Ruta de navegación
Publicaciones
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 315
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ
Sesión núm. 12
celebrada el jueves,
11 de marzo de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la conmemoración de las víctimas del comunismo. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/001520) ... (Página2)
- Sobre la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones como la del COVID-19. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001697) ... (Página2)
- Relativa a la recuperación para el patrimonio público de la Casa Cornide. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/001837) ...
- Relativa a la defensa del derecho fundamental a la propiedad privada consagrado por la Constitución española. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002109) ...
Votaciones ... (Página19)
Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones:
- Para la reforma de las instituciones del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 158/000006) ... (Página15)
- Para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente
158/000020) ... (Página15)
Se abre la sesión a las cuatro y media de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO EN SITUACIONES COMO LA DEL COVID-19. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001697).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Antes de comenzar les comunico, aunque creo que ya lo sabe la mayoría, que se han retirado del orden del día los puntos primero y quinto, y, por lo tanto, empezaremos el
debate sobre el punto segundo, porque esta es una sesión en la que debatiremos y votaremos, en su caso, proposiciones no de ley y también la constitución de una subcomisión.
Por lo tanto, sin más, pasamos al debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones como la del COVID-19. Recuerdo también algo que también sabrán, pero
que es que el que defiende una PNL, cinco minutos, el que enmienda, cuatro, y el que fija posición, tres. Tiene la palabra para la defensa de esta proposición no de ley el señor Elorza González.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, quiere el Grupo Socialista aprovechar que se cumple ahora un año de la declaración del estado de alarma como consecuencia de la pandemia para debatir, analizar y reflexionar -y
no otra cosa- cómo ha sido el funcionamiento de nuestro Congreso durante este tiempo. Ciertamente, ha habido actuaciones, mecanismos que han permitido el funcionamiento del Congreso realmente novedosos y no esperados (nadie sabía que iba a llegar
este virus), y, por lo tanto, la situación de emergencia sanitaria nos ha permitido ensayar aplicaciones tecnológicas e interpretar por parte de la Mesa y Portavoces de una manera, sin duda, flexible el Reglamento de la Cámara para poder desarrollar
la actividad esencial del Congreso, una actividad esencial en una democracia, para el ejercicio de las iniciativas legislativas y también, sin duda, del control parlamentario, como establece el artículo 116 de la Constitución Española.
La aparición en España del coronavirus de produce, como saben ustedes, a inicios de marzo. El 10 de marzo de 2020, se acuerda por la Presidencia del Congreso precisamente un cierre preventivo de actividades como consecuencia del contagio
que experimentan unos diputados del Grupo Parlamentario Vox. A continuación, el día 12, se procede a suspender los plenos y comisiones, y ya todo ello de acuerdo con la Junta de Portavoces y la Mesa del Congreso. Lo cierto es que esa paralización
se ve ya oficialmente confirmada a todos los efectos con la declaración del estado de alarma que acuerda el Gobierno el 14 de marzo.
El Congreso permaneció, excepto esos días iniciales, una semana, un poco como consecuencia de la novedad, de la gravedad de la situación, permaneció abierto en su actividad. Como corresponde en un estado de derecho, el Parlamento nunca
puede cerrar, como institución además garante de la democracia, en especial, de cuestiones como la defensa del pluralismo, la función legislativa y el control legislativo. Y queremos señalar los socialistas -porque a veces se olvida- que,
habiéndose declarado el estado de alarma el día 15 por el Consejo de Ministros, se celebraron plenos el 18 de marzo, el 25 de marzo, el 9 y el 22 de abril, el 6 y el 20 de mayo, y no sigo. Y aparte de esto, se celebraron también, porque se hizo
posible, como luego explicaremos, mediante una combinación presencial con lo virtual y con ayuda de los sistemas telemáticos, de la infraestructura tecnológica del Congreso, una opción realmente novedosa, se hizo posible que, a pesar del
confinamiento general o perimetral luego, se pudieran celebrar plenos, plenos híbridos, una fórmula novedosa, y comisiones, comisiones fundamentalmente sectoriales de sanidad para hacer el control y seguimiento, y luego comisiones, digamos, de todo
tipo, normales, con una presencia, en inicio, reducida de portavoces y luego ya, poco a poco, ampliada, hasta llegar al día de hoy.
Pues bien, entiende el Grupo Parlamentario Socialista que es bueno y necesario reflexionar y estudiar en caliente la adaptación de nuestro Reglamento del Congreso para dar cobertura reglamentaria y soporte a las fórmulas de funcionamiento a
seguir en este tipo de escenarios de excepcional gravedad, contemplados, como digo, en el artículo 116 de la Constitución. En esta reflexión, yo sugiero, de verdad, si a alguien le interesa, la lectura del trabajo de Rafa Rubio y Miguel Ángel
Gonzalo, que es un directivo, por cierto, de esta Casa, que han hecho un trabajo titulado 'Presencialidad y excepcionalidad en el Parlamento en tiempos de pandemia global', y también sugiero un estudio más crítico pero muy, muy
interesante de José Tudela, letrado de las Cortes de Aragón en excedencia, sobre 'Parlamento y estado de alarma'.
Pues bien, críticas o cuestiones que habría que analizar en este momento, después de un año, y son temas acordados en su día por la Mesa y Junta de Portavoces que tienen su singularidad: los nuevos mecanismos operativos que nos hemos
brindado para funcionar, los niveles mínimos presenciales de asistencia a plenos y comisiones, las fórmulas de teletrabajo para funcionarios y también para diputados y diputadas, y el uso de aplicaciones tecnológicas de comunicación. Porque la
infraestructura tecnológica de esta Casa, por cierto, muy bien llevada, muy bien dirigida por un equipo de personal vinculado a la Secretaría General, por técnicos, hombres y mujeres, que han hecho una labor muy eficiente, ha permitido reuniones por
videoconferencia, asistencias virtuales, ha potenciado la administración electrónica y ha permitido las votaciones telemáticas, con las cuestiones que hay detrás de todo ello.
Pues bien, también podrían incorporarse al Reglamento, consideramos los socialistas, si esta vía se abre, nuevos cauces de transparencia informativa y de participación ciudadana en la vida parlamentaria en favor de procesos legislativos
abiertos. La Mesa y Junta de Portavoces han cumplido, creo, su labor. Estos plenos se han desarrollado con una asistencia simbólica de diputados utilizando el voto telemático y pudiendo seguir además el desarrollo de los plenos mediante el Canal
Parlamento, que es una cuestión de gran importancia que habría que difundir, y también mediante las aportaciones y la documentación... (el señor presidente: 'Señor Elorza, debe concluir'), si me permite, en la web del Congreso, que está en proceso
de renovación.
Por tanto, nada más. Hemos hecho lo que han hecho otros parlamentos del mundo que hemos estudiado, hasta catorce, y cito el ejemplo de la reforma del reglamento para dar cobertura a estas novedosas intervenciones tecnológicas del caso del
Parlamento de las Islas Baleares, que ha trabajado muy bien. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Muchas gracias. A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Vox y para defenderla tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señor presidente. Yo celebro la expresión inicial del señor Elorza 'reflexionar' porque, efectivamente, es bueno reflexionar sobre esta cuestión, y, evidentemente, esa reflexión no se puede agotar en un
solo texto, ni tampoco mezclar lo que puede ser la cuestión de fondo de la reflexión con los medios materiales a acompañar ante una situación como la que hemos vivido.
Permítame que empiece por una cuestión puramente anecdótica, quizá la, en fin, poca falta de cortesía que significa en el texto de la iniciativa y en la propia intervención del señor Elorza -pero lo digo sin ánimo de reproche, es puramente
descriptivo- señalar toda la situación como derivada del contagio de un diputado de Vox. Este grupo parlamentario tuvo la lealtad con la institución, con los trabajadores de la Casa y con las señoras y señores miembros de la institución, de
inmediatamente comunicar el hecho y someterse todo el grupo a un confinamiento preventivo. Cuarenta y ocho horas antes de ese suceso habíamos tenido la oportunidad de ver a señoras ministras en la manifestación del 8M ya con guantes higiénicos
preventivos, cuando el portavoz oficial del Gobierno para estas cuestiones, el señor Simón, había dicho que no había ningún riesgo de asistir a esas manifestaciones. Pero, insisto, esta es una cuestión puramente anecdótica.
En cuanto al planteamiento del asunto, dice la iniciativa que el Congreso ha permanecido abierto, y yo puedo añadir que físicamente sí permaneció abierto, pero quizá funcionalmente no. Miren, el 19 de marzo, la Mesa, con el voto en contra
de la vicepresidenta segunda, del secretario cuarto y este vicepresidente cuarto que les habla, adoptó el acuerdo de 'suspender, desde el día 19 de marzo, el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en
tramitación de la Cámara hasta que la Mesa levante la suspensión', es decir, de un modo indefinido, genérico, 'hasta que la Mesa levante la suspensión'. Desde el punto de vista de mi grupo, esto suponía una vulneración clara del artículo 23.2 de la
Constitución en relación con el artículo 66.2, muy especialmente en lo dispuesto en el punto 5 del artículo 116 y, desde luego, manifiestamente contrario a la dicción literal de lo establecido en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, relativa a los
estados de alarma, excepción y sitio, donde se señala expresamente que la declaración de estos estados no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. Aquí, con esa decisión de la Mesa, de inicio hubo una
interrupción manifiesta, una interrupción manifiesta que afectaba a elementos fundamentales para el desarrollo del ipsum officium de los parlamentarios como es la solicitud de información, como son las preguntas por escrito dirigidas al
Gobierno, como es la admisión de informes por ponencias, como es la admisión de dictámenes por las comisiones, la inclusión de proposiciones de ley en el orden del día del Pleno a efectos de toma en consideración, la presentación de
enmiendas, la emisión o no de conformidad por el Gobierno a la tramitación de proposiciones de ley, etcétera.
En definitiva, frente a eso, mi grupo parlamentario presentó un escrito de reconsideración, que fue rechazado, y posteriormente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que en este momento está todavía pendiente de contestación.
