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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 222, de 06/11/2020
cve: DSCD-14-CO-222
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 222
TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GÓMEZ-REINO VARELA
Sesión núm. 9
celebrada el viernes,
6 de noviembre de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. (Número de expediente 121/000035):
- De la señora subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (González Peña). A solicitud de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/000922);
Popular en el Congreso (número de expediente 212/000632) y VOX (número de expediente 212/000722) ... (Página2)
- De la señora secretaria de Estado de Migraciones (Jalloul Muro). A solicitud de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/000920); Popular en el Congreso
(número de expediente 212/000630); (número de expediente VOX (número de expediente 212/000670); Plural (número de expediente 212/000961) y Ciudadanos (número de expediente 212/000796) ... (Página16)
- De la señora secretaria general de Objetivos y Política de Inclusión y Previsión Social (Paniagua San Martín). A solicitud de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de
expediente 212/000921); Popular en el Congreso (número de expediente 212/000631); VOX (número de expediente 212/000686) y Ciudadanos (número de expediente 212/000797) ... (Página31)
- Del señor secretario de Estado de Empleo y Economía social (Pérez Rey). A solicitud de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/000876); Popular en el
Congreso (número de expediente 212/000594); VOX (número de expediente 212/000689); Plural (número de expediente 212/000960) y Ciudadanos (número de expediente 212/000794) ... (Página46)
- De la señora subsecretaria de Trabajo y Economía Social (Del Rey Almansa). A solicitud de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/000877); Popular en el
Congreso (número de expediente 212/000595) y VOX (número de expediente 212/000699) ... (Página64)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021. (Número de expediente 121/000035).
- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (GONZÁLEZ PEÑA), A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/000922),
POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000632) Y VOX (Número de expediente 212/000722).
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Se abre la sesión.
Iniciamos la sesión de esta Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El orden del día de esta sesión está integrado por las comparecencias de altos cargos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
que comparecerán esta mañana, y asimismo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que comparecerán a partir de las 15:30, todos ellos para informar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Tal como se anunció a sus señorías, someto a la Comisión que, al amparo de lo dispuestos en el artículo 68.2 del Reglamento, se modifique el orden del día de esta sesión, al objeto de que las comparecencias previstas para esta tarde tengan
lugar de acuerdo con el siguiente horario: a las 15:30 horas, el secretario de Estado de Empleo y de Economía Social; a las 17:15 horas, la subsecretaria de Trabajo y Economía Social. ¿Está de acuerdo la Comisión con este planteamiento?
(Asentimiento).
Las comparecencias se desarrollarán de la siguiente manera: intervención del compareciente por tiempo no superior a veinte minutos; intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios que hayan solicitado la comparecencia, de menor
a mayor, por tiempo no superior a siete minutos; intervención de cinco minutos de aquellos que no hayan solicitado la comparecencia, e intervención final del compareciente para contestar a lo planteado en las anteriores intervenciones. En el
supuesto de que una comparecencia haya sido solicitada conjuntamente por dos o más grupos parlamentarios, esta Presidencia les concederá un total de doce minutos a repartir, en su caso, entre más de un portavoz. La Presidencia tratará de ajustarse
a los tiempos de intervención, pues si no, está sesión se hará eterna. Asimismo, en relación a la documentación que quieran solicitar los diputados con motivo de la tramitación de las comparecencias, la Presidencia advierte a los portavoces de los
grupos parlamentarios que presenten sus solicitudes por escrito, que las solicitudes deben referirse a cuestiones planteadas en el curso de la sesión. El compareciente deberá remitir la documentación en el plazo máximo de 48 horas.
Tiene la palabra la señora compareciente. (La señora vicepresidenta, Crespín Rubio, ocupa la Presidencia).
La señora SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (González Peña): Muy buenos días. Muchas gracias, señoras diputadas y señores diputados.
Agradezco mucho la oportunidad de comparecer en esta Comisión para poder explicar las líneas básicas del presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el año 2021. Como ustedes saben, este miércoles compareció
en la Comisión de Presupuestos el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones y, como estábamos comentando, a continuación intervendrán la secretaria de Estado de Migraciones y la secretaria general de Objetivos y Política de Inclusión y
Previsión Social. Cada uno de ellos va a explicar en detalle los presupuestos de sus respectivos ámbitos competenciales, por lo que, para no repetir y para que no sea demasiado reiterativo en una jornada que además va a ser larga, voy a tratar de
ofrecerles una visión general e introductoria, que luego detallarán mis compañeros. Además, voy a señalar y poner en valor determinadas líneas y ejes de trabajo transversales del ministerio que son más propios de las funciones de la subsecretaría.
Como todos ustedes saben, nuestro ministerio tiene tres grandes áreas de actuación, y todas ellas tienen unos objetivos muy claros marcados para el año 2021. Los presupuestos que ha aprobado el Gobierno y que se someten a la Cámara están
orientados a respaldar cada una de estas grandes líneas de acción política que nos estamos planteando como prioritarias para el año 2021. En Seguridad Social, como ya han tenido ocasión de escuchar en comparecencias anteriores, el objetivo es
implementar las recomendaciones del Pacto de Toledo y poder dar certidumbre a los pensionistas presentes y futuros. En el caso de inclusión, tenemos como objetivo, en colaboración con la Seguridad Social, desplegar por completo el ingreso mínimo
vital y utilizarlo como palanca para el pleno desarrollo de las políticas de inclusión. ¿Cuál es el objetivo? Nuestro objetivo es sentar las bases de un crecimiento sólido e inclusivo y el desarrollo de unas políticas con un enfoque innovador,
basado en la evaluación y el seguimiento continuo, para poder mejorar el desarrollo de estas políticas. En nuestra tercera gran área, que son las migraciones, nos planteamos reforzar las capacidades de los sistemas de acogida en protección
internacional y en atención humanitaria. Junto con estas tres grandes áreas, tenemos un eje transversal significativo. Vamos a desarrollar una serie de actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia y la eficacia en las políticas públicas, el
tratamiento y utilización de los datos, la innovación y la digitalización.
Para entrar un poco más en detalle en cada una de estas áreas, como les estaba comentando antes, en el ámbito de la Seguridad Social vamos a atender las recomendaciones del Pacto de Toledo. Aquí hay tres ejes fundamentales: garantizar el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, separar las fuentes de financiación y potenciar la previsión social complementaria. Todo esto queda reflejado en la sección 60 del presupuesto que explicó el secretario de Estado de Seguridad
Social. En la sección 32, que hoy nos ocupa, vemos claramente cómo procedemos a esta separación de las fuentes de financiación. Como ustedes saben, en esta sección presupuestaria se reflejan las transferencias que se realizan por parte del Estado
a la Seguridad Social. Así, este año, por primera vez, tenemos una transferencia de 13 929 millones de euros, que va a servir para financiar los gastos impropios de la Seguridad Social. Además, entre las transferencias, tenemos las habituales que
se hacen del Estado a la Seguridad Social, que por su importe destacaría la de complementos a mínimos, que son unos 7000 millones de euros, y también la transferencia que va a financiar la prestación del ingreso mínimo vital, que son 3016 millones
de euros.
Con esto llegamos al ingreso mínimo vital y a las políticas de inclusión. El ingreso mínimo vital, como saben, es una prestación no contributiva de la Seguridad Social. ¿Qué busca esta prestación? Garantizar un nivel básico de ingresos a
los hogares con los objetivos de reducir la pobreza en general, pero con una atención especial a colectivos especialmente vulnerables, como los hogares con niños y hogares monoparentales a los que se dirige específicamente. Ahora bien, no estamos
solamente ante una prestación, es una base, un punto de partida para desarrollar las políticas de inclusión. Y aquí es donde entra la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social. Con el ingreso mínimo vital podemos
identificar a los beneficiarios del ingreso mínimo vital y a los que deben ser los beneficiarios de una serie de políticas de inclusión dirigidas a que estas personas puedan participar plenamente en la sociedad. Este va a ser el trabajo fundamental
de la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, que se lo expondrá con mucho más acierto y detalle del que lo pueda hacer yo ahora. Es una parte muy importante de nuestro presupuesto que, además, como comentaré
después, va a tener un respaldo muy significativo del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.
Por lo que se refiere a la Secretaría de Estado de Migraciones, quiero poner en valor que su presupuesto aumenta en cerca de un 40 % respecto al presupuesto actualmente en vigor, para ser precisa, un 38,3 %. Esto supone que pasa de 381
millones, que tenía hasta ahora, a 530 millones de euros. Es un
incremento muy significativo que muestra claramente el respaldo que se quiere dar a las políticas migratorias. En estos 530 millones que estoy comentando hay incluidos 41 millones del Plan de Recuperación y Resiliencia; si no consideramos
estos 41 millones, el crecimiento sigue siendo muy elevado, porque estaríamos hablando de un crecimiento de un 28 % del presupuesto. Es decir, tanto con presupuesto nacional como con el conjunto del presupuesto nacional y los recursos que van a
canalizar los fondos de recuperación, el impulso que se da al ámbito migratorio, desde el punto de vista presupuestario, es evidente; hablamos de un crecimiento de casi un 40 %. Este crecimiento se reparte tanto en la parte de las políticas
dirigidas a la ciudadanía en el exterior y retornos -en este caso, el crecimiento es algo menor, estaríamos hablando de un 2,7 %, que son 1,6 millones de euros-, como en la parte de las acciones a favor de los inmigrantes, en la que el crecimiento
es especialmente destacado -en este caso, el crecimiento es de un 46,2 %, lo que supone 150 millones de euros-.
¿Cuál es nuestro objetivo en migraciones para 2021? Como creo que han tenido ocasión de escuchar al ministro en diversas ocasiones y a la secretaria de Estado, lo que se va a hacer es reforzar el sistema de acogida, de protección
internacional y de atención humanitaria. Se va a hacer una revisión integral de la forma en la que ahora se está financiando esta atención para poder mejorar la eficiencia, la calidad, la gestión, para tener un control más directo y, sobre todo,
para asegurar la rapidez y la agilidad en la respuesta. Necesitamos tener medios que nos permitan atender rápidamente a la gente, tener un control mucho más destacado del que tenemos ahora. Como todos sabemos, las crisis migratorias llegan cuando
llegan, por lo que se necesita una preparación mucho más sólida y estable para poder atenderlas de manera más rápida y eficiente. En este punto quería destacar la importancia que tiene nuestro ministerio para canalizar fondos del Plan de
Recuperación y Resiliencia. Es cierto que no somos como otros ministerios, como pueden ser el de Transición Ecológica o el de Transportes, que van a poder canalizar un volumen de fondos gigantesco, pero tenemos un papel destacado y, sobre todo,
cada uno de los grandes ejes políticos marcados por este ministerio va a tener respaldo del Plan de Recuperación y Resiliencia; es decir, estamos haciendo políticas orientadas hacia lo que realmente es necesario en este momento. En este caso,
nosotros vamos a tener 192 millones de euros para el año 2021, de los cuales 100 millones, o sea, algo más de la mitad, van al desarrollo de las políticas de inclusión. Europa está convencida de que este es el camino y tiene un especial interés en
que, partiendo del ingreso mínimo vital, lleguemos a desarrollar esas políticas de inclusión que tanta falta hacen para llegar a un nuevo modelo de crecimiento inclusivo.
Por otra parte, tenemos 41 millones que van a ir destinados a la reforma del sistema de acogida. Queremos ajustar la capacidad -como les decía-, queremos maximizar la eficacia y, además, queremos automatizar los procesos de asignación de
plazas. También tenemos una parte muy relevante que iría a esa política transversal, que comentaba antes, de innovación, digitalización, eficacia y eficiencia. Tenemos algo más de 50 millones que van a ir destinados a esta cuestión. En realidad
serían 56,2, porque hay una parte dentro del proyecto de asilo que es también digitalización. Esto supone que el 30 % de los fondos de recuperación van a ir destinados a la mejora de los procesos, a la calidad de los procesos, a la digitalización,
a contar con datos, a poder analizar y evaluar los datos que tenemos de las distintas políticas, a poder tener bases suficientes para poder tomar las decisiones, a mejorar los canales de comunicación con el ciudadano, a hacer procesos realmente
eficientes y a contar con inteligencia artificial para adelantarnos a las necesidades de los ciudadanos, cosa tan importante en un ministerio tan social como el nuestro, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Necesitamos tener
información para poder adelantarnos y ser más eficientes.
Los ejes que hemos considerado al definir los proyectos que van a ser financiados por el Plan de Recuperación y Resiliencia, son: el primer eje, digitalizar al cien por cien los procesos, porque no podemos seguir haciendo procesos manuales
y en papel, hay que incrementar la eficiencia y, como les decía, recopilar datos para explotarlos y poder tomar decisiones; el segundo eje es redefinir y mejorar todos nuestros canales de comunicación e incrementar la cartera de servicios públicos
digitales que ofrecemos a los ciudadanos, porque a nadie se le escapa, después de una pandemia como esta, que necesitamos tener mejores canales de acceso a los ciudadanos y poder llegar a todos, y el tercer eje, que sería la base de todo esto, es
modernizar las infraestructuras para que puedan soportar estos objetivos que planteaba, tanto en digitalización como los grandes objetivos políticos marcados por el ministerio.
¿Cuáles van a ser nuestros proyectos? Para migraciones, vamos a destinar 8,5 millones de euros, de los cuales 5 millones serían para mejorar la información que tenemos en el sistema de asilo y 3,5 para el resto de áreas de migraciones.
Además, vamos a destinar 16,64 millones de euros para el desarrollo de
infraestructuras digitales, a fin de tomar decisiones basadas en los datos para el desarrollo de las políticas de inclusión. En este ámbito queremos contar con todos aquellos datos de políticas públicas relacionadas con cuestiones sociales
para que puedan ser integrados en un dataley y ser objeto de unas técnicas avanzadas de análisis para poder obtener información y adoptar las políticas más adecuadas para desarrollar esas políticas de inclusión. Luego, para todos los servicios
horizontales tendríamos 22,53 millones de euros. Es un conjunto de medidas que van dirigidas, como les decía, a acercarnos a los ciudadanos y a contar con todas las infraestructuras de soporte que nos permitan ser muchísimo más eficientes y
eficaces para poder llegar mejor a los ciudadanos.
Me gustaría hacer referencia a algunas cuestiones más específicas del ámbito de la subsecretaría. Todas estas cuestiones de carácter TIC se coordinan desde mi unidad y, además, todo lo que hacemos nosotros es de apoyo y soporte a las áreas.
Por eso prefiero que sean las áreas las que se lo expliquen en más detalle y no extendernos demasiado hoy. En cuanto a lo que hacemos nosotros, también damos soporte en materia de recursos humanos y en materia de inmuebles de todas las sedes
ministeriales. En materia de recursos humanos, queremos hacer énfasis especial este año 2021 en la formación de todos nuestros empleados, una formación que tiene que ir en distintos ámbitos. Como les decía antes, somos un ministerio de carácter
social y por ello necesitamos que nuestros empleados tengan no solamente una formación técnica, sino también una formación en otras facetas que son necesarias, dada la labor tan de cara al ciudadano y tan directa que realizamos. Hay ministerios en
los que la labor de su personal es mucho más de despacho. Nosotros tenemos que ir un paso más allá y orientarnos a las políticas de formación.
En materia de inmuebles, es cierto que nuestra huella va a ser relativamente pequeña en comparación con otros ministerios, pero también tenemos previsto hacer un esfuerzo que vaya orientado a reducir la huella de carbono en los edificios que
corresponde gestionar a nuestro ministerio. En este sentido, me gustaría señalar también que, en parte, en nuestros edificios están incluidos los CETI, los CAR y otros centros que vamos a tener para la atención de inmigrantes; queremos que sean
unos edificios en condiciones desde todos los puntos de vista. Por ello se va a hacer una actuación significativa tanto en los edificios existentes como en los nuevos inmuebles con los que va a contar el ministerio.
Para concluir, pues no me quiero extender mucho ya que sé que va a ser una jornada larga y cansada, me gustaría resumir que el presupuesto del ministerio está orientado a cumplir los objetivos que nos hemos marcado que, como les decía, son:
implementar el Pacto de Toledo, desarrollar las políticas de inclusión, y mejorar y adaptar nuestro sistema de acogida y nuestro sistema de ayudas para atención a los inmigrantes, todo ello apoyado en la innovación, la digitalización, la mejora de
la eficiencia y el tratamiento de los datos. Tenemos unos presupuestos que refuerzan el Estado del bienestar y buscan el crecimiento y la recuperación inclusiva. En este sentido, me gustaría recordarles que este es el primer año que los
presupuestos incluyen el libro azul, que pone en valor las políticas de todas las áreas ministeriales y de todas las secciones en términos de igualdad, familia, infancia y adolescencia, y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es cierto que ese
proceso presupuestario está siendo algo distinto al de ocasiones anteriores y quizá este libro azul está pasando algo desapercibido, pero en todos los ministerios y en todas las unidades hemos hecho un esfuerzo muy grande por tratar de alinear
nuestros presupuestos con estos objetivos y tratar de reflejar lo que estamos aportando a estos objetivos. En este caso, este ministerio tiene una aportación muy sensible en todos ellos. Por ejemplo, en materia de igualdad, si tenemos once
programas presupuestarios, diez de ellos tienen relevancia en términos de mejorar la igualdad de género y un 86 % tienen alto poder transformador para mejorar en términos de unidad de género. En materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible a nadie
se le escapa nuestra especial relevancia en muchos de ellos. Quería invitarles a que en algún momento den una vuelta a este libro azul, no solamente por la parte de nuestro ministerio, sino como una nueva forma de enfocar los presupuestos. Como
les decía, el objetivo es trabajar en nuestras grandes líneas políticas.
No me quiero extender más. Prefiero que ustedes tomen la palabra para que hagan las preguntas que consideren oportunas, que trataré de responderles a continuación.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muchas gracias.
Comenzamos con el turno de palabra de los grupos parlamentarios, de menor a mayor. Por lo que vemos, el primero que tomaría la palabra en este caso sería Esquerra Republicana, la señora Carvalho, por un tiempo de cinco minutos.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora compareciente.
Como tengo solamente cinco minutos, me voy a ceñir a los objetivos del libro azul, sobre todo en lo referente a la materia de igualdad, familia, infancia y adolescencia. Me he apuntado una frase suya que me ha gustado mucho. Ha dicho usted
que se van a hacer las políticas realmente necesarias en este momento, con lo cual voy a centrarme en lo que también es muy necesario en este momento y voy a hablar directamente del ingreso mínimo vital. Tengo tres preguntas muy muy directas y
objetivas, pero para formularlas tengo que contextualizarlas un poco. Creo que en los cinco minutos que tengo me dará tiempo.
Se estima que son más de 600 000 personas las que se encuentran en situación irregular en España. Estas personas contribuyen al sostenimiento del Estado del bienestar y, sin embargo, dicho protagonismo en la economía de España no se ha
visto plasmado en la elaboración de las medidas sociales que se han llevado a cabo para garantizar que no se deje a nadie atrás. Esta situación de crisis nos plantea interpelar nociones que llevaban décadas asentadas en nuestro imaginario político,
y una de ellas es la del Estado del bienestar, que debe pensarse incompleto si no garantiza la protección de uno de los pilares que lo sostienen, las personas migrantes, muchas de ellas en situación irregular y que no pueden acceder a él. En esta
nueva etapa de reconstrucción económica, política y social se debe revisar el propio Estado del bienestar con el fin último de introducir elementos que rompan con la invisibilización y desprotección de ciertos grupos de la sociedad. Según
declaraciones del señor Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, se estaba valorando la inclusión de las personas migrantes en situación administrativa irregular, dado que estas personas pertenecen a un grupo de riesgo en exclusión
social. Hablo del ingreso mínimo vital.
Asimismo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá, manifestó en su comparecencia hace tiempo en la Comisión correspondiente de su ministerio, el día 15 de abril, que era necesario abrir un debate para
conseguir que todas las personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular -en el Estado español estamos hablando de más de 600 000 personas- pasaran a regularizar su situación en aras de proteger los derechos de esta parte
de nuestra población. Sin embargo, en relación con esta prestación, en una entrevista también el señor Escrivá comentó que no estaba contemplado el ingreso mínimo vital para estas 600 000 personas en situación irregular, ergo en situación de
precariedad y en situación de extrema vulnerabilidad. Vuelvo a decir que son familias, infancia, adolescencia, y hablamos de igualdad y hablamos de los objetivos del libro azul que sí me lo he leído. También hablamos -como ha dicho usted- de hacer
políticas hacia lo que realmente es necesario en este momento. Lo que realmente es necesario en este momento, sobre todo con la pandemia, son las personas, las familias bajo precariedad y vulnerabilidad.
Antes de hacer las preguntas, me parece muy muy importante resaltar que todo el aporte que hace la inmigración en situación administrativa irregular es cien por cien invisibilizado. Estas personas no existen para el Estado porque no tienen
papeles; no existen, no son, no están para el Estado, con lo cual hay una economía sumergida que no cuenta y, sin embargo, estas personas sí que pagan impuestos. Nuestras preguntas son muy sencillas y muy directas con relación al ingreso mínimo
vital, pero antes también quiero contextualizar que las estadísticas demuestran que las desigualdades estructurales afectan de forma diferenciada a la población migrante y a la población española. Según la encuesta de vida que realizó el INE en
2018, más de la mitad de la población migrante de fuera de Europa estaba en riesgo de pobreza y el 70 % tenía serias dificultades para llegar a fin de mes. Estos datos se refieren, en su mayoría, a las personas migrantes en situación administrativa
irregular. Vuelvo a decir que son familias, es la infancia, es la adolescencia y todo esto está en el libro azul. Esto hace que nos preguntemos: ¿Cuáles serán entonces las precarias condiciones en las que estarán las personas migrantes en
situación administrativa irregular ante la crisis económica y social actual, sobre todo, con el advenimiento de la pandemia?
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Tiene que terminar.
La señora CARVALHO DANTAS: Ya acabo, señora presidenta.
¿El Gobierno cumplirá con la doctrina del mínimo vital de la que se nutre reiterada jurisprudencia al respecto y está reconocida en múltiples ordenamientos y convenios? Por mencionar algunos: Declaración de Derechos Humanos, Pacto
Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas, convenidos de los que el Estado español es firmante, etcétera. ¿El Estado español podrá cumplir con la Agenda 2030 teniendo más de 600 000 personas en condición de
precariedad extrema y
vulnerabilidad sin papeles y no habiendo pasado por el Congreso una PNL para regularizar a estas personas?
Acabo. Consideramos realmente, señora secretaria, que es imprescindible regularizar a estas personas. Si el Gobierno no quiere regularizar a estas personas, como mínimo, que se les conceda el ingreso mínimo vital; pedimos la inclusión de
las personas migrantes en situación administrativa irregular como destinatarios del ingreso mínimo vital. No es una petición solamente nuestra, sino de la plataforma Regularización Ya, que engloba a más de 1500 entidades.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora compareciente.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Por el Grupo Plural, tiene la palabra, también por cinco minutos, el señor Boadella.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora compareciente. Le voy a hacer unas preguntas que le agradecería me pudiera contestar. La primera es que me gustaría saber cómo repercute directamente en Cataluña, y, por tanto, más allá de los números globales, cuál
será el impacto directo sobre Cataluña de este presupuesto en su ministerio. Por otra parte, en relación con el ingreso mínimo vital, me gustaría que nos hiciera una valoración sobre las quejas reiteradas de si el ingreso se resuelve en el tiempo
debido o no, toda vez que sabemos que las noticias apuntan a que hay un retraso en la resolución del ingreso mínimo vital y hay muchas solicitudes pendientes; si prevén para 2021 regularizar esta cuestión. También me gustaría saber si se plantean
transferir la gestión del ingreso mínimo vital a las autonomías, con las correspondientes transferencias necesarias de recursos humanos y materiales que esto pueda suponer.
En relación con los temas migratorios, me gustaría saber si tienen alguna fotografía más o menos fija de cuáles han sido los flujos migratorios durante el impacto del COVID; es decir, qué tipo de personas han llegado, profesión, género, si
tienen alguna aproximación de qué impacto ha supuesto el COVID en los flujos migratorios, y especialmente si tienen alguna previsión a esta situación de irregularidad administrativa que se produce en aquellos jóvenes que entran en el país, son
tutelados por la Generalitat de Catalunya o por cualquier Administración autonómica del resto del Estado, pero que al cumplir los dieciocho años caen en una situación totalmente irregular porque no es posible renovar el permiso de residencia, de
acuerdo con el régimen de la Ley de extranjería. ¿Qué solución se plantean ante estas situaciones más que habituarles?
Finalmente, como entre las funciones de la subsecretaría están también los recursos materiales, en Barcelona se proyectó un gran edificio de Seguridad Social que unificaba las diferentes sedes de la Tesorería General de la Seguridad Social,
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto desde hace cinco o diez años es un solar totalmente aterrado. Me gustaría saber si este proyecto de unificar las sedes de la Seguridad Social en Barcelona continua presente en los planes del
ministerio.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muchas gracias, señor Boadella.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Rodríguez, por seis minutos.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora subsecretaria por su comparecencia.
Centrándonos básicamente en las grandes líneas de aplicación de los acuerdos del Pacto de Toledo y lo que tiene que ver con Seguridad Social, primero, como no podía ser de otra manera, quería congratularnos por que se ha dado cumplimiento en
esta propuesta de presupuestos a una de las reivindicaciones centrales del movimiento de pensionistas que ocupó las calles durante muchísimo tiempo en la legislatura anterior. Evidentemente, estoy hablando del mantenimiento del poder adquisitivo de
las pensiones, poner en valor esto creemos que es fundamental desde nuestro grupo parlamentario. También quería poner en valor algo en lo que veníamos insistiendo muchísimo tiempo y a veces teníamos la sensación de que clamábamos en el desierto,
que es la separación de las fuentes de financiación, que ya era hora de que fueran los Presupuestos Generales del Estado y que fuera el Estado y no las cotizaciones sociales las que cubrieran la reducción de cuotas, los gastos de personal,
mantenimiento, etcétera, y quería darle la enhorabuena por haber implementado esta mejora que creemos que es histórica.
Respecto al tercer gran eje de cumplimiento de las recomendaciones, quería mostrarle la profunda preocupación que tenemos en lo que tiene que ver con la potenciación de la previsión social complementaria. En la disposición adicional
cuadragésima que tiene enlace con la recomendación 16 del Pacto de Toledo, se habla, entre otras cosas, de procesos de selección para las entidades no solo depositarias del fondo, sino también gestoras. No entendemos, como grupo parlamentario, que
esta gestión tenga que salir de las manos del Estado, que esta gestión tenga que salir de las manos de la Seguridad Social. Desde nuestro punto de vista, creemos que son perfectamente capaces con sus recursos y con sus profesionales de hacer frente
a la gestión de este acuerdo del Pacto de Toledo. Nos gustaría saber si es una interpretación no adecuada la que nosotros estamos haciendo del texto, si es una línea estratégica que se va a marcar desde el ministerio y que van a avanzar en ella o
simplemente si nosotros estamos equivocados y la estrategia va por otro camino.
Para terminar, coincidimos plenamente también en la mejora de la gestión de la Seguridad Social, aparte de la digitalización y robotización de los procesos mecánicos que ha comentado de formación del personal, del fortalecimiento territorial
en todos los lugares del Estado, aparte de todo esto, nos gustaría que nos concretara a nivel de plantilla qué es lo que va a ocurrir, teniendo en cuenta que la caída, como usted bien ha dicho, ha sido del 20 %; en 2011 eran 33 000 personas las que
trabajaban gestionando la Seguridad Social y actualmente nos encontramos con 26 000. Quería saber cómo se va a reflejar en la plantilla, qué aumento va a haber, territorializado, donde va a ser, etcétera.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muchísimas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe, durante siete minutos.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora subsecretaria por su presencia en esta casa.
En nombre del Grupo Parlamentario VOX, quisiera manifestarle algunas dudas, algunos pensamientos sobre los presupuestos que nos han sido entregados de forma inmediata para un estudio inmediato en días inmediatos, como si fuera La República
de Platón, pero mucho menos interesante, por supuesto.
En términos generales, quisiera preguntarle sobre dos temas en los que usted no tiene ningún tipo de responsabilidad pero nos causa cierta curiosidad, al menos a quien le está hablando, y es si efectivamente se ha podido ver o considera
usted, desde el punto de vista técnico, que el hecho de dividir el anterior Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones en dos ministerios distintos favorece todas las tramitaciones y todo lo que se debe hacer de políticas sociales y
actividades o lo único que se ha hecho ha sido encarecer los costes que van a cargo de la ciudadanía. En segundo lugar, estos presupuestos realmente son un poco decepcionantes, tienen una visión optimista no, van más allá, ojalá la visión optimista
sea la que es; hay menos ingresos que gastos y nos iremos a endeudar de nuevo. Todo el mundo sabe cómo se podrá pagar esto, lo sabe usted, lo sabemos los que estamos en toda esta historia, pero vienen a ser un poco la herencia de los presupuestos
del Partido Popular con algunos brochazos, diría, rojos y morados que se le han introducido con las partidas que hablan continuamente de recuperación y esta horrible palabra que se llama resiliencia, que es cursi hasta decir basta, pero que son los
fondos que vienen de fuera, que se supone que van a venir de fuera porque todavía no están concretados. Quisiera conocer estas dos cosas: en primer lugar, si ha servido dividir en dos un ministerio, duplicarlo; y, en segundo lugar, entrar un poco
más al detalle sobre los gastos que están previstos en dicha sección 32, que estamos hablando de 42 864 000, de los cuales 42 142 000 son en transferencias y libramientos internos.
De esas transferencias y libramientos internos, tengo especial curiosidad concretamente en la que corresponde a las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de
Toledo de 2020, tal como ha manifestado y más específicamente la aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar otros conceptos. Sobre esos otros conceptos, que van a hacer la suma definitiva de los 13 929 000 de euros
de aportaciones del Estado, quisiéramos saber qué son y cuáles son esos otros conceptos, qué detalle tienen esos otros conceptos y si nos puede dar información sobre los mismos. Quisiera también llamar la atención sobre otro programa, el 143.A, de
cooperación para el desarrollo, por importe de 781 000 euros, y también aparece la misma partida en el Ministerio de Trabajo. La pregunta es: ¿qué criterios han utilizado para que vaya a un ministerio o a otro esta misma partida? Sobre estos
fondos, no podemos pasar por alto que estos 781 000 euros van destinados al capítulo 1, de personal, 580 000 de euros para transferencias de
201 000 euros. ¿Por qué para eso necesitamos un gasto de personal de 580 000? Lo mismo sucede con el programa 231.H, que es concretamente acciones en favor de los inmigrantes, a quién estamos pagando, cuál es el detalle, qué tipo de
servicios se están pagando, y sobre el capítulo 1, quién trabaja y qué personal hay. También en el 232.E, que estamos hablando de 1919 y solo el capítulo 1 son 1773 de personal.
Por último, lo que no puede ser visto de otra forma como algo de dudosa definición, en la Dirección y Servicios Generales de la Inclusión, de la Seguridad Social y la Migración, con un importe total de 38 443 dividido, y solo el capítulo de
personal y gastos corrientes son 25 449 y 11 763. Son cuestiones que quizá nos cuesta más montar y pagar lo que hemos montado que lo que realmente se quiere perseguir o se dice se quiere perseguir.
En relación con lo que han dicho otros compañeros, nos gustaría saber cómo está en estos momentos el tema de la compatibilidad del ingreso mínimo vital con otras prestaciones que se estaban recibiendo, concretamente prestaciones por
desempleo, y de qué forma se están compatibilizando, así como lo que está sucediendo en algunos sitios donde el hecho de la solicitud del ingreso mínimo vital supone el cese prácticamente automático de otra prestación.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Tiene que terminar.
El señor AIZCORBE TORRA: En el tema de la inmigración entraremos más adelante porque es una especie de gran fiesta esto.
Y sobre lo que ha dicho el compañero, creo que del Grupo Plural, sobre qué sucede con Barcelona, concretamente con los edificios que la Seguridad Social tenía previsto hacer allí, le pregunto lo mismo por Gerona, Tarragona y Lérida, mi
tierra. Quisiera saber si esos solares seguirán siendo solares a efectos de metáfora de la falta de presencia del Estado en Cataluña.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Por el Grupo Parlamentario Popular, también por siete minutos, tiene la palabra el señor Romero Hernández.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora subsecretaria, la migración se ha producido siempre desde que el hombre es hombre. El ser humano abandona el hábitat donde nace y vive para buscar otro lugar más propicio para su vida, y lo hace por motivos diversos, entre ellos
cuando se busca mejorar las condiciones de vida económica, es un hecho. España y Europa son hoy, por las circunstancias económicas y sociales, lugar de recepción de personas que son emigrantes desde el lugar de origen e inmigrantes aquí, en el
lugar de destino. Una política integral seria sobre el fenómeno migratorio debe abordar todos los momentos y lugares que afectan a las personas migrantes, tanto desde el inicio, el lugar de partida, como el lugar de destino, sin olvidar el íter, es
decir, el camino desde el lugar de inicio hasta el lugar de destino.
El presupuesto que usted viene hoy a presentar, por los números que da, no por la literatura introductoria a esos números, sino por los números que dan, cantan que no se actúa en las dos vertientes, en el origen y en el destino de la
inmigración, sino solamente en una de estas vertientes, en el destino. La inmigración en España se puede dar de dos formas, de forma legal o de forma irregular. La legal es una forma de dar la migración ordenada, conforme a las necesidades del
país, de acuerdo con un procedimiento, en las debidas condiciones. Los españoles hemos ido a Alemania en su tiempo y hemos ido allí con contrato, con papeles, con vacunas, con certificado de antecedentes penales, incluso, en mi pueblo, hasta el
cura le daba un papel diciendo que era buena persona, con todos esos papeles y en las debidas condiciones. Sin embargo, hay otra forma de migración, que es la irregular, que obvia todo este tipo de procedimiento, sin control, contraviniendo todas
las normas establecidas por España, en este caso hablando de España.
Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la forma más adecuada de proceder con esta inmigración? ¿La inmigración legal o la inmigración irregular, como se está produciendo mucho? Cuando alguien quiere entrar en tu casa, lo normal es que llame a la
puerta o que toque al timbre y se le abra la puerta, lo que no es normal es que se salte por la tapia y se siente en el sofá. Señora subsecretaria, ¿por qué hemos optado por la inmigración irregular? Lo normal es que la inmigración se produzca de
manera legal, lo excepcional sería que se produjera una inmigración irregular. Pues bien, ¿por qué hemos hecho que lo excepcional se convierta en lo normal? Porque hemos hecho que lo excepcional, lo irregular, se convierta
en lo normal. Algo está fallando aquí, ¿no cree usted? Cuando esto es así, y lo es, esto se convierte en un problema que cada vez está engordando más y más.
Señora subsecretaria, le voy a poner dos ejemplos, dos ejemplos actuales. En el año 2019, a Canarias llegaron de forma irregular, de forma ilegal 1516 inmigrantes; en el año 2020, hasta el mes de noviembre, han llegado 11 493 y subiendo,
porque hoy también parece que ha llegado algún que otro cayuco. Anteayer por televisión vi una manifestación en la que gritaban: Solución para la inmigración ilegal. Eso es lo que gritaban. ¿Y la solución es que no haya inmigración ilegal? La
solución es que haya inmigración legal. Le pongo el segundo ejemplo. Almería. En lo que llevamos de año han llegado a sus costas más de 500 cayucos, no le voy a decir el número de personas que venían en los cayucos, tampoco lo sé con certeza, y
va subiendo, porque los cayucos no dejan de llegar. Creo que usted sabe que la inmigración es de competencia estatal, por eso está usted hoy aquí, es una competencia exclusiva del Estado, competencia que visto lo visto y lo que vemos a diario no la
están ejerciendo. ¿Por qué no están ejerciendo esa competencia? Esta dejación es una irresponsabilidad del Estado, que está afectando a la vida cotidiana de muchos pueblos y ciudades y a sus ciudadanos que viven allí.
Las entidades locales se han convertido en los sufridores de la dejadez del Estado con la inmigración irregular. Le voy a poner el ejemplo de la provincia de Huelva a ver si podemos cambiar el chip. En la provincia de Huelva se empezó una
experiencia que fueron los contratos en origen. Yo soy de la provincia de Huelva, de Palos de la Frontera, y se ha realizado en pueblos como Moguer, Lucena, Bonares, Lepe, etcétera. Se contrató en origen para la recogida de los frutos rojos y
durante este tiempo ha venido funcionando bien, venían, como íbamos nosotros a Alemania, con sus contratos, con todos sus papeles, etcétera. No sabemos nada de esas 7000 personas marroquíes que vinieron el año pasado y años anteriores, y hasta la
fecha no sabemos nada. ¿Me puede decir usted algo? ¿Están ustedes trabajando en ello? ¿Qué están haciendo para que esas 7000 personas marroquíes, mujeres, vengan a la provincia de Huelva a la recogida de los frutos rojos?
Le hago otra pregunta. Respecto a las personas que están en situación irregular, ¿me puede decir usted cuántas personas irregulares han sido devueltas a su país para que no entren de manera irregular en España?
Ha hablado usted de los MENA y de una partida presupuestaria para los MENA. ¿Tiene usted en consideración que estos MENA -y le puedo decir que cuando hemos estado en Melilla lo hemos podido ver- tienen padre, madre y tienen familiares y que
se pueden llevar a sus padres o a sus familiares y no tenemos que hacer, como ha manifestado usted en este momento, un nuevo edificio para recoger a los MENA, que los tenemos repartidos por toda España? ¿Ha trabajado usted con el Gobierno de
Marruecos -fundamentalmente son marroquíes- para que a esos MENA se les pueda llevar a sus padres?
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Tiene que ir terminando.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Termino ya.
Le voy a hacer varias preguntas sobre otro asunto. Concretamente, sobre los presupuestos de 2021, sección 23, me gustaría preguntarle, ¿qué acciones concretas o políticas se ejecutan con cargo a dichos fondos? Hay un fondo de 183 millones
de euros. ¿Ha sido ya aprobado dicho programa por las autoridades europeas correspondientes? ¿Qué cantidad irá destinada a la ejecución del ingreso mínimo vital? ¿Para qué acciones concretas? En dicho programa, en el capítulo de transferencias
corrientes hay 70 millones para las comunidades autónomas, 10 millones para las corporaciones locales y 5 millones para las familias. Le pregunto, ¿cuál es la distribución territorial de dichas cantidades? ¿Qué criterios se seguirán para dicha
distribución? Me gustaría que me respondiera usted a estas preguntas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muchas gracias, señor Romero.
Para terminar este turno de intervenciones, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, señora Ramón Utrabo.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la señora subsecretaria a esta casa que es la suya y agradecerle sinceramente la exposición de manera transversal que ha hecho acerca de los presupuestos del ministerio.
Quiero comenzar diciendo que, aunque el portavoz de VOX diga que estos presupuestos son herencia del Partido Popular, se ve que el portavoz del Partido Popular no lo visibiliza así, porque ha centrado prácticamente toda su intervención en
hablar de migración y, evidentemente, más que oír lo que venía aquí a exponer la subsecretaria, está claro que su intervención la traía preparada porque ha hablado de menores no acompañados cuando yo no he oído aquí ni una palabra al respecto,
porque creo que la visión que ha querido trasladarnos la subsecretaria es sobre todo una visión transversal de cuáles son los objetivos que se marcan en el presupuesto para este ejercicio 2021.
En primer lugar, quiero poner de manifiesto que lo más relevante es el valor del Pacto de Toledo como pilar clave de estos presupuestos. Estos Presupuestos Generales del Estado cumplen con lo mandatado por el reciente acuerdo del Pacto de
Toledo que hace unos días fue aprobado en Comisión con una amplia mayoría. Se dan unos pasos importantísimos para acabar con el déficit de la Seguridad Social y lo mejor es que estos pasos decisivos para acabar con ese déficit de la Seguridad
Social transmiten seguridad y certidumbre a millones de pensionistas de nuestro país. Se recupera el poder adquisitivo de las pensiones porque, por fin, hemos cumplido con este compromiso y con esta recomendación, pero era un compromiso también de
este Gobierno que las pensiones se incrementaran de acuerdo con el IPC. Por eso los presupuestos contemplan esa subida del 0,9 % para las pensiones con carácter general, y de un 1,8 % para las pensiones no contributivas. Se recoge esa
transferencia directa al sistema, siguiendo la recomendación número 1 del Pacto de Toledo. Y me gustaría hacer hincapié en unas transferencias concretas que hacen referencia fundamentalmente a que el Estado de forma directa asuma esos llamados
gastos impropios que hasta ahora han estado asumidos por el sistema de Seguridad Social y que ponían en peligro la propia estabilidad del sistema: la prestación contributiva por nacimiento y cuidado de menores; la financiación de las reducciones
en las cotizaciones a la Seguridad Social como política de empleo; y las políticas activas de empleo o familias, que serán asumidas directamente con transferencias del Estado.
