿hay problemas en sus comparecencias o en sus informes para que se les reconozca esa condición, que es natural en cuanto que cumplen las decisiones de una autoridad, que es el director de la
prisión?
Tratamiento y reinserción. Hay un convenio con la UNED que, repasando los presupuestos, tiene 600 000 euros, y yo le preguntaría: ¿tienen previsto ampliar los convenios con el resto de universidades, a efectos de la formación de los
reclusos, si esta lo reclamara?
Por último, le quería preguntar el grado de cumplimiento o cuáles han sido las medidas que han ido implementando en el último tiempo respecto a las últimas recomendaciones consecuencia de visitas a centros penitenciarios por encargados de la
supervisión de tratados suscritos por el Estado para la prevención de tratos inhumanos y degradantes. No voy a citar torturas, porque estoy persuadido de que en las prisiones españoles no se cometen torturas. Pero respecto a los tratos humanos y
degradantes, que hay medidas concretas sugeridas, y me gustaría preguntarle qué grado de implementación han tenido y si nos las puede explicitar concretamente.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor diputado.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Ciudadanos, el diputado señor Gutiérrez Rivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidenta.
Señor Ortiz, muchas gracias por su comparecencia. Antes de nada, quiero que mis primeras palabras sean nuevamente en favor del colectivo de funcionarios de prisiones, que de forma tan heroica desarrolla y viene desarrollando su trabajo, ya
de por sí complicado en una situación normal, pues en esta situación de pandemia en la que, sin duda, el mero ejercicio de la actividad profesional, es decir, el mero ejercicio de acudir todas las mañanas a su puesto de trabajo supone en estos
momentos una (no se entiende lo que dice), porque no sabe con lo que se va a encontrar allí.
Por tanto, yo creo que, igual que hemos sido capaces de reconocer el trabajo de muchísimos funcionarios y les hemos aplaudido -los médicos, los enfermeros, los maestros, los profesores-, el funcionario de prisiones siempre ha sido algo
olvidado por toda la sociedad, y creo que la labor de la Secretaría General, señor Ortiz, en cierta manera debería ser también darle esa visibilidad y relevancia a
la sociedad del colectivo de funcionarios de prisiones, y yo creo que esta Secretaría General no está haciendo nada -tampoco las anteriores- por dar esa visibilidad del trabajo que realizan los funcionarios de prisiones y de lo importante
que es ese trabajo para el conjunto de la sociedad.
Creo que alguna campaña de sensibilización sobre esto podrían hacer ustedes desde la Secretaría, desde el Ministerio del Interior. Al ministro no se lo pedimos porque sabemos que no va a hacer nada, pero me gustaría por lo menos pedírselo a
usted, a ver si, dentro de su ámbito de competencia, que es directo, puede tener esto en cuenta.
Desde luego, celebro su comparecencia, aunque, como muchos de mis compañeros, desde luego, ha sido una cosa sorpresiva. No sé, intempestiva me atrevería casi a decir, o casi de atraco a mano armada, así, de 'aquí te pillo, aquí te mato', en
dos días, venga, hacemos aquí una Mesa, convocamos una comparecencia. Cuando lo vi, porque además no pude asistir a esa Mesa de portavoces, dije: 'hombre, comparecer así, seguro que viene a traer alguna noticia buena, seguro que viene a contarnos
algo que no puede esperar más'.
Porque, claro, si lleva usted tres años esperando para contarnos esto, no veo la urgencia de hacer esta comparecencia de manera tan intempestiva, señor Ortiz. Sinceramente, me parece una falta de respeto muy grande para esta Cámara.
Por eso me atrevería a decirle que yo entiendo que el secretario general no elige al ministro. Es normalmente al revés. Por tanto, no tiene usted culpa del ministro que tiene, pero -esto como consejo, y tómelo como quiera y con toda la
humildad del mundo- no haga por parecerse a su ministro, por favor, porque es muy típico lo que usted está haciendo y ha hecho hoy, de las habituales intervenciones y comparecencias del señor Marlaska en esta comisión.
Ya no solo de decir que viene a comparecer por petición propia, cuando tiene usted acumuladas en tres años comparecencias, en fin, sino que, además, viene usted a contar solo la parte que le interesa, y entonces nos trae usted unos números,
no quiero decir maquillados, porque estoy convencido de que son ciertos, pero, claro, no nos (no se entiende lo que dice) usted los que no quiere decir. Esto, en fin, no voy a repetir lo que ya le han preguntado otros compañeros, porque no tenemos
mucho tiempo y repetirlo, ya lo tiene usted. Evidentemente, se lo íbamos a decir, igual nos interesa conocer todos esos datos, pero es que, es más, cuando usted empezó su comparecencia yo me temía que, al final, en el primero de sus puntos sobre la
COVID-19 ni siquiera nos iba a decir cuántos funcionarios habían sido infectados, cuántos habían fallecido, qué grado de incidencia tenía.
Bueno, lo ha solucionado un poco al final, pero no nos creemos la parte de los datos que nos está contando ahora, porque la realidad que nosotros también conocemos por parte de los profesionales que trabajan en los centros penitenciarios es
que la incidencia, yo no sé si estadísticamente es esa, pero, desde luego, la realidad de los compañeros enfermos es mucho mayor.
No sé cómo están contando ustedes. Espero que en esto no se parezca usted al señor Simón también, porque a lo mejor también se parece al señor Simón. Entonces ya, si se parece al señor Marlaska y al señor Simón sería desastroso, señor
Ortiz. Se lo digo en serio y con el aprecio que sabe usted que le tengo.
Mire usted, no nos ha hablado nada de las agresiones, como si esto no existiese. Pero, señor Ortiz, es que tiene usted en la puerta de la Secretaría General a todos los funcionarios -o a los que han podido ir libres de servicio-
manifestándose por algo. Porque si todos estos datos que usted nos ha contado y todo esto es tan maravilloso, ¿qué hacen los funcionarios manifestándose en la Secretaría General? ¿Tienen ganas de salir? ¿Tienen ganas de ir hoy, que además está
lloviendo? ¿Usted cree que la gente tiene ganas de ir allí a decirle a usted: 'oiga, esto no está funcionando'?
¿Por qué cree usted -y esta sí que es una pregunta que me gustaría que me responda- que están los funcionarios hoy manifestándose delante la Secretaría General? ¿Cuáles creen que son sus reivindicaciones? ¿Cree usted que sus
reivindicaciones están respondidas en el día de hoy o requieren otra comparecencia, o requieren otras respuestas?
A mí sí me gustaría saberlo, porque después de su exposición tan maravillosa, ya le digo que no podemos más que no creérnosla, cuando tiene usted a todo el colectivo de funcionarios en la puerta de la calle. ¿Por qué no menciona usted nada
sobre las agresiones? ¿Por qué no menciona que el protocolo que se aprobó después del impulso que se le dio en esta comisión y que salió de esta Cámara no ha funcionado para nada? Pero esto ya se lo dijimos en su comparecencia anterior. Yo ya se
lo dije, señor Ortiz, y usted hoy no ha venido a decirnos nada. Yo le dije: 'oiga, comparativamente, desde que está el protocolo, ¿por qué sufren las agresiones? ¿Qué falla en el protocolo?' Y sigue usted sin decirnos nada, porque está claro que
el protocolo no funciona.
Es más, no se ha desarrollado protocolo, que es la auténtica realidad por la que no funciona. ¿Cómo puede ser que se consientan todavía agresiones, y que pasen cosas como las Igor el Ruso el otro día en la prisión a la hora de sacarle?
¿Cómo puede ser que, después del tiempo que llevamos hablando y con la presión que le estamos poniendo todos los grupos parlamentarios desde hace al menos cinco años en esta Comisión de Interior por los diferentes secretarios generales, no se haya
hecho nada en la Secretaría General de Prisiones por mejorar esto?
A mí me parece algo... Perdone, pero me parece algo, si estuviera en su lugar, vergonzoso. Yo me sentiría, en fin, profundamente avergonzado, porque no es la primera vez que hablamos. Como le digo, llevamos cinco años hablando esto, y no
este grupo, todos los grupos de esta Cámara. Por tanto, algo está fallando ahí, y usted no nos quiere decir nada sobre qué es lo que falla.
Sobre los presos de ETA ya han hablado también mis compañeros. A mí me parece una auténtica vergüenza cómo se está haciendo esto. Pero ya dije ayer en la Cámara que quien tiene la culpa de esto es el señor Sánchez y, por supuesto, sus
acuerdos, no ustedes. Pero sí me gustaría una cosa que sí que depende de usted, y me gustaría que me respondiera esto: ¿me puede usted decir cuántos o si todos esos traslados han tenido informe positivo de la Junta de Tratamiento? O sea, ¿usted
puede hoy aquí asegurarnos a todos los diputados que todos los traslados han tenido un informe positivo de la Junta de Tratamiento? Porque eso es muy importante, y como esos informes también se van a saber, me gustaría que nos lo confirmara usted.
Porque a mí eso sí me parece importante, sobre todo para un futuro, con estas medidas que se están tomando.