Los datos son los datos: desde el 9 de marzo hasta el 30 de ese mes, la Mesa no calificó ninguna iniciativa; desde el 26 de febrero hasta el 15 de abril, no hubo sesiones de control sino solo preguntas, es decir, no se completa la sesión de
control porque no se admitieron las proposiciones no de ley ni las mociones consecuencias de interpelación. Es cierto, como señalaba el señor Elorza, que la Cámara celebró plenos los días 18 y 25 de marzo y 9 de abril, pero exclusivamente
circunscritos a las solicitudes de prórroga de los correspondientes estados de alarma, y luego, cuando se incorporó a partir del día 15, esas sesiones de control lo fueron en la forma mermada que acabo de señalar.
Desde luego, hablar de que hubo un normal funcionamiento de las comisiones no se ciñe a la realidad, a la realidad de ese momento, del momento del confinamiento. Si se mezcla eso con la situación... (el señor presidente: 'Señor Gil
Lázaro, debe concluir'), termino, con la situación actual, pues solo se reunió en esa situación.
Por tanto, termino, señor presidente, aunque habría muchas otras consideraciones en relación a la emisión del voto telemático, diciendo que nosotros consideramos que no hace falta ningún tipo de reforma reglamentaria específica, sino solo
que la Mesa de la Cámara, en el ejercicio de sus competencias reglamentarias, asegure el pleno y normal funcionamiento de la institución conforme al mandato de la Constitución, sin merma alguna de esta en el supuesto de reproducirse situaciones
análogas a las ocasionadas por la COVID-19. Dicho todo eso,...
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Muchas gracias. Ha cumplido sobradamente con su tiempo. Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones. Empezamos con el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente. Escuchando las palabras del señor Elorza, honestamente, yo me sorprendo un poco de lo que considera una actividad normal por parte del Parlamento.
La verdad es que este Gobierno y todos en general, porque yo creo que es algo que apoyamos todos, estamos reclamando a las empresas la digitalización de sus empresas, apostando por la industria 4.0, por la mejora de los servicios de
digitalización. Hemos hecho que la gente tenga que teletrabajar y por tanto muchas empresas adaptarse a eso, y este Gobierno no ha hecho nada, esta Cámara, quiero decir, esto no corresponde al Gobierno sino a esta Cámara, esta Cámara no ha hecho
nada por avanzar.
Usted habla de que tenemos unos sistemas tecnológicos estupendos. Bueno, son estupendos para hacer lo que estamos haciendo, pero, desde luego, no para ser capaces de adaptarnos a cómo deberíamos trabajar en esta pandemia, y yo le pongo unos
ejemplos. No sé qué parlamentos han estado ustedes viendo. El Parlamento Europeo hace sesiones por videoconferencia, todas sus sesiones de la pandemia están siendo por videoconferencia, donde los parlamentarios europeos están en sus domicilios y
desde los domicilios se interviene, se debate y se vota. Esto no lo hemos hecho aquí en ningún pleno, pero es que no lo hemos hecho casi ni en ninguna comisión. Estuve en alguna comisión, una vez, donde algunos de los intervinientes del Pacto de
Toledo se conectaron por videoconferencia, en una comisión, en ninguna otra más.
A mí me parece bien cambiar el Reglamento, creo que hay que adaptar el Reglamento a los nuevos tiempos, pero, desde luego, sacar pecho, mostrarse ufano de lo bien que se ha gestionado esto por parte del Congreso de los Diputados, pues yo
creo que no. Nosotros hemos solicitado, este grupo en muchísimas ocasiones ha solicitado a la Presidencia la celebración no solo de plenos telemáticos sino de comisiones de forma telemática, y ustedes han votado siempre en contra, señor Elorza,
siempre, la presidenta y sus vicepresidentes, siempre en contra.
Entonces, a nosotros nos satisface, desde luego, y vamos a apoyar esta iniciativa porque es lo que venimos reclamando y la verdad es que nos congratula que el Partido Socialista por fin se haya dado cuenta de que lo que les estamos exigiendo
a los ciudadanos no somos capaces de hacerlo aquí y de que debemos adaptar nuestros sistemas tecnológicos para trabajar de esta forma, pero desde el todo, desde
la celebración de plenos telemáticos, que no solamente es el voto telemático. Entiendo que es un paso importe, pero ya se había hecho antes, esto ya estaba instaurado antes, aunque es verdad que para unas condiciones muy, muy estrictas y
muy determinadas y ahora es una cosa generalizada. Insisto, nos congratulamos de que ustedes por fin se den cuenta de que la tecnología debe llegar al Parlamento español en el siglo XXI, cosa que no es ahora para nada. Este Parlamento ni puede
hacer comisiones ni puede hacer plenos, y a nosotros nos parece que eso una deficiencia democrática. Estamos pidiendo además y exigiendo al resto de empresas e instituciones que se adapten a este tiempo y, desde luego, nosotros no lo estamos
haciendo.
Por tanto, repito, bienvenida sea la iniciativa, adaptemos el Reglamento en la medida en que sea necesario y que se haga una propuesta de modificación del Reglamento, pero, sobre todo, que seamos capaces de invertir y pidámosle a esta
Cámara, que yo creo que tiene un exceso de tesorería suficiente como para adaptar de forma eficaz los instrumentos tecnológicos y técnicos que pone a disposición de todos los diputados para que podamos realizar nuestro trabajo de una forma
verdaderamente telemática. Yo creo que ese es el ejemplo que están esperando los ciudadanos que demos. Muchísimas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Gracias, señor Gutiérrez Vivas. Por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Nuet Pujals tiene la palabra.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente. No vamos a intervenir. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Pues entonces es el turno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente. Muy brevemente, como es obvio, esta pandemia tiene graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales, pero también ha tenido, como se ha relatado aquí, consecuencias sobre el
funcionamiento más básico y, diría, cotidiano de las instituciones, y ahí incluimos al Congreso de los Diputados.
Está claro que el confinamiento y las limitaciones de movilidad han impedido un desarrollo, digamos, normal o con cierta normalidad. Se han ido resolviendo, eso sí, adaptando los mecanismos de funcionamiento por parte de la Mesa y la Junta
de Portavoces, pero es verdad que el Congreso tiene un Reglamento parlamentario que no estaba pensado, como no podía ser de otra manera, para una situación tan excepcional como la que hemos vivido. Asimismo, no hace falta recordar que el Congreso
es la sede de la soberanía popular, por lo tanto, tiene mucha importancia cómo se toman las decisiones en relación sobre todo a una situación excepcional, y ahí remarcaría la idea de seguridad jurídica. Es muy necesario adaptarnos a estas nuevas
circunstancias excepcionales y hacerlo a través de mecanismos que respeten esa seguridad jurídica, que respeten los derechos de todos y todas las diputadas, de los grupos parlamentarios, y que todos los procesos y los procedimientos sean plenamente
democráticos.
Y para eso, yo creo que es importante esta iniciativa, que supone plantearse adaptar el Reglamento parlamentario a esas nuevas situaciones de excepcionalidad que ojalá no vengan en el futuro pero para las que hay que estar preparadas.
También hemos podido comprobar que se pueden hacer o tomar algunas decisiones o realizar algunas actuaciones de forma distintas, que los recursos tecnológicos están ahí, hemos ya disfrutado del voto telemático, de algunas reuniones por
videoconferencia, y, por lo tanto, eso nos permite pensar en la posibilidad de abordar ciertos cambios reglamentarios basándonos en la experiencia propia y también en la experiencia de otras cámaras legislativas que están también dando pasos. Así
que nos parece oportuna y votaremos a favor de esta propuesta. Gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Muchas gracias, señora Garrido Gutiérrez. Cierra este turno el Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra el señor Tirado Ochoa.
El señor TIRADO OCHOA: Gracias, señor presidente. Señorías, en ningún momento el Congreso puede cerrarse. La democracia no se puede suspender. Quiero expresar de manera meridianamente clara que no hay posibilidad de democracia sin
parlamento permanentemente abierto, vivo y activo.
El artículo 67 de nuestra Constitución establece que las Cortes Generales representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa del Estado y controlan la acción del Gobierno. Si el Congreso representa al pueblo español y, según el
propio artículo también, en su punto 1.2, la soberanía nacional
reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, podemos concluir y reafirmar que el Congreso es la piedra angular de la democracia representativa y en toda circunstancia, repito, en toda circunstancia, tiene que estar
abierto y en plenitud de funcionamiento.
El pluralismo político no se puede suspender, la función legislativa no se puede suspender, el control al Gobierno no se puede suspender. El estado de alarma ha recortado el derecho de movilidad a los ciudadanos y ha facultado al Ejecutivo
para asumir un mando único, pero ello no implica restringir los derechos políticos de los representantes españoles. La democracia jamás puede tomarse vacaciones. Hubo prácticamente un mes, aunque se ha dicho que dos pero prácticamente fue un mes,
en el que este Parlamento estuvo cerrado, y no debió ser así porque la gravedad de las medidas adoptadas y la importante afección que suponen para numerosos derechos y libertades exigieron, exigían, exigen y van a exigir en el futuro que siempre
haya una presencia permanente y activa del Parlamento como garante del adecuado uso de esos poderes extraordinarios.
No consentiremos que el Gobierno desprecie al Parlamento, porque el Gobierno desprecia al Parlamento con el uso y abuso de los decretos leyes más allá del espíritu constitucional, porque el Gobierno desprecia al Congreso cuando miente y no
entrega informes como el del Consejo de Estado sobre fondos europeos. El Gobierno desprecia también al Congreso cuando la vicepresidenta se niega a comparecer en esta Comisión y el Gobierno también desprecia al Congreso cuando niega el trámite de
audiencia y no da la voz a los colectivos afectados por leyes importantísimas. El Gobierno de Pedro Sánchez no es de fiar, miente, desprecia al Congreso y solo le interesa el poder por el poder, dándole la espalda a los problemas de los ciudadanos,
y por eso no podemos apoyar esta PNL.