Quiero resaltar también que este presupuesto asume la recomendación número 8 del Pacto de Toledo, haciendo una apuesta decidida por un plan de modernización de la Seguridad Social, dotándola de recursos humanos y materiales, un paso muy
importante después de años de olvido, porque no podemos olvidar cómo estaban las plantillas y cómo están. Desde 2011 se ha reducido la plantilla en un 20 %; 55 años es la edad media ahora mismo del personal; más del 60 % tiene más de 55 años y de
no remediarlo la reducción de efectivos será muy drástica en breve, porque un 10 % se jubilará en los próximos tres años. Creo que es importantísimo dotarla de personal y de recursos para que puedan hacer su gestión de forma adecuada, y se ha
puesto de manifiesto durante la pandemia y el confinamiento que hemos vivido en nuestro país.
La innovación de la Seguridad Social para convertirla en una Seguridad Social del futuro es también importantísima, mejorando su presencia en todo el territorio nacional, lo cual va a afectar y muy positivamente a la llamada España vaciada.
Es importantísima la presencia territorial, que lo va a favorecer el impulso de la digitalización y del teletrabajo. Esto supone un elemento cohesionador en el conjunto del Estado, revitalizando zonas afectadas por la despoblación.
En materia de migraciones, me parece muy acertado que el presupuesto recoja el déficit en la capacidad de respuesta que tenemos ante el cambio de los flujos migratorios. A nadie se le escapa que se ha incrementado la llegada a las costas y
tenemos que potenciar un cambio de modelo reforzando la autonomía y la capacidad en el sistema de atención. Hay que aumentar, como ha dicho la subsecretaria, la eficacia y la eficiencia a través de la digitalización para facilitar la identificación
de los recursos que tenemos más adecuados para el perfil de las personas que están llegando, de las personas que sean beneficiarias del sistema. Esto se favorece notablemente con los trámites electrónicos, como prestando el servicio a través de
estos trámites electrónicos.
Quiero señalar también el despliegue del desarrollo del ingreso mínimo vital que contemplan los presupuestos con una partida superior a los 3.000 millones de euros, una política de inclusión importantísima para mejorar la atención de las
personas más vulnerables que están en nuestro país. Creo que es una política clave. Ha sido dificultoso el despliegue de este ingreso mínimo vital, a nadie se nos escapa -y podemos mirar en otras comunidades autónomas que hayan puesto en marcha
medidas como esta, que han tardado mucho más en desplegarla que el Gobierno de España-, con los recursos que tenemos, que han sido mermados notablemente durante estos últimos años, cuando se necesita que se robustezca toda la infraestructura digital
y electrónica del sistema para atenderlo adecuadamente. Por eso quiero dar mi más sincera enhorabuena al ministerio, porque con estas dificultades, en los últimos tiempos,
y me consta que en breve plazo, se va a potenciar un despliegue importante de esta política, tan demandada y tan necesaria en nuestra sociedad. Y, efectivamente, la digitalización también va a ser importantísima en el desarrollo de las
políticas de inclusión para evaluar y hacer un seguimiento adecuado no solamente del despliegue de las propias políticas, sino para poner en marcha decisiones políticas que van a estar más adecuadas a las necesidades.
Por último, quiero decir que es acertada esta política, porque tenemos que reconocer que España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución más desigual de la renta entre los hogares. No sé si el portavoz de VOX
cuando habla de gran fiesta se refiere a esa fiesta para unos poquitos. Nosotros lo que queremos es llegar a la inmensa mayoría de los hogares que tienen una necesidad importante, y estamos hablando de necesidades básicas. Estos presupuestos son
ejemplo de unos presupuestos de inclusión y cohesión social y, sin duda, van a contribuir a la vertebración de nuestro territorio. Por ello mostramos nuestra satisfacción, creo que responden a la necesidad del momento. Son unos presupuestos
excepcionales en un momento excepcional, provocado por la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 en nuestra sociedad. Por eso tenemos que hablar de unos presupuestos tremendamente sociales e inclusivos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muchas gracias, señora Ramón.
Tiene la palabra nuevamente la señora subsecretaria, doña Raquel González.
La señora SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (González Peña): Muchas gracias a todas sus señorías por sus intervenciones. Voy a intentar dar respuesta a todas las preguntas. Espero no olvidar ninguna, aunque
probablemente en algún caso la información que les dé tenga que completarla alguno de los comparecientes que van a intervenir a continuación.
Respondiendo a la señora Carvalho Dantas, una de las cuestiones que ha planteado es si vamos a cumplir los ODS. Nuestro objetivo es cumplirlos, si bien no son algo que se logren de forma inmediata, sino en un proceso que hay que ir
siguiendo paulatinamente. Nosotros partíamos de cero en la parte que nos afecta en políticas de inclusión. Como ustedes saben, Europa repetidamente a lo largo de los años siempre ha señalado la terrible situación en la que se encontraba España,
que no tenía unas decididas políticas en este sentido. Entonces, ¿lo hemos cumplido al cien por cien y estamos en la situación óptima? Igual no, pero, desde luego, hemos dado todos los pasos y nuestro objetivo en 2021 es seguir dándolos.
En cuanto al IMV, a quién cubre y quién no está cubierto, debemos tener en cuenta varias cuestiones. El IMV era un proyecto de legislatura, pero en un momento dado nos encontramos con una situación crítica y es necesario acelerar. El IMV
parte de un diseño en el que se busca ser lo más eficientes y eficaces posibles. Así pues -en línea con mi alma interventora, porque al final es dinero público que tiene que llegar a donde tiene que llegar-, se decide una política que está
extraordinariamente evaluada antes de ponerla en marcha y que está siendo extraordinariamente evaluada durante el proceso, y eso es lo que ha motivado que en las últimas semanas se hayan hecho algunas modificaciones y que en el futuro probablemente
haya que hacer nuevas modificaciones. Por tanto, ¿completamente perfecto? Se está cerca, pero todavía hay que continuar dando pasos. Estamos trabajando en ello y habrá que ir viendo cómo se consigue cubrir todos nuestros objetivos. Y estos hay
que plantearlos uno a uno, intentar ir dando pasos para llegar a una solución, respecto de la que, efectivamente -estoy de acuerdo con usted-, el Estado tiene que llegar a atender a todas las personas. Pero no se puede hacer de un día para otro, y
además no ha sido el año más fácil para nadie. Por tanto, trabajaremos en ello. Apuntamos sus consideraciones e iremos trabajando en ello, sin perjuicio de que la Secretaría General de Políticas y Objetivos de Inclusión pueda dar una visión más
exacta, puesto que es la que lo gestiona día a día.
Al señor Boadella, que preguntaba sobre regionalizar por Cataluña, siento decirle que en este momento no dispongo de la información, entre otras cosas porque, como sabe usted, normalmente lo que se regionaliza en los presupuestos es la parte
del capítulo 6. Lo miraremos y le proporcionaremos la información, de la que ahora mismo no dispongo.
En cuanto a las quejas sobre el ingreso mínimo vital, si se resuelven en el tiempo debido o si hay retrasos, como comentaba antes, el ingreso mínimo vital se ha puesto en marcha casi en el peor momento posible. No sé cuántos de ustedes han
sido gestores directos de una prestación, pero conocen la extraordinaria complejidad que tiene gestionar cualquier prestación. O sea, una prestación no es como cuando uno llega al McDonald's y se lo lleva. Hay que analizar muchísima documentación,
muchísima información, hay que formar a gente, hay que adoptar criterios. No es una cosa automática, y esto es algo
completamente nuevo y que se ha puesto en marcha en una pandemia, con centros cerrados, la mitad de la gente en casa y otros enfermos. Estamos trabajando por agilizarlo al máximo, y en esto hay una curva de aprendizaje, como también les ha
explicado en varias ocasiones el ministro, y estamos acelerando mucho. Mis compañeros después les darán más datos. El objetivo, obviamente, es ser lo más ágiles posible en la tramitación de la prestación. De hecho, se observa que en las últimas
semanas ha mejorado mucho, y algunos de los cambios legislativos realizados han sido en esta dirección.
En cuanto a la transferencia o no, me remito al texto del real decreto-ley, porque es la línea en la que estamos trabajando y sobre la que estamos hablando con distintas comunidades autónomas.
En cuanto a la foto más o menos fija del impacto del COVID en la migración, durante todo el periodo de la pandemia, en la temporada de confinamiento más estricto, por así decir, de marzo a junio, las fronteras han estado cerradas. Por
tanto, en ese periodo de unos seis o siete meses las llegadas de inmigrantes fueron prácticamente nulas, porque nadie podía entrar ni salir. Por ello, no tenemos un análisis del impacto. La cuestión es distinta ahora, en el momento en que se han
abierto las fronteras y cuando la gente que en sus países está en una situación más complicada empieza a llegar. Entonces, tenemos alguna información pendiente de analizar, pero esto lo quiero poner en relación con otra cuestión. Cuando he
insistido tanto en que queremos hacer un avance y una apuesta decidida por la innovación y la digitalización, precisamente nuestro objetivo es ese. Nosotros necesitamos tener la información mucho más rápidamente. Aunque luego incidiré más, no se
trata de que no haya personas, necesito tener la información, y la necesito tener muy rápido, porque la gente llega o porque la gente tiene necesidades o porque la gente tiene que acceder al ingreso mínimo vital. Por eso, para poder ser ágil
necesito tener esa información deprisa. Entonces, ahora mismo no dispongo de la información detallada -la que tengamos se la podríamos hacer llegar-, pero precisamente lo que pretendemos es tener lo más próximo al tiempo real información de todos
los ámbitos competenciales de mi ministerio, porque tengo que tomar las decisiones rápidamente, no las puedo tomar con los datos del mes pasado, porque así me voy a equivocar siempre o no voy a estar del todo acertada. Por eso, cuando hablaba de la
apuesta por la innovación y la digitalización, lo hacía en esa línea, necesito tener los datos casi en tiempo real.
En cuanto a los edificios de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cataluña, simplemente señalaré que mi ámbito competencial en cuanto a los inmuebles del ministerio se ciñe a lo que es ministerio; los que son de la Seguridad
Social corresponden a la Tesorería General de la Seguridad Social. Desconozco ahora mismo el estado del edificio, lo preguntaré, pero es cierto que durante todo el año 2020, como consecuencia del COVID, se han priorizado algunas actuaciones, y, en
concreto, las inversiones inmobiliarias por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social han quedado en un segundo plano, como digo, por razón de priorización de esfuerzos, recursos, personas y dinero; dado que había una situación de
confinamiento, la prioridad no era contar con nuevos edificios. Me enteraré de cuál es la situación, pero sepan que esto se lleva en la Tesorería General de la Seguridad Social al ser un inmueble de la Seguridad Social.
En cuanto al señor Rodríguez, de Unidas Podemos, en cuanto al tema sobre personal y plantillas, que además me han comentado algunos otros compañeros, efectivamente conozco perfectamente la situación de la plantilla tanto en el ministerio
como en la Seguridad Social. Durante este año, en realidad ocho meses, en el ministerio hemos conseguido reforzar de manera muy significativa la estructura de la Seguridad Social, se ha hecho un cambio en su RPT y se ha reforzado; creo que desde
los años ochenta no se hacía un cambio en los términos en que se ha hecho ahora. Además, para la oferta de empleo público de 2021 tenemos 301 plazas de turno libre para los grupos A1 y A2 y más de 670 de promoción interna, o sea, estamos hablando
de unas 900 plazas. Es cierto que sigue siendo un primer paso y que tenemos que avanzar mucho más. El secretario de Estado de Seguridad Social en su comparecencia y en la presentación que hizo el ministro de los presupuestos incidieron mucho en
este sentido, y, sí, efectivamente, queremos trabajar en reforzar nuestras plantillas, porque, como les decía, una cosa es que necesite digitalizar y modernizar para poder ser más eficiente en mi proceso de toma de decisiones, pero también
necesitamos a la gente, y, desde luego, en la Seguridad Social es importantísima.
La Seguridad Social, junto con la Guardia Civil, creo que es la única Administración que tiene presencia en todo el territorio nacional. La Seguridad Social está en todas partes, está en todas las provincias, y, además, también, como hemos
comentado en distintas ocasiones, queremos que siga siendo así, y que siga teniendo una presencia reforzada en las provincias mediante un proyecto que ha comentado también en alguna ocasión el secretario de Estado de Seguridad Social, que es mover
el trabajo. Si en un momento dado en la provincia de Soria hay menos trabajo, no quiere decir que tenga menos funcionarios, porque
los sigo necesitando; quiere decir que algunos expedientes que entran en Madrid, donde puede haber una sobrecarga de trabajo mayor, se vayan a resolver por un funcionario de Soria, porque el funcionario de Soria está perfectamente
capacitado para resolver un expediente, esté donde esté.
Por tanto, nosotros queremos trabajar en mantener la plantilla, en reforzarla, en reforzar las ofertas de empleo público, de manera que tengamos los funcionarios que necesitamos para atender el servicio público al que estamos dedicados, y
este año, a pesar de todas las dificultades, hemos dado pasos significativos: se ha reforzado la RPT y la oferta de empleo público de la Seguridad Social. Creo que está en unos términos bastante positivos, especialmente considerando lo que ha
pasado en años anteriores.
Señor Aizcorbe, es que ha entrado usted directamente en mis temas. Podría estar hablándole de esto durante horas con todo tipo de detalles; voy a intentar contenerme y hacerlo de la manera más resumida posible.
En cuanto a su pregunta respecto a la división del ministerio en dos, -es un tema que me toca personalmente como subsecretaria, como se puede imaginar- por una parte, las secretarías de Estado que eran de un ministerio se han ido al otro y
viceversa, y los servicios centrales nos los hemos dividido. ¿Cómo nos los hemos dividido? Por mitades, que no quiere decir 50 % y 50 %, quiere decir que se ha hecho por reparto de cargas de trabajo y a coste cero. Teníamos la indicación de que,
por carga de trabajo, una parte iban a un lado y otra al otro. Por tanto, en nuestro caso de Trabajo y Seguridad Social, la división ha sido, con mayor o menor éxito, la suma de los dos ministerios, lo que era en origen MITRA-MISS, es decir, si se
suma lo que ha quedado en MTES y lo que del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones venía del MITRA-MISS, sale lo que había antes. Se lo puedo asegurar, me puedo sentar con usted a tomar un café y se lo saco exactamente.
También le comentaré que la división entre ministerios no tiene por qué afectar al desarrollo de las políticas. Que dos secretarías de Estado que tengan una cierta relación dependan del mismo ministerio necesariamente no genera agilidad, y
se lo dice alguien que lleva muchos años en muchos ministerios, que se han juntado y se han separado: Economía, Hacienda, Trabajo, Seguridad Social, Administraciones Públicas, Función Pública. La relación en el día a día se produce entre unidades
administrativas, y el hecho de que dependan de un ministerio u otro no tiene por qué agilizar o empeorar la tarea. Respecto a que haya una división en el ministerio sucede como con cualquier otra cosa que pueda pasar en el día a día: hay veces que
te viene bien y hay veces que te viene mal, pero no considero que sea un problema, y para ciertas cosas tiene sus ventajas.
Ha hecho usted varias preguntas sobre capítulo 1 en términos concretos. En cuanto al 143A, programa de cooperación internacional, como sabe usted, los programas presupuestarios no son necesariamente de un ministerio. Hay determinados
programas que sí son única y exclusivamente de un ministerio, porque se refieren a una cuestión muy específica, pero hay otros programas que son transversales a varios. Uno de estos casos es el 143A, que estoy segura de que aparece en varios
ministerios, y probablemente tendrá una posición muy destacada en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
El capítulo 1, de los dos ministerios, MTES y Ministerio de Inclusión, es el resultado de la división de la Subdirección de Relaciones Internacionales del antiguo ministerio, que dependía de la subsecretaría, y otros reajustes de personal de
las antiguas subsecretarías, que se ha movido de uno a otro lugar. Por tanto, responde estrictamente a la división de personas, una a una, con sus nóminas, sin más; ese es nuestro capítulo 1, y la respuesta vale para un ministerio y otro, si
pensaba hacer la pregunta a mi compañera esta tarde, porque este es el resultado.
En cuanto a la gestión, como usted sabe, las unidades administrativas no tienen como finalidad exclusiva la gestión de ayudas y subvenciones. Es cierto que en el 143A tenemos, si no recuerdo mal, 201.040 euros, 201,4, como figura en el
presupuesto, y ese es un dinero que gestiona esa subdirección. No obstante, esa subdirección tiene unas funciones que van mucho más allá de la gestión económica, como nos ocurre en la subsecretaría, porque nosotros gestionamos dinero, pero gran
parte de las funciones que tenemos, por ejemplo, todas las de Secretaría General Técnica, son sin coste, y eso no quiere decir que no pueda pagar a esos funcionarios. En este caso, al ser la Subdirección de Relaciones Internacionales, lleva todas
las relaciones internacionales en el ministerio, lo que implica las relaciones con los Reper, todas las cuestiones prejudiciales con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relaciones con todas nuestras consejerías en el exterior, tramitación
de convenios de Seguridad Social, o sea, todas las relaciones internacionales del ministerio se llevan desde esa subdirección, y todos ellos son temas cruciales, de gran importancia tanto para las empresas como para los ciudadanos. Pero eso no
quiere decir que se tenga que gestionar dinero, aunque a los funcionarios les tengo que pagar igual, y esa es la razón del coste, que son 580.000 euros, no millones, creo recordar.
En cuanto al programa 231H, capítulo 1, el presupuesto del personal de la Secretaría de Estado de Migraciones se paga con cargo a tres programas presupuestarios distintos: uno de dirección, uno de acción a favor de los inmigrantes y otro a
favor de los emigrantes. El de acción a favor de los emigrantes, 231B, es la Subdirección de la ciudadanía en el exterior y retorno. Respecto al 231H, se pagan las nóminas del personal de la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria
y todas las subdirecciones que de ella dependen. El 232C es un programa presupuestario que tiene algunas particularidades que le voy a explicar. Este programa presupuestario es el que representa el coste de personal de la Secretaría General de
Objetivos y Políticas de Inclusión. ¿Cuál es la particularidad de este presupuesto, lo que además me da ocasión para responder también a una pregunta de su compañero? Por razones de técnica presupuestaria que nos han indicado desde la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos, los créditos que van a canalizar recursos para el Plan de Recuperación y Resiliencia no van a estar asignados a los programas presupuestarios en los que se van a gastar, sino a un programa presupuestario separado.
En cuanto al 232C, si hiciésemos una identificación funcional, serían 120 millones de euros, de los que 1,7 serían para gasto de personal, 150.000 euros para unas pequeñas transferencias ya previstas, y luego estarían los 116,64 millones, que van a
ser canalizados a través del Plan de Recuperación y Resiliencia. Por tanto, esos 1,7 millones de euros responden al gasto en personal de una secretaría general que va a gestionar 120 millones de euros.
Respecto a la falta de presencia del Estado en Cataluña, señoría, la Seguridad Social está muy presente en Cataluña, como además le puede decir cualquier funcionario de nuevo ingreso, porque, en general, las plazas, como pasa en otros
cuerpos, son para Cataluña, sobre todo por parte de los letrados. Hay otros cuerpos de Seguridad Social que normalmente tienen salida en Canarias, Ceuta y Tenerife. Pero tenemos presencia en todo el territorio; si una Administración la tiene, es
la Seguridad Social.
Señor Romero Hernández -voy a tratar de resumir, porque, como les decía, no me quería extender-, usted me ha hablado mucho del mundo de lo normal. Yo mantengo un principio general en mi vida, y es que lo normal es algo muy relativo, no me
atrevo a decir qué es lo normal y qué no es lo normal, porque no me siento capacitada de marcar esa línea. ¿Que nos gustaría que todo fuese migración regular? Sí, pero las cosas hay que irlas trabajando y ocurre lo que ocurre. En cuando a la
migración regular, efectivamente nosotros estamos trabajando en ello. Como entiendo que usted conoce, ha habido una pandemia, fronteras cerradas, no podía haber movimientos y, por tanto, no han podido llegar los flujos habituales que llegan para
poder participar en la recolección de la fresa, fruto rojo, etcétera, lo que, de hecho, motivó la aprobación de un real decreto-ley, creo recordar que el 13/2020, en el que se adoptaban medidas excepcionales para la actividad agraria porque no
podían llegar esos flujos. En cualquier caso, cuando he dicho que el presupuesto para la acción a favor de los inmigrantes aumenta, tenemos que tener en cuenta que ese aumento de 45,6, si no recuerdo mal, es relativo a las acciones en favor de los
inmigrantes, y se incluyen todas nuestras acciones a favor de la inmigración legal y ordenada, así como las acciones que hay que hacer para atender a la migración irregular, porque, aunque quisiéramos que la mayor parte de la migración fuera
regular, no quiere decir que vaya a dejar de existir la inmigración irregular; ante las cosas que existen no podemos cerrar los ojos y las tenemos que seguir atendiendo. Por tanto, estamos trabajando activamente en los programas no solo con
Marruecos, sino también con otros países. Me parece que hay un programa con Honduras, creo que Guatemala había mostrado interés y hay actuaciones en ese sentido.
En cuanto a los menas, el ministro anunció hace pocos días un cambio en el Reglamento de extranjería para atender a la situación de los comúnmente llamados menas para evitar que caigan en una situación de irregular sobrevenida. Además, en
el real decreto-ley que he citado antes, el 13/2020, también se tomaron una serie de actuaciones en cuanto a estos jóvenes, que, de hecho, ha llevado a que se prorroguen sus permisos creo recordar que por dos años.
Agradezco la aportación. Como ya he dicho respecto a la plantilla de la Seguridad Social, hemos hecho un esfuerzo durante este año por reforzarla, incluso en una situación en que teníamos muchas cosas alrededor, y la oferta de empleo
público de 2021 es muy positiva.
Con esto creo que he respondido a todas sus señorías, y he intentado que su mañana de viernes no se extendiera más allá de lo necesario.
Disculpen. Olvidaba responder en cuanto a los gastos impropios, y no quiero dejar de responderla muy rápidamente. Cuando hablamos de los gastos impropios, tenemos 13.929 millones de euros en el
presupuesto. En ellos se incluyen, aunque ya lo contó el Secretario de Estado de Seguridad Social el otro día, las reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, la partida más grande, que creo que es por la que me preguntaban, que
es la de 9.300 millones, donde van los beneficios a la cotización de determinados regímenes y colectivos, el coste del reconocimiento de la prestación anticipada de jubilación por la aplicación de coeficientes reductores y el coste de la integración
de periodos no cotizados en la determinación de la base reguladora de las prestaciones del sistema. El resto, hasta los 13.929 millones, son otras prestaciones que vayan a ser financiadas con transferencias del Estado, que ahora son nacimiento y
cuidado del menor, que es una prestación a mitad de camino.
Muchas gracias a todos.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio). Muchas gracias. (Pausa).
- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES (JALLOUL MURO), A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (número de expediente 212/000920), POPULAR EN EL CONGRESO
(número de expediente 212/000630), VOX (número de expediente 212/000670), PLURAL (número de expediente 212/000961) Y CIUDADANOS (número de expediente 212/000796).
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Reiniciamos la siguiente comparecencia con la secretaria de Estado de Migraciones, doña Hana Jalloul Muro, a la que le doy la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES (Jalloul Muro): Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por atender esta presentación del plan presupuestario 2021, por mi parte la Secretaría de Estado de Migraciones. (Apoya su
intervención en un powerpoint).
Querría comenzar diciendo que el presupuesto de la Secretaría de Estado de Migraciones tiene un marcado carácter social, que para nosotros es fundamental. Estamos trabajando mucho en un modelo de gestión eficiente diversificado y autónomo,
porque tenemos objetivos muy claros, entre los que está cumplir, en primer lugar, con los compromisos internacionales y legales en materia de acogida e integración de solicitantes de asilo, y beneficiarios de protección internacional; prestar
atención humanitaria a las personas que llegan de manera irregular a nuestras costas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; contribuir al mantenimiento de la cohesión social; impulsar la inclusión de los extranjeros residentes en nuestro
país y garantizar la protección social de los inmigrantes españoles y retornados que carecen de recursos. La justicia y la atención a los más vulnerables es nuestro eje vertebrador para la configuración de nuestros gastos. En nuestro objetivo está
en aumentar la eficiencia, los datos, la innovación y la digitalización de las políticas públicas, como ya ha expresado anteriormente nuestra subsecretaria. Además, nos adaptamos a las necesidades reales y promovemos una política progresista.
Cuando hemos llegado aquí nos hemos encontrado con un escenario distinto, tenemos el escenario de la pandemia, tenemos que trabajar con las realidades que nos tocan cada día y, para eso, tenemos que tener en cuenta que no somos un país
destino de migrantes, sino un país de origen de la migración, como tantos otros de la OCDE. Trabajamos por una migración ordenada y segura, que era una de las preguntas que se han hecho con anterioridad, para lograr en los países de origen y
destino desarrollo económico, desarrollo y enriquecimiento cultural y desarrollo social. O sea que no solo trabajamos en programas con los inmigrantes que vienen a España y con nuestros emigrantes españoles que viven fuera de España, sino también
en países de origen, que es importante. Nuestra política migratoria tiene otros ejes fundamentales, como es la ordenación de flujos migratorios, la lucha contra el tráfico de personas y trata de seres humanos, acogida y atención a los más
vulnerables y políticas inclusivas de los extranjeros residentes en España. Los principios y los valores democráticos que sustentan nuestro ordenamiento y nuestra convivencia están presentes en el planteamiento de este presupuesto que, como ya he
dicho con anterioridad tiene una impronta muy social.
Antes de pasar a explicar con más detenimiento los presupuestos, me gustaría hablar un poco de lo que es la Secretaría de Estado en sí misma, que a veces es más desconocida, dependiendo del ámbito de la competencia en que cada uno esté más
relacionado. Nuestra Secretaría de Estado de Migraciones tiene dos direcciones generales, una Dirección General de Migraciones, en la que tratamos temas fundamentales, como es la ciudadanía en el exterior y la inmigración, generalmente muy ligada a
todos los procesos documentales, y una Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, en la que principalmente atendemos los programas de protección internacional y atención humanitaria, además de
programas también de financiación con fondos europeos. Nuestros objetivos transversales es ser más eficaces y tener capacidad de respuesta adecuada, sobre todo ante todos los desafíos que estamos viviendo y específicamente en el ámbito
migratorio. Para eso necesitamos hacer una mejora de la gestión de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con deficiencias. Cuando llegamos a esta secretaría de Estado nos dimos cuenta de que tenemos muchas más solicitudes
de asilo que plazas para atender a los solicitantes, si bien es cierto que no todos los solicitantes de protección internacional quieren entrar en estos sistemas, un 32 %, no obstante siguen siendo las plazas precarias para la cantidad de
solicitantes de asilo que hay, y más si lo comparamos con otros países de la Unión Europea, como bien se indica en la transparencia. Había un déficit, además, en la capacidad de respuesta rápida ante los cambios en los flujos de llegada porque
había territorios donde no se habían producido llegadas con anterioridad y ahora se están produciendo llegadas importantes a Canarias, Baleares, Murcia; se han multiplicado por siete las llegadas de 2018, si bien es cierto, como he explicado, que
también es debido a la situación por el COVID. Por ejemplo, el repunte en las llegadas en Canarias es significativo, 11.415 personas desde principios de año. Además, nosotros estamos trabajando en una evaluación sobre la asunción de competencias
por parte de las comunidades autónomas de la fase de integración de los solicitantes de asilo que están en el sistema de asilo por parte de las comunidades autónomas, en base a distintas sentencias de los tribunales superiores de Justicia que dicen
que la integración de los inmigrantes pertenece a las comunidades autónomas. Este es un proceso en el que estamos trabajando y que todavía no se ha realizado, pero que no solo está pendiente de una evaluación con la Agencia Europea de Asilo, sino
que además trabajamos mano a mano con las comunidades autónomas, con las organizaciones no gubernamentales y otros autores con los que estamos trabajando en el proceso. Nos encontramos que había muchas deficiencias en los instrumentos de gestión y
financiación para la gestión de las subvenciones, los plazos de resolución, que son muy largos. Además, el contexto COVID nos ha hecho adoptar medidas de prevención y protección, a las que hemos tenido que dar una respuesta muy rápida porque
obviamente, como a todos, esta pandemia nos ha pillado de golpe y herramientas de formación y evaluación y procedimientos administrativos obsoletos. Nosotros necesitamos digitalización, necesitamos bases de datos, gestión de expedientes, capacidad
de dotarnos de instrumentos que nos ayuden a procesar la información, como ya ha hecho la subsecretaría con anterioridad, de manera muy rápida para ser todavía más eficaces.
Por lo tanto, para nosotros el modelo de gestión de la emigración se articula a través de tres grandes ejes fundamentales: el refuerzo de la autonomía en la capacidad en el sistema de atención, tanto en protección internacional como en
atención humanitaria; el cambio de modelo de gestión, que se presenta muy obsoleto, como acabamos de ver; el aumento en la eficacia y la eficiencia a través de la digitalización, lo que coadyuvará a tener una respuesta más rápida a los desafíos
con los que nos encontramos.
Para hablar del primer eje, en el que hablamos del refuerzo y la autonomía y la capacidad asistencial, necesitamos incrementar la capacidad de asistencia y de plazas a través de una red de centros propios en la que ya estamos trabajando, con
especial foco en Canarias. Aproximadamente, aunque aquí hemos puesto que queremos abrir unas 3500 plazas nuevas, nuestra intención es, incluso, incrementar en unas 1000 más. Necesitamos adecuar la capacidad de acogida al número de solicitantes de
asilo, minimizar la lista de espera de acceso para solicitantes de asilo, porque hemos llegado a tener una lista de espera de hasta 8000 personas, si bien es cierto que hemos logrado reducirla a menos de 3000, y una capacidad de respuesta ante
emergencias humanitarias. Las mejoras presupuestarias que presentamos a través de este presupuesto, en el que tenemos un incremento sustancial, como se ha remarcado con anterioridad, de unos 106 millones; como veis aquí su totalidad corresponde a
la cifra de 487 millones de euros, en el que las acciones a favor de los inmigrantes son 424,2 millones, con un incremento de un 33 %, acciones a favor de los inmigrantes, con 61 millones en el que también hay un incremento del 3 %, a lo que hay que
sumar 41 millones del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Con este presupuesto lo que pretendemos es dar respuesta a todas las situaciones que he presentado con anterioridad.
Si desglosamos un poquito más el presupuesto, nuestro presupuesto se divide en dos partidas fundamentales que es la del programa de la Dirección General de Migraciones, que es el 231.B, que explicaré con posterioridad, y el programa
denominado 231.H, actuaciones a favor de los inmigrantes. En este programa tenemos 424,20 millones, se incrementa un 33 % sobre un presupuesto prorrogado, es el sistema de protección internacional y atención humanitaria. Como podéis ver a través
de la transparencia, el incremento es del 87,7 millones respecto al presupuesto prorrogado de 2020, de aquí el crecimiento de plazas, la creación de centros propios, etcétera. Incluye subvenciones nominativas a Cruz Roja, Accem y
CEAR en protección internacional y atención humanitaria por un valor de 165 millones, integración de los inmigrantes además con programas a solicitantes de asilo, a refugiados, apátridas, próximas acogidas a otros regímenes de protección
temporal y subsidiaria y desarrollo y promoción de acciones para la canalización de flujos y cooperación con los países emisores de migrantes. Además de los programas de protección internacional, aparte de las subvenciones nominativas que reciben
tanto Cruz Roja, CEAR y Accem, hay otros programas que reciben 143,67 millones, como el sistema de protección internacional con 116,50 millones; en los proyectos cofinanciados con el Fondo Social Europeo, 5,80 millones; proyectos cofinanciados con
FAMI, 20 millones; una subvención ACNUR sobre refugiados e inmigrantes de 100 000 euros y ayudas a residentes en centros de migraciones. Además se complementan con programas de inclusión, cooperación y ordenación de flujos. En este programa,
también denominado Emigrantes, tenemos una partida de 18,28 millones en el que se dividen en proyectos de convivencia y cohesión social, cuya dotación es de 11,28 millones. Programas de retorno voluntario a los países de origen. Nosotros tenemos
programas con la Organización Internacional de Emigraciones, en el que la inversión es de 2 millones. Ordenación de flujos migratorios laborales, 1 millón de euros y reasentamiento y otros programas internacionales que suponen 4 millones de euros
entre distintas organizaciones nacionales e internacionales, la Organización Internacional de Emigraciones.
Si nos centramos en el programa 231.B, que pertenece a la Dirección General de Migraciones, las mejoras en el sistema también abarcan a la ciudadanía española en el exterior. No me cansaré nunca de remarcar que nosotros, desde la Secretaría
de Estado de Migraciones trabajamos con nuestros españoles en el exterior a los que prestamos mucha atención, como no puede ser de otra manera. En el ámbito de la ciudadanía española en el exterior y retornados aumentamos nuestro margen de
actuación, con un modelo además descentralizado, con autonomía y flexibilidad en la concesión de las prestaciones, con un nuevo sistema en el que, conforme a criterios objetivos, con digitalización permitirá un vínculo directo entre los solicitantes
de las prestaciones y la Secretaría de Estado de Migraciones. Se trata de modernizar la Administración y de que todo el mundo conozca sus derechos y cómo puede acceder a sus prestaciones, lo que también va a producir un acercamiento entre la
Administración y nuestros ciudadanos españoles en el exterior.
Homogeneización de los procesos de concesión de ayudas públicas; establecimiento de criterios objetivos y rigurosos en la concesión de las ayudas y la centralización de la gestión y de la información, lo que además va a facilitar la
evaluación constante del sistema. Estas medidas, que se reflejan en el programa 231.B, como acabo de comentar, son 60,97 millones. Tiene también aumento en un 2,7 de respecto al presupuesto de 2020 y en algunas partidas concretas más que en otras,
como puede ser la de los retornados. Aquí vemos las prestaciones por razones de necesidad, 45,28 millones para españoles residentes en el exterior, mayores de sesenta y cinco años o incapacitados para el trabajo. Además se revisa según el IPC del
país de residencia. Tenemos pensiones de ancianidad de los españoles retornados. Esto ha aumentado en 5 millones en más de un 297 % respecto a 2020. Se incrementa el número de beneficiarios retornados y a esto también influye el contexto COVID.
Nosotros hemos priorizado estas acciones para no dejar a nadie atrás que, vuelvo a repetir, nuestro presupuesto tiene un concepto muy social y en este tipo de medidas se refleja.
Se mantiene la prestación a los niños de la guerra, desplazados al extranjero durante su minoría de edad por la Guerra Civil y un plan de retorno al que dotamos con 500 000 euros; actuaciones para promover y facilitar el retorno a España a
españoles residentes en el exterior; emigrados por crisis económicas o segundas generaciones. Estamos trabajando en un estudio importante con el nuevo plan de retorno para que nuestros españoles que quieran retornar y sobre todo para que nuestros
jóvenes que en situaciones tan difíciles han tenido que salir, puedan volver, con un estudio, por supuesto, de investigación previo.
Para hablar del segundo eje, que es nuestro cambio en la gestión, lo que hemos hecho y seguimos haciendo es la evaluación del sistema. Nos encontramos unas deficiencias, sabemos qué queremos hacer pero tenemos que evaluar todas las
políticas públicas que se han ido haciendo en la Secretaría de Estado, evaluar el sistema de acogida. Para ello trabajamos en dos ejes fundamentales, con la EASO, que es la Oficina Europea de Apoyo y Asilo y con la Secretaría General de Inclusión
para obtener todos los datos que nos hacen falta para hacer una evaluación integral del sistema y además para conocer las necesidades del cambio de modelo hacia el que queremos ir. Para nosotros es fundamental, como también lo es para la Comisión
Europea, puesto que en la comunicación de la Comisión del pasado mes de septiembre ya
hablaba del refuerzo de las agencias europeas en el trato con los Estados y sobre todo de agencias como la EASO o el Frontex. Por tanto, nosotros ya estamos en ese camino.
Aquí hablamos también de flexibilidad presupuestaria. Se han contemplado diversos escenarios en los presupuestos que se concretarán además dependiendo de los resultados de la evaluación realizada, como ya he comentado, por la EASO y la
Secretaría General de Inclusión. En este escenario de transición, estamos tratando ya la diversificación de instrumentos, como contratos, subvenciones, conciertos. Garantizamos la continuidad del sistema de acogida para solicitantes de asilo, y
esto es fundamental, porque son ciertas preguntas que nos hacen con mucha asiduidad. Jamás nos plantearíamos transitar de un modelo hacia otro sin garantizar nuestras obligaciones internacionales, nacionales, en relación con la protección
internacional o la atención humanitaria. Por tanto, si hablamos de solicitantes de asilo tenemos tres subvenciones nominativas, que acabo de explicar; dotamos al presupuesto con tres subvenciones nominativas a esas entidades que hacen la primera
acogida en el territorio nacional y que además trabajan en un 70 % de lo que es la acogida. Se concretará además la asunción de competencias en materia de integración de las personas migrantes en distintos niveles de la Administración, como hemos
comentado antes, y todo esto en base a distintas sentencias de los tribunales superiores de justicia.
Nuestro presupuesto contempla medidas de transición al nuevo modelo, que hablan ya de una evaluación del sistema actual para entender, saber, estudiar y poder ya reflejar de una manera clara las áreas de mejoras que queremos trabajar,
medidas de transición que garantizan la continuidad de la atención a las personas migrantes mientras diseñamos nuevos instrumentos y un nuevo modelo en el que implementamos los nuevos instrumentos de gestión y diseño del modelo. Todo esto va unido
al tercer eje, que creo que también nuestra subsecretaria ha planteado de forma clara, que para nosotros es esencial y que versa en la digitalización, lo que va a permitir actualizar la gestión de los flujos migratorios adaptados a lo que requiere
el siglo XXI.
Aquí queremos mejorar la calidad de la atención, sistematizando y agilizando la tramitación administrativa, mejorar la gestión de los recursos, reducción de las listas de espera que, como ya he comentado, hemos llegado a tener listas de
espera muy altas; en cuanto a facilitar la asignación de recursos según perfil y circunstancias, se podría hacer un cribado inmediatamente con medios digitales puesto que nos facilitaría mucho la derivación a centros con características propias
para perfiles concretos, y las circunstancias en las que venga la persona migrante a nuestro país. Aumentar la fluidez y la transparencia en la comunicación con prestadores de servicios y proveedores y un mayor rigor y agilidad en la información y
datos de atención. Aquí creemos que la evaluación debe ser continua; para nosotros es fundamental y es una de las primeras premisas que siempre ha señalado el ministro Escrivá desde que llegamos a esta Administración.
Como conclusión quiero decir que es un presupuesto que nos va a permitir alcanzar objetivos de 2021, que está adaptado a los retos actuales -no nos olvidemos que nosotros llegamos aquí con un presupuesto prorrogado, con un COVID- y que hemos
tenido que enfrentarnos a distintos desafíos en los que hemos tenido la capacidad de reaccionar de manera rápida, pero queremos hacerlo todavía de manera más eficaz. Por ello, estos presupuestos tienen que adaptarse a este tipo de retos. Buscamos
evaluación, eficacia y eficiencia siempre, cuidando a nuestros ciudadanos en el exterior. Además, en línea con la comunicación de la Comisión Europea, en relación a las migraciones, y teniendo siempre claro la inclusión como eje central: proteger
a los más vulnerables, no en vano nos llamamos Ministerio de Inclusión.
Sin más dilación, puedo pasar al turno de preguntas. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muchas gracias a la secretaria de Estado.
Pasamos al turno de intervención de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, como siempre. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Carvalho.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria, a quien realmente agradezco su presencia porque es una persona que está siempre abierta a recibir a este grupo parlamentario y discutir
asuntos importantes como los que acaba de explicar.
Tenemos cinco preguntas. No contextualizaré, pues si no, no podría hacerlas porque tengo poco tiempo, por lo que nos basamos, señora secretaria, en el resumen de las notas que hemos hecho de la rueda de prensa del ministro Escrivá del día
30 de octubre sobre los Presupuestos Generales del Estado referidos al ministerio. Basados en esta rueda de prensa y en muchos apuntes que hemos hecho, empezamos a preguntarle. La primera pregunta, que se divide en tres, tiene una pequeña
contextualización que es, teniendo en cuenta la remodelación del sistema de acogida para solicitantes de protección
internacional y refugiados, que ha anunciado el ministro Escrivá y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que indica que la competencia de integración de migrantes es de las comunidades autónomas, tenemos tres preguntas
específicas. La primera, ¿qué fases del sistema y qué actividades concretas de las que actualmente gestiona el Estado se van a transferir a las comunidades autónomas? La segunda pregunta es, ¿cuándo y cómo se va a producir esa descentralización
del sistema de asilo? La tercera pregunta referente a este contexto es, ¿con qué presupuesto se cuenta para financiar a las comunidades autónomas para desempeñar esa actividad y cómo se va a hacer este traspaso de fondos? La segunda pregunta es la
de qué mecanismos concretos ha previsto el Estado para asegurar la equidad en la atención e integración a las personas demandantes de protección internacional en todo el territorio español, independientemente de la comunidad autónoma donde residan
estas personas y que no suceda en España lo mismo que en Europa, y no se pueda dar que haya comunidades autónomas que se nieguen a asumir personas refugiadas.