Es más, cuando usted empezó a hablar de la justicia retributiva y reparadora yo dije: 'hombre, ahora será el momento en el que nos va a asegurar como las víctimas de estos asesinos han sido capaces de hacer esa justicia reparadora y
retributiva con sus víctimas'. Pero no, no nos hablaba de ellos, nos hablaba de otros. Si hay otros, ¿por qué no en el caso de ETA? ¿No le parecen a usted importantes las víctimas de ETA para hacer justicia retributiva y reparadora con sus
víctimas? Porque me gustaría que me respondiera a esto también.
Voy a finalizar, presidenta, sobre los recursos humanos. Nos habla usted de las peticiones de los concursos de traslado. ¿A usted le parecen bien esas 12 000 para 60 000 peticiones? A mí me parece bastante escaso. Es verdad, llevaba
mucho tiempo sin convocarse concursos de traslados, pero la verdad es que el concurso de traslados convocado no ha dado satisfacción tampoco a los funcionarios. ¿Por qué cree usted que no ha dado satisfacción este concurso de traslado a los
funcionarios?
Nos anuncia usted una ley nueva, la nueva ley de función pública penitenciaria, y me gustaría preguntarle: ¿usted cree que, como se votó en esta Cámara y no salió aprobado un estatuto de prisiones es una mala idea para el colectivo de
funcionarios de prisiones? Me gustaría saber su opinión sobre el estatuto. ¿No cree usted que estos funcionarios tienen una singularidad especial dentro de la Administración General del Estado?
Porque el 99,55 % de los funcionarios que fueron entrevistados dijeron que sí. 11 000 entrevistas a funcionarios, el 99,55 % de ellos dijeron que, efectivamente, ellos consideran que son singulares y que hacía falta un estatuto específico
para ellos.
Yo lo entiendo, porque la realidad es que no son unos funcionarios tradicionales o normales de Administración General del Estado. Porque, ¿me puede usted asegurar si un funcionario de la Administración General del Estado que no sea
funcionario de prisiones puede ir a trabajar a una prisión? ¿Hay alguna cláusula que lo impida? ¿Y al revés? ¿Están derogadas? No lo están, ¿verdad? Si no lo están, entonces no son funcionarios de la Administración General del Estado normales y
corrientes.
Luego, sí existe una singularidad, y si hay esa singularidad, ¿por qué entonces no pueden tener un estatuto? ¿Por qué le parece a usted que este Gobierno, al que usted representa en estos momentos en esta Cámara, niega esa singularidad y
niega que pueda haber un estatuto específico? Porque yo creo que, además, no son cosas incompatibles el estatuto con una ley de función pública que desarrolle otros aspectos que el estatuto no tiene por qué desarrollar.
Nos avisa de esa ley, pero tampoco nos dice cuándo. Yo sospecho que, como todas las cosas que este Gobierno hace, siempre lo fía a futuras leyes que nadie sabe en qué momento van a desarrollarse. ¿Puede usted indicarnos alguna fecha
alternativa en la que tendrá ya ese proyecto de ley, con todos los informes favorables, para ser traída a esta Cámara como proyecto de ley del Gobierno? Alternativa, por lo menos que nos diga algo, porque me gustará saber cuando venga de verdad
algo sobre esa fecha a la que usted se ha comprometido y de la que viene.
Finalizo ya, presidenta. (Murmullos). Gracias, presidenta. Señor Ortiz, de nuevo, muchas gracias por su comparecencia, y espero de verdad que ese consejo -tómelo como amigo- que le he dado, de que no se parezca a su jefe, por la estima
que le tengo, usted lo aplique, porque, desde luego, hoy no se ha comportado usted de esa manera, se ha parecido mucho más al señor Marlaska que a lo que nosotros esperamos del señor Ortiz, un profesional de verdad de las competencias
penitenciarias.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez.
No hay representantes de los grupos Plural ni de RC. No habiendo representantes, vamos a seguir el orden.
Ahora le correspondería al Grupo Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común. Tiene la palabra el señor Cortés Gómez.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Bienvenido a esta comisión, secretario general. En primer lugar, quería agradecer las explicaciones que ha dado aquí acerca de las funciones de su Secretaría. También quería hacerme eco de lo que ya han pronunciado otros grupos
parlamentarios, y es el reconocimiento de Unidas Podemos-En Común Podem a la labor pública que desempeñan los funcionarios de prisiones, y queríamos también hacerle la petición de que trasladase a las familias de aquellos que han fallecido a
consecuencia de la COVID-19 nuestro más sincero pésame.
En mi intervención quiero focalizar en cuatro puntos específicos que usted ha mencionado durante su comparecencia. En primer lugar, la gestión de los medios materiales y personales de los funcionarios y funcionarias de prisiones. En
segundo lugar, la situación sanitaria derivada de la COVID-19. En tercer lugar, la cuestión de la consideración de agente de autoridad, que ha sido repetida aquí por aquellos que me han precedido en el uso de la palabra. Finalmente, los medios de
prevención, vacunación y test, tanto para internos e internas como para los funcionarios.
En primer lugar, precisamente, quería hacer mención de la ley de régimen de personal de Instituciones Penitenciarias, que se está negociando con los sindicatos y tramitando en la actualidad. Usted ha hecho mención de esto. Precisamente,
del Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se está abordando la reforma de las actuales normas que regulan los cuerpos penitenciarios, especialmente los cuerpos de ayudantes, el cuerpo especial y cuerpos
superiores de técnicos, ya que dichas normas son anteriores a la promulgación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y asimismo a la Constitución española.
Pues bien, desde Unidas Podemos-En Comú Podem queremos destacar el rol de los agentes sociales en la futura ley de cuerpos, y esperamos que esta ley profundice en la reforma y democratización que pueden dotar de los mecanismos necesarios a
los trabajadores y trabajadoras del servicio público penitenciario para ejercer sus funciones de la mejor manera posible, así como ahondar y reforzar la reinserción como eje vertebrador de toda actividad penitenciaria.
Aquí nos han trasladado algunas cuestiones centrales respecto a esta nueva legislación. En primer lugar, la importancia de un nuevo organigrama actualizado, dado que el actual viene del Reglamento penitenciario de 1981, y así también se
tiene interés por la creación de cuerpos especializados y nuevas escalas técnicas, que haya una escuela de formación propia y reciclaje laboral adecuado a la actualización de puestos de trabajo, cuyas ratios no permiten desempeñar correctamente las
obligaciones por la falta actual de personal, la consideración de agente de autoridad. Esto, como ya se ha reiterado en esta sesión, es uno de los puntos centrales. La reclasificación de los centros penitenciarios de la Administración General del
Estado y los mecanismos de rejuvenecimiento de las plantillas y mejora de la segunda actividad.
Aquí quiero plantearle una pregunta concreta, y es si el futuro texto normativo ha tenido en consideración las demandas de la representación sindical en prisiones, y si cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales, y cómo se van a
materializar las tres principales reivindicaciones. Aquí sí que quiero poner de relieve tres reivindicaciones concretas, y es la integración del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias en el grupo B; la reclasificación de las nueve
categorías de centros penitenciarios que están generando brechas salariales distintas para las mismas categorías de facto profesionales; y la funcionarización de todos los profesionales encargados del tratamiento penitenciario para avanzar en una
redacción jurídica única que no genere disfunciones en la prestación del servicio público y en las condiciones de trabajo.
Junto a esta cuestión, también hemos abordado otras cuestiones, como la transferencia de la sanidad penitenciaria, y ahora creemos que sería necesario ir cerrando la transferencia con las comunidades autónomas, y en este sentido querría
preguntarle cómo están avanzando las negociaciones en cada una de las comunidades autónomas y cuál es la previsión de calendario.
Nos sigue preocupando el estado de la sanidad penitenciaria, y nos han trasladado diferentes sindicatos y organizaciones profesionales una inquietud respecto a la posibilidad de que la Administración penitenciaria podría recurrir a médicos y
MIR de forma generalizada para cubrir sus necesidades, y también queremos poner de relieve el problema de la salud mental, que continúa siendo la asignatura pendiente en Instituciones Penitenciarias.
Se sigue reivindicando y denunciando la situación de insuficientes profesionales psiquiatras, y se considera necesario mejorar la comunicación con la red asistencial comunitaria. Nos indican que el 60 % de las agresiones que sufre el
personal penitenciario las provocan internos e internas con alguna patología mental, y de ahí que sea muy importante implantar políticas sanitarias, y también en el ámbito social, que aborden la enfermedad mental dentro y fuera de las prisiones.
Un tema que nos preocupa es que las horas de guardia sanitarias continúan pagándose por debajo de la hora ordinaria de trabajo, a pesar de las numerosas sentencias y autos de ejecución que vienen ganando los sanitarios, y las sentencias que
se ganan se aplican de forma individual, pero no se cambia la política colectiva de personal.