Señorías, el Congreso tiene que ser, y termino, referente de confianza, soluciones y utilidad como institución central y garante de la democracia. Es importante la presencialidad y no vamos a renunciar a la presencialidad con seguridad y
responsabilidad, pero estamos también dispuestos, como no puede ser de otra manera, a estudiar y a incorporar avances tecnológicos y normativos, que en escenarios similares a los de la COVID-19 se busquen medidas y fórmulas de trabajo para que el
Parlamento y los diputados en todo momento podamos cumplir nuestra función constitucional. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Gracias, señor Tirado Ochoa. Señor Elorza, ¿acepta la enmienda que se ha presentado?
El señor ELORZA GONZÁLEZ: No.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Muy bien. Pues entonces se votará en sus términos esta proposición no de ley.
- RELATIVA A LA RECUPERACIÓN PARA EL PATRIMONIO DE LA CASA CORNIDE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/001837).
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Pasamos al que era el tercer punto original del orden del día, que es el debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la
recuperación para el patrimonio público de la Casa Cornide. Para su defensa, tiene la palabra el señor Gómez Reino.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Muchas gracias, señor presidente. Cada paso que damos -demasiado difícilmente en los últimos años pero cada vez con más ahínco- en pos de la memoria democrática es un paso para dignificar nuestro pasado, pero
sobre todo también es un paso, y eso tenemos que tenerlo muy presente, que tiene que funcionar como un auténtico antídoto contra el totalitarismo en el futuro.
En este sentido, y tras la histórica recuperación del Pazo de Meirás, usurpado por la familia Franco y ahora ya en proceso de devolución a la ciudadanía de Sada y de Galicia, tras cuarenta años de expolio y tras cuarenta años de una cierta
equidistancia, creemos que ahora hay que dar un nuevo paso y ese nuevo paso pasa por recuperar la Casa Cornide, en la ciudad de La Coruña, de las manos de la familia del dictador Franco y devolverla a la ciudad de La Coruña.
La Casa Cornide es un edificio singular del siglo XVIII, con gran valor histórico, patrimonial y artístico, en el corazón de la Cidade Vella de A Coruña. La familia Cornide, la original propietaria, le legó en su momento al Ayuntamiento de
La Coruña la Casa Cornide y el Gobierno local llegó a tener
su sede en la misma a principios del siglo XIX. Más tarde se destinaría a otros usos, pero siempre con vocación de utilidad pública. A partir de ahí, y con la llegada de la dictadura, la familia Franco, como ha hecho en muchas otras
situaciones y con otros bienes que eran públicos y del Estado, pues se apropió de esta casa. Diversas investigaciones han evidenciado que la Casa Cornide pasó a manos del dictador en virtud de una controvertida operación administrativa que tenía
como objetivo que Francisco Franco y su esposa, Carmen Polo, pudiera hacerse con la propiedad del inmueble evitando una adjudicación directa de un bien propiedad del Estado, lo cual, evidentemente, estaría fuera de la legalidad.
Actualmente, y lamentablemente, la Casa Cornide todavía está en manos de la familia Franco, que además, precisamente coincidiendo con la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de La Coruña que, en este caso, exige devolver el Pazo de
Meirás al Estado, casi que para mofa, diría, pues ha puesto en venta esta Casa Cornide, esta casa expoliada por los Franco al conjunto de la ciudadanía de La Coruña. En ese sentido, el precedente judicial del caso relativo al Pazo de Meirás abre la
puerta a que las administraciones públicas puedan recuperar para el dominio público los bienes expoliados durante la dictadura.
En el pasado mes de septiembre, el Pleno del Concello da Coruña se manifestó unánimemente favorable respecto de esta cuestión y el Gobierno municipal ha anunciado ya que se inician las acciones legales oportunas para la recuperación del
inmueble. En este sentido, creo que toca además saludar el inmenso e intenso trabajo que se ha hecho durante años, muchas veces no escuchado por las instituciones, desde la sociedad civil y desde las asociaciones de memoria para reivindicar la
recuperación de esta casa, de la Casa Cornide, y creo que ahora mismo toca que el Congreso de los Diputados, esta Cámara se manifieste claramente a favor de la recuperación, para el uso de todos y todas, para la propiedad pública de un bien
expoliado por la familia Franco. Creo que en materia de memoria democrática nunca podemos dar pasos atrás y lo que hay que dar es pasos adelante para reforzar la democracia. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Gracias, señor Gómez-Reino. A esta iniciativa no se le han presentado enmiendas, por lo tanto, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones y en primer lugar, por Euskal Herria Bildu, tiene
la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Brevemente, voy a decir que vamos a votar a favor de esta propuesta porque creemos que es de sentido democrático, creemos que es de justicia y creemos también que es de sentido lógico y de sentido común también.
Gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Muchas gracias, señora Aizpurua. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos. El señor Gutiérrez Vivas tiene la palabra.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente. Desde nuestro grupo parlamentario lamentamos profundamente que todas las iniciativas presentadas por Unidas Podemos en el Congreso versen sobre cuestiones que nada o muy poco pretendan mejorar
la vida de los españoles. Cuando no se trata de embotadas de favor de unos u otros intereses regionalistas o independentistas, se dedican ustedes a exacerbar la identidad política y cultural, generando división en los ciudadanos. Por último, y a
salvo de alguna extraña excepción más, pues el resto del tiempo lo dedican siempre a luchar contra el fantasma de Franco, y, en fin, darle palos a un fantasma pues no sé si a ustedes les genera mucho rédito, pero a mí me parece una cosa bastante
absurda.
El que hoy nos ocupa se trata de un tema que nosotros entendemos que ya está resuelto, en parte, por la justicia respecto del Pazo de Meirás. En noviembre de 2020, la jueza ha ordenado a los nietos de Franco, mediante auto, la entrega
cautelarmente del Pazo al Estado, en diciembre se acordó la entrega definitiva del Pazo, se nombró al Estado depositario de todos los bienes de la propiedad, todo ello porque el Pazo además se declaró Bien de Interés Cultural y, por tanto, goza de
una protección integral que se extiende a (...). Y en el caso de la casa ésta, pues sucederá exactamente, entendemos nosotros, lo mismo, con lo cual...
Pero, bueno, nosotros, señoría, como estamos conformes con explorar todas las opciones de recuperarlo en cumplimiento de lo dispuesto por la justicia, por supuesto que sí, como no puede ser de otra manera, y además votamos con las dos manos
que estas cosas se hagan así para recuperar un patrimonio expoliado. No obstante, entendemos y nos gustaría, en fin, que este grupo parlamentario, que
además está representado en el Gobierno de la nación, pues atendiese a cosas más importantes, por el bienestar de todos los españoles, y no siempre se dedicara a lo mismo, señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Gracias, señor Gutiérrez Vivas. Es el turno del Grupo Parlamentario Republicano. Señor Nuet Pujals.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente. Anunciar que vamos a votar a favor de esta proposición y felicitar tanto al diputado que la ha presentado como al grupo que la propone. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Gracias, señor Nuet. Es el turno ahora, por lo tanto, del Grupo Parlamentario Vox. El señor Sánchez García tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias. Con la venia. ¡Que venga aquí Podemos a hablar de dictadura y que sea esta la medida en apoyo de los más débiles a quienes defender! Ustedes son una fuerza totalitaria y no pueden invocar ni la libertad
ni nada parecido. Ustedes no se ocupan de aquellos de quienes debemos ocuparnos todos, ustedes no lo hacen, no lo hacen.
Y ahora emprenden una iniciativa totalmente disparatada, que no guarda ninguna relación con el Pazo de Meirás, en la que ignoran incluso que hay una sentencia de la Audiencia Provincial que ha estimado parcialmente el recurso de la familia
Franco. ¿Usted no lo sabe? Pues debería informarse antes de venir aquí y hablar, y usted también, todos los que lo han ignorado deberían saberlo. La sentencia ha revocado parcialmente la del juzgado y ha obligado a liquidar el estado posesorio y
a reintegrar a la familia Franco todos los gastos necesarios y útiles en el caso del Pazo de Meirás.
¿Qué tiene que ver esto con la Casa de Cornide? Nada, absolutamente nada. Son ustedes unos ignorantes, actúan de mala fe, vienen aquí a decir mentiras podridas y lo único que hacen es exhibir su ánimo sectario de una forma que es un
insulto a sus electores, que, desde luego, creo que han dejado de serlo, en Galicia es evidente y lo va a seguir siendo, afortunadamente para España.
Mire usted, la sentencia tiene párrafos muy sustanciosos. Voy a leer, en la página 26, lo que dice sobre el mandato político recibido al efecto de esa iniciativa de la demanda de la Abogacía del Estado. Dice la sentencia: 'Se incurre en
una evidente contradicción argumentativa por parte de la Abogacía del Estado'. Es un recurso selectivo sobrevenido que parece responder al deseo de cumplir un malinterpretado mandato político, es decir, fue siempre que, dice la sentencia de la
Audiencia Provincial, 'la integración en el patrimonio público se obtuviese y que además no implicara un nuevo coste para el pueblo de Galicia'. ¿Ha estimado usted lo que importan esos gastos de enseres y útiles con que debe ser reembolsados los
demandados, la familia Franco? ¿Lo ha estimado usted antes de decir esas tonterías que ha dicho? Dice: 'Lo que se quiere decir es que para esa integración no se acudiese a una expropiación con justiprecio, eludiendo la vía legal oportuna, ni a
una negociación tendente a una compra, y parece haberse interpretado como una obligación denegar la liquidación del estado posesorio'. El Parlamento de Galicia en ningún momento rechaza ningún extremo de las conclusiones del dictamen de la comisión
de expertos, al contrario, la voluntad del pueblo gallego, expresada en su parlamento, nunca ha sido que se infringiese la ley, ni que se dejase de hacer frente a lo que las normas legales establezcan, ni que se proceda a una usurpación, cuando es
claro que está marcando que el camino a seguir es acudir a los tribunales de justicia. Lo que se quiso vetar fueron vías -dice la sentencia de la Audiencia Provincial- que supusieran, en definitiva, pagar por la recompra, en el sentido vulgar del
término, del Pazo.