La tercera pregunta, con pequeño contexto, es que en la rueda de prensa el ministro Escrivá también anunció que en el nuevo modelo en vez de programas globales para todo el proceso de acogida se va a hacer una identificación de servicios que
se gestionará a través de contratos. Y la pregunta específica es, ¿cómo se va a garantizar que no se pierda la especialización que aportan las ONGs y que en este proceso no entren las empresas privadas, cuyo principal objetivo será el beneficio
empresarial y no la protección de las personas refugiadas? La cuarta pregunta es muy directa, muy directa, ¿cuál es el importe presupuestario exacto para el Fondo Estatal para la Integración y Acogida, que fue creado en 2004, si hay un fondo
específico, una partida específica y que desde 2012 no tiene presupuesto, sobre todo, en el Gobierno del PP? Hay una quinta pregunta que no la tenía, pero la incluí ayer a raíz del BOE y del real decreto-ley, de esta semana, de un reparto de 26
millones de euros que hizo el Estado relativos a los fondos que se han recaudado para fines sociales por parte de las empresas que voluntariamente se han prestado a tal efecto en su declaración de impuesto de sociedades. Me parece que es el real
decreto 30 o el 33, de 2020, es un real decreto de hace nada. A nosotros nos asusta un poco cómo se hizo este reparto, sobre todo porque sabemos que hay entidades bastante grandes, como las que acaba de nombrar usted, pero también hay entidades
pequeñas que hacen un trabajo importante, y también lo sabe la Secretaría, y nos hemos percatado y nos han comunicado que se quedaron fuera de este decreto. Por ello hemos añadido una última pregunta, que nos parece pertinente en base a este
decreto, que seguramente lo enmendaremos, que es la siguiente. ¿Cuáles han sido los criterios para proceder a denegar a algunas entidades estatales que trabajan con personas migrantes las ayudas nominativas en la propuesta de subvención nominativa
que presentó su Secretaría de Estado a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para la confección del Real Decreto-ley 33/20, del 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector de acción social de
ámbito estatal? Sabemos que todo el tercer sector y no solo algunas plataformas o estructuras que representan a las grandes entidades, que las conocemos y básicamente son tres o cuatro, todas tienen el mismo derecho, como consagra también la
Constitución, a que la Administración General del Estado las apoye. Por esto, este reparto nominativo al Grupo Republicano le parece -sobre todo porque hemos tenido conocimiento de que no ha sido consensuado este reparto- que ha quedado...
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Señora Carvalho, tiene que ir terminando.
La señora CARVALHO DANTAS: Acabo, acabo.
... a lo mejor fuera entidades pequeñas de este reparto nominativo.
Estas son las preguntas, señora secretaria. Nuevamente le agradezco su comparecencia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Gracias, señora Carvalho.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, presidenta.
Quería empezar aplaudiendo el interés mostrado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y en concreto por la Secretaría de Estado de Migraciones que hoy comparece aquí, así como las iniciativas que se van a llevar a
cabo para la actualización de un sistema que desde hace muchos años se venía mostrando muy obsoleto, como usted misma ha dicho, y también ineficaz. Creemos que el
replanteamiento del sistema, así como la asignación de recursos, eran necesarios para avanzar en otros modelos de mejor gobernanza en materia de migraciones. Frente a todos los discursos de odio, nos parece muy importante que este Gobierno
esté trabajando decididamente por garantizar los derechos humanos porque frente al odio la mejor garantía siempre siempre será la defensa de derechos humanos.
Por otro lado, esperamos que el aumento de 106 millones a través de las acciones a favor de inmigrantes repercuta efectivamente en las situaciones que viven las personas que migran y que también sirva para que el sistema de acogida pueda dar
cabida a la situación que actualmente vivimos.
Sobre la situación en la que se encuentran las islas Canarias, una situación que se está agravando en los últimos momentos debido al bloqueo de traslados a la Península y que esperamos que poco a poco se vaya resolviendo, queríamos poner en
valor el esfuerzo hecho por este ministerio para la habilitación de plazas de emergencia, incluso de un centro propio, en un tiempo récord, y el anuncio de la construcción de otros tres centros. Creo que es importante reconocer que este es el
camino que se debe recorrer para dar respuesta a una situación estructural que no puede abordarse con medidas coyunturales.
Respecto al sistema con las ONG y al sistema de recursos propios, entendiendo que el cambio de modelo va a pasar por tener recursos propios y entendiendo que, como se ha dicho desde el ministerio, el sistema de acogida sin el trabajo de las
organizaciones sociales no se sostiene -además, un trabajo que han hecho las organizaciones sociales soportando una gran carga en los últimos años-, de las 3500 plazas anunciadas de gestión propia me gustaría que pudiese profundizar un poco en cuál
va a ser el modelo de gestión y si en el presupuesto del capítulo 1 está prevista la convocatoria de oferta pública de empleo o si por el contrario la gestión sería privada.
También aplaudimos las ayudas y las subvenciones realizadas a CEAR, Accem y Cruz Roja, pero nos preocupa saber qué pasará con otras entidades de menor tamaño cuyos dispositivos han sido también cruciales en la gestión de acogida. Queríamos
preguntarle en qué consiste este nuevo modelo, cómo se va a garantizar que se contará con otras entidades además de las que ya aparecen en los Presupuestos Generales del Estado y, en caso de que las subvenciones de estas entidades dependan de las
comunidades autónomas, cómo se va a garantizar que no se pueda convertir en un arma arrojadiza entre las propias comunidades autónomas y el Gobierno central. Perdóneme que sea tan directa, pero a mí me preocupa especialmente la situación que
vivimos en Andalucía, mi comunidad autónoma, frontera sur, con un Gobierno que gira de una forma muy preocupante hacia la ultraderecha y hacia los discursos de odio y que además está recortando precisamente en estas partidas.
Sobre la cuestión de las comunidades autónomas, aunque hayan subido las partidas de atención a inmigrantes, y en general creemos que es una buena noticia, observamos que han desaparecido las transferencias corrientes a las comunidades
autónomas. Nos gustaría que pudiese profundizar en esta cuestión.
Respecto al sistema de protección internacional, el esfuerzo realizado para reducir las listas de espera es absolutamente loable y muy importante. Confiamos en que, aunque queda todavía mucho por recorrer, pronto nos encontremos en un lugar
muy distinto al que ocupamos con respecto a otros países europeos y que la garantía del derecho al asilo sea una realidad en nuestro país.
Respecto al sistema de acogida para solicitantes de asilo y teniendo en cuenta que actualmente se estima que tiene un coste de más de 400 millones de euros y que el sistema de acogida humanitaria ha tenido un coste de más de 100 millones de
euros, nos gustaría saber cómo se van a garantizar ambos sistemas sabiendo que en los presupuestos generales la partida asignada es de 338 millones de euros.
Termino. Nosotras queremos señalar que el esfuerzo que está haciendo este ministerio es muy importante, que la modernización del sistema de acogida, de migraciones de nuestro país es algo que había que haber acometido hace mucho tiempo y
que lo que está haciendo este ministerio, este Gobierno es muy reseñable. Lo agradecemos, repito, sabiendo que este ministerio y este Gobierno tienen la vista puesta en la garantía de derechos humanos, que en general el aumento de las ayudas en
inclusión para personas migrantes nos parece fundamental, como ya se está haciendo, pero que para nosotras mejorar la inclusión pasa en gran medida por la regularización para que las personas migrantes puedan trabajar pero también para que puedan
participar de la vida política en condiciones de seguridad y de dignidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muchas gracias, señora Franco.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora compareciente, por su tiempo y por su exposición. Y a la señora Franco, respecto al discurso del odio, le diría que no sé si ha escuchado los discursos en esta Cámara porque lo que hay permanentemente es un discurso
de odio a esta formación política, lo que escuchamos todos los días en todas las comisiones y en todos los plenos. Por tanto, si usted realmente quiere saber qué es lo que está pasando en Andalucía y por qué los andaluces están apostando por VOX,
le diré que están apostando por VOX porque ustedes les están dando la espalda precisamente en este tema que vamos a tratar hoy.
Los españoles tienen que saber que en estos presupuestos se aumentan en un 46,2 % las partidas dedicadas a emigrantes -la señora secretaria de Estado ha dicho un 33 % pero su antecesora, la subsecretaria, había dicho un 46,2 %-, 150
millones; es decir, en partidas de atención a inmigrantes aumentamos casi el doble. Con 150 millones compraríamos 7 500 000 test para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no se van tranquilos a sus casas después de la recepción
de las pateras y que a ellos no se les hacen test suficientes, muchos de ellos con familiares de riesgo y que además llevan conviviendo con esta situación desde el mes de marzo, como bien sabe la secretaria de Estado, señora Jalloul.
Los españoles tienen que saber que en estos presupuestos tenemos subvenciones destinadas a inmigrantes y refugiados por valor de 339.146.000 euros; que con ese dinero sacamos a las 40 000 personas que hay sin hogar en España, porque hay
personas sin hogar en España aunque nosotros les estemos procurando un hogar a todo el que viola nuestras fronteras.
Los españoles tienen que saber que, de los presupuestos de esta Secretaría de Estado, 4 millones de euros los vamos a destinar al exterior; 4 millones de euros vamos a destinar al exterior con la situación que tienen tantísimos españoles
dentro de nuestras fronteras.
Los españoles tienen que saber, además, aunque no competa a esta Secretaría de Estado sino al Ministerio de Derechos Sociales, que en la Dirección General de Infancia y Adolescencia vamos a dedicar 80 millones de euros para mejorar las
infraestructuras de los centros para los MENA. Los españoles tienen que saber que este dinero lo estamos dedicando a estas partidas en lugar de atender a las 80 personas que mueren cada día en España sin recibir una prestación por dependencia.
Además, los españoles tienen que saber que con ese dinero se pueden proteger nuestras fronteras, que es viable, que es factible tejer una red de diplomacia suficientemente fuerte con nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la
que protejamos efectivamente nuestras fronteras. Nosotros consideramos que los españoles son nuestros refugiados y, sintiéndolo mucho, no es una cuestión de racismo ni de que consideremos que ninguna persona tenga mayor o menor dignidad, porque yo
creo en la dignidad humana de todos los seres humanos de esta tierra, independientemente de su color de piel, pero ustedes son el Gobierno de España, no el Gobierno de Mozambique, son el Gobierno de España y su obligación es atender a los ciudadanos
españoles que están pasando necesidad, porque los hay, porque tenemos a casi cuatro millones de españoles en el paro, porque tenemos a 600 000 españoles en procedimientos de ERTE y muchos ERTE sin cobrar, porque tenemos colas kilométricas del
hambre, porque tenemos un 20 % de la población en riesgo de pobreza y, como he dicho antes, a 40 000 personas sin hogar, y sin embargo lo que estamos viendo estos días, sobre todo en Canarias, que usted además lo sabrá por su viaje reciente a
Canarias, es que un inmigrante entra de manera irregular en nuestro país y a continuación lo metemos en un hotel y seguidamente incluso, como estamos haciendo los últimos días en los vuelos comerciales, les fletamos de Canarias a la Península. En
el caso de la costa andaluza, lógicamente de manera distinta. Los españoles tienen que saber esto porque, además, todo el flujo de inmigración ilegal, la invasión migratoria que está sufriendo nuestro país, se sufre luego en nuestros barrios
humildes, es que eso no va a las casas de los millonarios ni a la casa del señor vicepresidente del Gobierno, ni a la casa del presidente del Gobierno, esta gente luego se queda en nuestros barrios humildes. Esto repercute en El Puche, de Almería.
Yo no sé si ustedes en su viaje a Canarias se pudieron pasar por El Fraile, en Tenerife, porque los españoles que viven en ese barrio han visto claramente cómo un barrio tradicionalmente de pescadores, un barrio humilde, se ha ido degradando con el
famoso multiculturalismo que ustedes nos venden y que ha fracasado. Usted habla de enriquecimiento cultural constantemente. No sé si usted también se pasó en Gran Canaria por el pueblo de Tunte, un pueblo donde hay 328 viviendas y ustedes han
metido ya a casi 300 inmigrantes ilegales. ¿Eso es enriquecimiento cultural? Tuve ocasión de hablar además con algunas señoras de ese pueblo que tenían miedo de salir a la calle. Es que esta es la realidad que están sufriendo los españoles, y
todo este buenismo, que queda
maravillosamente contado y de verdad que entiendo que algunos españoles se lo crean, aunque ya muchísimos están abriendo los ojos, sobre todo lo que lo viven de cerca, todo este buenismo no es otra cosa que la irresponsabilidad, el cinismo y
la hipocresía disfrazados de bien. Porque todo este buenismo está perjudicando directamente a los españoles y además a los españoles más humildes. Buenismo no es lo mismo que caridad, señorías, y además, como dicen los franceses, la caridad bien
hecha empieza por los nuestros, y a los nuestros no les estamos ayudando.
Los españoles tienen que saber que esto se puede parar y los españoles tienen que saber que ellos no son racistas por no querer un centro de MENA cerca de su casa, y sobre todo los españoles tienen que saber que nosotros seguiremos
denunciando la realidad, cueste lo que cueste.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Gracias, señora De Meer.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz Galván.
El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidenta.
Señora secretaria de Estado de Migraciones, señorías, abordamos una vez más la situación migratoria de nuestro país, que lejos de mejorar es un auténtico caos, y si no que se lo digan al pueblo canario, al que usted misma le pidió durante
este verano paciencia y en cambio hoy ha reconocido que 'han actuado de manera rápida', cierro comillas. Y todo ello unido al caos por la situación de pandemia sanitaria, sin medios ni protocolos eficaces para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Lejos del discurso triunfalista que usted ha pronunciado, de un discurso alejado de la realidad, de un discurso, permítame que le diga, realizado desde un despacho y no a pie de puertos ni a pie de centros de estancia temporal de
emigrantes, ni a pie de centros de menores migrantes, ni a pie de cada una de las ciudades y comunidades autónomas que sufren las consecuencias de la migración irregular, reivindicamos desde el Grupo Parlamentario Popular una estrategia migratoria
basada en la regularidad, en el orden y, por supuesto, que vaya acompañada de las partidas presupuestarias suficientes.
Hemos analizado los presupuestos, los hemos estudiado muy bien y sinceramente no son unos buenos presupuestos en general, y, por supuesto, tampoco son unos buenos presupuestos para abordar la situación migratoria de este país.
Lamentablemente el PSOE, el partido que dirige el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha renunciado a asegurar una migración ordenada y regular. En vuestra batalla por la extrema izquierda con Podemos, renunciáis al cumplimiento
de la ley, renunciáis al cumplimiento de los acuerdos europeos y renunciáis al cumplimiento de los acuerdos internacionales, y en estos presupuestos lo materializáis. Ya no solamente lo decimos desde el Grupo Parlamentario Popular, sino que también
lo dicen ustedes con los presupuestos que han presentado. El Gobierno, en el proyecto de presupuestos, define su responsabilidad en materia de extranjería como la necesidad de luchar contra los flujos migratorios irregulares y de conseguir que la
migración se desarrolle por cauces legales. Hasta ahí muy bien, pero es que los Presupuestos Generales del Estado no dicen esto, las cuentas no dicen esto. Leyendo la memoria de migraciones del presupuesto, parece que la ha redactado alguien con
sentido común, pero los números, es decir, lo importante, lo que vale, lo que estamos debatiendo, dice exactamente lo contrario. Una pregunta, señora secretaria de Estado, ¿los números los ha puesto el señor Pablo Iglesias? ¿Quién manda en el
Ministerio de Migraciones, el señor Escrivá y usted o el señor Pablo Iglesias y el señor Echenique? Me gustaría una respuesta clara y contundente por su parte. Lo podemos decir más alto, pero más claro es imposible: los presupuestos no designan
recursos específicos que aseguren una migración regular y ordenada que impida, por ejemplo, la gravísima situación que se está produciendo en Canarias y en otras zonas de España. Todos los recursos los destináis a atender a quienes han llegado de
manera irregular y no a prevenir su llegada, es decir, ponéis el foco en el destino, pero no en el origen, que es donde está el problema. Con estos presupuestos las mafias siguen ganando dinero con la migración irregular; es más, seguirán ganando
más dinero. Señorías, destinemos fondos para defender una migración regular; destinemos fondos para mejorar la educación en estos países de origen; destinemos fondos para mejorar esos países en vías de desarrollo. Esto es lo que haría un
gobierno popular, esto es lo que haría un gobierno con sentido común y esto es lo que no hace vuestro Gobierno.
Siguiendo con el análisis de los presupuestos, vemos una nueva incoherencia, y además grave. El ministro Escrivá manifestó en la última sesión que íbamos hacia un modelo de migraciones que no dependiera tanto de las ONG; en cambio, en el
proyecto de presupuestos que hoy debatimos las ONG que atienden a emigrantes recibirán 338 millones de euros. Pero lo más grave es que de esos 338 millones
de euros, más de la mitad, 165 millones de euros, se darán a dedo; digo bien, a dedo. Se acaba con el modelo de libre concurrencia para repartir fondos a las ONG y se dan tres macro subvenciones a tres entidades, de las cuales una es la
CEAR. Hemos buscado información sobre la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la verdad es que no hemos tenido mucho que buscar, no hace falta rebuscar mucho para encontrar que el señor Pablo Iglesias ha hecho su trabajo y ha salido
victorioso, y ha premiado a esta ONG, cuyo secretario general ha sido el ilustrísimo señor don Enrique Santiago, número 3 de la candidatura de Unidas Podemos por Madrid y diputado en esta Cámara por Podemos. Esto es un auténtico insulto al resto de
las ONG, esto es un dedazo de millones de euros que vamos a denunciar desde el Grupo Parlamentario Popular y que el PSOE no debe tolerar. Y usted, como secretaria de Estado de Migraciones, demuestre de verdad que el presupuesto de su departamento
no lo ha elaborado Podemos ni el señor Pablo Iglesias y vuelva al sistema más transparente y más justo, que es el de la concurrencia competitiva.
¿No vais a hacer nada bien? ¿Nada bien vais a hacer? Si nos vamos a las transferencias a comunidades autónomas, convenios con Ceuta y Melilla para MENAS, cofinanciados con fondos europeos, se pasa de 6,45 millones de euros del año 2018 a
cero euros en 2021, pero si nos vamos a las transferencias a entidades locales, se ha pasado de los 50 000 euros de los presupuestos del Partido Popular del año 2018 a cero euros en 2021. Una auténtica vergüenza presupuestaria.
Señora secretaria de Estado, son muchas las preguntas que tenemos. ¿Por qué acabáis con el modelo de libre concurrencia para todas las ayudas a entidades sin ánimo de lucro? ¿Cómo se ha elegido a las tres entidades beneficiarias de las
subvenciones nominativas? ¿Qué tiene la CEAR que no tengan el resto de las ONG? ¿Qué entidades habéis descartado? ¿Por qué? El proceso de elección, ¿lo habéis hecho con publicidad, con algún proyecto, con algún requisito? ¿Dónde se van a
construir los nuevos centros de atención? ¿Cuántos se van a construir? ¿Cómo se ha decidido? ¿Cuándo se inaugurarán? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué se presupuestaron 19 convenios con las comunidades autónomas en 2020 y no se realizó
ninguno? ¿Qué cantidad contempla la secretaría de Estado que usted dirige para ejecutar las medidas contenidas en el Plan de retorno a España? ¿En qué programa concreto viene recogida dicha partida presupuestaria? ¿Qué objetivo se marca el
Gobierno acerca del número de españoles residentes en el exterior que quieren regresar como consecuencia del plan? ¿A quién irán destinados los 4 millones de euros para transferencias al exterior que aparecen en los presupuestos? ¿A quién irá
dedicado el millón de euros de transferencias de capital a familias e instituciones sin ánimo de lucro? ¿Por qué desaparecen las transferencias a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla incluidas, que en 2018 fueron de 6,45 millones de euros?
¿Qué cantidad tenéis prevista para poner en marcha campañas contra el racismo, que a algunos y a algunas les vendrían bastante bien? Muchas preguntas y muchas dudas que no solo tenemos nosotros, también las tienen las personas que residen en
Canarias, en la provincia de Cádiz, en Murcia, en Almería, en Granada, en Baleares, que sufren las consecuencias de su nefasta gestión.
Os instamos -y voy concluyendo, presidenta- a que reflexionéis; aún estáis a tiempo. Lleguemos a un acuerdo Partido Popular y Partido Socialista sobre el presupuesto de su departamento apostando por una migración regular. Señora
secretaria de Estado, en España tampoco vamos bien en cuestiones migratorias, y usted lo sabe. No haga buena a la anterior secretaria de Estado de Migraciones. Estos presupuestos no son la solución, agravan el problema, como venimos advirtiendo
desde hace meses. Los políticos tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Si eso ocurre, el político o la política tiene que pensar en irse a su casa. Hagamos de la migración regular una oportunidad para España; pongamos fin
al problema de la migración irregular. Aquí estará siempre el Partido Popular, no sabemos dónde está el Partido Socialista, al que usted hoy representa en esta Comisión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muchas gracias, señor Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Diouf Dioh.
El señor DIOUF DIOH: Buenos días, señorías.
Señora secretaria de Estado, quiero agradecerle la comparecencia y la nítida exposición sobre el importante presupuesto previsto para el impulso de las políticas migratorias en 2021.
Estos Presupuestos Generales del Estado nacen con la misma vocación que este Gobierno: el progreso de España, pero no de unos pocos españoles, señorías de la ultraderecha. Se ha visto que hay avances. Hará ahora un mes que lo que hoy se
llama barrio humilde, se denominaba estercolero
multicultural. Vemos que estamos avanzando. Nosotros, este Gobierno de coalición y de Unidas Podemos no ha dejado ni va a dejar a nadie atrás. En plena pandemia se creó una nueva prestación, el ingreso mínimo vital, con una cuantía de
3016 millones de euros, que ha servido para que la población más vulnerable no padeciese las consecuencias de la emergencia sanitaria y la crisis social y económica a la que nos enfrentamos.
Señores del Partido Popular, el presidente del Gobierno fue a Europa solicitando los fondos europeos para España, no para el Gobierno ni para su partido, y ustedes miraron hacia otro lado o, más bien, hicieron lo imposible para que España no
obtuviese los 140 000 millones de euros. ¿Es esta la defensa de la patria que hacen las señorías del Partido Popular? Señorías del Partido Popular, céntrense. Los fondos en origen no le corresponden a esta Secretaría de Migraciones, como acaba de
decir ahora, son de Interior; céntrense. Cuando España más los necesita, ustedes no actúan como principal partido de la oposición, porque lo más peligroso para un país es ir de la mano de quienes no respetan el Estado de derecho ni los derechos
humanos, y quienes se merecen una mayor protección, la parte más frágil de la sociedad, son los niños, las niñas y los adolescentes no acompañados. En este caso me gustaría hacer unas preguntas a la secretaria de Estado. En los últimos días hemos
visto el intento de criminalizar una vez más, aprovechando los disturbios en algunas ciudades españolas, a uno de los colectivos más vulnerables, niños, niñas y adolescentes no acompañados. Aunque esta competencia corresponde a otro ministerio, sí
concierne a su secretaría de Estado; de hecho, hasta este año tenía una partida de un convenio en Ceuta y Melilla para los no acompañados. Me gustaría saber qué ha hecho su secretaría de Estado para impulsar la inclusión de estos últimos y
asegurar su inserción en la sociedad.
En segundo lugar, dejando a un lado la situación específica de los no acompañados, me gustaría saber qué medidas ha tomado su ministerio para proteger la situación de los niños, niñas y jóvenes migrantes. Sabemos que muchas veces los
problemas que atraviesan estas familias se producen por las trabas burocráticas y les dejan en situación de vulnerabilidad, cuando no de irregularidad sobrevenida. Señorías, este Gobierno de coalición tiene muy claro que la inclusión de todas las
personas que vivimos en este país es una de las claves para que España alcance sus niveles de progreso, porque sin paz social no hay progreso. Nos hemos enfrentado a esta emergencia sanitaria con unos presupuestos que dejaron ustedes, señores del
Partido Popular, con un gasto público en mínimos. Estos presupuestos responden al momento en el que estamos inmersos; a una situación extraordinaria se responde con unos presupuestos extraordinarios, que reclaman unión, solidaridad y esfuerzo para
recuperar este país y transformarlo en la España que nos merecemos.
Y tampoco nos olvidamos de los españoles que residen fuera de las fronteras, que son más de dos millones y medio, y desde aquí quiero agradecer la labor que ha realizado el personal de nuestra Administración en el exterior; el conjunto de
las acciones a favor de los emigrantes españoles cuenta con una partida presupuestaria de 61 millones de euros.
Señores de VOX y del Partido Popular, la inmigración debe mirarse con una perspectiva integral. Somos un país de emigrantes, pero también llegan personas a nuestras tierras; somos frontera sur de Europa y desde esta perspectiva es desde la
que se deben entender y abordar el desafío y las oportunidades de las políticas migratorias.
Señora secretaria de Estado, el Grupo Parlamentario Socialista comparte lo expuesto en relación con los sistemas de protección internacional y atención humanitaria, que han soportado una enorme presión y es necesario dotarlos de mayor
cobertura. Por ello, se agradece el incremento de la capacidad asistencial con una red de centros propios, incrementando el presupuesto en 92 millones en aplicación de la normativa tanto nacional como de la UE en materia de protección
internacional.
Señorías, nos encontramos en un año de transición encaminado a mejorar la eficiencia del modelo de gestión a partir de la evaluación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. Y para garantizar la continuidad del sistema de acogida para los
solicitantes de asilo, desde el Grupo Parlamentario Socialista compartimos que se hayan creado tres subvenciones nominativas, a las que se destina una cuantía de 165 millones de euros, que mejorarán la acción encaminada a atender situaciones de
emergencia humanitaria derivadas de la llegada de personas inmigrantes a través de las fronteras terrestre o marítima. Y quiero decir desde aquí, porque soy canario y vivo en Canarias desde hace veintinueve años, que lo trasladado en relación con
Tunte es falacia. Sí es imprescindible la adecuación de nuestra capacidad de acogida, ya que nuestra tasa de cobertura de solicitantes de asilo es inferior a la de los países de nuestro entorno. Contamos con un sistema que no es acorde a nuestra
realidad y cuya adecuación permitirá, entre otros objetivos, reducir al mínimo las listas de espera.
Concluyo. Estos presupuestos triplican las dotaciones de los presupuestos anteriores en materia migratoria, con un total de 531 millones de euros: acciones a favor de los inmigrantes, una cuantía de más de 424 millones de euros -como ha
dicho la secretaria de Estado, un incremento de un 33 %-; acciones a favor de los emigrantes españoles, 61 millones de euros, un incremento de más de un 3 %, y más de 41 millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea.
Termino, presidenta. Señorías, en una España plural y diversa manifiesta es la voluntad y firme es el compromiso del Gobierno de cambiar de forma integral el modelo migratorio y de acogida, adaptándolo a la realidad actual y basándolo en el
escrupuloso respeto de los valores y derechos humanos con una mirada inclusiva con el fin de lograr una inmigración ordenada, segura y regular.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Gracias.
De nuevo, tiene la palabra la secretaria de Estado de Migraciones para contestar a las preguntas.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES (Jajoul Muro): Muchas gracias a todos por las preguntas. Voy a intentar contestar a todas las preguntas, porque todas son importantes y espero no dejarme ninguna en el tintero. Siempre es
importante escuchar las preguntas que se hacen desde todos los partidos políticos, porque te dan una visión general del termómetro que hay en la calle y el termómetro a nivel político en el que nosotros vamos a estar siempre encantados de participar
y escuchar.
La señora Dantas me ha hecho tres preguntas, sobre las bases del sistema, la remodelación del sistema de acogida. Como bien sabe, señora Dantas, estamos ahora haciendo una evaluación para saber cómo lo vamos hacer. Tenemos claro que lo
tenemos que hacer porque ya lo dicen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Además, en nuestro ejercicio de transparencia por el que se me preguntaba con anterioridad, nosotros contactamos ya desde un primer momento con las comunidades
autónomas y nos entrevistamos con cada una de ellas para saber si están dispuestas a ser parte de este proceso, para conocer cómo lo ven, cómo vamos a trabajar en conjunto, cómo vamos a hacer comités de trabajo técnico. Ahora, una vez esté hecha la
evaluación, volveremos a contactar con cada una de ellas porque no debe ser de otra manera, todo el mundo tiene que ser partícipe de este proceso. Por tanto, las fases según la evaluación -estaré encantada posteriormente de responder a otras
preguntas-, una vez que esté hecha, nos dirá cómo se va a hacer y qué prestaciones se darán en la segunda fase, porque nosotros tenemos claro que la primera fase siempre va a corresponder al Estado, y luego, la segunda fase, sobre todo en materia de
integración, como ya dicen las distintas sentencias mencionadas, correspondería a las comunidades autónomas.
Además, preguntaba con qué presupuesto se va a hacer. El presupuesto tendremos que verlo en la evaluación y en el proceso de corresponsabilidad con las comunidades autónomas. Se me ha preguntado también por el fondo, ahora mismo el fondo
no está dotado, pero también puede dotarse en cualquier momento, dependiendo de la evaluación y de las circunstancias. Nadie ha cerrado aquí ninguna puerta porque estamos en un momento de estudio, que es muy importante. Lo que está claro es que el
Estado dispone de mecanismos para garantizar la igualdad de trato a los solicitantes de asilo.
Nos ha preguntado por las otras ONG, nosotros nunca haríamos un sistema -jamás- en el que premiáramos a unas en detrimento de otras. Todas van a estar y no solo en el diseño de las prestaciones, con las que queremos trabajar de la mano con
este nuevo modelo, es que sin ellas no podríamos estar porque las ONG son ahora mismo parte fundamental de la estructura del sistema de acogida, las que conocen cómo son las prestaciones y con las que contamos para ir de la mano. De hecho, nos
hemos reunido con ellas en distintas ocasiones, no porque haya tres nominativas en el presupuesto implica que las demás no entren, ni muchísimo menos. Lo que hemos hecho es garantizar el sistema mientras hacemos una evaluación. Luego le responderé
a una pregunta porque sé que le interesa. Por tanto, siempre contamos con todas. Nosotras tenemos una normativa internacional y nacional que no nos podemos saltar y eso es una obviedad, no podemos incumplir nuestros compromisos. Por tanto, eso
tiene que quedar muy claro.
Hay otra cosa que es importante. Por favor, no se olviden de que nosotros hemos llegado con un presupuesto heredado, lo que estamos haciendo son cambios para mejorar con una evaluación todo lo que nos venía detrás, todo lo que nos ha puesto
de cara el COVID: la precariedad del sistema de plazas, la necesidad de dotar los centros y la necesidad de realizar un cambio de sistema, que como bien venimos viendo queda obsoleto.
En temas del reparto de los 26 millones que comentaba, tenemos unos criterios muy estrictos. También ha habido un corte por algunas partidas de los fondos FAMI, y además es competencia de la vicepresidencia tercera del Gobierno, en cambio
la decisión de las nominativas es cosa nuestra. Estas partidas que en algunos casos se han tenido que recortar es porque algunos fondos se han tenido que llevar a otras urgencias, fundamentales también para nosotros, como es humanitaria, y en otros
prepuestos para temas salud y COVID para nuestras personas españolas retornadas. No obstante, tiene un incremento significativo en el presupuesto de 2021. Nuestra idea es no dejar a nadie atrás, señora Dantas. Por tanto, se puede ver en otras
partidas específicas cómo nosotros volvemos a aumentar el presupuesto del año que viene. Espero con esto haber respondido a sus preguntas y como bien sabe mi puerta está abierta para todos ustedes y si tienen otras preguntas estaré encantada de
responderles.
Señora Franco, paso a su turno de preguntas. Muchas gracias. Me hablaba del sistema de acogida que no se sostiene sin las ONG, obviamente estamos de acuerdo en esa cuestión. Yo creo que nosotros tenemos claro que sin el trabajo que han
venido realizando no podría haberse atendido la cantidad de migrantes que llegan a nuestro país, tanto los inmigrantes de protección internacional como humanitaria. Son las que tienen experiencia, son las que saben. A pesar de que el señor Ortiz
ha dicho que hacemos políticas de despacho, tengo que decirle ahora, antes de llegar a su turno, que nada más lejos de la realidad. Soy secretaria de Estado desde el 29 de enero de este año y he bajado tres veces a Canarias, me ido una vez a
Melilla, me he ido a Huelva para ver el trabajo en origen, para ver la situación del CETI, donde sé que usted ha estado -nosotros estamos encantados de que haya ido a ver nuestros centros-, para a ver la situación en Canarias, porque cuando no se es
consciente de la realidad y de lo que sufre la gente, sobre todo al llegar a costas en puntos como Canarias, jamás puede entenderse lo que pasa. Como nosotros creemos que tenemos que estar con la gente que sufre, vamos a los sitios para saber cómo
podemos mejorar las cosas. Por eso hemos bajado, entre otras cosas, tres veces a Canarias en lo que va de año.
Arma arrojadiza entre las ONG. ¿Por qué hacemos un proceso de evaluación, señora Franco? Porque queremos que la asunción de competencias, que son unas competencias que pertenecían a las comunidades autónomas, así lo dice la sentencia, se
haga de una manera justa, con equidad, en donde todos participemos y que se haga de manera efectiva, que no nos dejemos nada en el tintero, que lo que tengamos que hacer se haga bien y para eso utilizamos instrumentos como la evaluación de una
organización internacional. Es decir, esto no es que como hay una sentencia del tribunal vamos a darles sus competencias dentro de dos años o al año que viene o en unos meses, no, esto no funciona así. Esto requiere un proceso de evaluación muy
serio con equipos técnicos muy profesionales que ya no solo vienen de la Agencia Europea de Asilo, sino que también los tenemos en la secretaría de Estado y en las distintas administraciones locales que van a participar del proceso. Por tanto,
haremos un trabajo muy exhaustivo para que las competencias que vayan a asumir las comunidades autónomas se hagan de manera escrupulosa y ahí estarán todas las prestaciones que se van a dar, cómo será el sistema de fases, etcétera. Hasta que no lo
tengamos no se va a hacer. Si se tiene que tardar más de tres años, pues se tardará, aunque dependerá de la comunidad autónoma también. Hay algunas que tienen sistemas más preparados que otras, eso depende. Lo iremos analizando poco a poco con
las comunidades autónomas de la mano. No desaparece ninguna transferencia a las comunidades autónomas. Todas estas cosas, como acaba de explicar a la señora Dantas, las estamos comentando.
Hablaba usted de garantizar el sistema con los presupuesto. Hombre, nosotros tenemos un presupuestos de 487 millones que cada vez más tiene fondos europeos y en el que estamos hablando de crear centros propios, fondos europeos y fondos para
digitalización. Yo creo que es un presupuesto bastante acorde con nuestra idea de no dejar a nadie atrás y que puede cubrir perfectamente las expectativas que tenemos para lograrlo. Yo creo que no me dejo nada atrás con usted.
Voy a contestar a la señora De Meer Méndez, a continuación. Tengo muchas cosas en la cabeza. Por cierto, yo respeto todas las intervenciones y es que me parece que debe ser así porque nos nutrimos del debate político porque todo es
enriquecedor, independientemente de nuestros puntos de vista, y es así como debe ser. Como he dicho cuando he empezado, nosotros tenemos claro que nos gusta cooperar y tener políticas de consenso y creo que tanto el ministro Escrivá como la
subsecretaria de Estado de Seguridad Social y la secretaria general de Inclusión somos personas que abogamos siempre por el consenso.
Usted ha dicho que tenemos personas que reciben a emigrantes en nuestras costas que se pueden infectar porque no se pueden hacer PCR. Nosotros fuimos muy escrupulosos con eso y firmamos dos
protocolos, uno durante el COVID y otro después que firmé yo misma y que demuestra que la frontera irregular es la frontera más segura en cuestiones sanitarias. ¿Por qué? Porque no existe ni un inmigrante que entre en nuestras costas
españolas que no se le haga una prueba PCR y fue una exigencia que se hizo para que no entraran en ningún centro de acogida si no tenían la PCR hecha. ¿Qué ha significado eso? No sé si usted sabe -puede que no, pero yo se lo explico- que el
sistema de acogida en España es un sistema que tiene distintos centros repartidos en todo el territorio nacional. ¿Cómo repartiríamos migrantes en nuestros centros de acogida, si no tuviéramos la seguridad de que tienen una PCR hechas? Por tanto,
filiación policial, PCR y entrada en nuestros centros son la frontera más segura. Hemos tenido muy pocos casos y en los casos que hemos tenido emigrantes con COVID han pasado su cuarentena no solo en centros de las comunidades autónomas, sino
también en centros de gestión compartida porque entendíamos que las comunidades autónomas nos podían necesitar y sitios como en Andalucía, independientemente del signo político del Gobierno porque nosotros hacemos políticas de Estado, hemos tenido
centros de gestión compartida que además funcionan bastante bien, por cierto.
Usted me hablaba de 4 millones destinados al exterior. Se ha hablado mucho aquí de migración regular, nos encantan las migraciones legales, seguras y ordenadas; nos encanta porque nosotros hemos dado partidas específicamente solo para
estos programas. No solo lo hemos hecho en nuestro presupuesto sino que han sido una de nuestras grandes políticas y ofertas para el Pacto de migraciones. Ha sido una de las propuestas que más éxito ha tenido, nos han felicitado por parte de la
Unión Europea, de muchos Estados miembros, específicamente por los programas que tenemos sobre migración regular con temporeras en Marruecos porque funciona muy bien. Como sabe, ya lleva varios años funcionando, es un programa que además quieren
emular otros países como Francia y Portugal. Estos programas hablan de empoderar a la mujer en Marruecos porque además se les imparte cursos para que puedan volver y seguir sus vidas en sus países de origen; van y vienen, llevan años haciéndolo y
funciona muy bien, los empresarios están contentos. Por cierto, bajamos a ver a los empresarios porque como no hacemos políticas de despacho vamos a ver cómo funcionan las cosas in situ, señor Ortiz. Además, hay programas para estudiantes,
programas para conductores, ahora estamos empezando un programa en Senegal, pero probablemente en otros países africanos también lo haremos, como comentaré más tarde.
Nos hablan de centros de menas. Nuestra única competencia cuando hablamos de menores no acompañados es la gestión documental. Nosotros teníamos una partida, ya se ha comentado, por distintas vías de 6 millones para menas, menores no
acompañados, en Ceuta y Melilla. Esa partida no desaparece, la pasamos al Ministerio de Derechos Sociales porque son los competentes de los menores no acompañados. Como bien ha dicho, nuestra competencia es documental, de ahí que cuando llegamos a
esta Administración dábamos el permiso de trabajo de los menores no acompañados, de lo que hablaré un poco más tarde de ello cuando responda a la pregunta del diputado Diouf.
Proteger las fronteras. No es incompatible ayudar a los inmigrantes y proteger las fronteras. Creo que en este tema nos coordinamos muy bien con el Ministerio del Interior, que también está haciendo un montón de trabajo en origen. Ustedes
también se olvidan de que nos hemos encontrado un escenario muy complicado y que había fronteras cerradas. El COVID ha cambiado la vida de todos nosotros. Claro que trabajamos para la protección de fronteras, claro que trabajamos para dar cabida a
esas mujeres que han sido violadas, mutiladas, y que huyen de la guerra para venir a nuestro país con el sueño de una vida mejor. Nuestra obligación, porque cumplimos nuestros compromisos con los derechos humanos y con los convenios
internacionales, es dar una acogida digna a estas personas.
Ustedes hablan de ayudar a los españoles. ¿Cómo no ayudaríamos a España si en este ministerio el ministro Escrivá se ha dedicado a hacer políticas para ERTE, autónomos e IMV en un tiempo record y garantizar que se pueda mantener el nivel
adquisitivo de las personas? ¿Desde cuándo existe la prestación por ERTE en este país? Inmediatamente después de que se anunciara el COVID en nuestro país. Esa es la capacidad de respuesta y eso es pensar en los españoles: sacar un IMV en dos
meses, una prestación con los microdatos que tiene tan exhaustiva y un sistema de cribaje tan complicado en dos meses. Sé que está preguntando por la gestión de IMV, y podemos tener cierta complicación con algunas de las gestiones que se están
solventando ahora mismo, pero por la prestación per se, nos han felicitado desde todos los ámbitos internacionales. Y la Comisión Europea nos los llevaba pidiendo desde el año 2015. Eso es como nosotros pensamos en los españoles, con eficacia, con
gestión y con políticas que ayudan a la vida de la gente porque no dejamos a nadie atrás, no solo pensamos en los inmigrantes. Esto es un hecho, si usted quiere mire las cifras, es un hecho. Las prestaciones están ahí y de hecho ahora, como bien
sabe, los ERTE se han alargado hasta finales de enero.