Desde el comienzo del estado de alarma también hemos estado dando seguimiento a la suspensión de las visitas a las personas presas, y esta suspensión se mantiene en el momento actual. Por ejemplo, los vis a vis siguen suspendidos, según nos
comunican, y los familiares de las personas presas tienen graves dificultades para poder realizar las visitas. Así también nos han trasladado un malestar en cuanto a la tramitación electrónica de las citas, tanto por vía digital como por vía
telefónica, y aquí sí que también me gustaría saber cuáles son los avances que se están haciendo para solucionar estos problemas de tramitación. Todo esto supone un grave menoscabo, no solo a los derechos de las personas internas, sino también a
las de sus familiares.
En último lugar, antes de finalizar con esta primera intervención, quería trasladarles una preocupación, que es la vacunación de las personas que se encuentran en prisión, los internos y las internas. Desde la Asociación Pro-Derechos
Humanos de Andalucía les preocupa que Sanidad excluya de la prioridad de vacunación a las personas mayores y con patologías graves que están en prisión. Ante esta situación, entienden que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
debería garantizar la salud de los internos y las internas por encima de todo. ¿Qué podría decirnos acerca de esta preocupación?
Me guardo algunas cuestiones para el turno de réplica. Reitero mis gracias, secretario general. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cortés.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el diputado Rafael José Vélez.
El señor JOSÉ VÉLEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya por la hora en la que estamos.
En primer lugar, como no puede ser de otra manera, señor Ortiz, darle la bienvenida en esta comparecencia a la casa donde reside la soberanía del pueblo español. Señor Rojas, como dice el señor Rufián, un previo: es la tercera vez que ha
venido aquí, y usted no se ha enterado. Esta es la cuarta. Vino para explicar las líneas generales, y vino dos veces en la tramitación de presupuestos. Comparecencia, por otra parte, señor Ortiz, que consideramos necesaria y relevante, porque, en
primera persona nos detallará con profusión -que ya lo ha hecho- aquellos aspectos más relevantes de su gestión, y da cumplida respuesta a las solicitudes de los grupos que la han solicitado.
Desde el Grupo Socialista valoramos muy positivamente su gestión, porque consideramos que es la exigible a un servidor público, y esto no le hace un héroe, sino un servidor público, y nos consta que la desarrolla con la máxima dedicación.
Quisiéramos aprovechar también, una vez más, para poner en valor el excelente trabajo de los funcionarios públicos en Instituciones Penitenciarias, especialmente en este durísimo período de pandemia, reconociendo que, a pesar de las
dificultades, no solo han estado a la altura de las circunstancias, sino que lo han hecho con dedicación y eficacia.
Pero queremos reconocérselo tanto al personal de interior y vigilancia como a los distintos cuerpos técnicos, juristas, educadores sociales, psicólogos, sanitarios, etcétera, que realizan su labor en estas instituciones.
Señor Gutiérrez, ha perdido una excelente ocasión para rectificar sus palabras del otro día en el Pleno. ¿O es que acaso los sindicatos que hoy se manifiestan no están trapicheando? Cuando se manifiestan, no trapichean; cuando intentan
llegar a acuerdos, trapichean. Qué concepto.
Por otra parte, el Grupo Socialista no está para hacer oposición a la oposición. Pero, señor Rojas, es que no baja la mano y entramos al trapo. Resulta curioso que ahora les preocupen singularmente las agresiones cuando están en la
oposición. Pero, claro, cuando están en la oposición los funcionarios se atreven a denunciar las cosas. No tienen miedo a que se les abra un expediente, como en otras ocasiones.
Respecto al traslado de presos, aplicando la misma ley que cuando gobernaban ustedes: datos, datos y datos. De 1996 a 1999, 190 traslados al País Vasco o cercanías cuando había delitos de sangre y se seguían cometiendo atroces atentados.
Claro que entonces no eran de ETA, eran del Movimiento Vasco de Liberación. Hipocresía, hipocresía, hipocresía.
Señor Ortiz, desde nuestro grupo queríamos hacerle algunas consideraciones quizás en forma de pregunta, y si no pudiera contestarnos en su segundo turno por no disponer de los datos, y así lo considerara, podría hacerlo por escrito. Como
todos sabemos, aunque algún grupo lo niegue, no sé si también hoy, que es el Día de la Tierra, negarán que la Tierra es redonda, es una lacra la violencia de género, una lacra de este país. Existe en la sociedad a pesar de que lo nieguen, siendo
actualmente la tercera causa por la que se producen más ingresos en prisión. La pregunta es: ¿cuántos programas de tratamiento se están llevando a cabo para estos penados, y cuál es el grado de eficacia?
En cuanto a lo relativo a gestión de recursos humanos, nos gustaría conocer con más detalle las actuaciones que se están realizando, en cuanto a incorporaciones detalladas por categorías en los diferentes procesos selectivos, y las
diferentes ofertas de empleo público.
En lo relativo a la pandemia de la COVID, nos gustaría conocer, a la vista de los resultados que nos ha detallado, si los protocolos aplicados serían homologables a los de otros países, dado que los resultados apuntan a que son sensiblemente
mejores que la media en España y en otros países de nuestro entorno.
Quedaremos para el segundo turno, cuando, si puede, responda a estas preguntas, y si no, esperaremos la respuesta escrita.
Muchas gracias, señor Ortiz. Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. A continuación, con todas las cuestiones y preguntas planteadas, tiene la palabra para su segunda intervención el secretario general, señor Ortiz. (Murmullos). Ahora sin límite de tiempo también, puede
proceder a responder todas las preguntas y cuestiones en un turno seguido, y ellos tienen luego la oportunidad de tres minutos de réplica para precisar, comentar, y luego un último turno de cierre por su parte.
El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Ortiz González): Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a todos por el respeto con el que se han dirigido hacia mi persona y por el respeto con el que han
expresado sus ideas. Yo voy a tratar de dirigirme a ustedes con el mismo respeto, incluso con más cariño todavía.
En primer lugar, gracias por los mensajes de apoyo y de reconocimiento al trabajo que realizan los funcionarios penitenciarios, y gracias también al representante, señor Cortés, que me ha hecho llegar que traslade el pésame a las familias de
los funcionarios que han fallecido. Al día siguiente de esos fallecimientos ya contacté con las familias y les hice llegar el pésame y mi reconocimiento por esos fallecimientos.
El primer punto que ha sido objeto de debate por el representante del Grupo Popular, el señor Rojas, y por el señor Ortega Smith. Miren ustedes, yo voy a los sitios cuando me llaman. He venido hoy porque me han llamado hoy. De todas
formas, no sé dónde estaban ustedes en el mes de diciembre de 2018. Yo comparecí aquí, en esta sede, a los seis... (Murmullos). No, señora diputada, no. En presupuestos comparecí el 4 de noviembre de 2020 y el 29 de enero de 2019. Pero en el
mes de diciembre, si ustedes cogen las actas de esta comisión, verán que yo comparecí y les di cuenta de las líneas generales cuando llevaba en el cargo seis meses. Ahora he vuelto cuando me han citado. Saben ustedes, estoy escasamente a poco más
de 100 metros de aquí, y cuantas veces me llamen estoy encantado de comparecer, porque creo que es un ejercicio de transparencia el venir y contar lo que se hace.
He elegido este mes. Para mí el mes de abril no es un mes horribilis, ni para mí ni para el ministro del Interior. Lo veo absolutamente igual que otros meses, y trabajando en lo que hay que trabajar. Como les digo, no es ningún mes
horribilis, y estoy encantado de poder estar aquí con ustedes.
Agrupo las intervenciones en las materias más comunes, intentando contestar a todo o casi todo. En primer lugar, las actuaciones hechas por la COVID. Los datos están ahí, nosotros no alteramos. Si las tasas de contagio son inferiores en
prisiones, son las que son, nos gusten o no. Precisamente, preguntaba esto... Claro, lo que yo les pueda decir aquí, pueden pensar: 'este señor lo dice porque es el responsable de la institución penitenciaria'. A veces es bueno distanciarse, y
que sean otros los que opinen sobre cómo se ha gestionado la pandemia en el caso de prisiones.
Me preguntaba el representante del Grupo Socialista, señor José Vélez, si los protocolos que hemos implantado en Instituciones Penitenciarias han sido homologados o han tenido algún reflejo a nivel internacional. Como consecuencia de la
gestión del inicio de la pandemia, nos llamaron de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos y del Banco de Desarrollo Interamericano en abril del 2020. Nos pidieron por favor que participáramos en una ponencia
internacional, donde España era líder, para explicar cómo se estaba gestionando. Nos dijeron que habían tenido noticias de que la pandemia en las prisiones de España estaba siendo gestionada de manera correcta, y querían saber cómo lo estábamos
haciendo. En abril del 2020 participamos.
Acto seguido, nos llamaron de la Organización Mundial de la Salud, julio del 2020. España, junto con Estados Unidos y Canadá, capitaneó una ponencia para el resto de los países, para el resto de la comunidad internacional, diciendo cómo se
tenía que gestionar y qué medidas se estaba aplicando en las prisiones de España. Acto seguido, en agosto y en octubre, recibimos una llamada del máximo responsable de las prisiones en México. Nos instó a celebrar una videoconferencia con todos
los Estados federales de México para decirles cómo estábamos gestionando.