¿Usted cree que en estas condiciones, no siendo ni siquiera firme esta sentencia, insisto, usted puede presentarse con un mínimo de decoro y dignidad en esta Cámara a soltar esa retahíla, esa retahíla de invenciones, de deliberaciones
marxistas-leninistas trasnochadas, de una ideología que lo único que ha hecho ha sido sembrar de miseria al mundo durante el siglo XX, afortunadamente menos en el siglo XXI? Piense usted en a quienes representa y déjese de este tipo de ideas
absolutamente aberrantes... (Elseñor presidente: 'Señor Sánchez García, debe ir concluyendo'). ... en su calenturienta mente.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra el señor Mateu Istúriz.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Presidente, señorías, muy buenas tardes a todos. La verdad es que Unidas Podemos ha hecho suyas unas iniciativas que siempre ha realizado el Bloque Nacionalista Gallego, y este, en definitiva, señorías, es un tema
que tiene que tener un fin judicial porque se trata de un litigio ahora mismo entre el Ayuntamiento de La Coruña, mediante una acción de recuperación de la
posesión para la ciudad de La Coruña, y los titulares actuales de esa propiedad, de la Casa Cornide, que son los herederos, comunidad hereditaria, de doña Carmen Franco Polo, y, claro, oyendo estos apellidos ya sabemos de qué va la cosa,
evidentemente.
Unidas Podemos lo que siempre pretende es, utilizando esos vestigios del franquismo, esas cenizas del franquismo, tratar de sembrar nuevamente el frentismo entre todos los españoles. ¿Y ustedes creen realmente, señor Gómez-Reino, que esto
cae dentro del articulado de la ley actual de memoria democrática? Luego ya me dirá usted en qué artículo se puede amparar usted como memoria democrática, al margen de ser historia de España, evidentemente.
Ustedes, señorías de Podemos, son el caballo de Troya dentro de un gobierno social-comunista que lo único que trata es de defenestrar y derribar el régimen del año 1978. Ustedes tienen muy fácil siempre la situación, amenazan a periodistas,
señalan a jueces y atacan a la Corona, siempre con la actitud silente del presidente del Gobierno. Son ustedes una amenaza muy seria, señorías, para la convivencia de los españoles y su salida del Gobierno es una medida urgente de higiene
democrática, por eso tenemos muy clara cuál es su hoja de ruta.
Al margen de estas consideraciones y de que la situación se resolverá por vía jurisdiccional, sí queremos recordarle la actitud siempre proactiva del Partido Popular. El Parlamento gallego ya aprobó en la Comisión de Cultura, el 17 de
diciembre del año 2020, una proposición no de ley que propuso el Bloque Nacionalista Gallego y que decía: 'El Parlamento gallego insta a la Junta de Galicia a agilizar el procedimiento necesario para declarar Bien de Interés Cultural el edificio
histórico coruñés conocido como Casa Cornide'. Así se daba continuidad al apoyo que inicialmente, en el mes de octubre, había comenzado ya el ayuntamiento mediante el inicio del procedimiento administrativo de declaración de Bien de Interés
Cultural, trámite, por cierto, que en la recuperación del Pazo de Meirás resultó muy importante y fundamental. Ya el propio consejero de Educación y Universidad de la Junta, el señor Rodríguez, garantizó que el Gobierno gallego, del Partido
Popular, sería un aliado en los trabajos para declarar Bien de Interés Cultural la Casa Cornide. Esta misma alineación se mantuvo en el Ayuntamiento de La Coruña, hasta en tres ocasiones, siempre apoyando las iniciativas que realizaba el propio
ayuntamiento para que la titularidad de la Casa Cornide vuelva al propio ayuntamiento. Pero hay una cosa que tenemos que reprochar a lo que hizo el ayuntamiento posteriormente. Nosotros, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Galicia presentó
una enmienda a una moción de las varias que se presentaron a este respecto, en la cual se solicitaba que, para evitar costes a los ciudadanos de La Coruña, se planteara un estudio jurídico para ver qué posibilidades había de ganar ese pleito. Fue
rechazada, pero, incomprensiblemente, se hizo lo que pretendía esta enmienda, porque la alcaldesa de La Coruña, la señora Inés Rey, el 14 de diciembre del año pasado, adujo que, al amparo del estudio que elaboró la Universidad de La Coruña, iban a
iniciar las correspondientes acciones legales.
Para el Grupo Parlamentario Popular, señorías, por tanto, no hay tema, pues tanto en el Parlamento gallego como en el Ayuntamiento de La Coruña se ha manifestado un compromiso cierto y absoluto para iniciar los trámites que consigan que esa
bellísima Casa Cornide, edificio levantado en los años 1750 y 1760, estilo barroco y de fachada y sillería en granito, vuelva de una vez por todas al Ayuntamiento de La Coruña. Por tanto, nosotros, siguiendo la estela de nuestros compañeros del
Partido Popular en Galicia, les anunciamos que vamos a votar a favor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Gracias, señor Mateu Istúriz. Sí, señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Alegando el artículo 72 en relación con el 71.3, pues es obvio que el señor García, para variar, ha realizado distintas manifestaciones que afectan a la dignidad de este grupo parlamentario. Nosotros queríamos
simplemente pedirle al presidente que le apercibiera porque, en todo caso, la contradicción dialéctica nunca está reñida con la buena educación, que es lo que parece que constantemente olvida este señor. Nada más.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Hago vía a sus palabras. Y termina este turno. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Taibo Monelos.
El señor TAIBO MONELOS: Gracias, presidente. Señorías, mi intervención será corta y les adelanto que mi grupo votará a favor de la presente proposición no de ley para apoyar al Ayuntamiento de A Coruña en las gestiones realizadas con el
fin de recuperar para el patrimonio público la Casa Cornide, y así se aprobó por el Grupo Municipal Socialista en el Pleno de la corporación que preside la alcaldesa Inés Rey.
El edificio conocido como Casa Cornide perteneció al patrimonio público de todos los coruñeses, llegando a albergar la sede del concello. Si bien posteriormente su titularidad la ostentó el Ministerio de Educación para dedicarlo a la
actividad de conservatorio de música, nunca perdió su condición de res publica. No fue sino hasta principios de los años sesenta cuando, con ocasión de que la esposa del dictador Francisco Franco manifestase su 'interés' por este emblemático
edificio, se puso en marcha lo que se antoja una clara simulación jurídica. Para ponernos en antecedentes, valga de antemano como ejemplo el recuerdo de los joyeros de la ciudad en esos años, que tenían que cerrar el establecimiento o retirar de
sus escaparates sus más preciadas alhajas cuando doña Carmen Polo manifestaba su 'interés'. Esto se ha visto incluso recientemente superado con el inventario de los 697 bienes del Pazo de Meirás, donde se han encontrado todo tipo de objetos y
estatuas del patrimonio público, hasta del mismísimo Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago.
En lo que se refiere a la Casa Cornide, se realizó una permuta entre bienes del Ministerio de Educación y el Concello de A Coruña, quien obtiene la Casa Cornide entregando un terreno de escaso o nulo valor en la zona de San Roque de Afuera.
Por todos es sabido que cuando una administración obtiene un bien por permuta lo es porque existe un interés público, normalmente para destinarlo a algún tipo de equipamiento, lo que no aconteció en este caso ya que, de manera casi inmediata, el
ayuntamiento coruñés procedió a subastar el inmueble, siendo su adjudicatario el conde de Fenosa, y entonces también procurador de las Cortes, Pedro Barrié de la Maza, quien a su vez cedió la propiedad a Carmen Polo, siendo todas estas transacciones
onerosas pero a través de simbólicas cantidades.
El Partido Socialista Obrero Español entiende que debe acabarse con este desagravio y esta injusticia histórica y que la denominada Casa Cornide se recupere para el patrimonio público de todos los coruñeses.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Muchas gracias, señor Taibo Monelos.
- RELATIVA A LA DEFENSA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROPIEDAD PRIVADA CONSAGRADO POR LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002109).
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Pasamos al tercer punto, cuarto del orden del día original, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la defensa del derecho fundamental a la propiedad privada consagrado
por la Constitución Española, que va a defender la señora Navarro Lacoba.
La señora NAVARRO LACOBA: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Parece que en un estado democrático y de derecho consolidado como el nuestro, el español, la defensa de la propiedad privada, la protección del pleno ejercicio del
legítimo propietario, no fuera necesaria, sin embargo, desde la llegada del Gobierno social-comunista no hemos dejado de ver muestras de ataque continuo a la Constitución Española, a las instituciones y, sí, a los derechos y libertades de los
españoles.
Amparados en el estado de alarma, lejos de ser un instrumento para la gestión de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia, lo están utilizando como coladero de su ideología de izquierdas. Lo hemos visto con el ataque a la
Corona, con el ataque a la división de poderes, incluso a la independencia judicial y, sí, a la libertad de educación y también a la propiedad privada. Ustedes se están amparando en la solución habitacional que hay que dar a los que más lo
necesitan, a los vulnerables, pero lo que pretenden es disfrazar el único objetivo que tiene Podemos, su socio de gobierno, que es precisamente dinamitar la libertad de empresa, el libre mercado y la propiedad privada.
Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos destacar que estas tres cosas son la única garantía del progreso económico de España. España tiene 25,8 millones de viviendas censadas y, de ellas, 19,2 son la vivienda principal. Esta, sin
duda, es un gran valor de nuestro parque inmobiliario, que supone cuatro veces nuestro producto interior bruto y que suma casi 4 billones de euros, un patrimonio que supone el 388 % del producto interior bruto. Y sí, el 80 % de este parque
inmobiliario está en manos de particulares, de particulares como usted y como yo. La propiedad privada de los españoles refleja que hemos canalizado nuestro ahorro, que es grande, por cierto, en el ladrillo. Ingentes cantidades de ahorros de los
españoles han ido a parar precisamente a la vivienda y al patrimonio inmobiliario. Además, llegados a este punto, queremos puntualizar que el sector emplea a 1,5 millones de personas. Es muy importante este dato porque, inmersos en la crisis
económica que tenemos, con el horizonte de salir de ella, y con una cifra de más de 4 millones de parados, no se puede demonizar al sector de la construcción, que es
básico en la política social de vivienda, bien encaminada, en una colaboración público-privada, que el Partido Popular defiende y que seguiremos defendiendo, y buen ejemplo de ello ha hecho la Comunidad de Madrid con la presentación de su
Plan VIVE.
Pero la izquierda sigue incidiendo, quieren incidir en la limitación del precio del alquiler que pretenden imponer utilizando como laboratorio de sus experimentos a comunidades autónomas, por ejemplo, sus comunidades autónomas, como Cataluña
con la Ley 11/2012, que ha sido objeto de disputa de los socios del Gobierno en el seno del Consejo del Gobierno, que ha vaciado de contenido económico el derecho de la propiedad privada y que limita la utilidad económica del bien. Esto es
absolutamente lamentable porque, a su vez, están generando una inseguridad jurídica nefasta que no soluciona el problema de la política de vivienda pero sí dinamita la confianza de los particulares, de los españoles que están ahí fuera escuchándonos
y que están absolutamente preocupados y aterrorizados.
Continúan con sus experimentos, y en este caso es el uso de la expropiación forzosa que la presidenta Armengol pone en marcha en Baleares, amparándose en una dudosa legislación cuya aplicación va a acabar, sin duda, en los tribunales. Y
también pincha de lleno en la función social del derecho de la propiedad privada, y ustedes saben, señorías, que la teoría de Duguit fue superada hace mucho tiempo. Hoy, en el constitucionalismo social del siglo XX, se consagra que tiene una
función social pero que no es una función social en sí misma. El marco de esa función social que tiene está precisamente en la Constitución, en el artículo 33, en la causa de utilidad pública previamente declarada y, por supuesto, en el justiprecio
que hay que pagar, y este es el marco constitucional de nuestro sistema de 1978.
Quienes, señorías, desde sus postulados de izquierda, además, siguen incidiendo en sus responsabilidades del Gobierno central, también siguen amparando la ocupación ilegal. Sufrimos un porcentaje brutal de usurpaciones en España, con una
media de cuarenta ocupaciones al día, y ustedes siguen amparándose en la vulnerabilidad, repito, de los que más lo necesitan, pero van haciendo su camino y su camino es dinamitar el estado de derecho, haciendo lícito el ilícito. Lo han demostrado
con el Real Decreto-ley 37/2020 y con el Real Decreto-ley 1/2021, que tratan de esconder aquí lo que quieren hacer en España con la política de vivienda y, en definitiva, con la propiedad privada de los españoles. No pueden en materia de política
de vivienda descansar o hacer trasladar la carga de esta a los particulares, espantando la inversión y dinamitando la seguridad jurídica.
Para concluir, señorías, nuestra postura de defensa de la propiedad privada no solo pasa por decir qué es lo que tiene que hacer el Gobierno, sino lo que no tiene que hacer el Gobierno, y lo que no tiene que hacer es intervenir este mercado
inmobiliario, que funciona. Gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Gracias, señora Navarro. Esta iniciativa tampoco tiene enmiendas presentadas, por lo tanto, vamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, la señora Aizpurua
Arzallus tiene la palabra.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: No, gracias. No haré intervención.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente. No quisiera volver a hacer el debate que hemos tenido que hacer hace escasos minutos en el Pleno sobre la enmienda a la totalidad del Real Decreto 1/2021, presentada también por el Grupo
Parlamentario Popular, por lo tanto, voy a intentar centrarme un poco en el problema de tres distinciones que yo creo que hay que hacer y que son imprescindibles hacer sobre la ocupación.
La primera, entendiendo los límites en los que de acuerdo con las leyes impone hoy el derecho a la propiedad y los límites que se imponen a la propiedad de otro que no están contemplados en la ley, los cuales entendemos que deben ser
concebidos como una intromisión intolerable en un derecho constitucionalmente reconocido. La segunda, porque dentro de las ocupaciones no contempladas en la ley podemos realizar otra distinción para referirnos, por un lado, a todos los supuestos de
desahucios en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por ejecuciones hipotecarias y, por el lado contrario, las ocupaciones, que yo creo que mientras unas merecen toda nuestra protección en la medida de lo posible, como son las
situaciones de desahucio en situaciones de necesidad o vulnerabilidad, pues las otras merecen todo nuestro reproche, lógicamente. Y la tercera y última distinción es la que atañe a dos tipos de ocupaciones ilegales que se están produciendo en este
país: unas llevadas a cabo por individuos
o grupos de delincuencia organizada, a veces incluso por grupos terroristas, y otras que están llevadas a cabo por grupos antisistema.
Por lo tanto, yo creo que resulta fundamental no confundirse. El problema no es el de un límite a la propiedad legalmente establecido, ni es el de los desahucios. El fenómeno que yo creo que debatimos y que es para mí la parte mollar es el
de las ocupaciones ilegales de viviendas, se realicen por bandas de delincuencia organizada o por grupos antisistema. Un fenómeno reprochable, como ya he dicho, y que, sin embargo, experimenta un crecimiento muy importante durante estos últimos
años, ya que hay más de 10 000 denuncias de ocupación al año con las que hay que lidiar. Un fenómeno que además no solo afecta a los legítimos propietarios, personas que también a su vez pueden estar en situación de vulnerabilidad, sino también a
los vecinos o al resto de familias que conviven con estas ocupaciones, que sufren un deterioro importante en la convivencia.
Pues bien, dado que la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procesos judiciales resultan hoy por hoy incapaces para afrontar este problema, yo creo que resulta necesario introducir de una manera inmediata
modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que planten cara en su integridad y con total eficacia a este fenómeno de la ocupación. Nuestro grupo parlamentario presentó también una proposición de ley a este fin, para reformar las leyes
procesales civiles y penales, para establecer un procedimiento sumario de recuperación de vivienda, reformar el artículo 245 del Código Penal y la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, y respecto a la vertiente social,
medidas para asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias en situaciones de vulnerabilidad y en particular de vulnerabilidad habitacional, que entendemos que resultan fundamentalmente cuatro medidas.
Señorías, no somos los únicos. Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la recuperación de su legítima propiedad en un plazo corto de tiempo. Nosotros creemos que tenemos el deber de proteger
estos derechos de los ciudadanos, que son a los que representamos, y para protegerlos entendemos que es necesario actuar sin dilación en este sentido. Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Gracias, señor Gutiérrez Rivas. Por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Nuet Pujals tiene la palabra.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente. Al leer el enunciado de esta proposición del Partido Popular, me ha llamado la atención una palabra, la palabra 'consagrado', una palabra que al menos a mí, no sé si a ustedes, me suena a
preconstitucional, y cuando digo preconstitucional no me refiero a antes de la Constitución de 1978, sino que me refiero incluso a antes de la propia revolución burguesa. Porque en el antiguo régimen, la propiedad derivaba del Divino, y luego, en
las constituciones burguesas, evidentemente, se traspasó el derecho a la propiedad a la constitucionalidad de tradición burguesa.
Esto demuestra dónde está el Partido Popular. Está en el antiguo régimen, defendiendo aún que la propiedad venía del Divino y que, evidentemente, la propiedad es un derecho fundamental que está por encima de cualquier otra cosa. No
obstante, el Partido Popular debe saber que tanto en las constituciones burguesas como también, evidentemente, en las constituciones socialistas, la propiedad tiene límites en la historia constitucional. ¿Qué límites, por ejemplo? Pues hay
derechos fundamentales que están por encima de la propiedad y un derecho fundamental que está por encima de la propiedad es el derecho a la vida. Evidentemente, hay que proteger la vida antes que proteger la propiedad y el derecho a la vivienda
conecta plenamente con el derecho a la vida, por tanto, hay que legislar propositivamente para garantizar el derecho a la vivienda porque eso garantiza el derecho a la vida.
Por tanto, evidentemente, nuestro grupo parlamentario va a defender a capa y espada la vida, el derecho a la vivienda, y si eso pisa a la propiedad, lo sentimos mucho.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Gracias, señor Nuet. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente. Dos cuestiones, importantes las dos respecto a la oportunidad de que el Partido Popular presente esta propuesta.
Empieza la propuesta diciendo que desde que se formó el Gobierno de coalición son continuos los ataques a la Constitución, a las instituciones y a los derechos, y yo quiero recordar tres cositas muy rápidas. Lo dice quien fue el mayor
recortador de derechos, que atacaron la propia vida de muchos
ciudadanos, su dignidad, sanidad, educación, garantías de los trabajadores y las trabajadoras. Lo dice el Partido Popular, que ha mantenido durante años una corrupción estructural, y hemos visto estos días a su compañero el señor Bárcenas.
Lo dice quien tiene secuestrado un órgano importante de nuestras instituciones, el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Esto respecto a la primera cuestión.