Hoteles en Canarias. Los hoteles en Canarias han tenido una situación transitoria, que nos han ayudado a paliar la llegada masiva de inmigrantes. Hemos tenido, como saben, un repunte de 700 %. No olvidemos que también hemos sacado a
muchísima gente de los ERTE y hemos reactivado un montón de sectores económicos, lo que no es óbice para decir que para nosotros esta es una situación transitoria en la que paralelamente hemos ido trabajando con dos centros propios, el primero en
febrero e inmediatamente según llegamos -porque ha habido tres Gobiernos en este país que no hicieron nada por crear centros propios. Luego me menciona alguno usted, señor Ortiz, que me encantaría oírlo-, porque nosotros llegamos y abrimos un
Centro de Madres. Ahora estamos con el colegio León, que ha tenido la amabilidad el alcalde de Las Palmas de dejarnos, que abriremos próximamente y con eso intentamos cumplir nuestra idea de atender los centros propios y nos coordinamos con
nuestros ministerios para otras instalaciones.
Jamás hablamos de inmigración ilegal porque pensamos que las personas no son ilegales sino de inmigración irregular. En ningún caso invasión migratoria y multicultural, nosotros no apostamos por la multiculturalidad sino por la
interculturalidad. La multiculturalidad como método de convivencia está muy superado y abogamos por modelos más de interculturalidad porque está muy ligado con la inclusión, mucho más ligado con la inclusión que incluso con la integración, que no
siempre tiene por qué implicar inclusión.
También me gustaría poner en valor que cuando hablamos de la invasión migrante y estos migrantes que nos vienen aquí, me gustaría que pudiéramos preguntar a todos los migrantes que durante el tiempo del COVID se han ido a los hospitales a
atender mucha gente porque nuestros médicos estaban enfermos. Se lo digo yo porque mi padre es médico, se infectó y estuvo a punto de morir. Es una experiencia también personal y sé de lo que hablo. O se lo podemos preguntar a aquellas enfermeras
que han ido a trabajar a los hospitales, que eran migrantes porque nuestros médicos y enfermeras no podían ir, o aquellas cuidadoras de hogar. Es que tenemos que poner en valor las personas migrantes durante el tiempo del COVID porque donde no
hemos llegado nosotros, han llegado ellos y eso también es importante.
Hablábamos de enriquecimiento cultural, pero eso no es un discurso, eso se logra con itinerarios de inclusión sociolaboral, que es en lo que estamos trabajando. Nosotros no hacemos política con la vida de los migrantes, lo que hacemos es
trabajar para hacer gestión y para que la gente tenga itinerarios de inclusión sociolaboral. Y eso se demuestra a través de nuestras medidas, tanto a través del ministerio con nuestras políticas y con específicamente la secretaría de Estado con las
distintas instrucciones que hemos sacado para que la gente tenga más oportunidades y se pueda insertar en el mercado laboral. Yo no hablaría de buenismo, hablamos de políticas de inclusión dignas, simplemente eso. Para eso hay que hacer políticas
de gestión con medidas concretas, que es de lo que se trata. Espero haber respondido a sus preguntas.
Ahora voy a contestar las suyas, señor Ortiz. Vuelve a poner de manifiesto que para nosotros el consenso es fundamental, seguro que nos entendemos en un montón de cosas. Si tiene usted preguntas concretas que hacerme después de esta
comparecencia, yo estaré encantada de quedar con usted y con el resto de partidos políticos, pero también tengo que decirle que nosotros cuando llegamos aquí no nos encontramos una gestión de la política migratoria como creíamos que debía hacerse.
Las políticas hay que gestionarlas, la política migratoria es una de ellas, tenemos que ser inteligentes en esto, y gestionar las cosas que nos suceden a diario. Las migraciones están ahí como han estado siempre. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos vallas?
¿Qué hacemos? Tendremos que gestionar el fenómeno y para eso hay que aportar ideas y hay que hacer un discurso integrado en colaboración con otras fuerzas políticas en integración con otros ministerios y esa es la forma de enfrentarse a una
realidad que no vamos a cambiar, si no nos paramos a pensar qué hacemos.
También tengo que recordar, ya que usted me hablaba del CETI, que el CETI llegó a tener con el Partido Popular más de 2300 personas, si bien es cierto que lo tenemos también con sobreocupación con 1400 personas, somos realistas. Sé que
usted ha estado ahí, lo cual le agradecemos y nos gusta que se interese por el fenómeno migratorio, pero es una realidad. Con esto quiero decir que problemas en gestión migratoria creo que hemos pasado todos.
Me decía lo de los discursos de despacho. Bueno, como he dicho antes, ya hemos viajado a distintos puntos de la geografía española para ver cómo se gestionan los proyectos que financiamos, como el de las temporeras en Huelva. Saben ustedes
que logramos retornar a 7000 temporeras, hemos hablado con los empresarios y están muy contentos. Muchas llevan años viniendo, van y vienen. Es importante que eliminemos un poquito del discurso ese tinte etnocentrista que solemos tener a veces.
No todo el mundo
migra porque quiere, migra porque no pueden vivir en sus países. Si les damos la oportunidad de una migración legal, regular, segura y ordenada, muchas de estas personas -como pasan en el proyecto de las temporeras que es muy exitoso, ya
les he dicho que nos han felicitado- pueden venir aquí a trabajar y luego se pueden volver a su casa y a su país, porque nadie quiere irse de su país, nadie quiere alejarse de su cultura, de su idioma y de su comunidad. Mucha gente estaría
encantada y no saldría de su casa. Muchas personas salen forzadas de sus casas y este es un elemento que no debemos obviar.
Si habláramos de otro ministro o de otra persona, pues no sé, podríamos hablar. Pero que me pregunte si al ministro Escrivá le hacen el presupuesto, pues qué quiere le diga, estamos hablado de quien era presidente de la Autoridad Fiscal
Independiente, una persona con un talante importante. Le puedo asegurar que al ministro Escrivá no le hace nadie el presupuesto, tiene las ideas muy claras, él es el que tiene las ideas para proponer los cambios de modelo. Eso no se lo ha dicho
nadie, nos hemos sentado tras largas horas de estudio, tras largas horas de hablar con los agentes sociales, con las ONG, con las comunidades autónomas porque todo el mundo debe ser partícipe de esto y encantados de hablar con ustedes también,
porque así debe ser. Porque si hablamos también de gestión migratoria, necesitamos que ustedes estén con nosotros también en el proceso porque es importante que compartamos puntos de vista.
Tenemos una partida fundamental para la migración legal, segura y ordenada que, como le he dicho desde el programa Greco, programas para conductores, programa para estudiantes, son bastante exitosos porque son personas que vienen aquí, las
formamos y luego vuelven a sus países de origen. Como ya he dicho, también los haremos en otros países del norte de África, nuestros ministros de Exteriores e Interior han estado viajando ya por Senegal, Argelia, Túnez, etcétera.
Usted me hablaba de CEAR y Cruz Roja, nosotros lo que no vamos a hacer ahora mismo es ponernos a revisar la ideología política de cada organización. Señor Ortiz, esto no depende de la ideología política que tenga cada ONG, porque yo no voy
a Cruz Roja cuando atiende en costa y le pregunto: ¿usted de que partido político es?, sino que tiene un sistema de detección en costa que es maravillosos, en el que nos han ayudado mucho y bien, como saben, y jamás nos hemos planteado la
ideología política que puedan tener. Lo que sí hemos tenido en cuenta para dar estas tres nominativas que tanto CEAR, Accem y Cruz Roja tienen el 70% de las plazas de acogida y atienden las tres la primera fase, lo que no quiere decir que las demás
no atiendan la segunda y partes de la primera. Todas están en nuestros presupuestos, ha visto que hay una partida de 106 millones en las que tenemos en cuenta al resto. ¿Qué pasa? Venimos nos encontramos con deficiencias, con un presupuestos
prorrogado, lo que hemos querido hacer para asegurar la transición es dotar las ONG con la cantidad estipulada, dependiendo de los programas que están desarrollando y los proyectos para que no se cayera ninguno. Eso es lo que hemos hecho. Usted
sabe bien que nosotros hemos dado concurrencia competitiva, acaba de salir la última ahora en septiembre. Al revés, nosotros creemos que debe ser con concurrencia competitiva. Esta ha sido una medida para garantizar el año que viene la asistencia
a otras personas que necesitan una acogida digna en nuestro país, mientras hacíamos la evaluación e implantamos un sistema en el que hablaremos de conciertos, contratos, etcétera. Veremos cuál es la figura jurídica adecuada.
También me han preguntado sobre las ONG y empresas privadas Jamás se nos ocurriría que las ONG no entraran en la atención del sistema humanitaria de protección internacional, eso requiere, como la palabra indica, atención humanitaria que es
la especialidad de muchas de las ONG. También le he dicho que la partida para menores no acompañados se pasa a Derechos Sociales, o sea, que en ningún momento se elimina. No sé si me he dejado alguna otra pregunta sin contestar. Señor Diouf,
nuestras propuestas sobre migración legal le aseguro que han tenido mucho éxito en Bruselas. De hecho, parte de la comunicación de la Comisión ya refleja lo que nosotros ya ponemos en marcha en la secretaría de Estado y están en todos los papers
que hemos hecho público.
Voy a pasar a la última pregunta, del señor Diouf, si no me equivoco. Nos preguntaba por medidas que hemos hecho nosotros por los migrantes en nuestro país. Las medidas sobre todo en materia documental que hemos hecho más relevantes
pertenecen a la Dirección General de Migraciones. Si bien es cierto que cuando nos llegó el COVID la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria tuvimos que sacar algunas instrucciones relacionadas con las personas que ya estaban dentro
del sistema de acogida y que no las podíamos sacar porque están en situación de extrema vulnerabilidad, así como tuvimos que acoger a otras dentro del sistema que también estaban en la misma situación. No obstante, cuando nosotros llegamos nos
dimos cuenta de que había cosas que teníamos que arreglar. Por ejemplo, los menores no acompañados. Teníamos a niños que estaban aquí en situación regular, porque son personas que están
en situación regular, pero tenían permiso de residencia temporal de carácter no lucrativo y no tenían derecho a trabajar. Eliminamos una diferencia histórica, les dimos el permiso de trabajo para que puedan ser ciudadanos como otro español
más. Fue bastante positivo porque muchos de ellos han trabajado en las campañas agrícolas, lo cual ha demostrado que los itinerarios de inclusión sociolaboral siempre son mejores para todas las personas, contribuyen a hacer una sociedad más
cohesionada, más rica y también es un síntoma de justicia social porque si las personas no se pueden mantener por sí mismas las obligamos a delinquir. Es mucho mejor que aporten a la sociedad, que aporten a sí mismos. Lo que viene a ser un
itinerario de inclusión sociolaboral, que es lo que más trabajamos.
Del mismo modo, ya anunció el ministro Escrivá que estamos con el cambio en el Reglamento de la Ley de Extranjería por aquellos mayores extutelados, porque ya han pasado los dieciocho años, y que por una sentencia del Tribunal Supremo cuando
cumplen diecinueve años pueden quedarse en situación de irregularidad sobrevenida porque tienen que declarar el 400 % del Iprem que es imposible, porque ni siquiera un español puede hacerlo. Estos niños que están en situación regular y que desde
una circunstancia de irregularidad sobrevenida vamos a intentar atajarlo con la reforma de algún artículo del reglamento, como ya anunció el otro día el ministro Escrivá. Además, tuvimos personas que se encontraban con situación de irregularidad
documental porque como no se podía renovar la documentación, a pesar de que hicimos una instrucción sobre suspensión de plazos administrativos, hicimos una orden ministerial para que pudieran renovar su documentación, hemos flexibilizado los
criterios para adolescencia por arraigo, toda la interpretación de requisitos de medios suficientes, aquellos criterios de concesión de autorizaciones de residencia temporal que se habían bloqueado también por el estado de alarma. Hemos garantizado
la estabilidad de menores porque anunciamos una medida para dar residencia a los progenitores extracomunitarios de niños de los Estados miembros, niños españoles, con lo cual propiciamos su inclusión social y además por extensión el bienestar de sus
familias que para nosotros es siempre importante. Cuanta más estabilidad social busquemos para los demás, más estabilidad social buscamos para nosotros mismos. En eso se basa la inclusión, en tener sobre todo empatía social y por eso estamos
orgullosos de este presupuesto.
Es importante decir que nosotros en todo nuestro cambio de modelo vamos a estar yendo de la mano con todas las administraciones públicas, que no vamos a dejar a nadie atrás y que como he repetido en distintas ocasiones -hoy no voy mencionar
otro programas que tenemos en ciudadanía al Exterior porque no me han preguntado y creo que lo ha dejado bien claro el diputado Dioufh- estaremos encantados de escuchar a todos los grupos políticos en cualquier momento para hablar de cualquier
partida concreta, si así lo desean o para resolver cualquier otra duda que puedan tener. Espero haber respondido a sus preguntas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Crespín Rubio): Muchas gracias, señora secretaria.
A continuación pasamos a recibir a la siguiente compareciente. (Pausa.-El señor vicepresidente, Bas Corugeira, ocupa la Presidencia).
- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL (PANIAGUA SAN MARTÍN). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de
expediente 212/000921; POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000631); VOX (Número de expediente 212/000686) Y CIUDADANOS (Número de expediente 212/000797).
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Continuamos la sesión con la comparecencia de la secretaria general de Objetivos y Política de Inclusión y Previsión Social, doña Milagros Paniagua San Martín, a la que doy la bienvenida y le
agradezco que esté en esta Comisión. Damos la palabra a doña Milagros para que haga su exposición en relación con los presupuestos.
La señora SECRETARIA GENERAL DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL (Paniagua San Martín): Muchas gracias, buenos días a todos.
Quería empezar diciendo que para mí es un orgullo comparecer en esta Comisión para contarles cuál es el presupuesto del departamento del que soy responsable, que es la Secretaría General de Objetivos y Política de Inclusión y Previsión
Social, coloquialmente la Secretaría General de Inclusión. Pero no
querría empezar sin agradecerles a todas sus señorías el trabajo incesante en el que han venido ustedes trabajando como consecuencia de esta pandemia y la consecuente intensidad en la producción normativa. Así es que gracias por este
trabajo; ustedes saben también que este trabajo ha sido incesante por parte de nuestro ministerio porque la realidad obligaba, porque nos hemos encontrado con situaciones muy, muy duras. Gracias. Así quería comenzar mi intervención. (Apoya su
intervención en un powerpoint).
La Secretaría General de Inclusión a la que represento es un departamento nuevo, por lo que vengo a hablar de un presupuesto de una política nueva. Así es que déjenme que dedique unos minutos a contar qué es esto de la inclusión desde el
Gobierno central. Para empezar a hablar de la inclusión, inevitablemente tengo que hablar de la transversalidad a la que ya hacía referencia la subsecretaria en su presentación. Esta inclusión tiene el anclaje principal en un instrumento
absolutamente innovador, que hacía falta en nuestra sociedad, que es el ingreso mínimo vital. La inclusión la empezamos desarrollando en torno al ingreso mínimo vital que, como bien saben, es una prestación no contributiva de la Seguridad Social
que cuando fue diseñada tenía un objetivo muy claro, que era reducir, hasta poder erradicar, la pobreza extrema. Y eso hizo que el diseño fuera absolutamente quirúrgico en la selección de los beneficiarios. No era especialmente sencillo
identificar la vulnerabilidad y para ello nosotros identificamos catorce tipos distintos de unidades de convivencia, donde hemos querido dar especial énfasis a las familias con niños y a los hogares monoparentales. Para identificar esa
vulnerabilidad, diseñamos el ingreso mínimo vital haciendo dos contrastes de renta y de patrimonio, haciendo una prestación absolutamente innovadora. También somos conscientes de la importancia de la convivencia con el mercado laboral y hemos hecho
esta prestación compatible con el empleo, a la vez que está en desarrollo reglamentario un incentivo al empleo que nos parece fundamental para que esta prestación funcione correctamente y sus beneficiarios no caigan en la trampa de la pobreza.
Nosotros concebíamos el ingreso mínimo vital como un medio, no un fin en sí mismo, para llegar a la inclusión completa. De ahí que queramos enganchar las políticas de inclusión al ingreso mínimo vital.
Además de esta prestación de la Seguridad Social, nosotros queremos dar a la inclusión un abanico más amplio a través de la inclusión desde nuestro ministerio con las políticas del sistema de acogida que la secretaria de Estado de
Migraciones ha presentado anteriormente, y no solamente con las políticas de nuestro propio ministerio sino con otras políticas del Gobierno, como puede ser el nuevo diseño de un sistema de becas. Por tanto, si hay una característica de esta
política de inclusión es la transversalidad, es decir, la política de inclusión la consideramos como una política absolutamente transversal a todo el Gobierno.
La Secretaría General de Inclusión es un departamento nuevo y viene a hacer una política de inclusión innovadora. Les comento por qué doblemente nueva. En cuanto a la orientación, la política de inclusión está alineada con las
recomendaciones de las instituciones europeas e internacionales sobre lo que es la inclusión, que es importante. Estamos alineados con las estrategias europeas, con los ODS, y lo vamos a hacer con una nueva gobernanza. Por un lado, sabemos que
estas políticas de inclusión se vienen haciendo desde distintos niveles territoriales, desde las comunidades autónomas y las entidades locales, con la participación del tercer sector de agentes sociales y del sector privado, y somos conscientes de
la importancia de esta gobernanza. Pero luego necesitamos que exista la gobernanza del dato, es decir, que podamos utilizar información de todos los actores que intervienen en ellas, con las técnicas más avanzadas del tratamiento y del análisis y,
por supuesto, preparados para la evaluación a través de la fijación de los objetivos de inclusión y el desarrollo de determinadas medidas de ensayos piloto siguiendo las metodologías más vanguardistas.
¿Cuáles van a ser nuestros ejes de actuación? Principalmente lo que queremos es desarrollar itinerarios de inclusión, itinerarios de inclusión en los que veremos si esa inclusión está más orientada hacia el ámbito social, educativo,
laboral, sanitario, es decir, la inclusión completa. ¿Con quién lo queremos hacer? Con aquellas administraciones que han estado haciendo inclusión hasta ahora, las comunidades autónomas y las entidades locales, y lo formalizaremos a través de
instrumentos como son los convenios -ahora pasaré a darles más detalles-, pero inevitablemente este es el grueso de nuestra intervención.
Una de las tareas que tenemos que desarrollar, sí o sí, es tener un mapa de la inclusión en nuestro país, porque la inclusión está muy atomizada y necesitamos darle las mejores medidas a cada uno de los participantes en estos itinerarios
para conseguir efectivamente el objetivo de inclusión que pretendemos con ello. Y finalmente, una de nuestras tareas, que va en el origen de la secretaría general, dentro del ministerio, es la evaluación continua y el rediseño del IMV; ahí
estuvimos en el diseño original de la medida y ahora nos planteamos una serie de evaluaciones para nosotros cruciales, como son el examen
de la cobertura efectiva. ¿Qué es la cobertura efectiva? Todos sabemos que este tipo de medidas, porque existen diecisiete programas en las comunidades autónomas y también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sabemos que estos
programas en muchas ocasiones no llegan a la gente para la que fueron diseñados y nosotros mismos, que hemos hecho un análisis exhaustivo ex ante, tenemos que tener claro si estamos llegando verdaderamente a aquellos para los que fue diseñada esa
medida, y esa evaluación tendrá lugar a principios del año próximo. Querremos hablar también del examen de la generosidad, de la suficiencia de la medida, cuánto estamos garantizando a los hogares. Pensemos que el ingreso mínimo vital es el germen
de un sistema hacia el que evoluciona el sistema actual, sabemos que el sistema actual está muy atomizado y cuando entra el ingreso mínimo vital lo que se pretende es poner cierto orden en toda esta estructura de prestaciones no contributivas.
Importantísimo, como comentaba al principio, el diseño del incentivo al empleo. Y esas serán nuestras tareas principales para el año 2021.
Quería ponerles un ejemplo, porque la política es nueva y es importante entender cómo queremos montar la política de inclusión. Antes le preguntaban a mi compañera la subsecretaria si con nuestras políticas movíamos los ODS y ella ha
respondido muy bien diciendo: esto no es inmediato, tengo una política concreta y ya cambio el ODS. Efectivamente, los ODS se podrán mover con políticas estructurales y en el medio plazo, pero lo que sí adelanta ella ya, y es el objetivo de
nuestro ministerio, es actuar en términos de eficacia, y es lo que pretendo presentarles aquí. Es decir, anclados en lo que es el ingreso mínimo vital, los beneficiarios de ingreso mínimo vital, querremos darles aquellas medidas e itinerarios más
eficaces en la consecución de objetivos. ¿Y cuáles son la consecución de objetivos? Aquí tienen un ejemplo que, por supuesto, no es la única unidad de convivencia que va a recibir itinerarios en el ingreso mínimo vital. Tenemos una familia
monoparental, y les recuerdo que para nosotros era un colectivo importante a la hora de diseñar el ingreso mínimo vital porque sabemos que se encuentran en situaciones de pobreza en muchos casos. Y aquí lo que tenemos son objetivos mucho más
concretos que los ODS pero donde existe mucha más proporcionalidad entre la medida implementada y el resultado conseguido. Queremos que unidades de convivencia con estas características tengan mayores oportunidades laborales, que aumente el
rendimiento escolar, que se reduzca el absentismo laboral y escolar, que se reduzca la brecha salarial. Y entendemos que tenemos que conocer muy bien al beneficiario de partida, porque no les podemos dar lo mismo a todos. Aquí ponemos un ejemplo
de qué itinerarios podríamos dar a cada uno de ellos, y les pongo el ejemplo de cuál podríamos estar dando a la vivienda, al hogar en su conjunto, como puede ser no solo darle acceso a la vivienda sino también medidas contra la vulnerabilidad
energética, como la capacidad, por ejemplo, para calentar la vivienda. Esta idea de tener unos objetivos concretos y en razón del beneficiario inicial darle un itinerario es el marco en el que nos podremos mover.
¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo interviene la secretaría general en este sentido? Intervenimos al principio porque establecemos esos objetivos y por supuesto qué indicadores vamos a utilizar para medirlos. Lo que queremos es hacer una
personalización de la unidad del itinerario que le damos a la unidad de convivencia a partir de técnicas de perfilado. ¿Quién va a ejecutar esto? Lo van a ejecutar fundamentalmente las comunidades autónomas, las entidades locales que han venido
haciendo esto hasta ahora, y la SGI lo que quiere es evaluar cómo se han ido moviendo esos indicadores y también medir el impacto a través de determinadas técnicas modernas que permiten ver la eficacia de un programa concreto, y les pongo un
ejemplo. Nuevamente es un ejemplo siguiendo el anterior de un hogar monoparental donde queremos ver el valor añadido, el efecto neto de que en esos beneficiarios alguno reciba un programa, como puede ser de refuerzo escolar, que habría que ver cómo
es ese refuerzo escolar, que puede ser reagrupando en clases más pequeñas, teniendo un tutor más especializado -este es un ejemplo genérico-, y comprobar con aquellos que lo reciben más tarde. Es decir, queremos controlar cuánto está aportando ese
programa para obtener resultados concretos, como es mejorar la tasa de abandono, el porcentaje de repetición o la nota que se puede sacar en una prueba como la EBAU.
Como les decía al principio, es fundamental tener el marco de las políticas de inclusión, políticas que ya se están haciendo en las comunidades autónomas y en las entidades locales porque nos parece que la política de inclusión se puede
desarrollar de una manera más coordinada y ordenada en todo el territorio español, que es necesario relacionar y potenciar la interconexión entre las políticas más relevantes en materia de inclusión social; establecer criterios compartidos y luego,
algo que creo que es fundamental no solamente en la política de inclusión sino en general en las políticas públicas, que es la evaluación del resultado y no solamente lo que se refiere a la correcta ejecución del gasto.
Por último, volver a mi diapositiva original que hablaba sobre las evaluaciones que hemos hecho en el diseño del ingreso mínimo vital y las que estamos haciendo. Decirles que en la evaluación que hicimos al principio, en la evaluación ex
ante, para llegar a estas cifras que ya conocen y que en nuestras estimaciones iniciales teníamos aproximadamente una cobertura de 850 000 hogares, 2,3 millones de personas, sabíamos que estaríamos cubriendo a un 50 % de hogares con hijos y un 90 %
de hogares monoparentales con mujeres a la cabeza. Sabíamos además, porque así lo diseñamos, que tomando estas medidas conseguiríamos prácticamente erradicar la pobreza extrema. Y luego, una cosa que creo que es importante para cuando pensemos en
cómo va la gestión, cómo vamos con respecto a nuestras cifras, cómo llegamos a esos 850 000, porque ese número no nos lo inventamos, surgió de muchísimos análisis, mucho cruce de información, y les puedo decir que si en España hay algo menos de 19
millones de hogares, accedimos a saber su renta y su patrimonio. Con todo el conocimiento que traíamos de atrás de las características de renta y patrimonio que tienen los hogares, las distintas encuestas, registros administrativos, es decir, no
hemos inventado esas cifras y, sobre todo, cuando llegamos a estos datos habíamos hecho el ejercicio, tal y como les estoy planteando que vamos a desarrollar las políticas de inclusión, y es: identificar el objetivo, erradicación de la pobreza
extrema con un indicador que lo mida, y sabiendo eso focalizamos en determinados hogares. Y por eso tenemos esas cifras, con lo cual no ha sido absolutamente nada inventado. Una vez que se pone en marcha el ingreso mínimo vital la evaluación ha
estado presente durante todo el tiempo; ha estado presente de manera interna, y ahí les doy cifras que ya conocen todos ustedes sobre la gestión, pero también hemos estado trabajando en las enmiendas, reuniéndonos con los distintos grupos
parlamentarios, reuniéndonos con entidades del tercer sector y, por supuesto, la evaluación que para nosotros es importantísima, que es a ver a quien no estamos llegando, que teníamos que llegar y que lo teníamos en el objetivo en nuestros análisis
iniciales.
Para hacer todas estas políticas el presupuesto que tenemos asignado es de 120 millones en los Presupuestos Generales del Estado y además esta partida estará reforzada con otros fondos europeos, como el fondo social o el Fondo FAMI, así como
otra financiación europea con programas fundamentalmente focalizados en lo que es dar asistencia técnica, como son el proyecto Progress con algunas comunidades autónomas o los proyectos del SRSP, que financia reformas estructurales y donde uno de
nuestros objetivos es tener un marco teórico muy bien identificado sobre los modelos de convivencia de lo que ha sido la inclusión hasta ahora, antes de que entrara el IMV, porque lo que queremos hacer es adaptarnos mucho al territorio y saber que
las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, venían desarrollando una serie de modelos que queremos respetar y a partir de los cuales queremos montar la estructura de inclusión que les contaba.
Por mi parte me pongo a disposición de sus preguntas.
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Muchísimas gracias, doña Milagros.
Empezamos con el turno de intervenciones de los grupos políticos. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez, por un tiempo de siete minutos.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente. Pido disculpas por el retraso pero como grupo parlamentario pequeño estoy entre unas Comisiones y otras y lo hacemos de la mejor manera posible.
Quiero agradecer a la secretaria general -no he estado en su exposición- que siempre que he precisado explicaciones las he recibido, con lo cual agradezco su buena disposición para avanzar en las políticas de inclusión.
Haré un par de referencias. Por un lado, en relación con el ingreso mínimo vital, señalar que ha habido algunos anuncios por parte de Iglesias de haber alcanzado llegar a un acuerdo dentro del propio Gobierno con el PSOE para modificar
algunas cuestiones relacionadas con el ingreso mínimo vital relacionado con los propios beneficiarios de esta prestación a los que se pide tres años de vida independiente y que parece ser que se va a bajar a dos. Otra fórmula, acreditar la
residencia, que pueda servir un informe de servicios sociales; que a nivel de los ingresos se tenga en cuenta un rango diferente al que actualmente está previsto. Como usted bien sabrá, la postura que mantenemos desde Ciudadanos es que para tener
en cuenta cuál es la posición real de las personas que solicitan el ingreso mínimo vital se tengan en cuenta los doce últimos meses justamente anteriores a la solicitud, porque eso nos da el realismo de la situación económica de las familias que
hacen esa solicitud y no la declaración de la renta del año anterior. Nos gustaría que nos diese información sobre si eso ya tiene algún tipo de traducción presupuestaria; no he visto traducción presupuestaria de estas modificaciones, pero por
tener información.
¿Cuántas solicitudes tienen previsto asumir en el año 2021? No sé si lo habrá dicho en su intervención. Y en cuanto a lo que es la tramitación y con los desajustes que estamos viendo en la actualidad de dificultades, ver si ya hay una
serie de medidas específicas para evitar el colapso que actualmente se está teniendo, bien trabajando con las entidades del sector, bien agilizando los propios sistemas informáticos, bien teniendo en cuenta los requisitos y cómo se evalúan, si
realmente no habría que hacerlo de otra manera para que no hubiese ese retraso en lo que son las concesiones. Ver cómo podemos avanzar en 2021, la finalidad es la efectividad.
En relación con las comunidades autónomas, el plazo con el que contamos para que se realicen los convenios que hay que desarrollar en el ámbito del ingreso mínimo vital. Para ese intercambio de información para la propia tramitación de las
solicitudes y para el punto relevante que tiene que ver con la inserción y con esos itinerarios de inserción sociolaboral que, como bien sabrán, creemos que es el foco principal de la salida de la pobreza y hacia donde se debe encaminar el ingreso
mínimo vital, pero hay que ordenarlos, hay que establecer cómo se desarrollan esos itinerarios, cómo se va a trabajar con las personas, qué objetivos se van a establecer, con quién se va a desarrollar. O sea, en la mirada de 2021 es cómo vamos a
ejecutar no solo la tramitación, que hay que hacerla, sino el resto del tronco relacionado con la inclusión social de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. Ciudadanos, en las comunidades autónomas donde está gobernando está viendo
cómo tiene que reajustar sus políticas sociales. Lo que pedimos y lo que necesitamos es que haya coordinación por parte del ministerio para poder desarrollarlo, porque tienen las rentas mínimas y tenemos que buscar ahí los encajes, encajes sobre
los que creo relevante referirme a un par de cuestiones. Por un lado hablamos de la pobreza severa y por otro lado tenemos que en nuestro país va a seguir aumentando la pobreza relativa. Parto de que la situación actual de COVID nos va a llevar
también a personas que se van a encontrar en nuevas situaciones de pobreza y que desde el ámbito de la inclusión también hay que abordar, hay que abordar con rentas mínimas, hay que ver cómo se complementan, el perfil al que se deben dedicar, pero
también con otro tipo de iniciativas, iniciativas como la prestación por hijo a cargo. Como bien sabrá, consideramos que eliminar la prestación por hijo a cargo por haber aprobado el ingreso mínimo vital no es la opción más acertada, porque hay una
pobreza relativa que afecta a familias con niños, que igualmente debe ser tenida en cuenta, y los rangos económicos que se piden para acceder a una y a otra son diferentes. Por tanto creemos que se debe mantener esa prestación por hijo a cargo.
Además, para situaciones específicas de las personas en situaciones de pobreza hay que seguir avanzando en la idea de las tarjetas monedero, con una visión amplia. Se trata de que sean tarjetas monedero para que no se tenga que estigmatizar a las
personas que necesitan de determinadas ayudas alimenticias, sino más bien que son ayudas básicas de subsistencia para momentos que puedan ser puntuales y que empecemos a avanzar en esas políticas alimentarias, tal y como vienen dados los fondos, que
garanticen la alimentación y que garanticen además la autonomía de las personas. Creo que ya estamos en un Estado lo suficientemente avanzado para no estar dando bolsas de alimentos a las personas siempre que podamos y utilizar otras fórmulas más
innovadoras.
Igualmente, y en relación con el ingreso mínimo vital, finalizo haciendo esa referencia a la necesidad de unir el trabajo también con el sector empresarial. Me gustaría saber qué opinión tiene usted de la necesidad de bonificar a las
empresas que contraten a perceptores de ingreso mínimo vital; que el sello social que se establezca a las empresas, como nosotros proponemos, tenga una serie de objetivos relacionados con los perceptores del ingreso mínimo vital, y que en aquellas
convocatorias públicas que se sacan a concurrencia, uno de los criterios para seleccionar a los destinatarios, a las empresas, sea tener medidas sociales con perceptores del ingreso mínimo vital.
Quiero volver a agradecer su presencia aquí. Nos ponemos a su disposición para que realmente avancemos en lo que son las políticas de inclusión.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Muchísimas gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas, por tiempo de cinco minutos.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señora compareciente.
Vamos a tocar nuevamente, como hemos hablado antes con la señora subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y como usted también ha hecho mención en su presentación, el ingreso
mínimo vital, y seremos monotemáticas en este sentido. Como bien hemos dicho antes a la subsecretaria, pensamos que el Estado español no puede cumplir la Agenda 2030 teniendo más de 600 000 personas sin papeles. Por más que se estén
tomando medidas desde el ministerio, desde la secretaría, creemos que no es suficiente por la cantidad de personas en condición administrativa irregular, y sobre todo ahora con el COVID, con la pandemia, en una situación de precariedad y
vulnerabilidad muy muy importantes. Siguiendo el Libro Azul, como decía la subsecretaria anteriormente, mirando la igualdad, la infancia, la adolescencia y a las familias, creemos que es importantísimo que se tomen medidas inmediatas y sostenidas
para asegurar que las personas migrantes en situación irregular accedan a los beneficios sociales mínimos que garanticen que no se queden atrás, y una de estas medidas consiste en confirmar que el ingreso mínimo vital también las incluya, y aquí sí
que somos monotemáticas. De hecho, este tema es una de las peticiones de la plataforma ciudadana 'Regularización ya', que hizo una PNL que fue discutida en esta casa en el mes de septiembre y que, desgraciadamente, votaron que no muchos partidos y
no siguió adelante.
La pregunta es muy directa y muy sencilla; de hecho la subsecretaria más o menos ya me ha contestado antes, pero no del todo, por lo que hago nuevamente la pregunta muy directa: ¿Piensa el Gobierno incluir a las personas migrantes en
condición administrativa irregular como destinatarias del ingreso mínimo vital? Pensamos que esta propuesta pretende garantizar unos recursos mínimos para estas personas que no están regularizadas administrativamente en el Estado español, con lo
cual no existen para el Estado, no son, no están, no son sujetos de derechos, para que les permita tener un colchón social, mientras, eso sí, se siguen articulando los apoyos políticos, sociales para regularizar su situación, si no es de una forma
extraordinaria, como hemos instado al Gobierno con la PNL de la plataforma 'Regularización ya', de forma permanente y sin condiciones. En este sentido creemos que hay muchas formas para hacer llegar el ingreso mínimo vital; de hecho, la plataforma
'Regularización ya' nos envía una que nos parece muy plausible al Grupo Republicano, que también nos hizo llegar aquí a esta casa a muchos grupos parlamentarios, a los dos grupos de Gobierno también, que dice que el número de personas en situación
irregular se estima entre 600 000 y 800 000 por algunas organizaciones, sin embargo el mismo se desconoce de manera oficial debido al déficit por parte del Estado español de producción o acceso a la información en determinados asuntos. Según la
ampliación del Plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis del COVID, aquellas personas víctimas de trata, de explotación sexual y de casos de extrema vulnerabilidad en contextos de prostitución, podrán acceder al ingreso
mínimo vital -esto en el inicio del año, cuando los reales decretos- aunque se encuentre en situación administrativa irregular. Por el momento, la información que se conoce sobre cómo será el procedimiento, por seguir en estos casos, es el que el
ministerio habilitará a ONG especializadas para elaborar informes, etcétera. Estoy leyendo el texto de la plataforma. Sin embargo, dice algo que nos parece muy interesante, y es que siguiendo este procedimiento para hacer llegar el ingreso mínimo
vital en el caso de las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, consideramos que se podría utilizar la misma iniciativa en el caso de las demás personas en situación administrativa irregular siempre y cuando
cuenten con garantías previas de seguridad y confidencialidad, donde el acceso a sus datos por parte de las instituciones en ningún caso suponga exponerlas a posibles órdenes de expulsión o cualquier otro tipo de medida que no proteja y garantice
sus derechos. En relación con los requisitos, por ejemplo, que entendemos que uno de ellos pueda ser el empadronamiento, que es un temazo, el empadronamiento, también hay que tener en cuenta que muchas de las personas migrantes en situación
administrativa irregular no han podido acceder al empadronamiento. Me acuerdo que yo cuando no tenía papeles no conseguí empadronarme, es un hecho y lo tenemos que reconocer por más que sea una obligación. Voy acabando, señor presidente. Otra
posibilidad sería iniciar un proceso de empadronamiento en el que todos los ayuntamientos de toda España pusieran las máximas facilidades para hacerlo.
Voy a dejarlo aquí, porque ya no tengo tiempo, pero es muy interesante este documento de la plataforma 'Regularización ya' porque da muchas salidas. Básicamente, da un poco de respuesta a lo que ha dicho antes la subsecretaria de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, y en este intento de hablar de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, creo que este documento de la plataforma pone de relieve algunos métodos que se podrían utilizar para así hacer llegar a las personas, a casi
600 000 u 800 000 personas en situación de precariedad y vulnerabilidad extrema, el ingreso mínimo vital.
Muchísimas gracias por su comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Muchas gracias, señora Carvalho.
Por el Grupo Parlamentario Plural, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Muchas gracias, señora compareciente, por sus explicaciones. Creo que en su caso todo va muy centrado en el ámbito del ingreso mínimo vital y, por tanto, me gustaría señalarle algunas cuestiones en relación con este tema. La primera de
ellas es que me gustaría conocer su valoración sobre el hecho de que el Colegio de Trabajo Social hable de auténtico laberinto burocrático en toda la tramitación del ingreso mínimo vital. Por ello, ahora que hace tiempo que la medida está puesta en
marcha, me gustaría saber cómo valoran este tipo de afirmaciones aquellas personas que son, en definitiva, las que ayudan a tramitar este ingreso a todas las personas beneficiarias.
En el plano de la cogobernanza del ingreso mínimo vital, me gustaría saber si tienen previsto que esto sea gestionado por las autonomías y hacer la correspondiente transferencia, que se habló en su momento, de la dotación económica, de la
gestión del ingreso mínimo vital para las autonomías. En todo caso, en el ámbito del real decreto-ley que instaura el ingreso mínimo vital se habla de la cogobernanza y de los trabajos que hacen los ayuntamientos y a ellos se les pide que puedan
llegar a generar el inicio de la tramitación de este ingreso mínimo vital; se habla de la articulación de convenios; se habla incluso de financiar los gastos que les supone el trabajo añadido a los ayuntamientos en la tramitación del ingreso
mínimo vital, puede ser personal, puede ser la gestión de las solicitudes. Querría saber cuándo se van a hacer estos convenios, qué contenidos van a tener los mismos y qué previsión tienen en relación con lo que van a hacer con los entes locales,
porque también se les obliga a facilitar la información con carácter trimestral. Por tanto, me gustaría conocer cuándo se va a articular todo este sistema de convenios y qué contenidos va a tener el mismo.
Finalmente -no voy a consumir todo mi tiempo-, me interesa hacer una reflexión en relación con el hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado se elimina la prestación por hijo a cargo en todos aquellos casos en que no haya
circunstancia de discapacidad. Esto nos trae el debate de la pobreza relativa. Supongo que le habrán llegado estos cálculos, son bastante palmarios y conocidos: si en una familia de dos adultos y dos hijos, con el ingreso mínimo vital se
ingresarían alrededor de 10 079 euros, en cambio con el sistema anterior de la prestación por hijo a cargo se ingresarían 14 267 euros. Por tanto, aquí aparece una pérdida de capacidad económica con la eliminación de la prestación por hijo a cargo
y la sustitución de facto por el ingreso mínimo vital. Me gustaría saber cómo se plantean la plena inclusión en este ámbito en el que se han perdido estas ayudas en este tipo de familias.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Muchísimas gracias, señor Boadella.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente. Gracias también a la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión por todas sus explicaciones y también por el trabajo que están haciendo desde el ministerio. Yo estudié un curso
de expertos sobre evaluación de políticas públicas y es un orgullo que haya un departamento de nueva creación en el Gobierno de España que empiece a ver la evaluación de políticas públicas de una manera diferente al de la excusa para recortar, que
realmente vea la evaluación de las políticas públicas como una herramienta fundamental para que las políticas públicas cumplan con los objetivos que realmente tienen y que cuando haya desviaciones vuelvan otra vez al camino para ir hacia donde
deberían haber ido siempre y no hacia esas políticas de recortes que tantas veces se han utilizado en años y Gobiernos anteriores. La verdad es que para mí es un orgullo y quería destacar esto porque creo que es un gran paso en las políticas de
gobernanza y de buena gobernanza en nuestro país.