Finalmente, en el mes de noviembre de 2020, el máximo responsable de las prisiones en Colombia contactó con nosotros para que le dijéramos cómo lo estábamos haciendo. Yo creo que a veces es bueno no salir de nuestra burbuja, y que sean
otros los que nos valoren y digan. Creo que esto es síntoma suficiente para que ustedes, como representantes del pueblo español, se sientan hoy orgullosos de cómo se ha llevado este tema.
Decirles, por último, que al finalizar el año 2020, el Defensor del Pueblo elaboró un informe monográfico sobre la pandemia y la actuación que habían tenido las Administraciones y, literalmente, califica como eficaz la labor hecha por
Administraciones Penitenciarias, literalmente dice algo así como: 'sin lugar a dudas, no tiene nada que ver con la forma en la que se ha gestionado la pandemia en prisiones respecto de otros recintos cerrados donde las consecuencias han sido muy
distintas'.
Junto con la COVID, y teniendo en cuenta la implicación que tiene con otro de los puntos que todos ustedes han mencionado, la sanidad penitenciaria. La sanidad penitenciaria, como ustedes conocen, debería estar ya transferida, transferida a
cada uno de los servicios penitenciarios. Primero, porque hay una ley del año 2003 que así lo dice, y segundo porque, además de que esa ley lo dice, todos los ciudadanos, con independencia de su condición de ciudadano privado de libertad o no,
deberían tener la misma atención sanitaria, cosa que no sucede.
¿Qué hemos hecho? En dos ocasiones me he dirigido a cada uno de los consejeros responsables en las comunidades autónomas, Consejería de Salud. Les pido por favor que tenemos que sentarnos a negociar la transferencia. Se va a conseguir en
el mes de mayo la transferencia a la Comunidad Autónoma de Navarra, como dije antes. Hemos entablado también conversaciones con intercambio de datos con la Comunidad de Islas Baleares y con la Comunidad Valenciana. Yo confío en que este primer
paso que se va a dar el mes que viene con Navarra pueda servir de estímulo para que el resto de las comunidades autónomas consigan también la transferencia.
Siguiendo con la sanidad penitenciaria, han mencionado dos de ustedes, el señor Legarda y el señor representante de Unidas Podemos, qué hacemos con la enfermedad mental. En este momento la preocupación principal es el elevado número de
personas que van a prisión aquejadas de una enfermedad mental. Por ese motivo, los dos recintos, los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios que tenemos van a ser objeto de cambio. En primer lugar, el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de
Sevilla será trasladado a otras dependencias con mayor amplitud para que las personas que están en ese hospital, así como las que están en el hospital de Alicante, puedan tener condiciones dignas mejores de las que tienen.
En Sevilla se hará ese cambio, y en Alicante tenemos en proyecto culminar las obras que están llevándose a cabo en Siete Aguas para transformar esas obras, que hoy están a un 20 %, en un moderno
hospital, donde pueda darse de manera digna el trato que merecen las personas que padecen enfermedad mental, que, como les digo, ahora mismo es el mayor colectivo y la mayor preocupación en el ámbito sanitario.
En cuanto a las vacunaciones, afortunadamente Instituciones Penitenciarias tiene voz propia en la Comisión de Vacunación, la comisión técnica, el grupo de trabajo que cada día aborda este tema en el Ministerio de Sanidad. Estamos, por
supuesto, haciendo constar la importancia que tiene la urgente, la impronta vacunación a todas las personas que están privadas de libertad. En algunos centros ya lo hemos conseguido.
No tenía noticia concreta de la situación que me hace llegar en cuanto a Andalucía, pero me interesaré por ello para que, cuanto antes, pueda arreglarse.
Le agradezco expresamente, señor Gutiérrez, de Ciudadanos, las palabras que tuvo hace dos días en el Congreso de los Diputados en relación con el tema y con el traspaso de la sanidad a las distintas comunidades autónomas. Creo que es un
ejercicio responsable de cómo hay que abordar ese tema. Nos esforzamos, señor Gutiérrez -decía usted también- por cambiar la imagen. En eso estamos, cambiando la imagen y transmitiendo hacia la sociedad qué es lo bueno que se hace en el interior
de las prisiones.
Un punto que tocó, y no quiero que pase desapercibido, lo digo ya, aunque ahora abordaré con más detalle el tema de las decisiones adoptadas con el tema de los condenados por terrorismo. Usted dijo: '¿por qué las víctimas de ETA no pueden
hacer uso de la justicia restaurativa?'
Desde aquí le digo que cualquier víctima de ETA que quiera, que tenga la iniciativa, la voluntad de participar en un encuentro restaurativo, estamos a su entera disposición para que, con la delicadeza que hay que llevar en estos temas,
podamos comprobar si la otra parte, la persona que cometió el hecho delictivo, está en condiciones y quiere participar. Por supuesto, aquí le dejo ya esa puerta abierta, que nunca haremos excepciones en esa materia.
Como saben, la participación en esos procesos es estrictamente voluntaria, y hay personas que quieren hacerlo y lo hacen, y hay otras que no, y son igualmente respetables las unas y las otras.
Las decisiones penitenciarias en materia de terrorismo. En esta materia, lo primero que tengo que decir es mi profundo respeto a todas las víctimas, y más sabiendo y conociendo que algunas de ustedes están aquí, han sido víctimas de este
tipo de delitos. Por tanto, lo primero, respeto, respeto a todos ustedes. Desde que comencé en el equipo del Ministerio del Interior, creo que fue en la primera reunión, el ministro del Interior tuvo una reunión con las víctimas, y allí les dijo
que todas las decisiones que se fuesen adoptando serían comunicadas a las víctimas.
Esa reunión, en la que yo estuve presente, ha sido confirmada -no lo digo yo- por una importante representante de una de las asociaciones de víctimas, que literalmente viene a decir que, efectivamente, el señor Marlaska es el único, dice:
'Es la primera vez que un ministro me ha hecho caso, y es la primera vez que un ministro informa a las víctimas'. Todas las decisiones que se han adoptado en esa materia han sido, como ustedes saben, previamente notificadas a las víctimas.
Pero ustedes han querido y me han pedido el dato. En materia de delitos contra el terrorismo, decía el señor Smith: 'no se puede aplicar a los terroristas los mismos criterios que al resto de penados'. Señor Smith, yo llevo 44 años
relacionado con la justicia, más de 25 años relacionado con una Administración de justicia especialmente dedicada a cuestiones penitenciarias. Yo quisiera que usted me dijera en qué ley del ordenamiento español dice que no se puede aplicar a los
terroristas los mismos criterios que al resto de penados.
Si me dice la ley, se lo agradeceré, porque yo, en 44 años, no la he encontrado. Todo lo contrario. La Ley Orgánica General Penitenciaria dice que a las personas en prisión no se les puede tratar de manera distinta por el hecho delictivo
que les ha llevado a prisión. Eso tiene que quedar claro.
En segundo lugar, me dicen ustedes que se han producido una serie de traslados, han enumerado nombres, nombres que son públicos y que yo, por esa misma regla, también voy a hacer público aquí determinados nombres.
Domingo Troitiño Arranz, acercado de Las Palmas de Gran Canaria a la península, año 1998. Gobernaba el Partido Popular y ETA mataba, secuestraba y extorsionaba. Iñaki Arakama Mendía, trasladado a Valladolid desde Soto del Real, año 2001.
Gobernaban ustedes, gobernaba el PP, y ETA seguía matando. Iñaki Bilbao, 'Txikito'. ¿Saben quién es? Seguro que sí. Trasladado dos veces, desde Tenerife a Almería y desde Almería a Ocaña, años 1997 y 1999. ¿Saben quién gobernaba? Seguro que
sí. ETA seguía matando. Jesús María Echevarría Garaicoechea, acercado a Asturias desde Ocaña, año 1999. Gobernaba el Partido Popular.
En el período comprendido entre los años 1996 y 2004 y los años 2011 y 2018 se trasladaron en las prisiones españolas 803 condenados por terrorismo. Repito: 1996 a 2004 y 2011 a 2018, 803 personas. ¿Saben ustedes la diferencia entre lo
que hacían ustedes y lo que hemos hecho ahora? Que entonces ustedes no informaban a la opinión pública ni a las víctimas. Nosotros sí, y lo hacemos con luz y taquígrafos, y siempre después de que las víctimas conozcan los detalles de cada uno de
esos traslados.
¿Saben otra diferencia entre ustedes y nosotros? Que, cuando ustedes hacían esto, ETA mataba, y hoy lleva más de 11 años sin hacerlo. Esa es la diferencia entre unos y otros. Esa es la diferencia entre unos y otros. Luego les diré más.
(Murmullos). Sí, todos los jueves se notifica a las víctimas.
Le digo más. En algunas de las intervenciones, creo que fue el señor Gutiérrez, me pedía explicaciones sobre las juntas de tratamiento. Comprendo que el derecho penitenciario tiene aspectos que pueden ser técnicos y no tienen por qué
llegar. Las decisiones de las juntas de tratamiento no son las que marcan la política penitenciaria de un Gobierno, la política penitenciaria se marca en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Las juntas de tratamiento son órganos
colegiados técnicos que hacen sus propuestas.