Respecto al fondo del asunto, que es donde me quiero parar, sobre la defensa del derecho de propiedad, y va a hablar eso que llaman ustedes una fuerza, como ha dicho, social-comunista, pues bien, vamos a ver quién es al final quien respeta
más la Constitución. Debían estudiar un poco más porque creo que la ignorancia es supina. No estamos en el siglo XIX, no podemos hablar de súbditos y del derecho a la propiedad como un derecho absoluto. Estamos en el siglo XXI, y el artículo 1 de
esa Constitución que ustedes defienden dice que estamos en un estado social y democrático de derecho. Eso de estado social significa que, si lo aplicamos a la propiedad, redefine su contenido, y aquí voy a echar mano no de lo que dice esta fuerza
política, sino de lo que dice ese Tribunal Constitucional que ustedes sabrán que es el intérprete oficial de la propia Constitución. Dice en la sentencia 37/1987, sobre la ley andaluza agraria, una muy buena sentencia, que 'el derecho de propiedad
significa para el propietario no solo derecho sino también deberes y obligaciones que derivan de la función social de cada categoría de bienes'. La función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad y delimita, no limita,
delimita su contenido. Dice otra sentencia muy importante, la 89/1994, referida a la constitucionalidad de la prórroga forzosa en materia de arrendamiento, dice lo siguiente, y leo textualmente: 'En el contexto de la vigente Constitución, esa
delimitación del derecho de propiedad se encuentra en el artículo 47 y en el artículo 39, que recogen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y, además, no puede olvidarse la relevancia de la continuidad que el arrendamiento reviste para la
protección de la estabilidad en el domicilio familiar, en la línea de lo que dispone el artículo 39, que es el que defiende o protege a la familia. Responde así esta limitación a la función social de la propiedad inmobiliaria sin vulneración
constitucional, es decir, que el legislador puede establecer esa limitación para satisfacer un derecho constitucional'. Esto lo dice el Tribunal Constitucional, con lo cual, y termino, ustedes no defienden la Constitución sino que defienden los
intereses de esas constructoras, promotoras, etcétera, etcétera, que han financiado durante muchos años a su partido político. Se deben a ellos, no a la Constitución ni a los ciudadanos y ciudadanas. Gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Gracias, señora Garrido. Por el Grupo...
La señora NAVARRO LACOBA: Presidente, apelo al artículo 71.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): A ver, ¿a cuenta de?
La señora NAVARRO LACOBA: Por graves alusiones a nuestro grupo de la portavoz de Podemos.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Si no he dicho nada.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): ¿Cuál?
La señora NAVARRO LACOBA: En concreto, ha acusado al Partido Popular de corrupción estructural. Eso es una falsedad que no podemos permitir que se produzca en esta Cámara. Si quiere señalar algún caso concreto, usted lo señala, pero no
puede acusar a este partido de corrupción estructural, como nosotros vamos a acusar a Unidas Podemos de corrupción estructural...
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Ya no tiene la palabra, ya lo ha dejado claro, no tiene la palabra. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Zambrano García-Raez.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, vamos a votar a favor de esta iniciativa porque creemos que es necesario tomar un posicionamiento en defensa de la propiedad privada, porque nos encontramos ante actitudes
que son puramente confiscatorias de hecho, que es quitarle a alguien lo suyo sin darle nada a cambio, pero queremos hacer una serie de reflexiones.
En primer lugar, hablar de que la propiedad privada es esencial como medio para llegar a la prosperidad de los pueblos. La propiedad privada no es un privilegio, es un instrumento para ensanchar las clases medias y para aumentar la calidad
de vida, es el medio para llegar al bienestar por medio del ahorro. La propiedad es el fruto natural del esfuerzo, pero para llegar a ello tengan en cuenta que es
absolutamente necesario que el Estado dé a los españoles una oportunidad por medio de una gestión honrada y eficaz de los recursos de todos los españoles, y aquí yo sí les pido a todas sus señorías y muy especialmente, evidentemente, al
proponente que hagamos una serie de reflexiones.
Porque, miren, España lleva décadas sufriendo sucesivos gobiernos incompetentes y deshonestos (no sé si luego harán uso del artículo 71), de uno y otro color, que han despilfarrado el dinero de todos los españoles (aunque desde la izquierda
digan que el dinero público no es de nadie, es de todos) y gran parte de nuestra juventud vive en un régimen de semiesclativud, pues no puede llamarse de otra manera el tener que trabajar con sueldos de miseria y en una precariedad constante, y es
una realidad que hoy día comprar una vivienda y crear una familia se convierte en misiones prácticamente imposibles para muchos de ellos. Y no se confundan, las empresas no son las culpables de esta situación porque igualmente sufren una presión
fiscal y una asfixia constante desde las distintas administraciones.
Esto es una realidad. Tenemos una administración gigantesca, con multitud de parlamentos y gobiernos, dispersión normativa, ingente gasto político, ideológico y partidista inasumible que eleva un endeudamiento público que a su vez lastra e
hipoteca cada día más nuestra economía nacional. Fíjense que los Presupuestos Generales del Estado para este año prevén más de 31 000 millones de euros para pago de intereses de deuda pública, una media de 85 millones al día solo en intereses. Las
colas del hambre aumentaron en más de 600 000 personas en un año y la economía se contrae en un 11 %. El desempleo alcanza cotas de vergüenza. En esta realidad, que ya viene de lejos y que no es solo consecuencia del COVID, surge el fenómeno de la
ocupación de viviendas, enarbolado con absoluta demagogia por una izquierda especialista en repartir miseria para luego aprovecharse de la misma y pretender destruir el sistema y sus instituciones.
Hay que proteger la propiedad privada, sí, evidentemente, pero no olviden que hay que enfrentar con decisión los problemas sociales y económicos. No podemos imitar a los avestruces. Hay que eliminar radicalmente gastos innecesarios,
invertir en vivienda social, reducir la presión fiscal, recuperar competencias para aumentar la eficacia y abrir el debate sobre la organización de la Administración Pública, incluido el sistema autonómico. Por ello, apoyaremos la iniciativa del
Partido Popular y les animamos a que se unan a las propuestas de Vox en política social, reducción de gasto y eficacia en la gestión. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Gracias, señor Zambrano. Para finalizar este turno, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López Somoza.
La señora LÓPEZ SOMOZA: Gracias, presidente. Señorías del Partido Popular, presentan una iniciativa donde muestran una situación totalmente irreal. Parece que los ciudadanos que son propietarios de una o de dos viviendas viven bajo el
desamparo del ordenamiento jurídico y bajo una constante amenaza. Señorías, les recuerdo que el derecho a la propiedad privada está regulado en el artículo 33 de la Constitución Española, en el marco del Título I, por lo tanto, es un derecho
reconocido, protegido y garantizado por la propia Constitución.
Repiten continuamente que la ocupación de nuestras casas se está multiplicando, que nos encontramos ante una situación de riesgo y ataque hacia la propiedad privada, y, claro, por supuesto, como no puede ser de otra forma, todo ello ante la
atenta mirada cómplice del Gobierno. Están creado una percepción de alarma basada en datos radicalmente falsos, ustedes lo saben. Ahí están los datos del Registro Central de Penados, que muestran que en España los delitos de allanamiento de
morada, es decir, los de ocupación de nuestra primera o segunda residencia, son anecdóticos, poco más de 200 casos en 2019 y con tendencia a la baja desde 2016. Desde el Ministerio del Interior, además, se ha dejado claro que la Policía está
habilitada para desalojar inmediatamente al allanador.
El compromiso del Grupo Parlamentario Socialista es seguir trabajando desde el Gobierno para que los ciudadanos, los trabajadores, la clase media, esa que accedió a la propiedad de su vivienda principalmente en período de gobierno
socialista, tenga la absoluta tranquilidad de que su propiedad no va a ser ni asaltada, ni ocupada, ni nada parecido.
Señorías del Partido Popular, la situación que ustedes plantean ni está pasando ni va a pasar en el futuro. Continúan con su campaña de desinformación y atacando, como ha hecho la portavoz de hoy, al Real Decreto-ley 37/2020 y al Real
Decreto-ley 1/2021. Pero, ¿son ustedes conscientes realmente de lo que están haciendo? Están poniendo en peligro una medida de excepción, una medida de excepción para este periodo de pandemia, que se debe encontrar una alternativa habitacional
antes de poner a una familia con menores a cargo, a personas con discapacidad o a mujeres víctimas de violencia de género
en la calle. Es una medida excepcional en un momento de crisis sanitaria y social. No afecta a pequeños propietarios, como ustedes dicen, sino a viviendas vacías de grandes tenedores. Y lo más importante, todo se va a realizar en base al
principio de proporcionalidad y con la garantía de que será un juez quien tome las decisiones.
No hay ninguna urgencia real sobre este asunto. Señorías, es mucho más urgente, sin embargo, legislar a favor del derecho a la vivienda, ahí sí que hay que tomar medidas, como está haciendo este Gobierno, para construir más vivienda
pública, para evitar desahucios durante la pandemia y para establecer ayudas al alquiler, y pronto, además, aprobaremos una ley estatal de vivienda que reconozca la dimensión social del derecho a la vivienda. Esa debería ser la prioridad de todas y
todos los que estamos aquí porque ahí sí que hay un verdadero problema y a eso es a lo que dedicaremos los socialistas nuestros esfuerzos en los próximos meses.
Señorías, cada uno debe elegir su prioridad en política. Los miembros del Partido Popular lo han dejado claro, la suya, los intereses de los bancos y los fondos de inversión; la nuestra, los verdaderos problemas de la ciudadanía y
especialmente de los ciudadanos más vulnerables. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Gracias, señora López Somoza.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:
- PARA LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente
158/000020).
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Pasamos a lo que es último punto del orden del día, que es la solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común de creación de una subcomisión
para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.
Para esta solicitud, quienes la presentan tendrán cinco minutos y el turno de fijación de posiciones será de cuatro minutos. Como grupos que presentan la iniciativa, en primer lugar tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista,
la señora Crespín Rubio.
La señora CRESPÍN RUBIO: Muchas gracias, presidente. Brevemente, porque lo que hoy proponemos es la creación de una subcomisión con la que ya nos comprometimos aquí mismo, en esta Comisión Constitucional, estamos, por tanto, dando
cumplimiento a aquel compromiso que adquirimos. Fue concretamente el 20 de octubre, en una sesión donde aprobamos, enmendándola, una proposición no de ley del Grupo Plural. Precisamente nuestra enmienda fue para poder constituir la subcomisión de
la que hoy vamos a hablar, para poder realizar el trabajo necesario para atender de manera más amplia los aspectos de debate respecto a la reforma de la LOREG.