Centrándome en el tema, España es la cuarta economía del euro y, sin embargo, somos de los países de la Unión Europea con una peor distribución de rentas, con mayor desigualdad y con mayor índice de pobreza, es más, España es la cuarta
economía del euro, repito, y sin embargo es el tercer país de la Unión Europea con mayor desigualdad y pobreza infantil, según declaró el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. Este dato debería avergonzarnos a todos, a todos,
como responsables públicos. Digo a todos y a todas pero en especial también al Partido Popular, a VOX, a Ciudadanos, y digo
concretamente Partido Popular por la ignorancia o por tantos años de ignorancia de esta realidad durante sus Gobiernos y también por estas coaliciones VOX, Partido Popular y Ciudadanos que hay en muchas comunidades autónomas donde gobierna y
donde, sin embargo, incluso ahora durante la pandemia, han hecho cosas como llevar a los niños y a las niñas comidas hipercalóricas basadas en calorías vacías, de las que muchas personas hablamos en muchas ocasiones de comida basura, como hizo la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, o alimentos en mal estado, como se han denunciado por muchas asociaciones de padres y madres de alumnos en mi comunidad autónoma, Andalucía, donde incluso se han encontrado alimentos con moho, como digo
en mal estado.
Creo que estamos ante un peligro y hay que decirlo claramente. Hay algunos grupos que vienen de una tradición de las más oscuras de la Unión Europea y de nuestra historia, de un odio hacia etnias en años anteriores y que ahora estamos
viendo que hay un avance en el odio hacia los menores inmigrantes no acompañados, hacia las personas migrantes, odio también hacia las mujeres, hacia las clases populares y hacia los trabajadores y trabajadoras, y lo digo muy concretamente: hoy he
estado en la Comisión de Igualdad, escuchando también las comparecencias sobre los presupuestos en materia de igualdad, y he tenido que escuchar discursos de odio diciendo que las políticas de igualdad son delirios ideológicos o negando la violencia
machista -la mitad de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista y, sin embargo, lo niegan-, o negando también los derechos de los colectivos trans o también la igualdad retributiva. Es más, en Andalucía se ha reducido 4 millones de
euros en acciones para la igualdad en la promoción de las mujeres. Vamos más allá, políticas de odio contra la clase trabajadora, votaron algunos de los grupos de la derecha de este Congreso en contra de los ERTE; votaron también en contra de la
derogación del despido por bajas médicas; en mi comunidad autónoma, en Andalucía, han rebajado 18 millones en formación para el empleo para los próximos presupuestos; también en relación, por ejemplo, con las personas con mayor precariedad y que
viven mayores situaciones de pobreza ha habido recortes en Andalucía de 247 000 euros en pensiones asistenciales, 11 millones y medio en acción comunitaria e inserción, aumentando las listas de espera en la sanidad pública, reduciendo el presupuesto
en trasplante de órganos, reduciendo el presupuesto en educación hacia la primera infancia, o también políticas de odio contra las personas migrantes, con reducciones también en políticas en este sentido en los presupuestos.
Para mí es un orgullo que este Gobierno, que esta secretaría de Estado, que este ministerio, en coordinación con otros ministerios, estén sacando adelante políticas que van en contra de todo eso y que van hacia la igualdad, hacia la
prosperidad, hacia la mejora de nuestro país, hacia la protección de las personas más vulnerables de nuestro país y que en estos presupuestos podamos ver un aumento del 46 % del sistema de autonomía y atención a la dependencia, con un plan de choque
hacia la dependencia; el 70 % de aumento en los presupuestos en servicios sociales; un aumento del Iprem en un 5 % después de tres años congelado; el refuerzo de los servicios públicos en la modernización de los servicios sociales, o el Plan
España te protege contra la violencia machista, con un plan dotado de 48,5 millones. Igual que es un orgullo ver cómo este ministerio, por fin, está acometiendo la coordinación y la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad
con el ingreso mínimo vital.
Por mi parte, quiero darle la mayor enhorabuena y las gracias por todas las explicaciones y por el presupuesto que han puesto en marcha. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Muchísimas gracias, señora Franco.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Ruiz Solás.
La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias también a la secretaria general. No tenemos duda de que están haciendo un trabajo ingente en el ministerio, de eso no tenemos la menor duda.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que es el competente para proponer y ejecutar las políticas del Gobierno en materia de Seguridad Social, migración e inclusión, ha creado esta nueva Secretaria General de Objetivos y
Políticas de Inclusión y Previsión Social con su correspondiente programa para el desarrollo de las políticas de inclusión, poniendo también su granito de arena en hacer todavía más grande y más desproporcionada la maquinaria del Estado, donde hay
un ministerio ahora hay dos, y cada uno tiene que tener, lógicamente, su propia estructura. Esta secretaría forma parte de un ministerio que va a contar con un presupuesto de 28 840 millones de euros, un 89,6 % más que en 2020, y su función
principal está siendo la de definir objetivos de inclusión para luego desarrollar indicadores que midan, sigan y evalúen estos objetivos y para velar de su cumplimiento en las distintas administraciones
públicas, a las que además asesora impulsando políticas que deberían ayudar a todos los colectivos más desfavorecidos para que tengan igualdad de oportunidades, a la que todos aspiramos.
El trabajo de esta secretaría es, por tanto, realizar estudios, informes y análisis de las políticas inclusivas, tanto para diseñarlas como para ver cómo se desarrollan una vez puestas en marcha y para confirmar si se consiguen los objetivos
deseados o, si por el contrario, es necesario redefinirlas. Una de sus actividades ha sido la elaboración de la normativa reguladora del ingreso mínimo vital; imagino que se hizo una definición y una evaluación previa y que se estará haciendo una
evaluación, como ya nos ha explicado, continua para ver si se están cumpliendo los objetivos de inclusión que se habían propuesto. Nosotros no hemos visto esos informes, esos estudios y ese trabajo de campo que pueda revelarnos cuáles están siendo
los resultados de esta medida estrella que se nos vendía como la panacea de la inclusión, pero sí vemos lo que está sucediendo en la calle y ya podemos constatar que esta medida está siendo un fracaso como lo demuestran las colas del hambre ante los
centros de ayuda y los comedores sociales y la escasez, por primera vez en mucho tiempo, que están sufriendo los bancos de alimentos. En realidad solo han bastado unos meses para ver que, tal y como este ministerio planteó el ingreso mínimo vital,
al menos en un principio, con esta complejísima puesta en marcha en el peor momento posible, actualmente solo está creando desigualdad, desincentivando el empleo, favoreciendo la economía sumergida y la inmigración ilegal y discriminando y
privilegiando a unos colectivos por encima de otros. Lo peor es que no solo no ha mejorado sustancialmente la situación de los que ya padecían pobreza, cronificando la situación de sus beneficiarios en lugar de ayudarles a superar la situación que
les ha llevado a solicitar esta prestación, sino que tampoco se han solucionado los problemas de todas estas familias españolas que por primera vez se han encontrado desamparadas por culpa de esta pandemia y que lo han perdido todo de un día para
otro, por lo que podemos decir que de momento no cabe un fracaso mayor.
Me gustaría saber qué van a hacer ustedes al respecto, cómo va a corregir esta secretaría los errores que hacen que esta ayuda no esté teniendo los efectos que pretendía y si creen que la revalorización de la misma en un 1,8 % que pretenden
implementar es una solución, es la única solución o es una buena solución. Sabemos también que el presupuesto previsto para la Seguridad Social es de 172 429 millones de euros, un 4,3 % más que en ejercicios precedentes y que el Gobierno estima que
este volumen de recursos revela el gran peso que da el sistema de protección social en nuestro país, pero la realidad es que esta protección social está siendo manifiestamente mejorable durante esta crisis, que lamentablemente el nivel de parados va
a continuar aumentando y que las ayudas ofrecidas son absolutamente insuficientes para que muchas familias sin trabajo puedan subsistir. Parece que el incremento del presupuesto respecto a años anteriores se produce fundamentalmente por la
prometida revalorización de las pensiones y por la nueva prestación del ingreso mínimo vital, y entendemos que es este ministerio y su secretaría quienes así lo han aconsejado, pero es evidente que la revalorización de las pensiones no va a ser
tampoco suficiente para mejorar la situación de los pensionistas, que apenas supondrán unos pocos, muy pocos euros en sus bolsillos. Y lo mismo ocurre con las ayudas a la discapacidad, con el programa de autonomía personal y atención a la
dependencia y con las ayudas a familias en un momento en el que se ha constatado que el problema de la natalidad es el origen de la quiebra del Sistema de la Seguridad Social. Consideramos, en fin, que la protección a los vulnerables con estos
presupuestos es muy débil, sigue siendo muy débil, que se sigue protegiendo más a determinados colectivos más por motivos ideológicos que por motivos reales y que los presupuestos que nos presentan no son unos presupuestos justos tampoco para los
autónomos, que ven como decrecen los recursos para cese de actividad a pesar de que vayan a aumentar considerablemente, atendiendo a datos como los que nos proporciona ATA, que estima que además de los 300 000 autónomos que ya han cerrado, otros 300
000 lo harán a final de año y otros 400 000 no aguantarán mucho más en las actuales circunstancias.
Creemos que estamos ante unos presupuestos obsoletos y desactualizados, antes incluso de aprobarse, y que de nada sirven los índices, los informes y las mediciones si no tienen en cuenta las terribles consecuencias de esta crisis que se está
alargando bastante más de lo previsto, si no se toman medidas para reducir el gasto en lo innecesario y lo superfluo para poder dedicar nuestros recursos a proteger de verdad a los que lo necesitan y evitar así esa exclusión social de nuevos
colectivos y de muchos más ciudadanos en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Muchísimas gracias, señora Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Angulo Romero.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente. Gracias, señora Paniagua, por sus explicaciones teóricas y muy técnicas, con objetivos en los que probablemente todos los que estamos aquí podemos coincidir, pero estamos en una Comisión en la
que analizamos los Presupuestos Generales del Estado y permítame que le diga que estos presupuestos no son nada más que una gran fake news contra la que sí deberían aplicar esa inconstitucional propuesta de lucha contra la desinformación, porque lo
que han conseguido estas cuentas es poner de acuerdo a todos los organismos, incluida la propia Unión Europea, de que se trata de unas cuentas con previsiones falsas y desfasadas y con unas políticas que propiciarán que muchos más españoles caigan
en la exclusión.
Cuando hablamos de inclusión hemos de hablar de crecimiento y de empleo, la mejor herramienta para combatir la exclusión. En un país con cuatro millones de parados, un millón de autónomos en riesgo, seiscientos mil ERTE que pueden
convertirse en ERE, un millón doscientos mil hogares con todos sus miembros en paro y un 25 % de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, el Gobierno nos plantea las viejas y fracasadas políticas de descontrol del gasto y un sablazo
fiscal a las familias que solo van a suponer echar más gasolina al fuego de la recesión y aumentar la terrible crisis económica y social que ya tiene un desgraciado reflejo en esas interminables colas del hambre. Ante este drama, el Gobierno parece
fiarlo todo al ingreso mínimo vital, ese que aún esperan hoy setecientos mil hogares y que a pesar de todas esas evaluaciones, estudios, análisis se ha convertido en el ejemplo de cómo generar frustración y falsas expectativas o cómo el papel lo
aguanta todo pero luego la realidad lo desmonta. Y créame, señora secretaria general, que lo sentimos, porque el Partido Popular apoyó su creación precisamente para que sirviera de red de seguridad a esas familias que hoy lo pasan más y vinculado a
las políticas que crean empleo y permiten la inserción de estas personas. Pero ni lo uno ni lo otro. Mientras siguen aumentando las cifras de paro, que el Banco de España, no nosotros, sitúa en un 22 % para el próximo año, y aumenta cada día el
número de hogares en riesgo de exclusión, 1 800 000 personas acuden ya cada día a los bancos de alimentos; ustedes solo han sido capaces de aprobar 136 000 solicitudes del millón que han recibido, creo que incluidas ahí las que ya percibían la
prestación por hijo a cargo, es decir, apenas unas 65 000 nuevas prestaciones. Por eso yo no entiendo el triunfalismo, sobre todo cuando el propio ministro reconoció que a finales de año aún habrá un 30 % de esas solicitudes sin resolver, 300 000
familias que lo necesitan. Y de verdad, a las familias no les tranquiliza decir que luego lo cobrarán, si se les admite, con efectos retroactivos. La AIReF, una entidad que usted no creo que cuestione, dijo ayer que un 40 % de los hogares
españoles hoy no pueden hacer frente a dos meses consecutivos sin ingresos. Por eso, señora Paniagua, mucha evaluación, análisis, estudios, pero la cruda realidad es que esas miles de familias a las que prometieron que no dejarían atrás llevan
meses esperando la prestación y después, mayoritariamente, se la deniegan, 192 000 denegadas frente a 136 000 aprobadas. Y a esas personas también hay que darles una solución, porque a pesar de haber creado una nueva secretaría general, la suya,
que con sus objetivos vemos que es más bien la parte de análisis y de estudio, puesto que se les destina 1 900 000 euros, de los cuales 1 700 000 es para personal, como digo, no se ha hecho una buena evaluación, ustedes no han sido capaces de
identificar ex ante, como dicen, a los beneficiarios, ni tampoco la capacidad que tenía el sistema para gestionarlo, y de ahí esas autoenmiendas que ustedes se hacen una y otra vez; porque permítame que le diga, aquí en la anterior comparecencia
hemos oído que el señor Escrivá prácticamente es un crack, cosa que yo profesionalmente no dudo, pero ustedes estarán comprobando que eso en este Gobierno tampoco sirve, porque todos esos estudios que ustedes puedan hacer ex ante o ex post, en una
tarde el señor Iglesias y el señor Sánchez lo enmiendan y el papel de ustedes es, como dijo el señor Escrivá, de sorpresa. Esa reunión y esas enmiendas le causaron sorpresa.
Cuando hablaba de que al final la realidad se puede convertir en una fake news y ustedes dicen que bastante han hecho en una prestación moderna, innovadora, que todo el mundo quiere copiar, se lo deberían haber explicado entonces al
presidente del Gobierno, porque hizo esta fake news en una comparecencia diciendo: Sánchez anuncia que 255 000 personas recibirán el ingreso mínimo vital el 26 de junio (muestra un titular de prensa). Esto o era verdad, no había evaluación, o era
otra fake news a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno.
En España, según lo que pone la memoria de los presupuestos, dicen que hay doce millones de personas que están en riesgo de pobreza y exclusión, un 25 % de la población, sin embargo, ustedes fijan el ingreso mínimo vital, pretenden llegar a
unos dos millones y medio de personas, y en la práctica, de los expedientes que han resuelto, ustedes han negado casi un 58 %. Por eso, nos gustaría saber qué objetivos, de verdad, se plantean de reducción de la pobreza y en qué plazo, porque yo no
creo, señora Paniagua, que nadie que tiene recursos económicos esté pidiendo el ingreso mínimo vital y ustedes están
denegando, según nos dicen, mayoritariamente porque no cumplen los requisitos de vulnerabilidad económica. Pero es que, además, cuando aprobaron el ingreso en el mes de mayo, su objetivo era llegar a 850 000 hogares y destinar tres mil
millones de euros. A mí eso no me cuadra porque aunque solo fuera por los cuatrocientos y pico euros a los que tiene derecho una persona sola, para 850 000 hogares son casi cinco mil millones de euros al año. Me gustaría que nos lo explicara. Y
sobre todo, lo que más me importa es que desde entonces las circunstancias han cambiado, primero, porque ustedes han ido introduciendo nuevos posibles beneficiarios, hogares, personas, relajando requisitos y, por lo tanto, eso supone que aumentará
el número de beneficiarios y, segundo, porque además la segunda ola de la crisis sanitaria está agravando esta crisis económica y el desempleo desgraciadamente va a seguir subiendo. Sin embargo, usted hoy nos plantea la misma foto fija, 850 000
hogares y tres mil millones; nos gustaría saber por qué esa foto fija. ¿Es porque ustedes, de verdad, tienen la intención de seguir reconociendo solo ese veintitantos por ciento y denegando casi un 60 % de las solicitudes que se vayan presentando?
Además, como también se ha dicho aquí, el ingreso mínimo vital ha dejado o puede dejar sin ninguna ayuda a miles de familias que se encuentran en una situación de pobreza moderada con la eliminación de la prestación por hijo a cargo sin
discapacidad. A quienes sí tenían derecho les han hecho un brutal recorte porque, efectivamente, pueden cobrar en torno a 4000 euros menos de lo que estaban percibiendo con la prestación por hijo a cargo. Creo que eso va a ahondar en la exclusión
en el peor momento posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Tiene que ir acabando, señora Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Voy terminando.
En cuanto a la gestión, nosotros creemos que esa falta de coordinación con las comunidades autónomas ha supuesto la incapacidad para gestionar el ingreso y el colapso en los servicios públicos. Me gustaría saber qué medidas de refuerzo van
a adoptar ustedes para resolver esta situación. Respecto a las políticas y los itinerarios de inclusión, creo que es algo que tendría que haberse diseñado desde el primer momento porque me gustaría saber qué itinerarios de inclusión están siguiendo
esas 136 000 familias que ya lo están percibiendo, por qué se les niega el derecho a la inserción sociolaboral. Por tanto, creo que este es un tema que se tenía que haber hecho ya. En cuanto a la firma de los convenios con las comunidades
autónomas para la gestión del ingreso, me gustaría saber si ya se han firmado con alguna, sobre todo si se van a firmar con todas o solo con algunas, y si se van a concretar en esos convenios los gastos por la gestión y la financiación, por
supuesto, a cargo del Estado. Usted nos habla aquí de 120 millones de euros para las políticas de inclusión, y me gustaría que nos desgranara dónde están incluidas esas partidas puesto que no están en ese programa de su secretaría general; si
corresponden al Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, queremos saber cuánto va a haber concretamente para las comunidades autónomas, cuánto para las entidades locales y, sobre todo, cuál va a ser el criterio de distribución.
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Tiene que acabar.
La señora ANGULO ROMERO: Termino, un minuto.
Nos preocupa mucho porque si ustedes fían todas sus inversiones a unos fondos que aún no han sido aprobados, que no sabemos cuándo llegarán y, lo que es más grave, que el propio Gobierno está poniendo en peligro, como ayer advirtió la Unión
Europea, por su falta de respeto al Estado de derecho, puede que esto se quede en papel mojado. Nos gustaría haber hablado de otras políticas de inclusión, saber qué estudios han hecho desde su secretaría general, por ejemplo, qué informes han
emitido ustedes para otros ministerios sobre cómo va a afectar a las clases medias y a la generación de empleo las subidas de impuestos que contemplan estos presupuestos, cómo va a profundizar en la situación de pobreza de personas que tienen
dificultades para alimentarse, pero que tienen que pagar un 21 % de IVA de las mascarillas, o cómo se compatibiliza el hecho de denegar el 50 % de las solicitudes del ingreso mínimo vital con presupuestar partidas para pagar a 777 asesores
ministeriales.
Termino, presidente, como empecé. Para mi grupo no hay mejor herramienta para la inclusión que el empleo, que es lo que garantiza buenos servicios y políticas públicas entre todas aquellas dirigidas a quienes peor lo pasan. Creemos que
estos presupuestos son irreales e ineficaces y estamos muy preocupados, señora Paniagua, por la situación de exclusión y pobreza a la que van a llevar a millones de españoles las políticas que contienen. Aun así, le agradezco su buena voluntad, sus
explicaciones teóricas, pero creo que van a ser difíciles de llevar a cabo.
Muchas gracias y disculpe, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Muchísimas gracias, señora Angulo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Baños Ruiz.
La señora BAÑOS RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Buenos días, señora secretaria general, bienvenida al Congreso de los Diputados. Quiero comenzar mi intervención trasladándole, en mi nombre y en el de mi grupo, la felicitación por el ingente trabajo que realizaron
desde su secretaría general para poner en marcha el ingreso mínimo vital y, además, en un tiempo récord y en plena pandemia mundial. Agradecemos de igual modo su esfuerzo para explicar esta mañana en su comparecencia todas las políticas que van a
llevar a cabo por parte de la Secretaría General de Objetivos y Política de Inclusión para el año 2021.
Señorías no nos sorprendemos al escuchar que estamos en un momento excepcional, que España y el mundo entero se encuentran en una situación extraordinaria; no nos sorprendemos porque parezca que las noticias han colapsado cualquier
capacidad de consenso y entendimiento en la actual situación, solo hay que escuchar las declaraciones de algunas de sus señorías hoy aquí presentes. Es verdad que luchamos contra un virus para el que todavía tenemos más preguntas que respuestas,
pero en este momento, con este Gobierno, tenemos la obligación de dar certezas a la ciudadanía que está viviendo las consecuencias de esta crisis. En el Grupo Parlamentario Socialista celebramos la respuesta del Gobierno, las certezas que se dan a
través de los Presupuestos Generales del Estado, una respuesta acorde con una situación muy concreta, con una situación muy complicada en la que son fundamentales las medidas sociales puestas en marcha, medidas en favor de las familias, los
colectivos vulnerables que más se han visto afectados por la paralización de la actividad económica. Vemos cómo en los Presupuestos Generales del Estado el gasto social supone la mayor subida de la historia, 239 765 millones de euros orientados a
construir un país mejor, más justo socialmente y que hereden las generaciones que vengan; unos presupuestos que se vertebran con los principios de cohesión, justicia social, lucha contra la desigualdad y crecimiento económico inclusivo.
Señorías, la creación del Ministerio de Inclusión y de una Secretaría General de Inclusión es el síntoma de una apuesta firme y el compromiso de este Gobierno con la reducción de las desigualdades en nuestro país. Se eleva así a políticas
de Estado las políticas de inclusión; por primera vez en la historia de nuestro país, el Estado asume la tarea de completar la red de protección de este país. Y todo esto viene avalado, ni más ni menos, que por un proyecto de presupuestos porque,
evidentemente, no es necesario explicar que cualquier actuación de una institución tiene que venir avalada por unos presupuestos que todos ustedes tienen en sus manos y cuyas cifras conocen. Los Presupuestos Generales del Estado en lo que atañe a
esta Comisión reflejan cuáles son las prioridades: avanzar en una autonomía del sistema de acogida y de integración con la inclusión de las personas migrantes; implementar los acuerdos nacidos de la Comisión del Pacto de Toledo, que han liderado
mis compañeras, Magdalena Valerio y Mercè Perea, como un punto de unión entre dos generaciones; por un lado, la que ya está cobrando la pensión y, por otro, la que tiene que venir a cobrarla; y el último de los tres objetivos es la puesta en
marcha de un ingreso mínimo vital y los itinerarios de inclusión, que son en los que voy a centrar mi intervención.
La situación de pobreza y desigualdad existente en España, que -ya se ha dicho aquí- se puso de manifiesto por parte del relator de Naciones Unidas y de muchísimos organismos internacionales, así como el incremento de la vulnerabilidad
económica y social ocasionado por la COVID, exigen la puesta en macha de ese ingreso mínimo vital, un mecanismo de garantía de ingresos de carácter nacional. En numerosas ocasiones, el ministro Escrivá, y usted ahora aquí, señora secretaria
general, han manifestado que no se trata solo de una prestación económica, sino de un conjunto de políticas en torno a una prestación que hagan transitar a las personas beneficiarias hacia una situación mucho más ventajosa, sacándolas de esa espiral
de pobreza a la que todavía no hemos sido capaces de llegar. La prestación no es un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar esa transición de la exclusión social a una situación en la que se pueda desarrollar una vida plena en la
sociedad. La forma concreta que tomará esa inclusión social variará en función de las características de cada individuo, como bien ha explicado aquí, y a esto deben responder los itinerarios de inclusión. Para algunos, como se ha dicho, será el
acceso a oportunidades educativas; para otros la incorporación al mercado de trabajo; y para otros la solución a una condición sanitaria determinada; de ahí la transversalidad de esta política, que celebramos.
Para aplicar este sistema de incentivos resulta fundamental, como se ha puesto de manifiesto, la cogobernanza; un sistema de cooperación entre las administraciones que respeta el legítimo ejercicio del autogobierno en el ámbito de las
políticas sociales de las comunidades autónomas y las entidades locales,
desplegando de este modo unos itinerarios de inclusión flexibles y adaptados a la situación de los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Todo esto debemos tenerlo en cuenta teniendo también presente al tercer sector y, sobre todo, al
sector privado en este diseño de los itinerarios. De ahí que quiera remarcar la importancia de que se lleven a efecto estos marcos legales que permitan la colaboración entre administraciones, a través de los convenios que sean necesarios con las
comunidades autónomas y las entidades locales, incluso reforzando, si es necesario, los servicios sociales, que tan importantes van a ser en este camino hacia la inclusión para acercarnos más al perfil que se pretende llegar. Hablamos de una
combinación de fuerzas públicas y privadas de una manera nueva, y no hablamos de reducir las relaciones públicas a los intereses privados, sino de generar nuevos espacios de entendimiento a través de los cuales las entidades privadas sean partícipes
de las propias relaciones sociales y contribuyan a romper las dinámicas de pobreza. Este modelo -también se ha dicho- estará permanentemente aprendiendo de la realidad en la que se pretende incidir y será evaluado de manera continua antes, durante
y después de su despliegue, y no solo por parte del ministerio -esto es a lo que hasta ahora estábamos acostumbrados-, sino que lo más importante es que lo pueden hacer el resto de administraciones y de organismos independientes que se vean
implicados en esta tarea.
Señorías, tenemos por delante un reto esencial al que hasta ahora no hemos sido capaces de hacer frente; que este tipo de políticas salga adelante marcará un antes y un después en los modelos de aplicación de las políticas públicas.
Podemos pasar a la historia como parte de un proyecto que vuelve a acercar la eficiencia a las instituciones públicas y establece un nuevo tipo de relación con los problemas de la ciudadanía y las soluciones que las administraciones podemos llevar a
cabo.
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Señoría, tiene que ir acabando.
La señora BAÑOS RUIZ: Termino ya.
Llevamos muchísimo tiempo intentando erradicar la pobreza y no hemos dado todavía con ninguna de las fórmulas; la pobreza parece que pertenece a una utopía que nadie es capaz de materializar. Estamos ante un hito que nos permite acercarnos
a un nuevo mundo y a una nueva política pública. Les pido que dejemos los discursos en los que nos tiramos los trastos a la cabeza y sacamos las cifras para echárnoslas en cara. La pobreza que tenemos en nuestro país debería sacarnos los colores a
todos, de uno y otro signo político; deberíamos hacer un esfuerzo y ser capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante esta nueva forma de ver la política de inclusión que ponemos en marcha porque realmente los que necesitan salir adelante son
las personas pobres que tenemos en este país, niños pobres por los que todos tendríamos que sentir mucha vergüenza. Señorías, les animo en la tarea que tenemos por delante a que seamos capaces de ponernos de acuerdo para conseguir estos objetivos a
través de las enmiendas y sentarnos a hablar; les invito a que recapaciten y miren este presupuesto de la materia que nos ocupa con muchísimo cariño porque es lo que esperan de nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Muchísimas gracias, señora Baños.
Damos la palabra a la señora Paniagua para que, en cierta medida, pueda contestar a todas sus preguntas.
La señora SECRETARIA GENERAL DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL (Paniagua San Martín): Las preguntas, que les agradezco, son numerosas. Algunas de ellas coinciden, así que me gustaría dar una respuesta general y luego
particularizar en el caso de algunos grupos. De entrada, tengo que decir que celebro que, por fin, estemos hablando de indicadores de desigualdad y pobreza porque, hasta ahora, en el Gobierno central no habíamos tenido esta ocasión. La verdad es
que es un gusto escuchar el debate porque hasta ahora no habíamos tenido oportunidad de hacerlo. Eso ya introduce un cambio claro en la forma de concebir las políticas públicas.
Dicho eso, todos me preguntan por la gestión del ingreso mínimo vital y qué ocurre con la prestación por hijo a cargo, la prestación familiar, y si es suficiente. Me gustaría recordar que el ingreso mínimo vital nace para cubrir un problema
de pobreza estructural que España lleva décadas arrastrando. La coyuntura hace que nazca en estas circunstancias, pero no nos olvidemos del objetivo que viene a cubrir porque ahora, cuando lógicamente ustedes nos preguntan qué pasa con la gestión,
qué pasa con la pobreza -que ya digo que es un lujo estar hablando ya de qué pasa con la pobreza y con la redistribución en este país-, parece que queremos que el ingreso mínimo vital sea la solución a todos los problemas. ¿No será
que cuando ha llegado la pandemia hemos sido todos conscientes de que nuestro sistema de protección de rentas no estaba cerrado? Entonces, déjennos, por favor, que empecemos a rodar porque la medida lo merece; la medida es histórica y
necesitamos un tiempo para ponerla en marcha. Por supuesto, precisa mejoras; por supuesto, estamos trabajando en ellas; les recuerdo que obtuvo un consenso como pocas medidas han tenido, así que vamos a trabajar todos en positivo.
Quiero hacer varias reflexiones para responder a sus preguntas. Primero, el objetivo que viene a cubrir. Tengamos claro que viene a cubrir esa pobreza extrema y, en función del objetivo que queríamos cubrir, hemos diseñado una medida.
¿Qué es lo que ocurre ahora cuando nos preguntan por la eficacia en términos de gestión? Tengo que decirles lo que ya conocen, y es que más de la mitad de las denegaciones se producen por criterios de renta o patrimonio. Les digo que cuando
empezamos el diseño del ingreso mínimo vital teníamos un reto por delante que, a veces, no es sencillo en el diseño de una política pública, porque cuando uno elabora una política pública orientada al nacimiento de un hijo, a personas menores de 52,
a mayores de 52, el hecho causante es muchísimo más objetivable, pero cuando uno tiene que decidir quién es vulnerable el tema no es tan sencillo, y ahí nosotros hicimos un diseño. Y ahora nos encontramos con que al identificar vulnerabilidad,
vemos que más de la mitad de las denegaciones se producen por criterios de renta o patrimonio. ¿Significa eso que las personas que no lo están recibiendo no son vulnerables? Por supuesto, que no, claro que pueden tener vulnerabilidad, pero
situémoslo donde lo tenemos que situar. Es decir, claro que podemos intentar cubrirlas también en el momento en que vayamos desarrollando el ingreso mínimo vital, por supuesto, que sí; el ingreso mínimo vital no es un proyecto absolutamente
estático, debe tener un desarrollo y en eso vamos a ir trabajando. Les recuerdo que cuando entra el ingreso mínimo vital, el número de prestaciones que conviven de las distintas administraciones territoriales es numeroso y, en cierta medida, lo que
pretende el ingreso mínimo vital, con los objetivos claros de redistribución, es establecer después una serie de características en unidades de convivencia y en términos de renta y patrimonio. Podemos ser más generosos, podemos replantearlos la
suficiencia, por supuesto, que podemos, y en eso vamos a seguir trabajando, pero no intentemos que el ingreso mínimo vital sea la solución a todos los problemas que la política social de este país arrastraba. Para que no existan frustraciones en si
estamos llegando o no, es importante que sepamos con respecto a qué. Entonces, si el objetivo que teníamos en la cabeza es que no estamos llegando a la demanda, a lo mejor es que teníamos un problema estructural, luego vayamos paso a paso.
En cuanto a temas concretos de gestión, tengo que decirles que también es innovador en este sentido el hecho de que una Administración como la Seguridad Social sea la que siente las bases para homogeneizar esa renta garantizada en todo el
territorio, algo que no es menor. Es una Administración, como pocas, que va a poder llegar a todos los puntos del territorio español. Después existe la complementariedad con las políticas sociales a las que hacía referencia, porque no piensen que
mi discurso es teórico y basado en un análisis que se queda en un informe; es que está en el contexto de la gestión y, por eso, nos piden ustedes que respondamos. Con respecto a si llegamos a los colectivos y lo hacemos de una forma eficaz, les
diré lo siguiente: primero, hay una percepción de lo que es vulnerable quizá distinta de aquella para la que fue diseñado originalmente, pero también les digo que acaba de publicarse el informe de rentas mínimas del año 2019 y llegan en nuestro
país a algo menos de 700 000 personas, y nosotros hoy tenemos más de 400 000. Es decir, el ministerio en cinco meses está beneficiando al 60 % de la cifra que las comunidades autónomas han venido gestionando en un año y con tres décadas de
experiencia. Por favor, seamos muy conscientes de las comparaciones que establecemos. Quizás ahora, con esta evaluación continua que hacemos, para nosotros el problema sea llegar a cubrir a aquellos beneficiarios que sabíamos que sí necesitaban
este ingreso mínimo vital y que quizá no lo están solicitando. Por eso establecemos este sistema de gobernanza. Es innovador porque tenemos que hacer política social desde el Gobierno central sabiendo que hay muchos actores interviniendo.
Tengamos primero un esquema, tengamos un mapa de cuáles son esas políticas de inclusión y sepamos convivir cada uno en el ejercicio de nuestras competencias.
Eso es importantísimo, y no solamente eso, pensemos también en otras prestaciones como las que me han planteado varias de sus señorías, me refiero en concreto a la prestación por hijo a cargo. La prestación por hijo a cargo era el único
instrumento que se asociaba a la ayuda a familias con hijos, pero no tiene el mismo diseño en el objetivo de reducción de la pobreza que tiene el ingreso mínimo vital, las unidades de convivencia son distintas. En la prestación por hijo a cargo si
hay adultos en el hogar y pueden tener rentas más o menos altas no se tienen en cuenta, igual que no se tiene en cuenta el patrimonio. Ahora nos acordamos de la prestación por hijo a cargo, pero ha sido una prestación que hasta
hace muy poco ha sido muy poco generosa; lo que tenemos que hacer son instrumentos redistributivos que consigan cubrir al colectivo socialmente vulnerable y en familias con hijos. Aquí les diré una cosa, la evaluación que estamos haciendo
es continua y las personas y los hogares a los que llegamos y estamos beneficiando ya con el ingreso mínimo vital son hogares con hijos. Creo que eso es importante.
Volviendo un poco a la estructura de cómo hacemos esta gestión, por supuesto, hay que poner en valor el hecho de que una Administración como la Seguridad Social sea la que está garantizando la percepción de esa base, y a partir de ahí
convivamos tanto con las comunidades autónomas -que lo vamos a hacer, está recogido en la norma y es el objetivo del ministerio y de la secretaría general, ya lo estamos haciendo- como con las entidades locales, pero piensen también que, primero,
tenemos que estabilizar en cierta medida la gestión y, segundo, no nos olvidemos de algo que dije al principio que para nosotros es muy relevante, para ustedes también; el incentivo al empleo. Al margen de los itinerarios que tienen las
comunidades autónomas, muchas de ellas no tienen ese incentivo al empleo y para nosotros es crucial; queremos empezar gestionando ese incentivo al empleo antes de ver cómo podemos convivir en términos de gestión con esta parte de la política.
Quería comentarles también otro tema que sale en muchas ocasiones; la disyuntiva con el empleo. Los que estamos detrás del ingreso mínimo vital somos plenamente conscientes de la importancia que tiene el mercado laboral a la hora de poder
explicar la desigualdad y la pobreza. Pensemos que el 85 % de las familias se están financiando por el mercado laboral; luego nosotros estamos absolutamente a favor de trabajar en ese sentido. El mercado laboral es muy importante, esto no es una
disyuntiva, pero la política social tiene que estar detrás porque el mercado laboral no es suficiente. Les quiero dar alguna cifra: el 14 % de los trabajadores son pobres. Y volviendo a los indicadores de desigualdad a los que hacía alusión al
principio, tan importantes; si nosotros hacemos un análisis de la evolución del índice de Gini -que espero que sea un indicador del que empecemos a hablar-, durante un ciclo no ha tenido cambios especiales cuando España crecía al 4 %, luego, a lo
mejor, lo que tenemos que plantearnos es que nuestro sistema de prestaciones e impuestos no es suficiente para cambiar las desigualdades. Luego no entremos, por favor, en la disyuntiva entre mercado laboral y prestaciones con estas características
porque necesitamos la suma del conjunto, si no, no tendríamos esta situación de pobreza en el contexto de los trabajadores y un indicador como el que les acabo de comentar, el índice de Gini, que prácticamente no se ha movido en los momentos de
bonanza.
Yendo un poco en el orden por el que han ido interviniendo sus señorías, me preguntaba la señora Giménez por los acuerdos a los que habíamos llegado con Iglesias y demás. Les puedo decir que hemos estado trabajando -y usted es consciente de
ello- en el proceso de enmiendas y seguimos trabajando. Es decir, cuando hablamos de evaluación continua -y me agrada saber que hablamos de evaluación de políticas públicas- no solo es interna, sino que también nos llega desde distintos actores y
hemos estado trabajando y seguimos haciéndolo en todo el proceso de enmiendas. En realidad, no hay variación en el coste presupuestario al que se refería; es más, lo que nosotros hemos estado haciendo es ajustar para llegar al colectivo que
queríamos; es decir, una vez que tenemos el diseño original lo que pretendemos es llegar a ellos, pero no a costa de un incremento presupuestario.
A propósito del tema de las tarjetas monedero, no sé si será necesariamente una tarjeta monedero, pero estamos trabajando ya -lo hemos hecho en el diseño de la norma- en tener información de la tarjeta social digital de manera que, uno, no
estigmatice en ningún caso y, dos, permita a las administraciones diseñar la medida de la forma más eficaz posible y, a la vez, si eso permite utilizar esos recursos para que las personas puedan tener una política determinada, habría que verlo y
encajarla dentro de ese marco de inclusión; nosotros trabajamos en ese sentido. Y respecto al sello social le puedo decir lo mismo; ahora estamos estudiando cuál puede ser el modelo óptimo, lo que se puede incluir, y tenemos que valorar el tema
de los incentivos a la contratación.
Siguiendo con lo que me preguntaba la señora Carvalho, por supuesto, estamos estudiando los colectivos; además de replantearnos dentro del sistema la cobertura y la generosidad de la medida, que es una cosa que irá evolucionando y tendrá
que irse estudiando, tenemos que saber cómo cubrimos a colectivos vulnerables. En este sentido, desde el ministerio tenemos, por un lado, la parte del ingreso mínimo vital, y por otro, tenemos también el sistema de acogida, que ha presentado antes
mi compañera, la secretaria de Estado de Migraciones, pero necesitamos ver esa protección en conjunto con otras administraciones y tener siempre identificada la vulnerabilidad y cómo estamos atendiendo y respondiendo desde las distintas
administraciones a determinados colectivos.
Creo que con esto he ido respondiendo al resto de las preguntas. Y luego hay un tema por el que me preguntaba la señora Angulo con respecto a las resoluciones automáticas de la prestación familiar. Realmente son personas candidatas a
recibir el ingreso mínimo vital; de hecho, yo no lo vería como una crítica sino todo lo contrario. Le comento, los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas, que llevan tres décadas funcionando, cuando empiezan a ponerse en marcha,
todas ellas tienen algún tipo de programa que se acercaba a colectivos vulnerables. No sé si se empieza a poner en marcha la prestación, además de por los canales habituales, haciendo una identificación en las fuentes de información de quién puede
ser beneficiario de la prestación de entonces, porque eso yo lo pongo en valor. Fíjese, con la pandemia que hemos tenido, y el día 26 de junio se pagó el ingreso mínimo vital a 75 000 familias, a 255 000 personas; eso no es ningún fake ni nada, de
verdad; esos son datos absolutamente estimados ex ante y ejecutados porque el día 26 de junio esas personas estaban cobrando el ingreso mínimo vital.
En cuanto a la estimación de costes, usted hacía un cálculo de la renta garantizada y luego multiplicaba por el número de beneficiarios y llegaba a un coste superior. La renta garantizada y el ingreso mínimo vital no son lo mismo; la renta
garantizada es el umbral, el ingreso mínimo vital mira la renta de partida y calcula la diferencia; de ahí que las cifras coincidan con lo que presentamos. Le digo lo mismo en cuanto al impacto presupuestario, las modificaciones que hemos hecho
han ido orientadas absolutamente a llegar realmente a los que queríamos. Con respecto a la parte presupuestaria, lo que aparece de la Secretaría General de Inclusión en lo que es el Mecanismo de resiliencia o como lo queramos llamar, para nosotros
es muy importante para poner en marcha esa gobernanza tanto con las comunidades autónomas como con las entidades locales y el tercer sector. Exactamente lo que queremos hacer es adaptarnos muchísimo al territorio y a lo que ellas han estado
haciendo hasta ahora y el instrumento que lo articulará será un convenio. Tenemos que establecer conjuntamente esos objetivos y qué medidas se van a hacer en el periodo de tiempo concreto.
Por mi parte creo que he respondido a todas las preguntas, que han sido muchas. Muchas gracias a todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Bas Corugeira): Muchas gracias a usted, señora Paniagua, por su exposición, por haber venido a esta Comisión tan importante y por las contestaciones que ha dado a las preguntas de los intervinientes. Muchísimas
gracias.