Ahora, es más, le voy a decir el dato que usted me pedía. Hemos contabilizado una por una. Desde el mes de junio 2018 al mes de abril de 2021 se han hecho, por las juntas de tratamiento, 1740 propuestas en materia de condenados por delitos
de terrorismo. 1740 propuestas, de las cuales han llegado a la Secretaría General 1050. Las demás propuestas, las que no han llegado a la Secretaría General, son aquellas en las que las propuestas de las juntas no modificaban la situación
penitenciaria del interno y, además, el interno no las ha recurrido. Por tanto, quedaban firmes por esa situación.
De las 1050 que han llegado al centro directivo, 904, es decir, el 86 %, se han resuelto por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de manera idéntica a la propuesta recibida. Era la pregunta que usted hacía: '¿cuántas se
han recibido?' Pues mire usted: en el 86 % de los casos las hemos resuelto en el mismo sentido. En 146 casos hemos modificado el criterio. ¿Saben cuánto son 146 casos? El 13 %. ¿Saben ustedes el tanto por ciento de resoluciones que, con
carácter general y con independencia del delito cometido, modifica la Secretaría General en todo tipo de delitos cuando llegan las propuestas? Exactamente el 13 %.
Estamos aplicando, como dije en mi intervención inicial, los mismos criterios jurídicos y la misma interpretación que con el resto de los delitos. Creo que con ello doy cumplida respuesta al tema de los traslados.
Por supuesto, por terminar esta cuestión, me preguntaba el señor Robles la transferencia. Cuando se hace una transferencia, aplicamos la sentencia del Tribunal Constitucional que, acertadamente, mencionó el señor Legarda. El Estatuto vasco
es el que atribuye la competencia de las prisiones al Gobierno vasco, y, por supuesto, el Gobierno vasco interpretará y ejecutará las decisiones que adopte al amparo del marco normativo, marco normativo que seguirá siendo competencia del Estado,
pero su interpretación y aplicación pasa, como ha sucedido en Cataluña, a la aplicación del Gobierno que recibe las transferencias. Creo que en materia penitenciaria de terrorismo les he contestado.
Hay otro de los aspectos que han sido objeto de debate por todos ustedes, que es la nueva ley. Queremos, ante todo, hacer una ley que de verdad recoja y regule toda la situación que debe contener el marco jurídico de la función
penitenciaria. Por ese motivo, los trabajos -llevamos ya una serie de meses haciéndolos- son serios y rigurosos, en el sentido de que hay que respetar el marco jurídico que tenemos en España, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que
exige, para cuando se cambian las competencias, las funciones que como funcionarios nos afectan, el principio de legalidad, la cobertura presupuestaria, la obligatoriedad, la buena fe negocial, la publicidad y la transparencia.
Por ese motivo hace dos días el Congreso de los Diputados votó que no al texto que aquí se traía, y se votó que no porque ese texto no refiere todas las cuestiones que hay que regular en una ley moderna que regule para siempre. En este
sentido, el señor Cortés me hacía referencia, por ejemplo, a la categoría de centros. Efectivamente, tienen que saber ustedes que el sueldo es distinto en España en nueve categorías de centros. Eso hay que unificarlo, y es una de las peticiones -y
con razón- que hacen las organizaciones sindicales.
Por supuesto, también hay que regular -y eso no se hacía en el texto que ustedes votaron negativamente- la carrera profesional, y el pase o no al cuerpo al que tienen que pertenecer. Eso lo estamos haciendo de manera seria para que el
texto, cuando venga aquí, sea un texto sólido y que pueda tener el debate parlamentario que procede, pero que venga con unas bases sólidas. En eso estamos y en eso queremos seguir.
Siguiendo con las actuaciones que ustedes han dicho con funcionarios, el tema de las agresiones es un tema muy recurrente. Yo traigo aquí los datos, y las organizaciones sindicales también lo saben. El año pasado, 2020, hubo 175
agresiones, 120 leves, 51 sin lesiones y 4 con lesiones graves. Este es el balance del año 2020. En el año 2019 el número fue 223, idénticamente y el mismo dato que en el año 2018. Eso es lo que les puedo decir en cuanto a las agresiones. Por
supuesto, hay un protocolo que, en este momento, hay un grupo de trabajo para perfeccionarlo. No hay ningún problema en mejorar, como les digo, ese protocolo.
También había alguna de las preguntas que quedan pendientes y que paso a decirles. El señor José Vélez preguntaba, al hilo de lo que acabo de decir de la Ley de Función Profesional, qué decisiones se han adoptado en recursos humanos. Por
la extensión anterior, para no alargarla, no lo quise mencionar.
A lo largo de los últimos meses, la Administración Penitenciaria ha realizado, en materia de recursos humanos, las siguientes actuaciones:
Primero. Se han modificado los criterios para evitar los descuentos salariales en determinados supuestos, como hospitalización e intervención quirúrgica, tratamiento por enfermedades de larga duración o durante el período de gestación.
Segundo. Se ha modificado la asignación del complemento de productividad, que contempla la productividad vinculada al control del absentismo, la productividad del personal directivo y predirectivo y la productividad de los módulos
especiales.
Tercero. Se ha computado el período de prácticas para el acceso a la segunda actividad para los funcionarios del cuerpo de ayudantes que trabajan en el servicio interior y que llevan trabajando 25 años.
Se ha ampliado el catálogo de funciones que pueden desempeñar los funcionarios que pasan a la segunda actividad, de manera que no solo deban trabajar en oficinas, sino también puedan ampliar sus posibilidades de ocupar puestos en los que no
trabajan por turnos ni que tengan que trabajar de noche.
Se ha decidido que los servicios extraordinarios se compensen económicamente y no con días libres. Como consecuencia de la pandemia, se ha flexibilizado las jornadas y los horarios.
Se ha constituido una Comisión de Seguimiento del protocolo específico de agresiones contra funcionarios que les acabo de informar.
Se ha publicado un protocolo específico frente a agresiones a profesionales penitenciarios realizadas con personas no internadas en prisión.
A finales del año 2020 se repartieron los guantes, que se mencionó antes por el representante del Grupo Popular, teniendo en cuenta para ello las condiciones técnicas de anticortes y antipunción, y en estos momentos está constituido el grupo
de trabajo con las diferentes organizaciones sindicales para diseñar el nuevo uniforme de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
Estas son las actuaciones concretas que hemos realizado. Otra de sus preguntas hacía referencia, señor Vélez, al tratamiento concretamente en violencia de género. En violencia de género, en este momento es el tercer colectivo más numeroso
de las personas que están en prisión. Alcanzan los 8000 internos con algún delito por violencia de género. Quiero decirles que desde hace años se viene trabajando.
El último impulso que estamos dando es intentar que las personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad por ser autores de un delito de violencia de género, en lugar de hacer prestaciones de utilidad pública, hagan el programa de
tratamiento que tenemos previsto. Se llama Taller Regenera. Este taller comprende hasta 10 sesiones de trabajo. Se va a implantar, estamos en negociación ahora mismo con la Delegación del Gobierno en Andalucía, para que las ocho capitales
andaluzas y los municipios de más de 30 000 habitantes puedan implantar este programa de tratamiento para los condenados por violencia.
¿Por qué hacemos esto? Porque hemos llegado a conocer que este programa, que ya se viene aplicando en régimen cerrado, tiene una eficacia, ya que en el 92 % de los casos las personas que hicieron el programa no han vuelto a reincidir.
Solamente un 6,8 % han tenido algún tipo de denuncia, mientras que las personas que son condenadas por violencia de género y no hacen este programa tienen un nivel de reincidencia de hasta el 30 %. Por este motivo nos estamos esforzando en esa
materia.
Había un grupo de preguntas, de manera muy rápida por la hora que es. Señor Legarda, me alegra escuchar de usted la palabra 'humanizar'. Cuando uno está hablando de prisiones, esta palabra se suele utilizar poco. Por eso yo le agradezco
expresamente la utilización de la misma. La ley de cuerpos trataremos de traerla al Parlamento cuanto antes. La sanidad penitenciaria ya le contesté, al igual que el tema de las enfermedades mentales.
El informe de prisiones sobre mujeres gustosamente se lo mandaré. Está hecho. Lo hemos hecho, no lo hemos trasladado al Parlamento, pero subsanaré ese tema para que usted conozca el informe minucioso que hemos hecho de mujeres en prisión.
Preguntaba usted si pueden llamar los internos a cobro revertido. Efectivamente, hemos hecho mejoras ya en el tema de comunicaciones. Hay cuatro centros donde ya se está llamando a cobro revertido. Hay también cuatro centros en donde los
internos pueden llamar y dejar mensajes de voz, y estas utilidades nuevas se van a trasladar a la mitad de los centros antes del verano, y al finalizar este año estarán implantadas en todos los centros penitenciarios. Llamadas e imagen y voz, cobro
revertido, y poder recibir mensajes de voz. Esa es una de las prestaciones nuevas que estamos comprometidos con llevar a efecto.