El texto que aprobamos fue: 'El Congreso se compromete a crear en el seno de la Comisión Constitucional una subcomisión de estudio para la reforma de la LOREG, con el objetivo, entre otros, de prever mecanismos para situaciones de
enfermedad que no supongan una restricción desproporcionada al ejercicio del derecho de sufragio activo de los ciudadanos, como recoge el artículo 23 de la Constitución Española, y, por tanto, se pueda ejercer de manera consciente, libre y
voluntaria, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que se requieran'. Será, por tanto, en esta subcomisión donde debemos debatir, estudiar y analizar este y otros contenidos necesarios para la reforma de manera que
podamos entre todos compartirla.
Llevamos años detectando y manifestando la necesidad de la reforma de diferentes aspectos del sistema y del procedimiento electoral, alguno incluso mandatado por el Tribunal Constitucional al declarar la inconstitucionalidad del artículo
197.1 en cuanto a la regulación de la moción de censura en los ayuntamientos, con el objetivo de garantizar estabilidad y de evitar el fenómeno del transfuguismo; otros, ante situaciones sobrevenidas como las que hemos vivido con la pandemia y los
distintos procesos electorales, tanto en la modificación de su convocatoria como en la organización de los mismos, para garantizar la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas. Otros muchos están en el ánimo de reforzar la calidad democrática y la
exigida modernización y transformación tecnológica y digital de un país avanzado como es España. Ahí podemos señalar: el voto rogado (ya se ha puesto de manifiesto la intención de este Gobierno y donde fue tomado en consideración por este
Congreso), la regulación de debates electorales,
la obligatoriedad de las listas cremallera, fórmulas para la mejora de la proporcionalidad del sistema, así como otras tantas.
Para nosotros es importante, y quiero decirlo aquí, reconocer y respetar el trabajo que ya se ha hecho en las últimas legislaturas, porque se ha hecho trabajo al respecto. Debemos, pues, ahora ultimar todo ese trabajo iniciado y sobre todo
hacerlo como al PSOE le gusta y siempre ha defendido y cree imprescindible ante una reforma de este calado, con consenso y con acuerdo. En la propuesta viene recogido el objeto, que es a lo que he dedicado la mayor parte de mi intervención, pero
también tienen ustedes su composición, su funcionamiento y la adopción de acuerdos y plazos. Nada más, señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Muchas gracias, señora Crespín Rubio. Para defender también la iniciativa, por el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente. Pues como ya estaba diciendo la señora Crespín, hoy, desde nuestro Grupo Confederal y el Partido Socialista, traemos de forma conjunta esta iniciativa para crear una subcomisión que se encargue
de ese estudio de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que en realidad, como también ha dicho, supone la continuación de los trabajos que ya se han venido realizando y manteniendo en esta Cámara y que fueron interrumpidos por
la convocatoria electoral en abril de 2019.
Desde nuestro grupo partimos de la base de que el sistema electoral español ha funcionado razonablemente bien durante más de cuarenta años porque permite y garantiza la pluralidad política de nuestro país a la vez que permite la
gobernabilidad, pero eso no significa que no pensemos que necesitemos modificaciones para mejorarla, modernizarla y adaptarla al país que tenemos en la actualidad, en 2021. Y es el interés por mejorar esta ley lo que nos lleva a defender la
necesidad de reabrir una subcomisión que estudie esas posibles mejores de la ley electoral, de una forma abierta, sin cortapisas y en la que todos los grupos que estamos aquí representados pues expresemos nuestras propuestas y luego nos pongamos de
acuerdo para incluir lo que nos une en una reforma de la ley.
Desde Unidas Podemos nos parece que es importante además regular específicamente también la moción de censura en los ayuntamientos, con el objetivo de garantizar la estabilidad municipal, respetar el voto de los ciudadanos y aislar los
efectos perniciosos del transfuguismo, una modalidad, como sabemos, de corrupción que ha cambiado en los últimos años y con más frecuencia de lo deseado la expresión democrática de la ciudadanía, que se ha visto en esos momentos mermada. Una
democracia fuerte debe protegerse de este tipo de situaciones anómalas que debilitan el resultado electoral expresado por los ciudadanos, todo ello, evidentemente, sin afectar a los derechos de sufragio universal de los concejales y concejalas que
mandata el artículo 23 de la Constitución Española.
Tendríamos que hablar también de si debe la Ley Orgánica del Régimen Electoral General regular los debates electorales solo en los medios públicos o también se deberían regular en medios de comunicación privados, una pregunta que tenemos que
hacerla, reflexionar y respondernos en esta subcomisión, para dar respuesta a una realidad que existe y fortalecer también nuestra democracia.
La pandemia también nos ha puesto sobre la mesa la necesidad de hacer compatible el derecho al sufragio activo y pasivo con el derecho a la protección de la salud, lo hemos visto de manera reciente. A esta realidad tendremos que buscarle
una respuesta entre todos y todas, y para estar preparados ante nuevas alertas sanitarias que pudiesen suceder.
Otra reforma para nosotras quizá de las más importantes y más urgentes es la de incluir las listas cremallera, es decir, legislar para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una obligación y no solo una sugerencia. Hasta ahora, las
listas electorales deben guardar un equilibrio por género del 60-40, en tramos de cinco, como sabemos, lo que conduce a partidos que no están tan comprometidos con la igualdad a llevar a las mujeres a los últimos puestos del tramo de cinco, haciendo
que luego las mujeres sean muchísimas menos dentro de las formaciones y la representación institucional. Si las mujeres somos la mitad de la población, pues las listas electorales y la representación política en las instituciones tienen que ser
también la mitad, ni más ni menos. Las listas cremallera apenas dejan margen para ese desequilibrio, y, por tanto, a nuestro grupo nos parece importantísimo que afrontemos también esa necesidad de incluirlas en la ley para que la igualdad sea un
hecho en todos los partidos.
Otra cosa que nos parece también importante y que ha llegado la hora de que afrontemos en serio es el debate de bajar a 16 años la edad mínima para poder votar y ser votado en un proceso electoral.
Pensamos que así incluimos en la cultura democrática a un amplio sector de la población que posee ya herramientas intelectuales y democráticas para participar de forma activa en la democracia. En Europa, los jóvenes entre 16 y 17 años ya
pueden votar, en Austria, Chipre o Eslovenia, si tienes actividad laboral remunerada, pero este debate está teniéndose también en todos los países de la Unión Europea, por lo que creemos que es oportuno que lo afrontemos también en esta Cámara.
Y otra cuestión, afrontar también la proporcionalidad del voto, que es otro de los debates que urge afrontar ahora: con respecto a las circunscripciones electorales, si deben ser de comunidad autónoma, de provincia o de comarca; si se
debería aumentar el número de escaños a elegir para facilitar esa proporcionalidad; o si se debe crear una circunscripción donde vaya a parar ese resto de votos que quedan sin representación en el conteo provincial. Es decir, muchas preguntas que
necesitan un debate muy riguroso para dar respuesta a la demanda ciudadana, que exige mayor proporcionalidad.
En definitiva, y termino, se trata de adaptar nuestro sistema electoral a la realidad de un país que es plural, que tiene que combinar la realidad electoral de zonas muy pobladas y de unos territorios muy despoblados, que también tienen
derecho a tener peso político, y, desde luego, desde nuestro grupo afrontamos este debate con la hoja en blanco, sin líneas rojas y con la vocación de que alcancemos el mayor consenso para que sea una ley electoral de país y no solo de parte. Estoy
convencida de que si trabajamos con rigor... (el señor presidente: 'Debe concluir, señora Velarde') ... y escuchándonos, pues podremos diseñar una ley electoral que represente a todo el país y sea muy útil para las próximas décadas. Gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Muchas gracias, señora Velarde. Para fijar posiciones, empieza el Grupo Parlamentario Ciudadanos y tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente. Pues muy rápidamente, se ha tomado en consideración hace nada una proposición de ley en el Pleno para modificar la LOREG, es verdad que en un sentido muy pequeño, estricto y concreto
que tenía que ver con el voto rogado, pero es verdad que ahí también se pueden presentar enmiendas para otras cosas cuando llegue su momento.
Es decir, a nosotros nos parece bien hablar y discutir de esto, sobre todo si no hay líneas rojas, como ha dicho la representante del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, que me ha parecido entender que usted decía que teníamos una ley
electoral fantástica durante los últimos cuarenta años. La verdad es que la candidez de la representante de Unidas Podemos en esta Comisión es alucinante, la de un tercer partido que ha llegado nuevo precisamente defendiendo lo que el bipartidismo
no quiere cambiar, que es la ley electoral, que es la que siempre les ha ido bien, pero, bueno, allá cada uno con sus candideces. Por parte de nuestro grupo, desde luego, estamos encantados de hablar de todo esto, si ella ha dicho sin líneas rojas,
pues sin líneas rojas, efectivamente. Vamos a hablar de representatividad, de proporcionalidad, de todo lo que yo creo que hay que hablar, lo que no sé es si esto va a ser un ejercicio infructuoso nuevamente para volver a llevarnos a la melancolía
de algo que podríamos haber hecho y no haremos, porque si ya se ha tomado en consideración una reforma, pues me parece que igual esto llega un poco tarde. En todo caso, votaremos a favor de esta iniciativa, creo que sí.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Gracias, señor Gutiérrez Vivas. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Zambrano García-Raez.
El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente. Muy brevemente, porque, señorías, históricamente, en mi opinión, las izquierdas han pretendido siempre una regulación electoral en función de sus intereses partidistas. Para las
izquierdas, su fin revolucionario justifica cualquier medio. Por ponerles un ejemplo, en el año 1931, le negaban el voto a la mujer, declarando públicamente que lo hacían porque consideraban que el voto femenino era de derechas. A pesar de ello,
ese logro se consiguió, a pesar de la oposición expresa de buena parte de la izquierda se consiguió el voto femenino. Otro ejemplo fue el trato que se le dio al voto español en el extranjero hace diez años. En ese caso se estableció una normativa
absolutamente impeditiva para el voto de españoles en el extranjero. En realidad, subyacían también los cálculos que se hacían sobre si esos votantes eran de una tendencia o de otra.