Suspendemos la sesión hasta las 15,30, hora en que reanudaremos con la sesión de la tarde.
Se suspende la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL (PÉREZ REY). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/000876); POPULAR EN EL
CONGRESO (Número de expediente 212/000594); VOX (Número de expediente 212/000689); PLURAL (Número de expediente 212/000960) Y CIUDADANOS (Número de expediente 212/000794).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.
Como saben, nos toca ahora la comparecencia del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, don Joaquín Pérez Rey, solicitada por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-en Comú Podem-Galicia en Común,
conjuntamente, además de por los grupos Popular, VOX, Plural y Ciudadanos.
Empezamos con la comparecencia del señor secretario de Estado por un tiempo de veinte minutos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL (Pérez Rey): Estimado presidente, muchísimas gracias.
Estimados diputados y diputadas, es un honor comparecer en esta Comisión para informarles del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social, aunque he de reconocer que no es ni el mejor día ni la mejor hora para mantener la
atención, pero procuraremos que las virtudes del presupuesto puedan mantenerla en horas y en espacios tan difíciles.
Como saben de sobra, e incluso mejor que yo, antes de que nos golpeara la pandemia, el paro y la precariedad ya eran los principales problemas del mercado de trabajo español, son problemas que arrastramos de forma estructural y los
presupuestos que hoy vengo a presentarles a esta Comisión tienen como objetivo principal dar respuesta a estos problemas estructurales, que son los que han marcado la tónica del mercado de trabajo en las últimas décadas, me atrevería a decir. Son
retos, por tanto, enormes los que nos quedan por abordar y eso requiere de unos objetivos y de unos presupuestos que tengan una ambición nítida, una fuerte determinación.
Los objetivos de los presupuestos que me corresponde presentarles son muy nítidos. El primero de ellos es desplegar unas políticas activas de empleo que nos permitan generar trabajo de calidad, para lo que necesitamos más recursos que hagan
de nuestras políticas de empleo elementos eficaces y modernos, lo que es especialmente importante para alguno de los otros elementos y retos estructurales que tenemos por delante, como proteger también en el empleo a los más vulnerables y,
especialmente, a las personas jóvenes.
El otro objetivo es contribuir desde el trabajo a la reactivación económica en la que ahora estamos empeñados y que tiene que ser el revulsivo frente a la crisis, a través de la transformación productiva de nuestro país, impulsando el
empleo, la cualificación laboral en los procesos en los que estamos todos empeñados: transformación verde, digital y social; mejorar el sistema de protección por desempleo para que nadie quede atrás, para que esto no sea retórico, para que
responda a las nuevas realidades laborales, garantizando que todas las personas que necesiten ser protegidas lo estén; y garantizar el cumplimiento de la ley, algo decisivo para el ministerio que yo represento en esta Comisión, en el ámbito de la
salud laboral, en el ámbito de la contratación, de los horarios, evitando que la crisis se traduzca directamente en inseguridad o en precariedad. Por eso una de las grandes apuestas de estos presupuestos es precisamente la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, a la que luego me referiré. Asimismo, dotarnos de recursos básicos para conformar una auténtica política de economía social, que aprenda también del papel que la economía social y las entidades de la economía social y también los
trabajadores autónomos han cumplido durante esta crisis, meritoria y muy importante para el conjunto de la ciudadanía.
El último objetivo de estos presupuestos que les presento sería combatir las desigualdades y las brechas que, lamentablemente, también permean y caracterizan una parte de nuestro mercado de trabajo.
Estos objetivos, ambiciosos, necesitan un respaldo igual de ambicioso, por eso el Ministerio de Trabajo y Economía Social va a contar con un presupuesto consolidado de 32 620 millones de euros, una cifra, sin duda, elevada que es la
plasmación del Gobierno de España con el trabajo y con el empleo. Dentro del carácter expansivo que tienen estas cuentas públicas, hay que destacar el importantísimo aumento de los recursos para el empleo. En el próximo ejercicio dispondremos de
5983 millones de euros más, lo que equivale a un incremento del 22,5 % respecto del presupuesto anterior, un elevado nivel de recursos para garantizar el empleo y para llevar adelante una serie de líneas estratégicas, unas prioridades que casi me
gustaría relatárselas a modo de decálogo.
La primera es potenciar las políticas activas de empleo, son vitales para el ministerio y son vitales para el conjunto del Gobierno. En 2021 tendremos más y mejores programas para facilitar el empleo. Para ello dispondremos de 6481,7
millones de euros, que son 1707 millones más que en el presupuesto anterior, lo que equivale a una cifra porcentual, para que ponga el acento en este incremento, del 35,75 % en políticas activas.
Vamos a dar un fuerte impulso al trabajo autónomo y la economía social, con medidas que refuercen el peso de este colectivo tan relevante y que, insisto, ha sido decisivo durante la pandemia, contribuyendo desde el ministerio y en el marco
de las competencias que hemos asumido, a que desarrollen todo el potencial que acumulen, un compromiso reflejado en el presupuesto porque la dotación a esta estrategia de impulso del trabajo autónomo y la economía social se incrementa el 39,1 %.
Reforzaremos la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como les anticipaba; por vez primera -y aquí no uso la hipérbole del adjetivo histórico-, por vez primera, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a contar con un presupuesto
propio, el organismo autónomo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social contará con su propio presupuesto, que se eleva hasta la cifra de 175,8 millones de euros.
Vamos a mejorar de forma muy destacada la protección de las personas más vulnerables, incrementando -ya lo han oído en comparecencias anteriores- el Iprem en un 5 %, un avance muy importante, no del todo suficiente, para compensar la
práctica congelación del Iprem desde 2011 hasta 2017. Esta medida tendrá un impacto en nuestros presupuestos de 550 millones de euros, una
elevada cifra que nos va a permitir mejorar la protección de los más vulnerables, que cuantificamos en más de un millón y medio de personas.
Protegeremos más y mejor a las personas desempleadas, con recursos para financiar más derechos, reforzando la cobertura del sistema; en 2021 vamos a disponer de 24 660,8 millones de euros para prestaciones contributivas y para subsidios del
sistema de protección por desempleo. Se trata de 4131,4 millones de euros más que lo que presupuestamos inicialmente en 2020, lo que implica incrementar el 20,1 los recursos destinados a la protección social.
La promoción de la igualdad de oportunidades y el empleo de calidad para las mujeres es otro de los ejes del presupuesto; en realidad es un eje transversal del conjunto de las políticas que impulsamos desde el Ministerio de Trabajo, tanto
en el plano normativo -recuerden que muy recientemente hemos dado a luz los dos reales decretos de planes de igualdad y transparencia retributiva- como en el plano de las políticas activas. En esta materia el principal reto es que incrementemos
significativamente la tasa de ocupación femenina con un conjunto de medidas cuya financiación figura en la propuesta de presupuestos con los que sus señorías cuentan. De un lado, programas específicos dirigidos a la contratación de mujeres, de
colectivos especialmente vulnerables, pero también incentivos a la contratación de sustitución a trabajadoras con ocasión de suspensiones o excedencias, que tan buenos resultados vienen dando en el mantenimiento del empleo. A ello tendríamos que
añadir los programas relativos al apoyo al empleo en el ámbito rural, financiables en su caso con los Fondos de Recuperación y Resiliencia.
Colocaremos al empleo entre los vectores fundamentales del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia de la economía española, el programa que tiene que avanzar en un nuevo modelo económico que debe tener su base en el empleo de
calidad. Esta es la transformación productiva que estos presupuestos pretenden arrastrar a través de personas formadas y cualificadas para los cambios productivos que nos vienen encima. Las políticas activas, señorías, en las que nosotros estamos
pensando, son las que también gobiernen las transiciones profesionales que puedan acompañar de manera nítida el cambio de modelo productivo hacia un modelo productivo que también dé frutos en el terreno de la calidad en el empleo. Estos
presupuestos permitirán avanzar en políticas adecuadas para la integración laboral de las personas jóvenes; se establecen herramientas para un tratamiento innovador de los procesos de formación en alternancia con la actividad laboral, y este
proyecto de presupuestos supone una apuesta importante por garantizar condiciones de trabajo decentes para nuestra juventud, azotada en menos de una década por dos crisis económicas y, como saben ustedes, que se cifra especialmente en este colectivo
en términos de empleo.
Junto al desarrollo de los programas de empleo ya existentes, como los incentivos a la contratación joven, los programas de escuelas taller o el resto de programas que también conocen bien, incorporados a la garantía juvenil, se apuesta
también por la atención al retorno del talento emigrado, de alguna manera colmar aquel verdadero éxodo de jóvenes fuera de nuestro país y en planes de empleo que se vinculen a programas de investigación, con el objetivo de actuar también en el
terreno de las cualificaciones profesionales.
Vamos a incrementar de forma muy significativa, como ya entenderán dado el incremento que se produce en materia de políticas activas, los fondos que transferiremos a las comunidades autónomas para que ejecuten los planes de empleo;
pretendemos hacer de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales un verdadero mecanismo de gobernanza del sistema nacional de empleo, un verdadero mecanismo que nos ayude a llevar a cabo auténticas políticas de Estado y donde la
contribución de las comunidades autónomas será decisiva.
Vamos a modernizar el funcionamiento de todos los organismos dependientes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, especialmente del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, al que, por cierto, quiero aprovechar esta oportunidad que
me brinda la comparecencia en esta Cámara, para agradecer a sus trabajadores, a los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal la labor absolutamente heroica que han desempeñado durante los peores meses de la pandemia, garantizando las
prestaciones a casi tres millones y medio de trabajadores, en un tiempo récord y en las condiciones más difíciles. Para modernizar el SEPE, para poder hacer frente a los grandes retos que el empleo tiene por delante, vamos a incrementar el capítulo
1 de este organismo en el 17,1 %, invertiremos 73,6 millones de euros adicionales para su digitalización. Este ha sido otro de los elementos que hemos aprendido de la pandemia, tenemos que dotar a los servicios públicos de empleo de instrumentos
ágiles, útiles, rápidos, que nos permitan responder, que nos permitan ir en paralelo a las vicisitudes que ocurren en el mercado de trabajo. Será la primera anualidad de un proceso de transformación tecnológica integral de los servicios
públicos de empleo que realizaremos en colaboración con las comunidades autónomas para la mejora, modernización y digitalización de todos los servicios que dependen de forma coordinada con ellas.
El presupuesto 2021 nos permite, además, dar continuidad al esquema de protección de ERTE, que ha sido nuestro verdadero elemento de salvación, ha sido el instrumento que nos ha permitido mantener el sistema productivo, garantizar el empleo,
evitar los despidos, y lo hemos hecho, como saben, en el marco del diálogo social y con el apoyo, por cierto, que también agradezco, mayoritario, casi unánime de esta Cámara. El sistema de ERTE es el instrumento que tiene que seguir engrasado,
previsto, un instrumento prioritario a los ajustes traumáticos del mercado de trabajo, y este presupuesto se centra también en que este instrumento siga con todas sus potencialidades intactas para poder hacer frente a la evolución, incierta siempre,
de la pandemia.
Déjenme que les traslade algunas pinceladas del presupuesto de los diferentes órganos que dependen del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Empiezo, si les parece, por el más importante de todos, precisamente el SEPE, al que me estaba
refiriendo, que es el organismo que recibe naturalmente la mayor dotación económica. El anteproyecto de presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal para 2021 es de 31 631,8 millones de euros, son 5927,2 millones de euros más que el
prorrogado presupuesto de 2018, un incremento del 23,1 %, que refleja un importante esfuerzo presupuestario para dotarnos de los recursos necesarios para que las políticas de empleo en una situación difícil como la que atraviesa el conjunto de
Estados de la Unión Europea puedan salir a flote. Es muy importante destacar que la fuente principal de financiación -lo saben bien- del Servicio Público de Empleo Estatal está en la recaudación de la cuota, la cuota de desempleo, que estimamos que
alcanzará algo más de 22 000 millones de euros y la cuota de formación que en la parte de competencias que se atribuyen al Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene una recaudación prevista de 1341 millones de euros, que son los instrumentos
básicos de financiación, junto con los procedentes del Fondo Social Europeo. El Fondo Social Europeo financiará hasta en 1850 millones de euros el Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio de sus competencias, y a ello hay que sumar el
Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia, el MRR, por un total de 1141,3 millones de euros. Además, sumaremos una aportación del Estado para financiar el presupuesto del SEPE, que se cifra en 4762,2 millones de euros, que refleja un compromiso
nítido del conjunto del Gobierno con el que ha sido uno de los puntales decisivos para mantener el sistema productivo, la garantía del empleo durante la crisis, que es el Servicio Público de Empleo Estatal.
Frente a los recortes aplicados en la crisis anterior, en este caso hay un importante esfuerzo presupuestario para dotar de más recursos a la política de empleo, mejorar las políticas activas, como les vengo insistiendo desde el inicio de mi
intervención, garantizar la protección de las personas en desempleo y modernizar los servicios públicos. En materia de políticas activas, les insisto, vamos a disponer de 6482 millones de euros, un incremento del 35,75 % que vamos a distribuir
entre el conjunto de ejes de la estrategia de activación por el empleo; 551 millones de euros a financiar programas y servicios de orientación para garantizar elementos esenciales y que tenemos pendientes, la atención personalizada, los itinerarios
individualizados a las personas desempleadas y, por cierto, una inversión en la propia orientación laboral, en las características, en la cualificación, en la inserción de los propios orientadores. Vamos a dedicar algo más de 3000 millones de euros
a financiar oportunidades de empleo, lo que supone en este eje un aumento del 15,8 % del presupuesto de 2020 y financiaremos con 23 millones de euros los programas y servicios en el eje de igualdad de oportunidades, en especial para tratar la
igualdad de género que se tenga en cuenta en la ejecución de la actividad tanto de empresas como administraciones públicas. Los programas de emprendimiento van a recibir 232 millones de euros. Esta cifra es siete veces más de lo que les dedicó el
presupuesto de 2020, es una suma que nos va a servir para financiar proyectos que generen empleo donde es más necesario, cohesionando el territorio y asentando a la ciudadanía en aquellas zonas que tienen riesgo de despoblación.
Vamos a aplicar 2364 millones de euros, un aumento del 69,4 % respecto a lo que se recoge en el presupuesto inicial para financiar programas e iniciativas de formación profesional para el empleo gestionado por el SEPE. Nuestra apuesta por
la formación, dentro de las competencias del servicio público y del ministerio es también una apuesta nítida, vinculada de manera decisiva a las políticas activas. Y mejoraremos, con una dotación de 88 millones de euros los servicios públicos, de
nuevo la mayor dotación en la historia para financiar este programa, lo que supone un aumento del 10,3 respecto del presupuesto de 2020. También incrementaremos el resto de ejes de la estrategia activa de empleo para financiar planes de empleo,
sobre todo en aquellas comunidades autónomas donde el azote del desempleo es mayor, en todas aquellas regiones que estén especialmente afectadas por el desempleo,
porque además estos ejes se tienen que llevar a cabo en el marco de un modelo de cogobernanza; insisto, es muy importante el papel que está destinado a cumplir la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales. Con un aumento de esta
naturaleza en materia de políticas activas, tan importante como la inversión es el gobierno de estos procesos, es el gobierno de estas cantidades.
Además de los ejes vinculados a la estrategia de políticas activas de empleo, el otro capítulo en el que el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, recibe una aportación extraordinaria de los presupuestos es en el capítulo de protección
por desempleo, en las prestaciones destinadas a la gente que peor lo pasa. El anteproyecto de presupuestos para 2021 recoge una dotación de 24 661 millones de euros para la cobertura de esta contingencia, es una cifra elevada que tiene como
objetivo dar protección a una media mensual, estimamos, de casi 2,4 millones de personas beneficiarias en los diferentes ámbitos de protección. El gasto en prestaciones aumenta en más de cuatro millones de euros, 4131,4 para ser exactos, en
comparación con el presupuesto inicial de 2020. Es, por tanto, un incremento del 20,1 %, un fuerte aumento necesario para cubrir el actual nivel de cobertura y los compromisos del Gobierno. Saben ustedes que a diferencia de lo ocurrido bajo la
égida del Real Decreto-ley 20/2012, la inversión de este Gobierno en materia de protección por desempleo no tiene precedentes, no solo hemos corregido buena parte de ese real decreto-ley, garantizando la base reguladora de los trabajadores en ERTE
hasta el 70 %, sino que además hemos incorporado a gente sin carencia y sin consumir prestación por desempleo al mecanismo de regulación temporal de empleo.
El organismo estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el otro organismo autónomo del Ministerio de Trabajo que recibe una gran inyección presupuestaria. Les decía que este es un presupuesto histórico porque es el primer
presupuesto del organismo autónomo, pero también lo es porque gracias a él vamos a poder hacer dos cosas decisivas en la Inspección de Trabajo. La primera, aumentar sus recursos personales. Durante 2021 tenemos previsto que se incorporen al
servicio activo de la inspección 214 funcionarios de carrera, que se incorporen en prácticas otras 180 personas, además de 55 funcionarios de los cuerpos generales. Nuestra inversión no solo va a ser al capítulo de personal, sino en otros elementos
decisivos, el capítulo 2 y el capítulo 6, en concreto. Les ciño más todavía esta inversión: vamos a mejorar la herramienta de lucha contra el fraude, un elemento decisivo que ha mostrado grandísimas virtudes en el uso de la tecnología al servicio
del cumplimiento de las garantías y de las normas laborales.
En economía social también hacemos un aumento considerable, que va hasta el 39,1 % y nos servirá para el programa de subvenciones para el año 2021; apoyaremos el desarrollo de la actividad de las organizaciones representativas del sector,
tanto de los autónomos como del sector de la economía social; vamos a intentar dar un impulso definitivo a la digitalización y modernización de dos registros especialmente importantes en el ámbito de la economía social: el registro de sociedades
cooperativas, que, como saben, lleva la clasificación de las cooperativas, y el de sociedades laborales, y pondremos en marcha cuanto antes el consejo de fomento de la economía social como órgano asesor del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En materia de relaciones laborales, en concreto en la Dirección General de Trabajo, vamos a hacer también un esfuerzo presupuestario. Por cierto, aquí sí que vamos a sacar toda la enseñanza que la pandemia nos ha brindado, que es la
necesidad de contar con mecanismos ágiles de reconocimiento de los expedientes de regulación de empleo en su conjunto; por tanto, intentaremos informatizar y digitalizar los procesos de trabajo de la dirección general, a la que, por cierto, también
me gustaría hacer un reconocimiento desde aquí dado el ingente trabajo al que se ha enfrentado en los peores meses de la pandemia.
El presupuesto del Fondo de Garantía Salarial pasa de 796,4 millones de euros en 2020 a 831 en el anteproyecto que les presento; es un incremento de 35 millones de euros, el 4,4, que servirá para potenciar la actividad de este organismo
autónomo, que saben ustedes que tiene como principal garantía el cumplimiento de las obligaciones salariales en caso de insolvencia. El capítulo de prestaciones, el más importante del Fogasa, se incrementa en 32,8 millones de euros, un aumento del
4 % respecto del presupuesto inicial. Además, incrementaremos en un millón de euros la dotación de personal, lo que permitirá una reorganización del organismo muy necesaria para que cumpla adecuadamente sus funciones; presupuestamos casi tres
millones de euros también para su modernización, y este es otro de los elementos pendientes, la necesidad de digitalizar los procesos a los que el Fogasa hace frente.
También -y ya rápidamente, porque entiendo que me estoy enderezando peligrosamente hacia acabar con la paciencia de sus señorías-, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
contará con un presupuesto de 41,6 millones de euros. Aquí me gustaría señalarles especialmente el incremento presupuestario que se produce en el Centro Nacional de Medios de Protección radicado en Sevilla. Este instituto, el instituto
encargado de garantizar la compatibilidad de los equipos de protección individual, ha llevado un trabajo extraordinario para el conjunto del sistema sanitario español y, por tanto, necesitamos reforzarlo para que siga cumpliendo con sus funciones de
verificación, que han sido admirables durante todo este recorrido. También, naturalmente, consolidamos el presupuesto del Consejo Económico y Social, el órgano de participación institucionalizada constitucionalmente previsto, y adecuamos el
presupuesto a sus necesidades reales. En definitiva, señorías, es un presupuesto muy ambicioso que se beneficia de 1167,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Acabo, por tanto, con esta rápida panorámica. Les acabo de exponer las líneas maestras de un presupuesto que bebe de la realidad, una realidad inédita en buena medida, dura, resultado de una crisis sanitaria a escala global, que ha
trastocado y golpeado con fuerza nuestras vidas, nuestras economías y modos de relación. Es un presupuesto ambicioso, que dialoga frente a frente con la Europa que ha abandonado la austeridad y puesto a las personas en el centro de su proyecto. Es
un presupuesto que asume una tarea principal, revertir la anomalía que nos condena como país a la precariedad, instalada de forma estructural en nuestro modelo productivo. La resignación no entra en estas cuentas y mucho menos en tiempos de
pandemia. Permítanme los versos de un soneto de Diego Hurtado de Mendoza, del siglo XVI: 'Cualquiera beneficio mengua o crece / con el lugar, el tiempo y la manera; / pero la diferencia verdadera / es dar y socorrer a quien padece'.
Les he hablado de cifras, de datos macroeconómicos, pero esta es la diferencia verdadera de este presupuesto, su más alta ambición, dar cobertura a quien lo necesita, dar y socorrer a quien padece, como nos dice el soneto. Este es el
objetivo de este ministerio y la misión que no vamos a olvidar: propiciar condiciones para una vida mejor, para las personas trabajadoras y para las familias de este país. Ante ellas, en esta casa de todas y todos, que es el Congreso, rendimos
estas cuentas que quieren ser, porque estamos convencidas y convencidos de su eficacia, una senda necesaria de esperanza, futuro y modernización del trabajo en España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado por su intervención y también por la síntesis.
Empezamos con los grupos parlamentarios. Si no me equivoco, empezamos por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, al no estar ni el Grupo Mixto ni el Grupo Vasco. Tiene la palabra la señora Muñoz, por siete minutos.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Buenas tardes, secretario de Estado. Voy a tratar de condensar un poco la intervención para que me dé tiempo en estos siete minutos y, si no, como luego viene el subsecretario de Trabajo, lo que me quede pendiente podré preguntarle a él.
Estos presupuestos incorporan una subida considerable para el Ministerio de Trabajo y Economía Social, como usted bien ha detallado, hasta los 6266 millones de euros; de estos, 1095 proceden de fondos europeos, que se destinarán
fundamentalmente a financiar las inversiones del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular con el Centro nacional de equipos de protección y, por otro lado, programas de formación en competencias digitales dirigidos, sobre todo, a
personas desempleadas. Gran parte de sus recursos se destinarán a transferencias a las comunidades autónomas y a reforzar los servicios de los que está a cargo, en concreto 4724 millones de euros tendrá que destinarlos a reforzar los presupuestos
del SEPE, del servicio público estatal. Se disponen también 37 millones para financiar las medidas de reinserción laboral para los mayores de cincuenta años y, aparte de esto, Trabajo estará vinculado a otros 1850 millones para ejecutar programas
del Fondo Social Europeo destinados a formación del empleo.
Voy a empezar hablando de un asunto de vital importancia en estos momentos, que usted también ha señalado, como es la protección del desempleo, el mecanismo de los ERTE. Bien es sabido que la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia ha
causado estragos en nuestro país y España ya es el país de la Unión Europea con mayor número de contagios y mayor número de fallecidos, aunque en esta segunda ola parece que vamos un poco mejor, aunque tenemos cifras que nos castigan en gran medida.
Digo que vamos mejor, si nos comparamos con países de nuestro entorno. Esta crisis sanitaria ha tenido un gran impacto en la economía y ha sido algo dramático para el empleo de nuestro país: más de 5 millones de
trabajadores se vieron afectados directamente por la pandemia en la primera ola, más de 3 millones se vieron afectados por un ERTE y 1 millón de personas perdió su empleo. Nuestra economía encara una débil recuperación, que se ha visto
interrumpida por esta segunda ola de la pandemia, y todavía está lejos de recuperar los niveles previos. Aún quedan alrededor de 630 000 trabajadores en los ERTE iniciados durante el estado de alarma, que además tienen cada vez más dificultades
para reincorporarse, dado que se concentran en sectores muy afectados y todavía no ven la luz al final del túnel, no ven esa posibilidad de recuperación como los sectores del turismo y la hostelería. Todo eso sin contar todos los que puedan verse
inmersos en un nuevo ERTE por culpa de estos rebrotes y de la suspensión de actividades que han sido decretadas por autoridades sanitarias en las comunidades autónomas. Además, hay alrededor de 500 000 personas desempleadas, que tienen también
difícil la reincorporación en el medio plazo, si no logramos controlar pronto la pandemia y estas cifras podrían dispararse si decaen las medidas de protección del empleo que en estos momentos se encuentran en vigor. Desde Ciudadanos, nos sentimos
particularmente orgullosos de haber podido contribuir de manera decisiva a la construcción junto con el Gobierno de esa protección del empleo. De no haber existido -usted también lo ha dicho-, no estaríamos hablando de 500 000 personas
desempleadas, sino posiblemente de seis veces más, de millones y millones de trabajadores que se hubieran visto afectados por despidos, lo que habría deprimido al consumo y, por tanto, agravado mucho más esta crisis, quizás hasta un punto de no
retorno.
De hecho, nosotros lo teníamos claro. Hemos sido muy críticos con este Gobierno, pero también hemos tendido una mano, crítica pero constructiva, porque desde el primer minuto estuvimos aquí como responsables que somos para tender esa mano y
salvar vidas y empleos. Se puso en marcha este sistema de ERTE, con exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social para empresas y posteriormente se han ido extendiendo, ya sin el estado de alarma, hasta el 30 de junio y luego hasta el 30 de
septiembre, y por último, hasta el 31 de enero de 2021. Yo le quería preguntar: ¿se contempla en estos presupuestos financiación suficiente para poder hacer frente a las necesidades de gasto en materia de protección por desempleo generadas por los
trabajadores que se vean afectados por los ERTE? ¿Incluye esta financiación la cobertura de posibles incrementos de las necesidades de gasto ante posibles rebrotes que lleven a la suspensión de actividades o nuevas restricciones? ¿Están preparados
estos presupuestos, señor secretario de Estado, para abordar, si así se acordase, una nueva prórroga de los ERTE iniciados durante el estado de alarma que subsista más allá del 31 de enero? ¿Hasta cuándo podrían prorrogarse?
En cuanto a los ERTE, comprobamos que en los presupuestos se hace referencia a una cuestión que se incluyó ya en el Real Decreto-ley 30/2020, que es la formación de trabajadores afectados por estos procedimientos. Era una exigencia que
también el Grupo Ciudadanos hacíamos desde tiempo atrás y aunque lo prioritario en un primer momento era hacer todo lo posible para salvar vidas y empleos, una vez ha ido transcurriendo el tiempo -y hay muchos empleados, trabajadores que llevan
nueve meses en ERTE- no sé si se ha planteado su secretaría de Estado otra opción que no sea tenerlos esperando a poder reincorporarse, si es que pueden hacerlo. Una opción sería, mientras se extiende este tiempo, no desperdiciar esta excelente
oportunidad para que puedan formarse, dándoles las herramientas necesarias para actualizar sus competencias profesionales.
También querría decirle que ha hablado de los fondos europeos, del MRR, del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, y al referirse a la formación hace mención a programas formativos dirigidos a la adquisición y perfeccionamiento de
competencias digitales, unas temáticas que desde luego dada la digitalización casi forzosa en la que estamos inmersos en el país y en la que se encuentran nuestros trabajadores no sé si sería necesario formarles no solo en digitalización, sino en
otros ramos que quizás estén más vinculados o relacionados con sus trabajos actuales hasta que han tenido que entrar en el ERTE para reciclarse. No sé si consideran suficiente los fondos consignados para atender estas necesidades para los empleados
que llevan más de nueve meses en esa situación y si habrá una oferta formativa dirigida a estos trabajadores y qué objetivos perseguirá, y si han contemplado en sus previsiones formativas que los trabajadores que tienen un ERTE durante el año 2021
puedan incorporarse también a esa formación.
Me quedé sin tiempo. Aunque tengo un montón de temas más, pero, bueno, gracias presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
No estando en la sala nadie del Grupo Republicano, pasamos al Grupo Plural. Tiene la palabra el señor Boadella por siete minutos.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor secretario de Estado. Le voy a formular algunas preguntas breves, porque yo creo que su exposición ha sido bastante clara y extensa.
A mí me interesaría matizar algunas cuestiones de las cuales me gustaría saber su opinión. En primer lugar, en relación con los 1194 millones de euros que existen para fomento al empleo, según los presupuestos un 1 % lo gestionan las
comunidades autónomas. Me gustaría saber el porqué de esta centralización en la gestión de estos millones en los presupuestos. De hecho, esto viene a abundar más en lo que pasó con el Real Decreto-ley 11/2020, que como recordará eliminó el 55 % de
los fondos asignados a Cataluña, a las comunidades autónomas, para políticas activas de ocupación. En ese caso se pasó de 388 millones de euros en el año 2019 a 173 millones de euros en el año 2020. Por tanto, sería interesante saber si esto va a
volver a los números y lindes de 2019, si va a ser rebajado o, todavía más importante, si se va a revertir esa eliminación del 55 % de los fondos para políticas activas de ocupación. Quisiera saber cómo se plantean esta cuestión.
En relación con los ERTE, la primera cuestión quizás sería la siguiente: ¿por qué no se plantean ya alargar la prórroga de los ERTE de fuerza mayor, más allá del 31 de enero de 2021? La Ley de presupuestos podría contemplar algún tipo de
disposición que acabara con la incertidumbre habitual que se produce cada vez que finalizan los ERTE. Por tanto, esta fecha del 31 de enero de 2021 no está tan lejos como para que no se contemple ya qué medidas se van a tomar más allá del 31 de
enero cuando finalicen los ERTE de fuerza mayor. No sé si en estos ERTE de fuerza mayor se plantean que puedan tener exoneraciones con la nueva configuración y los diferentes tipos de ERTE. Los ERTE que provenían de fuerza mayor al inicio del
COVID han perdido las exoneraciones de Seguridad Social y, por tanto, sería interesante saber si se lo plantean. No puedo tampoco dejar de hacer una pequeña mención a toda la gente que está en ERTE y que todavía tiene importes pendientes de
regularizar. ¿Cómo se plantean regularizar importes de gente que no ha cobrado, gente que no ha cobrado todo lo que tenía que cobrar, o toda la gestión de pagos que no se tenían que producir y que va a generar ahora que la gente tenga la obligación
de devolver o no un dinero que se cobró por error? Por tanto, respecto a toda la gestión de los ERTE, las prestaciones y los ERTE sin cobrar, ¿qué medidas excepcionales -entiendo que tienen que ser excepcionales porque hasta ahora en las ordinarias
no se han dado casuísticas muy tremendas, por decirlo de algún modo- van a llevar a cabo?
Finalmente, quería hacer una reflexión en relación con el tema de los autónomos. Lo cierto es que justo en este mes se ha producido la subida de la cuota de los autónomos, una subida que tiene efectos desde enero de 2020. Pero me gustaría
saber qué valoración política hacen y si creen que es el momento más idóneo para subir la cuota de los autónomos justamente ahora, en este periodo y en esta situación en la que estamos. Es cierto que esto tiene efectos de enero de 2020, pero
seguramente no sea este el mejor momento en pleno estado de alarma para subir la cuota a los autónomos.
En cuanto a los autónomos se plantean también extender la prestación de cese de actividad, en qué modo y en qué características. Sobre todo, en la medida de que de usted depende, si uno coge el organigrama, la Dirección General del Trabajo
Autónomo entre sus funciones tiene la elaboración, promoción y elaboración de proyectos normativos y medidas específicas para autónomos y emprendedores, ¿qué tipo de coordinación tienen ustedes especialmente con el Ministerio de Hacienda o con otros
ministerios? Hay muchos autónomos que están en pleno cese de actividad o que les están subiendo las cuotas, o precisamente están en el sector de la restauración que les han cerrado su actividad y han visto cómo el 20 de octubre tenían que liquidar
el IVA y el IRPF trimestrales, sin que ningún tipo de medida fiscal se haya producido en este trimestre que vencía, cuando en los anteriores estados de alarma sí se habían adoptado medidas para posponer o demorar estos pagos del IVA e IRPF
trimestrales. Por tanto, le agradecería que me dijera cómo coordinan estas cuestiones o qué planteamiento tienen de cara al futuro en estos episodios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boadella.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia y por el trabajo que ha realizado el Gobierno en estos meses que han sido bien complicados y siguen siéndolo. Creemos que es innegable
que la batería de medidas desplegadas por el Gobierno en general y por el Ministerio de Trabajo en particular durante esta pandemia ha sido un salvavidas para millones de personas en este país. Han permitido a muchas familias llegar a fin
de mes y también ha salvado mucho empleo y muchas empresas, porque les ha permitido mantenerse a flote hasta el día de hoy.
Hoy viene aquí a presentar unos Presupuestos Generales del Estado que van a servir para proteger a muchísima gente más, para que la respuesta -como ha dicho- sea cada vez más ágil y menos burocrática a todo este sistema de protección y
también para perseguir -creo que es importante resaltarlo- a los desalmados -que afortunadamente no son la mayoría, pero existen y no son pocos- que se lucran estafando a la gente trabajadora y poniendo en riesgo sus vidas. Creo que esto es así,
que esto es innegable. Pero estamos bastante seguros de que hay algo muy importante que no deberíamos perder de vista: actuar sobre los síntomas es clave para mantener el cuerpo con vida, para mantener el cuerpo a flote. No hay duda. Como ya he
dicho, muchas familias están resistiendo gracias a eso y hay mucha gente en este país preguntándose en qué situación estaría si hubiera otro Gobierno o si el Gobierno hubiera hecho las cosas de otra manera. Hay mucha gente que se lo pregunta con
alivio.
Sin embargo, yo creo que quedarnos ahí cronificaría la enfermedad y la enfermedad tiene un nombre muy claro: precariedad. Y la precariedad viene de un virus que tiene mucha relación que es la tercialización de nuestra economía. Por tanto,
sobre esto le voy a hacer dos preguntas, desde nuestro punto de vista de profundo calado, pero claras y concisas. Creemos que es primordial, aparte de todas estas medidas de protección que son fundamentales, modificar el marco de relaciones
laborales en nuestro país, de ir hacia un nuevo Estatuto de los Trabajadores, no solo que implique la derogación de la reforma laboral -eso, por supuesto-, sino que también implemente nuevos marcos normativos, por ejemplo, el que tiene que ver con
la llamada economía digital o economía de las plataformas. La pregunta es clara: ¿sigue estando entre los planes del ministerio y del Gobierno elaborar este nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI que implique la derogación de la reforma
laboral y la legislación en todos estos ámbitos? Y si esto no fuera así, ¿cree que realmente hay alternativas para acabar con la precariedad que está golpeando a nuestro país a todos los niveles y sobre todo con especial virulencia a los jóvenes y
las mujeres? ¿Cree que hay alternativas para acabar con esta precariedad con el marco actual de legislación laboral que tenemos en nuestro país?
La otra pregunta, que está íntimamente ligada, es sobre la transformación de los modelos productivos que tenemos en nuestro país. No cabe duda, nosotros podemos mirar el mapa del Estado y no todo tiene que ver con la legislación laboral,
porque si no, tendríamos la misma tasa de paro, temporalidad y parcialidad en todas las partes del Estado, y no hay más que echar un vistazo para ver que realmente esto no es así. Esto va también de cambiar los modelos productivos. ¿Qué palancas,
qué herramientas están en manos no solo de estos presupuestos sino del Ministerio de Trabajo, y en concreto del Gobierno en su conjunto, para modificar estas dos cuestiones, que desde nuestro punto de vista están íntimamente ligadas?
Pongo un ejemplo y con esto ya termino. Justo hoy los sindicatos a raíz de la sentencia con respecto a Alcoa de los tribunales gallegos están pidiendo claramente la derogación de la reforma laboral para poder volver a tener, entre otras
cosas, el control administrativo de los expedientes de regulación de empleo. Por eso digo que la normativa laboral y el modelo productivo tienen que ver, porque si no hacemos lo uno, vamos a perder lo otro, que es el sector estratégico del
aluminio. Este es un ejemplo, pero podría poner muchos más. Sin embargo, como tengo tiempo limitado, acabo aquí. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, don Joaquín, por su presencia esta tarde de viernes aquí en el Congreso. Por razones de ser consorte, había citado a don Diego Hurtado de Mendoza, pero también sabrá que era hombre de agudezas satíricas muy finas. Lo digo
porque la frase fuera de contexto quizás se interpreta de forma distinta.
Es viernes y han pasado ya las catorce horas. Nos han dado tres días para hacer cientos de comparecencias y a las catorce horas finalizaba el plazo para presentar cualquier enmienda a la totalidad de los presupuestos. Yo estaba convencido
de que efectivamente podía no presentar ninguna enmienda a la totalidad de los presupuestos al escucharle a usted, pero afortunadamente me he adelantado y he presentado la enmienda a la totalidad, tras escucharle a usted. La puedo retirar, no
obstante y cabría
retirarla pero es evidente que no, porque hoy por hoy al menos en el ámbito del ministerio que nos ocupa no tengo motivos para ello. Así pues, quiero denunciar públicamente -como representante del Grupo VOX- que este debate se tenía que
haber realizado con cierta tranquilidad y sosiego porque estamos en un momento complicado, pero se ha hecho en un tiempo récord, lo cual no exime de felicitación a todos aquellos que han trabajado, no diré si para bien o para mal, pero sin duda se
ha trabajado.
Obviamente, no son nuestros presupuestos ni son los presupuestos de VOX, entendemos que posiblemente son los presupuestos que ustedes ya adecuaron en 2020 y en 2019. Estos presupuestos vienen a ser una continuación, como decía esta mañana,
con ciertos tintes morados y rojos de los presupuestos del señor Montoro en cuanto a fiscalidad, y respecto a políticas sociales, hay algunos retoques y efectivamente los diferencian de los presupuestos del señor Montoro del Partido Popular. Lo que
ustedes han hecho es disfrazar estos presupuestos haciendo un aumento del gasto con cargo a las futuras generaciones. Es evidente que todos sabemos cómo se va a financiar todo esto. Sin duda alguna, son importantes las inversiones que se van a
hacer en el SEPE y yo le pediría que en Cataluña esas inversiones fueran importantes porque en lugares de Cataluña el SEPE se ubica en cuchitriles indecentes donde se trabaja, y concretamente en Gerona.
También me gustaría saber su opinión sobre si el desglose de lo que antes era un ministerio, ahora al haberlo desglosado en dos ministerios, ha servido para beneficio de todos y ha servido sobre todo para la disminución de los costes, para
que dichos costes pudiesen ir -como decía don Diego Hurtado de Mendoza- a quienes más padecen.
Dicho esto, me quiero centrar en dos o tres cuestiones de estos presupuestos que, como he dicho, son decepcionantes y malos, que hablan de gasto y de pobreza y que hablan de no dejar a nadie atrás. Una frase tan manida que están dejando a
todo el mundo atrás, no sé si atrás o delante, pero realmente la situación no es optimista. Somos consciente de las dificultades y del momento, por supuesto. Todos a nuestro alrededor estamos sufriendo en nuestras familias situaciones de una
precariedad absoluta. El Estado, al final, no podrá llegar a todo lo que quisiera llegar. En VOX ya dijimos que creemos en el principio de subsidiariedad del Estado, lo creemos firmemente. Que allí donde no llegue el mercado y no llegue a las
personas, tendrá que estar el Estado para mantener, sin duda alguna, esas actitudes y esos mínimos que signifiquen la salvaguarda de la dignidad de las personas.
Dice que hemos aumentado de forma importante todo lo que se refiere al fomento de empleo en unos 7400 millones de euros, un 29 % aproximadamente de subida para impulsar la formación profesional, para dar mayores oportunidades al empleo, para
la orientación profesional y también ha dicho para la igualdad de oportunidades, en definitiva, para unas políticas de empleo que nos interesan mucho a todos. Pero esto lo hemos tenido durante todos los años en todos los presupuestos y lo que nos
interesa en estas políticas activas de empleo -le rogaría que me pudiese orientar un poco, ya que ha dicho la frase de que son el gobierno de estos procesos- es cómo se van a gobernar estos procesos. Porque por desgracia hemos sabido y hemos
conocido lo que ha sucedido en todas estas políticas de actividad de empleo a lo largo de los años, desde hace muchos años. Nos interesa la calidad y extensión de dicha formación, nos interesan los criterios de selección de los formadores, nos
interesa saber si se van a ejecutar los programas, o serán eclipses temporales, nos interesa conocer qué sustituye a aquellos de la formación tripartita. En definitiva, nos interesa saber si todas estas políticas de acción de empleo son reales o
simplemente son algo ficticio que no servirán de nada. Usted es consciente con ello, y compartirá conmigo, de que si no son eficaces no servirán de nada. Por eso, le pregunto e insisto en 'el gobierno de estos procesos'. ¿Quién los pilotará y
cómo se pilotarán?