Se ha mencionado por todos ustedes el tema de agentes de la autoridad, y preguntaba, señor Legarda, qué tanto por ciento de casos en donde no se ha reconocido. Efectivamente, nada más llegar a la responsabilidad que ocupo ahora encargué un
estudio. Por encima del 90 %, las resoluciones judiciales, cuando enjuician una agresión a un funcionario de prisiones le consideran agente de la autoridad. Es verdad que queda un 10 % donde no se hace.
Yo se lo dije a los sindicatos: estoy por la labor de que ese 10 % también se corrija. Ellos son -como usted bien ha expresado- agentes de la autoridad, y deben tener todo el amparo legal que la ley tiene. Por eso, tantas veces como me
han pedido informes, siempre he informado en el sentido de ser reconocidos con carácter inmediato de agentes de la autoridad.
Pero, es más, en la última iniciativa que aquí se presentó y que pidieron mi opinión, no solamente les dije que tenían que ser agentes de la autoridad, les dije también que hay que reconocer a nivel legal la indemnización directa, no esperar
a que el funcionario agredido en un proceso penal tenga que esperar la declaración de insolvencia del agresor para iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento.
Creo personalmente -y así lo acaba de decir el Tribunal Supremo hace unas semanas- que en estos casos la Administración tiene que indemnizar de manera directa. Así también creo que tiene que recogerse, y así va en el texto que estamos
trabajando de ley de cuerpos. Por último, hay que reconocer también a los funcionarios de prisiones que deben tener el mismo trato cuando son objeto de una detención que, por ejemplo, los cuerpos y fuerzas de seguridad, tienen que ir a módulos
distintos y en condiciones diferentes del resto de internos. Es una cautela que hay que tomar con ellos, y así se hace.
Creo que he contestado a todos, y quedo a la siguiente intervención para poder luego cerrar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, secretario general.
A continuación, vamos a iniciar ya la última ronda de los grupos de los que están aquí presentes. Del Grupo Mixto no veo a nadie. Grupo Vasco, el señor diputado Legarda Uriarte, si quiere hablar.
El señor LEGARDA URIARTE: Sí. Muchas gracias, presidenta.
Simplemente para agradecer al secretario general sus explicaciones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
A continuación, por el Grupo Ciudadanos, son tres minutos de lo que disponemos en este turno, el diputado, señor Gutiérrez Rivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidenta.
Seré también muy rápido, casi como el señor Legarda.
Señor Ortiz, gracias por sus respuestas. Créame que yo me alegro de los datos que usted nos ha presentado y ha dicho, que yo no los pongo en duda, simplemente que los datos, como usted bien sabe, se puede contar de muchas formas, y a veces
hay formas interesadas de contarlos. De esto, en fin, hay experiencia en su Gobierno mucha, precisamente durante esta pandemia.
Entonces, me alegro, y por supuesto que me alegro de que, además, pueda ser un ejemplo para instituciones penitenciarias de otros países. Por supuesto que sí, creo que, si podemos dar un ejemplo bueno de algo, nuestra obligación es hacerlo
y, desde luego, sentirnos orgullosos todos los que creemos que este Estado debe funcionar de forma correcta.
Así que yo me alegro mucho de esos datos, pero permítame también que, como los datos se pueden contar de muchas maneras distintas, tenga ciertas salvedades sobre cómo está usted contando los datos, frente a otros datos que también nos
cuentan otros. Eso es simplemente lo que le quería decir.
Me gustaría saber, y por eso le hago como le gusta, y nos va a responder tres preguntas sobre la nueva Ley de Función Pública Penitenciaria: ¿tiene usted informe favorable del Ministerio de Hacienda sobre esa ley? ¿Tiene algún informe
favorable de la (no se entiende lo que dice)? ¿Tiene informe favorable de la Dirección General de Función Pública, o ni siquiera los han llevado todavía a estos al menos tres organismos? Me interesa saber cuál es el estado, y si les han contestado
ya.
Finalizo. Sobre lo que le decía, de la Junta de Tratamiento y los informes de las juntas de tratamiento. Usted me dice que con el 13 %, que es el mismo... A mí me parece muy bien. Yo le pregunté una cosa y usted me ha respondido. Pero
lo que no entiendo o no comparto con usted es la justificación: 'no, como es el 13 %, es lo mismo que hacemos en todas', entonces, a mí me parece que no es igual, aunque usted crea que los delitos, jurídicamente -y entiendo su punto de vista-, debe
ser exactamente igual el trato a uno que otro, pero que deba de ser legalmente no quiere decir que tenga que ser el mismo, si hay otra manera de hacer las cosas.
Entonces yo pienso que ningún preso de la organización terrorista ETA con informe desfavorable de la Junta de Tratamiento debería ser acercado. Usted piensa lo contrario, y el ministro también, evidentemente que lo piensa. Que es justo o
que jurídicamente es irreprochable hacerlo, faltaría más, porque entonces estaríamos hablando de otra cosa, y seguramente usted no estaría compareciendo ante el Congreso los Diputados sino ante un juzgado.
Entonces yo lo que le digo es que entiendo su posición, pero se puede hacer las cosas de otra manera. Se puede hacer las cosas de otra manera, con independencia de que lo comuniquen a las víctimas o a quien quiera, se pueden hacer de otra
manera, y yo estoy en mi derecho de pensar que, desde luego, nosotros o nuestro grupo lo haría de otra manera, y por supuesto que no aceptamos que lo hagan ustedes así, porque por eso es políticamente criticable, porque es una decisión política la
que ustedes han tomado, frente a un chantaje que les hacen otros grupos parlamentarios.
Bueno, me parece bien. Yo lo tengo que denunciar, porque yo no lo haría. Por tanto, estoy en mi derecho de denunciarlo, y eso es lo que yo quiero que usted entienda.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez.
A continuación, por el Grupo de Unidas Podemos tiene la palabra el diputado, señor Cortés Gómez.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidenta. Gracias, señor secretario general por las respuestas ofrecidas.
Quería recuperar el tema de los delitos de odio. Para mí este es un tema particularmente preocupante, al que me he dedicado en los últimos seis años de mi vida, primero como investigador y ahora como representante político. Quería
preguntarle si conoce episodios de justicia restaurativa, también conocida como justicia compasiva, entre víctimas y victimarios de delitos de odio, o si prevé que esto tenga lugar.
La función concreta de la justicia restaurativa, más allá de una función punitiva para los individuos implicados, el último objetivo es la reconciliación colectiva entre grupos enfrentados. A esto, a colación de lo que señalaba el portavoz
de Vox, el señor Smith, tengo que decirle que desde mi grupo parlamentario y desde mi posición particular creo que han cruzado todas las líneas rojas con la campaña electoral que han desplegado en el metro de Madrid, con la criminalización de la
pobreza, la criminalización de la migración.
Somos un país en el que han existido menores inmigrantes que los países de nuestro entorno europeo. Mi abuelo, sin ir más lejos, pero millones de españoles y de españolas. Por lo tanto, no crucemos esa línea roja ética y política. Ayer ya
la ministra de Igualdad y la ministra de Derechos Sociales condenaron esta propaganda de manera enérgica, y declararon públicamente la denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio.
Tengo que decir también -tengo que hacer memoria- que, anteriormente, en una campaña municipal de Badalona, primero en 2011 y después en 2015, Xavier García Albiol también desplegó una propaganda racista contra los migrantes gitanos rumanos,
con una campaña que decía: 'limpiando Badalona', y anteriormente: 'más seguridad, rumanos fuera'.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cortés.
A continuación, tiene la palabra el Grupo Vox, el diputado, señor Ortega Smith-Molina.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
Iré rápido, porque son tres minutos, lógicamente. En primer lugar, la comparecencia, la gran diferencia no es que usted nos diga que ha comparecido aquí a hablar de lo que le ha parecido a usted conveniente, bien sea en materia
presupuestaria o bien las líneas generales de su departamento. Aquí se comparece a petición de grupos para hablar de lo que solicitan los grupos. Esa es la gran diferencia, y reitero que usted no ha venido a hablar sino casi un año después del
coronavirus.
En cuanto... Me pregunta usted la política penitenciaria. Claro que hay diferenciación entre unos presos y otros. Claro que sí. Para eso precisamente se aprobaron las legislaciones antiterroristas y las políticas penitenciarias de
dispersión de presos. Además, eso tendrán que explicarlo ustedes en los diferentes recursos que han puesto las víctimas sobre esos acercamientos que no cumplen los requisitos básicos, esos requisitos que parecen de sentido común.
No puede haber ningún tipo de beneficio penitenciario, ningún tipo de acercamiento a quienes, uno, no colaboran con la justicia en el esclarecimiento de los delitos, de los hechos de los que han formado parte en su organización; dos,
quienes no condenen públicamente a la banda terrorista ETA, a sus criminales, a sus asesinos, pero también a sus fines políticos, por tanto, desacreditando a esa organización terrorista y a todos los que todavía siguen justificándola y colaborando,
saliéndose de cualquier tipo de organización o de colectivo de presos.