Actualmente, ya tenemos en tramitación porque ya, como bien han dicho, se ha tomado en consideración una reforma de la ley electoral, y hoy lo que se nos propone yo no entiendo que sea por razón del interés general. Yo creo que en realidad
lo que se pretende es disfrazar el proyecto que tienen las izquierdas para su proyecto de normativa electoral y disfrazarlo de un supuesto consenso que en
realidad no existe y se trata, por tanto, de una iniciativa de mala fe. Ya en su exposición de motivos esbozan sus verdaderas intenciones, que no son otras que la de imponer bajo ese disfraz unas reformas que, desde luego, pretenden una ley
electoral para y por los intereses que ustedes creen que son los intereses electorales de las izquierdas, porque piensan quizás, pues eso, que con esas medidas las izquierdas aumentarán sus expectativas electorales. De nuevo, no hay otra razón que
la partidista.
Votaremos que no porque creemos que la Comisión Constitucional ya de por sí es la que debe afrontar este tipo de iniciativas. No queremos disfraces, sino afrontar este tipo de asuntos sin complejos. No cabe duda de que esa será la mejor
manera de hacerlo, pero sobre todo lo que no queremos es que se dé una imagen de un consenso inexistente y creemos que debemos, en las formas también, decirles la verdad a los ciudadanos de España. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Muchas gracias, señor Zambrano. Finaliza este turno y las intervenciones de la tarde, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente. Señorías, comienzo por adelantar nuestra posición favorable a la creación de esta subcomisión, que, tal como se ha planteado, debe servir como foro de reflexión para
introducir en la ley electoral medidas de derecho excepcional ante situaciones de fuerza mayor o de emergencia sanitaria global, como la que estamos viviendo, o para acordar un nuevo procedimiento de voto de los españoles en el exterior, y añado
también el voto por correo del personal embarcado. En esa línea, creemos que es un acierto por los proponentes traer la supresión del voto rogado a esta subcomisión antes de seguir con el trámite legislativo porque nos puede permitir recabar la
opinión de los representantes de aquellos organismos que intervienen en dicho procedimiento, desde la Oficina del Censo Electoral a representantes del Ministerio del Interior o del Ministerio de Asuntos Exteriores, y, desde luego, conocer el parecer
de la Junta Electoral Central ante una reforma de tanta trascendencia, para que el procedimiento que finalmente se apruebe facilite la participación electoral de nuestros compatriotas en el exterior pero sin merma de garantías y con plena seguridad
jurídica.
Ello no impide, desde luego, que podamos valorar otras propuestas de reforma, las que se han reflejado en el texto y han dicho los proponentes, y otras de otras formaciones políticas, pero las que he mencionado, a mi juicio, deberían ser
prioritarias, como también debería serlo buscar un sistema que sea plenamente constitucional para que un tránsfuga no pueda cambiar un gobierno municipal. Para ello, insistiremos en la posibilidad de introducir fórmulas que permitan otorgar
mayorías estables en los ayuntamientos con un sistema de prima de mayoría combinado con un sistema de doble vuelta en determinadas condiciones. Por cierto, señorías, paradojas del destino: ustedes aquí proponiendo acuerdos para luchar contra el
transfuguismo y su compañero el señor Tudanca buscando tránsfugas entre los diputados de Ciudadanos para sacar adelante la moción de censura en Castilla y León, a eso se le llama predicar con el ejemplo. Lamentable, señorías.
En todo caso, tendremos tiempo para reflexionar sobre todas las propuestas que quieran formular los grupos y trabajar para buscar acuerdos que deberían tener como guía únicamente el interés general, pues todos deberíamos coincidir en que no
puede haber leyes electorales a la carta, de la misma manera que se ha demostrado que no hay sistemas electorales que beneficien o perjudiquen a determinadas fuerzas políticas. Lo digo porque durante muchos años se criticaba a nuestro sistema
electoral afirmando que estaba pensado para consolidar únicamente el bipartidismo y la realidad ha demostrado lo contrario. Lo digo porque, con ese mismo sistema electoral y esa misma fórmula electoral, en esta legislatura hay más de veinte fuerzas
políticas con representación en la Cámara, algo que, por cierto, no sucede en muchos parlamentos de países de nuestro entorno.
Y es que creo, señorías, que tenemos un buen sistema electoral, un sistema que ha cumplido a satisfacción sus funciones, ha permitido la alternancia, ha fomentado el pluralismo y ha garantizado que las elecciones se desarrollen con toda
normalidad y transparencia. Un sistema electoral que no debe servir solo a la proporcionalidad, sino que debe servir también, como en toda democracia representativa, a otro principio que es la gobernabilidad. Nosotros siempre hemos creído que la
virtud la encontraremos en el equilibrio entre ambos principios, que es precisamente lo que recoge la vigente ley. Pero que tengamos una buena ley electoral no significa que no se pueda reformar o mejorar, de hecho, lo hemos hecho en varias
ocasiones, la última, en el año 2018, eso sí, desde el respeto a otro principio que a nuestro juicio es irrenunciable que es el consenso. Nosotros lo demostramos con el ejemplo cuando en la décima legislatura, con mayoría absoluta, renunciamos a
una propuesta de reforma unilateral de la ley
electoral porque no contaba con el respaldo del entonces principal grupo de la oposición que era el Partido Socialista. Y lo hicimos, y con ello termino, señor presidente, porque pensamos que la ley electoral es una de las leyes que
conforman las reglas del juego de nuestro sistema democrático, y esas reglas no deben ser nunca impuestas por unas mayorías a otras, sino que deben ser compartidas por todos o, al menos, por los grupos mayoritarios de esta Cámara. Pues bien, desde
esos principios y desde esa filosofía, apoyaremos esta subcomisión, que nos parece una iniciativa acertada y el foro adecuado para abordar desde el rigor y desde el consenso todos aquellos aspectos que puedan mejorar nuestra ley electoral. Nada más
y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro. Pues finalizados los...
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Presidente, por alusiones. ¿Cabe la aplicación del artículo 71 del Reglamento con referencia a una persona ausente a la que se la ha acusado de un delito de transfuguismo?
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): A ver, explíquese, porque yo no he entendido que se le acusaba con un delito de transfuguismo.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Sí, sí, el delito de transfuguismo, que me parece una acusación muy grave en la persona de un político que no está aquí presente. Para desmentir esa descalificación, esa acusación, que está absolutamente fuera de
lugar y, sobre todo, que quien la formula no tiene antecedentes que le permitan, haciendo referencia al 'tamayazo', pues, en fin, hacer una referencia a ningún compañero del Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Muchas gracias. Ya lo ha dejado expuesto claramente.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señor presidente. Perdón, una contestación. Solo voy a leer un titular: 'El PSOE busca a cuatro díscolos en Ciudadanos para hacer un 'tamayazo' a Mañueco e Igea en Castilla y León. Francisco Igea,
que es el líder de Ciudadanos, reprocha a Luis Tudanca que intente comprar voluntades y defiende que todos sus diputados tienen convicciones, moral y decencia'. Sin comentarios.
El señor PRESIDENTE (López Álvarez): Vamos a pasar a votar. Esta sala tiene voto electrónico y vamos a intentarlo, por lo tanto, todos los diputados y diputadas con derecho a voto que se sienten en las mesas donde esté este sistema.
Segundo, vamos a hacer una prueba, y si no va bien, la hacemos a mano alzada, que seguro que lo hacemos más rápido, pero ya que tenemos el sistema electrónico y hemos empezado la sesión hablando de las tecnologías, vamos a intentar usarlo.
Digo que habrá que hacer una prueba porque, claro, en lugar de tener un 'Sí', un 'No' o una abstención, hay números. Yo no tengo números, yo tengo un 'más', un 'menos', o sea, todavía más complicado.
Primero hay que dar el '1' como presencia, es decir, '1' es presencia; '2' es Sí; '3' es No y '4' es abstención. '1' es presencia, que es el primero que se da siempre. ¿Hacemos una prueba con la primera votación, por ejemplo? Aviso: es
prueba, no tiene validez.
Por lo tanto, votamos en sus propios términos porque no ha sido aceptada la enmienda la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones como la del COVID-19.
Comienza la votación.
A ver, ¿cómo lo hemos visto? Está muy tecnicolor esto, no sé yo. Repetimos a ver si funciona. Vamos a ver, vuelvo a repetir, primero hay que dar el '1' y, una vez dado el '1', se procede al '2', al '3' o al '4'. Comienza la votación. Es
una prueba.
¿Todo el mundo se ve reflejado en lo que ha hecho? A mano alzada, venga. Se ha acabado. Era para probar el sistema, para usarlo. Vamos a votar a mano alzada. Votamos, y si guardamos un poco de silencio, seguro que lo hacemos mejor y más
rápido.
Vamos a votar, a mano alzada, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones como la del COVID-19, en sus términos.
Votos a favor: 19; votos en contra: 5; y abstenciones: 10. Por tanto, la proposición no de ley queda aprobada.
Pasamos a votar el segundo punto, que era el tercero original, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la recuperación para el patrimonio público de la Casa
Cornide. Procedemos a la votación.
Votos a favor: 28; votos en contra: 5; y abstenciones: 1. Por tanto, la proposición no de ley queda aprobada.
Votamos a continuación el tercer punto, cuarto en el orden del día original, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la defensa del derecho fundamental a la propiedad privada consagrado por la Constitución
Española.
Votos a favor: 15; votos en contra: 19; y abstenciones: 0. Por tanto, la proposición no de ley queda rechazada.
Y, por último, votamos la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común de creación de una subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen
electoral general.
Votos a favor: 29; votos en contra: 5; y abstenciones: 0. Por tanto, queda aprobada.
Y sin más, se levanta la sesión.
Se levanta la sesión a las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.