Otro tema es la Inspección de Trabajo -y finalizo, sí que pasa rápido el tiempo; el rojo siempre aparece aquí inmediatamente (risas)-. Hay una partida número 15, gastos de personal, sobre incentivos al rendimiento y me gustaría preguntarle
estos incentivos al rendimiento a qué se deben, qué son, si son por resultados económicos, por resultados de actividades, etcétera.
Muchas gracias y muchísima suerte porque la necesitamos todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Movellán.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado, bienvenido al Congreso de los Diputados y bienvenido a España. Bienvenido a la España real, a la de los 3 800 000 parados -650 000 desde que ustedes gobiernan-, a la España que aún tiene a 600 000 trabajadores en
ERTE que no saben si volverán o no a su puesto de
trabajo, a esa España en la que hay un millón de autónomos en el alambre y que cada noche, cada vez que bajan la persiana, no saben si al día siguiente la podrán subir, a una España en la que su incompetencia ha hecho que hoy tengamos 100
000 empresas menos, que haya 100 000 jóvenes y 330 000 mujeres hayan perdido su puesto de trabajo. Bienvenido a esa España, en la que hay 1 200 000 hogares que tienen a todos sus miembros en paro y 700 000 familias que han dejado ustedes todavía en
la estacada con su famosa propuesta estrella del ingreso mínimo vital. Una España que vuelve a ver las colas del hambre en las parroquias, en los ayuntamientos, en los bancos de alimentos que ya no dan abasto. ¿Y esta es la España -le pregunto,
señor secretario- en la que nadie iba a quedar atrás? No, esta es la España que por su Gobierno, por el Gobierno socialista y comunista, es difícil que alguien quede en pie.
Los presupuestos a pesar de su buenismo y a pesar de que dice usted que beben de la realidad y ve muchas virtudes, están totalmente alejados de esa España real y de la realidad. Y no lo digo yo, ni el Grupo Parlamentario Popular, se lo dice
la Comisión Europea, se lo dice la OCDE y los representantes empresariales, se lo ha dicho anteayer el gobernador del Banco de España y ayer mismo también se lo dijo la presidenta de la AIReF.
¿Y qué han dicho? Que son unos presupuestos falsos e irreales, que el producto interior bruto crecerá menos de lo que ustedes estiman y que no son adecuadas ni oportunas las subidas de impuestos que plantean. No dan ninguna credibilidad a
los niveles de recaudación que estima y con ello producirán un mayor nivel de déficit y de deuda pública. ¿Qué significa eso? Que estamos ante la antesala de futuros años de austeridad y recortes, pero ya vendrán otros, como siempre, otros serán
los que tengan que tomar las medidas. Además, dicen que sitúa a España como el país con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea. En definitiva, se vuelven a repetir las mismas recetas fracasadas de los Gobiernos de izquierdas que ya sabemos
adónde nos llevan: a más impuestos, a más deuda, a más déficit, a más paro, a menos empleo, a menos crecimiento. Y los presupuestos que hoy vemos aquí es verdad que se incrementan en un 22 %, hay que darle la enhorabuena a usted y a todos los
ministros de Podemos porque ya sabemos quién manda en el Gobierno de coalición, son los ministerios que más suben, ahí aumentan todos los capítulos y todas las partidas. Pero que veamos mayor gasto no significa que esté mejor invertido ni que haya
mejor inversión, porque a pesar de que ustedes tienen los medios económicos para ser ambiciosos y priorizar la creación de empleo, como lo que debe ser esa política social, el Gobierno se ha rendido, ha tirado claramente la toalla en la creación de
empleo porque anuncian que con la gestión de los fondos europeos que nos vendrán apenas van a crear 800 000 puestos de trabajo hasta el año 2023, es decir, ustedes asumen que solo van a ser capaces de crear en tres años todo el empleo que se ha
destruido en este año. Creo que realmente para este viaje no necesitaban alforjas.
Hablando de las políticas de gasto que contiene el presupuesto, hablando de esta protección al desempleo, hay que decirles que son ustedes una máquina de destrucción de empleo y que conscientes de ello prevén una dotación de 24 661 millones,
una dotación que aumenta en 4131 millones con lo que presupuestaron en 2020, para atender las prestaciones de los millones de parados, de los afectados de ERTE. Pero hay que decirle que como sigan por la misma senda que nos ha traído aquí es más
que posible que este presupuesto sea insuficiente. Los datos están ahí, en la última nómina: 2605 millones de euros en septiembre, que supone un incremento de 64 % con respecto al año anterior. Viendo que ustedes han gastado hasta agosto todo el
presupuesto que tenemos presupuestado para 2021, ¿considera, señor secretario, que la cifra presupuestada para la política de desempleo es realista? ¿Considera que es suficiente? ¿Considera que se van a poder atender todos los ERTE? ¿Ha
considerado una posible ampliación de los ERTE más allá del 31 de enero, y si es así, qué prórrogas valoran? Y sobre todo, ¿prevén los presupuestos la nueva prestación -sabemos que son muy dados a ocurrencias- que aprobaban esta misma semana de
esos 430 euros y a cuántos beneficiarios van a ir destinados? Hablamos de las políticas del fomento del empleo, que crece un 29,5 % contando con los fondos europeos, pero si les descontamos los fondos de Europa solo se incrementan un 8,4%. En
estos presupuestos, a pesar de ese autobombo y del marketing al que nos tienen acostumbrados, no encontramos ninguna política, partida o programa que realmente vaya destinada a crear empleo. Porque la única forma de crear empleo de este Gobierno es
colocar a los amigos como asesores o dándoles cátedras. Hemos visto que el único empleo que se ha generado en su Gobierno ha sido empleo en las administraciones públicas, por cierto, empleo temporal y precario, abundando en la temporalidad de la
Administración pública española. Y después de tantos años criticando la precariedad laboral, han conseguido ustedes -y lo peor de todo es que presumen de ello- que seis millones de españoles reciban solo una prestación bruta de 795,3 euros. Vemos
a la ministra de Trabajo presumiendo de paro y no de empleo, es realmente tremendo. En
el último año, la contratación indefinida ha caído más de un 36 % gracias a sus políticas, que se están demostrando totalmente inútiles para afrontar la crisis sanitaria y económica. Hoy tenemos menos empleo, más precario y menores
salarios. ¿Este era el gran pacto por la precariedad al que nos llamaba la ministra hace seis meses -porque no ha vuelvo a aparecer aquí en la Comisión- para llegar a un acuerdo contra la precariedad? Yo le quiero pedir a usted, porque sé que ha
escrito mucho sobre la precariedad laboral, si nos puede explicar qué medidas, pero concretas, detalladas, incluyen estos presupuestos para acabar con esa precariedad y temporalidad. ¿Qué planes tienen para acabar con la dualidad del mercado de
trabajo que tanto criticaban en otros tiempos? Porque en estos presupuestos generales no vemos ni una sola medida en ese sentido. Nos gustaría ver planes específicos que tengan para crear empleo. ¿O, como hemos escuchado al portavoz de la
formación política que les sustenta, su única medida para crear empleo es derogar la reforma laboral? Una reforma laboral que, por cierto, cuando la necesitan, bien que se agarran a ella, como hemos visto con los ERTE, que hablan de que son
prioritarios y que gracias a la reforma laboral del Partido Popular han podido salvar miles y miles de empleos en este país.
Ha hablado usted de invertir 3 000 millones de euros en financiar oportunidades de empleo y le ha quedado muy bien, pero ¿podría concretar un poco más? ¿Qué medidas concretas van a financiar esos 3000 millones de euros, quiénes van a ser
los beneficiarios? Habla de azotados por el Gobierno, y yo digo que los más azotados han sido los jóvenes. Hoy somos líderes del desempleo juvenil, con una tasa superior al 40 %, frente al 17,5 % de la Unión Europea. Los jóvenes están siendo
realmente azotados, porque este plan de choque de empleo juvenil, dotado solamente con 663 millones, dicen ustedes que esperan reducir la tasa al 23,5 y viendo los antecedentes creemos que es realmente difícil.
Hablaba también de los autónomos -y voy finalizando-, y parafraseaba usted diciendo: dar cobertura a quien padece. Pues si algunos están padeciendo en este país son los autónomos, los autónomos que han visto cómo en octubre 300 000 se han
tenido que acoger al cese de actividad y ven cómo en el presupuesto se les vuelve a dar la espalda. Nos preocupa esa baja dotación presupuestaria, tanto en el SEPE, que baja de 13 millones a los 2 millones actuales, como en la Seguridad Social,
porque me derivará usted a Seguridad Social, donde el recorte es de un 44 %. Por eso no entendemos cómo en esta plena ola de contagios, con esos toques de queda nocturnos, con esas restricciones y esos posibles confinamientos, no hay medidas que
ayuden realmente a los autónomos.
Quiero preguntarle si considera que es suficiente -y voy finalizando, señor presidente- un presupuesto de 715 millones de euros para cubrir las prestaciones por cese de actividad del colectivo de los trabajadores autónomos; si con este
presupuesto se prevé dar cobertura a la prestación por cese de actividad para los autónomos durante todo el ejercicio 2021; si prevén alguna partida adicional para apoyar al colectivo de los trabajadores.
Señor secretario, puede haber futuro y hay esperanza para los españoles, sí, pero ese futuro y esa esperanza pasa por que ustedes se hagan una autoenmienda a la totalidad, y no solo de estos presupuestos, sino de sus políticas económicas,
fiscales y laborales, porque si no lo hacen ya sabemos cómo acaba la historia: más paro, más déficit, más deuda, más impuestos, más pobreza y menos crecimiento y menor empleo. Ya que no han tenido tiempo o no han presentado la enmienda a la
totalidad, les animo a que apoyen la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Movellán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, la señora Peña.
La señora PEÑA CAMARERO: Buenas tardes. Muchas gracias, presidente; gracias, señor secretario de Estado.
Agradezco esta presentación de unas cuentas extraordinarias en un momento extraordinario, en unas condiciones extraordinariamente complicadas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queríamos comenzar poniendo en valor el compromiso de
este Gobierno con el objetivo de garantizar rentas, de garantizar liquidez para crear una red de seguridad que llegue a los máximos posibles durante el tiempo necesario. Y este compromiso aparece claramente en las cuentas para 2021 del Ministerio
de Trabajo que usted ha desglosado, haciendo exactamente lo contrario a lo sucedido hace años, ya saben, cuando en la crisis anterior las cuentas del Partido Popular en materia de trabajo eran recortes, eran precariedad y eran abandono. Bien lo
saben en la calle, cuando han visto hace pocas fechas cómo la derecha de este país no ha apoyado con sus votos en el Parlamento las mejoras de los ERTE o las ayudas a los
autónomos, exactamente las dos herramientas más útiles para mantenernos y prepararnos para salir cuanto antes de la crisis.
Claro que se pueden hacer las cosas de otra manera. Frente a las políticas de flexibilidad externa y a los despidos del Partido Popular, este Gobierno implementa instrumentos de mantenimiento con los ERTE o la prohibición de los despidos.
Una vez más, creo que es la decimosegunda ocasión en la que tengo que recordar que la creación de los ERTE es fruto de la Ley 35/2010, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo estoy encantada de que al Partido Popular le guste tanto que la
haga suya, pero no por repetir mil veces una mentira se va a convertir en verdad.
Como ha comentado, es verdad que ha aumentado en un 20 % la protección para desempleados en la línea de los expedientes de regulación de empleo temporal, que han resultado ser un elemento nuclear en nuestro sistema de protección social en la
actual situación generada por la crisis sanitaria, y ha permitido, es verdad, mantener el empleo a 3 400 000 españoles y evitar el cierre de 550 000 empresas. Se pueden hacer las cosas de otra manera también, recogiendo por primera vez en la
historia la demanda de los autónomos y de las pymes. Solo quiero recordar que el 98 % de los avales públicos para asegurar la liquidez fueron dirigidos a pymes y autónomos en los meses pasados.
Pero más allá de lo coyuntural, el problema estructural del mercado laboral español nos sigue persiguiendo y necesita una acción decidida y valiente, porque los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 años, entre otros, no pueden esperar
más, no pueden aguantar más, a ellos no les vale ya la palabrería barata de la época anterior; tenemos la obligación de ofrecer eficiencia, fondos y acompañamiento para acabar con un mercado laboral que solamente el año pasado generó 21 millones de
contratos temporales, de los que el 60 % duraron menos de tres meses. Los socialistas queremos aprovechar la oportunidad que nos deja esta crisis para plantear propuestas audaces y terminar con esta particularidad tan española que nos marca en
cualquier comparativa con el mercado de trabajo internacional.
Decía que eran unos presupuestos marcados por la crisis, y es verdad que este ministerio se ha puesto las pilas para poner en marcha diferentes de ellas que regulen la nueva realidad, como ha sido el teletrabajo, pero quisiera detenerme
aquí, porque si bien el teletrabajo ha permitido no perder por completo la actividad económica, ha puesto de relieve no solo la brecha digital y económica a la hora del acceso a la red, sino la brecha en la formación, en la de todos aquellos
trabajadores que no han podido hacer más por no tener las capacidades básicas digitales o que no han podido acceder a un puesto de trabajo en estos meses por no tenerlas. Por eso queremos poner en valor la importante partida para la formación
profesional para el empleo, que crece casi hasta el 70 % respecto a los presupuestos del Partido Popular.
Quería señalar que la crisis, además de actualizarnos en la digitalización, nos ha dejado claro otro mensaje y es que el trabajo humano es absolutamente indispensable, que nuestro bienestar está en manos del cuidador, de los que recogen
basuras, de los que surten supermercados, de los sanitarios; han demostrado que ellos son esenciales, y ha salido también a la luz la feminización, la fuerte temporalidad y los bajos salarios. Dos mensajes que creo que sí integran estos
presupuestos pero que desde el Grupo Parlamentario Socialista seguiremos reivindicando. Hay que apostar en firme para atajar la brecha salarial y necesitamos -y en concreto lo quiero decir- que se forme a más profesionales, hombres también y
mujeres, en el sector de los cuidados.
Estos presupuestos, estas cuentas, como ha dicho el secretario de Estado, nos traen incluso alegrías en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Inspección de Trabajo, porque, tras años de congelación, por fin tienen un presupuesto propio
que aumenta en un porcentaje interesante, hasta el 20 %, para luchar contra la precariedad laboral, contra el abuso, contra el fraude y para mejorar la salud laboral de nuestros trabajadores. Nos trae también retos, retos para los jóvenes, porque
este mercado precario, temporal, es deprimente en muchos aspectos, no da ninguna esperanza a tantos menores de 30 años que durante mucho tiempo incluso se han sentido engañados. Quiero recordar que hace poquito había un fondo europeo que se llamaba
Garantía Juvenil. El Gobierno del Partido Popular, de la señora Báñez, estuvo a punto de devolver millonadas a Europa porque fue incapaz de plantear proyectos de inserción para los jóvenes españoles. Por tanto, no puede ser, partimos de una
situación de olvido de los jóvenes españoles y hay que ponerse un reto por delante.
Me parecen muy interesantes los datos que ha dado el secretario de Estado con ese objetivo de reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23 % y aumentar la actividad casi hasta el 75; ese plan de choque es muy interesante, así como creo que
lo es el programa Investigo para jóvenes investigadores, el retorno del talento emigrado o el programa Tandem, muy interesante también, de formación y alternancia con el empleo para jóvenes de hasta 29 años.
Nos trae algún compromiso también, y lo hace con mi tierra, con la España vaciada, porque por fin en esta área van a encontrar una vía de oportunidad con el programa que plantean de emprendimiento, que aumenta en un 736 % -es una barbaridad-
para proyectos generadores de empleo y que mantenga a la población en zonas de riesgo de despoblación. Por tanto, creo que son unas cuentas muy adaptadas a la situación excepcional, con un elevado gasto público de inversión en personas, en empresas
y en actividad productiva. Creo que es verdad, todos los ciudadanos somos conscientes del contexto complejo y de la elevada incertidumbre que vivimos, un ecosistema que genera muchas demandas y, es verdad, fruto de las inseguridades y temores de
muchas familias que se encuentran desorientadas cada día por la mañana por los momentos que estamos viviendo. Y no tengo duda de que siempre se puede hacer más, de que siempre hay más que hacer, pero que este Gobierno lo está haciendo y que no se
puede negar que los instrumentos de respuesta económica puestos hasta ahora en marcha en este país y que aparecen en estos Presupuestos Generales del Estado se encuentran entre los de mayor impacto en el ámbito internacional, pero lo más importante
para nosotros es que se encuentran entre los de mayor impacto en el ámbito social.
Para terminar, tenía tres cuestiones muy sencillas. En primer lugar, evidentemente, a la vista de las importantes cuantías que se recogen en estos presupuestos para prestaciones, ¿qué balance hace este secretario de Estado del instrumento
de los ERTE? En segundo lugar, quería que hiciera una valoración de la situación del SEPE. Se ha demostrado que su funcionamiento era esencial para nuestro país. Es verdad que en la época del Partido Popular se perdieron 2000 efectivos en el
Servicio Público de Empleo Estatal, que no se cuidó a la plantilla, pero entiendo que hay que hacer alguna labor de modernización y digitalización, y evidentemente, como ha dicho usted, de dotar el refuerzo de personal. Si nos puede comentar si
tienen algún plan en este sentido, estupendo.
En tercer lugar, y por terminar, porque entiendo que también tiene su entronque en el presupuesto, me gustaría que nos dijese si nos puede adelantar una previsión de calendario normativo para la modificación de la legislación laboral y dejar
atrás la reforma laboral del Partido Popular, en cumplimiento del compromiso que tiene este Gobierno con los trabajadores y trabajadoras de este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peña.
Para acabar esta comparecencia, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL (Pérez Rey): Muchísimas gracias, señorías, en primer lugar, por su tono y por sus contribuciones a este debate de presupuestos. Voy a intentar agrupar alguno de los temas para ir
con algo más de rapidez, aunque intentaré no dejarme ninguno en el tintero.
No sé, en el caso de la señora Muñoz, si alegrarme de que el tiempo sea limitado porque la batería de preguntas ha sido intensísima y espero poder contribuir a resolver las dudas. Efectivamente, comparto con usted que el mecanismo de los
ERTE ha sido decisivo, que ha generado en el momento preciso prácticamente un salvavidas del sistema productivo y de los mecanismos de capacidad para que los trabajadores retengan su renta. Me gustaría decirlo en el seno de la Cámara, es una gran
contribución que como país el Estado ha brindado por vez primera en una crisis económica; creo que es algo de lo que todos nos tenemos que congratular y felicitar. Hay veces que las políticas de Estado se elevan y esas políticas de Estado permiten
dar respuestas que hasta el momento han funcionado de manera sólida, eficaz, y creo que es mérito del conjunto de las aportaciones que ese sistema ha recibido.
Tiene usted razón, este es un modelo de paternidad y maternidad discutida, ahora ha salido algo al respecto, pero es un modelo que necesita en este momento -y los presupuestos conceden el respaldo para hacerlo- virar hacia un componente más
estructural. Nosotros incorporamos los ERTE, lo sabe usted perfectamente, en medio de la urgencia que nos marcaban los tiempos de la pandemia desde el Real Decreto-ley 8 hasta el 30, en jornadas agotadoras y con diseños hechos hasta el último
momento, y creo que es el momento de que este sistema se incorpore como mecanismo estructural para dar respuesta a algunas de las necesidades más básicas y más claras que tiene el mercado de trabajo. Uno es priorizar la flexibilidad interna y el
mantenimiento de los puestos de trabajo frente a los ajustes traumáticos, este es un instrumento al servicio de esas políticas tan esenciales, y el otro es aprovechar -y creo que ahí tiene usted toda la razón- la ventana de oportunidad que supone
estar en un periodo de letargo, por decirlo de alguna manera, mientras está el ERTE. Creo que es una gran oportunidad para incidir en la formación de los trabajadores; en efecto, nosotros ya hemos previsto en el Real Decreto-ley 30 expresamente la
prioridad de los trabajadores y las trabajadoras en ERTE para poder acompañarlos en procesos formativos, no solo de capacitación digital -también comparto esta idea-, sino en otros procesos formativos que tengan que ver con elementos más
sectoriales. Me parece que el viernes de la semana pasada, si no me equivoco, se presentó precisamente el Plan de Turismo y Formación destinado a generar instrumentos de formación con un fuerte componente sectorial y que permita, dentro de los
sectores más afectados por la pandemia, una suerte de cualificación profesional de empresas y personas trabajadoras para que podamos enfrentar la recuperación. Le anticipo que seguramente en breves semanas verá la luz ya una orden ministerial del
Servicio Público de Empleo, en virtud de la cual vamos a poner en marcha estos elementos de formación a los que usted se refiere, y no solo desde el punto de vista de las competencias digitales, sino también para hacer frente a los procesos de
transición profesional que se producen en los sectores.
Pregunta si estos presupuestos contemplan la posibilidad de que el mecanismo de ERTE siga su curso. Y la respuesta rotunda y afirmativa es sí, los presupuestos prevén el colchón en materia de protección por desempleo necesario para que, en
la medida en que la pandemia lo siga exigiendo, nosotros podamos seguir acompañando el proceso de regulación temporal de empleo, que es imprescindible -no exclusivo, no único, pero sí imprescindible- para mitigar los efectos de la pandemia en el
sistema productivo. Le señalaría una cosa que, sin embargo, no comparto: la experiencia me dice que el sistema de renovar paulatinamente los ERTE dentro del marco del diálogo social y con periodos de tiempo cortos funciona razonablemente muy bien,
porque permite a esa mesa de diálogo hacer un diagnóstico más preciso de la situación. Sabe usted que esto se negocia en el seno de una comisión tripartita, que se reúne con regularidad y frecuencia, donde se comparten datos exactos de cómo
evoluciona la filiación, cómo evoluciona el desempleo, cómo evolucionan los propios instrumentos de ERTE y cómo evoluciona la situación sanitaria. Le pongo un ejemplo: si nosotros en las negociaciones que dieron lugar al segundo acuerdo social en
defensa del empleo hubiéramos alargado los ERTE más allá del 30 de septiembre, estoy convencido de que nos hubiéramos equivocado, porque no hubiéramos podido prever la evolución de la crisis sanitaria que en este momento se está produciendo. De
hecho, creo que el Real Decreto-ley 30 es un real decreto que ya se hace cargo de esta especie de evolución o de ampliación de los efectos sanitarios de la crisis y, por tanto, nos ha permitido ir comprobando paulatinamente en qué momento estábamos
para ajustar ese mecanismo de manera precisa y detallada a las condiciones y a la evolución del panorama sanitario. Eso lo vamos a seguir haciendo en este marco de diálogo. Mantengamos la esperanza, a pesar de que estos elementos están
completamente previstos en el presupuesto, de que tengamos -y esto sería la mejor noticia- que hacer un recurso más modesto de los ERTE de aquí en adelante, porque eso significará también que hemos logrado contener los efectos sanitarios.
Los presupuestos, efectivamente -lo decía el señor Boadella-, tienen un importantísimo capítulo dedicado a políticas de empleo y, al contrario de su sensación, es al revés, creo que estos presupuestos van a permitir que las comunidades
autónomas dispongan de más fondos para la ejecución de las políticas activas. Es decir, no comparto que haya aquí una limitación de lo que vamos a dedicar, sino al contrario: ampliar el capítulo de políticas activas significa ampliar la capacidad
de aquellas comunidades autónomas que las gestionan en sus territorios para hacer frente a las distintas vicisitudes relacionadas con el empleo. Por poner un ejemplo, fíjese usted, en términos aproximados porcentualmente el Estado solo gestiona un
24 % de estos recursos; por tanto, es de prever un panorama donde la participación de las comunidades autónomas en el seno de las políticas activas de empleo sea decisivo y además es necesario que sea decisivo, porque las políticas de empleo tienen
un fuerte componente, no solo en la dimensión local, sino también en la dimensión regional, y son esenciales en un momento en que necesitamos, además, afrontar otros retos del país que tienen que ver con anclar a la gente al territorio, que tienen
que ver con contribuir a las especialidades productivas de cada uno de los territorios del Estado, que tienen que ver, en definitiva, con generar transiciones profesionales en aquellos lugares que se han visto más afectados por la pandemia y
reconducir los efectos aún inciertos, de alguna manera, sobre el sistema económico de la crisis sanitaria. Por tanto, creo que, al contrario de su impresión, las comunidades autónomas tendrán más, podrán hacer más y el reto que tenemos y al que le
animo a usted y al conjunto de diputadas y diputados es que la conferencia sectorial, es decir, que la coordinación de las comunidades autónomas, el Estado y la participación de los interlocutores sociales por vez primera genere un sistema eficaz de
políticas activas de empleo, con resultados contrastables y con elementos que nos permitan efectivamente establecer una de nuestras grandes asignaturas pendientes.
Hemos invertido dinero, es cierto, pero ese dinero tiene que tener resultados, tiene que contribuir de alguna manera a un doble elemento; de un lado, propiciar un cambio de modelo productivo. Este no es el único escenario para propiciar
ese cambio, pero sí es un cambio importante en la medida en que actuemos sobre las cualificaciones profesionales, sobre la formación, sobre las transiciones profesionales; ese sería un elemento decisivo. Y otro, empezar a luchar contra los
elementos de segmentación que desgraciadamente lastran el mercado de trabajo. Jóvenes, mujeres, personas con problemas, parados de larga duración, este es el gran reto al que se enfrentan las políticas activas. Por tanto, debe ser la palanca
necesaria para dejar atrás un mercado de trabajo que hasta ahora ha producido bastante desesperanza y desasosiego.
Se refería usted al funcionamiento ordinario de los ERTE. Fíjese, yo en este capítulo no puedo más que tener palabras de agradecimiento por un mero elemento de justicia redistributiva; de agradecimiento a los trabajadores que han
enfrentado la pandemia desde los servicios públicos de empleo, con la colaboración también, por cierto, de los servicios públicos de las autonomías, que ha sido decisiva para enfrentar esta batalla, que lo han hecho mucho más allá de lo que la
vocación de servicio público hubiera exigido. Aquí yo creo que hay componentes de implicación que van más allá de lo que es razonable exigir a un funcionario, y lo han hecho en circunstancias muy difíciles, algunas estructurales, fruto de las
políticas de devastación que el Partido Popular procuró sobre los servicios públicos de empleo, auténticas políticas devastadoras. Y lo han hecho, además, en condiciones también muy difíciles de intendencia; piensen que hemos tenido que gestionar
las prestaciones de casi tres millones y medio de trabajadores con las oficinas de empleo cerradas. Esta es una cosa que puede pasar inadvertida pero que no debería de pasar así. Es decir, hacer el reconocimiento más grande de prestaciones en el
tiempo más corto de la historia de la democracia sin el respaldo de las oficinas de empleo, que por motivos sanitarios tuvieron que estar cerradas, con parte de la plantilla contagiada y habiéndolos llevado a todos a teletrabajo en prácticamente el
plazo de una semana, dotándolos de los materiales y métodos informáticos, es, créame -y no pretendo inspirarme en la épica-, una hazaña; es una hazaña que además ha generado, le voy a decir, dinámicas en el reconocimiento de las prestaciones por
desempleo que ahora tenemos perfectamente engrasadas y que han sido completamente innovadoras, con métodos informáticos muy rudimentarios, y hemos logrado hacer una suerte de expediente colectivo, de solicitud colectiva de prestaciones, hemos
generado los ERTE más flexibles de la historia, con la capacidad de entrada y salida en suspensión y en reducción de jornada de los trabajadores para adaptarse precisamente a las necesidades de evolución de la pandemia, que es otro elemento muy
difícil de gestionar. Y le voy a decir otra cosa: a diferencia de retrasos históricos en el pago de las prestaciones, muy localizados también en los Gobiernos del Partido Popular, en este caso es la primera vez que las personas no desempleadas,
por cierto, porque no estamos hablando de desempleados cuando hablamos, señor Movellán, de personas en ERTE; afortunadamente estamos hablando de trabajadores ocupados, que no pierden su empleo, esta es la clave del sistema. Es la primera vez que
han cobrado antes del día 10, porque hemos logrado anticipar las prestaciones al día 3, por cierto, con mecanismos de colaboración público-privada con las entidades financieras de este país que nos han permitido abonar con anticipación la mayoría de
esas prestaciones. Por tanto, creo que es un elemento que se mueve en unos términos de los que todos debemos estar contentos y satisfechos.
Señor Boadella, me olvidaba de los autónomos. Aquí también doy una respuesta un tanto general. Efectivamente, para nosotros, el trabajo autónomo es central, de hecho ya le anticipo que estos presupuestos también van a servir para incidir
en una faceta muy importante para estos trabajadores, y una de ellas es precisamente atribuir recursos a la formación de trabajadores autónomos, otra parcela tradicionalmente descuidada, pero me permitirá que en aquellas relaciones que tienen que
ver con los autónomos y su régimen especial de Seguridad Social, o incluso la prestación de cese de actividad, a la que también hacían referencia otros diputados, me remita al ministerio competente que, como sabe usted, es el Ministerio de Inclusión
y Seguridad Social, con el que nosotros, por cierto, pese a la división del ministerio o gracias a la división del ministerio, funcionamos de manera absolutamente coordinada; de hecho, como saben, trabajamos codo con codo en la mayoría de las
iniciativas jurídicas y de otro tipo que llevamos a cabo.
Efectivamente, estos presupuestos son unos presupuestos que tienen que ver con pretender devolver al mercado de trabajo la noción de dignidad, de trabajo decente, por ponerlo en términos de lo que nos dice continuamente la Organización
Internacional del Trabajo. Lo es por invertir en políticas activas de empleo, lo es por el papel central que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene en estos presupuestos para dar cumplimiento adecuado a la ley; lo es por intentar
enderezar la política de empleo
y las políticas activas hacia la estabilidad, hacia la formación, hacia puestos de trabajo de calidad, hacia incitar -y lo decía perfectamente su señoría- un cambio de modelo productivo que evite que efectivamente en el mismo país haya tasas
de temporalidad completamente disonantes y que se asocian a la calidad de los trabajos o la calidad de los procesos industriales, de servicios, al sistema productivo en un lugar y en otro.
Esos presupuestos tienen que tener una correspondencia jurídica. Si los presupuestos que nos han precedido fueron los presupuestos de la austeridad, fueron los que sumieron en buena parte a este país en la miseria, los que condenaron a las
trabajadoras y a los trabajadores y a las clases populares a pasarlo muy mal en la crisis, estos presupuestos tienen que estar respaldados por dispositivos que no se basen en esa austeridad. Es decir, el mercado de trabajo, tal y como los hemos
heredado del Partido Popular, es un mercado de trabajo enderezado a la destrucción de derechos, enderezado a la devaluación salarial. Precisamente lo que ahora nosotros necesitamos es justamente lo contrario, no devaluar todavía más la vida de la
gente ni de los trabajadores, sino establecer vías de salida a la crisis que no pasen por un intercambio de derechos por economía. Esta crisis ha demostrado que este intercambio es falso. No hay ningún tipo de incoherencia entre una protección
social elevada y eficiencia económica. Y es la primera vez, esta crisis lo demuestra por primera vez en la historia. El camino que señala la reforma laboral es claramente erróneo, opuesto a lo que queremos hacer. Por tanto, es necesario revisar,
y el Ministerio de Trabajo está comprometido a hacerlo, todos aquellos dispositivos que en la reforma laboral del PP contribuyeron de una manera muy decidida a que la salida de la crisis, que no fue tal, se sustanciara en términos de devaluación
salarial, ataque a la negociación colectiva y debilitación de la parte más débil de la relación laboral. Estos elementos necesariamente tienen que ser revertidos, y el compromiso del ministerio es hacerlo, en diálogo con los interlocutores
sociales, como no podría ser de otra manera.
Señor Aizcorbe, desde luego, es usted un hombre precavido, por lo que hemos podido ver: ha puesto la enmienda antes de escucharme. Espero que se arrepienta y vuelva sobre sus pasos, aunque no sé si lo conseguiremos. En definitiva, creo
que en estos presupuestos hay una cantidad muy decisiva para invertir en políticas activas y, además, en ese sentido modernizador que usted indicaba.
Señor Movellán, la verdad es que, para ser ustedes los que parieron los ERTE, los usaron poco, esa es la realidad. Parto de la base de que no lo fueron, porque, efectivamente, los ERTE están en el estatuto mucho antes de la reforma de 2012
y con mecanismos bastante más protectores que los que esa reforma incorporó. En realidad, digo que los usaron poco porque sabe usted muy bien que en la otra crisis que nos sirve de comparación, la que gestionaron ustedes, los ERTE brillaron por su
ausencia, y esa crisis se resolvió en términos muy claros, con dos elementos muy nítidos: despidos masivos e incontrolados y devaluación salarial. Esas son las dos grandes aportaciones a la salida de la crisis del último referente de 2012. Los
ERTE tuvieron una presencia modestísima, escasa, no contuvieron en absoluto los problemas relacionados con la economía.
Simplemente, algunas reflexiones. Haga usted una comparativa -le animo a hacerla- entre la tasa de paro que tenemos ahora, es decir, la tasa de paro que procede de la mayor crisis que ha sufrido este país en la historia -no hay referente,
seguramente desde la guerra no ha habido una crisis en términos similares a la que estamos viviendo- con sus tasas de paro: hoy estamos en el 16,3 % de desempleo, ustedes llegaron al 26,9 % en el primer trimestre de 2013. Insisto, para ser los
padres de los ERTE, la cosa no fue excesivamente bien.
Señoría, es la primera vez que la relación entre el PIB y la caída de empleo se invierte, es la primera vez que un mercado absolutamente reactivo a los cambios de ciclo económico logra, con una caída sin parangón en el PIB, mantener el
empleo. Esa es la gran contribución no del ministerio, no del Gobierno, la gran contribución del país a la salida de una crisis sin precedentes. Es la primera vez que lo conseguimos, y por eso, por ser la primera vez que lo conseguimos, tenemos
que persistir en esta idea, y lo hemos hecho manteniendo, por cierto, la protección social. Si nos hubiéramos dejado guiar por sus recetas, esos menos de 600 000 trabajadores -llegaron a ser tres millones y medio, han vuelto más del 80 % de los
trabajadores a sus puestos de trabajo tras los ERTE- ahora estarían cobrando una cantidad ínfima de desempleo, porque ustedes les bajaron la base reguladora a partir de los seis meses. Nosotros se la hemos mantenido en el 70 %. Y, efectivamente,
también hemos creado mecanismos de protección social para aquellos que han perdido su empleo como consecuencia de la pandemia, porque nos hacemos corresponsables de las dificultades del mercado de trabajo y ejercemos desde el Estado nuestra función,
que es de solidaridad colectiva. No dejar a nadie atrás no es un ritornelo vacío, es una política pública muy intensa y muy importante, a la que, por cierto, contribuyen de manera decisiva los ciudadanos y nos
permite mantener una adecuada política de rentas, también para los trabajadores autónomos, que se ven afectados antes que ninguno por este motivo.
Fíjese, donde no hemos funcionado bien -aquí le reconozco nuestras limitaciones-, el único pesar respecto a los mecanismos que nosotros hemos puesto para mantener el empleo con todas las dificultades ha sido que no hemos logrado encapsular
el empleo de los trabajadores temporales. Este ha sido el nítido fracaso de esas políticas, no lo hemos logrado. En los inicios de la pandemia dos de cada tres trabajadores que se fueron a casa eran temporales, y la mayoría de ellos jóvenes, que
son los que sufren con una intensidad elevadísima la precariedad en este país. ¿Y sabe por qué no lo logramos? Porque teníamos un mercado de trabajo devastado por las políticas de la temporalidad, a la que su reforma contribuyó de manera decisiva.
En estos presupuestos hay un abandono explícito de la creación de empleo a través de la temporalidad. ¿Se refería usted al acuerdo sobre la precariedad del que habló la ministra en esta misma Cámara y que, efectivamente, yo refrendo? Claro que hay
medidas concretas, y las primeras son relativas a que los programas y las actuaciones en materia de políticas activas de empleo se dirigen justo a lo contrario de la precariedad, tienen en la formación y en los vehículos de contratación estable sus
fines decisivos. Ese es el camino en el que tenemos que seguir. No podemos volver a repetir un modelo como aquel del contrato de apoyo a los emprendedores, como esos mecanismos de fomento del empleo, como los mecanismos aquellos de más vale un mal
contrato que nada. El empleo de calidad es también una política de Estado y ese acuerdo por la precariedad es algo a lo que nos deberíamos sumar todos. ¿Y qué medidas concretas además de esta? Ya le advierto de los propósitos del ministerio de
que la contratación temporal recupere su causalidad, de que no haya fraude en la contratación y de que todos entendamos y todos asumamos una filosofía del trabajo estable y de calidad. Aquí seguramente tenemos que participar en una gran renovación
cultural, porque uno de los grandes problemas del Estado español con la temporalidad seguramente también es un problema cultural, enraizado en las lógicas de gestión de las empresas.
Por tanto, yo haría un balance bastante positivo -me refiero a la diputada del Partido Socialista- de las contribuciones del mecanismo de los ERTE para superar la crisis, que tendremos que seguir diseñando y mejorando en sus elementos
centrales. De hecho, tendremos que incorporarlo a ese estatuto del siglo XXI al que se refería el señor Rodríguez. Tendremos que hacer algunos cambios laborales, en concreto algunos que tienen que ver con la reforma laboral antes de esperar a ese
estatuto porque no podemos perder más tiempo; tendremos que hacerlos antes y luego reflexionar en qué acaba ese estatuto. Pero creo que la experiencia acumulada durante todo este tiempo nos hace saber que ahora tenemos que poner en marcha
mecanismos que den oportunidades a los ajustes internos, no en términos de flexibilidad externa, es decir, sería la gran noticia que podríamos legar de esta crisis que tantos sinsabores nos ha provocado y nos sigue provocando, la gran noticia sería
que todos aprendiéramos que los ajustes en materia de flexibilidad externa nos separan del entorno geográfico en el que vivimos. En lo que menos europeos somos es en el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. Ahí necesitamos una convergencia
real, que tiene que ver con cambios culturales, que tiene que ver con cambios normativos y tiene que ver con la experiencia que de aquí hemos sacado, alterando la relación entre empleo y producto interior bruto y alterando otros elementos:
recurriendo al teletrabajo, al trabajo a distancia, pudiendo organizar las relaciones laborales con propósitos incluso distintos de aquellos para los que están previstos. Buena parte de las relaciones laborales durante este tiempo -y de eso los
presupuestos también extraen enseñanzas- se han organizado de manera instrumental para evitar contagios, para contribuir ante la crisis sanitaria, y creo que podemos estar razonablemente contentos.
Pero además la contribución a este sistema de los mecanismos de prestación por desempleo resulta esencial, y esto ha demostrado dos cosas, y tiene usted razón en ellas. Por un lado, ha demostrado que necesitamos servicios públicos mucho más
poderosos, y los sanitarios son evidentes. Pero -me gustaría decirlo- ha habido dos trincheras en la lucha frente a la crisis: la trinchera sanitaria, a la que prácticamente todos debemos directamente nuestra asistencia física puesto que el
funcionamiento de la sanidad pública ha permitido contener los peores efectos sanitarios, y ha habido una trinchera social. Esa trinchera social la han cumplido los servicios públicos de empleo, que han permitido que más de tres millones de
personas no cayeran en el desamparo; tres millones en ERTE y los que vamos a incorporar a la prestación a la que, efectivamente, el martes dio luz verde el Boletín Oficial del Estado. Estos servicios públicos de empleo se han comportado de manera
ejemplar en un momento de falta de medios, y eso me gustaría decirlo. Por tanto, otro de los elementos centrales de este presupuesto está ahí, en reforzar los servicios públicos de empleo, en la dotación de medios materiales, pero también en la
dotación de medios informáticos, de
digitalizarlos. Podríamos funcionar en el sentido de una flexibilidad interna todavía mejor si tuviéramos mecanismos de funcionamiento ágiles; podríamos incorporar la prestación de desempleo como mecanismo que vehiculara las relaciones
laborales, que se insertara de manera estructural y que las comunicaciones fueran ágiles, rápidas. Eso se hace con programas informáticos adecuados a esa enseñanza. Por lo tanto, creo que esa trinchera social ha funcionado razonablemente bien. La
hemos pedido más incluso de lo que seguramente estaba en condiciones de darnos y nos lo ha dado. Y ahora de lo que se trata es de que eso pueda funcionar en términos de mayor normalidad.
Creo que estoy empezando a resultar pesado. No sé si me he dejado alguna pregunta. En todo caso, me gustaría decirles que ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta tarde de viernes. Espero no haber incidido negativamente en
sus planes. Estoy a su disposición. Hasta una próxima ocasión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Dejamos aquí esta parte de la sesión. Reanudaremos en tres minutos con la comparecencia de la subsecretaria. (Pausa).
- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (DEL REY ALMANSA). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/000877; POPULAR EN EL
CONGRESO (Número de expediente 212/000595) Y VOX (Número de expediente 212/000699).
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión con la comparecencia de la subsecretaria de Trabajo y Economía Social, doña Gema del Rey Almansa, solicitada por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos
conjuntamente y por los grupos Popular y VOX.
Tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Del Rey Almansa): Buenas tardes. Señoras y señores diputados, es todo un honor para mí comparecer ante esta Comisión parlamentaria como subsecretaria del Ministerio de Trabajo y
Economía Social para presentar las líneas básicas del presupuesto de este departamento para el próximo ejercicio 2021. En consideración al hecho de que mi intervención se desarrolla a continuación de la del secretario de Estado de Empleo y Economía
Social, no es mi vocación la de ser exhaustiva en la descripción de las políticas que se van a llevar a cabo en el próximo ejercicio, sino en centrar esta segunda exposición de presupuestos del ministerio en una visión técnica de los mismos. (Apoya
su presentación en un powerpoint).
Los presupuestos globales no consolidados ascienden a 38 955,46 millones de euros. El presupuesto no consolidado para 2021 supone un incremento de 11 747,88 millones de euros respecto al ejercicio anterior, lo que representa un 43,18 % de
lo presupuestado en 2020. Esta cantidad incluye 6335,39 millones de euros de transferencias internas desde el ministerio a los organismos autónomos para su funcionamiento. Por otro lado, los presupuestos globales consolidados muestran el
presupuesto real que va a ejecutar el ministerio y sus organismos autónomos una vez eliminadas las transferencias internas. El presupuesto consolidado agrupa y da una visión de conjunto de los ingresos y gastos gestionados por el ministerio y sus
organismos y asciende a 33 620,06 millones de euros. Este presupuesto incrementa en 5983,43 millones de euros el presupuesto inicial de 2020, lo que supone un incremento del 22,46 % para el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Cabe mencionar que, de estos 32 620,06 millones de euros, 1167,48 millones de euros provienen de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
A continuación voy a dar una visión detallada de los presupuestos globales no consolidados por organismos. Se presentan en la tabla que en este momento pueden ver y voy a ir detallándolos uno por uno, empezando por el ministerio. El
presupuesto del ministerio lo presento consolidado, dado que se eliminan las transferencias internas a los organismos y se ve con más claridad el presupuesto que ejecuta el propio ministerio. Una vez retiradas estas transferencias internas, el
presupuesto con el que cuenta el Ministerio de Trabajo y Economía Social para 2021 asciende a 137,7 millones de euros, 30,29 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2020, lo que supone un 28,20 % de incremento. Esta variación
respecto a 2020 permite, por un lado, ajustar el presupuesto al gasto real del ministerio y, por otro, impulsar las políticas y la gestión del ministerio en dos líneas principalmente: en primer lugar, en la digitalización de los servicios de empleo
que se prestan a los ciudadanos desde el ministerio. Esta digitalización incluye los
servicios centrales y algunos organismos autónomos y contemplará, entre otros, la modernización del sistema de tramitación electrónica integral de los procedimientos de regulación de empleo, la mejora del aplicativo de gestión de
prestaciones del SEPE, el registro de convenios, acuerdos colectivos y el Registro de Sociedades Cooperativas. Estos son algunos de los proyectos que se van a acometer, al tiempo que se incorpora el desarrollo de nuevos sistemas de estadísticas que
faciliten la toma de decisiones y la puesta de la información a disposición de la ciudadanía, así como una mejora sustancial de los centros de procesos de datos, con especial atención en la seguridad. Para esta partida de digitalización el
ministerio cuenta con un presupuesto de 16,81 millones de euros adicionados al presupuesto habitual, que serán financiados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En segundo lugar, se da un impulso a la economía social,
incrementándose un 30,9 % el presupuesto de 2020, que se constituye como una prioridad de este Gobierno y del Ministerio de Trabajo y Economía Social y se encaminará a la consecución de un panorama de producción, distribución y consumo basado en los
principios de justicia social y solidaridad.
En cuanto al organismo de Servicio Público de Empleo Estatal, el presupuesto global para 2121 asciende a 31 631,83 millones de euros. El incremento respecto al presupuesto inicial de 2020 es de 5927,24 millones de euros, una subida del
23,06 %. Este incremento contempla 4191,4 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2020 correspondientes a prestaciones tanto contributivas como no contributivas, así como para financiar las ayudas y subsidios incorporados en los
últimos meses como respuesta a la pandemia del COVID-19. Por otro lado, el presupuesto inicial de 2020 se incrementa en 1897,33 millones de euros para políticas activas de empleo, financiadas en parte con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Con este incremento se alcanza la cifra global de 6618,04 millones de euros para las políticas activas de empleo. En relación con este asunto debe resaltarse que la dotación presupuestaria señalada será también el instrumento imprescindible para el
cumplimiento de los objetivos pendientes de alcanzar en los programas operativos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
El presupuesto del Fondo de Garantía Salarial asciende a 831,45 millones de euros, que incrementa en 4,40 % el presupuesto inicial de 2020, lo que supone 35 millones de euros de variación. Este incremento se divide entre casi 32 millones de
euros adicionales para prestaciones y el resto para mejorar los recursos con los que cuenta este organismo. En primer lugar, se ajusta la relación de los puestos de trabajo a las funciones que realizan con un millón de euros adicionales; en
segundo lugar, durante 2021, y entre otras actuaciones, se van a modernizar los sistemas informáticos que ayudan a la gestión de los expedientes de este organismo, por lo que contaremos con 2,17 millones de euros, que serán financiados por el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Estas actuaciones permitirán dotar al Fogasa de los recursos necesarios para su funcionamiento, que vienen siendo acuciantes desde hace años.
Respecto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se tiene en cuenta la importancia que en esta etapa van a revestir las funciones inspectoras. También los presupuestos reflejan esta especial relevancia de las funciones capitales de
este organismo autónomo como garante de los derechos de las personas trabajadoras y del sostenimiento del sistema de protección social. Los presupuestos de 2021 serán los primeros en los que se contempla la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
como organismo autónomo y están definidos en base a sus necesidades específicas de personal y medios materiales y tecnológicos, especialmente importante para el fortalecimiento de la Inspección, la agilidad y la eficiencia de su actuación y la
eficacia en la planificación de la actividad inspectora. El organismo estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social gestionará 175,80 millones de euros, por lo que incrementa su presupuesto en 10,71 millones de euros respecto al
presupuesto inicial de 2020. Este incremento se dedicará a la mejora de los recursos del organismo, tanto al reforzamiento de los recursos humanos como al desarrollo y perfeccionamiento de las herramientas informáticas que les permita realizar sus
funciones de vigilancia de cumplimiento de la normativa laboral y lucha contra el fraude. Sobre este último punto, la Inspección de Trabajo incrementa el presupuesto en 7,6 millones de euros, lo que la permitirá desarrollar herramientas de apoyo a
la lucha contra el fraude y a la mejora de la gestión. Los fondos de recuperación y resiliencia contribuirán con 4,77 millones de euros a este objetivo.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con una propuesta de presupuestos de 41,6 millones de euros, incrementa su presupuesto en 6,57 % respecto al presupuesto inicial de 2020. Este incremento irá dirigido a la mejora del
laboratorio del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, que se ha configurado como un elemento sustancial durante los meses más duros de la pandemia para la evaluación de los EPI y otros mecanismos de la población contra el virus.
Por último, el Consejo Económico y Social mantiene su presupuesto, ajustando ligeramente el capítulo 2 al gasto recurrente de los últimos ejercicios. En todo caso, cabe mencionar que se ha incorporado acceso en los planes de digitalización
globales del ministerio, lo que permitirá que se beneficie de las mejoras que se realicen en las infraestructuras.
A continuación voy a dar una visión detallada de los presupuestos globales consolidados por política de gasto y por programa presupuestario. Debo comenzar indicando que el presupuesto que se consigna en los programas de gasto y que están
reflejados en esta presentación, incluye no solo el gasto de las políticas sino también los gastos de gestión de las mismas. Es decir, incluyen también los gastos de personal, los gastos corrientes asociados a las políticas que se van a llevar a
cabo.
En cuanto al programa de Cooperación para el Desarrollo, se ajusta el presupuesto a la división de competencias entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Si sumásemos los
presupuestos de este programa para los dos ministerios y los comparásemos con el presupuesto inicial de 2020, se produce un incremento global del 2,42 % para el presupuesto de 2021.
En cuanto a la política de gasto sobre otras prestaciones económicas, incluye tanto las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial como las prestaciones por cese de actividad que se gestionan desde el SEPE. Respecto a las primeras, en las
prestaciones de garantía salarial que se realizan desde Fogasa se produce un incremento de 32,87 millones de euros para prestaciones, lo que supone un 4,13 % más que el presupuesto inicial de 2021, quedando un total de 829 millones de euros para
estas prestaciones. A la cuantía de prestaciones hay que añadir 2,17 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se destinarán a la digitalización y a la mejora tecnológica de la gestión que permitirá reducir los tiempos de
tramitación de las prestaciones.
Respecto al otro programa de prestaciones económicas por cese de actividad, se reduce un 86,86 %, lo que supone una reducción de 13,2 millones de euros. Esta reducción se debe a que se ajusta el presupuesto a la ejecución real del gasto
residual por contingencias profesionales que asume el Estado puesto que conforman la regulación vigente. La casi totalidad de estas contingencias están siendo gestionadas por las mutuas profesionales.
Respecto a los programas relacionados con el fomento del empleo, la promoción del empleo y de la inserción laboral, incluidas dentro de la política de gasto y fomento del empleo, estos programas se reflejan en el presupuesto en dos líneas.
Por una parte, en el SEPE, en el fomento de la inserción y de la estabilidad laboral y la formación profesional para el empleo y, por otro, en el Ministerio de Trabajo con el desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la
responsabilidad de las empresas.
En cuanto al presupuesto gestionado por el SEPE para políticas activas, incluyendo los gastos de gestión, se incrementa respecto a 2020 en 1897,33 millones de euros, es decir, un 41,26 %. Cabe resaltar, como seguro conocen, que el
Ministerio de Educación y Formación Profesional ha asumido, en aras de la especialización, parte de las competencias de la formación profesional para el empleo. Por ello el presupuesto global para fomento del empleo, uniendo las competencias de
ambos ministerios, asciende a 7543,03 millones de euros, que supone un 61 % más del presupuesto inicial de 2020.
El Ministerio de Trabajo por su parte incrementa el presupuesto para el desarrollo del trabajo autónomo, la economía social y la responsabilidad social de las empresas en 4,36 millones de euros, que supone un 39 % más de lo presupuestado
para 2020. Este incremento irá dirigido principalmente a impulsar medidas económicas de apoyo a actividades que permitan avanzar de forma efectiva hacia la recuperación económica y social, como son el emprendimiento, el establecimiento de redes de
colaboración o las estrategias de internalización de las empresas.
Otro programa de especial relevancia para el Servicio Público de Empleo Estatal es el Programa de desempleo, que se traduce en el SEPE en prestaciones y ayuda a los desempleados. Este programa se incrementa en 4191 millones de euros, un
incremento del 20,13 % respecto al presupuesto inicial de 2020, que supone un crédito total para 2021 de 25 011 millones de euros en este programa. Incluyo no solos las prestaciones sino también los gastos asociados a la gestión.
En cuanto a las políticas de gasto sobre gestión y administración del trabajo de economía social, se produce un incremento de 12,21 %, pasando de 80,9 millones a 90,8 millones. A estos números que estoy señalando hay que sumarle 12,80
millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia e irán destinados a la digitalización y a la modernización tecnológica de los servicios que se prestan desde el ministerio. Con estos datos, la cuantía total para esta política de gasto
asciende a 103,65 millones, que supone un aumento de 28,01 %.
Por lo que respecta al programa incluido en el Programa de inspección y control de seguridad y protección social, que se gestiona por el organismo estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pasa de 165 millones de euros a 175,8
millones de euros. Parte de este incremento, como ya he explicado en la primera parte de la exposición, irá destinado a mejorar los recursos humanos y las herramientas informáticas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a lo que se
destinarán 4,77 millones de euros, financiados a través del plan de recuperación.
En cuanto al Programa de administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo, incluye tanto los gastos derivados de la Dirección General de Trabajo, que mantiene un presupuesto de 13,69 millones, como a los gastos de
mantenimiento del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo que, como he comentado anteriormente, tiene un incremento de 2,30 millones de euros respecto a 2020 en este programa, para reforzar el laboratorio de equipos de protección individual de
Sevilla.
Por último, el presupuesto del programa 912P, que es para el asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral, que se gestiona por el Consejo Económico y Social, se reducen en 166 000 euros, que es apenas un 2,11 %, que lo
que hace es ajustar el presupuesto a la ejecución de los últimos dos años.
Antes de finalizar mi exposición quiero hacer una especial mención al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y su aplicación en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Economía Social y sus organismos autónomos. Analizando el presupuesto del
Fondo de recuperación y resiliencia asignado por organismos, vemos que la mayor cantidad de fondos se asigna a SEPE, con 1141,30 millones de euros, que se destinan en su mayor parte -1091,5 millones de euros- para políticas activas de empleo y, en
segundo lugar, para la digitalización del organismo durante 2021, con 49,8 millones de euros.
El Ministerio de Trabajo suma 16,82 millones de euros, que se destinan principalmente a la modernización de los servicios de empleo y de los centros de procesos de datos que dan soporte a los sistemas de información de estos servicios. El
Fogasa y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social reciben fondos de recuperación y resiliencia por 2,27 millones de euros y 4,77 millones de euros respectivamente en 2021 para la digitalización y modernización de sus servicios.
Por último, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incrementa por fondos europeos 2,43 millones de euros, la mayor parte para la mejora del laboratorio de Sevilla, pero también para la modernización de los sistemas de
gestión del instituto.
No quiero cerrar esta comparecencia sin hacer una referencia a la contribución de este presupuesto a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente al Objetivo 8 para promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y trabajo decente para todos. En definitiva, este presupuesto refuerza aquellas áreas que en el contexto actual se consideran más importantes en el ámbito sociolaboral para apoyar la recuperación
de la crisis provocada por la COVID-19, reforzando en gran medida las políticas activas de empleo, los mecanismos para proteger la seguridad y salud de los trabajadores a través de la Inspección de Trabajo y del Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, al mismo tiempo que impulsa la modernización de todos los procedimientos, tanto del ministerio como de sus organismos autónomos, para ofrecer unos servicios adaptados a las necesidades de la población, ágiles y de calidad. El
presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social, con un incremento del 22,5 %, señala el compromiso del Gobierno con la mejora del mercado de trabajo, así como con las condiciones laborales de los trabajadores.
Quedo a su disposición y atenderé gustosamente las preguntas que tengan a bien efectuarme.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Del Rey.
Comenzamos con las intervenciones de los grupos parlamentarios.
No estando el Grupo Ciudadanos ni el de Plural, por el Grupo Confederal tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señora subsecretaria.
Hilando con la intervención anterior, en la que creo que es innegable que las herramientas de protección social que se desplegaron por este Gobierno no tienen parangón en nuestra historia reciente y han servido para que millones de familias
en nuestro país puedan escapar, mantenerse a flote para que muchísimas empresas sigan funcionando, dentro de ese marco y de esa realidad que no me cansaré de repetir y de resaltar, quizá uno de los mayores problemas después de la temporalidad, como
acaba de
comentar el secretario de Estado y esa imposibilidad de atajar esa pérdida de empleo debido a cuestiones estructurales del mercado laboral de nuestro país, quizá el siguiente déficit o vector de mejoras es todo lo que tiene que ver con la
atención a la ciudadanía, con esa digitalización pendiente en la Administración del Estado, en general, pero muy en concreto con lo que tiene que ver el Ministerio de Trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal, etcétera, ya que si bien
políticamente se han articulado las medidas después, en el plano técnico y de gestión, ha habido un cuello de botella en determinados momentos, a pesar de que somos conscientes de que se ha hecho en condiciones muy, muy difíciles. Pero es verdad
que usted ha puesto sobre la mesa en su presentación que va a haber una intervención a ese respecto, una mejoría y una dotación de fondos, y nos gustaría que nos ampliara un poco más.
Para terminar, le pediría que valoraran desde el ministerio si creen que la cantidad de los fondos europeos asignados al Ministerio de Trabajo y Economía Social son suficientes y son adecuados para desplegar el cumplimiento o asegurar la
garantía de los objetivos ante la estrategia que ustedes han plantado.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Si no les importa, tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos, señora Muñoz, que se acaba de incorporar al debate.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Gracias, señorías, por su comprensión y amabilidad; es lo que tiene estar sola en las comisiones que uno va y viene y se pierde muchas veces. Gracias también señora subsecretaria por su comparecencia esta tarde aquí.
Como le he dicho al secretario de Estado, voy a ir al grano. Es de especial relevancia en los presupuestos el ámbito relativo a la protección por desempleo de nivel asistencial, y esta es la prestación que ni requiere ni se calcula sobre un
periodo de cotización previo por parte del trabajador, que normalmente ha estado dirigida a colectivos de personas desempleadas, con muy pocos recursos o/y con responsabilidades familiares o que por razón de su edad u otros motivos tienen difícil la
recolocación en el mercado laboral. En este sentido, los presupuestos señalan la intención del Gobierno de establecer un nuevo marco en ese tipo de prestaciones que sustituya al vigente, que es muy complejo y formado por múltiples ayudas y
prestaciones que se anulan y se solapan entre sí, por lo que representa, por tanto, un elevado margen de mejora. Si esta cuestión ya era necesaria antes, lo es más desde la aprobación del ingreso mínimo vital, que viene a ocupar la cobertura de
protección que antes recaía en estas prestaciones. Nos gustaría que nos concretara este nuevo modelo que se incorpora en el borrador de presupuestos.
Mirando también este borrador, vemos que se menciona la intención de reordenar y simplificar el sistema, del que desaparecerían el subsidio extraordinario de desempleo y la renta activa de inserción, y en paralelo se hará un refuerzo de la
cobertura del subsidio por desempleo que evite solapamientos con el ingreso mínimo vital. Nos gustaría que nos concretara qué reformas son las que plantean acometer en el ámbito de la protección por desempleo de nivel asistencial, pues nos será de
gran ayuda. Queremos saber si supondrá esto un incremento de las necesidades financieras vinculadas al subsidio de desempleo y si contemplan estos presupuestos la financiación necesaria para absorber mayores necesidades de gasto que podría
conllevar esta reforma con la incorporación del ingreso mínimo vital.
Recientemente se ha aprobado el Real Decreto-ley 32/2020, en concreto esta semana pasada, por el que se acuerda un nuevo subsidio especial de desempleo para personas que perdieron su trabajo durante esta crisis sanitaria de la COVID. No
obstante, pese a las intenciones iniciales, las condiciones del subsidio finalmente aprobado son bastante restrictivas, de hecho, con los requisitos que se han marcado desde el Gobierno para acceder a esta prestación, posiblemente cientos de miles
de personas queden directamente fuera de esta ayuda y entre ellas algunas personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables. Y eso sucede, primero, porque ustedes exigen que los beneficiarios tengan que haber perdido su empleo entre el 14 de
marzo y el 30 de junio, y luego que para poder recibirla tiene que haber agotado antes todas sus prestaciones, lo que implica, por tanto, que tienen que haber tenido un derecho reconocido a prestación, algo que para la prestación contributiva solo
sucede con doce meses de cotización y que para el subsidio de desempleo de nivel asistencial sucede en determinados supuestos: seis meses de cotización o tres meses si se tienen responsabilidades familiares o ser mayor de 52 años y
responsabilidades familiares a la vez. La pregunta es si no creen ustedes que estos requisitos establecidos para nuevo subsidio especial por desempleo aprobado son demasiado restrictivos, si no cree que estos requisitos precisamente dejan
fuera a quienes más podrían necesitar el subsidio y qué sucede con los trabajadores temporales con contratos de duración inferior a tres meses, que perdieron su trabajo antes del 14 de marzo, en previsión de que las cosas podían empeorar por
aquellas fechas. También qué sucede para quienes lo perdieron una vez se levantó el primer estado de alarma a finales de junio. ¿Pueden acceder a este subsidio especial personas que no tienen reconocido derecho a prestación por desempleo, como las
empleadas de hogar? ¿Podrían acceder al menos aquellas que se hubiesen beneficiado del subsidio extraordinario que se aprobó el 31 de marzo? Lo dejo aquí.
Muchas gracias por sus respuestas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señora subsecretaria y gracias por estar hoy con nosotros esta tarde. Como ha pertenecido a dos administraciones distintas no sé si está en condiciones de podernos decir si el hecho de haberse desdoblado en dos ministerios,
el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migración, ha sido un elemento favorecedor de políticas o de ajustes económicos o, por el contrario, ha supuesto un doble planteamiento y un doble gasto para el contribuyente.
Es una reflexión genérica a la que no sé si está en condiciones de poder contestar, supongo que no.
Continuando con lo anterior y respecto a algunas de las dudas que se han planteado, yo también las quería resaltar. En cuanto a la estimación de las prestaciones por desempleo, en relación con el año pasado, son 24 660 millones frente a 17
410, lo que es un importe muy elevado. Sobre ello quería hacerle dos preguntas. Primero, la irrupción del ingreso mínimo vital, ¿en qué cantidades pueden disminuir todos aquellos subsidios que son por desempleo? Si son compatibles, ¿en qué
cantidades pueden disminuir? En las prestaciones por desempleo, las contributivas puras, ¿tienen calculado de qué tasa de desempleo estamos hablando, sobre estos 24 660 millones y concretamente los 12 048 millones? Si somos capaces de ver, saber o
adivinar sobre qué tasa de empleo posible estamos hablando.
Sobre el programa 291, en relación a la Inspección de Trabajo, he conseguido ver que hay un incentivo al rendimiento por 14 619 000 euros en los gastos de personal sobre el total de 171 millones de euros. Me gustaría saber si estos 14
millones de incentivos a qué incentivos en concreto se refiere, si son incentivos a inspecciones realizadas, si se refiere a incentivos como resultado de sanciones, qué tipo de incentivos y a qué nos estamos refiriendo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bas.
El señor BAS CORUGEIRA: Muchísimas gracias, presidente.
Bienvenida, señora Del Rey, subsecretaria de Trabajo y Economía Social.
Lo primero que quiero hacer es reconocerle el mérito y la valentía por aceptar formar parte de la estructura de un ministerio, el de Trabajo, y de un Gobierno que está presidido por un socialista, los campeones del paro. Va a tener
garantizados, y además continuos y recurrentes, quebraderos de cabeza, y lo vamos a empezar comprobando con los datos que aportaré. La verdad es que tengo que admitir que de todos los ministerios de nueva creación que hay en este Gobierno
mastodóntico del señor Sánchez, el de Trabajo era el que más necesitaba crear, porque en su afán de proteger su imagen el señor Sánchez le cede el ministerio a Podemos y evita así uno de los talones de Aquiles del PSOE: lidiar con el paro y con las
consecuencias de la aplicación de sus nefastas políticas de empleo. Además, en este verano pasado, los socialistas incluso se permitieron el lujo de alimentar la crítica a Podemos por todo el territorio español por esa mala gestión que estaba
calando en la gente al frente de empleo, y además el Partido Socialista se desentendía de todos los problemas que se habían generado durante la pandemia, la responsabilidad era de los responsables de Podemos. En resumen, su socio de Gobierno,
Podemos, se desgasta y el señor Sánchez ya se encargará en un futuro de atribuirse el mérito si en algún momento se alcanza algún dato positivo.
Señora Del Rey, empecemos con los quebraderos de cabeza porque desde que se creó el ministerio y con respecto a los datos del desempleo, diré que el paro no hizo más que aumentar. En febrero de 2020, antes de la entrada en la pandemia, ya
teníamos 82 000 parados más que en diciembre de 2019 y con la
llegada de la pandemia España pasa a liderar la destrucción de empleo con un 7,5 %, que prácticamente triplica la destrucción de empleo con respecto a la media de los países europeos que fue del 2,7 %. Y hoy tenemos como realidad, otro
quebradero de cabeza, 3 800 000 parados, 650 000 más que hace un año; 3 800 000 parados, háganse una idea, equivalen a prácticamente a la población de Extremadura, Asturias, Navarra, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla juntas. Tenemos cien mil
empresas menos que hace un año; hay 600 000 trabajadores en ERTE, un millón de autónomos están al límite de sus posibilidades y 100 000 jóvenes y 300 030 mujeres se han quedado en paro en el último año. Recuerden que lideramos el paro juvenil en
Europa, con una tasa del 41 %, y superamos en más del doble la tasa de paro en mujeres con referencia a la que está fijada en la Unión Europea.
Ante este panorama ocurren cosas como que la titular del ministerio en vez de articular soluciones para revertir estos datos se limita a felicitarse por pagar 5,2 millones en prestaciones. El mundo al revés. La ministra que se necesita en
estos momentos tiene que promover que las condiciones de los trabajadores mejoren, que contribuyan a fomentar empleo y no a destruirlo y que su ministerio no se convierta en un mero organismo que administre prestaciones.
Otro asunto que le ha generado controversia y quebraderos de cabeza, seguro, fue el caos generado en torno a la gestión de los ERTE, que no era fácil, pero seguro que provocó también alguna tensión que es necesario corregir; en aquel
momento los trabajadores públicos se vieron desbordados, se produjeron muchos retrasos en el pago, algunas comunidades autónomas se vieron en la obligación de implementar medidas para suplir ese desbarajuste que se generó y a día de hoy todavía se
mantienen problemas en la tramitación de algunos expedientes.
Los nuevos presupuestos deberían contener las medidas necesarias para poder revertir esta situación. Y se hace necesario entonces elaborar unos presupuestos que estén pegados a la realidad, que tengan en cuenta que el virus sigue ahí, que
las empresas están cerrando, que los autónomos están al límite y que la tasa de paro se dispara. Y como bien apuntó el gobernador del Banco de España, en estos momentos los presupuestos deben estar orientados a proteger a las familias y a reactivar
la economía para generar empleo. Por tanto, creo que en este momento no caben unos presupuestos ideológicos en donde el empleo público sea el único objetivo del ministerio, es el momento de estimular el consumo y apoyar a pymes y a autónomos,
porque estos serán el verdadero motor de la recuperación y los verdaderos generadores de empleo. Apoyos con ayudas directas, como las anunciadas ayer por el presidente Feijóo a la hostelería, con las que se puedan paliar parte de los efectos de las
restricciones a su actividad por la lucha contra el virus. Y el Gobierno también tiene en su mano medidas que puedan reactivar los distintos sectores que generarían empleo, como por ejemplo bajar el IVA del sector del turismo al 4 %, que ya ha sido
demandado en múltiples ocasiones como ejemplo de otros muchos que se han puesto encima de la mesa. Mientras países como Alemania o Italia bajan sus impuestos, este Gobierno se plantea una subida que va a afectar a todos los ciudadanos y no solo a
los ricos, como repiten constantemente. Señores socialistas, señores de Podemos, la subida del IVA la pagarán todos los ciudadanos independientemente del nivel de renta; una subida de impuestos ahora es inoportuna y agravará la situación dramática
que está viviendo nuestra sociedad. Y no lo duden, las consecuencias de esta situación y de esta gestión equivocada la acabarán pagando los de siempre, los más desfavorecidos y en este caso, sobre todo, los más jóvenes, los jóvenes actuales y los
de las futuras generaciones.
Pues bien, señora Del Rey, con este panorama previo nada esperanzador, y aprovechando su presencia en la Comisión, me gustaría que nos contestase a algunas cuestiones relacionadas con el presupuesto. En relación con la pandemia, es una
realidad que el virus sigue ahí y en todos los ámbitos de la sociedad se están tomando medidas de protección contra el mismo. En el ámbito de sus competencias y del presupuesto de su área del ministerio, ¿qué medidas están contempladas en el
presupuesto para proteger del virus a los trabajadores públicos y a los ciudadanos que acuden a los servicios públicos? ¿Cuál sería el importe presupuestado para esas acciones y en qué partidas se han asignado?
En relación con la lucha contra el desempleo, ¿cuáles serían las políticas novedosas de fomento del empleo, las nuevas, las que aporta el ministerio? Y me refiero solo a las novedosas, que se van a implementar el año que viene con este
presupuesto y con qué dotación contarían.
En relación con el empleo juvenil, que se focalicen estas políticas específicas novedosas, las nuevas, también con ánimo de que esa tasa de desempleo tan alta que tienen los jóvenes se rebaje. ¿Cuál sería el objetivo que ustedes se han
marcado para el año siguiente, en qué tasas nos moveríamos el año que viene? Lo mismo para el empleo de mujeres, qué políticas de empleo novedosas figuran en el presupuesto,
con qué dotación presupuestaria cuentan y cuánto estiman reducir su tasa de desempleo en el próximo año.
En relación con los ERTE, ya se ha dicho algo, pero nos gustaría que concretara un poquito más. ¿Qué medidas han contemplado en el presupuesto para evitar las situaciones que se han vivido este año? ¿Con qué dotación presupuestaria
cuentan? ¿Tienen pensado hacer contrataciones que aumenten la agilidad del proceso de los ERTE?
Muchísimas gracias. Que tenga suerte en su cometido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bas.
Para acabar, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Narváez.
La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, señor presidente, buenas tardes, señorías.
Gracias, señora Del Rey por su presencia esta tarde aquí para concretar las partidas del presupuesto del Ministerio de Trabajo. Seguro que después de la cantidad de trabajo que han tenido durante la pandemia, de los decretos que ha generado
este ministerio y el trabajo que les queda por delante, se va a sentir orgullosa de haber contribuido a ayudar a miles de trabajadores durante todo este periodo, no me cabe duda.
Centrándonos en los presupuestos diremos que son unos presupuestos excepcionales, como ya hemos hecho notar muchos de los diputados en nuestras intervenciones y absolutamente necesarios para afrontar la situación excepcional en la que nos
encontramos. Unos presupuestos que siguen apostando por la recuperación de las personas y que tienen que servir y ser precursores del cambio de modelo socioeconómico para el futuro de nuestro país, un modelo basado en la digitalización, en la
igualdad, en la economía verde y en la cohesión territorial y que supere de una vez el que tanto le gusta a la derecha, que es el del ladrillo sin control y el de apoyo a la banca. Bien es cierto que esta crisis nos ha puesto sobre el espejo las
consecuencias que traen los recortes que durante años ha sufrido la Administración, recortes tanto en personal como en medios, sobre todo en organismos dependientes del ministerio, como hemos visto -el SEPE, el FOGASA-, y esto ha generado una enorme
frustración en los trabajadores, en los miles de trabajadores que en esa primera etapa de la pandemia necesitaban de estos servicios. Frustración porque veían cómo en los teléfonos que habían puesto a disposición el SEPE y el ministerio para
atender a todos estos ciudadanos, y en las páginas de esos organismos no estaban los datos actualizados, no podían saber qué prestación les correspondía, si iban a cobrar, si no. Somos conscientes -no nos cabe duda- del trabajo ingente que ha hecho
el personal de estos organismos, en la mayoría de los casos teletrabajando, con medios propios, y que en un tiempo récord han dado respuesta a más de 3,4 millones de solicitudes de ERTE y más de 1,5 millones de autónomos acogidos al cese de
actividad. Eso no significa que no se pueda mejorar, y por eso me gustaría preguntarle qué proyectos de digitalización tiene previsto llevar a cabo el Ministerio de Trabajo y Economía Social para mejorar las estructuras y la eficacia en los
procedimientos cuando vuelvan a llevarse a cabo. Y a pesar de todo esto me gustaría felicitar al ministerio porque se está haciendo una labor excelente, continuando con la ya iniciada en la primera etapa de la pandemia, centrándose en no dejar a
nadie atrás, aunque a algunos les moleste esa expresión; no se dejará a nadie atrás y se apoya a las personas, a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas, sobre todo apostando por las empresas, como hemos visto en el presupuesto de
economía social, como eje fundamental para el desarrollo sostenible y el empleo digno y de calidad.
Hemos visto que esta partida se ha incrementado en un 39 %, y es que no hay otra manera de superar la crisis provocada por la pandemia que aprobar y respaldar unos presupuestos expansivos como estos, que apuestan por fomentar el empleo, y
espero que de verdad se reorienten las políticas activas de empleo, porque somos conscientes de la importancia de esas políticas activas de empleo, sobre todo de la gran labor que se ha hecho, por ejemplo, con las escuelas taller y los talleres de
empleo, que han permitido, en el caso de las escuelas taller, la inserción laboral de muchos jóvenes que no habían tenido formación ni estudios, así como los talleres de empleo, que han supuesto también una oportunidad para muchas mujeres en el
mundo rural. Escuelas taller y talleres de empleo que en Andalucía, por ejemplo, llevan un tiempo parados y no se prevé que los vayan a convocar, y para muchos jóvenes y muchas mujeres en muchos pueblos son muy importantes.
En definitiva, señora subsecretaria, esperamos que desde este ministerio se siga por la senda de apoyar a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas, porque solo así podremos acelerar la recuperación de todas y de todos.
Muchísimas gracias por su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narváez.
Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Del Rey Almansa): Muchas gracias por las intervenciones, sobre todo por la parte constructiva, porque siempre ayuda; los presupuestos los preparamos desde el Gobierno, pero se hacen
entre todos.
Voy a intentar contestar agrupando preguntas de la manera más ordenada que pueda. Preguntaban desde VOX por el cuadro macroeconómico, que prevé una tasa del 16,9, que es la tasa que se tiene planteada como previsión. En cuanto a los
incentivos al rendimiento, se establecen en función de las prioridades del organismo, es una instrucción que tiene la propia Inspección de Trabajo, en función de las prioridades que haya en ese momento, porque las necesidades son cambiantes, y se
establecen las productividades al personal; es un método de gratificación al personal, de potenciación habitual del funcionamiento del organismo, que lleva funcionando durante años.
Pasando por la tasa de paro y otros números que presentaban desde el PP, hay que tener en cuenta que estos datos están en un contexto de pandemia que no se nos ha dado en la vida en este país. Es verdad que independientemente de que se
puedan sacar datos no buenos de la situación actual, viéndolos en contexto, hay que ver que las medidas del Gobierno han salvado a 3,4 millones de personas del desempleo, a 540 000 empresas de la quiebra y han protegido a 1,4 millones de autónomos,
y todo ello con el acuerdo de sindicatos y empresarios, que es un hito en la política.
En cuanto al subsidio por el que preguntaban, establecido en el Real Decreto-ley 32/2020, este subsidio extraordinario es un gran avance en la protección social; se hace cargo de las dificultades de encontrar trabajo. El Gobierno hace un
esfuerzo grande al sacar este subsidio adelante, y no me concierne a mí interpretar hasta dónde llega este subsidio. Es cierto que es un mecanismo de protección que hemos visto necesario para la situación que se estaba planteando, y que
efectivamente protege a cientos de miles de personas.
Sobre la división de ministerios, el real decreto que crea los departamentos ministeriales establece claramente que la división de ministerios se hace mediante la redistribución de recursos financieros y de efectivos actualmente existentes,
sin que en consecuencia suponga incremento de gasto. La realidad es que el incremento de gasto de la división de los ministerios es prácticamente nulo, es muy, muy bajo; teniendo en cuenta altos cargos e infraestructura adicional que podamos
tener, un 0,24 de todo el presupuesto, solo del Ministerio de Trabajo; sin contar si extrapolamos a los dos ministerios el gasto es muy bajo, y en este momento, además, lo consideramos especialmente relevante. Hay que tener en cuenta que la
división de ministerios también ha permitido un incremento de las competencias. Por parte del Ministerio de Trabajo tenemos más funciones, más capacidad de actuación en el ámbito de la economía social, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones tiene una mejora de la capacidad de actuación sobre el ámbito de la inclusión, con lo cual no es una división, son dos ministerios separados, y con un incremento de gasto prácticamente nulo se permite actuar sobre un mayor número de
competencias. En este momento de pandemia que estamos viviendo, el hecho de tener los dos ministerios separados ha hecho que el funcionamiento sea todavía, si cabe, mejor; prueba de ello son los 14 reales decretos-leyes en los que hemos
participado desde el Ministerio de Trabajo, la mitad de ellos liderados desde el propio ministerio en el que, como comentaba, hemos llegado a proteger a millones de personas y cientos de miles de empresas de una situación que se daba en nuestro país
y que ha sido bastante preocupante.
Respecto a los medios del SEPE, como ha comentado el secretario de Estado durante su intervención y sus contestaciones, es realmente impresionante el trabajo que se ha realizado por las personas que trabajan en este organismo, y es nuestro
objetivo dotarlo adecuadamente con personal y con los medios informáticos que le permitan acometer las funciones no solo en época de pandemia, sino durante su funcionamiento normal.
Quiero resaltar que uno de los objetivos que hemos buscado con este presupuesto ha sido dotar a los organismos autónomos que vemos que estaban en una situación más necesitada, por recortes previos en otros presupuestos, de personal y de
medios de digitalización, de herramientas tecnológicas que les permitan acometer sus funciones, y entre ellos están, tanto el SEPE como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Fogasa, que son los tres ámbitos de actuación que vamos a
reforzar, tanto en medios personales como en medios informáticos.
Me han preguntado también sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Lo he comentado en la presentación. Este mecanismo, como bien conocen, es acorde a los objetivos generales del ministerio. El plan se articula en diez palancas, y
de las diez palancas el Ministerio de Trabajo lidera la palanca de políticas activas de empleo. En esta política-palanca tenemos 1167,48 millones, 1091 dedicados al refuerzo de políticas activas de empleo, y de ellos, 915 son para impulsar la
empleabilidad de las personas y 172 del Plan Nacional de Competencias. Todas esas políticas activas de empleo que se contemplan tienen una especial repercusión en jóvenes y mujeres, que es uno de los objetivos a los que van dirigidas. Es cierto
que no podemos cerrar todas las actuaciones que vamos a hacer en políticas activas de empleo, porque como bien saben sus señorías es la conferencia sectorial la que establece finalmente muchas de las políticas activas de empleo que se ejecutan desde
este país.
Volviendo al tema de los fondos, el ministerio ha propuesto un ambicioso plan de modernización de los sistemas, tanto del ministerio como de los organismos autónomos. En este ámbito el plan se va a ejecutar en tres años, pero para 2021
contamos con 73,55 millones en digitalización, y por dar un detalle de las principales actuaciones que se van a llevar a cabo, es mejorar el sistema de prestaciones, el sistema informático que da servicio a las prestaciones del SEPE, los servicios
de orientación al empleo, que facilitará que las herramientas tecnológicas acerquen estas política de empleo a los ciudadanos, especialmente a través de la formación online de las personas desempleadas; también queremos impulsar activamente la
lucha contra el fraude, algo que comentaba en la presentación, y el resto de servicios. Trabajaremos también en mejorar el puesto digital, como hemos comentado; muchos de los trabajos que se han realizado durante la pandemia se hicieron con unos
medios más bien precarios para las circunstancias en las que se estaba trabajando. Nuestro objetivo: que nuestros organismos autónomos cuenten con las herramientas adecuadas para poder realizar un trabajo de calidad en las condiciones adecuadas.
Es importante para nosotros tener estadísticas que nos permitan una toma de decisiones adecuada. Trabajaremos en la mejora de la gestión de los datos de todos los organismos autónomos, por supuesto con transparencia y publicando la mayor
cantidad de datos para la ciudadanía. Trabajaremos también en la parte de infraestructuras y aplicaciones móviles para acercarlas a los ciudadanos. Esto en cuanto a la parte digital de los planes de recuperación.
Por último, algo que no está en nuestros presupuestos, pero contribuiremos a la transformación verde planteada por el Ministerio de Transición Ecológica con la reforma de los edificios que gestiona el Ministerio de Trabajo, porque esta parte
del presupuesto no está contemplada en este presupuesto, pero accederemos a fondos europeos también para esta vía.
Espero no haberme dejado muchas preguntas sin contestar. Estimo que queda patente la vocación de este Gobierno y del departamento ministerial en el que trabajo para la defensa de los intereses de los trabajadores, en el contexto social y
laboral más complejo de los últimos años. Hemos reflejado el compromiso de este departamento y de todas las personas que en él trabajamos por el fomento de la economía social, por la recuperación empresarial para la que es elemento absolutamente
esencial la configuración de un mercado laboral sólido y, por supuesto, con un compromiso firme en la lucha contra la precariedad laboral. Este departamento asume todos estos objetivos consciente de su importancia e imbuido en el espíritu de
servicio público que ha de gobernar la Administración. Confiamos en que el resultado de ese esfuerzo será un mercado laboral más preparado para los grandes retos del futuro, más eficiente y dinámico, y a la vez más inclusivo y más justo, en
especial con aquellos a los que la terrible crisis provocada por la COVID ha dejado en una situación más afectada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a la señora subsecretaria y muchas gracias a sus señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y quince minutos de la tarde.