Por tanto, si no cumplen los requisitos, evidentemente, la política penitenciaria de un Gobierno, y si no, me dirá usted que han actuado de manera ilegal los demás Gobiernos que sí mantuvieron una política penitenciaria, entre otros, por
cierto, también gobiernos socialistas.
También tendrá que responder, y aprovecho para decírselo, a la querella que colectivos de funcionarios de prisiones han interpuesto contra usted, como sabe, y que ha sido admitida en un juzgado de instrucción de Madrid, por el abandono que
han sufrido en el coronavirus, por gravísimos delitos de lesiones y contra la seguridad de los trabajadores. Espero que en ese juicio tenga usted la oportunidad de explicar lo magnífica que ha sido su gestión al frente de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.
Me gustaría que también públicamente le respondiera al diputado Alcaraz cuándo, en qué momento y por qué medio comunicó a su familia del acercamiento del preso, asesino de 39 víctimas, Henri Parot, desde la prisión de Cádiz, en Andalucía, a
la prisión de León. Dígame cuándo, qué día, en qué carta, en qué llamada, y al resto de las víctimas que están aquí. No me diga usted que hicieron un anuncio público, dígame cuándo exactamente.
Por último -voy terminando, señora presidenta-, usted nos ha relatado una lista interminable de organizaciones internacionales que, por lo visto, le han llamado, le han preguntado lo que ha hecho y, además, parece ser que le han felicitado.
Creo que se ha olvidado de decirnos si ha escuchado a los funcionarios de prisiones, que creo que no tienen el mismo criterio que usted.
Como no puedo dejar de atender a una alusión tan directa del representante de Podemos, le diré que la única línea roja que se ha traspasado ha sido la del comunismo de la extrema izquierda, lanzando piedras, golpeando, amedrentando y
asaltando los actos políticos de Vox, saltándose cualquier respeto democrático y cualquier legalidad.
Con respecto a los carteles donde denunciamos la verdad, no solo seguiremos haciéndolo, sino que ya vemos que a ustedes les molesta mucho que pongamos en evidencia lo que nos cuesta a los españoles la inmigración ilegal y lo mucho que se
desprecia y lo poco que se gasta, por ejemplo, en las viudas o en los jóvenes españoles que tienen más derecho -y lo digo así de claro- que todos los inmigrantes ilegales juntos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: El Grupo Popular es el que tiene la palabra. El señor Rojas García.
El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia.
Señor secretario general de Instituciones Penitenciarias, gracias por el tono. Evidentemente, estamos bastante dispares en los criterios. Usted tiene una forma de ver las cosas, nosotros tenemos claramente otra, y creo que han quedado de
manifiesto ya muchas aseveraciones que no han sido respondidas por su señoría. Entiendo que son asumidas. Por ejemplo, que desde el 2018 todas sus promesas al colectivo de funcionarios de prisiones se han incumplido. Les prometió una subida
salarial inmediata que siguen esperando. Usted les llamó prometiéndoles la subida cuando llegó al cargo, y 24 horas después borró el rastro de sus propias palabras.
La Mesa de negociación para esa ley que anuncia para que regule el trabajo de los funcionarios está, de momento, atascada. Aunque su señoría lo ha anunciado aquí esta mañana, sabe y es consciente de que la Mesa está atascada y las protestas
están precisamente hoy en la calle, y no ha dicho nada. Por tanto, las asume.
Si, efectivamente, usted compareció aquí en diciembre del 2018, reconocerá y convendrá conmigo su señoría en que es un espacio demasiado largo. Si usted no ha venido antes, posiblemente -fíjese, en su descargo, seguramente- no será por su
culpa, sino que es por la desorganización que hay en el Ministerio del Interior, que preside y comanda el señor Marlaska.
Usted decía: 'nosotros ponemos la luz y el taquígrafo'. No estoy de acuerdo con eso, señoría. No estamos de acuerdo. Dígame, cuando antes pedía qué ley ampara el diferente tratamiento a los terroristas en la redención de sus penas, usted
pedía qué ley ampara eso, yo no le pregunto también: 'dígame, señor secretario general, en qué ley está escrito que hay que acercar cinco presos todos los viernes, ¿dónde está esa ley?'
Es decir, aquí lo que hay es un acuerdo político, y es un acuerdo que es vergonzante, señoría. Cinco todos los viernes. Con esa cadencia, con esa falta de respeto a las víctimas. Usted tiene que convenir conmigo en que eso es una absoluta
vergüenza que tenemos que estar viviendo todos los españoles, y no podemos estar de acuerdo con eso. Es un acuerdo político y un mal acuerdo político. Es meter presión a la política penitenciaria, es meter presión a las juntas de tratamiento.
Usted dice que las juntas de tratamientos no marcan la política penitenciaria del Gobierno. Pero, efectivamente, como decía el portavoz de Ciudadanos, en un tema tan sensible como este la tienen que marcar. No pueden ir con el criterio
contrario de una Junta de Tratamiento acercando a un preso de ETA. No pueden sencillamente hacer eso. Señorías, tienen que atender a las juntas de tratamiento, porque aquí se está demostrando que la política penitenciaria no la marca el Gobierno
ni la marca usted, la marca Bildu. La marca Bildu. Ese es el fruto del pacto. Eso es lo que España ve, y lo que le estamos diciendo, precisamente, con mucho respeto hoy, señoría.
Voy a concluir prácticamente al hilo de si las víctimas son avisadas, no son avisadas, no con una frase mía, sino de la presidenta de la Asociación de Víctimas por el Terrorismo. Abro comillas: 'Marlaska nos dijo que no acercaría etarras
con delitos de sangre, y ahora ni nos recibe'. Fin de la cita. Yo creo que no hay mucho más que decir en este sentido, señoría.
Ya para terminar, si me permite. Antes se lo he comentado en mi primera intervención: me gustaría que usted aclarara, estas cartas de arrepentimiento, de supuesto arrepentimiento, que la Audiencia ha dicho que no son de arrepentimiento ni
por asomo, señoría, que la Audiencia ha rechazado, concretamente diciendo que estas cartas de arrepentimiento, con las que los presos etarras logran beneficios de Interior, tienen un mero carácter finalista, y no contienen una petición de perdón
expresa a las víctimas de sus acciones. Frases de la Audiencia.
Por tanto, señoría, ¿me puede aclarar de dónde parten estas cartas? ¿Tiene su departamento algo que ver en la elaboración, confección de las mismas, distribución? Es decir, ¿realmente nos puede explicar cuál es su posición ante la
declaración de la Audiencia? Porque esto es importante a la hora de tomar criterio y consideración, y marca una diferencia muy clara en la política penitenciaria con la que se ha seguido.
Señoría -termino, señora presidenta, gracias por su benevolencia-, explíquenos también, señor secretario general, cómo van las transferencias al País Vasco, porque tampoco se ha pronunciado en qué condiciones, y si puede aclarar un poco, se
lo agradeceríamos, porque entendemos que es su obligación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el diputado Rafael José Vélez.
El señor JOSÉ VÉLEZ: Gracias de nuevo, señora presidenta.
Se habla de las cartas de arrepentimiento. Señor Rojas, ¿es capaz de decirme cuántas presentaron los que ustedes trasladaron? ¿Tiene algún modelo para comparar con las de ahora?
Vamos al tema que nos ocupa y no a la disfunción de esta comisión. Señor secretario general, sabemos y comprendemos que es difícil revertir en poco tiempo lo que se ha degradado en siete años, siendo Instituciones Penitenciarias uno de los
sectores más degradados por el Partido Popular. Pero ahora ya tienen todas las soluciones. El problema es que no están gobernando, ni van a gobernar.
Ya se están resolviendo los problemas de plantilla, por lo que nos ha dicho, y así lo manifestamos también en el Pleno del otro día, que parece que quieren usar la moviola, con la incorporación de 3252 funcionarios en Sanidad Penitenciaria,
y no es porque haya que motivar un traslado, es que la responsabilidad está en las comunidades autónomas, y le invitamos a que siga impulsándolo, ¿o acaso, como decía el señor Ortega Smith en otro caso, hay españoles que son objeto de derecho de
forma subjetiva? ¿No tiene el mismo derecho un preso enfermo al que se ha tratado por la sanidad pública que un español que no está en reclusión? Sospecho que tienen el mismo. No me atrevo a asegurarlo, porque, si gobernaran, tendría muchas
dudas.
Respecto a los cambios legislativos, animarle a que siga, que los impulse y, por supuesto, de la mano del consenso con las organizaciones sindicales.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario general para el último turno de réplica.
El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Ortiz González): Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a todos por expresar sus ideas con el mismo respeto que la vez anterior.
Empiezo por el tema de las preguntas -que ha habido más de una- sobre el tema de las decisiones que se adoptan en relación con los presos condenados por terrorismo. La comunicación a las víctimas se hace a través de la Dirección General de
Apoyo a Víctimas, siempre con carácter previo. La Dirección General de Apoyo a Víctimas me consta que comunica a las asociaciones de víctimas. Esa es la situación en la que se hace.
Es posible que todo sea susceptible de mejora. No se preocupen, que tomamos nota. Les digo siempre desde el respeto que merece la consideración de toda víctima de un delito, y más de un delito terrorista.
Algunas otras cuestiones. En casi tres años, y teniendo en cuenta que en estos tres años se ha producido el número de traslados que ustedes conocen, porque es un hecho público, en los casi tres años decirles que no hay ninguna decisión
judicial en contra por ninguno de los traslados hechos. No sé si estaremos cumpliendo la ley o no, pero les digo de verdad que no hay ninguna.
Ese dato también es público, porque si hubiera alguna, sería público y lo conocerían. (Murmullos). Es discutible. Ahora mismo no vamos a entrar en disquisiciones, pero los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa tienen la
competencia en España, no los jueces de vigilancia, para cuestionar las decisiones que adopta la Administración penitenciaria a la hora de asignar un centro de cumplimiento. Ese es un precedente, fue una excepción al control jurisdiccional que hace
la jurisdicción de vigilancia. Ese tema en concreto está residenciado en los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Me preguntaba, señor Rojas: 'dígame la ley en la que se dice que un etarra -creo que expresó-, un condenado por terrorismo tiene que cumplir su condena al lado de su casa o en su zona de arraigo'. Me hizo esa pregunta directa. Me dijo que
le dijera la ley. (Murmullos). Ninguna ley. Lo que sí le digo es que el artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dice que las personas en prisión tienen que cumplir la condena en zonas o en centros próximos a su zona de arraigo.
Artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
El artículo 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en contestación a la pregunta del primer turno del señor Smith, dice que no se admite en la clasificación de los internos y en el tratamiento, ninguna diferencia que tenga que ver con
el delito cometido. Quiero que eso lo sepan.
El tema de las cartas de arrepentimiento. Efectivamente, hay una resolución, que creo que la mencionó usted, de la Audiencia Nacional, haciendo una valoración de esas cartas. Esa resolución de la Audiencia Nacional creo que se produjo con
ocasión de un permiso de salida donde se cuestionaba eso. Efectivamente, hay un trato diferenciador en el marco jurídico, concretamente en el Código Penal, y luego tiene su reflejo en la Ley Orgánica General Penitenciaria, respecto a las decisiones
que afectan a condenados por delitos de terrorismo cuando haya que adoptar su tercer grado o su libertad condicional.
¿Hay allí un trato diferenciado? Efectivamente. Pero lo que estamos resolviendo nosotros en la mayoría de las ocasiones no son ni libertades condicionales, que es decisión de los jueces, ni progresiones a tercer grado. Cuando hay una
progresión a tercer grado, usted sabe que lo pueden recurrir, y no hay ninguna resolución en donde se haya echado para atrás nuestra decisión nuestra.
Quiero decirles, las cartas de arrepentimiento se valoran jurídicamente cuando hay que resolver un tercer grado, una libertad condicional, pero no para decidir sobre la asignación del centro de cumplimiento. No se exige ningún requisito,
más allá de lo que establece el artículo 12, que le decía yo, de la Ley
Orgánica General Penitenciaria. Perdónenme que haya sido posiblemente demasiado técnico en esto, pero creo que era importante que ustedes lo conozcan.
Faltaba el tema de la transferencia al País Vasco. El acuerdo, como ha sido público y notorio, está cerrado, y se realizará en los próximos meses. El Gobierno vasco asumirá la competencia de las tres prisiones vascas con absoluta
normalidad, porque es una competencia que está en el Estatuto, y lo anormal era lo que estábamos viviendo, no lo que se va a producir en los próximos meses.
Me preguntaba el señor Gutiérrez si tiene el informe favorable de Hacienda, de la (no se entiende lo que dice) y de Función Pública. Efectivamente, ha dado usted en el clavo. Esos son los informes favorables que hay que conseguir, y en eso
estamos. A diferencia de otros textos, de otras propuestas que llegan sin ningún tipo, ni de memoria económica, ni siquiera recogiendo aspectos retributivos que para los funcionarios son muy importantes, a diferencia de otros textos, en este, en el
que estamos trabajando, queremos que eso se refleje. (Murmullos).
Señor Gutiérrez, queremos ofrecer el mejor producto a esta Cámara para que pueda hacerlo. (Murmullos).
Pueden hacer todas las leyes que quieran, y de las mejores formas, y en este caso me alegraría muchísimo que lo hicieran.
Decirles, para acabar, que me llenó de satisfacción escuchar en la primera intervención del señor Ortega Smith una alabanza que hizo, que expresó su satisfacción por el programa de los delitos de odio. Me alegro muchísimo de esa
satisfacción de la que usted ha hecho hoy gala aquí. También hizo usted una referencia, señor Cortés, sobre el tema de los delitos de odio. Me alegro de esa reflexión.
Con independencia de lo que yo diga aquí, de las cifras que según el señor Gutiérrez yo no doy cifras veraces, les voy a dejar para su lectura y conocimiento el informe (no se entiende lo que dice) que ha publicado este mes de abril, parece
que en el Consejo de Europa estaban esperando que nos reuniéramos, que me convocaran ustedes. Este mes de abril el Consejo de Europa hace un informe comparativo de la situación penitenciaria de los 47 países que forman parte del Consejo de Europa.
Les recomiendo su lectura. Creo que, como diputados que representan al pueblo español, se van a sentir ustedes muy orgullosos del sistema penitenciario que tiene España.
Solo por abordarles alguno de los datos que aquí van a encontrar. Frente al 86 % de ocupación media de Europa en las prisiones, España tiene un 68,5. Países como Italia y Francia presentan unas tasas de sobreocupación, en el caso de Italia
del 120 %, en el caso de Francia del 116. La tasa de mortalidad es casi la mitad de la media europea: 28,4 fallecidos por cada 10 000 internos en España. El Consejo de Europa registra la media en 47,7. España tiene el 28,4. La tasa de suicidios
en España es del 8,6 la media, 8,6 por cada 10 000 internos. En Europa la tasa de suicidios está en el 25,1.
Es verdad que hay algún punto en el que no somos precisamente líderes, y esto, al hilo de la intervención que hacía el señor Gutiérrez, es competencia de ustedes. Según el Consejo de Europa, tenemos una legislación penitenciaria muy dura,
muy severa, y prueba de ello es que dice que las condenas en España superan la media europea que tienen en otros países. Las personas que van a las prisiones en España están más tiempo en prisión que el resto de los países de nuestro entorno.
Podría seguir diciéndoles otros datos. Uno muy relevante. Yo me siento orgulloso, señor Ortega Smith, de que la tasa del número de personas en prisión disminuya. Eso es para sentirse orgulloso cualquier país. Decirle que disminuye
porque, a diferencia de otros países, las tasas de condena, por ejemplo, por homicidios en España es del 7,4. La media europea es del 12,7.
Los delitos sexuales en España, la tasa de condena es del 6,9. La media europea es del 8,8. Todos esos datos ponen de manifiesto: primero, que somos un país seguro, porque las tasas de criminalidad son de las más bajas de Europa. Primer
punto. Segundo punto: que el sistema penitenciario español... Creo que deben sentirse orgullosos, porque esto no es mérito mío, yo solamente llevo dos años y medio aquí, aquí pasaron otros responsables de Instituciones Penitenciarias de distintos
partidos políticos, y ellos han conseguido, y un poquito yo, que tengamos un sistema penitenciario ejemplar y de los mejor valorados, y eso, como representantes del pueblo español, me imagino que les debe llenar de satisfacción.
Por supuesto que la gestión es siempre susceptible de mejora. Toda obra humana lo es. En ese sentido, y para terminar, decirles que, por ese motivo, porque el éxito del sistema penitenciario está aquí escrito, estamos esforzándonos para
que los funcionarios de prisiones reciban las condiciones de trabajo dignas que merecen, y en esa línea vamos a seguir esforzándonos para que el texto que ustedes van a trabajar y sobre el que tienen plena competencia -no hay ninguna duda de ello-,
sobre ese texto llegue
a la Cámara en las mejores condiciones y con todos los merecimientos y los reconocimientos que, como les digo, los funcionarios de prisiones merecen.
Nada más. Muchas gracias por su atención. (Murmullos). Se lo dejo llegar a la presidenta. Espero que la próxima vez los vea antes de que transcurra un año. Estoy muy cerca, cualquier día... Por supuesto, tienen mi despacho abierto y
les doy las explicaciones que consideren sobre las cuestiones que estimen oportuno. Siempre tendrán mi despacho abierto, porque, como representantes del pueblo español, tienen el derecho a saber y a que yo les explique todo lo que quieran saber.
Muchas gracias por su paciencia, ante todo. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor secretario general de Instituciones Penitenciarias, por todas las explicaciones, por la dedicación, por asistir aquí, y esperamos, efectivamente, tener ocasión de seguir viéndonos en el
futuro.
A todas las diputadas y diputados asistentes, muchas gracias, cuídense mucho, y nos vemos en la próxima Comisión de Interior.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y diez minutos de la tarde.